CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 395

INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAFAEL MERINO LÓPEZ

Sesión núm. 22

celebrada el martes,

12 de diciembre de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de Ley:


- Relativa a la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité Europeo de Prevención de la Tortura en el Informe CPT/Inf (2017) 34. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
(Número de expediente 161/002589) ... (Página2)


- Relativa a solucionar el colapso de las oficinas de expedición del DNI. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002157) ... (Página6)


- Relativa a mejorar la seguridad en los pasos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002481) ... (Página9)


- Relativa al apoyo y respaldo a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su participación en misiones u operaciones internacionales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002579) ... href='#(Página13)'>(Página13)


- Relativa a la modificación del reglamento del Consejo de la Guardia Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002587) ... href='#(Página16)'>(Página16)


- Relativa a evitar la creación de nuevos centros de internamiento de extranjeros. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002522) ... (Página19)


Votaciones ... (Página24)

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Se abre la sesión a las diez de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL COMITÉ EUROPEO DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN EL INFORME CPT/INF (2017) 34. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA.
(Número de expediente 161/002589).


El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a comenzar la Comisión. Les informo de que, por acuerdo de la Mesa con los portavoces de los distintos grupos, el orden de debate de las proposiciones no de ley va a ser el siguiente. En primer
lugar diré el número que viene en el orden del día para que sepamos de las que se trata. Empezaremos con el punto 3.º, luego el 4.º, 5.º, 6.º, 2.º y finalizaremos con el punto 1.º del orden del día.


Proposición número 3.º, relativa a la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité Europeo de Prevención de la Tortura en el informe de 2017, del Grupo Podemos. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a dicha
proposición.


Señora Belarra.


La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidente.


Señorías, el pasado octubre de 2016 el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura realizó su séptima visita periódica a España. El comité, como ustedes saben bien, es un órgano dependiente del Consejo de Europa que vigila el
cumplimiento de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura, aprobada en 1989 y que ha sido ratificada por España. Fruto de esa visita se elaboró, como siempre, un informe que fue publicado el pasado 16 de noviembre. Nosotros pensamos
que es fundamental cumplir inmediatamente con las recomendaciones que el comité nos hace porque, de no hacerlo, seguiremos vulnerando los derechos humanos en España y seguiremos jactándonos de una escasa salud democrática como país.


En primer lugar, el Comité para la Prevención de la Tortura le exige a España, una vez más, que elimine de una vez por todas y por completo de nuestra legislación la detención incomunicada. ¿Por qué? Porque la detención incomunicada carece
de base constitucional, porque impide que la persona detenida se pueda poner en contacto con un familiar o con un amigo para comunicarle que está detenido, porque no puede elegir un abogado de su confianza y no puede entrevistarse en privado con el
abogado de oficio antes de declarar. Pero, sobre todo, porque muchos estudios demuestran que la detención en régimen de incomunicación genera lo que se conoce como un propio entorno torturante, con un enorme e innecesario sufrimiento psicológico
para la persona detenida y también para sus seres queridos. Además, el comité muestra una enorme preocupación por lo que se llama el régimen de aislamiento o régimen cerrado prolongado que se aplica en muchísimas prisiones españolas. En muchas
ocasiones se encadenan distintos periodos de aislamiento, uno tras otro, como castigo. Es inaceptable e inconcebible que el Comité para la Prevención de la Tortura le tenga que recordar a España, un país que se dice democrático, que las normas
Mandela de la ONU prohiben explícitamente el aislamiento por más de quince días, sobre todo cuando tenemos estudios que demuestran que el aislamiento después de diez días genera angustia, depresión, sentimientos de impotencia, autolesiones,
distorsiones de la percepción o incluso tentativas de suicidio en la persona que lo sufre. Me gustaría preguntarles, señorías, si no creen que estamos empujando al precipicio a las personas que están en régimen de aislamiento. Todavía se me pone
la piel de gallina recordando el caso de Raquel, una mujer que se quitó la vida en Brians después de pasar nueve meses en aislamiento, o el caso de Roberto relatado por su abogado, que dice exactamente que llevaba tres años en régimen de aislamiento
en Brians 2 de manera continuada y el día que le fui a ver le costaba verbalizar y expresarse, tenía afectada la memoria y la percepción, tenía poca familia y recibía muy pocas visitas y tener una conversación entendible con él era altamente
complicado. Roberto estaba quebrado. ¿Se imaginan ustedes, señorías, lo que es pasar veintiuna horas al día solo, sin ver a nadie, sin hablar con nadie, sin estar con nadie, una hora y otra hora y otra hora, un día y otro día y otro día? Ese es
el régimen de aislamiento. ¿No creen ustedes que es para volverse completamente loco? Creo que como sociedad deberíamos preguntarnos qué objetivo de reinserción, qué objetivo psicológico perseguimos manteniendo a una persona sola y encerrada en un
pequeño habitáculo durante veintiuna o veintidós horas al día. Además, el comité le recuerda a España que el aislamiento no puede aplicarse a

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menores de edad, niños y niñas, como hacemos en este país, especialmente cuando su delegación pudo constatar el caso de un niño que había sido sometido a tres periodos de aislamiento consecutivos de siete días cada uno.


El informe del comité nos afea también y muestra una enorme preocupación por la situación de las personas presas enfermas. Como hemos exigido en numerosas ocasiones tanto aquí como en el Senado, para evitar las dobles lealtades de los
médicos y médicas que atienden a las personas presas, estos deben depender del sistema de salud público, no de instituciones penitenciarias. Se están dando en nuestras prisiones situaciones de vulneración de derechos humanos gravísimas con las
personas enfermas presas, como el caso de Ibon Iparraguirre, enfermo de sida, que a día de hoy todavía sigue en prisión. Además, el comité reconoce que, aunque los malos tratos no están generalizados en nuestro país, sí existen numerosos casos de
uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Alguien nos podría explicar qué hacían en la comisaría de Leganitos bates de béisbol, palos, látigos e incluso una soga? Es fundamental que todas las personas
que componemos esta Comisión, pero sobre todo quienes tienen responsabilidades políticas sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus propios miembros, entiendan que la prevención y la salvaguarda ante las torturas y tratos inhumanos es
una responsabilidad que tenemos que asumir entre todas, que es una responsabilidad colectiva que debemos tomarnos en serio. Porque la diferencia entre un país democrático de otro que no lo es no es si hay o no torturas, sino qué mecanismos se ponen
para prevenirlas y, en caso de que se produzcan, qué se hace para investigarlas hasta el final, qué se hace para que las víctimas sean reparadas y qué se hace para que no se vuelvan a repetir. En esa prevención y en esa exigencia de justicia es
donde nos estamos jugando nuestra democracia. Por eso exigimos al Gobierno -y esperamos la unanimidad de esta Comisión- que cumpla inmediatamente con la recomendaciones que nos hace el comité.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Hay una enmienda del Grupo Socialista.


El señor CAMPO MORENO: Gracias, señor presidente.


En cuanto al papel del Comité de Prevención de la Tortura, lo que significa y dónde se incardina, no hay nada que objetar. Bien es verdad que una lectura detenida del informe de 16 de noviembre exige algunas matizaciones y, tal vez por el
escaso tiempo que se tiene en la defensa de la proposición no de ley, la compañera no haya entrado en detalle. Tampoco quiero entrar yo en esa reinterpretación del informe del 16 de noviembre porque quiero centrarme en la enmienda que presentamos y
que esperamos que sea acogida por el grupo proponente y que muy sintéticamente paso a detallar.


Es vedad que el informe establece algunas carencias, pero también hay que recordar que, primero, son recomendaciones y, segundo, valora muy positivamente -esto es textual- los esfuerzos que se realizan por parte de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en relación con las personas privadas de libertad, ya sea detenidas o presas. En ese sentido se incardinan la enmienda que mi grupo parlamentario ha presentado a la propuesta del grupo confederal. En primer lugar, cumplir las
recomendaciones en cuanto a las condiciones materiales de la detención. En segundo lugar, lo que el informe establece con respecto a la fijación mecánica, que habla de este ámbito tendencial, pero dice que es el último recurso, por lo que me parece
necesario hacer esa precisión y, además, durante el menor tiempo posible. Todo eso tiene que ir, por supuesto, junto a la información de los derechos y los motivos de esa intervención. También con respecto al punto que denominamos 1.6, nunca se
está suficientemente cerca de la mejora de la atención de las personas con drogodependencia. Ya sabemos que este es uno de los grandes problemas que se producen porque si externamente exigen un tratamiento muy específico, eso debería extrapolarse
para evitar esas excarcelaciones innecesarias que son perturbadoras para el propio detenido en su situación de drogodependencia.


En cuanto al punto 1.7, se hace una nueva recomendación con carácter general y es que no se den situaciones de malos tratos, torturas o tratos inhumanos. ¿Qué ocurre? En el informe se establece que son conscientes de que hay un momento en
que es necesario utilizar la fuerza física. Ahí se pone todo el acento en un mayor grado de formación y especialización de los agentes miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se entienda que la utilización física es el
último recurso, para desterrar cualquier situación y abrir los informes y expedientes necesarios cuando existiera una extralimitación. En ese mismo sentido, se establece una especie de protocolización...

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El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.


El señor CAMPO MORENO: Un segundo, señor presidente.


Se establece una especie de protocolización en orden a cumplimentar las anomalías que se pudieran ir produciendo. Por otra parte, quiero subrayar que nuestra legislación y nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal -estoy pensando, por ejemplo,
en el artículo 520.2.j) de la Lecrim- ya lo establece y, por lo tanto, lo único que se hace es poner el centro de atención en su observancia. Por eso, esperemos que estas enmiendas sean acogidas por el grupo proponente.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Mixto -y hoy lo voy a decir a bien-, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.


La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Sí, lo ha dicho bien.


Buenos días a todos y a todas. CPT lleva años haciendo informes de este tipo con recomendaciones de mejoras similares y medidas, muchas de las cuales -como dice en este último informe- siguen en gran medida sin ser aplicadas en la práctica.
Se debe a que dichas recomendaciones ponen en cuestión la práctica del Gobierno español que en muchas ocasiones no es nada garantista en cuestiones relacionadas con presos y detenidos. Pero qué vamos a esperar de un Estado que niega la utilización
de la tortura para obtener declaraciones autoinculpatorias de forma sistemática durante décadas, aunque ya hay informes del propio Gobierno vasco que nos hablan de más de 5000 casos documentados y sabemos que son muchos más. Durante años se han
valido de la incomunicación, de la impunidad que esta les ofrecía para torturar; han archivado prácticamente todas las denuncias de personas detenidas y en los pocos casos que han llegado a juicio, si estos han terminado en sentencia condenatoria,
posteriormente los agentes condenados han sido indultados, cuando no ascendidos a cargos de responsabilidad. Por ello, si bien en 2015 y 2016 no se ha aplicado la incomunicación, es más bien por un cambio en la situación política y la única forma
de garantizar que no se vuelvan a producir esos espacios de impunidad y tortura es, como dice el CPT, eliminar la incomunicación de la legislación española.


Apoyaremos la propuesta que nos trae hoy Podemos, sumándonos a las peticiones referentes a la necesidad de garantizar la salud de los presos, algo que vemos alejado de la realidad penitenciaria actual y que venimos denunciando ya hace mucho
tiempo. Las dificultades para ser atendidos por médicos externos -también psiquiatras- que apunta el informe, la utilización prolongada del aislamiento, la falta de actividades para las personas que no están el régimen ordinario, los cacheos
degradantes, son cuestiones que se vienen denunciando, que CPT viene recogiendo en los informes y que siguen sin atenderse. Por tanto, nos sumamos a las recomendaciones que formula.


Quisiera llamar la atención sobre otras cuestiones que recoge el informe y que inciden en la necesidad de hacer cumplir a cada agente el papel que le toca. A los sanitarios les recuerda que deben registrar e informar sobre las denuncias; a
los agentes policiales, que toda forma de maltrato es inaceptable y, en el caso de los jueces de vigilancia penitenciaria, apunta el informe que actúan principalmente como meras autoridades para refrendar decisiones tomadas por la administración de
los centros penitenciarios más como entidades independientes e imparciales de supervisión, reflexión que hace incluso de alguna manera extensible a la figura del Defensor del Pueblo. Esta es la única manera de evitar casos degradantes, como el que
recoge el informe de un preso que mantuvieron fijado, es decir atado, durante 84 horas y 15 minutos sin ser desatado en ningún momento durante esos tres días y medio y que por tanto orinó y defecó en su ropa. Creo que este trato en ningún caso está
justificado. Estos y otros muchos casos de trato degradante a personas detenidas y presas estarían más cerca de desaparecer aplicando las recomendaciones que durante muchísimos años viene haciendo el CPT y que reitera en este último informe y que
nosotros apoyaremos, como anunciaba al inicio.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Vasco, señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Intervendré muy brevemente para adherirnos a lo que comentaba el portavoz del Partido Socialista. Por nuestra parte, queremos añadir que, básicamente con esas matizaciones, estaríamos de acuerdo con la PNL aunque tenemos una puntualización
sobre el punto 1.5, que es la eliminación del régimen de detención incomunicada. Propuesto así, de esta manera tan abrupta, nosotros no participamos.

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Entendemos que existen mecanismos actualmente y en concreto la Audiencia Nacional, estando aún el juez Garzón en ejercicio, dictó unas instrucciones sobre cómo proceder a la detención incomunicada, que previamente en parte recogía una
instrucción policial de la Policía vasca, de la Ertzaintza, que modulaba y establecía una serie de condicionantes respecto a la detención incomunicada a efectos de que no se produjeran zonas de penumbra que pudieran facilitar los malos tratos o
incluso las torturas. En ese sentido, en la medida de lo posible, nos gustaría hacer una votación separada por puntos porque aprobar el punto 1.5 con esta rotundidad creemos que es un poco prematuro sin hacer un examen previo y ponderado no solo a
través de una PNL, sino con una reflexión más ponderada en el seno de esta Comisión sobre la dimensión de la detención incomunicada, su funcionalidad y sus zonas de opacidad y las medidas correctoras que pudieran introducirse.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Ciudadanos, señor Salvador.


El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Cuando hablamos de un comité europeo, en este caso el que se dedica a analizar la prevención de la tortura en los distintos países y hace una serie de recomendaciones, tenemos que estar de acuerdo con las recomendaciones que haga para
mejorar nuestro sistema. Por tanto, de partida, siempre estaremos de acuerdo con un informe que nos ayude a mejorar cualquier sistema y más en este ámbito tan sensible. No podemos estar en absoluto de acuerdo con que la forma de presentar estas
situaciones lo haga el grupo proponente siempre desde una criminalización del sistema e incluso de las personas que actúan en él. Hace unos días una delegación de la Comisión de Interior del Congreso y del Senado hicimos una visita a la cárcel de
Archidona y, por las declaraciones que se hicieron posteriormente a esa visita, no tenía nada que ver lo que habíamos visto la gran mayoría que habíamos asistido y lo que había visto el Grupo Podemos, que era totalmente diferente, que hablaba de
trato vejatorio, de que no se cumplían no sé cuántas cosas, cuando todos vimos la predisposición precisamente a solucionar los problemas e intentar que todo fuera bien. Por tanto, cuando vemos que la portavoz dice que si no se hacen estas
recomendaciones seguiremos vulnerando los derechos humanos, ¿qué quiere decir?, ¿que se están actualmente vulnerando los derechos humanos y si no se hace caso a las recomendaciones -que son bienvenidas- entonces significaría que España es un país
que viola los derechos humanos? Me parece algo tremendo a la hora de exponerlo, decirlo y plantearlo.


A partir de ahí, estamos de acuerdo con las recomendaciones, estamos de acuerdo también con la enmienda que ha presentado el Partido Socialista, nos parece sensata y pone en sus términos algo que tiene que ser de obligado cumplimiento para
cualquier Estado democrático, pero sobre todo queremos decir también -y si aceptan la enmienda del Partido Socialista nosotros lo apoyaremos y si no la aceptan no lo apoyaremos- que en este momento los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e
Instituciones Penitenciarias están haciendo miles y miles de intervenciones permanentemente tanto en la calle como en instituciones penitenciarias y que por unos pocos casos que son un mal ejemplo y que hay que intentar erradicar no se puede
extender a todo un sistema que precisamente está orientado a la reinserción de los presos y que es absolutamente garantista con ellos. Me parece que es no darse cuenta del país en el que vivimos. Por tanto, estamos totalmente en desacuerdo con la
forma de plantearlo. Si aceptan enmienda del Partido Socialista, votaremos a favor porque estamos a favor de seguir cualquier recomendación europea que nos sirva para mejorar el sistema, pero no desde la criminalización de nuestras Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado ni de nuestros funcionarios de prisiones, que están además recibiendo agresiones en muchas ocasiones, razón por la que hemos presentado protocolos y medidas para intentar salvaguardar su integridad igual que también
la de los presos que tenemos en este momento en el sistema.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Popular, señora Navarro.


La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, presidente.


El Grupo Parlamentario Popular tiene que lamentar la negatividad que el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea trae esta mañana con la interpretación que del informe del Comité

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Europeo de Prevención de Tortura han realizado. Me parece lamentable, ustedes siempre se instalan en cuanto peor, mejor. Además, si solo nos quedásemos con la lectura sesgada que ustedes han hecho del informe, parecería que esto es
Venezuela y no España. Les recuerdo que España es un Estado democrático y de derecho, de derechos fundamentales que recoge la Constitución española de 1978 y con un ordenamiento jurídico que protege y salvaguarda estos derechos fundamentales para
todos los privados de libertad, como son la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la legislación penitenciaria o la Ley Orgánica de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, amén de una multitud de instrucciones. La Inspección de Personal y
Servicios de Seguridad ha participado en los últimos diez años en la elaboración de estas instrucciones de la Secretaría de Estado dirigidas todas ellas a mejorar las garantías de los ciudadanos y la protección de sus derechos fundamentales.
Además, ustedes no saben leer y lo han demostrado. En la página 5, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura se refiere al sistema de instituciones penitenciarias y de los detenidos en España y señala que todos han podido contactar con un
abogado y entrevistarse con él antes del primer interrogatorio. En la página 17, el informe destaca que se han reforzado las salvaguardias para los detenidos. El propio comité reconoce que en todo sistema penitenciario existen ciertos reclusos que
representan un serio peligro para ellos mismos y que en ocasiones son adecuadas, de forma excepcional, las medidas de contención en los centros penitenciarios -página 62-. Además, el comité considera que el nivel de los servicios sanitarios en las
prisiones es aceptable y con personal suficiente -páginas 8 y 65- y que hoy el cien por cien de los pacientes penitenciarios que sufren hepatitis B recibe su tratamiento. Esto hay que decirlo porque ha sido gracias al esfuerzo de un Gobierno del
Partido Popular. El informe, además, destaca que los centros penitenciarios visitados ofrecían buenas condiciones materiales para el alojamiento de los internos -página 7- y señala -página 6- que es loable el considerable esfuerzo que han realizado
las autoridades españolas para poner fin al hacinamiento en las cárceles, dando importantes resultados en los últimos años. Respecto a la detención incomunicada -página 28-, ha destacado los desarrollos normativos que han hecho que su ámbito de
aplicación sea limitado, como el de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se deja únicamente para crimen organizado, banda armada o terrorismo y podrá prorrogarse por un plazo no
superior a cinco días y de manera excepcional. La Secretaría de Estado de Seguridad, a través de sus direcciones generales y de las inspecciones de servicio y de personal, se encargará de cumplir las correspondientes recomendaciones, como no podía
ser de otra manera.


En ningún caso podemos compartir la iniciativa, si queda así, para someterla a votación. No obstante, si el texto que se somete a votación tiene en cuenta la enmienda del Grupo Socialista, más adelante el grupo parlamentario decidirá su
voto.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A efectos de votación, señora Belarra, ¿acepta la enmienda del Grupo Socialista?


La señora BELARRA URIARTE: No.


El señor PRESIDENTE: ¿Y la votación por puntos que ha pedido el Grupo Vasco?


La señora BELARRA URIARTE: Tampoco, porque son las recomendaciones completas del comité y queremos que se voten en bloque.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Gracias.


- RELATIVA A SOLUCIONAR EL COLAPSO DE LAS OFICINAS DE EXPEDICIÓN DEL DNI. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002157).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día, relativo a solucionar el colapso de las oficinas de expedición del DNI, presentada por el Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Campos.


El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias, presidente.


Como acaba de decir el presidente, vamos a hablar de la proposición no de ley relativa a solucionar el colapso de las oficinas de expedición del DNI. El 70 % de las oficinas de expedición del documento

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nacional de identidad está en una situación de saturación y tiene una lista de espera de dos meses. Comprobamos que siete de cada diez oficinas están al borde de la saturación. Cualquier ciudadano que nos esté escuchando o que nos vea sabe
que no hablamos de un invento partidista para menoscabar la imagen del Gobierno, sino que hablamos de la realidad, de lo que pasa en el día a día y de lo que sufren los ciudadanos. En grandes ciudades como Madrid, Cataluña, el País Vasco, Andalucía
o la Comunidad Valenciana existe este colapso. Además, hay zonas concretas en las que en verano esta situación de colapso va a más, y hablamos de ciudades como Benidorm, la propia Valencia, Murcia o Elche. Aquí tenemos las pruebas: en Valencia,
colas desde las cuatro de la madrugada; en Elche, cinco horas desde la madrugada para el DNI; caos sin arreglo en las oficinas del DNI; renovar el DNI, misión imposible. Esto, como decimos, es lo que está pasando.


¿Por qué está pasando esto? En primer lugar, porque hay una falta evidente de trabajadores que atienden este servicio público, y ustedes no han tomado medidas. Anuncian que van a tomar medidas urgentes, paquetes de respuesta, etcétera,
pero al final siempre son escasas o se quedan simplemente en anuncios. Lo cierto es que hay que cubrir más de 1200 plazas vacantes de personal que atiende este servicio público y el Gobierno no lo está haciendo. En segundo lugar, ustedes intentan
marcar objetivos de atención al público en determinados tiempos, pasando de quince a doce minutos. Ponen un ordenador nuevo y resulta que nadie ha pensado que esta impresora o este nuevo sistema biométrico no va con ese aparato o genera
disfunciones, y al final tenemos unos quince mil DNI diarios que hay que romper porque simplemente se han impreso mal o no han podido producirse como se debía. Por tanto, lo que vemos es, primero, falta de personal y, segundo, medios insuficientes.
Incluso, cuando se intentan arreglar lo que se hace es entorpecer el trabajo de los propios funcionarios. Y, en tercer lugar, falta una pasarela de pago y una implantación de los dispositivos TPV. No lo decimos nosotros, sino que diferentes
sindicatos ya han manifestado que los sistemas informáticos de la policía no estaban adaptados para estos cambios. La prueba es que de 30 000 DNI y pasaportes que se expiden al día solamente 1300 pasaportes y 2000 DNI se pagan a través de este
medio.


Por tanto, ¿qué pide el Partido Socialista? Pide solucionar el colapso de las oficinas de expedición del DNI. Además, pide que se cubran esas 1200 plazas vacantes y que se destinen mayores recursos económicos para modernizar y actualizar
el material informático. Lo que vemos aquí es un nuevo ejemplo del patriotismo de cartón piedra que a veces nos muestra el Partido Popular. Quieren vender la imagen, la percepción de que ellos son los garantes de la seguridad y, en este caso, del
servicio público que prestan las comisarías de Policía, y lo cierto es que son sinónimo de peores condiciones laborales de trabajadores de la Policía, de la Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas, tienen menos medios y los que tienen están obsoletos
y se producen discriminaciones en cuanto al reconocimiento del trabajo que hace este personal. Prueba de ello es que el responsable de todo este gran éxito de gestión al que nos acabamos de referir ha sido ascendido. Pues a lo mejor no habría que
ascenderle sino hacer una recomendación para otro destino diferente. El Partido Socialista cree que la Administración General del Estado está para ayudar a los ciudadanos y, en el caso de este servicio público esencial -entre comillas-, pero
esencial en el día a día, tanto para gestiones administrativas como para la propia seguridad del país, para que no esté atascado, sea efectivo y, además, facilite la vida de los ciudadanos.


No podemos aceptar la enmienda del Partido Popular porque creemos que lo en el fondo piden en esa enmienda está ya en nuestro texto y mejor explicado y redactado. Por último, pedimos que el Gobierno, después de cinco años, empiece a
gobernar también en esta materia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Hay una enmienda del Grupo Popular. Señora Hoyo.


La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley porque, pese a que coincidimos en que es necesario mejorar este servicio público, consideramos que también es de justicia reconocer el trabajo y
el esfuerzo que ha hecho el Gobierno estos años para mejorarlo. Efectivamente, la demanda de documentación por parte de los ciudadanos ha crecido mucho en los últimos dos años. En verano de 2016 creció de manera más significativa y, por ello, el
Gobierno puso en marcha un plan de choque con distintas medidas que contribuyeron a aumentar las citas previas disponibles. Se amplió el horario de atención al público, se amplió por las tardes y también el sábado por la mañana. Por otra parte,
hay que destacar que en noviembre de 2016 se puso en marcha un plan de renovación del equipamiento informático en todos los equipos de expedición de DNI y pasaportes que ha

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conseguido dinamizar los procesos y mejorar los tiempos de tramitación. Respecto a la pasarela de pago, aplaudimos que esté ya en marcha la posibilidad de que el ciudadano que lo desee pueda pagar la tasa de manera telemática. Todo el
mundo que lo desee puede hacerlo. Hay que decir que esto ha supuesto un gran avance: por una parte, es más cómodo y, por otra, se ahorra en el tiempo de gestión. Todas estas medidas llevadas a cabo por el Gobierno han contribuido a que se aumente
la productividad y, por tanto, a que se reduzcan los tiempos de espera. En junio de 2017 se habían producido 658 876 documentos más que en 2016, es decir, un 16 % más interanual, tendencia que ha continuado en este segundo semestre del año. Por
tanto, se han reducido los tiempos de espera. En junio de 2016 la espera era de 51,7 días y en junio de 2017 la espera es de 46,3 días. El dato de este noviembre ha sido de 26,67 días.


Respecto al personal, cabe recordar que el Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprobó una oferta de empleo público extraordinaria y adicional, contemplaba en la exposición de motivos esta cuestión como prioritaria y
afirmaba de manera expresa que las plantillas actuales de las oficinas de expedición de DNI y de pasaporte de la Dirección General de la Policía debían de reforzarse de manera urgente para atender adecuadamente la tramitación más ágil de estos
documentos. De todas formas, hay que recordar que esto suponía un aumento de plantilla adicional. Como saben todos ustedes, en realidad como mejor se pueden aumentar los medios humanos es a través de los Presupuestos Generales del Estado, por eso
animo al Grupo Parlamentario Socialista, igual que al resto de grupos parlamentarios, a que conjuntamente saquemos los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Mixto, señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Moltes gràcies, president.


Señorías, efectivamente estamos hablando de un problema mucho más grande de lo que parece a primera vista. El portavoz socialista ha dicho crítico, pero es absolutamente crítico. Este verano en Cataluña -y no es la primera vez- se ha
producido una situación extrema, dado que miles de personas no han podido acceder a sus vacaciones y, lo que es más grave, seguramente centenares -o quizá también miles, no lo sé- no han podido salir a hacer negocios al extranjero simplemente
porque, aunque habían previsto un tiempo razonable para hacer su DNI, han visto cómo ese tiempo se multiplicaba por dos y por tres, y aun intentando llegar de madrugada a las oficinas donde se emitía el DNI no conseguían hacerlo. Si fuera la
primera vez, podría pasar, pero no es la primera vez y no es solo en Cataluña, como muy bien ha dicho el ponente, está sucediendo en muchos sitios cuando parece que tiene una solución rápida y razonable: más personal y medios informáticos y
materiales. De momento, en cuanto al personal hay poca cosa y veremos qué sucede con los medios informáticos, porque, aunque a veces no es culpa de nadie, de momento no parece que estén teniendo la eficacia que tienen que tener.


Dice la PNL, con muy buena voluntad, que se convoquen las 1200 plazas necesarias de personal civil para ejercer la función de emitir el carnet de identidad. Yo me atrevo a sugerir, dado que en Cataluña no es personal civil al servicio de la
policía, sino policías, y que tenemos varios miles de policías en este momento que no sabemos exactamente qué están haciendo allí, que quizá ellos podrían hacer estas funciones de manera inmediata, seguramente se conseguiría aumentar la eficacia.
Es una modesta propuesta que se hace desde nuestro grupo.


Moltes gràcies, president; moltes gràcies, senyories.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo del PNV, señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Intervengo simplemente para manifestar que nos adheriremos a la PNL porque en el País Vasco también sufrimos estas mismas carencias en las oficinas de expedición de documentación. En mayo de este año, la espera media en las oficinas del
País Vasco estaba cifrada en dos meses. Las vacantes son exactamente 1230, las necesidades urgentes marcadas por la dirección general eran 504 plazas -estoy hablando de mayo de este año-, y en realidad, según nuestra información, parece que en
primavera solo llegaron 12 nuevos funcionarios. Supongo que desde la primavera se habrán ampliado estas plazas, pero en cualquier caso estamos muy lejos de las 504 que marcaba como necesidad urgente la propia dirección general y lejísimos de las
vacantes reales, que son 1230. En definitiva, señorías, presidente, votaremos favorablemente esta PNL.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Ciudadanos, señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.


Intervengo muy brevemente. El sentido de nuestro voto será afirmativo, pero quería reseñar un par de puntos. El primero es que me preocupa seriamente la autocomplacencia de la portavoz del Partido Popular cuando habla de que se han
reducido las vacantes, pasando de más de 60 a más de 40. Yo creo que esos datos no son asumibles ni sostenibles. Estoy de acuerdo con usted -esto también se lo digo al Partido Socialista- en que si queremos solucionar este problema a nivel de
medios personales y materiales, que es el principal problema a la hora de afrontar la saturación en las oficinas del DNI, podemos sentarnos a negociar unos Presupuestos Generales del Estado en los que, mediante enmiendas del Partido Socialista,
podamos añadir esas 1200 plazas. Así no tendríamos ese enlentecimiento a la hora de mejorar los problemas que afectan realmente a la población de este país.


Quiero decirle también al portavoz del PDeCAT que si no sabe qué hacen la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, como en el resto del Estado español, le diré que están haciendo lo que tienen que hacer: asegurar el orden y la
seguridad, como hacen en todos los centros, en todas las ciudades y en todos los territorios de este país. Entiendo que a él le parezca preocupante que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil hagan su trabajo; a nosotros, desde luego no.
En cualquier caso, votaremos a favor de la iniciativa. Entendemos que hay que destinar mayores medios materiales y humanos a solucionar de una vez por todas el problema del colapso que se está produciendo en las oficinas del DNI. Todos recordarán
cómo el actual ministro del Interior en su primera comparecencia en esta Comisión nos prometió que se iba a hacer un esfuerzo en ese sentido, esfuerzo que de momento no se ha visto y esperamos que entre todos se pueda solucionar este problema.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Podemos, señor Del Olmo.


El señor DEL OLMO IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.


Seré muy breve, porque esta PNL es similar a la que se presentó en esta misma Comisión el pasado mes de junio, por lo que me voy a remitir a la intervención que hice por aquel entonces. En este sentido, quiero reseñar únicamente que este es
un problema que viene de largo. No es un problema que nos pille por sorpresa, porque los trabajadores del Ministerio del Interior lo vienen denunciando desde hace mucho tiempo. Como todo el mundo sabe, el volumen en la renovación del documento
nacional de identidad es previsible porque se trata de una renovación cíclica. Por tanto, ha faltado voluntad para solucionar este problema, como nos contaban en una reunión este mismo año los representantes de Comisiones Obreras, así que paso a
reseñar los cinco elementos por los que -nos decían- se están produciendo colapsos en el sistema de citas de DNI y pasaporte.


El primer elemento es el aumento de la demanda del documento por parte de los ciudadanos. El segundo, la falta de personal, porque las políticas de destrucción de empleo público han supuesto la inexistencia de convocatorias de plazas de
empleo público en los últimos cinco años, lo que supone que se echa en falta un 30 % de funcionarios. El tercer elemento es la no optimización de horarios de atención al público y los tiempos de expedición. Se están creando nuevas oficinas sin
aumentar el personal. El último elemento es el relativo a las tecnologías, ya que en estas oficinas se cuenta con equipos obsoletos. Sin más, y remitiéndome a la ntervención que hicimos en junio, votaremos a favor.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A la vista de que se ha rechazado la enmienda, se votará la PNL en sus propios términos.


- RELATIVA A MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS PASOS FRONTERIZOS TERRESTRES DE CEUTA Y MELILLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002481).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, proposición no de ley relativa a mejorar la seguridad en los pasos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla, presentada por el Grupo Socialista.


Tiene la palabra el señor Serrada.

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El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Traemos una PNL que aborda una cuestión que no es nueva en el seno de esta Comisión. Ni siquiera es nueva en una proposición no de ley, ya que hemos debatido alguna proposición no de ley anterior que hacía referencia a los pasos fronterizos
de Ceuta y Melilla, e incluso el ministro del Interior realizó una comparecencia que tenía que ver con estos pasos fronterizos. Esto nos da una idea de cuál es el alcance y el tamaño del problema que tenemos. Se trata de un problema que no solo
afecta a nuestro país, sino que también afecta a Europa, porque no olvidemos que Ceuta y Melilla son la puerta de entrada de muchas personas al continente europeo. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre cuál es la situación, cuál es la
problemática que afecta a estas dos ciudades.


Señorías, desde mi partido proponemos que se tomen cuanto antes medidas reales y factibles. Nosotros ya lo dijimos durante la comparecencia del ministro del Interior: esto no es un problema que afecte exclusivamente a la seguridad, es un
problema que afecta a la seguridad, pero que también afecta a la economía, que también afecta a los derechos humanos y que también tiene que ver con cómo tratamos a las personas que quieren llegar a nuestro país. En este sentido, nosotros seguimos
con la misma posición. En primer lugar, es un problema de seguridad -claro que sí-, pero si es un problema de seguridad tendremos que afrontarlo de dos maneras, y la primera es incrementando las plantillas de Policía y Guardia Civil.


Les voy a dar un dato que proporciona el Gobierno, no es un dato que nos inventemos nosotros o que salga de cualquier otra fuente. Entre el año 2011 y lo que llevamos del año 2017 en Ceuta hay 103 policías nacionales menos y en Melilla, 28.
A esto hay que sumar que la vigilancia por turnos de la Guardia Civil en el paso de Ceuta, en ese perímetro de valla, es de 3 o 4 personas, a lo que hay que añadir los 3 o 4 agentes de la Guardia Civil que tienen que vigilar los pasos fronterizos
que hay en Melilla. Todo esto nos lleva a situaciones que desembocan en un auténtico caos, un caos que tiene que ver con el tránsito de personas, personas que se están jugando la vida en muchas ocasiones, y que nos está llevando a unas
circunstancias económicas muy peligrosas tanto para Ceuta como para Melilla. Hace unos días pudimos ver en medios de comunicación de Ceuta cómo comercios tradicionales se ven abocados al cierre porque las fronteras de Ceuta y de Melilla sufren
cierres temporales. Señorías, ¿cuántas fronteras en Europa sufren cierres temporales? ¿Cuántas personas salen de su país, por ejemplo, a dar un paseo en bicicleta y no pueden regresar a España porque resulta que la frontera está cerrada? Estas
situaciones son las que se viven a diario en Ceuta y Melilla, y esto no solo requiere un enfoque desde la seguridad, sino otro tipo de enfoques, como la dotación de más medios materiales, y aquí quería aprovechar para hacer un ruego a la Mesa. En
la comparecencia del ministro, ya en el mes de septiembre, mi grupo solicitó que se nos diera información exacta y detallada de cuáles iban a ser las inversiones que iba a hacer el Ministerio del Interior tanto en Ceuta como en Melilla, y a día de
hoy, tres meses después, todavía la estamos esperando. Por tanto, basta ya de brindis al sol en este sentido y vamos a ponernos manos a la obra.


Otra cuestión fundamental. No sé qué recorrido tendrá esta proposición no de ley, no sé si el Gobierno hará caso o no, lo que sí está claro es que ya el hecho de que en Ceuta, en Melilla o en Marruecos hayan tomado parte y posición no solo
los partidos políticos de la oposición, sino también organizaciones no gubernamentales u otro tipo de asociaciones, ha propiciado que algo se mueva y parece que la última semana ha habido un movimiento frenético entre las autoridades de Ceuta y
Melilla para intentar entablar contactos con el Gobierno español e incluso ha habido un intento del ministro Zoido de intentar poner algún parche a esta situación. Pero, más allá de todo esto, si de verdad queremos solucionar el problema tenemos
que instar al Gobierno de Marruecos a que tome medidas, y esto no pasa solo por tener conversaciones al más alto nivel o por tener buenas relaciones a nivel ministerial, sino por que haya buenas relaciones y se llegue a acuerdos entre las
instituciones de menor nivel, entre los Gobiernos de Ceuta y de Melilla y los Gobiernos locales del reino de Marruecos. En definitiva, señorías, no proponemos otra cosa distinta de dotar de mayor seguridad a un paso fronterizo, dar mayor cobertura
a las personas que pasan a diario por allí y proteger a los policías y a los guardias civiles que desarrollan allí su trabajo dotándoles de más personal y de más medios materiales. Señorías, esta es la propuesta que lanza el Partido Socialista para
intentar poner un grano de arena y solucionar la problemática que afecta a los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Hay una enmienda del Grupo Podemos. Señora Belarra.

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La señora BELARRA URTEAGA: Gracias.


Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso siempre hemos mostrado una enorme preocupación por la situación de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla y por la situación que vive el
conjunto de la ciudadanía en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla porque, como todos los miembros de esta Comisión sabrán, los niveles de pobreza y desigualdad que sufren las personas en estas ciudades son enormes. Por eso hemos realizado
numerosas visitas distintos miembros de este grupo parlamentario a ambas ciudades y, fruto de esas visitas, hemos puesto en marcha numerosas iniciativas, algunas de las cuales han venido a esta Comisión de Interior; en concreto, una de ellas es
sobre la mejora de las condiciones laborales de las mujeres porteadoras, que son trabajadoras transfronterizas y que trabajan porteando bultos de muchísimos kilos de un lado a otro de la frontera. Esa proposición no de ley fue aprobada ya en esta
Comisión hace unos cuantos meses y nos sorprende la proposición no de ley que trae hoy aquí el Partido Socialista, pero desde luego nos parece siempre interesante y relevante poder traer al centro del debate, al debate sustancial, la situación de
las ciudades de Ceuta y Melilla. Sin embargo, la iniciativa del Partido Socialista nos parece absolutamente incompleta e insuficiente y que no aborda la situación de la frontera como debe ser, en toda su complejidad y de manera integral. Por eso
hemos presentado numerosas enmiendas, en la línea de lo que ya se aprobó en esta Comisión: por un lado, un plan de actuaciones de la Inspección de Trabajo y una unidad específica de la Inspección de Trabajo que vigile y asegure que las condiciones
de trabajo de las mujeres porteadoras, esas trabajadoras transfronterizas, son dignas, y, por otro lado, la necesidad de un foco de atención sanitaria concreto en el paso fronterizo, no a unos metros, sino en el propio paso fronterizo. Además hay
que saber dónde se está yendo el dinero que no están cobrando estas mujeres porteadoras que trabajan en condiciones indignas. Apostamos por el control fiscal de las empresas que se dedican al comercio atípico y además nos parece, como bien señala
esta proposición no de ley, que deben aumentar los efectivos de los pasos fronterizos y contar en la frontera con los mecanismos de seguridad suficientes para que no haya avalanchas. Desde que aprobamos esa proposición no de ley dos mujeres más han
muerto porteando bultos, una en Marruecos y otra en España, y desde luego nosotros vamos a seguir trabajando para que se cumplan todos sus derechos.


Estamos ahora en proceso de tramitación de la Ley de seguridad ciudadana, cuyo proceso de enmiendas lleva paralizado más de un año. Para nosotros es urgente que podamos aprobar ya esas enmiendas porque las devoluciones en caliente, como
bien se sabe, son devoluciones ilegales, como nos ha dicho ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso hemos presentado también una enmienda en esta línea y en la línea de que haya un protocolo de cumplimiento de los derechos humanos por
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta, en Melilla y en toda la frontera sur española, también en la frontera sur marítima, porque creemos que es urgente que esa proposición de ley salga adelante y se derogue de una vez por
todas la llamada Ley mordaza, que lleva ya demasiado tiempo en funcionamiento.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Guillaumes. (Denegaciones). El Grupo Vasco no está en este momento. Por el Grupo Ciudadanos, el señor Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


Señorías, el problema de las fronteras de Ceuta y Melilla no es nuevo, es viejo, ya lo han resaltado el resto de los portavoces que han hablado antes que nosotros, pero la verdad es que no se da ninguna solución, pese a que yo creo que todos
los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en que aquí hay que solucionar algo. La verdad es que ambas fronteras son antiguas y sabemos que están mal dotadas de personal, que no soportan el flujo habitual tanto de personas como de vehículos, y el
comercio atípico al final es algo que acaba desbordándolas todavía más. El problema no es solo de la frontera, sino ya de la actividad económica, social y diría que incluso vital de las propias ciudades autónomas. Yo creo que el Gobierno está
haciendo una dejación de funciones tremenda; son dos ciudades autónomas que están en una situación complicada y a las que no se apoya por parte del Gobierno. Nosotros no sabemos muy bien a qué obedece esto. La verdad es que la situación de la
frontera al final es caótica. Como hemos hablado, no proporciona fluidez a los vehículos y las personas que quieren pasar en ambas direcciones y acaba colapsando la ciudad y por tanto su economía. En Ciudadanos entendemos además que el denominado
porteo no es una actividad económica, ni atípica ni típica, ninguna. Desde luego es un fraude fiscal, para empezar; segundo, está más cerca de la explotación de los seres humanos que del propio comercio, y la

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prueba es el riesgo de las personas que lo realizan. Y, la verdad, me sorprende la señora Belarra, que nos habla hace bien poco de que en España no se respetan los derechos humanos y casi está hablando de reconocer la actividad comercial de
las porteadoras como si esto lo solucionara. Esto, señora Belarra, no es una actividad comercial, es una explotación de seres humanos. Hay que acabar con el porteo definitivamente. No se puede decir que hay que regularlo o mejorarlo, que hay que
poner condiciones a las trabajadoras, que son trabajadoras transfronterizas. No; esto es una actividad absolutamente ilegal, insisto, más cerca de la explotación de seres humanos que de cualquier otra cosa. Esto debería tener fecha de caducidad y
deberíamos buscar alternativas tanto para Ceuta y Melilla como para Marruecos y toda la población que rodea Marruecos.


Entendemos que el diálogo con Marruecos es del todo necesario, lo hemos dicho muchas veces; debe ser claro y debe exigir y ofrecer cooperación y coordinación. Yo creo que en este punto debemos entender también que hay determinados niveles
de conversación, pero recordemos que Marruecos sigue sin reconocer el paso fronterizo de Ceuta como una frontera internacional, y yo creo que este es un primer paso para resolver parte del conflicto. La actual situación impide además que la
frontera sea un eje de desarrollo para ambos lados. En Ceuta y Melilla los cierres, las colas, los atascos y las esperas insoportables acaban por desviar el propio turismo marroquí y español hacia otros puntos y al final afectan al sector económico
de ambas ciudades.


Yo creo que es urgente renovar las instalaciones de las fronteras, ya lo hemos comentado, aparte de aumentar la dotación de efectivos, pero yo quiero preguntar al grupo proponente cómo piensa hacer esto, porque hay unos Presupuestos
Generales del Estado que ustedes podrían negociar y en los que se podrían incrementar las dotaciones presupuestarias tanto para personal como para equipamiento como para actualización de la propia frontera, para el cambio de la verja, pero si no se
quiere negociar nada no se puede venir aquí, a las comisiones, a decir que se quieren solucionar las cosas. El momento y la forma de solucionar las cosas es aprobar unos presupuestos generales pero entonces se dice que no. Yo creo que los
ciudadanos están aprendiendo algo en estos momentos, y lo estamos viendo con la situación en Cataluña. Están aprendiendo que las palabras vacías, las palabras huecas, el parlamentarismo ineficaz no vale para nada ni conduce a nada, señores del
Partido Socialista. Por supuesto, apoyaremos su proposición no de ley porque creemos que es de verdad, que es de justicia y confiamos en ella, pero a nosotros también nos gustaría que se sumaran un poco al compromiso con todos los españoles, y en
este caso con todos los ciudadanos de Ceuta y de Melilla, para intentar solucionar de una vez esto apoyando los presupuestos. Absténganse al menos; ya no digo que los apoyen, pero por lo menos absténganse, dejen que haya unos presupuestos para
2018 y que estos presupuestos puedan incorporar estas cosas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Popular, señora Vázquez.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señor presidente.


Es innegable el incremento de la actividad de transporte de mercancías en estos pasos habilitados en los puestos de Melilla y de Ceuta. Los datos concretos son que desde el año 2015 al 2017 se ha triplicado, es decir, hemos pasado de 1500 a
6000, llegando a unos tránsitos diarios -para que nos pongamos en situación- de 30 000 a 40 000. Sin lugar a dudas, esto ha derivado en la aparición de problemas, menores no acompañados, avalancha de individuos que intentan acceder en tropel,
lanzamiento de piedras y otros objetos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a quienes desde aquí quiero brindar todo nuestro apoyo porque sabemos las circunstancias en las que están allí. Al mismo tiempo debe tenerse en cuenta que
España está en alerta 4, con lo cual el nivel de seguridad en las fronteras es mayor que en otros tiempos. Ante esto, efectivamente el Ministerio del Interior -como dijo el grupo proponente- ha hecho cosas en los últimos meses. Por ejemplo, el
Ministerio del Interior estuvo en contacto con Marruecos y han tomado distintas decisiones contra este porteo, como es destinar en el barrio chino un paso exclusivo solo para el porteo a pie o habilitar el paso de La Farhana para actividad exclusiva
de porteo en vehículos, de tráfico rodado, o preservar el paso internacional de Beni Enzar para el acceso solo a turistas y viajeros sin mercancías. Es decir, se está estableciendo ya el tipo de circulación en cada momento. Por otra parte, la
Delegación del Gobierno en Melilla también ha firmado acuerdos de colaboración con Marruecos, y se han comprometido a mejorar las infraestructuras existentes. Para ello hay una dotación de un millón de euros. Asimismo, se han firmado distintos
convenios de colaboración entre la Policía Nacional y la Policía de Marruecos.

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Sobre el catálogo de puestos de trabajo, solo para que nos hagamos una composición de lugar, diré que Ceuta presenta el 88,65 % de ocupación de la RPT y Melilla, el 99,11, situándose la media del resto de España en el 79,10. Es decir, la
RPT está casi al cien por cien. Usted y el grupo proponente me hablaban de los datos que da el Gobierno de 2010. Yo también tengo los datos que da el Gobierno y, por ejemplo, del año pasado a este año se han incrementado en Ceuta veinticinco
efectivos y Melilla, veintidós. Pero no solo es problema de efectivos, es problema de cómo están las instalaciones. En lo que respecta a Ceuta, se va a intentar reformar el paso. Los que estuvimos en Ceuta en la legislatura pasada vimos cómo el
edificio de aduanas de la Agencia Tributaria y el de la Policía no tienen espacio ya para ensanchar los carriles de acceso. Aun así, se está intentando hacer un segundo Tarajal II, que irá en los presupuestos, presupuestos en los que espero que el
Grupo Socialista nos apoye para así poder habilitar este Tarajal II tan necesario para la ciudad de Ceuta, así como otras obras que se están haciendo en Melilla.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Termino.


Por último, porque ya lo he oído otra vez, lo he visto en la exposición de motivos del Grupo Socialista y me gustaría acabar con esa falacia, quiero aclarar que, aunque se está diciendo que en los pasos fronterizos hay seguridad privada, no
es así. Tengo aquí dos fotos (muestra dos fotografías), una de las 9:44 y otra de las 9:41, en las que se ve, efectivamente, seguridad privada de Eulen -antiguamente era Prosegur-. Son de hoy por la mañana, me las han hecho llegar, pero esto
corresponde al polígono; es decir, esta seguridad privada de la que se habla en la exposición de motivos corresponde al polígono, donde están las tiendas, donde van las porteadoras. Y eso está costeado por las empresas que están en ese polígono
industrial, como en cualquier polígono de España. En ningún paso fronterizo ni de Ceuta ni de Melilla está Eulen prestando seguridad. Esto es a la salida del polígono. Lo digo a efectos de corregir la exposición de motivos.


El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señoría.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Como bien dice usted, en los últimos meses se han llevado a cabo gestiones entre los dos Gobiernos que están encaminadas a conseguir mucho de lo que el Grupo Socialista ya pide. Consideramos que el Gobierno ya lo
está haciendo y por eso nos vamos a abstener para que salga la iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor Serrada, ¿acepta la enmienda del Grupo Podemos?


El señor SERRADA PARIENTE: No vamos a aceptar la enmienda porque consideramos que no aporta nada.


El señor PRESIDENTE: ¿Se vota en sus términos?


El señor SERRADA PARIENTE: Sí.


- RELATIVA AL APOYO Y RESPALDO A LA POLICÍA NACIONAL Y LA GUARDIA CIVIL EN SU PARTICIPACIÓN EN MISIONES U OPERACIONES INTERNACIONALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002579).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, proposición no de ley relativa al apoyo y respaldo a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su participación en misiones u operaciones internacionales, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.


Señora Blanco, tiene la palabra.


La señora BLANCO GARRIDO: Gracias, señor presidente.


Señorías, permítame que esta iniciativa que hoy traemos a debate por parte de mi grupo, del Grupo Parlamentario Popular, sirva de especial homenaje y recuerdo a todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado asesinados y golpeados por la sinrazón del terrorismo y muy particularmente a los policías asesinados en Kabul, Jorge García Tudela e Isidro Gabino San Martín, de cuyo asesinato se cumplen dos años, y también a los guardias civiles y sus
familiares víctimas del terrible

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atentado perpetrado por la organización terrorista ETA contra la casa cuartel de Zaragoza, donde fallecieron once personas, entre ellos seis niños, del que ayer precisamente se cumplieron treinta años. Para todos ellos sirvan estas palabras
de homenaje y recuerdo, sirvan estas palabras de verdad, memoria, dignidad y justicia.


Señorías, la exposición que voy a realizar de esta iniciativa pretende concitar el máximo consenso posible por dos motivos principalmente. En primer lugar, expresar de manera unánime el reconocimiento y el respaldo incondicional a nuestras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el cumplimiento de su difícil misión en el ámbito internacional -sin olvidar, por supuesto, su magnífica labor dentro de nuestro país-, siempre en aras de garantizar nuestra libertad y nuestra seguridad
con sacrificio, con el máximo esfuerzo, con profesionalidad y con espíritu de entrega, dando incluso su propia vida por ello. Y, en segundo lugar, porque estamos hablando de la política exterior de nuestro país, señorías, y siempre hemos definido
la política exterior como uno de los elementos troncales de lo que deben ser las políticas de Estado. Así que por estos dos motivos principalmente espero que podamos aprobar, como decía al inicio de mi intervención, esta iniciativa con el mayor
acuerdo posible.


A ninguno de los aquí presentes se le escapa que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil concitan un apoyo mayoritario, siendo las instituciones más valoradas por los españoles, incluso a nivel internacional, porque precisamente su
servicio a los ciudadanos y su gran capacidad para hacer frente a las principales amenazas que acechan a nuestras sociedades hacen que tengan un reconocido prestigio internacional, alcanzando un nivel de eficacia homologable al de las policías de
los países más avanzados del mundo; gran prestigio internacional, a pesar, señorías, de los burdos intentos por parte de los grupos independentistas de lanzar a la opinión pública extranjera, a través de fotografías manipuladas e informaciones
falsas, una imagen de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado muy alejada de la realidad de su día a día y de su trabajo, siempre protegiendo el libre ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos y garantizando su
seguridad. Por ello la finalidad superior de la presencia de guardias civiles y policías nacionales en otros países no es otra, tal y como mencionaba anteriormente, que la de defender la aplicación de los derechos fundamentales en regímenes
democráticos, piedra angular para la seguridad en un mundo globalizado. Así, desde la primera participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en misiones internacionales -en El Salvador, allá por el año 1991- alrededor de 6000
miembros han estado desplegados en más de 110 misiles internacionales auspiciadas por Naciones Unidas, la Unión Europea, la OSCE o la OTAN, organismos que consideran a nuestros policías y guardias civiles profesionales de primer orden; un
reconocimiento, por cierto, que les permite facilitar formación en diferentes materias: seguridad ciudadana y control del orden público, investigaciones de grupos terroristas, delincuencia organizada, blanqueo de capitales, delitos vinculados a la
violencia de género, controles fronterizos y así un largo etcétera; sin lugar a dudas, nos haría falta una comisión específica para decir todo lo que están haciendo nuestros policías y guardias civiles en las misiones internacionales. En
definitiva, señorías, trabajo y colaboración con los organismos internacionales en misiones de gestión de crisis en multitud de países de África, América, Europa y Asia, lo que representa una importante labor en beneficio no solo de los países donde
están desplegados sino también de la imagen y seguridad de nuestro país, de España. Por supuesto, sin olvidar a todos aquellos que realizan una magnífica labor en nuestras embajadas, sin duda grandes profesionales que quisieron y quieren servir a
su país fuera de él.


En definitiva, hablamos de héroes, de nuestros héroes anónimos a quienes no ponemos rostro en muchas ocasiones, pero que hacen grande a nuestro país allí donde están destinados; héroes que saben que su éxito no es solo personal; al
contrario, reside en saber que su éxito es el triunfo de todos, que se traduce en mayor seguridad y en mayor libertad para todos y cada uno de los ciudadanos. Por todo lo expuesto, pedimos el apoyo a una iniciativa que pretende mostrar apoyo y
respaldo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en su magnífica labor en defensa y mantenimiento de la paz, la seguridad y el respeto de los derechos humanos a través de su participación en misiones u operaciones internacionales a nivel mundial.


Con respecto a las enmiendas presentadas, me comentaba el presidente que la Mesa no ha aceptado la enmienda del Grupo de Unidos Podemos. Y en referencia a la enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos, he de decir que es una enmienda que
nos parece positiva, que va en línea de lo expresado en mi intervención, en línea con lo que está haciendo ya el Gobierno y, por lo tanto, la vamos a aceptar.


Muchas gracias. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Ciudadanos, para defensa de la enmienda, señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.


Lo primero que quiero hacer es unirme, como no puede ser de otra forma, al homenaje a las víctimas de la sinrazón terrorista en nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Creo, desde luego, que la labor de nuestros cuerpos en el
ámbito internacional es digna de mención y alabanza y, por eso, estamos a favor de esta propuesta que trae hoy el Grupo Parlamentario Popular a esta Comisión, ya que nuestras fuerzas cuando están en misiones internacionales -cientos de ellas a lo
largo de la historia- lo que hacen es fomentar la paz, la seguridad y preservar por supuesto valores propios de un Estado democrático de derecho, valores superiores que todos defendemos en esta Comisión: la libertad, la seguridad y la igualdad.


Nuestra enmienda, como bien decía la portavoz del Grupo Popular, iba dirigida precisamente a mejorar un texto con el que de por sí nosotros estábamos totalmente de acuerdo, básicamente a mejorar la dotación de armamento y equipación de
munición para nuestros agentes cuando trabajan precisamente en reforzar la seguridad de nuestros representaciones diplomáticas, es decir, nuestras embajadas, y una mayor formación continua. Entendemos que en esto tanto el Gobierno como todos los
grupos de esta sala estarán a favor y agradecemos que acepten nuestra enmienda, y por supuesto nuestra votación será de forma positiva.


Muchísimas gracias


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría, por la brevedad.


Le anuncio a los portavoces que no votaremos antes de las once y media.


Por el Grupo Mixto, señor Guillaumes. (Denegaciones). El señor Legarda no está en este momento.


Por el Grupo de Podemos, señor Mayoral.


El señor MAYORAL PERALES: Muchas gracias, señor presidente.


Nosotros reconocemos la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y creemos, además, que hay que reconocerla no solamente con declaraciones públicas sino con hechos concretos. Dentro de esa medida creemos que hay que hacer un
reconocimiento explícito a aquellos agentes de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que luchan por los derechos laborales, que luchan por el reconocimiento de su labor y que luchan por su equiparación salarial. Y por eso creíamos que era
un buen momento para que esta Comisión se posicionase en contra de la sanción del expediente disciplinario que se quiere llevar a cabo en contra de uno de los policías que se ha manifestado a favor de la equiparación salarial. Creemos que hay
cuentas pendientes, que tenemos una labor pendiente con los funcionarios y con el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en torno a la retribución, en torno a la conciliación familiar, en torno a los equipos de protección
individual, en torno a sus derechos laborales, en torno a su derecho de asociación, y en concreto el reconocimiento del derecho a la sindicación dentro de la Guardia Civil. Creemos que más que declaraciones grandilocuentes lo importante es defender
y garantizar en concreto los derechos laborales de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no perseguirlos por desarrollar y defender sus derechos laborales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para finalizar, por el Grupo Socialista, señor Bellido.


El señor BELLIDO ACEVEDO: Muchas gracias, señor presidente.


Aquí estamos ante un nuevo episodio de las PNL derivadas de la mala conciencia del Partido Popular, que llamo las PNL del remordimiento, que se suelen combinarse con las de la autoafirmación -esas que hablan de las virtudes de Rajoy y le
hacen merecedor de la recuperación económica de Portugal, de los triunfos de Rafa Nadal, etcétera-, y con las PNL de la distracción, aquellas que se utilizan fundamentalmente para alejar la mirada de donde está la noticia, estas PNL de la
distracción en las que normalmente se utiliza la bandera de España o cualquier símbolo que representa la unidad o la democracia para tapar corrupción, recortes o desvaríos de este Gobierno. Realmente no hay bandera que tape la corrupción, pero es
encomiable el esfuerzo que hace el Partido Popular en diferentes sesiones de diferentes Comisiones de este Congreso para distraer la atención de todos los diputados y de los medios de comunicación (Rumores). Esta PNL quizá tenga algo de
distracción, desde luego lo que es evidente

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es que tiene mucho de remordimiento, porque desde que el ministro del Interior dejó abandonado a su suerte el prestigio de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el trabajo de Cataluña el, 1 de octubre (Una señora diputada: ¡Por
favor!-Rumores), se van a presentar este tipo de proposiciones que se repiten...


El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.


El señor BELLIDO ACEVEDO: ... se repiten en el tiempo, que en el fondo lo que tienen como objetivo no es reivindicar la labor de la Guardia Civil y la Policía, sino reivindicarse ellos, el Partido Popular como el partido que más quiere y
más apoya a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.


En fin, en cualquier caso, nosotros estamos de acuerdo en reconocer, como hace esta proposición, el gran trabajo que realizan la Policía Nacional y la Guardia Civil en misiones internacionales, en misiones de paz, en operaciones en todo el
mundo y, desde luego, esa labor encomiable es tan clara en el exterior como la que realizan también en España. La PNL dice: el apoyo total y respaldo incondicional a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, contribuyendo así con su esfuerzo a la
libertad, la justicia y el progreso de los pueblos. Estoy seguro de que es así, claramente es así, pero lo cierto es que lo hacen bajo las órdenes de un Gobierno, un Gobierno democrático, el Gobierno de España. Por tanto, lo que están haciendo es
reconocer que la presencia en estas misiones y la labor concreta que desempeñan los agentes con órdenes directas del Gobierno de España, y de las organizaciones internacionales en las que participa España, es acertada y, lo que estamos haciendo, es
alabar al propio Gobierno, que es el que decide qué funcionarios están en el exterior y en qué funciones están participando en las misiones de paz. Esto nos llevaría de nuevo a esta especie de propuestas de autoafirmación que tanto se han dado en
esta y en otras Comisiones.


Lo cierto es que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional hacen un gran trabajo, y eso es algo evidente y reconocido por toda la sociedad y por todos los grupos políticos, o por lo menos por la mayoría, y desde luego por el Grupo
Parlamentario Socialista, que se siente orgulloso de ambos cuerpos y está dispuesto a decirlo públicamente, como hemos hecho en repetidas ocasiones. En estas misiones fueron los propios Gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero
los que impulsaron la presencia en el exterior de ambos cuerpos. Esta PNL se podría haber traído en cualquier otro momento, pero que viene en este, justo cuando las asociaciones de guardias civiles reclamaron en esta Comisión de Interior que
estaban bastante en desacuerdo con el comportamiento del Gobierno en los días posteriores al 1 de octubre, parece que tiene otro interés. Además, se hace justo en el momento en que se ponen placas, rotondas, banderas, se impulsan PNL...


El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene que concluir.


El señor BELLIDO ACEVEDO: Sí, un minuto nada más, presidente.


El señor PRESIDENTE: No. Tiene que concluir, señoría.


El señor BELLIDO ACEVEDO: Decía que, además, se hace justo en el momento en que se ponen placas, rotondas, banderas, se impulsan PNL, después de que los guardias civiles y los policías nacionales se hayan sentido abandonados. Nosotros, los
socialistas, muy orgullosos de nuestra Guardia Civil y de nuestra Policía Nacional, de sus hombres y de sus mujeres, de su servicio en misiones de paz en el extranjero y del servicio que prestan también en España, vamos a votar esta PNL que no hemos
querido enmendar, a pesar de que nos parece que tiene un propósito distinto al que dice tener.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA GUARDIA CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002587).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto dos del orden del día: PNL relativa a la modificación del Reglamento del Consejo de la Guardia Civil, de Podemos. Señor Candela.


El señor CANDELA SERNA: Perdón, ¿qué PNL ha dicho? Creo que ha habido una confusión.

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El señor PRESIDENTE: Es la número dos, la relativa a la modificación del Reglamento del Consejo de la Guardia Civil, la que se va a debatir ahora. ¿Quién lleva esta PNL de Podemos?


El señor MAYORAL PERALES: Si podemos adelantar otro punto, porque mi compañero está en la Comisión de Defensa al mismo tiempo.


El señor PRESIDENTE: Grupo Mixto. Señor Guillaumes, ¿está dispuesto?


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Tenemos el mismo problema. Tenía que defenderla el diputado de Compromís y todavía no ha llegado.


El señor PRESIDENTE: Pues le pido a algún diputado de Podemos que defienda la PNL, porque no podemos estar pendientes de un solo diputado de un grupo cuando hay setenta diputados. Así que, por favor.


El señor MAYORAL PERALES: La defiendo en sus términos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Socialista, que tiene una enmienda, la señora Botella.


La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.


Señorías, los derechos consagrados en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, no se han desarrollado plenamente por los impedimentos del Partido Popular desde el
Ministerio del Interior y desde la Dirección General de la Guardia Civil, al frenar un efectivo desarrollo de las libertades para los y las integrantes del cuerpo que se consagraban en esta ley orgánica. No es un problema intrínseco de la ley, sino
una cuestión de pura voluntad política; es el cumplimiento de la ley lo que está en juego.


La cuestión de fondo tampoco es el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la ley, como dice en su exposición de motivos la PNL. Lo que experimentan la Guardia Civil y nosotros los ciudadanos, naturalmente, es el resultado de seis
años ininterrumpidos de Gobierno del Partido Popular. Sin duda, diez años después de su aprobación, la ley es mejorable, pero el principal problema -insisto- es su inejecución por el Partido Popular. Hay una cuestión añadida: el proponente de la
proposición no de ley es guardia civil y ha pertenecido, hasta ser elegido diputado, a una de las asociaciones profesionales, a una de ellas. Como diputado, coherente con su trayectoria, ha defendido el reconocimiento del derecho de sindicación de
los miembros de la Guardia Civil, pero el debate de la sindicación es baldío si no se aborda desde la naturaleza del cuerpo y el de la naturaleza del cuerpo, si interesa, debe abordarse teniendo en cuenta, además de todo lo que se ha visto, los
condicionantes profesionales de los funcionarios de la Guardia Civil, pero también, y sobre todo, el interés general y la eficacia del servicio público encomendado.


Esta PNL trae un problema de transfuguismo que afecta a la antigua asociación profesional del proponente. Se trae la propuesta de que el consejo de la Guarda Civil sea un órgano de negociación colectiva acorde con la defensa de que las
asociaciones sean sindicatos y no asociaciones profesionales, obviando la naturaleza militar del cuerpo. Este es el debate de fondo que siempre está presente en las proposiciones del señor Delgado, que Podemos defiende, su modelo de la Guardia
Civil, que es sindicación, desmilitarización, negociación colectiva y representantes de los trabajadores sin condicionantes jerárquicos. En esta PNL su forma de volver a ese debate es cambiar el funcionamiento del consejo, pero su propuesta es
absolutamente indeterminada. No piden expresamente nada; lo deslizan, es un pedir sin decir, y a ese juego de ambigüedad el Grupo Socialista no juega. Esperamos que acepten nuestra enmienda porque una cosa es impulsar al Gobierno en una
dirección, otra es impulsar una medida concreta sin concretarla y, otra peor, es impulsar al Gobierno en una dirección en la que el marco legal no lo permite, que es lo que se pretende con la redacción actual.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez.

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El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señor presidente.


La experiencia nos demuestra que los criterios de valoración dentro del consejo son mejorables, porque en algunos casos han carecido de rigor y objetividad -esto es así-, y lo entendemos. El consejo debe ser un espacio no solo de diálogo,
sino también para llegar a acuerdos y desde luego mantenerlos. Al final, esto no solo sucede en la asignación de las cuotas a las asociaciones, sino que también hay casos de exclusiones temporales cuando se hacen valoraciones de diferente
naturaleza y gravedad de los hechos con personas distintas. Hemos visto cómo guardias civiles incursos por los mismos hechos, con la misma gravedad, con el mismo tipo de participación, a unos se les evalúa y a otros no, y a algunos se les excluye.
En fin, Ciudadanos siempre estará a favor de que se establezcan procedimientos con una mayor transparencia y objetividad, que es lo que hace falta en este caso.


En cuanto a las cuotas, ya pedimos en los Presupuestos Generales del Estado que se incrementaran las partidas destinadas a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Quiero recordar al grupo proponente que, de hecho, en los
presupuestos de 2017 salió adelante la duplicidad de las cuotas que la Administración dedica a las asociaciones de la Guarda Civil gracias, precisamente, a que se aprobaron esos presupuestos. Nuevamente, volvemos a lo de siempre. Pedir dinero,
pedir fondos, pedir personal está muy bien, pero, claro, luego hay que ser coherente y votar a favor de que eso se pueda hacer porque si no es imposible.


Estamos de acuerdo con lo que ha expresado la portavoz del Grupo Socialista. Aquí se habla de algo de mucho más calado y simplemente se nos está intentando trasladar de forma somera un problema que late en el fondo: la representación del
colectivo de hombres y mujeres que forman la Guardia civil, sus necesidades, cómo vehicular no solo los mecanismos de autoprotección, la protección de los riesgos laborales, sino también una gestión efectiva de estos recursos humanos. El consejo es
un buen sitio para hacer esto porque, efectivamente, hay que hablar de todo esto. Quiero recordar a todos los portavoces que hay una Comisión aprobada por el Pleno y allí todos deberíamos estudiar y debatir cuál debe ser el modelo policial del
siglo XXI. Esperemos que esta Comisión empiece a trabajar a la vuelta del siguiente periodo de sesiones porque es el espacio para debatir qué queremos que sean nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cómo gestionar todo lo que les rodea.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Mateu Istúriz.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.


Coincido plenamente en que, intentando dar vueltas a las circunstancias, el señor Delgado vuelve a sus postulados primigenios, que son: eliminar la naturaleza militar del Cuerpo de la Guardia Civil y, por supuesto, crear los sindicatos
dentro del mismo. Por eso, en sentido figurado digo que ha disparado con una mala praxis jurídica en esta Comisión. Quiero recordarle técnicamente por qué el Grupo Popular no va a votar a favor de esta proposición no de ley. Voy a centrarme en el
ámbito de la Ley de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, la Ley Orgánica 11/2007, de 22 octubre, cuyo artículo 37. 1 dice que el régimen económico de las asociaciones profesionales siempre está sometido a los principios de
transparencia y de publicidad. Por tanto, no sería la modificación del reglamento del real decreto, que aprueba el funcionamiento y organización del Consejo de la Guardia Civil, el ámbito para hacer estas modificaciones.


La orden de Interior, en la cual se convocan las subvenciones, es muy rigurosa, porque establece cómo se convocan, qué destino hay que dar a las subvenciones, cómo se justifican y las consecuencias de la concesión. Y hay una comisión de
valoración que se encarga de ver qué solicitudes de subvenciones pueden entrar en base al catálogo y baremo de actividades subvencionables que figuran en el anexo de la propia orden. También hay un control financiero, por supuesto, el de la
Intervención General del Estado, que consagra nuevamente esa publicidad y transparencia. Además, hay un Tribunal de Cuentas con el mismo fin y no olvidemos que hay una Ley General de Subvenciones, del año 2003, que dice que las subvenciones tienen
que estar sujetas a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.


El proceso electoral está claramente establecido en la ley orgánica. El artículo 56 dice que serán elegibles los guardias civiles que estuvieran en situación de servicio activo en las correspondientes escalas y podrán ser candidatos
miembros designados por las agrupaciones de electores, así como por las asociaciones. Y son elegidos por un principio democrático: votación libre, secreta, igual y directa, por

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lo que una modificación como la que se pretende en el texto de esta PNL sería absurda por vulnerar la voluntad de los electores y, por supuesto, el espíritu para el que fue conformado el consejo.


Por último, el señor Delgado insiste en la negociación colectiva. Ya saben que esta negociación no está aceptada en la ley orgánica que he mencionado antes, la del año 2007, en su artículo 41. El artículo 52, para terminar de hablar de las
funciones del consejo, dice que es un órgano colegiado en el que participan representantes de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, Interior y Defensa. ¿Por qué? Por la naturaleza mixta, civil y militar que tiene la Guardia Civil. Además
tiene finalidades muy claras: mejorar las condiciones profesionales, así como el funcionamiento del instituto. Dentro de sus funciones, el mismo artículo 54 dice que tiene que tener conocimiento, ser oído, informar, conocer, analizar y valorar,
colaborar, participar, recibir información, no figurando en ningún momento la palabra negociar o llegar a acuerdos y mucho menos de carácter vinculante.


Terminó como empecé. Este no es el cauce para intentar la modificación de la Ley Orgánica de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Señor Delgado, se ha confundido. Tiene que presentar otra alternativa.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A los efectos de la votación, ¿el Grupo Podemos acepta o rechaza la enmienda del Grupo Socialista?


El señor DELGADO RAMOS: Se rechaza.


El señor PRESIDENTE: Se votará en sus propios términos.


- RELATIVA A EVITAR LA CREACIÓN DE NUEVOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002522).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a discutir la proposición no de ley relativa a evitar la creación de nuevos centros de internamiento de extranjeros, del Grupo Mixto.


Tiene la palabra el señor Candela


El señor CANDELA SERNA: Gracias, señor presidente.


Actualmente, existen siete centros de internamiento de extranjeros activos en el Estado español y uno de ellos se encuentra en la ciudad de Valencia. Son numerosas las denuncias de las organizaciones en defensa de los derechos humanos que
califican estos centros como prisiones encubiertas. Asimismo, se denuncia la situación de las personas internas (Rumores), que son privadas de derecho fundamentales...


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor CANDELA SERNA: ... como lo son el derecho a la libertad, el derecho a una salud digna, el derecho a la seguridad individual o el derecho a la libertad religiosa.


Los centros de internamiento de extranjeros -en adelante CIE- están contemplados en la legislación estatal desde la Ley Orgánica 7/1985, sobre derechos y libertades de los extranjeros en el Estado español, concretamente en el artículo 26.2,
que establece la posibilidad de internar temporalmente a aquellas personas que no disponen de documentación oficial en centros no penitenciarios mientras se tramita su expulsión.


El Tribunal Constitucional, en la sentencia de 2 de julio de 1982, estableció la constitucionalidad del internamiento de extranjeros como medida de carácter restringido y excepcional, donde el principio favor libertatis ha de regir en todo
momento, lo que supone que la libertad debe ser respetada, salvo que se estime indispensable la pérdida de libertad del extranjero por razones de cautela o de prevención, que habrán de ser valoradas por el órgano judicial.


Los CIE son establecimientos públicos dependientes del Ministerio del Interior, cuya competencia se ejerce a través de la Dirección General de la Policía. A fecha de hoy no existe ningún informe ni publicación oficial que valore de manera
objetiva el estado en que se encuentran los CIE. La opacidad y la falta de transparencia que rodea estos centros ha dado lugar a que las distintas instituciones y organizaciones no gubernamentales sean las principales fuentes de información que
tiene la ciudadanía para conocer qué es lo que ocurre y cuáles son las condiciones dentro de los CIE. Son las mismas ONG las que han

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alertado con extrema preocupación de la detención e internamiento de menores en diferentes CIE del Estado español.


Durante el tiempo que dura el internamiento, que puede llegar hasta los sesenta días, las personas internadas en los CIE sufren una privación de libertad que supone un fuerte golpe emocional para todas ellas. Además de esto, según han
denunciado reiteradamente las organizaciones en defensa de los derechos humanos, se producen una serie de vejaciones, conductas discriminatorias e incluso agresiones, ya sean físicas o psicológicas, con consecuencias para el resto de sus vidas.
Todo ello es especialmente grave si reparamos en que se trata de personas que no han cometido ningún delito, sino que se encuentran internas por una falta administrativa, como es la de no disponer de documentación reglada. Tal y como revelan los
datos del Ministerio del Interior, los centros de internamiento de extranjeros son complejos que incumplen la finalidad para la que fueron creados. De hecho, el porcentaje de expulsiones se ha venido reduciendo anualmente, desde el 70 % del año
2009 hasta las cifras actuales que rondan el 40 %. Además, las comunidades autónomas desde las que se expulsa forzosamente a personas migrantes no son informadas de estas actuaciones. Consideramos que un mayor cruce de información entre los
responsables del Estado y de las comunidades autónomas debería ponerse en marcha.


Además, el Defensor del Pueblo ha informado en repetidas ocasiones de la presencia de menores, así como de los grandes márgenes de error que presentan las técnicas científicas para determinar la edad de las personas que ingresan en los CIE.
También han denunciado la muy preocupante situación de niñas que han sido incorrectamente consideradas como adultas, así como de mujeres potencialmente víctimas de trata.


El pasado mes de abril conocíamos por la prensa que el ministro reprobado de Interior, Juan Ignacio Zoido, anunciaba la creación de tres nuevos centros de internamiento para extranjeros en Madrid, Málaga y Algeciras. Compromís considera que
el presupuesto destinado para la creación de estos nuevos centros debería destinarse a políticas que no impulsen medidas de segregación de la población extranjera sino medidas de interacción de migrantes que generen una ciudadanía incluyente y
participativa entre las personas que la habitan.


Consideramos, en consecuencia, que la existencia de los siete centros de internamiento de extranjeros en el Estado español es incompatible con el compromiso de la sociedad con los derechos humanos y, por eso, entre las múltiples propuestas
que hacemos en la PNL, se encuentra una -la B, que es la clave- que propone declarar el Estado español como una zona libre de centros de internamiento de extranjeros. Ya adelantamos que no aceptamos la enmienda de Ciudadanos porque, sobre todo,
cuando dice: garantizar la asistencia psiquiátrica, nos echamos a temblar.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para defender la enmienda del Grupo Ciudadanos, señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.


Hoy nos trae Compromís una propuesta no legislativa que, básicamente, lo que quiere es acabar con los CIE; si eso es lo que quieren, pídanlo. Usted mismo ha dicho que para usted lo más importante es el punto B. Eso sí, yo considero que es
un poco incoherente solicitar a las autoridades responsables que hagan un informe detallado de cuál es la situación de los CIE actualmente en territorio español mientras pide el cierre definitivo e inmediato. Desde luego, no puedo decirle que sea
una propuesta muy eficiente. Si ustedes quieren acabar con los CIE, póngalo directamente por escrito y tráigalo; no hay ningún problema, se puede debatir en esos términos también.


Nosotros estamos de acuerdo con un cumplimiento estricto de los derechos humanos pero, lógicamente, estamos de acuerdo con el cumplimiento de los tratados internacionales. Usted sabe muy bien que nuestros socios europeos han considerado que
nosotros somos la frontera sur de Europa y, por lo tanto, tenemos una serie de compromisos que tenemos que respetar.


Nuestra enmienda lo que pretende es mejorar la calidad de vida de los CIE; queremos que se haga ese informe detallado de cuáles son las condiciones que actualmente presentan los centros de internamiento de extranjeros a lo largo del Estado
español; queremos mejorar esas instalaciones, precisamente para que los ciudadanos que están en ese régimen de internamiento, por sesenta días máximo, estén en las mejores condiciones, condiciones habitables, dignas y, por supuesto, que se
garantice la asistencia médica y psiquiátrica. Entiendo que el proponente habrá estado alguna vez en alguno de los CIE. Yo he estado varias veces y cuando yo me relaciono con los inmigrantes irregulares

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que están allí acogidos de lo que se quejan, lógicamente, es de la privación de libertad, pero le tengo que decir que pienso que no se me ocurre ir a ningún país de forma irregular, por lo menos cuando pretendo que no me acojan en un centro
de internamiento. Le aseguro que hay formas para entrar en este país: oficinas consulares, se puede conseguir un visado.


Usted dice que se les está dando un trato vejatorio o está haciendo una serie de aseveraciones que, cuando menos, debería demostrar. En el centro de internamiento de Barranco Seco, que es en el que he estado más veces, no he visto ninguna
vejación; al contrario, cuando se les pregunta a los internos cuáles son las condiciones en las que están, le puedo asegurar que dicen que comen bien, que son bien tratados y que lo único que echan de menos, lógicamente, es la libertad.


Entiendo que lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones en las que están actualmente en esos centros. Tenemos que mejorarlos, y por eso nuestra enmienda va en ese sentido: una mejora clara de las condiciones en las que están
acogidos.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


¿Grupo Mixto? (Denegación). Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Señor Legarda.


El señor LEGADA URIARTE: Muchas gracias, presidente, y muy brevemente.


En relación con la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, ya se ha manifestado la medida más importante y determinante, que es el cierre de los centros de internamiento y la declaración de
zona libre de centros de internamiento dentro del Estado. Luego propone una serie de medidas -que serían transitorias hasta que esto se produzca-, un informe detallado sobre situación actual de los centros, un comité de expertos para una propuesta
sobre las políticas de asilo y coordinación e intercambio de información del Estado con las comunidades autónomas, etcétera. Nosotros, así como está propuesta esta iniciativa, no vamos a poder apoyarla. Ya se han apuntado los motivos.


Las políticas migratorias en relación con las migraciones económicas no son unas políticas incondicionadas, sino que hay que entenderlas en el marco de la mutualización de estas políticas dentro de la Unión y también, obviamente, enmarcadas
por un principio de responsabilidad y por principios humanitarios y de respeto de los derechos de los migrantes. Pero las migraciones económicas en el sur de Europa, teniendo en cuenta que la brecha económica que hay entre el sur de Europa y el
norte de África, es la brecha económica más importante en el mundo y lejos de amainarse esta cuestión, desde que se aprobó la Ley de Extranjería y se empezaron a abrir los primeros centros, es una cuestión que se ha ido, desgraciadamente, agravando.


En esta situación de agravamiento, apoyar la decisión de cerrar los centros de internamiento no nos parece inicialmente meditada, no solo por las responsabilidades que tenemos como comunidad con el resto de nuestros socios de la Unión, sino
también por un mismo principio de responsabilidad, lo cual no quiere decir que no estemos de acuerdo con algunos de los puntos, en concreto el punto a), el punto f) y el punto i). Un informe detallado sobre la situación actual de los centros de
internamiento o de los que vayan a abrirse es una cuestión que creemos importante, que ya ha venido a esta Cámara en innumerables ocasiones y creemos que sería un avance para todos. Lo mismo que la creación de un comité de expertos para realizar
una propuesta sobre las políticas de asilo y migratorias o una mejor coordinación e intercambio de información con las comunidades autónomas.


En atención a lo expuesto, solicitaremos la votación separada por puntos.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Podemos, el señor Mayoral.


El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señor presidente.


Nosotros vamos a reiterar nuestra posición. Creemos que a las personas no se las puede privar de libertad si no existe un procedimiento penal en curso. Creemos que no existen todavía rutas seguras y que es absolutamente impresentable que,
con la situación que existe en materia de refugiados, tengamos que soportar que en una Comisión como la nuestra se hagan declaraciones como la de que 'si quisiera migrar a otro país, lo haría a través del consulado', cuando todo el mundo sabe cuáles
son las políticas de la Europa fortaleza y cuáles han sido sus consecuencias en contra de la situación de los refugiados y de los

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tratados internacionales en materia de derechos humanos. Creemos que es un desprecio por la legalidad internacional, un desprecio y un desconocimiento por la legalidad en materia de derechos humanos que se pueda verter ese tipo de
afirmaciones en esta Comisión. Nos parece que el mantenimiento de los CIE no resulta ni tan siquiera acorde con la legislación impulsada por el propio Partido Popular en muchos casos, donde se han registrado internamientos de personas que eran
inexpulsables: mujeres embarazadas, personas enfermas, solicitantes de asilo, víctimas de trata, menores de edad y otras. Creemos que la situación en materia de derechos humanos y en la cuestión de la migración es un escándalo en nuestro país y
que hay que adaptarse a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por esta razón, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley porque entendemos que hoy el único CIE que respeta los derechos humanos es el que está
cerrado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Socialista, señor Hernando.


El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente, con su venia.


En primer lugar, querríamos agradecer a Compromís y al señor Candela la oportunidad de debatir este tema, que es de indudable actualidad, y la oportunidad que se plantea al haber una polémica sinceramente importante en la sociedad y en los
medios a raíz del ingreso en el centro penitenciario de Archidona de una serie de inmigrantes que entraron en España de forma irregular. Por lo tanto, vaya nuestro agradecimiento por adelantado, a pesar de no coincidir en el resultado de la
proposición no de ley aunque sí en la exposición de motivos, porque el espíritu de la exposición de motivos creemos que sí refleja una realidad en los actuales centros de internamiento.


El resultado de la proposición no de ley es de imposible aplicación sistemática en el mundo del derecho, sinceramente. Habría que verlo en el conjunto del ordenamiento jurídico, y el conjunto del ordenamiento jurídico lleva a que si
desapareciesen los centros de internamiento, desaparecería un instrumento que es importante dentro de la regulación de los flujos migratorios, que es la expulsión. La expulsión es la última ratio que tiene el derecho de extranjería para regular los
flujos migratorios. ¡Ojalá no hubiese que utilizar las expulsiones y ojalá no existiesen los centros de internamiento, como ojalá no existiesen los centros penitenciarios! Pero, desgraciadamente, la expulsión de inmigrantes es necesaria como última
razón para regular los flujos migratorios. Existen muchas maneras de entrar en España, muchas de ellas legales y otras irregulares; desde los visados humanitarios, los visados de estudiante, los de reagrupación familiar, los cupos, los
contingentes, la reubicación y el reasentamiento de refugiados, hasta personas que vienen espontáneamente. Y muchas de esas personas que vienen espontáneamente por razones de necesidad, porque pasan hambre, porque huyen de la violencia, del
sectarismo en sus países, llegan a las costas españolas y muchos de ellos se quedan a través de los distintos cauces que hay, pero a otros, necesariamente, el Estado les tiene que devolver a sus países. Abogamos por que se les devuelva con un
cumplimiento y un respeto exquisito de sus derechos, pero para eso tenemos que aplicar las expulsiones. El medio para aplicar esas expulsiones son los centros de internamiento, porque no podemos hacerlo en 72 horas, porque el Estado no puede
hacerlo en 72 horas y por eso se crearon los centros internamiento en la Ley 7/1985.


El carácter de los centros de internamiento está definido absolutamente por la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, desde la sentencia de 1987 -no es de 1982; en 1982 no había Ley de Extranjería-
hasta la última sentencia del Tribunal Supremo, de 10 febrero 2015, que declara parcialmente nulos algunos de los artículos del Reglamento de 2014 de los centros de internamiento. Está claro, no pueden tener carácter penitenciario y, además,
establece una serie de requisitos de los centros de internamiento. ¿Durante toda la historia de la existencia de los centros de internamiento hemos cumplido fielmente los distintos Gobiernos con ese espíritu? Diría que no. Recuerdo los primeros
centros de internamiento: en Madrid, el de la calle Tacona, un antiguo cuartel de la policía armada. ¿Lo recuerdan ustedes? Luego lo llevamos al Hospital Penitenciario de Carabanchel, que tampoco era el lugar adecuado. Archidona no es el lugar
adecuado. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional cuando esto le llegue, pero lo que está claro es que no deja de ser un centro penitenciario porque haya estado en obras y no se haya inaugurado aún, en nuestra humilde opinión, que coincide,
en este caso con las apreciaciones que ha hecho el Defensor del Pueblo en su visita de los días 23 y 24, sin previo aviso, y que establece una serie de carencias de ese centro penitenciario.

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Ahora bien, el otro día decía el ministro del Interior -y estoy de acuerdo con él- que en esa cárcel están mucho mejor que en muchos centros de internamiento. Eso habla bien de la cárcel pero muy mal de los centros de internamiento y ese es
nuestro problema, que tenemos unos centros de internamiento que no son acordes con la legislación que hemos tenido y con la jurisprudencia que hay sobre esos centros de internamiento.


Por lo tanto, ¿qué propone mi grupo parlamentario? Que se haga el estudio -es evidente que hay que hacerlo- para ver cuál es la situación en la que se encuentran los centros de internamiento y, después, adecúense a lo que dice la ley, las
distintas reformas de la Ley 7/1985, la de 2000 y la de 2009, al reglamento que aprobó el Gobierno en 2014 y a la normativa europea -y esto nos tendría que servir para hacer una interpretación axiológica de lo que son los centros de internamiento-,
la Directiva de Retorno de la Unión Europea, que, por supuesto, acoge la necesidad de que el Estado tenga esos dos instrumentos: un medio, que es el centro de internamiento, y un instrumento, que es la expulsión. Hagámoslo así, creemos mejores
centros de internamiento que sean absolutamente respetuosos con los derechos de las personas que allí están privados de un solo derecho, que es el derecho deambulatorio, pero que tienen todos los demás. Esa es la posición de mi grupo parlamentario
en relación con la iniciativa de Compromís.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Popular, señora Escudero.


La señora ESCUDERO BERZAL: Muchas gracias, señor presidente.


Lamento no haber podido escuchar -porque no he podido estar aquí- la intervención del señor Bataller, y de verdad que lo lamento porque es un hombre de derecho, igual que España es un Estado de derecho, y supongo que estará de acuerdo
conmigo en que son dos las máximas en las que se basa todo Estado de derecho: sometimiento a la ley y respeto a las resoluciones judiciales. La existencia de los CIE en España no es un capricho del Gobierno español, sino un instrumento necesario
para hacer efectiva la política migratoria de la Unión Europea después del Acuerdo Schengen en 1985. Además, la Directiva 2008/115/CE establece el deber de todos los Estados de hacer efectivas las decisiones de retorno en los casos en que el
ciudadano extranjero incumpla el plazo de salida voluntaria. También hay otra ley, la Ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, del año 2000, que fija el internamiento como una medida cautelar que
debe ser autorizada judicialmente. También el real decreto de marzo de 2014, que aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE, incorpora el derecho de la Unión Europea al ordenamiento jurídico español, donde se establece un
catálogo de derechos, de garantías y obligaciones de los ciudadanos extranjeros sometidos a internamiento. Con todo lo anterior, quiero decir que, como somos un Estado de derecho, tenemos que cumplir las leyes y que España no puede ignorar este
mandato o estas normativas dadas para el cumplimiento de políticas migratorias, en la medida en que somos miembros de la Unión Europea; normas que el Estado español ha ido complementando y desarrollando para garantía de los ciudadanos extranjeros.


La segunda de las premisas de todo Estado de derecho es el acatamiento y respeto a las resoluciones judiciales. Desde el inicio -y esto no podemos olvidarlo- hasta el fin de la medida cautelar de internamiento hay un control por parte de la
autoridad judicial, porque somos un Estado de derecho. No podemos olvidar -como ya ha dicho algún interviniente que me precedió en el uso de la palabra- que las personas que ingresan en un CIE lo hacen por encontrarse, al menos, en alguna de las
siguientes circunstancias: no tener papeles en territorio español, trabajar sin haber obtenido permiso de trabajo, estar implicados en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior o exterior, haber sido condenados dentro o
fuera de España por delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, incurrir en demora u ocultación dolosa o falsedad grave en la obligación de poner en conocimiento del Ministerio del Interior circunstancias relativas a su
situación, carecer de medios lícitos de vida, ejercer la mendicidad o desarrollar actividades ilegales. Como mínimo, se encuentran en una de estas. Pero también en el ordenamiento jurídico español se han establecido derechos de las personas
sometidas a internamiento: ser informados de su situación; que se vele por el respeto de su vida, integridad física y salud; que se facilite el ejercicio de derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las derivadas
de su internamiento; recibir asistencia médica y sanitaria adecuada, y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro; que se comunique inmediatamente a la persona que designe en España su abogado el ingreso en el centro; ser
asistido de abogado, que se proporcionará, en su caso,

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de oficio, entre otros muchos. Señorías, con todo esto lo que quiere decir es que se pone de manifiesto que, además de un control judicial, hay más mecanismos de control y más garantías.


Señorías, hoy en España nadie está privado de asistencia sanitaria; nadie, señoría, tampoco de salud digna. Hoy en España todos tenemos derecho a la seguridad individual, y nuestro sistema lo protege y lo garantiza; todos, señorías,
nosotros también. Puede ocurrir que salgamos a la calle y atenten contra ese derecho de seguridad individual...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.


La señora ESCUDERO BERZAL: Voy concluyendo, señoría.


...porque no es un derecho que pueda ser protegido de forma absoluta. Todos en España tenemos derecho a la libertad religiosa; en los CIE también, y usted lo sabe. En 2015 el Gobierno de España firmó convenios con las confesiones
evangélica, judía y musulmana para garantizar la asistencia religiosa y facilitar los medios necesarios. Señorías, en un Estado de derecho -y termino- la privación de derechos fundamentales es incompatible con el control judicial y el marco de
garantías establecidos en las leyes, y España es un Estado de derecho. ¿Que se puede mejorar? Seguro, y no duden de que el Gobierno de España está en ello.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Señor Bataller, el Grupo PNV ha planteado la votación de tres puntos por separado. ¿Está usted de acuerdo?


El señor BATALLER I RUIZ: Sí, estoy de acuerdo, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


Entonces, votaríamos el A, el F y el I en un bloque, y el resto en otro bloque.


El señor HERNANDO VERA: ¿Se puede no votar por bloques, presidente? Es decir, la A, la F y la I, ¿se plantean en un solo bloque o por separado?


El señor PRESIDENTE: Si quieren votación por separado...


El señor HERNANDO VERA: Sí, aunque lleve un poco más de tiempo, preferiríamos votación separada porque hay una que vamos a apoyar y las otras no. Por eso lo digo.


VOTACIONES.


El señor PRESIDENTE: Pido, por favor, a los diputados que ocupen los escaños que tienen autorizado el sistema de votación.


Comenzamos la votación por este punto 1, y pido silencio absoluto porque es complicado por los distintos puntos que se van a votar. Vamos a votar los puntos según figuran en el orden del día, no en el orden en el que se han debatido. Por
lo tanto, votación de la PNL relativa a evitar la creación de nuevos centros de internamiento de extranjeros. En este punto hay cuatro votaciones. En primer lugar, votamos el apartado A.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32 ; a favor, 29; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Pasamos a votar el apartado F.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 27; en contra, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Pasamos a votar el apartado I.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 26; en contra, 10.

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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos ahora el resto de puntos de la proposición.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 9; en contra, 26; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.


Pasamos al punto 2 del orden del día, relativo a la modificación del Reglamento del Consejo de la Guardia Civil, que se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 8; en contra, 14; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Pasamos al punto 3, relativo a la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité Europeo de Prevención de la Tortura en el informe CPT/inf (2017) 34. Se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 9; en contra, 17; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el punto 4, relativo a solucionar el colapso de la oficina de expedición del DNI, que se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 22; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Pasamos al punto 5 del orden del día, relativo a mejorar la seguridad de los pasos fronterizos terrestres en Ceuta y Melilla, que se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 14; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos ahora el último punto, el punto 6, con la enmienda incorporada de Ciudadanos, relativo al apoyo y respaldo a la Policía Nacional y Guardia Civil en su participación en misiones u operaciones internacionales.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 34; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Señorías, agradecemos a los servicios de la Cámara su colaboración.


Feliz Navidad a todos y se levanta la sesión.


Eran las doce del mediodía.