CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 347

EDUCACIÓN Y DEPORTE

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª TEÓFILA MARTÍNEZ SAIZ

Sesión núm. 36

celebrada el miércoles,

25 de octubre de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia, a petición propia, del señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Méndez de Vigo y Montojo), para informar sobre el Pacto Social y Político por la Educación. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000040)
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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, señoras y señores diputados.


Señor ministro, bienvenido a esta Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados. Comparece a petición propia para informar sobre el pacto social y político por la educación y le doy las gracias por querer comparecer una vez
que han finalizado las sesiones correspondientes a las comparecencias de los expertos en materia educativa, las cuales nos van a servir de base para los trabajos que se van a realizar a partir de ahora para encontrar el camino común de llegar a un
acuerdo por el Pacto social y político por la educación.


Tiene la palabra el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Comparezco a petición propia ante esta Comisión de Educación y Deporte para informar sobre el pacto social y político
por la educación. Quiero comenzar manifestando mi satisfacción por estar esta tarde aquí y agradecer la buena disposición al diálogo de todos los grupos parlamentarios presentes en esta Comisión, como han demostrado en la subcomisión en los nueve
meses de trabajo y en cada una de las ochenta y tres comparecencias que se han celebrado hasta la fecha. Me parece importante destacar esta predisposición al diálogo porque solo a través de este conseguiremos la meta que nos convoca a todos. Y
digo conseguiremos de forma intencionada porque, como he manifestado en otras ocasiones, es fundamental que hablemos en plural sobre aquellas cuestiones que son importantes para todos los españoles. Dialogar es la forma de encontrar soluciones
entre todos, porque este pacto, si lo conseguimos, no será del Gobierno ni del Parlamento o de un grupo político, será de todos nosotros como mandatarios de los ciudadanos españoles. Son ellos los que nos dijeron hace más de un año en las urnas que
querían que nos pusiéramos de acuerdo y trabajáramos juntos y hemos de ser responsables ante este mandato y procurar lograrlo. Como en numerosas ocasiones me piden los ciudadanos por la calle, tenemos la oportunidad de construir juntos un modelo
educativo que tenga como una de sus características definitorias la estabilidad de la que nuestro sistema ha carecido en estas últimas décadas. Cada día estoy más convencido no solo de su necesidad, sino del hecho de encontrarnos ante una
oportunidad inmejorable para demostrar a los ciudadanos que en las cuestiones decisivas para el futuro de nuestra nación somos capaces de sentarnos a dialogar y llegar a acuerdos. Señorías, creo en el diálogo, creo en el consenso y creo en el
acuerdo positivo para toda la sociedad, como lo fueron los acuerdos que hace cuarenta años permitieron la transición política, dando lugar a la época de mayor estabilidad, desarrollo y progreso de nuestro país. Por eso para el Gobierno es
importante alcanzar el consenso en todos aquellos aspectos que sean fundamentales para la mejora de nuestra sociedad, pero además los acuerdos con otras formaciones, como el que hoy nos reúne aquí, nos brindan la oportunidad de avanzar a gran
velocidad en beneficio de todos. Nos permiten enriquecer nuestras posturas y construir juntos el futuro de la nación.


Desde que asumí el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte me comprometí a escuchar y a dialogar con toda la comunidad educativa y a buscar puntos de acuerdo desde la lealtad institucional con los diferentes grupos políticos y sociales y
con las comunidades autónomas; en definitiva, con todos los destinatarios del sistema educativo. El 21 julio del año 2015, hace ya dos años, a los pocos días de acceder al cargo, comparecí ante esta misma Comisión y dije esto mismo. Y añadí
también que asumía un compromiso personal por la igualdad de oportunidades, donde la política educativa fuera un pilar fundamental de la acción social del Gobierno, compromiso que reiteré hace un año, el 30 noviembre de 2016, cuando comparecí para
explicar las líneas generales del ministerio para esta legislatura. Lo afirmé entonces desde el convencimiento de que la educación es una garantía para la mejora del nivel de vida de los ciudadanos, pero también para el progreso de nuestro país, lo
que convierte en muy deseable el logro de la estabilidad de nuestro sistema educativo. Alcanzar este objetivo depende en gran medida de nosotros mismos y por eso es justo comenzar reconociendo el gran trabajo que desde el pasado mes de febrero se
ha desarrollado en la subcomisión. He podido leer los Diarios de Sesiones y estoy satisfecho al comprobar que han sido capaces de lograr algo -cuando se demuestra voluntad es muy sencillo-: dialogar y dialogar. Me consta que sobre muchos aspectos
existen diferencias, como también se han dado entre los comparecientes, pero no dudo de que en la elaboración del informe final serán capaces de alcanzar una propuesta consensuada para su posterior elevación al Pleno de esta Cámara.

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Quiero detenerme en dos cuestiones que se han planteado durante el debate estos meses. Quiero resaltarlas como punto de partida porque también el ministerio coincide en su importancia. En primer lugar, el primer acuerdo educativo que
alcanzamos y que ha servido de base durante estos cuarenta años es el artículo 27 de la Constitución, un artículo que no se limitó a recoger el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, sino que también incorporó la autonomía de centros,
los derechos de las familias y la participación de todos los integrantes del sistema educativo en la educación. Estas son las líneas maestras que han de guiar este nuevo pacto de Estado social y político, líneas maestras que hemos de trabajar y
desarrollar conjuntamente, pero, una vez que todos tenemos claro el punto de partida, avanzar resulta siempre más sencillo. En este sentido, quiero referirme a una segunda circunstancia que tiene que ver precisamente con esto. No solo tenemos que
partir de esa base que nos da el artículo 27 de la Constitución, sino que contamos con un sistema educativo de calidad, que ha permitido mejorar notablemente la formación de los españoles en estos cuarenta años. Estos aspectos positivos del sistema
hay que mantenerlos y por tanto considero que no es necesario hacer tabla rasa, construir un sistema educativo partiendo de cero.


Señora presidenta, señorías, hace solo un mes y medio comenzaba el curso escolar 2017-2018, un curso que empezó con total normalidad para los 8 138 170 alumnos, los 695 598 docentes y los 28 400 equipos directivos en toda España. Normalidad
y -quiero añadir- tranquilidad y certidumbre gracias a la responsabilidad de las comunidades autónomas, que han dado prioridad al funcionamiento estable del sistema educativo. Hace casi un año comenzamos también la presente legislatura con una
proposición de ley del Grupo Socialista que implicaba tramitar una modificación de la vigente Ley educativa para suspender los efectos académicos del calendario de implantación de las evaluaciones. Esta suspensión fue uno de los compromisos del
presidente del Gobierno en su discurso de investidura en respuesta precisamente al Grupo Parlamentario Socialista. En aquella sesión, cuando se tramitó la toma en consideración de aquella proposición de ley, intervine en representación del Gobierno
para ofrecer a todos los grupos parlamentarios del Congreso y a los ciudadanos una solución mucho más rápida desde el punto de vista jurídico. Me comprometí entonces a elevar al Consejo de Ministros un real decreto-ley que suspendiera determinados
aspectos pendientes del calendario de aplicación de la Ley de educación, así como a que ese real decreto-ley se consensuara con las comunidades autónomas. Así hicimos. Consideramos capital aprobar este Real Decreto-ley 5/2016 para proporcionar
certeza sobre las características y efectos de las evaluaciones de secundaria y bachillerato, en particular para aquellos alumnos que el curso pasado estaban matriculados en cuarto de educación secundaria obligatoria y en segundo de bachillerato,
que eran los que debían realizar, entre otras cosas, la EVAU en sustitución de la anterior PAU. Es relevante recordarlo, y lo quiero hacer aquí, porque fue el primer acuerdo político de la presente legislatura. El Real Decreto-ley 5/2016 fue
convalidado el 21 de diciembre con 252 votos a favor, 252 diputados que asumieron su responsabilidad. A lo largo de este año hemos adoptado otras normas con idéntica finalidad: el Real Decreto 562/2017, de 2 junio, por el que se regulaban las
condiciones para la obtención de títulos de ESO y Bachillerato; el Real Decreto 726/2017, por el que se establecían los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2017-2018 o el Real
Decreto-ley 6/2017, que ha facilitado a las comunidades autónomas la convocatoria de oposiciones al cuerpo docente.


Los resultados positivos que muestran los datos en las evaluaciones internacionales indican que tenemos un sistema educativo de calidad e igualmente nos impulsan a ser ambiciosos y a no conformarnos con la situación actual. Hemos de ser
valientes y atrevernos a poner en marcha políticas educativas que mejoren estos resultados, pero, como he dicho antes, no hemos de hacerlo partiendo de cero, sino conservando aquello que funciona. Son varios los comparecientes que a lo largo de
estos meses han hecho precisamente este análisis y coincido con ellos, porque los datos muestran esa calidad de nuestro sistema educativo al que me acabo de referir. Hace tan solo seis años, en el año 2011 -32 % en el año 2004-, en España el dato
de abandono educativo temprano era del 26,3 % y hoy es 8 puntos menor, un 18,2 %, nuestro mejor dato de la serie histórica y nos acercamos al objetivo nacional del 15 % fijado por la Unión Europea para el año 2020. Hemos situado a nuestro país al
nivel de la media de los países de la OCDE. Tanto los resultados del informe Timms como los del informe PISA, que conocimos en el último trimestre del año 2016, revelan que nuestros alumnos se encuentran, en términos globales, por encima de la
media de la OCDE, mejorando su posición respecto a la última evaluación. Se trata de una buena noticia tanto en el resultado global como porque constituye un exponente de la equidad de nuestro sistema educativo, y ello a pesar de que aún existen
diferencias entre las diferentes comunidades autónomas.

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En el informe Timss España obtuvo 505 puntos en matemáticas, 23 puntos más respecto al informe anterior, y 518 puntos en ciencias, 13 puntos más que en el informe anterior. Con este resultado fuimos el país de la Unión Europea que más subió
en matemáticas y nos situamos por primera vez por encima de la media de los países evaluados, reduciendo la brecha educativa respecto a la Unión Europea y a la OCDE. En el informe PISA nuestro país rompió la tendencia bajista de los países de la
OCDE y se situó por primera vez por encima de la media de la propia OCDE, 496 puntos frente a los 493 de la OCDE. Mejoramos nuestros resultados respecto al año 2012 en lectura, 8 puntos más, 3 por encima del promedio de la OCDE, y 2 puntos más en
matemáticas. Es verdad que bajamos ligeramente en ciencias, 3 puntos respecto a la OCDE, si bien es una bajada menor a la media de la OCDE situada en ciencias, en concreto en 8 puntos menos. Además, en todas las áreas España tenía menos alumnos
rezagados que la media de la OCDE, lo que demuestra que nuestro sistema es más equitativo que el de otros países. En lectura los alumnos españoles rezagados representan el 16 % frente al 20 % de la OCDE; en matemáticas el 22 % frente al 23 % de la
OCDE; y en ciencias un 18 % frente al 22 % de la OCDE. Según el estudio PISA o el Bing, en España el sentido de pertenencia de los estudiantes a su centro escolar es el más alto de todos los países del entorno OCDE. Además, España es uno de los
países donde hay una mayor implicación familiar, es decir, una relación más estrecha entre padres a hijos y donde los alumnos están más satisfechos con sus propias vidas. Finalmente, el informe Panorama de la Educación 2017, elaborado últimamente
por la OCDE, ha determinado que está mejorando el nivel educativo de los españoles; baja del 44 % al 34,7 % el porcentaje de adultos entre veinticinco y sesenta y cuatro años que solo posee estudios básicos y aumenta el porcentaje con educación
terciaria del 28,8 % al 35,7 %.


Desde el año 2014 la inversión pública en educación ha aumentado a un ritmo de 1500 millones de euros anuales y alcanza hoy los 47 883 millones de euros. Esta cifra en realidad es de 49 418,2, casi 50 000 millones de euros, si incluimos el
gasto de las universidades públicas, lo que supondría con este añadido 1800 millones de euros más que en el año 2016. Las partidas presupuestarias dedicadas a becas y ayudas al estudio no han dejado de crecer porque el compromiso del Gobierno es
que ningún alumno deje de estudiar por motivos económicos. Por ello hemos incrementado la partida específica de becas y ayudas al estudio hasta los 1420,3 millones de euros, y la intención es que en los presupuestos del año 2018 vuelva a
incrementarse dicha dotación.


Señorías, muchos de estos datos, que he extraído de las ochenta y tres comparecencias celebradas, recalcan también el acuerdo en torno a otros puntos de coincidencia en relación con toda una serie de temas a los que me voy a referir. En
primer lugar, la importancia de la evaluación a pesar de las discrepancias -sin duda hablaremos luego de ello- en cuanto a la forma. En segundo lugar, la necesidad de una financiación estable. En tercer lugar, la conveniencia de un estatuto del
docente, que además es muy demandado por profesores y maestros. En cuarto lugar, la autonomía de los centros y la posibilidad de que exista margen en la ley para que puedan desarrollarse distintos proyectos educativos frente a un currículum
demasiado extenso y rígido. En relación con la formación de los alumnos, me consta que se ha señalado también la necesidad de una mejor coordinación entre los cambios de etapas, particularmente de primaria a secundaria, para hacer seguimiento del
alumno, así como para dotar de una mayor flexibilidad en los itinerarios. La ampliación de la escolarización de cero a tres, la mejora en la percepción de la formación profesional, así como su conexión con el mercado laboral. Y finalmente el
necesario debate sobre la dirección de los centros y la necesidad de darle estabilidad y las mejoras que ha de afrontar la inspección educativa.


Señora presidenta, señorías, los puntos anteriores son cuestiones que no se alejan mucho de los ejes que explicité al comienzo de la legislatura tanto en esta Cámara como en el Senado cuando acudí a exponer el proyecto de este ministerio
para la legislatura. Unos ejes que se concretaban: primero, en aumentar progresivamente la escolarización temprana de la población; segundo, en promover la permanencia y exitosa culminación de la enseñanza obligatoria; tercero, en adaptar la
oferta de educación secundaria postobligatoria a las necesidades de los alumnos; cuarto, en desarrollar una oferta de enseñanza de formación profesional adecuada a las demandas de la sociedad y del mercado laboral; quinto, la actualización de los
currículos y las metodologías pedagógicas con objeto de facilitar la adaptación de la respuesta educativa en cada centro; sexto, en promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza; séptimo, la promoción de la
enseñanza plurilingüe; octavo, proporcionar a los centros docentes capacidad para innovar y adaptarse a sus entornos socioeconómicos; noveno, garantizar el reconocimiento social y profesional del profesorado; décimo, la evaluación de los
resultados del alumnado y el funcionamiento del sistema como factores imprescindibles para mejorar la

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calidad de la educación; y finalmente el desarrollo de un sistema estatal de becas y ayudas al estudio que consolide de forma efectiva la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.


Estos ejes resumen la postura del Gobierno sobre el futuro pacto de Estado social y político por la educación al que me voy a referir. Me consta que diferimos en la forma de alcanzar alguno de estos objetivos, y precisamente para ello
estamos hoy aquí, para hablar sobre ello. El mejor legado que podemos dejar a nuestros niños y jóvenes -estoy seguro de ello- es una buena formación, una formación basada en el aprendizaje de valores universales, como la libertad, el esfuerzo y el
respeto a los derechos de los demás, valores que han de constituir la base de nuestro sistema educativo. Por eso desde el Gobierno defendemos un sistema educativo construido en torno a tres ejes: en primer lugar, la libertad de elección de alumnos
y familias; en segundo lugar, la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y la equidad del sistema educativo -ningún alumno en España debe dejar de estudiar por motivos económicos-; y en tercer lugar la calidad como su principal signo
distintivo, donde el mérito y el esfuerzo sean recompensados. Tres principios relacionados sobre los que consideramos que es imprescindible articular las reformas que resulten de este pacto de Estado que hoy nos ocupa. Unas reformas que desde el
punto de vista del ministerio se han de concretar en una ley que responda a principios comunes de funcionamiento y sea a la vez estable para dar certidumbre y fiabilidad, pero también flexible para poder adaptarse a unas diferentes circunstancias de
tiempo y de lugar y responder también a las circunstancias específicas que pueden darse y se dan en nuestras comunidades autónomas. En nuestras manos está hacerlo conjugando los principios de unidad del sistema educativo y autonomía de las
comunidades autónomas. He manifestado ya que no estoy a favor de un cambio en la distribución competencial, y no porque no crea que haya aspectos en los que tenemos que seguir trabajando para reducir la brecha que sigue existiendo entre distintas
comunidades autónomas. De hecho, las evaluaciones internacionales muestran unas diferencias recurrentes en la adquisición de competencias que en algunos casos son superiores a 40 puntos, a un curso académico entre diferentes comunidades autónomas,
y creo que es urgente poner remedio a esta diferencia. No estoy a favor de un cambio en la distribución competencial porque no creo -y España es tan buen ejemplo como lo son otros países descentralizados- que el problema de la educación sea de
mayor o menor centralidad o intervencionismo público. En el caso español -a la vista está- hay comunidades autónomas cuyos alumnos tienen un buen resultado académico y otras que con el mismo marco normativo no lo logran. ¿Es por tanto un problema
de mayor o menor competencia? ¿O lo es de cómo se ejerce esa competencia?


Considero, señora presidenta, señorías, que las evaluaciones nos muestran que no es una cuestión sobre quién tiene la competencia sino de cómo se ha hecho uso de ella. Creo que no es el ministerio el que ha de decir qué se hace en cada
clase de cada uno de los 28 191 centros que hay en España, y creo también que no estamos aquí para buscar el titular fácil, sino para aportar soluciones, y estas pasan por estudiar qué se hace en esas comunidades autónomas que impide que consigan
los resultados deseables y posteriormente poner en marcha medidas para solucionarlo. En definitiva, evaluar el sistema. Un modelo descentralizado nos permite una prestación eficiente del servicio público, además de estar sujeto a un mayor control.
Por eso creo que es necesario mantener un modelo educativo que afiance la distribución competencial realizada por nuestra Constitución y los estatutos de autonomía, que permita el desarrollo de programas propios por parte de cada administración
autonómica y su adecuación a cada realidad territorial, porque está claro que no son iguales las comunidades autónomas con mayor dispersión rural que las que tienen entornos mayoritariamente urbanos, que aquellas que tienen mayor integración con
otras que tienen una menor integración, u otras que tienen niveles socioeconómicos diferentes. Todo esto es lo que nos va a permitir además adaptarnos mejor a las necesidades de los alumnos, porque son ellos el primer y fundamental destinatario de
la política educativa y en ellos hemos de centrarnos para conseguir hacer del estudiante un ciudadano libre, maduro y responsable; en ellos y en sus familias, porque somos conscientes de que para los padres la educación de nuestros hijos es un
asunto capital.


El artículo 27 de la Constitución, que como he dicho antes fue el primer pacto educativo que nos dimos, defiende el derecho a la educación junto a la libertad de enseñanza. Esta circunstancia se traduce en que los poderes públicos debemos
garantizar que existen diferentes opciones, porque solo así se hará verdaderamente efectiva la libertad de elección que para nosotros es un principio irrenunciable, porque la libertad de alumnos y familias para elegir el tipo de educación que deseen
tiene que ser un pilar fundamental de cualquier sistema educativo. Es quizá una obviedad decirlo, pero para poder elegir es necesario que existan opciones. Actualmente, existen en nuestro sistema educativo. El 68,1 % de los alumnos, dos de cada
tres, cursa estudios en centros públicos; un 25,4 % en centros público-concertados,

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que también son públicos, y un porcentaje minoritario, un 6,5 %, en centros privados. Pero todos ellos han podido elegir, y poder elegir nos parece enormemente importante. Por ese motivo, defiendo que exista ese modelo de opciones en
nuestra enseñanza pública y sostengo además que debemos mantenerlo porque solo con distintas opciones entre las que podamos elegir podemos hacer una elección real y libre.


Señorías, creo que además debemos marcarnos objetivos más allá de las edades de escolarización obligatoria. No considero que sea necesario centrarnos solo en ampliar o no la escolarización obligatoria y sí, en cambio, en favorecer la vuelta
al sistema educativo a todos aquellos que tuvieron que abandonarlo prematuramente, máxime además con las facilidades que permiten hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación y que facilitan una formación continuada. En España, la
tasa de abandono educativo temprano es del 18,2 % hoy en día, mínimo histórico, frente -eso sí- al 10,7 % de la Unión Europea. Se trata de una cifra, pese a su descenso en los últimos tiempos, aún muy alta. Es preciso prestar atención y poner en
marcha mecanismos para que aquellos que deseen continuar estudiando puedan hacerlo. Las políticas educativas además deben orientarse a los alumnos cuyas necesidades pueden variar, con lo que han de contar con suficiente flexibilidad para que se
puedan poner en marcha proyectos que permitan que alumnos con capacidades diferentes y situaciones socioeconómicas distintas encuentren posibilidades para formarse. Con esta finalidad se fomenta no solo la permanencia en la enseñanza obligatoria
sino también distintas opciones formativas para que los estudiantes españoles puedan elegir cómo quieren formarse al finalizar la educación obligatoria.


Desde que tomé posesión como ministro me comprometí a potenciar la formación profesional y en especial la formación profesional dual, que constituye, como hemos visto en otros países, un medio eficaz para incrementar la inserción laboral de
los estudiantes y la transferencia del conocimiento entre los centros educativos y las empresas, lo que se traduce también en una mejora de la calidad de la formación. Por este motivo, el Gobierno considera importante apostar por la formación
profesional, ya que facilita la inserción de los alumnos en el mercado laboral gracias al alto grado de adecuación de los títulos a la actividad laboral que se realiza al finalizar. Frente a la media europea del 47,4 % de alumnos que escogen esta
formación, en España son el 34,4 %. Nos anima, por tanto, a seguir trabajando para conseguir una formación profesional de cada vez mayor calidad y con una oferta amplia y adaptada a los requerimientos del entorno laboral, como además nos recomienda
la Unión Europea en los objetivos de la Estrategia Europea Europa 2020. Hoy son 158 los títulos que ofrecemos, todos ellos susceptibles de ser impartidos en la modalidad de FP dual, otra opción para los alumnos que les otorga un conocimiento
práctico que muchos hemos echado en falta en la propia formación que hemos tenido anteriormente.


Finalmente, como he dicho antes -y quiero repetirlo-, un objetivo irrenunciable del Gobierno es que cualquier alumno que quiera estudiar no deje de hacerlo por motivos económicos. Con este objetivo el presupuesto del ministerio -antes me he
referido al presupuesto global de la educación en España: más de 47 000 millones, 49 000 millones, casi 50 000 millones si contamos con la universitaria- es el 5,16 %, realmente una cifra muy baja. Pues bien, de ese pequeño presupuesto ya dos de
cada tres euros, el 67 %, se destinaron a becas y ayudas a los estudiantes, lo que supuso un total de 1523,3 millones de euros. Señorías, creo que en esta línea vamos a continuar porque es intención del Gobierno que ese objetivo continúe siendo uno
de los ejes de toda nuestra actuación en materia educativa.


Creo que en esta Comisión, señorías, coincidimos en que para lograr el éxito del pacto social y político por la educación debemos prestar una especial atención a los docentes, a los casi 700 000 profesores del sistema educativo y
universitario, que están contribuyendo con su trabajo diario a mejorar la calidad del mismo y que nos reclaman desde hace años mejoras en su estatuto. De hecho, en este ministerio nos pusimos a trabajar en ello nada más asumir yo estas funciones, y
en diciembre del año 2015 recordarán ustedes cómo encargamos a don José Antonio Marina un libro blanco de la profesión docente que sin duda va a constituir un documento de referencia a la hora de elaborar la futura reforma de la ley, pero creo que
también tenemos que trabajar con los profesores y maestros para que sean un modelo de referencia en conocimiento, espíritu cívico y valores desde la educación en libertad. Me habrán escuchado decir que debemos garantizar lo que vengo en llamar las
tres A: A de autonomía y libertad de cátedra, A de autoridad ganada con profesionalidad y A de aprecio y reconocimiento a su labor. Un sistema educativo de calidad tiene que contar con los mejores profesionales, unos profesores más y mejor
preparados, pero también debemos garantizarles su seguridad profesional. Es necesario que trabajemos en un marco jurídico de acceso estable, permanente y previsible y con una carrera profesional basada en los principios de mérito y capacidad y
sujeta a evaluación.

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Persiguiendo esta finalidad hemos tomado medidas en los últimos meses. Antes me he referido a ello: aprobamos el Real Decreto-ley 6/2017, que ha facilitado a las comunidades autónomas la convocatoria de oposiciones al cuerpo docente. Este
real decreto-ley anticipó también la previsión de este presupuesto, el presupuesto del año 2017, de autorizar una tasa de reposición del cien por cien del personal docente universitario y no universitario, y además, para garantizar la estabilidad a
la que hacía referencia, hemos previsto un ambicioso programa para reducir la interinidad en un 90 % en los próximos tres años en las plantillas docentes, lo que permitirá a las administraciones educativas convocar las plazas necesarias en los
próximos años y alcanzar ese objetivo de esa tasa de interinidad del 8 %.


Para contar con los mejores profesores hemos de prever también, y lo hemos hecho, un nuevo programa de formación del profesorado, al que destinaremos 30 millones de euros para la formación, perfeccionamiento y movilidad de profesores que
tenga por finalidad apoyar las medidas de refuerzo educativo en centros que cuenten con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos. Es evidente que en estos últimos años se han producido muchos cambios en el día a día de las aulas y los centros
educativos y la irrupción de la denominada educación digital hay que tenerla muy en cuenta y, particularmente, para formar a los profesores para que ellos puedan incorporarla a sus aulas. Por otra parte, de la misma manera que ocurre en otras
profesiones dentro y fuera de la Función pública, es deseable ofrecer la posibilidad de desarrollar una carrera profesional que pueda estar ligada a la especialización. Considero, por tanto, necesario, útil y conveniente reflexionar sobre un
estatuto del personal docente con el que se contribuya a garantizar el reconocimiento social y profesional del profesorado, se fijen los requisitos y formas de acceso a la profesión, el sistema retributivo, la carrera profesional e incluso, si se
estima oportuno, nuevas figuras docentes.


Señora presidenta, señorías, toda política educativa ha de ser también respetuosa con la autonomía de los centros escolares para organizarse y para proponer sus programas. Son numerosos los ejemplos que tenemos en nuestro país, y he tenido
la oportunidad de conocerlos personalmente, de centros educativos que han sabido adaptar el currículum educativo a la realidad de su entorno y de sus alumnos con un resultado positivo. En mi opinión, la autonomía de los centros es necesaria, pero
no debemos olvidar que toda responsabilidad lleva aparejada un deber: el cumplimiento, claro está, de la normativa vigente y la rendición de cuentas, ya que no podemos perder de vista que los principios comunes de funcionamiento deben ser
respetados. Como dije hace un momento, es necesario conjugar también, al hablar de centros, la autonomía con la unidad, que no es uniformidad, porque son cosas muy distintas y, en este sentido, creo que debemos prestar atención a la evaluación
porque la autonomía y el uso de recursos ajenos exigen la rendición de cuentas. Los padres queremos saber la nota de nuestros hijos. Si los resultados son buenos, estamos satisfechos y consideramos que hay poco o nada que cambiar; si los
resultados no son satisfactorios, buscamos las razones y posibles soluciones. Con el sistema educativo en su conjunto ocurre lo mismo, por ello es necesario supervisarlo y evaluarlo. La evaluación de los resultados de los estudiantes y el
funcionamiento del sistema son factores imprescindibles para mejorar la calidad de la educación. No comprendo ese resquemor de algunos a la evaluación. Evaluamos continuamente aspectos de nuestra vida y eso no significa que dejemos de lado lo que
no funciona ni que lo segreguemos ni que nos olvidemos de ello; lo hacemos porque, si no sabemos si algo va mal, no podemos ponerle remedio. Precisamente por ello considero que es necesario introducir mecanismos de evaluación del sistema educativo
que permitan hacer un diagnóstico del mismo y poner en marcha soluciones a tiempo.


Cuando me refiero a la evaluación, quiero mencionar también el papel que en este sentido tiene la inspección educativa y el relevante juego que tiene este cuerpo de funcionarios para garantizar el buen funcionamiento de nuestro sistema
educativo. El artículo 148 de la LOE establece que es competencia y responsabilidad de los poderes públicos la inspección del sistema educativo. Son las comunidades autónomas, como saben ustedes, las que tienen la primera función de evaluación.
El ministerio tiene esta alta inspección, que tiene competencia de intervención en el caso de que no sean las inspecciones de las comunidades autónomas las que la lleven a cabo. Creo que sobre esto también tenemos que reflexionar.


Señorías, si algo caracteriza los sistemas educativos que mejor rendimiento presentan ese algo es su estabilidad. No es ajeno a ninguno de nosotros que invertir en educación es invertir en capital humano, es invertir en personas y darles un
instrumento para que puedan decidir a dónde quieren llegar, pero como cualquier inversión requiere una serie de condicionantes para que produzca sus mejores frutos, y esto en educación se concreta, en mi opinión, en conseguir un entorno estable y
que dé continuidad a un proyecto. El pasado 27 de marzo celebramos una sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas del

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Senado, en la que debatimos ministerio, comunidades autónomas y senadores sobre las reformas que debíamos acometer. En aquella sesión me comprometí a dos cuestiones destinadas precisamente a garantizar esa estabilidad y que quiero recalcar
en esta Comisión del Congreso de los Diputados. En primer lugar, si alcanzamos ese pacto creo que debe ir acompañado de un pacto presupuestario que permita dotar al sistema educativo de una financiación estable y previsible a lo largo del tiempo.
Yo soy consciente de que la mejora educativa no es cuestión solo de invertir más, creo que es cuestión de invertir mejor, y así se ha demostrado en los últimos años. Pero también considero que este pacto presupuestario tendrá que evaluar su
funcionamiento y eficiencia. Por tanto, acuerdo presupuestario que acompañe al pacto. En segundo lugar, si logramos ese pacto hay que consolidarlo en el tiempo gracias a la exigencia de una mayoría supercualificada para su modificación, con el
objetivo de dar certidumbre al sistema educativo y certeza a las familias. Yo me comprometo aquí a que, si logramos ponernos de acuerdo, la futura ley recogerá estas dos cuestiones que a mí me parecen de capital importancia.


Señorías, termino. En la calle se respira una voluntad de llegar a acuerdos políticos en educación, una voluntad de consenso. A mí, muchas veces cuando paseo por las calles, me dicen: ¿por qué si se ponen ustedes de acuerdo en otras cosas
no se ponen de acuerdo en la reforma del sistema educativo, por qué no llegan a un acuerdo sobre la educación en España? Esa estabilidad podrá llevarse a buen puerto solo si conseguimos un acuerdo sobre los aspectos nucleares de nuestro sistema
educativo. Quiero poner énfasis en la palabra nuclear. Yo creo que no es posible llegar a un acuerdo sobre todos los aspectos de las leyes educativas. Antes me he referido a la necesidad de la autonomía de los centros, de la flexibilidad en las
comunidades autónomas, pero creo que lo importante es llegar a un acuerdo en los aspectos nucleares de lo que queremos hacer. Creo que con esfuerzo, con diálogo y con dedicación, como esta Comisión y la subcomisión correspondiente han demostrado,
es posible alcanzarlo. En sus manos está ahora demostrar que no nos equivocamos el día en que dimos este mandato a los representantes de los españoles y les dimos la primera responsabilidad para esbozar lo que tenía que ser un futuro pacto de
Estado social y político por la educación. Confío que en este tiempo que nos queda hasta enero, cuando ustedes presenten sus conclusiones al Pleno, sepamos aunar voluntad y talento para alcanzar tan ambicioso y ansiado objetivo.


Muchas gracias por su atención.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro, por su intervención.


A continuación vamos a comenzar con el turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, que, como quedamos en la reunión de Mesa y portavoces, tienen un tiempo de diez minutos.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Agirretxea Urresti tiene la palabra.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora Presidenta.


Señor ministro, buenas tardes. Agradezco su comparecencia en esta Comisión. Evidentemente hay aspectos de su intervención con los cuales estoy de acuerdo y otros, como usted comprenderá, con los cuales soy crítico, pero no soy crítico por
lo que usted dice hoy, sino por la política que en algunas materias usted, su partido y su Gobierno ejercen en materia de educación. Y ya que estamos con el tema del pacto de Estado precisamente -sé que tengo diez minutos, por tanto tendré que
centrarme muy concisamente en el asunto que nos implica-, usted sabe perfectamente que tanto en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de Gernika como en la disposición adicional primera de la Constitución queda patente la especialidad o
singularidad -yo diría especificidad o singularidad- de la competencia de Euskadi en materia educativa. Esta realidad ya se ha plasmado, entre otras, en la Ley 1/1993, de la Escuela Pública Vasca, que en su preámbulo, que tuvo un extensísimo
consenso, y en su exposición de motivos dice: el origen singular de las competencias de Euskadi en materia educativa. Singular. Es decir, que son unas competencias diferentes porque emanan también de una forma diferente. Por tanto, el Grupo
Vasco considera que un pacto que derive en una ley de educación consensuada debe tener en cuenta la capacidad que la Administración educativa vasca tiene para determinar la organización de las etapas en las enseñanzas obligatorias y posobligatorias
y desarrollar su propio currículo; la capacidad que tiene para concretar los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y el diseño de las pruebas que se realicen integrando el contenido esencial del sistema de evaluación de
la ley orgánica; la capacidad que la Administración vasca tiene para establecer los aspectos esenciales de las acciones formativas y el currículo de la formación profesional básica; la capacidad que se tiene para determinar el contenido y
características de las pruebas y cursos previstos por el Gobierno del Estado para el acceso a los ciclos de formación profesional de grado medio y superior; la capacidad que la Administración vasca

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tiene para regular las condiciones y requisitos para el desarrollo, en el marco de la formación profesional dual, de la formación dual en alternativa en el ámbito del sistema educativo vasco, y también la capacidad para, en atención a las
características y peculiaridades propias de su comunidad educativa, poder determinar los criterios de participación efectiva de aquella en el funcionamiento y gobierno de los centros docentes, así como su autonomía y control. Lo que ahora
demandamos, lo que le he propuesto, no tienen ustedes que contemplarlo como algo extravagante o extraordinario. Simplemente solicitamos que se pueda seguir trabajando como hasta ahora se ha hecho durante los últimos cuarenta años, utilizando
nuestras competencias con eficacia y eficiencia, obteniendo unos buenos resultados, a buen seguro mejorables.


Por tanto, aquel pacto educativo que como premisa no contemple las cuestiones que yo le he planteado será un pacto educativo en el que ya le digo yo que el Grupo Vasco no participará; un pacto en el que no se contemple algo que ya de por sí
las leyes dicen que es así pero que sustancialmente no se está cumpliendo en algunas materias no contará con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco en esa Comisión, porque consideramos que es algo de ley, porque consideramos que es algo que viene
de facto y que ese pacto debe contemplar a la hora de realizar un sistema educativo que contemple esa singularidad. Si el punto de partida no es igual, no pueden pretender que una misma fórmula, una misma herramienta sirva de igual manera para unos
y para otros. Es evidente que las distintas comunidades autónomas nos encontramos ante realidades diferentes, ante escenarios que muy poco tienen que ver entre sí, eso es así; hay temas en los que todos podemos estar de acuerdo y que consideremos
que son buenos para la educación, pero hay cuestiones en las que la diferencia no debe ser por sí mala, la diferencia se adecua a aquellos aspectos que esa comunidad, tanto política como educativa, ha decidido para dotarse a sí misma. No creo que
sea negativo que ciertas diferencias que sí reúnen las condiciones necesarias para esa comunidad puedan ser vetadas por otros. Esos criterios consideramos que son fundamentales. Además, cundo se desarrolló la Lomce, tan denostada por todos,
nosotros ya presentamos una disposición adicional que planteaba esas posibilidades, pues considerábamos que nunca apoyaríamos una ley que no contemplara esas cuestiones. Como consideración básica nos quejábamos -con razón considero yo- de lo que se
estaba haciendo, pero tenemos la sensación de que la rectificación que pueda venir puede ser peor. Digo esto por los cantos que últimamente estoy oyendo en algunas cuestiones que atañen de lateral a la educación para, de alguna manera, enderezar
los caminos de los que no se portan bien y, como digo, me da la sensación de que las rectificaciones que puedan venir en lo que atañe a educación puedan ser todavía peores.


Dicho esto, escuchamos también con preocupación algunas palabras suyas, aunque hoy, después de su intervención, quizás las dos cosas son válidas. Hoy por la mañana, en respuesta a la interpelación del señor Olòriz, dijo aquello de revisar
el modelo educativo que en cuarenta años hemos desarrollado. No sé por dónde cogerlo, señor ministro. Digo lo de la revisión del ámbito competencial. Usted ahora mismo ha dicho que no pretende cambiarlo. Es que tampoco está en sus manos cambiar
el ámbito competencial, es algo que está en los estatutos de autonomía y tendríamos que cambiarlo en otros ámbitos, no está en la mano del pacto ni en la del ministerio decidir si se cambia o no algo que el estatuto y la Constitución dicen que es
así.


Hay otra serie de cuestiones que me preocupan mucho porque se está diciendo que el pacto es el que tiene que desarrollarlas. Bien, algunos confiábamos que en el pacto se pondrían las diferentes cuestiones que pudiera haber, pero yo estoy
viendo que ya se han registrado en el Congreso iniciativas en materia como la alta inspección de dos partidos diferentes; miedo me da, si esto se desarrollara. Si se lleva a cabo lo que el Partido Popular propone o lo que Ciudadanos propone con la
alta inspección, por ejemplo, me parece que lo que se pretende es evitar el adoctrinamiento como ustedes dicen -palabra de por sí bastante peligrosa- para sustituirlo por el gran hermano supervisor, censor, controlador que decide desde arriba lo que
tienen que hacer otros. La verdad es que algunos han visto una espita para una nueva escuela con esa mezcla de añoranza medio joseantoniana y sarkoziana a la vez; les encantaría que el Estado dotara de identidad a los ciudadanos, la école
francaise, que algunos la interpretan de aquella manera, mezclada con ese nuevo joseantonianismo que estamos viviendo últimamente en esta Cámara. Personalmente, creo que eso es lo más peligroso que puede existir.


La verdad es que efectivamente no partimos de cero, como usted ha dicho, porque la realidad es la que es; algunas comunidades autónomas pretendían, pedían, solicitaban y estaba en su interés principal incluso cuando se negociaron los
estatutos -el caso de Euskadi y de Cataluña- tener su propia escuela, su propio modelo educativo. Otras nunca lo pidieron pero un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido

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Socialista llevó a que todo el mundo tenía que tener la transferencia de educación, incluso los que no lo pedían. Me parece muy bien pero después que cada uno atienda a lo que ha decidido. En ese sentido, se quiere igualar lo que es
desigual y se quiere rasear lo que es imposible porque, entre otras cosas, algunas tienen lenguas propias. Después de escucharle esta mañana hablando de la lengua, debo decirle que hay una cuestión clara y es que aquí los que respetamos somos los
bilingües, el monolingüe es el que no puede hablar de bilingüismo. Desgraciadamente, me da la sensación de que algunos no quieren el respeto a una lengua, sino que lo que quieren es que la ley les garantice el derecho a no estudiar una lengua y
eso, aparte de pobre intelectualmente, es algo que va contra la ley.


No sé cuánto tiempo me queda, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Once segundos. (Risas). No lo digo yo, lo dice la maquinita.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Ministro, viendo como van las cosas, no tengo excesivas esperanzas porque no me parece de recibo lo que le he dicho, dejar que en el pacto se pudieran plantear cuestiones diferentes, porque si algunos se
permiten el lujo de presentar iniciativas como estas, otros también lo haremos.


La defensa de la capacidad que Euskadi tiene en materia de enseñanza derivada de la disposición adicional y del estatuto, con las premisas que le he marcado, son condición sine qua non para poder contar con el Partido Nacionalista Vasco en
un pacto de Estado por la educación.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz.


El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias, presidenta.


Dice el dicho que el roce hace el cariño; después de las intervenciones de esta mañana, esta tarde será, como decía la película de Woody Allen, el principio de una buena amistad, espero.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Casablanca. (Risas).


El señor OLÒRIZ SERRA: Tiene razón, pensaba en Sueños de un seductor que hace el remake de Casablanca. Me siento más en Sueños de un seductor -¿recuerdan que estaba en prisión?- que en Casablanca.


Ya saben ustedes que al principio de este intento de pacto nuestro grupo dijo que empezaba con una geometría desigual. El hecho de que la Lomce continuara sus pasos, a pesar de que es cierto que las reválidas -como elemento más conflictivo-
se pudieron aparcar, hacía que los relojes de la oposición y del Gobierno tuviesen diferentes ritmos. Como usted ha dicho -y muy convencido- está contento de lo que ha pasado en este año, está satisfecho con los reales decretos -no con leyes, que
no ha habido ninguna, pero sí reales decretos, que son su competencia- y está de acuerdo con la geometría de este desarrollo, que es geometría Lomce. Más faltaría, la Lomce fue aprobada por ustedes y por nadie más, por lo que es lógico que estén
confortables con una ley mejorable -según ustedes- pero cuya estructura es su estructura. Esto ha hecho que llevemos nueve meses y que no haya nacido nada. Nos hemos hecho más sabios y más sabias, es cierto, y he de agradecerles que para mí haya
sido un seminario permanente, pero corroboro lo que pensaba, que en el Estado español hay gente que en el mundo educativo ha trabajado mucho y muy bien y que vale la pena escucharles, pero también que la construcción de este pacto aún no ha nacido,
no está hecha, y por su intervención tampoco encuentro, más allá de algunas piedras en el camino, un marco para que esta estructura sea posible. Es cierto que hablo desde la subjetividad; esta mañana comentábamos que nadie está limpio de
subjetividad y más cuando muy posiblemente en los próximos meses no existirá modelo propio en Cataluña, siempre y cuando se quiera hacer lo que se ha dicho que no se haría, pero cuando la autonomía como tal no funciona -y no funciona un parlamento y
no funciona un gobierno-, difícilmente esta estructura se mantendrá. Yo le auguro a Joseba días difíciles. Desarmado el ejército catalán, nos quedará, digamos, el ejemplo vasco como elemento extraño en este cuerpo que quiere excesivas
unanimidades.


En la medida de lo posible entiendo que se tendrían que hacer dos cosas. Una, que esta Comisión marcase con las leyes que hasta ahora han existido -Logse, LOE, Lomce- cuáles son las estructuras básicas de una ley y qué elementos pueden ser,
como usted decía, elementos que se puedan mantener

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en el tiempo, y puede que encontremos algunas de estas bases legales comunes, y ver aquellos elementos que son de especial polémica. A partir de aquí tendremos que poner en la mesa todas las cartas, no a través de la prensa, no a través de
mociones en el Parlamento, sino expresando cada grupo hasta dónde quiere; hasta dónde quiere llegar cuando hablamos de centralización y autonomía, cuando hablamos de lectura del artículo 27, cuando hablamos de la escuela realmente existente en
estos cuarenta años. Debemos ver hasta qué punto las reformas son posibles en la medida en que sean comunes. Si no, el conflicto existirá. Y en una legislatura que es complicada, y más si se aplica el artículo 155 en Cataluña, yo no auguro la
tranquilidad suficiente para que el pacto sea posible. En la medida de lo posible mantendré mi actitud, que ha sido de una participación crítica, porque siempre he creído en la escuela y creo en la importancia de la educación para que los temas
políticos, que a veces se exageran y se convierten en conflictos insolubles, tengan siempre una solución hablada, consensuada. Porque vengo de una tradición que es pactista, y aunque alguien pueda considerar que ser pactista es ser débil, yo
siempre pienso que el pacto predomina sobre la victoria, porque la victoria siempre lleva a que haya perdedores y los perdedores nunca se conformarán con ser derrotados. Por lo tanto, mejor un mal pacto que una buena victoria. Me parece que en
estos casos hoy no todos tenemos la misma opinión.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Olòriz.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señor ministro. Agradecemos sinceramente su comparecencia en este foro, que es un colofón de las ochenta y tres comparecencias a las que hemos asistido y que en la mayoría de los casos han sido muy enriquecedoras y creo que
pueden ser muy productivas. Me gustaría comenzar haciendo un poco de memoria, y luego haré algunas consideraciones a algunas de las cosas que se han dicho. Me gustaría hacer un poco de memoria porque fue exactamente el 29 de noviembre de 2016
cuando los tres partidos constitucionalistas, el Partido Popular, el Partido Socialista y nosotros mismos, Ciudadanos, registrábamos la petición de la apertura de esta subcomisión en el seno de la Comisión de Educación para la elaboración de un
pacto de Estado social y político por la educación. Tengo que reconocer que la negociación fue bastante compleja, pero creo que fue una gran victoria que nos pusiéramos de acuerdo. Y quiero recordar y traer aquí literalmente el objeto de esta
subcomisión, que está por escrito y que aprobamos las tres fuerzas políticas: La subcomisión elaborará un informe sobre el estado y situación de sistema educativo español que contenga un diagnóstico con unas propuestas y unas conclusiones que serán
recogidas para la elaboración de un gran pacto de Estado social y político para alcanzar los objetivos educativos europeos recogidos en el Marco estratégico de educación y formación para 2020; dicho pacto servirá de base para elaborar una nueva ley
educativa que nazca con vocación de estabilidad (...), y mientras se logra pacto y entra en vigor la nueva ley, se suspenderá el calendario previsto en la disposición final quinta de la Lomce en todos aquellos aspectos que no hubieran entrado en
vigor. Traigo esto a colación porque creo que es importante que recordemos cuál es el objetivo de esta subcomisión y que no tengamos expectativas que no se ajustan a lo que pedimos ni nos quedemos por debajo de lo que nosotros considerábamos que
tenía que ser necesario. Hemos cerrado una primera fase, que es la fase de las comparecencias, tenemos que ponernos de acuerdo ahora en cómo analizarlas y cómo llegar a una serie de acuerdos para darle a usted un informe -digo a usted porque es el
máximo representante del MEC-, y a partir de ese momento usted tendrá que empezar la labor más fuerte: la negociación y elaboración de una ley con base a lo que se haga en esta subcomisión o, por lo menos, teniendo en cuenta lo que se haga en ella.
(El señor vicepresidente, Lorenzo Torres, ocupa la Presidencia).


En el marco de la separación de poderes que existe en este país -el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial-, le tengo que agradecer que durante estos meses usted nos haya dejado trabajar en esta subcomisión sin intentos de injerencia en la
parte legislativa. No obstante, creemos que en el momento en que nos encontramos sería importante que usted empezara a hacer un esfuerzo -porque le va a tocar, esperemos que en breve, la fase 2- por resaltar la necesidad y la idoneidad de este
pacto, la verdadera necesidad, como ha dicho usted, porque la comunidad educativa, los padres, las familias, nos lo están pidiendo, pero también me parece esencial defender la independencia de esta subcomisión en la modalidad que tenemos, la
modalidad legislativa. Quiero decir que, frente a algunas presiones políticas por parte de otros estamentos de la parte Ejecutiva, la conferencia sectorial o alguna parte de las

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comunidades autónomas, hay que reivindicar que en este momento, en el que nosotros tenemos que elaborar un informe desde el Legislativo, no toca. Toca, como se pone en la PNL que registramos las tres fuerzas políticas, que tanto la
conferencia sectorial como los consejos escolares de las comunidades autónomas, si así lo consideran, nos hagan llegar una documentación, que nosotros revisaremos en la misma medida en que hemos revisado el conjunto de comparecencias que hemos
tenido.


Me parece muy importante también incidir en la necesidad de una transparencia absoluta por parte del ministerio en la entrega de alguna documentación que seguramente vamos a necesitar y que tengamos acceso más directo y más rápido a algunas
bases de datos y alguna documentación, porque puede ser importante que podamos manejarla. Es una sugerencia y una petición que le hago. Y aquí le formulo la primera pregunta, la primera petición concreta. Nos gustaría que el ministerio comunicase
a la subcomisión todos los proyectos e iniciativas legislativas que tiene pensado desarrollar en los próximos meses, habida cuenta del acuerdo que hemos suscrito con ustedes sobre que mientras no lleguemos a un pacto para la elaboración del nuevo
informe supuestamente lo que tiene que ver con la Lomce está congelado. Esto creo que es importante. En segundo lugar, también me gustaría que cuando le corresponda respondernos, si usted lo tiene a bien, nos explique los pasos que usted ha
pensado que va a desarrollar en la fase 2, una vez consigamos elaborar ese informe y se lo traslademos. Entonces empieza el capítulo 2 de este pacto. En este sentido, le pedimos que intente no hacer desarrollos legislativos que no sean
estrictamente necesarios para dotar de seguridad o para actualizar la legislación en estrictas necesidades jurídicas, y que cuando tenga que hacerlos, aunque sea en este marco, se nos informe previamente a esta subcomisión para que no nos
encontremos con sorpresas, como nos pasó el año pasado, cuando se había negociado con las comunidades autónomas un decreto sobre la nota que se necesitaba para obtener el título de la ESO. Creo que es importante tener esa información.


He hecho esta primera valoración en la que, insisto, le agradezco la actitud que ha tenido, pero creo que el ministerio tiene una dimensión que va más allá de esta parte de respeto legislativo. Me gustaría hacer una valoración de la
actividad del ministerio en su parte más ejecutiva, y quiero decir que, si bien nosotros hemos sido peticionarios de este pacto, creo que el mundo no se acaba con el pacto, que la vida sigue y que hay educación en este país. Y aquí es donde yo
tengo más discrepancias con algunas de las cuestiones que usted ha dicho.


Entiendo que la percepción de la realidad es importante y que usted considera que este inicio de curso se ha hecho con la más absoluta normalidad, como el inicio de cursos anteriores. Le voy a contar mi percepción de lo que ha pasado en mi
comunidad, lo que yo he visto. En mi comunidad, por ejemplo, ha habido 40 000 alumnos afectados por un decreto-ley que se ha promulgado para burlar una suspensión de medidas cautelares judiciales; ha habido 15 000 niños que han empezado el curso
en aulas prefabricadas; ha habido 160 000 niños que todavía están pendientes de que salgan las listas definitivas de las adjudicaciones de las becas comedor. No quiero decir que sean sus competencias, ya lo sé, pero le estoy diciendo que estoy
preocupada porque ha habido 1200 profesores desactivados por el Decreto 2013 por no tener los requisitos lingüísticos. Si esa es la normalidad educativa, me gustaría que consiguiéramos ser un poco más anormales y que pudiéramos burlar este tipo de
problemas. Y, sobre todo, hay 300 000 alumnos que, como el año anterior, se encuentran en una situación de inseguridad. Espero que este año solventen este problema con mayor celeridad que el año pasado porque están en segundo de bachillerato, se
van a tener que examinar de la EBAU y no sé si van a volver a sacar el decreto o si es válido el decreto que sacaron el año pasado. Por tanto, estas cuestiones que afectan realmente a los padres y a las familias me parecen importantes.


También hay cuestiones de las que les venimos hablando desde hace meses en las que nos gustaría que trabajaran con mayor celeridad. No solamente he hecho alusión a la protección del derecho a la educación, a la igualdad en cuanto a los
derechos lingüísticos y el respeto a la legalidad en algunas comunidades como la mía, como la balear o la catalana; obviamente nosotros no teníamos pensado plantear algunas de las cuestiones que hemos planteado, pero hay temas como el respeto a la
legalidad que son previos a cualquier tipo de acuerdo. Ahora haré las matizaciones que tenía que hacer. Quiero decir que la alta inspección educativa es una función que está contemplada no solamente en la LOE sino también en la Lomce y, es más, en
los estatutos de autonomía, en concreto, en el Estatuto de Autonomía vasco, en el artículo 16. Por tanto, no estamos hablando de nada que esté fuera de la ley sino simplemente de garantizar y dotar de suficiente capacidad de actuación unas
funciones que se contemplan para garantizar, entre otras cosas, el artículo 27 de la constitución, que habla sobre la igualdad educativa de todos los españoles. Creo que donde pica es que duele y si duele es porque realmente había algún

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problema. Nosotros creemos que las cinco cuestiones que planteamos en la moción son absolutamente asumibles en un Estado que pretenda garantizar el derecho a la educación y proteger a los niños; que el proyecto de ley que hemos planteado
estará abierto, cuando empiece el trámite, a las consideraciones de todos los grupos parlamentarios y que obviamente da respuesta funciones que ni siquiera nosotros pusimos en los estatutos ni en las leyes de educación, que son previas, que ha
aceptado del PSOE, que ha aceptado el PP y que han aceptado las comunidades autónomas puesto que no las han recurrido al Constitucional.


Muchísimas gracias. Espero que consigamos efectivamente llegar a un acuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Lorenzo Torres): Gracias, señora Martín.


Tienen la palabra los representantes del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea señor Sánchez Serna y señor Mena Arca, que van a compartir diez minutos.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.


Señor ministro, hemos escuchado, como no podía ser de otra manera, con mucho interés su intervención y el listado de buenas intenciones que nos ha presentado y podemos coincidir con algunas. El problema que me plantea su intervención es que
esta lista de buenas intenciones no se corresponde con su actuación en el ministerio. Por tanto, usted hoy nos debería aclarar si va a proponer algún tipo de rectificación, algún tipo de enmienda a la política educativa que ha desarrollado hasta
ahora o si, por el contrario, esta tarde ha venido de nuevo a hacer una serie de declaraciones de cara a la galería y promesas vacías que hasta ahora no se han concretado en propuestas concretas por parte del Gobierno. Porque está muy bien venir
aquí y decir que la educación es importante para este Gobierno y luego encontrarnos en prensa noticias como esta: El presupuesto de educación de 2018 será del 3,8 %, mínimo histórico. A juicio del Grupo Confederal de Unidos Podemos es incompatible
con un pacto educativo que quiera mejorar la educación y que quiera sobre todo revertir los recortes de estos últimos años que han afectado tanto a nuestro sistema educativo. Hoy nos tendría que decir, en esta Comisión, si está usted de acuerdo con
esta propuesta del señor Montoro, si considera que una propuesta presupuestaria así puede ir en la línea de un pacto educativo que mejore nuestro sistema. Nos lo han dicho la mayoría de los comparecientes de la subcomisión, usted ha dicho que ha
leído la mayoría de las comparecencias y lo habrá visto: los recortes han empeorado sustancialmente la educación de nuestro país y se han dejado sentir sobre todo en la red pública. No han sido lo mismo los recortes para la red privada
subvencionada que para la red pública; la red pública ha caído 16 puntos de financiación, frente a la privada subvencionada que no solamente no ha caído sino ha aumentado en 3 puntos. Son datos del sindicato Comisiones Obreras. Se han aumentado
los ratios por aula -usted lo sabe, todavía no se han disminuido-, se han eliminado programas de atención a la diversidad y se ha reducido el apoyo educativo a los que más lo necesitaban. Además, tenemos 32 000 profesores menos en nuestros colegios
e institutos y uno de cada cuatro de esos profesores están en situación de interinidad, es decir de inestabilidad laboral, por lo que no pueden desarrollar proyectos de centro estables. Esta es la situación que tenemos y quiero que me explique hoy
aquí cómo sin una financiación sostenida podemos revertir esta situación. Además, ustedes siguen manteniendo los decretos de recortes y, por tanto, también nos debería aclarar esta tarde si este pacto educativo que dice que quiere alcanzar el
Gobierno es compatible con el mantenimiento del Real Decreto 14/2012, de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.


Señor ministro, ustedes hace casi dos años que perdieron la mayoría absoluta en esta Cámara y seguramente los más perspicaces de su gabinete, de su ministerio, se dieron cuenta de que era imposible mantener la Lomce tal y como estaba, y
entonces anunciaron que era el momento de volver a escuchar a la comunidad educativa y hacer propósito de enmienda. Pero la realidad no ha sido esa, la realidad no ha sido precisamente el diálogo y la escucha. Durante estos meses de trabajo de la
subcomisión ustedes han seguido aplicando la Lomce punto por punto, sin escuchar a nadie. Como ejemplo le voy a poner su política de becas. El propio Consejo Escolar del Estado ya les ha advertido varias veces que el modelo de becas de Wert, con
una cuantía fija y otra cuantía variable, que además va cambiando esos criterios cada curso, generaba inestabilidad e incertidumbre entre el alumnado y la familia. Son declaraciones del consejo escolar. Este Congreso de los Diputados aprobó el
pasado mes de junio una proposición, a instancias del Grupo Socialista, para modificar dicha normativa reguladora y recuperar el sentido de las becas, porque entendíamos que las becas generales son eso, becas por ingreso, no son becas de excelencia.
Pero a ustedes les dio igual y este verano aprobaron sin el menor consenso el Decreto de becas. Todo esto sienta un precedente muy preocupante. Y la pregunta que se nos plantea es qué garantía

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tenemos los partidos de la oposición de que el Gobierno no va a hacer con esta serie de recomendaciones lo mismo que ya hace con las proposiciones que aprobamos en el Pleno del Congreso. Creo que esta es la pregunta nuclear que usted
debería responder esta tarde, porque nos da la sensación de que este ministerio, a pesar de las buenas intenciones que nos cuenta, está haciendo exactamente lo contrario de lo que dicen muchas propuestas que hemos escuchado en la subcomisión por el
pacto educativo. Así, si el Foro de Sevilla en su intervención en la subcomisión denunció que la educación inclusiva de nuestro país no es eficaz, que el sistema segrega precisamente a los alumnos que más atención necesitan, ustedes en su propuesta
de presupuestos generales que aprobaron para 2017 recortaron las partidas de educación compensatoria, y si en la subcomisión se habló de generar pasarelas y oportunidades de reenganche a los alumnos que se quedan descolgados, ustedes han seguido con
su idea de desarrollar la formación profesional básica, algo que también ha sido muy contestado por varios comparecientes en esta subcomisión.


No me alargo más porque le voy a dejar la palabra a mi compañero, pero, a la vista de todas estas actuaciones concretas, nos da la sensación de que ustedes no quieren un pacto educativo o que, por lo menos, no han hecho los gestos ni las
rectificaciones suficientes para ganar credibilidad en el resto de grupos de la oposición. Puede que desde el ministerio se entendiera esta subcomisión desde el primer momento como una forma de ganar tiempo e imagen mientras se seguía aplicando la
Lomce y las mismas políticas de recortes, que es lo que ustedes han seguido haciendo, pero se acaba el tiempo y sin compromisos firmes encima de la mesa creo que esta subcomisión y este pacto educativo será un nuevo fracaso de su Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Lorenzo Torres): Señor Mena.


El señor MENA ARCA: Gracias, presidente, y buenas tardes, señor ministro.


Es cierto, como usted decía, que la sociedad española y la comunidad educativa especialmente están muy expectantes en torno a este pacto de Estado por la educación. En sus manos está, señor Méndez de Vigo, si salimos de aquí con un acuerdo
global o vuelven ustedes a frustrar las expectativas del mundo de la educación. Si salimos nuevamente con una ley que dé la espalda a la comunidad educativa, tendremos una Lomce 2, una ley muerta y usted será un José Ignacio Wert 2, un ministro
fracasado. Así que, señor ministro, ¿qué mecanismos de participación y diálogo tiene previstos el Gobierno para que este pacto vaya más allá de las cuatro paredes de este Congreso? ¿Cómo nos va a garantizar que este pacto no se va a quedar en un
pacto de mayorías parlamentarias y va a ser el pacto social y territorial que España necesita? Porque, hablando de pacto territorial, señor Méndez de Vigo, ¿se da cuenta el Gobierno de que con la aplicación del 155 se ha enterrado definitivamente
el acuerdo sobre el Estado de las autonomías? ¿Cómo pretende el Gobierno emprender el pacto territorial en educación si ya no existe un consenso territorial vigente? En ese sentido, ¿cree usted que, después de la aprobación del 155, tiene su
Gobierno legitimidad para impulsar un pacto territorial de educación? Porque, claro, los Gobiernos autonómicos deberían confiar en que van a cumplir ustedes su parte del pacto, si son incapaces de ofrecer garantías y seguridades sobre el
cumplimiento de los grandes acuerdos de convivencia. El pacto de educación y la futura ley deberían ser un reflejo de la España plurinacional a la que ustedes, Ciudadanos, y me temo que también el Partido Socialista, se niegan a reconocer y no una
forma de seguir sumiendo al país en su rueda de imposiciones. En cambio, ustedes no paran de invadir competencias, señor Méndez de Vigo. ¿Cómo va usted a acordar una ley con las administraciones educativas competentes, la mayoría en manos de las
comunidades autónomas, si usted es un ministro que se salta constantemente la legalidad invadiendo competencias como el tratamiento de las lenguas cooficiales, la inspección educativa en materia de convivencia o la gestión de sus reválidas, por
ejemplo?


Acabo con un tema importante para nuestro grupo. Ustedes, junto con Ciudadanos, se quieren convertir en una nueva policía política con la mentira ya desmontada de que existe adoctrinamiento en las escuelas, especialmente en Cataluña.
Escuche usted, ministro, el clamor de las calles catalanas. Precisamente justo ahora, mientras usted comparece aquí, hay concentraciones en las puertas de todos los ayuntamientos de Cataluña -a las que yo desde aquí doy mi apoyo y mi
agradecimiento- que les están diciendo no ens toqueu l'eduació, no nos toquen la educación. Porque nuestro modelo educativo, el modelo catalán, es fruto de un consenso social, político y sindical desde hace muchísimos años. Respeten ustedes los
consensos mayoritarios de la sociedad catalana si quieren tener alguna credibilidad para llegar a consensos en todo el Estado. Porque, ¿quién adoctrina, señor Méndez de Vigo? ¿La escuela pública catalana, que pese a los recortes de usted y del
Gobierno de Junts pel Sí mantiene en pie la

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cohesión social, la igualdad de oportunidades y la dignidad de nuestras escuelas públicas y encima tienen que aguantar que ustedes les digan que son unos adoctrinadores, o adoctrina usted y su Gobierno con la puesta en marcha, por ejemplo,
de un plan para adoctrinar a los alumnos sobre el himno, la bandera y la monarquía, como recogía recientemente el Diario.es?


Nos gustaría saber, señor ministro, cuál es este acuerdo con el Ministerio de Defensa porque, claro, mientras ustedes se cargaron una asignatura como Educación para la Ciudadanía, que educaba en los valores de la igualdad y la democracia,
ahora ponen en marcha un plan para adoctrinar en el himno, la bandera y la monarquía. Dígame, ministro, si así, adoctrinando, insultando al profesorado e invadiendo competencias, apostando por la imposición y no por el diálogo, sin revertir sus
recortes ideológicos, impulsando un modelo educativo no inclusivo, de verdad ustedes se creen que podemos llegar a un acuerdo educativo, a un gran pacto educativo, político, social y territorial como se merece no solamente España, sino el conjunto
de la comunidad educativa.


Gracias. (El señor vicepresidente, Meijón Couselo, ocupa la Presidencia).


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.


La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.


Señor ministro, estamos esta tarde en esta subcomisión como llevamos compareciendo desde hace meses porque por lo menos en este grupo lo que nos une ante todo es esa voluntad de hacer cambios importantes en una ley contra la que estamos en
profundo desacuerdo, como bien conoce usted que es la Lomce, y que lamentablemente su antecesor, el señor Wert, dejó una mala herencia en España que logró poner de acuerdo a distintos grupos políticos y distintos colectivos representativos de la
educación en España por el rechazo precisamente a esas políticas legislativas de recortes, de ruptura de la equidad por la política de becas y ayudas al estudio y, como bien sabe usted, nosotros estamos en absoluto en desacuerdo con ese modelo.


Conoce bien la posición del Grupo Socialista porque la hemos ido defendiendo en estos últimos años en contra de la Lomce y no simplemente una oposición política, sino fundamentalmente educativa y también basada en aspectos constitucionales
que nos llevaron precisamente a presentar un recurso ante el Constitucional sobre cuestiones que considerábamos anticonstitucionales como pueden ser la enseñanza diferenciada, el principio de participación en el ámbito educativo, la enseñanza de las
asignaturas de Religión y valores culturales y cívicos o valores éticos precisamente por esa discriminación que genera a los alumnos que han elegido la asignatura de Religión y que no pueden cursar estas enseñanzas en valores éticos y ciudadanos y
que nosotros consideramos imprescindibles, más aún en el momento en el que estamos viviendo, en el que es necesario que todos nuestros alumnos tengan y compartan esos valores democráticos y constitucionales. También porque es una ley que lo que
hacía era adelantar una serie de itinerarios que, desde luego, lo que hacían era segregar y seleccionar a los alumnos más que introducir innovaciones y cambios educativos importantes.


Quizá lo más grave de esta ley es que además no partía de un diagnóstico clave, importante y riguroso sobre la situación de la educación en España y por eso precisamente hubo tantas discrepancias entre la comunidad educativa. Nos preocupa
que la Lomce esté desaprovechando estas oportunidades desde su implementación para homologar a la educación española con el resto de los países europeos y, desde luego, para reflexionar y proyectar propuestas pensando más en el futuro, en
innovaciones, planificación y modernización de nuestro sistema educativo.


Hay muchísimas cuestiones que nosotros consideramos imprescindible modificar en estos momentos en los trabajos de esta subcomisión, cuestiones que esperamos que usted también comparta y sobre las que entendemos que debe haber un cambio
importante.


Entendemos que un pacto educativo no simplemente tiene que ser un pacto político, sino que tiene que formar parte también la comunidad educativa y, como se ha dicho anteriormente por otros grupos, tienen que formar parte también las
comunidades autónomas, que son las verdaderas gestoras de la educación en este país. Nosotros hemos escuchado a los representantes del consejo escolar, pero nos gustaría que nos contestase qué medidas está llevando a cabo el Ministerio de Educación
para generar ese debate entre la comunidad educativa y que a su vez pueden aportar un informe de valoración sobre el sistema educativo y con sus propias aportaciones para un posible acuerdo educativo.


Sí vemos con buenos ojos ese grupo que finalmente se ha constituido en el seno de la Comisión general porque, como decía anteriormente, las comunidades autónomas son las gestoras de la educación.

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Nosotros estamos absolutamente convencidos de que deben seguir siendo las gestoras de la educación en este país y, desde luego, lo que nos han demostrado con esa gestión en los últimos años es que se han traído grandes avances y logros a la
educación en España.


También queremos que nos aclare de qué manera entiende que estos tres informes, el que se pueda generar aquí en la subcomisión, el que se pueda generar desde la comunidad educativa y el que se pueda generar desde las comunidades autónomas,
se pueden triangular y formar parte de lo que sería un posible acuerdo global y común de las tres patas o de los tres ejes o columnas que forman el sistema educativo en España. Aquí le pediría que como ministro de Educación lidere estos procesos y
que se puedan triangular estos tres posibles informes. Pero no considero que sea esta subcomisión la que tenga que interpretar o hacer valoraciones de esos informes que puedan salir generados por la comunidad educativa o por las comunidades
autónomas, por respeto a las competencias que pueden tener las comunidades autónomas y, desde luego, por respeto también a la propia opinión que tienen los distintos agentes y colectivos dependientes de la comunidad educativa.


En tercer lugar, en el Grupo Parlamentario Socialista estamos interesados en conocer su opinión y su visión sobre algunos de los alcances que puede tener el pacto educativo. Es cierto que nos ha comentado algunas cuestiones, pero entendemos
que para que haya un compromiso firme debe merecer la pena ese pacto y tiene que haber un compromiso firme por su parte y queremos saber qué opina verdaderamente sobre algunas cuestiones relacionadas con contenidos, modernización y también
financiación en el sistema educativo. Es decir, nos gustaría que nos diera una respuesta sincera, real y valiente sobre lo que necesita nuestro sistema educativo para este siglo XXI y lo que necesitan nuestros alumnos en su futuro para ser mejores
ciudadanos y ayudar a cementar una sociedad más cohesionada, inclusiva y no excluyente. Esto requiere un modelo económico del siglo XXI para nuestro sistema educativo y dar respuesta a la demanda laboral con agilidad y con la formación adecuada sin
crear perspectivas irreales; y creo que en este sentido la formación profesional juega un papel fundamental. Queremos saber también cuál es su opinión sobre cómo lograr que haya un mayor interés por la formación y reducir el coste social que
supone la tasa de abandono escolar que sufre España; lograr mejorar el clima de convivencia en nuestros centros educativos; enseñar lo que realmente necesitan nuestros alumnos con un currículum moderno, flexible, adaptado y temporalizado;
modificar la formación de nuestro profesorado para mejorar la calidad de la enseñanza y que haya mucha más motivación entre el alumnado; atender adecuadamente a la diversidad e individualidad de todo el alumnado; incentivar la participación
educativa y un modelo de escuela democrática; potenciar una formación a lo largo de la vida; acceder a las vías formativas posteriores a la educación secundaria obligatoria; abrir o cerrar oportunidades educativas y que nuestro sistema esté
abierto siempre al retorno, a la formación y a las posibilidades de cualificación profesional; y, por supuesto -¡cómo no!- mejorar la competencia en lenguas extranjeras de nuestros jóvenes, lo que requiere una amplia reflexión sobre el aprendizaje
de las lenguas extranjeras y también sobre los modelos de bilingüismo. Con respecto a la inspección, que parece que se ha puesto tan de moda últimamente, estamos de acuerdo en que la inspección tiene que actuar, pero no estamos en absoluto de
acuerdo con un control policial de la inspección en los centros educativos y sobre la misma función docente.


Todas estas cuestiones desde luego plantean la posibilidad de dar una vuelta entera a nuestro sistema educativo. Consideramos que si nos quedásemos anclados en un modelo de LOE, Lomce o leyes anteriores, estaríamos perdiendo el tiempo y
desperdiciando la oportunidad de mirar hacia el futuro y hacia la modernización de nuestro sistema educativo. Entendemos que lo que debe demandar nuestro sistema educativo en estos momentos es la preparación para el futuro de nuestros jóvenes y en
eso sí queremos estar. Es evidente que todas estas cuestiones y un acuerdo educativo -aquí estoy de acuerdo con los compañeros de Unidos Podemos- requieren financiación, una condición sin la cual es muy difícil plantearnos cualquier tipo de reforma
educativa; además, sería un engaño social. Existe buena voluntad. Nosotros la hemos tenido y la seguimos teniendo y por eso hemos asistido a las comparecencias y vamos a seguir trabajando en la subcomisión, pero comprenderá que los antecedentes
de este Gobierno en los tijeretazos educativos acumulados en los últimos años no nos dan demasiada confianza. Menos confianza nos da el Real Decreto de 2012 que todavía está vigente y menos aún los compromisos contraídos por este Gobierno de
racionalización del gasto educativo que nos hablan de un 3,67 % para el año 2020. Nos hacen desconfiar y mucho, por decirlo suavemente. Sabemos que los efectos de los recortes en educación no se van a ver de manera inmediata, sino que vamos a
tener que esperar cierto tiempo para ver cuáles son las consecuencias. Desde luego nosotros no queremos ni podemos consentir que se consoliden, sino que debemos exigir que se reviertan. Por eso, le vamos a preguntar con absoluta claridad cuál es
el

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compromiso de este Gobierno -el compromiso real, porque usted ha hablado de compromiso de financiación, pero no nos ha dicho qué compromiso de financiación real quiere contraer- y si podemos contar también con su compromiso para recuperar
los derechos y las condiciones existentes en la educación antes de la aprobación de este Real Decretoley de racionalización.


En último lugar, señor ministro, usted debe ser consciente de la enorme complejidad de la tarea que tiene esta subcomisión por delante. Ha habido más de ochenta comparecencias y tenemos toda la documentación -que todavía sigue llegando-
presentada por distintos colectivos y asociaciones educativas. Consideramos que es preciso contar con algún tipo de ayuda técnica para procesar toda esta información con absoluta objetividad y conocimiento educativo para acelerar y optimizar los
trabajos de esta subcomisión. Como bien sabe usted, en otros intentos de pacto se contaba con un documento de base sobre el que trabajar. Ahora no existe nada de eso y además se plantea una reforma legislativa, por lo que no se debe escatimar en
proporcionar el apoyo que sea necesario; es por lo que le pedimos a este ministerio que se habiliten las medidas necesarias para facilitar el trabajo. Desde luego agradecemos la buena voluntad no solo de la letrada sino también por parte de otros
colectivos educativos que nos han intentado ayudar, pero entendemos que tiene que ser un trabajo riguroso, objetivo y técnico.


Voy finalizando. No seríamos realistas si ayudáramos a crear una opinión pública de que alcanzar un acuerdo educativo es una tarea fácil. Ha habido procesos anteriores y fallidos intentos de alcanzar acuerdos en educación y todos somos
conscientes de que hablar, dialogar y ponernos a trabajar en común no es una garantía de éxito. Estamos de acuerdo con colaborar, como siempre lo ha estado este grupo parlamentario, pero entendemos también que un pacto educativo no simplemente
tiene que basarse en buenas voluntades, sino también en la voluntad por parte del resto de los grupos parlamentarios. También queremos dejar claro que un pacto educativo no supone el rechazo a nuestra propia visión sobre la educación, a nuestras
propuestas y a nuestros proyectos políticos porque, al fin y al cabo, nosotros estamos respondiendo también a la voluntad de la ciudadanía que ha depositado su confianza en nosotros para defender una serie de principios. En ese sentido, vamos a
seguir trabajando para intentar alcanzar acuerdos y esperamos llegar a limar algunos de los desacuerdos que hemos podido comprobar que existen en estos últimos tiempos, sobre todo cuando nos vamos hacia medidas de centralización del sistema
educativo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señora Martínez Seijo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo Díez.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, quiero agradecerle en nombre del Grupo Parlamentario Popular su presencia en esta Comisión. Mi grupo cree que es una presencia extraordinariamente oportuna. Nuestro país vive momentos complejos y la educación
desgraciadamente no permanece ajena a determinados acontecimientos. Estamos observando en el terreno educativo escenas que jamás pudiéramos haber imaginado. Hoy, sin ir más lejos, nuevamente los titulares de los medios nos ilustran con hechos
absolutamente condenables. Señor Mena, la neutralidad ideológica que debe presidir el ejercicio de la docencia ha sido explosionada en zonas que usted conoce muy bien. El respeto a la ley y la lealtad institucional que debería haber presidido la
relación entre el Estado y las comunidades autónomas ha sido dinamitado en una comunidad autónoma. En España, en nuestro país, hay quien no ha cumplido la ley y no ha sido precisamente este Gobierno. Por lo tanto, quiero comenzar mi intervención
reafirmando que es el momento de la defensa de los principios y valores que nos han unido a la inmensa mayoría de los españoles durante los últimos cuarenta años. Señorías, ahora más que nunca se hace necesario -imprescindible, diría yo- el
acuerdo. Ahora más que nunca resulta vital renunciar a los planteamientos cortoplacistas y oportunistas, porque, guste o no, este camino ninguna de sus señorías lo va a poder andar solo, y entiendo que la inmensa mayoría de los miembros de esta
Comisión está en ello. Todos hemos sido tentados por los titulares elogiosos y los maliciosos cantos de sirena, pero a los ciudadanos ya no le sirve esto. Señorías, ya no valen meras declaraciones de intenciones ni la plasmación en supuestas
iniciativas parlamentarias de planteamientos más propios de tertulias de café que del rigor que requiere la actividad de esta Cámara. Los ciudadanos quieren hechos y, además, nos van a pedir responsabilidades. Nosotros no estamos en esta Cámara
para regalar el oído a nadie. Estamos para defender el interés común y para lograr el acuerdo, el máximo acuerdo; y para ello seguro que tenemos que hacer renuncias y estamos preparados para hacerlo. Estamos para mejorar la vida de los españoles
y para utilizar la actividad política en beneficio

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de todos, absolutamente de todos. Por eso, después de escuchar a algunas de sus señorías, les pediría reflexión y también una cierta dosis de humildad. Señor Agirretxea, le puedo reconocer su especificidad, pero nunca le voy a reconocer su
superioridad; entre otras razones, porque ustedes lo están haciendo francamente mal en el País Vasco. Ustedes en el último informe PISA han situado a sus alumnos por debajo de la media de España de lectura, han descendido 13 puntos en matemáticas
y 23 puntos en ciencias. Para ser gráficos, los alumnos de La Rioja, de Navarra y de Castilla y León -la humilde Castilla y León-, que son sus vecinos, están muy por encima de sus alumnos en algo tan básico como es leer. Usted no tiene que tener
miedo a nada. Tiene que tener miedo al incumplimiento de la ley, pero usted es una persona de ley. Por cierto, para su información, ustedes no tienen la competencia exclusiva en educación. Eche una mirada a diferentes sentencias del Tribunal
Constitucional, la más reciente por ciento del año 2016, que dicen clarísimamente que cuando existe competencia del Estado constitucionalmente atribuida sobre una materia respecto de la legislación básica las comunidades autónomas solo la tienen
sobre el desarrollo, es decir, que estas no tienen competencia exclusiva sobre la materia en la que el Estado tiene constitucionalmente reservadas las bases, artículo 149 de la Constitución española.


Señorías, nosotros no estamos aferrados al pasado, en eso estoy de acuerdo con la portavoz del Grupo Socialista, porque nuestro objetivo es que entre todos podamos ganar el futuro. Hemos sabido consolidar un modelo de Estado que con sus
luces y con sus sombras ha situado a nuestro país a la cabeza de los países más avanzados. Seguramente nos queda mucho por hacer, y seguramente también en educación, aun cuando seamos el segundo país de la Unión Europea que mayor tasa de reducción
hemos experimentado en relación con el abandono educativo temprano. Nosotros no estamos cerrados a los cambios, más bien al contrario, para el Grupo Parlamentario Popular estos cambios son prioritarios; lo que sí decimos es que ese nuevo impulso,
si queremos que sea efectivo y duradero, tenemos que hacerlo entre todos. Señor ministro, decía aquí un grupo parlamentario que no se fiaba de usted, y dice un viejo refrán castellano que el que no se fía no es de fiar. Bueno, yo me fío, me fío de
las personas que a lo largo de estos meses nos han acompañado en esta Comisión, nos hemos acompañado mutuamente en esta subcomisión a pesar de que algunos de ellos ya han augurado el fracaso del pacto.


A lo largo de estos últimos meses hemos tenido la ocasión de escuchar a más de ochenta expertos, ochenta y tres expertos de diferentes perfiles y tendencias, como el ministro Gabilondo -ha hablado el representante de Podemos del Foro de
Sevilla-, Julio Carabaña, Francisco López Rupérez, Teresa Freixes, Josefina Cambra, Inger Hembys. Es decir, todos han tenido ocasión de exponernos sus reflexiones y propuestas, y sería una pena no aprovechar todo el trabajo hecho hasta el momento.
La inmensa mayoría de ellos además fundamentándose en evidencias empíricas han demostrado la presencia de factores cuyos efectos en la mejora del sistema educativo es fácilmente comprobable. Sería además razonable apoyarnos en ellos y establecer
prioridades. Usted ha hecho una amplia exposición de ellos.


El profesorado. Qué duda cabe que el profesorado es el factor de calidad por excelencia. Decía en un reciente artículo la hispanista Inger Hembys que la calidad de la educación tiene que ver con determinados elementos: la inteligencia del
profesorado, la excelencia de los profesores en sus materias, la formación metodológica del profesor, el nivel del conocimiento previo de los alumnos -esta por cierto es una buena reflexión que da soporte a la necesaria escolarización temprana de
aquellos niños que proceden de entornos sociales familiares más desfavorecidos, como medida de equidad; el cero a tres para nosotros tiene que ser una medida de equidad-, el empeño de los alumnos por aprender y el apoyo de los padres. Teniendo en
cuenta que los resultados de los alumnos se explican en más de un 30 % respecto a la calidad del profesor, es evidente, como usted bien ha señalado, señor ministro, que esta constituye la gran reforma.


A nuestro juicio necesitamos un sistema educativo que sepa traer y retener a los mejores, que seleccione a candidatos altamente cualificados, que garantice un sistema justo y eficaz de acceso de ámbito nacional, y que este vaya acompañado de
una carrera profesional perfectamente estructurada, reconocida y motivada, donde la formación permanente tenga un peso específico y fundamental. Necesitamos además dar seguridad a las familias, que sepan que sus hijos están en las mejores manos,
porque es el Estado y no otro el garante del cumplimiento de la ley, quien ha sabido y debe seleccionar al mejor docente en el marco de un sistema transparente donde por supuesto la evaluación tiene que desempeñar un papel fundamental. Es curioso
que discutamos tanto por la evaluación cuando la cultura de la evaluación está ampliamente asumida a nuestro país. Nosotros hemos abrazado PISA con pasión, esa es la realidad; la cuestión y objeto de debate en estos momentos es cuál es la
evaluación más

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adecuada para lograr lo que yo creo que la mayoría de los representantes de esta Comisión, y que desde luego mi grupo defiende: que lo importante de la evaluación es que sirva como instrumento para detectar las posibles deficiencias del
sistema, para actuar sobre ellas, para utilizar mejor los recursos. Aquí hemos hablado de presupuestos efectivamente, es preciso un pacto presupuestario, pero más importante todavía es saber en qué vamos a invertir y cómo esos recursos inciden de
forma positiva en la mejora del sistema educativo.


Hace escasas fechas los empresarios españoles presentaban un libro blanco donde hacían especial hincapié en esta cuestión, en la evaluación. Hablaban de una evaluación interna de los centros, del conjunto de evaluaciones externas, de por
supuesto PISA, y de una cuestión muy importante, de una evaluación de ámbito nacional que correspondería al Estado. Con sinceridad, señorías, creo que debemos reflexionar sobre esto y sobre otros escenarios, pero en ningún caso renunciar a la
evaluación como instrumento de mejora y también de vertebración. Hablamos de la autonomía de los centros -usted ha hecho referencia a ello- de formación profesional. Señalaba hace escasas fechas el Centro Europeo para la Formación Profesional que
en el año 2025 en Europa habrá 13,7 millones de puestos de trabajo para aquellos que tengan estudios de educación secundaria inferior, 42,9 millones para los que tengan estudios medios y 40,4 millones para los que tengan estudios superiores. No
podemos ignorar estas cifras, debemos trabajar desesperadamente para que el mayor número de alumnos continúen sus estudios hacia las enseñanzas postobligatorias, tenemos que ser ambiciosos y observar otros escenarios.


Estamos de acuerdo -como no podría ser de otra forma, señor ministro- en que esto hay que hacerlo partiendo de lo que nos une, y sin duda el artículo 27 de la Constitución española es el primer gran pacto en educación, es el que nos ha
permitido convivir y desarrollar un marco normativo donde han encontrado acomodo las diferentes leyes. De hecho, por primera vez en la historia del constitucionalismo español se recogían conjuntamente el derecho a la educación y la libertad de
enseñanza como derechos públicos subjetivos. Por eso la libertad de enseñanza a la que algunas de sus señorías se oponen con mayor o menor vehemencia es algo más que la libertad de elegir centro por parte de las familias, que también lo es. El
derecho a la libertad de enseñanza debiera vincularse a la lucha por la libertad de conciencia y a la libre formación y transmisión de conocimientos. Señorías, no es este un debate baladí, y por tanto debiéramos darle la importancia que merece.


Voy finalizando, señor presidente. Mucho hemos debatido en las últimas semanas en relación con el momento que estamos viviendo, y el papel que la educación juega en él. Resulta evidente que si hablamos de un pacto de Estado no podemos
ignorar determinados elementos que deben introducirse porque por sí mismos constituyen el eje vertebrador de cualquier acuerdo, y son todos aquellos que se desprenden del artículo 27 y del artículo 149 de la Constitución española. Este último, por
cierto, no solo atribuye al Estado competencia exclusiva en la expedición de títulos oficiales, sino la competencia para adoptar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27, que regula ni más ni menos el derecho a la educación. El Estado
tiene medios, tiene instrumentos para garantizar un sistema educativo vertebrado y vertebrador que garantice la misma igualdad de oportunidades a alumnos, familias y profesores.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Tiene que ir acabando, pero de verdad, señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Acabo ya, señor presidente.


Decía la profesora Teresa Freixes en esta Comisión, en el marco de una competencia muy importante, que necesitamos que la educación constituya el eje vertebrador de la ciudadanía en la era global, que los contenidos sean homologables, que se
evalúen los resultados a nivel nacional para garantizar que la igualdad de derechos entre todos los españoles sea real y efectiva. Nosotros no podemos estar más de acuerdo. No fallan las leyes, señorías, fallamos desgraciadamente las personas;
fallan quienes hacen un uso torticero de la ley, porque su objetivo no es otro que incumplirla; fallan quienes la ignoran o elaboran una a su medida intentando imponer por la fuerza lo que el libre ejercicio de la democracia les niega; fallan los
que hacen trampas y los que aprovechan cualquier resquicio para imponer su pensamiento único; han fallado ellos, no ha fallado esta Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Y le falla el reloj, señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Para contestar a los portavoces, que saben que luego tendrán otro turno de tres minutos, tiene la palabra el señor ministro de Educación.

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El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias a todos los portavoces, incluso a aquellos que no se fían de mí, por sus intervenciones y por su tono, que me han parecido muy correctos y que yo agradezco de verdad.


Déjenme hacer una primera reflexión sobre el pacto. Esta no es solo una propuesta del ministerio, es una propuesta en la que estamos políticamente embarcados todos. Ya sé -lo decía la señora Martín antes- que algunos con más convicción,
con más entusiasmo que otros, pero al final aquí están ustedes todos presentes. Ya sé que algunos cuando se constituyó la subcomisión se abstuvieron, pero aquí están. El señor Olòriz decía antes que era un participante crítico, y está bien, no se
puede pedir a todos que tengan un entusiasmo grande. A mí me parece que eso es positivo. Esta idea de la subcomisión nació también del debate político. La idea de elaborar un pacto educativo yo creo que se fragua durante el año en que el Gobierno
anterior estuvo en funciones, desde las primeras elecciones de diciembre a las elecciones de junio. Yo creo que en ese momento se fragua el pacto educativo, que está en los programas de muchos partidos que concurren a las elecciones. La idea de
tener un pacto educativo tampoco es una cosa novedosa de ese momento. Ya lo intentó antes mi antecesor, el ministro Gabilondo. Es una necesidad sentida. Creo que lo es porque, como he dicho antes en mi intervención, la gente lo quiere, y esto es
muy importante. Nosotros al final estamos aquí para responder a los anhelos de la gente. Por tanto, si la gente lo quiere, nos empuja a ello y a mí me parece positivo.


En segundo lugar, creo que también hay otro factor que hay que tener en cuenta, y es el enorme empuje de las nuevas tecnologías, eso que llamamos la digitalización, en nuestras vidas en general, pero también en el campo educativo. Si
ustedes echan la vista atrás comprobarán que el mundo ha experimentado un cambio radical en los últimos diez años. Todos tenemos ahora en el bolsillo este aparatito que dirige nuestras vidas y otras muchas cosas más, y es evidente que la capacidad
que tenemos de utilizar las nuevas tecnologías en nuestras vidas también se lleva al campo de la educación, con lo cual eso tiene que provocar un cambio en el sistema educativo: en la manera de enseñar, de impartir clases y de recibir enseñanzas.
Hace poco llevaba a mi hija al colegio y me decía que estudiaban a Napoleón, y yo pregunté si era Napoleón II, y me dijo: papá, Napoleón II no gobernó; era Napoleón I, Napoleón III... Por lo tanto se sabía Napoleón bastante bien. Claro, yo le
pregunté si ya había dado clase y me dijo que no, que lo había mirado en Internet. Yo pensé: ¡pobre profesor! Porque esta ya va bastante preparada a la clase. No era mi caso cuando yo estudiaba. El profesor era una especie de semidiós que bajaba
del Olimpo y me contaba una serie de cosas. Yo no había estudiado antes, no tenía acceso a nada más que al libro de texto, que evidentemente no consultaba casi nunca, excepto antes del examen, y nada más. Eso ha cambiado y tenemos que ser
conscientes de ello; son conscientes los docentes, que están empujándonos también a este pacto: quieren este pacto.


¿Cuál es la manera de articular este pacto? No es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que estaba ahí, y hubo intentos antes porque la gente lo quiere y la revolución tecnológica lo exige. Surgió de las conversaciones que hubo entre los
grupos políticas en las investiduras, la del señor Sánchez y la del señor Rajoy. La idea de esta subcomisión y de un pacto nació de los acuerdos entre Cs y PSOE en la investidura del señor Sánchez, ahí estaba, y lo que hicieron luego los acuerdos
entre PP y Cs fue recoger exactamente lo mismo, a ver si se animaba el Partido Socialista a apoyar la investidura. Eso es lo que hubo, a mí no se me ha ocurrido la idea del pacto y de llevarlo a una subcomisión, pero me parece bien. Probablemente
al principio tuve alguna duda, se lo confieso a ustedes, políticamente, por si conviene o no, pero al final es el acuerdo político, yo lo he seguido y creo que he sido fiel y leal a él. Algún portavoz -y se lo agradezco- me ha dicho que no he
querido tener ninguna injerencia. Pues es verdad. ¿Por qué? Porque si lo que hemos decidido es que ese pacto comience a fraguarse en el seno de la subcomisión a mí no me parecía bien meterme en mitad de los trabajos de la subcomisión, y por eso
he pedido venir al final a dar mi opinión, pero no he querido interferir en el pacto.


Otra cosa que he dicho -algunos me han criticado o no estaban de acuerdo con ello- es respecto a mi satisfacción por la normalidad del curso escolar 2017-2018 y del anterior 2016-2017. Creo que eso es positivo en sí y que debemos estar
orgullosos de ello. Es bueno que los políticos no creemos problemas a la gente, que establezcamos los marcos para que en el caso de la educación la gente pueda comenzar el curso escolar con tranquilidad, y haya estabilidad, normalidad y certezas.
En eso tengo que decir que las comunidades autónomas han desempeñado un papel muy importante, y yo lo agradezco públicamente en el marco de esta Comisión. Se lo he dicho a ellas y ellas lo saben, y esto me parece que al final redunda en beneficio
de todos. No me hagan ustedes responsables de lo que suceda en alguna comunidad

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autónoma porque yo no tengo nada que ver. Al final hemos descentralizado tanto las competencias en esta materia que el ministerio no tiene nada que ver con las singularidades que sucedan aquí o allá; yo no soy responsable de ellas y
tenemos que hacer pedagogía sobre esto, porque todavía hay gente que cree que el ministro de Educación lo puede todo. Pues no puede casi nada o muy poquito, digámoslo con claridad. Ese es el esquema político por el que optamos y en el que estamos.


¿Qué va a pasar después? Espero que ustedes me hagan su informe; lo he dicho mal: que se lo hagan al Pleno. El informe que elaboren lo elevarán ustedes al Pleno y a mí me gustaría que el Pleno lo aprobara y que hubiera un consenso
importante detrás de él. ¿Y qué sucederá después? Pues yo recogeré ese dictamen y me pondré al habla con la comunidad educativa, y seguiré al habla con los grupos parlamentarios. No será una iniciativa del Gobierno, es decir no cogeremos el
informe y diremos: por mí y ante mí hago un proyecto de ley. No, porque eso no conduce a nada: conduce a poco. He dicho antes que debíamos hablar en plural y eso para mí significa que la participación de los grupos parlamentarios o de la
comunidad educativa, que ha comparecido ante esta subcomisión, no acaba en este momento, y a partir de ahí es el Gobierno el que tiene la última responsabilidad. Yo sé que el Gobierno tiene la responsabilidad de presentar un proyecto de ley, pero
yo quiero que sea consensuado en la medida de lo posible, y por tanto mi propósito y mi compromiso con ustedes es que en la fase ulterior, después de la aprobación de ese dictamen en el Pleno, yo siga contando con los grupos políticos y con la
comunidad educativa, como debe ser. Primero vamos a ir punto a punto, paso a paso para ver si conseguimos ese acuerdo en la subcomisión, en la Comisión y luego en el Pleno, y después continuaremos hablando. Mientras tanto es bueno que mantengamos
la estabilidad del sistema.


Comprendo perfectamente a aquellos que se oponían a la Lomce y que digan que se sienten frustrados. Sé que el señor Olòriz se siente frustrado, porque dice que hay mayoría para haberla derogado. Tiene razón, pero creo que han hecho bien en
no hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no se puede dejar al sistema educativo en el limbo jurídico, señor Olòriz. Lo han hecho ustedes bien sinceramente. Muchas veces en la vida hay cosas que te pide el cuerpo pero no hay que hacerlas. Yo no hago
casi nunca nada de lo que me pide el cuerpo, y no me va mal. Con ello quiero decirle que hubiera sido un error haberse dado el gustazo de derogar la Lomce, porque luego ¿qué? ¿Qué hacemos con la gente? Creo que han hecho ustedes bien. Hemos
llegado a un acuerdo razonable, insisto, que da certeza y tranquilidad, y la segunda parte es este pacto de Estado social y político por la educación. Ahí estamos -y yo, como todos ustedes- trabajando en esa dirección.


Hechas estas consideraciones, señor Agirretxea, de la lectura de las páginas 26 y 27 de mi texto se desprende claramente que he hablado de una futura ley que tenga en cuenta las especificidades y que sea flexible. Yo soy el primero que lo
sabe. Me he encontrado como ministro de Educación con las dificultades que tienen los consejeros de las comunidades autónomas para aplicar una ley de ámbito estatal. Lo entiendo perfectamente. Si a mí me viene un consejero y me dice que yo le
obligo a la ratio alumnos-profesor, pero que resulta que ahí está el efecto insular, pues yo lo entiendo perfectamente. Al final, ¿qué le digo? Que se organice. Yo soy el primero que ha dicho que la educación en España no se puede llevar desde
Alcalá, 34. Por eso he hablado también de constituir el núcleo de la ley, pero luego hay que atender a las singularidades y a la flexibilidad, lo que me parece absolutamente normal, y creo que en eso estamos. Cuando hablamos de revisar -no es la
palabra correcta-, de repensar el modelo educativo, tenemos que darnos cuenta de que han pasado treinta y tantos años. ¿Esto cómo ha funcionado? ¿Ha funcionado bien o ha funcionado mal? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Luego le pondré un caso
concreto en el que creo que tenemos que pensar si lo que tenemos actualmente es suficiente o no. Le he visto a usted en una actitud muy defensiva: no me toque usted lo mío. Yo no quiero tocar nada. Yo creo que tenemos que pensar en de qué manera
nuestro sistema educativo mejora su calidad y sirve al final en último caso a las familias, a los alumnos y a los docentes. No adopte usted una actitud defensiva. Es una cosa que tenemos que hacer entre todos y yo creo que tenemos espacio y
conocimientos, y sobre todo experiencia de todos estos años para hacer las cosas bien.


Señor Olòriz, es verdad que el roce ayuda. Usted ha dicho que va a hacer una participación crítica y yo se lo agradezco, porque sé que lo hace. Se lo he dicho esta mañana y se lo recalco otra vez, no hay en el Gobierno ni en el Partido
Popular ninguna animadversión al plurilingüismo. El plurilingüismo nos parece muy bien. ¿Usted cree que la gente del Partido Popular de Cataluña no habla catalán? Claro que habla catalán. Si yo pasara más tiempo en Cataluña hablaría catalán. Mi
euskera, como sabe bien el señor Agirretxea, es bastante bueno, y siempre que voy al País Vasco hago una parte del discurso en euskera, lo cual me suscita bastante apoyo y bastante admiración, porque utilizo palabras largas en

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euskera, que son bastante complicadas. A mí todo eso me parece enriquecimiento. Las lenguas no son un elemento de enfrentamiento, son un elemento para comunicarse. ¿Por qué usted y yo estamos hablando aquí en castellano? Porque los dos
entendemos castellano. Si usted hablara en catalán yo intentaría seguirle en catalán, pero a lo mejor me costaba seguirle. No hay nada más que eso. Esa es la realidad de las cosas. En euskera seguro que no seguiría al señor Agirretxea, pero con
usted haría un esfuerzo, me concentraría y lo seguiría. No hay absolutamente nada más. Cuando yo veo a los amigos catalanes, hablan en catalán, y me parece perfectamente, y debo decirle que cuando están con alguien que no habla catalán van al
castellano de una forma muy natural, lógica y educada, que es lo que debe ser. Esa es la realidad de las cosas.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Los gallegos también.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): ¿Los gallegos también? Es verdad, los gallegos también, tiene usted toda la razón.


Quiero decir con ello que yo creo que se crean muchas veces unas sombras de duda que a mi juicio no se corresponden con la realidad, y desde luego no se corresponden con el parecer de este ministro.


Yo no comparto lo que usted ha dicho sobre el artículo 155, ya lo puede usted imaginar y se lo he dicho esta mañana. Reitero lo que he dicho esta mañana: que si se producen estas cosas que usted cree que se van a producir yo actuaré con
inteligencia y con prudencia.


Señora Martín, gracias por las palabras que me ha dedicado. Ya le he explicado por qué he pensado que no debía intervenir hasta hoy. Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Yo no creo que las comunidades
autónomas cometan ninguna injerencia hablando de estas cosas. Al revés, todo lo contrario, yo tengo una muy buena impresión de los consejeros de las comunidades autónomas, creo que están en contacto con la realidad de las cosas y que conocen muchas
veces los problemas reales. Creo que muchas veces corremos todos el peligro de hacer unos planteamientos teóricos, y que a los consejeros les preocupan en ocasiones las cuestiones más bien prácticas, de ejecución. Me parece que su experiencia es
útil. Por eso he instado a que pudieran acudir al Senado. Me parece que es bueno, que el debate que hubo en el Senado fue un buen debate, y creo que las propuestas que nos hagan serán buenas. También lo van a hacer en la conferencia sectorial.
Yo soy partidario de ello. Creo que son buenas.


Usted se refería a qué pasará en la fase dos del pacto. Creo que se lo he explicado. Voy a contar con ustedes. No voy a recoger en su momento el dictamen del Pleno y a decir: a ver ahora qué hago yo. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia). No, yo quiero contar con ustedes porque soy consciente de que no acaba ahí, todo lo contrario, y que si no vamos acompañados, si todos no nos sentimos parte de un proyecto común, al final el resultado, con todas las dificultades que
tiene, que sé que tiene muchas dificultades, no llegará a buen puerto.


No le he entendido muy bien lo que ha dicho sobre los decretos legislativos y demás. El ministerio no ha hecho nada extraño. El ministerio, una vez que se llegó a un acuerdo, en el que participó su grupo parlamentario, de suspender los
efectos académicos de las evaluaciones de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato, tenía que desarrollarlo por decreto. No tenía más remedio que hacerlo. Lo tiene que hacer el ministerio. Y lo hizo con la conferencia sectorial, cumpliendo
todos los trámites. Pero no hemos hecho nada extraño. Lo que pasa es que la Lomce era una ley complicada, porque preveía su calendario de aplicación en el propio articulado de la ley, que no es fácil. El decreto de desarrollo se ajusta a los
acuerdos que hicimos con su grupo parlamentario, con el PSOE y con otros grupos, Compromís y algunos más. Es un puro desarrollo normativo de lo que hay. La EBAU es la PAU pactada con la conferencia de rectores, no es más que eso. No hemos
cambiado absolutamente nada. Dice usted que hemos cambiado las notas. No hemos cambiado absolutamente nada, es exactamente lo mismo. Es verdad que hubo un pequeño debate en los medios de comunicación. A lo mejor no había quedado suficientemente
claro. Sabe usted que son modificaciones legislativas y a lo mejor no quedó suficientemente claro que la nota no era la misma, pero al final creo que se aclaró en la última revisión que hicimos. Quiero garantizarle que este ministerio, en el
desarrollo legislativo de los acuerdos que hemos tomado, ha sido creo yo que impecable. Si me demuestran lo contrario me interesará mucho verlo, pero no lo creo. Creo que hemos cumplido estrictamente con el acuerdo que tomamos anteriormente.


Usted ha citado el caso de Valencia. En el caso de Valencia y en el decreto sobre plurilingüismo yo creo que el ministerio y parte de la comunidad educativa -que estaban en contra- tenemos que estar satisfechos. Déjeme que le diga una cosa
-yo tengo algunos años más-: en ocasiones hay que consolar

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al que gana, y a usted le pasa eso, a usted hay que consolarla, porque si usted estaba en contra usted ha ganado. Esa es la realidad de las cosas. Cuando yo vi aquel decreto le mandamos al consejero seis motivos por los cuales creíamos que
no se ajustaba a la ley, seis. Hubo luego al mismo tiempo un recurso. Mi obligación como ministro de Educación es mantener un diálogo con las comunidades autónomas, diálogo que en la mayor parte de los casos es positivo y fructífero. Yo hablo
todo el rato y casi siempre llego a acuerdos. Lo que pasa es que los acuerdos no se ven o no se cuentan y los desacuerdos se cuentan y se ven, y se traducen al final en sentencias o en recursos ante el Tribunal Constitucional, y eso puede ser muy
llamativo, pero la mayor parte de los casos los acordamos. Mi deber con el consejero de Educación de la Comunidad Valenciana y con todos los consejeros de Educación es intentar llegar a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo acabamos en los
tribunales. ¿Qué ha pasado aquí? Que mientras estábamos negociando se produce una sentencia que nos da la razón a todos, y el decreto ley del señor consejero del mes de septiembre, ¿qué es lo que hace? Vuelve a la situación del decreto de 2012.
(La señora Martín Llaguno hace signos negativos). Sí, sí, artículo 2. Vuelve. ¿Hay alguna cosa que es posible que hubiera que discutir? Pues sí. ¿Había que haber utilizado un decreto ley u otra cosa o haber derogado simplemente lo anterior?
Pues es posible. Eso lo vamos a debatir con él también. Por eso le puedo anunciar que hemos instado y que el Consejo de Ministros va a tomar este viernes el acuerdo de abrir la bilateral con la Comunidad Valenciana para debatir este tema. Pero en
estos momentos lo que está vigente es el decreto de 2012, con una pequeña singularidad para primero. Esa es la realidad. Alégrese usted, señora Martín, porque tienen razón usted y todos los del Partido Popular que estaban en contra. Consolar a
los vencedores es un ejercicio que sucede en la vida, a mí también me ha pasado, pero al final esa es la realidad de las cosas.


La alta inspección es un tema al que han hecho referencia algunas de sus señorías, y también el señor Agirretxea. La cuestión de la alta inspección -que es un tema candente por la situación de una comunidad autónoma en particular- tiene que
motivar una reflexión, insisto, para el pacto. Antes he dicho que cuarenta o treinta y tres años transcurridos desde que este modelo está en marcha nos deben hacer ver qué es positivo, qué es negativo y qué hay que cambiar. Como he dicho en el
Pleno de esta Cámara, primero, las facultades de inspección corresponden a las comunidades autónomas. Eso es lo que dicen la Constitución y los estatutos, y así debe ser. Por lo tanto, la alta inspección es subsidiaria. Esa es la realidad de las
cosas. ¿Queremos que deje de ser subsidiaria y sea más accesible en primera instancia? Es algo que tendremos que decidir entre todos. Mi impresión es que la alta inspección tiene poca capacidad de reacción inmediata y depende de la buena voluntad
y de la buena disponibilidad de la inspección de las comunidades autónomas. Esa es mi experiencia y mi expresión y como tal se lo digo.


¿Eso significa que hay que crear -decía la señora portavoz del Grupo Socialista- un cuerpo policial? Pues claro que no, a nadie se le ocurre eso o por lo menos a mí no se me ocurre. Pero aquí, dentro de un tiempo, se sentará otro ministro
de Educación y, probablemente, se encontrará con esta misma situación. Así que vamos a reflexionar y a ver qué es lo que interesa, qué es lo que conviene y partamos de las experiencias que tenemos. Pero ahora el modelo -que es el que estamos
siguiendo- es una intervención subsidiaria, que está perfectamente reglada en la ley, que exige que la alta inspección se ponga de acuerdo con la inspección de la comunidad autónoma y si no se encuentra satisfecha con la respuesta que recibe, no
tiene otra solución que acudir a los tribunales. Eso es lo que hay hoy en día y eso es lo que hacemos, no me pueden pedir que haga algo diferente a lo que puedo hacer. Yo lo hago y creo que con diligencia. Ahora, ¿algunos piensan que se puede
mejorar? Sí, creo que se puede mejorar. Hagamos propuestas y veamos si tienen consenso, porque la segunda parte es que estamos hablando de un pacto que tiene que tener un acuerdo favorable. Veámoslo, pero hagámoslo con naturalidad, no lo hagamos
a la defensiva o con miedo de tratar estos temas. Insisto, no estaré aquí dentro de un rato. Los más viejos del lugar, señor Agirretxea, recordarán que la primera vez que vine aquí me dijeron que iba a estar solo cinco meses y llevo un rato más,
pero seguro que no me quedo mucho más. Por tanto, el día que yo me vaya, otro se sentará aquí y se encontrará probablemente con las mismas dificultades en este tema que tiene hoy el ministro de Educación. Por tanto, intentemos resolvérselas; eso
es lo que yo propongo.


Yo creo -y esto afecta a algo que se ha dicho aquí- que la buena voluntad de estar en el pacto implica también que no tenemos que llevar a cabo, mientras este pacto esté en discusión, esté sujeto a debate, iniciativas parlamentarias que
afectan al contenido del pacto. Al final, todos sabemos qué son los pactos y los que hemos pactado muchas cosas sabemos que son un paquete. Y en el paquete hay unas cosas que a uno le gustan más y otras que le gustan menos, pero si empezamos a
desgajar del acuerdo, del pacto o del paquete aquello que un grupo político, legítimamente, quiere o no quiere, es evidente que

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al final es mucho más difícil llegar a ese pacto. Yo también entiendo algo de política y sé que en ocasiones algún grupo político quiere presentar a la opinión pública su posición en un asunto determinado, pero lo que les pido es que
aquellas cuestiones que afectan al pacto, una vez que las han presentado y una vez que la opinión pública ha tomado nota, las aparquen porque formarán parte del todo, del paquete total. Si no, al final nos encontraremos con que cada grupo
parlamentario intentará, por vía de una proposición de ley, sustraer del pacto aquello que le interesa poner de relieve, poner sobre la mesa o acordar en un momento determinado y así es muy difícil que lleguemos a un acuerdo.


Señor Sánchez Serna, usted ha hablado poco del pacto, aparte de que usted no se fía de mí, está en su derecho. Me ha hablado fundamentalmente del Real Decreto 14/2012, pero esto no tiene nada que ver con el pacto, señoría. El Real Decreto
14/2012 es fruto de una situación política concreta, motivada porque España tenía un déficit de 90 000 millones de euros y teníamos unos compromisos con la Unión Europea que nos obligaban a reducirlo. ¿Usted cree que a este Gobierno le apetece
llevar a cabo medidas presupuestarias negativas o restrictivas? No nos interesa lo más mínimo. ¿Usted cree que al ministro de Educación de la época le gustaba el Decreto-ley 14/2012? Al final, en mi opinión, parte del fracaso de la Lomce en la
opinión pública y en la comunidad educativa es consecuencia del decreto-ley, porque es muy difícil hacer un cambio legislativo en materia educativa si al mismo tiempo te encuentras con restricciones presupuestarias. Yo no estaba en aquel momento,
estaba en otro lado, pero si me dijeran que contemplara esto diría que parte viene de eso. Es muy difícil, teniendo mayoría absoluta, cambiar la legislación en materia educativa y, al mismo tiempo, tener que explicar que hay que tomar una serie de
medidas que afectan a esa comunidad educativa, ya que se las tomará de manera negativa. Claro que sí, eso es parte del juego político. Pero eso no tiene nada que ver con la ley ni con el pacto, ese real decreto está, en parte, revertido. (El
señor Sánchez Serna hace signos negativos). Sí, sí, se lo puedo desgranar punto por punto; en parte, no he dicho en todo, en parte. Ese discurso del Real Decreto 14/2012 me suena un poco a viejo, me suena a que aquí no hemos renovado el discurso
y seguimos contando lo de antes, porque lo de antes tenía éxito y mucha gente decía que estaba en contra. Hemos revertido parte y seguiremos revirtiendo. Hay algunas cosas que a las comunidades autónomas no les va a gustar mucho si las revertimos,
todo hay que decirlo, y también hay que tener cuidado con eso. Realmente, mi compromiso con todo esto es que, en la medida en que podamos ir avanzando, lo haremos.


Hay un elemento que usted no me podrá negar -no voy a entrar en ratios de alumnos ni en sustituciones- y es que en lo referente a los docentes está clarísimo que lo hemos revertido, está clarísimo en lo que se refiere a las tasas de
reposición. Insisto, no es un capricho de este Gobierno, no queríamos fastidiar a los profesores, es que había que tomar unas medidas que tenían una repercusión económica para bajar el déficit. Eso se ha ido revirtiendo poco a poco y el Real
Decreto-ley 6/2017, que ustedes no votaron a favor, es un adelanto enorme respecto a la convocatoria de plazas. También está el proyecto de que en tres años se revierta la interinidad. Estoy de acuerdo con usted en eso que ha dicho de uno de cada
cuatro, es decir, un 20-25 %, según comunidades. Lo entiendo perfectamente, ¡cómo no lo voy a entender! Cuando hablamos de los profesores y los docentes, ¿qué expectativa profesional tiene alguien que en junio le dan de baja y en septiembre no sabe
si va a renovar o no? Poca. Aquí hay un proyecto para bajar hasta el 8 % desde el 20-22 %, que no está mal, parece un proyecto importante y me hubiera gustado que ustedes se hubieran sumado a la aprobación del decreto-ley, que es el primer paso.
Vamos a seguir haciéndolo. Ese decreto-ley fue un paso importante del ministro de Hacienda -al ministro de Hacienda le suelen criticar siempre pero ven que yo hablo bien de él- porque aprobó con los presupuestos generales para 2017 un decreto-ley
sobre estos asuntos. También hay que decir una cosa, que no todas las comunidades autónomas lo aprovecharon para convocar plazas. Eso no le atañe al Gobierno, no es mi competencia, pero las comunidades autónomas pudieron convocar plazas y no lo
hicieron porque no les convenía. Yo incluí una cláusula para que pudieran acumularlas el año que viene. La disposición que tenía el Gobierno en este asunto era positiva y lo sigue siendo.


Señor Serna, me ha acusado usted de todo. Me acusa usted de saltarme las competencias. Dígame cuáles, porque luego no me lo ha dicho. No me he saltado ninguna competencia, que yo sepa. Yo tengo un defecto y es que yo vengo del mundo del
derecho, y los del mundo del derecho tenemos ese problema: que intentamos ajustarnos a la ley. Sinceramente, creo que no me he saltado ninguna competencia. No tengo el más mínimo interés en atacar a ningún modelo educativo español. Fíjese,
cuando ha habido debates en el Parlamento que afectaban a la evaluación de los modelos educativos en las diferentes comunidades autónomas, usted no habrá oído decir jamás al ministro de Educación que una comunidad lo hace mal comparativamente con la
otra o que la gestión de una comunidad autónoma no es la correcta.

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Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque yo soy ministro de Educación de España y yo me siento concernido por lo que sucede en todas las comunidades autónomas, y por supuesto también en Cataluña. Esta mañana el señor Olòriz me hablaba del modelo
educativo catalán, y a mí me parece muy bien. Mejora la calidad de los alumnos y es positivo, y yo me siento concernido por él, no es algo que me sea ajeno. Yo también soy el ministro de Educación en Cataluña y, por tanto, a mí eso me afecta.
Ahora, le repito que saltarme las competencias, creo sinceramente que no lo he hecho. En la medida en que he podido y he sabido, lo he hecho con absoluto respeto a la legalidad, porque creo que es lo que tengo que hacer.


La señora Martínez Seijo me hablaba de los recortes -creo que ya me he referido a ello- y del Decreto-ley 14/2012. Me hace una pregunta sobre cómo vamos a integrar las aportaciones de la comunidad educativa a través del Consejo Escolar del
Estado, del grupo de trabajo en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. Yo estoy abierto a lo que ustedes quieran, a incorporarlos en su informe. Si eso no llega, lo haremos después. Yo he tenido la sensación, aunque puedo
equivocarme, de que varios diputados de esta Comisión o miembros de la subcomisión quieren que la subcomisión sea independiente; una vez que los comparecientes han intervenido, ustedes se muestran autónomos para hacer el informe que quieran. Bien,
yo le aseguro que lo tendré en cuenta. Me parece -lo he dicho antes y lo reitero- que la aportación de las comunidades autónomas, especialmente en el Consejo Escolar del Estado, es importante, y en la siguiente fase seguiré con ellas porque, al
final, si ese pacto no se traduce en una legislación que tenga el apoyo de las comunidades desde el principio, mal vamos. He intentado resumir qué es lo que me parecía, cuáles eran los once ejes de eso que podemos llamar el acuerdo nuclear. Usted
ha mencionado algunos con los que yo estoy de acuerdo y es verdad que nos los he comentado ahí. El plan de convivencia escolar es evidente que es muy importante. Usted habla de la flexibilidad de los currícula, y yo también me he referido a ella.
El aprendizaje de lenguas no lo he mencionado y es muy importante; tenemos que ver cómo lo encajamos. En cuanto a la inspección, ya le he dicho lo que pensaba. Yo le daría una pensada para ver si hay que articular una mayor capacidad para la alta
inspección de la que tiene actualmente, pero, insisto, eso dependerá de si hay un acuerdo suficiente para ello. Creo que hay que tener la mirada abierta, capacidad de debate y luego, al final, decidir.


En cuanto a lo que ha dicho antes respecto a la financiación, me he comprometido a que cualquier acuerdo político y social tiene que llevar aparejado un acuerdo de financiación. ¿Cuál es? No lo sé, porque no sé cuál es la ambición que
tenemos al final, la resultante del acuerdo, pero me parece que la credibilidad que tendremos como Parlamento si conseguimos llevarlo a cabo tiene que ir acompañada de ese acuerdo. Si no va acompañada de ese acuerdo, la gente al final no sabrá cuál
es la realidad política de ello. Usted lo ha mencionado, pero yo no veo que haya una centralización del sistema educativo en España. No la percibo; más bien al revés, creo que el sistema educativo en España está absolutamente descentralizando.
Esa es la realidad de las cosas. Me gusta decir, si hablamos de reforma constitucional, que un principio que no está en nuestro texto de 1978 y que deberíamos incluir es eso que los Estados federales alemanes llaman la bundestreue, el principio de
lealtad federal, porque si en España una comunidad autónoma -cualquier comunidad autónoma- no quiere cumplir con alguna disposición normativa, la última ratio es llevarlo a los tribunales; y eso no debería ser así. Yo recuerdo una conversación que
tuve con el antiguo presidente del Parlamento Europeo, mi buen amigo Martin Schulz -que es de su grupo-, cuando me acababan de nombrar ministro, en la que se le explicaba que en ocasiones aquí la ejecución de la normativa se hacía según entendía
cada comunidad autónoma. Y no le hablo de un grupo político determinado, también ocurría con mi grupo político, con mi partido; esto no tiene nada que ver con ideologías. Esto tiene que ver con que los consejeros tienen una disponibilidad muy
amplia y muchas veces el ministerio no está de acuerdo con la aplicación que hacen. Habría que plantearse si no tenemos que incluir alguna vía para que esos temas se resuelvan. Hoy en día se resuelven a través del diálogo, y dado que está aquí el
secretario de Estado quiero agradecerle a él y al equipo que le acompaña la capacidad que tienen que hablar con unos y con otros, porque, como he dicho antes, muchas veces lo que llega a los medios de comunicación es el recurso, que es la última
ratio, pero antes hay mucho trabajo y la mayor parte de las veces ese trabajo obtiene frutos. Yo me lo plantearía. Insisto en que el legado que creo que debemos dejar a los siguientes es plantearnos si no deberíamos incluir un precepto que diga
que hay que cumplirlo porque obliga a todos.


Señora Moneo, gracias por fiarse de mí; me preocuparía lo contrario. Creo, como usted -y lo he dicho también en mi intervención-, que el artículo 27 fue el primer pacto. Pienso que nos ha ido bien en estos años. Cuando evaluamos un
sistema educativo tenemos que hacerlo desde la perspectiva, y cuarenta años es un buen tiempo para hacerlo. A cualquiera que nos dijeran hace cuarenta años que la educación

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en España estaría como está y que el cambio radical de un modelo centralizado a un modelo descentralizado se iba a producir en los términos en que se ha producido, nos quedaríamos muy sorprendidos. Insisto en ello y lo recalco, considero
que ha sido para bien. Cuando en ocasiones queremos modificar las cosas, creo que no es necesario denigrarlas. La justificación del cambio es una justificación intelectual, incluso nacida de la experiencia. Yo les he contado con franqueza alguna
experiencia que he tenido en la aplicación de las leyes educativas, por si sirve. Me he encontrado con que, a lo mejor, los instrumentos a mi disposición no eran suficientes. Ahí lo dejo, pero creo que el cambio proviene de la experiencia, de la
voluntad de avanzar, de la voluntad de seguir en una línea, pero no hay que denigrar, insisto, el sistema educativo para legitimarse para el cambio. Se puede cambiar sin denigrarlo, y creo que haríamos mal en denigrarlo porque al final el sistema
educativo, como han dicho todos ustedes, es algo absolutamente capital en un país, es la manera de preparar a nuestros chicos y chicas a ser buenos ciudadanos el día de mañana. Hay una tarea capital de esos 700 000 docentes, que hacen una labor
extraordinaria. Que en ocasiones haya personas que no hagan bien su labor, o que no cumplan con ella, o que la distorsionen no significa, ni muchísimo menos, que debamos lanzar una especie de mancha de sospecha sobre todos. Eso lo puedo decir
también de los abogados. Yo soy abogado y estoy seguro de que hay abogados que no cumplen con el código deontológico, pero no se me ocurriría decir que todos los abogados son esto o lo de más allá. Por tanto, tengamos cuidado también en eso
porque, al final, parte de la importancia de los elementos del pacto es estar orgullosos de lo que tenemos; solo si estamos orgullosos de lo que tenemos seremos capaces de avanzar para cambiarlo a mejor.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Finalmente, como habíamos acordado en la reunión de Mesa y portavoces, los representantes de los grupos van a tener tres minutos para manifestarle al señor ministro aquello que crean conveniente antes de acabar esta sesión. Vamos a comenzar
por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, muy brevemente. En principio, quiero agradecerle su tono y planteamiento porque no es el mismo que el de la portavoz de su grupo parlamentario, a la que, evidentemente, le ha gustado mucho que el informe PISA último haya
tenido los resultados que ha tenido en Euskadi, cosa que en Euskadi tomamos con naturalidad porque hasta ahora estábamos en un nivel tan alto que el poco que se ha bajado ha generado una sensación de alivio a algunos que nunca han participado en
nada positivo en el sistema educativo vasco. Por tanto, quiero decir que es algo que nosotros asumimos con autocrítica y con capacidad de mejora, que es lo que se hace en los sistemas que funcionan, porque es un sistema decidido por la comunidad
educativa vasca en su conjunto: padres, alumnos, centros, Gobierno, etcétera; porque es una comunidad que exige ese tipo de educación.


Segundo, el tema de la alta inspección. La pregunta es: Los cambios se están planteando, ¿para qué? Se plantea aquí el tema de la alta inspección y claro que el estatuto y la Constitución dicen... Ya sé lo que dicen y lo que dejan de
decir, pero también lo ha dicho el ministro: las comunidades autónomas son las primeras que tienen competencia. Algunos quieren saltárselo porque como no les gusta cómo lo están haciendo las comunidades autónomas -no que lo hagan bien o que lo
hagan mal; no les gusta cómo lo hacen-, entonces recurren al gran hermano del Estado, que es el que debe salvar las vidas de los pobres alumnos que están siendo de alguna manera machacados, o no sé cómo definirlo, por eso tiene que venir el Estado.
Esto se debe a que algunos entienden la descentralización -y con esto acabo- como que las comunidades autónomas ejecuten las políticas educativas que se deciden en Madrid, que es donde se deben decidir. Y no, en nuestro caso por lo menos y con la
especificidad que nos da, no es que el Gobierno vasco ejecute las políticas educativas decididas en el Ministerio de Educación, es que el Gobierno vasco ejecuta las políticas educativas decididas en el Parlamento vasco y por el Gobierno vasco que en
ese momento esté, en este caso está el del PNV, estuvo el Partido Socialista también, etcétera. Esa es la diferencia.


Por lo demás, he de decirle, señor ministro, que espero que sus palabras sean realidad en cuanto al respeto al ámbito competencial, en cuanto a no modificar el sistema que ya existe y el objetivo de mejora, sin duda alguna, que es un
objetivo que todos tenemos. Y le vuelvo a reiterar que lo que mi grupo ha planteado como exigencia no es algo extravagante ni nada que le pille ex novo, porque es algo que

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repetimos siempre que comparece usted, sus antecesores y lo haremos con sus posteriores, no yo, sino el que esté en nombre de mi grupo.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín.


La señora MARTÍN LLAGUNO: En tres minutos tengo que contestar muchas cosas. Primero, una puntualización, porque seguramente lo he dicho mal y se me ha entendido mal. Yo no he dicho que las comunidades autónomas no tengan un papel
relevante en el pacto social y político por la educación, lo que he dicho es que el momento de las comunidades autónomas creo que no es el de la elaboración del informe de la subcomisión sino ulterior.


Dicho esto, le voy a contestar a dos cosas que a mí me parecen extremadamente graves. Mire usted, en la Comunidad Valenciana no ha ganado nadie, allí están perdiendo los ciudadanos porque el tema del decreto-ley del plurilingüismo, el
tercer decreto-ley, no es una cuestión ya de educación, es una cuestión de garantía de derechos; es gravísimo que se anule una resolución judicial por un decreto-ley porque el Gobierno se convierte en un tribunal de justicia, y esto es una
barbaridad; lleva a eliminar la separación de poderes. Por tanto, es una cuestión más grave que lo que tiene que ver únicamente con el primer decreto. Además, usted es abogado, letrado, sabe muchísimo y, por tanto, sabe que es grave.


Segundo, la alta inspección educativa no es subsidiaria, es ejecutiva. Es ejecutiva y, por tanto, no es subsidiaria. Aquí se ha hablado de la policía. No, es algo que está contemplado en la LOE, en la Lomce; son funciones ejecutivas y no
tienen nada que ver con la policía, tienen que ver con la garantía de los derechos de todos los españoles y con la igualdad educativa. Y no tienen nada que ver con que nos guste o no nos guste cómo se hace en las comunidades autónomas, tienen que
ver con garantizar que se respetan todos los derechos de los niños y de las niñas de este país.


No tengo nada más que decir.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, le agradezco a usted su tono siempre jovial y campechano. Quería hacerle una puntualización también: no es una cuestión de confianza personal, de que este grupo no confíe en usted, es una cuestión de confianza política.
Nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa son muchas de las medidas que ha adoptado usted durante estos meses, porque a nadie se le escapa que esta subcomisión no ha cancelado la política educativa del Gobierno. El Gobierno ha seguido teniendo
política educativa y ha seguido tomando medidas, algunas de la cuales van en la dirección contraria a algunos de los compromisos que parecía que se podían adoptar en esta subcomisión. En este sentido, le he planteado que se mantienen los decretos
de recortes que usted no se ha comprometido a derogar, ha dicho que cuando se pueda o cuando se vea. Ha habido recortes de partidas muy importantes, como educación compensatoria, en los Presupuestos Generales del Estado y tampoco usted ha anunciado
que vaya a haber alguna revisión en la próxima propuesta de Presupuestos Generales del Estado. Y también la falta de diálogo con una parte importante de la comunidad educativa, como son los estudiantes, en el cambio que afectaría el sistema de
becas. Tampoco ha recogido ese guante y tampoco se ha comprometido usted hoy aquí a nada.


Creo que si estamos aquí no es el resultado de un debate político etéreo, tiene que ver con el fracaso de la Lomce, con el fracaso de la ley educativa del señor Wert, que echó a la calle a la comunidad educativa con más de treinta huelgas
educativas. Y en este sentido, la comunidad educativa, al menos la que se estructura alrededor de la escuela pública, que es mayoritaria en este país, nos ha reconocido en esta subcomisión que había tres problemas fundamentales: el primero era la
Lomce, que para eso estamos aquí, para derogarla; el segundo son los recortes de la inversión educativa, y el tercero es un sistema educativo escasamente inclusivo. No sé qué compromisos concretos se van a plantear por parte del Grupo Popular.
Hoy esperábamos que usted, en el seno de esta Comisión, hiciera algún anuncio de qué enmienda o qué revisión de la política educativa que han llevado hasta ahora están dispuestos a realizar, pero no hemos escuchado nada; por tanto, nos quedamos
igual. Creo que usted tiene buena voluntad para alcanzar un pacto educativo que no sabemos muy bien en qué consistiría porque de

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propuestas concretas hoy no hemos escuchado mucho. Lo que le tengo que adelantar es que al Grupo Confederal de Unidos Podemos no le sirve cualquier pacto educativo ni a cualquier cosa se le puede llamar pacto educativo; un pacto educativo
tiene que afrontar -al menos afrontar, luego ya veremos a dónde se llega- los problemas estructurales que tiene nuestro sistema educativo y sin meterle mano a la infrafinanciación, sin meterle mano a la debilidad en la que está la red educativa
pública, que es la que más ha sufrido los recortes durante estos años, y también reforzar y acabar con la precariedad de nuestro profesorado. Algo que se llame pacto educativo sin afrontar estos tres temas quedaría muy devaluado. A lo sumo se
podrá hablar de acuerdos puntuales, pero esperábamos un poco más de altura y algunos compromisos fuertes para conseguir algo que se pueda llamar pacto educativo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez Serna.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.


La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, el Real Decreto de 2012 yo no considero que sea viejo porque trata temas de actualidad que, sin duda, están afectando de una manera muy directa al profesorado, y debemos recordar que el profesorado de este país, especialmente
el profesorado de la escuela pública, lleva sufriendo una serie de recortes no simplemente en sus salarios, sino en sus derechos. Se ha aumentado la ratio en las aulas, se le ha incrementado el horario lectivo, porque se ha pasado de veinte a
veinticinco horas en educación primaria y de dieciocho hasta veintiuna horas en educación secundaria; no se están cubriendo las sustituciones en los centros con menos de quince días. Creo que para que se le haga partícipe de un proyecto educativo
y de una nueva ley educativa -y esta es una de las razones por la que yo considero que la Lomce también ha fracasado- es porque no se ha hecho partícipe al profesorado de un proceso en el que tiene que estar absolutamente implicado. Y si nos vamos
al mismo modelo en el que no se implica a la comunidad educativa y al profesorado de un nuevo proceso y de un nuevo proyecto educativo de cara al futuro, me da la impresión de que se va a volver a fracasar en la implantación de una nueva ley.
Nosotros podemos tener muy buena voluntad, pero o se cuenta con la comunidad educativa o mal vamos.


En segundo lugar, creo que no me he explicado bien cuando he dicho lo de la centralización. Estoy más que de acuerdo con la descentralización educativa. Creemos en la descentralización educativa porque además entendemos que no simplemente
es que esté reconocida en la Constitución y por los distintos estatutos de autonomía, sino es que verdaderamente son las comunidades autónomas las que dan solución a aquellos problemas derivados y asociados a su propio contexto socioeconómico y, por
tanto, van a dar soluciones más realistas y más cercanas a algunos de los grandes problemas educativos que puede haber. Es evidente que hay una relación absolutamente intrínseca entre un contexto socioeconómico cultural de una comunidad autónoma y
sus resultados educativos. Eso es un hecho y está absolutamente constatado. Por tanto, las soluciones que se tienen que dar tienen que venir desde el conocimiento y desde la profundidad que se puedan abordar en las políticas educativas.


De la Lomce sí nos habría gustado tener algún compromiso más. De hecho, nosotros registramos tres proposiciones de ley porque entendemos que hay algunas cuestiones que son urgentes desde luego modificar y que no han sido atendidas
suficientemente por este Gobierno. No simplemente registramos tres proposiciones de ley, sino que hace poco tiempo debatimos una moción después de una interpelación que mantuve con usted hace escasas semanas y a mí me sorprendió, lamentablemente,
que el Grupo Popular votase en contra de cada una de las medidas que proponíamos en esa moción. Hay algunas cosas que yo creo que estaban más que superadas, pero nos habría gustado un compromiso más definitivo como derogar definitivamente las
reválidas porque lo tenemos regulado en un real decreto, pero sigue regulado en la Lomce, o dar una solución en los programas de Pemar para aquellos alumnos que están en cuarto de la ESO y que tienen que estar cursándolos por una vía ordinaria, y
también se votó en contra de eso. También se votó en contra de que el alumnado que está cursando la Formación Profesional Básica pueda titular definitivamente. Es decir, me preocupa mucho, dada la voluntad que ustedes dicen que tienen de diálogo o
de consenso y de alcanzar un acuerdo educativo, que voten en contra de una serie de cuestiones que nosotros entendemos que ya estaban superadas.


Finalmente, también me preocupa que usted haya alabado las políticas económicas del señor Montoro, cuando hace escasos días nos hemos encontrado con un anuncio del 3,8 % de financiación en educación por parte del señor Montoro, al que usted
admira tanto. Por otro lado, nos cuesta mucho ver que esto verdaderamente tenga ese compromiso de financiación para salir adelante cuando no hay un

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compromiso de una cifra porque lo único que vemos es un compromiso de una cifra, pero siempre a la baja. Veo que tiene voluntad, nosotros también, pero queríamos tener algún compromiso más claro y definitivo para tener más esperanza en que
esto verdaderamente pueda acabar en un acuerdo o en un pacto educativo que resuelva algunos de los problemas que tenemos en la educación española y, desde luego, avanzar hacia unos estándares de máxima calidad, que es lo que pretendemos para la
educación española desde este grupo.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez Seijo.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor Agirretxea, la verdad es que no creo que mis palabras hayan podido ofenderle. A mí no me gusta lo que está ocurriendo en el País Vasco entre otras razones porque yo he tenido la suerte de nacer a un kilómetro y medio de lo que ustedes
llaman País Vasco, Euskadi, y no creo que los padres tampoco estén contentos con que el sistema educativo esté descendiendo en calidad. Los padres no han elegido que el sistema educativo esté descendiendo en calidad. Ustedes con cierta humildad,
que es lo que yo le pedía, debieran reflexionar sobre a qué están dedicando su tiempo y sus recursos en vez de a mejorar la calidad de uno de los sistemas educativos que efectivamente ha tenido mejores resultados, pero que está siendo superado con
creces incluso por comunidades autónomas que tienen también como ustedes lengua cooficial.


En relación con el tema que el portavoz de Podemos ha planteado, el decreto de 2012 está ya parcialmente sustituido o derogado, como ustedes quieran decirlo. Se ha cambiado la ratio alumnos por aula, la tasa de reposición ha sido del 100 %
en los Presupuestos Generales del Estado del pasado año y se ha incrementado la oferta pública, las sustituciones, etcétera. Creo que todos estamos de acuerdo y se ha debatido en esta Cámara que el decreto de 2012 responde a una situación
determinada y a un momento determinado y que, evidentemente, cuando hablamos de recursos y hablamos de pacto presupuestario, tendremos que abordar esta situación -¡qué duda cabe!-, pero, como les decía antes, sobre todo cuáles son las prioridades y
los elementos que pueden mejorar la calidad del sistema educativo y a qué tenemos que dedicar los recursos.


Finalizo, señora presidenta, con una cuestión. Creo que debiéramos hacer una reflexión todos los grupos en relación con el momento que estamos viviendo y la lealtad que debemos tener en conjunto y esto quizá no tiene nada que ver con la
propia comparecencia o con el Gobierno, por supuesto. Efectivamente, llevamos nueve meses trabajando en el llamado pacto de Estado por la educación y creo que las relaciones han sido no solo cordiales, sino absolutamente colaborativas y tenemos un
material extraordinario sobre el que trabajar. Es cierto también que se han presentado iniciativas paralelas que cambian sustancialmente los modelos educativos al margen del pacto por diferentes grupos. Algunas se han quedado dormidas y otras se
han debatido.


Nosotros la pasada semana presentamos una proposición no de ley relativa a reforzar las competencias de la alta inspección, porque efectivamente es preciso a nuestro juicio, si solicitamos al Gobierno que tome determinadas medidas, reforzar
esas competencias de la alta inspección, pero nosotros estamos dispuestos a debatirlo en el marco del pacto, que es donde creemos que se tiene que debatir. Hay que buscar un marco de consenso sobre un tema sustancial que no puede ser partidario ni
partidista porque estamos hablando de las competencias del Estado y las comunidades autónomas. Y si eso no tiene que ser marco de un acuerdo a nivel nacional, díganme ustedes de qué estamos hablando en esto y en otras tantas cuestiones. Por tanto,
dentro de las legítimas aspiraciones que cada grupo puede tener, que, por supuesto, respetamos, llamo un poco a la lealtad entre todos para que podamos ya trabajar sobre propuestas concretas. Los grupos están trabajando, hay un índice sobre el que
tenemos que discutir y no intentemos adelantar de forma muchas veces poco leal, la verdad.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moneo.


Señor ministro, tiene su tiempo para contestar.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Muchas gracias, señora presidenta.

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El señor Agirretxea se ha tenido que ausentar, pero voy a decir una cosa en su ausencia. Se ha suscitado aquí la cuestión de la valoración de PISA y creo que la reacción de la consejera señora Uriarte fue la correcta. No fue decir no está
bien hecho, esto no nos afecta, sino vamos a tomar nota y vamos a ver qué podemos hacer, qué hemos hecho mal y cómo vamos a mejorarlo. Esa es la correcta siempre. Nosotros somos personas, no somos robots, nos equivocamos. ¿Qué tenemos que hacer?
Pues cuando vemos que los resultados que perseguimos no los obtenemos, la posición errónea es la del avestruz, meter la cabeza en la tierra y no querer saber nada. Insisto, la consejera Uriarte hizo bien e inicia una reflexión. Eso es lo que
tenemos que hacer y para eso sirve este debate parlamentario que se va a extender a lo largo de un año. Sirve para hablar de estas cosas y sirve para hablarlas sin arrojárnoslas a la cara, sino decir qué es lo que nos interesa para el futuro a la
vista de la experiencia y a la vista de estos años. Si al final pretendemos -y me he referido a ello en mi intervención- que ese pacto traducido en una nueva normativa dure muchos años, y yo creo que eso es positivo y que tiene un consenso amplio
en esta Comisión, tendremos que evaluar, analizar y valorar los cambios que queremos introducir.


El caso de la alta inspección tiene mucho sentido. La señora Moneo ha dicho: He presentado una proposición, pero la quiero debatir aquí en el pacto. Es lógico. No vale esconderse, decir que no hay aquí un problema y descalificarlo. A
veces las palabras tienen mucha fuerza. Ha dicho algún diputado que esto es para machacar a no sé quien. Esto no es para machacar a nadie. Esto es simplemente para hacerlo eficaz. Si me preguntan ustedes, yo les reitero lo que he dicho en el
Pleno y lo digo hoy aquí. El ministro de Educación tiene pocas capacidades es esta área y las tiene limitadas por la ley y planteo si el ministro de Educación -sea del partido que sea en el futuro, no pensando en una situación particular de este
momento- no debería tener más.


Señora Martín, son subsidiarias; aunque sean ejecutivas, son subsidiarias. Si hay un delito, lo pongo en conocimiento de la fiscalía. Pero si no hay delito, tengo que dirigirme al consejero de Educación de la comunidad autónoma
correspondiente comunicándole: me dicen esto, hay estas denuncias, investigue usted. Primero le mando una carta de colaboración, que es a lo que me obliga la ley -no me puedo saltar la ley- y, si no obtengo una respuesta satisfactoria, le mando un
requerimiento y, en tercer lugar, acudo a los tribunales al amparo del artículo 43 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Esa es la situación. ¿Hay que cambiar eso? ¿Conviene cambiar eso? Yo creo que sí, pero insisto
en que este no es un tema para una situación concreta. Esto no es para hacer un titular hoy, sino para planteárselo para el futuro. Es bueno que lo pensemos, que haya un debate y que al final se llegue a una solución sin que nadie interprete nada.
Esto no está pensado para una comunidad autónoma. Nadie debe interpretar que hay un intento de provocar o que hay algún tipo de actitud del ministerio en esta materia. Les doy mi opinión nacida de la experiencia de estos años y de nada más. Yo lo
haría.


Le reitero lo que he dicho antes respecto al decretoley. Creo que el decretoley revierte al decreto de 2012. Es impepinable; lo dice el artículo 2. Es discutible si se tendría que haber hecho de esa forma o de otra. Yo le digo que el
Consejo de Ministros este viernes tomará la decisión de abrir la comisión bilateral con la Comunidad Valenciana, porque estoy convencido de ello y me parece que es lo positivo para el futuro -si estas cosas se plantean otra vez en el futuro,
tendremos un antecedente- y, como he dicho antes, porque creo que la labor del ministro de Educación es hablar y dialogar con las comunidades autónomas y con los consejeros; y eso es lo que hacemos en todo momento.


Señor Sánchez Serna, ya sé que no es nada personal, pero me recuerda a El padrino. (Risas). Le voy a decir una cosa y se la voy a decir sin acritud; al revés, con simpatía. Creo que ustedes tienen una actitud muy negativa respecto a todo
en este Parlamento y no deberían tenerla. Al final, nosotros no somos unos señores raros. En este tema queremos buscar un sistema educativo que mejore la calidad de la enseñanza en España. A lo mejor ustedes dentro de unos años son los que tienen
que gestionarla; puede pasar, los electores con capaces de eso. Me gustaría que tuvieran ustedes una actitud más positiva, y no me refiero a usted particularmente. Mi experiencia en mi poco tiempo aquí -no con usted, sino con su grupo
parlamentario en general- es que no quieren llegar a acuerdos en nada. Eso no es bueno, porque al final la vida es intentar poner cosas en común y yo desde luego así lo intento. Yo he dialogado con todo el mundo, pero el diálogo no significa que
tenga que estar de acuerdo con lo que dicen los demás. Nadie puede negar que yo dialogo. Yo escucho a todo el mundo e incluso dialogo con algunos que no quieren dialogar conmigo, que cuando les convoco al ministerio no me quieren dar la mano y que
llegan, leen un papelito y, cuando voy a contestar humildemente al papelito, dicen que no quieren escucharme y se van. Yo dialogo con esos y con todos, porque me parece que hay que escuchar. Muchas veces las cosas necesitan cierto tiempo para
reposar y vamos a continuar con la política que lleva el ministerio. Ahora bien,

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el hecho de no atender las posiciones de algún sector de la comunidad educativa no significa que no haya diálogo, sino que significa que no estamos de acuerdo, pero de alguna manera se abre camino.


Señora Martínez Seijo, queda claro lo de la centralización. Yo la había entendido mal. Si al final el pacto no cuenta con apoyo -y apoyo significa participación e involucración de la comunidad educativa-, ni usted ni yo ni nadie se lo
creerá. Pero ustedes tienen una responsabilidad. Al final ustedes son los que votan, los que toman las decisiones y, cuando acabe todo este proceso y haya una ley -si la hay, yo espero que la haya-, la votarán ustedes. Por tanto, habrá que sentar
aquí a la comunidad educativa a lo largo de ese proceso. Yo me he comprometido a hacerlo, lo he hecho aquí ante ustedes y lo haré en la que antes hemos llamado fase 2. Me parece que es capital. Me dice que esperaba escuchar alguna cosa más. En
los treinta y ocho o cuarenta minutos que he hablado me parece que he dicho muchas cosas. No he dicho que haya que derogar las reválidas, porque creo que no hay que derogar las evaluaciones. Eso quiero dejarlo claro. Yo creo que hay que evaluar,
y cómo lo hagamos es otra cuestión. Su grupo parlamentario está a favor de las evaluaciones -las evaluaciones-, pero lo de las reválidas es una cosa que utilizan políticamente. Yo estoy a favor de las evaluaciones, porque no estar a favor de las
evaluaciones no tiene ningún sentido. En la vida nos evalúan todos los días a todos. Estoy seguro de que usted también está a favor de las evaluaciones. ¿Cómo las hacemos? Ese es el objeto del pacto, determinar cómo las hacemos.


Yo he aprendido mucho en estos años. Al principio dije que venía aquí a aprender y alguien me dijo que aquí ya hay que venir aprendido. No, señor, yo he aprendido mucho sobre cómo hay que hacer estas cosas. Usted, que ha seguido muy
atentamente los acuerdos de nuestros grupos parlamentarios, sabe que en el decretoley yo fui más allá del acuerdo de investidura. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas me hicieron recapacitar en algún tema, por ejemplo, respecto a la
evaluación de 6.º de primaria. Eso está bien y no me cuesta nada decirlo. Lo reconozco con toda normalidad. Ha hablado usted de otros temas -Pemar, FP básica- y vamos a ver cómo los modificamos. Ya le he dicho que algunas cosas requieren un
cambio legislativo y la situación es la que es en estos momentos. Yo he tomado buena nota.


Respecto al acuerdo presupuestario, creo que estará en función de la ambición del contenido del pacto y, sobre todo, en función de que ustedes mismos -ustedes, que serán los artesanos del pacto- digan lo que quieren, para cuántos años, con
qué objetivo, cómo se evaluará y lo que se necesita para ello; es decir, todos los años el presupuesto deberá contener un aumento de tanto. Yo no estoy en condiciones en estos momentos de poner cifras. Sería un frívolo si les dijera a ustedes que
vamos a aumentar una determinada cantidad. Está en sus manos. Son todos ustedes los que van a ser protagonistas de esto y, en función de la ambición, son ustedes los que tienen que ponerlo. La ventaja que tiene -y quiero poner énfasis en esto- es
que quedará ahí y, si al final no se puede modificar salvo con mayoría supercualificada, el Gobierno que venga, el siguiente y el otro estarán obligados a cumplirlo. Eso forma parte de la ambición intrínseca del pacto. Por tanto, no le puedo dar
una cifra, pero creo que tiene bastante sentido político hacerlo de esa manera.


Señora Moneo, ya le he dicho antes que me alegra que su grupo parlamentario haya presentado una proposición no de ley pero dentro del pacto. Es lo que hay que hacer. Además, probablemente la alta inspección centrará mejor las cosas, porque
tenemos que dar muchas respuestas y hay que darlas pensando en el futuro y no en el cuarto de hora presente. Si estamos haciendo un pacto, tenemos que tener esa voluntad de perseverar y permanecer en el tiempo y no de resolver problemas
coyunturales. Por tanto, la felicito por lo que ha dicho.


Y respecto al Real Decreto-ley 14/2012, yo espero que el señor portavoz del Grupo Podemos haya tomado nota, porque es verdad que siempre me pregunta por el Real Decreto-ley 14/2012 y le digo lo que ha sido revertido, pero no tengo mucho
éxito y me lo vuelve a preguntar en la siguiente ocasión. Usted ha hecho una exposición de aquellos puntos que han sido revertidos y así es. El más importante de todos es el tema de la tasa de reposición. A mí me gustaría que cuando dijéramos que
hay que revertir todo eso porque hay que acabar con la precariedad de los profesores, y es absolutamente cierto, luego eso se tradujera al voto en el Pleno, porque si eso significa que los demás tomamos posiciones y avanzamos en esa línea pero al
final los que nos piden que avancemos en esa línea luego no votan a favor, no me parece serio.


En todo caso, señorías -y para rematar, señora presidenta-, yo quiero agradecerles mucho la acogida y sus intervenciones. Incluso en los que se abstuvieron en la constitución de la subcomisión yo veo buena actitud -o llamémoslo como
queramos- o participación crítica. Me parece que todos somos

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conscientes de que este es un tema realmente importante. Yo recuerdo aquella portada de El País donde sacaban a los miembros de la subcomisión diciendo: estos son los que van a hacer el pacto. Que sepan ustedes que hay mucha gente que
está pendiente de esto. Creo que en estos momentos -no sé como llamarlos- de cierta zozobra política en España, si nosotros somos capaces de mostrar y demostrar que en un tema importante de verdad nos ponemos de acuerdo, rendiremos un gran servicio
a nuestro país.


Señora Martínez Seijo, no le he contestado a una cosa. Usted me ha pedido -y también lo ha hecho algún otro diputado- que el ministerio apoye a la subcomisión. Señora presidenta, lo vamos a hacer encantados, nos pondremos con el secretario
de Estado a su disposición con la idea de que recoja eso que he llamado el proyecto nuclear fruto de las comparecencias y de todas estas intervenciones que han tenido lugar estos días, especialmente en el día de hoy.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor ministro, por su comparecencia y por ese último ofrecimiento, porque es mucho el trabajo que hay que hacer y nos encontraríamos un poco agobiados si no consiguiéramos una ayuda externa.


Les recuerdo que, después de despedir al señor ministro, estamos convocados para reunión de Mesa y portavoces para planificar las próximas reuniones de la subcomisión y de la Comisión.


Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.