CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 327

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ

Sesión núm. 16

celebrada el miércoles,

27 de septiembre de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias:


- De la señora secretaria de Estado de Comercio (Poncela García), para presentar la memoria de actividad del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) correspondiente al año 2016, dar cuenta de la ejecución anual del fondo y
hacer balance sobre las actuaciones del mismo, en cumplimiento de la Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española, y del Real Decreto 1797/2010, de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el reglamento del Fondo para la Internacionalización de la Empresa. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000792) ... (Página2)


- Del señor presidente de la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB (Ponce Huerta), para informar sobre la evolución de las actividades del FROB, los elementos fundamentales de su actuación
económico-financiera y la gestión de los mecanismos de financiación que le corresponden, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
Por acuerdo de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad. (Número de expediente 212/000984) ... (Página24)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


COMPARECENCIAS:


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (PONCELA GARCÍA), PARA PRESENTAR LA MEMORIA DE ACTIVIDAD DEL FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (FIEM) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DAR CUENTA DE LA EJECUCIÓN ANUAL DEL FONDO Y
HACER BALANCE SOBRE LAS ACTUACIONES DEL MISMO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 11/2010, DE 28 DE JUNIO, DE REFORMA DEL SISTEMA DE APOYO FINANCIERO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA, Y DEL REAL DECRETO 1797/2010, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000792).


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.


Damos comienzo a la sesión prevista para el día de hoy en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, cuyo primer punto del orden del día es la presentación de la memoria de actividad del Fondo para la Internacionalización de la
Empresa, FIEM, correspondiente al año 2016, dar cuenta de la ejecución anual del fondo y hacer balance sobre las actuaciones del mismo en cumplimiento de la Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la
internacionalización de la empresa española y del Real Decreto de 30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del Fondo para la Internacionalización de la Empresa.


Dicha presentación va a tener lugar por la secretaria de Estado de Comercio, doña Marisa Poncela García, a quien, ante todo, agradecemos su presencia en la Comisión y su disposición para informar a la misma de los asuntos que acabo de
mencionar. El sistema que seguiremos será el de otras ocasiones, es decir, habrá una intervención por parte de la secretaria de Estado, después intervendrán los distintos grupos y, finalmente, la señora secretaria de Estado volverá a tomar la
palabra para aclarar, contestar o hacer las manifestaciones que considere oportunas respecto de las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios.


Tiene la palabra la señora secretaria de Estado de Comercio.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (Poncela García): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, es un honor para mí comparecer por primera vez ante esta Comisión de Economía, Industria y Competitividad para presentar la memoria de actividad 2016 del Fondo para la Internacionalización de la Empresa, al que en adelante me voy a
referir como FIEM. Con ello se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española. Aunque mi intervención se va a centrar
en presentar la memoria del FIEM correspondiente a 2016, añadiré los datos de 2015 al no haber tenido lugar la comparecencia correspondiente en ese año.


Por tanto, permítame comenzar con una referencia a la evolución del sector exterior. Como saben sus señorías, la economía está saliendo de la crisis más profunda de la historia reciente y lo ha hecho gracias al esfuerzo de todos los agentes
y a un intenso proceso de reformas estructurales, de saneamiento del sistema financiero y de corrección de los desequilibrios que tradicionalmente estrangulaban el crecimiento: el déficit de la balanza por cuenta corriente y el sobreendeudamiento,
entre otros desequilibrios. El año 2016 terminó con resultados históricos en exportaciones de mercancías. Las exportaciones alcanzaron la cifra de 254 500 millones de euros y el déficit comercial se redujo en un 22,4 %, situándose en 18 700
millones de euros. Esta tendencia de aumento de las exportaciones ha continuado durante los primeros siete meses de 2017, en los que se observan crecimientos del 9 % respecto al mismo período del año anterior.


Permítanme que añada que, más allá de las cifras, nuestro sector exterior está experimentando un salto cualitativo importante. Como todos sabemos, exportamos turismo y somos una referencia indiscutida en este sector pero lo verdaderamente
relevante es que en la balanza de servicios las exportaciones no turísticas ya suponen más del 50 % y crecen a tasas de entre el 6 y el 7 %. Detrás de esas exportaciones no turísticas se encuentran servicios de alto valor añadido de las empresas
españolas, tales como consultoría, ingeniería y servicios profesionales, entre otros. Como resultado de todo lo anterior, la balanza

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por cuenta corriente arrojó por cuarto año consecutivo un superávit equivalente al 2 % del producto interior bruto. Igualmente positivos son los datos de inversión extranjera directa en España. En 2016 la inversión productiva se mantuvo
prácticamente en los mismos términos que en 2015, es decir, se consolida la recuperación de la inversión extranjera registrada en 2015, en un contexto en el que, según las previsiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo -la Unctad-, los flujos de inversión caerán entre el 10 y el 15 %.


Señorías, estos datos que les acabo de aportar implican que en los siete últimos años el sector exterior ha pasado de representar el 25 % a representar el 33,1 % del PIB. En resumen, el sector exterior ha incrementado en ocho puntos su peso
en nuestra economía y hoy somos la segunda economía más abierta de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania. Nuestro objetivo como Secretaría de Estado de Comercio es lograr que esta evolución positiva del sector exterior se consolide y
continúe. Este objetivo se encuentra recogido en la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027 que, como saben, ha sido recientemente aprobada por el Consejo de Ministros y ya he solicitado la comparecencia ante esta
Cámara para poder venir a presentarla a sus señorías.


Desde la Secretaría de Estado de Comercio ponemos al servicio de la internacionalización de la economía un modelo de apoyo integral para abordar la salida y la consolidación de nuestras empresas en el exterior, promoción, asesoramiento y
apoyo financiero. Dentro del capítulo de apoyo financiero esta Secretaría de Estado de Comercio cuenta con distintos instrumentos. En primer lugar, los seguros y avales que ofrece Cesce por cuenta del Estado. En segundo lugar, el capital riesgo
en el exterior, instrumentado a través de Cofides, que también gestiona los fondos de capital riesgo FIEX y Fonpyme. En tercer lugar, la cobertura a los bancos del riesgo de tipo de interés mediante el esquema de ajuste recíproco de intereses, el
conocido como CARI. Y, finalmente, los créditos que se instrumentan a través de FIEM, heredero del antiguo Fondo de Ayuda al Desarrollo, conocido como FAD, que se escindió en el fondo FIEM y en el Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode).


A continuación me voy a centrar en el fondo FIEM. Como saben sus señorías, el FIEM es un fondo carente de personalidad jurídica creado en 2010 en el marco de la reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización, que inició
su andadura en 2011. El FIEM opera de acuerdo con la normativa internacional en materia de apoyo oficial a la exportación, en particular con las normas recogidas en el Acuerdo sobre el crédito a la exportación con apoyo oficial, conocido como el
'consenso OCDE'. El FIEM es un fondo que pretende dar financiación a las empresas españolas para exportar bienes y servicios y para invertir en el exterior. Principalmente actúa en mercados complejos y allá donde existen dificultades de acceso a
la financiación privada. Señorías, el objetivo último del fondo es que ninguna empresa española se encuentre en dificultades financieras para acometer sus inversiones fuera de nuestras fronteras y que ningún cliente extranjero deje de contratar a
una empresa española como suministradora por falta de financiación. La financiación del FIEM se articula o bien a través de lo que se conoce como un crédito comprador -es decir, un crédito al comprador extranjero de los bienes y servicios
españoles- o bien a través de un crédito al inversor español en el extranjero, pero en cualquiera de los dos casos el cliente destinatario de la financiación FIEM siempre será un no residente. El crédito comprador FIEM financia operaciones bien en
condiciones comerciales, bien en condiciones concesionales. Las primeras, las comerciales, son aquellas que se ajustan a condiciones de mercado y pueden concederse a cualquier país. El tipo de interés de estas operaciones es el tipo mínimo que
permite el 'consenso OCDE', siempre en línea con los intereses del mercado. Por su parte, las operaciones de carácter concesional tienen unas condiciones financieras más favorables que las del mercado. Se conceden a países definidos por el Banco
Mundial como países de renta media-baja o de otras categorías, como los denominados HIPC, que son los países pobres altamente endeudados, o los PMA, que son los países menos avanzados. En la modalidad FIEM de crédito inversor solo es posible
financiar operaciones en condiciones comerciales. Como más adelante veremos, en algunas de las operaciones de 2015 y 2016 estas dos modalidades de financiación -es decir, el crédito comprador y el crédito inversor- pueden operar de manera
combinada. Como saben sus señorías, el FIEM se nutre de dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado y de los recursos procedentes de las devoluciones de los créditos concedidos y de las comisiones e intereses. Desde el inicio
de su actividad en 2011, el fondo ha operado con un techo máximo de aprobaciones anuales fijado en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado de hasta 500 millones de euros. En estos momentos el fondo obtiene rendimientos suficientes
de operaciones ya concedidas como para asegurar su autosostenibilidad a corto y medio plazo. En sus seis años de actividad el FIEM ha ido adecuando su funcionamiento a las necesidades financieras de cada momento y

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así, en un principio, el fondo estuvo más orientado al crédito comprador concesional con garantías soberanas y después ha ido evolucionando hacia el crédito comercial, tanto en la modalidad de crédito comprador como en la de crédito
inversor, incluyendo la modalidad de project finance. Esta evolución ha permitido que el fondo tenga una cartera equilibrada entre operaciones concesionales y comerciales, y así en el período de 2011 a 2016 un 45 % del importe de los préstamos
aprobados corresponde a operaciones comerciales. El FIEM ha seguido una política de control estricto y diversificación del riesgo de modo que a 31 de diciembre de 2016 no existe ningún impago desde el inicio de operaciones del fondo FIEM. Los
únicos impagos y atrasos existentes a finales de 2016 corresponden a antiguos créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, el conocido como FAD. Esto explica que a día de hoy la morosidad del FIEM consolidado entre FAD y FIEM sea del 4,09 %, una
cifra 5 puntos inferior a la morosidad del sector bancario español. El tipo de países con los que opera el FIEM hace que estos datos sean especialmente relevantes y avalen la sostenibilidad del fondo en el futuro. Las operaciones están debidamente
respaldadas, bien con garantía soberana, bien con garantía privada, a la que se ha sometido a un exhaustivo control antes de su aprobación.


Señorías, quiero resaltar el importante papel anticíclico que ha desempeñado el FIEM mediante el apoyo a la internacionalización de la empresa española en los años de mayores dificultades de acceso al mercado financiero privado. Ahora, la
mejoría sustancial de la economía internacional y de la española en particular han normalizado los mercados de crédito y fluyen con normalidad los fondos privados para financiar proyectos viables. No obstante, el FIEM sigue jugando un papel crucial
en la financiación de aquellos proyectos de inversión en el extranjero o de exportación a los que no llega el sector privado, bien por su naturaleza o bien por el país en el que se desarrollan. Esto es debido a varias razones. En primer lugar, a
su capacidad de apalancar recursos financieros privados para operaciones en el exterior, es decir, el FIEM anima a la inversión privada a participar en proyectos de internacionalización liderados por empresas españolas, y así el efecto multiplicador
de la financiación FIEM supone que por cada euro de financiación pública se hayan generado contratos privados por 2,21 euros. En otras palabras, desde el inicio de la actividad del FIEM en 2011 hasta finales de 2016 se han aprobado 77 operaciones
en 39 países, por un valor de 1378 millones de euros, que han generado contratos de exportación e inversión para empresas españolas por valor de 3048 millones de euros. Junto a este apalancamiento de recursos privados, el FIEM tiene un importante
efecto arrastre para la economía en la medida en que los proyectos suelen implicar además la subcontratación de otras empresas españolas, generalmente pymes. Así, en la evaluación de los proyectos FIEM se toman en consideración no solo los efectos
directos de la operación sobre la empresa española inversora o exportadora, sino también los efectos sobre otras empresas que pueden beneficiarse indirectamente del proyecto, bien como suministradoras o a través de otras formas de colaboración. En
todo caso, el efecto arrastre más importante es el que se produce en relación con la creación de empleo, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. En definitiva, el papel del fondo FIEM es esencial para mitigar los efectos de
posibles fallos de mercado.


La gestión de este fondo FIEM corresponde a la Secretaría de Estado de Comercio, que es la responsable de la selección y definición de los proyectos a financiar. Por su parte, el Instituto de Crédito Oficial -el ICO- se encarga de la
administración financiera del FIEM y anualmente se definen unas líneas orientativas que describen las principales prioridades para el ejercicio, que están publicadas en la página web del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Una vez
recibida la solicitud de financiación FIEM, los órganos técnicos de la Secretaría de Estado de Comercio analizan la operación y en especial la idoneidad del país y el sector propuesto desde el punto de vista del interés para la internacionalización
de la empresa española, pero analizan asimismo la estructuración financiera de la operación, proponiendo las condiciones financias a ofrecer. Ese análisis es elevado en primera instancia al Grupo de trabajo FIEM y solo en el caso de que la
evaluación sea favorable pasa al Comité FIEM, de composición interministerial. En concreto, forman parte del comité, además de la Secretaría de Estado de Comercio, la Dirección General del Tesoro, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,
el ICO, Cesce y Cofides. Para el examen de los proyectos FIEM se tienen en cuenta los informes de evaluación independiente de la solvencia del deudor, las auditorías de precios en el caso de adjudicaciones directas y los certificados de Hacienda y
Tesoro para acreditar el cumplimiento de la Ley de presupuestos. Asimismo, se requiere una completa documentación anticorrupción y antiblanqueo de capitales.


Por lo que se refiere a la aprobación final del proyecto, la financiación ofrecida a un beneficiario soberano en términos comerciales y la amparada por las líneas de crédito en vigor se aprueban por la Secretaría de Estado de Comercio. El
resto de las operaciones, es decir las concedidas a beneficiarios

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privados en términos comerciales, así como las operaciones en términos concesionales y las que se otorgan a países pobres altamente endeudados, los conocidos como HIPC, deben ser elevadas para aprobación al Consejo de Ministros, previo
examen de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Una vez aprobado el proyecto, el ICO, en su calidad de agente financiero del FIEM, negocia y firma el convenio de crédito y administra los cobros y pagos del proyecto. En todo
caso y con el objetivo de que no se pierda ningún contrato ni ninguna inversión posible, la Secretaria de Estado de Comercio emite a petición de los interesados cartas de intención de financiación FIEM. Estas cartas aseguran que en principio es
factible financiar el proyecto con fondos FIEM y que esta financiación está siendo tramitada, obviamente sin prejuzgar el resultado último de su tramitación.


Señorías, antes de ofrecerles los datos de la actividad del FIEM en ejercicio 2016 les aportaré las principales cifras de lo que fue el año 2015. En ese año se aprobaron seis operaciones por un importe de 175,09 millones de euros. Un 61,6
% del importe corresponde a financiación ofrecida en términos comerciales y un 38,4 % a financiación concedida en condiciones concesionales. Las operaciones se centraron en cuatro sectores económicos: energía, aguas, infraestructuras y bienes de
equipo. Son sectores prioritarios en los que las empresas españolas han venido mostrando un alto conocimiento y competitividad a nivel internacional. Y por países, Sri Lanka absorbió el 38,4 % de los fondos adjudicados en 2015, seguido de Uruguay
con un 29,7 % del importe total adjudicado. Brasil, Gabón y Paraguay completan la lista de países beneficiarios del FIEM en el año 2015. Ese año las operaciones financiadas en términos comerciales fueron las siguientes. El primer proyecto
financiado fue el diseño y construcción de una planta potabilizadora en Ntoun, Gabón, que incluye la realización de la ingeniería, el aprovisionamiento y la construcción de una estación de tratamiento de agua potable. El importe del crédito
concedido fue de 18,4 millones de euros. Las autoridades gabonesas adjudicaron el proyecto por concurso internacional al consorcio español formado por Acciona Infraestructuras y Acciona Agua. Este proyecto supone un notable efecto arrastre
exportador global para España, con la participación de más de cincuenta proveedores suministradores al subcontratista principal. Muchos de estos subcontratistas eran pequeñas y medianas empresas de los sectores de bienes de equipo e ingeniería.


El segundo proyecto de 2015 fue el diseño e instalación de una planta de producción de estériles inyectables y de líquidos semisólidos en Paraguay. El contrato, negociado entre empresas privadas, fue desarrollado por la empresa española
EMTE SLU. Su importe supera los 6 millones de dólares e implica un elevado efecto arrastre exportador, cerca del 70 % del importe total del proyecto, y respalda el proceso de internacionalización de un conjunto de pymes que han firmado contratos de
suministro con la empresa española que llevará a cabo este proyecto.


El tercero de los proyectos que se aprobó en 2015 fue la construcción del parque eólico Maldonado II, en Uruguay, una ampliación del parque eólico Maldonado I, que fue adjudicado en su día a un consorcio español mediante licitación
internacional que contó también con financiación FIEM. El importe del crédito concedido fue de 52 millones de euros. El titular de la financiación es una sociedad de propósito específico, SPV, participada en un 80 % por la empresa española
Smartener S.L. y el gestor técnico del proyecto es la empresa española Alarde S.L. Este es, además, un ejemplo de cofinanciación con el Banco de la República Oriental de Uruguay. En vista de la buena ejecución y gestión de dicho proyecto la
entidad pública Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, UTE, ha vuelto a apostar por la ingeniería española para la ejecución de un nuevo parque de 50 megavatios en Maldonado, Uruguay.


El cuarto proyecto que concedimos en el año 2015 fue la inversión en el sector de los simuladores de conducción en Brasil. El proyecto apoya la implantación estratégica de Everis Aeroespacial, Defensa y Seguridad, en el mercado brasileño de
formación vial mediante la utilización de simuladores de conducción de automóviles. El crédito otorgado a la sociedad brasileña Prosimulador Tecnología de Tránsito S.A. permite la adquisición de 4000 equipos. Su importe asciende aproximadamente a
32 millones de euros y han sido fabricados por empresas españolas entre las que destaca una importante participación de pymes españolas. La realización de este proyecto permitirá dar un fuerte impulso a las exportaciones españolas de elevado
contenido tecnológico y alto valor añadido, contribuyendo a la imagen tecnológica que hay de nuestro país y al mejor posicionamiento de nuestras empresas.


La financiación concedida en términos concesionales en 2015 se dirigió a dos operaciones. La primera de ellas fue el diseño, suministro y construcción de tres pasos elevados de estructura metálica en Colombo, Sri Lanka, adjudicado por las
autoridades de ese país a la empresa española Centunión Española de Coordinación Técnica y Financiera S.A. La financiación FIEM representa en torno al 70 % del valor del contrato, que asciende a 53,7 millones de euros. El contrato fue sometido a
una auditoría de

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precios. Esta operación representa un importante arrastre exportador que se cifra en más de 36 millones de euros. Supone la participación de numerosos suministradores españoles y es de esperar que las exportaciones españolas a Sri Lanka se
vean impulsadas por el refuerzo de la imagen de las empresas españolas de construcción e ingeniería.


El segundo de los proyectos en condiciones concesionales de 2015 fue la construcción de una planta de suministro y tratamiento de agua en Anamaduwa, Sri Lanka, adjudicado mediante licitación internacional al consorcio español formado por
Seta Proyectos Internacionales S.L. y Ellipse Projects Sas, ambas empresas propiedad del grupo Eurofinsa S.A. Incluye también la formación de personal cualificado para garantizar la continuidad y mantenimiento de la planta. La financiación FIEM
de esta operación asciende a 29,5 millones de euros y se realiza en cofinanciación con un crédito comercial. El arrastre exportador para España representa el 70 % del importe del proyecto, que se concentra en bienes de equipo y servicios de
ingeniería.


Paso ahora, señorías, a centrarme en la actividad del Fondo FIEM a lo largo del ejercicio 2016, que se ha traducido en diez operaciones de ocho empresas por un importe de 226,6 millones de euros. Esto supone un incremento del 29,4 %
respecto a 2015. Si atendemos al número de proyectos aprobados, seis de los diez proyectos se han financiado en condiciones comerciales. Sin embargo, si atendemos al volumen de financiación el 91 % de la financiación aprobada lo fue en términos
concesionales. Ello es debido fundamentalmente a una operación de gran envergadura: el proyecto relativo al suministro de material rodante para el metro de Quito, al que luego me referiré.


Por lo que se refiere a la distribución geográfica de las operaciones 2016 del FIEM, el 85 % de la financiación aprobada se destinó a Iberoamérica, con seis países beneficiarios. Adicionalmente, el FIEM busca apoyar la entrada de empresas
españolas en nuevos mercados y así en 2016 cinco de los diez países que han recibido financiación lo han hecho por primera vez. La distribución sectorial refleja que la financiación FIEM se concentró en cinco sectores económicos, que son bienes de
equipo TIC, aguas, energía y medio ambiente. Son sectores todos ellos en los que las empresas españolas son punteras, con desarrollos muy sofisticados de alto valor añadido y un alto grado de competitividad a nivel internacional. De las ocho
empresas beneficiarias de los Fondos FIEM, cinco son pymes y de los tres proyectos ejecutados por grandes empresas hay que tener en cuenta también la subcontratación de estos proyectos, que generan, entre otros, contratos para pequeñas empresas.


Permítanme, señorías, que les describa a continuación las operaciones de financiación aprobadas en 2016 con cargo al FIEM. En primer lugar, el primer proyecto de los concedidos en términos comerciales ha sido la instalación llave en mano de
un sistema de riego mediante bombeo de agua con energía solar fotovoltaica en la República Dominicana. Este proyecto, que ya está terminado y en funcionamiento, se ha desarrollado por la empresa española Salix Energías Renovables S.L. El importe
de los bienes y servicios españoles suministrados es de 174 357 dólares USA, lo que supone un 83 % sobre el importe total del proyecto. Debo destacar, señorías, el impacto medioambiental positivo derivado de la realización de este proyecto. Según
estimaciones de la empresa, el cambio del sistema de alimentación de energía fósil a energía solar evitará la emisión a la atmósfera de más de 100 000 kilogramos de CO2 al año. Además, la financiación de este proyecto supone un apoyo muy importante
para una pyme que se encuentra en las primeras fases de su proceso de internacionalización. El apoyo financiero a este tipo de empresas es esencialmente relevante por dos razones: por la mayor dificultad que tienen para poder acceder a los canales
del mercado y por la importancia de apoyar a las pymes en los estadios iniciales de su salida al exterior.


Me gustaría hacer mención a continuación a los dos proyectos desarrollados por la empresa española Indra por su alto contenido tecnológico y el potencial generador de futuros contratos. Se trata de dos proyectos de suministro de materiales
y equipos para la renovación y ampliación de los sistemas de control del tráfico aéreo de los aeropuertos de Costa Rica, Belice y Nicaragua. El importe de los créditos concedidos fue de 16,3 millones de euros y estos contratos suscritos con la
gestora de navegación centroamericana, Cocesna, van a permitir a Indra posicionarse en un sector de alto contenido tecnológico y generar empleo cualificado con un equipo de trabajo de hasta cincuenta ingenieros.


Destacaré a continuación dos operaciones de crédito inversor en México y en la República Checa a cargo del grupo empresarial gallego Copo. Se trata de una planta de producción de tejidos foamizados en México y de una planta de inyección de
polipropileno expandido en la República Checa. Estas operaciones permitirán al Grupo Copo mantener su cuota de mercado en un sector cada vez más integrado verticalmente como el de la automoción. En ambos casos se ha conseguido un amplio efecto

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apalancamiento de la inversión privada y en conjunto los Fondos FIEM han ascendido a 3,9 millones de euros, siendo el total de ambas inversiones de 7,9 millones de euros.


En 2016 hay además otra operación de crédito inversor de la empresa española ERUM S.L. Se trata de una unidad productiva de inyección de plástico en el sur de la India cuyo objetivo es abastecer a los clientes de esa zona. El importe del
crédito concedido fue de 1 millón de euros y la nueva unidad productiva permitirá en una primera fase ampliar la capacidad productiva de perchas de ropa y en una segunda fase diversificar su actividad al sector de automoción. Para ello se prevé la
adquisición de seis máquinas de inyección nuevas, de tecnología innovadora y de origen español.


Por lo que se refiere a la financiación en términos concesionales destacaré, en primer lugar la operación más importante de 2016, que por sí sola supone el 77 % de la financiación total concedida en el ejercicio. Se trata de un crédito
concesional concedido para financiar la adquisición del material rodante, vehículos auxiliares, equipos y herramientas de taller y lote de repuesto para la primera línea de metro de Quito, en Ecuador. Este proyecto fue adjudicado en licitación
internacional al consorcio CAF Metro de Quito, por un importe total de 183,6 millones de dólares. El proyecto tiene un importante efecto arrastre en la exportación, ya que incluye suministro de bienes y servicios españoles por importe de 154
millones de dólares, lo que representa el 83,86 % del importe total del contrato. Además, entre los distintos proveedores nacionales subcontratados por CAF para este proyecto, hay varias pymes españolas. Este proyecto emblemático para la ciudad de
Quito será determinante para la imagen de las empresas españolas en el país y en toda la región.


La segunda operación que me gustaría destacarles es la financiación, también con carácter concesional, del proyecto de construcción llave en mano de una línea de transmisión eléctrica y las subestaciones asociadas en Kenia. Se trata de la
construcción de una línea de transmisión eléctrica a lo largo de más de 100 kilómetros, entre Voi y Taveta, y sus subestaciones asociadas. Este proyecto ha sido adjudicado por parte de las autoridades kenianas a la empresa española HOMT y se ha
seleccionado como subcontratista nominado a la también española Duro Felguera S.A. El proyecto fue sometido a una auditoría de precios. El proyecto se encuentra en un programa nacional para la construcción de varias infraestructuras eléctricas en
Kenia, con las que se pretende asegurar la distribución eléctrica en la zona de Taveta, que actualmente no cuenta con electricidad.


La ejecución de este proyecto ayudará a mejorar las condiciones de vida de la población de la zona y el funcionamiento de la red eléctrica nacional. El proyecto incluye la ingeniería, diseños, suministro, transporte, construcción e
instalación, así como las pruebas de puesta en servicio de esas infraestructuras. El importe de los bienes y servicios suministrados por empresas españolas asciende al 82 % sobre el total del importe del proyecto, que es de 20,7 millones de euros,
y la mayor parte de ellos serán suministrados por nueve pymes españolas, por lo que el efecto arrastre es considerable.


Kenia es un país de referencia en África del Este y goza de estabilidad política y un buen clima de negocios. Se trata de un país elegible para la financiación concesional de acuerdo a los criterios establecidos por el Banco Mundial, que
permiten este tipo de financiación solamente hacia aquellos países cuya renta per cápita sea inferior a 4035 dólares USA anuales. Las relaciones comerciales con Kenia han sido tradicionalmente fluidas. Los proyectos que se desarrollen en este país
van a tener un impacto relevante en el resto de los países de la zona, así como en la presencia de las empresas españolas en África del Este.


También se ejecuta en Kenia el tercero de los proyectos concesionales de 2016. Este proyecto tiene por objeto irrigar una superficie de cerca de 600 hectáreas para hacerla propicia para llevar a cabo actividades agrícolas y ganaderas. Se
trata de un proyecto llave en mano que contempla desde el diseño previo hasta el servicio posventa a nivel local. El importe del crédito concedido fue de 6,9 millones de euros. Este proyecto ha sido adjudicado mediante licitación por parte de las
autoridades kenianas a la empresa española Riegos Agrícolas Españoles S.A, Raesa, con gran experiencia en el sector y que ya ha desarrollado en el pasado proyectos de regadío en África.


Señorías, el último de los proyectos a los que haré referencia es la ampliación del proyecto Scada, un proyecto en ejecución para la monitorización y control del suministro y distribución del agua en cuatro regiones del norte de Jordania.
El importe del crédito concedido fue de 3,4 millones de euros y la ampliación del proyecto conlleva la integración de nuevas estaciones remotas, ocho pozos, veinticinco estaciones de bombeo, dos depósitos y veinte integraciones de pozos en
estaciones de bombeo, con el material correspondiente. En estas cuatro regiones del norte de Jordania viven más de un millón y medio de habitantes en centros urbanos y en campamentos de refugiados, que han visto incrementada su

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población en los últimos años debido al aumento de las migraciones como consecuencia del conflicto bélico en Siria. Por ello, ha sido necesario controlar los escasos recursos hídricos de la zona para garantizar la salubridad de la
población, dado que Jordania está considerado uno de los diez países con mayor carencia de agua del mundo. La financiación se ha ofrecido en términos concesionales en las mismas condiciones financieras del crédito original. El proyecto se
desarrolla por un consorcio en el que participa la empresa española Telvent.


Señorías, en conclusión, el ejercicio 2016 ha significado la consolidación del apoyo a inversiones y un mayor acercamiento a las pequeñas y medianas empresas. Nos ha permitido también identificar posibles líneas de mejora, en las que
estamos trabajando para hacer del FIEM un fondo más cercano a la empresa española y plenamente adaptado a sus necesidades.


En primer lugar, trabajamos para consolidar la imagen del FIEM como una fuente de financiación oficial competitiva al servicio de la internacionalización de la empresa española, y para ello se procederá a reforzar el plan comercial del FIEM,
se intensificará la difusión del instrumento en toda España a través de jornadas organizadas por el ICEX y se llevarán a cabo programas de trabajo específicos con las direcciones territoriales de comercio para acercar el FIEM a las empresas
exportadoras en todo el territorio nacional. En segundo lugar, es preciso reforzar el apoyo a la financiación de la internacionalización de la pyme española atendiendo a sus necesidades específicas y, en particular, una tramitación más ágil de las
operaciones de menor importe. También se ha de impulsar la cooperación con instituciones financieras internacionales y, en particular, con los fondos de la Unión Europea para su Acción Exterior para multiplicar la financiación disponible para
nuestras empresas exportadoras. En particular, es necesario flexibilizar las condiciones de uso de la Línea FIEM-Facilidades UE para propiciar la participación de empresas españolas en la utilización de recursos de blending.


Como sus señorías conocen, el blending consiste en la cofinanciación de operaciones de internacionalización para las que un tramo de la financiación se cubre con fondos de la ayuda externa de la Unión Europea y otro tramo se cubre con la
mencionada Línea FIEM-Facilidades UE. Para propiciar operaciones de blending resulta crucial el papel que desempeña Cofides, como agencia acreditada para ejercer la cooperación delegada de la UE. Por último, quiero resaltar el compromiso
continuado del fondo con la lucha contra el blanqueo de capitales, para lo cual se ha puesto en funcionamiento el protocolo antiblanqueo. Continuaremos tomando todas las medidas necesarias en materia de prevención de blanqueo de capitales y
financiación de terrorismo.


Termino ya, señorías, diciéndoles que 2016 se ha caracterizado por un nivel de ejecución de FIEM razonablemente bueno, con aprobaciones que han supuesto un aumento del 29,4 % respecto al ejercicio de 2015. Los datos nos muestran la
importancia de la contribución del FIEM en apoyo de la política comercial española y de sus empresas. En los últimos años de recuperación económica el fondo ha sabido adecuarse a la nueva realidad, financiando operaciones en nuevos mercados y
consolidando el peso relativo del FIEM inversión. Se ha dado apoyo a las empresas en sus esfuerzos de internacionalización en aquellos nichos en los que no llega la financiación comercial, poniendo especial énfasis en las pequeñas y medianas
empresas para ampliar la base exportadora y contribuir a aumentar el tamaño medio de las mismas.


Solo me queda agradecerles la atención prestada y ponerme a su disposición para dar respuesta a cuantas cuestiones consideren oportunas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Ahora, en el turno de los distintos grupos parlamentarios, como siempre de mayor a menor, cerrando el Grupo Popular, por el Grupo Socialista tiene la palabra, por tiempo en principio de diez minutos, doña Patricia Blanquer.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente.


Señora secretaria de Estado, en primer lugar quiero agradecerle, cómo no, las explicaciones que nos ha ofrecido, así como aquellas que en su segunda intervención pudiera ofrecernos como respuesta a nuestras preguntas y a nuestros
comentarios. Es cierto que hoy comparece para dar explicaciones sobre la memoria del fondo FIEM del año 2016 en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente, tal y como usted ya ha indicado. Incluso ha ido un poco más allá y nos ha
aportado datos sobre 2015. Pero, como también usted ha hecho, no tendría ningún sentido que evaluáramos este fondo de manera aislada sin tener en cuenta otras cuestiones -primero, la evolución del sector exterior en la economía española

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en su conjunto y, segundo, la diversidad y la dispersión de fondos existentes destinados a la internacionalización- a la hora de valorar la eficacia y efectividad de este fondo.


Con respecto al primer punto, es cierto que el sector exterior se ha comportado positivamente durante estos años, contribuyendo al crecimiento del PIB, con un saldo positivo de la balanza de pagos, pero también es cierto que ha sido un
comportamiento favorable ligado a factores exógenos, usted lo decía en su intervención, el tema del turismo. El crecimiento del turismo, como bien sabemos todos, ha estado muy condicionado a la situación de la conflictividad de otros destinos
turísticos. Otro de los factores relacionados ha sido la reducción del precio del petróleo, que ha abaratado nuestras importaciones, unos precios que ya empiezan a subir y que son un factor a tener muy en cuenta por las tensiones que pueden generar
en el saldo comercial al ser España un país energéticamente dependiente. De hecho, la propia Comisión Europea, en su informe sobre desequilibrios macroeconómicos del mes de febrero de 2017, reconocía que parte de la mejora de la balanza por cuenta
corriente en España había sido debida a factores transitorios. Los últimos datos publicados con respecto a la balanza comercial nos dejan entrever las propias debilidades de nuestra economía. El Banco de España, en términos desestacionalizados,
continúa señalando un saldo comercial no energético positivo que aumenta por el mayor crecimiento de las exportaciones que de las importaciones pero, como podemos ver, ya intuye una caída de ambas variables, pudiendo llegar a finales de año a un
saldo negativo, repitiendo la situación que ya se vivió en diciembre de 2016 cuando el saldo no energético de la balanza comercial, al que usted no ha hecho referencia, por primera vez desde hacía mucho tiempo daba resultados negativos. De hecho,
ya se sospecha que el tiro de las exportaciones puede que no sea suficiente para cubrir el mayor valor de las importaciones.


También lo podemos presentir de la información que nos da la fotografía fija que su departamento publica a través de los datos del mes de julio. Hoy usted lo ha dicho, las exportaciones continúan creciendo al 9,1 %, pero lo que no ha dicho
es que las importaciones lo hacen en mayor medida, al 11,7 %. Llevan cinco años diciendo que el incremento de las exportaciones y la mejora del déficit comercial son consecuencia de su buena gestión, pero en realidad la mejora de las exportaciones
ha sido una constante en dos décadas. Desde 1996 hasta 2016, a excepción de un único año, 1999, todos los años las exportaciones se incrementan anualmente, siendo uno de sus máximos históricos el incremento que se produjo en el año 2010, con un
crecimiento del 16,82 %. Ha sido el comportamiento de las importaciones el que ha marcado el saldo comercial, claramente influenciado por la coyuntura económica del país. Así que en el momento en el que el consumo y la inversión han aumentado, las
importaciones se han disparado, del mismo modo que ha ocurrido tradicionalmente en España.


En definitiva, la gestión de su Gobierno durante estos cinco años no ha conseguido corregir las debilidades estructurales de nuestro país y ahora se evidencian en el comportamiento de la balanza comercial. Sin una política transversal,
global y coordinada que persiga corregir estas fragilidades de la economía, cualquier esfuerzo unilateral de su secretaría o en el caso que hoy nos ocupa del fondo FIEM conseguirá un resultado muy limitado. La realidad es que su Gobierno no ha
resuelto los retos que ya nos fijamos en 2010 en el Plan Industrial 2020, como por ejemplo le voy a citar tres. Primero, el reto de incentivar el aumento del tamaño medio de las empresas para incrementar su capacidad de exportación. Nos alegra
comprobar que el FIEM trabaja para conseguir este reto, pero también tengo que decirle que su incidencia es limitada en el conjunto de la economía. ¿Por qué se lo digo? Porque la verdad es que la brecha de productividad entre grandes y pequeñas
empresas en España es del 55 %, mucho más pronunciada que en otras grandes economías de la Unión Europea, una brecha que no hemos reducido con su Gobierno. Se comprometieron a traer una estrategia para incrementar el tamaño medio de las empresas y
la que presentó en julio su ministro no respondía a un plan serio con medidas, en todo caso a un mero diagnóstico, desde luego un intento más que fallido.


Otro de los retos sería incrementar el porcentaje de exportaciones de calidad media-alta y la calidad media de las exportaciones españolas a la Unión Europea ha disminuido en términos relativos entre 2010 y 2015. Según la base de datos
Comtrade, de Naciones Unidas, solo un 7,1 % de las exportaciones españolas corresponde a productos de muy alta tecnología, un porcentaje muy inferior al del 26,8 % en Francia o al del 16,7 % en Alemania. Luego también en este aspecto el Gobierno
está suspendiendo.


En tercer lugar, también se perseguía la mejora de la competitividad. Para ello su Gobierno solo se ha centrado en el abaratamiento de los costes salariales. De hecho, las recientes mejoras registradas en la competitividad de costes son
imputables principalmente a la moderación salarial, consecuencia de la reforma del mercado laboral, y no al crecimiento de la productividad. Por ello el mayor reto que tiene la economía española y que el Gobierno no ha abordado en estos cinco años
es el crecimiento más rápido

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de la productividad y el reequilibrio hacia los sectores con mayor valor añadido, que podría contribuir a sostener el crecimiento de las exportaciones, pero también a moderar el crecimiento de las importaciones y hacer más sostenible la
economía española.


Efectivamente, como usted ha explicado en su intervención y hemos visto en la memoria del fondo FIEM, se está trabajando en este sentido, en el camino de posicionarse en determinados sectores de mayor valor añadido. Pero además de los
esfuerzos que pueda hacer el fondo es fundamental que su Gobierno también promueva la innovación y apoye la investigación y el desarrollo y la formación de capital humano. La verdad es que las políticas de su Gobierno no parecen ir en este sentido.
El peso de la inversión en I+D+i sobre el total de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se sitúa solo en el 1,8 % y retrocede hasta niveles del año 2009 y, según los datos de la ejecución presupuestaria, el 62 % del gasto en I+D+i
presupuestado para 2016 no se ejecutó. Sin lugar a dudas apostar por mayores niveles de inversión en I+D contribuirá a aumentar los niveles de productividad total de los factores. En definitiva, que, como decía al principio, su Gobierno no ha
corregido o no ha contribuido a corregir las debilidades de nuestra economía, sino a incrementarlas, y por mucho que intente convencernos de los buenos resultados del trabajo del fondo FIEM, estos quedan reducidos a la mínima expresión en términos
globales. No podemos hablar única y exclusivamente del fondo FIEM.


Pero centrándonos más en la financiación de la internacionalización de la economía en términos generales y en términos más concretos, o sobre el funcionamiento de este fondo, me gustaría, en primer lugar, felicitar desde nuestro grupo a las
empresas que han conseguido financiación. Nos consta que no es empresa fácil, y esperamos la exitosa ejecución de los distintos proyectos aprobados. En segundo lugar, me gustaría que me respondiera algunas preguntas. En primer lugar, tal y como
dice la Ley de mecanismos de financiación para la internacionalización, la secretaría ha de hacer balance sobre las actuaciones de fondo y la adecuación de los resultados en relación con la estrategia de internacionalización. En 2016 ya había
caducado el Plan Estratégico 2014-2015, pero supongo que las líneas orientativas no cambiarían mucho en 2016, irían en el mismo sentido. Me gustaría saber qué cambios se han hecho y por qué se han motivado. Lo interesante sería saber si se
cumplieron los objetivos previamente establecidos para 2016, porque estos objetivos no aparecen en la memoria de 2015 ni de 2016. Por tanto, una sugerencia de mejora sería que incluyeran en la memoria las líneas orientativas que se marcan para cada
ejercicio, no única y exclusivamente en términos cualitativos, sino también en términos equitativos. Si no lo hacen, da la sensación de que nos cuentan lo que quieren y como quieren y que la evaluación se reduce a hechos consumados.


En las conclusiones de la memoria incluso llega a calificarse el fondo FIEM como un instrumento moderno, y a mí me gustaría que me dijera por qué lo considera moderno. ¿Considera que los tiempos de tramitación de las operaciones son
razonables? ¿Cuál es el tiempo medio de tramitación de una operación financiada por el fondo FIEM? ¿Tiene previsto mejorar estos tiempos de tramitación? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuántas operaciones se solicitaron que finalmente no se tramitaron
porque consideraron que no eran viables? Realmente, haciendo balance de los años de existencia del fondo, ¿considera que ha sido un fondo accesible para las pymes? Durante su intervención, en todos los datos que ha ido aportando de las
operaciones, ha hablado del efecto arrastre, de las pymes que se estaban beneficiando de este tipo de operaciones, pero no consta, no tenemos registro ni información del volumen de empresas, ni siquiera por transparencia sabemos qué tipo de empresas
están firmando estos contratos. Le agradeceríamos que enviase a la Comisión cuántas han sido financiadas directa o indirectamente en todo el periodo para ver el impacto real que está generando en la economía.


Otra cuestión que quiero aplaudirle es la nueva línea que han desarrollado para pequeños proyectos en 2017, aunque llega un poco tarde, ¿no le parece? ¿Qué fue de la línea de financiación denominada FIEM-Facilidades UE que se anunció hace
años? Hoy vuelve a anunciarlo o vuelve a explicarlo, pero ¿cuántas operaciones se han acogido a esta línea de financiación? No tenemos datos porque no se aportan. ¿Por qué no se ha aprovechado mejor este fondo blending con instrumentos de la
Unión Europea? ¿Por qué España no está obteniendo retornos de las blending facilities de la Unión Europea? ¿Qué opinión le merece la línea evatic. ¿Cuántas veces se ha utilizado esta línea? Creo que ninguna, ¿no?


Si me lo permite, quisiera aprovechar esta intervención para preguntarle por el Plan de Inversiones europeo. ¿Qué está haciendo España para aprovechar este plan? ¿Qué ideas tiene para hacerse con las ventanillas temáticas? ¿Quién lo está
liderando en la Administración? Y para terminar, -voy finalizando-, señor presidente, hoy conviven multitud de instrumentos financieros públicos que se solapan y que parece

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que no están bien coordinados. El ministro anunció a principios de año que iba a crear un grupo de reflexión sobre este tema y queremos saber a qué conclusiones ha llegado el mismo y cuáles son las intenciones del Gobierno al respecto. Si
el Gobierno está dispuesto a avanzar en la ordenación de los fondos e instrumentos financieros públicos de forma que se racionalicen, ya le adelanto que mi grupo estará dispuesto a acompañarle.


Con respecto a una cuestión que ha anunciado, la nueva estrategia de internacionalización, que recientemente, como ha dicho, se ha aprobado en el Consejo de Ministros, hemos podido comprobar que vuelve a recoger un abanico de oferta de
instrumentos de apoyo a la internacionalización. Pensamos que la solución no está tanto en aumentar los instrumentos, sino en aprovechar los existentes para que lleguen a todas las empresas, especialmente que llegue la financiación a las pymes, que
puedan conseguir financiación en plazos razonables y sin excesivos trámites burocráticos. Supongo que tendremos ocasión de hablar de ello más adelante, pero le sugiero que, si pretende traer al Congreso esta estrategia, la acompañe de un plan
presupuestario, pues de otro modo solo nos estará presentando papel mojado. Para avanzar y poder alcanzar los objetivos desarrollados en cualquier estrategia se requieren recursos económicos. En definitiva, señora secretaria, creo que queda mucho
por hacer y con intenciones no solo basta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Vendrell.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.


Señora secretaria de Estado, quiero empezar agradeciendo sus explicaciones y la presentación de esta memoria sobre el FIEM.


En primer lugar, quiero referirme a la valoración que ha hecho de la situación de las exportaciones y de la internacionalización de la economía española, porque, como siempre ocurre con ustedes, se pasan de optimistas. Creemos que las bases
de la situación económica de España no son tan sólidas ni tan fuertes como usted ha planteado. Buena parte de la mejora del déficit comercial externo se debe a la reducción de las importaciones que se ha producido durante estos últimos años como
efecto de la caída de la demanda interna, consecuencia a su vez de las políticas de austeridad fiscal y de evaluación salarial. Del mismo modo, la mayor intensidad exportadora de las empresas está vinculada al estancamiento del mercado doméstico
que se ha producido en estos años, que en muchos casos les ha obligado a buscar mercados fuera de España. De hecho, aún hoy el principal problema que declaran las pymes es la falta de ventas. A pesar del crecimiento del PIB, es evidente que aún
tenemos un problema de insuficiente demanda interna. A pesar de las cifras récord de exportación que se han producido, la cuota exportadora de la economía española sobre el total mundial se encuentra estancada: 1,81 % en 2007 y 1,71 % en 2015. Es
decir, la mejora de las exportaciones no se ha producido gracias a las políticas de devaluación salarial e impulso de la internacionalización, sino que ha sido paralela al proceso de recuperación de la economía mundial y por tanto del comercio
internacional desde el periodo más álgido de la crisis económica mundial.


Nuestro patrón exportador muestra una baja diversificación sectorial y tecnológica. Nuestras exportaciones se concentran en unos pocos sectores manufactureros y primarios y además lo hacen en ramas de medio y bajo valor añadido. Nuestra
participación en las cadenas globales de producción se basa en los componentes con menos valor añadido tecnológico, tanto los que exportamos como los que importamos para su ensamblaje, como por ejemplo en el campo de la automoción. De hecho, en
2015, las importaciones de productos de alta tecnología aumentaron un 17,1 % mientras que las exportaciones sólo lo hicieron un 10,2%, lo cual muestra que las políticas de su Gobierno están siendo ineficaces para revertir esa dependencia tecnológica
de nuestra economía mediante el cambio, la transformación del modelo productivo, que continúa siendo uno de los principales retos de nuestro país. Y hay que llamar la atención sobre el hecho de que la mayor tasa de cobertura del comercio exterior
de productos de alta tecnología correspondió -es significativo- al grupo de armas y municiones: 246,6 %. Es un dato realmente preocupante y alarmante.


Por otro lado, los datos de inversión española en el extranjero muestran que nos encontramos muy lejos de las cifras del periodo precrisis: 41 000 millones de euros en 2016 versus 133 000 millones de euros en 2007. Y no solo
cuantitativamente, sino también cualitativamente este tipo de inversiones no se están aprovechando para cambiar, alterar el posicionamiento de la economía española en las

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cadenas globales de producción. En suma, lo reducido del tejido exportador español, su especialización en ramas de medio y bajo valor añadido dentro de las cadenas globales de valor y su dependencia no solo energética, sino también de
bienes industriales de mayor contenido tecnológico, impide que el sector externo se pueda convertir en un motor suficientemente sólido de la recuperación. No en vano, las importaciones se han reactivado en cuanto se ha comenzado a recuperar también
la tasa de crecimiento.


Por tanto, a nuestro parecer, es necesario desarrollar políticas de transformación de nuestro modelo productivo y de mejora del valor añadido de nuestras exportaciones para asegurar un crecimiento sólido. Tampoco a nivel presupuestario
creemos que sea la orientación del Gobierno. Programas como el de promoción del comercio y la internacionalización de la empresa en los últimos presupuestos se han reducido sustancialmente. Si no recuerdo mal, creo que eran unos 64 millones de
euros.


Algunas cuestiones y algunas consideraciones sobre la memoria que nos ha presentado. Ha dicho que el objetivo es que ninguna empresa española se encuentre con dificultades financieras para acometer inversiones y que ningún cliente
extranjero deje de contratar a una empresa española por falta de financiación. Creemos que es muy optimista porque hay un desequilibrio entre este objetivo, que es loable y muy ambicioso, y los medios que ponen para ello. La limitación de 500
millones de financiación aprobable en operaciones anuales, estancada desde 2011 y cuyo importe no se acumula de un año para otro si no se utiliza, junto con el reducido número de operaciones aprobadas -nos ha contado que son diez en 2016-, parece
muy insuficiente para el objetivo que usted nos planteaba y para revertir las tendencias de la inserción externa de la economía española. O la congelación en 238 millones de euros de la financiación del FIEM entre 2015 y 2016, que ha supuesto
consolidar los recortes de un 25 % de los años 2012 y 2013. Todo eso no se corresponde con esa afirmación de la memoria que es la apuesta firme de la política comercial española por el FIEM como instrumento de fomento de la internacionalización de
la empresa española. Creemos, como le decía, que hay un desequilibrio entre los recursos dedicados al FIEM y los objetivos tan ambiciosos que usted planteaba.


Nos preocupa también que la reorientación de la que usted hablaba -y creo que la memoria lo dice también- desde una financiación más orientada a la concesionalidad hacia una mayor financiación en condiciones comerciales -a pesar de que 2016,
por el proyecto de Quito, sería una excepción en este sentido- pueda suponer un problema a medio plazo, si se incrementan los tipos de interés, para el acceso a la financiación, especialmente por parte de las pymes. Querría que nos dijera si eso
puede ser un hándicap, si es una cuestión que les preocupa o es una cuestión que ustedes han previsto.


Asimismo le querría plantear otras preguntas como, por ejemplo, qué elementos tienen en cuenta para valorar los proyectos de financiación, si tienen en cuenta cuestiones como la contribución de dichos proyectos a la lucha contra el cambio
climático, si tienen en cuenta criterios de carácter social o de respeto por los derechos laborales, por ejemplo, en dichos proyectos. Y también quiero preguntarle por algunas cuestiones que me han llamado la atención, por ejemplo la distribución
geográfica. Si cogemos el período 2011-2016, el país que está a la cabeza de las financiaciones es Arabia Saudí y le quería preguntar qué tipo de proyectos o qué tipo de inversiones han ido a Arabia Saudí. Y en lo referente a la distribución
geográfica de los proyectos de origen en España -ustedes no lo clasifican por comunidades autónomas sino por provincias-, me ha llamado la atención que la mayor parte de proyectos en ese periodo 2011-2016 sea para Madrid, con treinta y seis,
mientras Barcelona tiene siete. Parece que no se correspondería con el peso en cuanto a la capacidad exportadora o de inserción en la economía internacional que tiene Cataluña. Le pregunto cuál es la razón en este sentido. Igual que quiero
preguntarle por este 4,92 % de varios -por decirlo así-, de créditos de instituciones financieras internacionales diversos. Exactamente ¿a dónde van a parar estos recursos, a qué se dedican?


Dos preguntas más. ¿Con qué criterios se seleccionan los países? Hay una cierta variedad geográfica, por decirlo así, y deseo saber si eso sigue algún criterio. Este año evidentemente la inversión ha sido más fuerte en Ecuador, pero le
quería preguntar cómo se toma la decisión en este sentido y si hay algún criterio que lo explique. Básicamente esas son las preguntas que quería hacerle.


Gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora Poncela, bienvenida esta tarde y muchas gracias por hacernos esta presentación sobre el Fondo de Internacionalización de la Empresa. Son ciertas -no se pueden negar- las cifras de las exportaciones, es verdad que están creciendo y
que van bien pero yo diría, como alguno de los intervinientes anteriores ha dicho, que están creciendo a pesar del Gobierno y esto se ve claramente cuando desde 2011 a 2016 la dotación presupuestaria del fondo ha descendido considerablemente; es
verdad que de 2015 a 2016 subió esa dotación presupuestaria pero de 2011 a 2016 la bajada fue considerable, por lo tanto, si las exportaciones han aumentado a pesar de que el fondo haya bajado, igual es que no lo están haciendo todo lo bien que
podrían. Ya se lo han dicho anteriormente, las exportaciones están creciendo básicamente porque nuestras empresas se han visto obligadas a exportar porque no tenían más remedio si querían sobrevivir, si querían seguir estando abiertas, si querían
seguir produciendo ante la situación de crisis enorme que había en España, una crisis que fue negada en primer lugar por el Gobierno del Partido Socialista -todos lo sabemos- y posteriormente una crisis en la que no se tomaron las medidas adecuadas
y no se hicieron reformas estructurales y por eso ha durado más de lo que debería durar, aún estamos intentando salir de ella. Como decía, han crecido nuestras exportaciones porque nuestras empresas no han tenido más remedio que salir fuera debido
a la bajada de la demanda interior. También se han visto aumentadas nuestras exportaciones por los vientos de cola: la política monetaria que ha ayudado y la bajada de los costes laborales. Desgraciadamente la bajada de los costes laborales ha
ayudado a que nuestras empresas fuesen más competitivas; como decíamos, no se han hecho las reformas adecuadas, lo único que se ha hecho ha sido mejorar la competitividad bajando los costes laborales, pero no se ha hecho la reforma del mercado
laboral que se tenía que hacer y, por tanto, como decimos, las exportaciones han crecido a pesar del Gobierno.


En relación al fondo, estamos hablando de un número muy limitado de operaciones en unas condiciones que son prácticamente bancarias, con unos requisitos de solvencia, de garantías que no son muy distintos a los que pueden obtenerse en la
financiación bancaria. Como se ha señalado anteriormente, en el informe se dice textualmente: desde una financiación tradicionalmente más orientada a la concesionalidad se ha avanzado hacia una mayor financiación en condiciones comerciales. Esto
nos crea una duda y es si el fondo pretende suplir las carencias de la banca o competir con ella. Ante esta expresión no sabemos lo que realmente se está pretendiendo con el fondo.


Otro tema que para nosotros es fundamental es que nuestras exportaciones crezcan pero que se mantengan en el tiempo, que una empresa, porque le aparece una operación en un determinado momento exporte un año, pero ya no vuelva a exportar más
en muchos años o en toda su vida. Creo que ese es el gran déficit; en la memoria dan una cifra, que el 33,5 % de las empresas exportan regularmente, es decir, que siguen exportando en los últimos cuatro años, pero son unas cifras que deben
aumentar y por eso nos gustaría saber qué se está haciendo para seguir manteniendo esas exportaciones y que no duren solo un año porque ha aparecido una operación pero no sigan después exportando.


También comentaban los intervinientes anteriores que echamos de menos los objetivos estratégicos que persiguen con el fondo. No se recogen y por tanto no se evalúan, por lo menos en cuanto al exterior no se sabe si se han cumplido o no los
objetivos.


En cuanto a la diversificación geográfica, consideramos que existe un déficit bastante claro en Asia y Oceanía. Ahora mismo las economías asiática y oceánica tiran mucho y la presencia española allí es bastante reducida. Solamente hay que
ver cómo está confeccionado el organigrama de su Secretaría de Estado, en el que está la Subdirección General de Europa, Asia y Oceanía -me refiero a Europa, no Unión Europea, Asia y Oceanía-, es decir, Rusia y todas las repúblicas exsoviéticas
junto a Asia y Oceanía. Una región enorme con un potencial tremendo que no está siendo suficientemente atendida. Son muy limitados los proyectos que se realizan en esas regiones del mundo cuando ahora mismo las economías más potentes están ahí.
Por eso consideramos que España debería estar ahí, que se debería hacer un esfuerzo. Por supuesto que hay que estar en Latinoamérica, por todos los lazos históricos y culturales, pero ahora mismo la economía está en Asia y Oceanía y tenemos un
déficit muy importante y unas carencias importantes en ese sentido.

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Por último, están creciendo nuestras exportaciones pero no nos echemos flores, veremos cuando mejore nuestra economía -esperemos que lo haga- cómo evolucionan, ese será el mejor indicador de si lo están haciendo bien o no. Esperemos que
evalúen sus políticas y que no pongan obstáculos y trabas a las empresas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.


Por el Grupo Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Buenas tardes, arratsalde on. En primer lugar, quiero darle las gracias por su comparecencia y por la presentación de la memoria.


Como consecuencia de la crisis iniciada en los últimos ejercicios, es verdad que las empresas tuvieron que adaptarse a la reducción de la demanda del mercado local y a las dificultades económicas de los mercados exteriores con los que se
relacionaban de forma más habitual. Antes de la crisis había muchas razones para que las empresas operasen en los mercados exteriores como, por ejemplo, el aumento de ventas o mayor rentabilidad. A estas hay que añadir otras razones nuevas, como
compensar la caída de la demanda en el mercado interno y la irrupción en el mismo de competidores extranjeros. Por ello, aunque actuar en el extranjero es costoso y arriesgado, entendemos que se deben tomar posiciones cuanto antes porque está
demostrado que la participación en los mercados internacionales permite acceder a más clientes, proveedores y nuevas tecnologías, incrementando la capacidad, flexibilidad y rapidez de respuesta de las empresas, y por tanto la competitividad,
favoreciendo el crecimiento de la rentabilidad. Y es que la competitividad sostenible de las empresas, así como la generación de empleo cualificado, son claves para asegurar además la cohesión social.


La dimensión internacional de una empresa es clave para reforzar su crecimiento y capacidad innovadora y emprendedora y, por tanto, es necesario trabajar en el desarrollo de proyectos empresariales con vocación de internacionalizarse. Por
tanto, es necesario un servicio que fomente las exportaciones, promueva actividades encaminadas a posicionarse en mercados estratégicos y facilite la asistencia técnica en las implantaciones comerciales y productivas, entre otras cosas. Desde luego
en este campo es en el que estamos trabajando en Euskadi; creemos, como he dicho, que son necesarios ese tipo de fondos y ayudas. Numerosos informes subrayan la necesidad de que las empresas desarrollen una mayor competitividad y, para ello, se
requiere explotar las potencialidades de las empresas y, al mismo tiempo, explorar cambios capaces de generar nuevas oportunidades en el mercado mundial.


Tras una caída importante en la crisis, es verdad que las exportaciones han tenido una evolución positiva y en 2016, como muestra su informe, han consolidado su recuperación con una tasa de crecimiento del 3,2 %. Como aspecto positivo se
observa que han aumentado tanto el número de empresas exportadoras como el porcentaje que representa el comercio exterior sobre la facturación total de las empresas, aunque la actividad exportadora entendemos que todavía está muy concentrada en los
mercados más próximos, tanto geográfica como culturalmente -Europa-, por lo que parece que hay una alta dependencia de la evolución de estos países europeos para consolidar estas exportaciones. Además, este tipo de programas ayudan a las empresas a
encontrar su espacio competitivo en la economía global, pero además deberían contemplar las diferencias de tamaño y diferentes etapas de internacionalización. Para que una empresa sea seleccionada en este programa parece que se valora el interés
del sector así como el interés del proyecto, el valor añadido, por lo que me gustaría conocer qué factores se tienen en cuenta y cuáles son, porque a veces da la sensación de que hay una inercia con determinadas empresas, con las de siempre, cuando,
a lo mejor, habría que realizar un esfuerzo con las pymes. Es verdad que tienen una línea en este sentido pero me gustaría saber cuántas han sido las que se han acogido a este programa de ayudas.


En su informe nos dice que el FIEM es un instrumento útil para lograr el incremento del tamaño de la empresa exportadora y me gustaría conocer datos acerca de esta afirmación y también cómo se mide ese crecimiento. También me gustaría saber
cuánto se tarda en conceder estos créditos, ya que para las empresas la financiación es clave para internacionalizarse porque a lo mejor son largos y pueden ser más ágiles en su concesión, es decir, reducir dichos plazos. Desearía conocer también
si la política de internacionalización está alineada con las estrategias de la industria. Por otro lado, nos ha dicho que las exportaciones no turísticas suponen el 50 % y que hay algunos sectores con alto valor añadido, como consultorías e
ingenierías, por lo que me gustaría saber el porcentaje que estos -los de alto valor

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añadido- suponen respecto del total de los proyectos. Ha hablado de posibles fallidos, por lo que quisiera saber si tienen algún sistema de análisis para prevenirlos.


Por último, quisiera conocer si existe un sistema de evaluación propio de los resultados y qué indicadores se tienen en cuenta para esa evaluación, para así saber la eficacia y la eficiencia de este fondo. Asimismo, como los desconozco,
quisiera que me dijera los criterios de elección de los países.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Palmer.


La señora PALMER TOUS: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a esta Comisión de Economía, Industria y Competitividad por parte del Grupo Parlamentario Popular a la secretaria de Estado de Comercio y, evidentemente, agradecerle su comparecencia para presentar
la memoria de actividad del Fondo para la Internacionalización de la Empresa del pasado año 2016.


Hoy hablamos de ese instrumento favorecedor de la internacionalización de la empresa no solo porque debe presentarse la memoria, como bien ha dicho la secretaria de Estado, sino porque forma parte de una estrategia nacional de
internacionalización que consideramos imprescindible para consolidar el crecimiento económico español; un crecimiento económico que es sólido y robusto y cuyo modelo ha modificado su comportamiento y lo ha hecho de forma muy positiva. Por ello,
creemos que es un modelo que debemos consolidar. La economía española es hoy una economía que sigue creciendo a ritmos superiores a los de nuestro entorno europeo, con niveles superiores en los últimos años al 3 %, lo que supone casi el doble que
la media de la Unión Europea. Todos los organismos nacionales e internacionales no hacen más que reconocer la fortaleza de la economía española y la definen como la locomotora de las economías avanzadas. De hecho, España sigue siendo el país que
más crece entre los grandes países de la zona euro. En este punto podríamos reflexionar sobre cuáles son los factores que explican este cambio de rumbo y la fortaleza actual de la economía española. Y digo cambio de rumbo porque lo ha habido. No
tengo que recordar a sus señorías la situación que se encontró el Partido Popular cuando llegó al Gobierno en diciembre de 2011 en términos de crecimiento negativo, aumento de paro, elevadísimo déficit público y elevadísimo déficit exterior.


Por tanto, ¿cuáles son los factores que explican la situación actual? Es cierto que existen elementos coyunturales, como ya se ha señalado aquí, ya que no hacen más que nombrar los famosos vientos de cola para explicar la situación
económica actual. Evidentemente, la bajada de precios del petróleo en una economía energéticamente dependiente como la española afecta de forma positiva, como también lo hace la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo. Es así. Pero
también es cierto -y debemos reconocerlo porque si no, se pierde credibilidad- que existen otros factores que han tenido un papel protagonista en la reactivación económica española y en la solidez de nuestro crecimiento en estos años.
Evidentemente, sin ese factor añadido no se puede entender el crecimiento diferencial español. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la mejora de la competitividad de la economía española, un proceso de ajuste competitivo que se ha producido en
España que no solo explica la recuperación económica, sino también las favorables expectativas que apuntan todos los organismos nacionales e internacionales para nuestra economía. Y el elemento clave para explicar esa mejora competitiva, que es la
base sólida y permanente del crecimiento económico español, son las reformas emprendidas por el Gobierno de España desde el año 2012, reformas todas ellas llevadas a cabo en áreas tan sensibles para la competitividad como son el mercado laboral, el
sector energético, el sistema financiero, el sistema tributario o las administraciones públicas. Todas estas reformas han estado encaminadas a mejorar la posición competitiva de las empresas españolas, y todo ello sin recurrir al habitual
instrumento que era la devaluación. Y es que cuando se analiza el modelo de crecimiento español, cuando se analiza la receta de nuestro crecimiento desde un punto de vista histórico -llamémosle así-, destaca una característica y es que siempre
hemos salido de una situación de crisis cuando se ha producido un proceso de apertura. Ha sido y es el arrastre del exterior en momentos de caída de la demanda interna el que impulsa e impulsaba el crecimiento para superar momentos de crisis, y lo
hacía habitualmente acompañado de una devaluación de nuestra moneda para incrementar nuestra competitividad, digamos, de un modo artificial, empobreciendo así a los españoles y provocando pérdidas de confianza en nuestra economía. Tras el ingreso
en el euro -todos lo saben- no es posible devaluar, por lo que esta fase de recuperación, que también ha venido impulsada por el sector exterior, no ha sido por esa modificación en el tipo de cambio,

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sino por otro tipo de estrategia, una estrategia aplicada por este Gobierno desde que llegó en diciembre de 2011: la denominada estrategia reformista, cuyo objetivo no ha sido otro que mejorar nuestra competitividad. Se hizo, se aplicó
esta estrategia siendo absolutamente conscientes de que era la única forma de favorecer un crecimiento sólido y estable en el tiempo; un crecimiento que evidentemente tendría efectos sobre las rentas, sobre el empleo y -no menos importante- sobre
la recaudación impositiva, esencial para mantener y mejorar nuestro Estado del bienestar: nuestras pensiones, sanidad, educación, etcétera. Por lo tanto, es indudable, las reformas han tenido efecto, ha habido una mejora de competitividad. Esta
mejora de competitividad se ha reflejado en una extraordinaria y novedosa evolución de las exportaciones y, en menor medida, en la trayectoria de las importaciones por el denominado efecto de sustitución de producción exterior por producción
nacional.


España ha llegado tarde al proceso de internacionalización, pero ha llegado a ese proceso para quedarse. Durante esta legislatura hemos asistido a un salto cualitativo y cuantitativo que ningún otro país de nuestro entorno ha podido
igualar. Como dato que corrobora todas esas afirmaciones, España exporta hoy más del 33 % de su PIB -33,1 % para ser precisos con datos de 2016- cuando venimos de un 22 % no hace tanto. Esta evolución, por mucho que les pese a algunos que he oído
hoy aquí, solo puede ser calificada como una evolución espectacular, incomparable a ningún país de nuestro entorno. Las cifras son tozudas. Viendo los datos últimos, los acumulados hasta julio de 2017, las exportaciones han crecido para el mismo
periodo del año anterior un 9,1, que es el valor más alto desde el inicio de la serie histórica para ese periodo. Y es verdad que las importaciones también crecieron, pero lo hicieron sobre todo por el efecto valor. Si descontamos el factor
precio, en términos de volumen el crecimiento de las importaciones fue muy inferior. Esos crecimientos de las exportaciones son superiores a las exportaciones que llevan a cabo países de nuestro entorno eminentemente competitivos, como Francia, con
un crecimiento del 3,6 %, o Alemania, con un crecimiento del 6,4. Además estamos diversificando geográficamente los mercados. España está ganando cuota fuera de la Unión Europea. Actualmente estamos en torno al 34 % de exportación fuera de la
Unión Europea cuando en 2009 tan solo representaba un 25 %. Aumenta notablemente la exportación a zonas como Oceanía, América del Norte, América Latina, Asia -excluido Oriente Medio- o África. Por cierto, ese comportamiento de las mercancías ha
estado acompañado también de mayores ventas al exterior de servicios, y no solo turísticos -todos sabemos que ha habido récord turístico-, sino que también ha habido un incremento notable de ventas de servicios no turísticos, en concreto los
llamados servicios a las empresas, de elevado valor añadido. Por lo tanto, estamos diversificando no solo bienes o mercancías, sino también servicios. Gracias a ese comportamiento exportador existe ahora capacidad de financiación frente al
exterior, lo que nos permite reducir la deuda contraída con el resto del mundo y corregir un desequilibrio que, como he dicho antes, no hace tanto representaba en torno al 10 % del PIB, lo que suponía en ese momento el segundo mayor déficit por
cuenta corriente del mundo.


Por otro lado, ante la crítica recurrente de que exportamos porque se ha producido una devaluación de salarios y que el crecimiento se basa en el empobrecimiento de los trabajadores, quisiera destacar algunos datos. La oferta exterior
española cada vez se concentra más en industrias de contenido tecnológico alto y medio-alto. En concreto, representa en torno al 55 % de nuestras exportaciones manufactureras en 2017. Destacan los bienes de equipo, material eléctrico, automóviles,
equipos médicos, productos farmacéuticos, electrónicos, etcétera. Es decir, nuestras industrias más exportadoras son intensivas en capital y, por tanto, no es cierto que hayan ganado competitividad gracias a reducciones salariales, sino que lo han
hecho por su progreso tecnológico, calidad de producto y porque nuestros empresarios están saliendo fuera y este Gobierno les apoya. En suma, las exportaciones no están basadas solo en el precio, sino también en otros componentes de mayor valor
añadido, hecho del que nos congratulamos.


Decía antes que el comportamiento de las exportaciones no solo era espectacular, sino también novedoso, y me explico. Lo es porque las exportaciones netas están aumentando en un contexto de crecimiento económico, de dinamismo de la demanda
interna, y eso sin duda es un hecho no habitual en nuestro patrón histórico de crecimiento. Todos los que analizamos la evolución de la economía española y la explicamos sabemos que es un dato histórico que representa un cambio estructural de
enorme relevancia. Y precisamente para mantener ese cambio al que estamos asistiendo, el Gobierno plantea no solo mantener la estrategia reformista, sino también desarrollar una estrategia de internacionalización con una serie de medidas, como el
FIEM que hoy se están explicando. Para el Gobierno es necesario implantar una estrategia de Estado a medio y largo plazo con el fin de asegurar que la contribución positiva del

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sector exterior al crecimiento se convierta en un fenómeno estructural que siga revirtiendo en generación de empleo. Para lograr consolidar esta presencia de nuestras empresas en el exterior, la estrategia incide en varios aspectos en los
que no voy a entrar por falta de tiempo. Algunas de esas medidas están dirigidas específicamente a las pymes para favorecer su internacionalización, y respecto a esta última línea quisiera destacar el Gobierno apoya decididamente la
internacionalización de nuestras pequeñas y medianas empresas, tanto coordinando la ayuda por parte de varios organismos cuando una pyme quiere salir fuera, como a través de varios fondos como es el FIEM. En este punto quisiera preguntarle a la
secretaria de Estado si me puede explicar con mayor precisión cómo se apoya a las pymes a través de este fondo FIEM.


Para finalizar, señorías, secretaria de Estado, lo que parece evidente tras todo lo expuesto es que la economía española va por el buen camino. Para no desviarnos debemos seguir por la línea de política económica que hemos iniciado.
Debemos continuar con el perfil de política que ha permitido corregir desequilibrios y mejorar la competitividad de nuestra economía. Señorías, estamos cimentando un país competitivo, un país con empresas que compiten en el mundo y que consiguen
colocar con éxito sus productos en los mercados. España es un país con una economía moderna, con un crecimiento muy sólido en sectores dinámicos y que crece como ninguna otra economía de nuestro entorno, generando empleo y eliminando desigualdades.
Por tanto, prosigamos en esa línea.


Señora Poncela, la animo a continuar con el excelente trabajo que está desarrollando su departamento, un trabajo que sin duda contribuye a la importante transformación a la que estamos asistiendo y que todos queremos consolidar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palmer.


Terminado el turno de los grupos parlamentarios, concedo la palabra nuevamente a la secretaria de Estado de Comercio para que haga las aclaraciones y dé las informaciones que estime conveniente.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (Poncela García): Muchas gracias, señor presidente.


Es cierto que cada vez que doy el dato de cómo van las exportaciones lo que estoy diciendo es que permanentemente estamos dando cifras récords. Si lo comparo con el año 2009, vemos que en estos momentos estamos en una cifra idéntica de
importaciones, pero hemos incrementado de manera muy importante el dato de exportaciones. Y tenemos que seguir así porque en la secretaría de Estado nos hemos fijado como reto una serie de objetivos: uno, incrementar el número de empresas
exportadoras, lo que llamamos incrementar el margen extensivo, es decir más empresas, más clientes, más mercados, más productos, y, dos, también incrementar lo que se llama el margen intensivo, es decir que una vez que hemos conseguido llegar a un
determinado mercado vayamos creciendo en el volumen de facturación con cada uno de nuestros clientes.


Por tanto, nuestro objetivo es incrementar la base exportadora pero también incrementar la base exportadora regular. Alguna de sus señorías decía que las empresas exportaron porque no tenían demanda interna y una vez que la demanda interna
está repuntando se olvidan de esos mercados y vuelven otra vez a sus clientes nacionales de toda la vida. Evidentemente, eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que tratar de consolidar, animar a las empresas a que consoliden esos clientes que
han conseguido en algunos casos -no lo voy a negar- por razones de necesidad, porque la demanda interna cayó de manera muy importante, pero una vez que les hemos ayudado a salir fuera y han conseguido esos clientes, que los consoliden y los
intensifiquen. Es lo que llamamos el margen intensivo, que crezca la facturación con esos clientes. Por eso, incrementar la base exportadora regular es importantísimo. Hemos pasado de tener antes de la crisis 110 000 empresas que exportaban a
tener 150 000 empresas que exportan. Teníamos 39 000 empresas que exportaban regularmente antes de la crisis, hoy tenemos 50 000 empresas que exportan regularmente. Y tenemos que seguir trabajando en esa línea.


La diversificación geográfica es crítica. Usted lo decía antes, ¡claro que tenemos que ir a Asia!, es la zona del mundo donde más está creciendo la población y más están creciendo las rentas de la población. Por tanto, es un sitio donde
tenemos identificado perfectamente dentro de nuestra estrategia -cuando venga a contarla lo verán- los países prioritarios y en Asia hay cuatro: China, India, Corea y Japón. Son parte de nuestro objetivo además, por supuesto, de Australia. Son
sitios donde tenemos que ayudar a nuestras empresas a crecer y tenemos diseñada una estrategia para conseguirlo en esos mercados.

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Tenemos que ir poco a poco haciendo que este buen dato que hemos ido consiguiendo se consolide. Porque antes de la crisis teníamos un déficit comercial recurrente de unos 100 000 millones de euros y hemos cerrado el año 2016 con 18 000
millones de euros de déficit comercial. Yo misma me preguntaba si esa bonanza se ha debido al buen comportamiento de los precios del petróleo o si ha habido algo más. Bueno, pues de esos 87 000 millones de euros de diferencia, 13 000 millones han
sido gracias a la mejora de los precios del petróleo y el resto ha sido debido a una mayor competitividad de nuestras exportaciones. Además, tampoco vislumbramos ahora que el precio del petróleo, aunque ha crecido con respecto a los dos años
anteriores, se vaya a poner en unos niveles que nos generen inquietud porque creemos que se va a estabilizar en unos niveles en torno a 50 dólares el barril, que pensamos que puede ser compatible con una mejora de la balanza no energética. La
balanza no energética se salda con datos positivos, con datos de superávit y -como digo- eso antes no sucedía y ahora ya sucede. Sucede porque es cierto que se ha hecho un ajuste importante. Teníamos una pérdida de competitividad con respecto a
los países de nuestro entorno de la Unión Europea y con respecto a los países de la OCDE, fundamentalmente los costes laborales unitarios eran muy superiores en España con respecto a ellos, y en estos momentos vemos que la evolución de nuestros
costes laborales unitarios en comparación con los de los países de nuestro entorno está ajustada. Evidentemente, tenemos que seguir favoreciendo que la competitividad sea vía mejora de la productividad y para eso la inversión en bienes de equipo,
la inversión en factores fijos es muy relevante.


¡Claro que tenemos que seguir apoyando que nuestras empresas innoven, que nuestras empresas ganen en tecnología! No es cierto que nuestras empresas estén instaladas en la base baja de la tecnología. No es cierto que nuestros sectores de
competitividad sean poco diversificados y además con una tecnología muy baja porque, si eso fuera así, no habríamos conseguido mejorar en cuota de mercado mundial. Si ustedes ven las gráficas de las cuotas de mercado mundial desde hace dos décadas
hasta hoy de los principales países competidores, verán que el único país de nuestro entorno que ha conseguido -después de caer un poco en cuota de mercado mundial con la crisis pero estamos recuperando esa cuota de mercado- crecer en cuota de
mercado, precisamente durante la crisis, es España. Tan solo Alemania ha conseguido mantenerla, no recuperarla sino mantenerla y nosotros estamos ganando cuota de mercado mundial. Y lo estamos haciendo a costa de los países que la están perdiendo
porque, evidentemente, Francia, Italia, cualquiera de los países de nuestro entorno han perdido cuota de mercado mundial. Incluso Estados Unidos ha perdido cuota de mercado mundial. ¿Por qué? Por la fuerte irrupción de determinados países
emergentes, pero sobre todo y muy principalmente por la fuerte irrupción de China que es el que se ha comido la cuota de mercado mundial de muchos países de nuestro entorno.


España está resistiendo, incluso mejorando su cuota de mercado mundial. Por eso, tenemos que insistir mucho en ganar en productividad, en ayudar a nuestras empresas a que sean competitivas porque es la única forma de poder seguir estando en
los mercados, y lo tienen que hacer con productos diferenciados; cuando digo productos diferenciados es, precisamente, haciendo productos un poquito más sofisticados para diferenciarse de los productos de los países emergentes que suelen ser
productos mucho más básicos y se pueden diferenciar a través de la tecnología, a través de las marcas, a través de la calidad, a través del diseño industrial. Es una forma de diferenciarse con respecto a los productos de esos países emergentes con
unos niveles de diferenciación mucho más básicos que los nuestros. Tenemos que seguir ayudando a esa diferenciación de nuestras empresas y en eso está también parte de la estrategia de internacionalización, que no solamente es la estrategia nuestra
-de la Secretaría de Estado de Comercio- sino que es la estrategia de otros departamentos que hacen también labores en la internacionalización. Por tanto, no es que no tengamos objetivos claros, los tenemos y están publicados en la página web del
ministerio cuáles son los objetivos de esta estrategia y también cuáles son los objetivos del instrumento FIEM.


El instrumento FIEM decimos que es un instrumento moderno porque ha ido evolucionando desde que se creó hasta ahora. Antes del año 2011 teníamos el crédito FAD y el FIEM es su sustituto. El crédito FAD era un crédito que simplemente se
basaba en financiación con garantías soberanas. Hoy, sin embargo, estamos incorporando nuevos tipos de garantías. La representante del Grupo Vasco me preguntaba precisamente eso, qué garantías se piden para evitar los fallidos. Estamos en cero
fallidos desde que se puso en marcha el FIEM, precisamente porque aceptamos garantías soberanas, cuasi soberanas, Project Finance... Estamos incorporando toda una dinámica de tipos de garantías y tipos de actuaciones que se utilizan corrientemente
en el sistema privado. Todo eso, además, nos permite el amplio abanico de modalidades. Hemos visto que teníamos la modalidad comercial, tanto modalidad de crédito comercial

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para exportación como modalidad de crédito comercial para inversiones -cosa que no sucedía con el crédito FAD que era monodiseño-, y además tenemos también el crédito concesional.


Respecto a la tramitación, me decían algunos de ustedes que es una tramitación lenta y es cierto. En algunos casos hemos observado que somos lentos pero también les digo que no somos mucho más lentos que la banca privada. A veces cuando
vemos un proyecto que tiene financiación pública y financiación privada e iniciamos los procedimientos les puedo decir que terminamos a la par. Terminamos a la par porque intentamos ser muy rigurosos con la financiación, con el país, con la empresa
y las garantías que nos ofrezca todo ello. Por eso es por lo que, a veces, podemos decir que somos un poco lentos. Nosotros mismos detectamos que eso para pequeños proyectos no era ágil, no era bueno. Precisamente por eso -y esto lo veremos
teóricamente el año que viene cuando venga a dar cuenta del FIEM 2017-, una de las cosas que hemos hecho es aprobar la línea para pequeños proyectos. ¿Qué significa esa línea? Ya estamos autorizados para aprobar, a través de la secretaría de
Estado, a través del comité FIEM de la secretaría de Estado, proyectos de hasta 3 millones de euros con cargo al presupuesto del FIEM sin necesidad de que los proyectos vayan a Consejo de Ministros. Evidentemente, están teniendo una mayor agilidad
y estamos respondiendo a una mayor velocidad a lo que podría ser un proyecto de un presupuesto más elevado que requiera todos los pasos y pautas.


Por tanto, estamos preocupados por hacer una línea de mejora, por mejorar todos nuestros procedimientos, revisándolos e intentando que sean viables, que sean atractivos para las empresas y, sobre todo, y muy importante, que nuestras empresas
los conozcan. Estamos desplegando todo un programa de jornadas en España y en donde suelen estar nuestras empresas fuera de España y levantando allí, in situ, los proyectos para que sepan que pueden tener acceso a este tipo de línea de
financiación. Además, intentamos no solo que las empresas conozcan este crédito FIEM, sino también coordinar todo tipo de instrumentos a disposición de las empresas. A veces, las empresas han oído hablar del FIEM o del seguro de crédito a la
exportación, pero no son capaces de conocer todos esos instrumentos, el seguro de crédito a la exportación, la compensación de intereses, que llamamos CARI, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa o cualquiera de las ayudas al capital
riesgo en el extranjero que hace Cofides, Cesce, ICO. Estamos tratando de dar a conocer a las empresas que tenemos todo un abanico de posibilidades y que la empresa, en función de cómo sea su proyecto, el país de destino o en qué situación
financiera se encuentre en cada momento, pueda acogerse a uno, a dos o a varios de todos esos instrumentos, desde los instrumentos de la secretaría de Estado, como digo, Cesce, el seguro de crédito a la exportación, el seguro de compensación de
intereses, que lo hace CARI a través del ICO, Cofides, capital riesgo en el extranjero, el crédito FIEM o todos los instrumentos del ICEX para la promoción comercial en terceros mercados.


No es que haya instrumentos dispersos, aunque a veces se puede visualizar así desde las empresas. Nosotros intentamos que ellos vean que no son dispersos, que puede haber sinergias entre todos ellos para abordar su proyecto. En ese
sentido, dentro de ICEX hemos creado una unidad de asesoramiento financiero para darles a entender toda esa batería de instrumentos que tienen a su disposición y para que nos cuenten su proyecto, su país, su cliente, su situación financiera y darles
el asesoramiento financiero y decirles cuál de todos ellos puede ser el que mejor les encaje y cuáles serían las condiciones. Estamos modernizando dentro de ICEX toda nuestra batería de actuación. Estamos digitalizando nosotros mismos el ICEX, de
tal forma que la empresa entre a servicios centrales, direcciones territoriales, una oficina comercial. Tenemos un sistema CRM por el cual capturamos a la empresa y, a partir de ahí, buscamos la mejor forma de darle un asesoramiento comercial y
financiero para abordar sus clientes, el mercado en el que está y todo lo que necesite en cada uno de estos momentos. Como digo, intentamos mejorar nuestras actuaciones y coordinarlas de la mejor manera posible.


Además, como he dicho, hemos hecho la línea de pequeños proyectos, la Línea de Facilidades con la UE. ¿Cómo va? Pues va bien y va mal. Si miramos cuántos proyectos hemos hecho hasta el momento diría que vamos mal. Sin embargo, si lo
miramos desde el punto de vista de cuánto hemos avanzado para poder entrar ya en esas líneas de financiación, diría que vamos muy bien. No es fácil, ya que son extremadamente complejas estas líneas, la gestión de todo ello en la Unión Europea, y lo
que hemos hecho precisamente ha sido designar, homologar, nominar a Cofides como el agente para toda la Administración española, por lo menos del Gobierno central, de cara a la Unión Europea y aunar los intereses y el blending posible y entender
bien las líneas y cómo funcionan esas líneas en la Unión Europea para poder entrar y reclamar financiación. Están algunas agencias, como, por ejemplo, la Aecid, ICO, Cofides. Todos nos hemos dirigido a esas líneas e intentamos entender cómo
funcionan, y hemos

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decidido ir por orden, ir aunados y que nos vean como una sola agencia. Nosotros nos coordinamos internamente y luego vemos quién tiene que hacer el proyecto, si es mejor que lo haga una agencia o que lo haga la otra. Pero quien está
homologado frente a la Unión Europea es Cofides, que es el que coordina todos los demás entes a nivel nacional. Por tanto, espero que a partir de ahora podamos empezar a tener proyectos y podamos ir mucho mejor, porque ya sabemos cómo funciona todo
ello y, como digo, vamos coordinados.


Me preguntaba la representante del Grupo Socialista cuántos proyectos se han hecho del instrumento Evatic. Aquí, lamentablemente, con el instrumento financiero a través de capítulo 8 el resultado es cero. Es un instrumento que antes tenía
mucho éxito en las empresas porque se hacía a través de capítulo 7, pero en estos momentos no hay presupuesto para hacerlo por este capítulo y tenemos que hacerlo por capítulo 8, que no termina de ser atractivo para las empresas. Aspiro a que en un
futuro próximo podamos tener proyectos, traerlos aquí y conseguir tener algunos de los éxitos que tuvo este instrumento en algunos casos, que este éxito pasado sea acreditación de éxito futuro.


Respecto al Plan de Inversiones europeo, me preguntaba cómo estamos haciendo para poder abordarlo. Pues hemos creado un grupo de trabajo también presidido por la Dirección General de Comercio Exterior e Inversiones que está formado,
nuevamente, por Aecid, Cofides, Cesce, ICO, ICEX, Tesoro, la subdirección que lleva las instituciones financieras internacionales, que están trabajando en hacer propuestas, que vamos a presentar en breve. Vamos a por tres ventanillas en concreto.
Vamos a por desarrollo urbano sostenible, vamos a por agricultura y vamos a por microfinanciación. La Comisión ha empezado por África, y en ella vamos a centrarnos puesto que es lo que quiere la Comisión. Además, tenemos proyectos que creemos que
podemos levantar en África, porque el planner de proyectos en este continente está muy alineado con las tecnologías de nuestras empresas: agua, energías renovables, transporte urbano, medioambiente, riego. Los países en los que ya tenemos
identificados intereses son Marruecos, Egipto, Costa de Marfil, Cabo Verde. Como ven, hemos hecho un trabajo intenso de organización interna, de conocimientos imbricados, trazas de la burocracia en Bruselas, para poder atinar bien nuestra acción, y
creo que, una vez que ya hemos conseguido hacer toda esa labor previa, vamos a tener éxito.


El representante de Unidos Podemos decía que el saldo no mejora, que las importaciones caen, que las exportaciones no tiran. Realmente no es cierto. Que crezcan las importaciones no es un mal dato, y no caen, crecen las importaciones, lo
que significa que nuestra economía, sobre todo cuando estamos hablando de importaciones de bienes de equipo, se está rearmando tecnológicamente, que los procesos productivos de nuestras empresas se están modernizando. Por tanto, es muy interesante,
porque si no hicieran eso tendrían un problema, estarían perdiendo competitividad frente al extranjero. Es cierto que en unos casos se modernizan con producto nacional y otras veces donde está mejor esa tecnología. He de decirles que el primer
rublo de exportación española -esto es algo que, cuando lo digo a veces en foros pequeños, alguno se sorprende- es bienes de equipo, prácticamente el 20 % de nuestras exportaciones son bienes de equipo. No estamos hablando de tomates o de productos
básicos, estamos hablando de productos tecnológicos en sectores muy relevantes, con lo cual está muy bien que nuestro saldo mejore, está muy bien que las importaciones crezcan, pero que crezcan más nuestras exportaciones, y lo estamos consiguiendo.


Usted decía que nuestro patrón exportador es poco diversificado, que nuestra tecnología es baja, incluso en el sector automoción. Yo soy una persona normalmente optimista y positiva y siempre veo la botella medio llena, nunca medio vacía.
Esto es el punto de vista de cada uno. Antes lo decía la representante del Grupo Popular, el 55 % de nuestras exportaciones es de tecnología media y media-alta. Tenemos un porcentaje relevante de exportaciones en el sector aeroespacial y en el
sector automoción, que son sectores altamente innovadores, pero también en el sector de automoción. En el sector automoción lo que ha pasado en este país no tiene parangón en ningún otro país de nuestro entorno. Tenemos todas las plantas
instaladas en este país, diez comunidades autónomas relacionadas con el sector automoción, pero sobre todo y muy importante lo que han conseguido hacer es crear todo un parque de proveedores suministradores del sector automoción, suministradores de
las marcas alemanas, francesas, italianas, coreanas, japonesas y americanas. Tenemos Tier 1 muy importantes que hace unos años eran pequeños talleres y hoy son empresas que están en montones de países con dos y tres plantas -en China, en India o en
Estados Unidos- que arrastran a Tier 2 y a Tier 3. Eso no es algo baladí, no es algo pueril. Es más, es un modelo que nos están intentando copiar en otros países. Yo he recibido a

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muchos embajadores de otros países que me dicen si les podemos trasladar nuestro know how en el desarrollo del sector automoción. Yo veo la botella medio llena y no medio vacía.


En cuanto a inversiones -me vuelvo a referir precisamente al sector automoción-, el sector automoción es cíclico, tiene unos modelos que tienen unos períodos de vida en torno a diez años y, una vez que ha pasado el período de vida de diez
años de ese modelo, o vuelves a tener modelo o esa planta corre el riesgo de desaparecer, porque si no tiene carga de trabajo para los próximos diez años entra en riesgo. Pues tenemos la suerte de que todas las plantas instaladas en España tienen
modelos nuevos de producción, tienen carga de producción para los próximos diez años. Eso significa inversiones extranjeras, inversiones extranjeras que no han caído en España. España es el noveno país en cuanto a atracción de inversiones
extranjeras, además mejorando nuestro clima de negocio. El 95 % de las empresas y multinacionales instaladas en España, de acuerdo con el barómetro de clima de negocio, dicen que están satisfechas y que además van a volver a invertir. En concreto
le puedo decir que en el año 2015, que es el último año del que tenemos datos, el flujo de inversiones extranjeras en España fue de 23 500 millones de euros y en el año 2014 había sido de 23 900 millones de euros, bajó un 1 %. Pero es que la media
de inversiones extranjeras a nivel mundial bajó entre el 10 y el 15 %, porque una de las cosas que está diciendo la Unctad es que ha habido un frenazo de la inversión extranjera debido a la coyuntura económica mundial. Luego si el resto de los
países bajan entre el 10 y el 15 % y nosotros hemos bajado un 1 %, es un buen dato. Sobre todo estoy hablando de inversiones fabriles, inversiones productivas, con lo cual sigo viendo la botella medio llena.


Me decía que no estamos haciendo uso de la partida presupuestaria asignada para el crédito FIEM. Es que realmente no lo necesitamos. Todos los años en los Presupuestos Generales del Estado se pinta una partida presupuestaria por si el
fondo necesita en un momento determinado acudir a ella, pero realmente el fondo nació en el año 2011 con vocación de autosostenibilidad. Es decir, tiene que llegar a un volumen de revolving, de tal manera que con lo que recupere de los créditos
concedidos, más las comisiones más los intereses, pueda ser autosostenible. En estos momentos es autosostenible. El primer año se tiró de ese presupuesto, pero paulatinamente, a medida que empiezas a recuperar los créditos concedidos, cada vez se
ha ido demandando menos, tirando menos de la partida presupuestaria, y desde hace tres años ya no se necesita. La tenemos por si acaso, pero realmente conseguimos ir creciendo. El año pasado creció un 29 % la cantidad de créditos FIEM concedida
con respecto al año 2015 y sin embargo no tuvimos necesidad de acudir a la partida presupuestaria. Yo considero que esto es una muy buena noticia.


Me decía que las pymes tienen problemas para poder tener financiación para la internacionalización. Claro que sí. Precisamente por eso tenemos los instrumentos que diseñamos para poder ayudar a las pymes. Uno de los instrumentos que
pretende ayudar a la internacionalización y ayudar en ese tipo de interés, sobre todo ahora que van a ir subiendo los tipos de interés, es el convenio CARI. En él fijamos un tipo de interés de referencia y, sea cual sea el tipo de interés, está
compensado. La pyme sabe a qué tipo de interés se va a financiar y el resto, aunque suban los tipos de interés, si se acoge a un convenio CARI lo tiene compensado. Es un mecanismo que tenemos con los bancos a través del ICO y que está funcionando
realmente bien.


Me preguntaba cuáles son los principales destinos de los países a los que concedemos financiación FIEM. El primero fue Arabia Saudita. Fue una refinería, fue el diseño, construcción y explotación de una refinería. En estos momentos han
sido 227 millones de euros los que se han destinado a esta refinería, con un altísimo porcentaje de exportación de productos españoles, y no solamente del primer contratista, sino también de subcontratistas que fueron de la mano del contratista
principal. El siguiente país ha sido Ecuador, gracias al metro de Quito que he comentado, de la empresa CAF, con 197 millones, y los siguientes países, en orden de principal destino, han sido Kenia -algunos de los proyectos los he comentado aquí
durante mi exposición-, Egipto, Marruecos, Uruguay, Sri Lanka, Venezuela, México, Reino Unido, Brasil, Cabo Verde, China, Noruega, Turquía, Indonesia, Gabón, varios países centroamericanos, Jordania, Ghana, Paraguay, Chile, Nicaragua, Portugal,
República Checa, India, Perú, Sudáfrica, Colombia, Vietnam, Costa Rica, Montenegro, República Dominicana, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Santa Lucía, Angola, Moldavia y una partida de varios. ¿Qué significa todo esto? Son países, como ustedes verán,
donde es difícil a veces que las empresas consigan financiación de la banca porque son países difíciles, o bien porque están altamente endeudados o bien porque las condiciones allí son complicadas. Nosotros no pretendemos sustituir a la banca, lo
comentaba usted antes en su intervención. El crédito FIEM nunca pretende sustituir a la banca. Actuamos siempre intentando acometer los fallos de

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mercado, porque donde esté la banca no tiene sentido que esté el servicio público, ya lo hace la banca. Pero precisamente donde no llega la banca, por el altísimo riesgo que supone en algunos casos o porque ellos no son capaces de conseguir
garantías soberanas, es donde estamos nosotros con el crédito FIEM. Como ven, está tremendamente diversificado el destino de las exportaciones, así como el tipo de empresas.


A ver si encuentro la ficha donde tengo las empresas que han repetido crédito FIEM, pero de todos los créditos que hemos dado solo ha habido siete empresas que hayan repetido crédito FIEM. Además he de decir que los sectores a los que va el
crédito FIEM, el tipo de empresas, es interesantísimo. Si yo pregunto cuando salgo al extranjero por qué se conoce a España, se la conoce por ser líder en tecnologías del agua. Somos líderes en Europa en tecnologías del agua, precisamente por
nuestra carencia. Hemos hecho de la necesidad virtud. Somos líderes en energías, sobre todo en energías renovables; somos líderes en tecnologías medioambientales y somos líderes en infraestructuras, pero también en software. Pues todos ellos son
precisamente los sectores a los que van los créditos FIEM. Es decir, el crédito FIEM está especialmente dedicado a sectores de tecnología -antes hablábamos de tecnología media o media-alta- media-alta o alta. Estamos precisamente en ese segmento
de mercado y lo veo en todos los años, no solamente en 2016 y en 2015. Si miro hacia atrás, de 2011 a 2016, veo a qué sectores fueron nuestros créditos FIEM: bienes de equipo, TICS, agua, energía, medio ambiente, tecnologías en las que España es
identificada a nivel internacional como líder mundial. Así, por ejemplo, once operaciones se dedicaron a proyectos energéticos, ocho a bienes de equipo, una al sector químico, seis al transporte, doce a medio ambiente, once a tecnologías del agua y
así todo un terrible etcétera.


Me ha preguntado qué significa varios. Pues varios es varios. Lo llamamos así porque ahí tenemos empresas de varias provincias; cuando aprobamos una línea, dicha línea va al concepto varios y cuando damos financiación a través de
instituciones financieras internacionales y con cargo al FIEM también va a la línea de varios. Varios no son varios países, sino varias tipologías de operaciones.


Respecto a Madrid, una de las ciudades que más absorbe el crédito FIEM, hay que ser conscientes del efecto sede de muchas empresas. A veces la planta fabril de las empresas no está en Madrid, pero la sede social sí y nosotros identificamos
por el NIF de la empresa que lo solicita. Si tiene su NIF y su sede social en Madrid, acaba identificada como tal. Barcelona en concreto, y Cataluña en conjunto, a pesar de ser una de las principales regiones exportadoras de España -Cataluña
representa el 20 % de la exportación española-, no es de las que más tira del crédito FIEM, no es de las principales. Perdón, me explico mal. Es de las principales, pero no de las primeras por el tipo de sectores. Si hablamos de bienes de equipo,
Guipúzcoa, por ejemplo, es una de las principales regiones, pues todo el sector de maquina-herramienta está allí y se beneficia mucho este tipo de crédito. Hay varias empresas de bienes de equipo instaladas en Guipúzcoa. Navarra también es otra de
las que está a veces por encima de Barcelona. Barcelona tiene otro tipo de industria y eso hace que no sea ni la primera ni la segunda, sino la cuarta región en beneficiarse del crédito FIEM, pero tampoco está mal. Cataluña, como digo, está
dominada por el sector químico y el del automóvil, sectores en cuya financiación FIEM no se ha especializado precisamente y eso hace que no esté en el top del ranking, aunque sea una de las regiones top en cuanto a exportaciones.


Para ir avanzando, contestando al portavoz del Grupo Ciudadanos, lo más importante es que nuestras empresas exportadoras sean de largo recorrido, que aumentemos el volumen de empresas que exportan regularmente. Es uno de los objetivos de
nuestra estrategia y cuando la presente lo verán. Es cierto que hemos tenido algunos problemas a la hora de identificar, como decía la representante del Grupo Socialista, los objetivos del Plan 2014-2015, pero eso lo hemos subsanado en este plan
que vamos a presentar, el correspondiente al periodo 2017-2018. Los objetivos están claramente definidos, tenemos claramente identificado que tenemos que crecer en el volumen empresas exportadoras. Tenemos identificados los objetivos, así como una
forma de evaluación. Y sobre todo quiero decirle que estoy de acuerdo con usted, como he manifestado antes, en que Asia y Oceanía tienen que ser prioritarias. Precisamente por eso acabo de hacer una reforma de la estructura de mi secretaría de
Estado. La subdirección que llevaba antes Europa No UE más Asia y Oceanía en estos momentos ya no lo lleva porque queremos que se concentre especialmente en Asia y en Oceanía. Le hemos quitado todos los países de Europa No UE y los hemos pasado a
la subdirección de Europa y lleva Europa UE y No UE. Lleva toda Europa, en bilateral y en multilateral; lo lleva todo. Es la reforma que he hecho recientemente, con la que he pretendido ajustar nuestra estrategia y nuestra estructura, casar esa
estrategia para hacer que la estructura responda mejor a la estrategia de apostar por esta zona geográfica, donde creemos que pueden aumentar o deberían

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aumentar muchos nuestras exportaciones, pues tenemos potencial para ello y no estamos suficientemente bien representados.


La representante del Grupo Vasco me ha preguntado si tenemos nuestra política de internacionalización alineada con la política industrial. Absolutamente. A la hora de elaborar nuestra política de internacionalización, la Secretaría General
de Industria ha participado en ella. Los inputs de internacionalización de su industria están en nuestra estrategia de internacionalización, como nosotros estamos participando en su estrategia de política industrial. Ellos están elaborando ahora
esa estrategia y nosotros estamos dando la parte internacional de su industria en esa estrategia. Estamos coordinados e interrelacionados y los objetivos, como no podía ser de otra manera, en la parte que es común son comunes, sin lugar a dudas.


Nuestras exportaciones están creciendo y, a la vez que crecen y que lo hacen también las inversiones españolas en el extranjero, les llamo la atención sobre una cosa de la que a veces no nos damos cuenta en nuestro país: nuestra tremenda
evolución. En los años ochenta -dirán que me remonto un poquito mucho-, cuando estábamos empezando la transición de este país, hace ya unos cuantos años, teníamos cero multinacionales en España. Cero multinacionales. Ninguna empresa española era
multinacional y hoy tenemos una muy buena batería de empresas multinacionales. ¿Y qué hacen esas empresas multinacionales y exportadoras? Pues que cuando se instalan en otros países se llevan con ellas a toda una serie de empresas: de
consultoría, de ingeniería, de gestión de las empresas, de abogacía, de tal manera que hoy nuestros ingresos por servicios no turísticos son más del 50 % del total de ingresos por servicios. España es un país turístico, por supuesto que sí, y es
muy importante esta industria en nuestro país porque puede tener el mismo peso en nuestra economía que el petróleo en Noruega, por ejemplo. Es un sector importantísimo en nuestra economía; sin embargo, nuestros ingresos por servicios no turísticos
son superiores a los servicios turísticos y además están creciendo potentemente. En los últimos años están creciendo a un 6 y a un 7 %, un muy buen dato. Tenemos que seguir ayudando a nuestras empresas de servicios para que sigan a este ritmo y
sin lugar a dudas estamos trabajando con ellas. Estamos viendo qué podemos hacer para que puedan trabajar bien y lo estamos incorporando a los acuerdos comerciales que se hacen con determinadas zonas del mundo. Para que las empresas puedan
trabajar bien en el exterior, necesitamos crearles toda una batería de convenios con esos territorios del mundo que les dén satisfacción y tranquilidad, como pueden ser los acuerdos de doble imposición o sobre todo los acuerdos recíprocos de
inversiones. Esos dos acuerdos son críticos y fundamentales para que nuestras empresas que abordan su internacionalización puedan hacer su estrategia de internacionalización con mucha mayor garantía, seguridad y confort porque les dicen sobre todo
quién va a resolver sus conflictos en caso de que estos existan.


Por ir concluyendo, respecto a cómo apoyamos a las pymes, que planteaba la representante del Grupo Popular, realmente es para nosotros un objetivo muy importante. Como he dicho antes, gran parte de nuestros clientes son pymes y la ayuda a
las mismas la canalizamos a través de muchísimas vías. En primer lugar, habría que destacar que más de la mitad de las empresas a las que se ha apoyado con este crédito en 2016 son pequeñas y medianas empresas pero, sobre todo, una de las cosas que
estamos intentando es introducirlas en la cadena de valor, es muy relevante. Las grandes cadenas de valor son las que realizan los grandes proyectos y los realizan no en exclusiva sino incorporando proveedores que están cada uno en distintos
países. Tenemos que ser capaces de integrar a nuestras empresas en esas cadenas mundiales de valor; ese es uno de nuestros objetivos de esa estrategia de internacionalización que les presentaré próximamente a ustedes. Algunas de las líneas de
instrumentos que hemos diseñado aquí son precisamente para ayudarlas a que tengan este efecto arrastre, a que se incorporen en esas cadenas de valor, a que puedan ser suministradoras de productos y servicios de las grandes empresas licitadoras.


Quiero poner el ejemplo que he dado en mi exposición, vuelvo otra vez al metro de Quito de CAF: un proyecto de 190 millones de euros, un proyecto que lidera una empresa española que lleva con ella a doce empresas pymes suministradoras. Es
uno de los ejemplos de efecto arrastre de una gran empresa que consigue, a través de una licitación internacional, algo tan relevante como es eso y dirán ustedes: es relevante por la cuantía, es cuantitativamente relevante, pero sobre todo es muy
importante cualitativamente porque el hecho de que una empresa española se posicione en América Latina construyendo las líneas de metro puede significar que otros países del entorno posiblemente puedan demandarnos ese tipo de trabajos. ¿Por qué?
Porque estas grandes urbes latinoamericanas tienen un problema de movilidad de personas, tienen un problema de acumulación de personasen las grandes

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urbes y las grandes instituciones financieras están observando qué se está haciendo en Quito precisamente como modelo para poder replicar en otras urbes latinoamericanas. Ahí estamos posicionándonos con nuestra gran empresa cabecera y con
todas pymes a las que ha llevado como efecto arrastre.


Como he dicho antes, para agilizar todo este crédito FIEM es por lo que este año hemos mejorado la línea de blending, para hacerla más dinámica ahora que ya hemos conseguido desbrozar todo ese mundo de la Unión Europea, y queremos entrar ya
con proyectos y propuestas por parte de España, pero sobre todo muy importante es la línea pymes, que ha sido aprobada con hasta 50 millones de euros para proyectos de menos de 3 millones cada uno, donde podemos responder de manera muy ágil sin
necesidad de esperar todos los trámites que lleva un proyecto cualquiera ni todos los meses que lleva un proyecto cualquiera.


Creo que no me he dejado ninguna pregunta pendiente y si lo he hecho, la responderemos por escrito.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Poncela, con su intervención termina esta comparecencia. (Pausa).


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN RECTORA DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA, FROB (PONCE HUERTA), PARA INFORMAR SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL FROB, LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE SU ACTUACIÓN
ECONÓMICO-FINANCIERA Y LA GESTIÓN DE LOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN QUE LE CORRESPONDEN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 11/2015, DE 18 DE JUNIO, DE RECUPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN.
POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. (Número de expediente 212/000984).


El señor PRESIDENTE: Si les parece continuamos con la sesión convocada para el día de hoy, tratando el segundo punto del orden del día, la comparecencia del presidente de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
Vamos a seguir el procedimiento normal en estos casos, primero la intervención del presidente del FROB, a continuación los grupos parlamentarios y, finalmente, cerrará el presidente del FROB. Como es muy amplia la materia sobre la que va a
intervenir imagino que las preguntas que tengan sus señorías sobre temas particulares tendrán cabida dentro de esa posibilidad.


Sin más, señor Ponce, ya es bien conocido en la Comisión, bienvenido una vez más y tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN RECTORA DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (Ponce Huerta): Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías, me dispongo a comparecer siguiendo el mandato de control recogido en el artículo 56 de la Ley 11/2015, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresa de servicios de inversión, ante esta Comisión de
Economía, Industria y Competitividad con la finalidad de informar sobre las principales actividades desarrolladas por el FROB desde mi última comparecencia. Dada su evidente relevancia -y aún más considerando que el Grupo Parlamentario Socialista
solicitó a estos efectos mi comparecencia- dedicaré especial atención al proceso de resolución del Banco Popular acordado por la Junta Única de Resolución el pasado mes de junio.


Como recientemente ha reconocido el Fondo Monetario Internacional, la rentabilidad y solvencia de la mayoría de las entidades financieras españolas han mejorado sustancialmente durante los últimos años. Hay mayor disponibilidad de crédito y
las adaptaciones a los nuevos requisitos regulatorios van progresando con fluidez. Esto se debe a su profunda y continuada transformación en asuntos como el saneamiento de los balances, la eficiencia operativa o el fortalecimiento de las ratios de
solvencia. Sirva como ejemplo destacar que el nivel de activos deteriorados del sector se ha reducido en más de la mitad desde el máximo alcanzado a finales de 2013; que el nivel de eficiencia en términos de costes de la industria española se
sitúa entre los mejores de Europa y que los ratios de capital total regulatorio, a pesar de no alcanzar aún la media europea, han mejorado en cerca de 150 puntos básicos desde 2013.


No obstante, sin desmerecer esta positiva evolución reciente, el sector financiero español afronta todavía importante retos que exigen mantener a todos los niveles esta senda de fortalecimiento, particularmente en lo que se refiere a la
generación de capital y otros pasivos regulatorios y al drenaje

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definitivo de los activos inmobiliarios improductivos. Ello ha de abordarse, además, en un contexto de cierta dificultad para toda la banca europea, con presión a la baja de la rentabilidad del negocio, en un entorno muy bajo de tipos y
márgenes financieros y con una creciente imposición de requisitos regulatorios. Esta combinación de logros y trabajo pendiente referida al sector privado es perfectamente extensible a las autoridades públicas financieras. En efecto, la Unión
Bancaria, con su regulación armonizada y autoridades comunes, se ha ido consolidando a todos los niveles pero aún mantiene importantes tareas por culminar. En particular, en lo que se refiere a la resolución de entidades, los avances son
significativos. Por un lado, tras más de dos años desde la creación de la Junta Única de Resolución, esta se ha afianzado como autoridad financiera. Se ha ido dotando de capacidades y recursos para poder hacer frente a sus responsabilidades y ha
trabajado intensamente para transformar el armazón legal europeo en un auténtico marco de resolución creíble, eficaz y armonizado para toda la zona euro. Por su parte, el FROB -como más adelante les detallaré- continúa trabajando en su doble área
de responsabilidad: avanzando en el seguimiento de los procesos de reestructuración abiertos y posicionándose a nivel nacional e internacional como autoridad de resolución ejecutiva.


Desde el punto de vista normativo, habiendo transcurrido ya un tiempo desde la entrada en vigor de la Directiva Europea de Resolución, se han detectado algunos aspectos que se beneficiarían de un mejor tratamiento regulatorio. Por ello, se
está revisando la norma con el objetivo de fortalecer y armonizar la capacidad interna de las entidades de absorber pérdidas. Así, de un lado, se adaptará la norma al régimen internacional que regula esa capacidad interna para la absorción de
pérdidas en caso de inviabilidad -el llamado MREL, por sus siglas en inglés- y, de otro, se está promoviendo una mayor armonización de los instrumentos financieros que desde el balance de los bancos deben estar listos para absorber pérdidas sin
afectar a la estabilidad financiera, fundamentalmente a través de la creación de un nuevo tipo de deuda denominada ordinaria no preferente, que nuestro país introdujo ya de manera anticipada en el reciente Real Decreto-ley 11/2017, del pasado 23 de
junio.


Señorías, no cabe duda de que el reciente proceso de resolución del Banco Popular ha sido, desde todas las perspectivas, un evento de una gran trascendencia y significado. Ello es porque se trata del primer caso de resolución de una entidad
significativa de la Unión Bancaria, de una entidad bajo el ámbito competencial de los mecanismos únicos de supervisión y resolución. Aunque me detendré en profundidad sobre el asunto más adelante, permítanme avanzar que, sin perjuicio de que la
inviabilidad de un banco es siempre un evento muy desafortunado y perjudicial, es obligación de las autoridades tener mecanismos para poder hacer frente a estas situaciones. Desde esta perspectiva y al margen de las lecciones extraídas que luego
comentaré, creo que se pueden observar al menos dos elementos positivos. El primero es la demostración fáctica de que incluso en escenarios de máxima urgencia y complejidad, la regulación y las autoridades de resolución están plenamente operativas
y resultan eficaces, afianzando la credibilidad de este pilar de la Unión Bancaria. Segundo, desde la más neutral apreciación de los objetivos de la resolución previstos en el ordenamiento, creo que se puede afirmar que la Junta Única de Resolución
cumplió con el mandato institucional asignado, ya que logró gestionar la situación de inviabilidad del banco español protegiendo la estabilidad del sector financiero, evitando impacto alguno en los depósitos, ofreciendo completa continuidad
operativa a todos los clientes y evitando el uso de recursos públicos. Desde la perspectiva más interna, para el FROB este evento ha sido la ocasión de comprobar que sus facultades legales y capacidades profesionales, frecuentemente contrastadas
durante los últimos años, han resultado ahora muy convenientes para prestar un servicio eficaz de colaboración con la JUR en el nuevo papel de ejecución de decisiones europeas que tenemos atribuido.


Señorías, hecha esta primera aproximación general al lugar en que hoy se encuentra el FROB, paso ahora a darles cuenta de los asuntos más importantes de la actividad reciente. Estructuraré para ello mi exposición en tres ejes que tratan de
abarcar tanto una dación de cuentas general como de manera muy específica y en profundidad aquellas materias que requieren mayor detenimiento. Estos tres ejes en los siguientes. En primer lugar, les informaré sobre las actuaciones regulares del
FROB, que cubren la actividad ordinaria acometida en materia de resolución ejecutiva, el seguimiento de los planes de reestructuración y resolución en curso, los elementos principales de la evolución de nuestras entidades participadas, la
actualización de los datos relativos a los recursos públicos empleados, el estado de las actuaciones judiciales emprendidas por el FROB y, por último, su situación financiera y patrimonial. En segundo lugar, señorías, me detendré especialmente en
los trabajos en curso relativos a la fusión de Bankia y BMN que, como saben, ha sido considerada por FROB como la mejor estrategia para optimizar la capacidad de recuperación de las ayudas públicas ante un futuro proceso de desinversión.
Finalmente,

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procederé a informar sobre el ya mencionado proceso de resolución del Banco Popular acordado por la Junta Única de Resolución europea.


Como decía, en primer lugar daré cuenta de las principales actividades desarrolladas por el FROB en el marco de la actual normativa de resolución y, en particular, de las que se derivan de nuestra integración en el Mecanismo único de
resolución europeo. Como conocen sus señorías, desde enero de 2015 la Junta Única de Resolución es la autoridad responsable de ejercer directamente las competencias de resolución sobre los catorce, ahora trece, grupos de entidades de crédito
españolas más significativas, en paralelo a lo que el Banco Central Europeo hace en materia de supervisión. Por otra parte, el resto de entidades españolas que quedan fuera de la competencia directa de la junta única son inicialmente
responsabilidad de las autoridades españolas de resolución, es decir, del propio FROB, como autoridad de resolución ejecutiva, junto al Banco de España para entidades de crédito y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para las empresas de
servicios de inversión, como autoridades de resolución preventivas. Estas son un total de 54 entidades de crédito, de las cuales 38 son cooperativas, y 40 empresas de servicios de inversión, en su gran mayoría de tamaño reducido, dado que 33 tienen
unos activos totales inferiores a cien millones de euros. Seguidamente incidiré de manera resumida en el trabajo de unas y otras autoridades.


Como adelantaba antes, tras sus primeros dos años de vida, la Junta Única de Resolución ha consolidado su propia configuración interna y para ello ha requerido la intensa cooperación de las autoridades nacionales. En esta línea, nuestro
país ha colaborado activamente en diversas tareas como, por ejemplo, la creación de una estructura interna de comités que facilite el funcionamiento de la junta, la elaboración de planes de resolución, manuales y guías operativas o la recaudación de
las contribuciones al Fondo Único de Resolución.


En relación con la elaboración de los planes de resolución, que constituye el principal instrumento preventivo, la junta ha ido asumiendo el liderazgo de los grupos de trabajo constituidos al efecto, contando en esa tarea con el desarrollo
del Banco de España. Durante el año 2016 aprobaron los planes de resolución de diez de los catorce grupos bancarios españoles considerados como significativos. Para este año 2017 la junta ha previsto que se elaboran los planes del resto de
entidades significativas, a la vez que se actualizan y completan los planes ya aprobados. Por su parte, en el ámbito de los trabajos de planificación a nivel nacional, desde mi última intervención el FROB ha recibido e informado los planes de
resolución de cuatro entidades de crédito menos significativas y de once empresas de servicios de inversión, remitidos respectivamente por el Banco de España y la CNMV. En lo que se refiere a la recaudación de las contribuciones de la industria
para la dotación de los fondos de resolución, conviene recordar que el Fondo Único de Resolución, creado en enero de 2016 bajo la administración de la Junta Única de Resolución, cuenta ya con una dotación total de 17 400 millones de euros, de los
cuales las entidades españolas han contribuido ya con 2100 millones. Conviene destacar aquí que para poder hacer frente durante su fase de constitución progresiva a posibles desembolsos del fondo que superen su dotación disponible, la junta ha
firmado facilidades de préstamo-puente con los diferentes Estados miembros de la unión bancaria. España suscribió este acuerdo de facilidad de préstamo con la Junta Única de Resolución tras habilitarse para ello a la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera el pasado mes de diciembre, mediante real decreto-ley. Por último, en el ámbito más estrictamente interno, el FROB continúa desarrollando sus tareas de planificación interna y demás iniciativas para asegurar la puesta a punto de
nuestra capacidad de gestionar los procesos de resolución de forma sistemática, eficiente y bien coordinada con todas las autoridades involucradas. En esta precisa área de coordinación se ha alcanzado recientemente un acuerdo sobre sendos convenios
de colaboración a suscribir próximamente con el Banco de España y la CNMV.


A continuación, expondré de forma breve una actualización de la situación de los procesos de reestructuración de las entidades de crédito, llevados a cabo en el marco del programa de asistencia financiera puesto en marcha en 2012.
Comenzaré, en primer lugar, aludiendo a las entidades que actualmente no están participadas por el FROB, para referirme más adelante a las tres participadas. Durante los meses transcurridos desde mi última comparecencia, los hitos más relevantes
acaecidos han sido los siguientes. En diciembre de 2016 concluyó el plan de resolución de NCG Banco -actualmente Abanca-, habiéndose cumplido todos los compromisos recogidos en el mismo. Esta entidad, como saben, fue adquirida por el Grupo
Banesco, que el pasado 3 de febrero procedió a abonar anticipadamente al FROB los 300 millones de euros correspondientes a los dos últimos pagos pendientes del precio de venta. Continuando con esta entidad, la sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea de 21 de

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diciembre de 2016, que estableció la retroactividad total en la nulidad de las cláusulas suelo, tuvo un importante impacto en la garantía otorgada por el FROB a Abanca en relación con las contingencias por estas cláusulas. Adicionalmente,
como conocen sus señorías, el pasado 20 de enero se aprobó el Real Decreto-ley 1/2017, que establece las medidas a ejecutar por las entidades para facilitar la devolución de lo indebidamente percibido por cláusulas suelo. Lo anterior condujo a un
ajuste en los términos de dicha garantía con el objetivo de, sin perjudicar la posición económica del FROB, posibilitar la aplicación de esta norma y, por tanto, la devolución menos costosa de los importes a los clientes. Por otra parte, durante el
primer trimestre de este año 2017, Ibercaja Banco -dentro de cuyo grupo se integró Banco Grupo Cajatres, entidad receptora de las ayudas- amortizó de manera anticipada el importe total pendiente de la emisión de obligaciones contingentemente
convertibles -los denominados 'cocos'- suscrita por el FROB y que ascendía a 223,4 millones de euros. Con este reembolso Ibercaja ha devuelto en su totalidad las ayudas públicas, que ascendieron a 407 millones de euros. El FROB ha obtenido
adicionalmente 143 millones de euros en concepto de intereses a lo largo de estos años.


En cuanto al plan de resolución de Banco Ceiss -Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria-, la Comisión Europea aprobó el pasado 27 de enero de 2017 su tercera modificación, de la que destacaba la aprobación de una extensión del
plazo del compromisos de salida a bolsa de Unicaja y la fijación de un nuevo compromiso de repago anticipado de los 'cocos' en determinados supuestos. Este compromiso de salida a bolsa se materializó el pasado 30 de junio, facilitando de este modo
el hecho de que el pasado 31 de agosto, una vez obtenida la preceptiva autorización del supervisor, Unicaja haya procedido a la recompra al FROB de la totalidad de los 'cocos'. De esta forma se han recuperado los 604 millones de euros que en su día
se suscribieron, habiendo percibido el FROB a lo largo de la vida de los valores 240 millones de euros adicionales en concepto de intereses. Para completar la información sobre este proceso ha de señalarse que, como consecuencia de una de las
garantías otorgadas a Ceiss para cubrir contingencias derivadas de la mala comercialización de instrumentos híbridos, el FROB ha recibido acciones de Banco Ceiss actualmente representativas del 12,5 % del capital social. En tanto que existe un
compromiso de recompra por parte de la entidad, la participación del FROB en el capital de Ceiss tiene un carácter meramente transitorio, estando previsto que la citada recompra se materialice próximamente. Por último, conviene señalar que son ya
seis las entidades cuyos planes de reestructuración han vencido: Banco de Valencia, Banco Gallego, CajaSur, CAM, Unimm y NCG Banco, y todos los compromisos incluidos en los mismos han sido cumplidos satisfactoriamente. Por otra parte, de acuerdo
con los planes actualmente vigentes, cuatro de las entidades que han recibido ayudas por parte del FROB -Grupo BFA-Bankia, Banco Mare Nostrum, Liberbank y Cajatres, integrada en Ibercaja- finalizarán sus procesos de reestructuración a finales de
este año, mientras que en el mes de abril próximo finalizarán los planes de Ceiss y Catalunya Banc, actualmente integrada en BBVA, siendo, por tanto, estas dos entidades las últimas en cerrar sus procesos de reestructuración o resolución en España.
Con carácter general y de acuerdo con la última información que tenemos disponible, los procesos de reestructuración de estas entidades avanzan a un ritmo satisfactorio, tanto en lo que se refiere a los compromisos asumidos como a los plazos
aplicables.


Paso a continuación, señorías, a actualizar los elementos más importantes de las tres entidades actualmente participadas por el FROB. Comenzaré con un breve repaso de la situación de las entidades de crédito, el Grupo BFA-Bankia y BMN, para
referirme más adelante al proceso de fusión en el que se encuentran inmersas las mismas. En primer lugar, conviene recordar que ambos bancos han venido cumpliendo rigurosamente los requisitos exigidos por sus planes de reestructuración. De hecho,
sus esfuerzos de reestructuración han superado algunos de los citados compromisos. Refiriéndome al caso particular del Grupo Bankia, el ejercicio 2016 arrojó un resultado de 804 millones de euros, lo que le permitió por tercer año consecutivo
repartir dividendos. De ahí que BFA, sociedad íntegramente participada por el FROB, haya recibido 211 millones de euros en dividendos este año, que se suman a los 324 millones recibidos en los dos ejercicios anteriores. Por otra parte, y al ser un
aspecto de gran relevancia para el Grupo BFA, me gustaría actualizar el estado de las contingencias legales que, como saben, se desenvuelven fundamentalmente en tres frentes: la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia del año 2011, la
comercialización de instrumentos híbridos y lo referente a las cláusulas suelo. Como recordarán sus señorías, en relación con las contingencias derivadas de la oferta pública de suscripción de acciones, la entidad puso en marcha un proceso de
restitución de la inversión para clientes minoristas, a través del cual se han satisfecho 135 000 reclamaciones de clientes por un importe de en torno a los 700 millones de euros. Por su parte, por la vía judicial los minoristas han recuperado el
dinero invertido en más

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de 76 500 expedientes judiciales, estimándose un coste para la entidad superior a 1000 millones. Con la información disponible en este momento, se puede inferir que el proceso de recuperación de la inversión por parte de inversores
minoristas está a punto de concluir. En cuanto a las demandas por mala comercialización de instrumentos híbridos, las participaciones precedentes y deuda subordinada, conviene recordar el proceso de arbitraje llevado a cabo por la entidad, por el
cual se devolvió la inversión a más de 130 000 reclamantes, con un impacto de 1126 millones de euros. A su vez, hasta el 30 de junio de este año el número de reclamaciones judiciales ascendía a cerca de 41 000, estimándose que el coste para la
entidad de atender a esas reclamaciones se sitúe cerca de los 1800 millones de euros. Por último, hasta el mes de mayo y a través del proceso de devolución de las cláusulas suelo instrumentado en cumplimiento del Real Decreto-ley 1/2017, Bankia ha
reintegrado más de 180 millones de euros a unos 37 000 clientes. Tomada toda esta información en su conjunto, es importante destacar que los procesos anteriores de restitución de importes a clientes minoristas han supuesto un impacto acumulado al
grupo BFA-Bankia de cerca de 5000 millones de euros. Por su parte, y en relación con la situación de BMN, permítanme indicar que, si bien al cierre del ejercicio presentó un resultado negativo de 39 millones de euros, en parte condicionado por el
registro de provisiones extraordinarias, entre las que destacaría la derivada de la contingencia de cláusulas suelo, la entidad mejoró su solvencia en 114 puntos básicos hasta el 12,3 %. Asimismo, en cuanto al negocio propio de la entidad, resultan
destacables dos aspectos: la significativa reducción de la morosidad de su cartera en un punto porcentual, situándose en el 10,8 %; y las nuevas concesiones de crédito por cerca de 3400 millones de euros. En lo que respecta al proceso de
devolución de las cláusulas suelo, a cierre de junio la entidad ha devuelto más de 40 millones de euros a los clientes.


Paso ahora, señorías, a actualizar la situación de la participación del FROB en Sareb. Como recordarán, como resultado de la valoración de sus activos en aplicación de la circular contable del Banco de España, la sociedad registró
deterioros provisionales que derivaron en que a cierre de 2015 Sareb presentara fondos propios negativos. Con el objetivo de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad y al cumplirse uno de los supuestos de conversión de la deuda
subordinada en acciones, se procedió en 2016 a convertir 2170 millones de euros de deuda subordinada emitida por la compañía en capital. Para el FROB estas medidas implicaron la conversión de 996 millones de euros de deuda subordinada en capital.
Tras este proceso de conversión el porcentaje de participación del FROB se sitúa igualmente en el entorno del 45,9 %. Posteriormente, el 2 de diciembre de 2016, se publicó el Real Decreto-ley 4/16, el cual, entre otras medidas, estableció que las
minusvalías derivadas de la valoración de activos de Sareb se registraran con cargo a patrimonio neto y no a la cuenta de resultados como hasta ahora. El impacto de este real decreto tuvo efectos retroactivos, lo que ha supuesto para Sareb
incrementar las reservas en el importe de las minusvalías registradas hasta la fecha, neto de su impacto fiscal -2330 millones de euros-, lo que ha permitido recapitalizar la sociedad y le ha provisto de una posición de fortaleza patrimonial para el
desarrollo de su actividad ordinaria. En cuanto a esta actividad ordinaria, me gustaría destacar que durante el ejercicio 2016 Sareb obtuvo unos ingresos de 3923 millones de euros, lo que le ha permitido amortizar aproximadamente 2200 millones de
euros de deuda avalada por el Estado. Por otra parte, dada la especial naturaleza de los activos gestionados por Sareb, la sociedad se ve sometida a una cifra de gastos operativos muy significativa, que en 2016 ha ascendido a 683 millones de euros,
entre los que se incluyen pagos de tributos por cerca de 200 millones de euros, fundamentalmente IVA e IBI. Todo lo anterior, unido a la carga financiera que soporta la entidad como consecuencia de las emisiones de deuda senior, derivó en un
resultado del ejercicio negativo por importe aproximado de 660 millones de euros. No quiero dejar de recordar que Sareb nació como uno de los instrumentos de resolución más importantes, y a la postre eficaces, de los aplicados durante la crisis.
El traspaso de activos a una sociedad especializada en su liquidación diferida en el tiempo es uno de los instrumentos de resolución previstos en la normativa y está resultando muy eficaz para la ordenada gestión del problema que la acumulación de
estos activos, especialmente deteriorados, estaba ocasionando en la viabilidad de las entidades cedentes. Así, aunque Sareb tuvo un impacto tremendamente positivo ya desde su constitución, ha sido durante estos cuatro años de elevada actividad
cuando ha venido avanzando en su mandato legal de liquidación. Así, hasta el cierre del ejercicio 2016 la sociedad había vendido activos por valor de cerca de 16 900 millones de euros, incluyendo más de 50 000 inmuebles. Estos activos tenían un
valor de 10 650 millones de euros en términos de precio de traspaso, lo que se traduce en una reducción del balance en cerca del 21 %. Asimismo, se han amortizado cerca de 9900 millones de euros de la deuda avalada, lo que supone un 20 % del total
original. Por último, permítanme compartir con sus señorías alguna información sobre la actividad de responsabilidad social corporativa que Sareb viene realizando. Hasta la fecha, la

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sociedad ha suscrito convenios de cesión de viviendas para su uso social con once comunidades autónomas y con cinco ayuntamientos -entre ellos los de Madrid y Barcelona-, de forma que el total de viviendas dedicadas a este cometido supera
las 2300.


A continuación, haré una actualización de la información relativa a ayudas públicas canalizadas a través del FROB. Al ser un aspecto que ya se ha tratado periódicamente en esta Comisión, volveré simplemente a tratar de presentar los datos
con la mayor claridad y no profundizaré sino para subrayar las principales novedades desde mi última comparecencia. El total de recursos públicos empleados por el FROB para la reestructuración del sistema bancario español, con muy pocas diferencias
respecto al importe de lo que comuniqué en mi anterior comparecencia, asciende a 59 056 millones de euros. Esta cifra no incluye los 20 182 millones de euros aportados por el Fondo de Garantía de Depósitos, que han sido financiados por las propias
entidades de crédito, ni tiene en cuenta los 178 000 millones en apoyos a la liquidez de las entidades -mediante avales del Estado y líneas de liquidez- íntegramente vencidos y devueltos, excepto los avales otorgados a las emisiones realizadas por
Sareb, con un saldo vivo actual -como decía antes- de 40 925 millones de euros. El grueso de las ayudas del FROB se desglosa como sigue. En primer lugar, 54 353 millones de euros que corresponden a la recapitalización de las entidades de crédito
realizada para evitar su liquidación concursal, sin cambios -lógicamente- desde mi última comparecencia. En segundo lugar, respecto a las garantías otorgadas por el FROB en los procesos de desinversión o apoyo a la integración de entidades, el
coste actualmente estimado asciende a 2511 millones de euros. A este respecto, la principal novedad desde mi última comparecencia la encontramos en la activación de la garantía por cláusulas suelo otorgada en el proceso de desinversión de NCG, a la
que ya me he referido anteriormente, y que ha tenido un impacto negativo de 97 millones de euros. Por su parte, se ha reducido en 35 millones de euros el coste estimado por el esquema de protección de activos concedido en la venta de Banco de
Valencia, como consecuencia de la favorable evolución de las pérdidas registradas y esperadas de dicha cartera. En tercer lugar, el último bloque de ayudas lo formaría la inversión de FROB en Sareb en forma de acciones y deuda subordinada por
importe de 2192 millones de euros, cuya evolución ya he tratado anteriormente. La información anterior desglosa, efectivamente, los recursos públicos empleados o comprometidos, sin incluir gastos acometidos por el FROB vinculados a la ejecución de
tales procesos. Como siempre, para completar esta información debemos analizar otros elementos que han afectado o pueden afectar en el futuro a la recuperación de los citados recursos. En primer lugar, hasta la fecha el FROB ha recibido ingresos
efectivos por importe de 5911 millones de euros, con origen principalmente en la amortización e intereses de instrumentos híbridos de capital y en la venta de entidades. La intervención que les han facilitado añade al final un cuadro en el que se
detallan bien estas cifras. Las novedades recientes son el reembolso de 224 millones de euros de Ibercaja y 604 millones de Ceiss, citados anteriormente, así como el cobro de 57 millones de euros en concepto de intereses durante este periodo. En
segundo lugar, como se ha señalado, BFA ha percibido dividendos por su participación en Bankia por un total de 535 millones de euros, 211 este mismo año. Finalmente, la cuantificación del coste de las ayudas públicas dependerá de otros elementos
sobre los que no existe aún certidumbre completa. Por ejemplo, la estimación de la pérdida esperada de las garantías concedidas que permanecen en vigor puede sufrir variaciones, tanto al alza como a la baja, en función de la evolución final del
coste de las mismas. En este mismo sentido, la participación en Sareb mediante capital y deuda subordinada es una inversión viva, no exenta de riesgos, hasta el año 2027. Y sobre todo, dado su significativo volumen sobre el total de las ayudas,
será muy importante comprobar el valor efectivo de la desinversión de la participación en Bankia con BMN fusionada. Una desinversión a la que más adelante me referiré, pero sujeta en todo caso a la incierta evolución a lo largo de todo el periodo
de desinversión del precio de la participación en el mercado de capitales.


En otro orden de cosas, paso a comentar -como en ocasiones anteriores- los trabajos del FROB en la investigación y análisis de prácticas de gestión presuntamente irregulares en las entidades de crédito que han recibido apoyo financiero.
Como saben sus señorías, el FROB despliega en este ámbito una intensa labor con un doble propósito: la exigencia de las responsabilidades de los gestores de las entidades que correspondan y, en la medida de lo posible, la recuperación de ayudas
públicas. Así, en el marco del protocolo para el impulso de actuaciones judiciales del que se dotó el FROB en mayo de 2013, las últimas actuaciones de traslado a la fiscalía fueron acordadas por la comisión rectora del FROB el pasado 14 de marzo y
se referían a nueve operaciones irregulares anteriores a 2010, correspondientes a las antiguas Caja España y Caja Duero con importe estimado de perjuicio económico que asciende a unos 120 millones de euros y una operación de financiación del
ejercicio 2010 correspondiente a Sa

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Nostra. Con este último traslado, suman un total de cincuenta y siete operaciones irregulares remitidas a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que habrían supuesto un perjuicio a las entidades que
recibieron apoyo financiero público estimado en 3700 millones de euros. De otra parte, ya en fase jurisdiccional, el FROB se halla actualmente personado en veintitrés causas penales, de las que diecinueve están iniciadas por denuncia del propio
organismo, ya sea directamente ante la fiscalía, ya a través de las entidades durante el periodo en que fueron administradas por el FROB. Quiero recordar que la defensa de la condición de perjudicado por el FROB ha centrado gran parte de sus
esfuerzos procesales y se han comenzado a obtener los primeros resultados mediante el ingreso a favor del FROB de 10 millones de euros en ejecución provisional de la sentencia penal condenatoria de exdirectivos de NCG.


Paso a informarles, a continuación, de los datos más relevantes de la situación financiera y patrimonial del FROB a cierre del ejercicio 2016. Las cuentas anuales del FROB del citado año arrojaron unas pérdidas de 1693 millones de euros;
pérdidas que obedecen lógicamente a la aplicación de las normas contables que el FROB emplea para la valoración de sus activos y pasivos contingentes, pero que no supone ni un mayor déficit público ni un mayor coste del rescate bancario. Se
debieron principalmente a la actualización del valor de las participaciones del FROB en el capital de sus participadas, así como a impactos negativos provenientes de garantías otorgadas por el FROB en los diferentes procesos de venta de entidades.
Tras la aplicación de los citados resultados de 2016, el saldo del fondo patrimonial ascendió a 1615 millones de euros negativos. Por ello, con el objeto de restablecer la situación patrimonial del FROB, se ha realizado una nueva conversión parcial
del préstamo concedido por el Estado por un importe de 3000 millones de euros, en aportación a la dotación patrimonial del FROB. Esta conversión, que ya se realizó en 2013 por importe de 27 000 millones, está prevista en la propia norma reguladora
del FROB para este tipo de escenarios -es el artículo 54 de la Ley 11/2015- y expresamente reconocida en el contrato del citado préstamo, previa autorización del Mecanismo Europeo de Estabilidad que, efectivamente, se otorgó en este caso con fecha
30 de mayo de 2017. Tras esta conversión, el fondo patrimonial del FROB se sitúa en un importe positivo de 1385 millones de euros. En lo que se refiere al sostenimiento presupuestario del FROB, les recuerdo a sus señorías que la Ley 11/2015 prevé
que, de forma análoga a lo que sucede en la JUR, se recaude una tasa de las entidades para la cobertura de los gastos de funcionamiento de la institución. En 2016 el FROB ingresó algo más de 18 millones de euros por este concepto y en 2017 ha
ingresado casi 17 millones.


Seguidamente, querría llamar su atención, señorías, sobre las novedades relativas al proceso de fusión entre Bankia y BMN y su posterior desinversión. Como ya informé en mi última comparecencia, la comisión rectora en su composición
reducida acordó el 28 de septiembre de 2016 poner en marcha las medidas necesarias para el estudio y valoración de una posible reordenación de las entidades de crédito participadas por el FROB mediante la fusión de Bankia y BMN, explorando al mismo
tiempo otras posibles alternativas. Tras los análisis de los asesores que fueron contratados al efecto, la comisión rectora del FROB en su composición reducida acordó, en su sesión del 14 de marzo de 2017, como la mejor estrategia para cumplir con
su mandato de optimizar la capacidad de recuperación de ayudas ante un futuro proceso de desinversión, la reorganización de sus entidades de crédito participadas mediante la fusión de Bankia y BMN. De todo ello se dio amplia cuenta a la opinión
pública a través de dos notas de prensa que fueron publicadas el 15 de marzo. Asimismo, el FROB comunicó dicho acuerdo a las entidades a fin de que estas iniciasen las actuaciones que correspondiesen en el marco de gestión y competencias de sus
órganos de gobierno, procediendo ambas entidades de manera inmediata a iniciar los trabajos necesarios para el análisis de la operación. Como sabrán sus señorías, dichos trabajos culminaron el pasado 26 de junio con la aprobación por los consejos
de administración de ambas entidades del proyecto común de fusión, el cual determinó la ecuación de canje según la cual se recibirá una acción de Bankia por cada 7,8 acciones de BMN. En esta fase, el FROB ha colaborado para que el proceso de
revisión realizado por las entidades se ajustase a los más rigurosos estándares de gobierno corporativo y, en particular, al máximo respeto de los intereses de la totalidad de los accionistas de ambas entidades. Me gustaría subrayar en este sentido
que, con el citado fin de garantizar al máximo los intereses de los accionistas minoritarios, las propias entidades acordaron que el seguimiento del proceso de fusión fuese supervisado por comisiones de consejeros independientes. Por tanto, el FROB
se ha mantenido al margen de este proceso decisorio en ambas entidades, reflejando así su compromiso de máximo respeto a los minoritarios y en coherencia con la propia neutralidad económica que la participación casi idéntica en ambas entidades le
otorgaba. Finalmente, la fusión ha quedado formalmente aprobada el pasado 14 de septiembre, fecha en que las juntas generales de accionistas de las dos entidades han aprobado la fusión

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por absorción de BMN por parte de Bankia, lo que supondrá la extinción de BMN y el traspaso en bloque de su patrimonio a título universal a Bankia. Quiero destacar que la fusión fue aprobada por unas mayorías abrumadoras en ambos casos: en
el de BMN se alcanzó el 95 % del total del voto presente y representado en la junta y en el de Bankia el porcentaje alcanzó el 99 %. A partir de este punto, ha comenzado el proceso de solicitud de las aprobaciones necesarias por parte de las
autoridades competentes. La mejor estimación es que la transacción pueda concluirse a finales de este año o principios del que viene. Para cumplir con el mandato legal de desinversión, ampliado a siete años de acuerdo con el Real Decreto-ley
4/2016, del pasado día 2 de diciembre, y para tratar al tiempo de maximizar la recuperación de ayudas, la comisión rectora del FROB, en su sesión celebrada el 27 de julio, acordó adjudicar el contrato de asesoramiento en la estrategia de
desinversión al banco de inversión Nomura. Tras los primeros trabajos del asesor, el pasado 12 de septiembre la comisión rectora del FROB aprobó el marco metodológico que regirá a lo largo del tiempo el proceso de desinversión de la participación.
El objetivo básico es dotarse de una estructura que garantice que la ejecución de cualquier desinversión se ajusta no solo al marco legal, sino a un procedimiento normalizado que permita garantizar la máxima objetividad y rigor en la evaluación de
los elementos a considerar para adoptar las decisiones que correspondan. El citado marco divide los trabajos del FROB en dos fases. Una primera de seguimiento, en la que el FROB, en colaboración con sus asesores y BFA -titular directo de las
acciones de Bankia- con los suyos, realizará un estudio continuado de los parámetros determinantes de la conveniencia de acometer una determinada operación. Cuando del resultado de este análisis, sobre la base de las recomendaciones del asesor y de
las consideraciones al respecto del BFA y sus asesores, se evidencie un momento adecuado para realizar una operación, se pasaría a una fase de ejecución de cualquiera de las alternativas de desinversión disponibles. Por el momento, el FROB, como es
público, está analizando las mejores alternativas para realizar una operación, que se producirá cuando se cumplan las condiciones que faciliten reactivar este proceso y, en particular, las relacionadas con el precio de la que es ampliamente
considerada como una magnífica entidad desde cualquier perspectiva, sea solvencia, eficiencia o potencial de rentabilidad, algo que la reciente integración con BMN no ha venido sino a reforzar.


Paso ahora a informarles del procedimiento de resolución del Banco Popular. Por su directa aplicación al caso del Banco Popular, creo, señorías, que merece la pena recordar, aunque sea de forma breve, la secuencia de decisiones y
autoridades implicadas para la gestión de la inviabilidad de un banco. Esta secuencia es la siguiente. En primer lugar, la entidad ha de ser declarada inviable por el Banco Central Europeo, a quien corresponde la supervisión de entidades de
crédito significativas, como el Banco Popular, sobre la base de la información de que dispone. En segundo lugar, la Junta Única de Resolución, en estrecha cooperación con el Banco Central Europeo, ha de confirmar dos elementos. Uno, que no existen
alternativas que puedan impedir la citada inviabilidad en un tiempo razonable, ya sean procedentes del sector privado o por aplicación de medidas supervisoras. Y, dos, dado que la no aplicación al sector financiero del régimen ordinario de quiebra
de empresas es excepcional, la junta única debe determinar si existen razones de interés público que justifiquen evitar tal procedimiento para la liquidación del banco, por ejemplo, por poner en peligro la estabilidad financiera. Una vez
constatadas estas tres condiciones, inviabilidad, ausencia de alternativas e interés público, corresponde a la junta única aprobar el dispositivo de resolución, que especifica las herramientas de resolución a aplicar de entre las alternativas que
ofrece la norma, que pueden ser crear un banco puente, una sociedad de gestión de activos, la recapitalización interna o la venta de la entidad. Una vez aprobado el dispositivo, la Comisión Europea lo refrenda formalmente, con la posibilidad de que
esta última involucre al consejo bajo ciertos supuestos. Finalmente, la autoridad nacional de resolución correspondiente -en este caso el FROB- sería la encargada de ejecutar el dispositivo acordado, siguiendo instrucciones de la junta y con el
objetivo de que este sea inmediatamente efectivo de conformidad con el derecho nacional.


Entro en el caso específico de lo sucedido con el Banco Popular. Ante el deterioro de la situación de liquidez que trasladaba el supervisor, las autoridades involucradas incrementaron el intercambio de información, estrecharon el
seguimiento de la entidad y comenzaron los trabajos para gestionar una eventual resolución en caso de que la difícil situación no revirtiese. Fruto de las labores anteriores, la Junta Única de Resolución decidió poner en marcha la contratación de
expertos que apoyaran sus funciones ante una hipotética resolución. Uno como asesor legal y otro como experto independiente para comenzar los trabajos de valoración de la entidad. Asimismo, a finales de mayo el FROB puso en marcha la contratación
de una firma legal y de un banco de inversión, previo visto bueno de la Junta Única de Resolución, con la finalidad de recibir asesoramiento general y, en su caso, colaboración en la ejecución

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de los diferentes instrumentos de resolución que potencialmente pudiera tener que aplicar por mandato de la junta única. Ante las informaciones trasladadas por le Banco Central Europeo sobre el agravamiento de la situación de la entidad y
el riesgo de un desenlace inminente, el sábado 3 de junio la sesión ejecutiva extendida de la Junta Única de Resolución -en la que participamos las autoridades de resolución española y portuguesa, y también como observadores el Banco de España, el
Banco Central Europeo y la Comisión Europea- decidió lanzar el proceso de venta del Banco Popular condicionado a la eventual entrada en resolución. Se consideró que, dadas las circunstancias del caso, para favorecer la eficacia de la venta del
negocio ante un escenario final de inviabilidad, convenía aprovechar los trabajos llevados a cabo durante los meses previos por la propia entidad en su proceso de venta privado. Durante estos trabajos se había constatado que entre las entidades
nacionales e internacionales potencialmente interesadas, solo cinco bancos nacionales habían mostrado interés en la compra del grupo, de modo que el proceso se debía centrar en ellos. De este modo, el propio día 3 de junio el FROB comenzó los
trabajos para poner en marcha la estrategia acordada por la junta y, a través del banco de inversión contratado, se invitó a los bancos identificados a mostrar su interés en participar en el proceso para el caso de una potencial resolución.
Finalmente, solo dos de los candidatos participaron en el proceso de venta. A estas entidades se les concedió acceso inmediato a la información disponible de la entidad y se les hizo llegar una carta de proceso detallando el objeto de venta y las
condiciones para presentar su oferta.


Los acontecimientos se precipitaron, como sus señorías conocen, en la tarde del martes 6 de junio, cuando la entidad comunicó al BCE la imposibilidad de atender sus pagos al día siguiente y, sobre todo, cuando el propio Banco Central Europeo
declaró formalmente la inviabilidad de la misma. Se desencadenó entonces el proceso de resolución ante la imposibilidad práctica de la entidad de seguir haciendo frente a sus pagos. A partir de ese momento, todos los plazos de un proceso de
resolución ciertamente complejo y que involucra a múltiples instituciones europeas y nacionales se activaron con la máxima celeridad. Lógicamente, la finalidad última consistió en evitar la declaración ordinaria de concurso del sexto banco español
cotizado en bolsa y las consecuencias que ello podría generar en los depositantes -alrededor de 60 000 millones de euros, de los cuales 35 000 millones eran de menos de 100 000 euros-, clientes -alrededor de 4,5 millones-, empleados -unos 12 0000-,
y en general el impacto que podría tener ese concurso sobre la estabilidad financiera de España y de la unión bancaria. La junta avanzó en la elaboración de su decisión de resolución con todos sus componentes, incluyendo la valoración provisional
del experto independiente e instó al FROB a abreviar el proceso de venta de la entidad de modo que se pudiera ejecutar en horas. De madrugada, tras la apertura ante notario de la única oferta recibida, la comisión rectora del FROB acordó dar
traslado de la misma a la Junta Única de Resolución. Después, la propia junta aprobó tanto la resolución del Banco Popular como los instrumentos a aplicar. En particular, teniendo en cuenta la oferta recibida, se acordaba utilizar el instrumento
de resolución denominado venta del negocio. Para ello fue necesario amortizar la totalidad de las acciones ordinarias en circulación del Banco Popular, convertir los instrumentos de capital adicional de nivel uno en acciones y amortizarlas,
convertir la totalidad de los instrumentos de capital de nivel dos en acciones de nueva emisión del propio banco y, finalmente, vender la totalidad de esas nuevas acciones por el importe de 1 euro al Banco Santander. El dispositivo de la junta
única fue enviado inmediatamente para su ratificación a la Comisión Europea, cuya respuesta positiva se recibió a primerísima hora de la mañana. Alrededor de las siete y media de la mañana, el FROB, como autoridad nacional de resolución, procedía a
firmar por indicación de la junta el contrato de compraventa del Banco Popular al Banco Santander y a aprobar la resolución que dotaba de ejecutividad, en sus estrictos términos, al dispositivo de resolución aprobado en Europa. Inmediatamente
después, la resolución se notificó a la propia entidad, se publicó íntegramente en la página web y comenzó el flujo de comunicaciones oficiales. Al horario habitual, las ocho de la mañana, Banco Popular abrió sus oficinas, como entidad ya propiedad
del Grupo Banco Santander, quien desde el mismo instante de su adquisición suministró toda la liquidez necesaria para hacer frente a las obligaciones de pago de la entidad.


Desde entonces, como viene siendo habitual tanto a nivel nacional como internacional cuando se aplican instrumentos y facultades tan severas como las de la resolución, se ha desencadenado una elevada litigiosidad. En este ámbito
jurisdiccional el desdoblamiento de autoridades y funciones también tiene sus consecuencias. Así, de conformidad con la normativa aplicable, el Tribunal General de la Unión Europea es el competente para conocer de la conformidad o no a derecho de
la decisión material de la Junta Única de Resolución. Por su parte, corresponde a los tribunales administrativos españoles la competencia para el control de legalidad de los actos ejecutivos aprobados por el FROB, básicamente la

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resolución de su comisión rectora, por la que se adoptaron e hicieron efectivos en el derecho nacional los instrumentos de resolución determinados por la JUR.


Concluyo ya este relato de los acontecimientos, señorías. Diferentes analistas y autoridades internacionales han calificado la resolución del Banco Popular como un importante logro de la nueva normativa internacional de resolución. Por mi
parte, entiendo que se ha de ser prudente con los calificativos cuando se produce la resolución de un banco. En definitiva, se trata siempre de una quiebra que lesiona el interés de muchos acreedores y es especialmente dura para los minoristas
involucrados. Pero como responsable público en la materia creo que también me corresponde subrayar que, al analizar con objetividad el mandato legal que las autoridades de resolución tenemos atribuido, este ha sido razonablemente satisfecho por el
Mecanismo Único de Resolución, y ello en unas circunstancias de emergencia que hicieron aún más exigente un proceso ya de por sí ciertamente complicado. Señorías, la ley que aprobó esta Cámara, que a su vez procedía de la norma que nos dimos todos
los Estados de la Unión Europea, que a su vez derivaba de los principios fundamentales de resolución que se acordaron a nivel internacional en el G20, es muy clara al determinar los objetivos a los que debemos servir en caso de inviabilidad de un
banco. Se trata, en última instancia, de proteger dos bienes públicos íntimamente conectados, los depósitos de los clientes y la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, y hacerlo -así se dice expresamente- siguiendo el principio
fundamental de que son los accionistas y acreedores, y no los recursos públicos de todos los ciudadanos, los que deben asumir las pérdidas de la resolución, con la única limitación razonable de no soportar mayores perjuicios de los que habría
ocasionado un concurso ordinario de acreedores.


Concluyo ya, señor presidente. Como he venido resaltando hasta aquí, en el mundo de la resolución de entidades de crédito creo que son ciertas dos consideraciones que la propia experiencia con Banco Popular ha venido a reafirmar. Por un
lado, como decía al inicio de mi intervención, España cuenta hoy con un sistema bancario más fuerte y racionalizado, que en cierta medida responde a la eficacia del proceso de reestructuración de los últimos años. De la misma forma, hoy estamos
mejor capacitados que hace una década para atajar los retos que ocasiona la quiebra de un banco. Tanto desde la perspectiva de las herramientas de planificación y previsión de crisis como del código normativo a aplicar a escala europea o de las
capacidades de las autoridades de resolución, hoy estamos en mejor disposición para proteger la estabilidad financiera sin emplear recursos públicos.


Pero, por otro lado, vuelvo a insistir en el trabajo pendiente, pues la acumulación de experiencia confirma que aún existen importantes mejoras que acometer en el campo de la resolución. Por ejemplo, hay que trabajar para desarrollar los
instrumentos de provisión de liquidez en escenarios de resolución o en el perfeccionamiento de los planes de resolución, dotándolos de toda la información relevante y actualizada para garantizar la correcta ejecución de cada estrategia. O, por
último, es necesario seguir avanzando en la adaptación del balance de las entidades para asegurarse de que existen los colchones de pasivos necesarios para hacer creíble y factible la estrategia de resolución prevista, sin efectos negativos para la
estabilidad ni los recursos públicos. Desde el FROB seguimos comprometidos en el trabajo tanto para la culminación más óptima del proceso de reestructuración bancaria de los últimos años como para la mejora continuada del marco de resolución
vigente, en colaboración con nuestros socios de la unión bancaria. Creo que la experiencia y trayectoria del FROB, histórica y más reciente, nos ha permitido reunir las capacidades más propicias para ser influyentes en esta área, que no es otra que
la de fortalecer la capacidad estructural de nuestro sistema financiero para gestionar los críticos escenarios de inviabilidad de la forma más conveniente para el interés público.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ponce.


En el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Saura, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señor Ponce, le doy la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Nuestra visión sobre lo que ha sucedido con el Banco Popular no es, en modo alguno, tan optimista como la suya, ni pensamos que las autoridades españolas
tengan que ser autocomplacientes con lo que ha sucedido, porque se ha ido a pique el sexto banco del país. Diez años después del comienzo de la crisis, cinco años después del rescate bancario se ha ido a pique el sexto banco del país, y esto afecta
a cientos de miles de familias, a miles de trabajadores que se están preguntando -ellos y la mayoría de españoles-: ¿Qué

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ha fallado? ¿No hemos aprendido nada en estos años? ¿Cómo es posible que todas las autoridades españolas y europeas se quieran quitar el muerto de encima y echárselo a un tercero, que todas las autoridades se quieran ir de rositas y que
nadie tenga ninguna responsabilidad, señor Ponce? Esto es lo que se están preguntando en este momento millones de españoles, y esto va con las autoridades; que se haya ido a pique el sexto banco del país va con el Gobierno de España y con las
autoridades españolas, también va con eso. Por tanto, nosotros no somos tan autocomplacientes con lo que ha sucedido, más bien al contrario. ¿Cuál ha sido el papel del Gobierno? ¿Cuál ha sido el papel del FROB? ¿Cuál ha sido el papel del
supervisor, del Banco de España? ¿Cómo es posible que un banco que aprobó el examen de calidad de los activos y las pruebas de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea en julio de 2016, un banco auditado sin salvedades, haya pasado de unos
fondos propios de casi 11 000 millones de euros hasta, probablemente, casi 9000 millones en negativo? Insisto, es inexplicable en un momento en el que no hay problemas de liquidez.


El subgobernador del Banco de España dijo este verano que el Banco Popular tenía activos de calidad suficientes para seguir accediendo a la liquidez del Banco de España a través de la línea ELA. Sin embargo, parece, señor Ponce, que los
criterios del Banco de España para aceptar los activos de los bancos como colateral en las provisiones de liquidez de emergencia son distintos de los de otros bancos centrales. Una primera pregunta: ¿Estos diferentes criterios han podido tener que
ver con el corte de liquidez por parte del Banco de España al Banco Popular? Si el Banco Popular hubiese estado en otro país de la zona euro, con criterios distintos para acceder a la liquidez ELA, ¿se habría salvado el Popular? ¿Necesitamos
criterios consolidados en Europa más claros a la hora de aplicar el ELA? Es más, si era tan solvente el Banco Popular, ¿el Gobierno podría haber hecho más para garantizar la provisión de liquidez del Banco Popular? Eso es lo que dicen los números,
los exámenes y también las declaraciones públicas de las autoridades españolas. Si era tan solvente, ¿pudo hacer algo más el Banco de España?


Una pregunta que me parece central: ¿Cree que las valoraciones del Banco Popular han sido las correctas? Dicho de otro modo, el Santander recibe 2000 millones por la cancelación de la deuda subordinada del Popular. No es que el Santander
haya pagado un euro, no. El Santander recibió 2000 millones de euros, pagó, para que nos entendamos, menos 2000 millones de unos, porque lo que se hizo fue cancelar por parte de las autoridades europeas la deuda subordinada. ¿Es congruente el
precio de venta pagado por el Santander con la venta este verano de la cartera inmobiliaria por parte del Banco Santander de activos valorados en 10 000 millones de euros, con unas provisiones de 20 000 millones de euros, provisiones que están por
encima de la media de la industria? Esta es una pregunta, a mi juicio, central en el análisis que estamos haciendo. ¿Es compatible, insisto, que el Banco Santander recibiera 2000 millones, pagara menos 2000, y sin embargo vendiera una cartera
inmobiliaria en 10 000 millones de euros? En libros, la cartera son 30 000 millones de euros, como sabe usted. ¿Es compatible una cosa con la otra?


Usted, como ha dicho anteriormente, está sentado en la JUR. ¿Qué le parece la filtración señalando al Popular como entidad bajo el radar de las autoridades europeas de Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución? ¿Cree que esto
ha contribuido a la liquidación del Banco Popular? ¿Cuál ha sido su posición en la mencionada junta, de acuerdo con el derecho nacional y con los intereses de nuestro país? ¿Cuál ha sido su posición? ¿Cuál fue su opinión sobre los informes de
Deloitte que ahora no se quieren hacer públicos? Por cierto, ¿qué le parece que no se hagan públicos esos informes? No ayuda a la transparencia. Usted forma parte de la JUR. ¿Ha dicho allí que se hagan públicos estos informes? ¿Cómo puede
entenderse, señor Ponce, que el 4 de junio de 2017 los asesores contratados por el FROB -Arcano- para la resolución del Banco Popular estuviesen firmando acuerdos de confidencialidad con terceras partes interesadas -Banco Santander, BBVA y Bankia-
para un proceso de venta conducido por el FROB en el marco de la resolución de la Junta Única de Resolución bajo el instrumento de venta de negocio, a pesar de no existir la preceptiva declaración de inviabilidad emitida por el Banco Central Europeo
ni la decisión de la Junta Única de Resolución? La Junta Única de Resolución, ¿empezó a ejercer sus poderes de resolución, señor Ponce, antes de recibir el failing or likely to fail? ¿Esto no sería una infracción del artículo 18 del Reglamento de
la Unión Europea número 806/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo? ¿La oferta vinculante por el Banco Popular fue realizada en tiempo y en forma, es decir, antes de las veinticuatro horas del 6 de junio, como remarcaba el proceso competitivo?


Hay algunas otras preguntas de carácter importante para esta Comisión y para el Grupo Socialista. ¿Qué gestiones le consta que realizó el ministro de Economía? ¿Le dio algunas instrucciones? ¿Qué

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instrucciones? En definitiva, ¿cuál fue el papel del ministro de Economía en todo este proceso? Me gustaría conocer su opinión. ¿Piensa que el Popular dio información no real sobre las cuentas cuando amplió capital? ¿Qué opinión tiene
sobre eso? Ha hablado de las virtudes, de la buena gestión en relación con el Popular, pero ¿no cree que hay un efecto contagio sobre los bonistas de las entidades medianas en nuestro país? ¿Cree que lo que ha sucedido con el Popular no tiene que
ver con la suspensión reiterada de los cortos en el caso de Liberbank?


Estas son algunas de las preguntas que le hace el Grupo Parlamentario Socialista en relación con el Banco Popular, pero también ha hecho referencia a otras cuestiones en su intervención y brevemente quiero referirme a ellas. El Gobierno,
señor Ponce, parece dispuesto a aceptar que el rescate bancario costará dinero a los contribuyentes, a pesar de que el señor De Guindos y el presidente del Gobierno dijeron que no. Sí, va a costar dinero a los contribuyentes. El señor De Guindos
ha declarado públicamente que el FROB está dispuesto a vender entre el 7 y el 9 % del capital de la nueva Bankia. Eso implica que el precio de venta va a estar por debajo del valor contabilizado de las acciones por parte del organismo que usted
dirige. Luego va a haber una pérdida y el Gobierno está reconociéndolo. ¿Por qué se vende si va a implicar una pérdida para el FROB y, por tanto, para los contribuyentes? Y me gustaría hacerle otra pregunta: ¿Qué efecto va a tener la
reestructuración, el rescate, los costes financieros para los contribuyentes en 2017? Se acaba el año 2017 y quiero saber qué efectos va a tener este año el rescate, los costes financieros sobre el déficit público.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.


Por el Grupo Parlamentario de Podemos, tiene la palabra el señor Montero.


El señor MONTERO SOLER: Vuelve usted a recortar el nombre de mi grupo parlamentario, señor presidente. No me haga esas cosas, que yo soy muy respetuoso con el suyo y no le llamo simplemente Popular.


El señor PRESIDENTE: Permítame que rectifique. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero.


El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias. Se agradece que rectifique.


Bienvenido, señor Ponce, a la Comisión y, como siempre, le agradezco el detalle de la información que suministra. Esta vez hubiera estado bien que nos hubiera enviado, como tiene por costumbre hacer, el contenido de la comparecencia. Está
bien que la lea, pero nos hubiera gustado haberla leído antes porque así habríamos tenido un mayor conocimiento de lo que nos iba a aportar para poder profundizar sobre ello.


Si me lo permite, quiero hacer una corrección al segundo párrafo, cuando dice que el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que la rentabilidad y la solvencia de la mayoría de las entidades financieras españolas han mejorado
sustancialmente durante los últimos años y que esto se debe a su profunda y continuada transformación en asuntos como el saneamiento de los balances, la eficiencia operativa o el fortalecimiento de los ratios de solvencia. ¿No se olvida de añadir
ahí los 60 000 millones que ha costado esto a los contribuyentes españoles, de los cuales ya hemos perdido 48 000 millones? Más que nada porque le agradeceríamos el reconocimiento al esfuerzo que cada uno de nosotros ha hecho al respecto.


Lamento tener que dirigirme a usted en estos términos, pero viene aquí como encargado de una institución cuyo objetivo era recuperar la mayor parte de las ayudas que se habían prestado al sistema bancario y cada vez que lo hace nos informa
de que la factura aumenta un poquito más. El rescate bancario en España es paradigmático de lo que no se debe hacer, sobre todo porque hay países tan lejanos a nosotros, como Francia, donde el rescate financiero de su banca ha reportado resultados
positivos para las arcas públicas. En el caso de España, en términos comparativos, estamos ante el país donde mayor porcentaje sobre el producto interior ha supuesto el rescate bancario a sus ciudadanos, triplicando el coste medio del rescate en la
Unión Europea a Veintiocho y duplicando el de la eurozona. Y todo eso por una serie de problemas que se han vuelto a replicar años después, como se pone de manifiesto en el caso del Popular; es decir, se tardó varios años en reconocer la situación
de insolvencia de muchas de las instituciones financieras que había que rescatar o que había que dejar caer y se produce un retraso, con el agravamiento de las posiciones de solvencia de esas instituciones entre los años 2009 y 2011, y no hemos
aprendido nada con respecto a la posición de solvencia y de liquidez o de iliquidez del Banco Popular, siete, ocho o diez años después. Todo el mundo reconoce que se actuó tarde y que no se

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reconoció adecuadamente la posición de solvencia y en el caso del Popular, como después detallaré, volvemos a lo mismo: errores de diagnóstico, rescate de instituciones quebradas, etcétera.


Voy a dirigir mi atención a dos elementos que centran su comparecencia y la actualización de la información, según los últimos datos. En ambos casos, nuevamente, el problema es común: la falta de transparencia, agravada en el caso del
Banco Popular. En el caso de la fusión entre Bankia y BMN, nos encontramos con que al parecer -nadie termina de confirmárnoslo y yo se lo pregunté al ministro De Guindos- semanas antes de que se aprobara la fusión había habido una oferta en subasta
de en torno a 1300 millones por BMN, por Banco Mare Nostrum. Me gustaría saber si eso fue así o no y, si fue así, por qué se optó por una valoración de la institución aportada por Bankia de 825 millones, es decir, 0,41 veces su valor en libros, y
no por la de 1300, que suponía 0,65 veces su valor en libros. Sobre todo porque esto vuelve a tener repercusiones no solo para la institución que usted preside sino para el bolsillo de todos los españoles, y porque además lo que se está planteando
al permitir la fusión entre Bankia y BMN es que, en un momento en que solo hay pérdidas aparentemente contables que en un futuro se pueden materializar o no, la oferta reducía o minimizaba el coste y no lo dejaba al albur de lo que ocurriera en los
mercados.


En relación con Bankia hay otra cuestión que me parece esencial., No voy a reclamarle ya que se mantenga en el ámbito de la esfera pública, porque es como clamar en el desierto, lo que me preocupa es que ustedes anuncian que se va a producir
una privatización, una venta de en torno al 7 o el 9 % del paquete accionarial y vemos inmediatamente cómo se incrementan las posiciones a corto para tratar de mantener el valor de las acciones a la baja y evitar que estas suban y, por tanto, la
recuperación del valor de las mismas permita recuperar un mayor porcentaje del coste que supuso su venta. Probablemente, muchos de los accionistas que están tomando ahora posiciones a corto sean los mismos a los que van ustedes a ofrecer la
posibilidad de comprar ese paquete accionarial.


Ahora pasamos al Popular, que es donde está lo jugoso. Queremos saber en mi grupo parlamentario si el problema del Popular fue un problema de liquidez o de solvencia. Que alguien nos diga algo, porque el 10 de abril y el 16 de mayo de 2017
el ministro De Guindos estaba diciendo que el Banco Popular no tenía ningún problema de solvencia; es más, ofrecía la posibilidad de que Bankia comprara el Banco Popular, y en el paquete aparecían como posibles compradores BBVA y Santander. Si es
un problema de liquidez, es realmente dramático que en un contexto donde el balance del Banco Central Europeo se ha disparado como lo ha hecho, un banco quiebre a estas alturas por un problema de liquidez coyuntural. Y si era un problema de
solvencia, es que han fallado todos los mecanismos de supervisión. Aunque se ha puesto de manifiesto que el banco ha ido pasando los distintos test de estrés, sin embargo, el Banco Central Europeo, a mitad del mes de agosto, publica un informe
censurado y se expropia a pequeños, medianos y grandes inversores, y a pequeños ahorradores sin ningún tipo de explicación de cuál era la situación real del banco, sin darles la más mínima explicación. Y el Banco Central Europeo hace un ejercicio,
que no hace la JUR, de publicar parte de su informe y censura determinadas partes. Y en esas partes que censura habla de baja rentabilidad, mala calidad de los activos, baja cobertura de riesgo, elevado nivel de los activos improductivos, y además
señala que había indicios de que la situación de solvencia no era tan buena como el propio ministro De Guindos señalaba. Y los indicios que señala son: la necesidad de provisiones extraordinarias en el año 2016, la revisión de sus cuentas, las
rebajas en los ratings, las posiciones a corto de sus propios accionistas especulando contra el propio banco, los peores resultados en el primer trimestre, la suspensión de los dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos saber si era un
banco zombi o no era un banco zombi; si era un banco zombi, por qué no se intervino a sus gestores y se articularon medidas diferentes para tratar de evitar lo que ha ocurrido. No nos parece mal, en principio, que en lugar de ser los
contribuyentes los que corran con el coste del rescate sean los accionistas y demás, pero hay una serie de elementos en todo esto que hacen sospechar que el proceso no ha sido lo necesariamente transparente que tenía que haber sido.


Luego está el informe de Deloitte, según el cual se expropia a los inversores, accionistas y tenedores de bonos del sexto banco de este país y no se les explica el porqué. Al parecer, al principio solo había dos escenarios -no sabemos los
elementos que determinaban los escenarios, cuáles eran los criterios sobre los que se establecían el escenario estándar y el escenario crítico-, de 2000 y de 8000 millones en negativo y, sin embargo, al pasar el tiempo, parece que alguien ve el
informe y dice que hay un escenario positivo de 1500 millones. Usted ha tenido que ver el informe, ¿existía o no existía ese escenario positivo de 1500 millones? ¿Cómo instituciones que han sido incapaces -y me refiero a las del conjunto de la
supervisión, el Banco Central Europeo y los mecanismos de supervisión creados- de ver la insolvencia

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del banco son capaces de resolverlo en apenas veinticuatro horas? Queremos saberlo. Se lo digo porque, además, en la Comisión que investiga la crisis financiera hemos pedido el informe y se nos acaba de denegar esta misma tarde. Somos
representantes de esos inversores, de esos accionistas y de esos ahorradores, igual que del conjunto de la soberanía, y no tenemos capacidad de explicarles cómo se ha producido esa resolución.


Termino, presidente. ¿Cómo se atribuye un valor económico financiero negativo a una entidad que tenía un patrimonio neto contable positivo? ¿Dónde está el elemento que fuerza necesariamente la resolución de un día para otro cuando el
propio Banco Santander al día siguiente suministra la liquidez necesaria para que el Banco Popular, ya bajo su poder, por el cuantioso importe de un euro, pudiera abrir sus oficinas? ¿Era capaz el Santander de suministrar liquidez y el conjunto del
sistema bancario europeo no lo era? ¿Las instituciones públicas europeas no eran capaces de suministrarla? Todo eso queda en el aire.


Concluyo. Usted nos hace un relato diciéndonos cuál es el mecanismo -le agradecemos la interpretación del Reglamento, se hace mucho más llevadero que leerlo en el Reglamento en sí mismo-, pero no aporta nada de claridad, no ya a nosotros
sino, sobre todo, a quienes han perdido sus ahorros y sus inversiones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


En nombre de Ciudadanos, doy la bienvenida de nuevo al señor Ponce, presidente del FROB, a esta Comisión de Economía. Voy a comenzar -y voy intentar no repetirme para no hacer esto interminable- con las intervenciones de los anteriores
portavoces que, en mi opinión, han planteado muchas cuestiones encima de la mesa muy relevantes. Voy a empezar por la cuestión del Banco Popular, porque a mí me pasa lo mismo que al señor Montero y al señor Saura, es decir, no entiendo nada. Esta
resolución a qué se debía, ¿a una falta de liquidez? Seguramente, a una falta de liquidez porque, efectivamente, había una retirada masiva de depósitos. Pero esto es como si una persona muere y se le para el corazón, puede haberse debido a un
fallo cardíaco pero a todo el que se muere le falla el corazón. En este caso, una entidad de crédito acaba teniendo un problema grave siempre por una cuestión de liquidez y aquí hemos oído literalmente de todo en los últimos meses. Es decir, aquí
ha comparecido el señor De Guindos y ha dicho que el banco era solvente, luego ha dicho que era zombi; después dijo el gobernador del Banco de España que, aunque no estaba preparado para debatir sobre esto -y aquí agradecemos que haya dado
detalles-, no era un problema de solvencia sino de liquidez. Es decir, parece, en cualquier caso, que sí había un problema de solvencia percibido por parte del mercado. En cualquier caso, si es así y no había problemas de solvencia, ¿por qué las
líneas de emergencia del Banco Central Europeo, canalizadas a través del Banco de España, no le dieron liquidez suficiente por lo menos para haber aguantado tres días más y para que esta resolución se produjese en fin de semana, que es lo habitual,
para que hubiese una mayor competencia? Dicho con la mayor de las ignorancias. Efectivamente, aquí se basa todo en un informe de Deloitte que, queramos o no, está justificado. Es verdad que, llegados a este punto, la resolución se podría haber
hecho bastante peor. Lo que está claro es que estamos ante un mecanismo de naturaleza fundamentalmente expropiatoria. La JUR, la Junta Única de Resolución expropia estos títulos por un justiprecio de, como ha dicho el señor Saura, a lo mejor hasta
de menos 2000 millones de euros. Por cierto, tiene un coste ya en estos momentos de por lo menos 400 millones de euros para las arcas públicas debido a un tema -que, no sé por qué, nunca sale y mira que lo pregunto en las cuestiones del rescate-
que son las devoluciones por activos fiscales diferidos. Me explico, si el Banco Popular pide 400 millones de euros de devolución de impuestos que no están ingresados y la Hacienda Pública se los tiene que pagar, esto nos costará 400 millones de
euros. Es una cifra enorme, sí, pero es el chocolate del loro al lado de las cifras que estamos viendo. Eso sí, deberían incluirse el coste de los activos fiscales diferidos porque empiezan a materializarse en coste para las arcas públicas.


En cualquier caso, parece razonable que se explique por qué eso vale un euro. Hoy la Junta Única de Resolución ha respondido a los Diputados que formamos parte de la Comisión de Investigación del Rescate Financiero que el informe del que
todo esto depende es alto secreto; es decir, ya no es que no se facilite a los propios interesados, que no se les explique por qué lo han perdido todo y que 300.000 accionistas -la inmensa mayoría de ellos españoles- hayan perdido toda su inversión
en un banco que

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las autoridades decían sistemáticamente que era solvente y que pasaba los test de estrés, sino que, en este caso, ya ni siquiera hay una rendición democrática de cuentas. No lo sé. Ya veremos si, efectivamente, los tribunales tienen que
determinar si las manifestaciones de la señora Elke König fueron las que contribuyeron a la fuga de liquidez, lo cual al final hizo que el banco se tuviera que liquidar apresuradamente y venderse en unas condiciones de un solo comprador -es decir,
sin competencia- o si todo esto no tiene una explicación. Por eso quiero saber cuál es su opinión, como miembro de la Junta Única de Resolución, sobre que los parlamentos nacionales, donde reside la soberanía, no tengan acceso -ni siquiera en una
Comisión de Investigación cuya documentación permanece secreta y confidencial- a esta información. Me parece una cosa absolutamente sorprendente, por intentar ser suave en este punto. El proceso de resolución del Popular de momento -que podría
haber sido peor, podría haber sido una crisis más grave- tiene muchas más sombras que luces y hay 300 000 accionistas que lo han perdido todo. Por tanto, me pasa como a los anteriores portavoces, no comparto la valoración exageradamente optimista
de esta resolución.


Me gustaría incidir en la Sareb, sobre la que cada vez que viene le pasa como con el conjunto del rescate, y es que sorprendentemente las cosas van a peor y eso que el precio de los inmuebles ha ido subiendo. Sin embargo, hay un riesgo,
dicho por la propia Sareb, de pérdida de la inversión del Estado, a lo mejor no de los 40.000 millones de euros que hemos avalado entre todos. -Esperemos que este dinero no se acabe perdiendo-. Me gustaría preguntarle una cuestión sobre la que ya
le he preguntado cada vez que viene y es que en su detallado informe -aunque luego no lo ha dicho- expone que cerca de 650 millones de euros corresponden a los intereses. Esto no es tan sorprendente porque los tipos de interés del Estado -que es el
que avala la deuda- están muy bajos. Quisiera saber cuánto se debe de este coste de la Sareb, de estas pérdidas, al derivado que firmó la Sareb -que usted debería conocer como accionista dominical- y cuáles fueron las contrapartes, es decir, cuánto
nos está costando, ya que al final pagaremos todos los ciudadanos esta decisión de cambiar tipo variable por tipo fijo a corto plazo.


Me gustaría concluir mi intervención haciendo referencia a una cuestión que usted ha puesto encima de la mesa, que parece haber empeorado un poco, y que seguramente es el caso más importante de ayudas públicas: me estoy refiriendo al caso
de Catalunya Banc. Prácticamente se han perdido 12 000 millones de euros, aunque hay una estimación de un esquema de protección de activos, es decir, la pérdida puede ser incluso superior. No le haré una pregunta, sino que quiero señalar que hay
pérdidas en toda España, y que este caso en concreto y la caja que proporcionalmente ha tenido unas pérdidas mayores tenían su actividad en Cataluña; estaban gestionados por directivos nombrados por entidades catalanas y bajo la supervisión de la
Generalitat de Catalunya, de acuerdo con lo que establece su Estatuto de Autonomía. En estos días en los que todos hemos oído el lamentable eslogan de Espanya ens roba, este es un caso de protección ya que todos los españoles hemos puesto dinero
para salvar a depositantes catalanes.


Muchas gracias, como siempre, por su detallada comparecencia y nos gustaría como a muchos españoles, especialmente aquellos que han perdido su dinero en el Banco Popular, alguna explicación más detallada de qué pasó allí y, a poder ser, más
o menos coherente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Buenas tardes y gracias por su comparecencia. No me voy a extender mucho porque mis compañeros han hecho ya las preguntas pertinentes, las que tenía para mi intervención.


El Tribunal de Cuentas nos da unas cifras del coste del proceso de reestructuración y el Banco de España en su último informe nos da otras; en definitiva, lo que parece claro es que no vamos a conocer el coste de este proceso hasta que no
estén finalizados todos los procesos de reestructuración. Parece ser que ya no hay posibilidad de recuperar todo lo invertido, por lo que me gustaría conocer realmente la valoración que hace de ello.


Mis compañeros han hablado ya del caso del Banco Popular. Entendemos que es un supuesto de entrada en vigor de un nuevo paradigma de actuación de las autoridades financieras nacionales y europeas pero, a su vez, existe una disparidad entre
la resolución del Banco Popular y su adquisición por el Santander y la práctica operada en el caso de los bancos italianos. La resolución del Popular y su venta se decidieron a nivel europeo, pero en el caso italiano no se aplicaron los mismos
patrones. Por ello, me gustaría conocer el papel que verdaderamente tuvo su organismo en esta operación, las consecuencias

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económicas y, de manera especial, el coste económico que podrá tener. Además, la Audiencia Nacional ha dicho que va a estudiar su papel en esta venta. Ustedes ya han dicho que este proceso lo ha llevado Europa y que ustedes han sido meros
ejecutores. Parece que las responsabilidades quedan lejos otra vez. Además, hace un año el Banco Popular -como han señalado otros compañeros- tenía en los test de estrés una nota superior al 5,5, por lo que no entendemos que si todos los años se
auditan los bancos, nadie avise de esto. Además, la decisión se toma basándose en un informe provisional, algo que es incomprensible. Al igual que han dicho los demás, desconozco si ha sido un problema de liquidez o de solvencia, es decir, no
sabemos de qué ha muerto el Banco Popular. Es verdad que este asunto se ha solucionado sin dinero público, pero tampoco podemos obviar que miles de ciudadanos han perdido su inversión. Hay muchos interrogantes sobre esta resolución, por lo que
entendemos que habrá nuevos retos para lograr una unión bancaria eficiente.


Por otro lado, en relación con la resolución del Banco Popular se ha hablado de varios informes. Uno era la declaración del Banco Central de que el banco era inviable, otro es el informe de la propia JUR y el más polémico es la valoración
del Popular encargada a un experto independiente. Nos gustaría saber cómo está el asunto, si se va a hacer público y si conoce algo de esto.


Por salir de este asunto, me gustaría saber si se han corregido las deficiencias detectadas en el informe del Tribunal de Cuentas sobre el proceso de reestructuración bancaria de 2009 a 2015. Me refiero a los sistemas de contabilidad
económica deficiente o la inexistencia de criterios de valoración de los instrumentos realizados en los rescates.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señor Ponce Huerta, presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB. Son imprescindibles las respuestas a las dudas que ha generado el devenir del Banco Popular en las semanas, días y horas previos a su
intervención. Desde la comparecencia aquí en el Congreso del ministro de Economía, Industria y Competitividad, el pasado 12 de junio, se han conocido detalles y escuchado declaraciones que han puesto de manifiesto el engaño flagrante al que han
sido sometidos los clientes y los accionistas de este banco, la sexta entidad bancaria de España, que en los últimos años había superado todos, todos, todos los exámenes de diferentes autoridades nacionales y europeas. -Repito, todos los exámenes-.


Para Asturias la noticia de la desaparición del Banco Popular, adquirido por el Banco Santander, tiene una especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas asturianas y especialmente en el pequeño comercio, debido a la fuerte
implantación del Banco Popular en el sector, a través del convenio firmado entre la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, Asturgar SGR, el Banco Popular y la Federación Asturiana de Comercio para facilitar la financiación de las pymes y
autónomos asturianos del sector del comercio y de la distribución. Según el relato realizado el día 12 de junio por el ministro de Economía en su comparecencia en el Congreso, el Banco Popular -como dije antes- estaba considerada la sexta entidad
bancaria de España. Según su informe del primer trimestre del año 2017, sus activos totales en balance superaban los 147 000 millones de euros y su capitalización bursátil a principios de año alcanzaba algo más de 3800 millones de euros. Atendía a
4,6 millones de clientes, principalmente en nuestro país. Sin embargo, su riesgo de crédito aproximado por la ratio de morosidad era el más elevado de todo el sistema financiero, y su ratio de cobertura de dudosos estaba entre las más bajos, a
pesar de haber dotado provisiones por 21 100 millones de euros entre 2012 y 2017. El 3 de febrero del año 2017, de este mismo año, el presidente saliente presentó las cuentas del ejercicio pasado, durante el que se habían acumulado pérdidas por
valor de casi 3500 millones de euros. No obstante -y lo quiero recalcar porque me parece crucial- aún se cumplían los requisitos de capital exigidos y la cobertura de los activos no productivos superaba el 52 % gracias a la ampliación de
provisiones y a la venta de créditos dudosos. Además, la entidad aseguraba que esas pérdidas estaban previstas y que se habían cubierto con la ampliación de capital de mayo y con recursos propios.


Posteriormente, a finales de febrero de este año, la junta general de accionistas y el consejo de administración ratificaron e hicieron efectivo el nombramiento del nuevo presidente, que mes y medio después anunció ante la junta general de
accionistas la necesidad de reforzar el capital de la entidad, lo que podría pasar por una ampliación de capital o por una operación corporativa. Sin embargo, no detalló

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un plan de actuación concreto, y las acciones cayeron el 17 % en apenas cuatro días. El 5 de mayo el Popular presentó sus resultados del primer trimestre, reconociendo pérdidas por 137 millones de euros derivadas de los saneamientos
inmobiliarios. Apenas una semana más tarde el banco anunció que estaba llevando a cabo un proceso de venta. Se produjo ese mismo día una caída bursátil del 11 %. En la última semana de andadura del Popular sus acciones perdieron más del 50 % de
su valor y su capitalización bursátil, situada en unos 1330 millones, suponía apenas un tercio de lo que tenía al inicio del año tras haberse evaporado más de 2500 millones de euros. -Repito, evaporado-. El supervisor europeo, es decir el Banco
Central Europeo, declaró el martes 6 de junio la situación de inviabilidad por problemas de liquidez derivados del deterioro de la base de depósitos durante los últimos meses. Casi al mismo tiempo, el Banco Popular informó por escrito al propio BCE
de que el consejo de administración había llegado a la conclusión de que era inviable por falta de liquidez. La declaración de inviabilidad es el elemento que detona y que de alguna forma inicia todo el procedimiento. -Fin de la cita-. A su vez,
el FROB que usted preside en nota de prensa fechada el 7 de junio explicó que ese proceso había sido desencadenado por el BCE tras constatar la situación de inviabilidad de la entidad y la necesidad de intervención para dar cumplimiento a los
objetivos de interés público establecidos en la normativa europea de resolución. -Son palabras literales del FROB, señor presidente-.


Si en una crisis demoledora, como la sufrida por el Banco Popular, el comportamiento de nuestras autoridades, organismos e instrumentos económicos -Banco de España, Sareb, CNMV, FROB- ha consistido en actuar de oficina del Banco Central
europeo, tendremos que acomodar el papel de sus responsables al de jefe de sucursal. En Foro esperamos de nuestras autoridades bancarias una mayor dosis de responsabilidad, acorde a los recursos legales y medios materiales de los que están dotados.
Nos negamos a aceptar que ustedes son solo jefes de sucursal y, en el caso del Popular, conviene responder a varias preguntas que le formulo confiando en que nos responda, al igual que a mis compañeros, con precisión.


La primera de las preguntas dice lo siguiente. Un banco con un patrimonio neto a 31 de diciembre de 2016 que superaba los 11 000 millones de euros, según los estados contables financieros auditados por Pricewaterhouse Coopers y con una
solvencia confirmada con posterioridad a la intervención del banco por autoridades españolas y europeas -vicepresidente del Banco Central Europeo, ministro de Economía, gobernador y subgobernador del Banco de España-, ¿cómo se justifica que el
Popular fuese intervenido sobre la base de un informe de Deloitte que permanece en secreto pero que, por lo poco que ha trascendido, sabemos que no respeta los métodos ni los procedimientos de auditoría exigidos, además de no haber sido sometido a
auditoría contradictoria alguna? Segunda pregunta, ¿les consta, señor Ponce, que estuviese de acuerdo todo el Consejo y hubiese una acta firmada del mismo para pedir la intervención? ¿Les consta? Tercera pregunta, ¿cuál es la causa -se lo
recalco, la causa- que le consta al FROB que ha llevado en seis meses a un banco solvente como era el Popular a ser intervenido? ¿Porque no habrá sido el capricho, el azar o la mala suerte, verdad, señor presidente del FROB? Cuarta pregunta, ¿por
qué no se dio liquidez suficiente al Banco Popular, una entidad declarada solvente y que tenía un problema de liquidez, tal y como dispone el estatuto del propio Banco Central Europeo? Quinta y última pregunta, ¿por qué, si el Popular era un banco
solvente, el Banco Central Europeo no solicitó un plan de recuperación de la entidad, dado que parece que existían inversores privados interesados y además tenía activos que podían haberse vendido, si se hubiese dado plazo al Banco Popular?


Nada más por mi parte, señor presidente. Confío en que el respeto a las Cortes Generales permita que haya claridad en las respuestas a estas preguntas y a la de mis compañeros de los diferentes grupos parlamentarios. Creo que el tema
merece la pena ser explicado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Señor Ponce, muchas gracias por su comparecencia y gracias sobre todo por su claridad y profundidad en la exposición. Me gustaría empezar por una pregunta. Estamos viendo en la Comisión de investigación sobre la
crisis del sector financiero y el rescate bancario todo lo que sucedió en los años previos al estallido de la burbuja y lo hecho durante la crisis. Me gustaría preguntarle si cree que actualmente, con los mecanismos establecidos de supervisión,
regulación y resolución que nos ha contado, es posible otra crisis financiera como la vivida. Nosotros no lo creemos. Como muy bien

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dice su informe anual de 2016, la justificación de la existencia de una institución como FROB no es otra que el trabajo por la protección de los recursos públicos y la estabilidad financiera, particularmente de los depositantes. Es obvio
que la situación del sector bancario es mucho más sólida, como así lo ha reconocido el FMI, que la de hace solo algunos años y es cierto también que el FROB ha seguido progresando para dotar a España de las mejores capacidades para culminar el
proceso de reestructuración financiera y, al tiempo y en coordinación con la Junta Única de Resolución, poner a disposición de nuestro país una autoridad pública enormemente especializada y eficiente para la gestión de escenarios críticos de
inviabilidad de entidades financieras. Por eso creemos que los españoles podemos estar tranquilos. Está claro que hemos aprendido no solo en España, sino también en la Unión Europea y estamos muy alejados de otro suceso como el vivido.


Lógicamente, los bancos actuales necesitan ser más fuertes, tener más músculo. Teniendo en cuenta la rémora de la crisis que todavía soportan todas las entidades, como usted muy bien ha dicho, y las condiciones de mercado que no son las
idóneas para el negocio bancario y que además parece que se van alargando en el tiempo -teniendo en cuenta las previsiones de baja inflación que hay para 2018 y los mensajes de Draghi de mantenimiento de los estímulos y de tipos bajos-, estamos
asistiendo a un proceso de concentración de entidades. ¿Cree usted como conocedor de la situación del sistema financiero actual español y europeo que es adecuado este proceso? ¿Cree usted que un número de cinco grandes entidades nacionales -como
todo parece indicar- puede ser suficiente para mantener un sistema competitivo alejado de los oligopolios? En Europa hay países con menos entidades nacionales que funcionan perfectamente, como puede ser Francia que además tiene el doble de negocio
bancario que España. ¿Cree usted que este proceso de concentración está suficientemente valorado por las instituciones europeas y consideran que es adecuado para el nuevo mercado bancario y financiero? Aunque esta mañana hemos leído las
declaraciones de la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE que pide más fusiones a nivel europeo, o sea que creo que las instituciones europeas están pidiendo que se siga por ese camino de la concentración. Por un lado, dice, para sacar del
negocio a los bancos débiles y, por otro, para hacer más fuertes a las entidades. En un sistema financiero como el español dentro de la Unión Europea, ¿considera usted que hoy existe una colaboración suficiente entre el Banco de España, la CNMV y
el FROB? ¿Y entre el Banco Central Europeo y todos los mecanismos creados dentro de la Autoridad Bancaria Europea? ¿Y entre estos y los organismos dentro de cada país, especialmente en el caso español?


El FROB trabaja para ejecutar la resolución de entidades inviables que resulte más eficiente para el interés público protegiendo la estabilidad del sistema financiero, evitando perturbaciones en la economía real y minimizando el uso de
recursos públicos, sin afectar con ello a la estabilidad financiera o al contribuyente y garantizando la continuidad de las funciones críticas que desempeña. Nuestro grupo cree que esto es lo que se ha hecho en el caso del Banco Popular, con la
prudencia que usted nos transmite sobre todo este proceso. Luego le preguntaré sobre algunos temas sobre los que tenemos dudas. No entiendo muy bien las críticas sobre el proceso de resolución del Banco Popular, salvo alguna falta de información,
cuando lo que se está criticando son los sistemas de supervisión; porque el que la información del Banco Popular no fuera fiable -por decirlo de alguna manera- o que nos choca a todos con respecto a los datos que han surgido al final, podremos
criticar los mecanismos de supervisión pero no podremos criticar los mecanismos y los procesos de resolución. No tiene nada que ver una cosa con la otra.


Con el esquema de resolución adoptado por la JUR se pretende cumplir con los principios objetivos que debe informar todo proceso de resolución. En concreto, y en primer lugar, el nuevo marco normativo parte de la idea fundamental según la
cual los accionistas y los acreedores de la entidad en resolución deben ser los primeros en soportar pérdidas, de acuerdo con el orden de prelación establecido en la legislación concursal. Se trata con ello de minimizar los efectos de la resolución
de una entidad en los recursos de los contribuyentes y asegurar una adecuación de los costes de la resolución entre accionistas y acreedores. En segundo lugar -tal y como también establecen los artículos mencionados-, la resolución de una entidad
deberá en todo caso respetar el principio de que ningún accionista o acreedor soportará pérdidas superiores a las que habría soportado si la entidad fuera liquidada en el marco de un procedimiento concursal. En el cumplimiento de la anterior norma
se establece una clara prelación de créditos en el marco de la resolución, estableciendo que se ha de garantizar que los titulares de acciones ordinarias, los titulares de instrumentos de capital adicional de nivel uno y nivel dos absorban las
pérdidas correspondientes antes de que se adopte cualquier otra medida de resolución -que creo que es lo que ha sucedido en el caso del Banco Popular-.

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El señor Saura hablaba de que el Banco Santander había recibido 2000 millones, espero que nos lo explique. Yo creo que no, que la oferta era por un euro por un banco sin todos aquellos pasivos de nivel uno y dos, que suman unos 2000
millones. Pero si se refiere a eso también debería referirse a los accionistas, que sumarían otros 2000 millones a valor nominal de las acciones, es decir, serían unos menos 4000 millones, pero no creo que sean 4000 millones de ingresos sino,
simplemente, que los activos por los que el Banco Santander ha ofertado son hasta a partir de ahí, esto es, sin accionistas y titulares, sin instrumentos de nivel uno y nivel dos.


El procedimiento competitivo de venta debe tener, por tanto, los siguientes requisitos: debe ser transparente en la medida de lo posible, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, en concreto, de la necesidad de preservar
la estabilidad financiera, y el objetivo fundamental deberá ser la maximización del precio -espero que así haya sido en este caso-, y sin perjuicio del anterior proceso no deberá conferir ninguna ventaja injusta a ningún potencial interesado. El
FROB tomará las medidas necesarias para evitar conflictos de intereses. Sobre la base de lo anterior y dado que la única oferta presentada -como nos ha comentado- era por el Banco Santander, la única que cumplía los requisitos para su admisión, la
JUR ha determinado su procedencia y aceptación de la misma ante los efectos que un eventual procedimiento concursal podría suponer en el mantenimiento de las funciones críticas desempeñadas por la entidad.


Ahora quería preguntarle por los informes sobre la resolución del Banco Popular. Se ha escrito mucho en los medios, pero no acabamos de tener claro cómo funciona el sistema y me gustaría -si es posible- que nos lo explicara, aunque sean
informes que parecen secretos, y espero que en algún momento los podamos tener. -Además, los hemos pedido en la Comisión de investigación, pero aquí en esta Comisión parece que hay compañeros que ya los conocen a pesar de que sean secretos, pues se
han dado algunos datos de esos informes; no lo sé-. Espero que usted nos lo explique con profundidad. Sobre los participantes que acudieron a la venta del Banco Popular y las ofertas que se recibieron finalmente, ya nos ha contado que al final
solo hubo una oferta. Llegó a salir en la prensa que BBVA había hecho una oferta por 5000 millones que supongo, por lo que nos ha dicho, que no era cierto.


Quería preguntarle también sobre la valoración del FROB de la oferta presentada por el Banco Santander, teniendo en cuenta que el presunto informe de Deloitte -informe secreto- parece que presentaba tres valoraciones: la optimista de 1500
millones, la neutra de menos 2000 y la negativa de menos 8000. Si tenemos en cuenta que la contabilidad del Banco Popular había cerrado el último trimestre con unas pérdidas de menos 12 000 millones y, que el Banco Santander, en un proceso bastante
competitivo con varios compradores en la puja ha conseguido vender una cartera de activos del Banco Popular de 30 000 millones de valor bruto contable por un precio de menos de 6000 millones, a priori parece que se ha hecho de una forma totalmente
profesional y se ha conseguido un buen precio y, sobre todo, lo que más importa a este grupo, salvando a los acreedores y depositantes y especialmente al Erario público, es decir, a todos los ciudadanos. Espero que la operación que queda pendiente
y que va a ser muy importante por su importe y trascendencia, que tiene sobre el importe final del rescate, sea igual de profesional que esta.


Me refiero a la venta de Bankia-BMN. Aquí tenemos una duda que puede ser importante en el desenlace final. Se ha ampliado el plazo legal para la venta, pero quería preguntarle si se podría ampliar de nuevo. Creo que esto podría ser vital
porque tener un plazo de tiempo tan limitado puede influir de forma importante y negativa en la consecución de un precio óptimo de venta.


Otro asunto por el que quería preguntarle es por Liberbank. Creo que sigue en la órbita del FROB hasta el 31 de diciembre de 2017 -nos lo ha comentado además antes-, y le pregunto su valoración sobre la entidad, si esperan una resolución
tipo Banco Popular o si creen que la ampliación de capital y la protección que la CNMV ha dado a la cotización del valor serán suficientes para asegurar el futuro de la entidad.


Italia ha seguido otra línea de actuación que la que hemos seguido aquí -que parece que a alguna de sus señorías le gusta más-, que es evitar las pérdidas a los propietarios de los bancos asumiendo el Estado el coste del rescate. Creo que
esto solo es justificable en el caso de riesgo sistémico, como ocurrió durante la crisis, pero no es asumible en un momento de estabilidad. No se pueden ni se deben socializar las pérdidas de entidades privadas. Los accionistas conocen el riesgo
de sus valores, el cien por cien concretamente es el riesgo que tiene una acción. Otra cosa es que los accionistas no hayan tenido la información suficiente para valorar adecuadamente si seguir como accionista o no, que creo que es el problema que
tenemos que valorar en el caso de Banco Popular, si la supervisión y si los accionistas han tenido siempre disponibilidad de la información suficiente para valorar si mantener o no sus acciones.

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Aquí quiero aprovechar para preguntarle por las lecciones que hemos aprendido estos años, especialmente con la resolución de Banco Popular. Nosotros creemos que debe haber tres patas que sustenten la claridad del mercado, algo que en parte
nos ha comentado usted. En primer lugar, que la información de los bancos sea absolutamente realista y transparente para que todos los intervinientes en el mercado bancario y financiero no tengan ninguna duda sobre las entidades. En segundo lugar,
que haya una perfecta clasificación de los activos, ya que tiene que ver con la transparencia, con la solvencia y con la gestión de las entidades. Y por último, se ha de tratar de forma adecuada los problemas de liquidez que puedan tener en
momentos puntuales algunas entidades.


Finalmente, quería preguntarle por la reputación internacional del FROB, su participación y sus aportaciones. Entiendo que usted no quiera hablar mucho de esta cuestión, pero para nuestro grupo, para este Parlamento y para los ciudadanos
españoles es importante conocer la realidad internacional de nuestros organismos públicos. Creo que se dirigen hacia usted ataques que van hacia otros organismos y siempre le toca recibirlos, supongo que lo hará con paciencia y resignación. La
verdad es que hablar de conspiración, expropiaciones y cosas parecidas me parece un poco lamentable. Alguien habló del contagio de la resolución del Banco Popular, pero imagínese el contagio de la quiebra del Banco Popular; ese sí que hubiera sido
un contagio importante, no solo lo que hubiera afectado al final al bolsillo de todos los españoles si hubiéramos tenido que poner dinero público, sino lo que hubiera contagiado a la estabilidad financiera y al resto de entidades.


Muchas gracias de nuevo, es un placer como siempre escucharle. Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.


Tiene la palabra don Jaime Ponce para responder o hacer las manifestaciones que estime oportunas en atención a las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN RECTORA DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA, FROB (Ponce Huerta): Muchas gracias, presidente. Gracias, señorías, por sus intervenciones.


Me gustaría comenzar por aclarar una cuestión más general y luego trataré de abordar todas o la mayor parte de sus cuestiones de forma acumulada. Empezaron el señor Saura y el señor Montero citando alguna crítica, más o menos implícita o
explícita, a la autocomplacencia de mi presentación de los hechos. Créanme que si ha sido así he errado el disparo, porque no había ninguna pretensión de autocomplacencia. Creo que la manifestación que he hecho tiene claramente la consideración y
la sensibilidad de que una quiebra -y lo he dicho así- es siempre un elemento desafortunado y muy perjudicial, especialmente para los minoristas, que tienen siempre una situación de debilidad por la asimetría de información que pueden tener en el
sector financiero en inversiones más complejas. También hay que sumar que considero que es mi responsabilidad contar las cosas como son y contarlas sin ningún adjetivo -no he puesto ningún adjetivo en mi intervención-. Hay quien habla de logro, y
a nivel internacional, cuando yo voy fuera, hay mucha gente que habla del éxito de la Junta Única de Resolución del FROB. Yo fui especialmente cuidadoso con no hablar de eso, porque creo que hay que ser sensible a los impactos de las decisiones
públicas. Lo que he hecho ha sido presentar con muchísimo apego al principio de legalidad, como funcionario público que soy, si he cumplido como autoridad pública española los objetivos que ustedes desde la norma, que es la Ley 11/2015, me aplican,
si los he satisfecho razonablemente bien, y esa es la literalidad con la que me he expresado.


Esta Cámara aprueba una ley -la conozco bien, porque mis anteriores responsabilidades estaban en el Tesoro- que viene a su vez de un acuerdo a nivel internacional en el G20, fundamentalmente en 2011, en Cannes, donde se llega a un acuerdo
sobre cómo gestionamos crisis de esta magnitud si se vuelven a producir y se habla de una serie de principios generales: vamos a tener autoridad de resolución capacitada, vamos a tener una capacidad de interiorizar los costes de los propios
acreedores accionistas, vamos a coordinarnos bien internacionalmente. Eso se decanta en una norma europea, que es la directiva de resolución -conozco bien las negociaciones hasta altas horas de la madrugada, a nivel técnico, lógicamente, de aquella
norma- y acaba en una Ley 11/2015, que me atribuye a mí como responsable público unos objetivos de la resolución que son muy claros y tengo muy interiorizados, porque entiendo que ese es mi mandato público: proteger la estabilidad financiera,
proteger a los depositantes y salvaguardar cualquier garantía pública implícita en el sector financiero. Ese es mi mandato, señorías, y me lo han dado ustedes. Analizo la resolución del Popular desde esa perspectiva con completa honestidad y creo
que arroja un buen resultado desde la satisfacción de esos objetivos. Si tenemos que cumplir otros objetivos, tendríamos que cambiar la norma, tendríamos que hacer una reflexión.

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He dicho también, y soy un convencido de ello, que hay que aprender las lecciones y que del mismo modo que se han hecho cosas bien y que estamos mejor preparados para la gestión de la crisis, el Popular y la experiencia acumulada arrojan
lecciones importantísimas, y estamos llevando esa voz a nivel internacional. La norma tenía un sesgo, por decirlo de alguna manera, hacia problemas de solvencia. Conozco bien aquellas negociaciones, como he dicho, y lo que uno piensa es que,
normalmente, en las quiebras que se producían -ya había casos de quiebra de liquidez en Northern Rock, en Reino Unido- la norma pensaba fundamentalmente en problemas de solvencia. Probablemente tengamos que reformar y dotarnos de mayores
instrumentos de liquidez. Ustedes llaman mucho la atención sobre instrumentos de liquidez previos, que me parecen importantísimos, yo me centraría en qué instrumentos de liquidez tenemos para apoyar la credibilidad de una resolución ya cuando el
banco es inviable. Lamento ahí no poder hablar de todo lo anterior, pero es que mi función pública comienza cuando el banco es inviable. Creo que hay que saber extraer lecciones de los planes de resolución. Necesitamos claridad absoluta de la
información de un banco y de sus pasivos para poder actuar tan rápido como tuvimos que actuar. Por tanto, hay un conjunto de lecciones, en las que luego me detendré porque algún portavoz me ha preguntado por ello, pero quisiera no contradecir sino
discrepar un poco de su apreciación de autocomplacencia volviendo a explicar lo que es mi apreciación personal y profesional sobre el asunto.


Comienzo un poco más concretamente a hacer reflexiones en torno a sus manifestaciones. Hay un conjunto de preguntas que creo que son importantes y legítimas. Se refieren a la liquidez previa, se refieren a cuestiones de contabilidad, se
refieren a potenciales críticas a la evolución -lo decía el señor Martínez, que ha hecho un relato muy explícito- de la compañía, de sus gestores, de sus decisiones como gestores y a la evolución de las actuaciones supervisoras. Entiendo que no les
guste lo que les voy a decir y entiendo también su rechazo a que les parezca que cada vez que viene alguien tira la pelota a otro sitio, pero entiendan que sería irresponsable por mi parte que me pronunciase sobre la actuación supervisora, porque mi
marco de responsabilidad comienza cuando todo eso no ha funcionado y nos encontramos con un banco inviable, y el trabajo ordinario del FROB es estar preparados para ese día, para esa noche; pensábamos que iba a ser muy complicado hacerlo en un fin
de semana y lo tuvimos que hacer en una noche, ejecutando las directrices de la Junta Única de Resolución, y ahora entraré en este tema. Por tanto, sobre las cuestiones de liquidez, las cuestiones de efectos potenciales de supervisión, -con
liquidez quiero decir ELA-, potenciales defectos en las decisiones adoptadas por los gestores, corresponde a esas autoridades y a esos gestores dar las explicaciones debidas. Comprendan, por tanto, que restrinja mis respuestas al área de mi
competencia.


Sí puedo compartir con ustedes alguna apreciación más general. La primera es la enorme dificultad que entraña gestionar la resolución de un banco que tiene un problema de liquidez enorme, mucho más desafiante que un problema de solvencia.
¿Por qué? Porque los acontecimientos se desencadenan rapidísimamente y de forma imprevisible y porque probablemente necesitamos instrumentos más potentes, más creíbles, de mayor alcance, para gestionar una dificultad de liquidez, aun cuando el
banco ya es inviable; no digamos para tratar de evitar esos problemas de liquidez con carácter previo. La segunda es una reflexión en la que, por obvia, probablemente estén todos ustedes de acuerdo conmigo. La mejor resolución es la que no se
produce. Esta es la otra manifestación que puedo hacer al respecto. Es la que se evita. Eso es obvio. La mejor decisión para atajar un problema es la que evita la quiebra de la entidad. Por tanto, puedo comprender que ese tenga que ser un foco
de atención fundamental y puedo entender la necesidad de información a los accionistas, a los acreedores sobre qué ha ocurrido. Mi impresión también es que hay que ser cauteloso con lo que uno puede hacer, por el famoso y reiterado sesgo
retrospectivo. Hay decisiones que son complejas, hay decisiones que uno no sabe exactamente cómo van a evolucionar ni qué consecuencias van a desencadenar. De todas formas, en conclusión y con carácter general, todos estaremos de acuerdo con que
la procrastinación en los problemas financieros no suele conducir a ningún buen lugar. Por lo demás, en apreciaciones sobre la materia, les corresponde a los supervisores -Banco Central Europeo, Banco de España, proveedores de liquidez en una fase
previa, programa de liquidez de emergencia que corresponde al Banco de España y al Banco Central Europeo- informar con muchísima más precisión dentro de su marco de responsabilidad.


Informes. Es una acumulación de preocupaciones la que ustedes me han manifestado. El famoso informe Deloitte, como ustedes lo llaman. Quiero detenerme un poco, porque creo que es mi responsabilidad aclarar el conjunto de informes
relevantes y cuál es mi posición en torno a este debate de la transparencia. Hay varios informes relevantes en todo esto. El primero es el que determina la inviabilidad. El Banco Central Europeo, con la información que tiene del seguimiento de la
entidad, traslada

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a las autoridades de resolución un problema. Ustedes han preguntado, también creo que legítimamente, si hay problema de solvencia, un problema de liquidez, y yo les contesto lo que me dice a mí el supervisor, lo que nos dice a las
autoridades de resolución: es un problema de liquidez. El análisis, el fundamento de ese problema de liquidez es el informe, el failing or likely to fail, el informe de inviabilidad o probable inviabilidad que traslada el Banco Central Europeo a
la autoridad de resolución el propio 6 de junio. Ahí se sustentan sus análisis de la evolución de la entidad y su incapacidad manifiesta de retornar a la suficiente liquidez para hacer frente a sus pagos. Han hecho pública en su página web una
parte suficiente -creo que hay una parte confidencial que han eliminado- para hacerse al menos una idea. Esto es lo que le puedo decir. Ese primer informe o detonante de la situación de la entidad es importante. Y después, ¿con qué información se
adopta la decisión? O sea, hay una valoración que la normativa permite que sea provisional, porque es una normativa que está muy bien elaborada y, por tanto, está adaptada a necesidades de máxima urgencia. Lo que permite la norma es que si no ha
habido tiempo para culminar una valoración en profundidad y usted lo que tiene es un banco inviable y tiene que garantizar el interés público, haga una valoración provisional y actúe, porque la prioridad absoluta es la protección de los
contribuyentes, la continuidad de las funciones críticas, la protección de los depositantes. Eso lo dice la norma, y hubo un informe provisional. Quien ha dado publicidad a alguna de las cifras que ustedes conocen fue la propia comisión rectora
del FROB minutos después de la aprobación de su acuerdo ejecutivo de la decisión de la junta, donde citábamos, porque nos parecía relevante, que había dos escenarios: el escenario más adverso y el escenario central. Ahora me dedicaré a los temas
de transparencia. Pero ese informe es relevante. Es un informe provisional que tiene que ser definitivo y se está trabajando para hacerlo definitivo. Siendo relevante, en mi opinión, con la máxima prudencia y respeto a sus señorías, quizá se ha
sobredimensionado la relevancia de ese informe y probablemente esté relacionado con la oscuridad o con la falta de claridad. ¿Por qué? Porque ese informe lo que hace es contribuir a la decisión de la Junta Única de Resolución, pero quien determina
finalmente el instrumento de resolución a aplicar es el proceso de venta, que es el que decide la Junta Única de Resolución que tenemos que aplicar. Ese proceso de venta es el que finalmente determina el precio. ¿Qué da ese informe? Da un soporte
a la decisión, pero la determinación final -ahora le explicaré en conjunto, señor Montero-, el informe final, arrojará aún más luz sobre la situación de la entidad. Probablemente arroje luz sobre todas esas dudas previas de solvencia que ustedes
tienen, pero a efectos de resolución el procedimiento decidido es un procedimiento de venta del negocio. Si se hubiera adoptado por otras necesidades un procedimiento de recapitalización interna -por ejemplo, lo que decidimos es inyectarle todo el
dinero necesario para recapitalizar el banco-, la relevancia de ese informe sería algo mayor para esa noche, siendo un informe relevante; no le quito relevancia, pero quizá es importante contextualizarlo.


Luego hay un tercer informe o una tercera línea -no son tanto como tres informes- que sí es relevante, y lo digo con transparencia, que será la valoración definitiva del valor liquidativo de la entidad. Será el valorador independiente el
que dirá a la Junta Única de Resolución: este es el valor liquidativo. Es decir, si la alternativa por la que pasan todas las empresas, que es el concurso, se hubiera producido en el caso de esta entidad, el valor de los diferentes pasivos sería
este. ¿Por qué creo que es un informe relevante? Porque es el informe que verdaderamente determina la alternativa para esos acreedores y el que determina el no quebrantamiento de un principio que para nosotros es fundamental, que es el de no
deteriorar más a un acreedor que la alternativa de cualquier empresa española, que es el concurso. Nosotros tenemos un mandato -perdón que repita tanto-, que es el interés público. La protección del accionista es secundaria para una autoridad de
resolución. De hecho, lo que nos dice la norma -con todo el respeto- es que el interés público a proteger es la garantía de los depósitos, la estabilidad financiera -esos son los objetivos-, y el principio es que los accionistas absorban pérdidas
en primer lugar y que después se siga la jerarquía de los acreedores. Esa valoración final del coste de liquidación creo que será relevante.


Vamos a la cuestión de la transparencia de este informe. Comienzo por decir que lo que hoy se conoce públicamente lo dice el FROB al publicar íntegramente su acuerdo ejecutivo minutos después de la resolución en nuestra página web y después
en el Boletín Oficial del Estado. Hablamos de dos escenarios. ¿Por qué hablamos de dos escenarios, el adverso y el central? Porque la normativa nos exige utilizar las valoraciones más prudentes. Utilizar el escenario más optimista que existe no
parecía adecuado, porque parece que la norma no te permite ir al optimista. Explicado.


Sobre la transparencia, le diré que aquí el FROB -algún medio de comunicación lo ha revelado- simpatiza con la transparencia de ese documento, porque entendemos, o somos conscientes, por decirlo

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de otra manera, que estamos utilizando facultades públicas de una enorme severidad, en definitiva, la sustitución de los derechos políticos y económicos de ciudadanos, si son institucionales pero sobre todo si son minoristas, de una forma
extraordinariamente expeditiva. Entendemos que la ley nos faculta para hacerlo porque hay un interés público superior. Por tanto, lo ejecutamos. Ahora, entendemos también que nuestra responsabilidad es máxima y las armas de las que nos dota el
Estado de derecho son potentísimas. Eso nos lleva -así se lo hemos manifestado a nuestros colegas de la Junta Única de Resolución formalmente- a pedir el máximo esfuerzo de transparencia. Por tanto, desde nuestra perspectiva -así lo hicimos con
nuestro propio acuerdo de resolución, que íntegramente está desde el mismo momento de la resolución hecho público- nos lleva a pensar que ese informe, con las debidas cautelas, podría ser publicado. Eso es una valoración.


Al mismo tiempo, ¿qué es lo que la Junta Única de Resolución nos traslada y respetamos y entendemos? Otra visión, la visión de la prudencia en virtud de los impactos que potencialmente pudiera tener en la economía, en la política económica
y en la estabilidad financiera. Esa es su posición. Consideramos que al final donde esto se dirimirá será en la justicia europea. La Junta Única de Resolución -eso también he de reconocerlo; alguien ha dicho que éramos el jefe de sucursal de los
organismos internacionales, creo que el señor Martínez- en este caso es el propietario del documento, es el propietario del procedimiento, es el propietario de la decisión y normalmente ha de ser quien decida el tratamiento de la confidencialidad y
también debe ser en el ámbito europeo donde finalmente se sustancie cuál es el nivel de transparencia y de accesibilidad que existe sobre ese informe. Alegan razones razonables, creo que debidamente ponderadas, debidamente justificadas. Con
absoluta transparencia, en el Parlamento español yo digo que nosotros tenemos una ligera discrepancia de matiz. Por lo demás, el espíritu de cooperación con la Junta Única de Resolución es verdaderamente positivo y eficaz a los objetivos de la
resolución.


El señor Saura me hizo algunas preguntas bastante específicas sobre procedimientos de resolución. Hablaba de las manifestaciones de la señora König, si habían tenido un impacto. Cuando se trata de cuestiones que no me corresponde a mí
directamente valorar y sobre las que ya la propia Junta Única de Resolución hizo su manifestación -está en su página web-, en el sentido de que sus apreciaciones se referirán a competencias generales de la Junta Única de Resolución, no puedo añadir
nada más.


Me preguntaba el señor Saura por qué se pone en marcha la venta antes de la inviabilidad. Esa es una instrucción de la Junta Única de Resolución, que, vista la evolución de los acontecimientos, fue afortunada, y que estaba condicionada a la
efectiva resolución. La interpretación jurídica, creo que bien fundamentada, es que la resolución en sentido estricto no puede restringirse absolutamente a aquello que sucede entre la inviabilidad y la propia aprobación del acuerdo de resolución,
porque en ese caso no habría solución para este asunto. Afortunadamente se dieron pasos creo que prudentes en los que se ponderó enormemente hasta dónde se podía llegar. Quizá más preocupante habría sido que no hubiéramos tenido capacidad alguna
de gestionar el problema la misma noche. Pero esa reflexión se hizo, la Junta Única de Resolución nos trasladó la instrucción de comenzar el sábado con un procedimiento, y ese procedimiento, por desgracia, no alcanzó el fin de semana siguiente,
sino que se precipitó, como les he comentado antes, de una forma muy rápida.


En cuanto al papel del ministro, instrucciones del ministro, queda fuera del mandato legal y del ordenamiento. No hay funciones del ministro en esta materia y las instrucciones que recibimos eran de la Junta Única de Resolución. La
decisión de la Junta Única de Resolución no es del todo pública, pero está claro que las instrucciones que recibimos del procedimiento vienen de la Junta Única de Resolución. No hay mucho más que decir al respecto.


Efecto contagio sobre otras entidades medianas. La lección que yo extraigo es que ha podido haber en el mercado, después de la resolución del Banco Popular, alguna reacción en algunos tipos de entidades sobre las que pudieran existir dudas,
pero con carácter general, como autoridad de resolución, mi apreciación sobre el resultado en el mercado de lo que sucedió con el Banco Popular es positiva. Espero no caer de nuevo en la autocomplacencia, pero considero que la capacidad que han
demostrado los grandes bancos de seguir emitiendo pasivos diseñados específicamente para la absorción de pérdidas en caso de resolución es una buena noticia para nosotros como autoridad de resolución, porque he dicho que uno de los desafíos es que
la industria española se vaya llenando de esos colchones de pasivos que, como yo los veo, protegen al contribuyente, protegen al ciudadano, porque anulan las garantías públicas que pudieran existir en el balance en caso de inviabilidad. La
comprobación de las emisiones que la banca española ha realizado con carácter posterior y los precios y la demanda de esos instrumentos han sido

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francamente positivas. La propia evolución en el mercado de la banca española -ha habido algunas excepciones, efectivamente- no ha sido mala. El riesgo de contagio ante lo que fue un evento verdaderamente dramático no lo valoro como un
efecto negativo. Hay otros elementos de carácter más técnico. Sí se han estrechado los márgenes entre los instrumentos híbridos más subordinados y la deuda subordinada. La consideración de lo que se ha aprendido con nuestra resolución es que
hemos hecho un impacto, hemos hecho un absorción de pérdidas simultáneamente en los dos instrumentos. Pero en cuanto a lo que se refiere a los costes, a la capacidad de los bancos europeos de dotarse de esos instrumentos a precios razonables y por
tanto ser valorados por el mercado como instrumentos que tienen un precio, que tienen un valor a pesar de que están llamados a absorber pérdidas no ha sido negativa.


Quiero seguir con los asuntos del Banco Popular. El señor De la Torre preguntaba por qué no se da liquidez para llegar al fin de semana. Es una pregunta que engarza con desafíos sobre los que tenemos que reflexionar. Más tiempo significa
más capacidad para las autoridades para emitir una resolución más eficiente. Eso es así. No había instrumentos en ese momento para la resolución, vuelvo a decir. En cuanto al ELA, que se había concedido los días 5 y 6, corresponde al Banco de
España explicarlo. En principio, no es ilimitado, está basado en colateral. Alguien me preguntó si se aplicaban criterios diferentes entre Estados. Esto está hermanizado con una política del Banco Central Europeo, pero de nuevo corresponde a esas
autoridades. Es una reflexión importante. Si nos volvemos a ver en una situación de este tipo, ¿podríamos llevar la entidad hasta el puerto, un poquito menos estresante para los técnicos que tenemos que trabajar en esto, que es un fin de semana?
Es una reflexión para la que hay que buscar instrumentos y respuestas y a nivel internacional, a nivel europeo, se ha abierto ese debate y desde el FROB estamos colaborando.


El señor De la Torre hablaba de los DTA. Según mi apreciación, es cierto que los DTA pueden transformarse en créditos fiscales y al final eso tiene un impacto. Lo que quiero manifestar es que en el caso del Popular no veo una alteración
del régimen que ya existía. Es verdad que los créditos, los DTA que tiene en el balance el Popular, se pueden transformar en pérdidas contables. De hecho, se están transformando en pérdidas contables, porque el Banco Popular sigue existiendo, y
eso va tener un impacto en el crédito fiscal, pero eso no tiene una novedad regulatoria. Es la reforma del impuesto sobre sociedades de su momento y ahora mismo se está materializando en lo que era el marco jurídico establecido.


Banca italiana. La señora Sagastizabal y el señor Martínez me preguntaban por la comparación, qué diferencias hay y qué valoración hago al respecto. Creo que hay algunas similitudes y algunas diferencias entre lo que ocurre pocas semanas
después con dos bancos venecianos y lo que ocurrió con el Banco Popular. Las similitudes comienzan porque son bancos significativos que están dentro del mismo marco de autoridades y dentro del mismo marco normativo. Por tanto, el Banco Central
Europeo es de nuevo el que determina la inviabilidad de esas entidades y de nuevo la Junta Única de resolución la que valora su resolución. Hasta ahí la similitud. ¿Qué ocurre? Aplicando la norma, lo que decide la Junta Única de Resolución -es
una decisión sobre la que no tengo información porque corresponde a las comisiones ejecutivas extendidas- es que no existe interés público. Considera que la liquidación ordinaria concursal de esos bancos italianos no va a afectar a la estabilidad
financiera, que no hay riesgo de contagio, que no hay riesgo de afectación a los depositantes y por tanto devuelve esa opinión al Banco Central Europeo y la decisión final de liquidación es conforme a la normativa nacional italiana. Esa es la
principal diferencia y después hay otra que es sustancial. La diferencia se basa en la utilización de ayudas públicas. Es una diferencia sustantiva. Los colegas italianos llevan al banco a una liquidación ordinaria concursal bajo una norma que
hay que reconocer que no era ad hoc, sino una norma del siglo XIX. Esa norma lleva la liquidación ordinaria de las entidades de crédito con unas herramientas ágiles. Se lleva por ese canal y se inyectan ayudas públicas cuantiosas. Su norma
reconoce un máximo de 20 000 millones, pero creo -hablo de memoria- que fueron unos 5000 millones en inyecciones directas y otros 12 000 reconocidos en garantía. Son cifras aproximadas. Y lo último es otra nueva coincidencia. No por el hecho de
que vayan por la resolución, sino porque han inyectado ayudas públicas se les aplica la comunicación europea de ayudas de Estado a la banca y por esa comunicación tienen que hacer absorción de pérdidas a los accionistas, deuda subordinada y deuda
híbrida. Hay una última, para ser completamente transparentes con ustedes. Hay un sistema de compensación rápido a minoristas. No conozco bien los detalles. Creo que lo paga su fondo de garantía de depósitos, pero por mala comercialización o
algo parecido activan un mecanismo de compensación. Francamente, de nuevo desde una perspectiva muy apegada al derecho, creo que nosotros aplicamos el derecho. Los

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italianos también lo hicieron y tenían sus diferencias, que he explicado, pero nosotros hicimos lo que nos habían mandatado: estar listos para colaborar con la Junta Única de Resolución y, ante el desafío que nunca podíamos imaginar, que
era encontrarnos esto entre semana, abrir a los clientes, a los depositantes y a la estabilidad financiera el banco al día siguiente. Eso es lo que hicimos y lo hicimos conforme al marco legal que nos venía dado.


Espero no dejarme ninguna cuestión relativa al Banco Popular. Lecciones aprendidas he citado ya varias y, aunque son demasiado técnicas, añadiría una reflexión sobre los sistemas concursales y cómo afectan a la banca. El concepto de
interés público es un concepto relevante. Puede ser que vayamos hacia conceptos en los que haya menos interés público. A lo mejor si comparezco en esta Cámara por la ausencia de interés público hay otros problemas, porque el lío de la regulación
concursal en España para gestionar un banco para nosotros también sería muy desafiante. Nos tendríamos que encargar, pero sería otra circunstancia. Una reflexión sobre la armonización europea de la regulación concursal puede ser relevante para
armonizar definitivamente la unión bancaria.


A estos efectos, engarzo -creo que es lo último del Banco Popular- con las apreciaciones que ha hecho el señor Martínez sobre la ausencia de competencias, por decirlo de otro modo, de las autoridades españolas dentro de la unión bancaria,
esa consideración de que finalmente podemos ser una oficina de las autoridades europeas o una jefatura de sucursal o servicio. Aquí tengo una apreciación personal al respecto. Considero extraordinariamente positiva para España la unión bancaria.
Personalmente, la considero así, con toda la humildad. Este tipo de decisiones han de generar un auténtico mercado interior bancario. En una zona monetaria, este tipo de decisiones tienen que estar armonizadas y para armonizarlas verdaderamente no
basta con una directiva que después se traspone, ni siquiera con un reglamento, que es de eficacia directa. Hacen falta autoridades europeas, profesionales, bien gestionadas, en las que los países tengamos una voz, una influencia, autoridades
europeas que apliquen el mismo derecho dentro de la zona euro. Esa es mi apreciación. Efectivamente, somos ejecutores de decisiones europeas, es una cesión final de soberanía. Personalmente, mi apreciación es tremendamente positiva para la
estabilidad del sector financiero español, para el futuro de la Unión Europea y para la adecuación de una unión económica monetaria que, como saben, tiene algunas dificultades o algunas áreas por completar. Mi apreciación incluso, si me apuran, es
seguir en esa línea: Fondo de garantía de depósitos, una backstop, una especie de garantía fiscal última dentro de la zona euro. Ese es el camino que debemos recorrer, independientemente de que eso nos transforme en órganos ejecutores de
decisiones europeas.


Paso a otras áreas que han citado. Potencial venta de Bankia, por qué se vende -creo que lo ha preguntado el señor Saura- por debajo del valor contable y por qué no se acepta esa oferta de 1300 millones de euros. En relación con la
integración de Bankia y de BMN, hemos hecho tres esfuerzos. Uno, analizar profesionalmente cuál era la mejor estrategia de desinversión. Teníamos dos participadas en el sector bancario y considerábamos que había un valor en analizar la fusión. Lo
considerábamos y lo seguimos considerando, pero no fuimos a una fusión directa impuesta por un socio mayoritario de dos tercios. No recorrimos ese camino. Nos autoimpusimos un deber de dación de cuentas, de explicación, de aseveración y de
trazabilidad de nuestra decisión extraordinario. Contratamos dos asesores externos y a uno le dijimos separadamente: vaya usted a preguntar qué valor podría tener BMN. No quiero que me diga cuál es su mejor opinión, sino que pregunte.
Sinceramente, quiero saber cuánto podría obtener en el mercado por una desinversión individual de BMN, porque la desinversión individual de Bankia la conozco, es el valor de mercado. Eso lo hizo Société Générale y volvió con un resultado. El
resultado no es una oferta, sino una muestra de interés, porque no pidió ofertas. No teníamos mandato para hacer eso, pero volvió con una única muestra de interés. Conclusiones de Société. Ustedes, en este proceso que he llevado a cabo, con
información bastante profunda, pueden hacerse la idea de que solo ha habido una muestra interés y que esa muestra puede rondar los 1000 o 1300 millones de euros. Ellos decían: consideramos que nuestra valoración de la muestra de interés es de 1000
millones de euros. ¿Por qué? Y añadía: esta posibilidad de desinversión tiene riesgos al alza y a la baja porque no ha pasado por una due diligence, porque no hay un análisis del plan de negocio, porque no hay conversaciones con los gestores,
porque no tiene una validez temporal, porque depende del momento en el que usted vaya a materializarla, a lo mejor no está ahí. Nuestra propia experiencia con los procesos de subasta previos, no ya con muestras de interés, que son mucho más
etéreas, sino con ofertas no vinculantes a diferencia de ofertas vinculantes es sustantiva, porque pasan por una due diligence. Por tanto, la comparabilidad no es del todo factible.

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Adicionalmente a nuestra consideración -ahí lo decía AFI-, a ese precio, a ese valor potencial de BMN, a ustedes les resulta más rentable hacer la integración, una integración que para nosotros es neutra económicamente porque vamos a tener
dos tercios de la resultante. Considera nuestro asesor -y nosotros lo compartimos- que la integración de ambas y después la venta de paquetes en el mercado conserva más valor para el sector público y así lo decidimos, y ponemos en marcha un
procedimiento. Ponemos en marcha un procedimiento que de nuevo es extraordinariamente escrupuloso, ¿desde qué perspectiva? De la de gobierno corporativo. Independientemente de que esa era nuestra valoración, de que la hemos hecho pública, de que
la hemos dado transparencia, de que la hemos construido con asesores externos y con los servicios técnicos del FROB y la hemos contado a toda la ciudadanía, lo que decimos es: llévese esto ahora por procedimientos escrupulosísimos con los
minoritarios. Nos abstenemos en los consejos y además, por propia iniciativa de las compañías, se forman comisiones de independientes que lideran todo el trabajo. Esas comisiones de independientes concluyen un proyecto común de fusión que es el
que se hace público, y adicionalmente vamos a la junta general de accionistas de hace unos días y nos sentimos satisfechos de comprobar que cerca del 99 % y del 95 % de los minoritarios, incluyendo lógicamente el 65 % del FROB, amplísimas y
abrumadoras mayorías también de los minoritarios consideran que es una buena opción para las dos compañías. Creo francamente que el esfuerzo hecho de transparencia, de racionalizar la decisión, de escrúpulo en el gobierno corporativo es reseñable.
De nuevo espero no haber caído en la autocomplacencia -se ríe el señor Montero-, pero es que lo creo firmemente.


Proceso de venta, cuándo venderemos, cómo venderemos. Son short selling, ventas en corto, algún portavoz también lo comentaba. Lo que he dicho es la posición en que está el FROB. Queremos volver a replicar esa misma trazabilidad
profesional en esta decisión, que es una decisión que no es una decisión para ahora, es una decisión -por el mandato legal que tenemos- hasta finales de 2019. Es una decisión que queremos sustentar bien, que queremos que esté basada, primero, en un
monitoreo, en un seguimiento de las condiciones que tenemos que tener en cuenta para valorarlas adecuadamente, para informar a nuestra comisión rectora, y en el momento en que veamos que esas condiciones son favorables, pasar a una ejecución que
trataremos que sea con la mayor concurrencia y en las mejores condiciones. Eso es lo que han hecho nuestros colegas europeos con los que tenemos contacto y eso es lo que nosotros quisiéramos hacer.


¿El precio? Será en el momento más adecuado. Somos sensibles al precio lógicamente, como todo vendedor. Es que además hacemos una valoración muy positiva y muy convencida de que Bankia es una magnífica entidad por las razones que le he
trasladado antes: por saneamiento, por nivel de solvencia, por nivel de rentabilidad futura. Efectivamente, somos sensibles a la cuestión pero la trazaremos y la decidiremos cuando corresponda.


Es verdad que ha habido una fuerte presencia de cortos en el valor y puede tener que ver con nuestra extraordinaria transparencia y trazabilidad de las decisiones, pero es que nuestra forma de desinvertir tiene poca capacidad de ocultarse.
Hay una ley que nos dice que tenemos que salir antes de 2019, hemos dicho ya que íbamos a fusionar y a hacer paquetes, somos una autoridad pública, tengo que venir aquí a hablar y a darles a ustedes explicaciones, lo debemos hacer y eso es
innegociable, y puede haber una cierta capacidad de prever cuáles van a ser nuestros movimientos, que no están decididos, pero es un precio que debemos pagar por ser una autoridad pública que explica las cosas. En todo caso, también me preguntaba
el señor Paniagua sobre el plazo. Nuestro plazo, el que esta Cámara nos ha trasladado, es hasta finales de 2019. Es verdad que ya se ha prorrogado dos años y es verdad que ahora sería más fácil prorrogarlo porque ahora lo que dice la norma es que
lo podría hacer el Gobierno a propuesta del ministro de Economía -creo-, con un informe previo del FROB y de Hacienda. Por tanto, creo que es un plazo de momento amplio, algo menos de dos años y medio, pero es un plazo que se puede prorrogar y
entiendo ahí que la racionalidad de todos los agentes que tengan que tomar esa decisión se aplicará en el momento que corresponda. Por el momento esto es lo que estamos haciendo: preparándonos para ese escenario de desinversión y a estos efectos
hemos estudiado y analizado mucho lo que hacen nuestros colegas europeos; muchos de ellos llevan siete o nueve años en desinversiones; hay muchos colegas europeos que todavía no han desinvertido todo, que lo están haciendo en bloques; en fin, es
algo que afortunadamente tiene cierto derecho comparado, por decirlo en otros términos.


Me preguntaba la señora Sagastizabal por el Tribunal de Cuentas y me alegra porque fue un informe relevante para nosotros. El tribunal hacía dos recomendaciones que creo que me trasladaba: una era la contabilidad analítica. Tenemos
contabilidad analítica desde antes que saliera ese informe, desde que

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tuvimos la conciencia de que los colegas del Tribunal de Cuentas -que estuvieron allí muchos meses, con los que colaboramos completamente para darles toda la información- apreciaron que deberíamos tener una contabilidad analítica y desde ese
mismo momento activamos todos los procesos; ya la tenemos, lógicamente. También nos señalaba que deberíamos perfeccionar mejor las reglas generales para los procesos de desinversión. Pensaba más en subastas, no tanto en desinversiones en mercado
de capitales que están sujetas a las normas del mercado de valores y, por tanto, las reglas son menos atenuantes, pero sí considero que para las subastas debería hacerse un marco general. Lo que había considerado hasta ese momento el FROB es que
era mejor tener reglas caso a caso porque unos procesos y otros podrían divergir en función de las circunstancias, y en los últimos procesos había reglas que habían satisfecho al Tribunal de Cuentas pero nos recomendaba tener una regla general.
También las hemos desarrollado.


En todo caso, este procedimiento con Bankia que les he explicado antes bebe de ese principio, es decir, vamos a trazar exactamente qué es lo que tenemos que hacer, qué documentación, qué elementos de juicio vamos a llevar a nuestra comisión
rectora para tomar adecuadamente las decisiones. Y eso que ya digo que la recomendación del Tribunal de Cuentas no se refería tanto a las desinversiones de una sociedad cotizada sino a las subastas que evidentemente ya no vamos a tener porque BMN
se integra en Bankia.


Sareb. Hizo algunas apreciaciones el señor De la Torre -pero es una pregunta que ya me ha repetido- sobre el swap y cuánto nos cuesta. Quizá debería saberlo pero no lo sé exactamente, no tengo el número, lo digo porque soy miembro del
Consejo, represento al FROB y a las autoridades públicas en el Consejo pero no me acuerdo, no lo sé, no sé el dato. Pero sí entiendo por dónde va la pregunta y la pregunta va porque ese swap que supuso una cobertura de los tipos de interés no ha
tenido un resultado positivo y hay que decirlo. Es decir, la evolución de los tipos en relación con el momento de la cobertura ha tenido un coste para Sareb y es innegable. Aquí de nuevo lo que trataría es de enjuiciar bien en el contexto las
cosas, entiendo o soy capaz de empatizar con la decisión de ese momento que era una decisión sobre que Sareb tiene un mandato legal que es desinvertir esta ingente cantidad de activos, 50 000 millones, en quince años y tiene un riesgo tremendo.
Tiene muchos riesgos porque la evolución del mercado inmobiliario es tremenda; si comparamos cómo estaba el mercado inmobiliario hace diez años con cómo está hoy o con cómo estará en el futuro, no lo sabemos, pero hay otro riesgo que es el
financiero, y la decisión en ese momento es que hay que restringir ese riesgo en un momento en que la curva de tipos está abajo y que parece que podría hacer factible cubrir una parte, no todo pero una buena parte de ese riesgo, para llevarnos hasta
2027 con una cierta garantía en la parte financiera, y dediquémonos a liquidar, que es el mandato legal. Esa es la racionalidad que yo puedo entender. Es verdad que hoy en la cuenta de resultados de Sareb esto está teniendo un impacto negativo, es
así.


También hablaba el señor De la Torre sobre Catalunya Caixa y creo que no había ninguna pregunta pero hacía un comentario. Creo que Banco de Valencia - hablo de memoria- es, en función del balance, la entidad que más ayudas recibe y creo que
Catalunya Caixa es la segunda, un 18 %; en el resto de valoraciones probablemente son descriptivos los datos.


Había una pregunta del señor Paniagua sobre la colaboración entre las diferentes autoridades a nivel nacional e internacional y otra sobre concentración de entidades. En cuanto a la colaboración creo que estamos avanzando, es un tema
importantísimo; a mí me parecía otro de los desafíos claros para resolver lo del Banco Popular rápidamente, es decir, la coordinación de un montón de autoridades. Nosotros jugábamos recibiendo instrucciones pero después implementando, teníamos que
garantizar en los mecanismos, en las infraestructuras de mercado de compensación y liquidación, teníamos que estar coordinados con nuestros colegas del Banco de España y desde luego coordinados con el BCE, es un conjunto de variables; ya no digamos
con autoridades internacionales: había que contactar con las autoridades de México, de Estados Unidos durante la madrugada; había que tener la participación significativa autorizada, había que tener autorización de la DG Competition para ayudas de
Estado. Es un desafío. La realidad práctica fue francamente bien para la emergencia con la que actuamos; ahora, ¿que ese es un elemento crítico? Completamente de acuerdo. Era una de las cosas que se dijo en el G-20 en Cannes: elementos
sustanciales de mejora para facilitar la coordinación sobre todo en bancos que tienen actividad internacional, como es el caso del Banco Popular, que tenía actividad internacional. Era uno de los desafíos. Seguro que se puede mejorar, pero el
resultado, desde luego, es bastante mejor de lo que me hubiera imaginado en 2011, cuando ya me dedicaba a asuntos regulatorios. Seguimos trabajando,

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estamos con un acuerdo completo con el Banco de España y la CNMV para suscribir convenios que se aprobarán próximamente.


Ha preguntado por la concentración de entidades. Es un elemento que se está produciendo de facto. Como en alguna otra ocasión ya me preguntaron por esto analicé el asunto. La cuota de mercado en España de los cinco grandes bancos
españoles que usted me ha planteado fue del 62 % en 2016 y en 2008 era del 42 %, es decir, ha crecido sustancialmente, un 20 % más. Es cierto que otros bancos tienen más concentración, pero ese crecimiento nos ha situado en la media europea. Por
tanto, concentración sí pero, por el momento, no ha supuesto nuestra desviación respecto a la media europea. Las autoridades de competencia -respecto al tema del Banco Popular otra vez- son las que tienen que valorar esto, y en el caso de Bankia y
BMN es la CNMC. Ellas son las que tienen algo que decir porque tienen competencia directa y vigilan la competencia y el mercado interior. El 8 de agosto se autorizó la del Banco Popular y la de Bankia y BMN está en trámites y entendemos que se
obtendrá la autorización.


No creo que necesariamente sea la concentración la que lleve a un oligopolio en precios pero puede ocurrir, por lo que hay que vigilarlo y es relevante. Pero, por el momento, la competencia que hay en España en financiación a pymes, por
ejemplo, sigue siendo tremendamente relevante. La apuesta que la industria española está haciendo por seguir reduciendo sus costes, reestructurándose e incrementando su eficiencia demuestra que existe tensión competitiva, a mi modo de ver,
entendiendo que es un elemento que hay que vigilar.


Ahora sí, creo que he abordado una enorme cantidad de los asuntos que me han planteado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ponce.


Le agradecemos de nuevo su presencia en la Comisión. Asimismo, les agradezco a todos ustedes su presencia en la misma.


Se levanta la sesión.


Eran las nueve y quince minutos de la noche.