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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 283, de 28/06/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 283
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 12
celebrada el miércoles,
28 de junio de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre medidas para frenar la expansión del eucalipto en Galicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000372) ... (Página2)
- Sobre el apoyo a la denominación de origen protegida albaricoque de Molina de Segura. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001883) ... (Página7)
- Sobre la redacción de una ley de contaminación odorífera. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000876) ... (Página10)
- Relativa a la simplificación de los trámites administrativos exigidos en España a los exportadores e importadores de productos agroalimentarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001157) ...
- Sobre los incendios forestales y la protección de la interfase urbano-forestal. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001531) ... (Página17)
- Para la creación de un grupo de trabajo que aborde la elaboración de un estatuto básico para bomberos forestales y un marco regulador de su actuación y pertenencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/001141) ... (Página21)
- Relativa a la adopción de diferentes medidas para garantizar la seguridad jurídica en el ejercicio de las funciones propias de agente forestal, entre ellas, la elaboración de un estatuto básico. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/001465) ... (Página25)
- Sobre medidas para garantizar la conservación de los suelos y la seguridad alimentaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001738) ... (Página29)
- Relativa a impulsar la adopción de medidas urgentes y adicionales de protección del medio ambiente frente al abandono de residuos. Presentada por los grupos parlamentarios Mixto y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
(Número de expediente 161/001852) ... (Página33)
- Sobre la regulación del mecanismo del pago en especie. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/001942) ... (Página37)
Se abre la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE MEDIDAS PARA FRENAR LA EXPANSIÓN DEL EUCALIPTO EN GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000372).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la sesión número doce correspondiente a esta Comisión, con el orden del día que ustedes conocen y que fue aprobado en la última Mesa.
Les voy a proponer, señorías, si no hay ningún inconveniente, que la iniciativa recogida en el 1.º punto del orden del día sea debatida en segundo lugar, y la proposición recogida en el 2.º punto del orden del día, sea debatida en primer
lugar. Si algún grupo tiene algún inconveniente, se respetará el orden del día previsto. ¿Están de acuerdo con la modificación? (Asentimiento). Asimismo, se propone que la iniciativa que estaba recogida en el 4.º punto del orden del día, pase a
ser debatida en sexto lugar, y la iniciativa recogida en el 6.º punto del orden día, pase a ser debatida en séptimo lugar. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento).
Si no hay ningún inconveniente por parte de los grupos aquí presentes, comenzamos en el 2.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre medidas para frenar la expansión del eucalipto en Galicia, que ha sido presenta por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa, tiene la palabra doña Alexandra Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Con el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, entró en vigor el catálogo español de especies exóticas e invasoras, que tenía por objetivo reforzar la protección medioambiental y la biodiversidad, pero se dejó fuera al eucalipto. La
inclusión del eucalipto es una fuerte demanda en Galicia, ya que está justificada porque es una especie exótica que viene de Australia y está sustituyendo a especies autóctonas. De hecho, en Galicia a día de hoy ya ocupa más de 400 000 hectáreas,
lo que supone casi una cuarta parte de la superficie forestal de nuestro país y, además, supone un incremento del 300 % en los últimos cuarenta años. Asimismo, es evidente que genera un problema ambiental. Esta especie contiene una serie de
sustancias alelopáticas que junto con el monocultivo convierten los terrenos en áreas con escasa biodiversidad, absorben grandes cantidades de agua, impidiendo la infiltración a acuíferos y agrava
también los problemas derivados de los incendios, al ser una planta pirófita. Por tanto, creemos que cumple con los requisitos para ser incluida dentro de esta catalogación.
Además, el eucalipto tiene una serie de problemas asociados, que vienen derivados de una política forestal y una ordenación del territorio nefasta. Desde los años sesenta en Galicia se ha insistido en la repoblación de eucaliptos para
abastecer a la fábrica de papel ENCE. Esto, junto con la expansión de las semillas de eucalipto en las tierras abandonadas y las tierras incendiadas, ha hecho que se convierta en un problema mucho mayor que los que venían derivados solo de la
propia especie. Por tanto, nuestra intención de incluirlo dentro de este catálogo trata de resolver también una problemática todavía más agravada.
Me pregunto cómo pueden justificar, sobre todo ustedes, señores del Partido Popular, un voto en contra ante tantas evidencias de la necesidad de la inclusión del eucalipto en este catálogo. Supongo que quizás a ustedes no les importen tanto
las cuestiones medioambientales y vengan hoy a defender una visión más economicista de que el eucalipto es imprescindible para Galicia. Sin embargo, nosotros somos conscientes de que la triada -incendio, eucalipto, ENCE- es mala para nuestro país y
que con ella perdemos. Esto supone un coste de oportunidad porque mientras tenemos cultivado eucalipto, no podemos tener otro tipo de cultivo que genere mayor riqueza, porque la pasta de papel genera muy poca riqueza, al haber solo una primera
transformación y no servir para elaboración porque son maderas muy baratas. Además, tiene un coste de oportunidad en cuanto que afecta al paisaje y, por tanto, también al turismo. Es decir, la oportunidad de nuestro país de generar riqueza a
partir de nuestra masa forestal se pierde.
Tampoco se justifica económicamente porque para que a la papelera ENCE le salga a cuenta seguir con su pasta de papel, tiene que haber también una externalización de costes; externalización que pagamos todos nosotros, todos y todas, con los
servicios de extinción de incendios que provoca el monocultivo de eucalipto, así como con el empeoramiento de la calidad de aguas en ríos, debido al monocultivo de eucalipto, que pagamos todos y todas. En definitiva, es una empresa que realmente no
es sostenible económicamente, solo puede sobrevivir gracias a que paga precios ínfimos por la madera, debido al monocultivo y al monopolio, y a que externaliza costes.
Por tanto, si tenemos claro que daña al medioambiente y que es dañino socioeconómicamente para nuestro país, ¿cómo el Partido Popular puede votar que no? Yo tengo que explicar qué es lo que está detrás de este voto en contra. Aquí hay un
conflicto de intereses, hay un interés general de ordenar nuestro territorio, nuestros montes y bosques de otra forma y hay un interés de una empresa que se llama ENCE. Aquí existe una connivencia política entre el poder político y el consejo de
administración de ENCE que cuenta con exministros, exconselleiros y un exsecretario de Estado de Aguas, es decir, un auténtico escándalo a la luz pública. De hecho, después de la prórroga que se la ha dado hasta 2078, con un Gobierno en funciones,
lo primero que ha hecho el consejo de administración es subir un 50 % el sueldo a los directivos, cuando la empresa tenía pérdidas. A todas luces aquí existe un interés que no responde al interés general, y solo así se entiende el voto, sobre todo,
del Partido Popular.
En cuanto a las enmiendas que plantea el Partido Socialista y Ciudadanos nos parecen escasas, hay que poner freno a las políticas del Partido Popular, revertir el modelo de ordenación forestal del territorio. No vale con decir que lo que
hay que hacer es seguir plantando eucalipto, pero de forma más eficiente. Eso no cambia el modelo y además las medidas que proponen, en cuanto a una plantación de eucalipto más eficiente, de paso eliminan competencias que le corresponden a la
Xunta. Estamos más acostumbrados a ver este tic recentralizador en Ciudadanos, que en el Partido Socialista.
Por ello, nosotros planteamos esta medida que propone incluir al eucalipto dentro de esa catalogación, aunque es evidente que después la Xunta tiene que plantear otra política de ordenación del territorio. Sin embargo, este es un primer
paso. Esto tampoco significa, como muchas veces se intenta meter el miedo, que ahora vayamos a coger y a levantar todos los eucaliptos del país provocando un terremoto; no, obviamente no. Pero hay que empezar a caminar en políticas que reviertan
la situación. Nuestros compañeros, hermanos y vecinos de Portugal lo acaban de hacer; acaban de aprobar una moratoria para no permitir seguir con el cultivo de eucalipto porque acaban de llegar a un 9 % del territorio invadido por eucalipto. Por
el contrario, en Galicia llegamos al 17 % y parece que nadie se está tomando en serio esta cuestión.
Por último, les pido que voten en conciencia porque es evidente que aquí hay una connivencia política entre los intereses de la papelera ENCE y el poder político, que quien pueda vote en conciencia, y si no
lo hacen, los gallegos seguiremos rebelándonos y declarando nuestros conceillos libres de eucaliptos porque nosotros vemos vida donde otros ven la empresa del fuego y la empresa de la papelera.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Alexandra Fernández.
Les recuerdo, señorías, que este orden del día es largo, ya saben que son diez iniciativas. En fin, les ruego que se ajusten a los tiempos establecidos, que son para los grupos proponentes cinco minutos, y para los grupos enmendantes o los
que quieran fijar posición, tres minutos. Digo esto, porque la señora Fernández se ha excedido del tiempo, aunque no le que querido llamarle la atención. Por eso, se lo recuerdo a todos.
Antes de proseguir la sesión, se me había olvidado decir que he recibido la llamada de don Antoni Postius de PDeCAT, del Grupo Parlamentario Mixto, que rogaba que se excusara su asistencia porque ha sufrido una operación. En nombre de la
Comisión, le deseo que tenga un pronto reestablecimiento y que se pueda reincorporar pronto a las tareas de esta Comisión.
Vamos a continuar con las enmiendas que se han presentado a esta iniciativa. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero recordar que la Ley 42/2007, en su artículo 64, dice que cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del procedimiento de inclusión o exclusión de una especie o subespecie acompañando a la
correspondiente solicitud una argumentación científica, luego tampoco entendemos por qué Podemos trae aquí este tema, porque lo podrían hacer por sí mismos.
Han dicho aquí que nuestra enmienda es escasa y recentralizadora. Siempre tenemos problemas con ustedes para intentar negociar y llegar a acuerdos, aquí encontramos una vez más una imposibilidad de ceder al quedarse siempre en posiciones
maximalistas. Al final, lo que van a conseguir es que no saquemos aquí una propuesta que pueda ayudar a resolver este problema, porque sí que estamos de acuerdo con ustedes en que hace falta estudiar este tema. Pero no solo hay que estudiar la
especie de la que ustedes hablan, hay otras más como el Eucalyptus globolus o el Eucalyptus nitens de las que habría que hablar también. Por eso, habíamos incluido una enmienda que intentara impulsar lo que creemos que es el tema esencial -no
solamente en Galicia sino en todo el territorio- de todo esto: una debida planificación de nuestros montes.
Creemos que sí, que hay que pensar en la limitación de nuevas plantaciones, en el deterioro de especies y bosques autóctonos, no solo en el interior de Galicia -repito- sino en el resto de España también, porque genera un déficit de
biodiversidad, problemas medioambientales que tienen que ver con el fuego, empobrece nuestros suelos, etcétera. Sin embargo, también hay que recordar que corresponde a las comunidades autónomas la aprobación de las instrucciones de ordenación y
aprovechamiento de sus montes -ya ve, aquí un recentralizador recordando que está en manos de las comunidades autónomas ciertas potestades-.
Asimismo, nos parece importante recordar que no se puede hacer algo a la ligera, porque genera 70 000 puestos de trabajo, supone un 3,5 % del PIB gallego y engloba a 3000 empresas. Yo no estoy en ese consejo de administración, pero creo que
tengo que velar por que todos españoles y los gallegos también tengan un puesto de trabajo. Evidentemente, lo que hay que encontrar es un equilibrio para esos puestos de trabajo, por los que debemos velar aquí, ya que sería fundamental que en
nuestro país se velara tanto por la generación de riqueza y los puestos de trabajo como por el cuidado de nuestro medio ambiente. Por eso, creemos que todas las comunidades autónomas tienen que colaborar en crear estrategias y planes para esas
especies, incluidas en el catálogo. Nuestra opinión es que hay que ir hacia una reconversión gradual con modelos más sostenibles y biodiversos que deben contemplarse en planes forestales de cada comunidad autónoma, así como en planes de ordenación
forestal de montes y debemos evitar -es cierto- plantaciones monoespecíficas de eucaliptos hacia una mejora de la diversidad, que favorecerá además la adaptación del cambio climático. Sin embargo, nos hubiera gustado encontrar cierto ánimo, cierto
espíritu colaborador por parte de Podemos. Ese no es no y esas posturas maximalistas complican mucho que lleguemos a acuerdos y podamos sacar adelante propuestas.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Ahora tiene la palabra para defender la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Manuel González.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo está de acuerdo con esta proposición no de ley que nos trae el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adopción de diferentes medidas para frenar la expansión del eucalipto en Galicia, y también en España en
general. La exposición de motivos es impecable, sinceramente, y la solución puede ser también una solución factible.
Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que hay otras soluciones anteriores para llegar a esta. Aquí nos está observando la gente para ver qué debatimos, qué iniciativa traemos. Nos están mirando con lupa, con toda
la razón del mundo, todos los sectores. Avanzar en el desarrollo sostenible implica las responsabilidades sociales de todos los sectores, y creo que no debemos de olvidar a ninguno. La responsabilidad social corporativa implica que lo económico,
lo social y lo medioambiental sean capaces de avanzar juntos. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay implicados muchos grupos de interés, en el sentido amplio de la palabra: propietarios, administraciones públicas -la central, las autonómicas y las
locales-, las industrias y los pequeños negocios, así como los grupos ecologistas. Está todo el mundo mirándonos qué hacemos.
Yo creo -me dirijo a la compañera diputada de En Marea- que antes de esta propuesta de solución, que es factible, hay otras. Por eso, este Grupo Parlamentario Socialista ha traído una enmienda que sustituye la propuesta de En Marea, porque
creemos que es más completa. No me resisto a leerla, ya que se critica un posicionamiento de un grupo, en este caso del Grupo Socialista. Quiero que todos los grupos representados en esta Comisión la escuchen, porque estoy convencido de que esta
es una solución factible y viable. Por eso, hemos presentado una enmienda que sustituye la propuesta de En Marea. Respecto a la distribución constitucional de competencias en materia forestal, en nuestra propuesta se insta al Gobierno, en
coordinación con las comunidades autónomas y con las restantes administraciones públicas y con la participación de los distintos sectores y agentes forestales implicados, a:
1. Establecer dentro de los instrumentos de planificación territorial -plan forestal, planes de ordenación de los recursos forestales, planes comarcales- los límites físicos y la extensión máxima que deben de ocupar las plantaciones de
eucalipto, contemplándose mecanismos de condicionalidad que equilibren las diferentes plantaciones.
2. Reforzar la capacidad de la Administración forestal y ambiental para el seguimiento y la aplicación de toda la normativa referente a las plantaciones de eucalipto, ahondar en el respeto de todos los sectores involucrados en la
planificación forestal, las estrategias y planes de ordenación del territorio y la legislación ambiental en la mejora de la sostenibilidad de las plantaciones de eucalipto y de una política forestal que diversifique la producción y fomente la
multifuncionalidad del monte.
3. Incluir, dentro de los proyectos de ordenación de los planes de gestión y de las evaluaciones de impacto ambiental, directrices de gestión específicas con indicadores para reducir significativamente los impactos negativos del modelo de
gestión de los eucaliptales, en la consecución de nuevos diseños de plantaciones más estables.
4. Impulsar el uso de los sistemas de certificación forestal como el FSC, Forest Stewardship Council, para canalizar la evolución de las plantaciones de eucaliptos en España hacia la sostenibilidad, potenciando, desde el consenso social y
la participación, aquellos criterios e indicadores que armonicen la producción de madera de eucalipto con la correcta gestión de los recursos naturales.
5. Incrementar y mejorar los conocimientos científicos, acerca del impacto ambiental derivado de la gestión forestal aplicable a las plantaciones de eucalipto en la península ibérica.
No me he podido resistir a leer este texto porque estoy convencido de que incluso ustedes, los proponentes de esta iniciativa, estarían de acuerdo en que antes de llegar a incluirla en ese catálogo, posiblemente esto sería una mejor solución
porque implicaría que todos los sectores económicos hablasen; es necesario más que nunca el diálogo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Manuel González.
¿Grupos que deseen intervenir con respecto a esta iniciativa? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Miguel Ángel Viso.
El señor VISO DIÉGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tenemos que comenzar explicando un poco la situación legislativa en el Gobierno gallego. Hay que pensar que el Gobierno gallego está trabajando y trabaja para armonizar y ordenar el sector, lógicamente pensando siempre en los
propietarios forestales y asegurando el futuro. Tenemos que hablar e ir caminando hacia un equilibrio productivo forestal, que es un objetivo básico en la búsqueda de unas producciones sostenibles.
Con respecto a esto, y basándonos en lo que hemos estado escuchando hoy aquí, tenemos que hablar de la legislación ya existente en Galicia. Galicia dispone de herramientas idóneas contempladas en la Ley 7/2012 -hoy aquí no escuchamos hablar
nada de ella-, de 28 de junio, de Montes de Galicia y los decretos 50/2014 y 52/2014. Galicia cuenta con instrumentos legales que permiten una correcta ordenación del territorio, incluyendo el equilibrio entre terrenos agrarios y forestales. Es
muy importante hablar tanto de actividad agraria como forestal. Los nuevos reglamentos, esa ordenación y esos instrumentos que nos da esta ordenación, hace que podamos trabajar en esa gestión de montes. El Decreto 52/2014 tiene por objeto aprobar
las instrucciones generales de ordenación y gestión de montes en Galicia. Es importante recalcar esto, porque eso mismo, junto con la Ley de Montes, contribuye a la conservación y al incremento de la superficie agraria útil.
Aquí hay que hablar de algo muy importante, la facilidad del cambio de actividad forestal a agrícola, y el cambio de agrícola a forestal; lógicamente, es más sencillo ese cambio de actividad forestal a agrícola. Hay que hablar, y dejar
patente aquí, que la gran mayoría de las parcelas gallegas son de propiedad privada, por lo que las políticas de ordenación del territorio deben de respetar en todo momento -insisto- los derechos de los propietarios. Es muy importante que quienes
vivimos en el medio rural y tenemos montes dejemos plasmados estos temas.
También destacamos que la Xunta de Galicia está redactando el proyecto de decreto -algo que es bueno que sepamos-, por el que va a crear el registro de masas consolidadas de frondosas autóctonas. Además destacamos que el artículo 67 de la
Ley de Montes abunda especialmente en las repoblaciones de género de eucalipto y acacias. O sea que ya está planteado y ya aparecen reflejados para poder o prohibir o limitar la repoblación.
Señorías, tenemos que tener en cuenta toda la regulación que tenemos en este momento. Tenemos que tenerlo en cuenta básicamente para ver el trabajo que se está realizando desde la Xunta de Galicia. El Gobierno de Galicia tiene implementada
abundante normativa que viene a regular las plantaciones del género eucalipto. Sin embargo, desea también -y hoy aquí hay que dejarlo claro y tenemos que tenerlo muy claro- tener el pronunciamiento del sector hacia una eminente redacción del nuevo
Plan forestal de Galicia. Aquí la propia consellería de un medio rural, la propia Xunta de Galicia, creó un grupo de trabajo y conforme a estas directrices presentó un borrador de decreto en el que se limita la plantación de la especie eucalipto en
determinado municipio de la provincia de Lugo, por ejemplo, en zona de especial interés como puede ser la zona del O Courel. En ese ámbito de ese trabajo, de ese borrador, la administración forestal es consciente de que en amplias zonas del
territorio gallego no resultan ni viables ni deseables las plantaciones de eucalipto.
Señorías, tenemos que pensar también que la Xunta de Galicia cuando habla de este Plan forestal de Galicia tiene que tener en cuenta al propio sector. Tener en cuenta al propio sector, por qué, porque lógicamente, y algo que aquí algún
compañero lo dejó plasmado sobre la mesa, el éxito del eucalipto en parte está primero en la rentabilidad que tiene el propietario; segundo, en las buenas condiciones del cultivo y, tercero, la elevada demanda industrial. Tampoco pertenezco a
ningún consejo de administración de ninguna empresa, pero es cierto que tenemos que pensar en la economía. Tenemos que hablar de los 150 millones de euros al año que reparten las familias gallegas. Tenemos que hablar de las 1800 empresas o de las
más de 5500 personas. Estamos hablando de Galicia, de lo rural, de fijación del rural. Por tanto, tenemos que hablar de cohesión de los diferentes productos, de los diferentes sectores que tenemos en el rural.
Ya para terminar, discúlpeme, presidente. Nos habían propuesto una PNL, que al final la modificaron y aparecía otra vez como ya una fijación que lo estamos escuchando últimamente lo de especies exóticas invasoras, debe quedar bien y lo
tenemos que repetir. Una conclusión, al no existir ni base ni consenso científico para su declaración, lógicamente no podemos considerar en ningún momento el eucalipto como especie exótica invasora. Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel Viso.
A los solos efectos de si acepta o no alguna de las enmiendas presentadas, doña Alexandra Fernández, tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: Lo comento después, porque voy todavía a hablar con mis compañeros del Partido Socialista.
- SOBRE EL APOYO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA ALBARICOQUE DE MOLINA DE SEGURA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001883).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, en relación con el apoyo a la Denominación de Origen Protegida del Albaricoque de Molina de Segura. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular y para su defensa tiene la palabra su portavoz doña Ascensión Carreño.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera saludar a todas las personas de la Región de Murcia que siguen el debate de la presentación de esta iniciativa, concretamente del municipio de Molina de Segura. El Grupo Popular, tratando de dar respuesta a una
demanda de nuestros agricultores, presenta esta iniciativa, señorías, que ha sido impulsada por el Grupo Popular del municipio de Molina de Segura. Una iniciativa para que el albaricoque murciano sea denominación de origen. Un distintivo que daría
identidad, dentro y fuera de nuestras fronteras, como lo han hecho otros productos en otros municipios como la pera en Jumilla, el arroz de de Calasparra, o el vino de Jumilla, Yecla y Bullas. Iniciativa que puede imprimirle y otorgarle un toque de
calidad a nuestros productos y, sobre todo, consolidar los puestos de trabajo que da nuestro campo, señorías.
El albaricoque es uno de los frutos de hueso más importantes de la agricultura nacional. Según datos estadísticos de 2013, en España existían 20 334 hectáreas de albaricoqueros. Una superficie que se ha incrementado en estos últimos años.
Del volumen nacional de producción, el 85 % del cultivo es de la Región de Murcia. Anualmente se recolectan en la Región de Murcia más de 113 000 toneladas de albaricoques, llegando algunas cosechas a 130 000 toneladas. Siendo Molina de Segura,
junto a otros municipios de la Región de Murcia como Ojós, Villanueva, Campos del Río, Ceutí, Lorquí, Alguazas, Archena, etcétera, localidades con mayor producción que aportan al total. La excelente calidad de este fruto de hueso hace que temporada
tras temporada exportadores de todo el mundo se interesen y adquieran y consuman estos productos. El calendario de producción es lo que diferencia a los albaricoques de esta región del resto, además de la variedad y la calidad y, sobre todo, el
clima del sureste que contribuye a que estos sean los primeros que se recolectan.
Señorías, el sector agrícola viene padeciendo este año unas condiciones climáticas extremas que amenazan la viabilidad económica de muchas explotaciones y, sobre todo, la situación de muchos agricultores que está siendo muy complicada.
Sinceramente pienso que ha sido una desgracia para el sector que el Partido Socialista, cuando gobernó, derogara el Plan Hidrológico Nacional. (La señora González Veracruz: De eso nada). Derogara obras que estaban ya iniciadas y que beneficiaban
a muchos territorios de España y que además los planes de cuenca que deberían de haber estado en 2009 tampoco los hicieron. Ya están hechos gracias al Partido Popular y a lo largo de estos cinco años el Gobierno lo ha planificado y nos sirve para
planificar ese plan hidrológico de futuro. Por eso hay que mirar al futuro en materia de agua, que es tan importante para nuestros agricultores, tenemos que trabajar en el Pacto Nacional del Agua, conciliando los diversos intereses territoriales,
garantizando el cumplimiento de las obligaciones de la Directiva Marco del Agua, en materia de planificación hidrológica y, sobre todo, ese pacto basado en el consenso y apoyándose en los acuerdos que se adopten entre las distintas comunidades
autónomas y los usuarios del agua.
Señorías, hoy presentamos esta iniciativa porque estamos convencidos de que el albaricoque cuenta con todas las condiciones para obtener este distintivo, que es una tierra rica y de calidad en sus productos y queremos poner en valor, desde
el Grupo Popular, que tenemos en España el mejor campo y huerta de Europa y que tenemos además los mejores agricultores y que necesitan de apoyo. Por eso con este tipo de iniciativas de alguna forma fortalecemos su trabajo y también hacemos que se
visualice lo que hacen. Por eso, desde el Grupo Popular instamos al Gobierno a facilitar, en el ámbito de su competencia, la
colaboración y el asesoramiento a los promotores para realizar el registro de la solicitud de la Denominación de Origen Protegida al Albaricoque murciano. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Ascensión Carreño.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para cuya defensa tiene la palabra la diputada doña Rosana Pastor.
La señora PASTOR MUÑOZ: Moltes gràcies, senyor president.
La posición del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea será siempre favorable al reconocimiento de las figuras de calidad como seña de identidad diferenciadora de nuestros productos. Ahora bien, nos llama la atención
poderosamente el ímpetu del Grupo Popular a la hora de presentar proposición no de ley solicitando denominaciones de origen, habida cuenta de la falta de ese ímpetu a la hora de proteger las mismas denominaciones de origen que aquí defienden en los
tratados internacionales de comercio. En estos momentos cabe recordar que tan solo veintisiete indicaciones geográficas, correspondientes a productos españoles, de las doscientas existentes, al margen claro está de las del vino, han sido
introducidas en el último de los tratados que se haya en vías de negociación, como ustedes saben el CETA. A mi grupo y a mí nos gustaría ver -y estoy convencida de que a cientos de productores y productoras, medianos y pequeños agricultores- una
posición tan clara por parte del Partido Popular a la hora de regular el comercio internacional y de salvaguardar los intereses de los productos de los diferentes territorios del Estado.
Centrándonos en la proposición, hemos presentado enmiendas para que el proceso de identificación y declaración de la denominación de origen tome en consideración la realidad del albaricoque de secano, de muy alta calidad y muy apreciado por
el consumidor y que, sin embargo, tiene dificultades añadidas a la hora de la comercialización derivadas de un menor calibre. Por otro lado, el albaricoque de secano se ajusta mejor a los criterios de responsabilidad ambiental que tampoco parece
tener en cuenta el Partido Popular en cuanto a su producción en un contexto en el que es necesario potenciar procesos de adaptación y mitigación del cambio climático. En cuanto a la problemática del albaricoque, y particularmente del albaricoque
murciano, cabe destacar que la denominación de origen no paliará los datos del sector con un descenso de la producción este año del 30 % respecto al año anterior, frente al aumento, por otra parte, de la producción europea aproximadamente en un 17 %
más que la temporada pasada. La denominación de origen tampoco resolverá el desplome de los precios, actualmente el albaricoque cotiza en el campo de Murcia entre 30 y 50 céntimos el kilo, según la Consejería de Agricultura, cuando hace un año los
precios se movían entre 75 y 90 céntimos. Sin embargo, el coste de producción oscila entre los 35 y los 42 céntimos. Estamos vendiendo a pérdidas y esto no es más que una frase pronunciada aquí por esta diputada que les habla y escuchada por todos
ustedes en esta Cámara. Esta frase es miseria en el campo, miseria como pago al trabajo y al esfuerzo de los trabajadores, de cientos de pequeños y medianos productores y productoras. Este Grupo Confederal considera que el Gobierno del Partido
Popular contribuiría a ser parte de la solución si se preocupara un poco más por garantizar el cumplimiento de la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, aprobada por el Partido Popular, en 2013, y sin que el Partido Popular haya
hecho nada por aplicarla, estando como están en el Gobierno y proclamando como proclaman que tenemos el mejor campo, la mejor huerta y los mejores agricultores. Harían bien en defenderlos, no solo con peticiones de denominaciones de origen, sino
con medidas efectivas y las tienen en su mano. Una ley que ustedes mismos han aprobado, pero que no hacen nada por desarrollar. Vamos a aprobar esta proposición que hoy nos presentan, aunque dan muchas ganas de no hacerlo, dado que ni siquiera han
mirado las enmiendas que les hemos enviado, que no han considerado la capacidad y la posibilidad de contemplar el albaricoque de secano y que no han considerado el beneficio que ello tiene para los productores por la calidad de ese propio
albaricoque y porque de verdad trabajando en la producción de albaricoque de secano estaríamos contribuyendo mínimamente a mitigar el cambio climático y la sequía. Agua para todos es algo que, si no vivimos en un mundo que no es este, es imposible
seguir proclamando. Hay que hacer un uso responsable del agua y en eso tienen mucho que ver las políticas que está llevando a cabo el Partido Popular que no tienen en cuenta esa responsabilidad. Moltes gràcies.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Rosana.
A esta iniciativa no se han presentado más enmiendas. ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa). Por el Grupo de Ciudadanos, el señor Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Me uno a la felicitación por parte de nuestro grupo parlamentario al Grupo Parlamentario Popular por traer esta iniciativa. Es una iniciativa que ya se aprobó por unanimidad en el Ayuntamiento de Molina, también quiero saludar a las
personas que han venido de Molina al Congreso a apoyar esta iniciativa. Es una iniciativa que habla de un producto que es el albaricoque. Queremos trasladar que no es un producto que la sociedad esté suficientemente informada de los beneficios que
tiene el albaricoque. El albaricoque es uno de los mejores productos buenos para el crecimiento de los niños, por su contenido y porque ayuda al crecimiento óseo. Ayuda a la hipertensión. Ayuda a los problemas degenerativos de la tensión.
También a la piel, al cabello, a los dientes, a los huesos. Es bueno para el sistema nervioso. Sería interesante poner algún plato de albaricoque aquí en el Congreso para que comamos antes de muchos plenos. Realmente es un producto que debemos de
potenciar y que debemos de decir que la mayor parte de la producción se da en la Región de Murcia. La Región de Murcia tiene muchísimos productos de muchísima calidad y eso lo vienen definiendo las denominaciones de origen que ya tienen allí
aprobadas. Tengo que poner una bandera a mi ciudad de origen Hellín, donde también está el moniquí, que también da 2,5 millones de kilos y que es un producto también importante que hay que desarrollar y hay que plantear cuál es su promoción al
exterior. Tendremos que hablar con los agricultores de Castilla-La Mancha y, en definitiva, de la Comarca de Hellín, para ver también la denominación de origen del moniquí antes de que se pierda esa especie. Nosotros queremos decirle al Grupo
Popular que creemos que estas iniciativas debéis de hacerlas en consenso. Os la vamos a apoyar, porque no podemos ir en contra de una petición que va a favor de nuestra región, de nuestros agricultores, de que vivan mejor nuestros ciudadanos, que
son los que nos votan. Ahora bien, os pediríamos que para las próximas aportaciones contarais con nosotros, porque nosotros vamos a estar con vosotros siempre en estas iniciativas, porque lo que es bueno para Murcia es bueno para España y lo que es
bueno para España es bueno para Europa. Así que vamos a apoyar esta petición y, sobre todo, vamos a intentar instar al Gobierno a promocionar y apoyar efectivamente la fruta de hueso de nuestra región, especialmente el albaricoque, y que apoye a
los agricultores y al mundo rural de Murcia. Eso es lo que queremos desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y lo que queremos todos en esta sala. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Miguel Ángel Garaulet.
¿Algún otro grupo que desee fijar posición? (Pausa). Por el Grupo Socialista, doña María González Veracruz.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Muchísimas gracias, señor presidente.
Por supuesto, quiero saludar y dar la bienvenida oficialmente a la persona de la Región de Murcia que nos acompaña, muy especialmente a don Salvador, el presidente de la cooperativa de Campotejar, que ha apoyado una iniciativa que
evidentemente les interesa mucho y que será espectacular para ellos conseguirlo. Para empezar, en política es muy importante que las cosas que son relevantes para Molina de Segura, para sus agricultores, para toda la Región de Murcia, se hagan de
forma conjunta. Pero sobre todo, señora Carreño, cuando usted sabe que así ha sido la voluntad de la alcaldesa socialista de Molina de Segura. Usted sabe que la moción se acordó entre todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Molina para
ser apoyada por todo el mundo. Por eso, y por el interés general de la región, el Partido Socialista no puede más que apoyar, como está haciendo Esther Clavero, la alcaldesa socialista de Molina de Segura, una idea como esta con respecto al
albaricoque o cualquier otro tema que pueda beneficiar a nuestra comunidad autónoma, a municipios tan importantes como Molina de Segura. Se han dicho muchas cosas del albaricoque esta tarde. Comparto evidentemente los datos y la importancia de la
agricultura, no solo en Molina de Segura, sino en la Región de Murcia. Creo que hay dos ventajas que hacen precisamente que el 40 % del albaricoque que se exporta en toda Europa y en la Región de Murcia sea de la zona de Molina de Segura y de los
municipios de alrededor. Se ha hablado de la precocidad, pero también quería resaltar los grados Brix, que es el grado de azúcar. Condiciones climatológicas y edafológicas hacen que nuestros albaricoques tengan ese toque especial que nos hace ser
muy competitivos al respecto. Es evidente la importancia de la agricultura, de la zona del campo, de las pedanías tradicionales para la economía de Molina de Segura y de toda la Región de Murcia.
Quiero hacer hoy una especial mención a todas las personas que dedican su vida a ello y muy especialmente a los regantes de Campotejar, que además creo que son ejemplares precisamente en la gestión del agua. Pero en un día como este, como
estamos de acuerdo en todo lo que tiene que ver con las ventajas de nuestros productos, de nuestra agricultura, les invito a todos los compañeros, a sus
señorías, a conocer en profundidad, creo que hay cosas que hoy sí que se tienen que decir, como decían tanto el portavoz de Ciudadanos como la portavoz de Unidos Podemos. Ojalá en veinte años de Gobierno del Partido Popular en la Región de
Murcia y muchísimos años en Molina de Segura se hubieran preocupado, tanto como hoy parecen demostrar con la denominación de origen, precisamente de apoyar la agricultura. Solo hay que leer el informe de coyuntura de la Croem, de los empresarios de
la Región de Murcia, para leer claramente que este la agricultura ha tenido un mal inicio de año. Dice claramente que las buenas previsiones para la campaña de frutales se han visto condicionadas por la problemática de recursos hídricos, agudizadas
por la sequía y por la situación de trasvase cero. Señora Carreño, del Gobierno del Partido Popular, con la mayoría absoluta de cinco años de Mariano Rajoy del Partido Popular, es que ustedes están muy nerviosos, porque están viendo que su gran
campaña del Agua para todos, que tantos votos les ha dado en la Región de Murcia, ahora ha resultado ser Agua para votos, porque cada día más se les cae ese cartel, como se cayó en tantos ayuntamientos en la Región de Murcia y hoy se lo dice, no
solo el Grupo Socialista, se lo dicen los regantes, los empresarios y usted lo sabe bien porque lo lee todos los días en los periódicos de la Región de Murcia. La política del oportunismo tiene las patas muy cortas. De hecho, señora Carreño,
debería usted mirarse lo de que las obras del Plan Hidrológico Nacional del trasvase del Ebro estaban hechas, porque eso no es cierto. Solo hubo una primera piedra y nunca se supo nada más de aquella primera piedra del Gobierno de Aznar. ¿Sabe
usted por qué? Porque era una gran farsa. ¿Sabe usted por qué? Porque solo tuvieron que pasar unos pocos años para que ustedes mismos, Mariano Rajoy, firmara un acuerdo con el PAR, con el Partido Aragonés Regionalista. Usted sabe perfectamente,
y los murcianos también, que ahí firmaron que nunca más hablarían del trasvase del Ebro y ustedes deben reconocerles a los murcianos cuánto les han engañado con el agua y con la agricultura y caro que nos está saliendo a día de hoy.
Podría hablar mucho del tema del agua que no es el que nos ocupa hoy.
El señor PRESIDENTE: Doña María González, ha rebasado su tiempo.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Voy a finalizar.
Solo quiero resaltar que nuestra alcaldesa socialista está trabajando por facilitar la energía fotovoltaica ayudando precisamente a esos agricultores y a esos regantes, apostando por el desarrollo rural, por la descentralización, por el
apoyo directo a esos agricultores de campotéjar, que hoy espero que conjuntamente vean reforzada su actividad. Esta actividad que es la agricultura económicamente tan importante para la región con el apoyo unánime, como tenía que haber sido desde
el principio la gestación de esta proposición no de ley, porque todos defendemos a la tierra, todos defendemos el albaricoque y todos queremos lo mejor para la Región de Murcia. Muchísimas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González.
Doña Ascensión Carreño solo a los efectos de si acepta o no alguna de las enmiendas que se han presentado.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: No.
El señor PRESIDENTE: No se aceptan. De acuerdo.
- SOBRE LA REDACCIÓN DE UNA LEY DE CONTAMINACIÓN ODORÍFERA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000876).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto sobre la redacción de una ley de contaminación odorífera. Presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para cuya defensa tiene la palabra el diputado,
don Jaume Moya.
El señor MOYA MATAS: Moltes gràcies, senyor president.
Buenas tardes. Señorías, los olores constituyen un factor de contaminación atmosférica de indudable transcendencia en la vida de la ciudadanía. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce la incidencia de la calidad del aire
sobre la preservación de los derechos de la intimidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, la dignidad de las personas, el libre desarrollo de la personalidad, la calidad de vida, la salud, el bienestar, etcétera. Sin duda, también es
cierto que a nadie escapa que es compleja la
relación entre la identificación de un olor y la calificación de este olor como una molestia, puesto que la percepción es compleja, depende de una serie de factores físicos, de factores químicos y, sin duda, también de una serie de factores
subjetivos. Incluso determinar si un olor es agradable o desagradable también depende de la percepción de la persona, de su formación, de su contexto vital, de la sensibilidad. Además ello también choca frente a una preocupante laguna regulatoria.
En nuestra regulación tan solo encontramos referencias a la contaminación odorífera en la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera -ley de carácter básico- y, por otro lado, en la Ley 22/1983, de Protección del Ambiente
Atmosférico. Estas lagunas legales, esta ausencia de regulación, acaban perjudicando también al ciudadano que en su pretensión de defender sus derechos, la calidad de vida, su derecho a la salud, su derecho a un medioambiente saneado, se encuentra
ante un vacío legislativo y sencillamente el propio tribunal también se encuentra en esa situación de laguna legal y debe recurrir a cierta jurisprudencia, la cual en algunas ocasiones ha declarado que las molestias por olores puede afectar el
derecho a la intimidad domiciliaria de las personas.
Sin embargo, esta laguna legislativa es la que, de una manera u otra, venimos a proponer que venga cubierta y que exista un texto legal que pueda dar seguridad a la defensa de la ciudadanía frente a las emisiones por contaminación odorífera.
Eso es un problema que cada día va a más. El aumento de la calidad de vida de las personas hace que cada vez se defienda más el derecho a un aire sano, a un aire libre de hedores y que también aumenten las quejas en los entornos vecinales y de las
quejas los conflictos y esos conflictos al final acaban recayendo sobre las mesas de las administraciones municipales, las cuales obligadas a tomar cartas en el asunto y chocando con estas lagunas legales en la legislación tienen muy difícil la
solución a las demandas de la ciudadanía. Sin embargo, hoy en día, gracias a la tecnología y a diferentes procesos participativos que ya se han desarrollado, ya es posible la determinación de las unidades de olor, a través de dos técnicas. Por un
lado, las inspecciones de campo, que son unas herramientas que pueden emplearse para el control de estas actividades molestas generadoras de esta contaminación odorífera y la verificación in situ del cumplimiento de los estándares de calidad
ambiental, por un lado estableciendo los lindes perimetrando la afectación de estos olores y, por otro lado, delimitando las comunidades afectadas, los receptores, por estas molestias. Además la tecnología ha desarrollado lo que viene a denominarse
la olfatometría de campo, que permite tomar muestras in situ a través de un aparato llamado técnicamente Nasal Ranger y a través de las muestras tomadas a través de este complejo y peculiar aparato, a través de un laboratorio, se puede llegar a
parametrizar los índices de esta contaminación. Ello ya lleva tiempo planteándose en la práctica. Hay casos habituales en Estados Unidos, en Canadá, que han permitido evaluar estas emisiones y además es una tecnología que tiene un coste muy
razonable y de unos resultados inmediatos que permiten elaborar mapas de olores y además establecer unas medidas correctoras. Unas medidas correctoras que pueden ser elaboradas a través de procesos participativos. De manera que la misma
ciudadanía, los mismos afectados por estas molestias pueden participar en estos procesos de definición de la afectación y de aplicar unas soluciones, incluso puedes hacer un seguimiento y fiscalizar dichas soluciones. En el estado español también
hay diversas experiencias en este sentido. En el año 2009, en Zaragoza, en el barrio del Picarral, se desarrolló un interesante proceso participativo en el que sumaron administraciones, empresas afectadas y ciudadanía, para establecer un plan de
solución a un conflicto y de seguimiento, con notable éxito. También hay experiencias en Girona, con la Universidad de Girona, donde la unión entre ganaderos y empresas especializadas también analizaron esa situación. Actualmente también hay un
plan en Valdemingómez, provincia de Madrid, que también ha puesto en marcha un proceso de seguimiento y control de malos olores. De manera que se consigue a través de un procedimiento de democracia básica, de democracia participativa, en
colaboración con administraciones y empresas, conseguir identificar, perimetrizar y paliar estos conflictos.
De manera que venimos a presentar una PNL que, en primer lugar, insta al Gobierno a promover una ley de calidad odorífera y prevención de la contaminación odorífera, siempre con el estricto respecto a las competencias autonómicas. En
segundo lugar, establecer un protocolo de un proceso ciudadano participativo que permita precisamente evaluar los niveles odoríferos, definir los mapas de afectación, diseñar unos planes para paliar las posibles situaciones de contaminación y, en su
caso, hacer un seguimiento. Un protocolo establecido que sería subsidiario en caso de que a nivel municipal no existieran ya unos protocolos en este sentido.
Todos sabemos y a todos nos ocurre, todos los que ejercemos la política nos es habitual que la ciudadanía se nos dirija a nosotros y nos diga que algo huele mal, señor político, algo huele mal. Nosotros
con esta proposición al menos venimos a hacer una propuesta para que cuando nos digan que algo huele mal podamos demostrar que algo hemos hecho para mitigar estas molestias. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Jaume Moya.
A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa). Don Enrique Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidente.
Compromis va a apoyar esta proposición no de ley. Coincidimos con la exposición que ha hecho el proponente y entendemos que esa oportunidad deriva de dos cuestiones. Por un lado, hay que acabar con el vacío legislativo que tenemos en
materia de lo que tradicionalmente se ha llamado inmisiones, que era una cuestión que venía tradicionalmente cubierta por la doctrina civilística, pero que no tenía una respuesta general por nuestro ordenamiento jurídico. Así llegamos en los
últimos años a que ciudadanos que estaban padeciendo una inmisión por olores, por ruidos, por humos han tenido que recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El famoso caso de la vecina de Lorca, la señora López Ostra, que acudió al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos después de haber agotado todas las instancias judiciales en España y que en 1994 obtuvo por fin una reparación al amparo del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto, que también es predicable en otros
campos, como, por ejemplo, el de la contaminación lumínica, en el que hay una evidente ausencia de regulación, nos hace ver positivamente cualquier intento de regulación desde el punto de vista del derecho público de esta cuestión y sacarlo ya de la
consideración decimonónica de una cuestión civilista de las inmisiones. Por otro lado, nos parece bien que esta propuesta vaya acompañada de su unión al proceso participativo, porque esto es lo que da calidad a la legislación en el siglo XXI, una
legislación plenamente democrática. Es importante que haya una participación ciudadana en todo este proceso.
Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bataller.
Tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias, señor presidente.
Apoyaremos esta propuesta de Podemos, que nos parece interesante. No hay legislación a nivel europeo, y eso también es importante señalarlo, aunque hay países como Holanda y Alemania que ya han desarrollado una normativa para regular el
tema de los olores. En España no se regulan directamente, aunque tenemos establecidos objetivos de calidad para algunas sustancias que los producen, como sulfuro de hidrógeno y sulfuro de carbono. Lo óptimo es que se elabore una legislación de
olores nueva, pero no en España sino a nivel europeo. Quizás eso es lo que deberíamos intentar impulsar entre todos, proponer a la Comisión Europea la elaboración de una propuesta de directiva que regule este problema.
Hay que indicar que el principio de prevención prevalece sobre la implantación de medidas correctoras. La mejor forma de impedir esos olores de los que se nos habla no es el uso de ninguna medida correctora, sino la eliminación de lo que lo
genera.
Y otro aspecto fundamental en la correcta gestión es la limpieza, el mantenimiento de las instalaciones y la incorporación de buenas prácticas, para reducir esas emisiones olorosas.
No sabía que estaba el señor Bataller, pero, ya que están aquí dos de los que forman parte de esas fuerzas del cambio -que dicen- y que además están gobernando en dos ciudades importantes en cuanto a mí respecta, que son Madrid y Valencia,
les pediría que pongan urinarios en ellas, porque uno de los problemas más graves al recorrer la ciudad -y no hace falta que contrate usted a ningún nasal ranger- ya le digo yo, como ciudadano, que es el hedor insoportable. En Madrid, con 3,1
millones de personas y más de 9 millones de turistas al año, ¿sabe cuántos urinarios hay? Según el ayuntamiento, veintitrés en 600 km2. Ustedes dijeron que iban a construir 130 más. Dos años después, no han construido ninguno más. Por supuesto,
la culpa siempre es de los otros. Dicen que hay complejidad con las acometidas y que tardan las autorizaciones del Canal de Isabel II. En el distrito Centro hay tres urinarios, es decir, uno por cada 153 000 madrileños. Esta es otra cosa que creo
que hay que hacer para combatir el problema de los olores. Así que aprovecho que ustedes han hecho esta propuesta y esta intervención para recordárselo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Palacín.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, señor presidente.
Voy a intentar cumplir con los tres minutos que, en teoría, tenemos para fijar posición.
No es un asunto sencillo el de la contaminación odorífera, su percepción y regulación, y quizás esta es la causa de que no exista legislación hasta la fecha que regule debidamente la materia de olores. Es verdad que en algunos
ayuntamientos, por las características propias que reúnen, se regula todo lo relacionado con purines y alguna actuación similar, pero no existe a nivel regional ni nacional ningún tipo de legislación que acometa este problema. Hay actividades que,
por su propia naturaleza, producen olores que pueden ser molestos, y estas actividades normalmente suelen desarrollarse en el medio rural y son afectas a la ganadería y a la agricultura, pero también es cierto que en los últimos años estas
actividades han mejorado mucho sus procesos, para ser cada vez menos molestas para la ciudadanía y cumplir con los estándares medioambientales, que han evolucionado y son más exigentes que en años anteriores. Por ejemplo, se está avanzando mucho
tecnológicamente y en investigación en relación con los purines y su olor.
En cuanto a la nueva legislación que venga si se aprueba esta iniciativa, el exceso de legislación no puede limitar el desarrollo de estas zonas rurales, ya que muchas veces la agricultura y la ganadería es lo único que tienen. Debemos
hacer una legislación, si así lo aprobamos, que resulte compensatoria.
Apoyaremos esta iniciativa, como ya hicimos con otra similar en el Senado hace unas semanas. No hemos presentado ninguna enmienda porque, en el caso de que se apruebe y el Gobierno presente en el plazo de tres meses un proyecto de ley, ya
tendríamos tiempo de debatirlo. Y el aspecto referido a la participación ciudadana también creemos que es positivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Palacín, también por ser tan exhaustivo con el uso de los tiempos y recordarlo con el propio ejemplo, lo cual redunda en beneficio de todos. Por tanto, tomemos ejemplo.
Tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ ARAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el grupo proponente nos trae para su debate una PNL en la misma línea, casi literal, de la presentada y debatida en su día en el Senado. Ambas iniciativas presentan prácticamente idénticas propuestas, pero, aunque en la parte
expositiva podríamos estar todos más o menos de acuerdo, su oportunidad choca, a nuestro parecer, con un contexto normativo en pleno desarrollo, dentro de una importante y necesaria armonización legislativa alrededor del Real Decreto 102/2011, en su
texto consolidado de 28 de enero de 2017. Señorías, en este escenario multinivel legislativo en el que nos movemos, hay que simplificar esa maraña burocrática, para que todos los actores implicados puedan moverse con total eficacia y eficiencia
ante este tipo de problemas, que, como bien expone el proponente, no están exentos de cierta complejidad. Estamos hablando de un tema con algunos tintes subjetivos y que, por supuesto, requiere la implicación de las administraciones públicas y de
los ciudadanos.
Si bien la Unión Europea no ha legislado de manera específica en materia de olores ni está previsto que lo haga en el medio plazo, la única referencia normativa en el ámbito comunitario partió de la Directiva Marco 96/62, posteriormente
modificada por la Directiva 2008/50, de calidad del aire, ambiente y una atmósfera más limpia en Europa. De todas maneras, señorías, lo que nos atañe aquí es lo recogido en las directivas y normativas europeas, y no los ejemplos que a nivel
particular puedan estar desarrollando determinados países aunque puedan servirnos en un futuro.
En consonancia con la citada normativa comunitaria objeto de transposición y en aras de simplificar la normativa nacional referente a la calidad del aire, este real decreto viene a sustituir a los tres reales decretos anteriores, deroga el
antiguo Decreto 833/1975 en todas las disposiciones que tienen que ver con la evolución y la gestión de la calidad del aire e incluye disposiciones sobre evaluación y gestión de la calidad del aire que afectan a todas las sustancias contaminantes
objeto de la regulación; un real decreto relativo a la mejora de la calidad del aire que viene a regular determinados contaminantes que generan olores, estableciendo objetivos de calidad; una normativa cuya elaboración ha sido realizada con
la participación y consulta de las comunidades autónomas y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, habiendo sido consultados los sectores afectados, y con información y participación del público mediante medios telemáticos.
Por otra parte, hay que tener en cuenta también los compromisos del Gobierno al respecto. Entre los objetivos que la ministra planteó para la actual legislatura, está la mejora de la calidad, para lo cual se dará continuidad al Plan Aire
2013-2016 con un nuevo plan nacional para el periodo 2017-2019, con el consenso de todos los agentes implicados, al objeto de reforzar las actuaciones impulsadas en el plan actual para mejorar la calidad del aire de nuestro país, complementando las
actuaciones previstas en los planes autonómicos y municipales, que son las administraciones competentes en el control y la gestión de la calidad del aire. En estos momentos se están evaluando los resultados del vigente plan, que cuenta con un total
de setenta y ocho medidas, tanto horizontales como sectoriales, para valorar los avances y plantear nuevas actuaciones. Y compromisos del Gobierno como el llevado a cabo con el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación, cuyo contenido se distribuye en cuatro títulos: disposiciones generales, con el ámbito de aplicación y una detallada relación de definiciones -muy
importante-, valores límite de emisión y mejoras técnicas disponibles, régimen jurídico de la autorización ambiental integrada y régimen sancionador.
Por todo ello, señorías, no consideramos necesaria la aprobación de una norma que aplique otros sistemas de detección de olores distintos a los legislados actualmente y a los que hemos hecho referencia. Además, actualmente existe la norma
UNE-EN 13725, que hace referencia a la calidad del aire en la determinación de la concentración del olor por olfatometría dinámica, por lo que tampoco consideramos necesaria la aplicación de ningún protocolo para evaluar los niveles odoríferos en
determinadas actividades, así como establecer un proceso de participación para la definición de planes y medidas, con lo cual el Grupo Popular rechazará la moción planteada, porque consideramos que a nivel de contaminación atmosférica estamos ya
trabajando en este tema y hay una legislación adecuada y en pleno desarrollo, como ha quedado manifestado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Aras.
- RELATIVA A LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EXIGIDOS EN ESPAÑA A LOS EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001157).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que no es el que figura en cuarto lugar, porque ha sido postergado, sino el que figura como quinto: proposición no de ley relativa a la simplificación de los trámites
administrativos exigidos en España a los exportadores e importadores de productos agroalimentarios, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para cuya defensa tiene la palabra el señor Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Esta iniciativa partió de las numerosas quejas que hemos recibido de los exportadores de nuestro país con respecto a los trámites burocráticos que son necesarios para exportar e importar productos vegetales y animales. Un caso claro es el
de una importante exportadora de mi región, que manifiesta que para poder exportar un contenedor de fruta de hueso a China necesita siete certificados, mientras que para importarlo solo se requiere un certificado. Aquí empieza a haber una
descompensación. No es posible que un exportador que quiera vender su mercancía fuera de nuestra nación tenga que pasar por tantos trámites burocráticos, a diferencia de un productor extranjero que cuando quiera vender en España solo tiene que
pasar por un trámite.
Por eso, presentamos esta iniciativa, con el fin de facilitar la exportación de nuestros productos, pero sin ánimo de reducir la eficiencia y la eficacia en las inspecciones zoosanitarias y fitosanitarias de los productos que exportamos e
importamos, porque ya conocemos las peculiaridades de muchos productos que llegan a la Unión Europea, que están provocando la entrada de plagas a nuestro país, por lo que hace falta ser mucho mas estrictos a la hora de hacer las inspecciones de esos
productos. Lo que se solicita en esta PNL es que se unifiquen servicios. Según un ejemplo claro que me acaban
de mandar, para enviar un producto a los Estados Unidos -por ejemplo, naranjas- hace falta, primero, una inspección fitosanitaria oficial por parte de los servicios españoles de Sanidad Vegetal y los americanos USDA APHIS en las fincas que
ellos tienen autorizadas, porque vienen a España para hacer el certificado: se realiza conjuntamente y se certifica en un solo documento oficial; segundo, inspección de calidad por parte del servicio oficial Soivre, del ministerio, que no es
exigible por parte de la aduana de los Estados Unidos -y se tiene que hacer-; tercero, se sacan muestras del mismo producto por parte de Sanidad Vegetal y Soivre para el análisis de residuos -por cierto, no son exigibles en la aduana americana-;
cuarto, controles de lotes, cargas, embarco, contenedor, control de temperatura de carga, precintado de la carga, puesta de sensores y documentación de toda la carga, que lo hace Sanidad Vegetal. ¿Por qué no unificamos los servicios de inspección,
que lo haga Sanidad Vegetal, que es la que está en todos los pasos? No estamos en contra del Soivre, porque este hace otras funciones realmente importantes, como los certificados para asegurar que los productos cumplen la normativa internacional en
materia de protección de especies protegidas, los certificados de conformidad con las normas de seguridad para la importación de productos industriales de consumo, textiles, calzados y juguetes, así como certificados de carácter voluntario como
resultado de los acuerdos suscritos con países terceros para la facilitación del comercio de determinados productos. Todo eso lo hace el Soivre, y lo hace bien, pero hace cosas duplicadas que no nos piden en países terceros y que provocan retrasos
en la salida de nuestros productos. Por eso, solicitamos esta reducción de los trámites burocráticos.
Señorías, simplificar no es eliminar. Reducir los trámites mejora la eficiencia, y la mejora de la eficiencia en un mundo global significa una mejora de la competitividad de nuestros productos. Unificar los servicios no significa reducir
la presión contra las plagas que pueden venir de fuera o de los productos que podamos mandar fuera. Al revés, darles una misma solución significa mejora de la eficiencia de los recursos humanos, porque se pueden mover de mejor forma, y, segundo,
significa también mejora de la eficiencia presupuestaria de esa nueva unidad de inspección. Por tanto, se mejora la eficacia, la eficiencia de recursos humanos de inspección, la gestión presupuestaria y la competitividad de nuestras empresas. ¿Y
por qué no lo hacemos? Hace falta que a nuestros exportadores les facilitemos la exportación. Y, por supuesto, hace falta que a los productos importados que nos llegan se les haga un control exhaustivo en la frontera, para que luego no tengamos
problemas de plagas. Y eso se puede hacer mediante la unificación de los servicios de Sanidad Vegetal y Sanidad Animal. Esto es lo que solicitamos. No se pretende una reducción de la exigencia en las inspecciones, se pide que a los exportadores
españoles les facilitemos su actividad y que logren ventajas competitivas en tiempo y forma con respecto a otros productores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
No hay enmiendas a esta iniciativa.
¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa).
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Palacín.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, señor presidente.
Es una realidad que la agricultura, la ganadería y la agroindustria son un motor de desarrollo en gran parte de las zonas de nuestro país y que las cifras de producción y, sobre todo, de exportación crecen año tras año, contribuyendo
positivamente a la balanza comercial española. Estas exportaciones generan casi un tercio del empleo total en el sector. Y una reivindicación de antes y de ahora es la reducción o simplificación de los trámites administrativos necesarios para
poder exportar sus productos. Existen múltiples trámites o barreras administrativas, duplicidad de tareas, como ya nos ha adelantado el portavoz proponente, de modo que a veces la burocracia resulta excesiva y lenta. Por ello, encontramos que esta
iniciativa es positiva, porque es necesario mejorar la actuación de los diferentes organismos y administraciones. Es una iniciativa positiva, y, de hecho, en parte, nuestro partido la tenía recogida en su programa electoral del pasado mes de junio.
También ayer en la Comisión de Economía se aprobó una PNL en la que se consideraba la simplificación de trámites administrativos para favorecer las exportaciones y nuestro voto fue a favor, lo mismo que hoy a esta propuesta.
Muchas veces hablamos de barreras arancelarias y no arancelarias para poder vender nuestros productos a terceros países, pero en este caso tenemos que hablar de barreras de salida, barreras que nosotros, como país, ponemos a nuestras
empresas y que en ocasiones dificultan seriamente sus ventas
o exportaciones. En 2013, en referencia a las líneas estratégicas para el ministerio, Arias Cañete ya anunció que se iba a elaborar un estudio para poder simplificar trámites sobre la materia que hoy nos ocupa. Por eso, creo que es
necesario que se pongan en marcha cuanto antes las medidas que espero que hoy salgan aprobadas. Esta simplificación no tiene que menoscabar la calidad ni el prestigio de nuestros productos en su exportación, que es lo que nos ha permitido poder
crecer tanto en los últimos años, porque nuestro sector agroalimentario es puntero a nivel mundial tanto en porcino, como en frutas y hortalizas, aceite y vino. Y para que siga siéndolo, para que siga creciendo y aportando empleo y riqueza a
nuestro país, creo que tenemos que facilitarle las cosas, y, por eso, mi grupo votará a favor de la iniciativa de Ciudadanos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Palacín.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Calvente.
El señor CALVENTE GALLEGO: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Son muchas las razones por las que no podemos apoyar la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos propone en relación a la simplificación de los trámites administrativos exigidos en España a los exportadores e
importadores de productos agroalimentarios.
Entre esas razones, en primer lugar, los controles de calidad realizados por los servicios de inspección del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior, Soivre, se hacen en cumplimiento de la legislación de
la Unión Europea en la materia, y, por lo tanto, son de obligado cumplimiento.
En segundo lugar, he de recordar a sus señorías que los controles a los que he hecho referencia se realizan sin repercutir ninguna tasa y utilizando los correspondientes análisis de riesgo, es decir, no se inspeccionan físicamente todas las
partidas presentadas a inspección, a diferencia de las inspecciones veterinarias o fitosanitarias que se realizan sobre todas y cada una de las partidas exportadas o importadas de aquellos productos objeto de control.
En tercer lugar, hemos de manifestar que no es cierta la afirmación que se hace en la proposición no de ley de que en la actualidad las únicas normativas que establecen los países terceros son las normas fitosanitarias y zoosanitarias.
Estoy en la obligación de recordarles a todas sus señorías que las inspecciones y tomas de muestras en el caso de las frutas y productos vegetales se realizan de acuerdo con las normas de la OCDE, tal y como exige la reglamentación comunitaria, y en
el resto de productos agroalimentarios se utiliza las normas CODEX, UNE e ISO. En consecuencia, no podemos compartir la afirmación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ya que cada vez es más habitual la puesta en marcha de nuevas legislaciones sobre
calidad comercial que afectan a gran cantidad de productos españoles, algunos de ellos de gran peso en la balanza comercial española. En definitiva, es cada vez más elevado y creciente el número de notificaciones de normas y reglamentos técnicos,
lo que da una idea de la gran cantidad de normas exigidas por terceros países en cuestiones de calidad comercial.
En cuarto lugar, también tenemos que resaltar que el control de los productos agroalimentarios o industriales no se reduce a una mera constatación óptica, como puede ser la inspección veterinaria o fitosanitaria, sino que requiere de un
posterior análisis físico-químico para determinar una serie de parámetros que no se pueden considerar con la simple inspección visual. Para eso, la red de servicios de inspección Soivre cuenta con un conjunto de laboratorios dotados de alta
tecnología y la gran mayoría de ellos con la autorización de la Entidad Nacional de Acreditación. El número de ensayos realizados por estos laboratorios en el año 2015 ascendió a 209.560, cantidad que no podía ser llevada a cabo por los servicios
del Ministerio de Agricultura, que no cuenta con una red de laboratorios suficiente para absorber este volumen de pruebas.
En quinto y último lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos no tiene en cuenta los trabajos desarrollados por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, enmarcada en el proceso de reforma y
simplificación iniciado por el Gobierno desde principios de 2012. En el seno de la CORA se crearon cuatro subcomisiones: la primera para duplicidades administrativas, la segunda para simplificación administrativa, la tercera para gestión de
servicios y medios comunes y la cuarta para administración institucional. La segunda de ellas, simplificación administrativa, dedicó sus esfuerzos a revisar las trabas burocráticas con el fin de conseguir una mayor simplificación que redundara en
beneficio de los ciudadanos; en particular, se centró sobre los procedimientos cuya finalidad, para ser efectiva, requiere la participación de varias administraciones públicas o ministerios. Así, se consideró la implantación de una Ventanilla
Única Aduanera, que ha hecho más competitiva la realización de los
trámites de importación y exportación en relación con el resto de la Unión Europea. A través de la Ventanilla Única Aduanera, cuando una mercancía debe ser inspeccionada por más de un servicio, las inspecciones se realizan siempre de forma
simultánea y coordinada. A lo anterior se une el desarrollo de avanzadas herramientas informáticas, compatibles con todos los sistemas informáticos de las administraciones implicadas, lo que ha permitido una coordinación eficaz de la labor de
control de los distintos servicios de inspección fronteriza, que actúan como un solo organismo gracias al posicionamiento único de la mercancía y la concurrencia de todos los inspectores al mismo tiempo, evitando, en consecuencia, costosas
duplicidades de este. La Ventanilla Única Aduanera evita atrasos y costes innecesarios para los operadores y mantiene el cumplimiento de las obligaciones comunitarias de control impuestas por las disposiciones comunitarias en las distintas
materias.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Calvente.
No vi antes que también quería intervenir la portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos. Tiene la palabra la señora Pastor.
La señora PASTOR MUÑOZ: Moltes gràcies, senyor president.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea considera que el comercio internacional debe ser una actividad segura, basada en la confianza de los actores que intervienen, que se sustenta sobre un adecuado
control, vigilancia e inspección. Pero, además, en el mundo en el que nos movemos, el comercio internacional debería incorporar aspectos relacionados con los estándares sociales y ambientales básicos que eviten el dumping y la destrucción de las
economías locales. Asimismo, entendemos que el comercio internacional de productos agrarios y agroalimentarios tiene que garantizar las normas de seguridad alimentaria, y esto es competencia del Ministerio de Agricultura. El comercio internacional
de productos agrarios y agroalimentarios debe tener sumo cuidado en la inspección, sobre todo, en la fitosanitaria y zoosanitaria, para evitar la entrada de enfermedades que luego son muy difíciles de erradicar si se extienden. En ese sentido, los
puntos de acceso y salida deben estar más controlados, al igual que deben incrementarse los controles directos sobre las importaciones, y esto es competencia también de Ministerio de Agricultura. Por tanto, deberíamos exigir a los países de origen
de las importaciones que pasan nuestras fronteras los mismos certificados y controles que nosotros desarrollamos. Pero, además, un comercio internacional justo debe apoyarse en otros principios, que en estos momentos no son contemplados y que cada
vez son más importantes para la ciudadanía. Insistimos, por tanto, en la necesidad de que el comercio internacional contemple los estándares sociales y medioambientales, de manera que estos criterios entren a formar parte de la inspección.
Insistimos también en la necesidad de un comercio internacional que no destruya las producciones locales, y, en realidad, entendemos que el Soivre no solo actúa en el comercio agrario y alimentario, sino que sus funciones y competencias abarcan un
conjunto más amplio de sectores y productos.
En este sentido, si bien el principio de simplificación es positivo, no puede ir en detrimento de la seguridad, máxime cuando entran en juego valores y objetivos mucho más importantes, como la seguridad alimentaria, el control fitosanitario
y zoosanitario y el control del comercio de especies amenazadas. En todo caso, para nuestro grupo lo importante es un mayor control fitosanitario y zoosanitario en frontera para garantizar la seguridad y la no propagación de enfermedades, mayores
estándares de calidad que incorporen criterios sociales y medioambientes para evitar el dumping sobre estos aspectos y mayor coordinación y control para evitar la importación masiva, por encima de cupos y cuotas de importación, sobre todo, en
productos agrarios, donde los mercados son tan volátiles.
Por todo ello, nuestro grupo se abstendrá en esta proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pastor.
- SOBRE LOS INCENDIOS FORESTALES Y LA PROTECCIÓN DE LA INTERFASE URBANO-FORESTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001531).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto séptimo del orden del día, proposición no de ley sobre los incendios forestales y la protección de la interfase urbano-forestal. Es una iniciativa presentada por el Grupo Popular, para cuya
defensa tiene la palabra su portavoz, doña María Teresa de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero iniciar mi intervención mostrando el agradecimiento del Grupo Popular a todos los efectivos de la lucha contra incendios que han intervenido en el declarado en el entorno del Parque Natural y del Parque Nacional de Doñana y
que han conseguido controlarlo. Y quiero también mostrar mi agradecimiento a los grupos ecologistas que en las redes sociales han desmentido a la exministra Cristina Narbona, quien, de manera indecente, relacionaba el incendio con la modificación
de la Ley de Montes de 2015. Les recuerdo, señorías, que el artículo 50 de la citada norma especifica claramente que se prohíbe el cambio de uso forestal por razón de incendio en un plazo de treinta años, y, desde luego, las restricciones que
contempla nunca podrían ser de aplicación en un parque nacional ni en un parque natural, como es el caso que nos ocupa. Faltar a la verdad reiteradamente, señorías, es poco ético.
Cada vez son más frecuentes, con ocasión de los incendios forestales que se suceden año tras año en España y en los países de nuestro entorno, imágenes de evacuación de poblaciones por el riesgo para sus vidas al amenazar el fuego los
núcleos urbanos y las viviendas donde residen, imágenes de destrucción de nuestras masas forestales, imágenes de los medios humanos de las comunidades autónomas y del Ministerio del Medio Ambiente combatiendo contra el fuego, imágenes, señorías, que
ninguno de los aquí presentes querríamos que se repitieran. El abandono del campo y de la actividad agroganadera ha provocado la expansión de la superficie forestal de España y un mayor contacto de esta con el ámbito urbano ha convertido la línea
de separación entre ambos en una área difusa denominada interfase. Cuando el fuego alcanza estas áreas, las labores de extinción se ven seriamente dificultadas por el entorno, por la exigencia de mayores recursos en su extinción, comprometiendo la
seguridad de sus habitantes y sus bienes, así como la de los intervinientes en la extinción. La denostada modificación de la Ley de Montes, en su artículo 44, apartado 3, indica: Las comunidades autónomas regularán de forma específica la
prevención de incendios forestales y las medidas de seguridad en las zonas de interfase urbano-forestal. Es decir, por primera vez se alude a la necesidad de prevención en esas áreas.
Señorías, la directriz básica de protección civil de emergencias frente al riesgo de incendios forestales, aprobada por real decreto en noviembre del año 2013, establece los requisitos mínimos que habrían de cumplir los planes de emergencia
elaborados por las administraciones públicas: Plan estatal ante riesgo de incendios forestales, planes especiales de las comunidades autónomas y planes de actuación de ámbito local. Asimismo, aborda otros contenidos en relación con las medidas
preventivas a adoptar y los planes de autoprotección a elaborar por los titulares de nuevas instalaciones ubicadas en terreno forestal.
La estadística general de incendios forestales, base de datos de incendios gestionada por el ministerio, con la información recogida por las comunidades autónomas, muestra que en los últimos años se ha producido un incremento relativo del
número de siniestros causantes de desalojos y daños en edificaciones, a pesar de haberse producido una reducción progresiva, tanto del número de siniestros como de la superficie afectada por estos. El aumento de la superficie forestal de España y
un mayor contacto de esta superficie con ámbitos urbanos serían causas de este incremento.
Señorías, el Grupo Popular presenta esta iniciativa con objeto de aumentar la eficacia y seguridad en la defensa frente a los incendios forestales en el ámbito de la interfase urbana. Proponemos los siguientes puntos. Realizar una
identificación de la interfase urbano-forestal en la cartografía oficial y elaborar una cartografía de la habitabilidad del monte basada en criterios de riesgo de incendios, capacidad de respuesta defensiva, así como la existencia de
infraestructuras, recursos y planes de autoprotección. Incluir en cada parte de incendio la superficie de interfase recorrida por el fuego en el mismo. Incorporar el riesgo de incendios forestales para la interfase en la planificación de todo
desarrollo urbanístico nuevo. También proponemos que se asegure la existencia de los planes de actuación de ámbito local de emergencia por incendios forestales, siguiendo los criterios de la directriz básica de protección.
Termino, señor presidente, y lo hago solicitando el voto de los grupos parlamentarios a la iniciativa, cuyo único objetivo es incrementar la eficacia y la seguridad en la defensa contra los incendios forestales en ese ámbito de la interfase
urbano-forestal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.
A esta iniciativa no se han presentado enmiendas, por lo que corresponde abrir el turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Simplemente quiero incidir en la importancia, sobre todo después de lo que hemos vivido durante estos días, de la prevención de los incendios forestales. Hay que agradecer que no haya habido ninguna víctima en el último incendio que hemos
vivido. Tenemos que recordar que estamos en una época muy complicada, puesto que días antes de que entrara el verano ya nos estábamos enfrentando a varios incendios forestales, el más grave, repito, el que hemos vivido estos días, muy cerquita de
Doñana.
Queremos recordar -y por eso votaremos a favor de la propuesta que trae hoy el Grupo Popular- la importancia de avanzar en la cultura de la prevención. Está bien que sigamos avanzando en la cultura de la extinción y que cada vez tengamos
más medios y sepamos cómo hacerlo mejor, pero cuando uno se encuentra con incendios tan grandes como este, o como el que vivieron nuestros vecinos portugueses hace poco, queda clarísimo que no solo ha habido una mano humana en la provocación de ese
incendio, sino que también ha faltado esa mano humana para impedir, mediante una buena gestión de esos lugares, que el fuego se extienda a lo largo de tantísimas hectáreas. Los incendios provocan pérdida de vidas humanas, daños materiales,
destrucción de ecosistemas, y la mayor parte tienen como origen el ser humano. Empobrecemos mucho nuestro territorio, es muy complicado recuperar aquellos lugares que se ven sometidos al ataque del fuego, por lo que estamos completamente de acuerdo
en la creación de un grupo de trabajo para la elaboración del estatuto básico de bomberos forestales, del marco regulador, de la actuación, pertenencia, etcétera.
Pedimos al Gobierno que haga un esfuerzo, porque hace falta trabajar muchísimo más en todo lo que significa la cultura de la prevención. Hemos dicho infinitas veces que ahora no es el momento de prevenir los incendios, sino que justo
después del verano es cuando empezamos a trabajar para que en la siguiente temporada no se repitan los incendios. Creemos que hay que seguir potenciando esa prevención, la limpieza de los bosques, el aprovechamiento de la biomasa, la ganadería, la
agricultura de montaña, etcétera. No estamos haciendo todo lo posible para que esto no se repita.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Cañamero.
El señor CAÑAMERO VALLE: Los bosques y los montes forestales -en España tenemos 27 millones de hectáreas- son una riqueza incalculable que tenemos que cuidar y proteger. El monte siempre fue vida y trabajo, pero en los últimos años se está
convirtiendo en un cementerio, en una especie de fosa común donde se entierran miles de vidas y donde el Gobierno y las administraciones públicas con sus políticas están clavando un puñal en ese pulmón verde que todos necesitamos con vida.
El fuego existe desde hace miles de años, no es un invento de nuestra era moderna, pero el monte que hoy arde ha sido parte del sustento de los pueblos y de la economía del medio rural. ¿Por qué antes no se quemaba el monte? Sus habitantes
están implicados en él, vivían de él, lo cuidaban, lo pateaban a diario con su ganado, recolectando setas, espárragos, caracoles, tagarnina, caldito, haciendo cisco o picón para calentarse, hornos de carbón, recogiendo leña para hacer la comida,
cazando conejos, pájaros. El monte formaba parte de sus vidas. Con el tiempo, esto ha ido cambiando poco a poco, el monte se ha ido abandonando y muchas son las causas, pero todas ellas han sido por la falta de previsión de las administraciones
públicas, no fue por causas naturales. El cierre de escuelas, la falta de médicos, el abandono del transporte público, la mala infraestructura en las carreteras, la disminución del precio del ganado -carne, leche-, el poco interés puesto en la
industria maderera, en el corcho, la resina, las abejas, el cierre con vallas de los caminos rurales, vías pecuarias, ha posibilitado que el monte, en los últimos tiempos, haya vivido de espaldas al pueblo y el pueblo de espaldas a él. Por eso,
ante los conatos de fuego, era el pueblo quien lo apagaba, porque el pueblo estaba allí, lo vigilaba, lo cuidaba, eran los auténticos bomberos forestales.
El abandono del monte por sus verdaderos cuidadores fue sustituido, a lo largo de los últimos cuarenta años, por equipos y plantillas de trabajadores formados y preparados en la lucha contra los incendios forestales. Estas plantillas,
afincadas en las diferentes comunidades autónomas y nacionalidades del Estado, son las encargadas de velar por que no se quemen nuestros montes. Pero estos trabajadores que se juegan la vida -ya muchos la perdieron- no cuentan con los medios
necesarios y apropiados para hacer su trabajo -las botas, la camisa, los pantalones, los cascos son de pena- ni, por supuesto, remunerados económicamente. En los últimos ocho años solo se les ha aplicado el 1 % de aumento. Se
pueden tener todas las plantillas de trabajadores que se quiera -por cierto, cada vez menos-, pero si no se cuenta con los presupuestos adecuados para el mantenimiento y prevención de nuestros espacios forestales, es como el que tiene un
pozo seco y quiere regar. El presupuesto del Estado para este año son 124 millones, un 3 % menos que el año pasado, pero lo más triste y lamentable de todo esto es que cada año se queman miles de hectáreas, sin que se ponga remedio.
Señores del PP, los fuegos se apagan en invierno y en primavera con el trabajo de prevención, pero hay que hacer desbroce y limpieza, cortafuegos y permitir que el ganado pueda pastar. Además, hay que ampliar las plantillas de este
colectivo. En el año 2012 ustedes prohibieron a las empresas públicas la reposición de su personal, solo el 25 %, es decir, por cada cuatro jubilados se puede contratar uno. Ley voy a poner el caso de Andalucía. En el año 1989 se aprobó el Plan
Forestal Andaluz por unanimidad de todos los grupos políticos. Entre el centenar de medidas aprobadas, estas tres eran las fundamentales. En primer lugar, recuperar el monte privado, que estaba en un 70 %, para conseguir que fuera todo público.
En segundo lugar, ampliar la plantilla del Plan Infoca a 18 000 trabajadores. Cuando se aprobó este plan hacía 5000 y en la actualidad hay 3400. En tercer lugar, presupuestar cada año la cantidad suficiente para ir cumpliendo los acuerdos
aprobados. ¿Por qué de 5000 personas se ha pasado a 3400? ¿Por qué en invierno no se hace el trabajo de limpieza y cortafuegos en el monte? ¿Por qué no se ha ido desarrollando el Plan Forestal Andaluz aprobado en 1989, después de veintiocho años?
¡Claro que arde el monte! Y seguirá ardiendo, porque vuestras medidas se han convertido en pirómanas. ¿Saben ustedes que en Doñana han ardido 10 000 hectáreas en un sitio totalmente llano como la palma de la mano? Y todo por no tener hecho el
trabajo de prevención.
El señor PRESIDENTE: Don Diego, le ruego que vaya concluyendo, porque ha rebasado ampliamente su tiempo.
El señor CAÑAMERO VALLE: Me queda un minuto para terminar.
Es verdad que la mayoría de los incendios forestales, el 96 %, vienen de la mano del hombre: negligencia, represalias por algún motivo, temas urbanísticos y otros intereses, así como también los rayos y los cristales, pero la Administración
tiene que tener presentes todas estas circunstancias y no venir con el cuento de que los incendios son provocados para eludir su responsabilidad. ¿Por qué el Gobierno no ha finalizado el inventario forestal nacional y su cartografía y el mapa
forestal español y tampoco ha previsto ninguna partida presupuestaria para ello en 2017? ¿Por qué no se ha constituido el consejo forestal nacional? ¿Por qué no se ha puesto en marcha de manera efectiva el Plan de activación socioeconómica del
sector forestal? Qué se pretende con la modificación de la Ley de Montes que entró en vigor en octubre de 2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre?
No voy a seguir. Nosotros estamos de acuerdo con la proposición no de ley del Grupo Popular, pero hace falta prevenir para que ese pulmón verde que son nuestros montes y nuestras dehesas no se sigan quemando.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cañamero.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Trillo.
El señor DÍAZ TRILLO: Gracias, señor presidente.
Señorías, como bien sabe, soy diputado por la provincia de Huelva y además tuve la responsabilidad, como consejero de Medio Ambiente, de dirigir el dispositivo Infoca. Solo puedo elogiar el trabajo realizado por este dispositivo y su
coordinación con la Unidad Militar de Emergencias en este terrible fin de semana, en el que las circunstancias climatológicas han hecho que se convierta en un auténtico riesgo para poblaciones muy cercanas, como son Matalascañas, con miles de
personas, o Mazagón. Por cierto, son zonas que se parecen mucho a la que trata la proposición no de ley que se trae hoy a debate en esta Comisión. A propósito de las palabras de la portavoz, quiero agradecerle ese elogio a las labores de
coordinación de centenares de personas que han estado allí, a pie de obra, por decirlo de alguna manera, que viene a poner de manifiesto que el trabajo ha sido excelente y que estamos en las mejores manos. Pero esto discrepa de la actitud mantenida
hoy mismo por el Partido Popular en Andalucía, denunciando demagogia de la presidenta, falta de recursos en la Junta de Andalucía, etcétera. Ustedes han reducido este año 9 millones para los parques nacionales y han dado un 30 % menos para las
políticas medioambientales, específicamente para las relacionadas con la prevención de los incendios forestales, que son 2 millones de euros menos. Pero creo que hoy es el día de actuar en positivo. Repito que la
actuación del personal técnico en la provincia de Huelva pone de manifiesto que estamos muy bien preparados para la extinción, pero aún tenemos muchas lagunas en la prevención de los incendios.
Estamos ante un escenario de cambio climático, que es real, que está aquí, que no hay que esperarlo porque se está dando, y los incendios cada vez son más abundantes. Se ha dicho por parte del portavoz de Podemos que la masa forestal ha
crecido, en diez años, casi 2 millones de hectáreas. Pero lo peor no es eso, sino que no se cuida. El abandono del medio rural está provocando que al mismo tiempo haya un éxodo hacia las zonas litorales, hacia los grandes cascos urbanos. Al mismo
tiempo, muchas veces se hacen urbanizaciones al albur de una Ley del Suelo, por cierto de ese ministro tan señalado que tuvieron ustedes, el señor Rato, que prácticamente hizo urbanizable todo nuestro país. No quiero entrar en polémicas, porque ya
he dicho que es hora de reparar y actuar.
Entendemos que la proposición no de ley abunda en algo fundamental, que aparece en Estados Unidos en los años ochenta, que es la interfase urbano-forestal, de la que allí viven el 30 % de las personas. Aquí en España está creciendo hasta un
29,5 % la población en situación de interfase, y estamos por encima de la Unión Europea, que tiene un crecimiento del 5 %. Por tanto, hay que proyectar mucho mejor los planes que se piden aquí de autoprotección, los de coordinación, tienen que
funcionar los planes de emergencia locales y regionales, etcétera. Pero más allá de todo eso hay que financiar una apuesta política. Esas políticas integrales de apoyo al medio rural cuestan dinero, pero es una gran inversión para el país. Hay
que tomárselo en serio. Desde 2011 hasta este año 2017 se han rebajado estas políticas un 24 %, y eso que 2011 fue el año en el que estábamos en plena crisis económica. Hay que creerse lo que uno pone en estos papeles, porque si no queda como una
suerte de enmienda de campanario que puede lucir en la tarde de hoy, pero que luego no se lleva a cabo.
Hay que ir al grano de las cuestiones concretas que técnicamente hay que abordar, que son una realidad en nuestro país: las estrategias de comunicación y los mapas que existen desde hace más de una década; por cierto, para esos mapas de
inventarios forestales, también de zonas de interfase, en estos presupuestos se reduce un millón de euros. Por tanto, a la señoría que ha presentado esta iniciativa le recomiendo que le diga a su Gobierno, en este ánimo de apoyo crítico exigente a
esta iniciativa, que hay que invertir, que no basta con ponerlo en un papel, sino que hay que llevarlo a cabo. Estamos ante uno de los problemas más serios de nuestro país, que es la amenaza que conllevan los incendios, no ya forestales y
estivales, sino los que, como hemos visto, llegan al borde de las propias urbanizaciones, cuya extinción tiene una complejidad extraordinaria.
Es cierto -y termino, señor presidente- que también tenemos en estos momentos -volviendo al principio- equipos perfectamente preparados, una capacidad tecnológica innovadora en nuestro país extraordinaria para aplicar todo ese conocimiento y
que hay que volver, como también decía el portavoz de Podemos, a esa cultura rural del campo y a la del riego. Antiguamente la gente del campo sabía que vivía el riesgo de incendios. En estas urbanizaciones parece que no tienen ese temor sano,
saludable para estar preparados. Todo esto hay que unirlo, coordinarlo y, sobre todo, hay que financiarlo.
Como he dicho, damos un apoyo crítico y exigente. De nuevo doy las gracias a los portavoces que han felicitado a los operativos, tanto del Infoca como de la Unidad Militar de Emergencias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Trillo.
- PARA LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO QUE ABORDE LA ELABORACIÓN DE UN ESTATUTO BÁSICO PARA BOMBEROS FORESTALES Y UN MARCO REGULADOR DE SU ACTUACIÓN Y PERTENENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/001141).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día, proposición no de ley relativa a la creación de un grupo de trabajo que aborde la elaboración de un estatuto básico para bomberos forestales y un marco regulador de su
actuación y pertenencia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Cantera.
La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Ya se ha venido diciendo en esta Comisión en proposiciones no de ley precedentes la importancia que tienen nuestros bomberos forestales y la problemática que tenemos con el fuego. Por darles algunos datos, les diré que 223 783 es el número
de incendios forestales que se han producido en el sigo XXI. Más de 1,5 millones de hectáreas de masa forestal quemadas, el equivalente a las comunidades autónomas
de País Vasco y Madrid juntas. Eso, sin contabilizar los recientes incendios de Huelva que afectan al Parque Natural de Doñana. Hay 278 muertos, 1670 heridos y más de 30 000 civiles desplazados solo en periodo de 1980 a 2011. De los
fallecidos, 187 eran personal que se contrataba solo en verano para hacer frente a los incendios forestales -personal con una tasa de temporalidad de un 70 %, carentes de conocimiento específico y formativo-, 33 eran pilotos de medios aéreos
exactamente con el mismo problema de estacionalidad y falta formativa y 28 eran agentes forestales y de medio ambiente; todos, absolutamente todos ellos, pertenecían a las unidades que formaban parte del dispositivo de extinción de incendios.
Estas cifras son alarmantes, puesto que el número de fallecidos y heridos es superior al de militares españoles fallecidos o heridos en zona de operaciones desde la década de los noventa. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de los pilotos aéreos es
ochenta veces superior a la media nacional. Lejos de disminuir, el número de víctimas mortales y heridos se mantiene constante, con tasas de siniestralidad, como se ha dicho, excesivamente elevadas, hasta nueve veces por encima de la que tiene
Estados Unidos, país con una masa forestal y de intervenciones muy superior a la española.
Estos efectos se están viendo agravados con el calentamiento global. Los incendios ya no solo son estacionales, en la temporada estival, sino que se producen a lo largo de todo el año, y tampoco son exclusivamente forestales, sino que, al
contrario, la fuerte presión urbana sobre la masa forestal y el cambio de la zona rural ha hecho que estos cambien tanto de comportamiento que ya no afectan solo a masas continuas de zona boscosa, sino también a urbanizaciones y viviendas aisladas,
en la llamada interfase urbano-forestal, con el consiguiente aumento del riesgo para la vida de las personas. Tampoco tenemos que obviar los costes económicos que representa paliar los grandes incendios forestales. Por poner una cifra, diré que el
entonces ministro de Agricultura, Arias Cañete, en 2012 tuvo que solicitar al Fondo Europeo de Cooperación 94 millones de euros para poder hacer frente al coste económico que representaron cuatro grandes incendios que afectaron a la península.
La disparidad entre los diferentes dispositivos autonómicos hace del dispositivo en general un equipo estacional, mal formado y mal equipado para luchar contra los incendios forestales. Por eso es necesario establecer unas condiciones
mínimas que garanticen una formación, porque esta a su vez hará que aumente la seguridad en la emergencia y en la eficacia del servicio; unas condiciones dignas para los que se juegan la vida defendiendo el patrimonio de todos los españoles.
También hay que minimizar los efectos devastadores de los incendios forestales, reduciendo el impacto negativo sobre las inversiones productivas del sector forestal, con un servicio profesional de bomberos forestales que pueda garantizar el buen fin
de las mismas y anime a la inversión, consolidándose como motor económico y herramienta para frenar la despoblación del mundo rural.
En invierno, gran parte del dispositivo es desmantelado, pasando a reducirse hasta un 70 % el personal dedicado a la extinción y, lo que es más importante -también se ha dicho aquí- a la prevención de incendios. La única arma realmente
eficaz para evitar los grandes incendios es una prevención efectiva, y eso solo se puede realizar en invierno. Digo invierno, porque, como ya estamos viendo, cada vez se reduce más la diferencia entre épocas. Los incendios que afectan a lo que
llamaríamos temporadas de riesgo bajo, son un 40 %. Puntualmente, y por falta de personal, los técnicos encargados y directores de extinción para suplir esta deficiencia se ven obligados a decretar el nivel 2 para poder tener el apoyo de la UME, la
Unidad Miliar de Emergencias, que recordemos que fue creada solo para apoyar en casos de extrema necesidad, y sin embargo ahora se está convirtiendo en algo habitual.
El artículo 149 de la Constitución española garantiza la seguridad pública, defensa del patrimonio cultural y legislación básica del medio ambiente. Qué mejor que garantizar que los bomberos forestales, personal directamente en contacto con
el patrimonio natural y zonas rurales, estén debidamente regularizados con unas mínimas garantías laborales, formativas y con una continuidad laboral para poder cubrir las deficiencias básicas de protección a la ciudadanía y el patrimonio como
primer interviniente en las emergencias rurales y naturales.
Señorías, lo único que se pide es la creación de un grupo de trabajo en el seno del Gobierno que permita sentar a todas las partes, sin invadir siquiera las competencias autonómicas. Que se sienten en ese grupo de trabajo los representantes
de las comunidades autónomas, los de los diferentes ministerios afectados, los de las diferentes asociaciones y los sindicatos de los bomberos forestales para que se pueda establecer un marco común que impida casos como el que hemos visto en un
incendio en Andalucía, en el que un bombero forestal en algún momento no puede comunicarse con un bombero de
Extremadura que viene a apoyarle porque ni siquiera tienen los mismos medios y en ocasiones tienen que tirar de su propio teléfono móvil.
Solo pedimos que se sienten, que se cree un grupo de trabajo y se permita elaborar un estatuto básico para los bomberos forestales.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cantera.
A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. Para consumir un turno de fijación de posiciones, por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Erija.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señor presidente.
Anuncio que votaremos a favor de esta propuesta porque nos parece importante lo que se apunta en ella. Se trata de unos trabajadores que realizar su labor exclusivamente en temas forestales, incluso muchas veces como apoyo a las comunidades
autónomas, y lo que tienen en contra es que no tienen un reconocimiento real como grupo. Es básico pensar en la figura del bombero forestal, con un reconocimiento laboral y fiscal, lo que llevaría al mismo tiempo a un reconocimiento de sus
funciones, porque en estos momentos no tienen asignadas unas funciones concretas, lo que hace que no tengan capacidad para ponerse de acuerdo o que tengan problemas para saber cuáles son sus competencias en según qué casos.
Realmente hace falta una ley de bases que permita homogeneizar su reconocimiento y sus funciones. Esto permitiría ver el marco competencial, dónde llegan o dónde no llegan con la colaboración de las comunidades autónomas, lo que facilitaría
la coordinación a la hora de atajar los incendios. Sé que están pendientes de un convenio laboral y, por tanto, creo que es un momento idóneo para plantear estos temas.
Apoyamos esta proposición. De todas formas, ya que están en plena negociación del convenio laboral, creo que sería necesario plantearlo no como una proposición no de ley, sino como una proposición de ley, de manera que pudieran tener apoyo
suficiente para afianzar su convenio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Erija.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Voy a ser brevísimo, señor presidente, porque como ya hemos hablado antes de la importancia de la prevención, del peligro de los incendios y de todo lo que supone para nuestro medio ambiente, solamente me
queda decir que prevención también tiene que ver con cuidar bien a aquellos que se dedican a la extinción, en este caso a los bomberos forestales.
Estamos completamente a favor de la creación de ese grupo de trabajo para la elaboración del estatuto básico para bomberos forestales y de un marco regulador de su actuación y pertenencia. Nos parece de justicia y, por tanto, votaremos a
favor de la proposición del Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MATAS: Gracias, señor presidente.
Evidentemente, vamos a apoyar esta iniciativa que responde, una vez más, a un vacío legislativo que se provocó cuando en el año 2016 se aprobó el acuerdo marco del sector forestal y quedaron fuera los servicios de prevención y extinción de
incendios forestales. Es absolutamente imprescindible que se regule la actividad de estos agentes tan importantes a través de la elaboración de un estatuto marco que cuente con el apoyo y con la opinión de los sindicatos, las asociaciones y los
profesionales del sector.
Realmente nuestro grupo hace tiempo que está recibiendo las quejas de esos profesionales. De hecho, hace poco, a principios de este mes de junio, intentamos hacer una serie de visitas a requerimiento de las BRIF en la sierra de Madrid, en
Daroca, y se impidió y prohibió el acceso de nuestros representantes a las instalaciones expresamente por órdenes que llegaron desde el Ministerio. Sin embargo, con la simple vista del lugar se pudo constatar las más que deficientes condiciones de
trabajo, de aproximadamente sesenta personas, hombres y mujeres, que tenían como únicas instalaciones tres
contenedores de obras; dos de los cuales servían de vestuario y un tercero de duchas. En realidad las condiciones de trabajo y de logística son más que lamentables. Además, estamos ante un sector con unos contratos precarios,
discontinuos, y con unos salarios que en la mayoría de los casos están entre los 900 y 1000 euros, solo algunos privilegiados llegan a una retribución de 1300 euros mensuales. Por otra parte, vemos la progresiva privatización de estos servicios tan
importantes con la entrada de empresas privadas que, con contratos muy lucrativos, acceden al sector; vemos también problemas de intrusismo a través de falsos voluntarios; vemos continuos recortes que en realidad acaban redundando en un deficiente
servicio, en una deficiente atención de las emergencias, y en el fondo en un perjuicio no sólo para el ambiente, sino, evidentemente, para toda la ciudadanía. De manera que hay que atender las reivindicaciones del sector, hay que trabajar en este
estatuto marco y el reconocimiento, primero, de la categoría profesional y, en segundo lugar, en una formación acorde, puesto que es una profesión de inmenso riesgo, como muy bien ha desarrollado la ponente de la PNL, un inmenso riesgo que se debe
combatir a través de una formación adecuada. Además, defendemos una gestión directa cien por cien pública desde la Administración, sin empresas privadas con intereses económicos, que en realidad están velando más por su lucro que por el valor
superior que defienden estos profesionales.
Como hemos dicho, no se trata de una mera demanda de condiciones retributivas, sino que en el fondo se trata del reconocimiento de un trabajo muy importante en una materia como son los incendios forestales. A sus señorías no les habrá
pasado por alto que la mitad de los textos que estamos trabajando hoy versan sobre los incendios forestales. Sin embargo, ahora veremos el posicionamiento del partido del Gobierno, veremos qué nos dice el Partido Popular. En nuestro grupo no
confiamos en que el Partido Popular -ojalá nos sorprenda dentro de unos minutos- haga suyo este objetivo. Y de la misma manera que haremos después cuando tratemos la proposición relativa a los agentes forestales, les decimos: señorías, somos el
legislador, tenemos que legislar. Elaboremos este estatuto de trabajo y en este proceso elaborativo convoquemos a los expertos, convoquemos a las administraciones, máximo respeto a las competencias de las administraciones, convoquemos a los
representantes del sector, a los profesionales. Por tanto, señorías, legisladores, legislemos, y de esta manera aprovechemos para tender una mano a la proponente y pongámonos a trabajar negro sobre blanco en ese texto que es tan de justicia no solo
para el sector, sino para la ciudadanía y el medio ambiente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Jaume Moya.
Damos la palabra ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a don José Ramón García Cañal.
El señor GARCÍA CAÑAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, vaya por delante mi reconocimiento al trabajo, a la labor que desarrollan los bomberos forestales y todo el personal que les apoya en la lucha contra los incendios forestales en toda España, como se ha demostrado en estos días. No
entiendo el fondo de la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, aunque reconozco su buena intención en la exposición de motivos, porque creo que desconoce la situación real de la lucha contra los incendios y, concretamente, de los
bomberos forestales. Señorías, la extinción de incendios forestales es competencia exclusiva de las comunidades autónomas desde mediados de los años ochenta y, en algunos casos, también de las corporaciones locales, diputaciones y algunos
ayuntamientos mayores de 25 000 habitantes. Por lo tanto, los bomberos que existen en España -al menos que yo conozca, y algo de esto sé- o son funcionarios o son personal laboral que trabaja para esas administraciones públicas. Es decir, si no
son funcionarios son personal laboral que trabaja para diferentes organismos, como pueden ser la propia Administración, entidades públicas, sociedades públicas, pero en todo caso trabajan para las administraciones públicas. No hay bomberos
forestales que no dependan de administraciones públicas, insisto, y se lo dice quien ha sido responsable del Consorcio de extinción de incendios del Principado de Asturias y, a su vez, por el conocimiento que he adquirido sobre las BRIF en los
últimos años en Tragsa. Otra cosa distinta es que una serie de personal a las órdenes de los técnicos de las administraciones públicas y bomberos, colabore en la lucha contra incendios con los responsables públicos que son los que dirigen y
determinan los medios que se tienen que usar. Ese personal pueden ser cooperativas forestales, empresas forestales o simplemente voluntarios que trabajan en temas forestales. Un ejemplo son también las BRIF del Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, que dependen de este, pero se ceden a las
órdenes de las comunidades autónomas que son las que aportan sus medios para la lucha contra los incendios forestales.
¿A quiénes se considera bomberos forestales? ¿Hay bomberos que no sean de las corporaciones locales en las ciudades? Pues sí, puede haberlos, pero siempre de administraciones públicas. Por eso cuando ustedes solicitan en el primer punto
de esta iniciativa que se regule la categoría de bomberos forestales, integrados en unidades con capacidad para llevar a cabo la lucha contra incendios, hay que decir que el Real Decreto 1591/2010, de 26 noviembre, aprueba la Clasificación Nacional
de Ocupaciones y existe la categoría de bomberos forestales. En el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales existe la categoría de operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio natural y
rural, que se complementa con la de coordinación de operaciones de incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio natural y rural, creada por el Real Decreto 1031/2011, de 15 de junio. Es decir, existe la clasificación de bombero.
En segundo lugar, creo que estamos entrando en un asunto en que existen competencias autonómicas. Cualquier actuación que se haga en esta materia para los diferentes puntos que se solicitan en la proposición no de ley está invadiendo
competencias de las comunidades autónomas tanto en la lucha contra los incendios forestales como de regulación organizativa. Desde mediados de los años ochenta estas son competencias de las comunidades autónomas, y así hay cuerpos de bomberos en
Galicia, Asturias, Andalucía, brigadas de apoyo, etcétera. Todo esto existe, con lo cual la mayoría de las cuestiones que ustedes solicitan ya se están realizando por parte del ministerio en coordinación con las comunidades autónomas, ya están
resueltas o en trámite de resolución, teniendo en cuenta que la Administración Central aporta la buena voluntad y las comunidades autónomas son las que tienen la capacidad de decisión. Por tanto, nuestro grupo parlamentario no va a poder apoyar
esta iniciativa que entraría en un grave conflicto de competencias de cara al futuro.
Muchas gracias, por su benevolencia, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Ramón García Cañal.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE DIFERENTES MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE AGENTE FORESTAL, ENTRE ELLAS, LA ELABORACIÓN DE UN ESTATUTO BÁSICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001465).
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir ahora la proposición no de ley número seis, relativa a la adopción de diferentes medidas para garantizar la seguridad jurídica en el ejercicio de las funciones propias de agente forestal, entre ellas, la
elaboración de un estatuto básico. El autor es el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la diputada, doña Zaida Cantera de Castro.
La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Esta proposición es análoga o paralela a la proposición no de ley sobre los bomberos forestales, pero hay que saber diferenciar entre bomberos y agentes forestales. Igualmente hay que saber diferenciar que cuando se solicita constituir un
grupo de trabajo en el que participen precisamente las comunidades autónomas, si estas se sientan a hablar, no se invaden sus competencias. Estamos hablando de agentes forestales, y el artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho de todos a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, encomendando a los poderes públicos velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad
de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva, estableciendo para quien viole la anteriormente dispuesto sanciones penales o, en su caso, administrativas, en los términos fijados por la
ley, así como la obligación de reparar el daño causado.
Los agentes forestales son un colectivo funcionarial con más de 140 años de antigüedad, que en dicho contexto tienen como cometido esencial la vigilancia, protección y custodia de los bienes jurídicos medioambientales en el medio no urbano.
Como antecedentes más próximos de la guardería forestal, cabe citar a los capataces de cultivo creados por la Ley de Repoblación Forestal de 1877, facultados para denunciar los atentados que sorprendieren en el ejercicio de sus funciones. En 1907
nace el Cuerpo de Guardería Forestal del Estado, que viene a sustituir a los anteriores en la vigilancia, protección y custodia
de los montes. Reseñamos algunos párrafos de artículos del Reglamento del Cuerpo Especial de Guardería Forestal del Estado, Decreto de septiembre de 1966, BOE de 8 de octubre de dicho año, que aún sigue vigente para mostrar el carácter que
históricamente se le asigna al agente forestal. Artículo 45: Todos los miembros del Cuerpo de Guardería tendrán carácter de agentes de la autoridad, siempre que se encuentren de servicio [...]. Como elemento auxiliar de los servicios de
Vigilancia y Seguridad del Estado, los guardas cooperarán a la defensa del orden y la seguridad general [...]. Los guardas usarán el armamento reglamentario [...], siendo obligatorio ir provistos del mismo en todos los actos de servicio. Artículo
46: Los guardas, como agentes de la autoridad y como miembros de la Policía judicial, tienen el deber de intervenir en todos los hechos justiciables.
En 1971 se crea el ICONA -muchos de ustedes seguro que se acuerdan-, con su propia Guardería Forestal que conviviría con la Guardería Forestal del Estado, la Guardería del Patrimonio Forestal y la Guardería del Servicio de Caza y Pesca
Continental, hasta que en los años ochenta se inicia, como bien han comentado aquí, la construcción del Estado de las autonomías y, con ello, el proceso de transferencias de competencias en la materia y de sus servidores públicos. En 1983,
concluido el proceso de transferencia de competencias a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma establece un régimen diferenciado para los agentes forestales transferidos, que no solo variaría su denominación, sino también su estructura y
organización, sus condiciones de trabajo, sus facultades profesionales, sus funciones, su formación profesional, sus requisitos y sistema de acceso a la Función pública, etcétera, con mayor o menor suerte dependiendo de la comunidad autónoma en que
el agente transferido hubiera caído, dando lugar finalmente al establecimiento de un trato desigual en el reconocimiento del carácter y condición de dichos funcionarios públicos, en origen iguales, que lleva a poner de manifiesto la necesidad de un
mínimo común denominador normativo igualador a nivel básico de dicha profesión, que les dote de la adecuada seguridad física, psíquica y jurídica para que dichos funcionarios, como agentes de la autoridad medioambiental, puedan desempeñar sus
funciones de manera segura y eficaz, independientemente de la comunidad autónoma o entidad local a la que pertenezcan orgánica y funcionalmente.
En todos estos profesionales del medio ambiente destacan dos circunstancias comunes que caracterizan el ejercicio de sus funciones, esencialmente condicionadas por el lugar en que las desempeñan y por los medios de organización de que
disponen para realizar la actividad profesional que legalmente tienen encomendada: por un lado, la penosidad y, por otro, la peligrosidad. Además, hay de tener en cuenta que la profesión de agente forestal tiene múltiples y específicas funciones
que requieren de variados y especiales conocimientos técnicos, jurídicos, ecológicos, etcétera, y que exigen, por tanto, a sus miembros una especial preparación que debería actualizarse constantemente con reciclajes y cursos de formación que no
siempre se les garantiza adecuadamente, puesto que la seguridad y eficacia de su actuación dependen de su adecuada formación y de la debida organización de sus actuaciones.
En definitiva, esta proposición no de ley pretende algo parecido a lo que solicitábamos con anterioridad, que se permita a los agentes forestales, a sus asociaciones, a sus sindicatos, sentarse en la mesa con los miembros del Gobierno, con
los diferentes representantes de los ministerios, y con los responsables de las comunidades autónomas para establecer un marco normativo regulador que determine cuál es su profesión.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Zaida Cantera.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para cuya defensa tiene la palabra el señor don Antonio Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias, señor presidente.
Estamos de acuerdo con esta proposición prácticamente en todo y solo hemos presentado esta enmienda para intentar mejorarla un poco, pero coincidimos en que es realmente necesario considerar el establecimiento de un marco jurídico básico
para el Cuerpo de Agentes Forestales. Antes hablábamos de la importancia de la prevención, y esta proposición vuelve a incidir en el mismo tema. Parece que hoy nos estamos ocupando -espero que nos ocupemos más todavía- de este terrible tema. Este
cuerpo, cuyos funcionarios están dotados del carácter de agente de autoridad, policía medioambiental y policía judicial genérica, merece toda nuestra atención y en dicho marco jurídico se debe respaldar este carácter con las suficientes garantías
jurídicas. Estamos a favor de la creación de un grupo de trabajo con el fin de elaborar un estatuto básico para esos agentes forestales, y creemos que ahí se deben debatir extensivamente, con todos los implicados en el asunto, aquellos aspectos
técnicos y jurídicos que sean necesarios. Hemos
presentado una enmienda porque consideramos que hay que añadir algunas cosas; se explica que la duración de ese grupo de trabajo debe ser de tres meses; solicitamos la elaboración de un estatuto básico para los agentes forestales que
concrete un marco regulador de actuación y de pertenencia y que mantenga las prerrogativas que actualmente les reconoce la Ley de Enjuiciamiento Criminal como agentes de policía judicial; y que su actuación no requiera cauces intermedios entre la
autoridad judicial o el ministerio fiscal y la estructura administrativa donde estén incardinados. Esperamos la respuesta del Grupo Parlamentario Socialista a esta enmienda que hemos presentado y, de nuevo, resaltamos la importancia de que nos
pongamos a trabajar para proteger a este colectivo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
¿Grupos que desean intervenir respecto a esta iniciativa? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra don Javier Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señor presidente.
Votaremos a favor de esta propuesta, básicamente porque reproduce el mismo planteamiento de la anterior proposición no de ley. Realmente en este caso también hace falta una ley de bases que establezca una homogeneización para el
reconocimiento de las funciones de este cuerpo, sobre todo en el ámbito laboral y fiscal, que consideramos tan importantes. Lo que no vemos tan claro es que las competencias plenas que tienen las comunidades autónomas tengan que suponer una tensión
por la distinta regulación de ese cuerpo en cada una de las comunidades autónomas con sus especificidades. En ese sentido, se recomienda un cierto acuerdo y coordinación en el trabajo entre las comunidades autónomas y el Gobierno, sobre todo en lo
que se refiere a las competencias compartidas en muchos casos. Lo más importante es que tienen dos funciones básicas: una sería el trabajo de reconocimiento técnico, y otra sería la vigilancia y sus funciones como agente de autoridad, policía
medioambiental y policía judicial. Efectivamente, son dos funciones que realmente los convierten en agentes de autoridad y es necesario su reconocimiento en el espacio rural. Ellos son los que en esos momentos tienen un control del territorio y
saben exactamente en qué puntos y qué medidas se deben aplicar. Lo digo porque este es precisamente uno de los aspectos que no se les reconocen y es importantísimo tenerlo en cuenta.
Por otro lado, está muy bien esta proposición no de ley, pero sabemos que el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado otra proposición de ley sobre este asunto. En este momento ya se ha presentado
una proposición de ley y, por lo tanto, ya tenemos un primer borrador para trabajar. En ese sentido, ánimo no tanto a crear un grupo de trabajo, sino a trabajar literalmente en una proposición de ley que sé que se ha elaborado muy a fondo. De
cualquier manera, lo que hace falta es que cada uno a través de sus enmiendas vaya dándole forma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Xavier Eritja.
En cualquier caso dicha proposición de ley no figura en el orden del día, habrá entrado en la Cámara y, naturalmente, es una buena idea trabajar conjuntamente, pero, como digo, la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario
Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no figura hoy en el orden de día.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra su portavoz, don Jaume Moya, para fijar posición sobre esta iniciativa.
El señor MOYA MATAS: Moltes gràcies, senyor president.
Celebramos enormemente el texto que nos trae hoy a esta Comisión el Grupo Parlamentario Socialista, especialmente porque, de hecho, recoge un texto prácticamente equivalente al que presentamos y defendimos hace unas semanas en el Senado,
donde contamos con el mismo apoyo firme e incondicional que hoy vamos a dar al Grupo Parlamentario Socialista. Señorías, estamos hablando básicamente de una cuestión de seguridad, pero en el sentido amplio de la palabra; por un lado, la seguridad
imprescindible para el medio ambiente, la naturaleza, la biodiversidad, el paisaje, la calidad de vida y para la ciudadanía. Y en segundo lugar, seguridad para los hombres y mujeres que cuidan y preservan estos bienes superiores. Evidentemente,
por un lado seguridad en su integridad física, dotación imprescindible de medios de actuación efectiva, eficaz y ágil para hacer frente a todos los riesgos de su profesión, especialmente los derivados de las condiciones de trabajo, uniformes, armas,
vehículos
adecuados. Y por otro lado y no menos importante, seguridad jurídica; es decir, un texto unificado, una ley de bases que, sin la dispersión actual, regule y reconozca expresamente la naturaleza jurídica de los agentes. Llamémosles agentes
forestales, medioambientales, rurales, pero démosles una seguridad jurídica con un texto que reconozca sus funciones policiales, de policía medioambiental, administrativas, de policía judicial siempre supeditadas a las instrucciones de un juez, en
su caso, o de la fiscalía, sus funciones en la gestión de la preservación del medio ambiente y del paisaje, sus funciones de auxilio y colaboración en las emergencias, en los rescates en la naturaleza, de apoyo en los trabajos medioambientales, de
educación y concienciación, etcétera. Es imprescindible recoger todas estas funciones en una ley marco o de bases.
Estamos absolutamente de acuerdo con lo que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista sobre la adaptación de los reglamentos de vehículos y de armas a sus necesidades, con el fin de combatir los riesgos laborales del Cuerpo de Agentes
Forestales. Estamos absolutamente de acuerdo en su carácter de autoridad, pero para ello no será suficiente este texto. Estemos atentos a la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, Ley mordaza, puesto que la consideración de
autoridad también se recoge en dicha ley. Para las funciones de policía judicial estemos atentos también a unos de los grandes proyectos estrella del ministro Catalá, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; estemos atentos para que no sea
un paso atrás en el reconocimiento de las funciones de policía judicial de los agentes forestales.
Sin embargo, como hemos dicho antes, es muy interesante promover grupos de trabajo, pero, señorías, el legislador que legisle. El objetivo de esta PNL es constituir un grupo de trabajo y, dentro de poco, igual que hemos visto antes,
tendremos la intervención del Grupo Parlamentario Popular, el Partido del Gobierno, y veremos si está dispuesto o no. Señorías, hoy en día, afortunadamente, tenemos una aritmética que nos permite legislar, el legislador que legisle, y como ustedes
saben y ha comentado el señor Eritja, nuestro grupo ha presentado una proposición de ley de bases de los agentes forestales y seguridad ambiental. Señorías, no hablemos de unos grupos de trabajo que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno no
van a convocar por mucho que les estén llamando los sindicatos, por mucho que les insistan no lo van a hacer. El legislador que legisle, hagamos una ponencia para recoger las reivindicaciones por las que hace más de doce años los sindicatos y las
agrupaciones de agentes forestales están luchando. Constituyamos una ponencia en la que convoquemos a todos los representantes, a los técnicos, a los representantes de las autonomías sin ningún tipo de dudas -respeto absoluto al Estado de las
autonomías, que sin duda será el gran pretexto del Grupo Parlamentario Popular que se va a erigir como su adalid para huir del trabajo-, y trabajemos para sacar adelante esa ley de bases. Señorías, la Constitución española establece como
competencias básicas del Estado la protección del medio ambiente, de los montes, los aprovechamientos forestales y las vías pecuarias. De manera que, a partir de este marco y en estrecha colaboración con los representantes de las autonomías y de
los profesionales, elaboremos esta ley de bases y demos seguridad y dignidad a un colectivo de mujeres y hombres que no solo se dedican a la defensa del medio ambiente o del paisaje, sino que en algunos casos, por desgracia muy recientes, no solo
dedican su vida, sino que la sacrifican. Es el caso de los amigos, de los compañeros Xavier y David, que fueron vilmente asesinados hace pocos días en la localidad de Aspa. En homenaje a todos estos profesionales, que tanto dan para la
preservación de este valor superior que es el legado del medio ambiente que estamos obligados a conservar y pasar a las futuras generaciones, trabajemos seriamente y elaboremos esta ley marco.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Jaume Moya.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don José Ramón García Cañal.
El señor GARCÍA CAÑAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, los agentes forestales, que hoy tienen diferente denominación en función de las distintas comunidades autónomas, son un cuerpo veterano en la historia de España y, sin duda, de gran prestigio y demostrada eficacia. De aquí mi
reconocimiento personal y del Grupo Parlamentario Popular a este colectivo de hombres y mujeres que forman parte de uno de los entramados más importantes para la defensa del medio ambiente en España.
En política, independientemente de la ideología que cada uno defienda, y más en el Parlamento en el que adoptamos decisiones, propuestas, leyes que afectarán a la sociedad, debemos regirnos por unos principios básicos; primero, conocimiento
detallado de lo que estamos hablando, de las soluciones que
proponemos, de su viabilidad y, en segundo lugar, tener el sentido común para que las propuestas den respuesta adecuada a los problemas, sean factibles y no empeoren la situación más de lo que está. Pues bien, la proposición no de ley que
nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista adolece fundamentalmente de la primera de estas características, el conocimiento del tema. Y tiene un agravante, puesto que no se ha presentado por uno de los partidos emergentes que no han pasado por
el Gobierno, sino por un partido con larga experiencia en Gobiernos de la nación, de las comunidades autónomas y de corporaciones locales, vamos, que no es un recién llegado. Tampoco lo son los agentes forestales, medioambientales, o como los
prefieran llamar, ni son nuevos ni han surgido en estos últimos cinco años, ni tienen problemas extraordinarios que justifiquen esta proposición no de ley.
Esta iniciativa plantea nada menos que el establecimiento de un estatuto básico de agentes forestales, y en líneas generales manifiesta un absoluto desconocimiento de la Constitución española en cuanto a la situación de descentralización del
Estado y reparto de competencias, abriendo el camino a que cualquier cuerpo del Estado tenga su estatuto individual, porque, claro, a partir de aquí empezaremos con estatutos para todos los cuerpos, que supongo que se creerán tan importantes para el
beneficio de España como el de los agentes forestales. El grupo proponente, redactor de esta proposición no de ley, y el resto de los grupos ¿desconocen las competencias exclusivas en materia de gestión ambiental y forestal de las comunidades
autónomas desde mediados de los ochenta? ¿El grupo proponente y los grupos que le van a apoyar desconocen las competencias de regulación organizativa en materia de Función pública que tienen las comunidades autónomas? ¿Desconoce el Grupo
Parlamentario Socialista las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional sobre el ejercicio de las competencias de autorregulación organizativa en materia de medio ambiente y de Función pública? Parece, pues, que la primera exigencia que les
comentaba al principio, el conocimiento del tema -independiente de la ideología que cada uno tengamos- brilla por su ausencia.
Pero es que la segunda exigencia que señalé al principio, el sentido común para evitar agravar la situación o crear más problemas, como la intromisión en competencias exclusivas de las comunidades autónomas, recursos al Tribunal
Constitucional, inseguridad jurídica, también falta en esta proposición no de ley, poco meditada. En concreto, hay algunas peticiones, por ejemplo, que la actuación como funcionario dotado del carácter de agente de la autoridad -que ya no tienen-
no requiera cauces intermedios entre la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal y la estructura administrativa donde estén incardinados, que ya no tienen ni los policías ni la Guardia Civil, que tienen un esquema de mando previo a las actuaciones
correspondientes, independientemente de que puedan presentar la denuncia al juzgado. En cuanto al punto tres, algunas comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias ya lo han hecho, otras no porque depende de ellas. Y respecto al punto
cuatro, ¿están ustedes seguros de que los agentes forestales o medioambientales armados garantizarían mejor el ejercicio de sus competencias en el medio ambiente? Por todas estas razones, por desconocimiento de la situación y por la carencia de
sentido común en los problemas que puede generar todo esto, el Grupo Parlamentario Popular no va a votar a favor de esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A los solos efectos de saber si acepta la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Ciudadanos a su iniciativa, tiene la palabra doña Zaida Cantera.
La señora CANTERA DE CASTRO: No la acepto, señor presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001738).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º del orden del día: proposición no de ley sobre las medidas para garantizar la conservación de los suelos y la seguridad alimentaria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa,
tiene la palabra don Emilio del Río.
El señor DEL RÍO SANZ: Gracias, presidente.
Señorías, esto tiene que ver con algo de lo que se estaba discutiendo hasta ahora, con la conservación de nuestro medio ambiente y también con la mejora de las técnicas agrícolas. La propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular en esta
proposición no de ley, en primer lugar, supone aumentar el conocimiento actualizado de los suelos, impulsando la finalización del inventario nacional de erosión de suelos, lo que se conoce como INES, así como incorporar en la estrategia de
agricultura, clima y medio ambiente un diagnóstico sobre los suelos en España. Esto va a permitir una agricultura más adaptada y eficiente de cara a los desafíos alimentarios futuros y, por supuesto, va a suponer también un elemento muy importante
para la protección de nuestro medio ambiente.
Esto que es un problema obviamente en todo el mundo, también lo es en España. De hecho, casi diría que en latitudes como la española el problema de la desertificación se agudiza, ya que ha alcanzado un 20 % del territorio y, además, el 75 %
está en zonas susceptibles de sufrir este fenómeno de la erosión del suelo, que es el más determinante para la desertificación. Se lleva años trabajando en reflejar cartográficamente los principales procesos de erosión en nuestro país y determinar
su evolución en el tiempo mediante una información actualizada de forma continúa, que es lo que se está trabajando en el INES. El ministerio ofrece un inventario con los resultados obtenidos, agrupados por provincias, para disponer de los
resultados completos de toda España, aunque quedan por publicar los trabajos correspondientes a Soria y a todas las provincias de Castilla-La Mancha, Aragón y el País Vasco.
Por tanto, proponemos que se dé un impulso para la finalización de este inventario nacional de erosión de suelos, que va a permitir conocer el origen de la erosión, la falta de efectividad de los suelos y otros factores naturales, además de
los socioeconómicos, porque tiene que ver con el monocultivo, con la sobreexplotación de la tierra y las inadecuadas prácticas de manejo de suelo y de agua que producen esa compactación y esa salinidad. A su vez, esto provoca una disminución del
potencial agronómico y productivo de la tierra, tiene consecuencias negativas para la seguridad alimentaria y, por tanto, para el sustento económico de muchas familias.
Por otra parte, la aplicación de técnicas de agricultura de conservación, la utilización adecuada de los fertilizantes, especialmente los orgánicos y el mantenimiento de restos y podas en los suelos y una gestión eficiente de ganadería
sirven para demostrar que la agricultura es capaz de asegurar y mejorar la estructura de los suelos, aumentando la capacidad que tiene el suelo para superar circunstancias adversas, para adaptarse al cambio climático y para desarrollar la
biodiversidad, mejorando las condiciones de productividad. Por eso, la proposición plantea en su segundo punto incorporar en esta futura estrategia de agricultura, clima y medio ambiente, que ya ha anunciado el ministerio, un diagnóstico sobre los
suelos en España, las medidas oportunas y los apoyos financieros necesarios para el mantenimiento y la recuperación de los suelos, que avale una agricultura más adaptada y eficiente de cara a los desafíos agroalimentarios futuros.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Emilio del Río.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda, por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra don Manuel González.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos ha dicho que va aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, votaríamos a favor.
Sin embargo, quisiera hacer algunas reflexiones que siempre vienen bien. En esta iniciativa el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a adoptar medias de apoyo para la conservación de los suelos y la seguridad alimentaria. Me alegro
de que traiga esta iniciativa porque estamos hablando de suelos, estamos hablando de pérdida de productividad, ya sea total o parcialmente. Uno que viene de Castilla-La Mancha, de una provincia como Albacete, es consciente de que todo el sudeste
español, Murcia y Almería, está sufriendo esta pérdida de suelo. Este avance de suelos improductivos, y esa diferenciación entre la definición de desertificación, es debido a causas antrópicas, al hombre. Nosotros somos los responsables de esa
pérdida de productividad de los suelos, bien con la propia erosión o con el despoblamiento de las zonas rurales, o bien con los incendios o con la falta de recursos hídricos; es decir, esa sería la definición de desertificación, que está provocada
por todos nosotros. A esto le añado la desertización, es decir, provocada por motivos naturales. Qué mejor sitio que esta Comisión para mencionar el cambio climático, que lo estamos padeciendo y sufriendo. España es muy susceptible y sensible al
cambio climático. Por
eso, desertificación y desertización al final nos conduce a tener que actuar. Por eso, insisto, me alegro de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Si actuamos a tiempo, seremos capaces de ayudar y apoyar a muchas zonas que
necesitan recuperar su suelo, o al menos no perder su potencialidad a nivel productivo. Creo que estamos en el camino, todavía da tiempo.
Para finalizar mi intervención, quiero decir que me alegra profundamente esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular porque hay algo al final de esta proposición no de ley que realmente me gusta, que es el apoyo financiero para la
conservación y mantenimiento de los suelos. Hasta ahora precisamente lo que podía ser una política de conservación de suelos, como por ejemplo la repoblación o lucha contra incendios, los diques o las ayudas para que no se produzca esa despoblación
que se está produciendo en muchas zonas rurales de España, no tenía los suficientes recursos económicos para intentar ayudar -insisto- a esa conservación de suelos y a esa disponibilidad de alimentos, a esa seguridad alimentaria que hace mención
esta proposición no de ley. En definitiva, me quedo con lo positivo: que instan al Gobierno a dotar de recursos suficientes para luchar en materia de conservación de suelos y seguridad alimentaria. Espero que el presidente Rajoy y la ministra
Tejerina hagan caso pronto a esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Manuel González.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Toni Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, presidente.
Quiero recordar que en el año 2001 el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General para la Conservación de la Naturaleza, inició los trabajos para la puesta en marcha del inventario nacional de erosión de suelos, que forma
parte del inventario español del patrimonio natural y de la biodiversidad. El estado de esos trabajos en 2016 -quince años después- es el siguiente: todavía faltan doce provincias en ejecución -Soria, Zaragoza, Huesca, Teruel, Toledo, Guadalajara,
Cuenca, Ciudad Real, Albacete, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya-. Es decir, quince años después -en 2001 estaba gobernando el Partido Popular- falta por ejecutar el trabajo en doce provincias. Me alegro mucho de esta propuestas, pero le pediría al
Partido Popular que no trabaje con tiempos geológicos (Risas), que se dé un poquito más de prisa y que haga más rápido su labor porque estamos hablando de algo muy importante. La ministra también anunció que se desarrollará una estrategia de
agricultura, clima y medio ambiente, que esperemos que no arrastre esta lentitud.
Quisiera recordarle que estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando de desertificación, el Partido Socialista lo recordaba hace un momento; estamos hablando del agotamiento de muchos suelos, por todo lo que le estamos pidiendo
y lo poco que les damos a cambio, lo poco que le dejamos descansar; y estamos hablando del tema de los incendios, de cómo después de los incendios se nos está yendo el suelo, no solo por los incendios, que suceden en nuestro país y en muchos otros
lugares, sino por otras causas. Hoy hablábamos de incendios y detrás de esos incendios se está yendo muchísimo suelo, que es casi imposible recuperar en las condiciones en las que nos encontramos ahora mismo.
Así que votaremos a favor, pero, por favor, Partido Popular, aparte de traer este tipo de propuestas y tardar quince años en llevar a cabo un estudio de cómo está el suelo en nuestro país, yo les pediría un poquito de prisa y que hagan bien
su trabajo. Esto es muy serio, se nos va el suelo y no lo podremos recuperar nunca.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
Por parte del Grupo de Unidos Podemos, tiene la palabra don Jorge Luis Bail.
El señor LUIS BAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Esta propuesta la trae el Grupo Popular la semana que hemos celebrado el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y nos parece procedente, precisamente por eso, por las cifras que daba tanto la FAO, como Greenpeace y otras ONG e
instituciones. Se hacía referencia a todos estos argumentos en la exposición de motivos, que no voy a repetir. La exposición de motivos se va degradando desde la frase en la que dice: 'La degradación se produce por la acción erosiva de los
agentes climáticos...', que
parece que es un poco generalista, hasta cuando dice -eso sí, hay que aplaudir- al final del todo: 'La agricultura es, a la vez, parte del origen de este problema de la situación de nuestros suelos, el sector más directamente perjudicado
por su deterioro y, también, parte de la solución a la degradación del mismo'. Creemos que al final esto responde a lo que comentaba el portavoz del Partido Socialista, que tenemos que asumir la parte antrópica en el problema. Como decía el
portavoz del Grupo Popular, no hay que hacer solo un diagnóstico sino que hay que adoptar medidas técnicas con apoyos financieros.
Como creo que también aquí estamos para desarrollar el diagnóstico, voy a centrarme en los tres puntos de las políticas que se están haciendo ahora mismo y que tienen la culpa de esa desertificación progresiva que está afectando a España:
las políticas agrarias, hidrológicas y forestales. En concreto, voy a referirme a las dos primeras. Además, de forma colateral nos ha hablado de los insumos, especialmente los orgánicos. Tenemos una agricultura -no vamos a hacer una clase de
edafología aquí- que está fundamentada en un modelo de agricultura industrial intensiva y en unos insumos, en síntesis, basados en el petróleo barato, que hemos tenido la suerte nuestra generación de disfrutar. Al final, la edafología, la
fertilidad de esos suelos, depende de un equilibrio biodinámico en el que tienen que asegurarse los micronutrientes a una serie de rizomas y de un mapa biológico, en el que tenemos que asegurar la vida de microorganismos que no entran dentro del
sentido y del concepto que tiene la agricultura industrial de homogeneización de los suelos.
Además, están las políticas hidrológicas. Hablamos de frenar el desperdicio hídrico, que hasta ahora no se está teniendo en cuenta porque ahora mismo tenemos 4 millones de hectáreas en regadío y está subiendo a un ritmo de un 10 % con la
política agraria común. Todos estos datos influyen en el cambio climático, como decía el portavoz del Grupo Socialista; no es una cifra baladí y demuestra que el cambio climático es antrópico, eso quería dejarlo claro. Se está diciendo que no
está llegando el 20 % de las reservas hídricas a los ríos, y por tanto, si estamos aumentado las hectáreas de regadío, y a la vez nos estamos dando cuenta de que cada vez llueve menos, eso nos lleva a un segundo colapso. No solo está el colapso de
las políticas agrarias, ya que se está acabando el petróleo barato y no vamos a poder compensar la fertilidad que estamos quitando al suelo, sino que además vamos a acabar en un colapso hídrico.
Por último, está la política forestal, que ya ha sido mencionada por otros portavoces, en cuanto a la desprotección de los suelos y a la desprotección del medio rural. Hablamos también de políticas de repoblación y de otras sustancias.
Por ello, apoyamos la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista en cuanto a la sostenibilidad. De hecho, nos gustaría hacer una enmienda in voce a esta proposición para que cuando dice 'que avale una agricultura más adaptada y
eficiente', añada también 'una agricultura, adaptada, sostenible y eficiente de cara a los desafíos agroalimentarios futuros'. En este caso, apoyaremos esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jorge Luis.
En todo caso, deberían ponerse de acuerdo con el Grupo Socialista. Ruego que presenten la transaccional a la Mesa en cuanto la tengan, si llegan a algún acuerdo.
A los efectos de aceptar o no la enmienda, don Emilio del Río, tiene la palabra.
El señor DEL RÍO SANZ: Desde el Grupo Parlamentario Popular sí aceptamos la enmienda de adición que ha planteado el Grupo Socialista. Tendremos que ver el texto de la enmienda presentada in voce por el Grupo Podemos. Únicamente, quiero
recordar al portavoz del Grupo Socialista que estamos en la sala Manuel Fraga. Hoy se ha celebrado el acto de los cuarenta años de la Constitución, aunque a algunos no les ha gustado. Vamos a dejar llevarnos por el espíritu de la concordia y del
acuerdo de la Transición, que a mí sí que me gusta e incluso me ha emocionado. Por tanto, no vamos a entrar en discusiones. Pero quiero recordar al portavoz del Grupo Socialista que el PP cuando legisla, legisla con apoyo financiero, no como
otros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio del Río.
Para que quede claro, acepta la enmienda, a reservas de que la enmienda transaccional que se presenten le satisfaga a su señoría. (Asentimiento).
- RELATIVA A IMPULSAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES Y ADICIONALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FRENTE AL ABANDONO DE RESIDUOS. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA.
(Número de expediente 161/001852).
El señor PRESIDENTE: Vamos a seguir con el punto 9.º del orden del día: proposición no de ley relativa a impulsar la adopción de medidas urgentes y adicionales de protección del medio ambiente frente al abandono de residuos. Esta
iniciativa ha sido presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo de Unidos Podemos. Esta es una práctica usual, pero eso no quiere decir que les vayamos a sumar los dos tiempos, los cinco minutos de cada uno que le
corresponderían por presentar una iniciativa. Con la flexibilidad de la que hace gala este presidente, vamos a tener un tiempo adicional de seis minutos para que se redistribuyan ustedes el tiempo.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Enric Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidente.
El objetivo de la propuesta que presentamos hoy es la de transformar los residuos en recursos y mejorar la protección del medio ambiente. Como ustedes saben, la alteración y degradación que padece el territorio y el medio natural, por el
abandono de envases, evidencia la imposible o dificultosa valorización o eliminación de los mismos. Por esta razón, es necesario impulsar unas medidas específicas adicionales de protección que impliquen activamente a la ciudadanía y que resulten
más eficaces en la utilización de los recursos públicos. En materia de abandono de residuos, especialmente de envases, existe un vacío legislativo, y esto ha provocado, entre otras cosas, que actualmente tengamos una cifra muy elevada, nada menos
que cincuenta millones de envases de bebidas que se abandonan cada día a nivel del Estado. Muchos de estos envases van a parar al mar, con la consiguiente contaminación de los fondos marinos y todos los problemas añadidos que esto provoca.
Por tanto, no cabe duda de que existe un problema ambiental en cuanto a la gestión de residuos de primera magnitud y hay que hacerle frente. Como primer paso hay que reconocer las deficiencias. Hemos de reconocer la limitación del actual
sistema integral de gestión ante esta situación generalizada e impulsar sistemas complementarios que sean el resultado de políticas medioambientales que den respuesta a los problemas urgidos por la interacción entre la actividad económica y el medio
físico. Tomando como referencia los sistemas y modelos seguidos en otros países, creemos que un buen complemento sería el sistema de depósito de evolución y retorno de envases, que puede funcionar en paralelo a los sistemas integrados de gestión
(SIG). Este sistema de depósito de devolución y retorno de envases es capaz de incrementar el porcentaje de envases retornados, impide que se genere basura porque da a los consumidores un incentivo para devolver los envases vacíos. Ese sistema
está vigente actualmente en más de cuarenta países y regiones del mundo y con su progresiva implantación podríamos ir basando el sistema en la reutilización y el reciclaje real, al mismo tiempo que evitaríamos la contaminación y la suciedad en
nuestro entorno. Hemos de avanzar en la economía circular y contribuir a la creación de actividad económica y de empleo.
Por tanto, el Gobierno debe integrar en sus políticas y actuaciones sobre el territorio y el medio natural, entre otros principios directores, el de prevención de la generación de residuos, implantando el residuo cero como horizonte
estratégico y, en este orden que digo, proceder a la reutilización, reciclado, valorización y eliminación de los residuos, aplicando el principio del contaminador-pagador y, en general, en todas las formas de contaminación con efectos sobre la salud
de las personas y la integridad de los ecosistemas. Por supuesto, con esto concluyo, toda esta política de complementariedad debe ir acompañada también de una necesaria sensibilización ambiental en todos los estratos de la sociedad, a la población
en general, pero también los agentes económicos y comerciales para contribuir a los objetivos de prevención de la contaminación para evitar el agotamiento de recursos y luchar contra el cambio climático, potenciando una distribución y un consumo
responsables.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Enric Bataller.
Por el Grupo de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Gómez-Reino.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Esta proposición no de ley trata de impulsar la puesta en marcha de un sistema complementario al actual SIG, que hoy está ya vigente en más de cuarenta países y
regiones del mundo, entre ellos, los más avanzados económica, social y ambientalmente. Las basuras siguen siendo un problema sin resolver y su vertido sigue generando un impacto ambiental de primer orden, desde el plástico que contamina el
Ártico, a los insumos de las incineradoras. La política de residuos no avanza y cada vez estamos más inundados de basuras. Por eso, es necesario innovarse para alcanzar mayor eficacia.
Frente al SIG, en el que los envasadores de los productos financian la recogida de los envases mediante convenios con los municipios, en el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) es el comprador quien paga una parte en concepto de
depósito que recupera al devolver el envase. El SDDR permitirá complementar y mejorar los resultados que el modelo actual SIG presenta en concepto de reutilización y reciclaje y, al mismo tiempo, evita la contaminación y la suciedad en el entorno,
muy especialmente en el mar, donde los envases contaminan de manera grave e irreversible.
Este sistema, además, consigue una mayor sensibilización de la población y de los agentes comerciales y económicos, para contribuir así a los objetivos de prevención de la contaminación, evitar el agotamiento de recursos y luchar contra el
cambio climático potenciando una distribución y un consumo responsables. Comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana ya están impulsado este sistema en España, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático. Con esta
propuesta queremos que el Gobierno impulse el sistema de devolución de envases en todo el Estado para avanzar hacia el modelo circular del que ahora mismo estamos tan alejados. Hace falta avanzar en alternativas para evitar que cada día acaben en
vertederos o en incineradoras veintiocho millones de envases.
A este respecto, el funcionamiento de este sistema alternativo sencillo asocia un valor añadido a cada envase producido, de tal manera que cada ciudadano que devuelve una botella o lata a cualquier comercio se le reembolsa el sobrecoste. De
esta forma, se premia a las personas que reciclan siguiendo el principio de la Unión Europea: quien contamina, paga. Los comercios y operadores reciben una bonificación en compensación por sus tareas de recogida, almacenamiento y entrega de
envases. El SDDR lleva años aplicándose en países como Noruega, Finlandia, Alemania o Suecia y alcanza tasas de devolución de botellas y de latas entre el 80 y el 95 %.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A esta iniciativa se han presentado varias enmiendas. Por parte del Grupo Ciudadanos, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, presidente.
El Grupo Ciudadanos está absolutamente convencido de que hay que avanzar de una manera más ambiciosa en la implantación de políticas que permitan el cumplimiento de la normativa europea y española de residuos, que nos ayuden a transitar
hacia una economía circular. Creemos que hay que seguir incentivando aquellas iniciativas en materia de gestión y tratamiento de residuos que promuevan esa economía circular, que sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental, social y
económico. Igualmente, creemos que hay que sensibilizar a la sociedad, a los agentes económicos y sociales. Sin embargo, este tema precisamente es una de esas cosas en las que de vez en cuando los españoles debemos sacar pecho, porque lo estamos
haciendo bien. De hecho, tampoco entendemos que los grupos proponentes abracen un sistema concreto de gestión de residuos dirigido a una parte muy limitada de residuos, en las que precisamente España está muy por encima de la mayoría de los países
de nuestro entorno, en cuanto a objetivos de reciclado.
Una genuina preocupación por todo el tema del reciclado, por todo el tema de los residuos, debería ocuparse ahora mismo más de los residuos orgánicos que de estos; podríamos incrementar hasta diez puntos la tasa de reciclado global.
Creemos que esta propuesta refleja, o bien un desconocimiento que nos preocupa, de la tecnología que promueve, o un interés más bien relacionado con el tema de proponer problemas como banderas que dividan y que crean controversia, en lugar de buscar
una solución realmente práctica para el problema.
Es cierto que el sistema SDDR ha sido probado en algunos países con éxito, pero también es cierto que en los países donde eso sucedió, no contaban con la efectividad que nosotros contamos en cuando a reciclaje de envases. Asimismo, hay que
recordar -ya que hablan de esos países- que en Reino Unido, Irlanda, Francia, República Checa y Bélgica lo han estudiado y lo han rechazo. Por cierto, hablan a menudo en la exposición de motivos de que con este sistema acabaríamos con los plásticos
y las latas en el mar, en los vertederos y en las incineradoras, como si aquellos que vayamos a votar en contra de esta propuesta, quisiéramos o defendiéramos un sistema actual que hace que las latas o las botellas
acaben en los mares, en las incineradoras o en los vertederos. No es así, con el actual sistema aquellas botellas o aquellos envases que van a esos contenedores no acaban ni en el mar -no hagan trampas-, ni en las incineradoras. Lo que
pasa es que sí, hay que seguir peleando para que más cantidad de esos envases, una mayor proporción mayor, lleguen a los contenedores.
Debo recordar de nuevo que somos líderes en los países de nuestro entorno en este asunto. En España el actual sistema tiene una tasa de reciclado por encima del 70 %, que son veinte puntos porcentuales por encima del objetivo global del
2020. Creo que debemos felicitarnos cuando hacemos bien las cosas y alejarnos de esta visión catastrofista de Compromís y de Podemos, que parece que hace que continuamente tengamos que estar dándonos latigazos porque no se hace absolutamente nada
bien. Pues esto se hace bien.
Asimismo, hay que recordar que en cuanto a prioridad de gasto nosotros tenemos otras, porque implementar esto de lo que ustedes nos hablan hoy haría que en vez de gastarnos 491 millones nos gastáramos 2275 millones de euros anualmente para
obtener una mejora, que yo creo que no merece la pena. Por eso, habíamos introducido una enmienda en la que les pedíamos a ambos que estudiaran la posibilidad de sentarnos, de que lo estudiemos, de que hagamos números, pero como ustedes se niegan
ni siquiera a contemplar esa posibilidad, pues me temo que nos van a obligar a votar en contra porque no queremos imposiciones ni hacer banderas ideológicas en esto, que además, fíjense, por dónde, es algo de lo que podemos estar orgullosos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
Se ha presentado, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, otra enmienda. Para su defensa, tiene la palabra la señora González.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, señor presidente.
En este último año, como bien sabe su señoría y como ha comentado Compromís en la exposición de esta iniciativa, desde la Unión Europea se está impulsando la transición hacia la economía circular, cuyo objetivo último es la implantación de
un sistema económico que optimice el aprovechamiento de los recursos, una nueva forma de producir y de consumir que limitará y evitará el impacto ambiental, los daños en el clima y a la biodiversidad, así como la reducción de emisiones de gases
invernaderos.
La economía circular es una oportunidad para reducir la generación de residuos, ahorrar agua y energía y conservar la materia prima y dar nuevos usos a los productos. Es una nueva oportunidad para generar riqueza y empleo y es un elemento
que adquirirá, sin lugar a dudas, muchísima importancia en la lucha contra el cambio climático. Ahí están las estimaciones que hizo la Comisión Europea que dicen que si se llegaran a aplicar las medidas en materia de economía circular, aprobadas en
diciembre de 2015, en toda Europa se crearían 400 000 empleo, de los cuales 52 000 serían para España. Este cambio de modelo hacia una economía circular es un objetivo, cuyo logro pasa por la adopción de instrumentos tanto legales como económicos y
sociales.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista tenemos el firme compromiso de apostar por la gestión de los residuos y así lo hicimos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y de Suelos Contaminados, con la inclusión del artículo
21.2, donde ya introducíamos e impulsábamos el sistema de depósito, devolución y retorno como modalidad de reciclado. Como defendíamos en aquella ley socialista, se trataba de fortalecer y establecer un sistema que, primero, tenía que contar con
una viabilidad técnica y económica y contar con el impacto que tendría en el medio ambiente, en el medio social y también sobre la salud humana. Para ello creamos una comisión de residuos donde queríamos que se sentaran todas las entidades y
organizaciones que tuvieran que ver con dicho sistema. Pero llegó el Partido Popular al Gobierno y dio al traste con todo esto, poniendo en marcha la Ley 5/2013, de 11 de junio, que también fue una involución en cuanto a los residuos y en cuanto al
medio ambiente. No pudimos llegar a estudiarlo en profundidad, ya que el Partido Popular acabó con ello. Eso es lo que demandamos esta tarde aquí con nuestra enmienda de sustitución. En coherencia con nuestra Ley de residuos del año 2011. Antes
de su implantación debemos de abordar ese estudio profundo de viabilidad pendiente.
Para concluir, señorías, con la responsabilidad que me corresponde, yo le pediría al Gobierno del Partido Popular, cuyo presidente nos recuerda todos los días que trabaja mucho por el cambio climático, que, aunque vamos un poco tarde y
retrasado en los deberes, rectifique en sus políticas, que apueste por la economía circular y, como resultado de ello, que ponga en marcha políticas sostenibles en materia de residuos. Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Pepa González Bayo.
Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, doña Loreto Cascales.
La señora CASCALES MARTÍNEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Me gustaría comenzar mi intervención dejando clara la idea de que el Grupo Parlamentario Popular, al cual represento, siempre defenderá las mejoras y medidas que vayan encaminadas a realizar un avance en los
sistemas de reciclaje basados en la economía circular, siempre y cuando estos validen su eficiencia y su viabilidad técnica, ambiental y económica. De hecho, en la enmienda que les hemos propuesto apuntamos la posibilidad de analizar si es
necesario, o no, poner en marcha otros modelos diferentes de los ya existentes o estudiar si esa mejora vendría dada por ampliar y optimizar el recorrido del actual sistema que se está empleando hoy. Sinceramente, escuchando al señor Bataller y
algunas otras intervenciones que hoy se han producido en el debate de esta proposición no de ley, parece ser que el sistema que Compromis quiere imponer en la Comunidad Valenciana, el SDDR, es la panacea y el sistema revolucionario perfecto e
indiscutible que va a complementar a la perfección el presente sistema. Nos vendían ustedes un sistema que dicen es exitoso para luchar contra el abandono de envases en el medio ambiente y también para luchar contra el abandono de basura en el mar
Mediterráneo. Señorías, me temo que la venta de este producto no ha sido de lo más transparente y clara. De hecho han obviado en sus intervenciones algunas cuestiones que creo que deben ser tenidas en cuenta. Si es tan perfecto es este sistema,
señor Bataller, por qué todos los sectores afectados se han pronunciado en contra en la Comunidad Valenciana, todos. De hecho sus propios socios de Gobierno -el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana- parecen no estar muy convencidos de la
eficacia del SDDR que ustedes pretenden vender y de verdad les recomiendo a mis compañeros diputados del Partido Socialista que hablen con sus compañeros de la Comunidad Valenciana sobre este tema. Álvaro echa un pulso a Cebrián para implantar el
sistema SDDR. Es una noticia que ha salido en la Comunidad Valenciana, no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación. Hay una lucha interna entre la Consellera de Medio Ambiente, Cebrián, del Partido Socialista, y, su número dos de Compromis,
el señor Álvaro, que en vez de estar centrados en lo que realmente importa, como por ejemplo elaborar un modelo de prevención contra incendios en nuestra comunidad, que lo necesitamos, dedican su tiempo a competir y discutir entre ellos sobre la
implantación de este sistema. Esa es la realidad sobre el SDDR en la Comunidad Valenciana, un sistema polémico cuya eficacia no está demostrada ni convence. Ese sistema no es más ecológico. De hecho resulta más contaminante para nuestra
atmósfera, puesto que las emisiones de CO2 se multiplicarían por el uso de la logística inversa. Sería más caro para los usuarios, puesto que se debe pagar una fianza, cuya devolución no siempre está garantizada, porque dependerá del perfecto
estado del envase y no de la intención de reciclaje. Además se necesitaría una inversión altísima para la colocación y compra de las máquinas en los establecimientos de recogida. Cada máquina tiene un coste aproximado de unos 20 000 euros. ¿Quién
costearía ese gasto? ¿Los propios comercios, la consellería? El elevadísimo coste que supone el SDDR se repercutiría directamente en las personas. Existen informes elaborados por universidades públicas y otras entidades entre las que me gustaría
destacar el realizado por la Cátedra Unesco de Ciclo, Vida y Cambio Climático, donde se afirma que la implantación de este sistema no supone una mejora ambiental. La implantación conllevaría un coste adicional de 100 euros al año por familia y que
los ciudadanos dedicasen un 50 % más de espacio en sus hogares y seis veces más de tiempo.
Señorías, la ley en España permite ya implantar este sistema en las comunidades autónomas. Yo le pregunto, señor Bataller: Si esta es una prioridad para ustedes y para el Partido Socialista, ¿por qué después de dos años de Gobierno en
nuestra comunidad no lo han implantado todavía? Con todos mis respetos, evidentemente, algo hay que no nos cuentan. En definitiva, con esta proposición no de ley pretenden ustedes, Compromis, hacer con el SDDR lo mismo que han hecho con el decreto
de plurilingüismo, es decir, imponer su criterio obviando la opinión de la gente, esa gente a la que venían a rescatar y a la que ahora ustedes están dando la espalda. Con nosotros podrán contar, como he dicho al inicio de mi intervención, para
analizar, estudiar y profundizar en la búsqueda de mejoras, pero no para imponer un sistema cuya eficacia y viabilidad no ha sido suficientemente probada y demostrada. Por tanto, presidente, me gustaría pedir la votación por puntos de esta
proposición no de ley, porque hay algunos de ellos con los que sí estamos de acuerdo, pero hay algunos con los que no. Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Loreto Cascales.
Para los efectos de si aceptan las enmiendas o no. Señor Bataller. La opinión respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo de Ciudadanos, por el Grupo Socialista, y finalmente, la votación separada que propone en su enmienda la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Loreto Cascales.
El señor BATALLER I RUIZ: Respecto a las enmiendas, hemos alcanzado una transacción con el Grupo Socialista. Había entendido que también con Ciudadanos. No si se mantiene o no.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: No, pedimos votación por separado.
El señor BATALLER I RUIZ: Piden votación separada. En cuanto a la votación separada, si es prerrogativa nuestra decidir, quiero que se vote conjuntamente. En los términos de la transacción alcanzada con el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Aceptada una enmienda, señor Bataller, hay que votarla conjuntamente.
El señor BATALLER I RUIZ: Es lo que he dicho. No por puntos. Votación conjunta.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Si es lo que ha dicho.
- SOBRE LA REGULACIÓN DEL MECANISMO DEL PAGO EN ESPECIE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/001942).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto décimo del orden del día sobre la regulación del mecanismo del pago en especie. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Para su defensa tiene la palabra su
portavoz don Xavi Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señor presidente.
La propuesta que presentamos supone una demanda del sector de regularizar un mecanismo el de la transformación con pago en especie, que el ministerio habilitó en su momento para resolver el tema de la retirada de la cosecha en fresco para la
beneficencia. Recuerdo hace años ya como la retirada de parte de la cosecha frutícola, como mecanismo de regulación del precio, dejaba en evidencia la situación de crisis que viene padeciendo el sector hortofrutícola desde hace años. Un mecanismo
que en su momento no estuvo exento tampoco de polémica, ya que el exceso de oferta dejaba al descubierto las propias contradicciones de un modelo de producción intensivo sometido a la tiranía de precios de los mercados internacionales. Esta
situación de crisis se vio agravada a partir de agosto de 2014, fruto del veto ruso a los productos europeos. Fue un gran acierto efectivamente destinar esas retiradas de la cosecha en fresco para la beneficencia. Este destino, aparte de ayudar al
sector productor a gestionar la crisis, contribuye socialmente a ayudar a los más necesitados. Asimismo es el principal destino de las retiradas de la fruta dulce y de las hortalizas en España, siendo pues el mecanismo preferido por los propios
productores. No obstante, las entidades caritativas receptoras de la retirada a distribución gratuita ni disponen de capacidad de almacenamiento ni de suficiente logística para poder recibir grandes cantidades de fruta fresca y hortalizas,
siéndoles más difícil de gestionar que disponer de un producto elaborado no perecedero, como el zumo o las propias mermeladas. Asimismo, ante una situación de crisis por exceso de oferta, lo que necesita el sector es poder retirar rápidamente
cantidades importantes de fruta fresca y hortalizas para poder regular su oferta.
Consciente de esta situación el ministerio reguló el mecanismo conocido como transformación con pago en especie que permite a las entidades caritativas receptoras de fruta fresca y hortalizas poder transformar en zumo o conservas y cubrir
los costes de transformación pagando en especie con fruta fresca u hortalizas. Una producción limitada con fines gratuitos y de distribución específica para las entidades caritativas receptoras que no afecta al propio mercado de la industria
transformadora. Asimismo, gracias a este mecanismo España pudo agotar las cuotas excepcionales de retirada de mercado que ha venido autorizando la Comisión Europea a causa de la crisis de precios que agravó el veto ruso a los productos europeos.
No obstante, el mecanismo de pago en especie no está siempre activado, sino que depende de que haya sido previamente autorizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de una resolución de la Dirección General de
Producciones y Mercados Agrarios. Con el objetivo de fomentar el uso de las retiradas a beneficencia por parte de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, desde el Grupo de Esquerra Republicana pedimos que se pueda
regular el mecanismo de pago en especies con el objetivo de que este pueda permanecer activo sin necesidad de autorización previa del ministerio. De esta manera lo que vendría a ser una solución de carácter temporal en su momento se
convierte en un mecanismo más que permite planificar mejor el circuito establecido entre las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, la industria transformadora y las propias entidades caritativas. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Xavi Eritja.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para cuya defensa tiene la palabra don Jaume Moya.
El señor MOYA MATAS: Moltes gràcies, senyor president.
Señorías, hoy en día en un contexto absolutamente innegable de crisis de precios en el sector agrario y ganadero, especialmente gravoso aún más si cabe en el sector de la fruta dulce, concretamente en la fruta de hueso, agravada desde hace
más de tres años por el veto ruso. La medida que nos viene hoy a proponer desde el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña nos parece absolutamente positiva y adelantamos que de forma incondicional le vamos a dar apoyo, a pesar de que esperamos
que acepte nuestra enmienda para acabar de redondearla y acabar de hacerla más favorable al sector. La retirada de la cosecha en fresco para destinarla a la beneficencia es una medida que tiene una doble vertiente positiva. Positiva, sin ninguna
duda para el productor, que tiene en esta medida una compensación a los costes fijos de producción mucho mejor que las otras alternativas que suponen la no cosecha o la cosecha en verde. La retirada de la cosecha en fresco actualmente, por ejemplo,
en el sector del melocotón o de la nectarina está compensando al productor con un precio de 0,3732 euros por kilo, en el caso del melocotón, y 0,3782 euros por kilo en el caso de la nectarina. Mientras que la otra alternativa la de dejar el
producto sin recoger, la cosecha en verde, supondría solo 7 céntimos por kilo para el productor. Por otro lado, la otra medida claramente positiva es de cara al tercer sector social, puesto que ello supone una ayuda indudable en su labor social en
pro de la defensa al derecho de la alimentación a favor de las capas de la población más afectadas por el contexto de crisis económica. Sin embargo, a pesar de ser una buena medida -insistimos en ello-, no ataca a los que son los principales
responsables de esta crisis de precios que tanto está afectando al sector agrario y ganadero, principales responsables que, por un lado, es la inundación en el mercado de productores competidores exteriores, que vienen a competir en el sector de la
fruta, en diferentes condiciones, en abuso también de posición dominante, en abuso de condiciones de producción, en abuso de condiciones sociales, las prácticas abusivas también de la gran empresa distribuidora, de la gran empresa de transformación
que además estamos viendo año tras año que ven incrementados sus márgenes de beneficio de la misma manera que decrecen los márgenes de beneficio de los productores. Encontramos también una culpa clara en un déficit de planificación de las
plantaciones de fruta dulce, con lo cual nuestro grupo ha presentado, y en su momento la traerá a esta Comisión, un Plan de reconversión varietal que entendemos que es una buena medida para hacer frente a esta crisis de precios. En nuestra enmienda
venimos a proponer que la medida no se centre solo en los sectores más afectados por el veto ruso -insisto-, que no se centre solo en la nectarina, en el melocotón y en el paraguayo, sino que se amplíe también a otras producciones que quedan fuera
hasta ahora de estas medidas que vienen aplicándose desde el ministerio en los años 2014, 2015, 2016 y que ahora se pretenden prorrogar, que se amplíen también a otros sectores de gran importancia social y económica como son el brócoli, la sandía,
la berenjena y el melón. En consecuencia, no se aplique solo para su transformación en zumos, porque no sé a quién le va a apetecer un zumo de brócoli, sino que en su caso se aplique también a la empresa transformadora y a la industria conservera.
Por ello, insisto, damos el apoyo incondicional, pero también confiamos en que se acepte nuestra enmienda para todavía hacer la medida mucho más beneficiosa para el sector productor y también para el tercer sector social. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Jaume Moya.
Para fijar posición tiene la palabra, por el Grupo de Ciudadanos, don Miguel Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros desde Ciudadanos consideramos que el pago en especie resulta clave para dotar a los productores de un instrumento que les permita no tener que ceder a las presiones a la baja de los precios. Es una medida de regulación que es
interesante, pero estamos hablando de una medida excepcional y para un caso excepcional. Todo lo que sea tema excepcional deberíamos de intentar regularlo para que si
esto se mantiene en el tiempo, poder hacer una regulación que mejore la situación de los productores y que mejore también la situación de las entidades caritativas que van a recibir esas donaciones. Aquí les informo que el martes se aprobó
un proyecto de ley en la cual se iba a regular todo el tema del buen samaritano, de la donación a las entidades benéficas. Aprovechemos que vamos a desarrollar ese proyecto de ley para en las enmiendas incluir este tipo de situaciones de forma que
no tengamos que ir haciendo por parches cuando una vez sea el veto ruso, otra vez sea otras circunstancias que nos pueda suponer una caída de precios en el sector. También he de decirles sobre su enmienda que me parece que es abrir, por qué ya no a
todos los productos, a lo único que no vemos es el tema de si le cedo o le dono una fruta, que estos se lo cedan a la empresa fabricante de zumo para que le dé los zumos. Esa parte no la veo clara. El zumo de brócoli no lo sé, licuado igual está
interesante. (El señor Moya Matas: Puede ser un laxante.-Risas). Para eso ya están los albaricoques de mi tierra, que están muy bien, que tienen un buen potenciamiento del tema laxante. En todo caso, queremos decir que creemos que esto es un
brindis al sol y que debemos de trabajar en esa ley nueva en la cual incluíamos todas estas necesidades por parte de los productores y también por parte de las ONG. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Miguel Ángel Garaulet.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra don Marc Lamúa.
El señor LAMÚA ESTAÑOL: Gracias, presidente.
Procuraré ser muy breve. Empezando por la última intervención del señor Garaulet, se transforman en zumo porque nuestras entidades o nuestro sistema de distribución no tienen de momento la capacidad de distribuir la fruta en fresco. Por
tanto, transformarla en zumo permite ampliar el periodo del que se puede disponer de un producto perecedero como sería la fruta. Hasta donde tengo entendido esa es la motivación de la transformación en zumo. Cada año en España tiramos 7,7 millones
de toneladas de alimentos. Tenemos además casi 1,5 millones de personas que actualmente se benefician de estos planes de reparto de alimentos en todo el Estado. Por esto un mecanismo de gestión de retirada de parte de la cosecha en fresco y para
ser destinada a la beneficencia es buena para paliar en una medida significativa el desperdicio alimenticio que tenemos en el Estado, máxime cuando este tipo de medidas van destinadas a repartos alimenticios por parte de entidades caritativas.
Por otro lado, y lo han remarcado los que me han precedido en el uso de la palabra, es una ayuda importante para regular el sector productor ante situaciones de crisis por exceso de oferta. Han mencionado ya todo el tema del veto ruso. Es
evidente que este tipo de medida funciona y sirve al sector. Además va en la línea de lo que la Eurocámara ya aprobó también el pasado mayo apostando decididamente por eliminar barreras a la donación de alimentos para reducir así el desperdicio a
nivel europeo de alimentos. Esta sería una medida más. El hecho de que el plazo quedara ampliado y quedara permanentemente abierta esta medida sin tener que recurrir a momentos muy concretos, sin duda, permitiría a nuestro sector productor de
fruta conseguir que tiráramos muchas menos toneladas de alimentos en nuestro país. La única problemática que uno podría señalar, que es la de la distorsión del mercado de zumos, en este caso, queda perfectamente señalada en la parte dispositiva del
grupo proponente que se asegura la no distorsión del mercado del zumo en este caso que es el que se podría ver afectado de alguna manera. Por tanto, una iniciativa -y se ha remarcado- en la que debe primar su vertiente social para que sea aprobada.
De manera colateral el interés del sector productor y que además se ajusta, como he dicho, a los intereses y a las líneas marcadas, tanto por Europa, que ya han sido también compartidas por el Estado previamente. Finalmente, solo agradecer al señor
Eritja, al Grupo de Esquerra, haber traído hoy a esta Comisión la iniciativa que el Grupo Socialista va a apoyar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Marc Lamúa.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Diego Movellán.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Se ha hablado mucho aquí del sector social, del derecho a la alimentación, de los más necesitados, quiero que mis primeras palabras sean para reconocer el trabajo hecho por el Gobierno, por el ministerio y por el propio Grupo Parlamentario
Popular que ha demostrado, durante esta legislatura y la anterior, su especial sensibilidad con aquellos más desfavorecidos. Se han citado algunas iniciativas, como la que ayer debatíamos en Pleno, de la Ley del buen samaritano, el proyecto de ley
presentado por el Grupo Popular para la donación de alimentos o la que tenemos ya registrada para resolver el pago del IVA en el
caso de donaciones. Desde el ministerio se han establecido mecanismos puntuales de ayuda y gestión que garantizan a los productores salvar la crisis de precios del sector hortofrutícola, así como contrarrestar efectos negativos como el que
ya se ha citado aquí, el veto del Gobierno de la Federación Rusa del 7 de agosto, que sigue vigente en la actualidad. Ese veto a la importación de frutas y hortalizas nos ha afectado negativamente a nuestro país. Se han adoptado medidas y
mecanismos de forma excepcional para evitar la distorsión de precios en el mercado, tal y como se hace con el resto de productos del sector primario, con la leche, con la carne y con diferentes productos.
La PNL que nos presenta Esquerra Republicana se centra en el sector hortofrutícola y en el mecanismo de pago en especie por parte de las entidades caritativas receptoras de la fruta fresca con destino a la distribución gratuita. Es verdad,
señoría, que entre todas esas medidas de gestión de los mercados, la que tiene un mayor interés social y mayor retribución a los productores es la retirada con destino a la distribución gratuita en fresco. Por medio de la cual, como se ha explicado
ya por los intervinientes que me han precedido, se entregan las frutas o las hortalizas a las organizaciones caritativas, principalmente a los bancos de alimentos, y el productor recibe una mayor compensación por su producto. Además cobra también
por realizar el transporte, la selección y el embalaje. Actualmente en estos momentos, el ministerio, a través de esa disposición de la Secretaría General de Mercados y Productos Agrarios, ha abierto el cupo para la retirada de 25 000 toneladas de
fruta dulce para la transformación en zumo. Hasta el 30 de septiembre los productores podrán hacer entrega de esas 25 000 toneladas que en este caso se suma también a las medidas excepcionales, por el veto ruso, esas 3 000 toneladas adicionales que
tiene nuestro país y que ha decidido acogerlo a la manzana. El pasado 1 de junio se aplicaron nuevos importes de ayuda a la retirada del mercado de los programas operativos. Se hizo a través del Reglamento (UE) 2017/891 y a solicitud de España se
han incrementado los precios que reciben los productores. Así, se incrementa en casi un 40 % la ayuda para el melocotón, un 41% la nectarina y un 10% la platerina. Como vemos se están llevando a cabo medidas excepcionales para intentar regular el
mercado. Podemos decir que esta PNL que nos presenta Esquerra Republicana no pretende una mejora clara de las condiciones del sector para afrontar estas crisis puntuales de precios y las amenazas como el veto ruso, mucho menos pretende contribuir,
como se ha dicho, a ayudar a los más necesitados. Lo que pretende -y creo que es cristalino- la PNL que nos presenta Esquerra Republicana es un intervencionismo claro del mercado que además se ve acentuado en la enmienda presentada por Podemos y
que al final, de llevarse a cabo, supondría un perjuicio palpable para el sector y para aquellos que hoy más necesitan de nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque en la transformación del zumo de las retiradas de producto fresco, ese producto pasa a ser
propiedad de la industria transformadora, como pago por los servicios de transformación. Por tanto, esa gran cantidad de producto nunca llegará a los necesitados. Si se dejara libre el mecanismo de pago, tal y como se propone, estaríamos hablando
y nos enfrentaríamos a distorsiones por desajustes de oferta y demanda, tanto en la fruta fresca como en los zumos. El precio de la fruta fresca subiría y el de los zumos bajaría. Si no se hace de una forma equilibrada, la subida del precio
afectaría sin duda a los consumidores y a las familias y la bajada de los precios de los zumos a las empresas productoras, a la industria y, en última instancia, negativamente al empleo. Por estos motivos el Grupo Parlamentario Popular va a votar
en contra de esta proposición presentada por Esquerra Republicana porque creemos que las medidas actuales y las excepcionales están sirviendo bien al sector y esto podría provocar distorsiones en el propio sector. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, muchas gracias por su colaboración. Vamos a interrumpir por unos breves instantes la sesión para ordenar las votaciones del día de hoy, antes de proceder a la votación de todos los puntos
que están en el orden del día. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, vamos a interrumpir por unos breves instantes la sesión para ordenar las votaciones del día de hoy. (Pausa).
Señorías, vamos a someter a votación las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día.
En primer lugar, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre el apoyo a la Denominación de Origen Protegida Albaricoque de Molina de Segura. Se han rechazado las enmiendas presentadas y, por lo tanto, la vamos
a someter a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la segunda proposición no de ley, sobre medidas para frenar la expansión del eucalipto en Galicia, en sus propios términos. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a someter a votación, en sus propios términos, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la redacción de una ley de contaminación odorífera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La proposición no de ley para la creación de un grupo de trabajo que aborde la elaboración de un estatuto básico para bomberos forestales y un marco regulador de su actuación y pertenencia ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y vamos a someterla a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a la simplificación de los trámites administrativos exigidos en España a los exportadores e importadores de productos agroalimentarios.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley relativa a la adopción de diferentes medidas para garantizar la seguridad jurídica en el ejercicio de las funciones propias de agente forestal, entre ellas, la elaboración de un estatuto
básico, del Grupo Parlamentario Socialista. Se ha presentado una enmienda, que no ha sido aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley sobre los incendios forestales y la protección de la interfase urbano-forestal, presentada por el Grupo Popular. No se han presentado enmiendas y, por tanto, se vota en sus propios
términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación la PNL sobre medidas para garantizar la conservación de los suelos y la seguridad alimentaria, presentada por el Grupo Popular. Esta iniciativa ha sido objeto de una transacción con el Grupo Parlamentario
Socialista. Asimismo, se ha aceptado añadir el término 'sostenible' en el punto segundo de la iniciativa original presentada por el Grupo Popular, a propuesta del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley relativa a impulsar la adopción de medidas urgentes y adicionales de protección del medio ambiente frente al abandono de residuos. Es una iniciativa conjunta del Grupo Mixto y Grupo
Confederal de Unidos Podemos y ha sido objeto de una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, vamos a someter a votación la iniciativa presentada por Esquerra Republicana sobre la regulación del mecanismo del pago en especie. Se acepta una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 14; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.