CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 263

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO PRADAS TORRES

Sesión núm. 8

celebrada el miércoles,

21 de junio de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias del señor ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero), para:


- Informar sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional conocida el día 08 de junio de 2017 relativa a la declaración tributaria especial. A petición propia. (Número de expediente 214/000031) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Informar de las responsabilidades políticas que piensa asumir ante la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional, por unanimidad, la amnistía fiscal de 2012. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 213/000499) ... (Página2)


- Que explique el motivo que llevó al Gobierno del Partido Popular a aprobar una amnistía fiscal declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000500)
... (Página2)


- Que explique qué piensa hacer el Gobierno ante la declaración de inconstitucionalidad de la amnistía fiscal y las posibles responsabilidades políticas que se puedan derivar de la sentencia. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000501) ... (Página2)


- Informar sobre la posición del Gobierno y sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional que deroga la amnistía fiscal de 2012. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000502) ... href='#(Página2)'>(Página2)

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Se abre la sesión a las cinco y treinta minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a esta comparecencia del ministro de Hacienda y Función Pública. Hay varias solicitudes de comparecencia y, como siempre que hay más de una solicitud, es el propio Gobierno quien tiene preferencia,
por lo que la ponemos en primer lugar. En cualquier caso, se ha solicitado también por parte de los grupos Socialista, Ciudadanos, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto, que acumulamos, como hacemos siempre. En primer lugar, voy a dar
la palabra al señor ministro por el tiempo que él estime necesario y posteriormente a los portavoces por tiempo de unos diez minutos aproximadamente; saben que soy flexible hasta que llegan los diez minutos, que es cuando empiezo a avisar de que
vayan finalizando, pero no pasa nada por estar un minuto más. Después, si lo consideran conveniente, habrá una réplica de un par de minutos para aclarar cualquier aspecto, pero ya menor para que finalice el señor ministro la sesión.


Tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. Comparezco a petición propia ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para dar explicaciones en nombre del Gobierno tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la disposición adicional
primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 marzo, sobre diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.


Creo que es obligado en estas fechas comenzar mi intervención con una mención a las primeras elecciones democráticas que se celebraron en España tras la dictadura, y de las que hace una semana se cumplieron cuarenta años. Aquellas primeras
elecciones y la Constitución que elaboraron estas Cortes son el origen de nuestra legitimidad institucional. Por eso deseo expresar la confianza y el reconocimiento del Gobierno hacia las instituciones del Estado de derecho que alumbraron aquellas
primeras Cortes Constituyentes. Aquella Constitución, tras una prolongada dictadura, abrió por fin un escenario de separación de poderes del que todos nos sentimos orgullosos y creó instituciones que son de todos.


Señorías, el Tribunal Constitucional es pieza esencial de ese Estado social y democrático de derecho, como garante de la constitucionalidad de los actos y las normas, de la misma manera que también son piezas esenciales de nuestro sistema
constitucional democrático el Parlamento y el Gobierno. Los tres poderes clásicos trabajan desde hace cuarenta años para seguir avanzando hacia un país más próspero en todos sus ámbitos. Su importancia y su prestigio se sitúan desde hace tiempo en
el mismo nivel que en cualquier otro país de nuestro entorno, y por eso su papel, el de todos ellos, merece respeto y consideración. En este sentido, yo, como ministro de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, quiero aprovechar esta
comparecencia -que se produce cuando aun no está publicada la sentencia en el Boletín Oficial del Estado y que, por tanto, no tiene efectos jurídicos, pero que todos los ciudadanos conocen a través de los medios de comunicación- para mostrar
públicamente mi acatamiento y respeto a la citada sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha fallado que no debimos utilizar el real decreto ley y, por tanto, que el instrumento no debió ser este vehículo formal sino que
debimos acudir a una ley ordinaria. La sentencia se queda ahí; hasta ahí su alcance en lo jurídico ya que añade literalmente que -y abro comillas-: para precisar el alcance de la presente sentencia deben declararse no susceptibles de ser
revisadas, como consecuencia de la nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas a su amparo por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica del
artículo 9.3 de la Constitución española -cierro comillas-. Es decir, estamos ante una sentencia que no tiene efecto sobre las consecuencias de la ley en sí y eso es importante que quede claro. Esto se hizo a efectos de la estabilidad y la
seguridad jurídica, algo que los ciudadanos, como destinatarios de nuestra actividad, deben tener claro. El vehículo normativo no fue el acertado, a juicio del tribunal, pero las situaciones jurídicas creadas no son alteradas.


Señorías, lo he dicho en otras ocasiones, a mí, como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en aquel momento, no me gustó nada poner en marcha la regularización extraordinaria que significa la DTE; de hecho, había tenido el honor
de ser miembro del Gobierno de España, como Ministro de Hacienda, con mayoría absoluta y ni se nos ocurrió acudir a este procedimiento, de la misma manera que tampoco me gustó subir impuestos al comienzo de la legislatura. Pero que no me gustara no
significa que fuera un error hacerlo; por el contrario, había que hacerlo precisamente en el ejercicio responsable de la función de gobernar un país que estaba atravesando la mayor crisis económica de su historia reciente. Fueron en ese momento
medidas no deseadas, pero absolutamente necesarias y que han contribuido,

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junto con muchas otras, a que España abandonara aquella crítica situación y a que hoy esté saliendo de la crisis a gran velocidad -al doble de la media de la Unión Europea y al triple o el cuádruple que alguno de los grandes países de la
Unión Europea-, con un crecimiento económico sólido y una muy importante creación de empleo, que nos sitúa a la cabeza, insisto, de los países de nuestro entorno.


Señorías, cuando los ciudadanos otorgan a un partido político la grave responsabilidad de gobernar, y cuando además lo hacen en una situación tan crítica como en la que estaba España en el año 2011, lo hacen confiando en que aquellos a los
que eligen serán capaces de tomar las mejores decisiones para su futuro; no las decisiones más populares. Las mejores decisiones son las más eficaces, insisto, no las más populares. De la misma manera, cuando somos los políticos los que nos
encontramos con que somos los depositarios de las esperanzas de todo un país, estamos obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para superar las dificultades, para evitar otras dificultades mayores, especialmente para los colectivos más
vulnerables de la sociedad y para conseguir, en el menor plazo posible de tiempo, la recuperación económica y social del país.


Las medidas que tomó el Gobierno en los primeros años de la X legislatura no eran fáciles de explicar, eran medidas duras, eran medidas impopulares, eran medidas que no se esperaban de nosotros y que, de hecho, no hubiéramos adoptado nunca
si no nos hubiésemos visto obligados a tomarlas por la gravísima situación por la que atravesábamos en España y la zona del euro entera. Subimos los impuestos en diciembre de 2011 aunque no nos gustaba, si bien lo hicimos para que aquella subida
afectara sobre todo a las rentas más altas y a las grandes empresas. Subimos el IVA meses más tarde, y ese fue un auténtico baldón para quien les habla; tomamos medidas para reducir el gasto público y así repartir la reducción del déficit entre
ingresos y gastos e iniciamos una estrategia de lucha contra el fraude fiscal que incluyó un proceso extraordinario de regularización que tampoco nos gustaba, pero que había que hacer ante el gravísimo deterioro de las finanzas públicas.


Muchas de aquellas medidas no fueron bien acogidas entonces; la respuesta crítica de la oposición socialista, convencida de que atacando la política económica haría que se fuera olvidando su responsabilidad en la crisis, y las
movilizaciones en la calle, promovidas fundamentalmente desde la izquierda radical, trataban de mostrar un Gobierno insensible con el sufrimiento de los ciudadanos; aquellas críticas llegan hasta nuestros días. En la oposición pocas cosas parecen
haber cambiado; de nada sirve que la situación económica sea muy diferente de la que sufríamos entonces y de nada sirve que aquellas medidas hayan demostrado su eficacia para acabar con la recesión y que estemos creciendo el doble que la Unión
Europea. Parece que estas medidas no hayan sido tan eficaces a la hora de reducir el déficit público, cuando lo hemos bajado a menos de la mitad del que teníamos entonces y hayamos reducido una tercera o cuarta parte la deuda comercial que las
administraciones públicas habían acumulado. Todo ello con la intención de impulsar el crecimiento y para crear empleo.


La situación hace cinco años era muy diferente de la actual. Es curioso, no ha pasado mucho tiempo, pero las cosas han cambiado profundamente ya que ahora se nos hace difícil incluso imaginar el estado de emergencia que nos movió a poner en
marcha tantas medidas, muchísimas de ellas a través de los decretos leyes. ¡Con qué facilidad se olvidan las situaciones difíciles que atraviesa el cuerpo social! Algunas de esas medidas fueron realmente extraordinarias, fueron muchas, muchas las
que se adoptaron y fueron muy importantes y muy urgentes. Por ese motivo se utilizó con mayor frecuencia que en otros momentos de la historia de nuestra democracia el real decreto ley. No olvidemos que este real decreto ley que hoy nos convoca
para explicar es del mes de marzo, del 30 marzo del año 2012, en plena crisis económica, cuando el Gobierno llevaba apenas tres meses en el ejercicio de su acción.


No podemos disociar la situación en la que estaba el país con las medidas que tomamos; algunos prefieren que no recordemos aquella pesadilla porque, en buena medida, fue por su responsabilidad -mejor dicho, por su irresponsabilidad- y
quieren que juzguemos las medidas adoptadas al margen del contexto, de la situación con la que nos encontramos y de las firmes amenazas a las que nos tuvimos que enfrentar, contando para ello con la confianza de los ciudadanos alcanzada en las
elecciones y a las que tuvimos que hacer frente de manera inmediata, directa y eficaz. No olvidemos que muchas de aquellas iniciativas no habrían sido necesarias de no habernos enfrentado a aquel mal económico que asfixiaba los españoles y al
conjunto de los europeos, puesto que los problemas de España realmente ponían en amenaza la propia continuidad de la moneda única.


En el año 2012 España estaba al borde del rescate financiero, al borde de la suspensión de pagos. ¿Qué hubiera pasado en España si se hubiera producido el rescate que vivieron otros países del sur de Europa? ¿Qué hubiera supuesto para los
españoles la pérdida de soberanía nacional que sufrieron los

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otros países del sur y alguno del centro o del norte de Europa? ¿Cuánto habrían bajado las pensiones? ¿Cuánto han bajado las pensiones en algunos de los países intervenidos? ¿Un 40 %? ¿Cuánto ha bajado el sueldo de los funcionarios en
esos países intervenidos? ¿Un 20 %? ¿Un 30 %? ¿Un 40 %? ¿Cuáles son las condiciones para que sigan recibiendo el rescate alguno de esos países, como es el caso de Grecia que todavía tiene que librar otra de las fases de ese rescate? ¿Qué es lo
que hemos evitado, señorías, en España cuando decimos que hemos evitado el rescate? ¿Recuerdan que en el mes de marzo yo me levanté en el Congreso de los Diputados a advertir que muchas administraciones en España no podían pagar las nóminas a final
de mes? ¿Recuerdan que los proveedores de las administraciones públicas tenían las facturas pendientes desde hacía seiscientos días? ¿Recuerdan que algunos de los grandes laboratorios que operaban en nuestro país amenazaban con retirarse de España
y dejar de surtir esos medicamentos? ¿Eso no ocurría en los primeros meses del año 2012? ¿No era esa la realidad y lo que estaba en juego en esos meses, en esas primeras semanas?


Ahora podemos decir que hace cinco años nunca ocurrió lo que ocurrió, pero algunos de ustedes estaban en la Cámara con nosotros; algunos de ustedes habían apoyado al mismo Gobierno socialista que nos había conducido a esa situación. ¿O
acaso era responsabilidad de un Gobierno que llevaba tres meses en el ejercicio de su acción lo que estaba ocurriendo en nuestro país? ¿Cuánto caía la actividad económica y a qué ritmo se destruía empleo en el primer trimestre del año 2012? La
confianza había que recuperarla porque había sido absolutamente erradicada no ya por los mercados sino por parte de los proveedores, de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, de autónomos, al igual que por los proveedores de nuestras
administraciones públicas, grandes empresas, multinacionales en España que no podían cobrar el gasto que desarrollaban en nuestros hospitales, en los colegios, en las prestaciones de desempleo, con el riesgo -que estaba ahí- de lo que hubiera
supuesto un rescate sobre el valor de nuestras pensiones. Cada vez que el Tesoro Público acudía a los mercados todavía nos exigían una prima de riesgo superior. Y las primas de riesgo de los tipos a medio plazo, no ya a largo plazo, se cruzaban,
constituyendo la amenaza de la inviabilidad de la financiación a corto plazo.


La solución que muchos planteaban dentro y fuera de nuestras fronteras era el rescate. ¿O no era eso lo que solicitaban muchos de los grupos políticos incluidos en esta Cámara? Ahora dicen, cuando les oyen, que ellos no fueron; pero sí
fueron, les aseguro que algunos de los presidentes autonómicos de aquella época sí fueron y lo dijeron públicamente: Lo mejor que le puede pasar a España es que la rescaten. Es lo que dijeron en aquellos momentos y en aquellas circunstancias.
También lo hicieron los grandes empresarios de este país, uno a uno, porque los mercados estaban cerrados, estaba colapsado el sector bancario y, obviamente, no había posibilidades de refinanciar las propias deudas presentes. A lo mejor esto que
estoy describiendo esta tarde nunca ocurrió en nuestro país, pero sí ocurrió, es la realidad de lo que estaba pasando y frente a lo que teníamos que dar clara y pronta respuesta.


En España había un Gobierno y un presidente de Gobierno al que en cada rueda de prensa lo que le preguntaban los medios de comunicación -¿o no es así?- era si el lunes siguiente el Gobierno de España iba a pedir el rescate. ¿No era esa la
pregunta recurrente durante todo el año 2012? ¿No era eso lo que ocurría en cada rueda de prensa? Pero, ya en el propio mes de octubre del año 2012, ¿no había fortísimos rumores en toda Europa de que el presidente Rajoy iba a pedir el rescate de
España el lunes siguiente a las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco? ¿No ocurría eso? ¿No era esa la realidad de España? No, no era esa, no; ahora la valoramos como si todo esto estuviera tomado en un contexto angelical y, por
tanto, como si un Gobierno no tuviera que tomar las decisiones que tiene que tomar cuando la realidad se impone.


Para el Gobierno, y en primer lugar para su presidente, todo esto era visto como un fracaso que no estábamos dispuestos a asumir en el ejercicio responsable de la función de gobernar. Por tanto, teníamos que ser capaces de dar una respuesta
eficaz a la inmensa confianza depositada por los ciudadanos españoles en las elecciones generales de diciembre de 2011, de manera que durante todo ese tiempo estuvimos analizando muy fríamente la situación. Estuvimos adoptando las medidas que había
que adoptar porque había que recuperar ingresos públicos y reducir los gastos en un contexto de delicadísima destrucción de empleo y recesión que obligaba a mantener el gasto social y a dar la absoluta prioridad al gasto social en los niveles más
elevados posibles al tiempo que limitaba las posibilidades de obtener mayor recaudación a través de impuestos. Necesitábamos tomar medidas rápidamente y que, además, fueran medidas nítidas y contundentes, con un reflejo en el corto plazo de manera
que transmitiéramos la seguridad de que éramos capaces de salir de esta crisis por nuestros propios medios, utilizando todos los recursos disponibles a nuestro alcance. Por eso, en aquellos días no podíamos dejar de tomar ninguna

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medida que consideráramos necesaria para dar la vuelta a la situación, por dura que fuera, por impopular que fuera, por mucho desgaste político que conllevara, tanto desde el punto de vista de la austeridad en el gasto como para incrementar
los ingresos y mejorar la gestión.


Todo lo que hacíamos y mostrábamos al mundo nos permitía cargarnos de razón ante el riesgo de rescate de nuestra economía. Lo del rescate lo pueden completar también ante el riesgo de la quiebra real de nuestra economía. De manera que la
acumulación de medidas y la urgencia con que se tomaban hacían que cada vez se alejara más el riesgo de la intervención ante la evidencia de que estábamos haciendo todo lo necesario para salir adelante de una manera autónoma. Porque ese era uno de
los mayores riesgos que corríamos en el caso de no convencer de que éramos capaces de superar la crisis por nosotros mismos, que vendrían otros a decirnos cómo hacerlo, como fueron a otros países porque estaban en una situación tan delicada o peor
que la nuestra. Lo que pasa es que en el caso de España el tamaño y la internacionalización de una economía como la española hacía muchísimo más difícil aún ese procedimiento de rescate ensayado ya en otros países de otro tamaño. Era fundamental
para España mantener su autonomía política, su capacidad para adoptar sus propias decisiones económicas y eso es lo que se mantuvo en esta Cámara. Esa es la soberanía nacional en materia de política económica, de política presupuestaria y de
política fiscal que se mantuvo en este Congreso de los Diputados. Cuando digo que era fundamental para España me refiero a que era fundamental para los ciudadanos españoles, especialmente para los que más dependían de los recursos públicos: los
pensionistas, las personas dependientes, los desempleados y, por descontado, los propios funcionarios.


El Gobierno de España conoce su país mejor que ningún organismo internacional, conoce cuáles son sus necesidades sociales, conoce cuáles son los resortes que le permiten recuperarse y cuáles no deben tocarse porque pueden hundir aún más la
economía. Y por eso teníamos que actuar rápido y de una manera adecuada para alejar de nuestra economía las manos de quienes al venir a rescatarnos habrían impuesto unas durísimas, penosísimas condiciones de política económica y de política social,
como habían hecho en Portugal o como habían hecho -y, por cierto, siguen haciendo- en Grecia, con recortes. Esos sí que son recortes, esos sí que habrían sido recortes sociales en las pensiones, en las prestaciones, en los salarios de los
funcionarios públicos, en los servicios públicos. Eso fue lo que evitamos con nuestras medidas, eso fue lo que evitamos subiendo impuestos de una manera equitativa, subiendo impuestos a las grandes empresas y a las personas físicas de mayor renta,
o eso fue lo que hicimos regularizando las rentas ocultas. Si no lo hubiéramos hecho, a lo mejor no nos habrían llovido tantas críticas, a lo mejor hasta nos verían más simpáticos, especialmente a quien les habla. Podríamos hacer lo que hacen
otros ahora, echar la culpa de todos los males al Fondo Monetario Internacional, a la Unión Europea o a los mercados financieros, que para eso están, y ahí está la izquierda contumaz para evocarlos cada vez que tiene una incapacidad de dar respuesta
lógica y real a los problemas. Podríamos hacer demagogia, como otros, pero la realidad, que sería incontestable, es que viviríamos en un país más empobrecido, con mayor desigualdad social, que ni crecería como está creciendo ni tendría los niveles
de creación de empleo que tiene ahora.


No voy a entrar ahora de manera prolija en todas las medidas que el Gobierno tuvo que poner en marcha para conseguir esos objetivos que nos han traído al actual escenario de recuperación y que evitaron la intervención de nuestra política
económica porque no es el objeto de nuestra comparecencia, pero sí les diré que la urgencia por conseguir mejorar nuestra situación para rebajar el déficit público y recuperar la confianza de quienes temían nuestra debacle nos movió a aprobar
numerosas medidas urgentes. Aquel Real Decreto-ley de 30 de marzo, señorías, incluía otras medidas fiscales temporales, que, por cierto, no fueron recurridas por el Partido Socialista; esas les gustaron. Como decía esta mañana, les gustaron los
cambios en el impuesto sobre sociedades. Por eso, les hacía la pregunta de esta mañana: ¿Por qué no las adoptaron si hacía tres meses que habían dejado el Gobierno de España? ¿Era muy difícil adoptarlas o tenían algún problema intelectual para
llegar a adoptarlas y plantearlas? (Risas.-Aplausos). ¿Por qué no las adoptaron? ¿Por qué? ¿Porque eran demasiado grandes las empresas a las que afectaba?


Quiero preguntarles con toda franqueza y sinceridad en una comparecencia como la de esta tarde si tenían algún problema, porque las medidas estaban ahí, las medidas eran relativas, como ustedes saben, a limitar los gastos deducibles de la
base imponible de las compañías -eso sí, de las grandes compañías españolas-; había que cambiar una libertad de amortización como la que se estaba practicando en España que llevaba a tipos efectivos de gravamen cero de grandes compañías; había que
hacer unas cosas que... Cada uno tiene sus posibilidades y sus capacidades para hacerlas, pero había que hacerlas

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urgentemente y las hizo este Gobierno en ese decreto-ley, en el mismo decreto-ley que estamos abordando en esta comparecencia. Insisto, eliminamos la libertad de amortización para grandes empresas, tal y como se recogía en la ley; se
introdujeron limitaciones a la deducción de gastos financieros; se fijó un pago fraccionado mínimo para las grandes empresas, cuyo resultado contable superaba los 20 millones al año, y se redujo el límite general a las deducciones. Lo que hicieron
todas estas medidas fue promover una recaudación del impuesto sobre sociedades ese año de 5000 millones de euros, con la economía cayendo casi un 3 % y cayendo también la cuenta de resultados de estas grandes empresas.


Todas estas medidas y la subida de impuestos decidida previamente a finales de 2011, que, en definitiva, afectó a las rentas más altas de nuestro país, hizo que incrementáramos el tipo efectivo de gravamen de las grandes empresas del Ibex,
que estaba cercano al 0 % cuando llegamos al Gobierno y lo hicimos elevar rápidamente hasta un mínimo del 3,4 %. Así, lo que hacíamos era pedir una contribución solidaria a la recuperación económica y hacer frente con las posibilidades de los
recursos públicos al fortísimo endeudamiento, además de limitar el endeudamiento de nuestro sector privado, que es una de las políticas más eficaces que hemos aplicado en estos años. Además, el real decreto-ley introducía cambios en la tributación
sobre las labores del tabaco y anunciaba un anteproyecto de ley para ampliar las medidas de lucha contra el fraude. Al realizar la defensa del real decreto-ley, además de justificar la urgencia de las medidas que estábamos tomando, tuve la ocasión
de advertir, ya hace cinco años, que la declaración tributaria especial se iba a ver acompañada de varias medidas contra la economía sumergida y el fraude y que la regularización fiscal que poníamos en marcha no era una amnistía, lo diga quien lo
diga. En este sentido, hay que dejar claro que la declaración tributaria especial... No lo digo por ustedes, señorías; lo estoy diciendo metafóricamente. (Risas). El lenguaje se puede utilizar también evocando. (Risas). En este sentido, hay
que dejar claro que la declaración tributaria especial venía a ser como una regularización ordinaria, pero en este caso incluía un tipo de gravamen más reducido del 10 %. Este aspecto de la regularización es muy importante y por eso quiero incidir
especialmente en él.


En primer lugar, la DTE no borraba ningún delito, algo que ya he explicado reiteradamente en esta Cámara. Ninguna persona física o jurídica podía resultar favorecida por la DTE si ya se le había iniciado un procedimiento de regularización
tributaria en vía administrativa o en vía judicial antes de presentar la declaración. En estos casos la presentación de la DTE no evitaba la continuación del proceso ni la posible condena. Sus efectos eran análogos, por tanto, a los establecidos
en la normativa tributaria y en el Código Penal para los contribuyentes que regularizan voluntariamente su situación tributaria, es decir, el delito subsistía y la DTE no lo limpiaba. En segundo lugar, la DTE no redimía el origen ilícito de las
rentas regularizadas. El único objeto del proceso de regularización extraordinaria era la declaración de rentas ocultas que procedieran de actividades ilícitas. Si algún presentador de la DTE pretendía regularizar rentas de origen ilícito, la DTE
no borraba ese origen ilícito y, en consecuencia, no le libraba de la responsabilidad que pudiera derivarse judicialmente para el declarante tanto si era persona física como si era persona jurídica. Es más, la DTE no solo no borraba ni legalizaba
ningún delito, sino que además ha permitido investigar y descubrir delitos y luchar contra el fraude fiscal. La Agencia Tributaria ha realizado procesos masivos de análisis de datos con el objetivo de detectar presentadores de la DTE en los que
hubiera indicios de que podrían haber cometido delitos denunciables como, por ejemplo, delitos de blanqueo de capitales. En cualquier caso, ese fue el planteamiento que hicimos desde el Gobierno.


Pero, ¿qué podemos decir sobre los resultados? Los más destacados son los que se reflejan en la propia situación económica, con dos años consecutivos creciendo por encima del 3 %, y ya veremos lo que sucede en este ejercicio, pero ya
estamos registrando en el año 2017 una afiliación interanual cercana a las 700 000 personas, con un desapalancamiento del sector privado de la economía, es decir, que empresas no financieras y familias superan los 420 000 millones de euros desde el
año 2012 hasta ahora. Podemos decir en un lenguaje más coloquial que nos la jugamos, como en otras iniciativas, porque podían haber fracasado, es verdad, como todo, como en toda acción humana, pero no lo han hecho. Desde luego, habría sido más
fácil no meternos en cuestiones que sabíamos que iban a resultar controvertidas, que la oposición, a falta de argumentos de otro tipo, iba a utilizar contra nosotros, eso va de suyo. Pero cuando uno tiene que gobernar no puede limitarse a lo más
fácil, a lo más accesible, sino pensar en qué es lo mejor para el país aunque eso suponga presentar nuestra candidatura muchas veces a la difamación y a la descalificación por parte de los que solo juegan a destruir al adversario.


En estos años uno ha escuchado de todo, auténticos desatinos. Por ejemplo, que con la regularización habíamos privado de un montón de efectivo que necesita el país. Será al revés, el país no tenía nada de esos recursos y gracias a la
regularización lo que se ha hecho es ponerlos a disposición de la financiación

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de los servicios públicos -que es otra de las apuestas-. Esta es una cita de la señora Carmena, que decía que gracias a eso hemos renunciado; será todo lo contrario, a algo que no existía no se puede renunciar. Lo que hay que preguntarse
es por qué no existía en todo caso.


En el año 2011, ¿cuánto dinero ocultaban los españoles en el extranjero? No lo sabemos, sencillamente. Ha aflorado una parte muy sustancial, casi 4 puntos del producto interior bruto, pero no sabemos, ¿o es que alguno de los presentes
tenemos certeza de lo que ocultaban? De lo que sí tenemos certeza es de los impuestos que pagaban en el año 2011, ¿cuántos impuestos pagaban? Cero, eso seguro, eso seguro; entonces, ¿qué es lo que estamos comparando? Con el cero. ¿Y hemos
avanzado desde el cero? Sí, hemos avanzado profundamente desde entonces. Será mejor siempre tener una recaudación a no tener nada, ¿o no? (El señor Hurtado Zurera hace gestos negativos). ¿O es mejor resignarse y decir que no, que no pasa nada?
Que alguno tendrá algo por ahí pero que siga esto, y entretanto los proveedores de nuestras administraciones públicas algún día cobrarán, y si hay que cerrar algunos centros públicos de prestación, pues eso siempre sería bastante mejor. (El señor
Hurtado Zurera: No convence.-La señora Madrazo Díaz: A ti).


¿Cuando se le cayó la recaudación al Gobierno socialista en 70 000 millones de euros entre el año 2008 y 2009 qué hizo? Subir el IVA. Brillante opción, brillante opción; eso es lo que hizo el Gobierno socialista. Del impuesto sobre
sociedades y de la lucha contra el fraude fiscal no sacó absolutamente nada (La señora Madrazo Díaz: Nada.-La señora López Ares: Cero). Cero, esa fue la realidad, cero. Pero, bueno, al final teníamos que conseguir recuperar el dinero, una
cuantía material de recursos muy importante, porque necesitábamos financiarnos a corto plazo.


En el año 2012 podemos decir algo así como que el Gobierno echó el anzuelo, hubo que poner un cebo. Claro, es que esto si no, no funciona, si no pones cebos no entra ninguno a picar. (Risas). Porque sin un cebo mínimamente atractivo
-decía- no tienes ningún éxito, los pececitos se van a otro sitio o se quedan como están, en el fondo del mar. (Risas). Y de pronto pasamos de no saber cuánto dinero había oculto a saber que había por lo menos 40 000 millones de euros, una cifra
importante. Pasamos, insisto, de no saber dónde estaba ese dinero a tenerlo controlado desde la Agencia Tributaria, y pasamos de no saber quiénes eran los propietarios de ese dinero a tenerlos todos identificados en los ordenadores de la Agencia
Tributaria, a casi 30 000 propietarios de 40 000 millones de euros; los cuales, a raíz de esa regularización extraordinaria, pagaron 1200 millones de euros. Pero, insisto, lo importante es lo que afloró, porque todo ese dinero que afloró es el que
ha seguido pagando impuestos en nuestro país: el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sociedades. Eso es lo que hizo que se ensanchara también la base imponible en España, y eso es lo
que necesitábamos. Porque, fíjense, cuando he leído que solo recaudamos 1200 millones de euros, les voy a recordar que 1200 millones de euros es el 90 % de lo que gasta el Sistema Nacional de Autonomía y Atención a la Dependencia, es el 90 % de los
gastos del personal de jueces, fiscales y secretarios judiciales de la Administración de Justicia, o el 79 % de las becas y ayudas a estudiantes. Sin olvidar que a partir de ese año siguen pagando impuestos, como les decía, porque esto no es una
leva extraordinaria, esto es una identificación que lo que hace es ensanchar las bases imponibles y está permitiendo recaudar todos los años sucesivos a partir de entonces. De manera que esos 40 000 millones de euros llevan cinco años pagando
-insisto- IRPF, IVA, sociedades, plusvalía, impuestos especiales, patrimonio. No tengo la cifra de cuánto puede haber contribuido a recaudar esto (La señora López Ares: Una renta perpetua), es muy difícil estimarlo realmente, pero lo que supone la
cifra, desde luego, es infinitamente más que en el año 2011, cuando no pagaban nada; eso sí que es del cero al infinito el incremento. Por tanto, estamos ante una consecuencia claramente positiva.


A mí también me hubiera gustado recaudar más, no seré yo quien me quede satisfecho con los 1200 millones de euros, pero, insisto, en el cálculo inicial que hicimos en la memoria del proyecto de ley se respondía a actuaciones que había habido
en otros países y, por tanto, nos quedamos en términos de recaudación a la mitad, pero es que nunca sabe uno exactamente qué es lo que hay, como es inevitable, habida cuenta del fenómeno de la ocultación. Lo importante es que ese proceso de
regularización fue bueno para el país porque atrajo dinero e ingresos públicos que antes no existían, dando así por clausurada una importante bolsa de fraude que anteriormente ningún Gobierno -y aquí hablo en plural- habíamos sido capaces de atajar.
Esto significa que nada de legitimar a los defraudadores, nada de abdicar de las fundaciones en materia de lucha contra el fraude fiscal, sino sacarlos de las sombras y situarlos al alcance de la Agencia Tributaria y de la justicia, porque esa ha
sido la siguiente labor que se ha hecho con los que se acogieron a la declaración tributaria especial, como explico en breve. De hecho,

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desde el año 2013 se ha incluido a los contribuyentes que utilizaron el modelo 750 de la DTE en un plan de control para tratar de detectar la existencia de rentas no declaradas en períodos impositivos no prescritos, ya fueran anteriores o
posteriores a la presentación de la declaración tributaria especial, así como la posible utilización fraudulenta del modelo 750 para acogerse a la misma.


Antes de abundar en esta cuestión deseo hacer mención al otro instrumento normativo que se puso en marcha, la Ley 7/2012, el modelo 720, que obliga a todos los residentes en España a informar sobre sus bienes en el extranjero.
Efectivamente, el modelo 750 de la declaración tributaria especial y el modelo 720 de la declaración de derechos y bienes en el extranjero nacieron de forma coordinada para no dejar espacios de sombra a los bienes que los residentes en España tenían
en el exterior. Al tiempo que incentivábamos la repatriación, la identificación de esos fondos en el exterior, aprobábamos una norma que obligaba bajo la advertencia de que aquellos que ocultaran su patrimonio en el exterior se enfrentarían a
graves sanciones. Esta declaración debe actualizarse anualmente de manera que permite conocer cómo evoluciona el valor de los bienes y derechos mantenidos en el extranjero.


En el año 2013, 138 036 residentes en España declararon bienes en el exterior por valor de 91 564 millones de euros, esto incluye la DTE obviamente. Aquella primera declaración presentada de esa manera en el año 2013 hizo que hoy, una vez
depurados y producidos los movimientos por la Agencia Tributaria en cada año, el valor de los bienes y derechos declarados en el exterior por los contribuyentes españoles alcance la cifra de 97 300 millones de euros. Estamos hablando de una cifra
muy importante, muy considerable y perfectamente identificada. En materia de lucha contra el fraude fiscal esto supone un instrumento, una herramienta en manos de la Agencia Tributaria de la que nunca antes se había dispuesto. Ello permite cruzar
continuamente los datos de los contribuyentes de la 720 con la 750 para ver si, efectivamente, la declaración 750 está bien y, como decía, es un instrumento de enorme utilidad a la hora de luchar contra el fraude.


Los datos que posee la Agencia Tributaria de todas estas personas han hecho posible la realización de miles de inspecciones para tratar de descubrir rentas ocultas y fraudes fiscales. Así, desde el año 2013 hasta ahora la Agencia Tributaria
ha realizado 10 990 actuaciones inspectoras a declarantes del modelo 720, que han tenido como consecuencia una deuda instruida de 1947 millones de euros que han tenido que abonar estos contribuyentes. Por el momento ya se han liquidado 971 millones
de euros. Asimismo, se han abierto 3943 inspecciones a declarantes del modelo 750, aflorando en términos de deuda instruida 279 millones de euros, de los que están liquidados 212 millones de euros. Tengo que insistir en que estos son
procedimientos abiertos, como reconoció en una carta enviada antes del 26 de noviembre pasado el director de la Agencia Tributaria. Por tanto, todos estos son procedimientos abiertos y los contribuyentes están sujetos a las inspecciones que puedan
ser pertinentes. Finalmente, se han realizado 2544 inspecciones a declarantes conjuntos, de los dos modelos, en los que se ha aflorado una deuda de 187 millones de euros, de los que ya están liquidados 143 millones.


El hecho relevante y que demuestra la eficacia de las medidas de la lucha contra el fraude es precisamente el afloramiento de patrimonio oculto de las personas que se acogieron a la DTE y al modelo 720, de la información sobre bienes en el
exterior, incluso años después de ponerse en marcha estos procedimientos. Lo que ha sucedido estos años es que las personas que se acogieron a la DTE y las que han utilizado el modelo 720, al saber que la Agencia Tributaria puede ejercer sobre
ellos una vigilancia especial, no han tenido más salida que seguir confesando incrementos patrimoniales que, en parte, supone afloramiento de patrimonios ocultos. No se explica de otra manera lo que ha sucedido, por ejemplo, con los declarantes del
impuesto sobre el patrimonio. Mientras el total del patrimonio declarado en España entre el año 2007 y el año 2015 disminuía de manera notable debido tanto a la crisis económica como a cambios normativos introducidos por las comunidades autónomas,
el patrimonio de los declarantes del 720 y del 750, colectivos especialmente vigilados por la Agencia Tributaria, iban en contra de esa tendencia y aumentaban. Así, mientras el conjunto de los contribuyentes manifestaba que su base imponible
declarada había bajado entre los años 2007 y 2015 casi un 32 %, desde los 514 161 millones de euros hasta los 350 298, los que se acogieron a la DTE declararon que su patrimonio en esos años se había incrementado un 82,30 %, pasando de los 28 624
millones de euros a los 52 181 millones de euros. Aquí está incluido tanto el patrimonio que en su día regularizaron a través de la DTE como el que han declarado posteriormente en periodo voluntario. Todos esos bienes han pagado y siguen pagando
los impuestos que les corresponde de acuerdo con las leyes tributarias de nuestro país, cosa que, insisto, no habría sucedido si no hubiésemos impulsado esta medida legislativa.

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En el caso de los declarantes del modelo 720, su patrimonio declarado se ha incrementado entre los años 2007 y 2015 un 78,6 %, al pasar de 61 182 millones de euros a 109 278. Finalmente, el patrimonio de los que han presentado los dos
modelos -720 y 750- casi se ha duplicado y ha pasado de los 23 892 millones de euros en 2007 a 46 025 millones en 2015, lo que significa un 92,64 % más. Para hacernos una mejor idea de la relevancia de estas cifras, baste decir que si en el año
2007 las personas que iban a convertirse en declarantes del 720 y las que se iban a acoger al 750 habían admitido un patrimonio que representaba el 12,82 % del total declarado en 2015, después de reconocer y, en su caso, regularizar este patrimonio
este ya representaba el 32,95 %, es decir, del 12,82 % al 32,95 % del total declarado por el conjunto de los contribuyentes. Así pues, estamos hablando de personas que en su conjunto poseen una gran cantidad de bienes -casi la tercera parte del
total declarado en patrimonio de nuestro país está declarado fuera de nuestras fronteras-, muchas de las cuales simulaban no tener tanto, sin duda alguna, con la aviesa intención de no pagar impuestos y habrían seguido así en numerosos casos, sin
pagar los impuestos que les corresponden, si no hubiéramos impulsado estas medidas y el Gobierno no hubiera puesto en marcha la declaración tributaria especial y la obligación de informar sobre los bienes en el exterior. Algo similar ha ocurrido
con el IRPF. De hecho, las bases imponibles de personas que se acogieron a la DTE se incrementaron entre 2007 y 2015 un 13,7 %, unos 450 millones de euros, mientras que en el caso de los declarantes del 720 aumentaron un 13,3 %, unos 1373 millones
de euros. Así pues, todas estas iniciativas de afloramiento de activos y de lucha contra el fraude han hecho que aumenten los ingresos fiscales por estos bienes que antes no tributaban. Decir, por tanto, que estas medidas han hecho perder ingresos
al Estado o asegurar que el Gobierno ha beneficiado a esos contribuyentes solo se puede hacer desde la ignorancia de la realidad o desde la mala fe.


Señorías, ¿qué pasa con la declaración tributaria especial después de la sentencia del Tribunal Constitucional? En primer lugar, recordemos que el fallo no afecta al fondo de la cuestión y que solo descalifica el instrumento utilizado, el
real decreto-ley. A partir de ahí, los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria señalan que tras la sentencia y debido a que la DTE no produce ningún efecto de interrupción en la prescripción, si se declararon rentas de un ejercicio prescrito,
se entiende que se imputan a dicho ejercicio prescrito. Este ya no puede ser objeto de ninguna comprobación por parte de la Administración tributaria ni el contribuyente puede rectificar o pedir devolución. Además, los bienes y derechos ocultos
que se consignan en el modelo 750 y cuyas rentas no se declararon inicialmente, se entiende que se declararon en el momento inicial y la DTE no produce ningún efecto de interrupción de la prescripción. Por lo tanto, ni la Administración tributaria
puede comprobarlo, ni el presentador de la DTE puede solicitar su rectificación o devolución. Asimismo, según la opinión de los servicios jurídicos, la Administración tributaria no puede comprobar directamente la DTE, aunque sí puede examinar sus
efectos en caso de estar comprobando algunos de los conceptos y periodos en los que se produzcan los efectos de la DTE, de manera que resulta imposible que pueda comprobarse individualizadamente el modelo 750 y sí es posible analizar, inspeccionar
los efectos de esa declaración en los ejercicios siguientes.


La conclusión es que cuando en un procedimiento de comprobación o investigación queda acreditado que las rentas descubiertas en el mismo se corresponden con las utilizadas para la adquisición de bienes o derechos objetos de declaración en la
DTE, se entenderán regularizadas las rentas conforme a lo declarado en la DTE y por esas rentas no procederá realizar una liquidación en el procedimiento de comprobación, pues la firmeza de la DTE impediría cualquier actuación de la Administración
tributaria. No obstante, aunque no puede comprobar directamente la DTE, sí puede examinar los efectos en caso de estar examinando algunos de sus conceptos y períodos en los que se produzcan los efectos de la DTE. Por el contrario, podrían
apreciarse situaciones no firmes si se detectase que las rentas descubiertas no se corresponden con lo declarado por el contribuyente en la DTE, con lo que se podría proceder a practicar la regularización tributaria correspondiente.


No quiero dejar pasar la oportunidad de confirmar en sede parlamentaria que la Agencia Tributaria sigue trabajando de cara a que las personas que se acogieron en la DTE y que, en su momento, pudieron no pagar lo que les correspondía terminen
haciéndolo. La intención y la voluntad del Gobierno es clara en relación con la lucha contra el fraude, y a ese respecto, junto a la oferta pública de empleo, cuando tengamos definitivamente aprobado el presupuesto del Estado para el año 2017,
propondremos a la Cámara un aumento extraordinario de la plantilla que en la Agencia Tributaria desarrolla la tarea de la lucha contra el fraude, y lo haremos junto al resto de los servicios que luchan contra el fraude, el fraude laboral, y también
en la mejora de determinadas gestiones de servicios a los que se les pueden quedar

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cortas las consecuencias y los efectos de la oferta pública de empleo. Por lo tanto, estamos en la mejor disposición de traerlo a través del mecanismo que ejerza los efectos legales más rápidamente posible.


En conclusión, como les he dicho en mi intervención, la DTE se presentó en su momento como una última oportunidad para regularizar dinero oculto y, a partir de ahí, hemos endurecido las sanciones, hemos aprobado leyes y hemos firmado
acuerdos internacionales muy importantes para evitar que situaciones como aquellas de ocultación de patrimonio, se repitan. Hoy les propongo que aquella última oportunidad que anunciamos se refleje en las leyes. Creo que hay un consenso muy amplio
en contra de que haya nuevas regularizaciones extraordinarias como las que ha habido en España en las últimas décadas. Por eso, les propongo modificar la Ley General Tributaria para que, incluso, lleguemos a prohibir expresamente nuevas
regularizaciones extraordinarias (Risas), regularizaciones que se ha demostrado que no gustan a nadie, y entendemos que las medidas que hemos adoptado en los últimos años en el nuevo contexto de transparencia internacional en el que estamos
trabajando -tengo que recordar que el año 2018 es el año en que entrará en vigor el intercambio de información tributaria muy amplio en un gran número de países, muchos de ellos considerados hasta ahora paraísos fiscales- serán muy necesarias.


Señoras y señores diputados, confío en que los datos que he aportado en esta comparecencia sirvan para despejar dudas entre los grupos que, realmente, estaban interesados en conocer estas explicaciones. Igualmente, estoy aquí para despejar
cualquier reserva o cualquier duda que les pueda haber quedado.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


A continuación, voy a dar la palabra a los grupos por orden de menor a mayor, como he comentado, por un tiempo de diez minutos. En primer lugar, por el Grupo Mixto, que creo que se van a distribuir el tiempo entre dos, tiene la palabra el
señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia en el día de hoy. Tengo cinco minutos y, por tanto, intentaré ser conciso y pedir las explicaciones que entiendo que no ha dado. Yo comparto con usted el diagnóstico; la sentencia del
Tribunal Constitucional establece que no se podía regular lo que se reguló por real decreto-ley, sino que se tenía que haber hecho por ley. Desde el Partit Demòcrata le pedimos que nos dé las explicaciones de por qué se hizo por real decreto-ley.
Como usted sabe, Convergència i Unió convalidó este real decreto-ley y, por lo tanto, no somos sospechosos de toda esta argumentación que usted señalaba. Pero, a su vez, en aquel momento pedimos claramente que se tramitara como proyecto de ley y
votamos a favor de tramitarlo como proyecto de ley. Por lo tanto, estamos legitimados para pedir explicaciones de por qué no se utilizó este mecanismo. Nosotros se lo pedimos en aquel momento y, además, llovía sobre mojado. La sentencia se lo
recuerda; el criterio que está aplicando esta sentencia es el mismo que aplicó en una sentencia el mismo Tribunal Constitucional en 2005, y se refería -fíjese usted- al Real Decreto-ley 7/1996, siendo ministro de Economía y Hacienda en aquel
momento el señor Rodrigo Rato, y usted -si no recuerdo mal- era secretario de Estado de Economía. En aquel momento, mediante real decreto-ley, establecieron la modificación del régimen tributario -si lo recuerda- de los incrementos y disminuciones
patrimoniales del IRPF. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que no se podía utilizar este mecanismo de real decreto-ley si no era posteriormente desarrollado como ley, para este tipo de modificaciones tributarias. El artículo
86 de la Constitución es claro. Por lo tanto, nosotros lo que queremos hoy es una explicación de por qué no se tramitó como proyecto de ley. Entendemos perfectamente la urgencia y la extraordinaria situación del momento, pero si teníamos un
antecedente, si se lo advirtieron determinados grupos y se lo pedimos, no entendemos por qué en aquel momento la mayoría absoluta del Partido Popular en esta Cámara impidió lo que después se ha constatado que era una realidad. Esencialmente, esta
es la explicación que quisiéramos esta tarde.


Usted ha dicho que le hubiese gustado, con esta disposición adicional primera del Real Decreto 12/2012, recaudar más. A nosotros también. De hecho, nosotros apoyamos esta medida confiando en que se recaudaría más. Había una tributación
mínima, que era una tributación del 10 %, pero después, por una interpretación que nunca fue convalidada por esta Cámara, determinadas personas que regularizaron no llegaron a tributar ni el 0,1 %, si podían acreditar que tenían unos determinados
fondos en unos ejercicios prescritos. Esto nunca fue convalidado ni aprobado por esta Cámara; fue una interpretación que se hizo, que nosotros no compartimos y que, seguramente, fue lo que generó una parte de esta menor recaudación. Yo creo que
los cálculos no los habían hecho mal, que lo que hicieron mal fue la interpretación posterior de esta norma. Por tanto, no le vamos a pedir explicaciones, puesto que lo hemos hecho en reiteradas

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ocasiones, no las hemos obtenido y tampoco confiamos obtenerlas en este momento. Pero sí le pido explicación -y entiendo que estoy legitimado para hacerlo- porque nosotros, en esos momentos críticos que vivía el conjunto del Estado español,
asumimos responsabilidades que después no nos han sido compensadas. Estoy pensando en la Ley de Estabilidad Presupuestaria; nuestro grupo aprobó la ley con una enmienda, una disposición adicional -si lo recuerda- en cuanto al reparto del déficit
entre diferentes niveles de la Administración, y eso no se cumplió. Igualmente, entendemos que tampoco se cumplió la disposición adicional primera, que es objeto de esta sentencia del Tribunal Constitucional, en tanto en cuanto se evitó la
tributación al 10 %, eximiendo de tributación en algunos casos concretos. En todo caso, espero explicaciones en relación con la utilización de este mecanismo del real decreto-ley para modificaciones tributarias que incluso no son admitidas en la
propia Ley de Presupuestos Generales del Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.


Tiene la palabra el señor Candela.


El señor CANDELA SERNA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, en primer lugar, quien habla de amnistía fiscal es el Tribunal Constitucional, y lo digo por bajar a la tierra y establecer las palabras adecuadas. Una primera cuestión, el Tribunal Constitucional también hace referencia al
fondo de la cuestión cuando afirma que se quebranta el artículo 31.1 de la Constitución. Eso habría que tenerlo en cuenta. Y permítame que le diga una cosa, desde el afecto incluso, porque hay que ser cínico e insultante para que ustedes planteen
que la amnistía fiscal la hicieron para los funcionarios, para los parados y para los pensionistas. Parece ser que ustedes hicieron de amnistía fiscal por el país, que lo hicieron a mayor gloria de este país.


Antes de entrar en los datos, permítanme que les diga que solo tienen dos tipos de argumentos: el miedo y la amenaza, o nosotros o el caos, o nosotros o esto se va al garete. Ustedes no son capaces de ser rigurosos porque ustedes afirmaban
en el año 2012 que estas medidas se hacían para corregir el déficit, que rondaba el 10 % y cuando uno ve el objetivo de recaudación que ustedes tenían y ven lo que realmente recaudaron, las cifras son claras. De los 2500 millones eso representaba
el 2,4 % del déficit público de 2012 y que recaudaron finalmente fue el 1,1 % de lo que corresponde al déficit público. Entiendo que ahora ustedes puedan cambiar la argumentación, pero eso es lo que decían. Por tanto, hay un engaño de base a la
sociedad.


Otra cuestión. Ese mismo año cuando ustedes aplican la amnistía fiscal se estaba redactando la Ley Antifraude. ¿Por qué si ustedes querían perseguir el fraude fiscal no apoyaron esa ley e hicieron la amnistía fiscal? Usted ha dicho, y yo
le creo, que quieren luchar contra el fraude fiscal. Hagan caso a lo que vienen diciendo los técnicos de Hacienda, lo que viene diciendo el sindicato Gestha. En este país hay la mitad de recursos humanos que en la Unión Europea y, casualmente, hay
el doble de economía sumergida. Solo el 20 % de la plantilla de técnicos investiga a grandes defraudadores, pero es que además hay una cuestión muy importante que no dicen, que es que hasta 2008 los técnicos podían investigar. Desde entonces, para
cuotas mayores de 120 000 euros se declara un informe de especial dificultad sobrevenida y la investigación la firma un inspector, y solo hay ochocientos inspectores en España. Esto origina que los técnicos no quieran investigar estos casos porque
saben que no acabarán llevándolos ellos, con la consiguiente caída de las denuncias por delitos fiscales. Casualmente, es lo que ha pasado en 2016, tal y como denuncia Gestha.


Otra cuestión. Usted hablaba del famoso cebo para que aflorase y, según los datos ya disponibles, solo el 3% del patrimonio ha aflorado. Claro, a mí la pregunta que me surge es: ¿Para qué un defraudador va a declarar sus rentas o su
patrimonio si sabe que hay libertad de movimiento de capitales, que no se persiguen los paraísos fiscales y encima aquí la lucha contra el fraude fiscal es muy mejorable? Esa es la cuestión de fondo. De hecho, de los 40 000 millones que usted
dice, 28 000 ya habían prescrito y solo serían 12 000. Ustedes tienen que argumentar muchísimas cuestiones y falacias, pero la realidad es clara, la realidad es que ustedes hicieron esta amnistía fiscal para evitar mayores casos de corrupción.
Usted esta mañana decía que solo hay un ex miembro del Partido Popular. Dé la orden y publique los nombres porque no hay ningún tipo de problema.


Termino porque veo que se me acaba el tiempo. Usted quiere aparecer aquí como un gran estadista y usted no es más que un Tom Hagen. No sé si conoce o sabe quién es Tom Hagen o ha visto la película de El Padrino. (Risas). En El Padrino,
Tom Hagen era -sí, sí, ríanse, pero es verdad- la figura clave de

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la familia Corleone, era el que ayudaba a blanquear los dineros y el que ayudaba a normalizar a los criminales. Usted, señor Montoro, y se lo digo con todo el respeto, pero con toda la contundencia [no ha sido más que el blanqueador del
dinero de los criminales.] 1 (Rumores.- Protestas).


Le voy a decir una cosa para terminar. A usted le va a salvar el Tribunal Constitucional, que dice que esto no se puede echar atrás, pero usted debería también estar en la cárcel porque [lo que ha hecho es un atraco a mano armada a este
país.] 2 (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Señor, presidente!).


El señor PRESIDENTE: Señor Candela, perdone un momento.


El presidente de la Comisión soy yo. Esta mañana hubo un caso parecido y la presidenta no era yo; tomó la palabra al final de la intervención y se va a seguir el mismo criterio. Déjenme que haga mi trabajo.


Puede terminar.


El señor CANDELA SERNA: Ya había terminado.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): ¿El Gobierno puede intervenir en cualquier momento?


El señor PRESIDENTE: Sí.


Iba a comentar que el uso de este tipo de comparaciones de mafiosos y de crímenes no son los más correctos para utilizar en esta Cámara. En este caso, igual que esta mañana, el criterio que marca la Presidencia es que se retire este tipo de
calificaciones y, en ese caso, desaparecerían del Diario de Sesiones. Así se lo pregunto al señor Candela.


El señor CANDELA SERNA: No. Es una valoración política que creo que está bastante fundamentada y no la voy a retirar. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, se retirará entonces por parte del presidente, que creo que tiene facultades para ello.


Tiene la palabra, en nombre del Grupo Vasco, la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.


Buenas tardes, señor ministro. Quiero darle las gracias por su comparecencia y por ofrecer explicaciones en torno a la situación del año 2012 y por ofrecer también explicaciones en torno a la inconstitucionalidad de la declaración
tributaria especial del año 2012. Nuestro grupo, como usted sabe, fue crítico, se posicionó en contra de dicho decreto y, de hecho, no aplicó esa amnistía fiscal, entre comillas, en Euskadi. Si bien podíamos estar de acuerdo con otras medidas que
se establecían en ese decreto, como el no incremento de la imposición indirecta o la modificación del impuesto sobre sociedades, y nos solemos abstener, no lo estábamos con la disposición a la que remite la sentencia.


Séneca decía que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía y eso podríamos decir de la recientemente publicada sentencia del Tribunal Constitucional que, valga la redundancia, declara inconstitucional la disposición
adicional que aprobó el Gobierno sin consenso con el resto de partidos, con una mayoría absoluta parlamentaria en 2012 y a través de la fórmula del real decreto-ley y que afectaba a contribuyentes de IRPF, sociedades e impuesto sobre la renta de no
residentes. Es verdad que el Tribunal Constitucional ha tardado cinco años en pronunciarse sobre este recurso y sorprende que el pronunciamiento se publique tres semanas después de producirse la prescripción del IRPF y mes y medio después de la
prescripción del impuesto sobre sociedades. Una justicia tardía y, sorprendentemente, también oportuna, ya que no tiene efectos retroactivos y, por tanto, avala las regularizaciones realizadas.


Quiero apuntar, por un lado, que la sentencia establece que el instrumento del real decreto-ley solo puede utilizarse en aquellos supuestos en los que no se afecta a los deberes de los ciudadanos regulados en el título I y concretamente al
deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, lo que supone que unos de los deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley es el deber de contribuir a este sostenimiento de los gastos públicos. Con estas y otras
afirmaciones de la sentencia y con la reducción de los tipos de impuestos, sobre todo en la parte del IRPF, se provoca una alteración del régimen general y de los elementos esenciales del los tributos que eran objeto de esa disposición. Por


1 Palabras retiradas de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.


2 Palabras retiradas de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.

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tanto, entendemos que resulta manifiestamente abusivo el uso de real decreto-ley al que tan adicto fue el Gobierno Popular durante su mayoría absoluta.


La Abogacía del Estado también ha tenido que realizar un esfuerzo desmesurado, incluso de especulación, para poder fundamentar la posición del Gobierno en este real decreto-ley, reflexiones genéricas sobre la situación económica del Estado
y, lo que resulta inédito en la doctrina constitucional, recomendaciones de la OCDE pretendidamente legitimadoras de procedimientos especiales de declaración voluntaria con el objetivo de aumentar los ingresos públicos en tiempos de crisis. No
realiza ninguna referencia a la circunstancia de que estas recomendaciones de la OCDE no pueden dirigirse a quienes, incumpliendo sus obligaciones tributarias, han incurrido en infracciones administrativas o penales.


Con esta medida, que lo que pretendía era atajar el déficit público arguyendo razones de urgencia a través del decreto-ley, se permitió la regularización de bienes no declarados. Dicho de otra manera, que creemos que es lo que reprocha la
sentencia del Tribunal Constitucional, al decir que de no haber declarado la inconstitucionalidad del precepto se estaría legitimando el comportamiento insolidario a quienes hubieren ocultado renta y se hubieran acogido a la regularización,
beneficiándose de una tributación más favorable que el resto de contribuyentes. Es decir, legitimaría la conducta defraudadora. Además, observamos que de los que se han acogido a la amnistía fiscal algunos también están incursos en procesos
judiciales.


Tenemos que decir que es verdad que existen procedimientos ordinarios en el ámbito de haciendas públicas para regularizar patrimonios ocultos de manera voluntaria, identificación de las cuentas opacas, certificaciones de la titularidad de
las mismas, elaboración de las correspondientes declaraciones complementarias con pagos de principal, intereses y recargos, y la medida aprobada por el Gobierno supuso para nosotros -ya sé que no le gusta la palabra- una amnistía fiscal confirmada
ahora por el Tribunal Constitucional, un proceso extraordinario. Amnistía porque al aflorar dinero y pagar un recargo sobre una cifra global, que empezó con un 10 % y parece ser que se ha quedado en torno a un 3 %, se podrían blanquear unos fondos,
algunos de los cuales podrían ser opacos porque puede que se desconozca el origen de los mismos. Además, se exculpaba de la responsabilidad penal a que hubiera lugar por la ocultación de esos recursos, haciendo tabla rasa con el conjunto de los
sujetos tributarios que están al día de sus obligaciones con Hacienda. La medida que aprobó el Gobierno, ya lo dijimos, supuso para nosotros una injusticia y un agravio comparativo para con quienes satisfacen sus obligaciones tributarias, y pone en
entredicho la voluntad real de la Administración en la lucha contra el fraude. Si verdaderamente, como ha afirmado usted hoy en diversas declaraciones y aquí mismo, esta medida se adoptó por la situación de crisis financiera, por la necesidad de
mayores ingresos en circunstancias extraordinarias para atajar el déficit, quizá si el señor ministro en lugar de hacer valer su mayoría absoluta hubiera buscado el acuerdo con el resto de grupos parlamentarios se hubieran abordado de forma mucho
más razonable algunos elementos para la lucha contra el fraude fiscal, donde también podrían o deberían existir fórmulas que permitan localizar o aflorar aquellos patrimonios que se mantienen en el extranjero.


Mantener una lucha decidida contra el fraude es necesario. Además, la gente que tiene patrimonio no declarado tiene que entender que, si las distintas Haciendas lo descubren, el efecto tiene que ser demoledor. Parece ser que la finalidad
perseguida con este decreto era aflorar patrimonios ocultos y que a corto plazo se buscaba liquidez y a medio plazo incrementar las bases imponibles de los contribuyentes una vez que se consolidaban los patrimonios y rentas que estaban ocultos; en
definitiva, una finalidad económica, pero también habría que haber barajado los riesgos e inconvenientes que la misma podría acarrear, tales como la manifestación de la incapacidad de la Administración para hacer frente al fraude u otras, siendo
necesario, a nuestro juicio, un consenso con los demás grupos. Además, se adoptó una medida que entendemos que debería haber tenido también en cuenta los principios éticos o morales de la sociedad, además de los principios de generalidad, capacidad
económica, igualdad y progresividad. Y es que, lamentablemente, no parece que la justificación dada sea suficiente o responda a lo que se espera de una Administración a la que se le piden, en los casos de fraude fiscal, eficacia y eficiencia en la
persecución y castigo de este tipo de conductas. Cuando optaron por este tipo de medidas, ¿hicieron un juicio también de la ética o moralidad de las mismas o simplemente aplicaron un criterio economicista?


También me gustaría añadir que el objetivo de obtener unos ingresos adicionales quedó lejos de lo que finalmente se recaudó. Me gustaría saber por qué pasó esto.


Nuestro grupo, usted lo sabe, se suele mostrar a favor de aquellas medidas que tengan que ver con el aumento de la lucha contra el fraude entendiendo, además, que son muy necesarias. La lucha contra

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el fraude, la lucha contra los delitos fiscales, además de ser un tema recaudatorio, es un asunto de justicia social y de ética que demanda la ciudadanía, y aquí entendemos que se deben facilitar elementos de coordinación o de cooperación
para erradicar el fraude, las amnistías y los paraísos fiscales, tarea que, sinceramente, creo que es de todos los grupos y partidos políticos. No es vendible ni explicable que en el corazón de la Europa que llamamos democrática los ricos puedan
ocultar sus fortunas y no pase nada o casi nada. Creo que todos somos necesarios y todas las ideas y propuestas deberían ser consideradas. El primer paso para luchar contra el fraude fiscal es establecer medidas preventivas, lo que hoy llamamos
medidas de transparencia y de buen gobierno. Es necesario que los ciudadanos y ciudadanas recuperen la confianza en las instituciones, que todos los ciudadanos podamos considerarnos iguales ante la ley y que la conciencia fiscal de los ciudadanos
mantenga los niveles de los países desarrollados.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÈ: Gracias, presidente. Bona tarda a tothom.


Senyor ministre, hoy está aquí para dar explicaciones sobre la amnistía fiscal -dígalo, amnistía fiscal, no pasa nada por llamar a las cosas por su nombre- que usted, su ministerio, impulsó en el año 2012 y para dar explicaciones sobre las
responsabilidades que su Gobierno o que usted piensa asumir después de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional la amnistía fiscal. Ya nos ha dicho que no las va a asumir pero en todo caso es obligación, en este caso de este
grupo parlamentario, pedirlas. Usted, en 2012, impulsó, a pesar de su creatividad eufemística para intentar esconder la vergonzante verdad, una amnistía fiscal. En el año 2012, cuando ya se habían iniciado los salvajes recortes a la gran mayoría
de la población, usted, su ministerio, el Gobierno del Reino de España, decidieron amnistiar a todos aquellos que tenían sus fortunas en paraísos fiscales. Por supuesto, quienes tenían ese dinero en paraísos fiscales no eran ni las clases
trabajadoras ni las clases populares sino las grandes fortunas. Por cierto, en buena parte esas grandes fortunas provenían o provienen de conductas ilícitas o ilegales, más allá de los propios delitos tributarios, como es el caso del señor Rato, de
Bárcenas, de Diego Torres, de la familia Pujol, de Rodríguez Sobrino del caso Lezo, etcétera; en definitiva, de delincuentes.


Usted, su ministerio, el Gobierno del Reino de España, adoptaron una medida que beneficiaba a las grandes fortunas defraudadoras, a quienes se les permitió lavar su dinero negro por el módico precio de un 10 % y sin ningún tipo de recargo,
interés de demora, sanción o responsabilidad tributaria. Curioso, porque además contrasta con el hecho de que un simple despiste en la declaración de la renta puede costarle a un trabajador, a un autónomo, a un ciudadano normal pagar los impuestos
pendientes con los correspondientes intereses, sanciones y demás; a las grandes fortunas defraudadoras se les eximió de todo ello. Además, como decía con anterioridad, se estableció que solo pagaran un 10 % de ese dinero, que es lo mínimo que
hubieran pagado en el mercado negro para blanquearlo. Pero, lo que voy a decir es aún peor, ya que al final las grandes fortunas han acabado pagando efectivamente un interés del 3% o, dicho en palabras, ustedes han permitido -usted ministro, su
ministerio, el Gobierno del Reino España- a los defraudadores blanquear el dinero que tenían en paraísos fiscales solo con un coste del 3 %.


Señor Montoro, es realmente alucinante que usted intente combatir el mercado negro de blanqueo de dinero haciéndoles competencia desleal, que es lo que ha hecho usted. Además, con su amnistía fiscal a las 31 500 fortunas defraudadoras solo
consiguió recaudar menos de la mitad de lo que usted había previsto y había anunciado. Recaudó 1200 millones de euros de los 2500 millones previstos, mientras se permitió un fraude de 2800 millones. En fin, como ministro de Hacienda usted no tiene
parangón. Los defraudadores, señor ministro, señor Montoro, son personas que han robado a la ciudadanía, simple y llanamente, y el dinero robado es aquel que hemos pagado y seguimos pagando en forma de recortes. Los defraudadores son delincuentes
a los que usted, ustedes, han indultado manteniéndoles en el anonimato. Su Gobierno, lejos de castigar a los grandes defraudadores, los ha premiado, porque en definitiva continúan estando escondidos y no sabemos realmente quiénes son.


Señor ministro, ustedes se llenan la boca hablando de solidaridad interterritorial y resulta que con su proceder han premiado a quien es insolidario, a quien practica la insolidaridad fiscal y social, tanto a los que son insolidarios con el
resto de la población -a la que con su injusto sistema fiscal someten a expolio fiscal- como a la insolidaridad y la competencia desleal de algunas grandes empresas respecto de las miles y pequeñas medianas empresas que pagan puntual y cívicamente
sus impuestos. He traducido las palabras de uno de los fundamentos de derecho de la sentencia del Tribunal Constitucional, que viene a

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decir esto. Es verdad que la sentencia, en definitiva -usted también lo dicho-, es una declaración que dice que el procedimiento seguido no es el correcto pero que las consecuencias van a ser nulas, pero la sentencia dice cosas, entre ellas
la que le acabo de traducir en palabras sencillas para que todo el mundo lo pueda entender. De manera que su amnistía a los defraudadores es una humillación y un insulto para quienes cumplen con sus deberes tributarios. Su política, lejos de
estimular el pago de los impuestos, incentiva el fraude y la elusión fiscal y es por ello que después de las respectivas amnistías fiscales -el PSOE también hizo alguna y el PP ha hecho esta última- ha sido el Tribunal Constitucional quien ha tenido
que intervenir para frenar la barra libre que existía en este punto. Por cierto, señor ministro, un ponente de la sentencia del Tribunal Constitucional que fue diputado del Partido Popular durante diecisiete años ha declarado inconstitucional su
amnistía fiscal. Pero resulta curioso porque, además, se ha tardado tiempo en dictar esta sentencia; llega cuando los posibles delitos pueden encontrarse ya prescritos, algo curioso, raro, porque el Tribunal Constitucional va a la velocidad de la
luz cuando se trata de declarar inconstitucionales las leyes catalanas. Por contraste me gusta ponerlo de relieve. Y por tanto, dice también el Tribunal Constitucional, no habrá responsabilidades; usted también lo ha recordado, ministro, al
inicio de su intervención. Señor ministro, el hecho de que no existan responsabilidades de la índole que sea para quien se hubiese acogido a la amnistía fiscal no significa que no deba haber responsabilidades políticas y desde Esquerra Republicana
creemos que debería haberlas. Y la responsabilidad política en cualquier país democrático, donde impera la ética, el buen gobierno y la transparencia, se demuestra mediante la dimisión. No se la voy a pedir, señor ministro, porque, como ya he
dicho en alguna ocasión, en España que un ministro dimita es un oxímoron; por tanto, no se la pedimos, ya sabemos que a ustedes solo les pueden dimitir las urnas, esto es así, y dado que elección tras elección, por mucho que se repitan, ustedes
siguen ganando, nos guste mucho o poco la posibilidad que tenemos las catalanas y los catalanes de dimitirlo no es otra que votando que sí al referéndum el próximo 1 de octubre y anunciando que, efectivamente, usted compone ese ejército de ministros
por el sí que nos puede hacer ganar el referéndum. Como imaginamos, señor ministro, que no va a dimitir y que incluso sigue sacando pecho de su amnistía a los defraudadores argumentando que esta amnistía permitió a la Agencia Tributaria
identificarlos y, por tanto, que hayan aflorado, si esta es su coartada, por favor, sean más eficientes y que la coartada sea más consistente, en este caso entendiendo que deberían inspeccionar y hacerlo bien, porque en estos momentos solo han
inspeccionado el 10 % de las grandes fortunas defraudadoras. Señor Montoro, el Tribunal Constitucional ha demostrado una vez más que el Gobierno al que da apoyo el Partido Popular incumple la ley. Se lo he dicho en muchísimas ocasiones, ustedes
todo el día tienen la ley en la boca pero al final son los principales incumplidores de la ley y así se lo ha dicho el Tribunal Constitucional. A pesar de que ustedes se llenan la boca de legalidad, terminan siempre saltándose a la torera la ley
cada vez que así lo desean y lo determinan.


Terminaré recordando a Joan Fuster, del que hoy se cumplen veinticinco años de su muerte, que decía: 'Los desmemoriados siempre tienen la conciencia tranquila'. Nosotros, Esquerra Republicana, hoy le hemos hecho un ejercicio de memoria;
usted evalúe su conciencia.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.


Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Montoro, buenas tardes.


En esta vida llega un día en que te suelen alcanzar las consecuencias de tus actos y en el caso de la amnistía fiscal de su Gobierno, del Gobierno de Mariano Rajoy, estas parece que llegaron con la sentencia del Tribunal Constitucional de 8
de junio de 2016. En esta sentencia convendría aclarar un par de cuestiones. En primer término que, efectivamente, la amnistía fiscal, de salida, fue una chapuza, porque hacerlo por decreto-ley, afectando de forma sustancial al deber de contribuir
-que en la práctica se limitó a que pagasen un 3 % del patrimonio aflorado-, claramente afecta al deber fundamental de contribuir. Eso es inconstitucional. Pero, también, el Tribunal Constitucional, por unanimidad y siendo ponente un exdiputado
del Partido Popular, dijo que esto contravenía los principios elementales de justicia tributaria, que legitimaba el fraude, que abdicaba del trabajo que tiene que hacer el Estado para hacer cumplir las leyes y el principio de justicia tributaria del
artículo 31 de la Constitución. Esto estaba bastante claro porque no es que lo dijesen para deslegitimarlo el Partido Socialista o rojos peligrosos, sino que ya los inspectores de Hacienda avisábamos que era inconstitucional. De hecho, a los tres
días (Muestra un

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documento) salió esta noticia en El País: 'La amnistía fiscal es inconstitucional según los inspectores de Hacienda'. Es decir, era algo francamente evidente. Esto es lo primero que se le puede decir.


Pero, además, tengamos en cuenta que el Tribunal Constitucional ha tardado cinco años que, efectivamente, es mucho tiempo, pero seamos también claros, cuando no afecta a situaciones firmes le están haciendo a usted un favor y nos están
haciendo un favor a todos los españoles, porque si afectase a las situaciones firmes -que podría hacerlo, porque estamos hablando de una declaración de inconstitucionalidad- habría que devolver 1193 millones de euros a los señores que se acogieron a
esto porque a estas alturas sus obligaciones tributarias de renta, sociedades y demás están prescritas. Todo esto se hubiese evitado haciendo caso a lo que pactamos en el acuerdo de investidura y a lo que aprobó esta Cámara, en algún caso hasta con
el voto del Partido Popular, y se hubiese procedido a comprobar a estos señores. Porque entonces la situación de estos señores estaría en comprobación y no sería una situación firme. Hoy se han amparado todos en que la sentencia no sirve para
nada; afectará a los que no tengan una situación firme, a los que estén siendo objeto de comprobación.


Otra inexactitud que se ha deslizado hoy -y sus explicaciones, francamente, a nuestro grupo le parecen muy insatisfactorias- es que esto no afectaba a los contribuyentes que estuviesen siendo objeto de comprobación administrativa o de
actuación judicial. Lo de actuación judicial no es verdad, léase el punto 4 de la disposición adicional primera del Decreto-ley 12/2012. Esta gente podía presentar la declaración tributaria especial -algunos la presentaron- y precisamente
coincidía, desgraciadamente, con presuntos corruptos. También es una verdad a medias el tema de la famosa declaración tributaria especial, mejor conocida como una amnistía fiscal, porque lo que dice la Real Academia, lo que decíamos los
inspectores, lo que ha dicho luego el Tribunal Constitucional, lo que ha dicho Ciudadanos, es que perdonar los impuestos legalmente es una amnistía. Le reconozco que fueron más obscuras las dos anteriores amnistías fiscales que hizo el Partido
Socialista que, efectivamente, no fueron declaradas inconstitucionales porque ustedes no las recurrieron al Constitucional, que eran los únicos que podían; en 2012 era el Partido Socialista y la recurrió. Eso es así, pero la orden ministerial de
declaración permitía el pago en efectivo y el efectivo -se lo dice un inspector de Hacienda- no es rastreable. Por tanto, había un grave riesgo de blanqueo de capitales que no fuimos los únicos en advertir. Pero todo esto, por lo menos, aunque con
grave riesgo de blanqueo, permitía recaudar más. El informe de la Dirección General de Tributos, que contravenía el tenor literal de la ley y que hizo que se pagase menos de un 3 %, no tenía ninguna explicación. Simplemente no la tenía, porque al
final, como pagaron mucho menos de lo previsto, el objetivo recaudatorio -lo único que teóricamente puede legitimar una amnistía fiscal- se quedó por debajo de la mitad. Eso no ha tenido ninguna explicación y, desgraciadamente, eso sí favoreció de
forma sustancial a una serie de defraudadores, algunos de los cuales están muy relacionados con casos de corrupción. Yo creo, en referencia a sus declaraciones de hoy, que lo que tenía que haber hecho la Agencia Tributaria era haber comprobado la
situación fiscal y haber seguido el rastro del dinero y no dedicarse a mirar el carné del partido político para afirmar si son de un tipo o de otro.


Por otra parte, usted ha hablado del afloramiento de bases imponibles. Eso está muy bien, pero el informe anual de recaudación del año 2012 estima la recaudación indirecta derivada de la amnistía fiscal en 350 millones de euros al año. Por
cierto, estos 40 000 millones de euros técnicamente no son afloramiento de bases sino que es aflorar patrimonio, porque eso no es la base de ningún impuesto. Por todos los conceptos se obtienen 350 millones de euros al año y claramente -en nuestra
opinión- la amnistía fiscal tuvo un coste muchísimo mayor en deslegitimación y en pérdida de conciencia fiscal que 350 millones de euros al año, que es al final lo que se obtiene de todo esto. A nosotros nos parece bastante criticable porque,
efectivamente, la situación en el año 2012 era muy mala, eso es así, pero no significa que todas sus decisiones fuesen las más eficaces. En este caso, si esta decisión fue eficaz fue para que determinados defraudadores, los peores, pagasen muy
poco, pero no fue eficaz para recaudar y no ha sido eficaz para legitimar la actuación del Estado. Y no lo decimos nosotros. O lo hemos dicho reiteradamente desde Ciudadanos, pero lo ha ratificado el Tribunal Constitucional. También le rogaría a
este respecto que si ustedes creen ahora que hay que prohibir las amnistías fiscales por ley... Pero, como usted ya sabe, esto no sirve para nada porque una ley siguiente derogaría la correspondiente ley; es decir, esto habría que hacerlo por la
Constitución, pero a estas alturas no hace falta porque el Tribunal Constitucional acaba de declarar por unanimidad, con claridad meridiana -la lástima es que hayan tardado cinco años- que esto infringe el artículo 31 de la Constitución, lo que
ocurre es que, como previamente siempre se analiza antes la forma que el fondo y esto también infringe el artículo 86 de la Constitución, evidentemente ningún Gobierno podrá hacer en el futuro, si se quiere atener a la Constitución

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-lo que el Tribunal Constitucional ha declarado que ustedes no hicieron-, una amnistía fiscal. En fin, creemos que en el año 2012 los españoles no se merecían que a la vez que se les subían los impuestos a los contribuyentes, que ya los
pagaban, se les perdonasen los impuestos a los peores defraudadores y se recortasen los medios en la lucha contra el fraude fiscal. De hecho, en los cuatro años que ustedes han estado en el Gobierno han disminuido en 3000 personas el personal de la
Agencia Tributaria. Esta combinación no es lo que los españoles se merecen.


Ahora mismo, en primer término, los españoles se merecen unas disculpas, esos españoles que en este momento están haciendo la declaración de la renta y a los que les sale bastante más de un 3 %, que están cumpliendo todos los años y cuyo
esfuerzo es el que está sacando a este país de la crisis. En segundo término, los españoles también se merecen que se agoten las posibilidades de comprobación, porque muchos de estos contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal -que ahora
es inconstitucional- ahora tienen un incremento de patrimonio. Por cierto, yo estoy de acuerdo con el informe del servicio jurídico de la Agencia Tributaria, pero es bastante absurdo. Usted dice que no se puede comprobar la amnistía fiscal. No,
claro, ya no se puede comprobar una cosa que es inconstitucional de raíz, pero lo que sí está claro es que sobre todo aquellos contribuyentes que en 2012 declararon cuantías en efectivo -por ejemplo, un defraudador que mete un millón de euros en la
cuenta a mitad de 2012- ahora tienen un incremento de patrimonio que podría ser comprobado. La lástima es que prescribe el 30 de junio, pero -no nos va a hacer caso, pero creemos que sí serviría- esta gente debería ser comprobada porque tienen un
IRPF de 2012 abierto. Por otra parte, nos parece una cuestión básica para intentar recuperar algo de la legitimidad perdida que los más de 700 casos de blanqueo de capitales -estos casos que le dejó la Agencia Tributaria y que envió al Servicio de
Prevención del Blanqueo de Capitales- se envíen a los órganos jurisdiccionales para que se depuren las responsabilidades, porque en este caso no estamos hablando de contribuyentes defraudadores solamente, que también, sino de casos de presuntos
corruptos, de gente que estaba trabajando, por ejemplo, en la Administración o en la judicatura, y esto debe ser depurado porque son casos conocidos.


Por último, usted ha hablado de un decreto-ley para incrementar los medios de la Agencia Tributaria, para empezar a recuperar esta pérdida de personal. Ayer su grupo, el Grupo Popular, votó en el Senado contra el incremento de medios en la
Agencia Tributaria que propusimos nosotros en la enmienda número 842; de hecho, es la única que llevamos en el Senado. Creemos que también es una cuestión básica que deberían abordar si ustedes quieren recuperar algo de la legitimidad perdida en
la lucha contra el fraude, porque, señor Montoro, los españoles no se merecían en 2012 una combinación de amnistías fiscales para los defraudadores, de subida de impuestos a los contribuyentes honestos que ya los pagan y de recortes de medios en la
Agencia Tributaria. Creemos que todo esto deslegitima y que es precisa una actuación urgente. En cualquier caso, le expreso que desde el punto de vista de mi grupo todas las explicaciones que hemos recibido hoy nos han parecido muy poco
convincentes y muy decepcionantes, lo que creemos que tendrá consecuencias políticas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.


En nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Montoro, llevamos cinco años ya debatiendo sobre este tema en concreto, se han dicho muchísimas cosas respecto de la amnistía fiscal, conocemos bien las posiciones de la mayoría de los grupos y, por lo tanto, no vamos a sorprender a
nadie con nuestra intervención, igual que usted tampoco nos ha sorprendido a nosotros. Sin embargo, en su prolongada trayectoria como ministro y cargo público supongo que habrá pocas personas que le hayan llamado tantas veces antisistema como lo he
hecho yo a lo largo de estos cinco años, y lo he hecho sistemáticamente pensando en el artículo 31 de la Constitución, pensando que ese artículo dictamina que el sistema fiscal debe ser progresivo y que, por lo tanto, tiene que ser también justo y
permitir que se sostengan los ingresos de forma equitativa a lo largo de las diferentes estructuras de renta de nuestro país. Eso afectaba a las reformas fiscales de su Gobierno, que hemos criticado sistemáticamente desde nuestro grupo, pero
también afectaba a la amnistía fiscal que ustedes aprobaron en el año 2012, y esto, que se quedaba en el ámbito de la retórica política en el Parlamento, es lo que ha venido a declarar el Tribunal Constitucional: que su amnistía fiscal era
inconstitucional porque afectaba de lleno al corazón del artículo 31, algo bastante evidente para cualquiera

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de este país, estuviera o no estuviera versado en el ámbito de la economía o de la fiscalidad. La pregunta, por lo tanto, es cómo es posible que el Gobierno de entonces, que es el Gobierno de ahora a pesar de lo que dijo el señor Mariano
Rajoy en el debate de la moción de censura -es el mismo Gobierno, no es un Gobierno nuevo-, con todos los técnicos, especialistas y con toda su trayectoria que, como decía, es prolongada en el caso de su ministerio, no supiera o no imaginara que
estaba poniendo en marcha una medida inconstitucional. Yo creo que no se trata de incompetencia, porque la competencia la tienen de sobra. Por lo tanto, ustedes tomaron una vía sabiendo que era inconstitucional. Es evidente que lo sabían y es
evidente que en su ministerio saben cómo funciona el negocio.


Veremos qué pasó. En el año 2012 ustedes hicieron esa amnistía fiscal y preveían unos ingresos de 2500 millones de euros. Eso es lo que preveían. En el informe de recaudación de julio de 2012 la recaudación acumulada hasta ese momento era
de 50 millones de euros. Eso quiere decir que a ese ritmo el Gobierno hubiera necesitado más de quince años para recaudar lo que había previsto. Por lo tanto, cuando llegó el verano de 2012 el Gobierno se puso muy nervioso porque no iba a cumplir
las previsiones. Finalmente, sabemos cuál ha sido la cantidad: 1200 millones de euros, lejos de los 2500, pero bastante más de los 50 millones del principio. ¿Qué pasó entremedias, señor Montoro? ¿Cómo es posible que ustedes desde el Gobierno
pudieran convencer a los defraudadores y a los delincuentes para que se acogieran a su amnistía fiscal? ¿Cuáles fueron los lazos que tenía el Gobierno para decirles que se fiaran, que eso que les estaba haciendo no era una traición, sino que tenían
garantía jurídica? Es muy fácil de saber. Hubo varios mecanismos. El primero fueron ciertos requerimientos de información para dar sustitos a determinadas personas que ustedes ya tenían en el ojo, que tenían bastante bien situadas; pero también
hubo llamadas y descuelgues de teléfonos a las asesorías fiscales de este país para explicarles de qué iba la amnistía fiscal. Usted, yo y todos los que estamos aquí sabemos de qué hablamos. Ustedes les explican pormenorizadamente cómo es la
amnistía fiscal para trasladarles la confianza que tendrían que tener sus clientes. Es decir, ¿cómo es posible que los mismos técnicos y asesores de su Gobierno, que parece que no supieron prever que era una medida inconstitucional, sí estuvieran
perfectamente capacitados para saber dónde estaban los delincuentes a los que había que invitar a ser pececitos que se metían en la recaudación de la Hacienda pública? Eso revela muchas cosas de este país; entre otras cosas, que el Gobierno sí
sabe dónde están los pececitos o por lo menos sabe quiénes son los cómplices de esos pececitos. Y los llamo pececitos por usar la metáfora que usted ha utilizado. Para mí son delincuentes y además a efectos legales lo son para todo el mundo.
Usted, con eso, utilizó la zanahoria y no el palo, y utilizo esta metáfora que utilicé también en el año 2012, cuando le expresé que su Gobierno era más de dar zanahorias a los delincuentes que palos. Los palos se los han dado sin querer y
posteriormente, en virtud de conocimientos posteriores de delincuentes que han salido en determinadas listas sin ninguna intervención del Gobierno del Partido Popular.


Usted ha basado toda su argumentación en un falso dilema -ya sabe usted, una falacia lógica en la que parece que hay dos opciones que se excluyen mutuamente y en la que se excluyen realmente las posibles alternativas-. Usted viene a decir
desde cierta empalizada que estábamos rodeados por fuerzas del mal y que si usted no tomaba una determinada medida, que era la única posible, las fuerzas del mal penetrarían en nuestra sociedad y acabarían con todo lo existente, incluyendo los
salarios, la sanidad pública, la educación pública, etcétera. Eso es lo que usted nos ha dicho: o usted o el mal, la amnistía fiscal o el mal. Suena ridículo porque es ridículo.


Señor Montoro, es usted igual hoy que en el año 2012, es usted el Ministerio de Hacienda, es usted el ministro de Hacienda, es usted quien hace los presupuestos, ¿cómo es posible que esté usted diciendo aquí, cómo quiere que nos creamos hoy
aquí que 2500 euros (La señora López Ares: serán millones), que era lo que se predecía, era lo que separaba el infierno de la recuperación económica? ¿Cómo quiere que nos creamos todo esto? Le pongo un ejemplo, solo uno, pero podría poner miles:
en el verano de 2012 se dio un crédito extraordinario al gasto militar para pagar tanques, obuses y otro tipo de armamento y ese crédito extraordinario era de 1700 millones de euros, bastante más que lo recaudado. Observe que ustedes hubieran
podido no hacer la amnistía fiscal y haber dedicado ese dinero, que tiene un coste de oportunidad, como usted bien sabe, del gasto militar -o haber aplazado esos pagos- en su argumento de que no entraran las fuerzas del mal, pero no lo hicieron, ¿a
que no? No lo hicieron; ustedes optaron directamente por hacer la amnistía fiscal, que sabían, porque no son incompetentes, que era inconstitucional. Por tanto era una opción política, y todo su argumento se cae, se desbarata por sí mismo, porque
es absolutamente ridículo. Es que es usted el Ministerio de Hacienda, es usted quien maneja los presupuestos, no puede pretender engañarnos. No quiero meter en rescates a empresas privadas, a

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autopistas de peaje, a las empresas Castor, a todo lo que sea eso en otros años o a partidas respecto a las que podríamos tener criterios diferentes sobre sus prioridades, le hablo de algo muy concreto para especificarle que su dilema es un
falso dilema, es una falacia que nosotros no nos podemos creer.


Si ustedes sabían que era inconstitucional la medida, como ahora se recuerda por el Tribunal Constitucional, a mí me llama mucho la atención -es casi una nota de cachondeo- que haya comenzado su intervención hablando de la Constitución, de
la democracia de hace cuarenta años. Creo que todos sabemos lo que significó la democracia, la transición, creo que esta amnistía fiscal tiene mucho que ver con eso. Creo que la democracia la trajeron aquellos que lucharon en la calle defendiendo
los derechos humanos frente a la represión, la represión de Billy el Niño, la represión de Fraga, la represión de mucha otra gente que estaba protegiendo y era parte de la dictadura, y creo que la transición no fue una ruptura con la dictadura
porque el dictador murió en la cama y se hizo lo que se pudo y la gente que luchó hizo lo que pudo. Pero hubo cosas que se quedaron atadas y bien atadas y una de ellas es la estructura de poder de este país, que es lo que desvela esta amnistía.


¿Quiénes se acogen, señor Montoro, a esta amnistía fiscal? Usted ha dicho literalmente, lo tengo aquí apuntado: cuántos españoles tienen de dinero en paraísos fiscales en una pregunta abierta. Creo que es fácil entender que no todos los
españoles tienen cuentas en paraísos fiscales, creo que es fácil entender que quienes tienen cuentas en paraísos fiscales tienen un perfil muy determinado, muy específico: Papeles de la Castellana, lista Falciani... (La señora Villalobos Talero
pronuncia palabras que no se perciben claramente). Otra serie de filtraciones nos han permitido conocer a algunos de ese tipo de perfil: José Manuel Soria, la familia Pujol, los Borbones, los bisnietos de Franco, la familia de Arias Cañete, el
Albondiguilla de la trama Gürtel, los Albertos, el señor Moix, exfiscal jefe Anticorrupción, Arturo Fasana como gestor de prácticamente la mayoría de ellos, el señor Botín. En definitiva: empresarios, banqueros, deportistas de élite. Y una
oligarquía en este país que podemos situar en personas como OHL, el señor Villar Mir; Lapuerta, extesorero de su partido, el que ahora parece ser culpable de casi todo, o personas como Bárcenas, Granados o Rodrigo Rato, y estos tres se acogieron
literalmente a la amnistía fiscal que usted hizo y que se supo después. Por lo tanto, aquella declaración de que la condición para la amnistía fiscal es que el dinero no procediera de procesos ilegales no se observó, no se hizo una comprobación
adecuada y con el tiempo hemos conocido que se acogió gente que cumplía esa condición, es decir, que realmente su dinero procedía de la corrupción, en última instancia.


¿Qué significa todo esto? Que la amnistía fiscal ha desvelado cómo funciona el poder y la cultura de la impunidad en este país. Hay una parte de este país que puede hacer prácticamente lo que le venga en gana. Es que cuando observamos
determinados perfiles y nos centramos en ellos, como OHL, que está imputado en Púnica, en Lezo, aparece hasta en México en procesos de corrupción, vemos que es un exalto cargo del franquismo que se hizo rico en el franquismo, que siguió siendo rico
en la democracia, que se acoge a todo tipo de propuestas fiscales que le benefician de este Gobierno, o el señor Demetrio Carceller, por el que siempre le he preguntado y no ha dicho absolutamente nada, que sabe usted que apareció en una cuenta en
un paraíso fiscal, la fiscalía pidió cuarenta y ocho años de cárcel y finalmente se libró por hacer una negociación con Hacienda.


¿Sabe cuál es la impresión que traslada todo esto, este panorama? Que hay españoles de primera y españoles de segunda, españoles que tienen muchas más facilidades para negociar con un determinado Gobierno y con determinada legislación, y
españoles de segunda, que son la amplia mayoría, que tienen que cumplir, como debe ser, hasta con los puntos y las comas de la legislación.


Todo esto tiene cómplices. ¿Quiénes facilitan, según el periódico El Confidencial, los papeles de Panamá? Pues entidades financieras: Santander, BBV, Sabadell, es lo que decía esta entidad. Y cuando le preguntaron, eran cosas del pasado.
Creo que es evidente que esta amnistía fiscal no se puede llevar a cabo sin una red de cómplices por todas partes: desde las asesorías fiscales hasta los bancos que crean las empresas offshore y toda la red internacional financiera.


Termino ya. Lo que estamos describiendo aquí es mucho más grave que su amnistía fiscal, estamos describiendo una estructura de poder que se mantiene intacta y que es una cultura de la impunidad a la que usted ha protegido. Pero es que esto
es una cuestión contable, es que resulta que hay gente que ha podido pagar menos del 2 % -menos del 2 %-, pero esa gente no son los fontaneros ni los médicos ni los profesores, son determinados perfiles de esta sociedad, y por lo tanto, no es una
cuestión general.


Señor Montoro, le puedo pedir la dimisión, le puedo pedir una reprobación, usted nos conoce de hace mucho tiempo, pero a nosotros lo que nos interesa es que el Gobierno deje de hacer ese tipo de políticas, por tanto no voy insistir en ese
hecho, voy a insistir en que este tipo de políticas desvirtúa la Constitución.

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Que se lo dijera yo podía parecerle hace cinco años irónico o casi gracioso, pero se lo está diciendo hasta el Tribunal Constitucional, entonces yo creo que la cosa es suficientemente grave como para tomársela en serio, para tomarse en serio
el conjunto de este problema.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.


En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López.


El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro.


Efectivamente, esta mañana hemos tenido el debate de la interpelación en la que el Grupo Socialista le interpelaba a usted por esta cuestión, usted era el interpelado, pero ha dejado usted muy pocas cuestiones respondidas, ha dejado muchas
cuestiones abiertas. Yo me voy a referir a algunas de ellas pero por empezar por la de más actualidad, diré que usted viene al Congreso, usted por los pasillos del Congreso se recrea y luego dice que hay cosas que no ha dicho, pero hoy aparecen
recogidas en los teletipos de las agencias: Montoro asegura que a la amnistía fiscal se acogieron más dirigentes del PSOE que del PP pero no da nombres. El ministro sostiene que solo un dirigente del PP se acogió a la amnistía fiscal mientras que
-comillas- hay más casos en el Grupo Socialista. En el Grupo Socialista (El señor ministro de Hacienda y Función Pública, Montoro Romero, hace gestos negativos). Yo entiendo que puede haber sido un lapsus, está entrecomillado, se puede haber usted
referido al PSOE, pero está entrecomillado tal cual como se lo he leído.


Tengo que preguntarle si esto es una amenaza, si esto es algún tipo de amenaza (El señor ministro de Hacienda y Función Pública, Montoro Romero: No). Porque, desde luego, si es una amenaza, para nosotros es un honor que nos añada usted a
la lista de colectivos que ha amenazado durante estos años; le aseguro que es un honor. Pero aunque sea un honor, es intolerable, señor ministro, es intolerable. No se debería usted rebajar a utilizar información tributaria que además es
confidencial para amenazar a los grupos parlamentario.


Yo sé que es usted un gran aficionado al cine, yo también y quiero nombrar la película El Padrino pero no para referirme, como se ha hecho antes, a un personaje de esa película sino para decirle algo que va a entender usted muy bien y es,
señor ministro, que no pasee una cabeza de caballo por los pasillos del Congreso. No pasee una cabeza de caballo por los pasillos del Congreso. Si se acuerda de la película, sabrá por qué se lo digo. Porque ni es aceptable ni es tolerable ni le
va a servir para nada. No le va a servir para nada. (Aplausos).


Yo quiero pedirle que me conteste a alguna pregunta muy concreta. ¿Ha tenido usted acceso a la lista de los beneficiarios de la amnistía fiscal? A la lista de los beneficiarios y a su adscripción política, porque no debería usted haber
tenido acceso a la lista de beneficiarios. ¿Cómo sabe usted, como ha dicho también esta mañana, que entre los implicados en Gürtel ninguno se acogió a la amnistía fiscal? ¿Usted sabe los implicados que hay en Gürtel? En la Comunidad Valenciana
hay no sé cuántas piezas separadas del caso Gürtel. Es prácticamente imposible saber si hay o no hay salvo que uno haya visto la lista, los 31 000 nombres, y haya podido comprobar si están o no están en la lista de la amnistía fiscal los implicados
en el caso Gürtel. Desde luego, con la información que está en los medios de comunicación no se puede adivinar si los implicados en la Gürtel están o no están entre los 31 000. También ha hablado de sus amigos, que usted no tiene amigos que se
hayan acogido a la amnistía fiscal. No sé los amigos que tiene usted, pero desde luego sin ver la lista de los 31 000 beneficiarios es imposible saber si uno tiene amigos o no tiene amigos que se hayan acogido a la amnistía fiscal. Así que, se lo
digo de verdad, déjese de amenazas y haga pública la lista. ¿Necesita cambiar la ley para hacer pública la lista? Ya tiene usted los 84 votos del Grupo Parlamentario Socialista para cambiar la ley, ya tiene 84 votos. Pídale a su grupo
parlamentario que vote a favor. En el pasado ya pedimos que se cambiara la ley, presentamos una proposición para cambiar la ley y la votaron en contra (Rumores.-El señor ministro de Hacienda y Función Pública, Montoro Romero: No.-El señor Saura
García: Sí, sí). Sí, sí, en la X legislatura, la votaron en contra y no salió adelante. De hecho, señor Montoro, utilizando una expresión que ha usado usted antes -por tanto no me lo reprochará porque la ha usado usted-, quiero decirle que si
tienen ustedes algún problema intelectual para traer esa proposición de ley al Congreso de los Diputados, pueden ustedes coger nuestra proposición de ley y utilizarla. (Aplausos). O sea, si tiene usted algún problema intelectual, no hay ningún
problema, tiene el texto de la reforma que nosotros propusimos. Si aun así tampoco la quiere traer, la volvemos a presentar nosotros, no pasa nada, solo necesita convencer a su grupo parlamentario de que la vote a favor, ¿verdad? Ha dicho también
esta mañana: no entiendo

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que cuando se habla de los beneficiarios de la amnistía fiscal se mire solo a un sector de la Cámara. !Claro!, se mira al sector de la Cámara en el que está el autor de la amnistía fiscal. La amnistía fiscal no la hemos hecho nosotros (La
señora Villalobos Talero: Sí, hicisteis la otra.-Rumores), la amnistía fiscal la ha hecho usted. Sí, sí tranquila, señoría, sea fuerte (La señora Villalobos Talero pronuncia palabras que no se perciben).


El señor PRESIDENTE: Por favor, no entablen conversaciones. Yo creo que en esta Comisión hay gente con la suficiente experiencia como para saber que eso no se puede hacer.


El señor LÓPEZ MILLA: Señor ministro, creo que además ha utilizado usted esta tarde algunas expresiones un tanto frívolas, esto del cebo y los pececitos. Usted ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional. Como ya se ha
explicado antes, es verdad que la sentencia del Tribunal Constitucional dice que la amnistía fiscal es nula porque la forma no es la adecuada, pero también es verdad que la propia sentencia establece en sus fundamentos jurídicos los elementos que
tienen que ver con la amnistía fiscal y pone de manifiesto que una vez anulada la amnistía fiscal por una cuestión formal, no es necesario entrar en los demás. Pero al rebatir los argumentos de la Abogacía del Estado a los que usted se ha referido
esta tarde -porque lo que ha hecho usted es un repaso de los argumentos de la Abogacía del Estado-, el Tribunal Constitucional rechaza por unanimidad esos argumentos y dice cuestiones como las que yo le recordaba esta mañana, que usted ha provocado
que el Estado abdique ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos, que usted ha legitimado como una opción válida la conducta de los defraudadores, que usted ha quebrado el objetivo de
justicia al que debe atender en todo caso el sistema tributario y que usted afectó a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece nuestra Constitución al alterar el modo de reparto la carga
tributaria en términos que resultan prohibidos por la misma. Esto lo ha hecho usted, esto no son cebos y pececitos, esto es algo bastante más importante. Es más, como digo, es una sentencia por unanimidad del Tribunal Constitucional la que
establece estas cuestiones, la que establece estos argumentos, no son míos, cuyo ponente ha sido un conocido bolchevique bolivariano, el señor Andrés Ollero, que fue diputado del Grupo Popular y además portavoz de la Comisión de Justicia. En fin,
yo creo que no se trata de un defecto formal. En cualquier caso, de lo que parece que ve usted un defecto formal, yo le quiero hacer una pregunta, y es si volvería usted a hacer la amnistía fiscal utilizando el instrumento legal adecuado. Es
decir, si usted volviera al año 2012 y se encontrara de nuevo en aquella tesitura sabiendo que había un problema formal en la amnistía fiscal, ¿usted la volvería a hacer utilizando otro instrumento legal? Porque si el problema es solamente el
instrumento legal, entiendo que usted la volvería a hacer exactamente igual que la hizo con el instrumento legal adecuado.


Nos ha presentado la amnistía fiscal como inevitable. Nos ha dicho que no había más opciones que hacer la amnistía fiscal, que prácticamente era imposible no hacerla. Yo le decía esta mañana que parecía que había que dar un premio a los
defraudadores porque gracias a ellos tenemos 1200 millones de euros de ingresos. Yo le diría varias cosas. En primer lugar, el rescaté financiero no se evitó. Parece que la amnistía fiscal era necesaria para no sé qué, pero el rescaté financiero
no se evitó, la amnistía fiscal se hizo y unos meses después llegó el rescaté financiero. En segundo lugar, solo aplicando el tipo que ustedes habían establecido inicialmente, 4000 millones de euros, habría usted tenido bastante más dinero si no
hubiera rebajado el tipo efectivo de la amnistía fiscal a prácticamente un 3 % mediante una decisión de la Dirección General de Tributos. Con lo cual, no valen estos argumentos de que era inevitable hacer la amnistía fiscal, yo creo que tenía usted
bastante más opciones. Se lo he dicho esta mañana en la segunda intervención y se lo vuelvo a decir ahora, después de escucharle prácticamente durante una hora. ¿Se va a ir usted sin pedir disculpas a los españoles por la amnistía fiscal? Porque,
fíjese, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Rafael Hernando, reconoció que fue un error y pidió disculpas, el grupo que apoya al Gobierno ha reconocido que fue un error y pidió disculpas, pero esto es el Poder Legislativo. ¿El
Ejecutivo va a pedir disculpas a los españoles y a las españolas? No al Grupo Socialista, no al señor Saura, con el que ha debatido usted tantas veces, no, a los españoles y a las españolas que cumplen puntualmente con Hacienda, que no han
defraudado nunca un euro y que creo que tienen derecho a que el Gobierno de España les pida disculpas. Desde luego, yo en nombre del Grupo Socialista le exijo esas disculpas, yo le exijo que pida disculpas.


Nos dice que va a prohibir por ley las amnistías fiscales, que nos va a traer una norma para que no se puedan hacer más amnistías fiscales. Está en los teletipos, lo estaba viendo ahora, es la interpretación que se ha hecho de sus palabras
de esta tarde. Pero es que mire, tal y como está la sentencia del Tribunal

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Constitucional, prácticamente es imposible que en España se pueda hacer una amnistía fiscal, no hay más que leer los argumentos de la sentencia del Tribunal Constitucional para darse cuenta de que ya jamás va a volver a haber en España una
amnistía fiscal. En cualquier caso, el Grupo Socialista planteó en su momento la prohibición por ley de las amnistías fiscales y también la votó en contra el Grupo Popular en la X legislatura, tuvieron ustedes la oportunidad de haber hecho eso
bastante antes. El Grupo Socialista ya le dijo esta mañana, señor Montoro, que el artífice y responsable de esta medida, de la única amnistía fiscal declarada inconstitucional en nuestra democracia, una amnistía fiscal que se adoptó a la vez que se
recortaban derechos, que se recortaban las prestaciones sociales y que se encogían los servicios públicos, tendría que haber abandonado ya el Gobierno de España por voluntad propia o a petición del presidente del Gobierno, que probablemente al no
exigírselo se convierte en cómplice absoluto de lo que para nosotros es una irresponsabilidad política, que es su negativa a abandonar el puesto. Desde luego nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño. Hoy mismo hemos registrado la moción
subsiguiente en la que pedimos a la Cámara su reprobación. Quizás sea un esfuerzo baldío, es verdad, pero también es posible que algún día el presidente del Gobierno decida abandonar su autismo político y, aunque solo sea por casualidad, decida
actuar conforme a las decisiones adoptadas por esta Cámara, la Cámara en la que reside la soberanía nacional, la Cámara en la que fue investido, la Cámara en que se reprobó al señor Catalá y en la que espero que pronto también se le repruebe a
usted.


Finalmente, no nos diga que, como no se han anulado las regularizaciones, esto reduce su responsabilidad política, no, esto lo aumenta, porque usted ha tomado una decisión irreversible. Usted ha tomado una decisión irreversible y lo peor de
todo es que nosotros nos tememos que la ha tomado a sabiendas. Nosotros nos tememos que ustedes valoraron perfectamente la posibilidad de que la amnistía fiscal fuera declarada inconstitucional pero también sabían que en virtud del principio de
seguridad jurídica los beneficiarios se librarían para siempre de las consecuencias y no habría ninguna posibilidad de revertir la amnistía fiscal. Por esto, por las cuestiones que le he planteado esta mañana y por alguna cuestión más, quiero
terminar con una pregunta -concluyo ya, señor presidente, que veo que se me ha iluminado la luz en rojo-; quiero preguntarle en qué términos ha hablado usted de esta cuestión con el presidente del Gobierno desde que se hizo pública la sentencia del
Tribunal Constitucional; si usted ha hablado de esto con el presidente del Gobierno, si el presidente del Gobierno le ha ratificado en su cargo, si usted ha puesto su cargo a disposición del presidente, si le ha pedido que dimita, si no se lo ha
pedido o si no ha hablado de esto con el presidente del Gobierno, porque a lo mejor había fútbol y no tuvo usted tiempo de hablar con el (Risas).


Muchas gracias (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Hay gente que parece que solo quiere ver arder el mundo. Como son tan aficionados al cine, probablemente hayan escuchado esta frase al mayordomo de Batman hablando de la maldad en general, hay gente que parece que solo quiere ver arder el
mundo, y yo, después de oír sus afirmaciones en esta Cámara, tengo que decirle que muchas de ellas me han parecido indignas y tengo que hacer una alusión al representante de Compromís, al señor Candela, porque me parece realmente rechazable e
indigno que usted esté sentado en este Congreso. Lo que ha dicho es un presunto delito, es un delito de calumnias que está regulado en el Código Penal, es un atentado contra el honor de las personas. Por tanto, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular tengo que decirle que es usted indigno de estar en esta Cámara y le pido que retire esas afirmaciones (Aplausos).


Por otro lado, tengo que decirle al señor De la Torre que no he entendido muy bien sus argumentaciones, teniendo en cuenta su formación como inspector de Hacienda, porque usted sabe que gobernar es muy difícil. Ustedes no estaban aquí
cuando hubo que tomar esas decisiones; y la única decisión que se le ocurría a su gurú económico en ese momento, en el año 2012, al señor Garicano, era el rescate, con las consecuencias sociales que el propio ministro ha expuesto aquí. Por lo
tanto, podían haber ustedes aportado alguna idea entonces, en el año 2012. Por eso, muchas de esas manifestaciones creo que no obedecen a la trayectoria de este ministro de Hacienda, que tiene una trayectoria intachable, con una hoja de servicios
al servicio del interés general de España de muchos años. Además, hay un relato que conviene recordar. El Gobierno socialista, señor López, dejó a España en una situación de absoluta ruina; España se desangraba e iba directa al precipicio del
rescate, y millones de españoles estaban en el paro.

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Esto hay que recordarlo; es un relato que hay que volver a recordar, porque es una sucesión de acontecimientos, en función de los cuales se tomaron una serie de decisiones. Por eso, el señor Montoro, el señor ministro de Hacienda, viene
aquí pidiendo su comparecencia de manera voluntaria porque no tiene nada que ocultar, porque ha hecho lo que tenía que hacer en el ejercicio de su responsabilidad; no aquello que le hubiera gustado hacer, sino lo que tenía que hacer y, por lo
tanto, viene con el total convencimiento y con la tranquilidad de que se tomaron decisiones en momentos muy difíciles.


Por lo tanto, el relato es el que es y, por mucha bronca, por mucho ruido, por muchas dimisiones y reprobaciones que pidan, ustedes no pueden negar que las medidas que se adoptaron en esos momentos tan difíciles fueron muy eficaces. Y ¿por
qué fueron eficaces? Los resultados están ahí, porque España, hoy, lidera el crecimiento económico y la creación de empleo, y todo parece indicar, además, que esto va a continuar así, que en el año 2017 vamos a crecer por encima del 3 %, y que
llevamos ya catorce trimestres consecutivos de crecimiento. Eso hay que valorarlo y los españoles lo tienen que conocer, porque no es casualidad, es fruto de una serie de decisiones y de una política económica, fiscal y presupuestaria rigurosa y
seria.


Desde el Grupo Popular yo les tengo que preguntar, ¿qué dimisión piden ustedes, la del ministro de Hacienda, que ha conseguido reducir el déficit público en más de 65 000 millones de euros? ¿Qué dimisión piden, la del ministro que ha
aprobado el conjunto de medidas más importantes, más duras y más eficaces de lucha contra el fraude fiscal -por cierto, con el voto en contra del Partido Socialista-, consiguiendo además los mejores resultados en la lucha contra el fraude de la
historia de la Agencia Tributaria? Ustedes lo saben, fueron más de 65 000 millones desde el año 2012. ¿Qué dimisión piden, la del ministro que ha hecho la mayor bajada de impuestos de la democracia, por mucho que se empeñen en negarlo, a familias
y empresas, más de 12 300 millones de euros? ¿O la dimisión del ministro que, con una política tributaria dirigida a pedir un mayor esfuerzo a las grandes empresas -que también ustedes se empeñan en ocultarlo, pero es la verdad-, ha hecho que nos
vayamos a situar en 2017 en los niveles de recaudación que teníamos anteriores a la crisis, más de 200 000 millones de euros de recaudación tributaria que van a servir para garantizar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales y
nuestras pensiones? Además, este ministro de Hacienda ha conseguido poner en orden las cuentas de las administraciones públicas. Por tanto, ¿de qué dimisión me hablan, de la de este ministro que ha conseguido, con los mecanismos de liquidez, que
los ayuntamientos y las comunidades autónomas pudieran pagar sus facturas y pudieran pagar las nóminas a los funcionarios y que este país haya podido seguir funcionando con normalidad? ¿Esa es la dimisión que quieren o que piden ustedes? Desde el
Grupo Popular, desde luego, les pedimos que dejen, al menos, de transmitir esa sensación de impunidad, esa sensación de que el Gobierno del Partido Popular no persigue a los defraudadores porque, sencillamente, es mentira; no es cierto. Los
españoles pueden comprobar cada día, viendo los telediarios y los medios de comunicación, la eficacia de este Gobierno, porque se llamen como se llamen los defraudadores, sean deportistas -y lo estamos viendo estos días-, sean artistas, sean
políticos, sean empresarios, sea quien sea y se llame como se llame, nadie escapa al control de la Agencia Tributaria, que trabaja con una enorme profesionalidad. Por eso, dejen de sembrar dudas y sospechas, porque eso mina la conciencia fiscal de
los contribuyentes que cumplen religiosamente con el pago de sus impuestos.


Por eso, les hablaba al principio de que aquí hay un relato que hay que entender, y ese relato es que en la última legislatura socialista, los que ahora dicen que van a subir la recaudación tributaria perdieron en solo dos años más de 60 000
millones de euros, señor López; 60 000 millones de euros que son necesarios para pagar los servicios sociales, la sanidad o la educación; y la mitad de esa recaudación, más de 30 000 millones, se perdieron en la recaudación del impuesto de
sociedades, en solo dos años; sociedades de las grandes empresas. Y mientras, ¿qué hizo el Partido Socialista? No adoptar ni una sola medida, permanecer con los brazos cruzados y convocar elecciones, por si acaso, porque ya esto se les iba de las
manos y pensaban que España estaba en quiebra, que España estaba abocada al rescate. Pero el Gobierno del Partido Popular en ningún momento tiró la toalla. Había que actuar con rapidez y con urgencia y se tomaron, es verdad, medidas difíciles,
medidas valientes, medidas en los primerísimos meses de la legislatura, como ha dicho el señor ministro. En el mes de marzo se adoptaron medidas tributarias muy importantes de subida de impuestos a las grandes empresas. También se adoptó esta
medida de la regularización fiscal, lo que permitió que 40 000 millones que nadie conocía, que la Hacienda pública no tenía fichados en sus ordenadores, señores socialistas, y aquí deberían ustedes entonar al menos el mea culpa, deberíamos pedirles
responsabilidades. ¿Por qué no tenían ustedes fichados esos

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40 000 millones de euros en sus ordenadores, si tan bien y tanto persiguen el fraude fiscal? Nada menos que 40 000 millones.


Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular respetamos y acatamos la sentencia del Tribunal Constitucional, pero quiero insistir en que el Tribunal Constitucional declara, únicamente, la nulidad del procedimiento legislativo utilizado
para aprobar esta declaración tributaria especial, porque entiende que la materia que se regulaba no debería hacerse a través de un real decreto-ley. Pero esas medidas urgentes fueron necesarias porque estaba en peligro la viabilidad de nuestro
Estado del bienestar, y para poner bajo el control de la Agencia Tributaria bienes que se encontraban ocultos y que no pagaban impuestos. El Gobierno socialista ha estado muchos años al frente del Gobierno de España y esos bienes estaban aún
ocultos, porque además no había dinero, porque habían dejado ustedes las arcas vacías; bueno, no había dinero pero había muchas facturas sin pagar y había que pagarlas. Se ha criticado también el tipo aplicado del 10 %, pero la realidad es que la
experiencia de otros países donde se han hecho regularizaciones fiscales como en Alemania, Francia, Portugal, Grecia, Irlanda, Reino Unido, en todos los países se han hecho regularizaciones con tipos semejantes al de España, como en Italia un 4 %,
en Reino Unido un 10 %, en fin, perfectamente homologables a lo que se hizo en España.


Pero volvamos a España, ¡qué cinismo el del Partido Socialista!, de verdad. Yo cada vez que los oigo pienso que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, ¡porque es que hicieron ustedes dos amnistías fiscales opacas! Un señor compraba
deuda pública especial, encima le pagaban intereses y esos intereses no se declaraban a Hacienda ¿eh? en los años 1986 y en el año 1991; sin nombres, totalmente opaca, librándoles de todo tipo de sanciones (Aplausos), de delitos, de
persecuciones... ¡Esas sí que fueron auténticas amnistías fiscales! Por no hablar de la lista Falciani, que he comentado muchas veces, con el Gobierno de Zapatero, donde se invitó a los grandes contribuyentes a presentar una declaración voluntaria
y complementaria.


Se ha hablado aquí de amigos del Partido Popular. Pero, señores del Partido Socialista, ¡qué cinismo! ¡Es que leemos los periódicos también los del Partido Popular! ¿Les suena a ustedes un tal señor Fernández Villa? Era un relevante, un
histórico socialista que aparecía cantando La Internacional -Arriba los pobres del mundo...- con Zapatero, y que se acogió a esta regularización fiscal llevando fajos de dinero al banco en una maleta. ¡Hay que tener poca vergüenza! ¡Hombre,
garbanzos negros los hay en todas las familias, pero sean ustedes un poco más prudentes en las manifestaciones! Por cierto, este señor está siendo investigado hoy por la justicia por el origen ilícito de ese dinero -no es cierto, señor De la Torre,
que no se pueda seguir el rastro del dinero y, si no, que se lo pregunten al señor Fernández Villa-, y se está investigando por la justicia gracias a esa regularización. Por tanto, algo bueno habrá tenido esta regularización. La Agencia Tributaria
ha enviado a la justicia información que permite actuar contra las personas que se acogieron a esta declaración tributaria especial, porque hace bien su trabajo y continúa haciéndolo. Además presentaron un modelo 720, de bienes y derechos situados
en el exterior, que fue una obligación que impuso de lucha contra el fraude el Gobierno del Partido Popular, y el Partido Socialista nunca adoptó una medida de este tipo, pero si se han podido cometer delitos se está investigando por la justicia.
Por tanto, señorías, ante tanto ruido, ante tanta petición de dimisión nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que la declaración tributaria especial fue un instrumento útil, y lo tenemos que decir, en una situación excepcional por
supuesto que vivía España, y que sirvió para recaudar 1200 millones de euros, pero no son solo los 1200 millones de euros que se recaudaron, sino que esos 40 000 millones entran en el circuito tributario, ensanchan las bases imposibles, y si ustedes
calculan el valor actual de una renta perpetua de 1200 millones de euros resulta que el valor actual de esa renta son 24 000 millones de euros. ¿A ustedes les parece eso despreciable?


El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo, tiene que ir terminando.


La señora MADRAZO DÍAZ: A nosotros desde luego no. Y la Agencia Tributaria sigue actuando, sigue haciendo comprobaciones de investigación, sigue haciendo actuaciones inspectoras -el señor ministro las ha citado- y sigue haciendo
actuaciones eficaces, y lo avalan esos resultados históricos alcanzados por la inspección. Y voy terminando, señor presidente.


El compromiso del Gobierno del Partido Popular, y en concreto del ministro de Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal está fuera de toda duda. A juicio del Grupo Popular no caben reprobaciones, no caben dimisiones ante estos
resultados, sino felicitar al ministro por las decisiones difíciles y valientes adoptadas, y por supuesto felicitar a los funcionarios de la Agencia Tributaria que están haciendo un trabajo magnífico e impecable. Y ustedes sigan sembrando dudas,
sigan diciendo calumnias, sigan

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pidiendo dimisiones, sigan recurriendo al insulto y al ruido, pero el Partido Popular y el ministro, el ministro Montoro, van a seguir trabajando con responsabilidad, con moderación y con diálogo para que siga mejorando el bienestar de los
españoles.


Muchas gracias (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.


He comentado que voy a dar un pequeño turno de un par de minutos, incluso pediría que agrupe las intervenciones el grupo que ha hecho la división antes, para que sea una única intervención.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero agradecer a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Madrazo, la claridad y contundencia de sus explicaciones. Efectivamente esas son las razones y esos son los nombres, como ella ha mencionado. Esos son
los nombres que están hoy en investigación judicial. Por tanto no he hablado de nadie que no esté en investigación judicial. No sé a qué se refieren, pero en los pasillos me he referido a que hay dirigentes del Partido Popular y a que hay
dirigentes del socialismo en España que están siendo objeto de investigación judicial. Eso es lo que he dicho. ¿He descubierto algo? Eso sí, en el relato de prensa que he visto, si me permiten, no he visto más que figurar nombres del Partido
Popular y eso habrá sido un lapsus. Siempre aparecen los mismos, que por cierto ni son los que aparecen en la DTE, de esos nombres solo hay uno, y siempre son de un sector. Además son casos súper públicos, no estamos revelando nada a nadie, y
rogaría que por lo menos cuando se hacen estos relatos de quién se acogió, siendo públicos y estando en investigación judicial pública, hagan esos relatos completos. Esto respecto de la precisión esta que a mí me gusta hacer, con la libertad que
tengo como español y no como miembro del Gobierno, en relación con las informaciones que veo publicadas. A eso me refería. No paso por los pasillos del Congreso con ninguna cabeza de caballo cortada ni nunca se me ha ocurrido, y llevo veintitrés
años en este Congreso. Usted no será capaz de identificar ninguna actuación mía relativa a ese concepto de poder. Eso se lo dejo para otros, que hay unos cuantos en este Congreso. Ya van sobrados a ese respecto (Aplausos).


En relación con el decreto-ley, ¿se podía haber hecho mejor? ¿No se podía haber hecho mejor? Solo les voy a recordar a todos que hemos aprobado en esta Cámara un decreto-ley en diciembre en materia tributaria que cambiaba elementos
sustanciales del impuesto sobre sociedades, además de las condiciones de aplazamiento de pago fraccionado. ¿Quién votó a favor de ese decreto-ley? ¿No fueron ustedes los que votaron? ¿No era urgente hacerlo en diciembre de 2016? ¿Ciudadanos se
opuso? No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no podemos utilizar el decreto-ley en materia tributaria? No, no lo podemos hacer en lo que marca el Constitucional, pero es que esto ha sido a comienzos de esta presente legislatura, diciembre del año 2016.
No le hablo de más allá. ¿Y no hemos acordado cambiar esos elementos conjuntamente? A lo mejor no eran ustedes, eran otras personas imbuidas en su espíritu, porque esto de la política cada vez más empieza a ser algo mágico, misterioso y tenebroso
para algunos, porque al representante de Compromís solo a su juventud se le puede achacar semejante interpretación política. Usted siga por ese camino, usted siga por ese camino que no sé qué clase de novela lee usted o qué clase de película ve
usted, porque a eso yo le llamo mente calenturienta, a ver si nos entendemos, no es hacer política, sino mente calenturienta realmente relativa a cómo interpreta la política española. Esto respecto del decreto-ley.


¿Cuántos hemos aprobado? ¿Cuántas modificaciones tributarias aprobamos por decreto-ley desde finales de 2011 hasta diciembre de 2016? ¿Cuántas hemos cambiado? ¿Cuál es la diferencia? El Grupo Socialista llevó al Constitucional esta
cuestión, disposición adicional del decreto de 30 de marzo, las otras no las llevaron, solo que no las habían adoptado, aunque podían haberlas llevado también. ¿O no era cambiar elementos esenciales otra vez del impuesto sobre sociedades lo que
hacíamos en ese decreto-ley? ¿No era cambiar realmente toda la dinámica, la configuración y la concepción misma del impuesto sobre sociedades? En ese sentido, señor Bel, en política esto lo hacemos obviamente con la asesoría de la Abogacía del
Estado y con el Consejo de Estado, que es el que revisa y puntualiza, y en este caso también lo hizo en su momento por supuesto y aprueba el uso de este procedimiento. Porque el precedente que acaba de citar es un precedente que, como usted
identifica, es muy conocido por mí. Fui secretario de Estado de Economía y efectivamente uno de los impulsores de ese decreto de junio del año 96 con contenido tributario. Había otro contenido tributario, había dos. Uno era la bonificación de la
transmisión

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de la empresa familiar y el otro era el cambio del régimen de plusvalías, que efectivamente fue declarado inconstitucional después, pero no tuvo consecuencias por razón de que ya había sido sustanciado en una ley posterior. Pero, ¿qué
ocurría en aquel junio del año 96? ¿Teníamos urgencia en materia de política económica y política tributaria para cambiar el régimen fiscal de plusvalías en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en España? Sí, había prisa por
Maastricht. Había que cumplir Maastricht. Como ahora estamos en esta etapa de los debates recuerdo, que yo por mí los dejaba ya, pero bueno, vengo encantado a esta Cámara a hablar del recuerdo, aunque no tengo ningún interés a estas alturas,
créanme, señorías; estoy deseando que hablemos ya del techo de gasto y ahora voy a ello, que es lo que me importa de todo esto, pero como me llaman y yo vengo para estos aconteceres tardíos, ¿por qué dice usted esto? ¿Se disculpa? ¿Cómo que me
disculpo? He pedido perdón públicamente por subir los impuestos varias veces en esta Cámara. La verdad es que tampoco he abierto ningún informativo. (Risas). He visto al señor Rivera decir: soy el primer político que sube a esta Cámara a pedir
disculpas. De eso nada. Un servidor -que es mucho más modesto que el señor Rivera, por supuesto- ha pedido disculpas reiteradamente en esta Cámara. Pero, ¿sabe qué pasa? Que usted pide disculpas aquí y esto informativamente no es relevante,
pero, claro que he pedido disculpas por la política tributaria que tuvimos que hacer, que tuvimos que hacer y no por esto, que es una parte, sino porque estábamos en una situación hípercrítica, como ya he dicho anteriormente. No sé si hemos hablado
con la suficiente claridad y rotundidad sobre lo que hemos vivido en 2012. No se movía una hoja en Europa, no se movía una hoja, todo era cumplir con un objetivo de déficit que era realmente absurdo, porque había habido un Gobierno socialista que
se había comprometido con una senda de reducción del déficit público. ¿Se acuerdan de que hubo un Gobierno socialista en este país y que dejó esos inmensos agujeros, unos baches descomunales? (Risas). Entre lo que no estaba pagado, lo que faltaba
por pagar, la pérdida de recaudación de 70 000 millones de euros, ¿ha pedido perdón el Partido Socialista por eso? (Aplausos). ¿Ha pedido perdón? Yo no lo he oído, no, al revés; ahora por lo visto se van a la izquierda, que está ocupada ya por
la contumaz izquierda esta, a la que ahora me referiré (Risas). La contumaz izquierda está ocupada. (Risas). Pero allá ustedes, solo faltaría que habláramos del resto (Risas). Yo me estoy refiriendo al contenido de lo que ha sido su política
económica. ¿Pero usted por qué cree que tiene ochenta y cinco diputados en esta Cámara? ¿Por lo bien que ha hecho la oposición? (Risas). ¿O tiene ochenta y cinco diputados porque los españoles de izquierdas todavía no les van a perdonar lo que
ustedes hicieron con esa política económica de la crisis? (Risas). La crisis que no existió, no hubo crisis en España. Teníamos el sector bancario más saneado del mundo. La Champions. ¿Se acuerdan de la Champions en Nueva York? Todo un éxito
de lo que ha sido esta política. Y ahora también tenemos a Podemos buscando esas alianzas -ya he visto que el señor Garzón también está incomodo en esas alianzas, cada vez más-, porque esto de juntar en la familia a gente desavenida produce lo que
produce (Un señor diputado: ¡Peor para ellos!). El señor Garzón sí estaba aquí en esa legislatura y hemos debatido hasta la saciedad sobre el contenido de esa política económica. Por eso le pregunto, y me dirijo al señor Garzón, ¿el crecimiento
económico de España y la creación de empleo de dónde vienen? ¿Por qué crecemos el doble que la media de la Unión Europea? ¿Por qué de cada dos empleos que se están creando en Europa uno se crea en España? ¿Por qué hemos recuperado el 60 % del
empleo que se destruyó en la crisis, también en nuestra primera etapa de Gobierno en ese año 2012? ¿Por qué? ¿No acertamos con las políticas que hicimos, no acertamos con las reformas que hicimos? ¿Usted puede sostener intelectualmente eso?
Usted que criticaba, con sus razones -¡faltaría más!-, los Presupuestos Generales del Estado año a año en el debate conmigo, ¿quién tenía razón cuando se hablaba de cómo salir de la crisis? ¿Estamos saliendo de la crisis, sí o no? El problema es
que cuando salgamos definitivamente de la crisis muchos de ustedes se van a quedar sin trabajo (Risas), y precisamente los que llegan más jóvenes son los que más lo van a notar (Risas), porque lo hacen creyendo que la política es esa truculencia que
mucho pesa, y que lo hagan estos más jóvenes...Ya digo que vienen con una imagen de escenarios realmente negros de lo que es la historia de España. Esta mañana se ha aludido a la moción de censura de la semana pasada, y después de escuchar al señor
Iglesias lo que ha sido la historia de España, la verdad es que no ha dejado títere con cabeza, todo es una conspiración entre elites (Risas). Yo me pregunto intelectualmente también, ¿yo formo parte de esas élites? (Risas). ¿Yo también?
¿Seguro? (Risas). La verdad es que me dejan, no sé cómo definirlo, porque es la pregunta que yo me hago a mí mismo. Fíjate lo que es la vida, yo formo parte de esas élites: vienes del siglo XVIII, vienes de los terratenientes, seguramente eres
un resultado de la desamortización de Mendizábal (Risas), y por eso

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has vivido estas crisis de la Hacienda pública. Estoy convencido, vengo de eso, vengo de ahí, es que son mis raíces (Risas). No lo entienden.


¿Y por qué llevo tanto tiempo en este puesto, en la derecha española, que es el contubernio de esas élites económicas? ¿De verdad creen que existe esa derecha española que ustedes siempre están entronando, esa derecha que hace ese tipo de
amnistías para sacarse unos a otros del pozo? Es una cosa realmente formidable (Risas). A esta izquierda, como no tiene ningún programa de política económica, le ha dado ahora por la composición. Yo soy un amante del cine ciertamente, pero a mí
el cine de terror no me gusta nada, no lo practico (Risas). Tengo que decir que soy amante del cine, pero no en todas sus vertientes, porque unas me gustan y otras no. Yo prefiero ver a algunos de los actores maduros en una fase evolucionada de su
vida, llevando adelante nuevos proyectos de vida, ilusionados, y no a otros. A eso es a lo que he asistido esta tarde; he asistido a un debate político donde lo que se nos ha reprochado en el día de hoy sobre esta llamada amnistía responde a esas
élites, ciertamente responde a no sé qué y enlaza con el XIX, con Cánovas, Sagasta, y con Maura -que no sé por qué no lo citó, porque fue uno de esos personajes históricos que se quedó fuera del relato, que yo seguí con mucho interés porque uno
tiene un conocimiento al respecto ciertamente interpretativo- (El señor Hurtado Zurera: ¡A la cuestión!).


Cuando ya el portavoz del primer grupo de la oposición me pregunta: ¿ha hablado usted con el señor Rajoy de esto? De verdad que yo no sé qué creen que es la política. ¿Sabe de qué he hablado yo con el señor Rajoy? (El señor Hurtado
Zurera: ¿De qué?). Del techo de gasto próximo (El señor Hurtado Zurera: ¡Anda!). ¡Qué desilusión! Mira que hablar del techo de gasto...Quiero decir que esto es obligación del presidente del Gobierno y del ministro de Hacienda. ¿Qué hace esta
gente cumpliendo con su obligación? Porque hemos aprobado unos Presupuestos Generales del Estado ya que en esta Cámara hemos reunido mayoría, y ahora hemos decidido -no me digan que no lo hemos hecho juntos- que en el Senado no se admitieran
enmiendas, porque teníamos otros recursos para potenciar los efectivos humanos de la Agencia Tributaria. Por tanto no me reprochen que el Grupo Popular en el Senado haya votado en contra. Vamos a traer un decreto-ley aquí y por tanto vamos a
participar todos los grupos en ese refuerzo de la lucha contra el fraude y también en la lucha contra el fraude en el ámbito laboral, con el reforzamiento de determinados efectivos en atención al público para acercar más los servicios públicos a los
ciudadanos. ¿En esto habíamos quedado? ¿O no habíamos quedado en esto? Habíamos hablado y algunos de ustedes se manifiestan como si no lo hubiéramos hecho. Yo rogaría que en una etapa de dialogo tan fluido, cuando estemos aquí, en escenarios
públicos, no digamos cosas que no se corresponden. Ahora resultará que hemos votado en contra; no, no hemos votado en contra porque tenemos prisa en hacer el próximo techo de gasto, por cumplir la Ley de estabilidad, por cumplir los plazos de la
Ley de estabilidad y mostrar la normalidad en este país, que es lo que debe llevarnos adelante realmente. En ese sentido yo acabo diciéndoles -alguno de ustedes se ha referido a ello- que este ya es un asunto inamovible. Hombre, inamovible...,
como decía Benjamin Franklin solo hay ineludible la muerte y los impuestos. Eso es así. El resto es recuperable y basta con que sus señorías, los grupos políticos, traigan las iniciativas a esta Cámara.


En la X Legislatura trajimos a esta Cámara la modificación del artículo 95 de la Ley General Tributaria, que es el que permite publicar la lista de morosos mensualmente por parte de la Agencia Tributaria, y eso lo acordamos con el Grupo
Socialista. ¿O no fue así? ¿No lo acordamos? ¿No nos reunimos y dijimos dónde era prudente que no progresara más el levantamiento de la confidencialidad del artículo 95 de la Ley General Tributaria? ¿No hicimos eso juntos? Uno tiene la
impresión de que no hemos estado en las mismas reuniones y que no hablábamos. Pero sí hablábamos, señorías, y ahora resultará que no; hablábamos porque la prudencia en política es fundamental y el no sobreactuar no es fácil. Yo ya tengo muy larga
experiencia también y esa ponderación no es sencilla, porque siempre hay que pensar que no se trata nunca de dar satisfacción a objetivos a corto, sino de no poner las cosas más difíciles para el país. Siempre hay que pensar eso en política,
siempre, en este asunto y en todos los asuntos. Y eso te lleva a invocar la prudencia, porque precisamente eso es compatible con la eficacia.


La Agencia Tributaria es una de las grandes instituciones del Estado; la Agencia Tributaria no actúa en ningún caso -y lo ha llegado a decir el señor De la Torre- con carnés políticos. Yo creo que, viniendo de dónde viene... Lo ha dicho
así. ¿Usted cree, de verdad, que en la Agencia Tributaria hay acción política? No hay ninguna acción política en la Agencia Tributaria, y tenemos que tener la seguridad y la confianza de que eso es así, de que no se actúa con unos frente a otros
ni contra otros. Antes al contrario esos funcionarios no lo admitirían nunca, como no admitiría un funcionario de la Intervención General del

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Estado que un político determinara su acción o su actividad ni un técnico de Administración civil ni un funcionario o un técnico comercial y economista del Estado. España tiene una excelente Función pública, reconozcámoslo y valorémoslo, y
eso es lo que tenemos que potenciar en un momento como el que estamos viviendo. Por supuesto que algunas de las medidas que se toman aquí les gustarán más o menos, eso es normal, pero por eso ellos tienen una responsabilidad, y nosotros los
políticos tenemos otra responsabilidad diferente, y, desde luego para los que tenemos el ejercicio del Gobierno la responsabilidad es muy superior. Por tanto el grado o no de acierto lo tenemos que ver en la evolución de nuestro país. Esta medida
no tiene ningún sentido fuera de 2012.


Yo fui ministro de Hacienda con un Gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular, ¿por qué no la hicimos entonces? Ni se nos ocurría hacerla cuando estábamos en minoría y estábamos acuciados por cumplir Maastricht. ¿Por qué no lo
hicimos entonces si teníamos mayoría absoluta y todo es un contubernio con las clases pudientes? ¿Por qué no lo hacíamos? No tiene ningún sentido ese tipo de crítica cuando lo que estamos haciendo es lo que tuvimos que hacer en un momento muy
concreto, en el que España estaba viviendo la crisis fiscal del Estado en todas sus administraciones, que estaban en una quiebra técnica. Por tanto teníamos que hacer todo lo que teníamos que hacer por lo que pudiera ocurrirnos como país, para que
nadie pudiera decirnos que no habíamos apelado a un procedimiento que está recomendado por la OCDE, que ha sido practicado en países europeos, como en la propia Alemania. Eso es lo que hicimos en España. La OCDE también lo recomendó y el máximo
responsable de la OCDE en materia tributaria celebró lo que habíamos hecho en España. Pero esto no quiere decir que se pueda volver a producir ni que sea reproducible en el futuro, porque estoy seguro de que España no va a volver a vivir una
situación como la que atravesamos en 2012, y ese es el trabajo y la responsabilidad que tenemos todos por delante.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Iniciamos un breve turno de réplica, en el que voy a ser más estricto para que no se nos vaya demasiado el tiempo, a modo de conclusión o de alguna reflexión que quieran hacer finalmente.


En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: De todas formas, dada la circunstancia del debate, señor presidente, voy a apelar a su generosidad para que estos dos minutos nos los podamos dividir entre el portavoz de Compromís y yo mismo.


El señor PRESIDENTE: Son tres minutos en total.


El señor BEL ACCENSI: ¿Son tres? Pues uno y medio para cada uno. Perfecto, vamos sobrados. Muchas gracias.


Señor ministro, yo tampoco entro en ninguna consideración. Efectivamente el Real Decreto-ley 8/1996 no fue llevado al Constitucional porque solo afectaba a una parte del impuesto sobre sociedades, no tenía un carácter genérico. Lo que nos
ha pasado esta vez fue que, igual que el 7/1996, sí que tenía un carácter más genérico. En todo caso lo que queda claro es que ya no se va a utilizar más este mecanismo, supongo; en 2005 cuando salió la sentencia del Tribunal Constitucional ya
todo el mundo hizo propósito de enmienda aunque después se volvió a utilizar. Pero en todo caso respecto a la mayor o menor recaudación -creo que a eso no me ha contestado- es verdad que hubo un informe de 27 de junio de 2012 de la Dirección
General de Tributos en el que se ponía de manifiesto el criterio de esta dirección general, que posibilitó que algunos de los que regularizaron no es que tributaran al 3, es que tributaron al 0. La media es el 3, pero había gente que tributaba al
10 y gente que tributaba al 0, y eso no fue fruto del texto que se convalidó en esta Cámara, sino de la interpretación de la Dirección General de Tributos.


Todavía me han sobrado tres segundos, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Candela.


El señor CANDELA SERRA: Sí, muy brevemente. Respecto a lo que ha comentado la señora Madrazo, nosotros no queremos que arda el mundo, nos conformamos con que haya justicia fiscal. Yo no sé si soy o no digno, pero creo que lo es menos un
partido imputado por corrupción, como el suyo.


Respecto al señor Montoro, dos cosas. Respecto al anuncio que ha hecho de que no quiere que haya más amnistías fiscales, realmente quien lo puede garantizar es la sentencia del Tribunal Constitucional, y

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si quiere incluso le pasamos el texto que en los Presupuestos del año 1992 ya decía que no iba a haber más amnistías fiscales, y las hubo. Se lo digo porque como no nos llega demasiado...


Por último, una cuestión que usted siempre hace cuando se le ponen argumentos, que es no contestar nunca. Creo que quien no es capaz de rebatir argumentos demuestra que no es un político a la altura de este Parlamento.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Candela.


En nombre del Grupo Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: De manera muy breve.


Gracias, señor ministro, por su comparecencia. Como ya ha dicho que no se va a poder utilizar, o se va a prohibir este tipo de amnistía fiscales entiendo que será una labor de todos el que no se produzcan estas situaciones, y poder combatir
el fraude fiscal con todos los grupos parlamentarios.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En nombre de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


Ministro, le he recordado a Joan Fuster y a la memoria para recordarle que estamos hablando de la amnistía fiscal -se puede decir amnistía fiscal- del año 2012, que es la que ustedes aprobaron. Pero eso es como ¡picar en ferro fred! No lo
voy a traducir, pero alguien me habrá entendido.


En todo caso, leeré un fragmento de la sentencia, porque es bueno también que se sepa lo que dice la sentencia. Viene a decir que el decretoley supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de
concurrir al sostenimiento de los gastos públicos. Además dice que con este proceder se legitima como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica,
colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir. El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser por sí solo causa
suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario en general y las concretas medidas que lo integran en particular.


Y acabo con un estudio del Consejo General de Economistas, que cifra la economía sumergida en el Estado español en 102 600 millones de euros, el 16 % del PIB. Por tanto, está todo dicho.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.


En nombre del Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señor presidente, intervendré rápidamente y por alusiones.


En primer lugar, respecto al tema del carné, he comentado -son pura y simplemente sus declaraciones- que había un número de personas socialistas. No me ha extrañado porque tengo una de diciembre de 2013 donde se dice: Montoro acusa a los
directores de Hacienda dimitidos de ser socialistas. Esto es de El País. Desgraciadamente, no siempre ha cuidado ese aspecto en sus manifestaciones públicas. Vamos a dejarlo ahí. A lo único que me refería no era al caso de los directivos, que es
de 2013, sino a estas personas que usted dice que estaban en la lista de amnistía fiscal y que pertenecían al Partido Socialista, luego alguien había mirado un carné.


En segundo lugar, la señora Madrazo decía que en 2012 -y sacaba a pasear una supuesta idea del señor Garicano sobre pedir un rescate, rescate que, por cierto, se produjo- habíamos pedido 40 000 millones, que estaban metidos en un MOU que ha
condicionado toda la política fiscal..., pero en esas fechas -y yo soy el que está en el Congreso- proponíamos algunas cosas, y varias están materializadas en el Decreto-ley 12/2012: una, eliminar la libertad de amortización, y eso lo proponíamos
los inspectores de Hacienda; por cierto, ustedes luego criticaron mucho la libertad de amortización, y con razón, pero ¿qué hicieron cuando esta libertad de amortización en 2010 vino a esta Cámara? Yo se lo diré: se abstuvieron, no votaron en
contra, y era un disparate. Y otra cosa que proponíamos era eliminar los gastos financieros, tema del que tengo hasta un par de artículos académicos. Por tanto, sí, efectivamente era una situación difícil.

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En resumen, usted, señor Montoro, ha dicho que ha pedido disculpas por subir los impuestos, pero no le parece disculpable tomar una medida que, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, deslegitima al Estado y la declara flagrantemente
inconstitucional por ser contraria al artículo 86. Este es el resumen de las tres patas que yo defendía al principio de su política en 2012. Usted ha pedido disculpas por subir los impuestos, pero no por reducir los medios en la lucha contra el
fraude ni por aprobar una amnistía fiscal que el Tribunal Constitucional ha calificado como tal en unos términos durísimos y por unanimidad.


Por último, respecto a las conversaciones y los acuerdos que podamos tener, rogaría -porque lo haría todo un poco más fácil- que este tipo de cuestiones no se ventilaran en el Congreso de los Diputados, porque lo hacen todo bastante más
complicado. Para nosotros lo fundamental es que la Agencia Tributaria -y por eso llegamos a un acuerdo- tenga 100 millones de euros más y se los pueda gastar. Si no son capaces de hacer eso en el Senado -ustedes creen que es una Cámara que sirve
para hago-, háganlo por decreto-ley, porque a nosotros no nos importa la paternidad del tema sino conseguir los resultados adecuados.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.


En nombre del Grupo de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea tiene la palabra el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias.


Señor Montoro, nosotros no tratamos de convencerle, no somos tan ingenuos, pero la descripción que hemos hecho hoy coincide con la realidad. Por ejemplo, en el hecho y el fenómeno de que ustedes desde su ministerio hubieran multiplicado los
panes y los peces -desde julio de 2012 a noviembre de 2012- y de los mecanismos por los que usted lo hizo. Me refiero a lo que he hablado antes de la recaudación. Cuando estamos refiriéndonos a eso y como no creemos en milagros, creemos que hay
redes detrás y que el ministerio tiene sus redes y que, por lo tanto, eso ejemplifica determinadas cosas. Eso es lo que hemos descrito aquí. No pretendemos convencerle. De hecho, al fin y al cabo nosotros tampoco nos preocupamos de si usted es
élite o no. La verdad, no creo que interese aquí mucho. Como amigo de la ciencia, soy amigo de los hechos y a mí no me interesa cómo usted se defina sino lo que usted hace. Y resulta que cuando analizamos lo que usted hace vemos que tiene unos
beneficiarios que son muy concretos y muy singulares y corresponden a determinados perfiles. Por supuesto que sí, una amnistía fiscal. Salga usted a la calle y pregunte quién se acoge a la amnistía fiscal, señor Montoro. Creo que es bastante
fácil, es una prueba empírica. Igual no es el CIS pero seguro que si usted sale consigue las mismas conclusiones. Porque al final somos conscientes de que la política del Partido Popular está hecha para una economía y en un modelo económico en el
que creen que beneficiar a los más ricos les beneficia. Es legítimo, de hecho el efecto goteo y todo lo que usted puede creer que hay detrás en modelos económicos. Es legítimo. Pero el caso de la amnistía fiscal va mucho más allá de todo eso.
Resulta que es directamente incumplir la Constitución, que es el centro de lo que nos ha traído aquí, que ustedes han incumplido la Constitución con una ley para beneficiar a un sector de la población minoritario, que tiene un perfil muy específico
y que no es la mayoría de la gente de la sociedad.


Por lo tanto, no diga usted que estamos inventando nada. Esta es la realidad, a lo mejor no le gusta, usted ha dicho que lo ha hecho apenado. Sinceramente, tampoco le creo mucho en esa petición de disculpas porque al final usted lleva
cinco años diciendo que está bien hecho y no me lo voy a creer ahora porque lo diga el Tribunal Constitucional. Pero es cierto que evaluamos las políticas concretas y la política concreta del Partido Popular no solo en esta amnistía fiscal sino en
sus reformas fiscales, en reformas laborales, en reformas financieras, en prácticamente el conjunto de las políticas... Y usted sabe, por cierto, que cuando ha hecho alguna reforma fiscal que hemos creído oportuna bien Podemos o bien Izquierda
Unida hemos votado a favor y no hemos seguido el juego del 'y tú más'. Hemos dicho: Esto usted lo ha hecho bien y se lo hemos votado a favor. Usted después ha pedido disculpas por coincidir con nosotros, perfecto. Pero nosotros no hemos hecho un
ejercicio de hipocresía, a diferencia de otras posibilidades.


Lo que les planteamos, señor Montoro, es que usted tiene una lista de 705 personas políticamente expuestas, que son personas que se han acogido a la amnistía fiscal y que son cargos públicos o son personas políticamente expuestas -que esa la
definición del acrónimo-. No las conocemos, usted sí las conoce y no digo usted personalmente pero alguien del ministerio las conoce e intuyo que usted también. Y esas personas tampoco son la gente que pasa por la calle, es gente que está
políticamente expuesta por tener algún tipo de cargo público o de representación y que se ha acogido a la amnistía fiscal para

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declarar un dinero que era ilegal. Así de sencillo, eran delincuentes a los que ustedes han blanqueado, punto. Y no se conoce sus nombres porque ustedes no quieren, punto. Esta es la realidad y esto incluso -me atrevería a decir- va más
allá de las ideologías.


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Termino ya.


Usted ha preguntado si hemos salido de la crisis. Nosotros preguntamos a quién se refiere. La señora Botín nunca entró en la crisis, hay muchas personas de este país que nunca han salido de la crisis. Por lo tanto, no tratamos de
generalizar. Ya que usted estaba preocupado, quiero decirle simplemente que la alianza de Podemos e Izquierda Unida goza de muy buena salud.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.


En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor López Milla.


El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, me quedo de sus palabras con alguna cosa que ha dicho. No ha hablado usted con el presidente del Gobierno sobre la amnistía fiscal después de la sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia que califica esa medida
del Gobierno en los términos en los que la califica y usted no ha hablado de esta cuestión con el presidente del Gobierno en ningún tipo de términos, ni en términos de exigencia de responsabilidades políticas ni en términos de qué vamos a hacer ni
en términos de qué ha pasado, si es un asunto de trámite, es una sentencia del Tribunal Constitucional por unanimidad, ya tal... No sé qué, no sé cuántos. De esto no se habla.


Me gustaría que en relación con el tema de las amenazas ahora mismo hay varios medios de comunicación digitales de amplia difusión, de amplio impacto que están publicando: Montoro amenaza al Partido Socialista. No sé lo que les ha dicho
usted a los medios de comunicación esta mañana en los pasillos del Congreso. No lo sé, no estaba allí, estaba usted, pero convendría que fuera usted corrigiendo eso si es un malentendido porque luego pasa el tiempo y a usted no le gusta que le
recuerden las cosas que va diciendo por los pasillos del Congreso. Esta mañana le recordaba aquello de 'deja que se hunda España que ya la levantaremos nosotros'. Usted me decía que eso es mentira, que eso usted no lo ha dicho. Tengo aquí las
declaraciones del 31 de mayo de 2012 en las que la señora Ana Oramas dice exactamente eso, que se lo dijo usted en los pasillos del Congreso. Ahora le envío el link, 31 de mayo de 2012, puede usted hasta escuchar el audio de la señora Oramas en el
que dice que usted le dijo eso (La señora López Ares: Alguien dijo que dijo). Por tanto, corrija los malentendidos.


Ha dicho usted con respecto a la publicación de la lista de morosos algo así como que el Grupo Socialista había estado de acuerdo o que se había negociado. Yo he estado comprobando en estos minutos que el Grupo Socialista presentó una
enmienda de devolución y votamos en contra. Votamos en contra precisamente porque lo que ustedes planteaban era que solo se pudieran publicar casos de sentencias firmes condenatorias siempre que el moroso no hubiera satisfecho la cantidad que tenía
que satisfacer; precisamente porque no estaban incluidos los defraudadores, nosotros votamos en contra y presentamos enmienda a la totalidad de esa modificación legal.


En cuanto al tema que tiene que ver con sus relaciones con los medios de comunicación, yo no sé si usted tiene controlado el Ministerio de Hacienda, yo no sé si usted controla todo lo que ocurre en el Ministerio de Hacienda (El ministro de
Hacienda y Función Pública, Montoro Romero, hace gestos negativos). Me dice que no, bueno, pues entonces vamos bien (Risas). Porque fíjese, día 10 de junio, dos días después de que se conociera la sentencia del Tribunal Constitucional, diario El
Mundo: Hacienda tacha de perorata política la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal. Uno se va a la información y lee varias veces: Fuentes del Ministerio de Hacienda. ¡Fuentes del Ministerio de Hacienda! (Rumores).
Sí, sí, pero además fuentes del Ministerio de Hacienda que citan entrecomilladas. Yo ya le digo, no sé si usted tiene controlado el Ministerio de Hacienda; si me dice que no lo tiene controlado, me gustaría que, por favor, descalificara este tipo
de afirmaciones, esto de 'Hacienda tacha de perorata política', y que descalificara a quien lo ha hecho, porque ni ayuda a la estabilidad del sistema institucional español ni ayuda a la credibilidad de nuestras instituciones, y este tipo de
filtraciones -yo no sé qué pensará el señor Bustos, que es el que firma la noticia-, las haya hecho quien las haya hecho,

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deberían ser descalificadas. Usted como ministro debería salir y decir: El ministro de Hacienda no comparte estas afirmaciones.


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.


El señor LÓPEZ MILLA: Sí.


Gracias (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: La lucha contra el fraude, se lo digo sinceramente, no admite posturas políticas hipócritas porque creo que el objetivo es común. El defraudador nos defrauda a todos: a los del PP, a los del PSOE, a los de
Ciudadanos, a los de Podemos, a todos los partidos. Por tanto, me parece que hay mucha hipocresía política en este tipo de intervenciones.


Señor Garzón, tiene que precisar usted un poco más los términos porque el que defrauda no es un delincuente, el que puede ser un delincuente es el que no demuestra el origen lícito de esos capitales. Lo que sí es un defraudador y nos está
defraudando todos. Por cierto, ustedes en su día, en el año 1991, a la amnistía del PSOE la llamaban universalización fiscal; un diputado suyo que se llamaba Espasa Oliver llamaba a esto de las regularizaciones o amnistía fiscal del PSOE
universalización, ahora parece que emplean términos más duros para denominar esto.


Lo que sí me gustaría decir es que aquí hay un relato de esfuerzo, de trabajo, una trayectoria de un ministro que no ha comenzado su carrera política con esta regularización fiscal, que viene de mucho tiempo atrás. Y la historia de España
tampoco comenzó en el año 2012, empezó con una crisis económica tremenda y el relato de ese trabajo, de ese esfuerzo, de esas medidas adoptadas, del esfuerzo de todos ha conseguido que demos la vuelta a la situación. Además hay más noticias buenas
y las familias españolas saben que con las cosas de comer no se puede jugar. Hay noticias esperanzadoras porque hay margen -lo ha dicho el propio ministro- para que al final de esta legislatura podamos seguir bajando los impuestos, por ejemplo una
bajada del IRPF. Además, como el crecimiento va a ser superior a la previsión inicial del Gobierno, también se pueden incluir nuevos incrementos de los funcionarios.


Por tanto, su aspiración, que parece la de esta legislatura, de que cuanto peor, mejor para sus intereses políticos, ya que quieren llegar al poder a cualquier precio, a medida que va transcurriendo la legislatura se viene abajo porque
nosotros vamos a seguir trabajando, porque es mucho lo que hay que hacer y queremos llegar a ese objetivo de 20 millones de españoles trabajando en 2020.


Muchas gracias (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


En primer lugar, yo ya utilizo el turno solo para aclarar cuatro cosas de las que puedan causar inquietud. Como es bien sabido, yo tengo una carrera política muy larga en la que he tenido el apoyo de los medios de comunicación muy conocido,
yo lo agradezco, lo valoro entusiastamente. Cada uno hace en la vida lo que puede y sin duda alguna yo llevo tanto tiempo en el Gobierno gracias a los medios de comunicación y gracias a lo bien que me explico, porque hago unos titulares...
(Risas). Lo digo porque cada vez que sacan ustedes esto, no me reconozco. El País dijo que Montoro... ¡Pues vaya fuente! Yo soy propietario de mis palabras y de mis ideas. Yo intervengo continuamente en la Cámara e intervengo en medios de
comunicación directos -directos, eh?- y no me someto a otro tipo de planteamientos. Por eso lo hago, para que quede claro.


La intervención de esta mañana en el pasillo está grabada y no sé quién titulará 'amenaza'. Es imposible que yo utilice esa expresión; no la he utilizado nunca. Han titulado muchas veces que yo amenazo y yo no he amenazado a nadie, a no
ser que se considere un defraudador. Estoy utilizando la ley, que es mi obligación. ¿O no es mi obligación? ¿Le voy a poner una alfombra roja a un defraudador? Esa es mi obligación y por eso están esos resultados del fraude. ¿O es que esos
resultados de la lucha contra el fraude han sido siempre así en España? ¿La Ley 7/2012 no le dio unos instrumentos legales a

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la Agencia Tributaria que no había tenido nunca? Ni cuando yo era ministro anteriormente, también se lo digo. Por tanto, vamos a poner las cosas en su sitio.


Cuando he hablado de Gürtel, es porque he hablado de Gürtel en esta Cámara en respuesta a una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista con motivo de una providencia de la Audiencia Nacional para que la Agencia Tributaria informara de
cuántos de Gürtel que estaban en la Audiencia Nacional se habían acogido a esa DTE. ¿No se acuerda? ¡Claro que se acuerda, señor Saura, claro que se acuerda! Se acuerda muy bien de esa interpelación del año 2013. Yo no di nombres, solo dije que
uno. Dije: Uno se ha acogido. No di nombres. De eso es de lo que yo puedo hablar. ¿No puedo hablar del colectivo? ¿No puedo decir que los clubes de fútbol deben esto a Hacienda? ¿No se puede hacer eso? Claro que se puede hacer y se debe
hacer (Varios señores diputados: Se debe). No puedo hablar de nombres y no he hablado jamás de nombres. Esa otra lista de los 705 a la que se refiere está hecha por la Agencia Tributaria. ¿Qué tengo yo que ver? Al ministro no se le informa.
Eso se ha enviado a todos los mecanismos de lucha contra la prevención del blanqueo y están investigados uno por uno en todos los mecanismos de prevención, donde están desde el Banco de España al Ministerio de Economía, la Policía, la Guardia Civil
y demás elementos. Eso es lo que se hace en España y supongo que se hace siempre, siempre se hace así. Es verdad que hemos estado en unas condiciones extraordinarias y, como resultado de ellas, se han producido actuaciones de ese tipo. Le aseguro
que esa lista tiene que haberla visto muchísima gente. Yo no, entre otras cosas, porque considero que es mi obligación no entenderla. Van apareciendo por aquí y por allá porque son investigados, pero eso es lo que hace la Agencia Tributaria dentro
de sus capacidades. A partir de ahí, cuando entiende que hay cualquier indicio de delito, lo pone en manos de la autoridad judicial. ¿O no lo hace así? ¿No lo ha hecho siempre así? Y hay que tener la seguridad de que eso funciona así y no tiene
ningún tipo de interferencia política. No le pidan al ministro que haga lo que no le corresponde hacer.


Cuando me preguntaba si yo controlo al ministerio, ¿a qué se refiere? Yo marco la política del ministerio; con su permiso, claro, porque es aquí donde se determina y se dicta la política, en estos grupos parlamentarios a los que obviamente
me honro de pertenecer. No me confundan. Me intentan confundir una posición en una votación con que hayamos tenido una conversación. ¿Qué tiene que ver? Ya sé que han votado en contra, pero hemos hablado. ¿O no hemos hablado? ¿No hemos hablado
de si llegamos a levantar el velo de esta manera y de si es conveniente socialmente o no es conveniente socialmente levantar el velo en materia de confidencialidad tributaria? Solo hay un país desarrollado que no tiene el velo, solo uno, es un
modelo, y el resto lo tienen todos. Por tanto, el responsable de la Hacienda pública no puede hablar públicamente de nadie, de ningún tipo de dato, no de inspección. Otra cosa es lo que dice algún medio de por ahí sobre Montoro tal y cual -con
perdón de los medios-, que además entrecomillan, la gracia es que entrecomillan, se lo inventan y entrecomillan. Es una falta de rigor realmente descomunal (Risas). Yo lo que les exijo a todos es rigor. Igual que hablo así, con libertad, hablo de
ello pero, por favor, yo soy propietario de mis palabras y de mis actos, soy responsable de ellos, y no de los que se inventan, aunque intenten hacerme responsable de esos actos o de esas palabras. Ahí es donde marco mi territorio personal.


Y mire, todavía estoy aquí preparando el techo de gasto, que es a lo que voy ahora (Aplausos). Todo está muy bien, agradezco, señor presidente, que hayamos celebrado esta comparecencia, pero ahora lo importante es el techo de gasto
siguiente. Este es el techo de gasto y yo ya apelo a la responsabilidad de sus señorías para que podamos tener unos Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. Esto es lo que importa, y si a partir de ahí ustedes tienen a bien
reprobarme, está muy bien, es un acto parlamentario más, yo lo sentiría, ojalá no me ocurriera, pero voy a seguir trabajando en el techo de gasto, porque es absolutamente prioritario para este país tener el Presupuesto General del Estado para el año
2018. Yo les invito a todos a que, con independencia de otro tipo de actos políticos que son muy legítimos -ya les digo que son muy legítimos, y tanto que lo son- pero no son nada prácticos, a que aprobemos las cuentas del Estado de este país, que
es lo que determina la renta social, es lo que establece un nivel determinado de inversiones y es lo que determina también la predicción de los ingresos tributarios. Eso sí que es determinante para un país, es lo que permite y habilita el
cumplimiento de los objetivos de déficit con nuestros socios europeos. Eso es lo que importa, desde luego desde mi condición de ministro eso es lo único que me importa, a eso es a lo que voy a servir y no a otro tipo de cuestiones, que si tal, no
sé qué y no sé cuántos. Por eso decía que el colmo es cuando me abordan con micrófono en mano y me preguntan cómo estás, cómo te sientes. Entonces me sonrío y me falla, pues me digo no me debo sonreír porque la ironía no se entiende en los medios
de comunicación (Risas). Pero ¿sabe por

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qué me sonrío? Porque este país va para adelante. A mí lo que me angustiaba no era esta medida, a mí me angustiaba que el país se hundía, que se llevaba por delante al euro, eso es lo que me angustiaba realmente (Aplausos), y hoy está país
sale adelante, que es lo que realmente importa, que este país salga adelante. Para ello es necesario, insisto, señorías, que pasemos esto. Ya está hecho, es trámite obligado, para eso está el Parlamento, pero pasemos a lo siguiente, a construir,
porque realmente tenemos que asentar las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo en España.


Muchas gracias, señor presidente (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Debo agradecer a todos lo fácil que me lo hacen. El ministro muchas veces hace muy interactivas estas sesiones y la verdad es que yo creo que la flexibilidad es la mejor respuesta que se puede tener. Muchísimas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.