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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 247, de 01/06/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 247
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAFAEL MERINO LÓPEZ
Sesión núm. 13
celebrada el jueves,
1 de junio de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de Ley:
- Sobre la reconversión de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en un centro memorial y documental de la represión franquista en Cataluña. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente
161/000914) ... (Página2)
- Sobre plan especial de seguridad contra las mafias que trafican con pisos vacíos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001608) ... (Página6)
- Sobre la eliminación de cualquier requisito que pueda impedir acceder a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a cualquier ciudadano infectado con el VIH. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente
161/001535) ... (Página10)
- Relativa a reforzar la seguridad en los destinos turísticos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001676) ... (Página15)
- Por la que se insta al Gobierno a desarrollar reglamentariamente la Ley de seguridad privada. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001462) ... (Página18)
- Relativa al apoyo y solidaridad con la familia del teniente coronel Rotaeche. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001459) ... (Página23)
- Sobre la ausencia de examinadores suficientes en Gipuzkoa para la obtención del carnet de conducir. Presentada por los grupos parlamentarios Mixto y Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001292) ...
- Relativa al apoyo a las iniciativas de la sociedad civil respecto a los crímenes sin resolver cometidos por ETA. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001460) ...
- Relativa a la externalización del servicio de traducción e interpretación del Ministerio del Interior. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001767) ...
- Relativa a la situación de los presos de nacionalidad española en el extranjero. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001864) ...
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Señorías, ha habido una modificación en el orden del día; les digo cómo queda configurado. Voy a mencionar el número basándome en la numeración del antiguo orden del día. Sería así: 3, 7, 2, 9, 6, 8 (Rumores). No, sería PNL 3, 7, 2, 9,
6, 8, 1, 10, 4 y 5... (Rumores).
El señor SICILIA ALFÉREZ: ¿Por qué se ha cambiado?
El señor PRESIDENTE: Este es un acuerdo de los grupos antes de empezar la Comisión.
El señor SICILIA ALFÉREZ: No estoy de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Se ha llegado a este acuerdo antes de empezar la Comisión porque coincide con otras comisiones, y por eso se ha modificado. (Rumores.-El señor Tardá i Coma pronuncia palabras que no se perciben).
El señor SICILIA ALFÉREZ: Precisamente por eso, porque hay distintas comisiones.
El señor ZARAGOZA ALONSO: Como coincide con otras comisiones, lo que hemos hecho nosotros es adaptarnos al orden del día publicado.
El señor PRESIDENTE: Pido a los portavoces que se reúnan durante dos minutos y me hagan un orden del día de la sesión. (Pausa).
Tras el acuerdo alcanzado por los portavoces, voy a leer el orden definitivo del debate de la Comisión. Digo el número del orden del día antiguo. Sería: 2, 7, 3, 10, 6, 8, 1, 9, 4 y 5. ¿Alguna duda? (Rumores). Voy a leerlo despacio:
2, 7, 3, 10, 6, 8, 1, 9, 4 y 5.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA RECONVERSIÓN DE LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE BARCELONA EN UN CENTRO MEMORIAL Y DOCUMENTAL DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN CATALUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente
161/000914).
El señor PRESIDENTE: A la vista de esto, comenzamos con la proposición no de ley número 2, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la reconversión de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en un centro memorial y
documental de la represión franquista en Cataluña.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Vaya por delante nuestro agradecimiento al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo Parlamentario Ciudadanos por las enmiendas que nos han presentado, enmiendas interesantes y constructivas, que creo que permitirán que a lo largo de la
mañana podamos redactar una transaccional a gusto de todos y que sea rentable para conseguir el objetivo perseguido.
Dicho esto, creo que compartirán con nosotros, con los republicanos, que la intención, sana, es interesante y necesaria, atendiendo al compromiso que todos tenemos como demócratas de recuperar la memoria histórica de la lucha por la
democracia y las libertades, que es compartido por todos los demócratas, al margen de nuestra ideología concreta y al margen de la adscripción partidista de cada uno de nosotros. Tenemos tres objetivos claros: rehabilitar a las víctimas,
aleccionar y contribuir a consolidar los valores democráticos de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, y explicarnos al mundo. Se trata de hacer lo mismo que han hecho otras democracias que tuvieron la desgracia de sufrir pasados fascistas,
totalitarios o militaristas; no se trata de inventar nada, sino de actuar como lo han hecho otras sociedades que, repito, tuvieron la misma desgracia que la nuestra.
Pretendemos la reconversión de un edificio icónico de la perversión de la dictadura y palacio de todos los sufrimientos que padecieron tantos luchadores y ciudadanos de todos los ámbitos: del mundo obrero, el de la cultura, el
universitario, los movimientos cristianos de base..., todos aquellos que durante tantos decenios plantaron cara a la dictadura en pro de las libertades democráticas. Ustedes saben que el edificio de la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana
fue donde residenciaba la brigada político social, la sexta brigada. Hay nombres que ya forman parte del imaginario catalán y del imaginario de la lucha antifascista, los nombres de Eduardo Quintela, Pedro Polo, los hermanos Juan y Vicente Creix, a
los cuales el poeta Joan Olivé cantó aquel verso de: Creix, creix pero no... (Continúa su discurso en catalán). Pues bien, estos nombres son el icono de las maldades de la vulneración de los derechos democráticos, las torturas permanentes de los
miles y miles de personas que pasaron durante aquellos treinta y ocho años por aquellas dependencias. Razón por la cual creo que sería muy importante que este edificio se pudiera reconvertir en un museo memorial que reprodujera las condiciones en
las que se trataba a los ciudadanos, que también fuera depósito y archivo de toda la documentación, original o digitalizada, de la brigada político social, la sexta brigada regional. Habría que ceder la documentación digitalizada de todo aquello
que compete a las funciones represivas de la policía en aquellos años -estamos hablando de miles y miles de fichas de ciudadanos que pasaron por allí por demócratas-, y por supuesto todo ello habría que hacerlo de acuerdo con la Administración
española, con la Generalitat de Cataluña y con el Ayuntamiento de Barcelona.
Lo que proponemos es 'museizar', 'documentalizar', en definitiva, hacer aquello que han hecho otras sociedades; por ejemplo, ustedes saben que en la República Alemana hoy es posible que las nuevas generaciones, los jóvenes, visiten las
antiguas comisarías de la Stasi y allí puedan comprender cuál era el funcionamiento vulnerador de los derechos humanos que se ejercía en un régimen de no libertades. Esto se ha hecho en Alemania, pero también en otras sociedades, repito, que
sufrieron pasados totalitarios. En definitiva, queremos recuperar un símbolo, trasladarlo a las nuevas generaciones, y todo ello...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
El señor TARDÀ I COMA: ... todo ello, es suficientemente complejo para que hoy seamos capaces de aprobar una transaccional que aúne las complejidades de esta demanda. Esta cuestión solamente puede resolverse mediante grandes acuerdos de
los partidos políticos y grupos parlamentarios aquí presentes, que también atañen a distintas administraciones.
Así pues, -y termino- celebro las enmiendas y espero que el resto de los grupos parlamentarios que no han enmendado se sumen a la redacción de esta transaccional para que hoy aprobemos -espero que por unanimidad- esta iniciativa, que es muy
demandada y será muy sentida por todo el mundo democrático y, en especial, por el mundo democrático catalán.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para defender las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Zaragoza.
El señor ZARAGOZA ALONSO: Muchas gracias, presidente.
La propuesta que viene aquí está en un marco que ya ha tenido antecedentes y cuando discutimos temas de memoria histórica es bueno contextualizarlos. Recordemos que ya el Gobierno de Zapatero
traspasó el Castillo de Montjuïc para convertirlo en un museo de la paz; recordemos que ya ha habido acuerdos en diversos asuntos. Por ejemplo, la cárcel modelo también está presente como recuerdo de estas cuestiones. Es evidente que
cuando se hace una de estas propuestas -en esa línea van nuestras enmiendas- no se ha de hacer solamente un ejercicio de voluntarismo, sino también de racionalidad y posibilismo, de ver qué cosas se pueden hacer. Por eso hemos enmendado una PNL,
que por cierto ya se había presentado hace siete años. Se ha recuperado la PNL de hace siete años con el mismo redactado y es evidente que han pasado cosas desde entonces, como explicaba. Además, afecta a un edificio que tiene uso actual y es
donde centramos la cuestión. El uso actual necesario y presente de las funciones de seguridad que hace este edificio como Jefatura Superior de Policía en Cataluña no se puede obviar. Las cosas hay que hacerlas respetando la memoria, pero al mismo
tiempo respetando las necesidades de la sociedad actual. Por eso enmendamos y decimos que esto se debe hacer producto de un acuerdo, solventando el primer problema, que es el destino y uso que se da a las funciones policiales, que nosotros
defendemos claramente.
Pongo como antecedentes que ya hubo un Gobierno, el Gobierno del president Montilla, que llegó a acuerdos para el traspaso de comisarías. Aquí hay una cosa que la gente ha de tener muy presente, los edificios de seguridad pública dependen
de un organismo, el Giese, que es la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, que por ley no puede ceder gratuitamente ningún edificio, sino que se ha de hacer de manera onerosa, es decir, han de producir un beneficio
que se tiene que destinar a eso y, por eso, precisamente ha de ser motivo de acuerdo. En esta línea va nuestra enmienda, hemos de buscar el acuerdo. Por cierto, si hacemos memoria -se lo recuerdo al diputado Tardà-, veremos que este edificio no
solamente fue durante el franquismo un lugar de esta presencia sino que, cuando se produjo el golpe de Estado, en aquel edificio estaba Companys y vio subir al general Batet, que venía desde el Gobierno Civil hacia arriba, y Companys no sabía en
aquel momento si el general Batet iba a hacer lado a los golpistas o a la democracia. Batet hizo lado a la democracia, rindió la presencia a Companys, que estaba en este edificio en aquel momento en la República. Es decir, que este edificio tiene
mucho pasado, porque los edificios son materia, lo que hace la historia son las personas y este edificio tiene las dos funciones. Así que la propuesta de los socialistas es garantizar la presencia de los Cuerpos de Seguridad del Estado en sus
funciones y en su ubicación, llegar a acuerdos si se tiene que colocar en otro lado -en ese sentido va la enmienda que nosotros presentamos- para no hacer un tema de memoria histórica a trozos...
El señor PRESIDENTE: Vaya finalizando, señoría.
El señor ZARAGOZA ALONSO: El ayuntamiento -acabo sí- tiene un comisionado de memoria histórica y todo el paquete global se tendría que enfocar ahí, no solamente lo de Vía Layetana, sino también el memorial democrático que hay en el Raval,
en la cárcel Modelo y en el Castillo de Montjuic y en esa línea es por donde nosotros vamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÁFOLS: ¿Pero Ciudadanos no tenía enmiendas?
El señor PRESIDENTE: Perdón, para defender las enmiendas de Ciudadanos, el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente, porque vamos muy en la línea de lo que ha comentado el compañero del Grupo Socialista. Nosotros pretendemos garantizar que la reconversión del edificio, que está en uso actualmente -lo están utilizando las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado para su función principal, que es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de Cataluña-, se pueda hacer desde la negociación. Hablamos del posibilismo, y estoy totalmente de acuerdo en que hay que hablar -ese
es el objetivo de nuestra enmienda, que haya un acuerdo con la Dirección General de la Policía- para ver si se puede utilizar el edificio como memorial de hechos que se produjeron en épocas anteriores y que, por suerte, no tienen por qué volverse a
repetir. Decía George Santayana que el que olvida su historia está condenado a repetirla. Es importante que tengamos claras las atrocidades que se produjeron en ciertos momentos de nuestra historia para que no volvamos a repetirlas.
Creemos que nuestra enmienda mejora sustancialmente la parte que proponía Esquerra Republicana, sobre todo porque le da un halo de posibilidad, de raciocinio, de negociación. En ese sentido, intentaremos llegar a una transaccional que
mejore la enmienda, porque el señor Tardà nos ha hecho saber que tiene interés en hacer una transaccional. El edificio tiene un uso actual, aunque, como nos han hecho saber miembros de los sindicatos, está en un estado bastante lamentable. Desde
luego, nos congratulamos de que a los señores de Esquerra Republicana les preocupe el estado de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también aplaudimos -por eso lo introducimos en esta enmienda- que se acojan a una negociación entre
las distintas administraciones: Gobierno de España, Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Barcelona. Creemos que esta es la senda del diálogo, de la posibilidad y no tanto de otras iniciativas unilaterales que no nos llevan a ningún sitio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Para fijación de posición, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente. Yo solo quería abundar en el significado icónico del edificio de Via Laietana al que se ha referido el señor Tardà, conocido simplemente por la gente de aquella época como la Via Laietana. Miren que la Via Laietana es
larga, pero cuando alguien en Cataluña se refiere ella todo el mundo sabe que se refiere a la jefatura de Policía, y cuando la gente habla de las torturas de la Via Laietana, se sabe exactamente a qué se está refiriendo. Yo, personalmente, cada vez
que paso por delante de aquel edificio no puedo evitar un estremecimiento, y me consta que a mucha gente le pasa lo mismo. Estoy de acuerdo con los razonamientos del portavoz socialista, pero yo creo que el mejor favor que se puede hacer a la
policía en este momento, dado el recuerdo -al margen de la República- que tiene la gente en Cataluña de aquel edificio, es instalarla en otro sitio, negociando lo que haga falta, naturalmente, porque estamos hablando de un edificio icónico
distópico, es decir, icónico en el peor sentido de la palabra. Por tanto, la iniciativa es más que pertinente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Simplemente quiero manifestar nuestro apoyo a la proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Expósito.
El señor EXPÓSITO PRIETO: Gracias, señor presidente.
Quiero manifestar, de entrada, que compartimos el espíritu de esta PNL, cuyo registro e impulso agradecemos. Nosotros también creemos que esta democracia no ha sido lo bastante agradecida con las personas que han luchado justamente por el
advenimiento de las libertades, ni ha señalizado suficientemente en términos simbólicos y en términos culturales los efectos de los crímenes de Estado de la dictadura franquista. Sobre todo, creemos -y es lo más grave- que es una democracia a la
que le falta todavía mucho para cumplir la reclamación fundamental que de manera universal se plantea ante los crímenes de Estado, que es una reclamación de verdad, justicia y reparación. Como todavía nos queda mucho, cualquier paso en este sentido
nos parece importante. Por eso, de entrada, anunciamos que nos sumaremos a esta iniciativa.
Nuestro grupo en particular, con las diferentes fuerzas que lo componen, allá donde tiene posiciones institucionales intenta impulsar esta reclamación en la medida de lo posible, incluso a veces forzando los límites de lo institucionalmente
posible. El Ayuntamiento de Barcelona, solo por poner un ejemplo muy cercano al espíritu de esta PNL del Grupo de Esquerra Republicana, ha planteado recientemente una querella contra el juez Carlos Rey González, que fue el juez que emitió la
sentencia contra Salvador Puig Antich -por rememorar un nombre icónico de la represión franquista en Cataluña-, y, como ha mencionado también el Grupo Socialista, el propio Ayuntamiento de Barcelona tiene un comisionado de programas de memoria, que
constituye, efectivamente, un área específica de tratamiento de estas
cuestiones. Asimismo, el Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid presentó recientemente una PNL para señalizar, en un sentido muy semejante a la que plantea el Grupo de Esquerra Republicana con respecto a la comisaría de Vía
Laietana, la antigua sede de la Dirección General de Seguridad; unas instalaciones y un nombre que nos traen evocaciones ominosas. La propuesta era señalizar con una placa y dedicar una parte de esas instalaciones a una especie de memorial para
las personas que sufrieron privación de libertad y violencia en sus instalaciones. Es una iniciativa que, por desgracia, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha recogido.
En cualquier caso, para concluir, nosotros vamos a apoyar esta proposición. Si el compañero Tardà y el Grupo de Esquerra Republicana tienen a bien, nos sumaríamos a la redacción de esa transaccional, un texto de redacción conjunta en el
que, aparte de otras consideraciones, nos gustaría plantear que, si eventualmente se diera la conversión de esas instalaciones en un memorial de la represión franquista en Cataluña, pudiera tener participación el Ayuntamiento de Barcelona,
especialmente a través de su comisionado de programas de memoria. Otras consideraciones sobre qué forma debería adoptar ese memorial, sobre la que también tenemos alguna opinión...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
El señor EXPÓSITO PRIETO: ... nos parece que ahora no vienen al caso. De cualquier forma, quiero señalar que apoyamos la proposición. Planteamos sumarnos a su redacción con el añadido que hemos indicado y agradecemos el impulso en esta
Cámara de cualquier iniciativa que tenga que ver con la temática que estamos tratando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, señora Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, los tiempos han cambiado aunque algunos no se den cuenta y se empeñen en vivir anclados en el pasado. En una sociedad moderna como la nuestra todas las instituciones, y en particular las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
los Mossos d'Esquadra, son las depositarias de estos valores democráticos que hacen de España y de Cataluña una sociedad libre. La sociedad cambia, las instituciones han evolucionado, pero sorprende comprobar como algunos, cuarenta años después,
siguen haciendo ajustes de cuentas con el pasado, quizá con el único objetivo de ocultar el presente; un pasado afortunadamente superado al que ninguno debería querer volver. Lo que ustedes plantean como un acto de restitución moral no deja de ser
un artificio en el año 2017 para justiciar su desafío al Estado. Señor Tardà, abra los ojos. ¿Acaso no cree que los ciudadanos merecen que se dé respuesta a sus necesidades actuales y que no tengamos que mirar permanentemente a través del
retrovisor de la historia para contemplar un pasado ya superado? No hay mejor prueba de superación de ese pasado que comprobar que el edificio que, como se ha dicho ya, se pretende reconvertir tiene un uso plenamente adaptado a las funciones de una
policía moderna y, desde luego, hay que reconocer que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están comprometidas con la defensa de los derechos de todos los catalanes y españoles.
Señor Tardà, señorías, dejen de mirar el pasado; nosotros creemos que hay que mirar al futuro y por eso no vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
- SOBRE PLAN ESPECIAL DE SEGURIDAD CONTRA LAS MAFIAS QUE TRAFICAN CON PISOS VACÍOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001608).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto número 7. Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.
La PNL que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista sobre el plan especial de seguridad contra las mafias que trafican con pisos vacíos quiero presentarla desde tres puntos de vista, desde el punto de
vista del problema, desde el punto de vista de las visiones reduccionistas del problema y desde el punto de vista de las soluciones.
Empiezo por el primero: el problema. ¿De qué estamos hablando, señorías? La crisis económica de nuestro país provocó una auténtica tragedia humanitaria, una crisis humanitaria en el ámbito de la vivienda. Cientos de miles, millones de
personas perdieron su vivienda en nuestro país. Fue un proceso muy rápido, en pocos años, y quienes accedieron a la misma, fundamentalmente el sector bancario y también algunos particulares, hicieron una nefasta gestión del problema, primero, desde
el punto de vista ético, al no dar la posibilidad de buscar soluciones para los inquilinos, para los que tenían su primera residencia en las mismas, y segundo, con una gestión nefasta una vez que accedieron a la propiedad de la vivienda. Cientos de
miles de viviendas, muchas de ellas aquí, en Madrid, quedaron vacías.
A partir de ahí empezaron a operar grupos de delincuencia organizada para acceder a las viviendas con fines diferentes. En algunos casos hubo grupos de delincuentes que lo que hacían era detectar pisos vacíos, dar la patada en la puerta,
cambiar la cerradura, engancharse a los servicios de la propia comunidad de vecinos o a otros vecinos del inmueble y pasar a un alquiler absolutamente irregular, más que irregular, cometiendo directamente un delito, ya que ni la vivienda era de
ellos ni podían hacer ese subarriendo. ¿Quiénes fueron y quiénes accedieron a esas viviendas? En ocasiones fueron grupos organizados de delincuentes muy locales, en otros casos de ámbito más amplio y en algunos casos incluso ligados al tráfico de
drogas.
En este sentido, es interesante decirles que en algunos puntos se resolvió el problema. Por ejemplo, a ciertos sectores sociales que tenían mucha dificultad para acceder a una vivienda digna, ese subcontrato con una renta baja les resolvió
el problema puntual, aun ocasionando otros problemas. Esa fue una de las tónicas, pero no fue la única. En otros casos se alquilaron a traficantes de menudeo en una situación que para ellos era ideal, porque estaban en una vivienda que no era la
suya, y por tanto no figuraba en ningún registro, y desde ella traficaban y tenían la posibilidad de abandonar en cualquier momento ese lugar. No se lo digo porque me lo hayan contado, se lo digo porque todo esto ocasionó problemas graves a vecinos
de barrios. En Madrid fue especialmente relevante en Lavapiés. Se organizó una plataforma de vecinos porque gente normal del barrio -gente humilde, trabajadores, pequeños comerciantes que vivían en el barrio- vio cómo sus vidas se convertían en un
auténtico infierno. No solo recibieron unas facturas de luz desorbitadas porque alguien se había enganchado a su contador, sino que el tráfico que ocasionaba el menudeo de venta de drogas les hacía muy difícil su vida en su propio edificio. Como
les digo, no se trataba de potentados ni mucho menos, era gente normal, en su inmensa mayoría trabajadores, que vio complicarse mucho sus vidas.
El problema era este. ¿Cómo se trató de abordar? En este momento no hay una solución al problema, y no la hay de una forma clara, a mi juicio, porque hay dos visiones reduccionistas sobre el mismo. Hay una visión reduccionista económica,
que dice: yo tengo mis derechos, aquí hay una Ley Hipotecaria, se produjo un desahucio, hay una ejecución y, por tanto, está resuelto. Así queda resuelto el problema desde el punto de vista económico. Esa es una. Hay otra visión excesivamente
reduccionista ideológica, porque en el ámbito del movimiento okupa hay un sector -sinceramente, creo que es minoritario, pero existe- que dice: Ante una ocupación irregular, ¿cómo reacciono? De dos maneras diferentes: desalojo si son otros y hago
la vista gorda si son los míos. Esa visión reduccionista desde el punto de vista ideológico creo que también está equivocada.
Por eso, planteamos soluciones.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Las soluciones que planteamos, señor presidente, son para no seguir enrocados en nuestros búnkeres ideológicos. Proponemos soluciones de tres tipos, que son las que se necesitan: sociales, policiales y judiciales.
Este es un problema social, porque el derecho fundamental a la vivienda debemos protegerlo por encima de todo y, por tanto, queremos que cualquier ámbito judicial que se establezca para un desahucio se conecte directamente con los servicios sociales
para intermediar o resolver el problema de esa persona que va a perder su primera vivienda. Segundo, es un problema policial en dos ámbitos. Es necesaria la investigación para desmantelar estos grupos de delincuentes organizados y es necesaria una
policía de proximidad, la Policía local, para que esté encima del problema y así pueda contactar con los servicios municipales y, sobre todo, tenga información para la inteligencia.
En tercer lugar, es un problema judicial, porque no queremos que se siga desahuciando a personas de su primera vivienda desconectándolo por completo de la solución social. Por eso planteamos esta PNL que aquí he presentado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Enmienda del Grupo Mixto, señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Se trata simplemente de una referencia competencial que entendemos que no tendría que tener problema. Se defiende sola.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Enmienda del Grupo Ciudadanos, señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Intervengo muy brevemente, presidente.
Estamos totalmente de acuerdo con los planteamientos del portavoz del Grupo Socialista. En esta enmienda no se está hablando del movimiento okupa legítimo, de estas personas que han perdido la vivienda debido a la crisis, que se han quedado
descolgadas por la situación económica, se está hablando de mafias totalmente organizadas que se lucran a través de la intromisión en una propiedad privada -que hay que recordar que es ilegal- y, además, únicamente para su beneficio. En muchos
casos lo que hacen es ocupar pisos vacíos, dañándolos ostensiblemente y produciendo destrozos y disturbios a los ciudadanos normales, vecinos de esos edificios.
Nuestra enmienda trata de mejorar técnicamente la proposición del Grupo Socialista -con la que estamos totalmente de acuerdo-, con la idea de incorporar este tipo de delitos al catálogo de juicios rápidos, permitiendo así que el desalojo de
la vivienda se pueda ejecutar en un breve plazo de tiempo. Ha dicho el señor Trevín que él ha vivido en primera persona lo que sucede cuando tienes vecinos que se han introducido de forma ilegal en una vivienda y se dedican al trapicheo de drogas y
a actividades ilegales. Creemos que hay que actuar en todos los frentes. Es cierto que hay que actuar en el frente social, para eso están las instituciones, para dar soluciones a las personas que por desgracia se han quedado descolgadas en esta
situación económica, pero a las mafias organizadas, que se están lucrando del sufrimiento de otros, lo único que se les puede hacer es perseguirlas y prevenir estas situaciones. En ese sentido, lo que hace nuestra enmienda es mejorar el texto
inicial.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmienda del Grupo Popular, señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señor presidente.
Hemos propuesto una enmienda para alcanzar un acuerdo con el Grupo Socialista, igual que se hizo en el Parlamento de Galicia.
Efectivamente, este es un problema que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años y, de alguna manera, ha sido más creciente en aquellas alcaldías llamadas del cambio. En Galicia desconocíamos este problema y ahora lo tenemos en
Santiago y en A Coruña. Hoy mismo el alcalde de Santiago, de las Mareas de Podemos, dice que sancionará a los dueños del edificio ocupado por tapiarlo para evitar su ocupación. ¿Qué será lo que harán después? ¿Regular el alquiler ilegal que los
okupas hacen a terceras personas? Ayer mismo hubo una carga policial y el alcalde de Santiago dijo que eran unos okupas modélicos. Les puedo enseñar las fotos que mandan los sindicatos de policía con seis policías heridos. Sin lugar a dudas, es
un problema al que tenemos que dar solución. Es una indefensión, efectivamente.
En Madrid se ha creado la Oficina de seguimiento de viviendas ocupadas a través de la Policía Nacional y, fíjense en estos datos, desde el mes de abril de 2016 -cuando se crea la oficina- hasta el mes de enero de este año, esta oficina
recibió, solamente en Madrid, 4783 comunicaciones, de las cuales 3771 son viviendas realmente ocupadas; de estas, solo 405 viviendas fueron desalojadas -es decir, tenemos un problema-, 275 de ellas por lanzamiento judicial. Sin lugar a dudas son
datos alarmantes, solo en el Ayuntamiento de Madrid. Los juicios rápidos, las comunicaciones a los servicios sociales... Creemos que no deberíamos reducirlo a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil; tal vez un real decreto específico o
cualquier otra norma podría ser una solución. Lo que sí consideramos es
que debemos dar una solución y acabar con estas mafias okupas que se están dando en muchas ciudades, que crean indefensión, cuando llega el legítimo propietario y ve cómo le han cambiado la cerradura, que no puede entrar en su casa y que
tiene gente dentro. Esto es comunismo y hay ciertos alcaldes que lo están amparando. El legítimo derecho de los propietarios a su vivienda es un derecho adquirido. Hay grupos antisistema que están ocupando edificios enteros y ahora el alcalde de
Santiago sanciona al propietario por tapiarlos. ¿Estamos locos, señorías?
Por tanto, lógicamente, aplaudimos esta iniciativa y espero que alcancemos una transaccional con el Grupo Ciudadanos, con el Grupo Catalán y con el Grupo Socialista, porque en estos momentos la sociedad española nos demanda que lleguemos a
un acuerdo en este tema y en Galicia en estos momentos se lo debemos a los ciudadanos de Santiago y de A Coruña, que están viendo cómo sus propietarios están siendo desalojados de sus propiedades.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo PNV, tiene la palabra el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente. Intervengo muy brevemente.
La proposición no de ley que inicialmente presenta el Grupo Socialista pretende abordar una situación que no es la del okupa prototípico, sino la de auténticas mafias organizadas que ocupan pisos con la voluntad de alquilarlos con una
apariencia de legitimidad. En principio, consideramos que es netamente un problema policial, y en ese sentido, si no he entendido mal al portavoz del PDeCat, competencialmente creemos que no solo es una cuestión de Policía Nacional y de Guardia
Civil, sino de policías integrales, allá donde existan, porque es un problema netamente de seguridad ciudadana, de policía criminal.
Hay otra dimensión que me sorprende -no negativamente, simplemente me sorprende-, que es la conexión de este problema con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como si fuera una situación particular; solo respecto a estos
inquilinos de buena fe -los que sean de buena fe-, a los que se les puede provocar una situación de indefensión, de lanzamiento, hay que conectar con los servicios sociales. Creo que es un tema que, por lo menos en el País Vasco, a nivel municipal,
a nivel foral y a nivel de comunidad autónoma ya se ha abordado, aunque, como todo, siempre es mejorable, y a nivel estatal también se han dado muchos pasos. Por tanto, no entendemos muy bien por qué se pretende abordar aquí como si fuera una
especificidad, cuando es una cuestión general. Además, hay otro problema. Creemos que no solo es una cuestión de Interior, ya que también en la Comisión de Justicia y en otras comisiones se está abordando el tema de los lanzamientos. Eso nos ha
llamado la atención no muy positivamente, porque se ha intentado engarzar un problema que es netamente de seguridad y que corresponde a esta Comisión, como es prevenir este tipo de comportamientos claramente delictivos, con una cuestión que ya se
está tratando en todos los ámbitos. No nos vamos a oponer, pero nos ha llamado la atención, y no positivamente, que se mezcle una cosa con otra de manera descontextualizada, como si nunca en ningún territorio ni en ninguna Administración se hubiera
abordado este problema, no específicamente con estos inquilinos, sino con todos los inquilinos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Señor Mayoral.
El señor MAYORAL PERALES: Ha llegado el momento de la hipocresía, ha llegado el momento del teatrín, el momento de ensañarse no con la pobreza sino con los pobres y de criminalizar a aquellas personas que hoy se cuantifican, según algunos
datos, en torno a unas 85 000, pero que podrían ser en torno a 300 000, afectadas por una situación de emergencia habitacional y de posesión en precario en nuestro país.
Yo sí les quiero hablar de mafias, de las mafias que se encuentran en los consejos de administración de las entidades financieras, de las mafias que dirigen los fondos de inversión y que acaparan viviendas en las ciudades de nuestro país, de
las mafias que ponen planchas metálicas en los barrios de los trabajadores y que no pagan la comunidad de propietarios, que tienen empresas dedicadas a buscar la manera de no cumplir con sus obligaciones y que degradan el entorno urbano. Les quiero
hablar también del incumplimiento sistemático de la Observación general 7, del Comité de Naciones Unidas, que prohíbe expresamente los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, porque es una violación flagrante de derechos humanos.
Además, no les voy a hablar del aire, les voy a hablar de casos concretos como el que se va a producir este viernes, y les invito además a que vayan. Les hablo del caso de Lía y de Santi, con cuatro hijos y esperando el quinto, que son
solicitantes de vivienda en la EMV y en el Ivima. Mientras que las administraciones públicas incumplen con su obligación de facilitar alternativa habitacional, en esta situación de emergencia, la alternativa que les están ofreciendo es que se
dirijan a los servicios sociales, que no proveen de alternativa habitacional. Esto (muestra una fotografía) es lo que se está ofreciendo a la gente: agentes judiciales que se presentan a realizar desalojos encapuchados. ¡En este país se están
realizando desalojos con agentes judiciales encapuchados! En Majadahonda, recientemente, tienen el caso de las casas rojas (muestra una fotografía). La consecuencia es que un niño de tres meses ha sido desalojado utilizando la fuerza pública para
sacarle sin que la Administración competente en materia de vivienda, que es la Comunidad de Madrid, garantice el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. De eso es de lo que estaremos hablando mientras no se cumpla el
artículo 281 del Código Penal, que es un artículo que recoge el delito grave de acaparamiento, delito que está siendo perpetrado por las entidades financieras y los fondos buitres. ¡Esto es un ejercicio de cinismo y de ensañamiento con los sectores
más vulnerables de la población inadmisible en un país democrático!
Yo le digo al Partido Socialista que si quiere seguir conservando algo de socialista o de obrero haga el favor de retirar esta proposición, porque esto le está situando al lado de los especuladores, en vez de atender las necesidades de
aquellos que en estos momentos están sufriendo de manera más salvaje la crisis y que han sido víctimas de procedimientos de ejecución hipotecaria, ilegales en muchos casos, y que todavía no han podido ver cómo se cumplen los principios básicos ante
las violaciones de derechos humanos: verdad, justicia y reparación. Ustedes en el Pleno dijeron que todos los grupos tenían la voluntad de cumplir con la Observación general 7, que es una obligación de nuestro país: prohibir los desalojos
forzosos sin alternativa habitacional. De eso es de lo que estamos hablando.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
El señor MAYORAL PERALES: Les insto a que cumplan el ordenamiento jurídico, el artículo 281, para hablar del acaparamiento, para impedir la degradación del entorno urbano realizada por fondos buitre y por entidades financieras rescatadas
con dinero público. ¡Es una vergüenza lo que estamos viviendo hoy! ¿Quieren ustedes acabar con el problema de la ocupación? A la gente no le gusta vivir en precario pensando que cualquier día van a romper la puerta de su casa y, por medio de la
violencia, les van a poner en la calle.
El señor PRESIDENTE: Concluya.
El señor MAYORAL PERALES: ¡Pongan las viviendas que están siendo acaparadas por las entidades financieras y por los fondos buitre en manos de la población! ¡Garanticen el derecho a la vivienda y verán como se acaba el problema!
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señorías, les pido, por favor, que se atengan a los tiempos que hemos establecido.
Ruego a los portavoces que nos vayan haciendo llegar a la Mesa las transaccionales a lo largo del debate.
- SOBRE LA ELIMINACIÓN DE CUALQUIER REQUISITO QUE PUEDA IMPEDIR ACCEDER A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, A CUALQUIER CIUDADANO INFECTADO CON EL VIH. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente
161/001535).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 3, presentada por Ciudadanos. Señor Igea.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchísimas gracias, señor presidente.
Venimos hoy aquí a tratar el asunto de los catálogos de exclusión en las oposiciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a tratar de un asunto que se arrastra desde los años ochenta. Los que tenemos edad suficiente para haber
vivido la epidemia de sida desde sus inicios recordamos bien como
en los años ochenta empezaron a aparecer por toda la geografía casos de personas que enfermaban de una neumonía rarísima, que iban muriendo de manera repetida y que se concentraban básicamente en el entorno de los ambientes homosexuales. El
estigma que acompañaba a los pacientes de esta enfermedad, que fue una terrible plaga en los ochenta, no ha desaparecido en nuestros días. Esta enfermedad, que es solamente una enfermedad, arrastra desde entonces el estigma de la maldición, del
castigo o de lo inmerecido. Y es así a pesar de que la medicina ha avanzado lo suficiente como para poder controlar la enfermedad, para estar seguros de que los pacientes que son portadores de VIH no son pacientes transmisores de VIH. En el
momento actual en nuestro país más del 95 o 99 % de los pacientes que son poseedores de VIH no transmiten la enfermedad, no pueden transmitir la enfermedad por vía parenteral ni por vía sexual, porque su carga viral es indetectable. Por tanto la
discriminación que se mantiene hacia estos pacientes en la actualidad es una discriminación que supone una violación flagrante de nuestra Constitución. Por eso en este año que GeSIDA y los colectivos de lucha contra el sida han denominado un año de
lucha contra el estigma queremos dejar bien claro el compromiso del Parlamento español y de los representantes de los españoles con la igualdad de todos ante la ley, y con la reparación del estigma que acompaña a una enfermedad que no es una
maldición.
Es una enfermedad de la que enferman cada año en España 2500 personas, y es una enfermedad que se transmite por vía de contagio sexual: el 50 % de los casos por vía homosexual, el 25 % por vía transexual, muy pocos casos por vía parenteral,
y ningún caso afortunadamente por vía materno-infantil. Todos estos casos podrían ser cualquiera de ustedes, todos estos casos podrían ser cualquiera de sus hijos, cualquiera de sus sobrinos, cualquiera de sus hermanos; y les aseguro que cuando
uno ha vivido la enfermedad y la ha vivido de cerca en familiares o en conocidos sabe lo duro que es que a uno le traten como a un apestado. Es prácticamente medieval que sigamos manteniendo esta discriminación, es prácticamente medieval que
sigamos considerando a estos pacientes como gente apestada, pero desgraciadamente es así, y aun así, aun hoy se mantiene esta discriminación. Aun fue hace escasamente dos o tres meses cuando el Parlamento de Navarra trajo a este Parlamento una ley
para acabar con su discriminación en los seguros de vida, porque se daba la paradoja de que la misma Policía Foral de Navarra aún seguía considerando criterio de exclusión el VIH, es absolutamente intolerable, absolutamente intolerable. Esto no
puede continuar un día más, porque no puede ser que justamente las personas encargadas de hacer cumplir la ley en este país incumplan un principio constitucional como el principio de igualdad. Por todo ello les solicitamos que voten favorablemente
a esta proposición no de ley.
Una proposición muy parecida a esta ya se debatió en la Comisión de Sanidad del Congreso, y se debatió a propósito de la diabetes y de otras causas de exclusión, y se logró una enmienda transaccional entre todos los grupos en la que se
incluía también el VIH. Vamos a presentar una enmienda transaccional con el Grupo Popular exactamente con el mismo texto que se votó en la Comisión de Sanidad y que fue votado por unanimidad. Espero del sentido común, del raciocinio y de la bondad
de todos los miembros de esta Comisión que no veamos una vez más cómo se vota una cosa diferente en una comisión que en otra, y espero, por favor, que acabemos hoy y que logremos acabar a lo largo de este año con la discriminación de unas personas
que solo han tenido la mala suerte de entrar en contacto con un virus; no son culpables, no son dignos de castigo, no merecen nada de lo que les pasa, son como cualquiera de ustedes o como cualquiera de sus hijos. Les pido, por favor, que voten a
favor de esta enmienda transaccional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista, señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.
Permítanme que inicie mi intervención leyendo un pequeño párrafo de lo que decía el programa electoral con el que mi partido, el Partido Socialista, se presentó a las últimas elecciones. Decía: poner en marcha el pacto social contra la
discriminación de las personas con VIH -que fue elaborado por el anterior Gobierno socialista, en colaboración con múltiples actores y colectivos-. Avanzar en la lucha contra la discriminación de estos colectivos; promover la eliminación de todas
aquellas actitudes, normas y prácticas que generen estigma, discriminación o trato diferente por motivos de enfermedad en los ámbitos laboral, social, escolar y económico, así como impulsar el estudio y la revisión de las actuales limitaciones en el
acceso al empleo y los servicios, a fin de modificar aquella normativa que no se adecue a las necesidades de salud actuales. Por tanto, señorías, lo que quiero decirles leyéndoles parte del
programa electoral de nuestro partido de las últimas elecciones es que nuestro compromiso en avanzar en la lucha contra la discriminación hacia las personas con VIH es claro, que nuestro compromiso por fomentar y facilitar la inclusión en el
mundo laboral de las personas infectadas con VIH es claro, lo hicimos cuando estuvimos en el Gobierno y lo proponemos estando en la oposición o cuando nos presentamos ante los ciudadanos en unas elecciones.
Y en lo que afecta a esta iniciativa, a esta proposición no de ley venimos a presentar una enmienda en la que decimos, y estamos en el ánimo de poder llegar a un acuerdo con el resto de grupos y evidentemente con el proponente, que en el
plazo de seis meses se revise con criterios científicos el cuadro de exclusiones médicas para acceder a policía nacional o guardia civil, unificando criterios y teniendo en cuenta evidentemente las funciones que, tanto la Constitución como las
leyes, encomiendan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pues entendemos que hoy hay exclusiones que a nuestro juicio son cuando menos cuestionables, y permítanme que les ponga algún ejemplo en este breve tiempo que tengo.
Por ejemplo, el hecho de que falte el dedo meñique de un pie es una causa de exclusión para ser guardia civil, y creo que muchos podemos cuestionar que eso evite realizar una buena labor por parte de un agente, que le pueda faltar el dedo
meñique de un pie; o algo tan subjetivo como una cicatriz que afecte a la estética del individuo ¿Habrá algo más subjetivo que la estética? Pues eso sigue apareciendo como una causa de exclusión. ¿Qué es lo que decimos en el Grupo Socialista?
Que revisemos este cuadro de exclusiones, pero no solo para evitar la discriminación que denuncian los colectivos de lucha contra el sida, sino otras cuestiones que, bien por los avances médicos o científicos, bien por la sensibilización social que
se ha producido en los últimos años, no tiene sentido -como digo- que sigan siendo una causa de exclusión. Pero, señorías, esta Comisión no es una comisión científica o médica para determinar qué causas deben ser tenidas en cuenta para excluir a
una persona que aspira a ser guardia civil o policía nacional. Por eso insisto en que se revise con criterios científicos y médicos, porque entendemos que hay algunas causas que no deben afectar para poder aspirar a ser guardia civil o policía
nacional, pero vuelvo a insistir en que dentro de...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Voy terminando, señor presidente.
Dentro de unos criterios médicos y científicos que tengan en cuenta las funciones que, tanto la Constitución como las leyes, encomiendan a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que tienen una labor muy determinada, y por supuesto
teniendo en cuenta también esas mismas leyes y esa misma Constitución -la nuestra- que determinan que no se puede discriminar a ninguna persona por su condición o circunstancia personal o social. Ojalá seamos capaces de llevar a cabo ambas
cuestiones, pero desde luego, insisto, teniendo en cuenta estos criterios científicos y médicos, y teniendo en cuenta cuál es la labor que realizan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Popular, señora Blanco.
La señora BLANCO GARRIDO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en relación con la proposición no de ley que sometemos hoy a debate en esta Comisión de Interior quiero manifestar que en mi grupo ha causado cierta extrañeza, ya que no entendemos muy bien por qué el Grupo Parlamentario Ciudadanos
nos presenta esta iniciativa, y no lo digo porque no compartamos el objeto de la misma, que por supuesto lo compartimos -y así trataré de explicarlo a lo largo de mi intervención, faltaría más-, sino porque como también ha recordado el portavoz de
Ciudadanos, y también quiero yo recordar y manifestar en mi intervención a sus señorías, recientemente en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales aprobamos por unanimidad otra iniciativa muy similar por la que se instaba también al Gobierno a
revisar el actual catálogo de exclusiones médicas, con el fin de eliminar patologías excluyentes como la diabetes, el VIH o cualquier otro proceso patológico; una iniciativa que desde nuestro punto de vista es mucho más amplia y completa que la que
nos presenta hoy Ciudadanos, y como decía con anterioridad una iniciativa aprobada por unanimidad en Comisión.
Una vez dicho esto y entrando ya en el fondo del debate diré que mi grupo ha presentado una enmienda muy en la línea de la ya aprobada, como decía, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en la que manifestamos, como no podía ser de
otra manera, nuestra posición favorable a que se revise y actualice el cuadro de exclusiones por motivos de salud en el acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, acorde con las funciones que deben ser objeto de desempeño en cada
cuerpo, recogidas también, por otro lado, en la Ley Orgánica de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para la que deben estar preparados todos los aspirantes seleccionados. Por lo tanto, señorías, exclusión no, rotundamente no;
evaluación individualizada, sí, sobre todo en aquellos cuerpos, escalas o categorías que así lo tengan previsto. En definitiva una enmienda que consideramos más amplia, más constructiva y más completa que la iniciativa presentada por el grupo
proponente, porque por un lado pretende beneficiar a más personas que puedan presentar alguna patología incluida en el cuadro de exclusiones, y no solo a los afectados por el VIH, como recoge la iniciativa.
Por otra parte, quiero recordar a sus señorías que ya el Plan estratégico de prevención y control del VIH y otras infecciones de transmisión sexual incluye dentro de sus objetivos la elaboración de un informe de revisión sobre los criterios
médicos de acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido quiero manifestar que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está trabajando de manera activa en esta intervención, en colaboración con los
responsables médicos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, contando por supuesto con la participación de las comunidades autónomas. Por todo ello quiero manifestar que, antes de que el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentara esta
iniciativa, este Gobierno ya estaba trabajando en las medidas incluidas en esta proposición no de ley.
Voy finalizando, señor presidente. La discriminación de la naturaleza que sea, y por supuesto para las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad, es contraria a nuestra norma suprema, a nuestra Constitución. Por eso es necesario
continuar trabajando con el objetivo de eliminar las exclusiones médicas no justificadas en el desempeño público, teniendo en cuenta que durante las últimas décadas, como muy bien ha recordado el portavoz de Ciudadanos, hemos vivido múltiples
cambios en el conocimiento de la infección por el VIH, y gracias a la disponibilidad de fármacos altamente eficaces y al inicio precoz del tratamiento la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes ha aumentado de forma significativa. Por
todo ello esperamos que sea posible llegar a algún tipo de acuerdo, con el objetivo de que una vez más este tipo de iniciativas sean aprobadas por unanimidad, pues de lo que se trata es de terminar con la discriminación que sufren las personas que
tienen VIH o cualquier otra patología a la hora de acceder a determinados empleos públicos.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
La señora BLANCO GARRIDO: Termino, señor presidente.
Ese es el claro objetivo de este grupo y de este Gobierno, y esperamos que sea compartido por el resto de los grupos de esta Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: La mejor aportación que puedo hacer es la propia experiencia personal. Como técnico en seguridad debo haber estado en más de un centenar de tribunales de oposición para seleccionar policías, y supongo que a lo
largo de los años debo haber suspendido por motivos médicos a bastante gente por tener VIH. Digo supongo, porque esto no funciona exactamente así. Alguien pone en unas bases -no es el caso de los Mossos, pero sí de muchas policías locales- que una
causa de exclusión médica es el VIH. Te llega un informe médico, no dicen que el candidato tenga VIH, pero ese informe médico dice no apto. Empiezo por confesar que debo haber suspendido a bastante gente por este motivo. Esto era antes -y para lo
que pueda valer, desde la experiencia de una persona que lo ha hecho-, pero he de decir que en este momento esto científica, médica y técnicamente no tiene ningún sentido. Lo hubiera tenido hace cuatro o cinco años o quizá menos. En este momento
médicamente el virus ya no se transmite, por lo que estamos hablando de una causa de exclusión social. Lo digo por lo que pueda valer, y viniendo de una persona que durante un tiempo aplicó la norma excluyendo a candidatos que tenían VIH, y que
ahora desde la información y la seriedad va a votar positivamente esta
proposición no de ley de Ciudadanos, pues lo que en un tiempo tenía sentido médicamente en estos momentos simplemente es motivo de exclusión social y no puede ser aceptable.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente. Nos reclamaba el portavoz del grupo proponente que por sentido común apoyáramos la proposición. Como se ha señalado aquí por algún otro portavoz, esta no es una cuestión de sentido común, sino una cuestión
técnica y pericial. Es una causa que debe estar incluida en el cuadro de exclusiones médicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -podría ampliarlo a bomberos, conductores de ambulancia, etcétera-, y esta Comisión de Interior no es el foro, como
también se ha señalado. Es una cuestión técnica que debiera venir dada con un criterio técnico aceptado sin lugar a dudas, y en el caso de esta casa sería por la Comisión de Sanidad. Pero por el debate que he escuchado -no tenía criterio, es
verdad, y tampoco me lo habían facilitado- en los diez o quince minutos que hemos tenido, este grupo no se encuentra en condiciones de instar al Gobierno a la eliminación de esta causa. Por tanto nos abstendremos, sin perjuicio de que si
efectivamente hay un consenso técnico-sanitario en que esta no es una causa para incorporar al cuadro de exclusiones médicas, así debiera ser. En este momento nosotros no tenemos criterio. Si alguien estableciera un criterio con carácter general
debería admitirse pacíficamente en todas las convocatorias. En definitiva me ratifico en la posición que manifestaba. No tengo criterio para pronunciarme, y cuando haya un criterio de manera indubitada se impondrá, en términos pacíficos porque es
una cuestión científica, en todas las convocatorias policiales o de otros servidores públicos. En resumen nos abstendremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario de forma indubitada está absolutamente a favor de evitar cualquier discriminación de cualquier persona que tenga VIH o que lo haya adquirido. Por eso vamos a apoyar unánimemente la propuesta a la que se llegue
finalmente. No obstante me gustaría dejar constancia de un par de cosas. Primero, respecto a la propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos es necesario acotar el objetivo de la misma, pues deja abierta la propuesta de acuerdo final. Esperemos
que en la transaccional a la que se llegue se ciña específicamente al cuadro de exclusiones médicas, que es donde se debe contemplar este tema y que no se contemplaba en la propuesta original. En segundo lugar, quiero hacer constar que una cosa es
predicar y otra dar trigo. En este caso estamos todos de acuerdo en la prédica, en la lucha contra la discriminación a las personas que tienen VIH, pero dar trigo se refiere a una cosa que se dice en la exposición de motivos de la proposición no de
ley: el incremento de contagios que ha habido en nuestro país en los últimos años. Mi grupo quiere poner esto en relación con el trigo, con el poco trigo que se da desde los Presupuestos Generales del Estado y desde el Gobierno de España en los
últimos años, que ha reducido prácticamente a la inexistencia las ayudas a las campañas para luchar contra la transmisión del VIH. Ayer mismo se aprobaron los presupuestos en la Cámara, votados favorablemente por el Grupo Parlamentario Ciudadanos,
unos presupuestos que vuelven a dejar prácticamente en la nada la ayuda para la lucha contra la transmisión del VIH.
Mi grupo se alegra de que esta Comisión pueda llegar a un acuerdo en cuanto a la lucha contra la discriminación de las personas que han adquirido el VIH, pero nos gustaría que todos los grupos parlamentarios fuésemos capaces de llegar a ese
mismo tipo de acuerdo para incrementar las ayudas para evitar la transmisión del VIH. Por mucho que, afortunadamente, gracias a la investigación y a la lucha de muchos colectivos se haya convertido prácticamente en una enfermedad crónica y no en
una enfermedad mortal, sigue existiendo, se sigue transmitiendo y desgraciadamente en nuestro país la transmisión ha aumentado en los últimos años.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
- RELATIVA A REFORZAR LA SEGURIDAD EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001676).
El señor PRESIDENTE: Debate de la PNL número 10, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Borrego.
La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, señor presidente.
Todos los que estamos aquí tenemos claro que la industria turística es un pilar clave de nuestra economía: un 12 % de nuestro producto interior bruto y más de un 13 % del empleo en España. Además es una industria que ha soportado muy bien
los momentos de crisis, conservando y manteniendo el empleo, y ahora está aumentando los niveles del mismo. La percepción de seguridad influye de manera determinante a la hora de elegir el destino de un viaje, en la satisfacción y en la valoración
del viaje realizado, y disponer de un sistema turístico percibido como seguro es una clara ventaja competitiva. Es una de las cuestiones que más se ha valorado a la hora de que España sea considerado el país más competitivo del mundo por el Foro
Económico Mundial. De ahí la importancia de trabajar, como ha hecho el Ministerio del Interior, en colaboración con todas las administraciones por el Plan Turismo Seguro. Por ello hemos planteado esta proposición no de ley dirigida a seguir
avanzando en este plan, para reforzar los servicios de seguridad en las zonas de elevada afluencia turística. Así han venido trabajando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en coordinación con el sector turístico, tanto público como privado, y con
las diferentes administraciones.
Cuando hablamos de proporcionar seguridad al turista hablamos del turista nacional y del turista internacional, y de proporcionar esa seguridad no solo ante acontecimientos muy graves, como puede ser la prevención de un delito grave o como
un atentado, sino también ante las pequeñas sustracciones o pérdidas de documentación, que eso también puede alterar mucho la vida del turista. Por ejemplo, en el año 2015 el Ministerio del Interior puso en marcha esa actuación -pequeña, pero tan
útil- que incrementa la sensación de seguridad de los visitantes, como es la compulsa de los documentos de viaje. Por eso yo creo que tenemos que seguir avanzando y colaborando para que las cifras de turistas internacionales y nacionales vayan
aumentando en nuestro país; incrementando el número de turistas y también el gasto que estos realizan cuando visitan nuestro país. Es importante continuar con la apuesta por las nuevas tecnologías, como hizo el ministerio en 2015, y no nos podemos
olvidar de que estamos cada vez más ante un turista conectado. La aplicación AlertCorps que puso en marcha el ministerio ya tuvo en 2016 trescientas descargas. Yo creo que es importante que lo sigamos haciendo. Y es importante también colaborar
con otras administraciones, tal y como propone nuestra proposición no de ley y propone el Grupo Socialista en su enmienda, trabajando con otras administraciones y también con el sector privado, con las federaciones hoteleras. Solo en 2016 el
Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieron reuniones con administraciones, federaciones hoteleras y consulados, que también son muy importantes; más de seis mil reuniones. Debemos seguir trabajando en esta línea.
También debemos seguir trabajando en el incremento de las SATE, que han sido muy importantes y operativas en este Plan de Turismo Seguro. Tenemos que trabajar por que las SATE lleguen a todas las zonas turísticas de España.
Por último yo creo que es importante seguir valorando la sensación de seguridad, la sensación de que estás en un destino de calidad, en un destino amable que llega desde el mismo momento en que llegas al destino. Por eso es importante que
cuando lleguemos a nuestros aeropuertos sea fácil pasar todos los controles policiales, siempre priorizando por supuesto como no puede ser de otra manera la seguridad. Esa es la propuesta que se hace con esta proposición no de ley, adelantando si
es posible la entrada en funcionamiento del Plan de Turismo Seguro. Normalmente esto se hace el 1 de julio, pero no podemos olvidar que están llegando cada vez más turistas en la baja o media temporada. Así lo hemos visto en los meses pasados;
hasta el mes de abril han aumentado de manera considerable, un 13 %, los turistas internacionales que han visitado España. Una de las labores que tienen también que hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que es clave, es la colaboración con los
residentes. Es importante incrementar la seguridad de los turistas, tanto nacionales como internacionales, que visitan nuestro país, pero también la convivencia con los residentes es importante, y eso también radica en la colaboración y el trabajo
que están haciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dentro del Plan de Turismo Seguro y dentro de su actividad diaria.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Hay diversas enmiendas. Por el Grupo Socialista, Señora Botella.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
Para el Partido Socialista la seguridad y las políticas del Ministerio del Interior son políticas de Estado. La seguridad está por encima de los intereses partidistas, y vemos que el Partido Popular sigue sin entender ese principio básico y
sigue practicando el oportunismo político. Hay abierta una Comisión de Investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior por el Partido Popular, y sigue dando pasos pequeños y grandes en el uso partidista del Ministerio del
Interior. Esta proposición, aparentemente bienintencionada del Partido Popular, es de todo menos prudente. Lo digo porque, a día de hoy, no está garantizada esa seguridad de los destinos turísticos en España; y no lo está y dudo que pueda estarlo
con los presupuestos del Estado aprobados ayer, y dudo que pueda seguir estándolo. Esta PNL es imprudente por el conflicto que arrastra la Policía Nacional por la normativa reguladora de la jornada laboral, que está en su máximo apogeo. El Partido
Popular a la vuelta del verano tiene a las organizaciones sindicales, que aglutinan a la totalidad de policías nacionales, en pie de guerra por la combinación letal de dos problemas: uno, la grave falta de efectivos de base tras seis años de
Gobierno del Partido Popular, que consta de veinticinco mil menos de los aprobados en el catálogo; y dos, por la normativa reguladora de la jornada laboral de Policía Nacional, aprobada el 18 de diciembre de 2015, a dos días de las elecciones
generales, por el anterior director, señor Cosidó, con un Gobierno en funciones y con la Cámara disuelta; una decisión muy contestada que aprobó un recorte del 10 % de presencia policial en las calles, el cierre de comisarías por la noche o la
imposibilidad de patrullar en algunos barrios.
Con este conflicto y con esta problemática a las puertas del despacho del ministro del Interior aparecen ustedes proponiendo la puesta en marcha de la operativa del Plan de Turismo Seguro -ya nos dirán en qué fecha va a concretarse-, que
incrementa la colaboración público-privada en aras a mejorar la eficiencia del plan; señorías del Partido Popular, fíjense si entendemos que España necesita un Plan de Turismo Seguro porque fue un Gobierno del Partido Socialista, el de Rodríguez
Zapatero, el que lo puso en marcha, pero necesita unos refuerzos adecuados, agentes de policía y guardia civil en las zonas turísticas, sin que haya un vaciamiento y sin menoscabo de los derechos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además esa colaboración público-privada debe realizarse con las administraciones autonómicas y locales y con el sector turístico; y, por favor, que se incluya a Canarias en el mapa de oficinas de servicio de atención a los turistas extranjeros,
porque Canarias recibe más de treinta millones de turistas y no tienen esas posibilidades.
Termino. Señorías del Partido Popular, sean serios, organicen bien las cosas antes de traer a esta Cámara brindis al sol y PNL de autobombo que ofenden a la realidad que viven las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y sobre todo
háganlo rápido, tómenselo en serio porque les recuerdo que hoy es día 1 de junio y el refuerzo de la seguridad no está garantizado en los principales destinos turísticos españoles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para defender la enmienda del Grupo Mixto, señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: De hecho es el mismo tema de la primera proposición no de ley. Por costumbre o por inercia se suele olvidar que en el territorio del Estado español hay dos policías integrales, que son la Ertzaintza y los
Mossos d'esquadra, que específicamente tienen sus programas de protección al hecho turístico que se realiza cada año, cada año hay un plan específico, una campaña informativa, un despliegue de protección en Cataluña en el terreno turístico, y por
tanto solo quiero recordar que esta es la realidad del Estado en el que vivimos. Solamente añadimos una referencia, que esta valoración que se dice que se tiene que hacer en la PNL se haga con diálogo con las comunidades autónomas.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para defender la enmienda del Grupo Ciudadanos, señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, de cara a esta PNL que presenta al Partido Popular, por una parte, entendemos que el turismo realiza una grandísima contribución a nuestro producto interior bruto; por tanto exactamente igual también a la creación de
empleo. Es verdad que además en los últimos tiempos hemos tenido una ventaja competitiva, dado que es cierto que España en estos momentos es uno de los países más seguros del mundo, y producto de la situación de otros destinos en el extranjero y
por la inseguridad que todos conocemos, hemos tenido la oportunidad de recibir un turismo que nos ha llegado además en un momento adecuado. Pero es verdad también que si no hacemos los cambios necesarios y si no nos actualizamos al máximo,
innovamos y hacemos los cambios pertinentes, no fidelizaremos turistas, y en el momento en que en otros lugares u otros destinos se recupere esa tranquilidad, probablemente tendremos un descenso. Como lo que pretendemos es mantener el turismo que
tenemos, entendemos que esta PNL es adecuada. Es verdad que el Gobierno, en caso de que sea aprobada, tiene la obligación de demostrar que da un paso más, más allá de hacer un catálogo de las cosas que en este momento están puestas en marcha.
Aunque ahora voy a hablar de nuestras enmiendas, nos parecen adecuadas las que se han presentado cuando las hemos ojeado porque entendemos que suman. El principal problema que tenemos es la falta real de efectivos que existe en este momento
-así como en el sector turístico, como se ha demostrado también con la enmienda que presentamos para intentar contribuir a mejorar la situación- en el control de pasaportes en determinados aeropuertos, pues se ha vulnerado el real decreto de la
Unión Europea que dice que los Estados miembros tenemos que tener medios para garantizar que no se produzcan largas colas ni vulneración de los derechos de los pasajeros. Con nuestra enmienda tratamos de solucionar una parte del problema, pero es
verdad que hace falta un mayor número de efectivos. También es necesario llegar a un acuerdo en relación con los tramos de vacaciones para mantener el mayor número posible de trabajadores en plantilla y que no sean todos nuevos en los destinos
turísticos. Hay que abordar este tema porque nuestro PIB y la necesidad de crear empleo lo necesitan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo PNV, señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Simplemente intervengo para manifestar que me adhiero a las palabras y consideraciones del señor Guillaumes, portavoz de PDeCAT.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Podemos, el señor Delgado.
Señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Popular insta al Gobierno a seguir apostando por la seguridad. Leo la PNL y veo que es una nota de prensa del ministerio y además le falta un poco de rigor. Si se hubiesen currado un poco más esta PNL, a lo mejor podría ser más
rigurosa, pero en ella dicen que hay que seguir apostando por la seguridad cuando en los últimos tres años resulta que tenemos 20 000 policías y guardias civiles menos. Eso no es apostar por la seguridad, sino más bien por desmantelar la seguridad.
Para un titular, para la foto queda muy bien, pero en realidad apostar por la seguridad significa que debe haber más Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado este verano en nuestras calles, pero no va a haber más porque tenemos lo que tenemos.
Hay que trabajar en una mayor coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es uno de los principales problemas que tenemos. Vivimos en un país en el que, según el territorio, hay hasta cinco cuerpos de policía,
contando las del Estado, las comunidades autónomas y las locales, y entre ellas hay una gran descoordinación, pese a que tenemos una de las ratios más altas del mundo en lo que se refiere a número de policías, así que apostar por seguir mejorando la
seguridad no es hacer una nota de prensa del Gobierno, traerla y firmarla entre todos para quedar muy bien, sino que hacen falta políticas concretas, reales, sobre todo para que se puedan llevar a cabo todas esas cuestiones que estoy
comentando, incluso -después va a haber una proposición no de ley sobre ello- para que tengamos más interpretes en nuestras comisarías, en los cuarteles de la Guardia Civil, porque vivimos en un país al que vienen millones de turistas y
muchas veces nos encontramos con el problema de los intérpretes.
Hacen falta hechos, medios concretos para poder apostar por esa mejora. No se trata de continuar apostando por ello, porque no se ha apostado por nada: lo que se ha llevado a cabo es el desmantelamiento de la seguridad pública en este
país. Tenemos unidades como la UCO o la UDEF bajo mínimos que están llevando a cabo operaciones muy importantes. Además, la falta de medios también afecta a las condiciones sociolaborales de los trabajadores de la Policía Nacional y de la Guardia
Civil. Es verdad que este verano los turnos no se van a poder cumplir en la Policía Nacional, y en la Guardia Civil no se cumplen nunca precisamente por falta de personal.
Por lo tanto, no se trata de seguir apostando, sino de empezar a apostar de verdad por la seguridad pública para llevar a cabo un mejor servicio que tanto policías como guardias civiles vienen realizando, a pesar de la falta de medios y de
efectivos que tienen, de una forma bastante profesional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESARROLLAR REGLAMENTARIAMENTE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001462).
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo al debate de la PNL número 6, propuesta por el Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Serrada,
El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, señor presidente.
La proposición no de ley que trae a debate el Partido Socialista tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es el desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada y la segunda tiene que ver con que ese
desarrollo reglamentario se ajuste al máximo a la realidad en la que realizan su trabajo miles de trabajadores en este país que se dedican a la seguridad privada como detectives privados
Durante la tramitación de esta Ley de Seguridad Privada mi grupo dejó perfectamente claro cuál era su posicionamiento respecto a empresas y personas que se dedicaran a la seguridad privada, y era una relación de subordinación respecto a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tenemos esa posición, la teníamos y la seguimos manteniendo, y la mantenemos cada vez con más firmeza porque todos aquellos temores y riesgos que nosotros apuntábamos resulta que hoy se están cumpliendo, y
estamos asistiendo a situaciones de empresas de seguridad privada que vigilan fronteras, como en el caso de Melilla, un hecho que constató el propio secretario de Estado en esta Comisión. Vemos a empresas de seguridad privada que se dedican a la
vigilancia e infraestructuras estratégicas en nuestro país o a infraestructuras que son especialmente sensibles, como depósito de explosivos. (La señora vicepresidenta, Botella Gómez, ocupa la Presidencia). El Partido Popular aprobó con su mayoría
absoluta, y con el caso de Método 3 aún reciente, la Ley de Seguridad Privada, pero ahora con la nueva composición parlamentaria es el momento de desarrollar esta ley a partir del debate y del consenso.
En lo que respecta a los detectives privados, desde mi grupo creemos necesario introducir elementos que garanticen que en el desarrollo reglamentario de esta ley se delimiten la labor y la coordinación de los detectives con las fuerzas y
cuerpos y que se introduzcan parámetros que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo de este colectivo. Para ello, creemos que las unidades de seguridad privada deben tener constancia de qué contratos se realizan, quién los realiza y cuál es el
objetivo en la investigación que se va a desarrollar. De esta información, junto a otras, las fuerzas y cuerpos deben tener constancia escrita con el fin de tener un registro de actividades completo que sirva a los detectives para que también
puedan medir el trabajo que realizan.
En segundo lugar, consideramos que es necesario mejorar las condiciones laborales de los detectives, condiciones específicas y muy diferentes de otros trabajadores del sector, ya que la práctica totalidad de los detectives privados en
nuestro país son trabajadores autónomos. Por este motivo, se deben afinar todo lo posible las condiciones que la ley establece para estos trabajadores, ya que de aplicarse estas condiciones supondría el cierre de miles de despachos y dificultaría
la entrada de nuevos profesionales al sector. Creemos que deben abordarse cuestiones que tienen que ver con las
medidas de seguridad en los despachos, con los seguros y avales que deben contratarse o con el innecesario trámite de aplicar nuevas normas en materia de protección de datos cuando ya hay una extensa normativa que se aplica en nuestro país.
Por último, pensamos que la formación de los detectives privados debe garantizar que los profesionales cuenten con una formación apropiada. Esto pasa porque sea presencial, porque se imparta en centros homologados por el Ministerio del
Interior, además de que se incluya la obligatoriedad de que se establezca un periodo de prácticas para las personas que finalizan su formación.
En resumen, queremos que la labor de los detectives privados tenga un mayor reconocimiento, que se incremente su prestigio profesional y que los cambios que se introduzcan en el reglamento tengan que ver con la realidad de este colectivo.
Y, en este sentido, desde mi grupo consideramos que es tremendamente injusto que a un detective privado la ley le sitúe en el mismo régimen sancionador que a una empresa de seguridad privada y, sin embargo, ambos se parezcan tanto como una pera a
una manzana. Les voy a poner un ejemplo. No es justo que, mientras haya profesionales que puedan ver comprometido su puesto de trabajo por no tener el dinero suficiente para cubrir las obligaciones que pretende imponerles el Gobierno -hablamos de
en torno a 20 000 euros-, haya empresarios piratas que campan a sus anchas en la Administración, llenándose el bolsillo con dinero público, mientras sus empresas están siendo investigadas por Hacienda y la Seguridad Social; empresarios que estafan
a la Administración a costa de incumplir sus obligaciones con los trabajadores. Ni Berlanga, señorías, hubiera escrito un guion como este: empresas de seguridad denunciadas e investigadas por Hacienda y por la Seguridad Social que son contratadas
por estos organismos para vigilar sus oficinas, pero Berlanga tampoco hubiera imaginado que un fiscal Anticorrupción tuviera que dimitir o se viera obligado a dimitir por tener una offshore en Panamá, cosa que ha sucedido ahora mismo.
Finalizo mi intervención diciendo que vamos a aceptar las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, pero haciendo una precisión. Respecto a esta cuestión que plantean en su apartado número 4, que tiene que ver con la
información, nuestro grupo lo que propone es que se haga una ley específica que recoja cómo tienen que regularse todas las cuestiones que tienen que ver con la información que se almacena en pen drives, discos duros, etcétera. Queremos manifestar
que vamos a elaborar una transaccional con el grupo del PDeCAT con el fin de ajustar aún más la propuesta que mantenemos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Respecto al desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada de 2014, hemos de convenir que es inaceptable una demora de más de tres años en regular un sector clave como este. Nos encontramos con una ley presentada a bombo y
platillo, con el rodillo del Partido Popular, pero que a los efectos sigue la regulación del reglamento del año 1994. El Reglamento de Seguridad Privada vigente todavía es el aprobado por el real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre. Si bien
podemos estar de acuerdo con que la complejidad y la extensión de la norma es notoria, no es menos cierto que las iniciativas legislativas de la trascendencia de esta Ley de Seguridad Privada deben tener un impulso político acorde por parte del
Gobierno. Toda vez que este reglamento es imprescindible para la ordenación del sector, especialmente para las empresas del sector: los libros de registros específicos en la materia, ya sean de vigilancia y de protección, de armas, de protección
de personas, las relacionadas con los escoltas o depósitos, transporte o distribución de objetos valiosos o peligrosos, la instalación y mantenimiento de aparatos y dispositivos de sistemas de seguridad, lo relativo a alarmas y centrales de alarmas,
etcétera, todo esto lo que en definitiva demuestra es que es necesaria una mayor diligencia e impulso político por parte del Gobierno, que asimismo debe estar en consonancia con la importancia y el impacto que este sector tiene en la propia
sociedad.
Nos preocupa este tema. En su tramitación legislativa ya se puso de manifiesto que no hubo consenso general y que hay puntos especialmente delicados. Con respecto a la idea del principio de complementariedad, surgen dudas a partir del
desarrollo normativo: ¿cómo va a quedar configurado el sector? ¿Pretende el gobierno del PP favorecer a las grandes empresas? Hemos vivido ya casos sonados de puertas giratorias y las administraciones públicas son grandes usuarias de estos
servicios, especialmente con la privatización de la seguridad pública que el PP ha intentado vender. Así, la actividad
que ejercen las empresas de seguridad privada para las administraciones públicas deberían tener una especial consideración, mayor auditoría y transparencia y deben tomarse medidas de desarrollo también en este sentido. Es más, no nos queda
claro que el personal de seguridad privada tenga el reconocimiento suficiente en esta nueva regulación. ¿Con estas nuevas competencias complementarias se reconocen las funciones de los trabajadores de la seguridad privada o es una excusa para
seguir mal pagando a vigilantes y guardas particulares de campo, así como a otros profesionales especializados en el sector, a cambio de engordar las grandes empresas de seguridad?
No es de recibo -voy concluyendo- que, como dice el preámbulo de la propia ley, la seguridad sea un valor social, además de jurídico, normativo y político, y el reglamento olvide a sus trabajadores, a los trabajadores de la seguridad
privada, poniendo el foco en las grandes empresas. Debemos observar que en este marco normativo la situación que regula las distintas actividades de seguridad privada depende del impulso y del adecuado desarrollo de los mismos. Por eso
consideramos que la especialidad de los detectives privados como personas físicas y autónomos debe atenderse adecuadamente. Además, el concepto de la seguridad integral aludido en la ley de seguridad privada incluye la seguridad informática y de
las comunicaciones, entrando dichas actividades a estar en el ámbito de la seguridad privada. Por el impacto en el sector de las consultorías de seguridad y de la información de auditorías tecnológicas es necesario que se regulen estos aspectos.
Nosotros, por concluir, hemos añadido dos puntos de adición a la propuesta del Partido Socialista para mejorar esa proposición no de ley y lógicamente vamos a votar a favor. Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el diputado señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidenta.
Señorías, nos sentimos un poco maternales con referencia a esta ley porque participamos -muy concretamente el que ahora es conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané- en su elaboración. Por tanto, estamos especialmente atentos a
todo lo que hace referencia. Estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de desarrollarla de una vez. Ya llevamos mucho retraso. Nuestra enmienda es de tipo aclaratorio. Hay una frase por parte de los proponentes que dice que hay que evitar la
desaparición de muchos despachos de detectives privados de un tratamiento específico distinto del previsto para otras empresas de seguridad. Es el uso de la expresión empresas de seguridad. Naturalmente que las agencias de detectives son empresas
de seguridad, pero normalmente cuando se utiliza la expresión empresas de seguridad nos referimos a otra cosa, a una empresa de seguridad privada.
Por tanto, entendemos que la expresión lleva al confusionismo de que las agencias de detectives deben ser empresas de seguridad privada cuando supongo que no es eso a lo que se refieren los proponentes. Estamos abiertos a cualquier tipo de
transaccional que deje claro que una cosa son las agencias de detectives y otra cosa las empresas de seguridad privada, que pueden coincidir o no. Es eso lo que nosotros queremos aclarar con la supresión de estas dos líneas que proponemos o con
cualquier otra solución que llegue al mismo resultado.
Gracias, presidenta. Gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta en funciones.
Por una parte, nuestro grupo pone de manifiesto que no tuvimos la suerte de haber estado en el momento del trámite legislativo de la ley cuyo desarrollo reglamentario se pretende. Ya nos hubiera gustado haber podido realizar en ese momento
aportaciones, pero es cierto que no es lógico tener una ley desde hace tres años y que no haya tenido su desarrollo reglamentario, y más con el reconocimiento de una Cámara mucho más plural y con muchos más grupos políticos, por lo que por tanto
podría haberse dado incluso algún contacto por parte del Gobierno para conocer nuestra opinión, independientemente de que a él le corresponda ese desarrollo reglamentario. No entendemos tampoco en este momento que no esté resuelto a nivel nacional
el discurso del encaje de la seguridad privada. Partimos de la base de que en este momento uno de los grandes problemas de nuestras sociedades es garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos. Por otra parte, tenemos el discurso lógico de
la falta de efectivos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y al mismo tiempo, por ejemplo, el responsable de Podemos
ha dicho en su intervención que incluso no encuentra que haya un reconocimiento al personal de seguridad dentro de lo que se ha desarrollado hasta este momento, pero por otra parte se dice que a ver si se va a tender a la privatización de
servicios de seguridad en detrimento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hay un lío y ese lío lo tenemos que intentar resolver entre todos, porque lo prioritario es garantizar la seguridad y producir a partir de ahí un buen encaje del
puzzle de todos aquellos actores que participan en la solución de la misma.
La seguridad privada es fundamental porque en este momento, si bien estamos diciendo que cada uno tiene sus responsabilidades, todos sabemos lo que ha crecido en este país. Todos sabemos las exigencias que hay para poder realizar y prestar
esos servicios. Por otra parte, repito, es absolutamente inasumible que tres años después de haberse aprobado una ley no se haya producido ese desarrollo reglamentario. Estamos de acuerdo con que se haga y nos gustaría que el Gobierno acertara,
porque lo que se está poniendo de manifiesto es que hay una disparidad de planteamientos muy grande que puede llevar a hacer una interpretación del propio reglamento y del desarrollo de la ley muy negativo y por tanto deslegitimar el trabajo que
puedan hacer desde la seguridad privada para contribuir a lo público en la garantía de la seguridad de los ciudadanos.
Para terminar, en la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista, que vamos a apoyar porque nos parece bien, creemos que ha metido un poco de soslayo el tema de los detectives. Se podría haber hecho una proposición no de ley
específica sobre ese tema de los detectives para hablar de esa problemática. Estamos de acuerdo en que se tiene que analizar cuál es la situación del encaje de los detectives dentro de esa ley de seguridad privada. Entendemos que hay que
garantizar cuando menos dos cosas: que cumplen todas las garantías para poder desarrollar su propio trabajo, eso es fundamental -no se puede eximir a los detectives privados de la capacidad de custodia, de armas, de información, etcétera-, y que
tengan los medios adecuados para poder garantizar la realización de su trabajo y tener esa seguridad dentro del encaje del conjunto de la seguridad privada.
Por tanto, la vamos a apoyar, pero entendemos que esto va a abrir bastante debate de aquí en adelante entre los distintos grupos y que el Gobierno está tardando en tratar de racionalizar. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra la señora Palmer.
La señora PALMER TOUS: En relación con la proposición no de ley, la postura del Grupo Parlamentario Popular es favorable a la iniciativa en los términos en que ha sido presentada por el Grupo Socialista. En esta proposición no de ley se
solicita al Gobierno, por un lado, que en el plazo más breve se lleve a cabo el desarrollo reglamentario de la Ley 5/2014 y, en segundo lugar, que los despachos de detectives dispongan de un tratamiento específico. La postura de este grupo es
absolutamente favorable a ambas demandas porque, de hecho, el Ministerio del Interior ya lo está haciendo. En cuanto a la petición del desarrollo reglamentario, el ministerio comenzó a trabajar nada más aprobarse la ley en el Parlamento y esto es
así porque para nosotros la seguridad privada es parte esencial del modelo de seguridad español. En el modelo de seguridad -tenemos que recordarlo-, la seguridad privada se considera como auxiliar y colaboradora especial de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, a las que complementa en su misión constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Y esta labor profesional, que se hace en beneficio de todos, creo que ha
logrado la generalizada aceptación por parte de toda la sociedad española, que valoramos y reconocemos la labor de la seguridad privada. Para nosotros, para el Ministerio del Interior, para este Gobierno es fundamental que haya una cooperación y
colaboración activa entre la seguridad privada y la pública y, de hecho, la Ley de Seguridad Privada se percibió como un instrumento básico para conseguirlo. Con esta ley el Gobierno quiso darle más importancia y más responsabilidad al colectivo,
abrió la posibilidad de prestar nuevos servicios que considerábamos que la sociedad demandaba y que, por cierto, también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado demandaban; lo que hicimos, por tanto, fue potenciar su papel como complemento
indispensable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales. Además, es un sector que tiene una enorme relevancia y presencia económica. No voy a dar datos, pero creo que es un sector enormemente importante.
Respecto a la PNL, ¿cuál es la situación actual del reglamento? En este momento se ha presentado el borrador del reglamento de seguridad privada que intenta dar respuesta a todas las demandas del sector. Se ha entregado a la Secretaría de
Estado de Seguridad. Es verdad que han pasado más de dos
años, pero ha sido una demora justificada por la enorme complejidad de la norma, una complejidad que se percibe tanto en la fase de elaboración como en la fase de tramitación. Fase de elaboración que -también vale la pena resaltarlo- ha
contado con las aportaciones indispensables del sector, es decir, es un borrador de reglamento que está enriquecido por las aportaciones del sector, es un borrador pegado a la realidad. De este borrador, ya en manos de la secretaría de Estado
pasaríamos después a la fase de tramitación, una fase que también se prevé extensa y prolongada por la cantidad de organismos e instituciones que tienen que participar en ella. Sin describir lo que tiene que hacer cada ministerio, puedo decir que
hay nueve ministerios implicados y cada uno tiene que elaborar un informe; además, hay tres distintos órganos consultivos que tienen que aportar su dictamen. Por tanto, es una fase larga, pero lo es por la complejidad que impone el ordenamiento
jurídico para poder aprobarla. Lamentablemente, no podemos concretar cuándo va a aprobarse ese reglamento por la extensa tramitación que estoy mencionando.
En lo que se refiere a la segunda cuestión, relativa a la regulación diferenciada de los detectives privados y empresas de seguridad, quiero destacar que la ley ya distinguía claramente el régimen jurídico entre unos y otros y se les exigían
distintos requisitos y formalidades, y puedo afirmar que el desarrollo reglamentario va a ir en esa línea.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): A continuación, le pregunto al proponente, señor Serrada, el estado de aceptación de las enmiendas presentadas.
El señor SERRADA PARIENTE: Vamos a empezar a trabajar ya con el PDeCAT para hacer la transaccional y respecto al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea vamos a aceptar las dos enmiendas como enmiendas de
adición.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias.
Señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muy brevemente.
Quiero manifestar que siento diferir del parecer mayoritario del resto de portavoces. Creo que la proposición iba dirigida -lo dice, desde nuestro punto de vista, con claridad- a los detectives privados, en el sentido de establecer, en
cuanto a garantías y medidas físicas y electrónicas de seguridad, un régimen distinto para los detectives privados, personas físicas, que para los despachos de detectives privados, personas jurídicas, constituidos exclusivamente por detectives
privados. Todo el tiempo estamos hablando de detectives privados: detectives privados -personas físicas- y empresas -personas jurídicas- solo de detectives privados. La ley los contempla específicamente, pone unas medidas que son idénticas y lo
que nos propone esta proposición es que se discrimine, que se hagan medidas distintas, en cuanto a medidas de seguridad, de garantías y seguros, para unos que para otros. Creo que es desacertado. Lo que pretende proteger esta norma de la ley, el
artículo 24, no lo protege; no protege a los detectives, protege a las personas privadas, jurídicas o individuales que van a los detectives, porque los detectives manejan información sensible de las personas individuales, claro que sí, y exigen
unas garantías porque se afecta a derechos fundamentales y son informaciones sensibles. Lo que pretende la proposición es que el reglamento modifique la ley, que el reglamento establezca unas obligaciones distintas para unos y para otros que el
artículo 24 dice que son las mismas. Nosotros no estamos de acuerdo porque, desde nuestro punto de vista, el eje estratégico de la cuestión es el ciudadano no es el detective privado y esas medidas están encaminadas a proteger a los ciudadanos
cuando, en su caso, vayamos a los detectives privados: unos seguros y unas medidas. No sé por qué tienen que ser distintas, porque la contraposición no es con la empresa privada, que tiene muchas funciones: detectives, directores, agentes
uniformados con armas, sin uniforme... No, no, estamos hablando de detectives privados y nosotros no vemos motivos para esa discriminación y mucho menos para que por vía reglamentaria se modifique la ley; si se modifica la ley, pues que se
modifique, lo debatiremos. En definitiva, posiblemente esté equivocado pero lamento disentir del parecer mayoritario y votaremos en contra.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias.
- RELATIVA AL APOYO Y SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA DEL TENIENTE CORONEL ROTAECHE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001459).
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Pasamos a la proposición número 8, relativa al apoyo y solidaridad con la familia del teniente coronel Rotaeche.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Mateu.
El señor MATEU ISTÚRIZ: Buenos días, señorías. Gracias.
Vamos a trabajar en esta PNL sobre un texto, producto de una autoenmienda que ha realizado el Partido Popular, recogiendo las consideraciones acertadas que nos ha planteado el Partido Socialista Obrero Español. Señorías, en esta proposición
no de ley vamos a hablar de justicia, justicia que acompaña a otras expresiones como memoria y dignidad para un teniente coronel, un funcionario, un servidor público asesinado vilmente -como todos los asesinatos que ha cometido la banda terrorista
ETA- el 19 de marzo del año 1981 en Bilbao. Es conveniente recordarles a todos ustedes cómo fue este asesinato para demostrar la vileza y la cobardía con la que actuaban los asesinos etarras. Este teniente coronel, burgalés de origen aunque
afincado en Vizcaya, dejó viuda y seis hijos y, saliendo de misa de nueve y media, una mañana, en la basílica de Begoña en Bilbao, dos mozalbetes cobardes, como siempre, con su estilo habitual, por la espalda y en la nuca, le asesinaron, dejando al
teniente coronel malherido en el suelo en medio de un gran charco de sangre. Casualmente pasaba por allí una ambulancia del servicio de la Cruz Roja y lo llevó a una clínica próxima, de todos conocida también, la de la Virgen Blanca, donde entró en
un estado de extrema gravedad. Se necesitaron cerca de catorce litros de sangre que le transfundieron, pero fue insuficiente para elevar a leve su grave estado. En definitiva, quiero recordarles las lesiones que experimentó este teniente coronel.
Tuvo laceración cerebral y estallido de la bóveda craneal con desgarro de las meninges y seno longitudinal superior. Se le extrajo un proyectil de 9 milímetros corto, que había sido alojado en el lóbulo frontal izquierdo, demostrativo de la
cobardía con la que actuaban estos asesinos. A causa de estas heridas falleció dos días después, el día 21 de marzo.
La Audiencia Nacional condenó en el año 2007 a tres terroristas integrantes del comando Vizcaya que habían intervenido en este asesinato, pero todavía no se ha podido enjuiciar a la autora material de este asesinato, que se llama Natividad
Jáuregui Espina, alias Pepona, que en aquel momento, señorías, he de recordarles que era una mozalbete, tenía nada más que 25 años llenos ya de maldad. Esta etarra estaba integrada en el comando Vizcaya desde el año 1978 y además intervino en más
de cinco asesinatos. Lógicamente, demostrando su valentía, huyó de España para eludir la acción de la justicia y se instalaron primeramente en Francia, pero al estar España en la Unión Europea tenían miedo de ser aprehendidos, y así, estos
refugiados políticos vascos -como así los denominó el juez belga Heimans- emprendieron una nueva huida a México, donde su pareja sentimental fue detenida en el año 2002. Ella no fue detenida por un error en los archivos de la justicia española. En
definitiva, gracias a la acción de la Guardia Civil, del CNI y de la policía belga, en octubre del año 2013 fue detenida, pero recurrió esa detención y los tribunales belgas determinaron que no había que extraditarla. Incluso la fiscalía belga
recurrió este auto de excarcelación desde la Sala de inculpación del Tribunal de Apelación de Gante. El argumento peregrino que utilizó la justicia belga, que yo no voy a calificar más que de peregrino -ustedes tienen capacidad y conciencia para
calificarlo- era que los sospechosos de hechos punibles con claros motivos terroristas son sometidos en España a un régimen específico de supresión de libertades en circunstancias en las cuales puede ir acompañado de tortura y contacto muy limitado
con el mundo exterior. Señorías, juzguen ustedes la valoración que hace la justicia belga de cuál es la situación española. Poder Judicial, tercer poder del Estado, y actuación legítima y democrática siempre de la policía, de acuerdo con los
derechos y libertades consagrados en la Constitución. Todavía la etarra tuvo la osadía de publicar en sus redes sociales, dado que estaba muy bien integrada en la sociedad belga, en Gante, que la justicia española no es ciega, es tuerta; ve muy
bien con un ojo, el de la derecha. Señorías, como ustedes comprenderán, esto es un auténtico dislate.
¿Qué sucedió? Que una familia quedó sumida en una auténtica pena, viendo que después de treinta y seis años no habían puesto a disposición de la justicia a los asesinos de su padre y de su esposo. Así pues, la familia Romeo Rotaeche inició
una carrera para presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, basándose en que la actuación de la justicia belga había impedido enjuiciar perfectamente a los asesinos de su padre. Lógicamente, se expresaba el incumplimiento
manifiesto de la
obligación positiva de la jurisdicción belga de dar protección al derecho a la vida, dado que se les ha impedido a los familiares la correcta tramitación de la causa por asesinato de su padre. Evidentemente, el Gobierno español apoyó, a
través de la Dirección General de Víctimas, esta actuación y decisión de la familia Rotaeche de presentar esa demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos pidiendo justicia; la justicia que requieren para su sosiego y su tranquilidad.
Nosotros, el Grupo Popular, hacemos extensivo este deseo y ansia de justicia a todas las víctimas del terrorismo que se encuentran en esa situación. Por eso, en el petitum de nuestra PNL no solamente decimos que seguimos apoyando a la
familia Romeo Rotaeche en su vagar por la justicia para demandar la necesaria reparación que queremos, sino también que se aplique en su integridad el mismo criterio a todas las víctimas contempladas en la Ley 29/2011, lo mismo que en las acertadas
conclusiones y consideraciones que emite el informe de la defensora del pueblo respecto a las víctimas de ETA. Por eso, señorías, solicito el apoyo unánime sin fisuras de todos los grupos parlamentarios que estamos en esta mañana en esta sala,
sobre todo para dar cobijo y confort a una familia que lleva en la incertidumbre más absoluta treinta y seis años, y seguir apoyando a otras familias para que sigan insistiendo en la captura y encarcelación de los asesinos de sus queridos deudos.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mateu.
Entiendo, señor Mateu, que la autoenmienda que había presentado el Grupo Popular ha quedado dentro de su discurso.
El señor MATEU ISTÚRIZ: Sí, señor presidente, lo dije al principio de mi intervención.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, para defender su enmienda, señora Robles.
La señora ROBLES FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista, como no podía ser de otra manera, va a votar favorablemente la proposición no de ley en los términos de la autoenmienda presentada por el Grupo Popular. El Grupo Parlamentario Socialista va a estar siempre
apoyando a las víctimas. Entendemos que el apoyo a las víctimas no es patrimonio exclusivo de ninguna fuerza política, sino que es de todas las fuerzas políticas democráticas. Por tanto, siempre que haya que apoyar a las víctimas, ahí nos
encontrarán al Grupo Parlamentario Socialista, como nos van a encontrar siempre en el apoyo a los tribunales tanto españoles como europeos a la hora de tomar decisiones, intentando que tengan todos los medios necesarios para la averiguación y el
esclarecimiento de los hechos delictivos y siempre con el respeto a las decisiones que tomen estos tribunales de justicia.
Nos parece esencial decir que las víctimas, cualquier víctima, tienen que tener siempre el apoyo de las fuerzas parlamentarias, y desde esa perspectiva entendemos que no hay por qué hacer mención especial a una sola de las víctimas, sino a
todas las víctimas en su conjunto. Desde ese punto de vista, el Partido Socialista cree que la lucha antiterrorista y el apoyo a las víctimas tienen que ser fruto siempre del consenso y no de iniciativas exclusivas de algunas fuerzas políticas.
Desde ese posicionamiento, vamos a votar favorablemente, no sin antes manifestar una cierta sorpresa por los términos en que se presenta la proposición no de ley, porque si el Partido Popular tiene que instar al Gobierno para que, textualmente, siga
apoyando a las víctimas, las víctimas podrían tener la impresión de que a lo mejor el Gobierno está decayendo en su interés por apoyar a las víctimas del terrorismo. Estoy segura de que eso no es así; estoy segura de que el Partido Popular no
pretende eso, pero desde ese apoyo que tenemos, creo que el comportamiento y el trato hacia las víctimas debe ser siempre no de una forma individualizada sino dándoles todo ese apoyo que necesitan en su conjunto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias. Buenos días, a todos y a todas.
Euskal Herria Bildu defiende que tenemos mucho por hacer de forma colectiva a favor de las víctimas, pero que para actuar en esta materia con éxito, para construir un futuro de convivencia real, sólido e inclusivo es necesario e
imprescindible reconocer y reparar a todas ellas sin excepciones y ofrecerles
garantías de no repetición. A ello debemos contribuir todos, y el partido que sustenta al Gobierno se empeña en seguir bloqueando el camino a recorrer para lograr este objetivo, negándose a ver parte de lo ocurrido y empeñado solo en tener
una visión parcial de los hechos del pasado. No solo eso, incluso basa su actuación sobre esa parte que le interesa y resta importancia a otras vulneraciones de derechos que han ocurrido y perduran en el tiempo y ante las que se sigue aferrando a
la negación más absoluta. Y es que, aunque nos vamos a abstener en las dos iniciativas del Grupo Popular -y me voy a referir a los dos conjuntamente, a la 8 y la 9, así no intervengo dos veces-, el hecho cierto es que la primera, esta que nos
ocupa, nos sitúa más cerca del no -aunque, insisto, vamos a votar abstención-, por cuanto que muestra una voluntad de actuar a favor de las víctimas por encima de los derechos de otras personas. En el caso concreto, oponiéndose el artículo 15 de la
Convención contra la tortura, que establece que todo Estado o parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, lo que invalida la
acusación o las necesarias garantías procesales, en concreto la de presunción de inocencia que esta iniciativa echa por tierra; principios que sí han considerado jueces extranjeros, en este caso belgas, tal vez más sensibles a estos principios y
garantías que los proponentes. Precisamente las autoridades belgas se han negado a la extradición acogiéndose el artículo 3 de la misma convención, por la existencia en el Estado de un cuadro persistente de violaciones manifiestas o patentes de los
derechos humanos, y eso también hay que atenderlo.
La reparación a las víctimas no puede basarse en la vulneración de los derechos de otras personas. Euskal Herria Bildu no va a apoyar esta línea de actuación; actuación que creemos que no hace más que aumentar el número de víctimas de
vulneraciones, en concreto las de las torturas; colectivo que no ha sido reconocido en términos globales y que tan solo se ha hecho en ocasiones en atención a instancias internacionales por sentencias y recomendaciones que le han ido marcando el
camino y no por una voluntad de verdaderamente ver todas las realidades, las de las víctimas y también otras realidades. Debemos actuar sobre el pasado avanzando en el respeto a los derechos de todas las personas, también los derechos de las
víctimas, ¡como no!. Las propuestas del Grupo Popular entendemos que no van en esta dirección. Ni sus propuestas ni su actuación, que han traído, por ejemplo, la suspensión vía Tribunal Constitucional de la Ley de victimas policiales, o como vemos
en su nula actuación en relación con los miles de personas que siguen enterradas en cunetas y que también son víctimas. Por tanto, como les anunciaba, nos abstendremos y espero que en el futuro podamos trabajar, conjuntamente, a favor de todas las
víctimas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Vasco, señor Legarda? (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
La verdad es que cuando estuve preparando esta PNL no conocía el caso del teniente coronel Ramón Romeo. Este asesinato mezquino, ruin, se produjo en el año 1981; yo tenía cinco años, con lo cual he tenido que leerme toda la información
para conocer cómo ocurrió el, a todas luces, asesinato ruin, por la espalda, realizado por una etarra, una señora a la que denominan Pepona de la que la señora de EH-Bildu dice que tiene derechos. Claro que tiene derechos, señora de EH-Bildu.
¿Sabe quiénes no tienen ya derechos? Los muertos; los asesinados no tienen derechos, no tienen la posibilidad de ejercer ninguno de sus derechos. Esta señora disfruta de una vida maravillosa en México, cocinando, comiendo marisco -lo cuelga en
las redes-. Se mofa claramente de sus víctimas, cinco asesinatos. En lo único con lo que no estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Popular es en que la ha llamado 'mozalbeta'; con veinticinco años ya no se es un mozalbete, es una asesina que
sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Los demócratas en esto no tenemos que tener ninguna fisura; contra los etarras lo único que hay que tener es unidad y Estado de derecho. Es sorprende escuchar a la portavoz de EH-Bildu hablar de Estado
de derecho, partido que representa los ideales de la banda terrorista, se ponga como se ponga. Se va a abstener, ¡es curioso!
Por supuesto mi grupo apoyará esta PNL, como no puede ser de otra forma, y espero que todos los demócratas nos pongamos juntos a luchar contra el terrorismo tanto etarra como el que nos está asolando ahora, el terrorismo islámico. No se
puede tener ninguna fisura, no se puede dejar lugar a las ambigüedades, uno no se puede abstener en este tipo de propuestas, hay que acabar de una vez por
todas con este tipo de terrorismo. Y, desde luego, lo que no se puede hacer es dejar a las familias cuando además, como en este caso, se tiene reconocido quién ha sido la autora material, la que se acercó por la espalda, le puso una pistola
en la nuca y apretó el gatillo. Lo que no se puede permitir es que se mofe de de las víctimas y del Estado español.
Nuestro grupo apoyará esta propuesta y seguimos creyendo que desde el conjunto de los demócratas tenemos que luchar por que en una Europa unida no se puedan pronunciar declaraciones como las de este juez belga, al que entiendo que la señora
de EH-Bildu considere un jurista de reconocido prestigio. Yo me voy a abstener de decirle lo que opino sobre el auto de este juez pero, cuando una etarra sale en las redes sociales diciendo que la justicia española no es ciega sino tuerta,
burlándose de las víctimas y comiendo marisco, lo único que nos podemos hacer todos los demócratas es que nos cause repugnancia.
Muchas gracias, señora presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos tiene la palabra el señor Santos.
El señor SANTOS ITOIZ: Buenos días a todos y todas.
Compartimos de una manera clara la sorpresa de la representante del Grupo Socialista en relación con que se vayan haciendo propuestas individualizadas con determinadas víctimas del terrorismo, porque es esto no tiene que haber fisuras y
basta una declaración general y basta también con que el Gobierno haga una línea de actuación clara en este asunto. Queremos entenderlo como una forma de homenaje individualizada que ustedes traen aquí más que como una línea de política general.
Nuestra formación política está comprometida con la defensa de los derechos humanos y esa defensa está en el eje de la verdad, de la justicia, de la memoria, de la reparación y de la garantía de no repetición para todas las víctimas, desde luego
también para la víctima que ustedes mencionan y para sus familiares. Por lo tanto, el Estado ya de por sí -y hay suficiente legislación al respecto, no solo internacional sino reconocida en el Congreso y que el Gobierno, lógicamente, debe seguir y
aplicar- debe garantizar el apoyo a todas las víctimas dentro de la legalidad. En este sentido, no tenemos ningún problema en apoyar la moción y en reconocer que estas personas vieron vulnerados gravemente sus derechos humanos como consecuencia de
la comisión de un delito gravísimo de carácter terrorista. En esto no hay ningún problema.
Lo que no compartimos de la exposición de motivos son algunas pequeñas cuestiones; es decir, nosotros y nosotras sí que estamos a favor de que se esclarezcan todos los hechos y, por lo tanto, que el acceso a la verdad de todas las víctimas
sea así. Pero eso no puede implicar tener determinados prejuicios como los que se desprenden de la propia redacción y de las expresiones de algunos grupos cuando se dice que las investigaciones acreditaron que la autora material fue tal o cual
persona. Evidentemente las investigaciones generan indicios que generan a su vez una posibilidad de procesamiento y de enjuiciamiento, pero no acreditan nada; quien acredita es un órgano judicial en sentencia firme. En este caso, nosotros y
nosotras reclamamos el mismo respeto para la justicia belga que podemos reclamar para la justicia española porque entendemos que estamos en el mismo contexto de países que están en la Convención Europea de Derechos Humanos. Podremos criticar,
lógicamente, cuál puede ser en uno u otra caso el contenido de las resoluciones judiciales, pero si hacemos un poco de autocrítica tampoco nos vendría mal porque si uno examina las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación
con el artículo 3 del convenio y el problema de las torturas, nos encontramos con que tenemos más de nueve sentencias, la última es el caso Etxebarria Caballero y Ataun Rojo, de 7 de octubre de 2014, en la que están condenando al Estado español por
no poner los medios suficientes para investigar todos los casos de tortura que han sido denunciados. Esto lo decimos convencidos, independientemente del procedimiento que sea.
Una buena medida del Estado español que ahorraría este tipo de debates y ahorraría sufrimiento a las víctimas podría ser despejar todas estas dudas que pudieran surgir en relación con la justicia europea -que no olvidemos forma parte de
nuestro sistema jurídico y de protección de los derechos humanos- en relación con la investigación de estos casos. En este sentido, si nos aplicamos el cuento y lo hacemos, entonces no tendremos problema en criticar una resolución judicial de un
organismo extranjero en el que se esté poniendo en duda, de alguna forma, ese enjuiciamiento.
El señor PRESIDENTE: Tiene que concluir.
El señor SANTOS ITOIZ: En definitiva, votaremos que sí con estas salvedades hechas a la redacción que es posicionamiento político.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
- SOBRE LA AUSENCIA DE EXAMINADORES SUFICIENTES EN GIPUZKOA PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNET DE CONDUCIR. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001292).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate del punto 1, PNL presentada por el Grupo Vasco, señor Legarda. Perdón, que hay una conjunta. Señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: La propuesta que firmamos todos los diputados de Guipuzcoa viene a poner sobre la mesa un asunto sobre el que entendemos que el Gobierno no está actuando y que a las puertas del verano se agudizará,
ya que es la época del año en la que más se examina la gente, y los problemas que origina afectan a partes iguales a autoescuelas, examinados y trabajadores. Por eso a la propuesta realizada en primera instancia se le han ido añadiendo otras
correspondientes a los examinadores ya que, aunque finalmente vamos a plantear que se vote en los términos en los que estaba porque es lo que ha traído el consenso inicial, creemos que son cuestiones que también habrá que ir abordando y teniendo en
cuenta.
El Gobierno nos ha venido diciendo en preguntas que le hemos hecho que el problema no son las plazas, que el problema es que no se cubren pero el hecho cierto es que decir esto y no hacer nada o limitarse a aumentar las horas de examen, vía
examinadores itinerantes en momentos puntuales, tampoco es una solución y es un parcheo insuficiente. Con ello los usuarios siguen sufriendo un deterioro en el servicio que les está ofreciendo la Dirección General de Tráfico, consecuencia de esta
situación que no se ataja y que se va agravando con la jubilación de los empleados más veteranos. Por eso lo hemos traído en Guipúzcoa, porque se ha agudizado aunque entendemos que si en el resto del Estado se da una situación similar la respuesta
también tiene que ser similar. En última instancia, Tráfico sigue cobrando lo mismo a los usuarios por un servicio peor, en el que han perdido la posibilidad de poder saber con cierta antelación cuándo serán examinados, y que las autoescuelas
puedan dar un servicio mejor a sus usuarios porque los tiempos de espera a los que se ven sometidos les impiden planificar adecuadamente la preparación para el examen, la realización del mismo y también genera problemas añadidos. Por eso nos
parecía bien proponer otro tipo de medidas estructurales pero, insisto, hay que pedirle al Gobierno que la prioridad sea cubrir las plazas para dar un servicio adecuado y que no apueste por itinerantes u horas extras.
También solicitamos del Gobierno que inicie un proceso de diálogo con el Gobierno vasco con el objetivo de transferir las funciones y servicios en materia de expedición de los permisos de conducir en la Comunidad Autónoma del País Vasco
porque entendemos que el Gobierno percibe este servicio como fuente de ingreso pero, tanto por los problemas actuales, como por la cercanía con la realidad a la que se quiere dar respuesta, sería deseable una gestión más pegada al territorio por
parte de la Administración autonómica. Consideramos que debería empezarse a estudiar cómo hacerlo a la par que pedimos todas esas medidas estructurales que mencionaba.
Como he dicho, por razones obvias, nos hemos sumado todos los que teníamos representación en Guipuzcoa. Esperamos contar con el apoyo del resto de las fuerzas que, aun no teniendo representación en la provincia, pueden estar viendo
situaciones similares en otros lugares del Estado porque entendemos que, además de ser del todo razonable, favorecerá a examinadores, a posibles nuevos empleados, a autoescuelas y a usuarios. Estos últimos, y termino, acuden a examinarse por
múltiples razones, también laborales, y esos problemas a los que no hace frente la Administración les están perjudicando doblemente. Por tanto, es urgente tomar medidas definitivas y no parches porque, en última instancia, estas traerán beneficio a
la propia Administración, que ofrecerá un mejor servicio y más acorde con lo que le está costando hoy en día al usuario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el PNV, señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.
Yo querría señalar un pequeño matiz. La portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra decía que la habíamos firmado todos los representantes guipuzcoanos; yo no represento a Guipuzcoa porque el Partido Nacionalista Vasco representa
a toda la nación vasca desde nuestra concepción y yo represento en esta Comisión a todos los territorios; en este caso mi circunscripción es Álava, pero no represento a Guipuzcoa, represento a todo Euskadi.
Hecha esta matización, sí quisiera plantear esta cuestión que afecta específicamente a Guipuzcoa y que, también lo tengo que decir, ya se ha tratado aquí, en esta legislatura, en cinco ocasiones y en varias comisiones: en la de Seguridad
Vial, tres veces; en Interior, una, así como en una respuesta por escrito. Es un problema recurrente que está afectando a otras muchas circunscripciones territoriales del Estado y que viene de largo principalmente por el motivo de que quizá haya
una plantilla originariamente escasa de examinadores y que para las vacantes que se están ocasioando, bien por jubilación o por bajas de larga duración, en lugar de convocarse nuevas plazas, al menos para las vacantes por jubilación, lo que debería
hacer mediante las OPE, Ofertas Públicas de Empleo, se opta por concursos internos de traslado y por coberturas de vacantes. ¿Qué es lo que pasa? Que estas plazas no son atractivas para otros funcionarios que tienen otras plazas que consideran más
interesantes por salario, por condiciones, por desplazamientos, etcétera. En consecuencia, el gestor de este servicio público ha autocolapsado, pero ha autocolapsado porque no convoca las OPE desde hace años a cuenta de las limitaciones en las
tasas de reposición. Les aseguro que si se convocaran las oposiciones y se dejaran de tener las limitaciones en tasas de reposición no nos encontraríamos con el problema que tenemos. En definitiva, tenemos en este momento un problema que va a
venir agravado este verano porque, según parece, hay anunciada una huelga de los actuales examinadores para los meses de junio y julio, que son precisamente los meses más delicados porque los jóvenes tienen una oportunidad respecto de los estudios.
En definitiva, es un momento muy delicado. En concreto, en Guipuzcoa está afectando por dos cuestiones que preocupan al conjunto de la ciudadanía, pero también al resto del Estado, que son la creación de empleo y el crecimiento económico. No
podemos desconocer que la obtención del carné de conducir es un elemento fundamental para la empleabilidad.
Si el Estado no pudiera hacer frente a la cobertura de estas vacantes, nos ofrecemos, dado que tenemos título competencial del artículo 17, a que se nos transfiera este servicio para prestarlo como lo prestamos en otras dimensiones del
tráfico y asumiendo la responsabilidad frente a los ciudadanos vascos.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Podemos, doña Nayua Alba.
La señora ALBA GOVELI: Gracias, presidente.
No me voy a extender mucho porque ya se ha explicado todo. Este es un problema que viene de largo, que se ha tratado además no solo aquí, sino en otras muchas instituciones. Hace ya un año que una propuesta parecida se aprobaba en Juntas
de Guipuzcoa, sin ir más lejos, pero es que además es una cuestión que tiene consecuencias tanto en los examinadores como en el alumnado; estamos hablando solo en Guipuzcoa de más de 1200 personas afectadas por esto.
Nuestro grupo ha presentado una enmienda de adición porque, según nos cuenta la Asociación de Examinadores de Tráfico, la principal causa de la falta de funcionario examinador es la falta de una escala específica y el reconocimiento de un
complemento que dignifique este puesto. Nos parece que sin recoger estas demandas la proposición no de ley quedaba incompleta, aunque al final la mantendremos en sus términos a causa de uno de los grupos proponentes. Me sorprendía muchísimo
escuchar al señor Legarda mencionar precisamente que las condiciones no son atractivas, pero a su vez negar que esto tenga nada que ver con el problema que estamos tratando. También me sorprendía ver que su grupo, el Grupo parlamentario Vasco, votó
en contra de la enmienda 959 de los Presupuestos Generales del Estado, que proponía precisamente financiar esto que se supone que están apoyando en la PNL. Esto lo que demuestra es que el Partido Nacionalista Vasco no tiene ningún pudor en apoyar
una cosa y la contraria a la vez y que para ellos es más importante mantener su lealtad al Partido Popular y a los acuerdos que tienen con él que a la ciudadanía vasca. No querría terminar mi intervención sin mostrar todo el apoyo de nuestro grupo
parlamentario a los examinadores y examinadoras, así como a su próxima convocatoria de huelga.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señor Elorza, que ha firmado, ¿va a intervenir ahora o cuando le toque a su grupo?
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Sí, gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Presidente, señorías, la verdad es que no deja de ser una responsabilidad del PNV, del señor Legarda, si este verano tenemos problemas significativos no solamente en lo que él denomina la nación vasca, bien, a la
que representa, bien, y si ese problema continúa en el conjunto del Estado, de España. Ustedes, como negociadores de este presupuesto, han tenido esa oportunidad, señores del PNV, y les hubiera costado muy poquito -aparte de representar los
intereses de las circunscripciones de los territorios vascos- haberse preocupado por un problema de interés general, algo que no les hubiera hecho daño; no les habría salido ningún sarpullido por haber sido un poco coherentes y haber defendido un
problema de esta envergadura. Por tanto, si en Guipúzcoa, particularmente en verano, esto se convierte en un conflicto, será responsabilidad suya por no haberse tomado en serio esta materia durante la negociación del presupuesto. Además, han
rechazado la enmienda que hemos defendido los demás para dotar un partida económica que desarrollara con los incentivos correspondientes una oferta pública de empleo. Por tanto, hay que estar a las duras y a las maduras, señores del Partido
Nacionalista Vasco.
Por otra parte, quiero recordar que nosotros aprobamos de común acuerdo con otros grupos, el 29 de marzo de este año, en la Comisión de Seguridad Vial, y aceptando modificaciones, una PNL que incidía sobre el mismo problema, pero a nivel
general. Es verdad que tiene una manifestación específica grave en Guipúzcoa, pero también en otras ciudades españolas. En esa resolución se dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a este Gobierno sordo y mudo, a habilitar de
forma inmediata el procedimiento pertinente para que la deficiencia en la plantilla de examinadores de tráfico sea solventada mediante convocatoria de oferta de plazas públicas y potenciando a los profesionales de la DGT que realizan este importante
servicio a nuestra sociedad, erradicando los perjuicios que se están provocando a la ciudadanía que quiere obtener el carné de conducir. Por tanto, hemos presentado esta enmienda, que entendemos, no obstante, está recogida en los dos primeros
apartados de la que en su día firmamos conjuntamente, ya que se firmó antes de que se aprobara esta que acabo de leer en la Comisión de Seguridad Vial y, por tanto, es un poco reincidente. Lo que abunda no daña y entendemos que ya está aprobada la
resolución, que el Gobierno debería hacer caso y que además, el PNV no ha ayudado a que esto se convierta en realidad.
Sabemos que había una posible transacción que se ha quedado pendiente de incorporar a estos tres puntos que en su día firmamos pero que, fruto de la técnica parlamentaria, no se puede incorporar. Ojalá que lo que aquí se vaya a aprobar
tenga también el añadido de que sea de aplicación al resto del Estado, al resto de España, porque nos parece algo realmente conveniente. Por lo tanto, apoyaremos la PNL que se ha presentado, con independencia de que nuestra enmienda transaccional
no tenga cabida.
En julio y agosto seré el primero en recordarles a ustedes, señores del PNV y del PP, que han sido los causantes de que esta situación no se resuelva.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Ciudadanos, señora Rivera.
La señora RIVERA ANDRÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Lo cierto es que en los últimos tiempos se llenan muchas páginas de periódicos acerca del tiempo que se tarda en examinarse no solamente en Guipúzcoa, sino en toda España. Parece un hecho cierto que faltan examinadores dentro de la
Dirección General de Tráfico a nivel general. Fíjense, en primer lugar, deberíamos preguntarnos: ¿Cuáles son las causas? Coincido en el diagnóstico que se ha hecho y la primera es que falta un reconocimiento. El puesto efectivamente no resulta
atractivo y se lo puedo decir con conocimiento bastante exhaustivo porque trabajé en la Dirección General de Tráfico durante mucho tiempo, y tengo grandes compañeros examinadores que hacen un trabajo realmente bueno. Eso es importante, que se les
reconozca el nivel del puesto y que se les reconozca, por supuesto, el salario. Les voy a decir una cosa a todos los grupos que aquí están: No debemos de nadar para ahogarnos luego en la orilla. Estamos hablando de los Presupuestos Generales de
2017, que ya han salido ayer para el Senado, y de lo que tenemos que hablar es de los presupuestos de 2018 con una mente proactiva, como
hacemos en Ciudadanos, para empezar, en apenas dos meses, a negociar esos presupuestos para que el año que viene tengamos ese presupuesto necesario para que dentro de la Función pública, no dentro del Ministerio del Interior, se haga ese
cambio.
Por eso les digo que en Ciudadanos proponemos soluciones, esta es una de ellas, y no debemos centrarnos ahora en lo que pasa o en lo que pasó. Lo cierto es que tenemos las herramientas para conseguir que a partir del año que viene esto sea
una realidad.
Por otro lado, sinceramente creo que habría que hacer un análisis exhaustivo, insisto, no en Guipúzcoa, sino en toda España, de la capacidad de examen actual de la DGT con el número de examinadores que tiene, y lo compararía también con la
demanda de aspirantes real que existe cada año, porque si la pirámide de población muestra una sociedad cada vez más envejecida, es imposible que hayamos demandado obtención del permiso de conducir. La realidad es que el número de aspirantes no
aumenta cada año, sino que cada vez necesitan más exámenes para obtener el permiso de conducir. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que cada alumno se examina una media de tres veces para obtener el permiso de conducir, es decir, que para examinar a
treinta alumnos hacen falta noventa exámenes, así que yo concienciaría de que eso lo estamos haciendo mal. En eso tienen la responsabilidad tanto la Administración como las autoescuelas y, como les digo, en Ciudadanos proponemos soluciones.
Otra pregunta que es fundamental es: ¿Están los conductores preparados para conducir cuando salen de la autoescuela? Esa realmente sería la pregunta clave. ¿Por qué se lo digo? Porque acabar con las listas de espera es importante, pero
lo que es realmente importante, y nos debemos de involucrar todos en seguridad vial, es acabar con las víctimas de tráfico. Se lo digo tal cual. Fíjense, en el año 2015, último año de datos consolidados, ha habido 134 132 víctimas de tráfico que
coincide con la población de Tarragona. Es como si toda Tarragona hubiera sufrido un accidente y eso sí que es bastante grave.
¿Qué soluciones propone Ciudadanos? Sinceramente, proponemos que se cambien las pruebas teóricas y que se haga un examen de conducir para que cuando un alumno salga de la autoescuela realmente esté preparado. ¿Cómo se reducen las listas de
espera? Separando la solicitud del examen teórico del práctico para que el propio alumno pueda escoger qué día quiere hacer el examen. Ahora mismo no tiene esa posibilidad y con las herramientas de cita previa que tiene la DGT podría hacerse. Se
reducirían en gran medida las listas, insisto. Aprovechando también la tecnología, se deberían hacer todos los exámenes en las aulas automatizadas e informatizadas de la DGT porque acabaría, por supuesto, con las posibles triquiñuelas que sabemos
que hacen algunas autoescuelas, que prefieren llevar a sus alumnos a aquellos centros donde todavía se examina en papel. Eliminaría por completo esas pruebas en papel para que fueran iguales para todos y, por supuesto, exigiría más.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.
La señora RIVERA ANDRÉS: Con las herramientas informáticas que ahora mismo hay podríamos hacer exámenes que nos dieran conductores preparados. Una tercera parte sería publicar los resultados de las autoescuelas, es decir, que los alumnos
sepan dónde se les prepara mejor.
Debemos acabar con los problemas de las listas de espera -es posible hacerlo, sin duda y, como les digo, he dado bastante soluciones-, pero aparte lo que nos importa es que haya menos víctimas de tráfico y ahí es donde debemos incidir.
Deben salir bien preparados los alumnos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, señor Molinero.
El señor MOLINERO HOYOS: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta iniciativa legislativa, porque si bien es cierto que compartimos la preocupación de todos los examinadores porque en realidad sí que faltan examinadores a
nivel general, no podemos compartir que un mero retraso en la expedición de unos permisos en una determinada localidad pueda llevar con ello una transferencia de competencias a alguna comunidad. No creo que en Guipúzcoa se esté retrasando un poco
la concesión de permisos para que se confiera la transferencia, máxime cuando esta materia se encuentra unificada a nivel nacional.
Compartimos con ustedes en que es necesario cubrir el actual déficit que se está produciendo de examinadores. Al señor Elorza le diría que la sordez viene de atrás porque el Partido Socialista poco hizo
durante su periodo de Gobierno para solucionar este problema, pues no hizo absolutamente nada. El problema, señorías, no está en la falta de plaza de examinadores, sino de empleados que quieran ocuparla. Ese es realmente el verdadero
problema. ¿Por qué? Muy sencillo, por dos motivos. Por un lado, porque el puesto de trabajo de examinador es poco competitivo y, por otro lado, es poco atrayente o atractivo. Es poco competitivo porque el personal del subgrupo C2, que es al que
corresponde, que son los auxiliares administrativos y son los examinadores, es un puesto de mayor penosidad, por un lado y, por otro lado, la posibilidad de movilidad que puedan tener esos funcionarios. Pese a ello, los examinadores del subgrupo C1
están en el tope de la carrera de su subgrupo y además la retribución, dentro de lo que cabe, es más elevada dentro de ese subgrupo C2. Es poco atractivo para atraer a otros funcionarios del subgrupo C1 porque el tope de carrera en ese puesto está
en el nivel 22 y, por tanto, es poco atractivo para ellos.
¿Qué actuaciones ha tenido que tomar la Dirección General para paliar ese posible déficit en algunas oficinas de tráfico o jefaturas? Por un lado, lo que ha hecho ha sido crear la figura del examinador itinerante que con sede o destino en
los servicios centrales se desplaza once meses al año a jefaturas de escasez de examinadores. Actualmente hay catorce plazas disponibles, pero cubiertas solo hay once porque, volvemos a lo mismo, es un puesto poco atractivo y tenemos un verdadero
problema en ese sentido.
Por otro lado, está la falta de demanda interna, ya que se han realizado cinco convocatorias de formación de examinadores y no se han cubierto en su totalidad. Eso es otro de los déficits que tenemos. Por tanto, la Dirección General está
tratando de hacer todo lo posible para paliar esa deficiencia. ¿Qué soluciones hay de futuro ante esta falta de empleados examinadores?
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.
El señor MOLINERO HOYOS: Sí.
En primer lugar, la Dirección General está manteniendo constantes reuniones con la Dirección General de la Función Pública, primero, para la creación de una escala específica de funcionarios examinadores adscrita a los subgrupos C1 y C2. En
segundo lugar, la modificación retributiva, que es importantísimo, del puesto de examinador para que la haga atractiva y, en tercer lugar, la autorización de nombramiento de funcionarios públicos interinos para el puesto de examinador entre los
colectivos ya preparados.
En definitiva, el Gobierno está trabajando intensamente para solucionar este problema que ya viene de lejos y que es fundamental porque cubre dos objetivos prioritarios del Gobierno: el crecimiento económico y la creación de empleo.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
- RELATIVA AL APOYO A LAS INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL RESPECTO A LOS CRÍMENES SIN RESOLVER COMETIDOS POR ETA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001460).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate de la proposición de ley número 9.
Grupo proponente, el Grupo Popular. Señor Martín Toledano.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Volvemos a proponer una PNL en defensa de las víctimas del terrorismo y del esclarecimiento de los crímenes pendientes de resolver en este caso. Se ha preguntado en las intervenciones anteriores cuál es la razón de que hagamos estas
proposiciones y por qué están relacionadas con nombres y víctimas concretas. No es porque estén relacionadas en especial con víctimas concretas, sino por lo que significan esas víctimas en cuanto a avances en la resolución de casos pendientes. Se
ha presentado la anterior respecto al teniente coronel, porque se ha conseguido que la justicia de la Unión Europea abra el proceso de extradición y queremos defender esta posición para este y otros casos. Queremos que tribunales que no conocen la
realidad española no caigan en la tentación de aceptar la táctica de muchos terroristas que, cuando fueron detenidos, denunciaron torturas sistemáticamente como estrategia de defensa. Eso lo deberían saber también, porque tienen un miembro de la
Guardia Civil en Podemos. Los guardias civiles lo han sufrido sistemáticamente: una detención, una denuncia por tortura. Hay que acreditarla. No porque simplemente haya habido una denuncia de torturas hay que entender que ha habido torturas en
la democracia española. Vamos a confiar más en nuestros funcionarios que en los asesinos que los denuncian.
En este caso, ¿por qué hablamos del guardia civil Antonio Ramírez Gallardo y de su novia Hortensia González Ruiz? Han pasado muchos años desde sus asesinatos y se había llegado a declarar la prescripción del delito, pero, a través de la
insistencia de la familia y la colaboración con instituciones como la Fundación Villacisneros, se ha conseguido que se abra una vía para identificar a los autores y que puedan ser condenados no por el asesinato ya prescrito, pero sí por pertenencia
a banda armada. Esa vía que se abre es muy interesante para la resolución de más de trescientos asesinatos sin resolver de la banda terrorista. Hay que intentar resolverlos, porque las víctimas tienen derecho a que se sepa quiénes son los autores
materiales de estos crímenes tan tremendos y crueles. El caso de esta pareja fue el primero en que se atentó contra la persona compañera de un funcionario del Estado; y no fue casual, porque se le metió un número impresionante de tiros en el suelo
a esta chica. No fue un accidente, no fue un daño colateral. Iban a asesinar al guardia civil y a su pareja, porque había un intento de limpieza ideológica en el País Vasco para expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País
Vasco y para generar miedo y terror en la sociedad.
Por eso, no entendemos las posturas equidistantes. Si no están de acuerdo, voten que no. La representante de Bildu ha anunciado su abstención. Yo sé que lo que le pide el cuerpo es votar que no. Si tiene que votar que no, que vote que
no, pero las víctimas del terrorismo tienen derecho a conocer la verdad y a pedir justicia y reparación. Eso es lo que defiende el Partido Popular y lo que deberíamos defender todos los demócratas, y no las posturas equidistantes o dejar caer que
quizá haya habido torturas. Eso ya ha pasado a la historia. Muchos países durante mucho tiempo estuvieron pensando que en España había una lucha por la liberación nacional y que eran poco menos que unos guerrilleros magníficos a los que había que
apoyar sentimentalmente. Gracias a Dios, eso ha caído y se ha demostrado lo que había: una acción terrorista para imponer un Estado totalitario e independiente en el País Vasco.
Por tanto, creo que es muy importante el apoyo a estas iniciativas para que no prescriban los delitos por asociación terrorista y de banda armada y para que las autoridades judiciales de otros países no acepten una denuncia falsa. Hay que
acreditarla. Es falso que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado torturaran a los terroristas de ETA cuando los detenían. Está acreditado que esa era una táctica que venía en los boletines internos de ETA. Se le decía a todos los etarras:
cuando te detengan, denuncia torturas. Por tanto, no les demos aire a los terroristas y apoyemos la lucha del Estado de derecho, de los demócratas y de las personas que han sufrido el terrorismo por saber la verdad y hacer memoria. Hablamos mucho
de la memoria, pero a veces nos olvidamos de los perseguidos por el terrorismo en el País Vasco. Apoyémosles, por favor. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista siempre va a rendir homenaje a las víctimas del terrorismo y expresamos nuestro compromiso permanente con todas las personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo o que lo vayan a sufrir en un
futuro, porque desgraciadamente la realidad nos demuestra a diario que esta lacra continuará despertándonos cada día. Siempre vamos a demandar memoria, dignidad, justicia y verdad hacia las víctimas del terrorismo y, una muestra de este
reconocimiento y de nuestra preocupación por las víctimas del terrorismo, fue el impulso y la aprobación de la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo que, como ustedes saben, apoyó mi grupo y el Gobierno
socialista.
Señorías, para mi grupo no es lo mismo y nunca será lo mismo -quiero dejarlo claro, tras haber escuchado alguna intervención de algunos de los portavoces en anteriores proposiciones no de ley- una víctima que un verdugo, por más que algunos
intenten equipararlos. Ahora bien, para mi grupo todas las víctimas del terrorismo son iguales y todas merecen nuestro reconocimiento, respeto y dignidad. Por eso, distinguiendo y dejando claro que no es lo mismo aquel que ha matado que la víctima
que ha sufrido el asesinato y su familia, es verdad que todas las que han sufrido el zarpazo terrorista necesitan ser consideradas iguales. Por eso, hemos presentado la enmienda que ustedes ya conocen. Hemos presentado una enmienda en la que
decimos que nos parece oportuno que no se mencione solo a dos víctimas del terrorismo, sino que todas sean reconocidas y recordadas, y que tengamos un recuerdo especial para aquellas víctimas de actos terroristas que no han sido o no han podido ser
aún esclarecidos. Por eso, como les decía, mi grupo ha presentado una enmienda en la que pedimos que se dé cumplimiento completo a las recomendaciones de la defensora del Pueblo recogidas en el estudio del pasado año 2016 sobre la situación actual
de los derechos de las víctimas de ETA, debiendo extender sus medidas
protectoras a cualquier víctima del terrorismo incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo que mencionaba anteriormente. Tal y como decía mi compañera antes,
insisto en nuestro reconocimiento permanente, nuestro compromiso hacia las víctimas del terrorismo y nuestro recuerdo hacia todas ellas sin tener que distinguir entre unas y otras. Ese es el sentido de nuestra enmienda y confiamos en que podamos
llegar a un acuerdo y a una transaccional -ya sé que consta en una autoenmienda que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular- para que quede clara la posición de esta Comisión de unidad hacia las víctimas y su recuerdo, que es la mejor manera de
dignificar nuestra democracia, porque han sido ellos quienes que una manera más dura y dolorosa han tenido que pagar el precio para que muchos podamos seguir viviendo en libertad y con un Estado de derecho que sea para todos un marco de convivencia
en el que nos sintamos identificados. Insisto en esa transaccional en la que podamos llegar a acuerdos y vamos a apoyar la iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Existe una autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular.
El señor MARTÍNTOLEDANO SUÁREZ: Sí. En la autoenmienda hemos incluido la petición del Grupo Parlamentario Socialista y ya la hemos visto con el portavoz de dicho grupo, Antonio Trevín.
El señor PRESIDENTE: ¿No va a haber transaccional?
El señor MARTÍNTOLEDANO SUÁREZ: No, no va a haber transaccional, porque lo que nos pedía la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista ya se ha incluido en la autoenmienda.
El señor PRESIDENTE: Grupo PNV, señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: No voy a intervenir, presidente.
El señor PRESIDENTE: Grupo Ciudadanos, señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, señor presidente.
En una intervención anterior se hablaba de la Comisaría de la Vía Laietana, y el portavoz del PDeCAT nos decía que se estremecía cada vez que pasaba por allí. Pues bien, la verdad es que yo cada vez que oigo a la portavoz de Bildu me
estremezco exactamente igual, y empiezo a estremecerme cuando escucho a algunos recién llegados también a esta Cámara decir cosas no iguales pero tampoco opuestas, y la verdad es que también me estremezco.
Yo creo que hoy es un día como todos los demás; todos los días debemos recordar a las víctimas. De las veces que hemos hablado con ellas, que han sido bastantes, muchas nos manifestaban siempre que lo que más les dolía, aparte de tener que
superar la pérdida de los seres queridos, era no saber quién es el culpable directo, sobre todo porque no hay reparación si ese culpable directo al final no es detenido, no es encausado, no es juzgado y no cumple una pena por el delito que ha
cometido, algo que a todas las víctimas les pesa bastante.
Hace treinta y nueve años, el 24 de febrero de 1978, ETA asesinó en Santurce al policía municipal Manuel Lemus Noya. Este asesinato todavía sigue impune -desde el año 1978-, y no es el único. Hoy en día, señorías, hay más de 300 asesinatos
de ETA sin resolver; 300 casos detrás de los cuales hay familias enteras destrozadas no solo por la pérdida de los familiares, sino por la angustia de no saber la verdad sobre estos crímenes y, lo que es peor, por que no se haya hecho justicia con
los asesinos de estas víctimas. Se trata de un dolor al que en muchas ocasiones se ha sumado la infamia y el olvido. Muchos casos sin cerrar; unos números que nos recuerdan los años más tristes de nuestra democracia; unos números que muchas
asociaciones de víctimas califican con razón como los números de la vergüenza.
Sin ir más lejos, acabamos de debatir hace poco el caso del asesinato del coronel Rotaeche, triste ejemplo de la impunidad que en muchas veces hemos regalado a los asesinos etarras, pero, señorías del Partido Popular, tan dolorosa es la
falta de juicio de los asesinos etarras como las sospechas sobre el proceso de acercamiento de presos etarras sin que ETA se haya disuelto como banda terrorista. (El señor Martín-Toledano Suárez pronuncia palabras que no se perciben). Hacer
justicia no solo es esclarecer los casos sin resolver; hacer justicia es no regalar nada a quienes no cumplen con las condiciones. Hacer justicia es no conceder nada a ETA sin que la banda terrorista se haya disuelto, porque, con la misma
contundencia con la que pedimos el esclarecimiento de los asesinatos no resueltos, debemos mantener el hecho de no conceder nada a quienes siguen siendo una banda terrorista en estos momentos.
Señorías, difícilmente se puede llegar a la paz sin pasar por la justicia, pero tampoco podemos hablar de justicia cuando concedemos beneficio a quienes no cumplen con todas las condiciones. No desoigamos las voces de quienes durante tantos
años han sufrido tanto en nuestro país como consecuencia de la banda terrorista. A ellos nos debemos, señorías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.
Por el Grupo Podemos, señor Santos.
El señor SANTOS ITOIZ: Buenos días de nuevo, señorías.
Como hemos tenido ocasión de decir antes, nos alineamos claramente con el derecho internacional en relación con la justicia, la verdad, la memoria y la reparación, y en este caso estamos hablando de justicia en relación con la verdad. La
justicia es un servicio público y también es un poder del Estado. Como servicio público tiene que ofrecer a los ciudadanos -en este caso víctimas de delitos graves- un acceso hacia la verdad de lo que pasó, que evidentemente es algo que se
solicita. Conocer lo que pasó, quién fue el responsable o la responsable de un delito grave, es uno de los objetivos que tenemos que alcanzar y uno de los objetivos también del proceso penal. Al mismo tiempo, en ciertas ocasiones el Estado también
tiene que imponer el poder punitivo y determinar el castigo que corresponde. Por tanto, el Estado debe garantizar ese apoyo a todas las víctimas, sobre todo a las que han sufrido por delitos graves.
Ahora bien, yo quiero introducir una reflexión sobre todo esto, y es que la justicia no tiene por qué ser necesariamente retributiva; de hecho, cada vez estamos avanzando más en el terreno de la justicia restaurativa, que nos permitiría
muchas veces alcanzar el objetivo de la verdad sin tener que pasar necesariamente por torcer el proceso penal o llevar el proceso penal o determinadas interpretaciones al límite. Muchas veces el excesivo punitivismo simplemente obstaculiza el
derecho o la posibilidad a conocer la verdad, y tenemos ejemplos sobrados en el ámbito internacional así como en el ámbito cercano. Tengo poco tiempo, si no expondría esta cuestión.
En segundo lugar, del texto de la proposición del PP nos llama la atención el problema o la incoherencia de la prescripción. El portavoz del PSOE planteaba que la prescripción no debería ser un obstáculo y cómo debería haber una
interpretación de la prescripción en el sentido de que esto siga vivo, etcétera. Si quieren una interpretación de la prescripción adecuada, es que la prescripción no debe impedir el proceso, lo que supone una causa de la extinción de la
responsabilidad penal. Es decir, el objeto del proceso penal es conocer la verdad. Pues bien, conozcámoslo, enjuiciémoslo, veamos si esa persona es inocente o culpable con todas las garantías del Estado de derecho, y después, si ha pasado un
tiempo suficiente como para saber si el Estado tiene o no necesidad de esa pena, atendidos todos los requisitos, apliquemos o no la prescripción. Este es un planteamiento que no solo mantenemos aquí, sino que hay prestigiosos juristas muy conocidos
que lo hacen.
Como no soy tan ingenuo como para pensar que ustedes no conocen este tipo de planteamientos, tendré que concluir que evidentemente no lo quieren aplicar porque les molesta en otro sentido, y es que si aplicáramos esta teoría tendríamos que
empezar a hablar también de determinados delitos de lesa humanidad o de memoria histórica que hasta ahora no se han planteado. Por tanto, no hagamos ingeniería jurídica en determinadas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.
El señor SANTOS ITOIZ: Hay una última cuestión que no quisiera pasar por alto. Me gustaría señalar que estamos de acuerdo con la enmienda del PSOE y que estamos hablando de todo tipo de víctimas, porque cuando hablamos de delitos
terroristas estamos hablando no solo de aquellas víctimas que murieron por terrorismo de ETA. (El señor Martín-Toledano Suárez y la señora Blanco Garrido pronuncian palabras que no se perciben). El informe del Gobierno vasco del año 2008 habla de
74 actos terroristas, de los cuales en la Audiencia Nacional se han visto 33 causas, en 16 de las cuales ha habido únicamente un pronunciamiento condenatorio y cuyo grado de conocimiento es manifiestamente insuficiente. También habrá que reparar a
todo este tipo de personas -supongo-, por tanto, extendamos
esta cuestión a todo tipo de víctimas, apoyemos su necesidad de justicia y de reparación, apliquemos la justicia en sentido amplio y restaurativo, conozcamos la verdad. En eso, apoyamos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
- RELATIVA A LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001767).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate de la proposición no de ley número 4, del Grupo Podemos.
Tiene la palabra el señor Del Olmo.
El señor DEL OLMO IBÁÑEZ: Presidente, señorías, mi grupo trae hoy aquí una proposición no de ley sobre la actual situación de los servicios de traducción e interpretación del Ministerio del Interior. Mi grupo parlamentario se pregunta si a
los responsables del Ministerio del Interior no les preocupa si la calidad de la traducción e interpretación es baja o alta, si se exige cualificación a las personas que ofrecen estos servicios, si el volumen de la plantilla es suficiente o si este
servicio subcontratado está suponiendo un sobre coste. Se trata de un tema, además, del que los señores del Partido Popular hacen halago constantemente: la importancia de la seguridad nacional.
Como me niego a olvidar, me gustaría recordar un dato. En el año 2008 Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, privatizaba los servicios de la Dirección General de la Policía con la empresa Seprotec. Pero no solo se
externalizaba el servicio en este ministerio, y si no que se lo pregunten a los intérpretes y traductores del Ministerio de Justicia y de sus dependencias.
Les cuento un caso real. El primero de mayo del año 2008 un ciudadano paquistaní fue a Barajas requerido por la Policía Nacional para traducir portugués. Esta persona tenía seis antecedentes policiales, dos delitos por falsificación de
documentos y otro por tráfico de drogas y, a los pocos días, ocurrió algo muy parecido con una persona kurda. Además, quisiera hablarles de otros dos casos que me llaman la atención y me preocupan. El primero de ellos trata de una traductora
marroquí que trabajaba para Ofilingua, una de las empresas contratadas por la Comisaría General de la Policía Nacional para traducir declaraciones e intervenciones telefónicas. Publicaba un conocido diario de prensa que en el año 2012 la policía
presentó una denuncia por un supuesto delito de revelación de secretos tras descubrir que estaba sustrayendo información de investigaciones sobre el terrorismo islamista para facilitársela a un contacto de los servicios de inteligencia. Mi pregunta
es: ¿y si en lugar de haber sido para un agente del CNI hubiese sido para alguien del entorno yihadista o para algún servicio de inteligencia extranjero? Parecería increíble, ¿verdad?
Publicaba también la prensa que en la Operación Prima están supuestamente implicados dos traductores por facilitar información policial al líder de una organización criminal india, recibiendo información relevante sobre la investigación que
había sobre él y que llevó a su detención en noviembre de 2014. Estos dos traductores trabajaban para Seprotec. Fueron detenidos e imputados por un delito de revelación de secreto, extorsión y cohecho. Tenían acceso a todas las intervenciones
telefónicas y a la documentación manejada por la policía sobre la organización criminal. Estos dos traductores manejaban información confidencial e información muy sensible. Los dos traductores no formaban parte de la plantilla del Ministerio del
Interior, sino que eran trabajadores de la subcontrata. Estos dos traductores están en un proceso judicial por vender información al líder de la organización criminal india. Lo grave de esta situación es que, según el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, prohíbe expresamente suscribir contratos públicos con empresas privadas para aquellos servicios que impliquen ejercicio de la autoridad
inherente a los poderes públicos, es decir, servicios de seguridad ciudadana como este. Esto al exministro Rubalcaba no le debió parecer importante y hoy parece que al Grupo Ciudadanos tampoco.
Por ello, en la proposición no de ley que nuestro grupo parlamentario presenta hoy instamos al Gobierno a tomar las siguientes medidas. Primera, revertir la externalización de los servicios de traducción e interpretación contratados con
empresas privadas que se prestan en varias dependencias del Ministerio del Interior. Segunda, investigar si las empresas contratadas cumplen con las disposiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. En particular,
debería investigarse si las empresas contratadas cumplen con la obligación de proveer personal con la experiencia, formación y titulación que corresponden a las labores ejecutadas. Tercera, investigar las condiciones de precariedad laboral que
estarían sufriendo los trabajadores subcontratados de los servicios de interpretación y traducción del Ministerio del Interior. Cuarta, convocar las plazas de empleo público necesarias para satisfacer la demanda de este servicio en todas
las dependencias del Ministerio del Interior.
Señorías, en este asunto hay una enorme responsabilidad. Está en juego la seguridad de millones de personas y, como advierte el Sindicato Unificado de Policía, está en juego la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
el desempeño de sus funciones. Por último, me gustaría preguntarles si en un Estado democrático y avanzado como el nuestro se tienen que subcontratar servicios clave para su propia seguridad con empresas privadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Grupos con enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sumelzo.
La señora SUMELZO JORDÁN: Buenos días. Gracias, señor presidente.
Quisiera recordar que, en el año 2012, el Grupo Parlamentario Socialista ya presentó una proposición no de ley sobre esta materia ante el incremento de denuncias de irregularidades. El expediente 161/1117, que decayó, recogía varios de los
requerimientos que la normativa comunitaria exige en esta materia. La Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, traspuso la Directiva 2010/64, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho de interpretación y a la traducción en los procesos penales y la
Directiva 2012/13, de 22 mayo 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales también. Bajo el criterio del Grupo Parlamentario Socialista, se siguen sin cumplir todas las exigencias de la directiva que la ley orgánica traspuso.
La disposición final primera de esta referida ley mandataba al Gobierno a presentar, en el plazo máximo de un año desde la publicación de la ley, un proyecto de ley de creación de un registro oficial de traductores e intérpretes judiciales para la
inscripción de todos aquellos profesionales que contasen con la debida habilitación y cualificación, con el fin de elaborar las listas de traductores e interpretes a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A esta
disposición el Grupo Parlamentario Socialista también presentó una enmienda, limitando el plazo de tres meses. Dada la limitación de tiempo que tenemos para la exposición de esta proposición no de ley, me remito al debate de entonces. Lo cierto es
que el Gobierno conoce la situación que tenemos hoy y que describe la proposición no de ley y no quiere hacer nada por evitarlo.
El Grupo Parlamentario Socialista, por todo ello, votará favorablemente aunque no estemos de acuerdo con muchas de las cuestiones que ha dicho el diputado en su exposición, sobre todo las referidas a Alfredo Pérez-Rubalcaba. Votaremos
favorablemente al sentido de la proposición no de ley y proponemos una enmienda de adición que se ubicaría como apartado uno, desplazando numéricamente los siguientes, y en la que proponemos presentar en el plazo de tres meses un proyecto de ley de
creación de un registro oficial de traductores e intérpretes judiciales para la inscripción de todos aquellos profesionales que cuenten con la debida formación y titulación, así como habilitación y cualificación acreditada mediante prueba objetiva,
valida y fiable, acreditada mediante un procedimiento constatado, con el fin de elaborar las referidas listas a las que hacía alusión antes de traductores e intérpretes a las que se refiere el artículo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y una
vez transcurrido este año desde la entrada en vigor de la ley de creación del registro oficial, estos serán los únicos habilitados para prestar asistencia como traductores o intérpretes a las autoridades policiales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Escudero.
La señora ESCUDERO BERZAL: Muchas gracias..
El Grupo Parlamentario Popular va a rechazar esta proposición no de ley. Nosotros pensamos que no se puede instar al Gobierno a hacer algo cuando la única fuente en la que basan su pretensión es en alguna noticia aparecida en algún medio de
comunicación. La Unidad Económica de la Policía Nacional no ha recibido ninguna queja relacionada con la prestación del servicio de traducción e interpretación. Ahora mismo está mi compañera diputada por Baleares, en su anterior competencia como
delegada del Gobierno allí, para solventar este tema, y me comunicaba que, en busca siempre de soluciones, hay convenios firmados con las universidades por parte del Ministerio del Interior para que estudiantes de filología puedan hacer sus
prácticas y que es beneficioso para todos.
Le digo al señor diputado de Podemos que, en cuanto a revertir la externalización de los servicios de traducción e interpretación, la Dirección General de la Guardia Civil tiene contratados traductores e intérpretes, como personal laboral
con carácter fijo, que prestan sus servicios en las unidades del cuerpo distribuidas por todo el territorio nacional. Es verdad que dicho personal no abarcaba todas las necesidades ni todos los idiomas y que disponen de un fondo para la
contratación puntual de intérpretes de forma descentralizada, como me acaba de decir mi compañera, en un caso concreto. En 2008 se decidió externalizar los servicios de traducción debido a las dificultades que había por el aumento del número de
idiomas y dialectos, que incrementó el volumen de trabajo. Dadas las necesidades lingüísticas en el ámbito policial y la mayor necesidad de intérpretes en lenguas minoritarias, desde la Administración se hace necesario el traslado de la gestión de
traducción e interpretación a una empresa privada -es lógico- que facilite la labor a la Policía Nacional, y el propio funcionamiento de la Administración y la imposibilidad de contar con personal en plantilla las veinticuatro horas del día los
siete días de la semana durante todo del año para todos los idiomas requiere y hace necesaria esa adjudicación del servicio a una empresa privada.
Con respecto al segundo punto de la proposición no de ley, investigar si las empresas contratantes cumplen con las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público, señor diputado, estamos convencidos de que las empresas
adjudicatarias cumplen con todas las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones y en la normativa vigente. Si no, no le quepa ninguna duda de que no habrían sido contratadas.
Con respecto al cuarto punto -dejo el tercero para el final-, convocar plazas de empleo público necesarias para satisfacer la demanda, le pregunto ¿cuántas? ¿Tienen ustedes algún informe que diga el número de plazas que se necesitan para
cubrir este servicio? Pues no lo han presentado. Lo de pedir por pedir, que se convoquen plazas y ya está...
En cuanto al tercer punto, investigar las condiciones de precariedad laboral que estarían sufriendo, por ejemplo determinar si se cumplen las obligaciones de afiliación a la Seguridad Social, aparte de que esto es competencia de la autoridad
laboral y no de la Dirección General de la Policía, ya les vale que ustedes hablen de obligaciones de afiliación a la Seguridad Social cuando tienen el escándalo del número tres de su partido, el señor Echenique (Rumores), que la semana pasada ha
sido multado por la Inspección de Trabajo por cometer una infracción muy grave, por contratar irregularmente a un asistente personal, ya que no le pagaba la cotización a la Seguridad Social al no darle de alta en el régimen. No solo es vergonzoso,
sino que es vergonzante.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señorías.
La señora ESCUDERO BERZAL: No solo hay que serlo, sino también parecerlo. Ven la paja en el ojo ajeno, pero no en el propio. Se les puede aplicar porque estamos acostumbrados, es su tónica, es normal en ustedes, como que se prohíba la
coca-cola en el Senado y al señor Espinar le pillen con dos coca-colas, o las viviendas para todos y se especula con viviendas de protección oficial.
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.
La señora ESCUDERO BERZAL: Vamos a rechazar la proposición no de ley del Grupo Podemos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Del Olmo, a efectos de la votación, ¿acepta o rechaza la enmienda?
El señor DEL OLMO IBÁÑEZ: Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: En español tienen una frase hecha que a mí me gusta mucho, la utilizo a menudo, aquello de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Efectivamente, podría estar bastante de acuerdo con la mayor parte de las
argumentaciones que ha hecho el Grupo Confederal. De hecho en Cataluña hay un uniforme del Síndic de Greuges que dice más o menos lo mismo; es más, no solo pide que sean profesionales internos, sino que además sean jurados, es decir, que la
traducción que ellos hagan sea válida delante de un tribunal. En Cataluña, y concretamente en Barcelona, según el último censo, se han detectado más de trescientas veinte lenguas. Lo digo porque cuando ha leído su PNL y ha
dicho aquello de que en todos los departamentos policiales se pueda... ¿Usted sabe a qué se está refiriendo? La verdad es que estamos hablando de un problema muy grande. Cuando ustedes dicen que puede suceder lo que puede suceder, tienen
razón, qué les vamos a decir, pero, ¿cómo se lidia con más de trescientas lenguas en unos pocos kilómetros cuadrados? Pues seguramente de la manera más flexible y haciéndolo de la mejor manera posible.
Externalizar no tiene por qué ser malo; si se trabaja con buenos profesionales, con buenas empresas, etcétera, se puede hacer, y a veces un sistema rígido quiere decir que quizás lo hagamos mejor, pero con muchas menos lenguas, que no
podamos cubrir muchas otras lenguas que seguramente con un sistema flexible sí podríamos cubrir. Francamente, en Cataluña nos enfrentamos muy directamente con este problema y sabemos que las soluciones fáciles no son aplicables. Hemos tenido que
hacer a veces auténticas maravillas para conseguir la traducción a determinadas lenguas africanas o recuerdo un caso de la China interior. Estamos de acuerdo, haremos todo lo que podamos con los medios que tengamos en la mano, pero no busquemos una
solución fácil a una cosa que francamente no lo es. El problema existe, pero la solución que apuntan no es tan fácil como la que ustedes dicen.
Moltes gràcies, senyor president.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Grupo Vasco, señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente, pero no intervendré.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señor presidente.
La verdad es que, escuchando al señor del Olmo, parece que cada vez que oyen la palabra privatizar en algún sitio les pasa algo, no sé. Entiendo que ustedes son más de expropiar, son más de crear pobreza en vez de crear riqueza, pero bueno.
(El señor Sixto Iglesias: Expropiar no es síntoma de pobreza). Sí es de crear pobreza, sí. En todo caso, estoy hablando yo, si no le importa.
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego que se respete a la persona que está interviniendo. (El señor Sixto Iglesias: Es que cuando se dicen cosas tan bárbaras...).
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Entiendo que cada vez que ustedes oyen privatizar algo o propiedad privada pasan estas cosas. La realidad es que parece que queremos confundir -yo creo que lo ha explicado bastante bien el portavoz del PDeCAT- los
términos de las cosas. El problema que ha habido en este país cuando ha estado gobernando el Partido Popular y el Partido Socialista ha sido precisamente la contratación pública, cómo contrata la Administración. La Administración ha contratado
mal, está contratando estos servicios, como muchísimos otros, mal, con unos pliegos de condiciones mal redactados, con unas adjudicaciones sin control, con falta de control una vez ha sido contratado el servicio, falta de control de las cosas que se
contrataban, que ha sido patente. La prueba la estamos viendo en muchísimos casos de corrupción que nos han rodeado, que muchas veces vienen a través de la contratación de los servicios públicos. El problema no es la contratación privada de
determinados servicios públicos, el problema es cómo se hace esa contratación, la falta de vigilancia de esa contratación, a quién se contrata y el poco control sobre las empresas contratantes. ¿Que hay empresas que contratan con la Administración
pública que no pagan y defraudan a la Seguridad Social? Claro que sí. ¿Y eso hay que permitirlo? No. ¿Y por eso vamos a dejar de contratar? No. Lo que hay que hacer es que la
Administración vigile cómo son los procesos de contratación. Tenemos en estos momentos en la Cámara una ponencia para una nueva ley de contratación de la Administración pública que nos viene impuesta por la Unión Europea a través de una
trasposición de dos directivas europeas, que nosotros creemos, porque se está debatiendo y se está intentando que tenga todo el consenso posible, que precisamente va a venir a arreglar parte de estos problemas que tiene la contratación.
Usted dice que la contratación privada es malísima, es nefasta, es un horror. Le voy a poner casos de estos mismos traductores contratados como personal laboral de la Administración. En la Administración de Valencia y en la de Asturias
estas personas se están contratando como grupo 3, es decir, como si fueran bachilleres, cuando para esto tendrían que tener todos titulación universitaria y todos deberían ser del grupo 1. También la Administración cuando contrata lo hace mal.
¿Eso quiere decir que no hay que
contratarlos? No. La colaboración público-privada va de esto. Tendrá que haber profesionales dentro de los propios organismos oficiales, dentro de la propia Administración y en otros momentos puntuales habrá de recurrir a la contratación
exterior. Ustedes quieren mezclar en esto el tema de los autónomos y de las empresas, porque si es autónomo, como es una sola persona, parece que es mejor. Nosotros estamos encantados de que se desarrollen los autónomos. ¿Cómo vamos a estar en
contra si precisamente hemos traído una ley a esta Cámara para regular y mejorar el trabajo de los autónomos? Pero tampoco por eso vamos a estigmatizar a las empresas. ¿Por qué no va a haber empresas que agrupen a profesionales de la traducción y
la interpretación, incluso con traducciones juradas, y que eso no pueda desarrollarse y controlarse de manera efectiva y adecuada? Pues claro que sí. Ustedes lo único que plantean son ocurrencias, y esto que han traído hoy es una ocurrencia más;
algo que está sin meditar, que probablemente les habrán contado, se lo habrán pasado o se les ha ocurrido a ustedes y me parece muy bien, pero sin meditar suficientemente.
El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Está poco fundamentado y nosotros no podremos estar a favor de esto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
- RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LOS PRESOS DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA EN EL EXTRANJERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001864).
El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar el debate de la última PNL. Ruego a los portavoces que vayan avisando a los miembros de la Comisión, porque inmediatamente después procederemos a la votación.
Por el grupo proponente, Podemos, señor Santos.
El señor SANTOS ITOIZ: Gracias, señor presidente.
Esta última PNL va sobre protección de ciudadanos españoles en el extranjero, de aquellas personas que tienen problemas penales o legales y acaban seguramente encarceladas y con un sistema de protección de derechos humanos que no es el
estándar en Europa, desde luego, o en otras partes del mundo y que, por tanto, requieren nuestra atención. Somos conscientes de dos cosas: la primera es que este es un tema complejo que abarca administrativamente a varias áreas del Gobierno.
Estaríamos hablando en la Comisión de Interior cuando vienen aquí únicamente a cumplir o en lo relativo al Plan Nacional sobre Drogas, pero también involucra a Asuntos Exteriores y administrativamente también a otros niveles de la Administración
como serían las comunidades autónomas en lo relativo a la asistencia exterior. En definitiva, antes de que nos echen la bronca, lo hemos traído a la Comisión de Interior por la relación que tiene con las cárceles y sobre todo con el tema en el que
nosotros queremos incidir muchísimo, que es la prevención y, por tanto, el Plan Nacional sobre Drogas.
Como ustedes seguramente ya se habrán leído la PNL y, seguramente también, se habrán documentado extensamente sobre todo esto antes de venir, a nosotros lo que nos interesa es hacer un contexto de la situación. Ustedes saben que muchas
veces el aumento de la criminalidad tanto dentro como fuera se debe a situaciones de crisis, no estamos diciendo que la sociedad sea la culpable ni nada de esto; pero sí que hay contextos sociales que evidentemente excitan determinadas conductas
prohibidas por los códigos penales en un contexto internacional. Y esto es lo que nos ha ocurrido. Es decir, en un contexto de crisis económica en España y en determinados lugares donde esa crisis ha sido más devastadora, se nos transmite que ha
habido determinados reclutamientos por parte de mafias relacionadas con tráfico de drogas, sobre todo a personas que están en situación de extrema necesidad, que no podían pagar el piso o que tenían problemas familiares o personales graves, para
pasar droga en países extranjeros, lo que se conoce como mulas, y muchas veces lo que se hace es directamente venderlas para pasar la droga por otro lado. Estas personas acaban cayendo en redes de este tipo en muchas ocasiones y en situaciones
bastante más lamentables que la que tenían en el punto de partida.
En relación con esto, esta subida de la criminalidad exterior -vamos a llamarla así- establece que ahora mismo tenemos a unas 1328 personas presas en el extranjero, de las cuales el 70 % más o menos
lo está por tráfico de drogas. A estas personas desde luego las tenemos que amparar y apoyar en la acción exterior; existen varios problemas con los consulados, que a veces no llegan en relación con las ayudas, tanto por la dispersión
geográfica que puede haber como por el hecho de excitar la actividad consular, vamos a decirlo así.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.
El señor SANTOS ITOIZ: Y, por lo tanto, tenemos que plantear todas estas medidas ya recogidas por la defensoría del Pueblo y que el Gobierno tiene que implantar con la mayor brevedad posible.
Como les he adelantado al principio -y ya con esto termino-, entendemos que la medida más importante que tenemos que hacer, tanto en este como en otros temas en relación con la criminalidad, es la prevención, y por eso pedimos expresamente
que se incluyan en el Plan Nacional sobre Drogas medidas de prevención en relación con este reclutamiento que las asociaciones y la gente que trabaja en estos ámbitos están detectando. Vayamos a las escuelas, vayamos a los institutos, a las colas
del paro; hagámoslo. No pongamos un cartel en los aeropuertos cuando simplemente es demasiado tarde.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, señora Cantera.
La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes ya, por la hora.
A finales del año pasado, 1328 ciudadanos y ciudadanas españoles se encontraban privados de libertad en centros penitenciarios extranjeros -el 60 % latinoamericanos- en calidad de detenidos o de condenados. Cuatro de cada cinco de esos
españoles se encuentran cumpliendo condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas y un 80 % no tiene antecedentes penales. En un buen número de esos centros, el alto grado de hacinamiento, las inadecuadas infraestructuras carcelarias, la
falta de asistencia sanitaria, la ausencia de condiciones mínimas de higiene y las carencias en materia de alimentación, provocan la proliferación de enfermedades, fallecimientos, violencia, peligrosidad, promiscuidad, ausencia de clasificación y de
acceso a programas de tratamiento penitenciario.
La dureza de la vida carcelaria descrita viene agravada para los ciudadanos españoles por las dificultades de acceso a la tutela judicial efectiva, por la discriminación por el color de la piel, por su condición de extranjeros, por las
demoras en la tramitación de los expedientes de traslado a España, por la falta de asistencia sanitaria y asistencia jurídica gratuita, por la escasez de medios personales, materiales y técnicos de las oficinas consulares, consejerías de trabajo y
asuntos sociales y demás dependencias de las administraciones españolas en el exterior para prestar la debida asistencia y protección y asesoramiento a los ciudadanos españoles en el extranjero, tanto a los privados de libertad como a los que se
encuentran en libertad en situaciones de vulnerabilidad.
Consecuencia de esta lacerante situación es la violación sistemática de los derechos fundamentales de los presos españoles, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, el derecho a la dignidad desaparece cuando se traspasan las
puertas de la prisión y se entra en la llamada 'trampa de la muerte'. Las condiciones de vida carcelaria de los presos españoles fueron puestas de manifiesto en una proposición no de ley de marzo de 2014 aprobada por unanimidad por el Pleno del
Congreso de los Diputados. Por su parte, el Defensor del Pueblo también viene denunciando la situación de los presos españoles en las cárceles de algunos países, fundamentalmente en su estudio sobre la situación de los presos españoles en el
extranjero de 2015, formulando diferentes recomendaciones al respecto y que aparecen en esta proposición no de ley. Las denuncias de las condiciones de vida carcelarias también han sido realizadas por las instituciones equivalentes al Defensor del
Pueblo de los países donde se encuentran los reclusos españoles por la Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO, y por las organizaciones humanitarias de asistencia.
Sin embargo, a pesar de las denuncias, de la propuesta no legislativa y de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, poco han cambiado las condiciones de vida de los presos españoles. Se han reducido los medios materiales y humanos que
tienen asignados los consulados para la ayuda destinada a la asistencia jurídica, médica y farmacológica. Se ha suprimido de manera generalizada la ayuda económica a este colectivo en algunos países sin proceder a comprobar si cada uno de ellos
tiene cubiertas sus necesidades básicas. Salvo pocas excepciones, no han aumentado las visitas consulares.
Continúa la dispersión generalizada de los presos españoles en centros penitenciarios, muchos de ellos muy alejados de la ubicación de nuestros consulados. La ejecución de los expedientes de traslado para cumplir condena en España sigue
teniendo una demora no aceptable. Las peticiones de indulto son escasas y de lenta tramitación. La proporción de fallecidos en relación con el número de ingresados continúa manteniéndose igual, y sigue sin ser posible el acceso a la tutela
judicial efectiva sin recursos económicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en el sentido de duplicar los créditos destinados a la asistencia de la ciudadanía que afronta condenas de pena de muerte y de
incrementar en 1,9 millones de euros la partida destinada a la protección de españoles en el extranjero. Aunque es necesario que el Gobierno proceda en la línea establecida en las recomendaciones de la defensora del Pueblo y de esta iniciativa,
hemos presentado una enmienda de adición basada principalmente en que se tenga en cuenta el convenio para el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos españoles presos en el extranjero y en que se incremente el número de países con los que
España tiene un convenio que permita la repatriación de los condenados para el cumplimiento de las condenas en su país. A la espera de saber si finalmente el grupo proponente acepta la enmienda, votaremos afirmativamente esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Grupo Mixto.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: La verdad es que esta proposición no de ley apunta un problema real que ha sido objeto de un informe del Defensor del Pueblo. Recuerdo haber estado allí cuando lo presentó, y se trata de una situación
realmente dura. Prácticamente ya se ha dicho lo mismo que yo tenía previsto decir. La mayor parte de los casos son situaciones de condenas por tráfico o supuesto tráfico de drogas. Este tipo de delitos en muchos países son penados con cadena
perpetua e incluso con pena de muerte, lo cual -sin quitarle la gravedad al hecho, si está demostrado- es bastante distinto a lo que las democracias occidentales tienen homologado para este tipo de delitos. Como se ha dicho aquí, cuatro quintas
partes de las personas están en esta situación por este tipo de delitos. Por tanto, entiendo que el Estado tiene una cierta obligación hacia ellos ya que, aunque hayan cometido un delito sin duda grave, se debe establecer algún tipo de compensación
en el sentido de que la pena tenga alguna correlación con la que tendría si se hubiera cometido el delito en nuestro propio territorio. Así pues, entiendo que tenemos una cierta obligación sobre este problema real porque las situaciones personales
son dramáticas. Nosotros daremos apoyo a la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Vasco, PNV, señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Intervengo solo para manifestar que apoyaremos la proposición. Nos adherimos a todo lo dicho porque lo compartimos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Grupo Ciudadanos, señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Nosotros también vamos a apoyar esta proposición porque parte de la aplicación del informe de la defensora del Pueblo que no se está llevando a cabo. Entendemos que si la defensora del Pueblo ha hecho su informe, después de haber hecho la
investigación rigurosa y necesaria, es oportuno apoyar esta iniciativa. También es verdad una cosa y lo digo por la forma en que se está planteando la cuestión. El representante de Podemos decía al principio que se trata de la protección de los
ciudadanos españoles en el extranjero, y me parece un poquito exagerado. Independientemente de que no vamos a ser insensibles hacia los casos que se puedan dar de ciudadanos españoles en el extranjero que hayan cometido delitos que aquí serían
considerados de otra manera, cuando alguien comete un delito y lo comete en un país donde hay una legislación distinta -igual que cuando hablamos de derecho laboral, hay una legislación que sabes que te van a aplicar y no puedes exigir que se
aplique la de tu país-, hay que poner las cosas un poco en su sitio.
Es verdad que se está hablando de que las cuatro quintas partes son por este tipo de delitos. Pero me gustaría que aquí también se hablara de evaluarlo según el tipo de delito para saber entonces el tipo de cooperación o de ayuda por parte
del Estado español, al margen de garantizar la tutela judicial efectiva, las comunicaciones con los familiares, el asesoramiento y todo lo que sea necesario para que haya una justicia justa. Pero nos parece también un poco exagerado llevarlo a un
nivel -estamos viendo aquí a las asociaciones humanitarias, etcétera- que poco más o menos parece que los perjudicados han sido esos ciudadanos que han delinquido en un país extranjero. Nosotros entendemos que el mundo no es perfecto, que tenemos
que intentar que estas situaciones no se produzcan -estamos totalmente de acuerdo-, pero no podemos tampoco dar la imagen de que estamos totalmente de acuerdo con el cien por cien de los presos, independientemente del delito que hayan cometido e
independientemente de lo que haya sucedido y de quiénes hayan sido las personas perjudicadas en los países donde se han cometido esos delitos, porque estaríamos dando una imagen buenista que tiene que ver en todo caso con esa doble moral. Por
tanto, vamos a apoyar la iniciativa pero, por favor, esto no es La embajada o El expreso de medianoche. Estamos hablando de que hay que conocer qué tipo de delitos se han producido, qué gravedad revisten, y a partir de ahí intentar en los
organismos internacionales que los sistemas penitenciarios en el resto del planeta se parezcan lo más posible a los niveles occidentales y defenderlos en esos espacios. Pero entender que nosotros tenemos la obligación como Estado de garantizar al
cien por cien de los presos que están en cualquier país que se les aplique la legislación española nos parece que es un discurso un poquito distinto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Barrionuevo.
El señor DE BARRIONUEVO GENER: Muchas gracias, señor presidente.
En relación con la proposición no de ley relativa a la situación de los presos de nacionalidad española en el extranjero he de decirles, señorías, que desde el año 2011 en que empezó a gobernar el Partido Popular hasta hoy se ha ido
disminuyendo el número de españoles que cumplen condenas en cárceles extranjeras. Hemos pasado de 2460 presos en el año 2012 a 1216 presos en fecha de abril de 2017. Sin duda son datos positivos, fruto del trabajo eficaz que desde la Dirección
General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, se está realizando. Los países que concentran el mayor número de presos españoles son en la actualidad Perú, Ecuador y
Venezuela.
En relación con los doce puntos que contiene la proposición no de ley le diré, señor Santos, que el Gobierno del Partido Popular lleva años trabajando. Fruto de ello, como acabamos de ver, es el descenso del número de españoles que cumplen
condena en el extranjero. Esto es debido a una serie de factores, como son las campañas de sensibilización. Se han realizado programas de televisión que muestran la realidad de las duras condiciones que existen en las cárceles fuera de nuestro
país. Asimismo se ha mostrado el peligro -usted lo ha apuntado anteriormente- para las vidas de las denominadas mulas humanas, que ingieren bellotas de cocaína y estas se pueden romper y producir la muerte. Otro de los factores que han disminuido
el número de presos españoles en el extranjero es el incremento de los traslados de presos para cumplir las penas en España, que usted valora positivamente en los puntos 8 y 9 de su proposición no de ley. En relación con los puntos 3 y 11 -se lo
digo por analizar los puntos, para que vea que nos hemos leído los doce-, referentes a la asistencia jurídica y a la colaboración con las organizaciones humanitarias, quiero decirle -y sé que usted es un experto en ello- que el ministerio convoca
anualmente subvenciones para instituciones asistenciales que prestan ayuda a los ciudadanos españoles en el extranjero, como son entre otras Movimiento por la Paz y Fundación +34. En esta convocatoria de este año hay una subvención de unos 500 000
euros para tal fin. En relación con los puntos números 4 y 7, referentes a reforzar los medios personales y materiales de los ciudadanos de los consulados de los países que alberguen mayor número de presos, pocos países de la Unión Europea tienen
una red consular tan amplia como tiene España, sobre todo en Iberoamérica, donde esa diferencia es aún mayor y donde, como hemos dicho antes, están la mayoría de los presos, Perú, Bolivia y Venezuela. El Gobierno de España ha llegado a acuerdos con
estos países con el fin de reagrupar a presos cerca de las delegaciones consulares, y de esta forma facilitar la asistencia y la comunicación con sus familiares. Con respecto al apartado 6, las ayudas a los ciudadanos en régimen de libertad
condicional o libertad provisional en los países de condena...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.
El señor DE BARRIONUEVO GENER: ... tengo que recordarle que la Orden AEX/1059/2002, de 25 abril, contempla ayudas no solo a la repatriación, a la subsistencia, ayudas a los detenidos, sino también ayudas extraordinarias, que son las que se
aplican a estas personas que, aun no estando privadas de libertad, no pueden regresar a España porque no han cumplido sus obligaciones pecuniarias en la reparación del daño.
Señor presidente, voy terminando. Como ya ha podido comprobar el Gobierno del Partido Popular avanza en la protección y mejora de las condiciones de nuestros compatriotas que cometiendo ilícitos penales se encuentran privados de libertad en
el extranjero. La protección que ofrece está muy por encima del resto de los países europeos, y por tanto vamos a votar desfavorablemente a la propuesta planteada por el Grupo de Ciudadanos.
Si quiere, señor Santos, la mejora de las condiciones de los presos en el extranjero...
El señor PRESIDENTE: Señor De Barrionuevo, muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación electrónica, señorías. Ruego silencio, por favor.
Voy a ir leyendo cada punto del orden del día para que todo el mundo sepa lo que votamos.
Proposición no de ley número 1, sobre la ausencia de examinadores suficientes en Gipuzkoa para la obtención del carné de conducir. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición número 2, sobre la reconversión de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en un centro memorial y documental de la represión franquista en Cataluña. Hay una transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición número 3, sobre la eliminación de cualquier requisito que pueda impedir acceder a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a cualquier ciudadano infectado con el VIH. Se vota la transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición número 4, relativa a la externalización del servicio de traducción e interpretación del Ministerio del Interior. En este caso se vota la transaccional de Podemos y la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Tenemos que repetir la votación, porque no podemos ponderar los votos al haber votado de forma distinta los miembros del Grupo Mixto. Por tanto, comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El señor EXPÓSITO PRIETO: Señor presidente, es que ha habido un problema en la votación.
El señor PRESIDENTE: La votación está realizada, si ha habido un error a la hora de votar no puedo hacer nada.
El señor EXPÓSITO PRIETO: No es un error, es que no me ha marcado.
El señor PRESIDENTE: La votación se ha realizado correctamente por parte de todos los miembros. Si usted no ha pulsado bien el botón o lo que sea... (Rumores). Señoría, su botón lleva funcionando toda la mañana en las votaciones. Lo
siento mucho, no voy a entrar en debates técnicos que no proceden en estos momentos. (Rumores).
Por favor, pido silencio a los miembros del Grupo Popular.
Proposición número 5 del orden del día, relativa a la situación de los presos de nacionalidad española en el extranjero. Se vota el texto de Podemos más la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición número 6 por la que se insta al Gobierno a desarrollar reglamentariamente la Ley de Seguridad Privada. Hay una transaccional que es la que se vota.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición número 7 sobre el plan especial de seguridad contra las mafias que trafican con pisos vacíos. Hay una enmienda transaccional que se vota tal cual.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 6; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición número 8, relativa al apoyo y solidaridad con la familia del teniente coronel Rotaeche. Se vota el texto original con la autoenmienda del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición número 9, relativa al apoyo a las iniciativas de la sociedad civil respecto a los crímenes sin resolver cometidos por ETA. Se vota en sus propios términos con la autoenmienda del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición número 10, relativa a reforzar la seguridad en los destinos turísticos. Se vota la transaccional tal cual ha sido repartida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, muchas gracias. Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.