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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 199, de 25/04/2017
cve: DSCD-12-CO-199
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 199
PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO DE LA TORRE DÍAZ
Sesión núm. 5
celebrada el martes,
25 de abril de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (Número de expediente 121/000006):
- De la señora secretaria de Estado de Función Pública (Collado Martínez). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (números de expediente 212/000701 y 212/000358); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (números de
expediente 212/000587 y 212/000684); Socialista (número de expediente 212/000452) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000410) ... (Página2)
- Del señor subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (Jover Gómez-Ferrer). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/000561); Socialista (número de expediente 212/000497)
y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000427) ... (Página14)
- Del señor secretario de Estado de la Seguridad Social (Burgos Gallego). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (números de expediente 212/000711 y 212/000353); Ciudadanos (número de expediente 212/000552); Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/000694); Socialista (números de expediente 212/000478, 212/000481 y 212/000482) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000393) ... (Página22)
- Del señor gobernador del Banco de España (Linde de Castro). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente 212/000697); Ciudadanos (número de expediente 212/000530); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea (número de expediente 212/000682); Socialista (número de expediente 212/000439) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000369) ... (Página41)
- Del señor subsecretario de Economía, Industria y Competitividad (González-Panizo Tamargo). A petición de los grupos parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/000690); Socialista (número
de expediente 212/000504) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000386) ... (Página59)
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017. (Número de expediente 121/000006):
- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (COLLADO MARTÍNEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (números de expediente 212/000701 y 212/000358); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (números de
expediente 212/000587 y 212/000684); SOCIALISTA (Número de expediente 212/000452) Y POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000410).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Retomamos las comparecencias, en este caso la de la señora secretaria de Estado de Función Pública, doña Elena Collado. Sin más preámbulos tiene la palabra la señora Collado para exponer el presupuesto en el área de Función Pública.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Collado Martínez): Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Es un honor comparecer en esta Comisión para presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2017 en el ámbito competencial de la Secretaría de Estado de Función Pública. Tras los años de crisis en que ha sido
preciso realizar una política de prudencia y de contención hemos vuelto a la senda de crecimiento económico, y por esa razón estos pasados ejercicios -especialmente desde el año 2015- hemos iniciado una política de recuperación y mejora de las
condiciones de los empleados públicos; política que vamos a proseguir sobre la base del diálogo y el consenso con otras fuerzas políticas, con otras administraciones públicas y con los agentes sociales. Entendemos que la Función pública en sentido
amplio es un valiosísimo activo de nuestra sociedad y las decisiones que le afectan precisan de la participación y corresponsabilidad de todos.
Procedo a continuación a dar detalle de las cifras y del resto de cuestiones que nos afectan. La dotación total con que contará la Secretaría de Estado de Función Pública para 2017 es de 1846 millones de euros, repartidos en seis programas
presupuestarios. El capítulo 1 supone entre todos los programas 75,2 millones de euros. Esta cuantía sostiene las retribuciones de los 1650 empleados públicos que trabajan en la secretaría de Estado y en sus organismos adscritos. El capítulo 2
asciende a 1080,2 millones de euros, de los cuales 1039,9 se dirigen a financiar los conceptos sanitarios que suscribe Muface. Destaca asimismo el incremento de un 9,5 % hasta los 9,1 millones de euros del programa de la Secretaría General de
Administración Digital, que se destinarán a financiar lógicamente actuaciones de consolidación y mejora en proyectos de administración digital. Muface, con un total de 1703 millones de euros supone el mayor porcentaje de créditos totales de la
Secretaría de Estado de Función Pública. Destaca el incremento de 17 millones del capítulo 4 para atender a la mejora de la incapacidad temporal de nuestros mutualistas. En las partidas que atienden el gasto farmacéutico hay un incremento de 13,6
millones de euros. En lo que afecta al INAP contará con 79,4 millones de euros, un 6,9 más que en 2016, de los cuales 58,1 provienen de los fondos de formación para el empleo de las administraciones públicas. Dentro de esta cuantía dirigida a
formación para el empleo se van a destinar 25,8 millones de euros a las comunidades autónomas, 9,7 a administraciones locales, 10,1 millones a la Administración General del Estado y además se establece una reserva de crédito de 12 millones de euros
para la financiación de acciones formativas de carácter interadministrativo, así como aquellas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social. Aeval se dota en el proyecto
con 3,6 millones de euros. Por otra parte los programas presupuestarios que financian la
Secretaría General de Administración Digital experimentan en su conjunto un aumento del 1,6 % con respecto a 2016. Por último, los créditos del programa 921.N, que financian el conjunto de los servicios centrales de la secretaría de Estado,
excluida la Secretaría General de Administración Digital, ascienden a 24,9 millones de euros. Esta cifra es inferior a la de 2016 por los ajustes de capítulo 1, que han traído como consecuencia la distribución de personal, de efectivos entre los
ministerios de Hacienda y Función Pública y Presidencia tras la desaparición de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Comenzaré, señorías, hablando de empleo público. En los momentos de mayores dificultades financieras la oferta de empleo ha sido un importante instrumento para garantizar la eficiencia de nuestras administraciones, ya que nos ha permitido
dimensionar el volumen total de efectivos en consonancia con los compromisos adquiridos por España en materia de déficit y gasto público. Iniciada ya la recuperación y desde 2015 comenzó una senda de mejora de la tasa de reposición de efectivos, de
manera que en este mismo ejercicio se duplicó el número de plazas de nuevo ingreso respecto del año anterior, pasando en la Administración General del Estado de 5364 en 2014 a 13 016 en 2015. En 2016 llegó a alcanzar la cifra de 19 116,
incrementándose la tasa de los sectores prioritarios -que pasó del 100 en tasa especial al 50 en tasa general- y en la oferta de 2016 asimismo se añadieron nuevos sectores prioritarios: el de gestión de prestaciones y políticas activas de empleo y
el de asistencia directa a los usuarios de servicios públicos. En las comunidades autónomas esta tasa de reposición supuso una oferta de empleo de más de 28 000 plazas. Como he señalado en 2016 la tasa de reposición ya era del 100 en los sectores
prioritarios y del 50 en el resto. Pues bien, en 2017 se mantiene y se amplía esta tasa, porque se incluyen nuevos sectores prioritarios y además se establece -lo cual es muy relevante- un procedimiento extraordinario de estabilización de personal.
Como ustedes saben la Conferencia de Presidentes de 17 de enero adoptó en materia de empleo público importantes acuerdos y compromisos. El primero, el fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos de las administraciones
públicas, especialmente en los sectores prioritarios. El segundo, en materia de consolidación de empleo temporal en todas las administraciones. Y el tercero, en materia de movilidad interadministrativa. Estos compromisos se han plasmado en el
acuerdo para la mejora del empleo público que el Gobierno ha suscrito el 29 de marzo con las organizaciones sindicales más representativas del ámbito del empleo público, es decir, Comisiones Obreras, UGT y CSIF. Es el primero que se suscribe desde
2009. El acuerdo, que se ha elevado a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas contiene tres medidas fundamentales: la creación de grupos de trabajo, el refuerzo de la oferta de empleo público y la estabilización de empleo
temporal.
Me refiero en primer lugar a la creación de grupos. Esta medida tiene por finalidad mantener el diálogo y avanzar en aquellas cuestiones que requieren un mayor desarrollo, en concreto vamos a trabajar en los grupos de movilidad
administrativa, impulso de la formación, estudio de la evolución y situación del empleo en las administraciones públicas, análisis de los criterios en materia de igualdad de género y en particular violencia de género, estudio sobre la situación de
las tres mutualidades administrativas y seguimiento de la implantación de la Administración digital en la Administración General del Estado y en el resto.
Respecto a las otras dos medidas, la oferta de empleo público y la estabilización de empleo, se han incluido ya en el articulado de la ley de presupuestos para 2017. En cuanto a la oferta se recoge en el proyecto una tasa de reposición de
efectivos del 100 % para los sectores prioritarios, y se añaden tres nuevos sectores fruto de la negociación, que son: atención al ciudadano en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público, y seguridad y
emergencias. Además se mantienen todos los sectores prioritarios de la Ley de Presupuestos anterior. Para el resto se establece una tasa de reposición general del 50 %.
Pues bien, si extrapolamos los datos de 2016 la oferta de empleo público para 2017 supondrá al menos 67 000 plazas en todas las administraciones públicas, unas 19 000 en el Estado, más de 28 000 en las comunidades autónomas y unas 20 000
plazas en la Administración local. Para evitar retrasos en las convocatorias -sobre todo en las convocatorias que tenían calendarios específicos- el Real Decreto-ley 6/2017, recientemente aprobado, ha autorizado la oferta en sectores específicos,
cuales son docencia, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía autonómica. Estas aproximadamente 20 000 plazas son el anticipo de las 67 000 que compondrán la oferta de empleo del año 2017.
En cuanto al importantísimo acuerdo relativo al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, que se regula con carácter básico en la ley de presupuestos del Estado, el objetivo fundamental es reducir el volumen de personal
interino existente en las administraciones públicas, que se sitúa entre
el 20 y el 30 %, según sectores. Solo en las comunidades autónomas el número de interinos asciende a 295 726 a fecha de julio de 2016. De ellos más de 144 000 son personal sanitario, con una tasa de temporalidad altísima del 30 %, y 109
000 docentes, con una tasa del 20 %; la media es de un 20,2 %. El acuerdo y por tanto lo recogido en el proyecto de ley supone reducir hasta un máximo de un 90 % los interinos existentes en la actualidad en tres años, en el periodo 2017-2018-2019,
y que la tasa de temporalidad no sea superior al 8 % del total de efectivos en cada ámbito al final de este periodo. Esta medida afecta a los sectores de docencia, sanidad, justicia, servicios sociales, Policía local, gestión tributaria y
recaudación e inspección y sanción de servicios y actividades. Es decir, fundamentalmente a comunidades autónomas, puesto que la mayoría de los procesos se centrarán en sanidad y educación cuantitativamente hablando. Una vez aprobada la ley de
presupuestos cada una de las administraciones públicas desarrollará los procesos selectivos correspondientes a lo largo de esos tres años, y se realizarán sobre plazas ya ocupadas por personal interino, respetando lógicamente los principios
constitucionales de acceso al empleo público. Como resultado de este proceso, si se alcanzara el 90 % máximo acordado y permitido, se llegaría a una cifra de más de 250 000 empleos consolidados. Por sectores podrían llegar a suponer casi 100 000
puestos estabilizados en el ámbito de la docencia y casi 130 000 plazas de personal sanitario, además de 8500 en el ámbito de la Administración de Justicia. A estos datos habría que añadir los correspondientes a entidades locales y comunidades
autónomas en los otros ámbitos que hemos citado, servicios sociales, Policía local, gestión tributaria y recaudación e inspección y sanción de actividades y servicios. Insisto en la idea de que el volumen total y el más significativo de la
estabilización se va a producir en el ámbito de las comunidades autónomas; si bien en el Estado prevemos que se puedan consolidar en el ámbito de la Administración de Justicia unas 2700 plazas a lo largo de este periodo.
La Administración local tiene alrededor de 40 000 plazas ocupadas por empleados interinos temporales. Ahí se estabilizará el empleo en aquellos sectores incluidos en el acuerdo que les afecten competencialmente. Entendemos que va a haber
una mayor incidencia en lo que afecta a servicios sociales y a Policía local. Se trata, señorías, de un acuerdo histórico y -lo que es más relevante- que ha gozado de un elevado grado de consenso, tanto entre las organizaciones sindicales como con
las comunidades autónomas, que han sido promotoras de estos acuerdos en la Conferencia de Presidentes. Con todas ellas mantuvimos reuniones bilaterales para confeccionar el acuerdo. Debo mencionar por último que entre los años 2015 y 2016 ya se
procedió a la restitución de los días de libre disposición y por antigüedad de los empleados públicos y culminó la devolución de la paga extra dejada de percibir en 2012.
Paso a otros asuntos que interesan al empleo público, en concreto a la formación. Queremos que el INAP continúe siendo el referente en formación, selección e investigación a nivel nacional e internacional. Por ello vamos a mantener las
políticas iniciadas en las pasadas legislaturas, tanto en formación presencial como en formación online, y tanto para la Administración General del Estado como para comunidades autónomas y entidades locales, que están confeccionando la oferta
formativa junto con el INAP. En concreto y como novedad los 58 millones de fondos de formación para el empleo se van a gestionar con un mayor grado de consenso con las centrales sindicales; para ello hemos abierto un grupo de trabajo específico
acordado en la mesa de negociación del 29 de marzo.
En lo que afecta a Muface como saben este organismo atiende a un colectivo total de casi 1,5 millones de personas, y tiene por finalidad principal garantizar la prestación sanitaria a este colectivo, funcionarios y beneficiarios, el 30 % de
los cuales pertenece a la Administración General del Estado y el 70 % son básicamente de comunidades autónomas. Muface proporciona prestaciones sociales y atiende a necesidades que afectan a colectivos en situación de especial desprotección. Es un
modelo de aseguramiento sanitario público caracterizado por su elevada calidad y eficiencia. Según la última estadística publicada por el Ministerio de Sanidad el sistema público de salud gasta 1233 euros por persona asegurada, en tanto que Muface
gasta 992; repito que es un sistema bastante eficiente. Como saben los mutualistas pueden optar entre recibir la prestación de asistencia sanitaria a través de la red sanitaria pública o a través de las entidades privadas que en cada momento hayan
suscrito concierto con la mutualidad. Actualmente está en vigor el concierto nacional e internacional para los ejercicios 2016 y 2017, en los que se establece un incremento de la prima a abonar a las entidades de un 3,5 %. Precisamente en este año
se va a proceder a convocar el nuevo concierto que garantizará las prestaciones en los próximos años, y cuya incidencia presupuestaria lógicamente recaerá en ejercicios posteriores.
Muface se enfrenta a retos comunes al sistema sanitario, cuales son el envejecimiento de la población y el avance de las tecnologías, y tiene otros específicos, por lo que vamos a acometer proyectos como la receta electrónica, la historia
clínica digital, la provisión de las prestaciones a través de sede electrónica, la agilización del procedimiento de reclamaciones sanitarias y la accesibilidad a las sedes de las cincuenta y dos direcciones provinciales. En definitiva este proyecto
mantiene la continuidad y estabilidad del presupuesto anterior, y puede afirmarse que con este presupuesto el modelo Muface está garantizado.
En lo que afecta a la Administración digital esta secretaría de Estado la va a impulsar firmemente. Tenemos dos grandes objetivos: por un lado, la centralización de servicios y la optimización de recursos, y por otro, junto con otras
administraciones, el uso común de servicios y herramientas compartidas. Este objetivo doble persigue a su vez una doble finalidad: la efectiva aplicación durante los años 2017 y 2018 por parte del Estado y el resto de administraciones públicas de
las leyes 39 y 40, aprobadas en 2015, y por otro, el desarrollo y aplicación de la estrategia TIC 2015-2020 que aprobó el Consejo de Ministros en 2015. El desarrollo de la Administración digital es una política de Estado, un factor de
transformación de la sociedad y de la economía y un elemento de eficiencia en la gestión de los recursos públicos. En este sentido vamos a continuar con el desarrollo, la implantación y la provisión de los servicios comunes TIC en toda la
Administración General del Estado y sus organismos públicos, con el objetivo de dar la máxima eficiencia al funcionamiento de la Administración con el menor coste posible, y vamos a incrementar la prestación de soluciones de Administración digital a
comunidades autónomas y entidades locales.
En cuanto a la Administración General del Estado la declaración de servicios compartidos, que se aprobó en la comisión de estrategia TIC el 15 de septiembre de 2015, acordó la implantación de catorce servicios. De estos catorce están
plenamente operativos el servicio unificado de telecomunicaciones, que ha supuesto unos ahorros inmediatos en su primera fase de 125 millones de euros, el servicio de nube híbrida a través de la red SARA y el servicio multicanal de atención al
ciudadano, el 060. Se encuentra en avanzado estado de implantación el servicio de gestión de registros, el servicio de seguridad gestionada, la gestión de notificaciones a través de Notific@, PAG y Carpeta Ciudadana, la gestión de nómina Nedaes, el
servicio integrado de gestión de personal, el servicio común de gestión económico-presupuestaria, el servicio común de generación y validación de firmas electrónicas, el servicio de gestión de expedientes y documentos electrónicos, Inside, y el
servicio de gestión de archivo electrónico, Archive. Esta unificación de servicios y el uso de herramientas comunes supone no solo ahorros económicos, sino también importantes sinergias en recursos humanos, mejoras en la simplificación,
homogeneización, y en general genera optimización de recursos.
Pero no queremos que estas ventajas se limiten solo a la Administración General del Estado, y por ello hemos firmado convenios con diecisiete comunidades autónomas para la utilización compartida de estos servicios. Quiero resaltar su buena
disposición y el gran avance que se ha dado con las comunidades autónomas en el uso de estas herramientas. Nos sentimos particularmente orgullosos del sistema FACe de registro electrónico de facturas, que ha permitido acabar con el problema de las
facturas sin contabilizar. Ocho mil administraciones adheridas, ocho millones de facturas tramitadas en 2016 y 70 000 millones de euros gestionados a través de esta plataforma. Sin ánimo de agotar el amplio catálogo de herramientas utilizadas por
otras administraciones públicas, sí que mencionaré, por su importancia y visibilidad, el sistema de identificación electrónica Cl@ve; el sistema de firma electrónica Firma y Portafirma; la red SARA; la plataforma de intermediación de datos para
consulta de datos necesarios en la tramitación de los procedimientos; los sistemas de notificaciones electrónicas; las plataformas SIR/ORVE, el registro electrónico de apoderados, el portal comunidades autónomas, el punto de acceso general y la
Carpeta Ciudadana. También las entidades locales tienen a su disposición y están utilizando estas herramientas y servicios comunes de forma gratuita. Hoy en día podemos afirmar que el 85 % de los trámites que se realicen en la Administración
General del Estado son de carácter electrónico, y que solo queda un 15 % en papel, que va reduciéndose año a año. Para 2020 la Administración española ha de ser completamente digital, de manera que las tecnologías de la información y las
comunicaciones estén tan integradas en la organización que ciudadanos y empresas prefieran la vía electrónica para relacionarse con la Administración. De esta manera se generan eficiencias internas y se aumenta la productividad de los empleados
públicos.
En lo que afecta a las políticas de gobernanza esta secretaría de Estado como saben ha asumido las funciones de reforma de las administraciones ejercidas hasta ahora por el Ministerio de Presidencia, a través de CORA. Continuaremos esta
labor reformadora con un nuevo plan estratégico de impulso y
transformación, que siguiendo la estela de CORA promoverá la aplicación de medidas de reformas sectoriales y transversales. En materia de gobernanza: gobierno abierto, empleo público, Administración digital, etcétera. Es un plan
ambicioso, pero realista, que desarrollaremos a lo largo de toda esta legislatura. Pretendemos realizar una transformación del modelo de gestión pública dotándolo de mayor eficiencia, impulsando el uso de las nuevas tecnologías en la Administración
y en sus relaciones con la sociedad, incrementando la cercanía de los ciudadanos y las empresas, la transferencia y el buen gobierno.
Una primera línea de reformas debe referirse lógicamente a la simplificación y reducción de cargas. Se ha avanzado mucho en esta simplificación, pero vamos a seguir trabajando en la creación de una Administración moderna, ágil y eficiente.
En segundo lugar, mejoraremos la transparencia y acercaremos la Administración al ciudadano. Es preciso fomentar la participación ciudadana a las principales decisiones públicas, ampliando la colaboración de otros actores en el desarrollo de
servicios públicos y reforzando la transparencia de los procesos administrativos. El último eje de la reforma es el referido a la mejora y modernización del empleo público. Hay que desarrollar un nuevo modelo de empleo público que se ajuste a los
nuevos retos, tanto a nivel organizativo como nacional e internacional. Para ello vamos a trabajar en distintos proyectos como son: la definición de modelos de gestión compartida de los servicios comunes, departamentales; la realización de
consultorías operativas; el refuerzo de los planes anuales de simplificación de procedimientos; la potenciación de los servicios de atención y ayuda al ciudadano por oficina, teléfono e Internet para facilitar la utilización de la Administración
electrónica; el impulso de la carpeta ciudadana para disponer de un espacio único en Internet en las relaciones de los ciudadanos con la Administración. También reforzaremos la transparencia, y para ello vamos a diseñar un plan de mejora del
portal de transparencia ampliando y mejorando la calidad de la información publicada, y simplificando el sistema de identificación para el ejercicio del derecho de acceso.
Señorías, concluyo ya volviendo a resaltar la importancia que tiene este presupuesto para nuestra Función pública, fundamentalmente para comenzar a trabajar en los planes de estabilización de empleo pactados con los sindicatos mayoritarios,
para empezar a convocar las 47 000 plazas de nuevo acceso que se prevén, para continuar con la transformación digital de nuestras administraciones y para desarrollar los proyectos de gobernanza pública y modernización.
Muchas gracias, señorías, por su atención. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Collado.
A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señora Collado, desde el año 2012 los presupuestos han venido certificando el rápido e inexorable deterioro de los servicios públicos. Cada ejercicio presupuestario nos ha ofrecido nuevos recortes de prestaciones y derechos, cada año menos
empleados públicos con peores condiciones laborales, menos retribuciones y menos derechos. En el presupuesto anterior no ofrecieron nada a los empleados públicos, nada que no les hubieran arrebatado anteriormente, y vendieron como regalo lo que no
eran más que rectificaciones parciales, incompletas y llenas de falsedades. El presupuesto que presentan este año en el ámbito de sus competencias es más de lo mismo. La única novedad se refiere a la oferta de empleo público y a la tasa de
temporalidad, y en ambos casos hay que agradecérselo a otros agentes distintos al Gobierno. Hablaré de ellos más adelante.
Dado que es escaso el tiempo disponible solo voy a destacar algunas de las enmiendas que presentará el Grupo Parlamentario Socialista, y que considero especialmente sensibles para los servicios públicos. Empecemos por las retribuciones.
Presumen que los empleados públicos verán aumentadas sus retribuciones en un 1 %, y teniendo en cuenta que el Banco de España estima que la inflación en el año 2017 alcanzará el 2,2 %, su propuesta es de nuevo otra vuelta de tuerca a la pérdida de
derechos y de poder adquisitivo de los empleados públicos. No les engañan, señora Collado: las cuantías de las retribuciones básicas de los empleados públicos, salarios y trienios, y alguna complementaria de destino, por ejemplo, son similares a
las tablas salariales del año 2007. Los empleados públicos han contribuido a los ahorros presupuestarios de las administraciones públicas, y se han convertido en uno de los principales contribuyentes en la salida de una crisis de la que no eran
responsables. Así las cosas la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos acumulada desde el año 2012, en términos generales, asciende al 13,3 %. Solo en el año 2016 han perdido un 0,5 % con una subida salarial del 1 % y un aumento del
IPC del 1,5 %.
En el año 2017 la cosa puede ser peor, con una subida de las retribuciones del 1 % y una inflación del 2,2 %. El caso es que tras dos años de recuperación económica ustedes siguen maltratando a los empleados públicos, negándoles un respiro,
y -lo que es peor- siguen sin resarcirles los serios retrocesos que ustedes mismos les han impuesto en sus condiciones laborales y retributivas. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista va a enmendar su proyecto de presupuestos, para que el
incremento salarial vaya encaminado a la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos. Este incremento que propondremos no afectará a los altos cargos del Estado, a los que dejamos con su propuesta del 1 %, ya que
consideramos que el esfuerzo hay que hacerlo con los que más recortes han sufrido. De los altos cargos ya se ocupan ustedes muy generosamente vía productividad.
Pasemos ahora a la oferta de empleo público y a la tasa de temporalidad. ¿Sabe cuántos empleos públicos se han perdido en este país desde el año 2012? Más de 200 000, señora Collado; muchos de ellos en sectores esenciales para los
ciudadanos. Detrás de las frías cifras hay centros de salud que han cerrado, médicos despedidos, menos quirófanos, aulas masificadas, investigadores en el paro, menos efectivos en la lucha contra el fraude fiscal y laboral, más retrasos judiciales,
etcétera. El Grupo Parlamentario Socialista valora positivamente que los representantes de los empleados públicos hayan conseguido que el Gobierno por fin haya aceptado negociar el empleo público. Han sido cinco años de actitud contraria a la
negociación colectiva y de imposición de recortes en los derechos de los empleados públicos, que además se han sentido despreciados por las declaraciones de los altos cargos del Gobierno con responsabilidad en esta materia, y por fin el Gobierno
-aunque más por debilidad que por convicción- se ha sentado a negociar con quien antes no quiso hacerlo. Nos felicitamos por que los sindicatos hayan conseguido con su empeño y su dignidad durante estos años alcanzar un acuerdo, de mínimos, pero
acuerdo.
Reconocemos y valoramos el ejercicio de responsabilidad de los agentes sociales ante la demora que ha provocado el Gobierno por su posición injustificada y ventajista, que ha tenido en la más absoluta incertidumbre a miles de ciudadanos con
aspiraciones para convertirse en empleados públicos o con contrato temporal en la Administración. También los ciudadanos que reciben estos servicios públicos han sido rehenes de la actitud irresponsable del Gobierno. Nuestro grupo parlamentario
entiende que este acuerdo es un ejercicio de responsabilidad de los sindicatos, que siempre han estado dispuestos a negociar. Es un logro para ellos recuperar las medidas para rebajar el empleo temporal a los porcentajes en torno al 8 % que ya se
establecieron en el año 2007 con un Gobierno socialista.
En cualquier caso el Grupo Parlamentario Socialista considera que el acuerdo para la mejora del empleo público contempla lo imprescindible o lo mínimo que requieren las administraciones públicas, no para mejorar, sino solo para no
interrumpir o cesar en su funcionamiento. Por ello presentamos varias enmiendas al artículo 19 de su proyecto de presupuestos, para empezar a recuperar el empleo público destruido por ustedes en sectores muy sensibles para los ciudadanos, como son
la sanidad, la educación y los servicios sociales. Presentaremos todas estas enmiendas porque queremos recuperar más médicos, más profesores y más profesionales de servicios sociales, y pedimos que en estos sectores la tasa de reposición sea del
150 %. Solo así podremos empezar a paliar parte del daño que han ocasionado. También incluimos este esfuerzo en recuperar empleo público, por un lado, en el ámbito de la investigación como apuesta de un futuro cada vez más presente en la
productividad de nuestra economía, y por otro, en la lucha contra la corrupción, esfuerzo más que justificado porque ustedes no dejan de aumentar su carga de trabajo todos los días.
Fruto del citado acuerdo el proyecto de presupuestos también refleja medidas para reducir la tasa de temporalidad. La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista irá dirigida en este apartado a extender esta reducción a los servicios
públicos de empleo que consideramos no deben dejarse fuera de esta medida. Respecto a la rebaja del empleo temporal permítame que haga dos apuntes. El primero es que confiemos en que no aparquen el cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito y capacidad en la Administración, y acaben consolidando plazas injustificadamente por tratarse de nombramientos a dedo. (Rumores). El segundo apunte es que los procesos de consolidación son imprescindibles, pero no los vendan como si
estuvieran creando empleo.
El señor PRESIDENTE: Señora Serrano, vaya concluyendo, por favor.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Sí, termino.
Aunque no es objeto de esta comparecencia sí quiero hacer una breve mención a la oferta de empleo público extraordinario que hizo el Gobierno por decreto-ley y que contempla el proyecto de presupuestos.
Quiero reconocer la insistencia de las comunidades autónomas socialistas para obligarles a adoptar esta medida, a pesar de negarse una y otra vez y argumentar su imposibilidad jurídica. Sin presupuestos no había oferta de empleo público,
decía el señor ministro y decían ustedes. Nuestro grupo les demostró que ya se había hecho y que era necesario y muy urgente en sectores tan sensibles como la educación y la sanidad, y finalmente lo hicieron, pero como siempre tarde y mal. Por
favor, dejen de jugar con los servicios públicos de este país. Espero que usted, con su larga trayectoria de gestión de recursos humanos, encuentre la sensibilidad que hasta ahora ha brillado por su ausencia y que tanto daño ha ocasionado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Serrano.
Ahora en nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Honorato.
La señora HONORATO CHULIÁN: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, agradezco la presencia de la señora Collado, no sin comentar que hubiera sido más completa su comparecencia si también hubieran intervenido las organizaciones sindicales, porque como usted misma ha reconocido este
presupuesto se ha enmarcado, por lo menos en esta materia, en el acuerdo que han protagonizado, tanto el ministerio como las organizaciones sindicales. Por tanto agradezco su presencia, pero les recuerdo que habría sido más completo tener las dos
versiones, tal y como había solicitado nuestro grupo.
Saludamos en su momento la celebración de este acuerdo, porque nos parece que se sitúa en la dirección correcta, pero lo que hace es detener la hemorragia, algo imprescindible, pero es necesario hacer una transfusión de sangre para poder
empezar a andar. No es suficiente con esta detención, sino que es necesario ir más allá. Hay dos medidas imprescindibles relacionadas con esta necesidad de ir caminando en esa dirección -que nos parece la correcta, pero apenas empezamos a
movernos-, y una de ellas sería eliminar la tasa de reposición. Es cierto que se incorporan, como bien ha dicho usted, tres nuevos ámbitos prioritarios, pero aun así son insuficientes, porque por una parte acumulamos un histórico de pérdida de
empleo, que concretamente en el ámbito de la Administración General del Estado se sitúa desde 2009 en 41 426 efectivos, sin incluir el aporte de las ofertas, que han sido bastante pequeñas; es decir, estamos hablando en torno a 6857 efectivos al
año en la AGE, en la Administración General del Estado. Solamente en la Seguridad Social hemos perdido 4249 puestos. Si se recoge el artículo 19 tal y como está en este momento tenemos que seguir sufriendo una pérdida de aproximadamente 1000
efectivos en la Administración General del Estado para el presente año, a pesar como digo de la consolidación y de incorporar esos tres ámbitos prioritarios.
Nos parece que es necesario por tanto abordar un análisis serio de la limitación de la tasa de reposición, porque muchas veces lo que hay detrás es una invasión de la autonomía, tanto autonómica como local; casi se entra directamente en el
estado de gastos diciendo a la Administración concreta cómo debe gastar; las necesidades existen, pero el problema es que las administraciones públicas no pueden aplicarlo al capítulo 1 sino al 2, así pues no es una cuestión de ahorro económico,
sino de invasión autonómica en la disposición, entrando directamente en su estado de gastos.
Aparte de eso nos parece que ese histórico acumulado de ofertas de empleo deficientes desde 2009 hasta la actualidad acumula una deficiencia que requiere, en determinados supuestos y ámbitos en los que la situación es crítica y la saturación
evidente, medidas extraordinarias para poder abordar el problema. Por lo menos identificaré cuáles son los ámbitos en los que consideramos que existen esas prioridades en la Administración General del Estado: por un lado, en los centros de gestión
y de atención al ciudadano en la Seguridad Social; en el ámbito de la seguridad aérea y marítima, donde la ineficiencia puede ser enormemente peligrosa; en el ámbito de la investigación, porque creemos que debe ser una prioridad la investigación y
la inversión, por ejemplo, tanto desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como desde el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial; también dentro del ámbito del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la pérdida acumulada se
sitúa en torno a un 13 %, lo que puede poner en riesgo la atención a la ciudadanía en museos estatales, como el Reina Sofía, o en la Filmoteca Nacional. Y también queremos llamar la atención sobre la apertura de nuevos centros de trabajo, que eran
necesarios, pero que muchas veces se abren con escaso personal. Esto ocurre en Instituciones Penitenciarias o en el ámbito del Inserso.
Me he dejado para el final una de las situaciones más crónicas y más periodísticas, por así decirlo, no por ello dejando de ser preocupante, como es la atención a la gestión del DNI dentro del ámbito de la
Dirección General de Policía. Creo que es de todos conocida la saturación en las unidades de atención a la gestión del Documento Nacional de Identidad, cuando se sabía que iba a haber un importante incremento en la necesidad de atender
estos servicios, y era necesario haber previsto cómo se solucionaba. En el ámbito de la Dirección General de Policía desgraciadamente hace dos semanas saltaba un caso ante la escasez de la cobertura de la unidad policial de respuesta inmediata para
denunciar casos de violencia machista en la comisaría de Sevilla. Creo que todas estas situaciones necesitan de una respuesta inmediata más allá de la necesidad de la reposición del cien por cien que muchos de estos casos podían -algunos no, otros
sí- atender. Pero nos parece que no es suficiente con el cien por cien. Venimos de un histórico acumulado y es necesario un plan especial en estas situaciones. Quería preguntarle si tenían alguna previsión en este sentido.
Vemos que hay otras tareas necesarias...
El señor PRESIDENTE: Debe ir concluyendo, señora Honorato.
La señora HONORATO CHULIÁN: Tengo muchísimas cosas más. Voy a exponerlo esquemáticamente. Si no, solicitaremos otra comparecencia para hablar de todo ello.
Recuperación de derechos. Nos parece que el incremento del 1 % es insuficiente. Treinta y cinco horas. ¿Qué ocurre? Muchas comunidades autónomas están previéndolo de nuevo. Convenio colectivo para personal laboral, que desde diciembre
de 2015 está pendiente. ¿Hay algún avance? ¿Hay alguna consignación presupuestaria para la negociación del convenio colectivo de personal laboral? A propósito del concurso de méritos en la Administración General del Estado, ¿hay alguna previsión?
Hace mucho tiempo que no hay concursos en muchos ministerios. ¿Hay previsión? ¿Hay presupuestos para ello? En cuanto a formación de personal hay una previsión de inversión de 609 000 euros. Queríamos saber para qué es, si es para aumento de
equipos o de programas para abordar la demanda existente cuando se ven los indicadores.
Finalizo con dos cuestiones que nos han llamado la atención, la disposición adicional veintisiete y la disposición adicional trigésimo quinta, sobre todo esta última. En el punto segundo, apartado dos, ata de manos a la Administración
pública para poder solucionar situaciones de fraude, salvo que haya un recurso judicial.
Termino. Hay muchas más cosas, pero ya solicitaremos comparecencia para poder tratarlas con calma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Honorato, por el esfuerzo de síntesis.
A continuación, en representación del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente.
Bienvenida, señora Collado, bienvenida además una persona que tiene gran experiencia en la Dirección General de la Función Pública, además en recursos humanos y en presupuesto. He visto un poco su trayectoria y siempre es bueno tener una
persona como usted, un profesional, en la Administración pública.
Señora Collado, ha dicho que ha llegado el momento de la mejora de las condiciones, sobre todo de los empleados públicos. Se lo dice una persona que es empleado público, que es funcionario, técnico de Hacienda del Estado, ahora en servicios
especiales. Durante muchos años, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, desde que empezó la crisis, hemos sufrido los empleados públicos y muchísimas familias lo triste de los recortes. El PSOE además negó la crisis en su
momento, hubo un aumento de gasto improductivo con medidas de 8000 millones de euros, el famoso PlanE de Zapatero, hubo una fusión fría de las cajas de ahorros dilatando su reestructuración, y esto desembocó en numerosos recortes. No quiero entrar
en temas de sanidad o educación en aquella época, pero sí quiero entrar en los recortes que sufrieron los funcionarios, un 5 % en todos los salarios, y luego se congelaron. Luego se produjeron los recortes del Partido Popular, y la receta del
Partido Popular no fue demasiada innovadora, se abrazó a esa austeridad indiscriminada, con profundos recortes sociales. Tampoco por supuesto quiero entrar aquí en el tema de la educación, la sanidad o la dependencia, pero si quiero hacer hincapié
en que volvió a congelar los sueldos de los funcionarios, y sobre todo la incorporación de nuevo personal. Lo digo además porque desde nuestro grupo Ciudadanos hemos sido fieles defensores de promover, de crear sobre todo plazas de técnicos que
mejoren los ingresos públicos. Hemos tenido un
grave problema con ellos, no solo porque ha habido errores en los presupuestos en relación con los ingresos públicos, sino porque han tenido que hacer efectivamente indisponibilidades del crédito, como en numerosas ocasiones ha recogido la
prensa. El diputado que tiene usted a su izquierda y los que estamos aquí hemos defendido a ese personal, sobre todo en la lucha contra el fraude y en los tribunales económicos. Ayer precisamente el secretario de Estado nos hacía partícipes de que
va a luchar y va a intentar sacar 884 000 resoluciones de los tribunales económicos-administrativos porque son deuda además que -la mayoría- está garantizada, y que en el 60 % se desestima, con lo cual son ingresos públicos.
Yo quería hacer hincapié en eso, porque el Gobierno se ha comprometido con Ciudadanos, con nuestro partido, y con Bruselas a que en 2017 llevará a cabo un proceso de revisión del gasto conjunto con las administraciones públicas -el spending
review- que mejora la eficacia, para lo que se va a encargar la autoridad de responsabilidad fiscal. Estamos hablando de 900 millones de euros. Y también quiero hacer hincapié en un hito importante: que las administraciones públicas además -usted
lo ha recordado- van a convocar 250 000 plazas de funcionarios durante los próximo tres años. Evidentemente es una decisión que tiene que ajustarse por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero es algo que lleva nuestro ADN de
Ciudadanos, y yo le preguntó: si no hay presupuesto, señora Collado, ¿qué va a pasar con estos 300 000 interinos? Yo le pregunto: si no hay presupuesto, ¿qué va a pasar con la oferta de empleo público? Nos anunciaba la portavoz socialista que
iban a presentar unas enmiendas parciales. Yo entiendo que si va a presentar enmiendas parciales es que no va a presentar ninguna enmienda a la totalidad. (La señora Serrano Jiménez: Yo no he hablado de enmiendas parciales). No es una pregunta,
señora Serrano; es una reflexión que le estoy haciendo a usted, señora Collado. Creo que se pueden hacer muchísimas cosas, muchísima mejor gestión de los ingresos públicos, y no se tienen por qué subir impuestos, porque eso perjudica a los
derechos de los funcionarios públicos.
Para terminar, señora Collado, simplemente le deseo acierto; bienvenida a este nuevo arco parlamentario en el que la incorporación de estas fuerzas políticas, entre ellas nuestra formación Ciudadanos, ha hecho posible negociar unos
Presupuestos Generales del Estado para 2017 sin recortes en los servicios básicos, sin subidas de impuestos, y fundamentalmente mejorando la gestión del gasto, poniendo fin a la interinidad, mejorando la oferta del empleo público -usted nos hablaba
de esas 47 000 plazas de nuevo acceso-, y sobre todo -y termino- protegiendo a los denunciantes de la corrupción. Creo que ahí la Función pública tiene que hacer muchas cosas. Nosotros presentamos en Pleno una ley ómnibus contra la corrupción y
protección del denunciante porque en Ciudadanos nuestra prioridad es destinar ese dinero público que se quedan unos pocos para que se reparta entre muchos, y no tengamos que padecer los recortes que hemos sufrido hasta la fecha, tanto del Partido
Socialista como del Partido Popular.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ten.
El Grupo Mixto, que también había solicitado la comparecencia, no está. Señora Sagastizabal, ¿quiere intervenir?
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Voy a ser muy breve, porque creo que ya todos han dicho lo que yo también iba a decir. Por una parte, quiero darle las gracias por su comparecencia. En principio he de decir que sí valoramos
positivamente el acuerdo en cuanto a las tasas de reposición, si bien creemos que es insuficiente. Es verdad que se ha llegado al 100 % en las tasas de reposición respecto a servicios esenciales y al 50 % en el resto, pero creemos que no van a ser
suficientes para cubrir todas las vacantes de las plantillas, ya que actualmente el déficit en la Administración del Estado es bastante alto. Además todo esto ocasiona problemas de funcionamiento de muchos servicios públicos, sobre todo en los
últimos años. También coincidimos en que para hablar de subida salarial se tendría que haber recuperado previamente esa parte que se quitó a los empleados públicos, ese 5 %, y también se les quitó la paga extra. Ha habido reducciones en los
complementos sobre las prestaciones de IT e incluso en ayudas sociales. Sí que es verdad que aunque hablamos de un incremento salarial de 1 % debería ser superior al IPC previsto para el mismo.
También me gustaría hablar del articulado de la ley, porque en el artículo 18.1 se propone modificar las sociedades mercantiles públicas entendiendo por tales aquellas en las que la participación directa o indirecta en su capital social de
las administraciones y entidades enumeradas en este artículo sea superior al 50 %. La redacción que figura en el proyecto de ley enuncia solo a las sociedades mercantiles estatales,
por lo que nos hacemos la pregunta de si quedan fuera el resto de las administraciones y entidades del sector público, porque esto no sucedía en el proyecto de 2016. No sé si lo han observado o no. También en ese artículo 18 se tratan los
gastos de acción social en términos globales que no puedan experimentar ningún incremento en 2017 respecto al año 2016. Nos parece -no sé si lo habrán visto o no- incoherente con el primer párrafo del apartado que prevé un incremento de la masa
salarial en el porcentaje máximo del 1 %, incluyendo precisamente esos gastos de acción social. Por tanto me gustaría saber si nos lo puede aclarar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sagastizabal.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a la secretaria de Estado de Función Pública las explicaciones y la presentación tan exhaustiva que nos ha dado de este proyecto de presupuestos para el ejercicio 2017.
El Grupo Parlamentario Popular quiere destacar cuáles son los principios en los que se basa este presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto que en términos generales tiene como objetivo continuar con la recuperación económica; tiene
como objetivo fortalecer la creación de empleo; tiene como objetivo mejorar la calidad de ese empleo, dentro del cual también incluyo la calidad del empleo de los funcionarios y de los trabajadores públicos; tiene como objetivo el fortalecimiento
de los servicios públicos, y dentro de esos servicios públicos de calidad está continuar con la profunda reforma de las administraciones públicas que se inició en el año 2012. Estos objetivos también se enmarcan dentro de otros dos objetivos que
son la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, porque no podemos tener unos servicios públicos de calidad cuando tenemos unas administraciones públicas o unas finanzas públicas quebradas. En ese sentido quiero recordar a sus
señorías lo que ha vivido este país no hace mucho tiempo, porque parece que para algunas cosas tenemos memoria de pez. (La señora Perea i Conillas: Seis años ya llevan gobernando). Todos podemos recordar: Zapatero baja el sueldo a los
funcionarios un 5 % desde junio y congela las pensiones, aparte de esa inversión pública que también se paralizó. Yo, como funcionaria pública que soy, también tuve que buscar información, porque realmente hubo una modificación prácticamente total
del articulado del presupuesto del año 2010. (Muestra un documento). Como funcionaria tuve que acudir a los medios de comunicación: Señor funcionario, sepa cuánto le va a bajar el sueldo el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Eso es lo que
pasa cuando en un país no se respetan los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, que al final lo acabamos pagando todos los funcionarios, todos los ciudadanos. De ahí el esfuerzo que hubo que hacer a partir del año
2012 para garantizar que este país no se fuese a la quiebra.
Efectivamente el Partido Popular lo reconoce, en 2012 se tomaron medidas -claro que reconocemos que se tomaron medidas-, pero hay una diferencia sustancial: las medidas que tomó el Partido Popular sirvieron y sacaron a este país de la
crisis. (Rumores). El esfuerzo de los funcionarios del año 2010 se fue por el desagüe, porque no sirvió ni para reconducir el déficit público ni para mejorar las finanzas públicas. Se tomaron decisiones y gracias a eso este país no fue rescatado,
y gracias a eso nuestros pensionistas no vieron bajadas sus pensiones y nuestros funcionarios -yo personalmente también- no vieron cómo se bajaron sus remuneraciones, como ha ocurrido en otros países, por ejemplo, Grecia. Nosotros tomamos
decisiones y hemos revertido las decisiones que se tomaron en aquel momento. La paga extra se ha devuelto y quiero saber cuándo se van a devolver las pagas extra que son objeto de su competencia en Andalucía, en Aragón y en el País Vasco.
Asimismo se han ido devolviendo días de permiso y de vacaciones, tras la aplicación determinados ajustes que tuvieron que llevarse a cabo, según ha ido mejorando la situación económica de este país desde el año 2013. Quiero indicar
igualmente que se ha incrementado el número de trabajadores; yo recomendaría que se leyese la página 15 de la presentación del proyecto de presupuestos, donde se refleja que el número de trabajadores públicos en sanidad, en educación, en funciones
y cuerpos de seguridad y en la Administración de Justicia es superior en el año 2016 que en 2007. Esos números, esos son hechos.
Nosotros queremos seguir avanzando y también hay que seguir devolviendo el esfuerzo que han hecho los empleados públicos en estos años. Por eso, por un lado, en el año 2016 ha aumentado un 1 % la remuneración de los trabajadores públicos,
que volverá a incrementarse en el año 2017. Claro que sería necesario incrementarlo más, pero tenemos que garantizar esa sostenibilidad financiera y esa estabilidad
presupuestaria. También queremos destacar ese acuerdo para luchar contra la interinidad. Quiero recordar un acuerdo, una resolución que se puede buscar, de fecha 22 de octubre de 2009, en la que el Partido Socialista, como siempre, es
capaz de poner negro sobre blanco muchos acuerdos que después no cumple. En ese momento se llegó al acuerdo 2011-2012 para reducir ese nivel de interinidad en las administraciones públicas, pero no solamente no se redujo ese nivel de interinidad,
sino que se incrementó, y si no podemos fijarnos en la sanidad andaluza o en la educación asturiana, porque los números son números y tasas de interinidad cercanas al 30 % en la educación asturiana -y sé de lo que estoy hablando- no son precisamente
ocasionadas por Gobiernos del Partido Popular. Por tanto vamos a trabajar para reducir esa interinidad. ¿Por qué? Porque consideramos que es una medida de equidad que dos personas que trabajan en el mismo servicio tengan derecho a tener las
mismas condiciones laborales.
Como ha dicho la secretaria de Estado tenemos un conjunto de medidas de colaboración con los sindicatos para mejorar esa calidad en el empleo, esa lucha contra la violencia de género, la desigualdad en género, es decir, la formación de los
trabajadores. Pero esto también tenemos que enmarcarlo dentro de una Administración pública eficiente, y por eso quiero volver a destacar el trabajo que se ha hecho durante estos años en la reforma de la Administración pública, porque en el Partido
Popular estamos comprometidos con la eficacia y con la eficiencia. Esto ha supuesto una reducción importante en los costes de la Administración pública al establecer medidas de eficiencia y empleo público; estamos hablando de 2400 millones de
euros para la AGE, de 748 millones de euros para comunidades autónomas y de 7,6 millones de euros para las administraciones locales. Al establecer medidas de racionalización orgánica también se ha producido un ahorro que asciende a más de 4600
millones de euros. Es un compromiso con la transparencia, porque nosotros creemos que tenemos la obligación de decirles a los ciudadanos qué hacemos con cada céntimo, con cada euro que recibimos de sus impuestos y de sus esfuerzos. Es un
compromiso con la modernización que también va incorporado en este presupuesto. Quisiera también destacar ese más del 85 % de trámites que los ciudadanos podemos realizar de forma electrónica con la Administración, porque constituye una mejora no
solo para los empleados públicos, sino también para los ciudadanos. Es decir, el objetivo de este presupuesto es tener una mejor Administración pública y tener unos funcionarios públicos, unos trabajadores públicos mejor formados y con mejores
condiciones laborales. Ese es el compromiso.
Por eso, señorías, decir sí a este presupuesto es decir sí a las tasas de reposición, 47 000 al aumento en las tasas de reposición, 47 000 plazas de nuevo acceso; es decir sí a aumentar un 1 % los sueldos de los funcionarios; es decir sí a
bajar la interinidad, 67 000 oportunidades -finalizo, señor presidente- para este ejercicio, estamos hablando de más de 250 000 oportunidades en los próximos tres años. Pero también es decir sí a mejorar las prestaciones sanitarias, porque estamos
hablando de las prestaciones sanitarias para los funcionarios públicos que también se incorporan en este presupuesto. Y también es decir sí a la modernización de la Administración, mejorar la relación con los administrados, mejorar la eficacia y la
eficiencia de esta Administración. El Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular y los grupos parlamentarios con los que se ha negociado y con los que se ha conseguido este presupuesto decimos sí a todas estas mejoras. Los que dicen que no
tendrán que explicar qué intereses tienen en que este país no avance, porque no tener presupuesto significará paralizar el futuro de este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora López Ares.
Para contestar a todas estas cuestiones tiene la palabra la señora Collado, secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Collado Martínez): Muchas gracias, presidente.
Muchísimas gracias, señorías, por todas las intervenciones. Muchísimas gracias por las reflexiones. Muchísimas gracias por las críticas que nos van a ayudar a mejorar indudablemente a escuchar a todo el mundo. Llevamos seis meses
escuchando a todo el mundo y gracias a ello hemos conseguido el primer acuerdo desde el año 2009 que va a ser ahora mismo el horizonte más claro del trabajo de la Secretaría de Estado de Función Pública.
Empezaré por la insuficiencia de la tasa, que ha sido común a varios grupos. La tasa de reposición de efectivos existe -lo saben- desde 1997. La tasa es un instrumento de planificación como lo es la relación de puestos de trabajo en las
administraciones públicas. Hemos tenido tasas del 10, del 30, del 65. Hemos variado los sectores prioritarios. Pero ahora mismo la tasa que se ha confeccionado con las ampliaciones de sectores entre 2015 y 2016, y con el añadido de 2017, permite
acometer la
reestructuración de nuestro empleo público y llevar funcionarios de nuevo ingreso allí donde son precisos, que además coinciden con muchas de las cosas que sus señorías han comentado. Creemos que la tasa tiene que continuar; pero también
creemos que la combinación entre los procesos de estabilización y la tasa de reposición de efectivos que ahora mismo tenemos en la ley de presupuestos suponen que la mejoría puede llegar a los sectores que están considerados como prioritarios, y a
otros sectores que cada comunidad autónoma o corporación local en el ámbito de sus competencias defina como prioritarios. La tasa de reposición de efectivos que no se va a emplear porque irá por consolidación quizá en servicios sociales, educación
y sanidad, va a dar recursos -porque las tasas se pueden acumular, lo saben- para que otras cuestiones como pueden ser la administración digital -me cuesta decirlo, porque casi todo está dentro de la tasa del cien por cien-, algún aspecto más
burocrático que preocupe por su interinidad a alguna comunidad autónoma o corporación local va a tener posibilidad también de convocar esas plazas y también de estabilizar la plantilla, con lo cual tendremos una mayor eficiencia, mayor eficacia y
algo importante, bajaremos la media de los empleados públicos que es cierto que ha sufrido un importante incremento en estos años.
Una cosa que nos preocupa a nosotros desde la secretaría de Estado y a las centrales sindicales es que hemos estado viendo en blogs, hemos estado viendo en redes sociales, en muchos sitios, comentarios sobre los procesos de estabilización en
el sentido que apuntaba su señoría; tanto la Constitución como el Estatuto Básico del Empleado Público prohíben los procesos de consolidación a dedo, de hecho huimos en el acuerdo de la palabra consolidación. Estos procesos, ya lo he dicho en mi
intervención, se van a hacer respetando los principios constitucionales de acceso al empleo público y se van a hacer de otra manera. Ha sido importante la negociación -eso han pedido las centrales sindicales, y nos ha parecido correcto-, devolver
la capacidad de negociación a cada comunidad autónoma y corporación local. Lo que nosotros pretendemos -y vamos a empezar a trabajar en ello inmediatamente- es coordinar los procesos con las comunidades autónomas, colaborar con ellas para
definirlos de una forma un poco homogénea, pero por supuesto cada comunidad autónoma va a decidir cuántas plazas saca, en qué momento, con qué características. Hay alguna cosa adicional en la ley de presupuestos que habrán visto, por ejemplo, los
indefinidos no fijos por sentencia no consumen tasa de reposición. Eso es una posibilidad. Hay comunidades autónomas que tienen 5000 y hay comunidades autónomas que no tienen ninguno. Pero ahora cada comunidad autónoma, en su negociación con sus
centrales sindicales, podrá decidir si afronta ese problema o deja la convocatoria para dentro de unos años. Es decir, que este es un acuerdo bastante descentralizador, queremos coordinar, pero será cada comunidad autónoma, respetando los
principios constitucionales, quien tome las decisiones de estabilización en el empleo. En este mismo sentido -contesto a la diputada de Unidos Podemos-, no queremos inmiscuirnos en la capacidad de relación con las centrales sindicales ni en la
capacidad de autoorganización de las comunidades autónomas. Hemos hablado con todas, con algunas varias veces; han mejorado y han enriquecido muchísimo el acuerdo, pero la responsabilidad de las convocatorias, tanto en oferta de empleo público
como en estabilización, es suya. Nosotros vamos a colaborar poniendo el instrumento del Estado a su servicio y también en la formación y en la Administración digital, pero se tiene que responsabilizar la Administración porque lo que ha hecho el
Estado con esta ley simplemente es dar un marco y un acuerdo firmado por tres organizaciones sindicales. Es más, queremos cumplirlo y queremos hacerlo rápidamente.
En lo que afecta a los ámbitos que comentaba, coinciden con aquellos de los que se ha hablado en las mesas preparatorias y en grupos de trabajo con los representantes sindicales. Esa misma combinación de oferta de empleo, de ampliación de
sectores y de procesos de estabilización creemos que, en el ámbito de la Administración General del Estado, nos puede dar a dos años vista el margen suficiente para acometer los problemas más importantes que tenemos. Ya existe un acuerdo con las
centrales sindicales para empezar a trabajar específicamente en Seguridad Social, Fogasa, SEPE y DNI. Son cuatro de los ámbitos que hemos ido analizando en las distintas reuniones y en cuanto tengamos el marco jurídico adecuado para empezar a
trabajar, iniciaremos por ahí con planes de choque y con una planificación adecuada a dos años. Creo que los mimbres de la Ley de Presupuestos dejarán que antes de que acabe la legislatura tengamos bien organizados estos servicios públicos tan
esenciales para el ciudadano.
Por supuesto, en Instituciones Penitenciarias sigue con su tasa del cien, y en el resto de sectores que ha mencionado cuentan con nuestra especial sensibilidad. Por ejemplo, en el ámbito de cultura, tanto museos como bibliotecas y archivos
han tenido dos ofertas de empleo público importantes en estos últimos dos años. Parece que ya no tienen problemas acuciantes por falta de personal para abrir en los horarios adecuados. En cuanto a su comentario sobre las 35 horas, hay un problema
de sostenibilidad.
Las 35 horas pueden costar a las administraciones públicas entre 800 y 1200 millones de euros. Es una cosa que hay que valorar y es un dato que hay que dar, pero sobre todo es que no se trata de la recuperación de un derecho. Cuando se
tomó esta decisión solo dos comunidades autónomas tenían la jornada de 35 horas y otras cinco tenían 36 o 36,5. Había diez comunidades autónomas que no tenían 35 horas, y los 500 000 funcionarios del Estado tampoco tienen esa jornada. Eso es una
demanda de varias comunidades autónomas, y todos conocemos su importancia mediática pero no es una recuperación de derechos. En todo caso, es importante ver que en el resto de Europa solo hay dos países que tengan esa jornada. Uno se lo está
pensando y del resto, dieciséis de ellos están en 40 o por encima de 40 horas. Es un dato que dejo ahí, aunque creo que de todo se puede hablar.
Me preguntaba por el convenio colectivo de la Administración General del Estado y los concursos de méritos. Estamos trabajando en el convenio colectivo y tenemos lógicamente por indefinición presupuestaria que parar un poco hasta ver qué
financiación podemos allegar al convenio. Sí, estamos trabajando en un sistema de reclasificación profesional que es una demanda que podríamos admitir y el resto de cuestiones del convenio, y también estamos trabajando en diseñar concursos
permanentes de méritos porque vemos que estamos tardando demasiado tiempo. Los funcionarios y los laborales necesitan tener la movilidad más asegurada. Estamos trabajando ese proyecto que culminará a lo largo de este año. Los 600 000 euros de
inversión del INAP creo recordar que simplemente son para el mantenimiento de la sede que tenemos en Atocha, que es un edificio precioso pero muy antiguo y requiere ciertos arreglos.
Había un comentario del Grupo Ciudadanos sobre la lucha contra el fraude. Desde el año 2014 y especialmente en 2015, 2016 y en este 2017 el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la de Función pública
ha sido especialmente sensible en todo lo que afecta a la lucha contra el fraude. Las convocatorias en la Agencia Estatal de Administración Tributaria las hemos mantenido e incluso se han incrementado por decretos extraordinarios. Esa es la línea
que vamos a seguir porque entendemos que la lucha contra el fraude y específicamente en los cuerpos de la agencia al final solo nos ahorra dinero a todos, aparte de lo que consigue en el sentido de luchar contra la corrupción y las malas prácticas
en toda la sociedad. En ese sentido vamos a seguir trabajando.
Nos preocupa que en algunos cuerpos no terminamos de cubrir plazas pero es también porque hay menos opositores. Sociológicamente nos cuesta más captar a los mejores pero si continuamos con ofertas de empleo público de este tamaño creo que
al final conseguiremos que nuestras plazas se ocupen al cien por cien y eso también será bueno para todos.
No se qué va a pasar si no hay presupuestos con los procesos de estabilización ni con las 47 000 plazas de empleo público que quedan pendientes. Yo confío en que habrá presupuestos. Hemos trabajado estos cinco meses con el horizonte de los
presupuestos, son unos buenos presupuestos, son buenos para el empleo, son buenos para la Función pública, y cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente entiendo.
Simplemente contestaba sobre las empresas mercantiles, pero haré una puntualización. La modificación de la Ley de Presupuestos solo es una adaptación de la Ley 40, del sector público, y simplemente se traspone, no tiene variación, y claro
que es para todas las administraciones públicas.
Creo que no me dejo nada en el tintero pero si lo he hecho pido mis disculpas, y por supuesto en cuarenta y ocho horas les mandaré los datos que necesiten además de ponerme a su disposición y toda mi secretaría de Estado para lo que ustedes
necesiten.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Collado.
Vamos a hacer pequeño receso hasta las diez y media en que llega el siguiente compareciente. (Pausa).
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (JOVER GÓMEZ-FERRER). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/000561); SOCIALISTA (número de expediente 212/000497)
Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000427).
El señor PRESIDENTE: Señorías, retomamos la sesión con la comparecencia en este caso de don José María Jover Gómez-Ferrer, subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Esta comparecencia había sido solicitada por los grupos Socialista, Popular y Ciudadanos pero, como hemos venido haciendo, daremos también la palabra a aquellos otros que estén presentes y que quieran intervenir, aunque no lo hayan
solicitado.
En primer término, y siguiendo el orden habitual, vamos a dar la palabra al Grupo Parlamentario Socialista, si quiere intervenir.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Sí, pero primero habla el subsecretario.
El señor PRESIDENTE: En principio, los subsecretarios no vienen con comparecencias, sino que responden a las preguntas de los grupos parlamentarios.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Nosotros teníamos que venir a la comparecencia del secretario de Estado para las Administraciones Territoriales. Eso es lo que teníamos. El subsecretario era mañana.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Está en el orden del día, pero no en el calendario.
El señor PRESIDENTE: Ha habido algunos cambios en el calendario.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Pero no nos han avisado.
El señor PRESIDENTE: En el orden del día que tenemos desde ayer no. He firmado otra cosa, aunque la verdad es que con tantas comparecencias...
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Si quieren, interviene otro grupo e intervenimos nosotros después, al final.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Ramírez, ¿quiere intervenir?
El señor RAMÍREZ FREIRE: Sí, por supuesto, no hay problema. A mí me da igual que sea el secretario o el subsecretario. Vamos a preguntar directamente y que nos confirme.
Damos la bienvenida a don José María Jover para esta comparecencia en esta Comisión de Presupuestos. Suelo ser muy breve y muy conciso y, como huyo bastante del debate de apología política, me gustan las cosas muy concretas.
La Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales tiene tres programas con un presupuesto total de 300,55 millones de euros. El primero, el que tiene la cuantía más importante, es la Administración periférica del Estado. En
él se contempla, lógicamente, el capítulo 1, que se lleva prácticamente la gran partida de los 300 millones, son 210 millones, y este programa tiene una dotación de 260,40 millones y quedan aproximadamente unos 50 millones para dotar a las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. En este sentido, me gustaría saber si se podrán cubrir los objetivos que contempla, que es el cableado y electrónica de red, la dotación de ordenadores personales, escáneres e impresoras cuando ya el
propio programa está contemplando que están obsoletos, que hay una clara carencia de medios materiales en ese sentido y que, por tanto, hay que hacer una modificación de los mismos, y las aplicaciones informáticas, como son las licencias para ese
tipo de ordenadores, todas las aplicaciones que utilizamos dentro de la Administración General y, en concreto, de la delegación y subdelegación del Gobierno y telecomunicaciones. También me gustaría saber cómo es el grado de cumplimiento de este
programa en 2016, en particular en la parte de evaluación del funcionamiento de los servicios públicos en la Administración periférica del Estado porque no lo veo dentro de los indicadores que plantea la memoria.
El segundo de los programas que contempla es el 922.M, que es el de organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración, que tiene un presupuesto de 4 millones dedicados a impulsar, desarrollar y evaluar la
cooperación sectorial, bilateral y multilateral entre las administraciones del Estado y el resto de los entes territoriales, en este caso comunidades autónomas obviamente y haciendas locales. Al analizar el programa se ven los indicadores con los
que se hacen las evaluaciones: sala de reuniones. Lo que este programa tiene que hacer, entre otras cosas, es elaborar informes de competencias legislativas entre las leyes que admite el Estado que puedan afectar a las competencias de las
comunidades autónomas y viceversa. Teniendo en cuenta la situación actual de España, nos preguntamos cómo es posible que las dotaciones presupuestarias de leyes que pueden actuar frente a las
competencias de las comunidades autónomas hayan sido ejecutadas tan solo en un 60 o 70 %. Me gustaría que me informase en profundidad.
El último programa que maneja la subsecretaría de Estado es el 942.A, cooperación económica local del Estado. Este programa tiene un presupuesto de 36 millones, de los cuales 2 van a la Federación Española de Municipios y Provincias y 30
directamente a la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar proyectos de inversión. Y analizando el resto de partidas presupuestarias, hay una serie de subvenciones por daños causados por catástrofes naturales dotadas con aproximadamente 6
millones, pero en la ficha financiera no están contemplados. No sé si es que existe una posibilidad de ampliación presupuestaria, si se va a presentar una enmienda o es que directamente no se van a pagar estas subvenciones. Me refiero,
lógicamente, a las subvenciones por inundaciones y por otras consecuencias de los temporales de enero, febrero y marzo de 2015 -se han presupuestado poco más de 4 400 000 euros- y por las tormentas de viento y mar en las fachadas atlánticas y en la
costa cantábrica, en relación con las cuales se han presupuestado poco más de 2 millones. En total, 6 millones que no veo contemplados en la ficha económica, en la parte de dotación presupuestaria, ya que este programa, como digo, contempla 36
millones en total, de los cuales 30 van directamente a la Comunidad Autónoma de Aragón para inversiones de seguimiento y material o para el seguimiento de los programas operativos comunitarios, ya sea el Fondo Social Europeo o los fondos
estructurales de desarrollo, en concreto en la provincia de Teruel, cuya problemática todos conocemos. A aquella zona de España le vendrá muy bien porque es la gran olvidada. Me gustaría saber cómo lo van a hacer, porque hay 6 millones
presupuestados -así al menos aparece en la memoria de este programa- que luego no están dotados y no sé si van a hacerlo con alguna modificación presupuestaria.
Le agradezco de nuevo su comparecencia. Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Popular.
El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, pero lo lógico es que el Grupo Parlamentario Popular intervenga al final, como siempre.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario quiere intervenir? (Pausa).
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra el señor Vendrell.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Nos ha sucedido lo mismo, que estábamos a la espera de la comparecencia del secretario de Estado.
Quiero plantear brevemente algunas cuestiones al subsecretario relacionadas con las competencias de su departamento y referidas a las administraciones territoriales, entendiendo que partimos de concepciones diametralmente distintas. Durante
sus años de Gobierno, desde 2011, hemos asistido a un proceso, a caballo de la crisis económica o como pretexto de la crisis económica, de recentralización del Estado. Este es un debate hasta cierto punto pendiente, al menos en esta legislatura. Y
tampoco han explicitado cuál es su modelo de Estado, su modelo territorial. Nuestra impresión es que su objetivo es convertir a las comunidades autónomas en una especie de diputaciones provinciales grandes y a los ayuntamientos en una especie de
órganos administrativos, sin poder político real, porque ese es el problema que tenemos. Tenemos una baja calidad de los autogobiernos, en el sentido de que pueden desarrollar políticas propias en ámbitos materiales, económicos y sociales de
importancia. Creemos que esa es la línea política de su Gobierno con las diferentes medidas que han ido tomando de creciente 'administrativación' del autogobierno de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos, reduciendo su margen de
actuación especialmente en el ámbito económico, pero no solo en dicho ámbito. Sorprenderemos mañana al secretario de Estado porque tenemos visiones diametral y radicalmente distintas sobre cómo afrontar la cuestión catalana: ustedes utilizando la
legalidad como arma arrojadiza y como muro frente a las legítimas demandas de la mayoría de la sociedad catalana y nosotros queriendo canalizar a través de la legalidad que la sociedad catalana pueda expresar libremente su voluntad política. Por
tanto, entendemos que en el campo de las administraciones territoriales el diálogo y la negociación es un imperativo importante.
Ahora me querría referir al primer aspecto acerca del desarrollo de la capacidad de los autogobiernos, porque con cada decretoley que se ha aprobado desde que ustedes gobiernan se ha perdido una competencia, es decir, se han recortado las
competencias de las comunidades autónomas. Tenemos un elevado grado de conflictividad competencial. Por ejemplo, en la X Legislatura se alcanzó un total de 213
conflictos constitucionales, -el doble que en la anterior y quizá nos pueda actualizar aún más los datos a fecha de hoy-, 77 impugnaciones por parte del Estado y, entre ellas, 59 recursos de inconstitucionalidad. En el caso de Cataluña la
conflictividad es especialmente elevada, ya que de los 59 recursos de inconstitucionalidad que he mencionado 27 eran normas de la Generalitat de Catalunya. Las comunidades autónomas presentaron 136 impugnaciones, de las cuales 115 fueron recursos
de inconstitucionalidad. A nuestro parecer tenemos un alto grado de litigiosidad y de vulneración de las competencias. Uno de los objetivos de la Administración central tendría que ser velar por la preservación de las competencias autonómicas,
pero creemos que no lo está haciendo. Además, existe una escasa o nula actividad de los mecanismos de cooperación y colaboración. Un ejemplo es que la comisión bilateral Administración General del EstadoGeneralitat de Catalunya prácticamente no se
reúne formalmente desde 2011. Otra cosa son las negociaciones para dirimir conflictos competenciales en el marco de la subcomisión de conflictos competenciales, pero la comisión bilateral como órgano político no se reúne ni funciona. Otro ejemplo
es el bloqueo del traspaso de servicios y medios a las comunidades autónomas. Los últimos se produjeron en 2014; en 2015 y 2016 no se ha efectuado ningún traspaso de medios y servicios. Quizá usted me dirá que no pueden tener el mismo ritmo que
tenían en otras fases del desarrollo de los estatutos de autonomía, pero tanto el Estatuto catalán -a pesar del Tribunal Constitucional- como los otros estatutos de autonomía permiten aún realizar traspasos en materias previstas en ellos y no hay
ningún tipo de impulso político de nuevos traspasos ni avances en la descentralización. Tenemos temas largamente pendientes como la transferencia de la gestión de becas universitarias, incumpliendo sentencias del Tribunal Constitucional, o la
descentralización de la gestión y distribución del 0,7 % del impuesto sobre la renta, ya que las comunidades autónomas disponen de competencias exclusivas en materia de servicios sociales. También hay incumplimientos flagrantes de los estatutos de
autonomía y falta de lealtad institucional como, por ejemplo, no respetar las previsiones de los diferentes estatutos en las inversiones en distintas infraestructuras; por no hablar de las medidas que a través de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria o de la Lrsal se han tomado para recortar no solo la suficiencia financiera sino la capacidad de decisión económica de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos con objetivos de reparto del déficit arbitrarios, el techo de
gasto o las limitaciones en la gestión del superávit.
Ahora ustedes tienen el reto de impulsar el cambio del modelo de financiación, que tendría que haber estado vigente desde el 1 de enero de 2014. Veremos qué es lo que dan de sí las dos comisiones de expertos que están en estos momentos
trabajando. Sería bueno conocer cuál es su posición sobre esta cuestión, pero es evidente que tenemos un modelo de financiación agotado, con escasa autonomía financiera para las comunidades autónomas, que no garantiza la suficiencia para prestar
los servicios públicos y que tiene una falta evidente de equidad y de transparencia con sus numerosos fondos. Estas tres cuestiones -el desarrollo de la capacidad del autogobierno, garantizar la suficiencia financiera y la capacidad económica de
los autogobiernos y los cambios en los modelos de financiación- tendrían que ser las orientaciones fundamentales de su política, pero nos parece que su política de administraciones territoriales no es que no desarrolle efectivamente los
autogobiernos -incluso partiendo de que nuestro modelo sería el de un Estado de carácter plurinacional-, sino que está dando graves pasos atrás en la concepción inicial del Estado de las autonomías.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.
Quiero hacer una aclaración. Efectivamente, en el primer calendario estaba previsto que compareciese hoy el secretario de Estado de Administraciones Territoriales pero pidió cambiar el turno porque hoy le operan y por eso vendrá mañana. Es
decir, fue una causa de fuerza mayor.
A continuación, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Serrano.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Lamentamos que el secretario de Estado no pueda estar aquí y le deseamos una pronta recuperación, pero el asunto es que no nos habíamos enterado del cambio en el orden del día.
Dicho eso y no estando aquí el compañero que hoy tenía que hablar con el secretario de Estado...
El señor PRESIDENTE: Vendrá mañana.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Ya, por eso. Voy a plantear una serie de cuestiones al señor subsecretario de Estado para ver si mañana el secretario de Estado es tan amable de responderlas.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista discrepamos en muchas de las cuestiones que vienen recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 con respecto a los entes territoriales. Como saben, el título VII del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2017 corresponde a los entes territoriales, el capítulo I se refiere a las entidades locales y el capítulo II está relacionado con las comunidades autónomas. Entre los temas más importantes a destacar están los
referidos a la financiación local en el año 2017 y a la participación en los tributos del Estado por parte de las entidades locales. Me gustaría que el subsecretario de Estado y en su caso mañana el señor secretario de Estado nos respondiera por
qué razón el Gobierno ha disminuido en un 1,6 % la participación en los impuestos del Estado de los entes locales en los presupuestos de 2017 con respecto al año 2016. También hay otro aspecto fundamental que es el superávit de las entidades
locales, aspecto prioritario para el Grupo Parlamentario Socialista, aspecto prioritario para las entidades locales de todos los colores y de todas las características políticas. Da igual el grupo parlamentario que gobierne esa entidad local, todos
desean que haya una modificación para poder utilizar el superávit. Por eso, me gustaría preguntarle también por qué razón el Gobierno continúa en la estrategia de priorizar el austericidio. ¿No es consciente el Gobierno de que el año 2014 las
entidades locales son las únicas administraciones públicas que han cerrado con superávit las cuentas públicas?
Hay un programa fundamental para el Grupo Parlamentario Socialista, que es el programa de cooperación económica local y fondo local para los ayuntamientos menores de 20 000 habitantes. Aquí también le preguntamos al señor subsecretario -y
si no es capaz de responder que mañana lo haga el secretario de Estado- por qué razón el Gobierno ha eliminado de los Presupuestos Generales del Estado el programa de cooperación local consistente en apoyar las inversiones previstas en los planes de
las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares. ¿Por qué razón el Gobierno ha eliminado de los Presupuestos Generales del Estado el Fondo de cooperación local dirigido a los ayuntamientos menores de 20 000 habitantes? Hay que
reconocer que la situación financiera de las entidades locales es paupérrima por los recortes dados por el Gobierno de Rajoy y del Partido Popular a la PIE, a la Participación en los Impuestos del Estado, a los programas de cooperación local y por
la imposición de medidas exageradas de control de gasto público. ¿Por qué razón el Gobierno practica la desidia con todo lo que tiene que ver con lo local y rechaza el apoyo real a las entidades locales? Eso nos gustaría saber.
También hay otro tema fundamental que es la ayuda al transporte público colectivo urbano. Es verdad que los ayuntamientos que se acojan a estas ayudas deberán disponer de un plan de movilidad sostenible pero me gustaría también preguntarle
por qué razón esta partida presupuestaria tan importante y que existe para apoyar el transporte público se ha reducido tanto en comparación con la dotación que había en el presupuesto del año 2011, el último presupuesto de Zapatero, al que tanto le
gusta nombrar al Grupo Parlamentario Popular. ¿Por qué razón se congela la dotación con respecto al año 2016 cuando el último informe del Banco de España avanza un IPC del 2,2 % para el año 2017?
Con respecto a la Federación Española de Municipios y Provincias, la subvención recogida en los presupuestos de 2017 es de 2 millones de euros, la misma cantidad que en el año 2016. En el año 2012 la aportación del Gobierno socialista a la
FEMP fue de 3 335 190 euros. ¿Cómo es posible que la subvención a la FEMP reflejada en los presupuestos generales sea un 40 % más pequeña en el año 2017 que en el año 2011? ¿A qué se debe esa actitud hostil por parte del Gobierno de no apoyar
adecuadamente el funcionamiento de la FEMP, entidad que representa a la amplia mayoría de las entidades locales de España?
Con respecto a la financiación de las comunidades autónomas, la defensa del Estado del bienestar, la garantía de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera son elementos clave a tener en cuenta para su determinación. Las
comunidades autónomas incumplieron en los años de crisis de forma generalizada su objetivo de déficit, pero la causa fundamental de dicho incumplimiento no ha sido un comportamiento irresponsable de sus gastos; las comunidades autónomas incurrieron
en déficit elevados debido a la fuerte caída de sus ingresos, muy por debajo de lo que preveía el modelo y a pesar de haber realizado importantes y dolorosos ajustes en sus gastos, incluidos los servicios básicos del Estado del bienestar que tienen
encomendados, es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales. En este sentido, existe un consenso muy amplio respecto a que el modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común padece una insuficiencia generalizada
de recursos para sostener el gasto en el Estado de bienestar social. Los ajustes llevados a cabo a partir de 2011 se han debido también a que a las comunidades autónomas se les vienen asignando objetivos de déficit relativamente más exigentes que
los de la Administración central, teniendo en cuenta la distribución de competencias entre ambas
administraciones y los recursos disponibles para su financiación. Y, a pesar de todo esto, hay comunidades autónomas que han cumplido. Por tanto, resulta necesario que el Gobierno articule de una vez una política para hacer efectiva esa
necesidad de financiación adecuada para las comunidades autónomas. Y en ese sentido nos gustaría preguntarle qué previsión tiene el Gobierno para abordar la financiación autonómica y si tiene previsto impulsar la puesta en marcha de los acuerdos
sobre financiación autonómica alcanzados en la Conferencia de Presidentes y negociar con todas las comunidades autónomas de régimen común un nuevo sistema de financiación que garantice la igualdad y la suficiencia financiera, un sistema que corrija
los déficits de financiación, que corrija y garantice los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución española. Además, quisiera saber si tiene previsto el Gobierno de España crear un fondo transitorio de
financiación autonómico que pueda garantizar que las comunidades autónomas dispongan de los recursos adicionales derivados de un nuevo modelo de financiación con efectos del 1 de enero de 2017.
También tenemos que valorar negativamente la baja que experimenta el programa de la organización territorial del Estado y desarrollo de su sistema de colaboración, 922 millones de euros. Este programa sufre una baja del 65 % desde 2011, más
de la mitad de los recursos. Esta previsión no trasluce precisamente mucha preocupación del Gobierno por mejorar las relaciones intergubernamentales de colaboración, imprescindibles para el buen funcionamiento de un Estado tan intensamente
descentralizado como el nuestro. Pero, sin duda, lo más significativo y profundamente negativo de la previsión de gasto en esta área es que el Gobierno del Partido Popular sigue sin dedicar ni un solo euro al programa sobre memoria histórica, si
bien en 2011 se presupuestaron 6253 millones de euros. En definitiva, se ha vaciado por completo de contenido. Todas esas preguntas nos gustaría que las respondiera el subsecretario de Estado y, si él no lo hace, a ser posible, que lo hiciera
mañana el secretario de Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Serrano.
Ya para concluir la ronda de intervenciones, el señor Martínez Vázquez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor subsecretario de la Presidencia, muchas gracias por su comparecencia. Entiendo que todas sus señorías son conscientes de que algunos grupos han hecho preguntas al subsecretario que en realidad estaban dirigidas al secretario de Estado
y, en consecuencia, este acto de comparecencia tiene algo de confuso. En todo caso, estoy seguro -porque le conozco bien- de que el señor subsecretario de la Presidencia va a contestar de forma cabal a todo lo que se le ha preguntado que entre
dentro de su ámbito de competencias y que ciertamente lo que él no pueda contestar lo hará el secretario de Estado en su comparecencia de mañana. En mi caso, lo primero que quiero destacar es que este presupuesto en general y esta sección 25 en
particular es una manifestación de la coherencia, del rigor, del esfuerzo presupuestario y también de la priorización del gasto social que han caracterizado durante estos últimos ejercicios las cuentas públicas del Gobierno. Esta coherencia con el
objetivo de crecimiento y de creación de empleo permite un crecimiento mayor que la media de la zona euro, un crecimiento además sostenible y de calidad, así como la creación de empleo con ese objetivo de alcanzar 20 millones de puestos de trabajo
en el año 2020. Rigor y coherencia, por tanto, con el proyecto reformista que el Gobierno impulsa para que España supere de una vez por todas la crisis económica, rigor y coherencia con nuestros compromisos con Europa, con la defensa del Estado del
bienestar y con las políticas sociales. En particular, en lo que se refiere a la sección 25, los presupuestos del ministerio de la Presidencia -es evidente, todo el mundo lo sabe- no están destinados a ejecutar las políticas sociales, sino que es
un departamento que sirve de apoyo al Gobierno; sus objetivos se dirigen a prestar precisamente ese apoyo con eficacia y también con eficiencia, es decir, con el menor coste posible para los ciudadanos.
La sección 25 de los Presupuestos Generales del Estado, señorías, tiene un peso limitado en el conjunto global de los Presupuestos Generales del Estado. Sus funciones son fundamentalmente administrativas, pero precisamente por eso hay que
destacar que el Ministerio de la Presidencia ha coordinado todo el programa reformista de la acción de gobierno, ha asumido importantísimos retos que en realidad le convierten en el ministerio coordinador de las principales situaciones de crisis que
ha vivido nuestro país. El conjunto de los objetivos planteados por el Ministerio de la Presidencia solo serán alcanzables, por tanto, en un contexto de esfuerzo presupuestario mediante una adecuada racionalización de los medios y de los efectivos
disponibles. Para llevar a cabo esta labor de optimización, de
racionalización, es evidente que es imprescindible un esfuerzo de coordinación y las mejoras en la eficiencia, a cuyo efecto se prevén una serie de medidas encaminadas a la obtención de esa racionalización y de esa eficiencia y, en
definitiva, a la reducción del gasto. Si tenemos además en cuenta -las comparecencias que me han precedido han hecho específica alusión a ello- las nuevas competencias que asume el departamento como consecuencia de la incorporación de la Secretaría
de Estado para las Administraciones Territoriales, teniendo en cuenta el acuerdo de no disponibilidad, hay que destacar un enorme esfuerzo de contención del gasto corriente, desde luego sin detrimento de la eficacia en la prestación de los servicios
que le han sido encomendados, lo que pone de manifiesto de nuevo una eficaz gestión de los recursos públicos por parte de este departamento y, en general, del Gobierno.
En definitiva, los presupuestos -también evidentemente los de la sección 25- son reflejo de una gestión seria, de una gestión rigurosa de los recursos con una determinación firme y clara de impulsar nuevos proyectos y por supuesto de
continuar los ya iniciados, prestar mejores servicios, garantizar el cumplimiento de nuestros derechos y de las políticas públicas. Son además presupuestos realistas, adaptados a la senda emprendida hacia la recuperación y que también desde este
departamento pueden coadyuvar a generar credibilidad, confianza, estabilidad y seguir avanzando hacia una sociedad próspera.
No querría pasar por alto algunas de las afirmaciones que han hecho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Al hablar del presupuesto dedicado a las entidades locales coincidían el señor Vendrell y la señora Serrano en
expresiones enormemente críticas. Decía el señor Vendrell -y estoy seguro de que es así, que la concepción que su grupo parlamentario tiene del modelo territorial es radicalmente diferente a la que tiene el Gobierno, ciertamente es así, en eso
coincidimos-, decía que nosotros nunca hemos explicitado nuestro modelo de Estado. Sí lo hemos explicitado. Fíjese si lo hemos explicitado que es exactamente el que aparece dibujado en la Constitución española y en los estatutos de autonomía; ese
es nuestro modelo. Tal vez el suyo sea otro pero, a día de hoy, desde luego la normativa vigente, la legislación vigente, es la que guía el modelo de administración territorial y de Estado de este grupo parlamentario y del Gobierno, que no es poco,
porque precisamente si algo caracteriza nuestro Estado de derecho es la primacía de la norma constitucional a la que ustedes hacen caso en unas ocasiones y en otras sencillamente ignoran. Por eso, cuando habla de administrativización y de
recentralización o cuando habla la señora Serrano de austericidio, de desidia por lo local, ¿no será que ustedes confunden la administrativización o recentralización o la desidia por lo local con la coherencia, con la contención del gasto público,
con la reducción de los gastos superfluos, con el esfuerzo presupuestario, con la disciplina? ¿No será que ustedes confunden estos conceptos? Yo creo que sí.
Me preocupa sobre todo una afirmación del señor Vendrell. Dice que en la cuestión catalana -de la que ciertamente no nos corresponde hablar en esta Comisión ni en esta comparecencia, pero como lo ha dicho, le quiero contestar- hemos
utilizado la legalidad como arma arrojadiza. Mire, la legalidad ni es ni puede ser nunca un arma arrojadiza. La legalidad es lo que permite que usted y yo estemos aquí sentados y que el señor subsecretario de la Presidencia esté compareciendo y
respondiendo a sus preguntas. Por tanto, la legalidad y, mucho más que eso, la legalidad constitucional, lejos de ser un arma arrojadiza, es una importantísima garantía. Si ustedes la quieren cambiar, tendrán que cambiarla de la forma en que prevé
nuestro ordenamiento que se cambian las leyes, la Constitución o los estatutos de autonomía, pero no interpretándola a su gusto y decidiendo qué parte de la legalidad les gusta y se quedan con ella y qué parte no les gusta y, en consecuencia, creen
que es un arma arrojadiza del Gobierno. Menos mal, señoría, que el Gobierno defiende la legalidad. Y, desde luego, en esa defensa de la legalidad y, por supuesto, de la legalidad constitucional tendrá siempre el apoyo y el respaldo de este grupo
parlamentario.
Para terminar, y reiterando el agradecimiento al señor subsecretario de la Presidencia, mi grupo querría que profundizase en una idea en su respuesta, la de toda la política de ahorro que se deduce de de la sección 25 de estos presupuestos,
donde se ha puesto el mayor esfuerzo en la contención del gasto, en el ahorro, en la racionalización y en la eficiencia. Creemos que en ese sentido estos presupuestos tienen detrás un gran esfuerzo, un magnífico trabajo, y nos gustaría que
profundizase en esta idea.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Vázquez.
Para responder a todas estas cuestiones, tiene la palabra el señor Jover Gómez-Ferrer.
El señor SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Jover Gómez-Ferrer): Muchas gracias.
Empezaré, primero, dándoles las gracias a todos ustedes por las preguntas y, segundo, esgrimiendo, si me permiten, un lamento, el de ser quien soy. No soy el secretario de Estado de Administraciones Territoriales y esto me obliga a seguir
el célebre consejo de Bigelsteine. Es mejor que la mayor parte de las preguntas que han hecho las traslade al secretario de Estado, no tanto por mí, por defenderme, sino por el secretario de Estado, porque va a ser él quien con mucho mayor
conocimiento va a responder. Lo cual no me impide que vaya adelantando algunas cosas que creo que ya se han señalado.
La sección 25 cuenta con el presupuesto de Presidencia de Gobierno, el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, y dentro del Ministerio de la Presidencia están los tres programas de administración territorial a los cuales he aludido.
Las preguntas que se han hecho en relación con estos tres programas, como también las preguntas que se han hecho sobre las competencias -que han sido la mayor parte- que recaen sobre las cuestiones del modelo territorial y sobre la financiación
local, las va a contestar mañana el propio secretario de Estado. Me gustaría simplemente hacer referencia a cuatro puntos, si me lo permiten, abundando un poco en lo que ya se ha dicho.
Se dice que el modelo territorial es diferente. Puede ser diferente, como ya se ha contestado, tenemos un marco constitucional para actuar, pero en todo caso la prioridad del Gobierno en este ámbito es la cooperación. Para ello se han
reunido la Carue, la Conferencia de Presidentes, y se está negociando con las comunidades autónomas para evitar y disminuir el grado de litigiosidad. De esto, como digo, como el resto de las cuestiones, podrá dar y dará más detalle el secretario de
Estado, que comparece mañana. Con respecto al modelo de financiación, se han constituido dos comisiones que van a estudiar este modelo.
En relación con las catástrofes, hago una intervención muy puntual porque, porque como ya he dicho en relación con estos tres programas, el secretario de Estado dará cumplida cuenta de ellos. Me gustaría adelantar que para hacer frente a
estas catástrofes, que por principio son imprevisibles, se incorporan créditos, como prevé la normativa, los propios reales decretos-ley. No se trata de que no se vaya a hacer frente, al revés; existe el pleno compromiso de hacer frente a estas
catástrofes.
Otro tema por el que se ha preguntado y cuya competencia no corresponde ni a Administración Territorial ni al Ministerio de la Presidencia es el de la memoria histórica. En relación con este tema, la CORA, como saben ustedes, se reunió y
llevó a cabo un estudio de los posibles mecanismos, de las vías para la racionalización administrativa, y se vio que gran parte de estas competencias estaban en el Ministerio de Justicia, mientras que las competencias para las subvenciones estaban
en el Ministerio de la Presidencia. Por ello, se acordó, y así se va a llevar a cabo, que esta competencia para la subvención ya no esté -de hecho, ya no está- en el Ministerio de la Presidencia, sino en el Ministerio de Justicia.
Discúlpenme que no responda al resto de las cuestiones, pero el secretario de Estado mañana las responderá aquí cumplidamente, porque son todas ellas materia de su competencia.
Finalmente, quisiera dar las gracias al Grupo Popular y poner de manifiesto alguno de los esfuerzos que se han hecho por parte del Ministerio de la Presidencia para el ahorro. Nosotros no somos un ministerio de ejecución de políticas
sociales, como es el Ministerio de Empleo. No somos tampoco un ministerio de fomento de la actividad económica, como el Ministerio de Energía y el Ministerio de Economía. Somos un ministerio de apoyo al Gobierno, de apoyo a la labor del Gobierno,
de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Por tanto, los ahorros que podemos hacer son limitados, aunque son muy importantes porque van a capítulo 1 y a capítulo 2, a gastos de personal y a gastos corrientes. En ese sentido, hay que decir que
hemos hecho un esfuerzo importante. Se ha consolidado la no disponibilidad, lo cual supone que va a haber una reducción en el presupuesto de este año de 20 millones de euros respecto al año anterior. Dirán ustedes que no es una cantidad
importante, pero viendo lo modesto que es el presupuesto de Presidencia, 428 millones de euros, es una cantidad importante. En segundo lugar, la mayor parte de los ahorros, como digo, se han producido en capítulo 1, pero sobre todo en capítulo 2,
en los gastos corrientes. Y si hacemos, como se ha hecho en algunas de las intervenciones, un recorrido desde 2010 hasta ahora y nos atenemos al presupuesto del Ministerio de la Presidencia, que ha tenido muchos cambios -recientemente ha salido la
Secretaría de Estado de Comunicación y tenemos ahora la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales-, les puedo dar simplemente dos o tres datos que son muy representativos de estos ahorros. Desde 2010 la reducción del presupuesto de
Presidencia del Gobierno ha sido del 26 %, de 47 millones de euros a 35 millones de euros. Si nos fijamos en la ejecución, sube esta cantidad al 31 %. En conceptos que yo creo que todos convendremos que es bueno el ahorro, como atenciones
protocolarias, el ahorro ha sido del 52 %. En lo que se refiere a los créditos previstos, me refiero a 2010 y el promedio de ejecución 2012-2015, ya que 2016 es un año en funciones y esto
puede distorsionar, la ejecución sería del 67 %. En dietas y locomociones, la proporción también es superior al 30 %, y en otros conceptos, como en las pensiones a los ex secretarios de Estado, los ahorros han sido muy importantes
precisamente por las normas sobre incompatibilidad de estas pensiones con percibir retribuciones del sector público y privado.
En definitiva, no somos un ministerio de ejecución de políticas sociales pero sí de apoyo al Gobierno. Los ahorros que podemos hacer son modestos pero muy importantes porque van a aquello en lo cual se manifiesta una mayor eficiencia de la
acción del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Jover.
Hacemos un receso hasta las once y media, que es cuando está prevista la comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad Social. (Pausa).
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (BURGOS GALLEGO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (números de expediente 212/000711 y 212/000353); CIUDADANOS (Número de expediente 212/000552); CONFEDERAL DE UNIDOS
PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (Número de expediente 212/000694); SOCIALISTA (números de expediente 212/000478, 212/000481 y 212/000482) Y POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000393).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión, ahora con la comparecencia de don Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, que tiene a partir de ahora media hora para exponer los presupuestos de la Seguridad Social. Cuando
quiera, señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Muchas gracias, señor presidente. Es para mí un honor tener la oportunidad de comparecer ante esta Comisión de Presupuestos para trasladarles los componentes
fundamentales del presupuesto de la Seguridad Social para el año 2017. Creo que la sociedad española viene a disponer anualmente los objetivos y las prioridades de actuación de su Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. Esta es la
verdadera naturaleza de un presupuesto, es el conjunto de disposiciones ordenadas y estructuradas para asignar los recursos públicos, conforme a la elección pública conformada por la democrática voluntad de los ciudadanos. Entre esos objetivos y
prioridades es inequívoco el respaldo de la sociedad española a un sistema de Seguridad Social de reparto, contributivo y público, el único capaz de ofrecer una cobertura amplísima, una garantía frente a las muy diversas contingencias y un nivel de
retorno y seguridad imposibles de igualar por otros procedimientos.
Estos presupuestos para 2017, en línea con los presupuestos de ejercicios anteriores, mantienen el compromiso del Gobierno con el gasto social. La Seguridad Social continúa siendo la gran partida de las cuentas públicas de nuestro país.
Más de 4 de cada 10 euros, en concreto 44,7 de cada 100 del total del gasto consolidado sin transferencias internas en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, son gestionados por el sistema de Seguridad Social. Las pensiones siguen siendo
con gran diferencia la partida fundamental del presupuesto español. De hecho, si se suman las clases pasivas, el gasto en pensiones alcanza los 139 646 millones de euros, el 12 % del producto interior bruto y el 43 % del gasto del presupuesto
general en este año 2017.
El objetivo de estabilidad presupuestaria para 2017 asigna a la Seguridad Social un déficit del 1,4 % en términos de contabilidad nacional. El presupuesto consolidado de la Seguridad Social para el ejercicio 2017 presenta, por tanto, un
déficit exactamente del 1,44 % del PIB bajo el criterio de contabilidad pública. Estaríamos ante un punto de inflexión en el que se realiza ya por primera vez una importante reducción de ese déficit. El total del presupuesto consolidado por
operaciones financieras y no financieras para 2017 asciende a 144 892,81 millones, un incremento del 4,47 %. Si atendemos al presupuesto consolidado por operaciones no financieras, el más adecuado para el seguimiento presupuestario, su análisis y
su comparación homogénea, estamos ante un presupuesto total consolidado de 142 630 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,41 % respecto al año 2016. Por tanto, el gasto en Seguridad Social se sigue incrementando, y lo seguirá haciendo
en el futuro, pero en estos años lo hace de forma mucho más moderada. No se han hecho, por tanto, reformas para gastar menos, sino para ir gestionando el gasto de forma más acorde con las posibilidades económicas de nuestro país.
Este presupuesto se presenta en unas condiciones mucho más favorables que en años anteriores para el sistema de Seguridad Social. La realidad es que el sistema tiene hoy 17 910 000 afiliados ocupados y este mes de abril superaremos
ampliamente los 12 millones de afiliados activos. Es importante destacar esto porque la afiliación a la Seguridad Social y los ingresos derivados de la misma son el componente fundamental que nutre obviamente los propios ingresos del presupuesto.
Por tanto, hay elementos objetivos para pensar en una mejora de los resultados del sistema de Seguridad Social en el año 2017 y, de esta manera, superar ampliamente los obtenidos en este presente ejercicio; alcanzar en el año 2017 el máximo
histórico de recaudación por el sistema de Seguridad Social. Por tanto, los ingresos crecerán en el año 2017 por encima del PIB nominal, un 5,5 % frente al 4,1 %. Las cuotas sociales son el principal origen de los ingresos y alcanzarán los 110
560,31 millones de euros, con una previsión anual de crecimiento del 6,68 % sobre la previsión de liquidación del año 2016. Todas las comparaciones las estamos haciendo ya en relación con la liquidación del presupuesto anterior, lo cual es una
ventaja a efectos de la transparencia y del realismo del propio presupuesto. La evolución anual prevista es consecuencia de un mayor empleo, que aporta más de 2,5 puntos, un aumento de las bases de cotización de los ocupados que aporta más de 1,5
puntos, las elevaciones de la base mínima en un 8 % y la máxima en un 3 % y las conversiones de reducciones en bonificaciones que aportan un 1,8 %. Es decir, la evolución anual prevista está establecida en términos muy realistas. Las cuotas no
solo crecerán en activos en un 6,6 %, sino también en cuotas procedentes de desempleados, cotizantes por la prestación contributiva de desempleo, después de varios años de descenso, y en este caso lo harán en un 0,7 %, sobre todo por un incremento
procedente del Servicio Estatal Público de Empleo que ciframos en el 0,9 %. Por tanto, aumenta el peso de los ingresos provenientes de las cotizaciones como consecuencia de la senda sostenida de crecimiento y creación de empleo. Así, estos
ingresos provenientes de las cotizaciones sociales pasan de representar el 74,73 % de la previsión de liquidación de 2016 a representar el 76,30 % en 2017. Las transferencias recibidas de la Administración General del Estado, 13 073 millones, van
dirigidas fundamentalmente a financiar los complementos a mínimos en su totalidad, 7179,59 millones de euros. Se produce una reducción del 3,11 %, teniendo en cuenta la menor necesidad de complementos a mínimos que, afortunadamente, tienen las
nuevas pensiones que se incorporan al sistema. El pago de prestaciones económicas no contributivas de la Seguridad Social mantiene un incremento del 1,06 % y llega a 4030,28 millones de euros. Los ingresos patrimoniales tienen asignada una
dotación de 1080,38 millones, inferior en un 37,3 % a la del año anterior por la disminución de los recursos provenientes de los intereses del Fondo de reserva. Las tasas y otros ingresos crecen un 18,6 % sobre la previsión de liquidación del año
anterior.
En relación con los gastos, el volumen de gastos en operaciones no financieras asciende, como he señalado antes, a 142 630,54 millones de euros. Estos presupuestos reiteran los criterios de austeridad con efectos de ajuste sobre los gastos
corrientes, contención en aumento de gastos de personal y unos niveles responsables de inversión. Los gastos de personal crecen un 4,26 % para acomodar el incremento de oferta de empleo público centrada en aspectos estratégicos del sistema de
Seguridad Social. Los gastos corrientes suponen 1483,26 millones de euros, con un incremento del 13,65 % respecto de la previsión de liquidación de 2016. Reflejan el incremento de la eficiencia en el sistema y las reformas efectuadas, que están
suponiendo la incorporación de nuevos servicios a los ciudadanos desde el sistema de Seguridad Social. Las transferencias corrientes son la partida más importante del presupuesto del sistema y alcanzan 138 549,97 millones de euros, creciendo un
3,27 % respecto a la previsión de liquidación de 2016. El gasto en inversiones reales asciende a 212 millones de euros, que representa un descenso respecto a lo presupuestado inicialmente en 2016 pero un 28,67 % más que la previsión de liquidación
del año anterior. Este esfuerzo de austeridad es especialmente relevante al ser la Seguridad Social una administración eminentemente gestora, pero se siguen extremando las medidas de racionalización del gasto sin merma de la calidad del servicio
prestado e incluso asumiendo nuevas acciones y competencias. Este presupuesto salvaguarda el objetivo fundamental, que es abordar el gasto creciente en número, cuantía y duración de todas las pensiones. Las pensiones contributivas alcanzan a día
de hoy -y se acaban de hacer públicos los datos del mes de abril- los 9 490 771; hay 142 523 hombres y 700 244 mujeres que perciben más de un pensión en el sistema y 30 579 mujeres y 104 700 hombres que perciben una o varias del sistema de
Seguridad Social en concurrencia con otras pensiones ajenas al sistema. El crecimiento anual del número de pensiones en el año 2016 fue del 1,2 % y en abril de este año 2017 ese crecimiento se sigue estableciendo en ese indicador, un 1,2 % Este es
un indicador significativo de sostenibilidad, teniendo en cuenta que durante muchos años el incremento anual del número de
pensiones llegó a superar el 2,5 %. Ocurre lo mismo con el incremento interanual de la nómina mensual de pensiones, que creció al 2,97 % en el año 2016 y que en estos momentos, en el año 2017, lo hace al 3,1 %, pero en años como el 2008
creció al 8,5 %, en 2005 creció al 7,5 % e incluso al 4,8 % en el año 2013. Por tanto, estamos moderando también la nómina mensual de pensiones, indicador significativo de sostenibilidad. El crecimiento interanual de la pensión media del sistema
fue en el año 2016 del 1,92 % y en estos momentos, en abril de 2017, está creciendo al 1,91 %. Estos indicadores establecen con precisión que el sistema está en una fase de estabilidad.
Por áreas de gasto, destacan las prestaciones económicas, que absorben el 95,12 % del gasto total y que aumentan un 3,23 %; las pensiones totales, contributivas y no contributivas, se dotan con 125 097,32 millones de euros, aumentando el
3,09 % y las pensiones contributivas avanzan un 3,11 % respecto a la previsión de liquidación del año 2016, estableciéndose en 122 777,09 millones de euros. Hay que señalar que este incremento está recogiendo el notable aumento del efecto
sustitución en nuestras pensiones, que pasa del 1,6 % al 1,7 %, es decir, las nuevas pensiones siguen evolucionando al alza de forma muy importante respecto a las que causan baja. En definitiva, las pensiones absorben el 83,7 % del presupuesto de
gasto total de la Seguridad Social. Y las pensiones contributivas representarán en el año 2017 el 10,6 % del PIB, una cifra muy similar -idéntica- a la que resulta de la previsión de liquidación para el ejercicio 2016, alcanzando, como les he
dicho, los 122 777,09 millones de euros. Estamos, por tanto, ante una situación de estabilidad en el porcentaje del PIB que representa el gasto en pensiones contributivas y este también es un indicador relevante de la sostenibilidad del sistema.
Las pensiones no contributivas aumentan en cuantía total respecto a la previsión de liquidación de 2016 un 1,92 %. El presupuesto de Seguridad Social, por tanto, operaciones no financieras, dedica 87,70 euros de cada 100 a pensiones, sean estas
contributivas o no.
Este año los presupuestos vuelven a incrementar la cuantía de todas las pensiones. Todas las pensiones se incrementan el 0,25 en aplicación del índice de revalorización de pensiones y esto supone un incremento del gasto en 288,36 millones
de euros. El resultante de la fórmula del índice de revalorización de pensiones establece que el resultado para conseguir el equilibrio económico-financiero del sistema estaría en un porcentaje negativo, por lo tanto, en cumplimiento de la Ley
23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad, se procede a revalorizarlas el 0,25. La tasa de sustitución de las pensiones en vigor con este presupuesto va a seguir siendo realmente muy importante, sin comparación con los
países de nuestro entorno. La tasa de sustitución de las nuevas entradas de pensiones en el sistema de Seguridad Social, en el total de clases está en el 69 %, las de jubilación alcanzarían el 86,6; las de jubilación del Régimen General en el 94,3
y las pensiones de viudedad en el 45,4. La pensión media del sistema seguirá creciendo en el año 2017 con estos presupuestos. Hay que consignar que la pensión media total del sistema por todas las clases entre el año 2007 y el año 2016 ha crecido
un 16,5 % real cuando el PIB ha crecido en ese periodo el 0,1. Y ha crecido un 33,7 % nominal cuando el incremento del PIB ha sido del 3,3 %. En abril de este año 2017 la pensión media total del sistema está evolucionando al 1,91 de incremento
interanual.
En otras prestaciones se incrementa ligeramente el gasto en incapacidad temporal, que alcanza los 6986,36 millones de euros, lo cual representa el 4,90 % del presupuesto no financiero del sistema.
Un año más se produce la separación completa de fuentes de financiación entre el ámbito contributivo y no contributivo del sistema. El presupuesto refleja la aportación del Estado a la financiación del cien por cien del complemento a
mínimos, 7179,59 millones de euros. Cada vez hay menos pensiones nuevas que precisan de un complemento. A 1 de marzo de 2017 en el sistema hay 2 440 000 pensiones con complementos a mínimos, un 25,7 % del total, un porcentaje inferior al de años
anteriores. También en relación con esta cuestión, el Estado hace frente a la totalidad del gasto no contributivo del sistema, no solo los complementos a mínimos, y lo hace con una aportación de 13 073,94 millones de euros. El Estado, por tanto,
sigue asumiendo la financiación de todo el ámbito no contributivo del sistema.
Otras prestaciones, como las de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia, crecen el 12,26 %. Prestaciones familiares crecen el 2,58 % y otras prestaciones económicas lo hacen en el 12,19 %. Es importante destacar que
mientras las medidas que están en estos momentos en discusión en el Pacto de Toledo y en el marco del diálogo social se concretan y se adoptan, la opción elegida para garantizar la financiación del sistema e incorporada al proyecto de presupuestos
por el Gobierno para atender las necesidades financieras del sistema de Seguridad Social combina dos decisiones que van relacionadas: la que afecta a la norma reguladora de disposición del Fondo de reserva para 2017 y 2018, y la que establece un
préstamo a la Seguridad Social por el Estado por un valor máximo de 10 192
millones de euros. Puede decirse entonces que el Estado aporta vía préstamo el 7,03 % de los recursos necesarios para atender las obligaciones de gasto en el año 2017 y mantener el sistema de prestaciones que, sumado a lo que aporta vía
transferencias corrientes, capítulo 4, que representa el 9,04 %, esos 13 096,18 millones de los ingresos, sería el 16,07 % del total de necesidades económicas del sistema lo que en estos momentos aporta el Estado.
Este presupuesto es el segundo en el que se incorpora la previsión de que las madres trabajadoras por primera vez dispongan de una prestación reforzada, de una pensión reforzada en función del número de hijos que han aportado al sistema,
conformando, junto a la cotización económica, el derecho contributivo a una pensión mayor. Derecho contributivo con todo lo que ello supone: no asistencial, no discrecional ni graciable. No estamos ante una medida asistencial para cubrir una
necesidad o compensar una inequidad. Nuestra opción fue configurar un derecho contributivo y la realidad es que hasta la fecha las altas iniciales de pensión reconocidas desde el 1 de enero de 2016 a las mujeres son 366 020, de ellas con
complemento de maternidad serían 208 275, es decir superando ampliamente las 200 000 mujeres que reciben un incremento de pensión por esta condición, y de ellas 40 156 han visto incrementada su pensión en un 15 %. El complemento medio está en estos
momentos en 56,45 euros al mes. Estamos, por tanto, ante una medida de enorme potencia en cuanto a la capacidad de incremento de pensiones, como digo más de 40 000 mujeres han visto mejorada su pensión en un 15 % a lo largo de la vigencia de esta
medida.
En relación con los ingresos, estos presupuestos incorporan un criterio notablemente exigente en la previsión de ingresos del sistema. Los ingresos por operaciones no financieras ascienden a 125 951,50 millones de euros, se incrementa en el
5,49. El mayor peso de la financiación del sistema recae, por supuesto, sobre los ingresos por cotizaciones sociales, que supondrán este año 110 560,32 millones de euros, incrementándose en un 6,68 %. Del conjunto de cotizaciones sociales, las de
ocupados ascienden a 110 472,03 y las de los desempleados, incluidas las bonificaciones por fomento del empleo, ascienden a 6586,76 millones de euros. Ello permitirá al presupuesto de la Seguridad Social financiar con cuotas el 76,30 % del total
del presupuesto, un porcentaje superior a la previsión de liquidación del presupuesto del año 2016, el 74,73 %. Por tanto, insisto, en la financiación total del sistema se incrementa el peso de las cotizaciones con respecto al año 2016. En 2017 se
espera una evolución aún más favorable que en 2016 de las variables de remuneración media de asalariados y variación de empleo. Así lo están consignando claramente los avances de los datos de recaudación líquida del sistema, que ya superan el 5 %
en el último mes contemplado, el mes de abril de este 2017. Estamos, por tanto, ante un compromiso del sistema de Seguridad Social con la creación de empleo, no se entendería lo contrario en un contexto en el que la creación de empleo sigue siendo
la prioridad nacional, y, desde luego, más empleo y mayor recaudación fiscal son las únicas vías seguras para pagar mejores pensiones.
Los presupuestos incorporan medidas como el incremento de las bases máximas de cotización, 3 puntos para los trabajadores por cuenta ajena de todos los grupos; se mantienen estables los tipos. Las bases mínimas de cotización se elevan 8
puntos para los trabajadores por cuenta ajena en todos los grupos y para los autónomos societarios, a la vez que se mantienen estables los tipos. Este incremento es consecuencia del incremento del salario mínimo interprofesional para el ejercicio
2017 en el mismo porcentaje. También se incrementan en este presupuesto las bases mínimas de cotización de los autónomos en un 3 %; aun así, las bases mínimas de autónomos son mayores que las bases mínimas del régimen general con el fin de que los
trabajadores autónomos adecuen su base de cotización a la remuneración equivalente de su trabajo, de manera que así puedan obtener prestaciones equivalentes a las del régimen general.
Respecto al uso del Fondo de reserva, he de decir que un año más este presupuesto incorpora una previsión, una disposición adicional aplicable a los ejercicios 2017 y 2018 mediante la cual se establece un régimen excepcional de disposición
de los activos del Fondo de reserva en la cuantía que sea necesaria para, combinado con ese préstamo, poder asumir el gasto de todas las pensiones contributivas del sistema a lo largo de este año.
En conclusión, señorías, estos presupuestos demuestran el compromiso con las pensiones públicas en España en un entorno de mejora, de franca recuperación económica, incrementan sus recursos pese a desenvolverse en un contexto de contención
presupuestaria, mejoran las pensiones como expresión de solidaridad y reconocimiento, y aseguran y comprometen la profundización en la plena separación de fuentes del sistema. Es un presupuesto que mantiene y mejora la protección y que asegura el
futuro del sistema de Seguridad Social. La Seguridad Social protege hoy a más personas, y no a menos, que al
comienzo de la crisis económica; dispone de muchos más recursos económicos, y no menos, que en ese período, y representa un porcentaje de riqueza nacional y de PIB muy superior al que representaba en aquel momento. Brinda hoy, además, más
protección con más cobertura, con más colectivos integrados, con más eficacia prestacional. El año 2017 será el año de la inflexión en ese déficit tras años de crecimiento como consecuencia de los efectos inmediatos y mediatos de la crisis
económica. El camino del sistema en las últimas décadas es un camino de reflexiones compartidas, de acuerdos, de compromisos y de desarrollo de políticas en un marco común diseñado por todos; ese debe ser también el camino del futuro para este
sistema. Las pensiones en sentido amplio en cualquier país constituyen una respuesta política, no solo una respuesta económica, ante la necesidad que una comunidad social tiene de asegurar a sus mayores, de asegurar a sus pensionistas, pero también
otras muchas contingencias. Pero esa respuesta política no puede desconocer la realidad en que se sustentan sus condicionantes y sus limitaciones. La respuesta que la sociedad española seguirá dando a este desafío es fundamentalmente seguir
manteniendo un sistema de Seguridad Social fuerte y eficaz. Queremos que este presupuesto pueda contribuir a la mejora y a la consolidación del sistema y seguir avanzando en su mejora continua.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burgos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias. Buenos días y bienvenido, secretario de Estado de Seguridad Social, a la Comisión de Presupuestos.
Recientemente, en la comparecencia del Pacto de Toledo, a fin de dar cuenta del cierre de 2016, el señor Burgos nos dejó los siguientes titulares: que las cuentas de la Seguridad Social se habían cerrado con el mayor déficit de la historia,
aproximadamente 19 000 millones de euros; que del Fondo de reserva que se había encontrado en 2011, aproximadamente 68 000, solo quedan hoy 15 020 millones de euros; que los ingresos por cotizaciones líquidos eran en 13 700 millones inferiores a
aquellos que presupuestaron, y les recuerdo que los ingresos que presupuestaron ustedes eran de 117 242 y la liquidación fue de 103 454.
Otro titular fue que los ingresos por cotizaciones no serían suficientes para pagar pensiones y que como quiera que en estos cinco años no se había adoptado ni una sola medida de saneamiento del déficit sino que se había consolidado ese
déficit estructural, hoy la medida de solución para cerrar el presupuesto que se nos presenta es un préstamo, solución que curiosamente no le gusta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social sino que le da la solución el Ministerio de Hacienda. Ya
nos sorprendió que viniera el 20 de diciembre el secretario de Estado de Presupuestos a la Comisión del Pacto de Toledo para anunciarnos que iban a emitir deuda, pero ahora entendemos por qué, las soluciones no las tiene el Ministerio de Empleo sino
que las tiene que dar el Ministerio de Hacienda. Es un préstamo con el que se endeuda a futuros pensionistas y demuestra que el Gobierno no tiene intención de derogar la reforma de las pensiones de 2013, lo que seguro que supondrá una pérdida de
poder adquisitivo para los presentes y futuros pensionistas ya que evidentemente se piensa amortizar ese préstamo con el recorte en pensiones a consecuencia de 2013.
Y hoy tenemos que hacer nuevamente un acto de fe ante una previsión que para la Seguridad Social supone un déficit del 1,4 %, previsión que tememos que tome el mismo camino que los anteriores presupuestos que han estado realizando ustedes,
que han sido rectificados en multitud de ocasiones a requerimiento de Bruselas. Estos presupuestos, señorías, tengo que decirles que profundizan el camino ya iniciado por el Gobierno del Partido Popular en 2012: la depauperación y jibarización del
sistema de protección social, con la clara intención de debilitarlo a sabiendas de que es la columna vertebral del Estado del bienestar. Y mire, acaban de salir unos datos del INE que dicen que el 27,9 % de españoles están en riesgo de pobreza o
exclusión social; datos del ministerio. Son unos presupuestos que desgraciadamente aumentarán la desigualdad porque no son en absoluto redistributivos, estamos viendo que el gasto público vuelve a reducirse en ámbitos como sanidad, educación o
dependencia en 5000 millones de euros; estamos hablando, por tanto, de que no solo supondrán una mayor desigualdad sino que además supondrán el desempoderamiento de los pensionistas al verse incrementada su pensión solo en un 0,25 %. Además, no
son transparentes pues no señalan la verdadera evolución de los gastos e ingresos de la Seguridad Social, solo reflejan la variación entre las previsiones presupuestadas en 2017 con la liquidación de 2016, pero sin poner de relieve cuál ha sido el
comportamiento de las variables del sistema en este último ejercicio y su reflejo en relación con el presupuesto de 2017.
Los presupuestos de 2017 confirman que el mercado laboral no será el que nutra los ingresos como lo hacía en 2011. La reforma laboral de 2012, piedra angular de la estrategia de la derecha, ha empobrecido a la clase trabajadora, la que
antes era considerada la clase media. El sistema perdió entre el mes de febrero de 2012, fecha en que entra en vigor la reforma laboral, hasta julio de 2013, 921 708 cotizantes. La pérdida de esos cotizantes -le recuerdo que en 2013 el desempleo
llegó a las tasas más altas- más la entrada de esos cotizantes que ya son pobres evidentemente confirman que no serán las cotizaciones las que puedan revertir la situación déficit de las cuentas de la Seguridad Social. Incluso organismos como la
OCDE han hablado de mayor precarización del empleo, mayor desempleo de larga duración, un mercado laboral segmentado y una disminución abrupta de los ingresos del trabajo. Los ingresos por cotizaciones, que representan el 76,3 %, serán inferiores a
un 5,3 de aquello que presupuestaron ustedes en 2016, casi 7000 millones de euros, y es preocupante. Es preocupante por dos motivos. El primero, porque ya cuentan que los ingresos no serán superiores, que el crecimiento que ustedes pensaban que
tendrían en 2016 ya no va a ser de forma categórica en 2017, y eso es preocupante porque ya le están diciendo al mercado laboral: olvídense de tener mejores salarios. Pero es que además hay otra cuestión mucho más preocupante y es que el Gobierno
se aquieta a esa situación. Es decir, ustedes han obviado soluciones como podría haber sido no aprobar una reforma fiscal que supuso dar a las clases pudientes y grandes empresas 18 000 millones de euros o como intentar ajustar algunos gastos que
sabían perfectamente que no correspondían al sistema. Ustedes esto lo han obviado y continúan con la misma retórica y el mismo camino que han llevado desde 2012.
Señorías, señor Burgos, más allá de que lo que presupuestaron en 2016 era exagerado -y así se lo dijimos-, aunque ahora han intentado ajustarlo, cuando se miran los números uno se da cuenta de que los ingresos vuelven a estar sobrestimados,
porque la liquidación de 2016 fue de 103 000 millones de euros y hoy los presupuestos tienen una previsión de 110 500 millones de euros. Tant de bo, que diríem a Catalunya, tant de bo que ho puguin cumplir, porque eso quiere decir que ha mejorado
mucho el mercado laboral, pero, francamente, un acto de fe con ustedes no podemos hacer. Fíjese si es dura la situación que ni con esos 103 000 millones de euros llegan a los ingresos que se recaudaron en 2011, que fueron 105 311. Eso lo sabe,
señor Burgos. Aún no llegan a esa tesitura, a pesar de su gran reforma laboral.
Todavía me sorprende más lo siguiente. El otro día en la comparecencia del Pacto de Toledo no me contestó cuando le dije que cómo a la ministra se le ocurrió decir el 9 de enero de 2017 que la recaudación por cotizaciones iba a ser de 117
000 millones de euros. No entiendo cómo la ministra se atrevió a decir una falsedad de este tipo, catastrófica para la confianza de la ciudadanía. Es un hecho preocupante porque ustedes se aquietan a un mercado laboral paupérrimo y está claro que
no piensan hacer nada. Ciertamente, un préstamo contablemente se puede adoptar porque es un instrumento de financiación, el problema es que no tiene nada que ver con la justicia social. Eso es lo que les recriminamos. Podían adoptar medidas.
Pero lo que no acabo de entender es que -no sé si son los funcionarios, que me merecen el máximo respeto, o los altos cargos- contradigan los compromisos de la ministra. La ministra se comprometió a que las políticas activas de empleo no iban a
estar imputadas en la Seguridad Social y resulta que la desdicen. Francamente, si yo fuera la ministra tendría en cuenta quién me prepara las intervenciones. Como le decía, tienen posibilidades de revertir esta situación. Retrotraigan la reforma
fiscal, que perdonó 18 000 millones de euros, y empiecen a adoptar medidas por el lado de los ingresos. Usted ha confirmado que el real decreto aprobado en diciembre mediante un acuerdo con el Partido Socialista de subida de un 8 % del salario
mínimo interprofesional y el 3 % de las bases de cotización mejoran los ingresos, los tranquilizan, pero no es suficiente y usted lo sabe. Exigimos un cambio de las políticas adoptadas por su Gobierno a lo largo de estos años, una reforma fiscal
integral y una derogación de la reforma laboral. Lo tenemos que decir. A lo largo de estos años hemos hablado de un hecho cierto: el trasvase de rentas de los asalariados al excedente empresarial. Según los expertos, 17 500...
El señor PRESIDENTE: Señora Perea, vaya concluyendo, por favor.
La señora PEREA I CONILLAS: Voy acabando, pero le pido flexibilidad porque estamos hablando de una cuestión trascendental, del corazón del Estado del bienestar, y, como el señor Burgos ha pedido flexibilidad, yo le pediría que teniendo en
cuenta que llevamos un timing correcto...
El señor PRESIDENTE: El señor Burgos no ha pedido flexibilidad.
La señora PEREA I CONILLAS: Pues entonces fue un error cuando ayer lo comentó usted.
Según los expertos, 17 500 millones de euros -incluso podrían ser 26 500 si se añaden las subvenciones a la producción- supondrían el trasvase de rentas que pasa de los asalariados al excedente empresarial, de un 3,9 % a un 5,9 %. Está
claro que hay un desmantelamiento de la clase media. Está demostrado que esta reforma laboral ha supuesto una pérdida de 600 000 puestos de trabajo a tiempo completo.
Señor Burgos, usted ha dicho que han adoptado la medida del préstamo y que derivan al Pacto de Toledo la resolución de la mejora de la sostenibilidad. Le voy a hacer una pregunta. Si lo que dicen los mentideros, algo de lo que no queremos
dar cuenta, acerca de un posible adelanto electoral fuera cierto, ¿dónde quedaría la estabilidad del sistema económico y financiero? Si no adoptan medidas ahora, ¿cuándo piensan hacerlo? Realmente tienen los instrumentos. Nosotros podemos darles
directrices, pero ustedes ya tienen instrumentos para revertir esta situación.
Me voy a adelantar por si tuviera alguna idea de algún grupo. En el caso de que estos presupuestos superen el debate de totalidad, el Grupo Socialista presentará una enmienda que posibilite la revalorización de las pensiones sobre la base
del IPC. Contendrá propuestas relacionadas con el ámbito de los ingresos y con una mejora de la gestión, porque las pensiones deben incrementarse de conformidad con los artículos 41 y 50 de la Constitución. Además, somos partidarios de que se
incrementen no solo las mínimas, como han empezado a decir algunos grupos de opinión, sino todas, aunque quizá las mínimas en mayor medida, como hizo el Grupo Socialista. Si a alguien se le ocurre mencionar la congelación de las pensiones -ya me he
hartado de esta retahíla-, que vaya al informe de su ministerio del año 2012, que habla del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones durante el periodo 2009-2011. Comprobarán que no solo no se produjo la pérdida de poder adquisitivo que
se ha producido con ustedes -le recuerdo la medida que adoptaron en 2012 de hurtar a los pensionistas la subida del 1,9 % del IPC-, sino que la pérdida del poder adquisitivo es un hecho con el Partido Popular.
Acabo. Consideramos que estos presupuestos no son reales ni transparentes y que enmascaran la realidad del sistema. Las pensiones se van a pagar; el problema es qué pensiones quieren pagar ustedes. No resuelven los problemas de fondo,
sino que los agravan. De nuevo los ingresos por cotizaciones están sobrestimados y recurren a un préstamo -lo confirma este grupo- con el que quieren mantener su reforma de 2013 unilateral sobre las pensiones y, por tanto, su devaluación. La
pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas presentes y futuros está asegurada y, al no resolver el déficit estructural, establecen las bases de una futura reforma de las pensiones, que pretenden mucho más agresiva que la de 2013, aduciendo la
inestabilidad del sistema. Por estos motivos, y por otros más que me reservo por no tener tiempo, el Grupo Socialista se opone rotundamente a este proyecto general de presupuestos.
Una última cuestión. Otra medida que vamos a proponer en el ámbito del equilibrio financiero y de la situación de pobreza es que por primera vez, tras los años de Gobierno del Partido Popular, se recoja la disposición adicional trigésima de
la Ley 27/2011 para que las viudas puedan tener una recuperación del poder adquisitivo hasta el 60 %.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
La señora VIDAL SÁEZ: Buenos días, señor Burgos. Espero poder decir hoy su nombre sin equivocarme.
¿Conoce usted Mecano? Porque me he acordado de una canción que se llamaba Maquillaje, sombra aquí y sombra allá. Aquí tenemos unos presupuestos y parece que ustedes nos vienen a vender un poco de humo y duros a cuatro pesetas. Su
Ejecutivo cuadra las cuentas públicas a costa de la pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones sociales y de los empleados públicos y son las que usted nos trae. Sus presupuestos esconden básicamente un nuevo déficit histórico de la
Seguridad Social y esta es la situación en la que nos encontramos hoy. Presentan unos presupuestos regresivos, especialmente para los pensionistas, aunque usted lo maquille especialmente bien. Ahondan en la pérdida del poder adquisitivo, fomentan
la inseguridad y consolidan el vaciamiento del Fondo de reserva, aunque insisto en que usted lo maquilla con una grandísima habilidad.
España necesita unos presupuestos que respondan a las necesidades reales, que cierren la brecha social, que garanticen la creación de empleo de calidad, que aborden la reforma tributaria pendiente y que promuevan un cambio de modelo
productivo, que tiene muchísimo que ver con el futuro de nuestras
pensiones, y los que nos presentan no tienen absolutamente nada que ver con estos retos que le he planteado ahora mismo. Suponen un nuevo recorte de 5000 millones de euros y la consolidación al fin y al cabo de los recortes producidos desde
2008. Por tanto, son presupuestos que hacen estructural la austeridad. Además, no resuelven el problema de la insuficiencia de los ingresos y nos alejan en materia de gasto de la media de la eurozona, también en la Seguridad Social. Estos
presupuestos generales profundizan en la brecha social, renuncian a abordar cuestiones tan importantes como la pobreza, la precariedad y la desigualdad, ignorando, sin ir mas lejos, una necesaria puesta en marcha de un programa de garantía de
rentas, y consagran la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, dado que solo contemplan una revalorización de las pensiones del 0,25 %. Con los precios subiendo por encima de la previsión oficial, fijada en un 1,5 %, los pensionistas,
como usted bien sabe, perderían 1,25 puntos, pero, si como parece más probable, los precios terminan en un 2,2 %, como señala Funcas, por ejemplo, perderían hasta un 1,95 %, el doble de lo que han perdido a lo largo de la crisis, señor Burgos.
Con estos presupuestos generales vuelven a priorizar la reducción del déficit público sobre el resto de objetivos, como por ejemplo la creación de empleo de calidad, sin ir más lejos, con unos presupuestos sin ideas, sin proyecto de país y
que renuncian a un cambio de modelo productivo tan necesario. ¿Cómo vamos a revertir la situación de la Seguridad Social si no mejoramos el empleo, señor Burgos? Es más, ¿cómo superar el déficit si no se crea ocupación? Son significativos, por
ejemplo, los recortes que encontramos en programas como la promoción comercial, la internacionalización de la empresa y en el apoyo a la pequeña y mediana empresa, puesto que ustedes -aunque, insisto, lo maquillan estupendamente- gobiernan en contra
de la pequeña y mediana empresa y gobiernan en contra, por lo tanto, de la mayoría de los empleos de los españoles y españolas en este país. Dígame usted, señor Burgos, cómo espera -porque es una gran curiosidad la que me entra- combatir el fraude
a la Seguridad Social si la Dirección general de Inspección de Trabajo de la Seguridad Social ha experimentado un recorte presupuestario del 23 % desde 2009. Pero hablemos también de prestaciones no contributivas, pues la dotación para estas
desciende a 9,12 millones de euros. En 2016, que ya había sido recortada, fue de 10,2 millones y -solo para tener una referencia- en 2011 la partida era 28,29 millones de euros.
Durante el periodo de crisis, señor Burgos, la prestación para probablemente los más pobres se ha reducido casi dos tercios. ¿Cómo casa esto con sus afirmaciones de que estos son los presupuestos de la recuperación económica? A no ser que
usted desprenda la economía en este caso de las personas. Es urgente una reforma que asegure una financiación suficiente al sistema de la Seguridad Social, urge pues seguir en este caso con una previsión de déficit; déficit, le recordamos, que le
debemos a sus reformas precarizadoras de salarios, de vidas y de cotizaciones y a su, cómo no, pasividad deliberada. Y es que ustedes no solo no han hecho absolutamente nada para frenar el déficit, sino que además se han pasado cuatro años
presentando presupuestos falsos en materia de Seguridad Social, y vuelven a ello. Ustedes lo han reconocido en la práctica, implícitamente han reconocido que han estado hinchando en los anteriores presupuestos las previsiones de ingresos por
cotizaciones sociales. Por ejemplo, solo en 2016 la desviación respecto a los presupuestos va a superar los 13 700 millones de euros. Sus previsiones eran falsas en 2012, en 2013, en 2014 y en 2015. Y en 2016 se apoyaron en la ya errónea
previsión de 2015 y además le añadieron una recaudación sacada de la chistera, a la que evidentemente no hemos llegado. De nuevo vuelven ustedes con las mismas, vuelven con la magia al Congreso de los Diputados y nos presentan por quinto año
consecutivo unos presupuestos falsos, en tanto que saben que las previsiones que hacen no se van a cumplir.
Son ustedes unos irresponsables, aunque sea en esta medida, y así es como son. (La señora Villalobos Talero pronuncia palabras que no se perciben). Sí, irresponsables. Supongo que la cosa debe ir así, Montoro les comunica que han
comprometido un déficit del 3,1, la Seguridad Social tiene un 0,3; así que, como el gasto en pensiones es seguro, lo único que tienen que hacer es cuadrarlo con un incremento de los gastos por cotización. Y aquí está, magia. Más que un Congreso
esto termina pareciendo un poco Hogwarts, señor Burgos. Y con el Fondo de reserva, pues más magia. Prevén ustedes un préstamo y digo préstamo porque este mecanismo es toda una declaración de intenciones; al fin y al cabo, no es un traspaso es un
préstamo de 10 190 millones de euros para compensar el déficit de la Seguridad Social y al mismo tiempo seguir esquilmando el Fondo de reserva gastando 7300 millones de euros más. Allí donde hubo 70 000 millones quedan 15 000, pero supongo que
ustedes no quieren que el marcador quede a cero, sería un terrible titular. No les gustaría, me imagino, que la prensa les diera por aquellos que han finalizado y aniquilado el Fondo de reserva, así que hacen ustedes un poquito más de
magia y continuamos con el juego. Por eso, supongo que hacen un préstamo de Hacienda a la Seguridad Social.
Sus presupuestos están llenos de trampas -y ustedes lo saben mejor que nadie-, de mentirijillas, por decirlo así: la previsión de ingresos, el agujero de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones son algunas de ellas. Ustedes quieren
hacer creer que los ajustes han terminado y el corazón de sus mentirijillas son las pensiones. El gasto social aumenta, sí pero debido a las pensiones y no porque estas mejoren, sino porque entran nuevos pensionistas. Permítame que le haga una
pregunta concreta sobre dos partidas sobre las que teníamos algunas dudas. En la sección 19, de aportaciones del Estado al presupuesto de Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas en la Ley 26/1990, de 20 de
diciembre, y en la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, de protección familiar, hay una partida dotada con 1 543 630 000 euros, y en la sección 60, dentro del programa de subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas y de la
Seguridad Social, se encuentra otra partida, la 485, de prestaciones a la familia, dotada con 1 531 080 000 euros. Le queríamos preguntar sobre estas dos partidas porque no tenemos muy claro la diferencia de cantidad entre una partida y la otra,
tienen que ver básicamente con la prestación por hijo a cargo y no entendemos la diferencia de cantidad entre una partida y la otra; en qué se invierte esta diferencia entre la transferencia a la Seguridad Social y la partida de protección a la
familia. Queríamos saber también cómo está prevista la distribución de esta inversión. Entendemos que en esta partida podrían entrar diferente tipo de acciones y nos gustaría, por lo tanto, que las especificara un poco puesto que entendemos que es
una partida importantísima, que es la que tiene que ver básicamente con la prestación por hijo a cargo. Queríamos que nos especificara un poquito más al respecto.
Voy terminando. Me pregunto, señor Burgos, si su Ejecutivo prevé un crecimiento y una mejora de la economía, cómo es posible que esto no se vea reflejado en la mejora del poder adquisitivo de las pensiones. Estos presupuestos hacen al
Estado más pequeño, más desigual y mucho más lejano a las necesidades de la mayoría, pero lo que es más grave es que los números no cuadran, y ustedes lo saben perfectamente. Tendremos oportunidad de discutir alrededor de nuestras enmiendas al
respecto pues conoce nuestra oposición a los presupuestos por injustos y por desiguales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Del Campo.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días de nuevo, secretario de Estado, Tomás Burgos. Le digo de nuevo porque hace muy poquitos días compareció en la Comisión del Pacto de Toledo para hablarnos de las cuentas de 2016 y cómo estaba la situación del Fondo de reserva.
Tenía ilusión -pero la señora Perea no ha sorprendido- de que hoy íbamos a hablar de otros temas, que no íbamos a volver al tema de siempre, a hablar de si la reforma laboral del Partido Popular es mejor o peor -ustedes también hicieron una reforma
laboral-, si la reforma de las pensiones que hizo el Partido Popular es mejor o peor -porque ustedes también hicieron una reforma de las pensiones-. Estamos en la Comisión de Presupuestos y de lo que se trata hoy aquí es de ver si las cuentas que
se nos presentan las vamos a aprobar o no. Tenemos la Comisión de Empleo en la que coincidimos los portavoces que hemos intervenido hasta ahora y la Comisión del Pacto de Toledo para llevar a cabo las reformas estructurales, las reformas
importantes de cara, por un lado, a mejorar nuestro mercado de trabajo y, por otro lado, en materia de Seguridad Social tanto para conseguir un sistema de Seguridad Social que sea sostenible en el tiempo como para mantener unas pensiones
suficientes.
Hoy estamos hablando de votar o no a favor de unos Presupuestos Generales del Estado en los que la partida de la Secretaría de Estado de Seguridad Social tiene mucho que decir, ya que 40 de cada 100 euros destinados a estos Presupuestos
Generales del Estado -creo que lo ha dicho usted- está invertido en el pago de las pensiones. Le adelanto que nuestro grupo parlamentario -y lo han dicho otros portavoces aquí- va a votar a favor. Va a votar a favor por varias cuestiones.
Nosotros miramos el presupuesto -y me gusta ir de lo general a lo específico- de forma global. Nos hemos sentado a negociar, hemos decidido intercambiar estabilidad por reformas y vamos a intentar sacar adelante unos Presupuestos Generales del
Estado que en su conjunto sean buenos para los españoles. De esa forma, llegamos a acordar unos Presupuestos Generales del Estado que consiguen revertir la tendencia en los presupuestos que hemos tenido en los últimos tiempos, de forma que
conseguimos un incremento
de 4000 millones de euros en reformas, algo impensable para el Partido Popular en estos últimos años, con dos líneas fundamentales. Una, recuperar la clase media y trabajadora que afecta a esa recuperación de forma muy importante a nuestro
sistema de Seguridad Social, sin una clase media y trabajadora potente no vamos a tener sistema de Seguridad Social. Y dos, en la modernización de nuestro país, lo cual afecta también a nuestras empresas, a nuestras pymes, que son las mayores
generadoras de empleo y que también afecta directamente a nuestro sistema de pensiones. No quiero abundar mucho en todas estas materias porque creo que otros portavoces han hablado de ellas, pero sí quería hacer referencia a alguna de las medidas
de fomento del empleo que llevan estos Presupuestos Generales del Estado entendidas como una parte fundamental de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.
Siempre me gusta decir que el derecho a la Seguridad Social es adjetivo al derecho laboral. En un sistema contributivo como el nuestro, sin un buen mercado de trabajo, un mercado de trabajo potente, nunca vamos a tener un buen sistema de
Seguridad Social. En este caso sí quería hacer referencia a que en estas negociaciones a las que hemos llegado con ustedes se incrementa la partida para fomento del empleo en 1200 millones de euros para las políticas de formación para el empleo,
superimportantes teniendo en cuenta las tasas de desempleo que tenemos en la actualidad, con las que lógicamente está relacionado también el sistema de pensiones; cuantos menos desempleados tengamos y antes pongamos a trabajar y a cotizar a estos
desempleados -más de 1,5 millones de desempleados de larga duración-, mejor para todos. A este respecto, quería poner en valor esos 1200 millones destinados a políticas de formación para el empleo y también para el cheque de formación, de manera
que se eviten las subvenciones directas, que ya sabemos adónde nos han llevado, y se ponga la formación en mano de los trabajadores. Además, en materia de empleo hay 258 millones destinados al perfilado estadístico y a la orientación
profesionalizada de estos desempleados, y también en materia de Seguridad Social. Acabamos pues hablando de lo que es la Seguridad Social. Hablamos de partidas tan importantes como los 500 millones de euros para la tarifa plana, que esperemos que,
tras la ponencia de la ley urgente referida a los autónomos, pueda entrar en vigor cuanto antes, o las partidas para poder dotar presupuestariamente este permiso por paternidad que, gracias al acuerdo al que llegamos con ustedes, se incrementó a un
mes.
Lo más importante -y solo le haré una pregunta- es: si no tuviéramos estos Presupuestos Generales del Estado, ¿podríamos pagar las pensiones, podríamos vivir con unos presupuestos prorrogados? Porque vemos que el incremento de las
pensiones es de un 3,2 %, se incrementan en más de 4200 millones de euros, que la política de gasto para pagar las pensiones se ha incrementado en un 42 % desde el año 2008 -partíamos de 98 000 millones-, y lógicamente tenemos que adaptarlo. Aquí
vemos algunos partidos que en el Pacto de Toledo o en la Comisión de Empleo están constantemente hablando de que hay que asegurar el pago de las pensiones y yo creo que la primera baza para asegurar el pago de las pensiones es poder pagarlas el año
que viene o poder pagarlas este año, para lo cual mi grupo político -haciendo un acto de responsabilidad- cree que lo fundamental es tener unos Presupuestos Generales del Estado que incluyan esa subida del 3,2 % y que incluyan un préstamo -ya se ha
dicho aquí- de 10 192 millones. Podremos discutir en otra Comisión si es o no la manera correcta, pero sí es cierto que asegura el pago tanto de la revalorización de las pensiones legal establecida para este año como el incremento del colectivo de
pensionistas y la variación de la pensión media, ya que es cierto que en la actualidad -y ahí sí que tenemos cosas que debatir, pero lo haremos en otra Comisión- en nuestro sistema hay un desfase de 30 000 millones entre los ingresos por
cotizaciones y los gastos y, como usted ha dicho, son necesarias transferencias corrientes, en este caso por 13 000 millones de euros para los complementos a mínimos, para las pensiones no contributivas, o los pasivos financieros, en este caso de 10
000 millones. Podremos estar más o menos de acuerdo en la forma de hacer las cosas. Como le dije en la otra Comisión, a la hora de llevar a cabo la reforma podremos estar de acuerdo en si lo hizo de espaldas a la Comisión o no, pero en lo que
estamos de acuerdo es en aportar estabilidad al sistema, ahí nos van a encontrar. Lo dijimos en la sesión de investidura del presidente del Gobierno, nosotros aportamos estabilidad al país a cambio de reformas que a nuestro parecer son importantes
para la clase media trabajadora, para todos los ciudadanos.
Para terminar, quiero decirle que vamos a votar a favor y que creemos que se saca mucho más sentándonos, negociando y llegando a acuerdos, que no abandonando hemiciclos o discutiendo en cada una de las comisiones sin llegar a ningún tipo de
acuerdo. Por tanto, tendrá el voto favorable.
Muchas gracias por su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Campo.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, señor presidente.
Yo también quiero agradecer al señor Brugos su comparecencia y su exposición de lo que entiende que son unos buenos presupuestos. Los presupuestos son una previsión de ingresos y de gastos, como muy bien se ha indicado. La verdad es que
diferentes comparecientes, aprovechando la circunstancia de que estamos tramitando un presupuesto de forma extemporánea, cuando ya hemos liquidado el anterior, utilizan el truco de comparar en relación con la liquidación. Yo no digo que no sea
bueno para hacer previsiones, seguramente es la mejor forma de hacer previsiones, pero para validar o no validar los presupuestos anteriores y la bondad o no bondad o el acierto o no acierto de los presupuestos presentados con anterioridad uno
también tiene que compararse con las previsiones presupuestarias de ingresos y gastos de ejercicios anteriores. Creo que en esto podemos coincidir todos.
Vayamos por partes. Usted establecía que el objetivo de estabilidad presupuestaria -obviamente, todos estamos comprometidos con este objetivo de estabilidad presupuestaria- fijaba un déficit para la Seguridad Social de un 1,4 %, un déficit
importante, que prácticamente consume el 45 % del déficit de todo el Estado español. Pues bien, desde la perspectiva de nuestro grupo, este déficit es mucho más realista de lo que habían previsto en ejercicios anteriores, porque le quiero recordar
que en el presupuesto que se ha liquidado en 2016 el objetivo de déficit que habían fijado para la Seguridad Social era del 0,3 %; no nos acordamos, pero era del 0,3 %. En el libro amarillo fijaban que iba a converger a un déficit del 0,1 % en el
año 2018. Esto evidentemente no se cumplió. De hecho, este presupuesto, con un objetivo de déficit del 0,3 %, se acabó liquidando en un déficit del 1,62 %. ¿Y ahora qué hacen? Una previsión de objetivos de déficit que, desde nuestra óptica, es
mucho más realista, pues solo prevén reducir 2 décimas el déficit con relación al ejecutado, pero multiplican por más de cuatro respecto a las previsiones de ejercicios anteriores. Yo creo que eso merecería una pequeña explicación, porque dicen que
la economía no creció lo que estaba previsto en el año 2016, pero sí, creció e incluso por encima de sus previsiones, y creciendo por encima de sus previsiones y reduciéndose también el desempleo por encima de sus previsiones el error en cuanto a
los ingresos fue espectacular. De entrada eso sí que resta cierta credibilidad. Vemos propósito de enmienda, vemos propósito de rectificar en estos presupuestos, pero nos genera muy poca credibilidad en relación con ejercicios pasados. Alguien ha
repasado -yo no lo voy a hacer- las previsiones en el ámbito de la Seguridad Social a lo largo de los últimos años y la verdad es que nosotros no vamos a insistir en ello. Ustedes hacen previsiones de recaudación, que nosotros podríamos compartir,
por encima del crecimiento del PIB que ustedes establecen en el presupuesto. Ya sé que me van a decir que seguramente estas previsiones están infravaloradas y que en diferentes organismos se hacen previsiones superiores. En todo caso, quisiéramos
que nos diera una pequeña explicación de qué pasó en el año 2016 y si se va a repetir o no este error de cálculo en el año 2017. Denos confianza, denos alguna explicación de por qué esta vez, más allá de que han sido más cautos, no se va a repetir
este error.
Tampoco voy a entrar en los ingresos. Sí es verdad que en nuestro grupo les hemos dicho que mientras no se avanzase en la Comisión de Pacto de Toledo y en toda la reforma, en la que sabe que vamos a ser proactivos y vamos a intentar ayudar,
como siempre lo hemos hecho, se tendría que haber hecho un esfuerzo por preservar el Fondo de reserva hasta saber cuál es la solución definitiva. En todo caso, ahora lo acuciante es llegar a las conclusiones a las que se tenga que llegar en el seno
de la Comisión del Pacto de Toledo e implementarlas lo más rápidamente posible. Si para ello se tienen que hacer modificaciones presupuestarias, nosotros también somos partidarios de hacerlas.
En cuanto a los gastos, no voy a entrar en un detalle concreto de cada uno de ellos. Nosotros creemos que un incremento de la pensión en las circunstancias actuales del 0,25 % evidentemente es insuficiente. En todo caso, como nos hemos
comprometido en el seno del Pacto de Toledo, ahora no vamos a hacer crítica en este ámbito más allá de mostrar nuestro desacuerdo.
Sí que nos parece absolutamente insuficiente el incremento de la dotación de la atención a la dependencia. Desde diferentes ámbitos se ha vendido que aquí había 100 millones más, que se crecía un 8,6 %. Es verdad, pero les quiero recordar
que en el presupuesto que se aprobó con mayoría absoluta del Partido Popular hace poco más de un año, para 2016 ustedes ya preveían un crecimiento de 7 % y de 77 millones de euros, absolutamente insuficiente. Han cargado el cumplimiento de la Ley
de Dependencia con todos sus condicionantes sobre las comunidades autónomas que, en muchas ocasiones,
se han sentido bastante solas, y el incumplimiento por su parte ha sido, desde nuestra perspectiva, muy relevante y no se va a subsanar en este sentido.
En todo caso, señor Burgos, no son unos presupuestos que nosotros podamos compartir. Vamos a presentar enmiendas en diferentes aspectos y lo único que les pedimos es que, al menos, sean ágiles en el seguimiento y la tramitación del
presupuesto. La desviación de los objetivos de déficit de la Seguridad Social para que el Estado español encajase los objetivos fijados en la Unión Europea fue posible esencialmente por el buen comportamiento de otros niveles de la Administración,
entre ellos, las corporaciones locales, que generaron un superávit que permitió absorber una parte de este mayor déficit. Esperemos que en este ejercicio 2017 no sea así, y si a lo largo de la evaluación que se debe hacer en los diferentes meses
ven que algo no funciona, rectifiquen y no esperen al final.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.
Para concluir las intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dar las gracias al secretario de Estado por su comparecencia, por su intervención. Es verdad -como se ha dicho aquí- que siempre que se le necesita, siempre que se le requiere, usted acude a este Congreso de los
Diputados. Quiero destacar fundamentalmente el carácter social de estos Presupuestos Generales del Estado; un 56 % se destina al gasto social y, por lo tanto, es una apuesta decidida para preservar el Estado del bienestar. Son unos presupuestos
donde las pensiones -y lo ha dicho bien el secretario de Estado- siguen siendo la principal partida de los presupuestos, 142 630 millones de presupuesto total consolidado; 122 777 millones de euros para pensiones contributivas, un 10,6 % del PIB.
Es decir, señorías, se destinan al pago de pensiones más de 40 euros de cada 100. Son unos presupuestos que también contemplan una aportación del Estado de más de 13 000 millones de euros. Hay que recordar que la separación de la fuente de
financiación, que es clave para la sostenibilidad del sistema, la ha culminado el Gobierno del Partido Popular; nos la encontramos en un 37 % y la dejamos al 100 %. Es decir, el Estado asume toda la parte no contributiva, incluidos los
complementos a mínimos; unos complementos a mínimos de más de 7000 millones de euros, una cifra algo inferior al año 2016, pero me gustaría hacer algunas reflexiones.
En primer lugar, tenemos un sistema de pensiones mínimas que solo existe en once Estados miembros y un sistema de complementos a mínimos para los que no llegan a esa pensión que solo tienen cuatro Estados miembros, y la media que se aporta
al mes para cada complemento a mínimos es de algo más de 206 euros. Por lo tanto, quiero poner en valor nuestro sistema público de pensiones, solidario, que paga con los impuestos los complementos para que aquellos pensionistas que no alcancen una
determinada cuantía, y si esa partida para los complementos a mínimos se ha minorado -yo creo que es una buena noticia- es porque las nuevas pensiones son más altas y cada vez hacen falta menos complementos a mínimos.
En estos presupuestos destacaría fundamentalmente dos partidas que se incrementan. Por un lado, atención a la dependencia, más de un 8 %. Aquí alguien ha dicho, no sé si ha sido la representante del Grupo Socialista, que había
disminuciones en la dependencia. No es así, y lo ponen de manifiesto parece que ha sido la representante de En Comú Podem. Y, por otra parte, una partida donde se incluyen las prestaciones por paternidad, que se incrementa algo más de un 11 %, 235
millones de euros, para aumentar el permiso de paternidad de trece días a cuatro semanas que, como saben ustedes, forma parte del acuerdo del Partido Popular con Ciudadanos.
Con respecto al déficit, señorías, parece que ustedes acaban de llegar. Ya no se acuerdan de cómo nos encontramos este país, en quiebra, al borde del rescate, con miles de ciudadanos que todos los días se iban al paro. No se acuerdan
ustedes del país en la ruina que dejó la izquierda, como siempre que gobiernan. Porque, claro, es que ahí es donde comienza el déficit en España y en la Seguridad Social. Le voy a recordar algunos datos: año 2008, excedente en la Seguridad Social
de más de 10 000 millones de euros, Partido Socialista; año 2011, solo tres años después, más de 6000 millones de euros de déficit, según la Intervención General del Estado, a efectos de dotación del Fondo de Reserva. Es decir, en tres años se
perdieron más de 15 000 millones de euros. Señorías, hemos conseguido revertir la situación, como lo demuestran estos presupuestos, donde habrá una reducción importante del déficit en el año 2017. ¿Por qué se va a reducir el déficit? Porque se
está creando empleo, porque los ingresos están
aumentando por encima de los gastos en términos porcentuales y, también, en cuantía suficiente para ir reduciendo el déficit. Ahí están los datos del mes de marzo en cuanto a ingresos y afiliación. Se le voy a recordar, porque aquí se ha
hablado muy mal de las cifras de empleo. Señorías, más de 604 000 afiliados en el último año, que no se conocían datos de esa magnitud de incremento en la última década; una tasa de afiliación que crece por encima del 3 %, cifra récord en la
última década; un régimen general que está creciendo por encima de 4 %; una tasa de recaudación que está creciendo por encima del 5 %. Es decir, señorías, los ingresos están creciendo por encima de la propia afiliación, y esta, a su vez, está
creciendo por encima del crecimiento económico. Vamos por el buen camino, señorías, y el sistema es mucho más sostenible ahora, que se están creando más de 600 000 empleos al año, que cuando se destruían millones de empleos al año durante la
crisis.
Señorías, son unos presupuestos que contemplan una subida de todas las pensiones. Aquí se ha hablado de pérdida de poder adquisitivo. Desde que gobierna el Partido Popular ha habido ganancia de poder adquisitivo. Desde que se aplica el
índice de revalorización de pensiones, de 2014 hasta 2016, 1905 millones de euros. Desde el inicio de la legislatura, 1000 millones de euros. Esa es la única realidad. Ustedes año tras año no han dicho la verdad en este debate de presupuestos,
porque siempre he escuchado yo en el debate de presupuestos que los pensionistas iban a perder poder adquisitivo; todos los años, y todos los años ha habido ganancia del poder adquisitivo. Todos los años, incluido el año 2016. Vamos a ver qué
ocurre en el año 2017, pero hasta ahora mismo, hasta el año 2016, siempre ha habido ganancia de poder adquisitivo. Siempre ha habido ganancia de poder adquisitivo con el Partido Popular y, señorías, lamentablemente, pérdida de poder adquisitivo
cuando gobierna la izquierda, cuando gobierna el Partido Socialista, como fue la congelación de las pensiones, con una pérdida de casi 3 puntos, 2500 millones de euros, que estaba en el IPC en el 2,9. (Aplausos).
Señorías, son unos presupuestos donde también se apuesta por la línea de aumentar la protección social de los colectivos y por reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Lo ha dicho el secretario de Estado y yo quiero resaltarlo
porque me parece importantísimo, un complemento de maternidad para más de 200 000 mujeres, que ven incrementada su pensión hasta 15 % por ser madres. Me parece realmente importante lo que ha hecho Gobierno del Partido Popular, 40 000 mujeres, cuya
pensión se va a ver incrementada en un 15 %. ¡Es que no estamos hablando de un 0,25 o de un 0,50 o de un 1, sino de un 15 % que van a ver incrementada su pensión!
Han hablado también del Fondo de Reserva, con tanta demagogia que hablan ustedes de esquilmar. Mire usted, el Fondo de Reserva se ha utilizado para lo que se creó, para devolvérselo a los pensionistas cuando más lo necesiten. Lo que no va
a hacer nunca el Partido Popular, y se lo aseguro, es lo que hizo la izquierda, que fue congelar las pensiones habiendo miles de millones de euros en el Fondo de Reserva. (La señora Perea i Conillas: ¿Y el 1,9 en 2012? ¿No nos acordamos?). Por
cierto, ya podrían haber cumplido ustedes la ley y esos excedentes de la Seguridad Social, por más de 15 000 millones de euros, haberlos llevado al Fondo de Reserva y no donde se lo gastaron, que todavía no lo sabemos. Aquí se habla de la pobreza
con mucha ligereza. Yo digo que siempre habrá mayor pobreza cuando haya más desempleo. Es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, que el 80 % de la desigualdad y de la pobreza proviene fundamentalmente de la destrucción de empleo.
Según el Banco de España, los mayores de sesenta y cinco años han aumentado su renta y su patrimonio durante la crisis.
Han mencionado el préstamo, y yo no me rasgaría las vestiduras. No es la primera vez que se pide un préstamo para pagar las pensiones, ya que se tuvo que empezar a hacer cuando gobernaba la izquierda -el Partido Socialista- en los años
noventa, y les recuerdo que en el año 1996, cuando el Partido Popular entró en el Gobierno, se tuvo que pedir también un préstamo de 3000 millones de las antiguas pesetas porque no había dinero para pagar las pensiones en diciembre del año 1996,
dado que, como siempre, ustedes habían dejado la Seguridad Social en déficit. Esa es la realidad, que cuando gobierna la izquierda al final la Seguridad Social es como el cajero automático que financia al Estado. Lo importante es que con estos
presupuestos las pensiones están aseguradas con cotizaciones sociales y con el Gobierno de España.
Con respecto al fraude, lamentan que no haya partidas para combatir el fraude. Ya les di los datos en la última comparecencia -datos que me parecen realmente importantes-, no sé por qué miramos para otro lado: 430 000 empleos aflorados,
más de 6000 empresas ficticias detectadas, una transformación de 250 000 contratos temporales en indefinidos, con un impacto de más de 18 000 millones de euros. Es decir, creo que la lucha contra el fraude es importante y, como demuestran los
datos, se está actuando por parte del Gobierno. Y luego dicen que no hemos nada para luchar contra el déficit. Señorías, crear empleo
no es destruir empleo, sino la herramienta principal para luchar contra el déficit. Crear empleo es lo que hace el Partido Popular cuando gobierna y destruir empleo es lo que hace la izquierda cuando gobierna. Luchar contra el fraude,
restringir las jubilaciones anticipadas, aumentar las bases máximas de cotización, el factor de sostenibilidad, etcétera. No me diga que somos irresponsables, señoría, porque crear empleo es lo más responsable que ha hecho este Gobierno; crear
empleo para poder pagar las pensiones sin bajarlas, y en este sentido le recordaré algunas irresponsabilidades. Sus colegas que gobiernan en Grecia han tenido que bajar las pensiones un 30 %, después de prometer el oro y el moro; en Irlanda han
tenido que bajar las pensiones un 15 % por la crisis; en Portugal han tenido que eliminar algunas pagas extra. Señoría, eso es ser irresponsable, no crear empleo y subir las pensiones, como está haciendo el Partido Popular; por tanto, todo lo
contrario a irresponsabilidad. Nos encontramos un país en la ruina y ahora mismo nuestro país es uno de los que más crece en toda la Unión Europea. Antes se destruían más de 3 millones de empleos con la crisis y ahora se están creando más de 600
000 empleos al año. Nos encontramos unas pensiones congeladas, con pérdida de poder adquisitivo, y ahora subimos todos los años las pensiones, con aumento de poder adquisitivo. Por tanto, eso es ser responsables.
El señor PRESIDENTE: Señora España, vaya concluyendo, por favor.
La señora ESPAÑA REINA: Voy terminando.
En cuanto al empleo, otra vez nos encontramos con el mantra del empleo precario. Señorías, se ha recuperado el 65 % del empleo indefinido y el 38 % del empleo temporal. A lo mejor a ustedes no les gusta el dato de que 3 de cada 4
trabajadores tengan un contrato indefinido, pero la realidad es que en el mes de marzo el número de contratos indefinidos ha aumentado un 18 % y, a tiempo completo, un 20 %, cuando los temporales han subido un 14 %, y les recuerdo que cuando
gobernaba la izquierda la contratación indefinida caía un 30 %. Es decir, hay 7 puntos más de contratación indefinida que antes de la crisis, y hemos alcanzado un récord histórico: treinta y ocho meses consecutivos de aumento de la contratación
indefinida, cuando el mejor periodo anterior fue de veintiocho meses.
Por tanto -y voy terminando, señor presidente-, estos son unos presupuestos en los que creo que no quedan ya herencias envenenadas, y le pido al señor secretario de Estado que nos lo aclare, como aquellos 1000 millones de euros de las
cotizaciones de los cuidadores de la dependencia que el Partido Socialista dejó a deber. (La señora Perea i Conillas: Eso no es verdad, Carolina). Creo que otros tantos boquetes y herencias envenenadas ya están cubiertos. Porque, señorías, las
cotizaciones sociales hay que pagarlas, si no, no se pueden pagar las pensiones y luego se congelan. Por tanto, son unos presupuestos que suponen un punto de inflexión, en los que la creación de empleo va a velocidad de crucero alcanzando cifras
récord, donde los ingresos aumentan más que la afiliación y esta más que el crecimiento económico, donde hay una mayor protección social, como el complemento de maternidad y los permisos de paternidad, y donde nuestro sistema público de pensiones es
cada vez más sostenible. Son unos presupuestos, señorías, que mejoran las pensiones y que demuestran nuestro compromiso total y absoluto con el sistema público de pensiones.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Villalobos Talero: Muy bien, Carolina).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
Para contestar a los intervinientes, tiene la palabra el secretario de Estado, don Tomás Burgos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallero): Muchas gracias, señor presidente y señores portavoces.
Me gustaría intentar contestar a todas y cada una de las cuestiones que se han planteado; vamos a ver si lo podemos hacer de la manera más estructurada posible. En todo caso, con respecto a la primera intervención, quiero trasladarle a la
de la portavoz del Grupo Socialista mi convicción de que hace el máximo esfuerzo por intentar plantear una intervención coherente, pero a veces cuadrar el círculo de sus afirmaciones es muy complicado. Usted nos critica la existencia del déficit,
cuando ustedes escasamente en tres años hundieron el sistema en torno al 1,5 % del PIB. Ustedes nos dicen que hay que subir las pensiones y hacerlo, además, ligándolas al IPC, cosa que ya no hace prácticamente ningún país en nuestro entorno, y
además hoy nos dicen que también critican el préstamo a la Seguridad Social. ¿De dónde quiere usted obtener los recursos del sistema si no somos capaces de alcanzar todavía, pese al ritmo importante de crecimiento de la afiliación y de los
recursos, el nivel de ingresos suficientes como para compensar el gap entre ingresos y gastos que se ha producido después de esta importante crisis?
Nos habla de cotizaciones que no cubren los gastos contributivos, algo que viene ocurriendo ya desde que gobernaban ustedes. Los ingresos por cotizaciones no cubren las pensiones contributivas desde el año 2011 (La señora Perea i Conillas:
No es verdad). Esa es la realidad, por eso era especialmente importante el compromiso con la separación de fuentes, porque necesitábamos todos los recursos, vía cotizaciones sociales, para financiar el ámbito contributivo del sistema, puesto que
muchos de esos recursos se habían venido perdiendo o se habían venido dedicando a la cobertura del sistema no contributivo, que, por cierto, se lleva más de 13 000 millones de aportaciones del Estado en los últimos años.
Usted dice que no hemos cumplido con las previsiones, que hacemos unos presupuestos falsos. Todas las administraciones públicas -algún portavoz lo ha puesto de manifiesto- han hecho un importante esfuerzo de contención del déficit público,
la pregunta fundamental es por qué hemos tenido que hacer todos tanto esfuerzo de contención del déficit público en estos años, con las consecuencias sociales que ha tenido en muchos casos. Ustedes consiguieron generar 13 puntos de déficit público
en tan solo dos años y medio, un récord histórico no solo en la economía nacional sino probablemente en todas las economías desarrolladas. De ahí venimos, por eso seguimos haciendo todos el mayor esfuerzo de contención del déficit público y de
reducción.
Lo que a mí me satisface es que un Gobierno del Partido Popular esté construyendo unas políticas de reducción del déficit público que no se hacen a costa del sistema de Seguridad Social; que cuando más lo necesita el sistema de Seguridad
Social, después de una crisis económica de estas características, el esfuerzo conjunto de las administraciones -el esfuerzo también de la Administración del Estado- nos permite disponer de ese margen de maniobra que hace que no tengamos que tocar, a
diferencia de otros países, ninguna de las prestaciones, ninguna de las pensiones que ofrece el sistema. Por eso creo que es muy importante señalar que si algo significa el déficit de Seguridad Social es el compromiso de este país con su sistema de
Seguridad Social, al que no le van a faltar recursos para atender todas y cada una de sus obligaciones y para desarrollar, si es posible, incluso más capacidades, como estamos demostrando.
Usted dice que no son redistributivos y que no son unos presupuestos transparentes porque no determinan las variables con las que va evolucionando el sistema en los últimos años, especialmente en este año. Quizá usted no se haya leído los
presupuestos, porque si algo hace el presupuesto de este año es incorporar precisamente un importante avance en transparencia de la Administración de la Seguridad Social al incluir la información relativa a todas las variables que componen la
fórmula de ese índice de revalorización de pensiones entre el año 2011 y el año 2022. Es decir, a pesar de la mejora observada en la ocupación y en la actividad económica que se viene produciendo desde el año 2014 y las favorables estimaciones que
presenta en estos momentos la economía española -y esperemos que se mantengan durante una serie de años- esos déficits anuales han supuesto que el índice de revalorización y su fórmula definan con toda claridad cuál es en estos momentos el problema
financiero que tiene el sistema. Y es precisamente el contenido de esa norma del índice de revalorización de pensiones, destinada a salvaguardar los intereses de los pensionistas, la que hace que, incluso en estas condiciones, podamos revalorizar
las pensiones al menos en un 0,25. Eso es también expresión de un compromiso a lo largo de estos años y que vamos a seguir mejorando, porque es difícil encontrar unos presupuestos más transparentes que los del Sistema de Seguridad Social en nuestro
país.
Si usted no se ha cortado lo más mínimo en decir que no hubo congelación y que no hubo pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en el año 2011, entonces es capaz usted de decir cualquier cosa. Pregúnteles a los pensionistas de este
país si no se produjo una congelación (La señora Perea i Conillas: Usted no escucha) que además se realizó en el año de mayor desviación del IPC de los de los últimos años (La señora Perea i Conillas: Y en 2011 se compensa), lo que supuso una
pérdida muy importante de poder adquisitivo que, incluso con revalorizaciones posteriores que se han producido con el Gobierno del Partido Popular, nos ha costado que al final del periodo los pensionistas pudieran recuperar una parte de ese poder
adquisitivo que perdieron por su responsabilidad. En todo caso, lo que sí que tenemos que tener meridianamente claro es que el empleo en este país está creciendo. Porque si usted me dice que el problema de este país es que no se está creando
empleo suficiente... (La señora Perea i Conillas: De calidad). Estamos en un momento -y yo se lo he citado- en que el Régimen General del Sistema de Seguridad Social está creciendo al 4,34 %. Es más, estoy convencido de que incluso vamos a ver
cifras mejores, pero al 4,34 %. ¿Cuántos años hace que este país no veía crecer el régimen general y el trabajo a tiempo completo a indicadores superiores al 4, al 4,2, al 4,3 % interanual? Claro que hemos recuperado una parte muy importante de
nuestro empleo, más de 1 760 000 trabajadores, pero es que ustedes
hundieron el sistema de empleo en este país en tres millones y medio, según cifras EPA. Hasta que recuperemos esos 3,5 millones no podremos recuperar ni siquiera la posición que este país tenía en el año 2007, cuando empezó la crisis, en
términos de afiliación.
Usted dice que el Gobierno tiene instrumentos para no esperar al Pacto de Toledo. Eso es lo que estamos haciendo, utilizar los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, por ejemplo, estos presupuestos. ¿O es que no es un instrumento
incrementar bases máximas y mínimas de cotización en los porcentajes que hemos señalado? ¿Es que no es una elección pública establecer que hay que hacer esfuerzos adicionales por parte de quienes tienen salarios más altos, subiendo esas bases
máximas de cotización y hasta ahora sin que tengan el correlativo reflejo en una pensión máxima mayor? Es que esos son esfuerzos que este Gobierno le pide a la sociedad española para salvaguardar el Sistema de Seguridad Social.
Usted dice que la ministra se ha comprometido a que se eliminarían las reducciones y se convertirían en bonificaciones. La ministra lo que ha dicho, y lo que dicen todos los miembros de este ministerio, es que convendría que hubiera un
pacto político -si puede ser, en el ámbito del diálogo social y, en todo caso, en el Pacto de Toledo- para determinar la finalización del uso de las reducciones para las políticas de empleo y que el espacio temporal en que eso se haga y la dimensión
de ese esfuerzo será lo que habrá que determinar entre todos. Mientras tanto, el Gobierno irá dando los pasos pertinentes. Por ejemplo, el que dimos para que las reducciones para la garantía juvenil en la tarifa plana ya sean bonificaciones,
cuando eran reducciones. O el que en este propio presupuesto existe para que una bonificación que hasta ahora era reducción en el sistema pueda descargar de gastos a la Seguridad Social española, por ejemplo, la que afecta a las trabajadoras que
ante un riesgo de embarazo o de lactancia natural puedan desempeñar su trabajo en otro puesto y se produzca una bonificación al empleador para que eso pueda hacerse en las mejores condiciones. Esa medida, vigente en nuestro ordenamiento desde hace
décadas, ha sido financiada siempre como reducción de cuotas del Sistema de Seguridad Social y en este presupuesto -si no lo ha visto usted, se lo anuncio- esa medida se incorpora como una bonificación y, por lo tanto, descarga al Sistema de
Seguridad Social. Claro que vamos dando pasos y ojalá demos pasos con su acuerdo también en esta materia, pero precisamente en este presupuesto si algo hacemos es bonificar la cotización en los supuestos de cambio de trabajo por riesgo o enfermedad
profesional. Es un avance, a usted le parecerá poco, pero es bastante más de lo que, por ejemplo, ustedes hicieron a lo largo de su etapa de Gobierno.
Creo importante destacar que en este presupuesto son las bonificaciones las que crecen y lo hacen porque hacemos este esfuerzo de que sean ingresos procedentes del sistema público de empleo los que permitan que el sistema se descargue de
gastos innecesarios. Por eso las bonificaciones de cuotas al empleo ascienden en el año 2017 por primera vez después de varios años, y lo hacen un 31,5 %. Esto es un compromiso con la reducción de las reducciones y su implantación, si es
necesario, con la fórmula de las bonificaciones que, como ustedes saben perfectamente, no suponen coste para el Sistema de Seguridad Social. Esto es lo que hemos venido suscribiendo todos los grupos. Nosotros vamos tomando decisiones, pero el
acuerdo debería ser amplio y total, porque después de haber concluido la separación de fuentes de financiación entre el ámbito contributivo y no contributivo de las prestaciones, el siguiente paso -o uno de ellos- podría ser, en el marco del Pacto
de Toledo, acordar el escenario futuro de las bonificaciones y las reducciones en nuestro sistema.
¿Qué pensiones quieren pagar ustedes?, me pregunta. Las que estamos pagando, más de 600 000 pensiones nuevas que se han incorporado al sistema desde que gobierna el Partido Popular con un incremento muy importante de su número, pero con un
incremento muy importante también de la cuantía de esas pensiones. Yo le he dado los porcentajes de incremento de la pensión media pero es que todas las pensiones de este país han tenido un incremento muy notable a lo largo de estos últimos años en
todas las clases de pensiones y, además, afortunadamente para este país, los pensionistas consumen en mayor medida porque la esperanza de vida es creciente. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que pretendemos seguir haciendo con este presupuesto,
pagar más pensiones, pagar pensiones más altas y pagarlas durante una duración temporal mayor. Ese esfuerzo no es fácil porque si estos presupuestos, según lo que ustedes afirman, no redistribuyen, son regresivos, son inseguros, son falsos, ¿a qué
dedicamos los más de 144 000 millones de que dispone el presupuesto de la Seguridad Social? ¿A qué los estamos dedicando? Estamos consiguiendo unas cotas de eficiencia en la gestión que hacen que el presupuesto en gastos corrientes sea un
presupuesto del 1 % para gestionar un volumen ingente de recursos, con una organización en todo el territorio nacional con más de 800 centros de atención directa
a los ciudadanos y disponemos de 144 000 millones para reforzar los derechos y las prestaciones de los ciudadanos. Estos Presupuestos Generales del Estado nos habilitan como Gobierno y como sociedad a destinar este año 4709 millones más en
el presupuesto por operaciones no financieras respecto a la liquidación del año pasado. Es decir, el esfuerzo que está haciendo la sociedad española y que está canalizando este Gobierno a través de estos presupuestos es enormemente importante.
¡Pero cómo se puede hablar de presupuestos regresivos, de presupuestos falsos, de presupuestos que provocan inseguridad, de presupuestos insolidarios cuando el esfuerzo enorme de estos recursos está mejorando día a día las pensiones contributivas de
9,5 millones de personas, las pensiones no contributivas de más de medio millón y otros cientos de miles de prestaciones que ofrecemos a diario! Francamente, hablar de desmantelamiento de la clase media en un debate sobre el sistema de Seguridad
Social español, cuando es probablemente el sistema que con más solidez ha resistido la crisis económica que ha azotado a todos los países de Occidente, de nuestro entorno, de la Unión Europea, de la OCDE, cuando hemos mejorado las prestaciones de
todos, cuando hemos aumentado derechos e incluso hemos incrementado el abanico de prestaciones que tenía y tiene nuestro sistema de Seguridad Social, no se compadece con la realidad. Si hubiéramos tenido que venir aquí a explicar una congelación
brutal de las pensiones, si hubiéramos tenido que decir que la Unión Europea nos ha impuesto un rescate que nos ha obligado a reducir el 20 % de nuestras pensiones, ¿qué estarían diciendo ustedes? Creo que este Gobierno y el conjunto de las fuerzas
políticas deberían sentirse muy orgullosos de la capacidad de resistencia y del esfuerzo de solidaridad social que significa nuestro sistema. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ayudar a mejorarlo, a recuperar su equilibrio financiero sin
denostarlo porque haya incurrido en un déficit que tiene un componente coyuntural evidente, que el 70 % de ese déficit trae causa de la pérdida de empleo, que no la hemos generado nosotros. (Rumores.-La señora Perea i Conillas: Una parte sí).
Nosotros lo que estamos haciendo es crear empleo y hacerlo a un ritmo desconocido en los últimos años. Conviene tener esto muy claro, porque a ver si ahora el problema del sistema de Seguridad Social no es el desempleo que se destruyó sino el
empleo que se está creando. (La señora Perea i Conillas: ¡Vale, vale!). Esto puede servir para un debate de patio de colegio. (La señora Perea i Conillas: ¡Venga, venga!). El empleo tiene que seguir creciendo como lo está haciendo ya, de forma
mucho más importante y por encima de la propia evolución del gasto. La propia evolución del gasto de un 3 % es un esfuerzo extraordinario que hace este país, que hace esta sociedad en beneficio de sus ciudadanos. Es un crecimiento mucho más
moderado que el que se produjo en años anteriores. Si no se hubiesen tomado decisiones atrabiliarias en algunos momentos, probablemente dispondríamos de una capacidad de maniobra muy diferente. En todo caso, creo que el compromiso de este Gobierno
con el sistema de Seguridad Social está fuera de toda duda y el que dispongamos además de un déficit que está siendo respaldado por el Estado mediante ese préstamo, debería movernos a sentirnos satisfechos de que esta siga siendo la gran prioridad
de este país tanto en las cuentas públicas como en las decisiones que se toman en cada momento. A nosotros se nos asigna un objetivo de déficit de común acuerdo con el resto de las administraciones para distribuir equitativamente el esfuerzo.
Tengo que decir que el objetivo de déficit que para el conjunto de los fondos de Seguridad Social se estableció en el año 2016 se ha cumplido y además se ha mejorado. ¿En una décima? Sí, pero también hemos participado en la mejora de la evolución
del déficit público en nuestro país. No nos gusta convivir con el déficit público, porque creemos que lo único que debe animarnos a todos nosotros en cuanto a la existencia de ese déficit es a adoptar decisiones que no comprometan el futuro de las
prestaciones pero que sí nos permitan asignar recursos de forma importante.
A la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tengo que decirle que a mí me gustaba Mecano cuando era joven, ahora ya lo tengo un poco más olvidado, pero usted, que me acusa de maquillaje, es
total; como decía Mecano, también usted es total cuando dice que son unos presupuestos regresivos, falsos, inseguros y con pérdida de poder adquisitivo. ¿Cómo superar el déficit si no se crea empleo? La clave de bóveda de este sistema está en la
creación de empleo, pero es que hoy la creación de empleo, la tasa interanual de crecimiento de la afiliación al sistema de Seguridad Social más que triplica el número de pensiones que se incorporan al sistema, es que hay una relación de más de tres
a uno. Si el sistema está evolucionando en estos momentos al 3,49 y, como le he dicho, las pensiones están evolucionando al 1,1, al 1,2, estamos triplicando el crecimiento de la afiliación. Esa es la clave de bóveda de un sistema contributivo y,
por tanto, debemos ser muy cautelosos con las decisiones que tomamos porque aquellas reformas que han permitido superar una situación de destrucción masiva de empleo y que están permitiendo que la afiliación crezca más de tres veces por
encima del número de pensiones es lo único que realmente va a salvaguardar el sistema de pensiones en el futuro. Hemos recuperado el 52,6 % del empleo destruido en la crisis. Es evidente que tenemos mucho camino por recorrer; ojalá lo
recorramos juntos en los próximos meses y tengamos nuevas buenas noticias en relación con la marcha de la afiliación.
Llevamos seis presupuestos generales, no cuatro -yo ya he comparecido seis veces para explicarlos-, y le puedo decir que para quienes creemos firmemente en el sistema público contributivo y de reparto es mucho más positivo comparecer cuando
se está creando empleo al 4,34 % en el régimen general que cuando comparecíamos y estábamos todavía como sociedad destruyendo 100, 200 o 250 000 empleos cada mes en este país. Por tanto, es mucho más sencillo hablar en términos de futuro para el
sistema cuando al menos esas nubes se han despejado hace tiempo y hoy somos un país que en crecimiento económico y en creación de empleo está a la cabeza de nuestro entorno. Las bases medias de cotización se mantienen en euros nominales en este año
2016 y van a mejorar en 2017. Varios de los interpelantes me han preguntado sobre cómo será la evolución de las cotizaciones si no se han cumplido las previsiones del año 2016. Yo he tratado de informarles de dónde provienen los análisis para
establecer que se va a producir un incremento de la evolución de las cotizaciones muy significativo. Es decir, si estamos creando empleo equivalente a tiempo completo al 2,7 %, si se establece una previsión de aumentos salariales que se están
produciendo ya en muchos de los convenios colectivos importantes que se están firmando en este país, si estamos en condiciones de aumentar, por ejemplo, los ingresos por contingencias profesionales al haber más actividad, si el salario mínimo
interprofesional y el destope de la base máxima del sistema nos puede aportar en torno a un 0,6 %, si la base mínima de autónomos nos puede aportar aproximadamente un 0,1 %, si el aumento de los ingresos por bonificaciones y por eliminación de
reducciones por transferencias del Servicio Público de Empleo -dado que ahora va a haber más prestaciones contributivas de desempleos que en años anteriores- nos puede aportar más de medio punto, claro que estamos en condiciones de decir que el
escenario de 2017 será el de una evolución de los ingresos por cotizaciones muy superior a la de 2016; pero, por supuesto, es una previsión y estará sujeta a los cambios que se vayan produciendo. En Seguridad Social los gastos prácticamente se
determinan con una exactitud enorme, pero los ingresos, al depender de un conjunto de variables de muy diferente condición, están sujetos a modificaciones, y unas veces esas modificaciones nos acompañan y otras nos introducen elementos de distorsión
evidentes. Todos los presupuestos se hacen con el ánimo de cumplir unos objetivos y, por tanto, los presupuestos hay que juzgarlos en función de si los objetivos que cumplen se han mantenido o no, y aquí creo que se están cumpliendo a rajatabla los
objetivos de un presupuesto de Seguridad Social, porque aquí se pagan las pensiones, se pagan más altas, se pagan con mayor duración y se pagan con total seguridad y con absoluta garantía. En el año 2017 vamos a superar los ingresos por cuotas que
se produjeron en el año 2008, cuando se alcanzó el récord histórico, pero lo vamos a hacer con menos afiliados de los que teníamos en aquel momento; con menos afiliados totales porque, evidentemente, a los afiliados activos hay que sumar los
afiliados que cotizan desde el desempleo; y este país ya tiene mejores cifras de afiliados ocupados, de afiliados activos, que al comienzo de la crisis, pero no tiene todavía suficientes afiliados totales. Yo prefiero, como es evidente, un
incremento de los afiliados desde la actividad que desde el desempleo, aunque estén recibiendo una prestación contributiva. En todo caso, los recursos del sistema provenientes de cuotas se establecen procedentes de ambas fuentes. No acabo de
entender muy bien su pregunta sobre las prestaciones. Creo que ha sido un poco confusa; si se refería usted a las transferencias que se hacen respecto al pago de prestaciones económicas no contributivas, tengo que decirle que el sistema de
Seguridad Social dedica 4038,28 millones de euros y que se incrementa un 1,06 sobre el año precedente; que el mínimo garantizado de los servicios de cuidado a personas dependientes que le corresponde sufragar al Estado vía Seguridad Social son
1262,17 millones de euros, que aumenta un 8,8 sobre la transferencia realizada en el año 2016 y que, por tanto, supone un esfuerzo importante respecto al año anterior. Evidentemente, todas las prestaciones del sistema responden a la evolución
previsible de las mismas tanto en el número como en la cuantía. No se han realizado modificaciones sobre el contenido normativo que las regula y, por lo tanto, la cantidad asignada evoluciona en función de lo que se entiende que va a ser la demanda
de ese tipo de prestaciones.
Al señor Del Campo, portavoz de Ciudadanos, deseo decirle que agradezco mucho su compromiso con el sistema de Seguridad Social, que compartimos la voluntad de otorgar estabilidad pero asumir reformas. Yo soy de los que piensan que en el
sistema de Seguridad Social siempre caben reformas que mejoren y que le doten de mayor solidez; esas reformas afectan al ámbito de los ingresos y también al de los gastos. El sistema sigue haciendo esfuerzos, y un ejemplo de ese esfuerzo que
hacemos en el
año 2017 tiene que ver con ese acuerdo suscrito con ustedes. La ampliación del permiso de paternidad es un esfuerzo adicional que hace el sistema de Seguridad Social. Cumple un objetivo que, sin duda, es un objetivo social de primer orden:
ampliar a cuatro semanas el permiso de paternidad, pero supone un incremento del gasto en el sistemas de 438,78 millones de euros; no es baladí. Pensamos que está justificado, por eso lo hemos suscrito con ustedes, pero entendemos también que en
un contexto de déficit todo esfuerzo adicional debe ser puesto especialmente en valor, porque no estamos hablando de cantidades pequeñas, no estamos hablando de esfuerzos nimios, estamos hablando de más de 438 millones de euros, sin los cuales
probablemente el déficit sería algo menor, pero nuestro país tendría algo menos de cobertura social de la que tiene con este acuerdo. ¿Podríamos pagar las pensiones sin este presupuesto? Probablemente no las podríamos pagar en la dimensión
necesaria; no dispondríamos de esos recursos, de esos más de 4709 millones de euros que este presupuesto incorpora respecto al presupuesto anterior y a su liquidación; no podríamos disponer mejoras en ese ámbito, desde el permiso de paternidad
hasta la conversión en bonificaciones que le he citado u otros aspectos contenidos en el articulado; y no dispondríamos de ese préstamo para atender las necesidades financieras del sistema, con lo cual tendríamos que estar buscando todos otro tipo
de fórmulas, probablemente menos sólidas y menos claras. Nuestra apuesta, por tanto, es, como usted ha dicho, reforzar las políticas que activan el empleo, las políticas que determinan el crecimiento de nuestra afiliación en los rangos que estamos
viendo. Usted ha citado algunas de ellas; esperemos que esa ampliación de la tarifa plana en duración y en ámbito de cobertura pueda ayudar también a una evolución favorable del régimen de autónomos. Necesitamos también más autónomos en nuestro
país, y esa tarifa plana que nosotros pusimos en marcha desde una cierta soledad hace unos años ahora goza de un acuerdo, o esperemos que eso sea así en breves fechas, para que pueda entrar en vigor con la mayor rapidez posible.
El señor Bel me habla de truco por comparar la previsión inicial del año 2016 y la previsión de 2017 y sustituirla por la liquidación de 2016 respecto a la previsión de este presupuesto. Le decía que llevo seis presupuestos de Seguridad
Social presentados; en los cinco anteriores nos habían criticado exactamente por lo contrario, por no hacer una evaluación en función de la presente liquidación, porque se consideraba que eso era lo más realista y lo más ajustado a la hora de
presupuestar. Este año tenemos un elemento adicional que no habíamos tenido nunca, y es que estamos elaborando el presupuesto cuando ya conocemos la liquidación del año anterior y, por lo tanto, en este caso, aun con más justificación probablemente
que nunca antes, no tiene sentido hacer comparaciones, más allá de la teoría, entre previsiones de 2016 y 2017. Si tenemos la liquidación de 2016 podemos ajustar mucho mejor porque conocemos con mayor precisión cuánto nos está costando no a un año
de diferencia, sino prácticamente en tiempo real cada una de las partidas de gastos y de ingresos que presenta este presupuesto. En todo caso, sí, creo que este es un presupuesto más realista porque la realidad se sustenta sobre datos que
conocemos. Cuando uno tiene que hacer en el mes de septiembre una previsión del año siguiente, no es lo mismo que cuando la hace en el mes de marzo y ya conoce tres meses. Como no podría ser de otra manera, no es que sea más realista, es que
tenemos más datos, y cuando se tienen más datos se es más realista. ¿Propósito de rectificar? Este Gobierno siempre tiene propósito de rectificar cuando encuentra una alternativa mejor para cada una de las decisiones que se van tomando. Por eso,
algunas de las decisiones que incluso hemos tomado en solitario las hemos modificado. Sustituimos una tarifa plana de 100 euros por una alternativa mejor, que era ese umbral exento de los primeros 500 euros para la contratación indefinida. Esta
Cámara decidió no apoyar que ese umbral exento se pusiera nuevamente en marcha, hasta hoy sin una alternativa mejor. Yo soy de los que prefieren sustituir las cosas por algo mejor; no sustituirlas por el vacío. Valoro mucho su compromiso con el
Pacto de Toledo y que usted fije sus posiciones en el ámbito en el que creo que tenemos que trabajar todos activamente para orientar los principios generales, pero también decisiones concretas que puedan ayudar a mejorar nuestro sistema en el
futuro.
Señora España, por supuesto, comparto con usted que uno de los grandes avances que se han producido en el presupuesto de Seguridad Social en estos años fue la separación de fuentes, la financiación plena del ámbito no contributivo de los
propios complementos a mínimos. Eso ha ayudado a hacer más transparente el sistema y a poner más de manifiesto dónde están las dificultades económicas. Estamos haciendo un esfuerzo también desde el ámbito del Estado financiando esos complementos a
mínimos, esos 206 euros de media que aportamos como contribuyentes para ayudar a que nuestras pensiones tengan un umbral mínimo garantizado porque es un elemento diferencial de nuestro sistema respecto a otros países que conviene reforzar. Por eso
a veces se produce esta disquisición sobre si hay
recursos de un préstamo, sobre si hay recursos de una transferencia, sobre si los complementos a mínimos son de una naturaleza o de otra. Lo importante es que Estado y Seguridad Social tengan claro el modelo de protección y, en la medida de
las diferentes evoluciones de los indicadores económicos, el esfuerzo sea mayor en un ámbito o en otro, porque la Seguridad Social ha apoyado mucho al Estado en otros años financiando elementos que no le correspondían y ahora es de justicia que el
Estado también ayude a la Seguridad Social como se está ayudando asimismo con un esfuerzo colectivo respecto a la contención del déficit, asegurando la protección social. Hemos hecho mucho para mejorar los indicadores de empleo y hemos hecho mucho
para mejorar los ingresos. Por eso, los ingresos van a alcanzar cifras históricas y, por eso, las medidas que ha tomado este Gobierno pueden haber tenido mayor incidencia inicial o, como sucede siempre en Seguridad Social, necesitar un tiempo para
ponerse claramente de manifiesto. Pero la lucha contra el fraude, el sistema de liquidación directa, las medidas de actualización de las bases de cotización, decisiones que tienen que ver con los sistemas de gestión y de recaudación, que han
mejorado notablemente, también tienen su aportación en ese incremento de los ingresos, y lo vemos mes a mes en los datos de recaudación líquida y lo estamos viendo también con los datos de ejecución presupuestaria.
No hay herencias envenenadas. Afortunadamente, la clarificación del sistema tiene mucho que ver con el esfuerzo inicial que se hizo en los años de recesión económica, momentos difíciles donde no era nada sencillo que te financiaran más de
1100 millones, por ejemplo, de cotizaciones de cuidadores no profesionales no satisfechas por el Estado. No era sencillo que las cuentas de relación con el Fogasa o con el Imserso estuvieran completamente desajustadas. No era sencillo que
tuviéramos que financiar prestaciones familiares, pensiones no contributivas y complementos a mínimos por cotizaciones sociales porque el Estado no hacía el esfuerzo de cubrir la parte que le correspondía. En todo caso, todo eso finalizó y ahora
tenemos que centrarnos en el ámbito que corresponde, que es el de recuperar suficiente afiliación, 20 millones de afiliados para restablecer nuestra capacidad de generación de ingresos y mantenerla constante por encima de ese incremento de los
gastos que se va a producir. Entre todos tenemos que ayudar a que se produzca de forma moderada, y se está produciendo de forma moderada en estos momentos. Un incremento del 3 o del 3,1 % en los gastos es un incremento que, convenientemente
respaldado por unos ingresos suficientes, es perfectamente asumible por este país y es perfectamente asumible por este país en los próximos años, pero solo si los ingresos superan adecuadamente ese nivel de gasto. Por tanto, agradeciéndole su
intervención, su respaldo, también su comprensión con este secretario de Estado, quiero decirle que todos nuestros esfuerzos, los de este presupuesto y todas las decisiones políticas que lo acompañan, tienen un objetivo: que nuestra Seguridad
Social siga siendo un orgullo para los ciudadanos, un instrumento de cohesión y de solidaridad sin parangón y un instrumento también de mejora del bienestar y de la calidad de vida de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burgos.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde, cuando tendrá lugar la comparecencia del señor gobernador del Banco de España.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
- DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (LINDE DE CASTRO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (número de expediente 212/000697); CIUDADANOS (número de expediente 212/000530); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA (número de expediente 212/000682); SOCIALISTA (número de expediente 212/000439) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000369).
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes.
Retomamos las comparecencias de la Comisión de Presupuestos con la comparecencia del señor gobernador del Banco de España, para informar de los presupuestos. Quiero hacer una aclaración previa. Tradicionalmente el gobernador abre las
comparecencias de presupuestos y en este caso no ha sido así, pero no porque hayamos cambiado el orden desde la Comisión de Presupuestos sino porque nos llegó un escrito dirigido a la Comisión de Economía en el que se nos decía que no tenía
disponibilidad, dentro de estos días, más que en este momento, el martes a las cuatro de la tarde.
Dicho esto, tiene la palabra el señor gobernador del Banco de España.
El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Muchas gracias, presidente.
Señorías, comparezco en esta Comisión al inicio de la discusión y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 cuyo proyecto de ley aprobó el Gobierno el pasado 31 de marzo. Comenzaré refiriéndome al contexto internacional
y a las perspectivas de la economía española para detenerme después en los aspectos básicos del proyecto de presupuestos y concluir con algunas reflexiones acerca de la relación de la política fiscal con nuestra recuperación económica.
En primer lugar, me referiré al entorno exterior de nuestra economía. En los últimos trimestres el contexto económico internacional ha estado caracterizado por una elevada incertidumbre tanto en Estados Unidos, con dudas sobre el calendario
y el alcance de las medidas de la nueva Administración, como en Europa, debido al brexit y a los procesos electorales previstos a lo largo de este año. Esta incertidumbre apenas se ha reflejado por el momento en los indicadores financieros. Los
mercados han continuado mostrando un comportamiento favorable y los tipos de interés en los plazos más largos, que habían repuntado a finales del pasado año, se han estabilizado en niveles todavía moderados. El precio del petróleo se ha mantenido
estable en el primer tramo del año tras el alza observada a raíz de los acuerdos entre los países productores a finales del pasado noviembre, si bien los últimos datos muestran mayor volatilidad. En cuanto a la actividad económica global, las
cifras relativas al último trimestre de 2016 muestran que el PIB creció por encima de lo esperado en las economías avanzadas, salvo en Estados Unidos. En las economías emergentes se observó una clara heterogeneidad, con un crecimiento vigoroso en
Asia, lo que favoreció un moderado repunte del comercio internacional, y una desaceleración adicional en América Latina. Asimismo, los indicadores aparecidos en el primer trimestre han sido algo más favorables de lo esperado.
En el área del euro, pese a la presencia de los factores de incertidumbre mencionados, la evolución económica más reciente muestra un afianzamiento de la recuperación, si bien con intensidad dispar entre países. Las previsiones más
recientes, realizadas por el BCE en marzo, apuntan a la prolongación de la actual fase de recuperación en la que el avance del PIB de la unión económica y monetaria seguirá apoyándose de modo fundamental en la demanda interna, con tasas de
crecimiento previstas del 1,8 y 1,7 para 2017 y 2018 respectivamente, similares a las observadas en 2016. La inflación de la unión monetaria se elevó hasta el 2 % en febrero, reflejando principalmente factores de carácter transitorio ligados, sobre
todo, a los precios energéticos, que revertirán a lo largo del año. De hecho, la inflación del conjunto del área se desaceleró en marzo hasta el 1,5 % y la inflación subyacente, que excluye los componentes de energía y elementos no elaborados, se
situó en el 0,7 %. Desde una perspectiva de medio plazo, el ejercicio de proyecciones del BCE prevé una senda de aumento muy gradual de la inflación, de modo que hacia finales de 2019 todavía se situará por debajo del 2 %. En este contexto, el
consejo de gobierno del BCE decidió en marzo no modificar los tipos de interés de referencia y reiteró su compromiso de continuar las compras netas de activos a un ritmo de 60 000 millones de euros mensuales hasta diciembre de 2017 o más allá si
fuera necesario y, en todo caso, hasta que se observe un ajuste sostenido de la senda de inflación que sea compatible con su objetivo en el medio plazo, una tasa cercana pero por debajo del 2 %. Las medidas de política monetaria de los últimos años
se han traducido en una mejora significativa de las condiciones de financiación, que ha sido visible en el caso de la economía española tanto en lo que respecta a los reducidos costes de los nuevos fondos como en la progresiva normalización de las
condiciones del crédito. Esta reducción ha sido particularmente significativa en términos del coste de financiación de la deuda pública.
Ahora entraré en la evolución y perspectivas de nuestra economía. La economía española creció un 0,7 % en el cuarto trimestre de 2016 y los indicadores más recientes muestran que el ritmo de expansión en los primeros meses de este año
podría ser incluso algo superior. Para el conjunto de 2017, según las estimaciones del Banco de España publicadas a principios de abril, el PIB crecería un 2,8 %, algo por debajo de 2016, lo que supondría mantener un crecimiento significativamente
superior al promedio del área euro. En cuanto a su composición, la demanda nacional continúa siendo el principal motor del avance de la economía. El consumo de los hogares mantiene su fortaleza, sustentado por la mejora de las perspectivas de
empleo y la evolución favorable de su renta disponible y de las condiciones de acceso al crédito. Los indicadores del mercado inmobiliario muestran que se mantiene la recuperación del sector, que, aunque desigual por segmentos de mercado y zonas
geográficas, también está contribuyendo al dinamismo del gasto de las familias y al empleo. Por su parte, la inversión, aunque se ha
desacelerado en los últimos trimestres, mantiene un tono positivo dada la situación favorable de las condiciones financieras y de la demanda final. Las previsiones del Banco de España anticipan la prolongación durante los próximos años de
la fase de crecimiento en la que se encuentra nuestra economía desde la segunda mitad de 2013, que seguirá apoyándose en las ganancias de competitividad, el mantenimiento de condiciones financieras favorables y el buen comportamiento esperado de los
mercados internacionales. La recuperación de nuestra economía se ha asentado, de hecho, en la corrección de algunos de los desequilibrios macroeconómicos y financieros acumulados previamente, entre los que destacan la mejora de la competitividad
exterior y los progresos en la situación patrimonial de las familias, empresas e instituciones financieras, sin olvidar los avances en el ámbito del empleo, con un descenso significativo de la tasa de paro en los últimos cuatro años aunque todavía
permanece, como bien sabemos, en niveles muy elevados.
Pero hay que señalar que el avance del producto en los últimos ejercicios se ha visto también favorecido de manera importante por factores de carácter más transitorio, como las caídas de los precios del petróleo; el impulso fiscal, que
generó un tono expansivo de la política presupuestaria tanto en 2015 como en 2016, o la política monetaria expansiva del BCE. Puede esperarse que se dé un menor avance en la actividad conforme se vaya disipando el efecto de algunos de estos
factores.
En el terreno de la inflación, al igual que en el conjunto de la unión económica y monetaria, se ha registrado en España un repunte llamativo al inicio del año, hasta el 3 % en enero y febrero en términos de tasa interanual de variación del
IPC, bajando a tasas cercanas al 2 % en marzo. La aceleración de enero y febrero respondió sobre todo al fuerte incremento observado en los precios de la electricidad y en los efectos base asociados al precio del petróleo. Por tanto, se espera que
este repunte tenga un carácter transitorio, comenzando a desvanecerse a medida que se disipe el impacto de la aceleración del componente energético. De este modo, tras avanzar un 2,2 % en promedio en 2017, el IPC tendría una desaceleración hasta el
1,4 % y el 1,6 % en 2018 y 2019 respectivamente.
El escenario que acabo de esbozar no está exento de riesgos de naturaleza tanto externa como interna. En el ámbito externo destacan la mayor incertidumbre existente en torno a las políticas económicas globales y su posible impacto sobre el
comercio mundial y los mercados de capitales. En particular, el propio estado actual de bonanza de los mercados financieros refleja, al menos en parte, la expectativa de aplicación por la nueva Administración de Estados Unidos de políticas
económicas favorecedoras de mayor crecimiento e inflación en el corto plazo, como haría posible una expansión fiscal, infraestimando quizás la incidencia de tales políticas sobre el ritmo de normalización monetaria en Estados Unidos, así como otros
aspectos menos favorables como el giro hacia una menor movilidad internacional de mercancías y personas. Asimismo, recientemente se ha observado una tendencia a plantear la introducción de barreras proteccionistas en algunas economías desarrolladas
que, en caso de materializarse, tendría un impacto negativo sobre el comercio mundial, lo que podría afectar a una economía como la española cuya recuperación se ha visto muy favorecida por la expansión de las exportaciones. En este sentido, la
incertidumbre acerca de las implicaciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea sigue siendo elevada en un contexto en el que la economía española presenta una significativa exposición a este país en términos de exportaciones de servicios
y de vínculos financieros. Una incertidumbre que también se ve afectada por el contexto de rentabilidad reducida en el sistema financiero europeo y de fragilidad en determinadas instituciones.
En el ámbito nacional persisten varios elementos de vulnerabilidad. Uno de ellos es el que se deriva del nivel de endeudamiento tanto público -al que luego me referiré- como de algunos segmentos de los sectores de hogares y empresas, que
conlleva una elevada dependencia del ahorro externo y constituye una fuente de fragilidad ante eventuales incrementos en el coste de la financiación ajena. A pesar de las mejoras en la eficiencia, nuestra economía sigue siendo muy sensible ante
eventuales subidas de los precios de las materias primas, en particular el petróleo. Desde una perspectiva del medio plazo, el elevado componente estructural de la tasa de paro, el envejecimiento de la población y la baja productividad son los
principales factores que limitan el crecimiento sostenido de nuestra economía.
Paso ahora a repasar las principales líneas de los presupuestos. Las previsiones macroeconómicas que acompañan al proyecto de Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social para 2017 suponen la prolongación de la actual fase de
expansión. En concreto, estiman un avance del PIB real del 2,5 %, que vendría acompañado de una recuperación de los precios, de modo que el avance del PIB nominal estaría ligeramente por encima del 4 %. El cuadro macroeconómico sobre el que se ha
elaborado el proyecto de presupuestos es, en términos generales, compatible con el escenario al que acabo de
referirme, en el que se enmarcan las últimas previsiones del Banco de España y, con carácter general, con el escenario de consenso entre analistas privados. Si bien el crecimiento real esperado para este año resulta algo inferior al que
proyecta el Banco de España -2,5 % frente a 2,8 %-, la evolución del PIB nominal se encuentra en línea en ambos conjuntos previsiones. El objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas se sitúa en el 3,1 % del PIB para 2017,
lo que resulta compatible con los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y supone una reducción prevista del 1,4 % del PIB. El cumplimiento de este objetivo resulta fundamental para la superación en 2018 de la situación de déficit
excesivo -superior al 3 %- en la que se encuentra nuestro país. Con respecto a la deuda pública, el proyecto de presupuestos la sitúa en el 98,8 % del PIB para 2017, 0,6 puntos porcentuales del PIB por debajo de la registrada en el año 2016, de
manera que se mantiene la senda ligeramente descendente de los últimos años, desde el máximo del 100,4 % que se alcanzó en 2014. En este contexto macroeconómico no es de extrañar que la mejora del déficit en 2017 obedezca principalmente al buen
comportamiento de la situación cíclica y a la reducción de los tipos de interés de la deuda pública. En este sentido, el esfuerzo presupuestario requerido para avanzar en el proceso de consolidación fiscal, medido por la variación del saldo
estructural primario, será reducido. Esto está en línea con la última actualización del plan presupuestario para 2017, que anticipaba una orientación ligeramente contractiva de la política fiscal para este año y que contrasta con el carácter
expansivo de los dos últimos ejercicios. Lógicamente, eventuales desviaciones a la baja en el crecimiento o la inflación, o un encarecimiento de los costes de financiación harían más exigente el proceso de consolidación fiscal.
Por subsectores, el proyecto de presupuestos recoge los objetivos de estabilidad aprobados por las Cortes en diciembre del pasado año.
Para la Administración Central y la Seguridad Social, los déficits públicos proyectados se sitúan en el 1,1 y 1,4 % del PIB respectivamente frente al 2,7 y 1,6 de 2016. Por su parte, los objetivos de las administraciones territoriales son
de un déficit público del 0,6 % para las comunidades autónomas -0,8 en 2016- y de equilibrio presupuestario para las corporaciones locales frente a un superávit del 0,6 % en 2016. De acuerdo con estos planes, las administraciones dependientes del
Gobierno central asumirían la mayor parte de la mejora total del déficit para 2017. El cumplimiento del objetivo de déficit público proviene, en primer lugar, del límite impuesto por el techo de gasto del Estado aprobado en diciembre, que excluye
el gasto derivado del sistema de financiación de las administraciones territoriales y, en segundo lugar, de la expansión de los ingresos públicos.
Por el lado del gasto, la medida más relevante en el ámbito del personal es el incremento del 1 % de la retribución de los empleados públicos, en línea con el aprobado el año pasado. En materia de empleo público se plantea una reducción de
la temporalidad del empleo hasta el 8 % en los próximos tres años desde el 23 % actual, lo que según el proyecto de presupuestos supondrá convertir en indefinidos a unos 250 000 empleados temporales en el periodo mencionado. Asimismo, se menciona
una ampliación del número de sectores a los que se les va a permitir aumentar su tasa de reposición al cien por cien. Se alude a que para el conjunto de las administraciones públicas esta medida supondrá una oferta de empleo público de unos 67 000
puestos de trabajo para 2017. En conjunto, estas actuaciones llevarían a un crecimiento del 1 % del gasto salarial en el presupuesto del Estado frente a una caída del 1,2 que se observó en 2016. Por otra parte, se mantiene la restricción del gasto
corriente en bienes y servicios, que se reduce un 14 %.
En cuanto a la inversión pública, se prevé un aumento de las inversiones reales del 23 % respecto al presupuesto de 2016; sin embargo, una vez que se descuenta el efecto de ciertos pagos pendientes de otros ejercicios en el área de defensa,
se presupuesta una caída efectiva de casi un 20 % en la inversión del Estado, lo que además viene acompañado de una reducción significativa en la inversión del sector público empresarial.
Respecto a la Seguridad Social, destaca la actualización en un 0,25 % de las pensiones, que se deriva de la aplicación de la fórmula de indexación vigente tras la reforma de 2013. El crecimiento previsto del gasto en pensiones contributivas
para 2017 es bastante más elevado del 3,1 % como resultado del incremento previsto en el número de pensiones y del efecto sustitución de las nuevas pensiones respecto a las que se dan de baja, de forma que el peso del gasto en pensiones, el total de
gasto consolidado del Estado y la Seguridad Social, aumentará hasta el 40,7 % frente al 38,5 % de 2016. Asimismo, hay que señalar la reducción del gasto en prestaciones por desempleo en un 7 %, que se explica por la caída del paro y de la tasa de
cobertura de la prestación contributiva.
Por el lado de los ingresos, las principales medidas que incorpora el proyecto de presupuestos son las que se aprobaron el 2 de diciembre de 2016 en el Real Decreto-ley 3/2016. Entre estas cabe destacar la modificación del impuesto sobre
sociedades para ampliar su base fiscal. Respecto al IVA, se introducen limitaciones a las condiciones para conceder aplazamientos así como un nuevo sistema de suministro de información inmediata. En el ámbito de los impuestos especiales, se
aumentan los gravámenes sobre bebidas alcohólicas y labores del tabaco. En el caso de los ingresos de la Seguridad Social, en el mencionado real decreto-ley se aprobó la ampliación de las bases máximas de cotización en un 3 %.
En conjunto se prevé que los ingresos tributarios, antes de la cesión a los entes territoriales, aumenten en un 7,8 % en 2017 y las cotizaciones sociales en un 6,3 %, lo que, dada la previsión macroeconómica y el impacto de las reformas
tributarias mencionadas, significaría una respuesta de la recaudación a la evolución de la actividad superior a la observada históricamente, y significativa en el caso de las cotizaciones sociales, para las que se prevé un avance superior al de sus
bases -empleo y salarios-, incluso teniendo en cuenta el efecto recaudatorio de los cambios normativos. Si además se tiene en cuenta también la incertidumbre que rodea las estimaciones del impacto de los cambios normativos en el ámbito impositivo,
resultaría necesario realizar un seguimiento continuo de la evolución de la recaudación durante el ejercicio de manera que se pueda reaccionar a tiempo en el lado del gasto o en el de los ingresos en caso de que se materialicen los riesgos para el
objetivo de déficit.
Por otra parte, en un país tan descentralizado como es España, en el que más del 40 % del gasto público es realizado por las administraciones territoriales, el presupuesto que afecta al Estado y a la Seguridad Social muestra solo una visión
parcial de la política presupuestaria del conjunto del sector público para todo el año. Desde esta perspectiva, adquiere especial relevancia la actualización del programa de estabilidad que se publicará en los próximos días, dado que consolida los
presupuestos de las administraciones dependientes del Gobierno central con los de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Este documento es el que debe permitir un análisis completo de las previsiones presupuestarias y es de hecho el
que toma la Comisión Europea para emitir su valoración sobre nuestra política fiscal.
Entro ahora a hacer algunas reflexiones sobre la importancia de la consolidación presupuestaria. Nuestra ratio de deuda pública a PIB se mantiene en niveles muy elevados. A pesar de su reciente estabilización se sitúa en cerca del cien por
cien, más de 60 puntos por encima de su nivel previo a la crisis. Además, el déficit público, tanto total como estructural, es también muy alto y superior al de la mayor parte de nuestros socios europeos. El ajuste pendiente es todavía
significativo a pesar del contexto actual de elevado ritmo de actividad y niveles reducidos en los tipos de interés, un contexto que implica precisamente condiciones bastante favorables para reducir el déficit público estructural y la ratio de deuda
pública sobre el PIB. La reducción del desequilibrio fiscal resulta importante tanto para moderar los costes financieros futuros asociados a la deuda pública como para reducir la vulnerabilidad de la economía ante eventuales endurecimientos de las
condiciones financieras, sin olvidar la necesidad de recuperar márgenes de maniobra de la política fiscal ante eventuales escenarios adversos de crecimiento. Por todo ello, resultaría crucial adoptar una perspectiva temporal que fuera más allá del
ejercicio presupuestario anual, con un diseño detallado y creíble de corrección del déficit público orientado a reducir de modo gradual el endeudamiento público. La actualización del programa de estabilidad, a la que antes me he referido,
proporciona una oportunidad para definir un plan de estas características que encaje los planes de los presupuestos de todas las administraciones públicas en el marco de una evolución macroeconómica y de las finanzas públicas en el medio plazo.
No querría dejar de mencionar que este proceso de consolidación es además fundamental para alcanzar el objetivo de situar las finanzas públicas en una mejor posición para afrontar los retos del envejecimiento poblacional. La evolución
demográfica está siendo, y lo será aún más en el futuro, un condicionante esencial de la evolución de ciertas partidas de gasto público como la sanidad, el cuidado de los mayores y en particular, claro está, las pensiones. Un condicionante que
deberá ser tenido en cuenta en la estrategia de consolidación tanto en el corto como en el medio y largo plazo.
Por último, no debemos olvidar que, más allá de la pauta de reducción del déficit público, la intensidad y duración del proceso de desapalancamiento público dependerá también de factores macroeconómicos, en particular del potencial
crecimiento de nuestra economía. En efecto, los problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas pueden verse aliviados si evolucionan de modo favorable el empleo y la productividad. La mejora de las perspectivas de crecimiento de la actividad
y del empleo de nuestra economía sigue requiriendo profundizar en distintas reformas estructurales. El retraso en la aplicación de estas reformas
o una hipotética reversión de las introducidas desde el inicio de la crisis dañarían sin duda las perspectivas de crecimiento.
Ya concluyo. Nuestra economía continúa registrando tasas de crecimiento del producto y del empleo elevadas y está mostrando una resistencia notable a la paulatina desaparición de los llamados vientos de cola. Esta dinámica positiva se
produce en un contexto en el que, además, se mantienen las ganancias de competitividad, nuestras exportaciones siguen ganando cuota de mercado y persiste un sustancial superávit frente al exterior. Esta situación favorable, no obstante, no puede
entenderse en el sentido de que España haya logrado superar completamente los desequilibrios acumulados en la anterior fase de expansión que terminó con la crisis de 2007, como muestran, entre otras, las cifras de desempleo, de endeudamiento público
y las necesidades de financiación exterior. Las reformas que permitan aumentar el potencial de crecimiento de nuestra economía, manteniendo las ganancias de competitividad y las políticas de consolidación fiscal, son condición precisa para avanzar
en la necesaria reducción del déficit y de la deuda pública, controlar los costes de financiación de la economía, mejorar la posición de nuestra balanza de pagos y, desde luego, incrementar la capacidad de nuestra economía para crear empleo.
Muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor gobernador.
A continuación intervendrán los grupos parlamentarios según el orden habitual. En primer término, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor gobernador, en nombre del Grupo Socialista queremos darle la bienvenida a esta Comisión de Presupuestos en la que estamos analizando el presupuesto para este año 2017. Como siempre, hay debates importantes sobre la economía española,
pero, a nuestro juicio, su comparecencia está relacionada con tres grandes debates que en este momento hay sobre la economía española por parte de las mayores agencias de análisis económico y los institutos económicos más importantes de España y del
mundo. El primer debate es sobre lo transitorio o no de los factores que están impulsando el crecimiento económico en Europa y también en España y, por tanto, sobre los factores permanentes de ese crecimiento de cara al futuro. Ese es un primer
debate al que usted ha hecho referencia en su intervención. El segundo debate, que no es solo del Partido Socialista o de la izquierda europea o española, es sobre si el crecimiento económico es inclusivo o no. La OCDE, el Fondo Monetario
Internacional, la Comisión Europea, están debatiendo sobre el actual crecimiento económico del capitalismo y, en el caso de España, sobre si es o no inclusivo el crecimiento económico. Y un tercer debate importante para nosotros es, en la nueva
agenda de regulación y de resolución, cómo eso afecta en el caso de España a los contribuyentes y, por decirlo de una manera más técnica, a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, es decir, simplificando, cómo el sistema financiero
puede afectar a los contribuyentes y al presupuesto para el año 2017. A esas tres cuestiones me gustaría referirme en mi intervención.
Sobre la importancia de las fuentes permanentes del crecimiento y de la productividad, usted ha hecho referencia a ello, hay bastante unanimidad en los informes de los organismos internacionales en cuanto a que esos factores transitorios
irán desapareciendo. Insisto, usted ha hecho referencia en su intervención a esa cuestión. Por consiguiente, todos los organismos nacionales, también el Banco de España en sus informes, vuelven la mirada sobre la productividad aparente del factor
trabajo o sobre la productividad total de los factores, y ahí los resultados son, desgraciadamente, pobres y sobre eso es sobre lo que la política fiscal española debería incidir. En los años de la recuperación económica en nuestro país los
incrementos de la productividad han sido prácticamente nulos, muy pobres. El propio Gobierno reconoce para estos presupuestos que la productividad va a disminuir, pero incluso las estimaciones que tiene para los próximos años lo que dicen es que la
productividad va a ser muy baja, prácticamente nula. Si vamos a la productividad total de los factores el propio Banco de España lo que dice es que a partir del año 2011 vamos alejándonos de la productividad total de los factores de los países más
desarrollados de la Unión Europea y también del mundo. Entonces la pregunta es qué puede hacer la política económica española cuando ha desaparecido la posibilidad o no tienes autonomía sobre la política cambiaria o la política monetaria, qué puede
hacer la política fiscal. En ese sentido lo que vemos -y es una valoración que hace el Grupo Socialista a la luz de este presupuesto y de los últimos presupuestos- es que en el caso de la I+D+i ha disminuido un 20 % estos años su presupuesto, pero
lo más preocupante no es que haya disminuido, lo más preocupante es que el año pasado la ejecución del presupuesto en I+D+i fue del 38 %,
sí, el 38 %, y son los datos de la IGAE -el 38 %-. O la política de promoción comercial e internacionalización, en cuyo caso hay unas disminuciones del 32 %, o en la política industrial del 34 %.
Señor gobernador, decía en su comparecencia la secretaria de Estado de Economía y Competitividad cuando vino a la Comisión de Presupuestos -y esto lo conecto con las exportaciones y la competitividad de la economía española- que en todas las
recuperaciones, en todas, la economía española sale mejorando las exportaciones, y las exportaciones ocupan el hueco que dejan otros sectores. Lo que está sucediendo ahora no es ninguna novedad en la historia de España, es lo que ha venido
sucediendo en nuestro país. ¿Cuál es la novedad? Que esta vez se hace con un esfuerzo fundamentalmente de los trabajadores y de las rentas medias, es decir, lo que se ha producido ha sido una devaluación interna. Y desde nuestro punto de vista la
política fiscal debería contribuir a compensar a los que han hecho el esfuerzo para esa ganancia de competitividad. Y cuál es nuestra sorpresa cuando el excedente bruto empresarial crece, gana peso en el PIB, pero lo que se hace es bajar el
impuesto de sociedades para que se premie a ese excedente bruto empresarial que ha ganado peso en el PIB. Por eso le decía que hay otro debate importante desde el punto de vista de la sostenibilidad del crecimiento: si el crecimiento español llega
o no llega a la mayoría. Ahí todos los organismos internacionales son también concluyentes: no llega a la mayoría a pesar del crecimiento económico. Es decir, el empleo temporal, los parados de larga duración, la tasa de paro juvenil, los
salarios bajos, de miseria en algunos casos, el nivel de pobreza, el nivel de pobreza infantil son un cuadro explosivo que tiene un efecto directo sobre el coeficiente de Gini, y tiene un efecto directo sobre el bienestar de la sociedad española, de
la mayoría de la sociedad española, un efecto evidentemente negativo.
¿Qué hace la política fiscal española? Hay crecimiento económico, pero se baja la imposición directa, se sube la imposición indirecta y el gasto social en relación al PIB disminuye y además pierde poder de compra. En el caso por ejemplo al
que usted ha hecho referencia de las pensiones la autoridad fiscal nos dijo la última vez que pasó por esta Comisión de Presupuestos que entre 2017 y 2022, si no se hace nada, los pensionistas van a perder en torno a 10 puntos de poder adquisitivo
en estos años, si no se hace nada, y las pensiones son una parte importante de la política social. Ese es el segundo debate que creemos relevante que tiene que ver con su comparecencia y que está relacionado con la política fiscal. Y en cuanto al
tercero me gustaría hacerle, si me permite, algunas preguntas concretas que tienen que ver con su gestión y con la autoridad independiente que usted dirige. Efectivamente hay una agenda de supervisión, hay una agenda de resolución bancaria, y eso
tiene una repercusión sobre los contribuyentes en el presente y en el futuro. Más concretamente querríamos conocer, señor gobernador, su opinión sobre la evolución de los pasivos contingentes del sistema financiero español sobre las finanzas
públicas españolas. Por ejemplo, ¿a cuánto estima usted, señor gobernador, que ascenderán las ayudas financieras con efectos sobre el déficit público en 2017? En 2016 ha sido de prácticamente 2400 millones de euros. Hay noticias a través de los
medios de comunicación sobre algunas entidades financieras privadas. ¿Cuál es su estimación? ¿A cuánto ascendería en el presupuesto, en el déficit y por consiguiente en los contribuyentes su impacto para este año? Todos los años tiene impacto, el
año pasado 2400 millones de euros. ¿Qué le parece el plan de negocio de la Sareb? ¿Qué le parece desde el punto de vista de su consistencia y desde el punto de vista del efecto que pudiera tener sobre el déficit público y sobre el perímetro de la
deuda pública española? El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 establece un límite en la cuantía de los recursos ajenos del Fondo de reestructuración ordenada bancaria en este año que asciende a 18 500 millones de euros. El
Banco de España forma parte del FROB. ¿Qué cantidad estima que se puede utilizar de esa autorización, si se aprueban los presupuestos, que cantidad se daría al FROB de esos 18 500 millones de euros?
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.
El señor SAURA GARCÍA: Termino prácticamente ya, señor presidente.
El patrimonio acumulado a 31 de diciembre de 2015 del Fondo de garantía de depósitos en el ejercicio de 2015 es de 1022 millones de euros, el más bajo de los conocidos. La tasa de cobertura es también de las más bajas. ¿Qué opinión le
merece esa evolución? Termino ya. ¿Qué opinión le merece la evolución de la deuda del Banco de España con el intrasistema? Estamos hablando de 363 000 millones de euros. Está creciendo. Estamos hablando del 35 % del PIB. Señor gobernador,
¿esto es preocupante? Queríamos saber por qué está creciendo cuando hay superávit por cuenta corriente de la economía española. Finalmente, a la luz de la evolución de los tipos de interés, ¿le parece realista la cantidad que el Gobierno ha
consignado para el pago de intereses de la deuda en los Presupuestos Generales del Estado? En
cuanto al beneficio del Banco de España para el Tesoro previsto en los Presupuestos Generales del Estado, que es de 1566 millones de euros para este año, ¿qué le parece la evolución de los beneficios del Banco de España que se incorporan al
Tesoro?
Muchas gracias, señor gobernador. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Únicamente un inciso. Está prevista mañana, para su conocimiento y también del compareciente, la comparecencia del presidente del Fondo de reestructuración ordenada bancaria.
Dicho esto tiene la palabra el portavoz del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Montero.
El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor gobernador. Muy honrado de tenerle en esta casa.
Seré breve porque no pretendo hacer un discurso alternativo al suyo, no creo que sea ese nuestro papel aquí, pero tampoco creo que sea el suyo venir a hacer una valoración de los presupuestos en términos generales, y no entrar en la
consideración de aquellos elementos vinculados a la institución que usted preside y que pueden tener repercusión sobre los presupuestos y sobre el déficit, como la ha tenido en el pasado reciente a pesar de que no se reconocían esas posibilidades en
comparecencias anteriores. Sus opiniones sobre la evolución en términos generales de la economía española me parecen muy bien, aunque no las comparto, pero quiero saber cosas muy concretas en relación con la institución que preside y su repercusión
en las cuentas públicas, que en última instancia es de lo que estamos hablando aquí. Desde el año 2011, según sus datos y los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, los ciudadanos españoles han contribuido con casi 47 900
millones al rescate de las instituciones financieras, con repercusión en el déficit público. Es decir, han sido financiadas a costa de recortes en los gastos y de incrementos en los ingresos. De hecho es el segundo rescate bancario, por coste, más
elevado de la Unión Europea, solo detrás del de Irlanda. El impacto sobre el déficit ha sido de 4,2 puntos en términos del PIB y de 1,9 puntos en términos de las ayudas a nivel europeo. La gracia nos ha costado a los españoles bastante dinero y me
gustaría saber, al igual que el año pasado no previeron que iba a haber una repercusión de casi 2 décimas en términos de producto interior bruto sobre el déficit, vinculado a rescates de instituciones en el segundo trimestre a los que hubo que hacer
frente, cuál es su previsión sobre la situación del sistema financiero, sobre los pasivos contingentes y sobre determinados esquemas de protección de activos que están todavía en el aire y que podrían tener una repercusión significativa el próximo
año sobre las cuentas públicas.
En segundo lugar, me interesa saber su opinión acerca de que el Gobierno utilice el mecanismo de los reales decretos para puentear las circulares que ustedes emiten para aflorar, en el caso concreto de la Sareb, las minusvalías que se
producen en su cartera de activos inmobiliarios, y haga un ejercicio de contabilidad creativa para evitar que lo que ustedes plantean en términos de transparencia de la situación quede momentáneamente encubierto, porque a fin de cuentas esas
minusvalías van a acabar saliendo en el año en que haya que liquidar el negocio de la Sareb.
En tercer lugar, ya que ha entrado en el terreno de la política fiscal, permítame hacer otras consideraciones. No termino de entender por dónde sugiere el Banco de España que hay que ir resolviendo el desequilibrio fiscal, en un contexto en
el que el déficit público español es el más elevado de toda la Unión Europea. Es cierto que venimos haciendo un ejercicio intenso, pero eso no quita para que sigamos teniendo el déficit público más elevado de Europa, y es de común conocimiento que
es producto de una insuficiencia manifiesta de los ingresos. Se lo decía ayer a la secretaria de Estado de Economía. Es la primera vez en más de veinte años que se rompe la relación entre tasa de crecimiento del producto interior bruto y tasa de
crecimiento de los ingresos impositivos. ¿Qué opinión le merece que estemos teniendo tasas de crecimiento que no repercuten de forma positiva y aumentada en los ingresos públicos?
En cuarto lugar, hoy salían los datos relacionados con el crecimiento inclusivo. No puedo evitar hacer alusión al mismo y preguntarle su opinión porque, ya que viene a opinar sobre el conjunto de la economía española, hágalo también sobre
la situación de los españoles, en concreto sobre la del 28 % de los mismos, que según los últimos datos publicados hoy por el INE se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. En apenas un año la situación ha mejorado en 0,7 puntos básicos
de reducción de la tasa de pobreza. Hemos pasado del 28,6 al 27,9 % en 2015 a pesar de que la tasa de crecimiento de los ingresos de los hogares ha crecido un 2,5 % y a pesar de que el incremento de los ingresos medios per capita ha crecido un 2,8
%. Eso nos está diciendo que el incremento de los ingresos se está, o bien
concentrando, o bien dispersando de tal manera entre la sociedad española que hace que aquellos que se encuentran en una situación de mayor debilidad no tengan acceso a las aparentes mejoras de la economía a las que usted ha hecho alusión en
su discurso. ¿Qué relación tiene -esta es la pregunta concreta- esta senda excesivamente lenta de recuperación de las condiciones de vida de los ciudadanos -por llamarla de alguna manera- con los ejercicios de consolidación fiscal vinculados, entre
otras cosas, al mayor coste del rescate financiero y con la consolidación fiscal que usted sigue planteando, en términos de no revertir reformas estructurales que han tenido impactos importantes sobre los ingresos salariales y las condiciones de
vida de los ciudadanos?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montero.
Ahora tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Roldán.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gobernador, bienvenido a esta Cámara. Es un placer tenerle aquí y poder hablar un poco de economía y repasar cuál ha sido el rol de su institución, particularmente en relación con los presupuestos.
Básicamente quiero comentar cinco cuestiones sobre competitividad, ayudas financieras, el Fondo de garantía y cuestiones de confianza relacionadas con el presupuesto, y después reflexionar un poco sobre cuál ha sido y cuál debe ser el rol
del Banco de España en la economía española con los cambios que ha habido en los últimos años. En términos de competitividad simplemente quiero plantearle algunas cuestiones. Siempre se hace un diagnóstico aquí del desastre de nuestro mercado
laboral, pero jamás se proponen soluciones. (Rumores). El Banco de España tiene un reconocidísimo servicio de estudios, y me gustaría que valorara los gigantescos problemas de dualidad laboral que tenemos en nuestro país. Somos el país con mayor
dualidad de Europa, después de Polonia, y con una tasa de temporalidad altísima. ¿Qué soluciones cree el Banco de España que se deben implementar para solventar los gigantescos problemas de dualidad que ninguno de los dos grandes partidos han
abordado en los últimos quince o veinte años? En la misma línea es verdad que ahora tenemos unas cuentas exteriores un poco más equilibradas, pero ha habido un periodo en el que hemos tenido un espacio fácil para hacer reformas. Toda la literatura
académica diría que con unos constraints externos tan grandes, con una crisis tan profunda y con la cobertura del Banco Central Europeo era una oportunidad extraordinaria para hacer reformas estructurales y cambiar el ritmo de crecimiento y la
potencial productividad del país. ¿Cree usted que, además de la estabilización de la economía -que es evidente que se ha conseguido bajo la supervisión del MOU con la reforma bancaria y tras la reforma laboral-, se han hecho suficientes reformas en
España para recuperar unos equilibrios externos sensatos y tener una economía realmente productiva que nos permita mantener el Estado del bienestar en el futuro?
En segundo lugar, quería preguntarle por las ayudas financieras. Ya las ha mencionado antes y no me voy a alargar, pero es verdad que cada año nos encontramos una pequeña sorpresa. Desde 2012, cuando se contabilizaron en el déficit 38 000
millones de coste del rescate, cada año tenemos esto que en jerga de Bruselas se llama un oneoff y que ya no es un oneoff, porque ya llevamos cuatro y cinco años en los que reconocemos 3000, 1500 y más de 2000 millones el año pasado. ¿Vamos a tener
una nueva sorpresa este año? ¿Van a tener los españoles otra vez que contribuir al rescate con una nueva sorpresa? ¿Va a reconocer Bruselas eso como un oneoff? ¿Es creíble realmente? Para que tengan confianza en las instituciones es bueno que
los ciudadanos sepan cuál es el coste real del rescate financiero, que hasta ahora ha sido de 47 900 millones, según la última Intervención General de la Administración del Estado.
En tercer lugar, quería preguntarle por el Fondo de garantía. Se publica todos los días que tenemos fragilidades todavía en el sistema financiero español. También es verdad que el Fondo de garantía de depósitos, que es un fondo que
estableció el Banco de España hace tiempo anticipándose a muchos otros, desgraciadamente no fue suficiente para cubrir el escándalo del boom y el desastre financiero que sufrimos después, pero es cierto que ahora está a cero. ¿Qué piensa hacer con
el fondo el Banco de España, va a apretar más a los bancos para que contribuyan? ¿Cree que estamos en una situación de fragilidad porque puede haber rescates o puede haber problemas en la banca?
Respecto a la confianza los intervinientes que me han precedido, el Grupo Socialista y Podemos, ya han dicho que no van a votar o no van a participar de este presupuesto. ¿Qué coste orientativo cree usted que podría tener para la economía
española, y en consecuencia en términos de gasto de intereses por ejemplo de la deuda, que no hubiera presupuesto en este país? Dicho de otra manera, si perdemos la confianza de los inversores internacionales que financian nuestra deuda y nos
acabamos gastando todo
el dinero en intereses, al final no podremos hacer políticas para responder al drama social que vivimos; por tanto no apoyar el presupuesto y no intentar redireccionar las políticas -como ha hecho este partido que represento- nos parece
absolutamente irresponsable. ¿Qué impacto cree usted que tendría en la confianza del país no aprobar un presupuesto?
Finalmente quiero hacer una reflexión muy rápida -y con esto termino, señor presidente- sobre el rol del Banco de España. Es cierto que el Banco de España en la última década, en la década del boom, era el principal responsable de la
supervisión en España, y es cierto que ha habido acusaciones de politización o de mala gestión al menos de su institución, de hecho hay algunos procesos judiciales abiertos. Probablemente este no sea el lugar, pero le pido que tengamos la
oportunidad de poder hablar de esto con más calma en otra ocasión. Me gustaría saber si usted cree que hemos hecho suficiente o qué cree que debemos hacer para asegurarnos de que no se vuelve a repetir -si es que lo ha habido- un exceso de
politización o interferencias en el trabajo de su institución.
Con este termino. Muchas gracias, señor gobernador.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roldán.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Partit Demòcrata quiero dar la bienvenida al gobernador del Banco de España.
Si me lo permiten, me gustaría empezar por donde ha terminado el portavoz de Ciudadanos. Creo que hoy no es el momento, pero sí me parece interesante coger este reto de hacer un monográfico, quizá en el marco de la Comisión de Economía,
sobre el papel o el rol del Banco de España a lo largo de los próximos meses. Estamos al inicio de una legislatura que no sabemos si será muy corta o muy larga, pero desde nuestra óptica los acontecimientos también hacen que podamos y debamos
debatir largamente sobre esta cuestión. Yo no le voy a plantear hoy nada al respecto, simplemente voy a ceñirme a algunas cuestiones estrictamente relacionadas con el presupuesto y a algunas de las previsiones que el Banco de España -y hoy su
intervención- nos ha dejado encima de la mesa. Efectivamente la tasa de evolución del PIB que plantean es incluso ligeramente superior a la que plantean los Presupuestos Generales del Estado, y coinciden prácticamente con la mayoría de los
analistas privados. No obstante a nosotros nos gustaría profundizar también sobre estos riesgos que apunta y que se deben tener en cuenta. Además, sabiendo que eso es muy difícil de cuantificar, me gustaría saber si tienen alguna aproximación con
relación a qué impacto podría tener la posibilidad de que el brexit no evolucionara favorablemente sobre estas previsiones, y ya no sobre otras cuestiones, que van a depender estrictamente de posicionamientos de Gobiernos de otros Estados. Pero sí
me gustaría que habláramos un poco del objetivo de déficit. Usted establecía que el 3,1 es un objetivo compatible con la senda fijada efectivamente, pero nos gustaría conocer su opinión, si nos la puede dar, sobre la posibilidad de cumplimiento
real de este objetivo. Como usted planteaba este objetivo significa reducir el déficit un 1,4 % del PIB. En los últimos años difícilmente se ha superado el 0,8, por tanto estamos planteando una reducción de prácticamente el doble de la media. No
llegamos a identificar qué elementos podrían posibilitar este cumplimiento del objetivo de déficit, vistos los presupuestos y cómo ha ido la evolución de los ingresos, que después voy a concretar, a lo largo de los últimos años. Nos gustaría
conocer su opinión al respecto, pero no tanto sobre si lo ve compatible con la senda fijada, sino si lo ve factible; y si no fuera así, cuáles son los riesgos que identifica. En su intervención ha dejado apuntado alguno, pero nos gustaría conocer
su opinión. Asimismo nos gustaría saber si coincide con otras instituciones que en estos momentos están fijando el déficit estructural, en el caso de la economía española, en torno al 2,5 %. Si fuera así, para nosotros este es un dato relevante.
Como ha planteado también algún portavoz, y de hecho el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sostuvo en esta sala hace pocas semanas que identificaba una cierta inestabilidad entre ingresos públicos y evolución
de la economía, en su intervención advertía que había un crecimiento de los ingresos tributarios superior de lo que se podría desprender del cuadro macroeconómico y también de las cotizaciones sociales. Esta mañana hemos hablado precisamente de
esta cuestión. Me gustaría saber si en el Banco de España tienen identificada esta realidad, que al menos durante el último año se ha constatado. Quisiéramos que nos pudieran aportar algo de luz sobre los motivos a los que se debe, más allá de una
inflación baja.
Usted constataba una cuestión que es real, y es que los objetivos de déficit este año los asumen principalmente la Administración General del Estado y la Seguridad Social, más la Administración General del Estado que la Seguridad Social, que
hace una aportación también reducida. En todo caso, y sin ánimo
de matizar ni de contradecir, quisiera dejar constancia de que a lo largo de los últimos años las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo importante, y especialmente si me permiten decirlo las corporaciones locales, sobre cuyo superávit
descansa el exceso de déficit de otros niveles. Aquí las tienen un tanto acotadas mediante una regla de gasto, que si es injusta en algún nivel de la Administración es en relación a las corporaciones locales. En todo caso nos gustaría conocer
esencialmente su opinión respecto a la posibilidad de alcanzar estos objetivos de déficit, tal como le he planteado.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.
Para concluir, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Palmer.
La señora PALMER TOUS: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular quisiera dar la bienvenida a esta Comisión de Presupuestos al gobernador del Banco de España y agradecerle su comparecencia.
El informe trimestral del Banco de España, pero también múltiples informes de organismos nacionales e internacionales afirman que la economía española es una economía robusta. A pesar de sus riesgos, que evidentemente reconocemos, riesgos
internos, como el elevado paro o endeudamiento, y riesgos externos, como ha comentado usted, podemos afirmar que la economía española tiene un crecimiento robusto. Además, creo que podemos añadir que es una economía -porque los datos así lo
confirman- que es la que más crece entre los países de la zona euro y entre los países desarrollados que denominamos de tamaño significativo. Los datos de contabilidad nacional no hacen sino confirmar esa fortaleza que estoy describiendo, con
crecimientos el año pasado del 3,2, superiores a la media de la zona euro del 1,7, es decir, casi el doble, y además hablamos de un crecimiento previsto para este año por parte del Ministerio de Economía del 2,5, que es asimismo una previsión
superior al crecimiento del resto de países de la zona euro. En este punto me gustaría destacar que este Gobierno ha optado por ser prudente en sus proyecciones, algo que creo que nos distingue respecto a ejercicios pasados, a anteriores Gobiernos
en sus predicciones. Sin ir más lejos, el propio ministerio en su cuadro macroeconómico realiza una previsión, como he dicho, del 2,5, inferior a la de muchos organismos en sus previsiones, como el propio Banco de España, que lo ha estimado -el
gobernador lo ha dicho- en el 2,8; por lo tanto, tres cifras inferior. Esta prudencia se ha ganado la credibilidad por parte del Ministerio de Economía a la hora de hacer previsiones. En anteriores Gobiernos lo que se hacía constantemente eran
revisiones a la baja, lo cual minaba profundamente la credibilidad de la política económica que se estaba llevando a cabo, y lo que está ocurriendo en la actualidad es todo lo contrario, a lo que estamos asistiendo es a constantes revisiones al
alza; por lo tanto, creo que hay que valorar positivamente este dato.
Siguiendo con el cuadro macroeconómico, con los datos recientes que conocemos de principios de 2017 podemos confirmar que la economía española prosigue su impulso a pesar de que ciertos expertos anunciaban desaceleración a principios de año,
lo cual ha sorprendido a analistas y expertos. Esta evolución de la economía española ha ido sorprendiendo, como digo, con crecimientos superiores a los esperados, a múltiples analistas, y lo ha hecho evidentemente de forma muy positiva, superando
año a año las expectativas. Como resultado de esta dinámica, los mercados e inversores internacionales han mejorado notablemente la percepción de la economía española con el consiguiente impacto positivo sobre nuestra economía. En este punto nos
podemos preguntar cuáles son los motivos de que tengamos este crecimiento más intenso respecto al resto de países. Yo creo que no han sido solo los vientos de cola, como se empeñan en afirmar quienes no quieren reconocer lo que hemos realizado.
Evidentemente, los menores precios del petróleo y la política monetaria llevada a cabo por el Banco Central Europeo han tenido efectos positivos, no cabe más que reconocerlo, pero no podemos limitarnos a la existencia de esos factores externos como
los únicos impulsores y explicativos de ese crecimiento diferencial más intenso en el caso español. Es evidente que aquí ha habido un esfuerzo por parte del pueblo español y sobre todo una política económica muy seria, que se ha llevado a cabo, y
se sigue llevando a cabo, por parte del Gobierno del Partido Popular. Esa política económica se ha basado en dos grandes pilares, que son una política fiscal responsable, seria, de consolidación presupuestaria, elemento que el propio gobernador ha
dicho que es clave para mantener el crecimiento que estamos llevando a cabo, y también una agenda reformista, una serie de reformas de las que simplemente destacaré dos: por un lado, la reforma que se llevó a cabo en el sector financiero -aquí se
ha hablado de ella-, una reestructuración del sistema financiero que tenía como objetivo, entre otras cosas, recuperar la confianza internacional. Es verdad que tuvo un coste para el erario público, pero estoy segura de que si se hubiera llevado a
cabo
antes esa reestructuración del sistema financiero el coste hubiera sido muy inferior, porque en anteriores Gobiernos lo que se hizo fue una inyección de liquidez sin medida adicional alguna y evidentemente tuvo un coste, y lo que se ha hecho
en esta legislatura, ya desde principios de 2012, es inyectar pero además acometer reformas que iban a reestructurar el sistema financiero. Gracias a esa reforma, cinco años después, ya nadie duda de la solvencia del sistema financiero español.
Antes el sistema financiero español era un lastre, ahora es una garantía. Por lo tanto, este elemento ha sido clave para entender ese crecimiento diferencial español. Actualmente, este sistema no genera incertidumbres sino todo lo contrario:
confianza. Por otro lado, una reforma que todo el mundo también comenta, que es la reforma del mercado laboral, una reforma en su marco normativo. Ha aumentado notablemente la capacidad de reacción del empleo frente al crecimiento, y aquí me
gustaría recodar a aquellos que nos acusaban de que aumentar la flexibilidad de un mercado rígido lo que haría sería aumentar la destrucción de empleo. Se está demostrando con datos -no voy a dar otra vez datos de creación de empleo porque lo hemos
hecho sobradamente- todo lo contrario: esta reforma está creando de una forma intensa empleo. A esas medidas -reforma del sistema financiero, reforma laboral-, podemos añadir otras específicas en beneficio de pymes y autónomos, que son los
principales responsables de esa creación de empleo y otra serie de medidas reformistas. En este punto, quiero señalar que hoy mismo el representante de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos, ha pedido la aprobación de los presupuestos puesto
que son positivos para ese colectivo tan importante.
Señorías, son todas reformas que han tenido un papel muy relevante en los incrementos de competitividad de nuestras empresas. La mejora de la competitividad está en el núcleo de ese crecimiento sólido que estamos experimentando y es
protagonista del cambio de modelo al que estamos asistiendo, con una aportación positiva de la demanda interna -también se ha dicho aquí-, pero también con una aportación positiva por parte del sector exterior. Es decir, expansión de la demanda
interna, del mercado interno acompañado de superávit por cuenta corriente, elemento novedoso -no tan repetido, señor Saura- en el caso español y creemos que estructural. La economía española, gracias a esa política económica realizada, ha llevado a
cabo un cambio importante y ahora ya hemos dejado de ser un lastre, ya no somos un problema sino parte de la solución. Por eso creo que, aparte de esa política fiscal de consolidación presupuestaria, debemos proseguir también con la agenda
reformista. Desde este grupo político seguiremos defendiendo no solo el mantenimiento de las reformas que se han adoptado sino la profundización en aquellas que todavía son necesarias. En este contexto me gustaría preguntarle al gobernador del
Banco de España cuáles son los factores que cree que están detrás de este crecimiento económico diferencial español. Es decir, en ese balance que se hace entre vientos de cola e impulsos positivos que se han originado a raíz de las reformas que han
permitido esas ganancias de competitividad, dónde estaría para el gobernador la explicación correcta, la explicación más cercana a la realidad.
Entrando en los presupuestos muy brevemente, estos presupuestos recuperan, una década después, los niveles de producción y de ingresos tributarios que teníamos antes de la crisis. Son los presupuestos que permiten el mantenimiento del
crecimiento económico y, por tanto, la fuerte creación de empleo. El dato más reciente es que en el año 2016 se han creado más de 600 000 nuevos puestos de trabajo, por lo que vemos factible alcanzar los 20 millones de ocupados en el año 2020. Yo
creo que estos presupuestos demuestran que se puede combinar de una forma equilibrada varios elementos: la reducción del déficit y de la deuda pública, el crecimiento económico y no solo el mantenimiento sino incluso el crecimiento del gasto
social. Estos últimos presupuestos así lo demuestran. Por lo tanto, la política económica de este Gobierno ha conseguido esta excelente combinación.
Para finalizar mi intervención me gustaría realizar una reflexión en voz alta. Quisiera plantear una pregunta que creo que nos debemos hacer todos: ¿Estos presupuestos que se presentan contribuyen a la mejora de nuestra economía? Yo creo
sinceramente que sí. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, para renovar los programas que vencieron en 2016 es necesario aprobar un nuevo presupuesto para actualizar las partidas de gasto correspondientes. Son necesarios para extender los
beneficios del crecimiento económico y la creación de empleo a todos los ciudadanos. Sin esos presupuestos no podemos realizar ni nuevas inversiones ni programas de estímulo económico ni crear ayudas a colectivos que lo necesiten ni incentivos a
determinadas actividades. Por lo tanto, son necesarios para que nadie se quede fuera de la recuperación económica. También son necesarios para modernizar y racionalizar el funcionamiento de las administraciones públicas. Aquí tenemos, por
ejemplo, la necesidad del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los agentes sociales en la Mesa de la Función pública. Tenemos que devolver el esfuerzo que se ha realizado, y en ese marco se encuentra la mejora del empleo
público, reduciendo la interinidad. Finalmente, aunque no menos importante, también es imprescindible un nuevo presupuesto para dotar a las comunidades autónomas con 5387 millones de euros de financiación adicional para que estas puedan
llevar a cabo sus políticas de gasto más importantes; más del 70 % del gasto de las comunidades autónomas es gasto social, sanidad, educación y servicios sociales. Yo creo que es evidente que si no se aprueban perdemos una gran oportunidad. Por
eso, nuestro grupo parlamentario cree sinceramente que no podemos oponernos, que nadie debería oponerse a seguir creando empleo, favoreciendo el gasto social de las comunidades autónomas, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya concluyendo, señora Palmer.
La señora PALMER TOUS: Repito, nadie debería oponerse, aunque creo que es verdad que alguien lo hará, pero en ese caso lo que estarán haciendo es atender a intereses partidistas más que al interés general de todos los ciudadanos españoles.
Debemos ser responsables, atender a ese interés general, porque creo que ese debe ser nuestro objetivo -y no solo nuestro objetivo sino nuestra obligación- como servidores públicos que somos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Palmer.
Para contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el gobernador del Banco de España, señor Linde.
El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a todos por las preguntas y por el tono constructivo de todas ellas. Voy a intentar responder de modo ordenado a las diferentes intervenciones, aunque algún solape será inevitable.
Hay una cuestión que han mencionado varios intervinientes. España está en una situación económica -no diré única en la historia porque eso sería exagerar- bastante poco frecuente y es que vamos a cumplir cuatro años consecutivos de fuerte
crecimiento, fuerte creación de empleo y no menor superávit exterior. Esto es bastante importante. Ese triángulo virtuoso se ha dado en España otras veces en los últimos cuarenta años, pero no muchas. Ese triángulo virtuoso no es fácil de
alcanzar y el año 2017 va a ser el cuarto año consecutivo de esta situación, favorable sin lugar a dudas. Esto es como un puzle que es difícil de construir en el que falta una pieza sin la que no se puede acabar el puzle. La pieza que permite
construir este puzle es la competitividad, la mejora de la capacidad de competencia frente al exterior. Cuando se dice frente al exterior quiere decir frente al exterior y frente a la importación en el interior, capacidad de competencia frente al
exterior en todos los sentidos, evidentemente. Eso es lo que permite cerrar el puzle. Hay que explicar cómo es posible estar en esta situación. Sin duda alguna, los vientos de cola han sido importantes, los factores exteriores. Por supuesto que
el precio de la energía ha sido importante, por supuesto que la política monetaria del BCE ha sido muy importante y no solo en el sentido de dar financiación en momentos clave para nuestra economía y nuestro sistema financiero, sino en el sentido de
trabajar para acabar con la fragmentación que teníamos en el mercado financiero en plena crisis. En los años 2012 y 2013 todos los señores diputados recordarán lo distinto que era para una pequeña empresa española pedir un crédito en comparación
con una pequeña empresa francesa o alemana; las condiciones eran muy distintas. Esa fragmentación ha desaparecido, se ha superado. Es un gran logro de la política monetaria del BCE, sin duda alguna, como lo fue en momentos muy difíciles para
nuestro sistema financiero -el año 2012 fue un año muy difícil- la liquidez que suministró el BCE a nuestra banca y a otros sistemas bancarios. Por consiguiente, ha habido otros actores, pero ha sido fundamental reconstruir la competitividad
perdida. Lo que nos pasó en el año 2012 no se produjo de repente, no cayó del cielo, era la consecuencia de perder competitividad año tras año. Eso se puede medir con las cifras, es indiscutible que fue así, que entre el año 2001-2002 y 2008
España perdió competitividad de modo muy relevante y que entre 2011 y 2014 se recuperó. Ese es el resumen de la historia. Eso se hizo a base de un esfuerzo muy duro fiscal, en el mercado laboral y en otras cosas. Es decir, lo esencial que ha
ocurrido en nuestra economía es que lo que perdió hasta 2008 lo recuperó entre 2011 y 2014, si recuerdo bien las cifras. Por tanto, los vientos de cola son importantes sin duda alguna, la ayuda que para España ha representado la política monetaria
del BCE ha sido importante, pero hay otros factores, reformas y medidas que han sido también claves para entender lo que ha ocurrido. ¿Qué esos vientos de cola no van a desaparecer de modo brusco, pero sí puede ser que en el futuro sean menos
importantes?
Seguro que sí, porque yo creo que hay que contar con que ese empuje exterior no va a durar o no va a durar siempre, por lo que es bueno que la política económica prevea esta situación.
El señor Saura ha mencionado un aspecto que creo que es indiscutible y que el Banco de España ha tratado en diversas ocasiones. Me refiero a que la evolución de nuestra productividad es pobre, es una producción pobre en los últimos años,
como así lo reflejan todas las cifras y todos los estudios, por lo que no es nada original el mencionarlo otra vez. La explicación de a qué se debe esta evolución -que no es buena- es muy compleja y obedece a diversos factores, por lo que cualquier
explicación simplista es insuficiente y no vale para nada. Tenemos una evolución pobre en esa materia y parte de la explicación de que esto sea así -medirlo con objetividad es muy difícil- tiene algo que ver con nuestro mercado laboral y con la
dualidad. Seguro que sí. Nosotros pensamos que la dualidad de nuestro mercado de trabajo no favorece la productividad y no favorece un funcionamiento eficiente del mercado laboral y de las empresas. Esto es un hecho. Creo que todos los
organismos que tienen algo que decir sobre este aspecto, y sobre todo el Banco de España, que tampoco tiene una posición original porque lo dicen otras muchas instituciones, siempre han pensado que la dualidad en nuestro mercado de trabajo es un
problema que hay que resolver. ¿Cómo resolverlo? Tampoco es tan fácil, pero hay que intentarlo. Lo que no parece realista es resolverlo diciendo: extendamos la protección que tienen los contratos indefinidos a todos los contratos, sin excepción.
Es una solución simplista que tiene su atractivo político, en el que yo no quiero entrar, pero probablemente no es una solución realista ni en cuanto al coste ni en cuanto a su contribución para resolver verdaderamente el problema y hacer un mercado
de trabajo eficiente. Pero lo que está claro es que algo hay que hacer al respecto.
El señor Saura también ha mencionado aquellas partidas claves o importantes para la productividad que no se ejecutan, por ejemplo, en investigación y desarrollo. Pero más allá de esta cuestión, querría hacer una referencia al tema de la
inversión. La gran partida de ajuste de nuestro ajuste fiscal, de nuestra consolidación, ha sido la inversión pública -esto está clarísimo-, en el sentido de que si desde el punto de mayor déficit al punto de menor hemos reducido este déficit en un
poco más de 6 puntos, la mitad de esa reducción corresponde a reducción de la inversión pública. Es verdad que si la comparamos con el año 2007 o 2008 -no lo recuerdo exactamente- esa comparación tampoco es correcta, porque fue un año de
sobreinversión pública que superó el 5 % del PIB, y no podemos compararnos con el momento de mayor inversión pública en términos de PIB sino con un momento más normal o medio. Pero incluso haciendo ese ajuste, haciendo esa observación, es evidente
que la gran partida de ajuste de nuestro déficit ha sido la inversión pública. Esto puede hacerse, y si no hay más remedio se hace, pero un país que tiene un potencial como es España y con la calidad de nuestro sistema productivo, no puede mantener
siempre una inversión pública tan baja. Entonces, está claro que ahí tenemos un problema y España solamente necesita aumentar su inversión pública, pero insisto en que no se trata de recuperar los niveles de sobreinversión que hubo en los años 2007
y 2008, porque eso tampoco es razonable. Pero digamos que no es bueno para una economía que se mantenga la inversión pública en niveles tan bajos o que sea siempre la partida de ajuste, naturalmente no es una medida que sea favorable si se mantiene
mucho tiempo. Por eso, yo creo que más allá de los renglones que siempre se mencionan de I+D+i que son más conocidos, hay que hacer una reflexión sobre el conjunto de la inversión pública. Esto es importante e insisto en que no se trata de
mantener los niveles de sobreinversión del año 2007, no se trata de eso, sino de mantener una inversión pública un poco más sostenida y un poco más elevada. Esto creo que es importante a efectos del futuro de nuestra productividad.
En cuanto a la cuestión de la inclusión, si es un crecimiento inclusivo o no inclusivo, todos los estudios que tenemos indican que el factor más importante, el más decisivo, el más dramático de desigualdad y de no inclusión, es el paro, es
el desempleo. Eso lo dicen todos los estudios disponibles serios. No hay factor, no hay maquinaria de creación de desigualdad y de creación de pobreza y de empuje hacia la desigualdad, más potente que el desempleo, el paro. Por consiguiente, no
hay mecanismo más potente y más favorable de aumento de la igualdad o de disminución de la desigualdad y de inclusión que crear empleo. Esto yo creo que está tan claro que no deberíamos perder el tiempo en demostrarlo. Entonces, la creación de
empleo es la medida más potente que existe, desde luego en España, para generar inclusión y para disminuir la desigualdad. Es verdad que hay empresas con un excedente bruto creciente y nuestra central de balances lo dice muy claramente, que hay
empresas que han mejorado su posición muy claramente; pero otras todavía no. A veces se hace esa pregunta retórica de si ha llegado el momento de subir salarios y hay que contestar que en unas empresas sí, en otras no, sencillamente. Una
respuesta general a esa pregunta no tiene sentido, porque sabemos que hay empresas que pueden hacerlo perfectamente -y que
deben hacerlo- y otras que no pueden hacerlo. Por consiguiente, yo creo que dado que conocemos las deudas de las empresas y tenemos una excelente central de balances en el Banco de España, donde se puede ver un análisis micro, muy detallado
de la situación empresarial de verdad, creo que la respuesta a esa pregunta es en el fondo la respuesta a la misma pregunta relativa al empleo. Porque si se obliga a una empresa que está al borde del cierre a subir salarios esa empresa no va a
crear empleo; esto es evidente. Sin embargo, hay empresas que perfectamente pueden crear empleo y subir salarios. Por tanto, depende de la situación de cada empresa, porque no todas las empresas son iguales. Entonces, naturalmente a mí me parece
que la idea clave es que subir salarios puede tener sentido en muchas empresas, pero en otras no. Lo peor que puede hacerse es empujar a una empresa que está en situación de pérdidas y cercana a una crisis grave a subir salarios porque eso no es
más que crear desempleo, acelerar la destrucción de empleo. Esto es así de sencillo. Luego, la realidad es muy complicada y hay que analizarla y todas esas matizaciones, pero la idea clave es que no hay mecanismo más potente de generar desigualdad
que el desempleo y, por consiguiente, no hay mecanismo más potente de disminuir desigualdad que crear empleo, pero naturalmente la creación de empleo está ligada a los costes de las empresas y las empresas no son todas iguales: unas pueden generar
empleo o aumentar los salarios y otras no pueden. Eso lo sabemos perfectamente. Entonces hay que hacer esa discriminación que yo comprendo que es compleja y tiene sus problemas políticos, obviamente; pero el fondo del tema es éste. El fondo del
tema es que no es posible pensar en disminuir la desigualdad, en generar un crecimiento inclusivo sin tener en cuenta la diferente situación de las empresas y el hecho de que a veces está justificado y es perfectamente razonable subir los salarios y
a veces no, y a veces se pueden subir los salarios más y otras veces menos; depende, no hay un juicio general sobre el tema ni puede haberlo.
En cuanto a política fiscal, realmente creo que el Banco de España no tiene entre sus funciones defender una versión fiscal u otra, o estar más a favor de los impuestos directos o de los indirectos. No es nuestra función, nuestra función es
señalar, si podemos hacerlo, hechos objetivos. Por ejemplo, que en España el peso de los impuestos indirectos es mayor que en los países de nuestro entorno económico es un hecho estadístico comprobable a través de los datos de Eurostat; no es una
afirmación partidista sino objetiva. Esta es una función política, es una función del Parlamento: tener en cuenta las implicaciones políticas de una cosa y otra y tomar decisiones sobre esa materia.
Hablando de las pensiones, que es un punto que viene muy a propósito de esta reflexión, es evidente que cuando teníamos inflación negativa o muy baja, el mecanismo de indexación de las pensiones no generaba problemas de pérdida de poder
adquisitivo. Es razonable pensar, y sería absurdo no recordarlo o esconderlo, que si la política monetaria del BCE tiene éxito -y esperamos todos que lo tenga-, vamos hacia una situación con más inflación. Si tenemos más inflación, naturalmente la
aplicación del actual mecanismo de indexación lleva a pérdidas del poder adquisitivo de las pensiones. Esto es un hecho clarísimo. Por consiguiente, hay que tomar decisiones políticas que, evidentemente, corresponden al Gobierno y al Parlamento.
No creo que sea una función del Banco de España sugerir nada al respecto; sí le corresponde señalar que hay un hecho indiscutible que es que salimos de una situación de inflación muy baja, donde este problema no se planteaba, y si ahora entramos en
una situación de inflación no muy alta pero sí de inflación, eso cambia. Esto hay que considerarlo, pero es una cuestión que tiene que considerar el Parlamento, no el Banco de España. Me parece que estamos todos de acuerdo en eso.
También quería hacer una referencia sobre qué esperamos en términos del coste de ayudas financieras para el sistema financiero. Lo que está previsto para el año 2017 es muy poco, es en torno a un 0,1 del PIB. No tengo ahora en la cabeza el
detalle de eso, pero son cosas menores. Ahí no puedo anticipar lo que al final pueda ser porque hay unos esquemas de protección de activos cuyo coste efectivo se conoce a final del año, no al comienzo, pero, en principio, lo que está previsto es
una cantidad muy moderada, repito, una décima del PIB. También tengo que decir -y agradezco la observación del señor presidente- que es verdad que el Banco de España está representado en la rectora del FROB, pero el FROB ya no está en el ámbito del
Banco de España, está en el ámbito del Ministerio de Economía y Competitividad. Quería recordar este hecho. Con esto no quiero decir que me desentienda de lo que haga el FROB. No, me interesa mucho, pero el FROB ya no está en el ámbito del Banco
de España sino del Ministerio de Economía. Por consiguiente, debo respetar lo que aquí venga a comentar el presidente del FROB.
Por lo que se refiere a nuestro sistema financiero, es verdad que el sistema financiero español tiene una deuda con el BCE, con el eurosistema, porque nuestros bancos, como todos los bancos del eurosistema, acuden a las ventanillas de
liquidez del BCE, que ahora es una ventanilla ordinaria, la
ventanilla de los llamados LTRO, que son fondos orientados a que se concedan créditos -hay diversas ventanillas-, pero ahí todo es normal y no nos debe preocupar en absoluto. Nuestra banca acude a esa financiación igual que el resto de los
bancos de los países miembros de la unión monetaria y, por tanto, con acceso a la liquidez del BCE. Ahí no veo ningún motivo de preocupación; eso es financiación ordinaria del BCE y se hace con la banca española igual que con otros bancos del
eurosistema. Hay unos movimientos financieros que están relacionados con el programa de la compra de activos, pero eso tampoco implica ningún problema. Eso es totalmente normal y no supone ningún riesgo financiero de ningún tipo. En cuanto a la
deuda de nuestra banca con el BCE en las ventanillas ordinarias de financiación de liquidez y a las operaciones ligadas a la compra de activos españoles -como se hace con los activos de todo el eurosistema- no veo ningún problema ni preocupación de
ningún tipo. Es posible que me deje algo, pero creo que he agotado los comentarios que me hacía el señor Saura.
Entro en los comentarios del señor Montero. Se ha referido con frecuencia al coste del rescate bancario y a lo que va a ocurrir este año. En cuanto al coste del rescate, el Banco de España, desde hace varios años, publica dos veces al año
el estado de la cuestión con todo detalle. Quiero volver a repetir una vez más -lo he dicho muchas veces, pero creo que hay que repetirlo- que las cifras que ha mencionado el señor Montero son correctas, totalmente correctas (El señor Montero
Soler: Son suyas), pero el rescate bancario no se hizo para salvar a los consejeros de administración ni a los accionistas, no se hizo para salvar a los directores generales, se hizo para salvar los depósitos. Esta es la verdad del asunto y esto
es lo que hay que repetir una y otra vez porque es estrictamente la verdad. Si no hubiera sido por el rescate, los depositantes hubieran perdido sus depósitos.
La alternativa en España, igual que en los demás países que han hecho un rescate bancario -exactamente igual, porque no somos una excepción, no somos un bicho raro, somos un bicho totalmente corriente-, era salvar los depósitos de los
depositantes. Si no hubiera sido por el rescate bancario, nuestros bancos hubieran quebrado y los depositantes habrían perdido sus depósitos. Esto es así de sencillo y así de contundente. Se pueden dar las vueltas que se quiera pero esta es la
verdad de la historia. Alguien puede pensar que es mejor que los depositantes pierdan sus depósitos; en fin, es una posición legítima, pero es una posición que no han adoptado ninguna autoridad ni ningún Gobierno europeo nunca, jamás en la
historia. Así de contundente. No hay ni un solo Gobierno europeo -no sé si en el siglo XVII o XVI, no sé si en siglos pasados, pero desde luego no en los últimos cincuenta años-, ninguno, que haya tomado la decisión de dejar a los depositantes
perder sus depósitos. Me equivoco, hay un caso muy especial que no es aplicable, y es el caso de Chipre hace tres años. Es un caso muy especial por muchas razones que quizá no viene al caso explicar aquí, pero fue por un importe muy especial y
eran unos depósitos muy especiales; no quiero entrar en ese detalle. Salvo ese caso, todas las operaciones de salvamento de bancos que ha habido en Europa, y ha habido muchas -puede coger el cuadro que ha publicado Eurostat y ahí está todo
contado-, han sido para salvar los depósitos de los depositantes. Esto hay que repetirlo una y otra vez porque se olvida. Es un coste financiero por supuesto, eso está claro, porque hubo depósitos que hubo que salvar y otros que no, efectivamente.
Dicho esto, las cifras son correctas. El Banco de España las publica cada seis meses, es decir, cada año publicamos dos veces una nota de prensa con todo detallado y, efectivamente, ese es más o menos el importe. ¿Cuál va a ser el coste
final? Pues no sabemos, porque efectivamente hay esquemas cuyo coste se sabrá cuando acaben; por ejemplo, ese esquema de procedencia de activos se sabrá al final, y además no sabemos efectivamente cuánto va a recuperar el Estado cuando se
privatice el complejo formado por Bankia y por BMN, no sabemos. Para saber cuál será el coste final habrá que esperar al resultado de la venta de lo que es aún propiedad del Estado a través del FROB. Esto es lo que puedo comentar.
El señor MONTERO SOLER: ¿Hay réplica? Me dice cosas que son inciertas, pero no puedo replicar. (La señora Palmer Tous: Es lo que hemos decidido. No se pueden cambiar las reglas en medio del partido.)
El señor PRESIDENTE: Si no le importa, deje terminar al compareciente.
El señor MONTERO SOLER: Solo preguntaba si había réplica, pero me ha respondido la diputada del Grupo Popular. No sabía que era la presidenta. (El señor Olano Vela: Lo aclaramos por si acaso. Habla con el presidente, no te dirijas a
nosotros).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor gobernador. Le he pedido por favor a su señoría que le dejase terminar. (Rumores).
El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Linde de Castro): Creo que he dicho lo que me parecía más interesante.
Sobre la modificación vía normativa, vía decreto de la circular contable que se aplica a Sareb, yo solo puedo decir que, por supuesto, el Gobierno ha ejercido sus poderes de un modo totalmente legítimo y que al Banco de España le parecía una
modificación que no tenía objeción. Efectivamente, era una modificación de algo previsto en una circular, pero no nos parecía que hubiera razón para no decir que era perfectamente legítimo y perfectamente legal lo que se hizo y que también estaba
de acuerdo con normas contables. Por tanto, no tenemos nada que observar en ese sentido.
De igual modo que es importante entender que el rescate bancario tenía como finalidad básicamente salvar los depósitos, es importante entender que cuando se habla de la necesidad de la consolidación fiscal, eso no responde a un interés
abstracto por el equilibrio fiscal, ni responde meramente a obedecer unas normas que vienen de Bruselas, es algo mucho más serio que todo eso. La consolidación significa básicamente impedir el crecimiento continuo de la deuda pública, así de
simple. Si no se hace la consolidación, los déficits se van acumulando, naturalmente, y eso es más deuda pública en relación con el PIB. Eso hace imposible el manejo de cualquier política, incluso de una política social defendible. La no
consolidación lleva a la continua acumulación de deuda y a que todo el presupuesto quede prisionero del coste de la deuda y de su peso en los gastos del Estado. La consolidación es imprescindible no ya para que nos respeten en el club de la unión
monetaria, en el club de la Unión Europea, en las normas fiscales de la Unión Europea, sino imprescindible por nosotros mismos, aunque no fuéramos miembros de la Unión Europea. Teníamos que consolidar. Teníamos que contener el crecimiento continuo
de la deuda en relación con el PIB. Eso es lo que significa consolidación, controlar el crecimiento de la deuda en relación con el PIB, así de simple. Naturalmente, eso se puede hacer de un modo o de otro, puede haber varias formas de hacerlo, a
un ritmo o a otro, eso es naturalmente discutible, pero cuando un país pasa, como le ha pasado a España, del 37 % del PIB de deuda pública al 100 % en el espacio de siete años es que algo muy importante y grave ha ocurrido y es algo que hay que
parar, porque, si no se para, ese país pierde toda capacidad de gestionar sus finanzas públicas, en una palabra, y queda muy vulnerable, porque su financiación depende del exterior básicamente. Insisto, la consolidación es necesaria, no meramente
porque seamos miembros de ese club, no meramente porque nos lo pidan, no meramente porque nos parezca que es mejor el equilibrio fiscal que el no equilibrio, sino porque es imprescindible para no perder el control de las finanzas públicas y para
tener unas finanzas públicas manejables y no aumentar aún más la vulnerabilidad frente al exterior. Por consiguiente, la consolidación es imprescindible. Se puede hacer de un modo o de otro a varias velocidades, pero como tal la consolidación es
necesaria e imprescindible. Esa es la opinión del Banco de España y, desde luego, mi opinión.
Entro ahora en los comentarios del señor Roldán. Estoy totalmente de acuerdo en que la dualidad es un problema, un problema grave. Cuando uno compara las cifras, ve que apenas varía la proporción. El peso de la dualidad en nuestro mercado
laboral tiene variaciones, pero cuando se comparan en plazos medios está igual. No se consigue ni que suba ni que baje, esa es la verdad de la situación. Que la dualidad no es buena está claro -todos pensamos lo mismo- y hay que ver qué se puede
hacer. ¿Cómo se puede solucionar? Acercando los incentivos, pero el incentivo en bajo coste de despido -vamos a decirlo con claridad- es muy alto en el componente temporal y muy bajo en el fijo. Se ha discutido mucho y no es función del Banco de
España venir aquí a hacer propuestas -no es nuestra materia-, pero, si me pregunta, lo razonable en términos económicos en este problema y en todos en los que se comparan incentivos es acercarlos. Este es un razonamiento bastante elemental,
bastante sencillo.
En cuanto a las cuentas exteriores, no están equilibradas, sino en superávit. Llevamos cuatro años -vamos camino de cinco- con un superávit muy importante. Por eso decía que no es que España no haya estado nunca en esta situación, sino que
es una situación bastante excepcional. No es nada fácil estar en ese triángulo virtuoso y está fuera de toda duda que el ajuste salarial y los ajustes de costes laborales han tenido influencia en ello.
Por lo que se refiere a las ayudas financieras, ya he respondido. Lo que está previsto para este año tiene un impacto muy pequeño, pero no lo recuerdo en este momento con detalle. Puede que sea un poco más o un poco menos, no lo sé, pero
la previsión en este momento es del 0,1 % del PIB.
El señor Roldán ha hecho una pregunta retórica, pero por supuesto tenía su significado: ¿Qué ocurre si el presupuesto se rechaza? No quiero entrar en temas políticos, pero estoy seguro de que tendría consecuencias de coste para nuestra
economía. Si un país se queda sin presupuesto y hay un inicio de mayor inestabilidad política o económica seguro que se refleja en el coste de financiación tanto público como privado. Es claro que eso puede ocurrir.
Finalmente, se ha hablado de interferencias en el trabajo del Banco de España y tengo que decir que yo no he vivido ninguna. Ha habido discusiones -es inevitable- y puntos de vista distintos, naturalmente, pero es que eso es la vida misma,
la vida de las instituciones. Ahora bien, yo no tengo conciencia de que haya habido interferencias rechazables. Hay discusiones -es lógico-, pero yo no he vivido ninguna interferencia.
Con respecto a los comentarios del señor Bel, por supuesto estoy abierto a que la Comisión de Economía me convoque cuando lo estime oportuno para hablar de lo que considere conveniente. Así de contundente y de claro soy. Entre los riesgos
que teníamos, hemos salvado uno gravísimo, el de Francia. Ahí teníamos un riesgo muy importante, pero se ha salvado y los mercados lo han acusado de forma inmediata. He dicho en mi intervención que un riesgo que siempre se tiene cuando uno hace un
presupuesto, sea este u otro cualquiera, es sobreestimar los ingresos. La estimación que el Banco de España hizo de ingresos impositivos y de cotizaciones aconsejó una vigilancia bastante estrecha de cómo iba el año y si había una desviación había
que actuar bien en ingresos, bien en gastos o bien en ambos lados. Nos pareció, dadas las elasticidades históricas, que la previsión de ingresos era un poco elevada, pero estas cosas son muy inseguras porque ha habido cambios normativos. La
estimación de ingresos realmente es muy difícil y los errores son muy corrientes. Lo único que he dicho y que repito es que nos parecía que la estimación de ingresos era un poco optimista, pero eso tiene una fácil solución: se vigilan los ingresos
y gastos y, si hay un desvío que amenace no cumplir con el 3,1 % de déficit, se actúa. Supongo que eso es lo que tienen en la cabeza las autoridades respectivas y eso lo que yo puedo comentar sobre esa inseguridad.
Ahora responderé a la señora Palmer. Muchas gracias por sus comentarios. Ya me he referido a que ha habido vientos de cola, pero eso no es lo único que explica la situación. La situación española, que es bastante excepcional en cuanto a
fortaleza económica y al mantenimiento de dicha fortaleza, se explica por otras cosas además de los vientos de cola. También ha habido vientos de cola para Francia o para Italia y todos sabemos que su situación es muy distinta. Estas son cosas
elementales. Me parece legítimo y no puedo discutir que haya propuestas relativas a corregir o rechazar la reforma laboral del año 2013. Lo único que puedo decir es que en España ha habido una creación de empleo muy fuerte. Las cifras están ahí y
no son discutibles. Todo se puede mejorar, pero es evidente que en España ha habido creación de empleo en los últimos cuatro años. Lo más importante es que aquello que se haga no nos lleve a perder competitividad, que es la pieza que falta para
terminar el puzle, como dije antes. ¿Cómo se produjo nuestra crisis desde el año 2000 hasta el año 2010? Esa crisis tuvo muchos elementos, por supuesto, pero un elemento importantísimo, que está en las cifras de Eurostat y que no se puede negar,
fue la pérdida de capacidad de competencia frente al exterior. Esa capacidad de competencia frente al exterior se perdió en parte por una evolución mala de la productividad y en parte por una evolución salarial que no era sostenible. Esto está en
las cifras de Eurostat y no se puede discutir, porque está ahí. Todo es discutible, pero hay que tener cuidado para no hacer algo que afecte otra vez a la competitividad y que nos lleve a perder competitividad frente a la media europea. Eso sería
algo realmente peligroso. Siempre que se tenga la idea básica de mantener nuestra competitividad frente al exterior, todo es discutible y reformable. Como dije al principio, no hay política social más potente que crear empleo y no hay política
social más destructiva que destruir empleo. Debemos conseguir acompasar una subida salarial -seguramente hay sectores donde eso es posible- con no destruir empleo. La flexibilidad en España no ha dado mal resultado a juzgar por las cifras y por la
evolución del empleo, pero quizá también haya cosas a mejorar.
Finalmente, la estimación del déficit del 3,1 % es perfectamente factible este año. Nos parece razonable si se montan los mecanismos para corregir desviaciones significativas de ingresos o gastos, sobre todo en el lado de los ingresos. Si
existe ese mecanismo de vigilancia, ese 3,1 % es perfectamente factible.
Muchas gracias. (El señor Montero Soler pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Montero, según las normas de esta Comisión -y además vamos muy justos de tiempo- no hay réplica, pero puedo darle treinta segundos. (Rumores.-Protestas).
El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia. (El señor Roldán Monés: Señor presidente, yo también quiero intervenir.-La señora Palmer Tous: Todos queremos intervenir.-El señor Saura García: Señor
presidente, todos -o yo por lo menos- querríamos intervenir).
El señor PRESIDENTE: ¿Todo el mundo quiere intervenir? (El señor Hurtado Zurera: Señor presidente, es lo que se acordó en Mesa y portavoces).
El señor MONTERO SOLER: Dé treinta segundos colectivos.
El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que lo que se acordó en Mesa y portavoces fue que excepcionalmente habría otro turno en caso de que hubiese alguna cuestión no contestada. ¿Se refiere a eso, señor Montero?
El señor MONTERO SOLER: Sí, claro.
El señor ROLDÁN MONÉS: Yo también tengo preguntas no contestadas, pero es que entonces podemos pasarnos aquí tres horas. Lo digo en serio, yo también tengo preguntas no contestadas.
El señor MONTERO SOLER: Pues reivindícalas.
El señor ROLDÁN MONÉS: Es que entonces nos pasamos aquí tres horas.
El señor MONTERO SOLER: Yo no tengo nada que hacer en toda la tarde. ¿Tú tienes otra cosa que hacer?
El señor ROLDÁN MONÉS: Pues sí, trabajar.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, hay otro compareciente pendiente y llegará en cinco minutos.
El señor MONTERO SOLER: Usted dirá. Yo soy disciplinado con la Presidencia, solo con la Presidencia. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, las reglas establecen que no hay turno de réplica. Seguramente no tiene la misma opinión que el gobernador, pero la comparecencia está prevista para que el gobernador dé su opinión, con la que
evidentemente veo que no está de acuerdo.
El señor MONTERO SOLER: Hombre, creo que hay formas distintas de hacer el rescate bancario para que accionistas...
El señor PRESIDENTE: Sí, por supuesto que las hay.
El señor MONTERO SOLER: ... y acreedores asuman el coste parcial de sus inversiones y no pase lo que ha ocurrido en este país y se diga de esta manera y además en esta sede.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Nada más. Hacemos una pausa para recibir al siguiente compareciente. (Pausa).
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (GONZÁLEZ-PANIZO TAMARGO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (Número de expediente 212/000690); SOCIALISTA (Número
de expediente 212/000504) Y POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000386).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.
Reanudamos la sesión con la comparecencia de don Alfredo González-Panizo, subsecretario de Economía, Industria y Competitividad. De acuerdo con el orden pactado, en esta comparecencia de nuevo comenzamos con las preguntas que tenga a bien
formular el Grupo Parlamentario Socialista, cuya portavoz, la señora Botella, tiene la palabra.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
Gracias, señorías, señor subsecretario. La verdad es que no hay buenas noticias para la economía, la industria y la competitividad en España, y no las hay en lo que dependa de estos Presupuestos Generales del Estado, y el señor
subsecretario lo sabe perfectamente. El Ministerio de Economía ha sido definido por su titular como un ministerio horizontal que se ocupa de la competitividad del conjunto de la economía española, la verdadera palanca de cambio de modelo productivo
al que aspiramos. En 2017 el ministerio se va a ocupar de un 9,6 % menos, que es en lo que se reduce su presupuesto, a pesar de sumar a sus competencias las de industria. ¿En qué programas se reduce el presupuesto? En la mayoría. Con la
improvisación además con que se ha procedido a la modificación orgánica de los ministerios se ve que nos les ha quedado mucho tiempo para defender el presupuesto de su departamento. Ha habido tanta improvisación que la explicación de las políticas
de gasto van por un lado y la gestión y la distribución de competencias de los ministerios por otro. Un ejemplo relevante: la Oficina Española de Patentes y Marcas, hasta el año 2016 en el Ministerio de Industria, en el último baile cae en el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y me gustaría que me explicara qué relación existe entre la propiedad industrial y la energía o entre la propiedad industrial y la agenda digital del Gobierno. A nuestro modo de ver es realmente
estrambótico y tengo interés en conocer su opinión cuando menos porque en la página web del ministerio resulta que en el organigrama que sale en el primer pantallazo aparece bajo su inmediata responsabilidad, pero en los presupuestos aparece en
energía; por no hablar también de las caídas que han sufrido últimamente los sistemas informáticos -se ve que el tema de la agenda digital no le sienta tan bien a la Oficina Española de Patentes y Marcas-, unas caídas que sinceramente afectan mucho
a la tramitación on line que se está haciendo y que harían sonrojar a los responsables en cualquier país europeo serio.
Quizá todo este desinterés ministerial ha tenido también su traducción en el ranking internacional del registro de patentes en lo que respecta a España. El número de patentes solicitadas con origen en España ante la Organización Mundial de
la Propiedad Industrial ha caído un 8 % en los tres últimos años y veníamos de un crecimiento de 2004 a 2012 de un 78 %, según los datos que he podido manejar. Si usted considera que son otros, lo comentamos. A esto hay que añadir la no adhesión
de España a la patente unitaria europea, que es una posición inmovilista y, sinceramente, poco inteligente. Hablamos de reducciones de presupuesto que quisiera destacar y que le ruego que me explique, las que se producen en el conjunto de las
inversiones reales de los organismos autónomos de la sección 27 del ministerio, que pasan de un presupuesto de 110 a 98 millones de euros, una reducción del 11 %; las de las transferencias de capital de los planes de apoyo a pymes que, con una
dotación en 2017 de 30 millones de euros, experimentan una reducción del 46 % respecto a 2016 y, en estas mismas transferencias de capital, los programas de investigación que se reducen 10 millones de euros respecto al último año.
Por otra parte, en el resumen económico por programas del presupuesto de gastos de esta sección 27 también constatamos que se reducen la investigación científica, la sanitaria, el desarrollo tecnológico industrial, la investigación y
experimentación agraria, la oceanográfica y pesquera, la geológico-minera y medioambiental, la investigación energética, medioambiental y tecnológica. Todo ello consolida el devastador resultado de la política de I+D+i del Gobierno del señor Rajoy,
que ha hecho que se haya reducido en esta legislatura un 20 %, es decir, que haya caído en un 20 %. Con estos datos y con estas reducciones, este presupuesto, desde luego, no lo mejora. Hay, además, en este resumen económico tres reducciones más
que me gustaría que me aclarara: Desarrollo industrial disminuye un 60 % respecto a 2016; ordenación y modernización de las estructuras comerciales disminuye un 66 % respecto a 2016 y previsión y política económica disminuye un 92 % respecto a
2016, pasando de 349 millones a 26 millones. Sé que hay alguna referencia a la aportación a Grecia y una aportación patrimonial al ICO, pero le rogaría que me explicara qué pasó en 2016 que no esté previsto para 2017. Este programa, además, tiene
como finalidad -tiene su gracia- dotar al Ministerio de Economía de un conocimiento profundo de la economía española y, en particular, de sus características estructurales, así que no se comprende que se descapitalice de esta manera con la falta que
hace un conocimiento profundo de la economía española. Esa diferencia sí que me gustaría conocerla.
Otras reducciones significativas se producen en promoción comercial e internacionalización de la empresa y en el apoyo a la pequeña y mediana empresa. En este último orden de cosas quisiera centrarme en una reducción que para nosotros es
muy significativa y en la que el Grupo Parlamentario Socialista discrepa profundamente. Me refiero al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué ocurre con la mayor agencia estatal y el mayor organismo público de investigación de
España? El Gobierno lo está
tratando mal a nivel estructural y mal a nivel presupuestario. El consejo es una herramienta estratégica para la investigación y para el cambio de modelo del Estado. La producción científica del Consejo Superior no hace falta destacarla,
representa en torno al 17 o 20 % del total de España; sus investigadores constituyen aproximadamente el 6 %; es la organización que encabeza el ranking de solicitud de patentes nacionales y la mayor solicitante de patentes internacionales, como
decíamos antes. En fin, es una agencia estatal que ha venido reclamando durante la anterior legislatura que se consolide ya el contrato programa y no ha habido ningún resultado, que sepamos. Eso, acompañado de la reducción de presupuesto y de la
reducción de personal que ha experimentado en esta legislatura, es verdaderamente preocupante para una entidad así, un 9 % de presupuesto, que son casi 63 millones de euros, y 200 personas en su colectivo. También quisiera que me explicara por qué
en 2017 estamos un 13 % por debajo del presupuesto que destinábamos en el último Gobierno del presidente Zapatero, en 2005, a las becas de internacionalización para jóvenes del ICEX. Habiendo dejado un año sin convocatoria, nos preocupa que esta
partida no haya merecido un mayor esfuerzo, aunque es verdad que aumenta, puesto que hay cerca de quinientos becarios menos, porque hubo una anualidad que no se convocó en esta legislatura. Una pregunta muy singular, qué ocurre con la cuota de
participación en el CERN, que pasa de 103 millones a aproximadamente 75 millones, una reducción del 26 %.
En definitiva, señor subsecretario -con el permiso del presidente que ya me mira-, no puedo dejar de hacer una muy breve valoración económica de este conjunto. El Gobierno ha presentado a esta Cámara unos presupuestos cuya única virtud es
haberse acoplado perfectamente al viento de cola. Es el quinto presupuesto con viento de cola. El Gobierno presume de haber recortado el déficit y contenido la deuda y, sin embargo, el déficit está todavía en más del 4 % y la deuda en el entorno
del cien por cien. No hay ninguna voluntad del Gobierno de equiparar los ingresos fiscales del Estado a la media europea, pero los recortes están continuando y la photo finish no es la que año tras año nos vende el Gobierno del Partido Popular,
sino que es muchísimo peor. Es una sociedad empobrecida, son comunidades autónomas más empobrecidas, es una sociedad civil desencantada con unas instituciones que no están a la altura de las necesidades. La situación de la innovación en España la
calificaríamos de emergencia nacional y el proyecto de presupuestos para 2017 no hace sino reflejar esa falta de estrategia del Gobierno de Rajoy, ese no estar en la economía salvo para algunas cosas y un ministerio más preocupado por los ajustes
macroeconómicos a corto plazo que por transformar el modelo económico a medio plazo.
Espero sus respuestas y sus explicaciones. Muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Botella.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor subsecretario, por su comparecencia.
No voy a extenderme mucho en la valoración general de los presupuestos que ya hemos hecho de forma reiterada aquí. Como hemos dicho, son unos presupuestos que recortan 5000 millones, que consolidan todos los recortes producidos en la década
anterior y que suponen básicamente la plasmación del proyecto de país que tiene el Partido Popular; un proyecto de país en el que se disparan las desigualdades y en el que no se plantea ninguna alternativa ni horizonte de cambio del modelo
productivo, que hace falta para que nuestra economía crezca con unos pies firmes y no con unos pies de barro.
En concreto, la sección de economía -que es interesante que hablemos de ella ya que en la comparecencia del secretario de Estado fundamentalmente se habló del escenario macro- presenta un recorte de 5,3 % en comparación con 2016 y un recorte
acumulado desde la última legislatura superior al 20 %. Hay varios programas que llaman especialmente la atención como el recorte de un 2 % en investigación científica o partidas como la investigación y el desarrollo tecnológico industrial que
presentan un recorte del 65 %. Se plantea un aumento que el Gobierno vende a bombo y platillo -especialmente Ciudadanos, ya que era una de las condiciones que ponía para apoyar estos presupuestos- de en torno a un 4 % en I+D+i, sin embargo, es un
aumento de los créditos concedidos para I+D+i y no un aumento de las subvenciones, es decir, se sustituyen subvenciones por créditos. Esto es algo que ya viene pasando en los últimos años desde que De Guindos asumió la cartera de Economía y
conlleva que, por ejemplo, el año pasado no se ejecutara más del 50 % del gasto previsto en I+D+i, porque es muy fácil plantear acuerdos de no disponibilidad o no ejecutar créditos que están en los presupuestos, pero no es tan fácil no asignar
subvenciones. Por tanto, queríamos preguntarle al señor subsecretario a qué se debe este
cambio en la política presupuestaria en el Ministerio de Economía de presupuestar I+D+i en créditos y no en subvenciones. Desde nuestro punto de vista es una fórmula para evitar ejecutarlo y producir recortes encubiertos en la partida de
I+D+i.
Otras partidas que nos llaman la atención de la sección de Economía es la promoción de la internacionalización de la empresa, que se reduce un 14 %. No sé si es porque el Gobierno cree que ya estamos exportando lo suficiente debido a la
devaluación interna cargada sobre la mayor parte de los trabajadores de este país y nos preguntamos por qué reduce esta partida en un momento en el que deberíamos impulsarla para que se revirtiera la tendencia actual hacia la devaluación. La
partida de apoyo a la pequeña y mediana empresa se devalúa un 15 %. Luego al Partido Popular se le llena la boca diciendo lo que apuesta por las pymes y por las empresas, pero las partidas destinadas a favorecer las pequeñas y medianas empresas
vienen con una reducción significativa. No sé si lo único que entiende por empresas el Partido Popular es el IBEX 35 o las empresas públicas que desvían fondos a las empresas del IBEX 35. Desde 2009, el recorte en esta partida es casi del 30 % y
desde que el PP llegó al poder, del 20 %, por lo que queremos que el subsecretario nos explique a qué se debe esta reducción en la partida de apoyo a la pequeña y mediana empresa. En definitiva, el presupuesto del Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad supone un obstáculo para la promoción y transformación del modelo productivo y para crear un modelo de crecimiento sustentado en otras bases que no sean la devaluación interna y la desigualdad, que es también reflejo del nulo
proyecto de país que tiene el Gobierno. Queremos que nos explique el subsecretario a qué se debe esta reducción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Para concluir las intervenciones de los grupos políticos, tiene la palabra la representante del Grupo Popular.
La señora COTELO BALMASEDA: Gracias, presidente.
En primer lugar, quisiera agradecer, como no puede ser de otra manera, la presencia del subsecretario, señor González-Panizo, y darle la bienvenida a esta Comisión. Por otro lado, y siento mucho empezar así, voy a recriminar la actitud de
los otros grupos parlamentarios, que son corporativistas con sus propios grupos, pero nada responsables con España. Niegan la mayor y prefieren hacer mala política y faltar a la verdad porque parece que solo es cuestión de suerte, como nos decían,
y no de trabajo; díganselo a los empresarios y díganselo a los trabajadores, al 1 660 000 trabajadores que han encontrado empleo. Faltando a la verdad no reconocen la buena evolución y la mejoría notable de la salud del contexto de la economía
española. Lamentablemente, los datos están ahí, aunque no les gusten. Ya lo siento, pero se equivocan, señorías, porque esto no es ir en contra del Partido Popular, esto es ir en contra de todos los españoles, en contra de los instrumentos
adecuados para poner en marcha las medidas de política económica que son necesarias en este momento y que no solo son responsabilidad del Gobierno, sino de todos los grupos políticos con representación parlamentaria. El Gobierno y este grupo han
puesto y continúan poniendo todo de su parte para lograr el máximo consenso, como lo están demostrando con una serie de reales decretos, por ejemplo, el decreto de las cláusulas suelo o el decreto en materia financiera. Pero para todo esto, y para
más, necesitamos la colaboración de todos los grupos que representan a los ciudadanos porque están obligados a trabajar lealmente para que avancemos todos sin dejar a nadie atrás. Estos presupuestos son los presupuestos que necesita España. Este
es el quinto año de superávit y seguimos en crecimiento, pero en crecimiento del bueno; es un crecimiento con un cambio de patrón, traspasándose de la construcción a las exportaciones la sostenibilidad de España.
Como les decía, las últimas cifras de ocupación y de empleo son enormemente positivas y confirman que el empleo ha llegado y ha llegado para quedarse. Esto no les conviene, porque nos hablan de empleo precario y nos hablan de desigualdad,
pero les quiero recordar que el mayor generador de la desigualdad no es otra cosa que el desempleo; 3 millones de personas en desempleo es lo que nos encontramos y, como ya he dicho, 1 660 000 afiliados es lo que hemos recuperado. Como siempre que
llega el Partido Popular al Gobierno, la mejor política social es una buena política económica basada en la creación de empleo.
Se están revirtiendo las consecuencias de la peor crisis económica que ha vivido nuestro país, algo que no era fácil porque volver a la senda de la recuperación económica y detener la destrucción de empresas y la destrucción de ocupación ha
sido, como todos sabemos a nivel personal, algo complicado. Esto es una clara prioridad para el Gobierno y para el Grupo Popular, y así lo refleja este proyecto de
presupuestos, algo que no solo lo afirman el Gobierno o el Grupo Popular, sino que la Comisión Europea señaló del plan presupuestario remitido una vez que se constituyó el nuevo Gobierno cómo se ajustan las líneas generales a la disposición
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A su vez, los objetivos de estabilidad presupuestaria 2017, 2018 y 2019 son coherentes con la senda de consolidación fijada en la decisión del Consejo de la Unión Europea, que establece que en 2018 se pondrá
fin al procedimiento del déficit excesivo al situarnos por debajo de un 3 %. Les recuerdo que este déficit se ha reducido en más de un 50 % -más de 60 000 millones, excluyendo la deuda financiera-, bajando del 9,3 %, que nos dejó el Gobierno
socialista en 2011, hasta un 4,3 % en 2016; procedimiento, les recuerdo también, con el que entramos en 2009 con el señor Rodríguez Zapatero.
Centrándonos ya en lo relativo a la Secretaría de Estado de Economía, Industria y Competitividad, desde el Grupo Popular entendemos que el programa presupuestario de la subsecretaria es acorde con los criterios fundamentales de los
presupuestos -y, por lo tanto, del ministerio- para conseguir llevar a cabo la mejor política necesaria en este momento para este país y mejorar la competividad de nuestro tejido empresarial. Dicho esto, teniendo en cuenta el tiempo del que
disponemos, me gustaría que el señor subsecretario nos detallase cuáles son los objetivos fundamentales y concretos que se ha marcado para cumplir con el presupuesto desde la subsecretaría.
Por otro lado, entrando en las grandes cifras del proyecto de presupuestos de 2017, como todos ya sabemos, 7662 millones, de los cuales 2901 de presupuesto no financiero y 4771 de presupuesto financiero; o los 5730 millones para los once
organismos adscritos, con un total de presupuesto consolidado de 11 802, con todas estas cifras y todos estos datos pediría al subsecretario si nos pudiese explicar más pormenorizadamente algunos de ellos. Especialmente me gustaría que nos
comparase el presupuesto prorrogado para poder conocer las variaciones, los incrementos y los ajustes más destacados.
Profundizando en los ajustes que se han tenido que llevar a cabo, porque ha habido un contexto económico difícil, por la consignación del crecimiento cero y por la reforma organizativa del ministerio -le recuerdo que se incorpora la
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y la creación de la agencia estatal, que, por cierto, también le recuerdo que nos encontramos en el 2012, si no me equivoco, tres borradores de los cuales ninguno vieron la luz-,
pediría al subsecretario que nos detallase cuáles han sido los incrementos y las minoraciones que se han tenido que acometer en el presupuesto, especialmente en el financiero conjugando evidentemente la clave de la austeridad con la asunción de la
política industrial por parte del ministerio.
En cuanto a la distribución organizativa del ministerio, sabemos que se compone de cinco unidades: la subsecretaría; la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; la secretaría de Estado; la Secretaría de Estado de
Investigación; la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, desde donde se llevan a cabo, entre otras muchas actuaciones, las que coordinan y dirigen los planes y estrategias del ministerio para llevar a cabo las políticas
comerciales, las políticas económicas, las políticas de investigación, desarrollo e innovación y la política en materia de desarrollo industrial. Pues, teniendo claro el valor estratégico de estas cinco unidades que son el meollo del ministerio, le
pediría al subsecretario que fuera tan amable de puntualizarnos cómo se han ajustado en el gasto en sus presupuestos para la consecución de los objetivos manteniendo las políticas sectoriales. Por último, y si tiene tiempo, no quiero olvidarme de
los organismos dependientes, que tienen un presupuesto de 5730 millones de euros y, si es posible, que profundizase en los ajustes de gasto más destacados en cada uno de ellos.
Acabo. Eliminación de incertidumbre, recuperación de la confianza en nuestra economía y mejora de la competitividad en nuestras empresas han sido los objetivos del Gobierno y, por lo tanto, de este grupo parlamentario para mantener la
dinámica. Debemos perseverar en la política económica que tan buenos resultados nos ha proporcionado. Se trata de afianzar y potenciar el crecimiento, pero no solo del PIB real, sino del PIB potencial a la vez que reducir la tasa de paro
estructural. Se debe continuar con la reducción del déficit público como variable clave para garantizar la sostenibilidad de las finanzas, y el diseño de este proyecto de presupuestos de esta subsecretaría contribuye a la consecución de este
objetivo reforzando la credibilidad de las finanzas públicas que redundará en la mejora positiva de la prima de riesgo de la economía española impulsando el crecimiento y la creación de empleo. Por lo tanto, desde el Grupo Popular entendemos que
estos presupuestos son catalizadores de esta necesidad imperiosa para todos y desde el Grupo Popular estamos dispuestos a trabajar para reforzar, para buscar el diálogo, el consenso y el acuerdo con el resto de grupos políticos porque estamos
convencidos de que todos buscamos en el fondo lo mismo: mejorar el Estado del bienestar de todos nuestros ciudadanos sin dejar a nadie atrás.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Me referiré a una cuestión de orden, antes de pasar a la respuesta del señor subsecretario, el señor González-Panizo. Hemos cambiado el orden del día para mañana, no en el orden de las comparecencias pero sí en la duración del tiempo, y en
consecuencia le vamos a dar dos horas a la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal. De hecho es lo que hubiese acabado ocurriendo porque efectivamente había muchísimo más interés. Y hemos ido atrasando las demás comparecencias de la
mañana. Entonces la comparecencia de la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal, como habían pedido los grupos, se hará con el formato de los secretarios de Estado para que pueda exponer durante media hora y luego los grupos. (Rumores).
Hemos dedicado dos horas, con lo cual en la práctica tendrán diez minutos; pero diez minutos de verdad, aquí todos los portavoces tienen una tendencia a sobreestimar el tiempo; aunque tenemos la ventaja de que no siempre todos los grupos vienen a
todas las comparecencias. Solamente era eso.
Ya no le robo más tiempo al señor González-Panizo, que puede contestar a las preguntas de los grupos.
Muchas gracias.
El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (González-Panizo Tamargo): Muchas gracias, señor presidente.
Señores miembros de la Mesa, señorías, para mí es un auténtico honor comparecer por primera vez ante esta Comisión para exponer el proyecto de presupuestos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para el año 2017 dentro de lo
que es el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta propuesta, la propuesta general y la propuesta específica del ministerio, están en consonancia con el acuerdo del
Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas 2017-2019, e igualmente también con el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2017,
validado por el Pleno del Congreso de los Diputados en diciembre de 2016. Por tanto, especialmente en lo que respecta al presupuesto no financiero, existe una clara directriz; directriz que además ha sido ratificada por esta Cámara.
Agradezco a sus señorías todas las preguntas que me han realizado. Intentaré ir de lo más general a lo más específico, en la medida de lo posible, y siempre intentando hacerlo en un plazo de tiempo razonable. Respecto a los objetivos de
este presupuesto, fundamentalmente hay dos objetivos. El primero es ajustar y racionalizar la estructura del ministerio a lo que es propiamente el real decreto de estructura de los departamentos ministeriales y de transferencia de medios personales
y materiales y los créditos que se efectúan. Hay que tener en cuenta en esto que hay un real decreto, es el Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se crea este nuevo departamento ministerial, que tiene la competencia de proponer y
ejecutar las políticas del Gobierno en materia económica con carácter general y, evidentemente, sin perjuicio de las competencias de otros ministerios que también toman decisiones y tienen sectores relacionados con la actividad económica. Lo que es
fundamental en esta nueva estructura son dos cuestiones. En primer lugar -se ha apuntado por algunos de los intervinientes-, que la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa pasa a adscribirse al Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, lo cual, evidentemente, tiene un reflejo en el presupuesto. En segundo lugar, que también es importante, es que la Agencia Estatal de Investigación, que ya se había creado en 2015, se propone que tenga un presupuesto;
presupuesto que, al ser el primero, permitirá el ejercicio de todas sus funciones con plena capacidad, sin perjuicio de las que ya venía realizando. El segundo objetivo es elaborar unos presupuestos realistas, austeros, que sean acordes con la
situación económica y con un claro compromiso con la sostenibilidad de las cuentas públicas. No me gustaría entrar en un debate con carácter general sobre cuál es la situación económica y los datos -aunque yo creo que los datos son los que son;
los datos son objetivos- porque la señora secretaria de Estado de Economía tuvo ocasión de exponerlo ayer con bastante claridad y acierto.
Respecto al proyecto de presupuesto del ministerio, como bien decía la señora Cotelo, asciende en total a 7632,93 millones de euros, con una parte del presupuesto no financiero de 2901,36 millones de euros y otra de presupuesto financiero de
4771,60 millones de euros. Dentro del presupuesto está incluido por supuesto el de los once organismos adscritos al ministerio, que serían 5730,63 millones de euros adicionales, es decir, un total de 11 802,95 millones de euros. Aprovecho esta
primera referencia que realizo a los organismos adscritos -y contestando a la señora Botella- para decir que yo gustosamente
contestaría cuestiones relacionadas con la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero en la medida en que esta adscrita a otro departamento ministerial considero que, por una cuestión de respeto institucional, tiene que ser otro
departamento el que lo explique, como estoy seguro de que lo hará en su momento y con profusión.
Respecto a la comparativa con el presupuesto, que es una cuestión a la que también ha hecho referencia la señora Botella, es cierto que respecto al presupuesto inicial de 2016 existe una reducción. El presupuesto era de 7833,05 millones de
euros, el presupuesto que se propone es de 7672 millones, con lo cual existe una reducción de 2,04 %. No obstante -y creo que este es un dato bastante relevante-, nosotros consideramos que el término de comparación no debiera ser tanto este
presupuesto inicial -por cierto, afectado por una no disponibilidad y por un cierre presupuestario-, sino que más bien tendría que ser el presupuesto que está ahora mismo vigente, es decir, el presupuesto de 2016 prorrogado. Este presupuesto
prorrogado, en todo caso, también tiene ciertas diferencias con el presupuesto de 2016: la incorporación de los créditos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; ajustes en obligaciones de ejercicios cerrados que no
se prorrogan, por 44 millones de euros; y el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2016 con una no disponibilidad para el ministerio de 472,62 millones de euros.
Evidentemente, si comparamos este presupuesto prorrogado de 2016, que asciende a un total de 7316,29 millones de euros, lo que obtenemos es que la propuesta que ahora me corresponde defender supone un incremento de 356,67 millones de euros,
es decir, el 4,88 %, del cual el presupuesto no financiero se incrementa en 47 millones de euros, 1,68 %, y el presupuesto financiero se incrementa en 308,67 millones de euros, es decir, un 6,92 %.
También me gustaría dar una explicación, al hilo de las preguntas efectuadas por la señora Cotelo, de cuáles han sido los principales ajustes realizados en el ministerio. Creo que con esto respondo, al menos en parte, a alguna de las
preguntas formuladas por el señor González y también por la señora Botella: tienen que tener en cuenta una cuestión que es relevante y es que si se realiza una comparativa del presupuesto capítulo por capítulo, lo que fundamentalmente se podrá
comprobar es que las diferencias que puedan existir entre presupuestos se deben fundamentalmente a tres factores, más luego otra serie de ajustes que explicaré. Los tres factores son, en primer lugar, evidentemente, la no disponibilidad; en
segundo lugar, la transferencia de créditos del ministerio a la Agencia de investigación, y en tercer lugar, la integración de la Secretaría General de Industria y no solo de la secretaría general, sino también, como posteriormente expondré, de
determinados créditos de la Subsecretaría del Ministerio de Energía, que pasan al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En cuanto a la explicación del presupuesto, trataré de realizarla de manera muy breve. El incremento del presupuesto no financiero, teniendo en cuenta lo previamente expuesto respecto al techo de gasto, se debe fundamentalmente a 3,05
millones de euros que provienen de la subsecretaría del Ministerio de Energía, 26 millones de euros que provienen de los gastos de remuneración negativa de fondos del Tesoro público, 0,5 millones de euros del convenio para la internacionalización de
la economía de Canarias y 20 millones de euros para actuaciones relacionadas con la Red Cervera. La minoración es fundamentalmente de 1,65 millones de euros, contratos CORA. Con respecto a este presupuesto no financiero que está vinculado con
alguna de las preguntas que se han realizado, las inversiones reales se minoran fundamentalmente debido al acuerdo de no disponibilidad y al efecto que evidentemente ha tenido su consolidación en el presupuesto que se propone para este año 2017.
Respecto al presupuesto financiero, el incremento de dicho presupuesto se debe: 480 millones para la Red Cervera; concesión de préstamos a Canarias y El Hierro en el Programa de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad
industrial, 0,15, e incremento de 77 millones de euros en los activos financieros destinados a instituciones financieras internacionales. En las minoraciones desaparece la aportación patrimonial al ICO fundamentalmente porque no es necesaria y creo
que en esto hay que reconocer el esfuerzo que se realiza por dotar única y exclusivamente de partidas presupuestarias que sean necesarias, y en este caso se consideró que no lo era. Se minoran también las aportaciones al FIEM y al Fonpyme, cuestión
relacionada con la política comercial a la que luego haré una especial referencia; se eliminan determinados préstamos al comercio minorista, 9 millones de euros, y determinados activos financieros de la Secretaria General de Industria, 25 millones
de euros.
Respecto al proyecto de presupuestos por unidades, discúlpenme que no lo conteste con mayor profusión, en primer lugar, por una cuestión de tiempo y, en segundo lugar, por una cuestión de respeto institucional a la exposición que sin duda
con mayor conocimiento y profundidad realizarán las señoras
secretarias de Estado de Comercio y de Investigación, Desarrollo e Innovación. En todo caso, la subsecretaría, con un presupuesto de 46 millones de euros -es decir, el 0,60 % del total del presupuesto-, tiene unos incrementos que están
relacionados fundamentalmente con los créditos que se transfieren de la Subsecretaría de Energía, más algunos adicionales que están relacionados con la implantación de la Administración electrónica, cuestión esta que es de especial relevancia como
consecuencia de las nuevas leyes de procedimiento administrativo y régimen jurídico del sector público; y una minoración de créditos de 0,60 millones de euros que se transmiten a la Agencia Estatal de Investigación.
En cuanto a la Secretaria de Estado de Economía, 933 millones de euros, un 12,6 % del total del presupuesto del ministerio, el presupuesto no financiero se incrementa en un 3,44 %. Evidentemente, estoy hablando, por los motivos que he
expuesto anteriormente, respecto a lo que es el presupuesto vigente ahora mismo, es decir, el prorrogado de 2016. El presupuesto financiero se minora en 93 millones de euros fundamentalmente por la aportación patrimonial al ICO, aunque también se
incrementa en 77 millones de euros que están relacionados con las participaciones en instituciones financieras internacionales.
La Secretaría de Estado de Comercio -422,43 millones de euros, 5,51 %- se incrementa en el presupuesto no financiero 0,56 % y en el financiero se minora en un total de 52 millones de euros, que responden a la reducción de las aportaciones a
las que he hecho previamente referencia. Investigación, desarrollo e innovación, 4520,94 millones de euros del total del presupuesto del ministerio. El no financiero se incrementa en 1,18 %, 20 millones de euros, y el financiero en 480 millones de
euros. Por último, en la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa -1750,54 millones de euros, 22,81% del total del presupuesto del ministerio- el presupuesto no financiero se mantiene prácticamente estable y el financiero
se minora en un total de 26,21 millones de euros.
En todo caso, y más allá de las consideraciones que previamente he hecho sobre la incidencia de la no disponibilidad y las modificaciones estructurales -por eso las he destacado al principio- que tienen en este presupuesto, sí me gustaría
hacer referencia a algunas cuestiones que pueden afectar a algunas de las preguntas realizadas por sus señorías. Lo intentaré realizar de manera muy rápida. En primer lugar, respecto al presupuesto financiero, capítulo 8, que incide en el
desarrollo de la política industrial, de la política de investigación, desarrollo e innovación y también en la política comercial, es importante tener en cuenta que se habla de cierta minoración y de no ejecución en el presupuesto del año 2016. Hay
que tener en cuenta, y quiero pasar rápidamente porque creo que lo importante es lo que se propone para este ejercicio 2017, que en el año 2016 evidentemente nos encontramos con que la situación es distinta como consecuencia de la mejora de las
condiciones económicas y como consecuencia de la mejora en la situación de las instituciones financieras, aunque quizá determinados tipos de préstamos no tenían tanto atractivo como otros para las empresas. También hay que tener en cuenta la no
disponibilidad y el cierre anticipado, que son dos cuestiones especialmente relevantes, insisto, para valorar la ejecución. Pero si vamos al presupuesto de 2017 y atendemos a qué es lo relevante, lo primero -y esto está relacionado con alguna
crítica respecto también a que si este capítulo 8 tiene de más o tiene de menos-, creo que hay determinadas secretarías de Estado que han hecho un esfuerzo bastante considerable para ajustar su dotación presupuestaria a la demanda. Por ejemplo, la
Secretaría de Estado de Economía, que se reduce un 25 %, o también la Secretaría de Estado de Comercio, que se reduce, creo recordar, en 52 millones de euros en relación con determinadas aportaciones a distintos fondos.
En el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, creo que hay que destacar fundamentalmente dos cuestiones. En primer lugar, evidentemente todos estos incrementos se realizan atendiendo a lo que es la Red Cervera y, en segundo
lugar, la importancia que tienen estos préstamos para la gestión de fondos Feder. Es decir, al final, con una parte no reembolsable se hace más atractivo este tipo de préstamos y facilita que las empresas puedan acceder a los mismos.
También el caso de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa es una cuestión especialmente relevante. Si ustedes observan el presupuesto, lo que verán, más allá de la no disponibilidad, es que se ha realizado un
determinado enfoque a todas aquellas políticas o a todos aquellos programas que se consideran especialmente relevantes. En definitiva, se están concentrando esfuerzos en lo que se considera más importante para la política comercial: apoyo
financiero a proyectos estratégicos de desarrollo en sectores industriales prioritarios, programa de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad... También, evidentemente, se realizan algunas minoraciones, como
es la relacionada con la aportación patrimonial del ICO, pero como ya he mencionado previamente, esta tiene una causa muy específica.
Respondiendo también a una pregunta de la señora Botella respecto a la aportación a Grecia, esta aportación se elimina este año porque los Estados se han visto eximidos de tener que realizar esta aportación, sin perjuicio de que se haga en
el futuro en atención a las circunstancias. Evidentemente, lo que no es necesario no se debería incluir en este caso en el proyecto de presupuestos.
Dos ideas adicionales, y con esto definitivamente concluyo. Respecto a la Secretaría de Estado de Comercio, la reducción que ha tenido lugar en capítulo 8 respecto a FIEX, FIEM y Fonpyme y la supresión de determinado tipo de préstamos, es
fundamental destacar que la reducción no afecta a la consecución de objetivos. Es decir, se piden los créditos presupuestarios indispensables para que, además de la tesorería que tienen todos estos fondos, puedan continuar con el ejercicio adecuado
de fomento de las actividades que tienen por objeto. Por tanto -es importante destacar esto-, los límites establecidos para cada uno de estos fondos se mantienen. Así pues, si unimos la situación en la que se encuentran y que la limitación se
mantiene, no existe la restricción a la que algunas de sus señorías han hecho referencia. Cesce, por ejemplo, mantiene un techo de aprobación de 9000 millones de euros e ICEX recibe transferencias de 80 millones de euros, inferiores a las de 2016
por una caída en gastos corrientes. En el caso de investigación, desarrollo e innovación, quiero destacar el papel relevante como agente de financiación del sistema que va a tener la Agencia Estatal de Investigación.
Lo que se pretende -con esto vuelvo posiblemente al punto de partida- con estos presupuestos, además de conseguir el objetivo de austeridad, es permitir que se sigan realizando cada una de las políticas de las distintas secretarías de
Estado, fundamentalmente de las secretarías de Estado, pero antes de centrarme en las cuestiones relacionadas con cada una de ellas, quisiera destacar una cosa que me he dejado en el tintero respecto al CSIF, al Centro Superior de Investigaciones
Científicas. La propuesta es de 624,09 millones de euros, que se minora en menos de 6 millones de euros respecto al presupuesto inicial fundamentalmente como consecuencia del acuerdo de no disponibilidad de 30 de diciembre de 2016, con lo cual
nuevamente vuelvo a determinadas restricciones que existen y que han sido aprobadas.
Respecto a la situación del presupuesto, su presentación, como han tenido ocasión de manifestar otros altos cargos que me han precedido en estas comparecencias, es un acto de responsabilidad. El coste de oportunidad de no presentarlos es
sensiblemente mayor al de su aprobación y, evidentemente, en lo que afecta al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, va a permitir que cada uno de los distintos órganos superiores, fundamentalmente órganos directivos, continúen con el
ejercicio de sus funciones. En el ámbito de la Secretaría de Estado de Economía y de Apoyo a la Empresa, la señora secretaria de Estado ya tuvo oportunidad de explicar ayer las numerosas iniciativas relacionadas con la garantía de unidad de
mercado, con la eliminación de barreras a empresas y con diversos proyectos normativos, fundamentalmente financieros, que van a tener lugar en los próximos meses o a lo largo de la legislatura. En el caso de la Secretaría de Estado de Comercio,
teniendo en cuenta que las restricciones se deben fundamentalmente a un ajuste de la demanda, continúa realizando esa actividad tan importante relacionada con la internacionalización, teniendo en cuenta sobre todo la relevancia que a día de hoy la
demanda exterior, las exportaciones, tienen en la situación económica en la que ahora mismo nos encontramos. Insisto en que respecto a esta situación económica, como bien explicó ayer la señora secretaria de Estado, llevamos dos años consecutivos
creciendo al 3,2 %, lo que nos sitúa a la cabeza de los países de Europa. En cuanto a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, se mantiene la posibilidad de que a través del presupuesto financiero, de la Agencia Estatal de
Investigación y de otra serie de ayudas y subvenciones, se mantenga esta política. Estoy convencido de que mañana la señora secretaria de Estado se lo expondrá con mayor profusión. Y lo mismo ocurre con la Secretaría General de Industria, en la
que se han reorientado aquellos objetivos más relevantes. Teniendo en cuenta las limitaciones fundamentalmente de la no disponibilidad, se mantiene aquello que se considera importante para fomentar y potenciar la política industrial.
Con esto concluyo. Muchas gracias por sus preguntas y por su atención.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve, con la comparecencia del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.