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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 186, de 04/04/2017
cve: DSCD-12-CO-186
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 186
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ
Sesión núm. 8
celebrada el martes,
4 de abril de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001241) ... (Página2)
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar un plan estratégico de reactivación económica de Talavera de la Reina y su comarca. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001409) ...
- Sobre la Ley de Sociedades de Capital. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/001542) ... (Página11)
- Sobre el estímulo de las patentes y para la adhesión del Estado español a la patente europea con efecto unitario. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001578) ... (Página16)
- Relativa a la regeneración del Banco de España. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001671) ... (Página21)
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar la puesta en marcha de la iniciativa Lifewatch. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001710) ... (Página27)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A POTENCIAR LA INDUSTRIA Y EL CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001241).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, vamos a dar comienzo a la sesión.
Para conocimiento general de la Comisión la idea es que los ponentes de cada una de las proposiciones no de ley dispongan de unos siete minutos, con posibilidad de una ligera ampliación, y después para el turno de enmiendas y de fijación de
posiciones tendrán en torno a los cinco minutos. Por tanto, comenzamos con el orden del día previsto. La primera de la proposiciones no de ley es la relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo, y su autor es el Grupo
Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Para la defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra su portavoz.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias.
Intervendré con la mayor brevedad posible. Desde hace mucho tiempo en nuestro país hemos venido hablando sobre la reforma o el cambio de modelo productivo. Creo que se ha convertido en un lugar común y todos los grupos parlamentarios y
partidos políticos hablamos de la transformación del modelo productivo, pero a veces sin suficiente fundamento. Nosotros hemos presentado una PNL que voy a defender y en la que tratamos de fundamentar las razones por las que, efectivamente, hace
falta un cambio de modelo productivo, y qué instrumentos son necesarios para afrontarlo de modo que no se quede en el ámbito de la retórica. Cuando se hace un análisis macroeconómico y comparamos la evolución de nuestra economía, por ejemplo, con
la evolución de la economía alemana, nos encontramos con que, efectivamente, tenemos unas diferencias estructurales que no se derivan de un diferente comportamiento de los trabajadores o las trabajadoras, es decir, no se trata del tópico que existe
en torno a una cultura latina de mayor pereza o incapacidad para trabajar, a pesar de que en efecto se traduce en una menor productividad. Lo que tenemos que hacer es superar desde el rigor ese análisis y entender directamente que los menores
niveles de productividad de nuestro país no se derivan del tópico que acabo de describir, sino de una cuestión estructural que tiene que ver con el modelo productivo. Es muy sencillo de entender, la productividad siempre va a ser menor -teniendo
presente, además, todas las dificultades para medir la productividad en términos económicos, ya que es muy fácil medirla cuando se refiere a la producción de sillas, mesas o de componentes físicos, pero cuando estamos hablando de un conjunto
heterogéneo de producción hay que medirlo en valores monetarios y eso ya incluye un sesgo muy importante- pero, hecha esta precisión, la explicación de encontrarnos ante niveles de productividad más bajos estriba fundamentalmente en un modelo
productivo basado en bajo valor añadido. Si un país como Alemania tiene un modelo productivo con grandes industrias especializadas en el alto valor añadido, tiene la ventaja de una mayor productividad por ese lado y, al mismo tiempo, tiene un mayor
margen para poder hacer, por ejemplo, una redistribución de las rentas mucho más poderosa. Nuestro modelo productivo al estar especializado en sectores no sólo de bajo valor añadido como son la construcción o el turismo, sino que, además, son
estacionales, tenemos unas relaciones laborales que también son estacionales y eso significa precariedad. Por tanto, cuando se habla de luchar contra la precariedad o hablamos del origen de los problemas que es la propia esencia del modelo
productivo, o realmente no estamos hablando absolutamente de nada. El problema de la precariedad no es de relaciones laborales en sí mismo, de forma aislada, sino un problema del modelo productivo. Si tú tienes un modelo productivo donde los
hoteles abren seis meses al año, entonces, evidentemente, las relaciones laborales están vinculadas con ese modelo de estacionalidad. Esto es algo también muy sencillo de entender y que significa que si uno quiere combatir la precariedad de forma
absoluta, tiene que apostar por una diversificación del modelo productivo y, en definitiva, por una actividad económica en el sentido de producción, distribución y consumo que sea estable en el tiempo y que, además, tenga el suficiente valor añadido
como para hacer un reparto adecuado en términos de dignidad laboral y social.
¿Qué hace falta para ello? Hace falta pasar de la retórica a los hechos y para pasar a los hechos hacen falta instrumentos. Uno de esos instrumentos fundamentales que quiero destacar y aparece en la PNL, que ha empujado a que dos grupos
parlamentarios hayan presentado una enmienda, el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, es la banca pública. La banca pública es un instrumento necesario para cambiar el modelo productivo y tiene enormes ventajas, por ejemplo, para la gestión de un derecho humano
como es la vivienda, que a todos nos ha quedado muy claro en estos últimos años. Pero en este caso queremos destacar otra de las líneas de ventaja, ya que si nosotros queremos cambiar el modelo productivo esto no va a suceder de forma divina, por
la mano invisible de Adam Smith. De hecho, uno de los principales problemas es creer que eso va a suceder así. Ya hemos demostrado con la Unión Europea y las décadas que llevamos insertos en este modelo y arquitectura institucional que esto no va
a suceder de ninguna manera; todo lo contrario, se agudiza la dependencia y el carácter periférico de nuestra economía. ¿Cómo puede funcionar una banca pública? Precisamente entendiendo que es la contraposición o el elemento antagónico de una
banca privada. La banca privada sólo funciona buscando ganancia, si existe un diseño internacional de incentivos económicos en el que con la especulación financiera se pueda recibir un 10% de rentabilidad y, por ejemplo, financiar una línea de
energías renovables -aspecto que también hemos apuntado en nuestra PNL- supone recibir un 2%, cualquier banco privado optará por el 10% en vez del 2%, porque está en un entorno de competencia brutal y necesita hacerlo para sobrevivir. Esa es la
lógica de la banca privada y de cualquier empresa capitalista privada. Y como nosotros no queremos dejarnos llevar por esos impulsos y aspiramos a cambiar el modelo productivo en función de unos deseos que son razonables y racionales para nuestra
economía, necesitamos una banca pública que sepa orientar en la transformación del modelo productivo, que sepa detectar cuáles son nuestras ventajas a pesar de ser a medio y largo plazo porque, a lo mejor, resulta que algunos de los sectores del
nuevo modelo productivo pueden ser deficitarios durante un par de años. Para eso hace falta una banca pública valiente y capaz de tener unas líneas de crédito deficitarias, aunque al final sean compensadas en su conjunto en forma de superávit.
Respecto a las enmiendas, el Grupo Parlamentario Socialista nos ha planteado la posibilidad de no hablar de una banca pública directamente, sino de utilizar el Instituto de Crédito Oficial. Nosotros creemos que no está mal utilizar el
Instituto de Crédito Oficial para esta tarea, pero que en realidad necesitamos un instrumento mucho más poderoso que ya tenemos y que es la banca pública. Y digo ya tenemos porque todo el mundo es consciente de que tenemos a Bankia nacionalizada
por el Partido Popular, en una línea de privatización muy temprana prevista para los próximos años en el marco de lo que nosotros consideramos una verdadera estafa. En cualquier caso si pudiéramos revertir ese proceso de privatización tendríamos un
instrumento muy poderoso como es Bankia, capaz de cambiar el modelo productivo.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos desconfía absolutamente de la banca pública argumentando que ya hemos tenido experiencias como las cajas de ahorro. Se olvidan de que las cajas de ahorro no eran entidades exactamente públicas ni
exactamente privadas y que vivieron y sobrevivieron durante más de doscientos años sin ningún problema; el problema vino cuando se bancarizaron; es decir, cuando el componente público y el componente social de las cajas de ahorro basado
fundamentalmente en servir a los territorios y a las economías más desfavorecidas se convirtió de repente en un instrumento para competir en términos de rentabilidad con los bancos y, entonces, se lanzaron de una forma absolutamente desaforada a
especular en el mercado nacional, cosa que también hicieron los bancos privados. Es más, el Banco Santander, el BBVA o el Banco Popular tenían un porcentaje de crédito dudoso en el año 2016 de hasta el 65%, que son niveles equiparables a los de las
cajas de ahorro. Es decir, en realidad la crisis económica empantanó a todos los sujetos de la intermediación financiera, banca privada y cajas de ahorro. En definitiva, si uno hace un análisis riguroso creemos que la banca pública es
absolutamente necesaria para cambiar el modelo productivo, sin banca pública de hecho no hay Dios que se crea que va a cambiar el modelo productivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán por tiempo de cinco minutos.
El señor ROLDAN MONÉS: Gracias, señor presidente.
Comparto en parte el diagnóstico que acaba de hacer el representante del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, el señor Garzón. Creo que en España hubo esencialmente dos problemas: el primero es que el boom de crédito que vino
después del euro con la caída de los tipos de interés se tradujo en una espectacular burbuja, básicamente liderada por las cajas de ahorro que, precisamente, es lo que el señor Garzón trae hoy aquí como propuesta con su defensa de la banca pública.
Es decir,
tuvimos un modelo basado en un sistema financiero controlado por partidos políticos, con unas decisiones de crédito absolutamente politizadas que nos llevaron esencialmente al desastre. Hubo un cambio -y eso es uno de los méritos que hay
que reconocer al Partido Popular, probablemente porque no tenía ninguna otra alternativa pues estaba en el MoU-, se respondió y España lo que hizo fundamentalmente fue acabar con la banca pública que es lo que había que hacer. Y después había que
hacer otra cosa, ya que a pesar de haber tenido el Banco Central Europeo a favor, a pesar de estar creciendo aun estando sumidos en una profundísima crisis, y a pesar de tener mayoría absoluta, no hemos conseguido cambiar el modelo productivo que es
a lo que se refiere esta iniciativa. Para cambiar el modelo productivo esencialmente necesitamos hacer dos cosas. Esta iniciativa refleja la visión del Grupo Parlamentario de Podemos en general y de Izquierda Unida sobre cómo debe ser la economía
y cómo debe desarrollarse, que es básicamente un modelo dirigista en el que un señor sentado en su mesa, que se supone que entiende mucho mejor que el mecanismo de precios la economía, decide con el dedo y dice: ahora vamos a invertir en este
sector productivo, ahora vamos a invertir en este otro, como si tuviera más información sentado en su mesa que la que pueda tener el mercado. Consideramos que esa es la esencia del error, pues para cambiar el modelo productivo, que es verdad que ha
fracasado en España y necesitamos reformarlo profundamente, hay dos ingredientes fundamentales de los que en ningún caso habla el señor Garzón en su intervención ni en esta PNL. El primero es un cambio profundo en el capital humano, sin formación
es imposible que consigamos ganar productividad y, por lo tanto, que en el futuro podamos sostener nuestro sistema público y tener un Estado de bienestar sostenible. Este es el primer punto y el segundo es tener unas instituciones neutrales. No lo
digo yo, esto está consensuado en el ámbito de la investigación económica. Necesitamos unas instituciones sanas, neutrales, no politizadas, no plagadas de políticos incompetentes que deciden a dedo dónde tienen que ir las cosas, sino unos
organismos donde los reguladores no estén capturados; un entorno donde verdaderamente haya competencia, donde no se favorezca, como se ha hecho durante muchos años, a una serie de empresas en detrimento de las otras, donde los emprendedores no se
encuentren permanentemente con cargas e impedimentos al desarrollo de su actividad productiva, donde los autónomos puedan desarrollar su actividad sin encontrarse con tremendas cargas burocráticas, donde no se financien las grandes empresas y la
Administración a costa de las pequeñas empresas, con los índices extraordinarios de morosidad que tenemos.
Por tanto, para cambiar el modelo productivo necesitamos esos dos ejes principales. Y ese ha sido exactamente el objetivo de Ciudadanos en la negociación del presupuesto de este año. El portavoz, señor Garzón, decía que hay que pasar de la
retórica a los hechos, bien, pues empiecen a hacerlo, aplíquenselo. Hay una cosa que se llama negociar e intentar llegar a acuerdos, y más cuando tienes un Parlamento con una aritmética tan absolutamente fragmentada. Eso es exactamente lo que
nosotros hemos hecho con dos objetivos fundamentales: primero, abordar el cambio de ese modelo productivo y hemos conseguido cosas concretas y efectivas que van a cambiar la vida de la gente. Va a haber 500 millones en este presupuesto para crear
una red de transferencia tecnológica, la Red Cervera, con el fin de ayudar a los procesos productivos de las empresas que se encuentran con problemas tecnológicos y mejorar su productividad. Va a haber un cambio significativo en educación con
partidas específicas destinadas a un plan para mejorar el profesorado. Va a haber una partida de 100 millones dedicados a la transformación hacia la economía digital 4.0. Eso significa pasar de la retórica a los hechos y no venir aquí con
proposiciones no de ley a pedir que cambiemos el modelo productivo sin sentarse a negociar. En segundo lugar, hemos hablado de recuperar la clase media que entiendo que a usted también le preocupe. Esto es consecuencia del cambio de modelo
productivo. En este presupuesto tenemos más de 2.000 millones en partidas exclusivamente sociales donde incluimos un complemento salarial para jóvenes, una tarifa reducida para autónomos, un plan para luchar contra la pobreza infantil. Eso es
pasar de la política a los hechos, eso es empezar a cambiar el modelo productivo a pesar de que no estar en el Gobierno.
Por tanto, nuestra visión de esta PNL que hemos enmendado, y con esto concluyo, es que no creemos que deba ser el Estado ni el señor Garzón ni los dirigentes políticos los que tengan que marcar a dedo cuáles son las industrias a las que hay
que favorecer. Hay que generar el entorno adecuado, un terreno de juego igual para todos, con un capital humano realmente potente que pueda competir a nivel global y con unas instituciones sanas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roldán.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer por tiempo de cinco minutos.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Tomó la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la enmienda y fijar nuestra posición respecto a la PNL que presenta el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En primer lugar,
presentamos una enmienda al punto tercero que será fácil de aceptar por el grupo proponente, ya que tiene su origen en una enmienda transaccional que acordamos en el Pleno del día 14 de febrero, en la que solicitábamos aumentar sustancialmente los
recursos económicos y humanos del Instituto de Crédito Oficial. Respecto a la iniciativa en su conjunto no podemos más que estar de acuerdo, salvo por la forma en la que el ponente la ha justificado al centrar su exposición prácticamente en el
punto de la financiación, cuando hay otros muchos elementos que deberíamos destacar, sobre todo porque para cambiar el modelo productivo es necesario potenciar la industria, cosa que ni siquiera ha mencionado. De hecho, los socialistas durante años
hemos estado reivindicando en esta Cámara la necesidad de impulsar una estrategia industrial integral, compatible con lo que se solicita en el texto de esta PNL. Distintos Gobiernos socialistas lo hemos intentado, en 1995 con la presentación del
libro blanco de la industria, con el título Una política industrial para España, que fue el resultado de un debate abierto entre todos los sectores empresariales, sindicales y académicos implicados en el futuro industrial, para analizar los grandes
retos, oportunidades y líneas maestras de la política industrial más adecuadas para el país. También lo hizo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con el Plan integral de política industrial 2020, pero ambas iniciativas
palidecieron con la entrada de Gobiernos del Partido Popular y con la desaparición del Ministerio de Industria. En concreto, este plan 2020 fue despreciado y anulado y aunque con posterioridad, una vez pasado el ecuador de la anterior legislatura,
se presentó una agenda, al margen del diálogo social, que el Gobierno dice haber ejecutado en su mayor parte, la realidad es que ni contaba con objetivos cuantificables ni con indicadores que permitieran la evaluación y seguimiento de su alcance.
Si previamente no se habían fijado indicadores de seguimiento podemos observar que muchas de las debilidades que ya se especificaban en aquel Plan integral 2020, hoy continúan, incluso se han incrementado. Como bien indica la exposición de motivos,
el peso de la industria en España está muy lejos del objetivo europeo, también está lejos la inversión en I+D+I, continúa habiendo una baja intensidad tecnológica en nuestro tejido industrial, la fragmentación empresarial refleja que continúa
incrementándose el peso de microempresas con respecto al total, queda margen de maniobra en la financiación empresarial y es necesario fomentar la internacionalización de las empresas.
Por otra parte, para mejorar la productividad y la competitividad a nivel empresarial y de país es necesario incidir también en los costes energéticos y logísticos, algo que no ha mencionado ninguno de los grupos que me han precedido en el
uso de la palabra. La competitividad de un sector industrial depende en gran medida de la evolución de sus costes productivos, y en muchos sectores los costes energéticos representan un porcentaje muy importante del coste total, por lo tanto, son
claves a la hora de determinar su competitividad. Hay que tener en cuenta que los precios energéticos y la calidad del suministro energético no afectan únicamente a los costes de producción, sino también a los costes de transporte, los flujos
logísticos de mercancías, las pautas de localización industrial y los cambios en las cadenas globales de valor, por lo que no es un tema menor. Es cierto que la Unión Europea en su conjunto sufre una desventaja en costes de energía con respecto a
otras regiones del mundo, capaces de obtener energía a precios más bajos, pero especialmente en España los precios de la energía se encuentran entre los más altos de Europa y esto erosiona la posición competitiva de nuestras industrias. Es
necesario, por tanto, que el sistema energético se revise en su conjunto dando señales de precio a medio plazo que dé certidumbre al sistema y pueda garantizar inversiones.
Para terminar simplemente le diré que en los últimos tiempos cada vez hay más voces reivindicando un plan de reactivación industrial. Son conocidos los documentos de los agentes sociales, de colectivos de ingenieros o de economistas y hasta
la reciente publicación del CES, en la que se reivindica una nueva política industrial para España. Ciudadanos afirmaba que ellos ya habían pasado a los hechos y se plasmará en los presupuestos. Los presupuestos todavía no se han presentado y
serán hechos si se aprueban. (El señor Roldán Monés: si los apoyáis). Cuando nos los presenten los analizaremos, pero, desde luego, lo fundamental, y no porque lo reivindique el Grupo Parlamentario Socialista, sino porque lo están reivindicando
muchos sectores de la sociedad, es desarrollar una política industrial para España.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.
En turno de fijación de posiciones y por tiempo de cinco minutos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
De forma muy breve diré que esta iniciativa tiene algunos aspectos que no compartimos y otros, especialmente el punto número seis sobre el modelo energético, que sí compartimos por lo que, si es posible y se vota en sus propios términos,
pediremos votación separada de dicho punto. En la propuesta del señor Garzón hay una clara voluntad de pensar que sólo desde el sector público y desde políticas públicas, incluso desde la creación de un banco público, es posible llevar a cabo
políticas de recuperación económica. Y nosotros estamos convencidos de que lo importante para cambiar el modelo productivo e incrementar la productividad es una buena política económica de estímulo, que puede y debe ser desarrollada básicamente por
el sector privado y por el propio mercado, pero un mercado bien supervisado, bien regulado. Los errores de estos últimos años nos han indicado que en la economía española han fallado los órganos reguladores, el propio Banco de España en la crisis
bancaria y en la supervisión bancaria, la Dirección General de Cajas en el Ministerio de Hacienda y los órganos de supervisión sectoriales. Por tanto, nosotros estamos a favor de fomentar las políticas de investigación pero no sólo desde el sector
público.
Señor presidente, por todas estas razones vamos a pedir, si es posible, votación separada manifestando nuestro rechazo al fondo de la cuestión y una actitud abierta hacia las políticas energéticas del punto número seis.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa). No está su portavoz.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenos días, señor presidente, muchas gracias.
Todo cuanto suponga combatir la economía especulativa y recomponer la estructura productiva; todo lo que sea romper la paradoja de una industrialización tardía acompañada de una desindustrialización temprana; todo cuanto suponga establecer
que la competitividad no es una cuestión de índices salariales agregados; todo cuanto suponga dejar palmariamente claro que es necesario un nuevo marco social que facilite el desarrollo industrial y trabajar por una industria inteligente de alta
productividad; todo cuanto suponga impulsar un sistema de I+D+I pegado a la realidad empresarial e institucional, recuperar palancas financieras que aseguren recursos a las pymes y proyectos estratégicos; tendrá, obviamente, nuestro apoyo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Roca.
El señor ROCA MAS: Muchísimas gracias, señor presidente.
Debatimos una proposición del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y decía su portavoz, con bastante razón, que a veces de economía se habla sin fundamento. Y esta PNL es un claro ejemplo porque aunque hace
un sobreesfuerzo volcando datos en su exposición de motivos, parece que se le acaba la gasolina al llegar a los acuerdos y pinta un escenario deslavazado con un argumentario caduco, basado en cosas que ya no son verdad y, por supuesto, llega a
conclusiones ciertamente equivocadas. En la proposición se habla de bajo valor añadido en la economía española, que seguramente podemos mejorar mucho, pero no piensa eso el mundo cuando estamos exportando mucho y mucho más que hace cinco años, con
lo cual algunas de las cosas que se piden aquí están francamente peleadas con la realidad. No se puede decir que la economía española se basa solo en construcción y turismo. No diría yo que está anclado en el pasado con esa especie de
reivindicación del INI franquista. Yo era muy pequeño cuando murió el dictador, con lo cual no sé si son herederos del franquismo industrial, pero tendrían que tener cuidado con algunas referencias que hacen, porque habla mucho de la mano
invisible, pero cuando uno dice que la vivienda es un derecho humano, lo que vemos en la mano que sí es visible de Podemos donde gobierna es que lo que hacen es colocar a familiares y
abrir televisiones públicas, con lo cual creo que menos lecciones de hipersensibilidad social y más hechos probados.
Respecto a la banca pública se suelen decir bastantes barbaridades. Sí que hay una banca pública, hay un Instituto de Crédito Oficial que refuerza las líneas estratégicas que desde el Gobierno se impulsan. Pero acaba de decir que la
gestión del dinero de los ahorradores y la gestión del riesgo de los inversores, de aquellos que impulsan proyectos empresariales será mejor valorada por aquellos que se juegan su trabajo, valorando bien el ahorro de las personas y no en las
siguientes elecciones. ¿Cuál debe ser la misión de la política? Que la banca no cometa abusos, que no utilice cláusulas suelo, que sea transparente, que la competitividad entre los bancos sea justa, que no haya pactos de precios o que no se pacten
comisiones y que haya de verdad competitividad, transparencia y, en el fondo, lo que nos interesa es que los ahorradores vean sus ahorros conservados y si puede ser evidentemente mejorados.
Ya hemos cambiado el modelo productivo. ¿Hacen falta más reformas? Desgraciadamente para la mayoría de grupos se ha acabado la minoría absoluta, con lo cual ahora hace falta que sumemos todos. Porque no son las mismas reformas cuando
tienes 6 millones de parados y no puedes pagar las facturas a cuando aspiras a tener 20 millones de trabajadores en el año 2020. Para eso hace falta -se ha dicho aquí- cambiar la formación y para eso tenemos que llegar a un acuerdo. Hace falta
mejorar la I+D+i. Porque hemos hecho un cambio fundamental en lo político y es que hemos pasado de ser hace cinco años el país de los impagos, el país de los agujeros a ser un país -el que más crece de nuestro entorno- que paga sus facturas. Ese es
el gran cambio que ha tenido España en los últimos cinco años que hemos pasado de ser el país de los impagos a ser el país que paga sus facturas. Ese es el cambio productivo, eso es lo que envía una señal buena al exterior para que vengan a
trabajar con España y en España.
Por último, me gustaría hacer una mención sobre la calidad de la economía democrática y es que España, desgraciadamente ahora el Partido Popular no tiene mayoría, debería de ser un país que cumpliera sus sentencias. Porque eso da garantía
jurídica y prestigio. Lo que ha pasado en este Congreso con el decreto de la estiba, con la sentencia de la estiba, no ha sido bueno ni para la economía española ni para nuestro prestigio internacional. Nosotros vamos a votar que no, como no podía
ser de otra manera, a toda la proposición de Podemos porque está basada en argumentos anticuados, porque no aporta soluciones, porque hay cosas que ya está haciendo el Gobierno, desde la participación del sector privado en actividades innovadoras,
lo cual agradezco que Podemos defienda eso hasta la redacción de planes sectoriales y en ese sentido vamos a votar en contra porque no tiene ni pies ni cabeza. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roca.
Habiendo terminado el turno de intervenciones, pregunto al señor Garzón si acepta alguna de las enmiendas presentadas.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Como lo ha pedido el Grupo Mixto, preferimos que se vote por separado, si es posible. Así tenemos mayor margen.
El señor PRESIDENTE: ¿Se vota en sus propios términos?
El señor GARZÓN ESPINOSA: Correcto. Sí, porque si aceptáramos enmienda no podría hacerse.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que se votarían los cinco primeros puntos en su conjunto y el último punto por separado.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Creo que es mejor, dado que hay una enmienda al punto número tres, que se votaran los cinco por separado y de esa forma los grupos que presentaron enmienda puedan votar a su gusto.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Garzón, así lo haremos.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE TALAVERA DE LA REINA Y SU COMARCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001409).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al examen de la segunda proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar un plan estratégico de reactivación económica de Talavera de la Reina y su
Comarca, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de esta iniciativa y por un tiempo máximo de siete minutos tiene la palabra su portavoz, don José Miguel Camacho.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días. Señorías, Talavera de la Reina es una ciudad de la provincia de Toledo en el corredor de la carretera N-V muy próximo ya a Extremadura. Una ciudad que hace unos años, antes de la crisis económica, tenía 90.000 habitantes y si
a eso le sumamos su área de influencia, las tres comarcas que dependen más directamente de Talavera de la Reina, entorno a unas 250.000 personas. La situación de crisis económica que ha vivido nuestro país desde el año 2011 aproximadamente ha
llevado a que esta ciudad haya perdido aproximadamente unos 6.000 habitantes en este periodo de tiempo, que haya pasado a ser la cuarta ciudad de más de 50.000 habitantes con más desempleo de España y, por tanto, también de Europa y que la situación
que hay en estos momentos es totalmente insostenible. En esa situación -hay que agradecerlo y quiero comenzar por ahí mi intervención- la Federación de Empresarios de la Provincia de Toledo decidió poner encima de la mesa una serie de medidas que
de alguna manera venían a pedir ayuda a las diferentes administraciones, Administración Local, Administración Autonómica y Administración del Estado. Elaboraron un documento -este que tengo aquí en mi poder- con 258 medidas y que fue consensuado
con los agentes sociales, sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, con el propio Ayuntamiento de Talavera de la Reina, con la propia Diputación Provincial de Toledo, la comunidad autónoma e incluso el delegado del Gobierno central en Castilla-La Mancha
también participó y estuvo de acuerdo con estas medidas. Aquí aparecen 258 medidas que, vuelvo a repetir, afectan a las diferentes administraciones, pero evidentemente hay una pata fundamental que es la Administración del Estado. Por eso hemos
presentado esta proposición no de ley instando al Gobierno de España a que elabore un plan estratégico de reactivación económica de nuestra ciudad, de Talavera de la Reina y de su comarca. Talavera es una ciudad que vivía en los años noventa del
textil fundamentalmente, posteriormente también de la construcción y es una ciudad principalmente de servicios. Cuando se produjo la deslocalización de las diferentes empresas que trabajan en el área del textil desapareció toda esta industria en
nuestra ciudad. Con la crisis económica y la burbuja inmobiliaria, toda la gente que trabajaba en la construcción no solamente en Talavera, sino mucha gente de Talavera que se desplazaba a Madrid se quedó sin empleo y en estos momentos el sector
servicios, por esa crisis económica, está cerrando permanentemente, día tras día comercios y puestos de trabajo que cada día desaparecen en nuestra ciudad. Necesitamos desde las diferentes administraciones ayuda en ese sentido. Les decía al
principio que es la cuarta ciudad de España con más desempleo. Existen otras tres, en este caso de la provincia de Cádiz, pero que tienen un plan específico que viene financiado fundamentalmente por la Unión Europea, que también debe participar en
este tipo de actuaciones a través de la inversión territorial integrada. Un proyecto que va desde el año 2014 al 2020 entorno aproximadamente, entre la financiación de la Unión Europea y del Gobierno de la Junta de Andalucía, a unos 1.100 millones
de euros. Por desgracia, en Castilla-La Mancha no existe esta inversión territorial integrada. No se solicitó en la anterior legislatura y en estos momentos el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Emiliano García-Page, está trabajando en
la fórmula para poder acogerse a estas ayudas, aunque -vuelvo a repetir- la financiación es de 2014-2020. Sería una buena solución, pero no la única. Le pido a los diferentes grupos parlamentarios que puedo entender que en Cataluña, en Galicia, en
el País Vasco, en otras regiones esto de Talavera les puede pillar muy lejos, pero les pido por favor que sean solidarios con una ciudad que lo está pasando muy mal y que seamos entre todos capaces de llevar adelante un plan fundamentalmente
dirigido a varias medidas que aparecen en el documento que son: las medidas para la recuperación del sector primario, medidas de fomento e industrialización, medidas de apoyo al comercio, medidas de impulso al sector turístico, mejora de las
infraestructuras y comunicaciones y fundamentalmente medidas que impulsen la creación de empleo, aparte de medidas fiscales, que en otros sitios se han implementado, han funcionado y entendemos que aquí son imprescindibles para sacar a Talavera de
la situación en la que se encuentra. También somos conscientes de una cuestión. Hoy podemos aprobar esta proposición no de ley, se puede llevar adelante la redacción de ese Plan estratégico, pero si no tiene luego soporte presupuestario, no vamos
a ir a parar a ningún sitio. Espero que las enmiendas que podamos presentar a los presupuestos del año 2017, que esta misma mañana se han presentado en el Congreso de los Diputados sean el soporte presupuestario -valga la redundancia- para poder
llevar adelante todas y cada una de estas medidas. No es un plan que soluciona las cuestiones que tenemos en estos momentos de una manera inmediata. Estoy convencido de que en un año esto no se puede solucionar, pero si somos capaces de
llevar esto adelante con la colaboración del Gobierno de España, la comunidad autónoma, la Administración Local y los agentes sociales, seremos capaces de revertir la situación que hay en estos momentos en la ciudad de Talavera y de su
comarca y que vuelva a ser una zona pujante de la provincia de Toledo y de Castilla-La Mancha. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camacho.
A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señor Camacho, que nos conocemos desde hace tantos años, intervengo para anunciar el voto favorable incluso cuando la semana pasada, a raíz de un anuncio que desde Cataluña se ve con mucho escepticismo sobre
inversiones del Gobierno del Estado en Cataluña anunciadas por el presidente del Gobierno, se ha abierto un gran debate otra vez. Creo que algún día tendríamos que objetivar y racionalizar la inversión en obra pública y las políticas territoriales.
Usted y yo nos conocemos desde el año 2000 y sabemos que su propuesta es muy sensata. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Ciudadanos.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Apoyaremos la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista, como no podía ser de otra manera, porque somos conocedores de la situación, de los graves problemas que vive la ciudad de Talavera y toda su comarca, pero tenemos que
indicar que la proposición adolece en sus medidas de una importante falta de concreción y de soluciones para la zona y para los problemas que presenta Talavera, porque se indica simplemente algo muy genérico como: medidas para la recuperación del
sector primario, medidas de fomento de la industrialización, medidas de apoyo al comercio, medidas de impulso al sector turístico, pero como digo sin indicar exactamente qué medidas o qué soluciones se propone para resolver estos problemas. Así en
genérico es imposible que alguien esté en contra de esta proposición. Si vamos al documento que aprobó la Federación Empresarial Toledana, que es un poco la base de esta proposición no de ley, por lo que se refiere en la exposición de motivos,
vemos que muchas de esas propuestas que son coherentes, que son razonables y que serían fácilmente apoyables se deben realizar por la Junta de Castilla-La Mancha, en la que ustedes gobiernan. Me gustaría saber qué han hecho hasta ahora realmente
para impulsar el sector económico en Talavera o qué están haciendo o qué van a hacer y también la Diputación Provincial de Toledo, esas entidades que a ustedes tanto les gustan y para quitarlo en el acuerdo que tuvimos con don Pedro Sánchez luego
tuvieron casi una revolución interna dentro del PSOE, una más, porque llegásemos al acuerdo para quitar las diputaciones. También podría hacer algo la Diputación de Toledo en la que también ustedes gobiernan. Si quitásemos esa grasa, eso que no
aporta nada de recursos a los ciudadanos podríamos destinar recursos económicos de verdad a la clase media trabajadora, a reactivar la economía y de verdad a cambiar el modelo productivo. Ustedes, tanto el Partido Socialista como el Partido
Popular, prefieren seguir manteniendo sus redes clientelares, sus chiringuitos, antes que eliminar y de verdad con ese dinero apoyar a Talavera y a toda España. Nosotros en el acuerdo de investidura que hemos firmado con el Partido Popular hay
medidas como la que ustedes dicen, hay medidas para el fomento de la industrialización, para la recuperación del sector primario, para la mejora de las infraestructuras. Unas infraestructuras racionales y que no se hagan por intereses políticos,
que no veamos autopistas aquí sin coches o aeropuertos sin aviones. Como digo, medidas para toda España y no solo para Talavera de la Reina. Eso es lo que consiste en negociar. Decía que está muy bien apoyarlo, pero que hace falta dinero y eso se
tiene que ver reflejado en los presupuestos. Muy bien. Ustedes tienen la posibilidad de negociar esos presupuestos. Tienen la capacidad, porque con Ciudadanos y el Partido Popular no salen esos presupuestos, ustedes se pueden sumar, pero no, van
a preferir votar que no a los presupuestos, pero meto a través de enmienda todo lo que me interesa para mis territorios, para mis votos, para ganar incluso mis primarias y quedo bien con mi público y digo que la culpa es de Ciudadanos y del Partido
Popular que me han votado que no las enmiendas. Hay que ser serios, si de verdad quieren, ahora tienen la posibilidad. Ahora que el Partido Popular no tiene la mayoría. Tienen la posibilidad de negociar esos presupuestos.
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez García, tiene que terminar.
El señor GÓMEZ GARCÍA: De verdad quiero reivindicar recursos para Talavera y para toda España. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra don Alberto Montero.
El señor MONTERO SOLER: Gracias, presidente.
Se preguntará qué hace un malagueño hablando de Talavera, pero es que la diputada Gloria Elizo que corresponde a esa circunscripción está en la reunión de Mesa y portavoces y le resultaba imposible asistir, de manera que me ha trasladado las
líneas fundamentales de su intervención, que son breves y que le traslado al señor Camacho anticipándole que apoyaremos, como no podía ser de otra manera, esta proposición no de ley. Entre otras cosas para evitar que la señora Elizo ni yo mismo
podamos pisar esa magnífica tierra. En primer lugar, estamos de acuerdo en la activación de una de las zonas más deprimidas de España. Sería absurdo no estar a favor de que eso ocurriera. En segundo lugar, creemos que es imprescindible la
cooperación entre las instituciones municipales, autonómicas y estatales, incluidas las diputaciones que a algunos les resulta tan despreciables, para abordar la reactivación económica de Talavera y su comarca. En tercer lugar, trasladar al señor
Camacho la postura que desde Podemos hemos mantenido como propuesta de cara a esa reactivación económica y que la tengan en cuenta por si hay posibilidades de colaboración al respecto. Hemos solicitado la necesidad de plantear la candidatura de
Talavera como ciudad europea del deporte, en la medida que eso facilitaría una reactivación económica de la misma vía turismo, comercio y otras actividades económicas vinculadas a esa denominación en su caso. El 70% de las infraestructuras
necesarias -me comentaba la señora Elizo- están ya y son viables. Por tanto sería una vía para contribuir junto a otras a la reactivación económica. Trasladarle nuestro voto afirmativo. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don José Jaime Alonso.
El señor ALONSO DÍAZ-GUERRA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, es un honor intervenir en esta Comisión en la cual usted es el presidente. Para empezar, aunque solo sea por afinidad y por cercanía, como decía Talavera y su comarca es razón suficientemente poderosa para que podamos
trabajar por la unión y el trabajo cooperativo de todos. Sí quería dejar claro que el Partido Popular ha estado, está y estará siempre con Talavera y los talaveranos. Por ello, señor Camacho, vamos a apoyar esta iniciativa, porque somos
conscientes de la imperiosa necesidad de impulsar acciones que ayuden al desarrollo de esta importante zona, de esta importante comarca. Además es algo que no es que lo pida el Partido Socialista, lo está pidiendo la ciudad de Talavera. Es cierto
que Talavera de la Reina y su comarca atraviesan una situación muy compleja, como atesoran datos tan contundentes como negativos. Aludía a las tasas elevadas de paro, superiores al 37%, o la destrucción o reducción de más del 15% del tejido
empresarial o comercial. Eso es cierto que es una evidencia de múltiples situaciones concretas y bastante dramáticas para la ciudad.
Señorías, esta extremada debilidad económica no es consecuencia únicamente de la última crisis sufrida en toda España y que agudizó en Talavera la pérdida de empresas y empleo ya iniciada en la década del 2000, como bien ha dicho con la
deslocalización de las industrias del textil que perdieron alrededor de 6.000 puestos de trabajo y de 250 empresas. Continuó con la reducción del sector servicios y como bien ha dicho también con la importante reducción del sector de la
construcción.
Hoy vivimos en muchas partes de España el inicio de esa deseada recuperación económica y que tiene que ir llegando también a las zonas más desfavorecidas, entre ellas Talavera. Para ello Talavera de la Reina necesita una discriminación
positiva que impulse sus potencialidades haciéndole una ciudad próspera y generadora de oportunidades para todos sus habitantes. Bien sabe usted además, señor Camacho, que el ayuntamiento lleva tiempo dando pasos en el camino de la recuperación,
asumiendo además el liderazgo que le corresponde como administración pública más cercana y ha conseguido el consenso de todos los grupos políticos, la participación social y la implicación de todas las administraciones en la elaboración de un Plan
de recuperación de Talavera y sus comarcas. Aludía usted además a algo muy importante a Fedeto y también hay que nombrar a Fepemta, Federación de Empresarios Talaveranos, junto con todo el entramado social que están pidiendo eso que usted decía, la
focalización de una
inversión territorial integral, que se ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha, al Gobierno de Emiliano García-Page, y que todo el entramado social de Talavera está pidiendo que Unión Europea se haga esa focalización exclusiva en
Talavera y su comarca y no se diluya en el resto de la comunidad autónoma, porque Talavera y su comarca lo necesita más que nadie.
Como ya hemos anunciado, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, puesto que nuestro compromiso, el compromiso del Partido Popular con los talaveranos es total, férreo y sin fisuras. Lo es aquí en el Congreso de los Diputados y
también en el resto de instituciones a nivel nacional, regional, provincial y local. Por ello demostramos nuestra implicación impulsando y apoyando iniciativas que ayuden a Talavera en instituciones donde sustentamos al Gobierno y en aquellas que
también estamos en oposición. Por ese motivo hemos presentado una moción en el Senado de apoyo a Talavera y hemos presentado varias iniciativas muy importantes demandadas por la sociedad talaverana en las Cortes de Castilla-La Mancha y en la
diputación provincial. Ahí también espero su apoyo. Espero el apoyo del Grupo Socialista y del resto de grupos que recuerdo que gobiernan en Castilla-La Mancha con el apoyo de Podemos y gobiernan en la diputación con el apoyo de Podemos o ganemos
y de Ciudadanos también. Últimamente lo único que se hace en el Ayuntamiento de Talavera es pedirle o demandarle que devuelva algunas ayudas que hacen mucha falta a los talaveranos. La ciudad de Talavera, como bien decía el portavoz de Ciudadanos,
demanda un proyecto de revitalización con actuaciones concretas. Le digo algunas que han aprobado los talaveranos: mejora de las infraestructuras, ayuda a la promoción de la cerámica y la artesanía, la aprobación de un Plan estratégico de
promoción empresarial, entre otras muchas. Estoy convencido de que estas actuaciones y otras muchas más harán que se consolide y se impulsen las fortalezas que tiene Talavera generando muchas posibilidades de desarrollo económico y social. Para
ello es necesario mantener algo muy importante, el compromiso administrativo, político y social que además ya ha alcanzado el Ayuntamiento de Talavera y vamos a intentar aquí y en todos los ámbitos renunciar a enfrentamientos estériles y posturas
partidistas. Conseguiremos nuestro objetivo a través de la confianza plena en las grandes posibilidades que tiene Talavera. Entre ellas, el duro, honesto y sacrificado trabajo, la capacidad y talento y sobre todo la determinación de salir adelante
de todos los talaveranos. Igualmente quiero apelar a algo que es irrenunciable, la unidad de todas las formaciones políticas...
El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, tiene que terminar, que aunque el presidente se siente muy honrado con su presencia tiene que cumplir su función. (Aplausos).
El señor ALONSO DÍAZ-GUERRA: Termino, presidente.
Muchas gracias, presidente. Sé que iba a contar un poco con su beneplácito. (Un señor diputado: Aquí hay un trato de favor).
Termino diciendo que apelaba a la unidad y, por tanto, al consenso que las formaciones políticas se sumen a este consenso social que existe en Talavera, que desde la lealtad institucional seamos capaces de apoyar ese proyecto, ese Plan
Talavera y, por supuesto, desde el Partido Popular somos conscientes de que la unidad leal de toda la sociedad conseguirá recuperar para Talavera y estaremos siempre y estamos impulsando todas las propuestas que demanden y beneficien a los
talaveranos. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
- SOBRE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/001542).
El señor PRESIDENTE: Tras esta intervención, damos paso a la siguiente proposición no de ley sobre ley de sociedades de capital, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y para la defensa de esta iniciativa y por un
tiempo de siete minutos tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración de todas las sociedades de capital está obligado a formular en el plazo de tres
meses contados a partir del cierre del ejercicio social, junto con las cuentas anuales y el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Es decir, el reparto del dividendo sobre la que resolverá la junta general de
acuerdo con el balance. En el supuesto
de proponerse las cuentas a formular, la distribución como dividendo de los beneficios sociales, desde el pasado 1 de enero de 2017 ha dejado de estar en vigor la suspensión del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital añadido por
el artículo 1.18 de la Ley 25/2011, que reconoce el derecho de separación al socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales en caso de que la junta general no acuerde la distribución del dividendo de al menos un
tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente rebatibles. Se trata de una norma de gran transcendencia ya que a pesar de que la loable finalidad del artículo añadido
es la de disminuir la elevada conflictividad societaria entre los tribunales, el posible ejercicio por parte de un socio del derecho de separación al amparo del artículo expresado no es una contingencia de menor orden para la sociedad, toda vez que
esta resulta automáticamente obligada a adquirir o reembolsar al socio el valor razonable de su participación en el capital determinado. En el supuesto de falta de acuerdo entre la sociedad y el socio, mediante un experto independiente nombrado por
el Registro Mercantil, etcétera. Entró en vigor este artículo introduciendo el reparto obligatorio de dividendos en las sociedades de capital. Su vigencia fue efímera y fruto de múltiples presiones, el 23 de junio de 2012 se aprobó la suspensión
de su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014 y posteriormente esa suspensión se prolongaría hasta el 31 de diciembre de 2016. En efecto, aunque el oportuno ejercicio el derecho cuando separación establecido por el artículo 348 bis de la Ley de
Sociedades de Capital, pocos días antes de que fuera suspendido temporalmente, permite efectivamente la práctica poner fin a un largo conflicto societario y liberar de una grave situación de abuso a los accionistas minoritarios. Pero al mismo
tiempo es necesario ser consciente del impacto que puede tener esta forma en el colectivo de las pymes familiares o no, que no se caracterizan precisamente por una sólida estructura financiera capaz de de pagar el precio o efectuar el reembolso de
las acciones o participaciones a efectos del derecho de separación ejercitado en el corto plazo de dos meses que señala la ley. En muchos casos, el ejercicio del derecho de separación incluso puede llevar a la sociedad a la necesidad de disolverse
y liquidarse para hacer frente a esta obligación. Para ello, mientras no se acuerde una nueva redacción del mismo, sería interesante divulgar entre el colectivo de pymes la contingencia introducida el 1 de enero de 2017 para todas las sociedades de
capital con beneficios y con la previsión de repartir dividendos, ya que se verán en la tesitura de ejercer o no el derecho de separación del socio mediante la distribución o no al menos de un tercio de los beneficios propios de la explotación del
objeto social.
No ha tenido mucha repercusión en prensa, pero me llamó mucho la atención un artículo publicado en el diario Expansión del día 8 de febrero que dice: El Legislador -aquí uno modestamente se siente aludido- ha optado por consagrar el
principio del ánimo de lucro de los socios, en detrimento del principio de mayoría que rige la toma de decisiones de los órganos de las sociedades. Como ustedes saben los pecados son de hecho, de palabra, de obra o de omisión; en este caso,
estaríamos ante un pecado de omisión. Mantener esta situación configura el derecho de separación de forma automática y objetiva, obligando a la sociedad a repartir un tercio de los beneficios anualmente a partir del quinto ejercicio de su
constitución, con independencia de la concreta situación económica en la que se encuentre la compañía y bajo la espada de Damocles consistente en el derecho de separación. Esta circunstancia es la que permite que sea el socio minoritario quien
fuerce, a través del artículo 348 bis de la LSC ya mencionado, a la empresa a distribuir, ya sea mediante la efectiva obtención del dividendo o mediante la amortización al socio que vota a favor del reparto, sin perjuicio del interés social. No
negamos el valor y la importancia de este hecho, lo que decimos es que la mejoría económica no ha llegado al nivel de las pymes como para mantener esta situación y que esto puede llevar a la disolución de muchas pequeñas y medianas empresas, no
todas ellas familiares necesariamente. Por tanto, estamos pidiendo una pequeña moratoria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Solo intervendré brevemente para anunciar nuestro voto afirmativo y entusiasta a esta iniciativa. Nuestro voto es tan entusiasta que aunque estamos aquí discutiendo una proposición no de ley, nosotros ya hemos formulado esta misma propuesta
en forma de enmienda a la Ley de Contratos del Estado. Estoy convencido de que el consenso que se va a construir esta mañana en la Comisión sobre esta iniciativa que plantea la modificación de la Ley de Sociedades de Capital a través de esta
proposición no de ley,
también se puede ver reflejado con una modificación de derecho positivo en la actual tramitación de la Ley de Contratos.
Esta es una iniciativa referida, como muy bien ha apuntado el señor Capdevila, al reparto de dividendos de los accionistas con derechos minoritarios, al derecho que tienen a que se les reparta un tercio de los dividendos si así lo reclaman.
En un momento de reactivación económico como el actual, las sociedades o compañías deben estar más orientadas a la reinversión de estos dividendos, que no exclusivamente a estos legítimos derechos de las minorías. Por tanto, esta propuesta
legislativa propone una opción de política económica orientada a que los recursos de los dividendos de las compañías se orienten más a la inversión, que a un reparto de dividendos o beneficios.
Esto está muy en línea -insisto- con algunas iniciativas formuladas por distintas organizaciones que representan el tejido productivo. Les invito a que además de votar afirmativamente esta proposición no de ley, voten de la misma forma la
enmienda que a este tenor ha presentado el Partit Demòcrata a la Ley de Contratos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Rodrigo Gómez.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera indicar que es de agradecer que Esquerra Republicana de Catalunya traiga aquí hoy a esta Comisión una proposición no de ley, que no hable de qué hay de lo mío sino que hable de qué hay de lo nuestro, que hable de un
tema que afecta a todos los españoles y a todas las empresas españolas. Este punto es de agradecer, que haya traído aquí esta proposición no de ley.
Como decían los intervinientes anteriores, la introducción del artículo 348 bis mediante la Ley 25/2011 era una buena idea, pero mal articulada. Estaba tan mal articulada que generó numerosas críticas por parte de la doctrina y provocó que
se suspendiera por dos veces su aplicación. Con la introducción del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital se reconocía el derecho de los accionistas minoritarios a poner fin con carácter definitivo a situaciones de conflicto
permanente y abierto originadas por el atesoramiento injustificado de los beneficios por el mayoritario, situaciones que han generado conflictos y una gran número de litigios en nuestros tribunales, tal como decía la exposición de motivos.
Esa ley era una buena idea, pero estaba mal articulada fundamentalmente por tres motivos. En primer lugar, el tenor literal del artículo puede ser considerado contrario a la libertad de empresa. En segundo lugar, el momento en el que se
produjo la introducción del artículo, porque se hizo en plena crisis económica, no era el momento más idóneo porque ejercitar ese derecho de separación, es decir, que uno o varios socios exigiesen su parte alícuota, podía suponer un grave problema
para la viabilidad de numerosas sociedades mercantiles, ya que no disponían en esos momentos de la suficiente liquidez para hacer frente a esos pagos. Además, como también dice en la exposición de motivos, había que tener en cuenta el breve plazo
en el que se debía hacer ese pago. Y en tercer lugar, no fue una buena idea porque la falta de distribución del dividendo, que prescribe el artículo 348 bis, no tiene por qué presuponer siempre, y en todo caso, una situación de opresión de la
mayoría frente a la minoría, sin que se permita excluir su aplicación cuando motivos de interés social o de cumplimiento de obligaciones frente a terceros justifiquen la no distribución de dividendos.
Estudiaremos la propuesta esta modificación, que solicita la proposición no de ley que ha presentado el Partit Demòcrata, así como la propuesta que ha presentado a la Ley de Contratos del sector público. Debería darse una nueva redacción
para que se instaurase como regla general una norma de repartos de dividendos y como regla excepcional el atesoramiento. De tal forma que fuera la mayoría quien justificase la falta de reparto entre los socios y que se estableciera un derecho de
separación por falta de reparto únicamente en los casos de conflicto permanente y abierto entre mayoría y minoría. Por ello, votaremos a favor de la proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez García.
¿Grupo Confederal de Unidos Podemos? (Denegaciones).
Por el Grupo Socialista, señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Anuncio que mi grupo va abstenerse y voy a intentar argumentar esta posición de voto. En primer lugar, coincidimos en que este artículo -el 348 bis- tiene mucha importancia en la Ley de Sociedades de Capital, porque defiende un derecho de
la minoría, por una parte, para la obtención de dividendos o de rentabilizar el capital invertido, y por otra, para que en el caso de que no se aborde esta entrega de dividendos se pueda optar por el derecho a la separación. Este artículo ha estado
en vigor prácticamente poco más de nueve meses, desde octubre de 2011 hasta junio de 2012. Sin embargo, debemos ser realistas y decir por qué se ha suspendido de forma reiterada la aplicación de este artículo. No fue por el objeto y el fundamento
de la ley, sino porque había una situación de crisis económica que estaba exigiendo que las contenciones salariales en las empresas fuesen acompañadas de la reinversión de los beneficios empresariales. Es decir, que era un límite a esa política de
contención salarial y era un límite que garantizaba a los trabajadores que los beneficios no se iban a repartir sino que se iban a reinvertir.
Pues bien, mi grupo considera que esta situación ha acabado. Hasta el propio ministro de Economía decía hace dos días que ya hay que normalizar los salarios porque la economía española -según él- ya no está al borde del colapso. Por tanto,
esa circunstancia ya ha concluido y el reparto de dividendos no tiene por qué ser una condición para nada, ni para la política salarial de la empresa mucho menos. Por tanto, sería necesario que se activase la aplicación de este artículo para evitar
la situación de abuso que se ha producido -que ha sido el origen de este artículo- sobre las minorías por parte de las mayorías y para que aquellas sean defendidas por la ley, situación que suele darse en empresas familiares de segunda y tercera
generación.
Sin embargo, coincidimos con el ponente en que ha habido muchos litigios con respecto a este artículo. Esta litigiosidad se ha ido aclarando con sucesivas sentencias judiciales y jurisprudencia, alguna de ellas de la Audiencia Provincial de
Barcelona. El artículo ponía de manifiesto dos condiciones: por un lado, el reparto debía reinvertir como mínimo un tercio de los beneficios sociales, y por otro, que como mínimo este reparto fuese posterior a los cinco años primeros después de la
inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad. Esta condición no exigía en absoluto la reiteración del no reparto, sino que simplemente bastaba con un año o un ejercicio en el que no se hubiera repartido. Este artículo ha requerido ser
aclarado a través de sentencias y de la jurisprudencia. Eso denota que había cierta inconcreción en el propio articulado.
Por otra parte, había una segunda exigencia que consistía en que el minoritario tenía que haber votado en contra del no reparto, o a favor del reparto. Evidentemente, en muchas juntas generales ese punto no se llevaba tan siquiera en el
orden del día, porque en todo caso si no había reparto lo que se llevaba era una provisión de reservas tanto estatutarias como legales. Es decir, nunca se llevaba el tema de poder repartir o no el dividendo porque la mayoría ya había decidido no
repartirlo.
Hay otra necesidad de aclaración con respecto a lo que se denomina el beneficio del objeto social, porque al excluir los beneficios extraordinarios la propia jurisprudencia ha dejado de manifiesto que, por ejemplo, los ingresos financieros
que no corresponden al objeto social de la empresa también se podrían tener en consideración a la hora de cuantificar el tercio del beneficio a distribuir.
La última aclaración que creo necesaria realizar se refiere a los estatutos. Si los estatutos pueden restringir el derecho de separación, mediante un acuerdo que se estableciese en estos, cualquier separación tendría que ir avalada por un
acuerdo unánime por parte de los socios, con lo cual en ese caso evidentemente el derecho de separación estaría restringido. Por otra parte, si a través de los estatutos se pudiera exigir una reserva estatutaria, habría que nutrir sin ningún tipo
de límite que siempre pudiera acogerse a los estatutos para dejar de repartir dividendos.
Concluyo. Mi grupo coincide en que es un artículo que habría que aclarar a través de una modificación de la propia ley. Sin embargo, no creemos necesario que haya suspender su aplicación, puesto que las circunstancias que han originado la
suspensión -que era la contención de los salarios en esas empresas- han sido eliminadas. Por otra parte, la importancia que tiene este artículo coincide con una gran litigiosidad, que ha habido que superar a través de criterios establecidos por la
propia jurisprudencia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Miguel Ángel Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: La recobrada vigencia del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, que reconoce el derecho de separación del socio cuando la sociedad no reparta dividendos pese
a tener beneficios, plantea ciertos riesgos que justifican que se valore detenidamente la suspensión de su vigencia una vez más.
En la actualidad el artículo 93 reconoce al socio un derecho legal de participar en los beneficios. Sin embargo, debe señalarse al respecto que esa participación en los beneficios se configura como un derecho abstracto al dividendo,
naciendo el derecho de crédito cuando existan beneficios repartibles y la junta general así lo haya decidido expresamente, en cuyo caso nace el derecho concreto al dividendo. Nuestro ordenamiento jurídico atribuye así a la junta general la
competencia para decidir sobre los beneficios sociales y si procede o no el reparto de dividendos, debiendo determinar el acuerdo de la junta en su caso la cantidad, forma y momento del pago de dividendo, de modo que solo cuando la junta general así
lo acuerde nace el derecho concreto al dividendo. Teniendo en cuenta que la mayoría accionarial en la junta puede imponer sus criterios, el artículo 348 bis propone una medida de protección a los socios minoritarios para que en los casos en que
estos sientan que no se defienden sus intereses se puedan separar de la sociedad. Debemos analizar qué soluciona y qué consecuencias puede tener en la sociedad este artículo para valorar si debe permanecer vigente o debe ser modificado o derogado.
En definitiva, el artículo no recoge el nacimiento legal de un derecho concreto al dividendo que haga obligatorio para la sociedad su abono, pues ello resultaría contrario a la autonomía de la junta y a la libertad de empresa, sino que
aparece un derecho individual y disponible de separación que le faculta al socio minoritario para que en determinadas circunstancias pueda salir de la sociedad. En cualquier caso, también hay que analizar si la intención del artículo de evitar un
abuso de los socios mayoritarios va a dar lugar a una situación inversa, en la que los minoritarios utilicen este derecho de separación de forma abusiva, controlando la decisión sobre el reparto de dividendos en la sociedad.
¿Qué pretende solucionar? En primer lugar, intenta evitar la conflictividad societaria; intenta y consigue librar del abuso a los accionistas minoritarios. En las sociedades cerradas la existencia de un control estable puede impedir a los
minoritarios obtener cualquier rendimiento económico de la sociedad. La necesidad de que exista un acuerdo previo por parte de la junta a la hora de aplicar el resultado ha provocado en numerosas ocasiones un abuso por parte de los socios
mayoritarios, quienes pueden oponerse reiteradamente en la junta al reparto del dividendo y optar por su reinversión continua en la sociedad. Además, trata de solucionar una forma de abuso de la mayoría muy frecuente en sociedades familiares que se
encuentran en segunda o tercera generación. Algunos análisis dicen que la admisión de la posibilidad de modificarlo por acuerdo unánime y la aplicación del abuso de derecho pueden permitir su modificación cuando por el tipo de sociedad o la
situación de la misma no sea conveniente su aplicación en la forma prevista por la ley.
¿Qué consecuencias puede tener en la sociedad? Si antes eran los mayoritarios quienes tenían el poder a la hora de resolver sobre la aplicación de los resultados y decidían si se repartían o no dividendos, ahora se han cambiado las
posiciones y los minoritarios han sido investidos de un gran poder en este punto. Poder que puede poner en grave peligro la situación económico financiera de la sociedad, al verse obligada a destinar sus recursos, bien al reparto de un dividendo
anual mínimo, o bien a reintegrar el valor de las participaciones o acciones a quienes opten por separarse de la sociedad ante la falta de reparto de dividendo. La introducción de esta nueva causa de separación hace inexigible para los socios su
permanencia en la sociedad cuando el motivo fundamental de su incorporación a la sociedad, la participación en los beneficios, se ve alterada por la decisión de la mayoría.
Un problema que se deriva de la puesta en práctica del contenido de este precepto, y que puede desestabilizar económicamente a muchas sociedades, es la posibilidad de que no exista en la tesorería liquidez para abonar el dividendo, lo que
evitaría ejercitar el derecho de separación. En el momento económico en el que nos encontramos todavía muchas sociedades, pese a alcanzar resultados positivos, no cuentan con liquidez para satisfacer el dividendo mínimo legal, pero su situación
económica tampoco les permite lógicamente restituir las aportaciones de sus socios, en caso de que estos ejerciten su derecho de separación, por no haberse acordado el reparto del referido dividendo mínimo, pudiendo la aplicación del precepto abocar
a muchas sociedades a la necesidad de solicitar concurso de acreedores ante la falta de liquidez. Algunos analistas piensan que hubiera resultado conveniente que la norma hubiera sido un poco más flexible y permitiera que la sociedad, en función de
su situación financiera en el momento de adoptar el acuerdo y de sus intereses, ponderara el dividendo a repartir e incluso permitiera que cuando las circunstancias económicas así lo aconsejen no se reparta dividendo o se reparta uno menor. Además,
no se ha previsto en la norma la posibilidad de que el reparto de dividendos suponga contravenir pactos ya existentes con terceros, problemas que muchos análisis han puesto de manifiesto.
Qué ocurre si la sociedad no ha acordado el reparto de un dividendo porque ello resultase contrario a un acuerdo de financiación o refinanciación celebrado con acreedores, habitualmente con entidades de crédito, en el cual se pactó
restringir el reparto de dividendos en tanto no se haya cancelado el préstamo que había sido concedida. La norma no deja margen para establecer ninguna excepción ni legal ni estatutariamente. El derecho de separación surgirá con independencia de
que existan acuerdos adoptados por la sociedad con terceros en los que el reparto del dividendo suponga una infracción del acuerdo de financiación y pueda, por tanto, dar lugar a la resolución de dicho acuerdo.
Soluciones. En un primer acercamiento a soluciones podemos hablar de pactos parasociales firmados antes de entrar a la sociedad o inclusión de cláusulas en los estatutos. El nuevo artículo 204.1, que entró en vigor en 2015, establece ahora
que se podrá impugnar un acuerdo social, aun cuando no lesiona el interés social, pero se entiende que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando sin responder a una necesidad razonable de la sociedad se adopta por la mayoría en interés propio y
en detrimento injustificado de los demás socios.
El señor PRESIDENTE: Señor Paniagua, tiene que ir terminando.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Hay sentencias en el Tribunal Supremo que estiman la petición, pero también hay otras desestimatorias. Para justificar el abuso de derecho resulta preciso acreditar que el acuerdo por el que se tienen de forma
continuada los beneficios carece de motivación. Hay que destacar algunas propuestas que realizan algunos juristas, en las cuales instan a establecer una alteración de la carga de la prueba, de modo que sea el mayoritario quien deba justificar ante
los tribunales la conveniencia del no reparto continuado. Valorando que en este momento es más importante la supervivencia de las empresas, teniendo en cuenta la necesidad de incrementar la actividad económica para fomentar el crecimiento del
empleo y de los ingresos tributarios, debemos poner el interés de estas por encima del interés de los socios accionistas, por lo que apoyaremos esta proposición no de ley.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.
- SOBRE EL ESTÍMULO DE LAS PATENTES Y PARA LA ADHESIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL A LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001578).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el 4.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre el estímulo de las patentes y para la adhesión del Estado español a la patente europea con efecto unitario. Esta proposición no de ley ha sido
presentada por el Grupo Mixto y para su defensa tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hay una vieja mitología sobre Numancia en España. Hoy podemos decir que Numancia en España la encarna el Partido Popular con su oposición numantina -si me permiten la expresión- a la adopción de la patente única europea. Para ser
sencillos, lisos y claros no lo entendemos, señorías. Veintiséis de los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea han adoptado este instrumento a favor de la innovación y de un nuevo modelo económico, pero España se resiste. Permítanme
recordar que este asunto ya fue discutido en una anterior Comisión, a propuesta del Partido Socialista. En honor a la verdad se debe reconocer que este asunto ya ha sido discutido en esta Comisión.
Nosotros teníamos registrada ya esta iniciativa y hemos considerado muy conveniente traerla a votación y a discusión -una vez más- porque España, que supone el 5% del PIB de la Unión Europea a Veintiocho, solo está en la décima posición en
cuanto a solicitud de patentes. Este instrumento fue impulsado por la Unión Europea en el año 2013 y tiene una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea del año 2015, respecto a los temas lingüísticos, que llevó al final a que
Italia se sumara al instrumento de la patente única europea. No entendemos que el Gobierno del Partido Popular -para ser más concretos- se quede en minoría en esta Cámara legislativa y no entienda que aquí no se trate de una cuestión de
nacionalismo lingüístico. Las tres lenguas oficiales en materia de patentes desde el año 1973 -año en el que éramos muy jóvenes o incluso año en el que algunos de los presentes en esta sala nacimos- son el inglés, el alemán y el francés. No
entendemos que de veintiocho Estados miembros, veintiséis lo hayan adoptado y solo falten España y Croacia. No lo entendemos porque a efectos prácticos
supone grandes beneficios. Por un lado, supone una reducción muy importante del coste del registro de las patentes: con la patente única la cifra promedio es de 4.725 euros, pero con la patente clásica la cifra asciende a 35.000 euros.
Por otro lado, la patente única europea tiene un importante beneficio, porque supone la incorporación a una jurisdicción única que alcanza a los veintiséis Estados miembros adheridos.
Señorías, en esta Comisión hablamos del estímulo de instrumentos a favor de una nueva economía, de una economía del siglo XXI. Por tanto, debemos reflexionar por qué Alemania -ella sola- computa el 38,6% en las patentes concedidas en este
sistema de la patente única europea, seguida por Francia con el 14,9%, por Italia con el 6,8% y por Reino Unido con el 5,7%. Y por el contrario, España solo representa el 1,4% en el sistema de patentes en la Unión Europea, por detrás de países como
Suecia o los Países Bajos, con menos población y un PIB inferior al español.
Les quiero recordar que esta es una vieja constante del Partit Demòcrata y del anterior Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Nosotros presentamos la primera iniciativa en ese sentido en el año 2010, instando al Gobierno a sumarse a
la normativa que entró en vigor en el año 2013. Asimismo, cuando se aprobó la Ley 24/2015 de Patentes instamos a través de idénticas enmiendas a hacer los trámites necesarios para ser partícipes, junto al resto de los Estados miembros de la Unión
Europea, del despliegue de la patente europea con efecto unitario, así rezaba nuestra enmienda.
Señor presidente, termino mi intervención porque creo que he expuesto los términos generales de la propuesta del Partit Demòcrata. Hoy Numancia la encarna el Partido Popular con su negativa a impulsar la adhesión de España a la patente
única europea con efectos unitarios, tal y como mi grupo propone en el punto 1 y 2 de esta proposición no de ley, así como en el punto 3 a través de políticas activas de fomento y de familiarización de esta patente única entre las pequeñas y
medianas empresas y los actores económicos.
Quiero terminar diciendo que a esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que nosotros vemos con buenos ojos y muy positivamente. Por tanto, vamos a aceptar esta enmienda y esperamos que esta
iniciativa pueda ser aprobada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
En defensa de la enmienda presentada y anunciada por el señor Xuclà, tiene la palabra el señor Roldán.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidente.
Sin que sirva de precedente, ya que el portavoz del Partit Demòcrata ha dicho que van a incorporar nuestra enmienda, votaremos a favor junto a su grupo en defensa de esta iniciativa.
Voy a ser breve porque ya hablamos la semana pasada en esta Comisión sobre este mismo asunto y ya dijimos cuál era nuestra posición. España no puede permitirse permanecer fuera del consenso europeo, tenemos gigantescos problemas de
competitividad, ni permanecer aislados del mercado único en esto. Son veinticinco países los que se han sumado a la patente unitaria, solo España y Croacia se han quedado fuera, hasta Italia se ha añadido recientemente a esta iniciativa. Nosotros
creemos que no podemos quedarnos fuera, la fragmentación de los mercados en Europa en un mundo de gigantes no tiene ningún sentido. Los costes legales y los costes lingüísticos hacen que las empresas que están compitiendo en Europa se enfrenten a
unos costes en el proceso de la elaboración de patentes quince veces más altos que en Estados Unidos. Si queremos poder competir, si queremos poder crear empleo es imprescindibles que no nos pongamos trabas a nosotros mismos, que no nos hagamos
trampas al solitario.
Por tanto, vamos a votar a favor, aunque entendemos las reivindicaciones lingüísticas que hemos venido haciendo al Parlamento Europeo durante años, pero también comprendemos que no se puede posponer más este asunto y que hay que incorporarse
cuanto antes a esta patente única.
Simplemente quiero añadir que precisamente para promocionar el sistema de patentes español con el fin de fomentar una mayor innovación y conexión entre universidad y empresa, después de una larga negociación acabamos de incorporar en el
presupuesto de este año un mejor sistema de conexión -que también va a favorecer a Cataluña en este caso y al resto de España- que llamamos Red Cervera de transferencia tecnológica y que permitirá impulsar la innovación. Básicamente emula el
sistema de la red Fraunhofer alemana, que ha sido un éxito extraordinario para conectar los procesos productivos de las pequeñas empresas con la universidad y así solventar problemas productivos e impulsar las patentes. Este sistema ha multiplicado
el número de patentes en Alemania y nosotros queremos emularlo en España. Por tanto, votaremos a favor de esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roldán.
Turno de fijación de posiciones. ¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, señor Roldán, esta Comisión puede que pase a la historia y quizás alguno de nosotros sea llamado a capítulo vistos los resultados de las votaciones. Hace pocas semanas discutimos este punto en una PNL del Grupo Parlamentario
Socialista, y al ver el orden del día tuve una especie de déjà vu, pensaba que me confundía puesto que volvemos a discutir sobre esta posición de equivocación de prioridades del Grupo Parlamentario Popular, fruto de un nacionalismo caduco que
focaliza su atención en la lengua cuando lo que están pidiendo las empresas que innovan y exportan es que se avance en disponer de una estrategia sobre patentes, excepto la CEOE, claro. El fino olfato político del proponente, mi querido amigo, el
señor Xuclà, ha hecho que precisamente el día que se discute esta PNL se entreviste en un conocido periódico económico de referencia a don Benoît Battistelli, presidente de la Oficina de patentes. Y señala con datos la situación de España en el
puesto diecisiete en cuanto al número de solicitudes de patentes en Europa, con unas 1.500 patentes. Aunque el país va progresando, el señor Battistelli nos recuerda que están por encima países como Finlandia, Austria, Dinamarca, Bélgica, Suecia,
Italia o los Países Bajos. Y si calculamos el número de solicitudes de patentes por millón de habitantes que es un indicador habitual, aquí España está en el puesto número veintisiete, incluso la respetable República de Estonia está por delante.
Desde ya les propongo, si les parece, solicitar todos los grupos parlamentarios la comparecencia del señor Battistelli para profundizar en el tema, porque lo que queda claro es que no hay una razón política tras la decisión. La lengua es una excusa
y se trata de una cuestión claramente técnica y económica, y es que actualmente los costes de garantizar la misma protección en los veintiséis países europeos que forman parte de la patente unitaria son alrededor de 35.000 euros por un periodo de
diez años, mientras con la patente unitaria tan solo serían 5.000 euros.
Además, la oportunidad está en trabajar una estrategia sobre patentes porque no sé si son ustedes conscientes de que con el brexit el sistema va a saltar por los aires, ya que el proyecto de patente europea de efecto unitario tiene su clave
en el artículo 89.1, que indica que el acuerdo entrará en vigor siempre que entre dichos instrumentos se encuentren los de los tres Estados miembros en los que haya tenido efectos el mayor número de patentes europeas del año anterior a la firma del
acuerdo, y esto quiere decir Alemania, Francia y el Reino Unido. Precisamente se va a crear una situación de inseguridad jurídica que no es más que una oportunidad para posicionarnos al respecto. Desde nuestro punto de vista sería interesante
favorecer las solicitudes de patentes triádicas que es realmente donde tendríamos que focalizar porque son las que marcan las diferencias entre países. Una familia de patentes triádicas es aquella que, según la definición de la OCDE, tiene una
solicitud de patente europea, una solicitud de patente japonesa y una concesión de patente de los Estados Unidos. Por ahí entendemos que se mueve el mundo de la I+D+I y no por las excusas de nacionalismo cerrado que hasta ahora el Partido Popular
está poniendo sobre la mesa. Les sonará a los señores del PP lo que van a oír: el nacionalismo se cura viajando. Por todo ello vamos a votar a favor de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra doña María Rosa Martínez.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que cuanto más leo y escucho sobre la patente unitaria menos comprendo el aducir la razón lingüística para quedarnos fuera de este proceso europeo, que podrá tener sus limitaciones, podrá tener sus fallos, podrá ser mejorable,
pero de todas formas nos parece incomprensible quedarnos fuera. El sistema de patentes es fundamental para la competitividad de nuestras empresas y de la investigación española; quedarnos fuera solo obligaría a nuestras empresas, a nuestros
centros de investigación, a un doble proceso: registrar una patente en España y registrar una patente para el resto de Europa. Compartimos la preocupación generalizada por las pocas patentes que desde España se registran en la Unión Europea. Para
nosotros esto tiene una explicación muy clara que son los continuos recortes en investigación que se han venido dando en este país, y la nula atención política a nuestro sistema de investigación e innovación al que no se permite ponerse a la altura
de los mejores sistemas de innovación del mundo para poder patentar al mismo nivel que otros países. Efectivamente, podemos dar todas las
facilidades del mundo para que nuestras empresas patenten, pero lo que necesitamos de verdad es una transformación de nuestro modelo de I+D+I porque, si no, nos quedaremos sin nada que patentar.
Ya dije en la anterior sesión de la Comisión en la que debatimos este tema que tenemos que ir hacia un nuevo modelo de gestión de la propiedad intelectual, repensar el actual modelo porque, efectivamente, está agotado. Es imprescindible una
mayor transparencia en la gestión de la propiedad intelectual, de la patente, sobre todo de aquella que se ha adquirido con fondos públicos, y explorar nuevos modelos como el copyleft que vemos que está llegando a todas partes, el hardware de código
abierto, etcétera. Hay que ir hacia un cambio en el concepto de innovación, nuevas fórmulas de ventaja competitiva y eso, efectivamente, se consigue no solo con financiación del sistema de I+D+I, sino con voluntad y una política de transformación
desde las estructuras en la manera en cómo se investiga y se innova en este país..
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Palacín.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Ya adelanto que mi grupo votará a favor de esta iniciativa, no podría ser de otra manera. En esta intervención podría limitarme a reproducir las palabras de mi compañera, portavoz de industria, doña Patricia Blanquer, con las que defendió
una iniciativa socialista hace menos de un mes en esta Cámara. No entraré a valorar si es positivo o no discutir en esta Comisión dos iniciativas tan similares en un plazo tan corto de tiempo, lo que sí denota es que estamos ante un asunto de
importancia y de actualidad para la mayoría de los grupos parlamentarios, para todos salvo para uno que es lo que parece que va a pasar otra vez con esta votación. En nuestra iniciativa, aprobada el 7 de marzo, solicitábamos más o menos lo mismo
que en esta PNL que presenta el PDeCAT. Todos somos conscientes de la importancia de asumir este proyecto a nivel europeo por todo lo que conlleva; primero, por la reducción del coste económico y de plazos para todas nuestras empresas y organismos
económicos. Segundo, porque un marco adecuado de propiedad industrial es básico para el éxito de la transformación de nuestro modelo productivo. Ya hemos discutido una iniciativa en esa línea hace unos minutos. Creo que si queremos avanzar en un
cambio de modelo basado en el conocimiento tenemos que subirnos al barco de la patente europea. Y tercero, porque no debemos esperar más, somos junto a Croacia el único país que no se ha adherido al sistema de protección reforzada. Es posible que
a partir del 1 de septiembre la Oficina europea de patentes abra el plazo para incluir las solicitudes de patentes con efectos como patente europea, y eso será un grave perjuicio para todas nuestras empresas e investigadores.
Como han comentado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, la oposición por parte del Grupo Parlamentario Popular a firmar la patente europea basándose únicamente en la defensa de nuestra lengua como uno de los idiomas
científicos de la Unión Europea, no se sustenta. Tiempo habrá para seguir reivindicando lingüísticamente el español o el castellano como una de las lenguas científicas a nivel internacional, pero esto no tiene que ser óbice para la firma de este
tratado. Además, deberíamos aprovechar la situación del Reino Unido tras el brexit, en principio el sistema es solo para Estados miembros y no sabemos qué ocurrirá con cada una de las secciones especializadas del tribunal unificado. Es verdad que
la sección del ámbito farmacéutico y químico se iba a radicar en Londres y ahora parece que está en el aire. Como hemos con la sede de la Agencia Europea de Medicamentos sobre lo que hemos debatido en sesiones anteriores de esta Comisión,
deberíamos intentar gestionar que estos organismos pudieran recalar en nuestro país.
Por último, además de un tema técnico o científico creo que esto también tiene un ámbito más político. Los socialistas somos plenamente europeístas y entendemos que España también debe contribuir a profundizar en el proyecto europeo, esta
puede ser una ocasión para demostrarlo. España debe liderar la defensa de la Unión Europea por encima de otros intereses, y esta es una muestra más de lo que tenemos que hacer.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Palacín.
Por las manifestaciones que han hecho los distintos portavoces entiendo que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha sido aceptada por el grupo proponente. Entonces pasamos a la siguiente proposición no de ley. (La
señora Cotelo Balmaseda pide la palabra). Disculpe, señora Cotelo, pido disculpas al Grupo Parlamentario Popular, la confianza hace estas faenas.
Tiene la palabra la señora Cotelo para expresar la posición del Grupo Parlamentario Popular.
La señora COTELO BALMASEDA; Muchas gracias, señor presidente.
Como ha dicho algún compañero, se trata de una PNL recurrente puesto que el mes pasado, en la anterior sesión, abordamos este asunto, ahora en una situación de mayor incertidumbre relacionada con la desconexión del Reino Unido y el brexit,
lo que nos lleva a mantener nuestra postura alineada en este caso con gran parte de los afectados a través de su interlocutor válido, la CEOE, y el ministerio. Ustedes parece que se olvidan de dos puntos más que se incluyen en esta PNL, que son la
modificación de la Ley de Patentes y el establecimiento de unas medidas transitorias de las que luego quisiera hablar. Centrándome en principio en la adhesión a la patente europea, me gustaría dejar claro que el Grupo Parlamentario Popular no solo
fija su posición en un asunto de discriminación lingüística, sino en un asunto de seguridad jurídica y de competitividad, es decir, razones económicas que son importantes para nuestras empresas. En este sentido y antes de empezar me gustaría
agradecer a don Francisco Moreno, un funcionario experto en patentes, todas las aclaraciones y su generosidad al compartir sus conocimientos. Les invito a que visiten un blog muy interesante que ha elaborado sobre patentes.
Dicho esto, parece contradictorio o sorprendente que el Grupo Parlamentario Popular que es defensor de la Unión Europea, no quiera sumarse a una iniciativa de la Comisión Europea, pero lo que es más sorprendente es el cambio de postura del
Grupo Parlamentario Socialista que ya desde el año 2011 se manifestó en contra por razones de seguridad jurídica y de discriminación lingüística. Esta posición también es defendida en el Consejo de Ministros de Competitividad de la UE con un amplio
consenso y apoyo de las organizaciones empresariales tanto con el Gobierno socialista como con el Gobierno de don Mariano Rajoy. Entonces y ahora existían y existen tres motivos que son la lengua, la falta de seguridad jurídica y la competitividad
que nos hacen mantener nuestra postura.
Respecto a la lengua, evidentemente el español es idioma oficial en las Naciones Unidas y también en los sistemas de propiedad industrial internacionales. La defensa de la lengua española como lengua tecnológica es una prioridad estratégica
para España, y nos sorprende que muchos partidos para los que la lengua es algo irrenunciable, de repente defiendan más el inglés que el castellano, y no tiene nada que ver con los nacionalismos. Pero no se equivoquen, el Grupo Parlamentario
Popular tiene muy claro que apoya a la comunidad europea, que apoya un sistema de patentes, pero pide que dicho sistema respete y cumpla los principios de seguridad jurídica y de no discriminación lingüística. Lamentablemente, esta propuesta de
adhesión al sistema de cooperación reforzada y el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes no los cumplen y, por lo tanto, entendemos que no es bueno ni para las empresas españolas ni para el interés general. Estas razones fueron las mismas
que en su momento llevaron al Gobierno socialista y a los posteriores Gobiernos del Partido Popular a rechazar esas propuestas y a tener que recurrir la cooperación reforzada relativa a los dos reglamentos. En concreto estamos hablando de los
Reglamentos 1527/2012 y 1260/2012 y del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes, que constituyen una doble discriminación en cuanto al idioma. Una primera discriminación respecto a la solicitud y tramitación de patentes europeas, ya que los
solicitantes de ciertos países pueden utilizar su idioma oficial, inglés, francés y alemán, mientras que los españoles no. Y una segunda discriminación con respecto a las patentes europeas concedidas, por la exención de presentar traducción de las
patentes con efecto unitario, ya que el 99,20% de las patentes europeas que se conceden pertenecen a titulares no españoles. Sin olvidar un tercer aspecto de la merma de la capacidad de innovación al no venir las patentes unitarias publicadas en
idioma español que sería lo que nos diese cierta ventaja. Esta discriminación en el primer aspecto ya existe, mientras que la segunda y la tercera solo se producirían en el caso de que España se adhiriese a los reglamentos. Las discriminaciones en
el segundo y tercer aspecto serían las más perjudiciales para España porque las empresas españolas se verían obligadas a respetar la adhesión de más de 50.000 patentes al año que son las que piden el efecto unitario sobre las más de 95.000 que se
han concedido en el año 2016 sin traducción al español. Evidentemente, esto ocasionaría inseguridad jurídica y el traslado de costes a las empresas españolas que se verían en la necesidad de sufragar estas traducciones.
Por otra parte, la ratificación del Acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes nos lleva a otras tres discriminaciones: en primer lugar, en las acciones de nulidad directa -llamadas de revocación- y en las acciones de jactancia -las
declaratorias de no infracción- que solo se podrán plantear en la lengua de tramitación de la patente europea, es decir, inglés, francés o alemán, ante la división central de dicho tribunal y no ante las divisiones locales, lo que favorece a las
empresas cuya lengua oficial sea una de esas tres. Entonces, nuestras empresas deberán utilizar una lengua que no es la propia tanto para atacar la validez de una patente como para defenderse de un ataque. La segunda discriminación se produce en
las acciones por infracción que sí se podrán presentar ante la división local o regional, pero nos encontramos con que cuando una empresa española es la demandada tiene que asumir la lengua del demandante, cuando la norma general lo que
viene a decir es que se asume la lengua de trabajo de la división local. Y si el demandante pide que se asuma la lengua de la patente unitaria, decide el presidente de la división local. Por lo tanto, siendo conscientes de que el 99,20% de las
patentes no están a nombre de empresas españolas, nos encontraríamos con que el riesgo de que una demanda por infracción de actividad en España ante una división y otro idioma sería de un 99,20%. Es más, sería ingenuo pensar que un titular
extranjero puede demandar a una empresa española ante una división local si puede hacerlo en otro territorio. Además, las decisiones del Tribunal Unificado de Patentes podrían obligar a una empresa española a cesar la actividad, incluso a
interrumpir sus exportaciones, por lo que estaríamos hablando de una situación de indefensión. Si a esto le añadimos la regla 14/2C del Reglamento del TUP, donde se permite la utilización de una lengua adicional, todavía sumamos más. Y por último,
tenemos el tema de los costes judiciales que nos produciría mayor indefensión. Estamos hablando de unas tasas de personación que van en una escala de 10.000 a 20.000 euros para daños inferiores a 500.000 euros, y de las tasas de costas de un mínimo
de 40.000 euros. Todo esto es una importante barrera para las empresas españolas que no podrán recurrir en las mismas condiciones.
Estos argumentos de protección y de cautela que nos llevan a la actual situación no quitan para señalar que el hecho de que España no se adhiera a estos reglamentos no supone que las empresas españolas no puedan hacer uso de dichos sistemas.
En conclusión, por ser un sistema que privilegia a las grandes empresas multinacionales y extranjeras frente a las locales y nacionales, no solo España y Croacia no han firmado, sino que otros países tienen dudas y reticencias. Hay un estudio muy
interesante para Polonia que recomiendo a todos y otro de España de 2007, donde se cuantifica en cifras. En el caso de España supondría una pérdida de 2.360 millones anuales, y en el caso de Polonia de cerca de 12.000 millones en veinte años. En
definitiva, la perjuicios de la ratificación por España de este tratado siguen existiendo y no hay ningún cambio para reconsiderar la decisión que el Partido Socialista tomó en su momento y que ha mantenido el Partido Popular, decisión que además es
respaldada y apoyada por las empresas españolas a través de su interlocutor, la CEOE.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cotelo.
- RELATIVA A LA REGENERACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001671).
El señor PRESIDENTE: Ahora sí, pasamos al punto 5.º del orden del día: proposición no de ley relativa a la regeneración del Banco de España, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que ha incorporado una enmienda. Entiendo que
hará la defensa conjunta de la proposición original y la enmienda.
Para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor De la Torre.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchísimas gracias, señor presidente.
Señorías, como miembros de la Comisión de Economía todos ustedes conocen que el sector bancario es fundamental para la actividad económica en la medida en que permite que los ahorros de los ciudadanos se inviertan en la actividad productiva.
Por esta razón, el sector bancario está sometido a una regulación particularmente exigente y a una supervisión que debe ser lo más eficiente posible. Sin embargo, España se ha enfrentado a una gravísima crisis financiera que ha tenido tres
consecuencias fundamentales: en primer término, el coste del rescate a cargo de fondos públicos que el Tribunal de Cuentas ha evaluado en 61.000 millones de euros. En segundo lugar, la práctica desaparición de las cajas de ahorro que han dejado de
invertir en obra social todo lo que venían invirtiendo. Y en tercer lugar, hemos padecido una crisis económica aún más grave de lo previsto por los indicadores económicos básicos porque muchísimas empresas y familias se quedaron sin liquidez y las
entidades financieras no pudieron responder. En esta legislatura la primera reacción de la Cámara fue aprobar por unanimidad del Pleno la constitución de una Comisión de investigación hace casi dos meses, para conocer las causas de esta crisis
financiera y del posterior rescate. Además, mi grupo parlamentario ha solicitado la comparecencia del gobernador del Banco de España -supongo que en algún momento se producirá- para explicar la situación de dicha entidad que, a nuestro entender, es
particularmente grave. En primer término tenemos
que decir que la práctica totalidad de la cúpula de la supervisión financiera del Banco de España fue imputada por la Audiencia Nacional por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de su función, cosa que no había ocurrido nunca.
Esto ha puesto de manifiesto que la supervisión en el Banco de España es claramente mejorable y nuestro objetivo es evitar una nueva crisis financiera o por lo menos preverla de una forma razonable.
En este sentido, mi grupo ha presentado esta proposición no de ley con cuatro puntos fundamentales: primero, instar al Gobierno para que, a su vez, inste al Banco de España, como en todos los casos, dentro del respeto a su autonomía en
política monetaria, a que colabore con la justicia. ¿Por qué? Porque una de las pruebas básicas del asunto de Bankia que está en los tribunales, los correos del inspector responsable de la supervisión de Bankia, el señor Casaus, los tuvo que
aportar el mismo ya que en el Banco de España no aparecieron. No está de más recordar que el asunto de Bankia fue el detonante de un rescate que nos ha costado más de 20.000 millones de euros a todos los españoles, y que el propio ministro de
Economía, don Luis de Guindos, afirmó que si esta intervención se hubiese producido con anterioridad, hubiese habido menos restricciones de liquidez y España no habría tenido que solicitar un rescate porque hubiera habido fondos disponibles. Por
otra parte, tras la imputación que les he comentado del caso Bankia, los nuevos jefes de supervisión y la dirección del banco recogieron firmas a favor de las personas imputadas, actuación para la que la Comisión ejecutiva del Banco de España
reclamó respeto, pero a todos los representantes de los trabajadores les pareció contraria a sus derechos. También nos llama la atención que la cúpula de la supervisión sean las mismas personas que en su momento decidieron autorizar tanto la fusión
de las cajas que desembocó en Bankia como su salida a bolsa. Por tanto, consideramos que con independencia de lo que digan los tribunales penales, la supervisión no se hizo de una forma razonable y nos llama la atención que estas mismas personas
estén a cargo de la supervisión. (El señor vicepresidente, Camacho Sánchez, ocupa la Presidencia).
Por encima de todo esto, lo más importante en nuestra opinión es la cuestión de los procedimientos y la organización del Banco de España. El Tribunal de Cuentas en su último informe ha detectado fallos en la organización y en los
procedimientos -tampoco es un tema novedoso porque ya lo detectó, por ejemplo, el Partido Popular y lo llevaba en su programa electoral en 2011-, y para nosotros es fundamental que la información de los únicos que la tienen, que son los equipos de
inspección destacados en las entidades financieras, llegue correctamente a la cúpula que es la que toma las decisiones. Y digo esto porque encontrarnos con una página como esta, del periódico El mundo que les puedo enseñar, con el siguiente
titular: Los detalles de Bankia felizmente no me llegaron nunca, declaración de don Miguel Ángel Fernández Ordoñez en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es sencillamente inconcebible. Con independencia de la opinión que se pueda tener
sobre la labor de supervisión concreta que realizó el gobernador del Banco de España, el señor Fernández Ordoñez, desde luego nuestro objetivo es garantizar que por encima de todo no haya forma de que la cúpula del Banco de España, la que tiene que
tomar las decisiones, no se entere de los detalles, especialmente en casos como dos de las decisiones más importantes de la crisis económica; primero, autorizar las fusiones de las cajas que dieron lugar a Bankia y, segundo, la salida a bolsa de
una entidad financiera que dentro de España era la más grande de todas. En estas condiciones nos encontramos con que la información no llegó y el antiguo gobernador afirma que los detalles de Bankia felizmente no le llegaron nunca. Queremos que
estos procedimientos y esta organización cambien para que los sucesivos gobernadores del Banco de España tengan un poquito menos de felicidad y una mayor información, una información que solo pueden dar los inspectores que están en las entidades.
Por estas razones, solicitamos el voto favorable para esta proposición no de ley de reforma y regeneración del Banco de España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camacho Sánchez): Muchas gracias, señoría. Doy por entendido que también ha defendido la enmienda.
Pasamos, por tanto, al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Llama la atención el texto de esta iniciativa que en varios de sus apartados insta al Gobierno a que, a su vez, inste a los órganos rectores del Banco de España nada menos que a colaborar con la justicia, a que no
cometan abusos de autoridad, y a que apliquen los principios de mérito y capacidad en sus oposiciones. Esto último ha sido autoenmendado por los proponentes, aunque no
modifica el fondo de la crítica. Los órganos rectores del Banco de España son el gobernador, el subgobernador, la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Gobierno. No son muchas personas, en total nueve, todas ellas naturalmente sometidas al
mandato constitucional, al cumplimiento de las leyes y, singularmente, a la Ley de autonomía de nuestro banco nacional. A la vista de la exposición de motivos y de las noticias que aparecen en los medios, así como de los informes de otros
organismos e instituciones, es obvio que el Banco de España tal vez debería hacer un esfuerzo perceptible de mayor transparencia y de imagen. Muchos creemos que se han hecho muchas cosas bien, pero a ningún ciudadano, y menos a los que tenemos la
responsabilidad de representar a los españoles, nos agrada que actuaciones de una institución tan relevante sean objeto de duda porque eso incide en la confianza, pilar básico de nuestro sistema político, económico y social. Es muy posible que lo
poco malo oculte lo mucho bueno y el crucial papel del Banco de España en la superación de la reciente crisis.
Dicho esto, no considero adecuado el texto de esta iniciativa de Ciudadanos y por eso la voy a rechazar. Cuando en 1994 se debatió la Ley de Autonomía del Banco de España, que consta de 30 artículos y unas cuantas disposiciones, algunas de
ellas amplísimas, como es el caso de la adicional sexta, nuestros antecesores en las Cortes Generales dieron énfasis a dos grandes conceptos: la autonomía y la independencia; al fin y al cabo se trataba por encima de todo de la política monetaria,
que, obviamente, hoy, en la España del siglo XXI, ya tiene otras derivadas, porque en 1994 estábamos en la peseta y hoy España está en el euro. Por cierto, un logro formidable conseguido contra todo pronóstico por el Gobierno Aznar, del que formaba
parte Mariano Rajoy, que heredó nada menos que cuatro devaluaciones sucesivas de nuestra moneda, y esa autonomía e independencia del Banco de España para dirigir la política monetaria supuso un giro histórico, porque durante casi dos siglos, que
comenzaron en 1782 con el Banco de San Carlos, hasta 1980, el banco había tenido absoluta dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda.
Coincido con la gran preocupación de quienes consideran que hace años hubo asuntos que se pusieron en entredicho por determinadas actuaciones y que evidencian fallos en la supervisión financiera, pero esta fórmula de instar al Gobierno para
que a su vez inste a una institución autónoma independiente -y yo desearía que sacrosanta, a pesar de episodios funestos en su historia- no me parece pertinente. Por otro lado, afortunadamente, tenemos funcionando a los tribunales de justicia, que
son los que tienen que dirimir, castigar y sancionar si ha habido comportamientos dolosos, ilícitos o irregulares. Cuestión diferente es el apartado cuarto de la proposición, en el que se trata de impulsar una ley de reforma de los procedimientos.
Finalmente, no quisiera dejar de comentar que el Fondo Monetario Internacional realizó en el pasado mes de marzo el examen quinquenal del Banco de España. Del anterior se derivó la intervención de Bankia. Sería imperdonable que no
hubiésemos aprendido nada desde entonces, pero no existen datos objetivos que permitan pensar en la necesidad de aplicarse en los términos creo que bastante radicales que pretende el Grupo Parlamentario Ciudadanos con esta proposición no de ley,
que, como dije antes, votaré en contra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camacho Sánchez): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Del Grupo Vasco, no está su portavoz.
Del Grupo de Esquerra, tampoco.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero.
El señor MONTERO SOLER: Gracias, señor presidente.
Creo que la proposición no de ley que trae el Grupo Ciudadanos es oportuna pero que le falta contundencia. Hubiera sido más contundente si en su dimensión expositiva se hubiera remitido a las bases del conflicto que estamos tratando ahora y
a la continuidad que ese conflicto ha ido manteniendo en el tiempo. Las bases del conflicto se remontan a la Ley 13/1994, de Autonomía del Banco de España -en otros lugares llamada independencia-, donde se restringió la rendición de cuentas del
Banco de España ante los poderes públicos, se socavó su legitimidad democrática planteando que la política monetaria es una cuestión técnica, no política, y eso es un grave error, y se trató de dotarlo de independencia frente a los poderes públicos
representados y representativos, pero se olvidó de dotarlo de independencia precisamente frente a aquellos que son regulados, como los poderes financieros y bancarios.
¿Por qué digo esto? Básicamente, porque el conflicto entre la parte técnica de la supervisión del Banco de España y la dirección política del Banco de España ha estado abierto y enconado desde la aprobación de esa ley, teniendo como
protagonistas a los distintos gobernadores del Banco de España. Lamentablemente -o por fortuna-, la historia ha venido a dar la razón por la vía de los hechos y por la vía de la justicia a los inspectores, frente a los gobernadores. Si nos
remontamos al inicio del conflicto, podemos leer la carta que le dirigieron los inspectores al ministro Solbes el 26 de mayo de 2006 cuestionando la gestión y las declaraciones del gobernador en aquel momento, el señor Caruana. Leo un párrafo de la
misma, para poner en mi boca las palabras de aquellos: Los inspectores del Banco de España nos vemos en la obligación de hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala evolución del
mercado inmobiliario en España durante los últimos seis años es muy superior al que se desprende de la lectura de los mencionados discursos del gobernador. Además, creemos que su análisis sobre las circunstancias que han propiciado la delicada
situación actual es, cuando menos, parcial, ya que obvia una de sus causas más evidentes: la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España, con su gobernador a la cabeza, ante el insostenible crecimiento del crédito bancario
en España durante los años del mandato del señor Caruana. En nuestra opinión, detrás de este crecimiento desordenado del crédito, especialmente en la parte dedicada a la financiación de la actividad inmobiliaria, se encuentra, en último término, la
falta de determinación demostrada por el gobernador para exigir a las entidades sometidas a la supervisión del Banco de España el rigor en la asunción de riesgos exigibles a gestores de recursos ajenos. Es una carta dirigida al ministro Solbes, y a
saber lo que hizo el ministro Solbes con ella. De aquellos polvos, estos lodos.
Luego vino Miguel Ángel Fernández Ordóñez -ahí, a cubrirse de gloria-, investigado, junto con la cúpula de la supervisión financiera, por la salida de Bankia a bolsa, con distintos elementos que ahora han puesto de relieve -como ha señalado
el portavoz de Ciudadanos- los correos que el Banco de España no hizo públicos y que tuvieron que aportar los inspectores: planteando dudas entre la solvencia y la calidad de los resultados del grupo Bankia, calificando de grave y de débil la
generación de resultados de Bankia, advirtiendo del desfase patrimonial que iba a suponer sobre la matriz de Bankia, BFA, la salida a bolsa, pidiendo en algún momento la dimisión del entonces subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, y
poniendo de manifiesto la estrategia interesada, a favor de Bankia y en contra de los inversores, especialmente de los pequeños inversores. Como afirma la asociación de gestores del Banco de España en un comunicado del 9 de febrero de 2016, es
urgente averiguar al respecto en qué fase o fases del procedimiento supervisor se han cometido errores, no solo en el caso de Bankia, sino también en todos aquellos que han implicado un alto coste para los ciudadanos españoles, a fin de garantizar
que no vuelvan a tener lugar. Parece que los supervisores están más preocupados -y, afortunadamente, lo están- por la salud financiera del sistema que el gobernador. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Pero el conflicto no termina en MAFO, en Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y llega a Linde, en ese continuo entre gobernadores que dicen una cosa e inspectores que señalan la contraria: acusaciones, por un lado, de filtrar informes a Bankia
con relación a la venta por parte del banco español de la Torre Foster, en Madrid -curiosamente, Bankia siempre en el centro del huracán de todos los conflictos-; quejas sobre el funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión -esa cosa que tiene
nombre de cartas-, el MUS; diferencias con relación al diseño en la cuestión de la eficacia supervisora, la pasividad y la autocomplacencia con la que hemos adoptado las normas que venían del MUS; cuestionamiento de la supervisión prudencial, por
centrarse solo en la cuestión de la posición de capital y obviando el análisis de las carteras de activos, y, algo todavía más relevante, la insuficiencia de medios, de inspectores para las inspecciones in situ. Y frente a la demanda y la carencia,
la ocurrencia del gobernador del Banco de España, a quien solo se le ocurre suplir esa carencia incluyendo auditoras privadas en los equipos de inspección in situ.
El señor PRESIDENTE: Debe terminar ya, señor Montero.
El señor MONTERO SOLER: Termino, señor presidente.
En primer lugar, violentando una función que corresponde a la Administración y a los administradores públicos, y, en segundo lugar, obviando el conflicto de intereses porque auditoras privadas que puedan actuar como consultoras o auditoras
realicen inspecciones para la Administración pública.
Por tanto, sí, hay que regenerar el Banco de España, reforzando su independencia, pero frente a los regulados, no frente a los reguladores ni frente al poder político; segundo, reforzando la capacidad supervisora de los inspectores, que se
han demostrado mucho más capaces que la dirección, y, sobre todo, reforzando la legitimidad democrática y la rendición de cuentas del Banco de España, que buena falta nos hace.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Botella por tiempo de cinco minutos.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista no comparte el diagnóstico ni la solución que propone Ciudadanos en esta iniciativa, y no la compartimos ni en la forma ni en el fondo; en la forma, porque la PNL se convierte en una pura
descalificación a una autoridad administrativa independiente como es el Banco de España, empezando por el título, en el que ya directamente hablan de regeneración del Banco de España. Creo que son palabras mayores y que es un título muy
desafortunado. Si piden regenerar es porque piensan que está degenerada. ¿Saben ustedes, señores de Ciudadanos, que las acepciones más utilizadas del antónimo de regeneración son degeneración, destrucción, corrupción y vicio? ¿Es que acaso
Ciudadanos acusa al Banco de España de degeneración, destrucción, corrupción y vicio? La PNL se convierte en puro barro, fruto del charco en el que se ha metido el señor De la Torre con sus rifirrafes particulares y sus artículos, que no duda en
traer a colación en la exposición de motivos, con lo cual nos ha hecho partícipes a todos de su historia, con argumentos de parte que destilan corporativismo, que no corresponden al interés general de las instituciones, a la debida independencia que
debe regir la actuación de los diputados ni al respeto a la honorabilidad de las instituciones, como es el caso de nuestro banco central nacional.
Y en las formas tampoco están a la altura. El pasado 22 de febrero nos dimos, aprobamos en el Pleno del Congreso una Comisión de investigación de gran relevancia, sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera,
y ya el portavoz socialista de economía, nuestro diputado Pedro Saura, apostó -para que no quepa ninguna duda sobre cuál es nuestra posición- por que en esta Comisión se aborde desde la experiencia de lo sucedido un cambio en la gobernanza,
homologable a las mejores prácticas internacionales para instituciones como el Banco de España; pero el señor De la Torre o el Grupo Ciudadanos, en su conjunto, se ve que no tienen espera, y, en pleno trámite de constitución de esta Comisión de
investigación, cogen la delantera y nos traen aquí su adelanto, en un puro acto de ventajismo político. Señorías de Ciudadanos, no es la forma ni son formas.
Y yendo al fondo de la cuestión, la PNL tampoco se sostiene. Hay dos cuestiones fundamentales que quedan claras: en primer lugar, que Ciudadanos no cree en la autonomía de las autoridades administrativas independientes, como el Banco de
España, y, en segundo lugar, que desconoce la regulación de la función supervisora del Banco de España. Ciudadanos ignora que las autoridades administrativas independientes son instituciones políticamente neutras, apartidistas, sujetas a la
Constitución y a las leyes pero no a las órdenes o instrucciones de los Gobiernos, justamente lo contrario de lo que Ciudadanos pretende en esta PNL instando a instar al Gobierno. La pregunta es elemental: ¿Se han leído ustedes la Ley 13/1994, de
1 de junio, de Autonomía del Banco de España? Ustedes parten de un error de bulto, ya que el artículo 1 de esta ley predica su autonomía en todas sus funciones, no solo en las relativas a su contribución y fijación de la política monetaria, como
dicen en sus coletillas cuando hacen la propuesta de instar.
Señores de Ciudadanos, su PNL adolece de una pésima redacción, de una baja calidad técnica y de una insidia constante. Acusan a los órganos del gobierno del Banco de España de no colaborar con la justicia, de no respetar los derechos de los
trabajadores, de permitir abusos de poder y de no garantizar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en la provisión en los puestos de trabajo. El señor De la Torre apuesta por que los órganos del gobierno del Banco de
España colaboren más con la justicia. Yo le pregunto: ¿A qué cree que apuestan los órganos de gobierno del Banco de España, que es una entidad de derecho público? ¿Y el supervisor del supervisor, el Banco Central Europeo? ¿Cree usted que
colaborar con la justicia es una apuesta? ¿Lo ve usted opcional? ¿Opina usted entonces que el Banco de España no ha colaborado con la justicia? ¿Considera usted que el Banco Central Europeo, en definitiva, no supervisa bien al Banco de España?
¿O va a hacer usted también una PNL para instar al Gobierno a que inste a la Comisión Europea para que inste al Banco Central Europeo a cambiar el
Mecanismo Único de Supervisión de los bancos centrales nacionales? Señor De la Torre, colaborar con la justicia es Estado de derecho, es ley, no es opcional para el Banco de España. Y de la forma que usted lo expresa, lo que tendría que
haber hecho es acudir a la justicia, no al Congreso a que instemos al Gobierno a instar. El Banco de España tiene un reglamento de trabajo que califica como falta muy grave el abuso de autoridad en las relaciones laborales y el artículo 6 bis de la
Ley de Autonomía del Banco de España define, deja bien claro el régimen del personal del Banco de España, que será seleccionado respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicad y está vinculado al mismo por una relación de derecho
laboral. Por tanto, hay delito o no lo hay, pero lo que no puede haber es una descalificación gratuita, que es en lo que queda convertida esta iniciativa parlamentaria.
Por último y muy brevemente, Ciudadanos insta al Gobierno a remitir -y esto es muy fuerte- en tres meses un proyecto de ley de reforma de los procedimientos de supervisión del Banco de España. Tendrá que usted que saber -y si no lo sabe, se
lo recuerdo- que, tras la entrada en funcionamiento -como ya se ha comentado- del Mecanismo Único de Supervisión el 4 de noviembre de 2014, la supervisión de las entidades de crédito españolas y de los demás países de la eurozona se ejerce en el
marco de dicho Mecanismo de Supervisión, en el que participan las autoridades nacionales. Debería saber que la base legal de la función supervisora del Banco de España afecta de manera directa a un reglamento comunitario, a diez leyes y a dos
reales decretos, y también debería saber que este reglamento europeo del Consejo establece que el Banco de España está sujeto a los procedimientos fijados por el Banco Central Europeo para garantizar una supervisión eficiente tanto en el caso de las
entidades de crédito significativas como en las menos significativas.
Señorías de Ciudadanos, vienen ustedes desde hace tiempo repartiendo responsabilidades y descalificaciones y poniendo nota a todos los que se mueven en el ámbito financiero que no sean de su partido o afines a la línea de su partido. Pues,
permítame que yo también ponga nota a esta PNL: es un rotundo suspenso. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de esta iniciativa. Y les esperamos en la próxima Comisión de investigación, que es, realmente, donde todos
tenemos que arremangarnos y ponernos a trabajar para mejorar el sistema financiero español.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Herrero.
El señor HERRERO BONO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en su exposición de motivos, el señor De la Torre afirma, creo que de manera inadecuada y fuera de lugar, que el Banco de España en su función de supervisor del sistema bancario español es una entidad con falta de transparencia,
inoperante y que incluso ha sido un lastre para la recuperación de la economía española. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, me reafirmo en que el Banco de España es una entidad totalmente transparente y que actúa con plena autonomía con
respecto a la Administración General del Estado, y que como parte integrante del sistema europeo de bancos centrales está sometido a todas las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los estatutos del sistema europeo de bancos centrales.
Bien es cierto y nadie pone en cuestión que toda institución u organismo es susceptible de mejora, faltaría más, pero de ahí a hacer esas valoraciones tan sutiles y fuera de lugar... Para el Partido Popular, el Banco de España ha sido el organismo
clave y diferencial que ha marcado la recuperación de la economía española, una entidad con la que, gracias a su función de supervisión y gestión eficiente, la situación económica de España es infinitamente mejor que en la que se encontraba en los
años pasados. Por tanto, que el Grupo Ciudadanos ponga en entredicho a una entidad como es el Banco de España dice muy poco o nada de un partido que dice ser capaz de gestionar a todo un país como es España.
En su exposición de motivos habla del alto coste del rescate bancario español, como si fuera culpa del Banco de España. Le diré que acudir al rescate bancario fue la operación, la única operación posible para mantener un sistema financiero
fuerte, esa reestructuración del sistema financiero que fue posible en parte gracias a la excelente labor del Banco de España. Pero, además, leyendo la exposición de motivos, da la sensación de que usted utiliza esta proposición no de ley para
defender las recientes publicaciones de algunos de sus artículos en medios escritos. En las consideraciones de esta proposición no de ley insta al Banco de España a que preste la máxima colaboración con la justicia. Pues bien, le diré que el Banco
de España siempre ha atendido, atiende y atenderá con el máximo rigor y la máxima diligencia las
solicitudes de información recibidas de las autoridades judiciales, y, por lo tanto, no procede ni es necesaria hacer solicitud alguna.
En segundo lugar, hace otra consideración, instando a que se respeten los derechos de los trabajadores, para que no se vuelvan a producir supuestos de abuso de autoridad. Señor De la Torre, dígame un único, un solo caso de abuso de
autoridad en el Banco de España, porque, si verdaderamente es así, lo que usted o la persona afectada deberían hacer es ir a los tribunales, no presentar una PNL como la que ha traído a esta Cámara. Para el caso de que en el futuro -insisto, en el
futuro- se produjera un abuso de autoridad, el Banco de España ya cuenta con medidas efectivas y rigurosas establecidas en su reglamento de trabajo, que han sido modificadas por los sucesivos convenios colectivos; por cierto, conducta que es
calificada como muy grave y que resulta sancionable según lo previsto en la norma.
Pero el colmo de esta tropelía de proposición no de ley es que el Grupo Ciudadanos hace una autoenmienda en su tercer apartado, otra señal evidente de que el contenido de esta PNL no tiene ni fondo ni forma de lo que realmente solicita. En
otro orden de cosas, solicita al Gobierno que inste a los órganos rectores del Banco de España a garantizar el respeto de los principios constitucionales de mérito y capacidad en la provisión de puestos de trabajo. Sobre esta cuestión, tengo que
decirle que el Banco de España ya garantiza la provisión de sus puestos de trabajo de conformidad con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. De hecho, los sistemas de ingreso de empleados en el Banco de España se recogen en el
artículo 39 y siguientes del reglamento de trabajo, modificado por el plan de reclasificación, encuadramiento y promoción aprobado como anexo al convenio colectivo de 1990. Los sistemas de acceso y principios rectores son análogos a los previstos
en la normativa para objetivar la selección de personal en el sector público, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función Pública, y el Real Decreto 364/1995.
Por último, se pretende que se remita por el Gobierno una norma que reforme los procedimientos en el Banco de España para garantizar una supervisión financiera eficiente. Pues bien, al respecto le diré que el Banco de España actúa dentro
del marco legal, en el contexto del Mecanismo Único de Supervisión, y que, por lo tanto y en aplicación del Reglamento 1024/2013, es el Banco Central Europeo el que tiene las competencias exclusivas, y no el Banco de España.
En definitiva, para nosotros es una proposición injusta, torticera, que no reúne el fondo ni la forma y que en ningún caso incluye valor de mejora a una entidad de referencia como para nosotros es el Banco de España. Por tanto, nuestro
grupo parlamentario votará en contra de esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrero.
Entiendo que la enmienda presentada ha sido incorporada. (Asentimiento).
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA PUESTA EN MARCHA DE LA INICIATIVA LIFEWATCH. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001710).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto sexto, relativo a aquella proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la puesta en marcha de la iniciativa LifeWatch, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su
defensa y por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra su portavoz, el señor Píriz.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente.
Señorías, tal y como apareció publicado el 17 de marzo de 2017, la Comisión Europea ha aprobado la constitución del ERIC, Consorcio Europeo para las Infraestructuras de Investigación, de la e-infraestructura LifeWatch, única liderada por
España por el momento y en la que también participan varios países europeos, como Bélgica, Eslovenia, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumania, así como otros seis que actúan como observadores. LifeWatch servirá para estudiar la
biodiversidad y la gestión de los ecosistemas, con el objetivo de mejorar el conocimiento en temáticas relacionadas con el cambio climático, la desertificación o la escasez de agua y recursos naturales, entre otros grandes desafíos de carácter
global. Para ello, se crearán una serie de entornos virtuales de investigación que permitirán crear modelos para prever los futuros escenarios de cambio global que ya se están produciendo en los sistemas biológicos, afectando tanto a entornos
rurales, como urbanos, a nivel terrestre, marino-
fluvial y atmosférico. Y en este punto quiero hacer mención de dos problemas, dos problemas que estamos viviendo muy de cerca, por ejemplo, en Extremadura. Uno es el relativo al camalote, una planta invasora que hace diez años vino para
quedarse en nuestro río Guadiana y que a día de hoy cubre 150 kilómetros de su curso por Extremadura -70 kilómetros de río absolutamente colapsados, que se pueden ver verdes desde el aire-, que nos ha costado ya más de 25 millones de euros
retirarla, a razón de 450 toneladas al día, y que afecta a 40.000 hectáreas de regadío en esta comunidad. Y el otro es la seca de la encina, que, con un crecimiento anual del 0,20%, ha producido ya más de 5.000 focos de contagio en Extremadura,
Castilla y León y Castilla-La Mancha. Ambos son problemas derivados del cambio climático, a los que tenemos que hacer frente.
España coordinará y gestionará las infraestructuras TIC big data, de carácter distribuidor y asociado. En este ERIC participa la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad; la Junta de Andalucía, a través de dos consejerías: la de Economía y Conocimiento y la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Participan en la JRU casi treinta entidades
públicas o privadas de España, y me gustaría mencionarlas, porque hay dos consejerías de la Junta de Andalucía, una consejería de la Junta de Extremadura, la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Sevilla, el Ayuntamiento de Málaga, las
Autoridades Portuarias de Sevilla y Huelva, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la del Guadiana, parques científicos, dos centros tecnológicos andaluces, un centro tecnológico gallego, cinco fundaciones, entre ellas, la Fundación
Biodiversidad; tres OPI, como son el Ciemat y el INTA, y siete universidades: tres andaluzas y las restantes de Cantabria, Extremadura, Navarra y Madrid. Supone, por tanto, un ejercicio grande de consenso, que es como creemos que debe ser la
I+D+i, con múltiples entidades de distintas zonas de nuestra geografía poniéndose de acuerdo y participando en este instrumento.
LifeWatch contribuirá a vertebrar la comunidad científica, tecnológica y de innovación relacionada con el estudio de la biodiversidad. Movilizará iniciativas de colaboración público-privadas relacionadas con las estrategias regionales de
investigación e innovación inteligente, las llamadas RIS3, como en Andalucía. Pero también es destacable el interés mostrado por otras regiones españolas, como Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra por participar en esta iniciativa. De hecho,
desde el punto de vista científico, LifeWatch supondrá la complementariedad con otras iniciativas, redes, proyectos e infraestructuras existentes, la vertebración de la comunidad científica relacionada con el estudio de la biodiversidad y, en
particular, de sus variables ambientales; la internacionalización de la comunidad científica de las infraestructuras españolas en redes más amplias, al tiempo que desde el punto de vista socioeconómico supondrá un impacto en el desarrollo
tecnológico, innovación, formación, intercambio y transferencia de conocimiento y tecnología hacia y desde las empresas involucradas; una contribución al desarrollo regional en las zonas donde operan los nodos, y, en el caso de España, en las
comunidades autónomas más implicadas, como Andalucía, Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra, mediante la colaboración público-privada; una reorientación del modelo productivo, involucrando a empresas, centros tecnológicos, de investigación y de
innovación, así como a universidades; un impacto en empresas de los sectores medioambientales y TIC, el desarrollo de una serie de paquetes de procesos implicados en el cambio global y en el estudio de la biodiversidad, y soluciones de
monitorización, formación y capacitación, con un impacto en la generación de empleo.
La importancia estratégica de coordinar y liderar la Esfri LifeWatch para España se basa fundamentalmente en los retornos económicos que se conseguirán a medio y largo plazo, ya sea de inversiones concretas, como de aportaciones financieras.
La construcción de esta infraestructura se basará en un 85% en contribuciones en especie y el 15% restante en las aportaciones de las cuotas en metálico de los países signatarios del ERIC. Se estima que el retorno obtenido será probablemente mayor,
en un orden de magnitud de diez veces, de promedio, solo contabilizando las contribuciones de la Unión Europea y las reducciones de coste asociadas. Otros estudios estiman que por cada euro invertido por el sector privado, fundamentalmente en medio
ambiente y TIC, se espera un retorno de 2,5 euros a medio plazo, entre cinco y ocho años, y un retorno, en el peor de los casos, de un 70% sobre el coste de las infraestructuras, en su mayoría ya construidas y aportadas en especie, todo ello sin
contabilizar el gran impacto que originaría en los procesos de transferencia de conocimiento y tecnología hacia el tejido producto.
Se trata, por tanto, de una proposición no de ley en la que hemos tratado la I+D+i de forma inclusiva y sobre la que queremos contar con el apoyo del resto de los grupos para una infraestructura que
entendemos que supone para España un antes y un después, una oportunidad de desarrollo y una oportunidad de investigación en ámbitos que son sumamente importantes para España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García Mira.
El señor GARCÍA MIRA: Gracias, señor presidente.
LifeWatch es para España una iniciativa estratégica que tiene por objeto generar un sistema de información y modelización que sirva de soporte a cualquier desafío en temas de biodiversidad, ecosistemas y recursos naturales, de los que España
tiene la fortuna de contar con una riqueza incalculable, al tiempo que también con una comunidad muy activa de investigadores y gestores, que se ocupan tanto de generar conocimiento, como de su administración. La iniciativa de investigación
conjunta LifeWatch, Joint Research Unit, reúne a expertos investigadores del medio natural, con tres centros principales, entre los que España es sede estatutaria y de tecnologías de información y comunicación, mientras que Italia es sede de
servicios más finales y Holanda es sede de desarrollo de entornos virtuales. Hay otras iniciativas nacionales en países como Bélgica, que es muy activa, Grecia o Portugal, a las que se van uniendo otros que se han incorporado recientemente, como
Rumanía o Eslovaquia. Es una iniciativa importante para nuestro país por su dimensión europea, por su dimensión ambiental, científica y, por supuesto, económica. Además, en esta iniciativa España tiene liderazgo de tecnologías de información y
comunicación en lo relativo a computación, sensores, electrónica, etcétera, que permiten promover muchos proyectos que pueden ser punteros en el área técnica de gestión y de explotación de bases de datos o de modelos que precisan supercomputadores e
interacción con información de satélites, por poner algunos ejemplos. A ello hay que unir la relevancia de que LifeWatch pretende integrar también información de sitios monitorizados, como el observatorio de Sierra Nevada, de Doñana y otros fuera
de España, así como información sobre cuencas hidrográficas. LifeWatch se regirá por un ERIC, que es su fórmula legal, y para que pueda tener éxito en nuestro país debe contar con una buena organización interna, que para nosotros es un factor clave
para el desarrollo de sus objetivos.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda precisamente en este sentido, mostrando su acuerdo con la presentación de la iniciativa, pero intentando mejorarla en todo aquello que entendemos que puede contribuir a reafirmar el papel de
España en el desarrollo de programas que integrará LifeWatch. De este modo, coincidimos en la necesidad de impulsar su puesta en marcha, articulando los procedimientos pertinentes que garanticen la participación activa en esta iniciativa de
investigación conjunta, donde además deberá favorecerse que LifeWatch pueda ejercer de catalizador de referencia frente a los distintos intereses, que son muchos, que puedan derivarse de la excesiva fragmentación de la comunidad científica y de las
administraciones públicas.
En los aspectos organizativos, la iniciativa debe contar con una adecuada organización interna y una coordinación que permita que tanto el Ministerio de Economía como el de Medio Ambiente se configuren como un sostén real asumiendo el 60%
del pago de la cuota anual que tiene establecida. Además, para establecer una coordinación eficiente se debe contar en los grupos de trabajo con personas con claro perfil científico-técnico, de reconocido prestigio en al comunidad científica, a ser
posible consensuados con ella, de modo que más científicos se sientan atraídos a esta iniciativa.
En el mismo sentido, pensamos que el Gobierno debe impulsar y favorecer una mayor implicación del CSIC, que es la OPI con mayor volumen de proyectos en esta área de recursos naturales, asumiendo el alto interés estratégico de este foro
europeo. La iniciativa conjunta de investigación debe hacerse atractiva, por tanto, para otros grupos de trabajo, lo que implica reformularla de modo que permita sumarse a la solicitud de proyectos europeos y los socios puedan recibir fondos de
esos proyectos como terceras partes. También debe impulsarse un plan de movilización de proyectos nacionales, fomentando la colaboración con empresas y con las convocatorias del Mineco y del Mapama, lanzando una línea específica de LifeWatch. Una
gestión eficiente implica también la realización de un seguimiento de inversiones e iniciativas con el rendimiento científico-técnico que producen.
Por otro lado, Andalucía debe promoverse como sede estatutaria, considerando el convenio de colaboración firmado entre Mineco y Mapama con la Junta de Andalucía, y ello debe implicar lanzar un proyecto demostrativo LifeWatch territorial que
facilite la estructuración de los agentes del conocimiento y
las entidades públicas interesadas en este foro estratégico europeo, a través de la internacionalización de la información y la reorientación de los agentes del conocimiento de la comunidad autónoma.
Otro aspecto que consideramos relevante es hacer que las inversiones de fondos estructurales de las comunidades autónomas se puedan vincular a la reorientación del sistema de conocimiento y la articulación a través de un proyecto
LifeWatch-comunidad autónoma, siguiendo los criterios y estándares definidos por el proyecto LifeWatch europeo o nacional. En este sentido, el convenio firmado con la Junta de Andalucía permitiría generar este impulso inicial. Pero no menos
importante es extender la actividad a otras comunidades y no solo a Andalucía, teniendo en cuenta los acuerdos existentes con Galicia y con Extremadura, estableciendo un foro de coordinación y de análisis científico-técnico y de gestión, que permita
priorizar, coordinar y financiar las propuestas. Señorías, es importante fortalecer la estructuración de LifeWatch España de una manera general para toda la comunidad científica española, evitando que su puesta en marcha y su entrada en el ERIC
pueda derivar en una sucesión de actuaciones fragmentadas con visión local o regional.
Finalmente, debe asegurarse que las inversiones y esfuerzos que se hagan en esta iniciativa estén coordinados con otras actuaciones y compromisos que en temática de I+D+i España ha tomado y liderado ya en el ámbito europeo. A estos efectos,
por ejemplo, la iniciativa artículo 185 Prima de investigación e innovación es relevante. A tenor de lo anterior, deben evitarse duplicaciones de financiación de actuaciones y organizaciones en las mismas temáticas y con los mismos objetivos. Para
ello, se insta a delimitar específicamente a qué tipo de actividades se va a destinar la financiación de la iniciativa y cuál va a ser su coordinación real con esta iniciativa europea, cuyas primeras convocatorias europeas competitivas tendrán lugar
en el primer trimestre de 2018.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Mira.
Terminada la defensa de las enmiendas presentadas, para consumir un turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Como señalaban los anteriores portavoces, es palmaria y creciente la preocupación por la biodiversidad, puesto que efectivamente está en crisis. Los ciudadanos tenemos motivos para sumarnos a la inquietud que nos transmiten los científicos,
investigadores y expertos, por lo que resulta oportuna y necesaria la construcción de infraestructuras tecnológicas para afrontar unos desafíos cuya resolución va a exigir un enorme esfuerzo. Estamos ante un asunto tan interesante como urgente, en
el que se plantea el refuerzo de la participación de España en la infraestructura europea LifeWatch ERIC, que está dedicada a la investigación en biodiversidad. De hecho, hace un año que el Consejo de Ministros autorizó provisionalmente la
incorporación a esta infraestructura científica-informática mediante un convenio que proporciona información y servicios a la comunidad científica y a los gestores ambientales relacionados con el estudio y gestión de la variedad de especies animales
y vegetales en su medio ambiente. Aun así, hay que constatar que esta nueva infraestructura europea de investigación medioambiental se está poniendo en marcha con lentitud, tanta como que han transcurrido cinco años desde sus primeros pasos. En
2015, en Granada más de setenta expertos internacionales en biodiversidad y nuevas tecnologías, procedentes de doce países, ya urgieron al fortalecimiento estratégico de la gestión y protección de recursos naturales y política de sostenibilidad.
De momento, LifeWatch nos vincula en este campo con otros países de la Unión Europea, y a los que nos interesan estos temas, que somos muchísimos, nos parece que es una buena iniciativa por lo que hablábamos de participar en una referencia
mundial para la protección, gestión y uso sostenible de la biodiversidad. Se trata de incorporar a España a una gran red de observatorios marinos, terrestres y de aguas dulces, pero también al acceso único y abierto de una gran cantidad de
información, distribuida en bases de datos interconectadas, y sitios de monitorización, a instalaciones de computación en laboratorios virtuales con herramientas analíticas y de modelación, así como de apoyo e información a usuarios identificados y
un programa de servicios públicos.
Con esta iniciativa hablamos de fijar la participación española en la construcción de esta infraestructura virtual que se suma a las que ya están dedicadas a la homogeneización de los datos y que va a permitir la conexión entre capas de
información que van a ser accesibles para todos los científicos del mundo y también útiles para las administraciones públicas; todo ello, con el objetivo de garantizar la preservación, la interoperabilidad, el uso y la reutilización de datos
multidisciplinares homogéneos y a diferentes escalas
por parte de la comunidad científica. Fruto de ello, también vamos a disponer de servicios de análisis accesibles para los responsables políticos y para los gestores medioambientales, así como para otros usuarios.
He visto la enmienda del Grupo Socialista, que multiplica la proposición no de ley del Grupo Popular. Desconozco si va a ser aceptada, aunque yo creo que debería serlo porque es mucho más ambiciosa y detallada que la iniciativa original.
En todo caso, mi voto, señor presidente, será favorable.
Muchas gracias. (El señor vicepresidente, Camacho Sánchez, ocupa la Presidencia).
El señor VICEPRESIDENTE (Camacho Sánchez): Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor de la Torre.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nos parece una iniciativa acertada, porque es un ejemplo de I+D+i, del nuevo modelo económico por el que tenemos que optar, en el sentido de big data, de colaboración internacional. Esta infraestructura virtual tiene sentido, ya que podrá
ser utilizada por investigadores, gestores medioambientales de los Gobiernos y ciudadanos. Creemos que es una buena idea. Por otra parte, el presupuesto es asumible, puesto que son 64 millones de euros, y participan tanto las confederaciones
hidrográficas como el Ministerio de Economía y Competitividad, estando liderado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.
Nos parece una proposición acertada y, en consecuencia, nuestro grupo, con independencia de que se acepte o no la enmienda del Grupo Socialista, que también nos parece correcta, votará a favor.
Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero transmitirles mi satisfacción por poder hablar sobre biodiversidad y ecosistemas en la Comisión de Economía, porque no es muy normal. Me gustaría recordar a sus señorías que las personas somos seres ecodependientes,
es decir, que nuestra salud y la de nuestra sociedad depende de la salud de nuestros ecosistemas. Tanto el cambio climático como la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad no son fenómenos fortuitos, sino que son consecuencia
de un modelo productivo y de consumo depredador con los recursos naturales y, sobre todo, de decisiones políticas, políticas económicas, energéticas, ambientales y de infraestructuras. La contrarreforma ambiental del Partido Popular en la pasada
legislatura, con la Ley de Parques Nacionales, la Ley de Costas, la Ley de Montes, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, la nula acción contra el cambio climático y una política energética basada en energías sucias, ha acelerado la degradación
de nuestros ecosistemas.
Es necesaria la inversión en investigación, por supuesto, pero sobre todo es necesario tener coherencia política con los objetivos que nos marcamos. Si tan importante es la investigación y el desarrollo, el conocimiento en estas áreas, me
gustaría que explicasen los recortes de los últimos años, porque en España había proyectos, centros de investigación, departamentos de universidades que ya estaban trabajando en estas áreas de conocimiento. Por supuesto es crucial, es importante
que España participe en este tipo de proyectos transnacionales y de colaboración, pero no deja de ser un parche, una fachada si no hay un tejido investigador y científico que pueda aprovecharlo. Sus recortes han dejado a la investigación en
biodiversidad, en ecosistemas y en cambio climático al borde de la extinción.
Hoy se han presentado los Presupuestos Generales del Estado. Veamos cuán importante es la investigación y el desarrollo para el Partido Popular. Creemos que mantener una inversión en I+D de manera constante y estable debería ser una
prioridad y una línea roja, sea cual sea la situación económica del país. España ya participa en infraestructuras europeas de este tipo, en un ERIC, por ejemplo, la fuente europea de instalación de neutrones. Aquí vamos a ver cómo esa
consolidación de los presupuestos y de la inversión en I+D es fundamental.
La sede española, el centro encargado de la participación de España en este proyecto está en Bilbao. Desde el año 2012 este centro no recibe ninguna aportación, ni del Gobierno español ni del Gobierno vasco, con una fórmula exactamente
igual que la que se plantea, al 50%. Si este centro no recibe ninguna dotación económica en 2017 se encontrará en una situación de emergencia financiera, puesto que solo tiene fondos para pagar sueldos y gastos corrientes hasta finales de 2017;
pero hay algo más importante,
y es que no tiene capacidad para licitar la contribución española a los trabajos comprometidos en este proyecto. Tenemos un centro, una participación europea, pero hay un bloqueo político, administrativo y presupuestario del Gobierno del
Partido Popular y del Gobierno del Partido Nacionalista Vasco que está impidiendo a España cumplir sus acuerdos y sus compromisos en un proyecto de investigación del mismo tipo que el que se está planteando.
Participar en proyectos e infraestructuras europeas, claro que sí, pero necesitamos un poco de seriedad. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que consolidar y fortalecer nuestro propio sistema de investigación, porque si no este tipo de infraestructuras
es un espejismo en el desierto. Insistimos, una y otra vez, en la necesidad de blindar y dar estabilidad presupuestaria a la inversión en investigación y desarrollo. Señorías, hacen falta más medidas para apoyar un proyecto de este tipo, para
poner a España a la cabeza de la investigación del cambio climático, de los ecosistemas y la biodiversidad. Además de investigar, tenemos que ser coherentes con las políticas que están llevando a la desaparición y a la degradación de nuestros
ecosistemas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular para que nos diga si acepta o rechaza la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
El señor PÍRIZ MAYA: Señor presidente, estamos trabajando en una transaccional. Necesitamos dos minutos para ponernos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Cuenten con esos dos minutos para conseguir la transacción.
Suspendemos la sesión tres minutos y, a continuación, pasaremos a las votaciones. (Pausa).
Señorías, parece que hay una enmienda transaccional, a la que va a dar lectura el portavoz del Grupo Popular, señor Píriz. Le pido, por favor, que una vez que dé lectura de la enmienda la haga llegar a la Mesa.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente.
Leo cómo quedaría la PNL. Punto primero: Impulsar la puesta en marcha definitiva de la iniciativa LifeWatch en España y que se articulen los procedimientos necesarios para que el Mapama, en calidad de muy relevante beneficiario del
conocimiento producido a partir de dicha infraestructura y a través de sus unidades, participe activamente en la JRU LW.ES.
Incorporaríamos como segundo punto: Extender la actividad no solo a Andalucía, teniendo en cuenta los acuerdos existentes con Galicia y Extremadura, estableciendo un foro de coordinación y de análisis científico, técnico y de gestión que
permita priorizar, coordinar y financiar las propuestas.
El punto tercero, que es el número 12 de la enmienda del PSOE: Fortalecer la estructuración de LifeWatch España de una manera general para toda la comunidad científica española, evitando que la puesta en marcha de esta iniciativa y su
entrada en el ERIC pueda derivar en una sucesión de actuaciones fragmentadas con visión local o regional.
El punto cuarto, que es el número 13 de la enmienda del PSOE: Asegurar que las inversiones y esfuerzos que se hagan en esta JRU estén coordinados con otras actuaciones y compromisos que en temática de I+D+i España ha tomado y liderado ya en
el ámbito europeo. En ese sentido, la iniciativa artículo 185 Prima de investigación e innovación en el Mediterráneo en temas de agua y alimentación-agricultura, debe ser uno de los faros de orientación cuando se trate de alinear esfuerzos y de
nuevas inversiones.
Así quedaría.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que ese sería el texto de la proposición no de ley que se someterá a votación.
Señorías, comenzamos las votaciones. En primer lugar, en relación con la proposición no de ley relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, vamos a hacer tres votaciones. En primer lugar, votaremos los puntos 1, 2, 4 y 5 del texto presentado; en segundo lugar, votaremos el punto 3; en tercer lugar, votaremos el punto 6.
Votamos los puntos 1, 2, 4 y 5 de la proposición.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el punto 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 20; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 15; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar un plan estratégico de reactivación económica de Talavera de la Reina y su comarca, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en sus propios
términos, puesto que no se han presentado enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley, sobre la Ley de Sociedades de Capital, presentada por el Grupo de Esquerra Republicana. Se somete a votación en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley sobre el estímulo de las patentes y para la adhesión del Estado español a la patente europea con efecto unitario, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Se vota con la incorporación de la enmienda que
ha sido aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 14; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley relativa a la regeneración del Banco de España, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se vota con la incorporación de su propia enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, votamos la proposición por la que se insta al Gobierno a impulsar la puesta en marcha de la iniciativa LifeWatch, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en los términos de enmienda transaccional presentada y que
ha sido leída.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Era la una del mediodía.