Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 151, de 14/03/2017
cve: DSCD-12-CO-151
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 151
EDUCACIÓN Y DEPORTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª TEÓFILA MARTÍNEZ SAIZ
Sesión núm. 10
celebrada el martes,
14 de marzo de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de Educación y Deporte:
- Del presidente nacional de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, CONCAPA, miembro del Consejo Escolar del Estado (Caballero García), para informar en relación con la elaboración de un gran pacto de Estado
social y político por la educación. (Número de expediente 219/000309) ... (Página2)
- Del secretario nacional de la Confederación Intersindical Galega, CIG-Ensino, miembro del Consejo Escolar del Estado (Louzao Rodríguez), para informar en relación con la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la
educación. (Número de expediente 219/000310)... (Página13)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE:
- DEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE FAMILIA Y PADRES DE ALUMNOS, CONCAPA, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (CABALLERO GARCÍA), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO
SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 219/000309).
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señoras y señores diputados.
Comenzamos la sesión de la Comisión de Educación y Deporte con motivo de la celebración de comparecencias para la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación. En el día de hoy está con nosotros don Pedro José
Caballero García, presidente nacional de la Confederación católica de padres de familia y padres de alumnos, Concapa, y miembro del Consejo Escolar del Estado, a quien damos la bienvenida. Su primera intervención, señor Caballero, será, como
máximo, de media hora. Luego cada portavoz de los grupos parlamentarios tendrá cinco minutos para plantear las cuestiones que crea convenientes. Finalmente, tendrá diez minutos, más el tiempo que nos sobre, a fin de no hacer esperar al siguiente
compareciente, para contestar a las cuestiones. También queremos que sepa que si alguna de las cuestiones planteadas necesitan por su parte una contestación más extensa, nos la puede remitir por escrito, que se lo agradeceremos. También le damos
las gracias por habernos enviado su intervención, que pondremos a disposición de todos los grupos parlamentarios. Don Pedro José Caballero García, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE FAMILIA Y PADRES DE ALUMNOS, CONCAPA (Caballero García): Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Señores diputados, no quiero empezar mi intervención, con permiso de todos, sin transmitir mi más sentido pésame a la familia de Vanessa Denisa Petrisor, que ayer al salir del colegio en Toledo tuvo la fatalidad de que se le cayera una rama
provocando su fallecimiento. Dado que estamos en este ambiente de educación, quisiera tener ese recuerdo para su familia, transmitirles mi más sincero pésame y decirles que cuenten con nosotros para todo lo que podamos hacer.
La intervención que voy a realizar hoy está dividida en dos partes. La primera consta de una pequeña introducción, donde señalo brevemente los antecedentes en los que nos movemos. La segunda parte contiene unos aspectos básicos, unos
aspectos de calidad y unos aspectos de libertad. Todos tienen la comparecencia, pero si necesitan algo se lo haremos llegar.
Como presidente nacional de Concapa, organización de padres de alumnos y padres de familia, que representa en la actualidad a cerca de 3,5 millones de familias, con presencia en centros educativos concertados, privados y públicos, quiero
agradecerles la invitación recibida para comparecer ante ustedes y poder aportar nuestras ideas de manera que puedan llegar a la consecución del tan ansiado pacto en materia de educación. Concapa ve muy positiva la constitución de esta subcomisión,
si bien lamenta que esta iniciativa nazca con un marcado carácter político, cuando debiera haber nacido de una inquietud y demanda de las organizaciones de la sociedad civil, cansadas de la inestabilidad y la incertidumbre en la que vive
constantemente nuestro sistema educativo cada vez que hay un cambio o giro político en el Gobierno. Tenemos el compromiso y el deber con las generaciones venideras de intentar instrumentar el desarrollo de una verdadera ley educativa para que dé
serenidad y estabilidad al sistema, sacándolo de la política y garantizando aspectos fundamentales que permanezcan inalterables un mínimo de tres o cuatro legislaturas, entre doce y catorce años, con revisiones periódicas que puedan asegurar su
viabilidad y su correcto funcionamiento. Sin embargo, para la consecución de este pacto debe existir la voluntad de querer hacerlo, y eso es lo que encarecidamente les pido en nombre de Concapa y de las miles de familias a las que represento.
El problema no es la escuela pública ni la escuela concertada, el problema es conseguir una verdadera educación pública de calidad, en equidad e igualdad, se imparta por la red que se imparta y siempre garantizando la complementariedad de
las dos, públicas o de iniciativa social, ambas sostenidas con fondos públicos. Los padres, las familias, somos los primeros y principales educadores de nuestros hijos y tenemos el derecho a recibir de las instituciones y las administraciones del
Estado la formación que esté más acorde a nuestras propias convicciones, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución. No puedo
obviar el alto consenso que los españoles conseguimos y refrendamos en el texto constitucional, con casi cuarenta años de existencia y en cuyo artículo 27 quedaron recogidas las bases de un pacto educativo. Les detallo el artículo 27, pero
como de todos es conocido no lo voy a leer.
Aspectos básicos. Entraríamos en el segundo módulo de mi intervención. Calidad y libertad. La finalidad de la enseñanza ha de ser el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos, lo que implica necesariamente
una educación de calidad y en libertad. Los datos correspondientes a nuestro sistema educativo, sobradamente conocidos, exigen que uno de los objetivos incuestionables del pacto sea precisamente la calidad de la enseñanza, que engloba no solo
medidas concretas para evitar el fracaso escolar, sino también para conseguir que todos los alumnos logren el pleno desarrollo de sus capacidades y, con ello, una educación acorde con las exigencias del momento. Ahora bien, no basta con una
enseñanza de calidad, con un sistema de enseñanza eficaz, sino que nuestro marco constitucional exige igualmente que la misma se desarrolle en el marco de los derechos fundamentales y libertades reconocidos en nuestra Constitución. Es preciso, por
tanto, analizar seriamente si tales derechos y libertades son reales y efectivos en la práctica, así como articular las medidas oportunas para suprimir los obstáculos que impidan difundir su desarrollo.
Ámbito. El pacto por la educación no ha de ceñirse al ámbito meramente político, sino que ha de ser un pacto social. Si realmente se busca una solución duradera y eficaz, no basta con que se consiga el apoyo de la mayoría parlamentaria,
sino que habrá que recabar un consenso mucho más sólido. En cuanto a la vertiente social, no pueden dejarse de lado las propuestas de las familias, primeras y principales responsables de la educación de sus hijos, ni las de los titulares de los
centros, ni las del profesorado, ni las de las administraciones competentes, ni las de los alumnos. Este ámbito ha de sustentarse también en un consenso amplio que no sea simplemente mayoritario. Conviene tener en cuenta además que la eficacia
posterior de las medidas que se adopten dependerá en buena parte de un serio compromiso por parte de toda la comunidad educativa, por lo que se impone necesariamente articular los medios oportunos para que todos los sectores que influyen en la
educación contribuyan eficaz y responsablemente a la consecución de los objetivos previstos.
Marco constitucional. Por último, ha de tratarse de un pacto eminentemente integrador en el que tengan cabida en total igualdad de condiciones todas las orientaciones pedagógicas, filosóficas e ideológicas acordes con la Constitución,
evitando imposiciones de cualquier tipo así como desigualdades fundadas únicamente en la disparidad de opinión o criterio.
Segundo capítulo dentro de este apartado: calidad. Reforzar las materias instrumentales. Entramos ya en la zona de las apuestas que hacemos desde Concapa y que tendrían que estar incorporadas en este pacto educativo. Hay que reforzar las
materias instrumentales, lengua y matemáticas, incluso incrementando sus horas lectivas y revisando el currículo si es necesario. Hay que fortalecer especialmente estas materias en educación primaria e incluso en el segundo ciclo de la educación
infantil. El fracaso escolar en la educación secundaria obligatoria está causado en muchos casos porque los alumnos afrontan esta etapa sin tener la base necesaria. Apostamos también por unas pruebas de evaluación a final de cada etapa. Hay que
establecer un plan específico para la lengua extranjera, con el objeto de generalizar el bilingüismo desde la educación infantil y garantizar que al final de la enseñanza obligatoria todos los alumnos cuenten con una titulación oficial adecuada a la
lengua extranjera.
Es necesario revisar la promoción automática, de modo que solo se pase de curso si se han adquirido los conocimientos básicos que permitan abordar con garantías las exigencias propias del curso al que se accede. Hay que desarrollar
programas de apoyo específico e incluso itinerarios diversos para los alumnos que no alcancen las competencias necesarias para promocionar, todo eso desde cursos inferiores; establecer medidas concretas para fomentar la cultura del esfuerzo entre
los alumnos y generalizar las pruebas extraordinarias de septiembre y las recuperaciones desde cursos inferiores como instrumento para facilitar que los alumnos recuperen y perciban más directamente las consecuencias de los suspensos. También hay
que elaborar un plan específico para la incorporación de las nuevas tecnologías al sistema educativo, con la correspondiente formación del profesorado y dotación de los centros sostenidos con fondos públicos de los medios materiales oportunos, y un
plan específico de fomento de la lectura en educación primaria y ESO.
Es necesario fortalecer los departamentos de orientación en todos los centros y a todos los niveles, así como las tutorías, tanto con los alumnos como con las familias. Hay que fomentar los sistemas de contacto permanente de la familia con
los centros. Se hacen imprescindibles las figuras del orientador, psicólogo, educador social, pedagogo, etcétera. En cuanto a los alumnos con necesidades especiales, deben articularse planes específicos con las oportunas dotaciones de personal
especializado y medios a los centros.
Con respecto al profesorado, es fundamental establecer medidas específicas que fortalezcan su autoridad y prestigio para mantener la disciplina necesaria en las aulas. Es importante también la formación permanente de carácter obligatorio,
el fomento de la investigación educativa a través de la práctica docente y el tratamiento específico de la función directiva en los centros. Hay que asegurar a todos los centros los medios materiales y humanos necesarios para el correcto desarrollo
de su función. Es necesario un compromiso del incremento del gasto público en educación hasta alcanzar el nivel de los países de nuestro entorno. Hay que dotar al sistema educativo de la flexibilidad suficiente que permita una mayor autonomía a
los centros para la mejor atención de las necesidades específicas de su alumnado y potenciar un sistema de formación profesional planificado de conformidad con la evolución del mercado de trabajo, facilitando el acceso al grado superior y a la
universidad.
Plan estratégico para mejorar la disciplina en los centros. Debido al incremento exponencial que en estos últimos años se está constatando en los centros educativos con respecto al acoso escolar en todas sus formas y dimensiones, es
necesario desarrollar un verdadero plan de actuación integral para erradicar esta lacra de nuestros colegios, sean de la red que sean, en colaboración estrecha con las familias, educadores, centros educativos y administraciones competentes en
educación.
Fomento de la participación, implicación y formación de las familias. El papel de las familias en la educación de sus hijos resulta esencial, de manera que sin su debida implicación la efectividad de las medidas que se adopten pueden verse
seriamente afectadas. Es preciso que las familias sean conscientes de que la responsabilidad en la educación de sus hijos no puede descansar en los centros, sino que la educación escolar se asienta sobre la que previa y necesariamente se ha
inculcado en las familias. Para ello, así como para el fomento de la participación y el apoyo en su esencial función educadora a través de las organizaciones que ostentan su representación, deben fomentarse planes de formación específicos.
Igualmente deben articularse los medios oportunos de conciliación de la vida laboral y familiar que permitan a las familias la adecuada participación. Hay que establecer enseñanzas mínimas comunes en todo el territorio nacional que garanticen un
nivel de calidad y exigencia homogéneo, así como la igualdad de oportunidades de todos.
Tercer capítulo: Libertad. Libre elección de centro. La programación general de la enseñanza ha de tener como objetivo que el derecho a la libre elección de centro pueda ser ejercido por las familias en plenitud. Por tanto, la oferta de
plazas, tanto en la red pública como en la red concertada, debe adecuarse a la demanda de las familias y no al revés. Es necesaria la implantación de un sistema de evaluaciones objetivas y externas a los centros, con publicidad de sus resultados,
que permita a las familias la obtención de los datos suficientes para ejercitar debidamente el derecho a la elección de los centros, salvaguardando siempre el carácter personal de los datos obtenidos.
Hay que revisar los criterios de preferencia en los procesos de admisión en centros públicos y concertados. Es necesaria la flexibilización e incluso eliminación de aquellos que en la práctica supongan una restricción del derecho a elegir y
de los que no responden a razones objetivas y justificadas. Zonificación. Hay que flexibilizar la ratio en supuestos especiales con el consentimiento del centro educativo. Hay que posibilitar la fijación por parte de los centros de criterios
complementarios de admisión y la gestión de las solicitudes por parte de los centros concertados. En cuanto a las comisiones de escolarización, han de adoptar sus decisiones siempre de acuerdo con las familias implicadas.
Gratuidad de la enseñanza. Hay que garantizar que todos los módulos del concierto cubran realmente el coste total de la enseñanza. El sistema de conciertos es la concreción del derecho a la gratuidad de la enseñanza reconocido en la
Constitución. Debe asegurarse el acceso y renovación de los conciertos de aquellos centros que cuenten con demanda suficiente. Por tanto, las administraciones competentes tienen el deber de procurarse las consignaciones presupuestarias necesarias
para la plena satisfacción de este derecho en consonancia con la libre elección de centro. El ideario o carácter propio de los centros concertados -obviamente dentro del marco constitucional- no puede ser obstáculo para la gratuidad de la
enseñanza. Todas las familias tienen el derecho a la misma, con independencia del tipo de educación que hayan escogido para sus hijos. Es necesaria la gratuidad de todos los niveles de enseñanza no universitaria, con independencia del tipo de
centro que se elija y la implantación de un sistema más ambicioso de becas para comedor y transporte, garantizando la igualdad en el acceso a las mismas de todas las familias, favoreciendo la optimización de los recursos existentes.
Proyecto educativo. Hay que fortalecer la obligación de todos los miembros de la comunidad educativa de aceptar el proyecto educativo de su centro y de su carácter propio, si lo tuviere. Debe dotarse de mayor autonomía a los centros
concertados para el establecimiento de su régimen interior, selección del profesorado, organización de la jornada y horario lectivo, normas de convivencia, etcétera.
Neutralidad ideológica. Las asignaturas que el Estado califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que, independientemente de que estén mejor o peor argumentadas, reflejan
tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad. La ideología de género debe estar fuera de las aulas. Debe potenciarse la formación del profesorado y garantizarse desde las diferentes
administraciones que los contenidos de las diversas asignaturas, así como los materiales que se utilicen para impartirlas, sean acordes con este principio. Habrán de evitarse en los currículos los contenidos ideológicos controvertidos, procurando
soluciones integradoras que eviten situaciones de conflicto.
Derecho a la educación, asignatura de Religión. Ha de garantizarse la oferta de la asignatura de Religión conforme a la confesión correspondiente, de elección voluntaria, evaluable y equiparable al resto de las asignaturas dentro del
horario lectivo habitual. Ha de articularse una asignatura alternativa en idénticas condiciones para los que libremente no elijan la Religión. El profesorado de Religión ha de equipararse al resto de los miembros del cuerpo docente con idénticos
derechos y obligaciones.
Lenguas cooficiales. Ha de procurarse la flexibilidad suficiente que permita a las familias, asumiendo que la lengua propia de la comunidad ha de estar presente en el sistema de enseñanza, elegir entre diferentes modelos lingüísticos que,
aunque den primacía a una lengua sobre otra, garanticen el adecuado conocimiento de las dos. Todos tienen el derecho a recibir la educación en una lengua en la que puedan comprender y asumir los contenidos de las enseñanzas que se imparten; para
ello, habrán de asegurarse las correspondientes medidas flexibilizadoras, atendiendo a las circunstancias personales de los alumnos.
Participación. Hay que desarrollar un modelo de participación de las familias en el sistema educativo que garantice su reconocimiento y efectividad; adecuar la representación de las familias en los diversos órganos de participación en
correspondencia con su grado de responsabilidad en la educación; asegurar a las entidades representativas de la participación familiar -APA, federaciones, confederaciones de padres de alumnos- los medios necesarios para el adecuado desarrollo de su
cometido. Hay que crear comisiones mixtas administración-confederaciones de padres en los diversos ámbitos, que aseguren un diálogo continuo y fluido entre ambos.
Muchas son las cuestiones que les he detallado con la idea de que reflexionemos sobre la importancia de la educación, sus consecuencias y las posibilidades para las generaciones venideras, que serán las que dirijan nuestros destinos en un
mañana ya muy próximo. La educación es una inversión de futuro y sus resultados siempre son a largo plazo. Como no podría ser de otra forma, Concapa estará aquí para aportar y colaborar en todo lo que sea posible, pues invertir en educación es
invertir en futuro.
Muchas gracias, señorías, por su compromiso y atención.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Caballero. Como le han sobrado algunos minutos, se los añadiremos luego a los diez minutos de contestación de las cuestiones planteadas.
Vamos a comenzar con las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el señor Olòriz.
El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Primero quiero hacer una advertencia. Como grupo pequeño que soy, por decirlo así, me tendré que ausentar porque tengo que atender simultáneamente a otras comparecencias. Algunos grupos más pequeños no han podido ni venir, pero para mí era
importante mi presencia y escuchar sus opiniones, porque, como usted ha dicho, si se quiere un pacto por la educación, se tendrá que ser muy, muy flexible. Entiendo que su aportación de hoy es de máximos. Siempre se empieza cualquier negociación
con una aportación de este tipo, y yo intentaré analizar coincidencias y divergencias para acabar con alguna aclaración o pregunta sobre lo que usted ha dicho.
Primera coincidencia: el pacto no puede ser solo político; ha de ser un pacto social y -una ausencia por su parte- territorial, porque las competencias en educación las tienen las comunidades autónomas. Por tanto, solo aguantará el pacto
si las patas de este trípode tienen la misma altura, si no, no acabaremos este pacto, como ha pasado en los treinta y pico de años que llevamos de democracia. Hay que entender también un hecho: el artículo 27 es ambiguo; su desarrollo no tanto.
El artículo 27 es tan ambiguo como buena parte de la Constitución, lo que permite un amplio consenso. A veces se dice que las ambigüedades no son adecuadas, pero sin ambigüedad no es posible el pacto, porque luego permite desarrollarlo con
diferentes puntos de vista en función de las mayorías oportunas. Lo que no es justo es que, si no es ambiguo, cada mayoría haga una ley nueva, porque no podemos continuar con esta situación que acaba pagando básicamente la escuela, la comunidad
educativa.
Un elemento que espero que sea de coincidencia es que la educación pública no es del Estado, sino pública, de la comunidad. Si entendemos esto, que no es del Estado, también hemos de entender que no puede ser privada. Hemos de llegar a un
acuerdo. El acuerdo que le propondría es que fuera un servicio público con unas normas pactadas, en el cual participasen escuelas públicas y escuelas privadas que aceptasen estos objetivos. La libertad siempre ha de dejar la posibilidad de
escuelas privadas de cualquier tipo, en un sentido o en otro, porque forma parte de la democracia, pero no todas tienen por qué hacer un servicio público. Lo difícil será poner la letra pequeña, sin duda, pero este sería un elemento en el que no
habría ni ganadores ni perdedores. Hoy por hoy, como consecuencia de todos los años de democracia, no se puede entender que exista solo una escuela pública prescindiendo de la escuela privada y concertada -sería imposible que no hubiera una lucha
política en la que acabásemos mitad y mitad, por lo que sería efímera, porque en las siguientes elecciones una mitad podría imponerse a la otra y no llegaríamos a ningún sitio-, pero debe haber algunos acuerdos sobre qué entendemos por servicio
público. Esto significa determinados componentes de igualdad, de atención a la diversidad.
Otra cuestión que le querría comentar es hasta qué punto estamos obsesionados por que la ley lo contemple todo. Yo soy muy partidario de dos cosas: de los proyectos educativos de centro y de la autonomía de la escuela. ¿Hasta qué punto,
si trasladamos la autonomía y la libertad a la escuela y a su proyecto educativo, podríamos dejar las dicotomías políticas de lucha cuando hablamos de poner en la ley la letra pequeña que lo contempla todo? Por ejemplo, usted hablaba de métodos
pedagógicos, que sin duda considera adecuados. Para mí esto es un tema de escuela, no de ley. La pedagogía es un tema de escuela y sobre todo de resultados. Sería bueno que no concretásemos tanto el currículo como los resultados de esa escuela;
es decir, se puede organizar de maneras muy diferentes siempre y cuando al final del ciclo en Matemáticas o en Lengua se adquieran aquellos mínimos en los que nos podemos poner de acuerdo.
Lenguas oficiales o cooficiales. Pienso que su conocimiento depende mucho de si en tu comunidad autónoma hay lengua cooficial o no. Muchas veces nos dejamos llevar por estereotipos, por el cuñadismo, por lo que me dice un amigo. Son muy
pocas las comunidades autónomas en el Estado español con lenguas cooficiales, muy pocas. En este sentido, la cooficialidad de las lenguas no es un asunto de la escuela, es un asunto de la decisión sobre las lenguas en esa comunidad autónoma. No
podemos hacer de la escuela un campo de batalla sobre las lenguas; el modelo lingüístico lo ha de decidir la comunidad autónoma, y lo aplicará la escuela, los servicios públicos de transporte o cualquier otro medio; no es un asunto de la escuela.
El acuerdo de servicio público tendrá que adaptar el modelo lingüístico de la comunidad autónoma; luego puede haber escuelas privadas cuya lengua vehicular sea el inglés, el francés o el alemán. En Cataluña existen.
La señora PRESIDENTA: Señor Olòriz, tiene que ir terminando.
El señor OLÒRIZ SERRA: Por tanto, no hagamos más grave un problema que yo creo que no existía y que se ha convertido en un elemento falsamente educativo.
Le he apuntado algunos puntos para que usted los amplíe y, como siempre, estaré encantado de mantener cualquier conversación si este pacto al final acaba siendo algo más que hablar y hablar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Olòriz.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rivera.
La señora RIVERA DE LA CRUZ: Muchas gracias, señor Caballero, por su comparecencia, por su exposición perfectamente ordenada, lo cual facilita siempre nuestro trabajo. Usted decía que no quiere que este pacto tenga un carácter político.
Creo que la prueba de que queremos hacer un pacto de consenso está en esa lista de ochenta comparecientes en sede parlamentaria pudiendo exponer sus preocupaciones, pudiendo ser preguntados por nosotros y ofreciéndonos sus respuestas y su material.
Pero, evidentemente, todo tiene que acabar en política y si queremos que esto salga adelante y dure mucho tiempo tendrá que acabar aquí, en el Congreso de los Diputados. Les pido a todos -sé que usted está en la mejor de las disposiciones- que nos
ayuden a hacer esa política de forma que dure mucho y a que pongamos la política por encima de la futura política. No dude, por supuesto, de nuestra voluntad de trabajar y de alcanzar esos consensos de los que usted hablaba.
En su exposición ha hablado de cuestiones con las que no puedo estar más de acuerdo, al igual que mi grupo. Evidentemente, hay que buscar calidad y equidad; no podemos estar hablando de elegir entre una cosa o la otra. Usted se refería a
un consenso amplio que no ha de ser necesariamente mayoritario. Al final, cuando se alcanza la solución a un problema esta tiene que venir siempre de la mano de la mayoría. Habla usted de la necesidad de reforzar materias como lengua y
matemáticas, especialmente en primaria. Es cierto que el fracaso escolar se fragua en los primeros años de la educación. Habla usted del fomento de la lectura. Esto me preocupa especialmente y creo que tenemos que encararlo de la mano no
solamente de la Secretaría de Estado de Educación sino también de la Secretaría de Estado de Cultura. Hablaba de cuidar a nuestros profesores, tanto de reclamar su prestigio como de poder facilitarles un vehículo de formación continua que redundará
en su carrera profesional pero también en los alumnos y en los centros. Es cierto que es necesaria la implicación de las familias en la vida de los centros. Muchas veces se está cargando sobre la espalda de los profesores una serie de
responsabilidades que exceden a las que su oficio les pone delante. Creemos, por supuesto, en la gratuidad absoluta de la enseñanza pública y, en este caso, hablamos de gratuidad de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada, que es la forma
de garantizar la igualdad y la equidad. En el caso de la religión, la postura de mi partido -evidentemente, usted tiene la suya- es la de que sea una materia optativa pero no evaluable.
Quería hacer una serie de preguntas a las que me gustaría que me respondiera. Sé que han hecho reclamaciones sobre futuras variaciones en la composición del Consejo Escolar del Estado. Me gustaría que se extendiera un poco más en esta
cuestión. Hablaba usted de las evaluaciones al final de cada ciclo. Me gustaría saber si esas evaluaciones, en su opinión, deberían tener o no carácter académico. También se mostraba en contra de la promoción automática. Querría que se
extendiera un poco más en lo que se refiere a la figura del repetidor. Nosotros creemos que la repetición tiene que existir, pero que tiene que ser el último recurso para los alumnos que tienen un problema para seguir el ritmo de la clase. La
repetición es muy cara en términos de inversión académica y, desde luego, muchas veces va expulsando poco a poco del sistema a los alumnos con necesidades especiales que a lo mejor necesitan una ayuda especial para poder seguir. Nosotros creemos
más en el refuerzo que en usar la repetición como forma de luchar contra el fracaso escolar. Me gustaría saber qué postura tiene su asociación en cuanto a la educación de cero a tres años. Hablaba usted también de una mayor autonomía de los
centros concertados y me gustaría que precisara un poco más a qué se refiere cuando habla de ese tema.
No tengo mucho más que añadir. Estoy de acuerdo con el señor Olòriz en que en este pacto no puede haber ni vencedores ni vencidos; tenemos que salir todos moderadamente contentos y con la ambición de que esto dure, por lo menos, una
generación y no una legislatura.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rivera.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Bustamante tiene la palabra.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Buenos días.
En primer lugar, quiero manifestar nuestra coincidencia con el compareciente en relación con la necesidad de que el pacto sea con la sociedad. Pensamos que el pacto político no tiene cabida, como bien decía el proponente, puesto que las
políticas del Partido Popular en educación han sido las políticas de recorte y de imposición de una nueva ley, como fue la Lomce, que no tenía el consenso ni de la comunidad educativa ni del resto de grupos políticos; fue una ley basada en la
mayoría absoluta y en el rodillo del Partido Popular. De hecho, esta subcomisión del pacto educativo viene de ese tipo de políticas en materia educativa. Pensamos que no hay posibilidad de pacto con un Gobierno que ha recortado el presupuesto en
educación de manera muy importante y que, además, tiene comprometido con Europa seguir recortando. Se ha pasado de 53.375 millones de euros en 2009 a 46.000 millones de 2014, lo que en términos de producto interior bruto significa pasar del 5 % del
PIB al 4,1 %. Además, el Gobierno de Rajoy tiene comprometido con la Unión Europea, en el marco del programa de estabilidad, seguir recortando en educación, seguir recortando en sanidad y se compromete, en el caso de la educación, a dejarla en el
3,9 % del PIB. Esto ha supuesto reducción de plantillas del profesorado, entre 23.000 y 32.000 docentes, según los sindicatos. Por eso, me gustaría preguntarle qué postura mantiene Concapa y qué medidas plantean que debería contemplar una nueva
ley educativa para hacer frente a los recortes en educación que se han producido en los últimos años.
En relación con la libertad de centro, pensamos que la libertad de elección no es lo mismo que la libertad de oferta. No existe la posibilidad por parte de todas las familias de elegir un centro. La libertad de elección no puede y no debe
ser de los centros, algo que está ocurriendo con los centros privados y concertados que seleccionan al alumnado, hasta el punto de que la gran mayoría de estudiantes con necesidades educativas están matriculados en centros públicos. Eso por no
mencionar que los colegios privados de élite invitan a algunas familias a cambiar a su hijo de centro porque el rendimiento escolar es bajo y empeoran las estadísticas del centro. Por tanto, nos gustaría preguntarle también cómo se explica que el
78 %, por ejemplo, del alumnado migrante se encuentre escolarizado en la red pública y que la mayoría de alumnado con necesidades educativas de atención especial también esté matriculado en la red pública. En relación con la neutralidad ideológica,
nos gustaría preguntarle qué valoración hacen desde Concapa de la desaparición de contenidos más apegados a las humanidades y al arte, y cómo creen que afecta tener que tomar decisiones acerca de los itinerarios en edades tan tempranas para los
niños. Nos parece también una contradicción que cuando se habla de ideología se hable de neutralidad ideológica y se apueste de manera decidida porque la religión cuente dentro del currículum y como asignatura evaluable. Nosotros somos partidarios
de la libertad de culto, evidentemente, pero consideramos que la religión debe estar fuera de los centros educativos. Me parece contradictorio que se hable de neutralidad ideológica y se apueste de forma fehaciente por la religión en los centros.
En cuanto a la red de conciertos y centros privados, somos partidarios de la integración progresiva de los conciertos en la red pública. En Europa, prácticamente el cien por cien del alumnado se encuentra matriculado en centros públicos y
pensamos que en España debemos solucionar la situación de dos velocidades en la que se encuentra nuestro modelo educativo y apostamos por la integración progresiva de los conciertos para que la red pública cubra el derecho a la educación. En
educación infantil, en España, el 68,5 % de los alumnos está en centros públicos frente, por ejemplo, a Alemania donde está el 96,1 %. En ese sentido, nos gustaría preguntarle qué opinión le merece que, con la bajada de natalidad, cuando se suprime
una unidad sea de la pública cuando nosotros consideramos que debe ser de la concertada o de la privada porque son educación subsidiaria de la pública, es decir, nunca se debería cerrar una unidad en colegio público como consecuencia de la bajada de
la natalidad.
Gracias por comparecer y esperamos su respuesta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bustamante.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cruz.
El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer al compareciente su presencia aquí. No tiene mucho sentido que debatamos sobre cuestiones en las que no estamos de acuerdo porque no es el sentido de una subcomisión como esta, pero quisiera subrayar que
hay acuerdos que me parecen relevantes. Es decir, el horizonte compartido de la estabilidad es un punto de acuerdo no solamente entre todas las fuerzas políticas sino también en la comunidad educativa que vale la pena subrayar. Asimismo me parece
importante -y creo que hay que valorar el hecho de que usted también, como otros comparecientes, se pondría pensar que se pondría de un lado o de otro- que considere que son indisociables la calidad y la equidad, es decir, no plantearlas como dos
opciones diferenciadas. Supongo que también estamos de acuerdo en la idea de que la valoración del esfuerzo no es monopolio ni de unos ni de otros y que uno puede estar a favor del esfuerzo y también a favor de la integración; no es una disyuntiva
como a veces se plantea en la esfera pública. También quiero destacar, como han hecho mis compañeros, que este es un pacto que desde el primer momento se ha anunciado como un pacto político y social; no solo es un pacto de las fuerzas políticas
representadas aquí, sino que se da por descontado que ese pacto también lo tiene que hacer la sociedad. Me preocupa un poco que en ocasiones se habla -y no solo por parte de algunos comparecientes sino incluso de portavoces- como si el pacto
político fuera algo irrelevante, desechable o incluso casi, casi negativo, es decir, que lo importante es que la sociedad se ponga de acuerdo. Me parece muy bien, pero a mí me sorprende que se olvide o se utilicen argumentos de naturaleza
antipolítica, como desdeñar el papel que podemos jugar quienes estamos aquí que, a fin de cuentas, si estamos aquí es porque representamos a la ciudadanía y de la misma manera que ustedes pueden decir que representan a muchas familias que han optado
por ustedes, nosotros representamos a muchos ciudadanos que se han inclinado por nosotros. En ese sentido, me parecería un poco paradójico que se le hiciera ascos a la dimensión política de este pacto, porque creo que son absolutamente
complementarias. Es más, es muy significativo, y hay que subrayarlo, que esta subcomisión se ha creado con una voluntad de pacto pero no
solo de mayoría parlamentaria. No sabemos qué pasará, pero el punto de partida no es simplemente una mayoría parlamentaria o una mayoría aritmética, como dijo un compareciente aquí, sino que hay una voluntad de consenso. No sé si sería tan
fácil encontrar ese consenso en la comunidad educativa; no creo que vaya a ser fácil.
Como he dicho anteriormente, hay algunas cuestiones sobre las que no tiene sentido que podamos debatir, pero me gustaría manifestarle alguna duda sobre algunos aspectos que no he entendido bien, y solicitarle alguna aclaración. Usted ha
utilizado la expresión 'integrador' y no ha utilizado en ningún momento -no tenía por qué- la expresión 'pluralismo' o 'plural', que quizá sea una expresión que entendería la integración bajo una determinada clave. Ha utilizado la expresión 'libre
elección de centro en plenitud' y a mí me ha llamado la atención porque no sé muy bien qué quiere decir con plenitud exactamente. Es decir, ¿se vulnera la libertad de elección de los padres porque haya más oferta de pública que de privada? ¿Cuál
ha de ser la relación para que se diga que hay una libre elección en plenitud? ¿El 50 %? Y si resulta que hay comunidades en que la proporción es otra, ¿ya no es libre elección en plenitud? ¿Qué quiere decir en plenitud exactamente, para que yo
me aclare?
Hay otra cuestión que quería plantearle y que de alguna forma se ha suscitado hace un momento. Yo no sé si hay una contradicción de fondo entre, por un lado, reivindicar un ideario -que es algo absolutamente legítimo- y, por otro lado,
hablar de neutralidad ideológica. No sé si las dos cosas se pueden reivindicar a la vez, es decir, es perfectamente legítimo apostar por un ideario, pero por un ideario y por la neutralidad a la vez no sé muy bien cómo se hace. Esto tiene que ver
con otra cosa que usted ha dicho y que, por supuesto, no voy a criticar en absoluto. Usted dice que hay que evitar problemas ideológicos controvertidos. Sí, pero es que hay idearios que en algunas cuestiones tienen posiciones que son socialmente
muy controvertidas y supongo que no hace falta que le ponga ejemplos porque están en la mente de todos. En consecuencia, ¿cómo se hace para defender un ideario -que es controvertido porque estamos en una sociedad plural- y al mismo tiempo evitar
problemas ideológicos? No termino de ver cómo se hace esto. No voy a aludir a la repetición porque ya lo ha comentado la portavoz de Ciudadanos.
Hay una cuestión que me interesa mucho y que no sé si he entendido bien, pero estoy de acuerdo con usted en que es muy importante, y es la relativa a la formación de las familias. Si les damos protagonismo a las familias, no es obvio que
todas las familias estén en condiciones de participar muy activamente en el proceso educativo. Me ha parecido entender que hablaba de planes de formación específicos. Me gustaría que me explicara en qué consistirían esos planes porque serían para
las familias y qué significaría esto. También me ha llamado la atención que en toda la relación de reformas que usted consideraba importantísimas en la educación -materias instrumentales, lengua extranjera, autonomía de los centros- no haya habido
una referencia explícita a la necesidad de reintroducir las humanidades, en gran medida damnificadas por la legislación anterior. Es curioso porque en ese punto creo que, por las conversaciones mantenidas y las manifestaciones realizadas, hay
bastante acuerdo entre los grupos políticos. Sin embargo, me ha llamado la atención que usted no haya hecho ninguna referencia a este aspecto, a no ser que consideremos el plan de fomento de la lectura, porque entonces me parecería que sería ser
-si me permite- excesivamente benévolo con usted considerar que eso ya incluye las humanidades. Si pudiera decir algo al respecto, se lo agradecería.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cruz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señor Caballero. En nombre del Partido Popular, le agradecemos su presencia en esta subcomisión, que ha sido clarificadora en cuanto a los aspectos que, como no puede ser de otra manera, defiende la asociación que usted
representa. No dude que desde esta subcomisión se tratará de hacer todos los esfuerzos necesarios para la creación de un pacto de mínimos al que usted ha hecho referencia en su intervención y que yo quiero abordar desde ese punto de vista. Quiero
empezar por ahí porque ya algunos de los portavoces de los demás partidos que han intervenido se han referido al artículo 27 de la Constitución dando a entender la distinta interpretación que le damos los diferentes grupos políticos. Voy a leer ese
artículo para dar la interpretación que hace el Partido Popular. El artículo 27, como todos muy bien sabemos, dice: 'Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza'. En su apartado 6 dice: 'Se reconoce a las
personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios fundamentales'. Si bien el artículo 4 de la Lomce
nos dice claramente que los padres o tutores tienen derecho a escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos, respecto a la forma de hacerlo en equidad entendemos que responde el apartado 9 del propio artículo 27,
que dice: 'Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca', no haciendo diferenciación entre centros públicos y centros privados. De esa manera, se garantiza una mayor equidad para el propio
derecho de elección de las familias a la hora de la elección de centro, que desde nuestro partido siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo.
Dicho esto, usted se ha referido también a distintos puntos, como la financiación. No dude de que también nosotros estamos a favor de incrementarla para poder poner mayores medios de apoyo, de refuerzos, etcétera. Hemos pasado un momento
de crisis, estamos considerando que cada vez se va a poder invertir más en educación y creemos que esto está en la mente de todos los aquí presentes. Una mayor inversión repercute, sin duda, en una mejora del sistema educativo. También nos ha
hablado de una mayor participación de las familias y quisiera que me aclarara si esta mayor participación se refiere únicamente a los distintos centros en los que ustedes están presentes y cómo lo articularían -me gustaría que lo aclarara algo más-,
o si se está refiriendo a una mayor financiación de la propia asociación. Quiero dejarlo sobre la mesa.
Ha hablado usted de una enseñanza de mínimos. Voy a tomar prestadas las palabras del portavoz del Partido Socialista, el señor Cruz. Usted ha hecho alusión al pacto social, el señor Cruz ha hecho alusión al pacto político y también hay un
pacto territorial. En este pacto territorial cómo ven desde la asociación de padres de alumnos el hecho de que el cambio de unos centros a otros en determinados momentos, según los proyectos educativos de unos centros y de otros -y no estoy
entrando en las distintas comunidades porque ahora abordaré el aspecto territorial-, pueda influir en los alumnos, que incluso pueden bajar de curso. O -incluso me voy a ir un poco más lejos porque usted ha hablado de las evaluaciones- cómo
tendrían que ser estas evaluaciones dentro de un pacto territorial -y respetando muy mucho las competencias territoriales de las distintas comunidades de España-, de modo que no hubiera las diferencias que existen en unas comunidades y en otras y,
por tanto, la discriminación que esto genera a la hora del acceso de nuestros alumnos a distintas universidades de España.
No sé si alguna pregunta más se me queda en el tintero. Esto es lo que tiene ser la última, que muchos de los planteamientos ya han sido expuestos.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora González.
Señor Caballero, tiene usted casi quince minutos para contestar a las cuestiones que se han planteado.
El señor PRESIDENTE NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE FAMILIA Y PADRES DE ALUMNOS, CONCAPA (Caballero García): Gracias, señora presidenta.
Esto es lo que tiene ser el compareciente, que al final tengo un folio lleno de preguntas que tengo que responder. Voy a intentar responder las máximas posibles dentro de su amplitud y no se preocupen porque las demás se las haré llegar a
todos los grupos, intentando esa colaboración, como no podría ser de otra manera.
Voy a empezar por la última pregunta, sobre las evaluaciones. Entendemos que las evaluaciones son un método para poder en un momento dado saber cómo está un sistema educativo. Con ellas no intentamos poner una nota, marcar o poner un
número, sino evitar la brecha territorial que ahora mismo se está abriendo en nuestro país entre unas zonas y otras. Al tener distintos modelos educativos, distintos proyectos y no una norma generalizada hay unas diferencias enormes del norte con
respecto al sur. En los últimos informes de la OCDE que han sido publicados recientemente se ven la brecha y las diferencias que tenemos. Centros que deberían tener las mismas cualidades y las mismas capacidades, unos tienen una nota media que
está por encima de la media de la Unión Europea y otros no llegan a los mínimos dentro de nuestro propio territorio. Con esas pruebas se pretende evaluar qué necesidades tiene el sistema, dónde hay que hacer más refuerzo y más inversión para que
esa brecha no exista y evitar esas diferencias; no solo brecha territorial sino brecha educativa y cultural, porque también las tenemos.
Con respecto a la participación, creemos que es importantísima la participación de los padres y de las familias, que estén presentes en la vida escolar de sus hijos. No voy a entrar a negociar cuestiones puramente laborales de un profesor o
de un centro, porque a lo mejor no viene a cuento, pero tienen que tener en cuenta que, desde el punto de vista de los padres, si un centro tiene un proyecto educativo coherente y acorde a las convicciones que eligen las familias, si el profesorado
está motivado y si tiene los medios y los recursos
oportunos, será el elegido por las familias y redundará siempre en beneficio de las familias y de nuestros hijos, que es al final por lo que todos estamos aquí. Todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y lucharemos para que,
dentro de lo que nos divide, podamos encontrar los puntos que más nos unen y poder llegar a este verdadero pacto que redunde en el beneficio de nuestros hijos.
Con respecto al artículo 27, aunque no lo he leído, creo que todos lo conocemos sobradamente. Ahí se recogen en un texto constitucional los primeros principios del pacto educativo que debería ser siempre nuestro horizonte a alcanzar. En
cuanto a la participación de las AMPA, confederaciones y padres de alumnos, si no existe la correspondiente partida presupuestaria para poderlo hacer, las AMPA no pueden funcionar, las federaciones no pueden trabajar, las confederaciones no pueden
participar y lo peor de todo es que la formación -esa formación para los padres- no puede llegar. Las AMPA en nuestro ámbito territorial no solo cubren las típicas fiestas del colegio y las cuatro cosas que se hacen, sino que cubren unas escuelas
de padres que forman personalmente a todas las familias, que les van implicando en el sistema para que no estén descolgadas de la vida escolar de sus hijos. Es verdad -y no lo voy a ocultar porque creo que todos lo hemos vivido- que durante años
las familias hemos pretendido que el colegio sea el educador de nuestro hijo y ahora tenemos que recoger esa titularidad que no tendríamos que haber perdido nunca. Y ahora es muy difícil porque no estamos preparados, porque no estamos formados,
porque no tenemos que ser manitas en todo. Cuando fui padre mi hijo no vino con un manual debajo del brazo -creo que como todos los que estamos aquí- para saber cómo educar. Hemos ido aprendiendo poco a poco, con la participación de nuestros
mayores, con la participación de nuestros padres, con todo lo que nos han querido aportar y que han hecho bien al seguir esta labor. Por lo tanto, las administraciones tienen que garantizar y ayudar a las federaciones, a las confederaciones y a las
AMPA para poder seguir realizando esa labor educadora que tienen las familias y los centros educativos.
Paso a responder al representante del PSOE, el señor Cruz, sobre si humanidades sí o no. Nosotros apostamos por una formación integral de la persona. La formación integral de la persona, como no podía ser de otra manera, tiene que contar
con todos los aspectos, no solo con los que pueden crear controversia o no, sino con todas las asignaturas que, hasta día de hoy, siempre han estado y que ahora son las que llamamos marías, que son las grandes descolgadas, como pueden ser en este
caso las humanidades -aunque todos seamos partidarios de que deben volver-, las expresiones plásticas, la música o la educación física, es decir, todas esas asignaturas que se han quedado un poco ahí y que también fomentan un verdadero desarrollo
integral de la persona. Nosotros apostaremos por que estén todas; en este desarrollo que he propuesto hoy aquí en mi intervención puede quedar constancia de que nosotros apostaremos por que estas asignaturas recobren su valor, su importancia, que
dejen de ser esas marías y que vuelvan a tener un lugar importante en la formación de nuestros alumnos y de nuestras escuelas.
Respecto a la voluntad de consenso, evidentemente, porque, si no hubiera voluntad de consenso, ninguno estaríamos aquí, yo el primero. Hay muchas cosas que nos dividen, pero, a pesar de ello, seguramente habrá muchas más que nos unan, sobre
todo respecto a las familias, porque, al final, a pesar de todos los momentos críticos que hemos vivido de crisis, donde el Estado ha tenido que hacer grandes esfuerzos con ajustes o recortes, como algunos llaman -e incluso se salen de quicio-, al
final los que hemos tenido que sacar adelante todo hemos sido las familias, que hemos tenido que colaborar y poner nuestro granito de arena para salir adelante en este momento de crisis tan inmensa que hemos vivido y donde muchas familias se han
visto totalmente desprotegidas, abandonadas y sin poder llegar a los recursos mínimos para acceder, en igualdad y equidad, a la elección de centro o a centros educativos. Evidentemente, donde no hay dos centros para poder elegir no se puede elegir,
hay uno y se ha acabado, pero donde haya posibilidad que por lo menos se garantice que sea en equidad y en igualdad.
En relación con el pacto político, yo decía que echaba de menos que no hubiera nacido de una inquietud de la sociedad. Obviamente, de la inquietud de la sociedad ha salido porque, si no, no estaríamos aquí, pero la política debería haber
abanderado esa situación, haber propuesto primero ese pacto, que es lo que a mí me hubiera gustado. Dentro de eso, que se cree esta subcomisión y que ya estemos hoy todos aquí hablando, a pesar de nuestras dificultades y de nuestros puntos de vista
posiblemente confrontados, ya es un verdadero paso hacia delante.
Con respecto a los Acnee y a inmigrantes y todo eso que proponía el representante de Podemos, señor Bustamante, si tuviéramos todo el concierto educativo en su justo costo, seguramente las familias no tendrían que ir a otras escuelas a las
que no pueden acceder; si todo el módulo de conciertos educativos no se actualiza, no se regulariza y no se pone al nivel que debería estar, las familias al final tienen un verdadero problema para elegir e, inevitablemente, van donde pueden ir, que
es donde todo se les paga
y todo se les da, a la educación pública. Eso no quiere decir que no apostemos por una educación pública de calidad, porque en una educación pública de calidad podremos llegar a conseguir la verdadera equidad que todos queremos para el
sistema, que las familias puedan elegir en igualdad de condiciones y sin problemas. Tendremos que trabajar en ese tema, seguiremos trabajando, aceptando e intentando llegar a puntos de encuentro, que seguramente tendremos, aunque habrá otros en los
que no podamos llegar a acuerdo porque son totalmente contrarios a doctrina -iba a decir- o, mejor dicho, son contrarios a nuestra convicción de lo que defendemos o de lo que deseamos para la educación.
La lectura, evidentemente, es uno de los temas primordiales. No voy a decir que estuvieran integradas las humanidades en la lectura, aunque sí es verdad que no tener una lectura comprensiva para nuestros escolares es parte del fracaso
escolar que tenemos. Ya no es solo que puedan asumir una serie de competencias, de habilidades y destrezas; ya de por sí hay partes del sistema que no pueden adaptarse y que no llegan, pero la lectura ayudaría a que esa comprensión y a que esa
capacidad que tienen los alumnos de empapar pueda evitar que parte de nuestro alumnado se descuelgue y que nosotros, a día de hoy, no tengamos las armas suficientes para reengancharlos al sistema y que no los perdamos.
Tenemos en cuenta, como estamos diciendo -creo que ponentes que me han antecedido en esta sala ya lo han dicho-, la educación obligatoria hasta los dieciséis años; queremos alargarla y muchos vemos la posibilidad y la necesidad de alargarla
hasta los dieciocho años, pero tenemos que instrumentar herramientas para que no se nos queden descolgados, para ofrecer a los que no quieren continuar en el sistema caminos, rutas y alternativas y que, de una u otra manera, puedan engancharse no
solo a la actividad laboral, que no se les abandone, porque, como decían hace unos días otros ponentes, dentro de unos años el 15 % de todos los puestos laborales que se puedan ofertar a la sociedad serán no cualificados, pero cerca del 80 % serán
de cualificación profesional. Tendremos que utilizar las herramientas que podemos tener como una formación profesional. Muchos hemos ido por ahí y nos hemos enganchado; yo vengo de la formación profesional, me enganché en su momento a ella, a la
rama de Informática, y ahora estoy aquí hablando y defendiendo a todos los que vemos con preocupación, ya desde la situación de padres, que se nos descuelgan y no sabemos qué hacer con ellos. ¿Qué les decimos nosotros a esas familias, a esos padres
cuando su hijo se planta delante y les dice que no quiere seguir estudiando, que no quiere hacer nada y que se queda en casa? Nosotros tendremos que plantearlo como sociedad. Tenemos que tener también todos en mente que el dinero público no es
dinero estatal, es dinero social y, como tal, tendríamos que ir siempre a conseguir el mayor beneficio social posible. Creo que uno de los intereses que también tiene Concapa en este momento es trabajar para que esa estatalización del dinero se
quede al margen y que se utilice de verdad como recurso social, que es como debe utilizarse.
Respecto a las lenguas cooficiales, es verdad que los territorios con lenguas cooficiales a lo mejor son pocos, pero se tiene que garantizar que puedan conocerse las dos y también que las familias que quieran puedan recibir toda la formación
y educación en la lengua materna, por decirlo de alguna manera, que puede ser la vehicular; que esos alumnos puedan entender perfectamente las materias y los contenidos que se les dan, con unas nociones básicas y primordiales que deben partir del
propio Estado. Sabemos que todas las competencias están transferidas y que la gran mayoría de las comunidades ya las tienen, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que ese conjunto que pueda venir desde el Estado sea lo suficientemente grande como
para que esa equidad o igualdad de todos pueda hacer que no tengamos esa brecha educativa que tenemos, con diferencia, entre distintas comunidades autónomas.
Señorías, tengo muchas preguntas cuya respuesta, no se preocupen, intentaremos hacer llegar a la presidencia de esta subcomisión para que se las den a ustedes, con el objetivo de dar un poco de claridad y objetividad a nuestra posición y a
los intereses que defendemos desde Concapa.
Muchas gracias, muy amables.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Caballero, por su intervención y también por habérnosla enviado a esta Comisión. Esperamos con interés sus respuestas a algunas de las cuestiones planteadas para que nos puedan servir cuando
comiencen las jornadas de trabajo interno.
Muchísimas gracias.
- DEL SECRETARIO NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA, CIG-ENSINO, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (LOUZAO RODRÍGUEZ), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA
EDUCACIÓN. (Número de expediente 219/000310).
La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, vamos a proseguir con el orden del día de la Comisión de Educación y Deporte convocada para este día 14 de marzo. Damos la bienvenida al señor Louzao Rodríguez y le damos las gracias por
haber aceptado comparecer en esta Comisión, en la que tratamos de trabajar para, entre todos, encontrar un pacto de Estado social y político por la educación.
Señor Louzao, en principio tiene treinta minutos para hacer su exposición; a continuación, los distintos portavoces de los grupos parlamentarios tendrán cinco minutos para plantearle las cuestiones que crean oportunas y, finalmente, tendrá
usted diez minutos para contestar a esas cuestiones. Si cree usted conveniente contestar alguna de ellas por escrito, nos la remite a la Comisión y nosotros la hacemos llegar a los portavoces de los distintos grupos. Asimismo, quisiera agradecerle
el envío de su intervención por anticipado, que también se la haremos llegar a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios presentes en esta Comisión.
Comenzamos la comparecencia. Tiene la palabra el señor Louzao.
El señor SECRETARIO NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA, CIG-ENSINO (Louzao Rodríguez): Bo día a todos e a todas.
En primer lugar, quiero agradecer la invitación a comparecer en esta subcomisión para poder expresar la opinión y las propuestas de la Confederación Intersindical Galega, organización mayoritaria en la enseñanza de Galicia, ante la propuesta
del pacto por la educación.
La invocación a un pacto por la educación ha sido un tema recurrente de los diferentes Gobiernos del Estado, especialmente cuando estos están en minoría. El precedente más cercano nos remite al curso 2009-2010, en cuyo debate participamos y
pudimos comprobar que el objetivo final en aquel momento era llegar a un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE. Dicho acuerdo no cuajó no porque hubiese grandes divergencias entre ambos partidos, sino porque el PP no lo veía electoralmente
rentable. Queremos dejar constancia de nuestra crítica al procedimiento, y el punto de partida de esta nueva iniciativa para la Confederación Intersindical Galega encierra muchas dudas, ya que los límites están fijados de antemano y no tiene en
cuenta el actual contexto educativo, producto de los recortes permanentes y de la imposición de la Lomce. Todo indica que la pretensión real del Gobierno es dar validez a los fundamentos que sustentan la actual Lomce, aunque con ciertos retoques
que la hagan más presentable socialmente, tales como la uniformización en la centralización del marco educativo; la apuesta por la privatización, incluyendo los conciertos de los centros que segregan al alumnado por razón de género; la
aconfesionalidad de la enseñanza, asignándole el valor académico a la disciplina de Religión; la gestión antidemocrática de los centros y el clasismo y la segregación; es decir, un modelo educativo neoliberal y españolizador que destierra la
enseñanza inclusiva y equitativa.
En consecuencia, para la Confederación Intersindical Galega-Ensino, tanto la concepción como el procedimiento y los objetivos previstos para este pacto nos llevan a concluir que sus resultados se prevén poco o nada satisfactorios. Desde
nuestro punto de vista, sería preceptivo derogar la Lomce; restituir todos los derechos salariales, laborales y profesionales arrebatados al profesorado; derogar el Decreto 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo; y la derogación del Real Decreto 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria para, posteriormente, abrir un debate con la participación de todos y todas, con el fin de fijar, a ser posible, los pilares de un
sistema educativo distinto y antitético al recogido en la Lomce y que facilite la elaboración, en nuestro caso, de una ley galega de educación.
Somos conscientes de las dificultades que encierra un acuerdo cuando el punto de partida es totalmente divergente. Se pretende fijar un sistema educativo contrario a la configuración plurinacional, plurilingüística y pluricultural del
Estado español. Al mismo tiempo, se rechaza la necesidad de eliminar los conciertos educativos y no se asume la defensa inequívoca de la enseñanza pública como única garantía de la igualdad de oportunidades. Desde el año 2010 fueron constantes las
decisiones y actuaciones que llevaron a deteriorar y a recortar la enseñanza pública y a eliminar numerosos derechos profesionales y salariales del profesorado. Entre otros, se redujeron los salarios en un promedio de un 17 %, lo que supone que
desde ese año la pérdida acumulada salarial de un docente galego se sitúe entre los 31.227 y los 55.138 euros, dependiendo del cuerpo al que se pertenece y de los trienios y sexenios cumplidos.
Se incrementó el horario lectivo; se rebajaron los salarios al hacer uso de la incapacidad laboral temporal; se eliminaron los acuerdos firmados; se impuso la tasa de reposición; aumentó la inestabilidad, provisionalidad y precariedad y
los recortes del profesorado. Por eso, para la CIG-Ensino no es posible ningún acuerdo que no se sustente en la restitución de todos los derechos del profesorado y en la valorización y reconocimiento de su trabajo.
Hay que terminar con el desmantelamiento de la enseñanza pública que supuso reducir los presupuestos, suprimir unidades, recortar calidad y medios, mientras que la enseñanza privada concertada recibe miles de millones de euros del erario
público y se le permite segregar alumnado por razón de género, regirse por reglamentos e idearios totalmente retrógrados y seleccionar al alumnado. Nunca nuestro idioma, o galego, tuvo tan poca presencia como lengua vehicular en la enseñanza y
nunca estuvo tan desamparado. La implementación de la Lomce significó una nueva discriminación y exclusión, pues en el conjunto de la ESO la enseñanza en lengua gallega tiene trece horas menos que el español, en la modalidad de enseñanzas
aplicadas, y diez en las académicas. Los recortes y ataques a la enseñanza pública y a nuestro idioma fueron permanentes. Medidas, como prohibir la enseñanza en galego de las materias técnico-científicas, la reducción del profesorado y,
fundamentalmente, la aprobación de la Lomce y el caos de su aplicación supusieron y suponen estar permanentemente movilizándonos con diferentes medidas y acciones de todo tipo que, desde la plataforma galega en defensa do ensino público, de la que
forma parte la CIG-Ensino, ha llevado a cabo por toda Galicia. Hay que destacar que nunca una ley educativa ha tenido tanto rechazo y combate como la Lomce. Así, fuimos capaces de conseguir que más del 80 % de las familias de la enseñanza pública
no enviasen a sus hijos e hijas a realizar las reválidas de 3.º y 6.º de Primaria y de haber convocado nueve huelgas exitosas contra la Lomce, las reválidas y los recortes; las últimas el 16 de febrero y el 9 de marzo, en las cuales la mayoría de
las aulas quedaron vacías.
El actual sistema educativo necesita una transformación profunda y, por eso, precisa modificar todo el marco legislativo, incluido el artículo 3 y 27 de la Constitución de 1978, en el que se fundamente el actual modelo educativo, sustento
legal de la privatización mediante conciertos educativos, mediante la confesionalidad a través de la religión y también la restricción de los derechos lingüísticos para la lengua propia de Galicia. Cualquier pacto educativo debe apostar por la
eliminación de los conciertos educativos en todos los niveles, comenzando inmediatamente por los que segregan al alumnado por razón de género, para continuar con los de la enseñanza no obligatoria hasta su total eliminación en todas las etapas
educativas. Cualquier acuerdo educativo tiene que asentarse en la defensa inequívoca de la enseñanza pública como única garantía de equidad y calidad. Solo una educación pública libre de normas de mercado y descontaminada de los principios del
neoliberalismo puede ser un instrumento poderoso de transformación y progreso social. Se impone, por lo tanto, dotarla de medios y de recursos necesarios para asegurar su máxima calidad. Es preciso reducir las ratios máximas a quince alumnos por
aula en Educación Infantil, y veinte en el resto de los niveles educativos; dotar a los centros de profesorado suficiente para garantizar la atención a la diversidad, y para una educación adecuada al alumnado con necesidades educativas específicas
de apoyo educativo, así como de otros perfiles profesionales, personal cuidador, sanitario, educadores sociales; asegurar la totalidad de la gratuidad de los libros de texto, del material didáctico y de los servicios complementarios, como son
comedor y transporte escolar; y modificar la legislación necesaria para que las enseñanzas artísticas superiores se puedan integrar o adscribir a la universidad.
Es necesario un cambio profundo para reconocer la trascendencia y la responsabilidad e importancia del trabajo docente, pilar básico e imprescindible para el funcionamiento del sistema educativo. Es indispensable también liberar al
profesorado de las tareas administrativas y burocráticas; de la impartición de materias que no son de su especialidad y dotar a los centros con suficiente profesorado para eliminar las aulas masificadas y facilitar una educación personalizada. El
derecho a la formación continua, dentro del horario laboral, es una necesidad inherente a la función docente, que hoy en día no está garantizada y que hay que blindar como un derecho y un deber de todo el profesorado. Cualquier pacto debe
restablecer los salarios y las pagas extras de los docentes con sus correspondientes actualizaciones, teniendo cuenta el IPC resultante desde el año 2010; la percepción del cien por cien desde el primer día de la incapacidad laboral transitoria;
catalogar las enfermedades profesionales del profesorado; garantizar y gratificar la jubilación a los sesenta años de edad; reducir el horario lectivo a los mayores de cincuenta y cinco años y negociar un acceso diferenciado para el profesorado
interino.
Los centros educativos tienen que ser fuente de aprendizaje y de práctica democrática. Para eso, es necesaria la gestión democrática, ampliar la participación del profesorado; elegir democráticamente los
cargos directivos; trasladar todas las competencias pedagógicas al claustro y hacer del Consejo Escolar un órgano colegiado de control social y de verdadera participación de la comunidad escolar. Hay que reconsiderar el actual currículum
escolar en todas sus dimensiones y etapas por ser inalcanzable con altos contenidos academicistas y mercantiles, pero también para que Galiza pueda ser objeto de estudio en toda su extensión y dimensión para el alumnado galego.
Para la CIG-Ensino no es asumible ningún pacto que no renuncie a continuar con el actual centralismo, profundamente españolizante y negador de la diversidad cultural y lingüística del Estado. Hoy ni siquiera están transferidas, entre otras,
competencias como la concesión de las becas al estudio, los criterios de admisión de alumnado, los criterios para concertar unidades, el sistema y los requisitos para la elección de los cargos directivos, la composición y competencias de los órganos
colegiados, el uso de la lengua vehicular en la enseñanza y la tasa de reposición de efectivos de acceso a la Función pública docente. El Estado se atribuye todo lo concerniente a los principios, fines y objetivos de la educación, imposibilitando
la adaptación del sistema educativo a la realidad nacional, cultural y lingüística de Galicia que facilite la elaboración de una verdadera lei galega de educación. Debemos desterrar del sistema educativo los mecanismos que propugnan los valores
competitivos, selectivos, mercantiles y confesionales.
En conclusión, necesitamos un pacto educativo que reconozca al Estado español como plurinacional y, por tanto, permita que las naciones que lo conforman tengan su propio sistema educativo, entre otras razones, porque el actual modelo
educativo no asume nuestra identidad nacional, tergiversa y oculta nuestra historia y cultura y margina nuestro idioma. Asimismo, urge derogar la Lomce y sus reválidas, cesar en los recortes en la enseñanza pública, reponer los derechos arrebatados
al profesorado, dotar los centros con profesorado suficiente y dedicar el 7 % del PIB a la educación pública. Para CIG-Ensino un pacto educativo debe conllevar una transformación radical del sistema educativo, la modificación de la Constitución y
la supresión de los conciertos educativos. Necesitamos una educación pública y universal de cero a dieciocho años inclusiva y equitativa, totalmente laica, coeducativa y no sexista, gratuita y democrática y que garantice una real igualdad de
oportunidades.
Moitas grazas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Louzao.
A continuación, van a intervenir los distintos portavoces de los grupos parlamentarios para plantearle las cuestiones que crean convenientes después de su intervención. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Matute.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Seré sumamente breve. Únicamente intervendré para agradecer la asistencia del representante de la CIG, señor Louzao, y para manifestarle la sintonía que desde Euskal Herria Bildu mantenemos con buena parte de lo que ha señalado. A modo de
pregunta, le planteamos una cuestión. Nosotros no estamos tanto, y así lo hemos manifestado en la Comisión de la que depende esta subcomisión como en Pleno, por una reforma de la Lomce que se nos antoja imposible, dada la correlación de fuerzas,
sino por la construcción de una ley propia, de una ley vasca que nos permita construir ese modelo educativo no anclado en el neoliberalismo y sí capaz de generar hombres y mujeres libres e iguales y sobre todo con conciencia crítica. No sé si esa
reflexión existe o se abre paso también en su sindicato, en la CIG-Ensino, o si, por el contrario, todavía creen que dentro del marco de pugna ideológica que se pueda dar en el terreno de la Lomce se puede construir esa realidad a nivel estatal que
usted señalaba.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Matute.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Quería agradecer al interviniente su exposición del tema esta mañana. De su intervención me quedo con dos puntos fundamentales -luego me corregirá si me equivoco- que para ustedes son importantes: la derogación de la Lomce y el aumento de
la inversión. He creído entenderle que estarían a favor de mayor autonomía de los centros y quería saber si eso es así o no. También me gustaría conocer qué piensa del acceso y de la movilidad del profesorado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Bustamante tiene la palabra.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Buenos días.
En primer lugar, felicito al compareciente por la intervención y le agradezco su presencia hoy.
Nosotros consideramos que hay posibilidad de pacto educativo con la comunidad educativa. El pacto político se antoja bastante complicado, dada la política de recortes del partido del Gobierno, del Partido Popular. Actualmente, se estima
que el gasto sobre el PIB es del 4,1 % o 4,2 %. Ha habido unos recortes tremendos, que conocen, en los últimos años y además hay un compromiso del Gobierno con Europa de seguir recortando en educación hasta dejarla en el 3,9 del PIB. En primer
lugar, ¿cómo valora la posibilidad de la elaboración de una ley educativa? Estamos de acuerdo en que es necesario derogar la Lomce; de hecho, había un pacto suscrito con todos los partidos de la oposición cuando el Partido Popular sacó adelante
esta ley con mayoría absoluta, en el que nos comprometíamos a derogarla en el momento en que la correlación de fuerzas cambiara. Nosotros pensamos que es fundamental la derogación de la Lomce en tanto en cuanto es una ley profundamente ideológica y
elitista de la educación, que lo que busca es crear mano de obra barata y tiene un enfoque claramente mercantilista. ¿Cree que es posible derogar la Lomce? Nosotros pensamos que sí, que si hay voluntad política se puede derogar porque la
correlación de refuerzas lo permite y porque además fue compromiso del conjunto de los partidos de la oposición. Por otro lado, nos gustaría que valorara también lo que ha significado la huelga del día 9 en relación con el mensaje que se
trasladaba. La convocatoria de huelga exigía la derogación de la Lomce, la reversión de los recortes, el incremento del presupuesto dedicado a educación, la recuperación de un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades, la
eliminación de las contrarreformas universitarias y de las prácticas no remuneradas en formación profesional, la recuperación de plantillas, la dignificación de las condiciones del profesorado, el freno a la privatización, etcétera.
Por otro lado, coincidimos -de hecho, así lo llevamos en nuestro programa electoral- con la eliminación progresiva de los conciertos educativos. Pensamos que la educación debe ser cien por cien pública, laica, de calidad, y que la educación
privada-concertada se debe integrar progresivamente, de forma paulatina, en la red pública educativa. En relación con las políticas recentralizadoras en materia educativa, nos gustaría que detallara un poco más cómo se ha ido perdiendo presencia
del galego en la educación en la comunidad de Galicia. Aquella frase famosa del anterior ministro de que hay que españolizar a los niños catalanes cuando se debatía la Lomce en el Pleno del Congreso ¿qué efectos ha tenido en el uso del gallego en
el sistema educativo gallego?
Nosotros concebimos la educación como un derecho y pensamos que actualmente el modelo educativo español es mercantilista, está enfocado al mercado laboral y no al ejercicio de un derecho. También nos gustaría preguntarte cómo valoras el
sistema de reválidas. Planteamos que es una carrera de obstáculos que lo que hace es segregar al alumnado y expulsarlo de forma temprana del sistema educativo. ¿Qué valoración se hace de ello desde el sindicato? ¿Qué valoración se hace también de
la participación de la familia y de la comunidad educativa en las decisiones que se toman en los centros, en los consejos escolares? ¿Qué valoración se hace como sindicato del modelo actual, que pensamos que trata de volver a lo básico y que deja
fuera las humanidades, las artes y disciplinas que nos enseñan a pensar y a ser libres? También me gustaría conocer que plantea como modelo educativo frente al adoctrinamiento. Como decía el anterior compareciente, consideramos que la libertad de
culto es un derecho de las personas, pero no debe estar dentro del currículum y en la escuela.
Finalmente, nuestro grupo piensa que otra educación es posible y consideramos que la máxima de ser cultos para ser libres debe ser el principio que guíe nuestra educación. Estamos dispuestos a trabajar codo con codo con la comunidad
educativa para llegar a un consenso, a un pacto educativo que pueda revertir la Lomce y dar lugar a una nueva ley educativa de consenso por parte de la comunidad educativa y de los colectivos usuarios de la educación pública.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Bustamante.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Meijón.
El señor MEIJÓN COUSELO: Moitas grazas, presidenta.
Señor Louzao, benvido á súa casa. En primer lugar, quiero agradecerle su comparecencia en el día de hoy en nombre de la organización que usted representa. Coincidimos totalmente en que el marco actual de la Lomce no puede ser el marco de
partida para una nueva ley educativa ni mucho menos para un pacto educativo, porque ha sido una ley que ha deturpado profundamente el panorama de la educación de este país. Coincidimos también en que el pacto político, siendo para nosotros
necesario, en ningún caso puede ser suficiente para ese pacto global que entendemos que, como usted decía, debe ser social. Por sus palabras entiendo que usted aceptaría que ese pacto fuese también territorial, teniendo en cuenta la realidad
plurinacional que existe en este país y su diversidad.
Hay preguntas que ya han realizado otros compañeros, por lo tanto no voy a repetirlas, pero sí hay cosas que creo que necesitan una mayor aclaración. Usted ha comentado que apostaba por una educación de cero a dieciocho años universal y
gratuita. Quisiera saber si usted entiende que también debería ser obligatoria hasta los dieciocho años o si habría que dejarlo en asegurar las plazas pero no hacerla obligatoria hasta esa edad. En esto existen diferencias entre los distintos
comparecientes. En cuanto a la red de centros, ha hablado de la eliminación de los conciertos. Quisiera saber si usted entiende que esto hay que hacerlo a la voz de ya o si debe ser un elemento progresivo, si debe ser a costa de que las unidades
nuevas que se cierren sean siempre en concertados y no en públicos o si cree que hay que hacer un plan específico para el cierre de los concertados. Por otro lado, también me gustaría saber si cree que aquellos centros de economía social deben ser
tratados de igual forma que el resto de centros, porque por lo que he podido leer puede haber alguna diferencia en este asunto. En cuanto a la evaluación, además de compartir que las reválidas en ningún caso pueden ser un sistema a establecer en
este país en cuanto a retirar la titulación del alumnado, cómo enfocan ustedes la evaluación del profesorado. He entendido que sí estarían de acuerdo con una evaluación diagnóstica del sistema para saber cómo esta -una evaluación sin ranquin- y
cómo mejorarlo. Respecto al currículum me gustaría saber si, como docente, cree que el currículum en este país está demasiado sobrecargado y que habría que hacer una reestructuración del mismo, y si cree que en esa autonomía de los centros, así
como ahora hay una parte del currículum que organiza el Estado y otra que organizan las comunidades autónomas, podría haber una parte del currículum que quedara en manos de los centros, al menos un porcentaje del mismo. También me gustaría saber si
creen que la arquitectura general del sistema está bien articulada, por ejemplo, si el bachillerato debería ser de dos o tres años, si habría que hacer, según ustedes, alguna modificación al respecto. Me gustaría que hiciera alguna alusión a cómo
ve usted el panorama de la formación profesional en este país, concretamente de la formación profesional dual. Hay una realidad que usted conoce bien -usted y yo nos conocemos desde hace tiempo- por lo que me gustaría que nos dijera si cree usted
que en Galicia en este momento, con el sistema lingüístico que tenemos y con los decretos que se han armado, se garantiza que el dominio de las lenguas autonómica y española sea igual al acabar la escolaridad obligatoria o si cree que necesitamos
reforzar todavía más la enseñanza de la lengua gallega, nuestra lengua.
En cuanto al profesorado y su estatuto docente, ha comentado las reivindicaciones, han quedado claras, pero me gustaría saber si creen ustedes que, además del estatuto, podría estar fundamentado en un marco más amplio, en una ley de
profesionalización docente en la que estuviera contemplada la formación y la selección del profesorado. Ya que hablamos de formación, quiero saber qué opinan ustedes sobre el sistema del que se habla -aunque sea de forma vaga, ya que hay distintos
modelos al respecto-, me refiero al 'MIR' educativo. En cuanto a los interinos, usted ha comentado un acceso diferenciado para los interinos. Hay varios modelos que se han establecido en este país, los que peinamos canas en esto lo sabemos. En su
día hubo oposiciones restringidas, para entendernos, separadas del resto de las oposiciones libres. Con la adicional de la LOE se hizo una oposición idéntica pero en la que unos tenían una puntuación distinta respecto a otros. ¿Cuál cree usted que
sería el modelo para volver a unas ratios decentes, por ejemplo del 5 % de interinos, es decir, a favor de qué modelo estarían ustedes? Por supuesto, coincido con usted en que hay que dar un nuevo marco a las enseñanzas artísticas superiores y
encaminar estas a la universidad, especialmente para que el alumnado pueda tener el grado.
El resto de las preguntas ya las han formulado, por lo que no voy a repetirlas. Para terminar, nuestro grupo parlamentario quiere agradecerle su presencia aquí y su intervención.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Meijón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Popular quiero agradecer la presencia al señor Louzao Rodríguez en esta Comisión. En primer lugar, quiero decirle que, en principio, nos conceda el beneficio de la duda. El Gobierno está dando pasos sinceros para
alcanzar un pacto social y político por la educación. Hasta ahora no ha dado muestras de que esa propuesta no sea sincera. Por tanto, es bueno que todos abandonemos esa foto fija, que nos olvidemos de ese Gobierno malvado que quiere engañarnos y
que lo único que pretende es mantener a toda costa la Lomce y que todos contribuyamos de verdad a ese pacto educativo que es por lo que estamos aquí.
En segundo lugar, hay que ir ya olvidándose de esos monstruos educativos que aparecen por doquier: la escuela concertada mercantilista, la religión que adoctrina... Hay una Constitución, que es el marco fundamental de convivencia, en la
que se establecen una serie de requisitos fundamentales en su artículo 27 y al que todos nos debemos. Por tanto, las reglas de juego están claras. No veo que la escuela concertada tenga un espíritu mercantilista. Ahora, si lo que ustedes
pretenden es volver a la escuela comprensiva, al aprobado para todos, al fracaso escolar, en definitiva, al fracaso social que ha llevado a generaciones de estudiantes españoles a ese no saber dónde ir, a ser unos ninis, a darse de bruces con una
realidad con la que no contaban, pues díganlo también. Parece ser que hasta la Lomce todo iba a pedir de boca, iba sobre ruedas. Pues yo conozco índices de fracaso escolar por encima del 37 % en varias comunidades autónomas y un 40 % de alumnos
que no conseguían pasar de curso antes de la Lomce. Por tanto, si hablamos de problemas, de algún aspecto negativo del sistema, habrá que irse también más atrás, con el objeto de no tener una foto fija, sino un poco más amplia. No estamos de
acuerdo con los diecisiete sistemas educativos, esto es lo que nos ha traído a esta situación. Un alumno tiene que saber que el río Genil pasa por Granada o que el Sil y el Miño son ríos gallegos en conjunto, pero no solo que existe el río Genil.
No, este no es el país de las Batuecas, el país de las Batuecas fue algo que se popularizó en el siglo XIX. Hoy en día tenemos una mente más amplia, estamos en un mundo globalizado y, por consiguiente, nuestros alumnos tienen que prepararse para
esa situación, no solo para ver lo que está muy cerca o lo que nos quieren enseñar, porque eso sí es adoctrinamiento.
Nosotros entendemos que tenemos una magnífica oportunidad para alcanzar un pacto educativo que pueda englobar las aspiraciones de diferentes sectores, cediendo cada uno algo pero, desde luego, lo que no se puede es venir a hablar de un pacto
educativo con imposiciones y diciendo de entrada: yo no quiero saber nada de esto porque lo que el Gobierno pretende es tomarnos el pelo. No es así; todo lo contrario. El Gobierno lo que quiere es que de verdad haya un pacto educativo y que de
verdad podamos salvar unas circunstancias que creo que no son buenas para la educación actual. No obstante, sí quisiera plantearle un par de cuestiones. Por ejemplo, respecto al profesorado, cómo enfocaría usted la carrera docente, la formación
inicial y permanente del profesorado, el proceso de selección de los nuevos profesores; cómo abordarían el problema de la interinidad. Otro aspecto en el que coincidimos bastante es el de la burocratización del sistema, el papel de los claustros,
etcétera. Y por último, me gustaría preguntarle si no es bueno evaluar el sistema educativo, por lo menos saber por dónde se anda, qué hay que mejorar, cuáles son los problemas que pueden vislumbrarse. En definitiva, yo creo que no es malo, desde
nuestra perspectiva, evaluar el sistema para mejorar; creo que eso lo hacen todos los sistemas educativos modernos y nosotros no podemos quedarnos anclados en el pasado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez.
El señor OLÒRIZ SERRA: Señora presidenta, una cuestión de orden. Ya sé que sería benevolencia que me dejara utilizar el turno de palabra...
La señora PRESIDENTA: No, no, señor Olòriz, con mucho gusto le cedo la palabra. Antes se lo he propuesto a usted, cuando ha venido a decirme que iba a estar fuera, lo que pasa es que como me dijo que no, que prefería no intervenir, por eso
no se la he dado.
El señor Olòriz tiene la palabra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias.
Como he oído buena parte de su intervención, Anxo, sí parece que puedo intervenir; lo he dicho cuando estaba ausente del conjunto de la intervención. Pero me parecen interesantes las cosas que he escuchado y en este caso quería hacer
preguntas para ampliar algunos aspectos.
Primero, cómo considera usted que se ha tomado la comunidad educativa que ha luchado contra la Lomce el hecho de que no se haya derogado. Ya sabe usted que había votos suficientes para derogarla, pero se decidió no derogarla y abrir esta
Comisión-subcomisión sin derogarla. Desgraciadamente, yo al menos he observado que una parte de la comunidad educativa ha salido a la calle hablando de la derogación porque se dice que lo prometido es deuda y que en la X Legislatura todos los
grupos menos el Partido Popular dijeron que se derogaría cuando hubiese la correlación de fuerzas suficiente. Es un elemento importante porque un pacto se hace con la confianza de la gente y si la confianza se rompe es muy difícil volverla a
rehacer. Este es el primer elemento sobre el que me gustaría que usted me informase.
Segunda cuestión: el pacto político o el pacto político, social y territorial. Es cierto que se ha hablado de pacto social y territorial, pero hemos empezado andando solo con el pacto político y, como usted ha podido observar, las
diferencias son, por no decir abismales, muy grandes. Puede que la participación social y la territorial nos ayudarían a llegar a acuerdos.
Tercera cuestión. Usted no ha sido el único en traer el programa completo de su organización, el programa de máximos. Yo he escuchado hace poco a la Concapa y también nos traía el programa de máximos. Por lo tanto, es lógico que cada
organización nos traiga su programa de máximos; ahora bien, para acercar posiciones, ¿qué elementos se podrían situar en el espacio y en el tiempo? Le digo algunos, a ver su opinión: ¿ley de bases o ley modelo Lomce que pormenoriza todos los
aspectos? ¿Desarrollo en las comunidades autónomas con competencias? ¿Leyes propias en Galiza? Me gustaría que me lo comentase. En cuanto al tema currículum, me gustaría conocer hasta qué punto los currículums han de estar pormenorizados en
leyes de bases estatales, como hasta qué punto los currículums no tienen que dejar un amplio aspecto a las escuelas, a los proyectos educativos; y a veces, en este espacio, nos podemos entender.
Último punto, para no agotar todo el tiempo, el concepto de servicio público. Hasta qué punto podemos romper la dicotomía escuelas públicas-escuelas privadas concertadas con un gran pacto por un servicio público que tenga unos mismos
objetivos, que tenga un mismo sistema de evaluación, pero que puedan actuar escuelas privadas concertadas que acepten estos principios.
Lo dejo aquí y muchas gracias por su intervención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Olòriz.
Para la contestación, tiene la palabra el señor Louzao.
El señor SECRETARIO NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA, CIG-ENSINO (Louzao Rodríguez): En la medida de lo posible intentaré responder a las preguntas que se me han hecho; en todo caso, hay muchas que concluyen en una misma
respuesta.
Empezando por el representante de Esquerra Republicana, y creo que aquí ya aclaro diferentes aspectos, en lo que tiene que ver con el pacto educativo, a nosotros nos parece que la propuesta del pacto educativo, que en sí no encierra ninguna
maldad, es evidente, sí encierra cierto engaño porque es difícil pensar que un pacto educativo puede llegar a un fin que nos abarque a la mayoría de la comunidad escolar y de las organizaciones sindicales, políticas, sociales y que tenga en cuenta
la territorialidad del Estado, en la medida en que no es capaz de partir con un acuerdo ya iniciado de la derogación de la Lomce. Por tanto, desde nuestro punto de vista es un engaño. Y no es una imposición, ya me gustaría a mí como representante
de una organización sindical de Galicia venir aquí, al Congreso de los Diputados, e imponer una nueva ley. El representante del Partido Popular decía que veníamos a imponer. ¡Pues ya me gustaría a mí tener la potestad de imponer!, igual que tener
la mayoría, ¿no? Por lo tanto, las palabras se tergiversan. Nosotros no venimos a imponer. Tenemos una posición que será tan legítima, en todo caso, como la que tiene el Partido Popular. Imponer es cuando alguien es capaz, a través de la norma o
de otros medios, de hacer posible algo. Pues nosotros no somos capaces de hacer posible nuestro proyecto educativo. Pero decía que el punto de partida de un pacto por la educación, si hubiera voluntad, por lo menos desde nuestra perspectiva,
sería: señores, hay un acuerdo de derogar la Lomce y, como se ha dicho, para ese acuerdo hay una mayoría en el Parlamento, pero no se efectiviza. Y no es solo que no se efectivice, es que ni siquiera se admite que se va a llevar a cabo. Por lo
tanto, es evidente que desde nuestro punto de vista el punto de partida es engañoso. Es engañoso porque sin lugar a dudas desde el año 2010 nosotros hacíamos hincapié en que eran nueve huelgas generales las que ha habido en el ámbito educativo
gallego, muy exitosas, no vamos a hablar de porcentaje, en todo caso hay un porcentaje que dice que el 80 % de las familias en la enseñanza pública, que es aproximadamente el 70 % de la enseñanza en Galicia, no ha enviado a sus hijos durante dos
días, en 3.º y en 6.º de primaria, para hacer
las reválidas. Esa es la visión que tiene la comunidad escolar respecto de la Lomce y respecto de las reválidas. Y ya de paso dejo constancia de que para nosotros el sistema educativo tiene que ser evaluado, todo el conjunto del sistema
educativo, también el profesorado, pero no desde una perspectiva punitiva sino desde una perspectiva de apoyo, de orientación del propio sistema educativo. Por lo tanto, hay que evaluar todo el sistema educativo, no solo al profesorado, sino la
propia administración educativa, la inspección, los recursos, los medios que tienen los centros, etcétera. Nosotros estamos en contra de evaluaciones que estratifiquen al profesorado, que condicionen sus salarios y que sean evaluaciones
exclusivamente parciales. Tiene que ser una evaluación del sistema educativo en general y a partir de ahí estamos abiertos a concretar cómo se llevaría a cabo esa evaluación del sistema educativo; porque las propuestas que ha habido siempre en
referencia a la carrera docente han sido estratificadoras para el profesorado y ligadas siempre a las condiciones de trabajo y a las retribuciones.
En relación con el pacto para la educación, nosotros lo vemos difícil porque somos una organización galega y nacionalista, y desde esa perspectiva el sistema educativo es centralizador y españolizador. El señor Olòriz decía que era para
españolizar Cataluña y seguramente su subconsciente le llevó a pensar que en Galicia no era necesario porque ya estaba suficientemente españolizada. La propia aplicación de la Lomce ha supuesto una involución en lo poco que la educación nos
considera como gallegos. La educación tendrá que partir de lo próximo, lo cercano, lo local -por lo menos es un principio pedagógico bastante irrefutable- y a partir de ahí tendrá que llegar al conocimiento de lo general. Pero yo me imagino que a
la hora de estudiar cualquier sistema político, cualquier sistema social, cualquier sistema geográfico, cualquier principio científico, etcétera, se puede hacer desde una visión global o centralista o desde una visión galega; esto es una evidencia.
Y claro, nosotros tenemos historia, nosotros tenemos identidad, nosotros tenemos cultura, y ¿saben lo que nos ocurre? Que se ha negado nuestra cultura, nuestra historia y nuestra lengua para imponer otra. Los gallegos no estamos en contra de tener
los máximos conocimientos y de que el sistema educativo conozca la historia del Estado español; lo único que decimos es que nuestra historia aún no la conocemos y lo poco que se conoce es de forma tergiversada. Ahí están las pruebas. Por si
alguien duda, es evidente que el sistema educativo de la Lomce tenía muy claro desde el principio la centralización. El sistema educativo necesitaba una recentralización, pero ¿por qué? Las reválidas hacian una triple función. Primera función,
seleccionar al alumnado: solo aquel alumnado no carente de recursos y de medios. Todo el mundo sabemos que el sistema educativo no es capaz de dar respuesta a las necesidades que el propio sistema impone. Hoy es difícil que un alumno o alumna
pueda aprobar la lengua extranjera sin recibir clases particulares. Hoy un porcentaje importante de alumnos y de alumnas van a clases particulares de matemáticas y de otras materias. Eso no es igualdad de oportunidades y, encima, metemos unas
reválidas que lo que hacen es seleccionar a ese alumnado que ya ha tenido más posibilidades y más recursos para llegar a los objetivos que tiene marcados el sistema educativo. Esa era la primera razón de las reválidas, hacer mucho más selectivo y
elitista el sistema educativo y, por tanto, hacerlo clasista; avanzar y profundizar en esa división social que hay. Pero tenía un segundo objetivo, era recentralizar porque todo alumno o alumna del Estado español tenía que pasar unas pruebas con
un mismo contenido. De hecho, la Administración se reserva la configuración de las pruebas y los criterios generales. El tercer objetivo era expulsar del sistema educativo, por lo menos en el posobligatorio, a una parte importante. Hay una
cuestión sobre el fracaso escolar -aunque primero habría que ver a qué se llama fracaso escolar-, pero la propia Lomce se ha inventado la formación profesional básica para que al final las estadísticas den lo que tiene marcada la Unión Europea, y al
final se va a rebajar el fracaso escolar porque aquellas personas que no son capaces de adquirir un título van a tener uno de formación profesional. Por tanto, nos vamos a acercar a los porcentajes que tiene marcada la Unión Europea para el año
2020. Eso en relación con las reválidas.
Además la Lomce es la primera ley orgánica educativa que legisla sobre las lenguas propias de las naciones del Estado; todo el mundo sabemos ya su contenido. Desde nuestra perspectiva, un pacto educativo debe partir de que hay tres
naciones, aparte de la española, en el Estado español, y que tienen derecho a tener su sistema educativo. Se puede llegar a un acuerdo, a un pacto de Estado y decir: señores, vamos a fijar cuáles son los objetivos generales, los fines generales de
la educación del Estado español y a partir de ahí atender al resto. Pero ¿qué pasa? ¿Se independiza Galicia porque pueda fijar cuáles son los criterios y el sistema de elección de los cargos directivos, o porque Cataluña o Madrid hagan lo mismo?
¿Pasa algo? ¿Pasa algo por que los criterios, las características, la composición y las prerrogativas que tenga el Consejo Escolar puedan diferir en una o dos cuestiones respecto de Madrid, Galicia o Cataluña? ¿Pasa algo en el Estado español? Y
así podríamos seguir; es que estamos en un Estado totalmente
centralista. Pero es más, Galicia tiene previsto convocar oposiciones y las tiene paralizadas porque no hay presupuestos en el Estado -y dicen que es ilegal-. La Xunta de Galiza sabe cuáles son los objetivos que necesita para el curso que
viene. ¿Acaso pasa algo por que las tasas de reposición estén transferidas? Bueno, nosotros estamos en contra de las tasas de reposición, pero nos referimos a la ordenación del profesorado. ¿Acaso pasaría algo por que nuestra enseñanza partiera
de nuestra realidad geográfica, económica, social, filosófica? Que no se preocupen los señores diputados y diputadas, iban a tener una formación general idéntica a la que puedan tener hoy. ¿O acaso el sistema educativo español es más deficitario o
mejor que el que pueda haber en Francia? Y me imagino que el de Francia también estudiará los conceptos y tendrá un conocimiento universal. Por lo tanto, es un punto de partida diferente; un punto de partida en el que tendríamos muchas cosas en
común porque a la hora de programar las matemáticas seguramente Galicia coincidiría con Euskadi, con Cataluña o con Madrid; a la hora de programar hasta la propia historia podría haber diferencias pero también habría coincidencias, etcétera, y no
pasaría nada; es una concepción totalmente diferente del Estado: es un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe; y si aceptamos eso, tenemos que legislar en ese sentido, porque podemos estar de acuerdo en términos teóricos, pero a la
hora de la práctica evidentemente podemos actuar en sentido contrario.
En relación con el acceso del profesorado, sobre lo que también ha habido distintas preguntas, es una obviedad que el actual sistema tiene muchas carencias. Me gustaría recordar una cuestión, no se han modificado los temarios de las
oposiciones desde el año 1991, y es importante esto porque muchas veces hablamos de que nos parece que estamos proponiendo cuestiones que son inalcanzables y que son nuevas, pero son nuevas porque las que hay hoy en día son muy viejas. Las ratios
que hay hoy en la enseñanza provienen de la Logse, de 1991, no se han modificado. Lo digo para que nos demos cuenta de que estamos hablando ya de muchos años. Por otra parte, muchos de los temarios que existen son también del año 1991. En cuanto
al sistema de acceso, nosotros no estamos de acuerdo bajo ningún concepto con las propuestas que se han hecho de un 'MIR' educativo. Primero hay que modificar la formación inicial. Para nosotros lo lógico sería que el profesorado que se va a
dedicar a la enseñanza, independientemente del nivel educativo en el que la ejerza, tuviera una formación técnico-científica y después una formación pedagógica. Tendría que haber las especialidades correspondientes que hoy hay u otras, junto con
una formación técnico-científica, y a partir de ahí, cada uno en su especialidad, habría otra formación que sería para todos aquellos que se dedican a la educación. Después, una vez terminada la formación inicial, habría que mirar qué sistema de
acceso se concreta para la Función pública. Nosotros partimos de que con ese sistema lo que forma y capacitaría para la enseñanza sería la formación inicial; no es la oposición; ni hoy siquiera es la oposición. La oposición es un medio para
tener un trabajo definitivo, para acceder a una plaza, mas lo que capacita debe ser la formación y nunca la oposición.
Por otra parte, se ha preguntado por la formación profesional dual. No es un modelo que nos convenza porque se le entrega hasta cierto punto la planificación de la formación profesional al mundo empresarial. En primer lugar, como ustedes
saben, el propio empresariado es el que escoge al alumnado que va a hacer la formación dual y no la Administración educativa. En segundo lugar, también traslada lo que debe ser la docencia en parte al propio mundo empresarial cuando les corresponde
a los docentes.
En relación con la situación actual de nuestra lengua, ante esos que hablan de imposición, el sistema educativo galego no se llega a impartir en el conjunto de la enseñanza no universitaria y en la universitaria aún estas cifras son más
bajas. En la universidad no se imparte siquiera el 10 % de la enseñanza en galego y en la enseñanza no universitaria, es decir, desde infantil hasta la formación profesional, alrededor de un 15 % de la enseñanza se puede impartir en lengua galega.
Es más, en las ciudades y en los grandes núcleos de población, que son la mayoría en Galicia, en la educación infantil apenas tiene presencia la lengua gallega como lengua vehicular. En la formación profesional no hay material y reto a alguien
desde aquí a que me busque algún manual o algún material de formación profesional en nuestro idioma. Si en un país como el nuestro no fijamos qué materias como mínimo se deben impartir en nuestra lengua, nos lleva a que las editoriales no hacen
manuales para la mayoría de las materias, aunque el profesorado esté dispuesto a impartirla en nuestro idioma. Por tanto, tiene una sobrecarga de trabajo de partida. Todo eso nos lleva a que en este momento podemos hablar de que alrededor de un 15
% de nuestra enseñanza se imparte en nuestro idioma. Es importante también, hacía referencia en mi intervención, que en la aplicación de la Lomce había un decreto de plurilingüismo con un rechazo muy mayoritario de la mayoría de las instituciones
-desde la Real Academia Galega, hasta el Consello de la Cultura, de las tres universidades, de todos los ámbitos educativos con una huelga general- y a pesar de eso el Partido Popular lo ha aplicado de manera unilateral. Es la primera vez que se
hace una norma en Galicia desde la transición
que es involutiva en relación con la anterior, a pesar de que había un acuerdo unánime en el Parlamento gallego de un plan de normalización lingüística del año 2004, siendo presidente el señor Fraga y vicepresidente el señor Feijóo. Ese
plan de normalización, que había tenido el máximo consenso, fue aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego en el año 2009 y se han olvidado de aplicarlo y han creado el decreto de plurilingüismo, pudiendo ser en un plano teórico la enseñanza
un tercio en lengua extranjera, un tercio en gallego y un tercio en español.
La señora PRESIDENTA: Señor Louzao, tiene que ir terminando.
El señor SECRETARIO NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA, CIG-ENSINO (Louzao Rodríguez): En todo caso, quiero decir que eso, que como máximo fija un tercio en lengua gallega, se ha visto reducido con la aplicación de la Lomce.
Decía antes que en la ESO el gallego como lengua vehicular hoy tiene trece horas menos que el español, una lengua que ha estado prohibida, mientras que el español es dominante en la modalidad de las enseñanzas académicas y tiene diez horas en las
aplicadas.
Para terminar -me doy cuenta de que me quedan muchas cosas sin resolver-, sobre la evaluación sí he dicho algo y sobre el currículum solo me hago una pregunta. Permítanme que les diga una cuestión, si me hacen una prueba -no sé a ustedes-
de los objetivos y los contenidos de la ESO, puede ser que lo tenga bastante difícil en algunas materias. Están sobrecargados y sobredimensionados. Por tanto, no solo hablamos desde una perspectiva academicista sino que se necesita un nuevo
replanteamiento y partir, como hemos dicho antes, de tener en consideración la pluralidad tanto nacional como cultural del país.
En todo caso concluiré, porque veo que ha habido más preguntas en ese sentido, diciendo que para nosotros el pacto tiene que partir de la derogación de la Lomce, pero no vamos ahora a revisar o analizar la Lomce.
Solo dos cuestiones me quedaban sin responder: los conciertos educativos y la religión. Decía que la columna vertebral del sistema educativo está fijada en el artículo 27 de la Constitución, es una obviedad, derecho a la religión en los
centros escolares, derecho a la concertación de la enseñanza y, artículo 3, menoscabo de las lenguas propias. Cuando decimos que solo la enseñanza pública puede ser democrática, inclusiva, equitativa y la que puede garantizar la igualdad de
condiciones, partimos de una cuestión y es que hay escuelas de iniciativa social que son ejemplares y, por tanto, habría que integrarlas en la enseñanza pública, pero no nos estamos refiriendo a esa modalidad de enseñanza que es minoritaria, la
enseñanza privada concertada. Lo que sí es cierto es que la enseñanza concertada para nosotros tiene que ser integrada en la enseñanza pública por lo menos como objetivo final. Es una obviedad que no se puede hacer de un día para mañana, pero sí
se pueden derogar los conciertos que segregan al alumnado por razón de género inmediatamente, posteriormente dejar de concertar la enseñanza no obligatoria y el tercer escalón sería a medio plazo con una política de poco a poco ir desmantelando la
enseñanza privada concertada porque sí que es un medio de poder, un medio de control social y solo hay que ver los idearios de estos centros y lo hermética que es la enseñanza. Me estoy refiriendo en términos generales, siempre hay excepciones que
confirman la regla y que hay que aplaudir. Por tanto, para nosotros es un objetivo, sabemos que es un objetivo en el que hay poca coincidencia, pero pensamos que no podemos partir de que la enseñanza sea un derecho, ya que como derecho y como
principio democrático y universal solamente se puede concretar siendo pública.
En relación con la religión, pensamos que la religión tiene que ver en todo caso con las creencias particulares en el ámbito privado, mas nunca en el ámbito curricular. En este sentido la Lomce ha supuesto una involución muy importante.
Todo el mundo sabe que hoy cualquiera que estudie la materia de religión tiene un 9 o un 10 y sabemos que ese 9 o un 10 con una hora compite con una materia dura de tres o cuatro horas y su nota es equivalente para las becas, para el acceso a otros
estudios, etcétera. Por tanto, nos parece discriminatorio, no solo desde el punto de vista confesional.
Para terminar, evidentemente nosotros estamos por una enseñanza gratuita de cero a dieciocho años y obligatoria de tres a dieciocho años. Es un contrasentido desde nuestro punto de vista que no se acceda al trabajo hasta los dieciocho años
-se puede acceder a los dieciséis, pero lo normal es a los dieciocho- y que no sea obligatoria. Otra cuestión es qué tipo de enseñanza sería. Por tanto, para nosotros la enseñanza debe ser gratuita de cero a dieciocho años y obligatoria de tres a
dieciocho años, y de tres y no de seis años porque también puede ser un elemento de discriminación si no es obligatoria.
Nada más. Perdonen por alargarme. A su disposición.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Louzao.
Señorías, con la intervención del señor Louzao terminamos la sesión de hoy de esta subcomisión para la elaboración de un gran pacto de Estado social y político. A veces nos olvidamos de que el enunciado de la propia subcomisión incluye
también el pacto social y, como presidenta de la Comisión, quiero recordarlo porque no solo dice un pacto político sino un pacto social y político por la educación.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.