CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 150

EDUCACIÓN Y DEPORTE

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª TEÓFILA MARTÍNEZ SAIZ

Sesión núm. 9

celebrada el martes,

7 de marzo de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de Educación y Deporte:


- De la señora secretaria del sector de la enseñanza de la Unión General de Trabajadores, FETE-UGT, miembro del Consejo Escolar del Estado (Loranca Irueste), para informar en relación con la elaboración de un gran pacto de Estado social y
político por la educación. (Número de expediente 219/000297) ... (Página2)


- Del coordinador de acción sindical y política educativa de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Intersindical, STES-I, miembro del Consejo Escolar del Estado (Benavent Martínez), para informar en
relación con la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación. (Número de expediente 219/000298) ... (Página16)


- Del señor presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE, miembro del Consejo Escolar del Estado (Aguiló Pastrana), para informar en relación con la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la
educación. (Número de expediente 219/000299) ... (Página30)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE:


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DEL SECTOR DE LA ENSEÑANZA DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, FETE-UGT (LORANCA IRUESTE), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. (Número de
expediente 219/000297).


La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, se abre la sesión.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida a doña María Isabel Loranca Irueste, secretaria del Sector de la Enseñanza de la Federación de Trabajadores de Enseñanza, Unión General de Trabajadores, que muy amablemente ha aceptado venir a
comparecer ante esta Comisión de Educación. Vamos a dar comienzo, pues, a esta sesión de comparecencias dentro de la Comisión de Educación para la consecución de un pacto de Estado por la educación. En primer lugar, hará uso de la palabra doña
María Isabel Loranca por un tiempo de treinta minutos. A continuación, los grupos parlamentarios tendrán un turno de palabra de cinco minutos para plantearle las cuestiones que crean necesarias, y por último, la señora Loranca tendrá un tiempo de
diez minutos para contestar a esas cuestiones. En caso de que no le diera tiempo a contestar a todas ellas, como ya hicimos ayer, tienen ustedes la posibilidad de remitirnos las contestaciones por escrito a la Presidencia de la Comisión y nosotros
se las haremos llegar a todos los portavoces para que tengan conocimiento de las mismas.


Una vez planteada esta cuestión, doña María Isabel Loranca tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DEL SECTOR DE LA ENSEÑANZA DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, FETE-UGT (Loranca Irueste): Muchas gracias. Muy buenos días a todos.


Señora presidenta, señoras y señores diputados, en primer lugar quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios la invitación para participar en esta subcomisión y poder transmitirles a ustedes la posición del sector de la enseñanza de la
Federación de Empleadas y Empleados Públicos de la Unión General de Trabajadores.


Quiero expresarles que nuestro sindicato ha venido planteando desde 1995 la necesidad de alcanzar un pacto por la educación. En aquel momento -si recuerdan ustedes, ni siquiera todas las comunidades autónomas tenían asumidas las
competencias educativas- entendíamos esta necesidad como un reto de futuro, un acuerdo de carácter estatal que garantizara la vertebración y la calidad del sistema educativo. Lamentablemente, y a pesar de los años transcurridos, somos conscientes
de la vigencia de estos postulados y de la imperativa necesidad de llegar a este pacto. Después de muchas vicisitudes, de diferentes Gobiernos, con sus consiguientes cambios en la legislación educativa, con distintos pulsos entre las comunidades
autónomas y el Estado, con una suerte de medidas sindicales insatisfechas desde la transición, no ha habido año en que no se hablase del pacto como algo imprescindible pero inalcanzable, reivindicado por partidos, por sindicatos y por la comunidad
educativa, aunque hasta el momento pocos han estado dispuestos a rebajar sus planteamientos para acercarse al consenso. Los cambios en nuestro sistema educativo han dejado en evidencia no solo su propia fragilidad, sino el papel de elemento de
confrontación con el que han jugado los distintos gobiernos. La solución a esta situación de inestabilidad, tal como venimos defendiendo desde la UGT, pasa por alcanzar un acuerdo que aleje a la educación de los vaivenes políticos a los que se ve
sometida. Por ello, defendemos un pacto de Estado territorial, político y social por la educación en el que estén implicados todos los integrantes de la comunidad educativa. Consideramos que este es el momento de plantear una reflexión crítica en
profundidad y sin precipitación, que nos permita alcanzar un diagnóstico certero para realizar propuestas de mejora eficaces para conseguir la máxima calidad salvaguardando, señorías, en todo momento el principio de equidad. En este diagnóstico
debe colaborar toda la comunidad educativa y se han de tener en cuenta, entre otros, a nuestro juicio, los siguientes factores: La situación educativa reciente de nuestro país y la actual situación de crisis, donde la educación tiene un papel
relevante para salir de la misma. Las diferencias sociales y económicas de nuestro alumnado con la finalidad de compensarles. Las comparaciones con los indicadores de los organismos internacionales, pero adaptándolas a las diferencias
territoriales de nuestras comunidades autónomas. Y una cuantificación precisa y real de los recursos educativos necesarios y de su utilización, teniendo en cuenta la finalidad y la necesidad de los mismos, incidiendo en aquellos aspectos donde más
se necesite. Consideramos que nos encontramos en una situación social y política

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que exige acuerdos. La educación, señorías, debe estar en el centro de la agenda política convirtiéndose en una prioridad de Estado, por lo que entendemos que este Parlamento tiene en sus manos lograr un acuerdo de mínimos que dé
estabilidad a nuestro sistema educativo.


Antes de plantear las propuestas que la UGT tiene y que nos gustaría que se tuvieran en cuenta a la hora de acordar y conseguir este pacto, queremos esbozar una serie de consideraciones sobre la situación actual por la que atraviesa la
educación en nuestro país. Cualquier diagnóstico que realicemos ha de tener en cuenta las variables que inciden negativamente en nuestro sistema educativo, como son, a nuestro juicio, el largo retroceso que viene padeciendo la educación en los
últimos años y el deterioro, señoras y señores diputados, que los recortes educativos han generado. Llevamos muchos años acumulando inestabilidad normativa, recortes, falta de recursos, imposición de normas, con fuerte contestación social, como ha
sido el caso de la Lomce, y las contrarreformas universitarias que, no olvidemos, también tuvieron el rechazo de la comunidad universitaria que, a nuestro juicio, han retrotraído la educación a tiempos pasados. Los últimos siete años de retroceso y
recortes educativos muestran, lamentablemente, la radiografía de nuestro sistema educativo.


Menos financiación. La cifra total que se ha dejado de invertir en educación, según reflejan los Presupuestos Generales del Estado desde 2011, es de 3.100 millones de euros. Si a esta cantidad se le añaden, señorías, los más de 3.000
millones adicionales que se restaron a causa de la aplicación de los dos reales decretos de 2012, de medidas de racionalización del gasto público y estabilidad presupuestaria, la cifra alcanzaría más de 6.500 millones de euros. A esto habría que
añadir, si nuestros temores se confirman, un recorte de aproximadamente 1.000 millones de euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2017. La variación entre los presupuestos de educación entre 2016 y 2011, supone un recorte del
12%. El porcentaje perdido desde 2010 en educación estaría, señorías, por encima del 13%. A esto habría que añadir la pérdida retributiva que sufrimos los empleados públicos en 2010. Como saben ustedes, se produjo una media de un 5% de recorte en
los salarios de los empleados públicos, y en el ámbito de la enseñanza podríamos decir que pudo alcanzar hasta el 7%. Se ha pasado de un 4,9 del PIB en 2010 a un 4,1 en 2015. Siete años de retroceso en presupuestos que nos colocan por debajo de
las cantidades que se invertían, señorías, en el año 2005. Esto nos sitúa lejos de la media de la Unión Europea, que está en el 4,9% y de la OCDE, que está en el 5,3%.


Menos profesorado y peores condiciones sociolaborales. Las reducciones de plantillas, el aumento de las horas lectivas, la desaparición de programas, han supuesto la destrucción drástica de puestos docentes -nosotros ciframos esta reducción
en alrededor de 35.000 docentes en la enseñanza pública- y un aumento en la precariedad de los mismos. La continua reducción de la oferta de empleo público supone que actualmente alrededor del 25% del profesorado de la enseñanza pública de los
niveles no universitarios es interino. A nuestro juicio, es urgente abordar el problema de este colectivo, con un plan de consolidación de empleo. La aplicación de los reales decretos de 2012, a los que aludíamos, han incrementado las ratios, han
incrementado las horas lectivas, han reducido los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores de la enseñanza en torno a un 20%; se han suprimido prestaciones y se han endurecido los requisitos para sustituciones y bajas por enfermedad. Si
esto resulta preocupante, señorías, tanto más preocupante resulta la práctica desaparición de los programas para la formación permanente del profesorado, la reducción y en algunos casos la desaparición, de los centros de formación, la desaparición
de las licencias por estudios. Esto hace que la formación docente, la formación de los trabajadores de la enseñanza, quede reducida a la voluntariedad individual. Para UGT es preocupante que sean los organismos internacionales los que nos llamen
la atención sobre las consecuencias que se están produciendo, derivadas de las políticas educativas de los últimos años. Una llamada de atención, que ha de tenerse en cuenta a la hora de llegar a cualquier acuerdo, es el bajo nivel de satisfacción
que siente el profesorado. Los docentes se sienten enfrentados a continuas reformas y retos, pero en estas continuas reformas no se contemplan ni sus condiciones laborales ni la regulación del estatuto del personal docente. Es evidente el
descontento de nuestro profesorado con las contrarreformas educativas. La tarea docente, señorías, se incrementa por la adaptación a la nueva normativa, con una mayor carga administrativa y burocrática y con una mayor complejidad en el entorno y
mayores exigencias sociales. Sin embargo, nuestros compañeros no ven recompensado todo el esfuerzo que se les exige. Señoras y señores diputados, los docentes de las etapas de educación infantil, primaria y secundaria en nuestro país, al inicio de
su carrera profesional tienen un sueldo oficial mínimo por debajo de la media de 21 países de nuestro entorno, entre un 12 y un 17% menos, dependiendo de la etapa donde prestan sus servicios. Igualmente, los salarios máximos de los docentes
españoles en las mismas etapas educativas también están por

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debajo de la media del salario máximo de los países estudiados, entre un 23 y un 29%. Los docentes españoles tardan más años en conseguir el salario máximo oficial que el resto de sus colegas europeos, en los países estudiados en el informe
de Eurydice, del que hemos extraído estos datos. La media de los países estudiados oscila entre 20 y 30 años; en el caso de España se necesitan 39 años de servicios para alcanzar este salario máximo.


Menos recursos y apoyos educativos. A los recortes de recursos humanos y educativos, hay que añadir los recortes de las inversiones en infraestructuras, en mobiliario y equipos para todos los niveles educativos.; el descenso generalizado
de los gastos de funcionamiento de los centros y la disminución en los gastos de personal docente y no docente. Por otra parte -y esto es particularmente serio a juicio de la organización que yo represento-, han desaparecido de nuestras escuelas un
gran número de programas cuya finalidad era asegurar la igualdad de oportunidades y la mejora del rendimiento escolar y además se han disminuido partidas destinadas al apoyo, al refuerzo y a la orientación educativa.


Para nosotros las consecuencias que ha tenido la implantación de la Lomce son las siguientes, señorías: una ley que se impone, sin el apoyo de la comunidad educativa, rechazada por la mayoría de este Parlamento, con continuas modificaciones
en su implantación y con normativas improvisadas o contradictorias, con gran disparidad de su puesta en marcha en las distintas comunidades autónomas, difícilmente puede estabilizar nuestro sistema educativo y potenciar la calidad y la equidad del
mismo. La implantación de la Lomce, lejos de resolver los problemas reales que tiene la educación en nuestro país, ha generado otros, y está provocando la pérdida de conquistas educativas, tales como la igualdad de oportunidades en la
escolarización obligatoria y la cohesión social. Es una ley que, a nuestro juicio, entiende la calidad educativa exclusivamente por resultados, con un currículum centralizado y uniforme, incorporando materias en detrimento de las enseñanzas
artísticas y de las humanidades que, a nuestro juicio, señorías, han sido francamente maltratadas en esta ley, con pruebas estandarizadas, sin tener en cuenta otros aspectos que influyen directamente en los resultados de nuestros alumnos, como son
las propias características del mismo, los procesos enseñanza-aprendizaje, el entorno, etcétera. La Lomce, además, reabrió viejos conflictos en el ámbito educativo: la segregación y exclusión de una parte del alumnado, la recentralización de
competencias educativas, la pérdida de participación de la comunidad educativa, el adoctrinamiento religioso, la falta de valoración y desconfianza hacia el profesorado, la escasez de inversión pública; la defensa de una equivocada autonomía de los
centros, encaminada a la especialización de los mismos, favoreciendo la competitividad entre ellos, está generando un modelo educativo elitista y sin la equidad que nuestro sistema había alcanzado.


Respecto a las evaluaciones externas, para UGT han de tener un carácter de diagnóstico, dirigido a detectar problemas y a tomar medidas para corregirlos, sin valor académico y desde luego nunca con la finalidad de elaborar rankings. Estas
pruebas han de conducir a la mejora y eficacia del aprendizaje del alumnado y a corregir los desajustes del sistema educativo o de los propios centros. Estas pruebas además, señorías, no pueden suplir la evaluación continua, ya que es en esta donde
se refleja la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje. Señorías, además, los trabajadores a los que nosotros representamos, se han sentido efectivamente cuestionados al presuponer que es absolutamente necesaria una evaluación de tipo externo
con efecto académico, despreciando el trabajo que ellos vienen haciendo todos los días en los centros. Por eso, señorías, ha tenido tan fuerte contestación lo que mal se ha llamado reválidas. Nuestra organización, UGT, considera que previamente a
cualquier pacto son necesarias la reversión de los recortes en educación, con la inmediata supresión de los reales decretos de 2012, a los que hemos aludido en esta intervención, y con la paralización de la Lomce. En nuestra opinión, señorías,
flaco favor le ha hecho el Gobierno a esta subcomisión interponiendo un recurso ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto un amplio acuerdo parlamentario que pretendía paralizar el calendario de implantación de la Lomce.


Sabemos que no entra en el ámbito de esta subcomisión el sistema universitario, pero el diagnóstico no sería completo sin tener en cuenta la situación de nuestras universidades. Voy a dar unas pequeñas pinceladas. En los últimos años, la
universidad pública ha sufrido las consecuencias de la crisis económica y de las políticas educativas, que han reducido drásticamente sus presupuestos, provocando un descenso significativo en las plantillas, tanto en el personal de administración y
servicios como en el personal docente investigador. Tenemos un estudio que habla del personal docente investigador funcionario. Como saben ustedes, la ley establecía que al menos -digamos como media ponderada- el 51% del personal docente
investigador debe ser funcionario. Señorías, estamos en condiciones de afirmar que no se cumple la ley, porque en la media de las universidades españolas el personal docente investigador funcionario

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alcanza el 49%. Podemos afirmar, señorías, que en la enseñanza superior el número de titulados ha descendido debido al aumento de las tasas de matriculación y a una escasez de becas, por lo que las familias se ven obligadas a realizar un
gran esfuerzo económico, llegando en algunos casos al endeudamiento. Se hace imprescindible, por lo tanto, mejorar la actual política de becas y ayudas y fomentar la movilidad de nuestros estudiantes. Queremos recordar aquí también que se ha
reducido drásticamente el presupuesto para programas como el Erasmus, que ha sido un programa exitoso en el conjunto de la Unión Europea, y permitía, además, la movilidad de muchos de nuestros alumnos para cursar estudios en universidades de países
de la Unión Europea. También consideramos necesario un modelo universitario basado en el conocimiento y la innovación, manteniendo e incentivando la dimensión social y el carácter de la educación superior como un bien público. Es imprescindible
que se alcancen acuerdos en materia de estabilidad en la financiación universitaria, que hagan posible que la educación superior, la investigación y la transferencia del conocimiento constituyan una vía prioritaria. Señorías, a juicio de UGT, la
universidad y la formación profesional son vitales para cambiar el modelo productivo de España.


Estas circunstancias, señoras y señores diputados, y la ausencia de negociación colectiva, han llevado a la Unión General de Trabajadores y a otras organizaciones sindicales, a convocar una huelga general en el sector de la enseñanza el
próximo 9 de marzo, huelga secundada también por asociaciones representativas de estudiantes y por la confederación de madres y padres más representativa, y apoyada también, según nuestras noticias, por diversos partidos políticos que se sientan en
esta Cámara.


Después de este breve diagnóstico, queremos compartir en esta subcomisión las propuestas básicas que UGT hace para un pacto de Estado territorial, social y político por la educación. En primer lugar, la educación concebida como servicio
público y un derecho de toda la sociedad. UGT defiende el carácter eminentemente público de la educación como la mejor manera de garantizar el acceso de todos al conocimiento en condiciones de igualdad, y como el mejor modo de corregir las
discriminaciones de origen. Por ello, todos los centros educativos que presten un servicio público han de vertebrar el sistema educativo español, garantizando la igualdad, la equidad, la inclusión, la atención a la diversidad y los valores públicos
de nuestra sociedad. La educación ha de ser concebida como un servicio público y corresponde a las administraciones públicas la planificación de la misma, y se ha de realizar tanto en la red de los centros públicos como en la red de los centros
privados concertados. Por tanto, son las administraciones públicas quienes deben garantizar una red pública de calidad que vertebre y cohesione a la sociedad. Consideramos que la escuela y la universidad públicas son los ejes que han de cohesionar
y vertebrar el sistema educativo español.


En segundo lugar, la estabilidad normativa y la lealtad institucional entre las diversas administraciones que gestionan la educación. No cabe duda de que todos estamos reclamando la necesidad de establecer unas bases consensuadas con un
amplio acuerdo social que aporte estabilidad al sistema educativo y que la alternancia política que pueda producirse no conlleve un cambio radical, como ha sucedido hasta ahora. Es necesario potenciar los organismos de carácter estatal, la
Conferencia Sectorial de Educación, el Consejo Escolar del Estado, el Consejo de Universidades y la Conferencia de Rectores, que han de servir como elemento de cohesión y coordinación de las políticas educativas de las comunidades autónomas, con la
finalidad de alcanzar un sistema educativo vertebrado.


En tercer lugar, financiación con base en un suelo mínimo de inversión pública para garantizar los servicios esenciales. Es necesario que el Gobierno y las comunidades autónomas consensuen un acuerdo de financiación que garantice la
aplicación de todas las medidas necesarias para alcanzar una enseñanza de auténtica calidad. En este sentido, señorías, proponemos a los partidos políticos que establezcan un suelo mínimo de inversión pública para garantizar estos servicios
esenciales. Demandamos también un fondo de cohesión interterritorial que asegure una educación en equidad y calidad, con iguales garantías en todas las comunidades autónomas para compensar las desigualdades existentes entre los territorios y donde
se fijen prioridades y límites en caso de reducción de gastos.


En cuarto lugar, una educación en valores laicos y cívicos. Decíamos antes que, a nuestro juicio, la Lomce había supuesto el retorno al adoctrinamiento en nuestra escuela. Frente a las corrientes neoliberales que definen la finalidad de la
educación como la respuesta a las necesidades del mercado, defendemos la educación en valores laicos y cívicos como ejes fundamentales sobre los que debe elaborarse todo proyecto educativo, que debe estar en la vida de los centros, en sus diversas
variables, como son la organización escolar, la gestión del centro y el currículum. La educación para la salud, la educación intercultural, la educación ambiental, la educación vial, la educación afectivo-sexual, la

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coeducación, la educación para la paz, la convivencia escolar. En definitiva, planteamos una educación para una ciudadanía responsable, y deben ser propuestas que impregnen el día a día y la realidad de los centros. Venimos observando,
señorías, que la vida en los centros escolares es cada vez más compleja, generándose en muchos casos situaciones conflictivas; por ejemplo, relaciones interpersonales intimidatorias, influencia de mensajes externos nocivos, mala utilización de las
redes sociales, relajación de los valores ciudadanos que están afectando a la convivencia escolar. Consideramos imprescindible dotar al profesorado de herramientas para la prevención, detección y resolución de situaciones conflictivas. También es
imprescindible potenciar la acción tutorial, la incorporación de nuevos perfiles profesionales para la mediación y resolución de conflictos, la formación inicial y permanente del profesorado en estos temas y la necesaria implicación de las familias.
Todo ello, señorías, supone, naturalmente, contar con una financiación suficiente que haga posible el desarrollo de estas medidas. La desaparición en la Lomce de una asignatura de valores éticos y cívicos, obligatoria para todo el alumnado, está
suponiendo un retroceso en su formación integral. Nosotros ratificamos, y así lo manifestamos en su día, la importancia de una asignatura específica que ha de contribuir a la mejora de la convivencia en las aulas, a desarrollar la autonomía
personal, los comportamientos y hábitos y a fomentar las buenas relaciones interpersonales y el conocimiento de los derechos fundamentales. Señorías, nosotros hemos defendido siempre una escuela pública y laica, sin enseñanza de las distintas
religiones, porque entendemos que esta es una cuestión que no puede tener cabida dentro del currículum y debe mantenerse en el ámbito particular y personal. Sabemos que posiblemente excede el ámbito de esta subcomisión, pero quizá es un buen
momento para plantearse la derogación de los acuerdos con el Estado Vaticano, a fin de avanzar hacia una sociedad laica.


En quinto lugar, combatir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano. Para nosotros hacer frente al abandono escolar requiere políticas educativas flexibles que sirvan, por un lado, para prevenir el problema en origen y, por otro,
que junto a políticas laborales adecuadas faciliten el retorno a las aulas y a una mejor formación de nuestros jóvenes. Señorías, las políticas laborales que fomentan contratación de jóvenes sin cualificar, generan también el abandono escolar
temprano y paralelamente la precariedad de los trabajos. Consideramos que el descenso apreciado en el índice del abandono en España ha venido como consecuencia de la crisis económica que venimos sufriendo. Los jóvenes, como tienen peores
expectativas de encontrar empleo, optan, en mayor medida, por continuar su formación. Para nosotros la vinculación entre el fracaso escolar y el abandono escolar temprano es evidente. A menudo el abandono escolar es un proceso que comienza en la
educación primaria, con los primeros fracasos escolares, por lo que sería en esa etapa donde tendríamos que empezar a intervenir con mecanismos compensadores que, junto con otros sistemas de detección y procedimientos diagnósticos, ayudarán a
corregir el problema en una etapa temprana y se realizaría una verdadera prevención. Las medidas para combatir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano pasan por invertir en programas de refuerzo y apoyo, en desdobles, en mejoras de las
ratios, en consolidación de la tutoría, en dotación de equipos de orientación, en aulas de acogida, en flexibilización del currículum, aumentando la optatividad, es decir, en garantizar las plantillas necesarias para la atención a la diversidad del
alumnado, tomando como criterio las necesidades reales de los centros.


En sexto lugar, señorías, el profesorado es el motor del cambio educativo. Yo represento en este caso a una organización que tiene un modelo educativo pero que, fundamentalmente, señorías, representamos a los trabajadores y las trabajadoras
de la enseñanza. El profesorado tiene un papel primordial dentro del sistema educativo; una sociedad que valora la educación también lo ha de hacer con su profesorado y reconocer su valor. UGT ha denunciado que la situación de crisis de los
últimos años se ha repercutido principalmente en los trabajadores de la enseñanza. Ya hemos dicho lo que ha supuesto la reducción de plantillas en los centros, el incremento de ratios, el aumento de la jornada lectiva del profesorado, el recorte de
recursos de programas, la casi desaparición de la formación permanente, la pérdida del poder adquisitivo. Son situaciones, señorías, que dificultan la tarea docente y que junto a la poca valoración de su labor por parte de las administraciones
públicas, están contribuyendo a un creciente malestar en el profesorado. Una vez más, a nuestro juicio, los docentes suplen con profesionalidad las deficiencias que tienen que asumir las administraciones educativas. Un sistema de calidad precisa
de un profesorado que ha de estar bien formado, reconocido socialmente, con una situación laboral digna, bien remunerado, motivado, con recursos apropiados para el desarrollo de su labor y con el reconocimiento de su carrera profesional y que todo
esto, señorías, esté apoyado por los poderes públicos. Es necesario que las leyes reconozcan estos valores para que la sociedad en su conjunto también lo haga y de esta manera el

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docente se sienta valorado y motivado para la realización de un trabajo clave en el desarrollo de nuestro país. Los sistemas educativos con mejores resultados académicos son los que más valoran y respetan a sus docentes.


Las administraciones educativas han de implementar medidas que se dirijan a la recuperación de las condiciones sociolaborales del profesorado, que se han ido perdiendo en los últimos años, y esto solo se puede hacer, señorías, negociando con
las organizaciones sindicales. Las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza han de ser básicamente iguales en todo el Estado, quedando recogidas en el estatuto de la Función pública docente. Este estatuto debe regular todas las
competencias estatales, entre las que se encuentran la formación inicial, el ingreso en la Función pública docente, la configuración de los cuerpos de funcionarios, la estructura del sistema retributivo, los sistemas de promoción y carrera
profesionales, la formación permanente, la movilidad, la jornada, las vacaciones y la jubilación. Naturalmente, señorías, para UGT la negociación de este estatuto debe realizarse en la mesa sectorial de educación. En el apartado de la formación
permanente es preciso denunciar, señorías, la discriminación que sufren los trabajadores docentes frente a otros trabajadores del sector público e incluso del sector privado, que realizan su formación dentro de su jornada laboral y además a expensas
de la Administración o de la empresa. Si el profesorado es el motor del cambio educativo, otros profesionales, que también intervienen en la educación, tienen un papel determinante; figuras profesionales que requiere el nuevo modelo escolar y que
sin impartir docencia directa realizan funciones de apoyo y asesoramiento al centro, al profesorado, al alumnado, a las familias y que, junto a los docentes, contribuyen a dar respuesta al modelo de centro derivado de las nuevas exigencias
formativas y sociales.


Señorías, no me quiero alargar mucho más porque el tiempo de estas comparecencias es escaso -posiblemente para ustedes no es tan escaso porque, digamos, van a sufrir, entre comillas, más de ochenta comparecencias-, pero querríamos esbozar
otros temas que consideramos que son fundamentales también, primero, como objeto de debate y, desde luego, como posibilidad de acuerdo. En estos temas cabría abordar, entre otros, la necesidad de las enseñanzas posobligatorias, planteándonos una
serie de interrogantes: ¿Responde el bachillerato actual a las exigencias del alumnado para su acceso a la educación superior? ¿Cuál es el modelo de la formación profesional más adecuado y ligado a la empleabilidad y a las necesidades productivas
de nuestro país? ¿Las enseñanzas artísticas, señorías, y el aprendizaje de idiomas extranjeros responden a las crecientes demandas de una sociedad moderna? ¿Qué modelo de centro educativo queremos, que autonomía, qué participación, que modelo de
dirección, cómo organizamos los tiempos escolares? Y por último, naturalmente, se impone también una reflexión de un debate sereno sobre el currículum y la evaluación.


Por último, desde la Unión General de Trabajadores no nos queda más que animarles para que su trabajo sea eficaz, sean capaces de llegar a un acuerdo de mínimos que estabilice nuestro sistema educativo, que sitúe a la educación en el centro
de la acción política y que sea de verdad una prioridad de Estado. Como siempre, en esta andadura nos encontrarán, estamos dispuestos a seguir trabajando para conseguir el pacto de Estado territorial, político y social por la educación que todos
demandamos, y recordando una frase que dijo el exministro Gabilondo si no en esta sala, en otra parecida, les animamos a seguir trabajando juntos y corren ustedes el riesgo de terminar llevándose bien.


Presidenta, señoras y señores diputados, muchas gracias por su atención.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña María Isabel Loranca, por su intervención.


A continuación, vamos a iniciar el turno de intervención de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz.


El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señora presidenta, gracias a Isabel Loranca y en su nombre también a la organización que representa, con una larga tradición de defensa de los trabajadores de la enseñanza y de la educación.


Estoy de acuerdo en el diagnóstico y en buena parte de las propuestas que usted ha hecho, pero empezaré por una preocupación, que es la huelga del 9 de marzo, huelga que si yo estuviese, como hace un año y medio, en el instituto haría, como
he hecho las otras huelgas, en la medida en que Salvador Seguí decía que cuando los trabajadores hacemos huelga no es porque no queremos trabajar sino porque queremos trabajar en mejores condiciones. Esto es un hecho en la medida en que las
condiciones de los trabajadores de la enseñanza han empeorado sensiblemente. Lo que me preocupa es que la percepción en las aulas y en su sindicato y en otros sindicatos, es que no está mejorando. En este caso haría una interpelación a las tres
fuerzas políticas que han vehiculado este pacto por la educación: ¿dónde está el

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pacto social? Pienso que las tres fuerzas políticas que han vertebrado esta Comisión tendrían que tener una gran responsabilidad por plantear cómo se ha de hacer el pacto social y hacerlo ya, porque esta Comisión política queda en
entredicho si hay huelgas día sí y día también, es decir, si una parte importante de este trípode social, territorial y político no tiene unas vías de diálogo para llegar al pacto. Creo que esto nos preocupa a todos pero especialmente a aquellos
que han vehiculado el pacto, empezando por una subcomisión política. Usted no lo ha dicho, pero otros intervinientes han dicho que la parte política es la más difícil, ponerse de acuerdo en la medida en que, en general, los partidos políticos han
sido parte y no unión; siempre se esperaba a un gobierno de uno u otro signo, para que una parte del modelo educativo de este país encontrase a los suyos, en detrimento de los otros. Es bueno que se haya llegado a 2017 diciendo: esto no sirve
-¡bien!, ¡eureka!, decía el filósofo-, esto no sirve, porque tarde o temprano viene el otro y desmonta lo que ha hecho el anterior. Lo hemos visto en estos últimos cuarenta años. Pero que el pacto social se haga, porque si no hay pacto social esta
será una excelente subcomisión para escuchar pero muy poco resolutiva para hacer. Lo dejo aquí. Ya sé que no está en sus manos, pero me parece que lo necesitamos si no antes del 9 -que creo que no será posible-, sí antes de la próxima huelga.


De lo que ha dicho, también me preocupa otra cuestión, la capacidad que tengamos de ceder. Usted lo ha dicho al empezar y me ha parecido muy bien: rebajar planteamientos para llegar al acuerdo. Es cierto que -y nos ha pasado en otras
comparecencias- el compareciente ha de poner sus máximos. Los que hemos negociado sindicalmente sabemos que se empieza por máximos y se llega a un buen acuerdo cuando se es capaz de ceder en aquello que permite avanzar todos juntos. Pues bien,
espero que esto sea posible.


Aquí ha habido una, digamos, laguna, que sería una de mis preguntas para usted, ya que FETE-UGT no solamente representa a los trabajadores públicos sino también a los trabajadores de escuelas concertadas, y en algunas comunidades de forma
mayoritaria. Por tanto, querría saber su opinión sobre las condiciones de trabajo de estos trabajadores, cómo avanzaremos en la perspectiva de un modelo público de educación en el que podría haber escuela concertada si siguiese determinados
criterios públicos. Sería, en todo caso, una pregunta.


La segunda pregunta se refiere al plan de consolidación del empleo, que me ha interesado bastante. Es cierto, tenemos un 25% de interinos, que ha sido redundante a lo largo de nuestra historia, pues siempre que hay una reducción económica
se acumulan los interinos, luego hacemos unas oposiciones, entre comillas, restringidas, entran los interinos y vuelve a haber interinos. A mí esto también me preocupa; usted ha hablado de funcionarios y no sé si hemos de empezar a hablar del
modelo del siglo XXI del profesorado, que no puede ser precario, que quede claro, pero hasta qué punto la Función pública heredada del siglo XIX es el modelo del XXI. Por tanto, un plan de consolidación sí, pero en qué condiciones, con qué medios,
que no sea un -no me gusta la palabra- coladero, porque todos estos profesores están dando clases y, por tanto, o lo hacen bien o se les evalúa muy mal, pero en principio están dando clases por lo que a priori serían buenos; a priori.


Otra cuestión es la autonomía de centros. Yo soy partidario de la autonomía de centros; he sido sindicalista y he sido director de instituto, las dos cosas: sindicalista siempre y director de instituto cuando me han votado en el claustro.
Y entiendo que la autonomía de centros es muy importante, es importante que cada centro tenga su proyecto. Me preocupa el modelo competitivo, pero no el que estimula a los claustros a realizar de una manera creativa aquellos principios generales.
Por tanto, me gustaría saber su opinión sobre la autonomía de centros.


Una última cuestión, que ha sido la primera. Si cedemos los que somos partidarios de la escuela pública, tendremos que ceder en algunas cosas. ¿Qué considera que sería el imposible de ceder? Ya lo ha dicho usted en buena parte pero pienso
que estaría bien conocer aquellos elementos que usted considera que serían líneas rojas. Con esto acabo.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Olòriz.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Llaguno.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señora Loranca, por su intervención, por el diagnóstico que nos ha hecho y las propuestas que ha aportado.


Al hilo de lo que ha comentado mi compañero de Esquerra Republicana, en Ciudadanos creemos que el pacto social es importante también y, respetando, por supuesto, el derecho a la huelga, creemos que

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no es la mejor manera de empezar un pacto educativo, social y político convocar una huelga en medio de un intento de llegar a acuerdos, sobre todo por las razones de la derogación de la Lomce. Nosotros consideramos que el hecho de estar en
marcha esta Comisión, el decreto-ley que ha hecho el Gobierno y el compromiso del Gobierno, que esperemos que cumpla, de establecer una moratoria, suponen de facto una derogación en diferido. También el Partido Popular, al pedir esta subcomisión,
ha dicho que pretende hacer una nueva ley básica; cuando uno hace una nueva ley, la derogación viene por sustitución. Dicho esto, creo que el cese de hostilidades, como se decía ayer, es la primera condición para llegar a un buen acuerdo. Por
tanto nosotros, obviamente, no secundamos la huelga, no porque no estemos de acuerdo con que se hayan hecho las cosas mejorablemente, sino porque somos más de negociación que de huelga.


Coincido en muchas de las cuestiones que usted ha apuntado, no en todas; creo que es verdad que hay un problema con el profesorado, no tanto en la cuestión salarial -yo soy profesora de universidad-, que también, sino especialmente en el
tema de la motivación. Creo que es grave lo que está sucediendo y por eso nuestra propuesta, que tendremos que concretar y que está saliendo en las intervenciones de muchos de los comparecientes, es no solamente cambiar el proceso de selección del
profesorado e implantar un 'MIR' educativo de manera previa al acceso a la Función pública -y esto lo quiero puntualizar porque parece que hay algunos grupos que tienen un poco de confusión respecto a cuál es el planteamiento de un 'MIR' docente-,
sino que también coincidimos en que es urgente desarrollar el estatuto docente y la carrera profesional. En este sentido quería hacerle una pregunta, que tiene que ver con la universidad pero también tiene que ver con esto. Hace unos años se
planteó un estatuto docente del profesor universitario, que desde mi punto de vista aportaba cuestiones muy positivas y que, según decían los medios y las malas lenguas, fue parado por los sindicatos. Me gustaría saber si eso es así, cuál es su
opinión y si cree que era una buena alternativa, como yo pienso.


Usted ha planteado también el decaimiento de algunos de los programas de cooperación interterritorial, que fueron positivos, que se establecieron en 2011, como el PROA. En este sentido nosotros hemos negociado con el Gobierno -con el
secretario de Estado y con el ministro- la puesta en marcha de un plan de cooperación interterritorial para el abandono escolar, el plan Prefe, que se comprometieron a ofertar; creo que hoy hay una mesa interterritorial de educación y espero que
los consejeros de comunidades autónomas, como Andalucía, que lo tienen en marcha, lo pidan. Nosotros no tenemos responsabilidades ni gobierno, pero lo haríamos si así fuera. Me gustaría saber qué opinión le merecen los planes de cooperación
interterritorial y si le parece una fórmula positiva, también para respetar el tema de la delegación de competencias. Nosotros creemos que es una fórmula que involucra a todas las partes.


En relación con el tema de las enseñanzas artísticas, nosotros somos firmes partidarios de incluirlas en la universidad; por tanto coincidimos en el diagnóstico que ha hecho, no así en el tema de la evaluación, que efectivamente
consideramos que tiene que ser diagnóstica. De hecho, la eliminación o la suspensión de las reválidas viene derivada de un proceso de negociación personal que tuve con el ministro, pero creemos que la medición -preferimos llamarla así-, que tiene
que ser de los alumnos pero también del sistema administrativo y del profesorado, tiene que ser pública, no en aras de construir rankings, pero sí porque creemos en la transparencia y la transparencia del sistema implica la publicación de los datos.


Ha hablado usted de la universidad, que es el ámbito que a mí más me motiva, y le quería hacer una pregunta muy concreta. Coincido en que la tasa de reposición ha sido un problema grave; coincido en que hay unos planes de estabilidad del
profesorado, que deberían tener todas las universidades, que han sido aprobados por los consejos de universidad y que están, por lo menos en la mía, desde el año 1997, pero sabe usted que en muchas de las universidades públicas, por acuerdos
internos, se están cubriendo las plazas que surgen de la tasa de reposición no en virtud de las necesidades docentes ni de las necesidades de los departamentos, sino en virtud de la fecha de acreditación de los profesores que las obtuvieron. Me
gustaría saber qué postura tienen ustedes como sindicato sobre esta cuestión, que implícitamente hace ver que las plazas son de personas. A mí me parece grave el planteamiento de partida y un engaño a los profesores universitarios.


También quiero preguntarle en relación al profesorado, que usted ha mencionado como punto nuclear y nosotros también lo creemos, qué opinión le merecen las situaciones que se están generando en algunas comunidades como la mía -soy
valenciana-, donde mil interinos van a perder su puesto de trabajo por no cumplir el requisito lingüístico. Qué opinión, como sindicato, tienen ustedes: si piensan denunciarlo, si piensan ustedes defender a esta fuerza laboral, porque es grave lo
que está pasando.

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Con relación al tema de la estabilidad normativa, coincido plenamente, así como en otra cosa que ha dicho, que también me parece importantísima, que es la lealtad, la lealtad institucional: que una vez nos demos un marco general para
trabajar, lo respetemos todos, las comunidades autónomas, el Gobierno y los agentes sociales. En este sentido, y para terminar -tengo más preguntas, pero luego lo podemos hablar-, usted ha hablado del tema de la financiación y quería preguntarle si
es partidaria de establecer los modelos de financiación a partir de porcentajes del PIB o si es partidaria de volver a convocar la mesa sectorial y el grupo de trabajo sobre el coste del puesto escolar, hacer un cálculo de cuánto cuesta realmente la
educación y a partir de ahí financiar, porque a nosotros el tema del PIB nos parece algo engorroso y engañoso.


Muchísimas gracias. Tenga por seguro que por parte de Ciudadanos vamos a trabajar para que haya acuerdo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mena.


El señor MENA ARCA: Gracias presidenta.


Gracias a la señora Loranca por su comparecencia y por la claridad y el detalle de sus explicaciones. Igualmente, queremos felicitar al sindicato que usted representa, la Unión General de Trabajadores, porque en diversos ámbitos, pero sobre
todo en el ámbito de la educación, ustedes no lo defienden y en su intervención creo que ha quedado claro, manifiestamente claro, no lo defienden desde un punto de vista corporativista, que sería legítimo para un sindicato, sino que lo defienden
desde un punto de vista de interés social, que creo que es el valor añadido que debería tener la educación para un sindicato como el que usted hoy representa.


Ha hecho especial énfasis en dos elementos que compartimos desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea: la derogación de la Lomce y la necesidad de inversión educativa. La derogación de la Lomce no
solamente la ha exigido la sociedad en la calle, con numerosas huelgas y numerosas movilizaciones, sino que este Congreso la ha aprobado hasta en tres ocasiones, pero el Gobierno del Partido Popular, con un tic antidemocrático, no tiene ganas de
cumplir ese mandato parlamentario. Seguramente la mejor muestra para evitar que haya huelgas educativas, que parece ser que a algunos grupos no les gustan, la mejor muestra, repito, tendría que ser cumplir los mandatos parlamentarios y, por tanto,
presentar un calendario de derogación de la Lomce, que es lo que se ha aprobado en este Parlamento. Y respecto al segundo elemento, que usted también hacía mención, la necesidad de una inversión educativa, es algo que ya hacen los diferentes países
de nuestro entorno europeo. Usted hablaba de un suelo de inversión educativa y yo le quería plantear si entiende que ese suelo lo podríamos fijar en torno al 6% del producto interior bruto, que es la media de los países de la Unión Europea e
incluso por debajo de la media de los países de la OCDE, para garantizar la formación del profesorado, para garantizar la atención a la diversidad pero también la atención individualizada -un elemento para mí nuclear de nuestro sistema educativo y
que con los últimos recortes y con las últimas políticas educativas está desapareciendo- y para garantizar, evidentemente, una escuela inclusiva a la altura de las necesidades sociales que hoy tiene el Estado español. Quería saber su opinión
también sobre cómo garantizamos, cómo obligamos, como mandatamos a los Gobiernos a que cumplan las leyes. Yo vengo de Cataluña y allí tenemos la Llei d'Educació de Catalunya, que mandata a los Gobiernos una inversión mínima del 6% del producto
interior bruto de Cataluña, y hoy el Gobierno de Junts pel Sí está en torno al 2,9%, después de muchos años de aprobación de la ley catalana. Por tanto, cómo hacemos para que lo que ponemos por escrito en una ley acabe forzando a los Gobiernos a
que se cumpla.


Otro elemento que le quería plantear, en el que usted también ha hecho hincapié, es la necesidad de la estabilidad laboral del profesorado, la precariedad laboral. Yo he sido muchos años interinos de la escuela pública y por tanto sé lo que
significa no saber si ese curso vas a poder acabarlo trabajando o no, con lo que eso supone. Quería saber, especialmente en este caso, su opinión y la de su sindicato sobre el chantaje que el Gobierno nos está haciendo en los últimos días con que
si no se aprueban los presupuestos no se van a poder convocar oposiciones, cuando todos sabemos que ha habido aprobación de presupuestos y no se han convocado plazas. En este sentido, dos elementos que son fundamentales. ¿Qué papel entiende usted
que deberían tener las direcciones? ¿Cómo conseguimos evitar unas direcciones de los centros educativos jerarquizadas y que acaben haciendo una función más de gerentes y de recursos humanos de la escuela pública? Hablaba el señor Olòriz de cuando
él era director porque

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lo escogió el claustro. Lamentablemente, ahora a los directores los escogen de otra manera y tendríamos que ver cómo volvemos a la situación de la que el señor Olòriz hablaba. Y le repito, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Cataluña
con el decreto de provisión de plantillas, que son los directores los que eligen, a dedo, quiénes son los interinos y los sustitutos que hacen falta en ese centro educativo. ¿Cómo podemos combatir ese tipo de políticas, que evidentemente
discriminan y no cumplen los principios básicos de la Función pública? Y, segundo elemento, yo también defiendo, y el Grupo de Unidos Podemos, la autonomía de los centros, pero la autonomía entendida como una autonomía respecto a las necesidades
específicas que tiene cada territorio; seguramente no tendrá las mismas necesidades de formación una escuela en un entorno industrializado que una escuela en un entorno rural, con lo cual la autonomía del centro tiene que servir para eso.


Tercer elemento, para mí también fundamental. Cómo hacemos que ese pacto político y social que usted reclamaba no se quede solamente en el título para esta Comisión que han acordado el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos.
Es decir, cómo incorporamos a la comunidad educativa para que forme parte como un agente más, como un agente de tú a tú con el resto de grupos parlamentarios porque ya sabemos que hacerlo de espaldas a la comunidad educativa nos lleva a un fracaso,
como fue el fracaso de la Lomce. En ese sentido, tienen todo el apoyo del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a la huelga que han planteado para el día 9 de marzo, porque entendemos que es una huelga que está
reclamando la incorporación de la comunidad educativa a los procesos de análisis, de discusión y de acuerdo, si lo hubiera, en el marco de las políticas educativas en el Estado español, cosa que sería una muy buena novedad con respecto a los últimos
treinta años.


Acabo con un elemento que es fundamental, y ayer por la tarde tuvimos tiempo de valorarlo pero quería saber su opinión. En los últimos días estamos viendo cómo determinados sectores, de forma interesada, están haciendo una reinterpretación
del artículo 27 de la Constitución española, el que habla de la educación y de la libertad de enseñanza. Usted sabe que las escuelas concertadas nacieron en España en los años ochenta, cuando se universalizaba el derecho a la educación y la escuela
pública no llegaba, por desgracia, a todos los sitios. Nacieron bajo los principios de la transitoriedad y de la subsidiariedad; esa transitoriedad se ha convertido en perenne y yo quería saber su opinión sobre la anomalía que tenemos en el Estado
español, que no curre en muchos otros países de la Unión Europea, especialmente en aquellos países donde tienen mejor rendimiento educativo. Me gustaría, repito, conocer su opinión acerca de si las dobles o triples redes educativas fomentan la
falta de cohesión social y por lo tanto, como es su obligación y como mandata la Constitución -y acabo presidenta-, lo que tienen que hacer los poderes públicos es garantizar una educación pública que nos iguale a todos en nuestro futuro.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mena.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Meijón.


El señor MEIJÓN COUSELO: Muchas gracias, presidenta.


Por supuesto, quiero dar la bienvenida a la señora Loranca, secretaria del sector de la enseñanza de FETE-UGT, aunque seguro que no se enfada conmigo si me refiero a ella como secretaria general de FETE-UGT, siglas históricas donde las haya
y referencia en la lucha por la escuela pública.


En primer lugar, nos ha planteado un elemento clave: Ustedes no pueden salir de aquí sin acordar algo. Y nos ha solicitado no un pacto educativo holístico, global, total, sino, como ha dicho, al menos un acuerdo de mínimos. Sería
imposible decir que no podemos acordar unos mínimos en esta subcomisión y fuera de esta Comisión en ese pacto al que hemos llamado expresamente social cuando se constituyó y que además debe alcanzar también a los territorios, como usted bien decía.


La felicito por el diagnóstico que ha hecho, que compartimos totalmente con usted, sobre la situación de la enseñanza en este país, fundamentalmente en el tema de la financiación. Y, aunque no quisiera repetirme con cuestiones que han
comentado los compañeros, sí quiero comentar esa elevada proporción de interinos que tenemos en el sistema -usted ha hablado del 25%- y el plan de consolidación de empleo al que se ha referido. Quería saber si una referencia podría ser algo similar
a lo que en su día se hizo en la LOE con la disposición adicional para resolver el tema de los interinos o si están planteando un modelo distinto para que esta situación pueda revertir y lleguemos a esas cifras aceptables de un 5% en el conjunto de
las plantillas, no solamente en la enseñanza sino en el sector público.


También comentó usted, obviamente, el tema del estatuto del personal docente. Quería preguntarle si estarían ustedes de acuerdo en que más que un estatuto, que hoy quizá se quede algo corto, habría que

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englobarlo dentro de una ley de profesionalización docente que además incorporara todo el tema referido a formación, selección, formación inicial, formación permanente y, por supuesto, la carrera profesional de los docentes y lo que conlleva
el propio estatuto docente.


Querría saber qué opinión le merece a usted la caída de la democratización en los centros educativos, la selección de los directores, que ya ha mencionado, y cómo entienden ustedes -usted ya nos ha dicho cómo no se debe entender la autonomía
de los centros, lo ha expresado con suma claridad- la autonomía de los centros y si la consideran vital para la mejora de la calidad del sistema educativo.


He tomado nota de una palabra que no se había dicho todavía aquí y que yo comparto absolutamente con usted en cuanto a las reválidas: desconfianza. Además de todo lo terribles que son las reválidas para nuestro sistema educativo, y sobre
todo de lo inútiles que son para la búsqueda de la calidad, está la desconfianza hacia los docentes a la hora de evaluar al alumnado. Comparto totalmente esto pero entiendo que en ningún caso ustedes están en contra de evaluaciones diagnósticas
para saber cuál es el estado del sistema educativo y que eso tenga conclusiones para poderlo mejorar.


Me gustaría también conocer su opinión sobre la arquitectura del sistema. En su momento FETE-UGT entendía que el bachillerato se quedaba corto con dos años, que debía ser un bachillerato de tres años. Me gustaría saber si ustedes siguen
pensando lo mismo y habría que introducir también este elemento en el pacto educativo. También, si considera que debe haber itinerarios en la educación secundaria obligatoria y si estos deberían contar, caso de haberlos, con la necesaria
reversibilidad para que en ningún caso un alumno que vaya por un itinerario quede preso en ese itinerario.


Otra cuestión sería el diseño curricular, que creemos que es excesivo en este país; si habría que darle una vuelta y, le repito la frase, si habría que enseñar menos para que los niños tengan tiempo a aprender más.


Nos ha parecido muy interesante también lo que usted ha entendido como -no dijo esa palabra- rejonazo a la diversidad en la inclusión que ha significado esta ley, entre otros, con la desaparición de los programas de igualdad de oportunidades
y de refuerzo y apoyo. Y, por supuesto, si usted piensa que estas cuestiones deben quedar en las competencias de las comunidades autónomas o si sería interesante mantener un nivel de cohesión importante, porque creo que se refería a eso cuando
decía que no bastaba con un suelo de financiación igual en todas las comunidades autónomas, sino que debe haber fondos de compensación que puedan limitar esas diferencias que coexisten entre unas comunidades y otras.


Para finalizar, porque creo que los demás aspectos han sido tratados por otros compañeros, quiero referirme a lo que usted señalaba como el maltrato que se ha dado a las humanidades y las enseñanzas artísticas en la Lomce. Y, en concreto,
en las enseñanzas artísticas superiores, que a veces hablamos poco de ellas, si considera usted que ha llegado el momento de dar el paso para que esto que en las leyes se hablaba como equivalencia de grado pase a ser realmente un grado
universitario; si hay que abrir las vías -sea la adscripción, sea la universidad de las artes- para que estas enseñanzas den el salto a su mayoría de edad y entren perfectamente en lo que es el marco universitario.


Muchas gracias. Por supuesto, le agradezco su presencia y su intervención.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Meijón.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pérez López.


El señor PÉREZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.


En nombre del Grupo Popular agradecemos a la señora Loranca Irueste su exposición y sus reflexiones; unas las compartimos, otras obviamente no, pero creo que lo importante es que tanto ustedes como nosotros compartimos la necesidad de
alcanzar un pacto educativo, entre otras cosas porque es una demanda social y una necesidad impuesta; nadie debe diluir su responsabilidad y todos tenemos que contribuir a alcanzarlo. No obstante, es verdad que hay algunas paradojas. El Gobierno
viene manifestando su disposición al pacto, al diálogo, al entendimiento, y sin embargo desde otras perspectivas, legítimas, por supuesto, se concibe ese diálogo convocando una huelga general; creo que es casi una contradicción. Cuando el Gobierno
no dialoga es un Gobierno que impone y cuando hay diálogo resulta que se le responde con una huelga general.


Respecto a su diagnóstico, es verdad que podemos compartir algunas cosas, pero también es verdad que cuando usted hacía una relación de su visión acerca de la educación mi mente se me ha ido a Andalucía. Es verdad que todo lo que usted ha
ido diciendo es equiparable a lo que pasa hoy día en Andalucía. Recortes, pues en el mismo estudio que ustedes hicieron -Evolución del presupuesto de gastos en educación por comunidades autónomas- entre 2010 y 2016 en Andalucía ha habido 1.000
millones de

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recortes en educación; 4.000 interinos en la calle; abandono educativo temprano, el más alto de España; fracaso escolar, el más alto de España; centro de formación del profesorado que no funciona, entre otras cosas porque es un lugar
para acomodar a los afines; una infraestructura obsoleta, es verdad; aulas prefabricadas, cubiertas de amianto en muchos centros educativos. Y en cuando a la corresponsabilidad, la verdad es que la Junta de Andalucía ha sido el ariete contra el
Gobierno de España desde el minuto cero. Por tanto, parte de ese diagnóstico podemos compartirlo porque quizá la quintaesencia de la situación de la educación en España se vea claramente en Andalucía.


Otro aspecto importante al que usted ha hecho mención es el profesorado. Depende de los datos que se puedan estudiar, a los que se pueda acceder, pero el profesorado en España no es el peor pagado de la OCDE, todo lo contrario. Hay un
estudio que avala precisamente la propia OCDE en el que se dice que el profesorado español es de los mejores retribuidos desde el inicio de su carrera docente, incluso los profesores de bachillerato con quince años de ejercicio -el estudio estaba en
dólares- creo que superaban los 700 dólares de diferencia respecto a la media de la OCDE. Por tanto, nosotros entendemos que quizá el problema no solo sean las retribuciones sino eso de lo que venimos hablando prácticamente todos los grupos
políticos: la falta de perspectivas profesionales, la ausencia de carrera profesional; en definitiva, modelar ese recorrido a lo largo de toda la vida docente que tiene el profesorado en España, creo que ahí se ha fallado o no se ha acertado
respecto a las aspiraciones que tiene este colectivo. Desde esa perspectiva, es verdad que haría falta un estatuto del docente o similar y poner énfasis en que también el profesorado debe sentirse protagonista de los cambios, de las reformas y de
las nuevas iniciativas que puedan salir, bien de esta Comisión, bien de la nueva legislación que poco a poco se vaya realizando.


Quiero decirle también que se han hecho algunas afirmaciones con las que tampoco estamos de acuerdo. Es verdad que el Real Decreto-ley 14/21, de 20 de abril, estableció una serie de recortes pero no es menos cierto que parte de ellos ahora
mismo se han restituido; por ejemplo, respecto a sustitución del profesorado, al incremento de ratios, etcétera. Por tanto, es bueno decir que hubo recortes pero también creo que es beneficioso para todos admitir que parte de ellos ya no están en
vigor.


Respecto al tema del abandono educativo y que bastantes personas abandonan o no pueden seguir los estudios universitarios, los datos dicen todo lo contrario: hay más becas, hay más dinero. Podríamos entrar en si son suficientes o no; yo
creo que nunca es suficiente el montante económico, pero lo cierto es que el Gobierno ha hecho un esfuerzo importante, con 1.416 millones de euros en becas y 863.000 becarios. Además, el número de titulados e incluso el número de matriculados
tampoco sufre una reducción significativa, todo lo contrario. Nuestros datos quizá contrasten con los datos que usted tiene.


Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo podríamos enfocar algunos aspectos. Se ha hablado de la carrera docente, ¿cómo se podría estructurar? Ha hablado de la formación permanente del profesorado y creo que ahí tenemos un
hándicap importante, ¿cómo podríamos estructurar esa formación permanente? ¿Bachillerato corto o largo? Desde nuestro punto de vista, dos años es corto, pero habría que ver cómo lo hacemos, ¿a costa de la ESO? Habría que ver ese aspecto.


Respecto al 'MIR' educativo y especialmente a la selección del profesorado, ¿qué opinión tienen ustedes?


Por último, el tema de la interinidad, que es algo recurrente, pero es cierto que cuando se adoptan medidas para abordar la interinidad, al poco tiempo volvemos a tener un 16-17% de interinos en el sistema educativo. ¿Cómo podríamos abordar
esto de manera definitiva?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez López.


Terminadas las intervenciones de los distintos grupos, la señora Loranca tiene diez minutos para contestar. Le reitero lo dicho al principio: cualquier pregunta que usted crea importante contestar con más detalle nos la puede enviar por
escrito.


La señora SECRETARIA DEL SECTOR DE LA ENSEÑANZA DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, FETE-UGT (Loranca Irueste): Les confieso de entrada que voy a ser incapaz de abordar todas las cuestiones en diez minutos.


No me quería detener otra vez, pero ha salido en las intervenciones de varios de ustedes, en el tema de la convocatoria de huelga. Yo no podía venir aquí hoy, día 7 de marzo, y no citar que efectivamente hay convocada una huelga para el 9
de marzo. Ustedes hablan de que parece mentira que en un clima de inicio de diálogo en materia educativa haya organizaciones que convoquemos una huelga. Pues, señorías,

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precisamente por lo que ustedes hablan de la parte social, por eso hay una convocatoria de huelga, por la parte social y por condiciones estrictamente laborales. Por eso hay convocatoria de huelga. Nosotros entendemos que no debería haber
sido impedimento el que haya comenzado sus trabajos esta subcomisión para que iniciase la parte social también lo que le corresponde para llegar a un posible acuerdo, y la parte de representantes de los trabajadores y las trabajadoras la que nos
corresponde también. Y estamos esperando que, en competencias que son de ámbito estatal, el señor ministro de Educación tenga a bien reunirnos para hablar de cuestiones que son estrictamente laborales y que afectan a los trabajadores y trabajadoras
de la enseñanza. Le hemos reclamado, no solamente las organizaciones sindicales que convocamos la huelga sino otras organizaciones sindicales que no la convocan, que reúna la mesa sectorial de educación. Llevamos reclamándolo desde el mes de
octubre, y el otro día se despachó el ministerio convocando un grupo, que se llama Grupo de derechos sindicales, que para nosotros, los sindicatos, pueden ser muy importantes pero para el conjunto de los trabajadores tampoco es que sean tan
importantes. Entonces, se despacha con esa convocatoria, de la que no fuimos capaces de sacar ni el liderazgo del ministerio en la cuestión de la oferta de empleo público y de la convocatoria de oposiciones. Por tanto, cuando ustedes hablan de
diálogo con la parte social y de negociaciones, a nosotros nos gustaría saber en qué foro se están realizando porque desde luego a nosotros no nos constan.


Al hilo de esto, uno de los problemas que ustedes han planteado es qué está ocurriendo con la oferta de empleo público y las oposiciones. Pues, señorías, está ocurriendo algo, a nuestro juicio, absolutamente lamentable: la falta de
liderazgo del Ministerio de Educación en esa materia. Entendemos que efectivamente se fija la tasa de reposición en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, muy bien. Ustedes, señorías, que son el Poder Legislativo, ¿no tienen una solución
posible para que por vía de una normativa se fijase la tasa de reposición, a expensas de que luego haya acuerdo en sede parlamentaria para sacar adelante la Ley de Presupuestos Generales del Estado? Si ustedes consideran presupuestos prorrogados,
la última tasa de reposición que se estableció para la educación era el cien por cien. Que sea el Gobierno de la nación el que les diga a las comunidades autónomas cuál es la garantía jurídica para que puedan convocar las oposiciones, que les diga:
si vais al cien por cien no va a haber problemas, porque consideraríamos prórroga de presupuestos. O que habilite una norma, que es lo que hemos reclamado los grandes sindicatos de la Función pública, porque esto afecta a todo el mundo, que fije la
tasa de reposición. Se está jugando con las expectativas de miles de personas, unos que ya están prestando sus servicios en el ámbito educativo y otros que aspiran a prestarlos. No fuimos capaces en esa reunión -eso que se dice de que se ha
iniciado la negociación colectiva- de sacar esto adelante. Entonces, nuestra opinión al respecto es que eso es un problema de liderazgo del Gobierno de este país, sencilla y llanamente, que depende del ministro de Hacienda y Función Pública y en
este caso afecta a todos los departamentos ministeriales y al de Educación, como no podría ser de otra manera. Hilando con esto, preguntan por una especie de sistema de consolidación de empleo y hablan de la precariedad en el sector.
Efectivamente, aquí se consiguió con el sistema transitorio de ingreso en la Función docente, que se negoció con las organizaciones sindicales, al mismo tiempo que se negociaba en el Parlamento la LOE, se consiguió, digo, rebajar las tasas de
interinidad, el porcentaje. ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Pues que a base de recortes y de aquilatar la tasa de reposición no ha habido oferta de empleo público. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, otra vez se ha vuelto a disparar el
porcentaje de interinidad; es decir, es consecuencia directa de los recortes que se han aplicado no solamente en educación sino en todo el ámbito de lo público.


Antes de iniciar o de ver qué sistema de ingreso a la Función docente sería el mejor, ¿por qué hablamos de un plan de consolidación de empleo? Pues, señorías, porque hay un 25% y porque además en el ámbito de la Función pública hay entre
300.000 y 400.000 trabajadores en precario, algunos de los cuales llevan quince o veinte años prestando servicios a la Administración. ¿Cómo debería ser ese sistema de consolidación? Pues, señorías, déjennos que nos dediquemos también a lo nuestro
y que lo negociemos en el ámbito donde corresponde. Entendemos que son cuestiones laborales y que, por ejemplo, estamos perdiendo un tiempo precioso para haber empezado a negociar eso en el ámbito que corresponde. Lo que nosotros decimos como
sector de la enseñanza de UGT es que no nos queremos quedar fuera -el ámbito educativo- de un gran proceso de consolidación de empleo que sí se puede abordar en el conjunto de la Administración pública. No queremos que los trabajadores de la
enseñanza se queden fuera de un gran proceso de consolidación.


Voy uniendo, más o menos, lo que entiendo que les voy a poder responder. Respecto al 'MIR' educativo, es un sistema que podríamos contemplar, pero tendríamos que hacer unas consideraciones al

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respecto. ¿No será ese 'MIR' educativo con el fin de que en la parte del prácticum los trabajadores que ya se han incorporado sean peor pagados que los que ya son funcionarios? Esa es la primera cuestión, la primera salvedad que querríamos
hacer. Segunda -señoría, se lo voy a decir con toda franqueza-, si se pretende para la enseñanza un sistema análogo o similar al MIR médico, que es verdad que consigue profesionales muy bien formados, pediríamos desde el Sector de la Enseñanza de
UGT que también se tengan en cuenta la consideración social, las retribuciones y el sistema de promoción profesional, que sí hay en el ámbito sanitario y no existe en el ámbito educativo. Podría entrar todo y ser todo susceptible de negociación.
Si se pretende endurecer o hacer un sistema de selección que, a nuestro juicio, debería garantizar que los profesionales de la enseñanza sean mejor aún de lo que ya lo son ahora, señorías, tendría que ser con una motivación diferente, con un sistema
retributivo acorde a esa exigencia y con una carrera profesional desde luego también acorde a esa exigencia que se plantea. No tenemos ningún problema en abordar una negociación sobre ese modelo.


Modelo de dirección y autonomía de los centros. Apostamos por un modelo de dirección democrático y participativo. La vida de los centros se debe organizar con un modelo de dirección compartida y debe ser la comunidad educativa la que hable
de la gobernanza de los centros. Naturalmente, nosotros siempre hemos estado a favor de que el director sea elegido por el consejo escolar. Efectivamente, el claustro de profesores tiene que tener el liderazgo en las materias en las que lo tiene
que tener, y ese es el modelo de dirección en el que nosotros creemos; no creemos en un cuerpo de directores, señorías, no es el posicionamiento de nuestro sindicato. Además, no creemos que ese modelo gerencial mejore y desde luego hemos
manifestado siempre nuestro desacuerdo con el modelo que se aplica en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que habilita al director a contratar al personal según su criterio.


¿Qué es lo que hemos visto en el sistema de provisión de interinos? El sistema de provisión de interinos es prácticamente común en casi todas las comunidades, con la salvedad de Cataluña, que no todo el profesorado es contratado por parte
del director. Las bolsas de interinos, la relación de interinos se realizan conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y eso sí que es competencia, efectivamente, de las comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera. Al
final, son convocatorias muy similares en las distintas comunidades autónomas, puede haber algunas diferencias en algunas de ellas, pero tampoco son significativas. Es decir, el sistema de provisión del empleo interino es bastante parecido en casi
todas las comunidades autónomas.


Enseñanzas artísticas. Nosotros habíamos considerado, al hilo de la negociación de la LOE, que debía haber una ley específica sobre las enseñanzas artísticas superiores en España. Saben ustedes que hubo unas negociaciones que estuvieron a
punto de culminar con un estatuto de la función docente, negociaciones que no culminaron con éxito por falta de financiación. Creíamos también que en ese aspecto los profesores de las enseñanzas artísticas superiores debían tener un tratamiento
aparte dentro de ese estatuto de la función docente. Ahora lo preocupante es la situación del alumnado, más que la del profesorado, con ser también preocupante la del profesorado, precisamente con el tema del grado. En un momento se solventó,
porque, efectivamente, los alumnos de las escuelas de enseñanzas artísticas superiores obtenían el grado, pero, como saben ustedes, al haber un procedimiento judicial hubo que mirar esa cuestión de otra manera. Es verdad que se dijo que como tenían
el equivalente al grado, a efectos... Sí, señorías, es el equivalente pero no es el grado. Desde ese punto de vista, es urgente solventar esa situación de cara al alumnado de esas escuelas y posiblemente sea el momento de analizar si esas
enseñanzas artísticas superiores se integran definitivamente en el ámbito universitario, teniendo en cuenta que la situación es muy heterogénea en el país. En comunidades como Madrid hay Conservatorio Superior de Música, Escuela Superior de Arte
Dramático, etcétera, pero hay comunidades autónomas, señorías, que no tienen la suerte de tener en su territorio, y bajo su competencia, todos los centros de enseñanzas artísticas superiores. Es un tema muy complejo pero que al mismo tiempo
requiere solución.


La señora PRESIDENTA: Señora Loranca, vamos a tener que ir terminando porque ya está esperando el siguiente compareciente, que estaba citado a las once.


La señora SECRETARIA DEL SECTOR DE LA ENSEÑANZA DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, FETE-UGT (Loranca Irueste): Les pido disculpas porque me he dejado un montón de cuestiones sin responder, pero me comprometo a que, en nombre de mi
organización, se le remitirá a la subcomisión de Educación las cuestiones más significativas sobre las que entiendo que es importante que UGT manifieste su opinión. Disculpen si no he sido capaz de contestar a todas las cuestiones que se han
planteado.

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Les reitero el agradecimiento por la atención que han manifestado a las posiciones que humildemente ha expresado la Unión General de Trabajadores.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Loranca, por su intervención y sus contestaciones. Estamos a disposición de toda la información que quieran enviarnos. (Pausa).


- DEL COORDINADOR DE ACCIÓN SINDICAL Y POLÍTICA EDUCATIVA DE LA CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA INTERSINDICAL, STES-I (BENAVENT MARTÍNEZ), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN
PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 219/000298).


La señora PRESIDENTA: Bienvenido, señor Benavent. Vamos a dar comienzo a la comparecencia de don Salvador Benavent Martínez, coordinador de Acción Sindical y Política Educativa de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y
Trabajadores de la Enseñanza Intersindical, miembro del Consejo Escolar del Estado. Para su intervención tiene treinta minutos; a continuación, los grupos parlamentarios tienen cinco minutos de intervención cada uno y, finalmente, tendrá diez
minutos para la contestación de las cuestiones que le quieran formular. Quiero decirle que cualquier pregunta que se quede sin contestar, que seguramente serán muchas, nos las puede enviar por escrito a la Comisión de Educación.


Tengo que decirles, para su información general, que el compareciente anterior solo ha tenido diez minutos para sus respuestas porque todos ustedes se habían pasado tres minutos en cada intervención. En esta ocasión voy a ser muy estricta
para así poder dar al compareciente más tiempo para las contestaciones, porque si no es imposible que pueda contestar a todo.


Señor Benavent, tiene la palabra.


El señor COORDINADOR DE ACCIÓN SINDICAL Y POLÍTICA EDUCATIVA DE LA CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA INTERSINDICAL, STES-I (Benavent Martínez): Muchas gracias.


En primer lugar, en nombre de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza, queremos expresar nuestra consideración positiva por esta invitación a comparecer ante esta Comisión parlamentaria para el pacto
social y político por la educación.


Paso ahora a exponerles el documento que hemos preparado y que hemos titulado Bases para un pacto educativo. Los cambios que se están produciendo en el sistema educativo del Estado español se hacen en un contexto de cambios con carácter
internacional. Las reformas se encaminan a la desregulación, la externalización y la privatización, abriendo en este campo un gran negocio que satisface las exigencias de la economía capitalista. La desinversión, es decir, los recortes, la
precarización y el desmantelamiento de la escuela pública llevados a cabo los últimos años constituyen en estos momentos el plano del cual se parte para abordar la propuesta de un pacto educativo; pacto que, por otra parte, se ofrece ante la nueva
situación política y como respuesta a las multitudinarias protestas contra la Lomce por parte de la comunidad educativa.


El actual marco legislativo está compuesto por la LOE y la Lomce. La LOE promovida por el Partido Socialista Obrero Español -contra la que nuestra Confederación convocamos una huelga entonces-, ya ahondaba en los males contenidos en la
legislación anterior, fundamentalmente la LODE, que también fue impulsada por el mismo partido político, pero con un agravante derivado de las concesiones a las exigencias de la patronal, la Iglesia católica y el Partido Popular que se produjeron a
lo largo de su tramitación. En el texto de la LOE queda claro que la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados, reforzando así la mercantilización de la educación, la
introducción de criterios empresariales en la gestión de la escuela y el alejamiento de la gestión democrática de los centros.


Con la LOE ya en vigor, el ministro de Educación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Ángel Gabilondo, intentó sin éxito, con su propuesta de pacto para la educación, impulsar medidas que se acercaban cada vez más a las demandas del
Partido Popular. Hoy en día se vuelve a hablar de esta iniciativa como referencia para un posible pacto. Tras su triunfo en las elecciones, el Partido Popular y su ministro Wert tramitaron con carácter de urgencia la Lomce pero sin derogar la LOE.
Evidentemente, esta servía y sirve perfectamente como marco en el que desarrollar las deplorables políticas con las medidas

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que se han ido aplicando y que están teniendo un efecto demoledor para la escuela pública: el despido de miles de docentes, la desaparición de la atención a la diversidad, la instauración de un sistema antidemocrático en lo centros
educativos, el recorte generalizado de plantillas, el cierre de aulas públicas, mientras se destinan más recursos a los centros privados concertados.


Además, en los compromisos alcanzados por parte del Gobierno de Mariano Rajoy ante Europa y publicados en julio de 2014, se garantizaba, para alcanzar el pacto de estabilidad y disminuir el déficit público, la reducción del porcentaje del
PIB destinado a educación hasta llegar a un 3,9% ahora, en 2017. Esto se está consiguiendo, como ha explicado el propio Gobierno central, reduciendo el número de docentes, aumentando la carga horaria y el alumnado que atender por cada profesora o
profesor, o reduciendo becas y programas de atención a la diversidad. Este sigue siendo el marco de recortes existente cuando ahora se propone alcanzar un pacto educativo. Las propuestas de la mayoría de los partidos políticos obvian el
desmantelamiento al que ha sido sometida la enseñanza pública. Además, la posibilidad de marginar al profesorado y a sus representantes de dicho pacto hacen sonar todas las alertas, máxime cuando se hace referencia explícita a la aprobación de un
estatuto docente, cuya base sería la consolidación de las medidas que pretenden acabar con los equipos docentes para pasar a establecer sistemas de individualización de las relaciones laborales. El único pacto posible para salvar la enseñanza
pública y por el que se debería trabajar para dar cumplimiento a lo que aprobó en su momento el pleno del Consejo Escolar del Estado es un pacto por la escuela pública y laica, la escuela de todos y de todas.


Para STES-I, el derecho universal a la educación ha de hacerse efectivo para todas y para todos en términos de igualdad y gratuidad. Garantizar este derecho es una obligación ineludible de los poderes públicos. Estos, como responsables de
la programación general de la educación, deben ofertar al conjunto de la sociedad, a través de los centros de titularidad pública, un servicio basado en principios democráticos, igualitarios y laicos, y deben hacerlo en condiciones crecientes de
calidad y equidad, de forma que la educación pública responda plenamente a la necesidad de formar personas críticas y activas que puedan hacer frente a los complejos retos actuales y futuros. En definitiva, el único instrumento que puede satisfacer
este derecho fundamental es la escuela pública, la cual tiene que ser el auténtico eje vertebrador del sistema educativo. Esta es la filosofía que debe impregnar la política educativa que proponemos y defendemos para el Estado español.


Pasamos a continuación a hacer un diagnóstico, lo más resumido posible, del sistema educativo en estos momentos. El sistema educativo se encuentra inmerso en una coyuntura de degradación y de conflicto que se sigue manteniendo a lo largo de
los últimos años, una situación que con la excusa de la crisis económica ha venido caracterizándose por el castigo sistemático a la educación pública. En el momento actual y a pesar del anunciado compromiso político de alcanzar un pacto educativo,
los esfuerzos del Gobierno central para reducir las tensiones creadas siguen siendo prácticamente nulos, lo que mantiene en jaque a la comunidad educativa. Por esta razón, porque no manifiesta la mínima muestra de revertir los recortes y derogar
sin ambages una ley impuesta y sin consenso, la plataforma estatal por la escuela pública, de la que STES-I forma parte, ha convocado para el próximo 9 de marzo una huelga general educativa. Los motivos para su convocatoria son consustanciales al
diagnóstico del sistema educativo, que a continuación detallamos.


Un periodo de involución y de recortes educativos. El Real Decreto-ley 8/2010, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, con la disminución del 5% de salarios y de la congelación retributiva para los empleados
públicos, supone el inicio de una serie de ajustes para las condiciones sociolaborales del profesorado y para nuestro sistema educativo. Siete años más tarde, la acumulación de dichos recortes y las contrarreformas educativas -Lomce, reforma de la
LOU y reales decretos de desarrollo de ambas normas- han supuesto un gran retroceso que nos sitúa en condiciones del siglo pasado. De forma sucinta exponemos algunas de las medidas que han generado las mayores agresiones a los trabajadores de la
enseñanza y, por tanto, a la educación.


Menos financiación. La cifra total que se ha dejado de invertir en educación en los Presupuestos Generales del Estado desde 2011 es de 3.100 millones de euros. Si a esta cantidad se le añaden los más de 3.000 millones adicionales que se
restaron a causa de la aplicación de los reales decretos-leyes 14/2012 y 20/2012, la cifra alcanza más de 6.500 millones de euros. La variación de los presupuestos entre 2011 y 2016 supone un recorte del 12,64%, es decir, 359,48 millones de euros
menos que en 2011. El porcentaje perdido desde 2010 en educación estaría por encima del 13%. Se ha pasado de un 4,9% del PIB en 2010 a un 4% en 2016, y las previsiones para 2017 -quedan por aprobar los presupuestos de este año- que el

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Gobierno ha enviado a Bruselas conllevan una reducción del gasto educativo del PIB en una décima, pasando al 3,9%. Siete años de retroceso en presupuestos que nos colocan por debajo de las cantidades que se invertían en 2005, un 4,3%. Esto
nos sitúa, por tanto, lejos de la media de la Unión Europea, el 4,9% y de la OCDE, el 5,3%.


La reducción de la inversión pública ha venido acompañada de un incremento del gasto de las familias. El ejemplo más evidente se ha producido en el exagerado aumento de los precios públicos de las enseñanzas universitarias, de manera que
los incrementos medios de los precios de los grados superan el 32% y los de master el 75%. Esta desmesurada subida de precios producida durante la peor crisis económica de las últimas décadas, junto con la injusta política de becas, ha dificultado
a muchos alumnos y alumnas el acceso a los estudios universitarios y ha provocado un inaceptable incremento de las desigualdades. A ello hay que añadir las cantidades retraídas a los empleados públicos en 2010, lo que ha supuesto una reducción del
5% de recortes en los salarios docentes, como ya hemos advertido.


Reducción del profesorado y del personal auxiliar en todos los niveles educativos. Las reducciones de plantillas por efecto de las tasas de reposición, el aumento de las horas lectivas y de la jornada laboral, el incremento de la carga
académica, la desaparición de programas, etcétera, han supuesto la destrucción drástica de puestos docentes y de personal no docente, junto al aumento en la precariedad de los mismos. Según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, entre enero de 2012 y enero de 2016 se han perdido 41.014 puestos de funcionarios docentes en los niveles anteriores a la universidad, 4.643 profesores universitarios y 2.470 puestos de personal de administración y servicios de las
universidades.


Aumento de la precariedad laboral. La continua reducción de la oferta de empleo público que se ha venido sufriendo desde el año 2011, en que la cifra de interinidad en la docencia era del 8%, ha supuesto una disminución drástica de los
puestos docentes, alrededor de 35.000, y un aumento de la precariedad de los empleos. Esto supone que el 25% del profesorado de enseñanzas no universitarias es interino, colectivo al que debería garantizarse una estabilidad en el empleo y la
consolidación de su empleo como funcionario docente. En el resto de los sectores, la temporalidad y la precariedad también se han incrementado significativamente. Primero, entre el personal de servicios educativos y complementarios el 30% tiene
contratos temporales. Segundo, el 41% del personal docente e investigador de las universidades públicas tiene contratos temporales y en muchos casos precarios. Tercero, en las plantillas del personal de administración y servicios de las
universidades públicas la temporalidad ha crecido hasta alcanzar el 17%.


Menos apoyos educativos. La política de recortes del Ministerio de Educación ha hecho desaparecer programas educativos que tenían una gran importancia y calado, sobre todo para asegurar la igualdad de oportunidades y para la mejora del
rendimiento escolar, como Educa 3, Competencias básicas, Leer para aprender, PROA, Profundización de conocimientos, etcétera. Se ha reducido también el Plan de disminución de abandono escolar temprano, entre otros. Se mantienen recortes o
disminución de partidas destinadas al apoyo, al refuerzo y a la orientación educativa. Las partidas destinadas a programas de educación compensatoria en los Presupuestos Generales del Estado están casi desaparecidas. La reducción entre 2011 y 2016
es de un 92,71%, es decir, 65 millones de euros menos.


Menos recursos. A los recortes de recursos humanos y educativos hay que añadir los recortes de las inversiones en infraestructuras, mobiliario y equipos para todos los niveles educativos, el descenso generalizado de los gastos de
funcionamiento de los centros, así como la disminución en los gastos de personal docente y no docente.


Cierre de unidades en el ámbito rural. La inexistencia de políticas económicas y demográficas para rescatar el mundo rural, ha provocado en este medio un aumento del cierre de unidades escolares, el desplazamiento del alumnado a centros
alejados de su hábitat y la inestabilidad de las plantillas docentes. Todo ello en perjuicio de la igualdad de oportunidades para el alumnado afectado, de lo que no es ajena la aplicación de criterios urbanos en su planificación educativa con la
ausencia de políticas compensatorias ecuánimes.


Menos formación permanente. La práctica desaparición de los programas para la formación permanente del profesorado, la reducción de centros de profesores o la disminución de licencias por estudios hacen que la formación permanente quede en
la voluntariedad individual y con el consiguiente coste económico para las trabajadoras y trabajadores del sector. El gasto destinado a este programa en los Presupuestos Generales del Estado va disminuyendo hasta casi su desaparición, de tal forma
que desde 2011 a 2016 la variación ha sido de un 93,77% menos, es decir, 49,07 millones de euros menos.

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Aumento de las ratios en las aulas. En aplicación del Real Decreto-ley 14/2012, de medidas educativas, se han incrementado las ratios en un 20%, pasando a treinta alumnos por aula en educación primaria y treinta y seis alumnos en educación
secundaria, lo que está repercutiendo en la calidad de la enseñanza. El aumento del número de alumnos en las clases ha supuesto un retroceso de décadas en el sistema. La atención a la diversidad en el aula se ha visto perjudicada, las aulas de
infantil masificadas son más difíciles de gestionar, se han cerrado escuelas rurales, se ha dificultado la atención de los alumnos en los módulos de formación profesional y han aumentado los problemas de convivencia en las aulas de bachillerato con
más de cuarenta alumnos. Este aumento de ratio ha tenido consecuencias en la atención educativa, con la desaparición de grupos de refuerzo, desdobles, etcétera.


Más carga horaria para el profesorado. La aplicación del mismo Real Decreto-ley 14/2012, reordena el tiempo de trabajo del profesorado generalizando las 37, 5 horas semanales. Además, regula la jornada lectiva estableciendo como mínimo 25
horas lectivas semanales para infantil y primaria y 20 horas en las restantes enseñanzas. El incremento de carga lectiva supone menos tiempo para otras actividades como tutorías, departamentos, coordinación o evaluación.


Incremento de la dedicación docente en el ámbito universitario. El Real Decreto-ley 14/2012 modifica el régimen de dedicación del profesorado universitario e incrementa la carga académica hasta los 32 créditos ECTS de aquellos profesores
que no hayan obtenido una evaluación positiva de su actividad investigadora, de conformidad con el Real Decreto-ley 1086/1989, de 28 de agosto, sobre las retribuciones del profesorado universitario. Este incremento de la dedicación docente hasta
los 32 créditos, sin quede claro el tiempo de dedicación que se exige del profesorado, está produciendo unas diferencias de dedicación del PDI entre universidades que no están justificadas y en una nueva desvalorización de la docencia en el ámbito
universitario.


Peores condiciones sociolaborales. La política educativa de recortes impuesta por el Gobierno ha afectado sustancialmente a las condiciones de vida de los trabajadores de la enseñanza. Al recorte del 5% en salarios se añade la congelación
de los mismos, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo que supera el 15,4% si tenemos en cuenta la evolución del IPC. Entre 2010 y 2016 los docentes han dejado de percibir entre 10.000 y 16.000 euros del salario bruto, sin tener en cuenta la
antigüedad, dependiendo del cuerpo al que se pertenece. Se han suprimido las prestaciones económicas por baja de incapacidad temporal, de manera que no se cobra el cien por cien de las retribuciones durante el tiempo que se está de baja por
enfermedad. Se han suspendido o rebajado de forma generalizada la concesión o abono de cualquier ayuda en concepto de acción social, así como cualquier otra que tenga la misma naturaleza o finalidad. En general, no se cubren las bajas hasta los
quince días de su notificación. Eliminación y/o disminución de compensaciones económicas al profesorado itinerante, viajes y desplazamientos educativos. Dificultades para la reducción de horas lectivas de mayores de cincuenta y cinco años.
También se han flexibilizado las atribuciones docentes, convirtiendo al profesorado en polivalente, obligando a impartir docencia en especialidades diferentes a la propia y esto también afecta a la reducción de las plantillas. Aparecen mayores
exigencias para el reconocimiento de sexenios. Se han reducido los permisos por estudios y por asuntos propios.


El último aspecto a tratar sería el envejecimiento de las plantillas docentes. Más de un tercio del profesorado supera los cincuenta años, sin que haya una reducción de su carga laboral que favorezca su trabajo en el aula. La jubilación
voluntaria, que aún se mantiene, solo afecta a las clases pasivas de la Función pública, no pudiendo optar a la misma desde la reforma de 2011 ni el profesorado funcionario ni el profesorado interino -el profesorado funcionario que entró como
funcionario a partir de 2011-.


Además, para completar, se mantiene una ley segregadora que establece itinerarios excluyentes, que selecciona y clasifica al alumnado, incluso antes de finalizar la enseñanza obligatoria. Ello con consecuencias inmediatas para los
trabajadores de la enseñanza, tanto del ámbito público como privado concertado. Una ley sin financiación suficiente, lo que añade nuevos problemas al sistema educativo. Una ley recentralizadora e involucionista, que resta competencias a las
administraciones educativas autonómicas, entre lo que hay que destacar la imposición de los currículos y de la supremacía del castellano sobre las lenguas territoriales propias.


El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la ley orgánica, mantiene las evaluaciones externas y tempranas que pueden seguir siendo censales a discreción de las
administraciones educativas. El fortalecimiento de las direcciones de los centros incide en la selección del personal docente e incluso en la selección de los alumnos, con consecuencias que afectan también al derecho de movilidad del profesorado.
La reducción de la

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optatividad, y en consecuencia de las materias de modalidad del bachillerato, ha provocado un recorte en el profesorado de cerca de 5.000 empleos. Igualmente obliga, en el mejor de los casos, a una reubicación del profesorado, lo que afecta
a sus condiciones laborales. La inestabilidad de las plantillas de los centros, con un alto grado de interinidad e inseguridad laboral, incide en la calidad educativa. Una formación profesional básica dirigida a una segregación temprana del
alumnado, para abocarlo al mundo laboral con una mínima formación y excluyéndoles de la formación reglada y de las vías de integración, lo que afecta principalmente a los alumnos con mayores dificultades socioeconómicas. La consecuencia es la
creación de centros gueto, con grave incidencia en las condiciones laborales del profesorado. Recortes significativos en el derecho de participación de la comunidad educativa en los centros, reduciendo competencias de los consejos escolares y
afectando negativamente en la toma de decisiones, tanto para el personal docente como de los demás miembros de la comunidad escolar. La vulneración sistemática de los acuerdos laborales que garantizaban unas condiciones de trabajo dignas para los
profesionales. Menosprecio absoluto de la negociación colectiva e incumplimiento sistemático de las condiciones de trabajo pactadas.


Se han incrementado de forma exagerada los niveles de exigencia para la acreditación a los cuerpos docentes universitarios, endureciendo el sistema de acceso a las plazas de personal docente e investigador funcionario. La reducción de los
presupuestos dedicados a la educación, tanto en las comunidades autónomas como en el ámbito local, afectan gravemente al profesorado que imparte enseñanzas no regladas, como música y danza, por ejemplo, que ven peligrar sus puestos de trabajo.
Todas estas medidas, pues, se han realizado sin la participación de la comunidad educativa y particularmente de los y las representantes legales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.


¿Cuáles son las propuestas que presentamos para esta Comisión? Ante el deterioro que han supuesto para el sistema educativo los recortes y la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa, la Lomce, y ante
la necesidad de un cambio sustancial en nuestro sistema que le dé calidad y estabilidad en el tiempo, los STES-I proponemos negociar un pacto educativo en base a los siguientes puntos.


Primero. Es imprescindible una reversión de los recortes y adquirir compromisos sobre el gasto público en educación, concretamente: en primer lugar, garantizar durante los ejercicios de 2017, 2018 y 2019 el progresivo incremento de los
presupuestos educativos, y de manera prioritaria en el capítulo de gastos de personal, hasta alcanzar al final de la actual legislatura, al menos, el nivel de gasto existente en 2009. En segundo lugar, impedir nuevos retrocesos en el gasto público
destinado a la educación, en especial y prioritariamente el destinado a los centros públicos, garantizando un suelo del gasto público educativo, de tal manera que al menos un 5,5% del producto interior bruto se destine a los presupuestos de
educación. En tercer lugar, impulsar a medio plazo el aumento progresivo del gasto público educativo hasta alcanzar el porcentaje del 7% del producto interior bruto. En cuarto lugar, compromiso de una ley de financiación y memoria económica para
las propuestas de mejora de una nueva ley orgánica de educación.


En el capítulo segundo nos referimos también a los centros. El incremento de los presupuestos planteado en el punto anterior referido a las condiciones materiales, tiene que venir acompañado a su vez de profundos cambios en el diseño del
sistema educativo, entre otros los siguientes: 1) No habrá especialización de los centros educativos en tipos de alumnos según resultados académicos. 2) Desaparecerán las reválidas de la ESO y bachillerato y las pruebas individualizadas de 3.º y
6.º de primaria que marcan el camino académico del alumnado a edades muy tempranas, favorecen la discriminación y potencian la segregación temprana. 3) En ningún caso se establecerán clasificaciones de centros según resultados de ningún tipo de
prueba externa o interna. 4) Se recuperarán los programas de diversificación curricular y se pondrán en marcha todas las medidas de atención a la diversidad, necesarias para garantizar la atención a todo el alumnado a lo largo de toda su
trayectoria académica. 5) Habrá un único título de graduado en educación secundaria obligatoria, desapareciendo la actual división en enseñanzas académicas y aplicadas. 6) Se reestructurará el actual currículo de las diferentes etapas después de
abrir un auténtico proceso de debate y consulta al profesorado. 7) Se implementará un currículo de carácter integral en las enseñanzas básicas, impidiendo la especialización curricular y garantizando el mismo horario y calendario escolar para todo
el alumnado. 8) Se evitará la secundarización de la educación primaria, potenciando la figura del tutor como elemento clave en el desarrollo del alumnado. 9) Se impedirá la mercantilización de la formación profesional, se potenciará como una etapa
educativa más y se hará desaparecer tanto su versión más degradada, la formación profesional básica, como su versión más interesada, la formación profesional dual.

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Tercero. Se reestructurará la organización y funcionamiento de los centros educativos, en base a una cultura de la igualdad, del trabajo en equipo y de la toma de decisiones de manera colectiva. Esto supondrá, entre otras cosas, lo
siguiente: Los órganos colegiados dejarán de ser órganos meramente consultivos para pasar a ser verdaderos entes de gobierno. El actual sistema de selección de directores y directoras será sustituido por un sistema de elección democrática en el
que participe toda la comunidad educativa. Se rebajarán las actuales competencias de los equipos directivos al pasar parte de ellas a los órganos colegiados y, en ningún caso tendrán capacidad para rechazar o proponer el nombramiento del
profesorado.


Cuarto. La educación no es un mercado. Es ineludible detener la política de conciertos e ir reduciendo progresivamente su financiación pública hasta la superación de la actual doble red. Caminar hacia una escuela pública y, al mismo
tiempo, sin perjuicio de ningún colectivo docente se debe articular una salida al profesorado de la concertada en su incorporación a la red pública. De manera más inmediata proponemos: No se permitirá la cesión de suelo público para la
construcción de centros privados. Con carácter inmediato se rescindirán los conciertos y subvenciones a los conciertos que segregan al alumnado por sexos.


Quinto. La educación en el Estado español será laica, por lo que propugnamos la eliminación de la enseñanza confesional de cualquier doctrina religiosa en el currículum escolar y, en consecuencia, no tiene sentido que exista una asignatura
de Religión de cualquier confesión en dicho currículo. Hasta que no se revisen los acuerdos internacionales que imponen la presencia de la asignatura de Religión católica, y por extensión las del resto de confesiones que tienen acuerdos con el
Estado español, se harán los cambios normativos necesarios para que la Religión deje de computar, a todos los efectos, en el expediente académico. Del mismo modo, se propone la desaparición de cualquier asignatura evaluable alternativa a la
Religión.


Sexto. Cualquier pacto por la educación debe ser respetuoso con las competencias autonómicas, y por ello las comunidades autónomas tienen que tener la posibilidad de implementar políticas en materia educativa para desarrollar su propio
modelo.


Séptimo. Derogación de normativas de recortes y recuperación de derechos laborales, lo que supone, entre otros puntos, lo siguiente: 1) Retirada de los reales decretos-ley 14 y 20 de 2012 y las normativas autonómicas de recortes. 2)
Disminución del horario de docencia directa del profesorado. 3) Empleo público docente suficiente, estable y de calidad. 4) Sustitución inmediata de las ausencias del profesorado. 5) Por una educación de calidad inclusiva: disminución de las
ratios máximas del alumnado en las aulas, flexibilización para desdobles, refuerzos, profundizaciones, recuperaciones de materias suspensas y para la atención del alumnado con necesidades de atención educativa específica. 6) Desburocratización del
trabajo docente e impulso del trabajo del profesorado cooperativo y en equipo en los centros. 7) Recuperación salarial y mejoras retributivas para todo el profesorado. 8) Oposición a los modelos de carrera docente jerarquizadora. Es
imprescindible garantizar el derecho a la negociación colectiva e impedir que las relaciones laborales se individualicen. El control sobre la educación, con evaluaciones estandarizadas solo consigue la precarización de la profesión docente, de sus
condiciones laborales y de su cualificación. 9) En cuanto al establecimiento de los cuerpos docentes, el horizonte que nos inspira es la creación de un cuerpo único de profesorado, logrando que todos ellos tengan la misma consideración social y
profesional. 10) Potenciar la formación permanente del profesorado. Es imprescindible la reducción del horario lectivo, incluyendo en el cómputo horario total la formación permanente. También sería bueno que la formación permanente tuviera una
presencia fundamental en los mismos centros educativos.


La señora PRESIDENTA: Señor Benavent, tiene que ir terminando.


El señor COORDINADOR DE ACCIÓN SINDICAL Y POLÍTICA EDUCATIVA DE LA CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA INTERSINDICAL, STES-I (Benavent Martínez): Ya estamos acabando.


11) La jubilación voluntaria debe establecerse con carácter indefinido y con criterios docentes, pudiéndose beneficiar de ella todo el profesorado. Reducción horaria de al menos dos horas lectivas para el profesorado mayor de cincuenta y
cinco años, sin merma retributiva.


Octavo. Estabilidad y acceso del profesorado interino. La precariedad del profesorado interino ha ido en aumento en los últimos años y ha sido evidente el desfase entre la formación recibida, las necesidades del sistema y un acceso a la
Función pública docente claramente caduco, inadecuado, subjetivo y alejado de la práctica docente. Hay que abordar la problemática actual de más de 100.000 profesores y profesoras

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interinas, garantizando su estabilidad hasta que se negocie un sistema de acceso diferenciado a la Función pública docente, que permita una solución definitiva a su situación actual de precariedad, consolidando su empleo. El artículo 61 y
la disposición transitoria cuarta del Trebep ofrecen posibilidades de ingreso en la Función pública válidas para este objetivo.


Noveno. Las lenguas oficiales y propias de los territorios que están en proceso de normalización lingüística: catalán, euskera, gallego, asturiano y aragonés, serán lenguas vehiculares de la enseñanza y de comunicación interna y externa,
de manera que se garantice su progresiva normalización, y el conocimiento de las lenguas propias y de la otra lengua oficial por parte de todos los alumnos y alumnas, de forma que desde la escuela se pueda trabajar para la verdadera y necesaria
integración y cohesión social.


Décimo. Por último, educación en el medio rural. Compromiso de diálogo y negociación para tratar de consensuar un marco de mínimos para la escuela rural, buscando el máximo consenso con su comunidad educativa para que se puedan acometer
reformas del mapa escolar rural de las diferentes enseñanzas y etapas educativas, garantizando la oferta básica desde infantil hasta la ESO en cada localidad o en localidades próximas, blindando también la oferta de las modalidades e itinerarios de
bachillerato en los IES rurales, que se repiense la oferta de la formación profesional y que sirva para completar la red de secciones de las escuelas de idiomas y la oferta para otras enseñanzas de régimen especial o la red de centros rurales de
innovación educativa.


Finalmente, queremos lanzar un mensaje fundamental a esta Comisión. Los trabajos emprendidos no deben limitarse solo a los debates y acuerdos en sede parlamentaria. Es imprescindible la participación social y la negociación con las y los
representantes de la comunidad educativa, en nuestro caso del profesorado, habilitando los tiempos y los espacios necesarios para que el resultado al final sea un verdadero acuerdo social y político por la educación.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Benavent.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz por un tiempo de cinco minutos.


El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias por advertirme.


Se les pide a todos los comparecientes lo que es un imposible, que en 30 minutos nos resuman diagnóstico y propuestas. De todas maneras, está saliendo bien, pero entiendo las enormes dificultades. En el diagnóstico coincidimos y coincide
con otras organizaciones sindicales que han expuesto sus posiciones. A partir de aquí, ya entraría en dos conceptos que quiero que usted amplíe. El primero es que sin participación social, sin una mesa social que sea simultánea a los trabajos de
esta Comisión, muy difícilmente avanzaremos. Segundo, el primer elemento del pacto, si es que puede existir, ha de ser la financiación, es decir, la financiación, el aumento sustancial de los presupuestos en Educación es imprescindible pero no
suficiente, aunque imprescindible, pero tiene que haber un compromiso. Esto, obviamente, afecta a la mayoría de las comunidades autónomas, pues excepto las forales todas las demás dependemos de los Presupuestos Generales del Estado. Y existe
aquella vieja máxima: quien parte, bien reparte y se queda la mejor parte. Estamos mucho en este sentido y es un castillo de cartas.


Con Joan Mena polemizamos sobre el tema Cataluña -es un elemento que nos toca a uno y otro- sobre el porcentaje del PIB que se gasta en Cataluña en Educación; y tiene razón, es el 2,9% del PIB catalán; si fuera del español estaríamos por
encima del 4%, pero las leyes se han de cumplir y es cierto. Si nos pusimos el listón del 6% se ha de cumplir, ahora bien, con las transferencias del Estado lo que no puede ser no puede ser y además es imposible; es así. Esta es la espada de
Damocles, que tendremos que despejar algún día, porque habrá financiación, y esto afecta a Hacienda, y si no hay este cambio no habrá pacto.


Sigamos con el asunto: ¿puede haber pacto si hay más dinero? Sin duda. Como mínimo usted ha dicho el que teníamos en el año 2005-206, como mínimo, pero esto no es suficiente para implementar los cambios que aquí propondremos para mejorar
la enseñanza. Ha facilitado un diagrama de aumentos, y esto sería imprescindible. Tiene que haber memoria económica, y este es otro elemento en el que pienso que nos podemos poner de acuerdo o no habrá pacto. Ya decía en la primera sesión que soy
muy escéptico, pero con ganas de colaborar y nadie me puede decir que no porque me estoy empapando de todas las comparecencias. Esto tiene un elemento positivo: te das cuenta de la heterogeneidad del mundo educativo. Y aquí entramos en un hecho:
si hay pacto tendrá que haber cesiones; si el pacto es educativo no puede ser solamente de la escuela pública. Ahora bien, la escuela pública ha de salir beneficiada del

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pacto, sin duda, pero hay otros modelos educativos. Aquí mi pregunta: Aparte de la disolución de los otros modelos educativos existentes, cosa que no es muy de pacto, por así decirlo, ¿qué plantea usted en la transición o en el camino para
tener la mejor escuela posible en el Estado español?


Un último elemento. Usted trata alguna de las obsesiones que hay en este país: la obsesión de que en España hay una sola lengua, que es el español y las demás son lenguas digamos patois, que dicen los franceses. Son lenguas de segunda,
que está bien que el que la conozca la practique, pero que está muy mal, muy mal, que quien vive en esta zona se le obligue a saberla -no expresarla-, a saberla. Este es un elemento que puede llevar a usar mal los procesos educativos, porque la
educación no es una ley de lenguas, es otra cosa; la educación es encontrar los medios para enseñar, para educar y para llegar a la escuela que queremos. Este es otro pacto al que tendríamos que llegar si queremos hacer el camino juntos. Mi
escepticismo también es claro por la realidad de la última ley que quería españolizar -por así decirlo- a los niños catalanes, hecho que demuestra poco conocimiento de la realidad catalana que vivimos cada día.


La señora PRESIDENTA: Señor Olòriz, ha terminado su tiempo.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias al señor Benavent por su intervención en esta Comisión. Usted ha hecho un diagnóstico; prácticamente toda su exposición tiene que ver con el diagnóstico de lo que ustedes entienden que ha fallado en la educación, y se ha
centrado muchísimo en la financiación, en los recortes. Le quería hacer una pregunta, al hilo de lo que ha expuesto mi compañero anterior. Usted habla de porcentajes del PIB para hablar de financiación educativa. Yo le pregunto qué opinión le
merece la Mesa sectorial de educación y la comisión que se puso en marcha en la época de Ángel Gabilondo para determinar el coste del puesto escolar y el coste del modelo educativo en su conjunto. ¿Cree usted que sería una buena alternativa no
hablar de porcentajes del PIB, que al final se quedan en el vacío, y concretar el coste real de la educación para pedir, tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas, un compromiso fehaciente de su financiación necesaria?


Ha hablado usted además de que no está de acuerdo con el diseño educativo que existe actualmente, no sé muy bien si el de la Lomce, que entiendo que sí, pero si esto también se extiende a las leyes educativas anteriores, y apuesta usted por
un único título de ESO, pero no entiendo muy bien cómo se conjuga esto con afirmaciones que ha hecho sobre la independencia absoluta de las comunidades autónomas para los diseños curriculares. Me gustaría que incidiera un poco más en cómo plantea
este diseño curricular que conjugue, por una parte, el respeto a la autonomía de las comunidades autónomas, pero también esa voluntad que tiene usted de un diseño único.


Usted viene a hablar de los profesores, es usted representante sindical. La verdad es que he echado de menos que hablara usted de la calidad educativa de los alumnos que, al fin y al cabo, son el centro del sistema, aunque el profesorado
sea una parte nuclear de la educación, de hecho, es la parte, desde nuestro punto de vista, más importante y, efectivamente, sin un buen profesorado y un profesorado cuidado difícilmente vamos a tener un buen sistema educativo.


Me alegra que usted haya hecho esta defensa tan fehaciente de los profesores, especialmente de los interinos, que tienen una situación difícil, y es muy difícil cuando no se convoca oferta de empleo público. Me gustaría saber su opinión
sobre situaciones que se están generando en algunas comunidades autónomas, donde va a haber más de 1.000 interinos que se vayan a la calle por no cumplir requisitos lingüísticos exigibles, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana.


Me gustaría saber cómo entiende usted que debemos hacer cumplir el principio de igualdad del derecho a la educación de los españoles en situaciones como las que estamos viviendo en la Comunidad Valenciana, donde si no eliges un determinado
sistema educativo no tienes derecho a que se te oferten las mismas horas de inglés y los mismos títulos de inglés.


Ha hablado usted de un cuerpo único de enseñanza; nosotros también compartimos esa idea. Si queremos tener la misma consideración, ¿cómo plantea usted la movilidad de este cuerpo único de enseñanza, con estas constricciones y el respeto,
en el que nosotros también coincidimos, que hay que tener a las lenguas propias de cada comunidad autónoma? ¿Cómo se puede conjugar que en un cuerpo único distintos profesores puedan elegir libremente dónde quieren ir, sin tener unas constricciones
de entrada? Nosotros creemos que se puede exigir un requisito una vez que haya sido incorporado al sistema, no antes, porque si no, impides el acceso.

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Ha hablado usted de las necesidades de instaurar programas que fomenten la excelencia educativa. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre los programas de cooperación interterritorial, que parece que decaen si no los vuelven a poner en
marcha el ministerio y las comunidades autónomas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martín.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Muchas gracias, presidenta.


Gracias, señor Benavent, por una exposición que me ha parecido clara y precisa. Creo que ha hecho un diagnóstico bastante ajustado y acertado de lo que han supuesto las políticas de austeridad en el ámbito educativo durante la última
legislatura del Partido Popular. STES-I, como parte de la plataforma por la enseñanza pública, es uno de los convocantes de la próxima manifestación, del 9 de marzo, y por esta manifestación quería preguntarle algunas cosas. En el manifiesto que
hemos podido leer en las redes, se plantean tres principios que a mí me parecen fundamentales, también para esta subcomisión educativa. Dicen que no habrá pacto educativo, y nosotros lo suscribimos, sin derogar la Lomce, sin la reversión de los
recortes y sin el incremento del presupuesto dedicado a la educación. Creemos, y estamos de acuerdo con ustedes, en que sin abordar estas tres cuestiones no podrá haber un acuerdo amplio, al menos con el grupo al que yo represento; hay grupos
parlamentarios, como el Partido Popular, que dicen no entender el sentido de esta huelga, pero la ciudadanía tiene que saber que la Lomce no está, ni mucho menos, derogada, aunque su calendario de aplicación esté paralizado. Por otra parte, la
aplicación de la Lomce ya está muy avanzada y, además, con un recurso interpuesto por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, entendemos que hay una reivindicación amplia de la comunidad educativa por derogar una ley que no
fue en absoluto consensuada y que es lo contrario de lo que se pretende alcanzar en esta subcomisión.


STES-I, como uno de los principales sindicatos que defiende al profesorado, ha puesto siempre el acento en la defensa de los profesores interinos. Tenemos que recordar que nuestro país tiene un 25% de interinos; eso significa que uno de
cada cuatro profesores está en una situación de absoluta inseguridad, que no les permite una planificación, no digamos ya de su vida, sino de su trabajo docente durante años. Querríamos preguntarle por una de las demandas que siempre ha tenido este
sindicato, una demanda histórica, que es el acceso diferenciado en el sistema de ingreso a la Función pública y la propuesta de consolidación y estabilidad del profesorado interino. Le agradeceríamos que nos explicara de manera más detallada a qué
se refieren con el acceso diferenciado y cómo se podría articular desde esta subcomisión. Además de la situación de los interinos, estamos hablando de que el 70% llevan ya más de cuatro años trabajados, que es el máximo de experiencia que reconoce
la mayoría de las comunidades. Luego, además querríamos conocer las soluciones que su sindicato cree que se podrían adoptar para dar estabilidad a las plantillas y a los trabajadores.


Por otra parte, estamos hablando mucho en esta subcomisión de qué sistema de formación inicial se puede dar a los profesores. En este sentido, quería recoger algunas de las inquietudes que están surgiendo entre los interinos, entre esos
interinos que llevan trabajando mucho más de diez años. Hasta qué punto esos egresados, que tuvieran que hacer prácticas en el sistema público, podrían desplazar a los interinos que ya hacen un trabajo muchas veces de sustitución de profesores.


En el comunicado de la huelga del 9 de marzo, se reivindica también la participación de la comunidad educativa en estas negociaciones que estamos llevando a cabo en esta subcomisión. En este sentido, quería hacerle una pregunta muy directa:
si cree usted que una comparecencia de treinta minutos es suficiente para decir que la comunidad educativa está participando en un pacto social y político por la educación y, si no fuera así, qué otros mecanismos entiende usted -o su sindicato- que
se deberían establecer para que haya una participación más directa y más real, para los movimientos por la educación pública.


Creo que tendría poco sentido preguntarle acerca del papel que consideran que ha de ocupar la Religión en la escuela. Junto a otros colectivos, como Europa laica, Ceapa o el Sindicato de Estudiantes han desarrollado una campaña por una
educación pública y laica, y a presentar una propuesta en el Congreso instando a tomar las medidas legales pertinentes para asegurar la plena laicidad del sistema público de educación. Así que no tenemos duda, nos queda claro cuál es su postura,
pero queríamos preguntarle

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cuáles deben ser los límites a la hora de concertación con los colegios religiosos. Digo esto, sobre todo, por esa posibilidad que introdujo la Lomce de concertar con aquellos colegios que segregan por sexo.


Voy acabando. Quería volver no a huelga del día 9 en sí, sino a las razones que la motivan. Queríamos preguntarle por el hecho, que también angustia a muchos interinos, de que no se estén convocando las oposiciones a profesores por
cuestiones políticas, como pueden ser los presupuestos, pero que afectan a la carrera profesional de muchos de estos docentes, y si usted cree que el sistema de acceso a la función docente, que ya sabemos cómo funciona, con concurso-oposición en la
escuela pública, también se debería regular en la escuela concertada y en la escuela privada para asegurar un mínimo de calidad y que no todo sea enchufismo. Ahora mismo, los centros ...


La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene que terminar.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Acabo con una frase. Ahora mismo los centros concertados escogen a su profesorado, pero querríamos saber cómo valoraría eso, no solamente un 'MIR', unas pruebas de acceso a la formación inicial en la pública, sino
también en la privada y en la concertada.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martínez Seijo.


La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta.


Gracias, señor Benavent, por su exposición, exposición en la que en gran medida coincidimos, sobre todo en el diagnóstico de los problemas por los que atraviesa la educación pública en España, la situación, hasta cierto punto dramática, del
profesorado tras los recortes que se han venido sufriendo en los últimos años y, sobre todo, por esta aplicación, que parece que no tiene fin, del famoso Real Decreto de 2012. Igualmente, coincidimos, sin ninguna duda, en una gran parte de las
propuestas que ha hecho de cara a un futuro educativo. Pero permita cierta discrepancia en cuando al diagnóstico que ha hecho inicialmente en cuanto a que la LOE fue un marco, hasta cierto punto, para situar los recortes que se han producido
actualmente. La LOE, como bien sabe usted, fue una ley que el Partido Socialista aprobó, pero fue una ley que siempre tuvo una voluntad de acuerdo, una voluntad de diálogo y, precisamente por eso, llegó a este Parlamento aprobada por la mayoría de
los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular. Eso, desde luego, no puede justificar todos los recortes y la posterior aplicación y gestación de la Lomce que no tiene nada que ver con la LOE. Creo que ese es un apartado que tendríamos que
introducir.


Tampoco podemos estar de acuerdo en cuanto a la valoración que ha hecho de la propuesta del pacto educativo, que el exministro Gabilondo intentó llevar adelante, teniendo en cuenta que ya sus primeras palabras fueron que la propuesta de
pacto suponía una renuncia al programa de gobierno del Partido Socialista, y hay que tener en cuenta que para alcanzar un pacto educativo siempre tiene que haber una intención y una voluntad para llegar a acuerdos, y eso supone una renuncia, aparte
de las propuestas programáticas.


Yendo concretamente a algunas de las cuestiones que usted ha planteado, coincido con mis compañeros anteriores en la preocupación por la financiación de cara a un nuevo sistema educativo, ver de qué manera podemos solventar esos recortes que
se han producido en los últimos años en la educación de nuestro país. Coincidimos plenamente con nuestra preocupación por esa tasa de interinidad del 25%, una tasa de interinidad que no va a ser reducida teniendo en cuenta la congelación de la
convocatoria por parte de distintas comunidades autónomas. Nos preocupa de una manera especial y nos gustaría que nos hiciese una valoración de qué manera va a afectar a la estabilidad del profesorado, a la estabilidad de los centros educativos y,
sobre todo, a la hora de posibilitar que muchos de esos proyectos de innovación, que requieren una estabilidad del profesorado en los centros, puedan salir adelante.


Retomando algunas de las palabras del compañero que nos ha precedido, sobre el acceso a la docencia, nos gustaría que nos expusiese de una manera un poco más amplia cuál es ese modelo de formación permanente que se ha resentido tanto en los
últimos años, y si tienen algunas propuestas nuevas para introducir a un sistema que, hasta los últimos años había funcionado a través de los centros de profesores existentes en las distintas comunidades autónomas, y que muchas de ellas
prácticamente están en vías de extinción. Eso enlaza con la preocupación que usted ha manifestado y que en este grupo parlamentario mantenemos -así lo hemos manifestado en ocasiones anteriores- sobre la escuela rural, por el futuro de la escuela
rural y por la situación tan dramática que está atravesando, en especial en los

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últimos años. Sabemos que hay dificultades en las itinerancias, sabemos que precisamente es la escuela rural la que tiene unas condiciones laborales del profesorado más duras, teniendo en cuenta que una parte importante incluso tiene que
aceptar puestos de trabajo de medias jornadas e incluso de contratos por horas, por ejemplo, hasta cinco horas. Somos conscientes de que con esas posibilidades y con esa oferta laboral es muy difícil encontrar profesorado que se interese por cubrir
una plaza en la zona rural. Teniendo en cuenta, esas itinerancias, sabemos además que se ha dificultado la posibilidad de que permanezcan los programas de diversificación educativa, diversificación escolar, sustituidos ahora por los PMAR, por el
número de alumnos que se requería.


Igualmente, sabemos que la optatividad en bachillerato ha tenido serias dificultades; no ha habido renovación en la oferta de ciclos formativos, y seguimos teniendo ciclos formativos que son los mismos de siempre y que no responden a las
necesidades del entorno de cada una de las comarcas que se encuentran en la zona rural. Tampoco hay una oferta suficiente de la formación profesional básica o anteriores en PCPI, y en el momento en que se ofertaban los PCPI de nivel dos era
imposible usarlos en la zona rural.


No me quiero extender sobre la formación de profesorado, pues todos sabemos que ha sido la más afectada en la zona rural, en la que se han cerrado prácticamente todos los centros de profesores y recursos, pero es un requerimiento dignificar
la escuela rural y, en este sentido, le preguntamos qué vías o qué opciones o qué planteamientos puede hacer para dignificar la escuela rural de manera que se garantice la igualdad de oportunidades a los niños y niñas cuyas familias han optado por
residir en el medio rural.


Nos preocupa la proliferación de los programas bilingües que hay en el territorio español. Sabemos que hay un problema importante de acreditación en el idioma para dar las clases en lengua extranjera.


La señora PRESIDENTA: Señora Martínez Seijo, tiene que ir terminando.


La señora MARTÍNEZ SEIJO: Voy acabando.


Nos gustaría que nos pudiese informar sobre cuáles son esos trámites en la acreditación y, de qué manera, están afectando esas nuevas plazas bilingües a los derechos de los profesores, en cuanto a la antigüedad que puedan tener en los
centros e incluso en el acceso al cuerpo docente.


La última pregunta es si tienen alguna propuesta, algún avance más en cuanto al estatuto docente.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez Seijo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Valmaña.


La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señor Benavent, por sus palabras y por su presencia hoy aquí. Es importante, y el Grupo Popular cree que deben ser oídas todas las voces, sobre todo, las voces autorizadas que representan a una parte importante de los
profesores del sistema público español. Le agradezco esa disposición y quiero empezar retomando sus propias palabras al finalizar su intervención, precisamente cuando hacía referencia a la escuela rural, en la que establecía la necesidad de llegar
a consensos en un marco de mínimos para la escuela rural.


El propósito del Grupo Popular en esta Comisión es extender ese acuerdo, no solamente para la escuela rural, sino para todo el sistema educativo español. Nos parece que precisamente en ese pacto de mínimos es donde todos nos podemos
encontrar y, que, con posturas maximalistas, abocaremos cualquier trabajo, en esta sede o en cualquier otra, al fracaso. Por tanto, en primer lugar, muchísimas gracias. Este concepto de pacto que supone acuerdo, y ese planteamiento desde
diferentes concepciones ideológicas del sistema educativo, no solo ideológicas, sino de la misma estructura del sistema educativo, de la interpretación de cómo se garantizan mejor los derechos, en esa exhaustiva explicación que nos ha hecho usted
tanto del diagnóstico que en una parte muy importante no compartimos, como también de las propuestas, con algunas de las cuales podemos estar de acuerdo, necesitamos partir del conocimiento de cómo ve el sindicato que usted representa la posibilidad
real de que se alcance este pacto, y si se condiciona de alguna manera a cualquier otra realidad social, por ejemplo. Ustedes tienen convocada una huelga el día 9, que casa, en principio, poco con una posibilidad real de alcanzar acuerdos, pero no
solamente por la huelga, sino por el hecho mismo de que en ocasiones parece que le entiendo -quizá equivocadamente- que se condiciona también a la existencia de otras mesas de participación o a la condición de la participación en otros aspectos.

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Queremos saber cómo casaría eso con la posibilidad de alcanzar un pacto de acuerdo, en cuanto a las condiciones previas, y no en el hecho de que ejecutaran más adelante.


Por otra parte, cómo piensa usted que la vía política que se abre en el Parlamento puede incidir para avanzar en esas otras posibilidades que ustedes plantean y proponen. Me parece que es importante que haya una voluntad de pacto en sede
parlamentaria, una voluntad de acuerdo, al menos expresada por muchos de los partidos que aquí nos sentamos, y me gustaría que la sociedad civil, también desde la búsqueda de acuerdo de mínimos, colaborara en ese acuerdo.


Entrando en las cuestiones más concretas y más concisas, quería preguntar lo siguiente: Su sindicato, ¿cómo propondría conciliar los intereses del profesorado, que es al fin y al cabo el sector al que usted representa, con los de la calidad
de la enseñanza? Yo he echado de menos en su exposición, permítame que le diga, las referencias al alumnado y a las familias, a los padres de alumnos. En esa calidad de la enseñanza, ¿qué papel ve usted en la evaluación? Porque difícilmente se
pueden mejorar los sistemas si no se evalúan, si no se conoce cuáles son los resultados. ¿Cuál es el sistema de evaluación para el sistema educativo que ustedes propondrían? En cuanto al acceso al profesorado me gustaría que incidiera más, si es
posible, en relación con el acceso del profesorado interino y la conciliación de garantizar o asegurar, en la mayor medida posible, la permanencia en el sistema funcionarial con los principios de mérito y capacidad, que son imprescindibles para el
acceso a la función pública.


Por último -no quiero robarle ni un minuto de su tiempo-, me gustaría que hiciera alguna reflexión sobre cómo encajan, desde su punto de vista, si es que tiene algún encaje, la libertad de los padres a la hora de elegir el centro educativo
de sus hijos o simplemente elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos en el sistema que usted nos propone.


Espero que su comparecencia en esta Comisión haya resultado tan agradable para usted como lo ha sido para nosotros.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valmaña.


Señor Benavent, tiene usted algo más de diez minutos, porque se han portado estupendamente y, algunos, se han ajustado a sus cinco minutos.


El señor COORDINADOR DE ACCIÓN SINDICAL Y POLÍTICA EDUCATIVA DE LA CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA INTERSINDICAL, STES-I (Benavent Martínez): Vamos a hablar muy rápidamente, pero nos preocupa la
cuestión de las transferencias. Sirve también para responder a Ciudadanos.


Nosotros, como sindicato, incluso, somos una confederación, y respetamos completamente la autonomía de nuestros sindicatos territoriales. Pensamos que este modelo de convivencia a nosotros nos funciona, y pensamos que también puede
funcionar en el Estado español. Por tanto, el alto grado de soberanía no está reñido en ningún momento con la convivencia bien dentro del Estado o en otros ámbitos supranacionales.


Me pregunta por compromisos de financiación. Evidentemente si no hay un compromiso de financiación difícilmente podremos llegar más adelante.


Compartimos la idea de que las comunidades autónomas están castigadas con las transferencias; pensamos que las transferencias deberían ser más diversas, tener un papel menos centralizador del Estado y una capacidad más ejecutiva por parte
de las administraciones -esto también debería tenerse en cuenta en educación-.


En cuanto a la heterogeneidad pública-privada y las cuestiones de la concertada, nosotros -y es una pregunta que también se ha hecho desde más grupos- no hemos dicho que vayamos a comernos a la concertada; hemos dicho que tememos un poco
los avances, cada vez mayores, de la enseñanza privada concertada, porque a nuestro juicio ya están superando los límites de lo que es el derecho a la enseñanza y las etapas educativas; al final parece que se pueda concertar todo. Además, incluso,
el gran crecimiento, que a veces se habla poco, de la privatización de la universidad, tampoco lo vemos, sobre todo desde los puntos de calidad de la enseñanza universitaria, y la verdad es que las críticas de las que se habla son bastante
negativas. No se trata de vender títulos, se trata de tener una auténtica formación y garantizar una buena investigación por parte de nuestras enseñanzas superiores. Por tanto, no estamos demonizando la enseñanza privada concertada, sino que tiene
que tener su lugar y no tiene que sobrepasar de ahí.

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Sobre la cuestión de dónde la limitamos, la hemos limitado muy claramente en el texto. Al menos que se paralicen los conciertos con los centros que segregan por sexos. También hemos propuesto otra condición: que no haya más concesiones de
suelo público para la escuela privada -la escuela concertada entendemos que también es privada-.


Sobre las imposiciones lingüísticas entendemos -son preguntas que voy a responder a la vez, tanto a Esquerra como a Ciudadanos-, incluso desde un punto de vista no ya político sino socio lingüístico, hablamos de lenguas dominantes y de
lenguas minorizadas. No se trata de un concepto político. Las lenguas minorizadas lo son por defectos de los poderes políticos, luego implementadas, además, con otras presiones socioeconómicas, que derivan de esos mismos poderes políticos. Ese es
un proceso histórico que se da no solo en el Estado español sino en todo el mundo.


La diversidad lingüística es una riqueza de la humanidad, y todos los pueblos, todas las personas, tienen derecho a tener su lengua. No se puede consentir su retroceso de ninguna de las maneras. Aquí en el Estado español tenemos diferentes
situaciones, hay situaciones de mayor minorización lingüística y hay situaciones de menor minorización lingüística, pero en cualquier caso, todos los casos están minorizados, desde aquellos donde se ha desarrollado una mayor normalización
lingüística hasta aquellos que ni siquiera ha empezado a considerarse, como pueden ser los casos, que a veces ni se consideran lenguas, como pueda ser el caso del asturiano, del aragonés, etcétera, porque no hay un verdadero criterio lingüístico.
Cualquier forma de manifestación lingüística, es lengua, y esto es riqueza y patrimonio de la humanidad y, por supuesto, de sus hablantes. Y esto tiene que protegerse; los derechos lingüísticos están reconocidos como derechos de la humanidad. Por
tanto, entendemos que favorecer aquellas lenguas que han estado y están en proceso de minorización no es una imposición, sino más bien todo lo contrario, es reflotar lo que estaba presionado; la imposición es lo que presiona, reflotar, en todo
caso, sería liberar de una opresión, de una presión política, social e histórica.


Sobre las preguntas que me hace la señora Martínez, de Ciudadanos, hay una sobre qué opinamos de la mesa sectorial de educación. La mesa sectorial de educación se creó hace año y medio, afortunadamente ha sido la última en crearse dentro de
las administraciones públicas, pero no se ha convocado prácticamente para nada. La semana pasada se nos convocó a una reunión que podría ser más importante, una reunión que se convoca precisamente en el ámbito en que la huelga está anunciada, la
huelga que hemos convocado, pero no sirvió para nada; no se ha podido establecer un calendario de negociaciones, un compromiso, todo se dejó pendiente de la aprobación de los presupuestos; no ha habido tampoco un compromiso con la cuestión de las
oposiciones, que también por los diputados aquí presentes se ha expresado la preocupación.


Respecto al tema de las oposiciones, lo lógico sería que hubiera habido normalidad, es decir, que lo que se esperaba este año, como mínimo, la recuperación de la tasa de reposición al cien por cien, se hubiera mantenido. En todo caso a los
STES nos preocupa, sobre todo cuando estas tasas de reposición se pueden disparar, que si el personal interino que ocupa una grandísima parte, un 25%, no es cualquier cosa, del profesorado de la educación pública, que una gran parte de este
profesorado pueda quedar fuera con estos procesos selectivos. No nos oponemos a estos procesos pero sí exigimos que haya un proceso de estabilidad para que esta gente, que sí que tiene -y tengo que decirlo aquí- reconocidos unos méritos de
capacidad y de mérito para ser profesor y profesor interino, se pasan unos filtros, se presenta la gente a oposiciones, lo que pasa es que no había suficientes plazas. Si en estos últimos años no ha habido plazas o ha habido dos o tres plazas eso
no quiere decir que los que no hayan aprobado las oposiciones sean menos idóneos que los que en otros años han aprobado. No se han superado porque la oposición no elige a la mejor capacitación docente, sino lo que se elige es la ocupación de la
plaza docente que se ofrece, que es algo muy distinto. Por tanto entendemos que el profesor interino, aparte de que su formación inicial está reconocida y está reconocida legalmente, hay que reconocerle su capacitación. Pero además ha superado
procesos o ha pasado por procesos selectivos, y si no hubiera pasado por estos procesos selectivos no hubiera sido seleccionado para profesor interino.


Se nos ha preguntado por la iniciativa del anterior ministro del PSOE, señor Gabilondo. Participamos entonces, con bastante esperanza, tengo que decirlo, en esa iniciativa. Conforme fue avanzando se fue complicando la situación, sobre todo
porque la derecha y por algunos intereses, intereses más de lobby, de presión, que no meramente educativos, incidieron bastante en la consecución del pacto; es la crítica que hemos hecho. Pensábamos en ese sentido que no tendrían que haberse dado
tantas concesiones, sino haber procurado un pacto -y sabemos que esto es complicado políticamente- por la escuela pública, que es lo que queremos subrayar e incidir. Al final el que acaba pagando todos los malos pactos

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es la escuela pública. Es el resultado de lo que está pasando, cada vez es mayor en la privatización o en la concesión de conciertos, mientras que nos encontramos con una escuela pública cada vez más deteriorada, por diferentes razones.


Una pregunta que se me ha pasado responder del señor Olòriz -ahora tengo dudas de si ha sido el señor diputado de Esquerra- era qué requisitos se exigen al profesorado de la escuela concertada o la escuela pública que, al fin y al cabo
tienen que dar la misma calidad educativa a sus alumnos. En la escuela pública tenemos un filtro de oposiciones pero, ¿qué ocurre con la concertada? ¿Hay o no enchufismo? Eso cada centro lo sabrá o cada patronal, pero no hay homologado un sistema
de acceso de ingreso en la docencia que garantice esa calidad en la escuela, con lo cual nos podemos encontrar a partir de aquí con ciertas reflexiones respecto a esto. Es decir, está claro por qué recurrimos en la educación pública, porque la vida
pública lo exige y porque los requisitos también constitucionales así lo demandan. En cambio, en la educación privada y concertada, la educación, que es un derecho fundamental, sigue otros criterios para la incorporación del profesorado. Esto
evidentemente debería tener una regulación más homogénea, atendiendo a lo que en realidad tiene que ser la función docente. Nosotros, personalmente, también dudamos, y lo hemos dicho, del actual sistema de oposiciones, digamos que es un sistema
viejo, igual que también -es una pregunta que se ha hecho repetidamente- tenemos nuestra crítica sobre la formación inicial, sobre todo para el profesorado de secundaria, que está más formado para la especialización que para la enseñanza. Por
tanto, tienen una falta evidente de herramientas pedagógicas y didácticas que inciden luego, efectivamente, en el ejercicio de su trabajo en las aulas.


Por esto, precisamente, nosotros hablamos de cuerpo único de enseñanza, porque entendemos que tiene que haber una formación inicial común para todo el profesorado, y evidentemente luego puede haber una especialización para cada finalidad a
la que vaya destinada en concreto el profesorado. Pero incluso el cuerpo único de enseñanza puede tener pasos y traspasos en su misma actividad, donde se pueda pasar desde una enseñanza primaria, por qué no, a una enseñanza secundaria. En
principio no habría ningún problema para que, a nivel formativo inicial, se pudiera dar esta formación. Y porque también es bueno que un profesional de la enseñanza pueda ir moviéndose entre las diferentes edades de formación para comprender mejor
su trabajo y las necesidades del alumnado. Y esto afectaría también de alguna manera a la formación profesional. Habría que estudiarlo, sería un caso quizá más difícil, pero nosotros insistimos en que lo que tiene que haber es un cuerpo único de
enseñantes. No confundamos esto, tal como están ahora las cosas, con el cuerpo de maestros o el cuerpo de secundaria, pues es una definición también la catalogación funcionarial. Este es un aspecto importante pero secundario. Pero bueno en ese
cuerpo único de enseñantes todo el mundo sería del cuerpo A, evidentemente, del cuerpo A-1 como los de secundaria, iríamos para arriba. De hecho también con los nuevos estudios universitarios para magisterio se ha avanzado en este sentido; ha ido
subiéndose también los años de formación y por tanto ahora prácticamente estamos hablando ya de una licenciatura como las demás. Por tanto no es un problema de titulación, es un problema de cómo queremos formar al profesorado.


La señora PRESIDENTA: Señor Benavent, tiene que ir terminando.


El señor COORDINADOR DE ACCIÓN SINDICAL Y POLÍTICA EDUCATIVA DE LA CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA INTERSINDICAL, STES-I (Benavent Martínez): Y mi voz también está fallando.


Me preguntan por muchas cosas. Por atender algunas preguntas más, entendemos que la participación, más allá de este foro tiene que abrirse a un foro más amplio, un foro que tiene que ir más allá incluso del Consejo Escolar o de la mesa de
negociación, también con el Consejo Escolar del estado, evidentemente, también fundamentalmente con la mesa sectorial de negociación, porque es el órgano donde el profesorado tenemos nuestros derechos de negociación, pero también más allá, en un
foro más amplio, que se debería de implementar, no existe, pero sería bueno que hubiera un foro más amplio de debate en profundidad de cuál es la educación que queremos, que, insistimos, para nosotros es la educación que refuerce el sistema público
de enseñanza.


No sé si me dejan decir algo más.


La señora PRESIDENTA: Un minuto.

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El señor COORDINADOR DE ACCIÓN SINDICAL Y POLÍTICA EDUCATIVA DE LA CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA INTERSINDICAL, STES-I (Benavent Martínez): Un minuto.


Sobre la libertad de elección de centros, que pregunta el Partido Popular, la hemos considerado siempre un falso razonamiento, disculpe. ¿Por qué falso razonamiento? Porque no se razona sobre el derecho fundamental a la educación. El
debate no está en qué educación quiero, sino que educación es necesaria. Por tanto, la educación pública puede solucionar todas las decisiones educativas de todo el alumnado. ¿Qué hay educación concertada? Sí. ¿Qué hay educación concertada que
no se rige por los mismos parámetros que otra educación privada y concertada? También, tenemos las ikastolas, tenemos cooperativas, aquí hay mucho que hablar, el tema es complejo. Pero no entendemos que sea una cuestión de libertad, que haya una
elección, sí, pero como un derecho no, el único derecho es el derecho fundamental a la educación, y este derecho fundamental tiene que ser en igualdad de condiciones y de equidad para todo el mundo. Por tanto, no camuflemos con una libertad de
elección de centros lo que luego acaba siendo un desequilibrio, una desigualdad en la educación de las personas, porque a veces se llega ahí. Estamos llegando ahí, ya hemos llegado. Por tanto insistimos en que es un derecho fundamental y lo que
intentamos evitar con ello también es que la educación pública sea algo marginal, mientras que la educación privada y concertada sea una cuestión de élites más que de elecciones.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Benavent, por su intervención, por sus contestaciones. Si alguna cuestión de las planteadas por su parte cree que necesita una explicación mayor, una contestación más amplia, nos la envía a
la Comisión y nosotros la haremos llegar a los miembros de la misma.


Muchas gracias.


El señor COORDINADOR DE ACCIÓN SINDICAL Y POLÍTICA EDUCATIVA DE LA CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA INTERSINDICAL, STES-I (Benavent Martínez): Aprovecho finalmente para señalar que en cualquier
momento que ustedes quieran que hablemos tranquilamente sobre cualquier situación, sepan que estamos abiertos a mantener todos los contactos necesarios, sin limitación de tiempo ni de otras cuestiones.


Muchas gracias otra vez.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Benavent.


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA, CECE (AGUILÓ PASTRANA), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. (Número de expediente
219/000299).


La señora PRESIDENTA: Vamos a dar la bienvenida a don Alfonso Aguiló Pastrana, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza y miembro del Consejo Escolar del Estado, que ha sido tan amable de aceptar nuestra invitación
para comparecer en esta Comisión, donde estamos tratando de hacer los trabajos correspondientes para llegar a un pacto sobre la educación.


En primer lugar tomará la palabra, como siempre, don Alfonso Aguiló Pastrana, por un tiempo entre 20 y 30 minutos; a continuación los representantes de los distintos grupos parlamentarios intervendrán por cinco minutos y finalmente,
dependiendo del tiempo que nos quede, como mínimo tendrá 10 minutos el señor Aguiló para las contestaciones planteadas por los distintos portavoces. Quiero manifestarle que en caso de que alguna de las preguntas se quede sin responder por falta de
tiempo, nos gustaría muchísimo que nos las hiciera llegar por escrito a la Comisión.


Tiene la palabra don Alfonso Aguiló Pastrana.


El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA, CECE (Aguiló Pastrana): Muchas gracias por haber sido convocado a esta subcomisión, y enhorabuena por el ánimo de acuerdo que la sustenta, y por la receptividad y la
cordialidad con que observo que se viene desarrollando en todos estos días previos.


En primer lugar, como presidente de CECE tengo que decir que hablo aquí en nombre de una institución que viene trabajando por la enseñanza desde los primeros momentos de la transición política en este

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país. De hecho, el padre Martínez Fuertes, fundador y primer presidente, tuvo un papel muy relevante en la redacción del artículo 27 de la Constitución que fue, quizá, el primer gran pacto por la educación por este país y creo que un buen
referente para el trabajo que aquí nos ocupa.


CECE es una institución que engloba entidades educativas de todo tipo y en todo el territorio del Estado: escuelas grandes, pequeñas, urbanas y rurales, confesionales y laicas, cooperativas, escuelas infantiles, escuelas de formación
profesional, de educación especial, en todo el territorio de muy diversos niveles educativos y situaciones socioeconómicas. Somos, por tanto, una organización extremadamente plural, con un profundo compromiso social y en nuestros centros buscamos a
un tiempo la equidad y la excelencia.


Queremos ser la voz de un espectro grande de personas e instituciones muy implicadas en la educación y siempre insistimos en que no somos una institución que defienda los intereses de unas empresas educativas, sino que apuntamos mucho más
alto: buscamos lo mejor para la educación, porque en educación estamos convencidos que tiene que primar el interés general sobre el particular, puesto que hablamos de algo tan serio como educar a ocho millones de alumnos y alumnas que hay en las
aulas de las escuelas de este país.


Al decir esto, quiero también precisar en primer lugar que deseamos, como el que más, una excelente enseñanza pública. Siempre lo hemos dicho y lo reitero hoy aquí, porque CECE tiene un profundo aprecio por la escuela pública, porque
tenemos un profundo aprecio por la pluralidad y queremos trabajar codo con codo con todos. Y la primera muestra de ese espíritu de acuerdo es no oponer lo que no tiene por qué estar opuesto. Queremos que mejore toda la enseñanza, tanto la pública
como la concertada, como la privada, porque queremos una excelente escuela plural en todos los territorios y en todos los niveles.


Nos gustaría que se centraran los debates sobre educación en las cuestiones esenciales, las cuestiones más significativas, de las que dependen las cosas importantes, como, por ejemplo, el fracaso escolar, el abandono temprano, el desempleo
juvenil, la falta de equidad, el bajo nivel de idiomas, la falta de oportunidades para acceder a la excelencia, etcétera. Pienso que los índices de fracaso escolar y abandono temprano generan múltiples problemas sociales, muy dolorosos y desde
luego muy bien conocidos por quienes trabajamos en la enseñanza. Yo, en particular, puedo decir que he sido once años director de un centro de casi dos mil alumnos, en un distrito desfavorecido de Madrid, y hablo de estas cuestiones creo que con
cierto conocimiento de causa sobre los graves problemas sociales que generan los niveles de abandono que hay en nuestro país. El artículo 27 de nuestra Constitución, que, como he dicho antes, siempre se invoca como el primer gran pacto de Estado
por la educación, habla con claridad de que la enseñanza tiene que ser plural y para que la enseñanza sea plural es obvio que necesita financiación pública porque si no solo sería plural para quienes pueden pagarla, lo que sería contrario a la
equidad. Ahí está el anclaje constitucional del sistema de conciertos. Y en estos treinta años, desde que en 1985 el presidente González diera lugar a la Ley Orgánica de Educación, a la LODE, ha habido de modo sostenido unos dos millones de
alumnos escolarizados en la red concertada, en un ámbito de libre concurrencia. Y pese a estar dotada de una financiación mucho menor, las familias están satisfechas con esa oferta, como lo demuestra la demanda que hay. Tengo que añadir, como es
natural, que si la financiación fuera más próxima a los costes reales de la enseñanza evitaría que esos centros concertados tengan, en muchos casos, que casi mendigar ayudas voluntarias a los padres.


Pero antes quisiera ampliar el foco de lo que entendemos por pacto y lo que debe significar ese espíritu de acuerdo tan importante. Entiendo que pacto no es simplemente el álgebra de votos en el Congreso de los Diputados a la hora de votar
una ley orgánica; pienso que el espíritu de acuerdo del que hablamos tiene que estar en todos los niveles, empezando, en primer lugar, por el clima de acuerdo entre la familia y la escuela, que puede mejorar mucho para trabajar en más sintonía.
Luego el clima de acuerdo y colaboración entre los profesores en un centro para formar un equipo y superar los grandes desafíos que tiene planteada la educación. También, la colaboración entre escuelas, para que se transfiera conocimiento de unas a
otros entre los territorios. Y más acuerdo y colaboración entre sindicatos y patronales y asociaciones de padres y de alumnos, y más colaboración entre las administraciones territoriales y los centros. Debe haber un trabajo conjunto entre todos
que permita que ese espíritu de acuerdo sea algo que cale por completo en la sociedad. Todos debemos poder mirar cara a cara a la gente y decirles que ponemos la educación en primer lugar, que llegamos a acuerdos porque queremos servir a los
intereses de nuestra sociedad y que tenemos un papel importante para que las nuevas generaciones estén a la altura de los retos que hay en el horizonte.

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Queremos aportar nuestro apoyo para construir un gran pacto de Estado social y político por la educación, y creo que necesitamos a todos. No tiene sentido discutir en quién es subsidiario de quién, sino que debemos centrar nuestro esfuerzo
en estimular el trabajo de todos, sin imponer modos que uniformizan y empobrecen el sistema educativo. Y esa cultura del acuerdo es imprescindible para que en vez de culpabilizarse unos a otros nos centremos todos en resolver los problemas que hay,
nos centremos en la buena gestión de los recursos educativos disponibles, y lo digo pensando tanto en el profesor en el aula como en los equipos directivos, como en las administraciones educativas. Trabajar mejor, trabajar en equipo, buscar
sinergias, no refugiarse en el victimismo para no mejorar.


Pienso que oponer la enseñanza pública a la concertada es un atavismo que solo se mantiene en muy pocos países occidentales. En estos últimos años yo he tenido personalmente la oportunidad de viajar a más de veinticinco países y he podido
conocer bastante de cerca muy diversos sistemas educativos, y tengo que decir que en pocos sitios hay un sesgo político e ideológico en la educación como el que parece haber ahora en España, y habiendo tantos problemas tan graves en la enseñanza,
¿por qué los debates se centran tantas veces en cuestiones colaterales y no en los verdaderos problemas reales que tiene la educación en este país? Añadiría que en muchos países, en la mayoría de los países más avanzados de Occidente, la sociedad
civil gestiona con toda normalidad gran parte del espacio público, mucho más que en España, donde a algunos les parece que solo el Estado puede gestionar honestamente lo público. Yo diría que igual que la iniciativa privada gestiona el espacio
político o el espacio sindical, por ejemplo, porque hay que recordar que los partidos políticos, gracias a Dios, no son públicos y los sindicatos tampoco lo son. Hace mucho que dejó de haber un partido único y un sindicato vertical. Los partidos
son organizaciones privadas al servicio del espacio público, y es así en el espacio político, en el sindical, en el de los medios de comunicación o en el de la cooperación internacional y, como es natural, también lo debe ser en la educación. De
hecho, creo que salvo Corea del Norte y algún otro país, a muy pocos países se les ocurre decir que debe haber una escuela única.


Urge atraer talento a la educación, no hostigarlo; trabajar sin frentismos, sin querer excluir a nadie, sin legislar contra nadie porque nadie sobre en la educación. Nos preocupa, como decía, que surjan propuestas estatalizadoras, que
pretendan ahogar la enseñanza concertada para establecer poco a poco una escuela única, como si la escuela única fuera el paraíso de la igualdad de oportunidades. Porque la enseñanza concertada no existe para llegar a donde no llega la pública o
porque sea más barata, sino para que todos puedan elegir escuela financiada dentro de una oferta plural. Esto es una necesidad si se quiere que haya al tiempo equidad y pluralidad. En una sociedad democrática no cabe el sindicato único, ni el
partido único, ni la prensa única, ni tampoco la escuela única. Hay que evitar ese frentismo entre pública y concertada porque son retóricas que contaminan el debate. Apostamos por una educación de calidad, plural, accesible a todos y apostamos
por la equidad, por la igualdad de oportunidades y por una buena educación sin apellidos, sea pública, privada o concertada.


Como han dicho otras personas que me han precedido en el uso de la palabra, pienso que el mayor enemigo del pacto es el poco amor a la pluralidad, el deseo de legislar contra otros en vez de construir espacios de diversidad y de encuentro.
El gran enemigo del acuerdo es la voluntad de combatir al otro, hacer ostentación de las diferencias, impedir que haya espacio para soluciones diferentes de las que a uno más le gustan. Eso sería como legislar dificultando la diversidad de partidos
o sindicatos o favoreciendo a los que a uno más le gustan. Los partidos y los sindicatos reciben por ley dinero público según el número de representantes al que otorgan su confianza los ciudadanos. En educación debe suceder algo parecido: los
centros deben recibir financiación en función de cuántas familias les otorgan su confianza eligiendo ese centro.


Los marcos normativos generales no deben ser ideológicos, sino abiertos a todos. La Ley Orgánica de Partidos de 2002 o la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985 así lo disponen. Obviamente debe suceder lo mismo con las leyes de
educación. La ley obliga a financiar a los partidos y sindicatos sin condicionarlo a su ideología o a que gusten más o menos a quien gobierna. Lo mismo debe suceder con la enseñanza para que sea realmente plural. La consecuencia inmediata de todo
lo que acabo de decir es la necesidad de atender la demanda social para efectuar la planificación educativa de cada curso escolar.


En cuanto al porcentaje del PIB dedicado a la enseñanza, deseamos, como es natural, que se incremente la financiación y pedimos que haya una reversión de los recortes habidos, tanto en la enseñanza pública como en la concertada, en cuanto
esto resulte posible.


Somos partidarios de evaluar el trabajo de los profesores y de los centros. Eso no significa hacer rankings o clasificaciones de centros ni considerar que todo se mide simplemente en resultados, y sin

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confundir calidad con resultados, porque sabemos que hay centros de gran calidad en distritos desfavorecidos que logran, quizá, peores resultados pero logran socializar y sacar adelante a personas en situaciones de vulnerabilidad.


Estamos a favor de la evaluación porque debe haber una rendición de cuentas del dinero público invertido y sobre todo de la responsabilidad que supone asumir la educación de personas. La evaluación sabemos que es fundamental para lograr
avances significativos, pero debe ser una evaluación bien hecha, que ayude a cerrar las brechas sociales. Excelencia y equidad deben exigirse mutuamente, puesto que la equidad es precisamente hacer posible el acceso a la excelencia a cada uno,
hacer posible rendir su propio talento. Y queremos evaluaciones que no estigmaticen a nadie, que no conduzcan a clasificaciones indiscriminadas, que sirvan para detectar quién necesita ayuda y para dársela.


Estamos también a favor del 'MIR' educativo, una propuesta en la que por fortuna bastantes partidos coinciden. Pensamos que debe hacerse así con objeto de revalorizar la función docente. Deben mejorarse los procesos de selección, de
formación y de evaluación de los profesores, de modo que se logre elevar el prestigio social del profesor, fundamental para hacer bien su trabajo.


Vemos urgente también incrementar la financiación pública del tramo de 0 a 3 años, de modo que se facilite e impulse la maternidad, la natalidad, la conciliación, la formación temprana, todo ello dentro de un marco de pluralidad de oferta,
pública por un lado y sostenida por fondos públicos, a la familia o a la escuela, por otro, y en proporciones similares a las que hay en el tramo de 3 a 6 años.


Se ha hablado mucho desde diferentes partidos de que la financiación pública debería cubrir la enseñanza de 0 a 18 años. Por nuestra parte nos parece un avance muy propio de los tiempos en que vivimos. Hoy no es razonable pensar que los 16
años sean de modo habitual una edad apropiada para empezar a trabajar. Por eso es razonable que también la etapa de 16 a 18 años, sin ser propiamente obligatoria, sí esté financiada de modo generalizado.


Defendemos que haya oferta de religión en la escuela, como sucede en casi todo el mundo occidental. Pensamos que pueden encontrarse soluciones al debate sobre si es o no evaluable, buscando nuevos espacios de acuerdo; por ejemplo, que
fuera evaluable como cualquier otra asignatura pero no computable a efectos de becas o de promoción de curso. Somos favorables a la asignatura de religión no en primer lugar porque haya unos acuerdos Iglesia-Estado que respetar, sino sobre todo
porque es una enorme demanda social, en torno al 63% considerado en su conjunto, y son porcentajes que están en esos niveles desde hace décadas, cosa que no se puede obviar si se quiere contar con la voluntad popular.


Queremos también que se impulse la formación profesional flexibilizando los accesos e itinerarios, estimulando su crecimiento, su calidad, su conexión con la empresa y con las necesidades reales del mercado de trabajo. Queremos una FP dual
a medida que nuestro tejido empresarial lo pueda asumir, sabiendo adaptarse a como es nuestro país y nuestra cultura.


Creemos también en la participación educativa en los centros. Hay una excelente experiencia del trabajo de los consejos escolares, tanto en los centros públicos como concertados. Creemos en la autonomía de los centros, que, unida a la
rendición de cuentas, permite que se diseñen con flexibilidad y responsabilidad las estrategias necesarias para superar los desafíos a los que se enfrentan. Nos parece que los currículos deben dejar un cierto margen de autonomía a los centros para
poder hacer pequeñas modificaciones con las que puedan adaptarse a las necesidades propias de cada entorno específico.


La red concertada está y ha estado siempre dispuesta a recibir a todos los alumnos inmigrantes o con necesidades educativas especiales que lo deseen. De hecho, en los centros concertados hay un 25% del total del alumnado del país, pero en
centros concertados de educación especial hay un porcentaje muy superior, del 42% de los alumnos de educación especial de este país. La red concertada se ha manifestado dispuesta a estar aún más presente en el medio rural, en la educación especial,
en las zonas donde haya más inmigrantes. Y tengo que decir que si hay unos puntos porcentuales menos de presencia de inmigrantes en la escuela concertada que en la escuela pública es sobre todo porque en muchos lugares esas personas solo en la red
pública tienen comedor gratuito, transporte gratuito, material gratuito o más desdobles y refuerzos. Si la red concertada contara con esas ayudas, bastantes más de esos alumnos optarían por un centro concertado, que desde luego les acogería de muy
buen grado.


Nos parece que la apuesta por los idiomas debe ser mucho más decidida, considerando el retraso histórico de nuestro país en su aprendizaje. Todos los alumnos y alumnas deberían acabar la enseñanza obligatoria hablando correctamente inglés y
con, al menos, un cierto conocimiento de una segunda lengua extranjera.

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También pensamos que debería establecerse un plan de igualdad en todos los centros educativos con el que impulsar decididamente la lucha contra las desigualdades en todos los ámbitos. Por ejemplo, me resultó muy interesante ver el interés
que ponen en Finlandia en todo lo relativo a la educación en el cuidado. Los chicos y chicas aprenden en la escuela numerosas home skills, porque consideran importante que todos salgan de la escuela con conocimientos que aseguren su completa
autonomía en la vida doméstica, que los alumnos aprendan de modo natural, desde pequeños, a cuidar sus cosas, su ropa, su alimentación, su casa, su vehículo, de la naturaleza, de otras personas, de todo. Lo consideran decisivo para educar en el
reparto de tares del hogar, en la conciliación, etcétera, cuestiones realmente importante para la igualdad.


Es también preciso hacer una apuesta clara por incentivar la innovación en la escuela. La educación debe adaptarse al tiempo en que se vive y por eso desde CECE seguimos con mucha atención todas las innovaciones que se presentan en el
panorama mundial de la enseñanza. No es buscar la innovación por la innovación. Se trata de no ser demasiado conservadores y de alentar a todos a abordar con audacia los grandes cambios que a lo largo de su vida van a vivir. Así, esa cultura del
emprendimiento en el profesor, que busca a cada momento cómo mejorar su modo de trabajar, se trasladará a los alumnos, que se harán más abiertos al cambio, a la mejora, al desarrollo, a adaptarse a los cambios que se avecinan, porque no hay que
olvidar que la mayoría de los empleos de dentro de unas décadas ahora no existen, y viceversa, y es fundamental educar para esos cambios. En ese sentido, por ejemplo, pensamos que la tecnología ha venido para quedarse y debe estar en el trabajo
diario del aula para que la incorporen a su vida en un ámbito de trabajo, de cultura, de aprendizaje y de comunicación.


Por último, diría que la sociedad está cansada de la ideologización del debate educativo, de los frentismos políticos. A muchos parece que les importa más rebatir ideas de otros que buscar solución a los problemas. Pienso que las
principales barreras contra el pacto provienen de intereses ajenos a la educación. Es preciso dejar en segundo plano los intereses particulares y centrarse con generosidad en lo que de verdad necesita la educación, trabajar con los que piensan de
modo diferente en algunas cosas y conseguir encontrarnos en las numerosas áreas comunes que tenemos, porque nadie sobra en esta grande y noble tarea de educar.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aguiló. Como le han sobrado unos minutos de la primera intervención, tendrá más tiempo para las respuestas.


Turno de portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz. Cinco minutos.


El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias, presidenta.


He de confesar un cierto cansancio y puede que mi intervención, señor Aguiló, no esté a la altura del interés que ha tenido la suya, y me sabría mal que lo tuviese en cuenta.


Hay un elemento transversal en lo que usted ha dicho en el que estoy de acuerdo, que un pacto significa escuchar opciones muy diferentes con la voluntad de llegar a una cierta síntesis en la que nadie pierda. Este es un elemento que tenemos
que tener presente. No son habituales los pactos, no en la educación, en muchos otros ámbitos; en este país ha habido una cultura del ganador, no nos engañemos, y el ganador se lo quedaba todo. Uno confiaba en que ganasen los suyos para tenerlo
todo; la realidad es mucho más plural y hemos llegado, pienso yo, a una cierta insatisfacción, que este no es un buen camino. Dicho esto, desde mi punto de vista, de profesor de la escuela pública durante muchos años, desde una ideología de
izquierdas, en este sentido históricamente partidaria del modelo público en la educación, como en la salud, como en otros elementos, tenemos la comprensión de que la vida es más plural que nuestras ideas o nuestra visión de las cosas y que de una u
otra manera tendremos que compartir, sin renunciar a nada. A ver si me explico. Mis hijos han ido a la escuela pública y yo no he renunciado por esto a otro tipo de educación para mí plural. La escuela pública ha de ser plural y es plural, y la
escuela pública educa en libertad. A veces surge la dicotomía aquella de que la escuela que da libertad es la que no es pública y parece que en la escuela pública adoctrinamos, y si somos catalanes más. Vale la pena tener presente este elemento.


Cuando haces un pacto partes de un statu quo insatisfactorio. Yo al menos he constatado por los que son, digamos, responsables de la escuela privada y de la escuela privada concertada que no están satisfechos con el statu quo; es decir,
continuar como estamos ahora, tampoco. Y en la escuela pública, tampoco. Pues este es un elemento de acuerdo; yo parto de esta base: estamos de acuerdo en que se ha

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de cambiar. En ese sentido tendríamos que llegar a una síntesis en definiciones. ¿Estamos de acuerdo en que la educación es un servicio público que se puede configurar con la, digamos, financiación pública también en la escuela privada?
Pero si la escuela privada da un servicio público, tendríamos que adoptar unas reglas comunes, y las reglas comunes no significa falta de autonomía, porque yo quiero autonomía también en la escuelas públicas, ¿me explico?, pero, repito, sí
tendríamos que tener unas reglas comunes. Usted me dirá: Bien, reglas comunes en los objetivos, pero también reglas comunes en la financiación. Bueno, lleguemos a un acuerdo de cual es -y aquí ya lo hemos dicho desde opciones diferentes- el coste
de una plaza en los diferentes ámbitos. Pienso que este es un elemento a tener en cuenta. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque el coste es más alto realmente en la escuela concertada del que recibe, pero también sería más alto en la
escuela pública si tuviésemos los medios diferentes. A veces nos pasa, y con esto acabo, que cuando discutimos de educación discutimos mucho, pero cuando se ha de aprobar es del Ministerio de Hacienda.


Quiero hacerle dos preguntas. La primera es sobre formación. ¿Ha de haber una formación común entre los profesores de pública y privada y, por tanto, un tipo de homologación, un tipo de examen común, un tipo de formación común? Segundo,
¿qué opina sobre los conciertos y su mejora?


Con esto he acabado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Olòriz.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, don Alfonso, por la exposición que nos ha hecho. Coincido con mi antecesor en que esta mañana puede ser que estemos todos muy cansados, es como la última clase, lo cual no quita ni desmerece su intervención. A lo mejor,
cuando uno tiene que exponer como profe la última clase, es todavía más difícil. Así que gracias doblemente porque le ha tocado la peor hora.


Dicho esto, quería hacerle varias preguntas, que también se han apuntado previamente. Una tiene que ver con el tema de la financiación de la escuela concertada y la renovación de los conciertos. Estamos en un momento en el que en muchas
comunidades autónomas está habiendo batallas o discrepancias, dependiendo del color del Gobierno se están renovando o no determinados conciertos, y en este sentido me gustaría saber si ustedes creen que sería necesario establecer un criterio
homogéneo para la financiación del puesto escolar y si con esa financiación y la renovación de los conciertos ustedes creen que se podría modificar el sistema de acceso de muchos niños y niñas a esos colegios, porque es verdad que la libertad de
elección es un valor pero también es verdad que no es real porque muchas veces hay barreras económicas, que ya no personales o socioculturales, para que realmente las familias puedan elegir el colegio que mejor se ajuste a su voluntad.


Por otra parte, para nuestra formación política la cuestión docente es fundamental y apostamos por un cambio no solamente en el modelo de acceso a la profesión docente, sino también en el de formación y en el de selección del profesorado.
Nuestra propuesta, la propuesta del 'MIR' educativo, tiene que ver con la formación y no tiene que ver para nada con el acceso a la Función pública, ni siquiera con el acceso al mercado laboral. Insisto en repetirlo porque hay fuerzas políticas que
se empeñan en mezclar el acceso al mercado laboral con el acceso a la formación, y el 'MIR' educativo -lo que esta formación política entiende por 'MIR' educativo- tendría que ver con el sistema para dar el título de maestro o de profesor previo a
la incorporación al mercado laboral. Ahí plantearíamos la necesidad de establecer un sistema semejante al que existe en la profesión médica, con un cambio en el acceso a la universidad, con sistemas de selección de los chicos y chicas que van a
acceder a Magisterio con pruebas diferentes a únicamente los niveles cognitivos que dan las PAU y las notas de selectividad, con un sistema de formación en las universidades y luego con un sistema de prácticas, pero de prácticas universitarias o de
prácticas formativas, que no tuvieran que ver con una sustitución de lo que son ahora los interinos, no tiene nada que ver. ¿A usted le parecería aconsejable este sistema de acreditación -semejante al que hay en la universidad- previo para poder
contratar a profesores en la escuela privada, en la pública y en la concertada?


Ustedes tienen centros privados y centros concertados, y la situación de ambos centros es distinta. Se ha hablado mucho de la autonomía de los centros y en este sentido es verdad que no es lo mismo el control que tienen los centros
concertados que los centros públicos, a los que se les ponen unas condiciones, por ejemplo de espacio, pero hay otra serie de cuestiones que la inspección no entra a

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valorar. ¿Cree usted que sería conveniente que los legisladores estableciéramos un sistema más garantista para los centros privados en algunas cuestiones que ahora mismo quedan, digamos, arreguladas?


La presidenta me ha puesto la luz roja, así que voy finalizando. Quería preguntarle por el tema de la equidad educativa entre comunidades autónomas. Ustedes tienen centros en toda España y los indicadores de PISA, que son uno de los
múltiples indicadores que podemos manejar, nos dicen que hay diferencias de hasta un curso escolar dependiendo del lugar donde hayas nacido. ¿Cómo cree usted que podríamos trabajar o intervenir para eliminar o para hacer que aquellas comunidades
que quedan más por debajo, por cuestiones múltiples que tienen a veces que ver con niveles socioculturales, etcétera, pudieran alcanzar los niveles educativos de las comunidades que están en mejor disposición?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martín.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mena.


El señor MENA ARCA: Gracias presidenta y gracias al señor Aguiló por su comparecencia esta mañana en la Comisión.


Quería abordar tres bloques fundamentales e intentaré ser conciso y concreto. El primero es el bloque de la financiación. Una parte importante de su exposición era relativa a esto; las escuelas privadas concertadas tienen una doble vía de
financiación: el concierto educativo y después la aportación -usted decía, voluntaria- por parte de las familias. Yo ha he hablado en varias ocasiones en esta Comisión sobre una encuesta que hizo, si no recuerdo mal, la OCU, la Organización de
Consumidores y Usuarios, en el año 2012, que de alguna manera decía que el 92% de las familias cuyos hijos e hijas estaban matriculados en escuelas concertadas no eran conscientes de que esa era una cuota voluntaria. Por tanto, le quería preguntar
si usted, como representante de estas escuelas, tiene esa concepción y de qué manera podríamos concienciar a las familias que tienen a sus hijos o hijas escolarizadas de que la cuota es voluntaria y que, por tanto, esa cuota no puede ser una barrera
que se utilice como selección del alumnado por parte de determinadas escuelas.


El segundo bloque, también importante y que ha salido en esta Comisión en diferentes ocasiones, es sobre la precariedad que existe, sobre la falta de estabilidad en la función docente en las escuelas públicas. Creo que esa situación es
mucho más compleja, se complica todavía mucho más en las escuelas privadas y en las escuelas concertadas. Quería saber si ustedes tienen alguna propuesta para garantizar la estabilidad del profesorado en las escuelas privadas y las escuelas
concertadas, y si de alguna manera tendríamos que tender a que hubiese una misma formación, pero también unas mismas exigencias, unas mismas retribuciones, unos mismos procesos de selección para los profesores y profesoras que ejercen en las
escuelas privadas y en las escuelas concertadas, y también una misma dedicación. Yo he sido profesor en la escuela pública, pero tengo compañeros de carrera que han ejercido en la escuela privada y en la escuela concertada y tienen unas funciones
que no son las funciones que tienen el resto de profesores en las escuelas públicas. Por ejemplo, algún compañero me ha comentado que una parte de las funciones que tenían en la escuela privada y concertada era la de prácticamente monitor
extraescolar y de comedores escolares. Quiero saber si usted entiende que esas funciones debemos regularlas de alguna manera, y no solamente por las condiciones laborales del profesorado, sino porque se está invadiendo la posibilidad de que otra
persona tenga un puesto de trabajo, si es el profesor o la profesora de la escuela quien ejerce las funciones pedagógicas que se deben desarrollar en el marco de un comedor escolar, por poner un ejemplo concreto.


Y el tercer bloque, al que usted también ha hecho especial mención y que ya hemos oído en esta Comisión, es relativo al famoso artículo 27 de la Constitución. Ustedes leen que este es el artículo que permite una triple red educativa en el
Estado español: la pública, la privada y la concertada. Yo enciendo que la pluralidad ya se da dentro de la escuela pública. Usted sabe que la escuela pública no es una escuela homogénea, es una escuela heterogénea; al final, lo que garantiza
esta artículo es el proyecto curricular, el proyecto de centro, el proyecto educativo y pedagógico que tiene cada centro, y los datos que usted aportaba no son los datos que oficialmente barajamos, por lo menos en el marco de la Unión Europea.


Según datos de la agencia Eurostat, que es la base de datos de la Unión Europea, en mayo de 2016 -estamos a la espera de que salgan las cifras relativas al año 2017- España estaba 22 puntos por encima de la media en escuelas no públicas en
el sistema educativo; en primaria las escuelas que no son públicas representan el 32% -escuelas privadas o privadas concertadas-, mientras que la media de la

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Unión Europea está en torno al 10%. Por tanto, estamos 22 puntos por encima de la media. Países como Irlanda, Letonia, Lituania, Rumania o Croacia tienen un 98% de escuelas públicas; Alemania tiene el 92%; Finlandia tiene el 97%;
Italia, el 91,9%; Grecia, el 93%; Noruega, el 97%, Francia, en primaria, el 87%. Repito, son datos de Eurostat, la agencia de análisis de datos de la Unión Europea en mayo de 2016. El único país que supera a España es Bélgica, con lo cual
probablemente estemos ante una anomalía que de alguna manera tenemos la obligación de corregir en el marco legislativo.


Acabo. En lo que respecta al ámbito de los conciertos, quería saber su opinión sobre si debemos seguir sosteniendo con dinero público aquellas escuelas privadas y concertadas que segregan a los alumnos en función del género.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mena.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cruz.


El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Gracias presidenta.


Muchas gracias, señor Aguiló, por su intervención. Iba a decir gracias a mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra porque me han evitado el hacer algunas preguntas, pero no todas, y va a ser inevitable cierta reiteración.


En primer lugar, quiero felicitarle por su intervención, porque creo que ha hecho una magnífica defensa de la escuela concertada sobre todo. Y lo digo sin ninguna ironía; creo que es importante no hacer un debate simplista, maniqueo y
mostrar la realidad, y prefiero decir la heterogeneidad que la pluralidad, la heterogeneidad de los centros concertados, porque me parece que refleja mejor la realidad de las escuelas concertadas que las visiones simplificadoras. En ese sentido,
cuando usted apela a la intervención de los centros concertados trabajando en sectores desfavorecidos, etcétera, es cierto. Por tanto, no es retórica, ni mucho menos, el que usted pueda decir que la equidad no está reñida con la excelencia.
Celebro que usted diga esto.


Por otro lado, saludo casi con alegría todo lo que usted ha dicho a favor de la voluntad de pacto. Creo que es enriquecedor cómo ha dibujado usted ese pacto, no solo en el sentido, como usted ha dicho, de álgebra de votos en el Parlamento,
sino como pacto entre los muchos sectores que la componen. Igual que podemos incurrir en una simplificación al hablar de la política, podemos hacerlo al hablar de la comunidad educativa, como si la comunidad educativa fueran solo los nuestros. No,
la comunidad educativa, como usted ha dicho, es compleja y requiere acuerdos con familias, profesores, escuelas, sindicatos y territorios. El reconocimiento de esta complejidad me parece fundamental.


Dicho todo esto, es cierto algo que le han comentado mis compañeros. Estoy de acuerdo con esta idea de que en el horizonte sería deseable que fuéramos capaces de sustraer la educación del debate político, sobre todo en el sentido más
coyuntural de la palabra. Creo que ahí deberíamos estar todos de acuerdo. También deberíamos ir con cuidado para que de ahí no se desprendiera un recelo hacia la política ni hacia los políticos, porque creo que no sería en absoluto beneficioso.
Es decir, de la misma forma que usted decía que hay que apoyar a aquellos centros a los que las familias prestan su confianza, a los que estamos aquí nos han prestado su confianza los ciudadanos; por tanto, un cierto crédito se nos debería
conceder.


En todo caso, continuando con el tono de las intervenciones que me han precedido, fíjese que antes he dicho que prefería hablar de las escuelas concertadas como heterogéneas más que como plurales. No discuto la pluralidad, por supuesto,
pero yo no daría por descontado que heterogeneidad y pluralidad son lo mismo, porque podemos incurrir -y creo que ya se lo han señalado- en una especie de frontera o línea de demarcación según la cual la pluralidad tendría que ver con la
heterogeneidad de la sociedad y usted establecería un continuo entre público, estatal, único y uniforme, es decir, prácticamente todos los males. Usted ha citado Finlandia positivamente pero también le ha recordado mi compañero que en Finlandia el
sistema es fundamentalmente público, pero yo le pondría otro ejemplo porque, según ese argumento, la universidad española hasta hace cuatro días era coreana porque toda ella era pública, sin embargo, había libertad de cátedra y, por tanto, había
pluralidad. Creo que plantearlo así a lo mejor no es bueno ni para quien defienda la concertada ni para quien defienda la pública.


El problema es que llega un momento en el que hay que tomar decisiones. Entonces, ¿con qué criterios tomamos decisiones? Me da la sensación de que su intervención de alguna manera quería salvar la imagen, el buen nombre y la necesidad de
que eso siga existiendo. El problema, cuando hay que tomar decisiones, es con qué criterio se toman. Por ejemplo, ¿a usted qué le parece que haya comunidades

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autónomas en las que se cede suelo público para escuelas concertadas en vez de para construir escuelas públicas? Si en un momento determinado el Estado consigue tener más recaudación y tiene más recursos, tendrá que tomar decisiones de
crear nuevos centros públicos donde pueda haber una demanda. ¿Con qué criterios se toman estas decisiones? Insisto, lo que usted dice me parece perfectamente correcto para describir lo que hay, pero ¿y para decidir lo que se ha de hacer?


Permítame que haga unas últimas reflexiones antes de que la presidenta me llame al orden. Tan plural se puede ser siendo confesional como siendo laico. El laico lo único que dice es que el espacio de lo religioso ha de estar diferenciado,
no está diciendo que se deba prohibir ni que se deba anatemizar. Es decir, una persona puede ser absolutamente confesional, católica, etcétera, y ser partidaria de la laicidad sin la más mínima contradicción.


Por último, esa encuesta que usted maneja sobre la demanda de religión a lo mejor debería de matizarse. ¿La oferta de religión es una oferta doctrinal, catequética o del hecho religioso? Porque, probablemente, en la presencia del hecho
religioso muchos estaríamos de acuerdo, de lo que no estoy tan seguro es en que hubiera una mayoría abrumadora en demandar catequesis en la escuela.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cruz.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias. presidenta.


Señor Aguiló, quiero darle la bienvenida a esta Comisión en nombre del Grupo Parlamentario Popular y agradecerle su clarificadora intervención. Me va a permitir que inicie mi intervención con una serie de reflexiones que intentarán
completar algunas de las que ha formulado usted en su exposición y que compartimos totalmente.


Estamos, efectivamente, en un momento muy importante. El contexto global en el que vivimos nos obliga, a los miembros de esta Comisión y al conjunto de la sociedad, a acertar a la hora de identificar los desafíos a los que tiene que
enfrentarse el conjunto de la sociedad en diferentes ámbitos y, por supuesto, en el sistema educativo. Porque la educación -usted también ha hecho referencia a ello- es extremadamente relevante. Es importante que acertemos en esta Comisión en el
diagnóstico de los desafíos de futuro y es importante también que lo construyamos sobre los consensos alcanzados, sobre los derechos y las libertades que hemos conquistado y también sobre las medidas acertadas, para seguir avanzando en aquello en lo
que hemos acertado y desterrar aquello en lo que evidentemente todos, absolutamente todos, nos hemos equivocado. No creo que le pueda sorprender a usted ni a nadie el respeto del Grupo Parlamentario Popular por esta Cámara. Estamos firmemente
comprometidos con la redacción del artículo 27, pero es que creo que la historia de la democracia también está comprometida con la redacción de ese artículo, porque la redacción del artículo 27 es la historia de la generosidad, de la altura de
miras, del acuerdo de los constituyentes, y a lo largo de estos cuarenta años hemos vivido en pacífica convivencia en relación con el desarrollo de ese artículo porque garantiza un derecho fundamental, como dije ayer y quiero reiterar hoy. El
constituyente incluyó ese artículo 27 en el título I, de los derechos fundamentales y libertades, como derecho fundamental que es, ni más ni menos, la libertad de enseñanza.


Nosotros creemos plenamente en la libertad; creemos en la libertad de enseñanza, en el derecho que tienen los padres para elegir el centro donde educar a sus hijos. La LODE desarrolla ese artículo 27 en su artículo 4. Creemos que los
padres tienen el derecho a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales y religiosas, porque eso también lo reconoce la Constitución española. Creemos también que la libertad de creación de centros garantiza esa libertad de
enseñanza. Por cierto, estamos en pleno siglo XXI discutiendo sobre la libertad de creación de centros y si echásemos una breve mirada sobre la historia del constitucionalismo español veríamos que ya las propias constituciones de los años 1869 y
1876 reconocían a los particulares la posibilidad de creación de centros educativos. Dos siglos después, seguimos discutiendo sobre si la escuela tiene que ser única, pública y laica, o si tiene que ser una escuela plural donde las familias puedan
elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y que la propia legislación garantice esos derechos. En nombre de mi grupo le quiero decir que desde luego nuestra intención no es mirar al pasado sino al futuro, pero también es nuestra
intención aprender de algunas cuestiones que han sido piedras en el camino a la hora de alcanzar consensos. Por tanto, no perdamos de vista los consensos alcanzados.


Nosotros, por supuesto, no creemos en el enfrentamiento entre la escuela pública y la escuela concertada; tampoco creemos que los adjetivos en relación con lo bueno, lo malo, lo regular, la excelencia,

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la equidad o la falta de ella correspondan a una escuela u otra. Creemos que el conjunto del sistema educativo español ha alcanzado cotas importantes de equidad y tenemos que estar muy vigilantes para que el factor socioeconómico no
determine el resultado de los alumnos, porque eso significaría que estamos descendiendo en equidad y creo que nuestro país no se lo puede permitir. Como le decía, tenemos que mirar al futuro. Más del 70% de las profesiones del futuro en estos
momentos están vinculadas a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. De eso también tenemos que hablar en educación. En relación con los centros educativos que usted representa, me gustaría que nos expusiese el impulso -porque
me consta que existe- en relación con estas cuestiones.


En cuanto a los idiomas, por supuesto, son absolutamente importantes. Necesitamos un sistema educativo que garantice que, al menos, los alumnos finalicen la enseñanza obligatoria siendo bilingües en un idioma extranjero, y en este caso
nuestra apuesta es el inglés. Me gustaría que nos dijese su opinión sobre esta cuestión en los centros a los que representa.


Le agradecería también que nos hablase de las evaluaciones a las que se han sometido algunos de los centros a los que usted representa, porque hay resultados verdaderamente importantes que creo que debe compartir con esta Comisión. Como
usted bien decía, las evaluaciones son importantes para corregir lo que no funciona, para ayudar e impulsar al que lo necesita y para promocionar lo verdaderamente importante y lo que el sistema necesita. También le pido que hable del perfil de sus
alumnos, porque no es igual un centro educativo que se encuentra en una ciudad grande, una gran urbe como Madrid, que en una ciudad pequeña, en un barrio de renta media-alta, que un barrio más deprimido.


Por último, me gustaría que nos diera su opinión sobre cómo el carácter propio del centro y la autonomía del centro es compatible con ese principio de libertad de enseñanza.


Muchísimas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moneo.


De nuevo tiene la palabra el señor Aguiló Pastrana para contestar a las cuestiones planteadas. Como antes ha ahorrado usted casi siete minutos, tiene 17 o 18 minutos en esta ocasión.


El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA, CECE (Aguiló Pastrana): Lo primero que tengo que decir es que me alegra mucho ver el espíritu constructivo que hay en las preguntas que he recibido; si esto es así,
soy optimista con el pacto; creo que somos pocos pero yo soy uno de ellos. Además, me parece que las preguntas precisan bastantes de las cosas que quiero decir y no creo que tardáramos en ponernos de acuerdo.


Con que la escuela pública debe ser y es plural estoy totalmente de acuerdo. Creo que conozco bien la escuela pública, tenemos una buena escuela pública y lo natural, puesto que hay libertad de cátedra, es que sea plural. Lo que no es
plural es querer nacionalizar la escuela, que es lo que algunos dicen. Decir que la escuela concertada tiene que ir elegantemente desapareciendo es volver a los sistemas de monopolio, creo que felizmente superados. La escuela pública es plural,
pero no es plural querer que todo sea público. De hecho, he visitado casi todos los países del antiguo entorno soviético, Bulgaria, Rumania, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Polonia, Croacia, todos. Y todos, en cuanto tuvieron un poco de libertad, lo
primero que hicieron fue intentar que no todo fuera público, porque es el primer paso hacia la pluralidad y hacia la democracia. Con lo cual, estamos a favor de la escuela pública plural, a favor de que haya un sistema plural. Me decía usted: es
que en tal país hay un 10%, un 12%, un 14% y hay que ajustarse a eso. Creo que es tanto como decir que aquí los partidos de izquierda tienen un tanto por ciento y hay que ajustarse a lo que haya en Europa, o a lo que digan los sindicatos de
izquierda o derecha. Creo que eso no lo tiene que decidir nadie más que los ciudadanos. El tamaño de un partido, de un sindicato, no lo decide un gobierno, lo deciden los ciudadanos cuando votan. Y el tamaño de la escuela concertada, de la
privada y de la pública lo deciden los ciudadanos cuando llevan a su hijo cada mes de septiembre al colegio. Y esto me parece que nadie lo debería negar en democracia, porque creo que ninguno de los aquí presentes quiere coger a una madre, a un
padre, retorcerles el brazo y hacerle llevar a su hijo a la escuela que no quiere. Eso creo que ha estado por encima de la política y de la ideología. Por otro lado, me gusta más hablar de servicio de interés público, porque servicio público en
España se refiere prácticamente a un régimen de concesión y puede resultar equívoco. Pero coloquialmente, de acuerdo.


El coste del puesto escolar. En 2011, en tiempo de Gabilondo, pasé diez mañanas completas en el Ministerio de Educación, en Alcalá, 34, con el coste del puesto escolar, y se acabó la legislatura y no dio tiempo a terminar. Tampoco he visto
mucho interés en que se publiquen las conclusiones, pero me parece que es evidente: el coste del puesto público es mucho más alto por muchas razones, entre otras, porque

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dan menos horas de clase, como se ha dicho, y por tanto hay más desdobles, hay más presencia en el mundo rural. No es nada fácil establecer cuánto cuesta el puesto escolar, pero desde luego nosotros estamos muy a favor de que se investigue
y se hagan las previsiones necesarias para tener en consideración la diversidad. En eso estamos totalmente a favor.


En cuanto a la formación de profesores en la pública y privada, cuestión por la que han preguntado varios de ustedes, nosotros estamos a favor del MIR educativo y nos parece que el sistema que se aplica en Medicina ha sido muy bueno para el
sistema de salud español, que es de los mejores de Europa e incluso del mundo. Nos parece que estaría bien que se diera algún paso que sirviera para acreditar a los docentes y que fueran realmente los mejores. Desde luego en Finlandia -volvemos a
Finlandia, aunque hay muchos otros países que se podrían traer a colación- hay una exigencia enorme para entrar en las escuelas de Magisterio, no solamente por lo que a las calificaciones se refiere, sino también por las cualidades de comunicación y
de capacidad para dar clase. Si eso se puede ir incorporando, yo estoy a favor. En cuanto a que haya unas prácticas, como pasa en el MIR sanitario, y que eso habilite a los profesores para tener una cualificación docente mejor, también estoy a
favor. Pero luego esos médicos tienen que buscar trabajo porque se trata de acreditación, no de una oposición. ¿Qué se mejoren los sistemas para hacer las oposiciones y se tengan más en cuenta las cualidades docentes? También estoy de acuerdo.


Con respecto a los conciertos y su mejora, creo que los conciertos son muy austeros, por fuerza, porque han recibido históricamente poco dinero en España. Si uno divide el presupuesto de la concertada por el número de alumnos, aunque
depende de cada comunidad autónoma, está entre 2.500 y 3.000 euros, cuando el coste total medio es el doble. Eso hace que efectivamente tenga que haber unas actividades complementarias con una aportación voluntaria que contribuya a pagar los gastos
generales. Pero me parece que eso ha traído una cosa positiva y es que la escuela concertada en España es muy austera, tiene unos costes que son los más bajos que yo he conocido en todo el mundo, lo que a su vez ha hecho que el sistema de
conciertos español tenga unas cotas de equidad que no he visto casi en ningún país del mundo, tengo que decirlo. Yo siempre felicito al Partido Socialista por haber creado un sistema de conciertos como ese y a veces siento que no lo defienda un
poco más, porque deberían estar orgullosos. Es un sistema excelente, es un sistema que todo el sector defiende, es un sistema que está inspirado en la Ley francesa de 1959 pero que es mucho mejor, porque yo he visitado mucho Francia también y creo
que está mejor implantado. Yo les pediría más autoestima con la Ley de conciertos, que realmente se puede mejorar, como después diré.


En cuanto a si son barreras las aportaciones voluntarias, puedo contar, por ejemplo, la experiencia de Madrid, pues soy también presidente de CECE Madrid. En estos dos últimos años, sobre todo desde la última legislatura, ha habido un plan
muy intenso de control de la voluntariedad y la transparencia de las aportaciones voluntarias y de las actividades complementarias en los centros concertados. Cuando digo muy intenso quiero decir, muy, muy intenso, porque la inspección se ha hecho
centro por centro con una contundencia digna de encomio. Tengo que decir que ha habido muy pocos casos en que haya habido que pedir que se aclare más que es voluntario, que es transparente y que todo es claro. De más de 500 centros ha habido
poquísimos en los que ha habido que hacer eso. De hecho, periódicamente salen noticias en los medios de comunicación sobre las aportaciones voluntarias y los cobros y cada vez tienen menos recorrido, porque es que se ha hablado tanto en los últimos
años que hoy día es difícil encontrar a una persona que no sepa que son realmente voluntarias. En todos los centros saben que son así y que si no lo son salen en el telediario esa misma noche. Creo que esto está empezando a ser una cosa del
pasado. Además, tengo que decir que soy partidario de que quede bien claro que efectivamente es así.


Hemos hablado de la autonomía de los centros concertados. Los centros concertados reciben dinero público y tienen un control como yo creo que no tiene ningún dinero público en este país, de entrada porque el 90% va directamente a la cuenta
corriente de los profesores, con lo cual está bastante controlado, y el otro 10%, que es el que hay para gastos generales y que es, no digo insuficiente, sino mucho menos que insuficiente, tiene el control del Consejo Escolar, de la Inspección, de
la Administración educativa y de las auditorías que hacen las consejerías de Hacienda. Más regulado, imposible. Creo que el control de ese dinero público es máximo y que la autonomía que tienen los centros en el empleo de ese dinero es escasísima,
escasísima porque se va nada más llegar. En ese sentido se puede poner más regulación, pero creo que la educación en España está hiperregulada respecto a otros países. Me parece que lo que necesita es oxígeno, flexibilidad, autonomía y confianza
en los profesores, en los equipos directivos, y estímulo para que funcionen cada vez mejor.

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En cuanto a la equidad entre comunidades autónomas, creo que esto es como si en una clase llevaran tiempo sin hacerse exámenes y un buen día se hace un examen y se ve que hay diferentes notas y entonces la gente, una vez situada en el mapa,
puede decir: es que el examen no refleja bien lo que hay que saber. De acuerdo, hágase mejor el examen, pero el examen sirve para que cuando un alumno llegue a casa sus padres le digan: oye, guapo, habrá que ver qué hacemos. Creo que eso es lo
que tenemos que hacer todos, los alumnos, los profesores, los centros, los territorios, los países y, a la vista de los resultados, tendremos que hacer un diagnóstico y mejorar, cada uno a su nivel, en vez de decir que son pruebas muy malas y que no
sirven. Evidentemente cualquier prueba es siempre sesgada. Hay muchos países en que hay entes autónomos que se dedican a la evaluación y que funcionan extraordinariamente bien, y hay interesantísimos debates en el mundo anglosajón, por ejemplo,
sobre cómo deben ser esos entes. Me parece que es un debate superinteresante porque, ¿qué es lo que hay que evaluar? Es un debate interesantísimo hablar sobre qué tienen que saber nuestros alumnos. Me parece que lo que hay que hacer no es hurtar
ese debate sino entrar en él. Eso me parece avanzar en educación.


Con respecto a la precariedad del profesorado, a nosotros evidentemente nos gustaría que hubiera un porcentaje menor de interinos en la escuela pública, aunque quizá no soy quien más debería hablar sobre este tema. Nos gustaría que hubiera
los mismos niveles en la escuela pública y en la concertada en los sueldos de los profesores -en muchas ya está casi igualado- y nos gustaría que tuvieran el mismo número de horas de clase, pero eso supone unos incrementos de dotación que espero que
pronto puedan ser posibles.


Se me ha preguntado por la educación diferenciada. Quizá existe una idea un poco antigua en este país de que la educación diferenciada es contraria a la igualdad. Yo les recomiendo visitar países donde hay educación diferenciada, países a
los que no podemos dar lecciones ni de igualdad ni de democracia ni de progreso, y no son de izquierdas ni de derechas, ni católicos ni no católicos; países en los que la educación diferenciada tiene una presencia importante y donde tiene un total
respeto por parte de la autoridad pública. Se me ocurre un ejemplo: Islandia, país que ha quedado muchísimos años en el número uno en los rankings del Foro Económico Mundial de Igualdad por la superación de la brecha de género, de la brecha
salarial, por todos los indicadores. Bien, pues en Islandia hay un incremento enorme de la educación diferenciada. Pueden ustedes invitar a esta Comisión a Margaret Pla, que ha sido Premio Nacional de Igualdad y que promueve una red de colegios de
educación diferenciada en Islandia y ahora en todos los países escandinavos, por poner un ejemplo.


Estoy de acuerdo con que ser político es una profesión muy honrada, pero cuando yo digo intereses políticos me refiero a intereses partidistas, no políticos. La política es un gran servicio al país, yo lo tengo superclaro, igual que lo es
la enseñanza, igual que lo es siempre servir en el espacio público. Lo que hace falta es que todos tengamos una visión universal de servicio público a toda la sociedad y que tenemos que poner lo general sobre lo particular y que la educación es el
interés general. Los intereses particulares del álgebra parlamentaria y de la negociación política yo los comprendo porque nosotros estamos en todos los convenios colectivos y negociamos con los sindicatos todos los convenios del sector; he
dedicado muchas horas a negociar convenios y creo que es normal que en la negociación política pasen estas cosas. Pero creo que siempre tenemos que tener en el horizonte esa idea de poner por encima lo general a lo particular.


La dedicación de suelo público a los conciertos. Yo pienso que se dedica suelo público en concesión, cobrando un canon, como es natural, a muchas cosas; que se dedique a una educación que demandan las familias no me parece muy mal y
tampoco me parece que sea necesario. O sea, que al final el valor del suelo respecto a la inversión es pequeño. No le veo ningún inconveniente, pero tampoco hay una especial necesidad. Creo que no se van a hacer muchos más; por tanto, es un
debate al que yo no dedicaría mucho tiempo.


En cuanto a lo de ser confesional o laico, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en Europa hay países confesionales, como Dinamarca o el Reino Unido, y son países con una enorme libertad religiosa. O sea que ser confesional no significa ir
contra la libertad religiosa, evidentemente. Uno puede ser muy laico y muy poco tolerante o muy tolerante y muy confesional y muy poco tolerante o al revés. Me parece que son categorías diferentes. Pienso que la religión está presente en toda
Europa como oferta obligatoria de los centros. Siempre me dicen que en Francia no y yo siempre contesto que en parte de Francia, que en Alsacia y Lorena todavía tienen religión obligatoria porque como antes eran de Alemania tienen vigente el
Concordato de 1801. Y si Francia, una nación tan laica, no ve ningún inconveniente en que haya oferta obligatoria de

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religión en su territorio, me parece que tampoco debe ser tan contraria a la laicidad. Un país con más laicidad en su Constitución que Francia hay pocos en Europa, y fuera de Europa podríamos poner más ejemplos.


Con respecto a lo de la catequesis, pienso que la asignatura de religión no debe ser catequesis. La asignatura de religión tiene que ser una enseñanza de la religión y, lógicamente, sus contenidos debe ponerlos la religión católica, igual
que los contenidos de las clases de religión judía lo tienen que poner los representantes de esa confesión. Pienso que si algo lo demanda el 60, el 62, el 63 o el 70% de la población cuando ningún partido y ningún sindicato tiene el 60% de los
votos hay que dejarles esa opción. Se pueden mejorar las condiciones, se puede hacer lo que sea, pero no me parece, en general, un problema.


En cuanto a los idiomas, yo siento mucho que no me hayan enseñado más idiomas en la escuela y le quisiera ahorrar a la siguiente generación esta desgracia. Mi generación se ha pasado la vida en una academia intentando aprender inglés y a mí
me gustaría que lo aprendieran en el colegio. Las experiencias que está habiendo en todos los territorios son bastante buenas y yo diría: Ayúdese a que sean mejores.


Evaluaciones. El otro día, en un acto, uno de los representantes de PISA, de la OCDE, hablaba de cómo se había demostrado que la repetición de curso ayudaba muy poco y de cómo las evaluaciones que más ayudan son no las que van contra -entre
comillas- del alumno y le hacen repetir sino las que van a evaluar a los profesores, a los centros y, a veces, a los territorios. Tenemos la experiencia de que el hecho de que un territorio saque mala nota o de que no haya mejorado respecto a lo
anterior le ayuda a ponerse las pilas. Lo mismo pasa con los centros y con los profesores. Los que hemos sido profesores sabemos que la evaluación en el aula se puede emplear para ayudar al que va mal o se puede emplear para ayudar al que va bien
y agrandar la brecha. Al igual que el profesor honesto sabe utilizar la evaluación para cerrar la brecha social, la Administración educativa honesta sabe usar la evaluación para cerrar la brecha social. Ese es el esfuerzo que pido. No es
sencillo, igual que no es sencillo emplear bien la evaluación en el aula, pero para eso estamos. Ese debate es muy interesante y supone entrar en lo profundo de las cosas y no quedarse en los estereotipos de que la evaluación es mala o es buena.


En cuanto al carácter propio de los centros, creo que es bueno que los centros tengan un carácter propio, igual que cualquier producto lleva un etiquetado y pone qué hay dentro. La gente tiene que saber, cuando elige una escuela, qué es lo
que elige, sea pública o privada o concertada. Estas son las exigencias de transparencia normales de los tiempos en los que vivimos. Pedir a los centros que definan bien cuál es su carácter propio y su proyecto y que lo hagan público me parece una
exigencia muy propia de los tiempos en los que vivimos.


No sé si me he dejado algún tema. Si es así, me lo dicen. Espero haber respondido a todos dentro del tiempo, que es lo que seguro que agradecen, como los alumnos en la última clase de la mañana o de la tarde agradecen que el profesor, si
no ha sido puntual al empezar, por lo menos lo sea al acabar.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aguiló Pastrana, por su respuesta a las cuestiones planteadas. Si en algún momento, durante el tiempo en el que se desarrollen estas comparecencias, creen ustedes que nos deben aportar algún dato
que nos pueda facilitar nuestros debates y nuestros trabajos una vez terminadas las mismas, les agradeceríamos mucho que nos lo remitieran a la Presidencia de la Comisión.


Ruego a los portavoces que permanezcan en la sala un minuto para hablar de nuestra reunión del jueves.


Se levanta la sesión.


Era la una y cincuenta minutos de la tarde.