CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 143

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALBERTO MONTERO SOLER

Sesión núm. 8

celebrada el miércoles,

8 de marzo de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Empleo (Riesgo Figuerola-Ferretti), para:


- Valorar las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016, relativa al litigio entre Ana de Diego Porras y el Ministerio de Defensa, en la que se exige a España que iguale las
indemnizaciones por despido de trabajadores temporales e indefinidos, y concluye que los trabajadores interinos tienen derecho a recibir una compensación al rescindir su contrato. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
213/000054) ... (Página2)


- Que explique con carácter urgente las medidas que piensa adoptar para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a tratar igual a las personas trabajadoras con contrato temporal e indefinido en
la indemnización por extinción de contrato. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000057) ... (Página2)


- Que explique cómo va a afectar a la regulación laboral española la sentencia ECLI:EU:C:2016:683 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la discriminación de la indemnización por despido en los contratos de duración determinada.
A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000059) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Buenas tardes a todas y a todos. En el orden del día de la presente sesión están incluidas las tres comparecencias, en principio de la ministra de Empleo y Seguridad Social, que ustedes conocen. La primera es a solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto, la segunda del Grupo Parlamentario Socialista y, la tercera, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y que versan todas ellas sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea 2016/683, de 14 de septiembre de 2016. Tal y como se acordó en la reunión de la Mesa y Portavoces de esta Comisión, el pasado 21 de febrero, estas tres comparecencias se sustanciarán por el secretario de Estado Juan Pablo Riesgo
y, dado que versan sobre el mismo asunto, se tramitarán de forma agrupada. En primer lugar, intervendrá el secretario de Estado de Empleo, don Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti, y, seguidamente, intervendrán los portavoces de los grupos
parlamentarios que hayan solicitado comparecencia por orden de presentación de las solicitudes, que es el siguiente: Grupo Mixto, Grupo Socialista y Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Seguidamente intervendrán
los portavoces de los demás grupos parlamentarios de menor a mayor, por este orden Grupo Parlamentario Vasco, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Grupo Parlamentario Ciudadanos y Grupo Parlamentario Popular. Los portavoces dispondrán de un
tiempo de diez minutos cada uno para su intervención. Tras los portavoces hará de nuevo uso de la palabra el secretario de Estado para contestar a las anteriores intervenciones y, en caso de que alguna de sus señorías así lo solicitara, habría un
último turno de réplica.


Bienvenido. Tiene la palabra el secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO (Riesgo Figuerola-Ferretti): Muchísimas gracias, presidente.


Buenas tardes a todos. Es para mí un honor comparecer por primera vez en esta legislatura ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Como bien saben, lo hago a propuesta de tres grupos parlamentarios que, como acaba de mencionar el
presidente, solicitan que informe sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 683/2016, de 14 de septiembre de 2016, y las medidas que piensa el Gobierno adoptar para darle cumplimiento. Permítanme, al hilo
de ello, que les mencione otros elementos con posterioridad que considero de interés en relación con las competencias de la Secretaría de Estado. Permítanme también que antes de abordar todo ello, un día como hoy, felicite a todas las mujeres
trabajadoras que hoy celebran su día y anime a las que quieren hacerlo y aún no pueden a que no cejen en su empeño, que es el nuestro, para lo cual trabajamos también desde esta Comisión. Todavía quedan barreras por derribar, queda mucho por hacer,
pero nos debe satisfacer que España celebra este Día Internacional de la Mujer Trabajadora con el mayor número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social de la historia, 8.219.000 mujeres. Nunca había habido tantas mujeres trabajando un día
internacional de la mujer trabajadora como hoy. Ello no puede sumirnos en la autocomplacencia, sino al revés, animarnos a seguir trabajando por el aumento de la participación de la mujer en nuestro mercado de trabajo en condiciones de igualdad.
Estoy convencido de que con el esfuerzo de todos así se hará.


Señorías, paso ahora sí a referirme a los asuntos para los que he sido convocado ante esta Comisión. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se preguntó sobre si una trabajadora tiene derecho a reclamar el pago de una indemnización por
finalización de contrato, siendo este contrato de interinidad y cumpliendo con los requisitos que impone la normativa nacional y cuya finalización, además, estaba basada en una razón objetiva. Así, el tribunal suspendió el procedimiento que estaba
juzgando para plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una serie de cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que se incorporó al ordenamiento en la
Directiva 1999/70 del Consejo. En la misma se indica que en lo relativo a las condiciones de trabajo no se puede tratar a los trabajadores con un contrato de duración determinada menos favorablemente que a los trabajadores fijos comparables, a no
ser que se justifique un trato diferente por razones objetivas. A partir de estos hechos, el 14 de septiembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia en la que interpreta, en primer lugar, que las condiciones de
trabajo incluyen la indemnización por finalización de contrato; en segundo lugar, que la situación de la trabajadora con un contrato de duración determinada era comparable a la de un trabajador fijo y, en tercer lugar, considera que esa cláusula se
opone a una normativa nacional que deniega cualquier indemnización por finalización de contrato al trabajador con contrato de interinidad, apreciando por tanto una vulneración de la directiva

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referida. Con esta respuesta el tribunal madrileño que había planteado la cuestión prejudicial dictó su sentencia, entendiendo que la terminación de un contrato de interinidad por reincorporación del titular constituye un despido objetivo,
y el despido objetivo se ha de calificar en este caso como despido procedente. Como ustedes bien saben, las reacciones no se hicieron esperar y, de manera inmediata, se empezó a apreciar una importante disparidad de criterios acerca de su alcance.


Dada la magnitud del problema la ministra de Empleo y Seguridad Social convocó, el pasado 17 de octubre a los representantes de las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y UGT, y empresariales CEOE y Cepyme, con el propósito de tomar
decisiones en esta materia en el ámbito del diálogo social. En esa reunión interlocutores sociales y Gobierno, de cara a garantizar la seguridad jurídica de las empresas y reforzar la estabilidad de los trabajadores, decidieron constituir una mesa
de trabajo para estudiar la citada sentencia, el alcance de la misma y elaborar una norma, de manera que permitiera tomar decisiones en el ámbito del diálogo social, tal y como se recoge en el comunicado conjunto que al término de la reunión
publicaron Gobierno, sindicatos y patronal. En el grupo participaron Joaquín Pérez Rey, a propuesta de Comisiones Obreras; José María Miranda Boto a propuesta de UGT; Jordi García Viña a propuesta de CEOE; Teresa Díaz de Terán a propuesta de
Cepyme y, a propuesta del Gobierno, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y Alfredo Montoya Melgar, actuando este último como coordinador del grupo. A todos ellos, como no podía ser de otra manera, el Gobierno les está enormemente agradecido y
anima a seguir trabajando. El grupo, como saben, inició sus trabajos el pasado 14 de noviembre y, tras ocho reuniones de trabajo, remitió el pasado 10 de febrero al ministerio sus conclusiones provisionales sobre las que les informo a continuación.
Estas conclusiones fueron publicadas en la página web del ministerio en el mismo momento en que se nos hicieron llegar y, a su vez, se les han hecho llegar a sus señorías a través de la Comisión.


Señoras y señores diputados, como les decía, los expertos han emitido unas conclusiones provisionales; provisionalidad que justifican en que se han planteado nuevas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
para clarificar los términos de la sentencia, en el caso Ana de Diego, y en que la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid está recurrida en casación para unificación de doctrina ante la sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Sobre el fondo de la sentencia la totalidad de los expertos que componen el grupo coincide en la necesidad, en primer lugar, de mantener la contratación laboral de duración determinada y rechazar el contrato único de trabajo. En segundo lugar,
coincide la totalidad de los expertos en limitar a sus justas proporciones la utilización de la contratación temporal y evitar las actuaciones abusivas y fraudulentas, sancionándolas cuando se produzcan. En tercer lugar, acuerda la mayoría del
grupo de expertos, mejorar la regulación y los mecanismos de lucha contra el fraude en la utilización del contrato de interinidad y, en relación con esa mejora que acuerdan los expertos, especifica: no excluyendo a los interinos de la indemnización
por extinción del contrato prevista en el Estatuto de los Trabajadores para la mayoría de los que tienen un contrato de duración determinada y, estableciendo límites temporales más estrictos, eliminando así la utilización de contratos de interinidad
por vacante con una duración anormalmente larga por parte de la Administración y valorando la aplicación de la regla limitativa del encadenamiento sucesivo de contratos al contrato de interinidad.


Además de los puntos de acuerdo, el grupo de expertos ha señalado ciertas ambigüedades en la fundamentación del fallo del Tribunal europeo, llegando a afirmar que la sentencia no refleja correctamente la realidad de nuestro ordenamiento
jurídico. En este sentido, la mayoría del grupo de expertos ha puesto de manifiesto las diferencias entre la extinción de contratos de duración determinada por cumplimiento de su objeto y la extinción debida a despido. A su vez, esa mayoría del
grupo de expertos ha resaltado que existe cierta confusión conceptual en la sentencia al equiparar las que denomina razones objetivas de finalización de los contratos de duración determinada, con la extinción por voluntad del empresario basada en
causa objetiva. Y, en tercer lugar, la mayoría del grupo de expertos considera que habiéndose planteado nuevas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante el Tribunal Supremo, razones de seguridad jurídica
aconsejan aplazar la formulación de un informe definitivo hasta tanto no se cuente con esas imprescindibles resoluciones. Añade esta mayoría del grupo de expertos que actuar de otro modo, anticipando una propuesta, incluso basada en el diálogo
social, cuando aún está sub judice la cuestión, correría el riesgo de provocar decisiones normativas que más tarde podrían entrar en contradicción con lo decidido en las citadas instancias jurisdiccionales. Concluye así esta mayoría del grupo de
expertos proponiendo dejar abierta la formulación de sus propuestas definitivas sobre el asunto sometido a su consideración, en espera de que se produzcan las aludidas decisiones jurisdiccionales. Los restantes dos expertos que conforman el grupo
consideran, sin embargo, que podría tomarse en

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consideración, en el marco del diálogo social y de la negociación colectiva, una reforma del Estatuto de los Trabajadores que pusiera remedio a la inseguridad jurídica actual y plasmara la cuantía de la indemnización, que podría ser de
veinte días por año de servicio, para la extinción del contrato de interinidad.


Estas son, señorías, las conclusiones del grupo de expertos que al efecto designaron el Gobierno y los interlocutores sociales. Una vez recibidas, la ministra de Empleo y Seguridad Social remitió oficialmente el informe a sindicatos y
patronal y les convocó, de manera urgente, al siguiente día laborable, para en virtud del mismo tomar decisiones en el ámbito del diálogo social, tal y como se había acordado en la reunión que dio lugar a la creación de ese grupo de expertos.


En aquella reunión interlocutores sociales y Gobierno decidieron constituir cinco mesas de diálogo social. La primera sobre el sistema público de pensiones, que ha iniciado ya hace semanas sus trabajos. La segunda, destinada a elaborar un
plan de choque por el empleo e implementar la tarjeta social, que dio comienzo ayer a sus trabajos. La tercera es la dedicada a mejorar la calidad del empleo, que comenzará sus trabajos mañana. Una cuarta dedicada a la formación para el empleo y
la formación dual, que iniciará sus trabajos en unas semanas. Y, finalmente una quinta mesa sobre seguridad y salud en el trabajo, cuyo inicio se retrasará unas semanas más. Será en la tercera de estas mesas, la de la mejora de la calidad en el
trabajo, que se inicia mañana, en la que está previsto analizar las posibilidades de mejora del marco de contratación laboral junto a otros elementos esenciales para mejorar la calidad del empleo en nuestro país, elementos como las condiciones
laborales acordadas en la negociación colectiva, la garantía de los derechos de los trabajadores a través de la lucha contra el fraude o el bienestar y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Comenzamos así mañana los trabajos en
estas materias cruciales para determinar nuestro marco de relaciones laborales, entre las que se verán también las opciones de mejora de nuestro marco de contratación laboral. Y, cuando se aborde esa negociación, se hará tomando en consideración
las conclusiones provisionales del grupo de expertos, ya que precisamente para eso se constituyó, tal y como decía el comunicado conjunto que se publicó después de la reunión, que establecía que el objetivo era elaborar una propuesta de manera que
permita tomar decisiones en el ámbito del diálogo tripartito.


Será así la mesa de negociación la que determine, cuando se esté en disposición de hacerlo, las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la citada sentencia, que afecta de manera clara y directa a nuestro sistema actual de contratación.
Gobierno e interlocutores sociales hemos trabajado diligentemente para avanzar hacia una rápida solución. Sin embargo, tal y como constata la mayoría del grupo de expertos, cualquier decisión normativa prematura podría entrar en contradicción con
lo que finalmente se decida al respecto por las distintas instancias jurisdiccionales. Así ninguna actuación urgente serviría para solventar la inseguridad jurídica que desde la publicación de la citada sentencia existe a este respecto, sino que
incluso podría acrecentarla. Más aún si tenemos en cuenta las recientes declaraciones que realizó, el pasado 17 de febrero, en Madrid el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoció que no hubo entendimiento sobre el
problema entre el juzgado que realizó la consulta y los miembros de la Corte de Justicia europea y no comprendieron completamente el problema, añadiendo literalmente que esta historia no ha terminado.


Por ello, esperamos desde el Gobierno que los asuntos sean resueltos por los tribunales competentes lo antes posible y de manera clara, para que el grupo de expertos pueda así aprobar unas conclusiones definitivas basadas en fundamentos
sólidos que permita tomar decisiones en el ámbito del diálogo social tripartito que ya se ha creado al efecto. Son decisiones que junto a muchas otras nos permitan alcanzar acuerdos y trasladarlos a las Cortes Generales para su tramitación. A la
espera de esas conclusiones definitivas para solventar este problema concreto del contrato de interinidad, el Gobierno tiene su propio plan para atajar la temporalidad y reducir la aún elevada dualidad de nuestra economía. Un plan que conocen
porque fue presentado en esta Comisión por la ministra en su primera intervención en esta legislatura. El Gobierno está dispuesto a mejorar lo que haya que mejorar de nuestra legislación laboral para consolidar la creación de empleo y para impulsar
la calidad del mismo en esa agenda integral de la calidad en el empleo, que es el primero de los grandes objetivos de la legislatura.


En materia de contratación la propuesta del Gobierno es clara y pública, porque se dio a conocer durante el pasado mes de agosto, en el acuerdo de investidura alcanzado o acordado con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos: reducir el número
de contratos; que nuestro referente de contratación sea la modalidad de contrato indefinido; que la contratación temporal siga siendo en España causal; y que mejoremos todos la protección social de los trabajadores. Pretendemos también a su vez
mantener los

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incentivos a la contratación indefinida, por ejemplo, el mínimo exento de 500 euros a la contratación. A su vez, para reducir la dualidad no solo creemos que hay que simplificar la contratación y avanzar en los incentivos a la contratación,
sino que queremos también analizar las posibilidades de poner en marcha un fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de toda la vida laboral, que podría hacerse efectivo en momentos de despido, movilidad geográfica, incluso
en el momento de su jubilación, como instrumento para el fomento de la contratación indefinida. Y queremos complementar estas medidas con muchas otras que ya fueron expuestas por la ministra en esta Comisión, que integran la Agenda por la calidad
del empleo, así como medidas para la defensa del derecho de los trabajadores y la lucha contra el fraude.


Porque la calidad del empleo empieza con un contrato. Porque no hay mayor enemigo del trabajo digno y de la calidad que el empleo no declarado, la economía fraudulenta, la economía sumergida o la temporalidad injustificada. Por ello
pondremos en marcha un nuevo plan de lucha contra el fraude en el ámbito del empleo y de la Seguridad Social que mejore, si cabe, los datos del actual plan, que desde su puesta en marcha ha permitido aflorar 423.769 empleos irregulares, que eran
empleos sin derechos antes; detectar más de 6.000 empresas ficticias, empresas sin actividad real cuyo único motivo de existencia es permitir el acceso indebido a prestaciones; convertir 253.000 contratos indebidamente temporales en contratos
indefinidos, y reforzar las arcas de nuestro sistema de Seguridad Social con más de 18.000 millones de euros adicionales. Estas y otras medidas serán propuestas por el Gobierno en la Mesa de diálogo social por la mejora de la calidad en el empleo,
que mañana verá la luz, en la que estoy convencido de que todos estaremos a la altura.


Señorías, por lo que respecta a los empleados públicos en general, como saben el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos se reunieron ayer en la Mesa general de negociación de las administraciones públicas para abordar la
interinidad de los empleados públicos. Junto a los sindicatos, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, con los que se han iniciado igualmente rondas de contacto, se está examinando un plan -a incluir en los
Presupuestos Generales del Estado para 2017- con el que reducir la temporalidad en el sector público y, en concreto, en los sectores de educación, sanidad y justicia. En esa Mesa de negociación colectiva la Administración realizó una propuesta
generosa en el seno de la negociación colectiva y, por lo tanto, sujeta aún a negociación; una ampliación de la oferta de empleo público para este año, con una tasa de reposición superior al cien por cien por las jubilaciones y bajas que se
produzcan en los sectores de educación, sanidad y justicia, sobretasa que se vinculará a la reducción de la temporalidad en esos sectores. Para ello, se propone realizar un proceso excepcional que permita reducir la tasa de temporalidad del 25 %
hasta el 8 % en un plazo de tres años o más en dichos sectores de educación, sanidad y justicia.


Por otra parte, se establecerá una tasa de reposición de hasta el cien por cien para ciertos sectores denominados prioritarios, con alguna ampliación respecto al ejercicio anterior y hasta del 50 % en el resto de ámbitos. Medidas planteadas
por el Gobierno para garantizar el fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos, en el conjunto de cada Administración pública, en colaboración con el resto de administraciones públicas y con pleno respeto a los límites y reglas de
gasto establecidos.


Señorías, el Gobierno está abierto a seguir avanzando para seguir mejorando nuestro marco normativo, para seguir acercándonos al principal objetivo de la legislatura, que haya más y mejor empleo desde una agenda integral por la calidad del
empleo, y hacerlo desde el diálogo, sumando juntos, desde el acuerdo que permite avanzar, desde el diálogo que en democracia encuentra su máxima expresión en las Cortes Generales y, por eso, desde esta Cámara quiero expresarles mi más sincera
disposición a colaborar con lealtad al mismo. Tenemos mucho por hacer -consolidar la recuperación del empleo, del empleo de calidad-, pero no nos debemos quedar ahí, sino que debemos seguir avanzando y preparando nuestra fuerza de trabajo para los
desafíos del futuro que están aquí ya. Acompañar a los trabajadores también en las transformaciones que definirán los empleos de mañana. Debemos construir juntos y de manera sólida los pilares sobre los que convertir esos desafíos en oportunidades
y sacar el mayor partido de los retos que suponen la globalización, la digitalización, la robotización, la 'uberización' y la inteligencia artificial, entre otros, abordando así también el reto demográfico que tiene nuestro país por delante. Entre
todos tenemos que impulsar un mayor crecimiento de la productividad, porque es lo que permite el aumento de la renta per cápita y, por ello, el bienestar y competitividad de nuestro país, pero no una competitividad basada en costes bajos, sino una
competitividad basada en talento, por medio del avance tecnológico, la innovación y la adaptación constante a las necesidades cambiantes de los mercados. Y, para ello, las políticas de flexibilidad en el mercado laboral, especialmente las de
flexibilidad interna, son cruciales.

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Tenemos que mantener esta nueva cultura del empleo y la negociación en el seno de la empresa para contribuir a una economía adaptable y resistente a los vaivenes de la economía mundial; una flexibilidad que vaya de la mano de la seguridad
para seguir luchando contra la dualidad de nuestro mercado de trabajo, para seguir apostando por una mayor estabilidad para los trabajadores y por una mayor inversión en formación por parte de la empresa, para seguir trabajando por la mejora de las
condiciones de los trabajadores desde una negociación colectiva responsable y actualizada, facilitando así que las ganancias de competitividad alimenten el necesario proceso de creación de empleo, y buscando no solo esa estabilidad y esa mejora de
las condiciones sino fomentando, en la medida de lo posible, el aumento de los niveles de bienestar en el trabajo, con horarios más razonables, con prácticas saludables en la empresa y con la conciliación de la vida laboral, personal y familiar,
para facilitar así que trabajemos para vivir y no vivamos para trabajar, asuntos cada vez más demandados por los nuevos integrantes que se incorporan a nuestra fuerza de trabajo y que contribuirán a retener y a atraer ese talento con el que tenemos
y queremos competir en el mercado global.


Señorías, España ha pasado de la recesión a estar entre los países que lideran el crecimiento económico. España ha pasado de liderar la destrucción de empleo en Europa a liderar la creación de empleo en la zona euro. Hemos pasado de
destruir 1.500 empleos al día a crear 1.500 empleos al día, y ello ha sido posible gracias al esfuerzo de millones de españoles, de trabajadores, de empresarios y de autónomos que han arrimado el hombro cada día para conseguir ese objetivo, gracias
a las decisiones acertadas de representantes de trabajadores y de empresarios en el ámbito del diálogo social y gracias también a las herramientas que han puesto en su mano para adoptar esas decisiones las administraciones públicas durante estos
años. Los españoles están siendo artífices de una recuperación sin precedentes en la que hemos recuperado ya más de 1.600.000 empleos, casi la mitad del total de empleos destruidos y perdidos en la crisis. Solo en el último año se han creado más
de 400.000 empleos en nuestro país, hay 550.000 parados menos y la tasa de paro se ha reducido casi 9 puntos desde 2013. Como saben, la semana pasada se publicaron los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social, indicando un paso más en la
mejoría de nuestro mercado de trabajo; registramos la segunda mejor evolución del desempleo durante los últimos doce años, y tanto la tasa de variación interanual del paro como la tasa de variación interanual de la afiliación registraron una
mejoría respecto al trimestre anterior. Nos encontramos así ante un cambio estructural que ha permitido traducir todo ese crecimiento económico en creación de empleo; un cambio estructural que está aumentando la competitividad de nuestra economía
llegando a acumular un récord histórico de cuatro años consecutivos de superávit por cuenta corriente, mostrando así cómo el sector exterior tira de la recuperación económica y de la creación de empleo. Un cambio estructural que nos permite avanzar
hacia un modelo de crecimiento intensivo en el que crece el empleo en todos los sectores, en todas las regiones, en todos los colectivos y en todos los grupos de edad, incluidos aquellos grupos con especiales dificultades para su inserción en el
mercado laboral. Un cambio estructural que nos está permitiendo avanzar en la mejora de la contratación estable; la contratación indefinida crecía el pasado mes un 8,4 % interanual, acumulando treinta y siete meses consecutivos de crecimiento
interanual, el periodo más largo acumulado de crecimiento de la contratación indefinida de la serie histórica. España es ya, señorías, el tercer país que más empleo indefinido ha creado el último año en la zona euro. Son avances importantes, sin
duda, que deben servir para animarnos a proseguir en la senda de la reducción de la dualidad, porque sin duda nuestra economía sigue sufriendo una elevada temporalidad en relación con nuestros socios europeos.


Nuestro objetivo es que se siga creando empleo de forma intensa y que ese empleo sea de mayor calidad, desde la confianza y la estabilidad, claves para avanzar en esa dirección, porque la sociedad crea empleo cuando tiene confianza y cuando
se dan las circunstancias para una confianza sostenida en el tiempo. Hay espacio para el consenso y por eso estamos avanzando ya en esta legislatura pacto a pacto: como el pacto que hay detrás de la tramitación de la proposición de ley integral de
apoyo a los autónomos, como el pacto que hay detrás del incremento de un 8 % del salario mínimo interprofesional para el 2017, como el pacto que hay detrás del incremento de dos a cuatro semanas del permiso de paternidad, como el pacto amplio que ha
habido con interlocutores sociales, grupos políticos y comunidades autónomas en la tramitación del real decreto-ley de impulso a la garantía juvenil que se convalidó por esta Cámara recientemente, y como el pacto que hace unos meses se alcanzó
también en el seno de la Conferencia de Presidentes Autonómicos para impulsar la tarjeta social y la estrategia de activación para el empleo 2017-2020.

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Hemos avanzado mucho pero, sin duda, queda muchísimo por hacer. Más de 3.700.000 personas buscan aún un empleo en nuestro país, muchos de ellos desempleados de larga duración; seguimos con una elevada tasa de temporalidad; los jóvenes
acumulan una tasa de desempleo inaceptable y hay muchos parados de larga duración que no pueden esperar. Luego, sin duda, hemos avanzado mucho pero tenemos mucho por avanzar, y el diálogo es la vía por la que queremos continuar abiertos a la
negociación con interlocutores sociales y con grupos políticos; abiertos en ambos foros, tanto en el ámbito del diálogo social como en esta Cámara y en las mesas que, como decía, hemos abierto recientemente en el ministerio en el ámbito del diálogo
social; preservando lo que funciona y mejorando lo que, con acuerdo, se pueda mejorar, lo mismo que pretendemos hacer en esta Comisión.


Señorías, termino ya. La sentencia y el debate generado que hoy nos ha traído aquí es una oportunidad para seguir avanzando. Entre todos, con su colaboración y con la de las distintas comunidades autónomas, vamos a hacer de esa calidad en
el empleo la protagonista de nuestras políticas, porque, como decía, y ante el reto futuro del trabajo, España va a competir en talento y en capital humano y para ello tenemos que ser capaces de atraerlo, retenerlo y cultivarlo. Porque, sin duda,
nuestro país puede consolidar la recuperación con más empleos y con más empleos de calidad. Lo está demostrando y debemos estar orgullosos de ello, porque eso ha sido y seguirá siendo posible ante todo por el diálogo que hemos alcanzado hasta
ahora. Ahora tenemos que seguir andando juntos, avanzar hacia los 20 millones de empleados en 2020 y acompañar a los trabajadores en esos procesos de adaptación a los retos del futuro del trabajo. Como decía, señorías, hemos avanzado mucho, pero
todavía queda mucho por hacer. Por eso trabajemos juntos, unidos; sigamos avanzando pacto a pacto, escuchando las sugerencias y propuestas de todos para que el talento sea el mejor activo estratégico con el que competir y para que el empleo siga
siendo nuestra mejor política social.


Sin más, quedo a su disposición. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Riesgo.


A continuación, intervendrán los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y, en primer lugar, los que han solicitado la comparecencia. Por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo no superior a diez minutos, tiene la palabra el
señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Quiero agradecer la comparecencia del señor Riesgo. Existiendo el informe provisional del grupo de expertos que el Gobierno creó a propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el caso de Diego Porras, ya le tocaba
comparecer. El secretario de Estado ha aprovechado su intervención para ir más allá de lo que es estrictamente este informe y ha hecho algunas reflexiones de carácter general sobre la política de empleo del Gobierno, que nos obliga a los portavoces
a entrar en esta discusión. He de recordarle que los problemas del mercado de trabajo de España continúan siendo graves y relevantes, algunos de ellos estructurales, y no parece que los estemos corrigiendo. Compartimos que nuestra capacidad de
competir en los mercados globales no debe depender de competir en salarios más bajos, que ese recorrido iniciado con la devaluación salarial hoy no tiene sentido. Tenemos que ser capaces de competir en valor añadido, en productos tecnológicos y en
servicios de calidad, todo ello ligado a una mejora intensa de la productividad del tejido empresarial. Lo cierto es que los retos que tenemos en esta materia continúan siendo relevantes. Tenemos un mercado de trabajo cargado de una excesiva
temporalidad, un mercado de trabajo que hasta ahora se ha fundamentado en empleos en sectores intensivos y en ocupación, pero además en empleos con sueldos más bajos que los que teníamos antes del inicio de la crisis. No parece que esa devaluación
salarial se haya corregido con la intensidad necesaria y tenemos un elevado desempleo de larga duración y unas políticas activas de empleo que no son capaces de hacer frente a ese problema e importantes niveles de baja cualificación de nuestros
desempleados.


Este es el panorama y, aunque tengo que darle la razón en que se está creando empleo y se están reduciendo las tasas de desempleo, pero al mismo tiempo nuestras tasas de actividad se reducen. Por ejemplo, el problema de los trabajadores de
más edad que pierden su empleo es uno de los asuntos pendientes. Por tanto, en este balance de la acción del Gobierno en materia de empleo hemos de ser necesariamente críticos. Tenemos la convicción de que frente a estos retos, más allá de algunas
medidas puntuales que se han tomado, el Gobierno no ha ofrecido un plan de actuaciones concreto que estemos discutiendo en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Es más, lo que estamos discutiendo hoy en el Congreso de los Diputados, en
materia de empleo, son algunas iniciativas de la oposición: una del Grupo Confederal de Unidos Podemos que afecta al incremento del salario mínimo interprofesional, una

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iniciativa legislativa del Grupo Socialista que afecta a la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores y una iniciativa del Grupo Ciudadanos sobre reformas en materia de autónomos, pero no hay encima de la mesa ningún
proyecto legislativo del Gobierno que pretenda abordar esas cuestiones, luego frente a la magnitud de los desafíos queremos denunciar la inactividad del Gobierno en materia de empleo.


Hay una cuestión concreta vinculada a una de estas patologías: la sentencia de Diego Porras. Aquí abordamos específicamente los abusos que se producen en relación con los contratos de interinidad, en un contexto de esa alta tasa de
temporalidad que tiene nuestro mercado de trabajo. El Gobierno hizo bien en encargar este informe a un grupo de expertos. Mi grupo comparte la idea de que es bueno trabajar en sede parlamentaria con las aportaciones de los que conocen a fondo las
materias. Tenemos un informe provisional y es bueno que remarquemos los puntos de coincidencia de los expertos del mismo. Los expertos coinciden en que el contrato único no es una buena idea para hacer frente a los programas del mercado de trabajo
y mi grupo coincide en esta ocasión con el grupo de expertos y también en la necesidad de que hay que reformar el contrato de interinidad. No es una cuestión menor. Los expertos dicen que hay que revisar el contrato de interinidad, introducir
límites temporales y evitar el encadenamiento sucesivo. Esa es una línea legislativa en la que el Gobierno podría trabajar perfectamente. Dicen también los expertos que al finalizar un contrato de interinidad ha de existir algún tipo de
indemnización, una conclusión que tampoco es menor. En lo que no terminan de ponerse de acuerdo es en el carácter de esta indemnización y sobre todo en la cuantía, y existen dos posturas, pero hay suficientes elementos para que en relación con el
problema específico de la sentencia de Diego Porras lo prudente no sea esperar a que buenamente el Tribunal de Justicia Europeo o el Tribunal Supremo tomen sus decisiones, sino que el Gobierno legisle en esta materia.


Estamos convencidos de que no es bueno mantener durante demasiado tiempo las incertidumbres sobre las condiciones de financiación del contrato de interinidad y, cuanto más pronto sea capaz el Gobierno de articular una propuesta, que la
traslade a la Cámara y antes seremos capaces de llegar a un acuerdo político que nos permita resolver esta cuestión. Entre las distintas opciones que marcan los expertos el Gobierno tiene que ser capaz de decantarse por una de ellas. Le avanzo que
los diputados del Partit Demòcrata estamos a favor de los doce días de la extinción de los contratos de interinidad, en línea con la indemnización de los contratos temporales. Creemos que es la solución adecuada a este problema. Si el Gobierno
traslada esta propuesta al Congreso de los Diputados, el Partit Demòcrata votará a favor. Lo que no nos parece razonable -insisto- es que se mantenga abierta la inseguridad jurídica que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y lo que pueda
decir el Supremo mantienen.


El Gobierno debe plantear si vamos a legislar -es legítimo- en el Congreso de los Diputados en materia laboral a fuerza de las iniciativas de los grupos parlamentarios de la oposición. Sería más razonable que en materia de empleo, la
principal preocupación de los ciudadanos, con esas patologías -todos coincidimos en ello- que tiene nuestro mercado de trabajo, el Gobierno pusiese encima de la mesa un plan global que permitiese abordar las tres o cuatro cuestiones que son
relevantes en esta materia: las vinculadas a la excesiva temporalidad de nuestro mercado de trabajo, las vinculadas a la necesidad de reforzar la negociación colectiva, las vinculadas a la reforma de las políticas activas de empleo y las vinculadas
a las políticas activas de empleo y a las políticas pasivas de empleo, un paquete global que pueda ser compartido por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados y por los interlocutores sociales, y que permita generar un escenario en el que se
vea cómo se van a mover las cosas en materia de empleo en los próximos años en el Estado español, porque hoy, señorías, en el escenario en el que estamos instalados existe incertidumbre en los interlocutores económicos y sociales.


Hay una modificación del artículo 42 promovida por el Grupo Socialista, que afecta a la subcontratación y la sociedad razonablemente espera del conjunto de la Cámara que seamos capaces de abordar cómo respondemos a los abusos que se están
produciendo en materia de subcontratación, porque esos abusos existen.


El señor Riesgo lo explicaba. Somos partidarios -lo hemos trasladado a los interlocutores sociales- de avanzar en la configuración de un fondo de capitalización de las indemnizaciones por despido, la famosa mochila austriaca. Es una
propuesta que ha defendido el Grupo Socialista, el Grupo Ciudadanos, el Partido Demócrata y el Grupo Popular. No podemos ser capaces de movernos en esa dirección para hacer frente a lo que parece que todos estamos de acuerdo en que es una patología
del mercado de trabajo en España, que es esa excesiva temporalidad, los abusos que se producen en materia de temporalidad, y que ahí el Gobierno tenga la capacidad de iniciativa.

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Señor presidente, con esto termino, podemos estar a la espera de que la oposición marque el ritmo al Gobierno; podemos estar a la espera de que el diálogo social dé sus frutos y permita en esas materias que se muevan las cosas; o podemos
estar a la espera de un Gobierno que afronte los asuntos del mercado de trabajo a fondo, con la inteligencia política que se deriva de la actual realidad parlamentaria. Depende de ustedes, pero yo creo que lo razonable sería que tomasen la
iniciativa y fuesen capaces de compartir de manera amplia una política sólida en este campo.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Raya.


La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, me gustaría darle la bienvenida a esta Comisión de Empleo al secretario de Estado, y quisiera agradecerle también la felicitación por el Día de la Mujer, aunque creo que es compartido por la inmensa mayoría de mujeres de este país
que lo que desearíamos realmente es que no tuvieran que felicitarnos, porque eso significaría que estaríamos en una igualdad plena. El objetivo de la comparecencia hoy era explicar, con carácter urgente, las medidas que piensa adoptar para dar
cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero la verdad es que hemos asistido un tanto perplejos a un discurso un poco propagandístico, al que nos tiene habituados el Partido Popular, hablando de las bondades -que
ya solo se creen ustedes- del empleo y de la realidad del empleo en este país.


En un lenguaje llano y sencillo, con respecto al asunto que nos ocupa, solo cabe decir que lo ponga del derecho o lo ponga del revés estamos ante un manifiesto quebranto de los derechos de los trabajadores sujetos a contratos de interinidad.
La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el pasado mes de septiembre de 2016, fija lo que en el ámbito laboral debe ser un punto final a una situación de agravio entre trabajadores, cuya solución no merece el
calificativo de urgente, sino de inmediata. Es más, después de escuchar su intervención, mayor es la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista por la escasa voluntad -por no decir nula, aunque sí valoramos que se convoquen esas mesas de
diálogo social- mostrada por el Gobierno de España para acatar el contenido de la sentencia en cuestión. Esta actitud gubernamental contraviene además las conclusiones recogidas en el informe de expertos, como usted ha nombrado, que insta a
establecer la limitación a la utilización de la contratación temporal y sancionar las actuaciones abusivas y fraudulentas, así como llevar a cabo una revisión profunda del contrato de interinidad con la adopción de las siguientes medidas: límites
temporales más estrictos, suprimir la exclusión de los interinos de la indemnización por extinción del contrato, prevista en el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, y establecer una regla que limite el encadenamiento sucesivo de
contratos, estableciendo una duración máxima.


Solo cabe pedirle al Gobierno que se ponga a trabajar no solo por razones de índole moral, sino porque así lo establece la Constitución española en su artículo 9, apartado 3, que dice así: La Constitución garantiza el principio de
legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos. Sí, señor Riesgo, el Gobierno no puede aplazar más la modificación de la normativa española. Se lo dice este grupo parlamentario; se lo dicen los agentes sociales y se lo dice Europa de forma categórica y
tajante con esta sentencia. Desde el Grupo Parlamentario Socialista le pedimos que el Gobierno traiga una propuesta de regulación ya, que acelere la toma de decisiones, que evite que se acentúe en el tiempo una situación de manifiesta injusticia y
desigualdad, y que evite una situación de inseguridad jurídica que incrementa el número de litigios, como ya ha hecho su reforma laboral, porque aunque ustedes nieguen la mayor la reforma laboral solo ha traído precariedad, pobreza y desigualdad; y
lo ha hecho entre otros aspectos facilitando un uso abusivo de contratos temporales, que en nuestro país suponen el 90 % de los contratos firmados cada mes. El contrato temporal debe cubrir necesidades coyunturales, temporales, y el contrato
indefinido debe cubrir necesidades permanentes. En el derecho español, tal y como recoge la propia sentencia, existe una diferencia de trato en las condiciones de trabajo entre los trabajadores fijos y los trabajadores con contrato de duración
determinada, siendo en el primer caso veinte días por año trabajado, y en el segundo doce días por año trabajado. Esta desigualdad se acentúa de manera más evidente en el caso de los trabajadores sujetos a un contrato de interinidad, donde no se
reconoce indemnización alguna.


Señorías, la sentencia resultante de la denuncia interpuesta por la trabajadora interina del Ministerio de Defensa, Ana De Diego, despedida tras nueve años trabajando con un contrato de interinidad sin

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indemnización alguna, fija y fundamenta el posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista, que exige sin mayor dilación que se ponga remedio a situaciones de este tipo; ¿o es que, por el contrario, el Gobierno se va a mantener en la
habitual actitud inmovilista para hacer cumplir la sentencia, o va a pasar a la actitud activa de merma de los derechos de los trabajadores que ha mantenido en los últimos años? Señor secretario de Estado, ¿están de parte de los trabajadores y
trabajadoras o, como siempre en estos casos, se ponen detrás de la roca de los mercados? Porque para recortar han sido ustedes unos grandes alumnos de Bruselas; pero ahora viene Luxemburgo y nos preguntamos, ¿por qué se hacen tanto los remolones?
¿De qué parte están, señores del Gobierno: con los recortes y la desigualdad o con la gente que ha pasado lo peor de la crisis reciente en nuestro país? Si el Gobierno incumple la obligación de dar salida al mandato de esta sentencia dictada por
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se estará perseverando en una clara situación de discriminación respecto a los demás trabajadores, además del flagrante e injusto quebranto económico respecto a las indemnizaciones económicas que se le han
denegado históricamente al colectivo que nos ocupa. El abuso del encadenamiento de este tipo de contratos por parte de la Administración pública, así como la negativa de la indemnización a los trabajadores afectados, debilita el papel de la misma
como garante de los derechos de los trabajadores en general. En nuestro país existen trescientos mil interinos en las diferentes administraciones públicas; un 11 % del total de los empleados públicos. Este dato, señorías, pone de manifiesto el
abuso en la contratación de interinos en plazas que deberían ser fijas, tal y como expone la sentencia. Los recortes llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular han llevado la precariedad laboral a sectores como la educación y la sanidad,
pilares fundamentales del Estado del bienestar, donde la tasa de interinidad se eleva hasta un 20 %. Cuando hablamos de trabajadores temporales, señorías, esta cifra alcanza 3,9 millones de trabajadores, según datos de la EPA, cerca de un 26 % de
los trabajadores de este país.


Señorías, cada día en este país inspectores de trabajo, en nombre y representación de la Administración pública, salen a la calle para velar por la garantía de los derechos de los trabajadores y por el cumplimiento de las obligaciones que
les corresponden a las empresas privadas. Por lo tanto no procede ni tiene cabida que sea la Administración pública la que, siendo vigía del cumplimiento de la normativa laboral, sea la misma que vulnere los derechos de unos trabajadores que,
además bajo el argumento de la crisis económica y sus recortes, se han visto abocados a una interinidad mantenida durante quizá demasiados años. Por lo tanto creo que para el Grupo Socialista como dije antes es importante que se concreten las
medidas, que para eso hemos solicitado las comparecencias. Nos parece bien que se convoquen las mesas y que haya diálogo social, algo que por otra parte a ustedes les ha costado mucho convocar, porque no olvidemos que esta sentencia fue dictada el
pasado mes de septiembre del año 2016, que la ministra compareció en esta Comisión en el mes de noviembre y nos dijo que iba a convocar esas mesas, pero nos anuncia usted hoy que ya por fin -y digo por fin- mañana van a empezar a trabajar en este
sentido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Raya.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Vidal.


La señora VIDAL SÁEZ: Muchas gracias, señor secretario de Estado.


Siempre es muy instructivo oírles en comparecencia, ya que, pese a esta España imaginaria de luz y de color que ustedes se empeñan en relatar en sus comparecencias, lo cierto es que en la España real este Gobierno no gana para reprobaciones.
Asociaciones, sindicatos, sociedad civil hace mucho tiempo que reprueban sus reformas, y recientemente el Comité Europeo de Derechos Sociales, así como la propia OIT y por supuesto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han sido quienes les
han sacado los colores. Sus reformas tienen efectos -de eso no cabe duda-, efectos devastadores sobre la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Somos más precarios, tenemos peores salarios y aun peores condiciones: somos
mucho más vulnerables a día de hoy en nuestros puestos de trabajo.


Hablaba usted de mujeres y tenía una encantadora forma de felicitarnos. Si quiere felicitarnos y alegrarnos el día a las mujeres, deroguen por favor la reforma laboral, que es una reforma cínica y en la práctica machista, pues su fomento de
la temporalidad, de la parcialidad nos deja sin capacidad de elección, limita nuestra libertad, limita por supuesto nuestra autonomía, y en la práctica nos invita a quedarnos felizmente en nuestras casas, cuidando a nuestras criaturas y planchando
la ropita. Esa es la

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reforma laboral que ustedes han aprobado. Si ustedes quieren alegrarnos el día, puesto que hoy es 8 de marzo, hágannos un favor y eliminen el veto que hoy han puesto a la proposición de ley de nuestro grupo, que llevaba los permisos
intransferibles de paternidad y maternidad. No nos insulte, pues es precisamente su Gobierno el que está dedicado a laminar, por ejemplo, las partidas en prevención para la violencia machista. No nos feliciten, simplemente deroguen sus reformas y
hagan las políticas de justicia que tocan hacia las mujeres.


La temporalidad y la precariedad lo cierto es que no han nacido con ustedes, de esto no hay duda. Han tenido ustedes un mérito compartido también con el Partido Socialista y con sus reformas, pero también hay que decir que hay un antes y un
después -creo que esto lo ve todo el mundo- de su última reforma laboral. En sus manos las estadísticas parecen como pelotitas antiestrés, pero lo cierto es que si, más allá de las cifras absolutas, nos fijamos en la proporción el porcentaje de
trabajadores asalariados con contrato indefinido no ha parado de descender desde que ustedes están en el Gobierno: de un 77 % en 2012 a un 73 en 2016, y paralelamente la proporción de trabajadores con contrato temporal ha ido subiendo: de un 22 en
2012 a un 26,5 en 2016. Pero, claro, los datos pueden ser mucho más alarmantes aún con ustedes en el Gobierno, y es que desde que ustedes están gobernando, en lo a que a la nueva contratación se refiere, el porcentaje de contratos indefinidos no ha
llegado a suponer ni un 6 % en la nueva contratación y más de un 94 % de la nueva contratación era temporal. Un tercio de los contratos temporales actualmente son, como yo los llamo, de combustión espontánea, señor Riesgo, pues aparecen y se
autodestruyen mucho antes de que uno pueda llegar a advertirlos, y es que un tercio de los contratos que se hacen en este país duran menos de tres meses, y cinco de cada veinte duran menos de siete días. ¿Se imagina usted por un momento cómo
alguien puede llevar una vida autónoma o libre con un contrato de siete días o menos? ¿Se imagina cómo mantener así a una familia? Es bastante complicado.


Y sigo, porque sus reformas están convirtiendo lo excepcional en norma, por decirlo así, y es que no parece que la contratación temporal sea un tránsito hacia la contratación indefinida, pues la tasa de transición española es una de las más
bajas de la Unión Europea. Se lo dije la semana pasada a la ministra cuando tuve la oportunidad de preguntarle sobre las medidas que su Gobierno estaba barajando en materia de pensiones. Son ustedes unos yonquis de la precariedad -parece que no lo
pueden evitar- y sus injustas reformas laborales están precarizando nuestros puestos de trabajo y con ello nuestras vidas, y además son contrarias al ordenamiento jurídico europeo. Y es que no estamos solos en la denuncia de sus reformas, eso
contenta mucho a una. En marzo de 2016 el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ya trajo a esta misma Comisión una proposición no de ley sobre los graves incumplimientos en materia de derechos laborales, de negociación
colectiva, de derechos sociales, así como de derecho a huelga y de libertades sindicales que en este caso denunciaba el último informe del Comité Europeo de Derechos Sociales. En esta proposición, que recuerdo que se aprobó en esta Comisión,
instábamos al Ejecutivo a poner en marcha una reforma legislativa para dar cumplimiento a la Carta de Derechos Sociales del Consejo de Europa, así como la ratificación del tratado de modificación de la carta revisada por el que se crean mecanismos
de control de cumplimiento. ¿Se imagina? ¡Mecanismos de control de cumplimiento! Sería divertidísimo con su Gobierno. Pues fíjense qué buen precedente resultó ser. Este comité constataba la falta de preaviso adecuado ante el despido de contratos
temporales y en su aberrante contrato de apoyo a los emprendedores. Se llega a la conclusión de que España no garantiza los derechos establecidos en el artículo 4.4 de la Carta de 1961, sobre la base de que no exige un plazo de preaviso razonable
en la extinción.


Pero el último encargado de sacar los colores a sus políticas de desregulación y de fomento de la temporalidad, la precariedad y la pobreza ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También fue nuestro grupo, Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, quien trajo a esta Comisión el pasado 5 de octubre una proposición no de ley con el objetivo de actualizar la legislación laboral española en el sentido de las sentencias del 14 y del 21 de septiembre de 2016. Se aprobó y
ustedes nombraron, junto con los agentes sociales, un grupo de expertos para adaptar la legislación. Las sentencias sacuden el ordenamiento jurídico español, lo sabe usted muy bien, aunque silben cuando aparecen estas sentencias. Evidencian que
situaciones prolongadas de temporalidad esconden en realidad un déficit estructural de plantilla indefinida, que es sustituida por trabajadores en situación temporal. Tanta flexibilidad en la interinidad y en la temporalidad no es compatible con
las normas de la Unión ni en concreto con el principio de no discriminación entre trabajadores temporales e indefinidos, principio que cabe recordar existe gracias a los sindicatos a escala europea.

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La sentencia constata que la legislación española discrimina a los trabajadores y a las trabajadoras temporales. El uso de la temporalidad no puede, aunque la ley nacional gracias a ustedes lo permita, dar lugar a la sustitución de trabajo
indefinido sin asumir las condiciones vinculadas a este, incluidas las indemnizaciones. Cerca de 4 millones de personas en España deberían ver corregida una de las situaciones más dañinas de nuestro sistema de relaciones laborales: la
desprotección de la temporalidad y la abusiva desprotección ante el despido. ¿A qué está esperando el Gobierno actual? Nuestro modelo de despido -precisamente este que tenemos en España- y esta cultura de la temporalidad son los que se ven
directamente enmendados en estas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y no podemos hacer interpretaciones restrictivas centrándolas exclusivamente en la interinidad. Esta situación se extiende a contratos eventuales, a los de
obra y servicio y por supuesto al contrato de apoyo a los emprendedores, que ustedes tuvieron a bien inventarse en la última reforma laboral. Ya sabemos qué pasa cuando las leyes tocan sus manos y pasan por ellas -lo hemos visto, por ejemplo, en el
Plan de garantía juvenil-, y es que se deforman. Así pues me veo obligada a dar un pequeño aviso: lo que no avala la sentencia, como indica bien el jurista Joaquín Pérez Rey, al que usted aludía no hace mucho rato, es una rebaja del nivel de
protección de los trabajadores indefinidos, pues sería contrario a la propia Directiva 99/70, que contiene una cláusula de no regresividad. Lo digo porque ustedes a veces tienen cierta tentación de regular igualando por debajo.


Las sentencias declaran que la legislación española es contraria a las directivas europeas, y su Gobierno, señor Riesgo, incumple de forma reiterada la obligación de trasponer correctamente a la legislación interna las directivas. No hay
duda de que los incumplimientos del Gobierno español en materia de trasposición siempre terminan perjudicando a los más débiles, como hemos visto también en su negativa por trasponer las sentencias sobre cláusulas suelo de las hipotecas. Es preciso
abordar también la responsabilidad patrimonial del Estado respecto a los trabajadores y trabajadoras que se han visto perjudicados por la mala o pésima trasposición del derecho de la Unión Europea. Es necesario hacer compatible la actual regulación
del preaviso con el derecho europeo, así como limitar el uso abusivo de la temporalidad, usada de forma sucesiva y reiterada, tanto sobre un mismo trabajador como sobre un mismo puesto de trabajo. Viendo además el uso que hacen ustedes de los
jueces y de los tribunales, me pregunto si la quietud de su Gobierno, frente a las exigencias de estas sentencias, ¿no puede tener más que ver con un deseo de que estas pasen, sean matizadas, y así ustedes puedan seguir precarizando nuestras vidas,
y silbando, por decirlo así?


En su intervención hablaba usted de causalidad, de estabilidad y de calidad. Si ustedes quieren promover estos tres conceptos yo me permito en este caso darles una recomendación: deroguen, por favor, su reforma laboral, pues es totalmente
contraria a la estabilidad, a la calidad y a la negociación colectiva, que tiene muchísimo que ver con la democracia dentro de las empresas. Esta reforma laboral permite por ejemplo la externalización entera de plantillas, que además tiene un
rostro muy notorio de mujer, como por ejemplo sucede en el caso de Las Kellys, que gracias a su reforma laboral en poco tiempo perdieron un 40 % de su salario gracias a estas maravillosas externalizaciones que propicia. Y por supuesto, cómo no,
tenemos que referirnos a la devaluación salarial. Habla usted de pactos y acuerdos y ha mencionado una frase encantadora en la que decía que han hecho ustedes una oferta generosa, como si esto fuera una especie de feria y nos regalaran derechos;
qué bien, es encantador. Además ustedes ponen un referente, que en este caso es un pacto bilateral con un partido en concreto, no así haciendo referencia a un diálogo dentro del Parlamento en el que todos y todas podamos participar, también por
ejemplo los agentes sociales, que fueron excluidos de su pacto y de esta manita que ustedes están dando habitualmente con el Partido Socialista, haciendo así buena esta gran coalición en la que se sienten tan cómodos algunos. Hagan su trabajo y no
permitan que caiga como una losa en las espaldas de los jueces su falta de responsabilidad a la hora de hacer su trabajo, que es legislar y en este caso intentar abordar las necesidades que tenemos los trabajadores y las trabajadoras en nuestro
país. Decía usted que un buen trabajo empieza por un contrato. Pues mire, no, gracias al marco de relaciones laborales que ustedes nos están propiciando esto ya no es así, pues existe tal desregulación y tal precariedad que a día de hoy un
contrato no exime a uno de ser pobre; eso es lo que ustedes están fomentando.


El Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea seguirá trabajando para que ustedes hagan lo que les toca hacer, su trabajo, legislar, y por fin trasponer estas directivas que van ni más ni menos que en el sentido de la igualdad de trato y
de la mejora de las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras en nuestro país.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vidal.


No veo al señor Barandiaran, del Grupo Vasco, en la sala. Con lo cual, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador.


El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidente.


Yo no soy jurista, pero me parece que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea les ha pegado un varapalo muy grande en el tema de la temporalidad. Me parece que ha puesto el dedo en la llaga de lo que estamos reclamando un
montón de gente, y es que las dos reformas laborales han traído más temporalidad y más precariedad. Nosotros somos partidarios de derogarla y a partir de aquí empezar un proceso de negociación totalmente nuevo, analizando las causas de este mal
mercado de trabajo para nosotros y empezar a poner ya soluciones de verdad. En las comisiones de Empleo hemos presentado un montón de proposiciones no de ley, pero no se ha llevado a la práctica ninguna, absolutamente ninguna. A veces me pregunto
para qué estamos. No hay ningún proyecto encima de la mesa por parte de ustedes para saber qué rumbo tomamos. Yo les pregunto si tienen algún plan o no. ¿No han hecho después de cinco años una valoración? Es decir, ¿no han encontrado nada mal en
lo que han hecho? ¿Ni una cosa? ¿Realmente es todo tan bonito como nos lo han pintado o cada vez que vienen aquí nos lo pintan? Porque parece que estemos en el mejor de los mundos y no es así. Como han dicho otros compañeros hay gente que
trabaja y sigue siendo pobre. En la apuesta para salir de esta economía lo primero que hicieron fue una reforma laboral; las causas no eran el mercado laboral ni la legislación laboral, y lógicamente las salidas tampoco serán estas. Como han
dicho otros compañeros hemos cambiado trabajadores con mejores condiciones por algunos con peores condiciones y sigue sin haber ningún tipo de autocrítica. Según la famosa frase, el primer paso para tener un empleo de calidad es tener un empleo; o
no. Con esta legislación que permite una concatenación de contratos temporales, por ejemplo, el empresario se pregunta, ¿por qué tengo que hacerlo fijo? Como decía, no soy jurista, pero parece que les han dado un buen varapalo.


Yo pienso que lo que tendrían que haber hecho después de esa sentencia habría sido empezar a actuar, pero además de no hacer autocrítica ustedes crean una comisión de expertos, siempre alargando todo el tema. Y esta comisión de expertos,
que precisamente no estaba formada por bolcheviques, encima les da otro varapalo, porque les dice cosas como que no es posible que la creación de empleo siga avanzando por la senda de la precariedad. Los expertos denuncian y exigen poner fin a los
abusos que se vienen cometiendo en materia de temporalidad, tanto en el empleo público como en el privado, y que son inadmisibles a la vista de la experiencia europea. ¿Les parece poco? Es necesario garantizar los derechos de los trabajadores
interinos. Los expertos coinciden unánimemente en la necesidad de poner fin inmediatamente a las interinidades de larga duración, tanto en el empleo privado como en el público. A los trabajadores interinos se les debe garantizar -a juicio de los
expertos- la estabilidad en el empleo, obligando a empresas y administraciones a que a partir de un determinado plazo se les mantengan en sus puestos, se les proteja frente al despido garantizándoles como mínimo una indemnización de veinte días, así
como el derecho de preaviso, a ser informados por escrito y a la revisión judicial de su despido, que solo cabrá si el trabajador al que sustituyen se reincorpora realmente y no en otros casos. ¿Les parece poco? Dice también la comisión de
expertos: el contrato de interinidad -a juicio de estos expertos- debe computar para la contratación temporal sucesiva, de modo que será más fácil llegar a los límites temporales que obligan a las empresas a considerar fijos a sus trabajadores; en
cambio su legislación permite que haya algún trabajador que en dos años encadene 215 contratos temporales, pero no pasa nada. Dice la comisión de expertos: estas sentencias -que no son las únicas- suponen un varapalo a la regulación legal española
sobre los contratos de interinidad, sobre la práctica abusiva del encadenamiento de contratos temporales, y sobre las relaciones de servicio eventuales e interinas en las administraciones públicas españolas, una situación que se da también en la
contratación laboral en empresas privadas, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que no existe una razón objetiva para justificar una diferencia de trato entre los trabajadores con contrato temporal e indefinido, por lo que
considera que es necesario cambiar esta legislación. ¿Les parece poco?


En su exposición usted también acepta que hay un abuso de la temporalidad. Al mismo tiempo yo he pedido los datos al servicio de documentación de esta casa -son los últimos datos- y he visto que en el año 2012 había 912 subinspectores
-contando también administraciones autonómicas- y en el año 2015 hay 840, es decir, hay menos inspectores de trabajo. Yo no veo por ningún sitio ningún tipo de mejora, de cambio, ni proyecto, ni aceptación de las propuestas e iniciativas que desde
aquí estamos haciendo los

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diferentes grupos de la oposición, solo se crea una comisión y a ver qué pasa, a ver qué dice, está sub iudice. Como yo no soy jurista posiblemente tengan razón, pero me parece a mí que ya es hora de la autocrítica, ya es hora de coger las
iniciativas concretas que estamos proponiendo aquí un día sí y otro día también. Y por favor, traigan un proyecto serio, porque sinceramente yo no creo que con este modelo de relaciones laborales salgamos de la crisis ni nada por el estilo. Como
antes les decía, ¿por qué voy a innovar o a investigar si puedo tener beneficios con una legislación favorable a la explotación de los trabajadores? ¿Qué me obliga a mí a hacer este cambio? Nada ni nadie.


Nada más. Me gustaría ver una autocrítica, me gustaría ver un proyecto. Creo que con esta sentencia no hace falta comisión de expertos ni nada; me parece que está tan claro que para el mismo trabajo no puede haber condiciones laborales
tan diferentes que cada día que pasa estamos perdiendo el tiempo por no dar solución a un problema tan elemental como este: a igualdad de trabajo mismas condiciones laborales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Del Campo.


El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del secretario de Estado. Quería empezar mi intervención como dice Sabina, y es que no sé si reír o llorar. Lo digo en referencia a que en un informe de expertos que en principio habla de
igualar condiciones entre trabajadores temporales e indefinidos lo primero que dicen estos expertos, nombrados a solicitud del Gobierno, es: rechazo al contrato único. Digo esto porque no sé si el hecho de que empiece el informe diciendo no al
contrato único es como para que nosotros nos preocupemos o lo celebremos. Por eso le digo que no sé si reír o llorar; no sé si celebrarlo o no. Con la sentencia en la mano y si partimos de la base de que las diferencias sustanciales entre un
contrato temporal y un contrato indefinido las marcan dos aspectos fundamentales -el primero de ellos es la duración del contrato, y el segundo los efectos de la extinción-, no es difícil llegar a la conclusión de que, si equiparamos los regímenes
de extinción entre un contrato temporal y un contrato indefinido, ambos contratos se acercan mucho en cuanto a su configuración como contratos, erosionando por lo tanto este régimen de extinción -una de las principales características que los
diferencia- y apuntando hacia la definición de un contrato -no lo vamos a llamar contrato único por si acaso- como laboral indefinido, estable o como lo queramos llamar, donde las diferencias en principio únicamente se quedarían reducidas a la
duración de este contrato. Por lo tanto en esta duración creo que no habría mucha diferencia, porque al final la duración del contrato vendría determinado -como pasa en la actualidad- por la voluntad de las partes, como dice el Estatuto de los
Trabajadores -la voluntad del empresario, la voluntad del trabajador-, con las previsiones y garantías legales que dice el Estatuto de los Trabajadores y con las excepciones -como pueden ser la fuerza mayor, jubilación, etcétera-. Por lo tanto creo
que no se está tan lejos de poder ir o avanzar hacia este modelo de contratación, llamémosle indefinido o modelo único -como lo quieran llamar-.


Coincido con alguno de los portavoces en que la crisis del mercado de trabajo, debido a una excesiva dualidad y a un abuso fraudulento de la contratación temporal, no viene causado por la sentencia. El problema no lo tenemos de ahora, es un
problema que viene desde hace mucho tiempo que creo que no han sabido solucionar ni ustedes ni los señores del Partido Socialista, que también han gobernado y tampoco han puesto soluciones. No obstante sí creemos que la sentencia y el momento -este
inicio de legislatura- pueden ser la ocasión propicia para abrir un debate -y aquí celebro que usted haya hablado de constituir mesas del diálogo social con agentes sociales-, pero creo -y coincido con Carles Campuzano- que igual se debería ir más
allá y que en ese debate participasen agentes económicos y los diferentes partidos políticos que estamos aquí representados. Probablemente esa sea la vía, y coincido con Carles Campuzano en que lo ideal sería que fueran ustedes valientes y trajeran
alguna propuesta en ese sentido en el que va la jurisprudencia de las sentencias de la Unión Europea. No sé si es el momento de abrir ahora el marco de una gran reforma del modelo de relaciones laborales; aquí se están tratando diversos temas como
han dicho los portavoces: el artículo 42, salario mínimo, el debate de autónomos. Pero al menos sí sería el momento de aprovechar esta sentencia y este momento político para abrir el melón de las modalidades de contratación.


Sigo con el informe y cito textualmente: El objetivo de limitar a sus justas proporciones la utilización de la contratación temporal, y evitar y en su caso sancionar las actuaciones abusivas y fraudulentas en la

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materia. Aquí me gustaría que nos dijese cómo vamos a hacerlo, cómo podemos hacer esto. Aquí voy a ser un poco más preciso que el señor Salvador, de Esquerra Republicana. Si leemos datos precisos del último informe oficial de 2015 de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social veremos que el número de inspectores y subinspectores a 1 de enero de 2009 era de 1.798, 891 inspectores y 907 subinspectores, pero es que a 1 de enero de 2015 -según los últimos datos que tenemos- era de
1.800, 2 funcionarios más en el periodo 2009-2015. Cojo este periodo porque no solo les voy a hacer responsables a ustedes, sino también al Partido Socialista, que tendría algo que decir. Estamos hablando en torno a 1.800 en la actualidad, y con
las convocatorias que ha habido podremos hablar como mucho de 100 funcionarios más para un volumen de contratos de 18,5 millones en 2015, y las cifras son similares en el año 2016. Es fácil hacer una división para ver el número de contratos que
corresponde vigilar a cada uno de los funcionarios de la inspección, y creo que es imposible que este objetivo que nos señalan los expertos se pueda llevar a cabo, sin perjuicio de que los funcionarios de la inspección han hecho un gran trabajo, más
de 500.000 órdenes de servicio, más de 300.000 empresas visitadas, pero es imposible que se lleguen a controlar por vía de la Inspección de Trabajo las actuaciones abusivas fraudulentas, su sanción, y tampoco creo que la solución sea poner un
inspector detrás de cada una de las empresas.


Además si nos vamos al programa Informa de la Inspección de Trabajo -aquí hablo de datos más cualitativos-, que hacen los funcionarios basado en las consultas a inspectores y subinspectores, donde se recogen opiniones de expertos
profesionales que están en inspección activa, nos dicen que entre los incumplimientos con mayor trascendencia en la normativa laboral en España aparece en tercer lugar -incluyendo prevención de riesgos laborales, Seguridad Social, etcétera, después
de falta de pago de salarios, que probablemente venga derivado de la crisis, y el fraude a la Seguridad Social- el fraude en la contratación temporal, lo cual está íntimamente relacionado con este exceso de dualidad de la que venimos hablando y de
la que se habla en la sentencia. Los funcionarios también hacen referencia a muchas de las causas, en las que no me quiero extender, pero sí nos dan algunas propuestas que se tendrían que tener en cuenta. Entre ellas, por citar algunas, hablan de
que a través del acta de infracción por fraude en la contratación laboral pueda derivarse directamente la calificación de los contratos como indefinidos, sin perjuicio de su revisión judicial. Pero quiero hacer hincapié especialmente en una de
ellas, que dice: establecerán un modelo de contrato temporal único precisando con claridad sus causas con carácter tasado. Contrato temporal único, algo que se acerca mucho al acuerdo que Ciudadanos y el Partido Socialista tuvimos en su día, y
como usted ha nombrado al acuerdo que firmamos en agosto con ustedes. Podemos tener un modelo de contratación indefinida, pero si no vamos hacia ese modelo de contrato único tenemos otras opciones, como puede ser este contrato temporal único, donde
se precisen con claridad sus causas. Es decir, creo que debemos aprovechar este debate para llevar a cabo un modelo en la contratación que incida sobre todo en la línea de flotación del fraude en la contratación temporal.


Por hacer alguna referencia a las previsiones que se hacen aquí respecto al contrato de interinidad sí coincidimos, tanto con el fallo de la sentencia como con el informe de los expertos, en que un trabajador no puede ser temporal tras más
de siete a doce años con un contrato de interinidad. Sobre esto creo que todos debemos hacer una reflexión. Por eso nos parece acertado en este caso incluir entre las propuestas un supuesto de limitación de encadenamiento de contratos; es decir,
que los contratos de interinidad aparezcan reflejados en el 15.5 para que no puedan ir más allá de los treinta meses o veinticuatro o incluso fijar otras cifras inferiores. No obstante también creemos -como se plasma en el informe- que la sentencia
es ambigua en algunos de los aspectos de su fundamentación, y que ha dado lugar a la comparabilidad entre la extinción del contrato de interinidad y el despido por causas objetivas -no sé si será el mejor debate-, así como la indefinición sobre la
posible aplicación a los interinos de las indemnizaciones que corresponden a los contratos temporales, que quizá sean dos indemnizaciones diferentes. Creo que la sentencia no se moja y debería haber respondido a algunas cuestiones como si debemos
abonar una indemnización a los contratos interinos y en qué cuantía o si quizá se debe indemnizar a todos los contratos interinos o solo a aquellos que superen determinadas duraciones. También creo que habría debido responder a algunas preguntas
como si se debe indemnizar a todos los contratos temporales, y por ello si se debería indemnizar también a los contratos por formación. ¿Debemos igualar indemnizaciones entre contratos indefinidos y contratos temporales? ¿Debemos ir hacia esa
igualdad como proponemos nosotros, y en su caso en qué cuantía? ¿Qué pasa en su caso con los efectos retroactivos, de los que tampoco se está hablando?

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Entendemos también que el grupo de expertos, por razones de seguridad jurídica y ante los próximos pronunciamientos, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aconsejen aplazar la formulación de un informe
definitivo hasta que no cuenten con las futuras resoluciones. No obstante y como le he dicho anteriormente los problemas de nuestro modelo de contratación temporal no son causados por esta sentencia. Es bueno que se abra el debate, pero creo que
son ustedes como Gobierno los que tienen que tomar estas decisiones. Como les digo tienen que decidir cuál es la vía, pero pongan en marcha esa Mesa de diálogo social donde también seamos partícipes todos los partidos políticos. Como le he dicho
apostamos por la eliminación de los factores diferenciales entre los contratos temporales e indefinidos, esencialmente respecto al coste del despido, apuntando hacia la idea de un contrato único, y después ya podremos discutir si la indemnización
tiene que ser superior o inferior. Pienso que tenemos que ir hacia la igualación de derechos, pero hay otras opciones y usted las ha dicho. Podemos discutir alternativas como el modelo de contrato indefinido, por un lado, y el contrato temporal
con indemnización creciente, acordado como he dicho, tanto con ustedes como con el Partido Socialista. En definitiva creemos que es el momento de iniciar este debate de manera constructiva, y siempre que constituyan aquí esta mesa a la que me he
referido o traigan aquí el debate, a través de una proposición de ley, nos van a tener a su lado.


Muchas gracias por su comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Campo


Tiene la palabra, finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Echániz, por un tiempo de diez minutos.


El señor ECHANIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Quisiera, en primer lugar, agradecer la presencia del secretario de Estado, su comparecencia, su diligencia y su disponibilidad para comparecer sobre este asunto, un tema complejo sobrevenido como consecuencia de las sentencias del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de septiembre y que pone en evidencia, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, la importancia de las instituciones europeas en nuestra vida, el impacto que supone ceder ámbitos de nuestra soberanía y
lo que significa también velar por la homogeneidad de algunas cuestiones importantes en la Unión Europea. Nosotros queremos dar la bienvenida a esta sentencia; la damos en todos los ámbitos, en los laborales, en los económicos y en los sociales.
Hay grupos parlamentarios que solo se apuntan a las sentencias europeas cuando hablan de cuestiones laborales y no económicas y, por tanto, queremos resaltar que bienvenidas sean todas las resoluciones de la Unión Europea que abordan cuestiones
internas de nuestro país.


En segundo lugar, quisiéramos poner de manifiesto que estas sentencias son consecuencia de solicitudes de los tribunales españoles, ante dudas procedimentales, a instancias superiores para cuestiones prejudiciales y en casos muy específicos,
y con el ánimo final de que prevalezcan los derechos de los trabajadores interinos y se acomode su situación al resto de trabajadores de nuestro país, teniendo en cuenta la normativa laboral. Nada que ver, señorías, por lo tanto, con la reforma
laboral de este Gobierno, que ha generado en los últimos años una intensa creación de empleo y ha puesto de manifiesto ser un instrumento extremadamente útil, aplaudido por la Unión Europea y que ha permitido mejorar la flexibilidad y la seguridad
de nuestro mercado laboral, a la vez que ha reducido la dualidad.


Quiero felicitar al Gobierno de España por la vorágine de iniciativas legislativas y políticas que ha ido adoptando a lo largo de los últimos años, también de las que tiene encima de la mesa. La ministra, hace bien pocas fechas, proponía en
esta Comisión un plan de trabajo amplísimo sobre esta materia que es prioritaria para el Gobierno de España, de una forma absolutamente proactiva. Por lo tanto, felicitación por parte del Grupo Parlamentario Popular al trabajo del Gobierno. Y
felicitación también en nombre de los españoles porque el Centro de Investigaciones Sociológicas pone de manifiesto, cada muy poco tiempo, que la preocupación más importante que tenían los españoles en el año 2011 empieza a mitigarse en términos
demoscópicos, en términos sociológicos gracias al trabajo que ha hecho el Gobierno. Una reducción del desempleo de 9 puntos, cientos de miles de nuevos trabajos en nuestro país, la creación de más de 1.500 puestos de trabajo cada día, sin duda
ponen de manifiesto un gran trabajo que se abortaría de reducirse o limitarse la potencialidad de las reformas que se han hecho a lo largo de los últimos años. Decía Hipócrates primum non nocere y esa es una cláusula que todos debemos tener en
nuestra cabeza cuando abordamos cuestiones importantes para los intereses de los españoles: primero, no hacer daño. En este momento, resolver algunas de las cuestiones que ha impulsado la reforma laboral sin duda sería grave para la situación del
empleo en nuestro país.

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Quiero también poner de manifiesto el valor del acuerdo que firmamos con Ciudadanos para resolver con carácter anticipado estas cuestiones, semanas antes incluso de la propia sentencia del Tribunal, y que pone de manifiesto la sintonía del
Grupo Parlamentario Popular con la sociedad española y con sus necesidades. El Gobierno desde el primer momento, como no puede ser de otra manera, acató la sentencia y para ello hizo lo que hace un Gobierno responsable, que es analizar el impacto
de la sentencia, el alcance, los efectos jurídicos y, por tanto, velar por la seguridad jurídica de nuestras relaciones laborales y reforzar la estabilidad laboral. El Grupo Parlamentario Popular ha trabajado en los últimos meses en esta dirección
y ha presentado iniciativas en esta Cámara. La legislación laboral, como saben sus señorías, establece que cuando el contrato de interinidad finaliza por la reincorporación del trabajador sustituido, el vencimiento de plazo legal o
convencionalmente establecido para la reincorporación o la extinción de la causa que dio lugar a la reserva del puesto de trabajo, el trabajador no tendrá derecho a ninguna indemnización salvo que así quede pactado en el convenio de aplicación o en
el contrato de trabajo específico, aspecto que diferencia ese contrato eventual del de obra o servicio determinado. Esto que acabo de decir, señorías, es precisamente lo que cuestiona el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esa sentencia de
14 de septiembre, si la legislación nacional, al no prever una indemnización por extinción de la relación laboral en contratos temporales de interinidad en el caso de finalización de contrato, se ajusta a la normativa europea. Sobra decir que la
cuestión en litigio nada tiene que ver con la reforma laboral, repito. El Estatuto de los Trabajadores es de 1980 y contempla distintas condiciones en la extinción de los trabajadores interinos y el resto de temporales y de ambos con respecto a los
contratos indefinidos desde que se aprobó en su momento, hace treinta y siete años nada más y nada menos.


La cuestión prejudicial se basa en solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resuelva si, de conformidad a la cláusula cuatro del Acuerdo Marco de la CES, de Unice y de CEEP sobre el trabajo de duración determinada, existe
una discriminación en este tipo de trabajador. La resolución judicial se ha dictado como consecuencia de esa cuestión y, por lo tanto, sus efectos jurídicos en principio deberían restringirse al caso concreto, pero el Gobierno de España ya ha
puesto de manifiesto su intención de resolver algunas cuestiones colaterales y ampliar, por tanto, una respuesta eficaz, inteligente y útil para la sociedad española en el ámbito laboral. Hemos trabajado intensamente a lo largo de los últimos meses
-repito- en esta cuestión presentando iniciativas políticas, proposiciones no de ley y participando del debate general. En ese sentido, queremos felicitar al ministerio por su trabajo en la convocatoria en el mes de octubre, a través del marco del
diálogo social, del diálogo tripartido, de una mesa de trabajo, de una comisión de expertos que se puso en funcionamiento en el mes de noviembre. Además, se ha dado la situación, yo creo que feliz, de ser una comisión abierta, plural, con miembros
designados por el Gobierno pero también por los interlocutores sociales para determinar el alcance y elaborar, además -algo que me parece muy importante-, propuestas. Ha habido varias prórrogas para la determinación del informe final que fue
entregado a la ministra con la advertencia de que todos los expertos consideran que este es un asunto abierto, que es un asunto que necesita todavía el pronunciamiento de los tribunales, de las instancias jurisdiccionales, en algunas cuestiones y
que, por tanto, es importante trabajar en esta dirección. El grupo de expertos también coincide en la necesidad de mantener la contratación laboral de duración determinada, en el rechazo al contrato único de trabajo y recomienda el objetivo de
limitar a sus justas proporciones -el Grupo Parlamentario Popular también- la utilización de la contratación temporal y evitar -y en su caso incluso sancionar- las actuaciones de carácter abusivo y fraudulento en esta materia. A tal efecto, y
centrándonos en los problemas que plantea en la práctica el contrato de interinidad, especialmente en el sector público, creemos que se debe mejorar su regulación y también los mecanismos de lucha contra ese fraude en la utilización. Por tanto,
coincidimos en que se puede dar lugar a una revisión profunda del contrato de interinidad, especialmente en aquellos con una duración anormalmente larga y claramente hay un trabajo extraordinariamente importante por hacer. En definitiva, el
contrato de interinidad por sustitución solo es posible cuando el trabajador sustituido tenga derecho a reserva de puesto de trabajo, es decir, que cuando termine la causa de su ausencia puede reincorporarse. En este sentido, el derecho de reserva
del puesto de trabajo queda configurado como la causa del contrato de interinidad. Señorías, más de la mitad de los trabajadores interinos trabajan para la Administración y, por tanto, tiene todo el sentido del mundo que procedamos a este trabajo.
Sin embargo, al Grupo Parlamentario Popular le sorprenden especialmente las intervenciones de algunos grupos políticos. La portavoz del Partido Socialista ha intentado dar lecciones cuando todos los españoles saben que hablar del paro en nuestro
país para el Partido Socialista es como para Noé hablar de la lluvia. Yo creo que más que pedir explicaciones deberían dar respuesta cumplida de la situación en algunos lugares de nuestro país como,

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por ejemplo, Andalucía, donde hay tasas de interinidad realmente escandalosas, con un 0,31 % de trabajadores ex novo contratados de forma indefinida y donde existen en estos momentos -en la sanidad, que yo conozco especialmente bien pero
también en la educación o en la justicia- tasas de temporalidad que son las más altas del país en este momento. Antes se hablaba del 11 % de media; en Andalucía estamos por encima del 35 % de interinidad. Eso está dando lugar, como estamos viendo
en las noticias todos estos días, a problemas en las calles muy importantes y a manifestaciones de la sociedad andaluza contra esa situación de deterioro de un servicio público esencial, una de cuyas causas es sin duda esta situación de aumento de
la temporalidad. Y lo mismo podría decir, señorías, al Grupo Parlamentario Podemos. Es sorprendente que la portavoz de este grupo diga que el noventa y tantos por ciento de los contratos en nuestro país son temporales porque no es cierto. El 75 %
de los contratos en España en este momento son indefinidos y solamente el 25 % son temporales, por lo que es evidente que lo que hay que mirar es el stock. Si un contrato solo se contabiliza, el indefinido, una vez en la vida, el año en que se
produce, es evidente que si al año siguiente, aunque tuviéramos el 99,9 % de contratos indefinidos, con que solo hubiese uno ese año y ese uno fuera temporal sería el cien por cien de contratación temporal ese año. Por lo tanto, es absurdo hablar
en esos términos porque es faltar a la verdad y confundir a quienes no conocen en profundidad nuestro mercado laboral. Me gustaría que, en lugar de pedir explicaciones, nos contase, por ejemplo, por qué en la empresa Madrid Destino -y su partido
gobierna en la alcaldía de nuestra ciudad de Madrid- en este momento se están produciendo protestas por parte de todas las fuerzas sindicales por la falta de transparencia o por qué se ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque
en la empresa que se dedica a promover nada más y nada menos que el turismo y la cultura en la capital de España el número de contrataciones temporales, eventuales, artísticas, ha superado el año pasado las previsiones, incluso ha duplicado las
cifras del año anterior incluso, y el comité de empresa, que está formado por Comisiones Obreras, Utmad, UGT o el CSIF, denuncia permanentemente irregularidades en la contratación, cuyas convocatorias permanecen en la web de la empresa. Este caso
está siendo analizado por la Inspección de Trabajo. Se ha pasado en muy poco tiempo de sesenta y un contratos eventuales a ciento dieciséis, se ha duplicado la contratación temporal en un solo ejercicio, y tras estas contrataciones Madrid Destino
ha superado al cierre de 2016 las previsiones de sus plantillas. Es decir, ha contratado a más gente de la que tenía en presupuestos, alcanzando quinientos once empleados, incremento que sobrepasa las previsiones de 2017, ejercicio en el que
estamos, con 489 trabajadores y con el consiguiente aumento de gasto por encima de las estimaciones presupuestarias. Otro favor a las cuentas públicas y al buen uso del dinero de todos. Por tanto, señorías, bienvenidas las críticas, bienvenidas
las aportaciones, pero creo que los grupos parlamentarios que tienen responsabilidades de Gobierno tienen que dar cuenta de cuál es su contribución a la situación de la temporalidad en nuestro país porque sin duda tienen mucho que decir.


En cualquier caso, señorías, termino poniendo de manifiesto mi agradecimiento al Gobierno por su agilidad en comparecer y su capacidad para el diálogo social porque creo que es muy reconfortante la puesta en marcha de estas cinco mesas de
diálogo social; es muy reconfortante que mañana se ponga en marcha la de calidad del trabajo. Creo que ha sido también muy oportuno -porque el Gobierno podría haberlo hecho de forma unilateral, con sus propios técnicos, que los tiene y muy buenos-
el que haya decidido montar, crear, organizar y dejar trabajar a un grupo de expertos plural, seleccionado por la pluralidad de los agentes sociales de nuestro país. Es un elemento muy importante porque se ha llegado a consensos relevantes. Está
pendiente su informe final por las recomendaciones que esas instancias jurisdiccionales tienen que establecer en un periodo que yo espero que sea corto. Por lo tanto, vamos a estar expectantes respecto de todas estas cuestiones para poder avanzar
en las reformas de nuestras instituciones laborales, para seguir mejorando en nuestra seguridad jurídica, en la defensa de los trabajadores de nuestro país, en la igualdad y en la equidad. Creo que los empleados públicos en este momento tienen que
estar francamente satisfechos en nuestro país en la medida en que ayer también se puso en marcha una mesa general de negociación en la Administración Pública que va a permitir reducir en un plazo razonable de al menos tres años esa tasa de
temporalidad.


El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, debe ir terminando.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino, señor presidente.


Un objetivo de reducción del 25 % al 8 % en tres años en los ámbitos de la educación, la sanidad y la justicia me parece muy relevante y que la tasa de reposición en las cuestiones realmente importantes esté al 100 % y hasta el 50 % en el
resto. Por tanto, termino como empezaba. El Grupo Parlamentario Popular,

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el Partido Popular en definitiva, que es una institución política al servicio de los españoles y que está trabajando en el ámbito del empleo de forma muy relevante y muy importante en los últimos años, quiere agradecer el trabajo del
Gobierno, un trabajo encomiable, rotundo, pero a la vez prudente y riguroso, dialogante y eficaz, y que está mejorando la situación del empleo de una forma contundente en nuestro país.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz.


Tiene la palabra en turno de réplica el secretario de Estado, señor Riesgo.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO (Riesgo Figuerola-Ferretti): Muchas gracias, presidente.


Quiero agradecerles a todos los portavoces sus intervenciones constructivas y en todo caso profundas respecto del asunto que nos convoca hoy aquí.


El Gobierno comparte sin duda la preocupación por la situación y lo demuestra con hechos constatables que yo he trasladado en esta comparecencia. Desde el primer momento que tuvimos conocimiento de la sentencia, nos pusimos a actuar.
Convocamos el diálogo social y dentro de este marco se acordó constituir este grupo de expertos, al que hemos dado todo nuestro respaldo para que pudiera realizar sus trabajos, de los que nos han dado traslado, e inmediatamente hemos convocado al
diálogo social para trabajar con ellos y para adoptar decisiones para ver qué se hacía ante esta situación y la decisión que se adoptó entre los representante de los trabajadores, de los empresarios y el Gobierno de la nación fue constituir las
cinco mesas de diálogo social, como he dicho anteriormente, y que ya conocen; de hecho, son públicos los comunicados conjuntos por parte de los interlocutores sociales y el Gobierno. Por tanto, el Gobierno ha actuado desde el primer momento.
Compartimos su preocupación, pero actuamos de manera responsable y además de la mano de los interlocutores sociales. Actuar de otra manera puede ser irresponsable y desde luego el Gobierno no quiere actuar así; además, en este objetivo el Gobierno
no está solo sino acompañado por los interlocutores sociales. El proceso al que hemos llegado hasta ahora ha sido un proceso dialogado y acordado dentro del marco del diálogo social. Por supuesto, no permaneceremos parados, pero nuestra
preocupación no nos va a llevar -por lo menos la del Gobierno y hasta donde puedo conocer la de los interlocutores sociales- a la irresponsabilidad.


Si les parece voy a intentar contestar a las diferentes cuestiones que se han planteado por los diferentes portavoces. No está en la sala el señor Campuzano; entiendo que tiene otras ocupaciones por la estructura de su grupo pero considero
que le debo dar respuesta porque, entre otras cosas, esta es la sede de la soberanía nacional y creo que, más allá del portavoz, el resto de las personas pueden estar interesadas y seguir el debate. Por tanto, con respecto a lo que ha mencionado el
señor Campuzano -que, por cierto, han mencionado otros grupos-, esa crítica respecto a una supuesta falta de iniciativa legislativa del Gobierno, he de decirle que, desde luego, falta de iniciativa creo que hemos demostrado con hechos irrefutables
que, en este caso, ninguna; diligencia absoluta y toda la rapidez en la gestión del asunto concreto. Si hablamos de falta de iniciativa legislativa sobre este asunto, sinceramente no creo que eso esté contrastado con los hechos. Cuando estamos
hablando de un Gobierno que lleva escasamente tres meses desde su toma de posesión y que ya ha alcanzado acuerdos como los que ya he mencionado en mi intervención inicial -incremento del salario mínimo interprofesional, aprobación con comunidades
autónomas e interlocutores sociales y, en el seno de esta Cámara, con los grupos parlamentarios de un real decreto-ley para impulsar la implantación de la garantía juvenil y que además ha alcanzado un histórico acuerdo en el seno de la Conferencia
de Presidentes, un acuerdo multidisciplinar pero también en particular en materia de empleo-, no creo que se pueda decir que el Gobierno esté actuando con falta de iniciativa. Incluso en la materia que nos convoca hoy aquí, con respecto de esta
sentencia, hemos -en mi opinión, de manera diligente y de la mano de interlocutores sociales- avanzado en la medida que hemos podido. Ayer mismo, el Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa de negociación colectiva una propuesta para reducir del
25 al 8 % la tasa de temporalidad en los sectores de educación, justicia y sanidad. ¿Qué quieren que les diga? Sinceramente, no se puede tildar esto de inactividad, no al menos quien haga una observación fría y realista de la realidad. Pero no
confundamos preocupación con irresponsabilidad. Por parte de muchos grupos se nos dice -sigo en el ámbito de la intervención del señor Campuzano- que hay que legislar y hacerlo de forma urgente. Sinceramente, cuando a través del propio órgano del
que surge este asunto, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se está diciendo que ha habido falta de entendimiento de la situación y cuando la situación

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objeto de regulación y por la que se pide al Gobierno que actúe ya lleva en los mismos términos más de treinta y seis años, no deja de llamar la atención que surja una inminente urgencia para actuar cuando, como digo, el que propicia esta
situación, que es el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de su presidente, está diciendo que esto no ha terminado. Luego, no es falta de diligencia -creo que he expuesto razonablemente las medidas que se están tomando al
respecto-; es responsabilidad. Agradezco, eso sí, al grupo parlamentario del señor Campuzano que a la hora de pedir que se avance él haya concretado. Es cierto que hay asuntos en los que en el ámbito del diálogo social se puede ir avanzando y que
han mencionado algunos grupos, pero en relación en particular con el asunto de la indemnización, está claro que hay bastante divergencia de criterios en el propio tribunal, en la jurisprudencia y en la sociedad, en el diálogo social y en el
Parlamento. Luego, no parece fácil avanzar en esa línea en todo caso al estar el asunto sub judice. Si lo que pretendemos es solucionar un problema de inseguridad jurídica no lo va a conseguir, porque va a seguir abierto a la espera de que lo
cierren los tribunales. Por tanto, podríamos avanzar pero probablemente de manera errática porque en nada nos solucionaría el problema de inseguridad que tenemos actualmente en la medida en que estaría sub judice y el tribunal podría dictar una
resolución diferente a la que se decidiera al legislar. Pero sí quiero agradecer que al menos el grupo del señor Campuzano haya querido concretar, porque aquí hay muchos grupos que solicitan avanzar, pero no concretan. El señor Campuzano lo ha
hecho y sinceramente es de agradecer.


Decía también el señor Campuzano que el Gobierno tiene que traer a la Cámara un plan global de medidas para avanzar en materia de temporalidad, de negociación colectiva, de políticas activas de empleo, de políticas pasivas. Bien, el
Gobierno lo ha traído ya. De hecho, la primera reunión que tuvo esta Comisión, si no me equivoco, ha sido precisamente para presentar ese plan, esa propuesta del Gobierno que obviamente debe hacer. La ministra ha venido aquí y ha presentado su
programa de legislatura, y ese es el programa del Gobierno de la nación. Ahora bien, en ese programa estaba, y desde luego va a estar -y sinceramente no saldrá de esta Comisión con otra opinión-, abordarlo desde el marco del diálogo social. Si nos
está pidiendo esta Cámara que abordemos el marco de regulaciones laborales: negociación colectiva, contratación, dualidad; que abordemos el marco de políticas activas y pasivas; que abordemos los avances que se puedan dar en materia de inspección
de trabajo y lucha contra el fraude de espaldas al diálogo social, desde luego el Gobierno no lo va a hacer. Se ha comprometido a hacerlo en el marco del diálogo social y no solo se ha comprometido, sino que se ha puesto a hacerlo porque, como
digo, ya hemos abierto la mesa de diálogo social de pensiones, ya hemos abierto ayer la mesa del diálogo social en materia de políticas activas y pasivas de empleo en un plan de choque por el empleo; mañana vamos a abrir la mesa de políticas para
el fomento de la calidad en el empleo, que es esencialmente la mesa que va a abordar la regulación de las relaciones laborales: la contratación, negociación colectiva, etcétera. Va a haber una mesa de diálogo social en el marco de la formación y
otra en el marco de la seguridad e higiene en el trabajo. Ese es nuestro plan, y en nuestro plan está por supuesto escuchar -sabiendo cuál es el plan del Gobierno, que lo ha expuesto aquí en la sede de la soberanía nacional-; llevar el plan del
Gobierno a la mesa del diálogo social y defenderlo ahí. Por su puesto, allí cada parte tendrá que ceder en pos del bien común, como, por cierto, se ha venido haciendo ya a lo largo de muchos años en este país. Sinceramente, no vamos a renunciar al
diálogo social porque creemos en él y porque hacerlo en este asunto concreto, en el que se nos pide actuar de manera urgente en un asunto en el que no se ha avanzado en treinta y seis años, estando sub judice, aparte de todo, es irresponsable. Por
cierto, se nos planteaba también por el Grupo Catalán que el Gobierno se pronuncie en relación con una proposición de ley. Entiendo que saben todos cuál es. Hay muchas proposiciones sobre las que podríamos pronunciarnos, pero no deja de ser
llamativo que sea el Poder Legislativo el que para solventar, y en el marco de sus competencias, le pida al Ejecutivo que sea quien lo resuelva. Sinceramente, el Gobierno está para gobernar y no está para interferir en la iniciativa legislativa
propia del Parlamento. Si el Parlamento lo ha iniciado, el Parlamento lo debe cerrar.


Paso ahora a referirme a la intervención de la señora Raya, del Grupo Parlamentario Socialista, en línea con algunos asuntos que ya he comentado. Se mencionaba por su parte que era precisa una acción inmediata, que la sentencia era un punto
final y que el Gobierno tenía nula voluntad de acatar el contenido de la resolución. Yo agradecería que se concretara después cuál es el contenido de la resolución, en particular en materia de indemnización por despido de interinos porque, claro,
si tenemos que acatar algo, convendría saber qué es. Una vez que sepamos qué es, decidiremos en el ámbito del diálogo social si se acata o no. En realidad, eso no se decidirá, se cumplirá pero en la medida en que esté definida cuál es la

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resolución exacta a la que se refiere el tribunal, porque el propio tribunal -no este Gobierno, que el Gobierno, como no puede ser de otra manera, respeta las sentencias- ha dicho que eso no está cerrado. Mencionaba asuntos en los que se
proponen avanzar, además del de la indemnización que, sin duda, es el más complejo; avanzar en la limitación temporal en el encadenamiento de contratos -por cierto, bienvenida sea esa mención por parte del Grupo Socialista-, en materia de lucha
contra el fraude, etcétera. Sin duda, hay cosas de las que mañana mismo en la mesa del diálogo social podríamos empezar a hablar, pero hay algunos elementos -y no lo digo yo, lo dice el propio tribunal y sobre todo lo dice el grupo de expertos al
que el diálogo social ha encomendado esta misión- que indican que no es responsable avanzar. ¿Qué quiere que le diga? Yo, como responsable del Gobierno de la nación, no pienso tomar, al menos de manera voluntaria, decisiones irresponsables.


Hay una cosa que me ha llamado la atención y es que la señora diputada del Grupo Socialista decía que el Gobierno no puede aplazar más esta decisión porque es un clamor incluso internacional. Decía la señora Raya que desde instancias
comunitarias se nos estaba instando a avanzar. Qué quiere que le diga, yo he escuchado decir al presidente del tribunal que esta historia no ha terminado. Luego, rogaría que nos diga aquí qué instancias comunitarias están clamando para que
cerremos este asunto ya, asunto que no se ha cerrado en treinta y seis años pero que parece que hay que cerrar ya ahora que está sub judice. Habla también de que los sindicatos dicen que hay que cerrarlo. Yo no descarto escucharlo mañana, pero hay
otra parte. La patronal no sé qué ha dicho al respecto; hay más partes. El diálogo social son tres partes. Yo no sé que han dicho los sindicatos -les hemos convocado mañana; que nos lo digan-; no sé qué ha dicho la patronal -la hemos convocado
mañana; que nos lo diga-; sé lo que dice el Gobierno y sobre todo sé lo que dice el grupo de expertos al que todos hemos encomendado esta misión. Pero lo más curioso, sinceramente, es que me dice la señora Raya que ese clamor incluye -en esta
Comisión desde luego lo ha incluido- al Grupo Parlamentario Socialista, que el Grupo Parlamentario Socialista, como usted aquí ha mencionado, dice que esto hay que regularlo ya. No he tomado nota, pero básicamente ha instado al Gobierno a actuar ya
porque esto es insoportable. Yo rogaría al Grupo Socialista que se ponga de acuerdo porque hace unas tres semanas en esta casa, en el debate de una PNL que presentaba un grupo parlamentario, la diputada portavoz del Grupo Socialista en aquel
debate, la señora Serrano, decía: Teniendo en cuenta estas consideraciones mayoritarias del grupo de expertos y la certeza de nuevas resoluciones judiciales, resulta cuando menos precipitado instar ya a una modificación de la legislación para dar
cumplimiento a una sentencia de la que los propios órganos jurisdiccionales españoles piden aclaraciones. Por tanto, ruego que ese clamor lo ordenemos porque si ya hay incertidumbres y unimos más, sinceramente el Gobierno -que para eso está-, pero
sobre todo la sociedad -que para eso no está- se pueden volver locos. En esto les hago un ruego general, que tengamos precaución porque, señorías, esta es la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Con las decisiones de esta Cámara entramos en 18
millones de hogares; estamos regulando las relaciones laborales que son el pan de las familias, y con las cosas de comer no se juega. Luego, ojo con la indefinición y la incertidumbre en estas cuestiones.


Decía la señora diputada del Grupo Socialista que el Grupo Popular y el Gobierno del Partido Popular estaban haciendo dejación de la defensa de los derechos de los trabajadores, en alusión a las medidas de temporalidad. Yo no voy a valorar
qué es lo que está haciendo el Gobierno porque prefiero constatar los hechos, pero sí voy, al menos, a constatar lo que han hecho otros Gobiernos del Partido Socialista. Yo no sé qué está haciendo este, pero ¿qué hacía el Gobierno del Partido
Socialista cuando establecía y clarificaba en el Estatuto de los Trabajadores que se permitían los despidos en este país en empresas con beneficios? ¿Estaba ahí defendiendo los derechos de los trabajadores o estaba adoptando una decisión
responsable? Yo no lo sé, le pregunto a usted. ¿Estaba el Gobierno del Partido Socialista, cuando permitió el encadenamiento ilimitado de contratos temporales en 2010, luchando por los derechos de los trabajadores en nuestro país o estaba velando
por el interés general? Yo no lo sé, se lo pregunto a usted. ¿Estaba el Gobierno del Partido Socialista, cuando quitaba la cotización de los trabajadores de las prácticas no laborales, velando por los derechos de los becarios o estaba velando por
los intereses del país?


Y voy más allá, refiriéndome a una proposición de ley de la que hemos hablado con anterioridad. Durante los años que viene regulándose la subcontratación en este país y no ha gobernado el Partido Popular, ¿ha estado el Grupo Socialista
velando o no por los derechos de los trabajadores? No lo sé, se lo pregunto a usted. Lo que sí sé, señoría, es el resultado de las políticas del Gobierno del Partido Popular desde que tomó posesión en 2012. Sabemos que queda muchísimo por hacer,
que hay muchísima gente todavía en desempleo, que muchos de ellos son parados de larga duración, que muchos de ellos son

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jóvenes a los que hay que dar una oportunidad porque, efectivamente, son el futuro pero necesitan una oportunidad en el presente y la necesitan hoy, sabiendo que hay mucha gente de elevada edad que está saliendo al mercado laboral y tenemos
que apoyarles, sabiendo que eso está ahí y sabiendo también, que es objeto de este debate, que nuestra economía mantiene un elevado nivel de dualidad, ojo, menor del que teníamos cuando gobernaba el Partido Socialista, sabiendo todo eso, también
sabemos que hemos avanzado mucho. Sinceramente, negar eso no es negárselo al Gobierno porque no se lo atribuye, es negárselo a la sociedad y creo que es justo y además creo que es práctico y, de hecho, se ve todos los días en los niveles de
confianza del CIS. Aquí no ha venido el Gobierno a crear más cenizos y a crear más pesimistas sino, al revés, a dar esperanza y a dar confianza en el futuro. Y, como digo, el resultado de las políticas del Gobierno, que no son más que herramientas
que ha puesto en la mano de los interlocutores sociales, de representantes de trabajadores y empresarios, de representantes también de autónomos y de los propios empresarios, es que hemos pasado de destruir 1.500 empleos al día a crear 1.500 empleos
al día; el resultado es que hemos pasado de que el paro subiera al 10 % interanual a bajar al 10 % interanual; el resultado es que hemos pasado de liderar el paro en Europa a liderar el crecimiento del empleo y el empleo indefinido en Europa. Ese
es el resultado de las decisiones acertadas de los españoles con las herramientas que les ha dado el Gobierno del Partido Popular.


Sinceramente, no seremos nosotros los que digamos que no hay mucho que hacer, y creo que lo dicho ya en dos o tres ocasiones en esta intervención, pero hay que empezar diciendo que se ha avanzado mucho porque, como digo, es práctico y es de
justicia hacerlo. ¿Y qué quiere que le diga, señoría? Además, de algunos, lecciones ninguna. Ya no hablo de cantidad de empleo, ya no digo que en la anterior legislatura se destruyeron casi tres millones de empleos, se triplicó la tasa de paro y
casi se cuadruplicó el paro juvenil, etcétera, por no aburrirles, sino que estoy hablando también de calidad. Y cuando hablamos de calidad -si quieren hablaremos de salario, no les quepa duda-, hablemos también de temporalidad. Hemos centrado este
debate en temporalidad. Señoría, ¿dígame usted por qué la Comunidad Autónoma de Andalucía lidera la tasa de temporalidad en España con un 35 %? Pero no solo en general, en el sector privado es muy probable que sea lo que usted considere. ¿Por qué
cinco comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista superan la media de tasa de temporalidad de la Administración autonómica? Dígamelo. ¿Eso también va a ser culpa del Gobierno de Mariano Rajoy? (La señora Raya Rodríguez: Sí). ¿La
tasa de temporalidad en Cantabria, que es del 38 % en la Administración autonómica, es culpa de Mariano Rajoy? Creo sinceramente que no. (La señora Raya Rodríguez pronuncia palabras que no se perciben).


Si hablamos de salarios, yo no quiero aburrirles, pero ya lo saben ustedes, los salarios no los fija el Gobierno, los fijan los representantes de los trabajadores y empresarios en el ámbito de la negociación colectiva. Nos puede gustar o
no, a mí me gusta y además creo que lo han hecho muy bien y lo está haciendo muy bien. Lo han hecho muy bien en 2012 y en 2015 y espero, por cierto, que lo vuelvan a hacer muy bien este año. Gracias a esas decisiones acertadas hemos podido
establecer un modelo económico en el que las ganancias de competitividad están permitiendo ganancias de crecimiento económico y ganancias de empleo, por cierto, con ganancias de poder adquisitivo de los salarios desde el año 2013. Eso es lo
principal que me ha planteado la señora diputada del Grupo Parlamentario Socialista.


En relación con lo que me planteaba la señora Vidal, del Grupo Parlamentario En Comú Podem, como ve, hay muchos asuntos que usted ha planteado que he abordado anteriormente. Usted hacía especial alusión a un asunto de gran relevancia para
todos los aquí presentes, y sin duda para el Gobierno, que es el empleo de las mujeres y la situación de las mujeres en el mercado de trabajo. Señoría, sobre esto no quiero hacer demagogia. Hay que mejorar mucho la situación de la mujer en el
mercado de trabajo español en términos de cantidad y de calidad, y no tengo ninguna duda porque los datos cantan; hay mucho que mejorar. Ahora, negar que se esté avanzando básicamente ya no es que sea injusto, sino que no es inteligente, y
permítame decirlo, porque entonces estaríamos rechazando medidas que nos están llevando a buenos resultados. Si hablamos de situación -y perdonen que haga un poquitín de pedagogía-, hay que ver la situación que heredamos con respecto a la tasa de
paro, etcétera, y realmente no me interesa ese debate. Cuando uno habla de situación no puede ver dónde está sin saber de dónde viene. Lo que nos interesa para saber si lo que se está haciendo últimamente está bien o no, es mirar la evolución. ¿Y
qué quiere que le diga? Que la evolución en esta materia de la que hablamos, como en otras, es bastante buena.


Cuando decimos que hemos bajado 4 puntos la brecha salarial desde 2012 es que se ha bajado entre todos. Gracias a los esfuerzos de toda la sociedad y al mérito de esas mujeres que están luchando por

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sus derechos, se ha reducido 4 puntos la brecha salarial de la mujer y ese es un hecho. Si a usted no le gusta, dígalo. A mí, desde luego, me gusta y estoy seguro de que a usted le gusta tanto o más que a mí. La brecha salarial, la brecha
de empleo, la brecha de actividad se ha reducido casi en 9 puntos. Eso es otro hecho. Por cierto, no hablemos solo de brecha salarial, hablemos de brecha de pensiones. Comprendo que es muy atractivo decir que el Gobierno del señor Rajoy es de
todo, pero a efectos de pensiones de mujeres es el que ha conseguido que el complemento de maternidad esté en vigor. Eso es lo que es y más allá del discurso, es lo que les importa a las mujeres, a esas más de 150.000 mujeres que han incrementado
hasta en un 15 % su pensión por una decisión del Gobierno de la nación, por cierto, obviamente respaldada por esta Cámara. Será muy atractivo decir que el Gobierno es más o menos defensor de la causa de las mujeres, pero lo cierto es que los hechos
cantan y el hecho cierto es que gracias a los esfuerzos de toda la sociedad, con las herramientas que se han puesto en su mano, hoy en nuestro país hay más mujeres trabajando que nunca. No sé qué le parece a usted eso, a mí me parece muy bien y,
desde luego, no pienso que sea un mérito del Gobierno, es un mérito de la sociedad que está sabiendo utilizar inteligentemente las herramientas que el Gobierno y esta Cámara le han puesto en su poder.


Y hablando de otro asunto que ha mencionado usted, que es el de la pobreza, el de la desigualdad, etcétera, crecer per se no vale para nada, crear empleo sí, sobre todo si ese empleo nos permite, como estamos ocurriendo ahora, reducir la
desigualdad. Se habla mucho de que la desigualdad está en no sé dónde; sí, la desigualdad está en no sé donde; efectivamente, está elevada. Sin duda, como digo, la situación es compleja, pero la evolución es positiva. A mí me gusta distinguir
entre situación y evolución porque si no, la gente se equivoca. Parece que como la situación de la desigualdad es muy elevada, hay que cambiar todo lo que se ha hecho, independientemente de si por lo que se ha hecho en estos últimos años la
desigualdad ha empezado a caer, hay que cambiarlo para que vuelva a subir porque el 70 % de la desigualdad que se ha producido desde 2007 en este país ha crecido antes del año 2011. Resulta que como subió mucho antes de 2011, lo que se ha hecho
después de 2012 hay que cambiarlo para que vuelva a subir como antes de 2011. Le daría datos concretos, pero básicamente para mí eso es lo esencial, el 70 % del incremento de la desigualdad se ha producido entre los años 2007 y 2011. Luego lo que
se ha realizado después del año 2012, que ha permitido que en los últimos años hayan empezado a caer esos niveles de desigualdad -Gini, Arope, etcétera-, es un buen reflejo de que los esfuerzos de toda la sociedad están dando sus frutos.


Creo que había un elemento adicional que había planteado y he dado unos cuantos datos como para saber que no somos yonquis, pero si esto a usted le da un teletipo y le da un tuit, pues está bien (El señor Rodríguez Rodríguez pronuncia
palabras que no se perciben), pero yo prefiero que mis afirmaciones me den tranquilidad más que intranquilidad y, desde luego, ni le voy a decir que usted es una yonqui ni que quiera que haya desigualdad. (La señora Vidal Sáez: Se lo agradezco).
Pues yo, si no le importa, le agradecería que no lo hiciera otra vez, más que nada porque aquí todos nos dedicamos a esto por el bien de nuestra nación y no para fastidiar a los demás, y yo no presumo eso de usted. (La señora Vidal Sáez: Por el
bien de nuestra nación, por favor, váyanse). Por concretar un poco todo lo que usted ha mencionado, ha dicho que hay que derogar la reforma laboral esencialmente por la situación de las camareras de piso. Dígame usted qué apartado de la reforma
laboral afecta al conflicto que se ha suscitado con ellas. (La señora Vidal Sáez: El 42, concretamente). El artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, pero dígame -tiene usted tiempo- qué disposición del Real Decreto-ley de la reforma laboral
de 2012 modifica el artículo 42, porque dice usted que la reforma laboral está provocando la precariedad de estas personas. Tiene usted tiempo, porque manejan ustedes estupendamente -y no solo ustedes- las redes e Internet y lo puede ver.


El señor Salvador planteaba que el Gobierno tiene que hacer autocrítica. Ya la ha hecho, aunque creo que no lo he dicho hasta ahora o quizá sí en mi intervención inicial. La ministra -no yo, la ministra- en esta sala, en la Comisión de
Empleo y Seguridad Social dijo que nada era perfecto y que la reforma laboral está funcionando pero que se puede mejorar. Bajo un diagnóstico acertado de la situación y con acuerdo, todo se puede mejorar. Por tanto, nadie se cree aquí el más listo
de la clase. Es verdad que las notas no son malas y están mejorando, pero siguen siendo bajas. Las notas están mejorando, pero nadie dice que no haya nada que cambiar. Por eso hemos convocado una mesa de diálogo social para avanzar precisamente
en el ámbito que nos trae hoy aquí, que es el de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dice que el Gobierno tiene que hacer autocrítica porque ha habido una sentencia en respuesta a una cuestión prejudicial que el primero que
la ha puesto en duda ha sido el presidente del tribunal y después la ha puesto en duda el grupo de expertos. Por tanto, parece que es una sentencia que

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genera ciertas dudas sobre su alcance; y no digo yo, sino el grupo de expertos y el propio presidente del tribunal. Llama la atención que tengamos que hacer autocrítica por eso, porque parece que el asunto está abierto, pero lo mejor es
que el asunto que enjuicia no ha sido regulado tampoco en la reforma laboral. Por tanto, tenemos que hacer propósito de enmienda de algo que no hemos propuesto. Habrá que ver que, efectivamente, está en la reforma laboral. Primero, está por ver
si queda claro lo que dice la sentencia y, segundo, no hay duda de que la indemnización de los trabajadores interinos no se regula en la reforma laboral. Yo hago toda la autocrítica que quiera -y no solo yo, porque a usted le dará igual y hace
bien, sino también la ministra; la ministra la ha hecho y la ha hecho aquí, en la sede de la soberanía nacional-, pero no me diga que haga autocrítica de algo que no he hecho yo, porque, sinceramente, me parece que no es justo, por no decir otra
cosa.


Nuevamente se nos plantea, como hacía el señor Campuzano, la falta de proyecto. No sé si estaba usted o no, pero insisto en que la ministra ha venido aquí a exponer su proyecto durante tres horas y media. El proyecto está en el Diario de
Sesiones, en textos del Gobierno y, por supuesto, en las propuestas que el Gobierno va a hacer en las mesas de diálogo social. Sin embargo, que no espere nadie -yo no lo espero- que esas propuestas vean la luz al cien por cien, porque si vamos
hacer un proceso de diálogo social, cada uno tendrá que ceder. Pero las propuestas están y se han presentado aquí, en la sede de la soberanía nacional. Las repito, si quiere. Por ejemplo, en el ámbito del plan de choque, vamos a renovar la
estrategia de activación para el empleo 2017-2020, cumpliendo, por cierto, el mandato de la Conferencia de Presidentes, haciendo que las políticas activas de empleo mejoren su coordinación y su evaluación, y orientando los resultados. ¿Eso le
parece poco? Pues no lo es, es mucho. Lo hemos acordado con todas las comunidades autónomas, lo queremos hacer y le anticipo que creo que hay acuerdo para avanzar por ahí. También hemos dicho que queremos renovar el programa de activación para el
empleo y el Plan Prepara. Lo queremos hacer pronto y creo que lo podremos hacer. ¿Le parece poco? Pues a mí no, básicamente porque a los cientos de miles de españoles que se pueden beneficiar de ellos seguro que no les parecerá poco. Hemos dicho
también que en el marco de la mesa para la agenda integral de calidad en el empleo queremos avanzar en nuestra propuesta, que es una más. Es la propuesta del Gobierno y de Ciudadanos -al menos cuando se firmó el acuerdo- avanzar hacia tres
modalidades contractuales: un contrato indefinido, otro de duración determinada con indemnización creciente y otro formativo. Ese es un proyecto, esa es nuestra propuesta y la vamos a dialogar. Si hay acuerdo, se hará y, si no, desgraciadamente
no se hará, porque creemos en el diálogo social. Respecto a la formación, ya les hemos dicho que hay que elaborar el real decreto que desarrolle la Ley de formación que se aprobó en la anterior legislatura y queremos abordar diferentes proyectos
que no vienen al caso. En cuanto a la Inspección de Trabajo, ya les digo que hay un nuevo plan ambicioso. Por lo tanto, planes hay, pero no hay irresponsabilidad. He expuesto ya claramente el motivo por el cual en esta materia toda prudencia es
poca.


Se ha referido usted -y hace bien- a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a la importancia de su colaboración en la reducción del fraude a la Seguridad Social. Obviamente, es vital. Nos acompaña aquí el subsecretario -a quien, por
cierto, se lo agradezco- que, como saben, es el titular de la cartera de Inspección de Trabajo, aunque esta es plenamente independiente en sus actuaciones. Hace usted bien sacando a colación el papel de la Inspección y desde el ministerio queremos
destacar su inestimable labor en defensa de los derechos de los trabajadores. Apoyamos a la Inspección desde el ministerio en la medida que está en nuestra mano y en lo que nos compete, que no es decidir dónde van, sino que estén bien pertrechados
para ir donde tienen que ir, que puedan colaborar con quien tienen que colaborar y que allá donde encuentren una infracción impongan la sanción que tengan que imponer. Le reto a que encuentre un inspector que no haya tenido el apoyo del Gobierno de
la nación en su actuación. Aprobamos un plan de lucha contra el fraude que, como he dicho, ha tenido un gran impacto en términos económicos con más de 18.000 millones de euros, pero en el asunto que nos atañe ahora mismo estamos hablando de más de
250.000 contratos temporales que eran irregulares y que se han convertido, fruto de esta acción inspectora, en contratos indefinidos. Por tanto, se ha avanzado y se ha trabajado y eso no ha sido casualidad. Como digo, se ha hecho un plan en el que
se mejora la coordinación con otras instituciones, en el que se refuerzan las sanciones y con el que se ha dotado con más de 400 nuevos inspectores y subinspectores a la Inspección de Trabajo. Por tanto, se ha apostado todo lo que se ha podido por
la Inspección de Trabajo, estableciendo la no aplicación de limitación de las tasas de reposición genéricas que se habían establecido para la generalidad de los cuerpos.


Paso ya a la intervención de don Sergio del Campo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Comenzó su intervención con un asunto que nos consta que es de interés para su grupo, que es el del contrato

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único. Como Gobierno, solo les trasladamos lo que dice el informe y lo respetamos. No vamos a comentar nada al respecto. Respetamos el informe y no creemos que sea nuestro papel comentar si procede o no que destaquen unos u otros asuntos.
Lo que sí quiero destacar es que al Gobierno no le ha extrañado en absoluto que una conclusión de la interpretación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sea que el contrato único no es la única solución. Si el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea está enjuiciando el cumplimiento en la normativa española de una directiva que establece la posibilidad de que existan contratos de diferente condición, como indefinidos y temporales, la conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea no puede ser que para cumplir la directiva europea en España tenga que haber un contrato único, porque la directiva establece la posibilidad de que haya varios contratos. Luego no nos ha sorprendido que la conclusión sea que la sentencia no
obliga a la legislación española a establecer un contrato único en virtud de una directiva que establece diversidad de contratos. Nuevamente se abordaba este importante diálogo sobre qué va antes, si el huevo o la gallina, diálogo social o
Parlamento. Pueden ir a la vez y yo desde luego no soy quién para decir que no. Ustedes son soberanos, esta es la Cámara de representación popular y tiene sus competencias. En el Gobierno creemos que es bueno que los asuntos en materia
sociolaboral se acuerden en el marco del diálogo social y de ahí no nos vamos a apear. Sin duda se puede ir avanzando y en el diálogo social avanzaremos, pero en el Gobierno creemos que esa es la situación.


Creo haber dado respuesta a las intervenciones de todos los grupos, salvo a la del señor Echániz, a quien daré ahora una breve respuesta, esencialmente dándole las gracias. En primer lugar, gracias por las palabras de reconocimiento que ha
tenido para el Gobierno por su labor que, sin ser especialmente necesarias, no dejan de ser bienvenidas. Por lo que sí le voy a dar las gracias a usted y a todos los miembros del Grupo Parlamentario Popular que le acompañan es por apoyar día a día
a este Gobierno en las decisiones que está tomando y que se están revelando beneficiosas para el país.


Quiero dar las gracias al grupo por ese respaldo responsable y leal que día a día está dando al Gobierno en una labor no partidista sino responsable por el futuro de nuestro país. Así que muchas gracias al Grupo Popular y, en general, a
todos los portavoces que han intervenido. Como digo, les animo a que abramos, como hemos hecho ya desde el comienzo de esta legislatura, la oportunidad que nos ofrece también esta sentencia al diálogo y al avance con el acuerdo social y el acuerdo
parlamentario. Hemos avanzado pacto a pacto, les he dado ejemplos concretos de lo que hemos sido capaces de hacer en dos meses y medio; quedan -esperemos- casi cuatro años de legislatura. Los españoles están esperando mucho de nosotros y nosotros
también esperamos mucho de ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Si alguno de los grupos tiene deseo de hacer uso de un último turno de réplica de tres minutos, puede hacerlo, pero seré estricto en el control del tiempo.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Raya.


La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


No estaba previsto un turno de réplica, pero después de escuchar la segunda intervención del secretario de Estado, tengo que decir que hemos pasado de una primera intervención propagandística a una segunda intervención insultante. Pero no
insultante para mí, ni para este grupo, ni para los que estamos aquí; insultante para los millones de trabajadores que están en situación de pobreza y que sí pueden escuchar esta intervención supongo que no darán crédito, como nos está ocurriendo a
nosotros.


Ha nombrado la reforma laboral, ha nombrado la etapa del Partido Socialista gobernada por Zapatero. Nosotros tenemos un récord en esa etapa que a ustedes desde luego no les gusta mencionar, y es que el paro se redujo hasta un 8 %.
Evidentemente, había cosas que mejorar en esa reforma laboral, y nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, pero hay una diferencia muy importante respecto a la suya, y es que nosotros siempre lo hicimos dialogando, con la negociación
colectiva, negociación que se cargaron ustedes de un plumazo.


Ha mencionado en su segunda intervención en multitud de ocasiones la palabra diálogo social. Señorías, la última vez que los sindicatos se reunieron con el presidente del Gobierno, con el señor Rajoy, salieron diciendo que no entendían muy
bien para qué se habían reunido, porque a ustedes les gustan muy poco los sindicatos, cosa que ya sabemos, pero ellos están ahí, son los agentes sociales, han elevado multitud de demandas al Gobierno y ustedes han hecho oídos sordos. Y sí, Europa
les dice en esta sentencia que existe un trato discriminatorio, que hay un abuso de la temporalidad, y no solo denuncia eso sino además un posible fraude. Usted habla aquí de datos maravillosos de empleo, cuando en este

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país la temporalidad supera a la de Polonia; es una cosa tremenda. Habla de que la brecha salarial no existe, precisamente hoy, que es el Día de la Mujer y una de las reivindicaciones principales que tenemos es que se reduzca esa brecha
salarial y que haya medidas de conciliación.


También se lo ha dicho la OIT al clasificar a muchos trabajadores españoles como trabajadores pobres, porque en este país, aunque no se lo crea, existen muchos trabajadores pobres. Y no se lo dice el Partido Socialista, ni los agentes
sociales, ni Europa; se lo dicen las propias ONG, se lo dice Caritas, que ha denunciado en Canarias que la reforma laboral ha sido perniciosa para los trabajadores de este país. Y ustedes han fomentado a los falsos autónomos, han fomentado a los
falsos becarios, por lo que yo le pido, secretario de Estado, que no les falte al respeto a los trabajadores, como ha hecho en su segunda intervención, porque las promesas de este Gobierno son papel mojado. Estamos acostumbrados a escuchar a un
Gobierno especialista en mentir, como ha hecho con las pensiones. Lo que desde luego no ha hecho el Partido Socialista es vaciar, como han hecho ustedes, la hucha de las pensiones poniendo en riesgo el futuro de las mismas en este país.


El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.


La señora RAYA RODRÍGUEZ: Concluyo.


Y ya que ha nombrado a las comunidades autónomas, le diré que lo que han hecho ustedes con las comunidades autónomas es asfixiarlas directamente. Yo vengo de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ustedes han reducido la inversión en políticas
activas de empleo. Han dejado de cumplir con sus compromisos, como lo hicieron con Canarias y como hemos denunciado desde este grupo con un plan integral de empleo en una comunidad autónoma que sí, señorías, supera con creces el paro de la media
nacional.


El señor PRESIDENTE: Concluya, señora Raya, por favor.


La señora RAYA RODRÍGUEZ: Me podría extender, pero termino ya.


El señor PRESIDENTE: Ya sé que se podría extender, pero tiene solo tres minutos para hacerlo.


La señora RAYA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Mixto no está. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Vidal por tres minutos también.


La señora VIDAL SÁEZ: Yo creo que en política uno es responsable por lo que hace y también por lo que no hace. A las kellys les afecta la reforma laboral y les afecta también la legislación previa. A las kellys les afecta el 42, a las
kellys les afecta el descuelgue salarial, a las kellys les afecta la parcialidad, a las kellys les afectan muchísimos artículos que se fomentaban con su reforma laboral. A las kellys y al resto de trabajadores y trabajadoras de este país que,
gracias a su reforma, hemos visto cómo se precarizaban nuestras vidas más aún de lo que ya estaban.


Es gracioso que hable usted de mujeres, y le vuelvo a preguntar por qué caray han vetado entonces la proposición de ley que recogía en este caso los permisos de maternidad y de paternidad intransferibles. Le recomiendo -ya que dice que le
gusta tanto leer- que se lea los informes que han puesto encima de la mesa, por ejemplo, Comisiones Obreras alrededor de la brecha salarial, con un título tan sugerente como La brecha o el peaje de la discriminación, donde se explicitan cantidad de
datos que le recomiendo de verdad que se mire con cariño.


Creo que son responsables de la caída de los salarios, por supuesto que sí. Son sus medidas; es, por ejemplo, el descuelgue lo que ha hecho posible que se devalúen hasta llegar a la situación en la que están a día de hoy. Y ya que le
gusta tanto la evolución de la situación en el mercado - usted lo recalcaba muchísimo-, me vuelvo a referir a la tortura a la que someten a las cifras. Vuelvo a repetirle los datos exactamente. Los trabajadores asalariados a día de hoy, los que
están en situación de indefinidos, en cuatro años han descendido, lo que quiere decir que a día de hoy están en un 73 %, mientras que los temporales están en un 26,5. Mucho peor que como estábamos hace cuatro años. Pero, insistimos en que la
situación más grave es que el 94 % de la nueva contratación es temporal, de lo cual son ustedes corresponsables. Lo son de la situación y de la evolución, y es que estábamos mal y hemos ido a peor gracias a sus leyes y a sus reformas.

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Es graciosísimo -y con esto termino- que ahora se presenten como adalides del diálogo social; es algo simpatiquísimo teniendo en cuenta que aquel Gobierno suyo con mayoría absoluta fue el Gobierno conocido por gobernar básicamente vía
decretos-leyes -uno tras otro-, ignorando permanentemente al Parlamento y a los agentes sociales. Es graciosísimo, entre otras cosas, porque ustedes no entienden lo que es el diálogo, pero yo se lo explico. Cuando ustedes se ponen a hablar a
puerta cerrada con otro grupo, eso tiene más que ver con el amiguismo que con el diálogo social. Diálogo social es algo más abierto, es algo que compete a más grupos de este Parlamento, algo que van a ir aprendiendo porque poco a poco se van a dar
cuenta de que ustedes ya no tienen mayoría absoluta porque la han perdido gracias, en este caso, a los trabajadores y las trabajadoras y a aquellos que tampoco están de acuerdo.


Termino. Yonqui significa adicto, y sí, me reafirmo en mis palabras: son ustedes adictos a la precariedad, pero lo peor es que no lo son hacia ustedes mismos sino que nos la aplican a la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras de
este país que tenemos que sufrir sus reformas y además su prepotencia.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, por ceñirse al tiempo.


Señor Salvador.


El señor SALVADOR I DUCH: Autocrítica no es decir que esto se puede mejorar, porque todo en la vida se puede mejorar. Esto para mí no es una autocrítica sino una evidencia.


Yo le he preguntado cosas más concretas que no han tenido respuesta. Por cierto, usted pregunta que cómo ha afectado la reforma laboral en la temporalidad y yo se lo explico. Usted sabe que la reforma laboral lo que ha hecho ha sido
abaratar el despido y hacerlo más fácil, algo en lo que supongo que estará de acuerdo. Ha supuesto una devaluación salarial, pero sobre todo ha sido un misil a la negociación colectiva, cosa que supongo que también sabe. Ya no se puede negociar en
igualdad de condiciones como se negociaba antes de las dos reformas laborales, y esto hace que vayamos a un estado de 'o lo toma o lo deja'. Por eso hay que tomar cualquier cosa al precio que sea, de forma temporal o con contratos parciales. Esta
es la realidad y así es como afecta la reforma laboral, no me invento nada.


Sin ir más lejos, le he hecho unas cuantas preguntas. La comisión de expertos, de la que ya le he dicho que no son ninguna pandilla de bolcheviques ni mucho menos, le ha hecho una serie de recomendaciones a las que no he visto de ninguna
manera -aparte de salir con subterfugios judiciales- respuesta política. La comisión de expertos les está diciendo que basta de temporalidad, les está diciendo basta de precariedad y les está diciendo que basta de la práctica abusiva de
encadenación de contratos temporales. ¿Qué va a hacer usted concretamente ante esta realidad? Porque es una realidad. Esa es la pregunta que le hago.


Usted habla de la Inspección de Trabajo -por cierto, el compañero de Ciudadanos y yo hemos utilizado el mismo documento de inspectores; cada uno ha cogido una cifra, pero vienen a decir lo mismo- y desde el año 2009 había 1.798 inspectores
de trabajo y ahora hay 1.800, dos más. Yo he cogido cifras de los subinspectores, de los cuales hay bastantes menos. Pero esto no es combatir. En mi demarcación en un fin de semana, si no hay una campaña especial, te puedes encontrar un solo
inspector de trabajo. Si yo estuviera en el otro bando, por decirlo de la otra manera, me sería bastante fácil hacer trampas un fin de semana en la costa cualquier día. Solamente hay uno de guardia. Ahora igual han aumentado, puede que haya dos,
pero estoy hablando de una auténtica miseria en cuanto a inspección de trabajo, y tampoco me ha contestado.


No hay más tiempo. Solo quiero repetir lo mismo: menos autobombo, menos comisiones; la temporalidad y la precariedad son lacras que existen. Pónganse a trabajar de una vez.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.


Señor Del Campo, tres minutos.


El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias.


Simplemente un apunte. Cuando hablaba de ese contrato único simplemente lo decía porque las sentencias son posteriores al acuerdo que tenemos firmado los grupos. (Risas). Por eso le decía que se puede introducir en el debate. No obstante
están en vigor los acuerdos y nosotros los vamos a respetar y

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nos sentimos cómodos con esa triple modalidad contractual. De todos modos entendemos que esta sentencia puede abrir ese debate para avanzar un poco más hacia un modelo de contrato único.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Campo.


Señor Echániz, tres minutos.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Tras la intervención/mitin de la portavoz del Partido Socialista sencillamente quiero decir que los insultos no son los argumentos del compareciente, trufados de datos, ni su labor y esfuerzo ni la coherencia y eficacia del Gobierno en
materia laboral a lo largo de los últimos años. Lo que es un insulto y una falta de respeto es la rotura de las expectativas de las oportunidades familiares, personales y vitales de tres millones y medio de personas que desde el año 2007 perdieron
su empleo en España; la dramática situación de pasar de una tasa de paro del 8 % al 26 %, ganar 18 puntos de tasa de paro en nuestro país, o que 1.500 personas cada día viesen desaparecer esas expectativas o esa capacidad de dar una solución a los
problemas familiares y vitales, repito.


El Grupo Socialista, junto con el Grupo Podemos en la Comunidad Valenciana, derogó hace unos días la Ley de Maternidad, que ayudaba económicamente a las mujeres sin recursos en esa comunidad autónoma, una clara muestra de la importancia que
le conceden a la mujer en su comunidad o en los sitios donde gobiernan. No me han contestado respecto de la actuación en las administraciones donde gobiernan ni el Partido Socialista ni Podemos, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Asturias o en
el Ayuntamiento de Madrid, respecto al tema del aumento brutal de la temporalidad en esas administraciones. Por tanto no predican con el ejemplo y sus palabras tienen poco valor.


Termino diciendo que la mejor forma para el Grupo Parlamentario Popular de celebrar el Día de la Mujer no es con brazaletes ni con eslóganes ni con carteles, sino poniendo encima de la mesa 8.219.000 empleos de mujeres españolas, récord
histórico en empleabilidad de la mujer española. Eso sí es una aportación y no un gesto para la galería. Queremos felicitar en el día de hoy a las miles de mujeres que en el último año han conseguido un empleo o han recuperado un empleo, y quiero
comprometer todos los esfuerzos, todo el trabajo, toda la dedicación y todos los desvelos para seguir trabajando cada minuto para que el 8 de marzo del año que viene, el año 2018, podamos decir que todavía hemos generado aún más empleo, un nuevo
récord en nuestro país y oportunidades para las mujeres españolas, a las que el Grupo Parlamentario Popular quiere en el día de hoy felicitar y mandar un mensaje de esperanza, pero sobre todo de compromiso firme de seguir trabajando por sus
expectativas y sus derechos.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario de Estado. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz.


Cierra la intervención el secretario de Estado, señor Riesgo.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO (Riesgo Figuerola-Ferretti): Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos nuevamente.


Insisto en que la vocación del Gobierno es de diálogo, de trabajo y de acuerdo, y esa misma actitud que pretendemos tener en la Mesa de diálogo social la queremos tener también en el ámbito del diálogo parlamentario. Confío en que, más allá
del debate parlamentario que estamos teniendo aquí, de contraste de argumentos, por otra parte leal y lógico, no enturbie la posibilidad de seguir avanzando y adoptando acuerdos, como por cierto en el escaso tiempo que llevamos de legislatura hemos
sido capaces de alcanzar, incluso de manera unánime, si no me equivoco, en el caso de alguna norma con rango de ley.


Permítame, presidente, que haga alusión a alguna de las afirmaciones que se han hecho en esta segunda fase por parte de los señores portavoces. Decía la señora Raya que nosotros somos nuevos en esto del diálogo social. Yo creo que de esto
de gobernar en épocas difíciles sabemos un poco todos. Sabemos que el diálogo social es imprescindible y que hay momentos en los que desgraciadamente no es fácil avanzar en esa línea con los pasos que necesita el país. Habla usted de pensiones -yo
no- y de diálogo social en la misma intervención. No quería recordárselo, pero si quiere se lo vuelvo a decir. Aquí ha habido momentos duros para todos. El Partido Socialista pasó por momentos duros de gobierno en los que tuvo que tomar
decisiones duras, incluso sin contar con el apoyo del diálogo social, en particular en materia de pensiones, por ejemplo. Luego de esto sabemos un poco todos, pero ello no impide que desde el primer día tengamos la voluntad de trabajar en el marco
del diálogo social, no obstante aquí las

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pensiones las congeló el Partido Socialista y no el Partido Popular, y ahí diálogo social, que yo sepa, no hubo.


Ha hecho una afirmación que quiero comentar por respeto a ellos. Dice usted que no nos gustan los sindicatos. Yo le reto a usted a que encuentre un sindicalista con el que trate yo que le diga que no le gusto, que no me gusta o que a mí me
gusta más un empresario de la patronal. (Rumores). Si, dice usted que no me gustan los sindicatos, y yo le reto a que encuentre un sindicalista que le afirme que yo le muestro animadversión o quizá menos preferencia que a una persona representante
de la patronal. Yo respeto a los representantes de trabajadores tanto como a los de la patronal y les damos el papel que la Constitución les confiere.


Alega que yo vengo aquí a hablar de datos maravillosos. Yo no quiero calificar los datos que yo he dado aquí. Lo que sí afirmo es que los datos que he dado son ciertos, y si usted cree que no, refútelos, pero son los que son.
Esencialmente me fijo en la evolución, no en la situación. Todos los datos que he dado son ciertos. Si usted los quiere calificar de maravillosos, bienvenida sea, pero no los he calificado yo. Yo simplemente los he mencionado. ¿Usted dice que
son maravillosos? Yo creo que son buenos y nos deben animar a seguir avanzando, pero la situación sigue siendo muy compleja.


Usted afirma que yo he dicho que la brecha salarial no existe, literalmente. Ha dicho: usted dice que la brecha salarial no existe. No. Yo he dicho que la brecha salarial se ha reducido 4 puntos desde 2012. Existe y sigue siendo muy
alta y hay que bajarla, pero yo no he dicho que no exista. He dicho que existe y que se está reduciendo. ¿Por qué digo que se está reduciendo? Uno, para agradecer los esfuerzos que están promoviendo esa reducción, y dos, para indicar que parece
que lo que se está haciendo está revirtiendo en una mejora de la situación. Diferenciemos entre situación y evolución. Yo no digo que no exista la brecha salarial. La brecha salarial existe, pero está mejorando, y si usted piensa que no dígame
dónde indica que la brecha salarial no está reduciéndose. Yo le digo que los datos oficiales que tengo yo -datos de Eurostat por cierto- indican que son 4 puntos durante los últimos cuatro años. Es verdad que el último año se ha mantenido
constante respecto al año anterior, dato que salió ayer. Pero me alegra que se fije en la evolución cuando se queda constante, pero no la ignore cuando baja 4 puntos. Ha bajado 4 puntos y el último año se ha mantenido constante.


Hablaba usted de falsos autónomos y falsos becarios. Insisto, dígame usted dónde ha promovido este Gobierno los falsos becarios y los falsos autónomos; ni en la famosa polémica reciente de los contratos predoctorales. La regulación de
contratos está en una ley de 2011. Si se considera mejorable, que se mejore, pero es una ley de 2011 y no tienen nada que ver ahí el Ministerio de Empleo ni el Partido Popular.


Finalmente hablaba de asfixia a las comunidades autónomas. Desde luego que ha habido que hacer un esfuerzo de consolidación fiscal importante, no lo niego, desde el Ministerio de Empleo, y les digo que era importante, necesario y que ha
contribuido a la estabilidad del país. Se ha reducido sin duda la cuantía de las políticas activas de empleo. Nuestro objetivo no es gastar más, sino gastar mejor. Pero ya que hablamos de cuantía, ¿me puede explicar usted -entiendo que no, porque
no es su competencia- cómo se pueden solicitar más fondos para políticas activas de empleo y que en los últimos seis años la Junta de Andalucía haya dejado de ejecutar 700 millones de euros? ¿Cómo se puede solicitar más dinero para políticas
activas de empleo y dejar de ejecutar 700 millones de euros? Sinceramente me preocuparía de ejecutar esos 700 millones de euros; por cierto algo que ha ocurrido de manera no tan exagerada, pero reincidente, en la Comunidad Autónoma de Canarias.


Decía la señora Vidal, en referencia a mi alusión a los datos y a la diferencia entre situación y evolución, que había que fijarse en la evolución y que, si mirábamos la temporalidad, prácticamente había habido -perdone, no sé qué ha dicho,
pero voy a caracterizarlo- una catástrofe. Y la catástrofe es que la tasa de indefinidos, que estaba -creo- en el 74 % ahora está en el 76. (Rumores). Sí, no me ha dicho la tasa, pero me ha dicho que en diciembre de 2011 la tasa de indefinidos o,
a la inversa, la de temporalidad era muy diferente a la actual. No, era prácticamente la misma. Luego si hablamos de evolución concluimos que la evolución no ha ido a peor. La situación sigue siendo compleja, pero si me habla usted de tasa
temporal -no lo he dicho yo, sino usted- la evolución no ha ido a peor: estamos en torno a un 25 % de tasa de temporalidad y a un 75 % de indefinidos. Si quiere hablar de evolución de manera más efectiva, porque ver la evolución de un stock no es
muy práctico, le diré que hemos pasado de que la contratación indefinida cayera al 36 % a que suba el 10 %. Eso a mí me parece una mejoría destacada. (Rumores).


Y hablaba de descuelgues, como hacía también el señor Salvador, en materia salarial. Insisto en que en materia salarial el Gobierno no fija salarios, fija el salario mínimo interprofesional; no fija la negociación colectiva. En materia de
descuelgue salarial las decisiones se han adoptado en un 99 % de los casos con

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acuerdo, y esas decisiones que se han tomado afortunadamente han salvado más de 330.000 empleos a través de más de nueve mil inaplicaciones de convenios. Hablaba el señor Salvador de que efectivamente el informe de los expertos establece
líneas y acuerdos claros en materia de limitación de la temporalidad y en materia de encadenamiento de contratos. El Gobierno toma buena nota de esa recomendación, y desde luego la asume de cara a las propuestas que haga en el diálogo social, pero
eso no quiere decir que creamos que haya que aprobar mañana un real decreto-ley sin diálogo social. El Gobierno toma buena nota de esa recomendación del grupo de expertos, qué duda cabe. Nuevamente insisto en agradecer la mención que se hace a la
Inspección de Trabajo. Como digo ha habido un proceso de consolidación presupuestaria muy complejo en este país, no en 2012, sino que ya lo hubo anteriormente, y eso ha afectado a muchos ámbitos del presupuesto, entre otros al del personal público.
Hemos visto sin embargo que se ha hecho un esfuerzo en determinados cuerpos, y ese esfuerzo se ha hecho especialmente, ya que estamos hablando de este asunto, en el cuerpo de la Inspección de Trabajo. Miremos cómo están otros cuerpos. Yo le digo
que han entrado cuatrocientos inspectores y subinspectores más en estos cuatro o cinco años en nuestro país, que es un dato cierto, contrastable y está la Inspección de Trabajo para facilitárselo. Es cierto que habrán ido jubilándose otros más. Y
me dice usted: el saldo neto son dos más. No sé ahora mismo cuál es el saldo neto, pero compare usted ese saldo con el de otros cuerpos y verá la prioridad que se le ha dado al cuerpo de la Inspección de Trabajo y a la lucha contra el fraude. Así
es como lo tenemos que ver. Es cierto que ha habido un proceso de consolidación fiscal que ha afectado a muchos ámbitos, también al del personal público, pero verá usted que efectivamente hay una apuesta por el mantenimiento y la prioridad de la
lucha contra el fraude, a través de la ampliación de los recursos de la Inspección de Trabajo.


Finalmente respecto al señor Del Campo tengo que decir que entendemos su alusión al contrato único, y también le digo -y perdone que me extralimite- que igual que he agradecido al señor Campuzano la valentía de concretar su propuesta, es de
agradecer la valentía de su grupo al apostar aquí por una propuesta concreta, por mucho que no sea la propuesta que pactó con el grupo que apoya al Gobierno y que entendemos desde el Gobierno que es la mejor.


Nuevamente, señor Echániz, muchísimas gracias, y ya no digo por el apoyo, sino por el respaldo que con sus decisiones diarias están dando al Gobierno de la nación para poder seguir avanzando por la mejora del empleo en nuestro país.


Señorías, muchísimas gracias por su atención. Créanme que trato de trasladarles los argumentos en los que creo con toda sinceridad. Espero que este ejercicio y el mismo que hacen ustedes hacia mí solo sirva para reforzar el ánimo de
acuerdo y de trabajo conjunto para mejorar la situación -que desde luego todavía hay que mejorar- de las personas que trabajan, y sobre todo de las que no trabajan en nuestro país.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos y a todas.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.