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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 117, de 14/02/2017
cve: DSCD-12-CO-117
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 117
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALBERTO MONTERO SOLER
Sesión núm. 7
celebrada el martes,
14 de febrero de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a fomentar el teletrabajo y a potenciar las ventajas inherentes al mismo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001257) ... (Página2)
- Relativa al incremento de la siniestralidad laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000144) ... (Página6)
- Sobre las acciones a tomar frente a la situación de los trabajadores del campo contratados por empresas de trabajo temporal. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000811) ...
- De medidas para mejorar el régimen de funcionamiento de los centros especiales de empleo y para potenciar su papel en el acceso al empleo y en la inclusión social de las personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos. (Número de expediente 161/001001) ... (Página18)
- Relativa al reemplazo y sustitución de los trabajadores jubilados en las entidades prestadoras de servicios de la Seguridad Social en Gipuzkoa. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001063) ...
(Página25)
- Sobre el impulso de un programa de apoyo a jóvenes españoles emigrados. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001206) ... (Página31)
- Relativa a reforzar la cartera común de los servicios del Sistema Nacional de Empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001256) ... (Página37)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A FOMENTAR EL TELETRABAJO Y A POTENCIAR LAS VENTAJAS INHERENTES AL MISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001257).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Entramos en el orden del día, integrado por el debate y votación de distintas proposición no de ley. Se ha solicitado un cambio a la Mesa para que se debata en primer lugar la proposición que aparece en el orden del día como punto 7.º,
relativa a fomentar el teletrabajo y a potenciar las ventajas inherentes al mismo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Defiende la proposición no de ley el representante del Grupo Parlamentario Popular por un tiempo no superior a siete minutos. Señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente, y gracias por la deferencia de hacer esta modificación en el orden del día, que nos va a permitir asistir a otros compromisos en otras Comisiones de esta casa.
Quiero comenzar la intervención poniendo de manifiesto las mejoras que la reforma laboral del año 2012 han permitido para promover nuevas formas de desarrollo de la actividad laboral y dar cabida con garantías al teletrabajo como una
particular forma de organización del trabajo en nuestro país.
A efectos jurídicos, con la modificación del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores el teletrabajo en España ya es equivalente al trabajo presencial. Es una nueva modalidad de actividad de carácter no presencial basado en una
orientación a la consecución de los resultados y apoyado en la mayor parte de las ocasiones en las tecnologías de la información o de la comunicación que posibilita a los empleados que puedan realizar parte o incluso toda su jornada desde su
domicilio particular u otros emplazamientos, pudiendo llegar a una completa deslocalización. El Gobierno del Partido Popular ha trabajado en los últimos años intensamente para reestructurar esta modalidad de empleo y también para garantizar los
derechos del teletrabajador con la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012, como decía, donde se ha regulado por primera vez en España este trabajo a distancia, modificando el artículo 13 y, por lo tanto, dejando obsoleto el antiguo concepto
de trabajo a domicilio, que ha sido sustituido por el trabajo a distancia. Con ello se ha abierto la vía a una regulación en detalle del teletrabajo como forma de realizar un trabajo utilizando las tecnologías de la información; es decir poder
desarrollar de una forma regular esa prestación de servicios fuera de las instalaciones de la empresa, aunque también cabe la opción de alternar el teletrabajo con el trabajo presencial en la propia sede de la empresa.
¿Cuáles son las principales novedades que se incorporan con la citada modificación del Estatuto de los Trabajadores? Estas novedades están encaminadas, como no puede ser de otra manera, a la plena garantía de los derechos de los
trabajadores a distancia en los mismos términos que aquellos que ejercen su labor profesional en el centro de la empresa; entre ellos, el derecho a formalizar el contrato por escrito y a obtener una copia del mismo, el derecho a percibir como
mínimo la retribución que le corresponde por su categoría, como mínimo el derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, como mínimo que sea el empresario quien deba establecer los medios necesarios para asegurar a
los teletrabajadores la formación profesional necesaria para su cometido o como mínimo que el empresario deba posibilitar la movilidad y la promoción e informar a los teletrabajadores de los puestos vacantes para su desarrollo presencial en los
centros de trabajo a la vez que posibilitar el ejercicio de todos sus derechos de representación colectiva.
Señorías, como consecuencia de los avances tecnológicos, en nuestra sociedad el teletrabajo o el trabajo a distancia es una modalidad de empleo que está adquiriendo cada vez más arraigo nacional e internacional. En España el número de
empleados que cumplen esas funciones fuera de la oficina se ha multiplicado en los últimos años, pero es todavía inferior a la media de otros países comunitarios o de los
Estados Unidos. Podemos confirmar que la tendencia global del trabajo a distancia aún no se ha asentado definitivamente y con todas las consecuencias en España. El teletrabajo, señorías, aporta claros beneficios tanto para el empleado como
para la empresa y se convierte de esta manera en una forma madura, rentable de afrontar las necesidades del escenario laboral actual. ¿Cuáles son a nuestro juicio las principales ventajas para el trabajador? Esencialmente están relacionadas con la
mejora en la conciliación de la vida laboral y familiar, con el ahorro en tiempo y desplazamientos, con una mayor autonomía y potenciación del desarrollo profesional, con un aumento de la movilidad y de la flexibilidad del trabajador, con el
desarrollo de su sentido de la responsabilidad y de la confianza, con la reducción del estrés laboral también, junto con la elección personal del entorno laboral, el acceso a la formación potenciando la formación on line y la facilitación de la
inserción laboral de personas con discapacidad. ¿Cuáles son las ventajas para la empresa? Esencialmente están relacionadas con la reducción del coste en infraestructuras -en el espacio del trabajo, en los alquileres-, con el menor coste por puesto
de trabajo -produciéndose ahorros en electricidad, en suministros, en equipamiento de oficina-, con una mayor productividad al implantar el trabajo por objetivos o por resultados y, además, es una buena medida para eliminar el control horario y
combatir el absentismo laboral. También, facilita la expansión geográfica, aumenta la flexibilidad interna y externa, captando talento y facilitando su retención. En definitiva, es una forma óptima y muy rentable de promocionar y favorecer la
conciliación. El teletrabajo también tiene, además de para trabajadores y empresas, beneficios para la sociedad: en términos de distribución geográfica más equitativa, ya que puede ayudar a disminuir el éxodo rural y favorecer el desarrollo local;
puede facilitar la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión o más vulnerables; puede reducir los costes en desplazamientos y contribuir al ahorro energético a través de la eliminación de esos desplazamientos, y mejorar la inversión en
redes y en conocimiento a la vez que se reduce la emisión de gases invernadero, objetivo nada desdeñable desde el punto de vista del medio ambiente. En los países donde más arraigado está el teletrabajo el impacto positivo de esta modalidad laboral
también ha repercutido en el conjunto del país, en los ahorros económicos y medioambientales, que son millonarios: se potencia el teletrabajo y se ahorran miles en gastos de personas que tienen que desplazarse kilómetros hasta el punto de trabajo,
se ahorran millones en gasolina y se reducen los accidentes de trabajo in itinere; se producen ahorros en el daño que se hace al medio ambiente porque miles de automóviles dejan de circular por las calles, miles de toneladas de gases de efecto
invernadero dejan de emitirse y disminuye la contaminación en los grandes núcleos urbanos, donde se ubican la mayoría de los profesionales que pueden dedicarse al teletrabajo, y también se reduce el estrés social.
A pesar de todas estas ventajas, de todos los beneficios que reporta esta modalidad de trabajo, en España todavía no está muy presente. Esa es la realidad. Por tanto, queremos apostar por regular, por potenciar el teletrabajo y por
garantizar los derechos de los teletrabajadores, amén de que en los últimos años se han incrementado en todo nuestro país las empresas que cuentan con programas de trabajo remoto para sus empleados, para poder realizar esa actividad a distancia. El
porcentaje de teletrabajadores en España, a pesar de todo ello, repito, es notablemente inferior al de otros países de la Unión Europea y al de Estados Unidos y por tanto tenemos que perseverar, que seguir trabajando en esta dirección, que supone
asimilar la tecnología de la información y romper el trinomio tradicional hombre/oficina/horario, o si me permiten persona trabajadora/oficina/horario. Para las empresas y los trabajadores es un desafío, un auténtico reto, pues se trata de
implementar el teletrabajo como modalidad laboral sin que ello implique una pérdida de las responsabilidades de la empresa ante sus empleados ni de estos frente a sus obligaciones con la empresa.
En muchas ocasiones en nuestro país no es fácil innovar. Además, no podemos negar que a menudo el teletrabajo no está bien visto desgraciadamente. Los empresarios y los sindicatos a veces son reacios a la posibilidad de que los empleados
trabajen fuera de la empresa porque ven riesgo de perder el control y la supervisión de las tareas en el caso de las empresas, en una visión yo creo que anticuada del trabajo por cuenta ajena, y en el caso de los sindicatos porque ven el teletrabajo
como un riesgo, como una puerta abierta a una relación laboral diferente, menos regulada y por tanto menos controlada. Ante esta situación, también el empleado ve con dificultad trabajar a distancia por miedo a no estar presente en el día a día de
la oficina, por miedo a que su trabajo no se valore de igual manera, por miedo a perder oportunidades de promoción interna. Por tanto, es entendible que exista una cierta resistencia al cambio. Como en cualquier proceso de cambio, el teletrabajo
supone modificaciones significativas, genera miedos, genera incertidumbres que si no son gestionadas, entiendo yo, con eficacia pueden suponer un obstáculo. Sin
embargo, entiendo también que no podemos permitir que ese miedo nos paralice, porque el teletrabajo es futuro; la sociedad y las necesidades de la ciudadanía nos llevan por ese camino y creo que debemos caminar por él.
Termino poniendo de manifiesto que tenemos que continuar trabajando hasta conseguir que el teletrabajo sea considerado como un equivalente al trabajo tradicional. Las nuevas tecnologías y las demandas de la sociedad imponen cada vez más
esta modalidad laboral como una potente alternativa al trabajo presencial y en el Grupo Parlamentario Popular creemos que debemos esforzarnos y continuar promoviendo este tipo de contratación en beneficio de todos. Por tanto, a los efectos de
adaptarnos a la realidad social que vivimos, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta iniciativa con el objeto de fomentar el teletrabajo y potenciar las ventajas inherentes al mismo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz.
Se me pasó antes señalar que la votación no tendrá lugar antes de las 12:30.
No hay enmiendas presentadas a esta proposición no de ley, por lo cual pasamos a la intervención de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas por tres minutos.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Vamos a compartir el tiempo el señor Campuzano y yo.
El señor PRESIDENTE: Entonces, minuto y medio cada uno.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Lo que quería manifestar es lo siguiente. Están muy bien los cantos al sol, pero a mí me habría gustado que el Partido Popular no hubiera traído una proposición no de ley para 'fomentar', sino que nos dijera
qué medidas va a tomar para fomentar el teletrabajo; pero el teletrabajo como actividad conciliadora, no como un sistema de precariedad laboral, de explotación laboral. Cuando el portavoz del Partido Popular dice que está mal visto en este país es
porque en este país el teletrabajo se ha usado para lo que se ha usado, y todos sabemos las denuncias generales sobre las condiciones laborales de la gente que está en teletrabajo, no como un elemento de conciliación, sino como un elemento de
precariedad laboral. En ese sentido, voy a apoyar la proposición no de ley, pero espero que a otra sesión de esta Comisión de Empleo se traigan las medidas que propone el Partido Popular para fomentar el teletrabajo como un acto de conciliación
laboral y no de precariedad laboral.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, creo que hoy el Grupo Popular ha perdido una buena oportunidad de trasladar a esta Comisión cuál es su propuesta concreta de fomento del teletrabajo. Precisamente fue un Gobierno del Partido Popular el que en el año 2012
introdujo en el Estatuto de los Trabajadores una regulación nueva de esta materia -regulación que quizá podría haber sido objeto de discusión- que pretendía mejorar el marco regulatorio existente del trabajo a domicilio, que ya estaba reconocido en
la legislación española desde 1980. Lo que seguramente ha sucedido es que esa regulación de 2012 no termina de dar satisfacción al fomento de esta práctica concreta. Pero -se decía hace un momento- la iniciativa del señor Echániz es un brindis al
sol y no aporta mucho a aquello que él ha defendido en su intervención -esa modalidad de trabajo que responde a menudo a las oportunidades que las tecnologías de la información y de la comunicación nos permiten y quizá puede responder también a
necesidades de los propios trabajadores o de las empresas- ya que, en cualquier caso, continuamos sin saber cuál es la política que el Grupo Popular va a proponer en esta materia. Todo ello nos lleva, señor Echániz, a tener que abstenernos en esta
iniciativa. No queremos ser un grupo que se opone al fomento del teletrabajo, pero tampoco entendemos por qué debemos apoyar, sin conocer el contenido de su política, esta propuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vasco. (Pausa). No desea hacer uso de la palabra.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. No hay nadie en la sala.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Del Campo.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Nosotros votaremos a favor de esta proposición no de ley aunque, como han dicho nuestros compañeros, creemos que tiene un contenido muy limitado y que no plantea ninguna medida concreta para lograr su objetivo. No obstante, nosotros somos
defensores del teletrabajo como método de prestación de servicios, lo llevamos en nuestro programa electoral y también lo incluimos tanto en el acuerdo de gobierno que se firmó en su día con el Partido Socialista como, posteriormente, en el acuerdo
de investidura con el Partido Popular.
En relación con la reforma que se hizo en el año 2012 del artículo 13, coincidimos con lo que ha dicho el señor Campuzano, es una reforma bastante tibia y creemos que se debe avanzar hacia el modelo establecido por el acuerdo marco europeo
sobre teletrabajo en el año 2012. Coincidimos también en las ventajas que tiene el teletrabajo tanto para el trabajador como para la empresa y en general para la sociedad, ventajas que ha enumerado el señor Echániz, pero -y por hacer un poco más
rico el debate- sí creemos que en la futura regulación del teletrabajo tendremos que tener en cuenta determinadas circunstancias, como la desconexión digital, que han regulado nuestros vecinos franceses y que creemos que es muy importante en este
tipo de trabajos. También, en la reforma del año 2012 se habló de los derechos en materia de prevención de riesgos laborales y, en general, de derechos laborales de estos trabajadores, pero en la práctica, y teniendo en cuenta los ejemplos que
tenemos de relaciones laborales que se prestan en el ámbito del hogar familiar -los servicios a las personas o las relaciones laborales de empleados del hogar-, la Inspección de Trabajo, órgano encargado de controlar, tiene dificultades. Por tanto,
tendríamos que avanzar también en dicha regulación, igual que tendríamos que hacerlo en el tema del control horario, porque se contradice con determinadas sentencias, como la de la Audiencia Nacional en el tema del control horario de los
trabajadores a efectos de horas extras, que tendría problemas en estos casos. Por último, para finalizar, creo que es importante todo lo relativo a las telecomunicaciones y gastos derivados de la actividad, que tendríamos que diseñar cómo se
reparten entre empresario y trabajador. De todos modos, como le digo, apoyaremos la iniciativa porque estamos totalmente a favor del teletrabajo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Campo.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
En relación con el teletrabajo no es que estemos a favor o en contra, es sencillamente algo imparable. Las nuevas tecnologías hacen que esto se vaya implantando en el mercado de trabajo poco a poco, a pesar de las reticencias en muchos
casos por parte de las empresas. No comparto el diagnóstico de que los sindicatos se están enfrentando a esto, se están enfrentando allá donde se usa el teletrabajo como coartada para precarizar las relaciones laborales, pero generalmente son las
empresas las que vienen con una cultura arcaica y antigua de cómo se debe organizar el trabajo y la producción y las que lo están frenando.
Dicho esto, es evidente que la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular -el análisis y la exposición de motivos- está completamente alejada de la realidad. Es verdad que el Partido Popular ha trabajado fuertemente por el teletrabajo pero
para que no se implante, dinamitando la negociación colectiva que es el ámbito donde los trabajadores y las trabajadoras pueden arrancar estas pequeñas conquistas a las empresas y no se ha conseguido. Están sacando pecho de la conciliación cuando
con su reforma laboral han aumentado las tasas de temporalidad en nuestro país a límites que no se conocían en la Unión Europea; tenemos millones de contratos de parcialidad no deseada y horas extras en nuestro país, unos tres millones, que no se
pagan, es decir, horas extras que se trabajan y no se pagan. Donde sí han conseguido el teletrabajo, esto es verdad, esto hay que decirlo -pero tele como viene del griego, que está lejos-, es en los cuatro millones de personas que no consiguen
trabajo y sí ven teletrabajo porque ven muy lejos conseguirlo. Ahí es en el único punto donde han aplicado bien la medida.
No quiero consumir más tiempo de la Comisión, pero que un grupo parlamentario que sustenta a un Gobierno -que es quien tiene el Poder Ejecutivo- traiga una PNL, creo que lo único que hace es desviar la atención y hacernos perder el tiempo a
todos. Si realmente quieren apoyar el teletrabajo e impulsarlo, deroguen la reforma laboral, vuelvan a dar más poder a la negociación colectiva y pónganse a trabajar y a legislar, y menos PNL e iniciativas instando a un Gobierno que es de ustedes
mismos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Raya.
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, señoría.
En la exposición de motivos es verdad que se explican -y así lo ha hecho también el portavoz del Grupo Popular en su intervención- las ventajas del teletrabajo. Nosotros, evidentemente, asumimos que es cierto que existen una serie de
ventajas, como las relacionadas con la conciliación, pero también es verdad que muchas de esas ventajas ya se recogían en el acuerdo marco europeo firmado por patronal y sindicatos europeos. En Europa es una modalidad de empleo que está implantada
de una manera mucho más fuerte que en España, pero la reforma laboral del Partido Popular en 2012 -de la que tanto les gusta sacar pecho- nos deja una realidad que nos provoca una serie de preocupaciones respecto a esta modalidad de empleo, que debe
ser negociada con los agentes sociales y, por supuesto, con los sindicatos, para que se cumpla realmente con las garantías de los derechos de los trabajadores que opten por esta modalidad de manera voluntaria; sus derechos tienen que ir en paralelo
con los del resto de trabajadores de las empresas. Hay una falta de regulación en este sector y es necesario desarrollar una normativa que ayude a que la implantación se haga de manera efectiva. La verdad, me quedo perpleja cuando el Grupo
Parlamentario Socialista recibe este tipo de iniciativas del Grupo Parlamentario Popular en las que se insta al Gobierno -que preside su partido- a estudiar diferentes fórmulas para continuar fomentando el teletrabajo. Creo que, de verdad, hay que
ser un poco más serio y no rellenar las Comisiones con propuestas que son declaraciones de intenciones; lo que hay que hacer es traer propuestas que realmente planteen algo, que propongan una serie de medidas que nos permitan evaluar al resto de
grupos, con representación en esta Cámara, si merece o no la pena apostar por algo así.
Por tanto, la postura del Grupo Socialista respecto de esta iniciativa será la abstención, esperando, como han hecho compañeros de otras formaciones, a que se traiga una propuesta clara del camino que quiere adoptar el Grupo Popular en
cuanto a la materia que nos ocupa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Raya.
- RELATIVA AL INCREMENTO DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000144).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la primera proposición no de ley en el orden inicial, relativa al incremento de la siniestralidad laboral y que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
Defiende la proposición no de ley la señora Díaz por un tiempo no superior a siete minutos, por favor.
La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.
Bos días a todos y a todas. En primer lugar, podríamos empezar la defensa de esta PNL diciendo que la precariedad mata. Es una evidencia tan enorme a la vista de los datos que tenemos que convendría que el Partido Popular revisase toda su
estrategia respecto de las normas que tiene publicadas y que no hacen más que ahondar en una situación dramática. En segundo lugar, también podríamos preguntarnos qué pasaría en nuestro país si en lugar de morir una media de quinientos trabajadores
y trabajadoras al año fueran quinientos empresarios o quinientas empresarias las que muriesen al año. Hago esta pregunta porque, sin lugar a dudas, se ruborizarían y con toda seguridad modificarían sus estrategias políticas, preservando así un bien
sagrado como es la vida, sobre todo una vida que no se puede perder por prestar, nada más y nada menos, que un trabajo.
Este debate se enmarca en el texto constitucional, como ustedes saben, en el artículo 15, relativo a la defensa del derecho de la vida, pero también en el precepto recogido en el artículo 40.2, en el que de
manera singular nos dice nuestro sagrado texto constitucional, que es un bien preciado y que los poderes públicos tienen que velar justamente y de manera singular por la seguridad e higiene en el trabajo. Es cierto que desde que el Partido
Popular y el Partido Socialista han dado una especie de golpe de Estado contra ese texto constitucional, parece que el resto de preceptos no gozan de virtualidad y que lo único a lo que estamos obligados es a pagar la deuda y a no preservar
-insisto- el resto de preceptos a los que sin lugar a dudas venimos obligados. Los datos son contundentes, una vez más, como todos ustedes saben, seguimos incrementando la siniestralidad laboral. En los datos que manejamos, que son los que obran
en el propio ministerio respecto de este periodo del año 2006, el índice de incidencia sigue aumentando y se sitúa en un 6,5 % en el caso de siniestros leves y, en el caso de accidentes graves, se sitúa nada más y nada menos que en un 7,6 %.
Tenemos un total de 472.691 siniestros y la media global de este índice de incidencia se sitúa en el 3,1 % pero -insisto- en una línea ascendente que debería hacernos pensar qué es lo que está haciendo el Partido Popular para que, lejos de reducir
la siniestralidad laboral, vaya incrementándose. Es cierto que estamos más o menos de acuerdo en cuáles son las causas de la precariedad; sin lugar a dudas, hay dos marcos normativos que han propiciado el que se agudice la misma. En primer
término, las reformas laborales del Partido Popular y del Partido Socialista, que precarizan de manera extrema las relaciones laborales y, si me lo permiten, de manera singular la última de las reformas del Partido Popular, que no solo precariza
-que ya de por sí es bastante grave-, sino que además ha laminando un elemento central para la prevención de riesgos laborales como es la negociación colectiva. Es decir, el Partido Popular de manera clara y contundente ha legislado para
individualizar las relaciones laborales por lo que -insisto- desde este marco es imposible atacar o prever los riesgos laborales.
Además, hay otro marco normativo, en el que se ha movido como pez en el agua el Partido Popular y eso tiene consecuencias. Llevan haciéndolo desde el año 1997 con la liberalización -o externalización como les gusta decir a ustedes- de los
servicios de prevención con la última de las reformas, en el año 2014, con la Ley de Mutuas, que como saben ha mercantilizado definitivamente un aspecto sustancial para proteger la vida de los trabajadores y las trabajadoras como es la prevención de
los riesgos laborales. Es muy sustantivo, y tendremos que traer este debate aquí, lo que está sucediendo con las mutuas profesionales, y sobre todo con la laxitud con la que están actuando de manera cierta cuando están actuando -digamos-, a favor
de parte. Los datos son públicos: tres de cada cuatro empresarios se acoge al sistema privado de prevención y obvio es -todo está escrito ya- que esto tiene bastantes consecuencias negativas para los trabajadores y las trabajadoras de este país.
Pero la iniciativa del Partido Popular no solamente es normativa, es mucho más, y lo está demostrando diariamente. Tomemos el último de los ejercicios presupuestarios: el recorte presupuestario del programa 291A, por ejemplo, fue del 12,4 %, pero
en el programa del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo fue del 15,6 % y, en el programa 494M, fue en el global del 24,7 % y, de manera particular, en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 15,6 %.
Me gustaría resaltar algunos aspectos que el propio ministerio reconoce en las evaluaciones que ya tenemos, y es que hay mucha fragilidad en nuestro sistema respecto de la materia que tratamos. Mucha fragilidad en sectores concretos que
están destacando negativamente por la incidencia en la siniestralidad. Un aspecto central, como decía, es la precariedad, pues la siniestralidad está en 1,8 puntos por encima en los contratos temporales más que en los contratos indefinidos, pero
también de manera singular y de manera grave en el caso de los jóvenes. Esto es lo que nos están diciendo los informes públicos. Si me permiten, y también de manera singular, porque está afectando el hecho de que hay miedo a perder el trabajo y
casi se trabaja en las condiciones que sean con tal de mantener el puesto de trabajo. Este es un elemento que en la situación de crisis que está viviendo la mayoría social de los trabajadores y las trabajadoras no podemos dejar a un lado.
Hay además elementos de fragilidad que reconoce el propio ministerio y lo saben ustedes, por ejemplo, en el caso de la asbestosis o en el caso de otras muchas enfermedades profesionales. No se consignan partidas presupuestarias para la
investigación en las enfermedades profesionales y ese es el gran debe que tiene el propio sistema en nuestro país. Pero es que también hay una enorme debilidad en lo que tiene que ver con la salud integral y la protección de la misma, y esto tiene
enormes costes sociales y también en términos económicos. -Termino-. La precariedad mata a las personas, los trabajadores y las trabajadoras, pero tiene, además, unos enormes costes, como señalan el ministerio y la Unión Europea, pues estamos en
torno a 2 billones lo que nos supone al año esta enorme lacra que es la siniestralidad laboral.
Acabo señalando que, en definitiva, lo que falta en nuestro país, de manera global, es una auténtica cultura de prevención laboral. Termino como empecé -insisto-, ¿qué pasaría en este país si en lugar de morir 500 trabajadores anuales o 500
trabajadoras anuales, muriesen 500 empresarios o 500 empresarias? Estoy segura de que cambiaríamos el marco normativo y dedicaríamos recursos para evitar esta lacra, que no cae del cielo, que no es un fenómeno natural, sino que tiene responsables.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz.
A continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas por un tiempo no superior a cinco minutos cada uno. Hay una primera enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas y señor
Campuzano a medias.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente; mi compañero intervendrá durante tres minutos y yo dos minutos.
Economía sumergida, precariedad laboral, escasez de plazas en la Inspección de Trabajo; hemos hablado aquí de los trabajadores de Tragsa, el tema de las subcontrataciones; hemos hablado de la situación de las camareras de piso... No somos
conscientes de que estamos en el siglo XXI, y que hay cosas que son irremediables, pero las cosas que se pueden prevenir y, sobre todo, las que se pueden inspeccionar para que no haya esa explotación laboral que es inadmisible en el siglo XXI, hay
que hacerlas.
Termino con una cosa. La Comunidad Autónoma de Canarias tuvo que hacer un convenio con el Ministerio de Trabajo para hacer unas batidas sobre la economía sumergida. Pagamos al ministerio para que desplazara inspectores a Canarias para
hacer unas batidas durante una semana. Había que hacerlo pero me parece inaceptable. Creo que este país tiene que tener una mayor inspección en el trabajo de la que tiene, sobre todo, en un momento en el que se ha generalizado esa precariedad
laboral y esa economía sumergida en determinados sectores. Hoy tenemos la lucha de los estibadores, donde estamos hablando de que determinadas decisiones políticas pueden ir a una situación donde se agrave el riesgo para la vida y la salud de los
trabajadores de este país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
El Partit Demòcrata ha presentado enmienda a esta iniciativa del Grupo de Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem, partiendo de una coincidencia sobre la preocupación del problema de la siniestralidad. Compartimos que este es un asunto que
llevamos intentando abordar muchos años, que en función de la evolución del ciclo económico nuestros niveles de accidentes suben y bajan, que existen problemas en nuestro marco legal, que existen insuficiencias en las políticas públicas que
abordamos y que falta cultura. Escuchando la intervención de la señora Díaz, es evidente que en el diagnóstico del problema quizá discreparíamos de algunas cuestiones, por ejemplo, en el petitum de su iniciativa, cuando hablaba de modificar la
legislación para garantizar que ningún trabajador realizase su trabajo sin protección efectiva. Es una demanda coincidente con una enmienda que plantea el Grupo Socialista, que es la necesidad de actualizar nuestro marco normativo en materia de
seguridad laboral. Nuestra ley es de 1995, fue el resultado de una trasposición de una directiva europea y es evidente que entre 1995 y 2016 la realidad de las empresas, la realidad del mercado de trabajo, la realidad de la tecnología, etcétera,
han sufrido enormes transformaciones que nos hacen pensar que aquella legislación del año 1995, si quiere ser útil en 2017, necesita actualización. En eso vamos a coincidir.
No interpretamos que las reformas laborales que se han promovido en los últimos años tengan que ver con la situación de los accidentes de trabajo. Antes de las reformas del mercado de trabajo nuestro número de accidentes era sustancialmente
superior al que hoy tenemos. Incluso es bueno recordar, para que no quede en el aire, que la tasa de cobertura de la negociación colectiva hoy -las últimas cifras oficiales son de 2015- es prácticamente la misma que había antes de las reformas
laborales de los años 2011 y 2013 y, en 2013, la tasa de cobertura de la negociación colectiva fue superior a la de los años previos a la crisis. El problema no está en la tasa de cobertura de la negociación colectiva ni en la discusión sobre la
ultraactividad o la primacía del convenio de empresa, no está ahí el problema, por tanto, no nos equivoquemos a la hora de abordar esta cuestión.
La enmienda que hemos querido plantear, eso sí, aborda una cuestión que no formaba parte de la propuesta de la señora Díaz y nos parece relevante, como es el sistemático incumplimiento por parte de la Administración General del Estado de lo
previsto en la disposición adicional quince de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que establecía la necesidad de que los recursos que se destinasen a la prevención de riesgos laborales fuesen territorializados. (La señora Díaz
Pérez realiza gestos de asentimiento). Desde 1995 la ley contempla esa obligación y sistemáticamente los Gobiernos del Estado se han negado a territorializar estos recursos. Eso ha terminado en los tribunales. Han sido especialmente el Gobierno
vasco y el Gobierno de la Generalitat los que han llevado esta cuestión a los tribunales y por vías curiosas. Creo recordar que el último caso fue una demanda del Gobierno vasco en el ámbito de la jurisdicción de lo civil -y, finalmente, se dio la
razón al Gobierno vasco- sobre la necesidad de que el Estado no puede gestionar de manera centralizada estos recursos, sino que estos recursos deben de ser trasladados desde el Estado a las comunidades autónomas, que son las competentes en
prevención de riesgos, para que inviertan estos recursos en las políticas que correspondan.
Nos ha dicho la señora Díaz que esta enmienda va a ser aceptada y, a pesar de esa discrepancia en el diagnóstico de su intervención, como en el petitum coincidimos -más con nuestra enmienda-, vamos a votar favorablemente a su iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
A continuación, presenta también enmienda el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Rodríguez por un tiempo máximo de cinco minutos.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Juana Amalia): Buenos días. Gracias, presidente.
Es un hecho lamentable y más que alarmante que la siniestralidad laboral va en aumento en España desde el año 2012. Del año 2000 al 2012 conseguimos rebajar los índices de siniestralidad a la mitad. El año 2000, que podríamos denominar año
negro, se cerró con la terrorífica cifra de más de 932.000 accidentes laborales que se cobraron 1.136 vidas. El índice de incidencia, que mide el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores, como sus señorías saben, se situó aquel año en
7.558,4. A partir de aquí, tanto el número absoluto como la tasa de siniestralidad fueron bajando hasta alcanzar el suelo de los últimos años en 2012, con algo más de 470.000 accidentes y un índice de incidencias de 2.948,9; cifras escalofriantes,
sí, con las que los socialistas no nos conformamos, pero, señorías, las cosas han ido a peor. Durante los últimos cinco años, con el Gobierno del PP, el número de accidentes ha crecido un 12,3, lo que, haciendo un análisis superficial, podría
explicarse por el aumento del número de trabajadores. Sin embargo, si profundizamos algo más, vemos que en ese periodo también ha escalado la tasa de siniestralidad un 10,2 %. En el año 2016, con datos al mes de noviembre, la tendencia se ha
mantenido y se han producido 514.622 accidentes con bajas, lo que supone un 7,3 % más que en el año 2015, alcanzándose, desgraciadamente, un índice de incidencias de 3.268 exactamente.
En cuanto a los fallecimientos, tenemos que señalar, por desgracia, que en el año 2012 hubo 564 personas que murieron por accidente laboral o en los desplazamientos, mientras que en 2015 fueron 629 los fallecidos y al mes de noviembre de
2016 eran ya 562 los fallecidos, con un fuerte aumento de los accidentes mortales in itinere. La curva ascendente, por tanto, se repite en todas las comunidades autónomas y en todos los sectores. Dentro de ellos, en casi todas las ramas de
actividad y en todos los niveles de gravedad en hombres y más aún en mujeres.
Ante esta situación, el Grupo Socialista y las centrales sindicales venimos denunciando reiteradamente ante el Gobierno de España este incremento progresivo de la siniestralidad laboral que demasiadas veces, por desgracia, conlleva el
desenlace de muerte para el trabajador, sin que por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se haya tomado ninguna medida especial dirigida a solucionar tamaño problema. Es más, tenemos la impresión de que la desidia del Gobierno sigue imperando
en este asunto, por lo que el problema sigue in crescendo, y hoy nos encontramos con los alarmantes datos que ya he citado y que avergonzarían a cualquier país europeo. Esto requiere de una serie de actuaciones urgentes para frenar esta cruel
dinámica y garantizar la seguridad de los trabajadores en su jornada laboral.
Por ello ya en el mes de agosto del año pasado, cuando conocimos los alarmantes datos referentes al primer semestre de 2016, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una PNL en esta Cámara instando al Gobierno a que de forma urgente
reforzara el cuerpo de Inspección de Trabajo. A la vez exigíamos al Gobierno la ejecución real de las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales y el cumplimiento del Plan de prevención 2016-2020, dando participación
en su cumplimiento efectivo en
las empresas a los trabajadores a través de los delegados de prevención. En esa PNL, que suscribimos un grupo de diputados y diputadas andaluces, denunciábamos que un total de 48 andaluces murieron por accidente laboral en los seis primeros
meses del año anterior, lo que suponía 5 más que en el mismo periodo del año 2015, y un incremento en términos relativos de 11,6, según datos del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En Andalucía, en los seis primeros meses del año
pasado, se habían contabilizado un total de 45.975 accidentes laborales con bajas, lo que suponía un aumento del 5,1 % respecto al número de siniestros del mismo periodo de 2015. Según las mismas fuentes, podemos afirmar que en España se produce la
misma dinámica de crecimiento de esta lacra social.
Para el Grupo Socialista, señorías, la razón se resume en una palabra: precariedad. La precariedad en el trabajo propiciada por la reforma laboral, con aumento de la temporalidad y de la contratación a tiempo parcial, está produciendo el
deterioro de la salud y de la calidad de las condiciones de trabajo. Podemos afirmar que la reforma laboral se ha llevado por delante la estabilidad laboral y la formación para la prevención de riesgos. Además de la mayor presión que sufren los
trabajadores por miedo a perder el empleo, las medidas de prevención de riesgos laborables son invisibles y les resulta fácil a las empresas no aplicarlas o no destinar la inversión que deberían a prevención; es decir, que a la par que aumenta la
carga de trabajo y de presión para el trabajador, la prevención ha pasado a un segundo plano como consecuencia del cambio que ha habido en el modelo de empleo: contratos de pocos días, altísima rotación y precarias condiciones de trabajo. Esta es
para nosotros la principal causa del problema. Según un portavoz del Ministerio de Empleo y la CEOE, la razón fundamental del alarmante incremento de la siniestralidad laboral es simplemente el aumento de la actividad económica, pero al Grupo
Socialista nos indigna tamaña frivolidad porque, detrás de los números fríos, de las estadísticas, de las tasas, de los índices, de los porcentajes, hay personas; personas que son padres, madres, hijos; personas que han sufrido y sufren la peor
parte de la crisis; personas que, según estas afirmaciones o justificaciones, también están pagando el precio de la recuperación económica. Sí, señorías, nos indignan estas manifestaciones porque detrás hay casi 600 trabajadores muertos y 514.622
trabajadores que han tenido que causar baja por siniestralidad laboral. Además, estamos seguros de que esta lacra se ceba más con los trabajadores que padecen las condiciones laborales más precarias, entre los que se encuentran las mujeres.
El señor PRESIDENTE: ¿Va terminando, señora Rodríguez?
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Juana Amalia): Termino.
En Andalucía, los datos reflejan la misma precariedad laboral. Por otra parte, sumado a la precariedad producida por la reforma laboral, todos los datos evidencian que ha habido una relajación en la aplicación de los medios de prevención de
riesgos laborales, además de la poca efectividad de la Inspección a la hora de sancionar.
Por todo ello, mi grupo, a pesar de estar de acuerdo con la iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha presentado unas enmiendas de modificación que ya nos han comunicado que van a aceptar.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.
A continuación, intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas por un tiempo de tres minutos.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
El año pasado, 2016, en Euskadi hubo 53 por accidente laboral; 53 más de los que tuvo que haber y 53 más de los que desearíamos absolutamente todos los agentes que podemos estar implicados en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.
A mi modo de ver y del grupo que me apoya, la cuestión consiste en acercar aquellos medios para crear una cultura determinada y para que los diferentes agentes que puedan participar en el ámbito de la prevención puedan hacer políticas efectivas. Es
verdad, aquí todos podemos tener nuestra opinión particular -incluso común en muchos casos- respecto de cuáles son las causas que inciden en el aumento de la siniestralidad laboral; podemos estar todos de acuerdo en que, como factor indicativo, la
precariedad es un elemento sustancial que ha podido incrementar de una forma notable dicha siniestralidad, y también podemos estar de acuerdo en el papel que a ese respecto ha de jugar la Inspección de Trabajo, de la que siempre todos reclamamos que
se ha de reforzar y que ha
de tener más actividad, más número de personas atendiendo a esos cometidos, pero al fin y al cabo una de dos: o nos planteamos que esta es una tarea común en la que deben estar implicados absolutamente todos, tanto agentes sociales como
agentes políticos como empresas, para crear una cultura determinada en la que el riesgo o el accidente de trabajo sea un descrédito de la propia actividad empresarial y sea un crédito obtener la garantía de determinadas condiciones de trabajo que
puedan evitar algún tipo de riesgo añadido a los trabajadores y que, además, contemos con una Administración absolutamente implicada en esa evitación de riesgos laborales, tanto a través de medios personales como de medios materiales, o si no,
seguiremos sufriendo la cadena de accidentes que muchos días nos sonrojan y que, al final del año, nos dan una estadística absolutamente inaceptable.
Hay un factor que igualmente quiero comentar, que ya lo ha hecho el señor Campuzano, y es el de la cercanía. Si la disposición de medios es algo que no se ha revelado excesivamente útil, en la forma en la que se han utilizado, la
posibilidad de que los medios para la prevención se puedan acercar a la Administración que efectivamente ha de velar por esa seguridad en el trabajo -en este caso las comunidades autónomas- es una política que se ha de incentivar como política de
prevención de riesgos laborales. Como también ha comentado antes Carles, eso ha sucedido en forma de litigio por parte del Gobierno vasco cuando ha intentado recuperar determinados ámbitos competenciales, y no ha sido casual, porque cuando hemos
tenido oportunidad de hacer efectivas esas políticas, ha sucedido como consecuencia de que ha habido una disminución de la siniestralidad laboral. Quiero añadir, asimismo, que con ese fin el Gobierno vasco tiene desarrollada e implantada una
Estrategia vasca de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020 cuya implementación sería posible con mayor efectividad si contáramos con mayores medios.
Repito la anterior cantinela, porque no deja de ser una cantinela: o remamos todos en el mismo sentido -cuando digo todos digo absolutamente todos: agentes sociales, políticos y Administración- o esta es una desgracia que vamos a tener que
volver a oír de forma repetida aun sabiendo que deberíamos evitarla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Barandiaran.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra, el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Bos días.
Vamos a votar a favor de la propuesta del Grupo Parlamentario Podemos-En Común Podem-En Marea, pues creemos que acierta en el diagnóstico y va al moll de l'os que decimos nosotros, a las causas directas del aumento de la siniestralidad
laboral. El trabajo no debe ser un deporte de riesgo; no son aceptables casos como el de José Antonio García Pérez ni los muchos Antonios García Pérez que hay por toda la geografía. No es aceptable que en cinco meses en el Reino de España haya
habido más de 200.000 accidentes laborales, casi 1.500 graves y 186 muertos, pues 186 muertos son muchos. Debemos acabar con esta lacra de una manera clara y pensamos que las reformas sí han tenido que ver. Mientras esperamos que se haga un ataque
global a toda la legislación laboral, una vez más damos como buenas las medidas que nos plantea el grupo proponente.
Ya que no podemos derogar las reformas que se han hecho, hay que intentar ir socavando aquellos aspectos más nocivos de la legislación actual como el asunto de la subcontratación, que hoy en día suele ser una cadena indefinida y constante
que no sabemos hasta dónde llega; los temas de la temporalidad, la precariedad, la formación insuficiente y la falta de inspectores de trabajo; el número de inspectores de trabajo, como muy bien han dicho los proponentes, está muy lejos de la
media europea. Yo les podría un ejemplo: en Tarragona, mi provincia -se lo comentaba a la compañera que tengo delante de mí-, durante el fin de semana solo hay un inspector de trabajo. Creo que con esto lo digo todo. Así que votaremos a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Cano.
El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en esta sesión de la Comisión, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos trae a debate un problema capital para nuestra sociedad: las altísimas cifras de la siniestralidad laboral. Para Ciudadanos
esta es una gran preocupación por la que hay que trabajar para conseguir una drástica reducción de las cifras. Sin duda, tener instaurado un mercado laboral fracasado que no puede dar respuesta a los nuevos retos y que es fruto de las
políticas inmovilistas de los últimos Gobiernos, nos aboca a una mayor precariedad laboral, a una altísima rotación en los puestos de trabajo, a una falta de especialización y por ende, una más que necesaria formación. Con todo ello no solo
perdemos productividad, sino que también perdemos vidas y un más que valioso capital humano. Reafirmamos que un nuevo sistema de contratación que diera estabilidad a los trabajadores sería una gran medida para darle solución.
Nuevamente se hace mención a la externalización de la prevención de riesgos laborales, tal como hizo el pasado 5 de octubre el Grupo Parlamentario Socialista. Ya entonces defendí que no era una gran exigencia plausible para todas las
empresas, ya que más del 80 % de nuestro tejido empresarial son pymes y micropymes de tres o menos trabajadores, y estas no podrían asumir este costo dentro de la empresa. No obstante, debemos otorgar más recursos para la formación y estar in
vigilando, para que tanto las empresas como las empresas de prevención cumplan escrupulosamente la legislación vigente.
Señorías, me sorprende leer en pleno siglo XXI vocablos tan clasistas como los que utilizan: del agrado del patrón, clase trabajadora o realidad hostil, más propios del siglo XIX y que ayudan al enfrentamiento. Sin duda, empresarios sin
escrúpulos existen y hay que perseguirlos, pero no hagamos de la excepción la generalidad. Compartimos el derecho a la vida y lo tenemos más que interiorizado. No puedo contraponer la vida de un empresario a la de un trabajador; las dos son tan
dignas como cualquiera otra.
Según el resumen de avance de enero a noviembre -y les voy a dar algunos datos para que los actualicen, ya que su PNL es de agosto del pasado año-, los accidentes de trabajo con baja fueron 514.622, de los cuales 562 fueron mortales, tres
menos que en el mismo periodo del año anterior. Siendo esta la senda, no debemos ser conformistas. Asimismo, resulta curioso que 440 se produjeron durante la jornada de trabajo y 122 in itinere, disminuyendo en 26 los accidentes mortales en
jornada y aumentando en 23 los fallecimientos en accidente in itinere. Pero aún resulta más curiosa la escalofriante cifra de que cerca del 50 % de los fallecimientos en jornada se deben a infartos y derrames cerebrales. ¿Han pensado cómo podemos
actuar sobre estas circunstancias? ¿Creen que son circunstancias causadas por el ámbito del trabajo? Debemos dar respuesta a estas y a otras cuestiones y ahondar en estos asuntos para ayudar a que esta siniestralidad baje. Mi grupo parlamentario
votará a favor de su proposición no de ley, aunque debo advertirles de que agradeceríamos propuestas más concretas y, como no puede ser de otra manera, deseamos que exista una verdadera prevención de riesgos laborales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Albadalejo.
El señor ALBALADEJO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero mostrar mis respetos a los miembros de la Mesa y al resto de componentes de esta Comisión en mi primera intervención en la mañana de hoy. Inmediatamente quiero hacer patente en nombre de mi grupo el dolor que
sentimos y transmitir el pésame a la viuda y la pequeña hija del fallecido en Salvaterra de Miño, el pasado 20 de julio, en la serrería Roal. Una vida perdida es una vida irreemplazable.
Dicho esto, en el análisis profundo de la PNL que el Grupo Popular ha efectuado vemos que, efectivamente, se utilizan términos muy singulares y curiosos. Estupor y alarma social, así califica su señoría la comparativa de la siniestralidad
entre enero y mayo de 2016 y el mismo periodo del año 2015. Estupor -créame- da ver cómo se analizan y manipulan los datos, solo con la intención -queda claro- de crear alarma social. Para valorar los presuntos datos de aumento de la
siniestralidad debemos tener en cuenta el aumento de la población ocupada en el año 2016 respecto de 2015; de lo contrario, nos estaríamos haciendo trampas en el solitario. Analizando los datos con un mínimo rigor, si de verdad interesa a los
proponentes la siniestralidad laboral, vemos que volcando la media mensual de accidentes de trabajo entre el número de afiliados a la Seguridad Social con la contingencia de accidentes específicamente cubierta, obtenemos una verdadera foto fija y
real de la situación a junio de 2016. Aquí se ha hablado en determinadas ocasiones sobre la muerte. Pues la verdad y la realidad es que en esa comparativa, con datos contrastados, de los seis primeros meses de 2016 con los de 2015, el descenso de
los accidentes mortales en jornada de trabajo ha descendido en un 8,2 %. Y es preciso que conste que, mientras haya un solo caso de accidente laboral, el estupor y la preocupación por los trabajadores estará
presente en el Grupo Popular. Esto no es patrimonio de un único grupo. Para generar alarmas sociales desde las medias verdades con la intención de ocultar sus permanentes crisis internas ya se encuentran otras formaciones políticas.
Los puntos de la proposición no de ley intentan una vez tras otra obviar una realidad materializada en la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La Inspección de Trabajo y Seguridad
Social viene desarrollando una continuada labor de control del cumplimiento por parte de las empresas de sus obligaciones en la materia. Con independencia de la acción ordinaria de vigilancia y control, debe destacarse la aprobación de la
estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 20152020, que fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 24 de abril de 2015, después de ser consensuada previamente por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y
los interlocutores sociales. La mencionada estrategia es el marco de referencia de las políticas públicas en materia de seguridad y salud hasta el año 2020 y, por tanto, orientará las actuaciones de las instituciones competentes y con
responsabilidad en prevención de riesgos.
La adecuada defensa de la seguridad y salud de los trabajadores obliga también a la adaptación de la estructura administrativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que va tener consecuencias en la plantilla, que será aumentada
en un corto plazo. Una novedad importante de la Ley 23/2015 fue la creación de dos escalas dentro del denominado Cuerpo de Subinspectores Laborales. Es importante también tener en cuenta que, a pesar de lo que se ha dicho, la realidad es que entre
el año 2012 y el año 2015 la oferta de empleo público en relación con las plazas de inspectores de Trabajo y Seguridad Social ha tenido una evolución en la que su número ha sido triplicado. En la oferta pública de empleo para el año 2016 mediante
el Real Decreto-ley 105/2016 vemos que hay treinta y cuatro plazas de acceso libre y ocho de promoción interna en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; cincuenta plazas de acceso libre en el Cuerpo de Subinspectores
laborales, escala de Seguridad Social y Salud Laboral; y treinta plazas de acceso libre y cuatro de promoción interna en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de Empleo y Seguridad Social. Como se puede apreciar, entre inspectores de
Trabajo y Seguridad Social y subinspectores laborales de la escala de Seguridad Social y Salud Laboral son más de noventa y dos plazas las que se van a crear. Todo ello dentro de un contexto de consolidación presupuestaria en el que la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social -y esto es algo importante, porque no se ha dicho la verdad con respecto a este tema- ha estado excepcionada de los límites generales previstos en relación con la tasa de reposición en las sucesivas leyes de
presupuestos. De hecho, para el presente año la tasa de reposición se ha fijado hasta un máximo de cien por cien en este cuerpo.
Voy concluyendo, señor presidente. Acreditado el descenso de la siniestralidad en la comparativa que se ha reiterado en el transcurso de esta Comisión entre los empleados en 2015 y 2016, contando con la Ley 23/2015, incorporando el consenso
en la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 20152020 con todas las administraciones públicas e interlocutores sociales y con un esfuerzo real y visible en la oferta de empleo público en esta materia, es imprescindible continuar en
esta senda que ha impulsado el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Por ser lo anteriormente referido prácticamente obviado en la proposición no de ley y en sus sucesivas enmiendas, el Grupo Parlamentario Popular no
puede apoyar esta proposición no de ley y anunciamos nuestro voto en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albaladejo.
Señora Díaz, ¿fija la posición sobre las enmiendas antes de la votación o en este momento?
La señora DÍAZ PÉREZ: Aceptamos la enmienda del señor Campuzano y de su grupo. Con respecto a las del Grupo Parlamentario Socialista, aceptamos todas sus propuestas de adición excepto los puntos 2 y 4 porque ya están recogidos en la propia
iniciativa. Lo pasaré por escrito a la Mesa.
- SOBRE LAS ACCIONES A TOMAR FRENTE A LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO CONTRATADOS POR EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000811).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley sobre las acciones a tomar frente a la situación de los trabajadores del campo contratados por empresas de trabajo temporal, del
Grupo Parlamentario Mixto. Defiende la proposición no de ley el señor Baldoví, por un tiempo no superior a siete minutos. Adelante, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Los que vivimos en zonas naranjeras sabemos lo que supone trabajar para una ETT que se dedica a proporcionar trabajadores para recoger la naranja. Supone salir de noche y volver muchas veces anocheciendo, una hora de viaje a la ida y otra
de vuelta, y todo un día recogiendo naranjas por 20 euros; 20 euros menos los 6 euros que les cobran por el transporte o por pago al intermediario que está de acuerdo con la ETT. Es decir, la cuarta parte de lo que marca el convenio colectivo, que
establece 60 euros por día de trabajo y jornada de seis horas. Una persona contratada por una ETT puede llegar a percibir un 50 % menos de salario que una persona contratada por un almacén. Esto significa un fraude a la Seguridad Social, puesto
que muchas ETT modifican las horas trabajadas rebajándolas en la declaración y facturan por el global de los kilos recolectados de naranja sin especificar nunca el número de trabajadores empleados. Por tanto, la cantidad que los almacenes tienen
que pagar a las ETT es muy inferior a la que habrían tenido que abonar si hubieran tenido trabajadores propios, incumpliendo en ese sentido el convenio colectivo. Así, una persona que trabaje de sol a sol durante toda una semana puede ver reducidas
sus horas trabajadas hasta solo seis días al mes, aunque haya trabajado todos los días.
En el campo -lo vemos todos los días los que vivimos en estas zonas- se dan algunas de las situaciones laborales más injustas de todo el panorama laboral del Estado, situaciones de esclavitud moderna. Más del 50 % de los recolectores de
naranjas son contratados por ETT y, de este 50 %, más del 60 % son inmigrantes, cuya explotación llega en muchos casos a que los propios dueños de las ETT les descuenten parte de su salario por vivir amontonados en viviendas de su propiedad,
alquileres abusivos que acaban descontándoles de su salario. El caso de las ETT no solo afecta a los inmigrantes, afecta también a las trabajadoras y trabajadores valencianos del sector; una persona que trabaje para una ETT ya sabe que cobrará
mucho menos que si trabajara directamente para el almacén. A todo esto hay que sumar todos los graves incumplimientos que hacen los almacenes y estas ETT a la hora de aplicar el convenio: sueldos brutos de veinte horas por diez horas de trabajo,
contratación de eventuales por obra y servicio determinado, incumpliendo el artículo 18 del convenio ya que tendrían que ser contratados como fijos discontinuos, se les cobran conceptos como alquiler de las herramientas, hay veces que se les llega a
cobrar por el alicate que se les proporciona o por el capazo y por el desplazamiento, por los kilómetros realizados, que tendría que ir a cargo de la empresa. También se les obliga a pagar el 50 % del salario en jornal si se suspende el trabajo por
lluvia, lo que supone que muchas veces los trabajadores tienen que acabar pagando ese día sin haber ganado un solo jornal para poder pagarse la Seguridad Social.
El año pasado, en la campaña 2015-2016, nuestra Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo expedientó a diecinueve empresas, once ETT y ocho almacenes, algunas de ellas con infracciones muy graves y con
sanciones que van desde los 6.000 a los 190.000 euros por todos estos incumplimientos. Por eso, por respeto a los más de 60.000 trabajadores y trabajadoras que se encargan de la recogida de naranjas y por respeto a las empresas que cumplen
escrupulosamente con las condiciones laborales y que evidentemente sufren un agravio comparativo de competencia desleal con las empresas que no cumplen ese convenio, instamos al Gobierno a que el ministerio refuerce la dotación económica y de
personal para la inspección de trabajo y que se tomen las medidas necesarias que eviten estos casos de semiesclavitud a que son sometidos muchos trabajadores y trabajadoras del campo valenciano y de otros lugares del Estado español, porque son ya
muchos años de incumplimiento, todos los años. Entendemos que hace falta mucho más refuerzo económico y de personal. Pedimos también que se derogue el Real Decreto 3/2012, de 10 febrero, para la reforma del mercado laboral, con el fin de que
primen los convenios colectivos del sector sobre los convenios de empresa, porque el desastre ha sido mayúsculo. Por último, pedimos que se aumenten las sanciones imponibles a las ETT y a las empresas de servicios por incumplimiento de la normativa
del trabajo. En definitiva, que no sea rentable explotar a las personas trabajadoras.
Moltes gràcies, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Pasamos ahora al turno de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora
Franco por un tiempo máximo de cinco minutos.
La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías, y gracias, señor Baldoví, por presentar esta iniciativa. Como andaluza me preocupa mucho la explotación laboral creada con la introducción de las ETT, ya que
la mitad de la población de Andalucía vive en el mundo rural y mucha de ella trabaja para el campo.
Es fundamental que utilicemos esta iniciativa para hacer pedagogía y enseñar algunas cosas tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Ambos han legislado, ambos han gobernado para este país y ambos han propuesto unas reformas
laborales que no han hecho más que precarizar la situación de los trabajadores en general, y muy particularmente la de los trabajadores y las trabajadoras del campo a través de las empresas de trabajo temporal. También aprovecharé para hacer un
poquito de pedagogía con Ciudadanos, puesto que la intervención que acaba de hacer su portavoz me ha preocupado mucho. En esta Comisión debería hablar gente que supiera de empleo y que no dijera barbaridades como las que se acaban de decir.
Quisiera, por tanto, enseñarles algunas cositas a estos tres partidos, que además están gobernando conjuntamente en estos momentos; y disculparme el sarcasmo.
Primera cosa. Cuando hay dos empresas con un trabajador en vez de haber solo una empresa con un trabajador, evidentemente el dinero se reparte más; es decir, si tenemos 10 euros para pagar tanto la actividad de la empresa como el trabajo
del trabajador o trabajadora, se dividirán en 6 euros para la empresa y 4 euros para el trabajador o la trabajadora. Pero si entra otra empresa más en esa relación, vamos a tener que dividirlos un poquito más puesto que ninguna empresa va a querer
pagar más, y al final quien sale perdiendo es el trabajador: la empresa principal va a tener 6 euros igualmente, la empresa intermediaria se va a llevar 2 euros y el trabajador, en vez de llevarse 4, se va llevar 2. Estamos precarizando los
salarios.
Por otro lado, las causas respecto a los trabajos temporales. Cuando se legisló por primera vez el Estatuto de los Trabajadores se decía que en ningún caso se podía permitir el tráfico de mano de obra. Con tráfico de mano de obra se
referían a la cesión de trabajadores y trabajadoras, algo que hacen las empresas de trabajo temporal. El Partido Socialista, con su reforma laboral de 2010, esa que le parece tan maravillosa, lo que hace es, precisamente, descausalizar el trabajo
temporal, provocando que ahora se permita ese tráfico de mano de obra, que ellos también aprobaron con el Estatuto de los Trabajadores junto a otros partidos en la Transición.
Más cosas. Cuando prima el convenio de empresa sobre el convenio sectorial, pasa lo siguiente: los salarios se pueden reducir por debajo del convenio sectorial, que es el que debería primar. Por tanto, unos trabajadores que trabajan para
la misma empresa pueden cobrar menos si trabajan para una empresa cesionaria, como serían las empresas de trabajo temporal, que un trabajador que trabajaba para la empresa principal. Estamos diciendo que los trabajadores en el campo que son
contratados por empresas de trabajo temporal -volvemos a decir precarización- cobran aproximadamente la mitad que un trabajador que está contratado por la empresa principal. Eso no es más que empeorar las condiciones laborales y esclavizar a los
trabajadores y trabajadoras del campo.
Nosotros proponemos una enmienda para ir un poquito más allá de esta iniciativa que nos parece fundamental y que ha traído a esta Comisión el señor Baldoví, al que damos las gracias. Nuestra enmienda propone que si la empresa de trabajo
temporal no se hace cargo de las condiciones laborales en los términos en los que debería, sería la empresa principal la que se debería hacer cargo de forma subsidiaria. Por tanto, con el fin de mejorar las condiciones en el campo, nosotros
proponemos la derogación del artículo 17.7 de la reforma laboral del Partido Socialista de 2010, que además el Partido Popular la empeora en 2012, que se garantice que los empresarios se responsabilicen subsidiariamente cuando las empresas de
trabajo temporal no cumplan con sus obligaciones y que los precios sean justos dentro del sector primario y que no sean, como siempre, los trabajadores los que carguen con la precarización y con la mala disposición de los partidos del Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Candón.
El señor BALDOVÍ RODA: Disculpen un momento, señor presidente. Tengo que defender también otra PNL en la Comisión de al lado y tengo que acudir, pero volveré enseguida y hablaremos de las enmiendas. Les pido excusas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señor Candón, tiene cinco minutos.
El señor CANDÓN ADÁN: Gracias, señor presidente.
Gracias al señor Baldoví por su generosidad. Los casos a los que alude la iniciativa son materia de ocupación constante de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, habiéndose realizado actuaciones de importante calado en varias
comunidades autónomas, especialmente en el arco mediterráneo, además, con notables resultados, como se alude en la PNL. De hecho, los expedientes sancionadores que mencionan en la iniciativa se deben a actuaciones previas de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. En el año 2015, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió un criterio operativo, el 96/2015, relativo a la cesión ilegal de trabajadores y subcontratación en el ámbito de empresas de
servicios. Evidentemente, pretendía poner coto a determinadas prácticas abusivas que se venían detectando.
Como consecuencia de ello, mediante la instrucción 6/2015, se establecieron una serie de pautas referentes a las actuaciones inspectoras en este tipo de asuntos, donde evidentemente se incluye el sector agrario y las prácticas que se relatan
en la PNL. Con esta instrucción se han intensificado las actuaciones mediante una campaña específica de subcontratación y empresas de servicios, que pretende un mejor control sobre el cumplimiento de la normativa por parte de estas empresas. Para
que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda realizar adecuadamente sus funciones, es necesario adaptar su estructura administrativa, lo que también implica aumentar el tamaño de la plantilla del personal con funciones inspectoras. Voy a
dar un dato, entre el año 2010 y el año 2015 se incrementaron 178 plazas de inspectores y 234 plazas de subinspectores entre acceso libre y promoción interna, y para el año 2016 -también lo acaba de decir mi compañero Joaquín- las plazas fueron 126.
Se han adoptado medidas para el fortalecimiento de la inspección, con la finalidad de que pueda continuar cumpliendo con la importante función social que ejerce. Ello supondrá, a corto plazo, una mejora de medios materiales y personales a su
disposición. Ese fue el compromiso de la ministra en su comparecencia, precisamente en esta misma Comisión, sobre las líneas generales de la política de su departamento: seguir luchando contra el fraude, combatir el empleo no declarado y la
economía sumergida y fraudulenta. Como ella bien dijo, el Plan de lucha contra el fraude se puede resumir en tres palabras: en primer lugar, reforma; en este aspecto, el cambio del Código Penal, Ley ordenadora del sistema de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, y Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. En segundo lugar, medios, con quinientos nuevos efectivos entre inspectores y subinspectores. Y, en tercer lugar, y muy importante también, el
de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también con la Administración de Justicia.
Señorías, en esa lucha contra el fraude, iniciado en 2012 hasta enero de 2017, han aflorado 420.000 empleos irregulares sin derechos; se han detectado 6.000 empresas ficticias y se ha logrado la conversión de más de 253.000 contratos
temporales en contratos indefinidos; además, esto ha supuesto para el sistema un ahorro de 17.772 millones de euros. En esa línea creemos que hay que seguir trabajando. También hay que poner en marcha -como también ha dicho la ministra- la
Oficina nacional de lucha contra el fraude y, en el marco del diálogo con las comunidades autónomas, trabajar en el Plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Por otra parte, la PNL pide derogar el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, cuando dicho real decreto ha de entenderse ya superado tras su posterior tramitación parlamentaria y su conversión en la Ley 3/2012, de 6 de julio, cuyas
disposiciones puramente laborales, entre las que se encuentran todas las relativas a la negociación colectiva, se han incorporado al vigente texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Quiero aclarar que los convenios colectivos,
bien sean sectoriales o de empresas, deben respetar en todo caso lo dispuesto en la legislación laboral, como no puede ser de otra manera. En este caso concretamente, si la Comunidad Valenciana -o cualquier comunidad que tenga las competencias
delegadas en esta materia- observa que en algún aspecto se vulnera dicha legalidad, podrá impugnarlos de oficio ante la jurisdicción laboral para que estos se declaren nulos.
Por lo demás, debemos matizar que las posibles infracciones muy graves en materia laboral de las que aquí se está hablando no pueden merecer un distinto tipo de reproche legal en función de la diferente naturaleza jurídica del sujeto
infractor. De hecho, quien incumpla -bien sea una ETT o una empresa de servicios- no puede permitir calificar de una forma especialmente agravada el incumplimiento legal o el establecimiento de una condición por debajo de los mínimos de la ley o
del convenio aplicable.
Termino, señor presidente. Este es el camino iniciado por el Gobierno en su trabajo constante, camino que está dando sus resultados respecto al compromiso adquirido con los trabajadores que sufren estos abusos por parte de los que no
respetan las reglas ni la legislación laboral. Hay que seguir luchando entre todos para que esto no siga ocurriendo. Además, como ha dicho bien el señor Baldoví, esto supone un agravio comparativo debido a la competencia desleal con las empresas
que cumplen con la legislación laboral vigente. En este caso hemos presentado un texto alternativo a la propuesta del Grupo Mixto, que, como saben, conocen el ponente y la Mesa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Candón.
Señor Cano.
El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente.
Lamento que no esté el señor Baldoví, porque lo cierto es que siendo también de la Comunidad Valenciana, en concreto de Alicante, y escuchándole y leyendo la proposición no de ley que nos trae, me da la sensación de que vivo en otro sitio
distinto al suyo. Yo creo que no hay ningún agricultor -no hablo de empresarios sino de agricultores de aquellos a los que se les endurecen las manos de coger la azada- que contrate de esta manera. Y lo mismo ocurre con las cooperativas agrícolas
de la provincia de Alicante -he consultado tres esta semana-, que no hay ninguna que utilice el sistema de contratación a través de las ETT. Asimismo, he consultado con la Subdelegación del Gobierno -también me lo confirman las mismas
cooperativas-, donde me dicen que cuando los recolectores son inmigrantes, son extranjeros, el contrato se solicita a través de la Subdelegación del Gobierno.
No vengo aquí a decir barbaridades, como ha dicho antes la compañera de Podemos, sino después de haber estudiado previamente el tema. Por cierto, no sé si ustedes han contratado alguna vez a través de las ETT o han hecho algún contrato a
alguna persona y le han proporcionado estabilidad. (La señora Franco Carmona: No, yo he sido contratada). Dicho esto... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego un poco de respeto para la persona que interviene.
Continúe.
El señor CANO FUSTER: Dicho esto, y dado que utiliza terminología como semiesclavitud, sinceramente tengo que decir que si hay alguien que lo hace habrá que ir contra ese empresario o contra el agricultor que lo haga. No podemos consentir
que en pleno siglo XXI se estén llevando a cabo -permítanme el adjetivo- estas prácticas mafiosas. No podemos permitirlo, pero al mismo tiempo apelo a la honradez para que no se utilice este populismo de enfrentamientos, de buenos y malos, como se
ha dicho anteriormente.
A esta iniciativa hemos presentado una enmienda y, de ser aceptada, votaríamos a favor de la misma. Sin duda, estamos a favor de que se denuncien todas las ilegalidades que se produzcan y que todo el peso de la ley caiga sobre los
infractores.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.
A continuación intervienen los grupos parlamentarios que no han presentado enmienda. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran. (Renuncia). No interviene. Por el Grupo de Esquerra Republicana, señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Buenos días.
No sé dónde vive el compañero que ha hablado antes, pero condiciones de semiesclavitud existen, y en muchos sectores, también en el de las ETT. Día a día en esta Comisión y en el Parlamento estamos poniendo el espejo a la realidad laboral
del Reino de España. Hoy toca hablar del abuso que se hace de las ETT como mecanismo una vez más de abaratar costes, reduciendo los salarios, empeorando las condiciones laborales, etcétera. Dentro de poco lo vamos a volver a ver en el sector de la
estiba, porque en el fondo es esto: también entrarán aquí las ETT y el abuso de las subcontrataciones y de las externalizaciones, porque lo que haría falta no es una reforma laboral, sino empresarial. Esto es lo que haría falta para evitarlo. Ya
que no hacen esta reforma empresarial, alguien tendrá que forzar que se haga de una vez por todas. Mientras esperamos reformas laborales de más calado, que vayan al diagnóstico y al mal moll del que hablábamos antes, vamos a votar a favor y damos
las gracias al Grupo de Compromís por haber traído esta PNL a esta Comisión, porque evidentemente no vamos a estar en contra de que
haya más inspectores, más control sobre estas ETT para que se eviten todos los abusos posibles y las situaciones de semiesclavitud.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Ramón, por un tiempo de tres minutos.
La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidente.
Nosotros no podemos estar más de acuerdo con esta iniciativa, ya que para evitar la pésima situación que viven los trabajadores y las trabajadoras del campo, concretamente también en la comunidad autónoma a la que pertenezco, Andalucía,
hemos presentado varias iniciativas tendentes a mejorar las condiciones laborales, contemplando también la especificidad de las mujeres trabajadoras del campo. A esa situación pésima que viven, insisto, se suma la situación de algunos territorios,
cuyo debate también se trae esta mañana a la Comisión de Empleo, pues se están viviendo abusos derivados de contrataciones masivas de carácter eventual, y a ello también se suman las condiciones de explotación a las que están siendo condenados
muchos trabajadores del campo, y no solo ellos, sino también los trabajadores en general. Creo que en ello tiene mucho que ver la reforma laboral que llevó a cabo el Partido Popular, que está condenando a estos trabajadores a ser trabajadores
pobres. Por ello el compromiso de mi grupo es la derogación de esta reforma laboral que establece un modelo de empleo precario, de bajos salarios, de despidos baratos, y lo que es muy importante, un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de
poder entre trabajadores y empresarios. Queremos recuperar la centralidad de la negociación colectiva para equilibrar esas relaciones y garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.
Esto, como no puede ser de otra manera, debe ir acompañado de una inspección centrada en velar por empleos de calidad y en tutelar los derechos básicos de los trabajadores, como son los salarios, las jornadas, los descansos, la contratación,
la seguridad, etcétera. Queremos hacer especial hincapié también en que esto beneficia, tanto a los trabajadores y trabajadoras como a las empresas que cumplen, y que se ven perjudicadas por aquellas otras que consideran los incumplimientos
sociales como un ahorro de costes. Por ello, como decía, vamos a apoyar esta iniciativa. Nosotros contemplábamos en nuestro programa electoral el incremento de inspectores de Trabajo y de Seguridad Social; también creemos que es importante
facilitar el intercambio de información con otros organismos de la Administración, y modernizar los medios técnicos de la Inspección para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora, porque el propio Gobierno, en respuestas parlamentarias, contempla
que los datos no están desglosados, con lo cual no podemos conocer el grado de incumplimiento de los convenios colectivos, ya que no desglosan los datos por actividad, y por supuesto esto tiene que ir acompañado de un régimen sancionador.
No queremos pensar desde mi grupo, desde el Grupo Socialista, que el Gobierno está evitando inspeccionar a los incumplidores. La reforma laboral del Partido Popular tuvo un objetivo, que fue reducir los derechos laborales de los
trabajadores y de las trabajadoras. Ese objetivo está cumplido. Pero lo que no puede hacer el Gobierno es, ante casos flagrantes como los que se denuncian aquí esta mañana, no actuar con contundencia. Por ello insisto en que desde mi grupo vamos
a apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
No se encuentra presente el señor Baldoví para indicar si acepta o no las enmiendas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señor presidente, le confirmo que va a presentar una transaccional.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y PARA POTENCIAR SU PAPEL EN EL ACCESO AL EMPLEO Y EN LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001001).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la tercera proposición no de ley en el orden inicial. Proposición no de ley de medidas para mejorar el régimen de funcionamiento de los centros especiales
de empleo y para potenciar su papel en el acceso al empleo y la inclusión social de las personas con discapacidad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. La presenta el señor Del Campo, por un tiempo no superior a siete minutos.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias, señor presidente.
Comienzo mi exposición dando unos datos: más del 8 % de la población española tiene algún tipo de discapacidad; existen más de 2.000 centros especiales de empleo en España, que emplean en torno a 70.000 personas, por lo tanto son
instrumentos imprescindibles para la creación de empleo en España y a su vez para garantizar la empleabilidad de las personas con diversidad funcional. En definitiva son una pieza clave para el funcionamiento y el desarrollo del Estado del
bienestar en España. No obstante este desarrollo no está exento de problemas, por lo que voy a comentar cuáles son los principales problemas que tiene el sector.
En primer lugar, problemas financieros. Lógicamente la crisis ha afectado a todos los sectores, también a los centros especiales de empleo; las subvenciones salariales se retrasaron e incluso se denegaron en ciertas comunidades autónomas.
También se retrasaron y suspendieron otras vías de financiación pública. Se produjeron despidos, ERE, cierres. Es cierto que existe una subvención para sanear financieramente los centros especiales de empleo, no obstante no es fácil de conseguir,
se concede exclusivamente una vez y es de lejos insuficiente para solventar los retrasos y suspensiones de financiación.
En segundo lugar, problemas respecto al incumplimiento de la cuota de reserva y de las medidas alternativas. En los últimos diez años se han producido grandes avances en esta materia, pero a día de hoy este aspecto sigue siendo una de las
críticas mayoritarias, y es que gran parte de las empresas sigue incumpliendo estas medidas y ellas mismas achacan el problema al desconocimiento, a las trabas burocráticas y a la falta de información. Los datos varían de unos informes a otros,
pero grosso modo solo en torno al 30 o 40 % de las empresas de más de cincuenta trabajadores cumplen de forma efectiva estas medidas. Esta situación es bastante grave en cuanto a que provoca irremediablemente una gran dependencia de estos centros
de la financiación pública y de las subvenciones. La realidad objetiva es que muchas veces, ante el trabajo burocrático que supone adaptarse a la legislación y a la falta de supervisión estatal, no les resulta rentable ni urgente cumplir con la
cuota ni con las medidas alternativas.
En tercer lugar, problemas respecto a los falsos centros especiales de empleo y al fraude. Como ustedes saben el centro especial de empleo es una fórmula empresarial que puede utilizarse para contrafacturar y hacer intermediación ilícita de
bienes y servicios. Tan solo es necesario acreditar documentalmente los servicios prestados y los convenios firmados en las inspecciones, las cuales en muchas ocasiones no comprueban si los trabajos se han realizado realmente. De hecho se han
descubierto varios centros especiales de empleo donde se han llevado a cabo actuaciones fraudulentas de este tipo en los últimos años. Esto ha generado una imagen algo peyorativa de los centros especiales de empleo ante las empresas, pagando justos
por pecadores. No es una tendencia generalizada pero sí es algo que se debería controlar y supervisar mejor. Un dato revelador es que el número de centros especiales de empleo aumentó entre el año 2009 y 2011 en plena efervescencia de la crisis,
como arrojan algunos de los informes que tenemos.
En cuarto lugar, hablamos de una falta de coordinación e implicación a nivel estatal. Menos en los casos de Ceuta y Melilla, que dependen directamente del Servicio Público de Empleo Estatal, la gestión de los centros especiales de empleo
corresponde a las comunidades autónomas. Tal y como sucede con otras políticas este hecho provoca falta de información y por lo tanto cierta opacidad a nivel nacional, y también desigualdades en condiciones y en financiación, sobre todo en los
momentos más graves de la crisis.
En quinto lugar, hablamos de la falta de políticas de tránsito al empleo ordinario. Se supone que por normativa y por su propia razón de ser los centros especiales de empleo son centros de trabajo de tránsito hacia el empleo ordinario para
sus trabajadores. No obstante, lejos de cumplir con su contenido, los centros especiales de empleo son, en la aplastante mayoría de los casos, centros finalistas de empleo, una situación que conlleva que las personas con discapacidad sigan en
cierta medida apartadas del mercado laboral ordinario.
En sexto lugar, hablamos de una falta de innovación y de sectores de actividad con valor añadido. Los centros especiales de empleo suelen centrarse en su mayoría en actividades de baja cualificación:
lavandería, jardinería, limpieza, call center, etcétera. Por un lado, esta situación lleva a que muchos centros especiales de empleo se dediquen a lo mismo y compitan entre ellos, y por otro, no incentiva en absoluto el acceso de sus
trabajadores al mercado ordinario ni a su desarrollo personal y formativo.
En séptimo lugar, hablamos de dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias del servicio de ajuste personal y social. El sector refleja en distintos estudios que adaptarse a estos servicios y a las derivadas unidades de apoyo personal
que se exigen resulta complicado por cuestión de gestión de recursos humanos. Un centro especial de empleo tiene que ser competitivo, al igual que una empresa ordinaria, y ha de contar con un buen plan de viabilidad, que tiene que presentar como
aval para conseguir ser calificado como tal. Pero por otro lado se le exige ser una entidad de asistencia social, con los servicios de ajuste personal y social y las unidades de apoyo a la actividad profesional. Estas exigencias son necesarias
para este colectivo, sobre todo cuando se cuenta con personal con discapacidades severas, y están más que justificadas, pero presentan diversos problemas. Por un lado, dar estos servicios de forma eficaz implica irremediablemente contratar personal
cualificado. Por otra parte, está la cuestión de las actividades culturales y deportivas. Volvemos a lo mismo: realizar estos eventos afecta a los presupuestos y a la gestión del tiempo de los centros especiales de empleo. Una vez más los
centros especiales de empleo de menor tamaño y facturación se encuentran con complicaciones a la hora de realizar estas actividades sin ver mermada su productividad. Realizarlas fuera del horario laboral es complicado para el personal y realizarlas
los días laborables puede afectar al trabajo diario.
Finalmente creemos que es importante dar más visibilidad a las políticas de contratación de personas con discapacidad y a los centros especiales de empleo. El desconocimiento sobre la Ley General de Discapacidad en general y de la
empleabilidad del sector en particular son las principales causas del incumplimiento legislativo de las empresas, según demuestran los estudios e informes. Se debería por consiguiente organizar una campaña de comunicación y concienciación pública,
y no solo dirigida a las empresas, como plantean otros partidos políticos en sus programas, desde la secretaría general para concienciar a toda la sociedad española sobre el problema de discapacidad y su integración en el ámbito laboral y económico.
En definitiva, señorías, dar solución a estos problemas es el motivo que nos ha llevado a presentar la presente proposición no de ley, para mejorar el funcionamiento de los centros especiales de empleo y para potenciar su papel en el acceso al
empleo y a la inclusión social de personas con discapacidad. Está compuesta por hasta diez puntos o medidas que inciden directamente en cada uno de ellos y esperamos que sean apoyados por los miembros de esta Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Campo.
A continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, por un tiempo no superior a cinco minutos. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la
palabra la señora Marcello.
La señora MARCELLO SANTOS: Gracias, presidente.
Buenos días a todos y a todas. Compartimos con el grupo promotor el análisis de que el acceso al empleo de las personas con discapacidad es la gran asignatura pendiente, viendo además las cifras de que una de cada cuatro personas con
discapacidad en edad laboral está ocupada. La tasa de paro supera en casi en 10 puntos la de la población sin discapacidad, y en este sentido los centros especiales de empleo son un pilar fundamental para la generación de empleo para las personas
con discapacidad. Durante todos estos años de crisis estos centros han tenido que enfrentarse al retraso de los cobros de las subvenciones, como decía el grupo promotor, y de las prestaciones. El retraso y el incremento de la competencia externa y
la bajada de los precios han sido inasumibles y hay problemas de profesionalización de las estructuras. Compartimos también el análisis de que existen desequilibrios territoriales entre las diferentes comunidades autónomas en cuanto a cómo se
gestionan estos centros especiales de empleo e incluso compartimos lo que ha dicho el compañero de que los centros especiales de empleo tienen que ser centros de tránsito hacia el empleo ordinario, y que ese objetivo no se está cumpliendo hoy en
día. Pero discrepamos -y bastante- en el punto sexto de su proposición no de ley en cuanto a la creación de viveros de centros especiales de empleo privados o, como más les gusta llamarles a ustedes de externalización de la gestión, por lo que
pedimos la supresión de ese punto.
También nos han surgido diferentes dudas al ver el punto cuarto de su proposición no de ley, en el que hacen incidencia en la modificación del Real Decreto 290/2004, en el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del
empleo de las personas con discapacidad, a fin de actualizar su contenido
y flexibilizar la utilización de este tipo de contratos. Nos parece bastante ambiguo porque no se detalla qué aspectos se quieren actualizar y en qué casos se quiere hacer esa flexibilidad de ese tipo de contratos. Sin embargo, a pesar de
que lo vemos bastante ambiguo, no tendríamos ningún problema con este punto, pero entendemos que la externalización de estos servicios en el punto sexto es la que nos va a impedir poder votar a favor de su proposición no de ley.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marcello.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Intervendré dos minutos y mi compañero Campuzano tres. Yo quiero hablar de un tema que conozco muchísimo, porque fui alcaldesa de La Laguna durante once años y fuimos pioneros en el tema de centros especiales de empleo, con Acaman, con lo
que fue la parte municipal de la gestión de la empresa de aparcamiento y el mantenimiento de los campos de césped artificial, que teníamos veintiuno. Yo quiero decir que en Canarias hay sesenta y dos y que son referentes de eficiencia, que cumplen
sus funciones perfectamente, y que están regulados de manera transparente por el Servicio Canario de Empleo.
Dicho esto hay que decir algunas cosas sobre la propuesta. Estos centros ya compiten con bonificaciones y consideraciones especiales que se han visto reforzadas con la aplicación de las cláusulas sociales que se van imponiendo en la
contratación pública, y que son un gran reto y a las que no se hace alusión en el texto. Ahora lo más importante: no sería deseable que una propuesta que nace para integrar, para apoyar la discapacidad y promover su inclusión pudiera dejar abierto
un camino que permitiera usar a las personas con discapacidad para ganar concursos de servicios, que se prestan luego con contratos precarios y sueldos bajos. Con respecto al registro creemos que, dado el tema competencial autonómico, el registro
central debe ser el suministrado por cada comunidad autónoma. Y en lo referente al punto cuarto me gustaría indicar que los enclaves laborales deben de servir no solo como medida alternativa a las empresas incumplidoras de las obligaciones de la
Ley General de Discapacidad, sino que han de tener como verdadero objetivo la contratación del personal del enclave por la empresa que lo acoge. En el punto sexto la opción de viveros parece la más razonable para la creación de nuevos centros de
empleo en aquellos sectores no representados o para fomentar aún más los de alto valor añadido. A nosotros nos parece que hay varias aportaciones de los grupos que han presentado enmiendas, y que sería bueno llegar a una transaccional que mejorara
la redacción presentada por Ciudadanos. En cualquier caso lo vamos a apoyar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señor Campuzano, tres minutos.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Sobre la cuestión de fondo que plantea el señor Del Campo existe coincidencia. Es cierto que esa tasa de empleo de las personas con discapacidad es 32 puntos inferior al del conjunto de la población, que la tasa de paro entre este colectivo
es 8 puntos más, que en las políticas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad el empleo protegido ha tenido y tiene un papel fundamental, y que es necesario promover mejores políticas en esta materia. Discrepamos lógicamente de
la iniciativa de Ciudadanos, de ese tono recentralizador que contienen los puntos primero y segundo de su iniciativa. Además se equivocan en una cuestión de fondo, ya que aquello que garantiza la igualdad efectiva de las personas con discapacidad
no es una prestación homogénea de las políticas en el conjunto del territorio del Estado español, sino la adaptación de las políticas a las realidades concretas -sociales, económicas, culturales- de los distintos territorios que componen el Estado
español. Por ejemplo, en esta materia de la discapacidad, tanto en Euskadi como en Cataluña, en los veinte últimos años se han desarrollado unos modelos de centros especiales de empleo para personas con discapacidad intelectual que apuestan por
favorecer el empleo de personas a las que en el resto del Estado no se les generan oportunidades de empleo. Esa ha sido la opción de las familias, de los profesionales y de los distintos Gobiernos de Cataluña, y quizá en otros territorios del
Estado el modelo es otro. Tan respetable es el uno como el otro, pero al menos desde la perspectiva catalana somos partidarios de defender ese modelo, un modelo que da empleo y empleo
digno a personas a las que el mercado no puede ofrecer empleo, y que el conjunto de los centros especiales de empleo de España no están ofreciendo. Por lo tanto discreparíamos profundamente de ese planteamiento del Grupo Ciudadanos.
Además las dos enmiendas que hemos presentado abordan dos cuestiones muy concretas que en el petitum del señor Del Campo no se reconocen. Existe una problemática muy evidente que es el incremento del salario mínimo interprofesional, que va
a implicar mayor coste a la contratación de estas personas con discapacidad y que para determinados centros especiales de empleo es un problema, por lo que hay que ser capaces de encontrarle salida a esa situación. Hay algunas propuestas como, por
ejemplo, que las personas con especiales dificultades vean un incremento de la subvención salarial. Una segunda enmienda pretende dar respuesta a una cuestión muy concreta: que el contrato de formación y aprendizaje se adapte también a la
contratación de personas con discapacidad intelectual y que hoy, por la regulación del contrato de formación, no pueden acceder a este tipo de contratos. Nos gustaría que al menos estas dos enmiendas fuesen tomadas en consideración por parte del
Grupo Ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora De Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la iniciativa de Ciudadanos, pero hemos planteado una serie de enmiendas. Estas enmiendas están basadas en una premisa importante, que es que, sin desmerecer la
importancia que tienen los centros especiales de empleo, hay que tener en cuenta que solo son el 3 % del tejido empresarial y dan ocupación a un 58 % de los trabajadores con discapacidad. El Grupo Socialista cree que la integración plena solo se
alcanzará con el acceso a la empresa ordinaria, un acceso inclusivo y accesible. Nuestras enmiendas, puesto que el Grupo Ciudadanos ha hecho referencia en su iniciativa también a la cuota, van referidas a intentar poner sobre la mesa y solventar
una serie de cuestiones, entre las que está el propio funcionamiento de los centros especiales de empleo, la configuración y cumplimiento de la cuota y de las medidas alternativas, medidas para apelar a la responsabilidad corporativa en esta
materia, ya que la ley en el tema de la cuota es bastante estricta, medidas para ayudar a la empresa ordinaria a contratar a trabajadores con discapacidad, y medidas para dotar de un marco jurídico relevante al trabajo de los trabajadores con
discapacidad. Todas estas medidas se encuentran en las enmiendas que hemos presentado.
En relación con el funcionamiento del centro especial de empleo Ciudadanos en su iniciativa solo nos plantea reformar la norma sobre enclaves laborales, y nosotros pensamos que es necesario también modificar las normas de funcionamiento y la
que regula la relación laboral especial de centros especiales de empleo, puesto que son normas de 1985. En su origen los centros especiales de empleo estaban concebidos como centros de tránsito, para que el trabajador con discapacidad pasase a la
empresa ordinaria. Sin embargo durante su evolución se han convertido en centros de empleo en sí mismos. Nuestro grupo estima que es preciso afrontar modificaciones legales que no se tienen que ver como un hostigamiento a los centros especiales de
empleo, pues entendemos su importancia, sino para potenciar su función, para remover obstáculos, para garantizar el tránsito y el retorno a la empresa ordinaria. Eso es fundamental para garantizar su solvencia, y sobre todo para implicar a los
centros especiales de empleo en la contratación de trabajadores que más dificultades tienen de acceder al mercado de trabajo, que son aquellos que tienen un mayor grado de discapacidad.
El segundo bloque de enmiendas que proponemos se refiere a la cuota. Estimamos que no basta solo con incrementar el control, sino que hay que modificar los parámetros de la cuota, porque todos sabemos que solo están obligadas a contratar a
trabajadores con discapacidad empresas de cincuenta o más trabajadores. En la provincia de la que vengo, Ourense, tenemos un tejido empresarial e industrial basado en la pequeña y mediana empresa, y a veces es difícil encontrar trabajadores para
plantear la campaña de discapacidad en la Inspección de Trabajo. También es necesario revisar las medidas alternativas, que no sea tan fácil acceder a ellas, que la empresa verdaderamente haga un diagnóstico serio de los puestos de trabajo que
tiene. Es necesario que se creen registros, no solo de centros especiales de empleo, sino de empresas que cumplen la cuota y las medidas alternativas. Es necesario que se desarrolle la Ley de Contratos del Estado, que la Administración no pueda
contratar con aquellas empresas que no cumplen la cuota, y sobre todo es necesario en este ámbito regular la necesidad de protocolos. Así como la empresa
tiene que desarrollar protocolos o evaluaciones en otros ámbitos laborales, como la prevención de riesgos o la igualdad, aquí también lo consideramos necesario. El protocolo lleva a la empresa a hacer un diagnóstico de la situación y a
asumir de forma más profunda esta obligación.
El tercer grupo de enmiendas que hemos presentado va referido a la necesidad de apelar a la responsabilidad corporativa en este punto, es decir, que no solo las empresas con cincuenta o más trabajadores sean las que integren en sus
plantillas a trabajadores con discapacidad, sino que empresas más pequeñas que no tienen la obligación legal tengan la obligación moral. Es necesaria la creación de sellos de excelencia empresarial. Otra enmienda que consideramos muy importante se
refiere a que el empleo con apoyo no se facilite solo para los centros especiales de empleo, sino que se aumenten los recursos y se amplíe a la empresa ordinaria, es decir, que una empresa ordinaria que tenga intención de contratar a trabajadores
con discapacidad pueda acudir a los mecanismos de empleo con apoyo.
Por último consideramos necesario abordar un marco jurídico nuevo para la inclusión de trabajadores con discapacidad en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores, y con la misma relevancia que cualquier otra relación laboral de otro
trabajador, promoviendo estrategias de inclusión.
Ya para finalizar, en relación con el último punto al que también ha hecho referencia una compañera, creemos que la externalización no es adecuada. Si estamos pidiendo que no se externalice, que se contraten trabajadores con discapacidad,
aunque veamos bien la creación de clusters de cualquier iniciativa, quitaríamos esa frase.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Frutos.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Tremiño, por cinco minutos.
El señor TREMIÑO GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy estoy feliz por debatir aquí sobre los centros especiales de empleo. Son ciertos los datos que se han dicho aquí. Es verdad que una de cada cuatro personas con discapacidad trabaja, un 25 %, pero también es verdad que hace seis años,
en el año 2011, el peor año de la historia del empleo de personas con discapacidad desde que se registra, era un 10 %, es decir, una de cada diez personas con discapacidad trabajaba. Esto quiere decir que en los últimos cinco años ha habido el
mayor crecimiento y creación de empleo de personas con discapacidad como digo desde que se registra. Desde el año 2012 al año 2016 el empleo de personas con discapacidad crece entre un 19 y un 20 % constante anualmente. Del año 2012 al 2013 un 19
%, del año 2013 al 2014 un 20 % y del año 2014 al 2015 un 19 % constantemente. Este crecimiento no se había dado como digo nunca en la historia del empleo de personas con discapacidad desde que existe este registro. Son datos del Servicio Estatal
Público de Empleo y no lo digo yo, lo dicen los datos oficiales. Concretamente en centros especiales de empleo se ha pasado del año 2012 al año 2016 de 61.000 trabajadores a 72.200, un crecimiento del 17 %. Nunca los centros especiales de empleo
habían crecido en ese porcentaje en creación de empleo de personas con discapacidad, y no es un mérito del Gobierno del Partido Popular, sino de las empresas y de las asociaciones que han generado ese empleo. Pero sí que es cierto que en el año
2012 con la reforma laboral, que tan criticada ha sido aquí, se recuperaron las medidas estatales de fomento del empleo que habían sido derogadas en el año 2011 por el Gobierno Zapatero. Con lo cual, no sé si tiene muchas cosas buenas o malas la
reforma laboral -para mí todas son buenas-, pero desde luego si hay una que las tiene por los resultados clarísimos es la recuperación de las medidas estatales de fomento del empleo de las personas con discapacidad, que como digo y repito habían
sido derogadas el año anterior con el Gobierno Zapatero. Por ello estoy totalmente a favor de que se presente esta PNL de los centros especiales de empleo y que se mejoren, pero también hay que decir que ahí están los resultados de los últimos
cinco años.
En cuanto al tipo de contrato en los últimos cinco años ha habido un crecimiento del 53 % en contrato indefinido y el 50 % en contratos para personas con discapacidad mayores de cuarenta y cinco años. Este es un dato muy importante, porque
como todos ustedes saben, señorías, es un colectivo, el de los mayores de cuarenta y cinco años, de difícil inserción y todavía más si se trata de personas con discapacidad.
En cuanto al presupuesto que se ha destinado por parte del Estado, no de las comunidades autónomas, a las oportunidades de empleo de colectivos de especial dificultad, como son las personas con discapacidad, hemos pasado de 210 millones de
euros en 2012 a 234 millones de euros en 2015 y a 260 millones de euros en el año 2016. Ha habido un crecimiento también en cuanto al presupuesto de empleo de personas con discapacidad.
Respecto a las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social en el año 2016 fueron de 380,5 millones de euros. Como ustedes saben -lo quiero repetir- las bonificaciones son por parte del Estado y las ayudas de fomento al empleo por
parte de las comunidades autónomas, que es donde efectivamente no han crecido. Estos datos tampoco los facilita el Estado ni los facilita el INE, los facilita la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo,
Feacem, que son datos que ha publicado y que todos conocemos. Aun así entiendo que es verdad que queda mucho por hacer, y por eso creo que es conveniente evidentemente apoyar esta PNL.
Hemos presentado varias enmiendas, se está negociando para que se presente una transaccional por parte de todos, y estamos de acuerdo en casi todos los puntos menos en el punto primero, del que estamos totalmente en contra. Consideramos que
hay que votar a favor del resto de puntos, pero no del primero, porque dice que hay que crear una secretaría general de diversidad funcional. Señorías, hay una Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en la que están la discapacidad,
el Real Patronato, la dependencia, y además -dicho también por las asociaciones, no dicho por el Gobierno- ha habido la mayor creación legislativa de la democracia en materia de discapacidad. Hay leyes como la Ley General de Discapacidad y leyes
como la Ley del Tercer Sector y ha sido en estos últimos cinco años; cuarenta y ocho normativas entre leyes, reales decretos, reales decretos legislativos y órdenes ministeriales; la mayor creación. ¿Para qué vamos a crear una secretaría general
si ya existe una secretaría de Estado, que además ha sido muy activa, como nunca lo ha sido en la democracia? Por tanto, vamos a votar a favor, pero quiero reiterar -que quede constancia- mi total desacuerdo con el punto primero relativo a crear
una secretaría general.
Quiero agradecer a Ciudadanos que haya llevado esta PNL y su negociación y que acepte todas las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado.
Les querría contar mi experiencia personal. ¡Cómo va a votar el Partido Popular en contra del centro especial de empleo si mi primer trabajo, el primer trabajo de esta persona con discapacidad -por cierto, no soy una persona con diversidad,
no soy un diverso funcional, sino una persona con discapacidad, que es la terminología oficial reconocida por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, no soy diverso, soy, primero, persona, y después, con
discapacidad- fue, gracias a Dios y sobre todo al empresario que quiso contar conmigo, en un centro especial de empleo de personas con discapacidad! Por eso vamos a apoyar esta PNL y la transaccional.
Muchísimas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tremiño.
A continuación, intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
Cuando habla el señor Campuzano, casi siempre me pisa el terreno en este ámbito, y me ha pasado hoy también nuevamente. Es decir, si algo tiene esta proposición no de ley es que afecta de una forma indubitada a aquellos ámbitos en los que
ya existen políticas de empleo en materia de discapacidad que han sido puestas en práctica, especialmente en Cataluña y en Euskadi, con un nivel de éxito importante y con un nivel de atención al colectivo también importante.
No voy a negar el valor de esta proposición no de ley, pero sí entiendo que atiende a una realidad un tanto diferenciada o que ha sido ya condicionada por políticas activas puestas en ese sentido por las administraciones competentes en la
materia; siendo así que el Estado, por otra parte, ha estado funcionando en base a una orden del año 1998, en la que ha facilitado los medios para que se pudieran producir políticas específicas sobre discapacidad que han podido elaborar las
comunidades autónomas.
En el caso de Euskadi, además, ha habido una actuación específica -su criterio rector se ha señalado en una de las intervenciones- que ha tenido como eje la existencia de un criterio práctico, que es la de no considerar el tránsito como un
periodo válido. Es decir, la de entender que cualquier persona afectada por cualquier tipo de discapacidad que pueda obtener algún tipo de contrato ha de ser objeto de ese contrato de trabajo en condiciones iguales a las de quienes no tienen ese
tipo de discapacidad. Esa ha sido una práctica -la del desarrollo de empresas que pudieran atender esa especialidad- que ha estado unida a la potenciación de medios técnicos y personales de apoyo que pudieran facilitar también no solo la prestación
ordinaria del trabajo de una forma remunerada ordinaria igual a la de cualquier otro trabajador, sino también además en términos de rentabilidad. Hoy, Guria, que es la empresa que conocemos en
Gipuzkoa -en Bizkaia hay otra diferente-, atiende a unos criterios determinados por los que las empresas donde trabajan personas con discapacidad son rentables por sí mismas, con independencia de quienes trabajan en ellas. Es un criterio
que se ha elaborado, vuelvo a repetir, a partir de la existencia de políticas propias que, sin embargo, esta PNL, con todo respeto, matiza, seguramente porque atiende a otra realidad diferente y nosotros tampoco queremos condicionar otras realidades
diferentes, pero sí queremos que se respete la nuestra en ese sentido. Por ello, no es que no deba o no pueda apoyar, es que prefiero que esa realidad se sustente en el apoyo de aquellos que quieren legislar, que quieren actuar sobre una realidad
diferente, y les pido, por favor, que en esas actuaciones respeten las especialidades y las particularidades y el nivel de desarrollo que tenemos en Euskadi.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra, el señor Salvador no se encuentra presente.
¿El grupo proponente se posiciona sobre las enmiendas o espera al final?
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Estamos en proceso.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- RELATIVA AL REEMPLAZO Y SUSTITUCIÓN DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN GIPUZKOA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001063).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición no de ley relativa al reemplazo y sustitución de los trabajadores jubilados en las entidades prestadoras de servicios de la Seguridad Social en Gipuzkoa, presentada por Grupo
Parlamentario Vasco.
Señor Barandiaran, tiene la palabra por un tiempo no superior a siete minutos.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
Como ya se indica en la parte expositiva de nuestra proposición no de ley, su razón se encuentra en una denuncia previa que formuló en su día la representación sindical mayoritaria en el ámbito de la Tesorería y del INSS de Gipuzkoa, quienes
habían alertado de un problema específico que es el que sufren como consecuencia del número de bajas de sus trabajadores que quedaban sin relevo, producto tanto de jubilaciones no ordinarias, anticipadas o bajas no cubiertas.
Somos conscientes, no obstante, de que tras este caso hay un problema genérico que afecta no solo a la Administración del INSS o de la Tesorería, sino que afecta con carácter general a todas las administraciones: estatal, autonómica o
local. Ese problema no es otro que la limitación de la tasa de reposición de funcionarios públicos impuesta como medida restrictiva que afecta no solo al gasto, sino también al empleo público. Tras dicha política se esconden, a nuestro juicio, dos
propósitos que, con todo respeto, consideramos equivocados y que revelan, no obstante, un cierto grado de ineficacia en la gestión de los servicios públicos. De una parte, obedece a una estrategia de adaptación de la estructura de personal de los
diferentes servicios a las nuevas prestaciones tecnológicas -lo que como propósito puede ser hasta loable-, pero que en su ejecución, lejos de obtener un mayor grado de eficacia en sus servicios, la consecuencia ha sido la disminución incontrolada
de funcionarios y empleados públicos, producto de no haber sabido gestionar de forma adecuada una pirámide de edad envejecida. La otra es que, por mucho que se disfrace de propósito estratégico, la única decisión política meditada que ha
justificado la disminución de efectivos en todas las administraciones públicas ha sido impedir la reposición de bajas por razones exclusivamente presupuestarias que se impuso por el Gobierno para, aparentemente, coadyuvar a paliar una situación de
crisis. Lo cierto es que dicha decisión ha provocado no solo una notable disminución de efectivos en destinos como el que destacamos -el INSS y la Tesorería de Gipuzkoa-, sino el empeoramiento de los servicios públicos, a pesar del esfuerzo de
muchos funcionarios y empleados públicos a quienes hoy todavía no se agradece de forma suficiente haber mantenido el nivel de calidad de muchos servicios a los ciudadanos, a pesar de la precariedad de medios con los que se ha limitado su actividad.
Sobre ese particular, los Presupuestos Generales del Estado para 2015 preveían una tasa de sustitución del 50 %, si bien limitado a determinados sectores designados por el Gobierno, por lo que, sin
perjuicio de unas ofertas parciales, se ha podido comprobar que desde el año 2009 hasta el año 2014 la Administración General del Estado ha perdido más de 30.000 puestos de trabajo por no cubrir las bajas. En el año 2014 fueron 5.000 más
6.000, unos 11.000 puestos, y en el año 2015 se habla de la disminución de otros 5.000 puestos de trabajo. En nivel similar se mueve la Administración de la Seguridad Social, INSS y Tesorería, si bien no dispongo de datos concretos. No ponemos
excusas de alguna manera a la necesidad de adaptar la Administración a nuevos requerimientos tecnológicos, pero sí a una práctica ineficaz, injustificada y lesiva para el interés general consistente en utilizar el envejecimiento de la Función
pública como factor para fomentar la disminución de la plantilla.
El aumento de la edad media dentro de la Función pública es consecuencia sin duda de una política de congelación de ofertas públicas, lo que explica el que hoy existan departamentos en los que la media de edad se sitúe en cincuenta y seis,
cincuenta y siete o más años. Así, según las informaciones que nos han hecho llegar, son un total de cuarenta y siete los trabajadores de la Tesorería General de la Seguridad Social de Gipuzkoa quienes se han jubilado en los últimos tres años sin
relevo y veintiocho el número de empleados del INSS del mismo territorio los que han accedido también a su jubilación sin ser reemplazados. A finales de 2015, el INSS de Gipuzkoa contaba con ciento setenta y cinco empleados con una media de
cincuenta y cuatro años, de los que más de un 81 % tenían de cincuenta y un años en adelante. Si el dato es preocupante, lo es más viendo la posibilidad de que pueda existir una jubilación anticipada a los sesenta años en su caso.
La estimación que hace la propia dirección provincial en este sentido es que, de no intermediar en esta situación, a finales de este año la reducción de la plantilla sería de un 20 % o un 30 % que se podía ampliar a más de cuatro años. Como
ejemplo de deterioro -y lo señalo también en mi proposición no de ley- hay un colapso del servicio, que se puede agravar; hay consultas y trámites a los ciudadanos que no se pueden atender, pero fundamentalmente existe una posibilidad de atender la
cita previa sin perjuicio de que, una vez sean atendidas para todos los elementos en los que puedan activarse por parte de los ciudadanos en la Tesorería y en el INSS, la intervención de los funcionarios sí ha conseguido de alguna manera disminuir
esos retrasos que al menos se estaban produciendo, solo en la cita previa, de más de veinte días o tres semanas. Nos consta, además, que la solución excede las competencias del organismo territorial -la dirección provincial- y atañen en exclusiva a
los organismos centrales -el INSS, la Tesorería General de la Seguridad Social y, por tanto, el Gobierno de España-.
Por ello y atendiendo a esos antecedentes, hemos entendido conveniente formular esta proposición no de ley, proposición no de ley que, sin perjuicio de los términos en los que ha sido propuesta -y quiero anticiparlo a la Presidencia-, se ha
conseguido conciliar una propuesta conjunta por parte del Grupo Socialista, por parte de Ciudadanos y por nuestra parte, ya que ellos han planteado determinadas iniciativas que hemos entendido conveniente aglutinar. Por lo tanto, existe una
enmienda transaccional sobre la propuesta que se expresa de la siguiente forma. Atendiendo, por ello, a los antecedentes indicados se insta al Gobierno a: 1. Que inicie el procedimiento conducente a la inmediata cobertura de plazas de
trabajadores del INSS y Tesorería jubilados en la Delegación Provincial de Gipuzkoa, así como a la adopción de cuantas medidas transitorias sean necesarias para la sustitución de dichas vacantes en aras de la atención del servicio durante el periodo
en el que se tramiten y concluyan dichos procedimientos de cobertura de plazas. 2. Adoptar en igual medida la inmediata cobertura de plazas de trabajadores del INSS y Tesorería General de la Seguridad Social que se jubilan en las delegaciones del
resto del Estado. 3. Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema
de Seguridad Social y de conformidad con la recomendación 8 del Pacto de Toledo de 25 de enero de 2011, vele por la reposición necesaria de efectivos a fin de garantizar la prestación eficaz del servicio público.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiaran. Haga llegar a la Mesa el texto cuando pueda.
A continuación, corresponde la intervención de los demás portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas por un tiempo no superior a cinco minutos. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Perea, teniendo en
cuenta que las enmiendas 2 a 5 se refieren a la parte introductoria y que, aunque fueran aceptadas y aprobadas, no se reflejarían en el texto final.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidente.
Es una evidencia la reducción a la que se ha visto sometida la Administración del Estado a lo largo de estos últimos cinco años. Con la entrada en vigor del Real Decreto 20/2011 se inició una esquilmada nunca vista en la configuración
territorial, institucional y económica del Estado. La invasión de competencias por la Administración del Estado en las otras dos administraciones, la local y la autonómica, acompañada de una reducción económica con la limitación en sus competencias
supuso un giro de 180 grados, por no decir que supuso -y disculpen la terminología- la vuelta del Estado como un calcetín. De la configuración de una estructura constitucional hemos pasado a una totalmente diferente. Hoy, pasados cinco años, somos
testigos de la depauperación de la Administración que está afectando irremediablemente a nuestros conciudadanos. Efectivamente, amparándose en la crisis económica, el Gobierno del Partido Popular inició en 2011 una andadura reduccionista de la
Administración del Estado que ha llevado a una configuración totalmente distinta de la prestación de los servicios públicos. La prohibición establecida en el artículo 32 del real decreto mencionado impedía la sustitución de las vacantes de personal
por jubilación, fallecimiento, renuncia, traslado, etcétera, al procederse a la amortización de las plazas. Concretamente, si nos referimos al personal perteneciente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de un total de 46.189 efectivos en
2011 se ha pasado en 2016 a 41.608, una reducción de más de 4.500 efectivos entre funcionarios de carrera, personal laboral y otro personal, según datos facilitados por el propio ministerio. Es evidente que la consecuencia última como es la
atención al ciudadano se ha visto perjudicada sí o sí, tanto en la información como en la transparencia. Este grupo denunció y continúa denunciando el reduccionismo ideológico impuesto por el Gobierno del Partido Popular a lo largo de estos cinco
años. En multitud de ocasiones se ha instado la reposición de efectivos a las distintas administraciones. Las circunstancias que señala la PNL presentada por el grupo parlamentario del PNV van en la línea de las instadas por este grupo en la X
Legislatura, de ahí que le vayamos a dar nuestro apoyo.
La ausencia de una política adecuada de relevo del personal en los organismos gestores de la Seguridad Social que se va jubilando ha venido acompañada de una modificación importante de la forma de atender a los ciudadanos y ciudadanas que se
acercan a las dependencias de las entidades en demanda de información o para la presentación de solicitudes de prestaciones o para otros trámites a través de la imposición de facto de la cita previa, con la consecuencia en la demora para obtener una
respuesta ágil en su demanda de información o de solicitud de prestaciones, aunque es de reconocer que su tramitación posterior puede llevarse a cabo en los plazos adecuados como ha dicho el representante del PNV gracias al esfuerzo de los
funcionarios que aún quedan prestando los servicios.
La falta de planificación, la no reposición de efectivos, así como el parcheo en las sucesivas modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo ha producido graves desequilibrios a falta de una modificación global con criterios poco
homogéneos del reparto de las cargas de trabajo, entre los pocos efectivos que, como ya he dicho, van quedando. Ya solo estos hechos demuestran que el Gobierno del Partido Popular no está pensando en la prestación de un servicio público eficiente y
de calidad. Poniendo en valor lo que propone esta iniciativa, este grupo ha querido ir más allá presentando enmiendas que esperamos -como ha dicho el representante del PNV- culminen con una transaccional que se acaba de presentar. Queríamos ir más
allá entendiendo que algunas de las deficiencias en la gestión podrían haber sido resueltas si se hubiera llevado a cabo el desarrollo de la recomendación 8 del Pacto de Toledo, que prevé el desarrollo de la agencia única. Precisamente, este
desarrollo hubiera permitido una ordenación de sus propios recursos unificando las actuales entidades, mejorando la gestión y, por tanto, la atención al ciudadano, que es lo que en definitiva prescribe un servicio público de calidad. A mayor
abundamiento y según refieren las fuentes sindicales, la diversidad que se está produciendo en materia de política de personal entre las diferentes entidades gestoras y servicios comunes exigiría el desarrollo de esta previsión contenida ya en 2011
a la mayor urgencia posible, máxime si puede suponer un distinto trato no solo a los ciudadanos, sino incluso a los propios trabajadores. La falta de información a los ciudadanos respecto a los cálculos de la pensión a efectos futuros es un hecho
reconocido por las propias fuentes del ministerio, así como se ha puesto de manifiesto en las distintas comparecencias en la Comisión del Pacto de Toledo por sus intervinientes. La falta de transparencia e información, como ya hemos dicho, ha sido
denunciada de forma reiterada. Estos hechos, señorías, no son casualidades sino que responden a una voluntad clara del Gobierno de ocultar interesadamente información a los ciudadanos, a lo que se añade la imposibilidad de hacer frente a las
peticiones de la propia ciudadanía.
Voy acabando. Por otra parte, debemos añadir el cinismo del Partido Popular que practica de forma constante, ya sea en la Comisión o en el Pleno de esta Cámara cuando presenta iniciativas instando mayor dotación de medios. Hoy mismo somos
testigos de la hipocresía del Partido Popular cuando presenta una enmienda a una de las proposiciones no de ley que se debaten en esta Comisión instando
la mayor dotación de recursos para la Inspección de Trabajo. Tal es el comportamiento del Gobierno que ha llegado al grado de postureo. Recientemente, asistimos a la inauguración de una nueva oficina integrada en Reus el pasado mes de
enero. El cinismo llega al grado máximo cuando el citado día la vicepresidenta pronunció unas emotivas frases del tipo: La Seguridad Social es el corazón de la solidaridad entre los españoles, la Seguridad Social es el corazón del Estado del
bienestar.
Este grupo se hace eco de la denuncia de las organizaciones sindicales mayoritarias cuando afirman que, según resulta de la página web de La Moncloa, la nueva oficina acogerá a un centenar de funcionarios para atender a 200.000 ciudadanos.
Pues bien, a fecha de hoy prestan servicio solo 32 trabajadores: 10 del INSS, 15 de la Administración y 7 de la Unidad de Recaudación Ejecutiva. En ningún caso, los 40 que prevé la ya obsoleta relación de puestos de trabajo, como denuncia una de
las organizaciones sindicales. Que las vacantes que se producen no se repongan es una realidad que no tiene justificación alguna, si no es la ideológica. Por todo ello, y sin la pretensión de querer cansar a sus señorías, creíamos que era
necesaria la exposición de una parte de las circunstancias y situaciones en las que se encuentra actualmente la Administración del Estado y concretamente la de la Seguridad Social. Por ello, no podemos estar más de acuerdo con la iniciativa
presentada por el Partido Nacionalista Vasco en los términos de la transacción adoptada y a esos efectos instamos que de forma urgente se adopten las medidas necesarias a fin y efecto de dar protección tanto a trabajadores como a ciudadanos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Perea.
Por el Grupo Ciudadanos, señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
La propuesta que nos trae hoy el señor Barandiaran en el fondo de la cuestión es el envejecimiento claro que se está produciendo en la función pública. Eso conlleva, desde luego, importantes faltas de medios humanos que suponen, por lo
tanto, una bajada en la calidad del servicio que se está prestando a nuestros ciudadanos. Comenta la causa concreta de la provincia de Gipuzkoa, pero nosotros podemos relatar diversos casos. En concreto, mi compañero de Aragón, Rodrigo Gómez, el
14 de diciembre pasado presentaba una pregunta por escrito pidiendo claramente que se solucionase la situación de la oficina de la Tesorería de la Seguridad Social en Caspe, Zaragoza, ya que de los tres miembros que tenía esa oficina realmente
estaba solo uno en activo y, por consiguiente, suponía un grave problema y un perjuicio para los habitantes de la comarca. Está claro que esto se produce en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pero no podemos olvidar que también ocurre en
los ministerios de Defensa, Fomento, Justicia, en la Agencia Tributaria, en Patrimonio Nacional y, por poner un ejemplo claro, los trabajadores de los centros penitenciarios de este país superan ya de media los cincuenta años.
Entendemos que todo ello es un problema que se produce en el común de todo el territorio nacional y, de ahí, el espíritu de nuestra enmienda, el de completar lógicamente la dispositiva que pedía en este caso el señor Barandiaran en su
proposición no de ley para el conjunto del territorio nacional. Habida cuenta de que el Partido Popular nos está adulando con esa maravillosa recuperación económica que se está produciendo, esperamos que en esos presupuestos generales que estamos
esperando desde las distintas comisiones para poder estudiarlos a fondo se incluya una oferta de empleo público que, por lo menos, cubra esa tasa de reposición al cien por cien y no que tengamos que conllevar esa carencia de medios no solo
materiales sino humanos, que es mucho más importante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
A continuación, los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias, señor presidente.
Desde Euskal Herria Bildu apoyamos tanto la iniciativa inicial como la transaccional a la que han llegado tres grupos, el proponente y los enmendantes. Y lo hacemos porque entendemos que esto es un claro ejemplo de la política de empleo del
Gobierno que, lejos de apostar por la creación de empleo de calidad, está favoreciendo el aumento de la precariedad y la pobreza con la reforma laboral y con una política fiscal basada en las rentas de trabajo en lugar de apostar por una mayor
progresividad y equidad. Pero, además de ello, en los últimos años las políticas implementadas, supuestamente para hacer frente a la crisis, han supuesto una
importante pérdida de empleo público. Creo que los portavoces de los distintos grupos manejamos datos diferentes y todos ellos nos hablan de destrucción de empleo. El dato que tengo a mano es que los boletines estadísticos señalan que,
entre enero de 2010 y enero de 2016, el personal al servicio de las administraciones públicas se ha reducido en más de 240.000 personas, lo que representa una disminución del 8,8 %; en el ámbito de la Administración pública estatal, esta reducción
es del 10,8 %. Sea este el dato cierto o lo sea algún otro que se ha barajado, todos ellos nos llevan a la misma conclusión: se ha dado una destrucción de empleo público y, además, dicha destrucción de empleo público conlleva el deterioro de los
servicios públicos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, así como de las condiciones laborales. Ello nos demuestra que la tasa de reposición no se está aplicando, como en el caso concreto de la Seguridad Social en Gipuzkoa, y que,
lejos de cubrirse las jubilaciones, se está además aprovechando para amortizar plazas y para disminuir el número de empleados públicos a cargo de la Administración del Estado. Esta, que es una tendencia generalizada, es más notoria en aquellas
áreas en las que se ha producido un número importante de jubilaciones en los últimos meses, lo que ha agravado la situación, como se está viendo, en Gipuzkoa, llegando a un deterioro importante en el servicio que se presta, por mucho que el
funcionariado intente que ese servicio sea lo mejor posible.
Por ello, entendemos que es urgente tomar medidas para cubrir las vacantes mientras se realizan los procedimientos necesarios para cubrir dichas plazas y, por eso, como decía al inicio, al igual que la iniciativa del proponente, la
transaccional final que de alguna forma traslada esta realidad que se está viviendo en Gipuzkoa también al resto del Estado, nos parece correcta y, por tanto, cuenta con nuestro apoyo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.
Por el Grupo de Esquerra Republicana no van a intervenir.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Salud.
La señora SALUD ARESTE: Muchas gracias. Egun on. Buenos días.
Nuestro grupo confederal también va a apoyar esta iniciativa, como no podía ser de otra manera, porque nos habla de algo importante, que es cubrir las plazas de aquellos trabajadores y trabajadoras, del INSS en este caso y de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Gipuzkoa, a causa de jubilaciones. Desde Comisiones, el sindicato mayoritario en Gipuzkoa, se denunció esta situación ante la Dirección Provincial del INSS para que se mejorara y, sin embargo, a día de hoy, los
conflictos son grandes; se producen conflictos -ya se ha dicho- por la falta de plantilla y esto repercute directamente en la mala atención que se da a la ciudadanía. Se producen incluso situaciones tensas en las oficinas porque la gente suele
acudir a ellas antes de la hora de apertura para coger cita y poder ser atendidos y, cuando se abren las puertas, los trabajadores y las trabajadoras les dicen que tienen que coger citas, y además de largo plazo, con lo cual hay incluso situaciones
tensas en las propias oficinas. En este momento estamos hablando de que en los últimos años se ha jubilado un promedio de diez o doce personas al año y, sin embargo, no han salido ofertas públicas de empleo para el personal administrativo y
auxiliar, que es el personal que atiende al público. Por tanto, estamos hablando de una situación de mucha tensión en Gipuzkoa.
Nuestro grupo confederal ya planteó esta misma problemática en otras dos oficinas de atención: una de ellas es la de la renovación del DNI en Gipuzkoa, donde ocurre lo mismo, y la otra es la de los exámenes de conducir, donde también ocurre
exactamente lo mismo. Estamos hablando de falta de personal y de que no se cubren las vacantes por jubilación. Esto no es nuevo. Aquí se han dado cifras, depende de los años que se cojan, pero lo cierto es que un nuevo estudio elaborado por
Comisiones Obreras entre los años 2011 y 2015 habla de que se han perdido 23.000 puestos de trabajo en la Administración General del Estado, un 10 % del total. Esto es una barbaridad y, si lo vemos por empleos, se han suprimido quince puestos por
cada cien contratos laborales y se han suprimido más de ocho por cada cien puestos de funcionarios. Por tanto, estamos hablando de las consecuencias de la política de recortes del Gobierno de Rajoy, del Gobierno del Partido Popular. Esto es así y,
además, este recorte lo que hace es desprestigiar el servicio público. Quizá no interesa el servicio público y lo que se pretende es privatizarlo, lanzarlo a la competitividad del mercado y también a los brazos de las empresas privadas que solo
buscan beneficio y más beneficio y no el bienestar de la ciudadanía. Es una situación urgente que nosotros no compartimos y vamos a seguir trabajando para revertirla.
Voy terminando. Hay que cambiar el rumbo de la política, esto es así, y pasar a mayores ingresos y también, por supuesto, a mayores gastos en servicios públicos que dignifiquen y den calidad a dichos servicios, que son servicios universales
y los pagamos todos y todas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Salud.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar en contra de esta iniciativa y también de la propuesta transaccional -agradezco al señor Barandiaran que nos la haya hecho llegar anticipadamente para poder así observar y estudiar su contenido y tomar una decisión
respecto del voto que iba a ejercer mi grupo-, y lo vamos a hacer por la coherencia y el rigor que le ha faltado a algún grupo parlamentario esta mañana en el debate que acabamos de tener. Lo digo porque diversos grupos, especialmente el Grupo
Parlamentario Socialista, quieren convertir una posible carencia de personal en una entidad gestora, o en las entidades gestoras, de la Seguridad Social en la provincia de Gipuzkoa en algo generalizado en la totalidad del territorio español, y lo
dicen sin ningún tipo de sustento en las cifras. Así como en la proposición no de ley inicial sí barajaban las cifras que existían en las entidades gestoras en Gipuzkoa -por cierto, erróneas, ahora lo diré- y de ellas nos llevaban a una petición de
que esa tasa de cobertura o de reposición debería ser mayor de la que se estaba produciendo, se pasa, con carácter general, a la totalidad de las delegaciones del territorio español y se hace sin ningún tipo de fundamento en ninguna cifra que se
haya puesto encima de la mesa en la mañana de hoy. Sí, muchas frases grandilocuentes, pero, señora Perea, ustedes pasan de lo particular, Gipuzkoa, a lo general, España, sin ningún rigor. Es más, no le voy a calificar nunca su actuación de cinismo
parlamentario, califíquela usted como quiera, pero piden una cosa y desean justamente la contraria. Y me explico: ustedes saben, y la mayoría de los grupos en esta Cámara también, aunque ninguno lo ha dicho, que la provisión de los puestos de
personal de las entidades gestoras de la Seguridad Social pasa por la oferta de empleo público, es decir, debe ser la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, aprobada por las Cortes Generales, como vehículo de dirección y de
orientación de la política económica del Gobierno, la que determine la tasa de reposición correspondiente.
Al respecto quiero recordarles, porque tampoco lo ha dicho ninguna de sus señorías, que nos encontramos en un contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para el año 2017. Dicho de otra manera, si no hay
Presupuestos Generales del Estado, no hay oferta de empleo público y no puede haber tasa de cobertura; o, lo que es lo mismo, piden ustedes, la totalidad de los grupos, iniciar actuaciones o el procedimiento conducente a la inmediata cobertura de
plazas de trabajadores y ¿cómo lo tenemos que interpretar desde el Grupo Parlamentario Popular?, ¿como que quieren ustedes que se aprueben con rapidez los presupuestos generales para el ejercicio en que nos encontramos? Nosotros ya hemos anunciado
que los traeremos a esta Cámara y lo lógico es que ustedes hubiesen planteado enmiendas -si no les parece bien la tasa de cobertura- en el debate de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por eso, cinismo parlamentario no sé; llame usted
como quiera a la posición paradójica de pedir una cosa y desear justamente la contraria. Además, señorías, la petición inicial también se hace en base a unos datos que no son reales. El número real de bajas en la Tesorería General de la Seguridad
Social de la provincia de Guipúzcoa es de treinta y tres, y no el que el señor Barandiaran contemplaba en su proposición no de ley, y el número real de bajas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social es de veintiuno, y no el que el señor
Barandiaran refleja en la exposición de motivos.
Por otra parte, en cuanto a la puesta en marcha de la cita previa -achacan todos los males a la cita previa por lo que se refiere a la atención a los ciudadanos- a través de Internet, es un servicio que ya existía. Antes se hacía por
teléfono y anteriormente con carácter presencial y yo creo que es mucho mejor que la gente desde su casa pueda llamar por teléfono o bien pedir esa cita previa a través de Internet y no tener que ir un día y hacer la cola para que le den cita para
no sé qué día. Esto ya existía, incluso -fíjense ustedes- cuando gobernaba el Partido Socialista, y debo decirles -acabo ya- que dicho servicio, que no es obligatorio, es un medio más. Lo que sí podían haber previsto -hubiésemos estado de acuerdo-
es paliar la situación de carencia que puede existir en determinadas delegaciones con las medidas que ya se están llevando a cabo en el ámbito interno: sistemas para optimizar los recursos humanos mediante la reorganización de unidades
administrativas, la redistribución de efectivos y la normativa que los regula. Por todo ello vamos a votar en contra de esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps.
- SOBRE EL IMPULSO DE UN PROGRAMA DE APOYO A JÓVENES ESPAÑOLES EMIGRADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. ((Número de expediente 161/001206).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley, siguiendo el orden inicial, relativa al impulso de un programa de apoyo a jóvenes españoles emigrados. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y
tiene la palabra, para su defensa, la señora Peña por un tiempo no superior a siete minutos.
La señora PEÑA CAMARERO: Buenos días, señor presidente.
Tenemos un 46,5 % de paro juvenil, el segundo porcentaje más alto de Europa, un 90 % de contratación temporal, que se traduce en trabajos de tres o cuatro horas con sueldos irrisorios, frustración por estudiar carreras profesionales sin
salida y desesperación por no poder responder a expectativas. Este es el pan nuestro de cada día para muchos jóvenes de nuestro país y las respuestas son tres: paro, precariedad o exilio. Nos preocupa mucho lo que está pasando en el mercado
laboral de la juventud de nuestro país y de ahí nuestras proposiciones sobre la garantía juvenil, sobre esa subcomisión de análisis del empleo para jóvenes y sobre los derechos y oportunidades de los jóvenes que emigran al exterior. Y también nos
interesa la defensa de los derechos de los españoles afectados por el Brexit que viven en el Reino Unido y la propuesta de eliminación del voto rogado, en relación con el cual animo a todos a que apoyen la proposición de ley que ha registrado el
Grupo Socialista.
La salida de España de cientos de miles de personas jóvenes en busca de una oportunidad laboral ha constituido una de las expresiones más amargas de la crisis económica, una salida que, además del sacrificio personal y familiar que ha
supuesto, representa una descapitalización del talento que perjudicará nuestro futuro como país. Desconocemos datos sobre la realidad compleja de este fenómeno: cuántos jóvenes han emigrado en busca de un empleo, en qué condiciones viven, qué
experiencia laboral están adquiriendo, en qué condiciones retornan los que lo hacen..., datos que nos ayudarían a tener una fotografía más completa para poder tomar decisiones políticas con las que atender mejor sus necesidades. Sí sabemos que el
Gobierno del Partido Popular ha recortado la cantidad de dinero destinada a atender a la ciudadanía española en el exterior -acaba de recortar 7 millones en ayudas directas- y también que minimiza e intenta invisibilizar la nueva emigración española
utilizando expresiones célebres, como aquella de la movilidad exterior, o apelando al espíritu aventurero. Ustedes, señores del Gobierno, lo obvian, pero la emigración de españoles, sobre todo la juvenil, está aumentando con la crisis y por la
crisis y lo hace a un ritmo mayor que el que nos dan las cifras oficiales, que miden mal y con retraso esta emigración.
¿Qué queremos hacer con esta proposición, que vamos a procurar abrir al máximo para que se apruebe y poder comenzar a trabajar? En primer lugar, queremos dar voz. Queremos aprobar un programa de apoyo a los jóvenes emigrados, un plan de
actuación elaborado con la participación de los agentes sociales, de los CRES, de las oficinas consulares, de las asociaciones, de los movimientos y de las plataformas. Queremos fomentar el empleo constituyendo una mesa de diálogo social juvenil,
exigiendo más presupuesto e implicación en la Unión Europea y cooperando con las comunidades autónomas para elaborar un paquete de medidas sociales, económicas y fiscales para fomentar el retorno.
En segundo lugar, queremos visibilizar a través del registro. ¿Cuántos son ya, 700.000, 800.000? Todos lo vivimos, muchos amigos, familiares, hijos. Las fuentes españolas subestiman la emigración de españoles en el exterior. Las cifras
anuales del PERE, del CERA o del EVR no son un indicador preciso para saber cuántos marchan y cuándo. La inscripción en los consulados no se suele realizar, pues apenas conlleva beneficios y ni siquiera te garantiza votar, aparte de que los costes
son altos en cuanto a desplazamientos y horarios y encima no tendrás médicos si regresas a España de visita. Hay que facilitar y flexibilizar las condiciones de inscripción de los consulados mejorando horarios y eliminando burocracia, así como
poner en marcha mecanismos de seguimiento o evaluación de flujos migratorios. Llámenlo como quieran: encuesta anual de juventud, empleo y emigración, observatorio de jóvenes y emigración, como lo consideren más oportuno.
En tercer lugar, queremos restituir la cobertura sanitaria universal. Estamos obligando a salir fuera para buscar oportunidades que nuestro mercado laboral no facilita y añadimos una complicación más: quedarse sin prestaciones sanitarias.
Lo que está sucediendo ahora es que hay españoles a miles de kilómetros de sus casas cruzando los dedos para no ponerse enfermos. Sí, porque el Partido Popular cambió el modelo sanitario de nuestro país ligando la asistencia sanitaria a la
situación laboral y
administrativa. Si eres mayor de 26 años y no tienes contrato indefinido te quedas sin cobertura sanitaria a los noventa días de haber salido del país. Hemos detectado casos de exclusión en facturaciones por atención sanitaria a menores,
denegación de asistencia en España o de la tarjeta sanitaria europea, cosas que no se solucionan con parches como el certificado sustitutorio provisional. Por cierto, reto a la ministra de Empleo a que salga a la calle, aquí, sin irse del país, y
enumere los contratos indefinidos que se encuentran con una búsqueda activa de empleo durante noventa días. Les recuerdo que solo uno de cada diez contratos es indefinido.
En cuarto lugar, queremos facilitar la información y la tramitación administrativa, sistematizar y difundir información relevante relacionada con ofertas laborales, prácticas y becas, prestaciones, derechos e información que facilite el
retorno, como demandaban hace pocas semanas en el seno de la Comisión de Juventud del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, facilitar la homologación de títulos, el reconocimiento de derechos y prestaciones sociales y, por qué
no, trabajar para favorecer la extensión de los servicios de la UNED.
Y queremos hablar de retorno. Tenemos una migración cualificada, en relación con la cual el Estado ha invertido millones de euros en su formación, inversión que no va a revertir en la sociedad española ni en nuestro sistema económico.
Además, el Gobierno del Partido Popular ha recortado un 25 % las partidas de investigación de los Presupuestos Generales del Estado desde 2011, renunciando al objetivo europeo del 3 % del PIB en investigación y dejándolo en un escaso 2 %, todo en
manos privadas. Tampoco podemos olvidarnos de los jóvenes que abandonaron el sistema educativo para ocupar puestos de trabajo inestables o ligados a la burbuja de la construcción. Para esos jóvenes de escasa formación debemos establecer un
compromiso para su atención tanto en los países en los que se han exiliado como aquí.
Por todo lo expuesto presentamos una transacción, que he pasado a todos grupos parlamentarios, para poder llegar a un acuerdo, pues en definitiva vivimos un panorama complejo, diverso y plural, cuyas consecuencias a medio y largo plazo, así
como las acciones a desarrollar requieren de una información más actualizada, más completa y de mayor calidad para ser objeto de la acción de diferentes políticas públicas. Si el Gobierno del Partido Popular no lo quiere ver, no lo quiere atender y
no lo quiere analizar es muy difícil que se pueda intervenir. Estamos cansados de defendernos, de tener que responder a ataques, de ser una realidad a evitar, de sufrir recortes y de huir. No sabemos cuánto va a durar esta situación. Muchos de
los que se van lo ven como algo temporal hasta que pase la crisis; sin embargo ¿qué les espera? Nadie lo sabe. Hasta entonces nuestra obligación es facilitar su estancia en el exterior y dar oportunidades para su regreso a los que lo necesiten y
a los que lo quieran.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Peña.
A continuación van a intervenir los portavoces que han presentado enmiendas. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Vidal por un tiempo de cinco minutos.
La señora VIDAL SÁEZ: Gracias, señor presidente.
Lo cierto es que la situación de los jóvenes en España es por todos conocida: paro, precariedad, parcialidad, pobreza, una situación que nos deja una opción dual entre el paro y la precariedad, una magnífica capacidad de elección. Habría
que empezar a acuñar un nuevo término, el de la metaprecariedad, pues la situación en que muchas de las medidas y sus reformas laborales han dejado a la mayoría de jóvenes en este país ya no responde a una situación de precariedad, sino a algo que
va mucho más allá. Reivindico, pues, desde aquí un nuevo término.
Frente a un futuro sin ninguna expectativa de mejora, en los últimos años la emigración se ha convertido en algo así como una alternativa deseable; digo deseable porque, aunque muchos se van por tierra, mar y aire, otros muchos no se lo
pueden permitir, y digo muchos porque la cifra sigue siendo un misterio. El Instituto Nacional de Estadística se limita a procesar la información que le facilitan los consulados sobre altas por residencia permanente y es evidente que esta
información presenta claras limitaciones, ya que los trabajadores apenas tienen incentivos para ir al consulado y registrarse como residentes permanentes en el exterior. De hacerlo, por un lado, perderían derechos en España al ser dados de baja en
el padrón y, por otro lado, registrarse en el consulado es costoso por los horarios de apertura, por la distancia desde las ciudades de residencia, etcétera. La gente no se registra nada más llegar, sino que en muchos casos suele tardar años en
hacerlo. Casi de la mitad de los jóvenes investigadores ve su futuro fuera de España, fuera de nuestro país. Según un informe de la Universidad a Distancia de Madrid un 69,5 % de los
científicos españoles que residen en el extranjero regresarían a España si tuvieran una oportunidad laboral, mientras que un 45,1 % de los jóvenes investigadores que trabajan en España se iría sin pensárselo al extranjero si encontrase fuera
oportunidades de trabajo. Cuidado, porque una buena parte de los jóvenes que emigran no se acercan a un trabajo en el que ni remotamente reconozcan su cualificación.
Permítanme que les presente a Benja, un chico que no hace mucho publicó en su página de Facebook la situación en la que se encontraba en Londres y que por elocuente me gustaría que conocieran. Dice así el compañero: me llamo Benja Serra,
tengo dos carreras y un master y limpio váteres. No es broma, lo hago para poder pagar el alquiler de mi habitación en Londres. Trabajo en una famosa cadena de cafeterías en el Reino Unido desde mayo y después de cinco meses trabajando allí hoy
por primera vez me he visto desde fuera, me he visto limpiando los aseos. Mi pensamiento ha sido: soy premio extraordinario de fin de carrera en mis dos titulaciones y limpio la mierda en otros países, ni siquiera en el mío. También hago cafés,
recojo las mesas y friego las tazas. No me avergüenza hacerlo, limpiar es un trabajo muy digno, lo que me avergüenza es tener que hacerlo porque nadie me ha dado una oportunidad en España. Como yo hay muchos españoles, sobre todo en Londres. Sois
una plaga, me dijeron una vez por aquí. Y no, no nos engañemos, no somos jóvenes de aventura para aprender el idioma y vivir nuevas experiencias, somos inmigrantes, dice Benja. Parece ser que estos títulos ahora mismo solo sirven para limpiar la
mierda que limpio yo en los aseos de la cafetería. Una lástima, termina el compañero.
Esta es una situación que desgraciadamente parece que le hace mucha gracia al ministro Dastis, que no hace mucho en una elocuente respuesta que le hacía a un compañero de nuestro grupo en Pleno aseguró que los jóvenes que han salido de
España a estudiar, a buscar trabajo como consecuencia de la crisis, muestran -decía el ministro- inquietud, amplitud de miras y adaptabilidad a nuevos horizontes. Y terminaba así, graciosamente, regalándonos otra perla y diciendo 'ir fuera
enriquece'. Que se lo digan a Benja, que está encantado de tanto enriquecimiento que le ha proporcionado limpiar lavabos en Londres. Esto por no hablar de las situaciones de racismo en la que se encuentran muchísimos compañeros que están
estudiando y trabajando fuera y, por supuesto, por no hablar de los abusos extremos a los que en algunos casos se ha llegado a término gracias a empresas que llevan a jóvenes de aquí para trabajar supuestamente en otros países de Europa. A quien
seguro que no enriquece esta situación es a nuestro país. El CJE, el Consejo de la juventud de España, estimaba en un estudio que publicó que durante los próximos diez años la emigración juvenil podría suponer para el Estado un coste de 67.000
millones de euros, una cantidad referente a la falta de recaudación por impuestos y a la inversión realizada en educación de todos aquellos que abandonan el país.
Desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea hemos preparado enmiendas a esta proposición no de ley que nos brinda el Grupo Socialista. Votaremos la transacción favorablemente, pero esta diputada no puede pasar por alto un término -los que
me conocen saben bien cuál es-, y es el referente al empleo juvenil. Sigo sorteando un gallifante a aquel diputado que me explique qué es el empleo joven en este país. Entendemos qué es el empleo, pero seguimos sin entender qué es el empleo joven,
a no ser que entendamos por empleo joven el empleo precario y el empleo devaluado, lo cual no debería ser aceptado sino combatido por este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vidal.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Reynés.
La señora REYNÉS CALVACHE: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista nos trae a la Comisión un debate muy interesante con esta proposición no de ley sobre el impulso de un programa de apoyo a jóvenes españoles emigrados. Es una nueva oportunidad para
hablar de nuestros jóvenes y del futuro de nuestro país, así como de su situación laboral, que es una preocupación que compartimos.
Señorías, leyendo la exposición de motivos y escuchando a la señora Peña, me sorprendo, porque parece que nuestros jóvenes salieron de España anteayer y, como ustedes saben, eso no es así, sino que la mayoría de ellos lo hicieron al inicio
de la crisis, precisamente cuando gobernaba el Partido Socialista Obrero Español en España. Entre los años 2007 y 2011 la tasa de paro juvenil se incrementó 30 puntos en nuestro país, un millón de jóvenes menores de veinticinco años perdieron su
empleo y España aportaba la mitad del paro juvenil en Europa. Eso obligó al Gobierno del Partido Popular a tomar decisiones rápidas a favor del empleo y de las oportunidades de los jóvenes. En los últimos cinco años la suma de esfuerzo y
compromiso de toda la sociedad española, de todas sus instituciones y de los interlocutores sociales ha hecho posible un cambio de tendencia en el empleo joven. España puede recibir hoy a los jóvenes
españoles que salieron al extranjero a buscar oportunidades, porque en la actualidad, señorías, la creación interanual de empleo entre los jóvenes en España es del 7,4 %, el doble de la tasa de creación de empleo general. Desde el inicio de
la recuperación la tasa de paro entre los jóvenes ha bajado 15 puntos. Sabemos que nos queda mucho por hacer, pero hoy los jóvenes tienen algo que no tenían en el año 2011, la esperanza de encontrar empleo y de retornar a casa cuanto antes.
Por lo que respecta a la cobertura sanitaria referida en el punto 3, quería señalar que se parte de un planteamiento erróneo y que lo que se propone ya está contemplado en la legislación vigente. Los españoles que trabajen en el extranjero
o vayan a buscar trabajo o formación y regresen a España porque han finalizado sus contratos o su búsqueda no han perdido su derecho a asistencia sanitaria en nuestro país. Los españoles que trabajan en un Estado del Espacio Económico Europeo o en
Suiza están cubiertos sanitariamente por el país de destino y en sus desplazamientos temporales a España vendrán con la tarjeta sanitaria europea emitida por la institución competente de dicho país. Mientras están buscando trabajo o formación o
realizando estudios tienen cobertura sanitaria a cargo de España a través de la tarjeta sanitaria europea o el Certificado Provisional Sustitutorio emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cuando estos españoles retornan a nuestro
país, desde el primer día que residen en España tienen garantizado el acceso a la asistencia sanitaria, financiada con fondos públicos por el Sistema Nacional de Salud, con independencia de su edad y aunque no inicien una actividad laboral de
inmediato.
Señorías, no duden que es voluntad del Gobierno la creación del mayor número posible de oportunidades laborales atractivas para nuestros jóvenes, para todos ellos, los que están acabando sus periodos formativos y los que se vieron obligados
a salir de nuestro país por motivo de la crisis buscando un futuro más esperanzador, porque lo que sí comparto con usted, señora Peña, es que España tiene que competir con lo mejor que tiene, que es el talento y la innovación, y le puedo asegurar
que desde el Gobierno se trabaja para que cada día vuelva a España ese talento huido por la crisis económica.
Señorías, estamos avanzando pero somos profundamente inconformistas, y hemos de seguir trabajado con fuerza y con intensidad porque estamos en el buen camino. Por eso el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que esperaba
que fuera aceptada por el grupo proponente -la señora Peña ya nos ha comunicado que no y que han presentado una transaccional-, porque es nuestro deseo seguir avanzando y es importante que lo hagamos todos juntos para conseguirlo. Nuestra enmienda
instaba al Gobierno a continuar trabajando por la mejora de las condiciones y oportunidades de crecimiento y empleo para la sociedad en general, así como a acciones específicas dirigidas a los jóvenes, como la Estrategia de emprendimiento y empleo
joven 2013-2016 y la garantía juvenil, la red Eures-España, que junto con el resto de Estados miembros proporciona un portal con información de ámbito europeo para hacer posible el encuentro entre oferta y demanda, continuar realizando acciones
específicas para aquellas personas que residen fuera de España, así como para las que se plantean retornar a España desde el exterior, una actividad informativa a través de la Oficina española de retorno, la gestión de ayudas y prestaciones
económicas, como las destinadas a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles retornados, un programa de subvenciones para jóvenes que trata de dar respuesta a las necesidades detectadas en cuanto a la integración laboral y
social de las personas jóvenes que están desplazándose a los diferentes países del mundo en busca de empleo, así como facilitar también su retorno a España y acuerdos de movilidad que permitan la movilidad laboral y profesional de jóvenes españoles
y de jóvenes de otros países con un marco ágil y fiable garantizando su posterior retorno a su país.
Como sabemos que no van a aceptar la enmienda en la que proponíamos seguir avanzando juntos por nuestros jóvenes y por nuestro futuro, nosotros, con el tema de la cobertura sanitaria, tampoco podemos apoyar la transaccional presentada por el
grupo proponente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Reynés.
A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Oramas, y después el señor Campuzano.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Canarias ha sido tierra de emigración de jóvenes, a principios del siglo XX, a Cuba, a Venezuela, al Sahara, a El Aaiún, y en esta época del siglo XXI, cuando los jóvenes se han preparado, han estudiado, y no emigran como se emigró a Cuba, a
Venezuela o al Sahara por las hambrunas, sino porque no hay
oportunidades de trabajo, a nosotros nos parece muy importante la propuesta de hoy de apoyo y de políticas para el retorno de jóvenes emigrados.
Voy a centrarme en dos aspectos. En primer lugar, resulta absurdo perder la tarjeta sanitaria y las condiciones en las que están, cuando hay chicos que van, por ejemplo, a formarse o a buscar una oportunidad de formación de un grado o de un
máster en algún país europeo aprovechando ese paro, que a lo mejor tienen, quedarse sin tarjeta sanitaria es absurdo. En segundo lugar, es absurdo también que en el momento del retorno de jóvenes -y están pasando casos gravísimos en Venezuela-, la
homologación de los títulos sea una carrera y un tiempo inasumible. Y, después, también hay temas muy importantes como son las prestaciones sociales. Sí quiero matizar a la portavoz del Grupo Socialista que no venga ahora a decir lo del voto
rogado, como si hubiera sido el PP. Fue un acuerdo del PSOE y del PP, donde Izquierda Unida y Coalición Canaria hicimos batalla; y no les dio la gana, no quisieron escuchar y, ahora, tienen otras posiciones.
Quiero aprovechar también para hablar de una reclamación que ha habido recientemente aquí en Madrid de los representantes de los Crede y de los órganos de emigración, con respecto al precio de la emisión y renovación de pasaportes, ya que
hay países, como Venezuela, donde renovar o sacar el pasaporte puede suponer el sueldo de tres meses, al coste en el que está, y ha habido una reivindicación para que ese precio en el tema de emisión de pasaportes sea rápido.
Nosotros, los nacionalistas canarios, a lo largo de los últimos once años hemos hecho continuamente propuestas para ver en qué condiciones se produce el retorno, cuáles son las aportaciones y las dotaciones consulares que tienen que tener
los consulados y las embajadas, para atender aquellos sitios donde hay una problemática social y una acumulación de trabajo, y hasta la fecha no se ha hecho ni por los gobiernos socialistas ni por los gobiernos del PP. Esperemos que a partir de
ahora haya una conciencia de atención, de información social y de garantía de prestación universal sanitaria a todos esos españoles que han tenido que salir porque no tenían más remedio, ya que hubiesen preferido quedarse en su tierra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas, pero le ha dejado solo siete segundos al señor Campuzano. (Risas).
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: ¡Perdón, señor presidente, pensé que usted me avisaba! (Risas). Le pido disculpas al portavoz. Ya saben el impulso que tiene este tema para mí. Pido disculpas a los dos.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No pasa nada, señora Oramas, su entusiasmo nos ha contagiado, pero no lo podré reproducir porque no voy a tener tiempo. Simplemente, quiero anunciar el apoyo a esta iniciativa de la señora Peña. El texto de
transacción nos parece un texto razonable y no podemos tener ninguna consideración crítica. Solo quiero hacer dos comentarios en relación con la cuestión de fondo. Es muy evidente que en el contexto de la crisis empezada en el año 2010, cualquier
aproximación a la problemática de la marcha de jóvenes de España a otros países europeos debemos ubicarla en el contexto de esa propia crisis, que explica las debilidades del sistema productivo, los recortes en la política de desarrollo y de
ciencia, pero al mismo tiempo hemos de ser capaces de poner en valor que la apuesta por participar en un proyecto común europeo es también una apuesta por facilitar y hacer posible que aquellos jóvenes que quieran buscar oportunidades en otros
países de la Unión las puedan encontrar. Eso forma parte, precisamente, de lo que es esencial del proyecto europeo y, por lo tanto, no vivamos como un drama lo que aquello también a menudo han sido las ganas de buscar oportunidades allí donde,
libremente, las personas creen que las pueden encontrar. La cuestión que nos debe preocupar es la de si somos capaces de crear mejores condiciones para que otros jóvenes europeos apuesten por poner en marcha sus propios negocios, sus propias
oportunidades de empleo, sus propias oportunidades de investigación y desarrollo en el Estado español. Eso es lo que nos debería de preocupar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
Intentaré ser breve, porque poco más se puede decir, aunque en este caso voy a intentar discrepar de algunas cosas que se han dicho por parte del Grupo Catalán.
El señor PRESIDENTE: Si susurran entre ustedes, no nos enteramos.
El señor BARANDIARAN BENITO: Decía que no voy a dudar en apoyar esta iniciativa sin perjuicio de que sí me gustaría destacar algunas pequeñas particularidades. En primer lugar, la tasa de paro juvenil en Euskadi no es tan intensa. Por lo
general, suele ser en todos los sitios el doble de la que es estructural para el personal adulto, y pasa también un poco lo mismo en Euskadi, en estos momentos, con respecto al Estado, en donde la tasa de paro juvenil, aun siendo bastante menos
grave que la del Estado, sigue siendo igualmente dramática. No voy a quitarle pelos a este problema. En segundo lugar, me gustaría hacer una pequeña precisión y voy a la parte dispositiva de la proposición. ¿Qué ocurriría si existiera ya un plan
de actuación para jóvenes en las diputaciones forales de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava? ¿Qué pasaría si existiera un plan de emigración y retorno previsto en las diputaciones forales para jóvenes licenciados? ¿Qué ocurriría si la atención sanitaria
estuviera cubierta por la Ley de Osakidetza para los jóvenes vascos que retornan a pesar de que pasen más de noventa días en el extranjero? Podría seguir con alguna otra particularidad pero, al fin y al cabo, no dejaría de destacar aspectos que son
simplemente asistenciales de un problema característico, que es el problema de la emigración o de la inexistencia de empleo cualificado para nuestros jóvenes.
Sí estaría de acuerdo, y por eso voy apoyar la medida que se plantea, que junto con las comunidades autónomas se reunirá un paquete de medidas sociales, económicas y fiscales para que se fomente el retorno voluntario. Yo creo que esa es la
clave. Lo que se debe hacer es disponer de fondos necesarios para que la atención a esa situación de precariedad del empleo joven -lo siento por el diputado de Podemos pero se llama así- tenga recursos suficientes, tenga posibilidad de crear nuevos
puestos de trabajo y que estos sean suficientemente retribuidos para la cualificación de la que disponen muchos de los que salen al extranjero. Por estas y por muchas otras razones que ya han sido expuestas, reitero el apoyo a esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.
Desde luego, estoy de acuerdo con el señor Carles Campuzano cuando dice que no es ningún drama irse al extranjero a trabajar de forma voluntaria por conocer el país o por mejorar la formación. Lo que ocurre es que el estudio del Centro
Reina Sofía sobre adolescentes y juventud dice claramente que más del 50 % de los jóvenes actuales de nuestra sociedad creen que tienen peores perspectivas, que vivirán peor y que tendrán menos oportunidades laborales que su padre. Es normal
teniendo en cuenta que con una tasa de desempleo que supera en 46 puntos a la media nacional y siendo el segundo país de la Unión Europea en tasa de desempleo juvenil, es entendible que todos los jóvenes de este país, o la mayoría de ellos, crean
que tendrán malas perspectivas.
Durante la crisis, desde 2007 hasta los últimos datos que tenemos con el patrón de españoles residentes en el extranjero de 2016, han aumentado los españoles residentes en el extranjero un 56 %. Teniendo en cuenta que los expertos aseguran
que las cifras son mayores debido a que no hay ningún beneficio en apuntarse a los registros consulares, tales como el CERA o el ERTA, sobre todo porque desde 2014 pierden los derechos a la prestación sanitaria en España cuando pasan de noventa los
días fuera de este país, entendemos que esas cifras serán mayores. Además, normalmente quien se suele marchar es quien tiene oportunidad para marcharse; es decir, el personal mejor formado, los jóvenes mejor formados. Por tanto, estamos ante una
fuga de cerebros como la que hemos vivido en los últimos años.
Esta propuesta que nos trae hoy el Grupo Socialista estamos muy de acuerdo con ella y vamos a votar a favor, a pesar de que no tuviese la transaccional, eso sí poniendo de relieve que desde nuestro punto de vista faltaba concreción en
algunas medidas, ya que nosotros en el programa político desde 2015 contemplábamos esa recuperación de los derechos de cobertura sanitaria en España a pesar de estar más de noventa días fuera del territorio nacional, como también contemplábamos la
eliminación del voto rogado y la utilización de medios electrónicos para qué ese sufragio fuese mucho más sencillo.
Aplaudimos, como no puede ser de otra forma, esa transaccional en la que se contemplan todas las recomendaciones del Consejo General de Ciudadanos Españoles en el Extranjero y, por supuesto, mi grupo votará a favor de esta enmienda.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Es el turno del grupo proponente para manifestarse sobre el sentido de las enmiendas.
La señora PEÑA CAMARERO: Evidentemente, no podemos aceptar las enmiendas del Grupo Popular. Aceptamos las enmiendas de Podemos, lo cual aparece en el texto transaccional que hemos ampliado, mejorado y hemos pasado a la Mesa. El resto de
los grupos ya conoce la transaccional.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
- RELATIVA A REFORZAR LA CARTERA COMÚN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001256).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la última proposición no de ley del día, relativa a reforzar la cartera común de los servicios del Sistema Nacional de Empleo. Tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular presenta una PNL relativa a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo. Para el Gobierno, para el Partido Popular, para el Grupo Parlamentario Popular y para la sociedad española, el objetivo
fundamental de esta legislatura es la creación de empleo. Señorías, hay que reducir el tiempo que el parado se encuentra en esa situación y hay que reducirlo para que encuentre trabajo cuanto antes. Se han aprobado muchas reformas en la anterior
legislatura por el Gobierno y en esta legislatura es necesario seguir avanzando en ello. Se aprobó en su día la estrategia española de actuación para el empleo 2014-2016 y este es el primer instrumento de coordinación del Sistema Nacional de
Empleo. Asimismo se aprobó también el Real Decreto 7/2015, del 16 de enero, que aprueba la cartera común del Sistema Nacional de Empleo.
La cartera tiene como objetivo garantizar a todos el acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos de empleo y a los servicios que prestan estos. Se ha hablado, a lo largo de esta Comisión en los diversos temas de las distintas
PNL, de los servicios públicos de empleo de la Administración Pública, y este es un instrumento que deben potenciar los servicios públicos de empleo, que deben ser más eficaces para facilitar que los parados tengan una oportunidad de encontrar
empleo. La cartera es una modernización de los servicios públicos de empleo y creo que todos debemos estar dispuestos a apoyarla y a aportar las ideas y propuestas que tengamos. El conjunto de servicios es un derecho para las personas que se
encuentran en desempleo, para las personas que están ocupadas y también para las empresas. La cartera común tiene cuatro servicios: el de orientación profesional, el de colocación y asesoría a las empresas, el de formación y cualificación para el
empleo y el de asesoría de autoempleo y emprendimiento.
La cartera es un avance para garantizar la igualdad de oportunidades, y debe ser un objetivo fundamental que esa igualdad de oportunidades se produzca lo largo y ancho de nuestro país. Es fundamental el diálogo, se ha abierto por el
Gobierno el diálogo social con los interlocutores sociales y también con las comunidades autónomas y con sus Gobiernos, de distintos colores políticos. Por eso digo que este debe ser un tema de todos y que todos debemos apoyarlo, porque sería
incomprensible para la sociedad española que los Gobiernos autonómicos, en colaboración con el Gobierno de España y con los interlocutores sociales, estén trabajando por mejorar y potenciar esta cartera común y que en el Parlamento -el órgano de
soberanía nacional de los españoles- estuviéramos dedicados a otras cuestiones y no a aportar soluciones y propuestas a esta cartera.
El empleo es la prioridad de todos y en el Gobierno y en este grupo parlamentario -así se ofrece al resto de las formaciones políticas- el diálogo y la aportación de propuestas e ideas es el objetivo que nos debe conducir. En nuestro
pensamiento tienen que estar las personas que se encuentran en desempleo. La crítica que se hace al Gobierno con el empleo no creo que aporte ninguna solución a los parados; es más constructivo para el conjunto de los parados y de la sociedad
española que sus señorías se dediquen menos a la crítica y más a las propuestas en positivo. No reconocer que España es el país de la Unión Europea que más crece; no reconocer que en la pasada legislatura se crearon 1.600.000 empleos; no
reconocer que en la pasada legislatura se afiliaron al sistema de afiliación de la Seguridad Social 575.000 personas es no reconocer la realidad de España.
Por eso, les invito a todos ustedes a que se dediquen a construir, a aportar ideas y propuestas. Me parecen muy bien las críticas que realizan y están en su perfecto derecho, pero a un parado que está en la cola del paro del Servicio
Público de Empleo de poco le sirve la crítica si esta no conlleva una propuesta. Les invito a todos ustedes a que hagan sus aportaciones, a que nos ayuden a mejorar la cartera común, a potenciar el diálogo y la colaboración entre todas las
administraciones. La formación, la conciliación y la igualdad de derechos son objetivos que debe contener y que contiene esta cartera.
Ciudadanos ha presentado una enmienda, ha habido un acuerdo de transacción que hemos facilitado a la Mesa e invito a todas las formaciones políticas a que se unan a apoyar esta transaccional, que se unan a aportar ideas y propuestas que
tengan como prioridad que seamos todos capaces de sacar a los parados de esa trágica situación en la que se encuentran. Tenemos que aprovechar esta legislatura para conseguir que haya más empleo y de más calidad en España. Dediquémonos a
construir, a aportar ideas y no a destruir.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.
Tiene la palabra, por el grupo parlamentario que ha presentado enmienda, el señor Del Campo. El tiempo corre contra usted.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor presidente.
Nuestra política laboral -ha quedado claro en las diferentes comparecencias en esta Comisión- persigue tres grandes objetivos dirigidos a acabar con los principales problemas que afectan a nuestro mercado de trabajo. En primer lugar,
reducir el desempleo, específicamente el desempleo de larga duración. En segundo lugar, acabar con la precariedad, aumentando la creación de empleo estable y de calidad. Y en último lugar, potenciar el capital humano con unas políticas activas de
empleo y formación que sean verdaderamente eficaces. Por lo tanto, en el acuerdo con el Partido Popular se recogía específicamente, en su artículo 42, la necesidad de impulsar las políticas activas de empleo para garantizar que sean una herramienta
verdaderamente eficaz, potenciando los servicios de orientación y reforzando la cartera común de los servicios públicos de empleo, para garantizar en todo el Estado el acceso en condiciones de igualdad a los servicios prestados por los mismos, es
decir, el texto propositivo de la proposición no de ley. Además, se pedía que los orientadores dispusieran de un programa de perfilado estadístico basado en los datos personales y competencias profesionales de cada desempleado, con el que se
pudiera formular una propuesta personalizada de itinerarios formativos y laborales.
Por lo tanto, hemos hecho una enmienda transaccional con el Grupo Popular, pero en nuestro grupo parlamentario pensamos que lo que deberíamos preguntarnos es si estamos dispuestos a abordar un debate profundo sobre la efectividad de los
servicios públicos de empleo, sabiendo que, pese a las diferentes tentativas de reforzar sus funciones de orientación laboral, nunca han conseguido subir las tasas de intermediación por encima del 2 o el 3 %. Y recordamos a dichos efectos que
durante el Gobierno Socialista se reforzaron los servicios públicos de empleo con más personal, primero con una tanda de unos 1.500 orientadores y, luego, con otra de unos cuantos menos.
Deberíamos contemplar que se promueva más la colaboración público-privada para las políticas pasivas y que estas políticas pasivas se vinculen con políticas activas más eficaces.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Campo.
A continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmienda. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa).
Señor Barandiaran, tiene la palabra.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
Poco podemos añadir si es una proposición bienintencionada, pero esperemos que no sea agresiva. La apoyaremos en tanto cuanto no suponga una intromisión precisamente en el aspecto que acaba de señalar el diputado de Ciudadanos, que es aquel
de las políticas activas de empleo, puesto que esas sí han sido transferidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la misma manera que esperamos que algún día lo sean también las políticas pasivas de empleo igualmente. No obstante, no es
ilógico pretender establecer una cartera común para que actúe como garantía de mínimos para quienes pretendan acceder
a los servicios de empleo. En esa medida solo y solo en esa medida apoyaremos la iniciativa porque creemos que no contiene ninguna precisión cualitativa añadida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Señor Barandiaran.
Por el Grupo parlamentario de Esquerra, el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Continúa la operación diálogo del Partido Popular. Una vez más se entromete en unas competencias, la de las políticas activas, que son exclusivas de la Generalitat prácticamente: cartera común, recentralización,
etcétera.
No vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: La señora Vidal, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
La señora VIDAL SÁEZ: Lo cierto es que hay que tener valor para traer una proposición, por el grupo que apoya el Gobierno, sobre el Servicio Público de Empleo y que esta no empiece por una contundente autocrítica de las políticas llevadas a
término en los últimos cuatro años, más aún cuando hace pocos días el Comité Europeo de Derechos Sociales les lanzaba una dura reprimenda sobre la situación de los servicios públicos. Hoy, lejos de reconocer estos errores, nos traen una proposición
donde hablan ustedes de acceso en condiciones de igualdad, de igualdad de oportunidades, de equidad, etcétera. Se trata de un bonito teatro al que nos invitan ustedes en esta Comisión.
Si a este Gobierno le preocuparan un poco las personas y su acceso y mantenimiento del empleo, derogaría de inmediato la reforma laboral, que ha destrozado el mercado de trabajo y precarizado las vidas de los trabajadores. Si a este
Gobierno le preocuparan la equidad y la protección de las personas más vulnerables, no habría favorecido los convenios de empresa. Si a este Gobierno le preocupara un mínimo el acceso en condiciones de igualdad o la equidad en el trato, de
oportunidades por supuesto, no habría inventado nuevos contratos precarizadores que usan a los trabajadores jóvenes, por ejemplo, como si fueran meros clínex, como lo hace así el contrato de emprendimiento, ni habría favorecido la entrada de las
agencias privadas de colocación.
El informe del comité europeo del que les advertía -tendremos tiempo de hablar al respecto-, concluía coincidiendo con las organizaciones sindicales en que en España se están produciendo incumplimientos sistemáticos del compromiso de la
evaluación y del seguimiento de las políticas de empleo, y en concreto de las políticas activas. Situaba, por ejemplo, dos factores claros que no garantizan que el servicio público permita a día de hoy el acceso al empleo como debería. Cita la
nada despreciable inversión del Gobierno de 30 millones de euros, en 2014, para la financiación de agencias de empleo privadas. Alerta de los riesgos de la colaboración entre sector público y privado, y destaca que no ha sido elaborado ningún
sistema de evaluación de eficiencia de las empresas privadas. Ni aún así el Gobierno sabe bien para quién gobierna, y a finales de 2016 volvía a prorrogar los contratos a las agencias privadas de colocación, antes incluso -lo cual es muy divertido-
de completar su propia evaluación. Lo cierto es que no hay ninguna evidencia, a día de hoy, sobre que las agencias privadas de colocación funcionen de forma más eficiente que las propias agencias públicas, señorías.
Por cierto, ¿defendían ustedes al SEPE cuando aprobaron en pleno verano el real decreto por el que se rescindía el contrato de 1.200 trabajadores y orientadores laborales por las comunidades autónomas? ¿Es así como defienden ustedes al
SEPE? Desde 2012, el SEPE ha pasado de 10.128 trabajadores a 8.731 actualmente. Las condiciones de trabajo son insostenibles, la plantilla claramente insuficiente, y ponen en peligro el adecuado funcionamiento del Servicio Público de Empleo. El
gasto en políticas activas en España se queda en un triste 0,5 % del PIB, lejos del 0,9 % de Francia o del 0,7 % largo de Bélgica o Austria, países que por cierto tienen una tasa de desempleo muy por debajo del de nuestro país. Nos encontramos,
pues, en una situación en la que, pese a enfrentarnos a uno de los niveles de desempleo más altos de nuestra historia, se está destinando cada año un menor volumen de recursos precisamente a aquellas partidas concebidas para hacer frente a este
fenómeno de forma decidida.
Termino, porque veo ya la luz en rojo. En definitiva, no vamos a votar en contra, pues no nos opondremos a un refuerzo del sistema público, así como a una apuesta para mejorar las condiciones de
acceso, pero no votaremos de forma favorable a lo que representa un nuevo ejercicio de teatro y de cinismo por parte del Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vidal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.
Esta propuesta entra de lleno en la tipología de iniciativas para cubrir cupo. Son iniciativas incoloras, inodoras, insípidas, inútiles en definitiva. Es una propuesta que no propone nada: estudien ustedes, adopten ustedes medidas
pertinentes. -Menos mal que dicen medidas pertinentes y no medidas impertinentes-. Inutilidad, señorías. Lamentamos una vez más la tipología de iniciativas para cubrir el cupo en esta Comisión.
En todo caso, vamos a aprovechar para contestar a algunas partes del argumentario habitual del Grupo Popular. Ventajas de la reforma laboral para las personas más vulnerables, nos dicen. Un par de datos, a mi juicio, esclarecedores.
Ocupación media en España, año 2011, 18.421.000 trabajadores; ocupación media en 2016, 18.342.000 trabajadores. Hay menos ocupación en el año 2016 que en el año 2011. Fracaso en lo cuantitativo de la reforma laboral, porque en estos últimos años,
además, hemos tenido crecimiento del producto interior bruto. Asalariados indefinidos, media en el año 2011, 11.525.000; asalariados indefinidos en 2016, 11.260.000. Menos asalariados indefinidos, menos ocupados, menos asalariados indefinidos,
luego menos cantidad y menos calidad del empleo. Este es el balance real, con datos en la mano, de la reforma laboral del Partido Popular, que ahora cumple cinco años.
Sobre la estrategia de activación para el empleo, muy bien e interesante, pero es que no existe. A 14 de febrero de 2017 no existe una estrategia de activación para el empleo en España; existía una entre 2014 y 2016, se terminó sin mayor
pena ni gloria y a día de hoy, 14 de febrero, ni siquiera se ha empezado a negociar la prometida estrategia 2017-2020. ¿De qué nos están hablando? No han llamado todavía a las comunidades autónomas para negociar una nueva estrategia. ¿Cómo vienen
hoy aquí, a esta Comisión, a presumir de estrategia si no existe y no han empezado a negociar la que debería estar vigente?
Cartera común de servicios. Muy bien también e interesante, pero la cartera común de servicios depende fundamentalmente de los recursos que se dediquen a esos servicios comunes. Ya se ha dicho aquí: hay 3.000 orientadores profesionales
menos por las imposiciones de recortes presupuestarios del Partido Popular en las comunidades autónomas. ¿Cómo orientamos más con menos orientadores? Ahí están los datos presupuestarios. En cuanto a políticas activas de empleo, presupuesto 2011,
7.322 millones de euros; presupuesto políticas activas de empleo de 2016, 5.179 millones de euros, esto es, 2.143 millones de euros menos. El recorte sumado de los cinco últimos presupuestos alcanza los 13.157 millones de euros. ¿Cómo nos traen
aquí una propuesta para decirnos: vamos a mejorar la cartera común de servicios, vamos a mejorar la política activa de empleo de este país, que tiene mucho paro de larga duración, con 13.000 millones menos de inversión? Esto suena a ofensa y lo
digo con toda sinceridad. Más allá de la inutilidad, ya suena a ofensa.
Hay una reflexión de fondo que hay que hacer -se ha planteado aquí también y ya termino-, y tiene que ver con el funcionamiento de nuestros servicios públicos de empleo, que no tienen que ver solo con la gestión del Estado, es verdad, pero
nuestros servicios públicos de empleo intermedian tan solo en el 1,7 % de los parados que logran encontrar empleo. Esto hay que mejorarlo con estrategia, con coordinación, con proposiciones no de ley y sobre todo con recursos, que es lo que falta.
No vamos a votar a favor de esta iniciativa, nos vamos a abstener, porque se trata de una buena causa y una propuesta inútil.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.
Ha terminado el debate de las proposiciones no de ley y, antes de entrar en las votaciones y para ordenar las mismas, nos tomamos dos minutos en la Mesa. (Pausa).
Pasamos a la votación. En primer lugar, la proposición no de ley relativa al incremento de la siniestralidad laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se somete a votación la
proposición no de ley en los términos de la enmienda transaccional
apoyada por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, Grupo Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya y Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En segundo lugar, procedemos a la votación de la proposición no de ley sobre las acciones a tomar frente a la situación de los trabajadores del campo contratados por empresas de trabajo temporal. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Se somete a votación la proposición no de ley en los términos de la enmienda transaccional apoyada por el Grupo Parlamentario Mixto y Grupo de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, proposición no de ley para mejorar el régimen de funcionamiento de los centros especiales de empleo y para potenciar su papel en el acceso al empleo y en la inclusión social de las personas con discapacidad. Presentada por
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional apoyada por el Grupo Ciudadanos, el Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo Mixto, y que procede a leer el letrado en los términos de la redacción
por si hubiera dudas.
El señor LETRADO: La enmienda transaccional es: el punto 1 el del texto de la proposición no de ley original. El punto 2 es el punto 1 de la enmienda del Grupo Mixto. El punto 3 es el punto 2 de la proposición no de ley original más el
punto 2 de la enmienda del Grupo Popular. El punto 4 es el punto 3 de la proposición no de ley original cambiando 'garantizar por impulsar' y añadiendo la enmienda número 4 del Grupo Socialista. El punto 5 es el punto 4 de la enmienda del Grupo
Mixto. El punto 6 es el punto 5 de la proposición no de ley original. El punto 7 es el punto 6 de la proposición no de ley original. El punto 8 es el punto 7 de la proposición no de ley original. El punto 9 es la enmienda 7 del Grupo Socialista
añadiendo la frase 'por parte de las comunidades autónomas tras dotación económica' en la penúltima línea. El punto 10 es el punto 9 de la proposición no de ley original más la enmienda 8 del Grupo Socialista. El punto 11 es el punto 10 de la
proposición no de ley original. Finalmente, se añaden los puntos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 con el texto de las enmiendas 9, 10 y 12 a 15 del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún punto a repetir? (Risas). Pasamos a votarla en esos términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Procedemos a votar la proposición no de ley relativa al reemplazo y sustitución de los trabajadores jubilados en las entidades prestadoras de servicio de la Seguridad Social en Guipúzcoa. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco. Se
somete a la votación la proposición no de ley en los términos de la enmienda transaccional apoyada por el Grupo Vasco, el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Quinta proposición no de ley: sobre el impulso de un programa de apoyo a jóvenes españoles emigrados, del Grupo Parlamentario Socialista, y que se vota en los términos de la enmienda transaccional apoyada por el Grupo Socialista, el Grupo
Mixto, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Grupo Ciudadanos y Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sexta proposición no de ley: relativa a reforzar la cartera común de los servicios del Sistema Nacional de Empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional apoyada
por el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, proposición no de ley relativa a fomentar el teletrabajo y a potenciar las ventajas inherentes al mismo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.