CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 29

SOBRE LA CRISIS FINANCIERA DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA ORAMAS GONZÁLEZ-MORO

Sesión núm. 22 (extraordinaria)

celebrada el martes,

16 de enero de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera:


- Del señor Domínguez Domínguez, miembro de la Coordinadora de plataformas de afectados por las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, para informar en relación con el objeto de la Comisión. (Número de expediente
219/000956)... (Página2)


- Del señor ministro de Economía, Industria y Competitividad, y ex secretario de Estado de Economía en el periodo 2000-2004 (De Guindos Jurado), para informar en relación con el objeto de la Comisión. (Número de expediente 213/000768)...
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Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CRISIS FINANCIERA DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA:


- DEL SEÑOR DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ (MIEMBRO DE LA COORDINADORA DE PLATAFORMAS DE AFECTADOS POR LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES Y OBLIGACIONES SUBORDINADAS), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente
219/000956).


La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de la Comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera. Sus señorías disponen del orden del día. Se va a sustanciar
en régimen de sesión pública la comparecencia de don Jesús Domínguez Domínguez, miembro de la Coordinadora de plataformas de afectados por las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Se suspende la de don Clodomiro Montero
Martínez, secretario federal de banca de la Confederación Intersindical Gallega, porque, debido a las condiciones meteorológicas, le ha sido imposible trasladarse a Madrid. Le he manifestado que no hay inconveniente y que en la sesión del día 6 de
febrero, donde decidiremos nuevas comparecencias, encajaremos la suya. Asimismo, comparecerá esta tarde don Luis de Guindos Jurado, ministro de Economía, Industria y Competitividad y ex secretario de Estado de Economía en el periodo 2000-2004.


En relación con la comparecencia del señor Domínguez Domínguez y de acuerdo con lo dispuesto por la propia Comisión, intervendrá, en primer lugar, el compareciente para informar en relación con el objeto de la Comisión; a continuación,
intervendrá el portavoz del grupo solicitante de la comparecencia por un tiempo de siete minutos, y seguidamente intervendrán los portavoces de los restantes grupos parlamentarios, de menor a mayor, por el mismo intervalo de tiempo. El
compareciente contestará conjuntamente las intervenciones de los diferentes portavoces. Quiero decirles a todos -hay algún portavoz que ha llegado ahora- que, dado que no se va a celebrar la segunda comparecencia, aunque los turnos son de siete
minutos, esta presidenta no va a limitar el tiempo de los portavoces sino que serán ustedes mismos los que se regulen, aunque les pido que se controlen. (Risas).


Damos comienzo, pues, a la comparecencia del señor Domínguez Domínguez, a quien agradezco su disponibilidad. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado al compareciente la posibilidad
de venir acompañado de la persona que designe para asistir. Asimismo, esta Presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada ley orgánica. Le recuerdo
igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio.


Señor Domínguez Domínguez, tiene la palabra para hacer su exposición inicial.


El señor DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ (Miembro de la Coordinadora de plataformas de afectados por las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas): Bos dias.


Voy a ir leyendo la comparecencia porque está ordenada por temas. En primer lugar, debo agradecerles que me hayan convocado y me hayan dado la oportunidad de trasmitir los sentimientos de los miles de gallegos y gallegas organizados en la
Coordinadora de plataformas de afectados por las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de Galiza, de la que he sido portavoz durante estos años, y las consecuencias sufridas derivadas tanto de la crisis como de su misma gestión.
Cabe una mención especial a la labor de Carlos Varela, ex fiscal xeral de Galiza, en la presentación de la primera demanda colectiva que perseguía la anulación de estos contratos y que ayudó a sentar las bases del soporte jurídico de nuestras
demandas, centradas básicamente en la recuperación de los ahorros, dando como resultado decenas de miles de sentencias condenatorias a las entidades.


El conjunto de la intervención se basa en la documentación a la que hemos tenido acceso a lo largo de estos años: la demanda colectiva del propio fiscal, como comentaba, contratos de los afectados, documentación interna de la entidad,
entrevistas con el responsable europeo de la Dirección General de Mercados y Servicios, Emile Paulis, y con el secretario de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, David Lowe, gracias a la mediación de la eurodiputada Ana Miranda;
información facilitada también por los abogados con los que hemos tenido contacto, asociaciones de consumidores, laudos arbitrales, sentencias de juzgados, conclusiones de los magistrados de las audiencias provinciales y el seguimiento de la
actualidad en prensa durante todos estos años. Es preciso hacer una mención especial

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al periodista y licenciado en derecho Andreu Missé por el trabajo de recopilación y análisis de la ingente información generada por esta macroestafa plasmada en distintos artículos y en el libro La gran estafa de las preferentes, hoy un
referente de la memoria de la desprotección ciudadana a lo largo de estos años. Durante los cuatro años de movilizaciones de las plataformas por la estafa de las preferentes fueron muchas las personas -y cabe una mención especial en esta lucha al
tesón y convicción de Xulio Vicente, que hoy me acompaña aquí-, así como las entidades y organizaciones que han estado a nuestro lado y que han hecho posible que, en el caso de las antiguas cajas de ahorro gallegas, la recuperación del ahorro haya
sido un caso singular dentro del Estado español. A todos ellos queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento.


El resultado de la crisis financiera dejó también varios millones de damnificados en todo el Estado, con altos costes económicos y humanos: todos lo que perdieron sus empleos -casi 4 millones entre 2007 y 2014-, los expulsados de sus
viviendas -cientos de miles de desahucios-, los que pagaron costes indebidos en sus hipotecas a través de los contratos con cláusulas abusivas, además de otros daños morales y de salud derivados de su indefensión, con los que coincidimos también en
algunos casos en la Comisión de denuncias del Parlamento Europeo. Es preciso recordar que la Comisión de investigación das caixas de aforro do Parlamento galego, creada a finales de 2012, que inicia sus trabajos en febrero del 2013, que los
paralizó y fue reactivada en diciembre del 2016, sigue secuestrada por la mayoría absoluta del Partido Popular, que no aceptó en su momento comparecencias claves y que sigue sin emitir conclusiones a día de hoy. Si esto no es connivencia y
complicidad, se le parece mucho. Seguimos, por cierto, esperando incluso entrevistas solicitadas con el presidente de la Xunta, el señor Feijóo, que no tuvo ni siquiera la educación de contestar a esas distintas solicitudes. Una imagen vale más
que mil palabras; esta es una de las muchas manifestaciones que tuvieron lugar. (Muestra una fotografía).


Pasamos a hacer una breve mención al rescate bancario. Realmente no soy una persona especialista, no vengo del sector bancario, no soy licenciado en derecho, pero sufrimos esta crisis. Cuatro datos. La crisis financiera internacional, con
el colapso de los mercados bancarios después de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del 2008, afectó a bancos y cajas españoles que estaban especialmente endeudados, sobredimensionados y con alta concentración de riesgos en el sector
inmobiliario y del suelo. Sin embargo, esas mismas actividades les habían reportado grandes beneficios hasta ese momento. Entre bancos y cajas cosecharon unas ganancias de casi 170 000 millones de euros desde 1996 a 2010, con un ejercicio récord
en 2007 en el que superaron los 25 000 millones de euros, según el Banco de España, y cuyos beneficios no fueron socializados. El alto coste que se le trasladó al contribuyente para el saneamiento del sistema financiero español fue el más alto de
toda Europa. Un rescate que, según el Gobierno, no iba a tener costes y al que los medios de comunicación no le prestaron demasiada atención. Así, de los casi 70 000 millones de ayudas de capital concedidas a bancos y cajas en el Estado español
entre 2009 y 2015, se perdieron 50 000 millones de euros, según datos actualizados de la Comisión Europea. Estamos hablando de unos 1100 euros por cada habitante español de cero a cien años, absolutamente todos: 50 000 millones de euros. En el
caso del rescate de las entidades en Estados Unidos, de unos 600 000 millones de dólares, ocurrió todo lo contrario, con un balance de 51 000 millones de dólares de ganancias, pues una vez rescatadas las entidades y vendidas en el momento oportuno,
se obtuvieron beneficios para las arcas públicas. Todo lo contrario que en este país.


Con respecto al coste del rescate bancario, el Tribunal de Cuentas es muy crítico con la gestión hecha por el FROB, al que acusa de no tener un procedimiento adecuado y de no haber determinado los criterios financieros, fiscales y de
oportunidad ni del control necesario, así como de falta de diligencia en la venta de las entidades intervenidas. El balance de estas pérdidas no es todavía definitivo y sigue subiendo año tras año, derivado de las condiciones con las que se
privatizaron determinadas cajas. Por ejemplo, en 2015 las pérdidas aumentaron en 552 millones, y en 2016, en otros casi 2400 millones de euros. Y tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo advierten de los riesgos en los que puede
incurrir el FROB por los costes judiciales de la compra del Banco Popular por el Santander, de si la Sareb -el banco malo- podrá devolver los avales pendientes y el capital o de cual será el coste final de los esquemas de protección de activos. El
catedrático Antonio Garrido apunta con respecto a futuras pérdidas que están en juego otros 100 000 millones de euros de naturaleza pública. Si bien ha sido la ciudadanía española en su conjunto quien soportó los mayores costes de la crisis
financiera, los estafados con diversos productos híbridos lo hemos sido por partida doble: pagamos dos veces, como ciudadanos y, por decreto, como ahorradores. Es difícil de justificar que la banca extranjera -concretamente la alemana o la
francesa- haya recuperado sus inversiones totalmente y todo el dinero prestado y que los ahorradores

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hayamos tenido que asumir importantes pérdidas. Para tener una referencia de la cuantía, estamos hablando de unas pérdidas similares, en términos absolutos, al coste de todos los recortes en educación, sanidad y gastos sociales juntos:
unos 50 000 millones de euros.


Con respecto a la estafa de las preferentes, se preguntarán cómo ha sido posible. Pues bien, una parte de la banca española se lanzó a una política de crédito irresponsable que se convirtió en insostenible con el estallido de la burbuja
inmobiliaria y la llegada de la crisis. La banca necesitaba dinero en efectivo y diseñó una campaña para apropiarse de los recursos de sus clientes. Pusieron en marcha una estrategia para vender -entre comillas- a sus clientes dos productos
financieros -en este caso preferentes y subordinadas- y utilizaron su red comercial de oficinas y la confianza de los clientes de toda la vida. Según la CNMV, estos productos son extraordinariamente complejos y de altísimo riesgo y por sus
características híbridas, de deuda y capital, de difícil comprensión para la ciudadanía, con un lucro similar a un plazo fijo, es cierto, pero perpetuas o con vencimientos inalcanzables, algunas hasta el año 9999, y condicionados en muchos casos a
que la entidad tuviese beneficios. Podían ser amortizadas en un mercado secundario pero sin la protección del Fondo de Garantía de Depósitos. En caso de insuficiencia patrimonial, las preferentes solamente estarían por detrás de los accionistas,
que en el caso de las cajas, como ustedes saben, eran inexistentes. Los empleados, o bien desconocían sus riesgos o no informaron de que se podían perder todos los ahorros, colocándolos en todo el Estado a más de tres millones de personas, de las
que un millón salieron perjudicadas. Estos productos debían ir dirigidos a clientes con altos conocimientos financieros: inversores profesionales, institucionales, fondos de inversión, empresas o personas expertas, pero se colocaron entre
clientela tradicional para capitalizarse de forma más barata que con ampliaciones de capital. Caixa Galicia y Caixanova, las antiguas caixas galegas, como casi todas las entidades en todo el Estado español -estamos hablando de unas cincuenta
entidades- al amparo de la Ley 19/2003, consensuada entre Partido Popular y PSOE, y las autorizaciones correspondientes del Banco de España y de la CNMV que permitieron su comercialización, comenzaron a vender preferentes y subordinadas a todo tipo
de ahorradores, en su mayoría personas de edad avanzada con escasa formación o clientes conservadores de plazo fijo, desconocedores de los riesgos y en contra de las normas dictadas desde el propio Banco de España y la CNMV. La historia de las
preferentes se convierte en una gran estafa cuando las autoridades -Banco de España, CNMV y el Ministerio de Economía- primero permitieron y luego potenciaron que los bancos y cajas se capitalizaran a través de estos productos y cuando, por último,
determinaron sin una base legal europea específica que los ahorradores debían contribuir al rescate bancario con quitas de hasta un 70 %, en el caso de las cajas gallegas, o de un 90 -creo-, en Caixa Valencia, sirviendo de referencia para la
posterior legislación europea. Fueron cómplices necesarios en esta operación de fraude masivo. Así surge uno de los primeros lemas de las plataformas que resumía lo que estaba pasando: 'Estafados por los bancos, expoliados por el Gobierno'.


Para consumar el engaño, las entidades usaron dos mecanismos: el primero, mentir a sus clientes, dar información falsa, ocultar las consecuencias de estos productos asegurando que eran operaciones ventajosas y seguras a personas con nula
formación económica y financiera; y segundo, apropiándose de los ahorros de los clientes sin su consentimiento, sin autorización y sin información. Miles de estafados tuvieron conocimiento del robo al intentar recuperar sus ahorros y descubrir que
eran productos sin valor. Otros miles se enteran cuando les comunican quitas y canjes. Como ustedes saben, las directivas comunitarias imponen condiciones para comercializar estos productos de alto riesgo con el objetivo de proteger al cliente y
garantizar que pueda decidir con pleno conocimiento de causa. La banca debería suministrar información suficiente, eficaz, precisa y clara y asegurarse de que eran productos convenientes para sus clientes. Nada de esto se ha cumplido en esta
estafa masiva. Y cuando decimos estafa masiva no se expresa únicamente el sentir de los cientos de miles de estafados, es también la opinión de Gobiernos locales, provinciales, autonómicos, organizaciones de consumidores, partidos políticos,
sindicatos, y así lo acreditan también las circulares internas con presiones a los trabajadores para que vendieran obligadamente estos productos. La nueva directiva de Novagalicia Banco en 2012 reconoció que el 90 % de los afectados eran pequeños
ahorradores y pidieron perdón por endosar estos productos causando tan graves problemas, mas cuando propusieron a las entidades gubernativas trocar estos productos por otros con liquidez -plazo fijo, por ejemplo-, el Gobierno -que sí se lo permitió
a otras entidades- les impidió devolver los ahorros. La CNMV ha reconocido que no se anticipó al problema. El Valedor do Pobo exigió que todos los clientes mal informados recuperaran los ahorros. La Defensora del Pueblo pidió un arbitraje
universal. El fiscal xeral de Galiza presentó una demanda colectiva -la primera- que perseguía la anulación de todos los contratos. La Unión Progresista de Fiscales observó

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evidencias de posible estafa a gran escala. Jueces para la Democracia denunció la falta de voluntad política para dar una solución a los ahorradores. Y, sobre todo, es una estafa reconocida por decenas de miles de laudos arbitrales, todos
favorables a los estafados, así como miles de sentencias judiciales que obligaron a devolver los ahorros robados a los clientes, anulando los contratos conseguidos a base de engaño y falsificación, con vicio de consentimiento en todos ellos.


La situación de algunas entidades financieras con actividad en todo el territorio gallego creó un estado de alarma social que desembocó en la organización colectiva de asociaciones y plataformas que llevaron a término acciones de protesta y
movilizaciones públicas. La venta de productos opacos ha dado pie a un largo proceso de protestas y reivindicaciones por parte de las personas afectadas. El inicio de las movilizaciones se remonta el 2011, pero es en el 2012 cuando se
intensifican.


Con la firma del Memorandum de Entendimiento entre la Unión Europea y el Gobierno del Estado español sobre supervisión financiera (MoU), en julio de 2012, los afectados por la comercialización masiva de instrumentos híbridos de capital
-nombres que se le iban poniendo para que no entendiéramos que estábamos hablando de la misma cosa- tendrían que contribuir al rescate de las entidades con quitas de hasta un 70 % de los ahorros que debían aplicarse hasta mediados de 2013. Las
movilizaciones de las plataformas, siempre pacíficas y ejemplares, fueron contestadas a partir del 2013 con un aumento de la presión de algunos poderes públicos para que cesaran las protestas, con decenas de sanciones por más de 20 000 euros. Estas
multas, después de pagarlas y recurrirlas, fueron anuladas todas ellas en los correspondientes contenciosos administrativos. Esto con la actual Ley mordaza supondría millones de euros en multas y penas de cárcel. Aquí tenemos a Domitila, una
señora de ochenta y dos años multada supuestamente por saltar vallas -andaba con andador-. En todos estos contenciosos administrativos se nos dio la razón, se anularon las multas y recuperamos incluso más de 20 000 euros en multas.


La organización de las plataformas, las movilizaciones de los afectados durante cuatro años en cientos de manifestaciones, miles de concentraciones delante de las oficinas bancarias, denuncias presentadas ante distintos organismos y
administraciones públicas con escaso éxito, encierros y ocupaciones de concellos desde finales de 2012, incluso de hasta de seis meses durmiendo, viviendo y comiendo dentro de los propios concellos, o el importante apoyo y solidaridad social
conseguidos, fueron imprescindibles para recuperar el 90 % de los ahorros, casi singular en todo el Estado español. Pese a ser ignorados por las administraciones públicas, a ser tratados como delincuentes y ser cosidos a multas por autoridades
gubernativas que pretendían criminalizarnos e intimidarnos para que cesáramos en nuestras justas reclamaciones. Pero los preferentistas gallegos no caímos de un guindo -y esto es un guiño- llegamos a ver más allá de las responsabilidades
comerciales del empleado de turno que nos vendiera o nos engañara y llegamos a tener la certeza de que detrás de la estafa había una trama financiera organizada y compleja que había creado estos productos para mantenerse y financiarse a costa de los
ahorradores.


El Ejecutivo comunitario consideró que había vulneraciones masivas de vulneración de la ley a gran escala y con el MoU se obligó a España a prohibir la venta de estos productos a clientes minoristas, al tiempo que recomendaba a los afectados
continuar por la vía judicial o por la vía del arbitraje para conseguir la anulación de los contratos y así recuperar nuestros ahorros, que era nuestro principal y primer objetivo.


En su comparecencia, el subdirector general de asuntos económicos y monetarios de la Comisión Europea, Servaas Deroose, en esta misma Comisión, el pasado 2 de noviembre, afirmaba que el dinero aportado por los tenedores de productos híbridos
(preferentes y subordinadas) para el rescate bancario ascendió a 13 000 millones de euros, aportados por los tenedores, por los ahorradores, al rescate financiero. Tuvimos un aviso cuando estábamos en Bruselas de que el Gobierno español, a través
del ministro de Economía, le proponía a la Comisión Europea que iban a ser 18 000 millones. Al final se quedó en 13 000. Recuperamos 5000 gracias a las movilizaciones.


Paso a indicar algunos de los engaños y fraude más importantes cometidos en la comercialización de preferentes y subordinadas. Primero, el nombre equívoco. Una mala traducción del término inglés preference shares en las que se inspiraron.
Su traducción por 'acciones preferentes' habría alertado del riesgo que ocultaban. La preferencia se refería a que en caso de quiebra o liquidación de la entidad, los titulares tendrían prioridad para cobrar antes que los accionistas, que en el
caso de las cajas no existen, con lo cual preferencia ninguna. Manuel Conthe, presidente de la CNMV entre 2004 y 2007, advirtió del engaño del nombre, instando a eliminar el adjetivo preferentes, sin resultado, y añadiendo que era imposible que un
ahorrador minorista entendiera la naturaleza de este instrumento. Llegó a decidir que se dejaran de emitir a principios de 2006. Desgraciadamente la CNMV volvió a registrar nuevos folletos y a

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permitir su comercialización entre clientes minoristas a partir del 2009, justo coincidiendo con su mayor pico de comercialización.


Segundo, emitidas desde paraísos fiscales. Comenzaron a comercializarse en 1998 en España, desde las Islas Caimán por decenas de entidades, salvo -parece ser- unas emisiones del BBV desde Gibraltar, así como grandes empresas. Por nombrar
algunas: Repsol, Telefónica, Endesa, Unión Fenosa, Sol Meliá y muchas más. Sin regulación legal se habían creado y comercializado como una simple autorización de la CNMV y el visto bueno del Banco de España y del Ministerio de Economía. Pero fue
en el 2003 cuando fueron legalizadas por el Gobierno de Aznar, con De Guindos, con Rajoy y con otros personajes conocidos, al aprobarse la ley 19/2003 que las regula, al tiempo que se incluyó una amnistía fiscal para cajas y bancos por las emisiones
hechas con anterioridad desde paraísos fiscales. Según Attac esta elusión fiscal pudo suponer unos 6000 millones de euros, que no se pagaron al fisco. La legalización fue capitaneada por el vicepresidente económico Rodrigo Rato, luego presidente
de Caja Madrid, una de las principales emisoras de preferentes, y también responsable de la quiebra de Bankia, como ustedes saben, y el entonces secretario de Estado de Economía y hoy ministro, Luis de Guindos., antes presidente ejecutivo de Lehman
Brothers en la península, que también vendió preferentes hasta su quiebra en 2008, y directivo de PricewaterhouseCooper del 2008 al 2010. De Guindos fue también el máximo responsable de las negociaciones del MoU con la Unión Europea. Fue el fiscal
anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo quien descubrió que este fraude era una práctica generalizada en el sistema financiero español. Precisamente esta generalización en todo el sistema fue lo que forzó al propio archivo de la causa. Aun así se
alcanzó -esto fue una nueva victoria para la banca- el archivo de la causa. ¿Será causalidad que los mismos que vendieron estos productos desde paraísos fiscales legalizaron su venta, amnistiaron a las entidades y quebraron entidades, luego
legislaron para que fuéramos los ahorradores los que pagásemos el rescate bancario o simplemente fueron cómplices necesarios de este fraude masivo? Curiosamente los peritos del Banco de España apuntaban a un agujero de casi 5000 millones que Rato
ocultó desde 2010, tras la salida de Bankia a bolsa. Estas son noticias de prensa, en este caso de El País.


Tercero, el Banco de España incentiva las preferentes. La respuesta del Banco de España al estallido de la crisis financiera fue la estimulación en mayo del 2008 de la venta de preferentes, elevando la capacidad de las mismas como capital
de calidad para las entidades financieras. Ante la necesidad de capital, bancos y cajas colocaron más de 14 000 millones de euros en estos productos en solo un año, sin explicar los riesgos que conllevaban. Estos riesgos son la falta de garantía
del Estado, falta de rentabilidad asegurada, condicionada a la obtención de beneficios por la entidad, pero sin participar en los beneficios en ningún caso, cotizaban en un mercado ficticio, el secundario, y tienen iguales riesgos que los
accionistas, pero sin derecho a voto ni liquidez al ser productos perpetuos. En un informe del Defensor del Pueblo de marzo de 2013 se señala que resulta difícil de entender que en 2002 el Banco de España, con mucho menos capital en preferentes,
manifestara su preocupación y avisara de los riesgos de estos productos y, sin embargo, en 2009 apoyara el aumento de este capital como recurso propio; una contradicción que debería explicar también el Banco de España.


Cuarto, los inversores profesionales se deshacen de estos productos a partir de 2007, cuando descubrieron la pérdida de su valor. Los inversores calcularon que las preferentes deberían dar un rendimiento mínimo del 14 %, como en los
mercados internacionales por productos de riesgos similares. Los ahorradores resultaron nuevamente engañados cuando las entidades optaron por deshacerse de estos productos, por recolocar estos productos a intereses del 5 al 7 %, cuando deberían
estar dando un 14 %. En 2012 el ministro De Guindos en una intervención en el Senado decía que las preferentes se empezaron a colocar a los pequeños ahorradores cuando los inversores institucionales dejaron de comprarlas, lo cual pone de manifiesto
que hemos cometido errores. Pues sí, se cometieron errores. Y además el señor De Guindos demostraba poca memoria. Desde la primera emisión en el año 1998 y siendo él presidente de Lehman Brothers, se vendían preferentes, y cuando promovía las
cuotas participativas de la CAM, que eran un producto similar, también.


Quinto, burla de la norma europea Mifid de 2004 y de su trasposición española de 2007, que tenía como objetivo garantizar información clara, honesta e imparcial a los clientes, que dividía en minoristas, profesionales e institucionales, y la
norma también establecía una clasificación de los productos en no Mifid -cuentas corrientes, libretas y depósitos-, Mifid complejos y un tercer grupo, que eran Mifid complejos que, curiosamente, incluía preferentes y subordinadas. Las entidades
incumplieron de forma generalizada su obligación de informar, llegando a cubrir automáticamente el test de conveniencia o incluso a falsificar la firma de los clientes, o, simplemente, no existían estos test de conveniencia.

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Sexto, información asimétrica y opacidad entre banca y clientes, reflejada en la letra pequeña de los contratos, siempre con cláusulas en contra del consumidor, y lo mismo ocurría también en cláusulas suelo, swaps, intereses de demora o
desahucios, entre otros, junto con la escasa información aportada durante todo el proceso tanto por parte de las entidades como de las administraciones con responsabilidades: Instituto Galego de Consumo, FROB, Banco de España y otras. Esto supuso
situaciones kafkianas y una ardua labor de investigación de los afectados para conocer tanto la información particular como las características de cada emisión, cuantías estafadas o número total de afectados. En 2012 nos decían que había 43 000
afectados en Galicia. Después de sumergirnos en los entresijos, llegamos a triplicar la cifra: 116 000 afectados en Galicia, solo de dos cajas de ahorros.


Séptimo, ventas y reventas de preferentes al 100 % de su valor. Aunque no había ya nuevas emisiones y habían perdido parte de su valor, seguían comercializándose desde un falso mercado secundario que controlaban las propias entidades, el
AIAF, vendiendo a nuevos clientes las participaciones de los que querían deshacerse de ellas, con un claro modelo piramidal similar al de Afinsa y Fórum Filatélico. Esta situación se mantiene hasta el bloqueo de este mercado secundario a finales de
2011, cuando los afectados comienzan a ser conscientes de la estafa y surgen las primeras protestas ante las oficinas, así como las primeras denuncias en los juzgados en cuanto se les deja de pagar la remuneración que estaba conveniada.


Octavo, arbitraje-ultraje; así lo entendimos. A mediados de 2012, ante las movilizaciones de los afectados, el Gobierno gallego improvisó un sistema de arbitraje sin criterios conocidos para dar solución a los casos más sangrantes. El
señor Guerra, conselleiro de Industria, indicaba que sería una solución para un 5 % de los afectados, mientras que el señor Castellanos, presidente de la entidad en ese momento, hablaba de malas prácticas en solo un 10 % de los casos. Ambas
consideraciones entraron en clara contradicción con el resultado final, porque conseguimos recuperar los ahorros casi en el 90 % en el caso gallego. Este sistema de arbitraje no fue controlado ni supervisado por instituciones públicas -Instituto
Galego de Consumo- o independientes acordadas entre las partes, sino que la Xunta puso el control en manos de los propios bancos a través de sus consultoras: KPMG para Bankia, Ernst&Young para Catalunya Banc y Price Waterhouse para NCG Banco, y ya
sabemos que el que paga manda. El FROB se negó a diferenciar en ese momento entre inversores institucionales y ahorradores, a sabiendas de que la estafa había sido generalizada. Se detectaron irregularidades desde el primer momento en los
arbitrajes, desde listados que los alcaldes trasladaban a los directores de las sucursales para que ellos los hiciesen llegar a la auditora hasta familiares de altos cargos del PP o conselleiros del Partido Popular -que fueron los primeros en
recuperar sus ahorros, y ninguno de ellos eran casos sangrantes- llamados de los primeros al arbitraje. Estábamos ante un entramado caciquil que vendía el favor de devolver los ahorros, tanto que recuerdo a la directora del Instituto Galego de
Consumo y al propio señor Feijóo prometiendo en mítines y en actos electorales la recuperación de todos los ahorros si ganaban aquellas elecciones autonómicas de 2012.


Noveno, los criterios básicos para resolver los laudos arbitrales, según nota del FROB de 17 de abril de 2013, casi al final del proceso y diez meses después de que empezaran los arbitrajes. Estos criterios tenían como objetivo, según
Antonio Carrascosa, director general del FROB, detectar los casos con indicios razonables de que en la comercialización había vicios que afectaban a la validez de la transacción. En esos casos el tenedor minorista no debería asumir las pérdidas.
Cabe preguntarse qué criterios emplearon en los miles de laudos arbitrales aprobados en los diez meses previos, con qué criterios nos llevaban a esos laudos. En la práctica, fueron los bancos los que escogieron a quién devolver el dinero y a quién
no. Y, curiosamente, después de estos diez meses seguía habiendo menores de edad sin recuperar el dinero, contratos sin firmar, personas mayores sin conocimientos de ningún tipo, cantidades que suponían el 100 % de los ahorros de toda una vida;
realmente casos sangrantes.


Tanto la apertura de los procesos de arbitraje (incluso hasta en cinco ocasiones, se cerraban y se volvían a abrir) como el número de laudos que se emitían variaba en función de la presión de las movilizaciones en la calle. Según las
manifestaciones que había, se abrían o se cerraban los procesos de arbitraje. Curiosamente, Bruselas insistió en que no ponía límites a esta vía, que podía llegar hasta el 100 % de los casos. Según datos del FROB, en el caso de Novacaixagalicia se
recuperó por la vía del arbitraje -son datos definitivos- el 34 % del saldo. Entre los tres bancos, Bankia, Catalunya Bank y Novacaixagalicia Banco, de más de medio millón de afectados por preferentes y subordinadas, se presentaron 400 000 mil
solicitudes de arbitraje -tienen ahí los datos-, pero fueron rechazadas 125 795 solicitudes, que no fueron llamadas a arbitraje, muchas de ellas en Galicia.

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Real Decreto 24/2012, de Adecuación del MOU a la legislación española, convalidado por la Ley 9/2012. El Gobierno aprueba en este decreto-ley el canje obligatorio de los productos híbridos por acciones y la recompra de las mismas con
quitas. En el caso de Novacaixagalicia iban del 20 y pico por ciento al 70 %, dependiendo de las emisiones del año y de si eran subordinadas o preferentes y dependiendo de la data de vencimiento que tenían. Previamente a esta ley, el comisario de
la Competencia, Joaquín Almunia, advertía de que las preferentes solo podían ser recompradas a un precio que no podría superar al 10 % al del mercado para garantizar que el rescate se repartiera entre accionistas tenedores de productos híbridos y
contribuyentes. Como decíamos antes, un mercado secundario viciado y controlado por cada una de las propias entidades era irreal. Pero curiosamente ofreció una salida: Si el Gobierno central o de las comunidades autónomas quieren ofrecer dinero a
los titulares de participaciones preferentes, personas físicas víctimas de abusos, pueden hacerlo y no se considerará ayuda de Estado. Esta vía, que sepamos, no fue contemplada ni por el Gobierno central ni por los Gobiernos autonómicos.


Canjes por acciones y quitas sin el respaldo legal de la Unión Europea. ¡Y esta es gorda! Cito a Andreu Missé y su libro La gran estafa de las preferentes. El Gobierno ha justificado siempre que tuvo que aceptar las condiciones exigidas
por el Eurogrupo en el MOU como condición necesaria para obtener las ayudas para la banca. Esto no era cierto. Lo que ocurrió fue todo lo contrario. España fue utilizada como conejillo de Indias para elaborar la regulación sobre esta materia que
posteriormente aprobó la Unión Europea. Fue la Directiva 2014/59, de mayo de 2014, dos años después y, según la propia norma, no entraría en vigor hasta enero de 2016, con la que a los ahorradores españoles se les aplicaron unos criterios que no
estuvieron vigentes en Europa hasta dos años y medio después. Se nos aplicó una norma que no estaba vigente.


La dureza del MOU con los preferentistas contrasta con la benevolencia a los grandes acreedores de la banca española, que quedaron exentos de cualquier quita. La banca europea, alemana y francesa, que debería asumir una quita, exactamente
igual que cualquier accionista, curiosamente no tuvo ningún tipo de quita. El resultado fue incoherente y la misma Comisión Europea reconoció que a este país se le aplicó un régimen jurídico que aún no había entrado en vigor y que España fue más
allá de la práctica común hasta el momento. Si el Eurogrupo fue tan exigente, lo fue sin base legal, y curiosamente me viene a la mente: La ley es la ley y, cuando no hay ley, hacemos otra cosa.


Otra prueba de que el Gobierno de Rajoy dejó tirados a todos los preferentistas la tenemos en junio de 2017, con el acuerdo entre la Comisión Europea e Italia sobre el rescate a la Banca Monte dei Paschi di Siena. La Comisión Europea
permitió a Italia recapitalizar este banco, exigiendo que fuese la entidad quien compensara a los inversores minoristas que habían perdido sus ahorros por el fraude bancario. Los ahorradores italianos podrán recuperar sus ahorros de forma
generalizada, sin tener que recurrir a la justicia o al arbitraje. En el caso español, muy al contrario, Bruselas accede a que sean los ahorradores engañados los que asuman parte de los costes del rescate, dejándonos la vía judicial o el arbitraje
como alternativas. Mientras que Italia denunció una venta fraudulenta de títulos, el Gobierno español optó por el expolio de los ahorros de los preferentistas.


La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales en el ámbito de la Administración de Justicia es otro palo en la rueda. Establecía la obligación de abonar una tasa que debía ser pagada por quienes ejercieran el derecho, quien
presenta la demanda o recurso, fuere persona física o jurídica, y tanto en la jurisdicción civil, contencioso-administrativa como en la social. Las cuantías iban de 150 a 1200 euros, más una cantidad variable según la cuantía de la demanda que
podía llegar hasta los 10 000 euros, una medida de apoyo a los estafados del entonces ministro de Justicia, señor Gallardón, que venía a gravar y dificultar la presentación de demandas contra las entidades. Por un lado, nos dejan solo la vía
judicial o la vía del arbitraje y, por otro, nos complican o dificultan que sigamos por esta vía, teniendo que pagar tasas que no existían hasta ese momento. Pues bien, el Tribunal Constitucional en julio de 2016 declaró inconstitucionales varios
de los apartados de esta ley y anuló diversas cuantías por desproporcionadas y porque podían producir un efecto disuasorio, y así lo hicieron. Desde su entrada en vigor y solo hasta febrero de 2015, se habían recaudado más de 500 millones de euros,
de los que el Ministerio de Justicia manifestó, en respuesta a un diputado de Compromís, no tener información, es decir, no saber dónde estaban esos 500 millones de euros, pese a que debían ir a financiar la justicia gratuita. Ese era el
compromiso.


El Gobierno vetó en febrero de 2017 un acuerdo unánime del Parlamento gallego -otra más-. La proposición de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego, y aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego en marzo de 2014, fue remitida
al Congreso en noviembre de 2016 -dos años y

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medio para que llegara desde Galicia, desde Compostela a Madrid parece un poco excesivo-, en la que se instaba al Congreso a modificar la Ley 9/2012 para garantizar la devolución integra de los ahorros a las personas estafadas. Fue vetada
por el Partido Popular en Madrid, sin embargo, como dijimos antes, fue apoyada por el Partido Popular en la Xunta de Galicia, en el Parlamento gallego.


El Ministerio de Economía se opuso a modificar dicha ley con una definición formal, para distinguir las personas ahorradoras y los clientes minoristas, que permitiera la recuperación de los ahorros, alegando que tendrían impacto en los
recursos públicos. -Imagino que el rescate bancario, exactamente igual, los 50 000 millones de euros-.


No hay directivos de la banca condenados por la estafa de las preferentes y esto llama la atención de cualquier ciudadano. Aunque hubo informes del Banco de España contrarios a la venta de estos productos, desconocemos si hay altos
directivos condenados por esta estafa masiva que ascendió a más de 42 000 millones de euros. De las distintas imputaciones a directivos de entidades bancarias por la presunta comisión de delitos de estafa, publicidad engañosa, administración
fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas en la venta de estos productos, poco sabemos.


En el caso de las cajas gallegas las condenas a algunos directivos no lo fueron por la comercialización de estos productos, sino por jubilaciones millonarias: en el caso del señor Fernández Gayoso, copresidente de Novacaixa Galicia, una
condena de dos años por llevarse una prejubilación de 18 millones de euros; en el caso de Méndez, con 16 millones de prejubilación, ni siquiera fue imputado y acaba de serlo, pero por un tema totalmente distinto, por una operación urbanística
fallida.


¿Cuál fue la sanción por la venta de preferentes en el caso de las caixas galegas? Por vender 1832 millones de euros en preferentes y subordinadas, la multa simplemente fue de 2 millones. Quedan 1830. Yo creo que sale a cuenta cometer
grandes delitos en este país. Por otro lado, también llama la atención que ningún cargo político o gubernativo asumiese responsabilidades ni en los órganos supervisores ni en los legislativos, sea en el Banco de España, en la CNMV, en el Gobierno
del Estado o en la Xunta de Galicia, cada uno con sus competencias.


Nadie fue responsable de que esta estafa nos haya costado tantos miles de millones, nadie asumió que la legislación aprobada incentivó la venta de productos tóxicos, nadie fue ni es responsable de que las entidades supervisoras no hicieran
correctamente su trabajo, entidades que dependen del propio Gobierno del Estado o de los gobiernos autonómicos, como es el caso del Instituto Galego de Consumo. Sirva como conclusión la constatación de que en el caso gallego conseguimos una
singular derogación por la vía de los hechos de la Ley 9/2012, gracias a movilizaciones, a cuatro años de manifestaciones, de peches en concellos, en sucursales y todo lo demás, con un 99,6 % de las sentencias favorables. No queda bien poner el
cien por cien porque creo que perdimos un juicio y, a falta de datos definitivos -no los tenemos, no los hemos conseguido- y en base a información sesgada de la nueva entidad, Abanca podría quedarse aún a día de hoy con 100 millones de euros entre
unos 8000 afectados, en su mayoría ancianos y sin recursos y los herederos de los fallecidos que no llegaron a ponerse de acuerdo; son 100 millones de euros que no fueron devueltos a sus legítimos dueños. Pues bien, no es el mercado; fue una
estafa y un expolio.


Unas notas con respecto a la venta de la entidad simplemente. Son datos, por poner negro sobre blanco, de cómo estamos en este momento. Tras inyectarse unos 9000 millones de euros en 2011 para rescatar la nacionalizada Novacaixagalicia
Banco por su exposición al ladrillo, sobretodo en el Mediterráneo, derivado de esos cambios legislativos que permitieron a las propias caixas operar fuera de las fronteras de la zona, de la superficie a la que debían estar ceñidas -en este caso
dentro de la autonomía gallega- y de esa expansión y de ese modelo de bancarización al que fueron abocados -y ese modelo de ladrillo-, el FROB decide precipitar su venta y adjudicarla de forma exprés por 1003 millones de euros en diciembre de 2013.
-Tenía de plazo hasta 2017-. Se vende en cómodos plazos al grupo Banesco, que la rebautizó como Abanca. Esta premura en la venta vino derivada de una previsión fallida de la consultora Mckinsey y BNP Paribas como asesor financiero. Otro informe
erróneo en la gestión de la entidad se suma al realizado por la auditora KPGM, que la Xunta había contratado a principios de 2010 para justificar la fusión de las caixas, un informe que costó más de un millón de euros y que a día de hoy todavía no
se ha hecho público, ni siquiera en la Comisión de investigación de las caixas de aforros en Galicia, del Parlamento gallego. Después de la venta, una de las primeras promesas de la nueva directiva fue la de solucionar los casos pendientes antes de
noventa días. Transcurrido ese plazo, las plataformas y los afectados tuvimos que recordar a los nuevos dueños la promesa, y en junio de 2014 mantuvimos una reunión entre las plataformas de afectados y la dirección de Abanca, en la que

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arrancamos el compromiso de solución para todos los miembros de las plataformas que aún no habían recuperado sus ahorros. Todavía se podía negociar, y negociamos acuerdos de arbitraje para unos -volvimos al punto de partida porque la
auditora y el banco proponían nuevos arbitrajes- y acuerdos extrajudiciales para los que habían presentado demandas y estaban en curso, pendientes de juicio. En algunos casos fueron aceptadas y en otros los afectados esperaron a la sentencia, que
condenó a la entidad en todos los casos, pero por las condiciones de la venta era el FROB quién asumía el 85 % de la cantidad a devolver. Esas eran las garantías de venta de la entidad. Con todo, quedaron sin recuperar unos 100 millones de euros.
Aquí tenemos una imagen (Refiriéndose a un titular del Faro de Vigo que lee): 'El mismo día que nos traspasen Novagalicia tendremos una solución para las preferentes; nos va la vida en ello'. Se incumplió inicialmente, pero luego se llegó a un
acuerdo con el señor presidente de la Xunta de Galicia, que no fue hecho realidad hasta unos meses después, y solo para aquellos que volvíamos a tener en unos listados de la gente que se movilizaba, y aún así con quitas de un 5 % aproximadamente.
Novacaixagalicia pacta el pago de las preferentes a los miembros de las plataformas. Todo era posible.


Llama la atención la defensa que Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España y presidente del FROB, hizo ante la Comisión de Economía, en abril de 2015, de la gestión realizada con su venta luego de que Abanca reconociera 1157
millones de euros de beneficios después de impuestos. -Eso un año después-. Se vende por 1000 y el primer año 1157 millones de euros de beneficios. En palabras de Fernando Restoy, debe tenerse en cuenta, cuando hablamos de beneficios, que en un
año como 2014 incorporan en muchas entidades, y ciertamente en el caso de Novacaixagalicia -ahora Abanca- elementos que no son recurrentes. Estos beneficios tienen que ver con la falta de dotación de provisiones, con operaciones financieras
extraordinarias, con la venta de activos, con la activación de activos fiscales diferidos, etcétera; por tanto, el beneficio recurrente es relativamente modesto. -Le parece modesto, le parece poco. Se vende por mil, 1157 millones de beneficios y
le parece poco-. Sabiendo todo esto, cabe preguntarse por qué no se planteó, cuando menos como afectados; por qué no se introdujo una cláusula de garantía recíproca que obligara a la nueva entidad a devolver el dinero restante en caso de
beneficios, esos 100 millones de euros. Sería una décima parte de los beneficios. Pues no, tampoco.


En los años siguientes los beneficios de Abanca fueron de 330 millones de euros en 2015 y de 358 en 2016, datos de la propia Abanca. Escojan ustedes, entre los malos augurios de las consultoras y las posteriores declaraciones del presidente
del FROB, si estamos ante una mala previsión hecha por el FROB, dependiente del Gobierno del Estado, de las garantías millonarias incluidas en la venta, si había urgencia por su venta o si se trataba de una venta a pérdidas. En la calle, en la rúa,
lo tienen claro: siempre lo llamaron pelotazo. Una vez más, la gestión privatizadora del Estado fue ruinosa para las arcas públicas


Daños morales -son dos páginas- y salud de los estafados. Los perjuicios causados por la mala praxis de las entidades financieras no son solo económicos. Se han constatado daños que han afectado a la salud de las personas estafadas por
productos bancarios: preferentes, subordinadas, créditos multidivisas y otros. Esta es la conclusión principal de un estudio piloto realizado por investigadores de la Universidad de Montreal, de la Universidad Autónoma de Madrid y de la
Universidad Carlos III, que publicarán en la revista científica Gaceta Sanitaria. Las víctimas de fraudes financieros presentaron peor salud, más problemas de salud mental, dificultades en el sueño y peor calidad de vida que las poblaciones
comparables de la misma edad, y puedo acreditarlo. José Manuel Ribera Casado, catedrático emérito de Geriatría de la Complutense de Madrid y presidente de Finsalud, afirma que las consecuencias sobre la salud de estos comportamientos fraudulentos
constituyen un tema importante y bastante descuidado, y también que los problemas generados en el ámbito de la salud han sido enormes y en muchos casos han superado en intensidad y consecuencias al propio daño material ocasionado por los fraudes.
En el estudio concluye que las personas afectadas deberían recibir cuidados médicos y psicológicos, además de la compensación económica por el dinero perdido. Quiero reseñar que ya hay sentencias condenatorias contra entidades financieras por daños
morales.


Me quedan unas conclusiones, pero podríamos dejarlas para la réplica, porque son indicaciones que estaría bien apuntar en su momento.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Domínguez.


En primer lugar, por el grupo solicitante de la comparecencia, tiene la palabra por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea la señora Díaz.


La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidenta.


Benvido, señor Domínguez, grazas pola sua presenza. Si me permite la señora presidenta, hoy abrimos la Comisión a la calle, a lo que son las víctimas de una enorme estafa y a un sufrimiento del que todavía hoy, desde luego, no nos hemos
recobrado, como ha quedado de manifiesto ante la comparecencia del señor Domínguez. Nosotros, desde En Marea, en primer lugar, querríamos pedirle que nos explicitase usted los conocimientos, en el caso de que los tenga, respecto a la consumación de
la estafa. Me quiero explicar.


Usted hablaba de una famosa auditoría de KPMG que, efectivamente, fue muy polémica en nuestro país. En Galicia costó al erario público -aún no lo sabemos con certeza- más de un millón de euros. Esa auditoría fue declarada secreta en la
Comisión de las cajas y, como usted sabe, nosotros mismos la filtramos en abierto a los medios de comunicación porque, a pesar de los riesgos que corríamos, nos pareció que la sociedad gallega merecía conocer el alcance de esta auditoría. Y esa
auditoría, que contratan la señora Fernández Currás y el señor Feijóo, de manera explícita señalaba que habrían de ser emitidos -hablamos de la fusión de las cajas gallegas- más de 600 millones de euros en preferentes para formalizar esta operación.
Si esto es así, señor Domínguez, ¿cuál era el grado de conocimiento en esta estafa de la emisión masiva de preferentes y subordinadas, que se estaban produciendo por parte del Gobierno de la Xunta de Galicia, muy particularmente por el propio señor
Feijóo y por la propia -de aquella- conselleira de Economía, la señora Marta Fernández Currás, hoy colocada en una entidad privada, como siempre, por una puerta giratoria? ¿Cuál era el grado de conocimiento del señor Feijóo? Esto es, ¿lo estaban
haciendo de forma consciente y deliberada, sabiendo que estábamos ante una enorme estafa?


En segundo lugar, han sido miles y miles los afectados en todo el Estado, pero una parte sustancial de los afectados han sido los gallegos y las gallegas. Como usted mismo señaló, más de 116 000 personas han sido víctimas en nuestro país y
han estado luchando en las calles y encerradas durante cuatro largos años. Señor Domínguez, nos gustaría que relatase y que le ponga cara, rostro y sentimiento y, si puede, nos hable de casos concretos, como usted decía al principio, y cómo se
colocaban esas preferentes. Ha habido muchas personas en Galicia que ni sabían leer ni escribir y eran suscriptores y suscriptoras de preferentes y de subordinadas, productos de alto riesgo. ¿Cómo se hacía esto en unas oficinas en las que, además,
en un país como Galicia, las personas, ahorradores y ahorradoras, muchos de ellos emigrantes retornados que habían trabajado toda su vida para tener unos pequeños ahorros, tenían una relación de auténtica confianza con las entidades, entonces, Caixa
Galicia, y Caixanova, en lo que tiene que ver con Sur. ¿Cómo operó ese mecanismo, a pesar de que por desgracia ya sabemos cómo se hizo, y quién autorizó en nuestro país esta estafa masiva de preferentes? ¿Quién era el que controlaba y supervisaba
la emisión de las mismas? Querríamos que nos lo explicitase usted mismo.


Nos gustaría, además, que se detuviera en la reacción de aquellos que han estado manifestándose durante cuatro años. ¿Cuáles fueron los mecanismos que las instituciones, los poderes públicos galegos, pusieron a su alcance, al alcance de las
personas estafadas como usted? ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Qué calvario les hicieron pasar? Nos gustaría que lo desgranase, así como que se detenga en las sanciones. El caso palmario, que fue el ejemplo que conoció creo que toda España, de esta
mujer mayor que iba en un andador y que se la acusaba de saltar una valla, fue un caso palmario. ¿Cuál es su consideración cuando la justicia les ha dado la razón en prácticamente todos los supuestos? Si la justicia les ha dado la razón, ¿cuál es
el comportamiento que han tenido los poderes públicos en nuestro país, en Galicia? Parece que hay algo que han hecho terriblemente mal, cuando la justicia -insisto- tanto en la vía de las sanciones como en la recuperación del dinero estafado les ha
dado la razón en todas las reclamaciones, es decir, ¿cuál ha sido en realidad el papel de la Xunta de Galicia?


Señor Domínguez, esta Comisión tiene entre sus deberes la obligación de llegar a conclusiones y también recomendaciones. ¿Cree usted que esta ley, que ha sido vetada por el Grupo Popular y otros grupos de esta Cámara, debería de levantar el
veto a resultas de las conclusiones que evacuemos en esta Comisión, para garantizar el debate de esta ley y que los estafados y estafadas por las preferentes, subordinadas y productos tóxicos puedan definitivamente recobrar todos el dinero que han
perdido?

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Es decir, ¿cree usted que tiene que haber un compromiso de esta Comisión de levantar el veto por los partidos, que singularmente apoyan al Gobierno de Mariano Rajoy, para garantizar esta cuestión?


Queremos saber, igualmente, cuál es el papel de la Xunta y de Feijóo en todo este proceso. ¿Cómo se sienten ustedes? Señor Domínguez, nos gustaría que nos hablara un poquito del capital social, del proceso social; es decir qué es lo que
ha pasado, porque ha sido muy polémico. Tiene usted razón en que, efectivamente, a unos se les han depurado responsabilidades políticas, desde luego ninguna penal, solo por un tema muy colateral, pero usted conoce que todo el patrimonio cultural de
Galicia, de nuestro país, estaba en propiedad de esas cajas. A día de hoy, ¿cómo está esta situación? ¿Cuál es su consideración sobre esta cuestión?


En cuanto al tema de la estafa en la venta de Caixa Galicia, primero venden EVO, la filial galega en España; lo venden por una burla de mal gusto de 80 millones de euros. Pero, ¿cuál es su consideración, después de ver cómo Galicia se
queda sistema financiero galego? Vendemos a la banca privada venezolana, al señor Escotet, por 1073 millones de euros, de los que la mitad los hemos pagado 'Juan pueblo', nosotros, a través de todas las ayudas a la banca y, a día de hoy, créditos
fiscales que aún seguimos pagando. ¿Cuál es su consideración cuando estamos viendo que puede ser que hoy Abanca pase a ser propiedad del Estado venezolano por un proceso de nacionalización? ¿Cuál es su consideración ante esta pérdida de nuestro
sistema financiero en Galicia, de la afectación de esta problemática en nuestro país, señor Domínguez? Hablo claramente de las zonas de exclusión financiera y todo lo que supuso de pérdida de entidades, cajeros en las zonas rurales, gente que está
desprovista, ¿cuál es su consideración sobre esta realidad?


¿Qué le podemos decir al señor Escotet, que nos había prometido que en noventa días lo iba a arreglar y le iba a devolver el dinero a todas las personas estafadas? Nos gustaría que nos valorase todo este proceso de la estafa desde el punto
de vista de la ciudadanía, del coste democrático, del coste social, que usted mencionó de pasada, y desde el punto de vista de los consumidores y usuarios. Deténganse en las quitas y en si cree que es necesario que este país replantee esta
problemática. Un emigrante o una emigrante retornada galega, que tenía 30 000 euros ahorrados en preferentes, y ve cómo solo recobra el 70 % de estos ahorros de toda su vida en la emigración, ¿no se merece que esta Comisión extraiga como conclusión
que haya que alcanzar -como usted mismo señalaba y como se ha hecho en el resto de la Unión Europea- un acuerdo para que se le devuelva el total de lo que se ha estafado? Efectivamente, aquí hay algunos que hacen negocios suculentos,
particularmente los causantes de la crisis, la banca, y luego está la mayoría social, que ve cómo se queda privada del ahorro de toda su vida. En cuanto al drama social -lo señalaba al final, señor Domínguez-, nos gustaría que nos relatara casos
concretos, lo que han vivido las personas, que han enfermado después de estar peleando para recobrar sus ahorros. A la vista de lo que ha pasado, señor Domínguez, querría que nos diera su opinión, la de la plataforma a la que usted representa,
sobre qué modelo de banca necesitan nuestros pueblos para evitar que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado.


Para terminar -agradeciéndole, señora presidenta, su generosidad por el exceso de tiempo concedido-, me gustaría saber si tiene usted conocimiento de que se sigan produciendo idénticas malas prácticas bancarias hoy en nuestro país, como
viene a denunciar la comisión nacional en el informe en el que exploran más de cuatrocientas entidades bancarias, cuya conclusión es que efectivamente siguen colocándose, siguen endilgándose de manera vil no estos productos pero sí otros de alto
riesgo a los consumidores y usuarias en nuestro país.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.


Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Candela.


El señor CANDELA SERNA: Muchas gracias, señora presidenta. (El señor vicepresidente, Juncal Rodríguez, ocupa la Presidencia).


Buenos días, señor Domínguez. Vaya por delante mi máxima comprensión al problema que usted está planteando, que es todo lo relativo a la cuestión de las preferentes y las cuotas participativas, un problema que hemos sufrido y que presenta
también una cronología similar en el lugar de donde vengo yo, que es del País Valenciano, la Comunidad Valenciana.


Simplemente le voy a hacer una pregunta, pero antes me gustaría comentarle un par de cosas para que sepa lo que están diciendo los máximos responsables de aquella época, fundamentalmente los presidentes o expresidentes del Banco de España y
algunos ministros. Sus dos versiones transitan entre

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dos aspectos: bien la incompetencia o bien la ignorancia, porque lo que vienen a decir es que, sí, se podría haber hecho alguna cosa más, pero o no se tenían los instrumentos o no se veía venir, con lo cual lo que están diciendo es que o
eran incompetentes o eran ignorantes. Lo que sí está claro -es algo que usted ha afirmado y yo estoy totalmente de acuerdo con ello- es que este proceso -el de las preferentes, el de las cuotas participativas, el de las obligaciones subordinadas-
es un proceso claro de recapitalización de las cajas en un momento en que ya sabían que la crisis estaba en ciernes, que la crisis iba a golpear sus balances. De hecho, la prueba más evidente de ello es que, como usted ha señalado, en 2009 el Banco
de España apoyó su comercialización en masa cuando en 2002 decía lo contrario. Es una prueba evidente. El Banco de España será lo que será, pero de tonto no tiene un pelo.


Me gustaría hacerle una pregunta simplemente, y es: Si usted tuviese al ministro De Guindos delante, ¿qué le diría usted?


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Juncal Rodríguez): Gracias, señor Candela.


Por el Grupo Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Muchas gracias, señor Domínguez, por su comparecencia hoy que nos va ayudar a establecer conclusiones sobre todo lo que ha pasado.


No le voy a decir nada nuevo porque es cierto que la emisión de preferentes ha estado vinculada a la necesidad que tenían las entidades financieras, cajas y bancos, de obtener recursos propios para financiar su expansión porque no podían
emitir capital. Así surgen las preferentes -usted también lo ha dicho-, cuyas primeras emisiones -no nos podemos olvidar de ello- se realizaron a través de paraísos fiscales, como las Islas Caimán, y encima no estaban reguladas. Es verdad que
hasta el año 2009 las preferentes se habían comercializado sin problema porque se habían limitado al cliente institucional, ya que se entendía que era un producto complejo, al ser un híbrido entre la renta fija y las acciones, lo que no le hacía
idóneo para el público minorista. Es verdad que las preferentes han sido lo más sonado, pero también ha habido otras emisiones de productos de renta fija y de carácter subordinado que están en manos de ahorradores que confiaron sobre todo en el
director o el personal de toda la vida del banco de su barrio o pueblo; ahorradores que, como usted ha dicho, han perdido mucho dinero con estos productos y además han sufrido quitas.


Los organismos supervisores del sistema financiero, que son los que han de supervisar las entidades financieras, echaron la mirada a otro lado a sabiendas de que la comercialización de estos productos no era la adecuada, pero sí hubo algún
expresidente de la CNMV, como Manuel Conthe, que logró que en parte se paralizasen varias emisiones porque había hecho una serie de advertencias a las entidades emisoras acerca de lo inadecuado de su comercialización. Sin embargo, otros, como el
señor Segura, nos afirmaban la semana pasada que no podían prohibirlas porque estaban recogidas y reguladas por ley, pero también reconocían que desconocían cómo se comercializaban las mismas y que la CNMV -nos dijo- no podía controlar e
inspeccionar todas las cajas. Es verdad que parecía que se emitían unos trípticos en los que se explicaba el riesgo de estos productos, pero fueron insuficientes para evitar esa comercialización, por lo que desde nuestro punto de vista la CNMV no
cumplió con sus objetivos de velar por el sistema de garantías y defensa para el pequeño ahorrador. No hay más que ver los miles de millones de euros que inversores minoristas han colocado en preferentes. Las responsables, según la mayoría de
damnificados por las preferentes, han sido la banca y el Gobierno, por lo que tengo entendido que ustedes abogan por una banca pública. Si es así, me gustaría saber por qué y cuáles creen que son las ventajas de estas o por qué creen que iban a
funcionar mejor. ¿Creen que es la solución?


Por otro lado, hemos dicho que los responsables son la banca y el Gobierno, pero ¿creen que puede haber algo de responsabilidad parcial por parte de algunos de los inversores? ¿Qué perfil tienen en general estos inversores? Lo pregunto
porque las participaciones preferentes prometían la devolución del principal además de una rentabilidad adicional que incluso podía ser de dos dígitos, con lo cual no sé si esto es algo que se podía hacer o si podría haber hecho sospechar a estas
personas.


He leído por ahí que en las entidades rellenaban los cuestionarios o los test de conveniencia, unos test que se suponía que eran para garantizar que el producto era conveniente o no para el inversor. ¿Es esto verdad? ¿Sabe si esto se hizo?
¿Se contrataba también por teléfono? ¿Es verdad que había incluso personas que con determinadas enfermedades, que en principio les hacía estar incapacitados para contratar y que pese a ello invirtieron en las preferentes? Por este motivo nos
hacemos una pregunta:

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¿Dónde ha quedado la ética en todo esto? Entiendo que, por lo que usted nos ha comentado, las personas inversionistas no sabían a qué se comprometían. ¿Cree que esto también se debe en una parte pequeña a una incultura financiera? Lo digo
porque tenemos claros ejemplos con lo ocurrido con Fórum, Afinsa o Gescartera y parece que aún creemos que hay productos financieros exentos de riesgos. Por lo tanto, me gustaría saber qué lecciones podemos sacar de todo esto. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia).


Por último, es verdad que el arbitraje se ha vendido como una alternativa rápida y barata a la vía judicial para intentar recuperar la inversión en preferentes, por lo que ¿cree que ha sido una buena solución o ha sido nuevamente una
solución solo para la banca?


Para terminar, me gustaría saber también la valoración que hacen acerca de que Adicae aconsejó en algunos casos a los afectados que no siguieran el arbitraje puesto en marcha por las entidades para retornar el dinero a los clientes, a los
que se les vendió el producto sin avisar de sus riesgos y que se adhirieran a una demanda colectiva que, en el caso de Bankia, fue rechazada por un juez en Madrid. Me gustaría saber cómo valora este hecho.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo de Esquerra Republicana, la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señora presidenta. Bon dia, senyores y senyors diputats, senyora presidenta.


Señor Domínguez, gracias por comparecer, así como no solo por el ingente trabajo realizado sino también por su exposición, detallada y exhaustiva, que documenta con creces los trabajos de esta Comisión.


Haré una definición muy simple de las preferentes y de las obligaciones subordinadas: son productos que fueron comercializados de manera engañosa en un momento en que los bancos, sobre todo durante los primeros años de la crisis, intentaron
reforzar su capital u obtenerlo de forma indiscriminada. Por tanto, yo le haré preguntas directas. Yo calificaría esta operación como de fraude masivo, de una gran estafa, porque reúne todos los requisitos y elementos configuradores del tipo penal
de la estafa, es decir, un engaño previo, precedente o concurrente, un desplazamiento patrimonial o un nexo causal entre el engaño previo preferente o concurrente con el desplazamiento patrimonial y, evidentemente, un ánimo de lucro, un
enriquecimiento injusto y, en definitiva, un perjuicio para quien ha efectuado el desplazamiento patrimonial. La pregunta es si, desde su punto de vista y atención también a lo que usted nos ha expuesto, era una estrategia planificada, es decir, si
se sabía previamente lo que se estaba haciendo, quién puso en el mercado las preferentes y las obligaciones subordinadas, por parte de quién existió este concierto previo, quien lo dirigió y quién, en definitiva, lo permitió. Usted ha dicho también
que no es un especialista en las causas de la crisis, que no entraría en este aspecto, pero a mí sí me gustaría escuchar por parte de quien ha hecho un trabajo importante en relación con las preferentes y las obligaciones subordinadas qué creen que
pasó para que se produjera la falta de liquidez, la falta de capital, es decir, de dónde viene esta falta de liquidez y de capital.


En relación con Caixanova y Caixa Galicia, usted ya ha explicado lo que pasó, pero ustedes dónde pondrían el acento, ¿en la politización, en la codicia, en la poca profesionalidad o en todo a la vez? Dígame usted cuáles serían los elementos
determinantes de lo que ha pasado. Dígame también si tiene algo que ver la liberalización del suelo, el modelo de construcción llevado a cabo en el Estado español como consecuencia de la liberalización del suelo y, obviamente, la burbuja
inmobiliaria. La pregunta también sería en relación con qué papel deberían haber jugado los supervisores -el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores-, qué es lo que no hicieron, qué es lo que omitieron hacer y qué creen ustedes
que deberían haber hecho. Asimismo, nos gustaría saber a qué asociaciones de consumidores se dirigieron ustedes, la plataforma de afectados por las participaciones precedentes y las obligaciones subordinadas, y cómo lo hicieron para poder
coordinarse y llevar a cabo esta acción tan determinada y determinante.


Más allá de las preferentes y las obligaciones subordinadas, existen otras cuestiones que afectan también de forma masiva a los pequeños consumidores, a los usuarios y que, en definitiva, también están por medio resolver o no resolver, como
serían las cláusulas suelo o el IRPH. ¿Qué piensa usted respecto a estas cuestiones?


Uno de los tabúes existentes al que usted ha aludido hablando de la salud y de los daños morales de los estafados, de los afectados por las preferentes y las obligaciones subordinadas, es el de los suicidios

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de personas afectadas por las preferentes y por este tipo de engaños que perdieron todos sus ahorros. ¿Ustedes tienen algún indicador o algún cálculo efectuado sobre si es real esto que le planteo o si es inexistente?


Otra pregunta que quiero hacer es si ustedes han recibido algún tipo de amenazas y por parte de quién; en casi afirmativo, si han sido denunciadas y, en este caso, cómo se encuentra el tema procesal-penal, y si ha recibido algún tipo de
injurias, si éstas también han sido puestas a disposición de la justicia.


Hay un aspecto que surge cuando se plantean estos grandes fraudes masivos y estas grandes estafas que normalmente afectan siempre a particulares con escasos recursos para acudir a las acciones judiciales, para contratar servicios de
asesoramiento y de letrados. ¿Cómo cree usted que en la Administración de Justicia debería estar articulada esta cuestión en relación, por ejemplo, a plantearse acciones colectivas? La situación de los perjudicados en estas grandes estafas
masivas, en estos engaños colectivos no debería vehicularse a través de acciones individuales ante los tribunales. A pesar de que ustedes, como muy bien planteaba, han ganado más del 99 % de las sentencias, el riesgo de sentencias contradictorias o
el riesgo de sentencias que no reparen el daño causado y que no satisfagan al perjudicado existe. Por tanto, quisiera saber si ustedes tienen pensado qué articulación debería llevarse a cabo desde el punto de vista del procedimiento civil o del
procedimiento penal y, en concreto, cómo deberían vehicularse estas acciones colectivas.


Sobre la formación financiera de la ciudadanía, me gustaría saber si cree que debería formar parte de la formación básica de los más jóvenes y sobre todo cómo llegar a las personas de más edad en atención a esta doble brecha existente, que
es la de la limitación en la educación y la formación, y la tecnológica que genera mayor grado de indefensión. Asimismo, yo pondría en valor este cambio de modelo que se pone de manifiesto con la manera de responder ante estas estafas masivas, que
es la actuación de la ciudadanía, organizada a través de las plataformas de afectados con esta acción colectiva, que no es únicamente una acción colectiva judicial sino que va más allá, con las protestas masivas en la calle, etcétera, y poniendo en
jaque -si se me permite la expresión-, aunque de una manera muy desequilibrada, a las grandes corporaciones económicas de forma pacífica y persistente. Yo pondría esto en valor y, por tanto, les felicito por esta capacidad de acción. Ante esta
situación, la pregunta es de qué lado deberían ponerse las instituciones públicas, qué deberían hacer las instituciones públicas para facilitar esta acción colectiva, esta ciudadanía organizada y de qué lado diría usted que se han puesto en estos
últimos años.


Si me permite, presidenta, termino de nuevo agradeciéndole este ingente trabajo y que hayan dado voz a quienes no se sientan en los consejos de administración pero que al final acaban pagando los desatinos y los desmanes de aquellos que
nunca pierden porque siempre acaban ganando, y la prueba es también lo que usted nos ha relatado y lo que estamos viendo todos estos días en esta Comisión de investigación. Gracias por existir y gracias por persistir, y por intentar, como dice
usted en el documento que nos ha librado, que se socialicen los beneficios. Es decir, el desideratum sería que se socialicen los beneficios y que si privaticen las pérdidas. Veremos si algún día esto es posible pero, mientras tanto, gracias por
existir y gracias por persistir.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer término, muchas gracias por su intervención, señor Domínguez. Tenga nuestro agradecimiento y solidaridad en nombre de nuestro Grupo Parlamentario Ciudadanos por el trabajo que han realizado ustedes para lograr que los ahorradores
recuperasen su dinero y restablecer, gracias fundamentalmente a la acción de la justicia, una mínima confianza en un sistema financiero en el que no sé si en todos los casos hubo estafa pero en el que desde luego lo que hubo fue un fracaso sin
paliativos.


En primer lugar, me gustaría hacer referencia a lo que usted dice sobre que el nombre de estos productos debería haber sido completamente distinto y que ese es el primer fracaso de los supervisores de sistema financiero. Veo que está de
acuerdo en que lo que se estaba endosando como depósitos era en realidad deuda perpetua ultrasubordinada con vencimientos que nunca se alcanzaban. Esto supuso un traspaso brutal del riesgo de las entidades financieras hacia gente que no conocía que
estaba asumiendo un riesgo real tremendo, lo que en la jerga bancaria se conoce como instrumentos con capacidad para absorber pérdidas. Trasladaron ese riesgo a gente que no lo conocía.

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El primer vigilante de este sistema tendría que haber sido la CNMV; y como usted bien dice -la verdad es que su documento es muy interesante- en un primer momento esto se prohibió -durante el mandato de Conthe- pero después, durante el
mandato del señor Segura -que estuvo aquí la semana pasada- él dijo que no era capaz de controlar todo esto. Voy a hacerle una pregunta que supongo que tendrá una respuesta fácil pero a la que no me contestó el señor Segura y que es bastante
elemental. ¿Usted cree, conociendo un poco el mercado gallego, que para todo lo que se emitió en 2009 había inversores profesionales y cualificados suficientes para comprarlo? Porque aquì estamos hablando de este tipo de instrumentos que en todo
caso debían ir a profesionales, y en los mercados donde va a profesionales, tipo Londres, resulta que se te paga un 14 % de interés y no un 4 %. Pero cuando viene, por ejemplo, Caja Madrid (Bankia), que es un tema que conozco un poco más, y emite
en el año 2009 3000 millones de euros, ¿había inversores profesionales que tuviesen capacidad en 2009, con toda la restricción de liquidez, como para comprar 3000 millones de euros? ¿No tendría que haber parado la CNMV esta comercialización?
Porque es evidente que con este nivel masivo de emisión estamos hablando de productos destinados a inversores minoristas. Y, como decía el señor Conthe, era prácticamente imposible que una persona cualquiera conociese cuáles eran los riesgos que
estaba asumiendo.


Otra cuestión es que de paso, y esta es una responsabilidad fundamentalmente del Banco de España, los balances de estas entidades que los emitían ya no reflejaban la realidad en 2009, entonces trasladas un riesgo sobre unas entidades que
eran mucho menos solventes. Esto que le estoy diciendo y este fallo de supervisión, ¿qué leyes habría que mejorar en su opinión para que la CNMV, si volviésemos a encontrarnos en una situación así, prohibiese la emisión? Y, en segundo término, si
cree usted que sería una buena idea que una autoridad de producción del inversor financiero -separada completamente- revisase estos productos. Esto está en el acuerdo de gobierno que en su momento firmamos con el Partido Socialista y estaba también
en el acuerdo de investidura con el Partido Popular, pero cuando vienen aquí los diversos presidentes y expresidentes de la CNMV nos dicen que es un error. Eso sí, con un historial, como usted bien ha dicho, de protección del consumidor bastante
desastroso. En consecuencia me gustaría saber si para usted eso sería una buena idea.


Hay un tema que usted no ha citado y quisiera conocer su opinión sobre un aspecto fiscal que es bastante curioso, y es que a partir del año pasado, cuando afortunadamente los preferentistas ganaron todos los pleitos, evidentemente los
abogados cobraron costas frente a las entidades financieras. Estas costas, según la interpretación de Hacienda, se consideraban renta general del propio litigante que había ganado. Es decir, traduciendo: que uno le reclamaba 100 000 euros a
banca, por ejemplo, por la emisión de unas preferentes, y ganaba frente a banca y al final, de acuerdo con el esquema de protección de activos, la mayor parte la acabamos pagando como contribuyentes y además el abogado ganaba 8000 euros, por
ejemplo. ¿Cuál es su opinión de que estos 8000 euros, que son las costas y el trabajo profesional del abogado, los tenga que tributar el propio señor que fue estafado por las preferentes y que por fin ha recuperado su dinero, como renta general y
pague, por ejemplo, 4000 euros de estos 8000 euros en impuestos. Esta es la decisión que tomó la Agencia Tributaria. Le pregunto a usted si cree que lo que dice en alguna consulta la Dirección General de Tributos no es una vergüenza añadida y un
calvario sin fin el que desgraciadamente pasan los titulares de las preferentes. Yo creo que evidentemente el Gobierno podría haberlo hecho bastante mejor y no solamente hay un caso de emisión sin control, de falta de conocimiento de los que
formaban parte de los consejos de administración, sino también un grave fallo de los supervisores y, como usted bien dice, del Gobierno; de los diversos Gobiernos, el del PSOE primero y del Partido Popular después. Le agradezco especialmente su
intervención y desde nuestro grupo parlamentario vamos a intentar trabajar para que esta historia de fracaso y estafa nunca más se repita. Tienen ustedes toda nuestra solidaridad.


Lamentablemente -con esto concluyo- no me puedo quedar a su contestación, pero la escuchará y tomará nota mi compañero de grupo Fernando Navarro.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De la Torre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Pérez.


La señora PÉREZ HERRAIZ: Gracias, presidenta.


Bo día, señor Domínguez, muchas gracias por su presencia y su exposición. En primer lugar, y aunque ya sé que no resuelve ningún problema, quiero expresarle nuestra más sincera solidaridad, es posible que

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no esté claro cómo hay que repartir las culpas pero sí está claro que ustedes no tienen responsabilidad y son quienes pagan las consecuencias.


En primer lugar, estamos de acuerdo con usted y con el portavoz que acaba de intervenir en el error de la denominación 'preferentes'. El nombre de las cosas es importante; para que algo exista es necesario que tenga una denominación y esta
es importante porque se asocia directamente con lo que ese algo es y está ya claro que la denominación 'preferentes' es un absoluto error. Otra denominación que considero errónea -aunque probablemente con menos consecuencias- es cómo se utiliza en
este caso la palabra 'folleto'. El folleto nos dijeron que tenía 400 páginas.


La CNMV dice y nos dijo que no tenía como función autorizar las emisiones salvo supervisar las indicaciones del llamado 'folleto' y que estas eran correctas. Que al ser productos financieros, la responsabilidad era del Banco de España. Y
el Banco de España dice que su supervisión era solo en lo que afectaba a su cómputo o no como capital. Nadie supervisó la comercialización y para ustedes y para nosotros la cuestión es quién asume la responsabilidad de esa falta de supervisión.
Porque en la acción está claro que los culpables eran las entidades que hacían la venta pero, ¿para qué sirven los organismos de control y supervisión si ni controlan ni supervisan? Creemos que hay más responsabilidad que la de las entidades.


El actual presidente de la CNMV nos dijo entre otras cosas que hay que ser contundente y escéptico, que hay que ponerse en lo peor para evitar que suceda, y yo digo que el problema es que no se hizo así. También dijo que ahora las
distribuidoras deben tomar medidas para garantizar que el producto no se distribuya fuera del público objetivo definido y que pueden hacer actuaciones de supervisión anónimas. De alguna manera puso en evidencia que había margen para haber actuado y
que no se hizo porque es posible que no hubiera normas que les obligaran a ello, pero supongo que tampoco las había que se lo impidieran.


También se incide mucho ahora en la formación en esta materia de las personas que trabajan en las entidades. ¿Ustedes creen que había un problema de falta de formación de los trabajadores? Porque yo creo que el problema no era ese sino la
obligación a la que los sometía la entidad para que vendieran el producto. ¿Qué creen ustedes? Un exresponsable de la CNMV nos dijo también que la ley permitía la emisión y que no podían hacer nada, que incluso habían ido más allá de su capacidad
y que a un porcentaje altísimo les había sido restituido, que la mayoría recuperaron el cien por cien. Otro dijo que en total en España se había solicitado arbitraje por 6621 millones y que hubo laudo positivo por un importe de 3125, un poco menos
de la mitad. Por lo tanto el porcentaje no parece altísimo.


La información que tenemos es que se emitieron 9772 millones, de ellos 1832 millones por las entidades gallegas, un 18,75 %. Este sí es un porcentaje altísimo, teniendo en cuenta que la población de Galicia no llega al 6 % de la de España.
En Galicia se comercializó el triple de lo que le correspondería por población.


Con su experiencia, ¿quién consideran ustedes que tendría que haber controlado la inadecuada comercialización? Ya escuchamos su criterio sobre el sistema de arbitraje que promovió el Gobierno, pero ¿cómo valoran que el arbitraje fuera
auditado por la misma empresa, Pricewaterhouse, que había auditado la emisión? ¿Cuál creen que fue el motivo de esa duplicidad? Nosotros consideramos que se debería haber hecho una auditoría de oficio por parte de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores sobre la comercialización de todas las emisiones de preferentes para garantizar la devolución íntegra de los ahorros a los minoristas que no pudieran ser considerados inversores por no tener información sobre el producto ni suficiente
formación financiera. ¿Creen ustedes que aún es posible encontrar la forma para que puedan recuperar todos sus ahorros? ¿Consideran suficiente la actuación de la justicia sobre los responsables de las entidades emisoras a este respecto?


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pérez.


Para cerrar, por el Grupo Popular, el señor Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Don Jesús Domínguez, bienvenido a esta Comisión. Después de escuchar las distintas intervenciones, constato lo que venía sospechando a lo largo de la celebración de esta sesión: el interés poco científico de algunos intervinientes. Y digo
científico en el sentido de la palabra de estudiar las causas de la crisis, sus consecuencias y todo lo que hemos decidido que vaya a abarcar esta Comisión y no instalarnos en la pura y dura demagogia, aunque cada uno es, obviamente, responsable de
sus actos.

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Que la comercialización de preferentes no fue adecuada. Indudablemente; no hace falta escarbar mucho para darse cuenta de ello. No obstante, hay que analizar las circunstancias: es en 2008-2009 cuando se produce la punta, el mayor
volumen de emisión de preferentes, pero veníamos de unos años de caída del tipo de interés que repercutía en la remuneración que las entidades financieras hacían a sus depositantes. El tipo de interés venía descendiendo y surgieron -en 2002 e
incluso anteriormente- estos activos financieros. Mientras rodó la rueda y funcionaron, todo el mundo recibía estupendamente el tipo de interés, porque la alternativa, el plazo fijo al que estaban acostumbrados los impositores, ofrecía unos
rendimientos escasos o nulos comparados con este tipo de activos financieros. No obstante, eso no justifica, ni mucho menos, que desde las entidades financieras no se comercializaran de la forma adecuada, como sí se hizo en un primer momento a
inversores institucionales. Pero después fueron entrando inversores particulares y, posteriormente, en una situación en la que se veía ya la crisis en toda su dureza, por lo menos a nivel de balances, se cayó por parte de los dirigentes de las
entidades financieras en la posibilidad de integrar en sus cuentas, y así mejorar la situación financiera, esos activos ofreciéndolos al público en general, cometiendo ese error. No obstante, a través de las demandas y de los arbitrajes -y hoy
hemos escuchado al propio señor Domínguez- prácticamente en todos los casos ha habido un tratamiento. Ha habido excepciones, como muy bien se ha apuntado; por ejemplo, los herederos. Indudablemente, si el titular está fallecido, hasta que no se
pongan de acuerdo los herederos -estamos es un Estado de derecho- no se puede llevar a cabo una restitución o una devolución, o más bien, que es lo que ha habido en la mayoría de casos -por lo menos es la opinión, el conocimiento que yo tengo-, una
anulación de los contratos que había entre la entidad bancaria y el depositante. Eso no justifica que se hayan utilizado de forma demagógica por parte de algunos de los intervinientes las quitas. Lo que hacen las sentencias -desde luego las que yo
conozco- es anular el contrato que se ha hecho, y entonces hay que descontar también los intereses que la persona ha percibido. Se hace una especie de cuenta: tú has cobrado tanto y, por consiguiente, ahora te devuelvo lo que falta para que, al
final, entre los intereses y el capital que recuperas obtengas la totalidad de lo que el contrato de suscripción había fijado en su momento. Y luego están las costas, que en todos los casos que conozco se le imputan a la entidad financiera, por eso
me extraña el comentario del señor De la Torre -que no está presente-, que además creo que es inspector de Hacienda. El criterio de Hacienda es que tendrán el tratamiento de un incremento de renta, porque las costas del procedimiento se le tienen
que abonar al preferentista que recurre y, por tanto, tiene un beneficio, del que después tendrá que deducir los gastos correspondientes a abogados para la defensa de sus intereses legítimos. Entonces, como decía, esa quita que se hace, y que se
reclama en el sentido de que se dice que no se devuelve el cien por cien, corresponde al descuento de los intereses que el preferentista ha percibido durante los años en que estuvieron vigentes esas preferentes.


Yo le pediría que retirase una cosa que ha dicho en su intervención porque personalmente incluso me molesta. Usted ha hecho referencia a altos cargos del PP en relación con el arbitraje y tal. Oiga, si tiene usted nombres, póngalos encima
de la mesa y acuse directamente. Yo soy del Partido Popular y, haciendo esa generalización, me ofende; me ofende, entre otras cosas, porque yo he tenido un familiar afectado y ha ido al juzgado y no ha ido en ninguna lista corriendo a ninguna
oficina. Le pediría un poco de consideración y no generalizar. Usted no tiene la culpa, la culpa la tiene quien lo cita a comparecer aquí. Estoy acostumbrado ya a las intervenciones de la señora Díaz, pura demagogia. Señora Díaz, lo suyo es
comunismo puro y duro, madurismo, y lo vende como buenismo, pero ya estamos acostumbrados, nos conocemos desde hace muchos años. (La señora Díaz Pérez pide la palabra).


Hablan también ustedes críticamente del rescate. Miren, es que el rescate, entre otras cosas, sirvió para poder asumir pagar después las preferentes, esas cantidades que se habían colocado de forma, digamos, indecente, porque entiendo que
no se debía haber comercializado ese producto a las personas a las que se comercializó. Critican el rescate, pero es que fue la alternativa a la quiebra del sistema financiero, fue la alternativa que permitió, entre otras cosas -vuelvo a insistir-,
que se pudiera hacer frente al pago de esas emisiones de preferentes y que la gente que tenía depositado su dinero en saldos, en cuentas corrientes, no lo perdieran y no se fuese a una liquidación ordenada del sistema bancario que, como he dicho ya
en esta Comisión, probablemente hubiera supuesto que no llegáramos a recuperar un 10 % de todas las cantidades que figuraban en libros. Tenemos que ser equilibrados. El rescate que ha hecho el Gobierno del Partido Popular dio sus resultados;
indudablemente ha tenido unos costes, pero estos costes venían de una situación que no se generó por arte de magia en enero de 2012 sino de una situación que venía de muy atrás. No podemos criticar el rescate si no tenemos en cuenta que la
alternativa al rescate -vuelvo a insistir- hubiese sido la quiebra del sistema.

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Señor Domínguez, no puedo estar de acuerdo con usted -y se lo digo con todo respeto- en el uso que les da a las sentencias. Si las sentencias dan la razón a sus tesis es un triunfo de la plataforma y si no se la dan es un triunfo perverso
de la banca que influye en la justicia. No; la justicia es lo que es, ejerce la jurisprudencia y las sentencias que emite unas veces estarán más acertadas y otras veces estarán equivocadas, pero indudablemente no existe esa conjunción
judeo-masónica en la justicia.


Para terminar, usted utiliza el término estafa. Admito que lo use como una opinión, pero el delito de estafa lo tiene que determinar un juez. Creo que tanto usted como alguna de mis compañeras, cuando utilizan el término estafa, deberían
hacerlo con más sentidito, que decimos en Galicia.


Señora Díaz, usted le preguntaba al señor Domínguez qué opinaba de la venta de Abanca a Venezuela. Estarán ustedes tocando las castañuelas -supongo- porque se lo vendan a los amigos de Podemos. Yo, por la información que tengo, creo que
desde luego no va a ser ese el caso. El modelo de banca, independientemente de que todas las opiniones puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta, donde hay que debatirlo es en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en los órganos habilitados
para el debate político y el modelo de sociedad que queremos seguir.


Por mi parte, nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Juncal.


El compareciente me pide quince minutos para la preparación de sus respuestas. En quince minutos reanudamos la sesión. (Pausa).


Para cerrar la comparecencia y responder a todos los portavoces y grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Domínguez.


El señor DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ (Miembro de la Coordinadora de plataformas de afectados por las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas): Son muchísimas cuestiones, algunas de las cuales se repiten o redundan en parte de la
intervención, pero voy a intentar responder a todo. Me tendréis que perdonar si alguna cosa no la contesto.


Por centrarnos un poco en lo que decíamos, tengo aquí una infografía de La voz de Galicia con todas las emisiones de preferentes y subordinadas. Las dos primeros son en 1998, las que decíamos desde paraísos fiscales, que ya las caixas las
tenían; 2003, Gobierno Fraga Iribarne; 2004, Gobierno Fraga; 2005, Gobierno Fraga. Hay un lapsus que aquí no aparece y el mayor pico comercializador es en 2009, con la llegada del presidente Feijóo a la Xunta de Galicia. Esta es la realidad.
No se entiende el funcionamiento, la venta de preferentes en Galicia sin todos y cada uno de los Gobiernos del Partido Popular. Todas las emisiones son autorizadas por el Partido Popular. Estos son los datos y podemos incluso desglosarlos porque
vienen las cantidades de cada una de ellas. En cuanto a responsabilidades, evidentemente cada uno las suyas. Y ya digo que venían unas de antes y otras de después.


Los organismos reguladores, controladores, el Banco de España, se supone que tienen sus funciones y que tienen una cantidad de personal, de funcionarios, y que deben cumplir y hacer cumplir todas las normas que dicta el Gobierno de turno.
Si no lo hacen, el responsable último se supone que es el Gobierno. Eso, como ciudadano, lo tengo clarísimo.


A partir de ahí, vamos a comentar muchas de las preguntas. Cuando hablamos de la auditoría de KPMG desconocida y de lo que ponía, sí que se filtró una frase y era que las caixas estaban trufadas de preferentes. Es decir, sí sabía lo que
había, pero se estuvo engañando y promoviendo que hubiese, primero, una fusión de las caixas y, segundo, una bancarización; que fuesen a un modelo financiero distinto al que venían teniendo las caixas de ahorros, que eran unas entidades con
carácter de fundaciones, en Galicia con más de cien años de historia y que tenían varias particularidades y una de ellas es que no tenían accionistas, no repartían beneficios. Entonces ese 50 % que un banco reparte entre sus accionistas en
beneficios, una fundación o una caixa de aforros lo que hace es reinvertirlo: recapitalizarse, crecer y destinar una parte a obra social. Esa obra social con los bancos se pierde. Precisamente ese modelo permitió a las cajas de ahorros, con un
modelo muy eficiente, venir creciendo. Cuando en 1978 hay una primera ley de cajas con la democracia, se regula y se permite que las cajas de ahorros estén ceñidas primero a nivel local, luego provincial y después autonómico, y tienen los pies
pegados a ese entramado social, a la ciudadanía, al ahorro, y eso se va perdiendo en el momento en que se les obliga a transformarse en bancos. Es cierto que había sombras y evidentemente a los directivos de las cajas les faltó control político,
cuando menos en Galicia, y ahí el Partido Popular, que prácticamente tuvo mayoría absoluta detrás de mayoría absoluta, tendrá algo de responsabilidad, una cuota alícuota del tiempo en el Gobierno.

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A esos directivos se les dejó que funcionaran casi como lobistas, que pusieran en los órganos de dirección de las cajas a determinadas personas de su confianza. Hubo dejación de funciones por los órganos administrativos. La comunidad
autónoma, la Xunta de Galicia, permitió que hubiese muchas prácticas cuando no se le decía directamente finánciame tal proyecto que tenemos interés político en este o en aquel otro proyecto. Y eso se combina con la burbuja inmobiliaria.
Evidentemente que hay sombras en las cajas. Si con una nueva ley del suelo, que también es del Gobierno de Aznar, se liberaliza todo el suelo y creemos que toda la península es un solar, que todo se puede construir, que se pueden promover miles de
promociones inmobiliarias y al mismo tiempo se permite a las cajas gallegas, que estaban ceñidas a ese entorno autonómico, que se expandan más allá de las autonomías -justamente, el 70 % de la deuda de Caixanova y de Caixa Galicia está en Madrid o
en el arco mediterráneo con promociones disparatadas, pero promociones inmobiliarias al final y al cabo- tenemos la tormenta perfecta. Faltó el control democrático. Hubo un relajamiento o simplemente se miró para otro lado porque ese modelo
económico parecía que funcionaba y que iba a funcionar indefinidamente. La gente se empeñó en una hipoteca, dejándose no el cien, sino el 120 o el 130 % del costo de la vivienda, y además se le decía: cómprate un coche, vete de vacaciones y
cómprate una segunda vivienda.


Ese fue el modelo financiero en este país durante muchos años y los que veíamos que se hacían estas cosas decíamos que no podía ser, que antes o después la burbuja reventaría. Curiosamente, se promovió la fusión de esas cajas y un mes
después el Gobierno central decidió dar un paso más en ese proceso de desmantelamiento de las caixas, un proceso largo y posiblemente pactado y consensuado entre el PSOE y el Partido Popular. El modelo no les gustaba y se promulgó un real decreto
para forzar una recapitalización de las cajas y de los bancos, del sistema financiero. A los bancos se les pidió un 8 % de core capital y a las cajas un 10 %. Resulta que cuando las cajas consiguen el 8 %, les suben el listón. Esto lo decía el
señor Castellanos, presidente de Novacaixagalicia, que les estaban subiendo el listón, que cada vez que conseguían un resultado les subían el listón. Esas cajas entonces se ven obligadas a aceptar la entrada de capital privado. Si este no era el
objetivo principal, se le parece bastante. A pesar de que la Xunta de Galicia, por su Estatuto de Autonomía, tenía competencias exclusivas en el control del sistema financiero de las caixas, se acaba con ese control y el Gobierno central y el Banco
de España pasan a laminar esas competencias; si las laminan y consiguen un resultado peor, son responsables de ello y si no que se hubieran dejado las competencias donde estaban desde el comienzo de la democracia.


Esta estrategia para reformar totalmente esta naturaleza de las cajas se pone de manifiesto en 2006-2007 con un estudio promovido por la Fundación de Estudios Financieros, varios bancos y el Banco de España, proponiéndose fusiones
interautonómicas, entrada de capital privado, bancarización y eliminación de las comunidades autónomas. Muy bien, pero eso es parte de un resultado y en 2007 aún nadie hablaba de la crisis; o sea, que esto no es un resultado de la crisis, sino
previo. Es un modelo financiero predeterminado, con el que se avanzó hasta ahí. En 2008 la crisis se convierte en el argumento perfecto. Ya tenemos una crisis, acabamos con las cajas, que no nos gustan, no se reparten beneficios y no nos gusta
ese modelo. Los clientes de las caixas de aforros en Galicia éramos más del 50 % del negocio, más del 50 % de la población, miles de pequeñas y medianas empresas, miles de ciudadanos que teníamos hipotecas allí no solo porque nos gustase el modelo,
sino porque se destinaba una parte importante -en un año concreto, creo que en 2007, hasta 147 millones de euros- a obra social, a eventos deportivos y culturales y a la financiación de centros de día y de centros educativos para todo tipo de
formación. Eso también lo perdimos. Una parte de esa obra social era patrimonio cultural y artístico y asimismo se perdió. Cuando se vende Novagalicia Banco, se hace con un patrimonio impresionante, con siete mil obras de arte: cuadros,
esculturas y exposiciones. Todo eso se liquida sin ningún tipo de control y teóricamente la Xunta iba a declararlas bien de interés cultural, pero no para que no se pudieran vender, sino para tenerlas declaradas, obras de hace cien años, de varias
generaciones de artistas gallegos, desde Castelao a Laxeiro, pasando por Seoane, Maruxa Mallo, Dalí, Picasso, Francis Bacon. Obra y obra. ¿Y dónde está esa obra? Vendida con esas entidades. En el mismo paquete de los mil millones fue todo porque
los beneficios superaban con mucho todo esto.


Las caixas cubrían las necesidades de la pequeña y mediana empresa, del ciudadano de a pie, y su desaparición supuso una reducción del crédito a las empresas, al investimento productivo, a las economías periféricas, porque no dejamos de ser
una economía periférica. Eran una pieza clave de cohesión económica, social y territorial y veremos cómo esa falta de crédito y de control se va a zonas más desarrolladas. En Galicia hay 14 000 millones de euros de ahorro en depósitos. Pues bien,
esa es la

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diferencia entre el ahorro y lo que se está financiando fuera de la comunidad, o sea, que el ahorro gallego se está yendo y me estoy centrando en las cajas gallegas.


Autocrítica. No hubo absolutamente ninguna, ni por parte de las administraciones públicas ni por parte de sus responsables ni por supuesto por parte de los directivos de las caixas. Me falta escuchar a un Méndez o a un Gayoso decir que
cometieron algún tipo de error. Como mucho, todos y cada uno de ellos dijeron: No, es que la economía era imprevisible y vino la crisis. ¡Ah!, llegaron los marcianos y dijeron: Hay que pinchar la burbuja inmobiliaria. Pues no, señores, la
burbuja inmobiliaria necesita que se hinche, que se hinche y que se hinche, y parece que lo estamos haciendo otra vez. Volveremos al ladrillo -cualquier núcleo de población en Galicia tiene miles de viviendas vacías y supongo que todo el Estado- y
veremos como el bitcoin y similares volverán a reventar en algún momento. Hablamos de las cajas y parece que el resto de las entidades no tienen ninguna responsabilidad, pero había valores, contingentes convertibles del Santander, con quitas a sus
clientes del 43 %, y los inversores perdieron muchísimo dinero; eso sí, eran clientes de una banca financiera y no de una caja de ahorros, porque nosotros teníamos libretas de ahorro y cuentas corrientes y nos cambiaron esos productos, esos
depósitos a plazo fijo, en el mejor de los casos con mala información, con engaños, y en el peor de los casos sin contratos, a menores de edad. Me preguntaban por casos concretos: Xulio, con una hija menor de edad, tiene un contrato de preferentes
en el que no aparece el DNI, sino la fecha de nacimiento. También está el caso de Lois Baulo, en Cambados, que sufrió un atropello cuando se movía en bicicleta, pierde masa encefálica, pierde capacidad de discernimiento, según el propio informe
médico, y la indemnización le aparece, exactamente 60 000 euros, en preferentes. Otro ejemplo es el de mi padre, donde tiempo después y viendo la documentación observo que no era un cliente de preferentes, sino que le meten cuatro partidas
distintas de cuatro emisiones de gente que quería marcharse de este tema. Cuando hablamos de una estructura piramidal la cosa está clara: para que marche uno tiene que entrar otro. Y hasta el momento en que la propia Administración impide que se
paguen los intereses a estas participaciones preferentes sin data de vencimiento o a las obligaciones subordinadas con data de vencimiento, la gente no sabe ni siquiera que tiene un producto distinto. Hay una decisión del Gobierno, que me dirán que
viene derivada de la Unión Europea. ¡Hombre, claro, si ustedes están incumpliendo toda la ordenanza de seguridad de los clientes que viene dictando Europa! Como cuando hablábamos de los test Mifid, que no se cubrían, o que venían cubiertos
directamente por la entidad y solo había que firmarlos, o no se firmaban, o si declarabas que no eras un cliente con conocimientos, que te decían: Vale, pues te hacemos otro informe diciendo que estás de acuerdo y pasas a tener preferentes; y sin
saber todo eso. Las propias preferentes y subordinadas se acreditaban en libretas de ahorro, en las que ponía PP, y no era el Partido Popular; era participación preferente. Pero, claro, todo eso era desconocimiento y más.


El portavoz del Grupo Mixto comentó algo sobre si incompetencia o ignorancia. Pues, claramente, en muy pocas palabras se define qué es lo que hicieron directivos y responsables de las administraciones. Evidentemente había necesidad de
recursos propios; no podían emitir acciones en las cajas; se les abrió la posibilidad de hacerlo; se legalizó esa posibilidad; se le permitió y, además, se le estaba permitiendo que siguiera el modelo inmobiliario. Pues, como decíamos antes:
adelante, seguimos creciendo.


En cuanto a lo de que había rentabilidades sospechosas de dos dígitos, yo creo que no. En el caso de mi padre, en 2009, creo que era un 3 % lo que constaba; posiblemente a otros se les estaba dando un 4 %, un 5 % o hasta un 8 %, pero no
mucho más allá. Y para ser inversores y querer ganar dinero, nos vamos a otro tipo de modelos financieros, a otro tipo de productos. A mí en 2009 me los ofrecieron. Me vencía un depósito a plazo fijo, por lo que me dirijo a Caixa Galicia y me
dicen que tienen otra cosa; les pregunto que qué era, y me dicen que se llaman participaciones preferentes. Les digo que yo soy autónomo, que tengo una pequeña empresa y necesito liquidez. Me contestan que se da una orden de venta y en dos o tres
días o en una semana a lo sumo en el mercado secundario... ¡Orden de venta, mercado secundario! ¿De qué me estás hablando? ¡Esto en Caixa Galicia y con el director de confianza! Llego a casa, lo comento y me paso dos, tres, cuatro y cinco meses
yendo a preguntar -y supongo que esta es la práctica habitual en todos los afectados- y se me dice: No te preocupes, no pasa nada, tu dinero está en un depósito a plazo fijo, cuando lo necesites... Claro, hasta que no había una necesidad imperiosa
no se veía lo que había. Pero no es una práctica solo de las caixas; había preferentes de Telefónica endosadas por todas y cada una de las entidades; preferentes de Repsol; preferentes de Unión Fenosa; preferentes de SOS Cuétara; preferentes
de Sol Meliá; preferentes de toda cuanta empresa... Si estaba regulado, no lo estaba suficientemente y un simple folleto de la CNMV no sirve, porque ese folleto ¿dónde llega? Llega a la entidad, llega al directivo de la entidad. ¡Y no sé a qué
se refieren cuando hablan

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de un folleto que dice que lo que se está vendiendo o comercializando es un producto de alto riesgo, es peligroso y no está indicado para los clientes minoristas! Pero te contestan: Ya, bueno, pero es que a mí el Banco de España me lo deja
vender y, el Gobierno me lo deja vender. ¡Pues dígame usted lo que quiera, mándeme otro folleto más!


Si hablamos de un modelo de caixas o de banca pública, o llámenle como quieran, hablamos de un modelo de financiación en el que sepamos dónde tenemos el dinero y a qué va destinado. Si yo meto el dinero en ING o en Bankinter, quiero saber
dónde invierten ese dinero, y si me dicen que lo invierten en armas o en tráfico de diamantes ilegales, etcétera, pues les diré: no me interesa. Yo quiero saber dónde tengo el dinero, y la ciudadanía, el 50 % de los gallegos y las gallegas, que
tenían su dinero en las caixas, querían saber adónde iba ese dinero, que iba a la pequeña y mediana empresa, iba al vecino, iba a quien tenía que ir; y se invertía dentro de ese territorio, que primero estaba controlado y no se cambiaron las normas
de juego. Si las cambias a mitad del partido, evidentemente, hay quien juega con ventaja, y juegan con ventaja los directivos de las entidades.


Con respecto al arbitraxe. De entrada, lo decíamos antes, arbitraxe-ultraxe, arbitraje-ultraje. ¿Cómo puede ser la misma entidad, el mismo directivo de un banco que me engañó -y lo suavizo; hasta ahí puedo decir, que me engañó o que me no
me dio la información suficiente, veraz, y no fue totalmente transparente- sea el mismo que ahora me dice: Ah, te vamos a devolver tu dinero. ¡Oye, es que antes no me dijiste que cuando firmaba preferentes o subordinadas el dinero dejaba de ser
mío y pasaba a ser de la entidad! Dejaba de disponer de él a cambio de un 3 %, un 2 %, de un 4 % anual, que me lo daría la entidad siempre que tuviera beneficios, y el día que no los tuviera que me olvidase de mi dinero porque ya firmé que no era
mío. Esa es la realidad de las preferentes, de las subordinadas y de muchos otros productos que hay hoy en el mercado. Si vas a cualquier banco y dices que tienes 10 000, 100 000 o 200 000 euros, ¿qué me ofrecen? Caja Rural es la única entidad en
toda Galicia que no emitió preferentes; sigue ahí como caja de ahorros. El órgano regulador me dice que un 0 %. O sea, tengo un depósito de 10 000 euros o de 100 000 euros y me ofrece un 0 %. Hace un año era un 0,1 %. Bueno, no me voy a hacer
millonario, evidentemente. Otras entidades dan unos folletos en los que aparece en grande un 1 %, un 2 % o un 3 %, cada vez menos; la letra pequeña, muy pequeña, imposible. El control semafórico ese que te dice que el 1 % es de bajo riesgo,
etcétera... Te pierdes, la información sigue siendo lamentable.


Volvemos al arbitraxe, que era a lo que iba. Cuando se abrió el tema del arbitraje se nos estaba diciendo que solo iba a ser una solución para aquellos casos más sangrantes y no lo fue desde el día uno; y no lo fue desde el primer caso,
porque seguíamos teniendo en las plataformas personas con poquísimos ahorros, y hablo de 2000, 4000, 6000, 10 000 euros, producto del ahorro de toda una vida, con personas a su cargo sin ingresos, con discapacidades físicas o psíquicas, que un día
tras otro no los llamaban a arbitraxe. Decidimos, aun así, que fuese una solicitud masiva, aunque también en las reclamaciones de preferentes había elementos amarillos, sindicalistas o negociadores, que te vendían que el arbitraje era un ultraje;
sin embargo, en el mes de junio de 2012, en las asambleas de preferentistas esos mismos que te decían arbitraxe-ultraxe ya tenían el dinero ingresado en sus cuentas, ya lo habían recuperado. Incluso se jugaba con la información para que no lo
solicitáramos.


Fuimos muchísimos los que entendíamos que el arbitraje era el primer corte en una sandía, y que después de quitar esa primera porción, ya es imposible cerrarla. Con esas aperturas y reaperturas del proceso de arbitraje intentamos... Si
iban mil casos, bien; también aprovechamos que venían las elecciones autonómicas y nos prometían agilización, llevar trescientos casos al día, poner árbitros, etcétera. Electoralmente también hubo rédito para el Partido Popular porque precisamente
vendía eso; te decían que ellos eran los que solucionaban eso y te pedían una lista. Los alcaldes en el sur de Pontevedra -el kilómetro cero de esta historia- pedían en sus actos electorales relaciones de los que tenían preferentes, iban a la
entidad y esta se las pasaba a PricewaterhouseCoopers -no nos inventamos nada, era así-; y, sin embargo, los que no eran afectos o los que no demostraban un mínimo de..., pues no. Había casos concretos y creo que es mejor no dar nombres.


Hay una responsabilidad que no comentamos antes, que es la informativa, la de los medios de comunicación, también públicos. No puede ser que desde el sur de Galicia a Compostela, en 100 kilómetros, la información tarde seis u ocho meses en
llegar. No hay control de los medios públicos. Los vecinos no sabíamos nada a no ser que fuera por algún periódico determinado con dieciocho ediciones porque la edición de Pontevedra no llega a O Grove y la de Tomiño no llega a Pontevedra. Salían
casos de protestas en las entidades y no eran noticia nada más que en el entorno cercano. Las radios y televisiones públicas a día de hoy todavía no nos han llamado a ninguno de los responsables

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de las plataformas a una entrevista, a un debate o a un programa informativo. La información en Galicia requeriría otra Comisión, pero este es otro tema.


Claro que hubo amenazas y denuncias: denuncias penales, persecución de los cabecillas de las plataformas y, si no, llamadas para acudir a arbitraxe de estos cabecillas, que eran los primeros en recuperar el dinero. Recuerdo que noviembre
de 2012, veintiuna plataformas viajamos a Bruselas para entrevistarnos con representantes de la Unión Europea y en el aeropuerto de Madrid o Barcelona empezaron a sonarnos los teléfonos a los cabecillas de las plataformas llamándonos para un
arbitraxe. El día anterior no éramos aptos, no teníamos el perfil y, sin embargo, ese día -qué casualidad- nos llamaban a todos. Pilar Domínguez, de ochenta y dos años, leyó un manifiesto en una manifestación -un escrache, como lo llaman ahora-,
delante de la residencia del presidente de la Xunta, que por supuesto no estaba allí, y al llegar a casa la llamaron de la entidad pertinente, de PricewaterhouseCoopers, para acudir a un arbitraje. Por tanto, se trataba de movilizarse, movilícense,
porque cuanto mas se movilicen antes los llamarán, antes recuperarán su dinero.


Tuvimos la suerte de contar con asociaciones de consumidores como Adicae, de la que recibimos información de primera mano; Agaprofi, en Galicia -hoy Acouga, Asociación de Consumidores y Usuarios de Galicia-, que también se sumó y puso una
demanda colectiva que curiosamente fue boicoteada por la Administración porque necesitaba tener la relación de clientes afectados, pero se fue retrasando durante meses hasta que todos recuperaran el dinero y así la demanda colectiva no tenía
sentido. También contamos con el propio BNG, que nos defendió; fue una herramienta fundamental para estar en el Parlamento, en los concellos donde tenía representación, en Bruselas o incluso en el Congreso de los Diputados en muchas ocasiones.
Además tuvimos relación con los afectados por las hipotecas de los desahucios; cómo no si en Bruselas nos dijeron -coincidimos con Ada Colau cuando hacíamos las mismas denuncias en la Comisión de Peticiones- que estábamos hablando de dos problemas
que eran patas del mismo banco -o de la misma banca- porque hacíamos referencia a realidades paralelas.


¿Quiénes son los responsables de que quebrara el sistema? Ya hemos dado muchas pinceladas sobre esto.


Por supuesto que hubo llamadas comerciales. Estabas tan tranquilo en tu casa y te llamaban para que te acercaras porque tenían un producto por ser un cliente preferente. ¿Preferente? ¿Qué era eso? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? Porque lo
que estás firmando es que tu dinero ya no es tuyo, pasa a ser de la entidad. Por supuesto había trabas, tanto que Xulio, según el presidente de la Diputación de Pontevedra, el señor Louzán, era el cabecilla del comando de O Rosal. No éramos
afectados, no éramos estafados, no éramos ciudadanos; éramos comandos subversivos simplemente por reclamar lo que era nuestro. No me parece que fuera la mejor manera de empatizar con los afectados.


En cuanto al procedimiento administrativo, los primeros afectados, en 2011, llegaban a las oficinas de consumo municipales, donde no sabían nada. Luego se reclamaba a la entidad y allí les decían que lo hicieran ellos mismos y esperaran
tres meses. En el Instituto Galego de Consumo tenían otro modelo de reclamación y les pedían que lo rellenaran y lo firmaran, que ya les contestarían en tres meses -eran seis-. El siguiente paso era reclamar a la CNMV, donde el plazo era de seis
meses -se convertía en nueve-. Y, por último, se reclamaba al Banco de España, donde les daban un plazo de tres meses, pero pasaba un año desde la primera reclamación, con toda esa falta de información que comentábamos antes, una información que no
estaba en la calle y que por supuesto no estaba a disposición de los ciudadanos. Y todo esto pasaba y no es que el señor presidente de la Xunta o los conselleiros de Industria y Economía no lo supieran, es que no quisieron contestarnos a nuestras
peticiones. Tenemos copias escritas de solicitudes de entrevista con todos y cada uno de ellos y a día de hoy todavía no se han dignado ni a contestarlas -esas son realidades- y en ese momento éramos más que conocidos. Nos llevaban a un proceso
kafkiano donde recuperar tu dinero suponía un sinfín de trabas, de trámites administrativos y de imposibles. Nuestro objetivo era recuperar los ahorros. Por eso fuimos al arbitraje, a la vía judicial individual, no porque nos gustara o porque nos
pareciera la mejor, sino porque era lo más ágil. Esto es lo que nos decían nuestros abogados y el fiscal xeral de Galicia. No hay cultura de demandas colectivas en el Estado español. Esta era una queja recurrente. No puede ser que los
compradores del coche de una determinada marca tengan que recurrir uno a uno si hay un defecto de fabricación. Tendrá que haber una demanda colectiva y tendrá que haber un solo juicio que sea igual para todos. Si no, llegaremos a tener agravios
comparativos. No queríamos la vía individual, pero era la que nos quedaba. De hecho, la demanda colectiva del fiscal tuvo su recorrido, hubo en sentencia cesación de la práctica, hubo anulación de los contratos, aunque ya no quedaban contratos de
los que estaban sumados a esa causa colectiva,

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pero no hubo devolución de esos ahorros. Claro que confiamos en la justicia cuando nos da la razón, y si no nos la da, evidentemente no, pero eso lo hacen ustedes también. Dicen: es que aquí hay un juez que nos tiene tirria.
Evidentemente. Pero lo que entramos a debatir es que con todas las características que pusimos encima de la mesa, con el reconocimiento de estafa por un montón de administraciones, de organismos, de supervisores, de malas prácticas, de mala fe, de
mala praxis por parte de las entidades, debería, cuando menos, haber responsables. Si hay una multa de 2 millones de euros a Novacaixagalicia por la venta de preferentes o de 6,7, evidentemente hubo una mala práctica y debería haber una sentencia.


Me preguntaban -y voy acabando- qué le diría al ministro señor De Guindos. Le diría, como responsable de Economía, que piense más en los ciudadanos, en no agravar los problemas, en no complicarlos y en dejar de fomentar una economía de
casino y especulativa; en legislar para que se puedan recuperar esos ahorros, en legislar para derogar esa Ley 9/2012, que lo único que hizo, como dijimos antes, fue hacernos pagar doblemente ese rescate bancario que no iba a tener costo porque no
había crisis, porque no era necesario, simplemente era un crédito en unas condiciones muy ventajosas que nos dejaba Europa a un 1 %. ¡Señores, llévense 100 000 euros, que esto no es un rescate! A ver, si me dice que había crisis, entonces alguien
nos mentía hace unos años, y alguien legisló para quedarse con nuestros ahorros: 13 000 millones de euros, según la Unión Europea y según el Banco de España. No me lo invento, no me da para eso. Se comercializaron productos de paraísos fiscales.
Una vez descubiertos por la Fiscalía Anticorrupción, se legalizan y se amnistían y se permite que se eludan 6000 millones de euros. Se venden nuevamente y se promueven más ventas para seguir inflando esa burbuja y para permitir que se recapitalicen
esas entidades que ya estaban mal. Se aprueba una ley del suelo para que se implemente una cosa con otra. Se bancarizan las cajas, más ladrillo, más deuda, más preferentes, más estafa, y podemos seguir hasta el infinito. Menos mal que llegó la
Unión Europea y, ante la amenaza de quiebra, dijo que había que pararlo: Memorándum de Entendimiento con unas condiciones. Pero hasta ahí. Esas condiciones se negociaron y unos países las negociaron en unas condiciones y otros en otras, y el
mismo día que estábamos en Bruselas, en la Comisión de Peticiones, le comunica el Estado español a la Unión Europea que no se preocupe, que la vía del arbitraje está a punto de cerrarse y que 18 000 millones de euros los van a poner los tenedores de
productos híbridos, preferentes y subordinadas, el mismo día que el señor Millán Mon, eurodiputado del PP en Bruselas, creo recordar, me contestaba que éramos idiotas, que solo con solicitar el arbitraje ya estaba. ¡Ah, claro!, ¿y las decenas de
miles de personas que lo tienen solicitado y no lo recuperan, qué, son también idiotas? Había quien decía que podía ocurrir y no sé cómo no se perdieron los nervios por parte de muchísima gente que lo perdió todo. Permitían, supervisaban,
amnistiaban, vendían, sancionaban, engañaban con promesas y nos seguían mareando a los estafados no durante meses, sino durante años. Y ahí estaba el Gobierno, por encima del FROB, de la CNMV, de Banco de España, de los Gobiernos autónomos, bancos,
cajas, empresas... La responsabilidad última es de quien es; no se puede mirar para otro lado. Las personas hacen cosas, hay quien no las hace y hay quien no asume sus responsabilidades. Y así estamos.


Paso ya a las cuatro conclusiones que están recogidas en el documento. Hay que reclamar al Gobierno que asuma la defensa de los intereses de los consumidores y no solo de los bancos; modificar la Ley 9/2012 o derogarla para garantizar la
devolución íntegra de esos 13 000 millones de euros que también, aparte de como ciudadanos, aportamos de segundas a ese rescate financiero; establecer la definición formal -que ya está hecho- para distinguir entre las personas ahorradoras y los
clientes minoristas; no tener tantos millones en recursos propios, tantos en recursos ajenos, tantas operaciones. Todo eso estaba y no se cumplía en las primeras fases del arbitraje. Que sean las entidades bancarias, las responsables de las malas
prácticas, quienes devuelvan esos 13 000 millones de euros, como se les obligó en otros países, y poníamos el ejemplo de la banca Dei Paschi di Siena, e incluso el importe global del rescate. Si en otros años tuvieron cientos de miles de millones
de beneficios, los tendrán otra vez y deberían aportar al rescate. No tenemos que ser los ciudadanos, que no ganamos nada, que teníamos ahorros, nada más. Las reglas tienen que ser también para cumplirlas por las entidades financieras. Debe haber
multas y sanciones a esas entidades que sean disuasorias. No puedes multar a una entidad con 2 millones de 1832 porque le quedan 1830. Es como si a mí me multan con 5 céntimos de euros por robar a punta de navaja 50 000 euros. Pues mañana vuelvo
a robar. Eso les están diciendo ustedes a las entidades financieras. Las multas deben ser proporcionales al poder y a los beneficios obtenidos, y eso ayudaría a situar a los organismos reguladores en un plano de igualdad con los bancos y a mejorar
su autoridad de control del sistema. Si no, la CNMV y el Banco de España siguen siendo marionetas o bien del Gobierno o bien de las entidades financieras, no sé dónde poner los hilos. Se necesita una regulación

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de los mercados financieros más seria y más garantista, que ponga trabas a la emisión de nuevos productos complejos, arriesgados y engañosos. En este momento los hay y siguen comercializándose. Hay que revisar ese papel de la CNMV y del
Banco de España y recuperar el modelo tradicional de cajas de ahorros que durante más de cien años tuvo un funcionamiento ejemplar y eficiente, estable y con arraigo social y con más del 50 % del negocio económico, por lo menos en Galicia. Eso fue
cercenado totalmente. Debe cubrir esas necesidades, como decíamos antes, de las pequeñas y medianas empresas, debe movilizar el ahorro local, ser una herramienta de desarrollo económico y contribuir de forma real a la cohesión territorial. Que
parte de esos beneficios vayan a obra social, que se socialicen los beneficios y no las pérdidas. Esto es el capitalismo pero al revés. Nos quitan las casas, nos quitan los ahorros, nos quitan la salud. De verdad, esas son las características de
este capitalismo de casino: una banca orientada hacia los mercados financieros globales, hacia el negocio de los fondos de inversión, de pensiones y de operaciones corporativas que no cubre las necesidades de la sociedad civil. Y ese problema de
falta de reputación lo tienen las entidades españolas y mantenemos el dinero en ellas por no meterlo otra vez en la viga, en un calcetín o debajo del colchón, de verdad. Pero motivos no nos faltan. Y por último, favorecer la labor de las
asociaciones de consumidores y del sistema judicial facilitando los apoyos técnicos para el desarrollo de sus funciones y que esos más de 500 millones de euros que se cobraron en tasas con la Ley de Tasas redunden en la mejora de ese sistema
judicial y en la justicia gratuita. Solo me resta desear -porque tengo que poner un punto aunque podría seguir, ya puestos- que el trabajo de la Comisión redunde en beneficio de la ciudadanía y que ponga trabas a tanto despropósito financiero y a
esas malas prácticas bancarias que sufrieron y sufren miles, decenas de miles, cientos de miles de familias que lo pagan también con su salud.


Estafas bancarias, expolios: nunca máis.


Moitas gracias por la atención.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Domínguez, en nombre de la Comisión.


Como usted dice, esta Comisión tiene que oír a los responsables, tenemos que saber qué pasó, pero sobre todo tenemos que garantizar que no va a volver a pasar, y para eso hay que hacer cambios de normativa, de responsabilidades y es en lo
que va a trabajar esta Comisión. Y usted representa el factor humano, no solo como representante de la plataforma sino también como afectado, porque sabe personalmente que esas decisiones de instituciones, de entidades financieras, de responsables
políticos, afectó la vida, el futuro y el plan de vida de muchos ciudadanos de este país. Muchísimas gracias.


Se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.


Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


- DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD, Y EX SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA EN EL PERIODO 2000-2004 (DE GUINDOS JURADO), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 213/000768).


La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión del día 16 de enero con la comparecencia del señor ministro de Economía, Industria y Competitividad. De acuerdo con lo dispuesto por la propia Comisión, intervendrá en primer lugar el
compareciente para informar en relación con el objeto de la Comisión; a continuación intervendrán, de menor a mayor, los portavoces de los grupos solicitantes de la comparecencia por un tiempo de diez minutos, y seguidamente intervendrán los
portavoces de los restantes grupos parlamentarios, igualmente de menor a mayor y con el mismo intervalo de tiempo. El compareciente contestará conjuntamente a las intervenciones de los diferentes portavoces, que tendrán derecho a un segundo turno
de réplica de cinco minutos y será contestado por el compareciente conjuntamente.


Damos comienzo, pues, a la comparecencia del señor ministro, a quien agradezco su disponibilidad. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado al compareciente la posibilidad de
comparecer acompañado de las personas que designe para asistir. Asimismo, esta presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada ley orgánica. Recuerdo
igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio.


Señor De Guindos Jurado, tiene la palabra para su exposición inicial.

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EL señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD Y EX SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA EN EL PERIODO 200-2004 (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar me gustaría recordarles que he comparecido en el Congreso hasta en veintidós ocasiones desde la pasada legislatura, siete de ellas específicamente para hablar de la crisis financiera y de la reestructuración del
sector, y en todas me he referido al sector financiero. Todas estas comparecencias responden a la relevancia del control parlamentario sobre asuntos de una dimensión tan importante como es la situación de nuestra economía en general y de nuestro
sistema financiero en particular. Por eso, aprovecho para agradecerles la oportunidad que me brindan de poder aportar mi punto de vista sobre la crisis económica y financiera más grave de la historia reciente de nuestro país, ahora que, sin duda,
hemos superado los momentos más difíciles. El paso del tiempo nos permite cierto grado de reflexión sobre las causas de lo que ha sucedido, algo fundamental para extraer lecciones y aprender de los aciertos y de los errores cometidos durante la
gestión de la crisis, en aras de equiparnos del mejor modo posible para afrontar los retos del futuro.


Aunque el grueso de mi intervención se centrará en los años que llevo al frente del Ministerio de Economía, especialmente en lo realizado entre 2012 y 2013, comenzaré con algunas referencias a lo sucedido antes, tanto durante el periodo de
gestación de la crisis como en los primeros años de la misma. Pasaré posteriormente a referirme a las actuaciones realizadas desde que soy titular del Ministerio de Economía, incluyendo fundamentalmente el programa de asistencia financiera, también
conocido como rescate financiero. Asimismo, me detendré en el caso específico de Bankia y concluiré con unas reflexiones sobre las lecciones que podemos extraer de todo lo acontecido.


En Europa, señorías, los años previos a la crisis habían sido los de la integración monetaria y la creación del euro, algo que favoreció enormemente a la economía española. Sin embargo, la prosperidad de nuestro país no impidió la
acumulación de una serie de importantes desequilibrios de tipo económico y financiero, especialmente a partir de 2003. El desequilibrio financiero se generó a resultas de una expansión crediticia propiciada por la política monetaria del Banco
Central Europeo que trajo consigo una abundante financiación a un bajo coste. Era la consecuencia de la integración de los mercados financieros que había acompañado a la adopción del euro. El resultado fue una burbuja crediticia de enorme
magnitud. Les recuerdo algunos datos: entre 2000 y 2003, el crédito concedido por entidades de crédito a sociedades no financieras y hogares había aumentado un 68 %. Sin embargo, de 2004 a 2007, el ritmo de crecimiento se disparó hasta el 119 %.
Por su parte, el stock de crédito privado se multiplicó por 2,5 veces entre 2003 y 2008. En concreto, la concesión de crédito a los hogares para la adquisición de vivienda, que en 2003 rondaba los 250 000 millones de euros, se había más que doblado
cinco años después, cuando llegó a superar los 600 000 millones de euros. Lo mismo sucedió con el crédito a actividades inmobiliarias, que pasó de 60 000 millones en el año 2003 a superar los 300 000 millones en 2008, es decir, se quintuplicó en un
lustro. El ritmo de aumento del crédito se reflejaba a su vez en el incremento del endeudamiento privado, que pasó de estar por debajo de la media de la zona euro en 2003 a superarla en casi 50 puntos porcentuales en 2008, cuando llegó a rozar el
210 % del producto interior bruto español, un nivel claramente insostenible. Esta dinámica se tradujo en una fuerte dependencia de la financiación exterior. Según el Banco de España, la necesidad de financiación de la economía española a finales
de 2003 era del 2,8 % del PIB. Pero este dato fue creciendo sustancialmente todos los años hasta situarse cercano al 9 % en el año 2007. El grueso de los recursos financieros se canalizó hacia la construcción, que alcanzó un peso desmesurado en el
conjunto de la economía. En 2008, dos tercios de la inversión iban a parar a este sector, que además era el que más ocupados registraba, junto con el comercio y la industria manufacturera. En la misma época asistimos además a un importante
incremento de la demanda de vivienda, que se explica tanto por factores de inmigración como por las ayudas fiscales que se estaban concediendo y que posteriormente se demostraron contraproducentes al haber provocado un incremento artificial de la
demanda de vivienda. Sea como fuere, el apetito de las familias por comprar, combinado con la abundante financiación, alimentó un fuerte aumento del precio de la vivienda y, por ende, una burbuja inmobiliaria. Les recuerdo, por ejemplo, que entre
2003 y 2008 los precios de la vivienda se incrementaron un 70 %.


El segundo desequilibrio que se gestó durante esos años era de tipo económico, como consecuencia de una prolongada pérdida de competitividad derivada de que nuestros costes y precios habían crecido muy por encima del de nuestros competidores
en una unión monetaria. Desde el inicio del siglo XXI, pero sobre todo a partir de 2004, la economía española arrastraba déficits por cuenta corriente crecientes que

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pasaron de estar en el entorno del 4 % del PIB en 2003 a alcanzar valores próximos al 10 % en el año 2007. En tercer lugar, España tuvo una situación de equilibrio o ligero superávit presupuestario hasta 2007. Sin embargo esto no era más
que un espejismo que se desvaneció en cuanto llegó la recesión. Los ingresos públicos procedentes de la construcción se desplomaron y los gastos aumentaron por el juego de los estabilizadores automáticos y de las medidas discrecionales que se
tomaron. Todo ello deterioró rápidamente la situación fiscal.


Todos estos factores combinados tuvieron consecuencias muy negativas y explican el impacto diferencial que la crisis tuvo en la economía española, impacto que se dejó notar sobre todo a partir del año 2008. En el cuarto trimestre de este
ejercicio, la economía entró en recesión y esta se mantuvo a lo largo del año 2009, que fue el peor año de la serie histórica, con una contracción del PIB del 3,6 %. Por su parte, el mercado laboral empezó a destruir puestos de trabajo hasta sumar
casi dos millones en dos ejercicios. Solo en el primer trimestre de 2009 se perdieron 770 000 empleos. Los superávits fiscales conseguidos hasta 2007 se tornaron rápidamente en abultados déficits, del 4,4 % en 2008 y del 11 % en 2009, el mayor
desde que hay registros en nuestro país.


Pese a las señales alarmantes, y aunque la crisis financiera internacional había estallado varios meses antes, no fue hasta finales de 2008 que se empezaron a tomar medidas. En concreto se aprobaron dos reales decretos-leyes para permitir
la concesión de garantías públicas en operaciones de financiación de las entidades financieras y para crear el fondo para la adquisición de activos financieros. Menos de seis meses después tuvieron lugar los primeros rescates de cajas de ahorros;
en concreto en marzo de 2009 se intervino la Caja Castilla-La Mancha, CCM. Para esta operación el Ejecutivo tuvo que autorizar de urgencia un aval del Tesoro de hasta 9000 millones de euros, de modo que el supervisor pudiera otorgarle a la entidad
una línea de liquidez de emergencia, las famosas ELA, por 900 millones de euros. La intervención terminó en noviembre de 2009 con la integración de CCM en Cajastur, hoy Liberbank. El fondo de garantía de depósitos concedió ayudas de capital por
1740 millones de euros y un esquema de protección de activos cuyo importe máximo cubierto ascendía a 2475 millones de euros, pérdida que se sustanció en su totalidad.


A los pocos meses de comenzar esta primera intervención, en junio de 2009, hizo falta un nuevo real decreto-ley, que ya preveía la inyección de fondos públicos en las entidades bancarias a través del fondo de reestructuración ordenada
bancaria, el FROB. A partir de 2010 se fraguaron, como recordarán sus señorías, los sistemas institucionales de protección, los denominados SIP o fusiones frías, y se produjeron las primeras inyecciones de dinero público en forma de participaciones
preferentes. El Banco de España se vio además obligado a intervenir, en mayo de 2010, Caja Sur, en la que el FROB desembolsó 800 millones de euros para la suscripción de cuotas participativas emitidas por la entidad. Posteriormente se adjudicó
Caja Sur a BBK, hoy Kutxabank, con un esquema de protección de activos de 392 millones que también se ejecutaron en su totalidad, devolviéndose los 800 millones de las cuotas suscritas por el FROB.


En un nuevo intento de hacer frente a la desconfianza existente hacia el sistema financiero, el Gobierno aprobó en febrero de 2011 un real decreto-ley que elevaba por primera vez los requerimientos de capital del conjunto de la banca
española. Según el Banco de España el déficit de capital acumulado en aquel momento por una docena de entidades superaba ampliamente los 15 000 millones de euros. Algunas de estas entidades consiguieron resolver sus carencias levantando capital
privado por diferentes vías. Pero en cuatro casos el FROB se vio obligado a realizar inyecciones de capital, esta vez por valor de 5181 millones de euros. Dos de esas cuatro entidades eran Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia, que ya habían
recibido fondos públicos tan solo unos meses antes. Bankia, por su parte, fue la entidad con más déficit y optó por cubrirlos saliendo a Bolsa. Que tres de las entidades que habían recibido dinero público en 2010 volvieran a presentar problemas de
solvencia, unos meses más tarde, es una prueba irrefutable, a mi juicio, de que hasta ese momento el Gobierno no había entrado a resolver el problema de fondo: La valoración de los activos y la falta de provisiones para los créditos con riesgo mal
contabilizados. Tampoco se hicieron en esos años cambios en los equipos de gestión ni se tomaron medidas para mejorar el Gobierno corporativo.


En total, el llamado FROB 1 inyectó, entre julio de 2010 y febrero de 2011, más de 10 000 millones de euros en las siete entidades resultantes de otras tantas fusiones. Las mayores cuantías fueron para BFA, 4465 millones; Catalunya Caixa,
1250, y Nova Caixa Galicia, 1162 millones.


Junto a estas aportaciones, el FROB, pero sobre todo el Fondo de Garantía de Depósitos, también concedieron esquemas de protección de activos. En julio de 2011 se intervino la CAM mediante la sustitución de sus administradores por otros
designados por el FROB y la dotación de una línea de crédito

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de 3000 millones de euros. En diciembre, antes de la llegada del Gobierno del PP se aprobó una inyección en forma de capital por el Fondo de Garantía de Depósitos de 2800 millones de euros y la venta de la CAM al Banco Sabadell por un euro,
tras una nueva inyección de 2449 millones. El Plan de la CAM incluía asimismo un esquema de protección de activos del Fondo de Garantía de Depósitos por un importe máximo de más de 16 600 millones de euros. A finales de 2016 la pérdida esperada
por este EPA era de cerca de 6000 millones.


En definitiva, entre 2009 y 2011 una decena de cajas de ahorros recibieron ayudas públicas tanto en forma de inyecciones de capital, más de 23 000 millones, como de esquemas de protección de activos por un importe máximo de 24 031 millones
de euros, y que al cierre de 2016 arrojaban una pérdida esperada de cerca de 10 000 millones, y eso sin contar las emisiones avaladas y otras garantías.


En paralelo, en 2009 el Gobierno puso en marcha el llamado Plan E de inversión pública dotado con 50 000 millones de euros y que únicamente sirvió para desequilibrar aún más las cuentas del Estado sin conseguir con ello estimular la
economía. Aunque en 2010 hubo un fugaz atisbo de estabilización -los famosos brotes verdes- pronto se hizo patente que los parches que se estaban aplicando para campear el temporal de la crisis eran insuficientes. Revisiones posteriores del INE
revelaron que ese año la economía no había salido de la recesión, sino que el crecimiento fue cero. Tampoco ayudaba la coyuntura europea: la crisis griega y el consecuente rescate de su economía, que las instituciones comunitarias se vieron
forzados a acordar en 2010, acabaron extendiendo una sombra de dudas sobre el proyecto del euro. Las intervenciones posteriores en países como Portugal o Irlanda avivaron aún más la desconfianza y las dudas sobre la verdadera situación del sistema
financiero español que no se habían conseguido disipar por aquel entonces tensaban el clima económico en nuestro país.


En mayo de 2010 las presiones del Banco Central Europeo y del Eurogrupo obligaron al Ejecutivo a virar su política económica y a aplicar por primera vez medidas de austeridad. En concreto, el Congreso dio luz verde a una serie de recortes
que incluyeron: la reducción de los sueldos de los funcionarios un 5 % de media y su congelación al año siguiente; la congelación de las pensiones; la caída de más de 6500 millones de euros de inversiones en dos ejercicios y recortes en las
comunidades autónomas y ayuntamientos por valor de 1200 millones. Sin embargo, estos ajustes no bastaron para aplacar la situación. En el primer trimestre de 2011 España entró en una segunda recesión que acabaría por ser más larga y profunda que
la del año 2009. Además, el Tesoro estuvo sometido a una enorme presión, solo mitigada por las intervenciones que ya en esa época empezó a implementar el Banco Central Europeo.


En esta coyuntura, en el verano del 2011, el Gobierno decidió adelantar el final de la legislatura y se convocaron elecciones en noviembre, en las que el PP, como saben ustedes, consiguió mayoría absoluta. Un mes más tarde tomó posesión el
nuevo gabinete de Mariano Rajoy. Lo que nos encontramos al asumir nuestras responsabilidades fue una complejísima situación de crisis fiscal, financiera y económica, con una importante pérdida de competitividad acumulada y fuertes desequilibrios
macroeconómicos.


En concreto, entonces el país se describía de la siguiente forma: Llevaba más de tres años en crisis; la caída del PIB en el segundo trimestre 2008 -último de crecimiento- y finales de 2011 fue del casi el 6 %. La tasa de paro rozaba el
23 %, tras la destrucción de 2,5 millones de puestos de trabajo en los tres años y medio previos. había un grave desequilibrio de las cuentas públicas, de hecho el déficit fiscal rozó el 10 % en 2011, muy por encima del objetivo anunciado para ese
año que era del 6 %. El endeudamiento exterior era del 92 % y la cuenta corriente seguía teniendo un déficit del 3,2 % del PIB a pesar del derrumbe de la demanda interna. Existía una creciente presión sobre los costes de financiación del Tesoro
Público y algunas comunidades autónomas ya ni siquiera tenían acceso a los mercados. Por su parte, las nuevas operaciones de crédito caían a un ritmo del 21 % para las sociedades no financieras y del 40 % para los hogares. Finalmente, había
importantes dudas en los mercados respecto a la salud de los balances bancarios y reinaba la incertidumbre sobre las necesidades reales de capital que tenía el sistema, especialmente las cajas de ahorros, que estaban enormemente expuestas al sector
inmobiliario, llevaban años mal gestionadas por cúpulas politizadas y poco profesionales y se financiaban en gran medida con recursos de los mercados mayoristas ahora cerrados por la crisis financiera internacional y la desconfianza.


Las señales de alarma eran constantes, lo que preocupaba enormemente en el exterior. En enero de 2012, al poco de asumir mis responsabilidades como ministro de Economía, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, me expresó en
Davos la preocupación existente por el sistema financiero español. Poco después, en abril, en las conclusiones preliminares del análisis financiero que estaba realizando el FMI a la banca española, el denominado FSAP, se advertía que el sector
bancario en su

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conjunto era vulnerable y urgía a España a tomar medidas rápidas y decisivas para que los bancos vulnerables reforzaran sus balances y mejoraran su gobernanza y a priorizar las estrategias para hacer frente de manera efectiva y ordenada a
los activos problemáticos. Estas preocupaciones eran compartidas por la Comisión Europea, el Eurogrupo y el Banco Central Europeo, así como por los mercados. Prueba de ello eran las inquietantes y a menudo exageradas cifras sobre las necesidades
de capital de nuestro sistema financiero que se lanzaban en aquellas fechas. Entre enero y junio de 2012 se publicaron numerosos informes de diferentes bancos de inversión que estimaban las necesidades de capital de la banca española en rangos que
iban desde los 45 000 millones a los 180 000 millones de euros. Aunque las instituciones internacionales reconocían que los problemas estaban concentrados fundamentalmente en las antiguas cajas de ahorros, el estallido de la burbuja inmobiliaria y
la crisis económica habían extendido la sombra de dudas sobre el conjunto de la banca española. No hace falta que les recuerde la importancia que tiene para la economía la percepción de los mercados sobre la solvencia del sector financiero, lo cual
acaba condicionando tanto la financiación para familias y empresas como el coste de la deuda pública. De hecho, los malos augurios que apuntaban a que haría falta una gran cantidad de fondos públicos para recapitalizar el sistema en un momento en
el que el déficit estaba disparado agravaron las dificultades del Estado para captar financiación y afrontar así por sus propios medios las soluciones. Se había producido, señorías, la conexión entre el riesgo bancario y el soberano.


A diferencia del Gobierno anterior, que se había limitado a aportar dinero a fondo perdido a las entidades financieras sin tomar medidas que realmente eliminaran las dudas existentes, el nuevo Ejecutivo decidió afrontar la situación de
manera exhaustiva e integral. No había otra alternativa, dado el riesgo eminente de que las dudas sobre el sector financiero acabaran extendiéndose también al Tesoro, lo que habría terminado por conducir al rescate total de España. Por ello,
elaboramos una estrategia con tres prioridades: en primer lugar, arrojar luz sobre los balances bancarios para cuantificar de forma clara y definitiva la magnitud del problema -la comunidad financiera estaba convencida de que el sistema financiero
español adolecía de una falta de reconocimiento del valor real en libros de su exposición al sector promotor, de insuficiencia en las provisiones y de morosidad encubierta en forma de refinanciaciones-; en segundo lugar, era prioritario aplicar una
estrategia contundente de saneamiento y recapitalización del sistema que acabara con todas las dudas -el Banco de España nos comunicó que hacían falta unos 50 000 millones de euros, tal y como yo expliqué públicamente a principios del año 2012-; y
en tercer lugar, hacía falta sacar adelante medidas de reforma profunda del marco regulatorio financiero, de supervisión y de gobernanza, así como en otros ámbitos económicos.


En febrero de 2012 el Ministerio de Economía y Competitividad impulsó un real decreto-ley -más tarde denominado Guindos I- que aumentó en 50 000 millones de euros las provisiones exigidas a los bancos, especialmente los que cubrían activos
problemáticos ligados al crédito promotor. Esta cifra coincidía con el cálculo de déficit de provisiones que había realizado el propio Banco de España. Sin embargo, la situación de alarma y la proliferación de informes negativos sobre las
necesidades de saneamiento hicieron imprescindible ir más allá, y tres meses más tarde, en mayo, se aprobó un segundo real decreto-ley -Guindos II- que reforzaba aún más las provisiones, esta vez incluyendo no solo los activos dañados, sino también
los sanos. En total, los llamados Guindos I y Guindos II obligaron a los bancos a elevar sus provisiones en más de 86 000 millones de euros, provenientes fundamentalmente de sus cuentas de resultados.


En abril de 2012, como ya he mencionado, el Fondo Monetario Internacional publicó el avance del FSAP. El documento señalaba que los problemas de la banca española se concentraban en las entidades que habían recibido ayudas públicas que
estaban necesitadas de grandes aportaciones de capital. El Fondo afirmaba que los bancos más grandes estaban suficientemente capitalizados y tenían una alta rentabilidad para hacer frente a posibles deterioros de la situación económica.
Circunscribía así los problemas a un grupo muy concreto de diez entidades, la mayoría de las cuales ya habían recibido ayudas. También advertía que parte del riesgo crediticio asumido por algunos bancos permanecía oculto en los balances, lo que
podía afectar a la percepción sobre todo el sector. Hacía falta atajar la situación de raíz, arrojando toda la transparencia posible para diferenciar sin ningún género de dudas las entidades sanas de aquellas con problemas. Así lo consideraban
también el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Eurogrupo, que pidieron que se nombrara un evaluador independiente para conocer la verdadera situación y restituir así la credibilidad del sector. El 11 de mayo de 2012
el Consejo de Ministros encargó al Ministerio de Economía y Competitividad la elaboración de un análisis externo de carácter agregado, lo que se conoce como un ejercicio top-down, para evaluar la resistencia

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del sector bancario en un escenario macroeconómico estresado. El Banco de España, a instancias del Ministerio de Economía, contrató a dos especialistas internacionales independientes: Oliver Wyman y Roland Berger para llevar a cabo este
trabajo. A principios de junio, el Fondo Monetario Internacional hizo público el FSAP completo, que estimaba las necesidades de capital totales en torno a los 37 000 millones de euros, avanzaba que harían falta más reestructuraciones y advertía que
los bancos más fuertes estaban siendo penalizados por la desconfianza, lo que podría retrasar la recuperación económica. El Fondo también advertía -abro comillas- que el enfoque gradual en la toma de decisiones correctivas aplicado con anterioridad
había permitido a los bancos más débiles seguir operando, en detrimento de la estabilidad financiera, y valoraba que el Gobierno ya estuviera tomando decisiones en la buena dirección.


Un día después de hacerse público el informe final del Fondo Monetario, el 9 de junio de 2012, el Gobierno anunció su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de las entidades financieras más débiles. El
Eurogrupo decidió poner a disposición de España un programa de asistencia financiera del MEDE con un crédito por un importe máximo de 100 000 millones de euros, una cifra lo suficientemente elevada como para eliminar cualquier duda sobre eventuales
peticiones adicionales, incluso en los escenarios más adversos. Esta asistencia financiera, que fue aprobada el 20 de julio por el Eurogrupo, recogía en ese momento condiciones favorables en relación con plazos y tipos de interés para nuestro país,
especialmente teniendo en cuenta cómo se financiaba el Tesoro español. El compromiso quedó establecido en dos documentos: un acuerdo de facilidad de asistencia financiera que contenía las condiciones específicas de la ayuda y un memorando de
entendimiento, el famoso MOU, con treinta y dos exigencias circunscritas al sector financiero cuyo cumplimiento condicionaba los desembolsos. A diferencia de lo que ocurría en los rescates completos, en uno ceñido al sistema bancario como este solo
se impusieron requisitos al sector financiero. Entre otras cosas, se obligó a las entidades a reforzar su solvencia, alcanzando un nivel de capital de primera calidad del 9 %, también se exigieron mejoras en materia de gobernanza y profesionalidad,
se obligó a las cajas a transformarse en fundaciones o bancos y se rebajaron y limitaron las retribuciones de los ejecutivos y consejeros de las entidades con ayudas públicas.


El 21 de junio, las consultoras contratadas por el Banco de España publicaron los resultados de su análisis top-down, que cifraban las necesidades de capital entre 16 000 millones y 25 000 millones de euros en el escenario base y entre 51
000 millones y 62 000 millones en el escenario adverso. En ese punto del proceso se encargó a Oliver Wyman llevar a cabo un nuevo análisis, en esta ocasión centrado en las necesidades de capital que tenía cada entidad, el conocido como análisis de
abajo arriba o bottom-up. La velocidad con la que había que desarrollar estos ejercicios de transparencia era máxima, dado que los mercados no daban tregua. La prima de riesgo superó en el mes de julio los 600 puntos básicos, la tenencia de deuda
pública española en manos de terceros alcanzó su mínimo entre mayo y junio, las agencias de calificación rebajaron el rating de España y de las entidades financieras hasta rozar el nivel de bono basura y la salida de depósitos de las entidades
financieras españolas durante los dos primeros trimestres del año fue alarmante: los depósitos de residentes se contrajeron, de media, en 11 000 millones al mes, acelerando su caída a partir de abril, cuando se redujeron en 36 000 millones, y los
depósitos y efectivos de no residentes cayeron, de media, en 15 000 millones al mes. No obstante, a partir de ese verano se empezaron a tomar medidas para eliminar incertidumbres en relación con la supervivencia del euro, lo que también rebajó la
presión sobre España. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pronunció el ya celebre 'Whatever it takes', que dejó claro al mundo que Europa protegería su moneda. Se dieron los primeros pasos para la creación de la unión bancaria y
se asumió públicamente el compromiso de que ningún país abandonaría el euro y se defendería la integridad territorial de la zona euro.


En septiembre de 2012, la consultora Oliver Wyman tenía listas ya sus conclusiones: el sector tenía unas necesidades globales definitivas de 53 700 millones de euros, pero el 62 % del sistema cumplía con creces los requisitos de solvencia y
gozaba incluso de un exceso de capital de más de 45 000 millones. Por fin se ponía negro sobre blanco la dimensión del problema entidad por entidad. Más de la mitad del sector bancario español estaba perfectamente capitalizado y las debilidades se
concentraban fundamentalmente en las entidades que ya estaban participadas por el FROB: Bankia necesitaba 24 740 millones; Catalunya Banc, 10 825 millones; Nova Caixa Galicia, 7176 y Banco de Valencia, 3462 millones.


Finalmente, el Reino de España solicitó al MEDE 41 300 millones de euros, muy lejos de los 100 000 millones disponibles de la asistencia europea. De la cantidad solicitada, 39 000 millones se dirigieron a inyectar capital en las entidades.
La diferencia con las necesidades detectadas se cubrió mediante

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traspasos de activos a Sareb y el ejercicio de gestión de híbridos. La mayor parte de la cuantía se dirigió a los bancos propiedad del FROB. Casi 18 000 millones a BFA-Bankia, 9000 millones a Catalunya Banc, 5425 a Novacaixagalicia, 4500 a
Banco de Valencia.


En el análisis bottom-up se identificaron también otras entidades con necesidades de capital de cuantía inferior que no podían afrontar dichas necesidades de forma privada. A este segundo grupo se le concedieron ayudas públicas por valor de
730 millones de euros a BMN, 604 millones a Ceiss, 407 a Cajatres y 124 millones a Liberbank. Tanto el Grupo 1 como el Grupo 2 tuvieron que presentar planes de reestructuración que fueron aprobados por la Comisión Europea. Es decir, el proceso
suponía tanto el saneamiento como la reestructuración de cada una de las entidades. Había un tercer grupo de entidades, grupo 3, con déficit de capitalización que podía solventarse por vías privadas. Entre ellas se encontraba el Banco Popular.
Para poder articular legalmente los compromisos asumidos en el MOU, el Gobierno aprobó el 31 de agosto de 2012 un Real Decreto-ley que fue posteriormente tramitado como Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Esta norma
anticipó en gran medida la actual Directiva Europea de Resolución de Entidades y fijó un sistema claro de asunción de pérdidas, lo que hoy se conoce como el bail-in, para evitar que el coste de los rescates financieros recayera exclusivamente en los
contribuyentes.


Otra de las condiciones recogidas en el MOU era la obligación de que las entidades que recibieran apoyo público segregasen sus activos dañados y los transfirieran a una entidad externa de gestión. Ese fue el germen de la Sociedad de Gestión
de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, que ha sido, sin duda, el principal instrumento para sanear las entidades financieras con problemas. Gracias a él no sólo se transfirieron gran parte de los activos dañados, sino que
además permitió a las entidades financieras que centraran su atención en la gestión de la actividad bancaria, olvidándose de otros negocios que no le son propios. A Sareb se le encargó la misión de gestionar los activos que se le transfirieron para
conseguir venderlos de forma ordenada a medida que el mercado inmobiliario se recuperase, con un plazo máximo de quince años. Sareb se configuró como una empresa de capital mayoritariamente privado, en cuya constitución el FROB suscribió 540
millones de euros de capital y 1652 millones en obligaciones subordinadas. En total, 2192 millones de aportación.


En el momento de su creación, las entidades que recibieron ayuda les traspasaron unos 200 000 activos dañados, el 80 % de ellos de naturaleza financiera, con un valor bruto contable de 107 000 millones de euros. Sin embargo, el precio final
abonado por Sareb fue de 50 781 millones, prácticamente la mitad, tras fijar el Banco de España un descuento de un 50 % aproximadamente. Como contrapartida, las entidades recibieron bonos emitidos por Sareb con garantía del Estado y que fueron,
desde el primer momento, descontables ante el Banco Central Europeo, es decir, que las entidades han podido usar esos bonos como garantía para obtener financiación en el Banco Central Europeo.


En cuanto a la evolución de Sareb, a finales del primer semestre de 2017 contaba con activos por valor de casi 39 000 millones de euros, tras haberse desprendido en los cuatro años y medio que lleva en funcionamiento de prácticamente 12 000
millones de euros, el 23 % de su cartera. Este proceso de desinversión de activos en el que está inmersa Sareb está permitiéndoles pagar la deuda avalada por el Estado, que es uno de sus principales objetivos. De hecho, frente a los 50 781
millones de euros de deuda avalada por el Estado inicialmente, la deuda viva se había reducido hasta los 41 000 millones de euros a cierre de 2016.


Mientras sacábamos, señorías, adelante las medidas de reestructuración financiera, también adoptamos otra serie de reformas que resultaron cruciales para recuperar la credibilidad del sector. Se cambiaron los gestores y equipos de
administración de las entidades nacionalizadas, que habían demostrado en muchos casos muy poca profesionalidad en su trabajo. Además, limitamos ya en febrero de 2012 las retribuciones de los ejecutivos y consejeros de las entidades con ayudas
públicas, así como sus indemnizaciones, a veces millonarias, y que se habían estado pagando incluso mientras dichas entidades tenían que ser rescatadas. Esto en algunos casos supuso reducciones salariales de hasta el 80 %.


Por otra parte, fortalecimos la gobernanza del sector al establecer unos requisitos claros y exigentes de profesionalidad, honorabilidad y experiencia para acceder a los órganos de dirección de cualquier tipo de entidades de crédito. En
2014 se dio una vuelta de tuerca más a la regulación de la gobernanza al vincular de forma mucho más clara la política de remuneraciones con la gestión responsable del riesgo y al establecer nítidamente las responsabilidades de los gestores ante los
éxitos o fracasos de su trabajo. También quiero resaltar que desde 2013 el FROB ha encargado la realización de una serie de análisis

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forenses para detectar operaciones potencialmente irregulares. Hasta la fecha se han enviado a la fiscalía casi sesenta operaciones dudosas que podían haber generado un perjuicio de más de 3700 millones de euros.


En 2013 dimos luz verde a una nueva Ley de Cajas de Ahorros que supuso la transformación en fundaciones bancarias de las cajas que tuvieran una participación en un banco, estableciendo rigurosas exigencias de gobierno corporativo, tales como
una gestión profesionalizada o incompatibilidades a la hora de ejercer simultáneamente la presidencia en la fundación y en el banco. Además, se fijaron requisitos tanto más estrictos cuanto mayor fuera la participación de la fundación en la entidad
de crédito, y todo ello para garantizar que este tipo de entidades no volvieran a poner en jaque la sostenibilidad del sistema financiero. En un ámbito más empresarial impulsamos tanto la modificación de la Ley de Sociedades de Capital para
reforzar el sistema de gobierno corporativo como la aprobación de un código unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas. Igualmente, tomamos diferentes medidas para fomentar el acceso a la financiación como la creación del mercado
alternativo de renta fija o la regulación del crowdfunding.


Por otra parte, reformamos la Ley de Auditoría de Cuentas para garantizar la independencia de los auditores, aumentar la transparencia de su trabajo, mejorar su supervisión y, en definitiva, evitar el riesgo de su captura por parte de los
auditados. Asimismo, revisamos la Ley Concursal con el objetivo de evitar que la quiebra de un proyecto empresarial supusiera automáticamente la disolución de la empresa y regulamos, para las personas físicas, la denominada segunda oportunidad. En
materia de comercialización de productos financieros complejos, el Real Decreto-ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito, aprobado en verano de 2012, endureció las exigencias de transparencia. Asimismo, introdujo tanto un tramo
mínimo de inversores profesionales, que las entidades tendrían que cubrir antes de poder comercializar productos complejos entre ahorradores minoristas, como cuantías mínimas para invertir en este tipo de productos. No menos importante fue el papel
que España asumió a partir de 2012 como protagonista activa de refuerzo de la unión bancaria, cuyos principales hitos, los conocen perfectamente, fueron la creación del mecanismo único de resolución y del supervisor único, aunque sigue pendiente el
Fondo de Garantías de Depósitos europeo.


Junto con las medidas para atender la recapitalización de las entidades y las de reforma profunda del sector, el Gobierno también tuvo que reaccionar ante los efectos que la crisis estaba provocando en ciertos estratos de la sociedad. Desde
los primeros meses de la X Legislatura se adoptaron medidas para atenuar las consecuencias que afectaban a dos colectivos: los tenedores de productos financieros complejos y los afectados por las ejecuciones hipotecarias. Con respecto a los
primeros, la comercialización de este tipo de productos se produjo entre 2005 y 2010 especialmente por parte de las cajas de ahorros. Con ellos se pretendía reforzar sus recursos propios, superando así las limitaciones de acceso a otras fuentes de
capital que padecían tanto por la crisis financiera como por su propia estructura societaria.


La exigencia europea plasmada en el MOU de que se les aplicaran quitas a estos inversores chocaba con la particular situación que se daba en algunas entidades que habían colocado participaciones preferentes y deuda subordinada entre
ahorradores minoristas que no tenían la suficiente información. Así los titulares de estos instrumentos híbridos y deuda subordinada recibieron acciones u otros títulos a cambio de sus preferentes tras asumir un recorte relevante en su valor. En
el caso de las entidades participadas por el FROB, las quitas fueron entre el 36 % y el 61 %. Para dotar de liquidez a las acciones de entidades no cotizadas se autorizó al Fondo de Garantía de Depósitos a que las adquiriera, facilitando así una
solución para los inversores minoristas. Ante la evidencia de que la comercialización se había producido en muchas ocasiones de forma poco transparente, se articuló también un mecanismo de arbitraje en las entidades nacionalizadas para que los
preferentistas obtuvieran una solución satisfactoria sin tener que reclamar en la vía judicial, mucho más lenta y costosa. Se creó así una comisión presidida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores que establecía los criterios que debían
aplicarse en dichos arbitrajes. Prácticamente todos los arbitrajes, unos 300 000, se resolvieron a favor de los ahorradores. En total, entre unas y otras medidas, Bankia, Catalunya Caixa y Novacaixagalicia han devuelto a los ahorradores casi 8000
millones de euros, una cantidad que, sin el programa de asistencia financiera se habría esfumado, lo mismo que habría sucedido con las compensaciones a los inversores particulares que acudieron a la salida a bolsa de Bankia.


Como he comentado hace un momento, el Gobierno fue más allá y restringió también de forma notable las posibilidades de comercialización de este tipo de productos complejos entre clientes minoristas para evitar que estas situaciones se puedan
repetir en el futuro. De hecho, si la normativa actualmente en

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vigor hubiera estado en vigor hace una década, nos habríamos ahorrado muchos disgustos, porque toda esta colocación de productos complejos entre clientes, que no podían entender el riesgo que asumían, no habría tenido lugar.


Con respecto a los afectados por las ejecuciones hipotecarias, el Gobierno priorizó este problema, y apenas tres meses después de haber tomado posesión aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes por el que se creó el código de buenas
prácticas bancarias, que suscribieron prácticamente todas las entidades financieras. El objetivo de este código, que era de adscripción voluntaria pero de cumplimiento obligatorio para las entidades una vez adheridas, era favorecer los acuerdos de
reestructuración o incluso las quitas de deuda para clientes vulnerables o, en caso de que eso no fuera posible, permitir la entrega de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria, es decir, la dación en pago. Esto permitía al deudor continuar en
la vivienda en régimen de alquiler mediante el pago de una renta reducida. Junto con esta iniciativa, cuyo colectivo beneficiario se ha ampliado posteriormente para dar respuesta a diferentes situaciones familiares, económicas y sociales, se puso
en marcha un fondo social de vivienda, que actualmente está dotado con 9000 pisos en alquiler a precios muy reducidos. Asimismo, hemos decretado una suspensión de los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias para colectivos particularmente
desfavorecidos, que se ha ido prorrogando hasta el año 2020.


De todas estas iniciativas se han beneficiado hasta la fecha casi 90 000 familias. En paralelo, hemos modificado la regulación hipotecaria para evitar abusos con ciertas cláusulas opacas, hemos limitado los intereses de demora y hemos
garantizado tasaciones independientes, entre otras muchas medidas de protección a los consumidores. Y actualmente, como conocen, señorías, está en tramitación en esta Cámara el proyecto de ley de crédito inmobiliario, que profundiza aún más en
estas medidas y refuerza la seguridad jurídica y el equilibrio contractual entre el banco y el cliente. Las consecuencias de todas estas actuaciones ha sido una reducción de las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual de personas físicas
del 84 % en el tercer trimestre de 2017, en comparación con el momento peor de los desahucios, en el segundo trimestre de 2014. En cualquier caso, lo que realmente está detrás de esta fuerte caída es la recuperación económica, la creación de empleo
y el alza de los precios de la vivienda, que desde 2014 está incrementando la riqueza de las familias, el 80 % de las cuales, como conocen, señorías, tienen vivienda en propiedad.


Junto a estas reformas propias del sector financiero, los cambios que el Gobierno aprobó en otros ámbitos también resultaron determinantes para atajar la triple crisis de España. Me refiero, en primer lugar, a la Ley orgánica de estabilidad
presupuestaria y de sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, que es clave para explicar el intenso proceso de consolidación fiscal que hemos vivido, gracias al cual hemos conseguido reducir nuestro déficit público en más de 6,5
puntos. Además, el Plan de Pago a Proveedores o el FLA fueron algunas iniciativas de impulso de la economía real y de liquidez que pusimos en marcha; su contrapartida ha sido el incremento de la deuda, que sin duda alguna es una de las herencias
de esta crisis. En segundo lugar, también jugó un papel clave la aprobación de la reforma laboral, que ha facilitado el aumento de la competitividad de nuestra economía y ha servido de fundamento para la intensa creación de empleo que estamos
experimentando desde hace ya varios años. En definitiva, en los primeros meses de 2012 el Gobierno arrojó luz sobre la situación de las cuentas públicas y financieras, aprobó reformas clave en el ámbito fiscal, financiero y laboral, lidió con los
embates de los mercados financieros y superó la amenaza de un rescate total de la economía.


Antes de concluir, permítanme detenerme de forma particular en el caso BFA-Bankia que, como todos los organismos internacionales señalaban, estaba en el centro de los problemas del sistema financiero que nos encontramos en el año 2012 y, por
tanto, en el centro de los problemas de la economía española. El Grupo BFA-Bankia fue el resultado de la fusión mediante un SIP en 2010 de siete cajas de ahorro, entre ellas Caja Madrid, que era una de las entidades más importantes de España. Para
la integración, el FROB prestó un apoyo de 4465 millones de euros mediante la suscripción de participaciones preferentes a un tipo de interés anual del 7,75 %. Esta fusión dio lugar a la entidad con mayor exposición a la burbuja inmobiliaria, muy
superior a la media del sector, con las coberturas de peor calidad y con unos porcentajes de refinanciación en las carteras de promoción urbanística y pymes mayores que el resto del sector. Como he comentado anteriormente, en febrero de 2011 el
Gobierno socialista aprobó un real decreto-ley que elevaba, por primera vez, los requerimientos de capital del conjunto de la banca española para reforzar su solvencia. Dicho decreto exigía a las entidades cumplir con un nivel mínimo de capital
principal en relación con los activos ponderados por riesgo del 8 %, cifra que se elevaba al 10 % en el caso de las entidades con menores posibilidades de captar capital de calidad en caso de necesitarlo. Para cubrir este objetivo

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de capital mínimo, se daba a las entidades cuatro opciones: buscar inversores privados, salir a bolsa, realizar operaciones corporativas o acudir a la ayuda de capital del FROB. Bankia, como todos ustedes conocen, optó por cubrir su
déficit de capital con una salida a bolsa en julio de 2011. Esta operación estuvo sin duda incentivada por el real decreto-ley, que le permitía así beneficiarse de un fuerte ahorro de requerimientos de capital: había 1800 millones de euros frente
a los 5700 millones que habría necesitado de no haber salido a bolsa.


En la salida a bolsa de Bankia se colocó el 47,6 % de su capital mediante la captación de algo más de 3000 millones de euros en los mercados. Esto permitió que la ratio de capital principal del grupo se situara en el 8,5 %, por encima del
mínimo exigido. La única alternativa real a esta operación hubiera sido que el FROB inyectara un mínimo de 5700 millones de euros de capital, que se hubiera añadido a los casi 4500 millones de euros de participaciones preferentes, lo que de facto
hubiera supuesto su nacionalización. Para acometer la operación de salida a Bolsa, la cúpula de la entidad segregó en Bankia los negocios bancarios y parabancarios recibidos de las cajas, y dejó en BFA la mayor parte de los activos de valoración
incierta, sin tener en cuenta que esta fórmula no evitaba que las dudas contaminaran automáticamente a todo el holding, porque, señorías, la solidez de una entidad no es ajena a la de su principal accionista.


Además, hay que recordar el contexto en el que la operación de salida a bolsa se llevó a cabo. La economía había vuelto a entrar en una segunda recesión a principios de 2011, los precios inmobiliarios se estaban derrumbando, existían
enormes dudas sobre los niveles de provisiones y la calidad de los activos de los balances bancarios y las incertidumbres se habían extendido a las cuentas públicas. De hecho, el BCE comenzó por esas fechas a comprar deuda española. En ese momento
era ya evidente el nexo negativo entre el riesgo bancario y el riesgo soberano.


Otro factor especialmente relevante era la exposición de BFA-Bankia a Banco de Valencia, donde el grupo era titular del 40 % del capital, y además acreedor de un préstamo por valor de 1759 millones. El 21 de noviembre, un día después de las
elecciones generales, el Banco de España anunció la intervención del Banco de Valencia, la destitución de sus administradores y la inyección de 1000 millones de euros de capital más otros 2000 millones de liquidez. Apenas cuatro meses después de la
salida a bolsa de Bankia se tenía que actuar por primera vez para rescatar un banco cotizado, que además era la filial de una caja, ante la incapacidad de Bankia para llevar a cabo su saneamiento. La resolución se llevó a cabo a finales de 2012
mediante su venta por un euro a CaixaBank, previa inyección por parte del FROB de 4500 millones de euros, la concesión al comprador de garantías por 165 millones y un EPA que cubría un importe máximo de 4366 millones de euros y cuya pérdida esperada
a finales de 2016 era de 491 millones.


Así las cosas, cuando llegamos al Gobierno en diciembre de 2011 nos encontramos con que BFA-Bankia era el principal foco de incertidumbre del sector financiero español. A su vez, la banca era el principal problema de la economía española,
que era también el mayor riesgo para la moneda única. Así nos lo dejó claro el Fondo Monetario Internacional apenas un mes después de asumir el cargo y así lo puso también de relieve en el avance del FSAP, que publicó en abril de 2012, que señalaba
que los problemas de la banca española se concentraban en las entidades que ya habían recibido ayudas públicas, especialmente, entre comillas, en 'la de mayor tamaño', en clara alusión a Bankia. Como ya he comentado, durante los primeros meses del
año 2012 tuve que asistir a reuniones en el seno del Foro de Davos, del Fondo Monetario Internacional, del G-20 y del Eurogrupo. En ellas, me entrevisté con los principales dirigentes económicos del mundo, como la directora gerente del Fondo, el
comisario europeo de Asuntos Económicos, el presidente del BCE, mis colegas del Eurogrupo e incluso, en varias ocasiones, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Todos ellos pusieron de manifiesto su preocupación por el sistema financiero
español y la necesidad de tomar medidas al respecto. Además, los bancos de inversión venían haciéndose eco de esta situación, de forma regular, en todas sus publicaciones desde meses antes del cambio de Gobierno.


Ya, en septiembre de 2011, Deutsche Bank había estimado en 11 000 millones de euros las provisiones adicionales que necesitaba Bankia. En marzo de 2012, Bank of America hizo público sus cálculos, que elevaban las necesidades hasta 15 000
millones. Dos meses más tarde fueron Goldman Sachs y Morgan Stanley los que alertaron de necesidades de provisiones adicionales por 18 000 y 20 000 millones de euros respectivamente; y JP Morgan se unió a estas alarmantes estimaciones al poner
sobre la mesa un déficit de capital en Bankia de 11 000 millones de euros.


En esta tesitura, en febrero de 2012, aprobamos el conocido como Real Decreto-ley Guindos I, que elevaba las provisiones y obligaba a las entidades a presentar planes de saneamiento y cumplimiento al

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Banco de España. En su plan, Bankia reconocía unas necesidades de provisiones específicas adicionales y genéricas por importe de 3396 millones. Parte de este esfuerzo de provisionamiento se aplicó en las cuentas de 2011 contra patrimonio,
contra provisión genérica disponible, y reduciendo resultados. Con ello, la entidad consiguió que las necesidades finales de provisiones fueran de 2257 millones de euros para el ejercicio 2012.


El 17 abril, el Banco de España dio luz verde al plan de la entidad para cumplir con el Decreto Guindos I, aunque introduciendo determinados condicionamientos y exigencias adicionales, dadas las dudas que existían por la situación de la
entidad. Concretamente, el supervisor reclamaba medidas de racionalización y fortalecimiento de la estructura de administración y gestión, aumento de la profesionalización y un programa de desinversiones. El Grupo BFA-Bankia comenzó, entonces, a
presentar planes adicionales de ajuste sin conseguir obtener la aprobación del Banco de España. En paralelo, el Ministerio de Economía trabajó durante todo el mes de abril con la dirección de Bankia para tratar de solventar la situación, de forma
definitiva, con medidas creíbles. El entonces presidente de la entidad planteó diferentes operaciones de fusión con diversas entidades, pero ninguna de estas operaciones se concretó. Durante el año 2012, y hasta la dimisión del anterior presidente
de la entidad, las acciones de Bankia cayeron cerca de un 35 %.


En este punto permítanme recordarles que, a finales de octubre de 2016, la Comisión Nacional del Mercado de Valores impuso a Bankia una sanción por una infracción grave, como consecuencia de la realización de prácticas de manipulación de
mercado en relación con sus acciones propias. Los hechos que motivaron esta sanción habían tenido lugar en las semanas previas a la dimisión del anterior presidente, cuando se excedieron de forma clara y frecuente los límites legalmente
establecidos respecto de la negociación de las acciones propias, incrementándose de forma muy notable la autocartera.


El 4 de mayo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó un hecho relevante con las cuentas del ejercicio anterior que Bankia había presentado, que no iban acompañadas del correspondiente informe de auditoría; un hecho realmente
inaudito.


El lunes 7 mayo, el presidente del grupo me informó de su intención de dimitir, que también trasladó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante un comunicado en el que decía haber decidido pasar el testigo a un nuevo gestor, por
estimar que era lo más conveniente para esta entidad. Asimismo, me pidió que hablase con Ignacio Goirigolzarri para expresarle el apoyo del Gobierno a su futuro nombramiento como nuevo presidente de BFA-Bankia; llamada que realice poco después.


El 8 mayo, el entonces gobernador del Banco de España, me remitió un correo electrónico con un documento adjunto, en el que aconsejaba la conversión de las participaciones preferentes del FROB en BFA de forma voluntaria por la entidad.
Además, me indicaba que la Direccion General de Supervisión de la entidad ya había comunicado al grupo financiero la conveniencia de que su consejo aprobara dicha petición de conversión voluntaria esa misma semana.


El 9 de mayo, los consejos de administración de BFA y de Bankia aceptaron la renuncia, nombraron al nuevo presidente y acordaron, además, solicitar al FROB la conversión de participaciones preferentes en acciones ordinarias de capital. Ese
mismo día, el supervisor bancario emitió un comunicado, señalando que el relevo de la Presidencia de Bankia iba orientado en la dirección que ellos habían indicado de profesionalizar la gestión del grupo y que permitiría dar un impulso a su programa
de reestructuración. Además, advertía de que haría falta que la nueva dirección presentara, en el plazo más breve posible, un plan reforzado de saneamiento y aconsejaba la aportación de nuevos recursos públicos para acelerar e incrementar el
saneamiento de la entidad.


El 14 de mayo, el FROB aceptó la conversión de las participaciones preferentes de BFA-Bankia en acciones. Para llevarlo a cabo de forma efectiva hacía falta una valoración, que el FROB encargó a una serie de bancos de inversión:
Rothschild, Credit Agricole y HSBC. El valor económico central resultante de las tres estimaciones fue de menos 13 635 millones de euros, por lo que la conversión de las preferentes en acciones supuso, de facto, la nacionalización de BFA e,
indirectamente, de Bankia.


El 25 de mayo Bankia presentó, finalmente, sus cuentas reformuladas ya auditadas, que recogían unas pérdidas de 3030 millones de euros, lo que contrastaba con los 307 millones de beneficios que aparecían en las cuentas sin auditar,
presentadas apenas un mes antes. Esa misma tarde, el Consejo de Bankia decidió pedir una ayuda de 19 000 millones de euros al FROB. Sin embargo, señorías, la cifra definitiva de inyección de capital fue la determinada dentro del programa de
asistencia financiera y los cálculos que se hicieron en ese marco. El análisis de Oliver Wyman, publicado el 28 de septiembre, detectó que a cierre de 2011 las necesidades de capital totales en BFA-Bankia ascendían a 24 743 millones de euros, a
finales de 2011, casi la mitad de las que tenía el conjunto del sistema.

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El 28 noviembre, la Comisaría de Competencia de la Unión Europea, entonces dirigida por Joaquín Almunia, aprobó el Plan de recapitalización de Bankia. El plan incluía diversas medidas: la reducción de las necesidades de capital por un
importe de 191 millones, mediante el traspaso de activos a Sareb. El ejercicio de gestión de híbridos por 6669 millones; y una inyección de ayudas públicas por, prácticamente, 18 000 millones.


Finalmente, BFA-Bankia fue la entidad que más fondos públicos necesitó en términos absolutos, aunque no relativos, más de 22 400 millones de euros. Sin embargo, la Comisión Europea elevó esa cifra hasta los 36 000 millones de euros, ya que
computaba además otros dos conceptos: la transferencia de activos de Bankia a Sareb, donde la Comisión consideró que hubo ayudas del Estado por 12 000 millones de euros, derivadas de la diferencia entre los precios de transferencia y los precios de
mercado; y los 1759 millones por las pérdidas que se le evitaron al grupo al intervenir y recapitalizar el Banco de Valencia con dinero público. Y eso sin mencionar las ayudas públicas implícitas en los prácticamente 35 000 millones de euros de
avales del Tesoro a las emisiones de bonos y obligaciones de la entidad.


Hoy, más de cinco años después de la nacionalización, la labor del nuevo equipo gestor ha permitido a BFA-Bankia cumplir, en tiempo y forma, con la totalidad de las condiciones establecidas en su Plan de reestructuración, que concluyó el
pasado 31 de diciembre. Bankia es actualmente el banco más solvente de España y se alza como uno de los principales competidores del sistema financiero, tal y como demuestran sus resultados. Su ratio de capital, fully loaded, se situaba en el
14,16 %, 1,14 puntos porcentuales por encima del de un año antes. El resultado atribuido al grupo, entre enero y septiembre de 2017, fue de 779 millones de euros. Los préstamos y anticipos a la clientela en términos brutos superan ya los 108 000
millones, tras crecer casi un 2 % en el último año. Además, tiene una gestión profesional que no sufre de injerencias políticas.


Gracias a esta evolución, el FROB ha podido acometer ya dos desinversiones parciales y BFA, participada al 100 % por el FROB, ha recibido 535 millones de euros de dividendos. Actualmente, Bankia se encuentra inmersa en el proceso de fusión
con BMN. El FROB, como dueño del 61 % de la entidad resultante, continuará desinvirtiendo a medida que el mercado lo aconseje, siempre con el objetivo de maximizar la recuperación de ayudas.


Señorías, el recorrido de la historia de Bankia no estaría completo sin mencionar la sentencia de 3 de febrero de 2016 del Tribunal Supremo. En ese fallo se reconocía que hubo graves inexactitudes en el folleto de salida a bolsa de Bankia.
En concreto, el supremo afirmaba que los accionistas habían adquirido valores de una entidad al borde de la insolvencia, con unas pérdidas multimillonarias no confesadas, y que tuvo que recurrir a la inyección de una elevadísima cantidad de dinero
público para su subsistencia. Por ello, el Alto Tribunal confirmaba la nulidad de la adquisición de acciones de Bankia por parte de los minoristas.


En estas circunstancias, la entidad articuló un procedimiento para que los inversores minoristas pudieran recuperar el 100 % de su dinero más los intereses compensatorios. Fruto de este mecanismo, hasta finales del pasado mes de junio, la
entidad había devuelto prácticamente 1850 millones de euros a 190 000 pequeños ahorradores. Esta cantidad se suma, por otra parte, a los casi 5000 millones de euros que han recuperado también los titulares de participaciones preferentes mal
comercializadas por las cajas de ahorros que constituyeron BFA-Bankia. La devolución, señorías, de estas cantidades no hubiera sido posible en ningún caso si no se hubiera llevado a cabo el esfuerzo de rescatar a la entidad.


Voy terminando ya, señorías, con unas últimas reflexiones sobre lo que hemos vivido durante la última década y lo que desde mi punto de vista debemos aprender de todo ello. Lo primero que hay que resaltar es que la alternativa al rescate
financiero habría sido el concurso de acreedores de todas las entidades fallidas. Eso habría significado una suspensión de pagos de una magnitud inimaginable y hubiera generado una incertidumbre que habría arrastrado a todo el sector. El Fondo de
Garantía de Depósitos no habría podido atender todos los depósitos garantizados, que solo en las entidades que recibieron ayuda ascendía a 250 000 millones de euros. Evidentemente, esto habría obligado al Tesoro Público a emitir deuda para cubrir
la diferencia, lo que, dada la coyuntura que vivíamos en esos momentos, hubiera supuesto casi automáticamente el rescate completo de nuestra economía o bien incluso nuestra expulsión de la unión monetaria. Es decir, señorías, el rescate financiero
sirvió para evitar la salida de España de la zona euro y que los depositantes tuvieran que asumir alguna pérdida como consecuencia de una mala gestión por parte de los responsables de las entidades financieras. Tampoco hay que olvidar que en este
proceso no se compensó a ningún gestor: se cambió a los equipos directivos, se redujeron sus remuneraciones y se eliminaron todo tipo de compensaciones por vía de pensiones o indemnizaciones.

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Adicionalmente, y a diferencia de lo ocurrido anteriormente, a partir de 2013 el FROB inició un análisis de todas las operaciones potencialmente irregulares que hubieran podido tener lugar en las entidades nacionalizadas y se informó de
ellas a la fiscalía.


En segundo lugar, esta crisis nos ha recordado la importancia de mantener las variables macroeconómicas en situación equilibrada, especialmente en una unión monetaria como es la zona euro. La burbuja inmobiliaria, la burbuja crediticia y la
pérdida de competitividad fueron las causas que llevaron a España a la peor crisis financiera y económica de su historia moderna. Una unión monetaria eleva sustancialmente los umbrales de dichos desequilibrios, especialmente en lo relativo a la
pérdida de competitividad. Sin embargo, cuando la situación empieza a ser adversa para un país, las consecuencias son muchísimo más dolorosas al no poder usarse el tipo de cambio como mecanismo corrector vía devaluaciones. Hoy la situación es
radicalmente diferente a la que existía antes de la crisis. En 2018 tendremos nuestro sexto año consecutivo con superávit de la cuenta corriente, la inflación se mantendrá baja y el crecimiento seguirá siendo equilibrado con aportaciones positivas
tanto de la demanda interna como de la externa, y esta situación es la razón fundamental de la sostenibilidad futura de la economía española. Además, la devolución del crédito es favorable y los precios inmobiliarios evolucionan de forma moderada.


La tercera conclusión que podemos extraer es la importancia que tiene el control de los créditos de dudoso cobro, los famosos NPL, a través de su correcta valoración y provisionamiento. Esta es hoy una de las principales obsesiones en
Europa como condición para seguir avanzando en la profundización de la unión bancaria. España ha sido un ejemplo en este sentido por la reducción sustancial de más del 45 % desde su máximo del stock de créditos dudosos que nuestros bancos tenían
acumulados en sus balances. Este proceso ha permitido que hoy la ratio de NPL en el sistema financiero español sea similar a la de la media europea. Las operaciones anunciadas de venta de carteras inmobiliarias que dos grandes entidades españolas
han sido capaces de realizar recientemente por cerca de 43 000 millones de euros es señal inequívoca de que España ha hecho grandes avances en este sentido.


La cuarta lección desde mi punto de vista, señorías, a extraer de esta crisis es una de las más relevantes. Ante los problemas, hace falta ser transparente, hablar con claridad y actuar con prontitud. Eso es lo que hizo este Gobierno desde
el primer momento, particularmente en el ámbito financiero, que fue sometido al mayor ejercicio de transparencia de toda la banca europea. Además, es necesario que las entidades apliquen las mejores prácticas de gobierno corporativo y cuenten con
equipos de gestión profesionales. En definitiva, si algo ha demostrado la dura experiencia que hemos vivido es que la transparencia es incluso más importante que el capital.


En quinto lugar, resulta fundamental recordar que el mundo que ha emergido de esta crisis es diferente del que existía antes. Esto es particularmente evidente en el caso de Europa, que ahora se desenvuelve en el marco de la unión bancaria
con un supervisor único y una autoridad única de resolución. Cualquier situación de crisis financiera a partir de ahora deberá solucionarse siguiendo unas reglas comunes, tal y como ya ha sucedido con la resolución del Banco Popular el pasado
verano; una operación que, como ya comenté durante mi comparecencia monográfica al respecto, se realizó siguiendo al pie de la letra las reglas comunitarias, sin afectar a ningún depositante, sin contagiar al resto del sistema y sobre todo sin
necesidad de utilizar ni un euro de dinero público. Que esto haya sido posible apenas cinco años después de haber atravesado la crisis financiera más dura de nuestra historia reciente es muestra también de que las cosas se han hecho correctamente.


Sexto, no obstante, la prueba definitiva de que las medidas que adoptamos en nuestro sector bancario fueron acertadas es la actual coyuntura económica de nuestro país. A finales de 2011 heredamos una economía en recesión, con un paro
galopante y un déficit público desbocado. Nos encontramos con las consecuencias de un modelo de crecimiento basado en el endeudamiento y en la concentración de la inversión en el sector inmobiliario. Sin embargo, hoy la situación es muy diferente:
llevamos más de tres años creciendo por encima del 3 %, más que las grandes economías avanzadas, y hemos conseguido redirigir las inversiones hacia sectores más productivos, apoyándonos de forma sustancial en el sector exterior. Por su parte, el
sistema bancario funciona con normalidad y cumple con eficacia su función de financiar a hogares y empresas. Además, esto ha sido compatible con un intenso proceso de desapalancamiento del sector privado y, lo que es más importante, todo esto se ha
conseguido en un contexto de creación intensa de empleo, con unos niveles moderados de inflación y a la vez que acometíamos una exigente consolidación fiscal. Es este cambio de modelo lo que nos garantiza el crecimiento y el empleo en el futuro y
también es lo que nos está permitiendo devolver anticipadamente

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el rescate europeo. Hasta la fecha ya hemos amortizado casi una cuarta parte del mismo. Podemos afirmar, por tanto, sin miedo a equivocarnos, que la reforma del sector financiero es causa imprescindible de la recuperación vigorosa de
nuestra economía.


Esta valoración que hace el Gobierno de la reestructuración bancaria en España es también, en séptimo lugar, compartida por otros organismos internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional reconocía en su último FSAP, de
octubre de 2017, el esfuerzo reformador realizado en nuestro país, cuyos resultados se plasman en una mayor fortaleza de la solvencia bancaria y una reducción de los créditos dudosos. Además, en el último informe del Artículo IV, el fondo también
destacaba que un sistema financiero más fuerte ha emergido tras la crisis en España. Del mismo modo, el Banco Central Europeo ponía en mayo de 2017 a nuestro país como ejemplo a seguir en materia de reducción de créditos dudosos y de mejora de la
estabilidad del sector financiero, y también la Comisión Europea y el BCE, en la revisión posprograma de vigilancia de España más reciente, de diciembre de 2017, valoraban que la implementación de los planes de reestructuración haya fomentado la
viabilidad de las entidades. En el documento se llega incluso a decir que el sector bancario en su conjunto se ha fortalecido por la exitosa resolución del Banco Popular y se pone de manifiesto que los bancos españoles cumplen ahora cómodamente con
los requerimientos legales de capital.


Acabo ya, señorías. Como decía un famoso pensador, la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia delante. Por eso, creo que, en última instancia, la lección fundamental que tenemos que extraer de lo
que ha sucedido en nuestro país es que debemos aprender de los errores del pasado para evitar volver a caer en ellos en el futuro. Para lograrlo, señorías, resultarán sin duda de gran ayuda las conclusiones de esta Comisión. Por ello, les deseo
éxito en su trabajo, ya que va en el interés de toda la sociedad española.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.


A continuación, van a intervenir los diferentes grupos y, como saben, lo harán, en primer lugar, los que pidieron la comparecencia de menor a mayor. Por ello, tiene la palabra la señora Capella en nombre del Grupo de Esquerra Republicana.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gràcies, presidenta. Molt bona tarda, presidenta, senyores y senyors diputats y senyor ministro.


Gracias por comparecer hoy en esta Comisión, señor ministro. Le haré una pregunta que ya he hecho de forma reiterada a las personas que le han precedido y es en relación con su no comparecencia en la Comisión de investigación que con el
mismo fin y objetivo que la actual en el Congreso tuvo lugar en el Parlament de Catalunya en el año 2014. La pregunta es muy sencilla, ¿cómo valora usted la soberanía de la ciudadanía de Cataluña al no comparecer usted ante la Comisión del
Parlament de Catalunya en el año 2014? Sé que me contestará que había un dictamen del Consejo de Estado pero reitero la pregunta, es decir, si prevalece la soberanía de la ciudadanía o prevalece el dictamen jurídico del Consejo de Estado.


Deseo insistir en una cuestión que también he comentado a las personas que han ido compareciendo. Este poco reconocimiento de culpa -no lo digo por usted, lo digo en general- es una versión de distintas maneras y de distintos cantantes que
van diciendo exactamente lo mismo: es cierto, me equivoqué, o bien a modo de evasión: yo no fui, miren ustedes para otro lado, esto era el contexto internacional, una crisis internacional, etcétera. La pregunta sería, ¿dónde se coloca usted entre
todos estos tenores o cantantes, y en qué parte de esta partitura tuvo usted intervención y qué grado de responsabilidad considera que tuvo en algunas de las decisiones que se tomaron. Lo digo entre otras cosas porque, analizando su biografía, se
ve que usted ha participado, tanto en el sector privado como en el público, en la toma de decisiones importantes en el ámbito económico. Usted venía de Lehman Brothers, pasó por Pryce Waterhouse Coopers, por el consejo de administración de Endesa,
y llega en 2011 a ministro de Economía y Competitividad, es decir, usted puede analizar lo que ha pasado desde el sector privado y desde el sector público. Por tanto, me gustaría que en su segunda intervención usted me indicase qué importancia tuvo
su paso por el sector privado y cómo ha podido condicionar alguna de las decisiones que usted ha tomado como secretario de Estado de Economía y también como ministro.


Usted sí que nos ha hecho un relato fáctico larguísimo y, por tanto, nos ha documentado su intervención en relación con las medidas emprendidas en este periodo para hacer frente a la crisis, y no ha hablado del Gobierno pero usted sí ha
escrito un libro sobre el Gobierno del señor Zapatero e indicaba

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en él -si no voy mal dirigida- que vivió de la inercia pero también que no fue toda la culpa suya, sino que Europa también dio margen para gastar. Hay una cosa que se le ha olvidado -o quizás yo no he entendido bien-, que son las medidas
como la liberalización del suelo y el impulso que ello supuso para el sector de la construcción; algo que, a criterio de Esquerra Republicana, tendría consecuencias claras e importantes en lo que luego se ha venido a llamar burbuja inmobiliaria.
Aunque usted esto lo negó; utilizó otras palabras, porque en esto sí que son unos artistas. Tengo que reconocer al Partido Popular y a sus dirigentes y representantes institucionales la habilidad para buscar nomenclátores que no dicen realmente lo
que quieren decir. Usted nos dijo en una de sus declaraciones: En España no hay burbuja inmobiliaria, sino una evolución de precios al alza que se van a ir moderando con más viviendas en alquiler y más transparencia en los procedimientos de
urbanismo. Aquí usted nos puso a prueba y nos enseñó su capacidad de predicción. Es verdad que luego no siempre acierta y ha desacertado bastante, pero con la perspectiva del paso del tiempo, ¿qué papel cree usted que tuvo realmente la
liberalización del suelo como factor que impulsó la construcción y la posterior burbuja inmobiliaria? Ha dicho una cosa que yo no puedo consentir que diga en los términos en los que usted la ha dicho. Ha hablado del apetito de las familias por
comprar. Creo que esta afirmación es insultante; al menos a mí me insulta cuando se dice de esta manera, porque es pervertir la afirmación. Deberíamos decir cuáles fueron las políticas de acceso a la vivienda, en este caso de los distintos
Gobiernos del Reino de España, si no hubo voracidad por parte de las entidades financieras y si este acceso al dinero fácil no fue estimulado desde los distintos Gobiernos. Por tanto, a mí me insultan cuando alguien hace una cita así. Supongo que
no lo ha hecho con este ánimo, pero es evidente que la afirmación es desafortunada y corríjame si no es así.


En relación con el rescate bancario, ya en junio de 2012 la Unión Europea realizó el crédito para recapitalizar la banca española, y usted dijo aquello de -ya se lo he dicho en alguna ocasión, pero se lo voy a tener que repetir porque es
verdad que usted ha comparecido en innumerables ocasiones- de que no tendría coste alguno para la ciudadanía, y de momento -el Tribunal de Cuentas también lo dice así- ya se llevan contabilizados más de 122 000 millones de euros de recursos públicos
utilizados para salvar las entidades bancarias -es cierto, como usted dice, que se tenía que hacer, pero seguramente se podría haber hecho de una manera distinta-, de los cuales el coste del rescate bancario para el erario público ha ascendido ya a
60 000 millones de euros, que no vamos a recuperar, digámoslo ya de una vez. Esto me vale para hacer la afirmación que hacemos a menudo, aquello de que esto es un modelo que se ha impuesto, lo de la privatización de los beneficios para unos pocos y
la socialización de las pérdidas que pagamos a escote toda la ciudadanía. ¿Reconoce que se equivocó cuando hizo esta afirmación o realmente era consciente de que no se recuperaría y, por tanto, lo que se hizo es aquello que se acostumbra hacer -no
digo que lo hiciese-, es decir, patada adelante o tirar el balón hacia adelante? En todo caso, me gustaría que usted nos explicase si había otra manera de hacerlo y si era posible, como ha pasado en otros países del planeta, recuperar el dinero
público invertido. En Esquerra Republicana estamos convencidos de que usted tiene cierta habilidad -no lo decimos únicamente nosotros, también el señor Fernández Ordóñez lo ha dicho- en generar desconfianza en los mercados a partir de declaraciones
suyas desbordantes y creativas. Como hemos visto, y el ejemplo más inmediato lo hemos tenido en Cataluña estos meses de octubre y noviembre. Por cierto, ya le han dicho que no ha sido así. Lo dice la Airef, no lo dice una representante de
Esquerra Republicana. La pregunta sería, ¿señor De Guindos, usted es consciente de los efectos que causa en los propios mercados financieros cuando realiza determinadas declaraciones? Se dice que el mejor abogado en un juicio es el que menos
pregunta. ¿Qué virtud debería decirse de un ministro de Economía? Yo se lo pregunto a usted.


Para poder redefinir el modelo del sistema financiero que conviene preparar para el futuro es imprescindible -usted lo decía al final de su intervención- analizar lo que ha ocurrido en el pasado, qué es lo que se hizo mal, pero hacerlo sin
prevenciones y, evidentemente, sin miedo a asumir responsabilidades. El señor Rato el otro día nos dejó claro -se lo voy a preguntar porque nos lo dijo él y, por tanto, yo le voy a preguntar también directamente- que toda la operación del rescate
bancario español la llevaron a cabo de común acuerdo entre los directivos de los grandes bancos, el oligopolio financiero -esto último no lo dijo él, lo digo yo-, y el Gobierno, sin tener en cuenta en ningún momento el organismo supervisor, que era
el Banco de España. Es decir, que se hizo a espaldas del Banco de España. Hubo hasta tres reuniones de él con grandes banqueros para exigir un plan de saneamiento para Bankia. Lo que parece en realidad -yo se lo voy a definir de esta manera sin
ningún problema- es que el señor Botín, del Banco Santander; el señor Fainé, de La Caixa; el señor Francisco González, del BBVA; y el señor Rato, de Bankia, con usted actuando de notario del Reino, diseñaron una estrategia y un

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modelo de rescate y al final el reparto que finalmente se llevaría a cabo. ¿Esto es cierto? Ya entiendo que no de esta manera tan burda, pero lo digo así para que nos entienda todo el mundo: para que usted me entienda a mí y para que los
que están escuchando también me entiendan. Nos gustaría saber, si esto es cierto -y si no, díganos su versión, porque es bueno también saber su versión porque el otro día el señor Rato nos contó la suya-,...


La señora PRESIDENTA: Lleva diez minutos, señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: ... por qué se apartó al Banco de España -si es que se hizo-, qué presiones ejercieron sobre el Banco de España -por ejemplo, la crisis de Bankia-, si es que las hubo; y cuál era, según usted, el papel que
debería haber jugado y jugó el Banco de España y la CNMV.


Al final del proceso de reestructuración bancaria, yo me permito hacerle una afirmación -puede ser que esté equivocada, ¿eh?; pongo la venda antes que la herida- y es que al final el sistema financiero resultante es tan endogámico como lo
era antes de la crisis, porque en definitiva nula presencia de banca extranjera y, además, se ha reducido la competencia de forma drástica. Veremos los efectos que esto acaba causando en la propia ciudadanía; además se reduce la competencia
también y, al reducirse la competencia de forma drástica, el oligopolio financiero ha avanzado posiciones en el mercado. ¿Esta es la previsión que ustedes se marcaron? ¿Lo previeron? ¿No lo previeron? ¿Al final ha salido así y hay alguna manera
de remediarlo para evitar que exista esta situación de preeminencia?


Con relación a Bankia, la pregunta que yo quiero hacerle es que usted ha hablado de Bankia pero la constitución de Bankia y su posterior salida a bolsa, ¿fueron errores evidentes? Y cuál cree que fue la responsabilidad del Banco de España,
si la tuvo o si no la tuvo. A mí no me interesa nada la dialéctica entre el señor Rato, el señor Fernández Ordóñez y, si la hubo, con usted, pero sí me gustaría que se confirmasen determinados hechos y que usted respondiese al respecto. ¿Qué cree
que pasó en la actuación del señor Rato -que fue ministro mientras usted fue secretario de Estado- al frente de Bankia? Y es cierto que sus declaraciones no fueron afortunadas; yo le voy a decir una cosa que decía siempre mi abuela: beneïda la
paraula que quedi vaig perdre. La traducción es, más o menos, bendita la palabra que queda por decir. Sirvieron también para hundir -al menos así se dice- el valor de las acciones de Bankia al anunciar la necesidad del rescate financiero.


También es cierto que usted, unos pocos días después tuvo que decir aquello de que Bankia es hoy más segura que hace quince días y se trata de una magnífica institución, de una máxima solvencia y con un futuro brillante. Unas declaraciones
que no son ciertas -o que son equivocadas- porque Bankia, a día de hoy -y a pesar de lo que usted nos ha dicho hoy- está en la cuerda floja de esa nube que es la indefinición por no cumplir criterios de riesgo.


También nos ha dicho que la voluntad del Gobierno -si no lo ha dicho hoy lo ha dicho en otras ocasiones- es llevar a cabo la privatización tras hacer su saneamiento. Es cierto también que Bankia continúa -así me lo cuentan a mí- en
situación de riesgo o de peligro por los ataques especulativos en corto; con el añadido de que sus créditos fiscales son un problema sistémico de la entidad desde su rescate -así me lo explican a mí- y por lo tanto la pregunta sería por qué no se
prohíben determinadas posiciones en corto definitivamente en entidades con problemas para evitar esta exposición al riesgo y evitar que las entidades bancarias se acaben hundiendo.


La señora PRESIDENTA: Señora Capella, tiene que terminar. Si le queda alguna pregunta, limítese a hacerla, se lo ruego. Tiene que terminar.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Mi pregunta es si estos escenarios son buscados o si realmente son sobrevenidos y no son previsibles.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea compartirán el tiempo el señor Montero y el señor Mayoral. En primer lugar tiene la palabra el señor Montero.


El señor MONTERO SOLER: Gracias, señora presidenta.


Bienvenido, señor ministro; creo que hoy es su cumpleaños, así que le felicito aunque será la única felicitación que escuche de mi boca esta tarde.

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Me ha sorprendido su intervención porque a pesar del detalle con que nos ha narrado cómo rescató a España no ha llegado a algo que a nosotros nos parece relevante. Permítame que haga el juicio de intenciones porque creo que pretende
aislarlo. Creo que pretende aislar el caso del Banco Popular de todo lo que había ocurrido anteriormente y me parece que es una mala opción porque creo que lo que ha ocurrido con el Banco Popular en estos meses a pesar de que usted ha dado
explicaciones -insuficientes desde mi punto de vista- en este Congreso, no es un caso aislado que se escape a lo que había ocurrido con anterioridad. Es más, creo que demuestra que la gestión no fue todo lo afortunada que se pretendía.


Hay algo que antes de que nos lo diga yo prefiero que se lo ahorre. No diga que el rescate del Banco Popular no nos ha costado a los contribuyentes un euro. Se lo dije también desde la tribuna del Congreso. Es intolerable que en una
situación y en un Estado de derecho como el de España y en el marco de la Unión Europea, los expropiados, bonistas y accionistas del Banco Popular, todavía no tengan en su poder el informe sobre el cual se sustenta la decisión de su expropiación. Y
usted lo acaba de decir en su intervención: La cuarta lección a extraer de esta crisis es a mi juicio una de las más relevantes: ante los problemas hace falta ser transparente. Ufff..., ¿en qué parte me perdí?


En su comparecencia inicial sobre el caso Popular, y haciendo uso de la película El sexto sentido, le dije que lo del Popular me parecía que se había preparado para ser un pelotazo para el Santander. Ahora tengo dudas de que solo fuera eso,
¡fíjese! Creo que todavía es peor, que en el Popular se conjugan un proceso para tratar de camuflar la chapuza que ha sido todo el proceso de supervisión bancaria y financiera, tanto a nivel estatal como a nivel supranacional, a nivel europeo, que
ha dado lugar a que se generen las condiciones para tapar la chapuza y al mismo tiempo dar el pelotazo al Banco Santander.


La resolución ha permitido que se oculte que lo que era aparentemente un problema de liquidez no aparezca finalmente como un problema de solvencia, por lo tanto que se exculpe a los supervisores de que no supervisaron adecuadamente el banco
y que, como forma de salir de un problema de liquidez, se genera esta solución un poco extraña que es la de resolución sin ningún tipo de documento y donde 'entre todos le mataron y él solo se murió', en el caso del Banco Popular. Que es o fue un
pelotazo para el Santander es algo evidente, no me lo puede negar. Las estimaciones acerca de cuál va a ser la rentabilidad esperada de la operación para el Santander se sitúan en torno al 20 % y en un primer momento se anunciaron menores por parte
del Santander sobreprovisionando determinados riesgos.


En segundo lugar, que es una chapuza para toda la superestructura de supervisión yo lo saco simplemente de una de sus frases: El Popular es un banco solvente y su futuro lo decidirán sus accionistas. Pronunciada en el 24.º Encuentro del
financiero Deloitte -¡vaya día o lugar que tuvo usted para decir eso!-, el 19 de abril de 2017. En dos meses el banco pasó de ser un banco solvente y donde el futuro lo decidirían los accionistas, a ser intervenido, a desaparecer todo el valor para
accionistas y bonistas y a convertirse en un banco zombie, según sus propias palabras en sede parlamentaria. No se entiende que si el banco era solvente no se articularan todos los mecanismos de liquidez necesarios para hacer que el banco fuera
solvente. Aquí ha dicho un compareciente de reputado reconocimiento a nivel supervisor, como es el señor Aristóbulo de Juan, que ningún banco solvente quiebra por un problema de liquidez. Así que el problema tenía que ser de solvencia. Y, si
había un problema de solvencia, alguien tiene que dar explicaciones de por qué ese banco andaba funcionando en esos términos y sin que accionistas y bonistas pudieran protegerse de la mala gestión.


Voy ahora con algunas informaciones que han ido surgiendo después de las comparecencias que usted ha dado.


La señora PRESIDENTA: Lleva cinco minutos.


El señor MONTERO SOLER: Sí, lo sé.


¿Sabía usted, como ministro de Economía, que había ofertas para cubrir una ampliación de capital por parte de Deustche Bank y Barclays que permitiría solventar parte de los problemas del banco? ¿Cómo es posible que se presentaran activos
para acceder a la línea de liquidez por 40 000 millones de euros y solo se le dieran 3800 a un banco solvente en un momento en que presentas un carnet caducado ante el Banco Central Europeo y te dan liquidez a espuertas?


Usted ha dicho que las empresas estatales y los distintos ministerios y administraciones públicas retiraron fondos como consecuencia del deterioro de los ratings: el deterioro de la rebaja de DBRS se produjo el 10 de febrero de 2017; la de
Fitch el 14 de febrero de 2017; la de Standard & Poor's el 7 de abril de 2017, y la de Moody's el 21 de abril de 2017. Y curiosamente la retirada masiva se produce la semana antes de la quiebra. ¡Uffff...! Usted niega que sea una conspiración,
pero permítame que le diga que yo

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no creo en las casualidades. ¿Cuál fue el papel del ministerio en todo este proceso? No hemos sabido nada de cuál fue concretamente el papel del ministerio en este proceso.


Finalmente -y con esta pregunta termino mi turno-, ¿cómo es posible que usted califique el proceso de subasta, abierto, transparente y neutral y se lo quede la única entidad que venía, curiosamente, analizando las cuentas del Popular desde
hacía meses, el suficiente tiempo para en la misma mañana presentar un Powerpoint de cincuenta páginas? Y quiero saber -y eso es concreto- si el banco BBVA pidió más tiempo para analizar los datos o no y, si lo pidió, por qué no se lo dieron.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Montero.


Por el mismo tiempo, señor Mayoral.


El señor MAYORAL PERALES: Buenas tardes, señor De Guindos.


En primer lugar, quiero decirle que usted es conocido popularmente por formar parte de una triada capitolina de personas que vienen del sector financiero y además no de cualquier parte de dicho sector sino del sector financiero implicado en
el estallido de la crisis: Mario Monti, el señor Draghi y usted mismo. Mario Monti y el señor Draghi vienen de Goldman Sachs y usted viene de Lehman Brothers. Quería preguntarle si usted se considera un político, un financiero o un representante
de los especuladores en el Gobierno de España.


Ustedes negociaron el decreto de paralización de desahucios y el código de buenas prácticas con las entidades financieras, como se ha filtrado, y en esa medida quería preguntarle cuáles fueron los criterios por los cuales ustedes se negaron
a cumplir con la Convención Internacional de Derechos del Niño y decidieron que los niños a partir de tres años tenían edad para ser desalojados de forma forzosa y participar, usted y aquellos que participaron de esa negociación, en la violación
sistemática de derechos humanos de los niños y niñas de este país cuyas familias no podían afrontar los pagos de las hipotecas. Quería preguntarle además si usted es consciente de que los desalojos forzosos sin alternativa habitacional están
prohibidos por la Observación general 7 del Comité DESC de Naciones Unidas y que usted ha hecho parte de esa violación sistemática por no tomar las medidas adecuadas para evitar esas violaciones y ha participado de la elaboración de una legislación
que ha supuesto la violación sistemática de los derechos humanos de sectores vulnerables. Me gustaría que me dijera si ustedes en el Gobierno manejaron algún informe acerca de cuál es el número de suicidios que se han producido en nuestro país como
consecuencia de la crisis financiera y del saqueo a los sectores populares. Me gustaría que me pudiera referir -si es que ustedes en el Gobierno o en esa negociación con las entidades financieras pudieron manejarlo- algún informe que haya realizado
su Gobierno o las entidades financieras o todos juntos, vaya usted a saber, del impacto médico y psicosocial producido en los casos de los preferentistas y de las personas hipotecadas con dificultades para poder pagar por cuestiones no derivadas de
su propia voluntad o ajenas a su voluntad.


Usted es el responsable de la ley que supuestamente iba a aplicar la sentencia del caso Aziz, la Ley 1/2015, la Ley del caso Aziz, una ley que viene derivada de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde dice que aquí
no existen medios para la defensa por parte de las personas hipotecadas y que es necesario articular ese mecanismo de defensa. Usted participó en la elaboración de esa ley. ¿Me podría usted explicar por qué cuando elaboran esa ley violan el
artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según recoge la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y no permiten recurrir a las personas hipotecadas y sí permiten recurrir a los bancos? ¿Me podría decir
cuál es la reflexión jurídica para acabar con un pilar esencial en un juicio justo como es la igualdad de partes? ¿Conoce usted que existe un principio básico en el derecho de consumidores en la Unión Europea, que es el principio pro consumatore,
que obliga a los Estados a proteger a los consumidores frente a los profesionales? Me gustaría que me pudiera contestar a esto y a algo que no ha contestado nunca y que le hemos reiterado varias veces. Usted sabe a qué pregunta me refiero, a la
pregunta del incumplimiento sistemático de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que siguen sin cumplirse -entre otras, la modificación del 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, y que, junto a la no trasposición de las
directivas, abre la posibilidad a un procedimiento sancionador contra nuestro país. Se lo ha preguntado nuestro grupo, pero también se lo ha preguntado esta Cámara por medio de una moción y ese punto fue aprobado por unanimidad. Ustedes no han
respondido. Por los medios de comunicación hemos tenido conocimiento de que nuestro país ha incurrido en responsabilidad y en estos momentos tenemos que pagar 105 000 euros diarios hasta que se produzca la trasposición de

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una de las directivas. ¿Qué consecuencias tendrá la no aplicación del resto de las sentencias? Me gustaría que me lo explicara.


Le hemos oído hablar mucho de algunas partes del rescate y en anteriores intervenciones se ha referido a esos 60 000 millones de euros, que nos han robado, esos 60 000 millones de euros que son hospitales, que son colegios, que son
prestaciones al desempleo y que son pensiones para la gente trabajadora de nuestro país. ¿Usted cree que darle dinero gratis a los bancos, como hace el Banco Central Europeo, no es un rescate permanente a la banca? Puede consultarle usted al señor
Montoro, pero si hay un préstamo entre empresas al 0 % hay una ganancia patrimonial y se pagan impuestos...


La señora PRESIDENTA: Señor Mayoral, lleva cinco minutos.


El señor MAYORAL PERALES: ¿Está la banca en estos momentos en rescate permanente? Me gustaría que me contestara a eso.


Quiero preguntarle también por BlackRock. Supongo que les conoce. Estos señores vinieron a auditar el sistema financiero español en 2012. ¿Se reúne usted con BlackRock, se ha reunido? ¿Se reunió la secretaria de Estado, su antigua jefa
de gabinete, Emma Navarro, con representantes de BlackRock para la compra de deuda pública en enero de 2017 destinada a financiar las pensiones de nuestro país, la emisión de deuda? ¿Sabe usted de qué empresas es accionista BlackRock? Pues le voy
a dar algunos datos y, si puede usted, me los corrobora: del Popular tenía el 2,95 % del capital, del Sabadell tiene el 2,96 %, de Bankia el 0,88 %, de Bankinter el 3 %, de CaixaBank el 1 % y -ahora viene lo mejor- del Santander tiene el 6 % y del
BBVA también el 6 %, por no hablar de que participa de medios de comunicación, de eléctricas, constructoras y empresas de telecomunicaciones. ¿Es BlackRock un monopolio? ¿Controla BlackRock en estos momentos nuestro sector financiero? ¿Tiene la
capacidad para condicionar las decisiones políticas del Gobierno?


Paso a otro punto. Usted ha sido directivo de Lehman Brothers, que participó de la emisión de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Además usted, el 24 de mayo de 2008, en el recinto ferial de Alicante, se presentó
ante aquellos que tenían que colocar este producto tóxico a los clientes y les dijo que era un producto fantástico. La verdad es que me sorprende cuando usted en su libro, en la página 142, dice que lo utilizaron prácticamente todas las entidades,
pero en especial las cajas de ahorros por tener limitados el capital...


La señora PRESIDENTA: Señor Mayoral, tiene que ir terminando. Le pediría que, si le queda alguna pregunta, la haga porque ha terminado su tiempo.


El señor MAYORAL PERALES: Estoy terminando.


Dice usted: Se hizo por la puerta de atrás y con quien no se debía. La proliferación de este producto evidenció -sigue diciendo- que el saneamiento financiero no se había llevado a cabo, y todo esto ante la pasividad de supervisores y
falta de explicaciones posteriores. Yo le diría lo siguiente: usted coloca las cuotas participativas y luego le echa la culpa al supervisor. A mí que me lo expliquen pero esto es como si el ladrón le echara la culpa al policía por no haberle
vigilado para que no saque de la caja. A ver si me puede usted explicar esto porque la verdad es que me resulta bastante difícil de entender.


En el turno de réplica le haré alguna pregunta más que se me ha quedado pendiente. Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mayoral.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señor De Guindos, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Socialista. Usted es una de las personas más importantes para esta Comisión de investigación porque ha estado en todas las etapas que analiza la Comisión. Distinguiría, en su
trabajo en relación con el sistema financiero español, cuatro etapas. Es verdad que usted ha tenido mala suerte y ha terminado mal en las cuatro etapas. La primera etapa, hasta el año 2004, la fase de generación de la burbuja; desde 1996 hasta
2004 usted fue alto cargo del Gobierno del señor Aznar. La segunda etapa, entre 2004 y 2011, fuera del Gobierno pero relacionado con el sistema financiero español. La tercera etapa, de enero a junio de 2012, los seis meses que condujeron al
rescate. El señor Rato dijo ante esta Comisión que usted y sus decisiones fueron los responsables de pedir el rescate. Cuarta etapa, la aplicación del MoU y, más adelante, la resolución del

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Banco Popular. Le tengo que reconocer que usted es un especialista en decir una cosa, siempre acaba sucediendo lo contrario y termina por convencer a la opinión pública que lo que acaba sucediendo es lo que usted ha dicho inicialmente. Lo
suyo lo voy a demostrar en una mezcla de incompetencia, irresponsabilidad y engaño, todo a la vez.


Comenzamos por la primera etapa, negando la burbuja inmobiliaria. En 2003 usted dijo que no había burbuja inmobiliaria y hasta ese año, desde el año 1996, el precio de las viviendas se dobló, se incrementó un 100 % y la sobrevaloración
hasta diciembre de 2003 era de un 20 %, de acuerdo con el Banco de España. Pero usted no era solo un analista, era responsable también de la política económica. Vistas las consecuencias, ¿cree que fue adecuado negar la burbuja inmobiliaria cuando
el precio de la vivienda se había incrementado un 100 % hasta el año 2003?


Segunda etapa, entre 2004 y 2011. También estuvo en muchas operaciones en la gestión de la crisis que acabaron mal. Está en el informe de Price sobre la fusión de las cajas de ahorros gallegas. ¿Es cierto que usted envió una copia del
informe a la señora Currás? Nos dice ahora que las participaciones preferentes han sido perjudiciales, lo ha dicho en varias intervenciones aquí en el Congreso de los Diputados, pero un colega mío anteriormente le ha recordado sus declaraciones en
un acto de la CAM de que iban a pasar a la historia del mundo mundial y de las escuelas de negocios. ¡Vaya ojo!, ¡qué ojo tuvo usted!


Tercera etapa, de enero a junio de 2012, los seis meses que condujeron al rescate. Usted fue nombrado ministro de Economía a finales de diciembre de 2011, conforme van tomando decisiones los decretos Guindos 1, Guindos 2, va subiendo la
prima de riesgo, los CDS, el diferencial de los CDS de los bancos españoles con el resto de Europa, es decir, va subiendo todo, el rating de los bancos españoles empieza a caer y no termina con la nacionalización de Bankia, tampoco termina con el
rescate, termina con las mágicas palabras del señor Draghi. Eso es lo que sucedió. Usted entra en el Ministerio de Economía con una incontinencia verbal verdaderamente irresponsable. Sus declaraciones al Financial Times diciendo que los bancos
españoles necesitan 50 000 millones de euros adicionales y añade que los bancos tienen que limpiar sus balances sin coste para el Tesoro Público. Hace unas declaraciones irresponsables señalando un problema sin explicar cuál es la solución al
problema. ¿Conoce usted algún ministro de Economía en el mundo que haya hecho esas declaraciones de manera irresponsable sin plantear una alternativa, un plan para resolver el problema? A partir de ahí los mercados no se creen que las soluciones
que reclaman sus decretos se puedan realizar exclusivamente desde el ámbito privado y usted seguía afirmando que en ningún caso iba a contar con dinero público de los contribuyentes. Por tanto, a los mercados no les cuadran sus planes y sus
cuentas. De ahí la desconfianza en la economía española y en el sistema financiero español. El 23 de abril de 2012 -todavía insiste hasta el último minuto- dice que el Gobierno no creará nada ni un banco malo ni uno bueno y no se destinará ni la
más mínima cantidad de dinero público para los bancos. Engaño a los ciudadanos, irresponsabilidad e incompetencia, una mezcla de todo.


Luego viene su gestión de Bankia. Desde nuestro punto de vista no sabe cómo gestionar, señor ministro, la salida del presidente de Bankia, de su antiguo jefe, el señor Rato, y comienza a enviarle mensajes al señor Rato. Al menos hay dos
mensajes conocidos; habrá más, pero dos conocidos. El primero es el adelanto de manera inusual de las conclusiones del FSAP o informe del Fondo Monetario Internacional sobre el sistema financiero español, según los medios de comunicación de aquel
momento a petición suya, señor ministro. Pocos minutos antes de la publicación de esas conclusiones, que siempre se pactan con las autoridades del país, se incluye un párrafo que no estaba media hora antes, colocando el acento en los problemas de
Bankia y las necesidades de cambiar la gestión de la entidad. Primer mensaje al señor Rato. Señor Guindos, ¿le pidió usted o alguien de su equipo ministerial a la directora del Fondo Monetario Internacional incluir ese párrafo al final, media hora
antes?


Segundo mensaje a Rato: la cena de los banqueros en su despacho el día 4 de mayo y la reunión posterior del 6 de mayo para hablar del futuro de Bankia y el Plan de saneamiento. ¿Le parece normal que en estas dos reuniones con los cuatro
banqueros más importantes para hablar del futuro de Bankia y del Plan de saneamiento se aparte al gobernador del Banco de España? ¿Me puede decir si conoce algún ministro de Economía en algún país desarrollado que haya realizado la resolución de un
banco sin contar con la autoridad supervisora? Posteriormente, el 27 de marzo de 2013, en su declaración ante el juez en el caso Bankia, dice que el Banco de España decidió nacionalizar Bankia. O sea, primero aparta al Banco de España, luego
-según usted- el Banco de España tiene la culpa de la nacionalización, posteriormente designa a otro gobernador y tampoco lo tiene en cuenta. Señor Guindos, ¿qué tiene usted con el Banco

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de España? ¿Qué le pasa a usted con el Banco de España y la desautorización del Banco de España? Incompetencia, cambios de criterio, mentiras. El día 8 usted quería nacionalizar Bankia por las bravas y desde el Banco de España el día 8 lo
que le dicen a usted es que, para que no haya pleitos, BFA tendría que pedir la nacionalización; para que no haya pleitos. Eso es lo que le dice el Banco de España. O sea, cuando lo ha apartado usted, le pide consejo de cómo hacerlo y le dice no
puede hacerlo directamente, que va a haber pleitos, tiene que pedirlo el BFA. Eso es lo que le dice el Banco de España, lógicamente tratando de que la cosa no vaya a peor.


No terminan ahí los engaños, señor Guindos. Usted ha tenido que testificar por segunda vez ante el juez Fernando Andreu -por escrito, evidentemente-, porque en la primera declaración le había dicho al juez que en la cena de los banqueros no
se habló de Bankia, pero los banqueros ante el juez dicen que se habló fundamentalmente de Bankia; luego tiene que testificar por segunda vez. Otra mentira, señor Guindos. Otra mentira, de forma compulsiva, señor ministro.


El día 17 de diciembre de 2014 le hago una pregunta en el Pleno del Congreso sobre Bankia y usted acusa al Gobierno del señor Zapatero de haber -abro comillas- forzado voluntades y hecho que los supervisores miraran para otro lado -cierro
comillas-. No voy a hacer referencia aquí a las declaraciones bajo juramento que han hecho los responsables políticos de la época. Pero hay varios dictámenes del Consejo de Estado de junio y julio de 2015 y de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, también luego una por lo Penal de la Audiencia, en sentencia firme de 23 de septiembre de 2015, que avalan las correctas actuaciones de los supervisores: Banco de España y CNMV. Pero no termina
ahí, señorías, señor Guindos, además usted mismo, su propio ministerio, exime de toda responsabilidad a la CNMV a través de una resolución, que recordará usted perfectamente, de 27 de enero de 2016, que no se ha publicado, que no es conocida, que
firma el subsecretario del ministerio, su subsecretario, por delegación de usted, y dice que la CNMV no tiene ningún tipo de responsabilidad, y que evidentemente el supervisor no miró para otro lado. De manera expresa se lo podría leer. Lo dice el
propio ministerio, su ministerio, usted mismo.


Por lo tanto, ni atisbo de operación política ni de comportamiento negligente por parte de la CNMV como consecuencia de la presión del Gobierno, lo que hay son declaraciones de usted, nuevamente, de manera irresponsable para dañar las
instituciones públicas españolas.


La señora PRESIDENTA: Señor Saura, lleva diez minutos.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


El resultado de todas estas chapuzas, idas y venidas, mentiras y verdades a medias es que se cierran por completo los mercados para la economía española. Algo que no había sucedido desde los planes de estabilización y que provocó la
petición de un rescate por 100 000 millones de euros, aunque el que resuelve definitivamente el problema no es ni siquiera el rescate, es Draghi con su política monetaria. Solo hay que mirar la prima de riesgo de España, de los bancos españoles
subiendo, subiendo, subiendo, hasta que Draghi toma la decisión; y el diferencial, no con Alemania, sino con la media de las economías de la Unión Europea.


Por tanto, señor ministro, ¿cómo valora las declaraciones del señor Rato diciendo que usted es el responsable del rescate español? Por cierto, lo que el señor Rato nos dijo aquí es que usted le pidió la dimisión. Pero hoy nos ha dicho que
no, que no le pidió la dimisión. Me gustaría conocer su opinión. Y el señor Rato también le dijo -nos dijo a todos nosotros y a usted también, porque, en realidad, el mensaje era para usted, porque nosotros en ese momento éramos casi irrelevantes-
que usted hizo de su capa un sayo en la nacionalización de Bankia; digamos que lo hizo usted solito.


Cuarta etapa. Por si faltaba algo, se produce la resolución del sexto banco de nuestro país, el Banco Popular. Señor De Guindos, algunas preguntas sobre esta cuestión.


En primer lugar, si el Popular era un banco solvente y el ELA es un mecanismo para proporcionar liquidez que gestionan los Estados de la unión monetaria, ¿por qué no se utilizó? No se utilizó, y, al final, un banco que, según usted, según
las autoridades, era solvente cayó por falta de liquidez.


Segunda cuestión, ¿por qué distintos organismos de la Administración Central sacaron dinero del Banco Popular en esos días antes de que se produzca la resolución del Banco Popular? ¿Habló usted con algún directivo, con la Seguridad Social
para que sacara el dinero? ¿Tuvieron información privilegiada? Querría saberlo, señor De Guindos.


Otra pregunta sobre el Banco Popular: ¿Le pidió usted o el señor Rajoy al Banco Santander que pujara para quedarse con el Banco Popular? ¿El Gobierno tenía interés en que el Banco Santander se

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quedara el Banco Popular? Querría saber si, efectivamente, usted o alguien de su equipo se lo pidió al Banco Santander.


Como ve, las cuatro fases terminan mal. Luego vino el rescate y, como digo, la política monetaria de Draghi. Lo que ponen de manifiesto los hechos es que usted no fue la solución, usted fue el problema. Lo suyo fue irresponsabilidad,
incompetencia, falsedad y mentira, todo junto y de manera compulsiva.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.


A continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta. No ponga el cronómetro en marcha porque quiero hacerle una petición. En la intervención del señor Mayoral se ha deslizado una frase: No vaya a ser el ladrón el que exija a la
policía. Creo que es un símil desafortunado y rogaría al señor Mayoral que lo retire del Diario de Sesiones.


La señora PRESIDENTA: Señor Aguirre, he estado siguiendo todo el debate, no se ha hecho una alusión personal en ese asunto. ¿Puede volver a decirme exactamente quién es acusado de ser ladrón?


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: El señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Señor Mayoral, le pregunto: ¿Retira sus afirmaciones sobre el ministro?


El señor MAYORAL PERALES: Para mí, la colocación de preferentes y cuotas participativas ha sido un saqueo para la población de este país.


La señora PRESIDENTA: ¿La retira o no la retira?


El señor MAYORAL PERALES: No la retiro; por supuesto que no la retiro.


La señora PRESIDENTA: Señor Aguirre, tiene su tiempo.


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias.


Bienvenido, señor ministro.


Voy a hablar precisamente de incompetencia, engaños, mentiras y desconfianzas, y le voy a hacer la primera pregunta. ¿Durante el periodo 2004-2012 dónde se situó la prima de riesgo, que, en definitiva, es la que habla del grado de confianza
en la economía? ¿Y durante el periodo 2012-2017 dónde está la prima de riesgo? Creo que algún portavoz en esta Cámara no sabe que los Gobiernos del señor Zapatero llevaron la prima de riesgo mucho más allá de 600 puntos básicos. Creo que alguien
ha olvidado que recientemente en esta Cámara el ministro Solbes ha venido a reconocer que él y el señor Zapatero ocultaron la crisis, ha venido a reconocer que negaron el salto negativo del crecimiento de la economía entre los años 2006 y 2007, para
beneficiar el poder tomar una serie de medidas contrarias totalmente a lo que en ese momento requería la crisis, como los aumentos de gasto que enumeró el señor Solbes con los que no estaba de acuerdo -no sé si quería hacerle una enmienda a la
totalidad al señor Zapatero, pero, desde luego, aquí nos lo dijo-, y para empujar posteriormente a la economía española de la crisis a la recesión.


En este periodo -en el que parece ser que no se quiere hablar- entre 2004 y 2009, la evolución de los indicadores del sector financiero, en efecto, llevó a un desequilibrio de la industria financiera, a una burbuja crediticia explosiva, a
una insostenible concentración en la construcción, a la pérdida de credibilidad de los balances de las cajas, a la ocultación de créditos dudosos y a masivas operaciones de refinanciación. Todo esto es responsabilidad del mandato socialista de la
etapa 2004-2009, del señor Zapatero, del señor Solbes y -por qué no decirlo- del señor Ordóñez. Hubo tímidas reacciones a raíz de la entrada en recesión, incluidas las que ya han venido a llamarse fusiones frías -yo las llamaría fusiones casi
suicidas-, que concluyen con la creación del FROB, y, una vez que se interviene la CCM y se vende a Cajastur, se hace la primera intervención en el sector financiero. Por cierto, en su intervención ha hablado usted del EPA concedido a Liberbank por
2425 millones y ha añadido que había una pérdida que se sustanció en su totalidad. ¿Es posible que, una vez que un EPA es consumido por parte de una caja de ahorros -lo digo en general-, se puedan vender los activos que han cubierto ese EPA?

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La semana pasada asistimos a las declaraciones del señor Solbes y a las declaraciones de la señora Salgado, y digo que asistimos sin caernos del escaño, pero, desde luego, debo reconocer que algunas de esas declaraciones eran para ello. Se
ha criticado y se ha dicho que el señor Rato ha hecho una enmienda a su partido, pero yo creo que si alguien ha hecho un ajuste de cuentas a su presidente ha sido el señor Solbes en esta Cámara. En todo este periodo el Gobierno Zapatero se
caracteriza por una parálisis en la actuación para enfrentarse a la gestión de la crisis y al estallido de la crisis financiera. En primer lugar, nos han dicho que no teníamos un marco legal suficiente para poder reaccionar, es decir, que no
teníamos herramientas, y, en segundo lugar, que nadie supo anticipar el desastre. Mi gran pregunta es qué hicieron nuestros competidores europeos, porque la sensación que da a este grupo parlamentario es que nuestros competidores europeos
reaccionaron muchísimo antes y que nuestros competidores europeos pagaron una factura bastante más suave de la que ha tocado. Incluso, aquí han estado personas muy acreditadas, como el señor Aristóbulo de Juan, quien ha dicho que por culpa de la
parálisis del Gobierno de Zapatero, del ministro Solbes y de la ministra Salgado se ha pagado el doble de la factura por el rescate del sector financiero. El señor Zapatero, el señor Solbes y la señora Salgado no quisieron enfrentarse a la
hecatombe de las cajas y no quisieron aplicar la Ley sobre disciplina e intervención de entidades de crédito. Es una cuestión que nunca entenderé. No quisieron mantener las provisiones anticíclicas, no quisieron adoptar medidas para frenar el
crecimiento explosivo del crédito ni hacer el más mínimo caso a las inspecciones y a los informes de los inspectores del Banco de España, no quisieron evitar la concentración del riesgo por sectores, no quisieron limitar la proporción entre la
cuantía de la hipoteca y el valor del bien hipotecado y no quisieron hacer ninguna remoción de los gestores. Señores diputados, con la aplicación de la Ley de Disciplina todas estas medidas se hubieran podido tomar en el tiempo oportuno y el no
hacerlo es lo que ha provocado que nuestra factura sea el doble de la de nuestros competidores europeos.


Para coronar esta desafortunada relación de hechos, entre los años 2009 y 2012, cuando nuestros competidores ya estaban coronando sus operaciones de rescate, nosotros lo único que intentamos hacer permanentemente es ocultar la existencia de
la crisis, hablar engañosamente y con falta total falta de competencia de los brotes verdes, que nunca existieron, y todo para poder ganar unas elecciones que, en efecto, ganaron con engaño y con mentira. Pero después vino el electorado y le dio al
Partido Popular una mayoría absoluta.


Hemos oído hoy muchas novedades sobre la salida a bolsa de Bankia. Tengo que reconocer que entiendo como una gran novedad su afirmación sobre el folleto de la salida de Bankia, sobre los planes adicionales conocidos por el Banco de España y
sobre el aumento de autocartera en el balance de Bankia, y esto me sugiere una pregunta, señor De Guindos: ¿Cómo valora usted o qué opinión tiene usted de la relación del señor Rato con el señor Ordóñez? ¿Qué papel cree que juegan los auditores en
el periodo del cierre y liquidación de cuentas de los años 2010 y 2011? Porque sorprende que en todo este proceso de rescate de las cajas los auditores no hayan presentado ni una sola auditoría con ninguna salvedad, y ya no digo con un párrafo de
énfasis. Es sorprendente después de que hayamos podido ya leer y constatar la quiebra de prácticamente la mitad del sistema financiero español. No sé si después de todo lo que estamos oyendo en esta Comisión mi grupo se va a plantear, y lo siento,
señora presidenta, estudiar la posibilidad de que venga otra vez el señor Ordóñez, porque después de las intervenciones que han producido aquí la semana pasada los vicepresidentes del Partido Socialista y el periodo tan prolongado en que se gestó la
crisis, desde luego tengo que reconocer que me replanteo seriamente cuál ha sido el papel del señor Ordóñez al frente del Banco de España.


Son múltiples, señor ministro, las medidas que hoy nos ha anunciado en su relato, medidas que se adoptan durante su mandato. A nuestro juicio, muchas de ellas acertadas, pero principalmente todas las relativas a la protección del minorista,
del pequeño consumidor, y dirigidas a lo que nosotros creemos que había que dirigirlas: sustituir la parálisis por actuar e ir directamente al fondo de la cuestión. Son medidas que afrontan y se enfrentan al problema de solvencia, a la veracidad
de los balances de las cajas, a la restauración de los derechos de los minoristas, a la reforma de la gobernanza de los gestores y administradores de las entidades financieras y al fortalecimiento de la supervisión. Por tanto, nos surge alguna
pregunta de cara a qué más medidas podríamos seguir tomando. Por ejemplo, en un pasaje de su intervención usted habla de las fundaciones que se crearon como consecuencia de la conversión de cajas en bancos. Una pregunta que no tiene ninguna
intención, pero quiero ver si todo el mundo opera igual: ¿Todas estas fundaciones que se crearon están bajo el control y el seguimiento del Ministerio de Economía? ¿Todas? ¿No hay ninguna que esté fuera? A mí me sale que hay una.

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La señora PRESIDENTA: Señor Aguirre, lleva diez minutos.


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muchas gracias.


Hemos asistido a varias intervenciones de representantes institucionales de la Unión Europea y nos está gustando mucho todo el proyecto nuevo de supervisión, pero está siendo muy criticado desde la Asociación de Inspectores del Banco de
España. ¿Hacia dónde va y cuál es el calendario de ese sistema de supervisión y qué papel va a jugar el Cuerpo de Inspectores del Banco de España?


Probablemente uno de los elementos más importantes aportados aquí por las autoridades europeas ha sido la constitución del futuro Fondo de garantía de depósitos europeo. ¿Qué calendario tiene esa constitución? ¿En qué momento político se
encuentra?


Por último, no puedo evitar una pregunta sobre el Banco Popular y es concerniente a la, para mí penosa, presencia en esta Cámara de la señora König. Digo penosa porque está en contra de todo lo que se habla precisamente sobre la virtud que
tiene la transparencia. No se nos quiere entregar ese documento y además se habla de que nos van a entregar un documento que se está elaborando a posteriori. A mí me da la sensación de que es como si en un hospital no nos quieren entregar el
diagnóstico de la primera exploración y, en cambio, sí nos quieren entregar el certificado del fallecimiento. Creo personalmente, señor ministro, que la actitud de la señora König le está haciendo un flaco favor al Gobierno español.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aguirre.


A continuación intervienen los grupos que no solicitaron la comparecencia. Por el Grupo Mixto, señor Candela.


El señor CANDELA SERNA: Gracias, señora Presidenta.


Señor ministro, antes de empezar, creo que de Bankia ya se pueden hacer dos afirmaciones categóricas, sin ningún tipo de duda. En primer lugar, que su propia gestión ha sido una estafa que han pagado miles de ahorradores. Por ejemplo, en
el caso de depositarios de Bancaja que tenían preferentes, que luego fueron cambiadas por acciones obligatoriamente, perdieron prácticamente la totalidad de sus activos. Y, en segundo lugar, estamos viendo una lección política ejemplificada en esta
lucha sobre quién tiene la culpa de la gestión de Bankia, si la tiene Rato o si la tiene el actual Gobierno: estamos viendo -creo- el inicio de la descomposición del Partido Popular, que se bifurca entre el rajoyismo y el aznarismo, y el aznarismo
parece que se está convirtiendo cada vez más en una suerte de riverismo. Creo que esas dos afirmaciones ya se pueden hacer sin ningún tipo de temor.


Usted ha hecho una serie de afirmaciones hoy aquí que como mínimo creo que las tenemos que comentar. Cito: Pese a las señales alarmantes y aunque la crisis financiera internacional había estallado varios meses atrás, no fue hasta finales
de 2008 cuando se empezaron a tomar medidas. Estoy de acuerdo. Las cajas llevaban años mal gestionadas -otra cita- por cúpulas politizadas poco profesionales. Tercera cita: Existe evidencia de que la comercialización se había producido -estamos
hablando de preferentes y cuotas participativas- en muchas ocasiones de forma poco transparente. Y, por último, usted ha afirmado que los ahorradores no podían entender estos productos complejos. Estoy totalmente de acuerdo en lo que usted ha
afirmado aquí, lo que me cuesta es comparar estas afirmaciones con las afirmaciones que usted hacía en mayo de 2008, en IFA -IFA nos costó a los valencianos 47 millones de euros de ruina del Partido Popular-, cuando usted afirmaba en relación con
las cuotas participativas: cuando le demos un poquito de tiempo, cuatro, cinco o seis años, esta emisión va a ser estudiada por las mejores escuelas de negocios. La realidad: 50 millones de cuotas colocadas y 50 000 inversores atrapados
mayoritariamente en la provincia de Alicante. Como no me gusta ser demasiado presuntuoso, le voy a preguntar si esto que hoy ha afirmado lo conocía en 2008. Usted fue el encargado de dirigir la emisión de cuotas participativas de la CAM vía Lehman
Brothers. ¿Era consciente de la situación financiera de la CAM? ¿Era consciente de la poca transparencia de estos productos híbridos? Si sabía que las cajas llevaban años mal gestionadas, ¿por qué invitó a todo el mundo a invertir, incluso a
familiares suyos?


Termino. Usted podría responder que no conocía la situación financiera de la CAM. Lo acepto. Si fuese así, la pregunta es: ¿usted se considera un buen economista, un buen analista cuando en 2008, si no conocía la situación patrimonial
económico-financiera de la CAM, hacía esas afirmaciones? Esa es la pregunta. Y de no ser así, de conocerlo -parcialmente quizá-, ¿seguiría afirmando que la burbuja inmobiliaria fue culpa del apetito de las familias por comprar vivienda?


Gracias

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Candela.


Por el Grupo Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero felicitarle también por su cumpleaños y darle las gracias por su comparecencia, una comparecencia importante, ya que usted ha sido protagonista de la vida política y económica debido a los cargos que ha ostentado
desde el año 1996 hasta la actualidad, y una comparecencia que desde nuestro punto de vista va a ser constructiva, dejando de lado las acusaciones internas entre unos y otros, así como el tú más dependiendo de quién haya estado en el Gobierno, de
tal forma que no perdamos la perspectiva de lo que se busca en esta Comisión de investigación, que no es otra cosa que conocer el origen y las causas de la crisis y realizar autocrítica -que es verdad que ha sido poca- para ver dónde se ha fallado y
poder fijar criterios o buscar alternativas para que, en el caso de que existan nuevamente determinados indicios, no lleguemos a la situación que hemos vivido hasta ahora.


En España, el periodo 1994-2008 se caracterizó por ser un periodo de crecimiento, con tasas anuales por encima de la media de la Unión Europea, pero ya en 2004 se produjo una desaceleración. Se pasó de un 5 % del PIB a un 4 % en 2006, pero
también hay que decir que en este periodo se fueron acumulando una serie de desequilibrios y se gestaron las causas que desencadenaron la crisis de 2008, haciendo que el modelo de crecimiento económico se agotara, un modelo que me gustaría saber si
se cuestionó en algún momento que estaba basado exclusivamente en el ladrillo. Es verdad que la crisis financiera está asociada a la crisis inmobiliaria y que originó la burbuja, una burbuja en la que se fundamentó el crecimiento de la economía
española debido a los bajos tipos de interés y a la desregulación del suelo, que fomentó la actividad recalificadota. Esto ocurrió cuando usted era secretario de Economía del Gobierno y por eso me gustaría saber qué papel cree que jugó la
regulación urbanística en la disfunción del mercado inmobiliario. También se lo pregunto porque usted en 2003, en una entrevista que concedió a ABC, dijo: En España no hay burbuja inmobiliaria, sino una evolución de precios al alza que se van a ir
moderando con más viviendas en alquiler y más transparencia en los procedimientos de urbanismo.


Otros comparecientes nos han dicho que la crisis llegó de repente y que nadie supo prever este desastre, pero lo cierto es que en el caso de España sí había indicadores de alerta: aluvión de créditos inmobiliarios que se concedían a
cualquiera que lo solicitara sin tener en cuenta las garantías de solvencia necesarias y la importación de grandes cantidades de dinero del exterior, cantidades que luego tenían que ser devueltas, ya que las entidades bancarias no disponían de
recursos propios para conceder los créditos que se solicitaban. Así, los bancos españoles se endeudaron con bancos europeos, mayoritariamente alemanes y franceses. A raíz de esto a veces se ha dicho que los bancos debían a la banca alemana y esto
parece que desencadenó las políticas de austeridad, cuyo objetivo era pagar a los bancos alemanes. Por eso me gustaría saber si tenían información en este sentido. ¿No intuían nada? Lo digo porque las memorias de supervisión bancaria de los años
2002 y 2003 ya decían que las tasas muy elevadas de crecimiento del crédito hipotecario podrían llegar a alterar las condiciones de equilibrio estructural de la entidad, así como que los órganos de administración de cada entidad debían reflexionar
sobre los mecanismos para conocer la evaluación de riesgos, controlarlos y limitarlos. Usted, en el libro que ha escrito, España amenazada, habla de anticipar la crisis y hablar claro a los ciudadanos, pero parece que nadie ha sabido anticiparse ya
que ni España ni ningún otro país actuaron en este sentido. ¿Sigue siendo de la opinión de que hay que adelantarse? ¿Cómo se hace esto si nadie da credibilidad o cuestiona esos indicios a los que me he referido?


Me gustaría hacerle varias preguntas en torno a dos temas que ha detallado cronológicamente. Uno hace referencia a Bankia. Hoy tenemos dos versiones acerca del proceso seguido por Bankia y tendremos que leer con detenimiento todas las
comparecencias para ver si la solución que se adoptó era la única posible o se podía haber hecho de otra manera. Se ha dicho que Caja Madrid se fusionó con Bancaja a través de un SIP y que esta fusión fue sugerida por el Banco de España. ¿Sabe
usted si esto fue así? ¿Quién tomaba las decisiones? ¿Es de la opinión de que las decisiones que se tomaban en las cajas obedecían más a criterios políticos que a criterios profesionales? Lo digo porque el problema de las cajas se ha achacado
sobre todo a la gestión no profesional de los órganos de gobierno y a la influencia política, aunque hay que decir que estos problemas no han sido iguales en todos los territorios. La operación de Bankia, desde su creación hasta su salida a bolsa,
dicen que se debió a decisiones políticas, con la colaboración del Banco de España. ¿Es cierta esta afirmación? ¿Cree que es así? ¿Se sacó a bolsa un negocio inviable con el conocimiento del Banco de España? ¿Tuvo responsabilidad el Banco de
España

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en esto? Parece que en la salida a bolsa de Bankia se vendió rentabilidad y prosperidad cuando en realidad ha sido todo lo contrario. ¿Por qué cree que se permitió esta salida, una colocación orientada a los minoristas? ¿Cómo es posible
que una entidad en 2011 salga a bolsa y a los pocos meses se encuentre quebrada y necesite inyecciones masivas de dinero? ¿El rescate -creo que ya lo han preguntado- se hizo a espaldas del Banco de España? ¿Por qué el Banco de España requirió
medidas complementarias al plan de saneamiento? El negocio bancario se basa en la confianza. ¿Cómo se explica que en pocas semanas Bankia pasase de necesitar 7000 millones para cumplir el decreto Guindos II a necesitar 20 000? También se ha dicho
que se encargó una auditoría para saber lo que supuso el rescate bancario, pero es que el rescate fue anterior al resultado de la auditoría. ¿Podría explicar esto?


Mis compañeros también han hecho referencia al Banco Popular. Es verdad que el proceso lo ha llevado Europa, pero, dado que aquí comparecieron doña Elke König, que apenas nos aclaró nada, y el señor Ponce, me gustaría hacerle algunas
preguntas en torno a este tema. La resolución del Banco Popular se basó en varios documentos. Tenemos el informe de valoración de Deloitte, en el que se explica la situación, las opciones disponibles y los motivos para decidir la resolución y la
posterior venta de la entidad al Santander, un informe que deja en entredicho el principio de transparencia de las instituciones. ¿Cómo se puede justificar la intervención en base a un informe parece que secreto y sin tiempo para analizar y
ofertar? El Banco Popular fue considerado inviable, pero después de haber superado todos los tests de estrés del Banco Central Europeo, incluido el realizado en 2016 con el peor escenario económico, el más adverso. Distintas auditorías
manifestaron que el Banco Popular cumplía con los requisitos de capital. ¿Cómo es posible que todos los tests de estrés digan que todo está bien y seis meses más tarde se tengan que provisionar 5000 millones y doce meses más tarde se declare la
quiebra? Si puede, me gustaría que nos aclarase ese aspecto, ya que usted en abril de 2017 dijo que era un banco solvente. Por otro lado, ¿hubo ofertas de Barclays y de Deutsch Bank? Si fue así, ¿se comunicaron a la CNMV? El Banco Popular
mostraba niveles de ratio LCR significativamente superiores a los límites fijados por las autoridades. También este aspecto se señaló como culpable de la intervención del Popular. La regulación establece que este indicador ha de estar por encima
del cien por cien y comunicarse a los reguladores. En marzo de 2017 el Popular presentaba uno de los tres indicadores más altos de España. Si el banco se quedó sin activos de calidad para solicitar liquidez, se supone que tuvo que tener un LCR
cercano a cero, por lo que entendemos que este límite se habría superado antes del día fatídico. ¿Abrió el Banco Popular en algún momento con este ratio por debajo de los requerimientos mínimos? Por otro lado, las autoridades afirman que los
problemas de efectivo comenzaron en las últimas semanas, a raíz de los rumores de la mala marcha de la entidad. ¿Cree que las declaraciones de la señora König tuvieron algo que ver? Por otra parte, si el MUR fue creado para evitar que nuevas
crisis bancarias tuvieran repercusión en los contribuyentes su eficiencia es total pues de momento la resolución del Popular no ha costado ni un euro al erario público. Sin embargo, los accionistas y bonistas del banco ponen en duda que se
cumpliera el requisito de non creditor worse off en el proceso por el cual a través del bail in los inversores no pueden perder más de lo que hubieran perdido a consecuencia de un concurso de acreedores.


Me gustaría saber si cree que los ratios de Basilea III tienen una capacidad predictiva limitada, porque menos de tres meses después de obtener buenos resultados en los indicadores el Banco Popular fue declarado inviable. Y también quiero
saber si el Gobierno o el Banco Central Europeo han ofrecido algún tipo de cobertura de riesgos para transferir el Banco Popular al Santander por un euro. Se lo han preguntado ya, pero me gustaría conocer si hubo algún tipo de filtración acerca de
la intervención, ya que hubo varias administraciones públicas que retiraron depósitos unos días antes del fatídico desenlace.


En cuanto a la prohibición de ventas a corto, ¿por qué cree usted que la CNMV no las atajó con el Banco Popular después de meses con movimientos bajistas, como sí lo ha hecho con Liberbank?


Por último, quisiera conocer su valoración respecto a que el Tribunal de Cuentas Europeo haya señalado deficiencias en la institución que dictó la sentencia sobre el Popular. En los planes de contingencia elaborados por la JUR se dice que
los planes de resolución no incluyen valoraciones ni de la factibilidad ni de la credibilidad de las estrategias que suelen adoptar y que hay dificultades en los procesos de contratación de estas personas, por lo que me gustaría -como ya le he
dicho- conocer su valoración al respecto.


En definitiva, la crisis nos ha dejado a personas perjudicadas por la colocación de participaciones preferentes, productos vinculados y cláusulas suelo; con unos contribuyentes que, además, ya han asumido un rescate de la banca de más de 60
millones de euros, que no se van a recuperar como

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consecuencia de errores en el diagnóstico, fallos en la supervisión y errores en el diseño de ayudas. Me gustaría saber cómo valora este hecho.


Por último, le iba a preguntar sobre las lecciones que cree que se pueden extraer para hacer nuestras economías más resistentes a largo plazo, pero creo que ya nos las ha comentado. Así que nada más.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal.


Para cerrar el turno de los grupos parlamentarios y de portavoces, tiene la palabra el señor Roldán, por el Grupo Ciudadanos.


El señor ROLDÁN MONÉS: Muchas gracias, presidenta.


Bienvenido, señor ministro. Es un placer tenerle aquí. Es cierto que ha venido en muchas ocasiones y se lo agradecemos los señores diputados.


En primer lugar, quiero hacer una reflexión rápida. A mí me parece que esta Comisión fue creada por una razón bastante clara, que era entender las razones del desastre financiero que sufrió este país y que han tenido que pagar los
contribuyentes con su dinero. Hasta ahora, el dinero público utilizado para rescatar a la banca, a las cajas de ahorros, todo, íntegramente, se ha dedicado a rescatar una parte específica y concreta del sector financiero español que era anómala en
Europa y única por su formación de gobernanza, que eran las cajas de ahorros. Me parece epatante y sorprendente que en una intervención de quince minutos, que ha hecho el señor portavoz del Partido Socialista, no haya mencionado ni una sola vez a
las cajas de ahorros. Entiendo que todos tengamos incentivos partidistas, y seguramente los socialistas más que nadie, para intentar recuperar parte del terreno perdido, pero creo que no beneficia a nadie. Cuando es evidente que uno no solo estuvo
en los gobiernos, no solo participó del sistema que se había creado en España durante aquellos años, sino que además tenía presidentes conocidos de cajas de ahorros, que no hablen del problema central que preocupa a los contribuyentes, me preocupa,
y me preocupa por la calidad democrática de esta institución, que no se preste atención a las cosas importantes. Aquí, como digo, hay dos datos muy claros; uno, que tuvimos la burbuja de la construcción más grande del mundo, con permiso de Estados
Unidos, durante la década de principios del año 2000; y el segundo es que hemos rescatado a las cajas. Después tenemos la cuestión del Popular que ya veremos lo que cuesta, pero en todo caso es una cantidad muy pequeña en relación con las cajas.


Hecha esta reflexión, señor De Guindos, usted ha hecho un análisis bastante aséptico de los años del boom, y ha pasado bastante rápido, pero a mí me gustaría detenerme un momento más. Durante los años del boom en España, como usted dice, se
construyeron dos terceras partes de las viviendas de la Unión Europea; se multiplicó el crédito a los hogares; se dio crédito promotor sin límites. Me gustaría que explicara, y que reconociera más claramente, que esa especificidad de la economía
española que llevó -como digo- al boom de crédito y al boom inmobiliario quizá más grande del mundo tenía una relación directa con las cajas de ahorros.


Mi tesis es que había un sistema de saqueo montado alrededor de los dos grandes partidos en este país, con colaboración también de Izquierda Unida, alrededor de las cajas de ahorros, que lo que hacían era conceder créditos en gran parte
politizados, con un sistema de gobernanza formado por políticos en su mayoría que no conocían de finanzas, cuando no -lo hemos conocido después- delincuentes abiertamente. Digamos que más que consejos de administración, en algunos casos, como el de
Bankia, parecía la cena de Navidad de una familia siciliana, como vimos el otro día, donde tenemos a una gran parte de los dieciocho del consejo hoy acusados de múltiples delitos; donde teníamos a familiares, teníamos a cuñados; teníamos al yerno
de un constructor; teníamos a primos... Era un sistema demencial, y los españoles se preguntan cómo es posible que aún hoy, a 2018, los viejos partidos que tuvieron responsabilidad evidente a ojos de todos sigan todavía tratando de esconder esa
evidencia.


En España se montó un sistema de extracción de rentas alrededor de las cajas de ahorros, en el que participaron los gobiernos locales, en el que participaron los reguladores, que eran los encargados de hacer check and balance y de controlar
lo que estaba sucediendo, porque también estaban politizados. A nivel local también los secretarios e interventores eran incapaces de parar las bestialidades que se estaban haciendo a nivel de ayuntamientos y demás con las recalificaciones, porque
también estaban politizados y también estaban capturados por el bipartidismo de amiguetes y, por tanto, era imposible que cuando llegó la crisis pudiéramos parar el desastre que se había montado, porque era un negocio que le salía muy bien al
bipartidismo; daban créditos a amigos para hacer pelotazos, que después se convirtieron en aeropuertos vacíos, se convirtieron en plazas con bustos, se convirtieron en promociones inmobiliarias

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ridículas que todavía estamos manteniendo, y que después volvían, a través de mordidas millonarias, al partido político de turno para financiarse. Como digo, era un negocio win-win para el bipartidismo. Dicho esto, me gustaría que nos
hablara sobre los años del boom y el rol de las cajas.


El segundo punto que quiero comentar es sobre las gravísimas acusaciones que hizo el otro día el señor Rato, su antiguo jefe, durante el periodo 2000-2004, en esta Cámara y, en particular, en esta Comisión, que se refieren a usted
directamente. Básicamente, el relato que construye el señor Rato, en mi opinión ridículo, es que nadie vio nada, él no sabía nada, los reguladores no veían nada; tampoco los auditores veían nada porque no había ningún problema... Lógicamente, su
Consejo de Administración, trufado de incompetentes, de políticos, de amiguetes, no veía tampoco nada, y que usted llegó y entonces destapó la alfombra y, esa es mi opinión, salió lo que ya estaba. Según el señor Rato fue su culpa. Declaraba,
literalmente, que en el período desde que es nombrado ministro, usted hacia aquellas declaraciones famosas al Financial Times a principios de enero y desde principios de enero hasta el rescate, que es en julio, hay una salida masiva de capitales del
país, hasta el 25 % del PIB; usted hace los decretos conocidos y eso fuerza el rescate que, en versión del señor Rato, era injustificado.


Primero, me gustaría que valorara el Consejo de Administración de Bankia con dieciséis personas, de dieciocho, que eran políticos; de una caja que representaba el 30 % del PIB español. Era una bomba de relojería para la estabilidad del
país, que estaba manejada -como digo- por un grupo de incompetentes. ¿Qué piensa usted y por qué tomó la decisión de cambiar ese consejo? Luego también le preguntaré por qué tardó tanto en tomarla. Usted ha escrito en su libro que hubo dos
problemas principales alrededor de las decisiones que se tomaron en Bankia, en general en las cajas pero en Bankia en particular, las fusiones frías, que se conocían como RIP, en vez de SIP, en el sector financiero, por las consecuencias que
tuvieron, porque es lo que pasa cuando juntas manzanas podridas por razones políticas y no lo haces por razones técnicas; y luego la salida a Bolsa de Bankia. Usted ha declarado también que se torcieron voluntades. Es decir, usted ha reconocido
abiertamente que en este país había una coalición con connivencia de los reguladores, en este caso, del Partido Socialista; el Gobierno, que quería dar una patada adelante para no reconocer los errores, y el Consejo de Administración, liderado en
este caso por el señor Rato, para no reconocer la gigantesca basura de ladrillo que había dentro de los balances de las cajas. ¿Podría decirme, por favor, si cree que hubo esa intención deliberada de tapar el agujero gigantesco que había en Bankia
y qué coste cree que ha tenido para los ciudadanos esa decisión deliberada del señor Zapatero -su brillante decisión de tirar esto adelante-, como digo, en connivencia con el bipartidismo, entre el presidente de la caja, del Partido Popular, y el
regulador Mafo, del Partido Socialista? ¿Por qué cree que el Banco de España, presidido, como digo, por un socialista, ignoró las recomendaciones reiteradas del jefe de inspectores del banco, el señor Casaus, en las que decía que no se estaba
provisionando suficientemente y que el agujero era mucho más grande de lo que se estaba reconociendo? En relación con esto, le hago otras dos preguntas: ¿Por qué en los cinco años que han pasado desde entonces no se han hecho más esfuerzos para
despolitizar los reguladores? ¿El Gobierno, tal y como se comprometió con Ciudadanos, va a sacar pronto el acuerdo que le exigimos tanto al Partido Socialista como al Partido Popular para acabar de una vez con la politización de los nombramientos
de reguladores y que esto de verdad no vuelva a suceder nunca más?


La señora PRESIDENTA: Señor Roldán, lleva ya diez minutos.


El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidenta.


También quería preguntarle sobre su actuación específica en un periodo determinado porque me surgen algunas dudas. Usted, como decíamos, fue nombrado a finales de noviembre, en Navidad prácticamente, y el rescate fue en julio. Usted
declara que había un agujero de 50 000 o 60 000 millones en el mercado financiero español, pero no toma ninguna decisión para solventar ese agujero hasta que no hace el primer decreto Guindos, que es en febrero, en el que pide más provisiones, y
después el segundo, que es en mayo, con el que, como usted decía, aumenta la demanda de provisiones en 86 000 millones. En ese periodo, desde su anuncio hasta el rescate, cerca de 25 % del PIB se marcha del país. ¿Por qué anunció ese agujero si no
tenía una solución o el dinero en ese momento para responder a esa necesidad? Alguien podría llegar a preguntarse si usted necesitaba una crisis realmente profunda para poder eliminar el chiringuito que había montado en las cajas de ahorros y,
entre otras cosas, echar al principal problema, que era su antiguo jefe, el señor Rato, de Bankia, Caja Madrid en este caso. Con esto no justifico lo que decía el señor Rato, pero sí creo que lo lógico para un ministro de Economía, con criterio
como usted, hubiera sido que, si tiene y anuncia un error o un problema tan grave, tuviera una solución porque, si no,

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en meses, como hemos visto, puedes agravar las self-fulfilling prophecies, la situación de la banca. ¿Por qué tardó tanto en hacer esos decretos? ¿Por qué no los hizo inmediatamente? Simplemente dijo: Fuera estos consejos de
administración incompetentes, aquí va la recapitalización, he hablado con Europa, este es el decreto donde se piden las provisiones; provisiones que algunos, a pesar de lo que diga el señor Rato, venían anunciando desde hace mucho tiempo. No había
nadie en el mundo financiero -yo trabajaba fuera en ese momento- que no supiera que por decisión política había un problema gigantesco y deliberado de ladrillo en los balances de las cajas de ahorros. ¿Por qué tardó tanto tiempo en responder? (El
señor Saura García pide la palabra).


Con esto termino. En todo caso, después tendremos otra intervención.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Roldán.


Señor Saura, imagino que efectivamente pide la palabra por la alusión personal.


El señor SAURA GARCÍA: Sí.


La señora PRESIDENTA: Leo el artículo concreto: 'Cuando, a juicio de la Presidencia, en el desarrollo de los debates se hicieren alusiones, que impliquen juicio de valor o inexactitudes, sobre la persona o la conducta de un diputado,
podría concederse al aludido el uso de la palabra por un tiempo no superior a tres minutos.' Tiene usted hasta ese tope si fuera necesario.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Intervengo brevemente. El señor Roldán hace referencia a mi persona y a mi intervención. Hoy, esta tarde, el señor Roldán ha tratado de jugar de defensa central del señor Guindos y de la gran banca española. Solo voy a poner un dato
encima de la mesa; solo un dato. El Banco de España le debe al eurosistema 300 000 millones de euros; es decir, España le debe al eurosistema -por tanto, a los españoles-, como consecuencia de los préstamos que ha hecho el Banco Central Europeo a
España, 300 000 millones de euros. Por consiguiente, tenemos que analizar lo que ha sucedido con las cajas mal gestionadas, pero en su conjunto con el sistema financiero. (El señor Roldán Monés pide la palabra).


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Vamos a ver, señor Roldán... Espere usted un momento. Estamos en la comparecencia del señor De Guindos. Usted ha dedicado un calificativo y ha hecho una alusión al señor Saura. No se trata de un debate en el que
usted ahora le conteste al señor Saura y él me pida a mí después la palabra. Considero que usted tuvo su turno de intervención, en el que yo no le interrumpí, y el señor Saura se ha acogido a su derecho de responder y, por tanto, considero que el
tema está debatido. No va a haber un debate entre los dos portavoces. Estamos en la comparecencia del señor ministro...


El señor ROLDÁN MONÉS: Pero es una alusión personal.


La señora PRESIDENTA: Hay cientos de miles de personas que están siguiendo esta intervención y yo creo que en este momento...


El señor ROLDÁN MONÉS: Eso no es una acusación personal. Lo siento, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Señor Roldán, si usted ahora nombra al señor Saura, el señor Saura me pedirá la palabra y luego lo hará usted. Considero el tema zanjado.


En este momento vamos a hacer un receso de quince minutos para ordenar las respuestas.


Gracias. (Pausa).


Continuamos con la Comisión y a continuación tiene la palabra el señor ministro para responder a los señores portavoces.


EL señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD Y EX SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA EN EL PERIODO 2000-2004 (De Guindos Jurado): Muchísimas gracias, señora presidenta, muchísimas gracias a todos los que me han felicitado por mi
cumpleaños. Todos conocemos unas cuantas alternativas mejores para celebrar el cumpleaños, pero la verdad es que es un placer y un honor estar aquí en esta Comisión de Investigación.

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Voy a ir contestando a cada uno de ustedes de forma individualizada. Ha habido planteamientos que se han hecho en común, con lo cual, si no les parece mal, los agrupo y así podemos avanzar más rápidamente.


Empiezo con la señora Capella. En primer lugar, mi comparecencia en el Parlamento de Cataluña. Había un informe del Consejo de Estado, como usted misma ha indicado, y yo no hubiera tenido el más mínimo problema en haber ido al Parlamento
de Cataluña, que efectivamente es el principal órgano de representación del autogobierno de Cataluña, y habría estado encantado de haberme puesto a disposición de los parlamentarios y de haber comentado la crisis financiera, que en el caso de
Cataluña fue especialmente relevante pues hubo varias instituciones que tuvieron problemas importantes.


Me pregunta también su señoría sobre la experiencia del sector privado, del sector público; todos somos lo que somos. Desde que nacemos todos tenemos un camino y vamos cumpliendo etapas y evidentemente nuestras decisiones están siempre
basadas en la experiencia del pasado y en nuestro currículum. Por tanto, es importante la combinación del sector público con el sector privado. Soy funcionario, saqué una plaza de funcionario del Ministerio de Economía con veintitrés años y, a
partir de ahí, he trabajado mucho tiempo en el Ministerio de Economía. Siempre digo que he tenido todos los niveles en el Ministerio de Economía; he sido nivel 24, 26, 28, 30, director general, secretario general, secretario de Estado y ministro,
de lo cual estoy orgullosísimo, sobre todo en el Ministerio de Economía. Uno no puede de alguna forma desligar sus decisiones de lo que es esta experiencia e intentar utilizar ese poso que va acumulando para tomar las decisiones mejores posibles.


Ha comentado de mi época de secretario de Estado -otros portavoces también lo han hecho- el tema de la Ley del Suelo y de la burbuja, cuándo se empezó o no se empezó a gestar. En relación con la Ley del Suelo, fue un intento de poner mucho
más suelo edificable en el mercado. Saben ustedes que una sentencia del Tribunal Constitucional lo paralizó y dijo que era una competencia específica, particular y propia de las comunidades autónomas y, por tanto, desvirtuó mucho la Ley del Suelo.
Achacar a la Ley del Suelo -que después no llegó a tener efecto como consecuencia de esa sentencia del Tribunal Constitucional- los efectos de una potencial burbuja... Creo que no era así, que era al revés, porque hay un principio básico de
economía, que es que cuando se incrementa la oferta los precios se suelen reducir y ese era el objetivo fundamental de la ley. A pesar de que la ley tenía los principios correctos y los instintos correctos, desde el punto de vista del incremento de
la oferta de suelo, no se pudo aplicar como consecuencia del Tribunal Constitucional.


En cuanto al apetito, no hay ninguna connotación negativa. Es una expresión que utilizamos los economistas como una tendencia o los incentivos que uno tiene de algún modo. Si le ha ofendido, no tenga la mínima duda de que lo retiro, pero
no tenía la más mínima connotación negativa.


Comenta el coste del rescate, cuestión que he tratado en numerosas ocasiones. Le vuelvo a resumir cuál es el punto de vista. Los Gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, en términos de inyección de capital, hemos aportado
algo más de 60 000 millones de euros, de los cuales un tercio fue grosso modo de la anterior Administración y dos tercios, algo más de 40 000 millones, de la actual Administración. Hemos recuperado ya aproximadamente unos 9000 millones de euros por
diferentes vías, pagos, intereses, desinversiones, dividendos, etcétera. Hay una variable que es importante tener en consideración y estoy convencido de que usted lo compartirá conmigo. Si no hubiera habido rescate, no se hubieran podido pagar las
preferentes, que fueron 8000 millones, ni tampoco se hubiera podido pagar la salida a bolsa de Bankia, los minoristas, después de la sentencia del Tribunal Supremo a la que he hecho referencia. Eso suma aproximadamente unos 10 000 millones entre
los dos. Lo que llevamos, por decirlo de alguna forma, va haciendo la cuenta de ese modo de debe y haber. En términos contables hemos recibido unos 19 000 y nos queda un 61 % de Bankia, que creo que va a valer muchísimo; iremos realizando las
desinversiones -como he indicado anteriormente- acorde con la evolución del mercado e intentaremos lógicamente maximizar el retorno para el contribuyente. Hay una variable importante para el valor de Bankia, que es la evolución de los tipos de
interés. Todos en esta sala estaremos de acuerdo en que en los próximos tres o cinco años los tipos de interés van a ir al alza en vez de ir a la baja, no puede ir mucho más a la baja, con lo cual en última instancia esto se va a reflejar
positivamente en la cotización de Bankia, que es muy sensible a la evolución de tipos de interés.


Preguntaba su señoría si no me preocupaba la concentración bancaria y la generación de un oligopolio. Seguramente tiene usted razón en una cuestión: el tema de los oligopolios y del comportamiento competitivo o no en un mercado no
solamente se puede valorar en función del número de competidores que tienes, sino que se tiene que valorar también en función de los incentivos a competir que tienen estos

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competidores. Nosotros teníamos cuarenta y tantas entidades antes del inicio de la crisis y ahora estamos alrededor de doce, trece o catorce. Le puedo decir que teníamos cuarenta y tantas, pero su capacidad de competir en un mercado
abierto, en el mercado financiero, dando financiación a familias y a empresas era extremadamente reducida. A pesar de que tenemos menos competidores, estos competidores, al ser mucho más fuertes, creo que están compitiendo, que están teniendo una
rivalidad mucho más intensa que la que había en una situación de mercado en la cual era una estructura en la que había mayor número de jugadores al respecto.


Señora Capella, no entiendo aquello de que en Bankia hay dudas. Bankia es el banco más solvente de España. Tiene los mayores ratios de capital al respecto.


Paso ahora a contestar al señor Montero. El señor Montero se ha centrado fundamentalmente en el Banco Popular. En cuanto al informe, lo he dicho en numerosas ocasiones, en privado y en público; les he dicho a la señora König y a la Junta
de Resolución que lo publiquen. Además, el presidente del FROB ha mandado una carta diciendo que se publique. No tenemos el mínimo problema. Creemos incluso que la transparencia es importantísima. Además, hay una cuestión evidente: los
directivos del Banco Popular abrieron un periodo de subasta para ver qué valoración había y qué ofertas se habían presentado y no hubo ninguna. ¿Se acuerda usted, señor Montero? En cuanto a la ampliación de capital, lo único que sé es que el
presidente en una junta de accionistas dijo que hacía falta una ampliación de capital grande, pero no lo concretó. Mi impresión es que estuvieron sobre todo centrados en la necesidad de venta del banco.


Habla usted de la salida de depósitos. Hay dos variables; volvamos para atrás, a principios de este año. Si ha habido un asunto en el cual ha habido noticias continuas en la prensa económico-financiera y no económico-financiera ha sido la
evolución de la cotización del Popular. Les puedo decir varias cosas al respecto. Había una correlación extrema entre caídas en bolsa del valor de la acción del Popular y salida de depósitos. Se recogía en la prensa e inmediatamente... Segunda
cuestión, que también es importante, hubo numerosas rebajas de rating, que usted mismo ha citado. Hay inversores institucionales que tienen que atenerse a una serie de niveles de rating mínimos a la hora de colocar sus excesos de liquidez. Si uno
mira lo que pasó en abril, en mayo y en los días de junio, hasta la resolución del Banco Popular, le puedo decir que el 70 % de las retiradas de depósitos fueron particulares, privados, y el 30 % fueron instituciones públicas. Lo que reitero es la
correlación extrema y muy próxima entre caída del valor en bolsa, con la repercusión que eso tenía inmediatamente en la prensa -hubo caídas muy fuertes, puedo repetirle ahora todas las caídas que hubo, algunas eran como consecuencia también de
declaraciones, de no declaraciones, etcétera- y salida de depósitos. Pero un 70 % fueron privadas, y de instituciones públicas -ayuntamientos, comunidades autónomas, diferentes empresas públicas, etcétera- únicamente fue un 30 %.


Me pregunta usted por el tema relativo a liquidez, BCE, solvencia, etcétera. No le puedo decir, es una cuestión fundamentalmente del Banco de España. Sí, ya sé que ustedes valoran notablemente la actuación y la capacidad de actuación del
Ministerio de Economía, pero no es responsable de todo, es decir, esto estaba bajo la responsabilidad de la junta de resolución del BCE y el FROB, que, si depende funcionalmente del Ministerio de Economía, actúa por cuenta de la junta de resolución.
Pero en el tema sobre liquidez, ni el Ministerio de Economía ni el Gobierno tienen capacidad para analizar la calidad del colateral, es decir, las garantías que se presentaban, y estaba absolutamente en manos de lo que me decía -como no puede ser de
otro modo- el Banco de España, que, a su vez, estaba en contacto con el Banco Central Europeo.


Comenta usted sobre si hemos dado más tiempo a una entidad que a otra. Mire, el tiempo se nos cortó -esto es absolutamente público-. Las autoridades responsables querían hacer la resolución un fin de semana, y, al quedarse sin liquidez,
hubo que hacerlo prácticamente en doce, trece horas. Y ese fue el tiempo que se dio a todos. Evidentemente, estuvieron en idénticas condiciones desde el punto de vista de poner una oferta.


Señor Mayoral, yo le hice caso sobre el tema de los niños de tres años. No sé si usted es consciente, si ha estudiado la modificación que hicimos en el código de buenas prácticas. Le escuché, me pareció razonable lo que me decía y lo
cambiamos: de mayores de edad a mayores de tres años. Mírelo, está en la norma.


Como comprenderá, esto de los especuladores o no especuladores está muy bien. Evidentemente, yo llevo seis años siendo ministro de Economía.

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Hemos cumplido todas las sentencias del tribunal de Luxemburgo. Si quiere usted, le puedo mandar un informe sobre el cumplimiento de todas las sentencias. Incluso, tenemos ahora la ley de crédito inmobiliario, en la que espero que ustedes
hagan aportaciones al respecto -si hay algo que no se puede hacer, lo vemos-, porque tiene una parte sobre la trasposición de la directiva que queremos hacer.


Hace usted referencia a un inversor concreto, a BlackRock, que es un inversor muy importante, pero como otros muchos.


Por supuesto que el Ministerio de Economía, yo mismo en ocasiones me veo con los directivos de los principales inversores institucionales en España. Es mi obligación. Se trata fundamentalmente de que tengan información sobre lo que está
pasando en España, sobre cuáles son las intenciones desde el punto de vista del Gobierno, de su política económica, y cuál es la situación de la economía española. Vivimos en un mundo abierto, en un mundo en el que los inversores institucionales
son importantes. De ahí a colegir que BlackRock es una especie de mano que mece la cuna no lo creo en absoluto. Como comentaré posteriormente, las teorías conspiratorias suelen ser teorías de perdedores.


Hace usted una consideración que también hace el señor Candela sobre preferentes y cuotas participativas. No son lo mismo unas y otras. Las cuotas participativas son acciones sin derecho de voto. Eran específicas para las cajas de
ahorros. Se establecieron en la Ley financiera del año 2002 y después en un decreto de febrero de 2004. Las cuotas participativas eran capital de la máxima calidad, tenían mucho más que ver con la renta variable. Por eso mismo, si uno mira las
condiciones que se establecieron para las cuotas participativas, verá que tenían un nivel de garantías muy superior a las preferentes. Por ejemplo, las cuotas participativas exigían que hubiera una valoración independiente de la entidad. En el
caso de las cuotas de la CAM -y con esto también contesto ya al señor Candela-, las preferentes eran otra cosa completamente diferente. La preferente es un título de renta fija en el que el cobro del cupón está ligado a la obtención de beneficios
de la entidad, y además no es capital de la misma calidad, en absoluto, en esta especie de prelación que se hace de diferentes tipos de recursos. No eran comparables las cuotas participativas, que eran capital fetén. Las preferentes estaban por
debajo en el orden de prelación. El problema de las preferentes es que cuando la entidad dejaba de tener beneficios -y eso no se explicaba a la gente- se dejaba de pagar el cupón. Pero esa es otra cuestión y ya volveremos a ella.


En cuanto a las cuotas participativas, solamente hubo una emisión, la de la CAM a mediados del año 2008, basados en el cierre de las cuentas de 2007, con una valoración independiente al respecto. Y las cuotas participativas de la CAM
-seguro que esto se lo ha mirado el señor Candela- estuvieron cotizando tres años y pico, incluso por encima del valor de salida en unos momentos muy difíciles -estamos hablando de los años 2009, 2010 y 2011-. Por ejemplo, si usted mira la
cotización de final de año de 2010 -ya estábamos en una situación muy muy difícil-, un señor, una señora, un inversor que hubiera ido a comprar cuotas participativas de la salida de la CAM tendría una rentabilidad del 20 %. El problema de las
cuotas participativas fue que no se utilizaron, ese fue el gran problema. Estoy convencido de que si usted le pregunta ahora al señor Solbes sobre los problemas, uno fue que no hubo emisiones; solamente hubo una de unos 290 millones, que fue la de
la CAM. Ojalá se hubieran emitido muchas más cuotas participativas, hubiera cambiado todo absolutamente. Incluso hay un editorial del diario El País de entonces donde se dice que las cuotas participativas eran la forma que tenían las cajas de
allegar recursos. Las cajas tenían un problema. Dada su estructura societaria, la única forma que tenían de incrementar su capital era no distribuir dividendos, es decir, acumular, y son resultados no distribuidos. Pero eso condicionaba el otro
objetivo de las cajas, que, lógicamente, era la obra social. Entonces, había una situación en la que las cajas de ahorros se encontraban limitadas en su capacidad de competencia. Si a eso sumamos posteriormente el tema del gobierno corporativo,
las interferencias políticas, etcétera, la conclusión es que la única salida ante ese problema fueron las preferentes, que además se colocaron al pormenor. Y ahí sí que se colocaron masivamente entre los años 2005 y 2010, fundamentalmente en las
antiguas cajas de ahorros. Y vuelvo a repetir -y esto también es importante-, tuvimos que establecer un mecanismo para devolver a 300 000 preferentistas 8000 millones de euros de preferentes que se habían comercializado de forma incorrecta. Esa
fue realmente la cuestión.


Señor Saura, usted me ha llamado mentiroso convulsivo, etcétera. Entiendo perfectamente que usted tiene un papelón. Y además entiendo que usted tiene cierta capacidad de análisis y se da cuenta de sus contradicciones. Si metemos dinero es
porque metemos dinero, si no se mete dinero en el Popular es porque no se mete dinero. Entonces, usted tiene que crear historias paralelas, y usted ha creado sus historias paralelas. Cuando yo llego, finales del año 2011, según usted todo estaba
fenomenal, y llego yo, que soy un irresponsable, y digo que 50 000 millones; machaco al Banco de España, me cargo las

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cotizaciones bursátiles, produzco una salida de liquidez masiva y estamos a punto, a punto y a punto de que nos tengan que rescatar completamente -menos mal que llega Draghi y dice el whatever it takes; simplificando, es su teoría-;
miento, incapaz, etcétera.


Señor Saura, ahí solamente le fallan dos puntos. El primero es uno muy simple, que es el Banco de Valencia. Ahí no tengo nada que ver y estará de acuerdo conmigo. El Banco de Valencia se interviene curiosamente el día después de las
elecciones, el 21 de noviembre, era un banco que estaba controlado un 40 % por Bankia y Bankia se desentiende. Cuatro meses después, justo cuatro meses después de la salida a bolsa de Bankia. Y hay una segunda cuestión que yo creo que le falla en
su teoría, si usted me lo permite, con todo el aprecio personal que le tengo, y es que con el cálculo que se hace del balance bancario a finales del año 2011 -sobre Bankia tendría una responsabilidad limitada supongo en el año 2011 porque llevaba
una semana de ministro, aunque a lo mejor para usted eso ya fue suficiente para contaminar todo-, con los datos cerrados, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, Oliver Wyman y todos los analistas dicen que
Bankia tenía un agujero de 24 000 millones de euros. Si en una semana, ya sé que usted tiene una valoración alta de mí, aparte de llamarme mentiroso, etcétera, conseguí hacer un agujero en Bankia de 24 000 millones de euros, entonces evidentemente
usted tendría toda la razón del mundo. Después, usted me sigue sobrevalorando porque dice que tengo capacidad para, con un comunicado del Fondo Monetario Internacional, meter una referencia a la caja más grande. Señor Saura, no me sobrevalore, por
favor. Ya sé que usted en el fondo usted me aprecia, pero no he llegado a eso todavía, no tengo capacidad para influenciar en los informes del Fondo Monetario Internacional.


Señor Saura, no sé en qué interpelación usted sacaba mi libro, muchas gracias por hacerme publicidad -esto me recuerda a Paco Umbral cuando fue a ese programa y decía: yo vengo aquí a hablar de mi libro- y además los beneficios son para una
buena causa y se lo agradezco, pero respecto a la famosa cena de banqueros, que no fue cena ni nada, tal como estábamos nosotros, ¿por qué me reunía yo con los banqueros en ese momento? Hubiera sido una irresponsabilidad que no me reuniera con los
banqueros con una crisis bancaria financiera de caballo. Si yo, como ministro de Economía -además ya tenía prestado no sé cuánto en preferentes el FROB a las diferentes instituciones y además tenía concedidas, por ejemplo, en el caso de Bankia 35
000 millones de euros en avales-, no me hubiera ocupado hubiera sido un i-rres-pon-sa-ble porque además estaba todo a punto de estallar. Ya sé que no es su teoría y que su teoría era que todo iba bien, era un cuento de rosas hasta que llega el
malvado Guindos y la fastidia, por no decir otra cosa. ¿Cuándo se fastidió el Perú, señor Saura?


Dimisión del anterior presidente de Bankia. Al anterior presidente de Bankia no le pido que dimita, dimite él. ¿Por qué? Uno, porque veía todo lo que se venía encima. Dos, porque había presentado unas cuentas sin auditoría, que es una
falta especialmente relevante y no sé si usted es consciente al respecto y, tres, porque sabía perfectamente que de forma muy rápida se iba a recomendar la conversión de las participaciones preferentes en capital, las que tenía concedidas BFA y esa
era en última instancia la nacionalización. Y hay una primera conclusión evidente de una nacionalización y es que cuando tú nacionalizas una entidad, estará de acuerdo conmigo el señor Saura, lo primero que tienes que hacer es cambiar el tipo de
gestión. Eso sería lo normal. Me parece que era un lunes por la mañana cuando me comunica que iba a dimitir, que lo iba a trasladar inmediatamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que había hablado con el señor Goirigolzarri y me
pide que si puedo llamar y que el señor Goirigolzarri lo que me había pedido es qué opina el Gobierno de que yo llegue... Y yo, como he indicado en mi exposición, le llamo y le digo que me parece bien. Al día siguiente me vuelve a llamar el
expresidente, el anterior presidente de Bankia, y me dice que lo ha pensado bien y que va a continuar de presidente hasta la siguiente junta. En ese momento ahí sí que le dije: Usted dimite inmediatamente porque ya lo ha comunicado a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Convoque al Consejo y dimita. A lo mejor el anterior presidente de Bankia estaba confundiendo lo que era la petición inicial, que nunca existió de dimisión, con esta específica que sí existió. Se convocó el
Consejo, dimitió, se nombró al señor Goirigolzarri y se consiguió incluso la conversión de preferentes, pero, el día después de haber anunciado su dimisión, él de alguna forma puso de manifiesto que quería algo más de tiempo.


Usted habla después del tema. En mi testimonio, que seguro que usted ha mirado porque es público, de la salida a bolsa de Bankia está el correo electrónico con el documento que me manda a mí el anterior gobernador del Banco de España en el
cual indica que va a recomendar a la entidad que pida la conversión de preferentes en capital y que incluso ya se había puesto en contacto la Dirección General de Supervisión

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con los directivos de Bankia para que así eso fuera. Está en mi testimonio en el documento remitido. Es un correo electrónico con un documento añadido.


Señor Aguirre, usted me ha comentado las fundaciones bancarias. El criterio es qué porcentaje del negocio bancario se hace dentro de una comunidad autónoma. Ahora no me acuerdo de los límites exactamente, pero si excede de un determinado
porcentaje el negocio bancario que existe en una comunidad autónoma, entonces el Protectorado de Fundaciones Bancarias viene al Ministerio de Economía. Si no es así, se queda dentro de la propia comunidad autónoma, lo que es el Protectorado de
Fundaciones Bancarias. Por ejemplo, en una de las entidades mejor gestionadas que hay en España y con mayor nivel de solvencia que es Kutxabank, el protectorado de la fundación de Kutxabank, que además son tres, me parece, es responsabilidad del
Gobierno vasco.


Usted me comenta la relación entre el anterior gobernador y el anterior presidente de Bankia. A mí lo que me contaba lógicamente el anterior gobernador es que ellos estaban convencidos de que era necesaria una mejora de la
profesionalización de Bankia, de los órganos de gobierno de Bankia, y lo que él proponía era buscar un consejero delegado de peso. Incluso él me citó -ahí fue la primera vez que yo lo escuché- la posibilidad de que fuera el señor Goirigolzarri. Lo
que pasa es que después el señor Goirigolzarri no aceptaba esa fórmula y lo que quería era ser lógicamente el principal responsable que además, con las cosas que había que hacer en Bankia, hubiera sido muy difícil si no hubiera habido efectivamente
un cambio. Por tanto, creo que la decisión que se produjo en última instancia fue la correcta.


El papel de los auditores. Nosotros hemos cambiado la Ley de Auditoría. Usted ha visto que la hemos endurecido y abrimos expedientes a auditoras con consecuencia de la auditoría de entidades financieras. Son públicos y están ahí.
Evidentemente, es una cuestión que ha sido fundamental y creo que la nueva norma de auditoría es mucho más completa y evita mucho más lo que es la captura del auditor por parte del auditado.


En relación con el informe de Deloitte, vuelvo a repetir lo mismo. Se está preguntando por un tema que no debería existir. Yo no tengo capacidad, a pesar de la sobrevaloración que me hace el señor Saura, pero le repito en público y en
privado que el presidente del FROB ha pedido que dicho informe se haga público. Y vuelvo a repetir que mejor informe que lo que había sido un contraste de mercado que habían hecho los directivos del Popular para intentar colocarlo, aunque no fue
nadie, era difícil.


Por lo que se refiere a la unión bancaria, esto ha cambiado muchísimo. Todavía no somos conscientes, pero esto ha cambiado muchísimo. La unión bancaria es el futuro, es la integración de la zona euro y los inspectores tienen que ser -el 90
% del sistema financiero español está supervisado por el Banco Central Europeo- inspectores del Banco Central Europeo en combinación, lógicamente, y colaboración con el supervisor español, que además sigue teniendo la supervisión de otra parte del
sistema bancario español, como las cajas rurales, pero tiene que colaborar, como no puede ser de otra manera, con el supervisor único europeo.


Creo que más o menos he contestado al señor Candela sobre las participaciones preferentes, las cuotas participativas, diferencia o no diferencia, etcétera. Las cuotas participativas de la CAM se producen con las cuentas cerradas del año
2007. Vuelvo a decir que la emisión de cuotas exigió una valoración independiente y que se hacen con las cuentas cerradas del ejercicio 2007. La problemática de la CAM surge con las cuentas de lo años 2010 y 2011, como sabe usted perfectamente.


La señora Sagastizabal ha manifestado -también ha habido alguien que lo ha dicho- que yo era secretario de Estado en el año 2003 y me ha preguntado por la cuestión de la burbuja inmobiliaria. Lo primero es qué entendemos por una burbuja.
¿Entendemos por una burbuja una evolución de precios que no se compadece con los fundamentos lógicos de la teoría económica? Evidentemente, en el año 2003, como dijo el señor Solbes -estoy de acuerdo con muchas de las cuestiones que indicó el otro
día en su intervención- empezó a cuajarse, pero aquí hay una cuestión por la que también preguntaba el señor Roldán y en relación con la cual a veces nos equivocamos o tendemos a no considerarla suficientemente: el poder de la política monetaria,
el poder de los bajos tipos de interés. En esa época en España hubo dos influencias en los tipos de interés. Uno, nos incorporamos al euro y el Banco Central Europeo empezó a bajar tipos, especialmente cuando después de la reunificación alemana
Alemania entra en una situación muy complicada. Se nos olvida, pero a principios de este siglo Alemania no crecía, tenía problemas desde el punto de vista del crecimiento y el BCE llevó a cabo una política expansiva que seguramente implicaba unos
tipos de interés más reducidos que los que eran necesarios de equilibrio, como decimos los economistas, para la economía española. Eso tiene un poder brutal desde el punto de vista de inyección de liquidez, de valoración de activos; un poder
brutal. En el caso español hubo una

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segunda variable que a veces se nos olvida. Cuando nos incorporamos al euro teníamos un diferencial, teníamos una prima de riesgo que no era como la actual, sino una prima de riesgo derivada del riesgo de tipo de cambio y esa desaparece
también, con lo cual la bajada de tipos de interés en España es especialmente intensa y eso alienta una burbuja muy superior. ¿Que después se combina con otros factores? Sin duda; ¿que la política fiscal podía haber compensado? Sin duda. ¿Que
se podían haber tomado medidas prudenciales? Sin duda. Pero no infravaloremos el poder de la política monetaria y de los bajos tipos de interés. Eso estaba ahí larvado de alguna forma, pero cuando uno observa los fundamentos de la economía
española a finales del año 2003, señora Sagastizabal, lo que se ve es que tal vez teníamos el indicador más claro de que se está desequilibrado: el sector exterior. Nosotros teníamos una necesidad de financiación en el entorno del 2 y pico por
ciento, es decir, empezábamos a apelar al ahorro externo y sin duda había un crecimiento del crédito y de los precios inmobiliarios. Aquí tengo unos gráficos muy útiles relacionados con el momento en que se produce la verdadera explosión. Uno es
sobre el stock de crédito por actividades inmobiliarias en el año 2003. Les dejo aquí los gráficos para sus conclusiones porque pueden serles útiles. Otro se refiere al stock de crédito para la adquisición de viviendas: 233 000 millones en el año
2003 y, el máximo, 632 000. Otro hace referencia al endeudamiento del sector privado entre los años 2003 y 2017. En 2003 estábamos por debajo de la media europea, en el 135 % del PIB -si no me falla la vista, que a veces me falla bastante- y
Europa estaba ligeramente por encima y en el año 2010 nos vamos al 218 % del PIB, que es cerca de 50 puntos por encima de la media europea. ¿Se podía haber actuado en el año 2003? Sin duda, pero se tenía que haber actuado mucho más en los años
2004, 2005 y 2006, porque en 2007 a lo mejor ya era un poco tarde.


La señora Sagastizabal ha hablado de los cien mil millones. Cien mil millones es un cálculo que se hizo a priori para que no fuera una cifra cuestionada y no generara ninguna duda. Después se utilizaron, como sabe su señoría, 41 000
millones únicamente. También ha comentado algo a lo que no le puedo contestar: la fusión de Caja Madrid con Bancaja. Yo no estaba allí y no tengo responsabilidad. Eso se lo tiene usted que preguntar, lógicamente, a los que tenían
responsabilidades en ese momento. En relación con el plan de saneamiento del primer decreto-ley, el Guindos I, lo cierto es que el Banco de España lo aprobó con condiciones y nunca lo aprobó definitivamente. Cuando después se nacionaliza Bankia,
ese plan pasa a mejor vida. Y sobre el tema del informe de Deloitte, le repito lo mismo.


Me queda por contestar al señor Roldán. Antes he comentado el tema del boom, de la burbuja. Lo que decía de la política monetaria lo sabe usted exactamente igual que yo: el poder de los bajos tipos de interés, además durante mucho tiempo,
por debajo del nivel de equilibrio. Lo importante no eran los tipos de interés nominales, sino los reales, que eran negativos continuamente, y eso fomentaba la financiación y la evolución de los precios de los activos. El precio de un activo es un
flujo de renta descontado por un tipo de interés y si el tipo de interés baja, ese flujo de renta en términos de valor presente vale más. Lo que ocurre es que si, efectivamente, ese tipo de interés no es de equilibrio, entonces se está generando la
burbuja. ¿Que después hubo problemas desde el punto de vista del gobierno corporativo? Por supuesto. Me ha preguntado qué pensaba yo del consejo de administración. Lo que puedo decirle es que el consejo de administración que nombró el señor
Goirigolzarri me pareció muy bien. Creo que nadie puede decir lo más mínimo: profesional y en su sitio. No había ningún tipo de consejero con connotación política y me pareció muy bien, utilizó un criterio absolutamente profesional.


En cuanto al tema de los 50 000 millones -y esto enlaza con la teoría conspiratoria del señor Saura-, el otro día yo dije 50 000 y no 60 000.


El señor SAURA GARCÍA: Sí, 50 000.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD Y EX SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA EN EL PERIODO 2000-2004 (De Guindos Jurado): 50 000. Es que a veces dicen que he dicho 60 000 y por eso pregunto, sobre todo al señor Saura,
que se ha leído mi libro y hace propaganda de él. (Risas).


Vamos a ver, 50 000 millones es la cifra que me da el Banco de España, y me da diferentes alternativas, me da la posibilidad de hacer varias cosas y me dice: podemos incrementar provisiones, podemos crear un banco malo o podemos intentar
incrementar el capital, vía FROB, de las instituciones. En ese momento, evidentemente, había ya bastantes dudas sobre la solvencia del sistema financiero español y decir lo de los 50 000 millones ancla una expectativa. Ahora dice: no, es una
locura. Bueno, bien, será una locura pero ancla. Y el Banco de España, incluso, me manda después una nota y me dice que lo de los 50 000 millones le parece muy bien, señor Saura. El 2 de febrero sacamos un decreto-ley. Es decir, yo hago mis

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declaraciones a principios de enero y tres o cuatro semanas después sacamos un decreto-ley en el cual se incrementaban las provisiones en 50 000 millones de euros. También hacemos lo del tema del control de los sueldos de los directivos de
las cajas, etcétera. Y, señor Roldán, no fue suficiente. En el mes de mayo, pocos meses después, tuvimos que sacar otro por 30 000 millones, porque únicamente habíamos limitado los 50 000 millones a los activos dañados y el mercado seguía teniendo
dudas. Conseguimos aumentar las provisiones en 86 000 millones de euros. Y estará usted de acuerdo conmigo en una cosa; por ejemplo, ¿cuál es hoy uno de los principales problemas de la banca italiana? Los non-performing loans, y la falta de
provisiones y las dificultades; y eso es lo que ha llevado a que el ministro italiano y el Gobierno italiano hayan tenido que nacionalizar e inyectar capital con recursos públicos en una serie de bancos. En la reunión del Eurogrupo, en la cual se
analizó el Banco Popular y la actuación de la banca italiana, inmediatamente las instituciones europeas dijeron: ¡qué bien lo ha hecho España; qué mal lo ha hecho Italia! Yo pedí la palabra y, aparte de que tengo el máximo aprecio por el ministro
italiano, dije: Miren, yo soy el único alrededor esta mesa que he tenido que inyectar 40 000 millones -sé lo que es eso- y, sin embargo, he tiene la suerte de que, sin inyectar un euro de dinero público, hemos podido resolver un banco con tantas
dificultades, tan problemático, etcétera, como el Banco Popular, aplicando las normas europeas. Y le vuelvo a repetir que, si quiere usted, era un reconocimiento de humildad, que creo que es importante en esta vida.


En cuanto a los supervisores, por supuesto, lo estamos preparando; ya está elaborado el texto. Sabe usted que empezaremos todo el proceso de tramitación inmediatamente.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De Guindos.


Vamos a pasar al turno de réplica. En primer lugar, tiene la palabra la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.


Como no me va a dar tiempo de hacer todas las preguntas que quiero, le pediría a la Presidencia que, en todo caso, también le pudiésemos preguntar por escrito al ministro en atención también al documento que nos ha proporcionado, por
ejemplo, en temas como el Banco Popular. Por lo tanto, como no podré, prefiero centrarme en lo que quiero decirle.


Podemos positivizar alguna cosa de todo lo que ha pasado, que es la capacidad de la ciudadanía para movilizarse, para intentar derrotar estas maneras de hacer. No sé si lo hemos conseguido, no sé si lo han conseguido. Enumeraré todas estas
asociaciones y grupos de ciudadanos que se han organizado, como son: 15-MpaRato, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Afectados por las Preferentes -esta mañana oíamos a una de las personas que lo ha canalizado-, los Afectados por las
Cláusulas Suelo, Adicae y un largo etcétera, que han intentado cambiar el panorama jurídico y político en el Estado español. Por tanto, señor ministro, señor De Guindos, evidentemente, la línea que debe seguirse es la de una legislación más
garantista para defender a los consumidores y usuarios, a los pequeños inversores y a los ahorradores. Al final, la pregunta que debo hacerle siempre es la misma, ¿por qué siempre se decantan del lado de los bancos -porque la legislación
mayoritaria ha sido esta-, por qué les cuesta tanto trasponer las directivas comunitarias y cuando lo hacen lo hacen a regañadientes, tarde y con la amenaza, en la inmensa mayoría de las veces, de sanciones por parte de Europa?


Terminaré mi intervención leyendo unas conclusiones que luego diré quién las hace llegar. Ante una crisis que ha generado más pobreza y desigualdad, la avaricia, la codicia -según San Pablo, la raíz de todos los males-, el consumo y la
acumulación desmesurados impiden encontrar soluciones dignas y compartidas en nuestra sociedad. No podemos optar por una economía de la exclusión y la desigualdad. Dice el Papa Francisco que es imperioso que los gobernantes y los poderes
financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas; que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. Si algo ha puesto de relieve la última crisis financiera internacional, que se inicia
alrededor de 2007, son las contradicciones entre el funcionamiento del sistema financiero, los valores éticos y un uso eficiente del conocimiento. Lamentablemente, nuestros conciudadanos han sido víctimas de esta contradicción en el lamentable
fraude de las preferentes, por ejemplo, que a pesar de que ha tenido una gestión manifiestamente mejorable por parte del Gobierno español, tiene un alcance tan global, como global también es la gestión del sistema financiero. La revista The
Economist puso cifras en uno de sus estudios a esta contradicción, aunque una gran mayoría de los ejecutivos de la industria financiera están de acuerdo en que la conducta ética es tan importante como el éxito financiero de su empresa. Más del 50 %
afirma que el estricto cumplimiento de dichos códigos haría muy difícil su carrera o progresión

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dentro de la empresa o sector; y tres quintas partes de los directivos encuestados creen que las lagunas en el conocimiento de los empleados y, sobre todo, de los mismos directivos, representan un riesgo financiero importante para su
empresa. ¿Hasta qué punto es honesto, teniendo en cuenta estas evidencias, confiar en soluciones fundamentadas únicamente en la autorregulación o la eficiencia intrínseca de los mercados? Si los gobiernos no están dispuestos a sufrir las
consecuencias de un nuevo colapso del sistema financiero o bancario, y los recientes rescates bancarios nos dicen que no lo están, solo se podría interpretar el mantenimiento del mismo tipo de regulación y prácticas bancarias como un enorme
ejercicio de cinismo. Quizá, en lo que atañe a la regulación del sistema financiero, ministro, esta contradicción entre ética, eficiencia y lucro únicamente tiene una solución: recuperar el valor original de la política, que no es otro que el de
anteponer el interés general a la imprevisibilidad de los mercados. En este sentido, no nos vendría mal recuperar el espíritu de Franklin Roosevelt, de fuerte espíritu liberal, como todo presidente norteamericano, pero también responsable de una de
las reformas más importantes del sistema bancario. Creo en el individualismo, pero solo hasta cuando el individualista empieza a medrar a expensas de la sociedad. Oriol Junqueras. Estremera, 13 de enero de 2018. Me lo dictó porque estuve este
domingo con él para que pudiese utilizar sus palabras y, por tanto, este pensamiento.


En todo caso, termino con una pregunta. ¿Cuál es su concepto de ética económica?


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos solo va a intervenir el señor Mayoral. Tiene la palabra, señor Mayoral.


El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, no me puedo privar de preguntarle a una persona informada como usted, que ha sido directivo de Lehman Brothers, teniéndole aquí, que nos explique por qué quebró Lehman Brothers y por qué afectó tan gravemente a la economía
mundial y cómo afectó a la economía española. Me gustaría que nos explicase en qué consistía su actividad de negocio en Lehman Brothers bajo su responsabilidad y qué tipo de operaciones dirigía usted en España y Portugal.


Ha dicho usted que me hizo caso. A quien le ha hecho caso es a la Convención de Derechos del Niño, no a mí. No tengo ningún mérito en que nuestro país haya dado un pasito en cumplir nuestras obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos. Pero, mire usted, cuando hay violaciones sistemáticas de derechos humanos se tiene que cumplir un principio internacional: verdad, justicia y reparación, y no existen mecanismos de verdad, de justicia y de reparación para lo que
se ha hecho con los menores, con los niños y las niñas en nuestro país en los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Me podría decir usted si hay muchos inversores internacionales que tengan a la vez ese 6 % dentro del Banco Santander,
del BBVA y dentro de Telefónica y de tantas empresas del IBEX 35? Porque me dice usted que no tiene miedo al monopolio. ¿Podría usted confirmarme que el 47 % de las salidas de los depósitos del Popular eran garantías públicas, dinero público, en
el último trimestre hasta el momento de la resolución? ¿Me lo podría confirmar?


Respecto a las preferentes, le voy a hacer algún comentario, porque ya he visto que ha hecho un panegírico sobre las cuotas participativas, algo sobre lo que no sé qué opinarán las plataformas de afectados por las cuotas participativas de la
CAM, pero supongo que tendrán una opinión diferente a la suya, casi seguro. De todas formas, seguro que usted me puede hablar de las preferentes de Lehman Brothers, que esas sí que las conoce bien y de las que hay sentencias reiteradas en la
justicia española porque fueron colocadas a clientes minoristas en nuestro país; de hecho, tengo noticias de la emisión de 4000 millones de dólares en 2008. Seguramente hay más, pero no sé exactamente cuáles fueron las que se colocaron en España.
Me gustaría que nos dijera cuál era su responsabilidad en la colocación de esos productos financieros tóxicos a la población española. Supongo que algo tendría que ver, a lo mejor, o igual no, quién sabe. 'Yo pasaba ahí' es lo que nos han dicho
hasta ahora prácticamente todos los comparecientes, o que ha sido un mal de la naturaleza esta crisis que han vivido nuestro país y el mundo después de que un sector desregulado se haya apoderado de todo.


Me gustaría que me contestara a algunas preguntas. ¿Es cierto que ustedes han cumplido lo que no pudo cumplir el señor Zapatero después del envío de la carta del señor Trichet y el señor MAFO? Y se lo puedo concretar: reforma de la
negociación colectiva, cláusulas de ajuste a la inflación, moderación salarial en el sector privado, normas relativas al mercado de trabajo, sostenibilidad de las finanzas públicas, objetivo de políticas presupuestarias. Supongo que conoce la carta
de Trichet y MAFO, que, según dicen, fue el

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elemento clave para reformar la Constitución. Como no nos contestó la señora Salgado, a lo mejor usted, que es una persona muy informada, nos podría explicar cómo se realizó la negociación para la reforma de la Constitución española que no
pudo votar el pueblo español y que supuso su quiebra. Seguro que usted está bastante informado -porque formaba parte de entornos informados- y a lo mejor, ya que la señora Salgado no nos pudo contestar, nos puede decir algo acerca de este asunto.


He de decirle que no se han cumplido las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; para empezar, las relativas a la prejudicialidad civil, que es muy sencilla, porque lo de ejecutar primero y discutir después no se ajusta a
derecho. Si yo le pongo una demanda al banco, el banco no me puede ejecutar hasta que no se acabe de dilucidar cuál es el pleito. Eso no se ha reformado en nuestro ordenamiento y deviene de la propia sentencia del caso Aziz y de sentencias
reiteradas.


Me gustaría saber qué valoración le merece a usted que se volviera a confirmar, por medio de auto o sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado. Supongo que sabe cuál es, la
cláusula que hace que por una, dos o tres cuotas se venza el contrato de préstamo. ¿Qué efectos va a tener en la economía española en caso de que esa sentencia se confirme?


La señora PRESIDENTA: Señor Mayoral, lleva ya cinco minutos.


El señor MAYORAL PERALES: Voy terminando ya.


La crisis financiera ha tenido responsables. Los responsables no han respondido hasta ahora ni aquí ni en muchos sitios. En Estados Unidos, por lo menos, han pagado multas, en España ni siquiera vienen aquí a deponer los principales
responsables de las entidades financieras. Jean Ziegler decía que lo que ha pasado aquí han sido auténticos crímenes de lesa humanidad. Es un relator de las Naciones Unidas que planteaba la necesidad de que en el mundo, por el sufrimiento de los
pueblos, es necesario que más tarde o más temprano haya también unos juicios que pongan a los responsables ante los tribunales, que respondan ante los pueblos del mundo por la gravedad de los delitos cometidos contra la humanidad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mayoral.


Por el Grupo Socialista, el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señor Guindos, le quiero hacer algunas consideraciones de carácter general. La primera y más importante es que no me ha contestado prácticamente a ninguna de las preguntas que le he hecho -esa es la más importante de las consideraciones que
tengo que hacerle- y ahora trataré de insistirle en algunas de ellas. Por la referencia que ha hecho al libro, a ese latiguillo, entiendo que no le ha gustado mucho mi intervención. Sinceramente, creo que no le ha terminado de gustar.


Yendo al fondo de la cuestión, también quiero hacerle dos consideraciones importantes. En primer lugar, lo que no puede hacer un ministro de Economía, y no lo ha hecho ningún ministro de Economía en el mundo desarrollado, es decir a los
medios de comunicación, a los mercados, que el sistema financiero de España tiene un agujero de 50 000 millones de euros y no exponer un plan creíble y alternativo. Este es el problema. De tal guisa es el problema que empieza a tomar medidas y
pone en marcha el Guindos I y el Guindos II. Aprueba el primero pero, como no funciona, aprueba el segundo. También se le va de las manos Bankia y no sabe cómo decirle al señor Rato, su antiguo jefe, que no siga presidiendo este banco. Como
consecuencia de todo eso, la prueba del nueve del fracaso de su política es el rescate de España, el rescate del sistema financiero. Esa es la prueba del nueve del fracaso de su política económica y financiera. No es un invento mío en un análisis
complejo. No, empieza a gobernar, a hacer declaraciones y a su vez empieza a subir la prima de riesgo y llega a su techo máximo en la historia de nuestro país, que es precisamente antes de que Draghi diga aquellas palabras.


Sobre la burbuja, le haré otra consideración. Lo que hay que hacer con la burbuja inmobiliaria o de cualquier tipo es que no se produzca porque, una vez que tenemos burbuja, es muy difícil pincharla, pararla económica o socialmente, como
usted quiera verlo. Hasta el año 2003 usted había negado la burbuja cuando se había doblado el precio de la vivienda, cuando ya se había incubado la burbuja inmobiliaria. Por eso, desde el punto de vista político y económico, tenemos que evitar
que eso vuelva a suceder, que se vuelva a crear una burbuja inmobiliaria en nuestro país.


Pasaré ahora a lo concreto. Lo que no se entiende -y lo he dicho en mi primera intervención- es que todavía el 23 de abril de 2012, poco antes del rescate, usted dijera que el Gobierno de España no iba a

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pedir ni un euro a los contribuyentes. Por eso le decía que eligiera entre incompetencia o engaño. Pero que usted lo diga en esa fecha... Elija: incompetencia o engaño.


Continúo con cuestiones más particulares. Cuando usted me habla de la cena de los banqueros, me dice que un ministro no se reúne con los banqueros de su país cuando la situación es complicada. Por supuesto que un ministro de Economía se
tiene que reunir con los banqueros, con los trabajadores, con todo el mundo. Pero lo que usted no ha dicho es por qué se reúne sin la presencia del gobernador del Banco de España para hablar de una entidad como Bankia que tenía problemas. Este es
el problema. Mire usted si el problema es grave que tiene que testificar dos veces ante el juez porque la primera vez dice que en esa cena se habla de la estabilidad del sistema financiero español, pero cuando van los banqueros ante el juez le
dicen que estuvieron hablando fundamentalmente de Bankia, que era el problema, y por ello tiene que ir de nuevo al juez para decirle que, efectivamente, estuvieron hablando de Bankia, claro. El problema es que estaban hablando de Bankia sin el
gobernador ya que había tomado la decisión de que el Banco de España no estuviera en la decisión. Por eso, antes le hablaba de mentiras, señor De Guindos, con datos concretos.


La señora PRESIDENTA: Señor Saura, lleva cinco minutos.


El señor SAURA GARCÍA: Le he hecho algunas preguntas. Vamos a ver, ¿usted le pidió a la jefa de la delegación de la misión del Fondo Monetario Internacional que incluyera el párrafo del que hemos hablado anteriormente? Esto es lo que yo
le quiero preguntar: ¿Se lo pidió a la jefa usted o alguien de su equipo?


Sobre el Banco Popular, no me ha contestado. Si el Banco Popular es solvente y el mecanismo de liquidez es nacional a través del ELA, si finalmente no se ayuda en liquidez al Banco Popular la conclusión es que el Banco Popular termina
siendo liquidado como consecuencia, señor De Guindos, de que quien tiene que dar la liquidez en nuestro país no se la da. Y usted dice: Yo no tengo nada que ver, el ministro de Economía no tiene nada que ver. Usted mismo le dijo al juez Andreu:
Oiga, que el ministro de Economía no es un simple observador de la situación financiera de su país. Esto se lo dice usted al juez Andreu. Vuelvo a repetir, si no hay un problema de solvencia, hay un problema de liquidez y la liquidez está
residenciada en el ámbito nacional, ¿por qué no se dio una solución de liquidez al Banco Popular? Le he preguntado también en relación con el Banco Popular si usted habló con algún directivo de la Administración central para que sacara recursos de
este banco. No me ha contestado a esta pregunta. Quería saber si la Seguridad Social, si ADIF tenía información al respecto. Por último, tampoco me ha contestado a la pregunta que tiene que ver con si usted habló con el Banco Santander, con la
presidenta del Banco Santander o con alguien de ese banco para decirle: Oiga, usted tiene que pujar por el Banco Popular, porque nuestro país en una sola noche, en una sola madrugada, no se puede jugar ni la estabilidad financiera ni la estabilidad
de las finanzas públicas. Mire, señor De Guindos, yo no me creo que el Gobierno de España en una noche, en una madrugada se juegue la estabilidad de las finanzas públicas españolas y la estabilidad financiera de nuestro país. ¿Qué quiere que le
diga? No me lo creo.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.


Señor Guindos, después de tantas comparecencias como las que llevamos en esta Comisión y de la suya misma, en total algo más de treinta y seis, yo he llegado a una conclusión, y es que, aunque no hubiera habido una crisis económica ni una
recesión económica tan brutal como la que hubo en el periodo analizado desde 2007, cuando estalla Lehman Brothers, y de ahí en adelante hasta 2012, con crisis o sin crisis, tal y como han estado ustedes exponiendo, el rescate, la reforma o como se
le quiera llamar, de las cajas de ahorros habría que haberla abordado porque, a mi juicio, la situación de las cajas era insostenible.


Una de las preguntas que le queda por formularle a nuestro grupo es una muy concreta. ¿Usted conoce la declaración del exgobernador Fernández Ordóñez en el Senado en la que llega a calificar que la reformulación de las cuentas de Bankia de
la etapa del nuevo presidente era irregular? Creo que incluso utiliza un término más duro. Lamento tener que insistirle porque el otro día el señor Albella, presidente actual de la CNMV, declaró en esta misma Comisión que, a su entender, las
declaraciones de la señora König, hechas en Europa en relación con el seguimiento que se estaba haciendo hacia el Banco Popular, habían provocado claramente un efecto a la baja en la cotización del valor. Es verdad que hay mucho

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debate sobre el problema de la supervisión, y probablemente habrá más a medida que la concentración bancaria vaya ganando tamaño y, por lo tanto, los bancos que se vayan creando con ese nuevo tamaño se conviertan en sistémicos. Creo que la
supervisión va a jugar un papel importantísimo, y eso me conduce a preguntarle si usted cree que esta concentración bancaria no va a dar más capacidad de ser atrapados en la política de supervisión por el tamaño de estas entidades.


Por último, y con el ánimo siempre de que llegue usted a tiempo para que con su familia pueda apagar la vela, le haré una consideración. ¿Qué competencias tenían el Banco de España y la CNMV a la hora de autorizar que las preferentes se
colocaran en minoristas?


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aguirre.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Candela.


El señor CANDELA SERNA: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, por una cuestión de cortesía, deseo felicitar al señor ministro.


Usted ha comentado en el tema de las cuotas participativas que ustedes tomaron esa decisión o dijeron lo que dijeron en su momento por una cuestión de valoración, porque las cuentas estaban auditadas en 2007 y eran tremendamente positivas.
Además, ustedes dijeron que en tres, cuatro o cinco años serían estudiadas en los mejores centros o escuelas de negocios. A mí me surge una duda: ¿Una institución como Lehman Brothers plantea una inversión solo mirando la cuenta de resultados del
año anterior y no haciendo una proyección a futuro sobre lo que puede ocurrir? Además, teniendo en cuenta que tres años después la fabulosa CAM es comprada por un euro por el Banco Sabadell y el Tribunal de Cuentas cifra en 11 000 millones la
broma. Con todo respeto, a mí me parece una excusa planteada de manera burda. Vuelvo a hacerle la misma pregunta, o le hago dos, mejor dicho. ¿Lehman Brothers planteaba sus inversiones simplemente mirando lo que ocurría en el año anterior y no
haciendo ningún tipo de proyección a futuro? ¿Eso es lo que nos está diciendo, y que a partir de ahí ustedes lo que estaban alimentando era un proceso de recapitalización de la Caja de Ahorros del Mediterráneo?


Quiero hacer mía la pregunta que ha formulado el portavoz del Grupo Popular en relación con el temor a que la concentración bancaria ya casi sistémica pueda acarrear en el futuro graves problemas ante cualquier shock.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Candela.


Por el Grupo Vasco, la señora Sagastizabal tiene la palabra.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


A mí también creo que se me ha quedado alguna pregunta sin responder en torno al Banco Popular, pero me gustaría volver a preguntarle por la prohibición de las ventas a corto, por qué cree que la CNMV no las atajó, como sí lo había hecho con
las de Liberbank. Es verdad que los problemas del Banco Popular venían aireándose desde hacía un tiempo, pero lo que es preocupante, porque entiendo que desestabiliza las finanzas en un momento en el que, además, parece que las economías empiezan a
despegar, son las malas prácticas que realizan algunos fondos y compañías vendiendo sin tener acciones de una compañía hasta que la abocan a la quiebra, a la venta o al cierre. Y todo ello porque parece que sigue habiendo una falta de actuación de
los organismos reguladores. ¿No cree que la actuación de estos debería ser preventiva? Además, la vulnerabilidad de las compañías que se encuentran en situaciones difíciles y tienen poca capitalización es máxima, sobre todo si cotizan en bolsa.


Para finalizar, deseo darle las gracias por lo que nos ha comentado hoy y, como ya le he dicho en otras comparecencias, la crisis es también el resultado de decisiones que se toman en un momento dado ante una serie de circunstancias, y es
verdad que solamente cuando se asumen los problemas de fondo es cuando se pueden implementar las políticas adecuadas. Dado que hablamos de rescates, es necesario hablar de una mayor transparencia, por lo que creo que es necesario que los
Parlamentos estén involucrados en el diseño, en la aprobación y seguimiento de las mismas, no solamente para estabilizar los mercados, sino también para invertir en crecimiento y cómo no para abordar la unión bancaria teniendo en cuenta o atendiendo
a la arquitectura institucional de cada país.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Roldán.

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El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidenta.


Gracias, ministro, por sus elaboradas contestaciones. Quiero hacer un par de breves comentarios. Yo ya sé que la caída de percepción de riesgo a raíz de la entrada en el euro y la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo
hicieron que viniera mucho crédito a España, pero el mismo que hizo que fuera a Italia o que fuera a Grecia. Esa percepción de riesgo cayó en toda la periferia del sur de Europa. Da la casualidad de que en España se tradujo de una forma muy
específica que fue en un boom inmobiliario muy concreto que nos ha constado 60 000 millones, y está exclusivamente relacionado con las cajas de ahorros. Lo vuelvo a repetir porque vuelven a no mencionarlo ni los señores de Podemos -imagino que
quizás por sus relaciones con Izquierda Unida, que también estaba participada en todo el lío que tenían montado en los chiringuitos de los consejos de administración de las cajas- ni el señor Saura, que vuelve a no mencionar el elefante evidente en
la habitación de las cajas de ahorro -imagino que quizás porque no le interesa hablar del rol que tuvieron sus propias cajas de ahorro, y no hace falta que hablemos de Catalunya Banc. No hace falta que hablemos de los señores que estaban en los
consejos de administración de Bankia -digo, del Partido Socialista-, como el señor Antonio Romero; Antonio Tirado, sin ninguna idea de finanzas -uno de ellos era el secretario de organización del PSOE, por ejemplo-; no voy a hablar del dinero que
se llevaron con las tarjetas black los señores del Partido Socialista dentro de ese consejo. Lo digo para que tengamos claro dónde está el problema y no desviemos la atención a cuestiones que no son el problema central y la preocupación que
realmente tienen los ciudadanos de lo que pasó en España.


Continuando con la reflexión que le decía antes, en Grecia, por ejemplo, la caída del tipo de interés llevó a que se inflara mucho la deuda pública, se endeudó el sector público. En España se tradujo en una burbuja inmobiliaria; y se
tradujo de esa manera precisamente por la relación de economía política que teníamos montada en el país, por ese triángulo incestuoso que estaba montado entre las cajas de ahorros, los promotores y los partidos políticos. Eso alimentó la burbuja
durante los años del boom, pues la hizo más grande que en ningún otro lugar; cuando llegó la crisis hizo que la respuesta por la politización -recuerdo- no solo de las cajas, sino también de los reguladores, fuera mucho más lenta y por lo tanto
mucho más gravosa y mucho más cara para los ciudadanos -insisto- por el bipartidismo de amiguetes instalado en los órganos de gobernanza que tenían que parar el problema. Después, una vez que llegamos al rescate, lo que cambió -eso sí se lo
reconozco porque yo no comparto la tesis del señor Rato y del señor Saura, pero sí reconozco que el cambio esencial que hizo usted, en parte condicionado por Europa, fue el de eliminar el control de los políticos. Será un caso de estudio en el
futuro: cómo un sistema financiero absolutamente politizado -algo que, por cierto, sigue pidiendo y vuelve a pedir Podemos ahora con la banca pública- hiperpolitizado, el 50 % del sector financiero estaba básicamente controlado por políticos,
desaparece en dos años. Ese es un mérito que cuando a usted le recuerden probablemente le recordarán por eso, cómo usted, por las presiones variadas y seguramente por la necesidad inevitable impuesta por Europa, acabó con un sistema clientelar
alrededor de las cajas de ahorros. Y esa fue su gran decisión, en mi opinión.


Quería acabar con esto. La única cuestión que no me ha respondido es por qué no reaccionó antes, cuando muchos meses antes de que usted fuera nombrado ministro todos sabíamos que había un problema gigantesco y que al llegar el Partido
Popular al Gobierno tardaron siete meses hasta pedir el rescate, y en esos siete meses se debilitó muchísimo la economía. Se podía haber reaccionado antes y haber minimizado el coste para los ciudadanos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Roldán.


Señor ministro, para responder y cerrar ya esta comparecencia tiene usted la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD, Y EX SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA EN EL PERIODO 2000-2004 (De Guindos Jurado): Muchas gracias, presidenta.


Intentaré contestar uno a uno y rápidamente. El señor Mayoral dice que yo le hice caso porque el tema de los niños de los tres años lo supe por él. No sé si es malo o es bueno que le haga caso, parece que se ofende porque le hice caso.
Pero, bueno, en el fondo, en última instancia, le hice caso. Yo no sabía cuáles eran los antecedentes pero por supuesto que le hice caso. En relación con los desahucios, hay una cuestión que es importante: que los desahucios han caído un 84 % y
todos nos tenemos que alegrar; es buenísimo que hayan caído un 84 %, y tiene que ver con las medidas que tomó el Gobierno, pero sobre todo tiene que ver con la recuperación económica, la revalorización del precio de la vivienda, con que hay más
empleo, etcétera. Hay que intentar que la caída sea del cien por cien, nos queda todavía una caída adicional del 16 %.

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La cifra que yo he dado es porque lógicamente en estas cuestiones, en todas mis declaraciones en relación con el Banco Popular, yo siempre decía: Según me dice el supervisor. Mírenlas ustedes: Según me dice el supervisor, no tienen
problema de solvencia, no tienen problema de liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo no tengo inspectores, el Gobierno no tiene inspectores en los bancos. Lo que hay es un supervisor, ya sea español o ya sea europeo, que te va diciendo
más o menos. Lógicamente, al ministro de Economía le va contando cuestiones. Lo que me dicen es que en los últimos dos meses y medio, el 70 % de las salidas de depósitos fueron privados y el 30 % de instituciones públicas.


Hay otra cuestión pendiente, ya contestando al señor Saura. Vamos a ver, yo nunca hablé con ninguna institución, ni privada ni pública, para que sacara el dinero del Popular. ¿Pero usted sabe lo que se hubiera montado, por mucho que fuera
en secreto, si yo le digo a cualquiera que saque el dinero de un banco? Ya sé que para usted, señor Saura, yo soy un mentiroso, un irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera, pero no llego a los niveles de sobrevaloración al respecto que tiene.
Por supuesto que yo no hablé absolutamente con nadie. Después hay otra cuestión: Lehman Brothers no colocó ningunas preferentes en el año 2008, fue con mucha antelación y eran preferentes a otro nivel, entre otras cuestiones porque la quiebra de
Lehman Brothers se produjo a mediados del año 2008. Vigile sus cifras. Después de la reforma de la Constitución. Yo no estaba, ni estaba ni era diputado del PP ni estaba en el Gobierno; y además estoy convencido de que la respuesta de la señora
Salgado fue la correcta. (Rumores). ¡Ah, bueno! No lo sé; supongo. Pero ahí no creo que tenga mucho problema la señora Salgado para contestar; ni el más mínimo. Yo no lo seguí, y aunque ustedes no se lo crean hay otras cosas en esta vida que
tiene que hacer un ministro aparte lógicamente de seguir todas estas cuestiones. Las interpelaciones y las comparecencias son largas, pero estoy convencido de que la señora Salgado no tiene el más mínimo problema en contestarlo, y fue un
planteamiento que le hizo el señor Zapatero al señor Rajoy -por lo que sé, porque lo he leído en la prensa, pues no sé mucho más que usted-, que había una necesidad y que había que adaptar la norma fundamental de algún modo al nuevo pacto fiscal.
Se hizo a través de la Constitución para dar más credibilidad, y estoy convencido de que además se hizo correctamente, desde el punto de vista de lo que son los trámites necesarios para hacer una reforma de la Constitución. Yo qué quiere que le
diga.


En relación con la cláusula de vencimiento anticipado, yo no sé lo que van a decir los tribunales, no soy tan pretencioso. (El señor Mayoral pronuncia palabras que no se perciben). Todavía queda, hay varias instancias judiciales, como
usted sabe perfectamente. Lo que le puedo decir es que en la nueva ley de crédito inmobiliario, y espero que el señor Montero, como siempre tenga una aproximación constructiva a lo que es la defensa del consumidor y del deudor (del deudor
hipotecario), pues lo que hay es una mejora notable de la protección del deudor en la nueva redacción que hemos dado en el proyecto de ley de crédito inmobiliario. Y además creo que también usted, y no se ofenda, porque con usted me pasa una cosa
curiosa y es que cada vez que le hago caso, se ofende. Además fue usted el que dijo: No, no vaya... Y le hice caso -con perdón- con el tema de no ir a un número de cuotas, sino a un porcentaje de capital. Hemos ido a un tema de porcentaje de
capital en la nueva ley de crédito inmobiliario. (El señor Montero Soler pronuncia palabras que no se perciben). Sí, señor Montero, no trabajan ustedes conjuntamente; no tengo la más mínima duda. (Risas).


El señor Saura me habla de los 50 000 millones; por supuesto, sacamos un decreto-ley a las pocas semanas; ese era el plan, lo que pasa es que la situación, como se puede usted imaginar, era especialmente complicada. Después hay una
cuestión que no le entiendo. No sé si yo quería, según su planteamiento, echar al anterior presidente de Bankia o mantenerlo en el puesto. Me parece que ha dicho usted una cosa y la contraria al mismo tiempo. Me pregunta que por qué lo eché y,
simultáneamente, que tenía una especie de deuda de obediencia. Pues, o una cosa o la otra. Al final hay una cuestión: las cábalas son cábalas y los hechos son hechos, y el hecho fue el que fue.


En relación con el asunto de la burbuja inmobiliaria, sí estaban subiendo los precios de la vivienda pero, vuelvo a repetir, que el principal elemento de desequilibrio de una economía y el de todos los países que han tenido problemas en la
zona euro es el desequilibrio importante en la cuenta corriente de balanza de pagos. Por eso creo que tener ya seis años -como llevamos nosotros o como vamos a tener en 2018- con superávit es una indicación de que la economía está equilibrada y, si
perdemos ese superávit de la cuenta corriente, esa será una mala noticia para la economía española. Después ha hablado usted del coste del rescate. Me han hecho preguntas, he venido aquí no sé cuántas veces y lo acabo de explicar otra vez. Me
parece que lo dijo el señor Campa, que creo que fue secretario de Estado con la señora Salgado. Dijo: Miren, en términos macroeconómicos el rescate bancario por supuesto que ha compensado. ¿Dónde estaríamos si no hubiéramos tenido rescate
bancario? Yo no le echo en cara al Gobierno

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socialista, señor Saura, que haya metido 20 000 millones; le puedo echar en cara que no se tomaran las medidas, que no hubiera reestructuración, que no hubiera cambio de gestores, que no se limitaran las remuneraciones; le puedo echar en
cara que cuando se estaba inyectando dinero, inyectando dinero, continuaban con sueldos tremendos. Esto lo sabe también, señor Saura; yo fui consejero de BMN durante un año, de lo cual estoy muy orgulloso, porque además BMN fue la única caja que
no tuvo que reducir los sueldos cuando los redujimos -fue la única que no tuvo que hacerlo- y, además, ahí entendí perfectamente lo que era el tema y cómo una caja bien gestionada, como era Caja Murcia -estoy convencido de que usted también estará
de acuerdo conmigo-, se tuvo que juntar con otras que no estaban bien gestionadas. Recuerdo la indignación que produjo en el consejo -mire usted las actas, señor Saura- cuando vimos que en una de las cajas, una caja catalana, se habían pagado no sé
cuántos millones de pensión en un momento delicadísimo. No tuvo que intervenir nadie, ni el FROB, lo hizo el propio consejo de BMN -léase usted las actas- e inmediatamente llevamos a los tribunales a esos consejeros en representación de una caja
que era Caja de Penedés, un caso que después ha sido público. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que le quiero decir es que lo importante aquí es que en estos momentos la banca española da crédito, es solvente, no genera incertidumbres y está
ayudando a la recuperación económica. Entiendo perfectamente que usted intente meterme a mí el dedo en el ojo y que yo le conteste más o menos como le contesto; pero le vuelvo a repetir: Mire usted cómo estábamos y cómo estamos ahora. Ese creo
que es el contraste fundamental.


Vuelve usted al tema de la cena de los banqueros y si el Banco de España o no Banco de España. Pero, vamos a ver, yo me reunía con los banqueros en algunas ocasiones pero, sabe para qué lo hacía, para pedirles dinero, ¿por qué?, porque
teníamos que hacer el Fondo de Liquidez Autonómica o porque teníamos que hacer el Fondo de Pago a Proveedores; y les tenía que pedir el dinero, porque nadie ponía un duro en las subastas del Tesoro español, señor Saura. Ellos tenían liquidez en
ese momento porque había habido dos inyecciones brutales de liquidez que eran los Tltro, que habían tenido lugar, me parece, a finales de 2011 y principios de 2012. También lo hacía por otras cuestiones, para comentarles las provisiones, porque el
aumento de 50 000 millones de euros de provisiones iba contra los resultados de la banca y los 30 000 millones posteriores iban contra los resultados de la banca, señor Saura; -son 80 000 millones menos-. Por eso, mire usted cuál ha sido la
evolución de los beneficios bancarios en España y verá que el año de mayor caída, por muchísimo, fue el año 2012, como consecuencia de estos dos reales decretos-leyes.


Respecto a si le dije yo a la jefa de delegación que pusiera un párrafo, en absoluto, entre otras cuestiones porque no me hubiera hecho caso. Pregunte usted cómo funciona el staff del Fondo Monetario: hace sus comunicados en función de lo
que consideran ellos oportuno, y ella fue la que vino a decirme que tenía un problema en el sistema financiero español y que tenía un problema en Bankia, que no todo el mundo me lo dijo.


Por lo que se refiere a la cuestión de la diferencia entre Bankia y Banco Popular, hay una cuestión que es básica -señor Saura, lo sabe usted- que es la unión bancaria. El Banco Popular se resuelve de acuerdo con los criterios de la unión
bancaria. Nosotros no podríamos haber hecho -le vuelvo a repetir- ni reuniones del Eurogrupo; no podríamos haber hecho lo que hicimos en el año 2012 en absoluto, porque ahora hay otras normas, que son las de la unión bancaria: hay unas normas de
resolución, hay una directiva de resolución, hay una junta de resolución, hay un fondo de resolución. Pero eso es la integración europea y supongo que usted está a favor de la integración europea y de que profundicemos en el compartimiento de
riesgos, en reducir riesgos entre todos y que vayamos a una unión bancaria y a una unión fiscal. Es eso, señor Saura, es eso; y la diferencia es que lo de Bankia ocurrió en el año 2012 y lo del Popular en 2017, y en 2017 ya están en vigor las
normas de la unión bancaria.


En relación con el sector público, ya le he contestado, hubiera sido una locura que yo hubiera llamado a cualquiera. Ya sé que me ha llamado usted mentiroso, irresponsable, etcétera, pero no llego a tanto, señor Saura, incluso con su escala
de medición de las irresponsabilidades, como para decir eso absolutamente a nadie. ¿Que hablé yo con el Banco de Santander? ¿Usted se cree que yo soy capaz de convencer a un banco en una noche para que haga una oferta y lleve a cabo una ampliación
de capital de 7000 millones de euros? Uno será mentiroso e irresponsable, pero a veces no sé si usted me está insultando o me sobrevalora en exceso, señor Saura.


Señor Aguirre, respecto a la reformulación de cuentas en el Senado, sí, pero hay una cuestión que está clara y es que tenía un informe de auditoría y la anterior no lo tenía. Yo no soy nadie para valorar lo que es la calidad. La primera
reformulación de cuentas que hace el nuevo presidente de Bankia tiene el

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informe de auditoría, el anterior no lo tenía. En cuanto a la concentración bancaria, ya el 90 % de las entidades financieras españolas están sujetas al supervisor único y a la junta de resolución única; al Banco de España, de supervisión
directa le queda prácticamente el 10 % del total del balance bancario en España y, al FROB, le queda también muy poquito en lo que es la resolución, y eso es la unión bancaria.


Respecto a las preferentes, lo que sé es que tuvimos que hacer una modificación, que en estos momentos no se colocan preferentes y que si hubiéramos tenido la regulación que tenemos hoy hace unos años no se hubieran colocado las preferentes
entre los minoristas, porque hemos exigido que haya, para marcar precio, un porcentaje colocado entre inversores cualificados, inversores institucionales y, además, hemos elevado muchísimo la cuantía mínima, con lo cual no se puede vender como se
estaba vendiendo o como se vendió, como una alternativa a la cartilla o a la cuenta de crédito; se vendió así y de eso fue de lo que tuvimos que sacar a 300 000 personas.


Señor Candela, en los modelos de valoración de entidades hay diferentes formas: puede escoger el estático o el dinámico, pero la valoración no la hizo ni AFI ni Lehman Brothers, la hizo uno de las cuatro grandes auditoras. Hay modelos de
valoración diferentes y hay uno que se llama de proyección de flujos de cajas que los descuentas y los traes a valor presente. Bien, pero eso no lo hizo AFI ni Lehman Brothers. En relación con el tema de la concentración bancaria creo que ya le he
contestado anteriormente.


En cuanto a las ventas a corto, señora Sagastizabal -se me había olvidado responderlo antes-, lo decide la Comisión Nacional del Mercado de Valores y creo que el presidente ha dado razones. Ha dicho: en el caso del Popular estaba toda la
información disponible en el mercado, por tanto no había razón objetiva para que se prohibieran las ventas a corto. En el caso del Liberbank, sin embargo, había un factor externo que era la reciente resolución del Banco Popular que estaba afectando
a Liberbank y se vio posteriormente que en el caso de Liberbank funcionó y ha sido capaz de hacer una ampliación de capital de 500 millones y de haber soltado parte de la cartera que tenía con activos inmobiliarios.


El señor Roldan pregunta por qué a nosotros nos afectó especialmente la burbuja. Tiene razón en el caso de Italia, lo que pasa es que hay que ver cuál es su estructura de ahorro. El caso de España es mucho más parecido al de Irlanda, sin
cajas de ahorros, aunque yo no voy a defender las cajas de ahorros. Se produjo una situación parecida a la de España, e incluso la burbuja fue más grande que en el caso de España. Aquí lo fundamental que hemos tenido en común todos los países que
hemos tenido problemas en la unión monetaria ha sido la pérdida de competitividad. Esto es lo más importante. Hoy ya prácticamente no hay cajas de ahorros, quedan dos cajitas pequeñitas. Sin embargo, sí me gustaría decir que ha habido muchas
cajas de ahorros que nos han dado muchos problemas -¿qué me van a contar ustedes a mí?-, pero también ha habido cajas de ahorros que estaban bien gestionadas. Es de justicia reconocerlo. Después se han convertido todas en bancos, pero también
hubo cajas de ahorros bien gestionadas. Por ejemplo, CaixaBank estaba bien gestionada y se ha visto. El caso de Caja Murcia, en medio del entorno de la burbuja. Ya no son cajas, son bancos, cada vez más profesionalizados, pero que también es
importante tenerlo en consideración y hacer ese reconocimiento, porque a veces metemos a todos en el mismo saco. Las cajas fueron un problema, pero no en todas las cajas hubo problemas desde el punto de vista de mala gestión, de comportamientos
desleales, de interferencias políticas, etcétera. Es importante distinguirlo.


¿Por qué no reaccioné antes? Bankia se nacionalizó a los cuatro meses de llegar este Gobierno. Le puedo decir una cuestión, señor Roldán, además estoy convencido de que está usted de acuerdo conmigo: No era una decisión sencilla. Después
de seis años -creo a veces que es un periodo demasiado largo-, tengo la impresión de que me he movido siempre en estos momentos en el entorno del mal menor. Cuando tenía que elegir, todas las alternativas eran malas. La situación era tan
complicada que todas las alternativas eran malas y lógicamente lo que buscas es el mal menor. Cuando se está en ese entorno y cuando no hay una decisión claramente superior o yo no tengo capacidad para discernir si una decisión es claramente
superior a las demás, es bueno siempre tomarse algo de tiempo. Hay una cuestión que usted ha dicho en la que tiene toda la razón: las cosas que se hicieron en España no se hubieran hecho si no hubiéramos estado en la situación en la que estábamos,
que era al borde, y si no hubiéramos tenido la ayuda de nuestros socios comunitarios. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Se levanta la sesión.


Eran las nueve y veinte minutos de la noche.