CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 28

SOBRE LA CRISIS FINANCIERA DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA ORAMAS GONZÁLEZ-MORO

Sesión núm. 21 (extraordinaria)

celebrada el jueves,

11 de enero de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera:


- De la señora Salgado Méndez (exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía y Hacienda), para informar en relación con el objeto de la Comisión. (Número de expediente 219/000948) ... (Página2)


- Del señor Albella Amigo (presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV), para informar en relación con el objeto de la Comisión. (Número de expediente 212/001089) ... (Página34)


- Del señor Moreno Trigo (abogado del caso Aziz en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), para informar en relación con el objeto de la Comisión. (Número de expediente 219/000949) ... (Página62)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CRISIS FINANCIERA DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA:


- DE LA SEÑORA SALGADO MÉNDEZ (EXVICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y EXMINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/000948).


La señora PRESIDENTA: Buenos días a todos. Damos comienzo a la sesión extraordinaria de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera del día 11 de enero. Sus señorías disponen
del orden del día. Se van a sustanciar en régimen de sesión pública las comparecencias de doña Elena Salgado Méndez, exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía y Hacienda; de don Sebastián Albella Amigo, presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, y de don Dionisio Moreno Trigo, abogado del caso Aziz en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.


Primero, en relación con la comparecencia de la señora Salgado Méndez, y de acuerdo con lo dispuesto por la propia Comisión, intervendrá, en primer lugar, la compareciente para informar en relación con el objeto de la Comisión. A
continuación intervendrán los portavoces de los grupos solicitantes de la comparecencia de menor a mayor, por un tiempo de siete minutos para su primera intervención y de tres minutos para su réplica. La compareciente contestará
individualizadamente a cada portavoz, tanto en este turno como en el de réplica. Seguidamente intervendrán los portavoces de los restantes grupos parlamentarios, igualmente de menor a mayor, y con el mismo número de intervalo de tiempo en sus
intervenciones. La compareciente contestará individualizadamente a las intervenciones de los diferentes portavoces.


Damos comienzo a la comparecencia de la señora Salgado Méndez, a quien agradezco su disponibilidad. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado a la compareciente la posibilidad de
poder comparecer acompañada de la persona que designe para asistir. Asimismo esta Presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos de la compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada ley orgánica. Recuerdo
igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. Señora Salgado Méndez tiene la palabra para su exposición inicial.


La señora SALGADO MÉNDEZ (exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía y Hacienda): Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías, y también a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan. Es
para mí no solo un deber, sino un honor y una satisfacción, comparecer ante esta Comisión parlamentaria. Agradezco mucho la oportunidad de contribuir a sus trabajos y les anticipo ya que lo hago con el único espíritu de intentar aportar información
de utilidad para lo que entiendo es el principal propósito de esta Comisión: conocer, analizar y comprender los problemas del pasado para construir las soluciones del futuro. En este caso concreto, los problemas y las soluciones de nuestro sistema
financiero.


Para ello me propongo circunscribir esta primera intervención a lo que justifica mi presencia aquí, el hecho de haber ocupado el Ministerio de Economía y Hacienda y la vicepresidencia Económica del Gobierno durante una parte del periodo en
el que se manifestó de manera especialmente cruda la crisis financiera que afectó a la economía mundial y a la economía española. Me ajustaré al periodo de dos años y medio en que ocupé dichos cargos, es decir, entre abril de 2009 y diciembre de
2011. Me centraré en la actuación específica del Gobierno de la nación durante ese periodo en relación con el sistema financiero, tanto a través de las decisiones del Consejo de Ministros y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, como de nuestra actividad en la Unión Europea, singularmente en el Ecofin, del que formé parte. Trataré más de hacer una descripción de los hechos en el contexto en el que se produjeron que de insistir en valoraciones subjetivas o en
interpretaciones a posteriori. Si involuntariamente omito algún dato que creen ustedes que pueda ser de su interés, ello se deberá exclusivamente al tiempo transcurrido, ya seis años, desde que salí del Gobierno. Me disculpo de antemano por ello y
me pongo a disposición de esta Comisión para completar esa información en la medida de mis posibilidades actuales.

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Como ustedes recordarán, mi nombramiento como ministra de Economía y Hacienda y vicepresidenta del Gobierno para Asuntos Económicos se produjo el 7 de abril del año 2009, en uno de los momentos más críticos de la crisis financiera
internacional. De hecho en aquel momento la crisis financiera y la recesión se manifestaban de forma más aguda en el ámbito europeo que en el español. Nosotros, sin embargo, sufríamos una crisis de empleo mucho más grave que la de otros países de
nuestro entorno. Bastan dos datos para mantener esta afirmación. Durante el primer trimestre del año 2009, el producto interior bruto de España se contrajo un 1,6 en tasa intertrimestral frente al 2,9 que cayó en el área del euro; mientras que en
términos de empleo la situación fue a la inversa, la destrucción de puestos de trabajo en España fue del 2,3 % en tasa intertrimestral frente al 0,7 % en el caso del área del euro. En el ámbito financiero la complejidad de la situación se había
puesto de manifiesto con anterioridad, pero ahora comenzaba a trasladarse con toda su intensidad al sector real y a la propia situación de las entidades financieras. En concreto, los bancos endurecieron sustancialmente las condiciones de
financiación al sector real, a las familias, pero también al sector productivo, especialmente en el caso de las pequeñas empresas, según la encuesta de préstamos bancarios. Así, el crecimiento interanual del crédito pasó en menos de un año de tasas
cercanas al 15 % a tasas del 1 %, lo cual sugiere una importante reducción de las nuevas operaciones de crédito. Asimismo, los resultados bancarios comenzaban a resentirse al aumentar la morosidad, particularmente en el sector promotor e
inmobiliario. Como dato, les puedo indicar que el crédito al sector inmobiliario en su conjunto llegó a representar el 40 % del total del crédito frente al 5 % en la anterior crisis, la crisis de los noventa.


La profundidad de la recesión, su interrelación con la situación del sistema financiero y el efecto conjunto diferencial que todo esto tuvo sobre el empleo -explicado en muy buena medida por el estallido de la burbuja inmobiliaria-
determinaron la mayor parte de las decisiones que el Gobierno fue adoptando a partir de ese momento; decisiones que se tomaron siempre con la firme determinación de proteger las prestaciones sociales y más en concreto, en la situación que nos
ocupa, de reforzar las prestaciones por desempleo que tenían en el año 2010 una cobertura superior al 80 %. En primer lugar, cuando llegué al puesto de vicepresidenta de Asuntos Económicos ya señalamos que el cuadro macroeconómico con el que se
había elaborado el presupuesto del año 2009 había quedado desfasado y eso implicaba, entre otras cosas, que los presupuestos públicos iban a presentar en ese año un desajuste mucho mayor que el proyectado inicialmente del 3 % del PIB. Los gastos
públicos iban a ser mucho más elevados de manera temporal, dada la activación de estabilizadores automáticos como la prestación por desempleo, y dadas también las políticas de estímulo puestas en marcha como respuesta conjunta europea. Los
ingresos, por su parte, iban a ser mucho más reducidos transitoriamente como consecuencia de la activación de los estabilizadores automáticos, pero también de manera estructural, ya que el Banco de España estimaba que más de dos puntos porcentuales
del PIB de la recaudación total en España estaban asociados a la burbuja inmobiliaria y que estos se habían utilizado para financiar gastos de naturaleza permanente. De esta forma, en el cuadro macroeconómico que sirvió de base para los
presupuestos de 2010 redujimos sustancialmente el crecimiento previsto del PIB, se elevó la previsión de la tasa de paro y se incrementó en seis puntos porcentuales del PIB la previsión de déficit público para el año 2009. Además, aun cuando se
consideraba que el producto interior bruto de nuestra economía podría dejar de caer en el año 2010, como efectivamente así sucedió, era previsible que la tasa de paro continuara aumentando, aunque ya más lentamente, y se reconocía también que el
déficit público estructural de la economía española era muy superior al que garantizaba la sostenibilidad de las finanzas públicas.


En estas circunstancias, la estrategia fiscal adoptada por el Gobierno fue consistente con las recomendaciones de los principales organismos internacionales. Si no se quería recortar una parte importante de nuestro Estado del bienestar era
necesario incrementar algún impuesto, pero dada la debilidad de la situación económica, era necesario, imprescindible, que fuera un impuesto con una amplia base recaudadora y con un multiplicador fiscal reducido. Por ello se seleccionó el IVA, un
impuesto en el que, además, España tenía tasas inferiores a la media europea. Aun así, se retrasó su entrada en vigor hasta mediados del año 2010 para garantizar el cumplimiento de las previsiones contenidas en el cuadro macroeconómico que
acompañaba a los presupuestos. Más adelante, como saben, cuando la situación lo permitió, se elevó también el IRPF para las rentas más altas y se recuperó el impuesto sobre el patrimonio, para que los menos afectados por la crisis, las personas que
continuaban en buena situación económica, hicieran un mayor esfuerzo, al tiempo que se redujo considerablemente la desgravación por compra de vivienda.

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Desde el punto de vista de los gastos, los presupuestos del año 2010 fueron austeros, congelando algunas partidas en un contexto ya, por cierto, de baja inflación, pero aumentando en términos proporcionales los niveles de protección social.
Además, una vez aprobados los presupuestos, en enero del año 2010 se aprobó un acuerdo de no disponibilidad de gasto con un recorte de aproximadamente medio punto adicional de PIB que recayó sobre todo en la inversión pública que, como ustedes
saben, tiene menor impacto en términos de empleo. Adicionalmente, el Programa de Estabilidad 2010-2013 incluyó el propósito de llevar a cabo una reforma de pensiones que permitiera que, dadas las proyecciones demográficas de España, el gasto en
pensiones no se duplicara en el año 2050.


En lo que al sector financiero se refiere, el sector financiero español tenía un exceso de capacidad debido al crecimiento de un crédito que había sido financiado de forma mayoritaria en los mercados institucionales. Además, los problemas
institucionales de gobernanza en algunas cajas de ahorros impedían ampliar su capital y algunas instituciones financieras, bancos y cajas, tenían concentraciones excesivas de crédito vinculado al sector inmobiliario que podían derivar, así lo
estimábamos, en problemas de solvencia. Este diagnóstico conllevo plantear que las medidas a adoptar deberían tener como objeto la reestructuración a través de una disminución de capacidad y también del saneamiento del sector mediante recursos
provenientes de las propias entidades, en línea con lo acordado por este Parlamento en marzo de ese año 2009. Como ustedes saben, el 26 de junio se aprobó el Real Decreto-ley 9/2009, por el que se creaba el Fondo de reestructuración ordenada
bancaria, el FROB, con dos objetivos: la gestión de los procesos de reestructuración articulados en torno a los tres fondos de garantía de depósitos existentes, y el reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito que participasen
y así lo solicitasen en los procesos de integración, mediante la compra de preferentes con un interés compatible con las normas sobre ayudas del Estado establecidas por la Comisión Europea. Al mismo tiempo que se llevaba a cabo esta transformación
del sector financiero, se apoyó a los hogares aumentando los umbrales de inembargabilidad, favoreciendo moratorias en el pago de los préstamos, y se activó también notablemente el Instituto de Crédito Oficial para que la restricción de crédito no se
tradujera en una todavía mayor destrucción de empresas.


Las restricciones institucionales a las que se enfrentaban unas cajas de ahorros con una gran dependencia de los mercados mayoristas para refinanciar su pasivo -mercados que quiero recordar que exigían en ese momento una mayor transparencia,
una mejora de la gobernanza y una profesionalización de la gestión-, impulsaron y motivaron la reforma del sector de cajas de ahorros a través del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio. Un real decreto-ley cuyos principales elementos fueron la
aplicación de medidas con diferentes alternativas de organización institucional que facilitaban el acceso al mercado e impulsaban una mayor profesionalización de los órganos de gobierno de estas entidades. El resultado, como saben, es que el 98 %
de los activos que antes gestionaban cajas de ahorros en septiembre de 2010, han pasado ya a ser gestionados bajo la forma jurídica de bancos. En resumen, se actuó en los frentes principales: reducción de capacidad, refuerzo de recursos propios y
mejora de la gobernanza.


Al inicio de 2010, la evolución de la actividad económica en España iba en línea con las proyecciones. En el primer trimestre el producto interior bruto había comenzado a crecer y la prima de riesgo volvía a niveles inferiores a los cien
puntos básicos. Fue en ese contexto cuando estalló la situación griega. En concreto, la elección de un nuevo Gobierno en Grecia llevó a una revisión del déficit público del año 2009 desde el 3 %, cifra que ya se había comunicado oficialmente a
Bruselas, hasta más del 15 %, generando, por tanto, dudas sobre la credibilidad de las cuentas públicas. La reacción de los mercados financieros internacionales fue inmediata, y en marzo los países de la zona euro comenzaron ya a contemplar la
necesidad de ayudar financieramente a Grecia, que formalizó su petición de ayuda el 23 de abril. Sin embargo, las complicadas negociaciones, la falta de credibilidad del programa acordado con Grecia bajo la forma de préstamos bilaterales, y las
discrepancias que se ponían de manifiesto públicamente entre los países de la Unión Europea, extendieron la desconfianza hacia los países considerados más débiles debido a su endeudamiento externo. Portugal, por la situación de sus finanzas
públicas, fue en ese momento el caso más evidente, pero Irlanda y España también vieron aumentar sus primas de riesgo debido a las dudas sobre sus entidades financieras y, en concreto, a las implicaciones que ello podría tener para la deuda pública
si era necesario un rescate de las entidades más expuestas. Precisamente, ese fue uno de los hitos que generaron la perniciosa interrelación entre la deuda pública y la situación de las entidades financieras, ya que el potencial rescate de un país
implicaba un aumento del gasto en intereses de deuda pública, que a la vez obligaba por tanto a recortar otras partidas públicas, con lo que no se podían cumplir los objetivos de crecimiento, se acentuaba la debilidad económica, se dificultaba que

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los bancos mejoraran sus beneficios y, por lo tanto, su solvencia, y se entraba en un bucle de consecuencias imprevistas.


La generalización del aumento de la prima de riesgo, que en el caso de España llegó a subir hasta 150 o 160 puntos, lo que además dificultaba el mecanismo de transmisión de la política monetaria, llevó a los países europeos, a los países de
la zona euro, pero ratificado, por supuesto, por el Ecofin, a crear una institución temporal de apoyo financiero para los países en dificultades conocida como la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera o EFSF en la noche del 9 al 10 de mayo del
año 2010.


Además de esta actuación europea, la Comisión Europea comprometía hasta 60 000 millones de euros y el Fondo Monetario Internacional comprometía también una aportación significativa de hasta 250 000 millones de euros. Al tiempo, el Banco
Central Europeo se comprometía a poner en marcha un proceso de compra de bonos en el mercado secundario. La contrapartida que se exigía para los países en la situación más expuesta fue acelerar el ajuste de las cuentas públicas, algo que en España
se tradujo en un recorte adicional de los gastos públicos de 1,5 puntos porcentuales de PIB acumulados entre el año 2010 y el año 2011. Estas decisiones, el conjunto de ellas, tanto el compromiso europeo como la asunción de un compromiso de
consolidación adicional por parte de los países que estaban en una situación más expuesta, fueron extraordinariamente bien recibidas por los mercados. Por darles simplemente un ejemplo, el IBEX español se anotó al día siguiente, en realidad ese
mismo día, 10 de mayo, una subida del 14,43 %, la subida más alta en una sola jornada en toda su historia. Pero estos compromisos no evitaron que la prima de riesgo de Grecia siguiera aumentando, al cabo de unas semanas comenzó a hacerlo, dado que
la gobernanza del mecanismo europeo que se había creado hacía muy lenta su activación y su tipo de utilización era muy elevado. Los primeros préstamos a Grecia, los primeros préstamos efectivos llegaron a tener unos intereses que superaban el 7 %.


Con todo este conjunto de medidas nacionales y europeas consiguieron truncar la evolución alcista de la prima de riesgo en España, en Portugal y en Irlanda, pero el rescate de uno de los mayores bancos irlandeses, un banco que, por cierto,
había superado con buena nota los stress tests de julio de 2010, no solo generó desconfianza en los ejercicios de stress tests, sino que supuso en noviembre de ese mismo año 2010 el rescate financiero de Irlanda por 68 000 millones de euros, el 40 %
de su producto interior bruto, y esta medida volvió a sembrar la desconfianza de forma generalizada entre los países periféricos.


Dado que en España en ese momento la mayor preocupación de los inversores se situaba en el sistema financiero por su exposición inmobiliaria, el Gobierno decidió, a través del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, reforzar la solvencia
de las entidades financieras, elevando los requisitos de capital para las entidades muy dependientes de la financiación mayorista y que no tuvieran una participación significativa de inversores terceros. Como saben, para el resto de las entidades
también se establecía un requisito de capital del 8 %.


El decreto-ley contaba para ello con dos elementos principales: una nueva regulación de los requerimientos de capital, adelantándonos, por cierto, a la revisión de los estándares internacionales que suponía el acuerdo de Basilea III y una
segunda etapa de actuación del FROB, que se conoce coloquialmente como FROB 2, que permitió aumentar el apoyo a aquellas instituciones financieras que no cumplieran con los niveles exigidos de capital mediante la adquisición de acciones ordinarias
que debían de venderse en condiciones de mercado en un plazo máximo de cinco años. En este contexto, la aprobación de los nuevos presupuestos en España para 2011, unos presupuestos que volvían a ser restrictivos, el inicio de las negociaciones para
implementar una ambiciosa reforma de pensiones y la reducción de capacidad del sistema bancario español, del sistema financiero, ahora mucho más transparente, consiguieron separar la prima de riesgo española de la de otros países periféricos.


Posteriormente, en junio, el Gobierno aprobó el Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, que obligaba a las entidades a establecer sistemas de identificación, medición y control de liquidez y desarrollaba un nuevo régimen sobre políticas y
prácticas de remuneración en las entidades financieras. Además, y para incrementar la transparencia, España promovió la realización de unos nuevos y más exigentes stress tests a las entidades financieras. El formato que finalmente aprobó Bruselas
otorgaba a la EBA, su coordinación, atribuyendo un margen de discrecionalidad a cada país en relación con el número de entidades que debían incluir en la evaluación. España decidió someter a los stress tests la práctica totalidad de su sector
financiero. Por ponerles un ejemplo, Alemania solo lo hizo con el 50 %. Los resultados indicaron que por encima de las exigencias del Real Decreto-ley 2/2011 ninguna entidad española necesitaba capital adicional.

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A lo largo del año 2011 se produjeron dos hechos que pudieron agravar notablemente la restricción crediticia y la financiación de las empresas. En el mes de abril se publicó un informe del Fondo Monetario Internacional que requería un
aumento de capital de 200 000 millones de euros en los bancos europeos para hacer frente a los riesgos presentes en los balances, sin dar demasiados detalles y, por supuesto, sin que se hubiera previsto de dónde iban a salir esos fondos. Por su
parte, el Banco Central Europeo elevó en el año 2011 por dos veces el tipo de interés de intervención, unas elevaciones que justificó ante el aumento de la inflación asociada a la evolución de materias primas como el petróleo. Así, las empresas y,
por supuesto, las empresas españolas, tuvieron que recurrir a la autofinanciación para poder mantener sus proyectos y eso se tradujo en un aumento de sus mark-ups que hizo que las reducciones de costes que tanto habían costado, tan duramente se
habían obtenido vía devaluación interna, no se trasmitieran en su totalidad a los precios de producción y, por tanto, las ganancias de competitividad de la economía española se manifestaran inferiores a lo que hubiera permitido ese proceso de
devaluación interna. A su vez, en esos primeros meses del año 2011 la situación de las finanzas públicas portuguesas se había agravado y desembocó este agravamiento en una petición de ayuda financiera en el mes de abril por importe de 78 000
millones de euros, un 42 % del producto interior bruto de Portugal. De nuevo el contagio a los países periféricos y la salida de capitales hacia los países centrales fue la norma, pero España consiguió que el aumento de la prima de riesgo fuera
menor, debido a que acababa de aprobarse la ambiciosa reforma de pensiones y, quiero señalar, con el acuerdo de los agentes sociales.


En julio de 2011 el Eurogrupo aborda la necesidad de un segundo rescate a Grecia con una novedad importante, una novedad, por cierto, ya acordada en una reunión bilateral mantenida entre la señora Merkel y el señor Sarkozy en octubre de
2010. Esta novedad era ni más ni menos que la inclusión de la participación voluntaria del sector privado, lo que se llamó el PSI. El sistema financiero europeo estaba en ese momento, cuando se introduce esta novedad, todavía bajo el escrutinio de
los inversores y de las instituciones internacionales y esto introduce un elemento de desconfianza adicional. Las primas de riesgo volvían a aumentar hasta situarse en el caso de Italia y España por encima de los 300 puntos básicos. Ante el riesgo
de ruptura del euro, el Banco Central Europeo intensificó su programa de compras de deuda pública para los países con mayores diferenciales soberanos, dado que el mecanismo de transmisión de la política monetaria era evidente que no funcionaba. A
cambio, se solicitó a los países involucrados la realización de una serie de reformas. En los primeros días de agosto del año 2011 hubo tensísimas negociaciones e interminables comunicaciones telefónicas. En el caso de España, la Carta de Trichet,
del 5 de agosto, solicitaba una serie de medidas extraordinarias. El día 6 el Gobierno de España envió la contestación, en la que pedía de forma expresa que el Banco Central Europeo comprara deuda pública española en volumen suficiente para
estabilizar los mercados y comprometíamos a cambio que instrumentaríamos una no disposición de recursos correspondientes al 0,5 % del producto interior bruto con el objetivo de afianzar la consolidación fiscal, un 0,5 %, por supuesto, adicional al
compromiso que habíamos asumido en mayo de 2010.


El 19 de agosto el Gobierno aprobó una serie de medidas fiscales, mediante el Real Decreto-ley 9/2011, en relación con la reducción del gasto farmacéutico, con un ahorro estimado de 2400 millones de euros, así como un aumento de los pagos a
cuenta del impuesto sobre sociedades para las grandes empresas, con unos ingresos adicionales para 2011 de 2500 millones, a los que debían añadirse 2000 millones a obtener por la subasta del espectro radioeléctrico. Cuatro días después, el 23 de
agosto, en el Pleno del Congreso, en el que se defendía la convalidación de este real decreto-ley, el presidente propuso la conocida regla de oro fiscal, que sería incorporada a la Constitución con el objetivo de garantizar la estabilidad
presupuestaria en el medio y en el largo plazo. La decisión adoptada fue de nuevo apostar por un compromiso de sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro a cambio de no hacer más recortes en el corto plazo, que habrían erosionado
gravemente servicios públicos esenciales ligados a derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso se aprobó la reforma del artículo 135 de la Constitución, que elevaba el principio de equilibrio presupuestario intertemporal a su nivel máximo.
Este principio establece que el sector público puede y debe aceptar los déficits presupuestarios como una forma de contrarrestar los defectos de demanda del sector privado mediante la libre actuación de los estabilizadores automáticos o incluso
adoptando medidas extraordinarias y transitorias si la situación era lo suficientemente grave. Estos déficits tendrían que ser compensados en el futuro con superávits cuando el mercado de bienes y servicios se encontrara en una situación de exceso
de demanda privada. El coste de esta medida en términos sociales -quiero señalarlo- fue nulo en comparación con las alternativas planteadas por las autoridades monetarias.

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Por último, entró en vigor el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se unificaban en uno solo los tres fondos de garantía de depósitos existentes y se ampliaba su ámbito de actuación, permitiendo la adopción de medidas
preventivas y de saneamiento: ayudas financieras en forma de concesión de préstamos o adquisición de activos no rentables, reestructuración del capital de la entidad, apoyo en los procesos de fusión o traspaso de negocio a otra entidad de crédito y
mejora de la gestión. Una norma que fue completada por el Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, aprobado por el Gobierno ya en funciones y convalidado por la Diputación Permanente, en el que se refuerzan los recursos de los fondos de
garantías de depósitos para minimizar el coste de la reestructuración para los contribuyentes.


Echando la vista atrás, señorías, como he tenido oportunidad de hacer al preparar esta comparecencia, resulta impresionante -así se ha reconocido por las instituciones internacionales- la transformación que ha sufrido el sector financiero en
España. El Banco de España ha publicado un informe excelente y ha habido comparecientes en esta Comisión que han hecho una aportación exhaustiva de datos y cifras. Por darles únicamente un dato, en el periodo 2009-2011 el número de cajas de
ahorros pasa de 45 a 15 entidades financieras, ya no cajas mayoritariamente, y en su documento el Banco de España resume las ayudas concedidas a esta reestructuración, que hasta el año 2011 ascendieron a 10 474 millones del FROB 1, a 4751 millones
del FROB 2 y a 5989 millones del Fondo de Garantía de Depósitos. Al finalizar mi mandato, la deuda pública española se situaba en el 69,5 % del producto interior bruto, la cuenta de Tesoro en el Banco de España alcanzaba los 30,6 miles de millones
de euros, es decir, 30 600 millones de euros, y en mi último día en el ministerio la prima de riesgo alcanzó los 311 puntos básicos, un nivel sin duda muy alto, pero 154 puntos por debajo de la italiana en esa misma fecha y bastante por debajo de lo
que habría de llegar.


Termino ya, señora presidenta, señorías. El Gobierno al que tuve el honor de pertenecer tuvo que enfrentar la crisis económica más grave que hemos sufrido en los últimos setenta años. Lo hicimos, naturalmente, con aciertos y errores, pero
durante todo ese periodo nuestra actuación tuvo varios objetivos prioritarios. En primer lugar, contribuir junto al resto de los gobiernos europeos a afrontar conjuntamente una crisis del sistema financiero, cuyas sacudidas pusieron en grave
peligro todo el orden económico mundial. En segundo lugar, proteger a España de un rescate que, como sucedió en otros países europeos, habría tenido efectos desastrosos para la población y comprometido nuestro futuro como país. En tercer lugar,
contener en la medida de lo posible la repercusión de los efectos de la crisis del sistema financiero sobre nuestra economía productiva y sobre el empleo. En cuarto lugar, limitar el coste para el erario público de los recursos requeridos para
ayudar a las entidades financieras, preservando en todo caso el interés de ahorradores y depositantes. Y en quinto lugar, sostener los servicios públicos que definen esencialmente nuestro Estado del bienestar: la protección por desempleo, las
pensiones, la sanidad, la educación pública y la ayuda a las personas dependientes. Naturalmente, en parte lo logramos y en parte no porque las circunstancias no pudieron ser más adversas, por lo que sería insensato por mi parte mostrar
satisfacción, pero deseo pensar que en alguna medida contribuimos a preservar el futuro de España y a paliar, que no a evitar, el sufrimiento de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.


Termino, señora presidenta, señorías, reconociendo el valor de los trabajos de esta Comisión, que sin ninguna duda podrán sugerir e impulsar medidas que refuercen nuestro sistema financiero y su papel en una economía moderna. Seguro que a
lo largo de mi contestación a sus preguntas tendré oportunidad de dar alguna opinión sobre alguna cuestión que deberíamos mejorar. A partir de ahora, por supuesto, estoy a su disposición para responder a sus preguntas.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Salgado.


Por los grupos solicitantes, de menor a mayor, en primer lugar tiene la palabra el señor Capdevila por el Grupo de Esquerra Republicana. Como no ha estado el resto de los días, cuando llegue a siete minutos le avisaré de que le quedan tres.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta. He sido oportunamente advertido por el letrado. Gracias por su amabilidad y por los cambios que nos ha permitido hacer.


Quiero empezar excusando a la diputada titular, Esther Capella, que se encuentra asistiendo, como letrada, a Oriol Junqueras en la prisión de Estremera, y esta es la razón por la que mandan ante la señora Salgado al diputado de guardia.

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La señora PRESIDENTA: Señor Capdevila, va a tener que hacer el esfuerzo de acercarse al micro y de subir un poquito el tono, porque es que si no, no se le va a escuchar.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Haré lo que pueda.


A mí también me tendrán que excusar, porque una vez atendidas las respuestas de la señora Salgado también me voy a ausentar. Hoy tenemos una obligación los diputados catalanes de acompañar ante el TS a unas personas de paz y de bien que
están encarceladas, Forn, Sánchez y Cuixart, encarcelados injustamente por querer cumplir con la voluntad de la ciudadanía.


Señora Salgado, repito, muchas gracias por su comparecencia y por su exhaustivo informe. No sé si tendríamos ocasión de acceder a él por escrito, porque me gustaría...


La señora PRESIDENTA: Ya lo tiene, señor Capdevila.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: ¡Ah, ya lo tenemos! Los servicios de la Cámara son de una diligencia digna de mejor causa. Muchas gracias.


Supongo que ya les habrán informado -y si no empiezo con ello- a cada una de las personas comparecientes en esta Comisión de investigación sobre la Crisis Financiera y el programa de asistencia financiera que no lo hicieron, nuestro grupo
tiene por costumbre empezar preguntando por qué en el año 2014 se negaron a comparecer ante la Comisión creada en el Parlament de Catalunya, a los mismos efectos que esta en la que hoy nos encontramos. La sensación de menosprecio que tienen los
ciudadanos por parte de los políticos se fundamenta en gestos como el que usted protagonizó por omisión, en su momento, probablemente como otros que veremos a lo largo de esta Comisión. Por lo tanto, por favor ¿puede indicarnos cuál fue el motivo
para obviar esta comparecencia y no explicarse ante los legítimos representantes de la ciudadanía de Cataluña?


En esta Comisión estamos intentando averiguar cuáles fueron las causas de la crisis financiera del Estado español y qué pasó con el rescate bancario posterior, con el objetivo sobre todo de aprender de los errores y rectificar en aquello que
sea posible. En ese sentido, quiero aplaudir su visión de los hechos, que encontramos sincera y, aunque objetable, ciertamente analizable, como así haremos. Esta misma semana hemos visto cómo el foco de atención se centra en echarse culpas los
unos a los otros, exculparse los pecados de cada uno y no tanto en identificar los elementos sobre los cuales trabajar para mejorar la situación. Esperamos de su independencia y de su integridad que, en su caso, podamos hacer una excepción.


En cuanto a la crisis y la burbuja inmobiliaria intentaré no repetirme respecto a lo que hayan podido decir mis compañeros de Comisión en otras ocasiones, que he ido siguiendo, como era mi obligación, aunque entiendo que será difícil no
hacerlo. Para empezar, los datos ya los han expuesto usted y otros comparecientes anteriormente. El contraste entre el punto de partida, entre su actuación como ministra de Economía y el momento en que lo dejó es excepcional en cuanto a
indicadores macroeconómicos, en cuanto a indicadores del sector financiero, devolución del crédito del sector privado, dudoso, la tenencia de deuda pública, la rentabilidad, la solvencia del sector. Al final de su discurso me ha parecido intuir un
cierto atisbo de lo que supuso su actuación como ministra, la de su ministerio, la de su Gobierno, sobre el coste que representaron sus decisiones en cuanto a puestos de trabajo, especialmente en el sector financiero, que es de lo que trata esta
Comisión, sobre cuánta gente perdió sus ahorros, entre otras cuestiones por productos financieros de dudosa categoría ética, supongo que sería la forma más suave de calificarlos, algunos declarados ya directamente como estafa; cuántas familias
fueron desahuciadas, y sé que es un intangible, pero el drama humano creo que merece algo más de atención y algún calificativo. Esa es mi pregunta.


Otra pregunta es cómo conceptuaría la desigualdad que se generó a raíz de las políticas aplicadas, y si comparte conmigo el criterio de que esa desigualdad ha tenido una especie de inercia de transatlántico que ha hecho que todavía se
manifieste. Hay quien dice que a usted le tocó bailar con la más fea y ayer vimos que su antecesor, el señor Solbes, fue el responsable de llevar el Titanic hasta chocar con el iceberg, y cuando él saltó del barco usted se quedó achicando el agua
que entraba a borbotones. El señor Solbes también dijo ayer algo sobre la burbuja, cito: Todas mis advertencias cayeron en saco roto; lo importante era que la fiesta no terminara. El exministro de Economía y Hacienda, en los primeros años del
Gobierno de Zapatero, hace una cierta autocrítica, pero cree que actuar de otro modo tampoco hubiera evitado lo peor de la crisis.

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La señora PRESIDENTA: Señor Capdevila, le quedan tres minutos.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Póngase en la situación política de aquel momento: un Gobierno en minoría, necesidades de inversión y todo el mundo con ganas de más gastos. Si el señor Solbes confiesa en su libro de memorias que su gran
error fue haber participado en la segunda legislatura del Gobierno del señor Zapatero, quizá usted tendría más derecho aún que él a reivindicar ese error. Aquí tengo apuntado y le tengo que citar a usted lo que hemos llamado la cita del
chubasquero. En un extenso reportaje de Lola Galán, en abril de 2009, en El País, dice usted que el exministro le había dado algún consejo. Cito otra vez: Me ha dicho que salga a la calle con el chubasquero e incluso que me lo ponga en casa a
veces. Entiendo que es una metáfora, pero ¿podría concretar, por favor, en qué sentido se puso usted el chubasquero en casa o fuera?


Estoy terminando, ¿no?


La señora PRESIDENTA: Vamos a ver, ¡tiene tiempo todavía!


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: ¡Ah!, es que he visto la luz roja, perdóneme.


La señora PRESIDENTA: No, porque llegó a los siete minutos y, entonces, yo le avisé de que tiene tres minutos más. En este momento le queda un minuto y veinte segundos.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: ¿No estamos jugando al baloncesto sin el reloj parado, mientras hacemos comentarios? (Risas).


La señora PRESIDENTA: No, no, está paradísimo. Tiene un minuto y veinte, pero puede llegar a dos, y si hiciera falta a tres. Aquí no se le está cortando la palabra a ningún diputado cuando está en el asunto del que estamos tratando,
¿vale?


Tiene usted la palabra, señor Capdevila.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Ojalá su ejemplo cundiese en otras comisiones. Muchas gracias.


En cuanto a las acciones regulatorias, usted estrenó mandato con la creación del FROB después de la intervención de Caja Castilla-La Mancha. En los dos años siguientes se emprendieron medidas para reforzar la solidez de entidades y reformar
el sector de cajas de ahorros, así como medidas para reformar la solvencia de las entidades financieras y se siguió el proceso de reestructuración del sector en cajas de ahorros. En especial, cabe resaltar el proceso de BFA /Bankia que usted vivió
directamente.


Algunas investigaciones periodísticas afirman, incluso citando la existencia de grabaciones, que usted llamó a las grandes empresas para pedirles que invirtieran en la salida a bolsa de Bankia, incluso Iberdrola llevó a juicio al Estado por
sus pérdidas en esa operación. ¿Es cierto? ¿Qué se les ofrecía a cambio?


Como sabe, en Cataluña el proceso de las cajas de ahorros supuso un verdadero cambio en el paisaje financiero. Aún hoy falta la función social que llevaban a cabo las cajas de ahorros, que no ha sido sustituida por el modelo resultante, que
es un auténtico oligopolio financiero. Quisiera conocer su criterio sobre esto. ¿Es bueno para la economía productiva un panorama con tan poca competencia? ¿Por qué se llevó a cabo el proceso de reestructuración de cajas de esta manera? ¿No
podían salvarse realmente ninguna de ellas? ¿Qué factores cree que fueron los más relevantes para llegar a la situación de insolvencia a la que al final llegaron? Si hablamos de gobernanza de las mismas, se comenta que la incorporación de
representantes institucionales de los órganos de decisión es uno de estos factores; lo fue también la carrera acelerada por ampliar la cuota de mercado y por crecer -la codicia de sus dirigentes-, y también la dedicación, dependencia al final, del
factor inmobiliario. ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva actual? ¿Qué factor sería el más decisivo? De hecho, desde Esquerra Republicana hemos propuesto que se invite a participar en esta Comisión a tres pequeñas cajas que sí sobrevivieron
para poder conocer por qué llegaron a salvarse; no todas actuaron igual y los resultados saltan a la vista.


Estoy abusando ya del tiempo y, por tanto, lo que me quedaba de intervención lo reservaré para los tres minutos de gracia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Capdevila.


Para contestar, tiene la palabra la señora Salgado Méndez.

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La señora SALGADO MÉNDEZ (exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía y Hacienda): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Capdevila, por supuesto lamento mucho que el hecho de no haber comparecido en el año 2014 ante la llamada de su Parlamento se pudiera haber interpretado como una muestra de descortesía. Nada más lejos de la realidad. Sabe muy bien,
señoría, que durante el tiempo en que estuve en el Gobierno, no solo como ministra de Economía y Hacienda sino también en mis anteriores responsabilidades de Gobierno como ministra de Administraciones Públicas y como ministra de Sanidad, mi relación
con los grupos catalanes, sin excepción, tanto con Convergència i Unió como con Esquerra Republicana de Catalunya, fue siempre cordial y excelente, como lo fue también con las autoridades de la Generalitat. Por tanto, nada más lejos de mi intención
que pudiera ser interpretado de esta manera. Simplemente había abandonado hacía tiempo mis responsabilidades de Gobierno, pedí un informe al Consejo de Estado y este indicó que no era necesaria mi presencia en el Parlamento de Cataluña, así que
seguí esa indicación. Estoy, por otra parte, contenta de poder satisfacer hoy las preguntas que usted me hace como representante de Esquerra en el Parlamento de la nación, pero ya le digo que fue ni más ni menos que por esa consideración.


Me decía usted que lo que ha pasado ha tenido efectos muy considerables sobre el empleo. Créame que de todos los efectos de la crisis económica ese es, y lo fue durante todo el tiempo que estuve en el Gobierno, el más lacerante, el único
que, por decirlo de alguna manera, impedía cualquier mínimo instante de relajación en la tarea que teníamos entre manos. Sí quiero señalar también que ese desempleo, que se produjo mayoritariamente en el sector de la construcción, una vez que
estalla la burbuja inmobiliaria, es muy difícil de solventar, y ello por la razón siguiente, que creo que nos lleva a una consideración seguramente de mayor profundidad que ustedes en el Parlamento seguro que están teniendo en cuenta: hubo otros
países, por ejemplo, Alemania, donde con una caída del producto interior bruto bastante superior a la caída del producto interior bruto español en el año 2009, superior al 5 % en el caso de Alemania, consiguieron, sin embargo, que la reducción de
empleo fuera menor, y eso lo hicieron en parte con un sistema del que seguro que usted ha oído hablar, que se llamó el kurzarbeit, es decir, la reducción de jornada de un gran número de trabajadores con una reducción de su remuneración también, a la
que aportaban, por una parte, las finanzas públicas y, por otra parte, las propias empresas. Ese esquema tenía todo el sentido en Alemania, en un país con una amplísima producción industrial, muy competitiva, donde los empresarios tenían todo el
interés en que cuando la demanda se recuperara se pudiera volver a incorporar a tiempo completo a los mismos trabajadores a los que habían hecho reducción de jornada.


En el caso de España, el paro en el sector de la construcción no tenía esas características. Se trataba de personas con niveles de formación relativamente bajos y no había ninguna empresa de construcción o inmobiliaria que tuviera algún
interés en que cuando se recuperara la demanda, si es que eso llegaba algún día, se volviera a recuperar a esos mismos trabajadores y, por tanto, este esquema de reducción parcial de jornada no era aplicable en el caso español. Eso por supuesto
hizo que en el caso de España la destrucción de empleo, asociada a este estallido de la burbuja inmobiliaria, fuera de unas magnitudes -entienda, señoría, que así lo fue para mí- difíciles de soportar y por supuesto todavía mucho más difíciles de
soportar para los afectados. Por eso, el Gobierno decidió -y es lo que he tratado de decir también en mi intervención- reforzar los seguros de desempleo. He dicho que en el año 2010 esta cobertura de desempleo alcanzaba al 80 % de las personas
desempleadas, pero eso evidentemente nos plantea retos frente al futuro. Se ha hablado mucho del cambio de modelo productivo y yo quisiera insistir en que ese cambio tiene que llevar acompañado también una mejora, un pacto por la educación, como el
que intentó poner en marcha el ministro Gabilondo durante su mandato, un refuerzo de la formación profesional y por supuesto la generación de trabajadores con mejores niveles de empleabilidad y también de flexibilidad y acomodación a sectores nuevos
que están apareciendo.


Me preguntaba usted por esta entrevista en la que se habló del chubasquero. Usted sabe que el señor Solbes, por el que tengo gran aprecio, es una persona con un sentido del humor que también aprecio mucho y me comentó esto y yo se lo
comenté a la periodista. Creo que el señor Solbes se refería a las críticas que sin duda le llueven siempre a un ministro de economía y finanzas cuando trata de hacer su trabajo, críticas que pueden proceder de todos sitios. En mi caso, además -y
aprovecho para señalar algo que es de sobra conocido-, tengo bastante timidez frente a los medios de comunicación. Por tanto, esas críticas o esas gotas procedentes de los medios de comunicación también aconsejarían en su opinión ponerse un
chubasquero. Lo de ponérselo dentro de casa, teniendo en cuenta que vivo sola, me parece excesivo porque trato de no hacerme demasiadas críticas a mí misma, por lo menos más de las

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que puedo soportar. Ya le digo que es solo una forma coloquial de hablar y por eso se lo agradecí y así lo comenté.


Me decía también que, efectivamente, en el caso de las cajas de ahorros han sobrevivido solo tres y quería saber por qué lo han hecho. Lo han hecho porque no han abandonado lo que fue el modelo original de las cajas: un mercado más local,
un conocimiento de cada uno de sus clientes, una conexión muy fuerte con la economía de esa localidad, de esa comarca, de esa lugar y, por lo tanto, unos niveles de morosidad que nunca han llegado a superar los niveles aceptables. Por tanto, el
modelo, en determinadas circunstancias, era un buen modelo. Fueron la burbuja inmobiliaria y por supuesto la actuación de algunos gestores, unido a las limitaciones institucionales, los que hicieron que este modelo no funcionara. Evidentemente,
esas pequeñas cajas que subsisten no necesitan para nada acudir ni a la financiación mayorista ni a la financiación internacional. Por tanto, muchos de los riesgos que aparecían en las grandes cajas de ahorros y que no tenían manera de resolver
precisamente debido a sus limitaciones para la captación de capital, no se presentan en estas cajas pequeñas. La obra social, como usted sabe, continúa a través de las fundaciones en algunas de las instancias. Hay alguna fundación que, como sabe,
dedica cantidades importantes a la obra social, pero las prestaciones sociales en nuestro país creo que están razonablemente bien cubiertas por los presupuestos públicos.


En cuanto a la desigualdad, se acentuó, pero incluso más que la desigualdad a mí me preocupa -y seguro que a usted también- la pobreza, porque la desigualdad implica dos partes. A mí la parte de arriba me preocupa por lo que tiene de
injusto, sobre todo si no se aporta suficientemente a la comunidad, pero me preocupan mucho más los niveles de pobreza o los niveles de potencial exclusión de una gran parte de nuestra población por esta crisis económica.


He tratado de dar respuesta a sus preguntas. Si no lo he hecho, ahora tiene la oportunidad de decírmelo. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Salgado.


Tiene ahora la palabra el señor Capedevila.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias.


Da gusto y no sabe cómo celebró mi suerte de haber podido hablar con usted hoy y no con el exministro Rato, ese delincuente que pasó...


La señora PRESIDENTA: Señor Capdevila, yo estoy de frente y no le oigo. Imagínese los que están detrás de usted.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Así se ha ahorrado usted oír la barbaridad que acabo de decir. (Risas).


Dice usted que la desigualdad tiene dos partes. Causa un cierto pasmo -perdóneme la expresión- oírle decir que para paliar la crisis se tenía que incrementar un impuesto y que eligieron el IVA porque era el más recaudatorio. ¿Era un
Gobierno socialista quien lo hacía, a sabiendas de que ello afecta a las rentas más bajas y después de bajar el impuesto de sociedades al 25 %? Parece que queda claro a quién querían favorecer y a costa del sacrificio de quién. La desigualdad
tiene dos partes porque, como sabe usted, si se incrementa a un lado del signo de igual es porque se disminuye al otro lado. Por sus hechos conoceréis sus prioridades.


También quisiera conocer su opinión sobre un concepto que estos días vuelve a estar de moda teniendo presente los recursos públicos dedicados a rescatar a los bancos. En Cataluña, en la Legislatura 2012-2015 se aprobó el impuesto sobre
depósitos de entidades de créditos como fórmula de compensación social del rescate bancario, dirigido a impulsar actuaciones sociales que paliasen los impactos generados por la crisis financiera. El Gobierno español, como nos tiene acostumbrados en
Cataluña, no tardó en recurrir la propuesta, y lo que se preveía que serían unos ingresos de 635 millones de euros se convirtió en una bonificación de solo una décima parte del mismo, 63,3, según el último cálculo. Lo mismo pasó en otras
comunidades autónomas. Ahora otros partidos acaban de proponerlo como una opción para financiar el déficit de las pensiones. ¿Cree que tiene sentido? ¿Qué otras medidas compensatorias cree que podrían aplicarse?


Iba a hacerle unos comentarios sobre la política de ocultar la crisis y hablar de brotes verdes, pero supongo que otros intervinientes tendrán ocasión de hablar de ello y así aprovecho mejor mi tiempo.

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Como decía, estos días hemos tenido diversas comparecencias, algunas de las de esta semana de signo bien distinto, sobre las cuales nos gustaría conocer su opinión. Por ejemplo, el señor Rato, aparte de expresiones y actitudes que se
califican por sí solas, culpó al Gobierno de Zapatero de la crisis por ignorar los avisos del FMI en 2006 y 2007 advirtiendo de la llegada de la misma, o de abandonar las provisiones contracíclicas que él mismo había instaurado. Señaló también la
relación entre el crédito y el PIB, que no había superado el 120 % hasta el año 2003 y que se elevó hasta el 210 % en los años posteriores. También les acusa de la politización de la cúpula del organismo supervisor terminando con el consenso
político respecto al Banco de España, que él asegura que existía. ¿Qué tiene que decir sobre estas afirmaciones del señor Rato?


Acerca del modelo regulador supervisor -es casi una manía de este diputado aprovechar la ocasión cuando vienen auténticas autoridades para conocer su opinión al respecto, aunque sé que aparentemente me aparto un poquito del motivo que nos
reúne- no puedo sustraerme a preguntarle cuál sería, desde su punto de vista, el modelo óptimo de regulación y supervisión financiera y cómo deberían ser las relaciones del Poder Legislativo y del Ejecutivo con el Banco Central Europeo, con el Banco
de España y con la CNMV. ¿Estaría usted más por el modelo twin peaks, como se ha señalado aquí estos días?


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: La última pregunta. ¿Cómo debe garantizarse la profesionalización y la independencia de estos organismos? Parecen preguntas muy generales, pero entiendo que usted sabrá comprender el sentido.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Capdevila.


Señora Salgado.


La señora SALGADO MÉNDEZ (exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía y Hacienda): Muchas gracias, presidenta y muchas gracias, señoría.


Cuando he hablado de la desigualdad y he dicho que tiene dos partes, he dicho que la parte de arriba no me preocupa, no he dicho que me guste. He dicho que no me preocupa, porque evidentemente ninguna preocupación siento por quien está en
la mejor de las situaciones económicas, lo que exijo es que pague sus impuestos, precisamente para contribuir en relación con los que tienen menos. En ese sentido, valoramos el conjunto de los impuestos españoles antes de decidir dónde deberíamos
situar esa subida impositiva que era indispensable para poder lograr el equilibrio de nuestras finanzas públicas. Como usted sabe, hay literatura ad infinitum respecto de los impuestos directos frente a los impuestos indirectos, y hay distintas
filosofías que van cambiando con el tiempo y países que adoptan medidas distintas. En el caso de Dinamarca, por ejemplo, la presión fiscal se centra mucho en el IVA precisamente, con un tipo único que, al menos mientras yo estaba en el Gobierno
-ahora no podría decirle que sea ese el porcentaje-, estaba establecido en el 25 % con carácter general, sin haber ni tan siquiera tipo reducido o tipo medio porque entendían que ese era el menos distorsionador de la actividad económica. En el caso
de España la elección del IVA vino además motivada porque era un impuesto que en nuestro caso, insisto, estaba bastante por debajo de la media europea en cuanto a los tipos, y entendíamos -y además se manifestó así- que era el menos distorsionador
de la actividad económica. Tan se manifestó así que, como recordará, en el año 2010 el crecimiento económico había comenzado a repuntar y terminamos el año en las estimaciones que hicimos en ese momento, con un 0,1 % de crecimiento del PIB; en la
revisión que posteriormente ha hecho en INE con un crecimiento plano, pero en todo caso en una situación muy distinta de la disminución del PIB del 3,6 % que habíamos tenido el año anterior, el año 2009. Por tanto, fue cierto que no distorsionó la
actividad económica y fue igualmente cierto que incorporó 4000 millones de euros a las arcas públicas. Por ponerle un ejemplo, también decidimos subir el IRPF en los tramos más altos. Pues bien, en el primer año de aplicación de esta subida la
cantidad que obtuvimos fue de unos 150 millones de euros. Por lo tanto, señor Capdevila, 4000 millones producto del incremento del IVA, 150 millones producto del incremento del IRPF. Si de lo que se trata es de consolidar las finanzas públicas,
por supuesto que hay que incrementar los tipos de las rentas más altas porque tienen que contribuir al equilibrio de esas finanzas públicas, pero los resultados en términos cuantitativos de esos incrementos no son comparables a los que se obtienen
con un impuesto de una base recaudatoria tan amplia como es el caso del IVA.

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Paso ahora a sociedades. En el caso de España lo que teníamos en ese momento era una restricción de crédito absoluta. En España, que es una economía que está compuesta mayoritariamente por miniempresas, que son las que generan empleo y
eran las que estaban destruyendo empleo, teníamos un tipo que era superior al de algunos países de nuestro entorno, se estaba produciendo en algunos casos una cierta competencia fiscal con otros países y el Gobierno decidió reforzar la actuación de
las empresas mediante esta reducción de los impuestos.


En cuanto a la independencia de los órganos reguladores y el modelo de relación entre los supervisores y el Gobierno, yo creo que el modelo adecuado es el que nosotros seguimos, al menos durante el tiempo en que yo estuve en el Gobierno:
absoluta independencia de los órganos reguladores, sin inmiscuirnos de ninguna manera en las tareas que tenían que hacer. Las personas que han pasado por aquí, tanto de la CNMV como del Banco de España, así lo han manifestado. En mi época, y por
supuesto también en las anteriores, hubo una absoluta independencia, como marca la ley. Ese es el modelo que yo creo adecuado. Además de que los protagonistas de esos órganos reguladores sean, por supuesto, elegidos correctamente y vengan además a
este Parlamento para que ustedes puedan opinar también sobre el tema.


Finalmente, en cuanto a las famosas llamadas, la señora presidenta me ha recordado al principio de esta comparecencia que estoy obligada a decir la verdad; le agradezco mucho ese recuerdo, pero yo suelo decir la verdad, no recuerdo casos en
que no haya sido así. Con esa premisa, la de que estoy obligada a decir la verdad, le digo que hice cero llamadas; ninguna. Y si hay una persona con cara y ojos, no uno que dice que se lo dijeron, sino una persona con cara y ojos que dice que yo
le llamé, yo les recomendaría que a esa persona no ya no le compren un coche usado, sino que no le compren tampoco un coche nuevo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Salgado.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora Salgado, en nombre de mi grupo bienvenida a esta Comisión. Voy a empezar esta comparecencia por donde se terminó la comparecencia del señor Solbes ayer, porque usted estaba en los Consejos de Ministros del presidente Zapatero desde
2004 y fue ministra de Administraciones Públicas desde 2007, hasta que en el año 2009 asumió la vicepresidencia del Gobierno. Decía Solbes ayer que estaba en contra de una serie de medidas que se tomaron en los Consejos de Ministros que dispararon
el gasto público y redujeron los ingresos. Este es el inicio de lo que acabó en 2009 como la peor ejecución presupuestaria de la historia de España. Aquí se terminó en el 11,2 %. Yo no sé por qué no ha comentado usted una cuestión absolutamente
fundamental en relación con esto como es el tema de una reforma de la financiación autonómica que supuso inyectar 11 000 millones de euros. Evidentemente si se lo gastan, quizá no era el momento. Fundamentalmente le pregunto si no se podía haber
hecho más reduciendo todo este tipo de gasto sin control y de despilfarro, porque, por ejemplo, el Plan-E que ustedes ejecutaron tuvo, según el Tribunal de Cuentas, el coste por empleo más elevado de la historia de España. Le pregunto si no se
tenía que haber actuado de otra manera. El resultado práctico fue que en 2010 ustedes tuvieron que realizar recortes porque el sistema se venía abajo y no tanto porque se lo exigiese Europa. Ustedes congelaron las pensiones, con un ahorro de 1500
millones, y redujeron el sueldo de los funcionarios públicos, pero la burbuja administrativa que se había ido creando previamente dándole, por ejemplo, más dinero a las autonomías, no la atacaron.


Ha dicho usted hoy en su comparecencia, por ejemplo, que en el Decreto-ley 9/2011 se recortaron 2500 millones de euros en gasto farmacéutico. La pregunta es muy obvia: ¿por qué prefirieron recortar el sueldo a los funcionarios y congelar
las pensiones -que yo sepa es el único Gobierno que lo ha hecho en la democracia- antes que recortarle beneficios a la industria farmacéutica?


Otra cuestión que se ha olvidado aquí es el Decreto-ley 13/2010, por el cual ustedes establecieron la libertad de amortización sin mantenimiento del empleo para todas las empresas, fundamentalmente para las grandes. Esto costó -según
cálculos de la Agencia Tributaria- unos 1400 millones de euros y disparó los expedientes de regulación de empleo en las...


La señora PRESIDENTA: Señor De la Torre, no se preocupe que no voy a cortar el tiempo en la intervención, pero es que es imposible tomar notas. Estoy viendo a la señora Salgado apurada para anotar sus preguntas. No se preocupe, tendremos
el tiempo que haga falta si son preguntas y si no es

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divagar hablando de lo divino y de lo humano. No se preocupe usted, que podrá hacer todas las preguntas que quiera.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: No tengo mucho tiempo, señora Presidenta, pero bajaré el ritmo. Gracias.


Continúo. Lo que yo le quería preguntar es cuál era el sentido del Decreto-ley 13/2010 -por cierto, que salió en el BOE precisamente en el momento en que España estaba paralizada por una huelga de controladores- en el sentido de cuál era la
lógica que ustedes siguieron para rebajarles la factura fiscal a las muy grandes empresas. El efecto práctico ya se lo digo yo. En 2011, con ustedes en el Gobierno, la tasa efectiva de los grandes grupos fue del 3,8 %, la más baja de la historia
de España en el impuesto sobre sociedades. Y además esto contrasta de alguna forma con su preocupación, que entiendo que es legítima, por la cuestión del empleo. Si esto ni siquiera se condiciona a que se mantenga la plantilla, pues, claro, los
expedientes de regulación de empleo en las grandes empresas se incrementaron muchísimo.


En todo este tiempo, además de la cuestión fiscal, que se vino abajo, se incrementó sustancialmente el fraude fiscal. Es decir, cayó más la recaudación de lo que cayó cualquier otro indicativo, por ejemplo, de la demanda interna o del PIB.
Quiero preguntarle qué sentido tenía recortar medios en la Agencia Tributaria en los dos años que usted estuvo mientras caía la recaudación fiscal y se incrementaba el fraude, porque esto, en una crisis fiscal, literalmente no se entiende.


También quiero preguntarle sobre un par de decisiones antifraude que son las más relevantes que ustedes tuvieron que tomar. En primer término, la gestión que ustedes hicieron desde el Partido Socialista de la lista Falciani, una serie de
defraudadores, algo más de 600, a los que se identificó en Suiza. Había aproximadamente, según diversas fuentes, unos 6000 millones de euros ocultos solamente en esta sucursal suiza de un banco británico, el HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking
Corporation). Según dijo en esta Cámara el subsecretario de Estado, señor Ocaña, solo se lograron recaudar 264 millones, de los cuales 210 procedían únicamente del fallecido don Emilio Botín. Yo le pregunto por qué ustedes enviaron amables
invitaciones a regularizar en lugar de haber iniciado masivamente inspecciones, como le recomendaron los inspectores de Hacienda y como se hace con cualquier contribuyente defraudador. Porque, claro, si lo que se les da es un trato de privilegio a
los muy grandes defraudadores, evidentemente la conciencia fiscal se cae. Todo es susceptible de empeorar. Luego llegó el Partido Popular e hizo una amnistía fiscal, pero desde luego esto no contribuyó en nada.


Me gustaría saber también -preguntando ya por una cuestión concreta- si usted se reunió con el fallecido don Emilio Botín, que supongo que sí en alguna ocasión, y si comentaron en algún momento algo referente al tratamiento fiscal de la
lista Falciani. En cualquier caso, me gustaría saber por qué se dio un tratamiento singular, completamente distinto del que se sigue en el resto de procedimientos de inspección cuando se localiza a los peores defraudadores. También quería
preguntarle a este respecto cuál fue su política en relación con los paraísos fiscales. Ustedes -esto es más conocido- sacaron de la lista fiscal a Panamá y esto se hizo, según la información de la que nosotros disponemos, en contra del criterio
del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, y posteriormente se firmaron acuerdos y sacaron ustedes de la lista a Antillas, Andorra, Aruba, Bahamas, Curazao y Santa Lucía, e incluso luego rubricaron acuerdos...


La señora PRESIDENTA: Le quedan siete minutos, para que lo sepa.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: ... con Caimán y Cook, que no llegaron a buen puerto. ¿Por qué sacaron a todos estos países de la lista de paraísos fiscales? Hay que reconocer también que el Partido Popular luego no los ha vuelto a incluir y
la experiencia que tienen los inspectores de Hacienda es que no dan información.


En cuanto al Decreto-ley 2/2011, según declaró aquí el señor Aríztegui, subgobernador del Banco de España, ustedes no habían tenido conocimiento en diciembre de este real decreto-ley, que es fundamental, que es el que exigía mayores
requerimientos de capital a las cajas que no fuesen capaces de salir a bolsa, a los SIP. Le quería preguntar por qué se hizo de un día para otro y sin que el supervisor tuviese conocimiento. Y en cuanto a estos SIP le preguntaría por la
contabilización de los cargos a reservas, porque esta cuestión, absolutamente fundamental, derivó en los bonus que pudieron cobrar Rato, Olivas, etcétera -por cierto, que están muy contentos; el otro día Rato estaba muy satisfecho con la
supervisión que se le había hecho, sorprendentemente-; derivó también en los pagos de preferentes, y aquí habría que preguntarle, como siempre, por qué no se pusieron medios suficientes para controlar una explosión

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de productos financieros complejos para que no acabasen en manos de minoristas y, desde luego, si se emiten 9000 millones de euros es evidente que no hay mercado mayorista para absorberlos, y luego todo esto permitió la salida a bolsa de
Bankia. Evidentemente, si todas las cajas, como deberían de acuerdo con una contabilización mínimamente razonable, hubiesen tenido pérdidas y no beneficios, no hubiesen podido salir a bolsa. Le voy a recordar aquí, con permiso, las declaraciones
que el 10 de diciembre de 2014, ante el Pleno de la Cámara, hizo el ministro De Guindos, quien afirmó: La salida a bolsa de Bankia fue una decisión política; se definió por el Gobierno como una cuestión de Estado en la que su Gobierno -el Gobierno
del Partido Socialista- forzó voluntades e hizo que los supervisores miraran hacia otro lado. Quiero saber si comparte esta afirmación del ministro De Guindos o qué tiene que decir al respecto, porque la realidad...


La señora PRESIDENTA: Señor De la Torre, ¿De Guindos o Rato?


El señor DE LA TORRE DÍAZ: De Guindos. Son las declaraciones del día 10 de diciembre de 2014 ante el Pleno de la Cámara del ministro De Guindos. Es una cuestión sobre la que nos gustaría que hubiese alguna precisión.


Para concluir, solamente dos cuestiones. Una, ¿por qué en diciembre, también en 2010, ustedes -en concreto el Banco de España, pero acaba con una autorización preceptiva del Ministerio de Economía y Hacienda- le dieron una ficha bancaria al
banco privado de Andorra, es decir le permitieron adquirir Banco Madrid, un banco controlado desde un paraíso fiscal, que además era el banco a través del que operaban los Pujol, con un riesgo de blanqueo de capitales sencillamente brutal, como
luego se demostró cuando se tuvo que liquidar a requerimiento de la agencia antiblanqueo de los Estados Unidos? Y, por último, usted no se ha referido a los brotes verdes, pero la realidad es que a los españoles -entonces yo no estaba en política-
nos estaban negando la crisis. Después pasaron a decir que había brotes verdes y que las magnitudes contables estaban bajo control. Y al día siguiente de irse usted, el siguiente secretario de Estado de su propio Gobierno, el señor López Carbajo,
dijo que habíamos cumplido el déficit con el 6 % en el año 2011. Luego resultó que el déficit fue del 9,6 %. ¿No cree usted, como decía el señor Rubalcaba, que España se merece un Gobierno que no nos mienta?


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De la Torre.


Señora Salgado.


La señora SALGADO MÉNDEZ (exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía y Hacienda): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, ha habido una parte de sus preguntas, por supuesto muy legítimas, relativas a temas tributarios y la verdad es que no tengo aquí los datos y, por tanto, lo que le voy a contestar tendría que revisarlo. Así se lo indico ya desde el
principio. Pero hay alguna cosa que no puedo dejar de contestar. Cuando habla usted de la lista Falciani y del tratamiento que se le dio en ese momento está usted hablando de algo que ya ha sido sustanciado por los tribunales y los tribunales, por
cierto, han archivado la causa contra algunos de sus antiguos compañeros en el ministerio. Por tanto, parece que, en opinión de los tribunales, hicieron lo correcto. No me parece que deba ser yo quien reabra aquí ese tema después de ese archivo de
la causa y del conocimiento que yo tuve, que fue en todo caso posterior, y de la convicción que tengo de que hicieron lo correcto. Por consiguiente, en cuanto a esa lista me tengo que remitir a lo que ya han dicho los tribunales.


En cuanto a si tuve conversaciones con el señor Botín, le diré, señor De la Torre, que no he tenido la oportunidad de trabajar directamente con usted, pero si algo ha caracterizado toda mi actuación pública ha sido siempre el respeto
absoluto a las competencias y las responsabilidades de cada uno. Respeto absoluto a la Agencia Tributaria y también respeto absoluto de la Agencia Tributaria hacia a mí y de los servicios de Hacienda. Nunca se me comunicó este tema hasta el
momento en que se envió la comunicación a la fiscalía; es decir, hasta el momento en el que salió de la Agencia Tributaria y, por supuesto, ni el señor Botín lo pidió ni a mí se me ocurrió hablar con el señor Botín de este tema. Mis conversaciones
con el señor Botín, que no fueron tampoco demasiadas, se referían siempre a la situación del sistema financiero, además en su conjunto porque no he hablado nunca de casos individuales. Eso es lo que le puedo comentar de este tema en concreto. En
cuanto a los paraísos fiscales, supongo que si se decidió que esos países salieran de los paraísos fiscales fue porque a criterio de la Agencia Tributaria y

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de los órganos de Hacienda cumplían los requisitos para que así fuera, ni más ni menos. Por tanto, esa fue la decisión que se adoptó.


En relación con otro tema que usted me comenta, que es el de la libertad de amortización, tengo que decirle que, efectivamente, con el transcurso del tiempo -aunque, como salí del Gobierno en el año 2011, tampoco tengo ahora la perspectiva
suficiente para opinar sobre este tema-, creo que en cuanto a los resultados inmediatos no fue una buena decisión, con independencia de que también le digo que no encuentro la relación entre esta decisión y la pérdida de empleos; no la encuentro,
no encuentro ninguna relación directa entre la libertad de amortización y la pérdida de empleos.


En cuanto a que el impuesto de sociedades, en el caso de los grupos, era muy bajo, coincido absolutamente con usted y así lo puse de manifiesto pero, como usted sabe seguramente mejor que yo, ese pago final tan bajo se debía a un cúmulo de
circunstancias entre las que en ese momento no era menor la ley que se hizo en el año 2010 referida a la exención por los beneficios derivados de la compra de activos, decisión que después fue recurrida ante la Comisión Europea y decisión de la
Comisión Europea que finalmente ha sido otra vez revertida. De lo que yo pude estudiar en ese momento, ese era el componente fundamental que hacía que estos grupos tuvieran finalmente una tributación tan baja. Por tanto, era todo un cúmulo de
cuestiones, en absoluto fue únicamente esta libertad de amortización, pero sí que le reconozco que en la perspectiva que yo tuve algunos años después creo que no fue una decisión acertada.


En cuanto a recortar medios de la Agencia Tributaria, no se recortaron medios de la Agencia Tributaria. Entiendo su extrañeza y por eso quisiera continuar con mi explicación. Lo que se hizo fue reducir la oferta pública de empleo a mínimos
y dado que esa decisión de reducir la oferta pública de empleo a mínimos había sido tomada por el Ministerio de Economía y Hacienda, este no quería -y usted puede decir que nos equivocamos- que precisamente la excepción a esa reducción de la oferta
de empleo se situara en un órgano que dependía del Ministerio de Economía y Hacienda. Por supuesto, como le digo, en la lucha contra el fraude, el director de la Agencia Tributaria y el secretario de Estado presentaban cada año los resultados y lo
que recuerdo -le insisto, no tenía la impresión de que sus preguntas fueran por esta vía- es que al menos en el último año de mi mandato se habían recuperado más de 10 000 millones de euros por la lucha contra el fraude en ese año. Por tanto, una
cantidad extraordinariamente importante; por ponerla en contexto, más del doble de lo que se había conseguido, por ejemplo, con el incremento del impuesto del valor añadido.


La pregunta de la salida a Bankia, de alguna manera creo que la he contestado en la respuesta anterior. No es cuestión de estar de acuerdo con el señor Guindos o no, o con el señor Rato o no; me vale más la opinión de los supervisores en
este caso. Los supervisores han dicho todos ellos que en ningún momento recibieron ninguna indicación por parte del Gobierno en lo referente a esta salida a bolsa de Bankia. Si a lo que se refiere usted es a que el Gobierno y este Parlamento -por
cierto: y este Parlamento- aprobaron una ley en la que se incrementaba el capital con unas diferencias que hacían que Bankia estimara que le convenía salir a bolsa, le diré que por supuesto que este Gobierno propuso, con el asesoramiento del Banco
de España, esa legislación, que fue ratificada por el Parlamento, pero ahí terminaron las actuaciones del Gobierno en lo que se refiere a la salida a bolsa de Bankia. A partir de ahí, como sabe, se produce la no oposición del supervisor bancario y
la autorización del folleto por parte de la CNMV. Esa es toda la historia en este tema. Por tanto, ni miramos para otro lado ni dejamos de mirar, simplemente no era una cuestión de nuestra competencia y, como le digo, al menos mientras yo he
estado en el Gobierno he mantenido un escrupuloso respeto a lo que dicen las normas respecto a la independencia de los supervisores.


En cuanto a la autorización al Banco de Andorra, las autorizaciones, como usted sabe, estaban delegadas en la secretaría de Estado por una razón muy sencilla, porque había una serie de procedimientos a cumplir, había una serie de requisitos.
La secretaría de Estado comprobaba que se cumplían todos esos requisitos y autorizaba la presencia de ese banco. No tengo en este momento más datos que aportarle. Como sabe, sobre este tema ha habido alguna decisión judicial, pero eso sucedió ya
bastante después de mi salida del Gobierno, por lo tanto lo que dijera sería únicamente por lo que he leído en los medios de comunicación y no me parecería razonable basarme en esa información a la hora de responderle.


En cuanto a las preferentes, creo que se ha hablado mucho de las preferentes en esta sala y he seguido alguna de las discusiones. Los primeros híbridos de las preferentes se emiten en el año 1998, durante el Gobierno del Partido Popular.
Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es una constatación temporal. Las dos leyes que regulan determinados aspectos de las preferentes y que como usted sabe de

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alguna manera facilitan que la emisión de esas preferentes no se haga fuera de España, sino en territorio español, son, si no me equivoco, de los años 2002 y 2003, por tanto, Gobierno del Partido Popular. Parlamento, aprobado. Insisto, no
es nada más que una constatación temporal. Preferentes se emiten, creo recordar, 18 000 millones entre los años 1998 y 2008 y casi 13 000 millones en los primeros meses del año 2009. En el año 2010 ninguna y en el año 2011, 200 millones que no he
sido capaz de identificar, pero que no necesariamente tienen que ser de entidades financieras, también hay empresas que emite preferentes. Estamos hablando de los meses de 2013. No tengo la emisión mes a mes. La idea que tengo es que se emitieron
en los primeros meses del año, cosa que por otra parte resulta razonable de imaginar, puesto que desde que yo llegué ya se estaba hablando del FROB, de las preferentes del FROB y, por tanto, las entidades financieras sabían que iban a poder contar
con esos fondos adicionales que requerían. Tiene un esquema distinto, como sabe, participaciones preferentes del FROB sujetas a un tipo de interés negociado con la Comisión Europea. No tengo los datos mensuales, por lo que insisto en que no lo
puedo asegurar al 100 %, pero previsiblemente fueron en los primeros meses. Pero el hecho de que no se hayan emitido mayoritariamente durante el tiempo en el que yo estuve como ministra de Economía y Hacienda no impide que le diga que a mí me
parece que la comercialización de esas preferentes en algunos casos -y me preocupé de leer el informe que se hizo para el Defensor del Pueblo y, por tanto, la identificación de las preferentes que se comercializaron de manera incorrecta está en el
entorno de los 4000 millones de euros, 4300 millones de euros- fue muy desafortunada. Fue un gran error que se comercializaran de esa manera y eso ha producido perjuicios potenciales para muchas personas. Cuando digo perjuicios potenciales para
muchas personas es porque también debo añadir que en la parte de la reestructuración bancaria que correspondió al periodo de tiempo en el que yo estuve en el Gobierno, esas preferentes no dieron lugar a pérdidas, por una razón muy sencilla, porque
no se nos obligó que esas preferentes formaran parte de la reestructuración.


En el caso del rescate financiero del año 2012, una de las condiciones de MoU, como usted sabe, es que esas preferentes fueran amortizadas y, por tanto, en ese momento se crearon los problemas. Le insisto, esta secuencia temporal lo que no
me hace es dejar de decir que en el caso de esos 4000 millones de euros la comercialización que se hizo de esas participaciones preferentes fue un auténtico abuso. Con esto he intentando contestarle.


Me hablaba usted del déficit y en concreto del déficit del año 2009 y de las medidas de estímulo. El Banco de España en el informe que publica sí que dice que el Plan E, que usted ahora critica, sí que tuvo un pequeño efecto económico y, en
todo caso, sí que sirvió para amortiguar algunos meses al menos -coincido con usted en que su efecto no fue duradero- la destrucción de empleo. Debo decir aquí una vez más -porque como ministra de Administraciones Públicas sí que tuve
responsabilidad en algunos aspectos de la puesta en marcha de este plan- que cuando examinamos en qué circunstancias se puso en marcha, podemos afirmar que se puso en marcha por un acuerdo de la Comisión Europea y de los países de G-20 de dedicar en
el caso de Europa entre 1,5 y 2 puntos porcentuales de PIB al menos a medidas de estímulo temporal. Como sabe el déficit se reduce en el año 2010 y en parte es porque desaparecen una buena parte de estas medidas de estímulo temporal. Y se elige
esta medida en primer lugar porque los proyectos de infraestructuras aparte de tener menos intensidad de empleo, exigen una preparación o planificación que hubiera impedido ponerlos en marcha en un tiempo relativamente corto, que era lo que se
pretendía. Estamos hablando del año 2009 y ya no se trata de si anticipamos la crisis, de si pudimos ver que iba a llegar o no, porque cuando yo tomo posesión, lo he dicho al principio, estamos ya en medio de la crisis, de hecho, el primer
trimestre del año 2009 ya había pasado. Por tanto, cuando yo llego al Gobierno fue el trimestre de nuestra historia reciente en el que se destruye más empleo. Quiero decir que en ese momento estábamos barajando medidas de choque que tenían que ser
inmediatas, entre otras cosas porque así lo pensábamos todos. Y aquí si digo todos porque hubo alguien que pudo ver la crisis, que tal vez anticipó la crisis, dicen que Roubini sin ninguna duda y no sé cuantas personas más, pero desde luego la
crisis posterior del año 2011, eso ya le anticipo que de las personas que yo conozco, y conozco a unos cuantos responsables económicos, ninguna. Por tanto, no era previsible y de lo que se trataba era de parar el golpe del año 2009 con medidas que
pudieran tener algún efecto a corto plazo.


En nuestro país el sistema productivo estaba muy centrado en la construcción y, por tanto, ese era el empleo que se había perdido. Eso era lo que sabían hacer muchos de los trabajadores que habían perdido su empleo. El empleo que se pierde
es en muchos casos con niveles de formación relativamente bajos, cuestión esta fundamental para el futuro de nuestro país que no me cansaré de repetir una y otra vez. En definitiva, era razonable que se implantara un medida que tuviera relación con
esas capacidades

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de las personas que habían perdido su empleo. Y cuando se dice -si me lo permiten, creo que con cierta frivolidad- que las obras que se hicieron no sirvieron para nada, yo le voy a dar solo un ejemplo. Con ese Plan E se hicieron accesibles
muchísimos centros, establecimientos y servicios públicos para personas discapacitadas en localidades de España, muchísimos. Creo recordar que se dedicaron en el entorno de 500 millones de euros únicamente a esta facilidad. Por supuesto, que
seguro que hubo otras cosas que no eran tan absolutamente necesarias, pero, insisto, fue una medida de choque temporal que retrasó al menos unos meses la destrucción de empleo en alguna parte, y que sirvió para dotar de algunos servicios a
localidades que no tenían las posibilidades financieras para llevarlos a cabo.


En cuanto al déficit, los datos están ahí. Efectivamente, yo llegué al Gobierno con una previsión de déficit del 3 % y en ese año superó el 11 %. Se ha referido al sistema de financiación autonómica, pero usted sabe perfectamente que las
cuentas del Estado se consolidan y, por tanto, traspasar de una a otra Administración no influye en la suma final. Pero es que, además, sí le quiero decir que esos 11 000 millones sin ninguna duda eran un dinero que las comunidades autónomas
necesitaban como aportación, como se ha venido demostrando por la necesidad de dotarlas con fondos adicionales a los establecidos en el sistema de financiación, aunque sea bajo la forma de préstamos. Según he leído, ahora se está discutiendo un
nuevo sistema de financiación y, desde luego, si ese sistema se aprueba sin la aportación de recursos adicionales, créame que será un ejercicio por el que yo felicitaré extraordinariamente a los autores de esa reforma. En nuestro caso desde luego
eso no fue posible, ya le digo que era un dinero que las comunidades autónomas necesitaban para seguir prestando esos servicios esenciales. Por lo tanto, créame que no me arrepiento de esos 11 000 millones adicionales a las comunidades autónomas.
He intentado darle respuesta y, en fin, no sé si lo he conseguido.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Salgado.


Señor De La Torre, tiene la palabra.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer término, discrepo de medidas como el Plan E, los 400 euros o el cheque bebé porque se suman y al final en el año 2009 se bate el récord de déficit público de la historia de España, es decir, no era el momento. Respecto a la
reforma del sistema de financiación autonómica, lo único que he dicho es que también suma y se le había olvidado comentarlo, puesto que de cara al déficit es una cuestión muy relevante. En cuanto al HSBC y la gestión que ustedes hicieron de la
lista Falciani, le he preguntado cuál fue el criterio que siguieron porque a mi juicio y al de muchísima más gente, inspectores y gente de la calle, fue completamente desacertado. Yo no he llamado aquí delincuente a nadie, lo único que le he
preguntado es por qué hicieron eso, puesto que es una de las decisiones antifraude más importantes que ustedes tomaron. También firmaron acuerdos de intercambio de información con paraísos fiscales, y ya le digo que mi experiencia y la de mucha
gente que conozco es que luego no te dan la información, entre otras razones porque ni siquiera tienen implantado un sistema fiscal, con lo cual es complicado que te la den. Se sacan algunos paraísos fiscales de la lista y supongo que cumplen los
requisitos, pero me extraña que prácticamente todos ellos salgan en su época. Sencillamente la pregunta es si había algún criterio político, que supongo que sí, detrás de esa política de firmar acuerdos con paraísos fiscales o de decidir en un
momento dado que a los peores defraudadores se les dé una oportunidad para regularizar que no tiene nadie. Todo esto influye en la lucha contra el fraude, en la conciencia fiscal y, por tanto, al final en la recaudación.


En cuanto al recorte de medios a la Agencia Tributaria, que es el sitio donde se recaudan los ingresos en medio de una crisis fiscal sin precedentes, ya me ha reconocido usted que lo hizo para que no se enfadasen los demás departamentos
ministeriales. Bueno, es una razón, me parece legítimo, pero sinceramente creo que es un error. Sí me alegra que reconozca que la libertad de amortización no fue una medida precisamente muy acertada. Dentro de las cuestiones puramente financieras
le preguntaré, porque ha quedado pendiente, qué sentido tuvieron los sistemas institucionales de protección. Ya le he dicho cómo creo que influyó que se contabilizaran con cargo a reservas los deterioros de todas las cajas que formaban parte de los
SIP.


La señora PRESIDENTA: Lleva tres minutos, pero puede continuar.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchísimas gracias, señora presidenta.


Por tanto, le formulo esa pregunta al respecto. Dicho esto, le agradezco el detalle y su precisión en las respuestas que me ha dado. Gracias, señora Salgado.

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De la Torre.


Señora Salgado, tiene la palabra.


La señora SALGADO MÉNDEZ (exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía y Hacienda): Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señor De la Torre. Usted me pregunta cuál era la política que estaba detrás de este tratamiento de la lista Falciani, y es que no había política, simplemente respetamos las decisiones de la Agencia Tributaria como he hecho,
insisto, a lo largo de todo el tiempo. Tuvimos conocimiento de este tema cuando se nos dio por parte de la Agencia Tributaria, cuando salió de ella, respetamos su decisión y, por lo tanto, no puedo opinar porque no hay criterio, no hay política. Y
lo mismo le digo respecto a los paraísos fiscales, como sabe, estos procesos llevan años; yo me atrevería a decir que tal vez cristalizan durante el tiempo que yo estuve en el cargo, seguramente en los años anteriores habían cristalizado otros y en
los años posteriores cristalizarían algunos más. Estos son procesos que llevan un mínimo de tres o cuatro años desde que se inician hasta que finalmente se pone la firma. A mí me correspondió que durante mi época se formalizan, pero, insisto, no
hubo otra cuestión detrás de esto.


En cuanto a los SIP y el hecho de que se cargaran los deterioros a reservas en vez de a la cuenta de resultados, como saben, este es un tema que ha explicado por activa y por pasiva el supervisor, tanto el gobernador como el subgobernador
del Banco de España, y yo no tengo nada que añadir a lo que ellos han dicho.


La señora PRESIDENTA: Vamos a hacer un receso y después continuamos con las tres intervenciones que quedan. Si les parece, en unos doce o trece minutos reanudamos la sesión. (Pausa).


Reiniciamos la Comisión y, para continuar, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Lasarte.


El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señora presidenta.


Señora Salgado, quiero darle la bienvenida, en nombre del Grupo Socialista, a esta Comisión de investigación sobre el sistema financiero, aunque parece que algún diputado precedente se ha equivocado de Comisión por las preguntas que ha
hecho; una Comisión que pretende clarificar las causas de la crisis del sistema financiero español y, sobre todo, ayudar a que se puedan implementar medidas que eviten que se repita de nuevo, al menos con esa virulencia y con ese volumen de
recursos de los contribuyentes.


Quiero destacar su intervención honesta, rigurosa y descriptiva de la situación que se encuentra cuando accede al cargo de vicepresidenta de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda, de lo que hace y por qué lo hace, usted y el
Gobierno al que representa, lógicamente. Entendemos que analizar aciertos y errores es la única forma de acertar con los diagnósticos para adoptar medidas correctivas y mejorar. A usted le tocó en su mandato, como vicepresidenta y ministra de
Economía y Hacienda, una parte muy importante de la gestión de la crisis financiera española; una crisis de origen internacional creada por la explosión de las conocidas como hipotecas subprime, que fueron el cáncer de algunas de las principales
entidades financieras internacionales y que, posteriormente, afectó también de pleno al sistema financiero español, que tenía otras vulnerabilidades y debilidades que se pusieron de manifiesto con toda su crudeza tras -como dijo algún compareciente-
el Armagedón que supuso la caída de Lehman Brothers en el verano de 2008.


El Grupo Socialista defiende que hay dos etapas principales en la crisis financiera española: la degeneración de los desequilibrios y el boom inmobiliario, y la implementación de medidas para intentar resolver los problemas generados en la
fase previa y el estallido de la burbuja inmobiliaria. El que fuera gobernador del Banco de España, señor Ariztegui, nos decía en su comparecencia que el origen de la crisis está en el modelo de desarrollo, un modelo con un eje dinamizador
principal en torno al auge de la construcción inmobiliaria, y cuando se analiza la evolución de la inversión en construcción residencial se observa el inicio del despegue en torno a 1998-1999, cuando suponía algo más del 5,5 % del PIB, con una
evolución creciente y una pendiente pronunciada hasta alcanzar su pico máximo en el año 2006, con algo más del 9,5 % del PIB, donde hay un efecto inercial, por el inicio de las promociones, tres o cuatro años antes. A partir de ese año comienza el
descenso, que fue abrupto en 2008 y en 2009.


Una conclusión es que el modelo productivo basado en el ladrillo, tan querido por la economía española, está en el origen de la crisis en España y, por desgracia, no vemos un cambio en las políticas del Gobierno del PP para modificar nuestro
patrón productivo. Es más, estamos perdiendo posiciones en las políticas de innovación, en la investigación, en la apuesta por las nuevas tecnologías, en la educación -como mencionaba usted-, una cuestión estratégica para este país; en definitiva,
una apuesta por el

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conocimiento, el aumento del valor de nuestros productos y la mejora de la productividad y de la creación de empleo de calidad. Me gustaría conocer su opinión al respecto de la evolución de este modelo, de la falta de apuesta del Gobierno
actual por un cambio de modelo productivo y por el futuro de este país, y qué consecuencias puede suponer para el futuro de la economía en este país.


Tal y como nos recordaba don Julio Segura en su comparecencia, hay un marco ideológico que explica algunas de las políticas adoptadas por los gobiernos de la etapa inicial. No me quiero remontar, como hizo él, a Reagan y a Thatcher, pero sí
traer a colación el entorno ideológico que está detrás del conocido como consenso de Washington, que justifica y fomenta las políticas de liberalización de los mercados, la desregulación y la idea de la infalibilidad de los mercados y de los agentes
económicos. Esto explica la liberalización del suelo, que puso en marcha el Gobierno del PP a finales de 1990 y origen del boom posterior en el sector inmobiliario, o la modificación de la Ley de Cajas, Lorca, también en esa época, y origen de la
expansión geográfica sin control de las cajas de ahorros, que empiezan a operar fuera de los ámbitos geográficos naturales apoyándose en la concesión de crédito promotor e hipotecario, en una situación de fácil y barato acceso a la financiación en
mercados internacionales que engordó la burbuja inmobiliaria y aumentó la exposición de las cajas al riesgo, y que a algunas de ellas les llevó a la quiebra.


Esta ideología de la desregulación financiera explica, en gran medida, la inexistencia de marcos regulatorios internacionales, de medidas de corte macro prudencial o la relajación o no aplicación de medidas micro prudenciales que limitaran
la capacidad de operar de los agentes económicos, en este caso financieros. Si a ese entorno ideológico le sumamos un exceso de liquidez en los mercados y una exuberancia irracional de los mismos, los problemas de gobernanza, algunas megalomanías
de algunos responsables de entidades, y la siempre presente codicia en algunas personas de máxima responsabilidad, se forma un cóctel que explica algunas de las causas de lo que ha pasado en nuestro país.


Quiero resaltar el último párrafo de la intervención de Pedro Solbes en su comparecencia de ayer, cuando afirmaba que es evidente que las crisis volverán y la solución será más difícil si se opta por un sistema financiero menos regulado,
aunque la exigencia de nuevos requisitos al sector financiero pueda restringir su capacidad para financiar la economía. Desgraciadamente, vemos actitudes y comportamientos en algún país que pueden afectar al resto del mundo, como pasó en el origen
de la crisis financiera internacional. Querría conocer su opinión sobre el actual marco regulador de los mercados financieros. Alguien hablaba de que hemos vivido desde 2009 una vorágine legislativa en el sector financiero. A veces un exceso de
regulación puede perseguir objetivos distintos a los de una buena legislación. ¿Ve riesgos de que el marco de colaboración internacional para mejorar las herramientas de previsión macroprudencial y el mayor control de las entidades financieras
pueda sufrir una mayor laxitud con el paso del tiempo y el triunfo de algunos planteamientos ideológicos en alguno de los países centrales del sistema defensores de menos regulación?


Antes, en su intervención, hablaba de modas con algunas figuras. También sucede lo mismo con este tipo de consideraciones.


La señora PRESIDENTA: Lleva siete minutos ya.


El señor LASARTE URIBARREN: Usted llegó a la vicepresidencia y al Ministerio de Economía e hizo. Nadie podrá achacarle que no pusiera en marcha reformas de forma inmediata. Su ministerio realizó una intensa labor normativa para reformar
el sistema financiero español y principalmente reconvertir el sector más afectado por el impacto de la crisis, las cajas de ahorros. En su comparecencia del 26 de julio de 2012, en la Comisión de Economía del Congreso, hizo una exposición
pormenorizada de todas las medidas legales adoptadas, hoy las ha vuelto a mencionar, y una amplia labor legislativa. Querría preguntarle sobre la eficacia de las medidas adoptadas. ¿Qué herramientas funcionaron bien y cuáles no? En esta Comisión
ha habido diferentes opiniones de expertos sobre la figura de los SIP, las llamadas fusiones frías. ¿Nos podría dar su opinión sobre la eficacia de esta figura que, por otra parte, el Gobierno actual está empleando en la reordenación de las
cooperativas de crédito para disminuir el perfil de riesgo de las entidades y aumentar su solvencia?


Defectos de gobernanza a nivel internacional y nacional, profundas reformas en el sistema financiero español y una crisis que pasó a denominarse como la Gran Recesión es algo que nadie en la época previó y, de una crisis prevista en forma de
uve o incluso de ele -ahí estaban las discusiones entre académicos- se pasó a una uve doble, una doble recesión motivada por la crisis de la deuda soberana en Europa que puso en riesgo la continuidad del euro y cuyo contagio entre los países del sur
de Europa e Irlanda puso

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a España al borde de un rescate. Usted tuvo que lidiar con una situación extrema, con potenciales impactos negativos para España y para los ciudadanos muy duros, y su Gobierno mantuvo la autonomía política, económica y financiera de este
país; eso sí, sin el menor apoyo del principal partido de la oposición en esos momentos en el Gobierno de España, que antepuso sus intereses particulares a los del conjunto de España y los españoles. (El señor Aguirre Rodríguez: Mayoría
absoluta). ¿Qué se jugaba España con el rescate? ¿Para España qué había supuesto el rescate que su Gobierno evitó? Segundo, ¿qué opina de las políticas adoptadas por el Banco Central Europeo durante su mandato?


Otra idea con la que creo que estamos todos de acuerdo es que la responsabilidad de la gestión de una entidad es de sus gestores y ha habido problemas de gobierno corporativo en las entidades de crédito. A nivel internacional, el ejemplo de
muchos grandes bancos o compañías de seguros que fueron intervenidos por los Gobiernos para salvarles de la quiebra lo demuestra, y a nivel nacional nos encontramos con entidades financieras muy bien gestionadas, bancos y cajas, y entidades
financieras muy mal gestionadas, bancos y cajas, y en ambos tipos de entidades se produjeron excesos de los créditos al promotor, sin duda más en las cajas de ahorros, pero también en bancos, como hemos tenido ocasión de comprobar por desgracia
recientemente.


La señora PRESIDENTA: Señor Lasarte, lleva diez minutos.


El señor LASARTE URIBARREN: ¿Me deja que finalice con unas preguntas y termino mi intervención, presidenta?


La señora PRESIDENTA: Sí, en cuanto a las preguntas, todas las que usted quiera, pero...


El señor LASARTE URIBARREN: La batería de preguntas va ahora.


Batería de preguntas, señora Salgado. ¿Cuál es su opinión sobre la solvencia actual del sistema financiero español? ¿Y sobre el nivel de concentración bancaria del mismo? ¿Cree que todos los bancos provenientes de las antiguas cajas de
ahorros han de salir a bolsa, como opina el Banco Central Europeo, o cree que, vista alguna experiencia reciente en la bolsa española y la vulnerabilidad de bancos pequeños y medianos a potenciales ataques especulativos, se debería analizar y
decidir por cada entidad financiera en función de sus circunstancias sin hacer obligatoria la salida a Bolsa de las mismas? ¿Cambiaría alguna de las decisiones que adoptó en esa época tan convulsa y complicada? ¿En qué sentido? ¿Cree que se pecó
de un exceso de optimismo en el diagnóstico inicial de la crisis? ¿Por qué cree que no se actuó antes para pinchar la burbuja inmobiliaria? ¿Disponía el Gobierno de herramientas para hacerlo? Dos preguntas más, presidenta, y termino. ¿Echó en
falta herramientas en su labor de gobierno tanto a nivel nacional como internacional? Y la última pregunta: ¿Cuáles eran las relaciones con los socios europeos a la hora de decidir la adopción de políticas para hacer frente a la crisis financiera
y a la del euro?


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lasarte.


Señora Salgado.


La señora SALGADO MÉNDEZ (exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía y Hacienda): Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señor Lasarte. Hay un número de preguntas que usted me ha hecho por las que quiero comenzar y que se refieren a la situación actual del sistema financiero, sobre si creo que algunas entidades deben salir a bolsa. Por mi
parte sería de una cierta temeridad hablar de estos temas, dado que abandoné el Gobierno hace seis años y no estoy en este momento en ninguna actividad relacionada con el sector financiero. Por supuesto, por lo que leo y por los esfuerzos que se
han hecho hasta ahora es evidente que nuestro sistema financiero actual es más solvente de lo que lo era en los años en los que yo estuve en el Gobierno y que la regulación ha mejorado mucho.


Me quisiera referir nada más a dos aspectos de la regulación que ya se empezaron a tener en consideración cuando yo estaba en el Gobierno, por una parte, los desequilibrios macroeconómicos. Como usted sabe, se había puesto todo el énfasis
en la reducción del déficit, algo menos en el parámetro de la deuda pública, y no se prestaba atención por parte de las autoridades europeas, de nuestra Unión Europea, al resto de los factores que indicaban ya desequilibrios macroeconómicos y que se
producen a veces en los dos sentidos, porque es evidente que el déficit por cuenta corriente, si supera un determinado porcentaje, constituye un problema y genera un desequilibrio, pero no es menos cierto que también un

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superávit continuado por encima de una determinada cifra es un desequilibrio me atrevería a decir prácticamente simétrico. Créame, señor Lasarte, que a este tema en particular dediqué algo de atención y esfuerzo para que en Europa se
reconociera también que un superávit excesivo en la balanza por cuenta corriente tampoco era una opción deseable en su permanencia a largo plazo. Evidentemente, esto iba dirigido a un número pequeño de países, seguramente en situación financiera y
económica mucho más favorable que la que tenía España en este momento. Desde luego mis manifestaciones son estas y, tímidamente, creo que algo se ha hecho en este sentido. En todo caso, insisto, tanto el six-pack como el two-pack fueron avances
importantes que sirvieron para dos cosas: en primer lugar, yo creo que con el transcurso del tiempo, y particularmente después de que Olivier Blanchard, el jefe de estudios del Fondo Monetario Internacional, afirmara -no recuerdo si fue a finales
de 2011 o a principios de 2012- que la reducción del gasto público tenía un efecto multiplicador, negativo por tanto, sobre el crecimiento, sobre las variables de bienestar, mayor del que se había estimado, comenzaron en ese momento seguramente las
autoridades de todo el mundo, no solo las instituciones o el Fondo Monetario internacional sino también la Comisión Europea, a considerar los déficits y la reducción del déficit con algo menos de urgencia y de presión de la que se había ejercido
durante el tiempo en que a mí me tocó desempeñar mis responsabilidades como ministra.


Yo creo que es una buena cosa la estabilidad económica a lo largo del ciclo, pero también la consideración de que en momentos de dificultad no se puede cargar tanto la mano en la reducción del gasto si no se quiere dificultar
extraordinariamente la vida a los ciudadanos. En este sentido, también me gustaría aprovechar la ocasión para comentar que en aquellas largas discusiones que teníamos en el conjunto de los países sobre el rescate griego -que fue el más duro-, con
una influencia fundamental, por supuesto, de los países triple A -por otra parte, algunos de ellos aportaban una buena parte de los fondos de rescate-, había una persona que siempre comentaba lo que iba a suponer esto para los ciudadanos griegos,
para su bienestar, para la pobreza en Grecia, para las personas discapacitadas o para las personas mayores. No tengo ningún inconveniente en decir que esa persona era Jean-Claude Juncker. Era el único en los países de triple A que siempre hizo la
consideración sobre qué efectos iba a tener sobre la ciudadanía aquellas medidas, tan duras, que se estaban adoptando. El resto podríamos decir que en algunos casos presentaban una cierta insensibilidad y una fijación sobre la reducción del
déficit. No digo que no hubiera que reducir el déficit, pero evidentemente no era la única variable a considerar. Eso en cuanto a las discusiones de aquellos días tan tensos.


Por tanto, cuando usted me pregunta sobre el rescate que evitamos, tengo que decirle que yo no siento que evitara ningún rescate; yo simplemente cumplí con mi obligación. Quienes evitaron un rescate fueron los diputados que votaron y
permitieron la aprobación de las medidas que hicieron que al día siguiente no fuéramos intervenidos. Y cuando digo eso no es hablar por hablar, porque echando la vista atrás podemos recordar que en las medidas similares que se aprobaron para
Portugal, con el compromiso de este país de reducir también su déficit, hubo una primera respuesta en el Parlamento con el voto de los dos partidos mayoritarios. Después fue necesario presentar mayores medidas de ajuste y todavía en una tercera
ocasión se perdió esa votación y menos de una semana después Portugal estaba pidiendo al rescate. Por tanto, las decisiones políticas influyen, pero las responsabilidades están donde están. Y le digo que en esa noche de tensión yo únicamente
cumplí con mi deber y traté de pensar en lo que era mejor para mi país. Me he desviado un poco de la cuestión. Decía que no puedo dar datos sobre el sistema financiero actual pero, de los que tengo y de lo que se ha hecho, es evidente que se está
en una situación mucho mejor de lo que se estaba hace unos años.


Me pregunta usted también por el nivel de concentración bancaria, y eso quisiera relacionarlo con lo que nos ha comentado sobre la regulación de los mercados. Creo que los mercados en estos sectores no se autorregulan y, por tanto, es
necesario y exigible una regulación, y la regulación tiene que ser tanto más poderosa -no digo tanto más prolija- y tanto más solvente y sólida cuantos menos actores haya en el mercado. Hay algunos sectores donde hace muchos años -afortunadamente
no ya- se hablaba de monopolios naturales incluso, si usted lo recuerda. Un monopolio, fuera natural o no, y desde luego un oligopolio necesita de una regulación fuerte porque si no, no la codicia sino la simple búsqueda únicamente del beneficio a
corto plazo puede tener efectos devastadores sobre la economía y los ciudadanos. Por tanto, no me preocupa el nivel de concentración bancaria, siempre y cuando sea un mercado que esté suficientemente regulado, y creo que la regulación actual va por
el buen camino. Falta completarla, según leo en los informes, pero creo que es muy importante la parte macroprudencial, que es lo que faltaba antes, es decir, la consideración del sistema financiero como un sistema, además incardinado en el

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funcionamiento de la economía global. No se trata, por tanto, de entidades o de países o de situaciones que pueden abordarse una por una -eso también hay que hacerlo y lo hacen los supervisores-, sino que además hay un componente sistémico
porque en un mundo globalizado y en una economía globalizada lo que unos hacen afecta al resto. Por tanto, ese componente sistémico de la regulación, ese componente macroprudencial me parece extraordinariamente importante y hay que fortalecerlo en
todos los países, en la Unión Europea y también en España, donde creo que falta en ese sentido algo todavía para completarlo.


Me comentaba usted el comportamiento de los socios europeos. Ya se lo he indicado, creo que mi relación con los socios europeos fue una relación siempre cordial y respetuosa. Por supuesto, cada uno de ellos entendía que estaba cumpliendo
con su deber, pero también aquí quiero añadir esa componente sistémica y macro. Europa es algo más que la suma de cada uno de los países y seguramente ese componente es lo que de alguna manera faltó. En esa noche del año 2010 se puso un elemento
de solidaridad pero todavía falta esa parte por completar y asumir totalmente.


Me preguntaba usted por el Banco Central Europeo y en este sentido me atrevería a decir que se hacen ahora muchas consideraciones sobre qué hubiera pasado si se hubiera hecho esto antes o más tarde. Todas las consideraciones que se hacen
son siempre a nivel de país. Yo me pregunto qué hubiera pasado o que hubiéramos podido evitar si en vez de pronunciarse las palabras por Draghi, en julio de 2012, se hubieran pronunciado por Trichet, no digo ya dos años antes, sino simplemente un
año antes. Seguramente ese habría sido el cambio mayor que hubiéramos tenido en el devenir de la situación económica europea y por supuesto también en la española. Se lo dejó ahí, evidentemente yo no sé qué hubiera pasado, pero sí debo decirle que
ahí hay un elemento de análisis y estudio: más allá de decir si fue rápido o lento en el caso particular de un país, que alguien haga la suposición de qué hubiera pasado o, mejor dicho, qué no hubiera pasado si hubiéramos tenido esta determinación
del Banco Central Europeo un año antes.


En cuanto a los SIP, no solo son las cooperativas de crédito. Como sabe, Crédit Agricole es también un SIP, y, si no me equivoco, el banco que tiene de los más altos niveles de solvencia en Europa, que es el Rabobank, también es SIP. Por
tanto, la figura existe desde hace muchos años; es una figura que ha tenido utilidad y que la tiene todavía en muchos países y en muchas circunscripciones. En el caso español fue una figura transitoria y como tal se interpretó desde el principio.
Desde luego en el diseño del Banco de España, visto en retrospectiva, eso parece claro. Por supuesto, es fácil decir ahora que hubiera podido hacerse antes.


No quisiera yo consumir demasiado tiempo, pero he traído una nota con los recursos de inconstitucionalidad que se pusieron a la Ley del FROB por parte de un número no pequeño de comunidades autónomas y los recursos de inconstitucionalidad
que también tuvo que plantear el Gobierno de España frente a modificaciones de las leyes de cajas por parte de algunas comunidades autónomas, precisamente para superar esas limitaciones a su autonomía que entendían que les imponía la Ley del FROB.
Por tanto, en ese conjunto de vicisitudes el SIP tuvo un extraordinario valor instrumental. Como saben, duró relativamente pocos meses, pero creo que hay que reconocer la utilidad de la herramienta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Salgado.


Señor Lasarte.


El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, presidenta. Gracias, señora Salgado.


Espero amortizar parte del tiempo consumido de más con una intervención más breve en este turno. Compartimos algunas de sus reflexiones cuando hablaba de que un exceso de superávit presupuestario también es un desequilibrio a corregir, y
también compartimos la idea de que en momentos de dificultad hay que flexibilizar la reducción de los déficits públicos para no afectar la vida de los ciudadanos. Podríamos cuestionar, y, de hecho lo hemos cuestionado, pero no solamente nosotros
sino hasta el propio FMI, la aplicación de las políticas de austeridad que al final no dejan de ser unas políticas que, insisto, tienen un corte ideológico neoliberal y que han generado ganadores y perdedores. Ha habido un exceso en la aplicación
de esas políticas con un contenido de salvaguardar en primer lugar las cuentas públicas frente a la vida de los ciudadanos.


También me parece muy interesante su comentario más allá de que lógicamente es una hipótesis de lo que podría haber sido frente a una posición política del gobernador o del presidente del Banco Central Europeo, que actúa de manera proactiva
simplemente con unas palabras para calmar a los mercados, frente a decisiones políticas de subidas de tipos de interés adoptadas por su predecesor el señor Trichet

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un año antes. Esto tiene también un coste no solamente en las finanzas sino en la vida real de las personas.


Haré ahora algún comentario a una pregunta -ya lo ha contestado, pero me gustaría insistir-. Aquí ha habido algún compareciente que ha insistido en que en España se produjo con Bankia la primera crisis financiera o bancaria española sin la
presencia del Banco de España. Más de uno lo ha dicho, alguno con rango de exvicepresidente, ¿verdad? Yo quiero insistir en cuál era la relación de su Ministerio de Economía y Hacienda y de su vicepresidenta de Asuntos Económicos, con los
organismos supervisores, el Banco de España y la CNMV. Si interfirió usted o alguien de su ministerio, en alguna de las decisiones adoptadas por ese tipo de organismos. Si contó con ellos para hacer frente a las crisis de las entidades financieras
que se produjeron en España. O si como algún otro ministro de Economía, simplemente prescindió del organismo regulador.


Quiero acabar con una reflexión. A juicio de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, la crisis se inicia con el Partido Popular, con las políticas del PP a finales del siglo XX, con el señor Rato como vicepresidente Económico que ceba
la mecha, y la mecha la hace estallar el señor De Guindos en el primer semestre del año 2012, con un coste altísimo en términos económicos y de calidad de vida de los ciudadanos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lasarte.


Señora Salgado.


La señora SALGADO MÉNDEZ (exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía y Hacienda): Muchas gracias.


Muchas gracias, señor Lasarte. Únicamente dos consideraciones. Por supuesto que los déficit hay que reducirlos, precisamente la modificación que se impulsó de la Constitución en su artículo 135 va en esa línea, en la de la estabilidad
presupuestaria. Pero la intensidad de esa reducción del déficit tiene que ser una intensidad mejor matizada; no digo ni más lenta ni más rápida, tal vez mejor matizada. Evidentemente a eso también nos va a ayudar el estudio, el análisis y el
control de los desequilibrios macroeconómicos para que de repente no nos encontremos en una situación como aquella en la que nos encontrábamos. Pero, insisto, el déficit hay que reducirlo y el gasto público en aquel momento también había que
reducirlo. Y quiero señalar que aunque se ha dicho, y es verdad, que el déficit del año 2011 fue un déficit muy alto, mucho más alto del que esperábamos, no es menos cierto que los gastos del Estado estuvieron 0,3 puntos por debajo de lo
presupuestado. Por lo tanto el incremento del déficit se debió, en el caso del Estado, en el cien por cien, a una disminución de los ingresos, no se debió en absoluto a un incremento de los gastos. Los gastos continuaron reduciéndose hasta en los
momentos más complicados; porque entendimos que debíamos hacerlo. Pero evidentemente si se había hecho una previsión de déficit con unas expectativas de crecimiento económico, seguramente hubiéramos debido todos de tener la inteligencia y
flexibilidad suficientes para reconocer que ese déficit debía flexibilizarse en unas circunstancias de decrecimiento económico como las que se produjeron en la última mitad del año 2011.


En cuanto a los órganos supervisores, ya lo he dicho: absoluto respeto. O sea no es que yo contara con ellos para la reestructuración financiera, no. El Banco de España en particular asesoró al Ministerio de Economía y Hacienda, como no
podía ser menos, en todos los aspectos relativos a la aprobación de los decretos-leyes y de las normas que se aprobaron durante mi mandado. Así lo ha dicho el Banco de España y así lo digo yo también aquí: una de las tareas del Banco de España es
asesorar en la elaboración de las políticas financieras. Pero en lo que se refiere a la supervisión y a la reestructuración del sistema financiero, el Banco de España fue con las entidades el protagonista único de esta reestructuración.


Y decirle en mi respuesta al señor De la Torre que, como no me correspondía a mí hacerlo directamente, entendía que en el caso del banco de Andorra se habían cumplido los requisitos, y quisiera hacer la puntualización. Es mucho más que eso.
En este caso fue la compra del Banco de Madrid por parte de un banco de Andorra. Para una adquisición ni tan siquiera hace falta la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, es una tarea del supervisor que además tampoco tiene que
autorizar, simplemente tiene que no oponerse. Por lo tanto como no era un asunto del que yo me hubiera ocupado personalmente, no tenía en este momento los datos; ahora los he recabado y dado que era una compra, el Ministerio de Economía y Hacienda
no tenía en ese tema absolutamente ninguna actuación que llevar a cabo.

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Salgado.


Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta.


Buenos días, señora Salgado, agradecemos su comparecencia en esta Comisión. Su experiencia como ministra de Economía desde el año 2009 hasta diciembre del 2011, nos puede aportar importante información para nuestras conclusiones teniendo en
cuenta que fueron los años en los que hubo que tomar medidas sobre el sector financiero para evitar su colapso. Pero yo creo que no se hizo bien y las consecuencias para España y para la mayoría de los españoles han sido dramáticas. Lo han sido y
lo serán porque la deuda adquirida durante los años de la crisis...


La señora PRESIDENTA: Señor Paniagua, ¿le importa subir un poquito el tono?


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Es que estoy resfriado.


La señora PRESIDENTA: Ya lo sé, pero es que no se le va a escuchar; me imagino que se le estaba oyendo fatal.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Lo voy a intentar; gracias, presidenta.


... y las consecuencias para España y para la mayoría de los españoles han sido dramáticas, han sido y serán porque la deuda adquirida durante los años de crisis nos durará un par de generaciones.


Usted nos hablaba antes de la burbuja inmobiliaria. Pero nosotros en este país ya hemos tenido burbujas inmobiliarias y las hemos conseguido superar sin problemas. El problema esta vez es que no fue una burbuja inmobiliaria, fue una
burbuja crediticia, lógicamente impulsada por el sector promotor, el sector constructor y el sector de la vivienda. Pero el principal problema fue realmente la burbuja crediticia. Así fue.


Quiero centrarme exclusivamente en las medidas tomadas durante esos años ante la crisis del sector financiero, que ya se había iniciado. Hay que recordar que a finales de 2008 quebró Lehman, se cerraron los mercados internacionales y las
entidades financieras españolas, ante la falta de financiación exterior, dejaron de financiar la economía española, que cayó a plomo y que generó una caída de ingresos tributarios tan brutal que el déficit público llegó a superar el 11 % del PIB y
un incremento del paro de más de tres millones de personas. El señor Solbes nos dijo ayer que dejó el ministerio porque no podía hacer lo que quería hacer o porque le obligaban a hacer aquello que no quería. Pero usted sí que estuvo dispuesta.
¿Qué fue lo que usted sí estuvo dispuesta a hacer y que el señor Solbes no quiso? ¿O qué fue lo que no hizo y que el señor Solbes quería hacer? Teniendo además en cuenta que el límite de endeudamiento público cuando usted llegó al Ministerio de
Economía estaba todavía algo por debajo del 50 % del PIB, yo creo que España tenía margen de maniobra para haber actuado. Yo creo que el Estado podría haber rescatado a las entidades financieras haciendo aflorar todas las pérdidas inmediatamente y
permitiendo que recuperaran la actividad desde el primer momento. Habría evitado el segundo desplome de la actividad económica, hubiera ahorrado una cantidad importante en el rescate definitivo y hubiera salvado cientos de miles de empleos.


Usted ya ha reconocido aquí que había una restricción del crédito durante su mandato. Porque realmente las entidades financieras estaban quebradas. Lo que hicieron las entidades financieras fue ayudar a hundir la economía: no renovaban
operaciones a las empresas, no financiaban nuevos proyectos de inversión y fueron la causa de la quiebra de miles y miles de empresas y la caída posterior del PIB, de los ingresos tributarios y del incremento brutal del paro. Mientras, se permitió
que se falsearan o se ocultaran las cuentas de las cajas y algunos bancos durante esos años. Ya se ha demostrado aquí que los mercados desconfiaban de nuestras entidades financieras porque se desconocía el volumen de activos tóxicos que tenían.
Presentaban beneficios año tras año, hasta 2011, en que afloraron por fin los activos tóxicos y las pérdidas fueron muy importantes. ¿Por qué no se obligó desde el primer momento a aflorar esas pérdidas? Quizá muchas entidades hubieran ido a la
quiebra y el Gobierno tendría que haber decidido entre salvar o dejar caer las entidades, y creo que este es el quid de la cuestión, no quisieron enfrentarse a eso, pero esa decisión nos ha salido muy cara. Muchos comparecientes nos han trasladado
en esta Comisión que si se hubiera hecho el salvamento del sector desde el primer momento hubiera reducido el importe del rescate en una cantidad importante. El rescate del sistema financiero al inicio de la crisis hubiera tenido otra ventaja que
hubiera ayudado a la salida de la crisis económica y no a apoyar el hundimiento de la economía, como así fue y, a mayores, las consecuencias que tuvo sobre el riesgo/

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país la situación en la que estaban todas las entidades financieras. Creo que fue un desastre. Ustedes prefirieron seguir el camino de la ocultación de los balances y las integraciones de entidades con problemas.


Nuestro grupo nunca ha estado en contra de los SIP; el problema de los SIP es qué podía aportar la unión de dos entidades quebradas, o de siete, como en el caso de Bankia. ¿Se supone que así se iban a salvar o es que así se salvarían los
gestores y los responsables políticos? Quiero decirle dos cosas. En primer lugar que, al final, tuvieron que utilizar dinero público, a pesar de que lo estuvieron evitando durante toda la legislatura en la que gobernaron; dinero público que no
sirvió para nada porque no se solucionó el problema de las entidades financieras. En segundo lugar, el rescate del año 2012 fue el que permitió al final nuestra recuperación, nuestro crecimiento, el mantenimiento de los servicios públicos y la
recuperación, hasta ahora todavía parcial, del empleo, aunque acabará en su totalidad.


Estas entidades que presentaban beneficios, teniendo unos volúmenes ingentes de activos tóxicos, emitieron una serie de títulos complejos -preferentes y subordinadas, principalmente-, comercializándolos entre clientes minoristas y menos
cualificados para intentar salvar sus entidades o, quizá, para intentar salvar sus propios cargos o incluso sus propios ingresos; todo esto instado y apoyado por su Gobierno. Usted ha dicho que las preferentes se iniciaron en 1998. Sí, pero es
que en 1998 las entidades eran sanas, solventes. El problema, aunque usted ha reconocido aquí que no fue adecuada esa comercialización, es que emitieron entidades que realmente estaban podridas en algunos casos; no estaban saneadas, se habían dado
ayudas para la capitalización de las entidades pero no las habían saneado. No se debió hacer, no se debió permitir esta emisión masiva y sobre todo la comercialización entre clientes menos cualificados. Además, se instó desde el Gobierno la salida
a bolsa de algunas entidades, le recuerdo, que estaban quebradas, salvo que ocultaban en sus balances todos los activos tóxicos que no se quisieron hacer aflorar.


Respecto a la salida de Bankia, aunque usted ya ha negado, ante la pregunta del señor Capdevila, esas llamadas, se ha filtrado a los medios de comunicación el caso que está en la Audiencia Nacional sobre la salida a bolsa, en el que hay
declaraciones de algunas entidades financieras y de algunas empresas confirmando que sí que hubo esas llamadas. Me gustaría que desmintiese definitivamente si usted o si personas del Ministerio de Economía o del Banco de España las realizaron.


La señora PRESIDENTA: Señor Paniagua, lleva usted siete minutos.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidenta.


Mientras el Gobierno de España vendía los brotes verdes y que teníamos el mejor sistema financiero del mundo, las entidades financieras repartían sus pérdidas entre cientos de miles de españoles, que vieron perder sus ahorros por confiar en
unas instituciones y en unas entidades financieras que les ocultaron la verdad. El resumen, señora Salgado, es que el sistema financiero estaba herido de muerte cuando usted llegó al ministerio, no supieron sanar al herido, el herido provocó una
crisis intensísima y muchos españoles sufrieron las consecuencias, y aún las siguen sufriendo.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Paniagua.


Señora Salgado.


La señora SALGADO MÉNDEZ (exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía y Hacienda): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría.


Comienzo por lo que es para mí más fácil. Repetir una negación absoluta no exige demasiado esfuerzo. Insisto, estoy bajo la obligación de decir la verdad y ni yo ni ninguna persona por encargo mío hizo ninguna llamada. Lo digo aquí, si
soy preguntada en otras instancias lo repetiré y, es más, si alguien dice lo contrario no será por el eufemismo de que no dice la verdad, es que miente. Estoy dispuesta a decir esto siete veces. Como ve, no es muy complicado: cero es cero.
Espero que haya quedado suficientemente claro. De la misma manera le digo que desde el Gobierno no se instó la salida a bolsa de Bankia. Si por instar la salida a bolsa de Bankia usted entiende que el Gobierno, y después este Parlamento aprobaron
una norma por la cual si una entidad salía a bolsa tenía unos requisitos de capital inferiores, lo he explicado en mi intervención inicial, por supuesto que el Gobierno aprobó ese decreto-ley con el asesoramiento del Banco de España. Me atrevo a
decirle que ese decreto-ley de refuerzo de la solvencia de nuestras entidades -por cierto, después Basilea III, como sabe, también caminó en el

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mismo sentido- fue un decreto-ley de efectos sustancialmente positivos en cuanto a la reputación y a la imagen de solvencia de nuestras entidades financieras. A partir de ahí, las circunstancias de una salida a bolsa determinada, como
saben, tiene que controlarlas la CNMV y creo que el presidente de la CNMV ya ha dado aquí cumplida respuesta sobre este tema.


En cuanto a la discusión que ha habido de si más deprisa, de si más rápido o si el salvamento desde el primer momento, usted dice que ha habido comparecientes que han dicho que se actuó tarde, que debía haberse inyectado muchísimo capital
público, muchísimo dinero público desde el primer momento, pero creo que ha habido un número mayor de comparecientes -me atrevería a decir que con mayor fundamento o mayor conocimiento por su experiencia profesional- que han dicho exactamente lo
contrario. Quiero referirme simplemente a la explicación didáctica del señor Aríztegui, que fue examinando caso por caso y diciendo cómo se fue haciendo en cada uno de ellos. Incluso en el caso que se pone a veces de ejemplo, que es el de Estados
Unidos -por no hablar ya del manguerazo que hubiese supuesto, ese sí de manera inmediata, que los españoles hubiéramos perdido 100 000 millones de euros-, quiero recordarle simplemente que, aparte de tener un margen fiscal muchísimo mayor, eran
bancos de inversión que en una buena parte habían exportado sus activos tóxicos a Europa, por cierto, pero, al mismo tiempo que se iniciaban estas medidas, se inició una expansión monetaria de la que en Europa solo hemos disfrutado a partir de la
última mitad del año 2012. Por tanto, no es posible separar una medida de la otra. Allí se pudo hacer, pero porque su Reserva Federal realizó determinadas actuaciones que en Europa no se llevaron a cabo. En todo caso, cuando yo llegué al Gobierno
ya se había aprobado una proposición no de ley presentada por su grupo parlamentario, cuando, según usted, todavía había tiempo, el 4 de septiembre del año 2008. Entonces, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley que
recibió el máximo consenso y que se aprobó en marzo de 2009, que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno -no leo los apartados iniciales- a preferencia por las actuaciones que no supongan la utilización de recursos públicos. En caso
de utilización de dinero público de los fondos de garantía, establecimiento de un sistema de saneamiento y rechazar, en todo caso, un proceso indiscriminado de recapitalización para el conjunto de las entidades financieras que impida distinguir
entre las diferentes situaciones de solvencia o suponga una injerencia del poder político en la gestión de las entidades. Esto se presentó el 4 de septiembre de 2008 por su grupo parlamentario, recibió el máximo consenso y se aprobó en marzo del
2009, y yo tomo posesión el 7 de abril. Por tanto, entenderá usted que, aparte de otras consideraciones, para mí esta proposición que ha recibido tan amplio consenso sea una especie de guía de actuación dentro de mis competencias que, como decía,
en este aspecto concreto eran bastante limitadas. Eso, aparte de las consideraciones técnicas que se han hecho por quien tiene mayor autoridad técnica que la que tengo yo de irles explicando las consecuencias que hubiera tenido cada una de las
opciones. Se adoptó un enfoque gradual y evidentemente, como yo he reconocido, en ese enfoque gradual y en esa solución transitoria que se iba dando, qué duda cabe que jugó un papel importante la especial configuración de gobernanza de las cajas de
ahorros, y por tanto las cuestiones relativas a eso. Ya he hablado de los recursos de inconstitucionalidad por parte de las comunidades autónomas a los que tuvimos que hacer frente simplemente por poner en marcha el FROB. La propia ley y después
la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1988 habían dado, como usted sabe, amplios poderes a las comunidades autónomas en este ámbito. Por tanto, me parece, a posteriori, que la estrategia seguida fue la adecuada. Fue una estrategia
llevada a cabo por parte del Banco de España contando con las entidades. Es contractual decir qué hubiera pasado si hubiéramos hecho otra cosa, y si usted quiere mi opinión personal le diré que creo que se hizo lo correcto y el procedimiento fue el
correcto.


En cuanto a la caída de crédito, por supuesto que hubo una caída de crédito que fue muy perjudicial para nuestra economía, pero cuando nosotros hablábamos con las asociaciones de banca, porque normalmente no hablaba con las entidades
individuales pero sí a veces con la asociación o con los responsables del conjunto de las cajas de ahorros, se nos decía que faltaba demanda solvente. Evidentemente, seguro que era un eufemismo y seguro que lo más cierto era que habían cerrado
absolutamente el grifo del crédito. Pero sí que es verdad, como le explicó el ex secretario de Estado, señor Campa, que era necesario un desampalancamiento de la economía. Por tanto, en el agregado el crédito no podía crecer. Porque si el crédito
crecía en el agregado hubiéramos pasado de un doscientos y pico por ciento de crédito a un porcentaje sobre el PIB todavía mayor. Esta era la justificación que daban las entidades y la verdad es que además de eso no solo no se producía una correcta
transmisión de la política monetaria, sino que además estaban fragmentadas las derivaciones de esa política monetaria, porque los tipos de interés que se pedían para un préstamo en Alemania o en España, dentro de esa situación de

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crisis internacional eran completamente distintas. Había defectos de construcción y también defectos de actuación más decidida por parte del Banco Central. Eso es lo que he apuntado. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Salgado.


Señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta.


Gracias, señora Salgado, por las respuestas. En primer lugar, he de decirle que sí es posible que en 2008, al principio justo de la crisis, fuera una prioridad para todos los grupos, incluso para mi grupo. Pero es que estamos hablando de
que había una restricción del crédito. Es que el país se estaba hundiendo, la economía se estaba hundiendo. Eso lo he vivido en primera persona. He visto cómo cerraban empresas, muchas empresas, cómo se despedía a mucha gente, porque los bancos
no renovaban operaciones. No estamos hablando de que creciera el crédito, que lógicamente había que desapalancar, es que las empresas estuvieron obligadas a cerrar porque los bancos no tenían capacidad para dar crédito. No era ni solvente ni no
demanda por mucho que lo dijeran. Es que no tenían capacidad, no podían acceder a los mercados mayoristas, no podían devolver, tenían que renegociar muchas operaciones de financiación, no había capacidad. Se tenía que haber tomado una decisión más
drástica, haber sido más valientes. De hecho las consecuencias al final nos dan un poco la razón.


Sobre los comparecientes que han estado aquí y los consejos o sus valoraciones, le pediría que mirara más quizás a los expertos que han venido, no tanto a los miembros del Banco de España o a los miembros de las instituciones que siempre
hacen unas declaraciones un poco suaves, al final parece que nadie ha tenido aquí la culpa, nadie pudo hacer más, se hizo todo lo que se pudo. Debería mirar un poco más las valoraciones de algunos expertos que sí que nos han aclarado; expertos
independientes además y aportados por todos los grupos, no solo por nosotros, sino a veces por Podemos, por el PSOE, por el Grupo Ciudadanos y ellos nos han dicho mayoritariamente que es así. Uno de ellos nos decía que no se acertó en el
diagnóstico, no se inyectó capital público a tiempo -algo que entonces era posible dada la capacidad del Tesoro para emitir deuda a tipo razonable y además había capacidad de endeudamiento- y se recapitalizó sin sanear. Las fusiones no son la
solución cuando todas las entidades tienen problemas...


La señora PRESIDENTA: Va bajando usted el tono, vuélvalo a subir.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Perdón.


... y seguir a ultranza el principio este de sin coste para el contribuyente. Los expertos que están viniendo aquí están diciendo que se actuó tarde, no se supo prever la profundidad de la crisis y del balance de todas nuestras entidades
financieras. Ayer incluso lo reconoció el propio señor Solbes. Esa fue la razón un poco de todo lo que ha pasado. Además si vemos lo que se hizo a partir del año 2012, cuando se afloraron todas las pérdidas, cuando se llevó por fin a rescatar a
todas las entidades, porque no había otro remedio, porque estaban realmente intoxicadas por una cantidad muy grande de activos problemáticos, comprobamos que ha sido a partir de ahí cuando hemos empezado a recuperar la economía, cuando ha empezado
el crecimiento, cuando ha empezado la recuperación del empleo, cuando hemos podido empezar a salir a flote. Si esto se hubiera hecho dos, tres, cuatro o un año antes, un año que hubiéramos ganado y eso hubiera sido menos déficit, menos
endeudamiento público, menos paro. Eso es lo que pensamos. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Paniagua.


Señora Solbes. Perdón, señora Salgado.


La señora SALGADO MÉNDEZ (exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía y Hacienda): Muchas gracias, señora presidenta.


Le comentaba que no es un mal apellido tampoco, o sea que no se preocupe.


Quisiera decirle simplemente que he leído las comparecencias, como usted puede imaginar, y efectivamente tiene toda la razón, yo no soy experta en estos temas. Ocupé mi responsabilidad y traté de hacerlo lo mejor posible. Sí le he dicho
que habiendo leído esa opinión de los expertos y habiendo leído la opinión de los supervisores y contando con mi propia experiencia, creo que el camino elegido fue el correcto; el camino, no sé la intensidad, me faltan datos para decírselo, pero el
camino elegido fue el correcto. Le decía que echando la vista atrás me parece que simplemente en los dos años que yo estuve como ministra de Economía y Hacienda y sin ponerme ninguna medalla, porque realmente no son mías,

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son de los supervisores, son de este Parlamento, son del conjunto del Gobierno, se puede afirmar que se hizo una transformación extraordinaria del sistema financiero, extraordinaria. El informe del Banco de España lo va separando por ciclos
y efectivamente incluye una parte que son precisamente los años de la crisis de 2008 a 2011. Al final de ese capítulo reconoce que el número de cajas de ahorros ha pasado de 45 a 15 y que ya son bancos, que los niveles de solvencia de esas
instituciones son tales, que se han puesto en marcha tales mecanismos. Es decir, la transformación fue extraordinaria. No fue completa, evidentemente. No sabe cómo me alegro de que se haya seguido, tanto en España como a nivel europeo,
perfeccionando esa solvencia de nuestro sistema financiero. Lo decía al principio, ahora es más sólido, más robusto y lo que hace falta es que esté también mejor regulado de lo que lo estaba entonces. Quisiera finalizar nada más agradeciendo el
tono de su intervención y agradeciendo también sus preguntas.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Salgado.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mayoral.


El señor MAYORAL PERALES: Buenos días. Quiero agradecer a la señora Salgado las palabras que nos está dirigiendo durante toda la mañana. Usted está aquí, en primer lugar, porque existe en nuestro país un grupo de intocables que no van a
responder ante la ciudadanía por lo que hicieron. Los presidentes del Gobierno no van a responder, no van a venir a hablar con nosotros para contarnos cuáles fueron las medidas que tomaron y cómo entregaron la soberanía de nuestro país a los
grandes capitales internacionales; como tampoco vamos a ver a los presidentes de las principales entidades financieras de este país, los de arriba. Los que usted denominaba antes los de arriba y que, además, se han beneficiado de una lógica de
abrir nuestro país y entregarlo a los fondos buitre de una manera desvergonzada. La verdad es que no nos extraña que no haya habido preocupación por los de arriba -lo comentaba otro portavoz con anterioridad- con actuaciones como las que vivimos
con la lista Falciani. Ya les gustaría a aquellos que han defraudado en este país haber tenido el trato que recibió la familia Botín, y no solo el difunto, sino algunos que no son difuntos y que también fueron tratados exquisitamente por la Agencia
Tributaria para que no pagaran lo que les correspondía, fueron avisados convenientemente. Por si esto no fuera suficiente y quedara alguna duda -porque parece ser que no se enteró nadie en el Gobierno, cosa que nosotros no nos creemos; lo vamos a
decir claramente: no creemos que el Gobierno no participase de la protección de los defraudadores de este país, igual que ha hecho el PP después con su amnistía físcal-, me gustaría que me explicase cuál fue criterio por el cual ustedes indultaron
al señor Sáenz, directivo del Banco Santander, después de haber participado de un procedimiento judicial fraudulento que tuvo entre otras consecuencias el internamiento en prisión de personas, derivado de una denuncia falsa en el ejercicio de las
funciones de la dirección del Banco Santander. Me gustaría que nos explicase esa falta de preocupación que ustedes han tenido por los de arriba.


Hasta el año 2008 no oímos hablar en nuestro país de la crisis económica. El 8 de julio de 2008, el señor Rodríguez Zapatero habló por primera vez de crisis porque hasta entonces jugábamos en la Champions League de no sabemos exactamente
quién. La crisis realmente ha supuesto algo que viene a plantear Stiglitz, que la terminan pagando los que no la provocaron. Lo han terminado pagando los sectores populares, lo ha terminado pagando nuestro país perdiendo soberanía frente a los
grandes monopolios internacionales. De las tres acepciones que se dicen de usted, me gustaría saber con cuál se siente más identificada; la definen como la señora de los recortes, la ministra del 135 o la reina de las puertas giratorias. La
señora de los recortes porque está jugando en la Champions League de los recortadores, el señor Montoro y usted se disputan quién maneja mejor las tijeras de la señora Merkel. Me gustaría que nos explicase pormenorizadamente cómo llegaron a la
conclusión de que era necesario arremeter contra los sectores populares para proteger a los especuladores financieros internacionales; cómo se produjeron esos hechos y, en concreto, esa semana aciaga de mayo de 2010. También quisiéramos saber cómo
ayudaban, supuestamente, esas medidas de recorte salvaje en contra de la mayoría social de nuestro país a la recuperación económica de todos y de todas. Me gustaría que nos explicase qué motivo que, a diferencia de otros países donde simplemente se
dictaron leyes de estabilidad presupuestaria, aquí fuera necesario un acuerdo entre los austericidas para arremeter contra la soberanía popular de nuestro país, privar al conjunto de la población de poder decidir sobre el marco político, en concreto
sobre la Constitución, y pactar a escondidas de la ciudadanía aplicar la regla austericida de reforma del artículo 135, que impide ni siquiera poder negociar las condiciones de la deuda de nuestro país. Esto es algo que puede hacer cualquier
empresa, negociar con sus acreedores; nuestro país no

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tiene capacidad para negociar con sus acreedores. Fíjese, esto tiene consecuencias, ¿sabe cuáles son? Que la responsable de la JUR se permite el lujo de venir a esta sede, reírse de este Parlamento, no contestar a ninguna pregunta y
negarse a facilitarnos el informe que ha dado lugar a la intervención de la sexta entidad financiera de este país, además de decirnos, con muy poca vergüenza, que antes de entregárselo a este Parlamento deberá consultar al Banco Santander. Algo que
viene a decirnos que nuestro país desde la reforma del artículo 135 parece más una colonia que un Estado soberano.


Tercera acepción, la reina de las puertas giratorias. Hemos visto cómo se hacía apología en esta sede parlamentaria recientemente acerca de las puertas giratorias. Usted dejó de ser ministra y los ministros que participan en Gobiernos y,
lógicamente, dictan normas para sectores regulados, durante dos años no pueden formar parte de consejos de administración de entidades reguladas. Endesa, obviamente, es una de ellas, pero siempre existe una puerta giratoria posible para hacerlo.
Querría que me explicase cómo fue posible que usted llegase al Consejo de Administración de Chiléctrica, que es una empresa con mayoría accionarial de Endesa. Casualmente tanto el señor Solbes como usted terminaron muy cerca de Endesa, cosa que no
es la primera vez que ocurre porque Martín Villa también tuvo el refugio dorado en ese consejo de administración. Nos gustaría que nos pudiera aclarar por qué lo hizo y por qué siguió cobrando además durante esos dos años la compensación que tienen
ustedes por no participar en esos consejos, cosa que usted hizo por la puerta de atrás.


En cuanto a la reforma de la Constitución, quisiéramos que nos contase cómo fue la negociación, si hubo carta, si no hubo carta, si hubo conversaciones; cómo negociaron ustedes con el Partido Popular la quiebra de la Constitución española
mediante la reforma del artículo 135; por qué fue por ese procedimiento acelerado, por qué el secretismo.


La señora PRESIDENTA: Lleva siete minutos.


El señor MAYORAL PERALES: Voy terminando.


Y además, ¿por qué no fue sometida a la consideración popular como se hace normalmente en cualquier régimen democrático? Cuando hay una reforma de calado en la Constitución, es el pueblo quien tiene la última palabra. ¿Por qué el pueblo
fue privado de esa palabra? Si tuvo algo que ver el cambio del ambiente político que se estaba produciendo en este país, cuando en las calles se empezaba a oír aquello de que no somos mercancías en manos de políticos y banqueros; si ustedes ya
tenían miedo al cambio político; y si el Partido Popular participó con ustedes del cierre y de la quiebra de la Constitución de 1978.


La señora PRESIDENTA: ¿Ya ha acabado usted su intervención?


El señor MAYORAL PERALES: De momento. Tengo más preguntas, pero las dejo para luego.


La señora PRESIDENTA: No, todavía tiene tiempo. Se lo voy a explicar: yo le aviso cuando ha consumido siete minutos. Teóricamente es hasta diez minutos, pero si quedan preguntas por hacer tampoco corto la intervención consumidos esos
diez minutos. Le quiero decir que en este momento todavía le quedan dos minutos, pero incluso si le queda alguna pregunta por hacer transcurridos esos dos minutos, también puede hacerla.


El señor MAYORAL PERALES: Muy bien, muchísimas gracias.


Me gustaría que nos explicase por qué se convirtió usted en una de las adalides en contra de la dación en pago y de la posibilidad de la limitación de responsabilidad de las personas que sufrían procedimientos de ejecución hipotecaria que,
además de perder su casa, se quedaban condenadas a la exclusión financiera y a una deuda perpetua, cuando la inclusión de esa cláusula en los contratos de préstamo hipotecario se había producido en un abuso de posición por parte de todas las
entidades financieras, puesto que ninguna de ellas permitió que esos contratos de préstamo hipotecario se pudieran hacer a través del artículo 140 de la Ley Hipotecaria, sino a través del artículo 105 que se podría considerar claramente una cláusula
abusiva aplicada al conjunto de la población española. Quisiera que nos dijera por qué no se implementaron medidas de rescate para el conjunto de las familias afectadas por la crisis en nuestro país. Los expertos que han depuesto en esta Comisión
nos han hablado de que las cifras no hubieran sido excesivamente elevadas. Ciertamente, por una parte, hubiera sido bueno salvar a las familias que eran las deudoras de los acreedores -y no a las entidades financieras- y, por otra, tampoco le
hubiera venido mal al sistema financiero.

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Me gustaría que me pudiera explicar si no cree usted que la concentración, aunque creo que ya ha comentado algo antes, de riesgos y la creación de oligopolios en el sistema financiero español no es un problema para el sistema financiero.
Supongo que conoce la carta del señor Trichet, que iba firmada también por el señor MAFO, la firmaron juntos cuando trabajaban, eran panas, donde aparece todo un correlato de medidas que unas las aplicaron ustedes y otras las ha aplicado el señor
Montoro. Me gustaría que me dijera cuáles de estas medidas las aplicaron ustedes y cuáles aplicó el señor Montoro.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mayoral.


Señora Salgado.


La señora SALGADO MÉNDEZ (exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía y Hacienda): Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señor Mayoral. Quisiera comenzar mi intervención diciéndole, por supuesto con el debido respeto, que por mucho que lo intentara no conseguiría reproducir el tono de su intervención, así que no lo voy a intentar. En todo
caso, flaco de argumentos debe estar usted cuando incide en consideraciones personales y en reina de no sé qué. En fin, trataré de ir respondiendo una por una las preguntas que usted me ha hecho. En primer lugar, esa consideración de arriba abajo
es muy peliculera pero no se compadece bien con lo que yo he dicho. Yo he dicho que en una escala salarial la parte de arriba de la tabla no me suscita preocupación y eso tiene poco que ver, insisto, con si son los que mandan o no en determinadas
instituciones financieras. Ese es un lenguaje en el que no me reconozco, por tanto, difícilmente puede usted acusarme a mí o al Gobierno de haber legislado para los que usted llama los de arriba. Un Gobierno tiene la obligación de legislar para el
conjunto de la ciudadanía de acuerdo con el interés general y yo quiero decirle que mi Gobierno, y supongo que el resto de los Gobiernos, han cumplido absolutamente con ese mandato.


Usted me pedía también que le explicara los recortes del 9 al 10 de mayo. Algo he comentado. Creo que estábamos en una situación muy complicada y, además, las circunstancias del momento no llamaban precisamente a la solidaridad,
seguramente por un deseo yo creo de ser muy duros con la situación griega y con lo que había sucedido en Grecia y eso de alguna manera también se traslucía. Era un momento en el que teníamos las herramientas que teníamos y yo me quedo de esa
reunión con las dos partes. Es verdad que nosotros tuvimos que hacer compromisos.


Señor Mayoral, yo creo que su grupo no entiende bien lo que significa Europa. Europa es una soberanía compartida, con solidaridad, pero una soberanía compartida, por tanto, no entiendo muy bien eso de nos obligaron a hacer cosas. Creo que
se hace una cesión de soberanía en muchos ámbitos en la pertenencia a Europa y, por supuesto, la estabilidad presupuestaria forma parte de ese conjunto de normas que se articulan a nivel europeo y que tienen que tener -era lo que estábamos tratando
ese día precisamente de construir- un elemento de solidaridad, que debo decir que sí que se consiguió construir, aunque después resultó insuficiente, al menos para el caso de Grecia, lo que allí se había decidido. En todo caso, por parte de España
cumplimos nuestros compromisos; nos comprometimos a una reducción del déficit y presentamos una propuesta en la que intentamos preservar al máximo las prestaciones sociales. Cuando usted habla de las pensiones omite decir que en el año 2010 las
pensiones habían subido muy por encima de la inflación y no se había hecho el ajuste correspondiente a la baja como decía el Pacto de Toledo que debería ir de acuerdo con la inflación. Se habían subido a principios de año, estimando una inflación
mayor y estimando también una recuperación económica por encima de la inflación. La inflación después fue más baja y las pensiones ese año no se tocaron, pero de alguna manera lo que sí se decidió es que el año siguiente no se iban a revalorizar.
Por tanto, creo que los pensionistas no fueron en ese caso las personas más perjudicadas. Por supuesto que hubo que hacer sacrificios. Yo decía que quienes salvaron del rescate a nuestro país fue en primer lugar el Parlamento, y en segundo lugar
los ciudadanos, asumiendo las medidas duras y complicadas que tuvimos que poner en práctica. Creo que eso sirvió, fue útil y evitó en ese momento un rescate. Le decía antes a otro portavoz que en el año 2010 los rescates eran a la griega, y cuando
digo rescates a la griega me refiero de un día para otro reducción de los sueldos en un 30 %, reducción de las pensiones en un 30 % o 40 %, privatización de los activos públicos a precio de derribo, expulsión, que no solo congelación, de
funcionarios públicos y reducción del 15 % de los salarios públicos de inmediato. Todo eso era un rescate a la griega que creo que este Parlamento consiguió evitar. Por tanto, me parece que el resultado de esa noche de tensión, dentro de las
circunstancias muy complicadas en las que nos encontramos, fue mejor del que hubiéramos tenido si no hubiéramos llegado a ese acuerdo.

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Me hablaba usted también del artículo 135. Con todos mis respetos, no estoy segura de que usted lo haya leído, no lo estoy, por lo que dice. Le voy a leer -no quisiera aburrir a la Cámara- simplemente el apartado 4 del artículo 135 después
de la reforma. Dice: Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y
perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado. No hay ninguna palabra en la Constitución que no signifique nada, no hay ninguna palabra que sea gratuita, que se ponga porque sí, porque queda
bonito. Los grupos parlamentarios que aprobamos esta reforma de la Constitución, este texto, éramos absolutamente conscientes de que habíamos introducido la consideración de que tanto el límite de déficit como el límite de deuda podían superarse en
casos no solo de recesión económica sino cuando se perjudicara la sostenibilidad social de los ciudadanos de nuestro país. Por tanto, señoría, repito lo que he dicho en mi intervención inicial, esta fue una medida con coste social nulo frente a las
medidas que, como usted ha dicho -ha leído la carta del señor Trichet- nos exigía el señor Trichet, que pasaba en aquel momento por hacer una nueva y más dura reforma laboral que el Gobierno -excuso decirle que el 4 de agosto ya estaban las
elecciones convocadas- no quiso aceptar. Por tanto, nuestra respuesta al señor Trichet se refirió únicamente a la parte de hacer un nuevo pequeño ajuste presupuestario que recayó fundamentalmente en el gasto farmacéutico, como usted sabe y he
comentado, y la propuesta de reforma de la Constitución fue una iniciativa del Gobierno secundada por el Partido Popular. Como sabe usted, los criterios para que eso se someta o no a referéndum se cumplieron absolutamente. Por tanto, hoy tenemos
una Constitución reformada y, si quiere que le diga mi opinión, con una reforma que es positiva para la estabilidad económica y financiera de este país y, por tanto, para este país.


En cuanto a lo de las puertas giratorias, sinceramente, me molesta mucho hablar en primera persona, pero la cortesía parlamentaria me lleva a contestarle y deseo hacerlo. No es una cuestión de defender o no las puertas giratorias, sino de
defender que a la política vayan siempre las personas más preparadas, aunque no tengan inicialmente una vocación política, como en mi caso. Detesto hablar de mí misma, pero no sé si usted sabe que soy ingeniera de Energía y el 11 de septiembre de
2001, por poner una fecha que todos recordamos -todos recordamos dónde estábamos cuando sucedieron los ataques del 11 de septiembre-, yo estaba en el Parlamento Europeo asistiendo a una reunión sobre la reforma de la Directiva energética de los
edificios, cuyo ponente era el señor Vidal-Quadras. Esto ocurre en el año 2001. Si hubiera querido disfrutar de una posición económica desahogada, lo tenía facilísimo, no tenía más que continuar haciendo el trabajo que estaba haciendo cuando me
llamó el señor Zapatero. A partir de ahí le digo lo que le han dicho otros comparecientes, hace falta establecer normas claras, y si las normas se cumplen, en mi caso particular se termina ahí la discusión. Ni tengo en este caso concreto nada por
lo que pedir disculpas ni tengo nada de lo que arrepentirme, e insisto en que en el Gobierno deben estar las personas más preparadas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Salgado.


Señor Mayoral. Le avisaré cuando llegue a los tres minutos.


El señor MAYORAL PERALES: Muy amable, aunque no creo que haga falta.


Yo también comparto que deben estar las personas más preparadas y comprometidas con la población de nuestro país, pero no se trata solamente de una cuestión meritocrática, sino también de qué intereses se vienen a defender a este sitio y se
defienden en el Ejecutivo. No es un dato menor porque solo lo meritocrático obviaría qué intereses se vienen a defender. Yo le había hecho una pregunta diferente, no simplemente si había participado usted en una puerta giratoria, sino que usted
había pertenecido a un Gobierno, hay dos años de vacatio hasta que pueda participar en un consejo de administración de una empresa que esté sometida a regulación y, además, usted percibió una indemnización interesante durante ese tiempo, por lo que
se ha publicado, por eso le preguntaba sobre ello. Como no se cumplieron esos dos años, Endesa era una empresa regulada y la empresa estaba controlada por Endesa, comprenderá que las dudas nos surjan a más de uno, sobre todo cuando -vuelvo a leer
lo que decían estos dos señores en una carta firmada por el Banco Central Europeo- nos vino lo que nos vino. No sé qué hubiera hecho el Gobierno de Zapatero si hubiera ganado las elecciones, pero me temo que algunas cosas que venía a decir el señor
Trichet a la gente que nos pueda escuchar le van a sonar bastante. Dicen: Vemos una necesidad de medidas adicionales significativas para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. ¿Y a dónde van? El texto legislativo de la reforma de la
negociación colectiva debería reforzar aún

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más de forma más efectiva el papel de los acuerdos a nivel de empresa. Creo que cualquiera que tenga relación con el movimiento sindical en este país sabe que finalmente se acabó por dinamitar absolutamente la negociación colectiva. Ya
estaba escrito. Decían que había que acabar con las cláusulas de ajuste a la inflación en los convenios colectivos. Esta propuesta está teniendo mucho éxito de un tiempo a esta tarde; los trabajadores y la devaluación salarial lo atestiguan. El
Gobierno debería también abordar la moderación salarial en el sector privado -ha habido una auténtica devaluación salarial en los últimos tiempos-, así como otras normas relativas al mercado de trabajo. En cuanto a la sostenibilidad de las
finanzas, vienen a hacer todo un panegírico en torno al austericidio, a las políticas de austeridad. Bueno, las cosas de Friedman. Por lo que respecta al mercado de servicios, plantean la liberalización del sector energético, que finalmente se
produjo -tenemos un mercado energético controlado por los oligopolios, que imponen los precios que les da la gana a la población de nuestro país en un bien de primera necesidad-, y promover una reforma del mercado de alquiler de la vivienda -se
terminó haciendo una reforma que facilita el desahucio supuestamente para promover el alquiler-; además, hablan de la competencia en el sector servicios, que ustedes ya habían iniciado para abrir la puerta a los fondos buitre y acabar con sectores
económicos como el del taxi, dando paso a grandes empresas como Uber y Cabify.


No me ha contestado a algo que le he preguntado antes y que me interesa mucho.


La señora PRESIDENTA: Lleva ya tres minutos.


El señor MAYORAL PERALES: ¿Por qué en España se realizó una reforma constitucional y en Francia fue solo una ley? ¿Por qué tenían que blindar e impedir que el pueblo español pudiera elegir un Gobierno que no fuera austericida y quisiera
cambiar lo que ustedes y el PP opinaban, aquello del PP-PSOE? ¿Por qué cerraban la posibilidad a que el pueblo pudiera decidir una línea política diferente? ¿Por qué quebraron la democracia en nuestro país? Me gustaría que me lo explicase. En
estos momentos, en los que se habla tanto de reformas constitucionales, saber por qué se quebró la Constitución y se entregó la soberanía popular a los grandes especuladores internacionales es una explicación que merece la ciudadanía de nuestro
país.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mayoral.


Señora Salgado.


La señora SALGADO MÉNDEZ (exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía y Hacienda): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Mayoral, tengo alguna dificultad. En primer lugar, hay una parte de sus afirmaciones que no estoy segura de que fueran dirigidas hacia mí, esa segunda parte de la carta de Trichet. Ya le he dicho que nosotros recibimos la carta
completa y, si usted la ha leído, también habrá leído la contestación. Nuestro único compromiso era esa reducción adicional de 0,5 puntos porcentuales del PIB, que llevamos a cabo, y una solicitud expresa, algo que el señor Trichet no menciona en
esa carta, para que el Banco Central Europeo comprara deuda española en cantidad suficiente para estabilizar los mercados. Por tanto, no era una aceptación de lo que decía el señor Trichet sin contrapartidas y lo cierto es que se produjo una
pequeña estabilización de los mercados en aquellas fechas. Lo que usted ha dicho del resto de la carta, entiendo que lo ha querido decir aquí, pero no me siento concernida.


No quiero dar más vueltas a mi situación personal. Hay unas normas, hubo unos análisis y le aseguro que sobre el expediente de mi compatibilidad opinaron todos los ministerios que debían, podían o tenían intención de hacerlo, y la
conclusión fue que no había ningún obstáculo e, insisto, en que volví a algo relacionado con mi vocación inicial. Después fui economista, pero mi vocación inicial fue la de ser ingeniero de Energía. Con esto lo doy por terminado.


En cuanto a mi afirmación de que en un Gobierno deben estar las personas más aptas vengan de donde venga, por supuesto. Yo no he hecho otra cosa que cumplir el interés general en todo el tiempo en el que he desempeñado mi cargo.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Salgado.


Se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.


Muchas gracias.


Era la una y diez minutos de la tarde.

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Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


- DEL SEÑOR ALBELLA AMIGO (PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, CNMV), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 212/001089).


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes a todos.


Damos comienzo a la segunda comparecencia en el día de hoy, la del señor Albella Amigo. De acuerdo con lo dispuesto por la propia Comisión, intervendrá en primer lugar el compareciente para informar en relación con el objeto de la Comisión.
A continuación intervendrán de menor a mayor los portavoces de los grupos solicitantes de la comparecencia por un tiempo de siete minutos. Seguidamente intervendrán los portavoces de los restantes grupos parlamentarios, igualmente de menor a mayor
y con el mismo intervalo de tiempo. El compareciente contestará conjuntamente a las intervenciones de los diferentes portavoces. Los portavoces tienen derecho a un segundo turno de réplica de tres minutos, que será contestado por el compareciente
conjuntamente.


Damos comienzo, pues, a la comparecencia del señor Albella Amigo, a quien agradezco su disponibilidad. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984 se ha trasladado al compareciente la posibilidad de
poder hacerlo acompañado de la persona o personas que designe para asistir. Asimismo, esta Presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada ley orgánica.
Recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio.


Señor Albella Amigo, tiene la palabra para su exposición inicial.


El señor ALBELLA AMIGO (Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV): Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes. Comparezco con mucho gusto ante esta Comisión de investigación sobre la crisis financiera, cuya constitución y objetivos considero muy acertados. Les agradezco mucho, incluso como mero ciudadano, el esfuerzo y dedicación que
les está suponiendo su pertenencia a esta Comisión, que estoy seguro que va a contribuir de modo relevante al más completo análisis de lo ocurrido y a que nuestro sistema financiero, y en general la sociedad española, cuenten con mecanismos
adecuados para hacer frente en mejores condiciones a problemas de este tipo en el futuro.


He preparado una intervención inicial dividida en tres partes que espero que sea de su interés. En la primera, voy hacer referencia al papel y posición institucional de la CNMV en relación con situaciones como la que planteó la crisis
financiera. En ella me referiré a la función supervisora de la CNMV, que creo que está más relacionada con la mitigación o correcta gestión de los efectos de ese tipo de situaciones que con sus causas o factores desencadenantes. Me referiré
también al posible papel de la CNMV, sobre todo pensando en el futuro, en relación con el seguimiento y prevención de riesgos sistémicos y la estabilidad financiera. En la segunda parte trataré de las reformas normativas e institucionales recientes
y en marcha que son consecuencia de enseñanzas de la crisis financiera o que guardan especial relación con ella. Y en la tercera me referiré al papel y actuación de la CNMV entre diciembre de 2016, desde mi llegada, y junio de 2017, en relación con
la situación que concluyó con la resolución del Banco Popular, una situación reciente pero cuya raíz u origen estuvo en la crisis financiera. Concluiré con algunas reflexiones personales sobre la supervisión financiera y su futuro.


Como ven, no me voy a referir a lo que fueron las actuaciones de la CNMV durante los años de la crisis financiera. Obviamente, se trata de actuaciones anteriores a mi mandato y sobre ellas han versado las comparecencias de quienes entonces
la presidían. No obstante, cuando se creó esta Comisión de investigación solicité a los servicios de la CNMV que trabajaran en la recopilación y descripción de tales actuaciones, pensando que ello podría ser de su interés. Le entrego en este
momento a la señora presidenta varios ejemplares de ese informe sobre la actuación de la CNMV durante la crisis financiera, así como un pendrive. La idea es que sea del uso de los miembros de la Comisión y que les pueda ser de utilidad. Hemos
tenido cuidado de eliminar nombres cuando hacemos referencia a actuaciones de supervisión determinadas y creo que el documento está en buena forma para que sirva a los trabajos de la Comisión.


Comienzo refiriéndome al papel y a la posición institucional que corresponde a la CNMV en relación con situaciones como las que planteó la crisis financiera. La CNMV supervisa el funcionamiento del mercado de valores y vela por su
transparencia y por que los intermediarios financieros cumplan las

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normas de conducta que les son de aplicación en aras de la protección de los inversores. La CNMV es esencialmente un supervisor de conductas, un supervisor que, por diseño y vocación, está centrado en promover la transparencia y la calidad
de la información a disposición del mercado, al objeto de asegurar que el mismo funciona ordenada y eficientemente y que quienes participan en el mercado operan en condiciones de igualdad, que está centrado, como supervisor, en que se respeten los
intereses de los inversores, especialmente de los inversores minoristas y en que los mismos sean debidamente informados y asesorados.


La CNMV no es -o solo es muy marginalmente- un supervisor de solvencia. Supervisamos las normas prudenciales, incluidos los requisitos de solvencia aplicables a ciertas entidades que están de modo integral bajo nuestra supervisión, como
empresas de servicios de inversión, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, empresas de asesoramiento financiero, sociedades gestoras de entidades de inversión cerradas, plataformas de financiación participativa, las
infraestructuras de los mercados, pero ello representa un aspecto muy secundario de nuestra actividad. La realidad es que en nuestro país, como en casi todos los europeos, todos estos tipos de entidades son entidades sin apenas balance, son
esencialmente entidades gestoras o intermediarias. En algún país europeo, como el Reino Unido, hay ESIS, Empresas y Servicios de Inversión, broker-dealers, que operan en valores y derivados por cuenta propia en volúmenes significativos; incluso
hay ESIS sistémicas, algunas con balances de más de 300 000 millones de euros. Pero para que se hagan una idea, el balance conjunto de nuestras cerca de cien ESIS, de las españolas, apenas supera los 5000 millones de euros, y este es un caso
similar, que es la pauta en la mayor parte de los países europeos.


Por otra parte, es importante destacar que en el campo sobre el que actúa la CNMV rige un principio de libertad de emisión y distribución de valores e instrumentos financieros. Las normas, que están esencialmente armonizadas a nivel
europeo, ponen el acento en la transparencia y la información al inversor, en que los mercados funcionen con limpieza y en que las entidades financieras eviten o gestionen adecuadamente los conflictos de interés y respeten los intereses de sus
clientes, pero se basan en un principio de libertad. La crisis financiera, aunque haya reforzado la percepción de que la regulación es importante y haya dado lugar a matizaciones o restricciones a este principio, no lo ha puesto en duda. El
principio de libertad de emisión y distribución de valores y productos financieros sigue siendo un principio relevante en el ámbito en el que actúa la CNMV.


Todo lo anterior explica el sentido de la actuación de la CNMV, por ejemplo, en lo relativo a la distribución de participaciones preferentes o bonos subordinados entre inversores minoristas durante la crisis financiera, una actuación que con
mayor o menor fortuna se centró en promover y comprobar que los inversores fueran informados de las características de los productos y que las entidades cumplieran con el deber de verificar su conveniencia o idoneidad para los clientes; o, por
poner otro ejemplo, explica también el sentido de la actuación de la CNMV en relación con los fondos de inversión que, al desencadenarse la crisis, estaban invertidos en activos de renta fija o inmobiliarios que de la noche a la mañana se
convirtieron en activos sin mercado o con mercado muy deficiente, con los consiguientes problemas de valoración a efectos de reembolsos u otras operaciones. En este caso, la preocupación de la CNMV fue que las valoraciones fueran correctas y que
los conflictos de interés entre entidad gestora y cliente y entre clientes se gestionaran adecuadamente. Aunque no es mi negociado la fase anterior, yo creo que uno de los servicios que prestó en mayor medida la CNMV fue precisamente este, el de
estar encima de los fondos, de los activos problemáticos que tenían problemas de liquidez en los fondos que estaban afectados por tentaciones en lo que se refiere a valoraciones; yo creo que ahí se hizo una labor verdaderamente extraordinaria. Por
otro lado, a la CNMV corresponde también supervisar el funcionamiento del mercado, promoviendo que la información sobre los emisores se difunda sin asimetrías, previniendo y persiguiendo el abuso de mercado -es decir, el uso de información
privilegiada y la manipulación- y, en general, velando por que el mercado funcione y lo haga de un modo ordenado. A este respecto y al margen de sus potestades sancionadoras, la CNMV, por ejemplo, puede requerir la publicación de información o
suspender la cotización de valores en el caso de graves perturbaciones o asimetrías informativas.


Otro aspecto importante, en situaciones como la crisis financiera, es la función de la CNMV de supervisión de la correcta implementación y funcionamiento de las normas dirigidas a garantizar la seguridad operativa del sistema, y también a
evitar fraudes; me refiero, por ejemplo, a la estructura gestora-depositario en relación con las instituciones de inversión colectiva, con los fondos de inversión -una estructura que, como saben, se basa en los principios de separación y vigilancia
mutua- o a las

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normas relativas al depósito de valores o a los procesos de liquidación. Desde esta perspectiva, me gustaría destacar que la crisis puso a prueba el sistema y que este, en lo que se refiere a su funcionamiento regular y ordenado, demostró
un alto grado de solidez. Por ejemplo, la crisis, al margen de ciertas suspensiones de reembolsos en algunos fondos inmobiliarios, no afectó en ningún momento al funcionamiento regular de nuestras instituciones de inversión colectiva. Hubo
incidentes, incluso relevantes, que dieron lugar a actuaciones disciplinarias, relacionados sobre todo, como decía, con los procesos de valoración, pero nada que afectara a ese funcionamiento regular o al control de los activos de las instituciones,
y ello en un contexto de graves problemas de liquidez y de fuertes reembolsos.


Es necesario hacer referencia también a la función de la CNMV en relación con la información financiera de los emisores, que es muy importante, pero que obviamente no se corresponde con la función de un segundo auditor. La CNMV no es un
segundo auditor de cuentas. La CNMV puede recabar de los emisores o de los auditores de cuentas informaciones o documentos, exigir la publicación de informaciones adicionales, de conciliaciones, correcciones o en su caso incluso la reformulación de
cuentas, pero las revisiones de la información financiera que realiza la CNMV, de modo coherente con las directrices de la autoridad europea, ESMA, se basan principalmente en la revisión a distancia de los desgloses y políticas contables contenidos
en las cuentas anuales y en la restante información financiera periódica, y no tienen como finalidad replicar los trabajos y pruebas in situ que realizan los auditores externos.


Finalmente, otro aspecto del papel o de la actividad de la CNMV, interesante también desde el punto de vista que comentamos, son sus responsabilidades de seguimiento y promoción del buen gobierno corporativo. En definitiva, creo que el
papel o función de la CNMV en relación con situaciones como la planteada por la crisis financiera, coherentemente con la naturaleza y alcance de sus facultades de supervisión, se refiere, como decía al principio, más a la mitigación o correcta
gestión de los efectos de ese tipo de situaciones que a sus causas o factores desencadenantes.


Descrito el alcance de ese rol supervisor de la CNMV, creo que es importante destacar además el creciente consenso internacional poscrisis -y habría estado bien que hubiera sido un consenso precrisis- acerca del papel que igualmente debe
corresponder a los supervisores de valores en la prevención del riesgo sistémico y, por tanto, en la preservación de la estabilidad financiera. El análisis de las causas de la crisis iniciada en 2007 permitió advertir que la acumulación de
desequilibrios y su extensión, a lo largo y ancho del sistema, se vio también facilitada por deficiencias en áreas relacionadas con los mercados de valores. Así, se vio facilitada por un insuficiente nivel de transparencia respecto de los emisores,
los productos financieros y los propios mercados, que dificultó la evaluación adecuada de los riesgos por parte de los diferentes actores. Manifestación llamativa de ello fue todo lo relacionado con los instrumentos derivados, con las
titulizaciones, especialmente en los Estados Unidos. Las titulizaciones son una de las manifestaciones del llamado shadow banking, o banca en la sombra, tiene que ver especialmente con el ámbito de las comisiones de valores. También se vio
facilitada por deficiencias en el gobierno de las compañías, en especial en el caso de numerosas entidades financieras que propiciaron una acumulación inadecuada y excesiva de riesgos, incentivada, entre otras causas, por esquemas perversos de
remuneración. Y otro factor negativo fue una insuficiente atención a los problemas de liquidez de los mercados. El mecanismo de contagio por antonomasia durante la crisis fueron los mercados de diversa tipología: el interbancario, el mercado de
derivados, el mercado de titulizaciones, el de renta fija privada, mercados que vieron enormemente mermada su liquidez y, por lo tanto, su capacidad de formar precios adecuados y de servir para que las entidades financieras y los inversores pudieran
deshacer sus posiciones. Igualmente, puede destacarse como problema que contribuyó a dañar la situación y que tiene también que ver con los supervisores de valores, el insuficiente grado que había de coordinación y cooperación entre las
instituciones supervisoras.


Todos estos elementos atañen muy directamente, como vengo diciendo, a los reguladores y supervisores de valores, lo que comenzó a reconocerse por parte de las diferentes instituciones internacionales. Por ejemplo, Iosco, la organización
mundial de comisiones de valores, una de las escasas organizaciones internacionales de alcance mundial existentes y que, como saben, tiene su secretariado, su sede, en Madrid, publicó en 2011 un documento en el que señalaba la importancia de que los
supervisores de valores tuvieran un papel más relevante en relación con situaciones como las que plantean las crisis financieras y, en particular, en relación con la prevención y mitigación del riesgo sistémico, un papel que se justifica, entre
otras razones, por su mejor posición para percibir y tratar ciertos riesgos por su tradicional foco en la transparencia y por no estar afectados por el conflicto solvencia-conducta. En el mismo sentido, el organismo europeo creado a estos efectos,
la Junta

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Europea de Riesgo Sistémico, el ESRB, publicó en el verano de 2016 un documento estratégico con un título tan expresivo como este: Política macroprudencial más allá de lo bancario.


La CNMV está prestando especial atención a todo lo relacionado con la estabilidad financiera. Así, desde la CNMV realizamos un seguimiento permanente de los mercados tanto de su nivel de liquidez como de otras variables, y desde principios
de 2017 publicamos regularmente un indicador de estrés que, por cierto, está siendo bastante apreciado; de hecho, incluso ha sido elogiado por el Fondo Monetario Internacional en su reciente evaluación del sistema financiero español. Otro ejemplo
de esta atención a la estabilidad financiera es el seguimiento que hacemos del tipo de productos que se están comercializando, desde la perspectiva de los riesgos que pueden entrañar para el sistema o para colectivos importantes de inversores. Así,
por ejemplo, en enero de 2017 llamamos públicamente la atención mediante un comunicado sobre la proliferación de fondos garantizados de muy largo plazo, en un contexto de riesgo de elevación de los tipos de interés y, por lo tanto, de pérdida
significativa para los inversores que decidían liquidar su inversión anticipadamente. El plazo común de estos productos, cuyo nivel de comercialización afortunadamente ha descendido desde entonces, era en aquel momento, enero de 2017, de más de
seis años.


Es interesante destacar además que la reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional, concluida hace solo tres meses, se ha centrado en los riesgos sistémicos y la política macroprudencial y, dentro de un tono positivo general, se ha
referido a la conveniencia de una mayor cooperación entre los supervisores financieros que facilite la detección temprana de los riesgos y que se puedan adoptar medidas a tiempo para mitigarlos. El fondo ha recomendado, entre otras cosas, la
creación de una autoridad o consejo de análisis del riesgo macroprudencial, similar a los creados tras la crisis en los Estados Unidos o en la Unión Europea, en el que por supuesto la CNMV debería tener un papel relevante.


Paso a referirme, a continuación, a las diversas reformas normativas e institucionales recientes y en marcha que son consecuencia de las enseñanzas de la crisis financiera o que guardan especial relación con ella. El marco normativo español
relativo a la emisión y comercialización de instrumentos financieros durante la crisis financiera, que era el que era, estaba alineado con el europeo, destacando todo lo relacionado con la directiva conocida como Mifid I, que se traspuso a nuestro
ordenamiento a finales de 2007. Antes de la experiencia de la crisis se pensaba que dicho marco normativo otorgaba un nivel de protección adecuado a los inversores, pero la crisis financiera evidenció ámbitos en los que era necesario introducir
modificaciones, especialmente para evitar malas prácticas en la comercialización de determinados productos, para introducir ciertos mecanismos de regulación preventiva, para reforzar la transparencia en el funcionamiento y el nivel de garantía de
los mercados -particularmente en lo relativo a las operaciones OTC, es decir, bilaterales y realizadas al margen de los mercados organizados, relativas a instrumentos derivados- y para otorgar más facultades y herramientas más eficaces a
supervisores como la CNMV.


La reforma que a nivel europeo representa el conjunto normativo Mifid II -en realidad, y me excuso por la sucesión de anónimos, Mifid II, Mifir, EMIR; es decir, una directiva y dos reglamentos europeos- responde a estas inquietudes y
objetivos. Destaco brevemente algunos aspectos de la reforma cuya completa aplicación se está produciendo precisamente en estos momentos. La fecha clave de entrada en aplicación de Mifid II, como saben, ha sido el 3 de enero. En cuanto las
novedades, se han establecido por primera vez diversos requisitos aplicables a las fases de desarrollo y lanzamiento de productos; es lo que se conoce como gobernanza de producto o, en la jerga europea, mercado-destino o target market. Las
entidades financieras que diseñan instrumentos financieros para su venta a clientes deben definir a priori el público objetivo al que los mismos se dirigen, considerando la capacidad de absorber pérdidas del cliente, su tolerancia al riesgo, sus
conocimientos y experiencia, etcétera. Y tanto ellas como las distribuidoras deben tomar medidas para garantizar que el producto no se distribuya fuera del público objetivo definido. Esto no existía durante la crisis financiera. Es evidente que
una regla de este tipo, de haberse cumplido, habría podido evitar o disminuir buena parte de los perjuicios organizados a los inversores durante la crisis financiera. Difícilmente habrían podido darse prácticas de comercialización masiva de
productos como las participaciones preferentes entre clientes que, por ejemplo, estaban acostumbrados exclusivamente a mantener sus ahorros en depósitos bancarios.


Por otra parte, Mifid II y sus desarrollos han regulado de manera bastante precisa los conocimientos y competencias que debe tener el personal de las entidades que informa o asesora a los clientes, es decir, los requisitos de formación de
las redes de ventas. Se trata de un aspecto que es también importante. Si el nivel de exigencia, desde este punto de vista, hubiera sido mayor durante los años de la crisis, sin duda,

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las prácticas de comercialización de ciertos productos habrían sido mejores. La CNMV publicó en junio pasado una guía técnica que está permitiendo la aplicación práctica de Mifid II en este ámbito y que afecta a más de 150 000 empleados de
entidades financieras en nuestro país.


Por su parte, el reglamento europeo conocido como Mifir confiere nuevos poderes de intervención de productos y servicios tanto a los supervisores nacionales como a ESMA, la autoridad europea. Esto supone que los supervisores cuentan ya con
una herramienta ágil para prohibir o restringir la comercialización de determinados productos cuando exista preocupación significativa para la protección del inversor. Tanto ESMA como los supervisores nacionales y europeos estamos trabajando en
estos momentos en un primer uso de esta herramienta, que se materializaría en breve plazo y afectaría a las denominadas opciones binarias y a ciertas modalidades de contratos por diferencias, en particular a los que superen determinados niveles de
apalancamiento. Asimismo, debo mencionar también el Reglamento europeo sobre los documentos de datos fundamentales relativos a productos de inversión minorista empaquetados y basados en seguros, el famoso Priips; otra iniciativa legislativa
europea relevante cuyo objetivo es doble. Por un lado, recoger en un documento sencillo, de no más de tres páginas, el DFI o documento de datos fundamentales toda la información relevante para la toma de la decisión, incluidos indicadores de riesgo
y escenarios de rentabilidad y, por otro, igualar las reglas entre productos sustitutivos -bancas, seguros, valores- que hasta la fecha han estado sujetos a diferentes normativas de protección de los usuarios o inversores sin que exista
justificación para ello.


Igualmente, son muy importantes las reformas en materia de instrumentos derivados del paquete normativo al que me vengo refiriendo, cuyo objetivo ha sido aumentar la transparencia y reducir el riesgo sistémico generado por la existencia de
un enorme volumen de transacciones OTC bilaterales fuera de mercado. Por destacar dos aspectos en línea con las recomendaciones del G-20 y del Consejo de Estabilidad Financiera, el Reglamento europeo EMIR ha establecido la obligación de compensar
en entidades de contrapartida central las operaciones sobre ciertos instrumentos derivados y el deber de comunicar todas las transacciones, todas, a un nuevo tipo de infraestructura denominada almacenes de operaciones, trade repositories, que
mantienen la información permanentemente a disposición de los supervisores.


No me voy a detener, aunque algunas de ellas hayan sido importantes, en las reformas introducidas en los últimos años antes de mi mandato, que podrían considerarse puramente españolas o que de algún modo se han anticipado a Mifid II. Se
trata de reformas contenidas o derivadas de leyes aprobadas por este Parlamento. En particular la Ley 9/2012, relativa principalmente a la reestructuración bancaria, o la Ley 5/2015, de Fomento de la Financiación Empresarial, y cuyo objeto ha sido,
por ejemplo, impedir la comercialización exclusivamente entre inversores minoristas de participaciones preferentes, u otros instrumentos híbridos o subordinados de entidades de crédito, reforzar mediante advertencias el consentimiento informado de
los inversores o hacer posibles actuaciones de supervisión anónimas, el famoso mystery shopping.


Sí quiero referirme a una reforma interesante que en estos momentos está en curso, concretamente, en trámite de informe del Consejo de Estado -ayer la mencionó mi antecesora- y que se basa en las modificaciones introducidas en la Ley del
Mercado de Valores por la Ley 9/2012 que he citado. Me refiero a una nueva circular de la CNMV sobre advertencias, que va a concretar los instrumentos financieros que se consideran no adecuados para minoristas debido a su complejidad, entre ellos
los bonos contingentes convertibles, la deuda subordinada de entidades de crédito y determinados contratos por diferencias. En dicha circular se exige que la entidad financiera haga una advertencia estandarizada y que el inversor escriba de su puño
y letra o teclee ciertas expresiones. Además, en el caso de diferencias significativas entre el precio de venta de un producto y el que pagaría un inversor institucional, los intermediarios deberán advertir de ello expresamente al inversor
minorista. Las advertencias, especialmente si han de hacerse en textos manuscritos por el inversor, refuerzan su consentimiento informado. Un inversor puede firmar un documento sin haberlo leído, pero es difícilmente concebible que pueda escribir
un breve texto y firmarlo sin ser consciente de su contenido. En la CNMV tenemos una experiencia concreta reciente sobre la eficacia de este tipo de advertencias manuscritas. Me refiero a la actuación que hemos realizado en relación con la
comercialización entre minoristas de contratos por diferencias, un producto que, según hemos podido comprobar -no solo nosotros, sino también otros supervisores europeos-, origina pérdidas a los inversores en casi el 80 % de los casos. En marzo de
2017 requerimos a todas las entidades bajo nuestra supervisión que venden este tipo de productos, exigiéndoles que obtuvieran sistemáticamente de sus clientes minoristas una serie de crudas advertencias manuscritas, lo que fue criticado duramente

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por algunas de ellas por considerarlo de facto equivalente a una prohibición del ofrecimiento de estos productos a clientes minoristas. Evidentemente, ello nos reafirmó en lo apropiado de la medida.


Concluyo haciendo referencia a la posible reforma próxima de los organismos de supervisión financiera en España. La reforma planteada, sobre la que hace unos meses incluso hubo un proceso de consulta preliminar, mantendría el modelo de
supervisión sectorial -banca, valores, seguros-, pero afectaría a la CNMV en dos aspectos: integración en la CNMV del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y creación de una nueva autoridad independiente, competente en materia de
reclamaciones, que podría denominarse de protección de los usuarios de servicios financieros.


En este ámbito he de decirles que siento cierta incomodidad. Los seres humanos gustamos de la simetría, de la geometría regular, y tendemos en exceso, en mi opinión, a clasificar realidades distintas como equivalentes -banca, valores,
seguros- y en cada caso supervisión de solvencia y supervisión de conducta. Lo cierto es, sin embargo, que la CNMV tiene poco que ver como supervisor con el Banco de España, con el Banco Central europeo o con la Dirección General de Seguros.
Quiérase o no en estos dos supervisores, a diferencia del caso de la CNMV, predomina claramente -y ello es comprensible- la faceta de supervisión de solvencia. No niego, desde luego, que el Banco de España o la Dirección General de Seguros puedan
ejercer adecuadamente sus funciones de supervisión de las normas de protección de los clientes como usuarios de servicios financieros. Pero es evidente que su prioridad es, y seguramente debe ser, que las entidades sean solventes. Por el contrario
el ADN de la CNMV es con toda claridad el propio de un supervisor de conductas. Nuestra misión en la vida es promover la información y la transparencia y proteger a los inversores, asegurando que las entidades gestionen bien sus conflictos y actúen
en general de modo respetuoso con los intereses de sus clientes.


La incomodidad a la que aludía se refiere, sobre todo, a la posible creación de una nueva autoridad independiente de protección de los usuarios y servicios financieros centrada en la gestión y resolución de reclamaciones. Creo sinceramente
que esta idea no se habría planteado si se hubiera considerado solo el ámbito propio de la CNMV. Lo más que podría tener sentido en nuestro caso -en mi opinión- sería dotar de algo más de autonomía o independencia funcional al departamento de
reclamaciones con el que ya contamos, al modo de lo que se ha hecho en el Reino Unido, por ejemplo, con el denominado Financial Ombudsman, creado en el seno de la FCA, la autoridad multisectorial de conducta; una fórmula que asegura la plena
coordinación entre las actuaciones de supervisión y las funciones relacionadas con las reclamaciones, es decir, la coherencia de los criterios aplicados en ambos ámbitos y que la supervisión se enriquezca con la información y experiencia que
proporcionan las reclamaciones.


Ha de tenerse en cuenta que la CNMV, como supervisor, proyecta su actuación de modo integrado sobre los productos y operaciones, es decir emisiones de valores, admisión o negociación de los mismos, OPAs, fondos de inversión, inversión
alternativa, capital riesgo, crowdfunding, etcétera, y ello con una visión que tiene también en cuenta los riesgos ligados a las tendencias y funcionamiento de los mercados y sobre la actuación de las entidades gestoras e intermediarias. Esta
visión integrada es muy importante, es muy valiosa y no debería verse menoscabada por la creación de una nueva autoridad como la que se está planteando. Ésta, en mi opinión, de crearse debería circunscribir estrictamente su ámbito de actuación a la
tramitación y resolución de reclamaciones y, al menos en lo que a la CNMV respecta, articularse de un modo que dé total prioridad a la más estrecha coordinación de su actuación con la de la CNMV. Por cierto, creo que no puede considerarse un
precedente de esta posible nueva agencia el Consumer Financial Protection Bureau, creado en 2010 en los Estados Unidos como una agencia integrada en la Reserva Federal, y que es una agencia que solo tiene competencias con respecto a productos
bancarios de consumo, con respecto a créditos de consumo, préstamos a estudiantes, tarjetas de crédito, depósitos bancarios... Esta agencia estadounidense no tiene ninguna competencia en el ámbito del mercado de valores o de los servicios de
asesoramiento, gestión o intermediación relativos a instrumentos de inversión. No tiene ninguna competencia que afecte a las competencias de la SEC, la Comisión de Valores norteamericana.


En cuanto a la posible integración del ICAC en la CNMV, se trata de un modelo probado en otros países, como Holanda o Italia, en los que la experiencia se considera en general positiva, según he podido comprobar en conversaciones con mis
homólogos de esas jurisdicciones, y a mi juicio es una novedad que tendría mucho sentido respecto a los dos aspectos en los que actúa el ICAC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas: la supervisión de la profesión auditora y sus
funciones relacionadas con las propuestas sobre la normativa contable y su interpretación.

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El interés de la CNMV es que la información financiera sea de calidad, para lo que es clave que los auditores ejerzan su profesión como es debido; y resulta muy razonable que la CNMV, que es el supervisor más sensible al impacto de la
información financiera en los mercados, tenga un papel relevante en lo relativo a la doctrina y normativa contable.


La señora PRESIDENTA: Por favor, ¿podría hablar un poco más despacio?


El señor ALBELLA AMIGO (Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV): Ahora voy a hablar más despacio.


Crisis y resolución del Banco Popular en 2017. Antes de concluir con algunas reflexiones sobre la supervisión de los mercados de valores y de los servicios de inversión y en general del sistema financiero, creo que debo referirme al papel y
actuación de la CNMV entre diciembre de 2016 -momento de mi llegada a la CNMV- y junio del 2017, en relación con la resolución del Banco Popular. Una situación posterior a la crisis financiera pero que como decía al principio fue un efecto
retardado de ella. Ello sin perjuicio de someterme a las preguntas que sus señorías puedan formularme al respecto.


Es obvio que la CNMV no era el supervisor del Banco Popular como entidad de crédito, ni la autoridad de resolución; y que la actuación de la CNMV ha de valorarse con referencia al papel y funciones que le corresponden y que he descrito de
modo general al inicio de mi intervención. En concreto, creo que ha de valorarse con referencia a varias áreas. En primer lugar, en lo relativo a la información de que dispuso el mercado. Es de destacar al respecto que la entidad vivió un periodo
de alta densidad informativa. En los seis meses que transcurrieron entre el 30 de noviembre de 2016 y el 6 de junio de 2017, fecha en que se acordó la resolución por la Junta Única de Resolución, Banco Popular fue, de largo, la sociedad cotizada
que publicó más hechos relevantes a través de la página web de la CNMV: nada menos que setenta y siete, cincuenta y tres si descontamos los más ordinarios, referidos a operaciones financieras, amortizaciones, emisiones y similares. Entre ellos
destacaría los hechos relevantes relativos al cambio en la presidencia de la entidad, a la dimisión del consejero delegado, al impacto en la entidad, más de 300 millones de euros, de la sentencia europea sobre cláusulas suelo, a los resultados de
2016, a los resultados del primer trimestre de 2017, a los ajustes inesperados y muy significativos en provisiones y capital regulatorio que la entidad comunicó a primeros de abril, a ciertas noticias publicadas en medios, al proceso de posible
venta o fusión que la entidad tenía en marcha, y a las rebajas en el rating de la entidad, o de sus emisiones, que fueron nada menos que 14 en el periodo si incluimos los cambios de perspectiva de sentido negativo de Standard & Poor's, Moody's,
Fitch y DBRS. En este aspecto la CNMV, desde su Dirección General de Mercados, que es la que sigue y supervisa la información existente en el mercado, hizo un seguimiento estrecho y estuvo especialmente activa monitorizando durante todo el periodo
los hechos relevantes y también las noticias que iban a pareciendo en medios de comunicación e instando a la entidad en diversas ocasiones, incluso mediante requerimientos escritos, a publicar más información o aclaraciones.


Me gustaría señalar en este punto que las sociedades cotizadas no están obligadas a comunicar como hecho relevante toda información sensible o privilegiada que les afecte. El reglamento europeo de abuso de mercado, de 2014, como ya hacía
con anterioridad la Ley del Mercado de Valores, permite a los emisores, y de modo particular a las entidades financieras, mantener confidencialmente informaciones que, de conocerse, serían relevantes para la cotización, siempre que lo hagan de buena
fe para proteger sus intereses legítimos y concurran ciertos requisitos, el más importante de los cuales es que no haya filtraciones o quiebras de la propia confidencialidad. En segundo lugar, durante el periodo la CNMV estuvo también activa como
supervisor de la información financiera, en especial en relación con los ajustes que el banco comunicó y publicó a primeros de abril, que fueron analizados a efectos de determinar si obligaban legalmente a reformular las cuentas de 2016 o si
técnicamente era apropiada una reexpresión, al margen de que hubiera que informar con precisión, de inmediato, acerca del alcance de la incidencia y de su impacto. El hecho relevante al respecto, que fue publicado el día 3 de abril de 2017, fue
supervisado específicamente con carácter previo por la CNMV. Asimismo el 10 de abril de 2017 se remitió un primer requerimiento al Banco Popular para esclarecer lo sucedido y la naturaleza y causa de los ajustes que, entre otras cosas, derivaban de
no haber registrado, evitando su deducción del capital regulatorio, financiaciones relacionadas con la colocación de la ampliación de capital de 2016. A ese requerimiento han seguido varios más y otras muchas diligencias y actuaciones con la misma
finalidad de esclarecer el caso y depurar, en su caso, responsabilidades mediante la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores. Asimismo, tras la publicación en septiembre pasado de los resultados individuales de la

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entidad del primer semestre de 2017, que arrojaron como saben unas pérdidas de 12 000 millones de euros, la CNMV también está analizando en qué medida es razonable imputar esos resultados en su integridad a los seis primeros meses de 2017,
periodo en el que se produjo la resolución, o si al menos en parte debían haberse imputado a ejercicios anteriores. En este aspecto la CNMV también ha estado y sigue estando muy activa habiendo formulado varios requerimientos a la entidad.


Por otra parte, ya comentaba al principio que corresponde también a la CNMV hacer el seguimiento del modo en que los emisores aplican las reglas y recomendaciones de gobierno corporativo. En este ámbito destacaría las actuaciones de
supervisión de la CNMV en lo relativo a la información facilitada por la entidad en materia de remuneraciones a consejeros, que se han traducido igualmente en varios requerimientos detallados de información y documentación de los que podrían
derivarse consecuencias sancionadoras. Mi insistencia en varios foros sobre la necesidad de mejorar la información que nuestras sociedades cotizadas facilitan sobre las remuneraciones de sus consejeros, en particular sobre la necesidad de claridad
en relación con la parte de las remuneraciones que se presenta como pensiones o planes de previsión a largo plazo, tiene que ver con este tema. Asimismo, durante el periodo al que me he referido -diciembre de 2016 a junio de 2017- y hasta la fecha,
la CNMV ha estado activa en la supervisión de posibles abusos de mercado en relación con la acción de la entidad, del Banco Popular, desarrollando diversas actuaciones e investigaciones, entre ellas investigaciones dirigidas a identificar posibles
compras o ventas con información privilegiada, en particular antes de la publicación de informaciones importantes -como el cambio de presidente, la dimisión del consejero delegado, la publicación de los resultados de 2016 o ciertas noticias de
prensa-, actuaciones que han dado lugar a numerosos requerimientos a la entidad y a terceros y que siguen en marcha; y análisis e investigaciones sobre la evolución de la cotización y la operativa desarrollada sobre el valor, en particular respecto
a la operativa de ventas en corto, sobre todo para identificar posibles actuaciones manipuladoras. Igualmente, estas actuaciones han dado lugar a innumerables requerimientos de información y documentación, tanto en España como dirigidos fuera de
España, y la Dirección General de Mercados de la CNMV ha emitido varios informes sobre la evolución de la cotización y la operativa sobre el valor hasta junio de 2017, y en relación con estos aspectos de posibles abusos de mercado.


Puedo decirles que en las actuaciones a cuyos resultados se han referido estos primeros informes, no se han identificado hasta la fecha actuaciones manipuladoras o uso de información privilegiada, tampoco en el ámbito de quienes operaron en
corto sobre el valor, aunque la CNMV mantiene diversas investigaciones abiertas. Sí se han identificado casos de ventas en corto totalmente en descubierto y, por tanto, no legítimas, aspecto más técnico, pero del que también podrían derivarse
consecuencias sancionadoras.


Otro aspecto a señalar es que la CNMV siguió estrechamente en todo momento la evolución de la cotización considerando la información con la que contaba el mercado. A este respecto, me gustaría hacer referencia a algunos datos: la evolución
de la cotización, aunque de sesgo general bajista, fue bastante estable desde la conclusión de la ampliación de capital, en junio de 2016, hasta primeros de abril de 2017, momento en que se publicaron los ajustes inesperados a que he hecho
referencia con anterioridad. El día 7 de julio de 2016, poco después de la ampliación de capital, la cotización marcó 1,12 euros, y durante los siete meses siguientes fue bajando, ligera pero paulatinamente, hasta 0,95 euros -de 1,12 a 0,95 euros
en siete meses- el 31 de enero de 2017; y desde finales de enero a primeros de abril, el precio del valor no varió de modo significativo. A primeros de abril se produjo un descenso relevante como consecuencia de la publicación de esos ajustes,
pero siguió una recuperación y el 10 de mayo, tres semanas antes de la resolución, la cotización marcaba todavía 0,84 euros. Fue a partir de ese momento cuando comenzó una línea descendente más pronunciada. El 19 de mayo el precio de la acción era
0,72 y el 30 de mayo, una semana antes de la resolución, 0,65. Les recuerdo que en esta fase se publicaron noticias en medios muy negativas, entre ellas las informaciones acerca de que la JUR estaba siguiendo la situación del banco, y se conoció
algo que fue también muy importante y era que la acción quedaba excluida de los índices MSCI, los índices de Morgan Stanley. Fue en los últimos cuatro días, tras estas informaciones, cuando se produjeron los descensos más bruscos y marcados en el
precio de la acción. La CNMV, como saben, no suspendió la cotización del valor en ningún momento antes de la resolución. La posición que a este respecto mantuvieron los servicios técnicos, tras analizar en detalle todas las circunstancias, fue
clara en el sentido de que no procedía suspender. Les explico por qué, distinguiendo dos periodos: antes de las cuatro últimas sesiones previas a la resolución y en ellas.

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Antes de esos últimos cuatro días, entre diciembre de 2016 y fin de mayo de 2017, como he señalado, la evolución de la cotización puede considerarse bastante normal, incluido su sesgo descendente, totalmente coherente con las noticias
negativas que se iban sucediendo: resultados de 2016 peores de los esperados, ajustes inesperados de primeros de abril, reiteradas bajadas de rating, etcétera. Además, en ningún momento la CNMV apreció ninguna situación de desorden en el mercado
de la acción o de graves asimetrías informativas, que es lo que típicamente justifica una suspensión de la negociación. Téngase en cuenta, asimismo, que la medida de suspensión implica dejar atrapados a quienes desean vender y que debe durar lo
menos posible, solo hasta que se aclaran las correspondientes informaciones o se resuelve la perturbación. Y también, aunque resulte una obviedad, conviene aclarar que la medida de suspensión no sirve para evitar o frenar caídas en el precio, ya
que tras el levantamiento el precio se sitúa, lógicamente, donde tiene que estar en función de la información existente. En cuanto a los últimos cuatro días, los servicios técnicos de la CNMV, por supuesto, analizaron igualmente en detalle la
cuestión, y su conclusión fue que tampoco era correcto suspender. El mercado tiene sus propios mecanismos, como las denominadas subastas de volatilidad, que son de aplicación en caso de subidas o bajadas muy pronunciadas de los valores, y tampoco
se advertían asimetrías informativas y en ningún momento, hasta el propio día 6 de junio, la CNMV tuvo conocimiento de que la decisión de resolver estuviera adoptada o de que la resolución fuera la única posibilidad, y ello al margen de que la
suspensión no hubiera precisamente calmado las tensiones de liquidez que afectaban a la entidad, sino todo lo contrario.


Finalmente, en cuanto a la operativa en corto, creo que es importante también lo que he explicado sobre la evolución básicamente normal de la cotización hasta los últimos días. Además, creo de interés señalar que la evolución de las
posiciones cortas se mantuvo básicamente estable durante los seis meses a los que vengo haciendo referencia, lo que quiere decir que no hubo contribución neta vendedora de los cortistas durante el periodo. Si la posición corta agregada se mantiene,
ello significa que los cortistas, que son los titulares de la posición corta, están vendiendo tanto como compran, por lo que no están añadiendo presión vendedora o bajista al valor. En efecto, las posiciones comunicadas agregadas se situaron en una
primera fase -diciembre y enero- entre el 9 % y el 10 % del capital y, a partir de ese momento, desde que se publicaron los malos resultados de 2016 hasta la resolución, entre el 10 % y el 12 %, un nivel más elevado del que había tenido el valor
meses antes -por ejemplo, durante los meses anteriores a la ampliación el nivel había estado en el 7 %-, aunque inferior al de otras sociedades cotizadas, pero que podía explicarse por las informaciones negativas sobre el negocio de la entidad. En
los siete días previos a la resolución, las posiciones cortas agregadas experimentaron una bajada significativa, por producirse en un corto periodo de tiempo; una bajada de alrededor de un 2 %, lo que quiere decir que contribuyeron en sentido neto
comprador en la negociación del valor.


Acabo con algunas consideraciones generales. Si algo ha quedado claro con la crisis es lo importante que es para la sociedad y para los intereses públicos una supervisión vigorosa y eficiente. Al margen de la alternativa por la que se opte
en cuanto a la estructura de la supervisión -supervisores sectoriales o un supervir único de conducta, al modo de la FCA británica y del modelo que parece se va propagando más internacionalmente-, está claro que una eficaz supervisión exige
suficientes medios y un nivel adecuado de independencia. En cuanto a los medios, debo reconocer el apoyo que la CNMV está recibiendo del Ministerio de Economía y del Gobierno en su esfuerzo por reforzarse en lo más importante, sus medios humanos;
un apoyo que nos va a permitir incrementar moderadamente nuestra plantilla de técnicos por primera vez desde hace diez años, recuperando parte del retraso con respecto a nuestros pares de los restantes países importantes europeos, que se han
reforzado significativamente a raíz de la crisis financiera.


La necesidad de reforzamiento se ha derivado fundamentalmente de dos factores que quiero citar, y ello en un contexto de fuerte demanda social de una supervisión potente: por una parte, la avalancha de nuevas competencias atribuidas en los
últimos años a la CNMV, al igual que a sus entidades homólogas europeas, a raíz de la crisis financiera. Y, por otra, la necesidad de contar con equipos de nivel y dimensión coherente con los objetivos de supervisión. Piénsese, por ejemplo, en la
supervisión de las grandes entidades financieras que en España comercializan productos de inversión a más de 10 millones de clientes. Pero este reforzamiento de la CNMV, que por supuesto se va a financiar con cargo a nuestras propias tasas al
sector, debería combinarse con algo más de flexibilidad en lo relativo a la gestión de nuestros recursos humanos, por coherencia con la naturaleza de autoridad independiente de la CNMV, pero también por las características del sector que
supervisamos; un sector sofisticado, con remuneraciones por encima de la media en el que se emplean intensivamente las nuevas tecnologías y

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en el que el ritmo de adaptación y transformación es muy elevado. Se trata, por ejemplo, de que podamos cubrir, dentro del propio ejercicio en que se producen, las bajas, cosa que no nos es posible ahora, dada la rigidez del mecanismo
general de oferta de empleo público que se nos ha seguido aplicando en contra de lo que dice la Ley del Mercado de Valores, en virtud de lo que dicen las leyes de presupuestos anuales. -Me permito en este punto pedir a sus señorías que sean
sensibles con ocasión de futuras leyes de presupuestos-.


Por otra parte, aunque se mantenga el modelo de supervisión sectorial también en ámbitos de conducta, considero imprescindible una regulación y supervisión coordinada y equilibrada para los tres subsectores financieros -banca, seguros y
valores- en lo relativo a la comercialización de productos. Los niveles de protección del inversor o del ahorrador, como ya he dicho antes, deben ser equivalentes en los tres. Lo contrario, una situación que en la actualidad se da por ejemplo en
lo que respecta a productos de seguro-inversión como los unit linked, puede generar incentivos perversos para el arbitraje regulatorio. Esta reflexión es especialmente oportuna en un momento como el presente en el que está comenzando a aplicarse el
nuevo marco de protección de los inversores del Mifid II. La coordinación entre las funciones de supervisión, en particular de banca y valores es también importante pensando en fenómenos como las denominadas criptomonedas y los llamados ICO. Es
imprescindible que nada relevante que pueda afectar a los inversores escape del perímetro regulatorio por falta de coordinación entre los supervisores.


No cabe duda de los beneficios potenciales para inversores y ahorradores que las nuevas tecnologías pueden suponer, pero se trata de un área especialmente sensible desde la perspectiva de la protección del inversor. En la CNMV estamos
incluyendo este tema como prioridad en nuestra estrategia, lo que tenemos previsto hacer público en detalle el mes que viene con ocasión de la presentación de nuestro plan de actividades anual. Este tema de las criptomonedas y los llamados ICO,
estaré encantado de desarrollarlo un poco más, si les parece de interés, en la parte de preguntas.


En todo caso, el avance -ya acabo- real hacia un sistema financiero más seguro y con un nivel de protección alto de los inversores, no es solo cosa de la supervisión o de la regulación. Hay dos factores de enorme importancia que exceden del
campo de acción de organismos como la CNMV o incluso del legislador. En primer lugar, la educación financiera. Es clave que los ciudadanos en general cuenten con el nivel de formación que les permita entender suficientemente las implicaciones de
sus decisiones financieras e inversiones y tener un mínimo espíritu crítico cuando se relacionan con las entidades financieras. Como probablemente algunos de ustedes saben, desde 2008, la CNMV tiene un esquema de colaboración permanente basado en
un plan con el Banco de España a este respecto en el que también participan la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, y en el que hemos implicado a más de 30 asociaciones y
entidades colaboradoras creando una importante red. Uno de los logros más importantes ha sido la inclusión de la educación financiera en el currículo escolar, que nos gustaría se ampliara. Seguiremos trabajando en este ámbito porque creemos que
con inversores mejor formados, no solo mejor informados, se habrían evitado algunos de los problemas vividos en la crisis financiera. En todo caso, la educación financiera, como decía, ha de ser un empeño de toda la sociedad, incluido el
Parlamento, no solo de sus organismos de supervisión.


En segundo lugar, el empeño de la regulación y la supervisión ha de ser contribuir a reforzar la confianza de los inversores, pero para alcanzar este objetivo no basta con el cumplimiento formal de la regulación. Es imprescindible que las
entidades financieras integren en su cultura corporativa el trato justo al inversor y que persigan de verdad alinear sus intereses con los de sus clientes. Desde luego en la CNMV tenemos la más firme determinación de transmitir este mensaje, no
solo con palabras, sino integrándolo como guía en nuestras actuaciones de supervisión y apoyando cuantas medidas contribuyan a que nuestras entidades financieras mejoren en este aspecto. Muchas gracias por su atención.


La señora PRESIDENTA: Finalizada la intervención del señor Albella Amigo, al que se la agradezco, tiene, en primer lugar, la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Palacín.


El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidenta, y gracias, señor Albella por su intervención y lo extensa que ha sido y los datos que nos ha facilitado; en nombre del Grupo Socialista le querría dar las gracias. Creemos que como presidente
de la CNMV puede aportarnos datos y una visión necesaria para entender qué es lo que ha pasado en el sistema financiero y qué es necesario hacer a partir de ahora para que no vuelva a ocurrir y en este punto el regulador que usted preside
consideramos que tiene un papel fundamental. Usted, como ha dicho, es presidente desde finales del 2016, no estuvo en los años de

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gestación y de mayor impacto de la crisis, pero sí que hay elementos en este poco más de un año de su mandato que creo que son importantes reseñar y que usted también nos ha comentado hoy: desde la elevada volatilidad de los mercados
cotizados, al caso del Banco Popular que sí que es verdad que es uno de los principales acontecimientos que ha tenido lugar este último año o a las posiciones en corto que se toman sobre determinados valores que al final acaban teniendo un elevado
impacto tanto con el mercado en las propias acciones y los inversores que en ellas invierten.


En el tiempo que lleva como presidente de la CNMV, ¿qué deficiencias o qué defectos de supervisión ha detectado desde su posición? El año pasado -usted ya lo ha comentado-, cuando muchos ya daban por finalizada la crisis financiera o
parecía que la reestructuración del sector había concluido por lo menos con operaciones virulentas como hasta la fecha, el 7 de junio nos levantamos con la noticia de que el Banco Popular era liquidado y era la primera entidad liquidada con el
mecanismo único de resolución, habiendo sido absorbida por otra entidad del sector de nuestro país. La cuestión es que -usted ya lo ha relatado- durante esos meses previos hubo muchísimas noticias o hechos relevantes que más que informar
desinformaban a los inversores, pero también es cierto que tanto la administración de la propia entidad, como el Gobierno y el propio ministro de Economía declaraban que el Banco Popular era solvente y no había riesgo. Todos sabemos que finalmente
el Popular se convirtió, como he dicho antes, en la primera entidad liquidada por el MUR. Sí que es verdad que queríamos hacer una reflexión. ¿De qué sirvieron todas las actuaciones que usted nos ha relatado realizadas en el caso del Banco
Popular? Al final este es un fracaso que nadie quiere asumir y nosotros le preguntamos: ¿Qué tendríamos que haber cambiado o qué tendríamos que cambiar, dentro del ámbito de sus competencias, para evitar una nueva situación como esta que al final
sí que es verdad que ha afectado a miles de accionistas que han perdido parte de sus ahorros?


En cuanto a las investigaciones que ya había comentado anteriormente y que hoy nos ha vuelto a poner encima de la mesa para identificar posibles compras o ventas con información privilegiada, sí que nos ha dicho que de momento no hay ningún
tipo de conclusión. Pero sí que es verdad que también ha habido alguna noticia de que se observaron en los días previos operaciones de retirada de depósitos, no de venta de acciones, por parte de instituciones que tienen que ver con la
Administración General del Estado. Este es un comentario que dejo encima de la mesa y que puede tener a bien comentar usted o no.


En cuanto a la operativa de ventas en corto, también nos ha dicho que de momento se han iniciado muchos expedientes y que tampoco hay ninguna conclusión. Sí que es verdad que aquí ha habido dos casos: en el de Liberbank que se limitaron
las ventas en corto, en el Popular no; querríamos saber qué diferencia había entre una entidad y otra o qué criterios se han tenido para tomar una y otra decisión.


Por lo que ha dicho entendemos que la filtración por parte de la Junta Única de Resolución fue quizás un dato relevante para la resolución final del Banco Popular, porque en el relato que nos ha hecho más o menos iba manteniendo la evolución
de la acción, iba manteniendo una línea más o menos estable, pero a la baja, pero a raíz de esas filtraciones sí que hubo un descenso brusco de la acción que posiblemente precipitó el desenlace final. Lo ocurrido con el caso del Banco Popular ha
sido verdaderamente dramático, usted lo ha dicho fuera de estas paredes en más de una ocasión. Le quería preguntar por el análisis, pero en su exposición ya nos ha contestado varias cosas. Lo que sí querríamos saber -a toro pasado ya es más
sencillo- es si se tomaron las medidas preventivas necesarias o suficientes para limitar el impacto negativo en todos los accionistas.


En su exposición ha comentado que en los siete días previos a la resolución, las posiciones cortas experimentaron una bajada significativa. Querríamos saber a qué podrían atribuir esa reducción en los últimos días. No sé si todavía están
estudiándolo o si tiene algo de información. Viendo este caso y lo sucedido con varias entidades financieras, sobre todo las de menor tamaño, querríamos saber si es favorable a la opinión que ha trasladado el Banco Central Europeo de que todas las
cajas de ahorros convertidas en bancos deberían cotizar en bolsa, teniendo en cuenta este caso y otros que tampoco han sido todo lo fructuosos que se esperaba.


En las comparecencias que hemos tenido durante estos días en la Comisión, algunos de esos comparecientes han calificado de vorágine regulatoria lo sucedido en los últimos años dentro del sector financiero, además de la legislación nacional
se ha traspuesto bastante legislación europea y vendrá también el Mifid II que, como usted ha comentado, entró en vigor hace unas semanas. Tenemos alguna pregunta relacionada con el Mifid II, queremos saber si desde la CNMV creen que las entidades
financieras están preparadas para una correcta aplicación de esta normativa. Ya sabíamos de la publicación de la guía técnica el pasado mes de junio.

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La señora PRESIDENTA: Ya ha consumido siete minutos.


El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias.


Es evidente que los que deben aplicar esta normativa son los empleados de las entidades financieras. Queremos saber si ustedes están haciendo un seguimiento de si realmente se está dando a los empleados la formación y preparación necesarias
para aplicar estos nuevos criterios. Sí es verdad que en reuniones que ha mantenido mi grupo con sindicatos del sector, nos trasladan que con esta nueva normativa el peso de la responsabilidad de la comercialización recae un poco más en los
trabajadores, que podrían responder personalmente ante reclamaciones de clientes. Le agradecería que lo valorase o hiciese un comentario a tal efecto.


Como usted sabe, en la sesión de ayer compareció su predecesora en la Presidencia de la CNMV, y nos arrojó datos muy alentadores que ya conocíamos en cuanto al plazo de resolución de sanciones a entidades incumplidoras por parte de la CNMV.
No sé si están estudiando cómo sería posible reducir el plazo desde que detectan una infracción hasta que se sanciona. Creemos que sería muy positivo dar publicidad a esas sanciones, pero, claro, sin esperar a que haya pasado tanto tiempo hasta la
fecha de la sanción. Me gustaría que nos dijese cómo se podría mejorar todo ese proceso para dar publicidad y, sobre todo, saber si las sanciones que se aplican a estas entidades realmente tienen el sentido coercitivo que deberían tener y no ser
solo un mero peaje que tienen que pagar para poder seguir con su actividad.


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando.


El señor PALACÍN GUARNÉ: Dos preguntas más y acabo.


Creemos que el mystery shopping es una herramienta muy positiva que debería utilizarse de manera habitual en el sector. Es verdad que ayer la expresidenta nos dijo algo que hoy usted ha remarcado también, y es que la falta de medios, sobre
todo humanos, hace que no se pueda implementar con todas las garantías esta normativa, que ha sido mucha en los últimos años, por la imposibilidad de aumentar el personal dadas las limitaciones que tiene su entidad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Floriano.


El señor FLORIANO CORRALES: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Albella, en primer lugar quiero darle la bienvenida a esta Comisión de investigación. Y antes de entrar de lleno en mi intervención, déjeme que haga una consideración que, créame, se aleja de cualquier fórmula protocolaria: quiero
felicitarle por el documento que nos ha remitido. Su intervención corresponde al documento que nos han entregado, y en esta Comisión de investigación ha habido muy buenos informes facilitados por los comparecientes, pero creo sinceramente que el
suyo está entre esos grandes documentos que nos han entregado. Además, me alejo de cualquier fórmula protocolaria y se lo he comentado a los compañeros de bancada porque así me lo ha parecido desde el principio.


Dado el tiempo que lleva usted con sus responsabilidades en la CNMV, me gustaría intentar plantearle algunas cuestiones de cara al futuro. A lo largo de su intervención ha hecho referencia al conjunto de cambios regulatorios que se han ido
produciendo tanto a nivel nacional como a nivel europeo. La pregunta es si usted echa algo en falta, si tiene la impresión de poder prever alguna situación que esta nueva regulación no cierra y que pudiera evitar situaciones como las que hemos
sufrido. Y no me estoy refiriendo a lo mejor a grandes reformas. Por ejemplo, ayer su predecesora en el cargo se refería a algo tan sencillo como que se permitiera comunicar los expedientes antes de finalizar su tramitación, no como ahora que hay
que esperar a que se resuelvan todos los recursos, con lo cual se pierde el papel disuasorio que pudiera tener. Es decir, que los expedientes puedan ser públicos desde el momento en que se incoan. Por eso, sin descartar en algún caso una reforma
mayor, le pregunto si echa de menos alguna reforma de este tenor porque sería interesante para la Comisión conocerlo.


Usted ha hecho una valoración sobre el Mifid II y lo que implica. La cuestión es si usted podría decir que está satisfecho o echa de menos algo en esa regulación. En esta misma dirección y para ser más concreto, aunque usted ha hecho una
glosa sobre una mejora en lo que a recursos se refiere, mi pregunta es si dispone de los recursos suficientes para cumplir con sus compromisos. Se lo digo en el bien entendido de que el Grupo Parlamentario Popular está muy atento a la excitación de
nuestro celo en cuanto a la aprobación de los presupuestos. Espero que el Grupo Parlamentario Socialista sea también

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sensible a lo que usted ha manifestado en relación con la aprobación de los presupuestos, incluidos los de la CNMV. El señor Montero creo que también estaría muy de acuerdo en este sentido. (El señor Montero Soler: No, no, en absoluto.
No me meta en el combo, señor Floriano.-Risas). Le planteo esta cuestión de la suficiencia de recursos porque alguno de sus predecesores en el cargo ha manifestado que en la comercialización de las preferentes llegaron hasta donde pudieron llegar
con los medios que tenían, de lo cual se puede concluir que faltaron medios para haber evitado esa circunstancia o que no se hubiera provocado el efecto que, desgraciadamente, se produjo con la estafa a muchos inversores.


Le haré también alguna pregunta de carácter estratégico. Ha hecho referencia a los modelos de supervisión, pero ha habido una coincidencia general en la preferencia por un modelo de supervisión funcional, solvencia y conductas. ¿Qué le
parece a usted el modelo twin peaks, cuál es su opinión, y si deberíamos avanzar en ese sentido o no? Por último, en relación a las criptomonedas y las llamadas ICO, estaremos muy atentos al informe que van a elaborar sobre estas actividades. Y en
un momento dado a lo mejor no estaría de más que en la Comisión de Economía se celebrase una comparecencia para abordar este asunto, porque me parece que este Parlamento debe estar muy atento por las implicaciones que pueden derivarse y por la
necesaria protección que debe haber para los inversores.


Por mi parte y de momento nada más. Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Floriano.


Por el Grupo de Esquerra Republicana, señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señor Albella, y también, cómo no, a la presidenta, a la Mesa y al resto de diputadas y diputados.


Usted asume su cargo justo hace poco más de un año por lo que para nosotros, para Esquerra Republicana, usted en estos momentos seguramente es quien puede expresar con más neutralidad aspectos del pasado, del presente y obviamente también de
futuro. Por tanto, no dejaré que se escape usted sin que me hable del pasado, aunque sí que ha aludido a él en algún momento porque creo que es importante. Evidentemente el pasado nos ha traído muchas consecuencias. Lo que pasó y lo que ha pasado
ha traído consecuencias y por eso estamos en esta Comisión, intentando analizar qué es lo que pasó y si hay posibilidades de mejorar aquellas cuestiones que nos han llevado donde nos han llevado.


Empezaré con una cuestión que he ido planteando a las personas que han tenido responsabilidades en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que van en relación con el propio reglamento, entre cuyos objetivos está una correcta formación
de los precios, así como la protección de los inversores, sean del tamaño que sean, medianos, pequeños, individuales, colectivos. Nuestra sensación en Esquerra Republicana, y así lo he expresado a otros comparecientes, es que la Comisión Nacional
del Mercado de Valores ni lo uno ni lo otro y a veces ni a medias ni entre medio. Por tanto, también podemos concluir o asegurar que la definición formación de los precios tampoco fue del todo correcta porque hubo quien maquilló cuentas, hubo
manipulaciones contables, etcétera. Por tanto, del pasado es evidente que aprendemos todos y es cierto que también la información ha ido mejorando y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ahora sí hay folletos informativos
de todas las emisiones de algunos de estos productos. También se nos decía ayer por la señora Rodríguez que se han diseñado procesos de mejora de la información de los inversores. Para nosotros esto es relevante en el papel que juega y debería
jugar la Comisión Nacional del Mercado de Valores para validar este tipo de folletos, este tipo de información. Usted ya ha aludido a ello. Luego ya me referiré también a la propia formación de los ciudadanos en materia inversora, etcétera. ¿Qué
propuestas plantea en este sentido, más allá de este genérico al que también yo creo que se ha referido usted?


En relación con las problemáticas vividas, creo que hay una cuestión que debemos poner encima de la mesa y que no hay manera humana de que me la terminen de responder, pero, como usted seguramente es el más neutral de todos, igual sí que
tengo suerte y me lo contesta con más tranquilidad. Se resume en si la Comisión Nacional del Mercado de Valores era consciente o no de que la mayoría de los integrantes -y esto ya se lo he dicho a todo el mundo por activa y por pasiva- del sistema
financiero español estaban cometiendo irregularidades en sus distintas modalidades, en muchos casos lesivas para los ahorradores y rayando el delito y algunas siendo una estafa a través de las preferentes y las obligaciones subordinadas.


La Comisión Nacional del Mercado de Valores debería haber evitado que miles de inversores perdieran sus ahorros. Es verdad que legalmente no podían ir más allá. Me parece que era el señor Floriano el que

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le decía que si podía o no podían o no tenían medios. En definitiva, pudieran o no pudieran, es verdad que podrían haber hecho otras cosas que no hicieron.


En este punto desde Esquerra Republicana entendemos que no cumplieron esos objetivos principales que el propio reglamento establece y, por tanto, esa función de informar y comunicar del elevado riesgo que suponían los instrumentos híbridos,
especialmente las preferentes y obligaciones subordinadas. Y es cierto también que existía algún documento, la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores ya lo decía en un documento del año 2011. Teniendo presente todo esto, ¿por qué cree que
se escondieron o no se actuó de una forma clara para la Comisión Nacional del Mercado de Valores? ¿Por qué esconder que se cometían determinadas anomalías en la negociación de productos híbridos? ¿Cómo cree usted que esto se debería evitar?


Usted también se ha referido a la necesidad de tener funciones de prevención, si no le he entendido mal, y no le he entendido mal. En este sentido, ¿cuál debería ser este modelo de función más preventiva?


En cuanto a la página 21 del documento que usted nos ha librado, le decía también que para nosotros es esencial, primero, el conocimiento, la difusión, la comunicación, la formación tanto de los ofertantes y, por tanto, del ofertante último,
como de los ciudadanos como posibles inversores.


Más allá de estos grandes trazos generales para concretar qué más podría hacer la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la siguiente pregunta sería: ¿Qué competencias y capacidades debería tener para poder, por ejemplo, inspeccionar,
detectar y sancionar o incluso trasladar a los correspondientes órganos jurisdiccionales, o en su caso al ministerio, público en el caso de que en esta labor inspectora, si usted cree que debería ser esta, se detectasen estas anomalías,
irregularidades, ilegalidades, etcétera?


Hay una cuestión a la que tampoco me han contestado y se la he preguntado también a las personas que le han precedido y que han tenido responsabilidades en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por tanto, como usted nada tiene que
ver con este pasado, pero sí con el presente y sí con lo que tiene que venir y como algunas de las primeras emisiones que se comercializaron en las participaciones preferentes estaban emitidas desde sociedades radicadas en las Islas Caimán, en un
paraíso fiscal, ¿usted podría aportar algún tipo de información u opinión al respecto?


La señora PRESIDENTA: Señora Capella, lleva siete minutos.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Usted también apuntaba, lo he leído en alguna información y me parece que fue cuando compareció aquí en el Congreso, una propuesta en la necesidad y en la exigencia a las empresas implicadas en casos de corrupción
que lo detallen en sus cuentas. Iría un poco más allá y le preguntaría: ¿Y podría ser exigible también que declaren las sedes de filiales que tienen en paraísos fiscales, por ejemplo? Sabe que hay empresas del IBEX que tienen declaradas ya 969
filiales en paraísos fiscales. ¿Podría ser posible una ampliación en este sentido? ¿Podrían adoptarse también medidas respecto a los intermediarios financieros que hayan tenido alguna vinculación y colaboración en la evasión, elusión y blanqueo de
capitales?


¿Podríamos también exigir que las multinacionales detallen dónde tienen el negocio y dónde tributan, el famoso country by country? En el caso de Bankia no se ha referido directamente, aunque sí se ha referido a las auditorías y también, a
la vista de lo que ha ido pasando, ¿quién debería auditar a las auditoras? Seguramente usted no me va a contestar esta pregunta, pero yo se la tengo que hacer.


En relación con el futuro, usted ya planteaba algunas cuestiones, aquello que no le parece, desde su punto de vista, razonable que se debería legislar según la música que suena y que se debería hacer de otra manera distinta. Existe un
informe de un grupo de académicos, igual lo conoce, de directivos y profesionales del sector financiero que se llama Propuestas de mejora de la regulación de la inversión financiera y los mercados, que es un documento coordinado por Xavier Puig, de
la Universitad Pompeu Fabra, y Oriol Amat, también de la Universidad Pompeu Fabra, y que además ha contado con la participación de profesores de distintas universidades, de la de Valencia, de Esade, de la Universitat de Barcelona y de IESE, y en las
que plantean, por ejemplo, varias cuestiones. No sé si lo conoce. ¿Lo conoce?


El señor ALBELLA AMIGO (Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV): ¿De qué fecha es? ¿Es moderno? ¿Es reciente?


La señora CAPELLA I FARRÉ: Sí, es reciente. No tengo la fecha, pero, en todo caso...


Algunas las planteaba el otro día el señor Segura y coinciden. Más proactividad para ayudar a cumplir la normativa; más cuestionarios circulares, por ejemplo, que aporten concreción y claridad a los productos

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que se ofertan; que los productos que se comercialicen sean lo más claros posibles, que contengan información clara dirigida a los consumidores, o iniciativas fintech. Creo que me ha dicho que no lo conocía.


El señor ALBELLA AMIGO (Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV): El documento no, pero me interesa.


La señora CAPELLA I FARRÉ: ¿No lo conoce? Pues ya no le formulo la pregunta y lo dejo porque no tengo el informe a mano y no puedo hablar por teléfono.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.


No le ha oído porque no conectó el micrófono, pero ha dicho que le interesa.


El señor ALBELLA AMIGO (Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV): Sí, me interesa.


La señora PRESIDENTA: Muy bien.


Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro.


El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Albella. Gracias por su presentación.


Como supervisor de conducta, ha dicho que la CNMV se tiene que encargar prioritariamente de la protección de los intereses de los inversores, especialmente de los minoristas. Pues bien, en esta Comisión que estudia la crisis, en relación
con la protección de los inversores nos ha preocupado especialmente la interferencia del poder político, tanto por intereses en los mercados financieros como por intereses partidistas, que los dos pueden haberse dado en distintas situaciones de la
crisis. Como hemos comentado otras veces, los mercados financieros son especialmente sensibles a la captura del poder político porque nada da tanto poder como el control del acceso a la financiación.


Sobre tres hitos de la crisis y la postcrisis me gustaría plantearle algunas preguntas. El primer hito es Bankia y le voy a preguntar tanto sobre su época como sobre las anteriores. Hemos conocido la opinión de comparecientes precedentes y
nos gustaría conocer también la suya. En Bankia hubo aparentemente dos fallos. El primero fue la fusión de Bancaja y Caja Madrid, las dos famosas manzanas podridas, con respecto a la que el señor De Guindos dijo que se forzaron voluntades. Nos
gustaría conocer, siempre de cara a futuro, la actuación de los supervisores en este ámbito, pero también en la salida a Bolsa. En esta ocasión fue el señor Rato quien dijo que concretamente el Banco de España no había participado en absoluto. Su
predecesora dijo que en el caso de Bankia no se pudo hacer nada con los instrumentos que había en ese momento y nos gustaría conocer su opinión.


El segundo hito es el de las preferentes. En este caso las dudas son diferentes: si los árboles de las normas concretas nos impidieron ver el bosque, más concretamente si impidieron a los supervisores ver el bosque. En concreto, cuando en
2009 se lanzan al mercado 13 000 millones en preferentes y de ellos nada menos que 3000 provienen de Caja Madrid, la pregunta es obvia: ¿Había suficientes inversores profesionales para absorber esta cantidad de preferentes? Parece obvio que no. Y
en ese caso, ¿no habría sido razonable para el supervisor alertar al Ministerio de Economía y decirle que se estaba comercializando mal? El hecho de que no se hiciera, como admitió el señor Segura, hizo que España haya sido el único país en el que
este fenómeno de la comercialización a minoristas se ha producido.


El tercer hito es el Popular, obviamente. Se han hecho aquí unas preguntas que nos parecen pertinentes y nos gustaría insistir. Se ha preguntado por la posibilidad de prohibir la operativa de ventas en corto y quisiéramos que nos detallara
un poco más las posibilidades, si se evaluaron los riesgos. Ha manifestado en relación con las investigaciones sobre las ventas a corto que se efectuaron cuáles eran los niveles y nos gustaría saber si se estaban produciendo en esos momentos, si
son posteriores o cómo se dieron. Salió en prensa que algunos consejeros del Popular dijeron que se había pedido a la CNMV que se prohibieran y quisiéramos saberlo.


En torno a estos tres hitos le hago una serie de preguntas muy rápidas que se concentran en dos cosas básicas. En primer lugar, la independencia. Ayer preguntamos a su antecesor si su nombramiento se hizo conforme a la ley. Hubo un
dictamen de conflicto de intereses y se cumplió la Ley 5/2006, pero resulta llamativo que una persona con un perfil de un partido pasara sin solución de continuidad a presidir

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el organismo, así que ahí van las preguntas. ¿Cómo cree que se pueden garantizar o mejorar la independencia de los reguladores? ¿Cómo se puede evitar esa interferencia política? ¿Y cómo se puede dotar de independencia orgánica y funcional
a estas autoridades independientes? ¿Se debería exigir un cursus honorum específico para la CNMV, concretamente una carrera en mercados financieros, puesto que es un conocimiento muy específico, no solo económico, sino también legal y técnico? ¿Le
parece buena idea que sean elegidos entre personas de reconocido prestigio, con más de diez años de experiencia profesional en mercados financieros? ¿Añadiría alguna otra? ¿Cómo se podría mejorar el procedimiento de selección? Todo esto en cuanto
a independencia. Y por lo que se refiere a herramientas, ¿coincide en que con las herramientas que había en el momento de la crisis no se pudo hacer más, como han dicho sus antecesores? Ha manifestado que la Autoridad independiente de protección
del consumidor no le gusta especialmente y lo lamentamos porque es una propuesta que hemos hecho nosotros, pero ¿cómo se podrían reforzar los servicios de reclamaciones y de protección de los supervisores de banca, de valores y seguros? ¿Le
parecería buena idea establecer contratos-tipo de servicios financieros, por ejemplo de hipotecas? ¿Qué otras medidas se podrían llevar a cabo -nos ha detallado algunas- para evitar fraudes a los consumidores justificados en la letra pequeña?
Básicamente, queremos saber cómo avanzar en la transparencia bancaria. Todo es en torno a lo mismo, es decir, cómo mejorar la independencia de los organismos y cómo reforzar las herramientas. Con esto me doy por satisfecho.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Navarro.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Montero.


El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, señora presidenta.


Bienvenido, señor Albella. Me voy a centrar en su periodo de negociado porque siempre es interesante conocer sus opiniones, pero la resolución del Banco Popular merece toda la atención de esta Comisión y, más allá de conocer sus opiniones
de cara a prevenir ese tipo de acontecimientos en el futuro, como usted es una persona suficientemente válida por su propia cualificación, pero también por la posición institucional que ocupa, puede ofrecernos luz sobre determinadas cuestiones que
siguen estando excesivamente oscuras. Que se haya producido la resolución de un banco de esta naturaleza, que todavía sigamos cuestionándonos si había problemas de liquidez o si fue un problema de solvencia y por qué no se intervino de una manera o
de otra, son cuestiones sobre las que usted puede aportarnos luz y eso es importante.


Algunas cuestiones ya las han planteado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero voy a tratar de remarcarlas. La primera tiene que ver con las posiciones a corto. Si el problema que planteaba el Banco Popular era
un problema de liquidez y, por lo tanto, no había un problema de solvencia, la prohibición de las ventas a corto hubiera supuesto una protección añadida, que además habría venido a reforzar la protección durante el proceso de ampliación de capital
que el Banco Popular tenía en curso. De hecho, es básicamente lo que ustedes hicieron con Liberbank, proteger, en un determinado momento en que se produce una caída de la cotización de las acciones, prohibiendo las ventas a corto y, a continuación,
prorrogar para proteger el proceso de ampliación de capital. ¿Por qué no se hizo exactamente lo mismo en el caso del Popular existiendo una voluntad de ampliación de capital en los meses siguientes para solventar las dificultades que tenía el banco
en ese momento?


En segundo lugar, hay una pregunta que ya le han hecho pero se la formulo de forma directa. ¿Hubo consejeros del Banco Popular que pidieron a la CNMV que prohibieran las ventas a corto? Eso se responde con un sí o con un no. En tercer
lugar, uno de los objetivos clave de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es proteger la correcta formación de los precios en el mercado secundario. Eso lo sabe usted mejor que yo, porque es a lo que se dedica día a día. ¿Cree que cumplió
durante todo el periodo, especialmente durante los primeros seis meses de 2017, esa función con respecto a la cotización del Banco Popular, al margen de lo que ocurrió con las declaraciones infortunadas de todo el que pasaba por allí, desde el
presidente hasta la presidenta de la JUR?


En cuarto lugar, ¿está llevando la Comisión Nacional del Mercado de Valores investigación acerca de si hubo un uso de información privilegiada, con respecto a las acciones del Banco Popular? Y, en concreto, ¿ha iniciado algún tipo de
investigación con respecto a la retirada sorprendente de depósitos por parte de las administraciones públicas la semana anterior, que contribuyeron de forma decisiva, al parecer, a agravar la crisis de liquidez del Banco Popular? Es sorprendente.
Por último, ¿dónde está el informe de

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las posiciones bajistas de la Agencia Kroll sobre el Banco Popular? ¿Se lo ha pedido la Audiencia Nacional? ¿Se lo han entregado ustedes a la Audiencia Nacional? ¿No se lo han entregado? ¿Existe? ¿No existe? Yo creo que existe y que el
ministro de Economía sí que lo ha visto, pero a los demás nos gustaría verlo.


Para finalizar y no hacer muy extensa intervención, aunque sí quisiera respuestas a todas las preguntas, hay otra cosa que me resulta sorprendente porque también cae dentro de su negociado, que es la emisión de los bonos de fidelización del
Banco Santander; unos bonos de fidelización que el propio folleto reconoce como un producto complejo y que, como tal producto complejo, no pueden ser aptos para colocarlos a cualquier tipo de inversor. Sin embargo, han sido colocados a inversores
secuestrados por la expropiación de las acciones de las que eran propietarios en el Banco Popular, y que se han visto abocados a asumir esos bonos de fidelización a cambio de no ir a procesos judiciales contra el Banco Santander. ¿La Comisión
Nacional del Mercado de Valores no tenía que haberse opuesto a esa colocación en virtud de que vulnera las directivas ESMA y Mifid II? ¿O simplemente porque los inversores hayan firmado un papelito en condiciones casi de obligatoriedad y coerción
ante la pérdida su patrimonio quedan exculpadas las instituciones que deberían velar por que a los inversores que no deben acceder a productos complejos se les hayan colocado como productos complejos?


Muchas gracias, señor Albella.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Montero.


Vamos a hacer un receso de diez minutos para que puedan agruparse las preguntas y prepararlas. (Pausa).


Reanudamos la Comisión. Tiene la palabra el señor Albella para dar respuesta a los portavoces.


El señor ALBELLA AMIGO (Presidente de la Comisión Nacional Del Mercado De Valores, CNMV): Muchas gracias.


Ha sido un aluvión de preguntas pero voy a intentar responder a todas ellas, aunque es posible que lo haga combinándolas. El portavoz del Grupo Socialista, Gonzalo Palacín, me ha hecho un conjunto de preguntas empezando por una relativa a
las deficiencias o defectos que he podido detectar en este primer año en relación con cómo se ejerce la función de supervisión por parte de la CNMV. La verdad es que aquí mencionaría dos cosas. No hay que dramatizar acerca de la insuficiencia de
medios, porque creo que la CNMV es un organismo razonablemente dotado. Contamos con 420 personas y la verdad es que en general son medios humanos de un buen nivel técnico, con mucha experiencia. Creo que es una máquina valiosa y que funciona muy
bien, pero, aun así, realmente hemos advertido algunas insuficiencias. Sobre todo, el paquete Mifid entraña una avalancha de nuevas competencias; supervisamos a las grandes entidades financieras en la comercialización de productos entre más de
diez millones de clientes, como decía en mi intervención, y la verdad es que hay que tener una cierta masa crítica. Creo que necesitamos complementar nuestros medios en ese sentido, pero, como decía, estoy contento porque creo que estamos
consiguiéndolo gracias al apoyo recibido. No obstante, diría que tenemos que reforzarnos en medios.


Luego, sin que en ello se quiera ver una crítica, creo que es importante insistir en que los supervisores tenemos que ser incisivos y tenemos que aplicar un principio de escepticismo muy marcado a la hora de ejercer nuestras funciones.
Algunos de los grandes problemas que se han presentado en este país desde el punto de vista de la protección de los inversores se deben a que han surgido fenómenos o situaciones que no se sabía muy bien si correspondían a un supervisor o a otro y ha
faltado un poco de bravura a la hora de enfocarlos. Por supuesto, somos una Administración pública y estamos sujetos al principio de legalidad, pero yo siempre digo -y mis colaboradores en la CNMV lo saben- que a las cosas hay que echarles
proactividad y cierta bravura, y por supuesto aplicar ese principio de escepticismo de modo muy radical.


También se me ha preguntado por temas relacionados con el Banco Popular, que todo el mundo hablaba de que era solvente pero, de repente, en un momento dado el banco quebró. Enlazando con una pregunta que me ha hecho el señor Montero sobre
solvencia y liquidez, es obvio que el problema esencial del Banco Popular fue un problema de liquidez -yo no tengo ninguna duda-, con independencia de que un problema como el vivido por el Banco Popular nunca viene solo y evidentemente el negocio
del banco no estaba en buena forma y probablemente había también cuestiones patrimoniales envueltas, pero realmente lo que determina la crisis final del Banco Popular en mi opinión es claramente un problema de liquidez; por cierto, un problema que
ha puesto de manifiesto una de las deficiencias del sistema de

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resolución, que se ha visto que es un sistema sin mecanismos suficientes como para resolver problemas esencialmente de liquidez, y no soy yo el primero que dice esto.


En relación con la información privilegiada y los depósitos, evidentemente es un aspecto que se sale de mi negociado. Lo que nosotros supervisamos es la información privilegiada en la medida en que puede ser utilizada ilegítimamente para
comprar o vender valores. Lo único que puedo decirles es que mi impresión es que no necesariamente ahí ha habido problemas de información privilegiada. Retirar depósitos de entidades bancarias es una de las cosas más fáciles que se pueden hacer,
incluso puede requerir simplemente pulsar la tecla de un ordenador, y en un contexto de nerviosismo acerca de la situación de una entidad financiera no hay que tener grandes informaciones privilegiadas para adoptar decisiones de ese tipo. O sea que
se puede explicar perfectamente la retirada masiva que hubo de depósitos sin necesidad de recurrir a que quienes lo hicieron tenían información privilegiada concreta sobre la evolución de los depósitos, las tensiones de liquidez, etcétera.


Tengo aquí una pregunta sobre las ventas en corto y por qué bajaron en los últimos días. Lo que bajó fueron las posiciones cortas; también las ventas en corto en el sentido de que predominaron las compras de los cortistas. Pero bajaron
las posiciones cortas porque en algún momento los cortistas tienen que deshacer las posiciones cortas. Los cortistas, como saben, son inversores o participantes en el mercado que lo que hacen es vender valores habiéndolos tomado a préstamo como
modalidad, digamos, más típica; entonces se quedan deudores de valores y en un momento dado tienen que comprar valores para cerrar la posición. Típicamente en un momento en el que se produce una bajada significativa de la cotización puede haber
más actividad en el sentido de deshacer posiciones. Probablemente es lo que se produjo esos días. Pero también la observación de que en esos momentos las posiciones cortas estaban bajando y estaban contribuyendo en sentido comprador hacía menos
pertinente o menos necesario que en otros momentos o en otras situaciones el pensar en una prohibición.


Diferencia entre lo que hicimos en Liberbank y el Banco Popular. En el caso del Banco Popular la cotización evolucionó de un modo bastante estable y que además se explicaba muy fácilmente con las noticias negativas acerca de la marcha de la
entidad que se iban suscitando. Efectivamente ha llamado la atención el señor Montero sobre un tema interesante, la posibilidad de utilizar las prohibiciones de las posiciones cortas para proteger ampliaciones de capital en curso. De hecho, desde
2012 en Europa solo ha habido cuatro prohibiciones de posiciones cortas referidas a entidades concretas, cuatro o cinco entidades griegas en una ocasión y una entidad de crédito griega y dos casos en Italia. Y en todos los casos se adoptaron esas
prohibiciones una vez que la entidad había anunciado y puesto en marcha un proceso de ampliación de capital. O sea que efectivamente es el caso típico en el que se han utilizado las prohibiciones. En el caso del Banco Popular se sabía que el banco
estaba buscando algún tipo de solución, que podía ser una fusión, podía ser una compra o podía ser una ampliación de capital, pero no se produjo ningún anuncio de una de estas operaciones en concreto y realmente no consideramos que estuviéramos en
la situación típica, que por cierto tuvimos en cuenta; de hecho, en un momento dado tuvimos preparados los papeles para el caso de que el Banco Popular hiciera pública una ampliación de este tipo. Pero pasaban las semanas, pasaban los meses y
simplemente estaban abiertas todas las posibilidades pero no había ninguna operación que proteger en concreto. Y respecto a las noticias que hubo relacionadas con las declaraciones de la presidenta de la Junta Única de Resolución, efectivamente
fueron relevantes en el sentimiento del mercado con respecto al Banco Popular, pero la verdad es que se produjeron en unas fechas en las que concurrieron con otras noticias también muy relevantes. Por ejemplo, hubo noticias de prensa especialmente
alarmistas sobre la situación del Banco Popular; hubo en ese momento también parte de esas rebajas de rating a las que me he referido; hubo la salida del índice de Morgan Stanley que he mencionado. En fin, fueron unos meses, y sobre todo los 15
últimos días de mayo, muy intensos y yo creo que todo contribuyó. Y esa noticia, desde luego, fue especialmente desafortunada.


Que si las cajas deben cotizar. Yo, la verdad, creo que es bueno en general que las empresas coticen. De hecho, yo suelo predicar con frecuencia sobre las bondades de la cotización; desde luego, desde el punto de vista de los intereses
públicos yo creo que todo son ventajas y desde la perspectiva de las empresas concretas los pros suelen superar a los contras, y esto creo que es aplicable también a las entidades financieras. Pero les digo también que el sistema de resolución que
tenemos, con ese defecto en relación con el problema de la liquidez y la posible contribución de una evolución muy negativa de la cotización al nerviosismo y a potenciales tensiones de liquidez, me invitaría a responder: sí, pero mejórese el
sistema de resolución para mitigar de algún modo la posible contribución negativa de situaciones

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excepcionales de la cotización en términos de tensiones de liquidez en las entidades financieras. Pero yo creo que sí, que es bueno que las entidades financieras coticen.


También me ha preguntado el señor Palacín sobre Mifid II y si están preparadas las entidades financieras. La verdad es que creo que las entidades financieras españolas en general han hecho un enorme esfuerzo para adaptarse al nuevo marco de
Mifid II y nosotros hemos estado también muy activos produciendo todo tipo de guías de preguntas y respuestas para aclarar dudas y hemos advertido en todo momento una gran receptividad, un gran interés. Les remito en particular a un comunicado que
hicimos el día 2 de enero, justo el día anterior a la fecha clave de aplicación de la directiva, en el que entre otras cosas relacionamos todo lo que hemos producido en la CNMV -guías, orientaciones, preguntas y respuestas- en relación con Mifid II.
Yo creo que el esfuerzo ha sido grande; en nuestro país, aún tardará unos meses en entrar en vigor todo porque, como saben, aunque una parte ya está traspuesta y una buena parte de Mifid II es de aplicación directa y por lo tanto ya ha entrado en
vigor de modo directo, hay otra parte que está en un proyecto de ley que va a llegar en breve al Parlamento. Pero yo creo que el nivel de adaptación ha sido muy relevante. De hecho, en ese comunicado una de las cosas que hacemos es llamar la
atención sobre que gran parte de Mifid II, a pesar de que aún no haya sido traspuesto por completo en nuestro país, ya es de aplicación, y animar a las entidades a preaplicar todo aquello que puedan preaplicar porque en muchos aspectos Mifid II no
es sino una profundización de los principios que ya existían con anterioridad y aplicar las reglas de Mifid II no quiere decir ir en contra de la normativa anterior, sino simplemente aplicarla con mayor rigor. En ese comunicado también invitamos a
las entidades a hacer lo posible para anticipar la aplicación. Es un comunicado cuyo contenido discutimos con las entidades en su momento y que las entidades nos pedían precisamente porque tenían todo preparado y querían el 3 de enero empezar a
funcionar ya en un entorno Mifid II incluso antes de que la trasposición estuviera completa.


La responsabilidad en la comercialización de los empleados ligada a todas estas nuevas exigencias de formación de las redes. Desde luego, yo creo que en esto los empleados de las entidades no han empeorado en modo alguno. Los únicos que
han empeorado -por utilizar esta palabra de un modo un poco impropio- son las entidades, que ahora tienen la obligación de formar a sus empleados, que es casi una obligación de resultado. O sea, tienen que asegurarse de que sus empleados están
debidamente formados para vender los productos que venden. La posición de los empleados yo creo que es más o menos la misma, el problema es de las entidades.


Plazos de resolución de los expedientes sancionadores, publicidad de las sanciones y en qué medida la longitud de estos plazos afecta al sentido coercitivo de las sanciones. Efectivamente, los plazos de tramitación o resolución de los
expedientes sancionadores en el ámbito financiero, no solo los de la CNMV, son demasiado largos y nosotros hemos adoptado medidas para acortarlos y de hecho hemos modificado el procedimiento. Tradicionalmente estábamos aplicando el procedimiento
estándar típico de siempre de apertura, pliego de cargos, propuesta de resolución, dos audiencias a los interesados, etcétera, y hemos modificado el procedimiento -nos ha dado pie para hacerlo la nueva Ley de Procedimiento Administrativo de 2015- y
hemos excluido la doble audiencia. Ahora lo que hacemos es abrir el expediente y, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados aleguen en cualquier momento, ir a la propuesta de resolución, obviamente tramitando lo que haya que tramitar
en términos de diligencias. Pero hemos eliminado un periodo de audiencia y creo que eso se va a notar. Además, también hemos aplicado el sistema de ofrecer el cierre del expediente planteando las sanciones que podrían imponerse en el acuerdo mismo
de iniciación y admitiendo que el interesado acepte su responsabilidad y pague, en cuyo caso recibe el beneficio de una rebaja que puede llegar al 20 % y en algunos casos al 40 %. Eso está funcionando. Hay algunos expedientes sancionadores en que
los interesados han aceptado pagar desde el principio y entonces dedicamos nuestros medios a otras cosas. En este aspecto hemos introducido ya una mejora muy significativa. Y hay otro tema aquí que es el de la publicidad de los expedientes
sancionadores en el momento de su incoación. Ahí, en el año 2015 hubo una reforma legal que nos permitía dar publicidad y lo que hemos hecho también este año ha sido establecer una serie de criterios que se aprobaron por el Consejo de la CNMV para
hacer uso de esa posibilidad; les reconozco que hasta este momento no los hemos aplicado, pero tenemos en mente aplicarlos en breve. De todas maneras, la publicidad llega y todos ustedes habrán visto en prensa de vez en cuando una relación de
sanciones impuestas por la CNMV y yo diría que nunca es tarde si la dicha es buena, pero estamos haciendo un esfuerzo para que haya más proximidad al momento de la apertura de los expedientes y al momento en que se han producido las infracciones.

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Paso a contestar a don Carlos Floriano. Le agradezco lo que ha dicho con respecto a la intervención por escrito. En cuanto a si echamos en falta algo en relación con los cambios regulatorios, la verdad es que ahora estamos en un momento un
poco especial desde el punto de vista de oportunidad para pedir, para plantear cosas que echamos en falta precisamente porque está el anteproyecto de ley de trasposición de Mifid y de algunas otras directivas que, como saben, se ha planteado como
una nueva ley del mercado de valores, aunque en realidad es una modificación únicamente de un 40 % de sus preceptos, pero digamos que por razones técnicas es una nueva ley del mercado de valores, y ahí hemos estado muy atentos al proceso y, a través
del Ministerio de Economía, hemos hecho múltiples propuestas; por ejemplo, que se aclare el mecanismo de auxilio judicial con el que podemos contar con ocasión de nuestras inspecciones, etcétera, que no está suficientemente claro y a veces tenemos
dificultades para conseguir la colaboración de un juez allí donde no podemos llegar nosotros. Es decir, colaboración en nuestras actuaciones. Por ejemplo, que se nos restituyan las facultades, con intervención judicial, de acceso a registros de
datos telefónicos; por ejemplo, que se nos dé acceso al fichero central de titularidades del Sepblac para no tener que ir en busca de cuentas, de efectivo o valores, y tener que dirigirnos a las cincuenta entidades financieras en las que puedan
estar las cuentas, sino tener ahí el dato y ya ir a la entidad financiera en la que el interesado a quien estemos investigando tiene sus activos financieros.


En relación con el tema de las posiciones cortas, estamos siendo muy activos a nivel de ESMA. Se ha dado la circunstancia de que estos meses ha habido una consulta pública sobre posibles retoques en la normativa europea en relación con las
ventas en corto, sobre posiciones cortas; por cierto, que ha sido una consulta lanzada por la Comisión Europea muy modesta en el sentido de proponer retoques menores y no poner en duda la estructura del sistema, que es una estructura favorable a la
operativa en corto, aunque se prevean ciertas posibilidades, en términos muy restrictivos, de prohibición. La verdad es que nosotros hemos estado muy activos a nivel de ESMA proponiendo que mejore el nivel de transparencia de la operativa en corto,
porque ahora hay que informar a los supervisores de las posiciones en corto cuando se llega a determinados umbrales -el 0,2 % del capital- y cuando se sobrepasa el 0,5 % no solo hay que comunicarlo a los supervisores sino que se hace pública la
posición corta de modo inmediato. Nosotros aquí, en España -y esto es algo que viene de los años 2012 o 2013-, hacemos públicas quincenalmente las posiciones cortas agregadas, las que resultan de esas comunicaciones del 0,2 %; somos los únicos en
Europa que lo hacemos y creo que está muy bien hacerlo porque damos una señal al mercado de cuál es el nivel de actividad en las posiciones cortas. Como digo, estamos pidiendo más transparencia y nos gustaría que eso fuera a nivel europeo. Por
ejemplo, estamos pidiendo más transparencia en cuanto a las posiciones cortas de los llamados market makers, que están exceptuados de las obligaciones de comunicación; queremos que estén obligados a comunicar, aunque sea solo al supervisor, que
sean más transparentes con el supervisor. Esto es por citar algunas cosas respecto a las que tenemos inquietud y que estamos tratando de que la legislación española o europea las acoja.


El señor Floriano también ha estado hablando de si tenemos suficientes recursos. En relación con los medios personales -ya lo he dicho- me gustaría destacar como experiencia de mi primer año que me he encontrado un nivel técnico y de
experiencia en la casa realmente notable. La Comisión Nacional del Mercado de Valores es una institución consolidada, que es muy valiosa por lo que hay ahí en términos de know how y en términos de capacidad técnica. Me gustaría transmitirlo porque
a veces conviene reformar las cosas pero lo primero que hay que hacer es conservar las cosas que realmente pueden funcionar bien y ser útiles. Ese mensaje me gustaría que quedara muy claro. El tema de los recursos tiene otra área en la que
nosotros nos sentimos con más capacidad, porque en todo el tema de medios humanos estamos muy sujetos a la normativa de control de los medios humanos de la Administración, así como en materia de retribuciones. Ahí estamos, la verdad, con un esquema
mucho más rígido que, por ejemplo, el del Banco de España; nos gustaría tener un régimen más flexible, pero comprendemos que hemos vivido unos años de grandes restricciones y que de algún modo esas restricciones hay que comprenderlas; esperemos
que ahora cambie un poco el panorama. Pero, como decía, hay otro aspecto de los recursos que es, sobre todo, la inversión en tecnologías, tecnologías que desde el punto de vista de la supervisión cada vez son más relevantes; cada vez es más
importante, por ejemplo, la negociación de alta frecuencia, la negociación algorítmica; la importancia de los medios informáticos y tecnológicos en la supervisión es absolutamente crucial. La verdad es que nuestro nivel de dotación es razonable,
pero tenemos que estar haciendo un esfuerzo continuo y decía que tenemos más flexibilidad porque nos financiamos con tasas del mercado, como saben ustedes, y en lo que no se refiere a medios humanos el control al que estamos sujetos es el de nuestro
presupuesto, que se aprueba junto con los Presupuestos Generales del Estado y

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junto con los de otros organismos. Pero dentro de ese marco no hemos sentido dificultades y, desde luego, tenemos el empeño de seguir apostando por ello, aunque ahí hay un movimiento bastante potente de tratar de conseguir sinergias a nivel
europeo y que no todas las comisiones de valores tengamos replicados los mismos sistemas de almacenamiento de información o de alarmas para perseguir el abuso de mercado sino buscar fórmulas para aunar esfuerzos y que a lo mejor parte de esos
sistemas estén de algún modo administrados centralizadamente desde ESMA aunque sean sistemas que estén al servicio de las comisiones locales.


También ha mencionado el señor Floriano -cosa que le agradezco- el mundo de las criptomonedas y de las ICO. Es un mundo respecto al que personalmente y en la CNMV estoy extraordinariamente sensibilizado y muy preocupado. Hay dos fenómenos
aquí: uno, que está vivísimo, que es la compra de criptomonedas por inversores minoristas. Hemos identificado que se produce fundamentalmente a través de dos canales: a través de la venta de CFD, de nuevo los contratos por diferencias, pero en
este caso vinculados al mercado del bitcóin o de la criptomoneda de que se trate y a través de lo que podría parecer una venta directa, pero que no lo es, y por eso me preocupa especialmente, que son plataformas no reguladas, no registradas, que
ofrecen la compra de criptomonedas a aquel que lo desea a través de ellas. Esas plataformas lo que hacen es confirmarle al inversor que han comprado criptomonedas por su cuenta, pero el inversor no tiene las criptomonedas a su nombre en los famosos
monederos del blockchain, sino que son esas plataformas las que se supone que compran las criptomonedas y las mantienen ahí para hacer honor a la palabra que dan a quienes compran criptomonedas a través de ellas, en el sentido de que han comprado
por cuenta de los inversores. Estoy muy preocupado con este tema. De hecho hemos lanzado de común acuerdo con el Banco de España un grupo de trabajo, que ha empezado a funcionar hoy, que tiene por objeto analizar la situación de estos fenómenos y
de otros que pueda haber y ver cómo lo tratamos, si es que tenemos herramientas suficientes para tratarlo ya, o qué propuestas normativas hacemos para que no haya agujeros normativos. Porque, como decía -me parece que ya lo he comentado-, uno de
los problemas que ha habido históricamente en España -pienso por ejemplo en el caso de los sellos- ha sido que ha habido fenómenos de captación de ahorro del público que se han tratado de escapar del perímetro regulado y supervisado. Al final, como
no era una captación de fondos típicamente bancaria y no era una captación de fondos a través de valores, los unos por los otros, la casa sin barrer. Creo que tenemos que estar muy alerta en relación con este tipo de fenómenos para que no se vuelva
a producir lo mismo.


El fenómeno de los ICO es también un poco parecido, aunque afortunadamente creo que es más incipiente. Los ICO, captación de fondos para empresas o venta de servicios futuros en vales, los famosos tokens, a través de mecanismos de registro
ligados al blockchain. Como estos no son títulos valores ni valores representados por medio de anotaciones en cuenta, no son valores y usted, supervisor, no tiene nada que ver. Estoy absolutamente en contra de ese tipo de aproximaciones. Desde
luego, la inclinación inicial que tenemos en la Comisión es que ese tipo de captaciones de fondos, en la medida en que respondan a una lógica de captación de inversión, que puede haber fenómenos que no encajan exactamente en eso, deberían estar
sujetos a las mismas reglas de protección que la captación de fondos a través de valores. Esto que parece muy sencillo es muy discutido por la comunidad que se dedica a este tipo de cosas incluso por algunos supervisores que tienen una aproximación
más abierta.


A este respecto es por ejemplo muy interesante una declaración del presidente de la SEC, de la Comisión de Valores Norteamericana que les recomiendo lean, del pasado día 13 de diciembre, que resume de un modo muy estructurado y da una serie
de consejos muy interesantes. Hemos decidido estos días precisamente traducirla, aunque sea una cosa un poco rara, el colgar de nuestra web un documento de un supervisor distinto de nosotros, pero la verdad es que está tan bien que la vamos a
colgar, por supuesto en versión inglesa y en versión española, ya saben que en la CNMV colgamos todo también en versión inglesa. Les recomiendo que la lean, porque es muy interesante para situarse en relación con el problema. Es un statement, una
declaración del presidente de la SEC, que se llama Clayton, y que está muy bien, que es fenomenal. Entrando en la SEC se ve enseguida y lo vamos a tener traducido al español en un par de días.


En cuanto a la señora Capella, ha insistido en preguntarme por el pasado. Soy el presidente de la CNMV y me resulta bastante incómodo. En fin, no soy un ciudadano normal, tengo mis opiniones, pero francamente preferiría no referirme al
pasado. No quiero referirme por dos razones: primero, por respeto a quienes me han antecedido en este cargo, a quienes de verdad aprecio y considero que hicieron muchas cosas positivas a su paso por la comisión; también por respeto a los técnicos
y a los directivos de

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la CNMV, que estoy convencido de que también hicieron sus mejores esfuerzos para ejercer las facultades que en aquellos momentos les otorgaba la legislación. Creo que, como mínimo, las cosas hubieran ido mucho peor si la Comisión no hubiera
hecho todo lo que hizo que, por cierto, podrán ver en este documento al que me he referido y del que he dejado ejemplares al principio de mi comparecencia.


¿Qué se puede hacer más en formación?, me decía la señora Capella, por pasar ya a un ámbito de presente o futuro. La verdad es que se puede hacer mucho más. Entiendo que se refería sobre todo a la formación de las redes. El salto que
hemos dado este año ha sido impresionante. Como probablemente saben, tenemos ya treinta entidades que han presentado programas de formación que nosotros hemos validado por reunir los requisitos del Mifid II, entre ellas universidades, pero también
entidades privadas de perfil distinto. La comunidad financiera española está realmente revolucionada este año con ese tema y este año está siendo el año del gran salto. ¿Se puede hacer más? Pues sí, ahora lo que tenemos que hacer es supervisar
que efectivamente las entidades han dado sus programas de formación a sus empleados, a quienes están en las redes de venta y, por supuesto, vamos a ser rigurosos en eso.


Se refería también a la información sobre temas sociales, temas de anticorrupción, trato de los empleados desde el punto de vista de los derechos humanos. En relación con eso la verdad es que este año también ha habido una modificación
normativa muy importante, porque mediante un decreto ley se ha incorporado la directiva sobre la información no financiera, que precisamente se refiere a estas cosas. A partir precisamente de 2018 las empresas cotizadas -y entiendo que las
entidades de interés público, en fin, las empresas de cierto tamaño- van a tener que informar en un informe separado dentro del informe de gestión de todos estos aspectos. Ahí va a haber un avance muy significativo que se va a ver.


En cuanto a las empresas y casos de corrupción, desde la CNMV nuestra aproximación a este tipo de problemas es una aproximación de información. Nosotros lo que queremos es que las empresas que tengan problemas de este tipo tengan informado
debidamente al mercado, porque son cuestiones que pueden afectar a su cotización y que el mercado y los inversores deben conocer. Estamos desde luego sensibilizados en relación con el tema. La propia normativa contable ya obliga en la memoria a
destacar situaciones que constituyen riesgos especiales para las entidades.


Ha habido aspectos por los que me ha preguntado la señora Capella, como el del principio de que las multinacionales paguen el país en el que desarrollen su negocio. Yo creo que excede un poco del ámbito de mi negociado, aunque siempre es
interesante el oír estas cosas. Por cierto, le agradezco que me haya facilitado este documento con propuestas que, desde luego, leeré con muchísima atención.


El señor Navarro, de Ciudadanos, me ha hablado del problema de las interferencias del poder político en relación con los reguladores. Tengo que decirle que este año me he sentido muy cómodo en este sentido, incluso estos días en relación
con una famosa operación pendiente de autorización. Y me he sentido cómodo porque creo que aquí cada uno tenemos nuestra misión; yo soy el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esta tiene su misión, y entiendo que haya otras
áreas de la Administración que puedan estar preocupadas desde otras perspectivas. Nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer sin dejarnos interferir. Creo que todo ha sido bastante correcto. A nosotros nos han requerido para que dejáramos
sin efecto una autorizaciones. Por tanto, quiero transmitir que desde esa perspectiva me he sentido muy cómodo durante todo este año.


El señor Navarro también ha mencionado la posibilidad de prohibir las operaciones en corto. Como saben, las operaciones en corto están reguladas a nivel europeo, hay un reglamento del Parlamento y del Consejo que es permisivo con este tipo
de operaciones, cosa que por cierto es bastante razonable porque no conozco ningún mercado desarrollado que no lo sea. En situaciones muy excepcionales vinculadas a casos en los que haya grave amenaza a la estabilidad financiera en un Estado
miembro o en el sentido de desorden en el mercado, ese reglamento establece la posibilidad de prohibir temporalmente las operaciones a corto. Como he comentado, recientemente hemos hecho uso aquí en España de esa posibilidad en relación con
Liberbank. Por cierto, aprovecho para contestar la pregunta sobre por qué se prohibieron las posiciones cortas en el caso de Liberbank y no en el caso del Banco Popular. En el caso de Liberbank en un primer momento prohibimos las posiciones cortas
porque todo apuntaba a que la evolución extraordinariamente negativa y brusca de la cotización que se produjo justo los dos días que siguieron a la resolución del Banco Popular, era consecuencia del nerviosismo generado en el mercado por la
resolución del Banco Popular. Es decir, era producto de una causa exógena y no guardaba relación con la información que el mercado tenía o, incluso, la que podíamos tener los supervisores sobre Liberbank en aquel momento. Se nos planteó la
posibilidad de prohibir las posiciones cortas, nos pareció razonable hacerlo en esas circunstancias, y la verdad es que produjo un efecto positivo en la cotización

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en el sentido de que contribuyó a que amainara esa ola de nerviosismo un tanto irracional que se había puesto en marcha. Después prorrogamos las posiciones cortas, como bien ha dicho el señor Montero, en atención a que ya estaba en marcha
una operación concreta de ampliación de capital. Digamos que nos situamos en el caso típico en el que ha habido prohibiciones de posiciones cortas en relación con entidades financieras en otros países, como he explicado antes. El señor Navarro me
pregunta también si hubo consejeros del Banco Popular que pidieran a la CNMV prohibir las posiciones cortas. Durante mi mandato, que es sobre lo que yo puedo contestar, tajantemente no. Ningún consejero del Banco Popular ni la propia entidad nos
pidieron en ningún momento que prohibiéramos las posiciones cortas durante mi mandato. Yo hablo del periodo desde el 30 de noviembre de 2016 hasta el 6 de junio de 2017.


En cuanto a su pregunta sobre cómo garantizar la independencia. La verdad es que yo veo con simpatía cualquier reforma o retoque porque creo que el sistema actual de nombramientos ya es bastante razonable, y lo digo porque lo he vivido en
mis propias carnes. Ahora el nombramiento corresponde al Gobierno, pero hay que pasar por una Comisión parlamentaria y, aunque su voto no es vinculante, en el fondo el ambiente es muy importante y eso ya genera una cierta presión para que la
selección de los candidatos sea razonable, etcétera. Dicho esto, veo con mucha simpatía propuestas como las que ha hecho Ciudadanos, que impulsen en mayor medida que ese proceso de selección sea entre personas de reconocida competencia en las áreas
correspondientes. En relación con este asunto llamaría la atención sobre la duración de los mandatos. Cuando analizamos un poco cuál es el régimen en nuestras entidades homólogas, vemos que cada vez es más común el mandato de seis años
improrrogable. Esto creo que sería un avance en el sentido de la independencia. Sobre los diez años de experiencia, la Ley del Mercado de Valores del año 1988 ya estableció que el presidente y el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores debían ser elegidos entre personas con reconocida competencia y experiencia en materias relacionados con el mercado de valores. Dicho esto, creo que está bien combinar las experiencias porque nadie tiene una experiencia general o total
sobre todo lo que es importante. En este sentido, por ejemplo, en mi caso la elección de presidente y vicepresidente representa una buena combinación de experiencias en el sentido de que son complementarias de trayectoria y de conocimientos.


Ya he dado respuesta a algunas preguntas del señor Montero porque venía a cuento. He hablado sobre la liquidez o solvencia, sobre las posiciones cortas y sobre las prohibiciones de ventas en corto. En cuanto a su pregunta acerca de si hubo
uso de información privilegiada respecto a las acciones del Banco Popular, tengo que decirle francamente que por el momento no hemos detectado ningún caso. Son investigaciones complicadas porque se trata de identificar si alguien que ha comprado o
vendido justo ante de la publicación de alguna información realmente estaba vinculado con la fuente de esa información; llevan tiempo, son muy exhaustivas y bastante más complicadas de lo que puede parecer. De momento seguimos investigando y no
hemos detectado ningún caso. En cuanto al informe Kroll sobre las prohibiciones bajistas de la Agencia Kroll, no existe. Parece ser que se ha hablado en algún medio de un informe de este tipo, pero desde luego yo no tengo ninguna noticia ni
información en la comisión sobre semejante informe. Y sobre los bonos de fidelización, se trata de una decisión de emisión hecha por una entidad en el ejercicio legítimo de su libertad de actuación. Al final esto lo que supone es hacer una oferta
a potenciales interesados que pueden aceptarla o no. Ya sé que son inversores minoristas y se trata de un producto complejo, y la verdad es que hemos estado muy pendientes de los bonos de fidelización del Banco Santander. Hemos estado pendientes
con la aprobación del folleto, que contiene las advertencias que debe contener, y revisando toda la documentación que el banco iba a utilizar durante el proceso de colocación, de modo que las advertencias estuvieran hechas correctamente. Y no me
refiero solo a la advertencia de que si usted quiere comprar este producto puede hacerlo, pero sepa que es un producto complejo y, por lo tanto, no conveniente, sino también a advertencias en cuanto al valor del instrumento. En la comisión tenemos
un departamento de valoraciones que hizo un ejercicio de valoración muy fino del instrumento -no recuerdo exactamente cuál era el valor con respecto al nominal, creo que era el 70 % o algo así-, y en todos los documentos de comercialización está
expresado: usted está comprando un instrumento que tiene un valor nominal de cien, pero que tiene un valor de mercado equis.


También pusimos el acento, por ejemplo, en que la gente tuviera claro que, aunque solo iba a ser compensada por la inversión hecha con ocasión de la ampliación de capital, sin embargo renunciaba al ejercicio de acciones en relación con
cualesquiera acciones que pudiera haber tenido en el banco y no solo con las adquiridas con ocasión de una ampliación de capital. Y algunas advertencias más de ese tipo, no recuerdo ahora exactamente cuáles, pero que estaban no solo en el folleto,
sino también en la documentación contractual.

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Como decía antes, este es un proceso que acaba de concluir y, desde luego, no descartamos la posibilidad de revisar y de supervisar si se ha producido en condiciones razonables desde esta perspectiva. Dicho lo cual, decía si vulneraba Mifid
II. No vulnera Mifid II, lo que pasa es que hay que hacer esas advertencias y, en particular, la de que se trata de un producto complejo, etcétera.


No sé si me queda algo más.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albella.


Creo que ha sido bastante exhaustiva y organizada la respuesta. Don Dionisio está aquí desde hace casi una hora y lo que les pido es que concreten, pero que no usen el tiempo por usarlo, si es posible. Además, algún diputado también tiene
que coger algún avión después.


Empezamos de nuevo con el turno de réplica. En primer lugar, el señor Palacín. Como siempre, les avisaré, según el acuerdo que tenemos, cuando pasen los tres minutos.


El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidenta.


Intentaré ser lo más breve posible.


En cuanto a la simetría en la información o el uso de información privilegiada, según lo que nos ha trasladado en cuanto a sus creencias, tanto en las ventas a corto o la retirada de depósitos por parte de instituciones públicas, lo
dejaremos en que ha sido o puede ser una casualidad y esperaremos a ver si en alguno de estos expedientes que tiene abiertos en cuanto a las operaciones de esos días pueden arrojarnos algo de luz.


Queríamos preguntarle también si en el año y un mes y medio que lleva como responsable de la CNMV se ha tenido que inhibir en algún asunto relacionado con alguno de sus clientes de su ejercicio profesional anterior.


La señora PRESIDENTA: Señor Palacín, esa pregunta es pertinente, me imagino, cuando el señor Albella comparezca en la Comisión de Economía. Lo que le pido es que si tiene que ver con la crisis financiera y la materia que estamos tratando,
Banco Popular en este caso, que el señor Albella lleva, me parece pertinente, si no yo le pediría que trasladara una pregunta de ese tipo al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la próxima, que va a ser pronto, comparecencia
que tenga en la Comisión de Economía. ¿Le parece? Si tiene que ver con sus actuaciones o con un tema concreto de algunas de las partes implicadas en, por ejemplo, la privatización del Banco Popular, me parece pertinente la pregunta. Si no, no.


El señor PALACÍN GUARNÉ: En esa línea iba, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Me siento en la obligación de explicárselo.


El señor PALACÍN GUARNÉ: Lo ha clarificado usted perfectamente.


La señora PRESIDENTA: Es preferible ser claro porque se puede quedar en el aire la duda o lo que sea.


El señor PALACÍN GUARNÉ: Paso a la siguiente.


Le agradecemos la ratificación que ha hecho en cuanto a las declaraciones por parte de algún miembro de la JUR, que tuvieron consecuencias sin valorar la relevancia de las mismas, pero sí que esos días fue una piedra más en el camino del
Popular hacia su liquidación.


En cuanto a la formación financiera de los usuarios e inversores, unido también a los procesos de digitalización en los que está inmerso el sistema financiero y unido también a la reestructuración bancaria que ha conllevado un cierre de
oficinas, creo que hemos iniciado hace unos meses un proceso de exclusión bancaria o financiera de personas porque por sus condiciones lo tienen difícil a la hora de reciclarse hacia el sistema digital y que además viven en entornos rurales donde se
ha producido el cierre de oficinas que eran sus proveedores de servicios financieros.


¿Desde la CNMV tienen esta problemática en cuenta? ¿O han pensado en alguna medida que ayude a que estos potenciales usuarios y usuarios actuales de las instituciones financieras y servicios financieros puedan seguir teniendo acceso a
ellos? Sí que es verdad que es un tema de actualidad que sí puede o no puede venir a cuento, ya me lo dirá la presidenta, en relación con la operación de compra de Abertis por parte de Atlantia. Si no podemos entrar, pues no entramos.


La señora PRESIDENTA: Eso, desde luego, sí le garantizo que no es objeto de esta Comisión.

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El señor PALACÍN GUARNÉ: Era relacionarlo con el tema de la independencia de...


La señora PRESIDENTA: No.


El señor PALACÍN GUARNÉ: Pasamos a la siguiente y me queda una y ya concluyo, presidenta.


A modo de comentario ha dicho, respecto a la formación de los trabajadores de entidades financieras en cuanto a Mifid II, que ahora sí que las entidades estaban obligadas sobremanera a formar a sus empleados. Entiendo que eso también pasó
con Mifid I y con toda la normativa anterior, ¿o quizá ahora las necesidades de formación son mayores y el compromiso por parte de las entidades tiene que ser mayor?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Palacín.


Por el Grupo Popular, el señor Floriano.


El señor FLORIANO CORRALES: Muchas gracias, señora presidenta.


Nos ha respondido a todas las preguntas con exhaustividad.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Floriano.


Por Esquerra Republicana, señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.


No puedo decir lo mismo porque las que me interesaban de verdad no las ha querido contestar. Insistiría, porque creo que es importante, ante una persona como usted que ostenta el cargo que ostenta en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, y es bueno que analicemos el pasado porque nos permite también saber qué es aquello en lo que se ha fallado. Yo le decía que se sabía porque había un documento existente -y esto no es que lo diga yo, lo sabe todo el mundo- que afirmaba que
la mayoría de los integrantes del sistema financiero español estaban cometiendo irregularidades a través de las preferentes y las obligaciones subordinadas, y le preguntaba de una forma muy clara que aunque a pesar de que expresamente la ley no lo
contemplaba y, por tanto, lo que se decía es que en la comisión uno de los objetos era informar debidamente, controlar la información, etcétera, ¿cómo es que no lo hicieron? ¿Qué le lleva pensar a usted por qué no lo hicieron? Esta sería la
pregunta. No le estoy diciendo que señale con el dedo a nadie. ¿Por qué cree usted que no se hizo nada?


Se quedaron todos de brazos cruzados mirando lo que pasaba y luego las consecuencias han sido las que han sido y lo veía todo el mundo. Claro, si tienes unas responsabilidades determinadas, aunque es verdad que taxativamente la ley no lo
dice, era aquello de por acción o por omisión, y en el objeto del reglamento que lo regulaba se decían unas cosas concretas, ¿cómo y por qué cree usted que se dejó pasar? ¿O por qué no se actuó a tiempo? Luego, al final siempre pagan los mismos y
son 700 000 personas afectadas, etcétera, con las consecuencias para el erario público que siempre acaba terminando en que unos privatizan los beneficios, al final se socializan las pérdidas, y las pagamos todos a escote cuando nadie nos invitó a
participar en la fiesta.


En todo caso, para no ser tan corrosiva, sí le diré que cuando se abandonan las presidencias de determinadas instituciones, después la gente ya no se reprime tanto a la hora de hablar y sí que explican cómo debería ser regulada esa
institución, porque lecciones estos días hemos oído unas cuantas. Por tanto, usted sí que nos ha facilitado un documento, pero me gustaría que nos explicase cosas antes de irse de la institución.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Quisiera aclararle algo. El señor Albella ha traído un documento que se llama La crisis financiera en España, marco normativo y actuación supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 2007-2015. Antes
otro portavoz se confundió porque pensó que él iba a entregar su intervención y lo que ha hecho ha sido entregarnos este documento, que responde al papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 2007 a 2015. Incluso ofreció a esta
presidenta venir a presentarlo con la gente que lo había hecho y quedamos en hablar en cualquier momento. Lo ha traído como un elemento de trabajo que mañana repartirán los letrados. Quizá ha sido responsabilidad mía porque él me dijo hace unos
días que lo traería hoy.


Muchas gracias, señora Capella. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro.

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El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Muchas gracias.


Para no alargar esto mucho, a la espera de la lectura atenta del documento y volviendo a insistir un poco en el tema de las preferentes, en su intervención inicial ha comentado la aprobación de nuevos mecanismos -creo que lo ha llamado
gobernanza de producto e incluso modificación de la Ley del Mercado de Valores- que harían -me ha parecido entender- imposible que ahora se volviera a producir. Quisiera que me confirmara si esto es así, si ahora con los actuales mecanismos esta
comercialización masiva de preferentes no podría realizarse.


Entre los problemas que agravaron la crisis, ha comentado una falta de coordinación entre los supervisores. ¿Podría detallármelo brevemente y decirme si ha solucionado este problema?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Navarro.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Montero.


El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias.


Seré también muy breve en esta intervención. La primera consideración es que me sorprende la valoración que se hace de la intervención en Liberbank y la proyección de rentas a corto y por qué no se hizo en el Banco Popular. Si en Liberbank
fue producto, como aparentemente ocurrió, del contagio de la situación de nerviosismo que se produce en el mercado tras la resolución del Popular, en el caso del Banco Popular era producto de filtraciones de agentes institucionales que bien podían
haber entrado en la categoría de generar un nerviosismo excesivo en el mercado que podía haber sido protegido por parte de la institución que usted preside. ¿El conjunto de instituciones de supervisión entendía que era necesario hacer eso?


La segunda consideración es más una reflexión en relación con la emisión del bono de fidelización. Ha dicho que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha hecho exactamente lo mismo que hizo cuando se emitieron las preferentes y las
obligaciones subordinadas, poner un sello a un informe y comercializar con unos agentes que no tienen el nivel de información financiera que se exige para comprar esos productos. En aquel entonces ocurrió lo que ocurrió y esperemos que en este caso
su sello tenga mayor calidad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Montero.


Señor Albella, tiene la palabra para cerrar esta comparecencia.


El señor ALBELLA AMIGO (Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV): En relación con la intervención del señor Palacín, cuando estuve en la comparecencia inicial con ocasión de mi nombramiento conté que había asesorado
a determinadas empresas e incluso di números. No recuerdo exactamente esos números, pero eran cinco o seis entidades del Ibex y otras tantas del resto de 130 cotizadas. Efectivamente, dije que iba a cumplir con las normas aplicables con el rigor
correspondiente y una de esas entidades era el Banco Popular. Yo trabajé para el Banco Popular -son relevantes los dos años anteriores al momento en el que uno tiene que intervenir en un asunto- básicamente en un acuerdo de cooperación con una
entidad extranjera en el ámbito de la financiación del consumo, algo que tenía que ver con Popular Servicios Financieros, que era la filial de consumo. Trabajé como parte del equipo del despacho al que pertenecía junto con otro socio, que fue quien
llevó el peso de la operación, una operación que por cierto no llegó a cerrarse. Esa fue mi relación principal con Banco Popular, una entidad con la que no había trabajado en los diez años anteriores en que fui socio de esta firma de abogados.
Luego tuve una intervención puntual adicional que en un momento dado se comentó en los medios de comunicación. Fui al consejo del Banco Popular, a solicitud de su secretario, coincidiendo en el tiempo con el momento en el que estaba trabajando en
ese asunto al que me he referido, que es un asunto muy normal. Fui porque el secretario quería que yo como abogado veterano explicara el régimen de responsabilidad de los consejeros en España, que por cierto había experimentado cambios recientes en
la ley muy interesantes. Participé, pues, en uno de los consejos del Banco de Popular, en el que se trató de la ampliación de capital durante quince o veinte minutos aproximadamente. Mi intervención -créanme- fue esencialmente teórica. Estuve
explicando en particular la llamada regla de protección de la discrecionalidad empresarial, una regla que está en la Ley de Sociedades de Capital y que básicamente supone que los administradores

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de una empresa, en la medida en que actúen de buena fe, sin conflictos personales, con arreglo a un procedimiento y con un nivel de información razonable, aunque se equivoquen, no son responsables. Les estuve explicando eso durante quince o
veinte minutos y no tuve ningún contacto más en ningún momento con el proceso de ampliación de capital. Fue una especie de invitación que me hizo el secretario y en aquel momento me pareció muy razonable. Entonces era un prestador de servicios y
ese fue mi contacto con el Banco Popular. Evidentemente, dándose esa circunstancia, en todas las decisiones que se han adoptado sobre el Banco Popular durante el proceso me he abstenido, lo cual no quiere decir que no haya seguido todo lo que ha
ocurrido con el Banco Popular y que no haya tratado de contribuir con mi criterio a que la actuación de la comisión haya sido siempre lo más correcta posible. Por tanto, me he sentido perfectamente legitimado para contarles lo que ha hecho la
comisión con respecto al Banco Popular.


Otra cosa que me gustaría decir es que todo esto lo veo como un efecto legal porque en ningún momento me he sentido mínimamente afectado desde el punto de vista de mis intereses en relación con el Banco Popular y con ninguna de esas
entidades que estaban en mi lista. Bueno, sí, hay una... Mi hermano es el secretario de una compañía, pero eso es distinto. En los demás casos hay que cumplir la ley. La ley parte de un principio de escepticismo que yo acepto deportivamente,
pero es un efecto que yo vivo como algo artificial. Por cierto, a medida que pasa el tiempo me voy alejando de mi vida anterior y voy tachando en la lista; ya me quedan muy pocos. La verdad es que en general -perdone, señora presidenta, que me
extienda un poco y me salga del discurso-...


La señora PRESIDENTA: No mucho.


El señor ALBELLA AMIGO (Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV): No.


... me he tenido que abstener muy pocas veces en términos de porcentaje. Por cierto, he visto con cierta satisfacción que ha habido otros miembros del consejo, de la comisión o del comité ejecutivo que también se han tenido que abstener en
algunas ocasiones, porque todos tenemos nuestra vida al margen de la supervisión.


En cuanto al tema digital, al acceso a servicios financieros en zonas rurales en las que ha dejado de haber oficinas, etcétera, le confieso que ese es un problema que en la Comisión Nacional del Mercado de Valores no nos hemos planteado. Yo
creo que es un problema ligado más a la bancarización, a que la gente se pueda relacionar, en términos mínimos, con un banco. Probablemente, no se plantea mucho en términos de productos financieros sofisticados, compra o venta de acciones, que es
nuestro mundo. Pero, desde luego, me parece un tema interesante y que me gustaría que siguiéramos.


En el tema de las entidades y la formación, tiene razón el señor diputado en el sentido de que la obligación de formación estaba ya en Mifid I, pero estaba en términos muy genéricos, y muchas veces las normas, cuando son muy genéricas, muy
de principio, en el fondo no se aplican y no tienen la eficacia que deben tener. La gran novedad en Mifid II es que ha precisado todo mucho, hasta los programas de formación, hasta el contenido de lo que deben saber y controlar los miembros de las
redes.


En cuanto a la señora Capella, la verdad es que yo iba a hacer referencia al informe, porque al final la pregunta esencial es qué hicieron ustedes. Yo creo que se hicieron muchas cosas. Lo que no quiero es emitir juicios de valor, como le
he dicho, pero creo que se hicieron muchas cosas. Y la verdad es que en este informe que han preparado los servicios de la comisión más que yo mismo, lógicamente, creo que pueden encontrar información muy interesante. ¿Que no fue suficiente?
Bueno, pero por lo menos verán que se hizo un gran esfuerzo.


En cuanto al señor Navarro, me preguntaba qué reformas evitarían hoy que hubiera comercialización masiva de preferentes Pues, la verdad, es una pena decirlo, en el sentido de que da pena que no hubieran sido cosas que en aquel momento ya
hubieran estado, pero muchas. En el año 2015, en la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial se introdujo una disposición que exigía tajantemente que las participaciones preferentes, las obligaciones subordinadas, los instrumentos híbridos,
etcétera, no se pudieran colocar a inversores minoristas salvo que el 50 % de la emisión se colocara en las mismas condiciones a inversores institucionales. Esa es una norma que no estaba en aquel momento y que es nueva. El tema del target market
al que me refería, el gobierno de producto, la obligación de determinar a priori cuál es el colectivo de inversores al que va dirigido un producto, y la obligación de controlar que el producto no se salga de ese colectivo de inversores. Eso tampoco
estaba y hubiera sido una herramienta bastante interesante. En cuanto a las obligaciones de formación, ese mayor detalle, esa mayor efectividad de las obligaciones de formación también hubiera sido algo que hubiera operado en contra de esa
comercialización indiferenciada. Yo creo que son las tres herramientas más importantes, pero creo que se

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puede responder que estamos mucho más armados para que no se vuelvan a producir situaciones como la que, desgraciadamente, se produjo durante la crisis financiera con las participaciones preferentes.


En relación con la intervención del señor Montero, sobre el tema de los cortos me he quedado sin decir cosas que tenía ganas de decir; por ejemplo, insistir en lo enormemente restrictiva que es, en cuanto al uso de estas prohibiciones, la
normativa europea; en que en cinco años, desde 2012, solo se ha hecho uso de la posibilidad de prohibir, como he dicho, en cuatro ocasiones, en Grecia y en Italia, y siempre con ocasión de ampliaciones de capital en curso, ampliaciones de capital
anunciadas. En tercer lugar, ya me he referido al elemento diferencial de los factores exógenos en el caso de Liberbank y la existencia de un montón de elementos que hacían razonable que hubiera una cierta apuesta a la baja en el caso del Banco
Popular.


Las posiciones cortas, por supuesto, contribuyen a la liquidez del mercado, porque hay más inversores dispuestos a vender cuando hay inversores dispuestos a comprar. Además, las posiciones cortas -como he contado anteriormente- siempre
suponen también un remansamiento de fuerza de compra que actúa después, cuando el valor baja, como mitigador de las bajadas. Pero, además, las posiciones cortas -en España hemos vivido algún caso muy claro en ese sentido- sirven también para llamar
la atención sobre debilidades de entidades y para evitar burbujas en el mercado de valores, porque los cortistas están precisamente identificando debilidades y futuras bajadas. Realmente hay muchos elementos que se destacan en la literatura
correspondiente positivos de la actuación de las posiciones cortas.


También le digo que la operativa en corto es una operativa especialmente sensible, desde el punto de vista del abuso de mercado, porque es una operativa siempre especulativa. La operativa en largo generalmente no es especulativa; es gente
que compra para mantener el valor; también hay gente que especula en largo comprando, pero en general no es especulativa. La operativa en corto, que es mucho menor que la operativa normal de compra o venta, sin embargo es intrínsecamente
especulativa, aunque tiene esas propiedades positivas a las que me he referido. Cuando me he referido a la función de los cortistas, en el sentido de llamar la atención sobre problemas de compañías, tenía en la mente el caso Gowex, que fue un caso
del MAB de hace unos años, como saben ustedes, que fue un cortista típico que apostó fuerte y descubrió una estafa, y evitó que la burbuja que se había creado en relación con aquella compañía siguiera pinchándose y, por lo tanto, que el problema
hubiera sido mucho mayor del que finalmente fue. Bueno, todo es complejo y susceptible de muchos matices. En cualquier caso, el empeño que tenemos es promover más transparencia porque, precisamente, es una operativa más especulativa y más
sensible, desde el punto de vista del abuso de mercado, y más transparencia, sobre todo, con respecto a los supervisores. Y estamos teniendo eco en Europa, ¿eh? Estamos teniendo eco.


Tenía también apuntado los bonos de fidelización que ya hemos comentado. Yo creo que hemos hecho nuestro trabajo y que, desde luego, el principio de libertad de emisión al que he hecho referencia es un principio que está vigente, matizado,
y más con el paquete Mifid, pero que está vigente, y realmente nuestra labor sigue siendo en todos los países civilizados, la labor de organismos similares al nuestro, asegurarnos de que los productos financieros que se comercializan son productos
que están bien explicados, que las advertencias a los inversores están correctamente hechas y que son productos razonables. El bono de fidelización, como producto financiero, estoy de acuerdo con usted en que es un producto complejo pero
perfectamente inteligible. Es un producto que por sus condiciones tiene unas expectativas de reembolso naturales a una serie de años, pero que está muy expuesto a la marcha, en términos de solvencia de la entidad, y que es un producto que se ofrece
por la entidad para resolver un problema de posible litigiosidad, lo cual me parece que es también una actuación legítima.


Desde luego, tenga la seguridad de que nos hemos aplicado a fondo en relación con el análisis del producto, las advertencias; hemos pedido a la entidad emisora y comercializadora que algunas de esas advertencias fueran manuscritas, sobre
las que les he manifestado antes nuestra fe, y esperemos que todo se desarrolle y que cuando supervisemos cómo se ha colocado el producto, podamos confirmar que las prácticas aplicadas de comercialización han sido las prácticas correctas. Esto es
lo que le puedo decir.


La señora PRESIDENTA: Quiero darle las gracias al señor Albella, y pedirle que le transmita también a la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a todo su equipo el agradecimiento de la Comisión por ese trabajo que
nos ha entregado hoy, que vamos a analizar todos. No dude de que si necesitamos más aclaraciones o cualquier otro concepto se lo pediremos. Muchísimas gracias por el esfuerzo que ha hecho en el día de hoy.


A continuación, tenemos ahí ya a don Dionisio Moreno, así que en unos minutos reiniciamos. (Pausa).

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- DEL SEÑOR MORENO TRIGO (ABOGADO DEL CASO AZIZ EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/000949).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la tercera comparecencia de hoy, la del señor Moreno Trigo. De acuerdo con lo dispuesto por la propia Comisión, intervendrá en primer lugar el compareciente para informar en relación con el objeto de la
Comisión. A continuación intervendrá el portavoz del grupo solicitante de la comparecencia por un tiempo de siete minutos y seguidamente intervendrán los portavoces de los restantes grupos parlamentarios, de menor a mayor, con el mismo intervalo de
tiempo. El compareciente contestará conjuntamente a las intervenciones de los diferentes portavoces.


Damos comienzo, pues, a la comparecencia del señor Moreno Trigo, a quien agradezco su disponibilidad. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado al compareciente la posibilidad de
venir acompañado de la persona que designe para asistir. Asimismo, esta Presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente, reconocidos por el artículo 1.2 de la citada ley orgánica. Recuerdo igualmente
la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio.


Señor Moreno Trigo, tiene la palabra para su exposición inicial.


El señor MORENO TRIGO (Abogado del caso Aziz en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea): Muchas gracias, señora presidenta.


Señores diputados, señores ciudadanos que están viendo la sesión por Internet en directo o en el futuro, señores periodistas, quiero agradecer, en primer lugar, que me hayan invitado a esta Comisión de investigación sobre la crisis. Yo no
soy culpable de la crisis ni puedo explicar de dónde viene, pero sí puedo hablar por el colectivo que la padece porque, aparte de ser una persona afectada por la crisis como ciudadano, también trabajo como abogado para personas que se han visto
afectadas por esta situación.


El seguimiento del asunto de uno de estos afectados, el señor Aziz, a través de una cuestión prejudicial que llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo fue el que supuso una especie de punto de inflexión en la gran
problemática que teníamos con el tema de las ejecuciones hipotecarias en este país. Llegó en un momento en el que el problema de los desahucios por ejecuciones hipotecarias derivadas del incumplimiento de los contratos estaba en un punto culminante
y la sentencia que recayó por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vino a decir, por un lado, que la legislación española no se adecuaba a la normativa comunitaria, que tenía primacía, y, por otro lado, como se le preguntaba sobre las
cláusulas abusivas dentro del contrato, dio una serie de pautas de interpretación de esa serie de cláusulas, en virtud de las cuales con posterioridad han surgido otras sentencias del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal
Supremo que han ido interpretando cláusulas, como las cláusulas suelo, las cláusulas de vencimiento anticipado, cláusulas de intereses moratorios, cláusulas de gastos, etcétera. Esta situación de crisis, llevada a unos tribunales europeos a través
de una normativa comunitaria de rango superior y con primacía sobre la normativa española, nos ha conducido a descubrir que la situación contractual que teníamos y que venían padeciendo las personas que habían suscrito ese tipo de contratos estaba
mal.


Podría haber mucha gente mejor que yo para hablar de este tema, pero me han invitado a mí, aunque creo que el lunes viene otro representante de afectados de un producto concreto como son las preferentes, y me voy a arrogar un poco la
representación de las víctimas de la crisis. Para que nos sirva un poco de guía de toda la exposición tanto para ustedes como para las personas que nos vean ahora mismo o por streaming, he hecho, no un powerpoint, sino un pequeño expositor en el
que voy a ir relatando los puntos sobre los que voy a desarrollar el discurso, que intentaré que sea -por la hora que es y por lo que se tenga que discutir luego con las preguntas que puedan formular ustedes- lo más conciso posible.


¿Qué es la crisis? El problema que tenemos es que todo el mundo habla de la crisis, pero nadie nos explica qué es, solo vemos las consecuencias de la misma. No sabemos si es una excusa, porque con el tema de la crisis se destruyen empleos,
con la crisis tenemos que despedir a trabajadores, con la crisis tenemos que bajar salarios, con la crisis tenemos que subir precios de servicios esenciales, con la crisis negamos el crédito porque ahora mismo no se pueden adoptar situaciones de
riesgo que teníamos hasta ahora... A las personas que reciben esta información, la crisis les suena a una excusa, y de tanto hablar de la crisis a veces entramos en lo que se llama el principio de profecía autocumplida, es decir, que de tanto
hablar de algo, al final se cumple. De tanto hablar de crisis, al final entramos en crisis. Hemos dicho que se utiliza como excusa para prescindir de empleo, para bajar sueldos y, al final, la gente pierde

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capacidad adquisitiva; si pierde capacidad adquisitiva no consume, y si no consume, bajan los puestos de trabajo, así que entramos en esa dinámica de descenso de los ingresos. Así pues, al hablar de la crisis, se generan unas consecuencias
que provocan la crisis. Esa es la primera cuestión que, desde la ignorancia que tenemos la mayoría de las personas que sufrimos la crisis, vemos. La segunda es que parece que la crisis es una redistribución de la riqueza. La crisis tendría que
ser para todos. Si se pierde dinero, si se pierde poder adquisitivo, tendríamos que perderlo todos; sin embargo, las noticias, las estadísticas que se nos pasan son absolutamente irracionales. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y
la clase media desaparece. Entonces, ¿qué es? ¿Una redistribución de la riqueza? ¿Es como la energía, que ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma? Parece que la crisis es un movimiento del dinero de las clases pobres a las clases
ricas, y ese proceso de redistribución hacia un lado de la sociedad es la crisis. Por otro lado, cuando hablamos de la crisis, nos olvidamos de que la crisis la sufren las personas. Voy a hablar de las personas no de los ciudadanos, porque el
concepto ciudadano entra más en relación con la madurez y aquí vamos a hablar de personas en general. La crisis la sufren las personas adultas, las sufren los niños, la sufren las personas mayores, la sufren los españoles, la sufren los
inmigrantes, la sufren los españoles que tienen que emigrar al extranjero a buscarse la vida; españoles que se han formado en España, que tienen estudios que han costado un dinero, profesionales que habrían asegurado el bienestar social de este
país como médicos, enfermeras, ingenieros, arquitectos...; personas cualificadas que se han tenido que ir a otros países a buscar su medio de vida. España llevaba mucho tiempo sin ser un país de emigrantes y se ha convertido en un país de
emigrantes. Hemos tenido una transformación, pasando de un país de acogida a un país de emigrantes. Como país de acogida hemos sido un ejemplo durante toda la historia, y últimamente hemos tenido un gran flujo inmigratorio para cubrir puestos de
trabajo, pero resulta que ahora somos un país de tránsito, somos una puerta de entrada para que luego las personas se vayan a otros países, con lo cual estamos sufriéndolo todos. ¿Esto qué significa? Que la gente se va, y en un país que se define
en la Constitución como Estado social y de derecho, si la gente se va, es una quiebra. La gente no se quiere quedar aquí porque la crisis no le permite subsistir, no le permite llevar un nivel de vida adecuado y se va, con lo cual estamos ante la
quiebra del Estado social y de derecho. Son unas consecuencias muy graves como para que no se tengan en consideración.


Llevamos mucho tiempo sufriendo esta situación. ¿Cuál es la causa? Nos pueden hablar de la economía, de que empezó en Estados Unidos, pero aquí en España también tenemos mucha culpa de lo que ha pasado, y supongo que en esta Comisión se
harán las investigaciones correspondientes para ver qué ha fallado. Nosotros vemos las consecuencias. Nos han fallado instituciones, nos han fallado organismos, nos han fallado personas, nos han fallado empresas, nos ha fallado mucha gente. Por
eso, a través de la participación en los asuntos públicos, ustedes, como representantes de los ciudadanos -recuerden que representan a los ciudadanos, a las personas que han sufrido la crisis-, tienen ese deber, y lo que están haciendo ahora mismo
es averiguar qué ha pasado, pero no solamente se trata de saber qué ha pasado, sino qué podemos arreglar, porque, en definitiva, hablar de culpables y de causas queda en el pasado. A la gente lo que más le interesa es saber cómo vamos a salir de
esta situación.


Gestación de la crisis y las personas. Como les he comentado antes, la mayoría de los españoles y de los inmigrantes que han venido a vivir a España no tienen culpa de la gestación de la crisis. Estamos en una sociedad de consumo, y como
sociedad de consumo se nos bombardea constantemente para que compremos. Es más, determinados bienes que antes no eran necesarios, que realmente no son necesarios, se nos convierten en necesarios. Un teléfono móvil no era necesario hace 25 años,
había muy poquitos y el que sacaba un teléfono móvil era una persona rara; ahora la persona rara es la que no lo tiene. Cuando vas a dar el número de un teléfono te piden el del teléfono móvil, no te piden el del fijo. Ahora mismo hay más
teléfonos móviles que personas. El teléfono móvil se ha convertido en un bien de consumo necesario, pero no necesario porque lo necesitemos para vivir, sino que lo necesitamos porque la sociedad exige que estemos comunicados. El coche. Yo
recuerdo que cuando era pequeño en mi calle había tres coches y podíamos jugar al bote en medio de la calle; ahora no caben los coches, por vivienda puede haber hasta tres o cuatro coches, todo el mundo tiene coche. ¿Por qué? Porque el coche te
da libertad, te acerca al centro de trabajo, con el coche te vas de vacaciones, con el coche mueves a la familia, con el coche vas de compras, llevas a los niños al colegio... El coche antes no era un bien necesario y ahora es un bien
imprescindible. La gente no sabe estar sin coche. Hay personas que, gracias al coche, han podido cambiar su residencia a urbanizaciones y van a comprar a polígonos industriales o pueden ir a trabajar a zonas industriales a las que de otra manera,
con transporte público, igual no

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llegaban. Por tanto, el coche se ha convertido en otro bien de consumo necesario, pero podríamos vivir sin él. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una serie de cosas que nos venden que son necesarias, que necesitamos, que la sociedad del
bienestar nos está creando, pero lo que no tenemos es una cultura del consumo. La Constitución, en el artículo 51.2, dice que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios. Hemos vivido en la completa
ignorancia. Yo, cuando estudiaba EGB, no tuve ninguna asignatura de consumo; no tengo hijos y no sé lo que estudiarán ahora mismo los niños en la ESO o en los colegios, pero no creo que exista ninguna asignatura que les enseñe el consumo
responsable, a saber conservar las cosas, a saber conformarse con lo que tienen, a saber pedirlas, a saber valorarlas. Ahora mismo vivimos en la sociedad del consumo inmediato; consumo muchas veces innecesario. Por tanto, nos falta cultura de
consumo. y esa cultura de consumo nos la tienen que dar los poderes públicos. Desde que se creó la Constitución creo que no hemos tenido nada de eso, con lo cual tenemos una sociedad de consumo, pero en la completa ignorancia de lo que es consumir
y en la completa ignorancia de los derechos que les corresponden a las personas.


Estado del bienestar. Indudablemente vivimos muchísimo mejor que nuestros abuelos. Antes, quizá la preocupación más grande que tenía una familia era tener comida en la nevera; ahora eso se da por supuesto. Aparte de pagar las facturas y
todas estas obligaciones que tenemos, determinadas cuestiones que antes eran imprescindibles ahora se dan por sentado. Se da por sentado que todos tienen una televisión, que tienen una casa, que tienen un teléfono móvil, que tienen determinadas
cosas y ya no sabemos distinguir cuáles son las necesidades básicas de los ciudadanos del Estado del bienestar. El artículo 129.1 dice que toda la riqueza de un país en sus distintas formas y sea cual fuere la titularidad está subordinada al
interés general. Entendemos que el interés general será conservar el Estado del bienestar y mantener esas necesidades básicas que entiendo yo, desde mi punto de vista, que son tener una buena educación, tener unos buenos servicios asistenciales,
tener unos buenos servicios de comunicaciones, tener buenas prestaciones para la vejez, para caso de desempleo y posibilidades de acceso para cuando se pierda y muchas otras más en las que ahora mismo no voy a extenderme por la hora que es y por lo
que podría alargar el discurso. Todo esto se tendría que cubrir. ¿Con qué? Con la riqueza del país. Por tanto, no tenemos que basarnos solamente en que la riqueza del país es rescatar a determinadas entidades porque son necesarias, sino que la
riqueza del país tendría que ser para garantizar que el Estado del bienestar, que nos hace evolucionar como sociedad, se mantenga, mejore y que situaciones de crisis como la que se está viviendo en estos años se puedan superar. Sin embargo, como ya
verán más adelante, esto se ha gestionado de otra manera y realmente no ha sido así. Hemos entrado en una dinámica diferente.


Vivienda. Cuando he hablado de las necesidades básicas he nombrado una, que es la vivienda. La vivienda es la necesidad básica sobre la que se fundamentan muchos derechos y muchas situaciones que se consideran primordiales. Cuando
pensamos qué es lo más importante en la vida de una persona pensamos en la salud, pensamos en la familia, pensamos en nuestro bienestar, en tener un hogar. Todo eso necesita de un espacio físico, que es la vivienda. No pensamos que la vivienda es
más importante que la salud ni más importante que la familia, pero, sin la vivienda, la salud y la familia es muy difícil que se tengan. Por eso, cuando hablo de qué es la vivienda no me refiero a la definición de lo que es una casa, me refiero...
¿Qué es la vivienda? ¿Es un derecho? ¿Es una necesidad? En las instituciones en las que participa España como miembro, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, considera la vivienda como un derecho fundamental, un
derecho humano. El Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, en el artículo 11.1, la considera un derecho esencial. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 8, la considera como un derecho humano
fundamental, así como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 7. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 13 de mayo de 2008, asunto MacCann contra Reino Unido, y la sentencia de fecha 25 de julio de
2013 contra Suecia consideran que la pérdida del hogar es la forma más extrema de injerencia en el derecho al respeto al domicilio. Cualquier persona que pueda sufrir una injerencia de esta magnitud debería, en principio, poder hacer que un
tribunal independiente decidiese la proporcionalidad de la medida a la luz de los principios aplicables en virtud del artículo 8 del Convenio, pese a que en virtud de la legislación interna se había extinguido su derecho de ocupación. Es decir,
están dando más importancia como derecho fundamental que como derecho por que exista un contrato o exista un tipo de acceso a la propiedad, que puede ir desde la compra hasta el arrendamiento o cualquier otra forma. El derecho a la vivienda lo
consideran un derecho fundamental. Este derecho fundamental también ha sido recogido en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión

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Europea, la sentencia Kusionova, de 10 de septiembre del 2014. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, curiosamente, ha ido evolucionando en el tema de la vivienda. Desde que fuimos con el tema Aziz se pasó de un bien de consumo
necesario -bien de consumo necesario- a necesidad básica del consumidor y, en el 2014, ya decía que era un derecho fundamental, ¿por qué?, porque para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos son aplicables, forman parte del derecho de la Unión Europea, y consideran que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta que el tribunal remitente debe tomar en consideración al aplicar la
Directiva 93/13. Por tanto, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental y, sin embargo, nosotros no lo tenemos reconocido como tal dentro de la Constitución, lo tenemos reconocido en otro apartado en el que se habla de los principios
rectores de la política social y económica. Dice: 'Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna...' -artículo 47-. Cuando hablamos de que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna presumimos que
tienen vivienda, el artículo 47 se refiere a las condiciones de la vivienda, pero como mínimo se presume que ya tienen vivienda. Pero es que sin vivienda no se puede cumplir el artículo 18, que habla de la intimidad; no se puede cumplir el 18.2,
que plantea que el domicilio es inviolable; no se puede cumplir el artículo 19 en lo relativo al derecho a elegir libremente la residencia.


Últimamente nos hemos encontrado con una paradoja y es que en Valencia -creo- se está domiciliando a las personas sin techo en los bancos de un parque para que se les puedan notificar cosas; un banco de un parque no es una vivienda, es un
sitio donde se puede uno sentar, normalmente a tomar el sol cuando hace buen tiempo, pero no a dormir ni a pasar una noche fría en invierno.


Ante toda esta normativa internacional que el propio Tribunal Constitucional dice que forma parte del derecho interno de este país, ¿por qué no se reconoce el derecho a la vivienda como derecho fundamental?, ¿por qué? A mí solo me cabe una
explicación y es que si fuera derecho fundamental no podría ser tan libremente objeto de comercio y, en todo caso, su regulación como objeto de comercio estaría vinculada a una ley orgánica con una serie de limitaciones y, por tanto, no cabrían
especulaciones ni los negocios que han hecho que la vivienda sea uno de los motores de este país. Esa es una de las causas que hace que la vivienda haya sido un gran negocio. Las personas necesitan viviendas, porque sin viviendas no pueden tener a
su familia, no pueden guardar sus cosas, no pueden tener su intimidad, no pueden elegir libremente dónde residir, no pueden descansar... Ante esa necesidad de la vivienda nos encontramos con el problema de cómo accedemos a la misma. Para acceder a
la vivienda cabrían varias posibilidades: cabe el arrendamiento, cabe la compra, cabe el comodato o préstamo de uso, caben las políticas sociales de la vivienda... Sin embargo, la vivienda se ha tomado como un negocio; es más, aquí ya forma parte
de la cultura popular eso de la cultura del pelotazo inmobiliario. Aquí ha habido grandes empresas inmobiliarias y grandes constructoras e incluso hubo una situación kafkiana, que fue que una gran constructora quiso opar a un gran banco, o sea, el
mundo al revés, porque lo normal es que los bancos compren constructoras y no que las constructoras compren bancos. -Se dio hasta esta situación-. Es decir, el poder de las constructoras era tan grande, el negocio futuro era tan inmenso, el cuento
de La lechera de la vivienda era tan imaginario que se creían las inmobiliarias con capacidad para hacer el negocio de los bancos.


Bueno, pues así nos ha ido. La mayoría de las constructoras han ido quebrando cuando ha venido la crisis y, los bancos, que han participado también de este negocio, han tenido que sufrir una regulación; no sé cuántas entidades bancarias
teníamos en este país, alrededor de cincuenta, pero hubo un momento en el que cualquier promoción inmobiliaria que se hacía, cuando había una recalificación urbanística, la primera oficina que se abría, que era en un mobil home, era una entidad
bancaria para vender las hipotecas. A los bancos les interesaba que se construyera, ¿por qué?, porque se movía el dinero. Les interesaba que se construyera porque por un lado estaban los queridos promotores y, por otro lado, la venta de los
préstamos hipotecarios para que las personas accedieran a la vivienda. ¿Por qué accedían las personas a la vivienda a través de los créditos financieros? Accedían a la vivienda porque se les limitaba el acceso a través de otras formas. En un
momento pasamos de tener al 80 % de la población en contratos de alquiler -con la antigua Ley del año 1964 y anteriores, cuando teníamos aquel contrato de arrendamiento perpetuo que se prorrogaba año a año- a tener al 80 % de la población
propietaria de la vivienda, y todo eso fue a base de que las personas acudieran a la compra.


Hace muchos años se hablaba de que las personas tenían la costumbre de guardar para la entrada del piso: Estoy ahorrando para la entrada del piso. He hablado con directores de banco y te dicen que hace muchos años que no oyen eso.
Directamente se ha ido al crédito para comprar viviendas. ¿Por qué

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se ha ido al crédito para comprar viviendas? Estaba incentivado también por las propias administraciones. Hubo un momento en el que el crédito desgravaba y los contratos de arrendamiento no desgravaban en el impuesto sobre la renta. El
negocio de la compra-venta generaba impuestos para las administraciones locales, para las administraciones autonómicas y para el Estado; es decir, las administraciones se han enriquecido y todos nos hemos podido enriquecer porque ha aumentado el
número de prestaciones para eso. Pero todo esto se basaba en los contratos que firmaban las personas que adquirían la vivienda y esos contratos normalmente se firmaban y la gente los metía en un cajón; pagaban su cuota, porque en ese momento
tenían empleo y pensaban que se podían permitir esa vivienda y, de hecho, se les convencía de que podían adquirir esa vivienda, y luego vino la primera gran prueba de resistencia. Se firmaban contratos para duraciones de treinta, cuarenta y hasta
cincuenta años. Pongámonos en un contrato a treinta años; en ese tiempo pueden pasar muchas cosas: desde que te quedes sin trabajo hasta que te quedes inválido, fallezcas o te separes, en cuyo caso en la unidad familiar en lugar de estar dos
personas en una vivienda estarían dos personas en dos viviendas. No los han superado. ¿Qué ha pasado con el señor Aziz? Pasó esto: El señor Aziz era un trabajador, trabajaba en la construcción, y un día se quedó sin trabajo y él que compró una
vivienda para traerse a su familia desde Marruecos -la compró él solo porque era el que residía aquí y el que tenía ingresos y teniendo vivienda podía justificar uno de los motivos para traer a su familia- se vio inmerso en lo que se vieron
muchísimas personas en el periodo entre 2008 y la actualidad, que fue la ejecución hipotecaria.


¿Por qué mi representado no podía comprar la vivienda con su capacidad de ahorro, con su sueldo? Porque el precio de la vivienda se incrementaba, aumentaba cada año desproporcionadamente. Cada vez subía más y más y más. La capacidad de
ahorro de una persona podía ser del 10, ahorrando mucho privándose de muchas cosas del 20 %, pero la vivienda subía más y más. Llegó a subir en un periodo de diez años hasta un 155 %. Estadísticas que he ido sacando y que en su momento, si alguien
quiere esas proporciones, se las daré; hasta un 155 %. Me acuerdo que cuando compré mi vivienda, respecto al año anterior me subió 4 millones de pesetas. Yo la compré cuando todavía estábamos en pesetas. Al cabo de seis años, viviendas que me
caben en el comedor costaban cuatro veces más. ¿Qué ha sucedido? ¿Que son mejores? ¡Si son más pequeñas! Son más nuevas. Sí, son más nuevas, pero la mía no está mal, no es tan vieja. ¿Qué ha pasado aquí? Se ha incrementado el valor de las
viviendas. Se incrementó hasta un punto en el que las personas, con su capacidad de ahorro, no podían adquirirlas, tenían que ir a la financiación. Esa financiación era un monopolio de las entidades financieras y tenían interés en que se firmaran
hipotecas. Es más a las hipotecas se les ponía nombre. Estaba la hipoteca junior, para gente joven. Tienes el primer trabajito, no has ahorrado nada, no te preocupes, tenemos una hipoteca para ti, eres joven y podrás pagar muchos años. Teníamos
la hipoteca bienvenida para las personas inmigrantes. Llegaban aquí y les daban la bienvenida a este país, al Estado del bienestar; usted puede adquirir una vivienda y aquí usted con su sueldecito, ahora que ha regularizado su situación irregular
podrá también acceder a la vivienda, y se le daba la hipoteca bienvenida. Luego apareció la hipoteca cayenne, por la marca de un coche, que es aquella que en el precio de la hipoteca; como lo que vas a comprar vale mucho más de lo que vas a pagar
por ello, te podrás permitir comprar muebles, comprar un Porsche cayenne y dar la vuelta al mundo, porque te mereces esto. La gente cómo va a decir que no a unas cosas como esas. Que la cuota la pagas. Que sí, que mira, que te hemos hecho aquí el
estudio financiero y tú con el trabajo que tienes, tú y tu mujer aquí os podéis permitir esta cuota. Al final la gente ya no miraba el precio de las cosas. Al final la gente solo ha mirado la cuota, si la podía pagar o no. Eso de mirar la cuota
fue reconocido ante la Comisión de la Vivienda que celebró el Senado en el año 2012. Tengo aquí los diarios de sesiones del Senado en los que comparecieron dos representantes de las tasadoras y manifestaron esta circunstancia. Esta información,
que es de los años 2011 hacia atrás, la mandé a Luxemburgo con el tema Aziz. No sé si influyó en algo o no en la sentencia que al final se dictó, pero intenté dar con esa información la imagen de lo que estaba pasando en este país, todo con
estadísticas oficiales, con informaciones, con comparecencias, porque se hicieron comparecencias, se hicieron preguntas en el Congreso, se hicieron comisiones de investigación en el Senado, comparecieron personas que dijeron cosas en aquella época y
no dista mucho de lo que se está diciendo ahora mismo aquí. Es decir, que desde el año 2011 a esta fecha ha cambiado bien poco el discurso.


¿Qué nos encontramos nosotros? Que las personas que acceden a la vivienda se tienen que disfrazar de consumidores, porque, como no es un derecho fundamental, como españoles o como ciudadanos que vienen a vivir a España como inmigrantes en
España no tienen derecho fundamental a la vivienda, por tanto, vamos a mirarlos como consumidores. Tenemos más derechos como consumidores que como

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ciudadanos. Es muy penoso, pero bueno si nos tenemos que disfrazar de consumidores para defender un derecho que consideramos necesario o el bien más importante que tenemos en nuestra vida y del que depende nuestra familia, que es el hogar,
nos disfrazaremos de eso. Cuando empezamos a mirar la protección que tienen las personas como consumidoras nos encontramos dos leyes: la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios y la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Estas dos
leyes trasponían la famosa Directiva 93/13 de condiciones generales y cláusulas abusivas, que es sobre la que al final se preguntó sobre su contenido en la sentencia Aziz y la que ha sido objeto de continuas cuestiones prejudiciales por los
tribunales, de las que tenemos muchas sentencias y resoluciones en respuesta a esas cuestiones y se siguen formulando. Aquí ha habido una tendencia importante. Los jueces han empezado a mirar más allá de los Pirineos, ya no nos quedamos con la
jurisprudencia de las audiencias provinciales ni del Tribunal Supremo, empezamos a ver que hay tribunales en Europa y hay legislación en Europa que está por encima de la legislación española y que esta se tiene que adaptar a esa legislación. La
lástima es que todavía esa tendencia está en proceso de aprendizaje, porque la tendencia normal era la de seguir mirando la jurisprudencia de aquí. Pero formamos parte de una Unión Europea y la finalidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
es homogeneizar la interpretación del derecho comunitario para todos los países para que seamos una especie de Estados Unidos europeos. Y ¡ojo!, estamos hablando de veintisiete -menos uno que se va- países que tienen tradiciones jurídicas
diferentes, ordenamientos jurídicos diferentes, historias jurídicas diferentes; no es lo mismo los que venimos de la tradición romana que los que vienen de la tradición germánica o de la tradición escandinava, son derechos distintos, con una
historia distinta, pero se está intentando homogeneizar para que seamos una especie de Estados Unidos europeos. El máximo intérprete de esa normativa es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el Parlamento Europeo se dictan directivas.
Las directivas no son directamente aplicables y se tienen que trasponer a la normativa española o a la normativa de cada país a través de leyes. Esas leyes de trasposición, en el caso de la Directiva 93/13 se hizo a través de estas dos leyes que le
he dicho: la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios y la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Es más, esas trasposiciones se hicieron muy tarde. Nos dieron un plazo de dos años y nos pasamos de largo. Se traspusieron en el año
1998, con la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y luego con las modificaciones y el Real Decreto-legislativo se modificó la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, el artículo 10, para señalar las cláusulas abusivas, que se
fusionaron en un Real Decreto-legislativo que es el 1/2007. Es decir, se traspusieron tarde.


Estas eran las normas que protegían directamente a los consumidores y a las que nos hemos tenido que acoger para defender la vivienda. Luego existía otra serie de normas que indirectamente protegían a los consumidores y que eran ignoradas
por los consumidores, que eran las normas que obligaban a que los préstamos y los contratos en los que se documentaban esos préstamos estuvieran bien hechos. Realmente no ha sido así. Poco a poco hemos ido demostrando con sentencias que los
contratos estaban mal hechos, que tenían cláusulas abusivas y esas cláusulas abusivas eran nulas, con unas consecuencias económicas que hace unos años era impensable que se tuviera que devolver dinero, porque existían cláusulas suelo, que se tuviera
que devolver el dinero de los gastos de la escrituración del préstamo hipotecario, que se tuvieran que devolver determinadas comisiones. Poco a poco, a base de la iniciativa de abogados que empiezan a ver cosas o de jueces a instancias de las
demandas que les presentan o de oficio, se empieza a revisar y cuestionar la validez de esos contratos. Realmente nos estamos quedando con el contrato de los hermanos Marx, aquel en el que la parte contratante de la primera parte será considerada
como la parte contratante de la primera parte; pues eso, al final nos vamos a quedar con un pedacito del contrato de préstamo y este dejará de existir.


La cuestión está en que esas normas que indirectamente obligaban a las entidades financieras a realizar los préstamos de una determinada manera tenían que haber sido controladas por distintas instituciones, entre ellas el Banco de España,
pero no ha sido así. En las comparecencias que se han celebrado con anterioridad han venido los gobernadores del Banco de España, pero recuerdo que en el año 2006 los inspectores del Banco de España presentaron ante el Ministerio de Hacienda una
carta en la que decían que se estaba generando una burbuja que en cualquier momento podía estallar -estamos hablando de antes de la crisis de las hipotecas en Estados Unidos- porque se estaban dando hipotecas temerarias por encima de las
posibilidades de las personas. Ese incumplimiento de las leyes de financiación de la vivienda dependía de las instituciones que tendrían que haber controlado a las entidades financieras, es decir, el Banco de España, quizás el Ministerio de
Hacienda, la Comisión Nacional de los

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Mercados y la Competencia, las propias asociaciones bancarias o de cajas de ahorros, o la Asociación Hipotecaria Española, que debería haber elaborado unas normas de conducta.


Hasta tal punto se vulneraron esas normas, que en el año 2012 se aprobó un real decreto-ley que contenía un código de buenas prácticas bancarias. Cuando uno ve que en el año 2012 se aprueba este código de buenas prácticas bancarias, lo que
piensa es que hasta entonces no existían. No se trataba de una nueva regulación con un real decreto legislativo de compilación de buenas prácticas bancarias, sino simplemente de un código de buenas prácticas bancarias. Es una norma muy curiosa
porque, además, los bancos se podían apuntar voluntariamente. Imagínense ustedes si uno se pudieran apuntar voluntariamente al código de circulación. Yo ahora mismo me salto un semáforo en rojo, me viene el policía y me dice que me van a poner una
multa y me van a quitar cuatro puntos. Y yo le digo: no, mire, es que yo no me he apuntado al código de circulación. Pues eso se ha permitido en este país y las entidades financieras para quedar bien, por supuesto, se han apuntado todas. De
acuerdo, pues si te apuntas al cumplimiento de una ley, la cumples. ¿Cuántas entidades han cumplido con ese código de buenas prácticas? Muy pocas. ¿Cuántas familias se han podido beneficiar del cumplimientos de esas buenas prácticas? Muy pocas.


Cuando se hizo la reforma de la Ley 1/2013 y se reformó el código de buenas prácticas, se introdujo un apartado en el que se decía que las entidades financieras en cuanto detectaran que una familia tenía dificultades para pagar su hipoteca,
inmediatamente se pusieran en contacto con ella, averiguaran qué pasaba y adoptaran medidas para no incurrir en una situación de morosidad y poder adaptar su situación real al préstamo hipotecario a través de una renegociación, de un periodo de
carencia o de cualquier sistema, pero no llegar a los tribunales. Sin embargo, se paso olímpicamente de esta norma y se fue directamente a los tribunales. Una familia que no puede pagar una cuota, tres cuotas, siete cuotas, indudablemente no va a
poder pagar la totalidad del préstamo. El banco puede limitar su reclamación a las cuotas impagadas, pero nunca lo ha hecho, normalmente se ha ido a la totalidad del préstamo. ¿Y por qué se iba a la totalidad del préstamo? Porque las normas
procesales que había en este país para ejecución hipotecaria le beneficiaban. El consumidor ejecutado, la persona que no podía pagar, se encontraba en una situación de desprotección, no podía oponerse a la ejecución hipotecaria. El señor Aziz no
se pudo oponer a la ejecución hipotecaria. ¿Qué le quedaba al señor Aziz? Lo único que le quedaba era demandar al banco. Un caso inédito, un señor desahuciado que no se puede pagar una defensa para un procedimiento de ejecución hipotecaria que no
servía para nada, coge y se mete en un lío de demandar al banco porque existen cláusulas abusivas y, como consecuencia de esas cláusulas abusivas, el título no es válido y le echan de su casa. Y así es como acabamos en Luxemburgo donde terminan
dándonos la razón.


Pues bien, cuando salió la sentencia el 14 de marzo de 2013, en ese momento dio la casualidad de que se estaba negociando una reforma de la Ley Hipotecaria y, además, teníamos la oportunidad, que se ha dado muy pocas veces en este país, de
una iniciativa legislativa popular. Había un millón y medio de firmas presentadas en el Congreso para participar. Podían haber participado los ciudadanos, podían haber participado los jueces, podían haber participado los notarios, podían haber
participado los técnicos, los políticos, la ciudadanía, podían haber participado todos; pues no, se hizo una ley que fue una chapuza, la Ley 1/2013. Y esa Ley 1/2013 introdujo una medida: que en los procedimientos de ejecución hipotecaria te
pudieras oponer por cláusulas abusivas. Sin embargo, tenía muchas trampas; te podías oponer, pero no podías proponer prueba, con lo cual al limitarte la prueba realmente limitaban los mecanismos de defensa; y te daban un plazo de un mes para
formular esa oposición. Había muchas ejecuciones, teníamos casi 500 000 ejecuciones hipotecarias en ese momento. No había abogados ni procuradores suficientes para llevar tanta ejecución hipotecaria. Se colgaron en las redes modelos para que la
gente los presentara directamente y no les pasara ese mes. Y tuvimos que volver a Europa para denunciar que se nos había dado un plazo de un mes que era insuficiente para que la gente se defendiera con esa causa. Y nos volvieron a dar la razón,
señorías, dijeron: Señores, es que este plazo de un mes no se puede notificar por BOE, se tiene que notificar personalmente. En los procedimientos judiciales los jueces tienen que notificar a las personas que tienen un mes para oponerse, no vale
esa notificación por BOE.


Pues bien, esa sentencia de 29 de octubre de 2015 tampoco se ha cumplido. Y les diré por qué no se ha cumplido: porque se ha añadido en el proyecto de ley de contratos de crédito con garantía hipotecaria en la disposición transitoria
tercera. Si se hubiera cumplido, no se hubiera añadido esa disposición transitoria. Realmente ustedes podrían preguntar al Consejo General del Poder Judicial, a los decanatos y a los jueces qué instrucciones han recibido para aplicar esa sentencia
y notificar personalmente. No han

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recibido ninguna. Ha habido algún juez que, motu proprio, lo ha aplicado, y los abogados que conocían esa sentencia y que en cualquier momento la han podido alegar, algunos han tenido éxito y han podido anular todo el procedimiento porque,
efectivamente, no existía esa notificación, pero muchos otros no. Cada vez que ha habido una reforma en este país como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos hemos encontrado con un problema, y es que siempre
se ha hecho cuando ya se había desahuciado o lanzado a personas. Es decir, teníamos una sentencia, se hacía la trasposición de la sentencia en un real decreto-ley o en una norma y las personas que ya habían sido desahuciadas no se podían beneficiar
de ella. Y nos encontramos con una situación paradójica. Resulta que la Ley 1/2013 en la exposición de motivos supuestamente traspone la sentencia Aziz, del señor Aziz, pues la disposición transitoria primera deja fuera al señor Aziz. Es decir,
este señor que va a un tribunal de justicia de la Unión Europea, que obtiene una sentencia favorable, cuando se hace la reforma de trasposición de esa ley, se le deja fuera.


Con el tema Sánchez Morcillo no se podía apelar, según la Ley 1/2013. No se podía presentar recurso de apelación y resulta que a iniciativa de la Audiencia Provincial de Castellón se formula una cuestión prejudicial y resulta que dicen:
¿Cómo es que no se puede presentar recurso de apelación? ¿El banco puede presentar recurso de apelación si pierde, pero el consumidor no puede? ¿Qué es esto? Esto vulnera el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Entonces se hace un real decreto-ley otra vez en el que se dice que las personas que han sido lanzadas quedan fuera y el resto pueden presentar recurso de apelación. ¡Y siempre estamos en lo mismo!


Normativa favorable a las instituciones de crédito. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar que los afectados se han defendido como han podido. Una de las cosas beneficiosas que ha podido traer esta crisis ha sido que la sociedad ha
reaccionado ante un problema por empatía. Se ha defendido como ha podido. Ha habido, por supuesto, juristas voluntarios que han apoyado, pero han sido muy insuficientes, y la gente con su resistencia pacífica, sin apoyo económico ni institucional
ha defendido la vivienda de personas que se encontraban como ellos.


El triunfo de esa solidaridad social, sin otra ayuda que la de los propios afectados, fue la que dio lugar a que se presentara una cosa inédita en este país, que fue lo que he dicho antes, una iniciativa legislativa popular con un millón y
medio de firmas. No ha habido ninguna otra en toda la democracia que hemos tenido en este país que haya dado esa situación. Por eso comentaba que ¡menos mal que tenemos Europa! ¡Europa al rescate! Pero resulta que el rescate de Europa avergüenza a
España y les diré por qué. Un año antes de la sentencia Aziz, un juez de Sabadell formuló una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Estaba cuestionando si era justo o no el procedimiento de ejecución hipotecaria y si
atentaba contra los derechos fundamentales, básicamente contra el artículo 24. El Tribunal Constitucional dijo que no, que era totalmente legal, que estaba totalmente ajustado a derecho y que no entraba a resolver sobre una cuestión que era
pacífica. ¡Muy bien! Un año después sale la sentencia Aziz y nos dice que el sistema de ejecución hipotecaria contraviene la normativa comunitaria. Ya nos quedamos fuera de sitio, pero es que no es la primera vez, es que luego vuelve a pasar.
Hacemos la Ley 1/2013, no cabe recurso de apelación y el juez de Primera Instancia, número 7 de Avilés -espero no equivocarme con el número de juzgado, y si no me disculpará su señoría-, presenta una cuestión de inconstitucionalidad sobre la
ausencia del recurso de apelación porque eso vulnera el principio de igualdad de armas procesales, el principio de igualdad en la interpretación de la norma y en la aplicación de la norma y el artículo 24 de la Constitución -un proceso con todas las
garantías-, y le responde con un auto diciendo que no, que aquí no se vulnera nada. Poco tiempo después, el 17 de julio de 2014, sale la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sánchez Morcillo, que dice que cómo es esto y que cómo
es que no tiene derecho a apelar una persona. ¿Igual que puede apelar el banco no puede apelar el consumidor que ha perdido una ejecución hipotecaria? Por tanto, nos hemos quedado descolocados en Europa. Pero es que ya la última ha sido la de las
cláusulas suelo. El Tribunal Supremo con toda su buena voluntad inmediatamente después de la sentencia Aziz, aplicando los criterios de interpretación que nos daba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictó una sentencia extensísima sobre
las cláusulas suelo -que era el tema que tenía ahí encima- con tres entidades, y dice que las cláusulas suelo no pasan los controles de transparencia y que son abusivas, pero limita el efecto de nulidad a la fecha de la sentencia, el 9 de mayo de
2013. Señores, una sentencia nula es nula, se tiene por no puesta, por tanto, se tienen que dar efectos restitutorios desde el inicio. ¿Qué ocurrió? Que solo se anulaban desde el 9 de mayo de 2013 y, si se había cobrado alguna cantidad, se
devolvía, pero a partir de esa fecha. Se tiene que volver otra vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

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dice, el 21 de diciembre de 2016, que qué es eso de que se limiten en el tiempo los efectos de declaración de nulidad de una cláusula abusiva. Que eso no es, que una cláusula nula es nula y, por tanto, se tendrá por no puesta y se tiene que
restituir todo. Ya estamos otra vez con un real decreto-ley para ver cómo se devuelve todo ese dinero a los consumidores. Pero resulta que aquí tenemos un efecto perverso. El efecto perverso es que se hace el real decreto-ley y el desarrollo
reglamentario, por decirlo de alguna manera, de ese real decreto-ley se deja en manos de los bancos. El banco es el que ha de confesar si la cláusula es abusiva, qué cantidad tenía que devolver y cómo la iba a devolver. Resulta que nos encontramos
con que cada banco hace sus procesos, con lo cual ya tenemos una discriminación entre consumidores dependiendo del banco que es, no todos los bancos han confesado que tenían cláusulas abusivas y, por otro lado, los procedimientos de devolución
voluntaria de los bancos cada vez han sido menos. La solución: ¡Acaben ustedes en los tribunales! ¿Por qué nos llevan a los tribunales? Porque si usted me presenta una demanda, las costas se las va a comer usted, y yo me allano. Las costas se
las va a comer usted y, por tanto, usted va a perder dinero. Coja lo que yo le ofrezco y no se lo gaste en abogados y procuradores que son muy caros.


Nos encontramos ante, primero, unos procedimientos que se tenían que diseñar por parte de las entidades bancarias, esperar un tiempo y al final acabar en los tribunales. ¡Qué curioso que tengamos que pasar por ese calvario para devolver ese
dinero! Como las entidades financieras no devolvían el dinero voluntariamente, se dijo: Tendremos que poner un montón de demandas. El Consejo General del Poder Judicial entra en alarma y dice: ¡Es que nos va a atascar los juzgados! ¿Qué hacemos?
Creamos un juzgado por provincia para llevar estos temas. ¿Y qué pasa? Que si tú quieres llevar un procedimiento de reclamación de cláusulas suelo, te encuentras que tienes que ir a un juzgado por provincia. Sé que Teruel existe, pero tiene poca
población. En Teruel podrán resolver pronto, pero en Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Bilbao, que son grandes poblaciones de este país, hay un colapso tremendo. Me parece que ahora han tenido que poner otros juzgados de refuerzo porque con
uno no basta. Y los tiempos de resolución de esos procedimientos se han calculado incluso hasta 2030. ¿Ustedes se creen que un ciudadano al que se le tiene que devolver un dinero va a esperarse hasta 2030? Al final acabará aceptando la oferta del
banco porque si encima tiene que pagar al abogado y al procurador y esperarse diez años o doce años para hacer una reclamación, se queda con el dinero y se quita el problema de encima, le da igual o no reclama. El efecto disuasorio que tenía que
ser para las entidades financieras que han puesto esas cláusulas, resulta que se está haciendo en España a la inversa, el efecto disuasorio es contra los consumidores para que no reclamen. Hablo de obstáculos del Tribunal Supremo no porque lo
piense yo, sino porque lo piensan juristas; hay artículos de magistrados que señalan que el Tribunal Supremo está tomando decisiones que despistan. Además, algunas decisiones tienen trascendencia sobre los procedimientos de ejecución hipotecaria
cuando el Tribunal Supremo no puede tener conocimiento de la ejecución hipotecaria porque no tiene recurso de casación. No tenemos recurso de apelación y no tenemos recurso de casación que le llegue al Tribunal Supremo para efectuar esa labor
unificadora, con lo cual nos estamos encontrando con un efecto perverso en la interpretación del derecho, que es que cada Audiencia Provincial tiene su criterio y tenemos audiencias provinciales que son más proconsumidores y otras más probancos, con
lo cual ya tenemos otra vez la discriminación de los consumidores según donde vayas. Todos estos obstáculos que se están poniendo siempre favorecen a la banca porque se dificulta tremendamente la devolución del dinero que se tendría que devolver.


Otra cosa que se ha hecho por el Tribunal Supremo. En un procedimiento de ejecución hipotecaria, si usted no se opone a todo lo que considera que es abusivo, no se puede reclamar luego en vía ordinaria y te tienes que ir a un procedimiento
de ejecución hipotecaria a hablar de unas cláusulas abusivas, y el juez de la ejecución hipotecaria dice: ¿Por qué discutimos esto aquí? Y le tienes que explicar que si no lo reclamas aquí luego no puedes ir al Tribunal Supremo porque te aplican
el artículo 400 de la LEC, el efecto de la preclusión. Por eso tengo que explicarlo, aunque usted pase de ello, pero yo se lo tengo que poner aquí porque si no luego no puedo reclamar. Pues esta intervención del Tribunal Supremo despista a los
jueces, y los jueces ahora mismo no saben a quién seguir. ¿Qué genera eso? Más cuestiones prejudiciales y hemos pasado de ser un país que prácticamente no iba nunca a Luxemburgo a ser el segundo país que va y plantea más cuestiones prejudiciales.
Somos el número uno en cuestiones prejudiciales de consumo y de materia laboral.


Resulta que en materia de consumo siempre volvemos con las mismas cuestiones. Hemos ido ocho veces con cuestiones de vencimiento anticipado de intereses de demora. Bueno, se han presentado más cuestiones prejudiciales, pero algunas las han
acumulado y otras las han dejado apartadas y han resuelto

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con una. Tenemos dos sentencias sobre el vencimiento anticipado, cuatro autos sobre el vencimiento anticipado, tres sentencias sobre los intereses de demora y cuatro autos sobre los intereses de demora y se han presentado cuatro cuestiones
prejudiciales más. ¿Cuántas veces tenemos que ir? Se están riendo de nosotros. Están diciendo: Pero bueno, ¿qué no entienden de estas cuestiones, de estas cláusulas? Son dos cláusulas, así que imagínense si vamos por todas las que tiene un
contrato.


Soluciones del Estado. ¿Qué soluciones ha dado? Las que les he dicho. Se hacen reales decretos-leyes y los consumidores tienen que acudir a vías lentas y caras. Esas soluciones dejan a los ciudadanos ante una situación de que se les
reconocen derechos, pero a la hora de hacerlos efectivos se les ponen muchas dificultades. Cuando una persona debe dinero al banco, inmediatamente se le inicia un procedimiento de ejecución hipotecaria o un procedimiento ordinario ante cualquier
juzgado que le corresponda por el domicilio o por donde tenga el bien hipotecado. En cambio, el consumidor se tiene que ir al juzgado uniprovincial. El consumidor tiene que oponer todas las cláusulas abusivas que considere que hay en el contrato,
aunque no sean objeto de la ejecución hipotecaria porque si no no puede acceder al procedimiento ordinario. ¿Y qué nos encontramos? Que siempre la normativa favorece al prestamista. Aunque en Europa nos den la razón a los consumidores, en España
a la hora de trasponerlo se hace tarde y a favor del prestamista.


Existen otras consecuencias. La crisis económica, las ejecuciones hipotecarias, las preferentes, las subordinadas, las swap, han traído más consecuencias, las cuales no se han tenido en consideración. No sé si esta Comisión piensa
estudiarlas o incluirlas en su proyecto de estudio, pero en la quiebra del Estado del bienestar nos encontramos con consecuencias sociales. Tenemos un coste social muy alto. Ya no solo es que se nos estén yendo los jóvenes preparados a países
extranjeros a trabajar, con la pérdida de ese capital humano que tanto ha costado formar, sino que nos encontramos con consecuencias en la familia. Cuando la familia pierde su casa, hay un aumento de disoluciones de unidades familiares. Aquella
canción que decía: Cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana es cierta. Ya no solamente son las disoluciones de las unidades familiares, tengan o no matrimonio, sino que a veces en la familia por los hijos o por los
hermanos se hacen cosas para que puedan acceder a una vivienda. Se hacían avales. Los padres y los hermanos avalaban con dinero y, cuando se producía una situación de incumplimiento, eso genera tensiones porque se presiona a los fiadores, a los
avalistas, para conseguir que pague esa deuda. Se les amenaza diciendo que van a perder su vivienda o se les mete en procedimientos judiciales en los que pueden perder su vivienda o sus bienes.


Tenemos consecuencias en la salud. No sé si ustedes conocen una asociación que se llama Finsalud, que está estudiando las consecuencias de las enfermedades, sobre todo de carácter psiquiátrico, y las somatizaciones que han generado
situaciones de tensión por las ejecuciones hipotecarias, por las preferentes, por la pérdida de dinero, de los ahorros de toda la vida de una familia. Esas consecuencias en la salud tienen un coste médico y un coste en medicación, un coste en
desasosiego, un coste personal que no se puede pagar con dinero. No hay indemnización que pague el sufrimiento que se ha generado con estas situaciones. Tenemos costes en la protección social. Yo me lo encontré con el tema Aziz. El señor Aziz
era deudor y era el ejecutado, pero con él vivía su familia. Su familia era mera ocupante de la vivienda y tenía dos hijos menores de edad. Cuando nos personamos con la mujer y con los hijos, nos dijeron que no valía. Se echaba a toda la familia
por la deuda del padre. ¿Y dónde van a vivir los hijos y la esposa, que no tienen ninguna deuda con nadie? Simplemente viven en esa casa porque es la casa del marido y del padre, pero pagan las consecuencias de esa deuda. También he incluido las
mascotas, que ahora son seres con sentimientos. Resulta que las mascotas sufren esas consecuencias. Si no tienes hogar para ti, ¿dónde te llevas tu mascota? Las perreras están llenas, así como las sociedades de acogida de animales. No solo
estamos afectando a las personas, sino a seres vivos a los que les estamos reconociendo ya un carácter superior al de una cosa. Las mascotas ya no son cosas, sino seres vivos con sentimientos.


Consecuencias en la vida. Han aumentado los suicidios. No sé si han mirado alguna estadística de suicidios, pero parece que no existan. Tenemos estadísticas de accidentes de tráfico, de divorcios, de muchísimas cosas, pero de suicidios
no. Finsalud me dio el dato de que desde el inicio de la crisis el número de suicidios había aumentado un 20 % y había una estadística según la cual se suicidaban unas diez personas de media al día hasta 2014. Estos datos se han podido corroborar
porque muchas veces ha sido titular de noticias que cuando ha ido la comisión judicial a efectuar un desalojo se ha encontrado al deudor ejecutado fallecido, suicidado. Y en lo económico, la muerte civil, que es un concepto que significa que esa
persona que tiene una deuda, y al que le han ejecutado su vivienda, tiene que seguir

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respondiendo con todos sus bienes durante toda su vida hasta que la pague; una deuda que cuantifica unilateralmente el banco.


Por otro lado, quería señalarles una circunstancia que me he encontrado y es que en los contratos de hipoteca existe una cláusula de vencimiento anticipado que tiene que ver con el mantenimiento de la garantía. Si desaparece la garantía, si
desaparece la vivienda, el contrato de préstamo con garantía hipotecaria se da por vencido, y a lo mejor esa familia o esa persona ha pagado su vivienda, ha pagado religiosamente su crédito, y se encuentra con que un día el Estado, aplicando
determinadas leyes -y yo pongo la Ley de Costas 22/1988, porque es un caso que se está aplicando desde hace treinta años y que afecta a seiscientas mil viviendas-, al perder la vivienda, porque el Estado dice que por el deslinde pertenece al Estado,
le quita la propiedad o le dice que esa propiedad es del Estado, se la quita a la persona que la ha pagado, no le da nada a cambio, le hace pagar el derribo y, encima, si tiene un préstamo hipotecario lo tiene que pagar por completo. No sé si
ustedes eran conscientes de esto; si no eran conscientes de esto, sería bueno que lo miraran porque afecta a seiscientas mil viviendas en todo lo que es la costa. Y nadie habla de ellos; no tenemos noticias. Cuando había ejecuciones
hipotecarias, los movimientos sociales sí que tenían una repercusión mediática grande. Ese caso no lo tiene.


La igualdad ante la ley. En el caso de un naufragio, las entidades financieras primero. Aquí los rescates, cuando ha habido problemas económicos, han sido para las entidades financieras con dinero público, con dinero de los contribuyentes.
Ahora los consumidores se disfrazan de contribuyentes y dicen ¿dónde va mi dinero? ¿Mi dinero va a servicios sociales? No. ¿Mi dinero va a educación? No. ¿Dónde va tu dinero? A las entidades financieras, al rescate bancario. ¿Por qué?
¡Porque es que si no, se produciría un colapso en la economía! ¿Quiere usted decir eso? No, no se preocupe que ese dinero se va a recuperar. Bueno, pues me parece que últimamente las noticias son que no se va a recuperar prácticamente nada de lo
que se ha invertido. Se está hablando de unos sesenta y pico mil millones y, como mucho, se van a recuperar unos 5000. ¿Y el resto qué? ¿De dónde ha salido? ¿Dónde va? ¿Por qué en lugar de rescatar a las entidades financieras no se rescató a
los contribuyentes que eran consumidores en dificultades? No, se rescató a las entidades financieras.


¿Por qué tienen ese privilegio las entidades financieras? ¿Tanto poder tienen en este país? ¿Tan necesarias son en este país? ¿No son más necesarias las personas? ¿No estamos en un Estado de bienestar o estamos en un Estado de negocios?
Y, ¡ojo!, que no quiero decir que los bancos tengan que desaparecer. Lo único que digo es que, ¡oiga!, en una situación de igualdad que se rescate a todo el mundo. Pero no, se rescata a las entidades financieras; se pone dinero; se hacen
fusiones, absorciones. Luego, resulta que esa vivienda que a ti te ha costado un riñón comprarla, que luego te la ejecutan, te la subastan, al principio era el 50 %, ahora es el 70 % si es tu vivienda habitual, con una depreciación del 30 %, pues
resulta que luego va el banco que se la ha adjudicado y, cuando acumula un montón, se la vende a un fondo buitre por cuatro duros. ¡Bueno, pero si a mí me han hecho pagar todo este dinero y resulta que ahora lo venden por este! ¡Aquí tiene que
haber una pérdida! Pero nadie controla si hay una pérdida contable o no. Yo lo que veo es que las personas que han pagado mucho dinero por una vivienda, y que se le ha depreciado en el procedimiento de ejecución hipotecaria, se la malvende y,
encima, cuando hay una ley que dice que si hubiera un beneficio en la venta de ese inmueble se tendría que reducir la deuda, ven cómo lo vende por cuatro duros y no van a tener nunca beneficio. Con lo cual, tampoco se favorece a las personas con
esa normativa.


Por eso decía, ¿dónde acaban las viviendas? Acaban malvendidas a fondos buitre; acaban vacías y sin uso. Se han cuantificado unos 3,4 millones de viviendas vacías. Una vivienda vacía es una vivienda sin alma. ¿Por qué tenemos que tener
a la gente en la calle o en situaciones precarias, cuando hay 3,4 millones de viviendas vacías? ¡Y se están construyendo! ¡Ahora vuelven a aparecer las grúas para construir más! Para construir más ¿para qué si a la gente se le ha quitado? ¡No, se
harán hipotecas porque hay una recuperación económica! ¡Bueno, pues si hay una recuperación económica, vamos a salvar a las personas que estaban sin hogar y vamos a ofrecerles políticas de vivienda social! No, no se hace nada, porque pertenecen a
las entidades financieras; y las que no interesen se las colocamos al banco malo, a la Sareb, y con esas pues ya veremos a ver cómo hacemos. Las quitamos de los balances, saneamos, hacemos el apaño contable y ya está, y el banco sigue cotizando en
bolsa como si no hubiera pasado nada.


Resulta que las viviendas que están vacías, esas viviendas que han perdido a sus propietarios, como consecuencia de ejecución hipotecaria, impagan las comunidades de propietarios. Cuando en un edificio nos encontramos con varias ejecuciones
se quedan sin ascensor; se quedan sin luz; no se pueden hacer

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reparaciones; y a lo mejor te pasan la Inspección Técnica de Edificación porque tiene más de cuarenta y cinco años el edificio y se tienen que hacer reformas, y resulta que los únicos que pagan son los tres vecinos que quedan con su
préstamo al día. ¡Y se impagan impuestos! El impuesto de bienes inmuebles, impuestos municipales que necesitan los municipios para tirar adelante con su actividad, pues también se dejan impagados. Señores, cuando una persona deja de pagar una
deuda se la mete en listados de morosidad. ¿Existe algún listado de morosidad de las entidades financieras cuando no pagan a una comunidad de vecinos o cuando no pagan un impuesto? Yo no he visto ninguno.


¿Tiene consecuencias que un banco que no paga impuestos, que no paga las comunidades, esté inscrito en un listado de morosidad? No. Y pensemos una cosa, que en este país se ha destruido mucho empleo como consecuencia de deudas que tenían
pequeñas empresas y autónomos, que son la mayoría de las que dan empleo en este país, como consecuencia de deudas de las administraciones públicas; administraciones públicas y ayuntamientos que cogían y hacían obra pública porque quedaba muy chulo
arreglar el pueblo, indudablemente es una mejora del Estado del bienestar, pero luego no pagaban sus facturas, y esas personas se quedaban embarrancadas con esa deuda. Tenían que cerrar su empresa, despedir a los trabajadores; los trabajadores
dejaban de pagar su préstamo hipotecario, se veían ejecutados y, entonces, entramos en el círculo que les he venido explicando durante toda esta exposición.


Últimamente nos estamos encontrando, después de la sentencia Aziz, con las tendencias que en teoría tienen los jueces ahora de reconocer la existencia de cláusulas abusivas, con un incremento de los lanzamientos, tanto derivados de
ejecuciones hipotecarias como de impago de arrendamientos. No sabemos a qué se debe, pero sospechosamente a un incremento desmesurado. Nos entran en los despachos casos de lanzamientos por impagos, incluso de algunos que son de viviendas sociales.
¡Oiga!, es una familia que estaba en una situación precaria y ya se sabía cuando se le dio este tipo de vivienda que estaba en una situación precaria! ¡También se la echa! ¡Se la vuelve a echar! Hay personas a las que se las ha echado varias veces.
¡Al señor Aziz estuvieron a punto de echarlo una segunda vez no por que impagara su alquiler, sino por que le vencía el contrato! ¡Y lo volvían a echar! ¡Ya no te renuevo! ¡Los cinco años se han acabado y ya no te renuevo más el contrato! Y le
vuelven a echar de su casa. Hubiera sido alucinante. La primera vez no se pudo grabar cómo se echaba al señor Aziz de su casa; la segunda vez sí que la habríamos podido grabar. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido a un lanzamiento, a un
desahucio. La verdad es que no es muy agradable ver la historia de una familia en cajones. No saben los nervios que se pasan hasta que llega la comisión judicial y aprieta el timbre. Yo he visto casos en los que el último acto que hace una
persona sobre su casa, como si se fuera de vacaciones, es bajar las persianas. Y le decían: ¿Por qué bajas las persianas si te hemos quitado el piso? Perdonen, esta persona hasta que no sale de esta casa es su casa y hace lo que quiera con ella.
Y les discuten que bajen las persianas. De verdad, es una situación muy dramática. Quizá deberíamos vivir esa experiencia para ponernos en su lugar y saber lo que significa ese drama. A veces ponernos en los zapatos de las personas es
comprenderlas mejor; estar lejos de esos problemas nos hace ver las cosas con una perspectiva muy diferente.


Por otro lado, resulta curioso que se taponen leyes de protección social que hacen las comunidades autónomas que cumplen con las sentencias y directivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Unión Europea respectivamente. Tengo
aquí un listado en el que hay iniciativas legislativas: de la comunidad de Andalucía, dos; de Cataluña, dos; de Navarra, una; de Canarias, otra; del País Vasco, otra; de Aragón, otra; de Murcia, otra; de Extremadura, dos; de la Comunidad
Valenciana y de la Comunidad de Madrid. Todas han sido objeto de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y han sido suspendidas. Eran leyes que intentaban ayudar contra la pobreza energética o a que las personas no se
quedaran en la calle. Pero no se han anulado porque dijeran que se estaban invadiendo competencias suyas porque lo estuviera haciendo el Estado. No, es que no tenemos alternativa, no hay alternativas estatales. Se dice que se invade una
competencia, pero no tenemos alternativas estatales. Antes de anularla, o copian el contenido de la norma, si está bien hecha, o la dejan que vaya funcionando: de momento lo hacen ellos hasta que yo haga la mía, que la haré más chula, cojo lo
positivo de los demás, negocio con las comunidades autónomas... Porque es un problema de todos. Si tenemos que tener solidaridad entre comunidades autónomas, el que tiene que ser coordinador de esa solidaridad es el Estado, y resulta que el
Estado, en lugar de coordinar la solidaridad entre comunidades autónomas para que las personas tengan vivienda, se dedica a reventar todas las leyes, y aquí tenemos trece recursos de inconstitucionalidad. ¡Me parece una política de vivienda genial!


Finalmente, quería terminar con una cita de un premio Nobel de Economía, el señor Joseph Stiglitz, que dice que quienes más sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún papel en crearla. Esto es lo

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que está pasando en este país desde hace muchos años. Estas personas necesitan respuestas; no se las podemos dar en los tribunales, no podemos judicializar este problema más. Para los abogados no es solamente un negocio, para los abogados
también es un problema. Los abogados, que tienen un cliente con un problema, que a lo mejor se podría solucionar de otra manera, políticamente tienen muchos más medios que jurídicamente; jurídicamente es un pleito muy largo y costoso que a
nosotros también nos hace pasarlo mal. A la hora de afrontar ese problema, señores, nosotros -los abogados, los jueces- vemos a las personas; ustedes, igual, por su carácter de políticos, no van a un juzgado, pero tengan en consideración lo que
les digo. Ya que se me permite hablar les digo que igual sería bueno que vinieran más juristas, más personas que tratan estos problemas; igual sería bueno que comparecieran aquí y explicaran sus experiencias, lo que se encuentran en los juzgados,
en un desahucio, para que sepan que todo lo que yo digo no me lo invento y lo corroboren. Propongan y tengan en cuenta a estas personas para que también puedan dar iniciativas.


Ahora se está haciendo una ley de créditos con garantía hipotecaria para adquisición de vivienda que viene a trasponer la directiva comunitaria que se dictó en su día. Vamos a aprovechar que estamos negociando esta ley de contratos para
hacer una buena ley y vamos a revisarla bien. Ustedes, que son las personas que van a tener que discutirla y aprobarla, recuerden lo que les he dicho. Yo se lo digo desde el punto de vista de la experiencia personal y profesional que he vivido.
Desde mi punto de vista, personal, porque yo también soy consumidor, al igual que ustedes, dudo que no tengan algún conocido que se encuentre en este problema, en esta situación, aunque igual tienen la suerte de no conocer a nadie. Piensen en
ellos, en el resto de españoles, en los extranjeros que han venido a vivir aquí, a trabajar, a ganarse la vida; piensen en los españoles preparados que se han tenido que ir porque no se les podía asegurar ni la vivienda. A ver si vuelven. Espero
que no tengamos que hacer leyes Beckham para recuperar científicos porque se han tenido que ir a ganarse la vida en otros países y el fruto de esa inversión en la formación de esas personas se lo lleven otros Estados y nosotros tengamos que verlo
desde fuera por la tele.


Muchas gracias por su atención y por invitarme. Estoy a su disposición para responder a las preguntas que me quieran realizar.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Moreno Trigo.


Comenzamos el turno de portavoces por el grupo que pidió la comparecencia, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Señor Mayoral.


El señor MAYORAL PERALES: Muchas gracias, señor presidenta.


Muchísimas gracias, señor Moreno, en primer lugar por la exposición, pero también quería poner en valor lo que supone el propio caso Aziz y la labor que ha desarrollado durante todos estos años en defensa de las personas que se encontraban
en indefensión; además, le pediría que explicara a esta Comisión qué supone estar en indefensión, cómo se afrontaban los procedimientos de ejecución hipotecaria de forma masiva en situación de indefensión; y quiero decirlo porque hasta la
sentencia del caso Aziz no existía ni un solo medio de defensa en el procedimiento de ejecución hipotecaria.


Hay momentos extraordinarios en los que se desarrollan luchas sociales y colectivas, pero también es importante que en esos momentos haya personas que nos recuerden a ese personaje que ha recorrido el mundo y que ha identificado a España,
don Quijote, que iba a combatir a lugares donde nadie quería ir. Al final, quién iba a pensar que David podía vencer a Goliat en Luxemburgo. Nadie esperaba que eso pudiera ocurrir. Esa sentencia significó el momento en el que muchos juristas se
dieron cuenta de que existía una cosa llamada procedimiento de ejecución hipotecaria, donde se tenía que cumplir una cosa llamada tutela judicial efectiva, una cosa llamada derecho a la defensa, y que no se estaba cumpliendo en nuestro país. El
derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, son derechos fundamentales, configuran los elementos esenciales del derecho a un juicio justo, y eso significa que en este país se han violado sistemáticamente los derechos humanos de
las personas más vulnerables y además se ha hecho de forma sistemática desde la Administración de Justicia, lo que significa que deben -y así lo hemos reclamado en esta Comisión y en esta Cámara en varias ocasiones- operar los principios
internacionales que operan en los casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos, que es el derecho al restablecimiento a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación.


Me gustaría que nos ilustrara sobre los incumplimientos que siguen existiendo en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, empezando por el caso Aziz y por una cosa que se llama

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prejudicialidad civil. Me gustaría que ilustrara a la Comisión, porque creo que es importante que conste en el Diario de Sesiones, sobre qué es el vencimiento anticipado y por qué es una cláusula abusiva. Me gustaría que ilustrara a esta
Comisión sobre por qué es abusiva la responsabilidad universal en los contratos hipotecarios en España. Me gustaría que ilustrara a esta Comisión sobre si considera que existe o que ha podido existir la voluntad de no cumplir las sentencias del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si existe algún dato o algunas fórmulas. Creo que ha dado algunas claves al principio, pero me parece que podría resultar interesante para la Comisión que nos ilustrara en este sentido.


Ha habido muchas modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico. Yo tengo anotadas que afecten directamente al procedimiento de ejecución hipotecaria en torno a dieciocho desde el año 2013, quizás alguna menos. Usted ha explicado la
sentencia Sánchez Morcillo y me gustaría que nos matizara cuáles eran los componentes básicos de la ley Frankenstein, la Ley 1/2013 en cuanto a la violación del derecho a la defensa y la desigualdad de las partes. Lo ha explicado, pero me gustaría
que lo matizara. También quisiera que explicara a esta Comisión cuál es la concepción del derecho de consumidores de la Unión Europea, porque creo que no opera exactamente el principio de igualdad de partes, sino que incluso va un poco más allá.
Sería interesante que se pudiera ilustrar a esta Comisión sobre cuáles son las obligaciones de los Estados miembros con respecto a la protección de consumidores en las procedimientos judiciales y en las leyes. Me gustaría que pudiera darnos algunas
orientaciones en ese sentido.


No me voy a extender más, lo interesante es la intervención que nos va a hacer. Bueno, sí me gustaría que pudiera ilustrarnos acerca de la importancia que tiene el vencimiento anticipado, no solamente en qué consiste sino la importancia que
puede tener el vencimiento anticipado. La última cuestión, si considera que el procedimiento de ejecución hipotecaria está muerto, porque creo que ese es otro de los elementos que quizás están pendientes de resolver.


No quiero terminar la intervención sin agradecer la labor que ha estado realizando durante todos estos años y que sigue realizando todos los días en defensa del derecho de los justiciables, como se dice en los juzgados, de las personas que
en muchos casos, además, no tienen ninguna posibilidad de defenderse. Sería interesante también que pudiera contar precisamente eso, que llegó a Luxemburgo frente a todo pronóstico cuando nadie pensaba que se pudiera llegar a Luxemburgo y que el
señor Aziz tuvo la oportunidad de recibir una parte del derecho a la tutela judicial efectiva -aunque todavía no se ha hecho efectiva en su conjunto la sentencia- porque hubo una persona que decidió que era necesario poner su trabajo para garantizar
que a alguien se le hiciera justicia cuando nuestro sistema no le daba ningún mecanismo para poder defenderse, y cuando digo ningún mecanismo para poder defenderse quiero decir ningún mecanismo para poder defenderse.


Muchísimas gracias por su labor y muchísimas gracias por su exposición.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Deseo darle la enhorabuena al señor Moreno Trigo por su exposición, diferente a muchas de las que he visto en esta Cámara, muy esclarecedora. Le aseguro que me sugiere una plétora de sensaciones, de pensamientos. Estoy de acuerdo con
usted, desde luego esta crisis produjo una jibarización de la clase media, está claro que esta crisis hizo que se polarizara más y que se produjera la brecha social mucho más agravada, pero no puedo estar de acuerdo con usted en que la culpa la
tenga que tengamos teléfonos móviles y coches. Ya sé que no ha dicho eso, lo tengo claro, es el progreso. Yo sí tengo una hija de diez años y le puedo asegurar que la escuela sigue sin dar esa información fundamental de consumidor. Creo que es
algo que tenemos pendiente, una reforma educativa importante en nuestro sistema.


Decía Robert Reich cuando estaba de secretario de Estado para el Empleo que él dejó de estar en política precisamente porque se metió para ayudar a la gente y que lo dejó porque se dio cuenta de que precisamente se estaba regulando en favor
de las instituciones y no de las personas, en favor de las grandes empresas y no de las personas, y que eso le produjo una desazón personal que le hizo dejar la política. Escribió un libro llamado Salvemos el capitalismo, donde aduce que no es el
modelo económico lo perjuicioso, sino lo que se hace con él, cómo se regula para esto. En ese sentido, usted nos ha relatado de forma muy resumida y muy bien lo que ha ocurrido y qué deberíamos hacer para no repetir esa situación. Nos ha dicho
claramente que se aprobó un Real Decreto 6/2012 -y lo decía con toda la razón-, el código de buenas prácticas, como si no se hubieran hecho hasta ahora. Está claro que es que no se habían hecho. Además, se hizo después de la casi inacción total
del Gobierno del Partido Socialista.

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Estábamos en una situación donde las ejecuciones hipotecarias eran diarias, donde todos veíamos noticias y conocíamos a gente afectada. Creo que todo el mundo conoce a gente que ha perdido casas y amigos que se han tenido que ir fuera a
buscar trabajo porque aquí no había, es decir un drama social que hemos vivido debido a la crisis. Hablaba del carácter voluntario. La verdad es que el problema no fue ese, porque prácticamente toda la banca se apuntó enseguida al código de buenas
prácticas. Lo que pasa es que los requisitos para beneficiarse eran tan estrictos, había que tener falta absoluta de trabajo, los ingresos y patrimonios del deudor no tenían que existir, no tenías que tener avalistas, todos los miembros de la
familia básicamente en una situación prácticamente dantesca. Es decir, era casi imposible beneficiarse de ese real decreto-ley. Es cierto que el Parlamento posteriormente hace una reforma, la Ley 1/2013, de maquillaje, y además obligados porque ya
se había producido precisamente la sentencia del caso Aziz. Hay que agradecerle a usted, obviamente y al señor Aziz, la lucha que han desarrollado. Al final queda lo mismo, se hace una reforma que sigue siendo totalmente insuficiente y que no
soluciona el problema principal, que es cómo garantizar al conjunto de la ciudadanía ese derecho a la vivienda digna que queda como principio rector y no como derecho fundamental. Solo la cercanía de las elecciones hizo que se aprobara la famosa
ley de segunda oportunidad, que se puso en marcha a toda velocidad y que, por supuesto, adolece de defectos técnicos graves. De hecho, el colectivo 'Hay derecho' en su último libro dice textualmente: Se trataba de que pareciera que se resolvía un
problema cuando los responsables eran o debían ser conscientes de que no se avanzaba gran cosa.


Por ello y por no extenderme más, solo le quería preguntar qué valoración hace de la Ley 1/2013, de 14 de mayo. Tengo claro, por lo que me ha dicho, que no va a ser buena. Me gustaría conocer su valoración exacta sobre esa ley. Lo mismo
sobre el Real Decreto-ley 1/2015, si considera que ambas normas fueron suficientes; si lo fueron, en qué aspectos; y qué medidas adicionales de fortalecimiento de la protección del deudor hipotecario en la comercialización de los préstamos
hipotecarios cree que son necesarias y qué mejoras podríamos hacer precisamente en el procedimiento de ejecución. Ya lo ha comentado el señor Mayoral, pero me gustaría que también profundizara ahí.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Socialista, señora Pérez Herraiz.


La señora PÉREZ HERRAIZ: Gracias, presidenta, y muchas gracias, señor Moreno. Su exposición fue muy clara y, por tanto, yo seré muy breve. Enhorabuena por su trabajo y por los resultados de su trabajo, las dos cosas.


Estamos de acuerdo en que fallaron muchas cosas y en que las consecuencias de esos fallos las pagan ciudadanos y especialmente unos ciudadanos, y que lo más importante es que queremos que esa situación continúe o se repita. Yo también le
iba a preguntar por la Ley 1/2013, pero ya me quedó claro con su intervención que la considera una chapuza. Respecto a las nuevas hipotecas que se firman ahora en España, ¿siguen teniendo cláusulas abusivas? Creo deducir de su intervención que
todavía las ejecuciones hipotecarias no se ajustan plenamente a derecho. ¿La normativa española colisiona o ya no colisiona con la normativa europea respecto a las relaciones entre los ciudadanos y del sistema financiero? Me refiero a la teoría, a
la normativa. ¿Y qué pasa con los procedimientos judiciales? Lo que usted consiguió lo podrían haber intentado y conseguido otros. ¿Por qué cree usted que no lo intentaron? ¿Había falta de sensibilidad ante un problema social tan importante?
¿No había consciencia de ese problema? En el ámbito judicial, ¿hoy estos temas se tratan de forma más correcta? ¿Tienen los ciudadanos garantías? También me parece deducir de su intervención inicial que usted considera que no, que siguen sin
tratarse de forma correcta y que siguen faltando garantías para los ciudadanos. Por mi parte nada más. Repito el agradecimiento por su intervención y por sus logros.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pérez Herráiz.


Para finalizar el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Moreno Trigo, bienvenido a esta Comisión. Yo no tengo preguntas que hacerle. Sí le quiero dar la enhorabuena por esa sentencia porque indudablemente desde un punto de vista profesional tiene que

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tener usted una merecida satisfacción por haberla conseguido y la verdad es que ha significado un antes y un después en la legislación española.


Yo no voy a entrar en las modificaciones, en si son suficientes o insuficientes, lo que pasa es que indudablemente vamos a discrepar en filosofía, en el proceso de cómo se ven las cosas porque, respecto al préstamo hipotecario, pensemos que
hay un prestamista y un prestatario y siempre va a haber que dar garantías. El que hace el préstamo quiere ciertas garantías de que va a recuperar ese préstamo y, en función de cómo sea la legislación, esas condiciones van a ser más o menos. Uno
de los ponentes que ha pasado por la Comisión fue presidente del Banco Hipotecario y explicó perfectamente cómo había evolucionado la concesión de los préstamos desde los años ochenta hasta cuando él se fue. Yo no estoy muy de acuerdo con usted
porque, como decía, había préstamos al emigrante, préstamos marca de coche, como ha dicho usted... ¡Hombre!, yo creo que el ciudadano debería ser consciente, porque el primero que va y solicita el préstamo y lo firma es el ciudadano.


Otro de los puntos que siempre se nos reclama en otros sectores es el de la seguridad jurídica. Yo vuelvo a insistir en que la gente, a pesar de que a veces pierda la cabeza -perdemos la cabeza todos-, debe ser consciente cuando firma de
las obligaciones que tiene que cumplir y de lo que firma.


Y para terminar, respecto al tema de rescatar bancos, yo me canso de decir esto. Hubo uno, el Popular, que ha salido como ha salido, cedido por un euro y los que han perdido el dinero han sido los accionistas del Banco Popular. Se verá con
el paso del tiempo si justificada o injustificadamente, si ha sido excesivo o no ha sido excesivo. Pero en el otro tema, el de las cajas, que es lo que afectó, pues las cajas se hundieron precisamente porque había muchos pagos de préstamos
hipotecarios a los que no se podía hacer frente y no tenían recursos. Al final, sus balances eran negativos y lo que se hizo fue rescatar al banco, a las cajas, darle una solución a las cajas pero para que los depositantes -porque en las cajas no
había accionistas- que tenían el dinero en cuenta corriente no lo perdieran, porque si íbamos a una liquidación, aunque fuese ordenada, todos sabemos -por lo menos lo sabemos los que hemos trabajado en procedimientos concursales- que si recuperamos
el 10 % del valor en libros nos podemos abrir una botella de champán. Con lo cual todos nos podemos imaginar -y yo no me canso de repetirlo- lo que hubiese sido para el país, para España, que no se hubieran adoptado esas opciones y se lleva a las
cajas a una liquidación ordenada. Si la crisis ha sido brutal, indudablemente eso hubiese sido una descapitalización y un empobrecimiento del país todavía más brutal. Con lo cual hay que conjugar todas esas cosas a la hora de emitir opiniones, que
respeto, indudablemente, pero que no comparto.


Por mi parte nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Juncal.


Me pide el compareciente diez minutos para preparar la contestación. (Pausa).


Reanudamos la Comisión. Tiene la palabra el señor Moreno Trigo para dar respuesta a los portavoces.


El señor MORENO TRIGO (Abogado del caso Aziz en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea): Si les parece voy a hacer una respuesta un poco global y así podré ir dando respuesta a todas las preguntas. Las cuestiones más extensas son las
que se han efectuado por el señor Mayoral y seguramente en la respuesta al señor Mayoral irán incluidas algunas de las planteadas por los otros grupos.


El señor Mayoral me preguntaba por el caso Aziz. El caso Aziz la verdad es que siempre he dicho que ha sido un milagro, fruto de la desesperación y llegó en un momento en el que más se necesitaba. Con el señor Aziz tenía un compromiso
personal con mi padre, que en paz descanse, porque le tenía mucho aprecio al señor Aziz, le tenía mucha confianza. Aparte me acuerdo que el principio del caso lo vivimos juntos, cuando él estaba ya falleciendo me lo trajo como cliente porque se lo
había encontrado en la farmacia y todo esto, y para mí el caso Aziz fue una forma de superar el dolor que sufrí por el fallecimiento de mi padre. Yo llevaba temas laborales, no llevaba temas de ejecución hipotecaria. ¿Qué pasa con los temas
laborales? La gente se queda sin trabajo y van a los despidos. Como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo dejaban de poder cumplir con sus obligaciones, entre ellas la del pago de los préstamos hipotecarios. Luego te venían con la
ejecución hipotecaria y a ver qué haces. La ejecución hipotecaria en aquel momento, tal como estaba regulada, no permitía más que tres supuestos de oposición: que estuviera pagada, que estuviera inexistente o que no estuvieras de acuerdo con la
cantidad. Realmente no estar de acuerdo con la cantidad cuando tampoco sabes cómo se calcula esa cantidad, tampoco te lo permitía. Realmente la ejecución hipotecaria, como no fuera por defectos formales, era difícil, y se intentaba aquello de
tirar palos a las ruedas a ver si había alguna cosa así. Se intentaron hacer estas triquiñuelas. Vamos a revisar el título a ver si tiene todos los requisitos, a ver si hay un fallo en las

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tasaciones, lo que sea. Te inventabas cualquier cosa, pero realmente desde el punto de vista del derecho no había nada que hacer. Cuando uno ya está en la desesperación de que a esta familia la van a echar, se le ocurre un día: han
demandado a mi cliente, pues voy a demandar al banco, porque hay un artículo, el 698, que permite presentar un procedimiento ordinario contra el título. El problema que tenía es que ese procedimiento ordinario no permitía paralizar la ejecución
hipotecaria. No obstante, yo a la desesperada presenté esa demanda. ¿En qué fundamenté esa demanda? No sabía qué juzgado me iba a tocar, pero como tenía que demandar por cláusulas abusivas me tenía que ir al juzgado de lo mercantil y tuve la
inmensa suerte -por eso el milagro de este tema- de dar con un juez que ya tenía experiencia en los temas de cuestiones prejudiciales, que era el señor José María Fernández Seijo. El señor Seijo cuando recibió la demanda vio un caso de los que
tenían esa importancia. Yo no le podía exigir al señor Fernández Seijo que enviara una cuestión prejudicial, la cuestión prejudicial nace del señor Fernández Seijo. Solo se puede exigir que se presente una cuestión prejudicial a la última
instancia frente a la que no cabe ningún recurso. A mí me cabían dos recursos más. Como no sabía qué juzgado me iba a tocar me preparé para irme al Tribunal Supremo. Como mínimo, lo invoco. ¿Qué invoqué? Lo que tenía: derecho de consumidores.
Ya que como ciudadano no podía invocar nada, voy a invocar derecho de consumidores. En los derechos de consumidores casualmente encontré una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia Pannon, de 4 de junio de 2009, que
obligaba a los jueces a revisar de oficio las cláusulas de un contrato en el momento en que tenían que valorar su competencia territorial, es decir, si este tema lo tengo que llevar ese juez o lo tiene que llevar el juzgado de otro sitio. En ese
momento se tienen que revisar de oficio en ese contrato, que tiene el valor de una sentencia judicial, -¡fijense ustedes el valor que se le da y la importancia que tiene ese contrato, que es casi una sentencia judicial!- las cláusulas abusivas. Se
denunciaron cláusulas abusivas, él las revisó y dijo que sí, que había cláusulas abusivas, pero como se había invocado derecho comunitario, como hay esta directiva, el único tribunal que puede resolver o interpretar las directivas comunitarias es el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como ya tenía experiencia en las cuestiones prejudiciales, elevó la cuestión prejudicial, y a partir del auto me llega una carta del Tribunal de Luxemburgo y me dicen que tengo dos meses para hacer
alegaciones. ¿Qué hice yo? Pues alegaciones. Presenté cuarenta y cinco folios de alegaciones, veinticinco documentos oficiales; me leí todas las comparecencias de comisiones, noticias, declaraciones de ministros, de tasadoras, de entidades
financieras, estadísticas, todo lo que encontré en ese momento. No teníamos un portal de transparencia ni había unas estadísticas tan precisas o desarrolladas como las que tenemos ahora, sino que era un trabajo de buscar. Todo eso se lo envié
explicado en la forma más sencilla que pude, porque eso se tenía que traducir. Primero que lo entienda el traductor y luego que lo entiendan los jueces comunitarios, y se envió a Luxemburgo. Luego te preguntan si quieres vista. Por supuesto, yo
quería una vista, vamos a vernos las caras, ¡ya que vas a Luxemburgo! Y después de la vista, la historia que todos saben: uno que va el día antes para llegar pronto y llegué una hora tarde, porque me perdí en Luxemburgo. La verdad es que hubo un
momento en el que el tema Aziz ya no era el tema Aziz, era el tema de mucha gente. La responsabilidad que uno sentía encima no era la de un solo cliente, era la de todos los que estaban en esa situación. En el procedimiento, en la vista, como digo
llegué tarde, con cara de culpable, entré en la sala, estaba hablando el abogado del banco, me dijeron que me sentara, era una sala más grande que esta, me senté y luego me dejaron hablar, hacer mi exposición, la hice como pude, porque con los
nervios que llevaba y lo que había padecido en el coche creo que fue un milagro; uno más el hablar con coherencia y decir las cosas. Allí no puedes leer ningún papel, tienes que mirar a los jueces o al tribunal y dispones de veinte minutos
clavados. Hoy me he traído un reloj de arena porque pensaba que aquí era como en el tribunal de Luxemburgo. Me han dicho que no hacía falta, se agradece, pero el reloj de arena lo tengo. Yo hice mi exposición y cuando se terminaron las de todas
las partes, del Abogado del Estado, del banco, del abogado de la Comisión Europea, señor Baquero -al que también tengo que agradecer muchísimo el apoyo y la ayuda que recibí porque entendió desde la Comisión Europea que la situación que teníamos en
este país era injusta-, recuerdo que la magistrada austríaca, la señora Berger, me llamó al estrado y me dijo: Póngase usted los cascos que le vamos a hacer unas preguntas. La señora Berger me preguntó cómo es que mi cliente no se opuso a la
ejecución hipotecaria. Mi contestación fue que no servía para nada, no valía la pena; la ejecución hipotecaria no tiene medio de defensa. A continuación me preguntó cómo es que se opone en este procedimiento que vale mucho más dinero. Y
contesté: Este procedimiento ¿quién se cree usted que lo paga? Lo paga la amistad, lo pagan los principios, y lo paga que yo también tengo una hipoteca y aquí donde está el señor Aziz hoy, mañana puedo estar yo. Cuando me fui a Luxemburgo yo
debía cuatro cuotas. Es decir, me fui en una situación en

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la que a mí también me podían haber aplicado el vencimiento anticipado, con lo cual no podía sentirme más identificado con el señor Aziz. Por tanto, al defender al señor Aziz, me defendía yo y defendía a todos los que estábamos en la misma
situación.


Por otro lado, tenía que agradecer el milagro que se estaba produciendo dentro de los movimientos sociales. La sociedad se había organizado para oponerse a las ejecuciones hipotecarias. Ese movimiento social me daba muchas ganas de
trabajar en el asunto, pero también me daba la cobertura para poder ir por mi lado sin hacer ruido y sin que nadie me hiciera ni caso. En un procedimiento como este lo normal hubiera sido que la entidad bancaria ante un riesgo mínimo de perder,
hubiera negociado cualquier cosa. Otro milagro fue que nunca quiso negociar nada ni tampoco ponernos al día; me acuerdo que la Generalidad ofrecía ayudas para ponerse al corriente en los préstamos con garantía hipotecaria, pero no quiso. En el
momento de ir a Luxemburgo podría haber propuesto llegar a un acuerdo: oye, vamos a llegar a un acuerdo, dejamos esto. Yo no hubiera podido ir a Luxemburgo si el señor Aziz hubiera aceptado cualquier tipo de compensación, pero no recibió ninguna
oferta ni nada. Supongo que pensaban que iba a pasar como en España, que se les iba a dar la razón como siempre, pero en Europa resolvieron como resuelven en Europa, a la europea, no a la española. Entonces, se aplicó la ley europea y dictaron la
sentencia, supongo que porque tenían una información acerca de que eso era un escándalo.


Yo intenté ser lo más honesto posible -la exposición que hice no fue como la que he hecho aquí. Ahora parece a veces que estoy enfadado, allí encima de que llegas tarde no puedes poner mala cara-, explicar la situación como la vivía el
señor Aziz, como la vivía yo y como la podían vivir cientos de miles de personas. Y al final salió el informe Cocotte del abogado general que se elabora con carácter previo. Dicho informe ya te da las pautas más o menos de lo que va a resolver el
tribunal y fue muy favorable, con lo cual ya teníamos media sentencia ganada. Además, con fecha 21 de febrero de 2013 se dictó sentencia en el caso Banif, un asunto que había entrado con posteridad al caso Aziz y que preguntaba prácticamente lo
mismo. Curiosamente no se hizo informe del abogado general, se utilizó el informe Cocotte. El Gobierno español se personó en ese procedimiento y al hacerlo y dictarse una sentencia favorable al consumidor ya era una regla de tres, las cuentas
estaban hechas: la sentencia del caso Aziz tenía que ser favorable. Recuerdo que hay algo que funcionó muy bien -y en este sentido hay que aplaudir a los jueces-; cuando salió el informe Cocotte yo me puse en contacto con un magistrado, don Pedro
Viguer, que era decano de los juzgados de Valencia. El señor Viguer había presidido una comisión sobre el tema hipotecario y se le había encargado un estudio sobre las ejecuciones hipotecarias. Me puse en contacto con él y le expliqué todo lo que
había pasado y lo que había hecho, todavía no teníamos la sentencia. Le mandé toda la documentación y el señor Viguer desde el Decanato de Valencia propuso a todos los decanatos de España suspender todos los procedimientos hasta que llegara la
sentencia. Y vimos cómo se fueron paralizando todos los procedimientos en espera de la sentencia. Creo que ha sido un acto de sentido común de la justicia brutal. Es decir, todos esperamos a ver qué decía esa sentencia, y cuando salió parecía que
había tocado el gordo. Se presentaron en mi casa todas las televisiones, toda la TDT estaba haciendo cola para informar. Y yo allí con tanta gente, qué vergüenza; hice las entrevistas, atendí a los medios y adopté un papel protagonista, pero no
he tenido ninguno. Es decir, he tenido el que he tenido, pero me refiero a que aquí han sido protagonistas muchas personas a las que no se les reconoce el mérito. Muchos me atribuyen el mérito exclusivamente a mí y no es mío. El primer mérito es
que en un momento determinado un señor coincidió con mi padre; el segundo mérito es que me tocara un juez que entendió el tema; el tercer mérito es que esto se elevara a Luxemburgo; el cuarto mérito es que nos entendieran en Luxemburgo y nos
dieran una sentencia favorable, y a partir de ahí todas las consecuencias que ha tenido.


En este sentido la crisis ha tenido unas consecuencias que son positivas. La primera es que todos hemos sacado del cajón el contrato de hipoteca, muchos se han dado cuenta de que no tenían ni el contrato. Y entonces, qué ha pasado, pues
empezamos a leernos lo que hemos firmado, hasta entonces nadie lo leía. Cuando la señora Pérez Herraiz me comentaba en qué condiciones se firmaban las hipotecas, es que prácticamente la gente firmaba la hipoteca porque el préstamo era la única
manera de acceder a la vivienda. El banco decía esto es lo que hay, estas son las condiciones, y se iba a ese teatro donde hay un notario con un título de fedatario público, así que cómo va a pensar una persona que está firmando cláusulas abusivas,
lo hace con total confianza. Y por ejemplo, en el caso Aziz se trataba de un extranjero, que por ley debiera haber tenido una copia de la escritura en su idioma para poder entenderla. Sin embargo, lo firmo, ¿por qué? Porque confiaba en el banco,
porque confiaba en el notario, porque confiaba en el sistema legal, porque confiaba en todo. Resulta que luego cuando se encontró ante cuatro

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impagos, el sistema legal le cae encima con todas las consecuencias a él y a su familia, que no tiene culpa. Por eso el caso del señor Aziz expuso públicamente algo que ya se estaba denunciando hacía mucho tiempo y que los movimientos
sociales estaban combatiendo, y lo llevó ante los juzgados y Europa.


Como consecuencia de esa sentencia hubo que modificar la ley y se aprobó la Ley 1/2013. Esta ley no fue muy acertada porque se han tenido que presentar cuestiones prejudiciales que se han resuelto en contra de esa ley. Además, cuando se
aprobó dicha ley estaban presentes todos los sectores y hasta la ciudadanía, ¿por qué se perdió esa oportunidad y no se aprovechó ese momento histórico para sentarse y hacerlo bien entre todos? Pues no, había una mayoría absoluta que decidió hacer
la ley de esa manera. Ya no se puede decir que heredamos un sistema de ejecuciones hipotecarias que venía del siglo XIX y no nos habíamos dado cuenta. No, ahora sí que nos damos cuenta de que las cosas no estaban bien; lo hacemos así porque
entendemos que se tiene que mantener el statu quo y ya está. Entiendo que se diga que hay que proteger los depósitos de las personas y que por eso se tenían que rescatar los bancos. Pero, ¿por qué en lugar de rescatar a los bancos no se rescataron
a las personas para que pagaran las hipotecas y los bancos volvían a tener sus ingresos? Si en lugar de haber dado el dinero al banco directamente se hubieran dado subvenciones públicas para las personas que no podían pagar o se hubiera
negociado... Lo que establecía el código de buenas prácticas, que prácticamente era inaplicable por la fuerza, pero era negociable; las entidades bancarias podían haber negociado y podían haber dicho: lo que dice aquí no lo vamos a aplicar tan
rígidamente y vamos a llegar a un acuerdo para que no haya una situación de impago ni de morosidad. Porque esa situación además se tiene que provisionar. ¡Me van a apalancar aquí un dinero en el Banco de España! No se dio ni esa oportunidad. Se
dictó la ley y punto. Pues la ley no salió correctamente y nos obligó a demostrar que la reforma que se había hecho también estaba mal hecha y las consecuencias de esa ley que no se hizo correctamente todavía las estamos pagando.


Una de las cosas que tocó esa ley fue el vencimiento anticipado. Me preguntaban antes qué consideraba qué es el vencimiento anticipado y qué consecuencias tiene. Dentro de los requisitos que tiene un procedimiento de ejecución hipotecaria
tiene que haber en la escritura -ojo, que la escritura tiene el valor de sentencia; por tanto, tenemos que ser muy rigurosos y mirar ese contrato con lupa-, pactado, el vencimiento anticipado de la totalidad de la deuda e intereses que se hubieran
calculado de las cuotas -no lo futuro, sino de las cuotas- en caso de impago de un incumplimiento. Si tú haces un contrato para treinta años, trescientas sesenta cuotas o, como he visto yo, hasta cincuenta años, que son seiscientas cuotas, tú has
pagado a lo mejor diez años, has sido puntual pagador, ciento veinte cuotas, y fallas una, ya te podían ejecutar. Al señor Aziz se lo hicieron con cuatro. ¡Esa cláusula es abusiva! ¿Por qué el banco no reclamó esas cuatro cuotas y luego fue
reclamando las que fueran venciendo mientras tanto? No, dio por vencido todo el contrato y le reclamó la totalidad del préstamo, un préstamo que venía de una renegociación del préstamo con otra entidad en el que se había gastado 18 000 euros en
costes de esa renegociación: cancelación de la otra hipoteca y formalización de la nueva. Le había costado más el collar que el perro. Si este señor no se hubiera gastado tanto dinero en esa renegociación de la hipoteca, a lo mejor no hubiera
tenido esta situación de impago, pero se dio la situación y se le ejecutó. Y a otros se les ha ejecutado con treinta impagos, pero la cuestión es que la cláusula de vencimiento anticipado tiene que estar puesta desde el principio y lo que vale no
es cómo se aplica -si se aplica a los siete, a los treinta o a los doscientos incumplimientos- sino si en el momento de la negociación -que no hay, porque se impone, es una condición general- esa cláusula es abusiva y una cláusula de vencimiento
anticipado a un impago es abusiva. ¿Qué hizo la Ley 1/2013? Dijo: ponemos tres. Tres sobre trescientos sesenta me parece igual de abusiva. Y ahora se proponen, si estamos dentro de la primera mitad, nueve y si estamos en la segunda mitad del
préstamo, doce impagos. También me parece abusiva cuando hay sistemas de ejecución, como tienen en otros países, en los que se espera hasta tres años y medio. Si un señor no puede pagar cuatro cuotas, ¿por qué le van a exigir la totalidad del
préstamo? Pero es que luego viene lo siguiente. A esta persona se le hace una tasación oficial del bien que da en garantía y ese bien en principio es suficiente para cubrir el préstamo porque la ley no permitía dar más del 80 % del valor de la
tasación. Lo que pasa es que los bancos se saltaban esa norma y daban el 100 %.


¿Qué ocurría? Que siempre te decían: no te preocupes, tú cómpralo, te damos esta tasación y, como está subiendo el precio de la vivienda, el día de mañana lo puedes vender y recuperar ese precio. Pero luego te tienes que ir a otra
vivienda y esa otra vivienda también ha subido de precio, con lo cual salías de la tuya, que la podías vender bien, pero te metías en otra que estaba aún más cara. No arreglabas nada y no tenías ningún beneficio a no ser que cogieras y dijeras: me
voy a una isla desierta a vivir en un

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palmeral. Es decir, que no hacías ningún negocio. Pero te vendían esa idea; te vendían la idea de que alquilar era tirar el dinero, te vendían la idea de las desgravaciones y todo el tema de los beneficios fiscales. Todo eran ventajas,
todo era fantástico. Y resulta que en los préstamos hipotecarios el entendido, el que te tiene que decir si te puede dar o no la hipoteca y hasta cuánto te puede dar, y qué acepta de garantía, es la entidad financiera, que para eso tiene sus
expertos y para eso tiene sus gastos de estudio. Tú no sabes nada. Tú vas y dices: quiero comprarme esta casa y necesito tanto dinero. Y el banco dice: pues tráigame usted tantas nóminas, el contrato, la vida laboral y las personas que viven en
su unidad familiar y le hacemos un estudio. Y el banco hace el estudio y te dice: se la podemos dar, la cuota te va a quedar en esto, te vamos a aplicar este tipo de interés y vamos a hacerlo a trescientas sesenta cuotas. ¡Es el banco el que te
está asesorando y es el banco el que te cobra por ese asesoramiento! ¿Qué ocurre entonces? Que la persona confía. Le están diciendo que puede adquirir una cosa que necesita, pero en las condiciones que te dice el banco, con condiciones generales
de la contratación. Y esas condiciones generales de la contratación ni los consumidores ni los notarios ni el banco, nadie advirtió que fueran abusivas hasta que un día uno, desesperado, se las lee bien y dice: esto no está bien, esto me parece
que es un abuso. Esto es de sentido común. Y entonces empieza a cuestionarse una cosa. Y luego dice: aquí me han puesto una cláusula que dice que yo tengo un interés variable, pero cuando llega a este límite se me queda fijo. Y viene otro y
empieza a leérselo y ve que también es abusivo. Porque nos hemos empezado a leer las hipotecas y las miramos con lupa. Cuando todos tenemos dinero no miramos lo que gastamos, no miramos la tarjeta de crédito, todo alegría; ahora, cuando el dinero
escasea nos lo miramos todo con lupa y ahora nos estamos mirando las hipotecas, que era una cosa que no se hacía. Eso hemos ganado.


¿Qué pasa? ¿Se siguen firmando hipotecas con cláusulas abusivas? Todavía sí porque es: O lo tomas o lo dejas. Se están firmando hipotecas con cláusulas abusivas porque como la ley dice que tres incumplimientos es... ¡Tres
incumplimientos puede ser abusivo! Lo que sí ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que, por mucho que esté en una ley, una cláusula puede ser revisada por un juez y puede ser declarada abusiva. Y si un juez considera que tres
incumplimientos sobre la totalidad del préstamo es algo abusivo, no se lo puede impedir la normativa española. Por tanto, puede hacer una declaración de que esa cláusula es abusiva. Eso puede pasar con el vencimiento anticipado y eso puede pasar
con los intereses de demora.


Los intereses de demora se pusieron en tres veces el tipo de interés legal -se modificó el artículo 114- y para la adquisición de vivienda habitual. Entonces empezaron a hacerse las típicas triquiñuelas. ¿Qué hago? Estoy cobrando un 19 %,
pero no puede pasar del 12. Bueno, pues bajo los intereses al 12 y así cuela. Eso es modificar el contrato unilateralmente para que cuele. Si la cláusula es nula, se elimina, los intereses de demora se eliminan, pero hemos tenido que ir a
preguntar, como he dicho, en tres sentencias y en cuatro autos sobre los intereses de demora. Es que parece que no nos queda claro lo de los intereses de demora. Y el Tribunal Supremo ha fijado un criterio que entra en contradicción con la nueva
ley. El Tribunal Supremo dice ahora: todos los intereses que superen en 2 puntos el interés remuneratorio se considerarán abusivos. Es un criterio favorable; el Tribunal Supremo da sus razones, las explica y me parece acertado, pero resulta que
ahora hay un proyecto de ley que dice que el interés de demora, otra vez, será tres veces el interés legal del dinero. Otra vez vamos para atrás.


La vivienda como garantía. Las personas firman con la condición de que, si no pueden pagar y ejecutan el contrato, el banco se quedará con la vivienda porque les han dicho que la vivienda vale como mínimo lo suficiente y un 20 % más de lo
que les han prestado. Pero resulta que no. Aquí entramos en lo que se llama la responsabilidad patrimonial universal. Existen dos artículos que dicen que tú respondes con todos los bienes presentes y futuros de las deudas que tengas. ¿Qué
significa eso? Que no solamente te pueden ejecutar la vivienda sino el resto de bienes que tengas. La vivienda realmente es un contrato, es una ejecución especial de un tipo general que hace que de todas las cosas que se pueden embargar la
vivienda esté al principio cuando en la general está al final. Es lo único que hace, que inicialmente vayas contra ese bien, pero si ese bien no es suficiente para cubrir la deuda, luego irán contra el resto de bienes que tengas. Esa es la
responsabilidad patrimonial universal y dicha responsabilidad no solo afecta al deudor, sino también a los fiadores. Los fiadores tienen una serie de beneficios que nadie les explica, pero se les hace renunciar, lo cual los convierte en deudores
solidarios con el prestatario que está ejecutado. ¿Qué significa eso? Que responden en las mismas condiciones: con todo su patrimonio. Unos padres que avalan a su hijo y tienen el piso pagado pueden verse en la situación de que, si el piso de su
hijo no es suficiente para cobrar toda la deuda, les ejecuten los bienes, las pensiones o lo que tengan. Nos hemos

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encontrado con situaciones dramáticas de familias que han sufrido ejecuciones y desahucios, que ya es gravísimo, de viviendas de personas muy mayores que en su día avalaron a sus hijos porque necesitaban más garantías, personas que pensaban
que con los bienes de los hijos sería suficiente para cubrir la deuda. Al final, el sistema ha sido perverso; no ha sido suficiente y se ha engañado. No digo que se quiera engañar a la gente, pero a la gente no se la informa y acaba firmando
cosas que piensa o le dicen que van a ser de otra forma: no te preocupes, que no vamos a llegar a esa situación. Claro, cuando te dan una hipoteca se supone que la puedes pagar, pero en treinta, cuarenta o cincuenta años pueden pasar muchas cosas.
Realmente no creo que haya una voluntad de no cumplir un contrato de préstamo, lo que pasa es que, ante la imposibilidad de cumplimiento, lo dejas de cumplir. A mí me han venido a ver personas que han ido a los contenedores de basura a buscar
comida porque todo el dinero lo metían en el banco para pagar la hipoteca, personas que han sido vistas por los compañeros de colegio de sus hijos, los cuales han sufrido bullying por esa situación: hemos visto a tu papá o a tu mamá buscando en la
basura, sois pobres. Esa es una situación dramática y a mí me han llegado casos así. Es para verlo. La voluntad de cumplir existe, pero llega un momento en que tienes que escoger entre la hipoteca y la nevera, y en un Estado de bienestar, en un
Estado de derecho no se puede consentir que la gente esté buscando en los contenedores o tenga que acudir a Cáritas o al Banco de Alimentos a buscar alimentos de primera necesidad porque no tiene dinero para comprarlos. Recuerdo que una vez en un
supermercado, el primer día del mes, un inmigrante que había cogido cuatro cosas no hacía más que devolverlas porque no le llegaba con los cinco euros que tenía para comer. Y no llevaba cervezas ni licores, sino alimentos de primera necesidad.
Estaba haciendo cálculos, quitando esto y poniendo lo otro y la verdad es que era patético ver esa situación. Así se han encontrado muchas personas y esta persona, si tenía cinco euros, es porque el resto se le había ido. También escuché una
conversación en un banco, en que una persona, a la que no vi la cara, decía que le habían pasado la hipoteca y que a ver ahora qué comían sus hijos. Todo lo que he ingresado se lo ha llevado el banco. Sí, pero usted tiene que pagar la deuda. Y
yo, ¿cómo como? Aquí menos mal que existe la solidaridad de las familias, que a veces han podido dar esa cobertura, ayudar, pero hay colectivos que no, los inmigrantes, que precisamente han venido aquí a trabajar para enviar dinero a sus países
porque allí lo estaban pasando peor y resulta que aquí no tienen encuentran esa cobertura de la familia. Tienen que mandar dinero a sus países y aquí están mal. Señores, si los hemos acogido, tenemos que responsabilizarnos un poco de su situación
y equipararla a la nuestra.


Sentencia Sánchez Morcillo. Fue una situación de desequilibrio jurídico. La Ley 1/2013 estableció que el ejecutado se podía oponer alegando la existencia de cláusulas abusivas, pero si perdía no podía apelar. Eso sí, si ganaba, el banco
podía apelar. ¿Qué es esto? Aquí no hay igualdad de trato. Tendrían que poder apelar los dos, ¿no? Pues la Ley 1/2013 permitió eso. ¡Fíjense cómo estaba hecha! ¿Qué se hizo? Un magistrado, de oficio, elevó una cuestión prejudicial. ¿Y qué
dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues dijo: ¿pero dónde vais?, ¿cómo es esto? El artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea habla de la tutela judicial efectiva y es equivalente a nuestro artículo 24.
¿Cómo que no se puede apelar? ¡Y tanto que sí! La Sentencia Sánchez Morcillo es muy interesante de leer. El apartado 43 describe muy bien la situación que había en este país. Si me lo permite, señora presidenta, lo voy a leer porque no es muy
largo.


La señora PRESIDENTA: También se lo puede entregar al letrado y se les reparte a todos.


El señor MORENO TRIGO (Abogado del caso Aziz en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea): Pues se lo entrego y así no nos alargamos. Como decía, ahí se describe perfectamente la situación que se estaba viviendo en los procedimientos de
ejecución hipotecaria. Entrego la sentencia al señor letrado para que les facilite una copia, pero también está en Internet para todo el que la quiera leer: Sentencia Sánchez Morcillo, de 17 de julio de 2014.


No he apuntado bien una pregunta que me han hecho. ¿Concepción de los derechos de los consumidores?


El señor MAYORAL PERALES: La fórmula que plantea la Unión Europea para proteger a los consumidores, que no es la igualdad de partes.


El señor MORENO TRIGO (Abogado del caso Aziz en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea): La Unión Europea considera que el consumidor se encuentra en situación de inferioridad respecto del profesional, por lo que le encomienda, de
oficio, al juez que equipare ambas situaciones con una

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protección especial del consumidor. ¿Qué significa esa protección especial? Que se oponga o no, el juez, de oficio, debe revisar ese contrato que ha firmado el consumidor y en el momento en que advierta que existen cláusulas abusivas tiene
que decirle al consumidor: señor consumidor, ¿quiere que le apliquen estas cláusulas abusivas? Y el consumidor dirá sí o no, pero tiene que decir algo. Aquí esta obligación se introdujo en 2015, en el artículo 552.1, párrafo segundo, pero hasta
ese momento en la legislación española el juez no tenía obligación de revisar de oficio los contratos y las cláusulas abusivas. Pero, por aplicación de la primacía del derecho comunitario, desde la Sentencia Pannon, de 4 de junio de 2009, del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tenía obligación de hacerlo. Es decir, si tuviéramos que retrotraer los efectos de la revisión de los contratos, tendríamos que irnos a esa sentencia del 4 de junio de 2009 y revisar todos los contratos que
se hubieren ejecutado desde entonces. ¿Qué pasaría? Que se tendrían que devolver muchas viviendas. Pero como dice esa sentencia de Sánchez Morcillo, en el apartado 43, muchas de esas viviendas ya no se podrán devolver a los consumidores y, como
mucho, se les podrá pagar una indemnización, que será siempre insuficiente para la restitución y para el daño que se les ha producido. Eso, ¿qué puede generar? Puede generar una responsabilidad brutal del Estado, de las entidades bancarias, y yo
qué sé. Las consecuencias son tremendas.


Por eso, a veces pienso que estamos en una situación en la que las consecuencias en las que se puede convertir todo esto es un terremoto. ¡Pues no las hagamos más graves! ¡Vamos a intentar pararlas! No nos metamos más en la ciénaga que ya
tenemos bastante. Los pies los tenemos muy embarrados. Vamos a intentar solucionar lo que podamos. Vamos a intentar que a las personas que están todavía en una situación de dificultad se les aplique el código de buenas prácticas o lo que sea, la
normativa que sea; vamos a arreglar la situación; vamos al arbitraje, vamos a la negociación; vamos a sentarlas y no vamos a llevarlas a los pleitos, porque los juzgados están atascados. Antes, los juzgados dedicaban muy poco tiempo a las
ejecuciones hipotecarias, porque prácticamente no se podía hacer nada. Ahora, esos juzgados tienen que leerse el contrato; tienen que darle audiencia a las partes para que hagan escritos que son larguísimos, unos diciendo que no, que las cláusulas
son abusivas; hay una comparecencia, un auto, un recurso, otro recurso, nos vamos a la subasta, otro recurso, y esto se convierte en cosas eternas. Claro, están atascando la justicia. Y tenemos otros procedimientos que se están viendo afectados,
precisamente, por el caos que se ha generado con las ejecuciones hipotecarias. Pero es que las ejecuciones hipotecarias están mal reguladas y ahora tenemos este caos para todos, precisamente por esa situación.


En cuanto al tema de protección al consumidor, aquí todavía no se ha hecho la trasposición completa de la Directiva 93/13 y, por lo que veo en el proyecto de ley de préstamos para la adquisición de vivienda con crédito con garantía
hipotecaria, pues ya lo dice la propia norma: se está haciendo una trasposición parcial. ¡Señores, el 26 marzo de 2016 tenía que haber estado aprobado, según la directiva, tanto la ley como el reglamento como los actos administrativos! ¿Y me están
diciendo que vamos a hacer una trasposición parcial de una ley? Bueno, ¿y el resto? ¿Y qué consecuencias va a traer esto, que nos sancionen en Europa por incumplimiento de la trasposición? Señores, ¿quién va a pagar esa multa? ¿Otra vez el
dinero público? A lo mejor, a los bancos les puede interesar que no se trasponga nunca o se trasponga mal; mientas paguemos los contribuyentes pues da lo mismo. Vamos a mirar un poco también esa situación, que estamos jugando con el dinero de las
personas que se necesita para otras cosas; tenemos la sanidad, la educación, la hucha de las pensiones, todo tiritando.


Me preguntaban también si la ejecución hipotecaria está muerta. Vamos a ver, a la ejecución hipotecaria como ejecución hipotecaria, si le quitamos el vencimiento anticipado, le quitamos el pacto de liquidez y le quitamos la ejecutividad del
título, la ejecución hipotecaria como procedimiento está muerta. Yo creo que lo más equitativo sería que todos se fueran a un procedimiento ordinario, que tiene todas las garantías: igualdad de partes en el proceso; se pueden proponer pruebas;
se puede discutir; se puede recurrir, y se puede llegar al Tribunal Supremo para que dicte sentencias unificadoras de un tema que conoce, no de temas que no le llegan. Ahí el Tribunal Supremo sí que podría tener un papel importante. El problema
es que en el derecho actual, como hay una primacía del derecho comunitario, el artículo 123 que dice que el Tribunal Supremo es el órgano máximo, ahora ya no sería el Tribunal Supremo, sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De facto no
tenemos ningún recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, todo se acaba en el Tribunal Supremo, pero la cuestión perjudicial es la que dice que el único que puede interpretar el derecho comunitario es el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea. Y el Tribunal Supremo para decidir cualquier cuestión tendría que preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ¿qué ámbito no está ya regulado por una directiva comunitaria? Tenemos muy

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pocos ya. Por lo tanto, las cuestiones prejudiciales tendrían prevalencia sobre las decisiones del Tribunal Supremo; el órgano máximo de resolución de las cuestiones sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sería una derogación
de facto del artículo 123.


Finalmente, sobre la intervención en el caso Aziz ya la he explicado antes. El señor Ramírez me dijo que hiciera una valoración, pero ya está hecha.


El señor del PP habló de las garantías, de que si no hay una garantía hipotecaria... Pues está respondida, porque las garantías son con todos los bienes presentes y futuros y, por lo tanto, puede ser la vivienda, la vivienda de los
avalistas, otras viviendas o puede ser cualquier cosa.


La señora Pérez Herráiz hablaba de si se firmaban hipotecas con cláusulas abusivas. Sí, todavía existen cláusulas, como esta de vencimiento anticipado a tres incumplimientos, o los intereses de demora. Es más, incluso el sistema de
amortización que se está utilizando también es abusivo, porque se utiliza un sistema de amortización que nadie explica cómo se calcula la cuota. No sé si usted tiene hipoteca, pero si la tiene haga el ejercicio; coja la hipoteca, mire la fórmula
con la que se calcula la cuota e intente calcularla a ver si lo que está pagando es correcto. Si llega a un resultado correcto es que está bien explicada; si no, pregúntenle al del banco cómo lo hace. El del banco le contestará: con un programa.
Y usted le dirá: ¿Me puede dar una copia? Y el del banco responderá que no. Entonces, si usted no la puede calcular y no puede saber si lo que le cobran es correcto ¿esa cláusula sería abusiva o no sería abusiva? ¿Qué me dice usted? Que sí ¿no?
(La señora Pérez Herráiz: Entiendo que sí). Bueno, no le digo que sea abusiva, usted haga el ejercicio y verá.


Me preguntó que por qué yo; que por qué yo había hecho esto. (La señora Pérez Herráiz: Que qué pasaba que no lo había hecho nadie antes). Pues no lo sé. Yo creo que si a otro se le hubiera ocurrido lo hubiera hecho; o a lo mejor se le
ocurrió a alguien y negociaron. A mí, yo creo que se me apareció la Virgen, se lo digo sinceramente. Cuando salió el tema de Aziz acababan de nombrar el Papa Francisco, y tengo las portadas de los periódicos con el Papa Francisco. Pues yo creo
que fue el primer milagro que hizo este hombre. Se lo digo así de claro. ¡Yo no me lo creo! ¡Es que no sé qué hago aquí! Si cuando yo empecé a estudiar me dicen que voy a acabar en el Congreso, en una Comisión de investigación de la crisis
hablando de hipotecas, que voy a ir a Luxemburgo, me voy a perder y voy a ganar una sentencia, no me lo creo. Pero es que usted coge a un juez, lo congela hace cinco años, lo despierta ahora y le dice que tiene que hacer una sentencia con la que
condene a un banco a devolver dinero y no se lo cree. Los cambios han sido para todos.


Finalmente, ¿me preguntaba si era más correcta o más igualitaria la situación que había ahora? (La señora Pérez Herráiz: Si estábamos mejor). Indudablemente es lo que le he dicho: estamos mejor, pero todavía no estamos bien porque se
siguen haciendo desahucios, ejecuciones hipotecarias y se siguen teniendo dificultades para pagar las hipotecas. A lo mejor el precio de las hipotecas es demasiado alto y cuando se celebraban los contratos se hicieron sobre precios desorbitados.
Deberíamos haber tenido que revisar o controlar de alguna manera el precio al que se estaba poniendo la vivienda para que la gente firmara estas hipotecas que eran temerarias. El Banco de España, a través de los inspectores, ya lo avisó: ¡Ojo, que
se está inflando demasiado este tema! Se avisó en 2006, se entregó una carta al señor Solbes, después a los inspectores del Banco de España y esta situación ha continuado. Es más, la crisis en Estados Unidos de las dos principales financieras
hipotecarias, Fannie Mae y Freddie Mac, fue en 2007, y el año en que se firmaban más hipotecas en España fue en 2008. Si en 2007, en Estados Unidos, ya había una crisis con el tema y todo lo copiamos de Estados Unidos y tenemos Internet, ¿cómo es
posible que en 2008 se firmaran más hipotecas? Aquí hay una cosa que no me cuadra. Lo que habría tenido que hacerse es vigilar las hipotecas subprime, porque las hipotecas tienen clasificaciones, igual que los morosos. Está el moroso, moroso,
como aquel del tebeo 13, Rúe del Percebe, que está arriba del todo y no paga nada, y está el moroso circunstancial, que por un problema puntual no puede pagar, se retrasa en el pago y paga una penalización, una comisión. Ese moroso es el mejor
negocio que tiene un banco. A mí me ha venido algún cliente que tiene un descuadre entre la fecha en que tiene que pagar la hipoteca, que es el día 1, y el día que cobra la nómina, que es el día 5, con lo cual cada mes tiene que pagar 30 euros de
comisión. ¡Para el banco es un chollo! ¡Cobra 30 euros más! ¿Y qué hace el banco? ¿Le envía una carta? No le envía nada, pero le cobra 30 euros más. Si este señor cobrara el día 1 y el banco le pasara la hipoteca el día 1 entonces no habría
problema, pero este señor cobra el día 5, el día 5 le ingresan la nómina. Hay una práctica que seguro que nos ha pasado a todos. Ustedes les hacen un ingreso el viernes a partir de las once del mediodía y no la contabilizan hasta el lunes, pero,
si en el fin de semana vencen recibos del banco, se los pasan y se los cobran y a lo mejor se quedan en descubierto y

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luego les meten la correspondiente comisión de descubierto que ustedes no se han sentado a negociar con el banco. Empezamos a sumar comisión por aquí y por allá y ¿cuánto facturan los bancos en comisiones? ¿Y por cuántas nos hemos sentado
a hablar si nos interesan o no?


Les voy a comentar otro caso. Yo tengo la cuenta para pagar mi hipoteca en una entidad bancaria y estoy obligado a tenerla en esa cuenta. ¿Por qué no puedo cambiar de cuenta? ¿Por qué no me pasan el recibo, como el recibo de la luz, a
otra cuenta donde no me cobren comisiones? Pues no. Tengo que tenerla en una cuenta del banco por la que me cobran un mantenimiento. ¿Por qué tengo que pagar yo esta cuenta? Me está forzando el banco a tener esta cuenta. ¡Pásemela por el otro
banco que no me cobra comisiones! No puedo. Estoy obligado a tenerla ahí. ¿Eso es una cláusula abusiva, o no? Me pregunto. ¿Usted ve abusivo eso? (La señora Pérez Herráiz: Parece). ¿Y que le cobren 12 euros por el mantenimiento de la cuenta?
¿Lo ve abusivo? Pues con 12 euros míos, 12 suyos y 12 de todos los que hay aquí, ¡anda si no saca pasta el banco! Vamos a poner las cosas en orden. Entiendo que el banco se gane su dinero por prestar dinero si es que realmente lo presta, pero no
con todas estas comisiones.


A veces es un negocio el cumplidor retrasado, el que se retrasa en el cumplimiento, pero paga. Ese es el chollo, mejor que el cumplidor puntual. Es más, hubo un momento en que los bancos, con las hipotecas, se robaban los clientes y se
tuvo que sacar una ley para hacer que las subrogaciones de las entidades bancarias no costaran dinero, porque las subrogaciones costaban un pastón. Por tanto, sacaron la Ley 2/1994 y con ella, si hay cambio de entidad bancaria, ese notario cobraba
muy poco, registro también y los impuestos no se pagaban; y entonces te llegaba un banco y te decía que, como tú eras muy puntual a la hora de pagar la hipoteca, te ofrecían una rebaja y, si no, te pasaban la oferta a tu entidad bancaria y si no la
igualaba te podías ir con ellos. Entre los bancos se hacían la competencia, las pullas. A mí me llamaron. Yo me hubiera podido ahorrar 3000 euros. Igual soy tonto, pero en ese momento, cuando yo no tenía un puñetero euro y necesitaba una casa,
el banco me dio la hipoteca, y lo menos que podía hacer era corresponder. Ahora me llamo tonto porque me habría ahorrado un pastón, 3000 euros cada año. Aunque he sido honrado con el banco, el banco no me ha dado nada y me ha seguido cobrando la
comisión de mantenimiento de 12 euros por tener la cuenta ahí y cuando me retraso son 45. ¡Toma castaña! Y no me fui con otra entidad. Por eso, no sirve de nada, no te valoran como cliente. Aunque seas un cliente puntual y cumplidor, no te
valoran. Basta ya de pensar que el banco te está haciendo el favor de darte el dinero para que tú te compres tu casa. El banco está haciendo un negocio contigo y cuando tú entras en el banco... Vamos a poner un ejemplo. Nos dicen los bancos:
Con tanto cambio de legislación hipotecaria, de normativa, se va a disminuir el número de hipotecas. Pongan ustedes en Google o en otro buscador 'hipotecas' y las primeras dos páginas son anuncios de hipotecas, anuncios financiados por los bancos,
ofreciendo hipotecas a tipos muy bajos. No es cierto lo que decían; pasa lo mismo que cuando decían que con la devolución de las cláusulas suelo, si se devolvían, se iba a colapsar todo el sistema financiero. Se están devolviendo cláusulas suelo
y yo no he visto que quiebre ningún banco por eso. Las cláusulas suelo son un pellizquito; en cuanto a los gastos bancarios, estamos hablando de tres pellizquitos. La devolución de casas no es un pellizco, es una amputación. Ahí es donde tenemos
que tener cuidado. Ojo, estamos todavía haciendo incumplimientos. La sentencia Peñalba, de 29 de octubre de 2015, no se está cumpliendo y se están ejecutando lanzamientos de personas que se podían amparar en esa sentencia. Está recogida en la
disposición transitoria del proyecto. ¿A qué estamos esperando? ¿Vamos a lanzar a todo el mundo hasta que se apruebe la ley para aplicarla? No, porque lo que nos dice Europa es que eso es imperativo. El problema es que en España no tenemos la
posibilidad de hacer ejecutivas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a no ser que el juez directamente asuma que, como hay una primacía del derecho comunitario, tiene que imponerla y la respeta; pero, si se tiene que esperar
a que la apruebe una ley española, vamos listos. Mientras tanto, hay personas que quedan fuera, como el señor Aziz, que quedó fuera de la Ley 1/2013, que en teoría trasponía su sentencia. Por eso, cuando me dicen que vayamos a Europa a ver si
ganamos una sentencia, yo digo: ¿Para qué? ¿De qué te va a servir si cuando te la traspongan tú te vas a quedar fuera?


Por eso, si queremos que se nos respete y queremos hacer respetar el derecho español a los españoles, vamos a respetar el derecho comunitario, que también es de los españoles, y vamos a cumplir con lo que se nos dice, y que no se nos
impongan sanciones ni cargas, que no se nos critique y que no hagamos el ridículo. En manos del legislador está que eso se cumpla y en manos de los jueces está que si no se cumple, se corrija. También tienen mecanismos para aplicarlo directamente
por aplicación del principio de primacía y tienen la posibilidad también de formular las cuestiones ante el Tribunal Constitucional.

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Respecto del Tribunal Constitucional, simplemente decir una cuestión que es criticable. Contra la Ley 1/2013 se hizo un recurso de inconstitucionalidad. Tardó cuarenta meses en resolverlo. El resultado fue: No me pronuncio porque, por
reformas sobrevenidas, ya no tengo por qué pronunciarme sobre estas cuestiones que me plantean. ¿Quién ha resuelto ese recurso de inconstitucionalidad? El Tribunal Constitucional, no, el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.


No sé si hay alguna pregunta más. Creo que las he contestado todas lo mejor que he podido. Les agradezco mucho su atención por las horas que son, por lo aburrido que soy y por lo mal que hablo. Les agradezco que me hayan invitado, que me
hayan dado voz para que hable en mi nombre y en el nombre de las personas que se encuentran en una situación parecida y que igual de otra manera no podrían hablar en esta Comisión.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, don Dionisio Moreno Trigo, porque, además, esta Comisión tiene que tener también análisis de lo que ha afectado a la vida de los ciudadanos, de cuáles han sido los abusos y los malos usos de las
instituciones financieras y saber si este país tiene las garantías para proteger los derechos de los ciudadanos, la trasparencia y las leyes. Aquí es el sitio donde tenemos la responsabilidad de hacer las propuestas los legisladores a lo largo de
los próximos meses. Usted es el primero que viene y nos da esa visión del factor humano, como se dice, pero ha sido muy interesante. Y no se crea que aunque aquí estamos cuatro diputados supervivientes, porque llevamos catorce horas de Comisión,
desde luego usted no ha sido aburrido. Estoy segura de que esta comparecencia la ha visto mucha gente, pero mañana y en los próximos días la verá muchísima más, y quedarán en el Diario de Sesiones de la Comisión y en el informe definitivo aspectos
muy interesantes. Ojalá haya más gente como usted.


Muchísimas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las diez y cincuenta y cinco minutos de la noche.