CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 14

SOBRE LA CRISIS FINANCIERA DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA ORAMAS GONZÁLEZ-MORO

Sesión núm. 9

celebrada el martes,

3 de octubre de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera:


- Del señor Sánchez Ruiz, presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, para informar en relación con el objeto de la Comisión. (Número de expediente 219/000831)... (Página2)


- Del señor Quintás Seoane, expresidente y ex director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), para informar en relación con el objeto de la Comisión. (Número de expediente 219/000832)... href='#(Página44)'>(Página44)

Página 2

Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CRISIS FINANCIERA DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA:


- DEL SEÑOR SÁNCHEZ RUIZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA, PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/000831).


La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera del día 3 de octubre. Sus señorías disponen del orden del día y, como saben, desarrollaremos en régimen de sesión pública el primer punto,
que son las comparecencias de don Pedro Luis Sánchez Ruiz, presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, y de don Juan Ramón Quintás Seoane, expresidente y ex director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, CECA,
para informar sobre el objeto de la Comisión.


En relación con la comparecencia del señor Sánchez Ruiz, intervendrá en primer lugar el compareciente para informar en relación con el objeto de la Comisión. A continuación intervendrán los grupos solicitantes de la comparecencia de menor a
mayor por un tiempo de siete minutos y seguidamente intervendrán los portavoces de los restantes grupos parlamentarios de menor a mayor con el mismo intervalo de tiempo. El compareciente contestará conjuntamente a las intervenciones de los
diferentes portavoces y posteriormente habrá un nuevo turno de portavoces por el mismo orden y por un tiempo de tres minutos. Cerraremos la comparecencia con la intervención final del señor Sánchez Ruiz.


Damos comienzo, por tanto, a la comparecencia del señor Sánchez Ruiz, a quien agradezco su disponibilidad. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado al compareciente la posibilidad de
poder comparecer acompañado de la persona que designe para asistir. Asimismo, esta Presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos en el artículo 1.2 de la citada ley orgánica. Recuerdo
igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio.


Señor Sánchez, tiene la palabra para su exposición inicial. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra).


¿Sí, don Ramón?


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias presidenta.


Por una cuestión de orden inicial. Quisiera conocer si el inspector que hoy comparece está exento de las restricciones que impone el artículo 17 del Reglamento interno del Banco de España.


La señora PRESIDENTA: Sepa usted que el compareciente me ha entregado un escrito sobre la consulta que hizo al Banco de España y habíamos quedado en que lo podría comentar. Habíamos hablado de no leerlo, pero, dado su interés, si le parece
bien al compareciente, puesto que ya lo ha visto la presidenta y me lo ha entregado para que lo conozcan los portavoces, puede leer previamente el artículo al que estamos haciendo referencia. ¿Le parece? Lo habíamos comentado y creemos que no hay
inconveniente puesto que tiene bastante margen en cuanto a lo que pueda informar aquí.


El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA (Sánchez Ruiz): Gracias, señora presidenta.


Si les parece bien, salto la parte más administrativa y de enunciamiento del funcionamiento del reglamento interno del Banco de España y paso al párrafo concreto en el que se especifica el relevo en cuanto a cuestiones de secreto
profesional. El Banco de España me ha transmitido que dentro del ámbito de competencia del Banco de España resulta procedente la concesión del permiso previsto en la normativa aplicable para que el señor Sánchez pueda prestar declaración ante la
citada Comisión de investigación en relación con aquellos datos, documentos e informaciones reservadas obrantes en el Banco de España a los que el citado empleado haya tenido acceso en el ejercicio de sus funciones como inspector de entidades de
crédito, de conformidad con la legislación vigente y la norma específica del Banco de España, sin perjuicio del régimen de confidencialidad que en su caso resulte aplicable a los procedentes de otros organismos o instituciones nacionales o europeas.
De alguna manera se me releva del estricto deber de secreto en el ámbito de lo que haya podido conocer en mis funciones concretas como inspector de entidades de crédito. A este respecto, tengo que matizar a sus señorías que el trabajo de los
inspectores

Página 3

de las entidades de crédito se desarrolla en gran medida en equipo, y no solamente en equipo dentro de una misma entidad sino que, en ocasiones -la asociación no piensa que esto sea algo malo sino todo lo contrario-, compartimos determinados
puntos de vista en cuanto al análisis contable de determinadas posiciones de entidades de crédito, análisis de solvencia, etcétera. Dado que estamos todos sometidos al muy estricto régimen de confidencialidad, es una forma de trabajo que nos
permite colaborar unos con otros sin poner en peligro en ningún momento la confidencialidad que se debe prestar en el ámbito de nuestro trabajo. Es decir, de alguna manera, tengo más información que la que se refiere estrictamente a la entidad en
la que estoy asignado en este momento pero como consecuencia de mi desempeño diario con otros compañeros. En la medida en la que me sea posible ayudarles, entiendo que el Banco de España me permite hacerlo con cierta transparencia.


Una vez más queremos agradecerles la posibilidad de comparecer ante ustedes, ante esta Comisión y ser escuchados. No es la primera vez que tenemos ocasión de hablar con distintos grupos políticos y aprovechamos esta comparecencia para
reiterarles nuestro ofrecimiento de colaboración, no solo en el ámbito de esta Comisión de investigación sino en todo momento. La asociación de inspectores, independientemente de quién esté representándola en cada momento, está, por supuesto, a
disposición del Congreso de los Diputados para colaborar en todo aquello que sus señorías puedan precisar. Hemos remitido al letrado, don Manuel Alba, un conjunto de documentos a los que vamos a hacer referencia a lo largo de esta exposición y que
consideramos relevantes. Posteriormente les seguiremos remitiendo -si ustedes lo consideran conveniente- más información que pueda surgir como consecuencia de esta comparecencia y de la que nosotros podamos disponer.


Comparecemos ante ustedes como representantes de un colectivo de profesionales del Banco de España y como tal hay que entender nuestras manifestaciones. No comparece una persona física individual sino en representación de un determinado
colectivo. Como en cualquier otra asociación, no constituimos un bloque monolítico donde todas las opiniones de sus miembros estén absolutamente alineadas, pero la información que queremos compartir con ustedes es fruto en todo caso de un amplio
consenso entre todos los miembros de la asociación de inspectores. En el Banco de España -a diferencia de lo que ocurre en otros bancos centrales y en otras agencias europeas de supervisión-, de momento, hay una única asociación profesional que
engloba cerca del 80 % del colectivo. Está integrada fundamentalmente por inspectores por oposición de entidades de crédito, auditores informáticos del Banco de España y también hay presencia de otros colectivos del Banco de España en menor medida
pero que trabajan siempre en el ámbito de la dirección general de supervisión. Desafortunadamente, es cierto que hemos sufrido recientemente numerosas bajas en este último periodo de aproximadamente dos años, fundamentalmente entre miembros de la
jefatura del banco y personal cercano a la jefatura, que han decidido no seguir perteneciendo a nuestra asociación por diferentes motivos, en particular debido a la política de comunicación que venimos siguiendo. Nosotros, contrariamente, creemos
que nuestra política de comunicación es extraordinariamente discreta. No se nos ha puesto cara hasta hoy mismo ante los medios y la opinión pública y no es casualidad. De un lado, somos plenamente conscientes del impacto que pueden tener nuestras
manifestaciones como conocedores de primera mano del sistema financiero español sobre el propio sistema y sobre el conjunto de la ciudadanía. Además, estamos sometidos a un muy estricto deber de secreto, algo necesario y comprensible pero que en
nuestro caso es posible que se esté llevando más allá de lo que resultaría estrictamente razonable.


La gravedad de la situación financiera en 2006 fue la que obligó a la Asociación de Inspectores del Banco de España a salir fuera del estricto ámbito de nuestra institución y a manifestar parte de nuestro análisis y serias preocupaciones,
que ustedes han tenido ocasión de conocer. Aun así, de nuevo fuimos extraordinariamente discretos para evitar que nuestras opiniones pudieran convertirse en profecías autocumplidas; un riesgo que se corre siempre que se opina desde la regulación y
la supervisión. Sucesivamente nos hemos visto obligados a comunicar cada vez con mayor frecuencia a la sociedad y a sus representantes -ustedes en este caso- el continuo deterioro en el ámbito de la regulación y supervisión financiera a nivel
español y europeo. En nuestros análisis -hago aquí un inciso- intentamos distinguir en la medida de lo posible -también lo intentaremos hacer en esta comparecencia- si estamos hablando de regulación financiera o de supervisión financiera, que son
dos ámbitos obviamente interrelacionados, pero que precisan un análisis por separado.


Decimos que nos hemos visto obligados a acudir a comunicar cada vez más nuestras preocupaciones porque las medidas correctoras que se están adoptando en materia de estabilidad financiera no contribuyen en su conjunto a mejorar el
funcionamiento del sistema financiero. De nuevo tengo que

Página 4

interrumpir aquí mi comparecencia para transmitir a sus señorías que queremos serles útiles y, por tanto, tenemos que ser muy concisos y muy concretos, pero en un ámbito de tanta complejidad los matices son muy importantes; por ello, cuando
decimos que la tendencia en regulación y supervisión a nivel europeo nos puede conducir a un desastre aún mayor que el que ya hemos sufrido, hay que tomarlo sabiendo que haría falta un extenso tiempo para desarrollar todos los matices de esta
afirmación. Llegados a este punto, no se trata de una enmienda a la totalidad, como en ocasiones se puede haber reprochado a nuestra asociación. Precisamente nuestro colectivo tiene la capacidad técnica puesta al servicio de los ciudadanos para
distinguir qué medidas pueden resultar más beneficiosas en el presente y en el futuro y cuáles no. Pero, dado que la mayor parte de las decisiones que se vienen adoptando en diferentes ámbitos resultan erróneas, y dado lógicamente el escaso tiempo
al que me he referido del que disponen sus señorías, tenemos que proceder a un imprescindible ejercicio de concisión en beneficio de la utilidad, y ello lleva a que nuestros mensajes en la comparecencia de hoy sean necesariamente muy concretos y sin
el suficiente espacio para los matices. Reiteramos nuestra disposición al servicio de los ciudadanos, de las empresas y por supuesto de ustedes para dedicar cuanto tiempo sea preciso a la aclaración de estos matices, al análisis de alternativas,
etcétera. Estamos siempre a su disposición, en el ámbito de esta Comisión y más allá siempre que sea preciso.


A continuación voy a comentar sucintamente algunos aspectos que se pusieron de manifiesto durante el periodo 1999-2006 y que son objeto de esta Comisión de investigación. Hemos tenido ocasión de escuchar en esta misma Cámara, en relación
con lo escrito por compañeros que estaban al frente de la asociación en el año 2006, que no se puede juzgar lo contrafactual, es decir, lo que podía haber ocurrido en lugar de o si se hubieran tomado decisiones distintas de las que se adoptaron. A
este respecto no podemos estar más de acuerdo. Asimismo, tenemos que aclarar que no tomar decisiones, por desgracia, también es en sí mismo una decisión y suele ser errónea, pero insisto en que no nos hace falta navegar en el terreno de lo
contrafactual porque con lo factual, con lo ocurrido, tenemos más que suficiente. No necesitamos en absoluto salirnos de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo. Cuando nuestra asociación alerta de la situación existente en los años previos al
estallido de la crisis, centra su análisis precisamente en eso, en lo que está ocurriendo, y en un proceso de lógica financiera bastante sencillo advierte de las previsibles consecuencias. Se ha querido también transmitir en ocasiones que, dado que
la mayor parte de los analistas financieros internacionales, las denominadas agencias de rating, académicos, banqueros, consejos de administración, etcétera, no fueron capaces de entender lo que estaba ocurriendo ni lo que iba a suceder, nuestro
colectivo acertó por casualidad o que dijimos lo mismo que ya decían otros pero con un tono incluso menos apropiado o que en la Comunicación de 2006 y en otras anteriores y posteriores existía algún tipo de error. Por supuesto que esto último es
cierto; siempre pueden existir errores, puede haber aspectos a matizar igual que en esta comparecencia. Nuestros comunicados tienen necesariamente que conjugar la prudencia con la imprescindible claridad y brevedad en los mensajes. Si la
asociación hubiera contado con las suficientes garantías de confidencialidad y extensión ilimitada en la descripción del sistema financiero durante los años de la crisis, nuestros compañeros podrían haber sido aún más precisos y explícitos, aunque,
todo hay que decirlo, no más acertados de lo que ya fueron. Yendo incluso más allá, se puede negar la evidencia y afirmar que nuestro trabajo, como en repetidas ocasiones se ha venido transmitiendo -hago esta comparación desde el máximo respeto a
sus señorías y sin la menor intención de frivolizar-, ha sido un poco como el de aquellos augures que se dedican a ver las entrañas de las aves y a intentar anticipar el futuro. Nada más lejos de la realidad. Nuestro trabajo es un trabajo
perfectamente regulado, establecido, con unos procedimientos, con unos protocolos y, por supuesto, con el valor de la experiencia profesional que se va acumulando a lo largo de los ejercicios. En diferentes noticias de prensa, anteriores
responsables del Banco de España llegaban a afirmar que los aciertos -de los que hemos tenido conocimiento, insisto, a través de la prensa- del equipo de inspección en el caso concreto de BFA Bankia, con su responsable inspector cabecera al frente,
eran casi producto de la casualidad porque las bases de partida eran erróneas. Se ve que acertaban en el diagnóstico, cálculos y consecuencias de la constitución del grupo BFA Bankia y de su salida a bolsa pero que podían haberse equivocado con la
misma probabilidad con la que acertaron porque sus hipótesis de partida eran incorrectas. Lógicamente, cada responsable de todos los hechos ocurridos y de riesgos que se han materializado y que pueden materializarse en el futuro es libre, llegado
el momento, de defenderse como mejor considere, incluso contra el sentido común y negando la evidencia, pero eso no cambia el hecho de que si se permite que el sistema financiero se dirija al abismo, lo normal es que el sistema financiero se
despeñe. Podemos equivocarnos y que no sea así, pero lo normal es que si se empuja al sistema

Página 5

financiero al abismo es que se despeñe. Por supuesto que nuestras manifestaciones no son siempre precisas ni perfectas pero, globalmente, creo que representamos a una asociación de un colectivo del Banco de España bastante cualificado en
este ámbito.


En el mencionado período 1999-2006 tuvieron lugar numerosos hechos muy relevantes en relación con la cuestión que ocupa a esta Comisión. Por razones de brevedad, nos vamos a referir exclusivamente a los que identificamos como más
relevantes, sin que esto suponga en absoluto que sean los únicos. Volvemos a insistir en la concisión que ustedes necesitan y en la inevitable brevedad precisa. Antes de entrar en el detalle concreto de analizar estos hechos, queremos transmitir a
sus señorías que desde el punto de vista de la asociación de inspectores de crédito debemos reafirmarnos en que no es cierto que no pudiera haberse hecho más desde la regulación y la supervisión financiera para evitar que la crisis del sistema
financiero español tuviera lugar. Pudo hacerse mucho más, no necesariamente muchas más cosas, pero sí más importantes y más eficaces. Debemos reiterar que no es cierto que no se dispusiera de soporte jurídico para poder intervenir sobre la
situación que se estaba creando. La regulación financiera y la contable, si queremos hacer ese matiz entre regulación de solvencia y regulación contable, era claramente mejorable, siempre lo es, siempre es claramente mejorable, pero era más que
suficiente para evitar tanto daño, y desde luego, también debemos transmitir a sus señorías, desde la máxima honestidad y compromiso con esta Comisión, que la regulación de la que se disponía entonces era bastante mejor que aquella con la que
contamos ahora desde el punto de vista de la estabilidad del sistema financiero. Se pudo hacer mucho más, existían los medios jurídicos, humanos y técnicos para ello; lo que ocurrió no tenía por qué haber ocurrido, y este es un mensaje que
queremos transmitir a esta Comisión de investigación con valentía pero también con honestidad y compromiso para su labor; o al menos no tendría que haber ocurrido con la virulencia que tuvo lugar y que aún sufrimos, y la institución pública más
capacitada para evitarlo por competencias, medios humanos y técnicos no cabe duda de que era el Banco de España, y debe volver a serlo.


No atacamos al Banco de España, en absoluto. En ocasiones se nos reprocha por parte de aquellos que tienen motivos para sentirse cuestionados que atacamos a la institución, que ponemos en peligro el futuro del Banco de España al denunciar
determinados comportamientos que han sido erróneos. En absoluto. Nosotros denunciamos la gestión de aquellos que en ocasiones utilizan a la institución para escudarse; se escudan en la propia institución, y a través de una falsa transitividad
afirman que si se les cuestiones a ellos, se está cuestionando al Banco de España. Es tan imprescindible para nuestro país deshacer esa falsa ecuación entre determinados directivos del Banco de España y la institución Banco de España como pueda
serlo deshacer el vínculo entre el riesgo financiero y el riesgo soberano; tan importante es una cosa como la otra. Las personas físicas y jurídicas de nuestro país tienen y siguen teniendo en el Banco de España una institución a su servicio y en
la que confiar, tan solo es preciso para su buen funcionamiento elegir adecuadamente a quienes deben dirigirla.


Entrando en aspectos más concretos de este periodo 1999-2006, no necesariamente, insisto, los únicos relevantes, uno de los elementos más importantes pudo ser, como ya se ha señalado en esta Cámara en alguna comparecencia anterior, la
desaparición de las provisiones anticíclicas o estadísticas en el año 2004. Se han venido confundiendo -interesadamente en muchos casos- las provisiones denominadas genéricas con las provisiones estadísticas o anticíclicas. Desde el año 2000 y
hasta el año 2004 las entidades debían dotar contra la cuenta de resultados, es decir, introduciendo un gasto y penalizando la cuenta de resultados, la provisión específica de aquellos activos identificados como deteriorados, la provisión genérica
correspondiente a aquellas carteras de activos en las que no se pudiera identificar de partida dónde se producirá el deterioro pero que se conoce por la historia que el deterioro tendrá lugar, y en adición a las dos anteriores hasta 2004, tras un
proceso no exento de dificultades por las presiones desde diferentes ámbitos, fundamentalmente desde la industria bancaria, se constituyó la obligación de dotar las provisión estadística o anticíclica, que no es la provisión genérica.


En el magnífico trabajo de nuestros compañeros Carlos Trucharte y Jesús Saurina, que varias de sus señorías conocen, queda constancia de la relevante importancia que tenían y que deberían haber tenido estas provisiones como herramienta
anticíclica. La cuestión no es tan solo, como señalan algunos autores, que las provisiones anticíclicas permitieran traspasar, a través de este mecanismo, resultados de años de bonanza a años de crisis económica, iban mucho más allá; la misma
existencia de la provisión anticíclica es un poderoso incentivo para frenar la expansión crediticia desaforada. Es cierto que en el año 2004 era preciso adaptarse a la normativa europea contable, no lo negamos y, tal y como se viene desarrollando
esta normativa contable, consideramos que es un tema de gran preocupación para nuestra asociación.

Página 6

Nos gustaría transmitirles también nuestra preocupación a sus señorías por la regulación contable europea en el ámbito, por supuesto, en el que nosotros nos manejamos, que es el sector financiero. Es cierto que había que adaptarse a la
regulación europea. Nosotros, entre otras muchas posibles soluciones -sin duda, en esto sus señorías están mucho más capacitadas que nosotros-, si a través de una norma contable no se podían llevar a cabo las exigencias de ajuste contable que
requería la correcta prudencia a la hora de supervisar las entidades, quizá se debería de haber desarrollado a través de otro tipo de iniciativa legislativa en otro ámbito de disciplina, modificando la Ley de disciplina de intervención de crédito,
etcétera, o como hubiera sido preciso, para garantizar que efectivamente estas provisiones anticíclicas que había costado tantísimo esfuerzo llegar a instaurar como método prudencial se mantuvieran en el tiempo.


Otro aspecto muy relevante que tuvo lugar durante estos años, desde nuestro punto de vista, y cuyos efectos sufrimos aún hoy -tenemos que transmitirles nuestra preocupación por el futuro inmediato-, fue la entrada en vigor del Acuerdo de
Capital de Basilea II. Este acuerdo de capital supuso globalmente una mayor debilidad de las entidades en materia de recursos propios, además de abrir la puerta a la situación de hoy en día, en la que prácticamente es imposible determinar con
fiabilidad los recursos propios de los que dispone cada entidad de crédito. Es cierto que no todo el Acuerdo de Basilea II fue un mal acuerdo de capital desde el punto de vista prudencial -volvemos a la cuestión de los matices-, ya que se
introdujeron requisitos en materia de trasparencia, en materia de riesgo operacional y en otros ámbitos que, sin duda, resultan bastante útiles desde el punto de vista prudencial; ahora bien, el precio a pagar por la introducción de estas mejoras
ha sido elevadísimo en materia de ponderación de riesgos y menores recursos propios exigibles fundamentalmente a las grandes entidades financieras, así como en cuestiones de comparabilidad y transparencia. Otra cuestión relevante que tiene lugar
durante este periodo 2000-2006, aunque quizá no es tan vistosa como otras de ámbito macro o que afectan transversalmente a toda Europa, como pueden ser las normas contables a las que nos hemos referido sobre el Acuerdo de Capital de Basilea, pero
que sí afectó de manera relevante a nuestro desempeño dentro del Banco de España, fue la modificación de las ordenanzas internas de supervisión del Banco de España durante el período 2000-2006.


Los informes de inspección son redactados por el cabecera. En la jerga propia del Banco de España, el cabecera es el inspector con más experiencia y que lleva a su cargo la coordinación del equipo de inspección en la entidad que se esté
supervisando; en ocasiones, si la entidad es muy grande o tiene una enorme relevancia, hay incluso subcabeceras que se ocupan cada uno de distintos tipos de riesgos, como el riesgo de créditos, seguimiento financiero, riesgo de tipo de mercado,
riesgo de tipo de interés, etcétera. Insisto en que el cabecera es el coordinador de los equipos de inspección y hasta la modificación de las ordenanzas en este periodo al que me refiero los inspectores tenían que incorporar su firma al acta de la
inspección y esta información llegaba hasta la comisión ejecutiva del Banco de España; no los firmaba en exclusiva el cabecera. No nos parece que sea el sistema ideal ni el que vamos a proponer a sus señorías a futuro; no obstante, era mucho
mejor que el hecho de que la firma del cabecera no figurara en absoluto. No era la única firma que figuraba, sino que también aparecía la del jefe de grupo correspondiente a cargo de la entidad, pero de manera incomprensible para nosotros se
decidió que no era preciso y que la firma del jefe de grupo correspondiente era la única relevante.


Aquí tengo que dar un salto en el tiempo para referirme a la modificación de las ordenanzas supervisoras que se llevó a cabo en el Banco de España en el año 2012, porque hemos escuchado en diferentes ámbitos que esto ya no ocurre.
Nominalmente, no. Es decir, la ordenanza de supervisión del año 2012, la ordenanza interna del Banco de España, especifica que cualquier opinión discrepante del cabecera y del equipo de inspección debe ser incorporada al informe que firma el jefe
de grupo y elevada a la comisión ejecutiva. Obviamente, sus señorías pueden concluir que la trazabilidad de la incorporación de estas discrepancias es nula para nosotros, para el inspector de cabecera y para su equipo, porque teóricamente se
incorporan sus discrepancias, pero quien las incorpora es quien firma el informe, y nosotros no podemos tener constancia de que, efectivamente, esas discrepancias se han incorporado y han llegado a los órganos de dirección apropiados del Banco de
España.


En línea con esta modificación de supervisión que eliminaba nuestra preceptiva firma -más que la nuestra, la de los cabeceras y la de los equipos de inspección-, voy a referirme al sucesivo deterioro, que continúa hasta la actualidad, de las
condiciones de trabajo de los inspectores y auditores informáticos del Banco de España. No traemos a sus señorías cuestiones sindicales -en absoluto me refiero a este enfoque-, pero sí que las condiciones de desempeño del trabajo empeoran
sucesivamente, desde la

Página 7

ubicación en mamparas en lugar de en despachos, comprometiendo la confidencialidad de nuestro trabajo, hasta llegar al punto actual de plantilla concentrada en espacios en los que es imposible mantener la necesaria confidencialidad e incluso
hay inspectores y auditores informáticos que no disponen de mesa, que no tienen dónde sentarse en el propio Banco de España. Todo ese deterioro en las condiciones laborales de las personas responsables de la supervisión está transmitiendo un
mensaje a la plantilla en cuanto a nuestra eventual irrelevancia respecto a lo que éramos y a lo que quizá lleguemos a ser. También tengo que transmitir un mensaje de tranquilidad a sus señorías, en el sentido de que la plantilla no se ha dejado
impresionar por este tipo de actuaciones y seguimos manteniendo un absoluto compromiso con nuestro desempeño, independientemente del tamaño de la mesa de la que dispongamos, de la ubicación, etcétera. Seguimos comprometidos con nuestra función.


Un tema especialmente complejo para referirme en una comparecencia necesariamente breve es todo lo relativo a la emisión de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas con el objetivo de recapitalizar entidades. Fue una
actuación que, en absoluto, se puede atribuir en exclusiva a los gestores de las mismas, porque estos no habrían podido hacerlo sin la autorización del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en cada una de las emisiones;
si se hizo, quizá no se hizo con toda la potencia necesaria. Debía haberse investigado y actuado acerca del destino final de estas emisiones.


Por último, dejando -insistimos- la puerta abierta a nuestra colaboración en esta y en el resto de cuestiones de este periodo, quiero hacer referencia a una cuestión muy relevante para nosotros. No se trata de una cuestión estrictamente
regulatoria o de procedimientos de supervisión, sino que es más bien un cambio de paradigma que tuvo lugar durante la crisis, que ha tenido lugar en crisis anteriores y que, desafortunadamente, de alguna manera se viene trasladando a la regulación
que se encuentra en estos momentos en fase de borrador. Es un cambio conceptual que tuvo lugar durante los años de la burbuja inmobiliaria, durante los años de crecimiento desaforado de los balances bancarios y que -insistimos- hoy en día todavía
permanece en cierta medida en la mentalidad de los gestores e incluso de los supervisores y reguladores.


Concretando, les quiero transmitir que de manera repetida distintas fuentes aluden a la sobrevaloración de los activos de garantía, fundamentalmente la vivienda, como una de las causas macroeconómicas de la crisis financiera. La misma
existencia de este debate alerta de la existencia de malas prácticas bancarias generalizadas durante la gestación de la debacle financiera, porque durante unos años parece que en cierta medida se ha olvidado que, en primer lugar, antes de entrar a
valorar ningún tipo de garantía real o personal, las entidades financieras deben proceder a analizar la capacidad de reembolso del deudor y nunca, bajo ningún concepto, tener en cuenta la existencia o no de garantía para decidir conceder o no la
operación de crédito o préstamo.


Es una pésima praxis bancaria conceder una operación no sobre la base de la capacidad de reembolso del deudor acreditado, sino sobre la base de las garantías subyacentes. Naturalmente, las garantías tienen un papel relevante -por supuesto
que sí- y pueden ser incorporadas, por ejemplo, a través del precio de la operación. Naturalmente, las garantías son importantes si el denominado loan to value, el porcentaje de préstamo respecto a la tasación, es inferior al 40, al 50 o al 60 %,
ya que la probabilidad de impago cae porque, primero, el prestatario debe menos dinero y, además, se siente mucho más vinculado a la propiedad inmobiliaria que ha comprado porque ya ha desembolsado una parte importante. Esto influye claramente en
la probabilidad de impago, pero no debe ser la valoración de la garantía lo que determine que se conceda o no la operación, sino estrictamente la capacidad de reembolso. Después se analizará la garantía y se podrá comprobar sobre la base de esa
garantía cuáles pueden ser las pérdidas que se materializarían a futuro si efectivamente el impago llegara a producirse, pero conceder préstamos sobre la base de activos sobrevalorados o sobre la base de garantías es una muy mala praxis bancaria.


Si el tiempo lo permitiera podríamos también referirnos a muchas otras cuestiones que tuvieron lugar durante este período y a algunas que siguen manteniendo su vigencia hoy en día, como el papel de las empresas de auditoría y consultoría y
el de las agencias de rating en la gestación y desenlace de la crisis o la remuneración variable de los directivos bancarios y los contratos blindados asociados. Aquí, con la máxima prudencia y el máximo respeto, queremos abrir la posibilidad de
debate sobre los incentivos de determinadas administraciones públicas para no frenar o para no incidir con toda la potencia posible y desincentivar el desarrollo inmobiliario, en tanto en cuanto esta burbuja no dejaba de suponer ingresos, vía
impuesto sobre el valor añadido y vía impuesto sobre transmisiones patrimoniales, para diferentes administraciones públicas. Por tanto, frenar esta entrada de ingresos también podía suponer un ajuste

Página 8

fiscal relevante. Este es un debate que abrimos para sus señorías y que ni mucho menos está entre las cuestiones más relevantes de este asunto.


Como resumen de todo lo expuesto en este período nos gustaría hacer especial referencia a la Ley 26/1988 sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, mencionada brevemente hace unos minutos. El mensaje que les hemos
transmitido a sus señorías al principio de esta comparecencia hace referencia fundamentalmente a lo que significaba esta ley. No se utilizó con la suficiente firmeza el amplio abanico de posibilidades que ofrecían tanto esta ley como sus
desarrollos legislativos. Obviamente tengo que decirles que esa ley está desafortunadamente derogada por efecto de la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, dado que no quedó más remedio que adaptar nuestra Ley
sobre disciplina e intervención al proceder a la transposición de la Directiva Europea 2013/36/UE, que supone a su vez parte de la adaptación al Acuerdo Basilea III.


Entrando a analizar el periodo 20072014, hemos venido escuchando hablar repetidamente de una especie de doble crisis: desde el año 2007 hasta principios de 2011 y desde esta fecha hasta aproximadamente 2013 o 2014. Son afirmaciones que no
entramos a valorar desde un punto de vista macroeconómico. No nos corresponde ni creemos que podamos aportar a sus señorías nada de interés en este ámbito que no puedan aportar otros expertos en el ámbito de la macroeconomía. No obstante, no
podemos dejar aparte la cuestión de que nuestros compañeros del Instituto Nacional de Estadística opinan distinto o pueden matizar esta afirmación, dado que el descenso del producto interior bruto publicado por el Instituto Nacional de Estadística
durante el año 2011 fue bastante homogéneo y gradual trimestre a trimestre. Por tanto, tiene difícil encaje defender la postura de que a partir de junio de 2011 se produjo una doble recesión que arrastró a las entidades al abismo simplemente
basándonos en estos datos macroeconómicos sobre los que -insisto- sus señorías pueden encontrar mayor soporte y ayuda en otros comparecientes. Dejando aparte este aspecto puramente macroeconómico, insistimos en que desde el punto de vista de las
entidades de crédito no se apreció una doble recesión en absoluto. La burbuja estalló y con ella gran parte de los problemas acumulados en los activos de las entidades de crédito españolas, y el recurso masivo a la financiación mayorista extranjera
se puso de relieve con toda su crudeza. No ocurrió que en 2011 las cotizaciones bursátiles subieran o bajaran o que tras producirse el contagio entre entidades y riesgo soberano la prima de riesgo de la deuda española subiera bruscamente hasta
niveles especulativos, etcétera; bueno, todo esto ocurrió, efectivamente, pero las entidades que quebraron en esas fechas no quebraron por efecto de una doble recesión, quebraron por toda la gestación, por todo lo ocurrido durante el año 2000 -en
concreto entre los años 2004 y 2005- hasta el estallido en 2011 de una de las principales entidades financieras de nuestro país, el grupo BFA Bankia. Ahora bien, BFA Bankia no estalla, no quiebra como consecuencia de una segunda recesión, un
agujero -disculpen la terminología quizás poco elegante-, un desfase patrimonial en torno a unos 20 000 millones de euros no se genera por una doble recesión. Si hubiera sido así, en entidades más grandes que el grupo BFA Bankia, -que las había y
las sigue habiendo-, esa misma doble recesión habría provocado un agujero patrimonial, un desfase patrimonial similar en porcentaje, incluso mayor en términos absolutos y similar en porcentaje, algo que no ocurrió. Las debilidades de las entidades
de crédito, y en concreto del grupo BFA Bankia, eran consecuencia de todo lo ocurrido hasta la fecha.


Tampoco estamos de acuerdo -si bien este es otro de esos puntos en los que les he transmitido a sus señorías que el debate sería de enorme profundidad, alcance y complejidad- con las cifras que se han venido publicando en relación con el
coste del rescate financiero que tuvo lugar en aquellos años. Limitarse a evaluar un coste económico ciñéndose tan solo a las ayudas directas o cuasidirectas, entre ellas, por ejemplo, los esquemas de protección de activos o los avales del Estado a
los activos fiscales diferidos a partir del año 2012, etcétera, es olvidarse de que la crisis financiera se tradujo en cierre de empresas, fundamentalmente pymes, que sí eran solventes pero que vieron cercenadas sus líneas de crédito,
imprescindibles para la gestión de su tesorería, por el temor de las entidades mejor posicionadas a verse contagiadas por el alcance de la crisis y la imposibilidad por parte de las entidades en peor situación a suministrar la liquidez necesaria.
No se ha incluido tampoco en el coste del rescate, o no se incluye habitualmente, la reducción de al menos 72 000 empleos directos en el ámbito de la banca, además de empleos indirectos, empleados que percibían remuneraciones relativamente elevadas
y pagaban impuestos proporcionalmente y que se han visto obligados a recurrir a la prestación por desempleo. Además del enorme coste emocional y personal para las familias afectadas, no cabe duda de que esto se ha traducido en un impacto fiscal muy
relevante en nuestro país. Tampoco se ha tenido en cuenta el análisis del coste del rescate financiero, el coste de las operaciones carry trade, llevadas a cabo

Página 9

de forma masiva en toda la Unión Europea y desde luego también en nuestro país. Y por último, el coste en reputación, que es muy difícil de evaluar económicamente -quizás no sea posible-. El coste en términos de reputación de los bancos
centrales y de las agencias supervisoras europeas en un contexto de creciente desconfianza en algunos países en relación con el proyecto de construcción de la Unión Europea ha sido un golpe muy duro para bancos centrales y agencias supervisoras.


Además de todas estas consideraciones, si el tiempo lo permite, nos gustaría entrar de nuevo en algunos aspectos concretos de este periodo. Empezaríamos por los denominados sistemas institucionales de protección como concepto y cómo se
llevaron a la práctica. Tanto como concepto como en la forma de llevarlos a la práctica, desde el punto de vista de la Asociación de Inspectores, fue muy desafortunado. Obviamente resulta sencillo mantener esta afirmación viendo los desastrosos
resultados, pero no es lo que queremos transmitir a sus señorías. Queremos transmitirles que en la misma concepción de los SIP había errores de bulto, estaban mal concebidos desde el comienzo hasta fecha de hoy. Les queremos transmitir que aun
cuando el resultado hubiera sido bueno, algo bastante improbable, conceptualmente no es ni mucho menos una buena herramienta para reforzar a las entidades. Fusionar, cuasifusionar o constituir en forma de SIP a entidades con problemas no da como
resultado una entidad o un sistema de protección con menos problemas; se incorporan como mínimo los problemas que trae cada una de las entidades y además por efecto de la concentración de problemas generalmente los problemas crecen y son mayores
que antes de producirse la fusión. Además las capacidades de intervención de las autoridades en sentido amplio, el Banco de España, el Gobierno, etcétera, se ven disminuidas conforme aumenta el tamaño de la entidad con problemas. En palabras de un
compañero de la asociación que, sin ningún ánimo de frivolidad, quiero transmitir a sus señorías porque creo que es una imagen muy gráfica de cómo se llevaron a cabo estos procesos de SIP y, en concreto, el del grupo BFA Bankia: si se toma una
entidad que se encuentra en situación de quiebra patrimonial y se decide fusionar con otra entidad que está diecisiete veces quebrada, da igual cómo se diseñe el SIP, da igual el esquema de SIP que queramos hacer. Si se pusiera una entidad quebrada
con otra diecisiete veces quebrada, el resultado es previsible sin necesidad de análisis macroeconómico: un auténtico desastre. Además, desde la Asociación de Inspectores -y aquí tengo que incidir mucho en el término 'no tenemos constancia',
porque no decimos que no exista- no tenemos constancia de que se llevaran a cabo los imprescindibles informes de fusión, si los queremos llamar así, como sí se ha hecho en ocasiones anteriores en otras crisis. Los inspectores informáticos llevaban
a cabo una inspección y un análisis más detallados, aún si cabe, en otras crisis anteriores, de las entidades que eran susceptibles de participar en un proceso de fusión del tipo que sea. Se identificaban eventuales quebrantos que no se hubieran
puesto de manifiesto anteriormente, se realizaban todo tipo de comprobaciones y se elaboraba una suerte de informe de fusión, en el sentido no comercial, no desde el punto de vista de análisis de competencia, no competencia, etcétera, o del propio
funcionamiento de la intermediación financiera, sino con enfoque prudencial; es decir, si la constitución llevara a cabo determinadas fusiones bancarias iba a contribuir a la estabilidad del sistema financiero o no. Quizá esos informes se hayan
realizado, pero insisto en que nosotros no tenemos constancia de que existan esos informes en el caso, por ejemplo, del grupo BFA Bankia ni en otros procesos de los denominados SIP que han tenido lugar.


Nosotros animamos a sus señorías a que en el desarrollo de esta Comisión de Investigación, dado que ustedes sí pueden hacerlo, soliciten al Banco de España cuantos informes de los inspectores y de la comisión ejecutiva sean precisos, y por
supuesto no descarten la tremenda importancia que tienen hoy en día los correos electrónicos, como ha quedado de manifiesto; es una herramienta habitual de trabajo donde los inspectores, muy a menudo, dejamos constancia de nuestras preocupaciones
que, generalmente y casi en su totalidad, se incorporan posteriormente a nuestros informes de inspección. Pero, aún así, hay ocasiones -insisto- en que no firmamos los informes de inspección que se elevan a comisión ejecutiva y puede ocurrir que no
se estén incorporando todas nuestras preocupaciones. También quiero transmitirles que si la Cámara decide solicitar información en este ámbito tengan ustedes la prudencia y la precaución de que su solicitud de documentación, su solicitud de
información, es adecuadamente tramitada, que no existe algún tipo de filtro o algún tipo de intermediario. En otras ocasiones ha podido ocurrir -insisto en que no tenemos constancia- que se ha requerido información desde ámbitos judiciales al Banco
de España en relación con determinados procesos y hemos visto que posteriormente aparecían correos electrónicos y una serie de documentos muy relevantes que no se habían suministrado a la autoridad jurídica pertinente en una primera aproximación.
Por tanto, es muy importante que el procedimiento de suministración de toda aquella información que soliciten sus señorías, dentro de la estricta confidencialidad

Página 10

y de la importancia del deber de secreto, sea el más transparente a efectos de que ustedes tengan la seguridad de que se les está suministrando lo que solicitan.


En un contexto más actual, y sabemos que este es un ámbito delicado precisamente por lo cercano, nos referimos estrictamente al Banco de España en relación a fusión entre la Banca Mare Nostrum y el grupo BFA Bankia. No tenemos constancia de
que se haya producido ese informe de fusión. Puede existir, pero no tenemos constancia. No entramos a valorar si la fusión es adecuada o no. No nos corresponde valorar si es adecuado o no fusionar las entidades, eso les corresponde a sus
señorías. Confiamos plenamente en la honestidad de sus decisiones -¡faltaría más!- y en las decisiones que adopta el Gobierno, etcétera, en el ámbito de sus competencias. Nosotros nos limitamos a señalar que en el ámbito del Banco de España no
tenemos constancia de que exista ese informe de fusión que pudiera identificar determinadas debilidades que pudieran no haberse puesto de manifiesto hasta la fecha. Es difícil que no se hayan puesto de manifiesto debilidades, dado que estamos
hablando del grupo BFA Bankia y de la Banca Mare Nostrum, que están participados por el Estado y que, además, han sido objeto de un rescate y de un análisis en profundidad. Pero, aún así, no tenemos constancia de que este protocolo, para nosotros
muy relevante y que podemos denominar informe de fusión, se haya realizado.


En cuanto a medidas regulatorias adoptadas entre los años 2007 y 2011, nuestra posición al respecto de nuevo precisa matices. Se adoptaron muchas y diferentes medidas y no cabe duda de que algunas fueron más acertadas que otras. Para
ilustrar con un ejemplo -insisto que es para ilustrar como ejemplo- de lo difícil que es proceder a realizar un análisis sintético, breve, de la bondad o no idoneidad de determinadas medidas adoptadas, nos vamos a referir a los reales decretos
2/2012 y 18/2012, como ejemplo -insisto- de que los matices en estos ámbitos son muy necesarios. Estos reales decretos obligaron a las entidades a dotar provisiones por un importe más que relevante, y estas dotaciones extraordinarias condujeron a
que las entidades tuvieran más dificultades para repartir dividendos, lo que beneficia desde el punto de vista de la capitalización o, mejor dicho, desde la no descapitalización; permitía discriminar entre entidades con mejor y peor situación
financiera disminuyendo el riesgo de contagio entre unas y otras, y entre el sistema financiero y el riesgo soberano, y algunos otros beneficios a tener en cuenta. Pero, por otra parte, se adoptaron en el peor momento posible, en el momento álgido
de la recesión en el sistema financiero. Aun así, desde la Asociación de Inspectores defendemos que es mejor actuar sea cuando sea que no actuar; también tenemos que decirlo. Pero no cabe duda de que adoptar medidas en ocasiones lleva beneficios
y en ocasiones causa determinados perjuicios, y es muy difícil en una comparecencia, obviamente acotada en el tiempo, poder entrar al detalle de todo esto.


En línea con lo anterior, tenemos que referirnos a la creación de la Sociedad de Gestión de Activos procedente de la reestructuración bancaria, Sareb, más conocida como banco malo, a mediados de 2012. De nuevo, tenemos que manifestar la
idoneidad y no idoneidad, simultáneamente, en el sentido de que este tipo de instrumentos ha sido habitual en otras crisis financieras; se ha utilizado, y se ha utilizado con éxito en muchos casos. No cabe duda de la utilidad que en otras crisis
ha podido tener, pero desde la asociación, dentro de que -insistimos- puede ser una herramienta útil, nuestra opinión es de enorme preocupación, en relación con el procedimiento de contabilización de los activos que se han incorporado a esta
sociedad con un enfoque de coste medio, una especie de coste medio ponderado; estamos muy preocupados por la estructura de financiación de la Sareb; y también estamos preocupados en el sentido de que, quizá -quizá- no exista la suficiente
transparencia en los procedimientos de enajenación de activos que se están llevando a cabo.


Voy a hablarles de otro evento que tuvo lugar durante estos años, en 2007 y que continúa hasta la actualidad. Nos vamos a referir a un concepto interno del Banco de España, del que quizá sus señorías no hayan tenido ocasión de oír hablar,
que son los denominados CTC, que es el acrónimo de Comité Técnico de Coordinación. Los CTC comienzan a elaborarse durante esta etapa, y se decide en el seno de la Dirección General de Supervisión del Banco de España crear un grupo de trabajo al que
asistan regularmente los coordinadores de departamento -en la Administración General del Estado serían una especie de subdirectores de departamento-, y otros miembros de la jefatura del Banco de España, en los que, a pesar de las indicaciones
expresas y explícitas que se contienen en el reglamento interno del Banco de España y en la circular 4/2004 y otros documentos oficiales de nuestro banco, se proceda a interpretar, o más bien a reinterpretar, diferentes normas contables y de
solvencia, desde el tratamiento de posiciones refinanciadas hasta la forma de aplicar los reales decretos mencionados. Las garantías jurídicas con el uso de este tipo de herramientas son inexistentes, tanto para el que las emplea, para el colectivo
de inspectores y auditores informáticos, como para, por supuesto, las entidades de crédito.

Página 11

Hemos tenido ocasión de remitirles a ustedes algunos ejemplos de estos CTC, conocidos en el ámbito de mi desempeño como inspector de entidades de crédito, y podrán ustedes observar que la mayoría de ellos comienzan con una especie de
disclaimer, o exención de responsabilidad, que les leo textualmente, por si no han tenido ocasión de leerlo, y que dice lo siguiente: Los criterios internos de la Dirección General de Supervisión no son interpretaciones oficiales del Banco de
España, sino pautas acordadas para contribuir a una aplicación homogénea y consistente de las normas a que se sujetan las entidades supervisadas. En consecuencia -dice textualmente- son posiciones que deben defenderse ante las entidades de crédito,
quedando prohibido por tanto su difusión a usuarios externos de la Dirección General de Supervisión y su entrega por escrito a las entidades, debiendo comunicarse a las mismas de forma oral. Estamos hablando de una regulación en la sombra en el
ámbito de la Dirección General de Supervisión del Banco de España que hoy en día aún se mantiene. No cuestionamos la buena voluntad de los trabajos de este grupo de trabajo -no cuestionamos que el propósito fuera contribuir a homogeneizar,
etcétera-, estamos planteando lo que supone en el ámbito de la seguridad jurídica, tanto de la plantilla del Banco de España como en el ámbito de las propias entidades de crédito y de los propios ciudadanos, que tienen derecho a conocer la
regulación en la que se basa la supervisión financiera.


Tan pronto como tuvimos conocimiento de la existencia de estos documentos, la Asociación de Inspectores procedió a denunciarlo a la Dirección General de Supervisión, y aun así esta especie de regulación en la sombra continúa en
funcionamiento a fecha de hoy, por lo que volvemos a alertar del extraordinario riesgo reputacional que esto puede llegar a suponer para el Banco de España. Resulta obvio, por otra parte -pero, aun así, se lo transmitimos a sus señorías-, que ni la
anterior dirección del Banco de España ni la actual comparten nuestro punto de vista, dado que están informados de la existencia de este tipo de procedimientos y no parecen haber cambiado de opinión. Como les digo, hemos remitido a sus señorías
varios de estos documentos para que tengan ocasión de analizarlos por ustedes mismos.


Otro evento relevante que tuvo lugar durante estos años fue, desde nuestro punto de vista, la eliminación de la autorización previa de la publicidad en entidades financieras. En la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 1718/2010 se
suprime el régimen de autorización previa del Banco de España de la publicidad sobre productos financieros y que tenía su origen en la Ley de disciplina e intervención antes mencionada. En la exposición de motivos de la citada orden ministerial se
indica que el motivo de la supresión de la autorización previa es consecuencia de que dicho régimen de autorización previa entorpece notablemente la agilidad de las ofertas y servicios que demanda el sector financiero y de valores, suponiendo una
anomalía y perturbación innecesaria de la actividad empresarial. Lo que la exposición de motivos de la orden ministerial considera un entorpecimiento de la agilidad de la oferta de productos y servicios, nosotros lo consideramos garantías para el
consumidor de productos y servicios financieros. También, en la misma exposición de motivos de la citada orden ministerial, se indica que el motivo de liberalizar este ámbito viene también dado por el hecho de que si se mantiene el requisito de
autorización previa por parte del Banco de España de la publicidad de productos financieros, se estaría tratando de un sistema asimétrico respecto a lo que ocurre en el ámbito de los mercados de valores y del seguro. La asociación de inspectores
opina que, en lugar de eliminar la autorización previa para la comercialización de servicios y productos financieros, en todo caso lo que tendría que haberse extendido es un régimen similar a la comercialización de valores y seguros, y no hacer
desaparecer la autorización previa en materia de comercialización de productos financieros bancarios.


Por último, en este periodo -no es lo único relevante, pero sí lo último a lo que me voy a referir por cuestión de tiempo- no podemos dejar de hacer referencia a la crisis e intervención del grupo BFA. No es necesariamente el rescate más
relevante que se haya producido en términos de porcentaje de ayuda pública respecto al volumen de activos. El caso de Caixa Catalunya, por ejemplo, supone un porcentaje mayor de ayudas frente al total de activos en riesgo, pero no cabe duda de que
este caso -lo ocurrido con el grupo BFA Bankia- creemos que puede ilustrar a sus señorías muy bien en el sentido de gran parte de las cosas que ocurrieron durante aquellos años, durante los años del rescate, durante los años de intervención de las
entidades. Y aquí, por respeto a todos los procedimientos judiciales en marcha, y por supuesto obligados por nuestro deber de secreto, vamos a hacer referencia exclusivamente a toda aquella información que está disponible en distintos medios de
prensa. No obstante, por supuesto animamos a sus señorías a que soliciten toda aquella documentación que consideren precisa para poder averiguar qué es lo que llegó a ocurrir en aquella constitución del SIP, en aquella salida a bolsa y en la
reformulación de cuentas.

Página 12

Por una parte, existía una necesidad de reconocer un cierto importe de pérdidas en siete cajas de ahorros. Reconocer este importe de pérdidas permitía recurrir a ayudas en forma no de capital, pero sí de financiación privilegiada -por así
decirlo-, a las siete cajas de ahorros que finalmente constituyeron el SIP, y para ello era necesario reconocer un cierto importe de deterioros. Si se reconocían más deterioros -si nos aproximábamos más a la cifra real de deterioro que podía haber
en las distintas entidades de crédito-, las ayudas en ese caso se habrían considerado ayudas de Estado a nivel europeo y probablemente habría sido preciso intervenir las entidades en aquel momento.


Se decidió proceder a una serie de ajustes -unos deterioros- que, como hemos tenido conocimiento, se realizaron no contra la cuenta de resultados de las distintas entidades, tal y como resultaba pertinente no solo desde el punto de vista de
la buena práctica supervisora, sino porque lo exige el Código de Comercio y la normativa internacional contable a la que nos hemos referido. No se permite la imputación de deterioros a cuentas de reservas bajo ningún concepto; deben ser reflejados
en la cuenta de pérdidas y ganancias, de tal manera que se tenga de verdad la imagen fiel del desempeño de la entidad. Tan pronto como se identifican los quebrantos, deben reconocerse en primera instancia en la cuenta de pérdidas y ganancias.


Hemos tenido ocasión de escuchar a distintas personas que eso resultó irrelevante desde el punto de vista de la estabilidad del grupo BFA Bankia. Sensu contrario, se podría preguntar a los que opinan así para qué existe entonces la cuenta
de resultados como estado financiero; si patrimonialmente es irrelevante cargar en pérdidas y ganancias o cargar contra reservas acumuladas, ¿por qué en todas las normativas de contabilidad financiera europeas e internacionales existe una cuenta de
patrimonio y existe una cuenta de pérdidas y ganancias? Obviamente no es igual, no es patrimonialmente neutro, puede resultar neutro en una suma agregada puntual en un momento determinado pero, si los ajustes -que nosotros creemos por lo que ha
aparecido en prensa que no eran todos los necesarios- que se produjeron a 31 de diciembre de 2010 se hubieran cargado contra la cuenta de pérdidas y ganancias, las siete entidades que posteriormente constituyeron el grupo BFA Bankia se habrían visto
obligadas en ese ejercicio a declarar pérdidas, no habrían declarado beneficios contables. Y la prueba de que no es patrimonialmente irrelevante cargar contra pérdidas y ganancias o contra patrimonio de reservas es que, el hecho de cargar contra
patrimonio -aparte de consumir gran parte del patrimonio de estas siete entidades, que sin duda quedaron debilitadas por estos deterioros- y no contra pérdidas y ganancias, produjo el efecto de que por ejemplo se repartieran bonus por resultados a
los directivos de esas siete entidades financieras, por un importe nada despreciable. Según ha aparecido reflejado en prensa -no quiero emplear la palabra filtrado- estamos hablando de importes superiores a los 100 millones de euros en remuneración
variable.


Quizá en este momento es procedente recordar a sus señorías que todo lo relativo a las tarjetas black -que sin duda es un escándalo- asciende a una cifra de entre 22 y 30 millones de euros de presunta apropiación indebida. Aquí estamos
hablando de más de 100 millones de euros de reparto de resultados y que han formado parte del rescate financiero del grupo BFA Bankia al que hemos tenido que hacer frente por el hecho de cargar contra patrimonio y no contra pérdidas y ganancias.
Además, se abonó el interés de las preferentes, lo que contribuyó aún más a la descapitalización del grupo o de las siete entidades que iban a conformar el grupo BFA Bankia, etcétera. Podríamos extendernos mucho más en esta primera irregularidad
porque su efecto fue muy importante, lo que ocurre es que tenemos que seguir avanzando.


Resulta que posteriormente, tras constituirse el SIP, se decide avanzar hacia una más pertinente -en términos contables- auténtica fusión, una fusión entre entidades que quizá no se realizó respetando la normativa contable, en concreto la
IFRS 3, la norma de información financiera de combinaciones de negocios, dado que no se identificó como entidad adquirente -tal y como establece la normativa- a la mayor entidad del grupo en términos de activos. Si se hubiera hecho de esa forma
habría sido imposible proceder a la actualización de los valores que figuraban en el balance de Caja Madrid. La forma de poder permitir actualizar los valores que figuraban en esos balances fue a través de una cuasi fusión, ampliando capital en una
licencia bancaria preexistente, Altae Banco, que se llevó a cabo actualizando valores y otra serie de eventos que tuvieron lugar. Pero donde quiero llegar sobre todo es que a que, tras producirse esta fusión,... Disculpen sus señorías, he olvidado
un dato que considero bastante relevante y es que, según tenemos entendido, la autorización para el cargo en reservas procedía del propio Banco de España y, según tenemos entendido también, la Dirección General de Regulación del Banco de España -que
es la competente para opinar según la normativa interna del Banco de España- opinó en contra de este tratamiento contable y aún así se permitió a las entidades llevar a cabo este tipo de operativa contable.

Página 13

Pero, como digo, la autorización procedió del Banco de España, en concreto de la Comisión Ejecutiva pero, al parecer, sobre la base de una recomendación de la Dirección General de Supervisión.


Como decía, avanzando en el tiempo, se constituye el grupo BFA Bankia y se decide que puede ser conveniente que comience a cotizar en un mercado secundario oficial, que emita acciones. Lo que hemos sabido ahora es que el equipo de
inspección que estaba a cargo del grupo BFA Bankia desaconsejó encarecida, repetidamente y con toda firmeza que esta operación se llevara a cabo, porque no existían garantías de que un proceso de salida a bolsa, tal y como estaba diseñado, no
conllevara la inmediata quiebra del grupo BFA Bankia. Como dato orientativo, y que para sus señorías creo que será más que suficiente, diré que las acciones se emitieron a un precio de cotización con un 75 % de descuento sobre el valor en libros
que figuraba en el grupo BFA. Si aceptamos que el valor de mercado es el valor real de las acciones, razonablemente real, si la mitad de las acciones cotizaban a un determinado precio, que era el 75 % de lo que figuraba en libros del grupo BFA,
queda claro que había una inconsistencia relevante, y que probablemente la mitad del patrimonio del grupo BFA Bankia, representado por esas acciones a un valor contable muy superior, no valía tanto y estaba más en línea con lo que indicaba el
mercado, tal y como los hechos posteriores confirmaron.


Sabemos también ahora que en el folleto de emisión, en el conjunto de la documentación que se facilitó a los inversores para la salida a bolsa figuraban unas provisiones, o se hacía referencia a unas provisiones por importe de 6913 millones
de euros en la entidad Bankia para hacer frente a eventuales deterioros futuros. Nosotros, desde nuestra profesión, desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento queremos transmitir a sus señorías que no conocemos ninguna entidad en el
sistema financiero mundial, no español, sino mundial que pueda llegar a dotar 6913 millones de euros de provisiones en tres meses, que es el tiempo de vida de los estados financieros de Bankia cuando se produce la salida a bolsa, porque si Bankia
comienza a cotizar a mediados de julio, comienza a cotizar con los estados financieros de cierre de 31 de marzo de 2013 quiere decir que esas provisiones se tenían que haber constituido como máximo entre el 1 de enero y el mes de julio de 2011 o en
el segundo trimestre del año 2011, algo que es de todo punto imposible. Según hemos tenido conocimiento, a través de diferentes informaciones de prensa, también nuestros compañeros inspectores, en colaboración con la justicia -que han desarrollado
un extraordinario papel en este sentido-, han puesto de manifiesto que esto es absolutamente imposible, que esto no era cierto, que se trataba de provisiones -discúlpenme la crudeza del término, pero no soy el primero en emplearlo- que podíamos
calificar de pintadas, que estaban pintadas en los estados financieros que salieron a bolsa del grupo BFA Bankia.


También a través de prensa hemos tenido información de unas supuestas provisiones específicas pendientes de asignación, y que coloquialmente en el Banco de España llamamos PEPA, por el acrónimo obviamente. Entiendo que la comparecencia está
siendo pesada, densa y que estamos tocando muchísimos temas, por lo que me voy a permitir un punto de ironía en el sentido de que para nosotros desde luego fue todo un descubrimiento, porque la mayoría del colectivo de inspectores y auditores
informáticos del Banco de España sabíamos de la existencia de las provisiones específicas, de las genéricas, sabíamos de la existencia en su día de las provisiones anticíclicas, pero para nosotros fue toda una novedad saber que existían provisiones
específicas pendientes de asignación. No las conocíamos, seguimos sin saber en qué regulación, dónde están recogidas, quién las ha definido, cómo se utilizan y por qué no se han utilizado en más sitios; si están ahí, se pueden utilizar, son
válidas y efectivamente sirven para eventualmente cubrir quebrantos, no entendemos que solamente fueran útiles en el caso de BFA Bankia y que hubieran supuesto una eventual protección frente al deterioro del grupo. En cualquier caso vimos que no
tenían relevancia económica, financiera ni patrimonial ninguna, porque el grupo quebró; es decir, si existían esas famosas PEPA desde luego no fueron en absoluto de utilidad desde el punto de vista económico. Caso distinto es el relativo a lo que
suponía Bancaja en el grupo BFA Bankia, pero no tenemos suficiente tiempo para extendernos.


Lo que sí les podemos decir es que el Tribunal Supremo ha confirmado en dos sentencias que la salida, la comercialización de acciones entre minoristas de Bankia se produjo incorrectamente, y aun así en el Banco de España no ha habido
dimisiones de ningún tipo al respecto. Se pronunció el Tribunal Supremo y en el Banco de España no se asumieron responsabilidades de ningún tipo, a pesar del pronunciamiento claro del Tribunal Supremo a este respecto, y a pesar de que estábamos
hablando -nada menos- que de la quiebra de la que era entonces la tercera entidad financiera de este país. No se produjeron dimisiones e incluso -y sin voluntad de señalar a nadie-, como hemos tenido ocasión de compartir con algunos de ustedes y
con la propia dirección del Banco de España, se produjeron

Página 14

promociones y ascensos a muchos de los implicados en este caso, a muchos de los responsables de la supervisión del grupo BFA Bankia, que fueron promocionados y ascendidos.


Tampoco queremos dejar de hacer alusión al papel que pudo desempeñar el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, durante la instrucción del denominado caso Bankia. Para nosotros fue un hecho de enorme gravedad el hecho de que
-como supimos después en prensa- el FROB encargara al Banco de España un informe teóricamente avalando -o así se transmitía desde los titulares de prensa- la contabilidad del grupo BFA Bankia, y defendiendo la existencia de esas supuestas PEPA.
Para nosotros este fue un comportamiento de enorme gravedad, porque la autoridad judicial solicitó la colaboración de dos de nuestros compañeros, que han hecho un magnífico y extraordinario trabajo, valiente y certero, y el Banco de España recomendó
a la autoridad judicial que fueran estos dos compañeros los que llevaran a cabo su trabajo. Sin embargo el FROB se dirige al Banco de España para de alguna manera solicitar su opinión técnica sobre determinados aspectos de la contabilidad del grupo
BFA Bankia. Llegados a este punto tenemos que informar a sus señorías de que en aquel momento cuatro miembros de la junta rectora del FROB eran simultáneamente cuatro altos cargos del Banco de España. Se estaba produciendo la petición de un
informe a sí mismos para poner de manifiesto la existencia de estas denominadas provisiones específicas pendientes de asignación, y se estaba cuestionando -por lo menos desde la prensa y con mucha fuerza sobre la base de ese supuesto informe del
Banco de España- la labor que habían llevado a cabo nuestros compañeros. Nos parece gravísimo que esto llegara a ocurrir.


Por último me voy a referir a lo que viene ocurriendo en el periodo 2014-2017 hasta la actualidad. Si hasta ahora la comparecencia está resultando extensa, curiosamente en estos tres años el ámbito de información que podríamos
suministrarles sería todavía mucho más extenso que todo lo que hemos manifestado hasta ahora. En estos años, desde la entrada en vigor del Mecanismo Único de Supervisión de la Unión Bancaria, se han producido numerosos hechos, numerosas cuestiones
muy relevantes, sobre todo para sus señorías de cara a futuro, puesto que entiendo que también es un objetivo de esta Comisión de Investigación identificar eventuales errores cometidos e intentar protegernos de errores futuros. Pues bien, en este
sentido tenemos que transmitir de nuevo a sus señorías, con toda la prudencia, pero con toda la honestidad, que la entrada en vigor del Mecanismo Único de Supervisión en absoluto supone mayor garantía de cara a la estabilidad financiera en Europa,
más bien todo lo contrario. Y aquí de nuevo tenemos que hacer una especie disclaimer, porque también de alguna manera se nos reprocha que la Asociación de Inspectores puede estar siendo alarmista. Ya hemos visto que no, nosotros solamente nos
manifestamos cuando ustedes nos llaman y cuando creemos que la situación es suficientemente grave como para hacerlo. Pero también se nos reprocha -en cierta medida- que tenemos resistencia al cambio, esa reluctance de la que hablan los
anglosajones. Aquí desde el máximo respeto y sin pretender frivolizar diré que nosotros lo que tenemos es resistencia al desastre. Está en nuestra profesión. Nos resistimos a aceptar los desastres financieros como algo que no se puede evitar o
que al menos no se puede minimizar su daño. Y por eso nos resistimos al funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión, tal y como está concebido hoy en día, y al funcionamiento del Mecanismo Único de Resolución, tal y como está implantado hoy
en día. No somos en absoluto antieuropeos. La mayor parte del colectivo se maneja con bastante comodidad en el idioma inglés, y hay un porcentaje nada despreciable del colectivo que se maneja con mucha habilidad en cuestiones matemáticas y
estadístico-financieras. Precisamente por eso, por poder desenvolvernos con bastante comodidad en el idioma inglés, y por conocer cuáles son el alcance y las posibilidades de las herramientas estadístico-financieras somos tan críticos con estos
procedimientos de supervisión y con esta regulación.


Empiezo refiriéndome puramente a los aspectos supervisores y a continuación pasaré a comentar lo más brevemente posible todas las cuestiones regulatorias por las que estamos seriamente preocupados. La unión bancaria comienza a través del
Mecanismo Único de Supervisión, es el primero de los tres pilares del Mecanismo Único de Supervisión, que como saben sus señorías se complementa con el Mecanismo Único de Resolución y con el Fondo de Garantía de Depósitos Único Europeo, a través del
Reglamento 1024/2013 de la Unión Europea y a través del Reglamento delegado del Banco Central Europeo 468/2014. Uno de los argumentos, de los motivos por los que se decide comenzar a construir la unión bancaria, o al menos uno de los que más
presentes están, es por evitar en la medida de lo posible las eventuales injerencias políticas nacionales en las decisiones técnicas en materia de supervisión. Aquí de nuevo habría muchas formas de analizarlo, porque en palabras de una compañera de
la Inspección a lo largo del periodo de gestación de la crisis, y en el periodo anterior que hemos comentado de estallido y

Página 15

resolución, los inspectores de entidades de crédito y los auditores informáticos no sufrimos presiones políticas. Nosotros no las sufrimos; no somos nosotros quienes sufrimos presiones políticas. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, a
veces habremos estado muy acertados, a veces algo menos, pero hemos hecho nuestro trabajo. El problema de las presiones políticas no se produce en el ámbito de los técnicos a pie de calle, de los técnicos que llevan a cabo la inspección de las
entidades de crédito. No puede ser ese el motivo para pasar a depender de una autoridad supranacional europea, porque además estamos constatando que también se producen presiones políticas, lo que ocurre es que ahora a nivel europeo. Quizá estamos
tocando un terreno algo más delicado. Se ha construido un Mecanismo Único de Supervisión a través de una integración a machamartillo entre la plantilla de las distintas autoridades nacionales y la plantilla propia del Banco Central Europeo, sin
haber tenido suficientemente en cuenta desde nuestro punto de vista los eventuales conflictos jurídicos en materia de desempeño laboral, y lo que es muy importante en materia de la legislación mercantil y civil distinta en cada uno de los países
europeos. A pesar de estar razonablemente armonizada, sigue siendo relativamente distinta. No se ha tenido en cuenta esta serie de cuestiones que son muy relevantes, y además como les decíamos el idioma de trabajo oficial del Banco Central Europeo
es el inglés. En nuestro país un buen número de entidades han elegido ese idioma, el inglés, como idioma de trabajo para relacionarse con la supervisión. Los podemos informar a través de nuestros contactos con otros colegas europeos de que eso no
ha ocurrido necesariamente así en el resto de países europeos, desde luego no en Francia y desde luego no en Italia. Aquí sin embargo se está supervisando de forma masiva en inglés. Repito, nosotros no tenemos resistencia al inglés; lo que ocurre
es que no se puede llevar a cabo una supervisión eficaz y eficiente en un idioma que no es el tuyo. Si no lo haces en el idioma de la entidad y en el idioma propio se van a perder matices. Otra cosa es, si se decide hacer una integración europea
en materia de supervisión -que nosotros no criticamos-, la toma de decisiones, la armonización de procedimientos supervisores, etcétera, pero en la inspección a pie de campo los inspectores españoles, los auditores informáticos españoles tendríamos
muy poca eficacia si nos dedicáramos a supervisar, por ejemplo, bancos finlandeses y viceversa. Por no hablar de no conocer la cultura supervisora del país, las prácticas mercantiles y lo que representa cada entidad en el conjunto del sistema
financiero nacional de cada uno de esos países.


Además se viene diciendo que la entrada en vigor de la unión bancaria es un procedimiento de alguna manera neutro, una normativa común que afecta a todos los países por igual, y aquí de nuevo la Asociación de Inspectores tenemos que
manifestar nuestra disconformidad al respecto, y es que el Mecanismo Único de Supervisión, la unión bancaria no es neutra en absoluto desde el primer momento, no lo es porque las propias condiciones en virtud de las cuales la supervisión pasa a
depender de la Autoridad Central Europea no son neutras para todos los países. Dado el elevado nivel de concentración bancaria que existe en nuestro país, la supervisión del 90 % de los activos totales del sistema ha pasado a manos del Banco
Central Europeo en cuanto a toma de decisiones, sin embargo en otros países ese porcentaje ha llegado escasamente al 60 %, luego la cesión de soberanía no ha sido idéntica para todos los países. Y les recuerdo a sus señorías que en tanto en cuanto
el Fondo de Garantía de Depósitos Único no entre en vigor las decisiones de supervisión, las decisiones finales se toman en Frankfurt, pero el rescate lo seguimos soportando nosotros en el caso de que sea preciso llevarlo a cabo. En tanto en cuanto
no entre en vigor ese Fondo de Garantía de Depósitos Único, si una entidad tiene problemas, será rescatada a nivel nacional, sin embargo las decisiones supervisoras se toman en Frankfurt, no se están tomando en la autoridad nacional.


Podría extenderme muchísimo más en materia de la puesta en práctica, en el día a día de nuestro trabajo y de todas las debilidades que encontramos en cuanto a la incorporación de auditores y consultores externos, accediendo a información que
yo mismo he transmitido a sus señorías, sobre la que tengo un estricto deber de confidencialidad y secreto, y resulta que se está contratando a auditores y consultores externos, de un nivel de profesionalidad intachable, pero que acceden a
información reservada, a información delicada, que no traen la experiencia, que no se han incorporado a la función inspectora a través de un proceso de oposición, etcétera, y que están llevando a cabo, y en ocasiones incluso liderando, inspecciones
sobre entidades de crédito europeas. Sobre esto, insisto, podríamos extendernos muchísimo más, estamos a su disposición para profundizar en nuestros problemas del día a día desde el punto de vista -insisto- no sindical, sino de eficiencia
supervisora.


En lo relativo a la regulación voy a ser más breve, voy a limitar un poco los aspectos que quería comentarles, porque ya me he extendido mucho, pero he olvidado comentarles también en el ámbito de la supervisión que en la propia estructura
de funcionamiento de la unión bancaria nosotros detectamos un

Página 16

evidente conflicto de interés entre lo que puede suponer el Mecanismo Único de Supervisión y el Mecanismo Único de Resolución. Los gestores, los responsables de un mecanismo único de supervisión lo que intentarán con su mejor intención y en
el mejor desempeño profesional posible es sostener una entidad hasta el último momento, para evitar tener que dar traslado a una resolución, pues sus competencias son supervisoras. Sin embargo los responsables de los mecanismos únicos de resolución
intentarán tener acceso a una eventual resolución de una entidad cuanto antes, para evitar que el deterioro pueda continuar y que su función sea lo más eficaz posible. Eso determina un conflicto de intereses notable en la propia estructura del
sistema, al estar separadas al menos formalmente las funciones de supervisión y las funciones de resolución de entidades de crédito. Si hay ocasión más adelante podremos comentar también que estas inseguridades jurídicas a las que hemos hecho
referencia no afectan solamente a la plantilla del Banco de España y a las propias entidades de crédito, sino que afectan de manera muy notable como hemos tenido ocasión de comprobar a accionistas, preferentistas y obligacionistas subordinados, a
los que quizá no se les han facilitado todas las garantías jurídicas precisas en un momento dado.


A nivel europeo se está profundizando, se está avanzando en el Acuerdo de Capital de Basilea II, posteriormente Basilea III, ahora está ya en fase de borrador Basilea IV. Existen también por supuesto las RTS, normas emitidas desde la EBA,
la Autoridad Bancaria Europea; existen, cómo no, criterios, interpretaciones y todas las normas contables emitidas por el IASB, todos los criterios interpretativos de esas normas, application guidance, en terminología anglosajona, etcétera. En
definitiva lo que se está construyendo es un entramado regulatorio y supervisor cuya complejidad se quiere confundir con rigor. La complejidad y el rigor no son sinónimos en absoluto. Se está procediendo a construir una especie de espejismo
regulatorio para transmitir o se consigue transmitir, no digo que sea la intención, pero se transmite de alguna manera a ustedes, a los representantes de la ciudadanía y a la propia ciudadanía, que ahora se están haciendo muchas cosas que antes no
se hacían, que se están supervisando muchos aspectos que antes no se hacían, como por ejemplo la liquidez. La liquidez es un factor primordial en la supervisión de cualquier entidad de crédito y se ha hecho siempre. El hecho de introducir ahora
muy complejos requisitos en materia de liquidez que pueden ir en ocasiones en contradicción con otras exigencias a nivel de rentabilidad de las entidades no significa necesariamente que esa regulación sea más eficaz ni más eficiente, lo que es
seguro es que es más compleja. Estamos hablando en el caso solamente de la regulación de solvencia de entidades de crédito, que actualmente se regula a través del reglamento europeo de 2013, la denominada CRR, estamos hablando solamente en ese caso
de un reglamento europeo de unas setecientas páginas para definir la regulación principal de solvencia de las entidades, también otros ámbitos como la liquidez y los coeficientes de apalancamiento, más diecisiete reglamentos delegados ya a estas
alturas, más los que estén por venir, además de toda la normativa EBA y de todos los criterios, guías e interpretaciones. Este monstruo legislativo regulatorio desde el punto de vista de la asociación no es eficaz ni eficiente ni contribuye a tener
una imagen más clara de la situación de las entidades financieras. En este sentido la entrada en vigor de la norma contable IFRS9 produce al conjunto de la Asociación de Inspectores una inquietud muy relevante.


El Acuerdo de Capital de Basilea II al que me he referido antes introducía una cuestión que he tenido ocasión de comentarles en relación con la disminución de los recursos propios que efectivamente había en el sistema. ¿Cómo? A través de
los denominados activos ponderados por riesgo, y muy en particular a través de los modelos internos de riesgo de crédito de las entidades. Estos modelos de riesgo de crédito están diseñados por parte de las entidades por gente con muy elevados
conocimientos estadísticos y financieros, con el objetivo de reducir los requisitos de capital regulatorios y con el objetivo de intentar apalancarse lo máximo que permita el modelo. La filosofía que subyace sin embargo en la regulación es que los
modelos internos de riesgo de crédito permiten alinear las exigencias regulatorias de una manera más precisa al perfil de riesgo de la entidad. De nuevo tengo que desviarme ligeramente para no olvidar transmitir a sus señorías otra cosa muy
relevante, y es que los riesgos en una entidad de crédito nacen por el activo, y esto se está olvidando. Los riesgos en una entidad de crédito nacen fundamentalmente por el activo e insisto en que hay más riesgos, riesgo de tipo de interés
estructural, riesgo de liquidez, etcétera, pero el 80 % del riesgo bancario se concentra en la calidad de los activos crediticios, en la calidad o en la no calidad. Por tanto intentar ajustar el perfil de riesgo de las entidades a través de los
modelos internos de riesgo de crédito puede ser cuestionable, pero además conduce, si no se establecen las convenientes garantías en materia de suelos regulatorios, a que las entidades puedan seguir optimizando sucesivamente estos modelos
estadísticos con el objetivo de una y otra vez ir reduciendo sus necesidades de capital. En

Página 17

cuanto a los supervisores a nivel europeo, ya no solo a nivel español, en este ámbito el Banco de España desarrolló un trabajo muy serio, muy bien estructurado y que durante varios años se llevó a cabo con el máximo rigor. El Banco de
España consiguió minimizar daños, si se puede hablar así, en materia de activos ponderados por riesgo durante la implantación del Acuerdo de Basilea II, pero la supervisión europea está absolutamente sobrepasada por este tipo de modelos internos.
Por muy buena formación técnica que tengan los supervisores, por muy especializados que estemos y por mucho apoyo informático con el que contemos, pensar que un equipo de tres, cuatro o cinco personas de inspección y supervisión va a poder competir
a la hora de analizar y validar riesgos frente a unas entidades que tienen equipos de cien, ciento cincuenta y doscientos estadísticos dedicados exclusivamente a optimizar modelos de riesgo de crédito es una entelequia. Es una especie de obedézcase
y no se cumpla. Se dice que hay que validar los modelos internos de riesgo de crédito, pero no vemos la capacidad, no ya en España, sino a nivel europeo, para realizar una efectiva validación de todos los modelos en todo su alance. Pero ahora
llega como les comentaba la IFSR9, que permite a las entidades la determinación de las provisiones para deterioros en muchos casos a través de modelos internos de nuevo. La diferencia es que en este caso además los modelos internos no precisan de
validación supervisora, y rizando el rizo al menos los modelos internos de capital precisan de la previa validación supervisora, y en un momento dado, si no cumplen lo que se esperaba de ellos, pueden ser de alguna manera penalizados o controlados.
Los modelos internos de riesgo de crédito, de valoración de provisiones y deterioros no precisan de autorización supervisora previa, y estamos muy preocupados al respecto.


Por último quiero volver a insistir en que, como bien señalaba Aristóbulo de Juan, y no sólo él, sino el propio Banco de España en un informe de estabilidad financiera del año 2001, cualquier cantidad regulatoria de capital de la que se
disponga va a ser insuficiente si no se cuenta con el volumen de provisiones adecuado; resultará insuficiente. Y no olvidemos que las provisiones no gustan en general a la industria ni al gestor bancario, pues afectan al reparto de dividendos y al
pago de remuneración variable, cosa que no ocurre en el ámbito de los requisitos de capital. También quiero transmitirles que, al igual que les he dicho que la puesta en marcha del Mecanismo Único de Supervisión no es neutra ni homogénea en la
práctica para todos los países europeos, tampoco lo son estas medidas de presunto reforzamiento macroprudencial a las que se ha hecho referencia en muchas ocasiones. No olviden sus señorías en relación con las grandes entidades, representativas,
significativas, entidades sistémicas que disponen de modelos internos, que con todos estos -utilizando una terminología bastante desafortunada, todo hay que decirlo- colchones de capital anticíclicos por riesgo sistémico, etcétera, que aunque se
trata de capital de la máxima calidad, lo que nosotros denominamos en nuestra jerga CET1, Common Equity Tier 1, capital y reservas básicamente y prima de emisión, se determina en función de nuevo de activos ponderados por riesgo, es decir, de
modelos internos de las entidades. ¿Y qué entidades disponen de modelos internos? Las más grandes, las más sistemáticas, las que si tienen un problema, resultan un problema mayor para el conjunto de la economía del país. Sin embargo las entidades
medianas y pequeñas pueden estar llevando a cabo una magnífica gestión de sus balances, de su riesgo de crédito, y cada vez que se les pide un colchón de capital del 2,5 %, aunque también va ponderado por riesgo en el método estándar, eso
-discúlpenme de nuevo el coloquialismo del término empleado- da en hueso. El 2,5 % de capital que tienen que poner las entidades medianas y pequeñas, después de aplicar las ponderaciones del método estándar, es capital efectivo y el otro es capital
ponderado por riesgo a través de modelos internos. Nos podemos llevar la sorpresa de que un 2,5 % de colchón anticíclico a través de modelos internos, que supondría 2,5 euros respecto a unos activos por importe de 100 euros, a nivel de recursos
propios declarados y computables se esté declarando, pero a nivel contable puede ocurrir que esos 2,5 euros sean 20, 30 o 40 céntimos e incluso menos, porque una cosa son los recursos propios contables, como bien saben sus señorías, y otra los
computables. Y como todos estos requerimientos que se vienen instaurando giran en torno a los activos ponderados por riesgo, las entidades medianas y pequeñas se encuentran en franca desventaja. Sus requisitos de capital pueden llevar incluso a
entidades sin problemas a acabar teniéndolos; pueden conducir a entidades que en la actualidad no tienen problemas a que acaben teniéndolos.


Había dicho que terminaba, pero tengo alguna idea más que no quiero que se me olvide. Señorías, la cuestión política no es nuestro ámbito ni debe serlo, y les pido disculpas por adelantado si en algún aspecto he podido transmitirles un
enfoque político en estas cuestiones. Lo que voy a decir ahora quizá tiene mucho de política, pero se lo voy a transmitir desde un punto de vista estrictamente supervisor. Defender que las entidades cuanto más grandes mejor para todos va contra el
sentido común, prudencial

Página 18

y supervisor. El riesgo sistémico se incrementa y no en adición. Dos entidades grandes que crean una entidad más grande no crean un riesgo sistémico el doble de importante, sino mucho más. Las fusiones entre entidades deben ser un proceso
que se realice desde la máxima prudencia y el máximo rigor, en cuanto a cómo va a quedar el esquema prudencial, el esquema supervisor después de producirse. Si además defendemos como Mecanismo de Estabilidad Financiera Europeo las fusiones
transfronterizas, con todo lo que ello supondría en cuanto a dificultad del análisis en profundidad de la situación financiera de estas entidades transfronterizas, insisto en que podemos llegar a tener un auténtico problema desde el punto de vista
prudencial. No nos compete decidir si son buenas o malas decisiones políticas, si son buenas o malas decisiones desde el punto de vista de la competencia, etcétera, pero desde el punto de vista prudencial en este caso las cosas son lo que parecen.
Las cosas suelen ser lo que parecen. También es cierto que las apariencias engañan, pero las cosas suelen ser lo que parecen. Una entidad más grande supone problemas más grandes, no más pequeños, y así ha ocurrido en todas las crisis hasta la
fecha. No quería dejar de hacer referencia a esta cuestión.


Termino ya diciendo que hay muchos más mensajes preocupantes que me gustaría tener ocasión de transmitirles. No se está llevando a cabo una auténtica supervisión in situ de las entidades de crédito europeas, no se está comprobando con todo
rigor el cuadre contable, la conciliación contable, los datos de origen, los datos de balance, etcétera, desde hace ya casi tres años. Esa es la realidad en la que vivimos y es nuestra obligación desde la prudencia, pero también desde la honestidad
para con el Banco de España y para con ustedes transmitírsela. Estamos en una situación realmente complicada y podemos llegar a una todavía más complicada.


Termino, porque probablemente he abusado de su tiempo. Discúlpenme la vehemencia y el empleo de su tiempo, pero creo que es una forma de que ustedes entiendan que estamos seriamente preocupados no ya por lo que ha ocurrido sino por la
situación actual.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias por su intervención.


Damos paso a los portavoces parlamentarios. En primer lugar, como solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el señor Montero en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, presidenta.


Quiero agradecer al señor Sánchez Ruiz su presencia y su comparecencia, así como la profundidad, la extensión, la sistematización y el habernos expresado con tanta intensidad y claridad la existencia de un mundo paralelo en el Banco de
España. La mayor parte de la ciudadanía tiene una percepción del Banco de España como una institución garante de la supervisión y la solvencia de las instituciones y que transmite esa fiabilidad y esa confiabilidad hacia afuera, pero usted nos ha
planteado un mundo paralelo que no tengo la menor duda de que existe; soy de los que creen que existen submundos. (El señor vicepresidente, Juncal Rodríguez, ocupa la Presidencia).


Voy a hacerle preguntas, porque su comparecencia es enormemente prolija y su digestión va a necesitar varias dosis de Almax. Quisiera hacerle preguntas concretas y me gustaría que usted me las respondiera en la medida de lo posible.
Empezaré por la carta, pero no me voy a centrar en el contenido de la carta. La hemos sacado mil veces y la hemos utilizado todos los grupos políticos como argumento, pero me gustaría saber si son conscientes de si hubo algún tipo de reacción a
ella no solo por parte de la dirección del Banco de España sino también por parte del ministerio. Parece ser que no. Como consecuencia todo el proceso que usted ha descrito en la fase previa a la creación de la burbuja inmobiliaria, en la fase de
estallido de la burbuja y en la fase posterior de reorganización del sistema, ¿ha habido expedientes sancionadores ante las posibles reclamaciones que se hayan planteado ante el Banco de España? Es decir, ¿dónde van a parar todas las reclamaciones
que se han venido planteando ante el Banco de España? ¿Hay algún tipo de sanción que se conozca, sobre todo habida cuenta de las malas prácticas bancarias generalizadas que usted ha expresado en su comparecencia? ¿Cuántas denuncias ha habido por
parte de los equipos de inspección y supervisión ante los servicios jurídicos? Entiendo que estos deberían ponerlas en conocimiento de la fiscalía, si ese fuera el caso. ¿Ha habido denuncias? ¿Los equipos jurídicos han operado en consecuencia o
no han operado en consecuencia?


Hay elementos que me parece que son muy relevantes en el detalle de lo que usted ha planteado en su intervención. Por ejemplo, ¿ha querido usted transmitir que se falsearon las cuentas en la constitución del SIP de Bankia, que se
presentaron falsos estados financieros, que se reformularon los estados

Página 19

financieros de Bankia en la salida a bolsa para aparentar una situación de solvencia que era irreal? Quisiera que fuera mucho más preciso al respecto.


Hay algo que me preocupa enormemente a raíz de lo que usted ha contado en referencia a los SIP, a los sistemas de integración o las fusiones frías entre las distintas cajas de ahorros. Usted ha hecho referencia a que no se habían elaborado
los correspondientes informes de fusión o, al menos, ustedes no tienen constancia de que existan. Ha puesto de manifiesto sus dudas acerca de la validez del mecanismo, pero yo quisiera saber su opinión, sobre todo habida cuenta de la demonización
que se ha hecho de las cajas de ahorros, sobre algo que me resulta todavía más llamativo, y es la relación que existe entre las distintas entidades que pasan a integrar un SIP para constituir una nueva entidad y el partido político que gobierna la
comunidad autónoma de la que proceden las distintas entidades. Le pongo algunos ejemplos. Bankia, cajas fusionadas en ese SIP, Caja Madrid, partido en el Gobierno de la comunidad autónoma, Partido Popular; Bancaja, Partido Popular; Caja Insular,
Partido Popular y Coalición Canaria; Caja Laietana, Convergència i Unió; Caja de Ávila, Partido Popular; Caja Segovia, Partido Popular; Caja La Rioja, Partido Popular -curioso, no?-; Catalunya Caixa, CiU; Caixa Tarragona, CiU; Caixa Manresa,
CiU; Novacaixagalicia, Caixa Galicia y Caixanova, Partido Popular; Liberbank, Caja Castilla-La Mancha, Partido Popular; Caja de Asturias, Partido Popular; Caja Extremadura, Partido Popular; Caja Cantabria, Partido Popular; Ibercaja 3, Caja
Inmaculada, Partido Popular; Caja de Córdoba o de no sé dónde, Partido Popular -la CCOB, no recuerdo el nombre-; Caja Badajoz, Partido Popular; Mare Nostrum y Caja Murcia, Partido Popular; Caja Penedès, CiU; Caja Granada, Partido Popular; Sa
Nostra, Partido Popular; Unnim, Caja Sabadell, Convergència i Unió ; Caixa Terrassa y Manlleu, Convergència i Unió; Kutxabank, BBK, PSE; Caja Sur, PSOE; Vital Kutxa, PSE; y la Kutxa, PSE. Desde el punto de vista técnico, no sé qué valoración
puede dar de esto; desde el punto de vista político, a mí me parece que se desprende por sí mismo que todo esto ha sido una réplica de lo que veníamos tratando de evitar que se volviera a producir. Desde el punto de vista de la recomposición del
sistema bancario, me parece una vergüenza política. Luego hay otra serie de elementos que me parecen relevantes y sobre los que entramos.


Voy a referirme solo al último porque la presidenta me compele a terminar. Banco Popular; sobre todo porque se suponía que habíamos terminado la crisis, habíamos superado lo de la doble recesión, etcétera, ¿cuál es la opinión de la
inspección de la asociación que usted representa en esta comparecencia con respecto a los problemas del Banco Popular? Porque aquí se nos ha dicho de todo, se lo decía la semana pasada al presidente del FROB; nos han dicho que era un problema de
liquidez, nos han dicho que era un problema de solvencia. Tengo entendido -acláremelo usted- que hasta un mes antes de la intervención de la liquidación del banco había un grupo de inspectores en el Banco Popular. ¿Fueron incapaces de determinar
la situación?


La señora PRESIDENTA: Señor Montero, tiene que ir terminando.


El señor MONTERO SOLER: Voy a ello, señora presidenta.


¿Fueron incapaces de determinar la situación de solvencia? ¿Lo atribuyen a un problema de liquidez? ¿Se pidió opinión al Banco de España sobre las salidas a bolsa del Banco Popular en 2013 y 2016? ¿Cuál fue la opinión del Banco de España
al respecto? Y la última pregunta, sobre todo por la cantidad de pequeños ahorradores que, sin ser conscientes de dónde tenían sus ahorros, los han perdido. Entre el escenario de 2000 y 8000 millones de euros en negativo había margen para proteger
a esos pequeños ahorradores. Ahora además sabemos que existía un escenario en positivo de 1500...


La señora PRESIDENTA: Señor Montero, tiene usted que terminar. Usted va a tener hoy otro segundo turno, pero no podemos permitir...


El señor MONTERO SOLER: Termino la frase, presidenta.


Hay un escenario en positivo de 1500 millones. ¿Qué valoración le merece todo eso?


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Montero.


Recuerdo a los portavoces que en la última reunión de la Comisión se acordaron los tiempos que íbamos a tener y que en este caso iba a haber dos turnos. Lo que no podemos hacer...


El señor MONTERO SOLER: Reduzco mi segundo turno.

Página 20

La señora PRESIDENTA: No, no se preocupe. Entiendo que hoy es de las comparecencias más interesantes y la presidenta en cierto sentido ha sido flexible con el señor Montero, pero una cosa es ser flexible y otra es multiplicar el tiempo.
Les pido a los portavoces que cumplan el acuerdo al que ellos mismos llegaron en cuanto a los tiempos de intervención. Muchísimas gracias.


En segundo lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta, voy directamente al grano.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista al señor Sánchez y agradecerle la disponibilidad para colaborar con esta Comisión y con los distintos grupos de esta Cámara, así como la información que
nos va a transmitir y que va a dejar para los trabajos de la Comisión y su interesante y estructurada intervención de esta mañana.


Desde nuestro punto de vista -es ya muy conocido-, la crisis que ha vivido España y sus enormes consecuencias están relacionadas con los excesos de la falsa bonanza que vivió nuestro país a finales de los noventa y a principios de los años
dos mil, con la burbuja que se incubó y el ciclo financiero que ello generó, que además alentó la burbuja inmobiliaria. Para nosotros es crucial y verdaderamente criticable que no hubiera, a principio de los años dos mil, una supervisión temprana y
una política macroprudencial para haber mitigado ese ciclo financiero porque posteriormente ya es mucho más complicado. He puesto el ejemplo en alguna otra ocasión: cuando el enfermo está en la UCI es ya mucho más complicado todo. Por eso nos
parecen muy loables los análisis que ustedes han hecho, la carta que la asociación que usted preside dirigió en mayo de 2006 al vicepresidente económico mostrando las discrepancias con los imprudentes análisis del señor Caruana y la actitud pasiva y
complaciente de la dirección del banco, del regulador en aquel momento y, particularmente, de su gobernador, el señor Caruana. Bien es verdad, señor Sánchez, que 2006 es ya el momento en el que la burbuja está en todo lo alto y que, en aquel
momento, más que explotar la burbuja, lo que había que hacer era un aterrizaje suave, porque -como digo- lo prudente desde el punto de vista financiero y económico es evitar la burbuja.


El señor Caruana -como sabe usted perfectamente- vino aquí el 27 de julio de 2017 a esta Comisión- y, en realidad, hizo una enmienda a la totalidad de su carta. Me gustaría conocer su opinión sobre esa enmienda a la totalidad. El señor
Caruana dice que la comisión ejecutiva del Banco de España aprobaba y bendecía todo lo que los inspectores habían dicho en cada uno de los informes; que no había ni discrepancias ni conflicto y que todo lo que proponían los inspectores se
trasladaba a la comisión ejecutiva, tanto en su etapa como gobernador como en su etapa como director de supervisión. ¿Qué puede decir usted de estas afirmaciones, que fueron categóricas y están en el Diario de Sesiones? ¿Conoce usted alguna
discrepancia que le hubieran trasladado en algún momento entre lo que decían los inspectores y lo que terminó aprobando la comisión ejecutiva? ¿Qué casos conoce usted en los que hubiera discrepancias entre lo que decían los inspectores y lo que
terminó aprobando en aquella época la comisión ejecutiva del Banco de España?


El señor Caruana pone también en duda la capacidad predictiva de esta carta de su asociación, haciendo referencia al penúltimo párrafo de la carta, que dice: 'Si bien es cierto que también nosotros [los inspectores] consideramos que la gran
mayoría de las entidades de crédito españolas están bien capitalizadas y que, por ello, su solvencia no es previsible que se vea comprometida aun en los escenarios más desfavorables...' El señor Caruana dijo que su capacidad predictiva era nula,
porque luego pasó lo que pasó con muchas de las entidades financieras. El señor Caruana nos dijo, hablando de uno de los grandes desequilibrios que ha mostrado el sistema financiero -que todos los analistas han criticado y ustedes también expresan
su crítica en la carta-, que en su carta expresaron que las entidades no se equivocaron recurriendo a la fuente de financiación externa. Es decir, que para el señor Caruana ustedes no vieron lo que iba a pasar en los años sucesivos. Incluso, sobre
la emisión de híbridos, la emisión de preferentes, en su carta dicen que no le ven efectos negativos. Le leo esto -que seguro que lo ha leído usted también- porque el señor Caruana hace una enmienda a la totalidad a lo que usted ha dicho, y nos
gustaría conocer su opinión y sobre si, efectivamente, hubo o no discrepancias, y en qué casos, entre lo que dijeron ustedes o dijo el inspector que estaba in situ analizando la entidad y la comisión ejecutiva.


Es conocido que a principios del año 2000, el Gobierno del PP estaba encantado con la evolución del sector inmobiliario; no pensaban siquiera que hubiera una burbuja. Señor Sánchez, ¿le consta a su asociación o ha oído en algún momento que
el señor Rato llamara al señor Caruana para relajar las provisiones contracíclicas del Banco de España, o llamadas del poder financiero español para relajarlas? Parece que sus compañeros que hicieron el libro sí dicen que, al final, hubo presiones
económicas

Página 21

poderosas para relajarlas. Insisto, aquí sí que nosotros creemos que ha habido captura del poder económico hacia el regulador. Señor Sánchez, ¿conoce que los inspectores del Banco de España hayan realizado algunas salvedades significativas
en la inspección del Banco Popular? ¿Cree usted que cuando Oliver Wyman valora, en mayo de 2012, que el Banco Popular tenía unas necesidades de capital de 3200 millones de euros, en el marco del MoU se debería de haber trasladado parte del Real
Estate hacia la Sareb?


Señora Presidenta, termino con dos últimas consideraciones. La primera es que nosotros pensamos que la unión bancaria es necesaria. ¿Usted cree que no hay que avanzar en la unión bancaria? Tiene que haber una armonización en la
supervisión y en la regulación, pero parece que usted ha hecho lo que parece también una enmienda a la totalidad a la unión bancaria. A nosotros nos parece importante la unión bancaria; y nos parece también que es importante la armonización, la
regulación y la supervisión. En ese sentido, y esta es la segunda consideración que quiero hacerle y termino, cuando usted ha hablado de la contabilidad contra reserva de las pérdidas por saneamiento de las cajas que conformaron Bankia, yo querría
hacerle algunas consideraciones y algunas preguntas. Creo recordar que en el mismo acto, el 29 de diciembre de 2010, se habilita esa fórmula contable no solo para las cajas de Bankia, sino para todas las cajas que estaban en proceso de SIP. Esa
vía contable fue avalada por muchísimos expertos.


La señora PRESIDENTA: Señor Saura, tiene que ir terminando.


El señor SAURA GARCÍA: Termino ya, señora presidenta.


El departamento de Instituciones Financieras del Banco de España, en el que se engloba la división de normativa contable, emitió un informe favorable. Con relación a esto, ¿qué le parece el auto de la Audiencia Nacional que exonera de toda
responsabilidad a la CNMV y al Banco de España? Y una última pregunta en relación con el periodo 2007-2011. ¿La alternativa, señor Sánchez, a lo que se hizo en aquel momento hubiese sido inyectar recursos de los contribuyentes en los años 2007 y
2008?


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.


Por el Grupo Popular, el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta.


Quiero dar la bienvenida a don Pedro Luis Sánchez a esta Comisión y mostrar mi agradecimiento y el de mi grupo por la información que nos ha facilitado a las nueve y cuarto de la mañana y que no nos ha sido posible leer, así como por la que
ha vertido en su comparecencia. Claramente tendríamos que intervenir mucho tiempo para poder abordar todos y cada uno de los asuntos que ha puesto en escena, pero nos vamos a tener que limitar -por el tiempo que tenemos- a hacerle algunas
preguntas.


Después de lo que hemos escuchado aquí en relación con Bankia, claramente deduzco que su opinión es que el Banco de España y la CNMV tienen responsabilidad en todo lo concerniente con la salida a bolsa, una vez que esta fuera desaconsejada
por el equipo de inspectores de Bankia y que el folleto de emisión fuera calificado con lo que usted ha llamado provisiones pintadas. Por tanto, le preguntamos: ¿Adónde y hasta dónde alcanza la responsabilidad del Banco de España y de la CNMV en
los capítulos de cierre y liquidación de cuentas de 2011, integración de las cajas enumeradas en la cabecera de Bankia y salida a bolsa de Bankia?


Enlazando con esto, ha terminado usted diciendo que el FROB avaló las cuentas de Bankia a través de un informe del propio Banco de España. Si no he tomado nota mal, le reitero: ¿Es cierto que el FROB avala las cuentas de Bankia en el año
2011? (El señor presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Sánchez Ruiz, hace gestos negativos). Y evidentemente, quería vincular esta parte de las preguntas a otra muy concreta: ¿Cómo calificaría usted el papel de los
auditores externos respecto a las cajas objeto de ayudas públicas? Por cierto, ¿cómo calificaría usted en concreto el papel de los auditores externos en la operación de salida a bolsa de Bankia y del Banco Popular? Nadie ha hecho mención a ello,
pero yo quiero traer a colación en este capítulo de asesores externos el papel jugado por AFI en el periodo que estudia el informe del Banco de España, es decir, en el periodo donde se crean las SIP, el periodo de integraciones de cajas y su
conversión en bancos. Ha sido usted prolijo en poner a las SIP en su sitio. Coincido con usted en todas las afirmaciones e incluso haría alguna más, pero no es mi turno.

Página 22

Hay una cuestión que usted ha planteado sobre el momento en el que se empiezan a detectar las pérdidas y estas se imputan a resultados, amén de que haya llegado a decir que estas también se imputaron a reservas. ¿Le consta a usted, desde
sus inspecciones y desde la identificación de estas pérdidas, que era práctica habitual pactar entre los máximos responsables de las entidades y la alta dirección del Banco de España cómo imputar estas pérdidas y cuándo imputarlas? ¿Se ha llegado
en alguna ocasión a retrasar la contabilización de dichas pérdidas, de sus ajustes o de su reconocimiento en el caso concreto del Banco Popular?


Claramente, tenemos que hablar de la carta de los inspectores, y la mía es una pregunta muy reiterada, porque sucesivos gobernadores han dicho que no había herramientas suficientes para hacer frente a la situación de la crisis financiera.
Mi pregunta es: ¿Tenía el Banco de España medidas normativas necesarias para poner freno a los crecimientos de crédito que se consideraron inadecuados? Es más, usted ha hablado de que se detectaron sobrevaloraciones, por lo que quiero preguntarle
si ha quedado constancia en sus inspecciones de que hubiera sobrevaloraciones en viviendas, suelos y proyectos urbanísticos. ¿Cree usted que los consejos de administración de las cajas podrían haber evitado operaciones cuya rentabilidad esperada no
justificaba en modo alguno el riesgo asumido al concederlas?


Respecto a los informes de los inspectores, tengo siempre la duda de si sus conclusiones y sus recomendaciones eran seguidas en su totalidad por la alta dirección del Banco de España o si, por el contrario, esas conclusiones y esas
recomendaciones sufrían alguna mutilación o se modificaban antes de llegar a la comisión ejecutiva.


Me gustaría conocer -y voy terminando, señora presidenta- de qué forma ha impactado el informe López Roa en la inspección y en el cuerpo de inspectores y cuál fue el origen de ese informe.


Y una última cuestión relativa a las cajas que se integran y posteriormente se convierten en banco: ¿Conocen usted o los inspectores alguna entidad que recibiera ayudas públicas, alguna entidad a la que le fuera facilitado el sistema de
protección de activos y que hubiera hecho disposición de este esquema de protección de activos y posteriormente haya vendido los activos?


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aguirre.


¿Por el Grupo Mixto? (Pausa). Por el Grupo Vasco (PNV), señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Lo primero que me gustaría es darle las gracias por su comparecencia porque nada o poco ha tenido que ver con otras que ha habido por su claridad, que desde mi grupo le agradezco. Distintos comparecientes relacionados con el Banco de España
nos han dicho que la crisis vino del exterior, que hubo un riesgo sistémico, que no se pudo prever o nada se pudo hacer. A pesar de que el Banco de España es verdad que no dicta leyes ni toma decisiones sobre política económica general, lo cierto
es que sí puede evitar que se adopten determinadas decisiones y, al contrario, sus decisiones influyen en lo que ocurre en el bolsillo de todas las personas. No cabe duda de que en el Banco de España trabajan los economistas mejor preparados y que
disponen de buenos medios para analizar la realidad económica y financiera, pero a pesar de ello el Banco de España no ha sido lo suficientemente diligente porque no llevado a cabo las funciones que las leyes de la ley le encomienda, porque sus
directivos obviaron la burbuja inmobiliaria e incluso los problemas que estaban acumulando las entidades bancarias, o sea no hicieron nada por evitarlo a pesar de que ustedes, los inspectores, lo advirtieron por escrito.


No me voy a referir mucho más a la carta pero sí me gustaría saber por qué cree usted que no se tomaron medidas radicales para atajar por ejemplo el crecimiento del crédito insano -que evidentemente antes o después iba a degenerar en una
crisis bancaria, como así ocurrió-; por qué no se reguló el crédito destinado al sector inmobiliario; por qué las entidades prestaban más allá del 80 % del valor de un inmueble; por qué incluso no se reformó la legislación sobre tasadoras para
evitar que fueran propiedad de las entidades financieras, ya que, como los inspectores decían en su informe, había una sobrevaloración de la tasación de estas viviendas. ¿Este tipo de estas acciones eran generalizadas?


También me gustaría saber cuáles fueron, desde su punto de vista, los principales fallos del sistema inmobiliario español en relación con las condiciones y exigencias que debería requerir un banco a la hora de conceder hipotecas. Los
indicadores macro también delataban que desde hacía tiempo España estaba importando grandes cantidades de dinero del exterior, unas cantidades que finalmente tenían que ser devueltas. Me gustaría saber la valoración que tienen de este hecho.
También nos gustaría saber si cuando los inspectores inspeccionaban las cajas y bancos levantaban actas de las mismas. Si es así, me

Página 23

gustaría saber qué pasaba con ellas porque en algún caso se nos ha dicho que sí se realizaban recomendaciones a las entidades financieras pero que el Banco de España no podía obligar a su cumplimiento, que carecía de los mecanismos
necesarios. El Banco de España es la institución que ha de velar por la estabilidad del sistema bancario, supervisar las instituciones financieras, vigilar los sistemas de pago y liquidación y desde luego para ello -como usted bien ha dicho- sí
existían algunas leyes, la 13/1994 y la 26/1998. Por lo tanto, sí había capacidad y competencias para ello, hay recursos, inspectores para incoar expedientes sancionadores, propuestas de intervención, sustitución de las administraciones en relación
con las entidades bancarias. ¿Sabe usted si se iniciaron expedientes sancionadores a alguna entidad bancaria por exceso de endeudamiento o préstamos a promotores inmobiliarios? ¿Cree que se han ejercido de forma completa las competencias de
supervisión? Lo pregunto también porque el informe presentado por el Banco de España recoge que, ante los riesgos latentes observados en la actividad crediticia de la banca española, este trasladó a las entidades una serie de recomendaciones y
reflexiones relacionadas con la financiación hipotecaria, inmobiliaria y gobernanza. ¿Conoce estas recomendaciones? ¿Las aplicaba en las cajas? ¿Se supervisaba si luego se cumplían o no? También hemos visto que la crisis ha afectado de forma
diferente tanto a las distintas cajas como a los bancos. Por lo tanto, ¿dónde cree que ha estado el problema? ¿Puede estar su origen en la gestión o en la gobernanza de la dirección de estas entidades, más que en su naturaleza jurídica u otros
factores?


Asimismo, la asociación de inspectores también decía que el Banco de España miraba hacia otro lado y que las cajas españolas se llenaban de activos vinculados al ladrillo. También se criticó la alta minimización de los riesgos y hubo quejas
acerca de que las altas de inspección eran maquilladas o suavizadas cuando llegaban al comité ejecutivo, de forma que las cifras de ajuste eran menores. ¿A qué cree que se debía esto?


A continuación, me gustaría hacerle varias preguntas al hilo de lo que nos ha comentado. Usted nos ha manifestado que la regulación anterior era mejor que la actual desde el punto de vista de la estabilidad financiera, por lo que me
gustaría saber si nos podría aclarar este extremo y especificar un poquito más. Igualmente, nos ha hablado de la SIP y en el informe del Banco de España se constataba la insuficiencia de las mismas, pero no nos dicen el porqué. ¿Cree, por tanto,
que estas agregaciones obedecían más a otro tipo de intereses que a intereses económicos? Si es así, cuáles o por qué han sido insuficientes.


En cuanto al Banco Popular, la asociación de inspectores también ha criticado el papel de las autoridades españolas y comunitarias en torno a la resolución del mismo refiriéndose a la poca credibilidad o importancia de los estrés test, así
como a la capacidad del asesor independiente, que establecía un rango de pérdidas entre 2000 y 8000 millones. ¿Qué valor, por tanto, están aportando estos asesores independientes? Finalmente, querría saber si usted cree que han sido acertados los
remedios paliativos propuestos, si cree que se ha dado definitivamente algún paso hacia reformas de fondo y en qué fases del procedimiento de supervisión en general piensa que se han cometido los errores.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días, señor Sánchez, presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España. En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, bienvenido a esta Comisión de Investigación de la crisis del sistema financiero.


La mera existencia de esta Comisión de investigación y el desastre que ha supuesto toda esta crisis del sistema financiero resulta especialmente desoladora para personas como usted y como las que representa, los profesionales que han
consagrado su vida profesional a la supervisión del sistema financiero. Por esa razón, me gustaría que mis primeras palabras fuesen de agradecimiento a la labor que todos ustedes, los inspectores del Banco de España, desempeñan; labor que precisa
del apoyo de los representantes de todos los españoles, aunque no sea más que por la cuenta que nos trae no tener un sistema financiero con continuas crisis o que se hunde en algunas ocasiones. Le puedo asegurar que el apoyo de mi grupo,
Ciudadanos, lo tiene. Me gustaría agradecerle especialmente, de entre los múltiples documentos que han emitido los inspectores del Banco de España, la clarividente carta de 2005 o los correos del señor Casaus, que indican que ustedes no tienen una
bola de cristal, sino el conocimiento interno de un sector fundamental, como es el sector de las entidades financieras que da crédito a la economía real. En este sentido, y voy a intentar ser sintético dadas las indicaciones muy correctas de la

Página 24

presidenta y la duración de esta comparecencia, en primer término me gustaría decir que la crisis del sistema financiero hasta ahora -luego entraremos con el tema del Popular- ha sido básicamente una crisis de cajas de ahorros. Salvo el
Banco de Valencia, controlado por una caja, todas las entidades que han recibido ayudas públicas y que han tenido que ser rescatadas han sido cajas. A este respecto, nos gustaría que nos diese su opinión sobre el gobierno corporativo de las cajas y
sobre si esto influyó en su crisis financiera y las pérdidas que luego hemos tenido que pagar todos los españoles. En segundo lugar, me gustaría conocer las eventuales interferencias políticas derivadas de que dirigentes políticos estuvieran a la
vez al frente de las cajas y al frente de las comunidades autónomas que teóricamente tenían entidades supervisoras. Usted ha dicho muy correctamente que el Banco de España era la entidad que tenía capacidad para hacer técnicamente algo, pero todos
los estatutos de autonomía les reconocían competencias supervisoras a las comunidades autónomas con respecto a la mitad del sistema financiero, que son las cajas. Por tanto, me gustaría preguntarle si esto ha ayudado o ha interferido. Por último,
si en el propio Banco de España puede haber algún caso de interferencias políticas derivadas de tener políticos al frente, como en algún momento ha ocurrido. En concreto, me refiero a cosas como que echasen de la sede de Caja Castilla-La Mancha a
los inspectores si no era un tema que debía haber impedido el gobernador del Banco de España de entonces y si esto no pudo haber afectado a que sorprendentemente Catalunya Caixa -como usted muy bien ha dicho- haya sido la entidad que más recursos
públicos ha requerido en función de su tamaño, unos 12 000 millones de euros; por cierto, dinero de todos los españoles para salvaguardar básicamente los ahorros de depositantes catalanes, frente a lo que se dice en estos aciagos días en Cataluña
de Espanya ens roba.


Por otra parte, me gustaría también preguntarle algún detalle sobre algunas afirmaciones. Por ejemplo, el Banco de España tiene competencias contables -hay muchos supervisores que no las tienen- y eso le da una mayor capacidad para tomar
medidas contra la crisis. Sin embargo, usted se ha referido -y ha habido una cierta réplica por parte del portavoz socialista- a la medida de permitir cargar deterioros contra reservas. A mí, que me he dedicado como inspector de Hacienda a revisar
contabilidades, me parece una aberración. Usted ha dado un dato y es que se han podido pagar los bonus -como bien dice el señor Saura- a todos los directivos de cajas de ahorros, pese a que en 2010 la situación era crítica y muchas de estas cajas
deberían haber tenido pérdidas. Esto supuso que políticos en las cajas de ahorros cobrasen cantidades muy importantes como bonus, en primer término, pero también supuso que el Grupo BFA-Bankia pudiese salir a bolsa, porque si hubiese salido con las
entidades en pérdidas no hubiese podido. Nos gustaría que nos diera algún detalle más sobre esta cuestión.


Usted ha criticado también -y en eso estoy muy de acuerdo- la teoría de la segunda recesión. Por cierto, tanto el gobernador del Banco de España como antiguos exgobernadores han defendido como la causa fundamental de que se deteriorasen los
balances bancarios. Respecto a la pregunta específica de cómo esta eventual segunda recesión -una caída de unas décimas del PIB en 2011 algo por encima de lo previsto- ha podido llevar grandes bancos a la crisis, que es lo que sostenía el actual
gobernador, no me han dado una explicación. ¿A usted le cuadra que eso sea posible, que un gran banco como Bankia, porque se caiga un 0,5 % el producto interior bruto, va a ir a la quiebra y de ahí se derivan decenas de miles de millones de
pérdidas? ¿En su experiencia eso se debe a que el banco estaba ya quebrado o al efecto de la imprevista segunda recesión?


Ha citado también la cuestión de la Sareb y dice que le preocupa la estructura de financiación. Quería preguntarle sobre una cuestión concreta de esa financiación, evidentemente, la Sareb es un dinosaurio enormemente apalancado, aún debe 40
000 millones de euros. ¿Usted cree que es sensata y razonable desde su punto de vista la decisión de Sareb -que básicamente es una entidad financiera- de haber cambiado a través de un swap la financiación que tenía a tipo variable hacia tipo fijo y
que nos está costando centenares de millones de euros todos los años a todos los contribuyentes?


Quiero plantearle un par de cuestiones concretas -y ya concluyo- sobre el futuro. Usted dice que la supervisión a nivel europeo puede conducir a un desastre aún mayor. Eso me parece muy preocupante. Me gustaría que hiciera alguna
referencia sobre la supervisión que pueda haber habido en el caso del Banco Popular. La opinión mayoritaria de los grupos en esta Comisión es que fue defectuosa. ¿Usted cree que un banco solvente puede caer por liquidez incluso con los apoyos de
los mecanismos de liquidez de emergencia? ¿Usted cree que las manifestaciones de los responsables de las agencias de resolución de que un banco está bajo la lupa pueden provocar fugas de liquidez? Por último, este grupo, Ciudadanos, es partidario
de la unión bancaria y, sin embargo, a veces, ante determinadas decisiones, resulta muy complicado defenderla. Creemos que tiene que existir una responsabilidad democrática en las decisiones

Página 25

y cuando se deniega a esta Comisión de investigación documentos que se consideran fundamentales en esta resolución del Banco Popular -me refiero al informe de Deloitte-, ¿usted cree que esta denegación es una decisión correcta esta
denegación? ¿Cuál es su opinión al respecto?


En cualquier caso, estoy muy agradecido por la profundidad y el contenido de su comparecencia.


Muchísimas gracias, señor Sánchez.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De la Torre.


Vamos a hacer un receso de diez minutos para que el compareciente pueda reunirse con su equipo y ordenar sus papeles. (Pausa).


Reanudamos la sesión de la Comisión. Tiene la palabra el señor compareciente.


El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA (Sánchez Ruiz): Muchas gracias, señora presidenta.


Una vez más, muchas gracias, señorías, por sus preguntas, por su interés y por darnos la oportunidad de explicarnos. Si les parece adecuado, contestaré en el mismo orden en el que me han ido preguntando los sucesivos portavoces e intentaré
responder en la medida en que me sea posible, porque hay algunas cuestiones que exceden del ámbito de lo supone representar a la asociación de inspectores, que es la calidad en la que vengo como compareciente.


El señor Montero ha comentado la posible existencia -no sé si yo mismo he podido utilizar esa expresión en algún momento; creo que no- de un mundo paralelo dentro del Banco de España. No sé si describe exactamente la situación, pero
afortunadamente la gran mayoría de la plantilla del Banco de España está muy apegada al mundo real y su compromiso para con la función pública y con los ciudadanos está fuera de toda duda. Una pregunta concreta que me ha planteado usted es si hubo
algún tipo de reacción a la carta por parte del ministerio o del Banco de España. No nos consta pero, por los hechos, no lo parece. Pregunta si se han llevado a cabo los suficientes expedientes sancionadores, qué tipo de expedientes y si se ha
dado traslado de ellos. Creo haber entendido que esa era más o menos su pregunta; la he anotado muy deprisa. Yo creo que sería interesante averiguar esta cuestión por parte de esta Comisión de investigación y que se le podría solicitar
directamente al Banco de España cuántos administradores de entidades en problemas han sido expedientados e inclusos suspendidos de su función, de su capacidad o cualidad como administradores. Quizás el número no sea demasiado elevado. El último
dato de que disponíamos nosotros desde hace ya tiempo, más de un año, es que tan solo se había inhabilitado en el sentido estricto del término a dos administradores de entidades financieras. También les anticipo a sus señorías que muy a menudo se
quiere convencer de que la existencia de procedimientos penales abiertos imposibilita la tramitación de expedientes administrativos desde el Banco de España, y nosotros opinamos que una cosa no es incompatible con la otra; los expedientes hay que
iniciarlos y, si luego se inicia algún tipo de expediente penal, será el momento de paralizarlo y terminarlo tras concluir el expediente penal. Pero creo que esta es una información que va a ser más fácil de conseguir a sus señorías que a nosotros.


¿Cuántas denuncias se presentan ante el servicio jurídico por parte de la inspección? De nuevo es un dato del que no disponemos. Como asociación, nosotros ya les hemos comentado que somos un colectivo relativamente pequeño. Tenemos mucho
conocimiento personal entre nosotros, y eso es bueno en la mayor parte de los casos, aunque no tan bueno en otras ocasiones porque, como ha ocurrido recientemente, puede llegar a confundirse el compañerismo con el corporativismo, que son dos cosas
muy distintas; el compañerismo se merece todo nuestro respeto y el corporativismo, la defensa frente a cualquier hecho no precisamente valorable, nos parece una cuestión bastante a criticar, y disculpen, porque me he desviado un poco de la
pregunta. En relación a si se da traslado o si se informa de denuncias ante el servicio jurídico, la impresión que tiene la asociación a la que represento es que sí, que los inspectores, en el desempeño de sus funciones y en sus escritos, lo hacen
cuando ven indicios de delito del tipo que sea o indicios que deben continuar por la vía administrativa de cuestiones de gobernanza y demás, pero no puedo cuantificárselo, de nuevo eso lo obtendrán con más facilidad sus señorías. Mi opinión es que
sí, que los inspectores incluyen todas aquellas debilidades que encuentran en sus informes. Yo represento a esta asociación voluntariamente y les represento porque estoy convencido de la honestidad de todo el colectivo.


Luego me ha hecho usted una pregunta, señor Montero, que desafortunadamente no le puedo responder. No es que no quiera responderle, es que no puedo hacerlo. Yo no vengo en calidad de inspector del Banco de España, vengo en calidad de
representante de la asociación de inspectores, vengo

Página 26

en calidad de representante de mis compañeros y compañeras. Lamento decirle que no puedo opinar en estas cuestiones que usted me ha comentado acerca de la participación de determinados Gobiernos autónomos en los organismos de control de las
cajas, etcétera; no me puedo manifestar a ese respecto, lo lamento.


Con relación al Banco Popular, nuestra opinión está ya en un comunicado del que disponen sus señorías, nuestra opinión en una primera aproximación. Ese comunicado quizás no estaba redactado de la mejor manera, en el sentido de que con ese
comunicado nosotros queríamos trasladarles a ustedes y a cualquier tercer interesado debilidades en el funcionamiento del mecanismo único de supervisión y debilidades en el funcionamiento del mecanismo único de resolución; no entrábamos tanto a
valorar la crisis del Popular. No obstante, por supuesto que opinamos sobre algunos eventos que nos parecen... Estoy buscando la palabra adecuada, pero creo que el comunicado está bastante claro. Una valoración de una entidad de crédito con un
eventual desfase patrimonial de entre 2000 millones y 8000 millones es como no decir nada. Cualquier inspector del Banco de España que estemos en cualquier función de inspección en cualquier entidad, por pequeña sea, si cuando tenemos que
presentarnos ante nuestros responsables les decimos que en una determinada cartera de crédito hemos encontrado un eventual deterioro de entre 200 y 300 millones de euros, profesionalmente no vamos a quedar muy bien, o son 200 o son 300; y pueden
ser 220 o pueden ser 290, pero si yo a mis jefes les transmito que el eventual quebranto que yo he detectado oscilará, en función del escenario, entre 200 y 800 millones de euros, quizás sea mejor que me dedique a otra profesión. No encuentro la
palabra. Si de verdad el informe dice esto y si de verdad esta es la valoración que se hace de la entidad, técnicamente hablando es una grosería, técnicamente hablando no tiene ningún sentido.


Los escenarios son variables, por supuesto. Uno puede variar los escenarios hasta donde uno quiera. Todos los escenarios son variables. Si podemos forzar la situación y que una catástrofe como la de Fukushima tenga lugar -y no quiero ser
gafe- en Betanzos, a lo mejor la entidad ha pasado a valer menos 8000 y, si no ocurre eso, vale menos... Disculpen, estoy quizá frivolizando demasiado. Lo que quiero decir, también en palabras de otro compañero de la asociación, es que las
entidades tienen la tendencia a superar todos los stress test y los escenarios, salvo el de la realidad. En el stress test de la realidad sufren bastantes más problemas, en todos estos escenarios de stress test, de valoraciones, de evolución del
PIB, etcétera. Pero la pregunta que la asociación, transmite es: Todo esto está muy bien, ¿pero en todos esos escenarios se considera el análisis de riesgo de crédito que existe en el balance, en el activo, que es el principal análisis para
determinar la salud financiera de una entidad? Por tanto, hay escenarios entre 2000 y 8000, luego surge otro de 1500, quizá más adelante surja uno de 6000 o uno de 600. No lo sé, no se lo puedo precisar. Creo que la opinión de la asociación está
bastante clara a ese respecto.


En relación con las preguntas del señor Saura, le quiero decir que somos nosotros los que les agradecemos a ustedes que nos den la oportunidad de explicarnos, a pesar de la forma atropellada con la que lo estoy haciendo como consecuencia de
quererles comunicar mucha información en un tiempo limitado. Pero es un orgullo que cuenten ustedes con nuestra opinión, se lo agradecemos nosotros a ustedes.


Tiene usted razón. Algún otro compareciente lo que pretendía con su pregunta quizá era que me ratificara en una de mis primeras afirmaciones, y es que había herramientas reguladoras y supervisoras para detener la burbuja inmobiliaria. Pues
me ratifico, las había. ¿No eran las mejores? No, eran mejorables. ¿Eran mejores que las de ahora? También volveré sobre ello más adelante, pero sí, eran mejores que las de ahora. Y la detección temprana: no da igual intervenir una entidad
conforme pasa el tiempo. Otra cosa que también ustedes han podido comprobar, y es parte de la teoría financiera, pero en este caso la teoría financiera se ajusta mucho a la realidad, es que los problemas en las entidades crecen exponencialmente.
Cuando no queda más remedio que intervenir una entidad y se hace una intervención temprana, no necesariamente todas las partidas del activo del balance tienen por qué estar contaminadas. Puede ocurrir que haya segregación de determinadas carteras
que sean fácilmente transmisibles con un coste mínimo. Sin embargo, cuando se llega al punto final de la vida útil de una entidad sin haber acometido con decisión las necesarias medidas, todo el balance se ha contaminado por riesgo reputacional y
es muy difícil llegar a conseguir sacar algún tipo de rentabilidad de las diferentes carteras en caso de enajenación a terceros. Así que tiene usted toda la razón: una intervención temprana y, mejor incluso, no llegar a la intervención,
obviamente.

Página 27

La carta de 2006. No he escuchado en su totalidad al señor Caruana y no me cabe duda de que él opina desde su máxima lealtad a la Cámara, pero no me extraña que sea una enmienda a la totalidad, porque la carta, a su vez, es una enmienda a
la totalidad a la gestión que se desarrolló en aquellos años. Tiene dos opciones, o aceptar que quizá la gestión no fue la más adecuada o decir que la carta contiene numerosos errores. Al respecto de esta carta le tengo que decir, señor Saura, que
se emite en 2006 exactamente igual que ocurre ahora con todos nuestros comunicados y con todas nuestras informaciones. La asociación de inspectores tiene ya una larga trayectoria y nunca jamás se ha dirigido a nadie fuera del Banco de España sin
primero haber agotado todos los cauces internos. Por tanto, la carta de 2006 es consecuencia de toda una serie de reuniones, escritos, manifestaciones, informaciones, etcétera, a la dirección del Banco de España. Llega en 2006 porque primero
agotamos toda esa cadena jerárquica y de mando que creemos y seguimos defendiendo que es la que procede, independientemente de que se sea receptivo a nuestras preocupaciones o no. Creemos que debemos seguir respetando esa cadena de mando en el
Banco de España y lo vamos a seguir haciendo. Y llega en 2006. Pero se agarra a ese penúltimo párrafo para decir que la carta, a fin de cuentas, hablaba de una solvencia de las entidades y que se encontraban en una adecuada situación de solvencia.
Yo no escribí esa carta, pero si yo les escribiera una carta a ustedes no se me ocurriría entrar al detalle de decir que las entidades son insolventes. No soy tan temerario; no somos tan temerarios. Aun contando con que en principio va a ser un
escrito con razonables garantías de confidencialidad, tal y como he expuesto al principio de mi comparecencia, no somos tan temerarios como para pensar que alguno de nuestros escritos pueda llegar a la opinión pública y generar un pánico bancario
que no tendría por qué existir. Pero además, respecto a la solvencia a la que hacían muy acertadamente referencia nuestros compañeros -creo que estaban muy acertados-, las entidades disponían de suficiente solvencia, naturalmente, y de lo que no
disponían era de suficientes provisiones, no disponían de una gestión activa y prudente del riesgo de crédito. Y, lógicamente, cuando no se disponen de las suficientes provisiones y las carteras de crédito no son suficientemente sanas, la solvencia
se va agotando con el paso de los años. Las entidades que en 2006 son solventes pueden no serlo, como de hecho ocurrió en el año 2011, si efectivamente los activos que tienen en su balance son improductivos, no generan resultados y están
deteriorados. Obviamente, eso se va comiendo la solvencia con el paso del tiempo.


Y hay otro factor más, que quizá en su comparecencia el señor Caruana no recordaba, y es que yo no sé al detalle el contenido de las conferencias que impartía el señor Caruana durante aquel periodo, pero recuerdo algunas, y recuerdo muchas
en defensa del acuerdo de capital de Basilea II; y quizá al señor Caruana se le ha olvidado especificar que en el año 2006, cuando nuestros compañeros hablan de la situación de solvencia de las entidades, las entidades están todavía reguladas sobre
la base de la circular 5/93 y el acuerdo de capital de Basilea II no ha entrado en vigor, por lo tanto, las ponderaciones de riesgo no son tan dañinas -voy a usar ese término, discúlpeme, señor Saura- como son los modelos internos de riesgo de
crédito en las grandes entidades. Es decir, la situación de solvencia que en 2006 con un esquema podía ser muy solvente, podía no serlo tanto si, a continuación, algunas entidades que disponían de modelos de riesgo de crédito internos, y les voy a
dar los nombres porque todos ustedes las conocen, Caja Madrid, Caixa Catalunya, Banco Popular; esas entidades podían tener solvencia en el año 2006, y por efecto del paso del tiempo y de no tener una calidad de activos apropiada y del uso de los
modelos internos, llegar a una situación de insolvencia. En absoluto creo que mis compañeros se equivocaran. Insisto en que se puede desarrollar la carta mucho más, se puede extender mucho más y podemos llegar a una profundidad de análisis mucho
mayor, pero difícilmente vamos a estar la junta actual y los representantes actuales de los inspectores más acertados de lo que estuvieron ellos; es complicado.


También hablaban de la financiación con productos híbridos. Desde luego que no es el recurso propio por excelencia que nosotros defendemos como el más válido. En este juego que les comento de no hacer enmiendas a la totalidad, el acuerdo
de Basilea III supone, sin duda, un avance; se refuerza el capital desde el punto de vista no ya de su cuantía, los activos ponderados por riesgo, desafortunadamente, siguen teniendo esas ponderaciones de riesgo y siguen teniendo un papel muy
relevante a la baja, pero sí es verdad que las exigencias de capital giran fundamentalmente en torno a capital de primera categoría, a capital auténtico, a capital social, reservas y primas de emisión, y eso sin duda es un avance. Nos gustan mucho
más, sin duda, que los instrumentos híbridos. Ahora bien, nuestros compañeros hablaban de los instrumentos híbridos; la clave en la utilización de instrumentos híbridos, como participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, no es que
existan estos instrumentos sino a quién se dirigen. Mis compañeros defienden los instrumentos híbridos como una eventual vía de recapitalización o de

Página 28

capitalización de las entidades en un contexto regulatorio determinado, pero no defienden que se coloquen a minoristas, no defienden que se coloquen a un PUC, a inversores no institucionales ni a un público no especializado.


En relación con la eventual llamada del señor Rato al señor Caruana, no me consta. No puedo responderle; sería una temeridad por mi parte también.


En cuanto a las presiones a las que se refieren mis compañeros Carlos Trucharte y Jesús Saurina, insisto en un libro de muy recomendable lectura -hay muchos libros de muy recomendable lectura escritos por personal del Banco de España
actualmente en servicio en la plantilla y también en años anteriores-, podrían detallarlas más ellos. Nosotros no podemos entrar a detallar algo de lo que no tenemos constancia.


En relación con el tema de la eventual captura del supervisor, dado que yo estoy asignado precisamente al grupo Caixabank -aunque no lo estuviera, es una información que está en prensa-, en fechas recientes se ha procedido a autorizar la
desconsolidación de la matriz Criteria respecto a la entidad financiera Caixabank; la desconsolidación a efectos de cómputo de recursos propios computables. Eso, independientemente de la consideración de gestión o del motivo que sea, en principio
no ha sido resultado de la opinión de los equipos de inspección del Banco de España; no puede serlo. Precisamente, el señor Caruana y el señor Linde ponían aquí en valor, en esta misma Cámara, la utilidad del análisis en base consolidado de los
grupos de entidades, incluyendo los instrumentos de titulización hipotecaria. Sin embargo, en estas fechas -ahora mismo- se está autorizando a nivel europeo -a algún banco en Francia y a Caixabank en España- a desconsolidar eventuales riesgos que
puedan suponer contagio entre la matriz y la entidad financiera, sobre la base de unos criterios de no participación, de no toma de control, etcétera, razonablemente exigentes pero que desde luego tienen difícil encaje en la normativa prudencial de
Basilea III, así que la captura del supervisor es posible que se esté produciendo ahora mismo, pero en vez de en Madrid, en Frankfurt. No digo que haya ocurrido; digo que pueda estar ocurriendo, y no digo por Caixabank, digo por otros bancos
europeos.


Otra cuestión muy importante es que, en este mismo sentido, me viene a la cabeza ahora -señor Saura, discúlpeme; ya sé que no era exactamente el contenido de su pregunta- que en este acuerdo de Basilea III -en esta CRR; en esta regulación
de solvencia- hay un capítulo realmente interesante desde el punto de vista supervisor -muy interesante para nosotros como supervisores-, que es el capítulo dedicado a los límites al apalancamiento financiero. Consecuencia precisamente de toda esta
operativa de modelos internos de riesgo, de cálculos estadísticos de enorme complejidad, etcétera, etcétera, el comité de Basilea determina -desde nuestro punto de vista, muy acertadamente- que se introduzcan además unos límites al apalancamiento.
Pues bien, respecto a estos límites al apalancamiento, el índice que recomienda de recursos propios de primer nivel, dividido por activos de riesgo de crédito sin ponderar, se establece la recomendación de que sea un coeficiente en torno al 3 %.
Las entidades españolas, incluso las más apalancadas, lo cumplen holgadamente, están muy por encima de ese 3 %. En concreto, de nuevo tengo que referirme a las entidades medianas y pequeñas, cuyo coeficiente de apalancamiento, precisamente por no
poder ponderar riesgos, es muchísimo menor; su capital real, frente a sus activos sin ponderar por riesgo, su coeficiente de apalancamiento, es mayor. En cuanto a número absoluto, obviamente eso implica que el apalancamiento es menor, Sin embargo,
este no es el caso de numerosas grandes entidades alemanas, francesas e italianas, para las que cumplir con el coeficiente de apalancamiento recomendado de entorno al 3 les supondría auténticos problemas, bien en cuanto a desapalancarse a toda
velocidad o bien en cuanto a tener que dotar recursos propios de primera categoría a toda velocidad también. ¿Por qué no entra en vigor ese coeficiente de apalancamiento que, a nuestro juicio, es pequeño? Ese 3 % a nuestro juicio se queda muy
corto. ¿Por qué no entra en vigor ya como obligación expresa? De momento la única obligación es informarlo, pero no está como obligación expresa. Pues quizá haya una captura del supervisor, quizá haya una captura del regulador. No lo sé. Son
cuestiones sobre las que ustedes quizá tengan más margen que nosotros para averiguar. Nosotros les podemos dar el dato -ese coeficiente de apalancamiento es muy relevante a efectos prudenciales, ese coeficiente de apalancamiento no se está
exigiendo de esa manera tan literal-, pero en el motivo por el que no se lleva a cabo no podemos entrar.


Por último, con relación a las valoraciones de Oliver Wyman y la necesidad de traspasar o no a la Sareb determinados activos del Banco Popular, es cierto que nosotros aquí -dado lo relevante de esta Comisión-, quizá con mucha crudeza, les
hemos trasladado nuestras dudas acerca de numerosa regulación financiera. Pero, dicho esto, el primer principio para garantizar la estabilidad del sistema es

Página 29

que, si ya hay unas normas, sean buenas o malas, estas se cumplan. Ese es el primer principio. Si se establecen unos criterios en el marco de estos stress test en cuanto a entidades de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y esos criterios están
definidos, nosotros entendemos que lo que tendría que haber ocurrido es que se hubieran cumplido. No entramos a valorar por qué no se cumplieron; no sabemos por qué no se dio traspaso de esos activos a la Sareb. Nosotros defendemos que, si se
establecen unos criterios, hay que cumplirlos. De nuevo, este es un tema tremendamente espinoso, porque nosotros no hacemos enmiendas a la totalidad -es muy raro que las hagamos-, y hacer una enmienda a la totalidad al papel de las empresas
consultoras y de las empresas auditoras sería algo muy atrevido por nuestra parte y desde luego no responde a la opinión mayoritaria de la asociación. Oliver Wyman hizo sus valoraciones, y teóricamente la excusa que se nos dio a la asociación de
inspectores para recurrir a Oliver Wyman y no hacerlo con los propios medios del Banco de España era la de transmitir sensación de independencia. A este respecto, yo tengo de nuevo que poner en valor el papel de los cuerpos superiores de la
Administración del Estado -de toda la Función pública en su conjunto, pero en concreto de los cuerpos superiores de la Administración del Estado-, y de nuevo permítanme la cercanía a la hora de expresar este concepto. A nosotros, a mí me pagan
igual, exactamente lo mismo, si digo que una entidad tiene problemas que si digo que no los tiene. Mi sueldo no depende de cuál sea el contenido de mi informe, mi independencia está garantizada a través de un exigente proceso opositor que cumple
los principios de mérito, igualdad y capacidad, y mi remuneración no depende en absoluto de mi opinión. ¡Hombre!, no se llevará usted una sorpresa si le comento que la mayor parte del colectivo que en ocasiones ha podido ser crítico con las
decisiones del Banco de España no se encuentra entre los más promocionados. No se va a llevar usted una sorpresa, seguro. (Risas). Pero eso a mí no me importa, ni a mí ni a la mayoría del colectivo al que represento, nos da igual, nosotros
tenemos claro nuestro compromiso para con el Banco de España, para con la ciudadanía, para con las empresas y para con los propios bancos. Nuestra función no es solamente proteger a los depositantes, en muchas ocasiones es proteger a las entidades
financieras de sí mismas. Dicho todo esto, pueden llegar ustedes a las conclusiones que consideren sobre la base de la colaboración de empresas de auditoría y consultoría externa, que seguro que tienen que cumplir su papel, pero no sé si en el
ámbito de una cuestión tan delicada como la que tuvo lugar en 2012 eran las mejores fuentes a las que recurrir. Disculpen la extensión de mi intervención, espero haber respondido razonablemente a todas sus inquietudes.


¿Voy muy lento, voy muy despacio, quizás, señora presidenta?


La señora PRESIDENTA: No, como quiera.


El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA (Sánchez Ruiz): Disculpe, señor Saura, me ha preguntado usted también por la habilitación de la fórmula contable; discúlpeme, se me había olvidado y lo tenía anotado
al pasar la página. Aquí, de nuevo, solamente podemos hacer referencia a noticias de prensa. Nosotros no hemos tenido acceso a la documentación reservada del caso Bankia pero probablemente ustedes sí tendrían acceso y les recomendamos
encarecidamente -si es factible dentro del respeto al secreto del sumario- que lean los informes periciales de nuestros dos compañeros, todos ellos y en particular el tercero y último, porque, según las noticias que se publican en prensa, puede ser
tremendamente contundente y les puede responder a sus inquietudes mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo representando al colectivo. Si está en su mano, si ustedes puede solicitar esos informes periciales, la lectura no es breve, desde luego, son
informes bastante extensos, pero puede también que su lectura sea enormemente reveladora. Estoy convencido de que ahí se detallan más cuestiones -seguro, estoy convencido, conociendo la profesionalidad de los dos compañeros que han elaborado esos
informes- en relación con esta -discúlpeme de nuevo- artimaña contable. ¿Pero se aplicó en el resto de SIP? Sí, se aplicó, pero two wrongs don´t make a right, dicen, ahora que estamos supervisando en ingles. ¿Se aplicó en el resto de SIP? Sí, se
aplicó. ¿Es correcto? No, no es correcto; no lo es prudencialmente -como he tenido ocasión de exponerles-, pero es que además va contra la normativa, va contra el Código de Comercio nada menos, luego no se debió hacer. ¿Que lo avalen expertos,
señor Saura? Estoy convencido de que sí. La cuestión es que nosotros no somos estrictamente expertos, somos personal al servicio de la Función pública y del Estado. La pregunta es si esos expertos tenían el mismo enfoque prudencial que pueden
tener los miembros de la asociación de inspectores y si nuestro análisis conllevaba las mismas dosis de importancia, desde el punto de vista de prudencia, que los que pueden realizar esos otros expertos.

Página 30

En cuanto al informe favorable de la Dirección General de Regulación, hasta donde yo sé hay al menos dos informes, uno de trabajo y uno que finalmente se eleva a la comisión ejecutiva -insisto, hasta donde yo sé y por las noticias de
prensa-, y en el primer informe, en el que es puramente de trabajo, se niega esta posibilidad. La Dirección General de Instituciones Financieras -normativa contable- niega esta posibilidad, como es lógico, como es de sentido común, como no le queda
más remedio. Y además, perteneciendo a la Dirección General de Instituciones Financieras en ese momento -la denominada Dirección General de Regulación-, es la dirección general competente para responder, conforme a la propia normativa interna del
Banco de España. Conforme al reglamento interno del Banco de España y a lo especificado en la circular contable 4/2004, a quien le compete responder es a la Dirección General de Regulación no a la Dirección General de Supervisión, que responde y
responde en sentido contrario, porque la Dirección General de Regulación -insisto, en esa primera opinión de trabajo y hasta donde yo conozco- se manifiesta radicalmente en contra. Posteriormente, ya a nivel firma de director general, se dice que,
en caso de proceder a realizar esa operativa, que al menos el efecto patrimonial sobre la entidad sea neutro y esto, traducido a román paladino, lo que quiere decir es que no se repartan bonus, que no se pague el interés de las preferentes,
etcétera. Es decir, que si se lleva a cabo esta operativa, que desaconsejan, por lo menos no se traduzca en descapitalización de la entidad, como efectivamente sabemos que ocurrió.


Me ha preguntado usted también mi opinión sobre el auto de la Audiencia Nacional y he de decirle que no nos corresponde opinar en el ámbito penal. Creo que el Tribunal Supremo ya se ha manifestado, los hechos hablan por sí solos y en el
ámbito puramente administrativo, prudencial, regulatorio, etcétera, nuestra opinión está bastante clara, pero no nos corresponde opinar. Debo confesar que he tenido acceso a través de los medios de comunicación al voto particular de la magistrada
Clara Bayarri que, desde el punto de vista de la asociación de inspectores, es un ejemplo de clarividencia y de descripción acertada de los hechos. Desde luego, creo que es un voto particular que merece la pena leerlo detenidamente, pero no le
corresponde a la asociación de inspectores opinar más allá de eso.


El señor Aguirre me preguntaba, en primer lugar, si yo consideraba -este yo es la asociación de inspectores- que el Banco de España y la CNMV tenían una responsabilidad explícita que pudiéramos manifestar en relación con el tema de
BFA-Bankia. Nosotros no entramos a decir si el Banco de España y la CNMV tienen responsabilidad o no porque no es preciso, ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, que ha manifestado que el folleto de salida a bolsa, basándose en los informes periciales
de nuestros dos compañeros, incluía falsedades contables. Si lo ha dicho el Tribunal Supremo, no es necesario que nos manifestemos nosotros; además, lo ha dicho en dos sentencias, no en una, en dos, por lo que entiendo que no es necesario que la
asociación opine más a este respecto. Yo no he dicho que las provisiones -discúlpeme, solamente por clarificar- estuvieran pintadas, he utilizado la expresión que han utilizado otras personas y si ustedes tienen acceso a toda la documentación del
caso Bankia, es posible que también encuentren esa denominación. Por otro lado, discúlpeme, señor Aguirre, me he expresado mal, no he dicho que en absoluto el FROB avalara las cuentas de 2011, discúlpeme, me he explicado mal. Yo lo que he querido
transmitir a esta Comisión es el shock que produjo sobre la plantilla el desasosiego, la decepción, la tristeza de que en el año 2014, no en 2011, la comisión rectora del FROB, integrada en gran medida por miembros de la comisión ejecutiva del Banco
de España, se dirigiera al Banco de España -es decir, a ellos mismos- para que emitiera un informe en el marco del caso Bankia hablando de unas PEPA. Eso es lo que he querido decir, que la comisión rectora del FROB del año 2014 se dirigió a sí
misma para solicitarse un informe que avalara que existían provisiones específicas pendientes de asignación. Eso es lo que he querido decir y eso es lo que figura en los medios; obviamente, los medios nos merecen todo el respeto y son fuentes de
información generalmente fiables.


Respecto del papel de los auditores externos, vuelvo a lo mismo. El papel de los auditores externos y la consultoría interna desempeñan un papel muy útil. Los auditores externos hacen un papel muy útil y la consultoría en muchas ocasiones
también, la cuestión es delimitar en qué ámbito. Los auditores externos tienen claramente definido su papel en la Ley de auditoría y emplear auditores y consultores externos para desarrollar competencias que nuestra Constitución tiene reservadas de
manera exclusiva al Estado, a nuestro ordenamiento jurídico, nos parece que no es procedente, pero tanto auditores, como consultores e intermediarios de mercados financieros, como cualquier otro interviniente en el sistema económico, los hay buenos,
los hay malos, los hay peores y los hay muy buenos. No parece -es verdad, señor Aguirre, le tengo que dar la razón- que los informes de auditoría de diferentes entidades que han experimentado problemas hayan ido acompasados a la gestación y
evolución de esos problemas. Sí, le tenemos que dar

Página 31

la razón, no parece que hayan ido muy acompasados, pero también para eso estamos nosotros, o deberíamos estar, en caso de que eso efectivamente se haya producido.


Me preguntaba usted por el papel jugado por Analistas Financieros Internacionales. No nos corresponde como asociación entrar a valorar una empresa concreta y un comportamiento concreto, lo que sí sabemos es que Analistas Financieros
Internacionales fue una de las empresas participantes en el proceso de creación del SIP de Bankia y también sabemos que ahora parece -y que me disculpen mis compañeros de AFI si no es así- que también han intervenido en la cuestión entre BMN y
BFA-Bankia. Tenemos ese dato, participaron en uno y creemos que han participado ahora en la fusión, insisto, con todas las precauciones porque ahora mismo no tengo confirmación de esa información, pero creemos que es así. Creemos que es suficiente
respuesta.


¿Se han llegado a retrasar las pérdidas en el caso concreto del Banco Popular? Ustedes pueden averiguarlo. Les animo encarecidamente a que soliciten todos los informes de inspección, todos los correos electrónicos de los equipos
inspectores por lo menos desde el año 2006-2007 hasta la actualidad. Ahí probablemente encontrarán una respuesta mucho más ajustada, atinada y afilada que la que pueda darles yo. Si ustedes en el ámbito de sus competencias pueden solicitar toda
esta información, les animo encarecidamente a que lo hagan y probablemente clarificarán muchas de sus dudas. No sé si se llegó a retrasar la manifestación de las pérdidas en el Banco Popular o no, pero en el Grupo BFA-Bankia sí. Si ocurrió en el
Grupo BFA-Bankia ¿por qué no en otros? José Antonio Casaus es un magnífico profesional del Banco de España y también su equipo de inspección, porque de alguna manera inintencionadamente -por lo que ha salido en prensa- parece que es Casaus contra
la dirección del Banco de España y Casaus tenía trabajando con él no menos de diez inspectores y auditores informáticos, que él coordinaba, que refrendaban su análisis. Insisto, a través de noticias de prensa el inspector cabecera denuncia que
existen 20 000 millones de riesgo promotor, que no están abonando ni principal ni intereses y que, sin embargo, continúan devengando beneficios en la cuenta de resultados. Eso es mucho más que retrasarse en el reconocimiento de las pérdidas.
Porque no solamente no se reconocen las pérdidas, es que siguen devengando ingresos contables, por supuesto no hay flujo de caja ninguno porque no están pagando nada.


En cuanto a las sobrevaloraciones, no es que lo digamos nosotros, es que lo han demostrado los hechos. Había tasaciones sobrevaloradas, creo que es de común entender y la asociación de inspectores con todo nuestro ánimo de colaborar no les
vamos a poder aportar más que lo que otros expertos en macroeconomía les puedan aportar. Lo que sí es cierto es que si no se respeta este principio de buena práctica bancaria en el que les he insistido tanto con relación a que conceder o no una
operación de crédito o de préstamo debe depender de la capacidad de reembolso del prestatario o del acreditado, exclusivamente, y no de la garantía, si ese principio no se respeta y nos basamos en la garantía subyacente a la hora de tomar la
decisión de conceder o no la operación de crédito o préstamo, obviamente, hay una presión muy fuerte sobre la tasación para que estirar la tasación permita conceder la operación. Si se respetara la buena praxis bancaria de ceñirnos a la capacidad
de reembolso, esto no sucedería, y no estoy diciendo que en absoluto haya que tener en cuenta la garantía, naturalmente que hay que tenerla en cuenta, para algo existe la garantía hipotecaria, para algo existe el Registro Mercantil y muchas otras
medidas de minimización de pérdidas, pero no para decidir si la operación se concede o no. Tiene usted razón en que, evidentemente, si depende del valor de la garantía habrá mucha presión para que la garantía pueda ser sobrevalorada para poder
conceder la operación. Por otro lado, no puedo manifestarme al respecto de si los consejos de administración de algunas cajas de ahorros concedieron operaciones en las que no se hubieran estimado todas las pérdidas esperadas. No dispongo de esa
información. En todo caso, si hay ocasión le respondo más adelante.


En cuanto a cuál es nuestra opinión sobre el informe de López Roa de 2012, su origen y su impacto, creo que en su origen fue un intento honesto de mejorar las prácticas de supervisión y de corregir errores. El impacto ha sido muy reducido.
El origen fue muy honesto y debo decir que el señor López Roa contó con la colaboración de la asociación de inspectores, que elevamos no menos de treinta recomendaciones -que tampoco se van a sentir ustedes muy sorprendidos si les llegan al ver
cuáles eran porque las conocen perfectamente-. Elaboramos este documento -un documento magnífico- que llevó a cabo la junta anterior de la asociación -yo no estaba entonces en la junta-, que se elevó por si era del interés del señor López Roa, y
tampoco les voy a sorprender si les digo que no se tuvo demasiado en cuenta -es un eufemismo para decir que no se tuvo en cuenta-. Sí creo que el intento del señor López Roa, el intento del Banco de España por mejorar las prácticas supervisoras fue
un intento honesto, otra cosa es

Página 32

cómo concluyera. No le puedo informar en relación con un eventual uso de EPA, de esquemas de protección de activos y venta posterior. No le puedo informar, no dispongo de esa información. La asociación no puede opinar en esos términos
porque no dispone de esa información. No es que me niegue a responderle, ni muchísimo menos, señor Aguirre. Todo lo que les pueda responder, estaré encantando de hacerlo, pero no me puedo manifestar a ese respecto.


Señora Sagastizabal, muchas gracias. Comenta usted que aquí se ha venido explicando que la crisis ha tenido en gran medida su origen desde el exterior. Sí, no cabe duda de que en una economía globalizada el entorno exterior macroeconómico
tiene muchísima importancia; no cabe duda. Estoy intentando improvisar un ejemplo en el sentido de decirle que el hecho de que el entorno macroeconómico que rodea a un determinado colectivo, a una determinada comunidad autónoma o a un determinado
país sea complicado, no implica que no haya países que lo resistan unos mejor que otros o colectivos que lo resistan unos mejor que otros. En este sentido, no podemos salvo suscribir las manifestaciones de un antiguo director general de Supervisión
del Banco de España, Aristóbulo de Juan, cuando decía lo siguiente: Cuando las entidades con enfoque micro, con enfoque micro de entidades, son suficientemente sólidas, los impactos macro tiene un impacto muy reducido; pueden tenerlo, pero sí la
entidad es sólida, el impacto es muy reducido. Además, en sentido contrario podríamos plantearnos que si efectivamente la crisis financiera fue global, que lo fue, por qué en unos países se sufrió mucho más que en otros y en algunos incluso
prácticamente ni se llegó a sufrir, a pesar de pertenecer a la OCDE y tener economías muy parecidas a la nuestra en cuanto a estructura. Luego, si las entidades son sólidas, si las entidades tienen una cartera de activos -vuelvo a insistir en este
concepto- realmente bien valorados y son activos que van a generar ingresos, la influencia del entorno exterior es mucho más reducida. ¿Por qué no se reformó la legislación sobre tasadores? No lo sé, pero nosotros opinamos que durante toda la
gestación de la crisis, si no había herramientas suficientes y si las herramientas no lo permitían, quizá la dirección del Banco de España debería haber sido mucho más activa en cuestión de propuestas legislativas supervisoras prudenciales y, si
estamos en un ámbito europeo, también, por qué no, a nivel europeo. ¿O es que el Banco de España no tiene suficiente prestigio, capacidad técnica, etcétera, para dirigirse al ámbito europeo allá donde haga falta, bien a través del Ministerio de
Economía, bien motu proprio? A nosotros nos sorprende que si la legislación no era la adecuada, no se hiciera un trabajo mucho mayor en el sentido de cambiarla o de buscar fórmulas jurídicas que permitieran, por ejemplo, respetar la normativa
contable internacional pero exigiendo unas adecuadas provisiones anticíclicas. Se podría haber buscado la fórmula jurídica; no digo que fuera fácil, pero la sensación de la asociación es que quizá no se exploró suficientemente ese camino.


Me ha preguntado usted por los principales fallos a la hora de conceder hipotecas. Creo que he respondido con bastante extensión. Me ha preguntado también por las actas de las inspecciones y sobre que algunos de los comparecientes ha dicho
que no existían las herramientas jurídicas para formalizar estas actas, para transformarlas en requerimientos concretos. Aquí de nuevo nos vemos obligados a recurrir al sentido común para decirle, señora Sagastizabal, que si no existían esas
herramientas, para qué hacemos las actas. Si no existe legislación, si no hay medio de controlar a las entidades de crédito, estoy tirando piedras contra mi propio tejado, y mis compañeros quizás no estén muy contentos, pero si, efectivamente, no
existía forma de que la inspección que realizaba el Banco de España se tradujera en requerimientos efectivos en las entidades, quizá alguien tendría que haber propuesto cerrar la supervisión del Banco de España. Es absolutamente inverosímil. El
Banco de España, a través de la Ley sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito fundamentalmente, pero también a través de otras herramientas -como usted ha señalado muy oportunamente-, además de con su propia legislación vía
circulares, tenía los medios para corregir las debilidades que ponían de manifiesto las actuaciones inspectoras. En relación a si aplicaban al completo las recomendaciones en materia de supervisión, no me consta, no lo sé. Los hechos parecen
indicar otra cosa.


Me preguntan sobre las razones por las que los problemas se han concentrado en las cajas. La asociación comparte que quizá la gobernanza de determinadas cajas de ahorros no era la mejor, es verdad, y probablemente en los informes de
inspección de esos años, de esas fechas y de esas cajas se pusiera de manifiesto que la gobernanza quizá no era la mejor. Pero nosotros no podemos entrar a valorar si es una cuestión de presencia o no de políticos en los órganos de gobierno;
nosotros lo que defendemos -y de nuevo apelamos al puro sentido común, porque esta no es una cuestión compleja ni técnicamente sofisticada- es que hay que poner al frente de entidades financieras lo que establece la Ley de disciplina e intervención
y lo que establece otro tipo de normativa, hay que poner personas capaces, personas

Página 33

capacitadas. De nuevo voy a intentar relajar un poco el tono pero desde el máximo respeto, si ustedes me ponen a mí al frente de una academia de ballet, probablemente la gente no acabe bailando muy bien; si se pone a una profesora de baile
en el consejo de administración de una entidad es probable que lo que no acabe muy bien sea la entidad. Luego no es tanto desde nuestro punto de vista, o no es que no sea tanto sino que ni siquiera entramos a valorar si es cuestión de pertenencia o
no a partidos políticos, sino que se trata de idoneidad de los gestores.


En cuanto a si la regulación anterior era mejor, sí, tardaría muchísimo en extenderme, pero era más sólida. Para empezar era menos compleja; insisto, la complejidad puede ir asociada o no al rigor, pero en cuestión de entidades financieras
lo prudente, lo sensato, lo sano es que cualquier usuario de la información financiera y desde luego ustedes como representantes de los ciudadanos analicen un balance bancario, unas cuentas, unos estados financieros y tengan claro si se están
cumpliendo las normas o no, y si se están cumpliendo adecuadamente. Ni mucho menos esto es un desafío, yo mismo no sería capaz probablemente, y me dedico a ello, de en una primera aproximación determinar si los estados financieros de una entidad,
sobre todo si es una entidad muy grande, están cumpliendo todo el marasmo normativo que hay ahora mismo a nivel europeo, con normas incluso contradictorias entre sí. Por una parte se pide reforzar el capital, lo que nosotros defendemos, pero al
mismo tiempo se dice que deben perder peso y relevancia los instrumentos de nivel 2, las participantes preferentes y otro tipo de instrumentos híbridos, pero por otra parte, se exige a las entidades que emitan lo que se denomina pérdidas
-discúlpenme el anglicismo- bail-in o instrumentos que permitan absorber pérdidas en caso de rescate. Es decir, desde la supervisión, desde la regulación de capital se dice que estos instrumentos no son capital de buena calidad, pero
simultáneamente a las entidades se les pide que los emitan, con lo cual se está comprometiendo ya como mínimo el 16 % de la estructura del pasivo del balance de la entidad. Pero, además, esta deuda que absorbe pérdidas lógicamente tiene que pagar
una mayor remuneración y al mismo tiempo se está identificando como prioridad supervisora del Mecanismo Único de Supervisión durante el año 2006 como la mayor debilidad del sistema la fragilidad de la cuenta de resultados de las entidades; y al
tiempo que se identifica como consecuencia de la situación de la curva de tipos que la cuenta de resultados es un punto muy débil de las entidades, a la vez se les dice que emitan instrumentos cuya remuneración es más elevada que la de otro tipo de
financiación, con lo cual hay una cierta contradicción. Pero además se les exigen determinados requisitos de muy complejo cálculo en materia de liquidez. La liquidez y la rentabilidad se suelen mover en sentido contrario, es decir, en todo este
marasmo normativo solamente ya por esto la regulación anterior era claramente mejor, era mucho más clara, mucho más comparable, y desde luego la Ley de disciplina e intervención de entidades de crédito tengo que decir que era una ley con muchísimas
posibilidades para evitar crisis financieras. Creo que no he anotado más preguntas por su parte, si me he dejado alguna le pido disculpas.


Por parte del Grupo Ciudadanos, señor De la Torre, muchas gracias. Me comenta usted un poco en la línea del resto de intervinientes que de alguna manera gran parte de la crisis financiera -es un hecho cierto- se ha concentrado en el sector
de las cajas, permítame añadir que de momento. También me plantea si han existido interferencias políticas al frente de las cajas de las comunidades autónomas, etcétera, no le puedo contestar, la asociación no tiene opinión al respecto, no se ha
pronunciado. Sí le puedo decir que en el Banco Central Europeo, en concreto en el Mecanismo Único de Supervisión y en el Mecanismo Único de Resolución, las personas que están al frente o que ocupan los puestos más relevantes -es un organismo
supervisor, no es una entidad de crédito privada ni semipública ni nada por el estilo, es un organismo supervisor- no son políticos y, sin embargo, no va a escuchar usted una opinión muy favorable de ese mecanismo por parte de la asociación de
inspectores. De nuevo volvemos a insistir en que nosotros no entramos a valorar la idoneidad o no de los políticos, entramos a valorar la idoneidad o no de los gestores, de las entidades, y la idoneidad de los supervisores, reguladores, etcétera.


En cuanto al triste evento de CCM, usted ha descrito perfectamente lo que ocurrió allí y no es preciso que insista más. Tiene usted toda la razón. Es verdad que la expulsión de nuestros compañeros de la sede de CCM es una anécdota o puede
ser una anécdota en todo este tsunami que hemos sufrido en estos años, pero tiene usted toda la razón, a veces las anécdotas son muy buenos ejemplificadores de lo que estaba ocurriendo.


Me comenta usted que las competencias contables hoy en día se encuentran muy disminuidas. Tristemente tengo que darle la razón y de nuevo tengo que hacer referencia a personas de nuestra asociación o de nuestro entorno que saben mucho más
que yo. Estos expertos, que lo son auténticamente y lo son desde el punto de vista prudencial, ya alertan de que no es incompatible una regulación contable

Página 34

unificada europea hasta el punto en el que sea factible hacerlo y una regulación específica contable como siempre ha existido en relación con las entidades de crédito. Eso no va en contra ni de la transparencia ni de la imagen fiel, pero si
queremos contabilizar una pastelería igual que lo hacemos con una caja de ahorros no es una buena práctica supervisora ni contable ni regulatoria; en absoluto lo es. Su intuición, señor De la Torre, no podemos sino ratificarla desde la asociación
de inspectores. El principio de prudencia en la normativa internacional contable está absolutamente infravalorado; se prima por encima de todo el principio de imagen fiel. Ocurre una cosa y es que la aplicación del principio de prudencia
valorativa se produce a lo largo de todo un ciclo, si no el ciclo completo, sí durante varios años, y este principio de prudencia valorativa responde mucho más a la imagen fiel de lo que puede llegar a ocurrir en la cuenta de resultados de una
entidad. Sin embargo, el principio de imagen fiel es, como dicen los anglosajones, absolutamente point in time. Si nosotros reflejamos la imagen fiel llevando todos los activos y pasivos a valor razonable en un momento dado y creemos que con eso
estamos dando una buena imagen fiel, es discutible si eso es de verdad la imagen fiel de una entidad. Pero vamos a aceptar ese supuesto. ¿Qué le puede ocurrir a una entidad financiera? Que si ha ganado mucho dinero aplicando criterios de valor
razonable pero no se ha materializado en flujos de caja, va a repartir dividendos y a pagar bonus y remuneración variable respecto de unas ganancias que no se han llegado a ejecutar. Ningún ciudadano en su sano juicio ni ninguna empresa en su sano
juicio por el hecho de tener una inversión en bolsa dice que ha ganado un 30 %. No gana ni pierde hasta que no ejecuta la posición. Sin embargo, con la contabilidad a valor razonable se da que en una etapa expansiva, como de hecho ocurrió hasta el
año 2008, se anotan beneficios contables que no se han materializado. Eso supone salida de dividendos y pago de remuneración variable, descapitalización efectiva de las entidades y cuando luego llegan las pérdidas también son reales. ¿Y qué se
hizo en ese caso? Tengo aquí un ejemplo muy interesante de cómo estamos funcionando a nivel europeo en este ámbito. Es una noticia de prensa que procede del Deutsche Bank del año 2008, que haré llegar a sus señorías si es de su interés. El propio
Deutsche Bank anuncia un beneficio neto de 414 millones de euros en el tercer trimestre de 2008 frente a los 1600 del año anterior, beneficio por acción, etcétera, y manifiesta el propio Deutsche Bank que en octubre de 2008 la Unión Europea modificó
las normas IAS 39 e IFRS 7, reclasificación de activos financieros, permitiendo reclasificar activos de trading y activos disponibles para la venta y reclasificarlos a vencimiento, de tal manera que cuando comienza la fase recesiva del ciclo no
tuviera Deutsche Bank que anotar las pérdidas contables. El argumento que utiliza el IAS Board a este respecto es que no existe un mercado activo, la distorsión, la crisis, etcétera. Obviamente es un argumento muy poco sólido desde el punto de
vista prudencial. Si nos creemos que la revalorización era verdad, ¿por qué no nos vamos a creer que la depreciación también es verdad? ¿O es que solamente nos lo creemos cuando la cuenta de resultados avanza en el sentido que deseamos? ¿Y cuando
avanza en sentido contrario? El IAS Board, un organismo privado que emite normativa que tiene respaldo público a través de la regulación del Parlamento Europeo, opina que los mercados se encuentran en una situación comprometida y, olvidándose de
ese principio de imagen fiel que permite repartir dividendos frente a beneficios no materializados, dice que se reclasifican inversiones a vencimiento con efecto retroactivo, a marzo de ese mismo año, sin necesidad de anotar las pérdidas porque no
hay un mercado activo. Tampoco es objeto de esta Comisión, pero es que sus señorías tampoco necesitan que les hable de cuál es la situación financiera de Deutsche Bank, de la matriz, del grupo. A las pérdidas podemos darle tantas patadas hacia
delante como queramos, pero siguen siendo pérdidas. Eso no cambia. Estamos totalmente de acuerdo con su enfoque, señor De la Torre. Y no tenemos constancia de que el Banco de España esté siendo particularmente activo en este ámbito. Se dice que
esto viene de Europa. Muy bien, pero Europa también se puede equivocar, como podemos hacerlo nosotros o la asociación de inspectores, pero es nuestro papel manifestar nuestras dudas al respecto e intentar, en la medida de lo posible, dirigirnos
hacia una regulación prudencial más exigente. Es nuestra opinión.


Me ha preguntado -parece que el Grupo Ciudadanos está alineado con nuestra opinión- por la segunda recesión. Efectivamente, es así, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los hechos. ¿La segunda recesión se lleva por
delante a todas las entidades de crédito en porcentaje -lo he dicho en mi intervención anterior- o solo a algunas? ¿Cómo que la segunda recesión es lo que genera un desfase patrimonial de 22 000 millones de euros porque el PIB ha caído una décima o
cuatro décimas? ¿Eso genera un desfase patrimonial de 22 000 millones de euros? Es absolutamente inverosímil, señor De la Torre.

Página 35

En cuanto a la cuestión de la Sareb, aquí voy a ser algo esquivo de nuevo. La asociación no tiene una opinión formada en relación con el swap que usted comenta, pero creemos que es un objeto de estudio por parte de esta Comisión de
investigación muy interesante por las implicaciones que puede tener, pero no tenemos una opinión formada como colectivo que pueda manifestar en este momento. También creemos que una cuestión de estudio muy interesante es la contabilidad con esa
especie de coste medio que he manifestado en mi intervención anterior. Si yo incorporo a Sareb activos buenos y malos a un coste medio, además de que no es una buena práctica contable -así lo opina el ICAC y cualquier autoridad supervisora en
materia de regulación contable-, ocasiona que, si están saliendo activos que de verdad tienen valor en el mercado o son zonas denominadas prime en determinadas partes de España o tienen un valor real relevante, basta con que salgan 1 euro por encima
de ese precio medio de coste para que estén dando beneficios y la gestión pueda parecer magnífica. Como en el coste medio hay incorporados activos de muy baja y de muy buena calidad, ¿cuáles salen primero? Obviamente, el mercado primero compra los
de muy buena calidad, sobre todo si están a un precio medio ponderado y se pondera igual una parcela contaminada con neumáticos en la provincia de Alicante que una parcela en Boadilla en zona prime, donde se van a edificar trescientas viviendas de
lujo. Si las dos cosas las valoramos al mismo precio, obviamente, primero van a salir esas parcelas y en el momento en que salgan 1 euro por encima del coste medio va a parecer que la gestión es fantástica. El problema para los ciudadanos y que
preocupa seriamente a la asociación es qué va a ocurrir cuando se acaben todos esos activos -discúlpenme de nuevo el anglicismo- prime, de primer nivel. ¿Qué va a ocurrir? Porque va a ser muy complicado que los activos de peor calidad vayan a
poder salir al mercado a ese precio medio, ya que su valoración real en el mercado probablemente va a estar muy por debajo y eso va a ocasionar previsiblemente innumerables pérdidas. A algunos compañeros que están precisamente asignados a la Sareb
les animamos a que investiguen la transparencia en los procesos de enajenación de activos. Les animamos encarecidamente porque excede nuestras competencias. Los compañeros que llevan a cabo la supervisión de la Sareb pueden denunciar y están
denunciando que se pueden estar enajenando activos a un precio por debajo del valor de mercado, pero solamente pueden dar su opinión técnica en ese ámbito. Nosotros no podemos ir más allá. Les animamos a que tomen cartas en el asunto en la medida
en la que ustedes puedan hacerlo.


Señor De la Torre, discúlpeme que utilice el turno de réplica para hacer un comentario general al resto de representantes de los distintos grupos políticos. Olvidé decirles -si no lo olvidé, creo que no lo mencione de una manera
suficientemente explícita- algo que es tremendamente relevante para nosotros. Nosotros nos dirigimos al exterior exclusivamente después de agotar todos los cauces internos del Banco de España. Es decir, todas estas cuestiones y preocupaciones que
les estamos transmitiendo a ustedes se las hemos transmitido primero a todos los niveles a los diferentes órganos de gobierno del Banco de España, como es nuestra obligación.


Me preguntaba usted, señor De la Torre, si un banco solvente puede caer por cuestiones de liquidez. No. Al revés, sí. Un banco insolvente sí puede caer por razones de iliquidez. Al revés es muy complicado, aunque por supuesto no es
imposible. Una crisis de liquidez, un problema puntual de liquidez, puede derribar al más sólido de los bancos, es verdad, eso se ha aprendido de muchas crisis anteriores y por eso precisamente existe la figura del prestamista de última instancia.
Si los activos a los que una y otra vez nos referimos son sólidos, están también contabilizados, generan ingresos, no incorporan deterioros y van a generar ingresos a futuro, el prestamista de última instancia puede actuar con toda su fuerza
aportando la liquidez que pueda precisar la entidad financiera, sabiendo que recuperará, vía flujos de esos activos o vía enajenación de los mismos, la liquidez prestada. Para eso está el prestamista de última instancia. Otra cuestión es cuando se
abusa de la figura del prestamista de última instancia y se cae en el concepto académico del moral hazard: me van a rescatar, por tanto, adopto riesgos excesivos porque voy a ser rescatado. Por cierto, el moral hazard solamente tiene sentido en
las entidades grandes y muy grandes; es un riesgo que no se materializa en entidades pequeñas y medianas que no van a ser rescatadas en caso de problemas. Esta figura del prestamista de última instancia -no les voy a aportar nada a sus señorías
que no sepan- viene al hilo de su pregunta sobre la barra libre de liquidez del Banco Central Europeo. Estamos en un contexto de curva de tipos invertida, una situación absolutamente excepcional. Hay una barra libre de liquidez. Pensar que una
entidad financiera ahora mismo puede ahogarse por falta de liquidez no es imposible, pero es muy complicado; es realmente muy complicado. Si una entidad solvente en estos momentos quiebra por cuestiones de liquidez, los gestores de esa liquidez
-es decir, ese prestamista de última instancia- tendría que dar muchas explicaciones. Creo haber respondido a su pregunta.

Página 36

El señor Aguirre me preguntaba si tenemos constancia de que se suavizaban los informes de la inspección en el período 20002016 y siguientes. Sí, se suavizaban, pero no lo decimos nosotros porque no somos quién para decirlo, lo dice la
Intervención General de la Administración del Estado en respuesta a una solicitud de información de la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Bankia. Si ya lo dice la Intervención General de la Administración del Estado, ¿para qué lo vamos a
decir nosotros? Los compañeros de la Intervención General de la Administración del Estado hacen un magnífico trabajo describiendo un entorno que en una primera aproximación les resulta ajeno y que es muy complicado si no se conoce desde dentro.
Hacen un magnífico trabajo descriptivo y con una prudencia exquisita describen -insisto, de manera muy prudente- lo que puede estar ocurriendo en las actividades de inspección. Insisto en que no hace falta que respondamos nosotros a esta pregunta.


Creo que no he dejado sin responder ninguna pregunta que pueda contestar. Les pido disculpas si ha sido así.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Vamos a pasar al segundo turno de los portavoces. Quiero decirles que el señor Quintás está desde las doce y media, y aunque ya sabe que nos vamos a retrasar, les pido cierta disciplina en las intervenciones y en los tiempos. Tienen tres
minutos cada uno de los portavoces. En primer lugar, señor Montero, por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos.


El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, presidenta, trataré de ceñirme al tiempo.


Cuando le planteaba lo del mundo real y el mundo en paralelo me refería a la percepción -al menos así lo he percibido yo- entre una dirección cooptada por el poder financiero y unos técnicos profesionales que tratan de hacer su labor frente
a esa situación, que es la primera vez que se pone de manifiesto de una forma tan intensa ante la opinión pública. Por eso mismo le voy a repreguntar sobre distintos elementos que me parecen importantes en ese entramado interno. En primer lugar,
la aparición de los auditores externos en la supervisión por parte del Banco de España. Quisiera saber qué opinión le merece y sobre todo la posibilidad de que se produzcan conflictos de intereses entre auditores externos de las instituciones y
auditores que van luego a supervisar desde el propio Banco de España; si hay precedentes o no hay precedentes y cómo confronta eso con el deber de confidencialidad. En segundo lugar, usted ha aludido a los ascensos de personas que participaron en
el caso de Bankia. ¿Tiene constancia de que se removiera a miembros de los equipos de campo que plantearon recelos y dudas sobre el procedimiento? En tercer lugar, visto el panorama que usted describe, me preocupa que el sistema de acceso al Banco
de España no esté siendo últimamente como venía siendo, por oposición, concurso de capacidades y mérito, que permita mantener una independencia frente a quien te contrata. En ese sentido, me gustaría que nos mostrara algo de luz.


A continuación salto algo hacia el futuro. ¿Existe la posibilidad de recabar, de contrastar la documentación que respalda la información que las instituciones presentan ante el MUS para verificar que efectivamente está siendo eso así, u
ocurre como me parece que viene ocurriendo, que están desapareciendo las supervisiones in situ, lo cual dificulta tremendamente la posibilidad de analizar los balances de forma adecuada? Y una última cuestión en relación con la Sareb, ese banco
malo, por si había alguno bueno. El Banco de España emitió una circular instando a contabilizar las minusvalías o las plusvalías que se produjeran en las tasaciones anuales de los activos en poder de la Sareb; sin embargo, el Real Decreto 4/2016
traslada esas minusvalías, las saca de la cuenta de pérdidas y ganancias y las traslada hacia el patrimonio neto.


La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señor Montero.


El señor MONTERO SOLER: Termino, presidenta.


Con ello, básicamente lo que se está produciendo es un maquillaje contable de esas minusvalías que en algún momento -en consonancia con su intervención en relación con la Sareb- van a aflorar y va a ocurrir que lo que aparece todos los años
como un magnífico resultado de la Sareb se va a manifestar en un agujero enorme al final del procedimiento o del proceso de liquidación -si es que se produce finalmente- de todos los activos inmobiliarios en manos de la Sareb. ¿Qué opinión le
merece -yo creo que ahí sí tiene posibilidad de responder- vulnerar la normativa o la circular inicial del Banco de España por parte del real decreto del Ministerio de Economía?


Muchas gracias.

Página 37

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Montero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Intervengo también de manera rápida. Nosotros estamos de acuerdo con ustedes en cuanto a que el sistema financiero y el ciclo financiero son inestables de manera sistémica; si a eso le sumamos que el poder financiero y el poder económico
tiene tanto poder que influye en el regulador y en el supervisor, tiene unas consecuencias demoledoras sobre la actividad económica, sobre el empleo y sobre la justicia social. Por tanto, nosotros somos partidarios de regulación y no de
autorregulación. En eso estamos completamente de acuerdo con ustedes.


Segunda consideración. Usted ha hecho algo que a mí me parece especialmente llamativo. En la primera intervención ha dicho que el Banco de España no colabora completamente con la justicia o no totalmente. Lógicamente esto el Banco de
España lo niega. Lo que yo le quiero pedir a usted y a la asociación es que si hay algún tipo de no colaboración con la justicia lo denuncien ustedes ante ella, no solo ante la Comisión de investigación, sino también ante la justicia, porque me
parece especialmente llamativo y grave.


Usted ha dicho en su intervención que está muy de acuerdo con el voto particular del auto de la audiencia. El voto particular del auto de la audiencia dice que, de acuerdo con el Decreto 1473/1971, formalmente sin vigor, considera que el
Banco de España es el administrador de hecho de las cajas de ahorros, como justificación de la responsabilidad penal del Banco de España. Creo, modestamente, que es endeble porque -insisto- este decreto no tiene vigor en este momento y ese es uno
de los nudos gordianos del voto particular.


Otra consideración sobre lo que se ha dicho aquí. Efectivamente, hay un debate sobre la supervisión y la resolución temprana -termino ya, señora presidenta-, sobre si reglas o flexibilidad y, por consiguiente, discreción. Sobre esto hay un
debate internacional. Europa se ha decantado por la flexibilidad y Estados Unidos por las reglas. Sobre esta cuestión no hay una evidencia empírica concluyente. Hay muchos bancos en Estados Unidos que, como consecuencia de aplicar a rajatabla las
reglas, terminan cayendo. Sus reflexiones han sido muy interesantes y nos las quedamos para las conclusiones de la Comisión.


Ya sí que termino, señora presidenta. No me resisto porque, al final, uno, además de político, lleva consigo la profesión. Entre 2009 y 2012, el PIB en nuestro país cayó entre el 7,5 y el 8 % -no lo recuerdo con exactitud- y en el periodo
que va de 2011 a 2012 un 4 %. Por tanto, yo creo que sí que hubo double dip. Ahí dejo el reto.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.


Por el Grupo Popular, señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Seré breve.


Me gustaría que se extendiera un poquito más sobre cuáles son las presiones de la industria bancaria tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Ha habido un momento en su segunda intervención en el que, sobre la definición de si estamos
ante crisis de caja o crisis de bancos, ha dicho que, de momento, es una crisis de caja. Amplíe un poco ese de momento, porque lo tengo que entrecomillar, qué quiere que le diga.


Al final de su intervención llego a la conclusión de que la Audiencia Nacional, en el caso Bankia, ha dejado muy claro que la supervisión de las entidades de crédito es competencia del Banco de España, con una capacidad de oponerse a la
salida a bolsa. Ha dejado claro que la jefatura del Banco de España, con carácter previo a la salida a bolsa de Bankia, tuvo noticias directas y fehacientes de la inviabilidad del grupo y de la no idoneidad de su salida a bolsa en su modalidad de
doble banco, y que el Banco de España no solo autorizó el SIP BFA Bankia sino que su creación fue promovida desde el propio Banco de España, como reconocieron entonces el gobernador y el subgobernador. El Banco de España, después de su
intervención, instó a las entidades a la creación del SIP. El Banco de España autorizó el tratamiento irregular del cargo contra la reserva de los deterioros en las siete cajas; el Banco de España conocía la inviabilidad del grupo, porque así se
lo habían manifestado los inspectores; el Banco de España conocía que las cuentas anuales de 2010 y las de marzo de 2011 del grupo no expresaban la imagen fiel, porque así se lo habían expresado los inspectores. Todo ello se ha desprendido de su
intervención esta mañana, todo ello está además contenido en los autos de la Audiencia Nacional de febrero, mayo y

Página 38

septiembre de 2017, por tanto, tengo que señalar que el Banco de España, en la etapa a la que nos estamos refiriendo, tiene una seria responsabilidad sobre lo que aconteció en el grupo Bankia.


Por último, una cuestión que no quería dejar de preguntarle. ¿Le consta que alguno de sus compañeros fuera represaliado por mantener un criterio profesional? Le doy una pista: Liberbank, Banco de Santander, inspectores de la CAM.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aguirre.


Por el Grupo Vasco, señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias nuevamente por sus respuestas. También quiero darle las gracias por su comparecencia, que ha sido muy reveladora y que, sin duda, deberemos de volver a releer porque nos va a servir para
futuras comparecencias y, como ya le he dicho en mi anterior intervención, ha sido muy distinta a otras que hemos tenido.


Dicho esto, sí tengo alguna pequeña duda. Cuando hemos hablado del Banco Popular, me gustaría saber qué criterio siguen para abordar uno u otro escenario y qué probabilidad asigna el valorador a cada uno de estos escenarios.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Ciudadanos, señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchísimas gracias, señor Sánchez.


Su comparecencia y sus respuestas son muy interesantes. Solo quiero plantear alguna cuestión muy breve de matiz. En lo que se refiere a las cajas, cuando usted ha dicho de momento, y en cuanto a los órganos de gobierno, evidentemente
ustedes no tienen una opinión sobre la politización, pero no ha hecho ninguna referencia -quizá no merezca la pena- sobre las competencias supervisoras de las comunidades autónomas y lo que han hecho, que lo tenían atribuido en sus estatutos de
autonomía respecto de las cajas. Seguramente las decisiones que estaban tomando las personas que no tenían competencia se deben precisamente al origen político que, por cierto, se inicia en la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros que
aprobó un secretario de Estado de Economía que acabó siendo gobernador del Banco de España y luego tuvo que encargarse de esta cuestión. Ironías de la vida.


Quería hacer una pequeña reflexión. He estado mirando los datos del PIB y en 2010 el crecimiento es cero y en 2011 cae un punto. ¿Cree que la caída de un punto en el PIB de España de 1 billón 10 000 millones de euros puede originar 20 000
millones de euros de deterioro nada más que en Bankia, aparte de todo lo demás? Se le puede llamar segunda recesión si queremos, aunque es discutible, lo que parece complicadísimo es que eso es lo que haya originado que se hayan caído todos los
balances bancarios que dieron lugar a las intervenciones en 2012.


Para concluir, sobre los procedimientos en Europa, quiero decirle que la opinión de mi grupo es que se debería garantizar. Usted dice que no le parece que ahora mismo esté la responsabilidad del jefe del equipo, de los que están mirando las
entidades financieras, en las opiniones que se trasladan a la cúpula que luego acabe tomando las decisiones. Lo que no puede ser es que una determinada gente, que incluso no responde ante los parlamentos nacionales, no es que tenga la última
palabra, que me parece bien, sino que tenga la única palabra y no tenga en cuenta a las personas que están, a los únicos que tienen acceso a la documentación y a la contabilidad de las entidades de crédito porque son los que, evidentemente, siempre
van a estar más informados.


Concluyo, reiterándole mi agradecimiento por su comparecencia y por el trabajo que usted y todos los miembros de su asociación llevan haciendo durante muchos años a favor de los intereses generales.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De la Torre.


Tiene la palabra el señor Sánchez Ruiz.


El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA, (Sánchez Ruiz): Muchas gracias de nuevo. Yo también intentaré -esta vez sí lo prometo y espero cumplirlo- ser realmente breve.

Página 39

El papel de los auditores externos, señor Montero, y si se pueden estar produciendo eventuales conflictos de intereses, le confirmo que es así; esos conflictos de intereses existen y se están produciendo. No puedo decirlo más claramente.
Es más, se está trasladando la responsabilidad a los denominados head of mission -en terminología del mecanismo único de supervisión-, generalmente a los inspectores del Banco de España que llevan a cabo las inspecciones on side o in situ en nuestro
país, de opinar sobre si existe o no un eventual conflicto de intereses por parte de los auditores externos que puedan colaborar en el desarrollo de la inspección. El BCE remite un correo electrónico directamente a ese inspector del Banco de España
con una declaración de intenciones de la empresa auditora que va a colaborar, diciendo que la empresa entiende que no tienen ningún tipo de conflicto de interés, y se le pide al inspector del Banco de España que opine a ese respecto. Llegamos a ese
nivel de despropósito. Lo siento, no encuentro otra palabra.


Y sí, se está produciendo ese conflicto de intereses, obviamente. ¿Cuántas grandes empresas auditoras hay, y cuántos grandes bancos hay, y quiénes auditan, y quiénes han venido auditando a esos grandes bancos, y cuántas grandes empresas
auditoras hay que estén colaborando con el ECB y que vayan a desarrollar tareas de inspección, de auditoría y de supervisión? Obviamente, es muy difícil que no vaya a haber conflicto de intereses. Si aplicáramos una separación estricta en cuanto a
periodos, plazos, etcétera, entre tareas desarrolladas y futuras tareas, prácticamente no dispondríamos de auditores, no se podría contar con ninguna de las empresas por razón de la concentración del sector.


Me pregunta usted si tengo constancia de que se haya desplazado a equipos de campo, entiendo que a inspectores o auditores informáticos de una determinada inspección. Si les parece bien, en este punto respondo simultáneamente al señor
Aguirre y a usted. Sí, me consta; sí, lo hemos denunciado; sí, en Liberbank; sí, en Banco Santander; sí, en la CAM, y sí, no solo en esas entidades. (Rumores). Y lo hemos manifestado a la sucesiva Dirección General de Supervisión, al
subgobernador del Banco de España y al gobernador del Banco de España.


Al igual que ocurre con nuestra carta de 2006, por supuesto que se pueden encontrar matices. No, es que esta persona ha manifestado que no estaba cómoda en el marco jurídico del MUS, entonces hemos decidido que mejor se encargue de otra
tarea más administrativa y menos de campo. Bueno, pues vamos a intentar solucionar mejor el marco jurídico del MUS en lugar de desplazar a buenos profesionales de una determinada inspección. No, es que, ¡claro!, tú te empeñas en mantener tu
criterio inspector -porque, claro, a fin de cuentas tú solamente llevas veinticinco años inspeccionando entidades de crédito-, y ese empeño un poco irracional tuyo de mantener tu criterio frente a la jefatura no es una forma de trabajar en equipo.
Casi mejor que te desplaces a alguna cooperativa de crédito en algún sitio razonablemente remoto... Es decir, no hay unas sanciones -o no las ha habido- más allá de por supuesto negar promociones, ascensos, etcétera. Uno de los peritos del caso
Bankia está siendo penalizado directamente en materia de remuneración variable, etcétera. Digamos que la respuesta es: Sí, nos consta; y sí, lo hemos denunciado.


Me preguntaba usted con relación al sistema de acceso. He prometido ser breve -tengo que serlo-: Es una de nuestras principales preocupaciones y es uno de los principales mensajes, por razón de urgencia, que tengo que transmitirles a
ustedes. Se está utilizando de manera absolutamente impropia la Ley de Autonomía del Banco de España para permitir que se acceda al Banco de España a través de procesos que no son oposición puramente entendida como oposición: concursos de
especialistas, especialistas concursados, concursos de méritos, méritos en los concursos, exámenes que se llevan a cabo incluso a nivel administrativo -incluso para los puestos administrativos dentro del Banco de España-, personas que acceden al
último examen de la oposición y lo aprueban con nota y sin embargo se pondera la entrevista personal en un 40 % y se las deja fuera, técnicos que aprueban con una elevadísima nota en idioma inglés pero con un 2 en contabilidad, modificación de las
reglas sobre la marcha, ampliación de convocatorias sin explicación. Se convoca un concurso de ocho especialistas y de repente se decide que pueden entrar doce, etcétera.


La plantilla que ha entrado por oposición vamos a acabar siendo una minoría dentro del Banco de España. Todavía no es la situación, pero va a acabar siéndolo. Resultamos especialmente incómodos. Discúlpenme, también a mí me presiona saber
que está esperando el señor Quintás y me presiona la hora, y no estoy siendo especialmente cuidadoso en este momento con el lenguaje, pero es que nuestra preocupación es seria e inmediata, ahora mismo, en este momento, no al año que viene. Hay
convocados concursos de especialistas en modelos de riesgo de crédito y en modelos de riesgo de mercado, que era una función que desarrollábamos tradicionalmente hasta hace dos años los inspectores de entidades de

Página 40

crédito con el apoyo de los economistas titulados del Banco de España o al revés, lo desarrollaban ellos con nuestro apoyo, tanto da, da exactamente igual. Se acaban de convocar concursos de especialistas y parece que hay un examen, parece
que hay una serie de cuestiones pero nada parecido a lo que se correspondería con una verdadera Administración pública y con los procesos de acceso de la Administración pública. A los técnicos -no personal del grupo directivo, como en el caso de
los inspectores de nivel 9 hacia arriba-, técnicos de nivel 10 hacia abajo, gente que ha entrado por oposición pura y dura, que ha demostrado sobradamente sus competencias técnicas, personales y profesionales y se les niega el acceso a esos puestos
de supuestos especialistas. Y -dado lo específico de nuestra formación y de nuestro acceso- finalmente son esos técnicos en muchas ocasiones los que tienen que formar a los especialistas que entran para cubrir el puesto de nivel 7 o de nivel 6. En
el Banco de España los niveles se mueven en sentido contrario al de la Administración General del Estado, cuanto más bajo es el nivel más alta es la posición en el escalafón. Tenemos técnicos perfectamente competentes a los que no se les posibilita
el acceso a esos puestos, a los que no se permite acceder a ese tipo de puestos a pesar de que han entrado por oposición pura y dura y no han aprobado con un 2. Se está sobrevalorando el idioma inglés y desde el punto de vista de la asociación es
algo absolutamente demencial. Al Banco de España -permítanme y discúlpenme porque estoy siendo quizá demasiado atrevido- hay que llegar aprendido; luego es verdad que la profesión, como cualquier otra, se aprende con la experiencia, pero hay que
llegar sabiendo porque desde el primer minuto tienes responsabilidades. El inglés se puede aprender después, lo importante de la estabilidad del sistema financiero no es tan fácil aprenderlo después.


Estamos seriamente preocupados, señor Montero, muy preocupados y no es en el medio plazo sino en el corto plazo, en el inmediato plazo. Gente que viene como asesores, incluso de subgobernadores y de gobernadores anteriores, que vienen como
personal de libre designación, siguen instalados en el Banco de España después de la salida de aquellos en un nivel jerárquico que el 90 % del colectivo de inspectores y de técnicos del Banco de España no alcanzará jamás. Se encuentran en niveles
de toma de decisión y con unos salarios realmente relevantes, unos salarios a los que no tendrá acceso la plantilla que ha entrado por oposición, se marcha quien les trajo y ellos se quedan. Es una situación muy preocupante, en el medio plazo
porque estamos acabando por ser una rara avis y sí creemos que se compromete la independencia y además, insisto, se compromete la eficacia de nuestra función. Al banco hay que llegar aprendido, igual que se llega aprendido a la inspección de
trabajo, a la inspección de seguros, al cuerpo diplomático, a la enseñanza pública, a la sanidad se llega aprendidos. Uno no se pone a aprender a ser médico tras pasar la oposición por hablar inglés. Cuando dentro de cinco años todos podamos
llevar en el oído un dispositivo inalámbrico que nos permita la traducción simultánea en cualquier tipo de idioma, vamos a tener un colectivo enorme en la plantilla del Banco de España que hablará un magnífico inglés y no tendrá ni idea de la
diferencia entre cargar en reservas o en pérdidas y ganancias. Eso sí, hablará un magnífico inglés good for nothing porque ya tendremos el dispositivo electrónico que nos permitirá una traducción simultánea y, claro, la plantilla del Banco de
España no se incorpora con un enfoque cortoplacista sino a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente que quizá no trae la adecuada preparación en materia de supervisión prudencial pero en cambio hablan magníficamente no sé cuantos
idiomas? Que está muy bien, no es una cosa que esté mal pero obviamente no puede ser lo principal cuando de lo que se trata es de supervisar entidades de crédito.


Por último..., no consigo ser breve, les ruego que me disculpen, pero es que este tema nos preocupa de una manera muy inmediata, y ante el inminente cambio en la alta dirección del Banco de España por razón de plazo, de alguna manera parece
que este proceso esté acelerado. Parece que se intenta hacer a toda velocidad, siempre hay una excusa, señor Montero: es que hace falta plantilla, hace falta personal, hay que incorporar rápidamente, os quejáis de falta de medios... Bueno, a lo
mejor lo que habría que hacer es poner al frente del área de planificación de supervisión a personas más apropiadas para planificar las necesidades, para determinarlas, pero un inspector no se crea de un mes para otro, ni mucho menos, como tampoco
se crea un inspector de Hacienda o un inspector de seguros. Eso no es factible. La excusa de que hay que incorporar plantilla, sí, pero vamos a incorporarla bien y respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad; vamos a aprovechar
todos los recursos que ya están dentro del Banco de España, los técnicos de supervisión, los técnicos de cualquier área que han acreditado sobradamente su mérito y capacidad. Perdón, he vuelto al mismo tema.


Aquí de nuevo no hay un sí o un no en materia del contraste -entiendo que se refería usted al contraste de la información financiera suministrada por las entidades-. De nuevo, coloquialmente, estamos viviendo de las rentas. Hasta el 4 de
noviembre de 2014, independientemente de todo lo que se

Página 41

ha expuesto durante esta comparecencia, una cosa sí tenía el Banco de España, que era la información precisa y certera del estado real de todas las entidades de crédito de nuestro país. Contábamos con la información precisa y certera de la
situación contable y real de estas entidades y ahora vivimos un poco de las rentas. La organización de la supervisión en base a equipos de seguimiento continuo y en base a inspecciones in situ u on-site, en terminología anglosajona, el Banco
Central Europeo, a través de la señora Danièle Nouy, nos ha remitido en un correo electrónico en el que nos quieren hacer ver que bajo ningún concepto los responsables de los equipos, de los Joint Supervisory Teams, como se denominan, los compañeros
de la supervisión francesa dicen que los miembros de los JST, como es mi caso -son las siglas de je suis employé, yo soy plantilla- que más o menos es fundamentalmente -de una manera algo caricaturesca, discúlpenme-, en gran medida, el contenido del
trabajo de muchos de nosotros en la actualidad, rellenar plantillas para asegurarnos que en el sistema informático se han cumplido los hitos, los tiempos, los plazos, etcétera. Por supuesto, nadie mira un expediente de riesgo de crédito porque no
hay medios pero, eso sí, la plataforma informática de supervisión del sistema central europeo les puedo asegurar que la llevamos perfectamente al día. Luego quizá no pague nadie un crédito pero eso sí, el sistema informático, frente a eventuales
responsabilidades judiciales o jurídicas a futuro, garantizará que todos los responsables de la supervisión europea han cumplido con los hitos que marcaba el propio Banco Central Europeo, las propias normas que el Banco Central Europeo se imponía.
Eso va a estar fuera de toda duda. No, no se contrastan suficientemente las cifras que están suministrando las entidades. Las entidades españolas están en su gran mayoría en manos de excelentes gestores y tenemos muy pocas dudas acerca de la
fiabilidad de las cifras que nos están suministrando en este momento, pero de todos es sabido que cuando una entidad empieza a tener problemas lo primero que no se ajusta a la realidad son precisamente las cifras suministradas.


Se nos dice a los equipos de seguimiento continuo que si tenemos dudas acerca de la calidad de las cifras suministradas se traslade un requerimiento de inspección al ECB para que en el año siguiente, en el ejercicio siguiente, se dediquen
medios a la inspección on-site. No hace falta que describa mucho más, es decir, el equipo de seguimiento detecta eventuales inconsistencias contables o en la cuenta de resultados y nosotros tenemos que elaborar en unos plazos y en unos periodos un
conjunto de solicitudes a la denominada DG4, a la Digifort de Frankfurt, pidiendo que, por favor, dediquen medios al año siguiente para inspeccionar las dudas que teníamos un año antes. Además, esas inspecciones están brutalmente acotadas en
materia de tiempo, hay que cumplir la planificación. Tú llevas cinco semanas inspeccionando y te encuentras indicios relevantes en materia de prevención de blanqueo de capitales o de otras carteras deterioradas, pero como no son las que has ido a
inspeccionar, no estás autorizado a ampliar tu inspección. Eso sí, lo incorporarás en tu informe y quizá el año que viene, si hay medios, se destinará una inspección a realizar una inspección sobre eso que tú has detectado un año antes pero que,
por razón del plazo, porque se nos presiona, porque las inspecciones tienen que acabar en seis u ocho semanas, dependiendo de las inspección, tenemos que salir a toda velocidad para llegar a tiempo de marcar el check en el sistema informático.


Las entidades por supuesto conocen muy bien su negocio y nos conocen también muy bien a nosotros, saben en qué contexto nos estamos desenvolviendo y saben que cuánto más se retrasen en facilitarnos la información que necesitamos para esas
inspecciones on-site, el tiempo corre a su favor porque nosotros a las seis, ocho o diez semanas, el plazo que esté fijado, tenemos que irnos. Podemos poner una nota en el sentido de que ha habido una cierta resistencia a la actividad supervisora,
algo que estaba contemplado de manera muy firme en la Ley de disciplina e intervención, y ahí sí que no había resistencia a la actividad supervisora, la ley lo imposibilitaba. Me he extendido muchísimo, lo siento. Y sí, respuesta exactamente
igual: contabilizar cargando en reservas lo que debería ir a cuenta de pérdidas y ganancias, desde nuestro punto de vista, es un error contable y desde el punto de vista del Código de Comercio, también.


Señor Saura, le insisto en que estoy de acuerdo con parte de su argumentación. Entiendo que esto se está transformando casi en un debate pero creo que es un debate informativo, nos estamos informando mutuamente. Comparto parte de su
argumentación pero de nuevo me tengo que referir a que hay muchos expertos, muchas opiniones y muchos estudios y conclusiones de que las crisis son inevitables o no son inevitables o son inherentes al sistema... Las crisis tendrán que ocurrir o no
pero en unos sitios ocurrirán de una forma, con más virulencia y en otros con menos, en función de la protección que se tenga frente al estallido de esas crisis. Aquí ha habido algún compareciente que ha hecho referencia a un axioma, ¿verdad? Los
axiomas se han venido utilizando en el sentido que a cada cual le convenía. Se ha utilizado el famoso axioma de 'esta vez es diferente'. Es cierto, en la crisis financiera del año 2006 y siguientes

Página 42

también se utilizaba ese axioma, se hablaba de redistribución de riesgo a través de los instrumentos de los bonos de titulización, de redistribución de riesgo en el total del sistema, de mitigación de riesgos a través de la redistribución.
Es verdad, ese axioma se utilizaba pero quizá a alguno de los comparecientes se le ha olvidado reconocer que ellos mismos estaban utilizando otro axioma cuando decían que esta ha sido una crisis de proporciones incalculables, absolutamente
inesperada que excede de todo lo conocido anteriormente. Sí, es cierto, y en el resto de crisis también. La crisis bancaria de 1908 también fue superior a la que nunca se había experimentado en el ámbito financiero, qué hablar de la de 1929, qué
decir del crash bursátil de 1987. Eso también es un axioma. Llegar aquí, comparecer y decir que esta crisis era absolutamente impredecible, ha superado todas nuestras expectativas. ¿Es que las crisis anteriores no lo hicieron? Precisamente, por
eso es una crisis porque se supera toda la expectativa que uno pueda pensar o prever y por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de establecer medidas prudenciales. En cuestión de medidas prudenciales tiene toda la razón con que se puede llegar a
hacer quebrar entidades por razón de la exigencia de unos cumplimientos muy estrictos o de una intervención muy temprana. Tiene razón, pero nosotros ya lo hemos dicho. La regulación contable que se está implantando en toda Europa no es simétrica y
puede llevar a entidades que hoy en día no tienen problemas a tener auténticos problemas. Estamos de acuerdo. Pero la consecuencia no puede ser un relajamiento en la supervisión sino una adecuada especificidad a la hora de desarrollar la
regulación y de aplicar la supervisión. No puede conducirnos al relajamiento en las normas.


En relación con la evolución del PIB creo que no nos vamos a poner de acuerdo. El señor De la Torre ha dado un dato distinto al que ha dado usted pero es que dispongo de otro dato distinto. (Risas.-El señor Saura García: No puede ser, la
contabilidad financiera es la que es). Vamos a ver, los datos de los que dispongo que creo que están incorporados en la causa BFA Bankia hablan de un descenso en el primer trimestre del 0,5 % del PIB; en el segundo trimestre, del 0,4; en el
tercero, del 0,5 y en cuarto del 0,4. No digo que no sea un descenso del PIB relevante, no hemos manifestado eso en ningún momento. Estamos diciendo que no estamos en una situación de recesión económica en la que de repente ocurre un terremoto y
entonces las entidades se mueren, no. Estamos diciendo que eso no tuvo lugar. Tuvo lugar una segunda recesión, la curva gradiente de deterioro pudo ser algo mayor pero, insisto, por qué no quebraron detrás el resto de entidades.


No puedo responder de manera concreta a la cuestión de las presiones de la industria bancaria. Los lobbies existen y los lobbies bancarios también existen pero la asociación no tiene formada una opinión explícita y desarrollada que pueda
compartir con ustedes. Desde luego, los lobbies existen. La primera vez que acudí al ECB para una reunión de trabajo me equivoqué de portal -es una anécdota- y entré en el portal justo anterior. Cuál fue mi sorpresa al ver que era el típico
edificio de oficinas en el que en cada planta hay una determinada empresa y un cartel que lo anuncia. No lo recuerdo exactamente pero en el portal de al lado de donde estaba en ese momento el MUS las empresas que estaban allí eran BNP Paribas,
Deutsche Bank, Crédit Agricole, etcétera; en el portal de al lado. Era factible físicamente establecer una comunicación directa entre ambos edificios a través de cualquier pared. No podemos ir más allá de eso, por supuesto.


Señor Saura, en cuestión del voto particular, pido profundas y serias disculpas a los compañeros afectados por el caso Bankia. Yo no comparto ni la asociación comparte la cuestión penal porque, para empezar, no es nuestra función. Lo que
he hecho de manera torpe, y pido disculpas por ello a mis compañeros y, en primer lugar, a usted, señor Saura, es decir que la descripción de los hechos que allí se contiene se ajusta bastante a la realidad de lo ocurrido. Las consecuencias penales
o no, si tiene que tener consecuencias penales, las que no tenga que tener no nos corresponden a la Asociación de Inspectores. He sido demasiado temerario al exponerlo, al decirlo sin más matices, insisto por la presión de la brevedad, por la
presión de la exposición. Nosotros lo que compartimos es la descripción de los hechos que allí se contienen. Luego ya cada persona individual, cada asociado individual de la asociación compartirá o no el enfoque desde el punto de vista penal. Le
pido disculpas por anticipado; tiene usted toda la razón.


Señor Aguirre, comenta usted que la dirección del Banco de España sabía que los estados financieros de BFA Bankia no expresaban la imagen fiel, que la dirección del Banco de España sabía que en la reformulación de cuentas no se expresaba la
imagen fiel. En cuanto a si la dirección del Banco de España sabía que la reformulación posterior de cuentas, también la de 2012, ya con el señor Goirigolzarri al frente, los peritos judiciales del Banco de España, al parecer en sus escritos -los
peritos en eso son bastante taxativos-, dicen literalmente que esas cuentas son falsas. Pues sí, señor Aguirre, yo entiendo que sí;

Página 43

estoy convencido de que la dirección del Banco de España sabía o debería saber que esos estados no representaban la imagen fiel. Lo que ocurre es que como, de nuevo bien señala Aristóbulo de Juan, los malos supervisores son cautivos de sus
malas decisiones anteriores, y cuando uno entra en una sucesión de malas decisiones va siendo cautivo de todas las malas decisiones tomadas anteriormente e intenta comportarse de manera coherente, si se puede usar ese término, respecto a los errores
anteriores.


Señor De la Torre, estoy totalmente de acuerdo, no cabe duda de que la modificación en materia legal en relación con las cajas de ahorros de 1985 tuvo su efecto, un efecto quizá no del todo deseable. Sobre cómo vemos nosotros la cuestión
del temor a que nuestras opiniones no se vean adecuadamente reflejadas, esto es algo que debería mover a la reflexión a la dirección del Banco de España, en el sentido de que nosotros precisamente lo que estamos reivindicando no es más sueldo con
menos responsabilidad, sino el mismo sueldo con más responsabilidad. Nosotros lo que reivindicamos para la plantilla del Banco de España, en concreto en el ámbito de la supervisión y regulación, es que se respete nuestra firma exactamente igual que
se respeta en cualquier otro ámbito de la Administración pública. Los informes de un inspector de Hacienda llevan su firma y por supuesto que se puede equivocar, y por eso al frente y por encima de él hay gente con mayores conocimientos, más
experiencia o por cualesquiera otros motivos; naturalmente, pero la revocación es también argumentada por escrito y también se incorpora a la firma. Es lo que nosotros estamos reivindicando.


En este sentido, puedo anticipar a sus señorías que les vamos a remitir una propuesta legislativa que desarrolle lo que algún partido político en las elecciones ya de 2011 y en las de 2015 y 2016 incorporaba en su programa electoral, que era
el desarrollo del estatuto del inspector de entidades de crédito. Tenemos ya desarrollada, en colaboración con distintos bufetes de abogados, una propuesta legislativa muy avanzada y, con el máximo respeto a esta Cámara, se la vamos a hacer llegar
por si es de su interés. Nosotros estamos convencidos de que es perfectamente compatible con el entorno del MUS y de la unión bancaria, pero si no es así, podemos discutirla y realizar labores de asesoramiento y participación, etcétera. Creemos
que es perfectamente compatible con el MUS y daría respuesta a una inquietud que tiene este colectivo desde hace muchísimos años.


Unas últimas palabras para transmitir un concepto en el que tampoco he estado -discúlpenme- demasiado acertado a la hora de cuestionar el proceso de unión bancaria. Nosotros somos tan europeístas como el que más, la Asociación de
Inspectores de Entidades de Crédito se manifiesta en el sentido de la integración europea, no hay ninguna duda, pero hay muchas formas de integrarse. Nosotros lo que estamos cuestionando no es que no se armonicen las normas, todo lo contrario, pero
que se armonicen bien, no a golpe de reglamento europeo sin que se tenga en cuenta toda la legislación mercantil, civil y laboral que previamente habría que haber armonizado antes de sacar adelante un reglamento de supervisión. Nosotros lo que
defendemos, por ejemplo, es que se avance por la vía de una efectiva integración a través de una suerte de agencia supervisora europea de tal manera que no haya problemas en relación a que el conocimiento y la experiencia en la mayor parte de los
casos están en las autoridades centrales, en el Banco de Francia, en el Banco de España, en el Banco de Italia y, sin embargo, los salarios altos y las decisiones están en Frankfurt -en Frankfurt también hay mucho conocimiento, esto ha sido una
simplificación bastante grosera; en Frankfurt también hay mucho conocimiento-, pero es cierto que el conocimiento más cercano de las entidades, por motivos obvios, está en el supervisor nacional. A través de una agencia de supervisión europea se
eliminarían todos estos conflictos jurídicos, laborales y de funcionamiento interno.


La otra posibilidad que nosotros también entendemos como más que razonable es que se aplique con mayor potencia el principio de subsidiariedad o el principio de proporcionalidad, de tal manera que los más capacitados para llevar a cabo la
supervisión de entidades financieras, que son las autoridades nacionales, lleven a cabo esa supervisión e informen a un regulador o a una agencia supervisora única europea de sus conclusiones, pero respetando la soberanía nacional y una especie de
principio de subsidiaridad. No obstante, también podemos ir al otro extremo y llegar a una integración más efectiva, lo que no tiene sentido alguno -y termino con una anécdota pero ustedes la pueden extrapolar al funcionamiento de la supervisión-
es que a mí las órdenes me las dé una persona de Frankfurt y las vacaciones me las firme una persona que tiene su oficina o despacho en Cibeles, eso no tiene sentido ninguno, extrapolen eso al procedimiento supervisor.


Quiero terminar con unas palabras -ahora sí- de agradecimiento, en primer lugar, a ustedes. Les queremos agradecer esta oportunidad que esperamos que haya sido de verdad de utilidad independientemente de lo delicado de las cuestiones que se
han tratado, pero aprovechando esta

Página 44

comparecencia, que aunque sea una comisión de investigación no deja de tener un cierto carácter público, queremos poner en valor también la figura de la mayor parte de la plantilla del Banco de España y discúlpenme en esto que es casi un
ataque más racial que supervisor. El Banco de España somos nosotros cuando se habla del Banco de España y los inspectores; nosotros somos mucho más Banco de España que muchos. La mayor parte de nosotros no estamos de paso, tenemos muchas opciones
de movernos a las auditoras, a las consultoras, a bancos privados, etcétera, y la gran mayoría no lo hace, y el lo hace no hace mal por hacerlo en absoluto, no es una crítica, pero quiero decir que estamos muy comprometidos con la función del Banco
de España. Nosotros no estamos de paso; sin embargo, los que toman decisiones contra el Código de Comercio esos sí están de paso. Entonces, cuando se dice que la plantilla se enfrenta el Banco de España, no, no, no; las personas que por cuestión
de libre designación o por el procedimiento que corresponda están tomando las decisiones se enfrentan al Banco de España, a los 2800 empleados del Banco de España, que somos nosotros.


Muchas gracias por todo y siento haberme extendido tantísimo. Un placer.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez Ruiz, por su declaración, también por las aportaciones que ha hecho y las que ha quedado en hacer por escrito. Transmita a todos los inspectores el agradecimiento de esta Comisión por el
servicio público que prestan.


El señor Quintás está fuera, vamos a dar dos minutos de descanso. (Pausa).


- DEL SEÑOR QUINTÁS SEOANE, EXPRESIDENTE Y EX DIRECTOR GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS (CECA), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/000832).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la segunda comparecencia de la Comisión de hoy, del señor Quintás Seoane. En primer lugar, intervendrá el compareciente para informar en relación con el objeto de la Comisión. A continuación intervendrán
los grupos solicitantes de la comparecencia por un tiempo de siete minutos, seguidamente los portavoces de los restantes grupos parlamentarios de menor a mayor, con el mismo intervalo de tiempo, y el compareciente contestará conjuntamente a las
intervenciones de los diferentes portavoces para cerrar la comparecencia.


Damos comienzo pues a la comparecencia del señor Quintás Seoane, a quien agradezco su disponibilidad. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado al compareciente la posibilidad de
poder comparecer acompañado de la persona que designe para asistir. Asimismo esta Presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada ley orgánica. Le recuerdo
igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio.


Señor Quintás Seoane, tiene la palabra para hacer su exposición inicial.


El señor EXPRESIDENTE Y EX DIRECTOR GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS, CECA (Quintás Seoane): Muchas gracias, señora presidenta. Perdone un segundo, a ver si me sale el esquema. (Pausa).


Señora presidenta, señorías, buenas tardes. En primer lugar, disculpen este retraso que por razones tecnológicas se ha añadido a la mucha y larga espera que han tenido que soportar sus señorías. Comparezco ante esta Comisión atendiendo al
requerimiento de la presidenta del Congreso de los Diputados para ofrecer una reflexión sobre la crisis financiera en España. El periodo fundamental de mi análisis va a abarcar de 2000 a 2010, pues en marzo de 2010 es cuando ya abandoné toda
actividad al frente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Por supuesto comparezco aquí sin ningún tipo de representación y a título estrictamente personal, y aunque la crisis no fue solamente de cajas, en el sentido de que fueron
impactados y con gran severidad multitud de instituciones y organismos en España, limitaré mi intervención al perímetro de las cajas por ser el ámbito más directamente vinculado con mi experiencia profesional. También les anuncio que mi enfoque va
a ser estrictamente microeconómico, puesto que va a ser la mejor forma de contribuir por mi parte a los trabajos de esta Comisión.


Desde el momento en que nos vamos a plantear las causas que llevaron a la crisis de las cajas de ahorros es evidente que tendré que repasar las malas prácticas que ha habido sin duda alguna en estas instituciones, los problemas de
gobernanza, graves también a mi juicio, del Banco de España, y los problemas de los sucesivos desde el punto de vista del buen funcionamiento del país Gobiernos de

Página 45

España o autonómicos. Como ya veremos en la última parte, de resumen, estos constituirían la lista completa de los que podríamos llamar agentes que contribuyeron al desarrollo y final de la crisis, por supuesto, con distintos niveles de
responsabilidad.


Si tenemos que referirnos a las malas prácticas, a los errores estratégicos, y en algunas ocasiones a hechos que los tribunales han considerado delictivos, me gustaría desde este mismo momento dejar constancia de que la mayoría de las
conductas de los distintos colectivos a los que acabo de referirme han sido ejemplares, y de que ha sido el comportamiento de unas minorías el que ha afectado muy negativamente a la imagen conjunta de esos colectivos. Desde este punto de vista, y
en lo que hace referencia a las cajas, me gustaría salvar la conducta de aquellas cajas que han sabido surcar la crisis sin ningún tipo de problema grave que no hubieran podido superar por sus propios medios, pero también quiero referirme a aquellas
cajas que no llegaron al final del camino no por sus propios errores, sino por los del regulador o de los Gobiernos a los que estaban sometidos. Creo que ambos colectivos constituyen el conjunto de los que tendríamos que eximir de esta crítica.
También en el ámbito de los reguladores y supervisores desde el Gobierno al Banco de España se puede destacar la existencia de múltiples estrategias que han sido muy acertadas y que podríamos calificar de éxito. Sin embargo disculparán ustedes que
yo no dedique parte de mi tiempo a ensalzarlas, porque estoy absolutamente convencido de que destacados representantes de estas entidades lucirán aquí muy bien los éxitos que han tenido; de hecho ya han empezado a hacerlo -eligiendo muy bien el
supuesto bandera- los destacados representantes del Banco de España incidiendo en las provisiones procíclicas como ejemplo de las muchas cosas que han hecho. Por tanto, salvamos a parte de los agentes, salvamos parte de lo que han hecho, y sobre
todo me gustaría salvar -y con esto termino ya este preámbulo- a la inmensa mayoría de los profesionales que han servido en todas estas instituciones financieras, reguladoras o gubernamentales. ¿Por qué? Porque en la inmensa mayoría de los casos
los errores fueron cometidos por los órganos de gobierno o por las cúpulas directivas, mientras que los profesionales se ganaron honestamente su remuneración al servicio de las distintas instituciones.


Estructuraré mi intervención en cinco partes. La primera y la segunda las dedicaré a las malas prácticas en las cajas de ahorros. La tercera tendrá como objetivo el análisis de lo problemáticos que han resultado los Gobiernos autonómicos y
de España. En la cuarta parte desplazaré la atención al Banco de España, y finalmente, en una última parte muy breve, haremos un repaso a las consecuencias de esta crisis.


La primera parte, la de las malas prácticas en las cajas de ahorros, tiene que iniciarse con una referencia a la gobernanza de las cajas, porque a mi juicio es uno de los factores clave que han condicionado todo el proceso. Ustedes saben
que las cajas de ahorros tienen una historia de ciento ochenta y dos años en España, y que a lo largo de ella han rendido muy buenos servicios, tanto en el ámbito financiero como en el ámbito de la obra social. Saben ustedes también que a lo largo
de esos casi dos siglos han manifestado una resiliencia muy superior a la de la banca; hasta tal punto que nunca hasta ahora había quebrado una entidad y nunca hasta ahora había absorbido su liquidación o su quiebra recurso público alguno. Por
ello la gran pregunta que aquellos que hemos contribuido a este sector financiero nos hemos hecho en los últimos años es cómo es posible que, con una historia de tal brillantez, haya desaparecido prácticamente el sector y lo haya hecho en dos años:
2010 y 2011. Responder a esta pregunta es justamente el objetivo que mi exposición. Como primer factor indudablemente, en el núcleo mismo de la explicación de esta crisis, tenemos las malas prácticas en las cajas de ahorros, derivadas de un
problema grave en su gobernanza.


Saben ustedes que en el año 1977, como un capítulo importante en la lucha permanente de casi dos siglos de las cajas de ahorros para mantener su libertad frente a los poderes públicos, las cajas recuperan su libertad con respecto a los
poderes públicos y su plena capacidad operativa. En muy poco tiempo asombran a propios y extraños pasando rápidamente -podríamos decir que desde una perspectiva histórica- desde una cuota de un tercio a una cuota de la mitad del sistema. Sin
embargo la otra fecha que debemos recordar es que en el año 1985, con la Lorca, Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros, y muy particularmente con una sentencia del Tribunal Constitucional de tres años más tarde, las competencias que se
atribuían inicialmente al Banco de España y al Gobierno palidecieron al lado de las que se les reconocían a las comunidades autónomas. Consecuencia de todo ello es que las comunidades autónomas se encontraron con un enorme poder regulatorio, y lo
aprovecharon en su propio favor autoconcediéndose grandes facultades para la designación de miembros de los órganos rectores de las

Página 46

cajas de ahorros. Estoy seguro de que todo esto lo conocen sobradamente, pero tiene tal importancia para comprender los problemas de gobernanza que me he permitido dedicar estos dos minutos a recordárselo.


En el ejercicio de estas competencias en España se llegó a una situación en la que muchas cajas tenían más del 70 % de los miembros de sus órganos de gobierno designados por corporaciones locales, por la comunidad autónoma, es decir, con un
origen político. Por tanto fue extremadamente fácil proceder a la captura de las cajas por los Gobiernos autonómicos que desearon hacerlo, teniendo el control de sus órganos de gobierno. Quizá el peor problema vino derivado de que, para garantizar
esa captura, muy frecuentemente en la designación de los órganos de gobierno se atendió más a afinidades políticas, a fidelidades a veces incluso personales que a la competencia profesional estricta. También sería de justicia reconocer que en
algunos casos personas designadas quizá en virtud de su protagonismo político demostraron luego tener dotes profesionales para ejercer el cargo, es decir, no todos los designados a dedo resultaron malos miembros de los órganos de control, pero sí
que estamos hablando de la mayoría, del color general de estos términos.


No es extraño entonces que se produjeran varios fenómenos en el mundo de las cajas; por ejemplo, que se utilizase el poder regulatorio como un arma para mantener el control de una caja frente a otro grupo rival del propio partido, modificar
la ley de esa caja concreta para conseguir esto, o bien que se utilizasen recursos importantes para conseguir que entre los designados por la comunidad autónoma estuviera el presidente de la comunidad. En fin, toda esta serie de cosas que han
estado en la prensa durante los últimos veinte años y con las que no les voy a entretener. Lo cierto es que, además de estas designaciones personales y precisamente por ellas, en el funcionamiento de estos órganos de gobierno encontramos dos graves
problemas de gobierno corporativo. El primero de ellos, que no es solo de las cajas, pero yo solamente hablo de las cajas, es la baja sensibilidad al riesgo y la escasa implicación de esos órganos de gobierno en lo que sería la estrategia de riesgo
de estas entidades. Consecuentemente los órganos que tenían que fijar la orientación a los gestores y el control de su actividad respecto del elemento más fundamental en el mundo financiero, que era el riesgo, resultaron ser más bien indiferentes
al mismo, y este es un gravísimo problema de gobernanza en una entidad financiera. Justo es decir también que en algunas ocasiones las cúpulas directivas en algunas cajas establecieron pactos, que a veces fueron modestos en su alcance y razonables
en su contenido, con las fuerzas políticas mayoritarias que controlaban esa comunidad autónoma, y consiguieron así una independencia razonable no solo para tomar sus decisiones, sino para vincularlas a los objetivos estatutarios de su caja. Hago
este inciso para procurar que mis palabras no se generalicen a la totalidad de los colectivos, porque dejaríamos una visión injusta por incorrecta.


Al lado de ese problema de mala gestión del riesgo nos encontramos con otro problema. Mientras que del primero yo he leído muchas veces, del segundo no es tan frecuente que yo haya leído algo. El segundo es que esa designación llevaba
consigo el derrumbamiento de uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de una entidad financiera o en general de una empresa -al fin y al cabo las cajas estatutariamente eran fundaciones privadas con fines sociales-, y es que los
órganos de gobierno controlen a los gestores. En la misma medida en la que había gestores con venia política y que quienes concedían tal venia controlaban el 50, el 60 o el 70 % de los órganos de gobierno, es fácil comprender que estos órganos de
gobierno podían ya controlar a los gestores. Pudiéramos decir, utilizando terminología ya técnica, que los gestores capturaban los órganos de gobierno, y este es otro gravísimo problema de gobernanza. Si unimos los dos las consecuencias que
tenemos son las que, por ejemplo, los inspectores del Banco de España supieron detectar y denunciar en la célebre carta de la que han hablado hace unos minutos, y tantas veces en las reuniones de esta Comisión.


Una de las primeras consecuencias de esta captura de los órganos de gobierno por parte de los gestores fue algo aparentemente sutil y razonable, pero que tuvo consecuencias muy importantes, y es el abandono progresivo de los sistemas de
remuneración de la alta dirección tradicionales en las cajas para sustituirlos por otros típicos en la banca comercial. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Es que estamos afirmando que un directivo de caja tiene que cobrar menos que uno de banco? No
me refiero a eso, me refiero a algo que es crucial. Ese desplazamiento de los argumentos de la función objetiva de la entidad a favor de los argumentos típicos bancarios quiere decir que, en lugar de los objetivos estatutarios típicos de una caja
de ahorros, que son la solvencia a largo plazo y la responsabilidad social, aparecieron otros objetivos de tipo cortoplacista, básicamente beneficio y tamaño del balance en el ejercicio. Y eso sí que supuso un cambio radical en las decisiones que
se tomaban en una caja, porque habíamos sustituido la regla a través de la cual se remuneraba a sus gestores, y no había nadie que utilizase el sistema de

Página 47

remuneración como se hace en la empresa de mercado, en la sociedad anónima, aunque no siempre con total éxito, de utilizar el sistema de remuneración para alinear los intereses de los gestores con los intereses de la entidad. En este caso
los gestores habían impuesto sus intereses. De aquí, ¿qué se desprende? Pues que aumentasen el balance y el beneficio a corto plazo, un despliegue territorial nuevo de la red de sucursales, un aumento del tamaño de los créditos, etcétera.


De todas estas consecuencias quizá la más importante fue cómo las cajas siguieron la ruta que había iniciado años antes -no muchos más, dos o tres años antes- la banca comercial. La banca comercial como ustedes saben cambió su modelo típico
de negocio, de financiar los préstamos con los depósitos, a medida que se lanzaba el volumen de los préstamos, a otro sistema mucho más arriesgado, que era financiar los préstamos con fondos obtenidos en los mercados mayoristas. Pues bien, unas más
tarde y otras más temprano las cajas siguieron la ruta de los bancos y empezaron a modificar su modelo de negocio, y era un modelo extremadamente peligroso bajo ciertos escenarios; escenarios donde los tipos de interés subieran, donde se
endurecieran las condiciones de mercado mayorista; en fin, condiciones que todos sabemos que llegaron más tarde con la crisis. Habían abandonado un modelo seguro por otro modelo de riesgo. Pero recuerden que era un modelo que aumentaba
notabilísimamente las posibilidades de crecimiento de los balances, que era el argumento de las funciones de remuneración de la dirección. Como ven está todo entrelazado.


Consecuencia de esto, y unido a esa baja sensibilidad al riesgo de los órganos de gobierno, nos empezamos a encontrar o mejor dicho se encontró la Inspección del Banco de España estas cosas, extraordinariamente profesional en su análisis
minucioso de las entidades, lo que pasa es que nos enteramos solo cinco años más tarde, ya que recordarán ustedes que esa carta solamente tuvo difusión pública gracias a un artículo de El Mundo de 2011, cinco años más tarde. Lo cierto es que ahora
sabemos que entonces ya encontraban estas cosas; encontraban una concentración inadecuada de riesgos; encontraban la concesión de créditos con garantías insuficientes; encontraban respaldo accionarial o concesión de préstamos a iniciativas
industriales o a proyectos de infraestructura de muy poca viabilidad de futuro. Por supuesto déjenme hacer aquí de nuevo la salvedad de que, al lado de estos malos hechos de los que dejamos constancia, también hubo cajas que hicieron una prudente
opción de riesgos y una gestión más adecuada de los mismo, de lo que recogerían sus frutos cuando viene la crisis financiera y se encuentran con muchos más grados de libertad para surcarla.


Pasamos ya a la segunda parte. La segunda parte la titularía Doble recesión, rigidez de capital y huidas hacia adelante. En diciembre del año 2007, con muy poca coincidencia con lo que decían entonces casi todos los agentes económicos, y
desde luego lo que decía el Gobierno, y quizá el propio banco, no estoy seguro de esto último ya en estos momentos, di una conferencia que era simple reflejo de lo que venían siendo mis prédicas, pongámoslo entre comillas, al sector en distintos
ámbitos, como asambleas generales, reuniones de directores generales, etcétera, pero esta vez dije: bueno, ya está bien de decirlo internamente; digámoslo públicamente que a veces hacen más caso de lo que ven en un telediario o en la prensa que lo
que les pueda decir yo face to face. En esa conferencia dije que habíamos entrado en un entorno de niebla y miedo, y que el entorno al que nos estábamos dirigiendo era extremadamente peligroso y exigía una reasignación rápida de los elementos
estratégicos de las entidades. Pueden ustedes ver que el mismo día salieron desde la AEB y desde múltiples empresas para decirme mil cosas, que si era confundir fiebre infantil con cáncer, que no había problema alguno de crisis, etcétera. Por lo
que sea, lo cierto es que por desgracia en muy poco tiempo mi diagnóstico fue confirmado por las turbulencias que nos llegaron y por todas las consecuencias sobre el margen financiero, tipos de interés, etcétera. Lo malo es que es en entornos de
este tipo es donde la capacidad de gestión y la orientación y control ejercidos por los órganos de gobierno tienen máxima relevancia, hasta tal punto que sin duda han sido las entidades que tenían esta debilidad en sensibilidad hacia el riesgo o
profesionalidad suficiente en sus órganos de gobierno, y carecían además de capacidad de resistencia -léase capital- para hacer frente a lo que se venía encima, las que perecieron ya en los primeros compases de la crisis.


El problema de las cajas se complica porque, al lado de esa debilidad llamémosle de gobernanza, tenía otras tres debilidades muy importantes. La primera de ellas es que por imposición -razonable o no, pero cierta- del Banco de España, ni
siquiera la mayor de las cajas había podido desplegar redes en el extranjero. Pensemos que la banca compensó sus pésimos resultados en España durante las crisis gracias a los beneficios que estaba obteniendo en Latinoamérica, que sorprendentemente
la crisis respetó -la primera vez en la historia de las crisis globales que no toca a Latinoamérica-, pero lo cierto es que las cajas no tuvieron ese elemento de compensación.

Página 48

La segunda es que la estructura tradicional del negocio de las cajas estaba muy sesgada, porque era su líder histórico y es como empezaron su negocio de préstamos en la financiación a la vivienda. Además, por su origen social y su
desarrollo histórico, eran las familias y las empresas pequeñas el segmento más importante de su estructura de clientela; justamente los segmentos que más padecieron con la crisis y con las políticas de austeridad. Luego nos encontramos con que su
negocio en el lado del activo y su negocio en el lado del pasivo y del activo estaban muy sesgados ya históricamente hacia aquellos segmentos que iban a sufrir el mayor impacto de la crisis.


Y la tercera debilidad, y probablemente la más peligrosa de todas, es que las cajas de ahorros, por la regulación que tenían históricamente y desde cierto punto de vista razonable, y para muchos de los que controlaban órganos de gobierno
imprescindible -es uno de los pocos casos en los que no conseguí que el sector llegase a un consenso, fracaso que reconozco-, por esa limitación regulatoria tenían lo que se llama rigidez de capital. Dicho en castellano normal y corriente, no
tenían el canal que para la banca u otra sociedad anónima representan las acciones. Por tanto, su capacidad de financiación estaba limitada básicamente a la acumulación de reserva -sus propios beneficios- y también a los instrumentos híbridos, es
decir, los que combinan características de capital y de renta fija.


Las cajas no habían pensado nunca en esto, y cuando alguien se lo decía -fuera el Banco de España, fuera yo, fuera un analista o fuera el Fondo Monetario Internacional-, pensaban: ¿Por qué me habla este individuo de esta cuestión? Porque
durante treinta años su éxito empresarial fue tan fuerte que pudieron financiar una expansión enorme solamente sobre la base de sus beneficios. Es más, su expansión de recursos de capital fue más fuerte que la de la propia banca. Luego parecía que
se les estaba hablando de algo imposible, pero no era un imposible; era de un cisne negro de lo que se les estaba hablando y que en algún momento se presenta, como ocurrió justamente en esta crisis.


Efectivamente, cuando la crisis empieza a debilitar las cuentas de resultados de las cajas, se encuentran con que su fuente tradicional de financiación de capital se está volatilizando y entonces le quedan solamente los temas de cuotas
participativas, que, por su mala regulación inicial y por su enorme llamémosle timidez -por no utilizar un término más extremo- en la concesión de derechos de voto, no tenían posibilidad alguna de ser atractivas y resultar realmente un canal de
financiación en los mercados. Por ello la alternativa que les quedaba era la de los instrumentos híbridos de capital. Con los instrumentos híbridos de capital no hay ninguna condena a priori, son instrumentos más complejos pero un inversor
institucional es capaz de dominar perfectamente esa complejidad y saber lo que está haciendo. Tomará más riesgo que con una deuda de cupón seguro pero también obtiene mucha más rentabilidad, aunque sabe medir el riesgo. Por lo tanto no es una
condena a las participaciones preferentes en sí, por poner el ejemplo emblemático, sino que a posteriori, como han probado desde los tribunales, pasando por la CNMV y el Defensor del Pueblo en sus distintos informes, se recurrió a la red de
sucursales para vender al público minorista, que no está cualificado, salvo excepciones -si uno economista sí lo está pero no es lo normal que todos los clientes de una entidad financiera sean economistas- y además en muchos casos se les ofreció
-por lo que sabemos de estos procedimientos legales- como si fueran un equivalente a los depósitos a plazo o una deuda de cupón seguro y esto sí que era un problema, era más que un problema, era delictivo.


El problema inicialmente tampoco surge porque se pagaban religiosamente los intereses comprometidos, a los que querían vender se los recompraba la propia entidad, que luego se los vendía a otro por el valor nominal. Luego era un mundo
maravilloso donde, aparentemente sin riesgo, había una remuneración mucho más alta que la que daban los títulos de riesgo normal. ¿Qué ocurre? Que llega un momento -no vamos a perder en eso mucho tiempo porque lo conocen tan bien o mejor que yo-
en que se presentan problemas de liquidez de esos títulos entre otras cosas porque se prohíbe ya que las entidades los recompren y además los inversores institucionales que controlan los mercados donde se podían vender se dan cuenta de la inminencia
de riesgo en esos títulos, y son títulos que se quedan sin mercado, sin remuneración y sin recompra. De esa forma decenas de miles de españoles descubren abruptamente que las malas prácticas de su entidad habían puesto en gravísimo riesgo sus
ahorros. Esto tuvo dos salidas: la de las cajas y los bancos que no necesitaron ayuda pública, tardaron más o tardaron menos, hubo escenas dramáticas en algunos casos pero, al final, acabaron comprendiendo la razón de sus clientes y procedieron a
una reparación del daño causado y el reintegro en muchos casos fue completo, en otros -lo que decíamos antes del economista- les regatearon y les dijeron que tenían que saber que no era un título de renta fija, pero hubo una salida pactada bastante
razonable para el cliente. La otra salida supuso un problema gravísimo, el de las cajas que habían sido rescatadas con recursos

Página 49

públicos porque el memorándum firmado con la Comisión Europea prohibía tajantemente cualquier movimiento de este tipo, es decir, establecía que los tenedores de estos títulos tenían que ser los primeros en soportar la carga de la quiebra.
Entonces, por mucho que quisiera la entidad recomprarlo, no podía. Y tuvieron que ser los tribunales y los sistemas variados de arbitraje los que pusieran la razón en su sitio y, por un proceso más o menos largo, consiguieran la reparación de estos
clientes, pero en un proceso realmente dramático.


Hemos hablado de tres grandes debilidades. Cuando ya estamos en la plenitud de la crisis, el juego conjunto de estas tres debilidades a las cajas peor situadas en el nuevo escenario les lleva a una reacción muy típica en ese caso pero
terriblemente peligrosa, que es la huida hacia delante. La huida hacia delante consiste en profundizar en esas malas prácticas, añadir otras e incluso en algunos casos entreverándolas con hechos que los tribunales luego reconocieron como
delictivos. Nos encontramos así con una situación en la que si por un momento hacemos un comentario, nos va anticipando un poco cuál puede ser el desarrollo de esta exposición. No hay duda de que en este momento estas entidades pioneras en las
malas prácticas, no solamente las ahondan sino que empiezan a contagiar a otras entidades. ¿Por qué? Porque esas otras entidades sometidas a apuros parecidos se dan cuenta de la impunidad con la que están actuando las otras y entonces piensan: es
normal; no es que piensen: es delito, no, piensan: es normal. Oiga, si esto se hace, se hace y es conocido, yo también puedo hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente una buena regulación suprimiendo el origen de estas debilidades y
la baja sensibilidad al riesgo en los órganos de gobierno, así como una buena supervisión que diera sanciones ejemplarizantes a quienes las cometieran, probablemente habría detenido el problema en sus comienzos, donde habría sido razonablemente
fácil, comparado con lo que nos vino encima, resolver el problema. Es decir, no se habrían creado los grandes agujeros negros. Sobre este punto volveremos sobre este punto más adelante.


Tercera parte. Gobiernos problemáticos. Para acortar la exposición y hacerla más fácil, he residenciado en los Gobiernos no solamente sus propias competencias regulatorias sino también las de sus órganos legislativos correspondientes: el
Parlamento español para el Gobierno de España y los Parlamentos autonómicos para los Gobiernos autonómicos, atendiendo a que la iniciativa legislativa y el apoyo en las cámaras legislativas que tienen les hacen, de hecho, como saben ustedes mucho
mejor que yo, los protagonistas de esa labor legislativa, los que impulsan la labor. Luego, refundo aquí las dos cosas.


Poco voy a decir de los Gobiernos autonómicos porque los he criticado tanto a lo largo de mi vida profesional que es un tema que me tiene aburrido. Les diré solamente que cuando unas instituciones usan sus poderes regulatorios y de
inspección no para cumplir con los fines de dichas funciones sino a veces para obstaculizar a quien quiere realizarlas como era el Banco de España -fue muy frecuente este enfrentamiento entre el Banco de España y los poderes autonómicos regionales-,
o bien simplemente para obtener sus fines en cuanto a obra social, en cuanto a créditos, etcétera, de las entidades, ustedes comprenderán que estos Gobiernos, aunque tuvieran facultades de supervisión y de regulación, más que frenos o barreras a las
malas prácticas, fueron de hecho los principales impulsores de las mismas. Hay un punto que tengo que tocar de todas formas. En esta fase de la crisis en la que estamos ahora, uno de estos comportamientos de los poderes regionales fue
extraordinariamente nocivo. Fue el de que para no tener que compartir su influencia en una caja o cajas de su región con otras comunidades autónomas, se opusieron frontalmente a cualquier fusión interregional, y fusiones que hubieran sido muy
buenas para todas las partes porque suponían una diversificación geográfica, una diversificación del riesgo y que podían suponer que de verdad una caja buena librase de la insolvencia a otra caja peor a cambio de poder trabajar en su red, etcétera,
todo eso se quedó en el mundo, digamos, de las posibilidades no realizadas. Por el contrario, desde el momento en que pensaban que tener una caja grande era tener un brazo ejecutor financiero, como una especie de banco regional controlado, les
llevó a empujar fortísimamente, a veces con la complicidad explícita o implícita del supervisor, fusiones que solamente podían llevar al desastre con el que al final nos hemos encontrado. Seguro que de esto ya habrán hablado en otras comparecencias
largo y tendido, por lo que no quiero entretenerles, pero ha sido un elemento muy negativo en la evolución de esta crisis.


Si me lo permiten, citaré -porque me pueden decir que es fácil hablar a toro pasado- lo que sea inmediatamente comprobable por ustedes y que dije en su momento porque lo tienen en el Diario de Sesiones -bien sea del Senado o del Congreso-.
He procurado intercalarlo para que lo podamos ver. En una intervención en el Senado en el año 2009 decía: 'Hay que eliminar los obstáculos a las estrategias racionales de adaptación a la crisis y en particular eliminar, siquiera temporalmente, los
vetos de las comunidades autónomas a los procesos de fusión de cajas, pues estos permiten diversificar el riesgo

Página 50

geográfico y por líneas de negocio'. Por supuesto, no tuvo ningún éxito. Tengo el texto de las intervenciones que con gusto les facilitaré y ahí encontrarán la referencia exacta de dónde están cada una de las citas que utilizo.


Ante esto hubo un movimiento muy ingenioso por parte del Banco de España -apoyado en cierta consultora- de la creación de las fusiones frías, las fusiones virtuales o los SIP. Era un movimiento ingenioso porque era una especie de
prestidigitación en la cual se le decía al gobierno autonómico que seguían teniendo ahí su caja pero de verdad se intentaba que los recursos se pusieran en común y poder actuar como una sola entidad. Sin embargo, aunque ingenioso, el instrumento no
fue suficiente porque es tratar con aspirinas un cáncer. Con la mejor de las intenciones pensaban que fusionando resolvían los problemas de insolvencia pero de eso nada. Si es un pequeño problema, la tinta de calamar de la fusión permite ir
cubriéndola pero, si de verdad hay insolvencias, esto no se cubre si no hay entidades con exceso de capital que cubriría los defectos que tuvieran otras. Entre eso, que había problemas claros de diseño en los SIP y que por encima de todo la
gobernanza de las cajas seguía siendo algo muy complejo y muy politizado, lo cierto es que los SIP fue una especie -un gran profesional del Banco de España lo definió así- como el meandro del banco en el que se entretuvieron tiempo, recursos y
paciencia en lugar de hacer otras tareas que eran muchísimo más urgentes como era combatir y resolver el problema de insolvencia. No diré nada más sobre los gobiernos autonómicos.


Hablemos del Gobierno español, los distintos que ha habido. Procuro no nombrar personas ni identificar qué partido era el que estaba en cada momento en el Gobierno, hablo simplemente de los Gobiernos. Ustedes saben que aquí además
coinciden los dos partidos que han estado en el Gobierno en momentos distintos del tiempo. La crítica -y sé que con eso me hago antipático a la mayoría de la Cámara- casi es la misma porque en los dos casos podríamos hablar de un retraso -si somos
crueles diríamos negligente y si no somos crueles diríamos optimista- en la adopción de medidas que permitieran, en el primer caso, embridar la enorme expansión de 2000 a 2007 y, en el segundo caso, remediar a tiempo los gravísimos problemas de
insolvencia que tenía cuando ya la crisis explotó en España. De nuevo -si me permiten- leo literalmente las palabras que pronuncié, cansado de que las conferencias ni artículos sirviesen para nada, en el Congreso de los Diputados en la Comisión de
Economía y Hacienda en marzo de 2009: 'Señorías, estamos ante una crisis de una envergadura no conocida en ochenta años y lo que estamos haciendo no está a la altura de esta crisis, o la sociedad española actúa con una contundencia muy superior y
de una forma mucho más coordinada de lo que ha hecho hasta ahora o esta crisis va a tener consecuencias dramáticas para este país.' En esta comparecencia me referí al tema que más directamente me concernía que eran los problemas en el sistema
financiero y concretamente en las cajas de ahorros y me dediqué a ellos con una intensidad e incluso dramatismo muy superior a la frase anterior en la que me refería al problema general de política económica. Dos eran los motivos por los cuales
estaba convencido de que la urgencia era extrema. La sensación de que el tren estaba a punto de partir y que, de no cogerlo, condenábamos al país a una situación dramática como al final llegó a ocurrir. Esta urgencia la resumía entonces de una
forma un tanto coloquial diciendo en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso: En España faltan médicos preventivos y sobran enterradores, sepultureros. No me importa lo que se haga con los cadáveres; me importa cómo nos aseguramos de que
los vivos no enfermen y no mueran. Es decir, entidades que tenían la solvencia muy justita pero que fácilmente con una inyección de capital público para hacer frente a las súbitas de coeficiente de capital que estaban ya en el horizonte, se
salvarían y si no, entrarían en barrena hacia abajo. El segundo factor de por qué yo pensaba que era urgente es porque estaba absolutamente convencido -y de nuevo los hechos desgraciadamente me dieron la razón- de que las extraordinarias
facilidades que entonces estaba concediendo la Comisión Europea para hacer toda clase de reajuste, arreglo, ayuda, empuje, salvamento a los bancos se iba a mantener mientras que los grandes bancos ingleses, franceses, alemanes y holandeses tuviesen
esa necesidad, pero que inmediatamente que esto se superase esas ventanas se iban a cerrar y las condiciones con las que nos encontraríamos en España cuando quisiéramos hacer algo ni siquiera parecido a lo que hicieron ellos iban a ser draconianas,
como ocurrió en la realidad. Concretamente, para que vean que no me lo invento, decía entonces: ¡Ay! del país que no haya acudido esa ventana para poner en marcha su sistema; no le dejarán actuar, no son normas que se vayan a mantener
permanentemente; luego, es ahora o nunca. Por desgracia ni siquiera este -lo reconozco ahora- excesivo dramatismo sirvió para otra cosa que para ser un granito más que contribuyese a crear la conciencia de que al menos había que constituir el
FROB, que se creó varios meces más tarde después

Página 51

de discutir mucho a puerta cerrada la enorme urgencia para tener una mínima apoyatura en la solución de los problemas de las entidades financieras españolas.


Hasta ahora he estado hablando de responsabilidades por omisión, pero también ha habido responsabilidades por acción en la aplicación en íntima relación con el Banco de España, de medidas pretendidamente salvadoras de la situación financiera
de nuestro país. El actual ministro de Economía, don Luis de Guindos, en sesión plenaria del Congreso de los Diputados de 10 de diciembre de 2014, da testimonio del más inquietante de los ejemplos al decir: 'La salida a bolsa de Bankia fue una
decisión política; se definió por el Gobierno como una cuestión de Estado en que su Gobierno forzó voluntades que hizo que los supervisores miraran hacia otro lado'. Si así ocurrió, cosa que yo no sé -habrá que preguntarle al señor ministro-,
estaríamos ante una de las más graves responsabilidades de toda crisis. Implicaría, entre otras cosas, prevaricación.


En tercer lugar -ya hemos hablado de omisión, de acción-, hablemos de la regulación, de nuevo como algo que conjuntamente el Banco de España y el ministerio elaboraron. Bien, el primer reproche es la extremada timidez de los sucesivos
Gobiernos para hacer frente a la colonización política de las cajas. La situación llegó hasta tal punto que en el consejo de la CECA -piensen, consejo de la CECA, formada por los presidentes de todas las cajas que, a su vez, estaban controlados por
órganos que en muchos casos estaban sujetos a disciplina política- se presentó y se firmó por unanimidad una nota el 21 de enero de 2009 en el que en el párrafo que interesa ahora se decía: El consejo de administración de la CECA solicita al
Gobierno de España y a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales que lleven a efecto las reformas legales que preserven el principio constitucional de autonomía empresarial predicable de las cajas de ahorro. Cortemos ya la influencia de los
Gobiernos autonómicos sobre las cajas.


En este ámbito habría que reconocer un esfuerzo de moderada reversión del proceso de publificación que supuso la Ley financiera de 2002 puesto que se rebajó del escandaloso 70, 65 o 75 % de control que tenían algunas comunidades autónomas
sobre los órganos de las cajas al 50 %. Se dotaron de irrevocabilidad los mandatos de los miembros de los órganos de gobierno, se limitaron temporalmente los mandatos y por todo ello podemos decir que era un paso en la adecuada dirección pero
totalmente insuficiente: quien controla el 50 % de un consejo saben ustedes de sobra que tiene supercontrolado ese consejo.


En otro real decreto-ley posterior de noviembre de 2010 de nuevo se intenta reducir -pero ya estamos en 2010- la influencia política en las cajas pero se deja en el 40 % y solo cuando el sector ya ha sido institucionalmente extinguido y
solamente quedaban ya dos cajas muy pequeñitas de ámbito local, se rebaja al límite máximo que pedíamos sistemáticamente, no solamente nosotros, también el Fondo Monetario, la OCDE, los analistas, los expertos, al 25 % la cuota de participación en
los órganos de gobierno de las cajas por parte de los poderes públicos.


Dentro de la regulación está, como ya anticipé antes, las cuotas participativas, y aquí he de repetir lo que les he dicho antes. Aunque hubo un par de intentos, se fue extremadamente restrictivo para facilitar esta flexibilidad de capital
primero por una cantidad disparatada de cláusulas que hacían a estos títulos extremadamente rígidos y, en segundo lugar, simplemente por no aceptar el derecho de voto en los órganos de gobierno. Y aquí les debo reconocer -lo hacía antes- nuestra
culpabilidad porque en el mundo de las cajas había una enorme división en los órganos de gobierno entre los que pensaban que esto suponía la privatización pura y simple de las cajas y los que pensábamos que era simplemente la reducción de un grupo
que había ejercido con demasiada influencia su derecho de voto en las cajas, que eran los políticos, introduciendo otro elemento que traería consigo un objetivo -un argumento- como era la solvencia a largo plazo y la cuenta de resultados, que sería
entonces un elemento que modularía también los otros objetivos lícitos en una caja y enormemente importante.


Sin embargo, les reconozco que fue imposible conseguir un consenso, piensen que la CECA es una patronal, el presidente de la CECA aparentemente tiene mucho poder pero no tiene ninguno, si no consigue el consenso de las cajas, no puede llevar
ninguna opinión a ningún foro como puede ser el Congreso de los Diputados o el Gobierno, etcétera. Yo podía ser libre de dar mi opinión y no siempre si el tema era extremadamente delicado, yo podía ser libre para dar una opinión como una caja más
pero no para decir la opinión de la CECA es: dennos derechos políticos a las cajas. Por lo tanto, acepto que como sector tenemos un amplio margen de culpa pero no olviden que no teníamos nosotros las facultades regulatorias, o sea, tenemos un
amplio campo de culpa pero no tanta como el que hace las leyes.


Don Raimundo Poveda, exdirector del Banco de España, decía en 2013: 'El año 2010 había cierto número de entidades con problemas, sobre todo una quincena de cajas de ahorros. Las autoridades

Página 52

pudieron centrarse en buscar soluciones puntuales a estas situaciones pero optaron por emprender una reforma institucional de las cajas de ahorros.' A esta reforma quiero referirme ahora, pero quiero hacer dos observaciones antes del
análisis. La primera es que como de algún modo está implícita en la frase que acabo de citar, está claro que el dedicarse a la reforma de las cajas supuso demorar en el tiempo la solución de la solvencia, que era el cáncer que tenía en esos
momentos el sistema financiero, y el retrasarlo tuvo consecuencias muy graves, como comentaremos. En segundo lugar, que aunque podemos hablar de reforma, realmente no fue una reforma, sino un cambio regulatorio sucesivo y desplegándose en el tiempo
orientado a jibarizar el sector, a que el sector de cajas de ahorros, tal y como había llegado después de dos siglos, desapareciese y quedasen solamente dos pequeñas cajas locales, y en su lugar había bancos.


La presión para que las cajas se conviertan en bancos se inicia con gran suavidad en 2010. Se establece que la entidad central de los SIP ha de ser un banco y, aunque las cajas no contaminadas por la crisis no son obligadas a que
efectivamente transfieran sus recursos íntegramente a ese banco, sin embargo, las que estaban ya bajo el control estatal sí que iban orientadas en ese sentido.


Lo que es importante es que en 2010 se ofrece también a las cajas, en principio voluntariamente, la posibilidad de ejercer de modo indirecto su actividad financiera, crear un banco instrumental y, a través de él, llevar la gestión
financiera, controlarlo, sentándose como accionista que eran en su consejo y, sin embargo, lo que son los recursos de la caja en sí se dedicarían básicamente a la gestión y desarrollo de la obra social. No era obligatorio para todas las cajas. A
las cajas que optasen por este modelo y con una participación de al menos el 50 % se les permitía seguir con su forma jurídica de caja. Aquí el grillete no era extremadamente fuerte, pero solo unos meses más tarde se fuerza a las cajas a renunciar
al ejercicio directo de la actividad financiera. ¿Cómo? Imponiendo cargas muy graves a quien no lo haga, concretamente, en el coeficiente de capital requerido, un 25 % por encima del que se le exigiría si fuera banco o el que se le pedía a los
bancos comerciales, de tal modo que al final del año 2011, incluso la caja que con más dolor abandonaría su forma jurídica, no quedaba ninguna con la forma jurídica de caja y se había reconvertido en una gestora de la obra social y un accionista del
banco instrumental. Paralelamente a este proceso regulatorio hubo un proceso de consolidación muy intenso recurriendo a los SIP, a las fusiones normales y a los procesos de intervención, nacionalización y adjudicación. Sin embargo, el agravamiento
de la crisis financiera y la interrelación entre el riesgo soberano y el bancario llevó a la promulgación de los llamados decretos Guindos que supusieron un incremento súbito de las provisiones ligadas a los activos inmobiliarios. Esto tuvo un
impacto muy fuerte no solamente en las cajas, sino también en la banca, y seguro que conocen aún mejor que yo, de un importe de unos 90 000 millones seguros.


Finalmente, llegamos al remate de la mal llamada reforma. Con la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas y Fundaciones Bancarias surge una nueva regulación jurídica para las cajas y recuerden que solamente quedan dos pequeñas.
Honestamente, tengo que decir que esa regulación me parece razonable, pues se limita, como les anticipé antes, al 25 % el máximo de representación en los órganos de gobierno de los políticos. Se fijan ciertas características muy enraizadas con lo
que ha sido tradicional en las cajas, lo que se llaman las tres erres: enraizadas en el territorio, ser minoristas y tener responsabilidad social. Está muy bien enfocado, pues recoge el espíritu de las cajas; ahora bien, introduce las cautelas
para que jamás una caja pueda ser grande. En la medida en que alcanzase cierta expansión territorial o cierto tamaño de balance, tendría que mutar de naturaleza, transferir a un banco, etcétera. Esto no es bueno ni malo, sino un criterio. Así
fueron las cajas durante siglo y medio y les fue maravillosamente. Hay gente que dirá que es ponerle una horquilla, pero yo no seré el que critique esto.


A las restantes cajas, aquellas que no tienen actividad financiera, sino que son accionistas de los bancos instrumentales, se las transforma en fundaciones bancarias y se incluye que aquellas que tengan una participación que exceda del 50 %
estarán sujetas a un conjunto de obligaciones muy gravosas, especialmente la que hace referencia a la constitución de un fondo de reserva. Es tan gravosa esta condición -básicamente, resultó afectada la caja vasca- que incluso se habló de
inconstitucionalidad y no sé -entonces ya estaba apartado de la actividad- si al final llegaron o no a presentar un recurso. Lo cierto es que solamente una entidad entre todas ha mantenido su naturaleza jurídica de caja, aunque sea a costa de
mantener este fondo de reserva especial.


¿Cómo se puede valorar este despliegue a través de una serie confusa de normas que a veces se contradicen, donde en ningún momento se revela el resultado final, para descubrir al cabo de varios años que lo que había hecho el regulador en
España era simplemente copiar uno de los peores procesos de

Página 53

eliminación de cajas que se ha dado en Europa, que es el italiano? Con perplejidad, sobre todo porque una operación de esta envergadura se hiciera bajo la coartada de: son exigencias de la Comisión Europea, un razonamiento técnico que no
se contrapone a alternativas para hacer un análisis costo-beneficio de cuál es la opción estratégica... Es decir, que con total opacidad se realiza una expropiación gigantesca nada menos que de la mitad del sistema bancario a la sociedad española,
porque, como receptora última del dividendo social, era la propietaria de las cajas. Es una expropiación que a veces se hace en los meses de verano y otras sin discusión en las Cámaras, que transcurre sin ningún tipo de posibilidad de que la
sociedad española formase un juicio fundamentado en la conveniencia de una u otra alternativa. Naturalmente, aquí no hay responsabilidades ni penales ni de otro tipo, sino simplemente una responsabilidad política ante la sociedad española, pero no
soy yo el llamado a exigirla.


Lo que sí me importa -estoy acercándome al final- es dejar constancia de que si algo está claro es que no fue la naturaleza jurídica de las cajas, que era siempre el objetivo de las críticas, el que podía movilizar a la destrucción del
sector, el origen de las malas prácticas. Por lo menos hay cuatro argumentos que, aunque unos se pueden compartir más que otros, conjuntamente tienen una fuerza demoledora en cuanto a la inocencia de la naturaleza jurídica de las cajas como factor
causante de ese descalabro final.


En primer lugar, esas malas prácticas, como el mismo desplome de la cuenta de resultados, no han sido fenómenos exclusivos de las cajas. He dicho que no iba a hablar más de las cajas, así que perdónenme, pero solo citaré palabras de otro,
nada menos que del exgobernador del Banco de España, que ante esta misma Comisión dijo literalmente que la falta de una buena gobernanza en el Banco Popular no era ajena a lo que sucedió en las cajas. Y no es este del único banco del que cabría
hacer juicios parecidos. Por tanto, no era exclusivo de quien ostentaran esta naturaleza jurídica.


En segundo lugar, la presencia pública no presentó problemas en varias cajas, luego tampoco ha habido un vicio de naturaleza que diga que si hay representantes políticos en el gobierno de la caja se tiene que extinguir. En todo caso, si eso
parece que incomoda el funcionamiento, redúcelo, pero no mates al enfermo; cúrale la enfermedad, no ejecutes al enfermo. Como antes comentaba, si el comportamiento de los gestores en ausencia de sanciones ejemplarizadoras hubiera sido realmente
reprimido, probablemente no se habría podido producir esa expansión de las malas prácticas.


Cito un tercer argumento brevísimo. En Europa existen importantísimas entidades financieras de naturaleza mutual o cooperativa que han funcionado en esta crisis mejor que sus bancos y han servido de elemento estabilizador del flujo de
crédito, facilitando la salida de estas economías de la crisis. La última experiencia parece confirmar el juicio de muchos analistas -aunque hay otros tantos que opinan lo contrario- de que la diversificación institucional dentro del sector
financiero es un factor de estabilidad. Indudablemente con esto nos hemos separado de las características de los sistemas financieros europeos, aproximándonos al mundo anglosajón -que muchos pueden preferir- de Norteamérica, Canadá, Australia y
Gran Bretaña, básicamente.


El cuarto y último argumento ya ha sido citado antes. Han sido casi dos siglos de existencia de las cajas sin que nos hayan dado problemas mínimamente comparables a los que generaron las sucesivas quiebras bancarias en esos doscientos años.
Esa es otra prueba de que la caja no introduce necesariamente la inestabilidad en el sistema. Lo que ocurre es que durante siglo y medio casi siempre estuvimos ajenos a las perturbaciones e influencias que hemos citado antes. En resumen, como el
profesor don Félix Tezanos calificó con ingenio, más que de una reforma, hemos sido testigos de un economicidio.


Estoy convencido de que el Banco de España es uno de los reductos donde más inteligencia y profesionalidad existen en España. Por tanto, no puedo creerme que haya sido un error técnico o profesional y que no se hayan dado cuenta de las
consecuencias que esto podía tener. Si hemos podido comprobar algo en la crisis actual es que los gobiernos que actuaron más tempranamente consiguieron salir antes de la crisis y recuperar la mayor parte de lo que habían aportado como ayudas.
También sabemos, porque así nos lo han dicho las sucesivas crisis que cada cincuenta años -ahora con más brevedad- han asolado el desarrollo de las economías de mercado, que cuanto más tempranamente se actúa, menos profundos son los agujeros que hay
que cubrir. A veces se aduce que las dificultades fiscales hacían que, cuando no había este obstáculo no fuera necesario, y que después, cuando se vio que eran necesarios los recursos públicos ya no hizo. Otra cosa que nos dice la experiencia es
que, dejando avanzar una crisis, cada vez comprometes más recursos y el entorno se deteriora. Por tanto, vas a tener menos ingresos y menos capacidad fiscal y el agujero que tienes que cubrir es más grande; luego incluso estás arriesgándote a no
poder acometer esto adecuadamente.

Página 54

Si no fue un error, ¿qué es lo que pudo motivarlo? Si hubiéramos actuado tempranamente, si en lugar de soluciones privadas hubiéramos acudido a las soluciones públicas en vez de posponer estas esperando que las segundas lo beneficiaran,
podríamos acudir a las palabras del propio señor Caruana, que afirmó aquí, en esta Comisión, literalmente: en tal caso, probablemente no se habría podido acabar con las cajas. Pobre premio para tan costosa apuesta.


Cuarta parte de mi intervención: el Banco de España y su gobernanza. En la extensísima relación de culpables que aparece acompañando a cualquier crisis a nivel mundial es curioso que casi siempre aparece en uno de los puestos de honor el
supervisor, y además se le suele siempre acusar por un problema de gobierno corporativo. Pues bien, no soy original, voy a incurrir en ese doble efecto. Quizá lo del gobierno corporativo no esté tan claro y por eso me va a exigir más tiempo que el
otro tema, que es mucho más rápido.


Ustedes saben que en España la cultura política con respecto a la independencia del Banco de España ha sido y es más bien escéptica. Ni siquiera la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, lo remedió porque los cambios legales que se tenían que
haber producido no llegaron a ser objeto de regulación. Por lo tanto, si España era un país con un escepticismo acerca de la independencia del interventor, eso facilitaba de facto el intervencionismo gubernamental, y dicen los manuales de gobierno
corporativo que en este caso son de la mayor importancia las condiciones para la designación de los miembros de los órganos de gobierno del supervisor. Pues bien, tenemos que decir como algo verdaderamente inquietante que en España no existía ni de
iure ni de facto siquiera un mínimo periodo de enfriamiento, es decir, periodo entre el ejercicio de una actividad política, una actividad administrativa, gubernamental o una actividad en la industria antes de asumir un puesto de gobernador, por
ejemplo, y todos sabemos que esto no solamente era un problema de iure sino que de facto no hubo esos periodos de enfriamiento para los gobernadores que ocuparon la silla durante este periodo. Me podrían decir ustedes, porque es cierto, que esta
debilidad de gobernanza se puede combatir, como así existía nominalmente en España, con el hacer recaer en órganos colectivos las decisiones esperando que surjan poderes compensadores del gobernador para que este no pueda ejercer implícitamente su
fuerza abusiva para llevar adelante sus puntos de vista. Nominalmente existía ese recurrir a órganos colectivos, y la comisión ejecutiva del Banco de España es el más claro, pero fíjense en que los manuales siguen diciendo: ¡ojo, que tales órganos
de gobierno estén constituidos por personas realmente independientes del gobernador! Y en este aspecto la situación de España era manifiestamente mejorable. Concretamente, esa comisión ejecutiva la presidía el gobernador; el segundo miembro era el
subgobernador, que era designado por el Gobierno pero a propuesta del gobernador, y los otros dos miembros eran designados por el consejo de gobierno del banco a propuesta una vez más del gobernador. El resto de los miembros de la comisión
ejecutiva con voz y sin voto eran los directores generales y el secretario del Banco de España, directivos sometidos jerárquicamente al gobernador y cuyo nombramiento era competencia de la propia comisión ejecutiva. No es fácil imaginar a una
comisión así constituida actuando con independencia frente a las propuestas del gobernador. La realidad, según testimonio de Viñals, subgobernador en el periodo 2006-2009, corrobora plenamente la hipótesis ante esta misma Comisión. Empieza la
cita: 'Creo recordar que en todo el tiempo que fui miembro de la comisión ejecutiva las decisiones de la comisión ejecutiva se tomaron de forma unánime y no recuerdo que hubiera posiciones muy distintas, sino que hubo un consenso entre el
gobernador, el subgobernador y los dos consejeros ejecutivos'. Como verán ustedes, corrobora plenamente el supuesto y, por tanto, no era un verdadero órgano colectivo que tomase independientemente sus decisiones.


El problema se complica mucho más por algo que seguramente han tratado a fondo en la comparecencia anterior y que el señor Caruana reconoció ante esta Comisión, en el sentido de que hasta 2013 las opiniones discrepantes de los llamados
inspectores de base de los equipos de inspección no llegaban a la comisión ejecutiva del Banco de España cuando dichas opiniones no eran compartidas. Con ello, es evidente que en la documentación utilizada por la comisión no estaban todos los
puntos y las alternativas a la vista para que pudieran formar un juicio fundamentado de cuál era la decisión más oportuna. No es extraño que hubiera unanimidades. El control parlamentario del Banco de España también era débil y, por otra parte, la
transparencia del Banco de España, aunque es excepcional en algunos aspectos, presenta graves opacidades donde nos interesa y, si tenemos alguna duda, basta con que leamos lo que el Tribunal Constitucional dejó dicho acerca de los obstáculos
insalvables que el Banco de España le puso delante para poder realizar la función que constitucionalmente tiene asignada controlando al Banco de España. Pues bien, si el Tribunal de Cuentas encontró tal tipo de resistencias, imagínense ustedes las
que podría encontrar cualquier otro agente.

Página 55

Finalmente, podemos aportar como otro testimonio que no se conocen los argumentos alternativos manejados. No sé si ahora, por mi ausencia ya de este ámbito en los últimos años, pero antes las actas de las comisiones ejecutivas del Banco de
España jamás se hacían públicas, cuando todo el mundo sabe, y así se practica en los otros países avanzados, que al cabo de equis años, cinco, por ejemplo, se diga lo que se diga en esa comisión, ese es un documento que puede ser sometido a público
escrutinio y de esta forma, aunque sea con un lag de cinco años, se lleva a cabo un control de lo que realmente ocurre. En España no ocurrió entonces en el periodo que nos interesa.


Ante la falta de transparencia, la rendición de cuentas mínimamente satisfactoria era también imposible, porque la rendición de cuentas ustedes saben que va más allá de presentar un informe; es someterse a un juicio crítico que puede
incorporar reparación de daños y sanciones, cosa que aquí no existe. Citemos otro documento de la Asociación de Inspectores del Banco de España -no solo hicieron esa carta, sino que tienen algunos otros documentos interesantes-, en el que
reclamaban que los órganos rectores del Banco de España estuvieran sujetos a filtros de rendición de cuentas y de transparencia similares a los de otros países avanzados. Se justifica a veces desde el Banco de España que no había instrumentos
adecuados para combatir las crisis. Creo que, sobre ese tema, quien me ha precedido en esta tribuna les habrá dado con mucha más fundamentación que yo las razones por las cuales sí que se podía haber abordado ese problema.


Lo más sorprendente de todo es que la estrategia prácticamente de esperar y ver, es decir, de demorar la solución pública y el uso de recursos públicos a favor de recursos privados suponía asumir por parte del Banco de España un gravísimo
riesgo, riesgo que, por desgracia, se materializó. Hay cuestiones que ya hemos mencionado; cuanto más tiempo transcurra sin que se intervenga el agujero es mayor, la inyección temprana de fondos públicos permite una recuperación más fácil de las
ayudas que se pudieran prestar. Pero hay otras a las que hasta ahora no hice referencia y que son tan importantes o más que la anterior y es lo siguiente. Si se recurre a las soluciones privadas, que consisten en pedir capital vía acciones, si
fuera un banco, vía cuotas participativas, si fuera una caja, vía instrumentos híbridos a particulares, si la solución privada al final fracasa, al coste en recursos públicos que entonces haya que afrontar habría que sumarle las ingentes pérdidas
que se han producido en esos particulares por una decisión del regulador de inhibirse a favor de las soluciones privadas. Ese mundo complejo de las participaciones preferentes, de las cuotas participativas, etcétera, no hubiera existido si no
hubiera existido la posposición de las soluciones públicas a favor de las soluciones privadas. Esto es especialmente cierto respecto de la salida a Bolsa de Bankia, y aquí habría otro capítulo de responsabilidades, en el sentido de que si la CNMV y
el Banco de España se hubieran opuesto, evidentemente, no se habría producido tal salida. Pero, en fin, eso es independiente de lo que estamos hablando.


También voy a prescindir de lo que antes mencioné con respecto a la viabilidad desde la perspectiva fiscal. Concretamente, una vez más, nos encontramos con la perplejidad de por qué un organismo con tal nivel elevado y sofisticado de
competencia profesional es capaz de asumir un riesgo de esta envergadura sin tener en cuenta la alternativa más eficaz para el país y para los ciudadanos de este país.


Quinta parte, y esto ya es brevísimo. En un inciso inicial trato de resumir muy brevemente todo lo que he expuesto hasta ahora. Diríamos que son diez líneas. En primer lugar, hay una causa remota de la crisis de las cajas de ahorros
españolas. Esa causa remota -y utilizo el significado técnico de estos términos- es la politización mediante la Lorca, que dio lugar a la colonización de las cajas por los políticos, que se desarrolla rápidamente a través de la elaboración de los
sucesivos estatutos por parte de las comunidades autónomas. Hay una causa próxima, que son las malas prácticas de las cajas de ahorros. En segundo lugar, reguladores y supervisores son, en términos técnicos otra vez, los cooperadores necesarios
para que esta crisis haya tenido lugar. Finalmente, la crisis global fue simplemente un agente que actuó como detonador y catalizador, pero no causante. Los causantes son a los que me he referido antes.


¿Cuáles han sido las consecuencias de esta crisis? Es igual de breve que lo anterior. En primer lugar, un coste en recursos públicos cuya estimación mínima y que, como ustedes saben, deja partidas importantísimas fuera, son unos 60 000
millones. Pero insisto en lo que decía antes; a esto habría que sumarle las pérdidas privadas sufridas por los que fueron castigados por las soluciones privadas. Al lado de este coste monetario hay otro coste más sutil, quizá, pero yo diría que
no menos importante, y es que ha emergido de la crisis un sistema financiero que, aunque en algunos aspectos es mejor que el inicial, en otros aspectos es peor, o al menos es dudoso que sea mejor; permítanme que muy brevemente se los enumere. En
primer lugar, la concentración bancaria ha aumentado notablemente. Piensen ustedes que en los últimos nueve años se ha reducido en un tercio el número de competidores, oligopolizando el

Página 56

sector. No son aún excesivamente importantes los excesos de esta consolidación, pero probablemente aumentarán en el futuro. Segundo punto, la homogeneización institucional ha sido fortísima; hemos eliminado la mitad del sistema bancario,
que tenía una forma institucional -caja de ahorros-, para igualarlos todos en el mismo. Me remito a lo que había dicho antes, y es que para muchos analistas y expertos esto supone, primero, que nos diferenciamos de aquellas economías con las que
estamos creando la unión bancaria y, segundo, que hemos prescindido de un factor de estabilidad en el sistema. El tercer y último punto es que con la extinción del sector de cajas se ha puesto en riesgo un vector social de gran importancia, no
solamente porque cuidaba objetivos como el de la exclusión financiera, sino también porque realizaba una obra social profunda. Si ustedes temen que yo me vaya a extender sobre lo importantísimas que eran estas dos cosas y la tragedia que va a
suponer para España prescindir de ellas, siento defraudarles, porque creo que en función de la existencia de un sector CECA de bancos, que en gran parte tienen en su cultura empresarial el mismo ADN que tenían sus antecesoras -no en el sentido de
tener a políticos en los consejos, sino en el sentido de que su negocio es minorista-, apuestan y dedican muchos recursos -como les diré inmediatamente- a la responsabilidad social y se sienten identificados con territorios concretos, nos
encontramos con que el problema puede que no sea tan grave como algunos han comentado en defensa de las cajas y criticando esta reforma. Yo espero que por aquí las cosas tengan mejor arreglo. La cuota de mercado de esta banca del sector CECA es en
estos momentos, según la variable que estemos contemplando, entre un tercio y un 40 % del sistema. ¿Es esto inferior al 50 % que llegó a tener en los viejos tiempos? Sí, pero siete cajas -dos de ellas muy importantes- fueron integradas por la
banca, que en contra de lo que decían de que las cajas compraban y los bancos no, tal y como les repetía yo siempre, si las cajas cometen un desastre, veréis cómo los bancos pueden comprar cajas, que es lo que ocurría en Norteamérica o en cualquiera
otro de estos países donde se habían dado estas circunstancias. Sin embargo, fíjense que se da una circunstancia muy interesante: estos bancos del sector CECA han conservado lo mejor de los recursos que tenían las viejas cajas y, por tanto, los
elementos que les daban una ventaja competitiva que les permitieron aumentar sistemática e ininterrumpidamente durante treinta años su cuota de mercado, y ahora ya no tienen las perturbaciones incomodándoles desde el ámbito de la política. Por
tanto, no me extrañaría que a largo plazo pudieran aumentar su cuota. En cualquier caso, yo me hago la reflexión de qué pena no haber llegado a esta situación de bancos con elevada eficiencia, avanzada tecnología, fuerte enraizamiento en
territorios y libres de perturbaciones políticas, cuando con simples retoques regulatorios se pudo hacer hace diez, veinte o incluso treinta años, y hayamos tenido que pasar por esta crisis del sector y por esta crisis del país.


Como les decía antes, los bancos del sector CECA siguen siendo el primer inversor social privado de España, y esto se realiza a través de las fundaciones bancarias o de las fundaciones herederas de las antiguas cajas, o de las dos pequeñas
cajas de ahorros. Es cierto que con la reestructuración puede ser que ese sesgo social pueda palidecer; en la medida en que el compromiso de las cajas empujadas por la ley de reducir su presencia en los consejos vaya debilitándose, puede ser que
los elementos de inversión social que más penaliza la cuenta de resultados se vayan debilitando también, pero este es el mundo que hemos elegido y nunca hay que llorar por el agua derramada. Por lo tanto, digamos que en estos momentos -y ya
finalizo- estamos en una situación en que de los más de 2000 millones que tenían en el año 2008, hemos pasado, en una rápida y fuerte caída, a solo -solo entre comillas- 710 millones de euros en el año 2014, y desde entonces parece que se ha
iniciado una senda de estabilidad y crecimiento. Si esto es así, la obra social podría seguir siendo seña de identidad de las entidades financieras asociadas a la CECA.


Muchas gracias por su atención y mil disculpas por la extensión de mi intervención.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Quintás Seoane.


Señorías, tendrán un único turno de siete minutos. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, señor Navarro.


El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Quintás.


Nosotros traíamos aquí una serie de preguntas preparadas, pero muchas han quedado realmente contestadas en su intervención porque el diagnóstico que usted ha expuesto coincide bastante con lo que nosotros hemos venido defendiendo.(El señor
vicepresidente, Juncal Rodríguez, ocupa la Presidencia). Usted ha hablado de una causa remota de la crisis, que es la colonización de las cajas por

Página 57

los poderes públicos y cuyo origen sería la Ley de órganos rectores de 1985 y la posterior sentencia de 1988, por la que se reconocen competencias a las comunidades que les dan un gran poder regulador y además la posibilidad de designar a
los miembros hasta un 70 % de administraciones locales y autonómicas. Es decir, en ese momento se produce una captura de las cajas, y esa sería la causa remota, la colonización. Como causa próxima ha mencionado las malas prácticas y ha hablado de
una baja sensibilidad al riesgo que se produce en las cajas. Nosotros creemos que en realidad se ha derivado también de la colonización; en el momento en que los requisitos de conocimiento y de la propia dinámica del negocio son suplantados por
consideraciones políticas, pues es obvio que cambia el modelo del negocio. De hecho, así pasa; es decir, las cajas pasan a experimentar una mayor exposición al riesgo inmobiliario que el resto del sector bancario, y no solo eso, sino que a veces
se embarcan en inversiones que no se entienden tanto desde la perspectiva del negocio como desde la perspectiva política de la comunidad. Es lo que hemos visto con estos aeropuertos con poca viabilidad, estos elefantes blancos, como se llaman,
estas inversiones que tienen poca utilidad social, pero que son muy vistosas y el político espera rentabilizar. Por tanto, entre las causas próximas parece que la colonización también es decisiva, es decir, parece que esas malas prácticas también
están determinadas. Luego continúa usted diciendo que son las comunidades las que se oponen por criterios territoriales a fusiones que estarían recomendadas si solo se atendiera a criterios técnicos. Por tanto, parece que todo continúa igual.
Incluso en la dejación de funciones del supervisor, usted ha hablado de esa ausencia de un enfriamiento a la hora de proveer a los supervisores. Incluso, yo creo que su salida de la CECA también estuvo un poco motivada por esto al haber una
interferencia política en la designación de su sucesor frente al que usted proponía. Todo lo que he mencionado no era una pregunta, sino saber si usted confirma este diagnostico que yo le he resumido aquí.


Otra cuestión más puntual sería cuál cree usted que habría sido la regulación correcta para acabar con esta colonización. La Ley 44/2002 parece que era un poco insuficiente, si bien bajaba al 25 % el limité máximo, no parece tampoco que los
requisitos de honorabilidad comercial y profesional llegaran a funcionar mucho. Asimismo, parece que la comisión de control seguía politizada. Por tanto, no parece que sea suficiente esta ley. ¿Cuál habría sido? ¿Una vuelta a la anterior ley de
órganos rectores? En conjunto estas son mis preguntas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Juncal Rodríguez): Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Mayoral.


El señor MAYORAL PERALES: Buenas tardes.


Le agradezco su exposición. Hay algunas cuestiones que quiero comentarle y es un privilegio poder hacerlo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Ciertamente disiento en algunas de las manifestaciones, pero me resulta interesante
que haya comentado como uno de los problemas la politización de las cajas. Podríamos entrar en esa relación que puede existir entre el mundo de la vida política y las puertas giratorias hacia los paraísos empresariales, pero ha quedado fuera de
foco y creo que también tiene su importancia para entender la interacción entre lo que ha sido el negocio de las cajas y de las grandes empresas de este país, y cómo las grandes empresas de este país se han beneficiado de lo que era de todos. En
segundo lugar, hay algo sobre lo que ha pasado de puntillas y que finalmente no ha situado como una de las causas. En Estados Unidos, cuando se hizo el análisis de la crisis bancaria y financiera, se vio que una de las causas era precisamente la
gobernanza y esas fórmulas de retribución de los managers y esa independencia que existe entre los managers y los intereses de los accionistas. En este caso no hay accionistas, somos todos, con lo cual peor todavía, si me apura. Eso quizá quedaba
un poco fuera de foco y me gustaría que pudiéramos hablar de ello porque, ¿existía o no existía un proceso de bancarización de las cajas puesto en marcha bajo el epígrafe 'modernización' y que comienza con ese Real Decreto de 1988, con la expansión
de las cajas al conjunto de las comunidades autónomas, con la introducción del modelo de negocio de los bancos dentro de las cajas, en contra de lo que había sido su actividad durante más de ciento cincuenta años? Me falta esa reflexión y si nos la
pudiera hacer nos aportaría mucho.


Se habla mucho del dolor del sistema financiero, pero se habla muy poco de lo que ha sufrido la población de nuestro país por la distribución de productos financieros tóxicos en forma de preferentes y de hipotecas subprime. En muchos casos
podemos hablar de auténticas violaciones de derechos humanos, con desalojos forzosos sin alternativa habitacional y condenas a deudas perpetuas, que han

Página 58

sido calificadas como violaciones sistemáticas de derechos humanos y que no han cometido exclusivamente las cajas, sino que ha sido copartícipe el conjunto del sistema financiero. Ahí la gran pregunta es si existieron o no existieron
hipotecas subprime, que es algo que está fuera de foco. Léase algo que decía el inspector del Banco de España hace un rato, que era aquello de la valoración única y exclusivamente en torno a la garantía y no en torno a la capacidad de pago. Eso es
la hipoteca subprime. Luego ya entraremos a debatir cuáles son los productos derivados que vienen de ahí, pero ¿había o no había hipotecas subprime? Pues yo le voy a decir -esperando un poco su opinión- que el señor Sáenz, presidente de Banesto y
vicepresidente del Santander durante un buen tiempo, dice en 2007: Claro que hay hipotecas subprime en España, pero están fuera del debate público. Porque, al fin y al cabo, las hipotecas subprime van destinadas a los sectores populares, a los
sectores más vulnerables, que no forman parte del interés público, que no forman parte de aquellos que han gestionado las instituciones públicas en este país y su dolor no cuenta; cosa que a mí sinceramente sí me duele y precisamente nosotros
estamos aquí para poder decirlo. ¿Qué relación existía entre el hecho de que las cajas tuvieran su propia tasadora, como Tinsa, a la hora de la sobrevaloración de los inmuebles? ¿Cómo califica que cuando Tinsa ya no respondía a los intereses de
Caja Madrid hiciera su propia tasadora llamada Tasamadrid, desvinculándose de Tinsa? ¿Qué tiene que ver esto con la sobrevaloración y con la generación de esta burbuja?


También hay algo que me sorprende, porque usted ha dicho que no había expansión internacional de las cajas. Yo le voy a mencionar unos nombres: Bancaja EuroCapital Finance, CAI Madrid. Y en la misma dirección -tenemos localizadas hasta
diecinueve en la misma dirección- está también el BBVA, el Banco Santander, La Caixa, Caixa Catalunya, Caja Madrid, Banco Pastor, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Cantabria, El Monte, Caixa Penedès, Caixa Laietana, Caja Madrid, Caja Sol, Caja
Sur, Caja Castilla-La Mancha, Banco Popular, Caja Sa Nostra y Abanca Terrassa. ¿Dónde? En las Islas Caimán, que han sido calificadas, según la BBC, como un centro internacional de evasión fiscal. Estaban domiciliadas en este lugar, en concreto en
la dirección Ugland House, Church Street, Box 309 George Town, Grand Cayman, Islas Caimán, Indias británicas, todas en el mismo sitio. ¿Qué pintaban las cajas en un paraíso fiscal? No doy crédito. No sé qué pintan las cajas en un paraíso fiscal.
Hace ciento cincuenta años los creadores de las cajas probablemente se echarían las manos a la cabeza. Esto es propio de bancos, no de cajas; esto es propio de un sector que va a sitios donde no le corresponde, según mi humilde opinión. Pero si
nos puede explicar qué pintaban las cajas allí yo se lo agradecería, qué hacen las cajas con sociedades en paraísos fiscales, aparte de generar preferentes, que se generan aquí, pero casualmente esos productos no se pueden comercializar ni tan
siquiera en las Islas Caimán ni en los Estados Unidos; allí no pero aquí sí. Me gustaría que me aclarara cómo es eso posible. He de decir que en la misma dirección se ha domiciliado Blaxton, que se ha quedado con el ladrillo del Banco Popular,
aparte de las viviendas públicas del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid; son los buitres que están aterrizando para comérselo todo.


El apasionante mundo de la titulización. Están los fondos de titulización hipotecaria con las transmisiones, con lo que supuso no solo aquí sino en más sitios de generación de burbuja; están las cédulas hipotecarias y luego algo que
alguien debería explicar en algún momento, que son los fondos de titulización de activos basados en cédulas y, en concreto, una emisión que se realiza por el monto de 200 000 millones de euros, donde participan la BBK, la Caixa d'Estalvis Comarcal
de Manlleu, Caixa Catalunya, Caixa Girona. Las conoce usted porque sabe la emisión que es. De estos 200 000 millones, que es el PIB de Cataluña, se colocaron 57 000 millones. ¿Esto qué es? Porque no son cédulas, tampoco son fondos de
titulización hipotecaria. ¿Estos bonos qué son? ¿Qué se estaba metiendo aquí? ¿Esto qué era? Me gustaría que esto se pudiera aclarar.


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando, señor Mayoral.


El señor MAYORAL PERALES: Termino con una sola pregunta, que le voy a hacer, porque comparto la preocupación de la Asociación de Inspectores del Banco de España que han comparecido en cuanto a la situación del propio sistema financiero. A
lo mejor usted me puede hablar de una práctica contable que parece ser que es muy innovadora y que se está introduciendo en España, que es la desconsolidación de los balances; en concreto, se está aplicando a una caja, a una entidad financiera que
es supuestamente muy solvente, pero quería que me diera su opinión acerca de la práctica contable de la desconsolidación de los balances que se está aplicando en la Caixa.


Muchas gracias.

Página 59

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mayoral.


Por el Grupo Popular, señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidenta, y gracias, señor Quintás.


Voy a ser muy concreto y le voy a hacer siete preguntas. Me parece relevante la aportación que ha hecho en su intervención. Se puede discrepar en algunas de las cuestiones que ha planteado, y discrepo, discrepamos en el Grupo Popular, pero
queda en el Diario de Sesiones de esta Comisión y, por lo tanto, no es motivo de debatir sobre esta exposición sino de preguntar sobre ella.


Ha dicho en un momento determinado que el Banco de España formuló o impulsó la constitución de los SIP junto con una consultora. ¿Qué consultora? Díganos el nombre de la consultora. En un momento determinado también ha hablado sobre el
papel del Banco de España y ha llegado a decir que una buena regulación y una buena supervisión hubieran logrado frenar la crisis del sector de las cajas. ¿Es cierto? ¿Usted considera que el papel del Banco de España no logró frenar la crisis del
sector de las cajas? ¿Qué opinión le merece que los deterioros de las cajas se imputasen a reservas y no a las cuentas de resultados? ¿Qué consecuencias tenía eso para los consejos de administración de las cajas, por ejemplo? Ya que estamos
hablando de los consejos de administración de las cajas, ¿usted cree que los consejos de administración de las cajas hubieran podido realizar actuaciones y tomar iniciativas para frenar el crecimiento del crédito indeseado? ¿Le consta que el Banco
de España hablase con los consejos de administración de las cajas para impulsar las fusiones interregionales o para impulsar la integración de las cajas en los llamados SIP? ¿Le consta que las cajas de forma habitual presentasen al Banco de España
borradores de sus cuentas de resultados para de esa manera pactar y cerrar una cuenta de resultados definitiva? Cuando nos ha hablado de la expropiación gigantesca de la mitad del sector financiero, ¿cuándo empezó, a su entender, esa expropiación
gigantesca? ¿En qué fecha? Tiene usted un abanico importante, entre el año 2000 y el año 2010 en que dejó la Presidencia de la CECA. Por último, ¿cree usted que si la CNMV y el Banco de España se hubieran opuesto, Bankia no hubiera salido a
bolsa?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aguirre.


Por el Grupo Socialista, señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señor Quintás, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Socialista y además agradecerle la claridad expositiva; ha hecho gala de haber sido también un buen profesor en teoría económica. Comparto profesión, señor Quintás.


Sobre lo que ha dicho, le haré algunas consideraciones, que puede tomarlas como tal o como preguntas. La primera es que, efectivamente, yo coincido con usted en que las consecuencias de la crisis económica son mucho más que el dinero que
los contribuyentes han tenido que poner, que ha sido mucho. Por tanto, de acuerdo con esa primera apreciación.


La segunda es que, desde nuestro punto de vista, el sector privado, por así decirlo, lo que no son cajas de ahorros, ha tenido mucho que ver con el ciclo financiero, y lo ha comentado también en su exposición. Efectivamente, estos bancos
han compensado sus pérdidas en nuestro país porque tenían parte de su negocio fuera de España. En el ciclo financiero que tiene su efecto sobre la situación económica y sobre el ciclo económico, el sector privado tiene mucho que ver, evidentemente.


Tercera consideración. Desde nuestro punto de vista también hay malas prácticas o mala praxis de las cajas de ahorros y de sus gestores y detrás no hay una mala influencia política. Es decir, podríamos hablar de muchos casos donde ha
habido una mala praxis de gestión de las cajas, independientemente de que los políticos lo hicieran mejor o peor. Lo digo por ayudar a contextualizar los problemas del sector.


Cuarta consideración. En esta estamos muy de acuerdo, yo particularmente, porque efectivamente la regulación temprana es muy necesaria y evita muchísimos problemas. Probablemente el regulador legislativo a finales de los noventa y
principio de los dos mil tendría que haber abordado cambios sustanciales en la regulación en general del sistema financiero español y, en particular, en la gobernanza de las cajas de ahorros. En eso estoy completamente de acuerdo con usted.


Quinta consideración. Cuando no se ha actuado de manera temprana y tenemos el problema, tenemos al enfermo encima, hay que operar. Usted dice que los SIP no fueron una buena vía, una buena política, un buen camino. De su intervención
deduzco que la alternativa es haber puesto dinero público -incluso usted lo ha dicho en su intervención-, y quiero hacer dos apreciaciones. En primer lugar, si tenemos en

Página 60

cuenta las provisiones que se hicieron a continuación, el dinero privado que se metió, los decretos Guindos que venían, nos hubiese costado la operación a los contribuyentes muchísimo más dinero de lo que nos ha costado. En segundo lugar,
hoy es relativamente fácil, pero a los dirigentes políticos de aquel entonces habría que haberles dicho: oiga, sin la double dip usted tome decisiones. Pero efectivamente, después vino una double dip que exigió lo que exigió, pero ya le digo que
la vía alternativa a los SIP nos hubiese costado más dinero a los contribuyentes de lo que finalmente nos han costado.


Sexta consideración. Ha manifestado que en Europa -lo dice bien- hay una banca social, una banca cooperativa interesante que demuestra que el problema no está en la propiedad, en el origen. Me gustaría que, si pudiera, nos hablara de esto,
porque seguro que ha leído al respecto. En Europa también hay una evolución en relación con comportamientos puramente privados. ¿Por qué digo esto? Porque las exigencias de capital son muy importantes. Es decir, es que probablemente si no se
hubiesen hecho los SIP en aquel momento, en el contexto actual y con lo que tiene que venir las exigencias de capital son desproporcionadas en relación con entidades pequeñas, con cajas pequeñas. El coste del capital es creciente en un contexto de
mucha incertidumbre, de riesgos sistémicos, un coste -insisto- financiero, y hoy lo estamos viviendo, señor Quintás, resulta que hay una carrera de los bonistas de los bancos intermedios para salir de esos bancos intermedios, porque en los bail-in
duros que se están practicando el coste de capital para estos bancos intermedios, que son antiguas cajas, está produciendo los problemas que estamos viendo. Por tanto, más exigencia de capital, mayor coste del capital y además hay un contexto de
tipos de interés bajos para hoy y para muchas décadas. Por eso le digo que la vía de los SIP es una vía que nos ha costado menos dinero a los contribuyentes y ha iniciado el camino para preparar a esta banca social para el futuro.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.


Vamos a hacer un receso de diez minutos. (Pausa).


Reiniciamos la Comisión.


Para cerrar, tiene la palabra el compareciente, el señor Quintás Seoane.


El señor EXPRESIDENTE Y EX DIRECTOR GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS, CECA (Quintás Seoane): Respecto de la intervención del señor Navarro, le confirmo que, por lo que he visto y por lo que en otras ocasiones he
escuchado, la coincidencia difícilmente puede ser mayor. Puede haber diferencias de matiz, pero siempre que he escuchado sus comentarios en esta misma Comisión o que he leído iniciativas llevadas a cabo me he encontrado muy bien reflejado.


En cuanto a cuál podía ser la regulación óptima, a lo mejor aquí no estamos de acuerdo, aunque creo que compartiríamos todos los puntos exceptuando uno en el que, a lo mejor, usted es más radical que yo. Me voy a explicar. Le digo con toda
sinceridad que no creo que la presencia de los políticos fuese algo negativo, a pesar de haberlo combatido con intensidad y profundidad, y a pesar de los disgustos que me ha dado; el problema fue el porcentaje que representaron. ¿Por qué? Porque
la obra social de las cajas atiende a objetivos sociales iguales a los que suelen tener las diputaciones, los ayuntamientos y las comunidades autónomas, luego estaría muy bien que hubiera un vínculo de coordinación entre los distintos planes. De
hecho, oficiosamente hubo alguna comunidad autónoma que solamente se preocupó de las cajas -y en este sentido hablo positivamente, no nombraba a ningún miembro del Gobierno- para garantizar que los planes de obra social estaban coordinados y que dos
instituciones distintas no duplicaban ni montaban en la misma ciudad, por ejemplo, dos orfanatos. Creo que en una caja de ahorros, tal como eran antes, la presencia de representantes del poder político era muy interesante, pero siempre que fuese,
como pretendía la ley de 1977, uno de los grupos y que en ningún caso pudiese llegar a controlar el consejo. Es la única discrepancia que encuentro con todo lo que ha dicho usted.


Contestando al señor Mayoral, he distribuido el texto de mi intervención precisamente para poder remitirme a él, porque a lo mejor me he expresado mal cuando hablaba, pero creo que en beneficio de ustedes está más claro tal y como aparece en
el texto que les he entregado ahora. ¿Por qué? Porque realmente si usted no entendió que yo hablé de la banquerización de las cajas entonces es que yo me he expresado muy mal, porque en la página 7 -por citar una que he mirado ahora deprisa- digo,
en primer lugar, que las cajas se movieron en el sentido de copiar el sistema de remuneración de los bancos que era mucho más generoso y, en segundo lugar, que en cuanto al modelo entero del negocio abandonaron el suyo tradicional. Quizá no hice el
énfasis suficiente, pero no se puede hacer más: cambiar la remuneración de los gestores y cambiar el negocio.

Página 61

En cuanto al sufrimiento de los particulares, es cierto. Yo quise dejar un reconocimiento explícito y así lo hago en varios lugares. En la página 28, cuando hablo del costo, verán que hablo del costo a los particulares, desde múltiples
perspectivas: el empleado que perdió su puesto de trabajo, la familia que perdió su casa, el tenedor de cuotas participativas. Ese es un costo enorme. ¿Qué ocurre? Apenas lo cité, pero por prudencia; yo no soy un especialista en eso y, si
después de todo lo que han tenido que escuchar durante mi intervención, dedico un cuarto de hora a hablar del traumatismo -usé dos veces esa palabra en relación con lo mal que lo han pasado-, de la tragedia que supuso esto para muchos hogares, creo
que habría rebasado sin justificación alguna su paciencia. Discúlpeme si he sido demasiado prudente. Creo que lo he reflejado, pero no lo describí en su extensión.


¿Existió la hipoteca subprime? Como usted comprenderá, en una patronal uno no sabe lo que hacen en una oficina, pero sí que leo lo que descubren los tribunales o los sistemas de arbitraje. Creo que sí hubo, no la subprime al estilo de
Estados Unidos pero sí en el sentido en el que usted la definía, es decir, hipotecas concedidas sin que en el flujo de ingresos esperable de esa persona hubiese capacidad de pago suficiente para reembolsarlo. Eso seguro que sí. Aunque, insisto, no
soy una autoridad sobre lo que ocurre en una oficina -ya hace muchos años que no piso ninguna, soy un fanático de hacer todo por Internet-, con lo poco que sé por testimonio indirecto de tribunales, etcétera, no me cabe la menor duda.


¿Hay expansión internacional? Este es otro problema en el que no me extendí lo suficiente y no fui capaz de transmitir lo que quise decir. Yo no me refería a que las cajas no tuvieran una oficina en un sitio, me refería a que no habían
hecho un despliegue de banca minorista allí, que es lo que dio beneficios. Me explico, las pérdidas que estaban teniendo en España los grandes bancos españoles -quizás no mayores que las que estaban teniendo las cajas, es fácil de verlo pero yo ya
no estaba en el sector y no me he preocupado- las compensaron porque sus oficinas allá eran tan importantes o más que las que tenían aquí y estaban en un momento del ciclo enormemente positivo. Eso es lo que no tenía ninguna caja, y a eso me
refería; como no tenían redes en el extranjero, no podían extraer de ahí el beneficio que les permitiera compensar las pérdidas que estaban teniendo sus redes en España. A eso me refería. En cuanto a Caimán, algunas de las cosas que ha dicho no
me suenan, lo cual quiere decir que son cuestiones que han surgido en los siete años en los que ya no estoy en el sector. (El señor Mayoral Perales: Es de 2000). Ah, no, es que otras sí, quería decir que alguna cosa puede ser... (El señor
Mayoral Perales: Si quiere, le enseño las carátulas). A eso sí me voy a referir. Quería decir que a lo mejor hay alguna otra cosa que es posterior. Si no me falla la memoria, porque han pasado diecisiete años, fue una cuestión bastante absurda y
es que, mientras que era legal vender aquí cierta clase de títulos, no era legal emitirlos. Entonces la caja que tuviera más resistencia a abrir una oficina fuera, si quería vender esos títulos tenía que tenerla porque si no, no los podía crear.
Ese es el argumento y ahí la culpa que pueda tener la reconozco. Fui uno de los que hablaba con el Banco de España y les decía: esto es absurdo, o prohíbes el título aquí o lo dejas hacer aquí. Es absurdo que una entidad -usando sus mismas
palabras- que no se le ha perdido nada en las Islas Caimán tenga que pagar a un señor allí para poder, aparentemente, crearlos allí para venderlos aquí. Soy bastante crítico con muchas de las cosas que hicieron las cajas pero creo que usted se
refería a este caso concreto y este caso era una anomalía: o no quieres que ese título se venda en España y entonces lo prohíbes y directamente no lo metes en la relación de títulos con los que pueden operar las cajas, o si dices que puede operar
tranquilamente, no le obligues a montar un chiringuito allá. En cualquier caso, independientemente de que, a lo mejor, algún directivo hubiese encontrado alguna fuente interesante personalmente para él -de eso como otras cuestiones que salieron en
los procesos penales-, ese chiringuito no le daba nada, pagaba a un señor para tener una oficina abierta y poder nominalmente crear allí esos títulos.


En cuanto a la desconsolidación, esto sí que me ha cogido fuera y no tengo ni idea. Ahora me ha creado usted la curiosidad y me dedicaré a ver qué es. La verdad es que fueron tantos años con un horario de trabajo tan intenso, de diez o
doce horas diarias, renunciando a la lectura, etcétera, que desde que me jubilé prácticamente no he leído nada hasta que la presidenta tuvo la ocurrencia de citarme con tan poco tiempo y me he tenido que dar un atracón horroroso. A eso se debe, en
parte, que haya sido tan largo porque, como decía un clásico, no tuve tiempo para ser más breve.


Con el señor Aguirre la verdad es que las coincidencias exceden con mucho a las discrepancias. Lo de que fue una consultora lo sé porque me lo decían los propios del Banco de España; ha sido una buena idea pero no podría decirle el nombre.
(Risas). A lo mejor me atrevería a decir la persona y el pasillo pero no el nombre porque no me gusta meterme con personas concretas. Tengo incluso alguna anécdota interesante sobre este tema. Lo de la imputación a reservas y no la cuenta de
resultados, sí que se

Página 62

produjo después de marcharme. No tengo memoria de que esto hubiera estado en debate o hubiera habido algún cuestionamiento con ello. ¿Los consejos podían tomar decisiones para frenar el crédito? Absolutamente; los gestores y los
consejeros. Yo les voy a contar una anécdota personal. A mí me cogió otra burbuja especulativa anterior a esta en una entidad financiera; quizá no hubiera ninguna medida, pero bastó que alguien con el nivel suficiente, y no era el gobernador, nos
dijese: ojito, ojito, que quien se pase del 3 % anual de crecimiento va a tener la vida muy difícil. Y automáticamente se nos apareciera la Divina Providencia a todas las entidades financieras de este país y ninguna pisó la raya. Entonces,
instrumentos hay muchos para frenar a la gestora del órgano de gobierno. Ahora bien, ¿podían los órganos de gobierno frenarlo? Sí, pero normalmente no tenían la competencia profesional para enfrentarse a los directivos de esa caja. ¿Por qué?
Porque tenían mayor profesionalización, dedicaban más tiempo a estudiar los asuntos y, desde luego, de riesgos ellos sabían, mientras que los consejeros no solían saber. Entonces, aunque a un consejero le pareciese un poco extraño que creciese el
20 % la red en un año, le hubiera sido muy difícil confrontar su opinión con la de un profesional. Y, por otra parte, tampoco veía que sus compañeros se esforzasen en el control de la entidad.


Yo creo que, simplemente, en muchas cajas se nombraban consejeros, siendo conscientes de que no eran personas preparadas para crear estrategias -función de orientación-, ni controlar la ejecución de las mismas -la segunda función-, por lo
que simplemente estaban ahí. Ese es el problema, que cuando de verdad las cajas se tienen que enfrentar a problemas complejísimos, no existe el recurso suficiente de profesionalidad para poder cumplir con eso, porque también en el ámbito de los
directivos fue muy frecuente que se nombrase a gente sin la suficiente capacidad; aunque, de nuevo, permítanme que haga la salvedad de que también ha habido en el sector personas designadas políticamente que lo han hecho de una forma absolutamente
ejemplar en calidad profesional. Insisto, no es un problema de la procedencia; el problema es que si alguien que puede nombrar no nombra bien, el que luego está ahí lo va a hacer mal. El problema básico es que yo creo que no se tomaron en serio
lo que era una entidad financiera.


En cuanto a que si las cajas presentaban borradores al Banco de España, yo creo que sí. Esa es la impresión que tengo y, además, no me parece mal; a lo mejor ahí discrepamos. Como decía antes, en el Banco de España hay una acumulación de
buenos profesionales, o la había -no sé ahora con todas las marchas que se han producido al Banco Central Europeo- en el tiempo en que yo fui gestor. No solamente el Banco de España tiene profesionales muy buenos, sino que la mayor parte de los
inspectores comprendían muy bien cuáles eran los talones de Aquiles. Un director general de Inspección de cajas, Eduardo Galilea, el día en que tomé posesión como director general de la Confederación, se acercó, yo no lo conocía -además, tenía una
cara que imponía-, y me dijo: No sé si darle la enhorabuena o el pésame. Y así empezamos la relación. Bueno, pues él me dijo -y esto lo usé una vez en un momento en el que me preguntaron si daba mi palabra de honor de que en ese momento no había
ninguna situación crítica-: Mira Quintás, si yo encuentro algo, el primero en saberlo, por supuesto, será mi gobernador, pero el segundo serás tú, porque codo con codo el Banco de España y la confederación se arreglan mucho mejor los problemas.
Quizá ustedes eso no lo sepan, pero la Confederación Española de Cajas de Ahorros es la que tenía la inspección sobre las cajas, hasta que tuvimos un director general, muy inteligente, que ascendió a gobernador del Banco de España y, entonces, se
llevó la inspección. Muy bien hecho. Yo creo que no deben confundirse en el mismo órgano el regulador y supervisor con la patronal. Pues bien, en dos ocasiones -esto sí que ya no lo puedo decir porque sería secreto profesional-, el señor Galilea
y yo codo con codo resolvimos dos problemas dificilísimos. Bueno, pues yo confiaba en que si surgía alguna cosa -igual que jugué yo, jugaron ellos, porque en alguna ocasión me lo discutieron-, yo tendría esa alerta. Lo que ocurre es que desde que
empezó el problema de Caja España cesó cualquier tipo de comunicación conmigo sobre alertas. Entonces yo vivía feliz, no había ningún tipo de alerta, pero los inspectores, por ejemplo, descubrían cosas, y me enteré en 2011 -perdón, me he ido
completamente por las ramas-. La relación entre el Banco de España con una caja de sentarse uno con el inspector con el que tiene confianza y con el director general y que le diga: yo creo que es esto, como normalmente la mayor profesionalidad
estaba del lado del Banco de España, yo lo veía casi como un asesoramiento externo gratuito y muy eficiente. No sé si después esto se prostituyó, se estropeó, pero en el tiempo en que yo estuve como director general de CECA y luego como presidente,
el Banco de España -otra cuestión es que yo discrepe de las decisiones que se tomaron por la cúpula-, como organización, fue el principal aliado de las cajas, soy testigo de ello, y que un aliado te dé un consejo aunque a veces te suponga un
revolcón, vale la pena.

Página 63

¿Cuándo empezó la expropiación de las cajas? En cierto modo, cuando se empezó a decir que convenía transferir recursos a la entidad central del SIP, que tenía que ser un banco. Pienso que fue eso porque sobre algo tan trivial que yo había
pedido y el sector había pedido, que es que la entidad central fuera una caja, por aquello de que los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, me decían que tenía que ser un banco y yo no lo entendía. Operativamente, es igual una caja que
un banco. ¿Entonces por qué se va a llamar banco la entidad central? Claro, era el comienzo de la conversión en bancos de las cajas, lo que pasa es que en aquellos momento ni se me pasaba por la cabeza -a lo mejor es que soy excesivamente ingenuo-
cuál era el destino final de la reforma. Yo creo que fue en ese momento.


En cuanto a los SIP, de verdad, no había el menor tono irónico en lo de que fue una solución ingeniosa y que convencieron además a muchas comunidades autónomas en el sentido de que decayese su hostilidad a fusiones interregionales, porque
tenían la impresión de que seguían controlando aquello. Además, hicieron posibles algunas fusiones que resultaron interesantes. ¿Cuál es mi doble crítica? Primero, que había entidades, cajas pequeñitas que podrían haber seguido, como las dos que
subsistieron, si no las hubieran forzado a fusionarse con otras que tenían un agujero tremendo y las hundieron, se fueron con ellas al infierno en la intervención. Por tanto, primera crítica: si usted tiene una cajita, como las actuales de
Onteniente o Pollensa, que funciona bien, que está bien relacionada en su entorno, etcétera, déjela ahí como cajita. Hubo cajas -me refería a ello al comienzo de la intervención- que podrían haber seguido y murieron no por su culpa, sino porque
alguien les dijo que se tenían que fusionar. La segunda crítica es que si el único problema de las cajas fuera un problema de economías de escala, no habría problema alguno, los SIP serían perfectos. Lo que a mí me preocupa, y creo que fue un
error, es dedicar los mejores recursos del Banco de España a algo que en esos momentos era accesorio frente al problema de la solvencia. Es decir, que yo diría que, en principio, ninguna objeción de los SIP, salvo que entretuvieron a las cajas y al
Banco de España en una tarea que no era la prioridad en ese momento, simplemente eso. ¿Bankia habría salido con la oposición del Banco de España y de la CNMV? Desde luego que no, jurídicamente era imposible que saliese.


Y ya nos acercamos al final. Señor Saura, es un tema muy interesante y creo que lo tengo en la intervención escrita pero me lo salté por mor de la brevedad. Hubo muchos errores que se debieron simplemente a la mala práctica de los
gestores, que además no solo no eran políticos sino que incluso tenían una larga y brillante trayectoria en el sector, pero que por lo que fuera -y yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni voy a ponerme a elucubrar sobre cuáles fueron sus motivos-
tomaron medidas que eran incorrectas. Sin embargo, yo sigo pensando que hay también una corresponsabilidad política. ¿Por qué? Porque si los órganos de gobierno hubieran estado formados por profesionales conscientes del riesgo, seguramente les
habrían parado los pies. Por tanto, el problema es que si hay un gestor profesionalmente competente pero que no tiene enfrente un consejo que le controla, que es el que puede pedir papeles, etcétera, y al que además el Banco de España le da un
caponcito o le echa una reprimenda, pero no lo cesa o no lo denuncia, esto indica que en el fondo hay algo. Es decir, no quitaría yo al gestor de la lista de responsables -iría el primero-, pero esa lista es más larga: tendrían que sentarse ahí
también los que hicieron débil los sistemas de control que teóricamente estaban protegiendo la entidad.


La última cuestión que tengo anotada no sé si la enfocaré adecuadamente: es la relativa a cómo funcionan en Europa las cajas. Hay un tema extraordinariamente interesante que muchas veces no es percibido por el público e incluso podríamos
decir que a veces es incorrecto. Mi impresión es que este es un juego desleal por parte de Alemania con respecto a sus socios europeos. Les dije antes -y es cierto- que durante esta gran crisis los bancos mutuales, las cajas y los bancos públicos
han hecho un papel que, en cambio, no pudieron afrontar los bancos privados, sumidos en una crisis profunda. Permítanme que les desvele por un momento -aunque a lo mejor ya lo saben- cómo en algunos casos se realiza esa función de estabilización
que da un enorme poder económico al país donde esto tiene lugar. No lo defiendo; lo digo para que vean hasta qué punto estos instrumentos llegaron a ser útiles durante la crisis.


Si ustedes lo piensan, en un sistema donde los mercados mayoristas atraviesan por problemas, donde incluso en algún momento al Banco Central Europeo se le ocurre subir los tipos -cosa por la que a lo mejor algún día tendría que pasar por el
infierno para pagar penitencia-, ¿qué cosa más interesante hay que tener una red inmensa de pequeñas cajitas que, por su finalidad y falta de apego al objetivo de maximización de beneficios, pueden suministrar a tipos que de facto son subvencionados
a la industria alemana? Fíjense en la íntima interrelación entre la industria alemana y el sistema de cajas alemán. Ahí hay un sistema encubierto -que yo sepa, no lo han denunciado nunca; aunque a lo mejor ahora sí-, por el cual la industria
alemana está jugando con una ventaja desleal competitiva frente al resto de la industria

Página 64

de los otros países, que es lo que jamás podrían tener. De ahí la defensa a ultranza de Merkel de sus cajas alemanas. Es una palanca poderosísima para la estabilidad del propio sistema industrial alemán. ¿Con esto qué digo? Que las cajas
en Europa han hecho muchas cosas y que si nos ceñimos solamente al periodo crítico de la crisis, creo que en su inmensa mayoría han sido muy positivas porque quizá gran parte de estas empresas hubieran quebrado si hubieran quedado expuestas, como
las españolas, por ejemplo, a la crudeza de los mecanismos de mercado. Es cierto que la economía de mercado progresa a través de la destrucción creativa, que nos decía Schumpeter, pero a los que les toca vivir esa destrucción lo pasan muy mal y
estoy seguro de que un empresario alemán votaría a favor de no tener tanta destrucción creativa y poder seguir con su pequeño negocio que consiguió gracias a la caja de su localidad.


Muchas gracias por su atención.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Quintás.


Levantamos la sesión y nos volvemos a reunir a las cinco de la tarde. Les ruego que sean puntuales porque hay algún diputado que después tiene agenda o vuelo. Para su previsión, creo que en veinte o veinticinco minutos podemos resolver el
orden del día de la Comisión.


Se levanta la sesión.


Eran las cuatro y treinta minutos de la tarde.