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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 62, de 01/12/2016
cve: BOCG-12-D-62
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
1 de diciembre de 2016
Núm. 62
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PERSONAL
299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios.
Ceses ... (Página3)
Nombramiento ... (Página4)
299/000005 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de Comisión.
Cese ... (Página4)
Nombramientos ... (Página4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e independencia de la Justicia. Rechazo por el
Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página5)
162/000137 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo.
Enmiendas ... (Página10)
Aprobación con modificaciones ... (Página12)
Comisión de Economía y Competitividad
161/000762 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para el fomento de la compra pública innovadora en el ámbito de la contratación del sector público. Retirada ...
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000001 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal, y más en concreto, sobre las medidas
adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, más conocida como 'amnistía fiscal', tributen efectivamente al tipo del 10% contemplado expresamente en la Ley ...
172/000002 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de cinco millones de personas en nuestro país, especialmente en
las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese en la violación de derechos ... (Página15)
172/000003 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista al Ministro del Interior sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos ...
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PERSONAL
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 23 de noviembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 23 de noviembre de 2016, de D.ª María del Carmen Archilla Pertierra, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 25 de noviembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 25 de noviembre de 2016, de D. Álvaro Espartosa de la Vega, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 24 de noviembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 24 de noviembre de 2016, de D.ª María José Mariscal de Gante Burguete, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 22 de noviembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de las Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 22 de noviembre de 2016, de D.ª María Ángeles Revilla Martín, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 23 de noviembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Jesús Andrés
Sedano Pérez, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 24 de noviembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
299/000005
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 23 de noviembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Celso Luis Delgado Arce, con efectos de 30 de noviembre de 2016, de D.ª Paloma Abejón Mendoza, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Fomento.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
299/000005
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 24 de noviembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María del Carmen
Archilla Pertierra, a propuesta del Excmo. Sr. D. José Manuel Garcia-Margallo y Marfil, con efectos de 24 de noviembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión Mixta de
Seguridad Nacional.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 25 de noviembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María José
Mariscal de Gante Burguete, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Pilar Rojo Noguera, con efectos de 25 de noviembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 23 de noviembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María Ángeles
Revilla Martín, a propuesta del Excmo. Sr. D. Jorge Fernández Díaz, con efectos de 23 de noviembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Peticiones.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000091
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un pacto social, político e institucional para la mejora,
modernización, agilización e independencia de la Justicia, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 11, de 12 de septiembre de 2016.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Isidro Martínez Oblanca, de Foro, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la
creación de un pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e independencia de la Justicia.
Enmienda
De adición.
Se propone añadir dos puntos:
'3. Impulsar la reforma de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, a los efectos de adaptar la Planta Judicial a las nuevas necesidades sociales y transformar la Demarcación para que la existencia de los
partidos judiciales se base en un criterio de población mínima de 50.000 habitantes de derecho, teniendo siempre en cuenta la facilidad de comunicaciones.
4. Revisar el concepto de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) a los efectos de promover la modernización y agilización de la justicia, redefinir y determinar con precisión la distribución de competencias entre jueces y secretarios judiciales,
así como para impulsar la implantación del expediente digital que, junto con otras medidas, permita hacer frente al aumento de la litigiosidad y dar mayor rapidez a la solución de los pleitos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Català, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución
de la Proposición no de Ley para la creación de un pacto social, político e institucional, para la mejora, modernización, agilización e Independencia de la Justicia.
Enmienda
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados declara su firme voluntad de mejora, modernización, agilización y aseguramiento de la independencia de la justicia y manifiesta su absoluto rechazo a su politización. En este contexto, el Congreso de los
Diputados haciendo suya la doctrina del Tribunal Constitucional rechaza que su configuración pueda verse alterada por el procesamiento de uno de sus miembros por motivos políticos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la creación de un
pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e independencia de la Justicia, para su debate en Pleno.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
'1. El Congreso de los Diputados declara su firme voluntad de mejora, modernización, agilización y aseguramiento de la Independencia de la Justicia.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha una Estrategia Nacional de Justicia, desde el diálogo con las fuerzas políticas, los distintos operadores de la Justicia y los ciudadanos, para promover una justicia acorde
a la realidad del siglo XXI, asegurando la independencia de su funcionamiento y fortaleciendo su configuración como servicio público de calidad orientado a las necesidades de los ciudadanos, priorizando la eficiencia y calidad de la Administración
de Justicia. Dicha Estrategia deberá incluir, al menos, las siguientes medidas:
- Dotar suficientemente las partidas presupuestarias destinadas a la Justicia y fomentar la especialización.
- Asegurar mediante las modificaciones legales necesarias, que la Justicia sea percibida como inequívocamente independiente, tanto en sus órganos de Gobierno, como en las Altas Magistraturas y Fiscalía General del Estado. Impulsando, desde
el necesario consenso parlamentario, la reforma del régimen de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados.
- Reformar el Tribunal Constitucional para asegurar su independencia mediante un estricto sistema de incompatibilidades.
- Restringir las 'puertas giratorias' entre la Justicia y los cargos políticos.
- Invertir de manera específica en un plan de desarrollo de la administración electrónica, con un sistema tecnológico avanzado y coordinado en todas las Comunidades Autónomas.
- Incrementar los medios humanos de la Justicia, favoreciendo una distribución eficiente de cargas de trabajo, creando unidades judiciales donde sea necesario.
- Acometer una reestructuración del funcionamiento de los Juzgados que asegure un modelo más ágil y efectivo, fomentando además la Oficina Judicial y Fiscal, así como de los procedimientos judiciales y alternativos de resolución de
conflictos que lo requieran.
- Fortalecer la carrera de jueces y magistrados. Todas las plazas de promoción interna se cubrirán mediante concurso con haremos basados en el mérito, la capacidad, la especialización y la idoneidad.
- Reformar la Ley de tasas judiciales para adaptar su contenido a la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, sin que en ningún caso suponga un incremento de estas, especialmente a las PYMES y entidades sin ánimo de lucro.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la creación de un pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e independencia de la Justicia.
Enmienda
De modificación.
Se propone sustitución de la parte resolutiva al completo, que quedará como sigue:
'1. Auditoría pública del sistema judicial. Se acordará una auditoría pública y externa del sistema judicial sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad, con el fin de buscar una fotografía constructiva
y evaluar una necesaria reorganización en aquellos ámbitos que precisen refuerzo, de manera que se establezcan criterios de optimización de los recursos. Asimismo, se impulsará una oficina judicial dotada de los medios necesarios para desarrollar
una actuación más eficaz y cercana
a la ciudadanía, que materialice un verdadero servicio al ciudadano. Esta oficina tendrá financiación directa del Estado (el Gobierno central asumirá las competencias periféricas en este ámbito), será competencia del Ministerio de Justicia
y tendrá capacidad de cesión de edificios de titularidad pública. Desde ella se impulsará el expediente electrónico y se informatizará todo el procedimiento judicial.
2. Reformar la legislación para favorecer la elección directa del Consejo General del Poder Judicial a fin de velar por la independencia del Poder Judicial como servicio público. Y, para ello, se tratarán las siguientes medidas:
- Establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ, quienes serán elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y Juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de
experiencia profesional y que, asimismo, hayan sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas.
- Regular y promover institucionalmente dichas elecciones por un órgano colegiado creado a tal efecto por el Congreso.
- Establecer limitaciones de gasto en las campañas que puedan ser promovidas para estas elecciones.
3. Promover la reforma integral de la Fiscalía a partir de las siguientes propuestas:
- Revisar el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado.
- Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para introducir mecanismos que doten a la Fiscalía de autonomía (orgánica y funcional) con relación al poder ejecutivo.
- Dotar a esta institución de mecanismos de transparencia que permitan conocer, entre otros, los actos que se realicen, los criterios utilizados para la toma de decisiones, la agenda del Fiscal General del Estado y de los demás órganos de
dirección, y las retribuciones o los indicadores de su actividad.
- Asegurar la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, con partida específica en los Presupuestos Generales del Estado.
- Abordar de manera integral la reorganización y el nuevo diseño de las funciones de los órganos centrales (Inspección Fiscal, Unidad de Apoyo y Secretaría Técnica).
- Democratizar los nombramientos en la cartera fiscal bajo estrictos criterios de mérito y capacidad.
4. Promover la despolitización del Tribunal Constitucional a través de dos reformas:
- Establecer un nuevo sistema de nombramientos por 'cuota de rechazo': la negociación de los nombramientos partirá de la conformación de un amplio listado de todas las personas técnicamente cualificadas para acceder a él. A partir de esta
propuesta, cada uno de los partidos solo podrá ir si descarta de esa lista un número proporcional a la cuota que le corresponde en función de su entidad parlamentaria. Tras sucesivos procesos de descarte, acabarán quedando solo los que menos
rechazo generan. No estarán designados por nadie, ni en deuda con nadie.
- Derogar la 'reforma exprés' de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, de forma que el Tribunal Constitucional no asuma competencias como la suspensión de sus
funciones a una autoridad.
5. Eliminación de privilegios procesales. Si bien es cierta la necesidad de protección y amparo de la actividad parlamentaria y de las actuaciones de Jueces y Magistrados, pues de otra manera podrían ver limitado el ejercicio de sus
funciones, esta protección solo se mantendrá en el ámbito de actuación pública de estos cargos, porque se considera que los privilegios procesales no rigen más allá de dichas actividades públicas; de este modo, cualquier otra actuación estará
sujeta al procedimiento general, aunque se realice durante el ejercicio del cargo.
6. Policía judicial y peritos para su adscripción funcional a los juzgados que deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Estar adscritos funcional y temporalmente a los juzgados o tribunales.
- Contar con estructura independiente y un número muy reducido de puestos de libre designación.
- Estar integrado por funcionarios con acreditada experiencia en la Policía Judicial, y con acceso exclusivo mediante concurso especifico de méritos.
- Promover y dirigir las investigaciones ya judicializadas:
Actuarán por delegación del juez o fiscal en el seno del cuerpo judicial.
Podrán requerir de los mandos policiales todos los medios personales y materiales precisos para llevar a buen fin la investigación.
Estarán exentos de informar sobre la evolución de las investigaciones o de los resultados obtenidos.
7. Justicia gratuita real. Proponemos la creación de un texto normativo que esté consensuado con los órganos colegiales y asociaciones de letrados del turno de oficio, quienes desarrollan el servicio con elevados estándares de rendimiento
y reconocimiento europeo e internacional. En este texto se contemplará la mejora del servicio público de asistencia jurídica gratuita y la dignificación del turno de oficio, y contendrá una reflexión sobre las atribuciones delegadas a las
comunidades autónomas en esta materia.
8. Supresión de las tasas que impidan o dificulten el acceso a la justicia a personas, entidades o empresas.
9. Impulso y regulación de los mecanismos de resolución de conflictos autocompositivos, incluyendo aquellos de Justicia Restaurativa.
10. Implantar medidas de apoyo a la inversión en los servicios sociales públicos complementarias a la labor de Jueces y Magistrados.
11. Debate y discusión sobre la actual organización competencial, personal y territorial con las modificaciones necesarias de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial que sean necesarias.
12. Debate y revisión de las leyes procedimentales en todos los órdenes.'
Justificación.
Más allá de la clásica definición de Justicia como 'dar a cada uno lo suyo', es cierto que la justicia puede ser definida como un sentimiento, y por tanto sujeto a interpretaciones diversas en las que las diversas opiniones juegan un papel
importante en un Estado Democrático que aspira a una democracia deliberativa lo más amplia posible para el conjunto de sus ciudadanos. Debemos distinguir la Justicia como poder del Estado y como Servicio Público. Algunas concepciones más
tradicionales han puesto hincapié en el sistema de justicia como mero ejercicio de un poder recogido en la Constitución, diferente del legislativo y del ejecutivo, pero que por eso mismo interesa controlar de forma indirecta o directa a fin de
legitimar mediante la interpretación de la ley decisiones que sencillamente se toman en otros lugares. Se pervierte por tanto el sistema de controles en que debe consistir el ejercicio democrático del poder. Otras concepciones solo se sirven del
concepto de servicio público como una forma de que el Estado genere la burocracia imprescindible para servir a los intereses de quienes más tienen, aquellos en definitiva que más tienen que perder y por ende aquellos que más interés tienen en un
servicio que les ayude a mantener y conservar lo que tienen. Frente a estas concepciones, desde nuestra opción política defendemos la estricta independencia de la justicia por parte de otros poderes políticos y económicos, de manera que sus
decisiones no estén influidas por elementos fuera del sistema de justicia propiamente dicho. Sirve así por tanto la Justicia como poder del Estado al objetivo de crear controles al ejercicio de un poder que tiende a desbordar el estricto marco del
derecho, prestando un servicio a la democracia. Por otra parte, la Justicia como servicio público debe dotar de medios materiales y personales a ese Poder Judicial independiente de manera que sea capaz de responder en tiempo y forma a las demandas
de todos los ciudadanos, no solo aquellos que más fácil acceso tienen a la justicia. No se trata únicamente de alcanzar la tutela judicial efectiva, sino también de asegurar el paso previo de igualdad de condiciones en el acceso al sistema de
justicia, sin trabas Injustificadas. Cumplirá así este servicio con un importante papel en un Estado Social cual es de reequilibrar los intereses de todos los ciudadanos, asegurando un trato idéntico a quienes parten de diferentes posiciones
personales o económicas y contribuyendo de esta manera a la creación de una sociedad más igualitaria. Sin embargo, la ciudadanía percibe que estamos cada vez más lejos de este ideal debido a las opciones que a lo largo de estas últimas décadas se
han ido tomando, y que desde nuestro punto de vista se resumen en: Una injerencia excesiva y cada vez más creciente en los nombramientos de determinados cargos de administración y gestión de los órganos de gobierno de los jueces y tribunales, que
determinan designaciones muy alejadas de los principios de mérito y capacidad con un objetivo claro de control de las decisiones por parte del Gobierno de turno.
- Una pérdida de independencia de la Fiscalía, frecuentemente puesta al servicio de intereses políticos y económicos con pérdida o retorcimiento del principio de legalidad y el interés público que debería regir su actuación.
- Una pérdida de prestigio del máximo órgano de interpretación y arbitraje del sistema político, el Tribunal Constitucional, cuya falta de credibilidad actual es notoria y pública.
- Una falta de inversión en el servicio justicia que determina graves carencias de condiciones materiales y personales a fin de lograr la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales y que determina el retraso o la falta de calidad de
las resoluciones a pesar de los esfuerzos del personal empleado, cuya desmotivación es notoria.
- Una ineficiente organización competencial, personal y territorial que hace perder eficiencia y recursos.
- Leyes procesales poco ágiles y claras que no han sabido combinar los principios de garantías del justiciable con la necesaria celeridad de los procesos.
- Falta de inversión en la Justicia Gratuita, con el consiguiente deterioro de los servicios de asistencia para aquellos que menos tienen.
- Falta de apoyo a la inversión en los servicios sociales y de apoyo técnico a la labor de jueces y magistrados. Fortalecimiento de la concepción del servicio público, sin privatizaciones o externalizaciones que hagan depender el
funcionamiento de servicios de entidades o elementos privados y externos a la administración de justicia.
- Falta de regulación eficiente de una Policía Judicial al servicio de jueces y magistrados y por tanto de una investigación ágil y eficaz bajo su dirección sin posibilidad de injerencias externas.
- Falta o ineficiente regulación de los mecanismos de resolución de conflictos autocompositivos, incluyendo aquellos de Justicia Restaurativa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2016.-Eduardo Santos Itoiz, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000137
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
núm. 18, de 21 de septiembre de 2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley
relativa a alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo, que se debatirá en el Pleno de la Cámara.
Enmienda
A la exposición de motivos, párrafo 3.°
De modificación.
Texto que se enmienda:
'La esperanza de vida ha crecido sustancialmente en los últimos años y se prevé que en 2022, por cada diez personas en edad de trabajar haya seis personas potencialmente inactivas, y en 2040, lo mayores de sesenta y cinco años representarán
el 37% de la población. Esta situación puede llevar a que los recursos que puede obtener el sistema no sean capaces de cubrir las necesidades de gasto generadas por una población muy envejecida, sobre todo teniendo en cuenta que la tasa de
natalidad es actualmente muy baja.'
Texto que se propone:
'Según las proyecciones de población del INE en 2016, en 2022 por cada diez personas en edad de trabajar habrá seis personas potencialmente inactivas y en 2040, los mayores de sesenta y cinco años representarán el 37% de la población. El
mismo organismo proyectaba en 2014, que los mayores de sesenta y cinco años representarían casi el 38% no en 2040, sino en 2064. Así mismo, según Eurostat en 2064, el porcentaje de mayores de sesenta y cinco sería del 29%. Aunque las cifras son
muy poco estables, debemos atender a las necesidades de financiación que pudieran derivarse de este aumento incierto de la esperanza de vida.'
Justificación.
El INE ha variado mucho sus previsiones en los últimos años y otras proyecciones como las de Eurostat son mucho menores a las que aporta el INE.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución
de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo.
Enmienda
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconstituir de forma urgente el Pacto de Toledo, como expresión de consenso político y el diálogo social, con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y recuperar
el poder adquisitivo de las pensiones, especialmente las pensiones mínimas, así como fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo.
Enmienda
De modificación.
Se propone la siguiente redacción:
'El Congreso de los Diputados reitera su firme compromiso con el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, basado en el reparto y en la solidaridad, y manifiesta la necesidad de alcanzar, en el ámbito de la Comisión de
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, un nuevo acuerdo parlamentario, en orden a seguir garantizando el futuro del sistema público de pensiones y prestaciones de la Seguridad Social.
A tal fin, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, inicie urgentemente el diálogo con los interlocutores sociales para presentar una estrategia de medidas concretas a adoptar para asegurar:
1.° Unas pensiones que, en el ámbito contributivo, sigan cumpliendo su papel de sustitución adecuada de las rentas de activo, y, en el ámbito no contributivo, posibilitar unas rentas dignas y suficientes. Para ello, para lo que deberá
garantizar la recuperación y el mantenimiento de su poder adquisitivo, especialmente de las pensiones mínimas.
2.° El equilibrio entre ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social, mejorando los ingresos por cotizaciones e incluyendo fuentes de financiación adicionales suficientes provenientes de la imposición general.
3.° Las dotaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se regirán por sus disposiciones reguladoras, para lo que se restablecerá el límite de disposición de las dotaciones allí establecidas, con el fin de seguir garantizando el
cumplimiento de sus fines, cual es, la estabilidad financiera del sistema ante situaciones de dificultad.
Las detracciones del Fondo exigirán la comparecencia previa del Gobierno ante esta Comisión para explicar las razones que las motivan.
4.° Una vez alcanzado ese acuerdo, el Gobierno presentará la oportuna propuesta a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, que, tras el correspondiente debate parlamentario, posibilite alcanzar un nuevo
pacto político, que contenga nuevas recomendaciones y orientaciones, que permitan reforzar los principios en los que se basa nuestro sistema público de pensiones, como son los de la solidaridad, equidad y contributividad, atendiendo a la suficiencia
y adecuación de las pensiones públicas, contributivas y no contributivas, y la sostenibilidad económico-financiera de las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000137
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y
garantizar nuestro sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 18, de 21 de septiembre de 2016, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados reitera su firme compromiso con el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, basado en el reparto y en la solidaridad, y manifiesta la necesidad de alcanzar, en el ámbito de la Comisión de
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, un nuevo acuerdo parlamentario, en orden a seguir garantizando el futuro del sistema público de pensiones y prestaciones de la Seguridad Social.
A tal fin, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que inicie urgentemente el diálogo social con los interlocutores sociales, presentando una estrategia concreta de medidas a adoptar para asegurar unas pensiones que, en el ámbito
contributivo, sigan cumpliendo su papel de sustitución adecuada de las rentas de activo y, en el ámbito no contributivo, posibiliten unas rentas dignas y suficientes, todo ello en un marco de equilibrio financiero que garantice la viabilidad de
futuro del sistema, considerando la posibilidad de complementar los déficits del sistema mediante ingresos fiscales.
Una vez alcanzado ese acuerdo, el Gobierno presentará la oportuna propuesta a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, que, tras el correspondiente debate parlamentario, posibilite alcanzar un nuevo pacto
político, que contenga nuevas recomendaciones y orientaciones, que permitan reforzar los principios en los que se basa nuestro sistema público de pensiones, como son los de la solidaridad, equidad y contributividad, atendiendo a la suficiencia y
adecuación de las pensiones públicas, contributivas y no contributivas, y la sostenibilidad económico-financiera de las mismas.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Economía y Competitividad
161/000762
Mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2016, se ha retirado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la Proposición no de Ley sobre medidas para el fomento de la compra pública innovadora en el ámbito de la contratación del sector
público, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 43, de 3 de noviembre de 2016.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000001
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el
fraude y la evasión fiscal, y más en concreto, sobre las medidas adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, más conocida como 'amnistía fiscal', tributen efectivamente al tipo del 10%
contemplado expresamente en la Ley cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre la política del Gobierno
en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal, y más en concreto, sobre las medidas adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, más conocida como 'amnistía fiscal', tributen
efectivamente al tipo del 10% contemplado expresamente en la Ley.
Exposición de motivos
En 2012, el anterior Gobierno aprobó en el Real Decreto-ley 12/2012 diversas medidas dirigidas a la reducción del déficit público y, entre ellas, la posibilidad a los obligados tributariamente de ponerse voluntariamente al corriente de sus
obligaciones estableciendo un gravamen especial del 10%. Esta polémica regularización fiscal -más y mejor conocida como 'amnistía fiscal'- asestó un golpe fatal a la
ya frágil conciencia fiscal de nuestra sociedad y supuso un enorme fracaso que ha sido objeto de repetidas críticas e iniciativas en sede parlamentaria.
En aquel momento el Gobierno previó recaudar unos 2.500 millones. Sin embargo, según datos de la AEAT, se afloraron 40.000 millones -y escasamente se recaudaron 1.193 millones, lo que supone un tipo efectivo inferior al 3% y no del 10% como
establecía el Real Decreto-ley. El anterior Gobierno, a través de la Dirección General de Tributos de 27 de junio de 2012, suavizó, aún más, las condiciones de la regularización fiscal, permitiendo, ilegalmente en opinión de los inspectores de
Hacienda y del Congreso de la XI y la XII Legislatura, que los defraudadores pagasen el 3% en lugar del 10% legalmente previsto. Además, el citado informe señalaba textualmente, y contra lo previsto en la normativa tributaria que las declaraciones
por las que los contribuyentes se acogieron a la regularización 'no eran comprobables'.
Con el objetivo de paliar, aunque fuese mínimamente, el daño causado por esta, de facto, 'amnistía de la amnistía fiscal', el Acuerdo de Investidura firmado el 28 de agosto de 2016 entre el Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos
recogía en su punto seis la exigencia de realizar 'una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de
los límites de la normativa tributaria'. El límite de la normativa tributaria es la prescripción que se produce transcurridos cuatro años desde el final del plazo voluntario de declaración, de acuerdo con los artículos 66 y 67 de la Ley General
Tributaria. En el caso de la amnistía fiscal, el próximo 30 de noviembre habrá prescrito el derecho de la Administración Tributaria a liquidar y exigir los importes incorrectamente autoliquidados por los contribuyentes defraudadores. No obstante,
la mera notificación de un procedimiento de comprobación interrumpe la prescripción, con un amplio plazo para efectuar la investigación y liquidación.
Esta misma cuestión fue abordada por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 27 de septiembre de 2016. En la misma, fue aprobada una Proposición no de Ley, que en su primer punto contó con los votos de 343 Diputados sobre
345 presentes, incluidos los del Grupo que en su día aprobaron el Real Decreto-ley 12/2012, que incluía esta 'amnistía fiscal', es decir el Popular y la antigua Convergencia i Unió, y entre los que votaron a favor estaba el propio Ministro al que se
dirige esta interpelación. Este punto señalaba que el Gobierno debía instar a la Agencia Tributaria a una revisión de los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal, de acuerdo con lo previsto en el acuerdo de investidura antes citado.
Asimismo, en dicha Proposición no de Ley, también se aprobó un procedimiento para hacer efectivo este acuerdo consistente en 'la anulación de las instrucciones internas que hicieron obligatorio el informe de la Dirección General de Tributos
de 27 de junio de 2012', por una parte. Por otro lado, también se aprobó que se instase al Gobierno: 'a que ordene a la Dirección General de la Agencia Tributaria la realización urgente de las comprobaciones inspectoras de los contribuyentes
acogidos a la regularización de 2012, y a que estas se inicien en todo caso antes del 30 de noviembre de 2016, para que los contribuyentes acogidos a la misma tributen de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 12/2012, es decir pagando el
10% de las cuantías afloradas'.
Esta exigencia de Ciudadanos se fundamenta no solo en una cuestión de justicia y equidad, sino también en la necesidad de asegurar, por un lado, el compromiso con la estabilidad presupuestaria, sin que esto se realizase a costa de los
recortes al Estado del Bienestar y las subidas de impuestos a 'los de siempre'. Hoy más que nunca, ante un ajuste el año próximo superior a los 5.500 millones de euros, son necesarios esos 2.800 millones de euros dejados de ingresar por los
defraudadores fiscales acogidos a esta amnistía fiscal, y que se derivarían de la correcta aplicación del propio Real Decreto-ley 12/2012.
Cabe asimismo recordar que esta regularización fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso, pero todavía no lo ha resuelto. Para asegurar la efectividad de la decisión del Tribunal Constitucional es
preciso que las situaciones jurídicas no hayan adquirido firmeza. Esto solo ocurrirá si se inician las correspondientes comprobaciones antes de que prescriban las obligaciones tributarias de los defraudadores. No obstante, dado que el plazo para
la presentación de las declaraciones y el ingreso de esta regularización extraordinaria venció el 30 de noviembre de 2012, esto supone que, cuatro años más tarde, el 30 de noviembre de 2016 prescribirán las posibles responsabilidades fiscales
administrativas pendientes.
Por ese motivo, urge que el Gobierno, antes de que prescriban las obligaciones defraudadas, a que inste a la Agencia Tributaria a comprobar y liquidar a estos defraudadores con la finalidad de abordar la recaudación de los 2.800 millones de
euros que se dejaron de ingresar, así como de abrir las oportunas investigaciones para detectar el eventual origen ilícito de los ingresos y rentas declaradas por quienes se acogieron a la amnistía fiscal, a fin de determinar las responsabilidades
penales y de otro a que hubiese
lugar. Sobre todo teniendo presente que, pese a la inminencia de la prescripción de las responsabilidades fiscales administrativas, hasta el momento no consta que desde el Gobierno se haya impulsado algún tipo de medida en dicho sentido.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente interpelación urgente al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal, y más en
concreto, sobre las medidas adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, más conocida como 'amnistía fiscal', tributen efectivamente al tipo del 10% contemplado expresamente en el
Decreto-ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
172/000002
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de pobreza energética en la que viven más
de cinco millones de personas en nuestro país, especialmente en las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese en la violación de derechos, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente interpelación urgente al
Gobierno, para su debate en Pleno.
Interpelación al Gobierno de España sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de cinco millones de personas en nuestro país, especialmente en las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese en la
violación de derechos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
172/000003
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro del Interior sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y
libertades de los ciudadanos, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados y en la Resolución de la Presidencia
de la Cámara de 6 de septiembre de 1983, presentar la siguiente interpelación urgente al Ministro del Interior sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, para su debate en la
próxima sesión plenaria.
En el breve plazo que lleva el Ministro del Interior en su nuevo cargo, ha debido tener tiempo suficiente para advertir la situación en que su antecesor ha dejado el Departamento y las políticas que le competen.
Como responsable de la política del Gobierno en la promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, es necesario que cuanto antes explique a esta Cámara sus intenciones respecto de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Esta Ley es conocida como 'Ley mordaza' porque no garantiza la protección real y material del libre ejercicio de derechos y libertades, con el necesario equilibrio con la protección de la seguridad
ciudadana. Por ello, su derogación ha sido requerida de manera reiterada y mayoritaria por el Congreso de los Diputados.
Es necesario situar la protección de la seguridad ciudadana como medio de protección real y material del libre ejercicio de derechos y libertades, tales como el derecho de manifestación o las libertades de expresión y crítica al propio
sistema. Por el contrario, lo que esta Ley ha originado es una limitación injustificada de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos.
Es indispensable también el respeto escrupuloso de los derechos humanos de aquellas personas que llegan a nuestro país y encuentran dificultades al ejercicio de su derecho a solicitar protección internacional, o esperan durante meses a que
sea examinada su petición de asilo, expuestos a un expediente de expulsión. Igualmente hay que asegurar que el ingreso en un centro de internamiento de extranjeros sea una medida restringida a supuestos imprescindibles y que no suponga más
limitaciones en los derechos de los internos que las indispensables para asegurar el cumplimiento de la medida que se acuerde. Asimismo, deben garantizarse unas condiciones de vida dignas en el interior de los centros, con acceso a los servicios
sociales que precisen.
No son estas las únicas muestras de incumplimiento del régimen de derechos y libertades, que tiene otros ejemplos en la aplicación a los miembros de la Guardia Civil del Código Penal Militar en su quehacer cotidiano como cuerpo de seguridad
o en la sucesión de episodios de inobservancia del mandato de aconfesionalidad del Estado.
Por otro lado, un compromiso serio con la seguridad pública, como instrumento esencial para la garantía de los derechos y libertades, exige dotar de mejores medios a los encargados de garantizarla, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, especialmente los destinados a su seguridad, y sin que en ningún caso puedan ser utilizadas con fines partidistas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta interpelación urgente al Ministro del Interior sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.