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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 489, de 29/01/2019
cve: BOCG-12-D-489
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
29 de enero de 2019
Núm. 489
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000008 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas.... (Página4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004167 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la urgente autorización de navegación del buque Open Arms en la zona SAR, área del Mediterráneo situada frente a las costas de Libia ...
(Página5)
Comisión de Justicia
161/004174 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a garantizar los derechos de las parejas de hecho ... (Página7)
Comisión de Interior
161/004165 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a un nuevo tratado de buena vecindad con Marruecos para la mejora de Ceuta y Melilla ... (Página8)
Comisión de Fomento
161/004168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el establecimiento de obligaciones de servicio público en la línea aérea Murcia-Madrid y Madrid-Murcia ...
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004171 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de modificación del sistema de concesión de becas generales de Universidad ...
161/004176 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la paralización de la privatización del Seguro Escolar ... (Página12)
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/004172 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la exigencia al Grupo
Endesa a retomar las negociaciones para la firma de un nuevo convenio colectivo tras la caducidad del IV Convenio Marco el pasado 31 de diciembre de 2018 ... (Página13)
161/004173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación del régimen de ultraactividad indefinida del convenio colectivo a la conclusión de su
vigencia ... (Página14)
161/004177 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la paralización de la privatización del Seguro Escolar ... (Página15)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las medidas para afrontar la crisis del sector de producción de cítricos en la Comunitat Valenciana ...
Comisión de Cultura y Deporte
161/004170 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la incorporación de medidas de fomento de la igualdad para la mujer en el nuevo Proyecto de Ley de Deporte ... (Página20)
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
161/004175 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para la atención integral a las personas afectadas por el Síndrome 22q11.2 ... (Página21)
161/004178 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la paralización de la privatización del Seguro Escolar ... (Página23)
Comisión de Igualdad
161/004169 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la incorporación de medidas de fomento de la igualdad para la mujer en el nuevo Proyecto de Ley de Deporte ... (Página24)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia
181/001587 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre justificación por parte del Ministerio de Justicia de la agrupación de juzgados de violencia de género de Nules y Segorbe en el Juzgado de Vila-real ...
Comisión de Fomento
181/001582 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre actuaciones previstas para evitar que caduque la declaración de impacto ambiental del proyecto de autovía Ourense-Ponferrada, A-76 ...
181/001583 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre estado de tramitación y ejecución de los diferentes tramos de la autovía A-56, Ourense-Lugo ... (Página26)
181/001584 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre estado de tramitación y ejecución de los diferentes tramos de la autovía A-76, Ourense-Ponferrada ... (Página26)
181/001585 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre grado de cumplimiento del cronograma de las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, entre Pedralba de la Pradería y Ourense ...
181/001586 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre previsiones acerca de impulsar en el año 2019 los proyectos de la red de carreteras del Estado en la provincia de Ourense que se encuentran pendientes ...
(Página27)
181/001588 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre valoración del Gobierno sobre el funcionamiento durante los meses de verano de los trenes que han circulado por Extremadura y sus incidencias ...
181/001589 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre previsiones acerca de la evolución de las obras del AVE a Extremadura en todos sus tramos ... (Página27)
181/001594 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre conclusión de las obras de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Galicia, entre Zamora y Pedralba de la Pradería ...
181/001595 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre motivo real que ha llevado al Gobierno a cercenar las obligaciones internacionales de auxilio y rescate en el mar impidiendo la salida del buque de
salvamento Open Arms del puerto de Barcelona ... (Página28)
Comisión de Educación y Formación Profesional
181/001628 Pregunta formulada por el Diputada doña María Sandra Moneo Díez (GP), sobre medidas previstas para garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especial como garantes de la libertad de elección de las
familias ... (Página28)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001591 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM), sobre posición del Gobierno acerca de la propuesta de la Comisión sobre el Plan Plurianual para las poblaciones de especies demersales del
Mediterráneo occidental ... (Página28)
181/001593 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas para evitar que los ribazos entre fincas se sigan destruyendo, teniendo en cuenta la función medioambiental que
desarrollan, al ser usados como lugar de refugio y reproducción de muchas especies animales ... (Página29)
181/001629 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre medidas que prevé implantar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de cara a regular la pesca de caballa ...
181/001630 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre actuaciones que se contemplan de cara a poder retirar la propuesta de la Unión Europea sobre el Plan de pesca demersal en el Mediterráneo occidental ...
(Página29)
181/001631 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre valoración del acuerdo para España de los Ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) para el reparto de las cuotas de pesca en el año 2019 ...
181/001632 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre valoración del acuerdo alcanzado en la Unión Europea donde los recortes en la
pesca de la merluza cantábrica hayan terminado después de cuatro años y lo que puede suponer esto para el sector ... (Página30)
181/001633 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre medidas que se están adoptando en relación a reducir los efectos de los descartes en pesca sobre el sector ... (Página30)
181/001634 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre valoración del acuerdo alcanzado en la Unión Europea donde se suavizan los recortes para las cuotas de pesca de besugo del Cantábrico y lo que puede
suponer para el sector ... (Página30)
181/001635 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre medidas previstas de cara a favorecer la incorporación de jóvenes y mujeres al sector de la pesca ... (Página30)
181/001636 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre medidas concretas que prevé llevar a cabo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de igualdad en la pesca y la acuicultura ...
181/001637 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respecto a cómo puede afectar a nuestro sector pesquero el Brexit ...
181/001638 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre medidas que se contemplan de cara a ayudar a los afectados por el cese de la pesca en Marruecos ... (Página31)
Comisión de Transición Ecológica
181/001590 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre valoración de las consecuencias medioambientales y sociales de la desertización rural y su hoja de ruta para abordar estas consecuencias de manera
integral ... (Página31)
Comisión de Cultura y Deporte
181/001592 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de seguir concediendo el Premio Nacional de Tauromaquia, así como razones que justifican su mantenimiento ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/043854 Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Marcos Moyano, María Dolores
Participación de la Junta de Extremadura en Comisiones de seguimiento con el Ministerio de Fomento en relación con el ferrocarril ... (Página32)
184/043870 Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Marcos Moyano, María Dolores
Documento existente en el que consten de forma calendarizada los compromisos adquiridos en materia ferroviaria ... (Página33)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000008
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
(061/000006)
Suplentes:
Baja:
LARA CARBÓ, María Teresa de 25-01-2019
Alta:
MORALEJA GÓMEZ, Tristana 25-01-2019
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de los Diputados Ana María Surra Spadea, Joan Tarda i Coma y Gabriel Rufián Romero al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre la urgente autorización de navegación del buque Open Arms en la zona SAR, área del Mediterráneo situada frente a las costas de Libia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La obligación de prestar asistencia a personas que se encuentren en peligro en el mar es un acto de solidaridad, aunque también es una obligación legal con arreglo al Derecho internacional:
El Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos de 1979 (Convenio SAR) obliga a los Estados Parte a '[...] garantizar que se preste auxilio a cualesquiera personas que se hallen en peligro en el mar,[...] sea cual fuere la
nacionalidad o la condición jurídica de dichas personas o las circunstancias en que estas se encuentren' (párrafo 2.1.10) y deberán 'prestarles los primeros auxilios médicos o de otro tipo y trasladarlas a un lugar seguro' (párrafo 1.3.2).
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ratificada por todos los Estados miembros y por la propia Unión Europea, que en su artículo 98 recoge que 'Todo Estado ribereño fomentará la creación, el funcionamiento y el
mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz para garantizar la seguridad marítima y aérea y, cuando las circunstancias lo exijan, cooperará para ello con los Estados vecinos mediante acuerdos mutuos regionales', es decir,
exige que se preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro en el mar.
El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (Convenio SOLAS) referente a la obligación de los Gobiernos de garantizar que se adopten medidas para el salvamento y la vigilancia de costas, así como a los buques de acudir
en auxilio de las personas en peligro en el mar.
Teniendo en cuenta que la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, ha denegado el permiso de salida al barco humanitario Open Arms a zarpar hacia aguas internacionales próximas a Libia con el objetivo
de salvar vidas de migrantes en peligro. Y que este bloqueo a la salida del Open Arms hacia la zona de rescate, se basa, según detallan, en una lista de incumplimientos de convenios internacionales, como el de desembarque de los inmigrantes en el
puerto cercano más seguro, algo que es difícil de cumplir ya que tanto el Gobierno italiano como el maltés mantienen cerradas todos sus puertos. O el hecho de que el buque no cuenta con los certificados que garantizan el cumplimiento de la
normativa internacional de seguridad marítima y prevención de la contaminación del medio marino para el transporte de un elevado número de personas a bordo.
Ninguno de los incumplimientos que detalla la orden recae en responsabilidad directa del barco o de su tripulación, sino que es fruto de la omisión del derecho internacional por parte de los Estados.
Considerando que el Partido Socialista mediante una Moción presentada el pasado mes de marzo de 2018, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, y justo después de la inmovilización por parte de las autoridades italianas del barco Open
Arms, pedía el apoyo a las actuaciones de salvamento y rescate en aguas del Mediterráneo, el apoyo a la organización humanitaria Open Arms, así como exhortaba a intensificar las operaciones conjuntas de salvamento y rescate por parte de los países
de la Unión Europea. Asimismo, registró una batería de preguntas en el Congreso dónde exponía que: '[...] la inmovilización del Open Arms es un acto más en la escalada de acoso y criminalización de la acción solidaria de las ONGS en el
Mediterráneo Central [...]', y precisamente '[...]el impedir que cumplan con su misión humanitaria, supone dejar a miles de personas refugiadas e inmigrantes expuestas a morir ahogadas en el mar, o a ser devueltas a Libia así como también la
apertura de un agujero negro en la zona SAR Libia, donde ya no habrá testigos que puedan denunciar lo que les puede acontecer [...]'.
Considerando que esta limitación impuesta a la ONG Proactiva Open Arms de bloqueo del barco humanitario en el puerto de Barcelona o, en su caso, en la zona SAR española, no solo es una medida que vulnera la obligación universal de
asistencia, sino que merma trágicamente la efectividad de la asistencia en el mar, hecho que lleva a tristes desenlaces que podrían ser evitados.
Por todo ello que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno:
Autorizar de manera urgente e inmediata al buque Open Arms a navegar en la zona SAR, área del Mediterráneo situada frente a las costas de Libia, y así poder reanudar los rescates marítimos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2019.-Ana María Surra Spadea, Diputada.- Joan Tardà i Coma y Gabriel Rufián Romero, Portavoces del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Justicia
161/004174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para
garantizar los derechos de las parejas de hecho, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La forma en la que el ser humano se relaciona con sus semejantes ha evolucionado mucho a lo largo de los siglos. Nuestro ordenamiento jurídico ha ido incorporando las nuevas formas de convivencia, aumentando el nivel de protección a
aquellas personas que optan por vivir en pareja y formar una familia sin utilizar la institución del matrimonio.
El ejemplo más habitual es la pareja de hecho (o unión estable de pareja), que se define como el enlace, con ánimo de permanencia, entre dos personas, mayores de edad o menores emancipados, que conviven de un modo estable, y exenta de
cualquier consideración o sanción legal. Se trataría, pues, de una unión extramatrimonial o matrimonio de hecho. El presupuesto básico de la unión estable de pareja es la vida paraconyugal de la pareja, la cual convive de modo pleno y estable
aunque sin efectuar formalidades legales.
El Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 18 de mayo de 1992, definió la unión matrimonial de hecho como: 'La convivencia 'more uxorio' ha de desarrollarse en régimen vivencia) de años, practicada de forma externa y pública con acreditadas
actuaciones conjuntas de los interesados, creándose así una comunal vía amplia, intereses y fines, en el núcleo de un mismo hogar'.
La Constitución Española de 1978 no regula la unión estable de pareja, aunque si bien es cierto no la prohíbe, e incluso de muchos de sus preceptos se entiende la admite, reconoce y protege, así en los artículos 14 CE relativo al principio
de igualdad de todos, o el artículo 39 CE que protege la familia, y que se extendería indudablemente a las uniones estables de pareja. Por el contrario, casi todas las Comunidades Autónomas regulan la unión de hecho.
Sin embargo, existe una serie de casos de personas, que por diversas motivaciones (ideológicas, filosóficas, etc.), no quieren 'institucionalizar' su relación haciendo uso de la legislación que ha desarrollado las Comunidades Autónomas.
El problema surge cuando los derechos reconocidos a las parejas de hecho formalizadas (como es el caso de la pensión de viudedad) no se aplican a parejas que tienen las mismas características, exceptuando el requisito de su formalización dos
años antes del fallecimiento de uno de los cónyuges.
Existe doctrina unificada del Tribunal Supremo sobre el otorgamiento de pensión de viudedad a parejas de hecho, basándose en la inscripción en el registro como tal, con una antelación mínima de dos años a la petición de la pensión (criterio
exigido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social), con fecha 16 de julio de 2013, así como posteriores de 22 de septiembre de 2014 (R. 1958/12) y 22 de octubre de 2014 (R. 1025/12).
Sin embargo, con posterioridad a dichas unificaciones de criterio, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo emitió una sentencia el 30 de junio de 2015, que declaraba inconstitucional el requisito de dos años de inscripción, previo al
fallecimiento, de la pareja de hecho en registro oficial.
Resulta evidente que se deben actualizar los criterios de concesión de pensiones en aquellas parejas de hecho que se han formalizado antes del fallecimiento de uno de los cónyuges, siempre que se demuestre fehacientemente la convivencia como
estable pareja de hecho durante un mínimo de cinco años.
Por todo lo expuesto, propongo la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a emprender los cambios legislativos pertinentes para que disfruten los mismos derechos todas las parejas de hecho que se formalicen en los registros de la Comunidades Autónomas, sin criterios restrictivos por
el momento de su inscripción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2019.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de interior
161/004165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia Joan Baldoví, Enric Bataller, lgnasi Candela y Marta Sorlí, Diputados y Diputada de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta las siguiente Proposición no de Ley por un nuevo tratado de buena vecindad con Marruecos para la mejora de Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Melilla y Ceuta son, a todos los efectos, puertas de Europa en África, consideración que debe tener en cuenta tanto nuestro Gobierno como el de la Unión Europea a la hora de tomar decisiones políticas que afecten a las dos ciudades
autónomas. Por tanto, es necesario ser consciente de la importancia de las relaciones de buena vecindad, que deben imperar en todas las negociaciones.
Desde la Declaración Conjunta Hispano-Marroquí de 1956, en la que España reconocía la independencia del Reino de Marruecos, son muchos los acuerdos y tratados firmados entre ambos gobiernos en diversas materias, pero nunca se ha abordado de
una forma abierta la situación de las fronteras terrestres entre España y Marruecos, más allá del control migratorio.
Las relaciones bilaterales entre España y Marruecos no pueden verse mermadas cuando hablamos de la gestión de las fronteras terrestres entre ambos países. Una buena relación de vecindad debe venir precedida de una actitud de reciprocidad en
la que no se tomen decisiones unilateralmente en cuestiones que puedan afectar a ambos lados de la frontera.
No se debe obviar a este respecto la situación de las ciudades autónomas respecto al resto del territorio aduanero, lo que deriva en ocasiones en lagunas legales al intentar aplicar normativa nacional o europea que no debe ser de aplicación
por esa excepcionalidad, llevando a situaciones que complican las buenas relaciones que deben imperar.
De ahí que sea necesario un marco normativo que trate las cuestiones específicas que nos diferencian del resto del territorio europeo y que afectan a los ciudadanos de ambos países.
En los últimos años la situación de la frontera se ha vuelto caótica. Caos en el paso de personas, caos en el paso de vehículos, caos en el paso de mercancías. Derivando finalmente en el cierre de la aduana comercial entre Melilla y Nador
que parecía ser lo único que funcionaba sin problemas.
Por parte del Gobierno anterior se tomaron una serie de medidas que más que solucionar el problema lo sobredimensionaron aún más si cabe. En un intento de reorganizar el tránsito en los puestos fronterizos se ha desembocado en una
arbitrariedad absoluta a la hora del paso de personas, vehículos y mercancías por los puestos fronterizos, culminado el caos en el cierre de la Aduana Comercial por parte de Marruecos de manera unilateral.
Este cierre de la Aduana comercial entre Melilla y Nador ha supuesto un importante varapalo a la economía de esta Ciudad Autónoma por todo lo que lleva aparejado habiendo ocasionado, entre otras cuestiones, un descenso en el tránsito de
mercancías del 59% y una reducción en la previsión de ingresos por IPSI de importación de 12 millones de euros. La situación de Ceuta es muy similar.
En cuanto a las cuestiones migratorias, debemos hacer hincapié en la situación de los menores extranjeros no acompañados, siendo necesario un tratamiento específico de este asunto por su sensibilidad. Actualmente las competencias de menores
las ostentan ambas ciudades, con una evidente limitación en su capacidad de gestión, ya que no disponen de las herramientas necesarias atender sus competencias de conformidad con lo que establece la legislación vigente. Es también importante
destacar que determinadas actuaciones que se deben desarrollar en este ámbito, se incardinan de lleno en competencias de la administración general (firma y fiscalización de tratados internacionales, coordinación entre Comunidades Autónomas, etc);
por lo que es necesario implantar y perfeccionar mecanismos de cooperación para hacer frente, con éxito, a este difícil reto.
En estas relaciones de buena vecindad no podemos obviar las relaciones sociales existentes a ambos lados de las fronteras. En los últimos años nos hemos encontrado con situaciones de arbitrariedad en el paso de personas, que no están
contempladas en nuestra legislación, por la situación específica de las
ciudades autónomas, tales como exigir visado a los vecinos de las provincias vecinas, o exigir requisitos que no son de aplicación, a menos que se vaya a viajar al resto del territorio nacional o europeo y que en tal caso se deben exigir en
los puestos de control del puerto o aeropuerto.
Debemos ser conscientes de que la viabilidad de Ceuta y Melilla depende, en gran medida, de las buenas relaciones con Marruecos y del buen funcionamiento de la frontera. Nuestra actividad económica, en especial el comercio, dependen de
manera muy considerable de los compradores marroquíes que ven en Ceuta y Melilla la oportunidad de acceder a productos de calidad europea.
Se debe entender esa buena relación como una oportunidad de desarrollo a ambos lados, lo que al final contribuirá a la prosperidad de sus vecinos. Lo expuesto es un breve resumen de las circunstancias de las Ciudades, siendo necesario que
se preste una atención especial a la situación de las fronteras.
Actualmente, y a causa del caos fronterizo, las dos Ciudades están pasando por una situación de asfixia económica que no se podrá sostener durante mucho más tiempo. De hecho, ya está teniendo consecuencias. Los empresarios están muy
preocupados y se plantean llevarse sus empresas a otros lugares con la consiguiente pérdida de cientos de empleos, en unas ciudades de por sí ya castigadas por el desempleo, la pobreza, la marginación y los peores datos en materia educativa del
país.
Nuestras propuestas se encuadran en las coordenadas de que las ciudades de Melilla y Ceuta sean realmente consideradas y tratadas como lo que son: las puertas de Europa en África, con unas infraestructuras y recursos adecuados a su estatus,
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. La negociación de un nuevo Tratado de Buena Vecindad entre España y Marruecos, en el que se desarrollen los siguientes aspectos:
- Las condiciones del tránsito de mercancías por las fronteras de las Ciudades.
- Las condiciones del tránsito de personas y vehículos no comerciales.
- La apertura de un nuevo puesto fronterizo entre Melilla y Marruecos, y un nuevo puesto fronterizo entre Ceuta y Marruecos.
- La especialización de los puestos fronterizos.
- Las políticas necesarias para ayudar al desarrollo de las regiones colindantes, con le implementación, entre otras, de industrias de energías renovables en los perímetros fronterizos de ambas ciudades, mediante acuerdos con Unión Europea y
programas de desarrollo de infraestructuras turísticas y medioambientales que puedan beneficiar a ambas ciudades en relación con su entorno.
2. Especialización de las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que prestan sus servicios en los puestos fronterizos y en la vigilancia del perímetro.
3. Establecimiento de los mecanismos de coordinación entre administraciones que permitan abordar el fenómeno de los Menores No Acompañados, desde todas sus dimensiones, con garantías de éxito en el cumplimiento de la normativa vigente y de
los acuerdos internacionales que sean de aplicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2019.-Enric Bataller i Ruíz, lgnasi Candela Serna y Marta Sorlí Fresquet, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/004168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para el establecimiento de obligaciones de servicio público en la línea aérea Murcia-Madrid y Madrid-Murcia, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Aeropuerto internacional de la Región de Murcia (AIRM) (código IATA: RMU, código OACI: LEMI), que es conocido popularmente como 'Aeropuerto de Corvera', abrió al tráfico comercial el 15 de enero de 2019, dando continuidad al tráfico
civil que operaba en el Aeropuerto de Murcia-San Javier (código IATA: MJV, código OACI: LELC), el cual ha dejado de operar dichos servicios.
Se trata de un aeropuerto operado por AENA, SME, S.A., la empresa pública cotizada del Grupo Fomento. Las compañías aéreas actualmente constantes en la información del operador son Air City Grupo, Easyjet, Ryanair y TUI. Mientras que los
destinos registrados son Amberes, Birmingham, Bristol, Bruselas, Dublín, Nottingham, Ibiza, Leeds, Londres o Manchester, entre otros.
No se prestan servicios, por tanto, do conexión entre Madrid y Murcia o Murcia y Madrid y aunque el Gobierno Regional está trabajando para conseguir dicha conexiones. Esta situación ha de ser atendida puesto que el Gobierno de España ha
retrasado sin justificación técnica la llegada de la alta velocidad a la Región de Murcia. Se debe proveer el servicio de línea de un aeropuerto regional de esta entidad con la capital y principal ciudad de España a un precio accesible, siendo el
transporte aéreo el modo de movilidad más rápido existente, junto con la alta velocidad ferroviaria. En tal sentido, el Ministerio de Fomento debe proponer la declaración las correspondientes obligaciones de servicio público, como existen en otras
conexiones (véase por ejemplo, la línea aérea Badajoz-Madrid).
La regulación de la Unión Europea en la materia determina la libre prestación de servicios de las compañías aéreas que dispongan de una licencia expedida por un Estado miembro de la Unión Europea para las rutas aéreas intracomunitarias,
derecho que incluye la fijación libre de los precios de sus tarifas. Pero la legislación comunitaria no es ajena a las necesidades públicas y a la protección del interés general, por ello contempla la posibilidad de que un Estado miembro establezca
obligaciones de servicio público.
En el presente caso resulta necesario garantizar los servicios en su continuidad, regularidad, capacidad, así como los precios, puesto que sin la garantía pública, las compañías no asumirían tales servicios. Se trata, pues, de combinar el
interés comercial de dichas compañías, con el interés general representado por la necesidad económica y social de una región de España y la garantía del derecho a la movilidad de los ciudadanos.
Por todo lo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la declaración de obligación de servicio público de la línea de transporte aéreo Madrid-Murcia y Murcia-Madrid, con la fijación de la continuidad, regularidad, capacidad y precios que
corresponda, entre los aeropuertos de Madrid Barajas-Adolfo Suárez y Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2019.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y Javier Ruano García, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional, relativa a la necesidad de modificación del sistema de concesión de becas generales de Universidad.
Exposición de motivos
En materia educativa, el anterior Gobierno del PP practicó una política regresiva, elitista, y clasista que tuvo su máxima expresión en la aprobación de la contestada LOMCE, Ley Wert. Igualmente, aprobó una modificación del sistema de becas
universitaria ampliamente criticada por la comunidad educativa. Su reforma introdujo criterios que dificultan el acceso universal a la educación, y retrasa el pago íntegro de las ayudas a casi final de curso. Ha perjudicado especialmente a los
sectores sociales más desfavorecidos y cuyas familias cuentan con menos ingresos económicos para hacer frente al pago de una carrera universitaria.
El Ministerio que presidió Wert llevó a cabo una modificación del sistema de concesión de becas generales de Universidad estableciendo una parte fija y otra parte variable, un sistema que está provocando una gran inestabilidad a los
estudiantes y a sus familias.
El cambio de criterios que se realizó en 2013, no solo trajo inestabilidad sino que agravó el problema del retraso en el pago de las becas a los perceptores. La demora en el ingreso de las ayudas casca importantes dificultades económicas,
de planificación y de organización a los beneficiarios y a sus familias. De hecho, esta situación llevó a muchos estudiantes a abandonar sus estudios o a tener que compatibilizarlos con trabajos o tener que vender pertenencias para costearse el
curso académico. Cabe señalar que el Consejo de Rectores de la Universidad (CRUE) ha calculado que unos 30.000 alumnos/as se quedaron sin beca a raíz de la reforma del ex Ministro Wert. Y que los beneficiarios reciben unos 483 euros menos por
estudiante. La misma CRUE ha denominado este proceso como 'empobrecimiento' de los becados/as.
En el curso 2016-2017 el número de alumnos de grado y máster que recibieron beca aumento en un 7,4% respecto a cursos anteriores, sin embargo las cuantías que perciben los estudiantes se han reducido de forma importante, pasando de los 2.331
euros a los 1.757 euros de media, un apreciable descenso económico.
Desde el minuto cero, la comunidad educativa demandó la recuperación del sistema anterior, el retorno a un sistema de becas con partes fijas, eliminando las partes variables que es uno de los factores que hace que no se ingrese hasta casi el
final de curso académico una de las partes.
Bajo el actual sistema de becas, hay una parte fija y una variable. La fija incluye una ayuda a la residencia (1.500 euros), a la renta familiar (1.500 euros) y a la matrícula (pago de los precios públicos). La variable, varía según la
renta y el rendimiento académico del alumno/a. Es un modelo involucionista, regresivo y que no facilita el acceso universal a la educación y que complica el proceso. Desde el ámbito de la comunidad educativa se ha criticado la vinculación de la
parte variable con el rendimiento académico porque se ha demostrado que los estudiantes con menos recursos económicos son los que se ven obligados a compatibilizar los estudios con trabajos, lo cual resta tiempo a sus estudios. Es fácil deducir,
que cuanto peores son las condiciones socio-económicas de dichos estudiantes y cuanto más se dificulta la beca, peor es el círculo para que puedan continuar sus estudios.
Desde la comunidad educativa, se considera que la cuantía variable debería percibirse al comienzo del curso y depender del rendimiento del curso anterior. Actualmente, depende del ingreso y rendimiento académico en el curso en el que se
solicita, y se percibe al final del año académico (en junio). Es decir, no se recibe hasta que el curso se ha cerrado. Si dependiese del rendimiento académico del curso anterior, la ayuda se percibiría a principio de curso con lo cual se
facilitaría la dinámica de los estudiantes a todos los niveles.
Esta situación fue duramente censurada por el partido actualmente en el Gobierno, y compartió la necesidad de reponer el sistema anterior. Sin embargo, no observamos mucho entusiasmo para cambiar este estado de cosas en el actual Ejecutivo.
De hecho, la Ministra de Educación habría manifestado que se va a mantener el sistema de becas universitarias que se modificó en 2013. Nuestra intención con esta proposición no de ley es presionar al Gobierno para que reflexione sobre este tema y
adopte las posiciones que mantenía estando en la oposición. Sería muy oportuno que se aprovechase el marco de reforma da la LOMCE para proceder asimismo a cambiar el sistema de concesión de becas universitarias, completando así un marco de reforma
. educativa más amplio.
Siempre que hablemos de becas o ayudas al estudio debemos tener presente que son una parte fundamental para incentivar el acceso universal a la educación. Investigaciones internacionales indican que las becas mejoran significativamente el
acceso a la universidad, fa continuidad en la carrera, la graduación, y por tanto el futuro de los estudiantes más desfavorecidos.
Además de cambiar los criterios del sistema de concesión de becas universitarias, restituyendo el anterior, la comunidad educativa también poner sobre la mesa la necesidad de cambiar el calendario de solicitud y concesión ciado que, el plazo
para pedir la ayuda se abre a mediados de agosto y termina a mitad octubre. Estudiantes con dificultades económicas que dependen de la beca, se ven perjudicados por dicho calendario puesto que debe efectuar la matrícula y empezar el curso con sus
propios recursos, Lo cual disuade a veces de matricularse., En países como Francia las solicitudes de becas se resuelven antes de empezar el curso. Sería una óptima solución.
Asimismo debería contemplarse no solo un aumento de las becas sino también un incremento de las cuantías dados los costes de la vida.
En definitiva, mediante esta Proposición no de Ley queremos que el Ministerio de Educación no deje en el furgón de cola esta materia y acometa su modificación cuanto antes.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Educación a:
- Proceder a la modificación del sistema de becas generales de Universidad de forma que se elimine la parte variable de estas ayudas que se introdujo en 2013 y se restaure al sistema anterior, otorgando a los estudiantes un modelo de ayudas
al estudio que les proporcione estabilidad y les permita planificar el curso académico.
- Cambiar el calendario de solicitud y concesión de este tipo de becas de modo que se resuelvan las resoluciones antes del comienzo de curso académico, facilitando así el acceso universal a la educación, especialmente de estudiantes en
situaciones socio-económicas desfavorables.
- Ingresar las cuantías de becas y ayudas al estudio a los perceptores en el trimestre de inicio del curso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2019.-Miguel Anxo Fernández Bello, Diputado.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la paralización de la privatización del Seguro Escolar, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El seguro escolar protege a los estudiantes menores de 28 años, desde 32 de la ESO hasta que finalizan el ciclo universitario contra posibles accidentes escolares, enfermedades o el infortunio familiar, otorgando a estos toda una serie de
prestaciones médicas, farmacéuticas y económicas, en función del caso. En lo relativo a las enfermedades que el seguro escolar cubre, caben destacar las siguientes prestaciones: Asistencia médica, asistencia farmacéutica y gastos de sepelio.
Incluye la cirugía general, neuropsiquiatría, tocología, tuberculosis pulmonar y ósea. En determinados casos se pueden otorgar prestaciones de fisioterapia, quimioterapia, radioterapia, cobaltoterapia y cirugía maxilo-facial.
Este seguro se encuentra gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y hasta el momento, los alumnos y padres de estos que han tenido que hacer uso de el, pese al general desconocimiento de las prestaciones y servicios
que posibilita, no han señalado importantes quejas al respecto.
Sin embargo, recientemente, los centros sanitarios o profesionales que están dando servicios derivados de este seguro han recibido una misiva desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social muy preocupante. En dicha misiva,
firmada por la Directora General, M.ª Gloria Redondo Rincón, se señala que en base al Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud y el marco jurídico que configura, se rescinde la colaboración por
parte del INSS con los centros colaboradores que dan servicio al seguro escolar. También les indican que a partir del 1 de abril de 2019 estos centros ya no podrán prestar servicios sanitarias a cargo del Seguro Escolar a nuevos estudiantes y, por
otro lado, con el fin de aplicar paulatinamente esta rescisión, los tratamientos que actualmente estén atendidos finalizarán el próximo 1 de junio. Por lo tanto, a partir del 1 de abril para nuevos servicios y del 1 de junio para servicios en
curso, los centros no podrán presentar más facturas por atenciones sanitarias a cargo del Seguro Escolar.
Esta situación crea una enorme preocupación en alumnos y padres que están actualmente en tratamientos cubiertos por el seguro, como pueden ser trastornos psiquiátricos, los cuales en muchos de los casos precisan de un seguimiento de meses, e
incluso años, para poder avanzar y resolver la patología. Con la nueva situación, ni los estudiantes cubiertos, sus familias e incluso los profesionales que los atienden a día de hoy, y llevan haciéndolo durante años, conocen en qué situación, bajo
qué servicios y qué facultativos quedará esta nueva atención. Desde el Ministerio, les han señalado que esta atención será prestada pero a través de diferentes mutuas a partir del 1 de junio, pero sin precisar si estas poseen la capacidad para
absorber numerosos casos con características muy específicas o qué centros sanitarios absorberán a los alumnos en tratamiento. Todo ello sin avisar a los más interesados, los alumnos y beneficiarios del Seguro Escolar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener un sistema universal y público de seguro escolar que garantice la cobertura de todos los estudiantes en su etapa de escolarización, deteniendo la privatización de este y su traslado
a las mutuas, tal y como se señala en la orden remitida por el Gobierno, a fin de evitar que los alumnos con tratamientos en curso tengan problemas de continuidad terapéutica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2019.-Marta Martín Llaguno y Francisco Igea Arisqueta, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/004172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Portavoz, Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate
en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, relativa a la exigencia al Grupo Endesa a retomar las negociaciones para la firma de un nuevo convenio colectivo tras la caducidad del IV Convenio Marco el pasado 31 de diciembre de 2018.
Exposición de motivos
Desde el pasado 1 de enero de 2019 ha dejado de estar en vigor el IV Convenio Marco del Grupo Endesa, después de que haya expirado el periodo de prórroga, conocido como ultraactividad y sin que haya acuerdo entre empresa y representantes de
los trabajadores para la firma de un nuevo convenio colectivo, tras la ruptura de las negociaciones entre ambas partes.
De esta forma, serán más de 9.000 las personas empleadas, y alrededor de 27.000 entre personal prejubilado y pasivo en todo el Estado las que se verán afectadas por la expiración del IV Convenio Marco del Grupo Endesa.
Con la pérdida de eficacia del convenio, la empresa pasará a mantener una relación con sus empleados de manera individualizada, a través del contrato de trabajo de cada persona trabajadora, y
teniendo en cuenta el colectivo al que pertenezca, lo que supondrá una pérdida de derechos laborales y sociales con respecto a los estaban estipulados en el convenio. Y el personal pasivo, al no disponer de contrato de trabajo en vigor,
dejará de percibir los beneficios sociales de los que disfrutaba.
Ante la negativa de la empresa a retomar las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo marco, el Gobierno deberá interceder y exigir al Grupo Endesa a retomar las conversaciones con los representantes de la plantilla, manteniendo la
actual comisión negociadora, con la necesidad de llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes para mejorar las condiciones laborales y económicas de las personas trabajadoras, preservando sus derechos laborales y sociales. Recordemos, además, la
excelente situación económica de la compañía, con lo cual no existen condicionantes económicos para no negociar un nuevo acuerdo que conlleve mejoras para su plantilla.
Así mismo, el Gobierno debe iniciar los trámites legislativos necesarios para retomar, de forma indefinida, la ultraactividad en los convenios mientras no se apruebe un nuevo acuerdo, cuestión que evitaría problemas tan graves como los que
están sufriendo las personas trabajadoras del Grupo Endesa, entre otras.
De hecho, debemos recordar que la drástica limitación de la ultraactividad, junto a la prioridad del convenio de empresa y la facilitación de los descuelgues, fueron los pilares en los que se basó la reforma de la negociación colectiva. La
legislación actual solo mantiene, en defecto de pacto, un año los efectos del convenio cuya vigencia ha concluido. Con ello se pone a los representantes de los trabajadores en una posición de extrema debilidad negocial. A las empresas les basta
dejar pasar el tiempo y jugar con la posibilidad de que transcurrido el año el convenio decaiga y puedan revisarse a la baja todas las condiciones de trabajo que aquel reconocía, como vernos que puede ocurrir en el Grupo Endesa. Es un incentivo
para que las empresas no negocien o lo hagan siempre a la baja y a la vez para que los representantes de los trabajadores, ante el miedo de que el convenio desaparezca, pacten condiciones que no admitirían en un entorno con una correlación de
fuerzas más equilibrada. Es imprescindible acabar con este sistema perverso y no basta con ampliar ligeramente el periodo de ultraactividad legal aumentando el año, sino que se debe garantizar, como hemos señalado, que una vez que el convenio llega
a su fin las condiciones se mantengan hasta que se llegue a un nuevo acuerdo. Solo así los representantes de los trabajadores formarán parte de un escenario de negociación sosegado que permita estrategias no desesperadas y responsables.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Exigir al Grupo Endesa retomar la negociación de un nuevo convenio marco, respetando la actual mesa negociadora, y mientras este no se formalice, mantener activas las condiciones establecidas en el IV Convenio Marco.
- Promover las reformas legislativas necesarias para recuperar el régimen de ultraactividad indefinida del convenio colectivo a la conclusión de su vigencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2019.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Portavoz, Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate
en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, relativa a la recuperación del régimen de ultraactividad indefinida del convenio colectivo a la conclusión de su vigencia.
Exposición de motivos
Los convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva.
La atribución de esta facultad a las partes negociadoras puede generar conflictos de aplicabilidad del convenio en determinados lapsos temporales. En nuestro ordenamiento jurídico todo esto se manifiesta de dos modos diferentes, a través de la
ultraactividad y a través de la retroactividad.
La ultraactividad, figura del derecho laboral, permitía (con anterioridad a Reforma Laboral 2012) la continuidad de los acuerdos firmados entre trabajadores y empresarios hasta que el nuevo convenio suscrito sustituyese al vencido. Es
decir, la ultraactividad, suponía que un convenio colectivo extendería, como regla general, la aplicación de sus cláusulas normativas más allá de la fecha prevista para la vigencia del convenio. Con este efecto se evitaba que durante el proceso
negociador, se produzca un vacío normativo.
Sin embargo, uno de los pilares en los que se basó la reforma de la negociación colectiva fue la drástica limitación de la ultraactividad, junto, sin duda, a la prioridad del convenio de empresa y la facilitación de los descuelgues. Tras
esta reforma, la negociación colectiva fue uno de los derechos constitucionales más golpeado.
Así, las modificaciones en esta materia impiden a la negociación colectiva desplegar sus virtudes de garantía y recuperación de derechos laborales y que por ello mismo deben dejarse atrás de forma urgente mediante la oportuna revisión
normativa. Sin ella es imposible que cualquier rastro de recuperación económica logre infiltrarse en las relaciones laborales, impidiendo a los agentes sociales de implantación territorial luchar contra las estrategias de dumping social que han
sido usadas 'ad nausean' en los últimos tiempos, piénsese sin ir más lejos en las camareras de piso de los hoteles.
La legislación actual solo mantiene, en defecto de pacto, un año los erectos del convenio cuya vigencia ha concluido. Con ello se pone a los representantes de los trabajadores en una posición de extrema debilidad negocial. A las empresas
les basta dejar pasar el tiempo y jugar con la posibilidad de que transcurrido el año el convenio decaiga y puedan revisarse a la baja todas las condiciones de trabajo que aquel reconocía. Es un incentivo para que las empresas no negocien o lo
hagan siempre a la baja y a la vez para que los representantes de los trabajadores, ante el miedo de que el convenio desaparezca, pacten condiciones que no admitirían en un entorno con una correlación de fuerzas más equilibrada. Es imprescindible
acabar con este sistema perverso y no basta con ampliar ligeramente el periodo de ultraactividad legal aumentando el año, sino que se debe garantizar que una vez que el convenio llega a su fin las condiciones se mantengan hasta que se llegue a un
nuevo acuerdo. Solo así los representantes de los trabajadores formarán parte de un escenario de negociación sosegado que permita estrategias no desesperadas y responsables.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las reformas legislativas necesarias para recuperar el régimen de ultraactividad indefinida del convenio colectivo a la conclusión de su vigencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2019.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la paralización de la privatización del Seguro Escolar, para su debate en la Comisión Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El seguro escolar protege a los estudiantes menores de 28 años, desde 32 de la ESO hasta que finalizan el ciclo universitario contra posibles accidentes escolares, enfermedades o el infortunio familiar, otorgando a estos toda una serie de
prestaciones médicas, farmacéuticas y económicas, en función del caso. En lo relativo a las enfermedades que el seguro escolar cubre, caben destacar las siguientes prestaciones: Asistencia médica, asistencia farmacéutica y gastos de sepelio.
Incluye la cirugía general, neuropsiquiatría, tocología, tuberculosis pulmonar y ósea. En determinados casos se pueden otorgar prestaciones de fisioterapia, quimioterapia, radioterapia, cobaltoterapia y cirugía maxilo-facial.
Este seguro se encuentra gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y hasta el momento, los alumnos y padres de estos que han tenido que hacer uso de el, pese al general desconocimiento de las prestaciones y servicios
que posibilita, no han señalado importantes quejas al respecto.
Sin embargo, recientemente, los centros sanitarios o profesionales que están dando servicios derivados de este seguro han recibido una misiva desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social muy preocupante. En dicha misiva,
firmada por la Directora General, M.ª Gloria Redondo Rincón, se señala que en base al Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud y el marco jurídico que configura, se rescinde la colaboración por
parte del INSS con los centros colaboradores que dan servicio al seguro escolar. También les indican que a partir del 1 de abril de 2019 estos centros ya no podrán prestar servicios sanitarias a cargo del Seguro Escolar a nuevos estudiantes y, por
otro lado, con el fin de aplicar paulatinamente esta rescisión, los tratamientos que actualmente estén atendidos finalizarán el próximo 1 de junio. Por lo tanto, a partir del 1 de abril para nuevos servicios y del 1 de junio para servicios en
curso, los centros no podrán presentar más facturas por atenciones sanitarias a cargo del Seguro Escolar.
Esta situación crea una enorme preocupación en alumnos y padres que están actualmente en tratamientos cubiertos por el seguro, como pueden ser trastornos psiquiátricos, los cuales en muchos de los casos precisan de un seguimiento de meses, e
incluso años, para poder avanzar y resolver la patología. Con la nueva situación, ni los estudiantes cubiertos, sus familias e incluso los profesionales que los atienden a día de hoy, y llevan haciéndolo durante años, conocen en qué situación, bajo
qué servicios y qué facultativos quedará esta nueva atención. Desde el Ministerio, les han señalado que esta atención será prestada pero a través de diferentes mutuas a partir del 1 de junio, pero sin precisar si estas poseen la capacidad para
absorber numerosos casos con características muy específicas o qué centros sanitarios absorberán a los alumnos en tratamiento. Todo ello sin avisar a los más interesados, los alumnos y beneficiarios del Seguro Escolar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener un sistema universal y público de seguro escolar que garantice la cobertura de todos los estudiantes en su etapa de escolarización, deteniendo la privatización de este y su traslado
a las mutuas, tal y como se señala en la orden remitida por el Gobierno, a fin de evitar que los alumnos con tratamientos en curso tengan problemas de continuidad terapéutica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2019.-Marta Martín Llaguno y Francisco Igea Arisqueta, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre
las medidas para afrontar la crisis del sector de
producción de cítricos en la Comunidad Valenciana, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En mitad de campaña de recogida de cítricos, la Comunidad Valenciana clama por la crisis de un sector que es emblemático y seña de identidad de la región. La Plataforma 'Dignitat del Llaurador' formada por numerosos ayuntamientos, multitud
de colectivos y la totalidad de los partidos políticos, ha convocado varias jornadas de movilización, la última de ellas, el 18 de diciembre pasado, y ya hay prevista una nueva convocatoria para el 21 de enero. Las Comarcas de la Plana Baixa, la
Plana Alta, Baix Maestrat, Alto Palancia, así como La Safor o la Ribera Alta focalizan sus protestas contra la Unión Europea por haber firmado el Acuerdo Económico con la Comunidad de Países de África del Sur o Meridional.
Las previsiones de la campaña citrícola de 2018/2019 eran muy positivas. Las primeras estimaciones realizadas por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana preveían una
cosecha de cítricos de 3.894.543 toneladas. Este volumen suponía retornar a los niveles de producción normales, acordes con el potencial del sector citrícola valenciano. Significaba un incremento de cosecha del 22,9%, es decir, 726.161 toneladas
más respecto al ejercicio 2017/2018. En un análisis más detallado por provincias, en Alicante la producción aumentaría el 30,9%, en Castellón un 26,8% y en València un 19,3%. Además, por primera vez desde 2009 se ha frenado la caída de la
superficie dedicada a su producción con un ligero incremento de 0,33 %. En general, los datos apuntaban a que la fruta presentaba una buena calidad, si bien los calibres de las variedades tempranas fueron un poco inferiores. Los árboles tuvieron
una abundante floración y el cuajado fue normal, sin que la meteorología incidiera significativamente. Los episodios de pedrisco registrados el verano pasado, afectaron algo a la cosecha rebajando las cantidades de fruta, pero el aforo esperado era
tan alto que no se considera que haya sido un problema grave.
Sin embargo, una vez iniciada la campaña y con el Acuerdo Económico con la Comunidad de Países de África del Sur en vigor, los datos de comercialización y precio están dejando una situación dramática. En la primera parte de la campaña, los
productores de cítricos acumulan pérdidas por más de 165 millones de euros debido a la caída de los precios y el valor del producto que se queda sin recolectar por la falta de demanda. El precio en origen de la naranja ha caído un 20% respecto a la
campaña anterior, y se paga apenas a 0,18 euros; sin embargo, se incrementa en un 832% cuando llega a los consumidores finales que siguen pagando el mismo precio que en temporadas anteriores. La razón está en la entrada de cítricos de los países
de África del Sur, principalmente Sudáfrica, hasta bien entrada la campaña afectando sobre todo a las variedades tempranas. El 14 de septiembre de 2016 el Parlamento Europeo dio luz verde a una propuesta de la Comisión Europea para modificar el
régimen de importación de cítricos de Sudáfrica incluido en el marco del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y los Estados de la SADC (Comunidad para el Desarrollo de África Meridional) hecho en Kasane el 10 de junio de 2016.
Hasta la entrada en vigor del Acuerdo, el periodo de importación de cítricos a la Unión Europea era desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre de cada año. Tras el nuevo Acuerdo, se alarga el periodo de importación hasta el 30 de noviembre,
coincidiendo con el inicio de la campaña de producción local. La entrada de cítricos hasta esta fecha, significa la presencia de grandes volúmenes de producto hasta al menos el 15 de diciembre, puesto que estamos hablando de un producto que es
posible mantener en cámaras durante mucho tiempo. La importación de cítricos se beneficia de un sistema preferencial recogido en el Anexo I del Acuerdo, según el cual, para el periodo entre el 1 de junio y el 15 de octubre no se aplicará ningún
arancel y entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre se irá reduciendo el tipo actual del 11,6% 'ad valarem' hasta llegar al 0% en el año 2026. Además, se amplía progresivamente el contingente arancelario del zumo de naranja congelado y se reduce
también el arancel hasta llevarlo al nivel 0.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, lleva advirtiendo de las consecuencias del Acuerdo desde el inicio mismo de la legislatura en el año 2016. En dos ocasiones se han debatido Proposiciones no de Ley
que han salido aprobadas por amplia mayoría, se han tramitado sucesivas preguntas por escrito y orales, y han comparecido en la Cámara dirigentes agrarios de la Comunidad Valenciana que han presentado la situación del sector. Llegado este momento,
es necesario recordar de nuevo, que el artículo 34 del Acuerdo prevé la posibilidad de aplicar una 'cláusula de salvaguardia bilateral' cuando el incremento de las importaciones amenace con provocar un perjuicio a los productores comunitarios.
Entre los elementos que debe valorar la Comisión para activar esta cláusula están el aumento del volumen de las importaciones, precio de las importaciones y la repercusión para los
productos comunitarios, para lo que se valorarán factores económicos tales como: producción, capacidad, existencias, ventas, cuotas de mercado, precios, beneficios y empleo.
La preocupación sobre los impactos del Acuerdo sobre el sector quedaba patente en la respuesta del gobierno a nuestro grupo el 20 de febrero de 2017, en la que se decía que, '[...] en cualquier caso, desde el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se hará un seguimiento exhaustivo de este Acuerdo, al igual que se hace con cualquier Acuerdo comercial que pudiera tener consecuencias para nuestro sector, solicitando las medidas oportunas a las instituciones
de la UE en caso de que se produjeran perturbaciones en el mercado'. Sin embargo, y a pesar de las claras señales de alarma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Industria y Comercio no han iniciado el procedimiento
para evaluar el impacto, ni han pedido a la Comisión que lo haga.
A los problemas de competencia se añaden los problemas fitosanitarios derivados de la entrada de naranjas de los países de África del Sur por el peligro de contagio de diversas plagas como la 'falsa polilla' o la 'mancha negra'. La
normativa vigente en la materia es la Directiva 2000/29 del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la UE de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en
el interior de la Comunidad, a la que se suma la Decisión de Ejecución (VE) 2016/715 de la Comisión, de 11 de mayo de 2016, por la que se establecen medidas respecto a determinados frutos originarios de determinados terceros países para prevenir la
introducción y propagación en la Unión del organismo nocivo 'Phyllosticta citricarpa'. A finales de enero de 2017, la Comisión presentó a los Estados miembros su nuevo proyecto de modificación de la Directiva 2000/29/EC en el que rechazó incluir
nuevas medidas eficaces para evitar la propagación de nuevas plagas que amenazan a las plantaciones citrícolas europeas a través de las importaciones desde terceros países; ello a pesar de que el Parlamento Europeo suscribió una resolución
histórica en la que se oponía claramente y por amplísima mayoría, al mencionado proyecto por considerarlo absolutamente insuficiente. En la reunión del Comité Permanente de Sanidad Vegetal, del 27/1/2017, la Comisión defendió ante los Estados
miembros, su nuevo modelo de control, en el que la elección de las condiciones fitosanitarias de importación a la UE, y los tratamientos cuarentenarios que deben ser aplicados en la citricultura, corresponde a las propias empresas importadoras o
exportadoras, evidentemente mucho más preocupadas de hacer negocio que por la pervivencia de la producción comunitaria. Aun siendo cierto que nuestro gobierno se opuso a estas modificaciones, al final fueron aprobadas, dejando a nuestro sector más
vulnerable, y favoreciendo los intereses de las empresas importadoras y de los países del norte de Europa.
No obstante, se incorporaron algunas mejoras para el caso de los cítricos como el hecho de que en caso de que se detecten más de 14 casos de 'black spot' en naranja importada desde Sudáfrica, las fronteras deberían cerrarse; sin embargo, no
se aplica puesto que según consta en datos de la propia Comisión, son 48 los casos interceptados con mancha negra, siendo 33 de ellos informados por las autoridades españolas y dos de ellos en partidas procedentes de Sudáfrica.
Desde nuestro Grupo se ha dado seguimiento a todo este proceso con diversas preguntas escritas y solicitudes de comparecencia. En el año 2017, desde nuestro grupo cursamos solicitud a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, recabando el informe disponible sobre la situación fitosanitaria del sector citrícola en España en las campañas de 2015 y 2016, así como los casos denunciados y demostrados en los
puntos de importación de cítricos, y el informe disponible de la valoración de impacto sobre las condiciones fitosanitarias en el sector citrícola como consecuencia de la modificación de la Directiva 2000/29/EC de Sanidad Vegetal, a consecuencia del
proyecto presentado por la Comisión el 27/1/2017 en la Comisión de Sanidad Vegetal (n.º exp. 186/000549); pero, no recibimos dicha información.
Tras varias semanas de movilizaciones y alarmas políticas, el pasado 19 de diciembre de 2018, y tras 10 años de letargo, el MAPA convocó por fin a una reunió a INTERCITRUS, plataforma que aglutina a la producción y a los eslabones de la
industria y el comercio del sector citrícola. En la reunión se plantearon diversas medidas entre las que destacan: Plan de reestructuración para las variedades con problemas comerciales, la retirada de un volumen suficiente de cítricos para
aliviar el mercado en fresco, la realización de un estudio sobre el impacto de los acuerdos comerciales con terceros países y exigir la reciprocidad de las normativas europeas en materia fitosanitaria y laboral, reforzar las medidas para la
detección precoz de organismos nocivos foráneos y sus vectores para evitar su entrada y asentamiento, y reforzar la contratación de personal altamente cualificado en Bruselas para que defienda de manera permanente y activa los intereses de la
citricultura y mejora de los mecanismos de gestión de crisis dentro de la reforma de la PAC.
Consecuencia de ello, el 4 de enero de 2019, la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios ha emitido Resolución autorizando la transformación con pago en especie de 50.000 toneladas de naranjas, clementinas, mandarinas y satsumas
destinadas a la distribución gratuita, 30.000 toneladas de naranja y 20.000 toneladas de pequeños cítricos, de la cual se ha hecho eco el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que ha publicado el procedimiento para la gestión de la medida que
entró en vigor desde el 8 de enero y hasta el 31 de marzo de 2019. Sin embargo, esta medida en primer lugar llega tarde, puesto que la campaña está muy avanzada y las variedades tempranas más afectadas por la crisis ya no se beneficiarían de ella.
En sí misma es insuficiente, puesto que se calculaba que era necesario retirar unas 200.000 toneladas para poder equilibrar el mercado y, además, solo beneficia a un 60 % de los productores al gestionarse exclusivamente a través de las
organizaciones de productores.
Por último, los sellos de calidad como las Denominaciones de Origen Protegida (DOP) o las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) representan una garantía de protección en el marco de los acuerdos comerciales. Los cítricos valencianos
están amparados actualmente por una IGP que sin embargo no ha sido tenida en cuenta en la negociación del Acuerdo referido.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la evaluación precisa de los datos de la campaña entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y pedir en consecuencia la activación de la cláusula de salvaguardia
bilateral contemplada en el artículo 34 del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y los Estados de la SADC (Comunidad para el Desarrollo de África Meridional).
2. De acuerdo con los datos de la campaña 2018-2019, impulsar ante la Unión Europea la revisión del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y los Estados de la SADC (Comunidad para el Desarrollo de África Meridional) en lo
referido al sector citrícola; tanto en relación con la importación de cítricos en fresco, como de zumo de naranja congelado.
3. Renegociar los tratados internacionales con incidencia en el sector citrícola español para establecer en ellos una reciprocidad real de las normativas europeas en materia fitosanitaria, medioambiental y laboral, a las producciones
agrarias procedentes de terceros países.
4. Profundizar en la normativa comunitaria y estatal, así como en los compromisos de los actores implicados, para que la Interprofesional Citrícola Intercitrus realice funciones de ordenación del mercado citrícola español.
5. Instar a las autoridades comunitarias a la modificación de la normativa de control fitosanitario para que se incluya como exigencia, la implantación del tratamiento en frío en tránsito a todos los cítricos procedentes de países terceros
con plagas de cuarentena.
6. Instar al gobierno a plantear ante la UE la revisión del Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y los Estados de la SADEC, para incorporar como producto protegido los cítricos acogidos a la 'IGP Cítricos de Valencia'.
7. Instar al gobierno a que a través del Ministerio de Hacienda ajuste los índices de rendimiento neto del régimen de estimación objetiva agraria del IRPF de las explotaciones citrícolas para 2018, y las líneas de financiación para mejorar
el acceso al crédito del sector agrario, mediante subvenciones destinadas a la obtención de avales por titulares de explotaciones.
8. Asegurar la presencia de personal experto en el sector citrícola en la Oficina de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea para promover y defender los intereses de los citricultores españoles en el proceso de toma de
decisiones que afecten a este sector, defender la posición española consensuada con las organizaciones profesionales agrarias implantadas en las zonas citrícolas españolas, e influir en las decisiones siempre con el objetivo de conseguir tanto unas
relaciones internacionales más justas para el sector citrícola español, como una normativa sectorial más equilibrada para los citricultores en materias medioambientales, fitosanitarias y de mercado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2019.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la incorporación de medidas de fomento de la igualdad para la mujer en el nuevo Proyecto de Ley de Deporte, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El Ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, señaló en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, allá por julio de 2018, que el Gobierno tenía previsto llevar a cabo una revisión y actualización de la Ley del Deporte. Esta
norma, que data de 1990 necesita importantes actualizaciones y mejoras que adapten el Deporte a sus retos y necesidades actuales. Pero, desde Ciudadanos, también consideramos que es esencial que esta oportunidad de actualización se utilice para
introducir medidas que fomenten la igualdad en uno de los ámbitos donde las mujeres sufren mayor discriminación con respecto a los hombres.
El deporte es una herramienta efectiva para la transmisión de valores tales como la solidaridad, el trabajo en equipo y la cultura del esfuerzo. Y además de ello, en los últimos tiempos también ha quedado patente que el deporte también
transmite valores que trascienden a los intrínsecamente relacionados con la actividad física y la interacción entre compañeros. En muchísimas ocasiones, el deporte también se ha convertido en un elemento reivindicativo en favor de diferentes
movimientos sociales. En numerosos casos de actualidad, también para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres.
En este sentido, el Consejo Superior de Deportes (CSD) se ha posicionado a favor de la lucha por la igualdad en el deporte, tanto es así, que ha redactado el Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer en el Deporte, en el que
reconoce que 'el deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y mediática, constituyen un motor de cambio social y contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre mujeres y hombres'.
Además, ha suscrito la Declaración de Brighton, la hoja de ruta referente a nivel internacional en materia de mujer y deporte redactada por la 'International Working Group and Women and Sport', cuyos principales objetivos son:
a) Asegurar a todas las mujeres la oportunidad de participar en el deporte en un ambiente seguro, que les apoye, y que conserve los derechos, la dignidad y el respeto del individuo.
b) Incrementar la participación femenina en el deporte a todos niveles y en todas las funciones y roles.
c) Garantizar que los conocimientos, las experiencias y los valores de las mujeres contribuyen al desarrollo del deporte.
d) Fomentar el reconocimiento de la participación femenina en el deporte como contribución a la vida de todos, al desarrollo de la comunidad, y a la construcción de naciones sanas.
e) Animar a las mujeres a reconocer el valor intrínseco del deporte y su contribución al desarrollo personal y a una vida sana.
Pese a ello, a día de hoy, existen numerosos indicadores y controversias que indican que la igualdad en este ámbito está, claramente, lejos de conseguirse: clausuras antiembarazo en contratos de deportistas profesionales, diferencias en las
cuantías de las becas y premios para las mismas categorías en función del sexo, diferencia abismal en el número de licencias deportivas según sexos por falta de fomento del deporte femenino, escasa visibilización y creación de referentes, etc.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Proyecto de Ley que actualice la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, incluyendo en esta actualización toda una serie de medidas
encaminadas a promover la igualdad de la mujer en el ámbito deportivo, incluyendo, al menos, las siguientes medidas:
- Apartado específico sobre la existencia de planes de igualdad en todas las federaciones deportivas con mecanismos de registro y evaluación efectivos que permitan conocer la implementación y desarrollo de los mismos.
- Obligatoriedad para todas las federaciones y clubes deportivos de la existencia de protocolos contra el acoso y el abuso sexual, solicitando antecedentes penales de personas que vayan a trabajar en ámbitos deportivos en el que exista una
relación con menores de edad y mujeres.
- Medidas para que los periodos sin actividad por causa de embarazos y maternidad no penalicen a las mujeres deportistas a la hora de optar a becas.
- Fomentar la incorporación de deportistas en trabajos técnicos de las federaciones en casos en los que la maternidad o lesiones impidan que puedan seguir compitiendo.
- Obligatoriedad de que los premios de campeonatos y competiciones públicos y privados, posean la misma cuantía en la categoría femenina y masculina.
- Obligación de que las primas que las federaciones otorgan a sus equipos por victorias y campeonatos sean iguales para hombres y mujeres.
- Promoción de la igualdad en el deporte mediante campañas informativas en diferentes medios.
- Eliminación de toda cláusula contractual discriminatoria para las mujeres deportistas.
Así mismo, se insta a que trabaje activamente con la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE) para que en toda su programación, tanto de radio, como televisiva, y especialmente en 'prime time', el espacio destinado a deporte tenga un
espacio reservado a noticias y retransmisiones de competiciones deportivas femeninas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2019.-Patricia Reyes Rivera y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
161/004175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas para la atención integral a las personas afectadas por el Síndrome 22q11.2, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
El Síndrome 22q11.2 es un patrón de anomalías genéticas que se producen cuando se pierde (deleción) un pequeño fragmento del cromosoma 22, localizado en la región q11.2 de dicho cromosoma. Constituye la causa de distintos cuadros como el
síndrome de DiGeorge, el síndrome velocardiofacial, el síndrome de anomalía conotruncal facial, síndrome de OpitzG y el síndrome cardiofacial de Cayler se incluyen dentro de esta misma alteración cromosómica. Solo en un 10% de los casos, la
anomalía se hereda, siendo en este caso una herencia autosómica dominante, Existe la posibilidad de que padres no diagnosticados, debido a la levedad de su cuadro clínico, transmitan la deleción a sus descendientes.
El 22q11 es una anomalía cromosómica relativamente frecuente. Se estima una frecuencia de uno en 2000-4000 recién nacidos, identificándose como 'enfermedad rara', lo que la ha convertido en una gran desconocida para la mayor parte de la
sociedad en nuestro país. Sin embargo, dada la dificultad de su diagnóstico, se cree que la frecuencia pueda ser en realidad mayor.
Se caracteriza por sus variadas manifestaciones clínicas y del desarrollo personal, que incluyen defectos cardíacos congénitos, anomalías del paladar, trastorno del sistema inmunitario, hipocalcemia, pérdida auditiva, convulsiones, anomalías
de los ojos, del sistema nervioso central y deficiencias del desarrollo psicomotor o retraso del lenguaje y del aprendizaje, entre otros.
Aunque se han llegado a describir más de 180 manifestaciones distintas, no todas las personas con Síndrome 22q11 presentan todos estos problemas ni al mismo tiempo, ni con la misma gravedad. Por tanto, como su expresión clínica es tan
variable, y hasta hace unos años existía un escaso conocimiento de la misma, su diagnóstico ha resultado difícil.
De esta manera, son muchos los especialistas que deben de hacer seguimiento a estos pacientes, lo que requiere de una atención integral e interdisciplinar desde el punto de vista sanitario, educativo y social, como vienen reclamando tanto la
Asociación Española de Pediatría, como la asociación de familias y afectados (Asociación Síndrome 22q11).
La falta de un diagnóstico temprano, ha evitado que se haya podido ofrecer a estos pacientes una atención adecuada y un correcto seguimiento clínico, actuando de forma precoz sobre las posibles anomalías asociadas. Muchas de estas anomalías
pueden no ser perceptibles en el momento del nacimiento o durante la niñez temprana. Esto se debe a que son manifestaciones del comportamiento, o en otros casos, porque se trata de anomalías asintomáticas. Además, no todas pueden ser valorables en
la edad infantil, ya que existe la posibilidad de desarrollar sintomatología clínica muy significativa en la etapa adolescente o en la vida adulta, sobre todo, en lo relativo a trastornos psiquiátricos y alteraciones del estado de ánimo. Por lo que
parece conveniente, que una vez se haya realizado el diagnóstico temprano, se lleve a cabo un seguimiento psiquiátrico y psicológico para realizar una intervención en el tratamiento y con carácter preventivo.
En la actualidad el diagnóstico se realiza mediante la técnica FISH (estudio de hibridación in sito fluorescente), una técnica poco sensible, o en algunos centros mediante técnicas de microarray SNP, en general cuando existe sospecha.
Algunos países como el Reino Unido ya han puesto en marcha un grupo de trabajo encargado de determinar las oportunidades para un diagnóstico temprano de la enfermedad, la difusión del conocimiento sobre esta enfermedad por parte de los
profesionales del Servicio Británico de Salud, y proponer medidas de coordinación y actuación de los diferentes especialistas y profesionales que pueden contribuir al mejor pronóstico de la enfermedad, de la calidad de vida y del desarrollo físico e
intelectual de las personas con esta afectación (22q11 Consensus Document).
Para el Grupo Socialista, es prioritario garantizar los apoyos y servicios que requieran estas personas y sus familias, para mejorar así su calidad de vida, tanto desde el punto de vista del abordaje médico, como de la difusión e información
relativa a la misma o, incluso, en lo relativo al reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, una guía técnica del Síndrome 22q11, que permita proporcionar un mejor diagnóstico y atención a los pacientes, desde el enfoque multidisciplinar y que tenga en cuenta la
variabilidad de las manifestaciones clínicas y el momento de la aparición de las mismas (neonato o lactante, fin etapa infantil, adolescencia, etc.).
2. Evaluar la oportunidad de introducir con carácter armonizado en todas las CCAA el diagnóstico precoz del síndrome 22q11.
3. Desarrollar medidas que mejoren y armonicen la formación, difusión y sensibilización del conocimiento sobre el Síndrome 22q11, dirigido a los profesionales del ámbito socio sanitario.
4. Mejorar la coordinación de la asistencia sanitaria, social y educativa tendente al cuidado y desarrollo integral de estos pacientes, en particular al terminar la etapa incluida en los programas de Atención Temprana.
5. Valorar la conveniencia de acreditar centros de referencia de atención al Síndrome 22q11, o en su defecto, unidades de referencia, que pasarían a formar parte de los CSUR del Sistema Nacional de Salud.
6. Impulsar el estudio de la inclusión del Síndrome 22Q, o Síndrome DiGeorge en el Baremo de Valoración del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de
discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputado, 15 de enero de 2019.-Jesús María Fernández Díaz y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la paralización de la privatización del Seguro Escolar, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
El seguro escolar protege a los estudiantes menores de 28 años, desde 32 de la ESO hasta que finalizan el ciclo universitario contra posibles accidentes escolares, enfermedades o el infortunio familiar, otorgando a estos toda una serie de
prestaciones médicas, farmacéuticas y económicas, en función del caso. En lo relativo a las enfermedades que el seguro escolar cubre, caben destacar las siguientes prestaciones: Asistencia médica, asistencia farmacéutica y gastos de sepelio.
Incluye la cirugía general, neuropsiquiatría, tocología, tuberculosis pulmonar y ósea. En determinados casos se pueden otorgar prestaciones de fisioterapia, quimioterapia, radioterapia, cobaltoterapia y cirugía maxilo-facial.
Este seguro se encuentra gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y hasta el momento, los alumnos y padres de estos que han tenido que hacer uso de el, pese al general desconocimiento de las prestaciones y servicios
que posibilita, no han señalado importantes quejas al respecto.
Sin embargo, recientemente, los centros sanitarios o profesionales que están dando servicios derivados de este seguro han recibido una misiva desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social muy preocupante. En dicha misiva,
firmada por la Directora General, M.ª Gloria Redondo Rincón, se señala que en base al Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud y el marco jurídico que configura, se rescinde la colaboración por
parte del INSS con los centros colaboradores que dan servicio al seguro escolar. También les indican que a partir del 1 de abril de 2019 estos centros ya no podrán prestar servicios sanitarias a cargo del Seguro Escolar a nuevos estudiantes y, por
otro lado, con el fin de aplicar paulatinamente esta rescisión, los tratamientos que actualmente estén atendidos finalizarán el próximo 1 de junio. Por lo tanto, a partir del 1 de abril para nuevos servicios y del 1 de junio para servicios en
curso, los centros no podrán presentar más facturas por atenciones sanitarias a cargo del Seguro Escolar.
Esta situación crea una enorme preocupación en alumnos y padres que están actualmente en tratamientos cubiertos por el seguro, como pueden ser trastornos psiquiátricos, los cuales en muchos de los casos precisan de un seguimiento de meses, e
incluso años, para poder avanzar y resolver la patología. Con la nueva situación, ni los estudiantes cubiertos, sus familias e incluso los profesionales que los atienden a día de hoy, y llevan haciéndolo durante años, conocen en qué situación, bajo
qué servicios y qué facultativos quedará esta nueva atención. Desde el Ministerio, les han señalado que esta atención será prestada pero a través de diferentes mutuas a partir del 1 de junio, pero sin precisar si estas poseen la capacidad para
absorber numerosos casos con características muy específicas o qué centros sanitarios absorberán a los alumnos en tratamiento. Todo ello sin avisar a los más interesados, los alumnos y beneficiarios del Seguro Escolar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener un sistema universal y público de seguro escolar que garantice la cobertura de todos los estudiantes en su etapa de escolarización, deteniendo la privatización de este y su traslado
a las mutuas, tal y como se señala en la orden remitida por el Gobierno, a fin de evitar que los alumnos con tratamientos en curso tengan problemas de continuidad terapéutica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2019.-Marta Martín Llaguno y Francisco Igea Arisqueta, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Igualdad
161/004169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la incorporación de medidas de fomento de la igualdad para la mujer en el nuevo Proyecto de Ley de Deporte, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El Ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, señaló en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, allá por julio de 2018, que el Gobierno tenía previsto llevar a cabo una revisión y actualización de la Ley del Deporte. Esta
norma, que data de 1990 necesita importantes actualizaciones y mejoras que adapten el Deporte a sus retos y necesidades actuales. Pero, desde Ciudadanos, también consideramos que es esencial que esta oportunidad de actualización se utilice para
introducir medidas que fomenten la igualdad en uno de los ámbitos donde las mujeres sufren mayor discriminación con respecto a los hombres.
El deporte es una herramienta efectiva para la transmisión de valores tales como la solidaridad, el trabajo en equipo y la cultura del esfuerzo. Y además de ello, en los últimos tiempos también ha quedado patente que el deporte también
transmite valores que trascienden a los intrínsecamente relacionados con la actividad física y la interacción entre compañeros. En muchísimas ocasiones, el deporte también se ha convertido en un elemento reivindicativo en favor de diferentes
movimientos sociales. En numerosos casos de actualidad, también para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres.
En este sentido, el Consejo Superior de Deportes (CSD) se ha posicionado a favor de la lucha por la igualdad en el deporte, tanto es así, que ha redactado el Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer en el Deporte, en el que
reconoce que 'el deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y mediática, constituyen un motor de cambio social y contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre mujeres y hombres.'.
Además, ha suscrito la Declaración de Brighton, la hoja de ruta referente a nivel internacional en materia de mujer y deporte redactada por la 'International Working Group and Women and Sport', cuyos principales objetivos son:
a) Asegurar a todas las mujeres la oportunidad de participar en el deporte en un ambiente seguro, que les apoye, y que conserve los derechos, la dignidad y el respeto del individuo.
b) Incrementar la participación femenina en el deporte a todos niveles y en todas las funciones y roles.
c) Garantizar que los conocimientos, las experiencias y los valores de las mujeres contribuyen al desarrollo del deporte.
d) Fomentar el reconocimiento de la participación femenina en el deporte como contribución a la vida de todos, al desarrollo de la comunidad, y a la construcción de naciones sanas.
e) Animar a las mujeres a reconocer el valor intrínseco del deporte y su contribución al desarrollo personal y a una vida sana.
Pese a ello, a día de hoy, existen numerosos indicadores y controversias que indican que la igualdad en este ámbito está, claramente, lejos de conseguirle: cláusulas antiembarazo en contratos de deportistas profesionales, diferencias en las
cuantías de las becas y premios para las mismas categorías en función del sexo, diferencia abismal en el número de licencias deportivas según sexos por falta de fomento del deporte femenino, escasa visibilización y creación de referentes, etc.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Proyecto de Ley que actualice la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, incluyendo en esta actualización toda una serie de medidas encaminadas a promover la igualdad de la
mujer en el ámbito deportivo, incluyendo, al menos, las siguientes medidas:
- Apartado especifico sobre la existencia de planes de igualdad en todas las federaciones deportivas con mecanismos de registro y evaluación efectivos que permitan conocer la implementación y desarrollo de los mismos.
- Obligatoriedad para todas las federaciones y clubes deportivos de la existencia de protocolos contra el acoso y el abuso sexual, solicitando antecedentes penales de personas que vayan a trabajar en ámbitos deportivos en el que exista una
relación con menores de edad y mujeres.
- Medidas para que los periodos sin actividad por causa de embarazos y maternidad no penalicen a las mujeres deportistas a la hora de optar a becas.
- Fomentar la incorporación de deportistas en trabajos técnicos de las federaciones en casos en los que la maternidad o lesiones impidan que puedan seguir compitiendo.
- Obligatoriedad de que los premios de campeonatos y competiciones públicos y privados, posean la misma cuantía en la categoría femenina y masculina.
- Obligación de que las primas que las federaciones otorgan a sus equipos por victorias y campeonatos sean iguales para hombres y mujeres.
- Promoción de la igualdad en el deporte mediante campañas informativas en diferentes medios.
- Eliminación de toda cláusula contractual discriminatoria para las mujeres deportistas.
Así mismo, se insta a que trabaje activamente con la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE) para que en toda su programación, tanto de radio, como televisiva, y especialmente en 'prime time', el espacio destinado a deporte tenga un
espacio reservado a noticias y retransmisiones de competiciones deportivas femeninas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2019.-Patricia Reyes Rivera y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Justicia
181/001587
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputado don Miguel Barrachina Ros
Texto:
¿Cómo justifica el Ministerio de Justicia la agrupación de juzgados de violencia de género de Nules y Segorbe en el Juzgado de Vila-real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.
Comisión de Fomento
181/001582
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Celso Luis Delgado Arce
Texto:
¿Qué actuaciones realizará el Gobierno para evitar que la declaración de impacto ambiental del proyecto de Autovía entre Ourense-Ponferrada, A-76, caduque, toda vez que no ha comenzado la ejecución de ninguno de sus tramos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/001583
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Celso Luis Delgado Arce
Texto:
¿Cuál es el estado de tramitación y ejecución de los diferentes tramos de la Autovía A-56, Ourense-Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/001584
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Celso Luis Delgado Arce
Texto:
¿Cuál es el estado de tramitación y ejecución de los diferentes tramos de la Autovía A-76, Ourense-Ponferrada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/001585
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Celso Luis Delgado Arce
Texto:
¿Cuál es el grado de cumplimiento del cronograma de las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, entre Pedralba de la Pradería y Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/001586
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Celso Luis Delgado Arce
Texto:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para impulsar en 2019 los proyectos de la red de carreteras del Estado en la provincia de Ourense que se encuentran pendientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/001588
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Víctor Valentín Piriz Maya
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno el funcionamiento durante los meses de verano de los trenes que han circulado por Extremadura y sus incidencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2019.-Víctor Valentín Piriz Maya, Diputado.
181/001589
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Víctor Valentín Piriz Maya
Texto:
¿Cuál es la previsión del Gobierno al respecto de la evolución de las obras del AVE a Extremadura en todos sus tramos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2019.-Víctor Valentín Piriz Maya, Diputado.
181/001594
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Celso Luis Delgado Arce
Texto:
¿Concluyeron ya la totalidad de las obras de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Galicia, entre Zamora y Pedralba de la Pradería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/001595
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Eva García Sempere
Texto:
¿Cuál es el motivo real que ha llevado al Gobierno a cercenar las obligaciones internacionales de auxilio y rescate en el mar impidiendo la salida del buque de salvamento Open Arms del puerto de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2019.-Eva García Sempere, Diputada.
Comisión de Educación y Formación Profesional
181/001628
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Formación Profesional
Diputada doña María Sandra Moneo Díez
Texto:
¿Qué medidas va adoptar el Gobierno para garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de Educación Especial tanto en la red pública como privada concertada como garantes de la libertad de elección de las familias, conforme al
mandato parlamentario aprobados por la Comisión de Educación y Deporte en su sesión de 17 de octubre de 2018 (161/003769) y del Pleno del Congreso de los Diputados de 16 de octubre (162/000769)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2019.-María Sandra Moneo Díez, Diputada.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001591
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Juan Antonio López de Uralde Garmendia
Texto:
¿Cuál es la posición del Gobierno con respecto a la propuesta de la Comisión sobre el Plan Plurianual para las poblaciones de especies demersales del Mediterráneo occidental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2019.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.
181/001593
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Juan Antonio López de Uralde Garmendia
Texto:
¿Qué medidas tiene previstas este Ministerio para evitar que los ribazos entre fincas se sigan destruyendo, teniendo en cuenta la función medioambiental que desarrollan, al ser usados como lugar de refugio y reproducción de muchas especies
animales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2019.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.
181/001629
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Qué medidas prevé implantar el Ministerio de Agricultura y Pesca de cara a regular la pesca de caballa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/001630
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Qué actuaciones contempla el Gobierno de cara a poder retirar la propuesta de la UE sobre el plan de pesca demersal en el Mediterráneo occidental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/001631
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno el acuerdo para España de los Ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) para el reparto de las cuotas de pesca en 2019?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/001632
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno el acuerdo alcanzando en la UE donde los recortes en la pesca de la merluza cantábrica hayan terminado después de 4 años y qué puede suponer esto para el sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/001633
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno en relación a reducir los efectos de los descartes en pesca sobre el sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/001634
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno el acuerdo alcanzando en la UE donde se suavizan los recortes para las cuotas de pesca de besugo del Cantábrico y qué puede suponer para el sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/001635
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Qué medidas prevé adoptar el Gobierno de cara a favorecer la incorporación de jóvenes y mujeres al sector de la pesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/001636
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Qué medidas concretas prevé llevar a cabo el Ministerio de Agricultura y Pesca en materia de igualdad en la pesca y la acuicultura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/001637
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Cuál es la previsión del Ministerio de Agricultura y Pesca respecto a cómo puede afectar a nuestro sector pesquero el Brexit?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/001638
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Qué medidas contempla el Gobierno de cara a ayudar a los afectados por el cese de la pesca en Marruecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
Comisión de Transición Ecológica
181/001590
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica
Diputada doña Eva García Sempere
Texto:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre las consecuencias medioambientales y sociales de la desertización rural, y cuál es su hoja de ruta para abordar estas consecuencias de manera integral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2019.-Eva García Sempere, Diputada.
Comisión de Cultura y Deporte
181/001592
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura y Deporte
Diputado don Juan Antonio López de Uralde Garmendia
Texto:
¿Tiene pensado el Gobierno seguir concediendo el Premio Nacional de Tauromaquia, dotado con 30.000 del presupuesto del Ministerio de Cultura y Deporte, y, de ser así, puede explicar las razones que justifican su mantenimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2019.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/043854
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP).
Marcos Moyano, María Dolores (GP).
Participación de la Junta de Extremadura en Comisiones de seguimiento con el Ministerio de Fomento en relación con el ferrocarril.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia de las actas de la Comisión de Seguimiento contenida en el inciso final de la presente iniciativa, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expt. 186/002647).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales y doña María Dolores Marcos Moyano, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Durante la presente legislatura, ¿ha formado parte la Junta de Extremadura de comisiones de seguimiento con el Ministerio de Fomento en relación con el ferrocarril? [...].
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2019.-Carlos Javier Floriano Corrales y María Dolores Marcos Moyano, Diputados.
184/043870
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier (GP).
Marcos Moyano, María Dolores (GP).
Documento existente en el que consten de forma calendarizada los compromisos adquiridos en materia ferroviaria.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia del documento donde consten los compromisos adquiridos en materia ferroviaria contenida en el inciso final de la presente iniciativa, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los
artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Publica correspondiente (nuevo núm. expt. 186/002648).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Floriano Corrales y doña María Dolores Marcos Moyano, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Dispone el Gobierno de España de algún documento donde consten de forma calendarizada los compromisos adquiridos en materia ferroviaria? [...].
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2019.-Carlos Javier Floriano Corrales y María Dolores Marcos Moyano, Diputados.