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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 472, de 27/12/2018
cve: BOCG-12-D-472
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de diciembre de 2018
Núm. 472
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/004097 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre participación estatal en la European Social Survey ... (Página6)
Comisión de Defensa
161/004079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora de la sanidad militar ... (Página7)
161/004099 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a celebrar el 30 aniversario de la participación española en misiones de paz ... (Página8)
161/004108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la declaración de Canarias como territorio de paz, cooperación y buena vecindad en el Atlántico ...
Comisión de Interior
161/004086 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de implementar en los centros penitenciarios Módulos de Respeto mixtos para hombres y mujeres ... (Página11)
Comisión de Fomento
161/004084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el marco regulatorio de la vivienda turística ... (Página13)
161/004095 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la limpieza del fondo marino de la ría de Ferrol ... (Página14)
161/004096 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre reducción de las emisiones de gases con efecto de invernadero, mitigando el cambio climático, y la vertebración
regional de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a través de una apuesta integral por el ferrocarril ... (Página15)
161/004100 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de los servicios de Cercanías en la Comunitat Valenciana y la coordinación al respecto con la Generalitat Valenciana ...
161/004102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a definir el régimen competencial de los diseñadores de interior como agentes que intervienen en los procesos de transformación de la
edificación ... (Página19)
161/004103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que, de manera inmediata y urgente, se habiliten corredores en los distintos pasos fronterizos que garanticen la
libre circulación de mercancías entre España y Francia ... (Página20)
161/004104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a actuar sobre las infraestructuras de Talavera ... (Página21)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004109 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, Mixto y Ciudadanos, sobre la empatía hacia los animales en el currículum
escolar ... (Página22)
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/004081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de apoyo a la tabla reivindicativa de mejora de las condiciones laborales del personal de marinería dedicado a la
pesca ... (Página24)
161/004094 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la modificación de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ... (Página25)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a la constitución de la Comisión mixta para la gestión de la finca de 'Bombita' del municipio de Deltebre ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004092 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reforma del sistema excepcional para métodos de fumigación aérea con fitosanitarios ...
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/004088 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el reconocimiento del carácter plurilingüe del Estado ... (Página30)
Comisión de Transición Ecológica
161/002919 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la inclusión del Caballo de la Montaña Asturiana en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España.
Pasa a tramitarse en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación ... (Página33)
161/003287 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al riesgo de entrada de Peste Porcina Africana (PPA) por la importación de jabalíes de Hungría para
cacerías. Pasa a tramitarse en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación ... (Página33)
161/003361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la representatividad democrática en el campo. Pasa a tramitarse en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación ... (Página34)
161/003395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la protección adecuada y la mejora en el etiquetado del azafrán con Denominación de Origen Protegida (DOP),
Azafrán de La Mancha, así como el producido en otras regiones. Pasa a tramitarse en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación ... (Página34)
161/004080 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la mejora de la situación energética en la provincia de Toledo ... (Página35)
161/004090 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la inversión y apoyo del proyecto LARS en la Bahía de Cádiz ... (Página36)
161/004091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reforma del sistema excepcional para métodos de fumigación aérea con fitosanitarios ...
161/004105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al traslado del departamento de la Oficina Provincial de Costas a la Costa Tropical ... (Página41)
161/004106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la protección integral y estable del litoral de la Costa Tropical de Granada ... (Página42)
161/004110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a que los edificios, sedes, equipamientos y demás instalaciones de la Administración General del Estado y de
su sector público institucional se suministren con energía eléctrica comercializada de origen 100% renovable ... (Página43)
Comisión de Cultura y Deporte
161/004083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a establecer un centro especializado de alto rendimiento deportivo en la ciudad de Guadix (Granada) en la
especialidad de marcha atlética ... (Página45)
161/004085 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre promoción y cuidado de jardines históricos ... (Página47)
161/004098 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la protección de obras y colecciones cinematográficas producidas o coproducidas en España ...
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
161/004089 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la jubilación de las personas con discapacidad tras haber padecido Poliomielitis y el Síndrome Postpolio ...
(Página50)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004107 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Popular en el Congreso, de Esquerra Republicana y Mixto, relativa a impulsar la
implementación de la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española ... (Página52)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/004087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre creación del ciclo formativo de grado superior 'docencia en movilidad y seguridad vial' ... (Página54)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Fomento
181/001505 Pregunta formulada por el Diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega (GS), sobre impulso desde el Ministerio de Fomento del acceso ferroviario al muelle de La Cabezuela en Puerto Real (Cádiz) ...
181/001506 Pregunta formulada por el Diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega (GS), sobre previsiones del Ministerio de Fomento respecto a la licitación del acceso ferroviario al muelle de La Cabezuela en Puerto Real (Cádiz) ...
181/001509 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre actuaciones y programación para hacer frente a las reparaciones urgentes de firme en los diferentes puntos de la red de carreteras del Estado en la
provincia de Lugo ... (Página56)
181/001510 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre actuaciones programadas y previsión de ejecución por parte del Ministerio de Fomento en la red de carreteras del Estado en el término municipal de Lugo
... (Página56)
181/001511 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre previsiones actualizadas del Ministerio de Fomento en relación a las actuaciones previstas y presupuestadas en las autovías de la provincia de Lugo ...
(Página56)
181/001512 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre previsiones en relación a las actuaciones previstas y anunciadas en Lugo en mayo del año 2018 por el Ministerio de Fomento, correspondientes a las
mejoras en la línea de ferrocarril Lugo-Ourense ... (Página57)
181/001513 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre fecha prevista para llevar a cabo las actuaciones pertinentes de mantenimiento y conservación de los puentes que presentan problemas estructurales
graves en los viales FE-13 y FE-14 ... (Página57)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001502 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), sobre elementos de la posición del Gobierno en las negociaciones sobre el futuro de la PAC, así como previsiones acerca de acometer el proceso de
elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC ... (Página57)
181/001503 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre resultado de la actividad inspectora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en las denuncias por casos de venta a pérdidas
interpuestas por las organizaciones profesionales agrarias en los años 2016 a 2018, así como incidencia en dicha práctica de la propuesta de regulación incluida en el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso
de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España ... (Página58)
181/001504 Pregunta formulada por el Diputado don Pedro Arrojo Agudo (GCUP-EC-EM), sobre situación de la elaboración de la Estrategia para el Reto Demográfico ... (Página58)
Comisión de Transición Ecológica
181/001508 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre valoración del Gobierno sobre las consecuencias medioambientales y sociales de la desertización rural, así como hoja de ruta para abordar estas
consecuencias de manera integral ... (Página59)
Comisión de Cultura y Deporte
181/001507 Pregunta formulada por el Diputado don Ángel Luis González Muñoz (GP), sobre apoyos con los que contaba el Gobierno cuando ofreció a Marruecos una candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para optar a la organización
del Mundial de 2030 ... (Página59)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/009904 Autor: de Frutos Madrazo, María del Rocío
Medidas ante el incremento de robos con fuerza en domicilios en la provincia de Ourense. Retirada ... (Página59)
184/033694 Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Consumo de hipnosedantes por menores de edad desde el año 2011, así como acciones ante el incremento de dicho consumo para prevenir el mismo. Retirada ... (Página60)
184/041992 Autor: Cascales Martínez, Loreto
Documentación remitida en el año 2018 por el Gobierno a la Dirección General de la Competencia de la Comunidad Europea sobre el asunto 'Ayuda estatal Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2012-SA. 22668 - Estudios cinematográficos Ciudad
de la Luz-Ejecución de la Recuperación' ... (Página60)
184/042153 Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Nombramiento de Antonio Munuera como director de fábrica de combustible de Juzbado ... (Página61)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/004097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
participación estatal en la European Social Survey, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La European Social Survey (ESSS) es una de las encuestas más relevantes para las ciencias sociales que, desde el 2001, proporciona información rigurosa sobre las actitudes, creencias y comportamientos de la ciudadanía de más de treinta
estados europeos. El ESS proporciona datos abundantes obtenidos con el máximo rigor, mediante entrevistas conducidas sobre una muestra transnacional que se renueva cada dos años. Estos datos son gratuitos para usos no-comerciales y fácilmente
accesibles. La comunidad científica de todo el mundo los usa para mejorar nuestra comprensión sobre las sociedades europeas, puesto que la ESS es la base de datos comparada sobre comportamientos, valores y actitudes más completa a nivel europeo.
El ESS tiene como objetivo analizar la estabilidad y el cambio de estructuras sociales, condiciones y actitudes, mediante la difusión de estándares cada vez más rigurosos en cuanto a la investigación comparativa en las ciencias sociales que
permita introducir nuevos indicadores de progreso nacional construidos sobre las percepciones y juicios que hacen los ciudadanos de aspectos capitales de sus sociedades. El ESS ha emprendido esta tarea con el máximo rigor académico en 8 ediciones
desde el 2001. Cada edición de la ESS tiene una parte de cuestionario fijo sobre temas centrales como valores humanos, democracia y política, migraciones, religión y discriminaciones o exclusiones sociales, entre otros; se los suma dos temas
monográficos que son tratados de forma extensa en cada edición, por ejemplo la edición 8 del 2016/17 aportó información sobre el Cambio Climático y Energía y Políticas de Bienestar.
Actualmente se está preparando la novena edición 2018/19 dónde, además del cuestionario común, incluye como temas monográficos 'Justice and Fairness' y 'The Timing of Life'. Pero, según ha anunciado la propia ESS, no está prevista la
participación del Estado español. Un hecho especialmente grave puesto que el Estado español viene participando de los estudios desde sus inicios. Además, es el quinto estado con el mayor número de usuarios registrados al ESS y el séptimo en
descargas. La no participación dificultará conocer los cambios de comportamiento y de percepción económica y social de la ciudadanía del Estado en una perspectiva comparada a nivel Europeo. Y esto no solo es un problema para la investigación
centrada en el Estado español, sino para cualquier investigación que use la ESS que se verá privada de una serie histórica de datos con continuidad desde el 2001 y rota el 2018/19.
Esta decisión se ve agravada por la carencia de explicaciones. Un silencio todavía más cuestionable si tenemos en cuenta que el 'Plan Estadístico Nacional 2017-2020' asigna 1.101.040 euros, incluido dentro del presupuesto del Ministerio de
Presidencia, por su financiación durante el periodo 2017-2020, y que su programa anual de desarrollo por el 2018 asigna 469.890 euros, para continuar con la recogida de datos, codificarlos, tabularlos y validarlos y vincularlos a la Base de datos
Centrales de la ESS. Sin embargo, para el plan de 2019, actualmente en trámite, no hay prevista ninguna actuación.
No podemos dejar de hacer notar que el tema monográfico de la novena edición de la ESS, Justicia e Imparcialidad, es especialmente relevante para la actual situación política. Dada la importante controversia que han generado, a la sociedad
catalana y al resto del Estado, recientes decisiones judiciales considerablemente lesivas verso derechos procesales y garantías judiciales básicas, derechos políticos y civiles, la libertad de expresión de cantantes, actores y humoristas críticos,
así como el sesgo machista de determinadas sentencias y estamentos judiciales; la novena edición de la ESS nos puede aportar un conocimiento importante sobre como la ciudadanía del Estado percibe el rol de la Justicia al Estado español en
comparación a como el resto de ciudadanos Europeos perciben el poder Judicial a sus respectivos países.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas necesarias para garantizar la participación del Estado español en la novena ronda de la European Social Survey.
2. Ejecutar la partida presupuestaria asignada al 'Plan Estadístico Nacional de España 2017-2020', para garantizar la participación en las próximas ediciones de la ESS.
3. Reafirma el compromiso con el rol de las instituciones públicas para apoyar a una ciencia social independiente que genere datos e información permitiendo avanzar en la comprensión de nuestras sociedades, sin coartadas ni límites
políticos, solo en base a criterios científicos y académicos.
4. Garantizar, en caso que el gobierno español no pueda asumir el compromiso de participación en la novena edición del ESS, la transferencia de los recursos necesarios a las CCAA que los soliciten para que puedan realizarlo mediante sus
organismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Defensa
161/004079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre mejora de la sanidad militar, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La sanidad militar ha sufrido un fuerte retroceso en los últimos años, lo que ha mermado y debilitado una de las más importantes capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Esto es un hecho conocido y reconocido por todos, pero al mismo tiempo
dejado en un segundo plano. Los factores que han influido son múltiples y variados. Sin duda, un factor influyente común con el resto de capacidades, es el descenso en los últimos años en el importe del capítulo presupuestario de Defensa.
El problema no solo afecta a os medios materiales y personales, sino también de una deficiente gestión de los que se disponen. Como ejemplos se pueden citar el hospital de campaña sin utilizar al no existir capacidad para trasladar estos al
terreno donde sean precisos (ROLE 4) o la Cámara Hiperbárica
de San Fernando (Cádiz), que siendo propiedad de la Armada, permanece localizada en el Hospital de San Carlos de esa localidad, que fue transferido al Servicio Andaluz de Salud, y que está infrautilizada debido a la falta de personal y a la
ausencia de un Convenio de colaboración actualizado.
En el capítulo de personal, la realidad no es más halagüeña. En lo que afecta a especialidades médicas denominadas 'críticas', cirujanos, anestesistas, intensivistas y traumatólogos, las disponibilidades de efectivos son escasas. El
estricto régimen de incompatibilidades tampoco favorece la llamada y permanencia del personal.
Los profesionales que integran la Sanidad Militar además de médicos, como los farmacéuticos, enfermeros, veterinarios, psicólogos y odontólogos necesitan una formación y reciclaje permanente que exige conveniar con las Comunidades Autónomas.
La propia Ley de la Carrera Militar ampara una discriminación porque prevé dos Escalas de Sanidad Militar, una para enfermeros y otra para el resto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio riguroso sobre las carencias de la sanidad militar, tanto en medios materiales como personales.
2. Suscribir convenios con las distintas Comunidades Autónomas para el reciclaje del personal de sanidad militar.
3. Suscribir convenios para el uso de material sanitario militar por parte de los hospitales de las Comunidades Autónomas, como es el caso de la cámara hiperbárica de San Fernando (Cádiz).
4. Potenciar la figura del reservista voluntario incentivando económica y profesionalmente, a personal civil para prestar servicio de forma temporal en las Fuerzas Armadas en periodos de necesidad.
5. Realizar un estudio para flexibilizar el régimen de incompatibilidades del personal sanitario de las Fuerzas Armadas.
6. Estudiar la posibilidad de reducir las dos escalas de Sanidad Militar a una sola escala.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2018.-Francisco Igea Arisqueta y Francisco Javier Cano Leal, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición
no de Ley por la que insta al Gobierno a celebrar el 30 aniversario de la participación española en misiones de paz, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La Misión de las Naciones Unidas en Angola fue la primera participación española en una operación de mantenimiento de la paz.
Tras la independencia de Angola en 1975, se desencadenó una lucha por el poder entre los tres movimientos nacionalistas -MPLA, FNLA y UNITA-. Ello condujo a una guerra civil que se prolongó durante dieciséis años.
Denominada UNAVEM I (Misión de Verificación de las NN.UU. en Angola) conforme a la Resolución 626 (1988), se desarrolló de enero de 1989 a octubre de 1991, para 'verificar el redespliegue hacia el norte, en una primera fase, de las tropas
cubanas allí establecidas y, posteriormente, la retirada total de dichas tropas de todo el territorio de la República de Angola'. En esta misión se desplegaron 70 oficiales de diez países.
Desde enero de 1989 convenzan a desplegar setenta oficiales de diez países incluida España a razón de siete por país (en enero de 1990 se reduciría a seis oficiales por país).
La misión debía haber concluido en julio de 1991, mes en que el Gobierno y la guerrilla de la Unión Internacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) firmaron los Acuerdos de Paz de Estoril, pero los problemas acontecidos obligaron
a la ONU a promover la nueva misión UNAVEM II para verificar que el alto el fuego era efectivo. Transcurrió entre octubre de 1991 y febrero de 1995.
Tras la retirada de las tropas cubanas, se solicitó de las NN.UU. la ampliación de su presencia en Angola por lo que a finales de mayo de 1991 se aprobaba la Resolución 696 del Consejo de Seguridad y se otorgaba un nuevo mandato en el que
se debía 'verificar un efectivo alto el fuego y supervisar la actuación de la policía angoleña durante el proceso de transición' tras los Acuerdos de Paz de Estoril que ponían fin a 16 años de guerra civil.
Finalmente fueron un total de 350 militares de veinticuatro países los que desplegaron en Angola. Aunque estaba previsto que la duración de la misión fuera de diecisiete meses, los problemas acontecidos como resultado de las elecciones
presidenciales y legislativas obligaron a las NN.UU. a prolongar la misión. La misma se dio por finalizada en diciembre de 1993.
España intervino en UNAVEM I con 21 observadores militares en relevos, con un máximo simultáneo de siete. A UNAVEM II aportó setenta y cinco, con un máximo de quince. De esta última misión se retiró en diciembre de 1993 y ya no formó parte
de UNAVEM III.
Los militares españoles en UNAVEM I supervisaron puertos y aeropuertos para controlar las entradas y salidas de los soldados cubanos, y realizaron patrullas cerca de las líneas del paralelo 13, con el fin de cerciorarse de que las tropas no
descendían hacia el sur.
Hoy las Fuerzas Armadas españolas están presentes en dieciocho misiones en el exterior con 3.148 militares y guardias civiles desplegados en cuatro continentes. Los contingentes más numerosos se encuentran en el Líbano, con 607 cascos
azules, y en Irak, con 480 efectivos. En el marco de la OTAN participan en la defensa de los países bálticos y Turquía, y asesoran a las fuerzas de seguridad en Afganistán.
Con esta participación, las FAS españolas muestran el firme compromiso de España con la paz, la seguridad y la legalidad internacional, También, refuerza nuestra solidaridad con los esfuerzos de la comunidad internacional en ayudar a la
estabilización de los países más desfavorecidos.
Nuestra seguridad no se construye únicamente en el interior de nuestras fronteras, sino que también comienza en escenarios muy lejanos, origen de amenazas para los intereses de España. La seguridad y defensa de los españoles está
indefectiblemente ligada a lo que ocurre en aquellos países en conflicto.
España también está presente en todas las misiones militares que la Unión Europea desarrolla en el continente africano, con despliegues en Malí, República Centroafricana, Somalia, Senegal y Gabón, así como en las operaciones que tratan de
impedir el tráfico ilegal de personas frente a las costas de Libia y la piratería en el océano Índico.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con motivo del 30 aniversario de la primera participación de las Fuerzas Armadas en una operación de mantenimiento de la paz, durante el año 2019:
- Contribuya a celebrar este aniversario y a difundir entre la sociedad española el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas durante estos años al mantenimiento de la paz y la seguridad globales, en especial con la participación en las
misiones internacionales.
- Organice actividades divulgativas, e incorpore a los actos, que así lo permitan, elementos que acerquen a la población el papel y la función que estas misiones en la actualidad y expresen un público reconocimiento a los miles de hombres y
mujeres que durante estos treinta años han contribuido con su trabajo y sacrificio a la paz y la seguridad mundiales y al buen nombre de España. Así como a divulgar el valor de las Fuerzas Armadas como un instrumento eficaz, que contribuyen a la
Seguridad Nacional y a la defensa de los intereses de España, en cualquier momento, allá donde se las demande.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Zaida Cantera de Castro, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su
debate en la Comisión de Defensa, sobre declarar a Canarias como territorio de paz, cooperación y buena vecindad en el Atlántico.
Exposición de motivos
El número de conflictos armados que asolan nuestro planeta no deja de aumentar, y con ello, las persecuciones por motivos políticos, religiosos, étnicos o de género, exacerbando a su vez las desigualdades de naturaleza económica, social y
cultural entre personas y pueblos. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a día de hoy, el número de personas que se han visto obligadas a abandonar sus regiones de origen de manera forzosa a causa de
violaciones de los derechos humanos está a punto de alcanzar los sesenta millones, lo que equipararía la cifra de refugiados a nivel global, a la población de España y Portugal juntas.
Al interior de este escenario dramático, el Archipiélago Canario, situado en la franja atlántica que conecta Europa, América y África, ha destacado históricamente como un enclave de una gran importancia geopolítica. De hecho, sus lazos
comerciales, políticos, culturales y también ecológicos con estos tres continentes abarcan desde regiones relativamente próximas a sus ocho territorios, como las islas de la Macaronesia o las costas del Sahel, hasta alcanzar el escenario caribeño,
el Sur y el Oeste de Europa y buena parte del continente americano.
Por fortuna, esta extroversión atlántica no se ha traducido, al menos durante los últimos seis siglos, en la consumación de ningún tipo de conflicto bélico de carácter internacional en el suelo o en el mar de Canarias, más allá de algunos
sucesos aislados de pillaje y piratería entre los siglos XVI y XVIII, o ciertos capítulos de tensión imperial protagonizados por las grandes potencias del Norte de Europa durante los siglos XIX y XX. Solo la conquista y posterior colonización del
Archipiélago, acontecida a lo largo del siglo XV, encarna un pasado de violencias, segregación y esclavitud, un traumático impasse histórico que debe ser superado mediante la exaltación de los valores democráticos y el desarrollo del autogobierno
que ha tenido lugar tras el cese del otro periodo de confrontación abierta que se ha vivido en fas islas: la guerra civil y la posterior dictadura franquista, que llegó a cobrarse miles de vidas en Canarias.
El clima mayoritariamente pacífico que ha reinado en el territorio a lo largo de su historia moderna, ha sido esencial para la consolidación de su acervo histórico como escenario consagrado al comercio transatlántico. Sin embargo, creemos
que ha llegado la hora de reconocer el papel que han jugado las gentes de Canarias durante todo este tiempo como defensores de la convivencia pacífica en su suelo y la mezcla entre las distintas tradiciones y culturas que han nutrido el pasado y el
presente del Archipiélago, enriqueciendo de manera constante la más valiosa de sus riquezas: su patrimonio material e inmaterial.
Para lograría, es preciso potenciar a nivel político y cultural la adhesión ciudadana a los valores que nuestra sociedad ha abrazado, especialmente durante las últimas cuatro décadas, inspirados en la defensa de los derechos humanos, la
democracia y, sobre todo, la salvaguarda de la paz y la concordia. Por eso, planteamos la necesidad de que se produzca un reconocimiento por parte del Estado de la vocación pacífica del pueblo canario y de las instituciones de la Comunidad Autónoma
como un Territorio para la Paz, el diálogo, la buena vecindad y la solidaridad entre los continentes africano, americano y europeo, asumiendo el compromiso de no promover en las Islas el desarrollo de infraestructuras de defensa destinadas a
intervenir militarmente en dicho contexto transmarino.
Sin lugar a dudas, esta declaración del Archipiélago como territorio neutral podría ser clave para alcanzar su definitiva consagración como uno de los espacios turísticos más atractivos del mundo. Un destino tan importante que, solo en lo
que ha avanzado el siglo XXI, ha logrado atraer a más de 180 millones de turistas, lo que vendría a demostrar la significación que continúa teniendo para la gente de Canarias y para su principal fuente de recursos económicos, el mantenimiento de la
paz y la concordia tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Esto no quiere decir que se esté poniendo en cuestión el papel que desempeñan en la actualidad las Fuerzas Armadas en Canarias. Éstas han jugado un papel vital en las Islas, y deben seguir cumpliéndolo en el futuro, pero siempre en la
procura de la paz, la defensa de la democracia y el desarrollo de tareas
relacionadas con el humanitarismo y las acciones en materia de rescate y emergencias. Unas labores donde cabría destacar las actuaciones llevadas a cabo por el Escuadrón de Fuerzas Aéreas 802, conocido por sus labores de rescate (el SAR),
especialmente en los casos de migraciones humanitarias en la mediana atlántica, así como la participación activa de la Unidad Militar de Emergencias (la UME) en catástrofes naturales como las lluvias torrenciales ocurridas en octubre de 2015 en Gran
Canaria, y los devastadores incendios que han asolado en los últimos veranos las islas de La Gomera, La Palma y Tenerife.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer la vocación pacífica del Archipiélago a través de su declaración como Territorio de Paz, instando a definir en la normativa básica de carácter estatal y autonómica el compromiso de no establecer en las Islas nuevas tropas,
bases militares o construir fortificaciones destinadas a intervenir en conflictos armados sobre la base de ninguna alianza europea o internacional, promoviendo, por el contrario, la cultura de la no violencia, la resolución de conflictos por vías
democráticas y la promoción de la neutralidad como eje para el mantenimiento de su desarrollo comercial y de servicios en el contexto internacional.
2. Potenciar la implicación de los efectivos que conforman el Mando de Canarias, en las labores que actualmente vienen desempeñando en el ámbito humanitario y las actuaciones de rescate y emergencias, tanto en el territorio insular como en
las Aguas del Archipiélago Canario.
3. Instar al Gobierno de las Islas a incluir en el marco curricular del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, contenidos específicos destinados a dar a conocer, fomentar y educar para una cultura de paz y de no violencia,
destacando el papel histórico que las Islas han cumplido en este sentido, y el que deberán cumplir a partir de su declaración institucional como Territorio de Paz.
4. Trasladar esta propuesta de acuerdo a todos los grupos parlamentarios con presencia en el Parlamento Autonómico de Canarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2018.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Interior
161/004086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la necesidad de implementar en los Centros penitenciarios Módulos de Respeto mixtos para hombres y mujeres, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Una de las formas especiales de ejecución prevista en la normativa reglamentaria penitenciaria permite la existencia de Centros o Departamentos mixtos (art. 168 a 172 del RP). Con base en esta normativa reglamentaria y siendo uno de los
objetivos prioritarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el de promover la igualdad entre hombres y mujeres de forma que las internas tengan los mismos derechos y oportunidades que los internos, una de las actuaciones en el
logro de este objetivo es la creación de los Módulos de Respeto mixtos para hombres y mujeres.
La tasa de mujeres en prisión se sitúa en algo más del 7%, ascendiendo a la cifra de 3.820 en el ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (excluidos los Centros de Cataluña). Esto supone que en la mayoría de centros
penitenciarios exista un solo módulo de mujeres.
Las grandes diferencias entre los perfiles de las mujeres destinadas al mismo Módulo y las diferentes circunstancias penales, penitenciarias, personales, han hecho que no sea posible en la mayoría de los casos crear el sistema de Módulo de
Respeto en el Módulo de mujeres existente. Y ello debido a que un gran número de internas no se implican en esta forma de organización, lo que supone que otras internas con buen comportamiento y dispuestas a cumplir estos objetivos no tengan la
posibilidad de acceder al mismo.
Esta circunstancia hace latente la necesidad de creación de estos Módulos con lo que se pretende favorecer el acceso de las internas a un Módulo de Respeto y contribuir a que la clasificación interior se adapte a su perfil de comportamiento,
motivación e implicación.
La experiencia ya existe en algunos Centros penitenciarios, el último en el que se ha puesto en marcha es el Centro Penitenciario de Mallorca, siendo los resultados totalmente satisfactorios.
Atendiendo a la necesidad de crear un marco de igualdad y un entorno adecuado para preparar la vida en libertad y la inserción social, se considera que esta propuesta fomentaría un modelo de convivencia adecuado para estos objetivos.
La base jurídica de los Módulos de Respeto mixto es el mismo modelo de Módulo de Respeto que desarrolla la normativa de la Institución penitenciaria, pero incorporando mujeres. De esta manera, se establecen una serie de circunstancias
especiales en relación al respeto a la intimidad o peculiaridades necesarias, tales como:
Principio de respeto e igualdad. El clima general del Módulo debe posibilitar la igualdad, convivencia pacífica, ordenada, la tolerancia y la aceptación de las diferencias.
Principio de voluntariedad e implicación. Los internos e internas deben solicitar voluntariamente su ingreso, conocer su normativa, comprometerse a aceptarla e implicarse en el buen funcionamiento del Módulo. Igualmente, todos los
funcionarios y funcionarias que trabajen en él deben ser conocedores del proyecto, aceptar voluntariamente trabajar en el mismo, tener cierta estabilidad en el puesto e implicarse de forma activa en su dinámica y organización.
Principio de planificación individualizada. Cada interno e interna del Módulo de Respeto debe tener planificado todo su tiempo. Dicha planificación tendrá como referencia fundamental el Programa Individualizado de Tratamiento del interno
(PIT).
Principio de asunción de hábitos personales y pautas de comportamiento adaptadas a normas sociales. Este principio implica, por un lado, una alta exigencia en el respeto a los roles formales e informales, adecuación a normas de convivencia
y, por otro lado, una mayor participación en la organización y funcionamiento del Módulo.
Principio de responsabilidad y exigencia. Los internos e internas adquieren una mayor responsabilidad en las tareas, actividades y funcionamiento del Módulo en general. Se establece un sistema donde todo es responsabilidad de las personas
en él ingresadas al igual que la exigencia mutua de respeto a las normas.
Principio de organización en grupos. El Módulo se organiza en grupos, siendo el grupo de referencia del interno o interna un apoyo tanto en su integración inicial como en su evolución posterior.
Principio de Respuesta Inmediata. Cada incumplimiento de la normativa debe tener una respuesta inmediata.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha los Módulos de Respeto mixtos, sustentados en los artículos del 168 a 172 del vigente Reglamento Penitenciario, con el propósito de promover la igualdad plena entre hombres y
mujeres, de forma que estas tengan los mismos derechos y oportunidades que los hombres internados en prisión y, en concreto, en las posibilidades de accesibilidad a los Módulos de Respeto, siendo necesario para ello, como una de las actuaciones
clave, la creación de este tipo de Módulos que se propone.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2018.-David Serrada Pariente, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/004084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el sobre marco regulatorio de la
vivienda turística, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Nuestro país ha vivido en los últimos años un fenómeno creciente de visitantes que eligen como alojamiento la vivienda vacacional o vivienda turística. Este fenómeno, ha sido regulado por todas las Comunidades Autónomas, al ser actividad de
su competencia, dándose la circunstancia de que en este momento hay diecisiete Comunidades Autónomas con diecisiete regulaciones distintas de vivienda vacacional.
La globalización mundial y la facilidad que supone la contratación por internet, ha propiciado el desarrollo de esta forma de alojamiento turístico, que normalmente se desarrolla en espacios dentro de una vivienda, en viviendas de primera o
segunda residencia, o en viviendas especialmente compradas para el desarrollo de esta actividad y que no siempre reúnen las condiciones que las homologarían con actividades urbanas y económicas.
El problema añadido es que esta modalidad de turismo y de alojamiento se concentra en los centros urbanos y su entorno próximo, existiendo incluso normativas, como la de la Comunidad Autónoma de Canarias, que prohíbe el fenómeno en núcleos
turísticos, trasladando el problema hacia núcleos residenciales.
Esta situación está produciendo en muchas ciudades españolas un aumento considerable de los precios del alquiler, está fomentando reconversiones de usos residenciales a turísticos, e incluso provocando inversiones inmobiliarias que, en base
a altas rentabilidades, adquieren inmuebles de uso residencial para su conversión a uso turístico.
Entendemos que tal circunstancia, como actividad económica, sujeta a fluctuaciones, no debe considerarse, ni como la principal causante del incremento de los precios de alquiler (se debe entender como desequilibrio entre oferta y demanda),
ni como competencia desleal al sector hotelero.
Se debe entender como la aparición de un modelo alternativo, de trascendencia mundial, que tendrá que concretar sus propios parámetros, que ha llegado para quedarse, y que tendrá que regirse por sus propias normas, donde consideramos que
será preciso analizar:
a) Los incrementos económicos vinculados al turismo.
b) El efecto urbano de este nuevo modelo.
c) El tratamiento como economía colaborativa o no.
En España, el turismo es fundamental en nuestro desarrollo económico, y dentro del programa político de todos los gobernantes está el impulsarlo a todos los niveles. Entendemos por tanto, que hay que establecer un marco general de
condiciones necesarias para que esta economía funcione sin interferir gravemente en nuestro modelo social.
Asimismo, creemos que es preciso mejorar la seguridad jurídica del desarrollo de la actividad, definir claramente desde la legislación estatal los factores diferenciadores entre lo que es el uso residencial y lo que es la actividad turística
a la vez que la convivencia entre ambas, y acotar la actividad de alquiler turístico a lo que establezca la legislación turística de las CCAA y la ordenación urbanística de los Ayuntamientos. Igualmente, habría que sentar las bases de una política
de desarrollo común de líneas generales para todas las Comunidades Autónomas.
Es preciso establecer un marco regulador seguro que permita que la actividad de alquiler turístico se desarrolle con el máximo de garantías para conseguir un equilibrio social y económico en núcleo poblacional donde conviven residencia y
turismo, lograr un prestigio del destino, y un equilibrio entre condiciones de arrendadores y arrendatarios.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través del Ministerio de Fomento, siente las bases para:
1. Clarificar, a través de la consiguiente modificación de la LAU, el carácter diferenciador de alquiler turístico y arrendamiento de temporada.
2. Establecer una regulación específica dentro de la Ley de Propiedad Horizontal que permita poner límites a la actividad de alquiler turístico en Comunidades de propietarios.
3. Elaborar una Guía Regulatoria de Viviendas Turísticas cuyo objeto sea:
- Clarificar el contexto de economía colaborativa en materia de vivienda.
- Estudio del impacto socio-económico en el mercado español.
- Análisis de la situación del mercado del alquiler en las principales ciudades afectadas por este fenómeno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2018.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a la limpieza del fondo marino de la Ría de Ferrol.
Exposición de motivos
De la Ría de Ferrol dependen laboral y económicamente más de 500 familias que se dedican al marisqueo. Sin embargo, desde hace unos años, la extracción de marisco en la Ría de Ferrol está disminuyendo de modo paulatino e inexorable. Como
ejemplo el área de extracción de almeja pasó de 1,5 millones de metros cuadrados a solo 500.000 metros cuadrados en los últimos años. Y esto debido a la contaminación orgánica, los vertidos industriales, la sobreexplotación, los rellenos e ingentes
obras civiles, que han alterado el curso de las corrientes afectando al ecosistema marino. Esto ha provocado la proliferación de lodos, que se depositan en los bancos marisqueros y ocasionan una alta mortalidad en las poblaciones de almeja, con el
consiguiente descenso de las capturas.
Según se desprende de un estudio realizado por la Estación de Biología Marina de a Graña (Ferrol), dependiente de la Universidad de Santiago de Compostela, 'los fondos litorales de entorno del puente de As Pías están fuertemente afectados
por la barrera que representa la escollera que va desde cada uno de los extremos del puente a los dos márgenes de la Ría de Ferrol'.
Las conclusiones de este estudio señalan que esta 'afección viene determinada por un hidrodinamismo prácticamente nulo, consecuencia de la barrera de la escollera, es decir, la energía con la que se mueve el agua en las ensenadas de A
Gándara y San Valentín es tan baja que favorece la acumulación de elementos arcillosos con un notable aumento de sedimentos, fango y lodos y una drástica reducción del aporte de oxígeno, lo que impide el crecimiento del marisco y otras especies
marinas en óptimas condiciones'.
A mayores, el fondo de la Ría de Ferrol sigue sembrada de los restos del antiguo puente de As Pías, derribado tras el impacto de una plataforma marítima, la 'Discoverer Enterprise', que en enero de 1998 soltó amarras en la antigua Astano y
se fue a estrellar contra esta infraestructura, sembrando de cascotes el banco marisquero existente, rico en almeja.
Lo más grave es que transcurridos casi veintiún años de este fatídico accidente, en el fondo marino, a la altura del puente siguen depositados los restos de la vieja estructura de hormigón, el cableado y las tuberías arrancadas e incluso se
pueden ver sobre los trozos de asfalto las líneas blancas de la señalización horizontal de la carretera.
Estos restos han facilitado el avance del mejillón, molusco que se adhiere a esos elementos cubriendo el sustrato del fondo en una amplia zona de la ría, que se estima en unos 300 metros cuadrados, impidiendo de este modo la cría de la
almeja, que es el principal recurso de las mariscadoras y los mariscadores de Ferrol y Fene. Además, estos restos les impiden faenar, porque se enganchan en los aparejos utilizados por estos trabajadores.
Otra de las zonas más afectadas por la acumulación de lodos es el entorno del puente de la vía del tren entre O Couto (Narón) y Neda. De hecho, en la actualidad es imposible extraer marisco en una extensión de 50 metros a cada lado de esta
infraestructura y a lo largo de todo su recorrido.
El pasado 16 de noviembre de 2018, representantes del Gobierno central se comprometieron con las Cofradías de Pescadores de la Ría, Ferrol, Barallobre y Mugardos, a realizar un informe para analizar si es posible retirar o mover los lodos
del fondo de la ría, una reunión en la que también estaban presentes representantes de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, de la Xunta de Galicia, y de la Estación de Biología Marina de A Graña, de la Universidad de Santiago de Compostela.
Pero también se deben contemplar otras medidas, muy necesarias para recuperar los fondos de la ría, además de la retirada de los lodos, tales como la eliminación de los restos del buque Enterprise en los fondos de As Pías, así como abrir la
escollera del puente de la misma zona.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Proceder a la eliminación del Muelle Cerramiento Norte del Puerto Interior de la Ría de Ferrol, para crear una entrada natural del mar a esa parte de la Ría, que ayude a una regularización del movimiento de las mareas.
- Aprobar y desarrollar un plan de limpieza integral de la Ría de Ferrol, que incluya los trabajos de extracción de los lodos asentados en el fondo marino de la Ría de Ferrol, con el fin de ampliar los bancos marisqueros.
- Proceder a la extracción y retirada del fondo marino de la Ría de Ferrol de los restos del antiguo Puente de As Pías, destruido en enero de 1998, y a la posterior regeneración de la zona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Eva García Sempere, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley para la reducción de las emisiones de gases con efecto de invernadero, mitigando el cambio climático, y la vertebración regional de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a través de una apuesta
integral por el ferrocarril.
Exposición de motivos
Cuando desde Castilla-La Mancha se mira hacia el tren, la vertebración regional de esta Comunidad Autónoma es solamente posible si el sistema multimodal de transporte, a disposición de las personas que la habitan, es accesible y asequible
para la gran mayoría de la población y facilita el acceso a todas y cada una de sus comarcas y a todos Los rincones de éstas. Y, a su vez, es un sistema de transporte que tenga como columna vertebral a los modos a pie, en bicicleta y en tren, con
los demás modos y medios como complementarios.
El tren, dentro de esa columna vertebral del sistema, ha de estar constituido por un ferrocarril actualizado, público, social y sostenible, con una red básica ferroviaria formada por líneas de doble vía electrificada, que puedan facilitar la
circulación de todo tipo de trenes, cercanías, regionales, de grandes distancias y de mercancías, con velocidades medias de 165 km/h, los más rápidos, y con una señalización ferroviaria y una gestión del tráfico ferroviario que permita la
circulación de 350 trenes/día, como es posible con las tecnologías actuales europeas denominadas ETCS y ERTMS, además de tener las estaciones en el centro de las ciudades y en las cabeceras comarcales.
La vertebración territorial debe plantearse además con el objetivo de favorecer la actividad productiva en todas las comarcas, potenciando las aportaciones de cada persona y de cada territorio y haciendo posible la accesibilidad territorial
tanto en el interior de la Comunidad Autónoma como con el exterior ya sea éste del resto de España o del resto de Europa.
Está demostrado que un ferrocarril que sólo comunica las capitales de provincia con la capital de España, Madrid, pero no entre ellas, y sin acceso a las comarcas, es perjudicial para Castilla-La Mancha. Frente a las anticuadas políticas de
transporte ferroviario llevadas a cabo en los años anteriores, es preciso aprovechar las inversiones pues con muchos menos recursos de los aplicados en el pasado es posible generar importantes sinergias para el desarrollo de las actividades
productivas y para la mejora de la calidad de vida en la región.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar el acondicionamiento de las líneas férreas, abajo indicadas, a velocidades medias de 165 km/h, con máximas de 200 km/h, desdoblando las vías únicas y electrificándolas todas ellas, a la vez que se asegura la interconectabilidad
entre todas las que discurren por Castilla-La Mancha, y se las dota de los sistemas de señalización y gestión del tráfico ETCS y ERTMS, mediante las actuaciones necesarias:
- Línea de Madrid a Guadalajara y Sigüenza.
- Línea de Madrid a Illescas, Torrijos y Talavera de la Reina.
- Línea de Madrid a Villacañas, Alcázar de San Juan, Manzanares y Valdepeñas.
- Línea de Castillejo-Añover a Algodor y Toledo, recuperando el trazado que fue levantado anteriormente.
- Línea de Madrid a Ocaña, Tarancón, Huete y Cuenca, hasta la Provincia de Valencia.
- Línea desde Manzanares a Daimiel, Ciudad Real, Puertollano y Almadén.
- Línea desde Chinchilla a Hellín, hasta la Región de Murcia.
- Línea de Alcázar de San Juan a Albacete, que ya está acondicionada en casi todo su recorrido.
2. Construir nuevos enlaces intrarregionales con los mismos parámetros antes referidos:
- Enlace Torrijos-Toledo, que permite la conexión directa de Talavera de la Reina y Torrijos con Toledo.
- Enlace Algodor-Villasequilla, que junto al enlace anterior, posibilita la creación de un gran eje transversal en Castilla-La Mancha, desde Talavera de la Reina, a Toledo; desde Toledo, hacia Cuenca por un lado y hacia Alcázar de San Juan
por otro, y desde Alcázar de San Juan hacia Albacete más hacia Socuéllamos, Tomelloso, Manzanares, Ciudad Real y Puertollano.
- Enlace Yuncler-Algodor, aprovechando en parte la infraestructura existente. Que permite la conexión Madrid-Toledo prolongando la línea C5 de la red de cercanías de la Comunidad de Madrid, Madrid-Fuenlabrada, dando servicio a las
poblaciones de Griñón, Ugena, Illescas, Numancia-Yuncos, Yuncler, Villaluenga, Villaseca, Mocejón, Algodor y Toledo. Esta línea daría muchas posibilidades de desplazamiento interior de la provincia de Toledo y entre poblaciones intermedias entre
las ciudades de Madrid y Toledo.
- Desdoblamiento de la línea C-3 de la red de cercanías de la Comunidad de Madrid hasta Seseña-Pueblo.
- Enlace Socuéllamos-Tomelloso-Manzanares, para dar servicio a la comarca de Tomelloso y Argamasilla de Alba.
- Reapertura de taquillas y servicio de atención al cliente en las estaciones de Manzanares, Valdepeñas, Daimiel, Almagro, Santa Cruz de Mudela y Almadanejos-Almadén, además de Malagón.
3. Construir estaciones comerciales en la línea Madrid-Ciudad Real-Puertollano-Sevilla, en las localidades de Mora y Malagón, y en la de Cuenca-Albacete, en Tarazona de la Mancha.
4. Diseñar intercambiadores modales para mercancías en todas las cabeceras de comarca.
5. Mejorar el servicio ferroviario en la línea Madrid-Guadalajara-Sigüenza; cumpliendo el compromiso ya adquirido de incrementar las frecuencias entre trenes en la línea C-2 de la red de cercanías de la Comunidad de Madrid,
Chamartín-Guadalajara, sobre todo en horas punta; aumentando el número de trenes 'Civis' conectando directamente Guadalajara con Madrid-Chamartín sin pasar por Madrid-Atocha, vía Fuente de la Mora; crear una línea directa Chamartín-Guadalajara,
que realice paradas en pocas estaciones, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje.
6. Establecer buen servicio de transporte público colectivo entre la ciudad de Guadalajara y la estación de Guadalajara-Yebes, aplicando reducciones del precio de los billetes de tren.
7. Prolongar la línea C-4 de la red de cercanías de la Comunidad de Madrid hasta Algete y El Casar.
8. Integrar, en la red básica ferroviaria, la comarca de Tomelloso y Argamasilla de Alba, que cuenta con más de 46.000 habitantes, con la conexión directa entre las líneas hacia la Comunidad Valenciana y hacia Andalucía.
9. Mejorar la movilidad ferroviaria de la comarca de Hellín, que cuenta con más de 60.000 habitantes, estableciendo parada del nuevo servicio ferroviario (tren híbrido) que conecta Madrid con Cartagena.
10. Hacer trabajos de mejora de las vías en la Provincia de Cuenca, donde abundan actualmente limitaciones de velocidad a 30 km/h. Recuperar los servicios suprimidos en esta línea, en el año 2013, ampliando el número de servicios
efectuados en la actualidad.
11. Extender del uso del Abono Transporte existente en la Comunidad de Madrid a las diferentes provincias de Castilla la Mancha, que la rodean, como aspecto catalizador e impulsor del tren, como medio preferente de transporte en Castilla-La
Mancha.
12. Llevar a cabo una política de concertación entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la empresa pública estatal ferroviaria Renfe, que haga posible el establecimiento de trenes de jornada (mañana y tarde), diarios, y uno en
cada dirección, entre todas las capitales de provincia.
13. Poner en marcha políticas de intermodalidad tren-bicicleta y tren-autobús.
14. Destinar a Castilla-La Mancha más trenes regionales, series de Renfe 449 y 599 y 121, para mejorar los viajes de las personas en todas las líneas de Castilla-La Mancha, consiguiendo excelentes tiempos de viaje, y efectuando el
mantenimiento y la gestión de dichos vehículos dentro de la Comunidad Autónoma.
15. Efectuar una auténtica integración urbana del ferrocarril en las aglomeraciones urbanas y ciudades de Castilla-La Mancha para mantener las estaciones en el centro de las ciudades y con posibilidad de acceder a ellas a pie, en bicicleta
y en transporte público colectivo, demostrando que es posible superar la generación de barreras urbanísticas y evitar la especulación del suelo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
mejora de los servicios de cercanías en la Comunidad Valenciana y la coordinación al respecto con la Generalitat Valenciana, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La red de cercanías en la Comunitat Valenciana arrastra muchos años de deficiencias de inversión. A finales de 2017 en la presentación del plan 2017-2025, el ministro De la Serna reconocía que del proyecto presentado en 2010 se habían
invertido 0 euros en las cercanías de la Comunitat Valenciana.
El plan vigente contempla la inversión de 1.081,82 millones de euros a través de Adif para la renovación y modernización de la infraestructura existente, la ampliación de la capacidad, la extensión de la red y nuevas estaciones y otras
actuaciones. A ese capítulo se añaden los 354,73 previstos para actuaciones en el material rodante, con renovación de trenes, estaciones y mejora de servicios.
En los PGE de 2018, elaborados por el Partido Popular, Adif solo consignó 20 millones para la red en la Comunitat Valenciana, mientras que Renfe presupuestó 32,4. Cantidades muy alejadas del promedio resultante de la aplicación del plan
2017-2025 que rondaría una inversión de alrededor de 160 millones de euros.
Los principales usuarios de esta línea son estudiantes y trabajadores que no pueden usar el vehículo privado para sus desplazamientos. El transporte de cercanías, como el del metro son infraestructuras que eliminan desigualdades, que
posibilitan el acceso a la formación a aquellas familias que no tienen la posibilidad de asumir el pago de una vivienda o alojamiento para sus hijos e hijas, facilitan la movilidad laboral, contribuyen a reducir el colapso en materia de movilidad
urbana y metropolitana así como a reducir considerablemente la contaminación medioambiental.
A pesar de que en junio de 2018 la Comisión Delegada de Asuntos Económicos todavía no había valorado algunas actuaciones, la voluntad política del nuevo gobierno socialista con los servicios de cercanías ferroviarias ha acelerado la
ampliación del servicio hasta Vinarós y la puesta en marcha del de Villena, reivindicaciones históricas de la sociedad valenciana, como ha declarado en múltiples ocasiones el President de la Generalitat, Ximo Puig, y que fueron introducidas en el
Plan 'de Cercanías a petición de la propia Generalitat Valenciana en 2017.
La ciudadanía de Alicante, Castelló, Valencia y sus conurbaciones ha exigido y seguirá exigiendo un servicio de cercanías de calidad independientemente de cuál sea la administración que ofrezca el servicio.
La posible transferencia a la Generalitat Valenciana de las competencias, como existe en otras comunidades autónomas, es un derecho que está contemplado en el Estatut d'Autonomía. Hay un trámite establecido para ello, que debe ir precedido
del adecuado y completo análisis y una acuerdo entre ambas administraciones que garantice la sostenibilidad económica de los servicios. Los precedentes de transferencias, que deben servir como marco, están relacionados con la gestión parcial de los
servicios, en aras de mantener la economía de escala para poder asumir los déficits de los servicios de obligado cumplimiento.
Con independencia de que ambas administraciones acordaran la posible transferencia completa, sí se puede avanzar de forma inmediata en la mejora de la coordinación entre la administración con competencias en Renfe y Adif, el Gobierno de
España, con la responsable de la movilidad y ordenación del territorio en la Comunitat, la Generalitat, que además ejerce la coordinación y competencias del transporte entre los municipios de la Comunitat.
Las obras del Corredor Mediterráneo y Línea de Alta Velocidad, sumado al estado en que se encuentran las infraestructuras y el servicio de cercanías tras 7 años de falta de inversiones, ocasiona numerosas molestias a la ciudadanía a la que
los numerosos retrasos le afectan en su actividad cotidiana, que requieren compensaciones inmediatas y efectivas, más allá de que el objetivo último sea erradicar esas molestias.
Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dentro del control continuo que desde el Ministerio de Fomento se realiza de los servicios ferroviarios sometidos a obligación de servicio Público, realizar un seguimiento continuo de la calidad en la prestación de los servicios
ferroviarios de cercanías en la Comunidad Valenciana, informando a la Generalitat Valenciana y acordando, en su caso, posibles mejoras ante incidencias puntuales o estructurales.
Además, de forma inmediata, el Gobierno y la Generalitat Valenciana impulsarán los medios de comunicación existentes con objeto de garantizar la mejor configuración de servicios de Cercanías. En el marco del Plan de Cercanías, está prevista
la creación de una Comisión de Seguimiento del Plan en la que participa la Generalitat Valenciana.
2. Se realizarán las consignaciones adecuadas para dar cumplimiento al Plan de Cercanías 2017-2025, acordando con la Generalitat Valenciana las prioridades en la realización de las inversiones en el marco de la Comisión de Seguimiento del
Plan.
3. Mantener las medidas para compensar a los viajeros por las molestias ocasionadas por las obras que está realizando el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias entre Valencia y Castellón, que seguirá incluyendo el Compromiso
Voluntario de Puntualidad Exclusivo para los clientes de las líneas C5 y C6 de Cercanías de Valencia, por el que se facilita un nuevo billete a aquellos viajeros que han sufrido un retraso superior a 30 minutos.
Recientemente se ha incorporado esta opción de devolución exprés en las máquinas autoventa, de modo que no es preciso que el cliente pase por taquilla para obtener su billete, que se seguirá manteniendo y revisando su buen funcionamiento y
disponibilidad de suficientes máquinas para ello.
4. Sobre la posible transferencia de las competencias de los servicios ferroviarios de cercanías a la Generalitat Valenciana en los términos que se ha aprobado para otras Comunidades Autónomas, debería ser acordado entre el Gobierno y la
Generalitat Valenciana, tras el estudio de la oportunidad y viabilidad de dicha trasferencia, y desarrollarse en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias entre ambas administraciones, que se gestiona por el Ministerio de Política Territorial
y Función Pública, incluyendo la elaboración de un informe en el que se explicite el coste de asumir dichas competencias y las inversiones pendientes a ejecutar por cada administración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Alicia Piquer Sancho, Antonio Quintana Martínez, Ciprià Císcar Casabán, Artemi Rallo Lombarte, Patricia Blanquer Alcaraz y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a definir el régimen
competencial de los Diseñadores de Interior como agentes que intervienen en los procesos de transformación de la edificación, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Un diseñador de interior es un profesional cuyo trabajo debe estar orientado a resolver de manera creativa problemas relativos a la función y calidad de un espacio interior y que debe tener conocimientos especializados de construcción de
interiores.
El origen legal de la enseñanza de esta profesión se encuentra en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del sistema educativo, publicada en el BOE del 4 de octubre donde el título de Diseño que ampara la mencionada
ley, tendría categoría equivalente a la de Diplomado Universitario.
A través del Real Decreto 1496/1999 del Ministerio de Educación y Cultura, se establecen cuatro especialidades de los estudios superiores de Diseño, siendo una de ellas la especialidad de Diseño de Interiores.
A su vez, la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, que derogaba la Ley 1/1990, contemplaba los estudios superiores de diseño, estableciéndose el Título superior de Diseño, equivalente a una diplomatura o título grado equivalente. En desarrollo
de dichos preceptos, el Ministerio de Educación promulgó el Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, regulando el contenido básico de las enseñanzas superiores de Diseño, con un plan de estudios de 240 créditos adaptado al Espacio Europeo de Educación
Superior.
En el Anexo 1 de este Real Decreto se enumeran las competencias que adquieren los titulados en la especialidad de Interiores, derivadas de una formación cualificada encaminada a generar, entre otros, valores de significación artística,
cultural, social y medioambiental.
El problema surge cuando en la práctica, estas competencias definidas no se traducen en los instrumentos técnicos y legales que realmente habilitan a determinados titulados a ejercer acciones en la edificación, ámbito natural de desarrollo
de esta profesión.
Entendemos que las determinaciones para desarrollar el ámbito competencial de los profesionales que intervienen en el sector de la construcción deben emanar necesariamente de la LOE, Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, aunque
igualmente deben de recogerse en el CTE (Código Técnico de la Edificación), así como determinados aspectos en las normativas autonómicas y locales.
La idea inicial es que exista una transversalidad y coherencia entre los programas formativos y las competencias posteriores, así como una definición desde la matriz, la Ley de Ordenación de la Edificación, hacia los textos que de ámbito
nacional, autonómico o local regulen de alguna manera la intervención de los facultativos para el desarrollo de proyectos de obras o proyectos complementarios a las mismas, en función de la capacidad técnica de los titulados.
Las acciones básicas a realizar para resolver estos desajustes deberían encuadrarse en la reorientación de las políticas de vivienda y de construcción en general donde se potencia la Rehabilitación como instrumento fundamental.
Se deberían comenzar por redefinir en la Ley de Ordenación de la Edificación la definición del proceso edificatorio, sumando a la actual definición (se entiende por proceso de edificación, la acción y el resultado de construir un edificio de
carácter permanente) la acción de rehabilitar edificios y/o ejercer acciones de transformación no permanentes.
De esa manera tendrían cabida todos los agentes que participan en el proceso de transformación de la edificación, avalado siempre por su formación académica y las definiciones competenciales con las que se adquiere una determinada
titulación.
Entendemos que ligado a esta definición competencial de los agentes de la Edificación, debiera ser igualmente la LOE quien establezca un marco general para la definición de Obra Mayor y Obra Menor, que sirva de referencia a las Normas
locales.
Esta consideración dentro de la Ley de Ordenación derivaría en la transformación y definición dentro de otras normas como el CTE, donde se definirían contenidos explícitos de proyectos parciales o complementarios y en las Normas Urbanísticas
y Ordenanzas locales.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a introducir en el marco normativo que establece las competencias de los agentes de la edificación y el desarrollo de proyectos de edificación -la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación y
CTE-, la posibilidad de introducir nuevos agentes, acorde con las titulaciones académicas actuales, así como establecer un marco general que derive en los principios que sobre este aspecto determinan las normativas y ordenanzas urbanísticas
autonómicas y locales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que,
de manera inmediata y urgente, se habiliten corredores en los distintos pasos fronterizos que garanticen la libre circulación de mercancías entre España y Francia, para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En los últimos días se están llevando a cabo acciones violentas e intimidatorias por parte de los llamados 'chalecos amarillos' franceses y los llamados 'Comités de Defensa de la República' independentistas catalanes, que están impidiendo la
libertad de movimientos y libertad de circulación de mercancías.
Estas protestas ilegales están provocando importantes retrasos en las entregas de mercancías lo que supone cuantiosas pérdidas para el sector del transporte que sólo en la Región de Murcia afecta a más de 4.000 camiones.
Los violentos están impidiendo el paso en las vías principales de conexión entre Francia y España por las que se transportan la mayoría de las frutas y verduras con destino a Europa, cuyos retrasos en su entrega están ocasionando importantes
pérdidas económicas por tratarse de productos perecederos. Tal y como se ha conocido a través de distintos medios, los violentos están impidiendo el paso de los camiones incendiando neumáticos junto con barriles, piedras y fragmentos de
quitamiedos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de manera inmediata y urgente se habiliten corredores en los distintos pasos fronterizos que garanticen la libre circulación de mercancías entre España y Francia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Isabel María Borrego Cortés y Javier Ruano García, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a actuar
sobre las infraestructuras de Talavera, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Talavera es la segunda ciudad más habitada de Castilla-La Mancha, por delante incluso de la capital, Toledo. Desafortunadamente, es una de las zonas que más han sufrido la crisis económica, alcanzando tasas de paro en 2012 del 40 %,
afectando el desempleo a unas 14.600 personas sobre una población de 88.755. En septiembre de 2018, estas cifras han mejorado, gracias a la recuperación de la economía en toda España, por las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular,
siendo el porcentaje de la tasa de paro registrado del 29,77 %, con 10.494 personas sobre una población que ha descendido ligeramente, de 83.303 vecinos. Sin embargo, tener una tasa de paro que duplica la media nacional no es suficiente para una
ciudad que ha de constituir uno de los motores de la región, de Castilla-La Mancha y de las comunidades limítrofes, por su población y su tradición artesana e industrial.
Para lograr una recuperación económica plena, hace falta que la ciudad y la comarca se encuentren debidamente conectadas, por ello, es una reivindicación de la sociedad talaverana la mejora de las infraestructuras que unen la ciudad con la
capital, que conviertan Talavera en un lugar propicio para que se instalen nuevas industrias y comercios y los ya existentes prosperen, además de los importantes beneficios que se producirían sobre la vida de los vecinos en términos de calidad del
desplazamiento.
El 5 de marzo de 2018, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmó el compromiso del Gobierno con las obras del tren de Alta Velocidad correspondiente a la línea Madrid-Talavera-Badajoz. Además, para completar esta
conexión, que se ejecutaba en tres tramos, el Ministerio de Fomento adjudicó ya en esas fechas el estudio informativo del proyecto del tramo Madrid-Oropesa que incluye el paso por Talavera, con una inversión estimada de más de 1.100 millones de
euros.
Durante la sesión de control al Gobierno de 20 de marzo de 2018, el Ministro de Fomento, Íñígo de la Serna, confirmó que 'se le está dando el mayor impulso de la historia al corredor de Alta Velocidad Madrid-Talavera de la Reina-Extremadura
con una inversión total de 3.500 millones de euros', acortando plazos de seis meses en algunos de los tramos, agilizando el tramo Plasencia-Talayuela-Oropesa y adjudicando el Estudio Informativo de Talavera de la Reina.
Esta misma consideración de prioridad se destacó en el caso de la Plataforma Logística de Talavera: El secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento se reunió en octubre de 2017 con el director General de Carreteras y
Transportes de Castilla-La Mancha, y con la primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Patrimonio y Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en el marco de la Comisión de seguimiento del protocolo de colaboración
entre las tres administraciones para el desarrollo de la plataforma logística de Talavera de la Reina para determinar las actuaciones a seguir para su realización efectiva.
En dicha reunión se continuó, dada su importancia, con la búsqueda de potenciales clientes de las instalaciones.
Asimismo, en la reunión se reafirmó la ubicación escogida, tras haber analizado otras propuestas que fueron presentadas al Ayuntamiento.
Finalmente, se procedió a aprobar el estudio funcional sobre la terminal ferroviaria asociada a la plataforma logística.
El Ministerio de Fomento, además, se comprometió a iniciar la correspondiente redacción del estudio de viabilidad económico-financiera de la terminal y la propuesta del modelo de gestión más apropiado.
Como se desprende de todo lo anterior, el Partido Popular siempre ha apoyado a todos los niveles, desde el presidente del Gobierno hasta el nivel técnico, tanto estatal como local, el desarrollo económico y las conexiones de Talavera de la
Reina. Para ahondar en la mejora de las infraestructuras que supongan una base para la recuperación económica plena y la lucha contra el desempleo, debe seguirse en la línea ya comenzada e impulsar las medidas en marcha.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir los compromisos adquiridos por el Ejecutivo del Partido Popular e impulsar tanto el tren de Alta Velocidad correspondiente a la línea Madrid-Talavera-Badajoz como la plataforma
logística de Talavera de la Reina.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes, se dirigen a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la empatía
hacia los animales en el currículum escolar, para su debate ante la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Múltiples estudios científicos han demostrado la estrecha relación que existe entre la violencia que se ejerce contra los animales y la violencia interpersonal. Pero también existen experiencias que han demostrado el mismo vínculo en un
sentido contrario: una educación en la empatía hacia los animales puede promover una cultura de paz entre los humanos. El 19 de septiembre de 2014, tuvo lugar la 'II Jornada Parlamentaria sobre estrategias educativas para una cultura de paz sin
discriminación', donde especialistas de la pedagogía, psicología, criminología, sociología y educación se dieron cita en el Congreso de los Diputados convocados por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA) para tratar este
asunto de forma profunda y argumentada. Fruto de este acto celebrado en el Congreso, se creó un grupo de trabajo de especialistas que ha estado trabajando en esta materia y que ha concluido lo siguiente:
La educación formal es el medio más importante para dotar de habilidades inter e intrapersonales y valores éticos a los más jóvenes que formarán la sociedad del futuro. Una herramienta esencial para desarrollar estas habilidades y valores
es la utilización pedagógica de la biofilia, que se define como el vínculo emocional innato en los humanos hacia los demás seres vivos. Dicho vínculo ha sido especialmente valorado respecto a su uso en múltiples aplicaciones de programas educativos
de desarrollo en las habilidades personales y sociales, ya que los niños y jóvenes generalizan este respeto hacia los humanos de forma automática.
Como factor de detección en problemáticas de conductas disociales, entre otros, este tipo de recursos educativos es también esencial, por la clara correlación predictiva encontrada entre la violencia hacia colectivos victimizables y
posteriores conductas patológicas.
Focalizando en la convivencia escolar, respecto al bullying o acoso escolar, existen en España altos costos económicos y psicosociales relativos a la intervención y prevención de este tema demasiado frecuente en nuestras escuelas. Cada vez
se hace más evidente que los planes de intervención y prevención ante la violencia de género, violencia doméstica, abusos infantiles, maltrato a personas mayores, etc., son abordados por distintos profesionales que se beneficiarían de un currículo
escolar mejorado. Introduciendo la protección de los animales en la currícula escolar, se contribuye a que los estudiantes adquieran habilidades sociales como la empatía, comprensión, expresión de la afectividad y control de la agresividad,
aprendan resolución de conflictos sin violencia, autocontrol de la impulsividad y alternativas a la agresividad. Educando en sensibilidad y empatía hacia los animales, se logra que estas cualidades se transmitan a los compañeros y por tanto que se
reduzcan o desaparezcan estos problemas de agresividad y agitación en el aula. Así, del mismo modo que las conductas agresivas contra los animales son un factor predictivo de la violencia hacia las personas, un aprendizaje en el respeto a los
animales ayuda a prevenir una actitud agresiva hacia los otros en el aula y por extensión en los demás espacios.
En todos estos casos, la aplicación de los programas educativos inclusivos en el respeto por los seres sintientes, es la herramienta básica para el aprendizaje de las habilidades que componen la inteligencia emocional, con el fin de eliminar
el coste social, personal y económico que generan las creencias, actitudes y conductas carentes de dicha inteligencia. Se pueden aportar numerosos estudios y datos respecto a que la modificación del curriculum escolar, teniendo en cuenta valores
como la solidaridad y la igualdad, fomentando habilidades sociales como la empatía, y trabajando la inteligencia emocional de cara a colectivos victimizables como animales, mujeres, niños, personas con discapacidad o ancianos, repercute en la
disminución de porcentajes y cifras respecto a violencia interpersonal en humanos y costos destinados a protección de las personas.
Muchas son las iniciativas que empiezan a surgir en España relacionadas con la educación en el respeto a los animares, pero la mayoría son aplicaciones puntuales y resultan incompletas al no estar dotadas de continuidad por falta de
recursos, al menos que sean incluidas en el currículo de la enseñanza obligatoria.
Por todo lo expuesto, y una vez constatados los beneficios sociales que representa relacionar los beneficios de la convivencia y relación temprana con animales con el desarrollo de conductas prosociales, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las administraciones autonómicas, a establecer los mecanismos necesarios para que, en la próxima modificación legislativa curricular que se lleve a cabo, se introduzca la
empatía hacia los animales en el currículum escolar para prevenir, evitar e intervenir en conductas violentas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/004081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a la tabla reivindicativa de mejora de las condiciones
laborales del personal de marinería dedicado a la pesca, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La profesión de marinero/a es particularmente sufrida y está sometida a duras condiciones en su ejercicio, y durante muchos años, quienes la han desempeñado han sabido combinar el duro ejercicio profesional con el respeto a las condiciones
económicas en las que se ha venido desenvolviendo el sector, debido tanto a la endémica crisis del mismo como a la repercusión que la crisis económica ha producido en las ventas.
Hoy día deben exigirse otras formas de abordar las relaciones laborales y mejorar las existentes con el fin de que todos los agentes sociales implicados obtengan un mayor beneficio y una mejor protección social, y es necesario contemplar una
actitud de respeto hacia los derechos laborales más elementales.
En los últimos tiempos se ha producido una disminución de los salarios y un deterioro del modelo de protección social, y no se han aplicado medidas que mejoren la vida laboral de quienes trabajan en el mar. Además, de conseguir sus mejoras
estos trabajadores y trabajadoras, la población se verá igualmente beneficiada, habida cuenta de que hoy por hoy la pesca sigue siendo la mayor fuente estable de riqueza durante todo el año para el conjunto de la población de los municipios
pesqueros.
La principal reivindicación de los trabajadores y trabajadoras del mar se concreta en la necesidad de contar con una nómina o recibo de salarios, equiparándose a los trabajadores y trabajadoras del Régimen General de la Seguridad Social,
para garantizar una mejor protección social y unas futuras pensiones dignas para el colectivo.
En segundo lugar, debe considerarse también que el modelo de pesca tradicionalmente existente ha variado en los últimos años al imponerse un sistema de cuotas de captura en los caladeros estatales que limita los ingresos del personal de
marinería. Y no sólo eso, sino que las ayudas públicas que se establecen cuando las paradas se hacen obligatorias para regenerar los caladeros hoy en día están siendo sufragadas por éstos con su propio desempleo, lo que reduce su protección social.
Por esta razón, el personal de marinería que se dedica a la pesca también reclama que las ayudas públicas que se les entregan cuando se realizan paradas biológicas o programadas sean costeadas con fondos públicos y no a costa de sus derechos
de protección por desempleo, situaciones que se vuelven especialmente dramáticas para aquellas familias que ni siquiera alcanzan los suficientes periodos cotizados.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas oportunas para poner en marcha la existencia obligatoria de recibos de salarios o nóminas para los trabajadores y trabajadoras del mar, equiparándose a cualquier otro trabajador/a del Régimen General de la Seguridad
Social, así como para definir bases de cotización suficientes para garantizar una adecuada protección social del personal de marinería que se dedica a la pesca.
2. Tomar las medidas precisas, con el concurso de las administraciones públicas competentes, para que las ayudas públicas que perciban los y las trabajadoras del mar por las paradas biológicas o programadas sean financiadas con fondos
públicos y no a costa de los derechos de protección por desempleo.
3. Dar traslado de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 anteriores a la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea.
4. Convocar al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a la Secretaría de Estado de la Seguridad social, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Social de la Marina, a la Tesorería General de la Seguridad
Social, al Ministerio de Fomento, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y a las organizaciones empresariales y sindicales del sector para establecer un espacio de trabajo conjunto que
aborde los retos del sector y los cambios normativos pertinentes para lograr lo dispuesto en los apartados 1 y 2 anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social relativa a la modificación la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Exposición de motivos
La regulación de la jubilación parcial ha sufrido una evolución progresivamente restrictiva, con la aprobación de diferentes normativas que fueron endureciendo las condiciones de acceso a la misma.
La primera vez que se regula la compatibilidad entre contrato y jubilación es en 1984, cuando existía una necesidad de luchar contra el paro juvenil, un objetivo que casual y desgraciadamente sigue en plena actualidad. Y tras ésta se
aprobaron seis modificaciones del régimen jurídico aplicable al proceso de jubilación parcial.
Con la reforma del Real Decreto Ley 15/1998, de 27 de noviembre, de Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad, para intentar potenciar el uso de la
fórmula de la jubilación parcial anticipada, se revisa principalmente el régimen jurídico de la contratación de relevo. En él se establece el derecho a la jubilación anticipada parcial, con hasta cinco años de antelación a la edad ordinaria de
jubilación, con el objetivo de posibilitar una jubilación flexible, menos traumática y al mismo tiempo generar nuevas contrataciones y la renovación de las plantillas de las empresas.
Sin embargo, las posteriores modificaciones reglamentarias a esta normativa fueron endureciendo las condiciones de acceso a la jubilación anticipada parcial. Así, el alcance de las dos últimas reformas trastocó por completo el objetivo
inicial de la instauración de la jubilación parcial, ya que pasó de ser una medida para el fomento del empleo a ser una vía de ahorro del Sistema.
Así, en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,se consolidan medidas que modifican, a peor, las condiciones de acceso a la jubilación parcial.
Y a pesar de que en su Disposición Transitoria Cuarta se establece el mantenimiento de las condiciones de acceso a la jubilación vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización
del sistema de la Seguridad Social, para los trabajadores despedidos por expedientes de regulación de empleo aprobados antes del 1 de abril de 2013, establece como límite el 1 de enero de 2019 para mantenerlas.
Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea consideramos que limitar la aplicación de este régimen transitorio a los supuestos en que la pensión de jubilación se cause antes del 1 de enero 2019 supone una
restricción de la aplicación de ese régimen transitorio totalmente injustificada, que va a dificultar el acceso de los trabajadores jóvenes al mercado de trabajo, lo que incidirá en los ya elevados índices de temporalidad que caracterizan nuestro
mercado laboral.
Además, con esta modificación se merman, de nuevo, los derechos de estas personas trabajadoras, de manera retroactiva y discriminatoria, generando indefensión. De manera retroactiva, porque no se respetan las condiciones, ni temporales ni
económicas, para el acceso a su jubilación vigentes en el momento en que estos trabajadores fueron despedidos por un expediente de regulación de empleo aprobado antes del 1 de abril de 2013.
De manera discriminatoria, porque la limitación del 1 de enero de 2019 se aplica exclusivamente por razones de edad (haber nacido en 1958 o después) y, por otra parte, porque motivos presupuestarios no son válidos en absoluto para incluir a
los expedientes de regulación de empleo (Iberia, Bankia, Santander, Renault, etc.) aprobados en el primer trimestre de 2013 entre los que mantienen las condiciones de acceso a la jubilación vigentes antes del RDL 8/2015, a costa de reducir los
derechos de los trabajadores que se jubilen a partir del 1 de enero de 2019.
Generando indefensión, porque estos trabajadores se encuentran ante la imposibilidad de llevar a cabo estrategias para mejorar su jubilación. Con una edad cercana a la jubilación es muy difícil que puedan incorporarse de nuevo al mercado
laboral y, si lo consiguen, han de estar dispuestos a cambiar la modalidad de su futura jubilación de 'forzosa' a 'voluntaria', con condiciones de acceso y factores reductores de la prestación bastante peores.
Sorprendentemente, no tiene ningún efecto la duración de la carrera de cotización de los trabajadores afectados por esta limitación temporal del 1 de enero de 2019 para acceder a su jubilación, ya que se aplica considerando exclusivamente la
edad del trabajador (haber nacido en 1958 o después). Este hecho es contrario a uno de los objetivos de las reformas contempladas en la Ley 27/2011, que establece que 'es necesario reforzar la contributividad del sistema estableciendo una relación
más adecuada entre el esfuerzo realizado en cotizaciones a lo largo de la vida laboral y las prestaciones contributivas a percibir'.
De hecho, la eliminación de esta limitación temporal reportará beneficios tanto para las empresas, ya que procederá a rejuvenecer sus plantillas, como para la seguridad social, ya que es alto el número de incapacidades temporales que se
producen a esas edades y que no son cubiertas debido a las políticas de contención de gasto impuestas e impulsadas por los anteriores Gobiernos del Partido Popular.
Además, carece de sentido establecer un límite temporal para la aplicación de la regulación jurídica de acceso a la jubilación contemplada en la Ley 27/2011 para los trabajadores despedidos involuntariamente por expedientes de regulación de
empleo aprobados antes del 1 de abril de 2013, argumentando que no se debe mantener eternamente dicha regulación jurídica, puesto que dichos trabajadores, más tarde o más temprano, por pura evolución natural, se jubilarán en su totalidad, si no
fallecen antes.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el punto 5 de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, eliminando la limitación temporal de 1 de enero de 2019 para el acceso a la jubilación anticipada, y hacer extensivo dicho régimen transitorio a todas las pensiones de jubilación, cualquiera que sea la fecha en la que se causen, siempre y
cuando concurran los requisitos contenidos en la misma.
De esta forma, se le da una nueva redacción al punto 5 del RDL 8/2015, de 30 de octubre, quedando redactada como sigue:
'5. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, de actualización adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, en los siguientes supuestos:
a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como
por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013.
c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito
o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013.
En aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la aplicación de la legislación anterior tenga su origen en decisiones adoptadas o en planes de jubilación parcial incluidos en acuerdos colectivos de empresa, será
condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se
determine.''
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.- Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la constitución de la Comisión mixta para la gestión de la finca de 'Bombita' del municipio de Deltebre, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
En fecha 12 de junio del 2009, el Consejo de Ministros autorizó la declaración de utilidad pública y la adquisición de la finca 'Bombita' del municipio de Deltebre para incorporarla al dominio público marítimo-terrestre, con el objetivo de
transformarla en un espacio natural sostenible incorporando las infraestructuras necesarias para el disfrute de los visitantes.
El 14 de noviembre del 2011, la Secretaría de Estado del Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, presidida por Teresa Ribera Rodríguez, comunicaba mediante resolución, constituir formalmente una
Comisión para la gestión de la finca. Dicha comisión estaría integrada por las diferentes administraciones afectadas, entre las que estaba el Ayuntamiento de Deltebre. Además la Vicepresidencia sería ocupada por un representante de la Generalitat
de Catalunya, con rango mínimo de Director General.
La Comisión de gestión debía analizar y aprobar todas las actuaciones y proyectos para cumplir así los objetivos propuestos para su reconversión en un espacio natural sostenible. Esta Comisión se tenía que reunir, al menos, con carácter
semestral, o a solicitud de dos tercios de sus miembros; y para la realización de sus funciones contaría con el asesoramiento de un Grupo de Trabajo con carácter consultivo en el que estarían representadas administraciones y entidades tales como la
Societat de Caçadors 'Sant Miguel de la Cava', la Cofraria de Pescadors Sant Pere, la Comunitat de Regants, l'IRTA o SEO/Birdlife.
La Constitución del Grupo de Trabajo se debía realizar en función de las actuaciones y proyectos propuestos por la Comisión de Gestión y se reuniría, al menos dos veces al año, una al comienzo del ejercicio para el análisis y asesoramiento
sobre las actuaciones que se desarrollarían a lo largo del mismo, y otra en los últimos meses del año para hacer balance de las actuaciones llevadas a cabo.
Transcurridos ocho años desde la publicación de la resolución la constitución de la Comisión de Gestión de la finca 'Bombita' todavía no se ha producido, imposibilitando el poder desarrollar una gestión turística y medioambiental adecuada de
la finca para hacer de este espacio una oportunidad de futuro de gran importancia para el municipio, además de evitar afectaciones negativas diversas, como pueden ser las plagas del barrenador para el cultivo del arroz o de los mosquitos para los
habitantes y visitantes del municipio.
Por todo lo manifestado, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Constituir de manera inmediata la Comisión mixta para la gestión de la finca 'Bombita' del municipio de Deltebre, en cumplimiento del acuerdo asumido por la Secretaría de Estado de Cambio Climático el 14 de noviembre de 2011.'
Palacio del Congreso de tos Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación relativa a la reforma del sistema excepcional para métodos de fumigación aérea con fitosanitarios.
Exposición de motivos
Según recoge la 'Directiva Europea 2009/128 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas', la aplicación aérea de
plaguicidas puede causar efectos negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente. Por ello, el texto indica que esta pulverización 'debe prohibirse' de forma general, acotando la posibilidad de utilizarse en casos de especial
necesidad.
España incorporó la norma en 2012, mediante el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, que en su artículo 27 establece
inicialmente que 'Se prohíben las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios', para posteriormente, abrir la puerta a que pudieran autorizarse 'en casos especiales', tanto para plagas declaradas de utilidad pública, como para el control de
plagas con base en razones de emergencia, siempre y cuando no haya 'alternativa técnica y económicamente viable'. Estas 'autorizaciones excepcionales' solicitadas por las Comunidades Autónomas, son las que la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha estado firmando habitualmente.
El artículo 29 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, establece que la solicitud de autorización se presentará ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma acompañada de un 'Plan de aplicación' que debe ser también
autorizado. Pero a pesar de todas las precauciones, el artículo 29 termina diciendo que, transcurridos seis meses desde la solicitud, el silencio se entenderá positivo.
En el proceso interviene también el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, que es la que de acuerdo con el artículo 28.3 debe aprobar los tratamientos con los
productos fitosanitarios autorizados para el cultivo y la plaga de que se trate. Además, la norma indica que esta autorización se concede previa evaluación específica de los riesgos que supone esta aplicación.
La realidad nos muestra que a pesar de las cautelas de la Directiva y del Real Decreto, España autoriza de forma sistemática un 'método de fumigación prohibido de manera general por la legislación europea y española. Esto es, rociar los
bosques con insecticida desde una aeronave. Así en los últimos años se autorizaron fumigaciones aéreas en 86 términos municipales, y casi 40.000 hectáreas de pinares de Andalucía, Baleares, Extremadura, País Vasco, Madrid y Murcia, cuyas
administraciones autonómicas solicitaron y obtuvieron el permiso para realizar tratamientos aéreos con productos fitosanitarios a base de Diflubenzurón 1,5 %, con la intención de combatir las orugas de procesionaria (Traumutocampa
pityocompa). Se adujo 'urgencia' por aplicar este método y la 'inviabilidad de tratamientos terrestres'. Lo que se hizo desde el Ministerio fue resolver de manera favorable a través de una resolución genérica de fecha 21 de julio de 2014,
a todas las solicitudes sobre el mismo asunto planteadas por las Comunidades Autónomas de Baleares y Andalucía. La resolución establecía como fecha tope para los tratamientos el 17 de noviembre. Sobre esta base, el resto de las Comunidades
Autónomas se adhirieron a esta resolución que Agricultura iba modificando siempre con la leyenda de que la fumigación aérea era 'urgente'. En algunos casos se llegó al caso de que la Comunidad Autónoma avisaba a los municipios afectados por la
fumigación incluso antes de haber tramitado la solicitud dando por hecho el permiso.
Detrás de esta práctica está la asociación de empresas de trabajos aéreos que se quejó de la burocracia y la lentitud del procedimiento de aplicación de los tratamientos aéreos.
La realidad es que las administraciones han asignado una buena cantidad de dinero público a contratar empresas para estas labores. Solo por poner un ejemplo. En el operativo autorizado en las Islas Baleares, el Gobierno adjudicó a la
empresa pública TRAGSA que, a su vez, adjudicó un contrato de 1,2 millones de euros a Kenogard, la única distribuidora del insecticida indicado. Además, para los vuelos, recurrió a otra contratista a la que pagó otros 120.000 euros, y los
tratamientos se completaron con la utilización de un helicóptero que costó 180.000 euros.
En este momento, es el País Vasco quien se encuentra ante el dilema. Euskadi cuenta con una superficie arbolada que comprende el 54 % del territorio, 397.223 hectáreas, uno de las ratios más altas de los países de la Unión Europea. El pino
radiata supone la parte más importante de estas plantaciones con unas 130.000 hectáreas en total, la mayoría de propietarios particulares. El sector forestal y de la madera representa el 1,5 % del PIB vasco, y emplea alrededor de 21.000 personas.
Sin embargo, el modelo forestal implantado y promovido desde el gobierno autonómico se basa en plantaciones de una sola especie de pino, lo que a la larga se traduce en una alta vulnerabilidad ambiental de nuestras masas arbóreas.
El 9 de agosto de 2018 la Diputación Foral de Gipuzkoa comunicó oficialmente al Ayuntamiento de Zarautz que se iba a proceder a continuar con la campaña de tratamiento de la procesionaria en 1.354 has en los municipios de Aia, Antzuola,
Bergara, Deba, Éibar, Elgoibar, Eskoriatza, Getaria, Idiazabal, Lazkao, Legazpi, Mendaro, Mutiloa, Mutriku, Orio, Soraluze, Usurbil y Zarautz. Según la comunicación oficial, el tratamiento se haría con un formulado a base de Bacillus thuringensis
van kurstaki y su aplicación se realizó a finales del mes de septiembre.
Sin embargo, hay otra situación mucho más grave provocada por la plaga de los hongos Mycosphaerella deamessii y Mycosphaerella pini que llevan a la muerte de los pinos al perder totalmente su hoja, perdiendo por lo tanto su capacidad
fotosintética. La enfermedad se conoce como 'banda marrón' y 'banda roja', por la tonalidad que adoptan los árboles infectados.
Los hongos que provocan la enfermedad llevan en Euskadi más de cuarenta años; sin embargo, y a causa de las óptimas condiciones ambientales de alta humedad y suaves temperaturas, unidas a la vulnerabilidad de las plantaciones forestales ya
mencionada, se ha visto favorecido su desarrollo. El Gobierno vasco acaba de reconocer que uno de cada tres pinos está afectado por el mal y, por lo tanto, va a ser precisa su tala para tratar de contener su propagación, lo que está provocando
cierta alarma en el sector por las pérdidas económicas que conlleva la drástica medida. Ante este panorama los propietarios están desplazando las nuevas plantaciones hacia el eucalipto, lo que provocará otros problemas ambientales ya conocidos en
otras comunidades del cantábrico como Galicia o Asturias.
De nuevo, la solución planteada para combatir la plaga, pasa por la fumigación aérea con óxido de cobre de los municipios donde se encuentran las 40.914 has identificadas como enfermas. El Gobierno vasco y las Diputaciones de Álava, Bizkaia
y Gipuzkoa ya han cursado una solicitud al Ministerio de Agricultura para llevar a cabo estas tareas. El óxido de cobre es un compuesto de uso habitual en agricultura, e incluso está autorizado como fungicida en fruticultura ecológica. Pero al
mismo tiempo, como sustancia química está identificada como biocida de espectro general, usada principalmente como conservante de la madera. De acuerdo con el Reglamento REACH (UE) 2015/830, esta sustancia es tóxica para los organismos acuáticos y
supone un 'peligro agudo y crónico' para el medio ambiente, en especial para el medio acuático. Además, se aconseja que se 'evite su liberación al medio ambiente' y en caso de vertido, se recomienda 'mantenerla alejada de aguas superficiales y
subterráneas y retener y eliminar el agua de lavado contaminada'.
Una vez más, en este caso, la excepción se ha convertido en norma, y tal y como se refleja en la respuesta dirigida por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco al Diputado José Ramón
Becerra, el día 29 de noviembre de 2018, el Gobierno vasco tramitó la
solicitud ante el Ministerio, sin haber elaborado el Plan de Aplicación previsto en el Real Decreto 1311/2012, y sin disponer de los informes de impacto ambiental y sobre salud necesarios.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Hacer una revisión y modificación del Capítulo VI del RD 1311/2012, de 14 de septiembre, referido a la 'aplicación aérea de productos fitosanitarios', así como el Anexo VI que se refiere a 'las condiciones generales para la realización
de las aplicaciones aéreas', de manera que se fortalezcan las medidas de evaluación y control previas a los tratamientos autorizados, así como las medidas de bioseguridad que deben ejecutarse, garantizando siempre el criterio científico en cada
caso, y con la posibilidad de audiencia pública a diversos colectivos y organizaciones afectadas.
2. Modificar el artículo 27.1 del RD 1311/2012 para que declare expresamente que al amparo del segundo párrafo del art. 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
silencio administrativo en el caso de las solicitudes de autorización de tratamientos aéreos se entienda desestimatorio en tanto implican el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, tal como permite la Directiva de Servicios de
la UE y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
3. Modificar el Capítulo VI del RD 1311/2012 para que las autorizaciones para tratamientos aéreos con productos fitosanitarios, siempre y en todos los casos sean únicas para cada uno de los expedientes, no pudiéndose dictar autorizaciones
globales o generales para un tratamiento en diversos territorios indistintamente, siendo que las características ambientales de cada uno son diferentes.
4. Establecer y aplicar un protocolo exhaustivo para valorar tanto la efectividad de los tratamientos fitosanitarios aéreos con oxido de cobre que se están solicitando para los pinares del País Vasco, como los impactos ambientales y sobre
la salud de dichos tratamientos, en el que se contemple las medidas de seguridad y control adecuados en caso de aplicación, incluyendo el respeto a la banda de 25 metros respecto a los puntos y masas de agua susceptibles de contaminación y la banda
de 50 metros respecto a los puntos de extracción del agua para consumo humano.
5. Dotar financieramente a los centros de investigación de referencia en materia forestal para la búsqueda de tratamientos alternativos, para frenar el avance de la plaga de la 'banda marrón' y la 'banda roja'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-María Rosa Martínez Rodríguez y Nayua Miriam Alba Goveli, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/004088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento del carácter plurilingüe del Estado para
su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
1. La Constitución en su artículo 3 regula la oficialidad de las lenguas que se hablan en España, así establece en el apartado 1 que 'el castellano es la lengua oficial del Estado', de forma que 'todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla', en el apartado 2 que 'las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus
Estatutos', y en el apartado 3 que 'la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección'.
Los Estatutos de Autonomía de Catalunya, del País Vasco, el Estatuto Foral de Navarra, de Galicia, de la Comunidad Valenciana y de las Illes Balears han establecido expresamente, y en términos similares en todos ellos, la lengua oficial
propia para su Comunidad Autónoma. Sin embargo, en ninguno de los Estatutos de Autonomía del País Vasco, Estatuto Foral de Navarra, Galicia, Comunidad Valenciana e Illes Balears se regulan, como se hace en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, los
derechos y deberes lingüísticos de sus ciudadanos y ciudadanas.
Así el Estatuto de Autonomía de Catalunya, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, dedica su artículo 6 a regular la lengua propia y las lenguas oficiales y su artículo 33 a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas
ante las Administraciones Públicas y las institucionales estatales, y entre ellos los órganos jurisdiccionales. Se establece que la lengua propia y oficial es el catalán, que el castellano también es lengua oficial, que todas las 'personas tienen
derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas', que 'los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el
cumplimiento de este deber' y que 'de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua'.
El Tribunal Constitucional se pronunció expresamente sobre algunos aspectos de este artículo en SU sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, dictada en el Recurso de inconstitucionalidad 8045-2006.
De forma específica, el Estatuto de Autonomía de Catalunya en el artículo 33, sobre 'derechos lingüísticos ante las Administraciones públicas y las instituciones estatales', establece, en el apartado 1 que 'los ciudadanos tienen el derecho
de opción lingüística', en el apartado 2 que 'todas las personas, en las relaciones con la Administración de Justicia, el Ministerio Fiscal, el notariado y los registros públicos, tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan', en el
apartado 3 que 'para garantizar el derecho de opción lingüística, los Jueces y los Magistrados, los Fiscales, los notarios, los registradores de la propiedad y mercantiles, los encargados del Registro Civil y el personal al servicio de la
Administración de Justicia, para prestar sus servicios en Cataluña, deben acreditar, en la forma establecida en las leyes, que tienen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales', en el apartado 4 que 'para garantizar el
derecho de opción lingüística, la Administración del Estado situada en Cataluña debe acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales', y, finalmente, en el apartado 5 que 'los
ciudadanos de Cataluña tienen el derecho a relacionarse por escrito en catalán con los órganos constitucionales y con los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal, de acuerdo con el procedimiento establecido por la legislación correspondiente.
Estas instituciones deben atender y deben tramitar los escritos presentados en catalán que tendrán, en todo caso, plena eficacia jurídica'.
El Tribunal Constitucional se pronunció expresamente sobre el apartado 5 del artículo 33 en su sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, dictada en el Recurso de inconstitucionalidad 8045-2006.
2. El Tribunal Constitucional en su sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, dictada en el Recurso de inconstitucionalidad 8045-2006, se ha pronunciado sobre la regulación estatutaria de la lengua oficial propia y de sus consecuencias,
sobre el deber de su conocimiento y sobre los derechos y deberes lingüísticos de los ciudadanos y las ciudadanas, y aunque lo ha hecho sobre la regulación contenida en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, sus consideraciones son igualmente
aplicables a las regulaciones de los Estatutos de Autonomía del País Vasco, Estatuto Foral de Navarra, Galicia, Comunidad Valenciana y Illes Balears.
El deber de conocimiento de la lengua propia y oficial de la Comunidad Autónoma para sus ciudadanos y ciudadanas, regulado en un Estatuto de Autonomía es 'concebido como un deber de naturaleza distinta al que sólo cabe predicar del
castellano, esto es, como un deber que no es jurídicamente exigible con carácter generalizado, el deber de conocimiento del catalán tiene un objeto propio que lo justifica como mandato y que permite interpretarlo conforme a la Constitución', de
forma que 'si el concreto régimen jurídico de ese deber individualizado y exigible es o no conforme con la Constitución habrá de verse en el momento de examinar la constitucionalidad de dichos preceptos, también objeto del presente recurso'.
Por lo que se refiere a la regulación estatutaria de los derechos y deberes lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, el Tribunal Constitucional, en la misma sentencia, comienza afirmando que de acuerdo con el 'art. 3.2 CE que la
cooficialidad de otras lenguas españolas 'lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración central y de otras instituciones estatales en sentido
estricto'', de forma que, continúa el Tribunal Constitucional, 'de la declaración de cooficialidad se sigue, por imperativo constitucional y sin
necesidad de intermediación normativa alguna, su condición de lengua oficial para todos los poderes públicos radicados en Cataluña, sean estatales, autonómicos o locales, asistiendo a los ciudadanos el derecho de usar ambas lenguas en sus
relaciones con tales instituciones públicas (SSTC 134/1997, de 17 de julio, FJ 2; y 253/2005, de 11 de octubre, FJ 10)'.
Cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre los derechos y deberes lingüísticos de los ciudadanos y las ciudadanas de Catalunya y sobre las obligaciones de los poderes públicos del Estado lo hace en los siguientes términos: 'Con
todo, como quiera que en el caso del apartado 3 se trata de una exigencia para cuya articulación el Estatuto se remite a 'la forma establecida en las leyes', y siendo obvio que éstas sólo pueden ser leyes estatales en virtud de las reservas
establecidas en los arts. 122.1, 124.3 y 149.1.5, 8 y 18 CE, se colige sin dificultad que estos apartados del art. 33 EAC son apenas un trasunto del apartado que les precede, esto es, mera formalización de una consecuencia inherente a la
declaración de cooficialidad contenida en el art. 6.2 EAC: el derecho de opción lingüística (art. 33.1 EAC), derivado del derecho de las personas a no sufrir discriminación por razones lingüísticas (art. 32 EAC), que, para su ejercicio ante las
instituciones públicas cuya disciplina corresponde al Estado, requiere la intervención, inexcusable y excluyente, del legislador estatal. En particular, y por lo que hace a Jueces y Magistrados, del legislador orgánico del Poder Judicial'.
En definitiva, deberá ser el legislador estatal el que determine el contenido de los derechos y deberes de los ciudadanos y las ciudadanas de cada Comunidad Autónoma en el uso de su lengua oficial propia en sus relaciones con los órganos
administrativos y jurisdiccionales, y lo deberá hacer a través de una ley orgánica, sin perjuicio del control de constitucionalidad que deberá, en su caso, producirse sobre el contenido de las leyes pertinentes adoptadas por el legislador estatal.
3. La Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias del Consejo de Europa, ratificada por España el 2 de febrero de 2001 a través del Instrumento de ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, hecha
en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, y publicado en el BOE 15 de setiembre de 2001, constituye una regulación legal que debe ser necesariamente tenida en cuenta.
Esta Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias del Consejo de Europa es derecho interno español de conformidad con el artículo 95 de la CE y debe servir también como instrumento de interpretación de acuerdo con el artículo 10
apartado 2 de la CE.
El Reino de España ratificó en 2001 este tratado internacional promovido por el Consejo de Europa y para las lenguas cooficiales se comprometió a aplicarlo en su versión más ambiciosa. El propio artículo 10 obliga a las autoridades a usar
las lenguas regionales o minoritarias 'en las circunscripciones de las autoridades administrativas del Estado en que reside un nombre de hablantes de lenguas regionales o minoritarias que justifique'.
Sin embargo, el reporte de evaluación del cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias por parte de España correspondiente al periodo 2013-2015 elaborado por el Comité de Expertos establece en su punto 223 que el
Reino de España solo ha cumplido parcialmente su compromiso de poner al alcance de la población formularios y textos administrativos en las lenguas cooficiales del Estado y que la proporción es todavía inadecuada.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno a:
1.1. Impulsar los cambios normativos necesarios para garantizar, de forma efectiva, el uso de las lenguas cooficiales (catalá, euskara y galego) por parte de los ciudadanos y ciudadanas, en todos los ámbitos administrativos y judiciales en
la comunidad autónoma, y en las relaciones con la Administración General del Estado y sus instituciones del Estado fuera de la Comunidad Autónoma; y, en definitiva, reconocer y otorgar al catalán, al vasco y al gallego, a todos los efectos, el
carácter de lenguas oficiales del Estado y no solamente de las CCAA dónde son lenguas oficiales.
1.2. Adoptar medidas de impulso del uso de las lenguas cooficiales en los medios de comunicación estatales y aumentar la producción propia en los centros de Catalunya, Euskadi y Galicia.
1.3. Fomentar el estudio de las lenguas cooficiales del Estado en todas las enseñanzas del sistema educativo español e incorporar en los planes de estudio los contenidos pertinentes con el objetivo que los alumnos y alumnas de toda la
enseñanza obligatoria conozcan la realidad plurilingüe de España.
1.4. Cumplir con lo establecido en la Carta Europea de Lenguas Minoritarias que España ratificó en 2001 asegurando la mayor protección posible para el gallego, catalán y euskera, comprometiéndose a 'cumplirla, observarla y hacer que se
cumpla y observe puntualmente en todas sus partes'.
1.5. Reconocer la condición de lengua oficial del occitano, llamado aranés en la Val d'Aran, y tomar las medidas pertinentes para su preservación y normalización, entre ellas la necesidad que sea lengua de uso preferente en las
administraciones aranesas.
2. Se compromete a impulsar la adopción de un acuerdo sobre plurilingüismo en los aspectos simbólicos que regule el uso de las lenguas cooficiales del Estado en el Congreso de los Diputados y en el Senado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Transición Ecológica
161/002919
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Solicitud de que su Proposición no de Ley relativa a la inclusión del Caballo de la Montaña Asturiana en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, sea tramitada en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar la iniciativa a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, comunicando este acuerdo a la Comisión de Transición Ecológica, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 301, de 20 de febrero de 2018.
161/003287
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Solicitud de que su Proposición no de Ley relativa al riesgo de entrada de Peste Porcina Africana (PPA) por la importación de jabalíes de Hungría para cacerías, sea tramitada en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar la iniciativa a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, comunicando este acuerdo a la Comisión de Transición Ecológica, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361, de 4 de junio de 2018.
161/003361
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre la representatividad democrática en el campo, sea tramitada en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar la iniciativa a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, comunicando este acuerdo a la Comisión de Transición Ecológica, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 377, de 26 de junio de 2018.
161/003395
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre la protección adecuada y la mejora en el etiquetado del azafrán con Denominación de Origen Protegida (DOP), Azafrán de La Mancha, así como el producido en otras regiones, sea tramitada en la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar la iniciativa a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, comunicando este acuerdo a la Comisión de Transición Ecológica, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 382, de 3 de julio de 2018.
161/004080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley por la
mejora de situación energética en la provincia de Toledo, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
Desde el inicio de la crisis de los últimos años, el deterioro de la situación económica ha acercado a miles de hogares españoles a situaciones de exclusión social y pobreza energética. Este deterioro económico, especialmente profundo en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, ha gestado una situación en la que miles de personas en situación de vulnerabilidad padecen riesgo de cortes de suministro.
La pobreza energética es, desafortunadamente, una realidad que hasta 2014 afectaba al 35 % de los hogares de Castilla-La Mancha. Según el Instituto Nacional de Estadística, durante esta legislatura el Gobierno de esta Comunidad Autónoma ha
logrado reducir a la mitad la tasa de pobreza severa -de 8,5 % en 2015 a 4,4 % en 2017- dejándola por debajo de la media nacional. Sin embargo el riesgo de exclusión social sigue siendo un problema crucial para toda la comunidad autónoma.
Un reciente estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), sobre pobreza energética en España muestra que el 11 % de los hogares no son capaces de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en los meses más fríos del año y el 8
% de las familias tiene retrasos en el pago de las facturas de la vivienda. Entendiendo que alrededor de 56.000 familias castellano-manchegas se ven en graves dificultades para satisfacer sus demandas básicas en cuanto a consumo de energía mínimos,
como el de mantener temperaturas adecuadas para la salud, es innegable que es necesario un plan de apoyo que extienda el actual Plan de Garantías Ciudadanas.
El Plan de Garantías Ciudadanas del Gobierno de Castilla-La Mancha tiene un registro de alcance de unas 14.000 personas y es solamente una de las acciones necesarias para evitar que miles de personas tengan carencias eléctricas, sobre todo
en los meses de invierno. Los trescientos euros anuales que recoge este Plan de rescate a las familias son fundamentales para una gran cantidad de familias toledanas y manchegas en riesgo de exclusión. Si bien las 4.073 ayudas económicas
tramitadas han supuesto, las ayuda a 1.430 familias en Albacete, 874 en Ciudad Real, 527 en Cuenca, 447 en Guadalajara y 795 en Toledo, es tangible la necesidad de asignar un presupuesto que extienda este proyecto para cubrir a todas las familias en
riesgo. Dada la extensión del fenómeno, es necesario extender este plan para garantizar el suministro energético a todas las familias con necesidades en toda la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Tanto la definición de personas vulnerables, como los criterios de acceso al Bono Social están regulados de forma insuficiente en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre. Contando
con que en Castilla-La Mancha el porcentaje de población en riesgo de pobreza energética en la actualidad ronda el 30 %, resulta imprescindible proteger y garantizar la defensa de las personas usuarias con mayor vulnerabilidad.
Conforme a la regulación establecida en la reforma del Bono Social Eléctrico de 2017, fruto de un acuerdo entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, las personas beneficiarias del mismo quedaban obligados a renovar
proactivamente su derecho. A pesar de las alegaciones contrarias realizadas por numerosas asociaciones, colectivos, entidades públicas y el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, entre otros, el texto normativo no permitió
garantizar la continuidad de los beneficios a las personas acogidas a dicha tarifa. La reciente reforma acometida por el Gobierno de España a través del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, ha supuesto un mero parche para una
situación que requiere una solución urgente, que garantice el acceso a la energía como un derecho de la ciudadanía.
Por otro lado, el coste de la electricidad durante los últimos años ha sufrido grandes incrementos en su valor, a la par que aumentaban los beneficios de las empresas eléctricas en nuestro país. Esta subida del precio de la electricidad ha
sido una mala noticia para las clases más empobrecidas que son precisamente aquellas que sufren y están en situación de pobreza energética, el aumento ha hecho crecer el número de personas que no pueden afrontar el pago de las facturas de
electricidad y por ello prescinden de la misma para reducir sus gastos. Estas situaciones aumentan la posibilidad de padecer dolencias físicas y/o de que las enfermedades se agraven. El Plan de contingencia contra este fenómeno, elaborado por el
Gobierno de Castilla-La Mancha, es un elemento fundamental para combatir tanto la pobreza como la desigualdad social de las personas residentes en todo el territorio de la comunidad. Hasta la fecha se estima que este plan ha alcanzado a más de
11.270 personas solo en la provincia de Toledo.
Por los motivos expuestos, es necesaria la puesta en marcha de una batería de medidas de protección para las familias vulnerables y que tenga incidencia sobre la raíz de la pobreza energética, propiciando y extendiendo el bono social en los
casos de mayor necesidad en la comunidad de Castilla La Mancha. Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar económicamente un programa de financiación que garantice el despliegue de la legislación en materia de pobreza energética en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo, en el que se incorporen cuantías que pongan en marcha un
fondo para que las administraciones públicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la protección necesaria a las personas vulnerables.
2. La puesta en marcha de un programa específico para Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo, que garantice que toda la ciudadanía que cumpla con los requisitos establecidos en el Real Decreto Ley 15/2018, disponga de los derechos y
descuentos reconocidos tanto en el Bono Social Eléctrico.
3. Impulsar las medidas necesarias para garantizar la calidad y continuidad del abastecimiento energético en los hogares con rentas más bajas de la provincia de Toledo.
4. Garantizar que entidades locales toledanas formen parte de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que se pondrá en marcha a principios del año 2019.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2018.-María Gloria Elizo Serrano, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa
a la inversión y apoyo del proyecto LARS en la Bahía de Cádiz, para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
Son momentos decisivos para el futuro de la Bahía de Cádiz. Una tierra que no soporta más una realidad socioeconómica de divergencia con su Comunidad Autonómica, su país y la Unión Europea.
Hasta ahora los objetivos fundamentales han respondido a los mismos intereses, cegatos y cortoplacistas de siempre, que vienen a esquilmar y detraer recursos muy necesarios. Es preciso traer al primer piano de la concertación institucional
y social como objetivo fundamental aquellos retos que vengan a cambiar la realidad socio-económica de nuestra comarca.
Hoy la comarca de la Bahía de Cádiz la constituyen los municipios de Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando, que se estructuran en torno a su Paisaje Vital: la Bahía. Comarca que tiene una
extensión de 607 km2 y una población residente, que prácticamente se triplica en periodo estival, de 426.741 habitantes, según padrón a 1 de enero de 2017. Con una densidad poblacional de 315,68 habitantes por km2.
La Bahía de Cádiz es un hábitat privilegiado. Uno de los humedales más importantes del sur de Europa que en su estado actual ha sido conformado por una evolución interactiva entre agentes ecológicos y antrópicos. Su principal valor
ecológico se debe a su riqueza faunística (biodiversidad). Es zona de refugio y comedero de avifauna y de alevinaje para una importante cantidad de especies de peces, crustáceos y moluscos. Su principal valor etnológico reside sobre terrenos de
litoral, marismas y antiguas salinas y esteros.
No se entiende que este valioso hábitat singular de bahía, litoral, marismas, esteros y salinas, hoy esté sometido a procesos de degradación ambiental crecientes e imparables; a la situación de regresión de sus ecosistemas naturales; a la
degradación de entornas antrópicos que constituyen una obra monumental de la ingeniería milenaria de nuestros ancestros.
A su vez, graves y palpables son los problemas denunciados respecto a la situación de una comarca con más del 50 % de su población en paro. Un 30 % sobre el paro registrado en octubre de 2018 y más de 15 % oculto -en función de un índice de
irregularidad laboral del 20 %, y en creciente aumento. Es decir, hablamos de no menos de 90.000 personas afectadas por una situación de coyuntura laboral de desempleo y precariedad (salarial, temporalidad, tiempo parcial no deseado, exceso de
horas de trabajo no remuneradas, sin declaración total de jornada laboral, sin cobertura mínima de seguridad e higiene en el trabajo). La tasa de actividad está por debajo incluso de la media provincial en torno al 50 %. Un 60 % de ellos sin
cobertura social alguna (alrededor de 60.000 personas). Más de 30.000 personas son desempleados de larga duración. El 55 % del trabajo, es precario.
Por si fuera poco, más del 70 % de los jóvenes menores de 40 años viven en situación de extrema pobreza, teniendo que emigrar y retornar sin éxito o depender de sus padres. Una ciudadanía con un PIB per cápita (calidad de vida) situada en
la mitad de la media nacional (15.000 euros) y unos ingresos medios anuales netos del entorno de 8.000 /mes. Instalados en un índice de pobreza (NE) mayor del 40 %, con un 35 % de su población al borde de la exclusión social según la Red Andaluza
de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN), y manteniendo unos récords de desigualdad, en índice 20/80 de 7 puntos y en Tasa AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusión) mayor también del 45 %, sin perder de vista una economía sumergida del
entorno del 30 %.
Todo ello hace que la Bahía de Cádiz esté realmente en una situación de emergencia socio-económica. Lo que eufemísticamente se llama hoy como 'zona estratégica de emergencia social', por lo que requiere de actuaciones extraordinarias,
urgentes e inmediatas. Esta realidad no es más que el resultado de los efectos perniciosos de la perpetuación, en exclusividad, de un modelo productivo extractivo estrictamente mercantil, alejado del interés general y desarrollado sin tener en
cuenta para nada las peculiaridades y los equilibrios imprescindibles de nuestro entorno natural; ni la satisfacción y solución de las necesidades y los problemas de nuestra gente y las colectividades que en allí residen.
Por ello, el proyecto LARS (Las Aletas: Una Alternativa Real y Sostenible) es una propuesta de desarrollo socio-comunitario para la Bahía de Cádiz, a partir de una metodología de inteligencia colectiva, y conformado por un conjunto de
entidades sociales y expertos y profesionales.
Con fecha 20 de abril de 2017, ante la segunda sentencia del Tribunal Supremo que dejaba claro la inviabilidad ambiental y legal del proyecto del Consorcio de Las Aletas, se convocaron por el Ayuntamiento de Puerto Real colectivos y
entidades sociales de la Bahía de Cádiz con el objeto de constituir un grupo de trabajo para la elaboración de propuestas alternativas a este proyecto que, respetando estas sentencias judiciales, rehabilitara y protegiera el medio ambiente al mismo
tiempo que se genera la actividad productiva y el trabajo que la Bahía de Cádiz necesita.
El 17 de noviembre de 2017, fruto de estos trabajos, se presentó ante la opinión pública el documento de síntesis del Proyecto 'Las Aletas, una alternativa real y sostenible', documento que es la génesis del Proyecto LARS. Menos de un año
después, el 5 de julio de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real aprueba una moción presentada por los Colectivos Sociales LARS. En ella se manifestaba la necesidad de elaborar un plan de desarrollo socio-comunitario en el ámbito de la
Bahía de Cádiz para abordar de una forma integral, sistémica y planificada la solución a los problemas y carencias que hoy nuestra colectividad presenta.
Con fecha 29 de noviembre de 2018, este proyecto es debatido con la Comisión Técnica del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2018) y seleccionado como una experiencia para la transformación de espacios degradados para formar parte de
las propuestas avaladas por este Congreso, de su documentación y para su presentación en plenario.
Dicho proyecto tiene dos elementos identitarios: mirar hacia el mar y la bahía, y hacerlo desde una óptica de inteligencia territorial. Superando el economicismo generalmente imperante en los proyectos de desarrollo, y defendiendo una
perspectiva más integradora que abarcase también los enfoques cultural, social y ambiental en los procesos de diseño, planificación, gestión, evaluación y validación de los proyectos territoriales.
El objetivo fundamental es generar información territorial sobre la que poder generar conocimiento, opinión y actitud, no sólo de los tomadores de decisiones en materia de diseño de la planificación territorial o políticas de impacto
territorial, sino de la propia población afectada, que cada vez tiene que estar más implicada en esta toma de decisiones, contribuyendo a una nueva gobernanza y a una planificación estratégica colaborativa y democrática que permita avanzar en la
implicación e identificación de la sociedad civil con el desarrollo de su territorio. Por lo tanto, con ello se aspira a un cambio en la gobernanza en paralelo a un cambio de modelo productivo que el territorio precisa y que todos los agentes
interactuantes reconocen y reclaman.
Implica una estrategia singular para abordar el desarrollo de la Bahía de Cádiz basada fundamentalmente en sus recursos endógenos, y en el talento y el esfuerzo de su población. También en sus recursos organizativos, logísticos y
tecnológicos. Y por supuesto, en su ecosistema: el humedal antrópico más importante del sur de Europa. Un hábitat privilegiado para vivir y convivir, y con una altísima productividad ecológica; así como con un enorme potencial cultural y
patrimonial.
En definitiva, este proyecto afronta el reto de abordar el necesario cambio del modelo productivo de nuestra Comarca, y la implantación de un nuevo ecosistema antrópico social sostenible que posibilite la implicación y el compromiso de la
ciudadanía con el emprendimiento y las iniciativas de actividades productivas generadoras de trabajo y riqueza en la Bahía de Cádiz.
Su viabilidad está asociada a la participación, corresponsabilización e implicación de la ciudadanía en todas las fases del proceso, y requiere necesariamente desarrollarse mediante estrategias de concertación social e institucional. En
definitiva, un proyecto que nace de abajo a arriba, desde la base social de cambio en el territorio.
Para su implementación, se cuenta con un cronograma temporal a medio y largo plazo; con una estructura funcional/operativa basada en tres líneas de actuaciones paralelas y convergentes: (i) la adquisición de competencias; (ii) el
desarrollo de competencias, y (iii) un plan de choque con una financiación mínima de 100 millones de euros anuales en el próximo sexenio para poder atender, aproximadamente, a unos 7.000 afectados.
Por todo ello, formulamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar el proyecto LARS para la elaboración de un Proyecto de Desarrollo Socio-comunitario, en clave de inteligencia territorial, que afronte los importantes retos que tienen ante sí las colectividades y comunidades que integran la Bahía
de Cádiz.
2. Destinar 100 millones de euros al Consorcio Las Aletas para la puesta en marcha de las actuaciones necesarias para el desarrollo y la ejecución del proyecto LARS para la Bahía de Cádiz en el primer trienio (2020-2022). En el caso de no
poder reorientar el Consorcio Las Aletas, constituir una Fundación (Fundación Bahía de Cádiz) a estos mismos efectos y con idéntica dotación económica.
3. Poner en marcha un plan de choque, dotado con una inversión de 220 millones de euros anuales en el primer sexenio de desarrollo del proyecto, de desarrollo socio-comunitario para el periodo 2020-2025.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Juan Antonio Delgado Ramos, María Rosa Martínez Rodríguez y Noelia Vera Ruíz-Herrera, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica, relativa a la reforma del sistema excepcional para métodos de fumigación aérea con fitosanitarios.
Exposición de motivos
Según recoge la 'Directiva Europea 2009/128 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas', la aplicación aérea de
plaguicidas puede causar efectos negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente. Por ello, el texto indica que esta pulverización 'debe prohibirse' de forma general, acotando la posibilidad de utilizarse en casos de especial
necesidad.
España incorporó la norma en 2012, mediante el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, que en su artículo 27 establece
inicialmente que 'Se prohíben las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios', para posteriormente, abrir la puerta a que pudieran autorizarse 'en casos especiales', tanto para plagas declaradas de utilidad pública, como para el control de
plagas con base en razones de emergencia, siempre y cuando no haya 'alternativa técnica y económicamente viable'. Estas 'autorizaciones excepcionales' solicitadas por las Comunidades Autónomas, son las que la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha estado firmando habitualmente.
El artículo 29 del RD 1311/2012, de 14 de septiembre, establece que la solicitud de autorización se presentará ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma acompañada de un 'Plan de aplicación' que debe ser también autorizado. Pero a
pesar de todas las precauciones, el artículo 29 termina diciendo que, transcurridos seis meses desde la solicitud, el silencio se entenderá positivo.
En el proceso interviene también el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, que es la que de acuerdo con el artículo 28.3 debe aprobar los tratamientos con los
productos fitosanitarios autorizados para el cultivo y la plaga de que se trate. Adernás, la norma indica que esta autorización se concede previa evaluación específica de los riesgos que supone esta aplicación.
La realidad nos muestra que a pesar de las cautelas de la Directiva y del Real Decreto, España autoriza de forma sistemática un método de fumigación prohibido de manera general por la legislación europea y española. Esto es, rociar los
bosques con insecticida desde una aeronave. Así en los últimos años se autorizaron fumigaciones aéreas en 86 términos municipales, y casi 40.000 hectáreas de pinares de Andalucía, Baleares, Extremadura, País Vasco, Madrid y Murcia, cuyas
administraciones autonómicas solicitaron y obtuvieron el permiso para realizar tratamientos aéreos con productos fitosanitarios a base de Diflubenzurón 1,5 %, con la intención de combatir las orugas de procesionaria (Traumatocampa pityocampa). Se
adujo 'urgencia' por aplicar este método y la 'inviabilidad de tratamientos terrestres'. Lo que se hizo desde el Ministerio fue resolver de manera favorable a través de una resolución genérica de fecha 21 de julio de 2014, a todas las solicitudes
sobre el mismo asunto planteadas por las Comunidades Autónomas de Baleares y Andalucía. La resolución establecía como fecha tope para los tratamientos el 17 de noviembre. Sobre esta base, el resto de las Comunidades Autónomas se adhirieron a esta
resolución que Agricultura iba modificando siempre con la leyenda de que la fumigación aérea era 'urgente'. En algunos casos se llegó al caso de que la Comunidad Autónoma avisaba a los municipios afectados por la fumigación incluso antes de haber
tramitado la solicitud dando por hecho el permiso.
Detrás de esta práctica está la asociación de empresas de trabajos aéreos que se quejó de la burocracia y la lentitud del procedimiento de aplicación de los tratamientos aéreos.
La realidad es que las administraciones han asignado una buena cantidad de dinero público a contratar empresas para estas labores. Solo por poner un ejemplo. En el operativo autorizado en las Islas Baleares, el Gobierno adjudicó a la
empresa pública TRAGSA que, a su vez, adjudicó un contrato de 1,2 millones de euros a Kenogard, la única distribuidora del insecticida indicado. Además, para los vuelos, recurrió a otra
contratista a la que pagó otros 120.000 euros, y los tratamientos se completaron con la utilización de un helicóptero que costó 180.000 euros.
En este momento, es el País Vasco quien se encuentra ante el dilema. Euskadi cuenta con una superficie arbolada que comprende el 54 % del territorio, 397.223 hectáreas, uno de las ratios más altas de los países de la Unión Europea. El pino
radiata supone la parte más importante de estas plantaciones con unas 130.000 hectáreas en total, la mayoría de propietarios particulares. El sector forestal y de la madera representa el 1,5 % del PIB vasco, y emplea alrededor de 21.000 personas.
Sin embargo, el modelo forestal implantado y promovido desde el gobierno autonómico se basa en plantaciones de una sola especie de pino, lo que a la larga se traduce en una alta vulnerabilidad ambiental de nuestras masas arbóreas.
El 9 de agosto de 2018 la Diputación Foral de Gipuzkoa comunicó oficialmente al Ayuntamiento de Zarautz que se iba a proceder a continuar con la campaña de tratamiento de la procesionaria en 1.354 has en los municipios de Aia, Antzuola,
Bergara, Deba, Éibar, Elgoibar, Eskoriatza, Getaria, ldiazabal, Lazkao, Legazpi, Mendaro, Mutiloa, Mutriku, Orlo, Soraluze, Usurbil y Zarautz. Según la comunicación oficial, el tratamiento se haría con un formulado a base de Bacillus thuringensis
van kurstaki y su aplicación se realizó a finales del mes de septiembre.
Sin embargo, hay otra situación mucho más grave provocada por la plaga de los hongos Mycosphaerella dearnessii y Mycosphaerella pini que llevan a la muerte de los pinos al perder totalmente su hoja, perdiendo por lo tanto su capacidad
fotosintética. La enfermedad se conoce como 'banda marrón' y 'banda roja', por la tonalidad que adoptan los árboles infectados.
Los hongos que provocan la enfermedad llevan en Euskadi más de cuarenta años; sin embargo, y a causa de las óptimas condiciones ambientales de alta humedad y suaves temperaturas, unidas a la vulnerabilidad de las plantaciones forestales ya
mencionada, se ha visto favorecido su desarrollo. El Gobierno vasco acaba de reconocer que uno de cada tres pinos está afectado por el mal y, por lo tanto, va a ser precisa su tala para tratar de contener su propagación, lo que está provocando
cierta alarma en el sector por las pérdidas económicas que conlleva la drástica medida. Ante este panorama los propietarios están desplazando las nuevas plantaciones hacia el eucalipto, lo que provocará otros problemas ambientales ya conocidos en
otras comunidades del cantábrico como Galicia o Asturias.
De nuevo, la solución planteada para combatir la plaga, pasa por la fumigación aérea con óxido de cobre de los municipios donde se encuentran las 40.914 has identificadas como enfermas. El Gobierno vasco y las Diputaciones de Álava, Bizkaia
y Gipuzkoa ya han cursado una solicitud al Ministerio de Agricultura para llevar a cabo estas tareas. El óxido de cobre es un compuesto de uso habitual en agricultura, e incluso está autorizado como fungicida en fruticultura ecológica. Pero al
mismo tiempo, como sustancia química está identificada como biocida de espectro general, usada principalmente como conservante de la madera. De acuerdo con el Reglamento REACH (UE) 2015/830, esta sustancia es tóxica para los organismos acuáticos y
supone un 'peligro agudo y crónico' para el medio ambiente, en especial para el medio acuático. Además, se aconseja que se 'evite su liberación al medio ambiente' y en caso de vertido, se recomienda 'mantenerla alejada de aguas superficiales y
subterráneas y retener y eliminar el agua de lavado contaminada'.
Una vez más, en este caso, la excepción se ha convertido en norma, y tal y como se refleja en la respuesta dirigida por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco al Diputado José Ramón
Becerra, el día 29 de noviembre de 2018, el Gobierno vasco tramitó la solicitud ante el Ministerio, sin haber elaborado el Plan de Aplicación previsto en el RD 1311/2012, y sin disponer de los informes de impacto ambiental y sobre salud necesarios.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Hacer una revisión y modificación del Capítulo VI del RD 1311/2012, de 14 de septiembre, referido a la 'aplicación aérea de productos fitosanitarios', así como el Anexo VI que se refiere a 'las condiciones generales para la realización
de las aplicaciones aéreas', de manera que se fortalezcan las medidas de evaluación y control previas a los tratamientos autorizados, así como las medidas de bioseguridad que deben ejecutarse, garantizando siempre el criterio científico en cada
caso, y con la posibilidad de audiencia pública a diversos colectivos y organizaciones afectadas.
2. Modificar el artículo 27.1 del RD 1311/2012 para que declare expresamente que al amparo del segundo párrafo del art. 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
silencio administrativo en el caso de las solicitudes de autorización de tratamientos aéreos se entienda desestimatorio en tanto implican el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, tal como permite la Directiva de Servicios de
la UE y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
3. Modificar el Capítulo VI del RD 1311/2012 para que las autorizaciones para tratamientos aéreos con productos fitosanitarios, siempre y en todos los casos sean únicas para cada uno de los expedientes, no pudiéndose dictar autorizaciones
globales o generales para un tratamiento en diversos territorios indistintamente, siendo que las características ambientales de cada uno son diferentes.
4. Establecer y aplicar un protocolo exhaustivo para valorar tanto la efectividad de los tratamientos fitosanitarios aéreos con oxido de cobre que se están solicitando para los pinares del País Vasco, como los impactos ambientales y sobre
la salud de dichos tratamientos, en el que se contemple las medidas de seguridad y control adecuados en caso de aplicación, incluyendo el respeto a la banda de 25 metros respecto a los puntos y masas de agua susceptibles de contaminación y la banda
de 50 metros respecto a los puntos de extracción del agua para consumo humano.
5. Dotar financieramente a los centros de investigación de referencia en materia forestal para la búsqueda de tratamientos alternativos, para frenar el avance de la plaga de la 'banda marrón' y la 'banda roja'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-María Rosa Martínez Rodríguez y Nayua Miriam Alba Goveli, Diputadas.- Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
161/004105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al traslado del departamento
de la Oficina Provincial de Costas a la Costa Tropical, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
En la Costa de Granada se enclavan algunos de los municipios con más población de toda la provincia, siendo Motril la capital de la Costa Tropical, con más de 60.000 habitantes, cifra que se ve incrementada de forma considerable en los meses
estivales.
Los alcaldes, responsables políticos y técnicos municipales deben desplazarse a la capital granadina para cualquier tramitación administrativa con el servicio de Costas, ya que la Dirección General de Costas sitúa al mismo desde tiempo
inveterado en la capital granadina.
Es llamativo que un servicio administrativo como este, se encuentre tan alejado de los que son sus administrados, los ayuntamientos y ciudadanos de la Costa Tropical. Y esto es en realidad así, ya que en la práctica el 95 % de los asuntos
que se tramitan en la oficina provincial vienen desde la Costa, y en igual incidencia las personas que se han de desplazar a la oficina viven o trabajan en la Costa Tropical.
Por si existieran dudas de lo extraño de la situación nótese que el Servicio Provincial de Costas en Granada, es el único de Andalucía que no está en el litoral. Situación controvertida desde el punto de vista del acercamiento de la
administración al ciudadano y de la cercanía en la gestión de los asuntos públicos; hecho que invita a la extrañeza pues no se entiende que el servicio 'de Costas' esté alejado del litoral.
Es por razón del acercamiento de la Administración al Servicio Público que se ofrece a la ciudadanía, por lo que realizamos esta propuesta.
De este modo solicitamos al Gobierno que se inicien los trámites para estudiar el traslado del Servicio Provincial de Costas de Granada a la ciudad de Motril, ciudad cabecera de nuestra comarca y donde ya están ubicados otros muchos
servicios públicos como el Hospital Comarcal, la Delegación de Hacienda, la Comisaría de Policía o la Seguridad Social. Ello puede implicar la reorganización del
Servicio e incluso mantener la actual estructura existente en la capital de la provincia, dejando este particular al saber y entender de la Administración, que seguro encuentra la fórmula más adecuada para que eficiencia y cercanía vayan
unidas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que inicie los trámites para el traslado de su Demarcación y Servicio Provincial de Costas a la Costa Tropical de Granada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Carlos Rojas García, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección integral y
estable del litoral de la Costa Tropical de Granada, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
La denominación de Costa Tropical de Granada tiene 19 kilómetros de Costa, repartidos en 26 playas. Casi todas de arena negra y gruesa, aunque también hay playas de arena fina.
En este litoral se genera un microclima tropical y templado que da lugar al cultivo de variadas frutas tropicales, únicas en toda Europa, que son, junto a la belleza de nuestros pueblos y playas, nuestro principal reclamo turístico.
Según la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del
Gobierno, cuyo artículo 2.5 determina como servicio integrado dentro de las subdelegaciones del gobierno los pertenecientes, entre otras, al Ministerio de Transición Ecológica. Dicho Ministerio ostenta las competencias en materia de costas,
conforme al artículo 14 del Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
A pesar de las innumerables peticiones públicas llevadas a cabo por los Ayuntamientos de la Costa Tropical por una solución estable de espigones permanentes, la solución planteada cada año es el traslado de arena de una playa a otra, siendo
éste un contingente provisional con un superior coste medioambiental, y aún más oneroso en impacto económico en su conjunto que si se afrontara una solución estable de espigones permanentes, tal y como se ha sugerido desde distintos departamentos
técnicos de todas las administraciones consultadas.
El anterior gobierno de España ha sido muy sensible a estas justas demandas, y fruto de las mismas, presentó el pasado año un Plan de Estrategia Nacional de Defensa, Protección y Conservación del litoral granadino, que fue muy bien acogido
por toda la sociedad granadina. Dicho plan se encuentra en marcha y es conveniente que no sufra retraso alguno.
La otra administración con competencias en la materia, la Junta de Andalucía, se ha caracterizado por su inactividad, y no ha puesto en marcha ninguna orden para subvencionar y ayudar a los Ayuntamientos a mantener y sustituir los
equipamientos de playa, con lo cual la situación es más penosa si cabe, ya que las instituciones locales se ven obligadas al mantenimiento de las playas sin que ésta sea en puridad su competencia.
De la misma manera, se torna sorprendente que siendo las playas, uno de los principales reclamos turísticos de nuestra provincia, la Diputación Provincial de Granada no lleve a cabo ningún tipo de actuación pública para Ayudar a los
Ayuntamientos en su limpieza, mantenimiento, conservación o dinamización.
Son los Ayuntamientos de la Costa Tropical los que, con medios propios, están asumiendo las labores de mejora, limpieza, seguridad y dinamización, en solitario, aunque en ningún momento tienen ni los medios ni la capacidad económica
necesaria para poner nuestro litoral en el estado de calidad que se necesita.
Conscientes de la importancia que nuestras playas suponen para la economía de nuestros municipios y para la imagen turística de nuestra costa, el Grupo Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados considera necesario que el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, continúe los trámites para la redacción de un proyecto de Conservación integral de todo el litoral Granadino, así como las obras en su caso
iniciadas, y que tenga como objetivo la protección del mismo con carácter estable y permanente, evitando el coste económico que significa tener que licitar y adjudicar obras cada año para el traslado de arena de unas playas a otras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Carlos Rojas García, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate en la Comisión de Transición Ecológica, relativa a que los edificios, sedes, equipamientos y demás instalaciones de la Administración General del Estado y de su sector público institucional se suministren con energía eléctrica comercializada
de origen 100 % renovable.
Exposición de motivos
Los procesos energéticos son directamente responsables de gran parte de las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero (GEI) que recibe la atmósfera.
A escala mundial, la producción, transformación y uso final de la energía el consumo de energía representa, con diferencia, la mayor fuente de emisiones de GEI derivada de las actividades humanas. Alrededor de dos tercios de las emisiones
de gases de efecto invernadero mundiales están ligadas a la quema de combustibles fósiles que se usan para calefacción, electricidad, transporte e industria. También en Europa los procesos energéticos son los mayores responsables de la emisión de
gases de efecto invernadero: un 78 % de las emisiones totales de la UE en 2015.
También por tanto, la satisfacción de las necesidades energéticas del parque inmobiliario de la Administración General del Estado -sus distintas sedes, edificios, instalaciones y demás- tiene una importante repercusión en el clima. Tal es
así que se ha estimado que a nivel europeo cambiar la contratación pública energética por suministro de energía renovable permitiría reducir 60 millones de toneladas de CO2, el 18 % de las cuotas asignadas a la UE por el Protocolo de Kyoto (Comisión
Europea 2012).
La contratación pública no es sólo un instrumento de gestión de las Administraciones públicas mediante el cual se regula la ejecución de obra pública, el abastecimiento de bienes o la prestación de servicios públicos destinados a garantizar
el bienestar de la ciudadanía y a garantizar el funcionamiento de la propia administración, sino también un instrumento de participación activa en el mercado y de fomento e incentivo de la inversión en tecnologías bajas en carbono, que permite
precisamente a la Administración Pública ser un referente y ejemplo en la transición energética que tanto- necesitan nuestro país y nuestro planeta; una concepción de la contratación pública que entronca con la contratación pública responsable o la
compra pública verde.
La Comisión Europea define la Compra Pública Verde (CPV) o Green Public Procurement [Comunicación COM (2008) 400 final] como 'un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto
medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otras mercancías, servicios y obras con la misma función primaria que se
adquirirían en su lugar'. La inclusión de criterios ambientales en las contrataciones públicas es una ayuda fundamental para conseguir los retos ambientales actuales y futuros, ya que estas compras favorecen la reducción de la huella de
carbono unida a medidas de compensación, la reducción del ciclo de vida de los productos, la reducción de la contaminación atmosférica, las buenas prácticas agrícolas con el consumo de productos ecológicos y la adaptación al cambio climático,
contribuyendo a frenar la deforestación y evitando directamente las emisiones fruto de los procesos productivos.
Por su parte, la reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que supera por fin el criterio de 'oferta económicamente más ventajosa' por el de 'mejor relación calidad-precio', obliga a las Administraciones
Públicas y a las empresas licitadoras a considerar en los procesos de contratación la toma en cuenta de aspectos medioambientales tales como la utilización por el licitador de energía renovable en la ejecución del contrato, así como el empleo de
medidas de ahorro y eficiencia energética, lo que puede ser conseguido con el suministro de comercializadoras de electricidad 100 % verde.
Por tanto, no sólo la realidad climática reclama actuaciones públicas urgentes y ejemplificadoras, sino que el contexto político europeo y el marco jurídico son propicios para impulsar que los edificios, sedes, equipamientos y demás
instalaciones de la Administración General del Estado y de su sector público institucional contraten su suministro eléctrico de origen 100 % renovable.
Son ya numerosas las experiencias exitosas y las Administraciones públicas que han abordado la contratación del suministro eléctrico 100 % renovable, pudiendo destacarse grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante, Cádiz,
Santiago de Compostela e incluso pequeñas localidades como Limpias (Cantabria) o San Pelayo (Valladolid), de apenas 44 habitantes. También son destacables los ejemplos la Asociación Catalana de Municipios (a la que están adheridos 557 consistorios
catalanes con una población de 3,4 millones de habitantes), el Cabildo de Gran Canaria o la propia oficina del Defensor del Pueblo.
Por otra parte, la eficiencia energética está considerada hoy en día como una de las mejores alternativas para reforzar la seguridad de abastecimiento energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para poder alcanzar un
crecimiento sostenible. De ahí que el objetivo de eficiencia energética fuera incluido como uno de los objetivos principales de la nueva estrategia de la Unión para el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador: Estrategia Europa
2020.
En este sentido, el artículo 5.5 de la Directiva 2012/27/UE, de Eficiencia Energética, rubricado 'Función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos', obliga tanto a elaborar y hacer público el inventario de los edificios con
calefacción o refrigeración de las Administraciones centrales cuya superficie útil total sea de más de 250 m2, sino también a que al menos 'el 3 % de la superficie total de los edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración que tenga en
propiedad y ocupe su Administración central se renueve cada año' para garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos de eficiencia energética que se establecen en la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios.
Con 2.142 edificios (de más de 250 m2 útiles) contenidos en el Inventario de los edificios de la Administración General del Estado en 2016, resulta imperativo aprovechar al máximo el elevado potencial de ahorro energético existente en
edificios, en cumplimiento no sólo de los objetivos de ahorro y eficiencia energéticos marcados desde las instituciones comunitarias, sino también del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020.
Pero la Administración General del Estado no sólo puede coadyuvar a la lucha contra el cambio climático y al impulso de la transición energética mediante la compra verde del suministro eléctrico y la ambiciosa implementación de medidas de
ahorro y eficiencia energética, sino que también puede -es más, debe- aprovechar el enorme potencial solar de las cubiertas de sus edificios para la instalación de sistemas de generación de energía renovable de manera que pueda tanto satisfacer en
todo o en parte sus demandas energéticas, como también verter a la red energía limpia.
Así por ejemplo, el proyecto Solar Maps puesto en marcha por Greenpeace estima que el potencial solar de producción eléctrica de sólo 917 edificios de la Administración General del Estado -de los cerca de 10000 de los que dispone según el
Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública- es de 93.457 GWIV año, lo que supondría un ahorro de más de 320 millones de Euros en una estimación a 25 años para las cuentas públicas y 36.239 toneladas de CO2/eq al año.
Es más, únicamente 4 de los 15 edificios ministeriales cuentan con energía solar, aprovechando tan sólo el 1,25 % de su potencial solar (Greenpeace, 2018). El potencial de mejora es, por tanto, enorme, lo que estimula y demanda la
progresiva instalación de instalaciones solares en las cubiertas de los edificios de la Administración General del Estado en aras de no desperdiciar las excelentes oportunidades tanto de
carácter económico, ambiental como de ejemplaridad pública y compromiso con la transición energética que supone.
La suscripción del Acuerdo de París -rubricado precisamente en esta Cámara-, las alarmas de la comunidad científica internacional -la más reciente, el Informe Especial publicado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio
Climático de Naciones Unidas publicado el pasado 8 de octubre- deben servirnos de aliciente, y además el marco político y normativo ya referido es propicio. Sólo es cuestión ahora de voluntad política y marcar así un punto de inflexión en el
panorama energético español.
La Administración General del Estado, que participa de forma activa en el mercado, tiene que en sus manos la responsabilidad de fomentar un consumo energético más eficiente y sostenible. Para hacerlo no existe mejor manera que dando
ejemplo, llevando a cabo la contratación de su suministro eléctrico de origen 100 % renovable, implementando medidas de ahorro y eficiencia energética en los edificios, sedes, equipamientos e instalaciones de la Administración General del Estado y
de su sector público institucional e instalando de forma progresiva en sus edificios sistemas de generación de energía renovable destinados a cubrir el autoconsumo.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Contratar en lo sucesivo el suministro eléctrico de electricidad de los edificios, sedes, equipamientos y demás instalaciones de la Administración General del Estado y de su sector público institucional de origen 100 % renovable con
comercializadoras que tengan certificada su producción como limpia por el Sistema de Garantía de Origen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Etiquetado A).
2. No tramitar prórrogas de los contratos de suministro eléctrico vigentes a fin de licitar otros nuevos de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, salvo en supuestos de que no concurriera a la licitación ninguna
comercializadora que cumpliese los referidos requisitos.
3. Implementar medidas de ahorro y eficiencia energética los edificios, sedes, equipamientos e instalaciones de la Administración General del Estado y de su sector público institucional e instalar de forma progresiva en sus edificios
sistemas de generación de energía renovable que optimicen, especialmente, el potencial solar de los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2018.-Jorge Luis Bail, Diputado.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a establecer
un centro especializado de alto rendimiento deportivo en la ciudad de Guadix (Granada) en la especialidad de marcha atlética, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La ciudad de Guadix, desde la última década del siglo XX, viene siendo referencia en la especialidad deportiva de Marcha Atlética. Desde el malogrado Manolo Alcalde, atleta olímpico y pionero en esta disciplina olímpica, Guadix ha albergado
atletas de la talla de Francisco Fernández Peláez 'Paquillo',
medallista olímpico en Atenas (plata), tres veces subcampeón mundial en la especialidad de 20 km marcha (París, Helsinki y Osaka), dos veces campeón de Europa (Munich y Gotemburgo); así como campeón de España Absoluto en 8 ocasiones, todo
ello en 20 kilómetros Marcha. Paquillo entrenaba junto con Robert Korzeniowski, uno de los grandes atletas de todos los tiempos en 20 y 50 km marcha.
La estela de Paquillo fue continuada por deportistas que hicieron de Guadix su lugar de residencia, entrenamiento y tecnificación caso de María Vasco (otra medallista olímpica), José Alejandro Cambil, Javier Pérez...
En la actualidad tienen su residencia en la ciudad María Pérez actual campeona europea en 20 km marcha, Alberto Amezcua Balboa y Ainoa Pineda González internacionales absolutos. Todos ellos están incluidos actualmente en el Plan ADO y están
incluidos en la resolución de 12 de junio de 2018 del Consejo Superior de Deportes como deportistas de alto nivel. Además de estos deportistas de élite, en la ciudad residen y entrenan atletas, hombres y mujeres, internacionales absolutos en todas
las categorías desde infantil hasta absoluta.
La ciudad cuenta con entrenadores de categoría internacional, habituados a compartir experiencias en seminarios, cursos, clinics, etc., de ámbito europeo y mundial. Es el caso de Jacinto Garzón y de Manuel Ángel Segura.
En los últimos 10 años la ciudad de Guadix viene acogiendo a los siguientes equipos y atletas:
1. Núcleo de Jacinto Garzón (Entrenador para el Sector de Marcha de la Real Federación Española Atletismo):
- María Pérez, 1.a Europa 2018.
- Alberto Amezcua, 9.° Mundo 2017.
- José Manuel Pérez, 2.° Europa 2017.
- Fabian Bernabé, Internacional 20km con Francia.
Jacinto Garzón dirige una escuela de 180 atletas con 16 marchadores/as finalistas nacionales en categorías inferiores, y atletas extranjeros que han situado su vivienda en Guadix como la brasileña Carolina Moreno.
Este núcleo tiene una dilatada experiencia en la organización de un Gran Premio de Marcha internacional con XXXIII años ya de existencia.
Es también un referente como escuela de marcha a nivel nacional e internacional, habiendo creado escuelas tutorizadas desde Guadix en Jerez de la Frontera, Irlanda y Granada.
2. El Núcleo de Marcha de Manuel Ángel Segura Reyes, además de su dilatada experiencia nacional e internacional, dirige la Escuela de Atletismo ADA Guadix y tiene bajo su dirección a:
- Ainhoa Pinado, 7.a Europa 50km marcha mujeres.
- Sofía Rodriguez, 1.a España sub18 marcha mujeres.
A María Pérez, Alberto Amezcua, José Manuel Pérez, Ainhoa Pineda y Sofía Rodríguez hay que añadir que Pablo Oliva o Laura García Caro, que actualmente residen en Madrid, también han sido fruto realizado por las escuelas de marcha de Guadix.
Atletas rusos, polacos, irlandeses, iberoamericanos, italianos, etc. han venido eligiendo la ciudad de Guadix para preparar eventos internacionales de primer nivel: europeos, mundiales y juegos olímpicos.
Estos atletas, además de las condiciones naturales de la ciudad, y el ambiente deportivo que lo envuelve, disponen de una pista de atletismo de ocho calles, con iluminación nocturna, edificio de tecnificación deportiva y pedagógica,
gimnasio, spa y todas las condiciones necesarias para desarrollar plena satisfacción los entrenamientos y la planificación deportiva necesaria (si bien en la actualidad necesitan una profunda remodelación). A 150 metros de las instalaciones se
encuentra el Hospital de Alta Resolución de Guadix para atender cualquier problema o necesidad que se pueda derivar de la práctica deportiva.
El entrenamiento de los deportistas que participan en las competiciones de alto nivel hace necesario la construcción de centros que cuenten con las mejores instalaciones, servicios y medios técnicos.
Además de atender esta necesidad básica, es necesario seguir descubriendo y preparando a las futuras promesas deportivas.
España viene afrontando estas necesidades a través de la construcción de Centros de Alto Rendimiento (CAR), Centros de Tecnificación Deportiva (CTD) y centros Especializados.
Los Centros Especializados de Alto Rendimiento son un complemento de los CAR y CTD cuyo objeto es acoger a deportes o modalidades deportivas que, por su particularidad, medio en el que se realizan o circunstancias diversas, no pueden ser
atendidos en los CAR, ni en los CTD. Su objetivo es ser centros de entrenamiento para modalidades deportivas concretas que no pueden ser atendidas en otros centros.
La ciudad de Guadix, a pesar de contar con atletas y entrenadores de primer nivel y de ser un referente internacional en la disciplina de marcha atlética, no cuenta con el refrendo adecuado, ni con la clasificación de sus instalaciones
deportivas y de programas deportivos para el desarrollo del deporte de alto nivel y de competición, acordes con lo establecido por el Ministerio de Cultura y Deporte.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a instalar en la ciudad de Guadix un Centro Especializado de Alto Rendimiento en la disciplina de Marcha Atlética.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2018.-Santiago Pérez López, Diputado.- Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre promoción y cuidado de jardines históricos, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Los jardines históricos son una expresión artística que nuestro país no ha sabido apreciar y valorar en su justa medida. Pese a que en nuestro país existen jardines históricos conocidos por gran parte de la población, por ejemplo los
Jardines de Sabatini en Madrid, los Jardines del Palacio de Viana en Córdoba, Jardines de la Alhambra y el Generalife en Granada o el Campo Grande en Valladolid, nuestro país apenas cuenta con 94 jardines históricos reconocidos como tales por Ley.
Una cuantía claramente inferior a la que países de nuestro entorno, como Francia o Italia poseen, donde se superan los varios centenares en cada uno de ellos.
Si bien la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español determina en su primer artículo que los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico serán parte del Patrimonio Histórico
Español, en nuestro país los jardines históricos reconocidos son escasos. Esta falta de reconocimiento por parte de las administraciones tiene importantes consecuencias: la falta de aprovechamiento y disfrute de estos emplazamientos únicos por un
lado, y la falta de conservación, modificaciones y potenciales daños que desde diferentes ayuntamientos o particulares se pueden estar provocando a estos. De hecho, existen numerosas plataformas vecinales que luchan a diario contra sus
ayuntamientos para preservar jardines históricos sobre los que las administraciones Elevan a cabo trabajos de remodelación que no respetan sus diseños originales o que, pudiendo ser declarados jardines históricos, propietarios privados y
administraciones de estos sitios hacen caso omiso a todo principio básico de conservación y restauración.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un estudio actualizado sobre los jardines históricos declarados señalando las actuaciones de conservación, remodelación o mejora llevadas a cabo en los últimos 5 ejercicios sobre
éstos y próximos trabajos conocidos que se efectuarán, incluyendo, además, la administración u organismo responsable de éstos.
2. Trabajar junto a las administraciones o entes privados responsables, a la hora de diseñar mejoras y reformas en estos jardines a fin de respetar su diseño original y evitar desvirtuar sus características originales.
3. Evaluar la posibilidad de aumentar la formación existente en materia de arquitectura del paisaje y defensa del patrimonio.
4. Llevar a cabo, junto con las Comunidades Autónomas, campañas a fin de promover la declaración de nuevos jardines históricos en España y darlos a conocer entre la población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa
a la protección de obras y colecciones cinematográficas producidas o coproducidas en España, para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
En 2001 los Estados miembros de la Unión Europea fueron invitados a adherirse al Convenio Europeo para la protección del Patrimonio Audiovisual. En la comunicación de este convenio se propone realizar una recomendación del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre patrimonio cinematográfico. Dicha recomendación es publicada en el año 2005 y pone el acento en dos cuestiones principales relacionadas con la industria cinematográfica: por un lado las ayudas estatales a la producción
de cine y, por el otro, la protección del patrimonio cinematográfico, en la que centraremos esta iniciativa.
La recomendación indica a los Estados miembros las pautas a seguir en materias de recopilación, catalogación y creación de bases de datos, restauración, accesibilidad y uso pedagógico, formación profesional, alfabetización mediática y
depósito. También establece un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones con una periodicidad bianual. En último lugar, ofrece una serie de consejos sobre la cooperación entre organismos designados para que se coordinen las diferentes
metodologías que se adopten durante la realización de catalogaciones, inventariado y técnicas aplicables a los distintos ámbitos de gestión del patrimonio cinematográfico y sus soportes, con el objetivo de que funcionen conjuntamente a nivel
europeo.
En 2010 el Consejo publica las conclusiones sobre el patrimonio cinematográfico europeo, incluidos los retos de la era digital, reforzando las ya expuestas recomendaciones de 2005 y definiendo algunos aspectos relacionados con las
transformaciones de entornos digitales, teniendo en cuenta los cambios en la accesibilidad ciudadana y del propio sector y sus investigadoras a contenidos digitales. Solicita también a los Estados miembros que tengan en cuenta la adaptación de
instrumentos del depósito obligatorio para la adecuada transición hacia la producción y distribución digital y que fomenten el depósito voluntario de obras utilizando herramientas que provengan del acuerdo marco celebrado entre la Federación
Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) y la Asociación de Cinematecas Europeas (ACE). Plantea planificaciones a largo plazo para el patrimonio cinematográfico nacional en soportes digitales y analógicos que garanticen
que las películas beneficiadas con fondos regionales o nacionales sean depositadas en la institución encargada de su preservación (en España, en la mayoría de los casos sería Filrnoteca española) y del material relacionado (esto es, cartelería,
fotografías o materiales de promoción) e intensificar los esfuerzos en digitalización para consolidar políticas de preservación de las copias digitales a largo plazo mediante el apoyo a la investigación de métodos de conservación y acceso al
material en formato multilingüe y especialmente hacia la durabilidad de soportes digitales y datos. Finalmente, el Consejo solicita tanto a los Estados miembros como a la Comisión, que impulsen la aplicación de normas europeas para la creación de
redes operativas de bases de datos con normativas comunes de depósito de ficheros digitales en las instituciones competentes, que estudien los
retos y oportunidades que ofrecen dichas instituciones en la era digital y que apoyen medidas para mejorar el acceso a sus colecciones a través de nuevas tecnologías.
En 1992 UNESCO emprende el Programa Memoria del Mundo (MoW, Memory of the World), destinado a la preservación del patrimonio documental mundial -esto es, el depositado en instituciones relacionadas legislativamente con el patrimonio cultural
como las bibliotecas, archivos y museos- para que sea considerado símbolo de memoria colectiva abarcando todos los niveles territoriales. Este programa subraya los riesgos de pérdidas por la obsolescencia técnica ocasionada, con frecuencia por
imperativos comerciales, a los que solo se puede atender produciendo tecnologías más estables con fines de presentación de las obras.
En el marco legislativo español encontramos que la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 50.2 indica que 'asimismo forman parte del Patrimonio Histórico Español y se les aplicará el régimen
correspondiente al Patrimonio Bibliográfico, los ejemplares producto de ediciones de películas cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales u otros similares, cualquiera que sea su soporte material, de las que no consten al menos
tres ejemplares en los servicios públicos, o uno en el caso de películas cinematográficas'.
Este último elemento precisa de un debate claro sobre la definición de 'película cinematográfica' en el que es necesario contar con la participación de especialistas en patrimonio fílmico. Solo ellas y ellos saben qué tipo de material hay
que entregar para la correcta preservación fotoquímica de las obras fílmicas. Estas actuaciones requieren la generación de una normativa de protocolos adecuados y buenas prácticas tanto para la conservación de soportes analógicos como para el
digital.
Es evidente por tanto, que la ley tiende a proteger los documentos de soporte variable. Sin embargo, carece de una figura de protección específica para la correcta salvaguarda, el establecimiento de medidas cautelares y los planes de
accesibilidad a la ciudadanía de dichos documentos. No ocurre lo mismo con otro tipo de bienes muebles e inmuebles que son susceptibles de ser declarados Bien de Interés Cultural bajo figuras como monumentos, jardín histórico, conjunto histórico,
sitio histórico y zona arqueológica. Los propietarios de Bienes de Interés Cultural inmuebles (en adelante, BIC) están sujetos, entre otras obligaciones, a facilitar la inspección a organismos e investigadores y a la apertura para su visita pública
al menos cuatro días al mes, con alguna variación autonómica. Sobre el caso de los bienes muebles, el artículo 13.2 indica lo siguiente: 'En el caso de bienes muebles se podrá igualmente acordar como obligación sustitutoria el depósito del bien en
un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un período máximo de cinco meses cada dos años'. La norma es tan genérica que no resuelve la urgencia de conservación y no resulta útil para las especificidades del
patrimonio audiovisual.
Las obras audiovisuales son consideradas bienes muebles y constan de un doble identificador: el material y la información que contienen. Por tanto, la figura de protección que debería protegerlos ha de estar ubicada dentro del Catálogo
General de Bienes Muebles del Ministerio de Cultura y Deporte. Aun siendo posible su declaración por la norma antes mencionada, observamos la necesidad de una fórmula propia de declaración como Bien de Interés Cultural, es decir, una subcategoría a
la altura de la de los monumentos, sitios arqueológicos, etc.
Proponemos que una obra o una colección de obras fílmicas puedan ser declaradas como 'Bien de Interés Cultural Audiovisual', al tiempo que los archivos fílmicos y sus colecciones sean susceptibles de ser reconocidos como instituciones
pertenecientes al patrimonio cultural, como la ya nombrada Filmoteca Española y otras filmotecas autonómicas. Esta cuestión requiere la adecuada redacción de un capítulo propio dentro de la ley 16/1985, similar al que tienen los archivos, las
bibliotecas y los museos en el actual capítulo II del Título VII, así como recibir la protección debida. Este capítulo debería hacerse cargo también de la necesidad de proteger el patrimonio, en este caso audiovisual, con perspectiva de género.
Para que las medidas cautelares relacionadas con este tipo de soporte puedan establecerse correctamente, es necesario que España asuma las distintas directrices, recomendaciones y conclusiones que se han dictado sucesivamente en la Unión Europea
desde el año 2001 que simultáneamente abran la posibilidad futura de inscribir bienes culturales audiovisuales en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adherirse a los Estados miembros firmantes del Convenio para la protección del Patrimonio Audiovisual (2001).
2. Adoptar las medidas que aconseja la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el patrimonio cinematográfico y la competitividad en actividades industriales relacionadas (2005).
3. Implementar las conclusiones sobre el patrimonio cinematográfico europeo en 2010 del Consejo Europeo que perfilan aspectos relacionados principalmente con los entornos digitales, para que asuma los retos de la era digital en materia de
accesibilidad y distribución de obras audiovisuales.
4. Considerar el patrimonio audiovisual en la legislación de Patrimonio de acuerdo a las características que le son propias y exclusivas, otorgándole el rango y la protección acordes con su singularidad.
5. Introducir una figura de protección específica en la Ley 16/1985 como 'Bien de Interés Cultural Audiovisual', para que puedan ser declaradas Bien de Interés Cultural obras o colecciones audiovisuales significativas producidas o
coproducidas en España, con rango de protección propia al igual que ocurre a día de hoy los bienes inmuebles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Eduardo Javier Maura Zorita, Rosana Pastor Muñoz y Eva García Sempere, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
161/004089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su
debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sobre la jubilación de las personas con discapacidad tras haber padecido Poliomielitis y el Síndrome Postpolio.
Exposición de motivos
España tiene una deuda histórica con las personas afectadas por la Poliomielitis, una enfermedad erradicada de nuestro país desde hace décadas gracias a la vacunación, pero que, dada su gravedad, ha dejado importantes secuelas en algunos
sectores de la población. Este descenso en su incidencia, sin embargo, tiene una serie de consecuencias que, no por ser imprevistas, han resultado menos perversas para quienes han padecido la Polio, que es como se conoce popularmente a este mal.
En otras palabras, la Polio se ha convertido en una dolencia desconocida incluso entre quienes tienen la responsabilidad pública de garantizar que las Administraciones del Estado dispensen un trato equitativo y solidario a aquellas que por acción
directa o dejación de sus funciones han sufrido una merma en su calidad de vida.
Este es claramente el caso de las personas que se contagiaron de la Polio durante la década de los cincuenta y los setenta del siglo XX, durante la dictadura. No existen cifras oficiales, pero se estima que durante este periodo se
registraron en nuestro país unos 40.000 casos de Polio, de los cuales, aproximadamente 2.000 desembocaron en la muerte del paciente, lo que da muestras de la letalidad de esta enfermedad. Una realidad que no se puede entender sin conocer la
política sanitaria desplegada por el Estado franquista, que durante más de una década no dispensó el tratamiento adecuado a quienes la padecían. Sesenta años después de estos acontecimientos, parece inexplicable que, en plena madurez democrática,
los poderes del Estado no hayan asumido todavía sus responsabilidades en este asunto, enmendando su inacción y restableciendo los derechos que durante tantos años les fueron negados a las personas que sufrieron este trance.
Las personas afectadas por el Síndrome Postpolio, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que, no en vano, han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud en el año 2009, fecha en que fue codificada su dolencia
con el número G-14 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-Versión 10). Aunque en España, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales no hizo suya esta clasificación hasta 2016, fecha en que incluyó el código G-14 en su
ordenamiento con el objetivo de facilitar a los profesionales médicos que ejercen en nuestro país el diagnóstico, la correcta codificación y el tratamiento rehabilitador adecuado para quienes lo padecen. De modo que, sólo durante
los últimos dos años, nuestro sistema público de salud ha contado con las herramientas necesarias para diagnosticar adecuadamente a este colectivo.
La realidad que enfrentan los afectados por esta enfermedad a diario es cruel. Para empezar, sufren de una doble afección, causada, en primer término, por las secuelas que deja la Poliomielitis, que, en no pocos casos reduce su movilidad a
la hora de realizar tareas rutinarias, lo que se traduce en el uso frecuente de dispositivos para mejorar su movilidad, como muletas o sillas de ruedas, convirtiéndolas en personas dependientes. Y, en segundo término, provocada por el carácter
degenerativo del Síndrome Postpolio, que con el paso del tiempo afecta de una manera más severa a su aparato locomotor.
El desconocimiento que reina en la sociedad española en general, pero también entre el colectivo médico en particular tiene consecuencias desastrosas para las personas afectadas por este mal y su entorno familiar. Como si el paso del tiempo
tuviera la cualidad de volver a este mal 'invisible', las Administraciones parecen no tener constancia del modo en que esta enfermedad modifica de manera gradual las condiciones de vida de quienes las padecen, y no prevé el desarrollo de acciones
destinadas a paliar sus consecuencias, al tiempo que se garantiza un tratamiento adecuado y digno a los pacientes. Podría decirse, de hecho, que el desconocimiento sobre la Poliomielitis hoy en día es proporcional al desinterés que las diferentes
Instituciones Públicas han demostrado a lo largo del tiempo, sobre todo con aquellas personas afectadas en el primer momento de desarrollo de la enfermedad.
El Real Decreto 1851/2009, sin ir más lejos, en el cual se explicitan los requisitos que se deben cumplir para hacer efectiva la jubilación anticipada de los trabajadores con discapacidad, no contempla la singularidad de las personas
enfermas de la Polio, imponiendo una serie de requisitos para acceder a las mismas que parecen ignorar, no sólo la desigualdad en el trato que estas han sufrido históricamente, sino también las dificultades que estas enfrentan a consecuencia del
carácter degenerativo de la enfermedad.
Entre otras cuestiones, para acogerse a lo dispuesto por este Real Decreto se pone como condición haber sido reconocido con, al menos, un grado del 45 por ciento de discapacidad durante un periodo mínimo de cotización de quince años. Esto
obvia las dificultades que, en el caso de las personas afectadas por el Síndrome Postpolio, existen para determinar su grado de discapacidad, debido, no solo al hecho de la tardía asunción de medios efectivos para materializar su diagnóstico bajo
unos mismos parámetros, sino también que tengan en cuenta el carácter degenerativo de la enfermedad, haciendo posible que esta se incremente en cualquier etapa de la vida.
En resumen, el Estado ha contraído una deuda histórica con las personas enfermas de la Polio, y es su responsabilidad convertir su actual desprotección en políticas efectivas que mejoren la calidad de vida de este colectivo dadas las
dificultades que sufren para desarrollar actividades de carácter profesional y personal.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Consensuar un protocolo estatal que sea aceptado por las CCAA en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este protocolo debe contemplar una atención integral de forma continuada de los pacientes y atención en Centros,
Servicios y Unidades de Referencia del Servicio Nacional de Salud (CSUR), que sirva para planificar, coordinar e implementar en todos los sistemas autonómicos de salud pública políticas sanitarias destinadas a paliar la incidencia de la
Poliomielitis y el Síndrome Postpolio.
2. Impulsar la difusión de la información necesaria entre la comunidad médica y el personal de servicios sanitarios, haciendo especial hincapié en los profesionales que intervienen en la prestación de atención primaria para que las personas
afectadas por el Síndrome Postpolio y sus efectos reciban un diagnóstico correcto y un tratamiento ajustado a su afección.
3. Crear un sistema de compensación y ayuda de carácter estatal que, en coordinación con el resto de niveles de la administración, extienda la cobertura sanitaria y de otros servicios a las personas afectadas por la Poliomielitis y el
Síndrome Postpolio, de modo que estas no estén obligadas a anticipar la totalidad de los costes que supone la compra de aparatos ortopédicos, prótesis, sillas de ruedas y otros dispositivos necesarios para garantizar su movilidad y calidad de vida.
4. Modificar el Real Decreto 1851/2009 de 4 de diciembre, por el que desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 206.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para derogar el requisito que establece que el grado de discapacidad debe ser del 45 por ciento en el momento de efectuar una solicitud de jubilación
anticipada, fijando, además, en quince arios el tiempo mínimo de cotización, exigiendo en su lugar un grado igual o superior al 33 por ciento.
5. Considerar los efectos tardíos del Síndrome Postpolio en su dimensión patológica, incluyendo la edad y las condiciones físicas de las personas afectadas, de forma que esta enfermedad sea considerada una afección incapacitante por parte
de los equipos de valoración del Instituto Nacional de la Seguridad Social, incluyendo la situación de incapacidad permanente absoluta, evitando así los casos de denegación automática de la incapacidad por considerar esta enfermedad como una causa
que antecede al periodo en que se inicia la vida laboral de quienes la han padecido.
6. Reconocer el derecho de las personas afectadas por el Síndrome Postpolio a percibir una pensión equiparable al Salario Mínimo Interprofesional, haciendo especial hincapié en aquellas que, a causa de las secuelas de la Poliomielitis,
nunca pudieron completar su formación académica o desempeñar un trabajo en igualdad de condiciones que el resto de la población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2018.-María del Carmen Pita Cárdenes y Amparo Botejara Sanz, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes, se dirigen a esa Mesa para, amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la
implementación de la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española, para su debate ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El compromiso con la infancia establece el rasero de la ética y el sentido común de la humanidad. Pocos indicadores reflejan mejor los avances de una sociedad que su capacidad para proteger la supervivencia y el desarrollo de los niños y
las niñas. Este año 2018, España cuenta con un recién aprobado V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 que le ofrece la oportunidad de reafirmar su compromiso con la infancia dentro y fuera de nuestras fronteras en el marco de la
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
Los derechos de las niñas y los niños están reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos internacionales específicos ratificados por España, así como políticos de ámbito europeo, como son el nuevo Consenso
Europeo sobre Desarrollo y la Revisión de las Directrices de la UE para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño. La población infantil supone casi la mitad de la población en situación de pobreza extrema y más de la mitad de la población
migrante y refugiada del mundo. Además, un gran número de sectores de cooperación tiene incidencia directa o indirecta en la infancia: Lucha contra la pobreza y la desigualdad, Educación, Salud, Nutrición, Agua y saneamiento, Salud reproductiva,
Ayuda alimentaria, Protección del medio ambiente, Gobierno y sociedad Civil.
Por ello, la protección de los derechos de la infancia y su bienestar, han de ocupar un lugar central en la política de cooperación. Sólo así la Cooperación Española podrá contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
cumplir su objetivo estratégico: erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones, construir la resiliencia de personas y comunidades, reducir las desigualdades y defender los derechos humanos, los modelos de producción y de consumo sostenible, y
la conservación del planeta.
Las organizaciones que integran el Grupo Conjunto de infancia y Cooperación 1 identifican seis sectores prioritarios para la infancia: pobreza (ODS 1) y desigualdad (ODS 10), nutrición (ODS 2), salud (ODS 3), educación (ODS 4), igualdad de
género (ODS 5), agua y saneamiento (ODS 6) y protección (ODS 16, 5 y 8). Estos sectores se fundamentan en el marco normativo internacional y nacional sobre infancia y cooperación, siendo el principal referente la Convención sobre los Derechos del
Niño y sus principios fundamentales, e inciden de manera directa en la realización de los derechos de los niños y las niñas, y en la erradicación de la pobreza y la desigualdad del conjunto de la sociedad.
A lo largo de más de 25 años, la Cooperación Española ha tomado consciencia del gran impacto que supone su contribución en la vida de millones de niños y niñas. Por ello, en 2014 España reafirmó su compromiso con la infancia con la
aprobación de la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española, cuyo objetivo es el de orientar las actuaciones de los actores de la cooperación para contribuir de manera eficaz a la realización de los derechos de los niños y niñas.
La adopción de la Estrategia ha constituido un avance indudable. Sin embargo, cuatro años más tarde, todavía no se han adoptado las medidas necesarias para su ejecución y puesta en marcha efectiva, lo que se debe en parte a la drástica
caída presupuestaria que ha afectado la cooperación española.
Como es conocido, entre 2009 y 2016, la AOD sufrió una reducción de más de un 70 %, que aumenta al 80 % en el caso de ayuda humanitaria. En 2016 la media de inversión de los socios europeos era de más del 0,40 % del Renta Nacional Bruta
(RNB), mientras que en España se alcanzó sólo un 0,12 %, una cifra que nos deja en los últimos puestos de los países de la OCDE, comprometiendo la posición e influencia de España ante la comunidad internacional. A pesar del incremento de la AOD en
2017 (2,3 % con respecto a 2016), España sigue lejos de alcanzar el compromiso del 0,7 % de la RNB, meta que se fortalece con la suscripción de la Agenda de Acción de Addis Abeba en 2015.
Esta situación tiene un impacto en la infancia de los países con los que España coopera, pero el V Plan Director nos ofrece una oportunidad para revertir esta situación y retomar el compromiso con políticas de desarrollo ambiciosas,
estableciendo un incremento sostenido de los fondos de la AOD hasta alcanzar el 0,4 % de la RNB para el 2020. No obstante, el reto no es sólo presupuestario, sino también estratégico y político. La infancia de todo el planeta necesita la urgente
recuperación política y presupuestaria de la Cooperación Española.
Si bien es cierto que el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 ha dado algunos pasos en el sentido de reconocer el papel prioritario de la infancia en la política de Cooperación Española, es necesario recordar la ocasión única
que representa para situar, de manera cada vez más manifiesta, a los niños y las niñas en el corazón de su acción. Es el momento de dar un paso más, garantizando que la Estrategia de Infancia se vea reflejada en las acciones de cooperación que
efectúan las Administraciones Públicas españolas y otros actores especializados, con la puesta en marcha de las herramientas de implementación previstas en la propia Estrategia.
Seguir estas premisas permitirá a los actores de la Cooperación Española orientar sus actuaciones hacia una contribución más eficaz en el cumplimiento de los derechos de todos los niños y las niñas. Además, reforzará y mejorará la calidad
de la Cooperación Española, al otorgar un tratamiento integral de las cuestiones de infancia y evitar su fragmentación e invisibilidad.
Todo lo anteriormente expuesto demuestra la necesidad de seguir avanzando desde un enfoque de derechos de infancia y en el marco de su contribución a la Agenda 2030, para que las intervenciones de los actores de cooperación generen el mayor
impacto positivo posible en las vidas de millones de niños y niñas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas necesarias para reafirmar e incrementar el compromiso de la Cooperación Española con la infancia:
1. Promover la implementación efectiva de la Estrategia de infancia de la Cooperación Española poniendo en marcha la siguiente hoja de ruta este 2018 y 2019:
1 Acción contra el Hambre, Asociación PAIDEIA, Educo, Entreculturas, Plan internacional, Proyecto Solidario, Save the Children, UNICEF Comité Español y World Vision, todas ellas miembros de la Coordinadora de ONGD y de la Plataforma de
Organizaciones de Infancia.
- Impulsar la creación de un mecanismo de coordinación y seguimiento de la implementación de la Estrategia de infancia de la Cooperación Española, que reúna a los actores relevantes de la Administración del Estado, Administraciones
Autonómicas, sociedad civil y mundo académico.
- Designar a la mayor brevedad posible puntos focales de infancia en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación -Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible- y en la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECED).
- Garantizar la incorporación de los enfoques y las principales directrices de la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española en las comunicaciones anuales, marcos de resultados y marcos de asociación país (MAPS), así como en los
informes de evaluación y seguimiento llevados a cabo por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y las Administraciones Autonómicas.
- Impulsar la difusión y la formación de los actores de la Cooperación Española en relación con la Estrategia de infancia para su apropiación e integración en sus marcos de actuación e intervenciones.
2. Retomar el compromiso con políticas de desarrollo ambiciosas, estableciendo una hoja de ruta que incluya un incremento sostenido en los fondos e AOD en consonancia con los países de nuestro entorno, así como en aras de alcanzar nuestros
compromisos internacionales en la materia.
3. Impulsar un seguimiento adecuado del porcentaje de AOD que se destina a infancia, introduciendo indicadores específicos de infancia que permitan valorar la inversión realizada por los actores de la Cooperación Española a favor de este
colectivo.
4. Garantizar la máxima protección de la infancia, valorando el impacto de fas actuaciones de la Cooperación Española en la vida de los niños y niñas, especialmente en contextos humanitarios, así como la situación de riesgo en el que se
encuentran.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Joan Tardà i Coma,
Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/004087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre creación del ciclo formativo de grado superior 'docencia en movilidad y seguridad vial', para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Para ejercer la profesión de profesor de autoescuela se exige la obtención del Certificado de Aptitud de Profesor de Formación Vial regulado en el reglamento regulador de escuelas particulares de conductores.
En dicho reglamento se determinan los requisitos de acceso, las pruebas y cursos que deben superar los aspirantes así como las materias sobre las que deben versar y se establece la obligatoriedad de convocar el proceso de selección
anualmente lo que se realiza mediante resolución del Director General Tráfico. La totalidad del proceso se lleva a cabo por la Dirección General de Tráfico.
El certificado de Aptitud de Profesor de Formación Vial no está reconocido como un título oficial por el Ministerio de Educación al no tratarse de una enseñanza reglada, con las consecuencias que ello implica, de limitaciones en la carrera
profesional.
La estrategia de seguridad vial 2011-2020 recoge, en el área de Educación y Formación, ámbito de intervención 'en el acceso a la conducción', la acción: 1.2.5 Incorporar en la formación profesional reglada la profesión de profesor de
formación vial.
Incorporando la profesión de profesor de formación vial a la formación profesional reglada se consigue una mayor cualificación del docente, creando una figura con una mayor capacitación que pueda dirigirse no solo a los aspirantes a la
obtención del permiso de conducción sino a muchos otros colectivos (niños, mayores, docentes, trabajadores, infractores...) y se le reconoce el importante papel que juega en la seguridad vial.
En este momento además de seguridad vial se habla de movilidad segura, se están promoviendo planes de movilidad en empresas, en polígonos industriales, planes de movilidad urbanos, lo que hace necesario disponer de personas formadas en el
ámbito de la movilidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a considerar la necesidad de crear el ciclo formativo de grado superior de Docencia en movilidad y seguridad Vial como título de formación profesional e incorporarlo a la formación reglada
mediante su inclusión en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2018.-Pablo Bellido Acevedo, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados,18 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Fomento
181/001505
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Salvador de la Encina Ortega
Texto:
¿Se está impulsando desde el Ministerio de Fomento el acceso ferroviario al Muelle de La Cabezuela en Puerto Real (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2018.-Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputado.
181/001506
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Salvador de la Encina Ortega
Texto:
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento respecto a la licitación del acceso ferroviario al muelle de La Cabezuela en Puerto Real (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputado.
181/001509
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Joaquín María García Díez
Texto:
¿Cuáles son las actuaciones y programación que maneja el Gobierno para hacer frente a las reparaciones urgentes de firme en los diferentes puntos de la red de carreteras del Estado en la provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Joaquín María García Díez, Diputado.
181/001510
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Joaquín María García Díez
Texto:
¿Cuáles son las actuaciones programadas y con qué previsión de ejecución por parte del Ministerio de Fomento en la red de carreteras del Estado en el término municipal de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Joaquín María García Díez, Diputado.
181/001511
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Joaquín María García Díez
Texto:
¿Qué previsiones actualizadas maneja el Ministerio de Fomento en relación a las actuaciones previstas y presupuestadas en la autovías de la provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Joaquín María García Díez, Diputado.
181/001512
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Joaquín María García Díez
Texto:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación a las actuaciones previstas y anunciadas públicamente en Lugo en mayo de 2018 por el Ministerio de Fomento, correspondientes a las mejoras en la línea de ferrocarril Lugo-Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Joaquín María García Díez, Diputado.
181/001513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión
de Fomento.
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento llevar a cabo las actuaciones pertinentes de mantenimiento y conservación de los puentes que presentan problemas estructurales graves en los viales FE-13 y FE-14?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001502
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela
Dirigida al Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
Texto:
¿Cuales están siendo los elementos esenciales de la posición del Gobierno de España en las negociaciones sobre el futuro de la PAC? ¿Cómo piensa el Gobierno acometer el proceso de elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC cuyos
primeros borradores deberían estar para finales de junio de 2019?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.
181/001503
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputada doña Eva García Sempere
Dirigida al Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
Texto:
¿Cuál ha sido el resultado de la actividad inspectora de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) en las denuncias por casos de venta a pérdidas interpuestas por las organizaciones profesionales agrarias en los años 2016, 2017
y 2018, y cómo considera que puede afectar a esta práctica la propuesta de regulación incluida en el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el
comercio en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.
181/001504
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputado don Pedro Arrojo Agudo
Dirigida a doña Isaura Leal. Alta Comisionada para el Reto Demográfico
Texto:
¿Habiendo transcurrido 6 meses desde su toma de posesión, y siendo que el Alto Comisionado para el Reto Demográfico acumulaba un año previo de trabajo, en qué situación se encuentra la elaboración de la Estrategia para el Reto Demográfico
cuyo borrador inicial se debería haber presentado a finales de 2018?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 2018.-Pedro Arrojo Agudo, Diputado.
Comisión de Transición Ecológica
181/001508
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica
Diputada doña Eva García Sempere
Texto:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre las consecuencias medioambientales y sociales de la desertización rural, y cuál es su hoja de ruta para abordar estas consecuencias de manera integral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.
Comisión de Cultura y Deporte
181/001507
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura y Deporte
Diputado don Ángel Luis González Muñoz
Texto:
¿Con qué apoyos contaba el Gobierno cuando ofreció a Marruecos una candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para optar a la organización del Mundial de 2030?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2018.-Ángel Luis González Muñoz, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/009904
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío (GS).
Retirada de su pregunta sobre medidas ante el incremento de robos con fuerza en domicilios en provincia de Ourense.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/033694
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora (GS).
Retirada de su pregunta sobre consumo de hipnosedantes por menores de edad desde el año 2011, así como acciones ante el incremento de dicho consumo para prevenir el mismo.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/041992
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Cascales Martínez, Loreto (GP).
Documentación remitida en el año 2018 por el Gobierno a la Dirección General de la Competencia de la Comunidad Europea sobre el asunto 'Ayuda estatal-Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2012-SA. 22668 - Estudios cinematográficos Ciudad
de la Luz-Ejecución de la Recuperación'.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia de la documentación a la que se refiere el inciso final, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a
la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/002625).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Loreto Cascales Martínez, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué documentación se ha remitido en el año 2018 por parte del Gobierno de España a la Dirección General de la Competencia de la Comunidad Europea sobre el asunto 'Ayuda estatal-Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2012-SA. 22668 -
Estudios cinematográficos Ciudad de la Luz-Ejecución de la Recuperación'? [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2018.-Loreto Cascales Martínez, Diputada.
184/042153
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Vendrell Garderies, Josep (GCUP-EC-EM).
Nombramiento de Antonio Munuera como director de fábrica de combustible de Juzbado.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 117204, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, los diputados adscritos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formulan las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
Según informan los medios de comunicación, el presidente de ENUSA, José Vicente Berlanga, habría anunciado que la fábrica de combustible de Juzbado tendrá un nuevo director de Fábrica. Ese director sería Antonio Munuera, que desde abril de
2013, y hasta su cese por jubilación el mes de noviembre del presente año ha sido Director Técnico de Seguridad Nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear.
Las funciones y objetivos según el propio presidente de ENUSA serían, iniciar un proceso de transmisión del conocimiento para garantizar la continuidad de la labor desarrollada hasta el momento en las instalaciones de Juzbado, a través de un
proceso de formación y aprendizaje.
La fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca) ha notificado tres suceso al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en lo que va de 2018:
El 2 de febrero el titular comunicó que al efectuar un requisito de vigilancia, de carácter mensual, relacionado con la comprobación del funcionamiento del sistema de presurización de la sala de control, apareció una alarma de excesiva
pérdida de carga en uno de los filtros del sistema.
El 7 de marzo el titular comunicó que al efectuar un requisito de vigilancia, de carácter mensual, relacionado con la comprobación del funcionamiento del sistema de alarma de criticidad, se detectó una discrepancia en los datos de referencia
de los detectores de dicho sistema.
El 11 de abril el titular el titular comunicó que durante una ronda se detectó que un bote de pastillas sinterizadas de uranio había quedado incorrectamente en el hueco que comunica el área de prensado con la de sinterizado, obstaculizando
la posibilidad de bajada de la compuerta contraincendios. El titular habría retirado el bote dejando libre el hueco de paso para que dicha compuerta pueda descender en caso de incendio.
Como es habitual en los sucesos comunicados al CSN, la publicación de los mencionados incidentes se ha reseñado como sucesos que no han tenido consecuencias en la instalación ni han supuesto ningún riesgo para los trabajadores ni para el
público ni para el medio ambiente.
En este contexto, ENUSA habría firmado un acuerdo con Endesa, lberdrola y Naturgy por el que cubrirá las necesidades de los cinco reactores nucleares españoles de diseño Westinghouse para los próximos cinco años. El mayor contrato asociado
que suministrá el combustible nuclear necesario para las próximas 24 recargas en las centrales nucleares de Ascó (1 y II), Vandellós II y Almaraz (I y II).
El otrora Director Técnico de Seguridad Nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Antonio Munuera, ha sido un defensor de prorrogar la vida de las centrales nucleares por encima de su vida útil. Destaca sobremanera Munuera fuera el
firmante de la carta que el regulador nuclear envió en marzo de 2015 a Nuclenor, la sociedad con la que lberdrola y Endesa explotaba la central nuclear de Santa María de Garoña para hacer posible la prórroga de la planta. Por todo ello, podría
haber incompatibilidades por su condición de funcionario involucrado en decisiones previas que afectan a la instalación que podría pasar a dirigir.
Llama la atención la ágil recolocación de Antonio Munuera, en un contexto como el de los últimos años en los que han existido ceses como el de Carlos García como inspector jefe residente en la central nuclear de Almaraz a finales del pasado
año, una central en la que han existido recientes incidentes, y en la que se prescindió de una figura fundamental en lo que a seguridad se refiere. Sin perjuicio de que la central pudiera operar con dos inspectores residentes, el no incluir este
puesto vacante podría haber sometido a un riesgo innecesario a la seguridad de la población.
- ¿Considera el Gobierno que el nombramiento de Antonio Munuera como director de fábrica de combustible de Juzbado es positiva para la transición energética en nuestro país?
- ¿Tiene información el Gobierno de que el nombramiento de Antonio Munuera como director de fábrica de combustible de Juzbado haya sido consensuado con Endesa, lberdrola y Naturgy?
- ¿Piensa su Gobierno consultar a ENUSA los motivos por los que ha decidido otorgar la plaza de director de fábrica de combustible de Juzbado a un reconocido defensor de prorrogar la vida útil de las centrales nucleares? En caso afirmativo,
¿cuándo? En caso negativo, ¿por qué razones?
- Los nuevos contratos que harían posible que Almaraz recibiera el combustible nuclear y los servicios asociados para ocho recargas en Almaraz I y II; once recargas para los reactores I y II de Ascó y otras cinco para la central de
Vandellós II, ¿hasta cuándo harían viable el mantenimiento de combustible de cada una de estas centrales?
- ¿Considera el Gobierno acorde a la normalidad los tres incidentes sucedidos en la fábrica de combustible de Juzbado en lo que va de año?
- Con la información que maneja el Gobierno, ¿existen garantías suficientes sobre la seguridad de la fábrica de combustible de Juzbado?
- ¿Se plantea el Gobierno tomar medidas paralelas para garantizar el buen estado la seguridad de la fábrica de combustible de Juzbado? En caso afirmativo, ¿cuáles?
- ¿Ha recabado información su Gobierno de los motivos por los que el último inspector Residente de la central nuclear de Almaraz fue cesado por parte del Consejo de Seguridad Nuclear después de tres años en el cargo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.