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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 386, de 09/07/2018
cve: BOCG-12-D-386
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
9 de julio de 2018
Núm. 386
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PERSONAL
299/000002 Personal eventual al servicio de los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados. Nombramiento... (Página3)
299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios. Cese... (Página3)
299/000005 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de Comisión. Nombramiento... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/001406 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación de una Unidad Específica de Vialidad Invernal en la Dirección General de Tráfico. Desestimación así como enmienda formulada...
161/002450 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la mejora de la seguridad vial en la N-634 a su paso por la comarca lucense de A Mariña, zona de desvío del
tráfico de la DGT por los cierres de la A-8 debido a problemas de inseguridad vial. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página4)
161/003038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la constante actualización de la aplicación de la DGT para teléfonos móviles y tabletas digitales. Aprobación con modificaciones así como enmiendas
formuladas... (Página7)
161/003292 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a implementar cursos específicos para evitar la siniestralidad ciclista y peatonal, tanto para personas
infractoras como para profesionales conduciendo en servicios públicos y vehículos con Masa Máxima Autorizada (MMA) de más de 3.500 kg. Aprobación así como enmienda formulada... (Página9)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002128 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre regulación e inspección de los equipos de juego hinchables, parques de bolas y otros centros de ocio infantil. Aprobación con modificaciones así como
enmienda formulada... (Página10)
161/002498 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a introducir una perspectiva de juventud en las políticas públicas. Desestimación así como enmienda formulada...
161/003091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la elaboración de un plan nacional de prevención de reacciones anafilácticas en centros educativos. Aprobación con modificaciones así como enmiendas
formuladas... (Página12)
161/003288 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y promoción del sistema de acogimiento familiar frente al residencial para las y los menores
de edad bajo medidas de protección. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada... (Página14)
161/003319 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a las familias acogedoras. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página17)
161/003363 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la toma de medidas que permitan dar respuesta de acceso gratuito y público a la atención educativa de
niños y niñas de cero a tres años. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página20)
Otros textos
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
044/000042 Informe Anual de Evaluación 2016 y la actualización del Plan Bienal de Evaluaciones 2017-2018. Dictamen de la Comisión así como propuestas de resolución presentadas... (Página24)
044/000049 Comunicación Anual 2018 sobre el Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021. Dictamen de la Comisión así como propuestas de resolución presentadas... (Página36)
Secretaría General
292/000039 Convocatoria de 2 de abril de 2018 de becas para la formación práctica en Documentación, Biblioteconomía y Archivística. Concesión de las becas... (Página47)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PERSONAL
299/000002
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 28 de junio de 2018 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Rocío Rubí
Navarrete, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Micaela Navarro Garzón, con efectos de 28 de junio de 2018 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Secretaria de la Vicepresidencia Segunda del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 28 de junio de 2018 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del
Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 28 de junio de 2018, de D.ª Margarita María Cazenave Zarandona, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
299/000005
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 28 de junio de 2018 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Margarita María
Cazenave Zarandona, a propuesta del Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Zoido Álvarez, con efectos de 29 de junio de 2018 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Política Territorial
y Función Pública.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/001406
La Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, en su sesión del día 27 de junio de 2018, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a la creación de una Unidad Específica de Vialidad Invernal en la Dirección
General de Tráfico, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 112, de 28 de febrero de 2017.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la creación de una Unidad Específica
de Vialidad Invernal en la Dirección General de Tráfico, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que se debatirá en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Enmienda
De adición.
Se propone la adición de un nuevo punto:
'6. Programar la revisión periódica y con tiempo suficiente para la toma de medidas correctoras de los Planes Operativos de Vialidad Invernal, y sus homólogos, suscritos entre las concesionarias privadas y las administraciones públicas, con
el mismo objeto desarrollado en los puntos anteriores de garantizar la disponibilidad, colaboración, coordinación y eficacia en el uso de los recursos humanos y materiales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Jorge Luis Bail, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002450
La Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, en su sesión del día 27 de junio de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la mejora de la seguridad vial en la N-634 a su paso por la comarca
lucense de A Mariña, zona de desvío del tráfico de la DGT por los cierres de la A-8 debido a problemas de inseguridad vial, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie D, núm. 247, de 14 de noviembre de 2017, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
1. Realizar cuanto antes actuaciones de mejora de la seguridad vial en la N-634 a su paso por la comarca lucense de A Mariña, que presenta varios tramos en mal estado, especialmente preocupante en la zona donde la DGT desvía el tráfico
debido a los constantes cierres de la autovía A-8 entre Mondoñedo y A Xesta por las espesas nieblas.
2. Ejecutar íntegramente la partida de 5,4 millones de euros contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio 2018, y que figura como 'A-8: Sistema de protección antiniebla-Tramo: Mondoñedo-A Xesta', a fin de
evitar más retrasos en la adopción de la solución técnica.
3. Concretar las fases del proceso y los plazos para probar los prototipos antiniebla, desarrollando la Compra Pública Precomercial, de acuerdo a los plazos previstos en el pliego vigente con el objeto de seleccionar aquellos prototipos de
tecnología innovadora relativos a sistemas de protección antiniebla, para solucionar los problemas existentes asociados a la falta de visibilidad.
4. Fijar el horizonte temporal concreto para la puesta en funcionamiento de la solución técnica antiniebla en el tramo de la autovía A-8 indicado, de forma que en el año 2020 se pueda circular por dicha vía con garantías de seguridad y
funcione como la autovía programada para evitar las vetustas carreteras nacionales como la N-634.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, de la agrupación parlamentaria de En Marea, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley de este
Grupo Parlamentario (UP-ECP-EM), que se debatirá en la sesión de la Comisión de Seguridad Vial el miércoles 27 de junio, sobre la mejora de la seguridad vial en la N-634 a su paso por la comarca lucense de A Mariña, zona de desvío de tráfico de la
DGT por los cierres de la A-8 debido a los problemas de inseguridad vial.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
1. Realizar cuanto antes actuaciones de mejora de la seguridad vial en la N-634 a su paso por la comarca lucense de A Mariña, que presenta varios tramos en mal estado, especialmente preocupante en la zona donde la DGT desvía el tráfico
debido a los constantes cierres de la autovía A-8 entre Mondoñedo y A Xesta por las espesas nieblas.
2. Ejecutar íntegramente la partida de 5,4 millones de euros contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio 2018, y que figura como 'A-8: sistema de protección antiniebla Tramo: Mondoñedo-A Xesta', a fin de
evitar más retrasos en la adopción de la solución técnica.
3. Concretar las fases del proceso y los plazos temporales para probar los prototipos antiniebla de modo que exista un compromiso real y no se produzcan más demoras para la operatividad de una autovía ineficaz desde su inauguración en 2014.
4. Fijar el horizonte temporal concreto para la puesta en funcionamiento de la solución técnica antiniebla en el tramo de la autovía A-8 indicado, de forma que en el año 2020 se pueda circular por dicha vía con garantías de seguridad y
funcione como la autovía programada para evitar las vetustas carreteras nacionales como la N-634.'
Justificación.
Actualización de la parte resolutiva y mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A la Mesa de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre la mejora de la seguridad vial en la N-634 a su paso por la comarca lucense de A Mariña, zona de desvío del tráfico de la DGT por los cierres de la A-8 debido a problemas de inseguridad vial, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Enmienda
De sustitución.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar trabajando en aras a garantizar que los usuarios de la A-8 y de la N-634 circulen en todo momento en unas adecuadas condiciones de seguridad vial.
2. Desarrollar la Compra Pública Precomercial (CPP), de acuerdo a los plazos previstos en el Pliego vigente, con objeto de seleccionar aquellos prototipos de tecnología innovadora relativa a sistemas de protección antiniebla, una vez quede
acreditada su validez y eficacia, para solucionar la problemática existente asociada a la reducción de la visibilidad provocada por la presencia de niebla densa en el tramo de la autovía A-8 entre Mondoñedo y A Xesta, con objeto de proceder a su
implantación sobre el citado tramo de carretera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la mejora cíe la seguridad vial en la N-634 a su paso por la comarca lucense de A Mariña, zona de desvió del tráfico de la DGT por los cierres de la A-8 debido a problemas de
inseguridad vial.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Priorizar dentro de los planes de conservación de la red de carreteras del estado en la provincia de Lugo, las necesarias y urgentes actuaciones de mejora de la seguridad vial en la N-634 a su paso por la comarca lucense de A Mariña con
muchos tramos en mal estado, especialmente en las zonas donde la DGT desvía el tráfico debido a los constantes cierres por problemas de inseguridad vial de la autovía Transcantábrica, la A-8.
- Ejecutar con urgencia la partida presupuestaria prevista en los PGE 2018 para la experimentación de los prototipos de tecnología innovadora relativos a sistemas de protección antiniebla en la A-8, en el tramo entre Abadin y Mondoñedo (A
Mariña, Lugo) y la posterior aplicación de la solución técnica que se decida implantar en dicho tramo de la Autovía A-8.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003038
La Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, en su sesión del día 27 de junio de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la constante actualización de la aplicación de la DGT para teléfonos
móviles y tabletas digitales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 316, de 13 de marzo de 2018, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar actualizaciones de la aplicación de la DGT que permita que pueda ser usada por teléfonos móviles que hayan actualizado su sistema operativo.
2. Crear una aplicación para tablets, tanto de sistema operativo Android, como iOS.
3. Que en esas aplicaciones se vuelque de forma inmediata toda la información que pudiera ser de interés para la DGT y los usuarios de la Red de Carreteras del Estado.
4. Que se llegue a un acuerdo con las Comunidades Autónomas y demás Administraciones con competencias en la explotación y mantenimiento de carreteras para que haya un intercambio de información instantánea que también pudiera recoger la
aplicación de la DGT.
5. La DGT ofrecerá a esas Administraciones un sistema operativo y de gestión de una aplicación, que pudiera incluir la imagen corporativa de la Administración correspondiente, y permitiera compartir la información que se vuelca en la misma
de forma instantánea.
6. Incluir en su aplicación información instantánea sobre, como mínimo:
a) Estado de la Red de Carreteras del Estado.
b) Posibilidad de notificaciones de incidencias en el área próxima al punto que hubiera seleccionado el usuario.
c) Radares fijos y móviles.
d) La mejor ruta para llegar a un destino.
7. Además, accediendo con el oportuno proceso de identificación, podrá obtener información referente a la consulta de puntos, vencimiento de carnet o información sobre el resultado de pruebas para la obtención de cualquier permiso de
conducir.
8. La aplicación servirá para difundir campañas de sensibilización sobre el uso del teléfono móvil mientras se conduce, con el objetivo de advertir a los conductores del riesgo que supone. Asimismo, se difundirán otras campañas de
sensibilización o información que esté promoviendo la DGT y la posibilidad de reenviarlas a través de otras aplicaciones.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre la constante actualización de la aplicación de la DGT
para teléfonos móviles y tabletas digitales presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda
De adición.
Texto que se propone:
Se añade un nuevo punto a la sección propositiva de la Proposición no de Ley, con la siguiente redacción:
'En cualquier caso, se reforzarán las campañas de sensibilización sobre el uso del móvil al volante, con el objetivo de advertir a los conductores del riesgo que supone utilizarlo mientras se conduce.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa de la Comisión de Seguridad vial y Movilidad Sostenible
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Socialista sobre la constante actualización de la aplicación de la DGT para teléfonos móviles y tabletas digitales.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar actualizaciones de la aplicación de la DGT que permita que pueda ser usada por teléfonos móviles que hayan actualizado su sistema operativo.
2. Crear una aplicación para tablets, tanto de sistema operativo Android, como iOS.
3. Que en esas aplicaciones se vuelque de forma inmediata toda la información que pudiera ser de interés para la DGT y los usuarios de la Red de Carreteras del Estado.
4. Que se llegue a un acuerdo con las Comunidades Autónomas y demás administraciones con competencias en la explotación y mantenimiento de carreteras para que haya un intercambio de información instantánea que también pudiera recoger la
aplicación de la DGT.
5. La DGT ofrecerá a esas administraciones un sistema operativo y de gestión de una aplicación, que pudiera incluir la imagen corporativa de la administración correspondiente, y permitiera compartir la información que se vuelca en la misma
de forma instantánea.
6. Incluir en su aplicación información instantánea sobre, como mínimo:
a) Estado de la Red de Carreteras del Estado.
b) Posibilidad de notificaciones de incidencias en el área próxima al punto que hubiera seleccionado el usuario.
c) Radares fijos y móviles.
d) La opción a elegir la ruta más segura, más rápida o más económica para llegar a un destino.
7. Permitir la accesibilidad del usuario con la DGT, obteniendo como mínimo la información referida a la consulta de puntos, vencimiento de carnet e información online para los examinandos para la obtención de cualquier permiso de
conducir.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003292
La Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, en su sesión del día 27 de junio de 2018, aprobó la Proposición no de Ley relativa a implementar cursos específicos para evitar la siniestralidad ciclista y peatonal, tanto para
personas infractoras como para profesionales conduciendo en servicios públicos y vehículos con Masa Máxima Autorizada (MMA) de más de 3.500 kg., presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en
el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361, de 4 de junio de 2018, en sus propios términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. Crear un programa especial de la DGT dirigido a aquellas personas que se hayan visto involucradas en siniestros con personas peatones o ciclistas con resultado de heridas graves o fallecimiento al objeto de que puedan entender mejor el
punto de vista de la movilidad peatonal y/o ciclista.
2. Instar a la Dirección General de Tráfico a crear un 'curso de concienciación sobre riesgo inducido a ciclistas mediante prácticas reales de uso de bicicleta en el entorno urbano' para ser impartido en la obtención de licencias de
conducción de vehículos de prestación de servicios públicos (transporte público, Taxi, servicios de emergencia, etc.) y vehículos con MMA mayor a 3.500 kg.
3. Instar a la Dirección General de Tráfico a que dichos cursos de 'concienciación sobre riesgo inducido a ciclistas mediante prácticas reales de uso de bicicleta en entorno urbano' sean impartidos, preferentemente, por entidades expertas
en el uso de la bicicleta en la ciudad y con conocimiento de la casuística de los siniestros con ciclistas implicados.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a implementar cursos específicos para evitar la
siniestralidad ciclista y peatonal, tanto para personas infractoras como para profesionales conduciendo en servicios públicos y vehículos con Masa Máxima Autorizada (MMA) de más de 3300 kg presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
Se modifica la sección propositiva de la Proposición no de Ley, que queda redactada en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, a la mayor brevedad, el Plan estratégico estatal de la bicicleta, la Estrategia de seguridad vial 2018-2020 y el Plan de medidas contra la siniestralidad de vulnerables.'
Texto que se sustituye:
'Por todo ello, instamos al Gobierno a:
1. Crear un programa especial de la DGT dirigido a aquellas personas que se hayan visto involucradas en siniestros con personas peatones o ciclistas con resultado de heridas graves o fallecimiento al objeto que puedan entender mejor el
punto de vista de la movilidad peatonal y/o ciclista.
2. Instar a la Dirección General de Tráfico a crear un 'curso de concienciación sobre riesgo inducido a ciclistas mediante prácticas reales de uso de bicicleta en el entorno urbano' para ser impartido en la obtención de licencias de
conducción de vehículos de prestación de servicios públicos (transporte público, taxi, servicios de emergencia, etc.) y vehículos con MMA mayor a 3.500 Kg.
3. Instar a la Dirección General de Tráfico a que dichos cursos de 'concienciación sobre riesgo inducido a ciclistas mediante prácticas recríes de uso de bicicleta en entorno urbano', sean impartidos preferentemente, por entidades expertas
en el uso de la bicicleta en la ciudad y con conocimiento de la casuística de los siniestros con ciclistas implicados.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002128
La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en su sesión del día 27 de junio de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre regulación e inspección de los equipos de juego hinchables, parques de
bolas y otros centros de ocio infantil, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 208, de 14 de septiembre de 2017, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a:
1. Elaborar, en el plazo de un año, una normativa básica que regule la fabricación, mantenimiento e instalación de los equipos de juego hinchables, parques de bolas y otros centros de ocio infantil y que establezca la obligación de disponer
de un monitor u operador que controle el buen funcionamiento del equipo y la seguridad por parte de los usuarios.
2. Incrementar las inspecciones con el objeto de garantizar los máximos niveles de seguridad e higiene en este tipo de instalaciones infantiles.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194,2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre regulación e inspección de los equipos de juego hinchables, parques de bolas y otros centros de ocio infantil, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda
Al punto 1
De modificación.
'1. Elaborar, en el plazo de un año, una normativa básica que regule la fabricación, mantenimiento e instalación de los equipos de juego hinchables, parques de bolas y otros centros de ocio infantil y que establezca la obligación de
disponer de un monitor u operador que controle el buen funcionamiento del equipo y la seguridad por parte de los usuarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002498
La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en su sesión del día 27 de junio de 2018, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a introducir una perspectiva de juventud en las políticas públicas, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 252, de 21 de noviembre de 2017.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados.-Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para introducir una perspectiva de juventud en
las políticas públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular,en el Congreso, que se debatirá en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Enmienda
De modificación.
'- Introducir la perspectiva de juventud e infancia en todas las políticas públicas, de forma que se tenga en cuenta de manera transversal.
- Incluir un análisis del impacto juvenil e infantil en todos los proyectos legislativos que se impulsen desde el Gobierno, asegurando la creación de un modelo de informe adaptado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Miguel Vila Gómez, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003091
La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en su sesión del día 27 de junio de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la elaboración de un plan nacional de prevención de reacciones
anafilácticas en centros educativos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 326, de 27 de marzo de 2018, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y a la Conferencia Sectorial de Educación, la necesidad de trabajar junto a los ejecutivos autonómicos, profesionales
sanitarios y sociedades científicas, Asociaciones de Madres y Padres, la creación de un plan nacional de prevención de reacciones anafilácticas en centros educativos, facilitando la existencia de los inyectables y aumentando los conocimientos para
su uso en los centros educativos. Este plan nacional deberá:
a) Garantizar la existencia de auto-inyectores de adrenalina en los botiquines de los centros educativos.
b) Desarrollar y poner en marcha un protocolo de actuación que contemple la identificación, evaluación y tratamiento urgente en caso de reacciones anafilácticas por los docentes y personal laboral del centro.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon cuatro enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Ciudadanos para la elaboración de un plan nacional de prevención de reacciones anafilácticas en centros educativos.
Enmienda
De adición.
Se propone la adición de la palabra 'genérica' en el apartado a), quedando el texto de la siguiente manera:
'a) Garantizar la existencia de autoinyectores de adrenalina en su versión genérica en los botiquines de los centros educativos.'
Justificación.
Mejora técnica.
Enmienda
De adición.
Se propone la adición de un último punto:
'c) Poner en marcha un estudio sobre la prevalencia, las causas y las características de las reacciones anafilácticas así como su posible relación con la calidad de alimentación en los centros educativos.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Ángela Rodríguez Martínez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley sobre la elaboración de un plan nacional de prevención de reacciones anafilácticas en centros educativos, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Enmienda
De sustitución.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trasladar al Consejo Interterritorial del SNS la necesidad de trabajar, junto a las CCAA, que son las que tienen las competencias a nivel sanitario y a nivel educativo, en la elaboración de
una estrategia nacional de prevención de reacciones anafilácticas en centros educativos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la
elaboración de un plan nacional de prevención de reacciones anafilácticas en centros educativos.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y a la Conferencia Sectorial de Educación, la necesidad de trabajar junto a los ejecutivos autonómicos, profesionales
sanitarios y sociedades científicas, organizaciones sociales que trabajan con las personas afectadas, Asociaciones de Madres y Padres, y con las escuelas de padres y madres, en la adopción de un plan de actuación que incluya la dispensación de los
autoinyectores de adrenalina, y profundice en los conocimientos necesarios para su uso en los centros educativos. Este plan deberá:
a) Garantizar la existencia de autoinyectores de adrenalina en los botiquines de los centros educativos.
b) Desarrollar y poner en marcha un protocolo de actuación que contemple la identificación, evaluación y tratamiento urgente en caso de reacciones anafilácticas por los docentes y personal laboral del centro.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003288
La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en su sesión del día 27 de junio de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa al desarrollo y promoción del sistema de acogimiento familiar frente al
residencial para las y los menores de edad bajo medidas de protección, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361, de 4 de junio
de 2018, en los siguientes términos:
'1. Poner en marcha las medidas necesarias para reducir a un máximo de 20 % el acogimiento residencial frente al familiar en la presente legislatura.
2. En los próximos Presupuestos Generales del Estado se asignarán los recursos necesarios para una partida finalista dirigida a Programas de Acogimiento Familiar.
3. Asegurar el eficaz desarrollo de un sistema de apoyo a familias, dotando de los recursos necesarios para evitar las situaciones de exclusión y pobreza en las familias, y para fomentar la parentalidad positiva.
4. Mejorar la coordinación con los servicios sociales respecto a la intervención con la familia de origen para transformar la situación de manera que los y las menores de edad puedan volver a su casa en el menor tiempo posible.
5. Asegurar que se mantiene el vínculo entre las familias acogedoras y las biológicas.
6. Impulsar medidas dirigidas a la promoción del acogimiento familiar, tales como campañas dirigidas directamente a la concienciación social y captación de familias acogedoras.
7. Agilizar el proceso de acogimiento familiar, reduciendo los plazos de espera de una familia que quiere ser acogedora y establecer un tiempo máximo para la revisión de cada solicitud de ser familia acogedora.
8. Tomar las medidas necesarias para corregir el desequilibrio entre la inversión en acogimiento residencial frente al acogimiento en familia ajena o extensa. Redirigir por tanto los presupuestos públicos hacia una apuesta clara por el
fomento y el apoyo del acogimiento familiar.
9. Incluir las ayudas económicas para las familias acogedoras como parte del contrato de acogimiento durante la duración de la misma, para que no estén sujetas a subvenciones con revisión anual.
10. Aumentar la cuantía anual para las familias acogedoras por menor acogido/a por un importe suficiente para cubrir las necesidades del/ la menor de edad.
11. Asegurar que las familias acogedoras reciben el suficiente apoyo psicosocial para poder desarrollar plenamente su rol acogedor.
12. Establecer los mecanismos y poner a disposición las medidas que sean necesarias para asegurar que en el proceso las niñas, niños y adolescentes son escuchadas/os y tenidas/os en cuenta.
13. Desarrollar medidas específicas para hacer frente a las situaciones de menores de edad en situaciones de mayor vulnerabilidad, como son los menores extranjeros no acompañados o pertenecientes a minorías culturales, para quienes se
desarrollará un programa de medidas específicas para favorecer el acogimiento familiar.
14. Garantizar que, como establece la Ley 26/2015, del 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, ningún menor de tres menos años está institucionalizado, y elaborar un Plan de Protección parar
los/as menores de seis años cuya guarda o tutela haya sido asumida por la Administración para que en el plazo máximo de seis meses no se acuerde el acogimiento residencial para estos/as menores de edad, salvo en caso de imposibilidad, debidamente
acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior del menor.
15. Dotar a las familias y a la Administración de recursos suficientes para atender perfiles específicos de niñas, niños y adolescentes con diversidad funcional, problemas de salud mental u otras situaciones que pueden hacer que resulte más
complejo el proceso de acogimiento familiar.
16. Realizar por parte de la Administración correspondiente un estudio anual sobre el sistema de protección que incluya un diagnóstico y una evaluación de las políticas encaminadas a la promoción y mejora del acogimiento familiar.
17. Elaborar un Programa Marco de Acogimiento Familiar para abordar la especialización del programa, crear un equipo específico de asesoramiento, seguimiento y apoyo a las familias acogedoras.
18. Desarrollar un sistema eficaz y transparente de recogida de datos y de sistematización de los mismos. Homogeneizar la recogida y análisis de los datos según la normativa en materia de protección, y publicar las memorias estadísticas y
presupuestarias, asegurando el acceso a las mismas.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y promoción del sistema de acogimiento familiar frente al residencial para las y los menores de edad bajo medidas de protección.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, insta al Gobierno a:
1. Continuar desarrollando las medidas contempladas en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, a fin de seguir primando el acogimiento familiar sobre el residencial.
2. Asegurar el eficaz desarrollo de un sistema de apoyo a familias, dotando de los recursos necesarios para evitar las situaciones de exclusión y pobreza en las familias, y para fomentar la parentalidad positiva.
3. Mejorar la coordinación con los servicios sociales respecto a la intervención con la familia de origen para transformar la situación de manera que los y las menores de edad puedan volver a su casa en el menor tiempo posible.
4. Asegurar que se mantiene el vínculo entre las familias acogedoras y las biológicas.
5. Promocionar el acogimiento familiar frente al residencial, poniendo, para ello, en marcha, campañas divulgativas y ofreciendo al ciudadano, a través del sitio web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, información a las
familias acogedoras y posibles acogedores sobre el acogimiento, concretamente del familiar, a fin de promocionar esta medida e impulsando medidas de concienciación para que la sociedad conozca qué es el acogimiento familiar, qué beneficios tiene
para los niños y las niñas y el perfil de los que se encuentran en los centros esperando la llegada de una familia.
6. Agilizar el proceso de acogimiento familiar, reduciendo los plazos de espera de una familia que quiere ser acogedora y establecer un tiempo máximo para la revisión de cada solicitud de ser familia acogedora.
7. Tomar las medidas necesarias para corregir el desequilibrio entre la inversión en acogimiento residencial frente al acogimiento en familia ajena o extensa. Redirigir por tanto los presupuestos públicos hacia una apuesta clara por el
fomento y el apoyo del acogimiento familiar.
8. Estudiar la conveniencia de la inclusión de las ayudas económicas para las familias acogedoras como parte del contrato de acogimiento durante la duración de la misma, para que no estén sujetas a subvenciones con revisión anual.
9. Revisar la cuantía anual que reciben las familias acogedoras por menor acogido/a.
10. Asegurar que las familias acogedoras reciben el suficiente apoyo psicosocial para poder desarrollar plenamente su rol acogedor.
11. Reforzar los mecanismos y, en su caso, poner a disposición las medidas que sean necesarias para asegurar que en el proceso las niñas, niños y adolescentes son escuchadas/os y tenidas/os en cuenta.
12. Continuar con el desarrollo de medidas específicas para hacer frente a las situaciones de menores de edad en situaciones de mayor vulnerabilidad, como son los menores extranjeros no acompañados o pertenecientes a minorías culturales,
para quienes se desarrollará un programa de medidas específicas para favorecer el acogimiento familiar.
13. Garantizar que, como establece la Ley 26/2015 del 28 de julio, ningún menor de tres o menos años está institucionalizado, y elaborar un Plan de Protección parar los/as menores de seis años cuya guarda o tutela haya sido asumida por la
Administración para que en el plazo máximo de seis meses no se acuerde el acogimiento residencial para estos/as menores de edad, salvo en caso de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o
cuando esta medida no convenga al interés superior del menor.
14. Dotar a las familias y administración de recursos suficientes para atender perfiles específicos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, problemas de salud mental u otras situaciones que pueden hacer que resulte más complejo el
proceso de acogimiento familiar.
15. Realizar por parte de la Administración correspondiente un estudio anual sobre el sistema de protección que incluya un diagnóstico y una evaluación de las políticas encaminadas a la promoción y mejora del acogimiento familiar.
16. Elaborar un Programa Marco de Acogimiento Familiar para abordar la especialización del programa, crear un equipo específico de asesoramiento, seguimiento y apoyo a las familias acogedoras.
17. Desarrollar un sistema eficaz y transparente de recogida de datos y de sistematización de los mismos. Homogeneizar la recogida y análisis de los datos según la normativa en materia de protección, y publicar las memorias estadísticas y
presupuestarias, asegurando el acceso a las mismas.
18. Implementar las medidas necesarias para que las familias acogedoras disfruten de los mismos derechos que la Administración reconoce a las unidades familiares con hijos biológicos o adoptados. Estas medidas afectarán a todos los ámbitos
en los que sea necesario. Entre ellas, se llevarán a cabo las siguientes:
a) Facilitar, de manera urgente, la adquisición de la nacionalidad española en el caso de menores de origen extranjero que hayan estado sujetos legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles, en los
términos regulados por la legislación civil.
b) Adecuar la regulación del IRPF.
c) Plantear, en marco del Pacto de Toledo, la ampliación de la acción protectora de la Seguridad Social.
d) Adecuar el régimen de becas y ayudas al estudio.
19. Establecer criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en lo relativo a los elementos esenciales de los procedimientos de acogimiento familiar, incluyendo:
a) Composición, número y titulación de los equipos profesionales que deben intervenir.
b) Valoración de la aptitud de las familias.
c) Compensación económica, tanto para el acogimiento especializado como para el ordinario, con especial atención a las necesidades derivadas del acogimiento de menores con discapacidad.
d) Campañas informativas a fin de que la ciudadanía conozca el acogimiento familiar y los beneficios que tiene para los niños y las niñas.
e) Fomento del asociacionismo de las personas y familias acogedoras.
f) Atención integral a jóvenes ex tutelados: formación en habilidades y competencias para favorecer su madurez y propiciar su autonomía personal y social al cumplir los dieciocho años de edad.
20. Llevar a cabo un programa de seguimiento, con medidas de apoyo social y prestaciones, para la preparación de la vida independiente hasta los veinticinco años de los menores que hayan estado bajo tutela, guarda o acogimiento de un
ciudadano o institución españoles.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003319
La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en su sesión del día 27 de junio de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre apoyo a las familias acogedoras, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 361, de 4 de junio de 2018, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, a:
1. Implementar medidas necesarias para que las familias acogedoras disfruten de algunos de los derechos que la Administración reconoce a las unidades familiares con hijos biológicos o adoptados. Entre ellas, se llevarán a cabo las
siguientes:
a) Facilitar, de manera urgente, la adquisición de la nacionalidad española en el caso de menores de origen extranjero que hayan estado sujetos legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles, en los
términos regulados por la legislación civil.
b) Adecuar la regulación del IRPF.
c) Plantear, en marco del Pacto de Toledo, la ampliación de la acción protectora de la Seguridad Social.
d) Adecuar el régimen de becas y ayudas al estudio.
2. Establecer criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en lo relativo a los elementos esenciales de los procedimientos de acogimiento familiar, incluyendo:
a) Composición, número y titulación de los equipos profesionales que deben intervenir.
b) Valoración de la aptitud de las familias.
c) Compensación económica, tanto para el acogimiento especializado como para el ordinario, con especial atención a las necesidades derivadas del acogimiento de menores con discapacidad.
d) Campañas informativas a fin de que la ciudadanía conozca el acogimiento familiar y los beneficios que tiene para los niños y las niñas.
e) Fomento del asociacionismo de las personas y familias acogedoras.
f) Atención integral a jóvenes ex tutelados: formación en habilidades y competencias para favorecer su madurez y propiciar su autonomía personal y social al cumplir los dieciocho años de edad.
3. Llevar a cabo un programa de seguimiento, con medidas de apoyo social y prestaciones, para la preparación de la vida independiente hasta los veinticinco años de los menores que hayan estado bajo tutela, guarda o acogimiento de un
ciudadano o institución españoles.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Confedera de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley
sobre apoyo a las familias acogedoras, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que se debatirá en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación del texto del punto número 1 de la Proposición no de Ley, quedando redactado de la siguiente manera:
'1. Implementar medidas necesarias para que las familias acogedoras disfruten de algunos de los derechos que la Administración reconoce a las unidades familiares con hijos biológicos o adoptados. Entre ellas, se llevarán a cabo las
siguientes:'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a
las familias acogedoras.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, insta al Gobierno a:
1. Continuar desarrollando las medidas contempladas en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, a fin de seguir primando el acogimiento familiar sobre el residencial.
2. Asegurar el eficaz desarrollo de un sistema de apoyo a familias, dotando de los recursos necesarios para evitar las situaciones de exclusión y pobreza en las familias, y para fomentar la parentalidad positiva.
3. Mejorar la coordinación con los servicios sociales respecto a la intervención con la familia de origen para transformar la situación de manera que los y las menores de edad puedan volver a su casa en el menor tiempo posible.
4. Asegurar que se mantiene el vínculo entre las familias acogedoras y las biológicas.
5. Promocionar el acogimiento familiar frente al residencial, poniendo, para ello, en marcha, campañas divulgativas y ofreciendo al ciudadano, a través del sitio web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, información a las
familias acogedoras y posibles acogedores sobre el acogimiento, concretamente del familiar, a fin de promocionar esta medida e impulsando medidas de concienciación para que la sociedad conozca qué es el acogimiento familiar, qué beneficios tiene
para los niños y las niñas y el perfil de los que se encuentran en los centros esperando la llegada de una familia.
6. Agilizar el proceso de acogimiento familiar, reduciendo los plazos de espera de una familia que quiere ser acogedora y establecer un tiempo máximo para la revisión de cada solicitud de ser familia acogedora.
7. Tomar las medidas necesarias para corregir el desequilibrio entre la inversión en acogimiento residencial frente al acogimiento en familia ajena o extensa. Redirigir por tanto los presupuestos públicos hacia una apuesta clara por el
fomento y el apoyo del acogimiento familiar.
8. Estudiar la conveniencia de la inclusión de las ayudas económicas para las familias acogedoras como parte del contrato de acogimiento durante la duración de la misma, para que no estén sujetas a subvenciones con revisión anual.
9. Revisar la cuantía anual que reciben las familias acogedoras por menor acogido/a.
10. Asegurar que las familias acogedoras reciben el suficiente apoyo psicosocial para poder desarrollar plenamente su rol acogedor.
11. Reforzar los mecanismos y, en su caso, poner a disposición las medidas que sean necesarias para asegurar que en el proceso las niñas, niños y adolescentes son escuchadas/os y tenidas/os en cuenta.
12. Continuar con el desarrollo de medidas específicas para hacer frente a las situaciones de menores de edad en situaciones de mayor vulnerabilidad, como son los menores extranjeros no acompañados o pertenecientes a minorías culturales,
para quienes se desarrollará un programa de medidas específicas para favorecer el acogimiento familiar.
13. Garantizar que, como establece la Ley 26/2015 del 28 de julio, ningún menor de 3 o menos años está institucionalizado, y elaborar un Plan de Protección parar los/as menores de 6 años cuya guarda o tutela haya sido asumida por la
Administración para que en el plazo máximo de 6 meses no se acuerde el acogimiento residencial para estos/as menores de edad, salvo en caso de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o
cuando esta medida no convenga al interés superior del menor.
14. Dotar a las familias y administración de recursos suficientes para atender perfiles específicos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, problemas de salud mental u otras situaciones que pueden hacer que resulte más complejo el
proceso de acogimiento familiar.
15. Realizar por parte de la Administración correspondiente un estudio anual sobre el sistema de protección que incluya un diagnóstico y una evaluación de las políticas encaminadas a la promoción y mejora del acogimiento familiar.
16. Elaborar un Programa Marco de Acogimiento Familiar para abordar la especialización del programa, crear un equipo específico de asesoramiento, seguimiento y apoyo a las familias acogedoras.
17. Desarrollar un sistema eficaz y transparente de recogida de datos y de sistematización de los mismos. Homogeneizar la recogida y análisis de los datos según la normativa en materia de protección, y publicar las memorias estadísticas y
presupuestarias, asegurando el acceso a las mismas.
18. Implementar las medidas necesarias para que las familias acogedoras disfruten de los mismos derechos que la Administración reconoce a las unidades familiares con hijos biológicos o adoptados. Estas medidas afectarán a todos los ámbitos
en los que sea necesario. Entre ellas, se llevarán a cabo las siguientes:
a) Facilitar, de manera urgente, la adquisición de la nacionalidad española en el caso de menores de origen extranjero que hayan estado sujetos legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles, en los
términos regulados por la legislación civil.
b) Adecuar la regulación del IRPF.
c) Plantear, en marca del Pacto de Toledo, la ampliación de la acción protectora de la Seguridad Social.
d) Adecuar el régimen de becas y ayudas al estudio,
10. Establecer criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en lo relativo a los elementos esenciales de los procedimientos de acogimiento familiar, incluyendo:
a) Composición, número y titulación de los equipos profesionales que deben intervenir.
b) Valoración de la aptitud de las familias.
c) Compensación económica, tanto para el acogimiento especializado como para el ordinario, con especial atención a las necesidades derivadas del acogimiento de menores con discapacidad.
d) Campañas informativas a fin de que la ciudadanía conozca el acogimiento familiar y los beneficios que tiene para los niños y las niñas.
e) Fomento del asociacionismo de las personas y familias acogedoras.
f) Atención integral a jóvenes ex tutelados: formación en habilidades y competencias para favorecer su madurez y propiciar su autonomía personal y social al cumplir los dieciocho años de edad.
20. Llevar a cabo un programa de seguimiento, con medidas de apoyo social y prestaciones, para la preparación de la vida independiente hasta los veinticinco años de los menores que hayan estado bajo tutela, guarda o acogimiento de un
ciudadano o institución españoles.'
Justificación
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003363
La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en su sesión del día 27 de junio de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la toma de medidas que permitan dar respuesta de acceso gratuito y
público a la atención educativa de niños y niñas de 0 a 3 años, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 377, de 26 de junio de
2018, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar de las Comunidades Autónomas una evaluación del estado de situación de la Educación Infantil en el Ciclo cero-tres años en cada uno de sus territorios cuantificando los recursos necesarios.
2. Impulsar en la Conferencia de Presidentes la creación de una comisión técnica de trabajo que, coordinada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y contemplando las competencias de las Comunidades Autónomas en este ámbito,
elabore un documento marco sobre la atención educativa y asistencial a los niños y niñas menores de tres años, que tenga como principal eje vertebrador la red de escuelas infantiles públicas.
Este documento marco incluirá, entre otros aspectos los siguientes:
a) Diagnóstico y análisis de la realidad en la atención educativa a los niños y niñas menores de tres años.
b) Orientaciones básicas para todas las administraciones.
c) Catálogo de propuestas y servicios.
d) Propuesta de criterios de dotación de los servicios de atención temprana.
e) Definir la dependencia de los/las profesionales de la educación del Ciclo Infantil cero-tres años de las Administraciones educativas.
3. Potenciar la etapa de Educación Infantil respetando las competencias de las Comunidades Autónomas y facilitando la promoción y la generalización de la oferta educativa de cero a tres años de plazas de titularidad pública a través de
programas de cooperación territorial con partidas finalistas para la creación de Centros de Educación Infantil y para una implantación exitosa.
4. Garantizar que la educación de cero a tres años tenga aprobado un currículo regulado por normativa estatal, de carácter global, integral, laico, participativo e inclusivo que esté centrado en los derechos y necesidades de los niños y
niñas.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, relativa a la toma de medidas que permitan dar respuesta de acceso gratuito y público a la atención educativa de niños y niñas de cero a tres años.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas que permitan el acceso a la educación de cero a tres años a todas las familias que así lo deseen, y para ello:
1. Solicita de las CCAA una evaluación previa para establecer las necesidades existentes en cada una de ellas, cuantificando los recursos necesarios para cubrir las plazas de cero a tres años en su territorio.
2. Solicita a la Conferencia de Presidentes que impulse una comisión técnica de trabajo que elabore un documento marco sobre la atención educativa y asistencial a los niños y niñas menores de tres años, que tenga como principal eje
vertebrador la red de escuelas infantiles financiadas con fondos públicos.
Este documento marco incluirá, entre otros aspectos los siguientes:
a) Diagnóstico y análisis de la realidad en la atención educativa a los niños y niñas menores de tres años.
b) Orientaciones básicas para todas las administraciones.
c) Catálogo de propuestas de servicios.
d) Propuesta de criterios de dotación de los servicios de atención temprana.
3. Aumentar la dotación presupuestaria a fin de colaborar con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a garantizar el acceso gratuito a la educación infantil pública desde los cero a los tres años para todos los niños y niñas.
4. Establecer un calendario y hoja de ruta que fije y asegure que la educación cero a tres años pase a ser una etapa educativa completa, y no un servicio meramente asistencial.
5. Asegurar que la supervisión de la prestación del servicio de educación cero a tres años en los diferentes centros educativos es supervisado por la administración educativa a través de la inspección educativa.
6. Garantizar que la educación de cero a tres años tenga aprobado un currículum regulado por normativo estatal, de carácter global, integral, participativo e inclusivo centrado en los derechos y necesidades de niños y niñas.'
Texto que se modifica:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas que permitan el acceso a la educación de cero a tres años a todas las familias que así lo deseen, y para ello:
1. Solicita de las CCAA una evaluación previa para establecer las necesidades existentes en cada una de ellas, cuantificando los recursos necesarios para cubrir las plazas de cero a tres años en su territorio con una red de centros
públicos.
2. Solicita a la Conferencia de Presidentes que impulse una comisión técnica de trabajo que elabore un documento marco sobre la atención educativa y asistencial a los niños y niñas menores de tres años, que tenga como principal eje
vertebrador la red de escuelas infantiles públicas.
Este documento marco incluirá, entre otros aspectos los siguientes:
a) Diagnóstico y análisis de la realidad en la atención educativa a los niños y niñas menores de tres años.
b) Orientaciones básicas para todas las administraciones.
c) Catálogo de propuestas de servicios.
d) Propuesta de criterios de dotación de los servicios de atención temprana.
3. Realizar las transferencias finalistas a las Administraciones autonómicas y locales, que garanticen el acceso gratuito a la educación infantil pública desde los cero a los tres años para todos los niños y niñas del territorio español,
destinando como mínimo 1000 millones de euros anuales dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
4. Establecer una hoja de ruta y un calendario que fije y asegure que la educación cero a tres años pase a ser una etapa educativa, y no solo asistencial y se concierta en una oferta universal, pública y gratuita.
5. Asegurar que los/las profesionales de la educación cero a tres años pasen a depender exclusivamente de las Administraciones Educativas.
6. Garantizar que la educación de cero a tres años tenga aprobado un currículo regulado por normativa estatal, de carácter global, integral, laico, participativo e inclusivo que esté centrado en los derechos y necesidades de los niños y
niñas.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley relativa a la toma de medidas que permitan dar respuesta de acceso gratuito y público a la atención educativa de niños y niñas de cero a tres años, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar de las Comunidades Autónomas una evaluación del estado de situación de la Educación Infantil en el Ciclo cero-tres años en cada uno de sus territorios.
2. Impulsar en la Conferencia de Presidentes la creación de una comisión técnica de trabajo que, coordinada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y contemplando las competencias de las Comunidades Autónomas en este ámbito,
elabore un documento marco sobre la atención educativa y asistencial a los niños y niñas menores de tres años, que tenga como principal eje vertebrador la red de escuelas infantiles públicas.
Este documento marco incluirá, entre otros aspectos los siguientes:
a) Diagnóstico y análisis de la realidad en la atención educativa a los niños y niñas menores de tres años.
b) Orientaciones básicas para todas las administraciones.
c) Catálogo de propuestas y servicios.
d) Propuesta de criterios de dotación de los servicios de atención temprana.
e) Definir la dependencia de los/las profesionales de la educación del Ciclo Infantil cero a tres años de las Administraciones educativas.
3. Potenciar la etapa de Educación infantil respetando las competencias de las Comunidades Autónomas y facilitando la promoción y la generalización de la oferta educativa de cero a tres años de
plazas de titularidad pública a través de Programas de Cooperación Territorial, responsabilidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y un sistema de becas compensador de las desigualdades sociales y económicas, dotando estas
actuaciones de la financiación suficiente para una implantación exitosa.
4. Garantizar que la educación de cero a tres años tenga aprobado un currículo regulado por normativa estatal, de carácter global, integral, laico, participativo e inclusivo que esté centrado en los derechos y necesidades de los niños y
niñas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la toma de medidas que permitan dar respuesta de acceso gratuito y público a la atención educativa de niños y niñas de cero a tres años.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a avanzar en la progresiva gratuidad y universalidad del primer ciclo de Educación Infantil. El Gobierno establecerá en colaboración con las Comunidades Autónomas y en el marco de la
Conferencia Sectorial de Educación:
1. Un marco común de contenidos educativos y requisitos que deben cumplir los centros y los perfiles profesionales adecuados a esta etapa.
2. Un modelo de financiación sostenible, eficiente, transparente y de corresponsabilidad que defina las medidas necesarias a financiar y la provisión de los fondos necesarios.
3. El modelo de financiación valorará los recursos humanos y materiales de apoyo y de diagnóstico necesarios para garantizar la correcta atención del alumnado que presente necesidades educativas especiales. Asimismo, se coordinarán y
establecerán medidas de detección precoz de niños y niñas con dificultades específicas de aprendizaje.
4. Las administraciones declararán los recursos que destinan en el ámbito de sus competencias a esta etapa de educación infantil, las cuantías provenientes del Acuerdo de Financiación Autonómica y Local y los recursos propios aportados. El
Estado hará lo mismo conforme a los Presupuestos Generales del Estado.
5. Las medidas acordadas estarán sometidas a un proceso de evaluación e impacto sobre la mejora de la calidad del sistema y de la precisa equidad.
6. La progresiva universalidad garantizará una oferta plural de plazas educativas que garantice la adecuada respuesta a la demanda de las familias.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
OTROS TEXTOS
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
044/000042
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Dictamen emitido por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en
relación con el Informe Anual de Evaluación 2016, así como de las propuestas de resolución presentadas a dicho Informe.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 19 de abril de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, apartado 2, de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, en relación con el Informe Anual de Evaluación 2016, emite el siguiente Dictamen:
1. La Comisión Cooperación Internacional para el Desarrollo, en relación con el Informe Anual de Evaluación 2016, acuerda asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y sus recomendaciones.
Importancia de la evaluación de la cooperación y su marco temporal.
2. Esta Comisión comparte el compromiso del Gobierno de incrementar la rendición de cuentas y de utilizar las evaluaciones de manera más estratégica para promover el aprendizaje. A este respecto, se considera que el Informe Anual de
Evaluación constituye una herramienta para promover una mayor transparencia y contribuir a la gestión del conocimiento, por lo que se insta al Gobierno a darle la mayor difusión posible y a impulsar la publicación de las respuestas de gestión a las
evaluaciones.
3. Asimismo, reconoce la potencialidad de la evaluación de las políticas públicas para consolidar un sistema de gestión del conocimiento que pueda contribuir a la mejora de estas políticas públicas y a la transparencia y la rendición de
cuentas, por lo que considera que se debe dar a la evaluación de la política de cooperación internacional para el desarrollo una importancia estratégica dentro del sistema de cooperación.
4. A tal efecto, deben remitirse los informes anuales de evaluación con la mayor celeridad posible para facilitar la labor de control de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Congreso de los Diputados.
5. Del mismo modo que se reconoce la importancia de los informes anuales de evaluación como instrumento esencial para alcanzar los objetivos de la política de evaluación, se considera que para que puedan cumplir su papel deben de
presentarse en la cámara y ante la sociedad civil en un plazo no superior a los 6 meses desde su publicación, y deben publicarse en un plazo no superior a los 6 meses desde la finalización del ejercicio evaluado.
6. La evaluación de las acciones de cooperación constituye un elemento esencial de la política de cooperación al desarrollo puesto que por un lado permite conocer el grado de eficacia y acierto en la consecución de los objetivos previstos
de los programas y proyectos implementados, así como su impacto social y económico, y por tanto permite la evolución y progresiva adaptación a los cambios de la misma, mientras que por otro lado constituye un ejercicio de transparencia sobre la
cantidad, empleo y destino de los recursos que las administraciones públicas destinan a estas políticas. Así pues, cabe afirmar que de la calidad y amplitud de la política de evaluación dependen buena parte de la calidad y prestigio de la política
de cooperación al desarrollo. Por ello, proponemos lo siguiente:
Recursos materiales y humanos.
7. Se propone dar mayor peso e importancia a la política de evaluación, incrementando en el próximo ejercicio de los recursos materiales y humanos destinados a la realización de las acciones de evaluación y su peso en relación con el
montante destinado a la cooperación.
8. Asimismo, mejorar la dotación destinada a las distintas acciones de evaluación permitiendo, que las mismas puedan desarrollarse con unos mínimos de calidad que permitan un correcto examen de los proyectos y actuaciones evaluadas, al
objeto de que las distintas unidades de gestión puedan realizar esa tarea evaluadora de manera adecuada y eficaz.
9. Se hace hincapié en la importancia de dotar de recursos apropiados a la evaluación de las políticas públicas para maximizar su valor añadido. Ante la constatación, a través de los datos aportados en el Informe de Evaluación 2016, de la
reducción de los fondos para evaluación de la política de cooperación (del 0,3 % del total de La AOD bilateral en 2015 se ha pasado al 0,05 en 2016), se insta al Gobierno a incrementar tanto la AOD (para cumplir al menos el compromiso de alcanzar el
0,4 % de la RNB, paso previo al 0,7 %) como el porcentaje que se destina a evaluación.
10. Por tanto, no sólo se deben incrementar los recursos destinados a la evaluación sino también el peso que estos recursos suponen en el total del gasto de la ayuda, ya que la tendencia al descenso que se ha ido dando en los últimos años,
puede afectar al número de evaluaciones realizadas, así como al deterioro de la calidad de las mismas, restando con ello valor a la actividad y transparencia en los procesos de evaluación. Se incrementará, por tanto, el número de evaluaciones para
que estas contribuyan eficazmente a corregir disfunciones a partir de la rendición de cuentas.
11. Debería evitarse el distanciamiento entre la conceptualización, la formulación inicial y la implementación posterior, poniendo remedio a la falta de previsibilidad en materia económica, al descenso de las contribuciones, y en lo
operativo, desarrollando en mayor medida, los mecanismos necesarios para el seguimiento y evaluación.
12. Se insta, asimismo, a garantizar que, en los futuros ejercicios, la evaluación de la cooperación española contará con un volumen adecuado de recursos asignados dentro del presupuesto total para Ayuda Oficial al Desarrollo.
13. En el caso de que los recursos destinados a la evaluación de la cooperación española disminuyan respecto al ejercicio anterior, se deben proporcionar razones justificadas por las que se diera tal disminución.
Número de evaluaciones.
14. Esta Comisión muestra su preocupación por la reducción de las evaluaciones en el ejercicio 2016. Mientras las ONGD han alcanzado un grado de ejecución del 98 % de las evaluaciones planificadas, el Gobierno solo ha finalizado el 68 %,
lo que implica un considerable grado de desconocimiento del uso efectivo que se hace de los recursos de la cooperación al desarrollo. En este sentido, considera que la DGPOLDES y la División de Evaluación deben intensificar su acción evaluadora y
el grado de ejecución de las evaluaciones programadas.
15. Adicionalmente, se debe dar cuenta, en caso de que los futuros informes anuales de evaluación contengan menos evaluaciones que en el ejercicio anterior, de las razones que justifican dicha reducción en el número de evaluaciones.
16. Debe llevarse a cabo el cumplimiento efectivo de las previsiones de evaluación, dotando a las unidades gestoras de las evaluaciones, de las capacidades necesarias para cumplir con las previsiones. El grado de cumplimiento del Plan
Bienal 2015-2016 no es satisfactorio, únicamente las ONGD cumplieron prácticamente con el total de las previsiones (98 %).
17. Más en concreto, se insta a avanzar en una mejora de las previsiones de evaluaciones en los futuros ejercicios para evitar el desequilibrio que se advierte en el Informe Anual de Evaluación 2016 entre previsiones y realizaciones de
evaluaciones.
18. En consecuencia, se propone incrementar el número y peso relativo de las evaluaciones gestionadas por la División de Evaluación de la DGPOLDES, que debe ser el motor y actor líder en la función evaluadora, conforme a la función y
capacidades que tiene encomendada.
19. Se debe reorganizar la carga de las evaluaciones a realizar en cada ejercicio con el objetivo de que las entidades que disponen de más recursos sean las que gestionen más evaluaciones, avanzando
así hacia un modelo más proporcional en lo que respecta a recursos disponibles y responsabilidad de evaluación.
20. En este sentido, también se insta a reorientar el trabajo de la División de Evaluación de DGPOLDES para que asuma un mayor volumen de evaluaciones en cada ejercicio, puesto que es ése su principal objetivo y supone el mejor valor
añadido que la División puede otorgar.
21. Adicionalmente se insta a garantizar, que la selección de evaluaciones se haga de forma más eficiente para que aquéllas que se realicen puedan contar con un volumen de recursos adecuado para permitir una mayor ambición y, por tanto,
cuyos resultados proporcionen conclusiones más completas sobre las que poder mejorar en el futuro.
22. Asimismo, se debe asegurar que la previsión de evaluaciones responde a las necesidades de información del Sistema de cara a la toma de decisiones y a la rendición de cuentas; a dotar adecuadamente, con recursos humanos y medios
financieros tanto a las instituciones gestoras de las evaluaciones como a las propias evaluaciones; y a posibilitar la apertura de espacios a iniciativas innovadoras de evaluación.
Metodología. Calidad.
23. Recuerda que, para que la evaluación sea válida y útil, no puede dar cuenta solo del grado de ejecución o de consecución de ciertos resultados, sino también interpretar, comprender y explicar cómo y por qué la política de cooperación, y
de evaluación, tienen un determinado impacto. Por ello, anima al Gobierno a seguir avanzando en la aplicación y publicación de fichas de calidad y sugiere que los informes anuales de evaluación apliquen los protocolos de calidad e incorporen
propuestas de mejora significativas.
24. Efectivamente, se debe avanzar y generalizar la aplicación de protocolos de calidad de las evaluaciones (incluyendo las fichas preparadas al respecto).
25. Asimismo, reforzar, de cara a futuros ejercicios, la aplicación de los protocolos para el diagnóstico de la calidad de las evaluaciones y para la aplicación de los aprendizajes derivados de las mismas.
26. Se debería evitar, en los próximos informes anuales de evaluación, la consideración de informes de cierre y de auditorías de proyectos como evaluaciones mediante el desarrollo de una clasificación basada en las fichas de calidad
desarrolladas por la División de Evaluación de DGPOLDES.
27. Para mejorar la calidad y utilidad de los informes anuales evaluación deben incorporarse a los mismos:
a) las fichas empleadas en el marco de los protocolos de calidad de las evaluaciones de modo que pueda calibrarse el valor de los distintos ejercicios;
b) una clasificación y presentación de las acciones de evaluación que permita discernir aquellas que por su profundidad, amplitud y calidad constituyen auténticas evaluaciones de calidad e impacto de los proyectos o programas de cooperación,
de aquellas que sin alcanzar esos niveles son auditorías del empleo de los fondos o meros informes de seguimiento;
c) una sección de 'Lecciones Aprendidas' que, lejos de hacer recomendaciones generales, reiteradas y ya conocidas, se centre en los resultados concretos de los ejercicios de evaluación realizados en el año, especialmente en los que puedan
servir de inspiración para implementar buenas prácticas y cambios que mejoren el sistema de cooperación; y
d) dar a conocer mediante una base de datos de acceso las evaluaciones llevadas a cabo por las distintas entidades gestoras de las mismas.
28. Se anima al Gobierno a abordar con seriedad y considerar la importancia de la evaluación para conocer las debilidades de la Cooperación Española y sus vías de mejora, a destinar los recursos económicos y los medios técnicos y humanos
necesarios para transitar hacia una política más innovadora y especializada, hacer más efectivos los procesos de aprendizaje y mejorar su calidad y eficacia.
29. Se insta al Gobierno a hacer un mayor hincapié en las conclusiones y aprendizajes que se deriven de las evaluaciones realizadas en futuros ejercicios, incluyendo en el Informe Anual de Evaluación correspondiente una serie de medidas
concretas a poner en marcha en las evaluaciones del siguiente año.
30. Asimismo, se insta a garantizar que las evaluaciones deriven en respuestas de gestión y planes de mejora, para obtener aprendizajes, mejorar la calidad de la ayuda y retroalimentar eficazmente al sistema.
Metodología. Contenido.
31. Se considera que el Informe de Evaluación 2016 contiene casi en exclusividad datos cuantitativos y descriptivos, importantes pero insuficientes para generar conocimiento sobre el desempeño de la política de cooperación internacional y
garantizar su mejora continua. Por ello, se insta al Gobierno a incorporar en la elaboración de los informes anuales de evaluación un enfoque más analítico, protocolos de calidad e información sobre el tipo y las características de las evaluaciones
llevadas a cabo por los distintos actores de la cooperación, así como a asegurar que los capítulos de lecciones aprendidas se estructuren en torno a una síntesis de conclusiones y recomendaciones que permitan de manera efectiva la mejora de la
cooperación española y su modelo de gestión del conocimiento.
32. Se debe equilibrar, en lo que a la evaluación centralizada se refiere, la evaluación de ámbitos operativos como los programas país con la evaluación de documentos estratégicos, que suponen la mayoría de las evaluaciones.
33. Asimismo, se debe asegurar, en los futuros ejercicios, que las evaluaciones realizadas tienen en cuenta la contribución de las acciones de la cooperación española respecto de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de
la Agenda 2030.
34. Efectivamente, se considera que la evaluación de las acciones de la política de cooperación no debe tener solo en cuenta los objetivos concretos del programa, proyecto o estrategia analizadas, sino que debe estudiar el cumplimiento de
la Agenda 2030, el impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el alineamiento de esas acciones con los Principios Internacionales para la Eficacia para el Desarrollo (apropiación de la implementación de la ayuda por
parte de los países receptores, alineación con las estrategias de desarrollo de los países receptores, armonización de acciones entre donantes, enfoque basado en resultados y rendición mutua y democrática de cuentas).
35. Se constata que este informe de evaluación no incluye información sobre el impacto de género de la política de cooperación española y su análisis en las evaluaciones realizadas. Partiendo de que la igualdad entre hombres y mujeres es
una condición para el desarrollo, para los Derechos Humanos y para la paz, solicita al Gobierno la incorporación de un enfoque feminista en la evaluación de la política de cooperación para el desarrollo. Asimismo, insta al Gobierno a enriquecer la
metodología de evaluación, incorporando de forma más central el análisis de impacto en reducción de desigualdades en línea con lo sugerido en el Consenso Europeo de Desarrollo.
36. Los recortes en la AOD (de más del 70 % desde 2009) y en la política española de cooperación internacional afectan a la calidad, la eficiencia y la eficacia de esta política pública y dificultan la consecución de sus objetivos. En este
sentido, se considera necesario que los informes anuales de evaluación incluyan un análisis del impacto de esta falta de inversión en la consecución de los objetivos de la Cooperación Española y en su Evaluación.
37. Debe conseguirse que la actividad evaluada se corresponda al 100 % y tenga nexos directos con los objetivos de desarrollo incluidos en la planificación estratégica de la Ayuda Oficial al Desarrollo que viene determinada por el propio
Plan Director.
38. Se observa con gran preocupación la ausencia de evaluación del 65 % de la AOD que en 2016 fue canalizado por ministerios diferentes al MAEC, ya que solo se ha visto sujeto a evaluación el 35 % gestionado por el MAEC. El resultado es
que la mayor parte de la AOD española no ha sido evaluada y desconocemos si se ajusta a los objetivos de desarrollo y qué impacto ha tenido. En este sentido, se considera que el MAEC y la AECID deberían ser los actores principales de la política de
cooperación española, tal y como establece la Ley de Cooperación Internacional. Además, se insta al Gobierno a asegurar que la AOD gestionada por otros ministerios esté sujeta a la misma exigencia de cumplimiento de los objetivos de la cooperación
al desarrollo y de evaluación que la gestionada por el MAEC.
39. Es necesario que el Gobierno del Estado español asuma de inmediato el compromiso de establecer políticas de desarrollo que fijen una inversión sostenida de los fondos de la AOD hasta alcanzar el 0,4 % del PIB destinado a Cooperación en
2020, con el objetivo de llegar al 0,7 % en 2030.
Mejoras desde el punto de vista institucional.
40. Se apuesta por aumentar la eficacia de la acción evaluadora y se insta al Gobierno a implantar un sistema de monitoreo orientado a resultados, externo e independiente, que otorgue transparencia y eficacia al sistema de cooperación
española y complemente la evaluación como instrumento de rendición de cuentas y eficacia de la AOD.
41. Se debe promover la gestión del conocimiento e impulsar espacios de intercambio de experiencias entre todos los actores de la cooperación española con el objetivo A de mejorar tanto la calidad de las evaluaciones como de las acciones en
cooperación.
42. Se insta a mejorar los niveles de ejecución presupuestaria, que es baja en bastantes casos y con retrasos en los desembolsos; y a desarrollar un sólido sistema de indicadores y metas que proporcione información detallada sobre el
seguimiento de las intervenciones desde su inicio y hasta su finalización, incluso cuando éstas se prolonguen más allá de un ejercicio anual.
43. Asimismo, se debería abordar de forma general, involucrando a todos los departamentos necesarios, y adoptar con celeridad, las modificaciones normativas indispensables para reducir y racionalizar la importante carga administrativa
relacionada con la justificación de subvenciones de ayuda humanitaria, que soportan las ONG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-La Presidenta de la Comisión, Elena Bastidas Bono.-El Secretario Primero de la Comisión, Diego Clemente Giménez.
A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, me dirijo a esta Mesa para, al amparo del artículo 198 del Reglamento del Congreso, presentar la siguiente propuesta de resolución correspondiente al
Informe Anual de Evaluación correspondiente al año 2016, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2018.-Ángela Ballester Muñoz y Noelia Vera Ruíz-Herrera, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Propuestas de resolución al amparo del Informe Anual de Evaluación 2016:
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo:
Propuesta de resolución núm. 1
Reconoce la potencialidad de la evaluación de las políticas públicas para consolidar un sistema de gestión del conocimiento que pueda contribuir a la mejora de estas políticas públicas y a la transparencia y la rendición de cuentas, por lo
que considera que se debe dar a la evaluación de la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo una importancia estratégica dentro del sistema de cooperación.
Propuesta de resolución núm. 2
Reconoce la importancia de los informes anuales de evaluación como instrumento esencial para alcanzar los objetivos de la política de evaluación pero considera que para que puedan cumplir su papel deben de presentarse en la cámara y ante la
sociedad civil en un plazo no superior a los 6 meses desde su publicación, y deben publicarse en un plazo no superior a los 6 meses desde la finalización del ejercicio evaluado.
Propuesta de resolución núm. 3
Recuerda que, para que la evaluación sea válida y útil, no puede dar cuenta solo del grado de ejecución o de consecución de ciertos resultados, sino también interpretar, comprender y explicar cómo y por qué la política de cooperación, y de
evaluación, tienen un determinado impacto. Por ello, anima al Gobierno a seguir avanzando en la aplicación y publicación de fichas de calidad y sugiere que los informes anuales de evaluación apliquen los protocolos de calidad e incorporen
propuestas de mejora significativas.
Propuesta de resolución núm. 4
Hace hincapié en la importancia de dotar de recursos apropiados a la evaluación de las políticas públicas para maximizar su valor añadido. Ante la constatación, a través de los datos aportados en el Informe de Evaluación 2016, de la
reducción de los fondos para evaluación de la política de cooperación (del 0,3 % del total de la AOD bilateral en 2015 se ha pasado al 0,05 en 2016), insta al Gobierno a incrementar tanto la AOD (para cumplir al menos el compromiso de alcanzar el
0,4 % de la RNB, paso previo al 0,7 %) como el porcentaje que se destina a evaluación.
Propuesta de resolución núm. 5
Los recortes en la AOD (de más del 70 % desde 2009) y en la política española de cooperación internacional afectan a la calidad, la eficiencia y la eficacia de esta política pública y dificultan la consecución de sus objetivos. En este
sentido, considera necesario que los informes anuales de evaluación incluyan un análisis del impacto de esta falta de inversión en la consecución de los objetivos de la Cooperación Española y en su Evaluación.
Propuesta de resolución núm. 6
Considera que el Informe de Evaluación 2016 contiene casi en exclusividad datos cuantitativos y descriptivos, importantes pero insuficientes para generar conocimiento sobre el desempeño de la política de cooperación internacional y
garantizar su mejora continua. Por ello, insta al Gobierno a incorporar en la elaboración de los informes anuales de evaluación un enfoque más analítico, protocolos de calidad e información sobre el tipo y las características de las evaluaciones
llevadas a cabo por los distintos actores de la cooperación, así como a asegurar que los capítulos de lecciones aprendidas se estructuren en torno a una síntesis de conclusiones y recomendaciones que permita de manera efectiva la mejora de la
cooperación española y su modelo de gestión del conocimiento.
Propuesta de resolución núm. 7
Considera que la evaluación de las acciones de la política de cooperación no debe tener solo en cuenta los objetivos concretos del programa, proyecto o estrategia analizadas, sino que debe estudiar el cumplimiento de la Agenda 2030, el
impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el alineamiento de esas acciones con los Principios Internacionales para la Eficacia para el Desarrollo (apropiación de la implementación de la ayuda por parte de los países
receptores, alineación con las estrategias de desarrollo de los países receptores, armonización de acciones entre donantes, enfoque basado en resultados y rendición mutua y democrática de cuentas).
Propuesta de resolución núm. 8
Apuesta por aumentar la eficacia de la acción evaluadora e insta al Gobierno a implantar un sistema de monitoreo orientado a resultados, externo e independiente, que otorgue transparencia y eficacia al sistema de cooperación española y
complemente la evaluación como instrumento de rendición de cuentas y eficacia de la AOD.
Propuesta de resolución núm. 9
Muestra su preocupación por la reducción de las evaluaciones en el ejercicio 2016. Mientras las ONGD han alcanzado un grado de ejecución del 98 % de las evaluaciones planificadas, el gobierno solo ha finalizado el 68 %, lo que implica un
considerable grado de desconocimiento del uso efectivo que se hace de los recursos de la cooperación al desarrollo. En este sentido, considera que DGPOLDE y la División de Evaluación deben intensificar su acción evaluadora y el grado de ejecución
de las evaluaciones programadas.
Propuesta de resolución núm. 10
Observa con gran preocupación la ausencia de evaluación del 65 % de la AOD que en 2016 fue canalizado por ministerios diferentes al MAEC, ya que solo se ha visto sujeto a evaluación el 35 % gestionado por el MAEC. El resultado es que la
mayor parte de la AOD española no ha sido evaluada y desconocemos si se ajusta a los objetivos de desarrollo y qué impacto ha tenido. En este sentido, considera que el MAEC y la AECID deberían ser los actores principales de la política de
cooperación española, tal y como establece la ley de cooperación internacional. Además, insta al Gobierno a asegurar que la AOD gestionada por otros ministerios esté sujeta a la misma exigencia de cumplimiento de los objetivos de la cooperación al
desarrollo y de evaluación que la gestionada por el MAEC.
Propuesta de resolución núm. 11
Constata que este informe de evaluación no incluye información sobre el impacto de género de la política de cooperación española y su análisis en las evaluaciones realizadas. Partiendo de que la igualdad entre hombres y mujeres es una
condición para el desarrollo, para los Derechos Humanos y para la paz, solicita al Gobierno (a incorporación de un enfoque feminista en la evaluación de la política de cooperación para el desarrollo. Asimismo, insta al Gobierno a enriquecer la
metodología de evaluación incorporando de forma más central el análisis de impacto en reducción de desigualdades en línea con lo sugerido en el Consenso Europeo de Desarrollo.
Propuesta de resolución núm. 12
Anima al gobierno a abordar con seriedad y considerar la importancia de la evaluación para conocer las debilidades de la Cooperación Española y sus vías de mejora, a destinar los recursos económicos y los medios técnicos y humanos necesarios
para transitar hacia una política más innovadora y especializada, hacer más efectivos los procesos de aprendizaje y mejorar su calidad y eficacia.
A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana a iniciativa de la diputada Ana María Surra Spadea, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes propuestas de resolución al Informe Anual de Evaluación 2016,
para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Ana María Surra Spadea, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Propuestas de resolución en relación al Informe Anual de Evaluación 2016:
Propuesta de resolución núm. 13
Garantizar que las evaluaciones deriven en respuestas de gestión y planes de mejora, para obtener aprendizajes, mejorar la calidad de la ayuda y retroalimentar eficazmente al sistema.
Propuesta de resolución núm. 14
Garantizar que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sea quien centralice y gestione toda la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español. Mientras se realizan las modificaciones oportunas a tal efecto, es necesario que
en el proceso de evaluación se desarrolle una participación efectiva de todos los Ministerios que gestionan Ayuda oficial al desarrollo, consiguiendo así, que toda la AOD quede sujeta a evaluación y control.
Propuesta de resolución núm. 15
Incrementar los recursos destinados a la evaluación así como el peso que estos recursos suponen en el total del gasto de la ayuda, ya que la tendencia al descenso que se ha ido dando en los últimos años, puede afectar al número de
evaluaciones realizadas, así como al deterioro de la calidad de las mismas, restando con ello, valor a la actividad y transparencia en los procesos de evaluación.
Se incrementará, por tanto, el número de evaluaciones para que estas contribuyan eficazmente a corregir disfunciones a partir de la rendición de cuentas.
Propuesta de resolución núm. 16
Llevar a cabo el cumplimiento efectivo de las previsiones de evaluación, dotando a las unidades gestoras de las evaluaciones, de las capacidades necesarias para cumplir con las previsiones. El grado de cumplimiento del Plan Bienal 2015-2016
no es satisfactorio, únicamente las ONGD cumplieron prácticamente con el total de las previsiones (98 %).
Propuesta de resolución núm. 17
Es necesario que el Gobierno del Estado español asuma de inmediato el compromiso de establecer políticas de desarrollo que fijen una inversión sostenida de los fondos de la AOD hasta alcanzar el 0,4 % del PIB destinado a Cooperación en 2020,
con el objetivo de llegar al 0,7 en 2030.
A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes propuestas de resolución al Informe Anual de
Evaluación 2016 y la actualización del Plan Bienal de Evaluaciones 2017-2018.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Propuestas de resolución (recomendaciones) del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el Informe de Anual de Evaluación 2016 y con el Plan Bienal de Evaluaciones 2017-2018:
I. En relación con el Informe Anual de Evaluación 2016:
Propuesta de resolución núm. 18
La evaluación de las acciones de cooperación constituyen un elemento esencial de la política de cooperación al desarrollo puesto que por un lado permite conocer el grado de eficacia y acierto en la consecución de los objetivos previstos de
los programas y proyectos implementados, así como su impacto social y económico, y por tanto permite la evolución y progresiva adaptación a los cambios de la misma, mientras que por otro lado constituye un ejercicio de transparencia sobre la
cantidad, empleo y destino de los recursos que las administraciones públicas destinan a estas políticas. Así pues, cabe afirmar que de la calidad y amplitud de la política de evaluación dependen buena parte de la calidad y prestigio de la política
de cooperación al desarrollo. Por ello, proponemos lo siguiente:
Propuesta de resolución núm. 19
Dar mayor peso e importancia a la política de evaluación incrementando en el próximo ejercicio de los recursos materiales y humanos destinados a la realización de las acciones de evaluación y su peso en relación con el montante destinado a
la cooperación.
Propuesta de resolución núm. 20
Mejorar la dotación destinada a las distintas acciones de evaluación permitiendo que las mismas puedan desarrollarse con unos mínimos de calidad que permitan un correcto examen de los proyectos y actuaciones evaluadas, al objeto de que las
distintas unidades de gestión puedan realizar esa tarea evaluadora de manera adecuada y eficaz.
Propuesta de resolución núm. 21
Incrementar el número y peso relativo de las evaluaciones gestionadas por la División de Evaluación de la DGPOLDES, que debe ser el motor y actor líder en la función evaluadora, conforme a la función y capacidades que tiene encomendada.
Propuesta de resolución núm. 22
Avanzar y generalizar la aplicación de protocolos de calidad de las evaluaciones (incluyendo las fichas preparadas al respecto).
Propuesta de resolución núm. 23
Promover la gestión del conocimiento e impulsar espacios de intercambio de experiencias entre todos los actores de la cooperación española con el objetivo de mejorar tanto la calidad de las evaluaciones como de las acciones en cooperación.
Propuesta de resolución núm. 24
Mejorar la calidad y utilidad de los informes anuales evaluación incorporando a los mismos:
Propuesta de resolución núm. 25
a) las fichas empleadas en el marco de los protocolos de calidad de las evaluaciones de modo que pueda calibrarse el valor de los distintos ejercicios;
Propuesta de resolución núm. 26
b) una clasificación y presentación de las acciones de evaluación que permita discernir aquellas que por su profundidad, amplitud y calidad constituyen auténticas evaluaciones de calidad e impacto de los proyectos o programas de cooperación,
de aquellas que sin alcanzar esos niveles son auditorías del empleo de los fondos o meros informes de seguimiento;
Propuesta de resolución núm. 27
c) una sección de 'Lecciones Aprendidas' que, lejos de hacer recomendaciones generales, reiteradas y ya conocidas, se centre en los resultados concretos de los ejercicios de evaluación realizados en el año, especialmente en los que puedan
servir de inspiración para implementar buenas prácticas y cambios que mejoren el sistema de cooperación; y
Propuesta de resolución núm. 28
d) dar a conocer mediante una base de datos de acceso las evaluaciones llevadas a cabo por las distintas entidades gestoras de las mismas.
II. En relación con el Plan bienal de evaluación 2017-2018:
Algunas de las carencias y defectos del plan puestos de manifiesto deviene de elementos señalados en relación con el informe, tales como la disminución de recursos, su pérdida de peso relativo y la contracción de la actividad de la División
de Evaluación de la DGPOLDES. Esto se solucionaría con el
incremento de los recursos y un nuevo diseño de la actividad evaluadora. Así pues, las siguientes propuestas a este respecto se centran más en la estructura del plan que en otros aspectos.
1. Sin perjuicio de las distintas competencias en el ámbito de la cooperación descentralizada a la hora de establecer los programas o proyectos objeto de evaluación, el plan bienal de evaluación debe tener entre sus objetivos la
identificación de los aspectos en los que la cooperación española presenta una ventaja competitiva.
2. Las acciones programadas de evaluación debieran presentarse diferenciadas según se trate de auténticas evaluaciones de calidad e impacto, se trate auditorías o de meros informes de seguimiento.
3. Además de la identificación del objeto a evaluar debiera acompañarse alguna descripción de los aspectos concretos, si los hubiera, que se pretenden evaluar o de la finalidad de la evaluación.
A la Mesa de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes propuestas de resolución al Informe Anual de Evaluación 2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La Comisión de Cooperación para el Desarrollo, a la vista del Informe Anual de Evaluación 2016, presenta las siguientes propuestas de resolución:
Insta al Gobierno a:
Propuesta de resolución núm. 29
1. Remitir los informes anuales de evaluación con la mayor celeridad posible para facilitar la labor de control de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Congreso de los Diputados.
Propuesta de resolución núm. 30
2. Dar cuenta, en caso de que los futuros informes anuales de evaluación contengan menos evaluaciones que en el ejercicio anterior, de las razones que justifican dicha reducción en el número de evaluaciones.
Propuesta de resolución núm. 31
3. Reorganizar la carga de las evaluaciones a realizar en cada ejercicio con el objetivo de que las entidades que disponen de más recursos sean las que gestionen más evaluaciones, avanzando así hacia un modelo más proporcional en lo que
respecta a recursos disponibles y responsabilidad de evaluación.
Propuesta de resolución núm. 32
4. En este sentido, reorientar el trabajo de la División de Evaluación de DGPOLDES para que asuma un mayor volumen de evaluaciones en cada ejercicio, puesto que es ese su principal objetivo y supone el mejor valor añadido que la División
puede otorgar.
Propuesta de resolución núm. 33
5. Equilibrar, en lo que a la evaluación centralizada se refiere, la evaluación de ámbitos operativos como los programas país con la evaluación de documentos estratégicos, que suponen la mayoría de las evaluaciones.
Propuesta de resolución núm. 34
6. Garantizar que, en los futuros ejercicios, la evaluación de la cooperación española contará con un volumen adecuado de recursos asignados dentro del presupuesto total para Ayuda Oficial al Desarrollo.
Propuesta de resolución núm. 35
7. En el caso de que los recursos destinados a la evaluación de la cooperación española disminuyan respecto al ejercicio anterior, proporcionar razones justificadas por las que se diera tal disminución.
Propuesta de resolución núm. 36
8. Garantizar, en este sentido, que la selección de evaluaciones se haga de forma más eficiente para que aquellas que se realicen puedan contar con un volumen de recursos adecuado para permitir una mayor ambición y, por tanto, cuyos
resultados proporcionen conclusiones más completas sobre las que poder mejorar en el futuro.
Propuesta de resolución núm. 37
9. Evitar, en los próximos informes anuales de evaluación, la consideración de informes de cierre y de auditorías de proyectos como evaluaciones mediante el desarrollo de una clasificación basada en las fichas de calidad desarrolladas por
la División de Evaluación de DGPOLDES.
Propuesta de resolución núm. 38
10. Avanzar en una mejora de las previsiones de evaluaciones en los futuros ejercicios para evitar el desequilibrio que se advierte en el Informe Anual de Evaluación 2016 entre previsiones y realizaciones de evaluaciones.
Propuesta de resolución núm. 39
11. Reforzar, de cara a futuros ejercicios, la aplicación de los protocolos para el diagnóstico de la calidad de las evaluaciones y para la aplicación de los aprendizajes derivados de las mismas.
Propuesta de resolución núm. 40
12. En este sentido, hacer un mayor hincapié en las conclusiones y aprendizajes que se deriven de las evaluaciones realizadas en futuros ejercicios, incluyendo en el Informe Anual de Evaluación correspondiente una serie de medidas concretas
a poner en marcha en las evaluaciones del siguiente año.
Propuesta de resolución núm. 41
13. Asegurar, en los futuros ejercicios, que las evaluaciones realizadas tienen en cuenta la contribución de las acciones de la cooperación española respecto de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.
A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 23/1998, de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
presenta las siguientes propuestas de resolución en relación con el Informe Anual de Evaluación 2016 y la actualización del Plan Bienal de Evaluaciones 2017-2018.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 42
Compromiso con la rendición de cuentas y con el aprendizaje:
Esta Comisión comparte el compromiso del Gobierno de incrementar la rendición de cuentas y de utilizar las evaluaciones de manera más estratégica para promover el aprendizaje. A este respecto, se considera que el Informe Anual de Evaluación
constituye una herramienta para promover una mayor transparencia y contribuir a la gestión del conocimiento, por lo que se insta al Gobierno a darle la mayor difusión posible y a impulsar la publicación de las respuestas de gestión a las
evaluaciones.
Propuesta de resolución núm. 43
La Comisión Cooperación Internacional para el Desarrollo, en relación con el Informe Anual de Evaluación 2016, acuerda:
1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y sus recomendaciones.
A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Jordi Xuclà i Costa Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català, presenta las siguientes propuestas de resolución en relación con la tramitación del Informe Anual de Evaluación 2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Los Diputados y Diputadas del Partit Demócrata integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, una vez analizado el Informe Anual de Evaluación 2016 constatan: que la publicación de los Informes Anuales de Evaluación es una muestra del
compromiso con la rendición de cuentas de la Cooperación Española y con la propia función de la evaluación, función muy relevante e imprescindible para la mejora continua tanto en el aprendizaje como en la toma informada de decisiones; valoran
positivamente la calidad de la información que proporcionan; e instan al Gobierno a:
Propuesta de resolución núm. 44
1. Asegurar que la previsión de evaluaciones responde a las necesidades de información del Sistema de cara a la toma de decisiones y a la rendición de cuentas; a dotar adecuadamente, con recursos humanos y medios financieros tanto a las
instituciones gestoras de las evaluaciones como a las propias evaluaciones; y a posibilitar la apertura de espacios a iniciativas innovadoras de evaluación.
Propuesta de resolución núm. 45
2. Conseguir que la actividad evaluada se corresponda al 100 % y tenga nexos directos con los objetivos de desarrollo incluidos en la planificación estratégica de la Ayuda Oficial al Desarrollo que viene determinada por el propio Plan
Director.
Propuesta de resolución núm. 46
3. Evitar el distanciamiento entre la conceptualización, la formulación inicial y la implementación posterior, poniendo remedio a la falta de previsibilidad en materia económica, al descenso de las contribuciones, y en lo operativo,
desarrollando en mayor medida, los mecanismos necesarios para el seguimiento y evaluación.
Propuesta de resolución núm. 47
4. Mejorar los niveles de ejecución presupuestaria, que es baja en bastantes casos y con retrasos en los desembolsos; y a desarrollar un sólido sistema de indicadores y metas que proporcione información detallada sobre el seguimiento de
las intervenciones desde su inicio y hasta su finalización, incluso cuando estas se prolonguen más allá de un ejercicio anual.
Propuesta de resolución núm. 48
5. Abordar de forma general, involucrando a todos los departamentos necesarios, y a adoptar con celeridad, las modificaciones normativas indispensables para reducir y racionalizar la importante carga administrativa relacionada con la
justificación de subvenciones de ayuda humanitaria, que soportan las ONG.
044/000049
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Dictamen emitido por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en
relación con la Comunicación Anual 2018 sobre el Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021, así como de las propuestas de resolución presentadas a dicha Comunicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 19 de junio de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, apartado 2, de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, en relación con la Comunicación Anual 2018 sobre el Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021, emite el siguiente Dictamen:
1. La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo asume el contenido de la citada Comunicación, así como sus conclusiones y sus recomendaciones.
En relación con el marco temporal de la Comunicación Anual 2018:
2. Felicitamos la agilidad con la que se ha elaborado la Comunicación Anual 2018 habida cuenta de que el V Plan Director fue aprobado a finales de marzo de este año, pero el documento de planificación anual, para que cumpla con su cometido,
debería publicarse coincidiendo con el ejercicio de referencia.
3. En este sentido, consideramos que la Comunicación Anual de la Cooperación Española podría ser un instrumento útil para la transparencia, el monitoreo y la rendición de cuentas de esta política, siempre y cuando se publique antes de que
se inicie el ejercicio anual al que se alude y recoja las prioridades políticas previstas para ese ejercicio, así como el marco presupuestario que las respalda.
4. Por tanto, es necesario elaborar y presentar la Comunicación Anual con antelación al ejercicio de referencia, para asegurar, así, que se cumple con los principios de eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
5. Así pues, instamos a hacer llegar a las Cortes Generales las futuras Comunicaciones Anuales antes de que se inicie el ejercicio anual al que se refieren, facilitando así la labor de control que las Cortes Generales deben realizar sobre
estos ejercicios y la capacidad de incorporar propuestas de los diferentes grupos políticos con antelación a la puesta en marcha de la programación.
6. En definitiva, instamos al Gobierno a modificar el marco temporal de elaboración, presentación y comunicación de las Comunicaciones Anuales, facilitando la información de prioridades y planificación referida a cada ejercicio, antes de
finalizar el año anterior y asegurando así que las aportaciones realizadas por los distintos actores puedan resultar de utilidad antes de su publicación definitiva. A este efecto,
proponemos que el Gobierno comparezca ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo para informar al respecto a lo largo del mes de octubre del ejercicio anterior.
En relación con los principios, la estrategia, las prioridades y los objetivos:
7. Recordamos que la Política de Cooperación al Desarrollo Española debe regirse por los principios marcados en el artículo 2 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional, las disposiciones en materia del Tratado de la
Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea, así como por los Principios Internacionales de Eficacia para el desarrollo. Recordamos que el Principio de coherencia para el desarrollo debe ser un
pilar fundamental en la acción exterior del Gobierno de España. Recordamos, asimismo, que los objetivos que la Política de Cooperación al Desarrollo Española debe seguir son, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
los recogidos en el artículo 3 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional.
8. Por ello, la Comunicación Anual debe reforzar su carácter estratégico identificando las prioridades que se abordarán en el ejercicio en las áreas temáticas y geográficas prioritarias de la Cooperación Española.
9. La Cooperación Española debe identificar aquellos foros y espacios de la agenda internacional en los que participará con carácter prioritario y en los que puede presentar su valor añadido. Esta estrategia de participación en los foros
internacionales debería ser recogida en los documentos de planificación de la Cooperación Española.
10. En este sentido, instamos al Gobierno a incluir, en todo caso, información más concreta y detallada de las actuaciones y no simplemente una relación de títulos o anuncios de las materias en todos los ámbitos: agenda internacional de
desarrollo; planificación y políticas de desarrollo; eficacia de la cooperación y coherencia de políticas; evaluación y gestión del conocimiento; transparencia y rendición de cuentas y coordinación de actores.
11. Recordamos el Dictamen sobre el V Plan Director de la Cooperación Española aprobado por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados el día 27 de febrero de 2018 e instamos al Gobierno a
alinear su acción en materia de cooperación al desarrollo con las líneas de acción, programáticas y políticas recogidas en dicho Dictamen.
12. Formalmente el Plan Director se basa en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en la construcción de resiliencia y en el apoyo a bienes públicos globales, enfoque de derechos humanos, sostenibilidad, etc., pero del mismo modo que
estos principios no se reflejan ni se trasladan como deberían, a los objetivos, metas, líneas de acción, instrumentos o países socios, en el marco del Plan, tampoco se trasladan adecuadamente en la Comunicación Anual.
13. Por ello, deben elaborarse los Informes de las Comunicaciones Anuales con mayor concreción en las prioridades, los acontecimientos previstos y los propósitos estratégicos de la Cooperación española en cada uno de los ámbitos en los que
se va a desplegar dicha política durante el año de referencia, así como estructurarlas de acuerdo con los propósitos y prioridades del Plan Director vigente.
14. En definitiva, se deben centrar dichas futuras Comunicaciones Anuales en los compromisos de mayor importancia para llevar a cabo el Plan Director de la Cooperación Española, así como las prioridades y objetivos estratégicos de los
mismos y de las actividades en los países prioritarios para la Cooperación Española.
15. Además de especificar la relación de los contenidos de las futuras Comunicaciones Anuales con los objetivos del Plan Director de la Cooperación Española, deben alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Plan de Acción
para la Implementación de la Agenda 2030 de España.
16. Efectivamente, la Agenda 2030 es la agenda que marca la política de cooperación para el desarrollo y es la agenda de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible; y este enfoque de coherencia es el que debe orientar el informe
que elabora la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe.
17. Por ello, aprovechamos la ocasión que brinda el Dictamen sobre la Comunicación Anual para instar al Gobierno a tomar un rol activo en la configuración de la agenda de desarrollo de la Unión Europea (UE) que tendrá lugar en 2018, así
como a prestar la máxima colaboración para la promoción y consecución de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
18. Adicionalmente, instamos, una vez más, al Gobierno a implicar activamente a esta Comisión en la elaboración del plan de acción y del informe nacional sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que presentará
el Gobierno en el primer Examen Nacional Voluntario de las
Naciones Unidas. Asimismo, instamos al Gobierno a promover que el futuro Fondo Conjunto de la ONU para la Agenda 2030 tenga a los principios internacionales para la eficacia del desarrollo como uno de sus pilares básicos.
19. En general, instamos al Gobierno a concretar el compromiso de informar con la antelación suficiente a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y al Consejo de Cooperación, del contenido de los debates y cumbres que se
van a producir en el ámbito internacional, así como a prever los mecanismos de participación de ambos, en la definición y construcción de la posición a mantener en los mismos.
20. Dada la crítica situación que se registra en gran parte de los países prioritarios de la Cooperación Española en materia de derechos humanos y la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y coincidiendo en 2018 el 70
aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la membresía de España en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estas cuestiones deberían situarse como prioridades de la Cooperación Española en la
Comunicación 2018 y subsiguientes.
En relación con la financiación: Dotación y ejecución presupuestaria y Ayuda Oficial al Desarrollo:
21. Respecto a la dotación presupuestaria, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo llama la atención sobre la necesidad de mejorar los niveles de ejecución de los instrumentos de la Cooperación Española y de establecer
las bases de una asignación presupuestaria acorde a lo que correspondería al peso internacional de España.
22. Debe asegurarse que la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDES) establece con antelación los procedimientos necesarios para proporcionar unas previsiones presupuestarias lo más ajustadas
posible en las futuras Comunicaciones Anuales, aunque estas se remitan a las Cortes Generales con anterioridad al ejercicio al que se refieren.
23. Por ello, se hace preciso detallar los medios y objetivos de los diferentes instrumentos y programas que se quieren poner en marcha, con su asignación presupuestaria correspondiente.
24. Recordamos, asimismo, la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos en materia de cooperación multilateral.
25. Una vez más, lamentamos que los recursos asignados a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2018 no estén en concordancia con el protagonismo que le corresponde asumir a España en materia de cooperación atendiendo a los compromisos
internacionales adquiridos en la materia. Insistimos en la urgencia de incrementar las partidas de AOD y en la necesidad de establecer una hoja de ruta para alcanzar en 2020 un 0,4 % AOD/RNB y en 2030 un 0,7 %. Insistimos, asimismo, en la
importancia de dotar de mayor relevancia a la ayuda humanitaria. Alertamos de la tendencia del uso de la AOD y para objetivos distintos a los propios de la política de cooperación al desarrollo y enmienda transaccional in fine.
26. Por ello, se hace preciso detallar, en las futuras Comunicaciones Anuales, las actividades programadas por parte de otros Ministerios y organismos además del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación responsables de una parte de la
AOD.
27. En esta materia, adicionalmente, instamos al Gobierno a tomar un rol activo en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE para asegurar que la metodología de cómputo del Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible se alinee con
los principios de eficacia del desarrollo y para que no camufle el uso de fondos públicos de la política de desarrollo para la promoción del sector privado de los países donantes, ni para la consecución de objetivos de otras políticas distintas a la
promoción de los ODS.
Importancia de la dimensión institucional de la Evaluación:
28. La gestión para resultados es una cuestión clave de la gestión pública y para que sea posible es necesario un sistema de seguimiento que debería materializarse en un marco de resultados como parte de la Comunicación Anual 2018, así como
del conjunto de documentos de planificación de la Cooperación Española.
29. Insistimos en la importancia del monitoreo y evaluación de la implementación de la política de desarrollo, como elementos esenciales para la transparencia democrática, la rendición de cuentas y una mejor implementación. Instamos, por
tanto, al Gobierno a adoptar un compromiso político serio en este sentido, a incrementar los recursos y la calidad de las evaluaciones que deben siempre estar alineadas con los principios internacionales de eficacia para el desarrollo.
30. Manifestamos nuestra preocupación por la pérdida de capacidades y el limitado número de las mismas en la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDES) y el impacto que esto pueda tener en la
implementación de la política de cooperación.
31. Debe avanzarse en un reequilibrio de los recursos humanos y económicos a disposición de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDES) para asegurar el cumplimiento de sus competencias de
forma lo más efectiva y eficiente posible para facilitar la labor de control de las Cortes Generales.
32. Instamos, asimismo, al Gobierno a establecer en las Comunicaciones Anuales metas y compromisos concretos en términos de indicadores de resultado de Desarrollo, que se integren, asimismo, en indicadores y resultados correspondientes a
una planificación temporal más extensa, que permitan un mejor seguimiento y una correcta evaluación, la verificación del cumplimiento de los compromisos y la rendición de cuentas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-La Presidenta de la Comisión, Elena Bastidas Bono.-El Secretario Primero de la Comisión, Diego Clemente Giménez.
A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, me dirijo a esta Mesa para, al amparo del artículo 198 del Reglamento del Congreso, presentar la siguiente propuesta de resolución correspondiente a la
Comunicación Anual 2018 sobre el Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-Ana Belén Terrón Berbel y Noelia Vera Ruíz-Herrera, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Propuestas de resolución al amparo del Informe de Comunicación Anual 2018 de la Cooperación Española:
Propuesta de resolución núm. 1
1. Considera que la Comunicación Anual de la Cooperación Española podría ser un instrumento útil para la transparencia, el monitoreo y la rendición de cuentas de esta política siempre y cuando se publique antes de que se inicie el ejercicio
anual al que se alude y recoja las prioridades políticas previstas para ese ejercicio, así como el marco presupuestario que las respalda.
Propuesta de resolución núm. 2
2. Lamenta que la presente Comunicación Anual haya sido publicada bien entrado el año 2018 y como mera descripción de procesos o acontecimientos previstos del año, sin abordar las líneas políticas ni estratégicas que la Cooperación Española
seguirá, lo que minimiza sus potencialidades como instrumento de monitoreo y de rendición de cuentas.
Propuesta de resolución núm. 3
3. Recuerda el Dictamen sobre el V Plan Director de la Cooperación Española aprobado por la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados el día 27 de febrero de 2018. Insta al Gobierno a alinear su acción en materia de cooperación
al desarrollo con las líneas de acción, programáticas y políticas recogidas en dicho Dictamen.
Propuesta de resolución núm. 4
4. Recuerda que la Política de Cooperación al Desarrollo Española debe regirse por los principios marcados en artículo 2 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional, las disposiciones en materia del Tratado de la Unión
Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea, así como por los Principios Internacionales de Eficacia para el desarrollo. Recuerda que el Principio de coherencia para el desarrollo debe ser un pilar
fundamental en la acción exterior del Gobierno de España. Recuerda que los objetivos que la Política de Cooperación al Desarrollo Española debe seguir son, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los recogidos en
artículo 3 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional.
Propuesta de resolución núm. 5
5. Insta al Gobierno a tomar un rol activo en la configuración de la agenda de desarrollo de la Unión Europea (UE) que tendrá lugar en 2018. En este sentido insta a:
Propuesta de resolución núm. 6
a) Promover un partenariado justo y entre iguales con los países de África, Caribe y Pacífico, que sea capaz de superar los retos generados por el Acuerdo de Cotonú, que esté basado en el respeto y la promoción de los derechos humanos, la
igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a fin de promover la igualdad y la dignidad de las personas. En este sentido, resulta importante que el futuro partenariado no solo
promueva un comercio justo y respete, como se establece en el ODS 17.15, el espacio de políticas democráticas de los países socios para regular y tomar decisiones adecuadas para su propio contexto nacional, responder a las demandas de sus
poblaciones y cumplir sus obligaciones de derechos humanos y otros compromisos internacionales, sino que también combata los flujos financieros ilícitos, no amenace la sostenibilidad de la deuda soberana de los países socios y evite cualquier
cooperación basada en intereses geoestratégicos de la UE. Insta a que cualquier acuerdo establecido reconozca el reto global que supone el cambio climático, la distribución desigual de sus consecuencias entre países, y ofrezca instrumentos
específicos a los retos que este plantea en países en desarrollo, tales como la seguridad y soberanía alimentaria, sostenibilidad agrícola, la gestión sostenible de recursos naturales y el fortalecimiento de la gobernanza medioambiental, la lucha
contra la corrupción en línea con los programas y objetivos específicos de la UE, el ODS 13 y los compromisos adquiridos en COP21.
Propuesta de resolución núm. 7
b) Asegurar que en el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE, la política de cooperación: mantenga un claro enfoque de desarrollo sostenible; evite la instrumentalización de partidas de AOD para financiar objetivos políticos
distintos a la promoción del desarrollo sostenible; cuente con mecanismos de evaluación, monitoreo y evaluación basados en los Principios internacionales para la eficacia del desarrollo; respete la recomendación del CAD de la OCDE de alcanzar una
ratio de donación promedio de su AOD del 86 % y que asegure que la cooperación reembolsable y los créditos concesionales atiendan a criterios de transparencia, eficacia para el desarrollo, sin suponer un reto a la sostenibilidad de las deudas de los
países receptores; siga una hoja de ruta para alcanzar el compromiso del 0,7 % AOD/RNB en 2030.
Propuesta de resolución núm. 8
c) Prestar la máxima colaboración para la promoción y consecución de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
Propuesta de resolución núm. 9
d) Promover en el seno de la UE todas aquellas iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos, como pueda ser la promoción de un instrumento vinculante en materia
de derechos humanos y corporaciones privadas y fomentar una legislación europea en materia de obligaciones de diligencia debida para el sector textil.
Propuesta de resolución núm. 10
6. Insta al Gobierno a implicar activamente a esta Comisión en la elaboración del plan de acción y del informe nacional sobre el cumplimiento de los ODS que presentará el Gobierno en el primer Examen Nacional Voluntario de las Naciones
Unidas. Así mismo, insta al Gobierno a promover que el futuro Fondo Conjunto de la ONU para la Agenda 2030 tenga a los principios internacionales para la eficacia del desarrollo como uno de sus pilares básicos.
Propuesta de resolución núm. 11
7. Insta al Gobierno a tomar un rol activo en el CAD de la OCDE para asegurar que la metodología de cómputo del Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible se alineé con los principios de eficacia del desarrollo y para que no camufle el
uso de fondos públicos de la política de desarrollo para la promoción del sector privado de los países donantes, ni para la consecución de objetivos de otras políticas distintas a la promoción de los ODS.
Propuesta de resolución núm. 12
8. Insta al Gobierno a promover de manera efectiva en el G20 la justicia y transparencia fiscal con el objetivo de prevenir la erosión de las bases imponibles de países en desarrollo, así como para luchar contra el traslado de beneficios.
Insta al gobierno a alinear su acción en cooperación al desarrollo con los objetivos de la Directiva de Contabilidad Financiera y el Plan de Acción sobre Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios (BEPS Action Plan) de la OCDE. Insta al
Gobierno a promover el derecho a la salud global promoviendo iniciativas para asegurar el acceso a medicamentos y promoviendo, de forma coherente entre sus distintos ámbitos de acción exterior, el uso de las flexibilidades presentes en la
Declaración de Doha sobre las provisiones del Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
Propuesta de resolución núm. 13
9. Insta al Gobierno, en su relación con Iberoamérica, a promover la integración regional, la consecución de los ODSs y promover el comercio justo, así como prácticas de responsabilidad social corporativa en la región.
Propuesta de resolución núm. 14
10. Insta al Gobierno a reforzar su acción en política de desarrollo siguiendo los principios internacionales de eficacia del desarrollo. En este sentido, insta a incrementar los programas de apoyo presupuestario; al tiempo que insta a
reducir las modalidades de cooperación reembolsable para cumplir con la recomendación del CAD de la OCDE de alcanzar una ratio de donación promedio de su AOD del 86 % y que asegure que la cooperación reembolsable y los créditos concesionales
atiendan a criterios de transparencia, eficacia para el desarrollo, sin suponer un reto a la sostenibilidad de las deudas de los países receptores. Insta al Gobierno, también, a incrementar la asistencia técnica con terceros países en materia de
buena gobernanza, fiscalidad justa, derechos humanos e igualdad de género.
Propuesta de resolución núm. 15
11. Insta al Gobierno a incrementar los programas de cooperación conjunta con otros donantes, a fomentar la cooperación triangular y la cooperación sur-sur y a fortalecer la cooperación delegada, atendiendo siempre a los principios
internacionales de eficacia para el desarrollo.
Propuesta de resolución núm. 16
12. Recuerda la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos en materia de cooperación multilateral.
Propuesta de resolución núm. 17
13. Insiste en la importancia de respetar el principio de coherencia de políticas para el desarrollo como elemento fundamental para una estrategia de cooperación bajo el nuevo paradigma de desarrollo inclusivo y sostenible que representa la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas; en este sentido, insta al Gobierno a consagrar este principio mediante el establecimiento de un mecanismo encargado del cumplimiento y la evaluación de dicha coherencia, tanto en las políticas nacionales como en
las destinadas al exterior, que deberá situarse en el más alto nivel de la Administración y contar con recursos y capacidades suficientes para su acción efectiva.
Propuesta de resolución núm. 18
14. Insiste en la importancia del monitoreo y evaluación de la implementación de la política de desarrollo, como elementos esenciales para la transparencia democrática, la rendición de cuentas y una mejor implementación. Insta al Gobierno
a adoptar un compromiso político serio en este sentido, a incrementar los recursos y la calidad de las evaluaciones que deben siempre estar alineadas con los principios internacionales de eficacia para el desarrollo.
Propuesta de resolución núm. 19
15. Lamenta que los recursos asignados a la AOD en 2018 no estén en concordancia con el protagonismo que le corresponde asumir a España en materia de cooperación atendiendo a los compromisos internacionales adquiridos en la materia.
Insiste en la urgencia de incrementar las partidas de AOD y en la necesidad de establecer una hoja de ruta para alcanzar en 2020 un 0,4 % AOD/RNB y en 2030 un 0,7 %. Insiste en la importancia de dotar de mayor relevancia a la ayuda humanitaria.
Alerta de la creciente tendencia de privatización de la AOD y de su uso para objetivos distintos a los propios de la política de cooperación al desarrollo.
A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana a iniciativa de la Diputada Ana María Surra Spadea, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes propuestas de resolución a la Comunicación Anual de 2018,
para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Ana María Surra Spadea, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Propuestas de resolución en relación a la Comunicación Anual de 2018:
Propuesta de resolución núm. 20
Garantizar que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sea quien centralice y gestione toda la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español. Mientras se realizan las modificaciones oportunas a tal efecto, es necesario
recoger en las Comunicaciones anuales, la programación de la acción del conjunto de todos los Ministerios que gestionan Ayuda oficial al desarrollo, consiguiendo así que toda la AOD quede sujeta a evaluación y control.
Propuesta de resolución núm. 21
Elaborar y presentar la comunicación anual con antelación al ejercicio de referencia, para asegurar así que se cumple con los principios de eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
Propuesta de resolución núm. 22
Elaborar los Informes de las Comunicaciones Anuales con mayor concreción en las prioridades, los acontecimientos previstos y los propósitos estratégicos de la cooperación española en cada uno de los ámbitos en los que se va a desplegar dicha
política durante el año de referencia. Así como, estructurarlas de acuerdo con los propósitos y prioridades del Plan Director vigente.
Propuesta de resolución núm. 23
El V Plan Director de Cooperación al desarrollo debe recoger un marco presupuestario detallado, con cifras concretas de evolución de gastos y dotar de viabilidad y proyección a la Ayuda al Desarrollo en los próximos años, asumiendo el
compromiso de establecer políticas de desarrollo que fijen una inversión sostenida de los fondos de la AOD hasta alcanzar en 2020 el 0,4 % del PIB destinado a Cooperación y con el objetivo de llegar al histórico 0,7 en 2030.
A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes propuestas de resolución al Informe sobre la
Comunicación Anual 2018 de la Cooperación Española.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Propuestas de resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista a la Comunicación Anual 2018 de la Cooperación Española:
Propuesta de resolución núm. 24
1. Felicitamos la agilidad con la que se ha elaborado la comunicación anual 2018 habida cuenta de que el V Plan Director fue aprobado a finales de marzo de este año, pero el documento de planificación anual para que cumpla con su cometido
debería publicarse coincidiendo con el ejercicio de referencia.
Propuesta de resolución núm. 25
2. La comunicación anual debe reforzar su carácter estratégico identificando las prioridades que se abordarán en el ejercicio en las áreas temáticas y geográficas prioritarias de la Cooperación Española.
Propuesta de resolución núm. 26
3. La Cooperación Española debe identificar aquellos foros y espacios de la agenda internacional en los que participará con carácter prioritario y en los que puede presentar su valor añadido. Esta estrategia de participación en los foros
internacionales debería ser recogida en los documentos de planificación de la Cooperación Española.
Propuesta de resolución núm. 27
4. La agenda 2030 es la agenda que marca la política de cooperación para el desarrollo y es la agenda de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y este enfoque de coherencia es el que debe orientar el informe que elabora la
SECIPIC.
Propuesta de resolución núm. 28
5. La gestión para resultados es una cuestión clave de la gestión pública y para que sea posible es necesario un sistema de seguimiento que debería materializarse en un marco de resultados como parte de la comunicación anual 2018 así como
del conjunto de documentos de planificación de la Cooperación Española.
Propuesta de resolución núm. 29
6. Dada la crítica situación que se registra en gran parte de los países prioritarios de la Cooperación Española en materia de derechos humanos y la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y coincidiendo en 2018 el 70
aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la membresía de España en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estas cuestiones deberían situarse como prioridades de la Cooperación Española en la
comunicación 2018 y subsiguientes.
Propuesta de resolución núm. 30
7. Manifestamos nuestra preocupación por la pérdida de capacidades y el limitado número de las mismas en DGPOLDES y el impacto que esto pueda tener en la implementación de la política de cooperación.
Propuesta de resolución núm. 31
8. Respecto a la dotación presupuestaria, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo llama la atención sobre la necesidad de mejorar los niveles de ejecución de los instrumentos de la Cooperación Española y de establecer
las bases de una asignación presupuestaria acorde a lo que correspondería al peso internacional de España.
A la Mesa de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes propuestas de resolución a la Comunicación Anual 2018 sobre el Plan Director de la
Cooperación Española 2018-2021.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La Comisión de Cooperación para el Desarrollo, a la vista de la Comunicación Anual sobre el Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021, presenta las siguientes propuestas de resolución:
Propuesta de resolución núm. 32
1. Hacer llegar a las Cortes las futuras Comunicaciones Anuales antes de que se inicie el ejercicio anual al que se refieren, facilitando así la labor de control que las Cortes deben realizar sobre estos ejercicios y la capacidad de
incorporar propuestas de los diferentes grupos políticos con antelación a la puesta en marcha de la programación.
Propuesta de resolución núm. 33
2. Centrar dichas futuras Comunicaciones Anuales en los compromisos de mayor importancia para llevar a cabo el Plan Director de la Cooperación Española, así como las prioridades y objetivos estratégicos de los mismos y de las actividades en
los países prioritarios para la Cooperación Española.
Propuesta de resolución núm. 34
3. Especificar la relación de los contenidos de las futuras Comunicaciones Anuales con los objetivos del Plan Director de la Cooperación Española, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Plan de Acción para la
implementación de la Agenda 2030 de España.
Propuesta de resolución núm. 35
4. Detallar, en las futuras Comunicaciones Anuales, las actividades programadas por parte de otros Ministerios y organismos además del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación responsables de una parte de la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD).
Propuesta de resolución núm. 36
5. Asegurar que DGPOLDES establece con antelación los procedimientos necesarios para proporcionar unas previsiones presupuestarias lo más ajustadas posibles en las futuras Comunicaciones Anuales, aunque éstas se remitan a las Cortes con
anterioridad al ejercicio al que se refieren.
Propuesta de resolución núm. 37
6. Detallar los medios y objetivos de los diferentes instrumentos y programas que se quieren poner en marcha, con su asignación presupuestaria correspondiente.
Propuesta de resolución núm. 38
7. Avanzar en un reequilibrio de los recursos humanos y económicos a disposición de DGPOLDES para asegurar el cumplimiento de sus competencias de forma lo más efectiva y eficiente posible para facilitar la labor de control de las Cortes.
A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 23/1998, de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, presenta la siguiente propuesta de resolución a la Comunicación Anual 2018 sobre el Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 39
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en relación con la Comunicación Anual 2018, acuerda:
1. Asumir el contenido de la citada Comunicación, así como sus conclusiones y sus recomendaciones.
A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Jordi Xuclà i Costa Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català, al amparo de lo establecido en el artículo 198 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes propuestas de resolución en
relación con la tramitación de la Comunicación Anual 2018 sobre el Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, una vez analizada la Comunicación Anual 2018 referente a la ejecución del Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 presentada por el
Gobierno, consideran que son diversos los aspectos que sobre esta cuestión podrían y deberían mejorarse y en consecuencia, formulan las siguientes propuestas de resolución a la citada Comunicación.
Propuesta de resolución núm. 40
1. Instan al Gobierno a modificar el marco temporal de elaboración, presentación y comunicación de las Comunicaciones Anuales, facilitando la información de prioridades y planificación referida a cada ejercicio, antes de finalizar el año
anterior y asegurando así, que las aportaciones realizadas por los distintos actores, puedan resultar de utilidad antes de su publicación definitiva. A este efecto, proponen que el Gobierno comparezca ante la Comisión de Cooperación Internacional
para el Desarrollo para informar al respecto a lo largo del mes de octubre del ejercicio anterior.
Propuesta de resolución núm. 41
2. Instan al Gobierno a incluir en todo caso, información más concreta y detallada de las actuaciones y no simplemente una relación de títulos o anuncios de la materias en todos los ámbitos: agenda internacional de desarrollo;
planificación y políticas de desarrollo; eficacia de la cooperación y coherencia de políticas; evaluación y gestión del conocimiento; transparencia y rendición de cuentas; y coordinación de actores.
Propuesta de resolución núm. 42
3. Formalmente el Plan Director se basa en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en la construcción de resiliencia y en el apoyo a bienes públicos globales, enfoque de derechos humanos, sostenibilidad... pero del mismo modo que
estos principios no se reflejan ni se trasladan como deberían, a los objetivos, metas, líneas de acción, instrumentos o países socios, en el marco del Plan, tampoco se trasladan adecuadamente en la Comunicación Anual.
Propuesta de resolución núm. 43
4. Instan al Gobierno a establecer en las Comunicaciones Anuales metas y compromisos concretos en términos de indicadores de resultado de Desarrollo, que se integren asimismo, en indicadores y resultados correspondientes a una planificación
temporal más extensa, que permitan un mejor seguimiento y una correcta evaluación, la verificación del cumplimiento de los compromisos y la rendición de cuentas.
Propuesta de resolución núm. 44
5. Instan al Gobierno a concretar el compromiso de informar con la antelación suficiente a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y al Consejo de Cooperación, del contenido de los debates y cumbres que se van a producir
en el ámbito internacional, así como a prever los mecanismos de participación de ambos, en la definición y construcción de la posición a mantener en los mismos.
SECRETARÍA GENERAL
292/000039
ACUERDO DE 26 DE JUNIO DE 2018, DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR EL QUE SE CONCEDEN LAS BECAS PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA EN DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVÍSTICA CONVOCADAS POR ACUERDO DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS DE 2 DE ABRIL DE 2018
La Mesa de la Cámara, en su reunión de 26 de junio de 2018, de conformidad con la propuesta elevada por unanimidad por el Jurado designado para la concesión de las becas para la formación práctica en Documentación, Biblioteconomía y
Archivística, convocadas por Acuerdo de la Mesa de 2 de abril de 2018 ('BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 337, de 18 de abril de 2018), ha acordado:
Conceder doce becas a los solicitantes que, según el orden de puntuación obtenida, se indican a continuación:
1. D.ª Alba María Villar Gómez.
2. D. Eduardo Lillo Herrero.
3. D. Francesco D´Amaro.
4. D. Iván González Sarro.
5. D. Marco Montisci.
6. D. Antonio Adamuz Ruiz.
7. D.ª Paula Vázquez Ramos.
8. D.ª Dolores Rodríguez Bejarano.
9. D. Luis María Díaz del Río Romero.
10. D.ª Teresa Blanco Uzal.
11. D. José Garrido Llorca.
12. D.ª Isabel Valiente Izquierdo (turno discapacidad).
Designar como suplentes a los dieciocho solicitantes que a continuación se indican, ordenados según la puntuación obtenida, que sustituirán a los titulares en el caso de que alguno de éstos renuncie a la beca adjudicada:
1. D. Alejandro Barranquero Fernández.
2. D.ª Irene Pereira García.
3. D.ª Carmen Périz Rodríguez.
4. D. Rubén Corchete Martínez.
5. D. Gabriel González Díaz.
6. D.ª Alba Corrales Muñoz.
7. D.ª María del Carmen Ávila Oliva.
8. D. Roberto Mario Fernández Pérez.
9. D.ª Ana Belén Pérez Naranjo.
10. D. Alejandro Aguado Moreno.
11. D.ª Laura Leticia Gamarra Fuentes.
12. D. Alberto Reyes Moya.
13. D. Carlos Ruíz Serna.
14. D. David Espinar Gil.
15. D. David Vale Díaz.
16. D. Rafael Gómez Rubio.
17. D. José Luis Romero Bravo.
18. D. Álvaro Meléndez Galán.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2018.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana María Pastor Julián.