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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 345, de 03/05/2018
cve: BOCG-12-D-345
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de mayo de 2018
Núm. 345
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Justicia
161/003218 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la ratificación del Protocolo número 16 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales...
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003202 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a mejorar la estabilidad y la calidad del empleo en la empresa pública ENUSA... (Página4)
Comisión de Fomento
161/003214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre inversiones del Ministerio de Fomento en la ciudad de Alicante... (Página6)
Comisión de Educación y Deporte
161/003204 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre modificación del régimen legislativo de las Federaciones Deportivas... (Página9)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/003203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la subestación eléctrica de Patraix... (Página11)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003206 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la inclusión del Eucalyptus en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, regulado por el Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, y la adopción de las medidas de prevención y lucha derivadas de la misma ... (Página13)
161/003212 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de una normativa estatal que prohíba o restrinja el uso de animales salvajes en los circos... (Página16)
161/003215 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a aumentar el control de las fronteras... (Página18)
161/003216 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la defensa del sector agroalimentario... (Página19)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para avanzar en la igualdad de género en las profesiones sanitarias... (Página21)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a reforzar los marcos de trabajo conjunto de la Cooperación Española en el sector de la Gobernabilidad
Democrática en México... (Página22)
Comisión de Cultura
161/003205 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la colaboración de las instituciones de La Rioja, Fundación San Millán de la Cogolla y el portal Dialnet, en el proyecto 'El español,
lengua global'... (Página23)
161/003211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la defensa del uso del occitano, aranés en Arán... (Página24)
Comisión de Igualdad
161/003210 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para avanzar en la igualdad de género en las profesiones sanitarias... (Página25)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/003213 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora del estado de conservación en las autovías de Salamanca... (Página26)
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado
en materia de Violencia de Género
161/003217 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la puesta en marcha de la dotación presupuestaria en aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
181/000999 Pregunta formulada por la Diputada doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs), sobre situación del proyecto de Almacén Temporal Centralizado para residuos para la gestión integral del combustible gastado...
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
181/001000 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM), sobre partidas de medio ambiente para el año 2017 ejecutadas y no ejecutadas, así como motivos por los que no aparecen reflejadas en el
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018... (Página30)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley, y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Justicia
161/003218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
la ratificación del Protocolo n.º 16 de la Convención para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Protocolo n.º 16 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, hecho en Estrasburgo el 2 de octubre de 2013, crea un nuevo procedimiento que permite a los tribunales nacionales solicitar del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos opiniones consultivas relativas a la aplicación e interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, la extensión de la competencia del Tribunal Europeo de Derechos para emitir dictámenes
consultivos mejorará aún más la interacción entre dicho Tribunal y las autoridades estatales y reforzará así la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El Protocolo n.º 16 ya ha sido ratificado por la República de Albania, la República de Armenia, la República de Estonia, la República de Finlandia, la República Francesa, Georgia, la República de Lituania, la Serenísima República de San
Marino, la República de Eslovenia y Ucrania. Además, recientemente, la República Francesa también lo ha ratificado, siendo el décimo Estado que lo ratifica y permitiendo, con ello, que entre en vigor el próximo 1 de agosto de 2018, de acuerdo con
su artículo 8, que prevé que el Protocolo entre en vigor 'el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses después de la fecha en que diez Altas Partes Contratantes en el Convenio hayan expresado su consentimiento en
obligarse por el Protocolo'.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Ratificar el Protocolo n.º 16 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2018.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley para mejorar la estabilidad y la calidad del empleo en la empresa pública ENUSA, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
Desde su fundación en el año 1972 la empresa pública ENUSA ha mantenido un estrecho vínculo con la provincia de Salamanca, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de sus principales motores económicos y laborales.
Según los últimos datos publicados por la empresa, ENUSA como empresa matriz participada en un 60 % por la SEPI y en un 40 % por el CIEMAT, junto a sus dos filiales: EMGRISA y ETSA, aportan a la economía salmantina 25.399.665 de euros y dan
empleo a un total de 735 trabajadores, de los que 426 tienen su puesto de trabajo en Salamanca. Solo en el pago a proveedores locales, ENUSA destinó 4.799.807 euros.
Los datos aportados permiten concluir que esta empresa pública es un elemento clave para el desarrollo económico y social de la provincia de Salamanca. Por ambas condiciones, la de pública y la de factor clave, requiere una implicación
máxima de los organismos públicos responsables de la misma.
ENUSA no solo es una referencia en nuestro país, su grado de tecnificación y su apuesta por la calidad y la seguridad a lo largo de su historia la ha situado también como referente en Europa, manteniendo así líneas de negocio con diversos
países como Francia, Bélgica o Suecia.
La calidad y la diversificación en otras áreas, como el transporte de mercancías peligrosas y especiales o la gestión de residuos industriales y urbanos, obliga a la empresa a mantener una política de formación de sus trabajadores exigente y
que, por lo tanto, requiere de una fuerte inversión, según los últimos datos, el gasto en formación ascendió a más de un millón de euros para impartir más de 25.000 horas de formación.
A pesar del esfuerzo económico realizado en la formación de los trabajadores, necesario no solo para mejorar la seguridad en el trabajo, también para mejorar el conocimiento a la hora de desarrollar tareas con un alto nivel de
especialización, como las que se requieren en algunas áreas sensibles como la de seguridad nuclear y protección radiológica, existe un déficit provocado por la política de recortes aplicada desde el Gobierno y que incide directamente en la
estabilidad y la calidad en el empleo no solo de ENUSA, sino que también es extensivo a todas las empresas públicas.
La legislación laboral y las decisiones que en este sentido se han tomado desde el Gobierno, por ejemplo, las relativas a la tasa de reposición, tienen como consecuencia directa las dificultades para la contratación de nuevos trabajadores,
el despido de trabajadores con un alto nivel de cualificación aportado por la empresa a través de la formación ofrecida por la misma, o la incidencia que para el futuro tiene que el 48,5 % de los trabajadores tenga en la actualidad más de 50 años.
Además, la rigidez de estas imposiciones del Gobierno en materia laboral conlleva una grave incoherencia en lo referente a la rentabilidad: con el fin de disminuir gastos, se limita de manera drástica la contratación indefinida, que es
sustituida por sucesiones de contratos temporales a los que hay que aportar formación necesariamente. La falta de experiencia de los trabajadores temporales, cuya perspectiva laboral en la empresa hoy por hoy no supera los dos años, hace necesario
comenzar procesos de formación constantemente, lo que supone importantes sobrecostes para la empresa. Por otra parte, la finalización de cada contrato temporal conlleva la justa indemnización del trabajador. Como resultado, ambos factores,
teniendo en cuenta que la salida y entrada de trabajadores son una constante actualmente, hacen que esta política laboral de temporalidad sea enormemente costosa para la empresa (además de resultar enormemente lesiva para los trabajadores que, por
mucho que hayan obtenido la formación especializada adecuada y hayan demostrado su valía profesional y compromiso, ven anulada toda posibilidad de desarrollo profesional en la empresa).
Ahondando en esta situación, es obvio que a largo plazo nada tienen que ver la productividad de un trabajador formado y experimentado con la de otro en periodo de formación, circunstancia sin duda agravada por la mencionada inexistencia de
perspectivas laborales de futuro en la empresa para los contratados temporales.
La incidencia de estas decisiones tiene una consecuencia directa en la plantilla de ENUSA. Si consideramos el volumen total de la plantilla, según los datos aportados por la empresa en su memoria de 2009, el número de trabajadores era de
939, mientras que el año 2016, últimos datos publicados, el total era de 735 trabajadores, como ya se ha apuntado. Pero si consideramos los datos aportados por la empresa en cuanto a la situación de la plantilla por contrato laboral (tomando como
referencia los datos de las plantillas medias anuales), en 2012 el porcentaje de trabajadores eventuales era del 11,89 %, aumentando ese porcentaje en 2017 al 21,66 %. Es decir, la temporalidad ha aumentado en los últimos cinco años prácticamente
un 10 %. En el caso de la fábrica de Juzbado, la temporalidad se disparó en 2017 a un 27,84 % de la plantilla (una media de 102,84 temporales de un total de 393,50 trabajadores).
Así pues, a pesar de los esfuerzos que está llevando a cabo la dirección y, en general, la plantilla de la empresa, y su indiscutible nivel profesional, las restricciones en gestión laboral impuestas por el Gobierno no son la materia prima
más adecuada para una empresa que, recordémoslo, año tras año genera importantes beneficios (en términos relativos) para las arcas del Estado. Estas imposiciones no hacen sino dificultar una gestión empresarial tradicionalmente desarrollada con la
mayor solvencia, con el valor añadido de su rentabilidad sostenible, en la que confluyen algunas particularidades: es la única en territorio español dedicada a la producción de combustible nuclear (y labores complementarias); desarrolla un alto
nivel de tecnificación y especialización; actualmente se encuentra en proceso de expansión internacional (labor de indudable interés estratégico); a diario debe afrontar tareas sensibles de protección radiológica y seguridad nuclear.
De acuerdo con todo lo anterior, consideramos que el Gobierno debe proveer a ENUSA de los recursos laborales necesarios, para el desempeño de cometidos tan específicos y sensibles, flexibilizando y adecuando para la empresa la tasa de
reposición y las limitaciones de contratación aplicadas con carácter general al sector público.
El incremento de la temporalidad y, por tanto, de la inestabilidad laboral, se acompaña de otro factor en el empleo que debería ser corregido en una empresa pública como es el número de mujeres trabajadoras respecto al de hombres. En ENUSA
el porcentaje de mujeres respecto al de hombres, según datos de 2016, es del 23,6 %, descendiendo al 17,25 % en el caso de la plantilla media de la fábrica de Juzbado. Por otra parte, la relación contractual de temporalidad es mayor en mujeres que
en hombres. Estos datos inciden de manera especial, en las opciones de desarrollo futuro del entorno rural en que se localiza la fábrica de Juzbado, teniendo en cuenta que, en tiempos de despoblación rural, son precisamente las mujeres quienes más
población asientan en el medio rural, tal y como han demostrado multitud de estudios geográficos y sociológicos.
Por todo lo anterior, considerando el importante papel que ENUSA desempeña en la economía salmantina, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar, con la máxima urgencia, los acuerdos necesarios para que la empresa pública ENUSA pueda incrementar su productividad, asentada en el aumento de la plantilla y en una mayor estabilidad
y calidad en el empleo, apostando además por medidas que impliquen una mayor incorporación de las mujeres a la empresa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2018.-David Serrada Pariente, Patricia Blanquer Alcaraz, Margarita Pérez Herraiz y Juan Jiménez Tortosa, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/003214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre inversiones del Ministerio de Fomento en la ciudad de Alicante, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Gobierno ha reducido drásticamente las inversiones en la ciudad de Alicante desde 2012. De hecho, no hay ninguna nueva gran infraestructura cuya obra haya puesto en marcha el Gobierno desde 2012. Aquellas obras que estaban en un alto
grado de ejecución se ralentizaron, siendo un ejemplo claro la conclusión de la línea de alta velocidad Albacete-Alicante, donde solo quedaba por concluir la inhalación de vías y catenaria en un tramo de poco más de 30 kilómetros y la estación
provisional Alicante Término. Durante todo el año 2012, prácticamente no se avanzó nada en las obras de la estación provisional. De hecho, se concluyeron las obras con seis meses de retraso.
Cabe destacar que Alicante ha contado desde el principio con la entrada de la línea de alta velocidad soterrada y que el túnel incluía la capacidad y condiciones para asumir el tráfico de trenes de ancho ibérico. Fue una decisión del
Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Solo resta soterrar la Estación lntermodal, que depende del cumplimiento de los acuerdos de la Sociedad AVANT. Lo cierto es que el Gobierno no se compromete a realizar la Estación lntermodal.
Tampoco existe una previsión para realizar la mejora en los accesos a la estación o al aparcamiento, ni el acceso directo desde la A77 y circunvalación de Alicante a la estación de Alicante Término.
Los servicios de AVE Alicante-Madrid-Alicante sufren continuos retrasos pese a la alta rentabilidad de la línea. En verano se amplía la oferta de billetes, pero el resto del año la oferta es insuficiente. Y es que el servicio se presta con
convoyes S100, que presentan dificultades técnicas con una LAV como la de Alicante que tiene más pendientes que la de Sevilla. Estos problemas de puntualidad y calidad del servicio se han visto agravados por la falta de convoyes de este tipo, ya
que se han incorporado también a los servicios con Castellón de la Plana, quedándose Alicante-Término sin el convoy con base en esta estación para incidencias. Hay convoyes S112 disponibles, pero no se han adaptado para que puedan circular por
tramos con diferentes sistemas de seguridad, concretamente por tramos con seguridad RTMSIl. El uso como cercanías por parte de personas que hacen los trayectos Albacete-Cuenca-Albacete comportan la pérdida de oferta entre Madrid-Alicante-Madrid.
Todo ello repercute en la calidad y, por tanto, competitividad de nuestro destino turístico.
Es necesario acelerar las obras y redefinir la conexión ferroviaria entre Alicante y Valencia. Las obras no pueden seguir acumulando retrasos y debe haber un esfuerzo económico acorde con la importancia socioeconómica de este servicio, al
ser la conexión de transporte de pasajeros entre la tercera y cuarta provincia de España en cuanto a población, y por ser una parte del Corredor Mediterráneo. Hay que revisar los horarios y mejorar la calidad del material rodante de Renfe.
En cuanto a servicios e infraestructuras de cercanías cabe destacar que Alicante debería contar con un núcleo de cercanías propio y no depender de uno situado en Murcia, más cuando el grueso de los pasajeros y estaciones de la línea
Alicante-Murcia del Carmen son de la Provincia de Alicante, y que la línea C3 se va a ampliar para dar servicio entre Alicante y Villena. Esto supondría una mejora en la coordinación y desarrollo de trabajos del personal de Renfe, además de
posibilidad de compatibilizar personal que puede promocionar a otros puestos de Renfe.
La eliminación de las conexiones con Elda-Petrer y Villlena de los servicios de larga distancia con destino y origen Madrid, provocó la reducción a la mínima expresión de la conexión de Alicante con el Alto y medio Vinalopó. Desde entonces,
hemos reclamado, sin apoyo del Gobierno ni el partido que le apoya en las Cortes Generales, que se pusiera en servicio la conexión de cercanías entre Alicante y Elda-Petrer, Villena, y otros municipios de esa comarca. Finalmente se ha aprobado para
su puesta en servicio en 2018, pero sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas como la adquisición o asignación de convoyes
eléctricos, el establecimiento y formación de conductores, la concreción de plazas de revisores y la coordinación con los ayuntamientos y la Universidad de Alicante a efectos de establecer los horarios.
En las medidas anunciadas recientemente por el Ministerio de Fomento se incluye una previsión de inversión para obras provisionales en la línea de cercanías Alicante-Elche-Murcia que mantienen la barrera que supone la línea por la costa,
cuando el Ayuntamiento de Alicante ha solicitado que se aborde y ejecute el planteamiento realizado por el Gobierno en 2011 y se haga una inversión que, además de unir Alicante y el Aeropuerto de Alicante-Elche, suponga una mejora permanente de la
línea, se acorte los tiempos, y se recupere la fachada litoral. En breve los convoyes compatibilizarán el actual trazado con un tramo por la plataforma del LAV desde Albatera. Se debe definir con claridad el trazado Alicante-Murcia de cercanías,
estableciendo las inversiones necesarias en la línea y los convoyes, con un calendario real y que se cumpla. De forma urgente se debe electrificar todo el trazado de cercanías y asignar convoyes mixtos de gasoil y electricidad hasta entonces.
Alicante también necesita la conexión de cercanías con la Marina Baixa, la Marina Alta, La Safor y Valencia por la costa, conocido como el Tren de la Costa, sin menoscabo de tomar las medidas necesarias en coordinación con la Generalitat
para la coordinación de servicios del TRAM con los de cercanías. Igualmente, es necesario acabar la vertebración provincial por tren con el Tren de la Costa a Torrevieja por el trazado propuesto por los diferentes municipios de la Vega Baja del
Segura, que incluiría la creación de servicios específicos entre Alicante y Torrevieja.
La interconexión de la ciudad de Alicante y su puerto al Corredor Mediterráneo no cuenta a día de hoy con un proyecto aprobado y, por tanto, tampoco presupuesto. Esto afecta a la competitividad del puerto de Alicante y de las empresas
exportadoras, sobre todo a la hora de establecer una planificación y de atraer inversiones de empresas logísticas.
El Puerto de Alicante no cuenta con el respaldo presupuestario necesario para responder a su potencial, tanto para el tráfico de mercancías, como de pasajeros, como en turismo de cruceros. La responsabilidad es compartida con otras
administraciones y, por tanto, todos han de poner de su parte, al tiempo que se cuenta con la ciudad, su ayuntamiento, agentes económicos, y sociedad civil, y la provincia para cumplir con unas expectativas realizables.
En cuanto a la inversión en carreteras, destaca la necesidad de tomar medidas urgentes para reducir la congestión de la A70, ya que la autopista de circunvalación de Alicante solo es capaz de asumir en torno a 3.000 vehículos diarios, frente
a los casi más de 90.000 que circulan por la A70. La iluminación instalada en 2011 no se utiliza, cuando se podrían sustituir por luces más eficientes energéticamente y realizar su función de mejora de la seguridad vial. También es necesario
mejorar los accesos a la A70, realizando el adecuado mantenimiento de estos accesos, así como de la N332 y N340 a su paso por el municipio de Alicante en aquellos tramos que sean competencia del Gobierno.
Todo lo expuesto hace que Alicante no sea hoy un nudo de comunicación, sino un nudo para la comunicación de personas. Esto resta competitividad a nuestras empresas del sector servicios y el turismo, a las industrias, y no permite ejercer el
papel de capital de la provincia, más cuando esta provincia es la primera en población de España que no tiene la capital de la comunidad autónoma, y es la única en la que su capital no supera el 30 % de población, concretamente Alicante supone el
17,4 % de la población total de la provincia, por lo que es fundamental sus conexiones y accesos.
Es necesario que el Gobierno tenga una planificación clara de inversiones en la Ciudad de Alicante, convirtiéndola en un nudo de comunicación por tren, barco, carretera y autobús, además de las interconexiones con el Aeropuerto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acordar con el Gobierno del Ayuntamiento de Alicante un 'plan de inversiones en infraestructuras', que contemplará las actuaciones que se están ejecutando y las previstas en los próximos 10 años. Para ello se creará de forma inmediata
un grupo de trabajo compuesto por representantes de ambas administraciones. Este plan contará con un calendario de ejecución y memoria económica. En función de lo planteado por el Gobierno local del Ayuntamiento de Alicante, y acordado con el
Gobierno de España, el plan podrá suponer la redefinición de actuaciones que aún se encuentren en fase de estudio y cambios en actuaciones ya en licitación o ejecución que técnicamente y legalmente sean posible.
Si así se acuerda con el Ayuntamiento de Alicante, se incluirán las actuaciones que se detallan a continuación y que con independencia de la concreción definitiva del plan, una vez consensuada con el Gobierno local del Ayuntamiento de
Alicante, se tomarán lo antes posible las medias necesarias para su ejecución.
2. Desbloquear el proyecto de estación intermodal y concretar su definición, plazos de tramitación y ejecución, y presupuesto. Se debe tener en cuenta la actual situación urbanística y la infrafinanciación de la Generalitat Valenciana para
contar con una planificación realista y ajustada a la situación económica y financiera de las diferentes administraciones implicadas.
3. Introducir mejoras en la estación provisional, que entre otras comportarán las siguientes medidas a realizar en un mes desde la aprobación de la presente:
1) Techado de la zona de espera de Taxis.
2) Mejora de acceso y salida desde el aparcamiento y zona de descarga a la Avenida Salamanca, de tal manera que se eviten los atascos en cada llegada de convoy, y estudiando la realización de nuevos accesos al aparcamiento.
3) Mejora de la automatización del pago del aparcamiento y número de máquinas disponibles, evitando largas colas en el pago manual, bien con mejoras informáticas o bien ampliando el personal y medios de estos.
4) Revisión de la planificación de acceso a la estación desde la A77 y la circunvalación de Alicante, presentando una propuesta realizable con el desarrollo completo de la Estación lntermodal y con la situación actual.
5) Mejorar la interconexión del TRAM en la estación actual.
4. Mejorar los servicios ferroviarios, llevando a cabo entre otras actuaciones: el aumento de los servicios de RENFE-AVE entre Alicante y Madrid, así como entre Alicante y otras ciudades, como Sevilla o Zaragoza.
5. Concluir la conexión entre Alicante y Valencia por línea de alta velocidad por la Encina, sin menoscabo de que se mantengan servicios de conexión por la vía convencional que permitan mantener y aumentar el número de servicios actuales de
cercanías entre Alicante y el Alto y Medio Vinalopó, así como otros municipios de la provincia de Valencia.
6. Crear una verdadera red de transporte de cercanías en la provincia de Alicante y la conexión de esta con la ciudad de Alicante. Eso pasa por entre:
a) Establecer Alicante como núcleo de cercanías propio, con las líneas C1 Alicante-Murcia del Carmen y C3 Alicante-Villena.
b) Las inversiones a realizar en la línea C1 a su paso por el término municipal de Alicante serán acordadas con el Gobierno local, procurando que las inversiones tengan una proyección a largo plazo y permitan recuperar la fachada litoral
eliminando las vías entre el mar y la ciudad, la EUIPO, y los pulmones verdes.
c) Realizar la conexión y parada de la C1 con el aeropuerto de Alicante-Elche.
d) La línea C1 contará con electrificación completa y, hasta que se ejecute, se incorporarán convoyes mixtos de gasoil y uso de electricidad, acometiendo una modernización total de los actuales convoyes.
e) Poner en servicio la conexión por cercanías de Alicante con Villena, acelerando los trámites previos necesarios en cuanto a la disponibilidad de personal debidamente formado y material rodante adecuado para una línea electrificada y las
frecuencias previstas. Se contará con la opinión de los municipios por donde circula la línea y la Universidad de Alicante.
7. Ampliar las infraestructuras del puerto destinadas a mercancías y pasajeros, así como para garantizar la conexión con el Corredor Mediterráneo. Se asumirán las actuaciones necesarias para garantizar la continuidad del transporte de
materiales que su tratamiento genera elementos en suspensión, cumpliendo las normas medioambientales que sean de aplicación.
8. Tomar las medidas oportunas para mejorar la seguridad vial, mantenimiento y conservación de la red de carreteras del Estado a su paso por el municipio de Alicante, que comportará entre otras medidas las siguientes:
a) Mejora de los accesos a la A70, ampliando y señalizando adecuadamente los carriles de aceleración y desaceleración si fuera necesario, y encendiendo la iluminación con la que cuentan esos accesos y el conjunto de la A70.
b) Adecuado mantenimiento de la N332 y 340 y la coordinación con el ayuntamiento de Alicante para actuaciones estructurales o de mantenimiento.
c) Con relación a la autopista de circunvalación de Alicante AP7N y la congestión de la A70 Circunvalación de Alicante.
d) Llevar a cabo las acciones necesarias para que la AP7N pueda hacer la función de circunvalación de Alicante libre de peajes, con el objetivo de descongestionar la A70 E-15, sin necesidad de hacer nuevas inversiones en esta última.
e) Realizar las actuaciones necesarias para restablecer el tráfico en el falso túnel de Brotons, que a día de hoy permanece cerrado dos carriles, sentido Valencia.
f) Solucionar el colapso de la A70, especialmente el tramo conocido como circunvalación de Alicante, estableciendo medidas concretas e inmediatas para ello. Dentro de estas medidas, estarán las propuestas en los puntos anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2018.-Herick Manuel Campos Arteseros y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/003204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y don Rodrigo Gómez García, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre modificación del régimen legislativo de las Federaciones Deportivas.
Exposición de motivos
El 18 de julio de 2017, Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue detenido en el marco de una operación anticorrupción de la Unidad de Control Operativo (UCO) en la que sus agentes acudieron al
domicilio de Villar, donde permanecieron seis horas recabando información. Villar llevaba en el cargo de Presidente de la Real Federación Española de Fútbol desde el año 1988, es decir, prácticamente 30 años al mando del fútbol español.
La detención y entrada en prisión de Ángel María Villar ha supuesto el momento más álgido a nivel mediático de la corrupción en el deporte español, ha sido solo la punta del iceberg de un problema sistémico que afecta a múltiples
federaciones.
Esta detención se une a las investigaciones que recaen sobre:
- José Luis Sáez, expresidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), por siete presuntos delitos relacionados con la apropiación indebida y la administración desleal. Sáez, según el propio juzgado, llegó a imputar a la FEB facturas
de restaurantes por importe de 6.000 euros en un solo mes.
- Lorenzo Miret fue inhabilitado como presidente de la Real Federación Española de Tiro con Arco (RFETA) por uso indebido de los recursos propios de la entidad. Se le acusa, entre otras cosas, de emplear a sus hijos en dicho organismo,
tener un piso en Madrid para uso personal que es propiedad de la federación o haberse comprado un Audi Q5 a cuenta de la RFETA.
- Jesús Castellanos Pueblas, presidente de la Federación de Taekwondo desde 2005 y quien fue detenido por la policía en Alicante por presuntos delitos de blanqueo, malversación, apropiación indebida y administración desleal.
- A José Luis Escañuela, expresidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), cuatro federaciones territoriales le acusaron de 'opacidad en el gasto de importantes cantidades entregadas al observatorio y a la Fundación y de falta de
información de las cuentas de las eliminatorias de Davis jugadas en España desde julio de 2009'. En septiembre de 2015, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) castigó con una inhabilitación de dos años y ocho meses a José Luis Escañuela tras
la apertura de cuatro expedientes.
Las sombras de sospechas, las evidencias de gasto desmedido y/o las inhabilitaciones han alcanzado también a otras federaciones como las de balonmano, rugby, caza, pentatlón, vela, kickboxing, etc.
Todos estos casos de corrupción y malas prácticas generan un problema añadido y es que crean un clima de sospecha y mala fama sobre todas las federaciones deportivas, cuando la mayoría de ellas realizan un gran trabajo para hacer crecer el
deporte español, que supone una dificultad para encontrar patrocinadores y colaboradores que quieran unir su imagen a la de las federaciones.
Ante esta situación dantesca, la organización sin ánimo de lucro Transparencia Internacional España denunció la situación legislativa de la gestión federativa e instaba a un cambio inmediato.
Por todo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reformar la Ley 10/1990, del Deporte. La legislación vigente no permite dar respuesta jurídica al escenario actual de las competiciones deportivas, ni a los casos de corrupción que han aflorado en los últimos años.
2. Armonizar las sanciones deportivas en las legislaciones de los Estados Miembros de la Unión Europea (EEMM), con el fin de unificar las conductas prohibidas y sus respectivas sanciones en estos países, en particular, conductas de amaños
de partidos, apuestas ilegales y otras infracciones del ámbito deportivo.
3. Coordinar los ordenamientos jurídicos de los EEMM con las normas de las Instituciones deportivas de ámbito privado.
4. Crear un Observatorio para la Transparencia e Integridad en el deporte, dependiente de una Autoridad Independiente de la Integridad Pública, que asesore, supervise y emita dictámenes de oficio o a solicitud de los clubes, asociaciones u
otras instituciones.
5. En cumplimiento riguroso de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, a:
a) Instar a todos los clubes y federaciones a proporcionar la información financiera relevante en sus páginas Webs conforme a la Ley de Transparencia.
b) Publicar todos los contratos y documentación de relevancia económica cuando la asociación o institución reciba subvenciones o ayudas públicas, conforme a la Ley de Transparencia. Publicar la Rendición de Cuentas y plan económico para el
ejercicio siguiente.
c) Transparencia de acuerdos económicos relacionados con la organización de una competición deportiva (ya sea nacional o internacional): contratos, concursos de adjudicación, patrocinios, gastos en instalaciones, inversión pública y
privada, reparto de derechos televisivos, etc.
d) Desarrollar buenas prácticas y principios de buen gobierno:
i. Limitar el número de años que se pueden ostentar cargos directivos en instituciones públicas o de interés público relacionadas con el deporte, a dos mandatos u ocho años.
ii. Creación de canales de denuncias con tratamiento anónimo y confidencial para proteger a los denunciantes.
iii. Mecanismos e Instrumentos de Buenas Conductas:
1. Implantación por los clubes y federaciones deportivas de códigos éticos y de buenas prácticas e integridad.
2. Establecimiento general de un Régimen disciplinario y sancionador por las propias instituciones privadas deportivas.
3. Formación e información permanente dirigida a deportistas, cargos directivos e instituciones de cara a prevenir la corrupción e incentivar las buenas prácticas en el deporte (''fair play'').
iv. Promover incentivos para denunciar actos de corrupción y/o limitaciones:
1. Prohibición a los clubes a participar en competiciones si no disponen de un código de buenas prácticas y/o no cumplen las obligaciones legales de transparencia.
2. Obligación de presentación de informes anuales de buen gobierno para todas las asociaciones y clubes a las federaciones.
3. Implementación de programas de prevención de riesgos penales dirigidos a disminuir y/o excluir, en su caso, la responsabilidad penal de la persona jurídica u otros entes sin personalidad jurídica.
4. Política de Tolerancia cero con infracciones deportivas cometidas por los deportistas o por cargos institucionales.
a) Sancionar a los clubes, asociaciones o instituciones que no han puesto las medidas suficientes para evitar el dopaje de sus deportistas.
b) Sancionar de forma definitiva a los deportistas en el ámbito deportivo que hayan cometido infracciones graves.
c) Inhabilitación absoluta para recibir ayudas o subvenciones cuando se haya sido condenado por delitos de corrupción deportiva o sancionado administrativamente por los mismos hechos en más de tres ocasiones.
d) Inhabilitación para ostentar cargos institucionales en el ámbito del deporte si ha sido condenado por delitos de corrupción.
e) Fuertes sanciones deportivas para aquellas instituciones que pongan trabas o se nieguen a colaborar y dar información en las investigaciones relacionadas con la corrupción en todos sus ámbitos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2018.-Rodrigo Gómez García, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/003203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enric Bataller i Ruiz, Diputado de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la subestación eléctrica de Patraix, para su
debate en Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
El 15 de mayo del 2007 se produjo un incendio en la subestación eléctrica de Patraix, en Valencia, que dejó sin servicio la instalación y llevó al ayuntamiento a decretar su cierre cautelar por razones de seguridad.
Según datos proporcionados por la empresa distribuidora, las consecuencias inmediatas del cierre supusieron el incremento de la potencia no garantizada en las ya sobrecargadas subestaciones ST Quart, ST Fuente de San Luis y STR Nou Moles,
todas ellas en la ciudad de Valencia, y la imposibilidad de atender tanto al mercado de invierno 2007/2008, para el que se preveía un grado de carga en dichas subestaciones del 122,3 %, 104,8 % y 133,3 %, respectivamente, así como para atender los
nuevos suministros previstos, tanto dentro del ámbito natural de distribución eléctrica de la ST Patraix como de las subestaciones contiguas.
Para paliar esta situación el Estado elaboró, con participación autonómica, una planificación de la red eléctrica de transporte para el periodo 2007-2016 que implicaba mantener en servicio las ST Torrefiel, ST Cabanyal, ST La Punta, ST Fira,
ST Quart y ST Patraix (220 kV), renovar y ampliar a 220 kV las subestaciones de ST Parque de Cabecera, ST Parque Central, ST Alameda y ST La Torre.
Así, el 31 de mayo del 2007, el Pleno municipal de Valencia acordó, por unanimidad, ratificar el cierre de la subestación de Patraix; requerir al Ministerio de Industria, Red Eléctrica Española, SAU e Iberdrola, SAU, la redacción de un plan
energético de abastecimiento a la ciudad; y ofrecer en permuta los terrenos necesarios para el desmantelamiento y traslado de la ST Patraix a la denominada ST Nuevo Cauce, propuesta de localización que fue comunicada el 5 de octubre del 2007.
El 30 de mayo de 2008, el Pleno municipal aprobó, de forma consensuada con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, la ubicación de las futuras subestaciones eléctricas de la red de transporte y distribución de la ciudad,
condicionadas a su ejecución subterránea, incluyendo la nueva ST Nuevo Cauce, que tenía que sustituir a la ST Patraix. A través de la Dirección General de Energía de
la Generalitat, el ayuntamiento solicitó formalmente a Red Eléctrica Española SAU que contemplara esta propuesta en la planificación de la red de transporte del sector eléctrico y del gas 2008-2016 para Valencia.
El 30 de enero de 2009 se publicó la Orden ITC/81/2009, de 28 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio donde, dada la indeterminación sobre una posible puesta en servicio de la ST Patraix y considerando la crítica situación
del mercado eléctrico de Valencia, se resolvió incorporar en la planificación nacional de energía la ST Nuevo Cauce 220 kV, con el fin de sustituir la funcionalidad de la ST Patraix, la cual, sin embargo, y dado los incrementos de demanda previstos
en Valencia, sería puesta en servicio y permanecería disponible en situación de reserva.
La Orden ITC/2906/2010, de 8 de noviembre, por la cual se aprobaba el programa anual de instalaciones y actuaciones de carácter excepcional de las redes de transporte de energía eléctrica y gas natural, ratificó la inclusión en la
planificación energética nacional de la ST Nuevo Cauce 220 kV. De esta manera, las actuaciones planificadas para la ST Patraix pasarían a conectarse con la ST Nuevo Cauce. Así mismo, ante la ralentización económica y del crecimiento del consumo
eléctrico, la ejecución de algunas actuaciones asociadas al suministro de nueva demanda eléctrica quedaron aplazadas para su consideración en el proceso de planificación 2012-2020, iniciado por medio de la publicación de la Orden ITC/734/2010, de 24
de marzo.
En el año 2014, Valencia se suministraba de dieciocho subestaciones transformadoras, siete de ellas fuera del término municipal, que formaban parte de la red de transporte y distribución eléctrica y que se encontraban interconectadas, con
tensiones nominales de trabajo entre los 66 y 400 kV.
Gracias a la construcción de la ST Parque Central y debido al descenso en la demanda registrada en los últimos años como consecuencia de la disminución de la actividad económica y la pérdida de poder adquisitivo de la población, el sistema
de abastecimiento de Valencia ha mantenido su estabilidad. Sin embargo, si se tienen en cuenta las exigencias crecientes en materia de fiabilidad y calidad de suministro eléctrico y se analizan las previsiones de desarrollo urbano, la conclusión es
que continúa siendo necesario aumentar su capacidad. Y esta situación se agrava cuando el análisis se extiende al área metropolitana, densamente poblada y con un gran potencial de desarrollo.
El escenario previsto para hacer frente a las demandas de electricidad que supondrán los desarrollos previstos en el Plan General vigente -y eventualmente su Revisión Estructural- ha sido anticipado por la empresa distribuidora, lberdrola
Distribución Eléctrica, y ha llevado al Ayuntamiento de Valencia a plantear una serie de propuestas de mejora.
Además de aumentar la potencia eléctrica de las subestaciones existentes, el objetivo es que cada una de ellas disponga, como mínimo, de la posibilidad de suministro desde dos ramas del anillo de distribución, aumentando así la seguridad y
fiabilidad del sistema. En el caso concreto de la ciudad de Valencia, hay varias actuaciones que, dentro de las previsiones de desarrollo futuro a corto y medio plazo, se consideran prioritarias por razones de política urbanística municipal, y que
son las siguientes:
- La construcción de la nueva ST Grau/132 kV.
- La construcción de la ST Nuevo Cauce/220 kV.
- El desmantelamiento de la ST Patraix/220 kV.
- La ejecución sepultada de las infraestructuras de la red de transporte y distribución de nueva implantación, sean redes cableadas o subestaciones.
Es de resaltar, además, que en 2009 un juzgado declaró nula la licencia de actividad de la ST Patraix por ser peligrosa. Seis años después, tal nulidad fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por
entender que dicha actividad debía considerarse calificada como peligrosa. Asimismo, el ayuntamiento se ha negado a concederle licencia de actividad. Pese a ello, ni desde Iberdrola, ni desde la entidad gubernamental Red Eléctrica parece existir
intención de realizar el desmantelamiento en breve. En estos momentos la subestación que debería reemplazar a la de Patraix no está incluida en la planificación energética contemplada hasta 2022. Un hecho que sorprende pese a la unanimidad a la
hora de considerar la peligrosidad de la subestación, ubicada en pleno casco urbano de Valencia.
El 29 de junio del 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Valencia adoptó por unanimidad una declaración institucional sobre la subestación de Patraix, instando a su cierre.
Por todo ello, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a modificar el documento de planificación energética, el llamado Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de
2015, Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre (''BOE'' núm. 254, de 23 de octubre), para que contemple la construcción de la subestación eléctrica Nuevo Cauce, incorporándola a la planificación nacional de energía eléctrica para Valencia, al objeto
de sustituir progresivamente la funcionalidad de la subestación eléctrica de Patraix, que inicialmente quedará en situación de reserva hasta que técnicamente sea posible el traslado de sus instalaciones y su cierre definitivo. La tipología de la
subestación de la ST Nuevo Cauce será subterránea, excepto que por medio del correspondiente instrumento de paisaje pudiera justificarse de forma razonable y suficiente otro tipo de solución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2018.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputado don Antón Gómez-Reino Varela, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, formula la presente
Proposición no de Ley relativa a la inclusión del Eucalyptus en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, regulado por el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, y la adopción de las medidas de prevención y lucha derivadas de la misma.
Exposición de motivos
Las especies Eucalyptus camaldulensis y E. globulus figuraban incluidas en el Anexo II del Real Decreto 1628/2011 como especies exóticas con potencial invasor.
En el año 2012 el Comité Científico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente recomendó (CC 02/2012) la inclusión de Eucalyptus nitens en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 1628/2011) debido a
su carácter invasor.
Posteriormente, con la anulación del Anexo II del Real Decreto 1628/2011, por el Real Decreto 630/2013, las especies Eucalyptus camaldulensis, E. giobutus y E. nitens quedaron excluidas del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
El 18 de septiembre de 2017, don Rafael Sisto, Alcalde del Ayuntamiento de Teo (A Coruña), presentó un escrito dirigido a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, solicitando la inclusión de las especies
Eucalyptus camaldulensis, E. gtobutus, E. nitens, y cualquier otra especie del género Eucatyptus en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras regulado por el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto.
Dicha Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural solicitó consulta a los órganos ambientales competentes sobre el posible carácter invasor de las mencionadas especies del género Eucatyptus, así como cualquier otra
especie perteneciente a este género y sobre la pertinencia de su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
Dicho Dictamen señala que todas las especies del género Eucalyptus, se consideran óptimas para su cultivo debido a su rápido crecimiento y a su gran adaptabilidad a diferentes tipos de suelos y climas, características que son precisamente
las que, junto con otras más de su biología y fisiología, las hacen nocivas para el medio natural de los lugares donde se cultivan y se naturalizan. Entre estas características, el informe destaca Las siguientes:
- La dificultad de descomposición de su hojarasca, problema grave que afecta a todo el ecosistema, ya que debido a la composición química de las hojas de las especies del género Eucalyptus no hay invertebrados autóctonos capaces de
consumirlas, lo que provoca el empobrecimiento de las cadenas
tróficas de descomponedores acuáticos cuando las hojas caen en los ríos y la inhibición de la incorporación de la materia orgánica al suelo y de la mineralización del nitrógeno, que es incluso mayor que la de otras especies exóticas
catalogadas como invasoras en nuestro país, como Acacia dealbata o Robinia pseudoacacia, lo que conduce a un drástico empobrecimiento de nitrógeno en el suelo.
- La alteración de las propiedades físico-químicas, bioquímicas y microbiológicas del suelo. Así, por ejemplo, se ha demostrado que en el Parque Natural Fragas do Eume (Galicia), las plantaciones de Eucalyptus alteran estas propiedades en
mayor medida que los incendios forestales en bosques autóctonos de roble y, que en zonas de clima seco, árido o semiárido, como en áreas de clima Mediterráneo o en algunos hábitats de las Islas Canarias, las plantaciones de E. camaldulensis han
provocado una disminución significativa en el balance hídrico del suelo respecto al de la vegetación autóctona.
- La actividad alelopática constatada en hojarasca de E. camaldulensis y E. globutus tiene efectos negativos sobre la germinación, el establecimiento y/o el crecimiento de otras especies restringiendo su crecimiento a otras áreas alejadas de
la zona de influencia de esta actividad.
- La pérdida de biodiversidad, tanto vegetal como animal, y aumento del riesgo de instalación de otras especies invasoras de los estratos arbustivo y herbáceo. En concreto, se ha demostrado que la biodiversidad de aves en plantaciones de
Eucalyptus en Galicia y Portugal es significativamente menor que en plantaciones de Pinus y que en bosques autóctonos y que la flora liquénica se ve dramáticamente disminuida en plantaciones o masas naturalizadas. Las extensiones de plantaciones de
Eucatyptus sp. suponen fragmentación de los ecosistemas naturales, como ya ha sido constatado en Galicia, en el Parque Natural Fragas do Eume, lo que conlleva la pérdida de biodiversidad.
- La capacidad para colonizar espacios abiertos, especialmente en escenarios post-incendio forestal, desplazando a las colonizadoras autóctonas. En la península Ibérica este hecho ha sido constatado para E. globulus. La capacidad
colonizadora e invasora de E. globulus en Galicia ha sido demostrada también en ausencia de fuego. La capacidad colonizadora de esta especie es mayor en espacios abiertos, en terrenos alterados, por lo que se recomienda recuperar hábitats naturales
y frenar la transformación del terreno como medida preventiva a la invasión.
- La dificultad en la erradicación de estas especies cuando se naturalizan hace que su manejo y control supongan un alto coste para la economía nacional, regional o local.
- El elevado riesgo de incendio. Los eucaliptales tienen elevada susceptibilidad a arder por la acumulación de hojarasca y la presencia de aceites inflamables, que aumentan la carga combustible. Además, después del incendio, el eucalipto
rebrota con intensidad y presenta un profuso establecimiento de nuevos individuos, por lo que las zonas plantadas con eucaliptos pueden entrar en un bucle de retroalimentación (el eucalipto favorece el fuego y este favorece al eucalipto sobre otras
especies) que resulta difícil de romper.
- Otro peligro añadido es la introducción involuntaria de especies asociadas a las de Eucalyptus en el lugar de origen, que igualmente puedan convertirse en invasoras. Este es el caso de insectos asociados a Eucalyptus sp., que han llegado
a convertirse en plaga, o el caso del hongo ectomicorrícico Laccaria fraterna, asociado de forma natural a especies de Eucalyptus e introducido con las mismas, que en la península Ibérica ha encontrado otras especies hospedadoras compatibles
desplazando a las nativas.
Señala el Dictamen que con fundamento únicamente en la capacidad de expansión y colonización, una especie vegetal se considera invasora cuando su capacidad de dispersión y colonización se extiende en un área alejada del punto de introducción
de la misma y en un tiempo máximo (i.e., más de 100 metros en menos de 50 años, en el caso de propagación por semillas, y más de seis metros cada tres años en el caso de propagación vegetativa. Bajo este criterio, en la actualidad hay dos especies
invasoras de Eucalyptus en España: E. camaldulensis y E. globulus.
Pero una especie puede considerarse invasora, tal como explicita el Dictamen no solo por su capacidad de dispersión y colonización, sino también por el impacto de su presencia en hábitats naturales o seminaturales. Así, según la lUCN
(2000), una especie exótica se considera invasora cuando se establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural; es un agente de cambio y amenaza la diversidad biológica nativa. Del mismo modo, el Convenio Internacional sobre Diversidad
Biológica considera especie exótica invasora cuando su introducción y propagación amenaza a los ecosistemas, hábitats o especies produciendo daños económicos o ambientales (Decisión VI/23 del Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica-COP 6
de abril 2002). Bajo este criterio, todas las especies de Eucalyptus naturalizadas en nuestro país son consideradas invasoras debido a su capacidad de transformar el medio natural. Esto
incluye a E. camaldulensis, E. globulus, E. gomphocephala, E. gunnii, E. nitens y E. sideroxylon. Además, teniendo en cuenta que cualquier especie o híbrido de Eucalyptus introducida para la explotación forestal reúne unas características
biológicas y fisiológicas semejantes a las de las introducidas previamente para tal fin (i.e., rápido crecimiento, adaptabilidad a diferentes tipos de suelo y ambientes), deben considerarse potencialmente peligrosas para el medio natural y deben
tratarse de la misma forma, evitando su naturalización y llevando a cabo su erradicación en el momento de detectar su naturalización.
Después de exponer largamente los motivos que aquí se han sintetizado, el Dictamen concluye Literalmente lo siguiente:
'Se hace constar, por la evidencia científica disponible aquí presentada, la naturalización e invasión de seis especies del género Eucalyptus en España: E. camaldulensis, E. globulus, E. gomphocephala, E. gunnii, E. nitens y E. sideroxylon.
De estas seis especies, dos de ellas se incluyen o se han incluido en planes de erradicación en nuestro país (E. camaldulensis y E. globulus). Estas dos especies se consideran transformadoras del medio, modificando el funcionamiento de los
ecosistemas y alterando las características físico-químicas del suelo, desplazando flora y fauna autóctona, disminuyendo la biodiversidad, aumentando el riesgo de incendios y colonizando espacios abiertos tanto naturales como seminaturales y
antrópicos. Este conjunto de características biológicas, fisiológicas y ecológicas las comparten con cualquier otra especie del género cuyo motivo de introducción sea la explotación forestal (i.e., son especies de crecimiento rápido y buena
adaptabilidad a diferentes ambientes y tipos de suelo), por lo que todas ellas presentan un alto riesgo de invasión en nuestro territorio, hecho ya consumado para E. camaidulensis y E. globulus. Según el criterio de la IUCN (2000) todas las
especies de Eucalyptus naturalizadas en España presentan carácter invasor y capacidad transformadora del medio. Así lo demuestran los análisis de riesgo de invasión llevados a cabo, cuyos resultados han sido positivos. El análisis para E.
gomphocephala no ha podido llevarse a cabo por falta de datos. Por lo tanto, se concluye incluir en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, regulado por el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, bajo el criterio de la IUCN (2000), a
todas las especies de Eucalyptus naturalizadas en España por su carácter invasor y capacidad transformadora del medio, y se recomienda extremar la precaución con cualquier otra especie de este género cuyo destino sea la explotación forestal debido
al alto riesgo de invasión. Siempre que se observe naturalización de cualquier especie de Eucalyptus en nuestro territorio se recomienda un seguimiento local y llevar a cabo medidas de erradicación antes de que se produzca la invasión. Del mismo
modo, se recomienda una gestión profesionalizada de las explotaciones forestales de Eucalyptus sp. que garantice el control de la explotación evitando la naturalización e invasión fuera del territorio dedicado a tal fin y llevando a cabo tareas de
erradicación en caso de producirse la naturalización. La recuperación de hábitats naturales es la mejor medida a medio y largo plazo para evitar la invasión de Eucalyptus sp. en el entorno.'
El Dictamen respalda sus conclusiones en los resultados de los análisis de riesgo específico de invasión en nuestro territorio para las especies E. camaldulensis, E. globulus, E. gunnii, E. nitens y E. sideroxylon realizados con base en el
protocolo de Pheloung et al. (1999) adaptado para España (Gassó et al. 2010) para todas las especies de Eucalyptus naturalizadas en nuestro país, excepto para E. gomphocephala por insuficiencia de datos sobre esta especie. Este protocolo se basa
en el análisis de características biológicas, biogeográficas y ecológicas de las especies introducidas. De la puntuación obtenida se concluye que todas las especies citadas poseen riesgo de invasión en nuestro territorio, especialmente alto en el
caso de E. camaldulensis, E. globulus y E. nitens, estas tres últimas destinadas a la explotación forestal.
El Dictamen cita 68 trabajos de investigación científica, de la más diversa autoría sobre la materia, en respaldo de sus conclusiones.
Es de destacar, además, que en este Dictamen existe unanimidad de todos los miembros del Comité Científico y de todos los expertos consultados.
Sorprendentemente, a pesar del rigor, la claridad y la contundencia del Dictamen que el propio Ministerio había solicitado para contestar a la solicitud que le había dirigido el Concello de Teo; el pasado 9 de febrero de 2018, la Dirección
General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural dictó resolución en virtud de la cual rechazaba la solicitud del Concello de Teo de inclusión de las especies Eucalyptus camaldulensis, E. globulus, E. nitens, y Eucalyptus spp. en el
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
Como única justificación para ello cita un informe realizado el 11 de diciembre de 2017 por la Subdirección General de Política Forestal de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal que no ofrece criterios científicos ni
medioambientales, sino de mera 'rentabilidad económica' y el silencio negativo de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad a una solicitud de informe de 21 de diciembre de 2017. Teniendo en cuenta la fecha en la que se
emitió el Dictamen del Comité Científico y la fecha en la que se solicitaron estos otros informes parece evidente que su único objeto es dar cobertura a la decisión previamente adoptada por el MAPAMA de no incluir el Eucalyptus en el Catálogo de
especies exóticas invasoras, en contra del criterio técnico del Comité Científico.
Por ello, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a que, en cumplimiento del Dictamen del Comité Científico de flora y fauna silvestres CC 30/2017, emitido en respuesta a la consulta que le fue dirigida por la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural sobre el posible carácter invasor de las especies Eucalyptus camaldulensis, E. globulus, E. nitens, y cualquier otra especie del género Eucalyptus y sobre la pertinencia de su inclusión en el Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras:
1. Incluya en el Catálogo Español de Especies Exóticas invasoras regulado por el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, bajo el criterio de la IUCN (2000), a todas estas especies: Eucalyptus camaldulensis, E. globulus, E. gomphocephala, E.
gunnii, E. nitens y E. sideroxylon, así como cualquier otra especie de este género cuyo destino sea la explotación forestal, debido al alto riesgo de invasión por estas especies consecuencia de sus características biológicas, fisiológicas y
ecológicas.
2. Elabore, en coordinación con las demás Administraciones con competencias en la materia, un plan de acción que contemple:
a) El seguimiento de la evolución de la situación del Eucalyptus en los distintos territorios del Estado.
b) Medidas de precaución frente a nuevas introducciones y plantaciones.
c) Medidas de erradicación antes de que se produzca la invasión, siempre que se observe naturalización de cualquier especie de Eucalyptus.
d) Medidas de recuperación de hábitats naturales y freno a la transformación del terreno como medidas preventivas a la invasión, dado que la capacidad colonizadora de esta especie es mayor en espacios abiertos en terrenos alterados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela y Ángela Rodríguez Martínez, Diputados.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003212
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a la elaboración de una normativa estatal que prohíba o restrinja el uso de animales salvajes en los circos.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 85414, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la elaboración de una normativa estatal que prohíba o restrinja el uso de animales salvajes en los circos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El pasado 2 de marzo un camión que transportaba cinco elefantes volcó en un tramo de la A-30, en la provincia de Albacete, uno de ellos murió y otros cuatro sobrevivieron, pero con heridas de diversa consideración. Este accidente ha puesto
de relieve, una vez más, la imposibilidad de garantizar la protección animal y la seguridad de los animales que actúan en los circos.
Estos elefantes fueron capturados en la naturaleza en zonas de Asia, allá por la década de los sesenta y son explotados por el circo Gottani. De hecho, según informa 'Público' este circo cuenta con tres expedientes sancionadores en Galicia.
A este hecho se añade la fuga de un hipopótamo de otro circo al que pertenece y que volvió a fugarse el 20 de marzo de 2018 cuando los vecinos de La Garrovilla (Badajoz) se lo encontraron campando a sus anchas por el municipio.
Los países de nuestro entorno que han prohibido los animales salvajes en los circos son muchos, pero España va con retraso y cada día es más necesaria una ley de ámbito estatal al respecto.
Buena parte de la sociedad está en contra de la utilización de animales salvajes en los circos. De hecho en los últimos tres años ha habido cuatro comunidades autónomas, como son Cataluña, Baleares, Murcia y Galicia, que han prohibido los
circos con animales y más de 470 municipios han hecho lo mismo a nivel municipal.
Aunque el rechazo en nuestro país a circos con animales se va extendiendo en los últimos años, no existe aún una normativa estatal que los prohíba. Algo que nos aleja de la tendencia existente en la Unión Europea.
Sólo nueve países miembros no tienen una normativa estatal que prohíba o restrinja el uso de animales en los circos, y España, junto a Eslovaquia, Luxemburgo, Lituania, Italia, Irlanda, Alemania y Francia, es uno de ellos.
Existen muchas denuncias a los circos. Se dan por las condiciones en que mantienen a los animales o los números que estos se ven obligados a realizar. Hay que terminar con los animales salvajes en los espectáculos, pero también hay que
afrontar dar una salida digna a estos animales.
Por otro lado, también hay que abordar de forma inmediata las condiciones para el transporte de estos animales y los riesgos para la seguridad vial.
Según un informe reciente de Eurogroup for Animals, entre 1995 y 2017 ha habido al menos 305 accidentes con automóviles circenses en los que se han visto envueltos hasta 608 animales. De media, son casi 30 animales cada año en el conjunto
de la UE.
Existe un reglamento a nivel europeo para el transporte de animales salvajes, pero este no es aplicable a los circos. Existe un vacío legal para estos casos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar una normativa estatal que prohíba o restrinja el uso de animales salvajes en los circos.
2. Adoptar medidas a corto plazo para la mejora de las condiciones en que los circos mantienen a los animales o los números que estos se ven obligados a realizar.
3. Plantear medidas inmediatas para mejorar las condiciones de transporte de estos animales y los riesgos que suponen para la seguridad vial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Gonzalo Palacín Guarné, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
aumentar el control de las fronteras, para su debate y votación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
De nuevo se abre el debate en la Unión Europea sobre la falta de controles en las fronteras de la Unión. En este sentido, las organizaciones agrarias siguen insistiendo en la importancia que tiene el control de las fronteras, ya que son
muchos países los que introducen sus productos a diario dentro de la eurozona.
Este mes de marzo, la berenjena y el pimiento procedentes de países extracomunitarios han dado alertas por no cumplir con los LMR (límites máximos de residuos).
Todos los alimentos destinados al consumo humano o animal de la UE están sujetos a un límite máximo de residuos de plaguicidas en su composición, con el fin de proteger la salud humana y animal. El Derecho de la UE regula los límites
aplicables a los diferentes productos de alimentación y fija un límite máximo aplicable por defecto. Se denomina Límites Máximos de Residuos o LMR a la cantidad máxima de residuo de un determinado producto fitosanitario sobre un determinado
producto agroalimentario permitida por la ley. Por encima del LMR, el producto agroalimentario no puede comercializarse.
Cada vez son más frecuentes las ocasiones en las que se encuentran productos en los mercados europeos procedentes de otros países que no están autorizados para comercializarse. Los agricultores españoles han realizado un gran esfuerzo para
cumplir los estándares europeos, en muchas ocasiones poniendo sus cosechas en riesgo por no poder combatir una plaga o enfermedad al no poder utilizar un producto no autorizado.
Son muchos los productores que alzan la voz de alarma. Hace una semana los italianos alertaron que habían detectado pimientos picantes con presencia de clorpirifos de 0,091 miligramos/Kg, cuando está fijado su LMR en 0,01 miligramos/Kg. Se
trata de una sustancia activa que en España se retiró en algunos productos como los pimientos, pero permitida dentro de la UE con muchas restricciones y limitaciones.
Otro ejemplo, en Alemania, una partida de berenjenas fue retirada debido a la presencia de una alta cantidad de Metomilo (una cantidad 25 veces superior a la permitida). Dichas berenjenas procedían de la República Dominicana, según refleja
el RASFF que califica como grave esta infracción. La partida fue eliminada antes de entrar en los canales de consumo alemanes.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista insistimos que es esencial no bajar la guardia en fronteras y aumentar las medidas en ellas, para que todas las producciones que proceden de países extracomunitarios respeten la legislación
medioambiental y de sanidad vegetal, al igual que se exige a las producciones europeas. Tenemos que apostar por la calidad y la seguridad alimentaria, son normas que todos nos hemos dado para garantizar la seguridad alimentaria en la UE y para
participar hay que aceptarlas y cumplirlas.
Hay que hacer un esfuerzo mayor para evitar el fraude; de ahí la importancia que tiene, por un lado, la trazabilidad de los productos y un buen etiquetado, donde venga reflejado el origen de los productos que se ponen a la venta y, por
otro, que superficies que vendan productos a granel pongan a disposición del consumidor una información veraz y clara del origen del producto.
En España la mayoría de las cooperativas agrarias españolas ofrecen la trazabilidad como garantía de calidad, transparencia y seguridad al consumidor, dentro de un mercado cada vez más globalizado. Así se evitarían casos como los antes
mencionados.
El pasado mes de febrero tuvo lugar, en la provincia de Huelva, un encuentro del Grupo de Contacto Hispano-Franco-Italiano, compuesto por representantes de los productores de fresas de Francia y de Italia, así como de España, agrupados en la
Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva, Freshuelva, integrada en FEPEX. Se reunieron en la sede de la asociación onubense. En la reunión, España, Francia e Italia acordaron exigir un mayor control del reempaquetado de fresas
de otros países de origen, tras poner de relieve que este hecho se está produciendo con la fresa marroquí en España o con la fresa alemana en Francia, y la necesidad de controlar el volumen y un control fitosanitario exhaustivo como lo tienen las
frutas y hortalizas europeas.
Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Incrementar las políticas de control en las fronteras españolas, con herramientas que controlen la entrada de frutas y hortalizas de terceros países en nuestro país, que no cumplan las normas sanitarias y fitosanitarias.
- Instar a la Unión Europea a fortalecer el control en las fronteras europeas, para que todas las producciones que proceden de países extracomunitarios respeten la legislación medioambiental y de sanidad vegetal, al igual que se exige a las
producciones europeas, y que venga reflejado en el etiquetado el origen del producto.'
Palacio del Congreso de los Diputado, 11 de abril 2018.-Josefa Inmaculada González Bayo y Manuel Gabriel González Ramos, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a la Mesa para, al amparo no de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en
defensa del Sector Agroalimentario, para su debate y votación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los últimos datos macroeconómicos sitúan a la agricultura como un factor clave para el progreso económico de las comarcas españolas ocupando un porcentaje nada desdeñable en el PIB nacional.
Ha pasado mucho tiempo desde aquel año 1985, en el que el Gobierno presidido por Felipe González posibilitó la entrada de España en el Mercado Común Europeo y que generó un gran cambio de la agricultura española.
Durante estos treinta años, la apuesta firme por obtener un producto de calidad y atractivo para los consumidores de Europa lleva a los agricultores españoles a una evolución-revolución basada en la constante tecnificación y mecanización de
sus explotaciones, buscando la obtención de productos de máxima calidad con importantes cotas de rentabilidad. No obstante, no en todas las explotaciones es posible, ya que la mecanización sólo es rentable a partir de un determinado umbral físico,
económico y financiero.
El devenir del propio sector llevó a las explotaciones más pequeñas a unirse para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, de ahí que por ejemplo muchos agricultores incrementaran sus explotaciones, comprando o arrendado tierras y
concentrándose en cooperativas, configurando otras formas de agricultura de grupo para competir de mejor manera. Se constituyen cooperativas agrarias de primer grado e incluso de segundo y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT). Un salto
cualitativo que hace que el pequeño agricultor puede acceder, además más fácilmente, al crédito y a los mercados.
No obstante, no ha sido así en todos los territorios, pues en muchas zonas el sector se ha visto espoleado por la extensión de los regadíos, y en otras se ha visto frenada por la falta de agua; generándose
en función de las condiciones endógenas diferencias importantes de productividad, lo que genera también diferencias importantes de renta.
Todos estos cambios han sido destacados en zonas como la cuenca del Duero, Cataluña y Andalucía (Almería y Huelva, principalmente), generando productos agrícolas y alimentos de máxima calidad, contribuyendo desde una nueva filosofía de
conservación y respeto al medio ambiente a fijar población en el medio rural.
Este desarrollo de productos de máxima calidad se ha traducido en certificados de calidad, denominaciones de origen y todos aquellos elementos que han venido a garantizar la calidad del producto. Un ejemplo de ello, las denominaciones de
origen del vino, del queso, del aceite etc.
Desde una perspectiva de carácter meramente económico, el sector de las frutas y hortalizas ocupa el primer puesto en exportaciones agroalimentarias de España, seguido de aceites y carnes, tras ellos vinos, bebidas y la pesca.
Durante el ejercicio 2016 España supera los 13 millones de toneladas, incrementándose el reporte económico en más del 10 % con respecto al ejercicio anterior.
Concretamente y como ejemplo de crecimiento, Andalucía lleva dos años liderando las exportaciones agroalimentarias, con un valor superior a los 11.000 millones de euros, en 2017, lo que se traduce en un incremento del 9,2 % con respecto a
2016 y, prácticamente, 1 de 4 euros exportados por España proceden de Andalucía. Las ventas al exterior, un 80 % de ellas, fueron a la Unión Europea, siendo Alemania el país que mayor volumen recibió, seguido de Italia, Francia y Reino Unido. Los
principales productos exportados han sido hortalizas, aceite de oliva y frutos rojos.
Con todo ello, los agricultores se han encontrado con muchas barreras que hacen tambalear y frenar sus rendimientos, como el 'Veto Ruso', 'El Brexit' y también últimamente los planteamientos del presidente Donald Trump, que están poniendo en
peligro muchas explotaciones agrarias.
El 'Veto ruso' afectó profundamente a los productos agroalimentarios, principalmente las frutas y hortalizas (312 millones de euros en 2013), (37.000 toneladas de tomates, 35.000 toneladas de melocotones, 35.000 toneladas de mandarinas,
etc.) y los cárnicos (112 millones de euros en 2013). Para el sector cárnico, Rusia es un importantísimo mercado al que se destinaba el 22 % del total de exportaciones de la UE de carne de vacuno y el 25 % de la de porcino.
España exportó alimentos a Rusia en 2012 por valor de 786,66 millones de euros, y en 2013 por valor de 581,4 millones de euros. El Gobierno siempre toma como referencia la cifra de 2013, que es 200 millones de euros inferior a la del 2012.
Esto ha supuesto para muchas comarcas, la ruina de muchos agricultores y ganaderos, por la falta de diligencias del Estado.
Si hablamos de la pretensión de EEUU hacia la aceituna de mesa nos encontramos ante otro ataque a un sector importantísimo, ya que según datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), España es el primer país exportador de aceituna de mesa
con 332.319 toneladas, cuyo valor asciende a 760 millones de euros. España exporta a 180 países, siendo EEUU el principal mercado con un 23,79 euro de las exportaciones, seguido de Italia, Alemania y Francia.
El brexit ha abierto muchos interrogantes sobre el futuro de los productos agrícolas en el mercado británico. Las comunidades autónomas han elevado informes al Comité Europeo de las Regiones, donde recogen Andalucía, Cataluña, Valencia,
Canarias, Murcia y Castilla-La Mancha su preocupación por las pérdidas potenciales en las políticas agrarias común por la salida de Reino Unido de la Unión, y también su preocupación por ser un destino exportador prioritario para estas regiones.
Temen que un brexit brusco, sin acuerdo de libre comercio de bienes y servicios, podría arruinar al sector agrario español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar ante las instituciones de la Unión Europea y terceros una estrategia política al máximo nivel para conseguir los siguientes objetivos que proporcionen estabilidad a los
agricultores españoles:
- Exigir el compromiso de la UE para poner en marcha todas las medidas que contempla la Organización Común Mercados Agrícolas -OCM- de productos agrarios y usar las medidas previstas en caso de perturbación grave del mercado.
- Facilitar a los productores agrarios la apertura de nuevos mercados, implicando para ello a todas las instituciones europeas.
- Defender a los productores agropecuarios ante situaciones no deseables en relación al desarrollo del mercado.
- Incrementar el seguimiento minucioso de la evolución de los precios en mercados y articular medidas preventivas que garantice al agricultor/agricultora un precio justo de sus producciones.
- Establecer negociaciones que propicien acuerdos de carácter bilateral o multilateral para garantizar las exportaciones de frutas y hortalizas españolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril 2018.-Manuel González Ramos, Josefa Inmaculada González Bayo y María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre medidas para avanzar en la igualdad de género en las profesiones sanitarias, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Los casos de difusión de imágenes y mensajes que atentan contra la dignidad de las profesionales sanitarias continúan produciéndose. Lejos de desaparecer, se está experimentando un repunte de estos casos en los últimos tiempos.
Uno de los casos que más resonancia mediática ha tenido, y que ha suscitado una enérgica protesta por parte del colectivo de profesionales de la enfermería, ha sido la inclusión en uno de los números musicales del programa Telepasión 2017 de
Nochebuena, en La1 de RTVE, de una imagen sexualizada y estereotipada de las mujeres que ejercen la profesión de enfermera. Se trataba de una imagen extremadamente alejada de la realidad en la que se presentaba a estas profesionales sanitarias con
una vestimenta totalmente inadecuada que perpetuaba el estereotipo de profesional sexy y provocativa. El Sindicato de Enfermería SATSE se dirigió con diversos escritos a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al defensor del Pueblo
y al secretario de estado de Igualdad, así como al presidente de RTVE. En sus misivas, el sindicato pedía pronunciamientos públicos de rechazo a este comportamiento de la radiotelevisión pública. El Grupo Parlamentario Socialista dirigió asimismo
diversas preguntas al respecto al Gobierno y al presidente de la Corporación RTVE, cuya respuesta ha sido evasiva.
De la misma manera, es recurrente el uso de esta imagen estereotipada y sexista de las mujeres enfermeras en disfraces, en publicidad y en todo tipo de contenidos audiovisuales y representaciones iconográficas.
Todo ello, además de suponer una clara discriminación para las profesionales sanitarias respecto a los varones que las ejercen, implica una denigración de su profesión y puede repercutir en que en el imaginario social no se valore
adecuadamente su importante contribución y responsabilidad.
Recientemente, el colectivo ha trasladado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad su deseo de que se cree un Observatorio que vele por la Igualdad en las profesiones sanitarias.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Elaborar, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, un Plan sobre igualdad y no discriminación en la profesión sanitaria que incluya, entre otras acciones, la creación de un Observatorio por la igualdad en las profesiones
sanitarias.
Este Observatorio tendrá, entre sus funciones, el encargo de elaborar con carácter bienal, comenzando por el primer año desde su constitución, un informe que incluirá, al menos, estudios de evaluación y recomendaciones para mejorar en
igualdad respecto de:
1. La imagen no discriminatoria de mujeres y hombres en los medios de comunicación social, redes sociales y en la propia documentación y medios de información destinados al público y usuarios en los servicios sanitarios públicos y privados.
2. Condiciones de empleo tendentes a la conciliación laboral y familiar tanto para profesionales mujeres como para hombres.
3. Acoso sexual y laboral en el puesto de trabajo.
4. Retribuciones salariales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2018.-Jesús María Fernández Díaz y Lídia Guinart Moreno, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, relativa a reforzar los marcos de trabajo conjunto de la Cooperación Española en el sector de la Gobernabilidad Democrática en México.
Exposición de motivos
La Gobernabilidad Democrática es una de las áreas de intervención prioritaria de la Cooperación Española en México. En este contexto, nuestra acción se centra en el fortalecimiento de instituciones públicas garantes del imperio de la ley,
la cohesión social y la igualdad de género, todos ellos elementos centrales e indispensables para el desarrollo humano. Sin embargo, la eficacia de nuestra acción puede estar en entredicho a juzgar por la información que llega acerca de la
creciente debilidad del Estado de derecho en el país mesoamericano.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha publicado recientemente un informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa (Estado de Guerrero, México), donde en septiembre de 2014
desaparecieron forzosamente 43 estudiantes. Se trata de un caso que conmociono al mundo entero y que sembró dudas, aún no aclaradas, sobre la complicidad del Estado en el suceso. El informe denuncia que al menos 34 detenidos por la desaparición de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron torturados. El informe expone el uso generalizado de la tortura en México, así como la manipulación de pruebas. La investigación de Naciones Unidas está basada en análisis forenses y entrevistas con personas
implicadas, como detenidos, testigos y autoridades. El informe también alerta de la posible ejecución extrajudicial de un sospechoso, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, muerto presuntamente por torturas a manos de la Marina. En suma, se trata de un
informe que subraya las deficiencias del Estado de Derecho en México. Cabe destacar que la grave situación de derechos humanos que sufre México no se reduce al caso de Ayotzinapa, solo en 2017, 12 periodistas fueron asesinados en México y una
veintena en los últimos años continúan desaparecidos. Se calcula que en el territorio mexicano a día de hoy hay más de 30.000 personas desaparecidas y hay un aumento progresivo de la violencia que solo en el mes de enero de 2018 aumentó un 11.7 %
respecto a 2017.
Es importante, además, no pasar por alto el marcado componente de género de las vulneraciones de derechos humanos, pues en México la muerte tiene rostro de mujer: en 2017, alrededor de 1.000 mujeres fueron asesinadas. Solo en el primer mes
de este año se documentaron 65 feminicidios en un país que ya cuenta con una tasa de 4,5 feminicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina, solo por debajo de El Salvador y Honduras.
Tras la publicación del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, Pier Antonio Panzeri, presidente de la
Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, ha pedido a las autoridades mexicanas que realicen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de los derechos humanos
cometidas. Desde 2014, las autoridades mexicanas no han podido llevar a cabo una investigación imparcial del caso Ayotzinapa que respete plenamente los derechos del acusado, la presunción de inocencia y la Ley general sobre la tortura, en
particular durante la fase de enjuiciamiento.
En este sentido, el Gobierno de España y la política de cooperación española no pueden ser ajenos a la situación de vulneración de derechos humanos que sufre México, especialmente en un momento en el que la actualización del Acuerdo Global
entre México y la UE. España tiene la oportunidad y debe garantizar el fortalecimiento de nuestra política de cooperación con México y continuar reforzando los marcos de trabajo en el sector de la gobernabilidad democrática, establecida en el Marco
de Asociación País entre España y México, en el apoyo a las áreas de justicia, administración pública, fiscalía, seguridad pública y atención a víctimas, profundizando así en los compromisos de la vigente XIV Subcomisión Mixta.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar el apoyo de España a México prestando apoyo a la labor de las instituciones en su compromiso con el cumplimiento del Estado de Derecho y de la cultura de respeto a la legalidad, al desarrollo de un sistema penal que garantice la
impartición pronta y eficaz de la justicia, así como a la mejora de la seguridad personal en el marco de una convivencia social armónica en el país. En línea con la denuncia del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa así como con el llamamiento de Pier Antonio Panzeri, presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo para que entre
otras acciones haga un seguimiento de las recomendaciones del informe de la ONU-DH al estado mexicano.
2. Reforzar los marcos de trabajo conjunto de la cooperación española en el sector de la gobernabilidad democrática en el apoyo a las áreas de justicia, administración pública, fiscalía, seguridad pública y atención a las víctimas.
3. Garantizar, en respeto al principio de coherencia de políticas para el desarrollo recogido en Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que el capítulo de desarrollo sostenible del futuro Acuerdo Global
entre México y la UE -hoy en negociación- incluyan cláusulas vinculantes en materia de derechos humanos con mecanismos sancionadores que aseguren su eficacia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2018.-Ana Belén Terrón Berbel, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Cultura
161/003205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la colaboración de las
instituciones de La Rioja, Fundación San Millán de la Cogolla y el portal Dialnet, en el proyecto 'El español, lengua global', para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El proyecto 'El español, lengua global' es una propuesta en tres dimensiones: el español como producto, el español como soporte y el español como mercado. Una iniciativa abierta y armonizadora, que nace con vocación consciente de proyecto
en permanente construcción.
La labor del Gobierno debe ser la de abrir un camino por el que puedan circular libremente instituciones, administraciones e iniciativas privadas y que sea, en resumen, un proyecto de todos y para todos. Un proyecto que no es exclusivo de
una institución ni de un ministerio ni de un Gobierno, sino del conjunto de la nación española y de la comunidad global de hispanoparlantes.
Desde el Gobierno se ha entendido que la mejor manera de impulsar nuestro idioma y nuestra cultura en el siglo XXI no es creando desde la Administración nuevas iniciativas e instituciones, duplicando la tarea que se viene realizando tanto
desde el sector público como desde la iniciativa privada, y optimizar así los medios ya disponibles.
'El español, lengua global' busca generar una gran marca de la cultura en español que sume patrimonio histórico y cultural, bagaje y talento artístico, pasado, presente y futuro, innovación y nuevas tecnologías, aglutinador de la diversidad
de nuestra riqueza, y diversidad de nuestras oportunidades.
En este sentido, la Comunidad Autónoma de La Rioja, por su trascendental papel histórico como cuna del español escrito, se ha convertido en un referente simbólico de esta lengua y está comprometida con su estudio y promoción.
Su Estatuto de Autonomía, modificado por la Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero, en su Título II, artículo 8.24, establece entre las competencias exclusivas de esta Comunidad la 'investigación científica y técnica, en coordinación con la
general del Estado, prestando especial atención a la lengua castellana por ser originaria de La Rioja y constituir parte esencial de su cultura'.
Y en esta línea vienen ya trabajando instituciones de La Rioja como la Fundación San Millán de la Cogolla, que tiene por objeto investigar, documentar y difundir los orígenes de la lengua castellana y la utilización de las nuevas tecnologías
para la difusión y actualización del castellano en el mundo, desde el lugar de los orígenes de la escritura española, y Dialnet, un portal de difusión de la producción científica hispana que inició su funcionamiento en el año 2001 especializado en
ciencias humanas y sociales con una base de datos, de acceso libre, que fue creada por la Universidad de La Rioja (España) y constituye una hemeroteca virtual que contiene los índices de las revistas científicas y humanísticas de España, Portugal y
Latinoamérica, incluyendo también libros (monografías), tesis doctorales, homenajes y otro tipo de documentos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a articular las medidas y herramientas de colaboración, en el proyecto ''El español, lengua global'', con las instituciones de La Rioja, como son la Fundación San Millán de la Cogolla y el
portal Dialnet, entidades que trabajan en el estudio, difusión y promoción de nuestra lengua común, y de nuestro patrimonio lingüístico, activo cultural de la comunidad hispanohablante del mundo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la
defensa del uso del occitano, aranés en Arán, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Estatuto de Autonomía de Catalunya reconoce en su artículo 6.5: 'La lengua occitana, denominada aranés en Arán, es la lengua propia de este territorio y es oficial en Catalunya, de acuerdo con lo que establece este Estatuto y las leyes
de normalización lingüística', es decir, reconoce explícitamente la oficialidad del occitano y viene a confirmar legalmente lo que desde siglos es indiscutible: la lengua occitana o aranesa, es un elemento fundamental de la identidad propia de la
Val d'Aran.
La Ley 35/2010, de 1 de octubre, aprobada con un amplio consenso de las fuerzas políticas en el Parlament de Catalunya en sesión plenaria el 22 de septiembre de 2010, nace con el propósito de dar respuesta a los cambios legales sufridos por
el occitano, aranés en Arán, en ese momento. En su texto, persigue los objetivos de reconocer, proteger y promover el occitano de acuerdo con su variedad aranesa en todos los ámbitos y sectores. De acuerdo con la tradición de la política
lingüística en Catalunya, este reconocimiento tiene la voluntad de colaborar en la protección de la unidad de la lengua occitana.
Esta ley regula el uso oficial de la lengua propia del Arán, y establece medidas de amparo y promoción de su uso para conseguir la normalización y medidas de fomento para garantizar la presencia en todos sus ámbitos.
En el ámbito institucional, esta ley establece que las administraciones y las instituciones aranesas tienen que usar normalmente el aranés y que los servicios y los organismos que dependen de la Generalitat en Arán también han de utilizar
normalmente en sus relaciones administrativas y en la difusión de información a la ciudadanía, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a escoger otra lengua oficial. A pesar de ello, el occitano, aunque es lengua cooficial, es también muy
minoritaria.
Esta ley fue recurrida en el año 2011 por parte del Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional, cuyo pleno acaba de declarar inconstitucionales, y nulas por lo tanto, las expresiones 'preferente' y 'debe otorgarle posición
preferente' en lo referente al uso del aranés.
Sin embargo, dicha resolución va en contra del artículo 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE donde se impone la obligación de respetar la diversidad lingüística, y el artículo 3 del Tratado de Lisboa donde se dictamina que la
'Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y desarrollo del patrimonio cultural europeo'. Así mismo la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, refrendada por el Estado español,
alerta de la situación de vulnerabilidad del occitano, aranés en Arán, respecto a las otras lenguas y promueve la necesidad de asegurar su promoción y uso para preservar la diversidad lingüística en la UE.
Por todo ello, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a respetar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 22, el Tratado de Lisboa en su artículo 3 sobre la necesidad de respetar la riqueza lingüística y la Carta
Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, y a promover las medidas necesarias para que la lengua occitana, aranesa en la Val d'Aran, sea conocida y utilizada con la misma categoría que las otras lenguas oficiales por parte de la
Administración del Estado en la Val d'Aran.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2018.-Jaume Moya Matas y María del Mar García Puig, Diputados.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Igualdad
161/003210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre medidas para avanzar en la igualdad de género en las profesiones sanitarias, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Los casos de difusión de imágenes y mensajes que atentan contra la dignidad de las profesionales sanitarias continúan produciéndose. Lejos de desaparecer, se está experimentando un repunte de estos casos en los últimos tiempos.
Uno de los casos que más resonancia mediática ha tenido, y que ha suscitado una enérgica protesta por parte del colectivo de profesionales de la enfermería, ha sido la inclusión en uno de los números musicales del programa Telepasión 2017 de
Nochebuena, en La1 de RTVE, de una imagen sexualizada
y estereotipada de las mujeres que ejercen la profesión de enfermera. Se trataba de una imagen extremadamente alejada de la realidad en la que se presentaba a estas profesionales sanitarias con una vestimenta totalmente inadecuada que
perpetuaba el estereotipo de profesional sexy y provocativa. El Sindicato de Enfermería SATSE se dirigió con diversos escritos a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al defensor del Pueblo y al Secretario de Estado de Igualdad,
así como al presidente de RTVE. En sus misivas, el sindicato pedía pronunciamientos públicos de rechazo a este comportamiento de la radiotelevisión pública. El Grupo Parlamentario Socialista dirigió asimismo diversas preguntas al respecto al
Gobierno y al presidente de la Corporación RTVE, cuya respuesta ha sido evasiva.
De la misma manera, es recurrente el uso de esta imagen estereotipada y sexista de las mujeres enfermeras en disfraces, en publicidad y en todo tipo de contenidos audiovisuales y representaciones iconográficas.
Todo ello, además de suponer una clara discriminación para las profesionales sanitarias respecto a los varones que las ejercen, implica una denigración de su profesión y puede repercutir en que en el imaginario social no se valore
adecuadamente su importante contribución y responsabilidad.
Recientemente, el colectivo ha trasladado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad su deseo de que se cree un Observatorio que vele por la igualdad en las profesiones sanitarias.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Elaborar, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, un Plan sobre igualdad y no discriminación en la profesión sanitaria que incluya, entre otras acciones, la creación de un Observatorio por la igualdad en las profesiones
sanitarias.
Este Observatorio tendrá, entre sus funciones, el encargo de elaborar con carácter bienal, comenzando por el primer año desde su constitución, un informe que incluirá, al menos, estudios de evaluación y recomendaciones para mejorar en
igualdad respecto de:
1. La imagen no discriminatoria de mujeres y hombres en los medios de comunicación social, redes sociales y en la propia documentación y medios de información destinados al público y usuarios en los servicios sanitarios públicos y privados.
2. Condiciones de empleo tendentes a la conciliación laboral y familiar tanto para profesionales mujeres como para hombres.
3. Acoso sexual y laboral en el puesto de trabajo.
4. Retribuciones salariales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2018.-Lídia Guinart Moreno, Jesús María Fernández Díaz y Ángeles Álvarez Álvarez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/003213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para la mejora del estado de conservación en las autovías de Salamanca, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Los datos ofrecidos por la DGT en su Balance de Seguridad Vial 2017 no son buenos para la provincia de Salamanca puesto que el número de fallecidos se ha incrementado en cuatro personas respecto al año 2016 y a 2017 si tomamos como
referencia el año 2012.
Por otra parte, y según recoge el informe elaborado por la Asociación Europea de Automovilistas, en Salamanca se concentra el mayor número de puntos negros de la Red de Carreteras del Estado de toda la Comunidad de Castilla y León. Son 13
los puntos negros que se indican en dicho informe, 3 de ellos en la N-501, 7 en la N-620 y 3 en la N-630.
A pesar de todo lo anterior, los Presupuestos Generales del Estado reflejaban en 2015 una cantidad de 1.414.220 euros para la Seguridad Vial en nuestra provincia, mientras que en los del 2017 la cantidad fue de 1.400.430. Por otra parte,
las partidas presupuestarias para las actuaciones de mantenimiento y conservación ordinarias fueron de 6.984.220 euros en 2015 y de 6.642.240 euros.
En ambos casos se constata una reducción del dinero que el Gobierno cuenta como previsión de gasto para nuestra provincia. Sobre la ejecución presupuestaria de dichas partidas no existe información detallada tal y como se extrae de las
respuestas escritas dadas por el Gobierno a lo largo de la presente Legislatura.
La reducción en inversiones tiene su contrapunto en el exponencial incremento del número de sanciones y de la recaudación de los radares en la provincia de Salamanca.
En el año 2011 existían tres radares fijos, mientras que en el año 2017 había cinco. Este ligero aumento ha traído consigo, sin embargo, un exagerado aumento del número de sanciones.
Si en 2011 hubo 1.994 conductores sancionados, en el 2017 la cifra aumentó a 31.227, es decir, durante ese año hubo 85 conductores sancionados cada día en la provincia de Salamanca. La proporcionalidad en el incremento de la recaudación es
directa, si en 2011 se recaudaron 140.103,65 euros, en 2017 se recaudó 1.332.840 euros, es decir, una media de 3.651,6 euros al día.
A pesar de que el 100 % del dinero recaudado se destina, según el Gobierno, a nóminas, vestuario, vehículos, instalaciones, etc. de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, llama la atención que el pasado mes de febrero representantes
de esta Agrupación registraran en la Subdelegación del Gobierno de Salamanca una batería de 19 propuestas para reducir la siniestralidad en las carreteras basadas en la prevención y no en el afán recaudatorio, algunas de las cuales tienen que ver
con la mejora de los medios materiales con los que cuentan para realizar su trabajo y que, habida cuenta del incremento notable de la recaudación en Salamanca, deberían estar cubiertas.
Pero estas propuestas también incidían en aspectos clave como una mayor vigilancia en los puntos negros, de los que como ya se ha mencionado, Salamanca ocupa tristemente uno de los primeros puestos en comparación con otras provincias.
Para una mayor vigilancia también es necesario contar con más recursos humanos, sin embargo, desde que gobierna el Partido Popular, Salamanca cuenta con menos efectivos en la Agrupación de Tráfico, actualmente son 141.
Los Guardia Civiles también proponían dentro de sus reivindicaciones la renovación del asfaltado en las vías más deterioradas.
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de incrementar las inversiones tanto en el mantenimiento de las infraestructuras como en todos aquellos elementos preventivos de seguridad vial especialmente el firme de las vías que pertenecen a
la Red de Carreteras del Estado sino que además incrementen los elementos preventivos de seguridad vial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar la inversión para mejorar el estado de conservación de las carreteras nacionales y autovías que discurren por la provincia de Salamanca, incluyendo una partida específica para el
firme de las vías en peor estado como es el caso de la Autovía A-62 en el tramo comprendido entre Salamanca y Tordesillas, así como la supresión de todos los puntos negros de la Red de Carreteras del Estado en la provincia, mayores medidas
preventivas como la instalación de más cámaras de tráfico y otras para mejorar las ya existentes como la señalización, la iluminación de los tramos de carretera que más volumen de tráfico soportan como las más próximas a la ciudad de Salamanca y
otros núcleos población, y por último dotar a la Guardia Civil de Tráfico de los medios materiales y humanos suficientes para realizar su trabajo en condiciones óptimas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2018.-David Serrada Pariente, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/003217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para la puesta en marcha de la dotación presupuestaria en aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para su debate en la Comisión Permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de
Violencia de Género.
Exposición de motivos
A finales del año 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados acordó la creación, en el seno de la Comisión de Igualdad, de una Subcomisión con la finalidad de acordar entre todas las fuerzas políticas un Pacto de Estado para luchar contra
la violencia machista.
Los trabajos de la Subcomisión durante el año 2017 fueron intensos, dando lugar a un informe con numerosas recomendaciones y medidas, que fue aprobado en Pleno a finales de septiembre del mismo año.
Fruto de ese Pacto -acordado entre la mayoría de los grupos parlamentarios- el pasado 30 de noviembre el Pleno del Congreso aprobó la creación de la Comisión Permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en
materia de Violencia de Género. Finalmente, dicha Comisión se constituyó el 18 de abril de 2018.
Uno de los elementos esenciales propuestos tanto por los expertos como por los diferentes grupos parlamentarios que trabajaron en dicho pacto fue la necesidad de dotarlo presupuestariamente de forma suficiente y clara. En base a ello, se
incluyeron en el texto varios puntos en los que se detallaba el compromiso presupuestario de todas las fuerzas políticas para el desarrollo e implementación del Pacto.
En concreto, se acordó lo siguiente:
'205. Para las nuevas o ampliadas acciones reservadas a la Administración General del Estado dentro de este Pacto, acordamos proponer al Gobierno los dos siguientes compromisos económicos para los próximos cinco ejercicios:
A. El Presupuesto para 2018 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género tendrá un incremento del 20 % respecto al ejercicio 2017. Para los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 ese incremento será de otro 15 % anual con relación
al ejercicio inmediatamente anterior. La Comisión de Seguimiento del Pacto asumirá la responsabilidad del seguimiento y control anual del destino de esos recursos, una vez finalizado el presupuesto anual en vigor.
B. Las partidas de los Presupuestos Generales del Estado relacionadas con las mayores o nuevas medidas de ámbito estatal contra la violencia de género serán incrementadas en 80 millones de euros adicionales al año, durante los próximos cinco
años. El grueso de esas partidas afectará a los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pero también podrá afectar a otras partidas de
otros departamentos. El incremento presupuestario de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, anteriormente referido, se incluirá dentro de estos nuevos 80 millones de euros anuales. La Comisión de Seguimiento del Pacto asumirá la
responsabilidad del seguimiento y control anual del destino de esos recursos, una vez finalizado el presupuesto anual en vigor.
206. Para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, dentro de este Pacto proponemos al Gobierno los otros dos siguientes compromisos económicos para los próximos cinco ejercicios:
A. Los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios. El Gobierno de España, acordará con la FEMP u otras asociaciones
de municipios en el conjunto del Estado, los programas que deberán llevarse a cabo. La Comisión de Seguimiento del Pacto asumirá la responsabilidad del seguimiento y control anual del destino de esos recursos, una vez finalizado el presupuesto
anual en vigor.
B. Los Presupuestos Generales del Estado destinarán a las Comunidades Autónomas un incremento anual de 100 millones de euros durante los próximos cinco años para el desarrollo o ampliación de las medidas recogidas en este Pacto. El Gobierno
de España negociará los criterios de reparto con las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Interterritorial, atendiendo a la población, extensión geográfica, necesidades específicas u otras variables que resulten pactadas. Los fondos
serán destinados a programas de lucha contra la violencia de género, respetando las competencias propias de las Comunidades Autónomas y atendiendo a las prioridades que acuerde el Gobierno de España con cada una de ellas. No obstante lo anterior,
la financiación a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, por parte de la Administración General del Estado, para garantizar la efectividad del conjunto de medidas recogidas en este Pacto, habrá de tener siempre un carácter
condicionado. Por tanto, la asignación financiera específica, del conjunto de las Administraciones Públicas, para la correcta eficacia del cumplimiento de los objetivos finales del Pacto, necesariamente debe ser finalista, siempre con el objetivo
de evaluar adecuadamente el impacto de la inversión en la lucha contra la violencia de género.
La Comisión de Seguimiento del Pacto asumirá la responsabilidad del seguimiento y control anual del destino de esos recursos, una vez finalizado el presupuesto anual en vigor.'
En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, el Gobierno ha incluido los 80 millones de euros que corresponden exclusivamente a la Administración General del Estado.
Por otra parte, los 120 millones de euros restantes, dependientes de las Comunidades Autónomas y Entes Locales, se encuentran subsumidos de forma genérica en el conjunto de sus asignaciones presupuestarias, que se ven incrementadas en más de
4.000 millones de euros respecto de los últimos presupuestos. Muchas de las medidas contenidas en el Pacto deben ser puestas en marcha por las CCAA y los Ayuntamientos y, por ello, la puesta a disposición de estos fondos para el desarrollo y
aplicación del Pacto resulta fundamental.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reunirse, en el plazo de un mes, con el conjunto de Comunidades Autónomas y de Municipios y Provincias Españolas (FEMP) en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, con el objetivo de acordar de forma urgente los criterios de
reparto y trasferencia de los 120 millones de euros comprometidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para este año y presupuestados en el Proyecto de Presupuestos de 2018.
2. Que, en caso de no aprobarse el Proyecto los Presupuestos Generales del Estado de 2018, de cumplimiento de forma inmediata la Proposición no de Ley aprobada en esta Cámara en noviembre de 2017, es decir, apruebe un Decreto-ley que
contemple el incremento, al menos, de 200 millones de euros en 2018 para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
3. Crear un sistema de indicadores de evaluación de los programas de cooperación interterritorial creados al efecto y de todas aquellas medidas que estén relacionadas con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que sean homogéneos
para todos los programas, que garanticen la transparencia en su desarrollo y ejecución y aseguren la rendición de cuentas de los responsables directos de los mismos ante la Comisión Permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género.
4. Asumir el compromiso por el cual los ministerios y secretarías de Estado directamente relacionados con la lucha y la prevención contra la violencia de género, así como los responsables de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género comparecerán, de manera periódica, en el seno de la Comisión Permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a fin de dar debidas cuentas del desarrollo e implementación del Pacto, de
los criterios utilizados para el reparto de los fondos y de los resultados que se obtengan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2018.-Patricia Reyes Rivera, Miguel Ángel Garaulet Rodríguez y Marta Martín Llaguno, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
181/000999
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
Diputada doña Melisa Rodríguez Hernández
Dirigida al Secretario de Estado de Energía
Texto:
¿En qué situación se encuentra el proyecto de Almacén Temporal Centralizado para residuos para la gestión integral del combustible gastado?
Palacio del Congreso de los Diputado,17 de abril de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Diputada.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
181/001000
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático
Diputado don Juan Antonio López de Uralde Garmendia
Dirigida a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Texto:
¿Qué partidas de Medio Ambiente para 2017 se ejecutaron y cuáles no y por qué no aparecen reflejadas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018?
Palacio del Congreso de los Diputado, 20 de abril de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.