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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 6-5, de 03/05/2017
cve: BOCG-12-A-6-5-C1
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
3 de mayo de 2017
Núm. 6-5
ENMIENDAS DE TOTALIDAD
121/000006 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ENMIENDA NÚM. 1
FIRMANTE:
Marian Beitialarrangoitia Lizarralde
Oskar Matute García de Jalón
(Grupo Parlamentario Mixto)
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Marian Beitialarrangoitia Lizarralde y Oscar Matute García de Jalón, Diputados de EH Bildu, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente enmienda de totalidad al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde y Oskar Matute García de Jalón, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda a la totalidad de devolución
Los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno para el presente ejercicio de 2017 y que se están tramitando en el Congreso de los Diputados, parten de un diagnóstico de la realidad estatal actual erróneo, y hacen una lectura
interesada y falseada de las consecuencias negativas que las políticas que ha venido implementando en los últimos años están teniendo en la sociedad, en un intento por continuar insistiendo en los mismos errores, eso sí, incluyendo algunos tímidos
cambios para lograr el apoyo que necesita el PP para sacar adelante sus cuentas, ahora que no tiene mayoría absoluta.
Se trata de unos presupuestos que siguen sin responder a las múltiples crisis que atraviesa el Estado español, tanto la económica, como la social, o la institucional; más bien siguen profundizando en las consecuencias de todas ellas,
generando más desigualdad, anteponiendo el pago de la deuda a las necesarias políticas sociales, recortando el gasto social, no afrontando la necesaria reforma fiscal que posibilite una fiscalidad más progresiva y equitativa, que ataje el fraude
fiscal y permita lograr los recursos
necesarios para hacer las políticas públicas que pongan en el centro los intereses del conjunto de la población, en especial los de quienes más están sufriendo las consecuencias de la crisis, en lugar de seguir protegiendo a los capitales
especulativos y financieros.
Lejos de lo que afirma en relación a los presupuestos que ha presentado, el Gobierno continúa haciendo recortes, no apuesta por la creación de empleo de calidad y sigue destruyendo empleo público; impide con sus políticas transitar a otro
modelo socioeconómico por medio del cual se pueda avanzar en justicia social, apostando por un desarrollo social sostenible de la economía.
Además de insistir en políticas públicas que no responden a las necesidades de la mayoría, hace oídos sordos a las mayorías vasca y catalana que le demandan ser sujetos de decisión y poder decidir sobre su futuro, también para cambiar el
rumbo de las políticas socioeconómicas que desde el gobierno central se nos vienen imponiendo y que traen consigo mayores cotas de desigualdad, paro, precariedad, pobreza.
La demanda social catalana para decidir vía referéndum su futuro encuentra en frente un Gobierno cerrado al diálogo y al acuerdo, que quiere imponer su verdad como única.
De igual manera se niega a aceptar los avances que se han producido en sus cinco años de mandato, pese a los innumerables obstáculos que el propio Gobierno ha ido poniendo a la tan ansiada paz y normalización en Euskal Herria, y cierra la
puerta, también vía presupuestos, a los cambios que la mayoría social y política vasca le viene demandando, para acabar con la legislación excepcional y con la vulneración de derechos humanos que su aplicación conlleva, como en el caso concreto de
los presos y la política excepcional de alejamiento que siguen aplicando, y en la que no tienen intención de hacer cambios.
Los presupuestos aprobados por el Gobierno están llenos de falsedades, de afirmaciones huecas alejadas de la actuación del Ejecutivo, como en el caso de la apuesta por el diálogo frente a la cultura del conflicto a la que alude en sus
objetivos para el Ministerio de Justicia, cuando insiste en no desactivar políticas excepcionales que vulneran derechos básicos, y la práctica habitual en los últimos años por parte del Gobierno ha sido la de recurrir sistemáticamente las leyes
aprobadas por las instituciones de Euskal Herria en el ejercicio de su soberanía limitada, en la mayoría de los casos para atacar los avances sociales que estas suponen.
Una actitud, la del Gobierno, que, si bien es notoria en el caso de la mermada capacidad de decisión de las instituciones vascas, denota una actitud mucho más generalizada en materias concretas, como la vivienda, ya que ha recurrido todas
las leyes que las diferentes comunidades autónomas han ido aprobando, en un intento por lograr vía Tribunal Constitucional lo que no ha podido lograr por mayoría política.
Precisamente el de la vivienda es un claro ejemplo de la hipocresía de un Gobierno, que apenas destina recursos a implementar una verdadera política en favor del reconocimiento real del derecho a la misma como un derecho básico, pero que se
permite imponer cual es la política que deben realizar las instituciones que destinan realmente recursos a garantizar el derecho a la vivienda, atacando la actuación de estas cuando no son de su agrado.
Por todo ello, un Gobierno que nos habla de impulso al alquiler, mientras recurre una ley que se plantea destinar todas las viviendas construidas con dinero público al alquiler y no a la venta, no es creíble. Un Gobierno que ha actuado en
materia de vivienda en favor de las entidades financieras y la economía especulativa, dejando a miles de personas desahuciadas en la calle, no puede pretender hacernos creer que realmente le preocupa el bienestar de las familias, que tienen en el
problema del acceso a la vivienda un problema añadido a la ya deteriorada situación social, laboral, económica, producto de las políticas neoliberales que el Gobierno impulsa y que vía estos presupuestos no tiene intención de corregir.
Y es que por mucho que nos intente convencer de lo contrario, la realidad es tozuda y los números claros.
El Gobierno no apuesta por revertir las políticas de los últimos cinco años, aunque sus consecuencias han sido enormemente negativas y saltan a la vista
Dice el Gobierno que va a bajar el paro y con ello la partida de las prestaciones por desempleo, pero nos oculta que gran parte de las personas paradas de larga duración hace mucho que no perciben prestación alguna; el 4% de las familias no
tiene ningún ingreso y las prestaciones sólo llegan al 55,5% del total de personas paradas.
Nos oculta que la caída de los salarios en términos generales ha afectado de forma especialmente grave a los salarios más bajos. Tampoco nos habla de la pobreza. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el 27,9%,
asciende al 14,1% entre las y los trabajadores en activo, a causa de la precariedad, y aumenta hasta el 48,5% en el caso de las personas paradas.
A ello hay que añadir que la gran mayoría de nuevos empleos son de corta duración. Así lo destaca la Comisión Europea en un informe en el que dice que el Estado español posee una de las tasas más altas de temporalidad de la Unión Europea y
apunta también a la alta tasa de trabajo a tiempo parcial que recae en su mayoría en las mujeres que no llegan a percibir el mínimo necesario para llevar una vida digna, además de seguir asumiendo gran parte del trabajo no remunerado de los
cuidados, tan necesario para la sociedad. Lo que nos arroja una foto de desigualdad en aumento.
Atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística el empleo neto creado durante los últimos cinco años es muy escaso, la ocupación total en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo ha aumentado un 0,8 y el
trabajo asalariado por cuenta ajena un 0,4%; porque la realidad es que desde 2012 hasta comienzos del 2017 el número total de personas afiliadas a la seguridad social ha aumentado un 4%, pero el número de afiliados con contrato indefinido a tiempo
completo se ha reducido un 3%; el número de horas trabajadas no ha aumentado, lo que ocurre es que, para entendernos, el mismo trabajo se reparte entre más personas, reparto de la precariedad que empobrece a las clases trabajadoras.
Y qué decir de la situación de la juventud, abocada a marcharse al extranjero, o las personas pensionistas.
Para la juventud la situación no es nada alentadora, tiene un nivel de desempleo superior al 40%, más del doble del desempleo juvenil de la zona euro, y una temporalidad que roza el 85%.
En cuanto a las personas pensionistas, más de la mitad de ellas cobra pensiones inferiores a los 700 euros, cantidad mucho menor en el caso de las mujeres, de las pensiones de viudedad, que cobran por término medio pensiones un 40%
inferiores, lo que les lleva a sufrir situaciones de extrema pobreza.
Se trata de un colectivo, el de las personas pensionistas, que no tiene cubiertas sus necesidades básicas y al que se le responde que no hay suficientes recursos para dignificar su pensión, que no pueden albergar ninguna esperanza de poder
actualizar sus pensiones al menos a la par de lo que se encarece la vida.
Tan sólo nos presentan los datos contables que hablan de más pensionistas, pensiones más altas y subida del 0,25%, pero ocultan que esta realidad es consecuencia de la propia inercia del sistema y que a pesar de los esfuerzos por debilitar y
desgastar su nivel de cobertura por parte del Gobierno se está produciendo un aumento de gasto.
A la par se niegan las soluciones, como las reformas necesarias que, partiendo de otra premisa permitan pensiones dignas; que no es más que establecer a cuánto asciende una pensión mínima digna y calcular cuánto dinero hace falta para
garantizarlas, para posteriormente a ello, pensar de donde conseguimos los recursos para garantizar pensiones dignas. Pero el Gobierno no está dispuesto a entrar al debate de fondo y además con la ínfima subida y su aplicación lineal, sigue
castigando a la pobreza a las pensiones más bajas.
Según la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en ausencia de medidas que permitan incrementar los recursos y corregir el desequilibrio de la Seguridad Social, la aplicación del índice de revalorización
desvinculado del IPC provocaría una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones del 7% entre 2013 y 2022. Además, con el aumento de la edad de jubilación, del número de años para calcular la base de cotización y demás reformas paramétricas
realizadas, la cuantía de las nuevas pensiones se irá reduciendo progresivamente y en 2026 serán un 15% más bajas que si no se hubieran realizado las reformas del 2011 (PSOE) y 2013 (PP).
Y es que el objetivo del Gobierno es gastar menos en pensiones y gracias a las reformas realizadas va camino de conseguir que en 2050 el gasto se reduzca en un 22%, según las proyecciones de la Comisión Europea (The 2015 Ageing Report), si
antes no se pone remedio a ello.
Dice el Gobierno que suben los sueldos del funcionariado, pero continúan perdiendo poder adquisitivo, alrededor de un 13% desde el 2009.
Dice que crearán hasta 67.000 puestos de trabajo en el conjunto de las administraciones públicas, algo del todo improbable con una tasa de reposición del 100% en el mejor de los casos, pero del 50% en los sectores no considerados
prioritarios. Y más aún si a eso añadimos, que pese a la subida de los sueldos en un 1%, los gastos de personal sufren un descenso del 1,6.
Muy al contrario, se viene produciendo una importante pérdida de puestos de trabajo públicos. Es decir, aproximadamente el 5,6% del empleo público existente en el conjunto de las administraciones públicas cuando tomó posesión de su cargo
Mariano Rajoy en 2012 se ha perdido a consecuencia de los
recortes y reformas realizadas. El dato es aún peor en el caso de la administración pública estatal donde la pérdida de empleo se eleva al 7,6%, alrededor de 43.000 puestos de trabajo menos.
Lejos de afrontar las políticas públicas necesarias para hacer frente a las necesidades sociales, el gasto social sigue disminuyendo
Dice el Gobierno que los presupuestos son los más sociales, y lo que nos oculta es que restado el dinero que se destina al pago de las pensiones, el gasto social ha disminuido desde la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno en 19.000 millones,
es decir, un 27%
Si comparamos los datos del Estado con los de la Eurozona, el gasto público total de las administraciones públicas está 5,3 puntos del PIB por debajo de la media de la zona euro, y el gasto público en protección social 3 puntos por debajo.
Además, seguirá disminuyendo el esfuerzo de la Administración General del Estado en protección social puesto que el gasto en trasferencias sociales (Pensiones, desempleo...) crecerá por debajo de la tasa del PIB nominal (4,1%).
Y es que incluso en aquellas materias en las que el Gobierno pretende hacernos creer que aumentan las partidas los datos que se apuntan están falseados, como en el caso de la pobreza infantil, en la que el incremento de presupuesto real es
tan solo de 30 millones, o la atención a la dependencia, cuyo incremento no va a suponer un incremento efectivo de las cuantías que recibirán las Comunidades Autónomas para atender a las personas en situación de dependencia, con lo que seguirán
incumpliendo la ley y condenando al 96% de las personas que están en lista de espera a continuar esperando.
Y de esa manera es imposible hacer frente a la dramática situación de las familias que peor lo están pasando y que necesitan que se implementen otras medidas.
El Gobierno no aborda la tan necesaria reforma fiscal, para dotarse de los recursos necesarios para hacer otras políticas públicas, apostando por una mayor presión fiscal que soporten quienes más tienen
Y todo ello por no querer abordar las reformas fiscales necesarias para dotarse de los ingresos suficientes para hacer frente a las políticas sociales que la situación requiere y poner lo verdaderamente importante en el centro de su
actuación política.
Y es que, con el objetivo de priorizar el pago de la deuda, en 2017 destinará el 27% del gasto a la amortización de la deuda y al pago de intereses, 7 puntos más que en 2011, el Gobierno no muestra voluntad alguna de realizar las reformas
necesarias para garantizar la suficiencia recaudatoria. Eso sí, hace unos cálculos de ingresos excesivamente optimistas, ya que de cumplirse supondrían la mayor recaudación de la historia. Pero no es este el único problema, ya que, apuesta por un
aumento en la recaudación en los impuestos indirectos, mientras prevé una disminución en los directos, con lo que aumenta la desigualdad.
Así pues, sigue cargando sobre las rentas de trabajo y no apuesta por una mayor presión fiscal que acerque el estado español a los países europeos más avanzados, haciendo que ese incremento lo soporten quienes más tienen, con un doble
objetivo, aumentar la recaudación y avanzar en la redistribución de la riqueza.
En lugar de apostar por ello, las políticas del gobierno profundizan en una distribución de la carga de impuestos cada vez más regresiva, con perdida de progresividad en el impuesto de la renta, con pérdida de peso en la recaudación de las
rentas de capital, con una tributación insignificante de los beneficios de las empresas. La sola anulación de algunos de los beneficios fiscales que en la actualidad se aplican a las empresas y que suponen en torno a 2.127 millones de euros anuales
supondría un importante aumento en la capacidad recaudatoria sin restar nada al fortalecimiento del tejido económico, y contribuiría a una mayor equidad, ya que a consecuencia del impuesto actual las grandes empresas tributan los tipos efectivos más
bajos, del 7% según la información facilitada por el propio ministro Cristóbal Montoro, prácticamente la mitad de lo que cualquier persona asalariada tributa.
Unido a ello está la falta de voluntad real para actuar contra el fraude fiscal, para lo cual debería dedicar más recursos a la lucha contra el fraude fiscal, en lugar de seguir fomentando la elusión fiscal. Prueba de ello es la disminución
de la plantilla con que cuenta la Agencia Tributaria para ello, muy por debajo de la media de la OCDE y que se ha reducido en un 8% entre 2011 y 2015. Los recursos económicos (en porcentaje del PIB) destinados a gestionar la administración
tributaria y luchar contra el
fraude son prácticamente la mitad que, en Francia o Reino Unido, y tres veces menos que en Bélgica o los Países Bajos.
Por tanto, el Gobierno tiene un problema de ingresos suficientes que no quiere afrontar, junto con una errónea política de prioridades en el gasto.
El Gobierno prioriza los gastos en defensa o infraestructuras, en detrimento del gasto social
Y es que ahondando en ello podríamos hablar de las inversiones o del gasto en defensa. El presupuesto de este último ministerio no sólo aumenta por la obligatoria inclusión de la compra de armas, sino que ha ido aumentando considerablemente
año tras año no tanto en el presupuesto presentado como en la ejecución del mismo, incremento que ha ascendido a más de 10.368 millones, es decir, un 35%.
Un gasto que supone en última instancia una clara apuesta por la OTAN que no compartimos, junto con más apología de una institución poco democrática en su funcionamiento, que irradia valores nada saludables para quienes aspiramos a una
sociedad más justa, igualitaria y solidaria.
Y es que por más que también en defensa se habla de invertir más en programas de igualdad, la verdad es que las partidas destinadas a esta se mantienen como estaban, lo que nos lleva a afirmar que la igualdad no es una prioridad para el
Gobierno. Incluso por mucho que se proponga un pacto de estado contra la violencia machista, las partidas para hacer frente a esta lacra aumentan tímidamente y siguen suponiendo apenas un 0,01% del presupuesto. Si partimos de la base de que la
forma más eficaz para combatir la violencia machista es impulsar políticas de igualdad, y estas no aumentan sus cuantías, podemos concluir que poco se avanzará en la prevención de la violencia machista y la actuación será meramente asistencial.
Más aún si cabe, después de la situación descrita en relación con el mercado laboral, si observamos que desaparecen las partidas destinadas a la mejora de las condiciones laborales y a la reducción de las diferencias salariales entre hombres
y mujeres; y si vemos que las políticas de igualdad están más dirigidas a las empresas.
Se nos presenta en este ámbito la ampliación del permiso de paternidad como gran avance, pero entendemos que la medida se queda corta si este permiso no es intransferible, obligatorio. Y es que, de no ser así, seguirán siendo las mujeres
las que sigan cogiendo las bajas de forma mayoritaria, cuando lo que estas necesitan son mecanismos para que los hombres puedan ejercer su derecho y su deber de ser padres desde el principio, para así las madres poder ir ocupando el lugar que les
corresponde en el mercado laboral con la tranquilidad de saber que sus hijos están bien cuidados. Las prestaciones que inducen a las mujeres a retirarse del mercado laboral no non para ellas, sino para las familias a cambio del sacrificio de la
mujer. El permiso de paternidad obligatorio no acabará con todos los problemas, pero servirá para sacar a la luz la necesidad de acabar con la división del trabajo entre hombres y mujeres y con los roles de género.
No se puede perder un año más en poner en marcha las políticas para alcanzar una sociedad más justa, igualitaria y solidaria
Es pues en políticas sociales en las que el Gobierno debe hacer un mayor esfuerzo inversor e invertir la tendencia, en algunos casos, saliendo de la perjudicial parálisis actual, como en el caso de la energía.
Seguir como hasta ahora, esa es la mejor definición de la política energética del estado español. La cuestión es que seguir como hasta ahora supone perder un año tras otro la oportunidad de hacer una apuesta estratégica por la necesaria
transformación energética.
En el siglo del cambio climático, en el siglo de la necesaria transformación energética hacia un modelo des carbonizado, el estado español sigue sin hacer nada. La apuesta por los ciclos combinados de gas a principios de este siglo, vendida
como la energía de transición se ha demostrado que ha supuesto estancar el crecimiento renovable y además ha dejado en evidencia una planificación desastrosa. En la CAV los 5 grupos de ciclo combinado funcionan a menos del 15% de su capacidad y en
Nafarroa, los 3 grupos existentes a menos del 10%. Y ahora lo que ustedes pretenden es ponerlos en funcionamiento para vender los Mw de esas centrales al estado francés, por medio de líneas de alta tensión devastadoras con el territorio. Se trata
de hacer lo posible para que las grandes empresas aseguren sus beneficios, en vez de hacer lo posible para que se rija por el interés público un sector estratégico como es el energético.
En los presupuestos no se atisba nada que tenga que ver con una transformación energética.
Transformación que se debería de empezar con un claro cambio del modelo eléctrico. Descentralizando el sistema, tanto en la producción, en el transporte como en la toma de decisiones. Acercando por medio de fuentes renovables la producción
al consumo, evitando los impactos de las grandes centrales y sus redes de transporte, apostando por la generación renovable distribuida y por las redes inteligentes. Una auténtica revolución que supondría la creación de puestos de trabajo y
ponernos a la cabeza en tecnología y desarrollo industrial en energía renovable. Pero ustedes pretenden seguir en la edad media energética, con sus ciclos combinados y manteniendo el carbón y la nuclear, sin dar el necesario impulso a la generación
renovable distribuida.
No aparece en el ámbito del desarrollo normativo ninguna referencia a la posibilidad de favorecer el autoconsumo eléctrico renovable, ni mucho menos de que ese autoconsumo se pueda realizar mediante la fórmula del balance neto, siguen
apostando por el impuesto al sol. Se pliegan a los intereses de las grandes eléctricas que no quieren, por muy pequeña que sea, ninguna competencia en la generación eléctrica, que pueda poner en cuestión un sistema oligopólico, aunque ello suponga
dejar de lado la dura realidad de 5 millones de hogares en el estado en pobreza energética.
Por último, hablan de favorecer la movilidad energética eficiente, palabras huecas sin credibilidad alguna si son utilizadas por quienes en los últimos 25 años se han metido en una alocada carrera por dilapidar miles de millones públicos en
la alta velocidad.
Una alta velocidad que solo ha sido rentable para las empresas que lo realizaban y los partidos que con ellas se financiaban. Para la ciudadanía ha supuesto abandonar el tren de cercanía, el que transporta a la clase trabajadora, y detraer
miles de millones públicos que no se invierten en educación, sanidad o servicios sociales. El país de Europa con más kilómetros de alta velocidad (segundo en el mundo tras China) y que no ha recuperado los costes de inversión en ninguna línea y
solo ha conseguido cubrir los costes de explotación en la línea Madrid Barcelona. El mejor ejemplo de este despilfarro es la Y vasca. Una línea que supondrá para su puesta en marcha desembolsar cerca de 10 mil millones y que el único informe
coste/beneficio que sobre la misma se ha realizado, augura que no recuperará los costes de explotación y será un agujero sin fondo durante la explotación. Por cierto, una línea de alta velocidad no recupera, en el mejor de los casos (que no se da
ninguno en el estado español) el CO2 generado en su construcción en los siguientes 60 años. Gran ejemplo de eficiencia.
El déficit generado por la alta velocidad, que al año supone un agujero negro de 353 millones de pérdida después de quitar impuestos y actividad, sólo ha sido superado por el rescate bancario, con lo que rescatar bancos y constructoras está
arruinando al Estado, llevándole a déficits difíciles, por no decir imposibles de revertir.
Apuestan por un modelo de desarrollo volcado en la construcción de carreteras y líneas de AVE como motor económico y sobre todo de enriquecimiento de esos que están siendo señalados en las investigaciones judiciales por pago de comisiones al
PP.
Esta es su prioridad y no la apuesta por un tejido industrial fuerte, para el que la inversión en investigación y desarrollo es tan necesaria. El Gobierno anuncia un incremento del gasto en esta materia, pero en realidad puede suponer más
bien una disminución, habida cuenta de que una buena parte del presupuesto de créditos suele acabar el año sin emplearse y es esa la dotación que ha subido, mientras las subvenciones y el resto del gasto directo se han recortado un 2,6.
Ante esta situación tan sólo la soberanía económica, fiscal, financiera y social podrá hacer avanzar a Euskal Herria
El análisis del contenido y la filosofía que impulsan estos presupuestos nos lleva a constatar que la sociedad vasca no tiene acomodo en los mismos. La sociedad vasca difícilmente va a encontrar solución a sus problemas y sus retos en estos
presupuestos y en el actual marco jurídico político, tanto en relación con el derecho a decidir, como la paz y normalización y los derechos sociales.
Este Gobierno está imponiendo una realidad a la sociedad vasca que suscita un importante rechazo en la mayoría social y política de Euskal Herria que ansía mayores cotas de soberanía para poder afrontar su futuro con perspectivas mejores,
siendo dueña de su futuro, y que se encuentra a diario, no solo con que no respeta su derecho a decidir, sino que ataca sistemáticamente las ya de por sí limitadas cotas de soberanía actuales, actuando en contra de las decisiones legítimas de
nuestras instituciones.
El mantenimiento de esta situación tiene graves consecuencias sociales, económicas y políticas, además de un coste anual concreto para la CAV y Nafarroa, que asciende, según recoge este presupuesto de 1202 y 627 millones respectivamente.
Fondos con los que se financie la casa real, las fuerzas de seguridad del estado, el pago de la deuda o grandes infraestructuras innecesarias; en última instancia gasto socialmente inútil, y que no contribuye a una pretendida solidaridad
entre territorios para garantizar la prestación de los servicios públicos.
La solidaridad empieza por priorizar el gasto social y no la deuda, por garantizar la educación por delante del gasto de defensa, o el de sanidad frente al de la Guardia Civil, sin olvidar el derroche que supone la monarquía. Por tanto,
nadie puede pedirnos apostar por la solidaridad para contribuir a estos presupuestos que no actúan frente al paro, la precariedad, la pobreza y desigualdad actuales, porque ello supondría establecer unas prioridades, que como hemos venido diciendo a
lo largo de nuestra exposición, no son las que necesita y demanda la sociedad, ni la de Euskal Herria, ni la del estado español.
Una realidad que vienen denunciando las instituciones vascas sometidas a un techo de gasto impuesto desde Madrid, a una ley de estabilidad presupuestaria ampliamente contestada, a la limitación de la autonomía municipal implantada vía ley de
racionalización, que les impide responder a las necesidades sociales y que no tiene en cuenta una situación económica mucho más saneada y preparada para asumir la necesaria mayor inversión en gasto social.
La deuda total de las administraciones públicas alcanzó a finales de 2016 el 99,4% del PIB, que se reparte de la siguiente forma: administración central un 87%, las CC.AA. un 24,9% (y mucho menor la de las corporaciones locales y Seguridad
Social). Parte de la deuda está contada en varios sectores administrativos a la vez, por eso la suma sin realizar los pertinentes ajustes contables (consolidación) da más del 99,4%. En cualquier caso, un dato que no tiene comparación posible con
el 14,5% del PIB de la CAV y el 18,2% de Nafarroa.
Ello les permite un mayor margen de endeudamiento a las instituciones vascas, y podrá ser una buena opción, siempre que este vaya dirigido a sanidad, educación, ayudas sociales. Son las instituciones vascas las que deberían de poder decidir
al respecto.
Debemos añadir a ello la situación generada por la no actualización de la ley que debe establecer la metodología del cupo para cinco años, y que está suponiendo el cálculo unilateral por parte del Estado de la cantidad a abonar anualmente,
un cálculo que no comparten las instituciones vascas; un desacuerdo que, según diferentes interpretaciones, se cifra en torno a 2.000 millones en el caso de la CAV y en 700 en el caso de Nafarroa. Ello se debe a que el gobierno central establece
el cupo en base a los porcentajes de cálculo establecidos en 1982, en los que se establecía el peso de la economía de ambos territorios, realidad que ha cambiado sustancialmente y que si no se revisa supone muchos millones.
Y ello no sólo por la diferencia en el cálculo de la cantidad a abonar por las competencias no transferidas; sino también por las consecuencias que se derivan de la falta de acuerdo. Un solo ejemplo es ilustrativo de ello: la Diputación
Foral de Bizkaia no ha abonado a los Ayuntamientos de la provincia el 15% de la cantidad que vía cupo debería haber recibido del estado para la financiación de la dependencia, en concreto, para el Servicio de Ayuda a Domicilio, por el mencionado
desacuerdo. Es decir, son los Ayuntamientos los que están pagando las consecuencias. Por tanto, cuanto más se alargue esta situación, más graves serán las consecuencias para las instituciones más cercanas a la ciudadanía, por decisión política de
las instituciones, en este caso de Bizkaia, que se escudan en el bloqueo para hacerlo.
El Gobierno español no tiene interés en afrontar la negociación y sigue haciendo el cálculo como más le conviene, dejando en evidencia que no hay una relación bilateral entre las Comunidades Autónomas y el gobierno del estado, que se limita
a imponer su parecer, siempre en perjuicio de los intereses de la ciudadanía de Euskal Herria.
Otro dato más, el pago vía cupo no varía, mientras que Nafarroa es la Comunidad con menor inversión per cápita, 123 euros por habitante; y en el caso de la CAV la inversión del Estado va a sufrir un descenso del 15%, 381 millones en 2017.
Habrá quien piense que, pese a la realidad descrita, el mero hecho de que se haya producido algún incremento en alguna partida, o se produzcan avances en pequeñas cuestiones, es motivo suficiente para apoyar los presupuestos.
Para EH Bildu es, más bien al contrario, esos pequeños avances no pueden suponer la aceptación de las políticas antisociales del Gobierno, las que siguen dando la espalda a quienes peor lo están pasando y que por tanto no hacen más que
profundizar en la desigualdad, priorizan la deuda o el gasto en defensa, en detrimento del gasto social, apuestan por un modelo de desarrollo volcado en la construcción de carreteras y líneas de AVE. Y hacen todo ello atacando sistemáticamente la
reducida capacidad de decisión de las instituciones vascas, negando a la ciudadanía vasca y catalana decidir sobre su futuro,
además de intentar obstaculizar los avances que en materia de paz y normalización se están dando en Euskal Herria.
Por tanto, ante unos presupuestos que no responden a las necesidades políticas, sociales y económicas de Euskal Herria, las Diputadas de EH Bildu presentamos esta enmienda a la totalidad y pedimos la devolución al Gobierno de este Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017.
ENMIENDA NÚM. 2
FIRMANTE:
Ignasi Candela Serna
Marta Sorlí Fresquet
Enric Bataller i Ruiz
(Grupo Parlamentario Mixto)
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don lgnasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 112 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-Ignasi Candela Serna, Marta Sorlí Fresquet y Enric Bataller i Ruiz, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda a la totalidad de devolución
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Introducción
Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 fundamentan su marco normativo en la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), con el apoyo de su partido y
del principal partido en la oposición en ese momento, el PP, con Mariano Rajoy al frente. Una reforma constitucional que no fue consultada al pueblo ni sometida a referéndum. Una modificación que ocasiona que, año tras año, los presupuestos se
conviertan en un instrumento para gobernar contra las personas, recortando derechos y servicios. Personas para las que se ha creado un marco de inseguridad jurídica inaceptable. Porque en nombre del cumplimiento del Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, se han recortado las condiciones laborales de los trabajadores, el derecho a cobrar una pensión o el derecho a obtener medicamentos para enfermos con bajos niveles de
renta, por citar algunos ejemplos.
Estos presupuestos no serán, como ha afirmado el ministro Montoro, el 'círculo virtuoso' de la creación de empleo y el crecimiento, como se ha demostrado hasta ahora con los anteriores desde que se perdió la soberanía política, desde el 27
de septiembre de 2011 y la reforma a oscuras de nuestra Constitución. No servirán para la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, no servirán para crear empleo estable y de calidad, no servirán para corregir el aumento
imparable de la desigualdad que han provocado las políticas que emanan de los anteriores. Solo servirán para acreditar la sumisión del gobierno a las políticas de estabilidad impuestas para solucionar una crisis financiera, las pérdidas de la banca
y los especuladores, a cuenta de los derechos y futuro de las personas. Que desprotege a los mayores, a los que están trabajando y ven peligrar su sustento familiar o personal, que deteriora el futuro de jóvenes y menores. Y que ha condenado al
drama social a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas inocentes.
Estos presupuestos siguen la senda marcada por los anteriores, legislar para pagar un agujero que no han creado los ciudadanos, para salvar a los bancos y sus acreedores. Como dijo el Presidente Rajoy en sede parlamentaria, la finalidad es
salvar el sistema bancario porque es como el sistema circulatorio para que un estado siga vivo y funcionando, como si no hubiésemos conocido la caída de grandes bancos en Europa o América.
Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2017, fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros, y aprobados por el Pleno del Congreso en el mes de diciembre, establecen el objetivo de déficit para el conjunto de las
Administraciones Públicas en el 3,1% del PIB, desglosándose del siguiente modo: el Estado tendrá un déficit del 1,1%; la Seguridad Social del 1,4%; las Comunidades Autónomas del 0,3%; mientras que las Corporaciones Locales cerrarán el próximo
año con déficit cero. Es decir, nuevamente, el Estado, sin competencias en materias como Educación, Sanidad y Servicios Sociales al mismo nivel que las Comunidades Autónomas, se reserva la mayor parte del déficit, el 80,6%, dejando únicamente el
19,4% del déficit a las CC.AA. y nada para la administración más próxima, los ayuntamientos.
Con este déficit del 19,4% para las autonomías y el 0% para las corporaciones locales, se consolidan los cambios legislativos hechos para recortar competencias y servicios mediante la recentralización, todo disfrazado de un marketing de las
reformas, que quiere esconder la quiebra fraudulenta del Estado mediante la asunción de una deuda ilegítima, la cantidad de dinero prestada a terceros que figura en los balances públicos. Como no se pueden enviar las transferencias comprometidas
por el traspaso de competencias se recurre a legislar contra los ayuntamientos, mediante falsos discursos de la simplicidad administrativa.
Las administraciones locales que acumulan mayor nivel de endeudamiento son las diputaciones y las grandes ciudades (+ de 500.000 hab.), que fueron gobernadas en su mayor parte por el partido del gobierno en la anterior legislatura y han sido
los gobiernos municipales del cambio los que han reducido significativamente esta deuda (Madrid, Barcelona, Valencia...). Ciudades donde se practicaba, como vemos cada día en las noticias, el derroche, la contratación perjudicial y las inversiones
dañinas y que ahora con los nuevos gobiernos se gobierna con transparencia y con rigor.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Unas previsiones sesgadas
En cuanto al presupuesto de ingresos, los Presupuestos Generales del Estado de 2017 vuelven a constituir un análisis desmesuradamente optimista de lo que ocurrirá en materia tributaria.
En los Presupuestos Generales del Estado de 2016 el Gobierno sobreestimó los ingresos directos en casi un 15% respecto a lo que finalmente se recaudó. En total, la recaudación neta (a 31/12/2016) resultó ser de 119.011.627.000E, casi 20.000
millones de euros menos que los presupuestado (138.808.000.000 ).
Tabla 1. Ingresos por tributos directos en 2016: presupuestados, recaudados y diferencia
Ingresos Directos 2016;Presupuestado 2016;Recaudación Neta 31/12/16;Rec -Pres 2016;%
Ingresos Directos y Cotizaciones Sociales;69.404.000;59.507.019;-9.896.981;85,74%
IRPF;39.610.000;34.326.841;-5.283.159;86,66%
IS;24.868.000;20.493.622;-4.374.378;82,41%
IRNR;1.988.000;1.946.104;-41.896;97,89%
ISD;113.000;142.401;29.401;126,02%
IP;38.000;37.930;-70;99,82%
Impuesto sobre la producción y almacenamiento energía eléctrica y combinada;1.864.000;1.530.122;-333.878;82,09%
Cuota de D° Pasivos;923.000;1.027.588;104.588;111,33%
TOTAL;138.808.000,00;119.011.627,00;19.796.373,00;85,74%
Elaboración propia con datos AEAT.
Para 2017, las previsiones del Gobierno respecto a los ingresos por impuestos directos son de 132.639.061.530 , más de 13.500 millones de euros que la recaudación neta a 31 de diciembre de 2016. Y todo ello teniendo en cuenta que las
previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para España en 2017 son del 2,3%, frente al 3% que creció el país en el ejercicio anterior.
Tabla 2. Proyección para 2017 de los sesgos cometidos en las previsiones de ingresos directos en los PGE 2016
;Presupuestado 2017;Aumento estimado 2017-2016;Estimación sobre, recaudación 2016;Estimación Rec-Pres 2017
Ingresos directos y Cotizaciones Sociales;64.876.000;5.368.981;55.624.709,88;-9.251.290,12
IRPF;38.264.000;3.937.159;33.160.369,71;-5.103.630,29
IS;24.399.000;3.905.378;20.107.120,93;-4.291.879,07
IRNR;2.213.000;266.896;2.166.362,25;-46.637,75
ISD;165.000;22.599;207.930,66;42.930,66
IP;41.000;3.070;40.924,47;-75,53
Impuesto sobre la producción y almacenamiento energía eléctrica y combinada;1.772.000;241.878;1.454.600,96;-317.399,04
Cuota de D° PasIvos;909.062;-118.526;1.012.070,12;103.008,59
TOTAL;132.639.061,53;13.627.434,53;113.774.088,98;-18.864.972,55
Elaboración propia con datos AEAT.
Con todos estos datos sobre la mesa, no hay justificación alguna para que el Gobierno prevea un aumento de los ingresos de más de 20.000 millones. Más bien, desde Cornpromís tenemos la sensación de que el Gobierno está, de nuevo,
sobreestimando el presupuesto de ingresos, lo que conllevará a mitad del ejercicio económico siguiente nuevos recortes a los que habrá de hacer frente, de nuevo, la mayoría social.
Eliminando la progresividad del sistema fiscal
Las medidas tomadas en materia fiscal por el Gobierno de Mariano Rajoy ha conducido a que nuestro sistema tributario esté perdiendo progresividad a marchas forzadas. En 2016, la ratio de impuestos indirectos respecto a los directos era del
69,93%. Los impuestos indirectos suponían 41.616.068.000 , respecto a los 59.507.019.000 que supusieron los directos. Esta ratio es la mayor de los últimos años.
Tabla 3. Recaudación neta a 31/12/201X por impuestos directos e indirectos y la ratio entre ambos
Recaudación Neta a 31/12/201X;Impuestos Directos;Impuestos Indirectos;I/D
2011;51.091.256;33.490.361;65,55%
2012;49.433.351;22.293.459;45,10%
2013;58.705.500;34.350.252;58,51%
2014;61.636.175;36.495.538;59,21%
2015;61.323.138;42.024.588;68,53%
2016;59.507.019;41.616.068;69,93%
Elaboración propia con datos AEAT.
En cuanto a la relación de la ratio impuestos indirectos respecto a los directos en los presupuestos, el Gobierno ha presupuestado durante toda la legislatura un peso mayor de los impuestos directos; pero a la hora de la recaudación, las
diferencias se han hecho cada vez mayores, llegando estas discrepancias entre lo pimpsupuestado y lo recaudado a que los impuestos indirectos supongan en 2016 un 7,29% más respecto a los directos de lo que inicialmente se había presupuestado. Un
ejemplo más de la incapacidad del Partido Popular en proyecciones presupuestarias.
Tabla 4. Ratio impuestos indirectos y directos: diferencia entre lo presupuestado y lo recaudado
Ratio Impuestos Indirectos / Directos;I/D Presupuestado;I/D Recaudado; I/D P-R
2011;65,43%;65,55%;-0,12%
2012;38,46%;45,10%;-6,64%
2013;61,55%;58,51%;3,04%
2014;55,84%;59,21%;-3,37%
2015;64,56%;68,53%;-3,97%
2016;62,64%;69,93%;-7,29%
Elaboración propia con datos AEAT.
Los PGE 2017 y el electoralismo fiscal
El Partido Popular ha decidido utilizar las figuras tributarias de nuestro país para hacer electoralismo. Sólo en 2016, los cambios normativos introducidos por el PP desde 2015 supusieron una reducción de la recaudación de 4.152 millones de
euros por parte del IRPF y de 1.920 millones de euros por el Impuesto de Sociedades.
Si el gobierno presidido por Mariano Rajoy no hubiese generado un agujero de 6.072 millones en las arcas públicas con la reforma del IRPF y del Impuesto de Sociedades, los recortes que el PP concedió a la Comisión Europea se hubieran
cubierto.
Tabla 5. Impacto en la recaudación de los cambios normativos sobre IRPF y IS en 2016
Impacto en la recaudación de los cambios normativos (Enero-Diciembre 2016);Cuantía
(miles de )
IRPF (RDL 9/2015).;-4.487.000
Impuesto de Sociedades (RD 643/2015).;-1.920.000
Elaboración propia con datos AEAT.
Con base en todas estas cifras podemos afirmar que no tenemos un Gobierno responsable en materia impositiva, sino que el gabinete de Rajoy ha utilizado y utiliza las reformas tributarias como un cebo electoral. Y desde Compromís censuramos
su nefasta gestión.
Recaudar como un país desarrollado
Necesitamos acercarnos a Europa en términos de recaudación con base en impuestos y cotizaciones sociales. En 2016, la recaudación por impuestos y cotizaciones sociales se situó en el 34,6% del PIB, a más de 7 puntos porcentuales de la media
de la Euro Area -11 y a 6 de la Unión Europea -15.
En este sentido, teniendo como tenemos un problema de ingresos públicos, nuestro país debería aumentar la recaudación hasta situarse en la línea de países cercanos. Si queremos tener el modelo de protección social de Dinamarca (recaudación
por impuestos y cotizaciones sociales del 47,6%
del PIB), no podemos tener los ingresos por impuestos y cotizaciones de la República Checa. Este Gobierno ha decidido que nuestro modelo ha de sacrificar la protección social; nosotros creemos que la debemos aumentar hasta llegar a la
media de los países desarrollados; y para ello hacen falta ingresos públicos, fácilmente accesibles si llegáramos a la recaudación de los países de nuestro entorno.
Por ejemplo, respecto a Francia, en España recaudamos un 13,3% menos del PIB por impuestos y cotizaciones sociales. Un 13% menos que Dinamarca; un 9,6% menos que Suecia y un 8,9% menos que Italia. La crisis de ingresos que estamos
sufriendo desde el inicio de la crisis tiene que acabar, Y los PGE del Partido Popular no aportan ninguna solución para ello, sino que la incrementan.
Tabla 6. Recaudación por impuestos y cotizaciones sociales
Elaboración propia a partir de Eurostat.
En definitiva, para salir de la crisis es necesario que abordemos en este país una reforma fiscal ambiciosa que acabe con la brecha impositiva y cumpla con los principios de capacidad económica y de progresividad, consagrados en el artículo
31 de la Constitución. Es necesario revertir la deriva hacia la imposición indirecta que este Gobierno ha llevado a cabo durante todas sus legislaturas y llevar nuestro sistema fiscal hacia la progresividad y la justicia fiscal.
PRESUPUESTO DE GASTOS
La demostración del fracaso del modelo económico del Partido Popular
En el apartado de los presupuestos relativos a gasto público se observan tres grandes apartados que demuestran el fracaso del modelo económico del PP en relación con el modelo social. Los tres grandes apartados, Pensiones, Desempleo y Deuda
Pública, revelan que se agravado la precariedad y la falta de oportunidades políticas, además de, tensionar el Estado de Bienestar.
Si vamos al apartado de Pensiones se observa un crecimiento de un 3,1% respecto al año anterior, representando esta partida casi el 40% del presupuesto de gasto público.
Si se profundiza en detalle en las Pensiones se observa que existe una importante tensión de los ingresos de la SS para sufragar las pensiones públicas. Actualmente, datos de 2016, el déficit de la SS es de 18.804 millones de euros lo que
representa un 1,62% del PIB. Estas cifras permiten apuntar en la dirección de que las reformas laborales del PP han servida para mermar la capacidad de financiación de las pensiones públicas.
Tabla 7. Ingresos y gastos del Sistema Nacional de la Seguridad Social
;Afiliados a la SS;Pensionistas;Ingresos;Gastos;Déficit
2015;17.180.590;9.360.942;122.151;140.123;-17.972
2016;17.741.897;9.473.482;121.749;140.553;-18.804
Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Podemos observar como el aumento de los afiliados de la SS se traduce en menos ingresos públicos. Esto es una muestra de las afirmaciones antes realizadas. Si se extrapola el análisis a un período más largo se encontraría mayor evidencia
que respalda nuestra tesis.
La situación de déficit crónica de la SS ha conllevado la utilización del Fondo de Reserva de la SS. Como se observa en la imagen su disminución es verdaderamente alarmante. Este hecho y la evolución de la SS han llevado al gobierno del PP
a anunciar la emisión de deuda soberana para paliar el déficit. Este hecho si se suma al excesivo nivel de deuda del Reino de España agudiza aún más la dependencia de la economía española a shock externos, sobre todo en términos de financiación.
Por otro lado, en materia de desempleo se observa una disminución respecto al presupuesto anterior de un 6,6% representando el 5,2% del presupuesto de gasto público. Este hecho podría llevar a la falsa recuperación del mercado laboral.
Como se observan en los siguientes gráficos, esta reducción se explica por la reducción de las tasas de cobertura por desempleo. Como se observa, la tasa de cobertura muestra que solo el 20,9% de los parados reciben prestación social.
Ilustración 1. Tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo
Raúl Segarra
Este hecho contrasta con el aumento de población en riesgo de pobreza. El indicador AROPE se sitúa en un escandaloso 27,9%. Como se observa en el gráfico, a pesar de la bajada de la tasa de paro, los indicadores de pobreza no mejoran en la
misma intensidad. Incluso algunos empeoran como el caso de gente en riesgo de pobreza (22,3%).
Ilustración 2. Riesgo de pobreza o exclusión y componentes vs. tasa de paro
Raúl Segarra
Estos datos permiten concluir que las reformas económicas del PP han contribuido a aumentar la pobreza en este país. Así pues, parece razonable cuestionar la evolución de la partida Desempleo pues está no puede ser tomada con un indicador
de bienestar social.
Por último, en la partida de Deuda Pública que representa un 9,1% del presupuestos se observa una disminución de un 3,9% respecto al año anterior. Sin duda es una buena noticia pero hay que matizar las cosas. Esta partida, además de ser
una de las que más ha aumentado, tiene una naturaleza especial ya que está sujeta, entre otras cosas, a la evolución del precio del dinero que se fija de manera exógena. Así pues, no sería descabellado pensar en una subida de esta partida dada la
subida de tipos de interés de los EEUU.
Además, cabe mencionar que el crecimiento tan exagerado que ha sufrido esta capítulo desde 2009 (84,9%) se debe, entre otras cosas, al elevado coste del rescate bancario. De esta manera, Compromís, no acepta que esos rescates bancarios se
hayan hecho a cargo del erario público.
Justicia
En total, la dotación para el departamento de Justicia asciende a 1.726 millones de euros. El Ejecutivo ha incluido una partida de 100 millones destinados específicamente a lo que llama 'la modernización del servicio público de Justicia'.
Y, sin embargo, y en comparación con esta partida, se destinan 37 millones a la asistencia jurídica gratuita. Con un 28,6% de la población española viviendo en riesgo de pobreza o exclusión social, consideramos esta cifra muy escasa. La Justicia
ha de ser universal y gratuita, tal y como reconoce el artículo 119 de la Constitución española, y ha de apostar por la justicia de proximidad, de acuerdo con el principio de universalidad. Por otro lado, España tiene la mitad de jueces que la
media de la Unión Europea. Concretamente, 5.800 jueces, 5.500 de ellos en activo. Son 12,5 por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 21,6 de media de la UE. En 2017 contará con 1.358 millones de euros para gastos de personal, insuficientes
para alcanzar una cifra que nos acerque a la media europea.
Además de una mayor dotación de plazas de jueces y fiscales, es necesario otorgar mayores medios a quienes combaten en la primera línea, la corrupción. El 56% de los españoles, según el informe sobre los indicadores de la justicia en la UE
publicado en abril del 2016 por la Comisión Europea, tiene una opinión mala o muy mala sobre la independencia de los jueces, desconfianza que argumentan sobre todo por supuestas presiones políticas y económicas. Así, y siendo la corrupción el
segundo problema que más preocupa a los españoles según el CIS, creemos insuficiente la partida de lucha contra la corrupción.
Por otro lado, una de las partidas que disminuyen en el presupuesto designado a Justicia es la de formación del personal de la Administración de Justicia, dotación asignada con 8,31 millones de euros y que disminuye en un 10,2% respecto a
los Presupuestos de 2016. En esta dotación, es una demanda histórica la de aquellas Comunidades Autónomas con lengua propia, la de contar con una dotación específica para formación del personal de Justicia en lenguas cooficiales del Estado.
Defensa
El presupuesto militar se dispara un 32%, hasta los 7.635 millones para hacer frente a los pagos de los Programas Especiales de Armamento -grandes sistemas de armas como el avión de combate Eurofighter, las fragatas F-100 o el carro de
combate Leopardo-. Esos programas se financiaban hasta ahora al margen del Presupuesto, por lo que absorben por sí solos casi todo el aumento presupuestario del departamento. Esto supone un aumento del 32% si se compara con el presupuesto inicial
aprobado el año anterior, aunque en términos reales aumenta un 0,6%.
El Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el de Defensa, desde el año 2012, decidieron no incluir el pago de los Programas Especiales de Armamentos (PEA) en el presupuesto, para luego, durante el ejercicio, recurrir a la aprobación en el
Consejo de Ministros de un crédito extraordinario para hacer frente a los pagos de esos PEA. De esta manera se llevaba a cabo un fraude, aparentemente el presupuesto de Defensa disminuía cuando en realidad aumentaba, como luego se constataba en la
liquidación del presupuesto al finalizar el año, que todos los años aumentaba en más de 2.000 millones.
El Tribunal Constitucional dictaminó, en julio de 2016, que se trataba de una práctica ilegal y que los créditos debían ser aprobados en el Congreso de los Diputados, por lo que se impidió el pago de los PEA y dicho pago se ha tenido que
aplazar a 2017, juntándose dos anualidades que suman 1.824,5 millones y que justifican el aumento de un 32% del presupuesto de Defensa.
Los PEA, son grandes programas de armamento, iniciados en 1996 bajo la presidencia de José María Aznar, y que en su totalidad a fecha de hoy tienen un coste colosal, 35.478 millones, de los cuales se adeudan no menos de 26.000 millones, a
los que Defensa debe hacer frente anualmente mediante el pago de entre 800 y 1.500 millones.
Pero la incorporación de los pagos de los PEA, no acaba con la ocultación de los gastos en defensa, pues existe otra partida, la de las misiones militares en el exterior, que se le asignan 14,3 millones, cuándo todos los años se gasta
alrededor de 800 millones que son aportados desde un fondo de reserva, un cajón de sastre previsto en los presupuestos para imprevistos. Si a eso añadimos todas aquellas partidas inequívocamente militares que se encuentran repartidas por otros
ministerios, clases pasivas militares, mutua militar, I+D militar (Industria), Guardia Civil (Interior), CM (Presidencia) e intereses de la deuda en proporción al gasto en defensa. Entonces el gasto militar español asciende a 18.605 millones, una
cuantía que representa 51 millones diarios de gasto militar al que cada ciudadano contribuye con 400 euros al año de su renta. Un gasto que, como desea la ministra de Defensa, De Cospedal, eleva el crédito en defensa de España hasta el 1,63% del
PIB y nos acerca al 2% que reclama la OTAN.
Agricultura
Dentro del proyecto de PGE por secciones, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tiene una dotación de 1.729,52 millones de euros en 2017, lo que representa un descenso del 8,1% respecto al año anterior.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha presupuestado para este año en la Comunitat Valenciana 29,4 millones de euros frente a los 44,9 millones de este año. Este capítulo incluye inversiones en materia de
agua, infraestructuras hidráulicas, incendios, ecosistemas, adaptación al cambio climático y protección de la costa, entre otras. La política de agricultura se financia en más de un 88% con fondos procedentes de la Unión Europea (Feaga y Feader).
Concretamente, el Ministerio de Agricultura ha disminuido en quince millones su partida presupuestaria para la Comunitat Valenciana.
Las confederaciones hidrográficas, por otro lado, van a ver una reducción sensible de su presupuesto respecto a 2016. La partida presupuestaria de la Confederación Hidrográfica del Júcar va a pasar de 15,5 millones de euros en 2016 a 8,6
millones de euros este año. La reducción más importante es en la partida de gestión e infraestructuras del agua que pierde seis millones de euros. Las inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso en general caen casi a la
mitad al pasar de 9,7 millones a 4,8 millones de euros.
La Mancomunidad del Taibilla, que abastece de agua al sur de la Comunitat Valenciana, pasa de 15,2 millones de euros a 10,1 millones. Casi un tercio del presupuesto se va a destinar a la ampliación y mejora de las instalaciones en Alicante.
La nueva estación de impulsión de Vistabella va a recibir 1,1 millones de euros y el nuevo depósito de regulación de Vistabella tiene reservados otros dos millones de euros.
En cambio climático, es necesario aumentar la inversión en energías renovables y destinar los fondos comprometidos al Fondo Verde, acordados por la comunidad internacional para que los países más desfavorecidos puedan hacer frente a los
efectos del cambio climático. También es urgente la aprobación de una Ley de Cambio climático y Transición Energética, con una dotación presupuestaria suficiente que incluya un objetivo ambicioso de reducción de emisiones y sea justa con los
países, sectores y colectivos más vulnerables y empobrecidos.
Cambio climático
En cambio climático, es necesario aumentar la inversión en energías renovables y destinar los fondos comprometidos al Fondo Verde, acordados por la comunidad internacional para que los países más desfavorecidos puedan hacer frente a los
efectos del cambio climático. De no ser así, los PGE 2017 condenan, como bien ha advertido la Comisión Europea, a que España siga siendo el tercer país de la Unión Europea con los ingresos más bajos por fiscalidad ambiental. De hecho, con la
propuesta presentada por el Gobierno, resulta difícil imaginar de qué manera piensa el Gobierno ejecutar la deseada Ley de Cambio climático y Transición Energética, y cumplir con los objetivos marcados en el Acuerdo de París.
Interior
En materia de Interior, los PGE para 2017 son unos presupuestos continuistas con tendencia a la baja, ya que descienden casi un 0,2% con respecto al ejercicio anterior.
El grueso del gasto es el de la partida destinada a la seguridad ciudadana, que sube en 26 millones de euros, una dotación que el Gobierno ha destacado por las actuaciones previstas contra el terrorismo yihadista. Desde Compromís no vemos
que las cifras acompañen a ese anuncio, ya que no se registran importantes subidas del gasto en materia de personal lo que tampoco hace pensar en que el Gobierno cumpla al cien por cien con la tasa de reposición como ha venido anunciando en los
últimos años.
Si analizamos con detalle el desglose por programas el Presupuesto vuelve a castigar la partida en Protección Civil que ya cayó de 2015 a 2016 y que este año vuelve a bajar hasta situarse por debajo de los 14 millones de euros.
Especial atención nos merece el apenas incremento en el gasto a derecho de asilo y apátridas, sobre todo si tenemos en cuenta el acuerdo de España que, según el compromiso, debe acoger a 15.000 refugiados de aquí a finales de ese año.
Asuntos Exteriores
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado asigna un 3% más al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. El incremento se concentra en la Acción del Estado en el exterior, que sube en 50 millones de euros, mientras que el resto
de partidas ven reducidas sus dotaciones.
El descenso afecta un año más al área de Cooperación para el Desarrollo que esta vez ve reducido su presupuesto en un 0,99%. A este recorte se suma el del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de un 15%. Este polémico
instrumento para canalizar los créditos y ayudas a empresas de países en vías de desarrollo mantiene, no obstante, un presupuesto de 199 millones de euros a pesar de que el Tribunal de Cuentas instó el año pasado al Gobierno a prohibir por ley este
tipo de fondos tras detectar irregularidades, así como a mejorar el sistema de seguimiento para garantizar el destino de los fondos y los proyectos que financian.
Siguiendo con el programa 143 relativo a la Cooperación para el Desarrollo encontramos una anomalía en el desglose de personal en relación con la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica dependiente del
Ministerio de Asuntos Exteriores. El montante total baja como consecuencia de una caída de 150.000 euros en el gasto derivados de los funcionarios mientras que el de personal eventual (elegido a dedo) sube en más de 100.000 euros.
Si atendemos al programa 144: 'Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior' el único capítulo que aumenta es el del Instituto Cervantes que sube en 5 millones de euros de 115,37 a 120,53 millones de euros (+4,5%)
En lo que hace referencia al País Valenciano, los presupuestos vuelven a castigar durante a los valencianos. La inversión del Estado en la Comunidad Valenciana prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 se
sitúa en 589 millones de euros, un 33% menos que lo consignado en las cuentas de 2016.
Con esta cifra, la Comunidad Valenciana se coloca en el sexto lugar en inversión territorializada, que se recorta en todas las comunidades autónomas con la única excepción de Canarias, que recibirá cerca de ocho millones más de euros que en
2016.
Fomento
Los presupuestos recogen una caída del 10,9% en infraestructuras. Con un descenso significativo de la inversión en carreteras y la inversión en vivienda sufre una caída del 20%, lo que ya nos da una idea de la nula apuesta del Gobierno por
cumplir con uno de los derechos básicos de las personas. Hay otras prioridades que pasan por encima del rescate de las personas. En cuanto a los ferrocarriles, se sigue apostando por el AVE respecto al ferrocarril convencional. Se sigue primando
la alta velocidad al tren que toman cada día millones de ciudadanos.
Con todo, se advierte una absoluta falta de criterio, en términos de eficiencia y retorno económico, a la hora de distribuir las inversiones. No hay una planificación coherente que permita saber por qué se ejecutan determinadas inversiones
y por qué se relegan otras, por qué determinados territorios o ciudades reciben unas inversiones muy superiores a otros con un peso poblacional mucho mayor.
En el caso valenciano las partidas disminuyen significativamente, un 33%. Bajo el eufemismo de que 'la inversión de Fomento en la Comunitat Valenciana es de 505,62 millones, un 30,95% más del presupuesto ejecutado de 2016', se comprueba que
no sólo se ha rebajado el presupuesto en territorio valenciano un 33%, sino que del presupuesto de 2016, de 879 millones, solo se ejecutó un vergonzante 43,9%, es decir, 386 millones. Para este año la inversión prevista no pasará de unos míseros
589 millones, una cantidad que no servirá para paliar los graves problemas en infraestructuras que arrastramos desde hace años los valencianos. De hecho ocuparemos el dudoso honor de ser los últimos en inversión en los PGE de 2017.
A pesar de un testimonial incremento en el ejercicio pasado, lo cierto es que en los últimos 6 años el recorte ha estado por encima del 40% y siempre por debajo de nuestro peso demográfico en el conjunto del estado. Este dato es mucho más
visible si comparamos el gasto por habitante en las diferentes CC. AA. Nuevamente los valencianos, con 118 , volvemos a estar por debajo de la media, que se sitúa en 184 . Hay CC. AA. que duplican, triplican y casi cuadruplican lo que se
invertirá en la Comunitat Autónoma Valenciana, una situación que se repite de manera implacable año tras año. Un territorio mal financiado, como reconocen desde el mismo Ministerio de Hacienda, y con un PIB por debajo de la media. Lo que la
convierte en la única comunidad autónoma que siendo pobre financia a otras cuyo PIB es superior.
En cuanto a las subvenciones al transporte, experimentan una reducción del 0,7%, lo que viene a indicar que la apuesta del Gobierno por un transporte colectivo y sostenible es nula. El caso es especialmente grave para Valencia que ve como
otras ciudades de menor tamaño, reciben aportaciones para sus contratos programas de transporte público y la capital valenciano vuelve a quedarse sin un euro de los Presupuestos Generales del Estado.
Por decirlo llanamente, una comunidad pobre que financia a comunidades más ricas, lo que ha derivado en que infraestructuras absolutamente necesarias para los ciudadanos valencianos tendrán que seguir esperando un año más. Infraestructuras
que hace tiempo están ejecutadas en otras ciudades o en otras comunidades autónomas y que aquí se alargan de manera incomprensible. Infraestructuras que, al no tenerlas, impiden que la economía valenciana tenga las mismas oportunidades para
competir que otros territorios del Estado.
Cultura
Los PGE 2017 recortan un 0,7% el presupuesto de cultura. Especialmente reseñable es el recorte en el programa de Promoción y Cooperación Cultural. Además, bajo el señuelo de la bajada del IVA a los espectáculos 'en vivo', se esconde un
recorte del 0,7% del presupuesto de Cultura, fundamentalmente el programa de teatro, que sufre un recorte del 5%, más de dos millones y medio de euros o los programas de Cooperación Cultural y fomento de políticas culturales que tienen 6 millones
menos que el año pasado. Como ocurre en otros ministerios, se advierte una absoluta falta de criterio a la hora de distribuir las inversiones. No hay una planificación coherente que permita saber por qué se ejecutan determinadas inversiones y por
qué se relegan otras, por qué determinadas contenedores culturales reciben unas dotaciones muy superiores a otros con un peso poblacional mucho mayor.
Si hablamos de las inversiones y dotaciones en territorio valenciano, un año más las cifras son absolutamente inaceptables, sobre todo si nos comparamos con otros contenedores culturales de otras ciudades, principalmente Madrid, que absorbe
una gran parte del presupuesto, muy por encima, en términos comparativos, de lo que reciben otras ciudades.
El Palau de les Arts, el IVAM (Institut Valencià d,'Ad Modern), el Museo Sant Plus V (segunda pinacoteca del Estado), o el Museo de Cerámica reciben cantidades muy por debajo de otras instituciones y que explican de una manera lógica. Por
poner un par de ejemplos: el Museo sant Pius V recibe hasta 80 veces menos que el Museo del Prado o el Palau de les Arts 15 veces menos que el Teatro Real de Madrid. Cabe hacer referencia a la mísera cantidad que recibe la Federación de Sociedades
Musicales de la CV, un proyecto social y educativo único en el mundo que agrupa 547 sociedades musicales y sus respectivas escuelas (el 50% del estado), 40.000 músicos y 60.000 alumnos, que sólo recibe 7.000 : una cifra absolutamente ridícula si
tenemos en cuenta la función social, cultural y educativa que realiza.
Comercio, Turismo y Pymes
Es significativo el recorte en las partidas de gasto de Comercio, Turismo y Pymes, nada menos que un 11%, y en las de inversiones, un 15,7%. Teniendo en cuenta en peso específico que tiene la industria turística en nuestro país, con cifras
récord estos últimos años y con su aportación al PIB (un 11,1% en 2015 y un impacto de 119.011 millones) y al empleo (13% en 2015).
Son cifras especialmente preocupantes en el caso valenciano, donde el peso de la actividad turística en términos de PIB (13,2) y empleo (14,4) es superior a la media española, sobre todo teniendo en cuenta. Y, de igual forma, en el caso de
las PYMES, ya que más del 99% de las empresas valencianas son Pymes. De hecho el 95% son microempresas (hasta 9 asalariados), lo que da una idea de la importancia y las consecuencias de disminuir las partidas dedicadas al gasto y a la inversión.
Unos PGE sin perspectiva de género
Avanzar en unos PGE implica evaluar las diferentes necesidades, intereses y realidades que hombres y mujeres tienen en la sociedad y tomarlos en cuenta a la hora de diseñar los programas presupuestarios para garantizar un acceso equitativo a
los bienes y servicios públicos.
Significa también reconocer que dichas diferencias generan desigualdades entre hombres y mujeres, siendo necesario identificar en los programas presupuestarios medidas destinadas a compensarlas hasta eliminarlas. Finalmente avanzar hacia
unos PGE implica adicionalmente el reconocimiento de que la reproducción y sostenibilidad de la vida y el logro del bienestar es un fin que requiere de diferentes contribuciones, en las que se incluye tanto el trabajo remunerado como el no
remunerado. Dichas contribuciones en la actualidad están desproporcionalmente repartidas, siendo la mayor carga de trabajo de cuidado no remunerado asumida por las mujeres al interior de los hogares. Por ello, el presupuesto debe contribuir a la
reorganización de este trabajo promoviendo una mayor corresponsabilidad entre el Estado, el Sector privado, la Comunidad y los hogares en la reproducción y sostenimiento de las condiciones de vida, y en todos estos ámbitos, promover igualmente un
reparto más equitativo entre hombres y mujeres.
Por todo ello es necesaria la valoración del impacto de género de cada una de las secciones y sus respectivos capítulos, teniendo en cuenta que todas las partidas tienen un impacto diferenciado entre hombres y mujeres por lo anteriormente
expuesto. Haciendo efectiva de esta manera la PNL relativa a impulsar medidas de lucha contra la violencia de género y actuaciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en los programas de responsabilidad social empresarial aprobada el
25 de octubre de 2016 en la comisión de igualdad.
Sanidad
Se incrementa el presupuesto de Sanidad (2,3%) y Educación (+1,7%) respecto a 2016, pero el recorte acumulado en ambas políticas desde 2011 es del 3.85 y 11.2 respectivamente.
La partida sanitaria ha caído un puesto respecto a la posición que ocupaba en el plan económico anterior, cuando se reservaron 3.992 millones a esta cartera. Supone ocho veces menos que la cantidad destinada a la Deuda Pública.
Comparando estas cifras con otras partidas presupuestarias para el año 2017, comprobamos que el gasto en sanidad es prácticamente la mitad de los que el Ejecutivo destinará a Defensa -7.575 millones-.
Dependencia
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017 abandona a 341.301 dependientes en lista de espera y 90 de ellos seguirán falleciendo cada día sin recibir los servicios a los que tienen derecho. Ni siquiera se asegura que dichos
fondos se transfieran al nivel autonómico, ya que para recibir un euro del Estado, las autonomías deben acreditar cinco euros de gasto en personas atendidas, algo que hoy no pueden cumplir gracias al modelo de financiación.
Se trata de una partida ampliable que se suplementa automáticamente en la medida en que la gestión del sistema avance. De hecho en 2016 se suplementó con 37 millones de euros.
La clave de la financiación finalista son las cuantías por dependiente atendido según su grado de dependencia que reciben las comunidades autónomas (nivel mínimo). Estas cuantías se recortaron
mediante el Real Decreto-ley 20/2012 de 13 julio, lo que dinamitó la Ley de dependencia y son las que hoy sigue en vigor.
El aumento del gasto de 100 millones, más un 10%, lo que significa que teniendo en cuenta que la atención media de un dependiente cuesta 6.833 euros al año, en el mejor de los casos se podrían atender a unos 15.000 de la lista de espera, lo
que condena al 96% restante de la lista de espera a no recibir prestación o servicio de la ley de dependencia durante este año.
Igualdad
Los PGE 2017 están elaborados sin ningún tipo de perspectiva de género abocando a la mitad de la población a la exclusión y dejándola en absoluta situación de vulnerabilidad. Los niveles de inversión en igualdad siguen siendo insuficientes
y representan una absoluta vergüenza para poder implantar políticas que realmente apuesten por sociedad igualitaria. La falta de inversiones en el sector social potencia la estructura de distribución del trabajo patriarcal y mantiene las
desigualdades entre hombres y mujer. Además, nos encontramos frente a un presupuesto que es ineficiente porque no aprovecha las capacidades de las mujeres ni impulsa su mejoría en el sector del empleo. De la misma manera siguen manteniendo la
inversión en los permisos de paternidad muy por debajo de los permisos de maternidad quedándose muy lejos así la posible equiparación de los permisos entre ambos progenitores.
En una sociedad patriarcal y machista, la inversión en igualdad debería ser uno de los principios básicos de cualquier presupuesto general. Además debería una prioridad para el gobierno. No obstante este presupuesto está hecho en contra de
la mitad de la población al perpetuar las desigualdades existentes y fomentar su perpetuación.
Por último, en un momento político fundamental en el que se está desarrollando un Pacto de estado para combatir la violencia machista, además, este presupuesto no destina ni un solo euro al desarrollo del mismo manteniendo, además, los
niveles de inversión en prevención de las violencias machistas en cifras parecidos a 2010 sin recuperar la inversión de antes de la crisis. Se trata de unos PGE que vulneran los derechos básicos de las mujeres, perpetúan las desigualdades y
fomentan la estructura patriarcal.
Una igualdad recortada: el instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades mantiene su presupuesto del 2016, que ya había sido cuantiosamente recortado.
La lucha contra la violencia de género se parchea: una tibia subida que ni siquiera llega a los niveles de inversión de 2009 da cuenta de la poca seriedad del gobierno que maquilla levemente las cifras sin asumir la necesidad de más
recursos.
Educación
El conjunto presupuestado para Educación no se ha visto incrementado y sigue siendo deficitario para responder a las demandas de nuestro sistema educativo.
Tan solo hay ligeros incrementos en los programas de becas y en los de cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior. Disminuyen las cantidades de los programas de educación infantil y primaria, de secundaria, formación
profesional y escuelas oficiales de idiomas, de educación en el exterior, de compensatoria, de deportes en edad escolar y en la universidad, de enseñanzas universitarias y los de formación permanente del profesorado.
Respecto al ejercicio anterior de PGE, desaparece el programa 'servicios complementarios de la enseñanza', que posiblemente queda integrado en el programa denominado 'inversiones en centros educativos y otras actividades educativas', que
tiene un notable aumento.
Los ligeros incrementos que se están produciendo se encuentran lejos de compensar lo perdido a lo largo de estos años. El total de gastos presupuestados para el 2017 es de 2.525 millones de euros, cifra inferior a la presupuestada en el
2011, que era de 2.843 millones de euros. El total de lo que se ha dejado de invertir desde el 2011 es de unos 3.100 millones de euros, más de lo que se ha dedicado este año. Si a esta cantidad se le añaden los más de 3.000 millones de euros
adicionales que se restaron a causa de la aplicación de los Real Decreto 14/2012 y 20/2012, podemos hablar de una cifra de más de 6.500 millones de euros menos, lo que claramente indica los recortes significativos que viene sufriendo la educación
española.
Inversión en I+D+i
En cifras globales el presupuesto de I+D+i aumenta en 74,57 Millones que apenas representa un 1,11% más respecto a 2016, aunque el total civil aumenta el 4,17%.
Los fondos No Financieros disminuyen 70,50 M (-2,64%), mientras que los financieros aumentan en 142,07 M. El aumento, que se produce en los fondos civiles, compensa además el descenso que se produce en los fondos financieros para la
defensa.
Hay aspectos como los OPI y la formación de personal que necesitan abordarse de forma urgente y prioritaria. El envejecimiento de plantillas y las estrechez de recursos en los primeros junto con la falta de inversión en recursos humanos y
su formación están llevando al Sistema de Ciencia a un debilitamiento del que será difícil recuperarlo.
Si se convierten las cifras de 2017 a sus valores constantes -descontado la inflación prevista del 1,5%- el resultado es que el total de la PG46 descendería en 0,38%. La investigación civil solo crecería un 2,63% y la de carácter militar
descendería un 28,08%.
Inversiones y financiación: un maltrato sistemático
Respecto a las inversiones territoriales en el País Valenciano, los presupuestos vuelven a castigar de manera sistemática a los valencianos. Los datos disponibles de inversiones en el País Valenciano durante el gobierno del Partido Popular
de Mariano Rajoy así lo demuestran.
Tabla 8. Inversiones presupuestadas y diferencia con inversiones justas (millones de euros)
Año;Inversiones presupuestadas;Estimación con base en criterio poblacional;Diferencia inversiones presupuestadas - inversiones justas
2012;1.044,30;1.510,30;-466,00
2013;702,5;1.322,00;-619,50
2014;678,9;1.242,80;-563,90
2015;747,9;1.136,30;-388,40
2016;890,5;1.212,10;-321,60
2017;580,5;1.189,60;-609,10,
Acumulado;4.645;7.613;-2.968,50
Elaboración propia con datos de MINHAP e INE.
Tabla 9. Inversión per cápita en la Comunidad Valenciana respecto a la media estatal
Año;Media estatal;Comunidad Valenciana;Diferencia
2011;349;312,70;-36,30
2012;266;208,90;-57,10
2013;222;141,40;-80,60
2014;204;137,20;-66,80
2015;236;151,70;-84,30
2016;243;180,50;-62,50
2017;185,60;119,50;-66,10
Acumulado;1.705,60;1.251,90;-453,70
Elaboración propia con datos de MINHAP e INE.
Como se observa, durante los últimos años la inversión per cápita en el País Valenciano ha estado significativamente por debajo de la media española. Esta realidad, sería entendible si el País Valenciano fuese una comunidad con riqueza
superior a la media española. De ser así, el criterio de solidaridad interterritorial sería aplicable.
Pero la realidad es diferente, el País Valenciano es una comunidad con una riqueza per cápita inferior a la media española. Como se observa en el gráfico, el PIB per cápita valenciano es significativamente menor que la media estatal. En el
periodo 2012-2015, el PIB per cápita valenciano es un 15% inferior a la media.
En este caso, no se entiende el porqué de unas inversiones significativamente por debajo de la media. Si hubiese un proyecto de estado cohesionador e inclusivo se habría de potenciar las CCM con menor nivel de riqueza mediante mayores
inversión en éstas. El hecho objetivo de que este no ocurra sugiere que el gobierno del Partido Popular utiliza políticamente las inversiones en los PGE para premiar a comunidades que le son favorables políticamente.
Tabla 10. Evolución del PIB per cápita valenciano y estatal
Elaboración propia con datos de MINHAP e INE.
Si analizamos el volumen agregado de inversiones en el País Valenciano y lo comparamos con la cuantía de inversiones que debería recibir en función de la población relativa, se observa que para el período del Partido Popular de Rajoy ha
habido un déficit de inversiones que roza los 3000 millones de euros. Se han recibido 4654 millones de euros cuando se deberían haber recibido unos 7613 millones de euros.
Toda vez hecho el análisis de los últimos años, cabe destacar que las inversiones territorializadas en los PGE 2017 respecto al año anterior muestran un empeoramiento de la tendencia que se observa en los últimos años. Si durante el período
2012-2016 las inversiones en el País Valenciano suponían el 66,09% de la media nacional, ahora solo representan el 44,06%. Esto es un empeoramiento de 22 puntos porcentuales.
En otras palabras, si el déficit de financiación en el año 2016 era de 321.6 millones de euros, ahora es de 609.1 millones de euros.
Además de estas cifras que demuestran que hay un maltrato sistemático al pueblo valenciano, se suma el reciente informe de la Airef donde certifica que el País Valenciano necesita 1.300 millones de euros más al año para tener un gasto
público por habitante igual a la media.
Todos estos hechos objetivo llevan a cuestionar de manera clara que en España exista un trato justo e igual a todos los ciudadanos por parte del Gobierno Español. Y, cómo no, los PGE de 2017 ahondan todavía más en las diferencias entre
ciudadanos; siendo el País Valenciano el más damnificado por estas políticas. Es, por tanto, imposible apoyar unos presupuestos que castigan a la única CCAA que siendo
pobre no solamente financia a CCAA ricas, sino que también recibe la menor inversión per cápita del gobierno del PP.
Además de la cuestión valenciana, se observa que el capítulo de inversiones aumenta un 28,6%. Pareciera ser una buena señal, no obstante, toda vez deducido de este capítulo las inversiones en defensa, se observa una reducción de la
inversión en un 6%.
Este hecho es especialmente grave porque viene a consolidar, vía menor inversión, una estructura económica basada en la precariedad, la dependencia y la competitividad vía precios. En otras palabras, estos PGE, implican seguir apostando por
un modelo económico que socialmente se traduce en pobreza y exclusión.
Por último, respecto al capítulo de transferencias a otra administración el gobierno argumente que hay 5.000 millones extra de financiación para las CCAA. Como se observa en la tabla, se trata de una media verdad. El aumento de los 5.000
millones se debe exclusivamente a una mayor recaudación derivado del ciclo económico. No hay actuación política en materia de financiación. De esta manera, se sigue apostando por un modelo de financiación autonómica totalmente lesivo para las
CCAA, especialmente la nuestra.
Tabla 11. Indicadores de financiación autonómica
;2015;2016;2017
Fondo de suficiencia global;3.802,30;3.894,00;3.880,83
Fondo negativo de suficiencia global;-2.924,03;-2.841,23;-2.882,31
Aportación del Estado al Fondo de Garantía;8.736,45;8.556,83;8.570,52
Tríbutos sujetos a liquidación;74.819,38;77.144,58;82.827,75
IRPF;33.238,85;34.028,09;37.179,64
IVA;29.527;30.704,87;33.056,87
IIEE;12.053;12.411,62;12.591,24
Total;84.434,10;86.754,18;92.396,79
Elaboración propia con datos de MINHAP e INE.
Por todos estos motivos, el grupo de Compromís en el Congreso solicitamos la devolución del proyecto de PGE para 2017 al Gobierno, para su reformulación por otros que respondan a las necesidades de la mayoría social de nuestro país.
ENMIENDA NÚM. 3
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma y Joan Capdevila i Esteve y de la Diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-Joan Capdevila i Esteve y Teresa Jordà i Roura, Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Enmienda a la totalidad de devolución
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana rechaza unos Presupuestos Generales del Estado que mantienen los recortes sociales mientras incrementa en más de un 30% el gasto militar. Unos Presupuestos que no garantizan el Estado del
Bienestar y derechos como la dependencia, que siguen asfixiando la autonomía y el gasto social de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mientras mantienen gastos superfluos y una desleal centralización competencial, que empobrecen aún
más a las y los pensionistas y parados, en que no se vislumbra un cambio de modelo productivo y en que no se reconocen mandatos parlamentarios como la rebaja del IVA para los servicios veterinarios o para los productos de higiene íntima femenina y
de pañales.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana rechaza unos Presupuestos Generales del Estado que reducen la inversión territorial en todos los Països Catalans, hipotecando el desarrollo del principal eje económico del Estado
y perpetuando nuestro espolio social y territorial. Las promesas de Rajoy en su último viaje a Catalunya son papel mojado en estos Presupuestos y no hacen más que invertir en los proyectos que el Gobierno español nos debe desde hace años (y aún así
la inversión padece una reducción respecto a los últimos Presupuestos).
En definitiva, estos Presupuestos son un nuevo argumento para que la ciudadanía catalana opte por la independencia.
Contexto
El Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 (PGE 2017) se enmarca en diversos procesos, tanto políticos como económicos que, de un modo u otro, determinan el porqué de las partidas presupuestarias y políticas que se
desarrollan a partir del presupuesto.
En primer lugar el proceso de autodeterminación de Catalunya, liderado por su sociedad y que persigue el objetivo de que Catalunya pueda disponer de las herramientas necesarias para desarrollar las políticas económicas y sociales que
requiere la sociedad catalana.
En segundo lugar, la inestable situación política en el Estado español. Una inestabilidad que viene explicada desde el punto de vista político por la minoría parlamentaria en la que se encuentra el Partido Popular, perdiendo votaciones
parlamentarias semana tras semana. Y sobre todo por una inestabilidad institucional como consecuencia de los continuos casos de corrupción que día tras día salpican al partido del Gobierno y convierten a la corrupción en un fenómeno sistémico de la
democracia española.
Y finalmente el presupuesto también se enmarca en la coyuntura política y económica europea. La quiebra del proyecto europeo ideado por sus padres fundadores ha sido precedida por un marco de consolidación de la Unión Europea como un
proyecto exclusivamente económico bajo la hegemonía territorial germánica y la económica del neoliberalismo y las políticas de austeridad como dogma de fe.
Elaborados para continuar con una asfixia premeditada a autonomías y ayuntamientos
El Proyecto de PGE 2017 que el Gobierno ha remitido al Congreso parece estar más orientado en cubrir el expediente ante los requerimientos de austeridad de la Unión Europea que en la atención a las personas y necesidades de gasto de las
Comunidades Autónomas, ayuntamientos y demás entes locales. El cumplimiento del objetivo de déficit público dictado por Bruselas comporta pasar del 4,3% al 3,1% en 2017, y su reparto efectivo determina en cascada la capacidad de actuación del resto
de administraciones.
Tras la coartada del cumplimiento del déficit se esconde una práctica continua y reiterada del Estado español: el centrifugado de las políticas de estabilidad (austericidio). O lo que es lo mismo, trasladar a las comunidades autónomas y a
los ayuntamientos los objetivos de déficit más estrictos, cuando son precisamente estos organismos los que, debido al diseño competencial del Estado, sustentan el Estado del Bienestar, y cuando es el Estado quien concentra el grueso del gasto y
especialmente del gasto superfluo.
El reparto arbitrario del límite de déficit y el techo de gasto impuesto para las distintas administraciones condiciona claramente la capacidad de actuación tanto de ayuntamientos como de comunidades autónomas, imponiendo limitaciones a la
gestión del superávit para los ayuntamientos que gestionan adecuadamente sus recursos. Además, cuando ha sido el buen comportamiento de la administración autonómica y local en la reducción del déficit el que ha permitido corregir las desviaciones
tanto del Estado como de la Seguridad Social.
Por ejemplo entre 2015 y 2016, la Generalitat de Catalunya ha reducido el déficit en términos absolutos por un importe de 3.911 millones de euros. Esta reducción representa el 85% de la reducción total que
han hecho el conjunto de las Administraciones Públicas. Mientras que en el mismo periodo, la Administración General del Estado, ha aumentado el déficit en 2.558 millones de euros. Un déficit que ha aumentado hasta 7.504 millones de euros
si sumamos la Administración de la Seguridad social.
Las limitaciones iniciadas el año 2012 por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tuvieron continuidad con la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y se han
visto reforzadas año tras año con las nuevas restricciones introducidas por las respectivas leyes de Presupuestos del Estado. Aparte de las limitaciones a la gestión de los recursos generados por los propios municipios, estos presupuestos presentan
una reducción del 1,8% en las partidas destinadas a los entes locales.
En definitiva, este Proyecto de Presupuestos tampoco da respuesta a las reivindicaciones de los municipios como son la reinversión del superávit, la eliminación de la tasa de reposición de empleados públicos o las compensaciones por
normativas estatales que provocan una reducción de ingresos, a pesar de que las administraciones locales obtuvieron un superávit de 7.000 millones en el ejercicio 2016.
Elaborados desde falsas previsiones de crecimiento
El Proyecto de PGE 2017 lleva a una fecha de aprobación cercana al segundo semestre del año, siendo muy probable por tanto que no puedan desarrollarse muchas de las actuaciones previstas en estos Presupuestos.
Los Presupuestos suponen una presunción tanto de los gastos como de los ingresos que efectuará el Gobierno en un año fiscal. Por este motivo, observamos con perplejidad las previsiones exageradamente optimistas que ha realizado el Gobierno.
Tanto por el lado de los ingresos, de la Seguridad Social o de los impuestos (IVA, IS e IRPF) que prevén para este año un crecimiento del 7,9%; como por el lado de los compromisos de inversión ya que no se han cumplido en ninguno de los PGE de los
Gobiernos del Partido Popular desde 2012.
Cabe señalar que en el período 2012-2016 ha sido necesario hacer recortes adicionales en el gasto por valor de 25.000 millones de euros, para compensar los ingresos sobrevalorados. Estos recortes silenciosos se han traducido en un deterioro
del Estado del Bienestar y de los servicios públicos.
Es curioso, no obstante, que el optimismo del Gobierno español respecto a sus ingresos no tenga su correlación respecto a los ingresos fiscales de las Comunidades Autónomas, que acaban siendo valoradas por debajo de la realidad, de manera
que el Gobierno español retorna a las Comunidades Autónomas el dinero que les corresponde con un retraso de dos años, convirtiéndose así -paradójicamente- en un préstamo sin intereses que las Comunidades hacen al Gobierno.
Como consecuencia de esto, instituciones como la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF) han reiterado en varias ocasiones la necesidad de que el Gobierno español disponga de un plan presupuestario creíble a medio plazo,
con una revisión continua de los objetivos, más realistas, con más niveles de transparencia y un reforzamiento del marco institucional y fiscal con un trato fiscal adecuado y diferenciado para las Comunidades Autónomas.
El Proyecto de PGE 2017 tampoco supone una apuesta decidida de lucha contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal, con el objetivo de aumentar la recaudación. Tampoco incorpora criterios de progresividad ni de fiscalidad verde,
manteniendo un sistema fiscal impositivo tan generoso con las grandes empresas y fortunas como punitivo con las clases trabajadoras y populares.
Por tanto, el Proyecto de PGE 2017 sigue siendo diseñado en función de los intereses económicos de las grandes corporaciones del Íbex, obviando las consecuencias económicas y el impacto social que tienen las políticas fiscales implementadas
en la gran mayoría de la sociedad.
Mantenimiento de la apuesta por la precariedad social y los recortes sociales previos a la crisis
El Proyecto de PGE 2017 se ha remitido a las Cortes ante la insistencia, por parte del Gobierno de una aparente recuperación económica que contrasta, sin embargo, con un claro aumento de las desigualdades entre la población y con un fuerte
nivel de deuda del Estado (rondando el 100% del PIB) que sigue sin retraerse de manera significativa. Un Proyecto de PGE que incluyen una previsión de incremento del PIB nominal del 4,1% mientras que el gasto social sólo sube un 1,7%. A pesar de
la reiterada recuperación económica anunciada por parte del Gobierno, tampoco se alcanzan los niveles de gasto social conseguidos antes de la crisis en los distintos servicios como en Educación, Sanidad, Cultura, lucha contra la violencia machista o
becas.
El incremento del gasto en las partidas correspondientes a pensiones se debe a la incorporación de nuevos pensionistas, no debido a un incremento de las mismas. De hecho, estos presupuestos sólo contemplan una revalorización de las
pensiones del 0,25%, cantidad muy por debajo del IPC previsto, lo
que significa en la práctica que se está empobreciendo a los pensionistas. Cabe señalar la previsión de la concesión de un préstamo de Hacienda de 10.190 millones de para la Seguridad Social, para evitar fulminar el Fondo de Garantía de
las pensiones, que se ha visto reducido en estos años de los 60.000 millones, hasta los 15.000 millones que quedan en la actualidad.
Además, los PGE 2017 contemplan una pérdida de poder adquisitivo para los diversos colectivos dependientes del Estado, además de los citados pensionistas, ya que la previsión de incremento del IPC es del 2%, por encima de la previsión de
aumento del sueldo de funcionarios, del IPREM o de las becas.
Unos presupuestos, en definitiva, destinados a agrandar la brecha social y económica existente en el Estado español.
En contra de la economía productiva
El Proyecto de PGE 2017 es una perpetuación del modelo productivo actual. Un modelo productivo de grandes empresas y corporaciones a la caza de los grandes contratos públicos del BOE. Un modelo económico pensado en favorecer a la economía
especulativa frente a la productiva. Este escenario, en un modelo de centralismo radial (que atenta contra la racionalidad económica) y en un contexto en que judicialmente se apunta a que las empresas beneficiarias de los concursos contribuyen a la
caja B del partido de Gobierno (cuestionando la justa competencia), conduce a una quiebra del modelo por ineficiencia.
Buena prueba de ello es que el esfuerzo en I+D+i aumenta sólo un 1%, por debajo del incremento previsto del IPC, y además burocratiza la investigación y la hace depender de financiación externa, en lugar de aumentar los fondos públicos.
Con este Proyecto de PGE para 2017 la distancia en inversión en I+D+i respecto a la media europea, aumenta. En consecuencia no se están edificando unas bases más sólidas para la economía productiva, sino se pretende ir en dirección
contraria.
Además, este Proyecto ratifica el modelo energético, que mantiene uno de los costes eléctricos más elevados para las pymes en toda la UE, no permite la transición a un nuevo modelo energético y evita así la creación de miles de puestos de
trabajo ligados a las energías renovables.
La aprobación de estos PGE 2017 supondría un aval a la consolidación de un modelo económico especulativo al servicio de unas élites económicas extractivas y que se ha demostrado inútil a la hora de asegurar crecimiento económico y, en su
caso, de que éste sea armonizado entre todas las capas de la sociedad y de la economía.
Priorización del gasto militar al gasto social
Entre 2009 y 2016 la inversión pública se ha reducido en un 58%, situándose en el 2,2% del PIB. El menor peso desde finales del siglo XX. La caída de la inversión pública ha afectado negativamente a la formación de capital público hasta el
punto que la inversión no ha sido suficiente para reponer el capital que se deteriora.
La aportación más significativa del Proyecto de PGE 2017, y que evidencia la verdadera orientación de los mismos, es el aumento del presupuesto militar en un 32%. Este dato contrasta con el casi nulo aumento del gasto social destinado a
hacer frente a las necesidades de las personas. Toda una declaración de intenciones del Gobierno español para 2017.
El caso más escandaloso es el destino de más de 1.800 millones en Programas Especiales de Armamento, en muchos casos en la fabricación tanques, submarinos, barcos y aviones completamente desfasados y tecnológicamente obsoletos. Verdadero
sinsentido, teniendo presente que el Estado sigue sin financiar adecuadamente, como es su responsabilidad legal, la Ley de Dependencia, a la que sólo destinan 1.355 millones al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Mientras que según
estudios elaborados por distintas Comunidades Autónomas presentes en la comisión de estudio para el análisis de la Ley de Dependencia, serían necesarios unos 2.000 millones de euros más, para poder financiar correctamente la Ley de la Dependencia en
todo el Estado.
O como mientras el porcentaje de pobreza infantil supera el 30% en todo el Estado, el Gobierno español tiene previsto destinar este 2017 solamente 200 millones a la lucha contra la pobreza infantil cuando por el otro lado, tiene previsto
gastar más del triple en la adquisición de aviones de combate Eurofigther-2000.
En contra de la educación y la cultura
En cuanto a la Educación, los PGE sólo aumentan básicamente en el apartado de Becas, sin llegar a los niveles anteriores a la crisis, pese a los esfuerzos comunicativos del Gobierno para hacernos creer que la crisis ya ha pasado. Un sistema
educativo que seguirá subyugado a la aberración legislativa que supone la LOMCE y que seguirá siendo aplicada por un gobierno más obsesionado en la homogeneidad del sistema educativo -y la españolización de los niños catalanes- bajo una falsa
bandera de la igualdad que en la calidad del sistema educativo. Estos PGE obvian que una de las principales carencias del sistema educativo es una buena financiación y que, en consecuencia, es necesaria una adecuada transferencia de recursos
económicos a las autonomías, el aumento a la financiación del primer ciclo de educación infantil o en el caso catalán, el traspaso de las becas y los recursos a la Generalitat en cumplimiento de reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional.
Asimismo, el Proyecto de Presupuestos es incapaz de reconocer la incorporación del cine entre las actividades culturales acogidas a la reducción de los tipos impositivos del IVA, como el teatro, la música o los museos. Y, en cambio,
permisivo y tolerante con la reducción del IVA para los espectáculos taurinos.
Desconocimiento de la realidad catalana
Los PGE 2017 prevén una inversión de 8.597 millones en todo el Estado, un descenso de más de 2.000 millones respecto del 2016. Una inversión equivalente al 0,7% del PIB, tres décimas menos que el ejercicio pasado, que fue del 1% del PIB.
Lo cual supone un retorno a los niveles de inversión del año 2000, aunque entonces equivalía al 1,4% del PIB, el doble que este año.
En contra de lo que había anunciado el Presidente Rajoy, las inversiones en Catalunya bajan en los PGE 2017 un 2,7%. Y además, bajan un 9% en las Illes Balears y se reducen un 33,8% en el País Valencià. De hecho, la inversión real de los
Presupuestos Generales del Estado es la más baja desde el año 2000, tanto en números absolutos como en comparación con la dimensión del PIB. Y, por tanto, se trata de unas inversiones que tendrán claras consecuencias negativas para la economía de
los Països Catalans.
Las inversiones del Estado en Catalunya están hechas desde el más absoluto desconocimiento de la realidad catalana y de las necesidades de su sociedad. Un proyecto de Presupuestos anunciado como una lluvia de millones para la modernización
del servicio de Rodalies cuando la cifra real no llega ni al 10% de los incumplimientos acumulados de inversión del Estado en Rodalies desde 2007. Además de no concretar dotaciones presupuestarias para el soterramiento de vías Montcada i Reixac,
Sant Feliu de Llobregat y l'Hospitalet de Llobregat o la apuesta estratégica del tercer túnel de Barcelona que daría solución de movilidad a cerca de 50.000 personas al día.
Un Proyecto de PGE 2017 que supone una política de pedazos y patada adelante, que se muestra incapaz de abordar las diferentes obras de modernización y adecuación que requiere la Red de Carreteras del Estado en Catalunya y las necesarias
soluciones de movilidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Gobierno.
ENMIENDA NÚM. 4
FIRMANTE:
Pedro Quevedo Iturbe
(Grupo Parlamentario Mixto)
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Pedro Quevedo Iturbe de Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente enmienda
a la totalidad de devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda a la totalidad de devolución
JUSTIFICACIÓN
Los sucesivos PGE a lo largo de la pasada legislatura merecieron el rechazo y la consecuente enmienda a la totalidad de devolución por parte de NC por considerar que la respuesta de la política económica y fiscal del PP frente a la crisis,
operaba justo en la dirección contraria a la que precisaban los intereses generales de la ciudadanía en el Estado y en Canarias.
Las razones de fondo de estas decisiones estaban sustentadas en responsabilizar de las causas de la crisis precisamente a sus víctimas es decir, a las clases medias y trabajadoras, al conjunto de servicios públicos y a los derechos sociales
y laborales conquistados a lo largo de la reciente historia democrática española.
La naturaleza del conjunto de decisiones impulsadas por la facción más conservadora de la UE y acatadas sin más y, de forma entusiasta, por el gobierno español ha venido a demostrar lo que ya sabíamos, esto es, que el análisis que
justificaba estas decisiones respondía a razones ideológicas y no económicas.
El pensamiento ultraliberal encontró en la crisis la excusa perfecta para, de forma paradójica, lanzar una dura ofensiva contra derechos y servicios públicos que, en otras circunstancias, no hubiesen adoptado por la impopularidad de estas
medidas y sus seguras consecuencias electorales.
Es decir que cuanto mayores eran las necesidades de las muchísimas personas, víctimas de la crisis provocada por los poderes financieros y especulativos, menor fue la respuesta del gobierno español para proteger al creciente número de
personas vulnerables provocando, de este modo, una involución sin precedentes de las condiciones de vida de una parte sustancial de la población.
En los sucesivos debates presupuestarios denunciamos estos hechos así como la falacia de la propuesta conservadora sustentada en favorecer la competitividad de la economía española a través de una dura devaluación interna, vía reducciones de
derechos laborales y salarios, y de recortes en los servicios e inversiones públicas.
Las consecuencias de estas políticas han demostrado su ineficacia para promover el crecimiento económico, la sostenibilidad de los servicios públicos y el empleo, como acreditan los informes de numerosas instituciones y organismos que
demuestran el crecimiento de la desigualdad, la precariedad y la pobreza en amplias capas de la población en el estado y, de forma agravada, en canarias.
De hecho la mejora de la economía española en los últimos años ha sido consecuencia de otras circunstancias no dependientes de las políticas que criticamos. Es un hecho que, lo esencial, se debe a factores externos: la reducción del precio
del petróleo, los bajos tipos de interés por las políticas expansivas del Banco Central Europeo y el incremento de la actividad turística consecuencia de la prolongada crisis de los destinos turísticos competidores.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 tuvieron algunas singularidades respecto de los cuatro anteriores porque, manteniendo las mismas concepciones equivocadas, se vieron influidos por una circunstancia ajena a la política
presupuestaria, como es el caso de que en diciembre de 2015 se celebraban elecciones generales.
Demostró este hecho que la apariencia de corrección de las políticas anteriores estaba motivada por la necesidad de dar respuesta al rechazo de la ciudadanía a las injustas políticas del Ejecutivo, y no por corregir el evidente fracaso de
los duros ajustes presupuestarios que habían producido un importante malestar en la sociedad española y canaria con los consiguientes riesgos electorales para el partido que sustentaba, y sustenta, al gobierno.
En el debate de totalidad de esos presupuestos pusimos de relieve el continuismo con la filosofía de los anteriores, la incorrección de abordar el escenario presupuestario sin disponer de datos suficientes sobre las grandes magnitudes así
como un conjunto de medidas impositivas y salariales de naturaleza, indudablemente, electoral.
Los acontecimientos posteriores evidenciaron las sospechas sobre la falta de rigor de ese presupuesto electoralista. La UE a través de la Decisión del consejo de Julio de 2016, de obligado cumplimiento, estableció que España no ha adoptado
medidas eficaces para corregir el déficit público situando el objetivo de estabilidad para 2017 en el -3,1% del PIB frente al -4,6% de 2016 que, a su vez, es el reconocimiento del incumplimiento del objetivo asumido por el gobierno del -2,8% para
ese año.
Un duro ajuste de cerca de 15.000 M consecuencia de la falta de rigor que habíamos denunciado. Aquel presupuesto sufrió otras operaciones correctoras como el adelanto del cierre presupuestario en
Septiembre o el acuerdo de no disponibilidad del gasto en Julio al objeto de reducir el gasto en cerca de 5.000 M para corregir los excesos motivados por el electoralismo.
La pérdida de la mayoría absoluta del PP, consecuencia de las últimas elecciones, y la necesidad de hacer frente a las exigencias de la UE han motivado la necesidad de abrir un mínimo diálogo con otras fuerzas políticas, al objeto de,
adoptar un conjunto de medidas tributarias para incrementar los ingresos en relación con los PGE de 2017 así como para redefinir los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2016 y para el periodo 2017-2019.
En este nuevo escenario, NC apoyó el RD Ley 3/2016 de medidas tributarias y otras medidas en materia social que suponen el reconocimiento de las falsas previsiones de ingresos del presupuesto de 2016 y, también, una corrección tardía e
insuficiente de la errónea política de reducción del déficit público por la vía de disminuir el gasto público, sustituyéndola, en parte, por la del incremento de los ingresos.
De esta forma los 15.000 M, que supone la reducción del déficit en 1,5 puntos del PIB, se obtienen, en parte por la mejora del ciclo económico, por la corrección del gasto, ya explicada, y mediante el incremento del impuesto de sociedades,
limitando la deducibilidad, lo que viene a reconocer, de forma insuficiente, la necesidad de potenciar la corresponsabilidad fiscal, en este caso de las grandes corporaciones, a fin de incrementar los recursos públicos.
Una medida anticíclica de eficacia inmediata, a pesar de su modestia, frente al canon ultraliberal de abordar la corrección del déficit público mediante el recorte de recursos y servicios públicos que, con toda precisión, ha sido etiquetada
de austericidio.
Es, de todo punto notorio, que esta decisión no sustituye la urgente necesidad de acometer una profunda reforma fiscal de modo que, aporten más recursos los que más tienen, que cumplan con sus obligaciones quienes no pagan y que se potencien
de forma sustancial los instrumentos de actuación de la agencia tributaria mediante el incremento de sus recursos humanos y materiales para perseguir las enormes bolsas de fraude fiscal y economía sumergida.
Un porcentaje menor se obtiene mediante el incremento del gravamen de determinados impuestos especiales, que compartimos, sobre: productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas y sobre las labores de tabaco.
Las consecuencias de la pérdida de la mayoría absoluta, de la que disfrutaba el partido que sustenta al gobierno, se ha manifestado, igualmente, en dos medidas relevantes en materia social: el destopamiento de las bases máximas de la
cotización a la Seguridad Social y, la muy relevante de incrementar en un 8% el salario mínimo interprofesional para 2017.
Esta relevante medida es, sin duda positiva, aunque insuficiente si consideramos el dato dramático de que la renta media de los hogares se ha reducido un 13% desde el año 2009. Este empobrecimiento de una parte sustancial de la población
contrasta de forma inaceptable con el profundo incremento de la desigualdad como acredita que el 1% de la población con mayor patrimonio acapara el 27,4 de la riqueza disponible.
Finalmente esta iniciativa legislativa incorporó una medida que da respuesta a una reivindicación histórica de NC relativa a la suspensión de la compensación de Canarias al Estado por la supresión del IGTE con efectos de 1 de Enero de 2016.
Esta decisión resuelve este anacronismo al completar el proceso que inició el último gobierno socialista, suspendiendo el primer 50% a partir del año 2010.
Pretendemos con esto señalar que la nueva correlación de fuerzas en el Congreso, con el partido del Gobierno en minoría, podría suponer una oportunidad para corregir en parte las políticas equivocadas que ha venido imponiendo el PP, aunque
esta expectativa no se ha visto confirmada en el proyecto de PGE 2017 como explicaremos posteriormente.
No apoyamos, sin embargo, el acuerdo propuesto por el gobierno, en la misma sesión, sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Persiste el gobierno en mantener la asimetría injusta en la delimitación del esfuerzo de
las administraciones públicas. En 2017 las Comunidades Autónomas soportarán de nuevo el mayor esfuerzo (-0,6 ) frente al mayor relajamiento de la Administración General del Estado (-1,1%).
Con dos agravantes adicionales: por un lado, se lesiona con gravedad la atención a los servicios públicos que son competencia de las administraciones autonómicas y, por otros, no se reconoce el esfuerzo realizado por las comunidades que han
cumplido con el objetivo de estabilidad.
En relación con ello resulta especialmente discriminatorio el trato que reciben las entidades locales. Lejos de reconocer su esfuerzo en la reducción del déficit público, hasta el extremo de haber generado, incluso, un superávit
considerable desde el año 2012 con un acumulado de 26.000 M, y que, en 2016
ascendió a 7.000 M, persiste el gobierno en restringir la reinversión de estos remanentes, provocando un daño enorme a los intereses de los ciudadanos.
En el caso de Canarias, el remanente de tesorería para gastos generales ajustado de todas las corporaciones locales de las islas (cabildos, ayuntamientos y mancomunidades) asciende a 1030 M. Unas cifras no aceptables ante las graves
situaciones de necesidad que no pueden afrontar las administraciones más cercanas a los ciudadanos.
Es por ello que NC apoya sin reservas la resolución de la Federación Española de Municipios y Provincias por la que se insta al gobierno de España a adoptar medidas legislativas para permitir a las entidades locales reinvertir sus remanentes
sin tener que generar nuevos ingresos, con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria.
Apoyamos la propuesta de modificación de la Disposición adicional 92 de la Ley de Presupuestos 2017, por la que se establece que el plazo temporal para la reinversión del superávit de 2016 contemple los ejercicios 2017 y 2018 en relación con
los compromisos de gasto y con las ejecuciones. En consecuencia, quedaría sin aplicación el párrafo segundo de la Disposición Adicional 16 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales relativa al compromiso y ejecución del
gasto.
Esto no implica que infravaloremos la mejoría que supone la modificación del objetivo de déficit para las Comunidades Autónomas toda vez que estaba establecido en el -0,5% del PIB y, finalmente ha sido fijado en -0,6% en 2017, lo cual viene
a suponer un significativo, aunque insuficiente, relajamiento en el esfuerzo de las CCAA para destinarlo a atender sus deteriorados Servicios Públicos.
Estas dos iniciativas, aprobadas en la misma sesión de Pleno del Congreso, el RDL de medidas tributarias y en materia social y el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que hemos valorado de forma desigual, representan la
modificación de la correlación de fuerzas en la Cámara y, en consecuencia, las potencialidades para forzar algunos acuerdos que hubiesen resultado imposibles en el anterior escenario de mayoría absoluta.
En sentido contrario ha ocurrido con el significativo revés sufrido por el gobierno en su pretensión de imponer al sector de la Estiba un conjunto de medidas desreguladoras de profundas y negativas consecuencias para ese sector estratégico.
El rechazo de la cámara al RDL que sustentaba esas medidas supone la constatación de las potencialidades de esta legislatura.
NC votó en sentido negativo la investidura del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy por mantener profundas discrepancias con las políticas ultraliberales que practica así como por los manifiestos incumplimientos y el auténtico maltrato de
que se ha sido objeto Canarias a lo largo de la pasada legislatura.
En igual medida entiende que, ante la ocasión perdida para la consecución del cambio político en el Estado, es su responsabilidad trabajar en la defensa de los intereses de Canarias y colaborar en el combate de las políticas conservadoras
del PP y, es por ello, que manifiesta su desacuerdo con el proyecto de PGE para 2017 que sustancia en esta enmienda.
Los PGE constituyen el instrumento fundamental que expresa la política económica del gobierno. Hemos analizado los anteriores Presupuestos y, las consecuencias negativas que han generado sobre la sociedad española para analizar,
posteriormente, las consecuencias que, de forma agravada, ha sufrido la sociedad canaria.
Afirmamos que es plenamente constatable el fracaso de las medidas de carácter neoliberal propugnadas por el núcleo duro de la UE, asumidas sin objeciones por el gobierno del PP, con el supuesto objetivo de dar respuesta a la crisis económica
que estalló en 2007. Afirmamos que la recuperación de un crecimiento económico del 3,2 del PIB y con previsiones inferiores para 2017 del 2,5 del PIB, no ha repercutido de forma significativa en los indicadores fundamentales de la calidad de vida
de la población.
No es posible tratar la situación actual con el triunfalismo con que se pronuncia el gobierno cuando la mejora de la economía es atribuible en especial a fenómenos externos como ya hemos explicado y cuando las políticas conservadoras
anticrisis han generado un incremento del empleo precario y de baja calidad, consecuencia de las retrógradas reformas del mercado laboral, profundos daños sociales asociados a la desigualdad y la pobreza así como un serio retroceso en la calidad y
las prestaciones de los servicios públicos.
Estos daños son pues, en parte, los resultados de las políticas basadas en la reducción del déficit público y en la mejora de la competitividad a través de la devaluación interna del valor de las rentas del trabajo, y, en general, en las
políticas de reducción del gasto público.
El Proyecto de PGE para 2017 tiene una primera característica, en realidad una anomalía, que viene determinada por la decisión del gobierno de recortar 5.000 M en 2016 al establecer la no disponibilidad
de gasto en el mes de julio. Una medida destinada a reducir el capítulo de gastos previstos inicialmente al alza por razones electorales.
Como este proyecto está confeccionado en base a la liquidación del presupuesto anterior, esto es incorporando el recorte antes mencionado, la primera consecuencia es que la comparación no se produce con el presupuesto inicial anterior, lo
cual resulta engañoso y, además, genera una dificultad añadida para interpretar las variaciones presupuestarias.
Esta dificultad es particularmente significativa en el caso del Ministerio de Fomento. La comparación de la cifra presupuestada con el presupuesto ejecutado en 2016 genera un 24% de incremento, que resulta ser un falso positivo, porque la
comparación con el presupuesto inicial del año anterior supone, en realidad, un retroceso del 3,3%.
Este Proyecto de PGE debería ser un oportunidad para dar respuesta a la grave pérdida de poder adquisitivo que ha comprometido seriamente la calidad de vida de los empleados públicos y los pensionistas, lo que, a su vez, incide negativamente
en el estímulo de la actividad económica como consecuencia del incremento del consumo privado que, en buena lógica, debería suponer un objetivo de primer orden en un escenario económico que el gobierno interpreta muy favorable.
Se consolida, por el contrario, la filosofía presupuestaria de congelar las pensiones y deteriorar, aún más, el poder adquisitivo de los salarios públicos. Esta persistencia, contradictoria con el discurso gubernamental de la recuperación
económica española, no tiene explicación económica razonable, a no ser que acudamos al fondo de la cuestión: de nuevo se impone la ideología conservadora de obstaculizar el desarrollo de las administraciones locales y los servicios públicos.
De esta manera, el incremento salarial del 1% a los empleados públicos resultará en una nueva disminución de su poder adquisitivo. No será otra la consecuencia si consideramos que el consenso general indica que la inflación superará el 2%.
Esta cifra, no solo absorberá el incremento salarial sino que lo transformará en negativo.
Dramáticamente los pensionistas continuarán sufriendo las consecuencias de la política del gobierno. Porque el incremento de esta partida presupuestaria del 3,1% es la resultante de la incorporación de nuevos pensionistas al sistema. Pero,
lo cierto es que, continuarán perdiendo poder adquisitivo porque la congelación del incremento de la prestación individual al 0,25% es, como mínimo, cuatro veces inferior a la previsión de inflación para 2017.
Con carácter general, lejos de dar respuesta a la necesaria potenciación de los servicios públicos se consolida una nueva disminución en gastos de personal del 1,6% como consecuencia de la pervivencia de la tasa de reposición del 50% de los
empleos públicos. Esta medida ha dañado seriamente la eficacia de las administraciones y servicios públicos y, en consecuencia, los intereses generales de la ciudadanía.
Es decir, que si en esta etapa de crecimiento económico lo deseable sería la recuperación del poder adquisitivo, la potenciación de los servicios públicos y la formulación de políticas anticíclicas dirigidas a generar actividad económica y
crecimiento del empleo de calidad, la respuesta presupuestaria del gobierno avanza en la dirección opuesta.
Al margen de las evidentes razones de la naturaleza ideológica conservadora de las políticas económicas practicadas, este Proyecto de Presupuestos esencialmente restrictivo es la consecuencia de los excesos preelectorales de los anteriores.
Una vez más la UE ha impuesto un escenario de dura corrección del déficit público con la consecuencia, además, de que el techo de gasto sea menor que el del año anterior.
Proyecto presupuestario para 2017 y Canarias
En relación con la situación y los intereses de Canarias, son ya cinco Presupuestos a los que NC se ha visto en la obligación de formular enmiendas a la totalidad. Hemos argumentado con el máximo rigor las razones que nos permiten afirmar
que el maltrato presupuestario y los incumplimientos con nuestra tierra son, de todo punto, constatables.
En esta ocasión, coincide en el tiempo con el debate presupuestario otro asunto de la mayor relevancia para el archipiélago, relativo a la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Un asunto esencial para el desarrollo del
autogobierno, el perfeccionamiento de los derechos de la población y de la delimitación territorial así como para la corrección del injusto sistema electoral canario.
Se trata de una oportunidad para recuperar, en parte, el tiempo perdido como consecuencia de la escandalosa devolución en 2007 del anterior proyecto, solicitada por Coalición Canaria y el Partido Popular, fuerzas políticas que gobernaban en
Canarias en ese momento. La finalidad no fue otra que la
de evitar la modificación, precisamente, del sistema electoral aprobado en 1996, que, endureció a su vez, el ya criticable de 1982. Estos acontecimientos impidieron entonces disponer de un Estatuto de segunda generación, con mayores
competencias como lograron en ese momento otras territorios, con el perjuicio consiguiente para los intereses de Canarias.
En relación con el Proyecto de PGE para 2017 hemos hecho constar la opinión negativa de NC en relación con la política presupuestaria general que contienen. Igualmente haremos constar en esta enmienda nuestra posición sobre el tratamiento
presupuestario de Canarias que, ya adelantamos, contiene algunas nuevas variables a considerar.
En especial es preciso resaltar la importancia fundamental del Régimen Económico y Fiscal para dar respuesta a nuestras singularidades y condiciones adversas para el desarrollo económico y social, asociadas a la lejanía y fragmentación del
territorio. Este reconocimiento forma parte de nuestro acervo histórico, está reconocido en el derecho primario de la UE y constituye, de facto, el fuero canario.
Al margen del incumplimiento sistemático de las leyes del REF que NC ha venido denunciando en la totalidad de los anteriores Presupuestos, en la Ley 22/2009 de Financiación Autonómica de las CCAA de Régimen Común, se produjo el hecho
insólito de incorporar por primera vez los recursos tributarios del REF a los efectos de determinar la capacidad fiscal para acceder al Fondo de Competitividad, lo que ha hecho que Canarias no pudiera recibir los recursos que nos corresponderían de
dicho Fondo
El enorme perjuicio causado por esta decisión es cuantificable. Solo en el periodo 2009-2013 Canarias ha recibido un 14,3% menos de financiación que la media de las CC.AA. de régimen común, medida como 'financiación homogénea en términos
normativos por habitante ajustado'.
El déficit de financiación, en relación a la media, alcanza 683 M/año. En el periodo considerado, un déficit de 3.414 M y de 9.193 M en relación con la Comunidad mejor financiada. A estas cifras dramáticas es preciso añadir las
correspondientes a tres años, hasta 2016, cuando se suman 1.800 M más de desviación. Un daño de enormes proporciones para la sostenibilidad de los servicios públicos canarios.
Además, esta reducción se produce cuando Canarias sufría de forma agravada las consecuencias de la recesión económica que vino a profundizar el proceso de desconvergencia de su PIB per cápita en relación con el español. El mejor dato de
convergencia se produjo en el año 2000 cuando el PIB canario alcanzó el 97,7% en relación con el español. En 2014 esta cifra descendió al 85,8% y expresa de forma precisa la profunda involución de la economía canaria, con una discreta recuperación
posterior, que en las previsiones para 2016 plantean una reducción del 0,3% frente a España.
Los negativos datos que hemos explicado, contrastan sobremanera con el tratamiento presupuestario desde el año 2011 que, lejos de actuar en la dirección de cooperar con la superación de las dificultades de la economía canaria, operaron justo
en sentido contrario. Valga apuntar que la reducción de la inversión del Estado en Canarias desde el año 2011 hasta el 2016 fue del 41% frente a una reducción media para el conjunto del estado del 33% en igual periodo.
La nueva situación política creada tras las últimas elecciones generarles en un contexto de un Gobierno en minoría y de la singular distribución de los diputados han generado nuevas condiciones que pudieran permitir a NC influir sobre los
PGE para 2017. Además el compromiso inicial que ha manifestado el PP para reformar el injusto Sistema Electoral canario, objetivo transcendental para mejorar la calidad democrática del parlamento canario, ayuda a que tengamos una actitud abierta a
entablar negociaciones con el Gobierno para explorar modificaciones de estos Presupuestos que signifiquen mejoras para la ciudadanía y los servicios públicos de Canarias.
Somos conscientes que NC, formación ideológicamente alejada del PP, no ha compartido ni las políticas que defiende el PP. Pero las nuevas mayorías políticas que se pueden formar en el Congreso de los Diputados necesarias para aprobar los
PGE 2017, hacen posible que el PP venga obligado a modificar los aspectos más negativos de su política económica y, en ese contexto, NC se compromete a tratar de influir en favor de los intereses de nuestra tierra maltratados sistemáticamente la
pasada legislatura.
Esta nueva situación política es la que explica la incorporación de la Disposición Final 16.ª en el proyecto de PGE 2017, que modifica la Disposición Adicional Segunda de la Ley 22/2009 de Financiación Autonómica. De esta forma se rectifica
la negativa decisión de computar los recursos tributarios del REF para acceder al Fondo de Competitividad.
Es preciso añadir que esta rectificación parcial también es temporal, en la medida que, el acuerdo en cuestión tendrá vigencia hasta la formulación de un nuevo modelo de financiación autonómica, por lo que NC mantendrá una actitud de
especial cautela ante la negociación que habrá de producirse en su momento.
También, el nuevo contexto explica que el capítulo de inversiones para Canarias mejore respecto a 2016. Si miramos las inversiones directas del Estado (capítulo VI) es la primera vez que Canarias es la única comunidad donde se incrementa
esta partida. Se trata de un incremento de 8,2 M (que representa un crecimiento del 2,5%) cuando este capítulo en el conjunto del Estado se reduce en 2.456 millones, una caída del 22,2%.
Hemos insistido en la necesidad de que los sucesivos gobiernos cumplan con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 20/1991 del REF, referente a que las inversiones estatales no sean inferiores a la media del conjunto de CC.AA., excluidas
las inversiones que compensen el hecho insular. En este proyecto presupuestario, referidos a las inversiones directas (capítulo VI), se reduce la diferencia per cápita a 57,7 respecto de la media regionalizada española. Bien es cierto que si
incluimos las transferencias de capital (capítulo VII) a las Islas esta cifra superaría la media de inversión española en 71,3 , que van a compensar el hecho insular.
Aunque este dato supone una novedad positiva, que reconocemos, no se corresponde tanto con un aumento extraordinario de las operaciones de capital para Canarias como de la brusca caída (-22,2%) que sufren las inversiones en el conjunto del
estado. Por lo que no debemos olvidar que las partidas para inversiones están muy lejos de resolver el acumulado déficit inversor acumulado desde 2011.
Por poner un ejemplo, considerando el importe total que recibe Canarias (operaciones de capital y operaciones corrientes), llama la atención que en el año 2011 las Islas recibieran 192 M más que en el actual proyecto, y esto a pesar de se
contabilizan en este proyecto los 220 millones que recibimos por la modificación del Fondo de Competitividad ya analizado. Si nos remontamos al precedente inmediato del presupuesto de 2016, se produjo un incremento de las partidas totales del 45,3%
respecto del 2015. Teniendo en cuenta que en este proyecto presupuestario para 2017, se incrementan las partidas un 32,39% respecto de 2016, resulta difícil explicar algunos comentarios triunfalistas sobre el particular.
Lo que decimos se observa con claridad en lo que se refiere al Convenio de Carreteras Canarias-Estado. Hemos denunciado con persistencia el incumplimiento unilateral del compromiso adquirido por el gobierno de España desde el año 2012. En
el proyecto actual, se produce un incremento, sin duda sustancial, sobre los años anteriores.
Ahora bien, este incremento asciende a 175 M frente a la partida anterior de 94 M en 2016 y de 54 M de los cuatro años anteriores. Pues bien, la aportación que debía efectuarse en este año 2017, si se cumpliera con lo comprometido en
dicho Convenio, asciende a 226 M, es decir 51 más que lo comprometido. El acumulado de los incumplimientos del Estado en esta materia asciende a 806 M en cinco años.
Es evidente, entonces, que mucho queda por hacer para recuperar el multimillonario déficit acumulado solo por este concepto.
En consecuencia, desde el punto de vista de la modificación de las negativas tendencias de años anteriores se producen, como hemos señalado, mejoras parciales. Pero desde la óptica de los importantes incumplimientos acumulados en la pasada
legislatura que debemos relacionar con el contexto negativo del conjunto del proyecto de presupuesto y de las necesidades de recursos para hacer frente a los deficientes indicadores económicos, laborales y sociales que sufre Canarias, la respuesta
debe ser crítica desterrando cualquier forma de triunfalismo.
Porque resultaría incompleta esta enmienda sin hacer referencia a los negativos indicadores y datos que sufre nuestra tierra y que permiten explicar la dura crítica que formula NC a la gestión de los gobiernos canario y español, por entender
que, en buena medida, son consecuencia de políticas erróneas y en el caso del gobierno español del maltrato presupuestario practicado desde 2012.
El desempleo es un problema dramático que en Canarias, a pesar de una discreta disminución, se mantiene en cifras inaceptables del 24,9%, más de seis puntos sobre la media española. Somos la tercera comunidad del Estado con mayor
porcentaje, solo superados por Andalucía y Extremadura.
Sin embargo, en datos desagregados somos, lamentablemente, los primeros: Paro juvenil del 50,6% frente al 42,9 estatal, 17,5% de hogares con todos sus miembros en paro o la precariedad laboral de colectivos asociados a la terciarización de
nuestra economía, como es el caso de las camareras de piso, a pesar de los extraordinarios resultados empresariales en el sector turístico.
Frente a estos datos el Gobierno español liquidó los 42 M del Plan integral de empleo de Canarias, rediciéndolos a 10 millones en 2013 y a 0 euros en los años 2014 a 2017. De hecho en este proyecto presupuestario la partida sigue con 0
euros, aunque el PP lo ha atribuido a un 'olvido' y señala que existe un compromiso de consignar 21 M para 2017. De nuevo una respuesta positiva aunque insuficiente.
Finalmente, debemos hacer una obligada referencia a la situación de los servicios públicos esenciales, en los que, se manifiesta de forma gráfica las graves consecuencias que han generado las políticas del PP cuando tenía mayoría absoluta.
La Ley de Dependencia es un ejemplo claro del abandono a las personas más vulnerables, especialmente claro en Canarias con listas de espera para recibir la prestación del 50%. El Observatorio estatal de Dependencia explica bien este drama y
sitúa a nuestra Comunidad en último lugar del Estado en la gestión de este servicio.
La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que acaba de publicar el INE sitúa la tasa de riesgo pobreza en un escandaloso 35,0%, cuando a nivel del Estado es del 22,3%. Igualmente sitúa a Canarias a la cabeza en: hogares sin capacidad para
afrontar imprevistos, o donde se acumulan más retrasos en los pagos de la vivienda habitual, entre otros múltiples indicadores negativos.
Redescan abunda en estos datos desgraciados identificando al 13% de la población en pobreza extrema. Cruz Roja y Unicef alertan, a su vez, sobre la pobreza infantil que afecta al 30% de la infancia canaria, que se estanca a pesar de la
mejoría de los datos macroeconómicos.
Por último, debemos hacer referencia a la situación del Sistema Sanitario, que en el Barómetro Sanitario 2016 presenta las peores valoraciones del Estado, solo superadas por Melilla. Solo un 7,8% de la población valora que la sanidad
funciona bien frente al 19,7% del Estado. Solo añadiremos que los canarios tenemos las peores listas de espera quirúrgicas y para atención especializada, de todas las comunidades españolas.
Aunque es evidente que los recortes operados en los distintos PGE tienen una elevada responsabilidad en esta situación, conocemos la influencia negativa de la gestión deficiente del ejecutivo autonómico. Esta evidencia no excluye, de
ninguna manera, la necesidad de corregir esta propuesta de PGE 2017 por ser determinantes para comenzar a revertir la dura realidad que sufre Canarias.
El anuncio de la mejoría del tratamiento presupuestario de Canarias realizado en términos triunfalistas por responsables de los gobiernos español y canario, constituyen, en realidad, una distorsión a la hora de abordar un debate riguroso
para interpretar si, en realidad, este proyecto de PGE, es una respuesta satisfactoria a las necesidades del archipiélago.
Se trata, al parecer, de cerrar cualquier otra negociación, por el supuesto carácter definitivo de los acuerdos alcanzados. Esto constituye un burdo intento de obtener rédito político de unos acuerdos, que, en nuestra opinión, responden a
las dificultades de un gobierno autonómico aislado y debilitado, proclive a alcanzar acuerdos desde la debilidad, que, además se pretenden inamovibles.
A lo largo de esta enmienda, hemos tratado de exponer las serias dificultades que tiene planteados el presente y el futuro de Canarias, y, también, la moderada respuesta que se ofrece desde este proyecto presupuestario. Los datos aportados,
expresan con claridad que el maltrato de la pasada legislatura, no se resuelve con la respuesta que se ofrece.
NC, es igualmente consciente que los incumplimientos y el daño acumulado, no pueden ser resueltos, en su totalidad por estos PGE porque el escenario macroeconómico y las políticas que practica el PP no avanzan en esa dirección. De hecho,
muchos de los asuntos que nos preocupan solo podrían ser abordados cuando se produzca un cambio político en el Estado.
A pesar de nuestra convicción de que este proyecto presupuestario está formulado desde posiciones que nada tienen que ver con la política económica que defiende NC, como acreditamos en el debate de investidura con nuestro voto en contra de
hacer Presidente a Mariano Rajoy, hemos planteado a los responsables del partido que sustenta al gobierno y del propio ejecutivo, nuestra predisposición a entablar negociaciones para explorar posibles puntos de encuentro.
Lo hacemos atendiendo a la nueva y singular correlación de fuerzas de la Cámara, que genera una oportunidad para, desde nuestra limitada representación, influir sobre el gobierno español, en este y otros asuntos ya relatados, en defensa de
los intereses de Canarias.
Este proceso solo puede darse, vistas las circunstancias, en el posterior debate de enmiendas parciales, que se iniciará en el caso de que el proyecto de PGE 2017 supere el debate de totalidad.
En consecuencia, solicitamos la devolución al Gobierno del presente Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
ENMIENDA NÚM. 5
FIRMANTE.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, por la que se solicita su devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-Txema Guijarro García y Segundo González García, Diputados.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Enmienda a la totalidad de devolución
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) representan la herramienta de política económica más importante que tiene un gobierno y en ellos se reflejan en términos económicos los postulados políticos del gobierno y sus prioridades. Los PGE
para 2017 presentados por el Gobierno vuelven a priorizar una drástica reducción del déficit público sobre el resto de objetivos de política económica (entre ellos, la creación de empleo y su calidad). España ha sido campeona del ajuste fiscal en
la UE. No es un motivo para congratularse, sino una explicación que ayuda a entender por qué seguimos manteniendo la segunda tasa de paro más alta de la zona euro.
España registró en 2016 una tasa de desempleo sólo ligeramente inferior a la que había cuando el Partido Popular llegó al gobierno; sus esfuerzos se han centrado con mucha mayor intensidad en reducir el déficit público. Con estos PGE, el
gobierno se reafirma en esta prioridad política.
Es necesario un drástico cambio de prioridades de política económica, para centrarla en la creación de empleo de calidad, la reducción del 'déficit social' y la transformación del modelo de crecimiento.
España es el uno de los países europeos donde más han aumentado las desigualdades desde el inicio de la crisis, hasta situarse entre los niveles más elevados de inequidad, pobreza y exclusión social en el marco de la UE. Mientras que el
Índice de Gini se ha mantenido estable en los países de la Eurozona, en un valor en torno a 30, en España ha pasado del 31,9 en 2007 al 34,6 en 2015, uno de los valores más elevados de nuestro entorno. Además, España es uno de los países de la UE
donde la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas, y no deja de crecer.
El Gobierno se empeña en señalar una y otra vez al desempleo como el único determinante de la desigualdad en nuestro país, pero no es así. Las recientes reformas laborales, y la devaluación de los salarios, han conllevado que la pobreza y
la exclusión social no se concentren exclusivamente en la población desempleada. Hoy, tener un trabajo en España ya no es condición suficiente para escapar de la pobreza, puesto que casi el 15% de los trabajadores en nuestro país está en dicha
situación. Así, a pesar del empleo creado en 2015 y 2016, las tasas de pobreza y exclusión apenas se han reducido, como consecuencia de la fuerte precariedad y la mala calidad del empleo.
Del mismo modo, la erosión del Estado de Bienestar derivada de las políticas de recortes de los años pasados explica también esta situación. España, de acuerdo a los datos más recientes de Eurostat, mantiene un déficit estructural con la
Eurozona en protección social cercano al 5% del PIB. Se necesitan por tanto políticas específicamente dirigidas a reducir las desigualdades, y a erradicar la pobreza y la exclusión social. Estas políticas, además, deben diseñarse de forma que sean
herramientas eficaces para luchar contra las desigualdades entre mujeres y hombres. Desde nuestro punto de vista resulta más importante corregir el déficit social de nuestro país que reducir el déficit público.
Sin embargo, a pesar del anuncio del gobierno de que en 2017 no habría recortes, otro año más estos vuelven a producirse. El techo de gasto y los objetivos de déficit aprobados en diciembre de 2016 implicaron un recorte del primero de más
de 5.057 millones de euros respecto al aprobado para 2016.
Durante 2015, y básicamente porque era un año electoral el gobierno expandió el gasto con el objetivo de ganar las elecciones para en 2016 aplicar los recortes que compensaran los excesos de ese año.
No obstante, dado que el PP no ganó las elecciones, durante 2016 no pudo aplicar la misma técnica para recortar que había utilizado hasta la fecha, optando por la no ejecución de gastos presupuestados como forma para recortar tácitamente.
Esto implica que, al tener como referencia para los PGE de 2017 el nivel de ejecución de los de 2016, se parte de un nivel de presupuestos ya mermado por esa vía respecto a 2016. Esto, que algunos llamarán técnica presupuestaria, no es sino una
trampa del gobierno para seguir aplicando los recortes en el gasto público con alevosía y de una forma menos perceptible por la ciudadanía aunque con los mismos efectos.
Para ser más concretos, dado que durante 2016 no se pudieron presentar, se tuvieron que prorrogar los PGE de 2016 para 2017. Pero como hemos mencionado anteriormente, los PGE de 2016 tenían un techo de gasto superior (123.394) al
establecido para 2017 (118.337), por lo que el gobierno tuvo que generar un Acuerdo de no Disponibilidad el 30 de diciembre de 2017 por valor de 5.493 millones de euros que le permitiera cuadrar las cifras. Con este movimiento el gobierno
consolidaba los recortes tácitos de 2016. Si a esto añadimos que los PGE presentados para 2017 no revierten ninguno de los recortes realizados durante los peores años de austeridad, podemos afirmar que son los presupuestos de la consolidación de
todos los recortes producidos desde la llegada del PP al gobierno y de los que anteriormente realizó el gobierno del PSOE.
Concretando, los PGE para 2017 incluyen recortes importantes respecto a lo presupuestado en 2016 en políticas como Vivienda (21% respecto a lo presupuestado en 2016, 62% acumulado desde 2011) o Infraestructuras (11% respecto a 2016, 44%
acumulado desde 2011). El gobierno apuesta por un modelo de crecimiento continuista, al introducir también recortes en las principales políticas vinculadas al modelo productivo: Comercio, Turismo y Pymes (-11%), Otras Actuaciones de Carácter
Económico (-7%), Subvenciones al Transporte (-1%) y, en menor medida, Industria y Energía (-0,2%).
Una de las partidas más dañadas durante la crisis y crucial para el cambio de modelo productivo, Investigación, Desarrollo e Innovación, ve incrementado su presupuesto respecto a 2016 (+1%), pero el recorte acumulado en la política desde
2011 es del 24%. Igual sucede con los presupuestos de Sanidad y Educación, que se incrementan 2,3% y 1,7% respecto a 2016, pero que acumulan un recorte desde que llegó el PP al poder del 3,85% y 11,2%. La única política de gasto que se incrementa
de manera significativa respecto a 2011 ha sido Defensa, con un sorprendente incremento del 32,1%.
En general, la política del PP desde que ha llegado al gobierno ha sido la de reducir el gasto público y la proporción que éste supone respecto al PIB. Concretamente en 2016, el gasto público respecto del PIB era en 2011 45,8%, y será para
2017 del 41,3%.
Lo más preocupante es que estos recortes se han hecho en Servicios Públicos Fundamentales, es decir, en Educación, Sanidad, Vivienda y Medio Ambiente entre otros. Desde que el gobierno del PP llegó al poder el gasto público en proporción
del PIB en todos estos servicios ha caído de forma continua. Esto, además, se ha hecho a costa de la autonomía fiscal y financiera de las CC.AA.: por un lado, con una reducción significativa de recursos y, por otro, con la aplicación de un control
fiscal y presupuestario que ha puesto en riesgo la sostenibilidad de nuestros servicios públicos fundamentales. El mayor peso del ajuste fiscal de estos años ha sido asumido por las CC.AA., que han visto reducida por ello, de manera significativa,
su capacidad de acción política. Y el aumento de financiación de las CC.AA. que el gobierno anuncia al presentar estos PGE se deriva exclusivamente de la aplicación del sistema de financiación territorial actual, y no de decisiones políticas del
gobierno. Debido a las políticas del gobierno del PP, estamos muy lejos de los niveles de gasto público en Sanidad y en Educación anteriores a la crisis en la gran mayoría de las comunidades autónomas.
Resulta significativo, en este sentido, que desde la llegada al Gobierno del PP en 2011 y hasta 2015, el gasto en Sanidad Pública se ha reducido en más de 7%, mientras que el gasto en Sanidad privada se ha incrementado un 13%.
Por su parte, en términos de ingresos, los PGE presentados son el resultado de una de las peores políticas en materia tributaria que ha vivido España en mucho tiempo. Nuestro país sufrió una caída de
ingresos públicos superior a la que sufrió la eurozona como consecuencia de la crisis económica, lo que mostraba una debilidad estructural en la estructura tributaria. Lejos de atajar el problema, el gobierno del PP ha profundizado con sus
actuaciones esta situación.
Concretamente, la reforma impositiva implementada por el gobierno en 2015 ha supuesto un coste de 12.309 millones acumulados hasta 2016, lo que ha provocado que el ajuste del déficit se haya producido principalmente por la vía de la
reducción del gasto. Es más, y lo que es más preocupante, el gobierno del PP ha roto el vínculo entre crecimiento económico y crecimiento de los ingresos públicos por primera vez en dos décadas, Mientras que en 2016 se ha crecido a una tasa del
3,2%, los ingresos tributarios tan solo lo hicieron a una tasa del 2,3%. Por eso, la cifra de ingresos tributarios que el gobierno consigna en los PGE (un incremento del 7,9%) carece de toda credibilidad sin una profunda rectificación de su
política fiscal.
Esto es así en primer lugar, porque no ha habido cambios normativos que contrarresten la regresiva reforma fiscal que ha mermado más de 12 mil millones de euros a las arcas públicas. De hecho, es necesario resaltar que la ejecución de 2016
apunta a que los ingresos no están teniendo la recuperación cíclica que normalmente deberían de tener en una fase expansiva de la economía, algo a lo que ha contribuido la política tributaria del PP.
En segundo lugar, porque algunos de los motivos que han provocado esta ruptura no solo no se han revertido, sino que se han profundizado. La recaudación impositiva del IRPF en 2016 fue inferior a la prevista en los PGE por el menor
crecimiento salarial. La razón es que las sucesivas reformas laborales y el ataque directo a los mecanismos de reparto de la renta, como el desmantelamiento de la negociación colectiva, han provocado una caída en los salarios reales que ha
erosionado la base imponible del impuesto de la renta. Si bien en los PGE 2016 se esperaban recaudar 75.432 millones, finalmente solo se recaudaron 72.416 millones. Para el Estado, la recaudación neta se ha quedado en 62.237 millones (frente a una
previsión de 66.466 millones), lo cual no deja de ser especialmente relevante en un contexto donde las tasas de crecimiento han sido superiores al 3,5%. Es por ello que no se entiende que en los PGE para 2017 se estime una recaudación del Estado
por IRPF de 64.876 millones de euros cuando el crecimiento esperado para 2017 es inferior al registrado en 2016 y no se ha producido ningún cambio normativo.
Respecto al Impuesto de Sociedades (IS), la reforma fiscal implementada por el gobierno del PP provocó un agujero de tal magnitud que sus propias previsiones de ingresos se comprobaron completamente inalcanzables. Por eso, tuvo que
presentar el Real Decreto 2/2016, de 30 de septiembre, y el Real Decreto 3/2016, de 2 de diciembre, con sendos cambios normativos que, entre otros, re-instauraban los pagos fraccionados eliminados por la reforma del año anterior. Estos pagos además
se re-instauraban en niveles superiores a los que estaban establecidos con anterioridad a la reforma. Esto permitió que la recaudación para 2016 se estabilizara, pero supone unos pagos en el mes de julio de 2017, en concepto de devoluciones, por
valor de 3.000 millones según datos de la Agencia Tributaria.
En general, el impuesto de sociedades presenta problemas estructurales que el gobierno ha magnificado con la irresponsable política fiscal que le caracteriza. Estos problemas se cristalizan en el hecho de que, a pesar de que se ha
recuperado tanto el Excedente Bruto de Explotación como el Resultado Neto Contable a niveles de 2007, la recaudación todavía está muy lejos. Parece claro que el impuesto de sociedades tiene un problema de debilidad en las bases imponibles que han
reducido de manera excepcional las bases recaudatorias del impuesto, a lo que ha contribuido de manera directa la política tributaria del gobierno del PP.
Tanto el tipo efectivo como el peso de la recaudación del IS sobre el PIB han caído, incrementando la insuficiencia crónica de ingresos públicos.
Además de mermar la capacidad recaudatoria del estado y por ende, la capacidad de financiar Servicios Públicos Fundamentales, la política tributaria del PP ha generado una estructura tributaria más injusta y menos progresiva.
La participación de los ingresos tributarios se ha modificado incrementando la participación de los impuestos indirectos y reduciendo la de los directos. Además de ello, dado que se ha reducido la imposición sobre el capital y se ha
mantenido la del trabajo desde 2007, se ha producido un efecto composición que ha trasladado la recaudación desde el capital al trabajo. Esto es especialmente relevante en un contexto donde las rentas del capital se están recuperando pero las
rentas del trabajo todavía siguen en un nivel inferior al que se encontraba cuando comenzó la crisis.
España necesita un nuevo modelo fiscal que asegure la suficiencia fiscal del Estado para corregir el déficit social existente y para disponer de recursos que faciliten la transformación del crecimiento
económico. Este nuevo modelo fiscal debe reforzar además la progresividad del sistema tributario, notablemente erosionada durante las últimas décadas. Además, la lucha contra el fraude fiscal tiene que ser una de las prioridades políticas
de cualquier gobierno en España. Las consecuencias de todas estas decisiones sobre las condiciones de vida de la mayor parte de la población son dramáticas, porque a su vez han ido de la mano de cambios profundos en el mercado laboral.
La política de austeridad extrema ha causado que en 2017 el PIB per cápita sea todavía inferior al de 2007, 10 años después del estallido de la crisis, lo que representa una verdadera década perdida para España. En términos de PIB real,
todavía seguimos por debajo del nivel de 2007, lo que refleja la dureza de las políticas de austeridad.
Además, es necesario hablar de la calidad del empleo que se está creando en España. En enero de 2012, primer año de gobierno del PP, la duración media de los contratos era de 66,15 días. En marzo del 2017, año en que se presentan el
presente proyecto presupuestario, la duración media es de 54,76 días. Los contratos firmados de menos de 7 días eran el 20% en enero de 2012, y en marzo de 2017 son el 25%. La tasa de temporalidad en enero de 2012 era del 19,4%, y en el último
trimestre de 2016 era del 22%. Recordemos que esta tasa de temporalidad es anormalmente elevada respecto a la media de la Unión Europea, representando la segunda tasa más elevada de la región.
La cuestión de la elevada tasa de temporalidad de la economía española es especialmente relevante. Los contratos temporales deben estar justificados por la temporalidad de la actividad económica a la que están asociados. La realidad en
España es que hay una generalización de los contratos temporales sin que ello esté justificado por la naturaleza de la actividad, lo que supone una enorme distorsión productiva a la que el gobierno no sólo no ha hecho frente sino que ha empeorado
con sus sucesivas reformas laborales.
Esta situación tiene un efecto directo sobre la productividad del trabajo, cuya fuente de crecimiento en España ha sido principalmente la destrucción de empleo. Mientras que durante la crisis en países como Alemania o Francia la
productividad cayó porque caía la producción pero se mantenía el trabajo, en España la productividad ha crecido por la enorme y anormal destrucción de empleo. La principal fuente de crecimiento de la productividad no debería ser la destrucción de
empleo, sino la inversión en capital, la formación, la mejora de procesos, etc. Esta situación puede explicar, al menos en parte, la especialización productiva de España en la cadena baja de valor añadido, algo que el PP ha reforzado con su
política de austeridad fiscal y salarial. De hecho, de todos los empleos destruidos en la crisis, tan solo se han recuperado los empleos en hostelería, reforzando el modelo de 'sol y playa' que deberíamos haber superado ya.
Respecto a las horas efectivas trabajadas, éstas se han reducido desde que el PP accedió al gobierno. En 2012 el número medio de horas efectivas semanales trabajadas por ocupado era de 35,4 (38.2 para hombres y 32 para mujeres), mientras
que en el último trimestre de 2016 era de 33.9 (36.6 para hombres y 30.8 para mujeres). Este hecho se añade a que en España casi 10 años después del inicio de la crisis en 2008, hay 2.138.800 ocupados menos. Es decir, no solo hemos vivido una
década perdida en términos de producto sino también en términos de empleo.
No podemos olvidar también que la precariedad tiene rostro de mujer, pues el hecho de que la carga de las tareas de cuidados recaiga principalmente en la mujer hace que su inserción en el mercado laboral sea más precaria y menos robusta. El
empeoramiento de las condiciones económicas y la reducción de los ingresos familiares que se ha producido (el salario medio y la renta de los hogares todavía están en niveles inferiores a los de 2007) ha hecho que muchas mujeres se incorporen al
mercado de trabajo. Dado que son las que cargan con la mayor parte de las tareas de cuidados, su inserción es, a su vez, más precaria, en trabajos más temporales, sufriendo el efecto suelo pegajoso en sus carreras profesionales. Por otro lado,
junto con la caída en las rentas familiares, el recorte en gasto social hace que muchas de las tareas de cuidados vuelvan al hogar, lo que empeora la capacidad de la mujer a la hora de encontrar una inserción laboral digna en tanto que asumen ellas
esa carga. Dado que buena parte del gasto incluido en los PGE es gasto social, de sostenimiento de los Servicios Públicos Fundamentales, los recortes afectan principalmente a estas áreas de gasto, por lo que los recortes tienen un efecto social
desproporcionadamente superior en la mujer.
Esta política laboral condena a España a un modelo de crecimiento centrado en la parte baja de la cadena de valor añadido. Con un salario mínimo que roza el umbral de la pobreza, con una tasa de temporalidad anormalmente elevada, con unas
relaciones laborales inestables, precarias y desprotegidas, con una cobertura del desempleo cada vez más baja, con una negociación colectiva desmantelada, es
imposible generar un mercado de trabajo moderno que pueda competir en la cadena alta del valor añadido a nivel internacional. Las políticas del PP están condenando a España a alejarse de Europa y a profundizar el carácter periférico de
nuestra economía.
En este contexto es sorprendente e irresponsable la bajada de inversión pública que recogen los PGE presentados por el gobierno a esta Cámara y, en particular, el impacto territorial de la misma. Las inversiones totales para 2017 se han
reducido con respecto al 2016 un 2,6°A o un 59% respecto al 2009. Algunas bajadas a nivel autonómico llegan al 30% de Navarra y el 80% de Asturias. El impacto territorial de la falta de inversión es significativo lo que provoca que la brecha
territorial siga intacta y que las diferencias de PIB per capita entre CCAA siguen aumentando. Es inaceptable la falta de lealtad institucional con las comunidades autónomas de los presupuestos del Gobierno y el incumplimiento de los Estatutos de
Autonomía, leyes orgánicas aprobadas por las Cortes Generales y refrendadas por la ciudadanía, en cuestiones tanto de inversiones territoriales financiación.
En definitiva, estos PGE no tienen un modelo de país, sino que reproducen un modelo fallido de crecimiento. Necesitamos transformar el crecimiento para que sea más inclusivo, basado en actividades de alto valor añadido y cierre la brecha
social abierta por la crisis y las políticas de austeridad. A pesar de la retórica de las reformas económicas, nuestro modelo de crecimiento mantiene graves problemas estructurales que no se han visto resueltos sino que por el contrario se van
profundizando.
En lo fundamental, los sectores tractores de la economía siguen sin estar situados en los tramos de mayor valor añadido, ni existe política industrial alguna que apunte a un cambio en este sentido. La inversión en I+D con relación al PIB
sigue siendo la mitad de la que dedican, de media, los países de la zona euro. El grueso del empleo es de bajos salarios y se crea en pequeñas empresas, o incluso microempresas, y abunda la temporalidad injustificada en multitud de sectores
económicos, incluso en los no estacionales.
Nuestro país mantiene prácticamente intacta su tradicional dependencia importadora en bienes fundamentales para la continuidad del crecimiento (particularmente bienes de capital y energía), por lo que empezamos ya hoy a observar nuevamente
un déficit en la balanza de pagos y la necesidad de acudir al endeudamiento externo para sostener dicha posición.
Y, más grave aún que todo lo anterior, hay una ausencia total de planes para impulsar la sostenibilidad y la rápida reducción de las emisiones. Resulta paradójico que en el año de la Cumbre del Clima de Marrakech y de la Renovación de los
compromisos de actuación en cambio climático, el Programa de Prevención de la Contaminación y Actuación contra el Cambio Climático sea uno de los que mayores recortes haya sufrido (un -45,64%).
Las políticas de progreso para los próximos años no pueden consistir únicamente en apuntalar nuestro patrón de crecimiento, ya que ni el aumento del PIB ni la creación del tipo de empleo que se está generando, por sí solos, son capaces de
solucionar los graves déficits sociales, productivos y medioambientales que tiene nuestro país.
El mayor protagonismo de los sectores con alto contenido tecnológico, así como la progresiva reducción de emisiones de CO2, no se producirán de forma espontánea, gracias a la 'mano invisible' del mercado. Bien al contrario, es necesario el
concurso del Sector Público para poder impulsar sectores estratégicos que generen nuevos paradigmas de crecimiento.
España necesita unos PGE que permitan cerrar la brecha social generada por las políticas de austeridad fiscal y salarial; que permita generar nuevos paradigmas de crecimiento más inclusivo, más justo y más verde. Unos PGE que permitan
trasladar las ventajas del crecimiento a la mayoría social y no se quede en unos pocos. Unos PGE que cierren la brecha con Europa. Unos PGE que corrijan el problema estructural de ingresos públicos. Unos PGE, en definitiva, que cierren la página
de los recortes y empiecen a construir un futuro económico a la altura de nuestro país.
Por todo ello nuestro Grupo Parlamentario pide al Gobierno la devolución del presente Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
ENMIENDA NÚM. 6
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Socialista
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017, por la que se solicita su devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda a la totalidad de devolución
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que ha presentado el Gobierno en el Congreso de los Diputados son los Presupuestos de la continuidad y el aumento de la desigualdad en nuestro país.
Tras seis años de Gobierno del Partido Popular el escenario económico, social y político en España es muy preocupante y requiere adoptar un cambio en la política económica seguida hasta el momento, que se aleje del recorte del gasto y la
precariedad en las condiciones de trabajo que se contienen en estos Presupuestos.
La economía española lleva trece trimestres consecutivos de crecimiento. Sin embargo, el crecimiento actual no está llegando a los españoles que peor lo han pasado durante la crisis. Nuestra economía es una de las que más dificultades
tiene para que las bondades de los datos macroeconómicos se traduzcan en un mayor bienestar para la mayoría de los españoles.
Existen dos razones por las que el crecimiento actual no está llegando a la mayoría: la primera de ellas, la reforma laboral del Gobierno, que impide empleos dignos y unas relaciones más equilibradas entre trabajadores y empresarios para
que los incrementos de productividad lleguen a los salarios de los trabajadores; y en segundo lugar, por la política fiscal, que ha apostado por hacer del Estado del bienestar un Estado social mínimo, bajándole los impuestos a las rentas más altas
y a las grandes empresas.
De este modo, la clase media trabajadora, y especialmente los colectivos con bajos ingresos, están sufriendo una pérdida de bienestar social y material que difícilmente van a recuperar si se siguen aplicando estas políticas avaladas por los
partidos conservadores europeos.
Desgraciadamente, el crecimiento no llega a los desempleados de larga duración, ni a los jóvenes con trabajos precarios, ni a la pobreza infantil. Como ha señalado el informe de la OCDE sobre España 2017: 'la pobreza también ha aumentado,
debido principalmente a la falta de empleo de calidad que proporcione suficientes horas de trabajo remunerado y unos ingresos adecuados.' (Página 8) 'Los niveles generales de pobreza y la pobreza infantil siguen siendo elevados y las transferencias
en efectivo, de baja cuantía y deficiente concepción, apenas contribuyen a su reducción.' (Página 9) 'La crisis ha dejado cicatrices que menoscaban el bienestar, siendo las más visibles unos niveles todavía muy elevados de desempleo, pobreza y
desigualdad.' (Página 15) 'Los trabajadores temporales y a tiempo parcial atraviesan periodos de desempleo y de subempleo, lo cual reduce sus ingresos e incrementa la pobreza.' (Página 17).
Por su parte, la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE el día 25 del presente mes, afirma que el porcentaje de población en riesgo de pobreza se situó en el 22,3% (con datos de ingresos de 2015), frente al 22,1% del año
anterior. Cabe destacar el aumento de esta tasa para los mayores de 65 años (de 0,7 puntos), mientras que la tasa de riesgo de pobreza para los menores de 16 años se situó en el 28,9%, siendo 6,6 puntos superior a la del conjunto de la población.
La desigualdad entre rentas aumentó en 2015 a pesar de la recuperación. Igualmente, según el indicador agregado AROPE (estrategia Europa 2020), el 27,9% de los residentes en España está en riesgo de pobreza o exclusión social.
Pero es que, además, esta política, incapaz de corregir los efectos de la crisis y la desigualdad, tampoco es válida para paliar los graves desajustes de nuestra economía. España cerró 2016 con un
déficit equivalente al -4,3% del PIB, el mayor desequilibrio entre ingresos y gastos de los 28 Estados miembros de la Unión Europea.
El ajuste fiscal realizado el año pasado (desde el -5,1% del PIB en 2015 al -4,3% en 2016) se ha logrado fundamentalmente por la vía de la contención del gasto público y a pesar del pobre comportamiento de la recaudación. En 2016 el PIB
creció el 3,2%, mientras que los recursos de las administraciones públicas apenas lo hicieron el 1,5%, poniendo de manifiesto que el problema estructural del déficit público está más relacionado con la falta de ingresos que con el exceso de gasto.
Mientras en España el sector público recauda una cifra equivalente al 37,9% del PIB, en Alemania asciende al 44,9%, en Italia al 47,1% y en Francia al 53,2%. El promedio de la UE-28 se sitúa en el 44,8%, casi siete puntos de PIB más que España.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha puesto de manifiesto, una vez más, que el problema estructural del déficit público es fundamentalmente por la insuficiente recuperación de los ingresos públicos, que
prácticamente se han mantenido durante la recuperación cíclica de la economía española. Y eso a pesar de que el crecimiento económico, como queda dicho, fue notable en 2016, por encima del 3%. Los principales ingresos se desviaron respecto a los
PGE cerca de 28.000 millones de euros en 2016, incluyendo 13.600 millones menos en cotizaciones. Y la situación de las cuentas públicas en 2016 hubiese sido peor sin el Real Decreto-ley de finales del pasado año, pactado con el PSOE, que posibilitó
aumentar la recaudación pública en 7.000 millones de euros, por la vía del Impuesto sobre Sociedades y la lucha contra el fraude fiscal, y la revisión del objetivo de déficit por parte de Bruselas en julio de 2016, que lo situó en el -4,6%.
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 vuelve a tener una previsión de ingresos irreal; el Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de advertir, en su última comparecencia en el
Congreso de los Diputados, que la previsión de recaudación del IRPF está sobrevalorada. En relación con los de la Seguridad Social, se inflan los ingresos por cotizaciones, para ocultar que la única vía para reducir el déficit del sistema público
será recortar las pensiones públicas a medio plazo. La propia Autoridad Fiscal (AIREF) estima que, si no se cambia el índice de revalorización de las pensiones públicas, los pensionistas perderán más de un 10% de poder adquisitivo entre 2017 y
2022.
En consecuencia, unas cuentas que perjudican directamente a más de 12 millones de personas, entre pensionistas y funcionarios. Hablamos de 1 de cada 4 españoles cuyas pensiones casi se congelan (suben un 0,25%), o cuyos salarios solo
subirán un 1%, cuando el incremento del IPC se situará en el 2%, según la previsión de diversos servicios de estudios.
En cuanto al gasto social, no es una respuesta de futuro que el de la administración central crezca un 1,7% en los PGE de 2017 cuando la inflación se va situar en alrededor del 2%, o el crecimiento nominal de la riqueza nacional en más del
4%. Es decir, que el mencionado gasto social perderá poder de compra y peso en el PIB. El gasto social representaba el 28,4% del PIB en 2014 y se comprimirá al 26,8% en 2017.
Por su parte, las prestaciones por desempleo disminuyen en un 6,6%, y llevan acumulada una pérdida del 40% desde el año 2011. La reducción no se explica porque hayan caído los desempleados a esta tasa, sino porque las medidas del Gobierno
han provocado que la tasa de cobertura por prestaciones haya descendido hasta el 50%.
En los PGE para 2017 tampoco se atisba, una vez más, unas directrices para reorientar el viejo modelo de crecimiento de la economía española, es decir, no hay una apuesta por las fuentes permanentes del crecimiento económico.
La mejor muestra de que el presupuesto de 2017 ignora la necesidad de un nuevo modelo productivo es el exiguo crecimiento de la I+D+i civil. Respecto de los últimos Presupuestos de un Gobierno Socialista, la misma ha sufrido un recorte del
20,4%. Todavía más preocupante es que durante el año 2016 la ejecución presupuestaria fue del 38%. De tal forma que, si se compara la ejecución, en el 2016 la inversión en I+D+i no llega ni a la mitad de lo que se invirtió en 2011. Tampoco se
apoya a la industria (el capítulo de industria y energía se reduce un 34,4%) ni la promoción comercial e internacionalización de las empresas (recorte del 32,2%).
Mención especial merece el gasto en infraestructuras que disminuye, en la Administración General del Estado, en un 10,9% respecto a 2016, y en un 21% en las entidades públicas y sociedades estatales. Cabe mencionar que la reducción del
gasto público desde 2011 hasta 2017 se ha apoyado, principalmente, en la caída de la inversión pública, lo que está deteriorando notablemente nuestro stock público de capital y, por tanto, nuestro crecimiento potencial. No se trata de hacer nuevas
infraestructuras faraónicas, sino de un plan de mantenimiento de las ya existentes, algunas de las cuales sufren un deterioro notable,
perjudicando la productividad. La inversión en mantenimiento es, además, muy intensiva en empleo y sirve de apoyo a pequeñas y medianas empresas.
En definitiva, los Presupuestos Generales para 2017 contienen previsiones de ingresos irreales, incrementan la desigualdad, no contribuyen a una recuperación inclusiva y no apuestan por la modernización de la economía española.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Gobierno.
ENMIENDA NÚM. 7
FIRMANTE:
Carles Campuzano i Canadés
(Grupo Parlamentario Mixto)
A la Mesa del Congreso
Don Carles Campuzano I Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda a la totalidad de devolución
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado marca las concreciones de la política presupuestaria determinantes de la política económica del Gobierno, de la política social y de la política de redistribución territorial. La pérdida de
la mayoría absoluta del Partido Popular hace ya más de un año, unido a la realidad de haber vivido un año entero sin que el Gobierno se sometiera al control de las Cortes Generales, era una poderosa razón y una buena oportunidad para que el nuevo
Gobierno intentase construir una política presupuestaria diferente, de consenso y orientada al futuro. No ha sido así.
Un nuevo Gobierno monocolor del Partido Popular, con un mismo Presidente del Gobierno y con un mismo Ministro de Hacienda pretenden seguir haciendo unas mismas políticas presupuestarias. El escenario ha cambiado pero parece ser que el
Partido Popular, ahora sin mayoría absoluta, pretende seguir haciendo las mismas políticas de gasto orientadas a la centralización del Estado, las mismas políticas de competitividad basadas en la reducción salarial, las mismas políticas de creación
empleo de baja calidad conviviendo con elevadas tasas de paro; la misma política económica que no incide sobre la transformación de la estructura económica del país, la misma política social y de crecimiento que no reduce las desigualdades, la
misma política administrativa y territorial centralista y antieconómica. Sin duda que las realidades han cambiado pero, por lo que parece, el Gobierno del Estado no lo ha percibido.
Evidentemente, en los Presupuestos 2017 tampoco ha variado la política estatal con Catalunya. El Gobierno podía haberse ahorrado el viaje del Presidente del Gobierno a Catalunya del día 28 de marzo anunciando una lluvia de inversiones, ya
que todas ellas correspondían a proyectos aplazados o no ejecutados por el propio Gobierno en sus anteriores cinco años de Gobierno y porqué sólo 4 días más tarde el Proyecto de Ley de Presupuestos del Ministro Montoro desmentía las palabras del
Presidente; o también el Gobierno podría haber alimentado su denominada 'operación diálogo' dándole contenido, no ha sido así el Estado sigue estando a 615 km de la capital catalana.
Bajo estas premisas, la primera conclusión del análisis de los Presupuestos 2017 es que son continuistas respecto a los presupuestos de años anteriores y ello es una mala señal, ya que no respetan
los compromisos adoptados en el Congreso durante los meses transcurridos de la presente legislatura, con mayorías diferentes a las del Partido Popular.
La inadecuación de los Presupuestos 2017 del Partido Popular a la realidad económica y social del momento y a la realidad de las demandas de Catalunya puede explicarse también a través de cinco constataciones:
1. Son presupuestos poco realistas con los objetivos de déficit. Mantienen falsas previsiones en déficit y en la evolución de los ingresos. No asumen la necesidad de racionalizar el gasto público del Estado para controlar el déficit.
Las previsiones de crecimiento de la economía para 2017 se cifran en un 2,5% según el Gobierno, mientras que las previsiones de aumento de los ingresos fiscales se cuantifican en un 7%, en un contexto de baja inflación. La Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha tildado de 'ambiciosos' estos objetivos, mientras que gobernador del Banco de España los ha cuestionado.
En lo que atañe al gasto, habitualmente el Gobierno PP ha traspasado los recortes del gasto a comunidades autónomas y ayuntamientos. En esta ocasión las administraciones territoriales ya casi no tienen margen para ello. Le corresponde
hacerlo a la administración central pero sigue sin hacerlo. El gasto del Estado baja gracias a la disminución de la carga financiera de la deuda pública, derivada de la política de bajos tipos de interés del Banco Central Europeo y por el
discutible recorte de la inversión. La simplificación administrativa del Estado y su racionalización no aparecen en el Presupuesto.
2. No cumplen con las demandas de Catalunya: ni inversiones en Cercanías, ni Corredor Mediterráneo, ni infraestructuras viarias. Todo ello contradice y desmiente la conferencia de Rajoy anunciando inversiones millonarias para Catalunya.
Las inversiones territorializadas del Estado en Catalunya para 2017 disminuyen en un 2,5% respecto a 2016. Las promesas de inversión del presidente Rajoy, la misma semana en que se aprobaron los presupuestos, quedaron inmediatamente
desmentidas. Y el porcentaje de ejecución de las inversiones del estado en Catalunya es bajísimo, el 67,8% en 2016, es decir un tercio de lo que se presupuestó para 2016 no se ejecutó. Un año más tenemos en Catalunya una muy reducida inversión por
habitante, 153 /hab en vez de los 185 /hab, de media estatal.
La construcción de un AVE económicamente insostenible es la gran prioridad del Gobierno en infraestructuras. Frente a ello, las escasas inversiones que los presupuestos contemplan para Catalunya, tienen una muy baja ejecución, por ejemplo,
0,3% de ejecución para el acceso UIC al puerto de Barcelona; 29% de ejecución en el siempre pendiente tramo Vandellós-Tarragona, aún no desdoblado; 18% de ejecución para el Plan de estaciones de Rodalies, ...ni prioridades económicas -Corredor del
Mediterráneo- ni prioridades sociales -Rodalies-, la única prioridad de este Gobierno es la centralización.
3. Sin modelo económico y de empleo de futuro: Reducen la inversión, no favorecen el crecimiento económico, no favorecen la recolocación ni la creación de empleo de calidad, reducen el apoyo a la pequeña y mediana empresa y a la
internacionalización.
¿Qué medidas contiene el Proyecto de Ley para reactivar la economía y abordar un cambio de modelo productivo? No hay, al contrario son presupuestos 'anticompetitividad'. La inversión pública disminuye en un 5,8% (ministerio de defensa
excluido) y el gasto en infraestructuras disminuye en un 10,9%; ¿cómo vamos a afrontar cambios profundos en el modelo productivo si la administración no es capaz de acompañar a la economía con las consiguientes inversiones productivas? En segundo
lugar, el gasto global en I+D+i crece en un exiguo 1%, porcentaje equivalente al crecimiento consolidado del gasto en estos presupuestos, incumpliendo así el mandato del Congreso, a propuesta del PDeCAT, de situar la inversión en I+D+i en los
Presupuestos 2017 en un nivel equivalente al de 2011 (un 30% superior a lo consignado), sin duda que la innovación no es una prioridad de este Gobierno; en tercer lugar hay reducciones presupuestarias muy relevantes que afectan a las políticas
orientadas a la actividad productiva y las PYMES, concretamente: caen los presupuestos destinados a las políticas de industria y energía, caen los destinados a promoción comercial e internacionalización, caen los destinados a apoyo a la PYME, caen
los destinados a promoción del turismo, caen los destinados a modernización de estructuras comerciales,... Afortunadamente y a pesar de las políticas del Gobierno, el tejido productivo mantiene un importante dinamismo propio.
Aún más graves pueden considerarse las críticas a los presupuestos en relación a la política de empleo. El presupuesto destinado al pago de las prestaciones y subsidios por desempleo se reduce
en 1.300 M a pesar de tener una tasa de desempleo del 18,63%, con 4.237.000 personas en paro y cerca de 1,4 millones de hogares con todos sus miembros activos en paro. En este contexto no tiene ningún sentido que de los 1.300 M. ahorrados
en desempleo sólo se destinen 285M. a aumentar los recursos de las políticas de fomento del empleo y aún tiene menos sentido que buena parte de estos recursos los retenga la administración central, cuando la ejecución de las políticas activas de
empleo es una competencia de las comunidades autónomas. Con otras políticas de empleo, España no sería el estado de la Unión Europea con la mayor tasa de paro, después de Grecia.
4. Recentralizador: Limitan la autonomía local y de las comunidades autónomas. No dan capacidad de ejercer la autonomía local a los Ayuntamientos, por lo que impiden que éstos puedan aplicar el superávit.
Centralizador es el ineficiente modelo radial de infraestructuras, con millonarias inversiones en un AVE insostenible; centralizador es el modelo de Puertos o aeropuertos; centralizador es el modelo administrativo que se va imponiendo con
las leyes de carácter básico, pero además estos presupuestos acrecientan la centralización de las administraciones con dos cuestiones que afectan directamente a su autonomía financiera. En primer lugar, por cuarto año consecutivo la financiación de
las comunidades autónomas no ha sido revisada (debía haber sido revisada el 1 de enero de 2014), en segundo lugar es la tercera legislatura en la que tenemos pendiente la revisión de la financiación local; y en tercer lugar, muy específicamente
para 2017, estos presupuestos impiden a los ayuntamientos aplicar el superávit conseguido en 2016 a futuros ejercicios con la consiguiente merma de capacidad económica de estas administraciones para con los ciudadanos.
5. Antisociales: No priorizan el gasto social. Un año más, recortan apoyo financiero a las CC. AA, que son las que sustentan el Estado del Bienestar con la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Uno de los principales ahorro en las cuentas del Estado 2017 es el correspondiente a la reducción de las prestaciones por desempleo, sin que ello conlleve incrementar sustancialmente las políticas de fomento del empleo. Las pensiones
vuelven a crecer en un 0,25%, por debajo de la inflación esperada y por tanto perderán poder adquisitivo.
La economía crece, la creación de empleo también, pero datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada recientemente por el INE indican que las desigualdades no se reducen. Los presupuestos siguen siendo restrictivos con la
financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos, responsables de la prestación de los servicios de educación, sanidad y servicios sociales. En los Presupuestos 2017 la tasa de reposición de algunos de los servicios básicos que prestan las
comunidades autónomas es del 100%, lo cual equivale a mantener el empleo de 2016 en estos servicios, un nivel excesivamente bajo, después de años de reducirlo. Para contrarrestar esta situación hace falta la nueva financiación autonómica que el
Gobierno promete, pero que no llega; hace falta recuperar la financiación del programa de 0-3 años para la escolarización primera, hace falta reforzar las hoy mínimas ayudas a la familia y para la crianza de los hijos, hace falta incrementar el
programa de becas al estudio, hacen falta más recursos para políticas activas de empleo, con el fin de mejorar su calidad, hace falta que el Estado financie el 50% de los gastos en dependencia,... Para reducir las desigualdades es preciso volver a
ampliar la base de las clases medias que estos presupuestos contribuyen a reducir.
En síntesis, estos presupuestos no se corresponden con la realidad política, social y económica del estado español, una vez más no dan respuesta a las demandas de Catalunya, son presupuestos del pasado, continuistas, sin estrategia de
futuro.
Por todo ello los diputados y diputadas del Partit Demòcrata Europeu Català presentan esta enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, solicitando su devolución al Gobierno.
Nota:
Advertidos errores en el BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 6-5, de 3 de mayo de 2017, el ejemplar con cve: BOCG-12-A-6-5 se ha sustituido por el presente con cve: BOCG-12-A-6-5-C1.