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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 13, de 27/04/2016
cve: DSCD-11-PL-13
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 13
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PATXI LÓPEZ ÁLVAREZ
Sesión plenaria núm. 12
celebrada el miércoles,
27 de abril de 2016
ORDEN DEL DÍA:
Inclusión en el orden del día ... (Página4)
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre aclaración de actividades de excelentísimos señores diputados. (Número de expediente 042/000003) ... (Página4)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la creación del Registro de los grupos de interés o lobbies. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 36-1,
de 15 de abril de 2016. (Número de expediente 410/000001) ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 22-1, de 11 de marzo de 2016. (Número de expediente 122/000014) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 que afectan y modifican el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, número 32, de 11 de marzo de 2016. (Número de expediente 162/000114) ... (Página29)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la pronta liberación de los presos políticos en la República Bolivariana de Venezuela. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 9, de 8 de febrero de 2016. (Número de
expediente 162/000031) ... (Página40)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página52)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página52)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página52)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
La Presidencia anuncia que las votaciones acumuladas se realizarán a partir de las ocho de la tarde.
Inclusión en el orden del día ... (Página4)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, somete a la Cámara la inclusión de un nuevo punto en la sesión de mañana miércoles, que se debatirá en último lugar,
relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados, lo cual se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página4)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la creación del registro de los grupos de interés o lobbies ... (Página4)
Defiende la toma en consideración de la proposición el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, la señora Sánchez Maroto y el señor Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Jordà
i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Salvador García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Elizo Serrano, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página17)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales ... (Página17)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; Martínez Dalmau, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea; Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página29)
Del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 que afectan y modifican el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores ... (Página29)
Defiende la proposición no de ley la señora Bescansa Hernández, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y las señoras Faba de la Encarnación, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Rodríguez Fernández, del
Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe y la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rufián Romero, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Bescansa Hernández.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la pronta liberación de los presos políticos en la República Bolivariana de Venezuela ... (Página40)
Defiende la proposición no de ley el señor Martínez-Maillo Toribio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, el señor Salvador Armendáriz, las señoras Enbeita Maguregi y Sánchez Maroto y el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Bustinduy Amador, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Gutiérrez Limones,
del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la creación del registro de los grupos de interés o
lobbies, se aprueba por 329 votos a favor.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, se aprueba por 219 votos a favor y 111 en contra.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la derogación de las Reformas Laborales de 2010 y 2012 que afectan y modifican el Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores, se rechaza por 81 votos a favor, 116 en contra y 135 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página53)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la pronta liberación de los presos políticos en la República
Bolivariana de Venezuela, se aprueba por 250 votos a favor, 12 en contra y 66 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Dos cuestiones previas. En primer lugar, quisiera anunciarles que las votaciones acumuladas del día de hoy serán sobre las ocho de la tarde.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000003).
El señor PRESIDENTE: Segunda cuestión previa. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la inclusión como último asunto del
orden del día de la sesión de mañana jueves, 28 de abril, de un nuevo punto relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la inclusión en el orden del
día de este punto.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT), DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LA CREACIÓN DEL REGISTRO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS O LOBBIES. (Número de expediente 410/000001).
El señor PRESIDENTE: Ahora corresponde debatir en primer lugar la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la creación del
registro de los grupos de interés o lobbies. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, subimos a la tribuna -y creo que toda la Cámara la comparte- con una sensación terriblemente extraña: vamos a debatir iniciativas que sabemos que se van a agotar el próximo lunes y la sensación de melancolía puede ser importante
por aquello de los esfuerzos inútiles. Frente a eso seguramente hay una sociedad nos mira, entre irritada y perpleja, y que no entiende ni puede entender como la política -la vieja, la nueva- ha sido mala e incapaz de llegar a acuerdos. Como le
gusta recordar a nuestro portavoz estos días, Spain is different. En el contexto europeo, difícilmente se habrá vivido una situación como esta en los últimos cuarenta o cincuenta años. Además, señorías, todo ello contrasta con la realidad -la
económica, la social y la política-, que nos exige respuestas y capacidad de acuerdo para abordar esas cuestiones, entre ellas la cuestión fundamental que desde Democràcia i Llibertat hemos venido a defender en esta Cámara: los derechos de
Cataluña; el derecho de Cataluña a poder decidir su futuro. Son cuestiones que se deberán abordar, seguro, en la próxima legislatura y entre las que está la cuestión de la regeneración democrática.
Señorías, la iniciativa que hoy queremos compartir con todos ustedes -la modificación del Reglamento del Congreso para la creación del registro de grupos de interés o lobbies- forma parte de una propuesta para la regeneración democrática que
tiene que ver con la reforma del Reglamento de la Cámara, que tiene que ver con la transparencia y que tiene que ver con la participación política de los grupos de interés en la confección de nuestras leyes y en la confección de las políticas. Será
una pena que en esta legislatura no abordemos esas cuestiones y, singularmente, la cuestión de la reforma del Reglamento. Porque, ¿qué pretendemos cuando abordamos esta cuestión? En primer lugar, que tengamos un Congreso de los Diputados que
funcione mejor; que sea más capaz de controlar al Gobierno; que sea capaz de que las proposiciones no de ley no sean un simple ejercicio de retórica que no tiene ningún tipo de resultado, y que la capacidad legislativa, en términos técnicos, sea
mucho mejor. ¿Cuántos operadores se quejan de las malas leyes que salen de este Congreso? Tenemos que ser capaces de que este sea un Congreso en el que no solo demos discursos más o menos acertados, sino que seamos capaces de trabajar, de tener
una página web puesta al día con datos accesibles y manejables por los grupos de interés y por la opinión pública.
Esta reforma que les proponemos desde Democràcia i Llibertat tiene que ver con un Congreso que funcione mejor, que sea más transparente. Abordamos la cuestión del lobby o grupo de interés desde la convicción de que la transparencia es
necesaria y la sociedad debe conocer con quién discutimos los grupos políticos, con quién intercambiamos opiniones y recogemos propuestas a la hora de definir nuestras posiciones políticas, porque todos lo hacemos con normalidad, no hay ningún
proyecto de ley que aterrice en esta Cámara en el que los grupos parlamentarios no nos sentemos a discutir con los grupos de interés sobre el sentido de esa iniciativa. De lo que se trata es de que ese sea un proceso transparente para generar
confianza en la sociedad ante las instituciones.
También tiene que ver, señorías, con el derecho a la participación; con el derecho que tienen los grupos de interés, los ciudadanos organizados en grupos de interés, a participar en el proceso político, a participar en la definición de
nuestras leyes. Señorías, esta es una iniciativa que no parte de la idea de que los grupos de interés, los lobbies, son malos, sino que parte de la convicción de que vivimos en una sociedad plural, compleja, en la que existen intereses distintos,
ideales distintos, valores distintos, ideas distintas que se articulan a través de los grupos parlamentarios que nos sentamos en esta Cámara, pero también se articulan a través de grupos sociales organizados, y esos grupos sociales organizados son
legítimos y su actividad de influencia en el proceso político es lícita. Ayer mismo, el Grupo Democràcia i Llibertat defendimos en la Comisión de Empleo un impulso al contrato de relevo, y lo hacíamos defendiendo intereses de grupos de presión, de
grupos que defienden intereses muy concretos del sector de la automoción, donde, por cierto -buen ejemplo-, la coincidencia entre la patronal, Anfac, y los sindicatos es total. Y recogíamos esa iniciativa de la sociedad y la trasladábamos a esta
Cámara. La democracia plural parte de eso. Por lo tanto, señorías, cuando planteamos la creación de un registro de los grupos de interés, lo que queremos sancionar es el derecho a la participación de la sociedad en el proceso de construcción de
las políticas, en la confección de las leyes como, de hecho, se ha venido haciendo. Y recordamos que ahí nos podemos amparar en preceptos constitucionales, en concreto en el 9.2 y en el 23 de la Constitución, que consagran esos derechos de
participación.
Nuestra iniciativa es, en términos legislativos, sencilla y, por lo tanto, muy mejorable si estuviésemos en una legislatura de verdad. Por ejemplo, el portavoz de esta cuestión, el señor Bataller, de Compromís, nos hacía llegar con mucho
atino y mucho acierto algunas consideraciones que si pudiéramos tramitar la
proposición seguramente todos tendríamos en cuenta. Hoy mismo, la plataforma Access, para la información, ha hecho pública su posición frente a esa iniciativa y dice que la valora positivamente, pero que se queda corta. Es evidente, es una
iniciativa que en un trámite parlamentario correcto deberíamos mejorar, pero es una iniciativa que fundamentalmente hace tres cuestiones. En primer lugar, crea el registro y establece su carácter obligatorio, un registro en el que se deberían
inscribir todas aquellas organizaciones y personas que pretenden intervenir en el proceso legislativo y en el proceso político de esta Cámara; no es un registro voluntario. Y es un registro público en el sentido de que la información que figura en
él y lo que se deriva de ella debe ser accesible al público, en esa línea de transparencia para generar confianza. En segundo lugar, es también una proposición que incorpora un estricto código de conducta por parte de todos los grupos de interés
que se inscribieran en ese registro y que, por lo tanto, establece unas normas de carácter deontológico que los grupos de interés deberían asumir para poder inscribirse. Y, en tercer lugar, establece un mandato sobre una cuestión que a nuestro
entender es fundamental, que es la regulación de la huella legislativa; o sea, la necesidad de que la opinión pública conozca el origen de las enmiendas y de los cambios que introducimos en los proyectos de ley que discutimos en esta Cámara. En
esta proposición no nos hemos atrevido a regular con detalle la trazabilidad de la huella legislativa porque tiene sus complejidades; lo remitimos a una norma que debería desarrollar la Mesa del Congreso sobre el funcionamiento del registro de
lobbies, pero estaríamos encantados de que la previsión de la huella legislativa se pudiese incorporar plenamente en el Reglamento. La trazabilidad de nuestras iniciativas en su vinculación con los grupos de interés de la sociedad nos parece
imprescindible. Los países más avanzados de nuestro entorno, como Estados Unidos, Parlamento Europeo, algunos Estados europeos, se mueven en esa dirección. Así pues, registro público, estricto código de conducta y regulación de la huella
legislativa.
Les decía además que es una iniciativa poco original en el sentido de que se ha regulado en el Parlamento Europeo -que quizás es el ejemplo más paradigmático-, en algunos Estados europeos -y son cada vez más los Estados europeos que se
incorporan en esa dirección- y se ha regulado también en el Parlamento de nuestro país, en Cataluña. El Parlament aprobó ya hace cierto tiempo su propio registro de intereses y hay allí una experiencia interesante y, como todo en la vida,
seguramente mejorable. Pero además, señorías, recientemente en el conjunto del Estado la Comisión de Mercados y de la Competencia también ha creado un registro. Por tanto, empalmamos esta iniciativa con dinámicas que se mueven en los países más
avanzados y que modestamente queremos incorporar en el ámbito del Congreso de los Diputados.
Nos gustaría que esta sesión no tuviese carácter melancólico y que todos los grupos pudiésemos afrontar el debate de esta proposición con una dialéctica que no sirviese para que la Cámara generase más ruido, que provoca desafección ante la
ciudadanía, sino que el debate que articulemos -y que modestamente nuestro grupo intenta plantear con este tipo de iniciativas- nos permita avanzar en un diagnóstico compartido sobre cómo debemos abordar la reforma del Reglamento de esta Cámara,
sobre cómo podemos ser capaces de establecer la transparencia que la sociedad nos exige con relación a los grupos de interés y sobre si coincidimos en la idea de que la representación de grupos de interés forma parte esencial de un sistema
democrático. Nos gustaría que el debate de esta proposición fuese un debate que aportase en positivo.
Señorías, mi voluntad no es melancólica, a pesar de que, como les decía al principio de esta intervención, las diputadas y los diputados del Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat) aterrizamos en esta legislatura convencidos de que las
mayorías que se podían configurar en esta Cámara podrían ser útiles para dar una salida democrática a la demanda cívica y democrática que ha planteado la sociedad catalana. Pero la legislatura se muere, y una de las razones que explican su muerte
es la incapacidad de la mayoría de esta Cámara de imaginar, de abordar, de entender una salida democrática a la cuestión catalana. Señorías, en junio esperamos volver con más fuerza, y la fuerza que va a continuar sonando en este hemiciclo desde
nuestros escaños va a insistir en que sin solución democrática a la cuestión catalana no hay solución política para el problema español. Vamos en esa dirección, nuestro compromiso es este, participando de manera activa en la política que se discute
en el Estado pero teniendo claro que el compromiso que asumimos ante la sociedad catalana es defender nuestro derecho a decidir nuestro futuro como comunidad nacional. Esperemos que hoy, al menos en esta discusión, nos puedan apoyar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Como nadie ha solicitado turno en contra, en turno de fijación de posiciones tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, en Foro, donde tenemos la transparencia en la gestión pública como un principio inspirador, vemos esta iniciativa de reforma reglamentaria como una oportunidad para profundizar en el control de
la relación de los grupos de interés con los legisladores (Rumores), cuestión en la que nos llevan ventaja la gran mayoría de países de nuestro entorno y las instituciones representativas europeas, ante las que están reconocidas y registradas miles
de organizaciones con estas características. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señorías, con un suspenso rotundo, la evaluación de lobby, realizada por el capítulo español de Transparencia Internacional, nos situó en el peor tramo en cuanto a salvaguardas contra la influencia indebida y las
normas que promueven un lobby ético en los sistemas políticos europeos. A la vista de tal estudio, queda mucha tarea por hacer en España y, por tanto, no cabe recelar sobre la acreditación de estos grupos en el Congreso como fórmula legítima de
representación de aquellos sectores económicos y sociales que traten de hacer valer sus opiniones, siempre dentro del interés general, con pleno respeto a la legalidad y con limpieza.
En la práctica, el Poder Legislativo es receptivo a grupos de interés; de hecho, no pocas comparecencias de expertos y especialistas en diferentes materias se realizan precisamente para exponer cuestiones o aspiraciones que permiten a los
diputados o senadores formarse una opinión en determinados asuntos y decidir finalmente su voto. Sin embargo, hay que avanzar en la transparencia por razones de regeneración democrática, de sometimiento al escrutinio de la sociedad y para acompasar
las Cortes Generales a los avances legislativos que ellas mismas impulsaron con la aprobación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que entró en vigor a finales de 2014. A los efectos de incorporar en el Reglamento de la Cámara Baja una
regulación de los lobbies, cabe señalar que en la legislatura pasada el Pleno aprobó una iniciativa que no se llevó finalmente a término, destino que ante la inminente disolución de las Cámara también tendrá esta propuesta del Grupo Democràcia i
Llibertat, que reedita aquel acuerdo y reitera la necesidad de ampliar la transparencia parlamentaria con un registro de grupos de interés, su relación con los diputados, el establecimiento de un código de conducta, así como los derechos de acceso a
la información y participación y la supervisión del cumplimiento de estas normas. De ahí que, junto con nuestro voto favorable, dejamos claro también que la creación y regulación de un registro de grupos de interés o lobbies en el Congreso de los
Diputados es otra asignatura que nos queda pendiente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ MAROTO: Buenas tardes.
El registro de lobbies que nos plantean los compañeros de Democràcia i Llibertat es algo a celebrar; nos parece correcto. Entendemos que lo que se propone aquí es un registro jurídicamente vinculante y obligatorio, y eso está muy bien,
porque en el preámbulo aluden como modelo precisamente al Registro europeo de 2011. Quisiera decir que es un fiasco completo, que se está demostrando que la información que se recoge en él es incompleta y que no está ni muchísimo menos toda la
información que se necesita para saber quién está presionando. Y a eso voy. (Rumores). No solamente necesitamos saber quién está presionando -y esto lo hilo con lo que han comentado de la huella legislativa-, necesitamos saber sobre qué se está
presionando y cuánto se gasta en ello. ¿Por qué? Porque de otra manera podemos seguir recibiendo la información desde el Parlamento de que se está teniendo en cuenta a todos los grupos de interés, a las organizaciones de la sociedad civil, cuando
los únicos intereses que se acaban reflejando y que acaban convirtiéndose en grupos de presión que verdaderamente funcionan son los que tienen y siguen teniendo un acceso privilegiado al poder porque ellos mismos tienen mayor poder. Y nos venden
gato por liebre diciendo que se tiene en cuenta a la ciudadanía, cuando en realidad son las grandes oligarquías financieras y empresariales de este país... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Silencio.
La señora SÁNCHEZ MAROTO: Parece que no tienen mucho interés en escucharlo los compañeros del Grupo Popular.
... las que se ven reflejadas en estas normas. Por eso entendemos que esto que se ha dejado sin incorporar sobre la huella legislativa es algo que verdaderamente hace muchísima falta, porque no queremos que se sigan confundiendo
organizaciones de la sociedad civil con los intereses de los que más tienen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez.
Señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Señor presidente, señorías, recuerdo con cariño los veranos de mi infancia, cuando el tiempo parecía suspendido; sin colegio, sin obligaciones, con pocas normas. Un tiempo de juegos, de carreras, de baños en el
mar; un tiempo -como lo ha definido el gran poeta valenciano contemporáneo Vicente Gallego- de piernas ligeras y alegría en el cuerpo. Desgraciadamente, ese tiempo acababa con las lluvias de septiembre y la vuelta al colegio. Y nos hicimos
adultos aprendiendo que no volveríamos a disfrutar de ese estado idílico porque la realidad nos reclama día a día. En esta legislatura que agoniza, he visto a algunos líderes políticos instalarse en esa nube de mi infancia. El señor Rajoy -que se
ha prodigado tan poco en esta Cámara y que hoy tampoco nos honra con su presencia- ha vivido tan feliz en su inmovilismo que me pregunto si no querrá convertirse en un permanente presidente en funciones. Y el señor Sánchez -hoy tampoco presente-,
con tantas huidas hacia adelante, no sé qué hará cuando se le acaben las vacaciones en que, con su escapismo, ha convertido esta legislatura. Sin embargo, la realidad se impone, la gente quiere saber, quiere participar, y algunos lo tendrán difícil
para explicar por qué dieron al traste con una legislatura que arrancaba con grandes dosis de consenso sobre la necesidad urgente de cambios reales en nuestra sociedad. Y así lo fuimos plasmando votación tras votación, evidenciando la existencia de
una nueva mayoría para este país, evidenciando que es posible trasladar al conjunto del Estado ese Gobierno a la valenciana que algunos desprecian agriamente, posiblemente porque es un modelo incompatible con la corrupción y la opacidad.
Compromís va a votar favorablemente la proposición para la creación en este Congreso de un registro de grupos de interés o lobbies. Nos habría gustado que hubiera un trámite posterior en el que pudiéramos introducir diversas enmiendas, que
ya hemos comunicado al grupo proponente y que el señor Campuzano ha tenido la amabilidad de indicar, unas enmiendas que introducíamos para mejorar el texto y que son sobre todo de carácter técnico, pero en algún caso también planteamos la necesidad,
por ejemplo, de una agenda pública que refleje quién, cuándo y para qué se reúne un grupo de interés con una diputada o un diputado.
Apoyamos esta propuesta porque es una obligación de transparencia en línea con el espíritu del Gobierno valenciano, que ha creado una consejería específica para luchar por la máxima transparencia en la actividad pública después de veinte
años de ocultación, falseamiento, clientelismo, que ahora nos pasa factura con unas arcas vacías y una imagen arruinada que estamos recuperando con un esfuerzo incansable, acción tras acción, decisión tras decisión, porque nosotros sí actuamos,
nosotros sí decidimos. Pero no se confíen aquellos que a lo mejor están instalados en el mundo de Peter Pan, porque el Gobierno a la valenciana como fórmula de progreso, desde la pluralidad y el compromiso por la transparencia, será pronto una
realidad en el Estado y algunos tendrán que salir definitivamente de su verano azul y asumir las demandas de las personas que sí están viviendo en la realidad, entre otras muchas cosas, la transparencia.
Moltes gràcies.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bataller.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Señor Campuzano, nuestro grupo va a votar a favor, pero no lo vamos a hacer molto fanáticamente, desde luego que no, porque creemos sinceramente que lo que proponen no ataja los problemas que se quieren atajar, no va al meollo de la cuestión
e incluso puede obstaculizar algunas cosas que relativamente funcionan bien en el desarrollo de nuestras labores legislativas.
Voy a ir al grano. Creo que con el fondo, con que haya más transparencia, etcétera, estamos todos de acuerdo y en ese sentido, insisto, irá nuestro voto. Sin embargo, exactamente con la regulación de los lobbies tengo muchas dudas de mi
experiencia en estas legislaturas. Primero, se dice que cada vez se está adoptando más. ¿Dónde surge este sistema? Este sistema no surge -la regulación de los lobbies, incluso sus propios mecanismos- de un sistema parlamentario al uso sino de un
sistema presidencialista en Estados Unidos, en donde los partidos políticos no están tan ideologizados, cada uno de los miembros del Parlamento responde a intereses muy directos de electores y muchas veces ante quienes les han financiado la campaña;
estamos hablando de dinero en concreto, y luego volveré sobre esto.
Segundo, me habla del Parlamento Europeo pero es otro tanto de lo mismo, aparte de que no está funcionando bien, como se ha apuntado antes. Son grupos muy laxos, muy amplios, en los que la disciplina funciona para algunas cosas y de aquella
manera: responden a intereses nacionales, a intereses ideológicos que incluso dentro de un mismo grupo pueden estar enfrentados, y ustedes conocen su propia experiencia -y la nuestra- dentro del grupo parlamentario europeo con otros grupos que
están en esta Cámara -¡qué le voy a contar!-. Por lo tanto, no es un Parlamento como este, al uso. En Europa, Francia y Alemania tienen algo apuntado en el Reglamento. Por cierto, Alemania tiene uno en el Bundestag pero es una especie de registro
sin más que no tiene un funcionamiento muy grande. Italia no lo tiene a nivel estatal. Los únicos que tienen son Lituania, Polonia y recientemente Austria, pero la legislación laboral todavía no ha demostrado que sea eficaz.
¿Cuál es el interés de la gente en regular todo esto? ¿El ciudadano qué pediría de todo esto? Querría saber qué intereses defiendo yo detrás. Pero, ¿tiene interés en saber si me reúno con Amnistía Internacional, por ejemplo? Pues yo creo
que no mucho. ¿O con otra asociación que represente un tema cultural, etcétera, en el que quizás no hay ánimo de lucro? ¿Verdaderamente tiene mucho interés? No. Sin embargo, también los deberíamos incluir entre los grupos de presión. ¿Con qué
está relacionado el interés? Con el tráfico de influencias. Por tanto, con la corrupción. Por tanto, con el dinero que puede haber detrás. ¡Ah! Entonces, en lo que tenemos que poner el foco sería más bien en eso, no en otra cosa.
Por otro lado, aquí se ha hablado de meterlo en el Reglamento del Congreso, en el Parlamento. El verdadero lobby -usted y yo lo sabemos- no está en el Parlamento, ¡pobres de nosotros! ¿Qué poder tenemos nosotros de influencia, incluso el
partido mayoritario, los propios diputados que defienden al Gobierno? El lobby está en el Gobierno y en manejarse dentro de los entresijos del Gobierno. Es más, le diría que ni siquiera a nivel de ministros, sino más bien a otros niveles. Eso es
lo que hay que enfrentar, y en todo caso una ley para dar transparencia a todo esto. Aquí en el Parlamento, ¡pobres diablos nosotros!, ¿qué influencia tenemos? Entre otras cosas, el impulso legislativo es del Gobierno. ¿Cuántas proposiciones de
ley se aprueban?, ¿cuántas pasan el trámite de toma en consideración? Muy pocas. Y si hay una mayoría articulada de Gobierno, el disciplinado grupo del Gobierno lo que va a hacer es cumplir a rajatabla lo que le diga este. El lobby está en el
Gobierno, no tanto aquí. Eso por una parte.
Por otra parte, me da un poco de miedo porque también puede haber intereses creados. Cualquier ciudadano que quiera localizarme o hablar conmigo o con cualquier miembro de mi grupo lo tiene muy fácil, se puede poner en contacto. Estamos
recibiendo llamadas de ciudadanos, de asociaciones, de empresas, llamadas muy variadas. Queremos registrar y parece que queremos que quien no esté en el registro no pueda tratar con los grupos parlamentarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dar
una especie de impulso a lo que llaman el consulting lobbying?, ¿a esos despachos de abogados especializados en vender: yo te consigo la relación con el diputado correspondiente y te cobro? Yo no quiero promover eso. Los ciudadanos pueden
ponerse en contacto conmigo directamente, o con mi partido. Yo no quiero fomentar unos intermediarios que vivan de contarme lo que otros me podrían decir directamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obligar a otros, al llamado in house lobby, a gente que
está dentro de una asociación a dar su nombre, etcétera? Hay grupos, como Amnistía Internacional, por ejemplo, que ha mencionado antes, que pueden tener gente para las relaciones parlamentarias, pero puede haber asociaciones o grupos más pequeños
que no la tienen o que hacen una llamada puntual. ¿Les vamos a hacer pasar por el registro? Sinceramente, no lo veo.
¿Cuál va a ser mi código de conducta? ¿No me puedo reunir ni puedo hablar con todo aquel que no esté en la base del registro? ¿O igual sí me puedo juntar, pero si lo hago fuera del Congreso? Como ve, aquí hay muchas dudas, y creo que
sería más importante un código que un registro en ese sentido, y sobre todo clarificar el tema de qué ingresos ha habido. ¿Ha habido donaciones a partidos? ¿Ha habido donaciones a fundaciones? Pues hagámoslas públicas todas, las de todos, que nos
podamos retratar todos y se sepa lo que hay. Quizá de ahí podríamos hilar determinados impulsos o determinadas
enmiendas. La base, insisto, sigue estando en el Gobierno. La cuestión es la falta de confianza en que pueda haber un tráfico de influencias, y eso con un mero registro en el sentido de: me he reunido con este, y...
Hablan de la huella. Todavía soy de los que creo, por mi experiencia en un grupo, que cuando ha explicado la huella ha dado a entender que todas las enmiendas y las actividades de un grupo político de esta Cámara responden a un impulso de
terceros, de grupos de interés en un sentido o en otro. Yo todavía creo en que tenemos unos partidos con ideología, que piensan, que son capaces de pensar por sí mismos. Evidentemente que están con unos y con otros en la sociedad, pero muchas de
las decisiones no son defendiendo a este o al otro, sino tomando una actitud política ante un problema, que es como se refleja en la huella. Creo que eso existe en la mayoría de los casos, lo digo, repito, por experiencia.
Por tanto, hay muchos temas en los que por querer regular y dar transparencia a algo podemos estropear una dinámica, creo que bastante fluida, que tenemos los diputados con la sociedad. ¿Que haya que publicar agendas? Ese podría ser un
tema complementario, aunque tampoco nos aseguraría nada. Pero, bueno, que se publiquen agendas de si me he reunido o no creo que también sería un compromiso de cada cual, porque no vamos a tener detrás a un policía que nos siga para comprobar que
esa agenda que publicamos es real. Eso podría ser una cosa complementaria y un apunte más que podría ayudar quizás a que los ciudadanos vieran el trabajo que hay más allá de estar sentado aquí en los escaños.
Sinceramente, ni el sistema de regulación de lobbies ni el sistema de lobbies, como estrictamente se conceptúan jurídicamente, encaja en un sistema parlamentario como el nuestro, menos en unos grupos con disciplina parlamentaria como los
nuestros y menos en unos partidos tan ideologizados como este. En definitiva, si hay que regular el lobby, me parece bien, regulémoslo, digámosle al Gobierno que ahí está el meollo de la cuestión, no aquí. (Rumores). Pero habrá que empezar por la
cabeza, no con esto porque usted y yo (dirigiéndose al señor Campuzano i Canadés) aquí podremos largar lo que queramos, pero luego influencia ya sabemos la que tenemos: lo que podamos convencer en estas oratorias que normalmente chocan con la
disciplina de los grupos parlamentarios que están a las órdenes del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Molt bona tarda, señoras y señores diputados. Permítanme que empiece con una constatación: el Gobierno español ha dejado patente cómo prima el interés privado y particular muy por encima del interés público y del
interés general. Solo de esta manera se explica el surrealista impuesto al sol. Solo así se explica que paguemos la luz más cara de toda Europa mientras las compañías eléctricas tienen los más grandes beneficios de todo el continente y que hayan
generado una deuda de 30.000 millones de euros al Estado, a pagar por la ciudadanía, mientras las compañías han ganado más de 45.000 millones en los últimos diez años. Solo así se explica un innecesario y ruinoso proyecto Castor o las autopistas
radiales madrileñas, ambas participadas por un tal -no sé si les suena- Florentino Pérez y que nos han generado un gasto a la ciudadanía de más de 5.000 millones de euros y de más de 10.000 millones respectivamente. Solo así se explica un gasto
militar desorbitado que ha generado más de 30.000 millones de euros para comprar un armamento absolutamente innecesario. Les quiero recordar las palabras del secretario de Estado de Defensa, el señor Constantino Méndez, en el año 2010, que
expresaban perfectamente la situación; decía textualmente: Nunca debimos haber adquirido sistemas que no íbamos a usar para situaciones de conflicto que no existían y, lo que es peor, con fondos de los que no disponíamos ni entonces ni tampoco
ahora.
En definitiva, señorías, si estos gastos no respondían a la necesidad, al interés general, ¿a qué estaban respondiendo, a qué respondían? Pues estaban respondiendo -se lo diré muy claro- al interés de unas empresas determinadas, a unas
empresas que tienen acceso directo al Gobierno, ya sea vía Moncloa o vía palco del Bernabéu. Pero, entonces, la pregunta clave que deberíamos hacernos es: ¿cómo es que el Gobierno prioriza el interés particular por encima del interés general?
¿Cómo se prioriza el interés privado al interés público? ¿Cómo se hace? La respuesta, desde nuestro punto de vista, se encuentra, única y exclusivamente, en los sobres. Sí, señorías, en los sobres, en las contabilidades B, B de Bárcenas; en las
puertas giratorias de los ex presidentes del Gobierno y de exministros en las eléctricas o como la puerta giratoria de Pedro Morenés que, cuando no está aprobando grandes proyectos armamentísticos como secretario de Estado o ministro de Defensa,
está trabajando como consejero de las grandes empresas que se benefician de estos contratos. (Aplausos).
En definitiva, en España existe una corrupción estructural, una corrupción ya ins-ti-tu-cio-na-li-zada y, lo que es peor aún, es en buena parte la culpable de la deuda y la culpable de los recortes. Por tanto, regular la influencia de los
lobbies sobre la vida política es una verdadera necesidad democrática y así Esquerra Republicana lo reclamó en forma de enmienda a la Ley de Transparencia y buen Gobierno. Nuevamente el Partido Popular rechazó este progreso democrático. ¡Qué
curioso que el partido que más responde a los intereses de los grandes lobbies se negara a regularlos! ¡Qué curioso! No obstante, la regulación de los lobbies debe ir mucho más allá de su registro parlamentario, mucho más allá de la proposición de
reforma que hoy posiblemente se aprobará.
La regulación de los lobbies debe ser una oportunidad para abrir el acceso normalizado y cotidiano de las organizaciones sociales a la actividad parlamentaria y para ello es necesario también poner a disposición de las organizaciones
sociales los recursos de asistencia parlamentaria oportunos, los que sean oportunos, de manera que estas organizaciones puedan incidir en la vida política y lo puedan hacer de una manera efectiva, así como los grandes lobbies tienen también la
capacidad para contratar bufetes jurídicos o politológicos para realizar informes y para elaborar propuestas legislativas. Un parlamento debe poner las herramientas adecuadas en manos de la sociedad civil para que puedan vehicular también sus
propias propuestas legislativas.
Acabo. En definitiva, señorías, la regulación de los lobbies no solo y exclusivamente debe servir para intentar tener un registro de su acceso a los grupos parlamentarios, que también, pero no solo a eso, sino que debe ser, y es muy
importante, una herramienta para estimular la política parlamentaria y para fomentar, en definitiva, la democracia participativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por Ciudadanos tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, ya que se trata de cambiar el reglamento de la Cámara, tampoco estaría mal incluir alguna medida contra el absentismo político de determinados parlamentarios que no sé por qué hoy no están presentes, precisamente cuando estamos
cerrando esta breve legislatura.
Por otra parte, quiero decir que el Eurobarómetro de 2013 decía que un 77 % de los españoles entienden que la corrupción forma parte de los negocios del país, un 84 % de las personas piensan que el soborno y las conexiones son determinantes
para poder acceder a los servicios públicos y el 91 % de los empresarios piensan también que hay una relación demasiado directa entre dinero y política.
A nuestro país le han saltado las costuras de la confianza, esas costuras de la confianza que han permitido que anide la corrupción prácticamente en todas las instituciones. Hemos visto que personas honorables que representaban a Gobiernos
han tenido que ser detenidas, han tenido que ser puestas a disposición judicial y a partir de ahí dejar su cargo y su puesto público. Hemos visto cómo prácticamente todas las instituciones del Estado se han visto contaminadas y, por tanto, uno de
los objetivos fundamentales en esta etapa que viene tiene que ser reestablecer la confianza en la palabra política y recuperar la credibilidad también en los políticos. Aquellos que se han visto afectados por múltiples casos de corrupción tienen
también que tomar una decisión: si combatir la corrupción decididamente y afrontarla en sus filas o intentar poner el ventilador para extenderla a todo el mundo y hacernos copartícipes. Es una decisión que a quienes se les está diciendo,
seguramente saben a quiénes me refiero.
En la Asamblea de Madrid, publicaba El Mundo el 20 noviembre, la regulación del lobby es una saludable iniciativa de transparencia institucional. La iniciativa de regular el lobby, recogida en el pacto de investidura para la Comunidad de
Madrid entre el Partido Popular y Ciudadanos, es una buena muestra de los saludables efectos para la regeneración democrática que está consiguiendo con sus acuerdos la formación de Albert Rivera. La creación de un registro de grupos de interés en
la Asamblea, sin mirar al que ya existe en el Parlamento de Bruselas, era una buena iniciativa. Estamos de acuerdo con la iniciativa que se presenta aquí para poder hacer esa reforma, precisamente del Reglamento de la Cámara, y poder incluir los
lobbies con su regulación, pero tiene que ser muy mejorable, como ha dicho el ponente de la proposición. Hay medidas que se pueden adoptar para ahondar en ello.
Asimismo, es fundamental que esto no solo afecte al Congreso de los Diputados y al Senado, que no afecte solamente a la parcela legislativa, sino también a la parcela ejecutiva, al Gobierno de la nación. Todas las comunidades autónomas
tienen que tener su registro de lobbies correspondiente, igual que Ciudadanos promovió que se hiciera en la Comunidad de Madrid. Es fundamental regular el lobby. APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, es la primera
que hace lobby para
intentar regularlo. Si regulamos el lobby aumentaremos las herramientas para su control, aumentaremos la transparencia, disminuiremos la corrupción y aumentaremos los beneficios de aquellas personas que tienen menos acceso a los grupos
parlamentarios y de aquellas plataformas ciudadanas que necesitan hacer lobby. Esa participación, que está garantizada en los artículos 9 y 23.1 de la Constitución, que dicen que los ciudadanos tendrán derecho a participar directamente en los
asuntos públicos que les atañen, es una forma más de regularlo, de darles entrada y de hacerlos competir en igualdad de oportunidades con las grandes empresas.
Ciudadanos, pues, cree que tenemos que favorecer una cultura del lobby. Pero, ¿qué no es lobby? Lobby no es recibir 42 millones sobre 100 millones de euros de subvenciones anónimas. Lobby no es recibir un 3 % de comisiones para poder
adjudicar políticas públicas. Lobby no es ceder el espacio político de tu grupo en el Parlamento Europeo para que alguien no registrado, como Arnaldo Otegi, defienda a los presos de ETA y pida su excarcelación. (Aplausos). Eso no es lobby y por
eso hay que regularlo. Transparencia Internacional, en un estudio sobre diecinueve países, situaba a España en el puesto número dieciocho. Decía que teníamos solamente 21 puntos sobre 100 posibles, pero si analizamos este estudio de Transparencia
Internacional nos damos cuenta de que están utilizando tres ítems. Primero, el de la transparencia, donde exclusivamente nos dan un 10 %. Segundo, el de la integridad, donde -no estamos tan mal- nos otorgan un 35 %. Y tercero, el de la igualdad
de acceso, que nos aporta un 17 %. Pero si nos fijamos en el desglose, nos damos cuenta de que si mejoramos el registro y divulgación de la información por lobbistas, la supervisión del registro de sanciones o la huella legislativa, donde tenemos
un 0 %, mejoraremos en transparencia. Si mejoramos el código de conducta para lobbistas, la autorregulación del código ético, aumentaremos en integridad y aumentaremos nuestra puntuación. Y si facilitamos la composición de los grupos de expertos
en los órganos, también aumentaremos la igualdad de acceso. Por tanto, estaremos mejorando la política, nuestra capacidad para que todos estemos en un plano de igualdad, para facilitar una mayor participación, para tener mayor transparencia, para
erradicar la corrupción y para afrontar un problema que venía desde largo tiempo acaeciendo.
No estamos de acuerdo con aquellos que dicen que regular los lobbies da miedo, que no tiene mucho sentido, que hay que tener muchas precauciones. Lo que tiene que dar miedo es ver cómo al final muchas personas, después de su vida política,
pasan a formar parte de grandes consejos de administración de grandes multinacionales o pasan a ser altos ejecutivos de muchísimas empresas. Eso es lo que nos tiene que dar miedo para ver qué tipo de legislación se ha estado aprobando en los
momentos precedentes.
Y no estoy de acuerdo con que este es un Pleno en el que hay añoranza y nostalgia. No, este es un Pleno de plena fortaleza, en el que nos ratificamos aquellos que entendíamos que había que respetar al Parlamento hasta el último día, que
este proyecto de ley tenía que entrar y había que tratarlo con el suficiente rigor, que el absentismo no está en absoluto justificado y que había que afrontar la política parlamentaria hasta el último día porque los ciudadanos que nos pagan el
sueldo, los que nos han puesto en este hemiciclo, nos lo están reclamando. Solamente hay dos culpables en este momento desde nuestro punto de vista de no haber llegado a ese acuerdo que era necesario y perentorio. Por una parte, los del
absentismo, los que reparten el ventilador, los que no tienen ningún tipo de interés desde el primer día en que esta legislatura camine, el mismo que dijo no a su majestad el rey, el mismo que no ha dicho nada positivo durante todo este tiempo y sin
embargo no quiere que de ninguna manera nadie le cuestione el sitio porque seguramente ha hecho mucho para merecerlo. Por otra, aquellos que han estado desde el primer día en campaña electoral y que hacían propuestas imposibles que sabían que nadie
podía aceptar. También ellos en este momento están lanzados a su campaña; la empezaron ambos el domingo. Pero Ciudadanos va a trabajar durante estos dos meses sin denuedo y con muchísimo esfuerzo para mejorar los resultados, para ser más
influyentes y, sobre todo, para que los españoles no tengan que aguantar que haya otra legislatura con un resultado como el de esta. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Elizo.
La señora ELIZO SERRANO: Gracias, señor presidente.
Señorías, es obvio que en el actual momento resulta de la máxima relevancia cualquier tipo de esfuerzo de los mecanismos de transparencia en el proceso de toma de decisiones. La intervención de los grupos de interés resulta cada vez más
apreciable en los resultados legislativos e incluso en la formación de los gobiernos. Todas y todos somos capaces de apreciar su influencia en regulaciones completamente torcidas hacia el interés de los grupos de presión, cuando no completamente
absurdas y contrarias al
interés general y al desarrollo de nuestro país. Recuérdese, por ejemplo, la vigente regulación de ese esperpento legislativo conocido como impuesto al sol que, para favorecer al oligopolio eléctrico, trata de limitar el uso y el desarrollo
de la energía solar en España. Todo esto mientras en el norte de Europa se intenta desde todas las administraciones públicas impulsar y apoyar esta fuente de energía.
El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos sigue forjándose en lo más oscuro de las instituciones de ambos lados del Atlántico y el 92 % de las reuniones que la comisión tuvo a rigurosa puerta cerrada fue con
corporaciones de presión empresariales. Podría ser que una regulación de los grupos de interés ayude a normalizar la presencia transparente de aquellos sectores legítimamente afectados por la acción legislativa, aunque también es verdad que, como
sabemos, en España la influencia se ha venido llevando a cabo por procedimientos que podríamos denominar más directos. ¿Quién necesita lobbies cuando tiene puertas giratorias que garantizan que la política solo sea el paso intermedio para un retiro
dorado en un consejo de administración? (Aplausos). ¿Quién necesita lobbies cuando puede comprar una campaña de difamación en los juzgados? En España todo está demasiado relacionado. Una de las cosas que están poniendo de manifiesto los llamados
papeles de Panamá es que aquí la regulación de las puertas giratorias o de los paraísos fiscales debería venir antes que la regulación de los grupos de interés.
En cualquier caso, no podemos estar sino a favor de cualquier regulación en la que conste, como es el caso de esta propuesta legislativa, la obligatoriedad del registro, su transparencia y el establecimiento de un código deontológico. Pero
también tengan en cuenta que los grandes poderes y sus agencias, los grandes gurús económicos, no deben ser los únicos invitados a participar en la acción legislativa. Por tanto, también es necesario establecer mecanismos para que la ciudadanía y
la sociedad civil participen de forma activa en el proceso de toma de decisiones. La legitimidad de los grupos de influencia no debe ser por su carácter de grupos de poder fáctico como estamos acostumbrados, sino de afectados por la legislación, de
modo que puedan oírse todos los intereses -también los de las mayorías- de forma transparente, pública y regulada. Al fin y al cabo no debemos ser ingenuos. El deseo de influir en las decisiones de carácter público por parte de los individuos o de
los grupos es algo consustancial a la vida pública. Sin embargo, el acceso a los centros de decisión política debe quedar garantizado a todos los ciudadanos y ciudadanas y no solo a aquellos que pueden disponer de los recursos económicos necesarios
para acudir a las fórmulas profesionalizadas de las grandes agencias de lobbysmo.
Venimos de unos gobiernos que han intercambiado la decisión política por el apoyo económico y mediático, donde algunos partidos no pueden entrar en el Gobierno no sea que puedan ver lo que allí se estaba haciendo. No hay destructoras de
papel suficientes para ocultar la presencia de las grandes agencias y los consejos de administración en las iniciativas legislativas de los ministerios. ¿A quién puede extrañarle que su Gobierno no quiera comparecer? Dicen que es porque está en
funciones y, en efecto, gobernar en funciones es lo han venido haciendo en realidad estos últimos años. Sus primarias se hacen en los consejos de administración y si ahora quieren dejar de hacer esas funciones no se extrañen de que haya otro
partido supuestamente nuevo que quiera continuarlas. (Aplausos). Como decía el dibujante Miguel Brieva, no queremos un Parlamento con políticos que sea la parte móvil de un sistema inamovible. Debemos recordar que en la Constitución no existe
apenas otro mecanismo de control real y efectivo de participación ciudadana que el de los partidos políticos.
En el Grupo Parlamentario Podemos-En comú Podem-En Marea, entendemos imprescindible fomentar una participación política de la ciudadanía que no se limite a votar cada cierto tiempo, sino a regular para permitir el acceso a los grupos de
interesados y afectados por la legislación. Abogamos no solo por disminuir el número de firmas necesarias para la iniciativa legislativa popular, sino que una vez alcanzadas estas tenga que ser debatida por el Pleno de esta Cámara, como la
participación de sus promotores, en vez de ser desechada en la trastienda del Congreso como ha sido lo habitual hasta ahora. Es necesario elevar el debate de la participación de los lobbies en el Congreso como expresión democrática moderna al
terreno que naturalmente lo absorbe, esto es, el de la participación ciudadana tanto individual como colectiva en el actuar cotidiano del Estado, abrir el debate de la democracia participativa como necesario complemento de la representativa.
Resulta pues necesaria una ley de participación ciudadana que reconozca la participación como derecho y ponga a disposición de individuos, grupos sociales y de los legítimos intereses empresariales mecanismos que garanticen la mayor permeabilidad
posible de la legislación de los poderes públicos y de la toma de decisiones, de la responsabilidad y, muy importante, de los análisis de impacto de la acción legislativa y, en suma, el control de la gestión pública.
Una regulación democrática de los grupos de interés desde un punto de vista de la participación de todos los legítimos intereses puede acabar constituyéndose como una interesante herramienta en contra del otro lobbysmo, ese lobbysmo opaco,
tan conocido por todas y todos; ese que se hace en los palcos de los estadios, en las puertas giratorias que conducen a los consejos de administración, el que llena los sobres que acaban en Panamá.
Por todo ello, el planteamiento de abrir un registro de grupos de interés y lobbies como parte de la necesaria reforma del Reglamento del Parlamento puede ser el inicio de una espléndida herramienta de lucha contra la corrupción. Es
necesario aprovechar la oportunidad para hacer una verdadera regulación de estos lobbies como parte fundamental de una ley de participación ciudadana en la que se regule el funcionamiento de estos grupos de interés, no solo desde una perspectiva
estatal, sino también comunitaria, definiendo en qué medida la regulación estatal ha de incidir en una mejor defensa de los intereses propios tanto públicos como privados, de los grandes grupos y de la ciudadanía en el ámbito de la toma de
decisiones de la Unión Europea.
Como es sabido, el registro de grupos de interés de la Unión Europea sigue siendo voluntario y, como tal, debe reformarse. Mientras los lobbies no estén obligados a registrarse en él y se mantenga el carácter voluntario del registro, los
ciudadanos seguirán privados de una imagen precisa de la actividad de los lobbies en Bruselas; un ámbito de por sí privado de la mayor parte de los controles democráticos y tal vez por ello cada vez más determinante en la vida de las personas.
Como nos recuerda la Alianza por la transparencia del lobbysmo y la regulación ética, parece haber una relación inversa entre la importancia real del lobby y su voluntad de inscribirse de una forma transparente en el registro comunitario.
Termino ya. Hoy votamos a favor de la toma en consideración de la propuesta legislativa de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la creación del registro de los grupos de interés o lobbies con la vista puesta en su
configuración efectiva como herramienta de transparencia. La ciudadanía de este país está cansada de cosmética democrática y transparencia de papel, pero también votamos a favor con la vista puesta en su configuración democrática, como espacio de
participación, donde el interés de la gente pueda encontrarse por encima de los grandes poderes. Regulación, transparencia y participación pueden ser grandes herramientas para compensar la actuación de los que no se presentan a las elecciones, pero
acaban decidiendo lo que los representantes de los ciudadanos legislan o incluso quiénes los gobiernan.
Señoras y señores del Grupo Socialista, qué duda cabe de que si no fuera por los grupos de presión, esos que quitan y ponen Gobiernos, muy probablemente ya podrían estar gobernando con nosotros en un verdadero Gobierno de cambio.
(Aplausos). Qué duda cabe de que lo que ha imposibilitado al señor Sánchez formar un auténtico Gobierno de cambio, un Gobierno que destierre las políticas del PP, han sido las presiones que sobre su partido se han ejercido, presiones de las que
ustedes, por desgracia para la mayoría de los españoles, no han sido capaces de salir.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Elizo.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señora portavoz de Podemos, como apenas se sientan ustedes en la mesa y se levantan corriendo, no les da tiempo a contarnos cuáles son esas presiones que se han ejercido sobre el Grupo Socialista. Si duraran un poco más en la mesa
de negociación a lo mejor nos lo podrían contar y nos hubiéramos enterado todos.
Estoy de acuerdo, señor Campuzano, con la sensación de melancolía, con que hoy es un día triste para el parlamentarismo español. Desde luego, se me haría muy extraño no mencionar la anomalía de esta sesión que podríamos llamar pre-mortem.
Cuando la palabra fracaso está hoy en los titulares de todos los periódicos, tenemos que sentir todos ese fracaso colectivo. Sin embargo, también puedo decir que todos y cada uno de los diputados que pertenecemos al Grupo Parlamentario Socialista
tenemos la conciencia muy tranquila. Tenemos la conciencia de haber hecho bien nuestro trabajo, de haber intentado todo lo que se podía intentar y de haber inaugurado una forma de hacer política que creemos que es la que demandan los ciudadanos en
este momento, que es la política que consiste en dialogar, en cooperar, en contribuir a generar esas dinámicas de colaboración y, sobre todo, en dejar de mirarnos el ombligo y ponernos a trabajar para solucionar los gravísimos problemas que tienen
los españoles.
Creo que haber comprendido desde el primer día que esta nueva configuración parlamentaria es una suma de impotencias hubiera resultado mucho más fructífero para todos. Es una suma de impotencias porque, por más que se empeñen algunos, nadie
ganó las elecciones. (Un señor diputado: ¡Ah!, ¿no?). Lo expresó muy bien la portavoz del Gobierno alemán, que la misma noche del 20 de diciembre dijo que no sabía a quién felicitar en España. -Lo dicen los alemanes, que en otras cosas les
siguen ustedes con mucho rigor-. Y es una suma de impotencias también de carácter político porque este hemiciclo, señorías, está divido por la mitad, en dos, ni hay una mayoría de izquierdas ni hay una mayoría de derechas, por mucho que algunos se
empeñen en incluir bajo la etiqueta de la izquierda a un partido como el PNV -seguramente sus votantes de Neguri discreparían, señor Esteban- o a un partido como el que plantea esta iniciativa, que en la anterior legislatura votó a favor de la
amnistía fiscal con el Partido Popular.
En cualquier caso, no vamos a repartir las culpas. Los españoles son suficientemente inteligentes para repartirlas ellos y los hechos han quedado muy claros y muy a la vista. Sin embargo, es obligado constatar que vivimos un momento grave.
Al contrario de lo que ha dicho alguno de los portavoces, hoy la Cámara sufre mayor debilidad que en muchos momentos de nuestra historia reciente, y lo peor es que es una debilidad autoinfligida, una debilidad causada desde dentro. Por una parte,
por quienes se han negado a hablar -y eso que vienen a una Cámara, a un Parlamento, cuyo significado etimológico viene de parlar, lo que indica que a lo que venimos aquí es a hablar- y, por otra parte, por quienes también desde dentro le han negado
a esta Cámara el trabajo más elemental de cualquier Cámara parlamentaria en una democracia, que es el de controlar al Gobierno.
Entro en materia, señor Campuzano, porque a pesar de que esta iniciativa vaya a decaer vale la pena hablar de ella y no hablar de un reglamento en el sentido más burocrático del término -esa palabra reglamento que los poetas nunca
emplearían-, sino pensando en que cuando hablamos del reglamento hablamos de la regla de la democracia, no desde luego de la única pero sí de una de las esenciales. Es muy pertinente plantear una reforma del Reglamento, algo que desde luego está
relacionado con la regeneración democrática; no obstante, la ambición de su discurso no está a la altura de la ambición de su iniciativa, señor Campuzano. Se nos queda muy corto el planteamiento que hace, que se restringe estrictamente a un
registro parlamentario de lobbies, lo que podría parecer que queremos poner la venda allí donde no está la herida, como ha dicho alguno de los portavoces. Es fundamental regular el lobby donde se toman las decisiones, y dadas las disfunciones que
existen en esta Cámara, y que estamos de acuerdo en que la debilitan respecto al Poder Ejecutivo, si ponemos el control de los lobbies aquí, pero no cambiamos nada del resto del funcionamiento del Congreso y las decisiones se siguen tomando
enteramente en los ministerios, no habremos hecho nada. Incluso, podríamos incurrir en un engaño a la ciudadanía al llenar nuestro discurso de palabras grandilocuentes como transparencia, acceso justo a las fuentes del poder, etcétera, cuando en
realidad todo seguiría ocurriendo en los ministerios.
Hay muchas malas prácticas con las que no acabaría esta iniciativa; unas prácticas a las que, por cierto, no se hace referencia en la misma, como la captura del regulador, los conflictos de intereses, la igualdad de trato y acceso a los
centros del poder. Nosotros pensamos que traer el registro exclusivamente aquí podría equivaler a querer camuflar el peso real de los lobbies en el ministerio, sin hacer nada más de toda la reforma que creemos que hay que hacer en estas Cortes. En
esa reforma, ya le digo que votaremos a favor, porque si esto se tramitara plantearíamos todo esto como enmiendas, y con esas enmiendas haríamos un Congreso como el que queremos, el que nos gustaría: un Congreso en el que en lugar de debates
rituales hubiera una dialéctica viva, unos intercambios creativos con los que consiguiéramos atraer a los ciudadanos a la conversación política nacional; un Congreso que fuera una institución mucho más fuerte, mucho más independiente, donde el
ejercicio de control al Gobierno constituyera una verdadera rendición de cuentas y no parte de un ritual previsible; en el que hubiera preguntas espontáneas en la sesión de control al Gobierno; en el que los tiempos de los grupos parlamentarios
estuvieran más equilibrados con los del Gobierno; en el que fuera más fácil crear comisiones de investigación y, desde luego, en el que nunca, nunca un Gobierno que se negara a someterse al control parlamentario pudiera seguir llamándose un
Gobierno democrático. Un Congreso fuerte necesitaría tener un servicio de estudios propios; necesitaría ser mucho más transparente; necesitaría tener un plan de Parlamento abierto y participación ciudadana; necesitaría hacer la información mucho
más comprensible; necesitaría también interactuar mucho mejor con las instituciones europeas. Precisamente, porque creemos en la democracia representativa, creemos en todas estas reformas.
Señorías, les voy dar la sorpresa; algunos de los portavoces han mencionado estas exigencias de transparencia, pero todas estas medidas que acabo de decir con respecto a la reforma del Reglamento y a la reforma del Congreso ya se han votado
en esta Cámara. Se votaron cuando se votó la investidura del señor Sánchez, y muchos de los que acaban de intervenir reclamándolas han votado contra estas medidas, porque todas estas medidas estaban en el acuerdo con Ciudadanos y hoy estarían ya
poniéndose en marcha si ustedes hubieran querido. (Aplausos). Sin embargo, no va ser así. Esta legislatura acabará de forma inminente y una propuesta política interesante, como la que hace Democracia y Libertad, acabará en el cementerio de las
iniciativas decaídas.
Por desgracia -termino, señorías-, en ese cementerio se entierran también esta semana las esperanzas reales de cambio, de hacer política de otra forma y de hacer política de una forma que no nos empache a todos de táctica. Se entierran las
esperanzas de colaboración y de diálogo y la esperanza de mucha gente de volver a confiar en la política y a ilusionarse con la política. Y en lugar de todo eso, queda una herida política de la que espero que las culpas y las responsabilidades sean
correctamente atribuidas.
Muchas gracias, señorías. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lozano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Buenas tardes y muchas gracias, señor presidente.
Señorías, decía al portavoz de Democracia y Libertad que tenía una sensación extraña al subir a esta tribuna; que España era diferente. Yo también la tengo, señoría. En el resto de Europa, habitualmente, gobierna el partido que gana las
elecciones. En este país, lamentablemente, no. Eso es lo que nos diferencia del resto de los países, señoría. (Aplausos).
Les agradezco a los miembros de Democracia y Libertad la iniciativa, sin duda llena de experiencia, no me cabe la menor duda. Y anuncio el voto favorable del Grupo Popular porque estamos de acuerdo con el fondo y podríamos estar de acuerdo
con el planteamiento, con muchas de las cosas que han dicho. Quiero hacer una precisión a Ciudadanos y a Podemos: había política antes de llegar ustedes al Parlamento, aquí se han tramitado iniciativas -veo que asienten-. La filosofía del
Gobierno en la anterior legislatura fue precisamente avanzar en transparencia y se hizo, señorías... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor SUÁREZ LAMATA: Yo entiendo que las verdades a veces molestan, pero las realidades son objetivas porque en esta Cámara se aprobó -ustedes no estaban- la Ley reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado que
endurece la forma de desempeñar el cargo público, y se aprobó la Ley de transparencia de acceso a la información y buen gobierno; es una ley que solamente ha costado cuarenta años, y ha sido un Gobierno del Partido Popular el que la ha traído a
esta Cámara. Y es una ley importante, señorías, porque por primera vez se regula el acceso a la información de los ciudadanos y la publicidad activa a la que están sometidas las administraciones. Por primera vez se accede a la información de
instituciones que no era posible antes como la Casa Real, el Tribunal de Cuentas, el Banco de España, sociedades que hasta ahora no suministraban información. Pero lo más importante de la tramitación de esa ley fue la mano tendida del Gobierno, la
mano tendida del Grupo Parlamentario Popular; una ley que incorporó muchas enmiendas del Grupo del PNV, del Grupo de CiU y, sobre todo, del Grupo Socialista.
Señora Lozano, evidentemente no se lo han contado, pero ustedes avanzaron mucho en esa ley; una ley que, por cierto, venía de un anteproyecto que presentó el Grupo Socialista en el que no regulaba para nada los lobbies. Estos lobbies
habían desaparecido de ese anteproyecto de ley, como habían desaparecido de la proposición de ley que defendió la señora Batet en esta Cámara a principios de esta legislatura. En ninguno de los dos casos se regulaban los lobbies. Insisto, a pesar
de haber incorporado muchas enmiendas, y en esa doctrina que se ha instalado en esta legislatura que ya acaba, que es la doctrina del 'no es no' y del 'yo defiendo lo mío y por encima del interés general, cualquier cosa', el Grupo Socialista no
apoyó esa ley. Yo comparto el planteamiento de fondo que ha hecho el partido proponente, porque al final de lo que hablamos es de regular grupos de personas con intereses que participan también en la vida política y es mejor conocerlos y saber a
quién representan, qué quieren, con quién se reúnen y qué es lo que consiguen y, sobre todo, esto hay que hacerlo en términos de normalidad y de diálogo democrático. Al final, cuando hay que elegir entre el interés general y el interés de los
grupos siempre debe prevalecer el interés general.
Señorías, créanme, lo que no acabo de entender aquí es la facilidad de algunos grupos políticos para distinguir entre buenos o malos. Si ustedes han atendido, habrán visto que tanto Podemos como Izquierda Unida y alguna otra formación
política plantean la iniciativa entre buenos y malos, y claro, con la facilidad que tienen ustedes -ya se ha hecho mención a esta cuestión- para distinguir entre buenos y malos, ¿cómo es posible que desde Izquierda Unida o desde Podemos se den alas
al terrorista Otegi?, ¿cómo es posible, señorías, que ayer se le dejara intervenir en la Cámara en Bruselas? Al final habrá que preguntarles si Otegi es bueno o malo, señorías; habrá que preguntarles a ustedes si están blanqueando o no están
blanqueando todo el pasado sangriento de ETA. (Aplausos). Señorías, habrá que preguntarles a ustedes si están con las víctimas o con los verdugos, señorías. (Aplausos). Eso es lo que tienen que responder en esta Cámara; yo no lo voy a
responder. Me gusta -ya lo saben ustedes- el refranero español. Me quedo con aquel refrán que dice: Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque no me cabe la menor duda de que los españoles de esto no se van a olvidar.
Señorías, voy acabando. Quiero decirles algo: esta legislatura ya es historia y esta iniciativa -se lo digo al proponente- se queda aquí. Ciertamente, se pueden hacer reflexiones de cómo mejorar la democracia, además, sin iniciativas;
sencillamente con sentido común. Les voy a hacer unas cuantas reflexiones de aquí al 26 de junio; sobre todo, se las hago al Partido Socialista. Decía la señora Lozano que el PSOE tiene la conciencia de haber hecho las cosas bien, y yo le dejo
algunas reflexiones. La primera reflexión para mejorar la democracia es que gobierne habitualmente quien gana las elecciones. La segunda reflexión es que hay que tener la humildad suficiente, cuando uno ha perdido las elecciones, para sentarse con
quien las ha ganado, dialogar e intentar sacar un país adelante. (Aplausos). La tercera reflexión que le dejo al Partido Socialista es que hay que anteponer los intereses de este país, los intereses de esta Cámara, a los intereses personales y
políticos, legítimos seguramente, pero hay que tener esa generosidad y esa grandeza. La cuarta reflexión que le quiero dejar al Partido Socialista es que gobernar a cualquier precio no es bueno. Estas coaliciones Frankenstein que ustedes han
fomentado, patrocinado, inducido, para sacar al Partido Popular de los gobiernos de las instituciones no llevan a buen camino. No es un buen socio, señorías, aquel que promete el amanecer de la historia, el cielo en la tierra, y cuando llega a las
instituciones ya sabemos lo que pasa; estamos viendo en estos días cómo se dictan verdades absolutas, cómo se empiezan a quebrar finanzas y, sobre todo, cómo se intenta enfrentar a los ciudadanos con eso que algunos llaman gente y que me gusta
llamar ciudadanía.
Señorías, mejorar la democracia es defender los intereses de este país y reconocer que España es una gran democracia. Estamos en el G-20 desde hace más de diez años, formamos parte del club selecto de las democracias, por tanto, estos
discursos que se hacen sobre que aquí no hay democracia, sobre que la democracia es imperfecta o sobre que este es un Estado fallido, debería llevar a algunos a reflexionar sobre qué socios eligen o a quiénes se arriman.
Por último, y antes de que el señor presidente me diga que se ha acabado el tiempo, quiero decirles algo más a los proponentes, al Grupo Democracia y Libertad: para mejorar la democracia lo que tendrían que haber hecho es no subir a esta
tribuna a defender esta iniciativa, y les voy a explicar por qué. Su planteamiento es completamente rupturista e independentista, no casa con la Constitución española, por tanto, es muy difícil de entender cómo dicen que quieren cambiar las
instituciones cuando lo que quieren es destruir el Estado. Créanme que eso es complicado de entender.
Señorías, acabo haciendo otra reflexión: si acaso algún partido de esta Cámara -me estoy refiriendo al Partido Socialista- pensó que librar a los españoles del Partido Popular les iba a suponer una recompensa por los servicios prestados,
creo que lo que van a recibir es un señalamiento público por su responsabilidad de haber activado el mayor proceso de degradación institucional que ha conocido esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE REFORMA DE LA LEY 9/1968, DE 5 DE ABRIL, SOBRE SECRETOS OFICIALES. (Número de expediente 122/000014).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a sustanciar el segundo punto del orden del día, relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre
secretos oficiales.
Para la presentación de esta iniciativa, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Decía hoy a la prensa el portavoz del Partido Popular, el señor Rafael Hernando, con su salero habitual, que esto parecía la orquesta del Titanic al tocar como si no pasara nada mientras el barco se hunde. Nosotros presentamos una
proposición de ley aquí, pero les aseguro que tenemos toda la intención de salvarnos de este naufragio, nos vamos a embarcar en el próximo paquebote que salga y les vamos a tocar la música... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor ESTEBAN BRAVO: ... y, como va a ser esta misma música que van a oír hoy, así se les van haciendo los oídos, porque volveremos en el siguiente paquebote.
Hay que decir claramente, desde el principio, que en esta materia de secretos oficiales España no es homologable a su entorno por cómo está la legislación europea en otros países, no es homologable en cuanto a los tratados y las
disposiciones internacionales que ha firmado, y no es homologable que una democracia esté todavía basándose en una ley aprobada en época franquista, aunque tuvo un ligero retoque preconstitucional. Esto ya alerta de que algo tiene que estar
funcionando mal, cuando todavía no se ha modificado esta ley. Y en ese sentido -con el paso del tiempo todavía se hace más evidente- puede existir una vulneración de derechos fundamentales por la falta de transparencia y por la negación del derecho
a la información. Insisto, estamos hablando de una ley de 1968, modificada parcialmente el 7 de octubre de 1978, pero nada más para el levantamiento del velo respecto a las materias clasificadas, posibilitando en su caso el conocimiento por parte
de Las Cortes. No se modificó nada más. Y luego además esto no se ha llevado a buen término, como debería haber ocurrido.
Nos encontramos con situaciones como que hay un grupo muy importante de historiadores que se llevan las manos a la cabeza y dicen que cómo es posible que el Ministerio de Defensa se niegue a desclasificar 10.000 documentos de entre 1936 y
1968, que teóricamente estaban ya listos para su desclasificación. Pero esto, que aparentemente iba a suceder en mayo de 2012, no se llevó a efecto. O que se pregunten cómo es posible que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya declarado
reservada o secreta la práctica totalidad de su documentación, incluyendo los fondos históricos de su archivo. Estamos hablando de documentos del siglo XV al siglo XX. -Ni España estaba todavía, pertenecería a alguna corona concreta-. Pues
todavía hay documentos de esos que se consideran como secretos. Esto evidencia el nivel de esta ley y la necesidad de modificarla. Han protestado muchos historiadores, pero también muchos ciudadanos por la falta de acceso a documentos y por la
imposibilidad de conocer qué es lo que sucedió. ¿Cómo es posible que el 15 de octubre de 2010 se adoptara un acuerdo del Consejo de Ministros, no publicado -de 2010 estoy hablando y por lo tanto del Gobierno anterior, no el del PP sino el anterior
incluso-, en el que se hacía una extensa relación de temas que no pueden ser públicos y que prácticamente afectan a todos los documentos que tengan que ver con las relaciones diplomáticas españolas? Es simplemente inaceptable, y todavía más que
este acuerdo no fuera público.
Cuando se les pregunta a los ministros ahora en funciones qué pasa con esto, dicen que en realidad no hay mucho problema de contenido, y que no tienen personal para desclasificar. Y la respuesta que tenemos que darles es que ya no se trata
de que en los ministerios tenga que haber una persona que coteje documento a documento y valore la conveniencia o no de sacarlo, es que las legislaciones modernas -homologables en Europa, pero también en Estados Unidos- marcan un límite cronológico
para que se levante el velo y para que se pueda conocer por parte del público qué es lo que ha sucedido. De hecho, España está incumpliendo instrumentos internacionales que ha suscrito en materia archivística y de documentación: recomendaciones
del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre política europea en materia de comunicación de archivos o el propio Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos. Pero aquí no pasa nada.
Proponemos modificar esta ley, hay que modificarla. En nuestra propuesta, que está abierta a posibles modificaciones por parte de otros grupos, hay una premisa clara, y es que tiene que haber un tope temporal, un momento en el que
automáticamente se desclasifiquen los documentos. Insisto, muchos de los documentos de la Guerra Civil y posteriores siguen estando escondidos sin que puedan acceder a
ellos no solo investigadores sino también el público en general. ¡Qué les voy a contar de la Transición! Exactamente lo mismo. Hemos intentado no irnos a los topes menores, como en otros países, sino poner algo que pudiera ser más
aceptable con algunos grupos que pudieran tener reservas. En España, la ley en vigor tiene una doble clasificación y en eso no hemos querido entrar; en otros países hay tres e incluso cuatro clasificaciones de documentos. En el caso español está
la materia reservada y la materia secreta; eso lo hemos dejado así. Fíjense, en Estados Unidos, recientemente, se modificó a veinte años -hasta hace poco eran veinticinco- para que los documentos fueran públicos; en un país como Estados Unidos,
que tiene unas relaciones internacionales muy complejas. Bien es cierto que tienen una categoría muy especial que tienen que justificar, pero evidentemente en materia internacional las cosas que hace Estados Unidos -discúlpenme- no son comparables
a las que hace España; hay algunos documentos que pueden ser excepcionados, pero son escasos, contados, la inmensa mayoría se desclasifican a los veinte años. En el caso del Reino Unido son treinta años, y se está hablando de bajarlo a veinte. En
España hay que esperar a que al Consejo de Ministros se le ocurra desclasificar los documentos para que puedan ser accesibles. Esto no puede ser así. Lo que proponemos es lo siguiente: en el caso de materias reservadas, diez años; y en el caso
de materias secretas, veinticinco años, que pueden ser prorrogados por el Consejo de Ministros por otros diez años más, esto es, un total de treinta y cinco años, pero esta prórroga tiene que ser excepcional y por supuesto tiene que ser motivada, no
vale que quede al capricho del Consejo de Ministros correspondiente. Hay que dar las razones. Y si el plazo transcurre, se produce la cancelación automática de su secreto. Si un documento es aportado en una sesión de Cortes Generales, sea el
Congreso o el Senado, en una sesión que no sea secreta, es lógico que se produzca la desclasificación automática y su acceso libre. Claro, también podríamos decir que aquí hay reuniones secretas, pero quizá tengamos que mejorar nuestro
funcionamiento en la Cámara porque es verdad que hay una Comisión de secretos oficiales pero, sinceramente, ni yo ni los predecesores de mi grupo a los que he preguntado hemos visto nunca documentos secretos clasificados. La información que se da
en esa Comisión, sin desvelar nada -yo nunca doy ni ruedas de prensa ni canutazos ni hablo con los periodistas después de esas reuniones-, les aseguro que no es nada del otro mundo, no se revela ningún secreto oficial. Todo lo que parezca alguna
película de otro país europeo o de Estados Unidos es nada comparable con lo que sucede en la Comisión de secretos oficiales de España. Por lo tanto, ahí sí tenemos una tarea; quizá generar un clima de confianza para que se puedan ver ahí
documentos que estén todavía clasificados. En todo caso, si se produce en una sesión no secreta, la desclasificación debería ser automática. En definitiva, lo que proponemos es que nos adecuemos a los tiempos, que cumplamos con los compromisos
internacionales, que seamos coherentes con la transparencia que todos decimos defender, que en el país se pueda hablar con normalidad de temas que parecen hoy en día todavía tabú, habiendo transcurrido ya treinta y cinco años, y que los ciudadanos y
los investigadores puedan enterarse de qué pasó realmente o de algunos detalles desconocidos, algunos recientes, pero otros que igual nos dan novedades hasta del siglo XVIII.
Muchas gracias, señor presidente. Seguiremos tocando la misma música en el próximo Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
No hay turno en contra. El Grupo Mixto tampoco va a intervenir en el de fijación de posiciones. Por tanto, tiene la palabra el señor Xuclà, por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en esta legislatura menguante por la falta de capacidad de acuerdo entre los grupos políticos -incluso algunos de ellos han dicho que era imposible una aritmética parlamentaria con electos legítimamente elegidos por parte de los
ciudadanos, este set de veintiséis diputados llamados soberanistas-, en esta tarde de sesión plenaria, la verdadera agenda reformista es la que plantea nuestro grupo, una regulación del lobby y los grupos de interés, y la verdadera agenda reformista
esta tarde también la marca el Grupo Vasco con la indispensable necesidad de modificar la Ley de Secretos Oficiales, ley franquista del año 1968, y la necesidad de armonizar la legislación española con el convenio de acceso a la información del
Consejo de Europa; convenio firmado por parte de España. Con lo cual, si hablamos de reformas, de ganas de cambiar las cosas, de ganas de modernizar indispensablemente lo que ustedes han proclamado reiteradamente durante estos tres meses, tomen en
consideración nuestra vocación propositiva de transformación, de incrementar la transparencia del Estado, de incrementar la salud democrática del Estado español.
Señorías, oportunidades en el pasado existieron. El Gobierno del Partido Popular siempre hizo bandera de una ley, la Ley de Transparencia del año 2013, donde sin duda en alguna disposición adicional se tendría que haber modificado la Ley de
Secretos Oficiales para poder acceder a secretos desde finales de la Edad Media y a más de 10.000 documentos que aún continúan clasificados desde el año 1936 al año 1968. Aquella oportunidad no fue aprovechada y la mayoría absoluta del Partido
Popular rechazó reiteradas enmiendas presentadas por parte de algunos grupos, también de mi grupo parlamentario. Como fue una oportunidad perdida en la primera legislatura del presidente Zapatero, durante la tramitación de la Ley de la Memoria
Histórica, afrontar la desclasificación de estos documentos que aún se considera, después de tantos y tantos años, que no pueden ver la luz. Nos apoyamos en las recomendaciones de Amnistía Internacional y de los organismos que han trabajado más en
materia de memoria histórica. Ustedes saben que a partir de cincuenta años un documento ya es histórico y que a partir de cincuenta años un objeto ya es una antigüedad; en cambio, estamos hablando de más de 10.000 documentos que los técnicos del
Ministerio de Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores han considerado perfectamente listos para poder ser desclasificados, y los tres Ejércitos -Aire, Tierra y Armada- han dejado a punto para descatalogar información sobre el periodo de 1936
a 1968 sobre desertores, desterrados, documentos sobre la actividad de la censura y material relacionado con los antiguos batallones, de trabajo sobre campos de concentración; una lista que también comprende documentos relativos a la actividad del
espionaje español en la etapa de la dictadura, los planes de respuesta ante invasiones extranjeras e información sobre la política española durante el Protectorado de Marruecos o sobre la cesión de material bélico por parte de Estados Unidos. La
ministra Chacón, cuando era ministra de Defensa en funciones, dijo que sí a esta desclasificación pero básicamente endosó la responsabilidad al ministro Morenés y este, el 26 de mayo del año 2012, dijo que bajo ningún argumento durante su mandato
como ministro de Defensa afrontaría la desclasificación de estos documentos.
Señorías, una vez más deberíamos mirar a nuestro alrededor para ver qué es lo que sucede en democracias consolidadas y veremos cómo el marco regulativo, el marco normativo español, debe afrontar una reforma urgente. En Suecia existe una
legislación desde el año 1776 y se contempla como imposible que un expediente sea completamente clasificado, en todo caso pueden ser partes, frases concretas o párrafos concretos que violan la privacidad de las personas. En Estados Unidos existe un
principio de desclasificación sistemática de los documentos transcurrido un plazo máximo de veinticinco años y, en algunos casos de seguridad, un plazo extraordinario que se puede prolongar hasta los cincuenta años. En el Reino Unido, la
legislación contempla un periodo máximo de clasificación de los documentos reservados de treinta años y en este preciso momento en el Parlamento británico existe un debate muy vivo para reducir este periodo de treinta a veinte años. Dos leyes
británicas, la Ley de registros públicos y la Ley de libertad de información, regulan el acceso a la información en el Reino Unido.
Señorías, ante esta situación ¿cuál es la alternativa? Como muy bien apuntaba el señor Esteban, la alternativa es una ley predemocrática, una ley claramente franquista, solo reformada para incorporar los fondos reservados pero en una etapa
preconstitucional y, desde aquel momento, ninguna reforma, ningún paquete de regeneración democrática ha contemplado algo apropiado, que es que los documentos de los siglos XVI, XVII, XVIII y este paquete de 10.000 documentos que los técnicos del
Ministerio de Defensa dicen que están listos para ver la luz la puedan ver y no con argumentos como los del ministro de Defensa, que literalmente decía que la difusión de determinada información podría perjudicar las relaciones diplomáticas de
nuestro país y dañar a terceros. A veces uno se pregunta qué terceros; si terceros de terceros países o terceros muy cercanos. En todo caso, señorías, aquello que es posible en otras democracias avanzadas, que es conocer la realidad del pasado,
también lo debería ser aquí.
El señor Esteban me comentaba antes del inicio de la sesión que justo ahora se han cumplido treinta y cinco años del golpe de Estado -ustedes contemplan veinticinco años más diez de prórroga- y creo que ya sería el momento de conocer algunos
documentos respecto a aquello que sucedió el 23 de febrero del año 1981; no solo enseñar a las visitas los mismos restos del golpe de Estado -creo que reconstruidos hace poco en la última restauración-, sino que vayamos a la profundidad, a la
verdad histórica. Ley de Transparencia de 2013 sin afrontar la revisión de la Ley de Secretos Oficiales; Ley de Memoria Histórica del anterior Gobierno socialista sin afrontar la desclasificación de documentos. Hay un manifiesto de más de 3.000
investigadores e historiadores de distintas universidades españolas que reclaman la necesidad de conocer esta verdad para poder estudiar en profundidad nuestro pasado, para poder poner luz a nuestro pasado. Sin duda, nos parece una buena iniciativa
e incluso hay una mayoría para la toma en consideración de la misma y espero que los pocos meses de esta legislatura breve hayan servido para
tomar en consideración algunas iniciativas, pero también para configurar las bases de un sistema democrático puesto al día y que algunos tabúes del pasado ya no lo sean a partir de la próxima legislatura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, quédense con una imagen, cualquier ciudadano de la ex República Democrática Alemana, al cabo de una semana de haber caído el muro de Berlín, podía ir a cualquier comisaría de la Stasi y pedir cualquier expediente, aun cuando en ese
expediente no estuviera involucrado él como persona jurídica. Comparen. O, por ejemplo, recuerden que en el año 2008 el Estado helvético hizo una ley tarde, muy tarde, para una docena de ciudadanos suizos de los 800 que, vulnerando las leyes
helvéticas, se integraron en las brigadas internacionales y al cabo de unos años, cuando regresaron, fueron reprimidos y encarcelados por el Estado helvético; en el año 2008 Suiza reparó los honores a estos ciudadanos. Comparen. Comparen todo
ello con el Estado español. Aquí estamos viviendo todavía no en la opacidad, sino en la oscuridad franquista, porque la ley ciertamente es del año 1968. Por cierto, ¿saben quién firmó el reglamento que desarrollaba la ley? Carrero Blanco, que en
el cielo está. Luego se modificó la ley, pero la ley es preconstitucional. Incluso Aznar, en 1996, intentó calendarizar los tiempos y alcanzar los cincuenta años, pero no lo consiguió. Los poderes fácticos, que son hijos -repito- de la oscuridad,
estaban presentes entonces y están presentes ahora. Se intentó la desclasificación con todos los ministros, con Eduardo Serra, con Narcís Serra, con Bono y cuando llegó Carme Chacón se abrió una esperanza; de hecho, se comprometió a desclasificar
10.000 documentos. No lo hizo y en el año 2011, cuando ya todo apuntaba a que se acababa la legislatura y que los socialistas lo tenían mal para ganar, apretamos al señor Magariños, entonces director del patrimonio en todo aquello que afectaba a la
documentación militar, y nos vino a decir que no había tiempo, que ya lo harían los otros, creyéndose que los otros eran los miembros del Partido Socialista que ganarían las elecciones, pero no, ganó el Partido Popular, con lo cual, estamos donde
estábamos. Mientras tanto lo hemos intentado muchas veces; lo intentamos durante la tramitación de la Ley de la Memoria Histórica y no lo conseguimos, habíamos pedido que la política archivística del Estado español se homologara al resto de
Estados y no lo conseguimos. Es cierto que al final la Ley de la Memoria Histórica , ley que los republicanos no validamos y no votamos favorablemente, se refería a poner toda la documentación al servicio de la ciudadanía, pero todo ello
genéricamente puesto que, al final, lo que prevalece es la capacidad que tienen los poderes públicos, no el Consejo de Ministros. Por eso estamos de acuerdo con esta iniciativa parlamentaria del Grupo Vasco, ¿por qué solamente tiene que competer al
Consejo de Ministros decidir si una materia es clasificada o no? Aquí existen otros poderes, que son los que acaban decidiendo qué se tiene que desclasificar y qué no.
Voy a ponerles un ejemplo, el caso de los guerrilleros. Unas 5.000 personas antifascistas, antifranquistas, muchos de ellos laureados por la República Francesa porque lucharon en la resistencia, que entraron con Leclerc en París y después
siguieron luchando para acabar con la dictadura fascista. No solamente nunca hemos conseguido que el Gobierno español, tanto daba si gobernaba el Partido Socialista o el Partido Popular, los reconociera jurídicamente, económicamente e
institucionalmente -nunca lo hemos conseguido-, sino que todavía hoy día la documentación -comparen con Suiza y con la República alemana- es reservada. ¿Ustedes creen que por lo que se refiere a estos guerrilleros antifascistas, que lucharon con
las armas legítimamente para derrocar la dictadura fascista, laureados -repito- por todas las democracias, se puede ser tan sinvergüenza que todavía hoy... Por cierto, quedan ocho y tendrán que aguantar que lea sus nombres, porque la última vez que
defendimos a los guerrilleros desde esta tribuna por cuarta vez quedaban dieciocho y tuvimos el honor, para vergüenza de ustedes, de leer sus nombres. Pues hoy tendrán que aguantar que lea los nombres de los ocho guerrilleros, todos ellos de muy
avanzada edad, que todavía viven, aunque, por desgracia, morirán pronto. ¿Saben ustedes que todavía no pueden tener acceso a la documentación porque no quiere la Guardia Civil? Y porque toda la documentación, que está en Ávila, que se
comprometieron a desclasificar no la han desclasificado. Es cierto que hay resistencias. Ha habido cargos muy importantes del cuerpo de la Guardia Civil que han dicho que no se podía reconocer a los guerrilleros porque hubo enfrentamiento de
armas. Desgraciadamente, es muy posible; de hecho, hubo bajas en la Guardia Civil y en las fuerzas guerrilleras. Por cierto, la democracia española no ha tenido la vergüenza de reconocerlos como miembros de las fuerzas no regulares del Ejército
republicano español. Sus nombres son: Camilo de Dios, Consuelo Rodríguez, Antonio Martínez y
Francisco Martínez López, todos ellos de la Agrupación guerrillera de León y Galiza; Esperanza Martínez García y Angelina Martínez García, de la Agrupación guerrillera de Levante y Aragón; Nicanor Rozada, de la Agrupación guerrillera de
Asturias; y Manuel de Cos, de la Agrupación guerrillera de Cantabria. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie). Es
un honor que estas personas hoy reciban el caluroso aplauso de los diputados y diputadas de este Congreso. Recuerden que hoy día no podemos permitir que no se hayan desclasificado los fondos de información del Ejército de Tierra, todos ellos
ubicados en el Archivo General Militar de Ávila. Allí es donde está la documentación de los guerrilleros. Sirva el ejemplo de los guerrilleros y hagámoslo extensible a tantos y tantos ciudadanos del actual Estado español que merecen acabar de una
vez por todas con esta oscuridad hija del franquismo. Señores del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular, cojan el tren de la historia de una vez por todas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Señor presidente, señorías, un país es fuerte y próspero cuando sus instituciones son sólidas y cuando los ciudadanos creen en ellas y las respetan. El respeto a la ley y a las instituciones que de ella emanan es
una condición necesaria para el funcionamiento cotidiano de ese proyecto común que es una nación. Pero es preciso reconocer también que ese respeto en democracia hay que ganárselo. Hoy en día no basta con invocar legitimidades heredadas, porque la
opinión pública exige a las instituciones no solo que cumplan razonablemente con sus funciones, sino ejemplaridad. Cuando no la encuentra, cunde la desafección y la justa indignación que, desgraciadamente, puede ser la antesala del populismo. Una
de las maneras en que las instituciones y el Gobierno de un país se ganan la confianza y el respeto de sus ciudadanos es mediante el ejercicio responsable de la transparencia en sus actuaciones.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos no va a caer en la ingenuidad ni en la demagogia de pretender que el secreto no tiene nunca cabida en la acción de gobierno ni en la Administración. No obstante, esos espacios de opacidad, que en ocasiones
son imprescindibles para salvaguardar la seguridad o los intereses del Estado, no pueden nunca servir de excusa para sustraer a los ciudadanos el control democrático de unas instituciones que a fin de cuentas les pertenecen. Por ello, señorías, les
anuncio que mi grupo votará afirmativamente la toma en consideración de la proposición de ley que hoy nos trae el Grupo Parlamentario Vasco referente a secretos oficiales. El grupo y el partido al que represento en esta tribuna están comprometidos
sinceramente con el principio de transparencia en las instituciones y también en la política, como así ha reconocido Transparencia Internacional al otorgarnos la máxima puntuación en su evaluación anual de todos los partidos políticos españoles. No
se nos pasa por la cabeza, señorías del Grupo Vasco, que pudieran albergar alguna intención partidista o de carácter localista o táctico promoviendo en este momento esta iniciativa concreta, habiendo en la actualidad tantas cuestiones urgentes y de
la máxima preocupación social en nuestro país, ni que tengan la frívola intención de competir con populistas y abertzales en su terreno. Por cierto, hago un inciso para señalar que el citado respeto a la ley y a las instituciones, también a las
europeas, se compadece mal con blanquear a un exterrorista como Arnaldo Otegi, que no muestra arrepentimiento alguno, y permitir que se pasee por ellas para hacer de lobbista de ETA. (Aplausos). Confiamos en que les guía el mismo principio de
respeto y exigencia de la ley a las instituciones del Estado que motivará hoy nuestro voto afirmativo al debate de esta iniciativa.
Es esta una ley objetivamente obsoleta y preconstitucional del año 1968, pero debemos hacer una actualización de manera sosegada para lograr una regulación adecuada en una cuestión tan sensible. Si comparamos otras leyes similares de
nuestro entorno, encontraremos que Italia aprovechó en 2007 para regular conjuntamente la cuestión de los secretos oficiales al tiempo que creaba un sistema de información para la seguridad del Estado que previamente venía regulado en una ley de
1977. Por ello, asumimos la oportunidad de la reforma de nuestra legislación, pero advertimos de la necesidad de revisar la iniciativa propuesta. Como ejemplo debemos abordar los plazos y la forma para la desclasificación de la información. El
Reino Unido desclasifica sus documentos transcurridos treinta años. En Suiza no se clasifica ningún documento, como hemos mencionado antes, sino solo los datos incluidos en el mismo, y a cada tipo de información se le da una caducidad concreta,
hasta un máximo de setenta años para información sobre salud de personas o su seguridad. En los Estados Unidos los archivos nacionales y la administración de
documentos se encargan de revelar los documentos secretos cada cincuenta años, no cada veinticinco, señor Esteban. Asimismo, es necesario valorar con cautela la forma de acceso de las Cámaras a los secretos oficiales y la posibilidad de
desclasificación de la información; cuestión que deberá ser afrontada en coherencia con una reforma del Reglamento para concretar la regulación que hoy se recoge en la resolución de la Presidencia de 11 mayo de 2004. También hay que analizar con
detalle el reconocimiento del Consejo de Ministros como único órgano que puede clasificar una determinada información. Del mismo modo, nos parece adecuado reconocer la posibilidad de control jurisdiccional sobre las decisiones de clasificación de
documentos, una doctrina asumida por nuestro Tribunal Supremo en su sentencia sobre los documentos del Cesid, sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del 4 de abril de 1977 y que en los Estados Unidos ya había sido afirmada en el célebre
caso The United States versus Richard Nixon.
Señorías, como les decía al inicio de esta intervención, en Ciudadanos entendemos que las instituciones solo pueden funcionar correctamente cuando la ciudadanía las percibe como legítimas y dignas de respeto. Para ello, quienes estamos
presentes en ellas, sea desde el Gobierno o desde un escaño, tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser un espejo en el que los ciudadanos quieran reconocerse y no escudarnos en el respeto debido para actuar con impunidad o desprecio a las garantías
democráticas. Desgraciadamente, nuestro país tiene una larga historia de falta de respeto y de lealtad institucional, que suele manifestarse por ambos extremos del espectro ideológico. El periodo constitucional que iniciamos en 1978 ha sido, en
términos generales, una excepción, pero las tendencias de unos y otros parece que afloran en ciertos momentos, como puede ser el actual, en el que los ciudadanos nos han dado un claro mandato de acuerdo, de renuncia a las posiciones máximas, de
negociación y de consenso precisamente cuando nuestra actuación como representantes de la voluntad expresada en las urnas está sometida a una vigilancia particular por la opinión pública que demandaba acabar con la incertidumbre y reanudar el pleno
funcionamiento institucional del país, que nos demandaba, señorías, que hiciéramos nuestro trabajo. Por un lado, tenemos a quienes promueven la transparencia total, aunque lo que observamos es más bien el espectáculo permanente. Pero les cuesta
aplicarse el cuento a sí mismos, hasta el punto de que son capaces de ausentarse de la información pública o, más extraño aún en ellos, de las televisiones durante una semana por problemas internos que pretenden mantener en secreto. Basta ver los
países donde han asesorado y que les sirven de inspiración para entender la filosofía que podríamos esperar en su uso del secreto oficial. En Venezuela la normativa vigente permite que cualquier información pública pueda ser declarada confidencial
sin que exista provisión alguna para su desclasificación. Pero si es de temer el daño del populismo a las instituciones, qué decir de quienes se presentan como sus defensores y las pervierten a diario ocupándolas y usándolas a su antojo, porque,
señorías del Grupo Popular, es muy difícil presentarse como garantes del orden y del respeto a la legalidad en las instituciones cuando ustedes mismos las desprecian por activa y por pasiva prácticamente cada día.
Hoy votamos una proposición de ley sobre secretos oficiales, pero ustedes ponen en riesgo cada día la legitimidad de las instituciones a la luz del día y sin que quepa secreto alguno sobre sus actuaciones. Es muy poco creíble, señorías,
presentarse como garantes de la legalidad cuando el Gobierno en funciones se ha declarado en rebeldía y se ha negado a someterse al control de esta Cámara, legítima y democráticamente constituida. Les recuerdo que es una Cámara que emana de la
voluntad y de los votos de los españoles del pasado 20 de diciembre, y basta mirar a su bancada y ver las clamorosas ausencias para entender el respeto que les merecen esos votos. Señorías, que el Gobierno haya decidido por su cuenta y riesgo no
someterse a control alguno no es ningún secreto. Tampoco es ningún secreto que cuando su majestad el rey le encomendó al señor Rajoy intentar la formación de un Gobierno, su candidato, señorías, dijo no al rey y a todos los españoles. Y no es
ningún secreto que desde entonces ha estado escondido esperando unas elecciones que finalmente nos van a salir a todos los españoles muy caras, en dinero y en desgaste de las instituciones, pero a las que el señor Rajoy confía su supervivencia
política. Esto tampoco es ningún secreto, señorías.
Y si de secretos hablamos, recordemos también que los ciudadanos se enteran antes de ciertos secretillos inconfesables -de, afortunadamente, hoy ya exmiembros del Gobierno- por las investigaciones de la prensa que por la acción imparcial del
Ministerio de Hacienda. Si de los señores Rajoy y Montoro dependiera, el señor Soria seguiría hoy siendo ministro, mientras millones de españoles cumplen con sus obligaciones fiscales. A lo mejor, los señores Rajoy y Montoro creen que proteger los
secretos del señor Soria es proteger al Estado, pero me temo que la mayoría de los ciudadanos no comparte ese criterio. Porque tampoco es ningún secreto, señorías populares, el uso partidista que han hecho de las instituciones. El señor Montoro,
sin ir más lejos, parece creer que el Ministerio de Hacienda es su cortijo particular y que,
en lugar de usar sus recursos para el interés público, los puede poner al servicio de su partido, de su jefe o de sí mismo, y arrojar sospechas contra sus adversarios y compañeros políticos en lugar de investigar imparcialmente.
Precisamente para evitar investigaciones inconvenientes de miembros de su partido, son ustedes capaces de usar a su antojo instituciones como el Senado y la figura del aforamiento, contribuyendo aún más a minar su prestigio. Todo eso, señorías, es
impresentable, pero no es ningún secreto.
Voy acabando, señor presidente. Hace un siglo, un político conservador, Antonio Maura, pidió luz y taquígrafos a los políticos. Luz para acabar con la política en las sombras y taquígrafos para que el debate parlamentario fuera público y
transparente. En el siglo XXI, el partido conservador de esta Cámara parece que no está a la altura de su ilustre predecesor. Nosotros, desde el centro político, queremos una política sin sombras y unas instituciones fuertes y reconocidas por los
ciudadanos, y por ello votaremos favorablemente esta proposición de ley. Pero también le pedimos al resto de partidos que contribuyan al prestigio de esas instituciones o, cuando menos, que no las insulten a diario. Han costado el esfuerzo y el
dolor de muchos españoles a lo largo de nuestra historia.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ DALMAU: Bona vesprada. Buenas tardes, presidente, señorías.
Estamos aquí para hablar de uno de los temas más importantes que ha tratado el Congreso de los Diputados en la corta legislatura que llevamos, la transparencia, y más en detalle, cuál es el tratamiento que van a recibir los secretos de
Estado durante los próximos años. Estamos aquí para iniciar el procedimiento de reforma de una ley impropia de un Estado que dice llamarse democrático; un Estado que niega el derecho a conocer nuestra historia y que nos retrotrae a momentos
oscuros de este país. Estamos aquí para reformar una ley que no se merecen los días que vivimos plagados de temores, y votaremos valientemente a favor de modificar esta ley de secretos oficiales.
Decía Hobbes que el hombre vivía en permanente guerra con el hombre y que por eso el Estado, el leviatán, debía dar miedo; el miedo y yo nacimos gemelos, relata Hobbes refiriéndose al Estado. Nosotros vemos mucho pensamiento hobbesiano en
esta Cámara. Lo intuíamos antes de llegar a ella, pero ahora que hemos pasado varios meses con ustedes estamos totalmente convencidos. Algunos de ustedes aún creen que el miedo es el que mantendrá el orden. No se dan cuenta de que el paradigma ha
cambiado y de que el orden ahora lo traerá la democracia, la participación, la transparencia, la dación de cuentas, la relación del Gobierno con la soberanía popular.
Me referiré brevemente a la ley -a la que ya se ha aludido en este Congreso- que estamos queriendo reformar, aunque seguramente algunos la conocen bien. Esta es una ley que huele a naftalina. Es una ley franquista, pero no en el sentido
metafórico del término, sino en el sentido literal. Como se ha comentado, es la Ley 9/1968 y en su primera línea no se refiere a la Constitución, sino que rinde pleitesía a las Leyes Fundamentales; sí, aquellas donde se encontraba la Ley de
Sucesión a la Jefatura del Estado o la Ley de Principios del Movimiento Nacional y que, en su exposición de motivos, se refiere al control político del Consejo Nacional del Movimiento, no del Congreso de los Diputados o del Senado, sino del Consejo
Nacional del Movimiento. La única reforma de la ley se realizó meses antes de que fuera aprobada la Constitución. Pareciera que sus redactores tuvieran prisa por regular los secretos de Estado y dejarlo todo atado y bien atado antes de que hubiera
un cambio constitucional que pudiera conducir a un cambio social y a un cambio político; antes de que el constituyente incorporara artículos -se los recuerdo- como el artículo 20, que dice que se reconoce y protege el derecho a comunicar y recibir
libremente información, o el artículo 105 sobre el derecho del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado -señala el artículo-, pero en ningún momento crea una
cláusula eterna de secretismo, sino que su alcance es limitado, tiene que afectar a la seguridad y defensa del Estado ahora, no hace cincuenta años.
Y no solo es una ley preconstitucional, sino que seguramente también es una ley inconstitucional. En algunas de las pocas y accidentales oportunidades que ha tenido el Tribunal Constitucional para referirse a la Ley de Secretos Oficiales,
como la Sentencia 31/2014 o la Sentencia 111/2011 -por cierto, con relación a Rafael Vera y a Luis Roldán-, lo ha hecho intentando que los derechos fundamentales no se vieran violados por la aplicación extensa de la ley. Pero en otros casos, como
la Sentencia 118/1998, sobre un recurso de amparo presentado por 67 diputados de este Congreso, el Tribunal tuvo que atenerse
a la letra taxativa de la Ley de Secretos Oficiales y entender que, según el tenor literal del texto, podrían existir restricciones al acceso de los parlamentarios en las materias clasificadas como reservadas.
La reforma de la ley, por lo tanto, es imprescindible para facilitar el control democrático. Pero, posiblemente, si el Tribunal Constitucional realizara un estudio pormenorizado sobre la constitucionalidad de la ley, declararía muchos de
sus preceptos inconstitucionales, al entrar en conflicto con derechos constitucionalmente protegidos como el artículo 20 o el artículo 105, a los que ya hemos aludido.
¿Y qué dice actualmente la tan controvertida ley? Que no solo el Gobierno tiene la capacidad para declarar una materia reservada, sino que también lo puede hacer ¡la Junta de Jefes de Estado Mayor! ¡Un órgano que ya no existe, señorías! Esa
decisión tenía sentido cuando vivíamos en un régimen autoritario y había cosas que ocultar; cosas que ahora queremos y necesitamos saber. Hoy en día, la decisión sobre si se desclasifica o no un documento la toma el mismo órgano que la declaró
secreto. Por lo tanto, el carácter secreto se mantiene para siempre hasta que alguien entiende que determinado documento no puede seguir estando clasificado y pide su apertura. En las raras ocasiones en las que se accede a ello se hace
arbitrariamente, refugiándose en esta ley preconstitucional, y probablemente inconstitucional, que haría sonrojar al propio Hobbes, y que tiene pocas similitudes con nuestro entorno. Aquí se han mencionado algunos casos, pero cabe reiterar el caso
norteamericano, donde a través de la primera enmienda de la Constitución se ha creado jurisprudencialmente un derecho a conocer. Imagínense, ¡un derecho a conocer! En un plazo máximo de veinte años cualquier ciudadano norteamericano puede conocer
cualquier documento secreto o confidencial. También se ha hecho referencia a la legislación alemana, que entiende que no puede ocultarse ningún acto de Estado que vulnere un derecho constitucionalmente protegido. ¿Por qué negar el conocimiento de
la historia? ¿A qué temen? Nosotros no tememos a nada. Perdimos muchas cosas; entre ellas, perdimos el miedo y, por eso, nos tienen aquí, señorías, porque perdimos el miedo. (Aplausos).
Cuando este Parlamento pidió al Gobierno desclasificar documentos de entre 1931 y 1978, el ministro de Defensa, aquí ausente, negó esa petición aludiendo a que no se consideraba prioritario y a que no se disponía de los medios técnicos ni
personales necesarios para llevar a cabo -y cito textualmente- tan ardua tarea. Estamos hablando de centenares de documentos que duermen en cámaras oscuras de archivos como el de Simancas o el del Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa o el
Archivo General Militar de Madrid. Son miles de datos de nombres, de actos cometidos durante el franquismo y ya en el régimen democrático a los cuales nadie puede acceder. El conocimiento de estos documentos podría aportarnos mucha luz sobre
quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser, porque para construir nuestra historia muchos investigadores tienen que acceder a archivos extranjeros como los británicos, ya que no encuentran vías para llegar a nuestros documentos
clasificados. Porque no se trata de papeles, los papeles son materia muerta; se trata de personas, de nombres, de familias, de hombres y de mujeres, de poetas, de poetas fusilados durante la Guerra Civil y cuyos cuerpos nunca fueron encontrados;
de personas que quieren saber más sobre qué fue lo que pasó en aquel momento, si hubo torturas, si hubo malos tratos, si hubo ejecuciones extrajudiciales y quiénes estaban detrás de esas decisiones. Por tanto, el sí a la reforma para que los
documentos secretos puedan desclasificarse se lo debemos a la historia, a la verdad, a esas familias, a ese país y a su gente, porque, recordemos, nunca más un país sin su gente. (Aplausos).
Decía Cicerón que no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños, es decir, vivir en la ingenuidad, y seguramente a muchos de ustedes no les gusta mucho la historia reciente de este país o por lo menos no
quieren recordarla; prefieren vivir o que vivamos en la ingenuidad de lo que nos cuentan algunos libros de divulgación o algunos programas de televisión. Nosotros no solo queremos recordarla, sino que queremos conocerla mejor. Esa es la
diferencia entre aquellos del viejo paradigma, que niegan el acceso a la información para olvidar, y los del nuevo paradigma, que entienden que sin ese conocimiento es imposible avanzar con firmeza. No se puede olvidar lo que no se ha conocido, y
en esta Cámara hay muchos políticos del viejo paradigma. Los que hemos llegado nuevos a este Parlamento lo hemos hecho desde un nuevo paradigma, y donde algunos querían oscurantismo, nosotros queremos luz y taquígrafos; donde algunos querían
secretismo, nosotros queremos transparencia, control democrático. Queremos conocer el pasado, aquello que estamos construyendo hoy mismo. No más secretos, no más papeles reservados, no más desconocimiento de nuestro pasado. Reivindiquemos el
conocimiento de la historia como una forma de crear debate público y crecer como pueblo. Quizá no nos guste lo que lleguemos a saber, pero tendremos que vivir con ello y lo haremos a mucha honra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rallo.
El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, señor presidente.
Será la última sesión de esta legislatura corta, pero es mi primera vez; es la primera vez que subo a esta tribuna y tengo que confesar que es un honor emocionante intervenir aquí, en la sede de la representación de la soberanía del pueblo
español. Al tiempo, ante la inminente disolución de esta Cámara, no puedo dejar de compartir con sus señorías el sentimiento de frustración y de impotencia que genera la imposibilidad de que acometamos la ingente tarea de reconstrucción social,
política e institucional que los españoles nos habían encomendado. Seguro que es un sentimiento bien compartido por muchos de ustedes.
La iniciativa del Grupo Vasco que ahora debatimos es un buen ejemplo. Avanzo ya la posición favorable del Grupo Socialista a la toma en consideración de esta proposición de ley. No podría ser de otra forma, porque los socialistas venimos
apoyando todas las iniciativas que durante la última legislatura han propugnado la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Se trata de una ley -como ya se ha dicho de forma reiterada- preconstitucional -de 1968, recordaba el diputado Martínez
Dalmau-, cuyo preámbulo incluso evoca aún las Leyes Fundamentales, las Cortes Españolas, el Consejo Nacional del Movimiento. Además, es una ley antigua, tan antigua como que su reglamento de desarrollo aún hoy, en la era de la encriptación de la
información, obliga a la custodia del material secreto mediante caja fuerte o armario archivador dotado de cerraduras de combinación de disco. Sin embargo, es una ley política y constitucionalmente sensible, que fue objeto de las necesarias aunque
mínimas modificaciones para su suficiente adaptación al marco constitucional en ciernes en 1978; una ley que, tras la reforma de 1978 y la aprobación de las sucesivas resoluciones de la Presidencia de esta Cámara, ha posibilitado el acceso y el
control parlamentario de la información clasificada; una ley que, entre otras deficiencias y limitaciones, ni ha evitado los conflictos jurisdiccionales que todavía permanecen en nuestra memoria ni ha impedido la obstrucción gubernamental al acceso
a miles de documentos clasificados referidos a la Guerra Civil.
Por ello, no resulta extraño que los sucesivos Gobiernos de la democracia hayan manifestado su voluntad de reformarla e incluso han elaborado diversos proyectos. Menos comprensible es, sin embargo, que el Gobierno del Partido Popular, en
fecha bien reciente y con todo descaro, se haya opuesto no solo a la desclasificación de documentos de la Guerra Civil, sino también a la reforma misma de la ley. Apenas hace un año el Partido Popular rechazaba una iniciativa similar en el Senado
oponiéndole la reciente aprobación de la Ley de Transparencia, una ley de mínimos de transparencia, una ley de transparencia mínima, una ley con un sinfín de materias excluidas al acceso del público, una ley de transparencia que debe ser modificada
para permitir el efectivo acceso a la información y para dotar al Consejo de transparencia de un verdadero estatuto de independencia.
Por tanto, señorías, el Grupo Socialista da la bienvenida a esta feliz iniciativa del Grupo Vasco. Compartimos la oportunidad del debate y el espíritu que anima a esta ley. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).
No en vano, el acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso que sustentó el debate de investidura de nuestro candidato contemplaba este compromiso explícito. Comprobarán fácilmente sus señorías la coincidencia de nuestro compromiso con la
iniciativa del grupo proponente; en particular, con la necesidad de residenciar en exclusiva en el Gobierno la facultad de clasificar documentos y con la ineludible conveniencia de fijar plazos máximos debidamente ponderados para el mantenimiento
del secreto.
Sin embargo, la voluntad del Grupo Socialista va más lejos. Queremos una nueva ley de secretos oficiales; una nueva ley general cuya iniciativa -convendrá en ello, tal vez, el grupo proponente- debería residenciarse en el Gobierno; una
ley de secretos de alcance general que no se limite al objeto de la ley vigente, sino que cubra también supuestos previstos en otras leyes; una ley que defina con precisión las materias clasificadas. Postulamos una regulación de los secretos
oficiales que siga posibilitando el acceso parlamentario en los términos que prevean los reglamentos parlamentarios -el Reglamento de esta Cámara-, y una ley que por supuesto también contemple sanciones cuando se infrinja. Nosotros no frivolizamos
la relevancia que tiene para la seguridad y la defensa del Estado la exigencia de una ley de secretos oficiales actualizada, rigurosa y garantista, pero al mismo tiempo tampoco tenemos duda alguna de que el Estado contemporáneo admite una regulación
moderna -como nos ilustra el derecho comparado-, perfectamente compatible con las más altas cotas de transparencia y acceso público a documentación oficial originalmente clasificada. Qué difícil es imaginar que documentos clasificados hace
casi ochenta años puedan hoy afectar a la seguridad y la defensa del Estado. Igual que es difícil imaginar que, a falta de plazos de caducidad, existan protocolos de desclasificación de oficio. Más bien al contrario, más fácil es imaginar
que, a falta de normas precisas, las esferas públicas se dejen llevar por una inercia administrativa que prefiera la opacidad a la apertura y confunda la discrecionalidad con la arbitrariedad. Cuántas lecciones deberíamos haber aprendido de esa
historia de héroes y villanos que es y sigue siendo el caso Snowden.
Señorías, las democracias contemporáneas y la solidez de la arquitectura del Estado de derecho pueden permitirse una regulación de los secretos que residencie los arcana imperii en la estricta dimensión que les corresponde en una sociedad
democrática avanzada. Pero, señorías, señores diputados del Grupo Vasco, estas buenas intenciones no se van a materializar en lo que queda de legislatura. Es obvio. Esta proposición de ley será tomada en consideración hoy, es evidente, pero
decaerá exactamente dentro de una semana. Y será así a pesar de la muy alta relevancia que algunas formaciones parlamentarias de esta Cámara parecen otorgarle a la información clasificada. Al menos eso es lo que sugiere su apetencia por gobernar
nuestra defensa, nuestra seguridad y nuestros servicios de inteligencia. Como esta, tantas otras iniciativas presentadas y aprobadas en esta Cámara no prosperarán. Los ciudadanos seguirán viendo frustradas sus ansias de cambio.
Hay diputados en esta Cámara que tendrán que rendir cuentas ante los ciudadanos por haber impedido ese cambio político, por haber permitido la continuidad de un presidente y de un Gobierno en funciones que siguen avergonzando a los españoles
y por impedir el arranque de un proceso de reforma constitucional y de un programa de regeneración democrática que recupere la dignidad de nuestras instituciones. Hay diputados en esta Cámara que tendrán que rendir cuentas ante los ciudadanos por
permitir también que volvamos a unas elecciones sin reforma de la ley electoral, en las que muchos españoles que residen en el extranjero seguirán teniendo serias dificultades para votar; en las que muchos partidos políticos seguirán presentando
candidatos a la Presidencia del Gobierno sin primarias; en las que los electores no podrán manifestar su preferencia por los candidatos a diputados, y en las que el señor Rajoy -si es candidato- seguirá huyendo de los debates electorales y enviando
sustitutos. Hay diputados en esta Cámara que tendrán que rendir cuentas ante los ciudadanos por abortar el arranque de un programa de Gobierno de lucha efectiva contra la corrupción, porque no habrá más medios policiales, ni judiciales ni reformas
legales que atajen esa lacra insufrible, porque con la disolución parlamentaria de las Cámaras se impedirá al Tribunal Supremo que durante muchos meses pueda requerir el suplicatorio de la senadora Rita Barberá, gracias al cobijo que el Partido
Popular le ha proporcionado en la Diputación Permanente del Senado. Pero, eso sí, a lo mejor durante este tiempo vemos al señor Rajoy testificando por el caso Gürtel, como lo demanda su otrora avalista mayoritario el señor Ricardo Costa.
Termino, señora presidenta. Hay diputados en esta Cámara que van a tener que explicarles muchas cosas a los ciudadanos. Cada vez es más evidente que el proyecto político y personal de algunos era y es asaltar los cielos. Es fácil intuir
que el asalto a los cielos resulta una tarea tan hercúlea como etérea. Soñar el paraíso terrenal necesita su tiempo y parece que a quienes aspiran a ese asalto les sobra el tiempo. Desgraciadamente a los españoles no les sobra el tiempo. A los
socialistas no nos ha faltado nunca ni nos falta capacidad de ilusión y pasión para imaginar un futuro mejor, pero no estamos aquí solo para soñarlo, estamos para construirlo, para trasformar la realidad y hacerla más justa, no desde tertulias y
platós de televisión, sino desde el Boletín Oficial del Estado, que es desde donde de verdad se satisfacen las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Rallo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Saleroso, señor Esteban, tendremos que decir en vista de sus referencias a nuestro portavoz. Debo anunciarle que no vamos a apoyar su proposición. No nos oponemos a una eventual reforma de la Ley de Secretos Oficiales, pero no parece que
la vía para afrontar este debate sea el parcheo, sea mucho más remiendo que reforma, que es lo que nos ha traído hoy a debate en este último momento de la legislatura.
Compartimos que la norma básica en relación con la actividad ordinaria de un Estado democrático es la publicidad, publicidad que encuentra su garantía en el artículo 9 de la Constitución y que es clave para instaurar una cultura de la
transparencia. Hoy, tras el impulso del Gobierno del Partido Popular, España cuenta con la Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que
avanza y profundiza en las obligaciones de publicidad activa por parte de las administraciones públicas. Por tanto, este es el principio y hoy lo que debatimos es la excepción, las materias susceptibles de ser sustraídas al principio
general de publicidad en los términos de los artículos 8.1, 104.1 y 105.b) de la Constitución, es decir, los que afectan a la seguridad y defensa del Estado. En todo caso, señor Esteban, habrá visto que no ha tenido mucho éxito en el planteamiento
del debate, quiero decir que la mayoría de los portavoces han utilizado el debate para otras cosas. Algunos tenían poco que decir sobre el fondo de la cuestión o poco que reparar y se han dedicado a la precampaña. Habrá que rendir cuentas a los
ciudadanos, es verdad, lo decía el portavoz del Grupo Socialista, algún grupo -quizás el suyo- más que otros, por cierto, pero lo cierto es que hoy teníamos que debatir esta cuestión.
Desde Ciudadanos, en vez de debatir sobre secretos oficiales, nos han pedido respeto a la democracia. Pide respeto a la democracia el mismo grupo que hace pocas fechas pretendía colocar al frente del Gobierno de España quizá a algún
pariente del señor Rivera, en vez de a quien había ganado las elecciones, que era el señor Rajoy; o nos pedían respeto a las instituciones aquellos que en las últimas fechas hemos sabido cómo manejan los fondos de sus grupos municipales para otros
usos o cómo piden facturas duplicadas en sus campañas electorales: todo ejemplar hablando de respeto a la democracia y de respeto a las instituciones. (Aplausos).
Por supuesto, otros han venido aquí hablando de secretos oficiales; quizá de transparencia nos podían hablar tomando ejemplo de la teocracia de los ayatolás, quizá de publicidad podrían hablarnos tomando ejemplo de esa administración
venezolana a la luz de las velas, pero lo cierto es que hoy tendrían que haber comenzado por explicarnos la vergüenza que nos han hecho pasar a todos los españoles paseando a Otegi por el Parlamento Europeo en las últimas horas. (Aplausos).
En todo caso yo sí voy a hablar del fondo del debate, del fondo de la cuestión, por respeto sobre todo al proponente, y ciertamente voy a recordar que la excepción al principio de transparencia es lo que ha traído hoy a colación el señor
Esteban. La Ley de Transparencia precisamente prevé esa excepción, también la Ley sobre reutilización de la información del sector público y la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, que entrará en vigor próximamente el 2 de octubre.
Nuestra posición sobre este tema es clara. No nos parece oportuno abordar una reforma parcial o un parcheo de la Ley de Secretos Oficiales. Es una materia reglada, con la suficiente importancia y trascendencia como para dejarnos de remiendos. Lo
lógico es abordar la ley en su conjunto, a lo que sí estamos dispuestos, con su correspondiente desarrollo reglamentario; una reforma acorde con los tratados internacionales que regulan el intercambio y la protección de información clasificada y
que sea coherente con las diferentes normativas sectoriales implicadas; una reforma, por tanto, señor Esteban, sin gateras y sin puertas traseras destinadas a desvirtuar el alcance y aplicación de la ley. En esto, en gateras y puertas traseras, me
reconocerá que su propuesta abunda y mucho. Ustedes han querido innovar y simplificar. No se trata de una materia a la que su grupo haya dedicado mucha atención por cierto en las últimas legislaturas, pero ahora parece que han querido desbordar
cualquier propuesta anterior y sobre todo apartarse de la línea de anteriores acuerdos parlamentarios, como veremos.
Recientemente, en marzo, Podemos planteaba una iniciativa en la que se hablaba de un plazo de entre veinticinco y treinta años para la desclasificación de documentos históricos; treinta años prorrogables era la propuesta de La Izquierda
Plural en la pasada legislatura y treinta prorrogables a cincuenta la del Grupo de Entesa en el Senado. Otros, como Convergència i Unió, no fijaban plazo, por cierto. Antes no sé qué han dicho, pero lo cierto es que no fijaban plazo en la
propuesta que hicieron en 2013. Hoy el PNV nos propone veinticinco años y desclasificación automática con pocas excepciones. Nosotros creemos que, lejos de mantener la coherencia del sistema, su proposición podría desarticular el régimen de
materias constitucionales sustraídas a principios de publicidad. Como digo, ustedes plantean la desclasificación automática, pero es que hay materias a las que seguiría sin ser posible el acceso, a pesar de que su calificación haya sido cancelada.
Así lo prevén las normas que antes he dicho, incluida la Ley de Transparencia, al entrar otros valores en juego. Sucede aquí y sucede en otros países. Se ha hablado de Estados Unidos. Pues en Estados Unidos también hay notables excepciones a la
regla general que todos conocemos.
Hay cuestiones, señor Esteban, que no pueden tener fecha de caducidad, que solo deben desclasificarse cuando el órgano clasificador lo considere adecuado. Pensemos en la ubicación de depósitos de municiones o en arsenales, en el
funcionamiento de armas o equipos, en naves o aeronaves con largos periodos de servicio, por ejemplo. O sea, la desclasificación automática suena bien, está bien para simplificar, pero resulta que la realidad es más compleja, tiene más matices y
por ello vemos más oportuno,
en vez de la caducidad automática, establecer la revisión obligatoria transcurrido un plazo, es decir, analizar en cada caso las implicaciones para la seguridad y defensa nacional y decidir entonces sobre la recalificación o la
desclasificación de la documentación. Es más complejo, incluso prolijo, señor Esteban, pero es acorde a los antecedentes más inmediatos en esta misma Cámara, que quizá se han querido desconocer. Así lo acordamos en Comisión en 2014 a propuesta de
La Izquierda Plural, transada con el Grupo Socialista y con el Grupo Popular, hacer inventario, análisis y selección de los documentos clasificados anteriores al año 1968 susceptibles de desclasificación por el Consejo de Ministros, todo ello con
carácter previo al acceso público. Ese fue el acuerdo en 2014 y nosotros creemos que actuar así sigue siendo más lógico, tan lógico como lo era hace dos años, y nos evitaría otras incoherencias de su propuesta, por ejemplo, desclasificar
automáticamente documentos secretos o reservados y no hacerlo con documentos confidenciales o de difusión limitada, que también existen por ejemplo en defensa o en industria, aunque el PNV haya preferido evitar este debate. (El señor Esteban Bravo
pronuncia palabras que no se perciben). No lo ha citado usted, le he oído, no lo ha citado. Ustedes, con su proposición, lo que harían sería desclasificar documentos con el más alto grado de protección de forma automática, mientras que se
mantendrían al margen de la publicidad documentos con protección inferior. (El señor Esteban Bravo: Lee, lee). Le he oído todo, señor Esteban. En todo caso, lo dicho, propuestas simples no permiten abordar realidades y normativas complejas. Por
eso nosotros preferimos una reforma de la totalidad de la ley y no un parcheo de la ley.
Tenemos también una discrepancia de mayor calado en otra puerta trasera de su propuesta, un elemento que permite drenar, sustraer materias clasificadas al amparo de la Ley de Secretos Oficiales. Me refiero a la desclasificación automática
de las materias clasificadas a las que accedieran el Congreso o el Senado en sesión no secreta. Serían las propias Cámaras las que, vía Reglamento, tendrían la posibilidad de vulnerar esa protección que ofrece la clasificación de la materia. Es,
pues, una forma apenas velada, digámoslo claro, de desclasificación que abriría la posibilidad de divulgación a la opinión pública sin otras consideraciones. Nosotros creemos que, en todo caso, el acceso a cualquier información clasificada por
parte del Congreso o del Senado debe ser siempre en sesión secreta. Es lo que se corresponde con información sensible para la seguridad y defensa nacional. Lo impropio, lo chocante sería que instituciones ajenas a la decisión de clasificar una
materia pudieran propiciar su desclasificación sin otras consideraciones. No estamos de acuerdo en que la convocatoria de sesión abierta baste para desclasificar una materia, sin evaluar riesgos, obligaciones internacionales, necesidades de
confidencialidad o tantos aspectos que se toman en cuenta antes de la clasificación. Una vez más, señorías, lo fácil, el trazo grueso, el brochazo a la norma sin contemplar el conjunto de la normativa tiene efectos poco deseables.
De este mismo defecto adolece también -y termino- la supresión que proponen del artículo 10.3. Este apartado prevé que las materias clasificadas lleven consigo una anotación, en la que consta tanto esta circunstancia como la calificación de
secretos reservados según el grado de protección acordado, pero lo que nos propone el PNV es simplemente la supresión. No lo han argumentado, no han hablado de ello. Nosotros entendemos que mantenerlo en nada perjudica y que evita la divulgación
por puro y simple desconocimiento. Es una práctica habitual en la mayoría de los países europeos, también en los ejércitos de la Alianza Atlántica y, por supuesto, siempre es posible añadir la nota de desclasificación una vez producida esta. Es
más complejo, insisto, pero también es más acorde con la realidad compleja que estamos tratando.
Por todas estas razones, sin oponernos a la reforma del conjunto de la ley, sí nos opondremos a la toma en consideración de la proposición parche planteada hoy por el PNV.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Barreda.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA DEROGACIÓN DE LAS REFORMAS LABORALES DE 2010 Y 2012 QUE AFECTAN Y MODIFICAN EL TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. (Número de expediente 162/000114).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos al punto tercero del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 que afectan y modifican el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra, por siete
minutos, la señora Bescansa.
La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: Buenas tardes, señoras diputadas y señores diputados.
La inminente disolución de las Cortes tal vez convierta este Pleno en un dintel de esos momentos históricos en los cuales todo lo sólido se desvanece en el aire; pronto lo sabremos. La ausencia de un Gobierno de cambio y progreso ha
transformado en efímera la tramitación de la ley 25, de rescate ciudadano, ha dejado en el cajón la paralización del calendario de no aplicación de la Lomce y, en definitiva, ha pasado a mejor vida todo el trabajo que hemos realizado desde el día 13
de enero. Creo que no me equivoco si afirmo que en estos últimos cuatro meses todas las personas que estamos aquí hemos dedicado mucho tiempo a analizar la situación política de nuestro país y a proponer, en la medida de lo posible, cada uno desde
nuestro lugar, posibles soluciones. No voy a empezar esta intervención con un debate sobre quién ha tenido la culpa de que ahora estemos así. Creo que la gente tiene elementos de juicio más que suficientes para sacar sus propias conclusiones,
pero, desde hace unas semanas, cada vez que pienso en la situación política de mi país, me asalta una historia, una obra maestra del cine que, a mi juicio, describe muy bien lo ocurrido en los últimos meses. Y como todo lo que estamos haciendo hoy
dentro de una semana desaparecerá, permítanme que les cuente esta historia en esta tarde de primavera.
En esta historia, un grupo de burgueses es invitado a una cena en una mansión después de asistir a la ópera. Tras la cena, los sirvientes y los cocineros se sienten muy incómodos y tienen muchos deseos de marcharse de la mansión y se van
corriendo. Sin embargo, los invitados, de repente, no son capaces de salir del salón, aunque aparentemente no hay nada que los retenga allí, y, a medida que van pasando los días, los alimentos empiezan a escasear, los anfitriones y los invitados
empiezan a enfermar, se acumula la basura, no tienen donde dormir. A partir de ese momento -que tal vez se parezca a las 23:59 horas del 2 de mayo-, la etiqueta y las buenas maneras de los invitados y los anfitriones saltan por los aires y
empiezan a comportarse como fieras salvajes. Finalmente, pasadas muchas semanas, los invitados se dan cuenta de que para salir de la mansión solo tienen que hacer una cosa: abrir la puerta. (Rumores). Muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta
de que estoy hablando de esa obra maestra de Luis Buñuel titulada El ángel exterminador.
Compañeras y compañeros socialistas que militasteis en la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país, para salir de la casa de Ciudadanos solo tenéis que hacer una cosa: abrir la puerta.
(Rumores.-Aplausos). Para salir de la casa de Ciudadanos solamente tenéis que abrir la puerta, y al otro lado os estaremos esperando para conformar el Gobierno de progreso y de cambio que necesita nuestro país. (Varios señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.-Aplausos). Al otro lado os estaremos esperando para conformar el Gobierno de cambio y progreso que necesita nuestro país, un Gobierno que garantice que la gente tiene un trabajo digno, el derecho de la gente a que le
paguen las horas extraordinarias, un Gobierno que garantice que se pueden negociar colectivamente las condiciones de trabajo, un Gobierno que garantice una indemnización justa cuando te despiden, un Gobierno que te garantice que tienes un contrato
indefinido cuando tu trabajo es indefinido y que no tienes por qué ser autónomo si tu trabajo no es de autónomo, en definitiva, un Gobierno que garantice el derecho de la gente a tener un trabajo digno y a no tener miedo a quedarse sin él.
Cada uno de nosotros tiene sus razones para estar aquí. La gente con su voto nos metió dentro de de las instituciones, dentro del Congreso, y nos ha dicho muchas veces lo que tenemos que hacer. Personalmente he hecho mía una de esas cosas
que a lo largo de la campaña desde que iniciamos Podemos la gente en la calle no ha dejado de repetir: Derogad la reforma laboral. Cuando lleguéis, derogad la reforma laboral. (Aplausos). Derogad la reforma del PP y derogad la reforma del PSOE.
Derogad las reformas laborales que nos han dejado sin derechos. (Aplausos). Curiosamente, los autores de las reformas laborales, la del PP y la del PSOE, insistieron en que blindar normativamente el derecho a despedir -ojo, que digo el derecho a
despedir, aunque se parezca en su sonoridad a otra cosa- era la mejor herramienta para crear empleo. Jamás una falacia tan burda vestida de paradoja ha resultado tan cruel y tan falsa.
Las condiciones de trabajo en España son durísimas, de las más duras de entre los países de nuestro entorno, y desde que se pusieron en pie las reformas laborales, la del PSOE y la del PP, no han hecho más que empeorar. Entre el año 2008 y
el año 2013 se destruyeron 1.300.000 empleos indefinidos y 1.400.000 de empleos temporales, pero cuando en 2015 se incrementó el número de empleos en medio
millón, la Seguridad Social ofreció el peor resultado de su historia o uno de los peores. ¿Cómo puede ocurrir eso? Eso ocurre porque la contratación en España es precaria y temporal, porque que haya más gente trabajando no significa que en
la Seguridad Social haya más ingresos. El 92 % de los contratos que se firmaron en el año 2015 fueron temporales. En España se contrata por poco, se trabaja mucho y se cobra mal. Entre 2010 y 2014 los salarios reales en España cayeron un 4 %. El
34 % de los trabajadores recibe un salario equivalente al salario mínimo interprofesional y el 50 % gana menos de 900 euros. Se echan horas extra en todos los sectores, pero no se pagan. Los informes de Comisiones Obreras, sí, de Comisiones
Obreras, dicen que el 56 % de las horas extra en este país no se pagan.
Las reformas laborales, las del PP y las del PSOE, liberalizaron de facto el despido, redujeron los días de indemnización y ampliaron las causas para poder llevarlo a cabo. Redujeron la capacidad de la gente para poder negociar
colectivamente las condiciones de su trabajo, petrificaron la temporalidad y garantizaron a todo el que quiera contratar que puede hacerlo y deshacerlo cuando quiera y en las condiciones que quiera. Las reformas laborales en España han sido y
siguen siendo la causa de muchas y muy graves tragedias personales y familiares. En definitiva, las reformas laborales en España, las que promovieron ustedes y las que promovieron ustedes (Señala los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y del Grupo Parlamentario Socialista) han sido una desgracia para la gente.
Podemos nació para cambiar este estado de cosas, para eso vinimos aquí, para recuperar nuestros derechos, para acabar con el fraude laboral, también con el fraude fiscal, también con los lavaderos de dinero, para que nunca más se aprueben en
España normas que cercenan de manera tan cruel y violenta los derechos de la gente que trabaja y para todo eso, compañeras y compañeros socialistas, nos encontraréis tan pronto toméis esa decisión, la de abrir la puerta. Al otro lado os estaremos
esperando para poner en pie un Gobierno de progreso y de cambio.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Bescansa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: La señora Bescansa ha planteado hoy su iniciativa, muy dirigida al Grupo Socialista, con una sensación de que asistíamos a una lucha por la hegemonía del campo de la izquierda, legítima en términos partidistas,
pero que quizá no nos permite tener una discusión a fondo sobre la cuestión que nos plantean. Además, si reducen su posición sobre la situación del mercado de trabajo a un eslogan -derogar la reforma laboral- no nos están contando nada, porque si
esta legislatura tuviese recorrido y la Cámara les hiciese caso y derogásemos las reformas laborales aprobadas desde 2010 hasta 2016, más allá de los problemas jurídicos que podrían existir, llegaríamos a la conclusión, según ustedes, de que el
marco normativo existente antes de 2010 era un paraíso. Usted, señora Bescansa, sabe que eso no es cierto, ¿no? El marco existente en 2010 no impidió que miles de empresas tuvieran que cerrar y que millones de personas perdieran su empleo. Y si
dice que lo que había antes tampoco, no sabremos nunca si el modelo de relaciones laborales que ustedes defienden es el modelo de 1980, quizá sí; tampoco lo creo. Tampoco creo que lo que hubiera antes del año 1980, del siglo pasado, sea su modelo.
La cuestión de fondo, que no podemos resolver ni mucho menos en el debate de esta tarde -no es un debate exclusivamente del Estado español, aunque en el Estado español tiene características muy propias-, es cómo hacemos compatible el papel
tuitivo del derecho del trabajo, fundamental y esencial para garantizar la seguridad de los trabajadores, con la capacidad de competir por parte de nuestras empresas en la economía global. Es el gran debate que en estos momentos se plantean todos
los países de nuestro entorno. Nuestra intuición, sin conocer cuál es la alternativa que nos plantea Podemos, por cómo lo cuentan, es que difícilmente los países que en Europa tienen éxito en combinar una alta protección social y una capacidad de
estar integrados en las economías globales con éxito responden al modelo de Podemos. Tenemos esa convicción. Nos podemos equivocar y el día que conozcamos la alternativa de Podemos en materia de empleo quizá podamos discutir más a fondo.
Sabemos que tenemos un problema de desempleo estructural. ¿Cómo puede ser que en pleno crecimiento económico el Estado español tenga un desempleo del 18 %? Tenemos una economía que cuando crece es capaz de crear empleo, pero que cuando
entra en recesión lo destruye de manera masiva, y hemos tenido al menos hasta 2010 un sistema de relaciones laborales que no daba alternativas
a las empresas al despido y muchas empresas, por los costes del despido, especialmente pequeñas y medianas empresas y microempresas, se veían obligadas a cerrar. Es cierto -quizás aquí podríamos tener un punto de coincidencia con ustedes-
que si en 2010, 2014 y 2015 ha tenido sentido una política de mejora de la posición competitiva de la economía española por la vía de los ajustes salariales, que era el centro de las reformas laborales y que merecía una crítica por injusta, hoy
sabemos también que la recuperación económica no se puede sustentar en un modelo basado en la competencia por la vía de los salarios. Democràcia i Llibertat defiende con mucha convicción la subida del salario mínimo interprofesional como un
elemento para corregir esa situación, pero al mismo tiempo estamos convencidos de que necesitamos un marco de relaciones laborales flexibles. Usted citaba a Comisiones Obreras. En las reformas laborales de los años noventa Comisiones Obreras
asumió que el coste del despido era un factor que impedía la contratación de manera indefinida. ¿Comparten o no comparten esta idea? ¿O comparten la idea de que hacer más caro el despido facilita la contratación indefinida? No creo que para los
pequeños empresarios a los que ustedes se dirigen algunas veces o para los microempresarios esa sea la respuesta.
La propuesta que le formulamos desde Democràcia i Llibertat es alcanzar un amplio acuerdo en esta materia con los interlocutores sociales, alcanzar un nuevo pacto social que nos permita marcarnos esos dos grandes objetivos: un sistema de
relaciones laborales que garantice la seguridad en el siglo XXI, no con las ideas del siglo XX, y que haga posible que el tejido económico pueda competir en la economía global. Ojalá en los próximos tiempos podamos discutir menos sobre eslóganes y
más sobre leyes y sobre políticas concretas. Hoy no les podemos apoyar en esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Faba.
La señora FABA DE LA ENCARNACIÓN: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Sin duda, los datos de desempleo y precariedad laboral en España son alarmantes, como lo vienen siendo desde hace décadas con Gobiernos de uno y otro signo. Recordemos: 18 % de paro de media con Gobiernos socialistas y con Gobiernos
populares. Este es el problema que principalmente preocupa a todos los españoles. Por tanto, el fomento del empleo y una mejor regulación del marco de relaciones laborales ha de ser y es desde luego para Ciudadanos una prioridad.
La iniciativa que esta tarde debatimos y que nos trae el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea propone no solo derogar la reforma laboral de 2012, obra del Partido Popular, sino también la anterior reforma del año 2010 debida al
Partido Socialista. Desde luego, en Ciudadanos no necesitamos que vengan sus señorías de Podemos y confluencias a explicarnos que ambos modelos laborales, el del Partido Popular y el del Partido Socialista, han fracasado, que vienen fracasando
desde hace décadas y que se traducen ambos en una idéntica cifra de paro, el 18 %, y de precariedad también. En Ciudadanos lo sabemos perfectamente -no hace falta que vengan a recordarlo- y por eso no nos conformamos con el fracaso, sino que
proponemos un cambio de marco en el mercado laboral, uno que permita reducir el desempleo con una economía más dinámica, uno que a la vez ofrezca protección igual para todos los trabajadores y la posibilidad de conservar sus derechos a lo largo de
su carrera profesional, aunque cambien de puesto de trabajo, con medidas como la reducción del número de contratos y la lucha contra la dualidad laboral, medidas como el fondo o mochila austriaca que permite acumular derechos en una cuenta personal
del trabajador, medidas para fomentar la estabilidad laboral como el sistema de bonus-malus que premia o penaliza a las empresas en función de su abuso de la temporalidad y la rotación de trabajadores, y un énfasis muy particular en políticas
activas de empleo eficientes y bien financiadas, medidas todas ellas que atestiguan la centralidad que el empleo tiene para nosotros y medidas, por cierto, que Ciudadanos consiguió que se recogieran en el acuerdo de reformas firmado con el Partido
Socialista y que no se podrán poner en práctica de manera inmediata gracias a la intransigencia y el personalismo que se ha manifestado en ambos extremos ideológicos.
Frente a estas propuestas y este espíritu constructivo que creo que mi grupo ha demostrado en todo momento, lo que hoy nos encontramos aquí es una iniciativa propagandística que meramente pretende la derogación de las dos últimas reformas
laborales sin proponer ningún modelo alternativo, ni una sola idea realista sobre cómo mejorar nuestro desastroso mercado laboral. Porque además, señorías, conviene precisar que la derogación de las normas vigentes referidas no tendría el efecto
que hace revivir la regulación anterior, y eso es así fundamentalmente porque el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores vigente ya no es el que aquellas normas modificaron, sino que ahora rige el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado en octubre de 2015. En suma, lo que se nos presenta hoy es una iniciativa de dudosa fundamentación técnica, que no soluciona ni un solo problema de los que tenemos todos los españoles y
que además trasluce una total falta de ideas y de capacidad para afrontar los retos que hoy en día se presentan en nuestro mercado de trabajo. La derogación propuesta no lograría en modo alguno el crecimiento de los niveles de empleo en España.
Tampoco se ve de qué manera piensan las señorías del Grupo Podemos que su afán derogador va a mejorar la situación de los millones de trabajos precarios, habida cuenta de que el porcentaje de contratos basura en España está estabilizado desde hace
décadas en torno a un tercio; repito, el mismo modelo fracasado que PSOE y PP han compartido antes y después de 2010 y 2012.
Por tanto, y dado que en Ciudadanos creemos que nuestra actuación política debe servir a las necesidades reales de los españoles y no al mero postureo ideológico o propagandístico, no contemplamos la mera derogación ni volver a ningún
sistema anterior. Quién sabe, quizás sus señorías de Podemos sienten nostalgia del franquista Fuero del Trabajo. (Protestas.-Aplausos). Contemplamos definir un nuevo marco de relaciones laborales; un nuevo marco que tenga como objetivos
fundamentales la lucha contra la precariedad y el paro -sobre todo el de larga duración- y el impulso de las políticas activas de empleo. Para ello proponemos impulsar un proceso de negociación entre los principales interlocutores sociales que
culmine en el plazo de un año con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, un nuevo estatuto que recupere su naturaleza originaria: carta de garantía de los derechos laborales. En este sentido, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha
formulado su enmienda, una enmienda que recoge lo sustancial del acuerdo de reformas firmado en su momento con el Partido Socialista y que esperamos sea respaldada por el Grupo Parlamentario Podemos y por el resto de grupos de la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Faba.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Fernández.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías de Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Bescansa, ni el Primero de Mayo de este año, ni mañana, 28 de abril, que es el día que reivindicamos la salud y la seguridad en el trabajo, habrá un Gobierno que derogue reforma laboral
alguna, ni la de 2010 ni la de 2012, que es la que todos queremos derogar. No habrá ese Gobierno porque, señorías de Podemos, ustedes dicen ser de izquierdas, pero yo empiezo a dudar que lo sean, ya que mi abuelo y mucha gente de izquierdas de
verdad no entienden que un partido de izquierdas deje gobernar al Partido Popular. (Aplausos). Ustedes han perdido una oportunidad histórica para que nuestro país tuviera un Gobierno de cambio y de progreso; un Gobierno que antepusiera el
bienestar y la felicidad de la ciudadanía al enriquecimiento de unos pocos; un Gobierno que cambiara de raíz las políticas de sufrimiento -porque son políticas de sufrimiento- que estos cuatro años ha impuesto el Partido Popular a los trabajadores
y a la ciudadanía en general; un Gobierno que persiguiera el trabajo con derechos y no la precariedad; un Gobierno que apoyara la negociación colectiva y la subida de salarios, y no la devaluación salarial y el autoritarismo en la empresa; un
Gobierno, en definitiva, que hiciera realidad las cláusulas del Estado social y democrático de derecho que todavía es nuestro país, y no banalizara sin escrúpulos, como ha hecho el Partido Popular, los derechos sociales que todavía reconoce nuestra
Constitución.
Señorías, los socialistas sí queremos -lo digo alto y claro: sí- derogar las normas laborales que han supuesto un recorte de los derechos de los trabajadores. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Hemos sido
los socialistas, señora Bescansa, señorías de Podemos, los que primero propusimos a la ciudadanía recuperar un acuerdo básico entre trabajadores y empresarios para elaborar un estatuto de los trabajadores -esa fue nuestra primera propuesta- que
fuera una carta no de los derechos perdidos sino de los derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. (Aplausos). ¿Hay que derogar? Sí, las normas que han recortado los derechos, de acuerdo. Pero quiero decirles
una cosa, señorías de Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Partido Socialista y el Partido Popular nunca hemos sido iguales en nuestras políticas de empleo ni en muchas otras cosas y nuestras reformas laborales jamás, jamás han sido iguales. Los
socialistas no eliminamos la autorización administrativa en los despidos colectivos, que ha hecho que hoy los empresarios puedan despedir a su antojo. Los socialistas no lo hicimos, señorías. Los socialistas no eliminamos la indemnización por
despido de los salarios de tramitación, que ha abaratado y facilitado el despido de miles de trabajadores de nuestro país, hasta 5 millones de trabajadores de nuestro país. Los socialistas no lo hicimos, señorías. Los
socialistas no eliminamos la ultraactividad de los convenios colectivos, como ha hecho el Partido Popular con el apoyo de Democràcia i Llibertat, que ha llevado al limbo jurídico a más de 3 millones de trabajadores, que ha sumido en la
inseguridad jurídica, señorías del Partido Popular, a miles de empresarios de nuestro país y que ha provocado la jubilación forzosa e injusta de algún magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. No; no lo hicimos los socialistas, ni
consignamos la prioridad absoluta y sin cortafuegos del convenio colectivo en la empresa, que hoy se está utilizando para bajar los salarios de los trabajadores, entre ellos los de las camareras de piso, que estuvieron el otro día en esta Cámara.
No lo hicimos los socialistas, señorías. (Aplausos). Ni los socialistas nos inventamos -el Partido Popular sí- un falso contrato indefinido, que es en verdad un contrato temporal de un año, donde el despido es libre y sin indemnización alguna,
como acaba de decirnos, y de denunciar al Partido Popular, la Organización Internacional del Trabajo y el Comité Europeo de los Derechos Sociales. Así que, señorías, deroguemos, sí, cuando tengamos Gobierno, y espero que de izquierdas, las normas
que sean lesivas para los derechos de los trabajadores, pero no vamos a aceptar que ustedes digan que todos somos iguales y que todas las reformas laborales son lo mismo, porque no lo son, señorías de Podemos-En Comú Podem-En Marea. No lo son.
(Aplausos).
Y, sí, señorías del Partido Popular, hay que derogar su reforma laboral, por muchas y muy poderosas razones. La primera es porque fue impuesta a los trabajadores y a los empresarios de nuestro país. Es la primera vez en la historia de
nuestra democracia que un Gobierno legisla contra un acuerdo de diálogo social. Hay que derogar su reforma laboral, señorías del Partido Popular, por los millones de trabajadores que hoy sufren contratos precarios que duran, cuando más, cincuenta y
tres días y, cuando menos, tres días. Ustedes, señorías del Partido Popular, no han creado tanto empleo como dicen. Los descensos de paro se deben más bien a desilusión, a deserciones de la población activa, y los contratos que se firman, hasta
diecisiete millones de contratos precarios el año pasado, obedecen al reparto del poco trabajo que existe. Han multiplicado como si fueran panes y peces un contrato...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, tiene que ir finalizando.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Voy terminando, señoría. Diez segundos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Han multiplicado, como si fueran panes y peces, un contrato de ocho horas por dos contratos de cuatro horas y por cuatro contratos de dos horas. Hay que derogar su reforma por los más de 2,5 millones de
trabajadores pobres de nuestro país. Hay que derogar su reforma por los miles de trabajadores jóvenes que hoy están fuera de su país. Hay que derogar su reforma por los miles de mayores de cincuenta años que no tienen esperanza de volver a
trabajar. Hay que derogar su reforma por los miles de mujeres que cobran un 24 % menos de salario que sus compañeros varones. Pero, sobre todo, señorías del Partido Popular, hay que derogar su reforma porque han convertido el trabajo digno y con
derechos en poco menos que un privilegio, una utopía o un sueño.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, tiene que terminar.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Señoría, termino ya.
Y por eso, señorías, porque trabajar es un derecho y no una utopía, hay que derogar, sí, señorías de Podemos, la reforma laboral del Partido Popular.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rodríguez.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos.
Desde Nueva Canarias lo primero que tenemos que decir es que si hay un tema sobre el que merece la pena traer una proposición no de ley a esta Cámara es precisamente este, la necesidad de recuperar derechos laborales, de recuperar el empleo
digno, etcétera. Estamos absolutamente de acuerdo, porque yo provengo de una tierra, que es Canarias, que está en una tasa de desempleo del 27 % y con unos indicadores de pobreza absolutamente inaceptables. Por eso hemos peleado duramente contra
el retroceso de los derechos laborales que supuso el conjunto de decisiones de la legislatura anterior.
Muchísima gente de esta Cámara combatió con toda la energía de que fue capaz, pero con poco éxito, por impedir un retroceso en los derechos laborales sin precedentes en la reciente historia democrática española.
Ahora bien, una vez que hemos escuchado a la señora Bescansa y hemos leído la proposición no de ley con detenimiento, la primera pregunta es: ¿Y para qué traen esta proposición no de ley? ¿Cuál es la intención? Si la intención es de
verdad tratar de generar aquí un consenso para que -a pesar de que vaya a ir al archivo 13 todo lo que se decida en esta melancólica sesión que estamos celebrando hoy- se quede ahí como un valor a defender por todos en el futuro, entonces habría que
haber hecho un esfuerzo mayor en la redacción de la PNL. Es una proposición no de ley que adolece de deficiencias técnicas muy importantes, ya se le han señalado. Si lo que de verdad se pretende es derogar el Estatuto de los Trabajadores e ir a
uno nuevo, entonces era necesario haberlo hecho de otra manera. Si lo que se pretende es meter el dedo en el ojo al conjunto de la Cámara, entonces no se está tratando de alcanzar un acuerdo; se está tratando de hacer otra cosa. (Aplausos). Por
ese motivo, lo que nos preguntamos es: ¿No será que está tratando de hacer un ensayo de precampaña electoral con un asunto de esta gravedad? Si es así, tengo que decirle que a nosotros eso nos parece absolutamente inconveniente. Nos parece mal.
A nueva Canarias le parece mal esto porque el asunto es de tal relevancia y tal trascendencia que si de verdad lo que se pretende es cambiar las cosas, al menos es necesario escribirlo con precisión. Como a mí me gustaría pensar que no estamos en
un acto de precampaña, sino que se está tratando de verdad de dejar una proposición no de ley que sirva de guía para que -confiemos- el Gobierno de izquierdas que salga de las próximas elecciones lo llevé a cabo, si es esto lo que se está tratando
de hacer, entonces debe leerse con atención las enmiendas que se han formulado por parte de los distintos grupos. En concreto, tengo aquí la del Grupo Socialista, que creo que es una enmienda absolutamente asumible porque tiene lo suficiente de
genérico y lo suficiente de concreto para permitirnos a todos trabajar. Si de lo que se trata es de aprovechar esta última y melancólica sesión para iniciar la campaña electoral, entonces, de verdad, creo que lo deberían haber hecho ustedes con
otro asunto menos grave que el que realmente se está tratando de abordar.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.
Señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias. Arratsalde on, buenas tardes.
Las diferentes reformas laborales aplicadas en los últimos años por PP y PSOE han supuesto seguir avanzando en la misma dirección, ahora bajo el pretexto de la crisis. La del PSOE permitió que CEOE, UGT y Comisiones Obreras decidieran en
Madrid todos los convenios, dejando sin efecto los territoriales; clara apuesta por la estatalización y pérdida de poder decisorio de los territorios. La del PP, la más agresiva, ha supuesto un desequilibrio total de las relaciones laborales,
priorizando el acuerdo de empresa y no los convenios colectivos. Ello ha proporcionado un mayor margen de maniobra a la patronal, que cuenta con más instrumentos para lograr mayores beneficios a costa de la reducción de los costes salariales y, por
tanto, a costa de mayor precariedad y pobreza. Además de debilitar el valor de la negociación colectiva, no han creado empleo y han traído un aumento de los contratos temporales o a tiempo parcial, tan extendidos en el caso de los jóvenes y las
mujeres, los que más están sufriendo las consecuencias de las nefastas políticas que se están implementando. Y es que por medio de las reformas laborales se está acumulando el beneficio del crecimiento económico en unas pocas manos, mientras se
extiende la pobreza entre cada vez más personas; también entre quienes tienen empleo. Esas son las consecuencias de las políticas de austeridad, de reformas laborales y de rescate a la banca, que dejan a la clase trabajadora sin protección y sin
futuro por cuanto que no se apuesta realmente por la inversión productiva, que se ha reducido a mínimos, ni se apuesta por una verdadera política industrial, y se limitan los recursos destinados a la investigación y al desarrollo. Ni se apuesta por
el tejido productivo que garantice la riqueza del futuro, ni se destinan los recursos a las personas más necesitadas. La inversión en políticas activas ha disminuido un 30 % y desde el inicio de la crisis la tasa de cobertura del desempleo ha caído
a su nivel más bajo; el porcentaje de desempleados que no cobra subsidio alguno se ha duplicado, llegando al 45 %.
Por tanto, señorías del Grupo Socialista, no serán iguales, pero las reformas son complementarias, y nosotros y nosotras apoyamos la necesidad de derogar todas ellas -unas reformas laborales impuestas- y realizar políticas que apuesten
realmente por la creación de empleo de calidad, con
contratos indefinidos, horarios fijos, salarios establecidos por convenios colectivos, empleos a tiempo completo y que los parciales solo se utilicen a demanda del trabajador y no por obligación, además del reparto del trabajo, la
disminución de la edad de jubilación, la eliminación de las bonificaciones a la contratación, que solo favorecen a la patronal, y la eliminación de las horas extras. Todas estas medidas y una apuesta decidida por reforzar el tejido productivo son
las únicas vías para revertir la situación actual que, a causa de las reformas laborales, insisto, ha supuesto paro, precariedad y pobreza. Y para ello -termino con esto-, cómo no, desde Euskal Herria reclamamos el respeto a los convenios
territoriales acordados con los sindicatos mayoritarios y la apuesta inequívoca por un marco vasco de relaciones laborales para implementar nuestras propias políticas en función de nuestras propias capacidades y no en función de los límites que en
cada momento nos imponga el Estado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.
Señores de Podemos, tengo que advertirles que la PNL que presentan nos ha parecido que busca sobre todo un titular, un efecto propagandístico como antesala de la próxima campaña electoral, y ese, lo siento, pero no es nuestro talante.
Nosotros, como Grupo Vasco, no podemos participar en ese juego. Nuestra actividad a lo largo no ya de esta, sino de las once legislaturas transcurridas desde la Constitución, se ha basado en un trabajo honesto, un trabajo que ha tenido siempre el
mismo tono: el análisis y valoración de propuestas legislativas, su crítica y, en su caso, la sugerencia de alternativas. Por eso precisamente queremos destacar que, ejerciendo ese trabajo, el Grupo Vasco votó en contra de todas esas leyes cuya
derogación nos solicita ahora Podemos. Me ha parecido oportuno por ello hacer una especie de introspección respecto a cuáles fueron los motivos por los que nuestro representante se manifestó en contra de aquellas iniciativas legislativas. Se lo
voy a contar.
Lo que dijo el señor Olabarría fue casi premonitorio. Él señaló en aquellos momentos frente al Real Decreto-ley 10/2010 y 35/2010 -más o menos y de forma muy resumida- que iba a aumentar el número de contratos temporales que serían
encadenados por varios trabajadores para un solo puesto. Que creía contrario al contenido esencial del contrato descausalizar el despido y la modificación de condiciones. Que facilitar el despido sin causas objetivas y abaratarlo tendría como
consecuencia la reducción de plantillas. Que consideraba un error luchar contra la precariedad con contratos que la fomentaban, como era el de fomento de empleo o los formativos, que iban a encubrir trabajos ordinarios. Además, afirmaba que la
posibilidad de descuelgue de los convenios era un ataque a la línea de flotación de la negociación colectiva, y por ello al artículo 37 de la Constitución, así como a la posibilidad de tener un marco propio vasco de relaciones laborales. Y respecto
al Real Decreto-ley 3/2012, decía cosas más o menos parecidas. Que más que crear, destruía empleo, ya que la perspectiva de crear empleo no se podía ligar al cobro de bajas retribuciones y condiciones desfavorables, y recordaba que el contrato de
trabajo nació al abrigo de dos circunstancias: proteger la dignidad del trabajador y garantizar que la retribución sería un medio de vida digno, por lo que la eliminación de su carácter sinalagmático suponía su desnaturalización, sobre todo cuando
su interpretación se dejaba en manos de una sola de las partes.
Como se puede ver, aquel análisis resultó casi premonitorio, y el nuestro hoy y ahora se dirige a hacer las propuestas que creamos oportunas de cara a modificar esas reformas laborales, que creemos que fueron defectuosas. En ese sentido,
queremos advertir de determinadas incorrecciones que apoyaríamos en su momento, pero ya en una próxima legislatura y una vez que nos encausáramos con nuevas propuestas.
Queremos advertir del uso indebido de la técnica legislativa, que es sustitutoria en muchos casos del acuerdo colectivo, porque entendemos que las relaciones laborales se sustentan en la colaboración entre el legislador y los agentes
sociales. Por el contrario, la intromisión de uno en el campo del otro, o la intromisión del otro en el campo del uno -y valga la redundancia- es absolutamente inconveniente. En ese sentido, creemos que no ha habido colaboración leal ni entre el
legislador ni entre los agentes sociales. Creemos que hace falta corregir muchos de los efectos perversos -así los hemos calificado- de la reforma laboral, pero sobre todo para pretender un empoderamiento del contrato de trabajo y un empoderamiento
de la negociación colectiva como tal. Entendemos la necesidad de existencia de un nuevo estatuto de los trabajadores y afirmamos que las relaciones laborales se han de basar sobre todo en la negociación colectiva. No creemos acertado restar
eficacia a los convenios ni someter su resultado
a la voluntad de una sola de las partes. Creemos inconveniente restringir la ultraactividad de los convenios o limitar su eficacia, y también creemos inconveniente restar la posibilidad de conceder validez a los marcos territoriales, al
marco vasco de relaciones laborales, y a los agentes que allí pueden intervenir.
Otro efecto perverso frente al que también nos vamos a posicionar es el del abaratamiento de los costes laborales, entendidos como una devaluación del salario; es decir, una devaluación del valor del contrato de trabajo. Como hemos dicho,
creemos conveniente empoderar el contrato de trabajo, dotarlo de contenido, dotarlo de seguridad jurídica y, por tanto, causalizar el despido y objetivar su indemnización. Creemos que esos objetivos son posibles, pero que no se pueden convertir en
motivos perversos de devaluación del contrato. Es innegable que ha habido un mayor número de contratos, como también lo es que estos son de peor calidad, por eso es importante que no se asocie esa proliferación como un método de promoción del
empleo. Parece demostrado que muchos de esos contratos esconden un método de precarización de las relaciones laborales, más que para facilitar la creación de empleo, para viabilizar empresas que pudieran iniciar o tener algún tipo de dificultades.
Y esto nos lleva a una última reflexión -algo sobre lo que casi todos los miembros de la Cámara se han manifestado en uno u otro momento a su favor-: que hace falta potenciar las actividades de control.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Termino enseguida.
Nos estamos refiriendo a la Inspección de Trabajo, que todos han coincidido en calificar como la mejor herramienta de control de cualquier tipo de abuso.
También el debate de la Seguridad Social se ha mezclado y se debe mezclar, sobre todo el de la falta de ingresos asociada a la Seguridad Social.
Y no quiero dejar de mencionar un último punto. En esta actividad, y sobre todo en políticas activas de empleo, siempre hemos manifestado y reiteramos que otros organismos, como son las comunidades autónomas, no solo somos parte activa sino
que somos una parte activa exitosa. Reivindicamos el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, de los artículos 10 y 12, y por lo tanto -y de acuerdo con el 149 de la Constitución- reivindicamos que faciliten la transferencia de las competencias no
solo en materia de políticas activas sino también de otras en ejecución de la legislación de la Seguridad Social.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: Presidenta, señorías, perdonen pero continúo impactado después de la proclama del Partido Socialista Obrero Español. La verdad es que escuchar al PSOE hablando de derechos sindicales, civiles, laborales, hablando de
socialismo y de izquierda, casi es como escuchar a Jack el Destripador hablando de anatomía. Tiene cierta gracia. (Protestas). No se pongan nerviosos, que acabo de empezar.
Nosotros, evidentemente, apoyaremos la iniciativa de Podemos-En Comú Podem-En Marea, como no puede ser de otra manera, y lo haremos de una forma un tanto especial. Nosotros vinimos aquí a ser la voz de cientos, de miles, a ser caja de
resonancia. Hoy, frente a una de las mayores canalladas a la clase obrera de este país, a la gente de este país, frente a las reformas laborales del PP y del PSOE -que se llevan aparentemente muy mal en según qué platós de televisión pero luego se
llevan muy bien en los despachos-, queremos que este atril y estos micrófonos sean de la gente más que nunca. Hoy no hablo yo, hoy hablan ellos. He aquí sus testimonios y he aquí sus preguntas. Esta es la gente a la cual traicionaron. Espero que
tengan alguna respuesta para ellos.
Enric, cincuenta y tres años, auxiliar de seguridad: Cobro 700 euros trabajando 168 horas al mes y pago una hipoteca de 500. Enric, señores del PP y del PSOE, tiene una pregunta para ustedes: Cada mes debo elegir entre pagar la luz o
comer, ¿ustedes podrían vivir con 200 euros al mes?
Daniel, cincuenta y seis años, empleado de gasolinera: Trabajo, a través de una ETT, de diez de la noche a siete de la mañana, incluidos fines de semana alternos, por 600 euros al mes. Daniel, señores del PP y del PSOE, tiene una pregunta
para ustedes: ¿Cuándo decidieron que volvía a ser legal la esclavitud en este país? (Aplausos).
Roger, veinte años, estudiante: Cada día me veo a mí mismo y a mis amigos más jodidos, sin ilusión ni ganas a pesar del esfuerzo, sin recompensa ni trabajo y con sueldos lamentables. Sabemos que
ninguno de nosotros podremos ejercer lo que estamos estudiando. Roger tiene una pregunta para ustedes también. ¿Qué solución han dado y dan a la juventud, por qué nos abocan a emigrar? Si tan patriotas son, ¿por qué nos condenan a la
precariedad perpetua?
Alba, treinta y cuatro años, camarera: Trabajo entre cincuenta y sesenta horas semanales y solo cotizo veinte. Hago un día de fiesta, cuando por convenio me tocan dos. Trabajo todos los festivos y no me los pagan como está establecido ni
me los devuelven. Y -dice- si te quejas, si lo denuncias, te despiden. En Inspección de Trabajo dejar tus datos supone ir a la cola del paro. Alba tiene una pregunta para ustedes: Si tanto les importa la legalidad para impedir un referéndum,
¿por qué la incumplen de manera sistemática en materia laboral? ¿Por qué no hay nadie que proteja al trabajador frente a represalias? ¿Por qué hay tanta indefensión?
Christian, veinticinco años, operario: Llevo más de cinco años deambulando por empresas con contratos temporales sin posibilidad de ser fijo en ninguna, aun sabiendo que hoy en día eso no te garantiza nada. Christian, señores del PSOE y
del PP, tiene una pregunta para ustedes: ¿Cómo pueden decir que sus reformas laborales han disminuido la temporalidad si las cifras indican todo lo contrario? ¿Cómo tienen la poca vergüenza de decirlo frente a tanto sufrimiento?
Josep, cuarenta y cinco años, carretillero: llevo años buscando un trabajo digno, en el que no me pidan un título de ingeniero y tres idiomas diferentes para poder llevar en un almacén una carretilla retráctil por tres euros la hora; voy
sobreviviendo gracias a chapuzas en negro. Josep, señores del PP y del PSOE, tiene otra pregunta para ustedes: Yo no tengo cuentas en Suiza y Panamá. A mí nadie me dará un abrazo si me pillan defraudando, pero sí tengo dignidad. ¿En qué momento
decidieron ustedes que mi dignidad valía menos que la suya? (Aplausos).
Víctor, cincuenta y un años, ingeniero industrial: Perdí mi trabajo y solo encontré algo de comercial a 100 kilómetros de mi casa -es lo que había-; llevo seis años cobrando lo mismo con retrasos continuados. Víctor, señores del PSOE y
del PP, tiene una pregunta para ustedes: Somos su pueblo. ¿No se les cae la cara de vergüenza al ver nuestra situación?
Rían, rían. Esta, señorías, es la España que tenemos; este es su país. La mejor gente...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Rufián, discúlpeme un segundo.
El señor RUFIÁN ROMERO: Acabo enseguida, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Sí, pero yo no he visto a nadie reírse. (Aplausos).
El señor RUFIÁN ROMERO: Acabo enseguida.
Este es su país: la mejor gente, poniendo cafés, y la peor, abriendo cuentas opacas; un Estado fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Esto que han oído, señorías, es lo que realmente rompe un país y no una urna. Lo peor de todo
es que este Pleno no sirve absolutamente para nada. Ustedes, aquellos que durante tres meses nos llamaron a nosotros, los catalanes, inútiles, que calificaron de caos y drama lo que sucedía en Cataluña, y era la negociación de un Gobierno
absolutamente excepcional, han fracasado. En un Estado en el que el PP gana elecciones, la izquierda es el Partido Socialista Obrero Español -que no es socialista ni es obrero- y el cambio es Ciudadanos, que todo el mundo sabe perfectamente lo que
son -el partido demócrata, pero en realidad el Frente Nacional Español-, el problema no somos nosotros, los catalanes. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Rufián, tiene que terminar.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Rufián.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en la tarde de hoy no solo vamos a debatir sobre la derogación de un instrumento esencial, útil para la sociedad española; hoy debatimos sobre el pasado o el futuro, debatimos sobre la inutilidad o la eficacia, debatimos, en
definitiva, sobre el sectarismo o la sociedad abierta y dinámica. Porque todos los países desarrollados, señorías, saben perfectamente que el mercado laboral español ha sido durante muchos años una enorme anomalía. Un paro estructural no
homologable -el triple que en la Unión
Europea-, la dualidad, la volatilidad del empleo, la ausencia de flexibilidad y de competitividad han sido rasgos endémicos y permanentes del deficiente funcionamiento histórico de nuestro mercado laboral, un mercado obsoleto, diseñado para
antes de la globalización y con una legislación cargada de rigidez que ha empujado siempre a ajustar a los trabajadores despidiéndolos, en lugar de convertir el despido en una vía indeseable y objeto únicamente de la última opción posible.
Esto lo sabe muy bien el Partido Socialista, que, ante la necesidad de cambiar la realidad porque subió el paro del 9 % al 24 %, con su terrible efecto sobre la desigualdad, sobre la pobreza o sobre el bienestar social, no quiso nunca asumir
el coste político de las reformas necesarias, adelantó las elecciones e incluso dejó al país sin unos Presupuestos Generales del Estado durante todo 2012. Por eso el Partido Popular tuvo un importante respaldo social, porque los españoles
recordaban bien los 5 millones de empleos creados hasta el año 2004, porque eso hizo que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, no dudase ni un segundo en reformar con valentía nuestras normas laborales para crear empleo y
para recuperar nuestra economía. Por eso, todas esas reformas equilibradas y responsables de esta legislatura en contratación, en negociación colectiva, en políticas activas de empleo, en políticas pasivas, en flexibilidad, en empleo juvenil, en
productividad o en empleabilidad. Por eso, señorías, el Gobierno de España ha cumplido y por eso, señorías, estos resultados, que sorprenden en toda la Unión Europea cuando hemos remado con el mismo escenario internacional que el resto de los
países, han permitido frenar la sangría del paro y darle la vuelta: donde había un 26 % de paro ahora hay seis puntos menos; donde se destruyeron 3,5 millones de empleos, ahora hay un millón más de trabajadores en nuestro país; donde se
destruyeron 177.000 empresas, hoy se han creado 256.000 empresas; donde cerraron sus negocios 571.000 autónomos, ahora han levantado su persiana más de 100.000. (Aplausos). Si no se hubieran hecho estas reformas, hoy España tendría un millón de
empleos menos; si el Partido Socialista en la época de Zapatero, en 2008, hubiera hecho estas reformas, no habrían caído en 2 millones los desempleados en aquella época.
Ningún instituto de estudios económicos lo pone en duda: crecemos, creamos empleo, sobre todo indefinido, 4,7 millones de contratos indefinidos desde el año 2011, los de jóvenes creciendo al 11 %, el 85 % de toda la Unión Europea, seis
nuevos empleos por cada pensionista en nuestro país, y generamos sostenibilidad y estabilidad para nuestro Estado del bienestar. Que con nuestras reformas, con nuestras políticas sociales y laborales, que han sabido estimular la oferta del empleo,
muchos españoles hayan recuperado su proyecto de vida, su tranquilidad familiar, sus ilusiones y sus sueños es un orgullo para todos los que formamos el Partido Popular (Aplausos), para todos nuestros votantes que nos dieron su mayoría, su apoyo y
que nos pidieron el 20 de diciembre continuar esta tarea. Ha sido nuestra obsesión y nos hemos dejado la piel en ello. No nos hemos olvidado ni un solo día de todos ellos, ni un solo día a lo largo de toda la legislatura, y no nos vamos a olvidar
tampoco en el futuro hasta que recuperemos uno por uno todos los empleos que destruyeron el Partido Socialista Obrero Español y la izquierda. (Aplausos). Esto ha dado pleno sentido a nuestra actividad política, a nuestro servicio público a los
españoles, porque ninguno ha dejado más empleo en España al principio que el Partido Popular. Esto es, y no otra cosa, un Gobierno de progreso, un Gobierno que crea empleo, un Gobierno que crea oportunidades, un Gobierno que crea una mejor sociedad
en nuestro país.
El empleo es una seña de identidad del Partido Popular y de nadie más en toda esta Cámara. Nadie se ha comprometido a crear 2 millones de nuevos empleos en los próximos cuatro años, nadie absolutamente. Es más, es desalentador leer los
programas electorales de todas las fuerzas políticas de esta Cámara excepto del Partido Popular. Solamente el Partido Popular se ha comprometido a tener 20 millones de empleos en el año 2020, nadie más. (Risas). Solo el Partido Popular ha sido la
única garantía que han tenido, que tienen y que tendrán los españoles en la creación de empleo en los últimos treinta y ocho años de nuestra democracia. El Partido Popular es el único capaz de hacerlo, y los españoles lo saben muy bien. Por eso
decía al principio que el debate de hoy no es un debate solo de instrumentos sobre el mercado laboral. Es un debate esencialmente de pasado o de futuro, de inutilidad o de eficacia, de destruir o de construir, entre perseverar en el camino con lo
que ha demostrado al mundo ser útil o volver a las andadas, volver a 3,5 millones de parados.
Señorías, queda mucho por hacer -pero sin desandar caminos, porque ha costado mucho llegar hasta este momento- manteniendo el impulso de las reformas sensatas y de las reformas eficaces y manteniendo la estabilidad política también, que son
precisamente las dos tarjetas de visita que el Partido Popular ha ofrecido siempre a los españoles. Tengo una pregunta para todos ustedes, señorías. Hoy, con su voto, España verá si ustedes ambicionan un 2020 con 20 millones de españoles
trabajando o si quieren
volver a 6 millones de parados. El Partido Popular, desde luego, en esto va a estar una vez más, como siempre, con los españoles.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Echániz.
Señora Bescansa, ¿ha aceptado alguna de las enmiendas que han sido presentadas a su propuesta?
La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: No.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Se vota pues en sus propios términos. (Asentimiento). De acuerdo. Gracias, señora Bescansa.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PRONTA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (Número de expediente 162/000031).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos pues al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la pronta liberación de los presos políticos en la República Bolivariana de
Venezuela.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Martínez-Maillo.
El señor MARTÍNEZ-MAILLO TORIBIO: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quería dar la bienvenida a los representantes de la sociedad venezolana, de distintos partidos políticos venezolanos incorporados en la Mesa de la Unidad Democrática, a asociaciones civiles y al padre de Leopoldo López que
también nos acompaña aquí en la tribuna. Gracias por su presencia. (Prolongados aplausos de señoras y señores diputados, algunos de ellos puestos en pie mirando a la tribuna de invitados). Muchas gracias.
Señorías, esta iniciativa se suma a las más de sesenta iniciativas promovidas por el Grupo Popular en los últimos diez años en el mismo sentido tanto en el Congreso como en el Senado, porque la lucha por la libertad y por la democracia está
por encima de cualquier sigla política. Los derechos humanos no tienen frontera ni entienden de ideología y por eso hoy aquí un diputado de centro derecha español pide la libertad para los presos políticos de Venezuela, cualquiera que sea su
ideología; cualquiera que sea su ideología. (Aplausos). Leopoldo López lleva más de ochocientos días en la cárcel militar de Ramo Verde, privado del mayor derecho que tienen los seres humanos después de la vida que es la libertad; condenado,
como él dice, por una justicia injusta. Y, como él, muchos otros líderes opositores venezolanos como Antonio Ledezma, María Corina Machado, Daniel Ceballos y otros muchos; jóvenes, estudiantes, obreros, docentes, amas de casa, activistas que
cometieron un ligero delito que es manifestarse en defensa de la libertad y los derechos fundamentales de las personas en las calles de Venezuela; ese fue su delito. (Aplausos). Desde aquí quiero manifestar también nuestra profunda admiración por
esos héroes y también por sus familias y por muchas de esas mujeres, como Mitzy Capriles, Lilian Tintori, Patricia Gutiérrez, mujeres valientes y fuertes que desde fuera están luchando por sus maridos y por la libertad y los derechos en Venezuela.
(Aplausos). Gentes que están sufriendo en primera persona la crueldad y la represión del régimen de Chávez y de Maduro, no solo por estar encarcelados a través de una condena injusta sino por la falta de garantías y de imparcialidad de una justicia
injusta y por el trato vejatorio y los abusos que están recibiendo.
Señorías, les invito a escuchar este estremecedor testimonio: Hoy fui a visitar a Leopoldo en la cárcel militar de Ramo Verde, me volvieron a quitar la ropa interior, por órdenes del coronel Vitoria; me amenazaron con quitarme la visita si
no lo hacía. El coronel volvió a amenazar a Leopoldo diciéndole que si su familia sigue denunciando el trato inhumano que le tienen, le aplicarían medidas en su contra. Estas no son mis palabras, son las palabras de Lilian Tintori que lo publicaba
hace exactamente dos semanas en una red social a nivel internacional. Las pruebas acusatorias que se han presentado contra Leopoldo son falsas y su juicio ha sido una auténtica farsa, y no lo digo yo, lo dice el fiscal que ha tenido que huir a
Estados Unidos porque está sometido a presiones del régimen durante el juicio.
Señorías, después de todo esto que les acabo de decir no puede dudarse por parte de nadie que en Venezuela no hay ni libertad ni respeto a la democracia ni respeto a los derechos humanos, sino tres crisis importantes. Una crisis política
que hace que los opositores estén en la cárcel o inhabilitados, una crisis económica que se convierte en crisis humanitaria y también social, fundamentalmente porque se ha
destruido el tejido productivo y hay colas en los supermercados, cortes de luz y una inflación que se prevé para el año que viene del 720 % y una crisis también de seguridad que hace que las cifras sean escalofriantes de muertes, más de
28.000 asesinados al año, el 98 % de ellos impunes, cifras de guerra que han provocado que Venezuela sea el segundo país más inseguro y peligroso del mundo. Y esto ha necesitado también el apoyo de la comunidad internacional, prácticamente todas
las ONG a nivel internacional, igual que instituciones importantes como el Parlamento Europeo o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la ONU ha calificado de arbitraria la detención de Leopoldo López y del resto de presos políticos.
Señorías, el chavismo, como todos los populismos, usa los momentos de crisis y de desconfianza de los ciudadanos, se aprovecha del sistema para mediante cauces democráticos llegar al poder y, desde el poder, acabar con los pilares del Estado
de derecho. (Aplausos). Por eso el populismo es condenable, por eso en Venezuela se ha acabado con la propiedad privada y se expropia tierras e industrias (Rumores), sí, sí, se expropia tierras e industrias -lo vuelvo a decir- que ha conducido
precisamente a una de las causas del desabastecimiento que padece Venezuela.
En Venezuela se ha tapado la boca a los medios de comunicación, se comienza señalando a un periodista y se acaban cerrando medios de comunicación como en Venezuela. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!). En Venezuela el sistema
judicial y la fiscalía no son independientes. En los últimos quince años, qué casualidad, ni un solo tribunal ha dictado una resolución en contra del Gobierno. Se ha copiado al Consejo Nacional electoral de adeptos al régimen, también el Tribunal
Supremo de Venezuela ha anulado la Ley de Amnistía y Reconciliación, aprobada precisamente por la Asamblea Nacional y, claro, hace falta en todo populismo un enemigo exterior y se han inventado el enemigo España. España es el enemigo ahora y cada
vez que Maduro ataca al Gobierno de España, a su presidente, ya se llame Mariano Rajoy, antes Aznar o Felipe González, se está atacando a España, a los demócratas, al Estado de derecho y a los derechos fundamentales, se ataca a España y a la
democracia. (Aplausos).
Señorías, lo lamentable es que tengamos que defender esta proposición en pleno siglo XXI. Y hemos asistido a actitudes titubeantes por parte de ustedes. ¿Qué pasa? ¿Que las libertades solo valen aquí y no valen al otro lado del Atlántico?
¿Qué pasa? ¿Que los derechos fundamentales solo se defienden aquí de los manifestantes que se manifiestan en España y no de los manifestantes de Venezuela? ¿Qué sucede? ¿O es que tenemos una doble vara de medir? Por cierto, en España no hay
presos políticos, en España no existen presos políticos. (Rumores.-Aplausos). En España los terroristas no son refugiados y, por supuesto, Otegi no es un hombre de paz. Las personas, los hombres y mujeres, que están en la cárcel están por
terrorismo, por atentar y están precisamente por secuestrar y las víctimas, fundamentalmente son eso, víctimas del terrorismo a las que debemos dignidad y justicia y el reconocimiento de todos los demócratas. (Aplausos).
Señorías, voy acabando. En este asunto no caben medias tintas. O se está a favor de la libertad o se está en contra de la libertad. Como demócratas que somos tenemos la obligación de luchar por ella, votar no a esta iniciativa es decir no
a la libertad, abstenerse ante esta proposición sería hacer oídos sordos a los gritos que desde Venezuela reclaman democracia, libertad y respeto. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Es que la abstención no es indiferencia, que ya sería
gravísimo, es que la abstención es complicidad con Venezuela y con aquellos que defienden el régimen venezolano. (Aplausos).
Acabo. La lucha por la libertad y por la defensa de la democracia nos compele a todos y por eso agradezco la enmienda del Grupo Socialista y haber podido llegar a un acuerdo, igual que al resto de formaciones políticas, aunque no todas,
como luego veremos. Por eso quiero invitar a todas a que se sumen a esta iniciativa, pues creo que sinceramente es lo más justo y porque sin duda España se posiciona del lado correcto: en la defensa de la dignidad, en la defensa de la democracia,
en la defensa de la separación de poderes y en la defensa de los derechos humanos, y a eso ninguno de nosotros podemos renunciar porque por eso todos los que estamos aquí estamos presentes, precisamente por eso.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Maillo.
Para la defensa de las enmiendas formuladas va a intervenir, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señorías, soy canaria y para los canarios Venezuela es la octava isla. Cuando hay hambruna en Venezuela la sentimos como propia y cuando hay muerte en Venezuela la sentimos como propia. Los
nacionalistas canarios hemos sido siempre profundamente respetuosos con las decisiones democráticas del pueblo de Venezuela y el Parlamento de Canarias por unanimidad tomó un acuerdo importante. El presidente Maduro es un presidente
democrático, pero también en este momento la Asamblea de Venezuela. Tenemos que pedir respeto al Gobierno de Venezuela con respecto a las instituciones españolas, pero también tenemos que respetar las decisiones del Gobierno de Venezuela y de su
pueblo y tenemos que exigir que no haya en esa democracia venezolana presos políticos. Conozco a la familia Capriles y hay detenida una joven tinerfeña por un posible atentado que nunca existió, la cual nunca ha podido comparecer ante un juez, y
eso no se lo merece Venezuela, como tampoco la situación terrible que se está viviendo.
Hoy quiero hacer un llamamiento. No puedo compartir las palabras, el tono del discurso del señor Martínez-Maillo, pero sí esta transaccional y esta propuesta. Tenemos que poner sensatez en un debate en el que con firmeza, como hace la ONU,
hay que exigir la liberación de los presos políticos. No podemos avivar el enconamiento de las pasiones, no podemos ir a una guerra civil que está alentándose porque eso sería desastroso para un pueblo rico, noble y tan ligado a nuestro país y a mi
comunidad autónoma, Canarias.
Voy a apoyar esta enmienda transaccional porque tenemos que alentar el diálogo, la paz y los procesos democráticos y no interferir en las políticas internas de Venezuela, pero tenemos que ser muy firmes con la libertad de los presos
políticos, claro que sí -España lo exige, Canarias lo exige y la comunidad internacional-, y tranquilizarnos todos un poco. No perdamos su respeto y que ellos no pierdan el nuestro.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas.
Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, votaremos a favor de esta iniciativa, entre otras cosas porque nos parece muy oportuno recordar aquí hoy el sufrimiento de todos los presos de conciencia venezolanos y porque creemos muy necesario denunciar la injusticia de su
situación y lo odioso de su persecución. La vamos a apoyar porque creemos que lo que dice es verdad. Es sencillamente la verdad, porque en Venezuela no existe libertad para hacer política de una forma democráticamente homologable y porque es una
evidencia -aunque algunos no la quieran ver o actúen como el avestruz- que el Gobierno venezolano no respeta la libertad de expresión y no protege el derecho a la vida de quienes piensan diferente; es más, los persigue.
Frente a la perversión de quienes avalan hoy un relato que solo interesa a los que apoyan el uso del terror combinado con una política de legitimación de la violencia, el ejemplo de Leopoldo López y los demás opositores venezolanos, su lucha
y su dignidad nos muestran la falsedad de este discurso. Un discurso oportunista y mentiroso, muy mentiroso. Me refiero al discurso de quienes pretenden convencer a la sociedad española y a la sociedad internacional de que miembros de una banda
terrorista juzgados y encarcelados por sus crímenes, algunos de ellos execrables, son políticos presos; de que los perseguidores son los perseguidos; de que los que huyen para no pagar por sus delitos son refugiados; o, lo que es aún más
indecente, de que los verdugos son las víctimas. El mundo al revés, señorías. Vamos a apoyar también esta iniciativa porque nos parece necesario hoy reafirmar la virtualidad universal de aquellos derechos como la libertad de expresión que también
creemos que están vulnerados en Venezuela por su Gobierno.
Señorías, termino. Pasado mañana, el día 29, es el cumpleaños de Leopoldo López. Cumplirá cuarenta y cinco años. Señorías, ojalá la presión que podamos hacer desde aquí, desde esta Casa, aprobando esta proposición no de ley le ayude a él
y a los demás opositores de conciencia para estar en libertad en breve. Desde Unión del Pueblo Navarro a todos ellos les felicitamos por su compromiso democrático y desde aquí les enviamos nuestro agradecimiento por su fortaleza y por su dignidad y
nuestro reconocimiento por mantener viva la llama de la libertad, de la auténtica libertad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Señora Enbeita.
La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.
Señorías, no es la primera vez que en esta Cámara se habla de Venezuela. Esta tarde, aparte de esta proposición no de ley, llevan ustedes un rato hablando de Venezuela. Hemos escuchado muchas veces
aquí que en Venezuela no se respetan los derechos humanos, que hay presos políticos y que Venezuela es una dictadura. Desde el principio de mi intervención me gustaría subrayar que no compartimos el texto que hoy se presenta aquí, porque
dudamos -y tenemos derecho a dudar- de que Leopoldo López sea un preso político. (Fuertes protestas.-El señor Cantó García del Moral: ¡Qué sorpresa!).
Tranquilos, solo tengo dos minutos y acabo enseguida. (Rumores). Acabo enseguida, tranquilos. El 23 de enero de 2014 Leopoldo López llamó a tomar las calles y en esos altercados hubo cuarenta y tres víctimas. Algunas de ellas hace un par
de semanas estuvieron aquí. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora ENBEITA MAGUREGI: La mayoría de los grupos políticos no las quisieron recibir, aunque solo fuera para escuchar su versión de lo ocurrido. Ni siquiera las quisieron recibir. Por ello decimos que dudamos de lo que hoy se está
contando aquí.
Venezuela es un país mayor de edad que no necesita intervenciones ajenas para mantener su ordenamiento jurídico. (Rumores). Por eso, reivindicamos para Venezuela un futuro en paz en el que el pueblo venezolano sea quien decida en qué
Estado, con qué recursos y con qué Gobierno quiere vivir. (Rumores). Ahora las elecciones venezolanas les parecen a ustedes tan legítimas, pero antes no se lo parecían.
El señor PRESIDENTE: Silencio.
La señora ENBEITA MAGUREGI: Acabo con esto como apunte final. También se ha hablado aquí hoy de cierre de medios de comunicación. Yo ya sé lo que es ir a trabajar por la mañana y que en la redacción de mi periódico estuviera la Guardia
Civil. (Rumores). Les sonará Euskaldunon Egunkaria y también recordarán que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Gobierno español por no investigar las torturas que denunció el director de ese periódico. Por eso
estaría bien que se miraran un poquito más su ombligo y dejaran a Venezuela caminar en paz.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Enbeita.
Señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ MAROTO: Buenas noches.
Desde Izquierda Unida, Unidad Popular, hemos propuesto una enmienda de sustitución que entendemos no va a ser tenida en cuenta. Se basaba fundamentalmente en tres ejes: los derechos humanos como primer principio rector de la política
exterior española, el respeto al sistema jurídico y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y tratar de mejorar las relaciones diplomáticas y apoyar las iniciativas de Unasur de diálogo y despolarización, que está trabajando en este
momento para superar la compleja situación venezolana, y que mantenga a América del Sur como una zona de paz. Como no va a ser tenida en cuenta, se la he intentado explicar en un momento.
Dicho esto, lo que llama la atención es, en primer lugar, el tono. Cuando quisimos instar al Gobierno de Honduras por el asesinato de Berta Cáceres, recuerdo cómo aquí se suavizó el tono para que no sonase demasiado duro (Aplausos); eso
por un lado. Luego lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular sobre los derechos humanos allá donde estén. No he oído que aquí se haya hablado nada de Brahim Saika, que está ahora muerto después de ser torturado en una cárcel en Agadir,
Marruecos (Aplausos), después de que todos los grupos parlamentarios, menos el PP, firmasen una iniciativa para restablecer la legalidad internacional en el Sáhara. (Aplausos). Ahora bien, les tengo que decir que me parece muy bien que aquí se
invoque a la ONU y se sigan sus indicaciones; lo que me parecería muchísimo mejor es que en vez de invocar a la ONU solamente para hablar de Venezuela, la invocásemos para seguir sus consejos en cuanto a la derogación de la Ley Mordaza y las
reformas del Código Penal. (Aplausos). Y no solamente eso, sino también muchas otras cosas que nos han pedido, como la derogación de nuestra aún vigente Ley de Amnistía, de 1977, que deja impunes los crímenes del franquismo.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, señor presidente.
Perdonen la voz, pero es lo que queda después de un día agitado. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias por su entusiasmo.
Esta mañana, cuando ha terminado una Comisión, una diputada se ha acercado a mí y me ha dicho: te voy a dar un beso. Gracias por intentarlo. (Varios señores diputados: ¡Oh!). Hay también momentos bonitos en el Parlamento; ustedes no lo
hacen fácil pero hay momentos bonitos. (Aplausos.-Rumores). Repito, gracias por intentarlo. Hemos seguido hablando y la diputada me ha dicho: ... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Baldoví.
Silencio, por favor.
El señor BALDOVÍ RODA: ... Estoy apesadumbrada. En esta y en otras Comisiones hemos aprobado muchas iniciativas, hemos dejado al PP solo una y otra vez. (Rumores). Como contrapartida vemos que algunos dirigentes del Partido Popular hoy
tienen una sonrisa de oreja a oreja. Vamos a elecciones; van a tener una nueva oportunidad de conservar el poder, lo único que les interesa (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben), porque cuando lo pierden,
cuando lo pierden les crecen los enanos como en Valencia. (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor BALDOVÍ RODA: Yo siempre soy muy educado cuando habla un diputado del PP; en mi vida he interrumpido a un diputado del PP, y ustedes siempre están interrumpiéndome. (Aplausos.-Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras
que no se perciben). Digo esto... (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). ¿Y ustedes son un partido serio? (Varios señores diputados: Sí.-Rumores). Si me dejaran terminar...
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor BALDOVÍ RODA: Digo esto porque esta PNL es un monumental monumento a la hipocresía. Al PP los presos políticos le interesan cuando son de un determinado país, cuando son de un determinado país. (Aplausos). Lo digo con esta
imagen. (Muestra una fotografía del señor Rajoy con el señor Obiang). Miren, el presidente del Gobierno con un dictador. ¿Ustedes no saben que en Guinea se tortura? (Aplausos). ¿Ustedes no saben que en Guinea se mata? (Aplausos). ¿Ustedes no
lo saben?, ¿no lo saben? ¡Claro que lo saben! (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y algunos del Grupo Parlamentario
Mixto, puestos en pie).
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, concluya, por favor.
El señor BALDOVÍ RODA: Voy concluyendo.
¿Han tenido alguna iniciativa en los organismos internacionales con Guinea, con Arabia Saudí, con China, con Rusia, con Turquía y los kurdos, con Marruecos, en el Sahara? (Varios señores diputados: Sí). Yo fui al Sahara como diputado, con
cuatro diputados más. La policía nos siguió día y noche los cuatro días, los cuatro días, en territorio ocupado por Marruecos. (Rumores). Acabo ya. Tranquilidad.
Acabo con otra imagen. (Muestra una fotografía del señor Aznar con el señor Chávez). Miren, su presidente de honor con otro dictador. Le dejaron poner la jaima... (Aplausos.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Concluya ya, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Me quedan dos segundos, pero me interrumpen.
El señor PRESIDENTE: Concluya ya. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).
El señor BALDOVÍ RODA: Acabo.
Aquí la preocupación por los presos se acaba pronto. Sobre todo, cuando sabemos que por medio hay negocios, negocios de armamento o negocios como el del señor Aznar...
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: ... para adjudicarse el 1 % de las desaladoras. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Ha acabado su tiempo, señor Baldoví.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, la señora Surra. (Prolongados rumores).
La señora SURRA SPADEA: Señor presidente, señoras y señores diputados.
Señores del PP, si ustedes persiguieran un apoyo sincero y honesto hacia la sociedad venezolana aceptarían nuestras enmiendas, que hablan de derechos humanos, de respeto al Gobierno legítimo de la República de Venezuela, de apoyo a las
iniciativas de Unasur para profundizar el diálogo y el entendimiento en la sociedad venezolana, y no olvidarían la solidaridad con las víctimas de las guarimbas. Este libro de Amnistía Internacional (Muestra el libro) titulado: La situación de los
derechos humanos en el mundo, tiene casi quinientas páginas. Es curioso que el Partido Popular esté obsesionado solo con tres de ellas y obvie las restantes. Es especialmente curioso que nos presente una iniciativa sobre la situación de los
derechos humanos en Venezuela y que, en cambio, no presente ninguna iniciativa sobre las también tres páginas de este libro en que se documentan situaciones de violación de derechos humanos en España. (Aplausos). Señores del PP, su obsesión no
responde a la preocupación de los derechos humanos, sino que responde a otros dos factores. En primer lugar, al factor ideológico. Solo se preocupan de la violación de los derechos humanos en países con modelos ideológicos diferenciados del suyo
neoliberal, mientras se abrazan a dictadores como Teodoro Obiang, de Guinea Ecuatorial -como señaló el compañero-, que por casualidad acaba de ganar con el 98 % de los votos, algo que no sucede ni en las mejores democracias, o mientras venden
armamentos a Arabia Saudí que luego se utilizan para matar a ciudadanos yemeníes. Y segundo, el factor colonialista. Ustedes siguen tratando a América Latina como si todavía fuéramos su colonia. ¡Ya basta de injerencias imperialistas! Dejen que
los latinoamericanos resolvamos nuestros conflictos internos y no vengan a nuestra casa a decir cómo gobernarnos. (Aplausos).
Ustedes, señores del PP, dan apoyo a una ley venezolana que pretende dejar impunes delitos como -y cito textualmente-: la importación o detentación de artefactos explosivos e incendiarios, incendios, la instigación a delinquir, la
intimidación pública y causar pánico a la colectividad. Además, pretenden que hoy votemos a favor de la liberación de los presos que han hecho este tipo de delitos, y que votemos a favor de una ley que ha sido derogada por el Tribunal
Constitucional venezolano; un Tribunal Constitucional que aquí se respeta y allí no. Y ustedes dicen: no, pero allí el Tribunal Constitucional está integrado por miembros del Gobierno. Exactamente lo mismo que pasa en España, donde colocaron
como presidente del Tribunal Constitucional a alguien con el carné del Partido Popular. (Aplausos).
Hace seis elecciones atrás, la derecha venezolana decía, con el voto electrónico, que Chávez había alterado el resultado y fueron contradichos por gente de su propio bando, porque las máquinas que sirvieron para el conteo las había fabricado
una sociedad norteamericana de la que ellos mismos eran propietarios. Esa máquina no solo contabiliza electrónicamente el voto, sino que además da un papel donde figura lo que usted votó; y ese papel va a una urna que se abre en caso de litigio.
Decenas de urnas, supuestamente traficadas, se abrieron y se comprobó que el resultado era exacto. Venezuela fue felicitada por organismos internacionales por la transparencia ejemplar de su sistema electoral. Y si esto no fuera suficiente, las
últimas elecciones, que fueron favorables a la oposición, no fueron objetadas por nadie. En definitiva, lo que cuestionaban no era el método sino el resultado.
Señores del PP, si ustedes creen que la Ley de amnistía y reconciliación venezolana es todo un ejemplo, aprueben una ley similar aquí, pero dejen de injerirse en América Latina. En cualquier caso, dejen de pacificar otros Estados y
céntrense en el suyo. Abran una negociación con Euskal Herria que acabe con una ley de amnistía y reconciliación para la paz definitiva de este país hermano. (Aplausos).
Para terminar, en nombre de Esquerra Republicana y en nombre de los republicanos catalanes, quiero recordar a las víctimas de las guarimbas y recordar la estrofa inicial del himno de la República bolivariana: ¡Gloria al bravo pueblo!
Gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bien!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Surra.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Bustinduy.
El señor BUSTINDUY AMADOR: Muchas gracias, presidente.
Agradezco la oportunidad de explicar -o más bien de volver a explicar, porque esto ya lo debatimos y votamos en la Comisión de Asuntos Exteriores hace apenas días- cuál es nuestra posición sobre lo que está pasando en Venezuela. Ahora bien,
ante el tenor del discurso del portavoz del Grupo Popular, me gustaría decirle que no aceptamos lecciones de democracia o de respeto de los derechos humanos por parte de quienes, contra el 90 % de la voluntad de este pueblo, nos metieron en guerras
ilegales que han causado cientos de miles de muertos (Aplausos) y, que hoy, cuando los refugiados de esas guerras se están ahogando ante las costas de Europa no hacen nada para resolverlo. Ni una lección de su parte. Más bien, pidan perdón a
nuestro pueblo. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).
Venezuela atraviesa un momento muy difícil. Tras un período de grandes avances sociales, ahora el país atraviesa una grave crisis económica, una gran polarización política y social y unos niveles de violencia tremendamente preocupantes.
Ese es el contexto de los casos que nos ocupan, sobre los que varios organismos internacionales han denunciado una falta de garantías procesales y que, más allá de cuestiones jurídicas, tienen una evidente repercusión política. La oposición
venezolana ganó legítimamente las últimas elecciones legislativas, prueba de que hay un sistema democrático que funciona, y está impulsando una ley de amnistía que no ha logrado desbloquear el conflicto institucional entre las partes y los poderes
del Estado.
No hay duda de que la solución a estos problemas -necesaria- pasa por el diálogo, el reconocimiento y la reconciliación entre las partes. Tampoco hay duda de que quienes tienen que decidir el futuro de Venezuela son los venezolanos y las
venezolanas (Rumores), porque se ha acabado el tiempo de la injerencia y los golpes de Estado en América Latina. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).
Alguno de aquellos golpes lo apoyaron ustedes. La Usasur, la Celac, el papa Francisco, el secretario de general de Naciones Unidas han dicho que la única solución posible a la situación que atraviesa Venezuela es la mediación y la resolución
pacífica de los conflictos a través del fortalecimiento del Estado de derecho, y ahí España podría y debería jugar un papel clave, ayudando y facilitando en esa mediación a través de nuestra diplomacia. Esa sería la mejor manera de ayudar al pueblo
venezolano, pero también lo que más convendría a los intereses de nuestro Estado porque Venezuela, como todos los países hermanos de América Latina, es una prioridad estratégica para nuestra política exterior.
Eso es lo que planteamos en la enmienda que hemos presentado, ayudar a resolver esta situación exclusivamente a través del diálogo y la vía diplomática, y no la confrontación y la injerencia. Pero digamos la verdad, esto no es lo que les
interesa a ustedes porque si así fuera, lo harían. A ustedes les interesa alimentar una operación político-mediática incesante y obsesiva para convertir Venezuela en un asunto de política interior, cuyo único objetivo es desautorizar y criminalizar
a una fuerza política con 5 millones de votos. (Aplausos). Para ello no han dudado en utilizar los aparatos del Estado, fabricando informes falsos, con acusaciones falsas que han llevado a prisión por prácticas de extorsión mafiosa a quienes las
presentaban (Rumores). Esto es algo gravísimo e inaceptable, y en un país serio el ministro del Interior ya habría tenido que presentar su dimisión. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú
Podem-En Marea, puestos en pie.-Un señor diputado: ¡Bravo!).
Fíjense, mientras yo preparaba esta intervención me enteré por la prensa de que el ministro Margallo estaba con una cohorte de empresarios visitando Kazajistán; un país que Amnistía Internacional denuncia año tras año por cientos de casos
de tortura, y allí el ministro anunció que España va a apoyar su candidatura al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ese mismo día me enteré, por la prensa también, de que el anterior jefe del Estado y el anterior ministro de Asuntos
Exteriores, el señor Moratinos, estaban en un funeral de Estado en Arabia Saudí, una dictadura que ejecutó a 158 personas el año pasado. (Aplausos). No escuché a nadie poner el grito en el cielo, no escuché a nadie poner el grito en el cielo.
Digamos la verdad, señores del PP, su interés prioritario en esta cuestión no es defender los derechos humanos, sino obtener réditos políticos para la campaña electoral. (Rumores.-El señor Martínez-Maillo Toribio pronuncia palabras que no se
perciben). Si no fuera así, si ustedes trajeran a esta Cámara una preocupación y un compromiso sincero con los presos políticos y los derechos humanos,
tal vez hablaríamos aquí alguna vez de los más de 600 presos palestinos... (Rumores.-Un señor invitado desde la tribuna pública: ... ¡Han sido financiados por el Gobierno de Venezuela! ¡Sinvergüenzas!...-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.
El público no puede intervenir de ninguna de las maneras. Por favor, desalojen a esta persona. (Se procede a su desalojo mientras continúa: ¡Libertad, libertad!-Varios señores diputados: ¡Libertad, libertad!-Protestas y rumores).
Continúe, diputado.
El señor BUSTINDUY AMADOR: En una democracia y en un Parlamento se habla y se escucha, como yo les he escuchado a ustedes y les voy a seguir escuchando. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor BUSTINDUY AMADOR: Con la venia, presidente.
Si no fuera así, si ustedes trajeran a esta Cámara una preocupación y un compromiso sincero con los presos políticos y los derechos humanos, tal vez hablaríamos aquí alguna vez de los 600 presos palestinos que están detenidos sin cargos en
cárceles de Israel. (Aplausos.-La señora Martínez Saiz pronuncia palabras que no se perciben). Tal vez hablaríamos, como se ha mencionado antes, de Brahim Saika, un sindicalista saharaui que murió hace diez días en huelga de hambre tras ser
detenido arbitrariamente y sometido a torturas en Marruecos. Tal vez hablaríamos de los presos retenidos sin cargos ni juicio y sometidos a torturas en Guantánamo. Si su compromiso fuera sincero, tal vez ustedes romperían el acuerdo de
colaboración que tiene el Partido Popular con el Partido Comunista de China (Aplausos); un país donde hay miles de presos políticos y ejecutados cada año.
El señor PRESIDENTE: Señor Bustinduy, concluya.
El señor BUSTINDUY AMADOR: Termino, señor presidente.
Si su compromiso fuera sincero, este Gobierno, y el anterior también, no habrían vendido ingentes cantidades de material antidisturbios a ese mismo Gobierno venezolano que ustedes censuran y critican todos los días en los medio de
comunicación. (Aplausos). No, señorías, no, su compromiso no es sincero, pero lo importante es que tampoco es responsable.
La mejor manera de ayudar al pueblo hermano de Venezuela coincide en esta ocasión con lo que es lo mejor para España y para nuestra política exterior. Apoyen nuestra enmienda, utilicen la diplomacia, favorezcan el diálogo y la mediación
entre las partes, dejen de utilizar la política de Estado para servir fines partidistas. Nuestra democracia -esta democracia- se merece otra cosa.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Bravo!-Aplausos de las señoras y de los señores diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie.-Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Gutiérrez Limones. (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).
El señor GUTIÉRREZ LIMONES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intentaré serenar un poco este debate.
La vida de cada persona es única, insustituible e irrenunciable. En cada una de la más humilde de las personas que cada uno podamos conocer nace la dignidad de que nadie nunca vivirá su vida igual, por eso es verdad que no podemos pedirnos
unos a otros, exigirnos, dedicar nuestra vida a ningún dios, a ninguna ideología y ni siquiera a la salvación del conjunto de la humanidad. Ahora bien, los seres humanos somos seres de encuentro; no somos seres individuales, aislados. Nacemos con
la vocación de convivir; juntos somos más y somos mejores. Vivimos en pueblos y en ciudades y construimos modos de convivencia cada día más elevados, pero al mismo tiempo no podemos permanecer impasibles cuando miramos a nuestro alrededor y hay
personas que no tienen las mínimas condiciones para llevar a cabo su vida con dignidad.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Soy humano y nada de lo humano me puede ser ajeno. Por eso, no podemos aceptar las víctimas del destino, igual que no podemos aceptar que nadie tenga el
derecho a castigar a alguien por su pensamiento o por sus ideas; solo se castiga por lo que se hace. (Aplausos). Por tanto, el Parlamento español no puede permanece indiferente ante la situación que viven los presos políticos en Venezuela
o en el resto del mundo.
La indiferencia etimológicamente significa ninguna diferencia. Wiesel, el que fuera premio Nobel de la Paz y superviviente del Holocausto, decía que la indiferencia era un estado extraño y artificial que se situaba entre la luz y la
oscuridad, el anochecer y el amanecer, el crimen y el castigo, la crueldad y la compasión, lo bueno y lo dañino. Porque la indiferencia, señorías, nos atrae, nos tienta, nos seduce; porque es mucho más fácil ver a la víctima desde lejos. Amarse
es un inconveniente en nuestra vida, porque es implicarse en el dolor y en el sufrimiento, en la desesperación de la otra persona, y eso nos rompe nuestra vida cotidiana; nos interrumpe en nuestros sueños y nuestras esperanzas. Pero también decía
él que la indiferencia no es un principio sino un final. Es amiga siempre del enemigo, es siempre la que apoya al agresor.
Por eso, un preso político en su celda, unos niños hambrientos o unos refugiados sin hogar no pueden pensar nunca que nosotros no podemos mirarles, que no podemos llevarles una chispa de esperanza, que no participamos de sus apuros y de sus
angustias, porque sencillamente en ese momento -justo en ese momento- los estamos exiliando de la memoria humana. Estoy seguro de que Leopoldo López, como cualquier preso político en Venezuela o en el mundo, en la soledad de su celda lo último que
puede pensar es que su sufrimiento le es ajeno al resto de sus semejantes. Cuando denegamos la humanidad -su humanidad- nos estamos negando a nosotros mismos.
El Partido Socialista nació hace casi un siglo y medio, precisamente por eso, por no ser indiferente a ninguna injusticia y por luchar por la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas. (Aplausos). Por eso precisamente apoyamos
esta proposición no de ley.
Termino. Vamos a apoyar la enmienda transaccional y lo hacemos además habiendo añadido dos conceptos: el de la no violencia y el del diálogo. Nuestra pretensión no es crear más tensión ni alejar a los venezolanos del reencuentro y de la
convivencia. Por eso denunciamos firmemente esta situación, pero al mismo tiempo decimos que tenemos que encontrar mediadores incluso aunque estos no tengan el terreno para mediar. Porque llegará el día de la negociación, llegará el día de
avenirse a razones, el día de la democracia, y nosotros deberíamos haber hecho algo más que sencillamente denunciar lo obvio y señalar los problemas, porque tendremos que demostrar que los españoles hemos Estado siempre de parte de las soluciones.
Finalmente, señorías, decía Neruda: Vengo triste de ver el mundo que no cambia. Yo sé que algunos se conforman solo con denunciar y lamentar los males de este mundo; nosotros los socialistas, no. Nosotros queremos gobernar para cambiarlo aunque
solo sea porque así estaremos un poquito más cerca de conseguirlo.
Buenas tardes y muchas gracias. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez Limones.
En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, señoras y señores diputados.
Otra vez el asunto venezolano, cuando lo hemos estado debatiendo recientemente también en la Comisión de Exteriores y se aprobó una resolución. Les digo por adelantado que saludo el acuerdo que han firmado con el Partido Socialista y que
vamos a votar favorablemente porque creemos que hay un problema de derechos humanos y, cuando existe, hay que posicionarse claramente en defensa de ellos. Y no es excusa además, no me valen excusas como cuando se ha sacado aquí el tema de Guinea,
que es cierto. Es curioso que en la agenda de la Comisión de Exteriores y de este Pleno suelan estar el tema de Venezuela y el de Cuba. Pero, Rita -no sé si está por ahí Rita Bosaho-, compañera bubi, guineana, compañera de escaño, aunque no del
mismo grupo, vamos a hacer que el asunto guineano en la próxima legislatura forme parte de la agenda de la Comisión de Exteriores y de este Pleno. Ya lo creo que lo vamos a hacer. (Aplausos). No es excusa, estamos hablando de Venezuela, pero
también les tengo que decir una cosa, tampoco me gusta que se utilice el tema venezolano para uso de política interna. Y sinceramente, señor Martínez-Maillo, su intervención creo que no ha sido la más adecuada ni la más equilibrada para hacer una
defensa desde una posición de observador exterior de Venezuela. Creo que no ha hecho un gran favor a la defensa ni del señor López ni de la situación para lograr un avance en la democracia en Venezuela. Tampoco saque pecho con algunas cosas porque
en este país se han cerrado periódicos, como Egunkaria en el año 2003, y hubo personas encarceladas, para que luego en 2010 dijeran los
tribunales españoles que no tenía que haberse cerrado ese periódico, que no había ninguna conexión con ETA, y luego ni se ha reparado económicamente ni nada de nada. (Aplausos). Y lo mismo sucedió con Gara en 1998, pues en 2009 hubo una
resolución judicial que dijo que había sido todo aquello un absurdo. Por lo tanto, vamos a poner las cosas en su sitio.
En Venezuela la situación es especial. Lo que he vivido estando allí, desde luego, no se puede decir que sea una situación normalizada. Nadie ha puesto en duda la cuestión de las votaciones. No se puso en duda cuando Chávez ganó o cuando
el actual presidente, Maduro, venció. Yo estuve allí y vi lo que había, vi que también había una evidente presión mediática a favor del Gobierno y que la situación en las calles no era normal. No eran las calles de Madrid, de Bilbao o de Londres,
aquello era algo muy diferente; tampoco la transmisión que había de los medios de comunicación. Pero ahora no se puede poner en duda por parte del Gobierno venezolano -por lo mismo que los demás no poníamos en duda su legitimidad, no hemos puesto
en duda la legitimidad del Gobierno para estar ahí, para ejercer sus poderes-, no se puede negar por parte del mismo la legitimidad del nuevo Parlamento para aprobar leyes; una de ellas, la ley de amnistía y reconciliación nacional. ¿Qué ocurre
con esta ley de amnistía? Que con todos los parámetros internacionales, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y todos los informes internacionales que se han producido dicen que objetivamente el fallo del Tribunal Supremo
de justicia no se compadece precisamente con esto, con la justicia y con las leyes, y eso no se puede obviar. Por tanto, hay que decir que tenemos un problema.
¿Cuál es la acusación de tomar las calles, que decía antes la señora Enbeitia? Ustedes también han llamado a ocupar las calles y no creo que eso tenga que ser un hecho para llevar a alguien a la cárcel y tampoco creo que se haya producido
una conexión entre ningún delito concreto y ninguna violencia concreta ejercida en las calles que se pueda unir con el señor López o con otros dirigentes políticos. Por lo tanto, no se puede negar que hay un problema de derechos humanos. Si no,
¿cómo se entendería cuando están encarceladas todas las cabezas de la oposición? Esa no es una situación normal y no puede decirse que toda la oposición son unos delincuentes. Eso tampoco se lo cree nadie. No es aceptable. Hay un problema de
inseguridad ciudadana evidente que tenemos que ayudar a normalizar y para eso hace falta un diálogo político, pero el diálogo político podrá ser una realidad desde el momento en que afirmemos los derechos para todos y también el respeto a todas las
opciones políticas. También hay un problema económico de desabastecimiento serio.
Lo cierto es que los adversarios políticos, líderes de opciones políticas contrarias al Gobierno, van a prisión con acusaciones muy genéricas y con juicios que se posponen, algunos sin sentencia, en un régimen de aislamiento, y esto no
debería ser aceptable en ningún régimen, y en un régimen que se denomina popular y cercano al pueblo tampoco, debería serlo todavía menos. Yo creo que hay que mantener un cierto equilibrio. Hay que reconocer la legitimidad del Gobierno venezolano
para estar ahí, pero también hay que reconocer la legitimidad del Parlamento, y no se puede tener a la oposición de esa manera, con acusaciones genéricas, encarcelada. Creemos que los términos en los que se ha planteado el contenido -no tanto la
exposición por parte de algún portavoz-, la propuesta que se hace entre el Partido Popular y el Partido Socialista es razonable y, por lo tanto, votaremos favorablemente, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia y Llibertat), tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, algunos grupos parlamentarios y algunos parlamentarios a título individual llevamos ocupándonos de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, y hasta la intervención del señor Gutiérrez Limones me ha parecido que el debate en
esta sesión plenaria ha sido muy poco respetuoso con los representantes de la oposición democrática venezolana. Cuando algunos hablaban de Venezuela no hablaban de Venezuela, y cuando algunos replicaban a los que habían iniciado su discurso sobre
Venezuela tampoco hablaban de Venezuela.
Nosotros, desde hace mucho tiempo, nos creemos los derechos humanos de forma seria y sin dobles estándares. Nos preocupan los derechos humanos en Venezuela y en Arabia Saudí. En el debate anual sobre la venta de armamento en la Comisión de
Defensa es un clásico la interiorización de la política exterior como arma arrojadiza entre grupos parlamentarios de esta Cámara. Esto es lamentable, es patético, es el broche de chatarra típico de una legislatura fallida como ha sido esta.
(Aplausos).
Ustedes no han estado a la altura de las circunstancias. Aquí ha subido a la tribuna a hablar de política exterior alguien a quien nunca hemos visto en la Comisión de Asuntos Exteriores, alguien que prioriza la agenda interna y el desgaste
interno y no la defensa de los derechos humanos.
Señorías, si quieren hablar de derechos humanos, en este Congreso de los Diputados hace años que existe un intergrupo parlamentario de derechos humanos, y solo dos de las personas que hemos subido a la tribuna hasta el momento formamos parte
del mismo. El resto es gente que está utilizando el último turno del último Pleno de esta legislatura fallida para el desgaste dentro del debate político interno. (Aplausos). Ustedes han presentado una proposición no de ley que han pactado con
otros grupos. Nosotros la vamos a votar favorablemente. Yo me reuní con Antonio Ledesma antes de que fuera el alcalde metropolitano de Caracas, me reuní también con algunos de los presos políticos que ahora están en prisión, y nosotros no
consideramos que los derechos humanos tengan que ser una materia de desgaste, con lo cual, al final, quienes nos observan desde la tribuna o desde los medios de comunicación o desde las redes sociales ven un ejercicio absolutamente poco
constructivo. En Venezuela no hay democracia, y hablamos de Venezuela. Si alguien presenta una proposición no de ley sobre otros países hablaremos de otros países. He escuchado con asombro cómo se ha puesto el ejemplo del sistema de voto en
Venezuela como un sistema ejemplar. Yo fui observador en las elecciones en Venezuela con el senador Iñaki Anasagasti y en un mercadillo pudimos comprar un CD que contenía la lista Maisanta, que se vendía en las calles de Caracas. Cuando llegamos
al hotel, el señor Anasagasti pudo saber exactamente el registro de todos los votos de él como ciudadano español y ciudadano venezolano, lo que había votado en todas las elecciones y en todos los referéndum, con lo cual no hay un sistema electoral,
no hay democracia en Venezuela. Nosotros estamos concernidos y preocupados por la situación de los derechos humanos en Venezuela, pero vemos con profunda preocupación cómo este final de legislatura sirve, cuando ustedes hablan de Venezuela, no para
hablar de Venezuela, y cuando algunos replican sobre Venezuela, no para hablar precisamente de Venezuela.
Señorías, estamos al final de esta legislatura y mañana vamos a convalidar un real decreto que por primera vez se va a convalidar sin una mayoría sólida en esta Cámara. Espero que el Gobierno haya tenido capacidad de interlocución para
poderlo aprobar, porque nunca ha sucedido en treinta y siete años de vida democrática que un real decreto no haya sido convalidado por el Congreso de los Diputados. Pero este debate final es un debate que, si ustedes lo quieren tener, lo hemos
tenido hace una semana en la Comisión de Asuntos Exteriores. Si a ustedes realmente les importan los derechos humanos serán muy bienvenidos en el intergrupo de derechos humanos, pero este debate demuestra lo peor de esta legislatura, de esta
declinante, menguante y corta legislatura; una legislatura que, como les decía, es el broche de chatarra de un festival de egos, de una incapacidad del pacto, de una incapacidad del entendimiento y de una incapacidad de dar respuesta a las
reclamaciones legítimas del pueblo de Cataluña, que democráticamente ha planteado un contencioso. Sin este contencioso, seguramente en este momento en España habría Gobierno y estabilidad. Ustedes no han sabido dar respuesta. Nosotros
continuaremos defendiendo los derechos humanos, la libertad y la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Rivera.
El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidente.
Diputados y diputadas, la verdad es que de los derechos humanos incluso se puede hablar en el Congreso de los Diputados, no solo en el intergrupo de los derechos humanos, por la importancia que tiene hablar de derechos humanos. En mis manos
tengo una iniciativa que Ciudadanos ha presentado para hablar de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial en la Comisión de Exteriores. Algunos hemos hablado de los derechos humanos de Guinea Ecuatorial y, claro que sí, vamos a hablar hoy de los
derechos humanos en Venezuela. No hay que buscar excusas para equivocarse de botón votando. (Aplausos). Si algo ha demostrado la historia de Europa es que no es suficiente decir que un país tiene democracia por tener urnas. En Alemania, en los
años treinta, ganaron en las urnas aquellos que cometieron la barbaridad más grande de la historia, y hubo un gran aprendizaje de la historia: los demócratas firmaron la Carta de Derechos Humanos en el año 1948 precisamente para que no bastaran
urnas sino que hubiera que respetar los derechos humanos. Por tanto, en Venezuela no hay democracia porque, aunque haya urnas, no se respetan los derechos humanos. (Aplausos).
En el breve tiempo que tengo no puedo hablar ni voy a hablar de la situación económica y social desastrosa y caótica de nuestros compatriotas venezolanos. Hace unos días me reuní con el embajador de Colombia y el Comisionado para la Paz y
me explicaron la afluencia de venezolanos, un país que ha sido rico históricamente, en las fronteras colombianas en busca de medicamentos y para ser atendidos en la sanidad colombiana. Eso no es propio de un país rico como Venezuela, eso es
consecuencia de unas políticas económicas y sociales nefastas, lamentables, que en ningún caso pueden ser un ejemplo a seguir sino algo para olvidar y para nunca aplicar en un país como España. (Aplausos). Pero, además de subir a esta tribuna como
diputado y portavoz de mi grupo, hoy subo también como amigo de una persona que nos acompaña, Leopoldo López Gil, el padre de Leopoldo López, que está hoy aquí en la tribuna. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie mirando a la tribuna de invitados). Gracias, Leopoldo, por estar aquí. Leopoldo, en esta Cámara somos un país tan
democrático que aquellos que no son mayoría tienen derecho a hablar con exactamente el mismo tiempo que grupos que tienen más votos y aquellos incluso que han defendido posiciones justificando el terrorismo en España tienen grupo parlamentario. En
cambio, en tú país ni siquiera podéis ejercer la democracia los que sois mayoría. (Aplausos). Pero quiero deciros una cosa a todos los compañeros de Venezuela que nos acompañáis hoy: por suerte, lo que vamos a contar aquí son votos y escaños y
aquí el 75 % de esta Cámara va a dar un abrazo y va a apoyar a los demócratas venezolanos, por mucho ruido y mucho aplauso vergonzoso que hayamos escuchado en esta Cámara. Así que el aplauso y el voto del 75 % lo vais a tener cuando votemos esta
resolución. Y eso es un mensaje al mundo también. España no puede permanecer mirando hacia otro lado, ni en Guinea, ni en Irán, ni en Arabia Saudí, ni en Venezuela, señor Iglesias. Por tanto, vamos a votar todos los demócratas a favor de la
democracia.
Para concluir, también les quiero decir que no solo nos estamos jugando lo que pasa en Venezuela, también nos estamos jugando el papel de España a nivel internacional. Aquí tengo el libro de Leopoldo López escrito desde la cárcel. (Muestra
el libro) Un opositor, que podríamos ser cualquiera de nosotros, que escribe desde la cárcel. Además, tengo la suerte de contar con la firma del padre, la madre y la mujer de Leopoldo, cosa que aprecio y valoro. Y les digo una cosa: más pronto
que tarde en Venezuela habrá democracia de verdad, más pronto que tarde, y todo lo que pueda hacer España y la nación española por Venezuela lo hará, porque los españoles, el 75 % de esta Cámara, estamos con vosotros y vamos a hacer todo lo que esté
en nuestras manos para ayudaros. Así que ahora, señores, a los demócratas españoles nos toca votar. Para los ciudadanos que nos vean -igual no lo saben-, en los escaños hay tres botones: un botón verde, un botón rojo y otro amarillo; el único
botón hábil para los demócratas hoy es el verde; el botón rojo o el amarillo es el que pulsaría el señor Maduro o el señor Chávez si estuviera vivo, pero los demócratas y los opositores mayoritarios en Venezuela pulsarían el botón verde.
(Rumores). Así que, ustedes escogen. Si quieren votar lo que votaría Maduro, el líder de algunos de los que aquí están, el referente ideológico de algunos de los grupos de esta Cámara, adelante, pero algunos no nos vamos a equivocar de botón,
vamos a apretar el botón verde del sí a la libertad, del sí a la democracia. Ojalá Podemos se sumara a esta iniciativa, pero el señor Maduro se enfadaría con ellos y eso tendría consecuencias para Podemos. (Aplausos). Por tanto, en nombre de los
3,5 millones de españoles que representamos, y estoy convencido de que los demócratas de esta Cámara a nuestra izquierda y a nuestra derecha también, aquí no hay ideologías, aquí lo que hay son valores democráticos (Rumores), y hoy la mayoría de los
españoles vamos a votar en esta Cámara a favor de la democracia.
Termino con una frase de uno de nuestros presidentes, Manuel Azaña, que decía que la libertad no hace ni mejores ni peores a los hombres, nos hace sencillamente hombres. Pues eso, ¡libertad para Venezuela! (Aplausos del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, puestos en pie).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivera.
Vamos a pasar a las votaciones del día de hoy.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT), DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LA CREACIÓN DEL REGISTRO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS O LOBBIES. (Número de expediente 410/000001).
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la creación del registro de los
grupos de interés o lobbies.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 329.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE REFORMA DE LA LEY 9/1968, DE 5 DE ABRIL, SOBRE SECRETOS OFICIALES. (Número de expediente 122/000014).
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 219; en contra, 111.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA DEROGACIÓN DE LAS REFORMAS LABORALES DE 2010 Y 2012 QUE AFECTAN Y MODIFICAN EL TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. (Número de expediente 162/000114).
El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el curso del debate y votamos, en primer lugar,...
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Señor presidente, solo para pedir si fuera posible la votación separada de la proposición no de ley de Podemos porque, como hemos manifestado, el Grupo Parlamentario Socialista quiere votar en contra de la
reforma laboral del Partido Popular y que se abra un nuevo proceso de diálogo social. (La señora Bescansa Hernández pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Bescansa, porque todavía no había dicho ni qué íbamos a votar. Vamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos sobre la derogación de las reformas laborales y cuando algún
grupo pide votar por puntos, el grupo que ha propuesto la proposición no de ley debe aceptarlo, si no, no se podría hacer.
Señora Bescansa.
La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: En la medida en que en la elaboración de la enmienda se propuso al Partido Socialista desagregar por puntos o establecer una negociación por puntos... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: ¿Sí o no?
La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: ... y el Partido Socialista no lo aceptó, no la votamos por puntos. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Entonces vamos a votar la proposición no de ley en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 81; en contra, 116; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PRONTA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (Número de expediente 162/000031).
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la pronta liberación de los presos políticos en la República Bolivariana de Venezuela. En principio se vota en
los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a no ser que algún grupo se oponga a ello. (El señor Tardà i Coma pide la
palabra).
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Desearíamos que se votara en los términos en que fue presentada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Entonces no se puede votar la transacción, pero sí preguntar al señor Martínez-Maillo si la votamos en sus términos o acepta la incorporación de algunas de las enmiendas de adición presentadas.
El señor MARTÍNEZ-MAILLO TORIBIO: Por supuesto que este truco parlamentario no va a servir para que se evite la votación también de la enmienda del Grupo Socialista y que podamos votar todos conjuntamente por la libertad de Venezuela. Por
supuesto que aceptamos la propuesta. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Entonces votaremos la proposición no de ley con la enmienda de adición del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 250; en contra, 12; abstenciones, 66. (Prolongados aplausos, con las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, del
Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Ciudadanos puestos en pie mirando a la tribuna de invitados).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.
Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.