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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 60, de 26/04/2016
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 60
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALBERTO MONTERO SOLER
Sesión núm. 4
celebrada el martes,
26 de abril de 2016
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre el incremento de la siniestralidad laboral en el conjunto del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000240) ... (Página2)
- Relativa a modificar las condiciones del contrato de relevo y jubilación parcial, para potenciarlo. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). (Número de expediente 161/000571) ...
- Sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000478) ... (Página13)
- Sobre la mejora de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad laboral o profesional remunerada ya sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000308) ... (Página16)
- Sobre el reconocimiento de la situación de incapacidad permanente en los supuestos de silicosis grado I sin enfermedad interconcurrente para el sector de la pizarra. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/000067) ... (Página21)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco de la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Buenas tardes, señorías.
Abrimos la sesión. Antes de proceder al debate de las proposiciones no de ley, dos grupos parlamentarios me han comunicado que deseaban cambiar el orden de debate de las proposiciones no de ley por imposibilidad de estar en el momento en
que se debatieran siguiendo el orden establecido. En concreto, si no hay problema por ninguno de los portavoces, el orden del día sería el siguiente: empezaríamos por la número 2, luego la 4, la 5, la 3 y la 1. (Rumores). En el caso de la número
1 lo ha pedido el Grupo Popular y en el de la número 3 ha sido el propio presidente de la Comisión, dado que no puede estar aquí y tiene que participar en el debate. ¿Están de acuerdo todos los señores portavoces en que lo cambiemos? (Rumores).
El señor CANO FUSTER: Hay diputados que ya han calculado cuándo tendrían que intervenir... Sergio del Campo no ha llegado y... Tendríamos que seguir el orden establecido. Están en otra Comisión ahora mismo. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Podríamos empezar por la número 2, seguir con la 5, la 4, la 3 y la 1. Así no habría problema. (Rumores). Tampoco es tan complicado. Repito el orden: 2, 5, 4, 3 y 1. Sabido ya el orden, si sus
señorías dentro de sus grupos informan para que estén presentes los que tienen que intervenir todo eso ganaremos. Como el orden no altera en este caso los tiempos de debate, hemos calculado que las votaciones no se producirán antes de las seis de
la tarde. Si no hay ninguna cuestión de forma más a debatir, ¿aprobamos este cambio del orden del día? (Asentimiento).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE EL INCREMENTO DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL CONJUNTO DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000240).
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Comenzamos con el debate de la proposición de ley número 2, que leo textualmente, señorías, para que no haya errores. Proposición no de ley sobre el incremento de la siniestralidad laboral en el
conjunto del Estado del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Antes de entrar en el debate, también quiero hacer saber a sus señorías que en el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se remitió a esta Comisión esta proposición no de ley se hacía constar que en caso de su eventual
aprobación se entendería que esta estaría dirigida al Gobierno que se constituya.
En primer lugar, para iniciar el debate tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea por un tiempo no superior -son los nuevos tiempos- a siete minutos.
La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes. Vamos a presentar una iniciativa que creemos que es de máxima emergencia en nuestro país y además lo hacemos con mucho honor por la proximidad del 28 de abril, que sería la fecha en la que se rememora el Día internacional de
la salud y la seguridad en el trabajo.
Quería empezar la defensa de esta iniciativa recordando los datos absolutamente escalofriantes de los índices de siniestralidad e incidencia que tenemos en nuestro país, deteniéndonos particularmente en los de causa de muerte por un factor
esencial como es desempeñar nuestro puesto de trabajo. Como ven en la reciente encuesta que se acaba de publicar, los datos causan estupor, alarma social y enmiendan la globalidad de las políticas que se están practicando por parte del Gobierno del
Partido Popular aún en funciones. Según la última estadística, en el último año fueron más de 450.000 los accidentes que hemos tenido en nuestro país con un índice de incidencia del 23,5% en el caso de los accidentes graves y del 39,5% en el de los
mortales. Estamos viviendo en un país en el que más de 500 trabajadoras y trabajadores han muerto en sus puestos de trabajo. Esto debe alarmarnos y debemos preocuparnos por saber qué es lo que ha pasado durante los últimos cuatro años con el
Gobierno del Partido Popular, que continúa aún en funciones, para que permitamos con espantosa naturalidad que mueran los trabajadores y las trabajadoras en sus puestos de trabajo.
Sabemos que no es tanto un problema de legislación. Sabemos que han transcurrido veinte años desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero los cuatro últimos años del Partido Popular han sido normativamente demoledores contra los
trabajadores y las trabajadoras de este país. Han practicado políticas que van por la senda inversa de lo que necesitamos para tener calidad digna de tal nombre en unas relaciones laborales sensatas, normales y que eviten en la medida de lo posible
que nuestras gentes mueran trabajando. Por ejemplo, somos conscientes -los datos están ahí- de que desde 2012, justo después de la contrarreforma laboral del Partido Popular, han crecido de manera alarmante los accidentes en general, pero los
mortales y los graves de manera particular. La contrarreforma laboral está pensada contra los trabajadores y las trabajadoras; está pensada para ahondar en un mercado laboral profundamente precarizado, porque la norma lo permite aún más. Además,
es una norma que impone la voluntad de las patronales en las cuestiones centrales de las relaciones laborales, es decir, tanto las jornadas como los salarios, la movilidad funcional y la movilidad geográfica quedan a disposición de los empleadores y
las empleadoras de este país. Prácticamente hacen con nosotros lo que les da la gana. También hemos de señalar que esta última reforma está pensada para degollar -permitan que emplee este verbo- la negociación colectiva. Es fundamental hablar de
siniestralidad laboral y de negociación colectiva, porque en ese marco es donde hay una vigilancia extrema y los representantes de los trabajadores y las trabajadoras juegan un papel central. La voluntad del Partido Popular con esta última
contrarreforma fue aniquilar la negociación colectiva, que es especialmente sensible en esta cuestión. Por último, es una norma que profundiza aún más si cabe en la desregulación laboral -llamada flexibilidad, un eufemismo muy suave-, lo que
conlleva unas consecuencias brutales en la prestación de servicios que están coadyuvando a que vayamos por la senda inversa de la prevención de riesgos laborales.
Las consecuencias de las políticas del Partido Popular están vulnerando dos preceptos sustanciales del marco constitucional. El primero de ellos es el artículo 15 que proclama el derecho a la vida y a la salud de todos los seres humanos en
nuestro país. El segundo es el artículo 40.2 que dice que los poderes públicos tienen que velar de manera sustancial por la seguridad y la higiene en el trabajo. Esto a día de hoy en nuestro Estado no se cumple. Las políticas de recortes en
materia de inspección de trabajo y de recursos públicos que se destinan desde el Estado, desde las fundaciones, desde los institutos y también desde las comunidades autónomas, están empeorando aun más si cabe esta realidad dramática en nuestro país.
El broche final lo ha puesto el Grupo Popular con una Ley de Mutuas que también camina por la senda inversa de lo que lo hace en un país normal. En un país normal no pueden morir más de 500 trabajadores y trabajadoras -insisto en que son cifras
escalofriantes- por estar desempeñando sus funciones en su puesto de trabajo. La Ley de Mutuas, lejos de preservar la senda normal que teníamos establecida como debería ser, privatiza nada más y nada menos que la vigilancia de la salud y la
seguridad de los trabajadores y trabajadoras, siendo su objetivo fundamental la persecución del absentismo laboral. Este es un fraude que incluso la señora ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones llegó a reconocer que era del 0,04%. Por
tanto, el problema de este país no es que los trabajadores y las trabajadoras cometan fraude. El problema de este país es que tenemos unas normas que permiten que se nos muera la gente en sus puestos de trabajo, y -déjenme decirlo- esto es una
indecencia.
Antes de intervenir en defensa de esta iniciativa esta diputada ha repasado las múltiples comparecencias que ha habido con diversos Gobiernos de este Estado y es cierto que el tono que se ha aplicado es muy beligerante, pero creo que nos
debe ruborizar ver los siniestros que tenemos encima de la mesa. Deben hacernos pensar qué estamos haciendo mal. Si son alarmantes las cifras de víctimas que fallecen por accidentes de tráfico, imagínense lo que suponen las de los accidentes de
trabajo. Ayer mismo, durante la comparecencia del fiscal general del Estado, la señora diputada Rosell recordaba en su intervención -queríamos que se nos dijese- cuál es la actuación que está siguiendo la fiscalía creada ad hoc desde 2006 para
prevenir y paliar todos estos efectos. Estamos ante un gravísimo problema de salud pública que con esta iniciativa pretendemos mejorar. Es verdad que desde los ámbitos de la derecha económica -voy terminando, señor presidente- se dice que los
costes en términos económicos son muy elevados para nuestro país. Son muy elevados también para el conjunto de Europa, las cifras que manejan los informes públicos hablan de entre 185.000 y 200.000 millones de euros, pero para nuestro Estado las
cifras públicas que se barajan son aproximadamente de 900 millones de euros. Termino con otra cuestión. También hay un repunte en la desigualdad. La siniestralidad igualmente tiene rasgos de mujer, ya que las mujeres estamos 10 puntos por encima
en siniestralidad según las últimas cifras que se acaban de publicar.
¿Hay alternativas para esta permisividad o esta normalidad que parece que existe en nuestras empresas? Sí, las hay. Habría muchísimas. Por ejemplo, llevamos tiempo pidiendo desde las distintas izquierdas un registro de empresas
incumplidoras. Pedimos que a las autoridades laborales que no llegan a imponer sanciones en caso de incumplimiento de empresas se les impongan asimismo sanciones, ya que lo permiten nuestras normas. Pedimos que vayamos caminando. En definitiva,
esta iniciativa pide tres cuestiones: la primera, incrementar los recursos públicos tanto estatales como autonómicos que dirigimos hacia esta cuestión; la segunda, incrementar los recursos para los planes preventivos en los sectores productivos de
alto riesgo -después hablaremos de profesiones con alto riesgo-; y, finalmente, incrementar las plantillas de inspectores e inspectoras de trabajo para que se acerquen a las medias europeas. Así pues, solicitamos el voto favorable a la iniciativa
sabiendo que estamos cerca del 28 de abril y que es una indecencia que se nos muera nuestra gente por desempeñar un trabajo y por defender algo elemental como es tener pan que llevarse a la boca.
Señor presidente, no sé si quiere que le anticipe la aceptación de las enmiendas; si no, lo haré después.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.
Les recuerdo a todos los señores diputados que se han ampliado los tiempos de intervención y les pido que se ajusten lo máximo posible a ellos, dando por sentado que saben perfectamente cuál es el sentido de los colores que aparecen frente a
ustedes en el marcador de la Presidencia de esta Comisión.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, para su defensa por cinco minutos tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
La iniciativa que nos plantea el Grupo Podemos es oportuna porque el próximo 28 de abril celebraremos el Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo. Además, la mayoría de los portavoces de esta Comisión estamos manteniendo
reuniones de trabajo con Comisiones Obreras y UGT. Esto nos permite tener la visión de las dos principales organizaciones sindicales a nivel estatal sobre cuestiones vinculadas a la salud y la seguridad en el trabajo. En ellas nos han recordado
que se cumplen veinte años desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que la cuestión de la salud y la seguridad en el trabajo merecerían una reflexión a fondo por parte de esta Cámara. Es evidente que la legislación
aprobada en 1995, fruto de la trasposición de una directiva europea, va a necesitar un análisis a fondo por parte de esta Comisión. Entre otras cosas, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 analiza una realidad económica, productiva y
del tejido empresarial que se parece muy poco a la realidad del tejido económico y productivo de 2016. Además, podemos ser críticos también con algunas de las aplicaciones de aquella normativa porque al cabo de veinte años no ha dado los resultados
esperados. Por ejemplo, una cuestión que se viene denunciado desde hace tiempo es el subregistro de enfermedades que tienen su causa en la actividad realizada en el seno de la empresa. Ahí tendríamos un enorme trabajo que realizar. Si el sistema
de salud laboral no asume las consecuencias que una determinada actividad provoca en la salud de los trabajadores, terminarán siendo los contribuyentes quienes asuman los costes de estas situaciones. Esta es una cuestión relevante.
En cualquier caso, sobre el texto concreto que ha defendido el Grupo Podemos, mi grupo tan solo ha enmendado dos cuestiones, que son tradicionales para el Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat), anteriormente Convergència. La primera
cuestión, ya antigua, se refiere a las previsiones de la disposición adicional quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y que establecían que los recursos de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales se deberían de territorializar,
y en estos veinte años nunca se han territorializado. El sistema ha sido incapaz durante estos veinte años de trasladar esos recursos a las administraciones autonómicas, que son las competentes en esta materia; no ha permitido que fuesen los
organismos autonómicos, de común acuerdo con los interlocutores sociales en el ámbito competencial correspondiente, quienes gestionasen esos recursos. Ha habido una constante controversia legal, planteada tanto por el Gobierno catalán como por el
Gobierno vasco, que ha conducido finalmente, como consecuencia de una iniciativa del Gobierno vasco, a una derrota del Estado ante la jurisdicción contencioso-administrativa porque las convocatorias de subvenciones no respondían al mandato de la
disposición adicional quinta. La manera de administrar estos recursos ha tenido como consecuencia, en el caso de Cataluña, por ejemplo, que la Pimec, que es la patronal de la pequeña y mediana empresa en
Cataluña, dejase de percibir recursos en materia de prevención de riesgos; recursos que eran bien empleados en el terreno de las pequeñas y medianas empresas, donde las cuestiones de riesgos laborales y riesgo en el empleo siempre requieren
una mayor atención, ya que a menudo son empresas que tienen menos capacidades para desarrollar esas políticas.
En este sentido, la primera enmienda que formula Democràcia i Llibertat es para pedir que se dé cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional quinta de la ley y, por tanto, que se proceda a territorializar los recursos del fondo.
En segundo lugar -y termino, señor presidente-, en el punto 3 recordamos que en el caso del País Vasco y de Cataluña las competencias en materia de inspección fueron traspasadas; por tanto, a ese incremento de plantillas que se plantea -que
compartimos- añadimos que debe hacerse de común acuerdo con las comunidades autónomas que tienen competencia en la materia. De hecho, la Ley de Inspección de Trabajo, aprobada en la pasada legislatura, llegó a esta Cámara con un amplio acuerdo con
las comunidades autónomas, y sería bueno que en esta proposición no de ley también se pudiese reflejar. Por lo que me consta, la portavoz del Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea estaría en condiciones de ofrecernos una transaccional sobre nuestras
enmiendas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora De Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Buenas tardes, presidente, señorías.
Estoy emocionada por hablar hoy de prevención cuando está cercano el 28 de abril, que es el elegido por el movimiento sindical para rendir homenaje a las víctimas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Poco voy a ahondar
en los datos sobre siniestralidad, pero en 2015 el incremento ha sido alarmante, no solo en sectores críticos, como puede ser el la construcción, sino en todo tipo de sectores de actividad. Es muy fácil decir que este incremento de siniestralidad
laboral se apoya en un incremento de los trabajadores en activo. Todos sabemos que esto no es así -lo único que hemos hecho es repartir el trabajo que existía- y que hay condiciones en las que se desarrolla el trabajo que han fomentado este
incremento de la siniestralidad. Nuestras relaciones laborales son precarias. Nuestros empresarios se han relajado al hilo de la crisis económica y han dejado de invertir en prevención. Tenemos un marco normativo que acoge mal situaciones nuevas,
que no existían cuando se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Además, hemos asistido a sistemáticos recortes presupuestarios en los Presupuestos Generales del Estado respecto a prevención. Tenemos actualmente un mercado de trabajo en
el que se dan situaciones que en 1995 no existían. Tenemos trabajadores a tiempo parcial por poquitas horas, por lo que el empresario no tiene vinculación con ellos; tenemos trades, muchos falsos autónomos que quedan excluidos del ámbito de
aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Cada vez tenemos más riesgos emergentes, riesgos psicosociales, estrés laboral, más accidentes de tráfico, nuevas patologías.
Se ha debilitado el poder sindical, se ha abandonado la concertación social y hemos acabado con el pilar básico de la prevención, al amparo de la directiva comunitaria, que era la consulta y la participación. Existen colectivos muy
vulnerables que acceden al mercado de trabajo, como los jóvenes, los trabajadores con discapacidad, las mujeres, a las que la legislación en materia de prevención no hace ninguna referencia; a esos tres colectivos les dedica un solo artículo la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales. Tenemos unas relaciones laborales cada vez más flexibles. Hay inestabilidad en el empleo o el empleo es precario, se trabajan muchas horas. Ahora tenemos polivalencia funcional, los trabajadores tienen miedo a
perder su trabajo y no hacen reclamaciones individuales. Acogemos en principio cualquier condición de trabajo por precaria que sea porque todos tenemos que comer y trabajar. La entrada de las empresas privadas en la prevención no favorece la
integración de la prevención en la empresa; si ya estaba todo externalizado, ahora mucho más. Se ha producido una mercantilización de los servicios de prevención, de integración. La formación se ha convertido en un papel. Los déficits que tenían
nuestras empresas tradicionalmente se han agudizado con la crisis y, actualmente, a la empresa le es muy fácil decir que es un coste que en situación de crisis no puede asumir.
Por otra parte, el Estado no garantiza la asunción de las obligaciones preventivas a través de la formación, de la información, mediante los presupuestos. En los de 2016 vemos que pasa algo tremendo: ha decrecido la partida dedica al
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; casi solo le queda dinerillo para gastos de personal y mantenimiento de las instalaciones. Se ha disminuido en un 40% el crédito vinculado a la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, que es muy importante
porque ayuda a la pequeña y mediana empresa en temas de formación, de información, de asistencia técnica. Se han disminuido -algo que me parece tremendo- los programas de seguimiento y control de los partes anuales de enfermedades
profesionales a través del Cepross. No se incluye ninguna partida presupuestaria para la estrategia 2015-2020 en materia de prevención de riesgos laborales. Me llama la atención que lo único que se ha incrementado en los Presupuestos Generales del
Estado son los temas referidos al bonus; es decir, se ha incrementado en un 150% aquellas bonificaciones a empresas que inviertan en prevención, cuando todos sabemos que esas bonificaciones solo favorecen a la gran empresa. Me parece que el
Gobierno no está apostando por la prevención y que no ha tomado en cuenta que la siniestralidad está aumentando, a pesar de que el trabajo escasea cada vez más.
En cuanto a nuestra primera enmienda, queremos señalar que tenemos un mercado de trabajo nuevo y no se ha iniciado ninguna actuación relevante para diagnosticar qué tenemos que modificar de la legislación que tenemos hasta ahora. La segunda
enmienda que queremos plantear habla de que, en tanto que los recursos de la inspección se incrementan, tenemos que organizar la inspección de trabajo de otra manera: planificar campañas en materia de prevención, coordinar campañas con las
comunidades autónomas y que, en aquellas campañas que vayan dirigidas contra el mercado de trabajo, se actúe no solo en el tema de la falta de altas, sino controlar esa precarización del mercado de trabajo que tanto afecta a la prevención. Por
nuestra parte nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.
Pasamos ya al turno de portavoces de los demás grupos parlamentarios, que intervendrán de menor a mayor por un tiempo cada uno de tres minutos. No veo a nadie del Grupo Mixto. Por tanto, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Intervengo solo para señalar nuestro apoyo a la iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Gracias, señor Barandiaran. No ha dado ni tiempo a poner el tiempo en marcha, valga la redundancia.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Tampoco hace falta que ponga el tiempo en marcha. Estamos de acuerdo con la propuesta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Faba.
La señora FABA DE LA ENCARNACIÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, no voy a repetir algunas de las cuestiones que ya se han comentado, pero es un hecho cierto que la siniestralidad laboral en España va en aumento. En el periodo de marzo de 2015 a febrero de 2016, según datos del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el número total de accidentes de trabajo asciende, como ya se ha dicho, a más de 450.000; es decir, 30.000 accidentes de trabajo más que en el año anterior. En relación con los sectores de actividad,
se han incrementado cerca del 6% en el sector agrario, en el sector industrial y en el sector de la construcción. La proposición no de ley formulada pone de manifiesto esos altos índices de siniestralidad y propone instar al Gobierno a mejorar la
regulación e incrementar los medios dedicados a la prevención de riesgos laborales. Asimismo, se insta a aumentar la dotación de los efectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El Grupo Ciudadanos, por supuesto, está a favor del incremento de los medios destinados a la prevención de riesgos laborales, con el objeto de reducir la siniestralidad laboral.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Gracias, señoría.
Para cerrar este turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Respecto a esta proposición no de ley tengo que decir, en nombre del Grupo Popular, que la preocupación del Gobierno por la seguridad y la salud de los trabajadores ha sido una
constante en estos años atrás desde que se ha hecho cargo de sus
funciones, y prueba de ello son las distintas normativas que ha venido aprobando para evitar los accidentes y hacer una labor de prevención.
Quiero dar un dato para que se sepa la cantidad exacta. He escuchado hablar de que en el año 2015 ha habido más 450.000 accidentes y no es así; la cifra no llega a 450.000. Podría haber dicho casi 450.000, pero no más de 450.000.
Concretamente, han sido 449.223, pero ¡ojo!, quiero hacer hincapié en lo siguiente. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en el año 2011, los accidentes laborales eran 581.150, con bajas laborales, y en el año 2015 son 449.223. Es decir, que
si yo hago una resta resulta que del año 2011 al año 2015 hay 131.927 accidentes laborales menos. Eso de la resta y la suma me lo enseñaron a mí en el colegio, en primaria.
En cuanto a los datos que avalan las escalofriantes e indecentes cifras, como ha dicho, yo corroboro que es así porque simplemente con que haya un accidente mortal ya merecería esos calificativos que usted le pone; no obstante, también le
digo que hay que ser exhaustivos. En cuanto a esos datos, en el año 2015 han sido 500, no más de 500, y en el año 2014 fueron 463, es decir del año 2014 al 2015 ha habido 33 personas más que han fallecido como consecuencia de un accidente laboral,
pero diga usted también que de esos 33 más, 31 lo fueron como consecuencia de desplazamientos por motivos laborales y como consecuencia del accidente aéreo de la línea Germanwings en los Alpes franceses que, lamentablemente, tuvo lugar el 24 de
marzo de 2015. Hay que hacer honor a la verdad y decir todos los datos como son para no causar ese estupor ante los mismos.
No voy hacer una exhaustiva exposición de toda la normativa que ha dado este Gobierno en atención a la prevención de las normas laborales, doña Yolanda; solamente le voy a mencionar la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social; y la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social que ahora, si tengo tiempo, comentaré. Pero lo principal fue la Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020, que se hizo de común acuerdo y con consenso con las comunidades autónomas y
los agentes sociales, y de la cual ya se ha puesto en marcha el primer Plan de acción 2015-2016, con una asignación, señora del Grupo Socialista, de 12 millones de euros. Tiene un objetivo claro: evitar los accidentes laborales. Todavía no ha
terminado su primer año, todavía no ha concluido esta acción; vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a ver sus efectos...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Señoría, debe ir concluyendo.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.
En cuanto al aumento de los inspectores y subinspectores, se ha dedicado un cuerpo de subinspectores específicamente a la prevención de riesgos laborales. En la oferta de empleo público de este año se han sacado más de 92 plazas para
cumplir la normativa, para evitar que las empresas puedan hacer lo que quieran y para prevenir los accidentes laborales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.
- RELATIVA A MODIFICAR LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE RELEVO Y JUBILACIÓN PARCIAL, PARA POTENCIARLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT). (Número de expediente 161/000571).
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Pasamos al debate de la proposición no de ley que en el orden del día consta con el número 5, que es la proposición no de ley relativa a modificar las condiciones del contrato de relevo y jubilación
parcial para potenciarlo, del Grupo Parlamentario Catalán. Hago saber a sus señorías en este caso que en el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se remitió a la Comisión esta proposición no de ley se hace constar que, en caso
de eventual aprobación, se entendería que está dirigida al Gobierno que se constituya.
Para su defensa, por un tiempo no superior a siete minutos, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán, el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el Grupo Catalán Democràcia i Llibertat defiende hoy esta proposición no de ley para instar al Gobierno a proceder a una mejora de la actual regulación del contrato de relevo. Es una iniciativa
que responde a una demanda que hace pocas semanas trasladaron a la sociedad Anfac -que como saben sus señorías, es la organización empresarial que agrupa a los fabricantes de coches-, y los dos sindicatos más representativos a nivel estatal,
Comisiones Obreras y UGT.
El sector del automóvil en el Estado español se caracteriza, a pesar de tener las tensiones propias de cualquier sector productivo, por hacer una clara apuesta por el diálogo entre representantes y trabajadores como mecanismo para mejorar la
competitividad de sus empresas. Es un sector que utiliza mecanismos de flexibilidad interna en su aspiración de construcción de una paz social en el seno de sus compañías, que utiliza las posibilidades que se derivan de tener convenios propios a
nivel de empresa - como saben, incluso antes de la aprobación de la reforma laboral de 2012 las grandes fábricas de coches ya optaban por sus propios convenios-, y que además utilizaba la fórmula del contrato de relevo como método que permitía
rejuvenecer sus plantillas. Por tanto, es en el contexto de que las cuestiones de la regulación laboral para el sector del automóvil son fundamentales para mantener su capacidad competitiva donde debemos entender esta proposición no de ley.
Lógicamente, el contrato de relevo no afecta tan solo al sector del automóvil -afecta a otros sectores de nuestro tejido productivo-, pero singularmente el sector del automóvil es el que traslada a la sociedad la necesidad de revisar la
actual configuración de esta normativa. Como saben todas sus señorías, en 2011, en el contexto de una reforma de las pensiones que pretendía disminuir la utilización de las prejubilaciones como fórmula para prolongar la vida activa de los
trabajadores y contener la evolución del gasto en prestaciones, se introdujeron en el contrato de relevo modificaciones vinculadas a la jubilación parcial. Estas modificaciones pretendían hacer menos fácil la utilización de la fórmula del contrato
de relevo buscando el objetivo de contención del gasto, así como que la fórmula del contrato de relevo y de jubilación parcial no terminase convirtiéndose en la práctica en un sistema de jubilación anticipada más beneficioso para los trabajadores.
Esa era la pretensión de esta reforma y algunos grupos fuimos sensibles a los planteamientos del Gobierno, pero hoy no podemos ser insensibles a esta cuestión. La industria del automóvil nos plantea que el mantenimiento de la competitividad
de las plantas del automóvil va vinculado al hecho de poder continuar utilizando el contrato de relevo en buenas condiciones, sobre todo en un contexto -como nos recuerdan estos días desde Anfac- en el que el 22% de los trabajadores -unas 11.600
personas- tienen cincuenta años o más, y que el grupo de mayores de cincuenta y cinco años en este colectivo representa el 53%. Nos encontramos, por tanto, con unas plantillas envejecidas en un contexto en el que a todos nos preocupa el empleo de
los jóvenes, por lo que establecer vías fáciles y rápidas de acceso de los jóvenes a puestos vinculados a la industria tiene todo el sentido.
Asimismo, desde el sector nos recuerdan que la automoción ha tenido durante los años de la crisis la capacidad de adaptarse al ciclo económico adverso a través de la utilización de los mecanismos que les permitía la norma legal para mantener
a los trabajadores cuando la demanda de coches era inferior. El sector del automóvil ha utilizado de manera adecuada los mecanismos de flexibilidad introducidos en estos últimos cuatro o cinco años. Por tanto, mi grupo ha sido especialmente
sensible a la demanda planteada por el sector, como no puede ser de otra manera. Como saben, Cataluña es un país con un peso muy importante dentro del sector del automóvil, no solo por la presencia de fábricas de coches en su territorio sino porque
cuenta con un importante sector de complementos que acompañan a esas fábricas, y ha hecho un esfuerzo de presencia en la economía global muy significativo. Por este motivo, mi grupo es muy sensible a las demandas que se nos plantean en Cataluña con
relación al sector del automóvil.
En concreto, la proposición no de ley que les planteamos pretende hacer un mandato para recuperar las condiciones existentes en 2011, siendo conscientes de las implicaciones que esto puede tener en términos de ingresos de la Seguridad Social
y de facilitar o no las jubilaciones anticipadas -cuestión sensible desde el punto de vista del Pacto de Toledo-, pero al mismo tiempo dar respuesta a otra demanda del sector, como es la posibilidad de que los periodos trabajados por el trabajador
relevado se puedan acumular en el tiempo. En este aspecto, el sector defiende que la práctica a veces criticada desde la Seguridad Social como abusiva y fraudulenta y que en la práctica terminaba facilitando jubilaciones anticipadas, contrasta con
una buena práctica por parte de estos trabajadores ya maduros, que podrían tener un periodo real activo de presencia en las empresas junto con el trabajador joven que lo terminase sustituyendo. En este sentido, hay sentencias del Tribunal Supremo
que dan la razón a la posibilidad de acumular esos periodos de trabajo, frente a la tesis de la Seguridad Social contraria a dicha posibilidad de acumulación. Aquí mi grupo también sería partidario de que el mandato del Congreso fuese muy claro
desde la perspectiva de que aquello que el Tribunal Supremo permita lo ampare nuestra legislación.
Por tanto, señorías, desde el sector del automóvil se nos plantea una demanda que pretende poner al día el contrato de relevo, en el contexto de una industria que utiliza la norma laboral para mejorar su posición competitiva, que lo hace de
común acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los representantes de las empresas, y que pide que se adapte el contrato de relevo ante la necesidad de rejuvenecer sus plantillas. En este sentido, a mi grupo le gustaría que los grupos
fuesen sensibles a esta demanda y que hoy pudiésemos aprobar un texto en esa dirección.
Señor presidente, este mediodía hemos hecho circular un primer borrador de enmienda transaccional -con algún grupo continuamos las conversaciones- y en pocos minutos espero poder ofrecerles un texto que suscite el mayor apoyo posible de los
miembros de la Comisión a la demanda que se nos plantea desde el sector del automóvil, sabiendo sobre todo que no solo avanzaríamos en la mejora de este sector sino en la del conjunto de todos los sectores productivos que apuestan por rejuvenecer
sus plantillas, crear empleo para los jóvenes y mejorar su posición competitiva en los mercados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señor Campuzano.
Si me permiten sus señorías, en el momento de acabar el debate anterior no vi a la señora Díaz, por lo que refiriéndome a la proposición no de ley anterior le pediría que fijara la posición de su grupo respecto de las enmiendas presentadas.
Repito, respecto de la proposición no de ley que ya hemos debatido.
La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.
En primer lugar, aceptamos las enmiendas de adición que propone el Grupo Socialista y le agradecemos la elaboración de las mismas porque enriquecen el texto. Igualmente, con Democràcia i Llibertat asumiríamos como adición el primero de los
puntos, relativo a la disposición adicional quinta de la norma de prevención de riesgos laborales. Y, si me permite, señor presidente, en el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea solemos ser rigurosos. En este sentido, los datos del ministerio
-estos son datos del ministerio- (Muestra un documento), que están a disposición de todos, nos dicen que el número de accidentes totales ha sido de 450.024. Lo digo para que quede constancia de que esta portavoz no falsea los datos y que los datos
que manejamos son públicos. Por último, quiero dar las gracias a Ciudadanos por el apoyo a esta propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.
Retomamos el debate de la proposición no de ley que se estaba suscitando, y a la que han sido presentadas dos enmiendas. Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor del Campo por un tiempo
de cinco minutos.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Seré breve porque todavía estamos en conversaciones con el Grupo Democràcia i Llibertat para ver en qué consiste la transaccional.
En principio, nuestra enmienda mantiene la misma idea respecto a la necesidad de potenciar el contrato de relevo, vinculado a la jubilación parcial y de forma que logre una retirada progresiva de los trabajadores y a la vez suponga una vía
de creación de empleo, sobre todo para los jóvenes. Nuestra enmienda va en la dirección de abrirlo no solo al sector de la automoción, sino a algunos otros sectores, así como en no mirar hacia atrás con relación a la situación anterior a la Ley
27/2011 sino hacia delante, y en el marco en el que nos encontramos en este momento ver qué medidas podemos llevar a cabo para fomentar la utilización de este tipo de contratos de trabajo, y en principio parece que la enmienda transaccional va en
esa dirección.
También estamos de acuerdo en incorporar lo establecido en la reciente sentencia de enero de 2015 por la que el Tribunal Supremo -no es ni doctrina ni jurisprudencia, porque no está en el motivo decisorio del fallo-, por la que se permite
que se acabe con la situación de cierta inseguridad jurídica que se produce en algunos casos al considerar fraude el hecho de acumular las jornadas en periodos interanuales. Por tanto, estamos de acuerdo en instar al Gobierno a que traslade a la
ley dicha modificación y a que permita en estos contratos de relevo que se puedan acumular las jornadas en periodos interanuales. En consecuencia, estudiaremos la enmienda transaccional para decidir el sentido de nuestro voto.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Gracias, señoría. Para que conste, quien ha intervenido por Ciudadanos ha sido el señor Del Campo, en lugar del señor Ramírez Freire.
A continuación para la defensa de su enmienda, también por un tiempo que no puede superar los cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ I CARBONELL: Gràcies, senyor president.
Los porcentajes de paro que tenemos entre los sectores más jóvenes de la población activa requieren medidas desde los poderes públicos que los intenten paliar y, naturalmente, que dichas medidas sean estudiadas y contrastadas de manera que
sepamos que van a ser eficaces. Si leen la enmienda que hemos presentado, verán que su objetivo es ese, es perfeccionar la iniciativa de la que hoy hablamos para ver si cumple lo que acabo de decir y así tener más argumentos para poder votarla
favorablemente.
También queremos votarla a favor por coherencia. Para los socialistas, el contrato de relevo unido a la jubilación anticipada es una fórmula que consideramos muy eficaz; reflejo de ello, de la importancia que le damos, es que consta en
nuestro programa electoral, que consta también en los tipos de contrato que creemos que debe recoger el nuevo estatuto de los trabajadores, y consta también entre los acuerdos que hemos llegado a firmar con Ciudadanos. Aparte de que buena parte de
la exposición de motivos de la proposición no de ley la recogemos también nosotros en el borrador de la que se podría presentar sobre el mismo tema. Son unos argumentos hechos públicos tras un encuentro -creo que este pasado mes de marzo-,
argumentos que todos hemos recibido del Foro del diálogo del sector de la automoción, instando a la Administración a que reforme el contrato de relevo unido a la jubilación parcial para permitir todavía más la incorporación de personas jóvenes al
trabajo, rejuveneciendo así las plantillas. El Foro organiza encuentros periódicos y reúne, según los temas a tratar, a las asociaciones que defienden los intereses de las empresas españolas que fabrican automóviles y camiones, las que defienden
los intereses de la industria española de equipos y componentes para la automoción, junto con las centrales sindicales y diferentes ministerios y, por tanto, es una voz muy representativa del sector a la que hay que escuchar.
Pero volviendo a la enmienda que presentamos, se trata de añadir algunas cuestiones a la iniciativa que hoy vamos a aprobar; bueno, que nos proponen aprobar. Primero, que tras mencionar al sector de la automoción, tendríamos que ensanchar
de manera más clara el objeto de la iniciativa, porque hay otros sectores -ya lo ha dicho el mismo proponente- en los que reformar el contrato de relevo con jubilación parcial puede ayudar a lo que ya hemos dicho: a que muchos jóvenes puedan
empezar a trabajar en un puesto de trabajo digno; me refiero a otros sectores en los que la transmisión de la experiencia es básica también, sin impedir que si un sector puede llegar más allá, siempre tendrá el recurso de la negociación colectiva.
El segundo tema que quisiéramos añadir con las enmiendas es que esta es una iniciativa que afecta a las jubilaciones y a la caja de la Seguridad Social. Por su contenido y por su gran envergadura, por tanto, se tendría que debatir en la
Comisión del Pacto de Toledo para obtener más datos, para escuchar a expertos, a las centrales sindicales, a los empresarios y a quien consideremos conveniente. Se trataría de que nos explicaran en qué sentido creen que habría que reformar este
tipo de contratos. Naturalmente entre los expertos habría que incluir a quienes nos cuantifiquen las repercusiones económicas que las reformas podrían tener en los ingresos de la caja de la Seguridad Social, y para, a continuación -naturalmente-,
intentar consensuar las reformas que creamos que hay que hacer entre todos los grupos parlamentarios. De hecho, podríamos haber empezado ya a hablar porque en el informe sobre el Pacto de Toledo de 2011-2015, la Recomendación número 12 habla de la
jubilación, pero no pudimos hacerlo por la reciente no comparecencia en la Comisión del secretario de Estado de la Seguridad Social. Queríamos haber hablado de eso y del impacto que ha tenido la reforma que hicimos tras el correspondiente diálogo
social sobre la jubilación parcial con contrato relevo en 2011, reforma que en el Congreso de los Diputados aprobaron junto con nosotros quienes hoy presentan esta iniciativa. Asimismo, nos hubiera gustado preguntarle por el impacto que está
teniendo la posterior reforma, la de 2013, aprobada por el actual Gobierno, que no contó con nuestro apoyo ni el de otros grupos parlamentarios y agentes sociales. Como saben, no pudimos preguntar, aportar ni debatir nada puesto que el Partido
Popular sumó a la lista de faltas de respeto estos días al Congreso de los Diputados una más y el secretario de Estado no apareció.
Termino. Quiero resaltar también la actitud de los portavoces, tanto de quien ha presentado la iniciativa como de quien ha presentado la otra enmienda, para llegar a un texto transaccionado que sea el primer paso para llevar a cabo las
reformas necesarias en un tipo de contrato que ha demostrado su eficacia en un segmento de la población, el de los jóvenes, que tanto lo necesitan.
Gràcies per la seva atenciò.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.
Iniciamos ahora la intervención de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. No veo a nadie del Grupo Mixto, con lo cual, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Barandiaran tiene la palabra.
El señor BARANDIARAN BENITO: Quiero expresar en principio el apoyo a la iniciativa del Grupo Democràcia i Llibertat porque entendemos que es un aspecto que aunque provenga del sector del automóvil es generalizable a otros muchos aspectos y
sobre todo porque, como también ha comentado una señoría de otro grupo parlamentario, es un elemento fundamental para la transmisión de experiencia, y creemos que la transmisión de experiencia es un valor sustantivo en el mercado de trabajo de cara
no solo a la oferta de calidad que deben tener los puestos de trabajo sino también a la formación de quienes se incorporan al mercado de trabajo y lo deben hacer en unas condiciones que entendemos que son las exige el mercado hoy día.
A esa reflexión queremos unir otra y es que esta propuesta si a algo afecta y en lo fundamental es al sistema de Seguridad Social y por lo tanto esta ha de ser una discusión que ha de tener cabida y acogida en el seno del Pacto de Toledo.
Esta es una cuestión fundamental, debemos analizar como también se ha comentado, cuál es su impacto, cuáles son sus consecuencias y cuáles son, por tanto, las características que vamos a poder fijar respecto de este tipo de contrato del que decimos
que nos mostramos a favor.
Finalmente quería hacer una última y pequeña reflexión ya que yo también provengo de ese mundo, y es que esta posibilidad, si ya está limitada en el ámbito del contrato de trabajo, ha desaparecido prácticamente del ámbito de la Función
Pública, y en el ámbito de la Función Pública la transmisión de la experiencia es un valor importante, así como tiene un valor también en la prestación de los servicios públicos. Queremos que se pueda contemplar la posibilidad a largo plazo, cuando
se vaya a debatir en otras instancias, de que se recupere este tipo de contratación para la Función Pública, a los efectos de los contratos de personal de la Administración pública. Por tanto, señalando que vamos a votar a favor, termino mi
intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Gracias, señoría.
El señor Salvador no va a hacer uso de la palabra, entonces pasaríamos al Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pita.
La señora PITA CÁRDENES: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Mi grupo va a votar que sí, ya se lo he dicho antes al compañero de Democràcia i Llibertat, pero nos gustaría resaltar dos alarmas y hacer una reflexión. Primero los contratos de relevo. Los sindicatos aparte de apostar por la proposición
no de ley que se nos presenta, plantean dos alarmas: una, que esos contratos de relevo no sean contratos indefinidos. Como saben sus señorías, todavía en este país la temporalidad tiene que tener causa, tiene que tener causalidad y, desde luego,
no es la jubilación una causa legal para no hacer contratos indefinidos a esos jóvenes del contrato de relevo. Luego está el tema del sueldo; una persona prejubilada o con jubilación parcial se está jubilando con una cantidad y el que entra en
relevo entra con menos cantidad, que son dos consecuencias de las dos reformas laborales que desgraciadamente se han aprobado en esta Cámara. Por tanto estos elementos nos parece que son parciales, vamos apoyarlos sin duda, pero tienen que tener
más entidad, y esa entidad pasaría -aquí llamo a una reflexión a la Cámara- por tirar abajo esas dos reformas laborales, porque, entre otras cosas, para qué queremos jóvenes trabajando haciendo autos o cualquier otra cosa industrial si después no
van a tener dinero para comprarlos. Es decir, ahí hay un colapso económico evidente, y desgraciadamente la política laboral en estos últimos años, fundamentalmente los últimos ocho años, ha sido una política laboral demoledora del trabajo con
derechos, no solo al de la salud sino al desarrollo económico. Porque el trabajo no solo es una mercancía, es una manera de desarrollar el proyecto humano de cualquier ciudadano o ciudadana.
Quería manifestar esas dos alarmas y esa reflexión porque no sé si finalmente esta legislatura será una legislatura corta, si será o no será, mañana seguramente lo sabremos todos, pero en cualquier caso querríamos hacer un llamamiento para
modificar esas dos reformas laborales, echarlas abajo y construir un nuevo acuerdo, un nuevo estatuto de los trabajadores que a la mayoría de este país que trabajamos, ciudadanos y ciudadanas que trabajamos para nuestro proyecto de vida, nos permita
tener un proyecto de vida digno. Así que damos brevemente un sí a esa propuesta pero iremos un poco más al fondo de la cuestión, pongamos la luz larga en este tema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.
Para acabar el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la función original del contrato de relevo vinculado a la jubilación parcial fue en su momento la transmisión de conocimientos en un marco de rejuvenecimiento activo y de incorporación de los trabajadores jóvenes a la empresa,
facilitando a la vez el tránsito de un trabajador con una determinada antigüedad a su jubilación, a la vez que permitía la incorporación de un desempleado al menos con un nivel retributivo similar por razón de la categoría, que debe ser igual o
equivalente. Con esta modalidad de contratación que ha venido utilizando nuestro sistema empresarial para mejorar la competitividad y reducir costes se ha producido un rejuvenecimiento de la plantilla con menores costes salariales y el coste de la
jubilación anticipada de los trabajadores con sesenta o sesenta y un años ha sido asumido en su integridad por la Seguridad Social. Sin embargo, la creación de empleo resultante quizá no puede entenderse como tal, es más bien una sustitución de los
trabajadores que pasan a la jubilación anticipada con el coste completo de dicho anticipo a costa de la Seguridad Social.
Posteriormente, señorías, la Unión Europea ha considerado que la jubilación anticipada a cargo de la Seguridad Social de los trabajadores no es sostenible, impidiendo el crecimiento económico del país, y la comprobación de que la jubilación
activa que vincula el contrato de relevo no se avenía a los objetivos que se pretendían, aconsejó modificar su normativa reguladora. Así, a partir de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, la regulación del contrato de relevo y la jubilación parcial se
han venido efectuando sin soslayar la repercusión que esta regulación podría tener en la viabilidad y en la sostenibilidad del sistema financiero de la Seguridad Social, en peligro como consecuencia de los problemas de índole demográfico y económico
existentes. Esta es la línea que se siguió en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización de la Seguridad Social, y en ese sentido cabe señalar que los cambios efectuados por esa ley y por el Real Decreto 5/2013 en el régimen jurídico de la
jubilación parcial se concretan en distintos ámbitos que han mejorado la situación. La reforma introducida en el año 2013, así como las reformas anteriores, tratan de equilibrar las ventajas de esta modalidad de contratación para todas las partes
de la sociedad. Estimamos que la acumulación de jornada de la jubilación parcial en periodos superiores a un año produce un perjuicio para el sistema de la Seguridad Social, ya que el trabajador se está beneficiando de una jubilación anticipada sin
que se le apliquen los coeficientes reductores pertenecientes o asociados a la jubilación anticipada, desnaturalizando la figura de la jubilación parcial, cuya finalidad esencial era compatibilizar la actividad en la empresa con la percepción de la
pensión de jubilación, ya que se produciría una desvinculación entre el trabajador y la empresa. Este es precisamente el criterio que ha sido mantenido, como se ha puesto en evidencia por los tribunales superiores de Justicia de Madrid y de Aragón.
Por tanto, tras los últimos cambios operados en el año 2013 sobre la normativa de la jubilación parcial, la Seguridad Social continúa aportando recursos en estos momentos a las empresas de los trabajadores que se jubilen parcialmente, pero bajo unas
condiciones acordes y equilibradas, como es una reducción de jornada habitual del 50% o incluso hasta el 75% si el contrato de relevo es indefinido y a jornada completa. A su vez, hay una mayor cotización de la empresa para que también ella asuma
parte del coste.
Termino, señor presidente. Por todo ello, consideramos que la regulación de la jubilación parcial en los términos actuales se ajusta a los objetivos indicados anteriormente, supone un reparto del coste de la misma y se mantiene la reducción
de la jornada hasta el 75% si realmente el contrato es indefinido y a jornada completa, por lo que no estimamos oportuna la aprobación de la proposición no de ley en debate.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.
A continuación, el señor Campuzano tiene la palabra para manifestarse respecto de las enmiendas presentadas.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo agradece todas las intervenciones, especialmente la mayoría que han expresado el apoyo a la iniciativa y singularmente las enmiendas que nos han planteado el Grupo Ciudadanos y el Grupo Socialista, y mi grupo está en condiciones de
poder ofrecer una transacción que pasaremos a la Mesa, que creo que contará con la mayoría suficiente.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.
- SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS EN CASO DE DESLOCALIZACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000478).
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Pasamos al debate de la proposición no de ley que figura en el orden del día como punto 4.º Es la proposición no de ley sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana. Antes de entrar en el debate, también hago saber a sus señorías, igual que ha sucedido en las dos anteriores, que en el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se remitió a esta Comisión
esta proposición no de ley se hace constar que, en caso de su eventual aprobación, se entendería que está dirigida al Gobierno que se constituya.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra en primer lugar, por un tiempo no superior a siete minutos, el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una proposición no de ley para que, en caso de que una empresa se deslocalice a otro Estado o incluso en el mismo Estado, devuelva aquellas subvenciones o aquellas ayudas públicas que
le fueron otorgadas con un objetivo determinado. En el contexto de una economía neoliberal, globalizada, las empresas transnacionales y multinacionales tienen una libertad de movimientos como nunca, trasladan su producción para reducir costes, a
menudo a cualquier precio, ya sean países donde los derechos laborales son peores o la legislación medioambiental es menor o donde los incentivos fiscales son más interesantes, con resultados nefastos sobre todo para los trabajadores y las
trabajadoras de los mismos por muchas razones. En primer lugar, destacaría que entramos en una situación que se llama de dumping laboral, es decir, trabajadores de diferentes factorías de un mismo Estado o dentro de la misma Unión Europea
peleándose por un trozo de pan, es decir, metafóricamente, por su trabajo, algo que nos parece lamentable, luchando para llevarse la producción de un automóvil, de unas pantallas de ordenador o de cloro. En segundo lugar, estas deslocalizaciones
provocan lo que llamamos el dumping fiscal, es decir, empresas que se deslocalizan a otros Estados, a otras regiones, incluso dentro de la misma Unión Europea -que para esto es tremendamente flexible y de unión tiene muy poco-, lo que hace que una
factoría o una fábrica pueda marcharse simplemente porque otra región u otro Estado le ofrezca unas ventajas fiscales mucho más interesantes, como podría ser el caso de Irlanda o Luxemburgo, etcétera.
Así pues, las deslocalizaciones de empresas son un grave problema, sobre todo para nuestro sector industrial, base de cualquier economía que funcione. Todos tenemos listados de empresas que se han marchado en busca de más beneficios; la
compañera antes me comentaba el caso de algunas empresas de Galicia. En Tarragona, de donde yo soy diputado, tenemos el caso clarísimo de Covestro y de Ercros. En el caso de Covestro, la antigua Bayer, en Tarragona, aun siendo viable, aun habiendo
recibido importantes subvenciones públicas, decide trasladar su producción a Alemania sin ningún tipo de razón ni pacto con los trabajadores, etcétera. O el caso más lamentable de Ercros. Después de más de cien años trabajando en Flix, en la
comarca de Ribera d'Ebre, después de haber recibido importantes ayudas públicas en un momento dado, decide no invertir más y potenciar su deslocalización encubierta, dejando unos pasivos medioambientales indecentes, por decirlo de una manera suave,
y una comarca entera en la ruina. No se puede permitir que Ercros se marche de rositas después de más de cien años, como decía.
Pues bien, para evitar casos como estos y otros muchos que podéis conocer en vuestras comunidades o en otros Estados, debemos evitar estas prácticas, que son legales, pero en ningún caso pueden ser legítimas. Creemos que los poderes
públicos deben tomar todas las medidas adecuadas para garantizar que las inversiones que realizan y las subvenciones que otorgan se ajusten a la finalidad pretendida de las empresas, exigiendo la devolución en caso de que no sea así. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). Pensamos que los diferentes Gobiernos tienen herramientas políticas de todo tipo para presionar a las multinacionales y empresas deslocalizadoras, sean de donde sean, por lo que también instamos al Gobierno y a un
futuro Gobierno a que se trate este problema inaceptable que es la deslocalización en la propia Unión Europea y lo lleve al Parlamento Europeo, si así lo considera oportuno. Esquerra sí lo va a hacer así.
Hoy presentamos una proposición no de ley muy concreta. Ya digo que en un futuro presentaremos otra batería de medidas para evitar las deslocalizaciones. La medida es en el sentido de proteger la industria local y evitar las
deslocalizaciones, una propuesta que insta al Gobierno a que haga las modificaciones legales oportunas con la finalidad de que las ayudas públicas o subvenciones concedidas a las empresas en relación con la investigación, la creación o el desarrollo
de sus proyectos empresariales sean devueltas en caso de que estas decidan trasladar la producción a otro país. Esperemos que esta propuesta sea aceptada por la mayoría de los grupos por el bien de todos los trabajadores y trabajadoras de este
Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes y disculpen la ausencia. Espero que mi suplente haya sido generoso, bondadoso y todas esas virtudes que me atribuyen ustedes en momentos de generosidad inmerecida.
Tiene la palabra el señor Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, para presentar enmiendas a la proposición no de ley.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Buenas tardes.
Treinta segundos nada más. Coincidimos plenamente con el espíritu y el texto de lo planteado por los compañeros de Esquerra Republicana y, tras el debate con ellos y entendiendo que la enmienda propuesta por nosotros tenía más sentido en el
ámbito del desarrollo legal de esta PNL, la retiramos y vamos a apoyar el texto tal cual está.
El señor PRESIDENTE: Ha tardado usted menos que yo en poner el cronómetro.
A continuación, tienen la palabra los demás grupos parlamentarios en tiempo no superior a tres minutos cada uno. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Vasco? Señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Simplemente quiero manifestar nuestro apoyo a la iniciativa planteada por el Grupo de Esquerra y recordar que hace pocas fechas, en el Pleno del Congreso, se aprobó una proposición no de ley a iniciativa del
Partido Nacionalista Vasco, precisamente por la situación de deslocalización que estamos sufriendo estos días en relación con Arcelor Mittal en el País Vasco, que tuvo su primer episodio en Sestao y ahora está teniéndolo en Zumarraga, incluso con el
cierre. No podemos estar más de acuerdo con la iniciativa y con su oportunidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Democràcia y Llibertat, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
El señor Salvador nos presenta esta iniciativa apuntando una cuestión relevante, previa a la crisis y que durante la crisis se ha mantenido, que es el proceso de deslocalización de determinadas industrias y que forma parte del proceso que
hemos convenido en denominar como globalización de la economía. No es un asunto menor, no es un asunto que ni mucho menos podamos agotar en el debate de una proposición no de ley en esta Comisión. Es más, forma parte de las grandes discusiones que
se están planteando en las economías avanzadas y que nos obliga a todos los grupos a abordar distintas reflexiones, entre ellas también qué instrumentos tienen hoy los Estados para hacer frente a la libertad de capital y a la libertad del capital de
invertir allí donde encuentre mejores oportunidades de retorno económico. Desde este punto de vista, insisto, la propuesta que nos plantea el señor Salvador, de Esquerra Republicana, en una cuestión compleja es muy concreta: que aquellas empresas
multinacionales, o empresas en general, que puedan beneficiarse de ayudas públicas, en el caso de que opten por deslocalizar su actividad, retornen esas ayudas. Hace ya unos cuantos años tuvimos en Cataluña un debate sobre estas cuestiones pero, en
cualquier caso, en los términos que formula el señor Salvador la proposición no de ley no podemos oponernos y, por tanto, votaremos a favor de ella; pero desde la convicción de que el planteamiento de fondo, que es cómo vamos a ser capaces de
convertir el proceso de integración económico a escala global en una oportunidad para todos y no en una pérdida de empleo o en una pérdida de la calidad del empleo que se crea en nuestras economías, necesitaría algo más que una política de
prohibición o de retorno de las ayudas públicas. Eso nos exigiría discusiones más a fondo de un elemento que esta semana va a estar muy presente en el debate de esta Comisión -y de hecho ya lo está siendo-, que es cómo el
sistema de relaciones laborales no tan solo cumple su papel de protección, de seguridad, de reconocimiento de los derechos de los trabajadores, sino también cómo ayuda a mejorar la posición competitiva de nuestras empresas. No es un debate,
insisto, fácil ni menor; en cualquier caso, bienvenida sea la iniciativa del señor Salvador y de Esquerra Republicana esta tarde en la Comisión que, insisto, contará con nuestro apoyo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
El señor Salvador hoy nos presenta una PNL en la que nos propone la devolución de ayudas públicas en el caso de deslocalización de empresas multinacionales. Le damos la razón en el fondo, en el uso de forma indiscriminada de subvenciones y
ayudas a empresas privadas que se han utilizado para conseguir de forma artificial el mantenimiento de puestos de trabajo, en algunos casos ineficientes, y localizaciones interesadas de empresas. Al ser eliminadas dichas ayudas se consigue justo el
efecto contrario, una rápida eliminación de esas localizaciones, de esos centros de trabajo y, por consiguiente, de los puestos asociados a dichos centros. A pesar de ser ayudas muy cuantiosas y, por supuesto, a cargo de fondos públicos, no podemos
obviar la redacción imprecisa que ha tenido en este caso el señor Salvador en la PNL, ya que no establece el tiempo de permanencia que estimaría como obligatorio para considerar óptimo el recibimiento y la percepción de ayudas públicas y de
subvenciones. No nos parece lógico mantener esa penalización ad eternum porque, además, creemos que se encontraría como barrera el derecho internacional y, por supuesto, el ordenamiento de la Unión Europea, que establece como garantía -y consagra-
la libertad de circulación de trabajadores y de empresas. Por lo tanto, en este caso nosotros nos abstendremos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora De Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Nosotros apoyamos, por supuesto, esta iniciativa. La deslocalización de empresas para nosotros es un tema tremendo, porque, primero, como ha señalado, precariza nuestras relaciones laborales y, segundo, crea en
los países a los que se desplazan estas empresas espacios de indignidad laboral que son inasumibles para un Estado social y de derecho como el nuestro. Esperamos que esta sea la primera de las iniciativas que se toma en relación con este asunto y
la vamos a apoyar en todos sus términos. Para nosotros es un honor poder apoyarla por lo que significa la deslocalización. Yo soy de Galicia y allí ha supuesto la destrucción del tejido industrial además de lo que supone de explotación de menores,
de mujeres y merma de derechos laborales en los países a los que se desplaza. Lo vamos a apoyar con todo nuestro corazón.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Nieto.
El señor NIETO BALLESTEROS: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero decirle al señor Salvador que cuando leí su iniciativa, en nombre de Esquerra Republicana, me pareció una línea interesante para poder abordar un problema que, evidentemente, afecta a distintas zonas- también en mi comunidad autónoma,
Andalucía, hemos tenido experiencias similares- y pensaba que dado que se presenta en un periodo de tiempo tan extraño como el que estamos viviendo, con un Gobierno en funciones y con unas Cortes que no pueden realizar plenamente su actividad
parlamentaria, esto se habría puesto en marcha allí donde Esquerra Republicana -con otro nombre: Junts pel Sí- sí gobierna y sí tiene una responsabilidad de gestión abierta. He mirado las proposiciones no de ley que se han debatido en el Parlament
de Catalunya y no había ninguna. He mirado los projectes de llei y no había ninguno -hay cinco- referido a este tema. He mirado las proposicions de llei d'iniciativa legislativa popular -seis- y tampoco había ninguna sobre este tema. También he
mirado las proposiciones que estaban ya abiertas en la anterior legislatura -veinte- y tampoco había ninguna relativa a este asunto. He mirado, por si acaso, las mociones que se han debatido en el Parlament -veinticinco en esta
legislatura- y tampoco. Pensé: ¿se habrá debatido anteriormente y ya no hace falta? Hay doscientas treinta y una anteriores y tampoco.
Creo que en este caso, como en tantos otros, se trata de cubrir el expediente y traer a debate una cuestión que, además, entiendo que por su generalidad no puede representar el rechazo de nadie pero que por su abstracción demuestra poco
esfuerzo a la hora de plantearla. He analizado los antecedentes parlamentarios, los debates que se han producido en esta Cámara en tres legislaturas. He visto las respuestas que daba el Gobierno de Rodríguez Zapatero, las respuestas que se han
ofrecido también en el Gobierno de Mariano Rajoy -bastantes coincidentes, por cierto- a preguntas muy similares, una en concreto muy extensa que realizaba el entonces diputado señor Llamazares. En ella se explica con claridad que lo que se pide en
esta PNL está regulado en la Ley 38/2003 y que, además, se han producido modificaciones sobre todo en aquellas propuestas, en aquellos pliegos en los que se ofrecían subvenciones del Estado a estas empresas, fundamentalmente en el año 2012 por
imposición de la Unión Europea para evitar ayudas que pudieran permitir algún tipo de competencia desleal. Pero, cuando nos ponemos a analizar esas iniciativas, nos vamos a una proposición no de ley de Esquerra Republicana también del año 2008 que
dice literalmente lo mismo que la que se presenta en el día de hoy. Tenía tres puntos, se eliminan los dos últimos y se mantiene el primero que dice: Realizar las modificaciones legales oportunas..., etcétera, etcétera. Exactamente igual que lo
que se ha dicho ahora; un corta y pega que creo que no procede en el trabajo que tenemos que realizar y en la responsabilidad que tenemos en esta Cámara. Un corta y pega que además se hace aquí pero no se hace donde se tiene responsabilidad de
Gobierno. Un corta y pega que además, sinceramente, creo que procede abrirlo en otros términos y en otras condiciones. Creo que los debates, y este en concreto, que tenemos que realizar merecen un esfuerzo mayor y sinceramente creo que podemos
conseguir un consenso sobre este tipo de medidas. Considero que es complejo porque unas se otorgan por el Gobierno de España y otras por las comunidades autónomas y si allí donde gobernamos, comunidades autónomas, no lo hacemos y pretendemos
hacerlo aquí con medidas trasnochadas y antiguas, en mala dirección vamos con este tipo de debates.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nieto. Resta la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana para manifestarse sobre las posibles enmiendas que se han presentado.
Señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Solo ha habido una y se ha retirado. Muchas gracias por el apoyo que nos han dado.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Abandono nuevamente la Presidencia ya que voy a intervenir en el debate de la próxima PNL. (El señor vicepresidente, Camps Devesa, ocupa la Presidencia).
- SOBRE LA MEJORA DE LA COMPATIBILIDAD ENTRE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD LABORAL O PROFESIONAL REMUNERADA YA SEA ÉSTA POR CUENTA PROPIA O POR CUENTA AJENA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000308).
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Continuamos, señorías. Procedemos al debate de la proposición no de ley que figura en el orden del día como punto 3.º: Proposición no de ley sobre la mejora de la compatibilidad entre la pensión de
jubilación y el desarrollo de una actividad laboral o profesional remunerada, ya sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y para la defensa de la misma tiene la palabra, por un tiempo de
siete minutos, el señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae a esta Cámara una proposición no de ley para mejorar la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad laboral o profesional remunerada para su debate en esta
Comisión.
Señorías, históricamente el sistema español ha mantenido la incompatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y la realización de una actividad laboral. Esta regulación, que se mantiene en la actualidad con ciertas
matizaciones, se apoya en la idea, en la filosofía de que la pensión sustituye a la
renta del trabajo cuando se reúnen los requisitos legales para ello. Con el paso del tiempo, se han producido en nuestro país importantes mejoras en la forma de vida, lo que ha tenido importantes efectos positivos sobre las personas, como,
por ejemplo, el aumento de la esperanza de vida y la mejora de la condición física de quienes tienen una pensión de jubilación para la realización de determinados trabajos, sobre todo aquellos que no incorporan la necesidad de realizar un esfuerzo
físico. Todo ello ha provocado, sin duda, un profundo cambio en la forma de entender esta incompatibilidad, habiéndose incorporado progresivamente distintas medidas dirigidas a facilitar la compatibilidad de este percibo y el desarrollo de una
actividad laboral remunerada. Se configuran, en primer lugar, la jubilación parcial y la jubilación flexible en la Ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. Posteriormente, la Ley de actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social establece la compatibilidad de la pensión con el trabajo por cuenta propia siempre que los ingresos percibidos no superen la cuantía del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.
Además, en su disposición adicional trigésimo séptima insta al Gobierno al desarrollo de la compatibilidad entre pensión y trabajo, siguiendo la línea de la recomendación décimo segunda del Pacto de Toledo 2011 y las recomendaciones del Consejo de
la Unión Europea de julio de 2012. Esas recomendaciones culminan en la aprobación del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el
envejecimiento activo. Esto supone que por primera vez se regula en nuestro sistema la compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena sin fijar límite de ingresos. El objetivo de esta norma
es favorecer el alargamiento de la vida activa y aprovechar en mayor medida los conocimientos y la experiencia de estos trabajadores. Esta medida permite, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, compatibilizar la actividad por cuenta
propia y ajena con el percibo del 50% de la pensión de jubilación.
Desde la entrada en vigor de esta norma en el año 2013, repito, hasta este momento se han acogido a esta modalidad de jubilación 9.094 pensionistas en el año 2013; 18.000, el doble, en 2014 y 25.369 en el año 2015. En este último año, más
del 87% de los beneficiarios son trabajadores por cuenta propia y el 13% por cuenta ajena, siendo la pensión media de estos pensionistas de 628 euros. A la vista de estos datos, señorías, sería conveniente, por tanto, estudiar la posibilidad de
reformar la denominada jubilación activa con la finalidad de comprobar si es factible la compatibilidad entre la actividad laboral con el percibo del cien por cien de la pensión de jubilación y cuáles deberían ser los criterios que tendrían que
aplicarse para poder optar a esa compatibilidad. En cualquier caso, parece razonable plantear compatibilizar el cobro completo de la pensión de jubilación con la realización de actividades como impartir cursos, conferencias, clases, coloquios,
seminarios o la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas y que escritores, músicos, pintores, fotógrafos y cualquier otro creador puedan seguir aportando su esfuerzo y su trabajo para beneficio de toda la sociedad. Sin embargo,
señorías, a efecto de evitar desigualdades entre distintos sectores laborales y con el resto de profesiones o trabajadores, esta compatibilidad debería proponerse, sin duda, para todas las actividades sin distinción alguna. Por otro lado, hay que
señalar que esta compatibilidad ya existe en otros países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Reino Unido, Austria, Suecia, Suiza o Polonia.
Por todo esto, con el fin de promover el envejecimiento activo y la jubilación activa voluntaria, el Grupo Parlamentario Popular, al objeto de evitar que la reducción de la pensión pueda desincentivar la continuación de la vida laboral de
determinados profesionales, hemos presentado esta proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno a estudiar y, en su caso, acordar una modificación normativa del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para que se
pueda incluir en la misma la compatibilidad del percibo del cien por cien de la pensión con el desarrollo de una actividad laboral o profesional, ya sea esta por cuenta propia o por cuenta ajena. Para ello, la Comisión de Seguimiento y Evaluación
de los Acuerdos del Pacto de Toledo debería determinar los requisitos que se han de cumplir para tener acceso a esta compatibilidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.
A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas, por tanto, se abre el turno de portavoces. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
Por desgracia, esta es una situación prácticamente de necesidad de futuro, a la que creemos que no nos podemos oponer. Lo cierto es que la función de la pensión como tal a lo largo de los años se ha ido
menoscabando o devaluando, entiéndanlo como quieran, de manera que difícilmente alcanza a cumplir aquel propósito con el que nació, que es el de permitir que aquellos que pudieran acceder en un área determinada a la jubilación llegaran a
percibir a su vez una renta similar, no idéntica pero al menos similar, a la de su renta de trabajo. En esa situación, la perspectiva no es mejor, sino que posiblemente tiende a empeorar y evidentemente también esta situación, la de poder tener una
posibilidad de remedio, por llamarlo de alguna manera. En ese sentido, la propuesta que se realiza desde el Grupo Popular no nos parece desacertada. Creemos que merece la pena que sea considerada, al menos en forma de estudio, y si bien es posible
que también sea cuestionada en cuanto a las cuantías -es decir, el cien por cien de la cuantía de la pensión es algo que muchos pueden llegar a cuestionar aunque otros no-, insistimos en que merece la pena su estudio y obtener unas conclusiones
fundadas tanto en los hechos como en el derecho. Por tanto, señorías, vamos a apoyar esta propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gràcies, senyor president.
La iniciativa que hoy nos traslada el Grupo Parlamentario Popular no es una cuestión nueva ni mucho menos; fue objeto de discusión en su momento en el Pacto de Toledo, donde se abrió un debate y, además, en el sentido favorable de avanzar
en la dirección de compatibilizar pensiones y empleo remunerado, que llevó a una incorporación normativa que, con determinadas limitaciones, ya permite esa compatibilidad entre empleo y pensión. Además, en los últimos meses la irrupción de
determinadas actuaciones de la Inspección de Trabajo, fundamentalmente con determinados escritores que percibían una pensión de jubilación y al mismo tiempo continuaban trabajando en la confección de sus obras, ha hecho emerger esta cuestión en
relación con un colectivo muy, muy específico. En la lógica de los debates que se plantearon en el marco del Pacto de Toledo, en la lógica de la reforma que se introdujo en su momento o en la lógica de la demanda que el sector de la cultura ha
planteado y que ha sido objeto también de sendos debates en la Comisión de Cultura hace pocas semanas, aparece más que un problema quizá de si la cuantía de la pensión es suficiente para permitir una vida digna en la jubilación, la decisión de la
libertad de aquel ciudadano que considera que quiere continuar manteniendo una actividad en el mercado de trabajo que sea compatible con un ingreso que se deriva de su derecho de jubilación, porque entiende que quizá su actividad laboral va a ser
menos intensa o porque su actividad laboral le permite perfectamente compatibilizar una situación de retiro con una situación profesional, pensando precisamente en actividades como la de escritores y artistas o como de hecho son determinadas
profesiones liberales. Recordemos que antes de la aprobación de las modificaciones legislativas de hace unos pocos años, médicos y abogados, y creo recordar que también arquitectos, podían compatibilizar empleo con pensión. Es una demanda de
profesionales que nos reclaman esa libertad. Porque si tomáramos esta medida fundamentalmente porque la pensión pública no es suficiente para vivir con dignidad cuando seamos mayores, el problema es otro, porque debemos ser capaces de que la
pensión pública garantice una vida digna y quizás debemos desarrollar otros instrumentos de ahorro que permitan contemplar que los ingresos que recibe quien se jubile se acerquen a los ingresos que se tienen cuando uno está trabajando, que sería
otra discusión.
Mi grupo apoyará hoy esta iniciativa en términos de la libertad que pueden tener los ciudadanos de compatibilizar su pensión con el empleo remunerado, no tanto como fórmula para paliar la posible pequeña cuantía de la pensión, ya que
entonces el jubilado no estaría ante una opción de libertad, sino ante una opción de necesidad y no creo que la respuesta a las necesidades de los mayores sea que trabajen porque sus pensiones no les permiten ganarse la vida. Esa sería una pésima
política de pensiones, una política que nos haría retroceder muchas décadas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegación). Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Después de lo dicho por los señores Barandiaran y Campuzano, poco más podemos añadir nosotros.
Respecto a los pactos de Toledo, en las anteriores legislaturas se llegó a ese acuerdo y conviene ver si se puede compatibilizar el trabajo con las actividades por cuenta propia o por cuenta ajena. Somos conocedores también de las
actuaciones que la Inspección de Trabajo ha llevado a cabo en cuanto a los escritos de libros. Teniendo en cuenta que en la PNL el Grupo Popular considera conveniente estudiar y, en su caso, acordar, estamos abiertos a estudiar para ver si es
posible compatibilizar la percepción del cien por cien de la pensión con el desarrollo de una actividad laboral tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Ya veremos si es posible o no. Nosotros también estamos estudiando la cuestión,
lógicamente, y creemos que existen otros mecanismos para poder compatibilizar la jubilación parcial con la posterior devolución si no se superan los ingresos del SMI o, en el caso de que superen, hacer unas reducciones inversas de la pensión, es
decir, ir reduciendo la pensión según vayan aumentando los ingresos. No nos parece mal, como mínimo, abrir el debate dentro de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero.
El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a votar en contra de esta proposición no de ley porque creemos que se está utilizando un caso particular y muy concreto que necesita de una regulación específica, dadas las condiciones especiales en que las que se desarrolla
la actividad profesional de un colectivo muy concreto, que además ahora veremos cómo ha sido maltratado desde otras vías políticas en estos últimos años, para flexibilizar de una forma encubierta el sistema público de pensiones. Nos tememos que,
como ya conocemos qué tipo de prácticas van asociadas a la flexibilización de cualquier tipo de regulación en este país, el resultado sea mucho peor para el conjunto, en este caso, de las clases pasivas de este país.
Una cosa es que se haga evidente la necesidad y la conveniencia de relativizar la distinción en aquellos casos, como pueden ser los escritores o los creadores, en los que la frontera entre vida laboral activa y vida laboral inactiva es
difícil de determinar y otra es concebir la pensión como un salario o como una inversión que se puede compatibilizar con otro tipo de ingresos. Por tanto, en lugar de apostar por un estudio de una flexibilización del conjunto del sistema público de
pensiones y de la compatibilización de la percepción de la pensión con otro tipo de ingresos profesionales o no, habría que dedicar los esfuerzos a tratar de regular de una forma mucho más específica, brindando la protección necesaria al colectivo
de creadores y artistas de este país. Es difícilmente asimilable el tipo de prácticas que puede realizar, una vez alcanzada la edad de jubilación, un colectivo como ese, donde, insisto, la frontera entre lo activo y lo pasivo es muy difusa, con el
tipo de prácticas que puede realizar cualquier otro tipo de colectivos profesionales, como puede ser el de las camareras de piso, los mineros o cualquier otro tipo de trabajo no intelectual, por poner un ejemplo.
En el caso concreto de los artistas y creadores que se utilizan como coartada necesaria para fundamentar la proposición no de ley del Grupo Popular, la cuestión no es stricto sensu la de la compatibilización de los ingresos profesionales y
las pensiones, sino un problema mucho más amplio, y ese problema es que el sector cultural en España ha carecido siempre de un modelo legislativo y normativo que responda a las necesidades específicas de sus trabajadores y de sus pequeños y medianos
empresarios. De ahí el hecho de que se hayan realizado actuaciones parciales, muchas veces simples parches en materia de remuneración, fiscalidad y Seguridad Social. Creemos que debemos modificar la actual legislación sobre la materia con objeto
de hacer compatible el cobro de derechos de autor y la percepción de la pensión de jubilación, contemplando no solo los casos en que se perciben pensiones no contributivas, sino los más vulnerables donde se perciben pensiones no contributivas;
reducir el IVA cultural y unificar los tipos de IVA de las actividades culturales que han provocado un fuerte impacto sobre los ingresos de los creadores y, en el mejor de los casos, crear una comisión específica para este caso concreto y no hacerla
extensiva para el conjunto de los pensionistas de este país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para finalizar este turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González Bayo.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Ante esta proposición lo primero que me pregunté es qué había detrás de ella y lo primero que pensé fue que el Gobierno en funciones y el Partido Popular quieren seguir apostando por la degradación de las pensiones
y que vayamos a un marco legal en el que las personas se encuentren obligadas a compaginar sus pensiones con trabajos adicionales que les permitan tener una vida digna. Esto es lo primero que me pregunté y lo primero que me vino a la cabeza. Otra
cosa que me vino a la cabeza es que quizá ustedes están buscando, a través de la degradación de las pensiones, que cada vez son más pequeñas, que la gente deje su dinero en los fondos privados de pensiones y no en los fondos públicos. España tiene
un sistema público de pensiones basado en el reparto y en la solidaridad. Por lo que hemos podido ver, en estos cuatro años de Gobierno de Mariano Rajoy, hoy en funciones, no han respetado las recomendaciones del Pacto de Toledo en defensa del
sistema público de pensiones y lo digo por todo el cúmulo de actuaciones que durante estos cuatro años se han planteado, que siempre han sido de manera unilateral, que han implicado un ataque a esos principios sin que hayan adoptado ni una sola
mejora en la cobertura social de la ciudadanía.
Nos hacemos estas preguntas porque en 2011 ustedes recibieron del Gobierno socialista una gestión saneada de la Seguridad Social (Rumores) y después de cuatro años continuados de déficit, nos arrojan en diciembre de 2015 un dato
estremecedor, 17.244 millones de euros de déficit vinculado, claro está, a la diferencia entre los ingresos y los gastos de las pensiones contributivas. Señorías, hemos pasado de una previsión de déficit del 0,6% a un dato real del 1,26%, más del
doble. Aquí se rompe el mito que ustedes mismos han creado de que los Gobiernos del Partido Popular son muy eficaces en la gestión económica. Lo siento mucho, pero los datos no lo demuestran. No podemos dejar de poner sobre la mesa el Fondo de
reserva de la Seguridad Social. La dotación del fondo en diciembre de 2011 era de 66.815 millones de euros y la cuantía resultante en diciembre de 2015 era de 32.481 millones de euros. Señorías, menos de la mitad. ¡Es impresionante la gestión
realizada durante estos cuatro años! Los expertos dicen que si seguimos así, solo nos quedarían dos años más del Fondo de reserva. Es preocupante. Hago otra pregunta que yo me hice y que he buscado. ¿Saben quién se jubila antes en este país?
Según el secretario de Estado, el señor Burgos Gallego, los que se jubilan primero llamativamente son las personas con salarios más altos y con cotizaciones más altas, no las personas con menos remuneración o con menos cualificación y en la mayoría
de los casos con menos exigencias físicas. Por lo general, el coste de la oportunidad de abandonar el mercado de trabajo es mayor para aquellos trabajadores más cualificados y con salarios más altos y, por tanto, con derecho a pensiones más
elevadas y por ende sustentados por el resto de los trabajadores de menor poder adquisitivo. Es decir, las pensiones más altas se sufragan con las cotizaciones de aquellas personas que en el futuro tendrán pensiones más bajas y además no se podrán
jubilar hasta que no les llegue su edad legal de jubilación.
Señorías, tenemos que ser conscientes de la realidad que vive hoy nuestro país. Los trabajadores de más edad son los más afectados por la reforma laboral llevada a cabo por el Partido Popular. Esto ha obligado a muchos trabajadores a
acogerse a la jubilación anticipada; y digo obligado, porque realmente han sido expulsados del mercado de trabajo. Se ha vendido como voluntaria la jubilación de todos aquellos que se han tenido que ver en un expediente de regulación de empleo o
de extinción de una empresa; desgraciadamente, es una situación que hemos vivido desde 2012 con bastante frecuencia. El modelo impuesto por la reforma laboral deja a muchas personas -voy terminando-, sobre todo mayores de cincuenta y cinco años y
personas con salario mínimo, fuera del mercado de trabajo. Hoy no encuentran trabajo y su única salida es la jubilación anticipada.
Por último, quiero manifestar que en el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que hay que acometer reformas estructurales en el sistema de Seguridad Social. Queremos que se hagan dentro del consenso político, económico y social, y que se
elabore un marco específico para los creadores y los artistas, porque, desgraciadamente, en este país no todo el mundo es creador y artista.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Gracias, señoría.
Ha finalizado el debate. No sé si el señor presidente quiere ocupar nuevamente la Presidencia para proceder al debate de la última proposición no de ley del día de hoy. (El señor presidente: Sí, me hace ilusión terminar.-El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
- SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN LOS SUPUESTOS DE SILICOSIS GRADO I SIN ENFERMEDAD INTERCONCURRENTE PARA EL SECTOR DE LA PIZARRA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/000067).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la última proposición no de ley, que era la primera en el orden del día, sobre el reconocimiento de la situación de incapacidad permanente en los supuestos de silicosis grado I sin enfermedad
interconcurrente para el sector de la pizarra, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Como ha ocurrido a lo largo de esta legislatura fallida, hago constar antes de entrar en el debate que, según el acuerdo de la Mesa del Congreso
remitido a esta Comisión, esta proposición no de ley, en caso de su eventual aprobación, se entenderá que está dirigida al Gobierno que se constituya. Tiene la palabra para defender la proposición no de ley la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, la señora De Frutos, por un tiempo no superior a siete minutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Buenas tardes otra vez.
El sector de la pizarra en Ourense, provincia donde yo vivo, está concentrado básicamente en la comarca de Valdeorras y supone uno de los pilares fundamentales de la economía ourensana. Uno de los aspectos que preocupa mucho tanto a
empresarios como a organizaciones sindicales y al Issga, el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, es el relacionado con la prevención de riesgos laborales de enfermedades desarrolladas por la acumulación de polvo de sílice en los pulmones.
Aparte de su prevención, ¿qué pasa cuando esa enfermedad se convierte en una contingencia que tiene que dar lugar a una situación de incapacidad permanente total o absoluta? En El Barco de Valdeorras prácticamente todas las empresas, hoy por hoy,
en mayor o menor medida cumplen unos protocolos dirigidos a prevenir la silicosis, como son las mediciones del nivel de exposición de polvo, los sistemas para suprimir o diluir el polvo, sistemas de extracción localizada, el uso de los EPI y, sobre
todo, la vigilancia de la salud, que es previa y anual, cada seis meses si ya se ha detectado la silicosis de grado I. ¿Qué pasa con la silicosis? Es una enfermedad pulmonar progresiva, irreversible y que no tiene tratamiento. Es decir, una vez
que un trabajador está afectado por la silicosis no se le puede tratar y pasa a una situación de incapacidad. La silicosis puede llevar asociadas otras enfermedades interconcurrentes como cáncer de pulmón, tuberculosis, etcétera, o puede
presentarse ella sola como dolencia. La silicosis está recogida en el listado de enfermedades profesionales desde 2006 y el problema que tenemos en Ourense es que, según una orden ministerial muy antigua de 1969, la silicosis de grado I sin
enfermedad interconcurrente no es constitutiva de incapacidad permanente total. Sin embargo, según esta orden ministerial, el trabajador con silicosis de grado I sin enfermedad interconcurrente tampoco puede seguir trabajando en su puesto. Así, si
la empresa no tiene un puesto de trabajo compatible -es decir, un puesto que no esté sometido al polvo de sílice-, el trabajador tiene que ser dado de baja en la empresa y queda desprotegido por el Sistema de Seguridad Social y, dado el nivel de
desempleo actual, en una situación de precariedad.
Actualmente la vigilancia de la salud es muy estricta. Si un trabajador de la pizarra en un reconocimiento médico se ve en una radiografía que tiene silicosis de grado I, el servicio de prevención automáticamente dice que es no apto para
desarrollar el trabajo. En ese momento el empresario tiene que mirar si tiene un puesto de trabajo en el que no esté sometido al riesgo de polvo de sílice. Si no lo tiene, lo que hace el empresario actualmente es dar de baja al trabajador en la
empresa con un despido por causas objetivas. Esto pone en una situación francamente difícil a la empresa, que no tiene un puesto libre de polvo de sílice que ofrecerle, y al trabajador, que va a cobrar el desempleo. (Rumores). Tanto el Tribunal
Superior de Justicia de Galicia anteriormente como también los tribunales de lo Social ahora están dando la razón al trabajador. Siempre que un trabajador tenga una silicosis de grado I y en la empresa en la que trabaja no haya un puesto de trabajo
compatible no expuesto al polvo de sílice comprobado por la Inspección de Trabajo, los jueces reconocen al trabajador la incapacidad permanente total. (Rumores). A pesar de esto, tanto las mutuas como el INSS están denegando sistemáticamente al
trabajador esta prestación. En 2015 el propio INSS emitió una resolución que decía que a un trabajador afectado de silicosis de grado I sin enfermedad interconcurrente cuando la empresa no tenga un puesto de trabajo libre de polvo de sílice se le
tendería a reconocer la incapacidad permanente total, pero no está siendo así. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Lo que pedimos con esta proposición no de ley es que a un trabajador de la pizarra que sea diagnosticado por una radiografía con una silicosis de grado I y en cuya empresa no exista un puesto exento de polvo de
sílice -como suele ser, porque en el sector de la pizarra prácticamente todos los puestos de trabajo están sometidos a este agente contaminante- le sea reconocida la incapacidad permanente total para su profesión habitual aunque no tenga enfermedad
interconcurrente. Esto supondría que la relación laboral del trabajador quedaría extinguida por la causa 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, no tendría que pasar a la situación de desempleo, quedaría protegido por el Sistema de la Seguridad
Social y se ajustaría mejor la situación real a la situación legal, puesto que no es adecuado extinguir a este trabajador la relación laboral por un despido por causas objetivas porque no es una ineptitud sobrevenida, sino la imposibilidad de
desarrollar su trabajo por una enfermedad profesional. Entendemos que es una medida adecuada para el trabajador y para la empresa, y que no supone un coste grave para el sistema, puesto que sería simplemente modificar la tarifa de primas de
cotización a la Seguridad Social para la invalidez, muerte y supervivencia en la actividad de extracción de piedra ornamental.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran. (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Presidente, simplemente para expresar nuestro apoyo a esta iniciativa del Grupo Socialista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra, el señor Salvador. (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Rodríguez Vázquez.
El señor RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos comparte esta PNL presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que insta a la modificación de la normativa para incluir la silicosis de grado I sin enfermedad interconcurrente como enfermedad profesional
que incapacita para el trabajo habitual en el sector de la pizarra. Es un sector económicamente importante en la provincia de Ourense, particularmente en la comarca de Valdeorras. Con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales se intensifica la vigilancia de la salud y hay que tener en cuenta que cuando se diagnostica esta enfermedad, la silicosis de grado I sin enfermedad interconcurrente, el empleador tiene que cambiarle a un puesto de trabajo que no conlleve
un agravamiento de dicha enfermedad. ¿Qué pasa? Que en el sector pizarrero no hay puestos de trabajo que no conlleven este riesgo y, por tanto, al final los trabajadores se ven abocados a un despido objetivo porque se considera una ineptitud para
el trabajo sobrevenida, lo cual no es el caso, porque estamos ante una incapacidad por desempeño de la actividad laboral. Es cierto que en la actualidad las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y de los juzgados de lo Social van
en este sentido: se les reconoce la incapacidad para el trabajo habitual. Incluso el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social lo interpreta de esta manera. Sin embargo, en las resoluciones no se recoge esta interpretación y, por tanto,
los trabajadores se ven abocados a acudir a la vía judicial. En consecuencia, apoyamos esta modificación normativa porque creemos que es de justicia social.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podems-En Marea, la señora Díaz.
La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.
Hemos comenzado esta Comisión con un tema de salud laboral y ahora estamos con otro de los temas que indican que quedan muchísimas cosas por hacer en nuestro país, entre otras cuestiones, modificar la legislación vigente, como es el caso de
la iniciativa que presenta la compañera De Frutos, del Partido Socialista, en la que se insta a la modificación de un precepto que es preconstitucional y que tiene enormes anomalías en el momento de ser aplicado a los trabajadores que están afectos
de una enfermedad tan grave como es la silicosis. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdone diputada. Silencio por favor. Les escucho más a ustedes que a la interviniente.
La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.
Este caso, como también se ha dicho ya en esta sala, es bastante sangrante. Con estos trabajadores, ante la carencia de un puesto exento de los riesgos que comporten sílice, se acudía a un despido por ineptitud sobrevenida, pero en realidad
les privamos de una prestación pública a la que tendrían derecho por haber enfermado como consecuencia de la prestación realizada en su puesto de trabajo. Esta realidad vulnera de facto el artículo 25 de la actual Ley de Prevención de Riesgos
Laborales que está en vigor y que nos exige a todos los poderes públicos que, ante esta situación, recoloquemos a los trabajadores o a las trabajadoras afectados por esta realidad. La iniciativa que presenta el Partido Socialista es de justicia.
Como señaló la propia ponente, la resolución del INSS, del ministerio, sí se ha producido, pero es cierto que no se aplica por las direcciones provinciales y los trabajadores y las trabajadoras se ven obligados a acudir a los tribunales para
reclamar en este caso la invalidez permanente total a la que, sin duda, tienen derecho.
En nombre de Podemos-En Comú Podem-En Marea quería señalar que los datos que nos permite ver el Instituto Nacional de Silicosis nos muestras algunas realidades que deberíamos tener en cuenta en esta Comisión. Entre ellas, por ejemplo, cosas
tan relevantes como que en la actualidad, respecto de esta patología laboral, en nuestro Estado no se están evaluando todos los puestos de trabajo que están expuestos a esta realidad. También nos muestran que en las empresas se planifica esta
realidad de manera absolutamente generalista. Dice también el Instituto Nacional de Silicosis que, en caso de subcontratación, que es muy frecuente, señor presidente, no se informa adecuadamente de los riesgos que sufren; no se facilitan espacios
separados para la ropa limpia y sucia -es el caso de personas que pueden fallecer por estar expuestas al asbesto-; no se facilitan locales de descontaminación o, por ejemplo, no se realizan los protocolos específicos. Por tanto, el Partido
Socialista tiene razón en las dos cuestiones que plantea: en primer lugar, la modificación de este precepto y, en segundo lugar, lo que atañe a las bases de cotización.
Termino como he empezado. Se demuestra que queda mucho por hacer normativamente en nuestro país para cambiar estas realidades.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díaz.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular echa de menos en la parte expositiva de esta proposición no de ley la referencia a la parte fundamental de prevención en el caso de las enfermedades laborales, a la que la portavoz del Grupo Socialista se ha
referido después en su exposición. No se hace referencia prácticamente en la exposición de motivos a esos esfuerzos que las administraciones tienen que realizar para evitar la aparición de esas enfermedades profesionales. Aquí quiero destacar el
esfuerzo que se ha llevado a cabo por la Xunta de Galicia, en colaboración con el Clúster de la Pizarra, para poner en marcha proyectos de innovación que permitan a los trabajadores estar menos expuestos a poder desarrollar esta enfermedad
profesional. También el Grupo Parlamentario Popular echa de menos en esta proposición no de ley la referencia a otros trabajadores que están en la misma situación. Me estoy refiriendo a los trabajadores del noroeste de León, que también trabajan
en el sector de la pizarra, así como a los trabajadores del granito que se encuentran a lo largo y ancho de España, desde Extremadura hasta Andalucía o desde Aragón hasta Galicia, particularmente en Pontevedra.
Respecto al caso que nos trae aquí, anunciamos nuestro voto negativo, y no porque no apoyemos a estos trabajadores, que sí lo hacemos, sino por la falta de rigor de la parte dispositiva de esta proposición no de ley. En el punto primero se
hace referencia a la modificación del artículo 45.1 de la Orden del 15 de abril de 1969, pero esta modificación no se puede llevar a cabo sin tener en cuenta que no tiene encaje en la normativa de aplicación, en especial en las disposiciones en
materia de incapacidad permanente de carácter preferente por su ubicación en la Ley General de la Seguridad Social y, en particular, en la configuración de la incapacidad permanente total para la profesión habitual que establece el artículo 194 del
Real Decreto Legislativo 8/2015. Es decir, no podemos hacer la modificación sin hacer referencia a dónde se enmarca posteriormente la norma. En cuanto al segundo punto, me ha extrañado que ningún grupo parlamentario se haya dado cuenta de que el
Grupo Socialista está pidiendo modificar el Real
Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre; decreto -qué casualidad- que precisamente derogó el Partido Socialista, con lo cual no entiendo cómo se puede modificar un real decreto que está derogado por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
Por tanto, señorías, apoyamos a los trabajadores que sufren esta enfermedad profesional, tanto los vinculados al cuarzo como a la pizarra, y defendemos la prevención como la mejor medida para amparar los derechos de los trabajadores, pero no
podemos aprobar una proposición no de ley cuya parte dispositiva tiene dos puntos que tienen unos errores desde el punto de vista de rigor que hacen que no pueda ser apoyada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López Ares.
Suspendemos la sesión durante tres minutos y después iniciaremos las votaciones. (Pausa).
En primer lugar, vamos a conceder la palabra al señor portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, que va a presentar... (La señora Rodríguez Fernández pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señora Rodríguez?
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Señor presidente, ¿puede ser después de la votación, dado que tenemos una reunión del grupo parlamentario a las seis de la tarde y están esperando por algunos de nosotros? Lo pido con todo el respeto para el
señor presidente y para el Grupo Vasco.
El señor PRESIDENTE: ¿Les parece bien? (Asentimiento).
Bien, procedemos a votar las distintas proposiciones no de ley en el orden en el que han sido expuestas. Enunciaré su título para que no haya ningún tipo de confusión.
La primera proposición no de ley que ha sido debatida ha sido la relativa al incremento de la siniestralidad laboral en el conjunto del Estado. Se somete a votación con la incorporación de las enmiendas aceptadas por el grupo autor de la
iniciativa, y que son el punto 1 de la enmienda número 1 del Grupo Democràcia i Llibertat y la enmienda número 2 del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27, en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. Esta proposición no de ley está dirigida al Gobierno que se constituya. Siempre queda un milagro.
En segundo lugar, votamos la proposición no de ley que aparece en el quinto lugar en el orden del día, relativa a modificar las condiciones del contrato de relevo y jubilación parcial, para potenciarlo, del Grupo Parlamentario Catalán
(Democràcia i Llibertat). Se somete a votación la proposición no de ley en sus propios términos con la incorporación de una enmienda transaccional que ha sido distribuida entre los distintos grupos parlamentarios, por lo que ahorramos su lectura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. En tercer lugar, procedemos a la votación de la proposición no de ley sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y
que se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. A continuación, procedemos a votar la proposición no de ley sobre la mejora de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad laboral o profesional remunerada, ya sea
esta por cuenta propia o por cuenta ajena, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y que se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 19; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. Finalmente, procedemos a votar la proposición no de ley sobre el reconocimiento de la situación de incapacidad permanente en los supuestos de silicosis grado I sin enfermedad interconcurrente para el
sector de la pizarra, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y que se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, rogaría a quienes no tienen que abandonar con urgencia perentoria la sala que esperasen un segundo para que el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco exponga su propuesta de realizar una declaración institucional de apoyo a
la campaña internacional para promover la declaración de la década del empleo juvenil por parte de Naciones Unidas. Señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar lo que ha motivado que esta propuesta llegue a esta Comisión, y en su caso al Pleno, fue la iniciativa que en su día presentó Carles Campuzano de creación de una subcomisión para fomentar el empleo en los menores de treinta
años. Esto motivó que la Fundación Novia Salcedo -fundación de muy larga y exitosa trayectoria en el ámbito de la formación y de la empleabilidad de la gente joven, con sede en Bilbao pero cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el Estado- se
pusiera en contacto con él, y posteriormente conmigo como consecuencia de una reunión, para contarnos la existencia de esta iniciativa que supone solicitar a la Organización de Naciones Unidas la declaración de una década del empleo juvenil, que
podría comenzar a contar a partir de 2017 o 2018.
Por lo que he podido conocer -puesto que para mí también ha sido relativamente novedosa-, esta propuesta fue objeto de apoyo en su momento tanto por el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno vasco como, sobre todo, por el actual Gobierno del
Estado. Esa fundación en su momento solicitó el apoyo del Gobierno, con el que llegó a un acuerdo concreto, que se cita en la declaración, y además se constituyó un comité de apoyo para la presentación de la iniciativa incluso ante la propia ONU en
Nueva York. ¿En qué consiste? Consiste nada más y nada menos que en someter a la Organización de Naciones Unidas la posibilidad de que se declare una década de fomento del empleo joven -con todo lo que ello conlleva-, con fundamento en unas bases
o principios que fueron objeto de la llamada Declaración de Bilbao y que está contenida también en esta propuesta de declaración, y respecto de la que se están recabando todos los apoyos posibles. Les he recordado algunos de los apoyos que ha
tenido hasta este momento, y nos han señalado si era posible obtener el apoyo del Congreso de los Diputados. En ese sentido nos hemos puesto a trabajar sobre la posible redacción de esta propuesta de declaración. Les he pasado un borrador que, si
a ustedes les parece oportuno, podría ser tratado cuanto antes para ser presentado en la próxima Junta de Portavoces que se celebrará mañana o, si no hubiera tiempo, más tarde, esto es, en la próxima legislatura posiblemente. Dicho borrador
pretende solicitar simplemente el apoyo a esta propuesta de declaración, a iniciativa de una fundación que entendemos que merece la pena.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiaran. (El señor Echániz Salgado pide la palabra). ¿Señor Echániz?
El señor ECHÁNIZ SALGADO: No sé si el señor presidente pretendía que nos posicionáramos inicialmente sobre la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: No está previsto pero, si usted quiere posicionarse, posiciónese.
Se ha ido la portavoz del Grupo Socialista. Abro un turno de portavoces. Adelante, señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Quiero poner de manifiesto que mi grupo parlamentario valora la iniciativa. El Gobierno de España el año pasado, en Consejo de Ministros, aprobó esta iniciativa de creación de un comité de apoyo que celebró ya su
primera mesa. La segunda mesa va a ser convocada en los próximos días precisamente para apoyar esta iniciativa, que el Grupo Popular respaldará, quizá con alguna matización o alguna enmienda al texto; pero, como digo, en cualquier caso suscribimos
el espíritu de la declaración.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Intervengo con mucha brevedad simplemente para mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa del portavoz del Grupo Vasco. Quiero remarcar que efectivamente la Fundación Novia Salcedo tiene prestigio en el País
Vasco pero también dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Esta iniciativa de la década de empleo juvenil está teniendo fuera de las fronteras
del Estado español importantes apoyos. Por lo tanto, sería bueno que el Congreso de los Diputados se sumase con esta declaración institucional al apoyo de esta iniciativa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano. ¿Algún portavoz más? (Pausa). Señor Cano.
El señor CANO FUSTER: Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos nos alegramos de que estas iniciativas se traigan al Congreso. Bienvenidas sean todas las propuestas que vayan encaminadas a intentar incrementar el trabajo joven y que sea
menos precario. Espero que todos los grupos parlamentarios nos sumemos a una declaración conjunta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.
Señora Vidal.
La señora VIDAL SÁEZ: Estudiaremos esta iniciativa y sin duda lo iremos viendo. Quiero señalar solo una cuestión. Cuatro años tardaron en poner en práctica la Garantía Juvenil, que a día de hoy se puede decir que es un fracaso.
Probablemente sobran declaraciones y faltan políticas públicas alrededor de la juventud y el empleo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Levantamos la sesión de la Comisión. Mañana a las diez de la mañana nos reuniremos de nuevo.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y veinte minutos de la tarde.