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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 23, de 26/02/2016
cve: BOCG-11-D-23
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XI LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de febrero de 2016
Núm. 23
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
059/000009 Calendario de sesiones plenarias para el periodo marzo-junio de 2016 ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la situación del bloguero Raif Badawi y los derechos humanos en Arabia Saudí ... (Página4)
162/000086 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la infraestructura ferroviaria en el municipio de Montcada i Reixac ... (Página5)
162/000093 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los astilleros públicos de la ría de Ferrol. ... (Página7)
162/000097 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la defensa de la libertad religiosa y su ejercicio ... (Página9)
Comisión Constitucional
161/000125 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la defensa de la libertad religiosa y su ejercicio ... (Página11)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000119 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los astilleros públicos de la ría de Ferrol ... (Página12)
Comisión de Fomento
161/000098 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la infraestructura ferroviaria en el municipio de Montcada i Reixac ... (Página14)
161/000112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la Ronda de Circunvalación SE-40 ... (Página16)
161/000123 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mantenimiento del taller de reparaciones de Venta de Baños por Renfe Operadora ... (Página17)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000114 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al cumplimiento del marco de actuación sobre la minería del carbón 2013-2018 ... (Página18)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
093/000003 Convenio con el Gobierno de Navarra, L'Office Public de la Langue Basque y las Diputaciones Forales, para poder presentar el Proyecto del Sistema de Indicadores del Euskera (EAS) a las ayudas europeas Poctefa 2014-2020 ...
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
059/000009
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado aprobar, oída la Junta de Portavoces, el calendario de sesiones plenarias para el periodo marzo-junio de 2016.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CALENDARIO DE SESIONES PLENARIAS
MARZO-JUNIO 2016
I PERIODO DE SESIONES
Semana;Con/Sin Pleno;Observaciones
Del 1 al 3 de marzo;Con Pleno;
Del 8 al 10 de marzo;Sin Pleno;
Del 15 al 17 de marzo;Con Pleno;
Del 22 al 24 de marzo;Sin Pleno;Semana Santa
Del 29 al 31 de marzo;Con Pleno;
Del 5 al 7 de abril;Sin Pleno;
Del 12 al 14 de abril;Con Pleno;
Del 19 al 21 de abril;Con Pleno;
Del 26 al 28 de abril;Con Pleno;
Del 3 al 5 de mayo;Sin Pleno;Festivo el día 2 de mayo
Del 10 al 12 de mayo;Con Pleno;
Del 17 al 19 de mayo;Con Pleno;Festivo el día 16 de mayo
Del 24 al 26 de mayo;Con Pleno;
Del 31 de mayo al 2 de junio;Sin Pleno;
Del 7 al 9 de junio;Con Pleno;
Del 14 al 16 de junio;Con Pleno;
Del 21 al 23 de junio;Con Pleno;
Del 28 al 30 de junio;Con Pleno;
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Desde que el bloguero Raif Badawi empezara una segunda huelga de hambre reclamando atención médica para tratar su diabetes, las autoridades penitenciarias de la cárcel de Dhahran, en Arabia Saudí, lo mantienen recluido en una celda de
aislamiento. Badawi publicó una página web, titulada: 'Liberales Saudíes', con la que pretendía crear un espacio de debate político. En 2012 fue juzgado por apostasía y por proferir insultos al Islam a través de canales electrónicos. La
sentencia al activista de treinta y dos años fue de diez años de prisión, además de una pena de mil latigazos. Tras recibir los primeros cincuenta golpes de látigo, el resto tuvo que posponerse debido a su grave deterioro físico y a la presión
internacional.
Cuando su marido fue encarcelado, Ensaf Haidar empezó a trabajar intensa y eficazmente para su liberación. En Canada -donde vive con sus tres hijos desde que el año pasado les concedieran la nacionalidad-, ha organizado el movimiento 'Free
Raif' con el que se ha ganado el apoyo de gran parte de la opinión pública canadiense, que pide que a Raif Badawi también le concedan esta nacionalidad, algo que supuestamente le otorgaría mayores posibilidades de defensa. En el plano
internacional, el caso Badawi se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en los países árabes. Fruto de esta lucha a nivel internacional fue la concesión por el Parlamento Europeo del Premio Sajarov a la Libertad de
Conciencia el año pasado 2015. En la entrega de los Premios Sajarov, el presidente del Parlamento Europeo afirmó que las relaciones entre los Estados miembros y los órganos de la UE dependen también del respeto a los derechos humanos.
La situación de Badawi pone el foco en el sistema judicial y en la manera feudal de imponer y aplicar la Sharia en Arabia Saudita. Aunque en teoría es un Estado moderno, el Rey preside un Gabinete en el que todos los ministros son
familiares suyos y elige personalmente a los 150 miembros del Consejo de la Shura. El poder del Rey -Custodio de los Santos Lugares de la Meca y Medina-, solo está limitado por el de la propia familia real cuyos miembros también monopolizan los
órganos de administración de justicia del país. En los primeros comicios celebrados en la historia del reino se votarían a la mitad de los miembros de los ayuntamientos, puesto que el resto los nombra directamente el Rey.
La monarquía saudita ha recrudecido la represión hacia su población en los últimos años y particularmente en los últimos meses. Al menos 151 personas han sido ejecutadas entre enero y noviembre de 2015, el número más alto de condenas a
muerte en veinte años. La reciente ejecución del influyente clérigo chíi, Sheikh Nimr Baqir al Nimr, ha intensificado su enfrentamiento con Irán. Su apoyo a diferentes facciones sunitas que operan en Siria y la coalición militar que lidera contra
el Yemen ha aumentado la
inestabilidad de la región en donde estos conflictos exacerban las muertes civiles y las diversas crisis de refugiados.
El estado físico de Raif Badawi y la posible reanudación de los latigazos hace que sea necesario un posicionamiento público inmediato. Los rápidos cambios que se están sucediendo en Oriente Próximo y el norte de África obligan asimismo a
prestar una especial atención a todas aquellas cuestiones de orden humanitario que pueden afectar aún más a la debilitada estabilidad de la región.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al futuro Gobierno de España a:
1. Apoyar el mensaje del movimiento 'Free Raif' denunciando la situación física y jurídica de Raif Badawi con el fin de conseguir el perdón real. Denunciar la situación de Raif Badawi implica también el reconocimiento de su esposa, Ensaf
Haidar, que al poder realizar su trabajo libremente desde Canadá, contribuye a visibilizar la situación de las mujeres sauditas, en grave estado de desigualdad con respecto a los hombres.
2. Apoyar con firmeza la resolución del Parlamento Europeo, aprobada el 29 septiembre de 2014, en la que denuncia que las supuestas medidas de lucha contra el terrorismo no pueden ser utilizadas como un medio para actuar contra defensores
de los derechos humanos. Asimismo, compartir la gran preocupación del Parlamento Europeo, sobre la situación de los derechos humanos en general e incidir en las grandes diferencias entre las obligaciones asumidas a nivel internacional y la
aplicación a sus propias poblaciones. La resolución europea certifica la frecuencia de las detenciones y arrestos arbitrarios, la tortura, las prohibiciones para viajar, el acoso judicial, los juicios parciales y la pena de muerte. También del
aumento de la impunidad ante estas violaciones.
3. Oponerse a que el príncipe saudí Faisal bin Hassan Trad presida la comisión de expertos independientes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
4. Seguir con atención el desarrollo de un caso Raif Badawi, pues hace visible a la silenciada sociedad civil saudita que cuenta con una de las más dinámicas comunidades de activistas en redes sociales de Oriente Próximo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2016.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas y Fernando Maura Barandiarán, Portavoces del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la infraestructura ferroviaria en el municipio de Montcada i Reixac, para
su debate en Pleno.
Montcada i Reixac, un municipio con una población de 34.377 habitantes según datos del Instituto de Estadística de Catalunya para el año 2015, está castigada por su situación geográfica. Salida natural de Barcelona hacia el norte, se
encuentra partida y fracturada tanto por accidentes geográficos -dos ríos y una riera- como por importantes vías de comunicación: tres líneas de cercanías (Barcelona-Terrassa-Manresa, Barcelona-Vic Ripoll, y Barcelona-Sant Celoni Portbou), dos
autopistas (C58 y C33), una autovía (C17), carretera nacional (N150).
A los perjuicios ocasionados por estas infraestructuras hay que sumarles también los efectos provocados por los diez polígonos industriales que alberga el municipio, así como por la degradación medioambiental que generan las diversas
canteras e industrias contaminantes, entre las que destacan la estación comarcal depuradora de aguas residuales; la planta de tratamiento mecánico y biológico de residuos municipales, y la cementera Lafarge, ubicada en medio de la población y que
actualmente, además de la generación de polvo derivada de la actividad productiva, se ha convertido en una incineradora al recibir la autorización para 'valorizar' residuos.
En su día se vio la oportunidad de llegar a un acuerdo cuando se licitaron las obras del AVE al paso por el municipio. Se soterró la vía del AVE y entonces se adquirió el compromiso de que a la mayor brevedad posible se procedería al
soterramiento de la línea Barcelona-Portbou, que a su paso por el municipio tiene una gran frecuencia de paso y además tiene dos pasos a nivel altamente peligrosos en los que han perdido la vida atropelladas 164 personas.
Fue clave la creación, en enero de 2006, de la Plataforma Ciudadana 'Tracte Just, Soterrament total ja'. Esta plataforma ciudadana, a la que se adhirieron más de setenta entidades locales, consiguió un importantísimo apoyo social, hasta el
punto de recoger 12.000 firmas y ha realizado manifestaciones multitudinarias y diferentes actos públicos con una gran participación vecinal.
El día 19 de noviembre de 2007 se firmaron los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Fomento, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, el Ayuntamiento de Montcada i Reixac y el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) en relación con el paso de la línea de alta velocidad y de la integración de la línea férrea convencional Barcelona-Portbou a su paso por Montcada i Reixac:
Reunidos:
Don Víctor Morlán Gracia, Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento.
Don Joaquim Nadal i Farreras, Consejero del Departamento de Política Territorial i Obras Púbicas de la Generalitat de Catalunya.
Don César Arrizabalaga Zabala, Alcalde-Presidente de Montcada i Reixac.
Don Antonio González Marín, Presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Han analizado la problemática relativa al paso de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa y de la actual línea convencional Barcelona-Portbou a su paso por el municipio de Montcada i Reixac y han adoptado los siguientes
acuerdos:
En su paso por la zona urbana del municipio:
Primero. La ejecución de las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa se llevará a cabo en primer lugar, con carácter prioritario, de acuerdo con el trazado aprobado por resolución del Secretario de Estado de
Infraestructuras de 30 de agosto de 2000 ('BOE' de 17 de octubre de 2000), y de conformidad con el proyecto contratado por el Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con fecha 23 de febrero de 2007. Este proyecto incluye
un túnel de 3,709 metros de longitud a su paso por la zona urbana del municipio.
Segundo. El Ministerio de Fomento, a través de ADIF y de la Dirección General de Ferrocarriles, redactará y tramitará, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación ambiental y en la sectorial ferroviaria, el proyecto de
soterramiento de la línea convencional Barcelona-Portbou a su paso por la zona urbana de Montcada i Reixac, desde el límite con Vallbona, mediante un nuevo trazado bajo el río Ripoll, hasta su ribera norte. La asistencia técnica para la redacción
de este proyecto ha sido contratada por ADIF el 25 de septiembre de 2007.
Dentro de este proyecto se analizará y definirá, asimismo, una nueva estación ferroviaria de Cercanías en Montcada i Reixac que garantice el servicio que actualmente se presta a la ciudad.
La licitación y ejecución de las obras se producirá, de forma coordinada con las de alta velocidad, una vez finalice la redacción del proyecto constructivo y haya sido aprobado.
Tercero. Mientras se construye el nuevo túnel de la línea convencional y la nueva estación, el servicio ferroviario de Cercanías en Montcada i Reixac se seguirá prestando en la actual estación.
Cuarto. Es voluntad de las partes que una vez entre en servicio el nuevo trazado del túnel de la línea Barcelona-Portbou, los terrenos sobre los que discurre el trazado actual se desmantelarán y desafectarán del uso ferroviario y serán
cedidos al Ayuntamiento para su calificación como zona verde pública.
Los ingresos derivados de los aprovechamientos urbanísticos que correspondan a ADIF sobre estos terrenos desafectados se incorporarán a la financiación del proyecto, para lo cual el Ayuntamiento de Montcada i Reixac y la Generalitat de
Catalunya promoverán los instrumentos de planeamiento necesarios para la materialización de los aprovechamientos urbanísticos originados por la cesión de los suelos del trazado actual en los ámbitos espaciales que correspondan.
Quinto. Los presentes acuerdos se desarrollaran en un convenio posterior, a suscribir entre los firmantes del presente Acuerdo una vez estén definidas las actuaciones con precisión necesaria.'
A día de hoy, con el proyecto definitivamente aprobado, urge dotarlo presupuestariamente para poderse definitivamente llevar a cabo después de tantos años de luchas y sufrimientos. Montcada i Reixac merece ver reconocido el importantísimo
papel que desempeña como eje vertebrador del desarrollo económico de la Región Metropolitana. Y lo merece por razones objetivas, como son la sobre implantación en el municipio de infraestructuras que dan servicio a todo el territorio metropolitano;
o el acoso provocado por el desarrollo urbanístico de dos potentes núcleos de crecimiento -el Barcelonés Norte y el Vallés-, que lo han sometido a un estrés territorial desproporcionado.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo la ejecución de la primera fase de las cinco presupuestadas y acordadas entre las administraciones y el municipio de Montcada i Reixac, del proyecto de soterramiento de la línea
convencional de Portbou, y que se traduce en el soterramiento mediante perforadora entre el barrio de Vallbona (Barcelona) y Montcada i Reixac a la altura de l'Avinguda de la Unitat con C/ Leonor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.-Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario GPOD-EC-En Marea, a iniciativa de sus Diputadas y Diputados Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Alexandra Fernández Gómez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos y Miguel Anxo Fernán-Vello, conforme recoge
el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ser debatida en Pleno relativa a los astilleros públicos de la ría de Ferrol.
Exposición de motivos
La empresa pública Navantia está sufriendo la pésima gestión política de un gobierno y de un partido (el PP) que rechaza el carácter público del astillero Navantia y, que por lo tanto, renuncia a intervenir para salvaguardar un sector
estratégico con potencialidades extraordinarias para el desarrollo social, económico e industrial de nuestro país. La centralización de la gestión y la imposición de una estructura organizativa y funcional equivocada, sumada a la incapacidad del
área comercial para conseguir nuevas contrataciones y a la negativa del Gobierno a avanzar inversiones productivas y programas de construcción que dependen de él, configuran una intervención política errática causante de la evidente falta de rumbo
vigente en una empresa y sector fundamentales para la industria gallega.
El estrangulamiento que los gobiernos del PP provocan a los astilleros públicos de la ría de Ferrol comporta además en este territorio un brutal destrozo socioeconómico, después de sucesivas reconversiones frustradas, vetos europeos y
abandono por parte de los gobiernos del turno restauracionista.
Ejemplo paradigmático de ello son las mentiras electorales comprometidas por el PP y que no se han hecho realidad: dique flotante, armada de buques mexicana desaparecida o un Astano (Navantia Fene) que sigue sin construir buques.
El balance contable no puede ser más negativo a causa de la caída de las ventas y de los niveles de contratación, el alto nivel de endeudamiento y el desequilibrio patrimonial existente, que aboca al Gobierno a actuar de manera decidida para
capitalizar la empresa pública.
Navantia Ferrol y Navantia Fene (la antigua Bazán y Astano) son -pese a los gobiernos sucesivos- un conjunto industrial con gran capacidad tecnológica llamado a jugar un papel tractor en un nuevo desarrollo industrial que comparta con las
universidades y centros tecnológicos -como tendría que ser el CIS de A Cabana- el núcleo de I+D+i de la construcción naval pública.
Una oportunidad para crear riqueza social y empleo estable y con derechos: toda una alternativa política y social al desmantelamiento industrial que propician las políticas del PP, que supusieron la pérdida de 55.000 puestos de trabajo
industriales.
Los astilleros públicos de la ría de Ferrol representan el futuro de las comarcas en las que están radicados, pero para ello se requiere un compromiso público estable para mantener y ampliar en cada uno de sus centros su actividad principal
histórica, la construcción naval; para ampliar la participación de las trabajadoras y trabajadores y garantizar sus derechos laborales; para desarrollar la capacidad tecnológica, la calidad, el diseño, la formación especializada y permanente, la
cualificación profesional y la especialización en buques, plataformas y otros productos de alto valor añadido; para ampliar el empleo público y rejuvenecer las plantillas; y con un marco de relaciones laborales en el que se garantizan los derechos
económicos y sociales y se homogeneizan las condiciones para el conjunto de la empresa.
Herramienta clave para desarrollar el futuro que son los astilleros públicos de la ría de Ferrol es la aprobación de un plan industrial, que sea acordado con la representación sindical de la plantilla. No se puede continuar aplazando, por
cálculos electorales, la negociación de este plan.
Un plan industrial que tiene que desarrollar diversas líneas fuerza:
- La titularidad y gestión pública de los astilleros con el compromiso estatal de reconocer a Navantia y al sector naval como un sector estratégico para el Estado y para Galicia.
- El impulso al contrato entre el Ministerio de Defensa y Navantia con la planificación de las necesidades de la Armada española. Debemos comenzar por la nueva serie de fragatas F-110.
- El desarrollo de una política comercial de Estado que elabore un programa integral de actuaciones de carácter comercial que fomente la exportación de productos realizados en los astilleros.
- Ejecución de un programa de inversiones productivas que afirmen la capacidad de los astilleros de la ría de Ferrol, y en el que se construya un dique y aquellas otras actuaciones que apuntalen la mejora de los procesos productivos y de las
instalaciones.
- Potenciación de la capacidad operativa y técnica que permita la ejecución de proyectos industriales integrales con recursos propios planificados reduciendo así las subcontrataciones.
- Descentralización de los departamentos de compras, aprovisionamientos, ingeniería, comerciales, etc., entregando así eficacia y autonomía a los centros como los astilleros de la ría de Ferrol.
- Rejuvenecimiento y ampliación de las plantillas como mecanismo necesario para los desarrollos futuros, con la garantía del mantenimiento de todos los centros y de las plantillas que se deriven de ello.
- La potenciación de las líneas de negocio preferentes, y la apuesta por los sectores de carácter civil con mayores márgenes de negocio y de mayor valor añadido, junto a una diversificación industrial en productos de alto valor añadido.
- Constitución de un polo de investigación e innovación con la participación del sistema universitario y el ministerio para el desarrollo de nuevas tecnologías y proyectos.
- El impulso a las salas técnicas en el orden tecnológico, de personal, equipamiento técnico y formación continua.
- La profunda remoción del cuadro directivo y gestor de la empresa con su profesionalización.
- La ampliación del espacio de participación real de la plantilla en la toma de las decisiones básicas de la empresa pública.
- La elaboración de un plan integral de formación que descanse en la formación continua de la plantilla y del personal de las industrias auxiliares, con especial hincapié en la prevención en materia de seguridad y salud laboral.
- Una actuación integrada para la industria complementaria y auxiliar, que no un dispositivo para abaratar costes de fuerza de trabajo. Este incorporará al convenio con Navantia la relación con estas industrias y el cumplimiento de los
compromisos de recolocación de 1999.
- El establecimiento de garantías para que el Comité de Dirección, integrado por la presidencia y la dirección de los diferentes departamentos, sea constituido por personas con conocimiento en la materia y capacitado para conseguir una
estructura organizativa acorde a los objetivos anteriormente propuestos.
Este plan industrial de futuro tiene que acompañarse de actuaciones de emergencia para aumentar la carga de trabajo: el adelanto de las órdenes de ejecución de las F-110 y los BAM, la construcción del dique, la contratación del gasero.
Por lo expuesto, el grupo parlamentario GPOD-EC-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las gestiones oportunas para que de manera urgente se elabore, y se acuerde con la representación sindical de la plantilla, el plan industrial de Navantia, sobre la base de los
contenidos recogidos en esta iniciativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Fernán-Vello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro/UPN, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de la libertad religiosa y su ejercicio, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La libertad religiosa es una de las libertades públicas que nuestra Carta Magna garantiza, regulando su contenido material en la Sección Primera ('de los derechos fundamentales y de las libertades públicas') del capítulo segundo ('derechos y
libertades') del Título I 'De los derechos y deberes fundamentales', esto es, reconociéndole el mayor nivel de protección que la Constitución reserva únicamente para una lista tasada de derechos y libertades. En concreto, el artículo 16, en su
apartado 1, la formula en los términos siguientes: 'se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público
protegido por la ley'.
El artículo 9, en su apartado 1, establece que 'los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento'. Y añade en el apartado 2 que 'corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social'.
Expuesto el marco constitucional que ampara la libertad religiosa, sin embargo, en demasiadas ocasiones y con una excesiva contemporización o indiferencia general observamos que los ataques y ofensas al sentimiento religioso son cada día más
frecuentes y, mucho tememos, más organizados.
En especial, en los últimos tiempos, se han acentuado los ataques y ofensas contra la religión católica y sus fieles.
Así, recientemente, hemos conocido innumerables actos algunos de los cuales bien han sido protagonizados personalmente por cargos públicos bien han sido promovidos y financiados desde distintas administraciones públicas. Cabe recordar,
entre otros, la actuación de la actual concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, irrumpiendo en la capilla de la Universidad Complutense mientras otros estudiantes y personal de la universidad rezaban, pasando por el contenido de la obra La
bruja y Don Cristóbal, de la compañía 'Títeres desde abajo', incluida en la programación municipal de los Carnavales Madrid 2016, la exposición organizada por el Ayuntamiento de Pamplona del 'artista' local Abel Azcona basada en el robo de formas
consagradas o la versión del Padrenuestro de la 'poetisa' Dolors Miguel con motivo de los Premios Ciudad de Barcelona el pasado lunes y saludado con entusiasmo por la alcaldesa de Barcelona.
Si la convivencia deja de alimentarse de tolerancia, sencillamente se seca. La proliferación de actos ofensivos contra la libertad religiosa supone un retroceso objetivo de nuestra convivencia.
El ejercicio de las libertades de cada cual exige un espacio de respeto con las libertades de los demás, y así el Estado en todas sus manifestaciones y foros debe, a juicio de Unión del Pueblo Navarro/UPN, contribuir positivamente a que ese
espacio no sea violado. De forma nítida, el artículo 10, apartado 1, de la Constitución proclama que 'la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social'.
Ese respeto, además, debiera incluir una mínima neutralidad ante las expresiones, las manifestaciones individuales o colectivas de quienes profesan su fe de forma pública.
Si bien algunos tratan de amparar dichas manifestaciones dentro del paraguas de la libertad de expresión y de creación 'artística', deben carecer de justificación o amparo constitucional los actos ofensivos, las campañas injuriosas, los
'escraches' o, todavía más doloroso, los actos de acoso acompañados de presión o violencia en las personas.
En un momento de nuestra historia en el que algunos hablan de la necesidad de iniciar una segunda transición, merece la pena incidir en la conveniencia de reafirmar un compromiso institucional con el respeto a la libertad religiosa y de
culto.
Nada hay en la historia que nos invite a pensar que la intolerancia o la indiferencia frente a las muestras de odio antirreligioso prologarán un tiempo político mejor. Todo lo contrario.
De este modo, el éxito de la transición española solo se explica desde la tolerancia, el respeto y la defensa compartida de la libertad de pensamiento, expresión y manifestación. Ese respeto debe incluir a los que creen y a los que no
creen. No es posible construir un edificio de convivencia mejorado desde la ofensa, el agravio y la violencia. Tanto los hechos que denunciamos en esta iniciativa, como la posibilidad de que en el futuro su frecuencia aumente, son las razones que
justifican su presentación.
Por todo ello, queriendo contribuir a evitar desde ahora mismo la eventualidad de que pudiéramos llegar a ese fracaso social, UPN presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la defensa de la libertad religiosa y su ejercicio
'1. El Congreso de los Diputados reafirma la vigencia del artículo 16.1 de la Constitución española de 1978, que establece:
''se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley''.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Promover aquellas condiciones que mejor garanticen el ejercicio de la libertad religiosa en España,
- Perseguir todos aquellos ataques y ofensas que atenten gravemente la libertad religiosa y el derecho de los ciudadanos a profesar su fe de forma libre, pública y pacífica.
- Velar para que, en cumplimiento del artículo 16.3, el Estado y las distintas confesiones religiosas mantengan las ''consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones''.
- Fiscalizar la actuación de las administraciones públicas de modo que respeten el carácter aconfesional del Estado, sin que se transforme en laicidad negativa.
- Mantenerse en alerta ante los riesgos de instrumentalización de la religión para fines distintos de los que le son propios, y
- Extremar la vigilancia para combatir eficazmente el fenómeno de la radicalización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2016.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz e Íñigo Alli Martínez, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/000125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro/UPN, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de la libertad religiosa y su ejercicio, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La libertad religiosa es una de las libertades públicas que nuestra Carta Magna garantiza, regulando su contenido material en la Sección Primera ('de los derechos fundamentales y de las libertades públicas') del Capítulo Segundo ('derechos y
libertades') del Título I 'De los derechos y deberes fundamentales', esto es, reconociéndole el mayor nivel de protección que la Constitución reserva únicamente para una lista tasada de derechos y libertades. En concreto, el artículo 16, en su
apartado 1, la formula en los términos siguientes: 'se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público
protegido por la ley'.
El artículo 9, en su apartado 1, establece que 'los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento'. Y añade en el apartado 2 que 'corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social'.
Expuesto el marco constitucional que ampara la libertad religiosa, sin embargo, en demasiadas ocasiones y con una excesiva contemporización o indiferencia general observamos que los ataques y ofensas al sentimiento religioso son cada día más
frecuentes y, mucho tememos, más organizados.
En especial, en los últimos tiempos, se han acentuado los ataques y ofensas contra la religión católica y sus fieles.
Así, recientemente, hemos conocido innumerables actos, algunos de los cuales bien han sido protagonizados personalmente por cargos públicos, bien han sido promovidos y financiados desde distintas administraciones públicas. Cabe recordar,
entre otros, la actuación de la actual concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, irrumpiendo en la capilla de la Universidad Complutense mientras otros estudiantes y personal de la universidad rezaban, pasando por el contenido de la obra La
bruja y Don Cristóbal, de la compañía 'Títeres desde abajo', incluida en la programación municipal de los carnavales Madrid 2016, la exposición organizada por el Ayuntamiento de Pamplona del 'artista' local Abel Azcona, basada en el robo de formas
consagradas o la versión del Padrenuestro de la 'poetisa' Dolors Miguel con motivo de los Premios Ciudad de Barcelona el pasado lunes y saludado con entusiasmo por la alcaldesa de Barcelona.
Si la convivencia deja de alimentarse de tolerancia, sencillamente se seca. La proliferación de actos ofensivos contra la libertad religiosa supone un retroceso objetivo de nuestra convivencia.
El ejercicio de las libertades de cada cual exige un espacio de respeto con las libertades de los demás, y así el Estado en todas sus manifestaciones y foros debe, a juicio de Unión del Pueblo Navarro/UPN, contribuir positivamente a que ese
espacio no sea violado. De forma nítida, el artículo 10, apartado 1, de la Constitución proclama que 'la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social'.
Ese respeto, además, debiera incluir una mínima neutralidad ante las expresiones, las manifestaciones individuales o colectivas de quienes profesan su fe de forma pública.
Si bien algunos tratan de amparar dichas manifestaciones dentro del paraguas de la libertad de expresión y de creación 'artística', deben carecer de justificación o amparo constitucional los actos
ofensivos, las campañas injuriosas, los 'escraches' o, todavía más doloroso, los actos de acoso acompañados de presión o violencia en las personas.
En un momento de nuestra historia en el que algunos hablan de la necesidad de iniciar una segunda transición, merece la pena incidir en la conveniencia de reafirmar un compromiso institucional con el respeto a la libertad religiosa y de
culto.
Nada hay en la historia que nos invite a pensar que la intolerancia o la indiferencia frente a las muestras de odio antirreligioso prologarán un tiempo político mejor. Todo lo contrario.
De este modo, el éxito de la transición española solo se explica desde la tolerancia, el respeto y la defensa compartida de la libertad de pensamiento, expresión y manifestación. Ese respeto debe incluir a los que creen y a los que no
creen. No es posible construir un edificio de convivencia mejorado desde la ofensa, el agravio y la violencia. Tanto los hechos que denunciamos en esta iniciativa, como la posibilidad de que en el futuro su frecuencia aumente, son las razones que
justifican su presentación.
Por todo ello, queriendo contribuir a evitar desde ahora mismo la eventualidad de que pudiéramos llegar a ese fracaso social, UPN presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la defensa de la libertad religiosa y su ejercicio
'1. El Congreso de los Diputados reafirma la vigencia del artículo 16.1 de la Constitución española de 1978, que establece:
''se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley''.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Promover aquellas condiciones que mejor garanticen el ejercicio de la libertad religiosa en España.
- Perseguir todos aquellos ataques y ofensas que atenten gravemente la libertad religiosa y el derecho de los ciudadanos a profesar su fe de forma libre, pública y pacífica.
- Velar para que, en cumplimiento del artículo 16.3, el Estado y las distintas confesiones religiosas mantengan las ''consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones''.
- Fiscalizar la actuación de las administraciones públicas de modo que respeten el carácter aconfesional del Estado, sin que se transforme en laicidad negativa.
- Mantenerse en alerta ante los riesgos de instrumentalización de la religión para fines distintos de los que le son propios, y
- Extremar la vigilancia para combatir eficazmente el fenómeno de la radicalización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2016.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz e Íñigo Alli Martínez, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario GPOD-EC-En Marea, a iniciativa de sus Diputadas y Diputados Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Alexandra Fernández Gómez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos y Miguel Anxo Fernán-Vello, conforme recoge
el artículo 193 del Reglamento del Congreso,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para ser debatida en Comisión relativa a los astilleros públicos de la ría de Ferrol.
Exposición de motivos
La empresa pública Navantia está sufriendo la pésima gestión política de un gobierno y de un partido (el PP) que rechaza el carácter público del astillero Navantia y que, por lo tanto, renuncia a intervenir para salvaguardar un sector
estratégico con potencialidades extraordinarias para el desarrollo social, económico e industrial de nuestro país. La centralización de la gestión y la imposición de una estructura organizativa y funcional equivocada, sumada a la incapacidad del
área comercial para conseguir nuevas contrataciones y a la negativa del Gobierno a avanzar inversiones productivas y programas de construcción que dependen de él, configuran una intervención política errática causante de la evidente falta de rumbo
vigente en una empresa y sector fundamentales para la industria gallega.
El estrangulamiento que los gobiernos del PP provocan a los astilleros públicos de la ría de Ferrol comporta además en este territorio un brutal destrozo socioeconómico, después de sucesivas reconversiones frustradas, vetos europeos y
abandono por parte de los gobiernos del turno restauracionista.
Ejemplo paradigmático de ello son las mentiras electorales comprometidas por el PP y que no se han hecho realidad: dique flotante, armada de buques mexicana desaparecida o un Astano (Navantia Fene) que sigue sin construir buques.
El balance contable no puede ser más negativo a causa de la caída de las ventas y de los niveles de contratación, el alto nivel de endeudamiento y el desequilibrio patrimonial existente, que aboca al Gobierno a actuar de manera decidida para
capitalizar la empresa pública.
Navantia Ferrol y Navantia Fene (la antigua Bazán y Astano) son -pese a los gobiernos sucesivos- un conjunto industrial con gran capacidad tecnológica llamado a jugar un papel tractor en un nuevo desarrollo industrial que comparta con las
universidades y centros tecnológicos -como tendría que ser el CIS de A Cabana- el núcleo de I+D+i de la construcción naval pública.
Una oportunidad para crear riqueza social y empleo estable y con derechos: toda una alternativa política y social al desmantelamiento industrial que propician las políticas del PP, que supusieron la pérdida de 55.000 puestos de trabajo
industriales.
Los astilleros públicos de la ría de Ferrol representan el futuro de las comarcas en las que están radicados, pero para ello se requiere un compromiso público estable para mantener y ampliar en cada uno de sus centros su actividad principal
histórica, la construcción naval; para ampliar la participación de las trabajadoras y trabajadores y garantizar sus derechos laborales; para desarrollar la capacidad tecnológica, la calidad, el diseño, la formación especializada y permanente, la
cualificación profesional y la especialización en buques, plataformas y otros productos de alto valor añadido; para ampliar el empleo público y rejuvenecer las plantillas; y con un marco de relaciones laborales en el que se garantizan los derechos
económicos y sociales y se homogeneizan las condiciones para el conjunto de la empresa.
Herramienta clave para desarrollar el futuro que son los astilleros públicos de la ría de Ferrol es la aprobación de un plan industrial, que sea acordado con la representación sindical de la plantilla. No se puede continuar aplazando, por
cálculos electorales, la negociación de este plan.
Un plan industrial que tiene que desarrollar diversas líneas fuerza:
- La titularidad y gestión pública de los astilleros con el compromiso estatal de reconocer a Navantia y al sector naval como un sector estratégico para el Estado y para Galicia.
- El impulso al contrato entre el Ministerio de Defensa y Navantia con la planificación de las necesidades de la Armada española. Debemos comenzar por la nueva serie de fragatas F-110.
- El desarrollo de una política comercial de Estado que elabore un programa integral de actuaciones de carácter comercial que fomente la exportación de productos realizados en los astilleros.
- Ejecución de un programa de inversiones productivas que afirmen la capacidad de los astilleros de la ría de Ferrol, y en el que se construya un dique y aquellas otras actuaciones que apuntalen la mejora de los procesos productivos y de las
instalaciones.
- Potenciación de la capacidad operativa y técnica que permita la ejecución de proyectos industriales integrales con recursos propios planificados reduciendo así las subcontrataciones.
- Descentralización de los departamentos de compras, aprovisionamientos, ingeniería, comerciales, etc., entregando así eficacia y autonomía a los centros como los astilleros de la ría de Ferrol.
- Rejuvenecimiento y ampliación de las plantillas como mecanismo necesario para los desarrollos futuros, con la garantía del mantenimiento de todos los centros y de las plantillas que se deriven de ello.
- La potenciación de las líneas de negocio preferentes, y la apuesta por los sectores de carácter civil con mayores márgenes de negocio y de mayor valor añadido, junto a una diversificación industrial en productos de alto valor añadido.
- Constitución de un polo de investigación e innovación con la participación del sistema universitario y el ministerio para el desarrollo de nuevas tecnologías y proyectos.
- El impulso a las salas técnicas en el orden tecnológico, de personal, equipamiento técnico y formación continua.
- La profunda remoción del cuadro directivo y gestor de la empresa con su profesionalización.
- La ampliación del espacio de participación real de la plantilla en la toma de las decisiones básicas de la empresa pública.
- La elaboración de un plan integral de formación que descanse en la formación continua de la plantilla y del personal de las industrias auxiliares, con especial hincapié en la prevención en materia de seguridad y salud laboral.
- Una actuación integrada para la industria complementaria y auxiliar, que no un dispositivo para abaratar costes de fuerza de trabajo. Este incorporará al convenio con Navantia la relación con estas industrias y el cumplimiento de los
compromisos de recolocación de 1999.
- El establecimiento de garantías para que el Comité de Dirección, integrado por la presidencia y la dirección de los diferentes departamentos, sea constituido por personas con conocimiento en la materia y capacitado para conseguir una
estructura organizativa acorde a los objetivos anteriormente propuestos.
Este plan industrial de futuro tiene que acompañarse de actuaciones de emergencia para aumentar la carga de trabajo: el adelanto de las órdenes de ejecución de las F-110 y los BAM, la construcción del dique, la contratación del gasero.
Por lo expuesto, el grupo parlamentario GPOD-EC-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las gestiones oportunas para que de manera urgente se elabore, y se acuerde con la representación sindical de la plantilla, el plan industrial de Navantia, sobre la base de los
contenidos recogidos en esta iniciativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Antón Gómez-Reino Varela, David Bruzos Higuero y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz
del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Fomento
161/000098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la infraestructura ferroviaria en el municipio de Montcada i Reixac, para
su debate en la Comisión de Fomento.
Montcada i Reixac, un municipio con una población de 34.377 habitantes, según datos del Instituto de Estadística de Catalunya para el año 2015, está castigada por su situación geográfica. Salida natural de Barcelona hacia el norte, se
encuentra partida y fracturada tanto por accidentes geográficos -dos ríos y una riera- como por importantes vías de comunicación: tres líneas de Cercanías (Barcelona-Terrassa-Manresa, Barcelona-Vic Ripoll, y Barcelona-Sant Celoni Portbou), dos
autopistas (C58 y C33), una autovía (C17), carretera nacional (N150).
A los perjuicios ocasionados por estas infraestructuras hay que sumarles también los efectos provocados por los diez polígonos industriales que alberga el municipio, así como por la degradación
medioambiental que generan las diversas canteras e industrias contaminantes, entre las que destacan la estación comarcal depuradora de aguas residuales; la planta de tratamiento mecánico y biológico de residuos municipales; y la cementera
Lafarge, ubicada en medio de la población y que actualmente, además de la generación de polvo derivada de la actividad productiva, se ha convertido en una incineradora al recibir la autorización para 'valorizar' residuos.
En su día se vio la oportunidad de llegar a un acuerdo cuando se licitaron las obras del AVE al paso por el municipio. Se soterró la vía del AVE y entonces se adquirió el compromiso de que a la mayor brevedad posible se procedería al
soterramiento de la línea Barcelona-Portbou, que a su paso por el municipio tiene una gran frecuencia de paso y además tiene dos pasos a nivel altamente peligrosos en los que han perdido la vida atropelladas 164 personas.
Fue clave la creación, en enero de 2006, de la Plataforma ciudadana 'Tracte Just, Soterrament total ja'. Esta plataforma ciudadana, a la que se adhirieron más de setenta entidades locales, consiguió un importantísimo apoyo social, hasta el
punto de recoger 12.000 firmas y ha realizado manifestaciones multitudinarias y diferentes actos públicos con una gran participación vecinal.
El día 19 de noviembre de 2007 se firmaron los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Fomento, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, el Ayuntamiento de Montcada i Reixac y el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) en relación con el paso de la línea de alta velocidad y de la integración de la línea férrea convencional Barcelona-Portbou a su paso por Montcada i Reixac:
Reunidos:
Don Víctor Morlán Gracia, Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento.
Don Joaquim Nadal i Farreras, Consejero del Departamento de Política Territorial i Obras Púbicas de la Generalitat de Catalunya.
Don César Arrizabalaga Zabala, Alcalde-Presidente de Montcada i Reixac.
Don Antonio González Marín, Presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Han analizado la problemática relativa al paso de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa y de la actual línea convencional Baarcelona-Portbou a su paso por el municipio de Montcada i Reixac y han adoptado los
siguientes
Acuerdos:
En su paso por la zona urbana del municipio:
Primero. La ejecución de las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa se llevará a cabo en primer lugar, con carácter prioritario, de acuerdo con el trazado aprobado por resolución del Secretario de Estado de
Infraestructuras de 30 de agosto de 2000 ('BOE' de 17 de octubre de 2000), y de conformidad con el proyecto contratado por el Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con fecha 23 de febrero de 2007. Este proyecto incluye
un túnel de 3,709 metros de longitud a su paso por la zona urbana del municipio.
Segundo. El Ministerio de Fomento, a través de ADIF y de la Dirección General de Ferrocarriles, redactará y tramitará, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación ambiental y en la sectorial ferroviaria, el proyecto de
soterramiento de la línea convencional Barcelona-Portbou a su paso por la zona urbana de Montcada i Reixac, desde el límite con Vallbona, mediante un nuevo trazado bajo el río Ripoll, hasta su ribera norte. La asistencia técnica para la redacción
de este proyecto ha sido contratada por ADIF el 25 de septiembre de 2007.
Dentro de este proyecto se analizará y definirá, asimismo, una nueva estación ferroviaria de Cercanías en Montcada i Reixac que garantice el servicio que actualmente se presta a la ciudad.
La licitación y ejecución de las obras se producirá, de forma coordinada con las de alta velocidad, una vez finalice la redacción del proyecto constructivo y haya sido aprobado.
Tercero. Mientras se construye el nuevo túnel de la línea convencional y la nueva estación, el servicio ferroviario de Cercanías en Montcada i Reixac se seguirá prestando en la actual estación.
Cuarto. Es voluntad de las partes que una vez entre en servicio el nuevo trazado del túnel de la línea Barcelona-Portbou, los terrenos sobre los que discurre el trazado actual se desmantelarán y desafectarán del uso ferroviario y serán
cedidos al Ayuntamiento para su calificación como zona verde pública. Los
ingresos derivados de los aprovechamientos urbanísticos que correspondan a ADIF sobre estos terrenos desafectados se incorporarán a la financiación del proyecto, para lo cual el Ayuntamiento de Montcada i Reixac y la Generalitat de Catalunya
promoverán los instrumentos de planeamiento necesarios para la materialización de los aprovechamientos urbanísticos originados por la cesión de los suelos del trazado actual en los ámbitos espaciales que correspondan.
Quinto. Los presentes acuerdos se desarrollarán en un convenio posterior, a suscribir entre los firmantes del presente Acuerdo una vez estén definidas las actuaciones con precisión necesaria.'
A día de hoy, con el proyecto definitivamente aprobado, urge dotarlo presupuestariamente para poderse definitivamente llevar a cabo después de tantos años de luchas y sufrimientos. Montcada i Reixac merece ver reconocido el importantísimo
papel que desempeña como eje vertebrador del desarrollo económico de la región metropolitana. Y lo merece por razones objetivas, como son la sobreimplantación en el municipio de infraestructuras que dan servicio a todo el territorio metropolitano;
o el acoso provocado por el desarrollo urbanístico de dos potentes núcleos de crecimiento -el Barcelonés Norte y el Valles-, que lo han sometido a un estrés territorial desproporcionado.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo la ejecución de la primera fase de las cinco presupuestadas y acordadas entre las administraciones y el municipio de Montcada i Reixac, del proyecto de soterramiento de la línea
convencional de Portbou, y que se traduce en el soterramiento mediante perforadora entre el barrio de Vallbona (Barcelona) y Montcada i Reixac a la altura de l'Avinguda de la Unitat con C/ Leonor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2016.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.-Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la ronda de circunvalación SE-40, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
De los 74 kilómetros que conforman el total de la nueva circunvalación de Sevilla, correspondiente a la SE-40, actualmente hay en servicio 15,810 kilómetros que se corresponden con los dos tramos ya finalizados por el Ministerio de Fomento y
que se definen entre la autovía A-4 - Rinconada - A-92 (Alcalá de Guadaíra) y A-92 - Alcalá de Guadaíra-Autovía de Utrera A-376.
Actualmente, el Ministerio de Fomento tiene en ejecución el tramo entre la autovía de Utrera A-376 - A-4 (Dos Hermanas). El tramo entre la A-4 (Dos Hermanas) y Coria del Río, que incluye el nuevo paso del río Guadalquivir a través de dos
túneles, tiene las obras iniciadas pero en suspensión temporal desde hace ya varios meses.
Los tramos entre Coria del Río-Almensilla y Almensilla - A-49 (autopista Sevilla-Huelva), se encuentran en ejecución.
Es importante finalizar los tramos actualmente en ejecución correspondientes a Coria del Río-Almensilla y Almensilla - A-49. En este sentido, hay que tener en cuenta que este último tramo contempla un nuevo enlace sobre la autopista
Sevilla-Huelva (A-49) que está preparado para recoger una nueva conexión viaria que contempla el planeamiento urbanístico de Espartinas. También consideramos prioritario, desde el punto de vista del área metropolitana de Sevilla, impulsar la
finalización del tramo Dos Hermanas-Coria del Río. Este tramo es importante finalizarlo ya que con él se materializará un nuevo
paso bajo el río Guadalquivir, que permitirá una conexión limpia del Aljarafe sur y centro con Sevilla capital, resolviéndose así los actuales problemas de conexión que se dan en los puentes Juan Carlos I y Reina Sofía, que en horas punta
dan lugar a problemas de congestión de tráfico. Con este tramo, Dos Hermanas-Coria quedaría finalizado el arco sur de la SE-40, que, además de canalizar tráficos de largo recorrido, cumplirá una función esencial en la articulación del área
metropolitana de Sevilla en la zona donde se emplazan los municipios de mayor población.(Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, La Rinconada y el Aljarafe sevillano).
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a finalizar lo antes posible el tramo de la circunvalación SE-40 definido entre la autovía de Utrera A-376 y Dos Hermanas, para dar salida al tráfico de largo recorrido que se dirige hacia
Cádiz y el Puerto de Algeciras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2016.-Carmen Cuello Pérez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el mantenimiento del taller de reparaciones de Venta de Baños por Renfe Operadora, para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En el año 2010 se implantó en Venta de Baños el CERC (Centro Especializado de Reparación de Componentes) de reparación de amortiguadores, dedicado a la reparación de amortiguadores de todas las series de vehículos de la flota material de
Renfe. Para lo cual se hizo la inversión necesaria para el acondicionamiento de las instalaciones y la formación del personal. Previamente, en el año 2006 se hizo una inversión de tres millones de euros para acondicionar el taller para la
reparación de máquinas, es decir, las inversiones realizadas en este taller permiten prestar más servicios, diversificar funciones y consecuentemente podría haber más personal, como hubo en fases anteriores.
Se ha tenido conocimiento de que la Dirección de Fabricación y Mantenimiento de Renfe Operadora tiene previsto el cierre del taller de mantenimiento de Venta de Baños, trasladando las cargas de trabajo a otros talleres, como el de Monforte
de Lemos, y a los 11 trabajadores del taller a otras residencias. A ello se ha de añadir dos puestos de trabajo de personal de limpieza que ven peligrar su estabilidad laboral.
Esta decisión se ha tomado sin el acuerdo de los representantes sindicales ni de los trabajadores, que ya han presentado alegaciones a dicho cierre. Alegaciones en las que se manifiesta, entre otras cosas y fundamentalmente, que el taller
tiene carga de trabajo suficiente para seguir en funcionamiento.
Este cierre unilateral, que también cuenta con el rechazo de los todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Venta de Baños, supone un paso más en el desmantelamiento y destrucción de puestos de trabajo y del sector
ferroviario en Venta de Baños, un desmantelamiento que se viene sufriendo de manera especial en estos últimos tres años en los que la plantilla de Venta de Baños ha perdido nueve trabajadores.
Este cierre supondría un duro golpe para el sector ferroviario de la provincia de Palencia, que ha pasado de 815 trabajadores en la década de los ochenta a 158 actualmente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para evitar que Renfe Operadora cierre el taller de reparaciones de Venta de Baños, y para que se mantengan los puestos y las cargas de trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2016.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al cumplimiento del marco de actuación sobre la minería del carbón 2013-2018, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Tras los graves incumplimientos por parte del Gobierno de España de las responsabilidades asumidas a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y nuevo modelo de
desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, se alcanzó un nuevo acuerdo con la participación de las empresas del sector y los sindicatos mineros el 1 de octubre de 2013. Incumplimientos que supusieron un recorte de recursos del 64 %
de las ayudas y la progresiva desaparición de los recursos destinados a infraestructuras para el desarrollo alternativo.
Este acuerdo concretado en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018, incorpora las condiciones fijadas en la Decisión del Consejo 2010/787/UE que establece la posibilidad de prorrogar
las ayudas a la actividad hasta el horizonte 2018 y establece las condiciones exigibles, de forma que posibilite la actividad minera en las comarcas afectadas en ese horizonte. También incluye la continuidad de líneas de ayuda al desarrollo
alternativo de nuevas actividades económicas y el fomento de la innovación tecnológica para la combustión limpia, especialmente en la captura del CO2 Tras más de dos años de vigencia del presente Plan, continúan existiendo grandes incertidumbres
sobre el futuro del sector, especialmente en lo que afecta al consumo del carbón nacional que garantice la continuidad de la actividad minera en España. Cabe recordar que, según los datos proporcionados por Red Eléctrica de España correspondientes
al año 2015, la cobertura de la demanda eléctrica en este ejercicio se ha realizado de media con la participación del carbón en un 20,3 %.
El Marco de Actuación 2013-2018 creó una Comisión de Seguimiento del acuerdo que incluye a las partes firmantes y la Comisión de Coordinación para el seguimiento del desarrollo de las infraestructuras acordadas, compuesta por el IRCM y las
CC.AA.
Dadas las incertidumbres antes apuntadas sobre el futuro del sector, los agentes sociales han demandado de forma reiterada durante los últimos siete meses la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación acordado sin que
por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se haya obtenido respuesta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a convocar de forma urgente la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018 a fin de conocer la situación sobre los
siguientes asuntos:
1. El grado de cumplimiento del Marco de Actuación, firmado en 2013, tanto en el ámbito sectorial (cumplimiento de producciones y quema de carbón autóctono, evolución de plantillas, ayudas explotación, cierres, ayudas sociales, seguridad
minera, etc.) como en el ámbito territorial y de reactivación (proyectos empresariales y ayudas a infraestructuras).
2. El estado de implementación del mecanismo de pago por capacidad que debería estar en vigor desde el 1 de enero de 2015 (hace más de un año) en sustitución del RD de Garantía de Suministro, y la posibilidad de acompañamiento de la
exención del céntimo verde.
3. La situación y perspectivas de las inversiones en investigación y desarrollo para la captura y almacenamiento de CO2, con especial atención a la situación -presente y futura- de CIUDEN.
4. La situación de las negociaciones y/o contactos con las instituciones de la UE de cara a revertir la Decisión del Consejo de 10 de diciembre de 2010 (2010/787/UE).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2016.-Adriana Lastra Fernández, Antonio Ramón María Trevín Lombán, María Aurora Flórez Rodríguez, María Luz Martínez Seijo, Ignacio Urquizu Sancho, Susana Sumelzo Jordán y Óscar Galeano
Gracia, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
093/000003
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(93) Convenios entre Comunidades Autónomas.
Autor: Comunidad Autónoma del País Vasco-Gobierno.
Convenio con el Gobierno de Navarra, L'Office Public de la Langue Basque y las Diputaciones Forales, para poder presentar el Proyecto del Sistema de Indicadores del Euskera (EAS) a las ayudas europeas Poctefa 2014-2020.
Acuerdo:
Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, poniéndolo en conocimiento de la
Presidencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PROGRAMA INTERREG V A ESPAÑA / FRANCIA / ANDORRA (POCTEFA) 2014-2020
CONVENIO TRANSFRONTERIZO DE PARTENARIADO / SISTEMA DE INDICADORES DEL EUSKERA
Los abajo firmantes:
Gobierno Vasco, CIF: S-4833001-C.
Representado legalmente por Patxi Xabier Baztarrika Galparsoro.
En cualidad de viceconsejero de Política Lingüística.
Calle Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.
Teléfono: 945 018 110, E-mail: hizkpol@euskadi.eus.
A continuación nombrado (Jefe de Fila) del proyecto, socio 1,
Euskararen Erakunde Publikoa-Office Publique de la Langue
Basque-EEP, Siret :18640912400028.
Representado legalmente por Francois Maïtia.
En cualidad de Presidente.
2 allée des Platanes, Platanondoen ibilbidea, 2 - 64100 Bayonne.
Teléfono: 0559311834, E-mail: Francois.Maitia@wanadoo.fr.
A continuación nombrado socio 2,
Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera.
CIF: Q3150046E.
Representado legalmente por Mikel Arregui Pérez.
En cualidad de director-gerente.
Calle Yanguas y Miranda, 27 1.° 31003 Pamplona/Iruña.
Teléfono: 616 22 95 68, E-mail: marregip@navarra.es.
A continuación nombrado socio 3.
Diputación Foral de Álava, CIF: P-0100000-I.
Representada legalmente por Igone Martinez de Luna Unanue.
Diputada de Euskara, Cultura y Deporte.
C/. Samaniego, 14, 4.ª planta, 01008 Vitoria-Gasteiz.
Teléfono: 945181818, E-mail: imtzluna@alava.net.
A continuación nombrado socio 4.
Diputación Foral de Bizkaia, CIF: P-4800000-D.
Representado legalmente por Lorca Bilbao Ibarra.
En cualidad de diputada de Euskera y Cultura.
Alameda de Rekalde, 30, 48009 Bilbao.
Teléfono: 944 06 86 98, E-mail: Kultura.cliputadua@bizkaia.eus.
A continuación nombrado socio 5.
Diputación Foral de Gipuzkoa, CIF: P-2000000-F.
Representado legalmente por Mikel Irizar Intxausti.
Director general de Igualdad Lingüística.
Gipuzkoako plaza z.g., e-20004 Donostia.
+34 634416703 mirizar@gipuzkoa.eus.
A continuación nombrado socio 6.
Vistos los reglamentos comunitarios referentes a disposiciones sobre los fondos estructurales europeos y más concretamente los reglamentos:
(CE) N.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de 'Cooperación Territorial
Europea'.
(CE) N.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de 'inversión en crecimiento y empleo'.
(CE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al fondo europeo de desarrollo regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y Fondo Europeo Marítimo
y de la Pesca.
Visto el Programa INTERREG V A España/Francia/Andorra (POCTEFA) 2014/2020, aprobado por la Comisión Europea el 19 de mayo de 2015 por decisión C (2015) 3086.
Artículo 1. Objeto del convenio.
Las citadas entidades se comprometen a respetar el presente convenio, el cual define sus derechos, sus obligaciones y sus responsabilidades respectivas en cuanto a la realización del proyecto EAS (Euskararen Adierazle Sistema/Sistema de
Indicadores del Euskera) presentado por el eje 3 del Programa INTERREG V A España/Francia/Andorra (POCTEFA) 2014-2020, y cuyo contenido es aprobado por todos los socios.
El proyecto prevé un número total de 6 socios, un gasto total elegible de 598.488 euros.
El formulario de candidatura del proyecto y sus anexos respectivos forman parte íntegra del presente convenio.
Artículo 2. Designación del Jefe de Fila del proyecto.
El socio Gobierno Vasco es nombrado por el conjunto de los otros socios como Jefe de Fila del proyecto, objeto del presente convenio de partenariado.
El Jefe de Fila del proyecto se compromete a ser:
- El interlocutor del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y del Ministerio de Economía y Hacienda, respectivamente, Autoridad de Gestión y Autoridad de Certificación del Programa INTERREG V A España/Francia/Andorra (POCTEFA)
2014-2020, así como de las Autoridades Nacionales y del Coordinador Territorial implicado por el proyecto.
- El coordinador de los socios firmantes del presente convenio en todos los aspectos que dependen de la gestión técnica, administrativa y financiera del proyecto.
El Jefe de Fila responderá por el conjunto de los socios firmantes del presente convenio:
- de la puesta en marcha y del avance del proyecto en términos de ejecuciones técnicas, físicas y financieras.
Artículo 3. Responsabilidades y obligaciones del Jefe de Fila.
El Jefe de Fila debe respetar las disposiciones y obligaciones del artículo 13 del Reglamento CE 1299/2013.
Además, el Jefe de Fila es nombrado como tal con el fin de:
- Transmitir, en nombre de todos los socios, a la Autoridad de Gestión, vía la SC, administración de recepción, el proyecto, incluyendo el conjunto de la documentación relativa al proyecto mencionado en el formulario de candidatura del
proyecto, que establece también el gasto y el número de socios;
- Responder, como único referente y de acuerdo con los otros socios, a las solicitudes de información que emanasen de la SC encargada de la instrucción del proyecto;
- Comunicar a los otros socios los resultados de la instrucción y las decisiones adoptadas por el Comité de Programación;
- Comunicar a la Autoridad de Gestión, con copia a la SC y a los Coordinadores territoriales para los proyectos de proximidad*, las decisiones y las modificaciones adoptadas por el conjunto de socios;
* Proyectos de proximidad: Aquellos en los que todos y cada uno de los promotores pertenecen a una sola de las áreas definidas del Programa
Este: Cataluña, Andorra con las Regiones Languedoc-Roussillon y Midi-Pyrénées, los departamentos de Haute-Garonne, Ariège y Pyrénées Orientales.
Centro: Aragón con la Región Midi-Pyrénées, los departamentos de Haute-Garonne y Haute-Pyrénées.
Oeste: País Vasco, Aragón, Navarra, La Rioja, la Región Aquitania y el departamento de Pyrénées Atlantiques.
El proyecto se desarrolla y afecta exclusivamente a una única área.
Proyectos transversales: Aquellos en los que no se de alguna de las condiciones requeridas para su consideración como proyectos de proximidad.
- Firmar conjuntamente con la Autoridad de Gestión el convenio de financiación FEDER;
- Velar por el arranque coordinado del proyecto e informar a la Autoridad de Gestión.
- Proceder a la ejecución de las acciones del proyecto según las modalidades y los plazos previstos en el formulario de candidatura anexado; en caso de retraso en el arranque o en la realización de las acciones, mantener informada a la
Autoridad de Gestión.
NB: el arranque del proyecto deberá producirse en un plazo de 3 meses tras la firma del convenio de financiación FEDER.
- Solicitar a la Autoridad de Gestión los pagos de los fondos FEDER tal y como están previstos en el convenio de financiación FEDER;
- Garantizar a la Autoridad de Gestión el mantenimiento de una contabilidad separada para el conjunto de la operación cofinanciada por el programa y someterse a cualquier control documental y sobre el terreno efectuado por cualquier
instancia delegada por la Autoridad de Gestión, la Autoridad de certificación, la Comisión Europea o las Autoridades Nacionales;
- Comprobar que los gastos presentados, en base a los modelos predispuestos por el programa, por los socios que participan en la operación, han sido pagados, con el fin de poner en marcha las acciones del proyecto en las cuales están
implicados, y que esos gastos han sido validados por los servicios de control.
Artículo 4. Responsabilidades y obligaciones de los socios del proyecto.
4.1 Todos los socios del presente convenio, incluido el Jefe de Fila, se comprometen en su respectiva participación en la realización del proyecto común descrito en el artículo 1 del presente convenio, a:
- Llevar una contabilidad por separado de sus gastos y de su Cofinanciación Pública.
- Informarse mutuamente de las modificaciones y/o retrasos en la realización de las acciones del proyecto.
- Asegurar la publicidad de la participación europea según las disposiciones establecidas por el anexo XII apartado 2.2 del Reglamento comunitario CE 1303/2013 en vigor (paneles, información del público en cuestión,...) y las disposiciones
nacionales específicas;
- Respetar las políticas comunitarias (que le vinculan), y especialmente las reglas de:
Competencia y contratación,
Protección del medio ambiente,
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
- Remitir a los servicios de control encargados de la validación de los gastos del proyecto todos los justificantes necesarios para los pagos de la subvención FEDER (facturas pagadas y/o justificantes de igual valor probatorio, certificados
administrativos, datos relativos a los indicadores físicos de realización, de resultado y de impacto...)
- Asumir sus responsabilidades en caso de irregularidades de los gastos declarados.
4.2 Con el fin de facilitar las obligaciones del Jefe de Fila hacia la Autoridad de Gestión, en el marco de sus derechos y obligaciones hacia el Jefe de Fila del proyecto, el (los) socio(s) que no es (son) Jefe de Fila acepta(n) la
coordinación técnica, administrativa y financiera del Jefe de Fila y se compromete(n) a informarle regularmente del avance de su(s) participación en el proyecto referenciado en el artículo 1.
Se compromete(n) especialmente a:
1. Dar respuesta en el más breve plazo a las solicitudes de información, así como suministrar los documentos complementarios necesarios a la instrucción del proyecto;
2. Comunicar su acuerdo en cuanto a las decisiones y eventuales modificaciones que podría adoptar el Comité de Programación, y que le serían comunicadas por el Jefe de Fila;
3. Realizar las actividades que le incumben según las modalidades y los plazos previstos en el formulario de candidatura anexo, en caso de programación del proyecto,
4. Remitir al Jefe de Fila un estado del avance físico, administrativo y financiero periódico;
5. informar al Jefe de Fila sobre las declaraciones de gastos debidamente firmadas, en vista de las solicitudes de pago a cuenta y de saldo de la subvención comunitaria;
6. Remitir al Jefe de Fila la documentación correspondiente a la ejecución de acciones del proyecto, en el marco de su responsabilidad para elaborar los informes de actividades;
7. Dar a conocer la documentación necesaria en los controles y en las certificaciones de gastos. Con este fin, se comprometen a conservar y a tener a disposición durante los tres años siguientes, al pago del saldo de la subvención el
conjunto de los justificantes relativos a los gastos del proyecto.
En apoyo a sus solicitudes de pago FEDER, le suministra(n):
- Un informe de ejecución por una parte, y un estado detallado recapitulativo de los trabajos y gastos realizados por otra, acompañado de los justificantes y de las facturas y/o documentos contables de igual valor probatorio que permitan
verificar el pago efectivamente realizado.
- Un recapitulativo certificado exacto por los responsables administrativo y financiero de la estructura, que dé fe de la percepción de la cofinanciación pública prevista en el plan de financiación.
Artículo 5. Presentación del proyecto-acciones a financiar-financiación.
El proyecto prevé una duración de ejecución de 36 meses, siendo la fecha prevista de arranque el 1 de enero de 2015, y la fecha prevista de conclusión el 31 de diciembre de 2017.
Los socios se comprometen a realizar y financiar las acciones descritas en el formulario de candidatura, de conformidad con el plan de financiación firmado, anexado al presente convenio.
Con el fin de permitir la programación del proyecto, las decisiones de atribuciones de cofinanciación solicitadas deberán obtenerse, como muy tarde, en el momento de la presentación del proyecto al Comité de Programación del Programa
INTERREG V A España/Francia/Andorra (POCTEFA) 2014-2020.
- El conjunto de las cofinanciaciones públicas solicitadas, en su caso ya obtenidas, para la puesta en marcha del proyecto deberán estar claramente identificadas como cofinanciación otorgada al proyecto citado en el artículo 1 del presente
convenio.
- En el caso en que la cofinanciación pública sea objeto de una decisión de atribución anterior al depósito del proyecto al presente programa comunitario, deberá obtenerse una declaración de imputación de la subvención por parte de la
administración pública; esta deberá de expresar su acuerdo para que la financiación sea utilizada como cofinanciación pública en el plan de financiación del socio en cuestión. El socio deberá también, en este caso, justificar que la subvención
valorizada no es objeto de ninguna otra solicitud de subvención dirigida a otro programa de subvención comunitaria.
Cofinanciación comunitaria:
La subvención comunitaria se calcula en base al coste total del proyecto.
De conformidad con el plan de financiación provisional en anexo, el Jefe de Fila solicita en nombre de todos los socios la subvención comunitaria.
La recepción de los gastos en los servicios encargados del control y validación de los gastos se hará de manera continua y como mínimo un vez al año.
Artículo 6. Modificaciones, reintegro y rescisión.
6.1 Cualquier modificación del presente acuerdo será objeto de un apéndice que se someterá a los órganos de coordinación del proyecto.
Cada beneficiario participante en la operación asumirá la responsabilidad en caso de cualquier irregularidad en el gasto que haya declarado.
Por lo tanto:
6.2 En caso de incumplimiento por uno(s) socio(s) de las cláusulas del presente convenio y en particular, de la no ejecución total o parcial de la parte del proyecto que le(s) incumbe, de la modificación del plan de financiación o del
programa de los trabajos sin autorización previa, de la utilización de fondos
no conforme al objeto del presente convenio o de la negativa a someterse a los controles; el Jefe de Fila deberá exigir el reintegro parcial o total de los importes FEDER pagados a su(s) socio(s).
6.3 En los casos citados en los puntos 1 y 2 del presente artículo, el (los) socio(s) en cuestión se compromete(n) a proceder al reintegro de los fondos FEDER indebidamente percibidos en el más breve plazo y, como muy tarde, en los treinta
días que siguen el recibo de la orden reembolso remitida al Jefe de fila por la Autoridad de Gestión.
Artículo 7. Duración.
El presente convenio entrará en vigor el 9 de noviembre de 2015 y finalizará con la fecha del cierre del convenio de financiación del FEDER.
Los socios quedarán sometidos a las disposiciones y a las obligaciones que emanan de él.
Artículo 8. Publicidad y comunicación.
8.1 El beneficiario principal así como los demás beneficiarios se comprometen a poner en marcha conjuntamente las acciones de comunicación establecidas en el formulario de candidatura (C.5. Acción número 2) con el objeto de asegurar una
adecuada difusión del proyecto y de los resultados alcanzados cara a los potenciales beneficiarios y el público en general.
8.2 Las partes firmantes se comprometen a que cualquier acción elaborada en el marco del programa mencione que la operación realizada ha sido seleccionada en el marco del Programa POCTEFA cofinanciado por el FEDER conforme a lo establecido
en las disposiciones establecidas por el anexo XII apartado 2.2 del Reglamento comunitario CE 1303/2013 en vigor. También deberá llevar insertado obligatoriamente los logotipos del Programa y de la Unión Europea.
8.3 El logotipo del Programa deberá ser utilizado de acuerdo al 'Manual de Identidad Corporativa'. Asimismo, el logo de la Unión Europea debe respetar las normas gráficas establecidas en el Anexo II del Reglamento (UE) n.º 821/2014. La
documentación para el tratamiento de ambos logotipos podrá ser solicitada en todo momento a la Secretaría Conjunta.
8.4 El incumplimiento de la normativa en materia de información y comunicación puede dar lugar a correcciones financieras.
Artículo 9. Difusión y capitalización de los resultados obtenidos.
9.1 Los beneficiarios se comprometen a difundir una presentación de los resultados de su proyecto y a transmitirlos a los Estados Miembros, a la Autoridad de Gestión y a la Secretaría Conjunta. Asimismo, se comprometen a remitir a la
Secretaría Conjunta una copia de las herramientas de difusión y comunicación realizadas.
9.2 El beneficiario principal y los otros beneficiarios han de tener en cuenta que los resultados obtenidos deben poder ser accesibles para el público general y para todas las partes interesadas en particular. Además, se comprometen también
a tener un papel activo en las acciones de capitalización, difusión y valorización los resultados obtenidos del proyecto.
9.3 La difusión de resultados debe mencionar que las opiniones reflejadas comprometen únicamente al beneficiario y que, en consecuencia, no representan en ningún caso la opinión oficial de los órganos de gestión del Programa.
9.4 Los beneficiarios aceptan que los órganos de gestión del Programa estén autorizados a difundir la información relativa al proyecto en el marco de las acciones de difusión y de capitalización del Programa en general (nombre de la entidad
y datos del beneficiario principal, nombre de las entidades de los otros beneficiarios, montante de ayuda FEDER concedida, resultados y productos esperados/obtenidos).
Artículo 10. Derechos propiedad intelectual.
Todos los productos (materiales o inmateriales) creados en el marco del proyecto pertenecen en su integridad a los beneficiarios del proyecto. Los órganos de gestión del Programa se reservan el derecho de destacarlos en el marco de la
publicidad y capitalización del Programa. Los derechos de propiedad intelectual e industrial preexistentes puestos a disposición del proyecto han de ser respetados plenamente.
Artículo 11. Litigios.
El presente convenio se rige por la legislación del Estado donde se encuentra el Jefe de fila del proyecto.
Artículo 12. Equivalencia lingüística.
Las versiones españolas y francesas del presente convenio también dan fe.
Artículo 13. Compromiso del partenariado
El Jefe de fila y el conjunto de socios del proyecto:
- Solicitan a la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), Autoridad de Gestión del Programa INTERREG V A España/Francia/Andorra (POCTEFA) la subvención europea FEDER conforme al plan de financiación en anexo.
- Declaran haber solicitado las contrapartidas públicas previstas en el plan de financiación del proyecto (cartas de solicitud en anexo).
- Declara, por la presente, no haber recibido, para las acciones previstas en el presente proyecto, otras ayudas o subvenciones de la Unión Europea, del Estado o de otra administración o entidad pública salvo las previstas en el plan de
financiación presentado.
- Se comprometen a respetar las obligaciones nacionales y comunitarias tal y como están previstas en los diferentes reglamentos vigentes en particular, en temas de contratación pública, de potenciales ingresos generados por el proyecto, de
respeto de las normas en materia de competencia.
- Certifican la exactitud de la información y de los documentos adjuntos en anexo.
Artículo 14. Anexos.
Plan de financiación firmado por los socios.
Hecho en Vitoria-Gasteiz (7 ejemplares), el 9 de noviembre de 2015.