7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de diversas medidas en relación con el desarrollo del Corredor
Mediterráneo.

(Núm. exp. 662/000075)

Autor: GPP

7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para la implantación de la Renta Básica y la
Renta Garantizada de Ciudadanía.

(Núm. exp. 662/000073)

Autor: GPMX

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. LECTURA ÚNICA

8.1.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la
ratificación por España del Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo
irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de
junio de 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000028)

8.1.2. Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de
renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende
la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000029)

9. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

9.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

9.1.1. Enmienda Número Uno al Memorando de Entendimiento
entre el Departamento de Defensa de Australia y el Ministerio de Defensa
de Finlandia en nombre del Gobierno de Finlandia y el Ministro de Defensa
de la República Francesa y el Ministerio Federal de Defensa de la
República Federal de Alemania y el Ministerio de Defensa de la República
Italiana y el Ministerio de Defensa del Reino de España y las Fuerzas
Armadas Suecas y el Secretario de Estado de Defensa del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos de América, relativo a la forma de Onda de Banda Ancha
para la Conexión en Red en Coalición (COALWNW). SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000075)

Página
4830

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de este senador y el señor Mariscal
Cifuentes.

El señor Cazalis Eiguren defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Belloch Julbe defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

La señora Sequera García expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sanz
Cabello.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Cazalis Eiguren, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), así como la señora
Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, y los señores Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; Belloch Julbe por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Sanz Cabello, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las
enmiendas, por los siguientes votos: a favor, 95, en contra, 147.

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas sobre el carácter social del ajuste
presupuestario que ha impulsado, especialmente en asuntos sociales y
dependencia.

(Núm. exp. 671/000064)

Autor: GPCIU

4885

El señor Cleries i Gonzàlez defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de este senador y el señor Mariscal
Cifuentes.

El señor Vázquez García defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor Cleries i Gonzàlez expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Ortega
Rodríguez.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Cazalis Eiguren, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana
Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; los
señores Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, y Vázquez García, por el Grupo Parlamentario
Socialista, así como la señora Ortega Rodríguez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a reforzar las
medidas necesarias para evitar las inundaciones que se originan por el
desbordamiento de los ríos.

(Núm. exp. 662/000074)

Autor: GPP

4899

El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación, por lo que decaen la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa del señor Yanguas Fernández, y la del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Aparici Moya defiende la moción.

El señor Arrufat Gascón defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor Aparici Moya expone la posición de su grupo
respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen los señores Yanguas
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Sabaté Borràs, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Arrufat
Gascón, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Aparici Moya, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de diversas medidas en relación con el desarrollo del Corredor
Mediterráneo.

(Núm. exp. 662/000075)

Autor: GPP

4911

El señor Ortiz Pérez defiende la moción.

La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra defiende la
enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Fernández Ortega defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

La señora Candini i Puig defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ortiz Pérez expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen la señora Leanizbarrutia
de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, así como los
señores Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Ortiz
Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

EXPRESIÓN DE PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL EXSENADOR D.
JOSÉ LUIS SAMPEDRO SÁEZ

(Núm. exp. 550/000014)

4929

El señor presidente manifiesta el pesar de la Cámara por el
fallecimiento del Excmo. Sr. D. José Luis Sampedro Sáez, anunciando la
propuesta de un acto de homenaje.

7. MOCIONES

7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de diversas medidas en relación con el desarrollo del Corredor
Mediterráneo. (Votación.)

(Núm. exp. 662/000075)

Autor: GPP

4929

Se aprueba la moción por los siguientes votos: a favor,
174; en contra, 61, abstenciones, 8.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas sobre el carácter social del ajuste
presupuestario que ha impulsado, especialmente en asuntos sociales y
dependencia. (Votación.)

(Núm. exp. 671/000064)

Autor: GPCIU

4930

Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas
de los grupos parlamentarios Mixto y Socialista, por los siguientes
votos: a favor, 89; en contra, 151; abstenciones, 3.

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a reforzar las
medidas necesarias para evitar las inundaciones que se originan por el
desbordamiento de los ríos. (Votación.)

(Núm. exp. 662/000074)

Autor: GPP

4930

Se aprueba la propuesta de modificación, por los siguientes
votos: a favor, 158; en contra, 1; abstenciones, 85.

7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para la implantación de la Renta Básica y la
Renta Garantizada de Ciudadanía.

(Núm. exp. 662/000073)

Autor: GPMX

4930

El señor Mariscal Cifuentes defiende la moción.

El señor Cleries i Gonzàlez defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ruiz Santos defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor Mariscal Cifuentes expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora
Elorriaga Pisarik.

En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal
Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Guillot Miravet, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Cleries i Gonzàlez,
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Ruiz
Santos, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Elorriaga
Pisarik, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor,
77; en contra, 169.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. LECTURA ÚNICA

8.1.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la
ratificación por España del Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo
irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de
junio de 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000028)

4953

Se aprueba el proyecto de ley por los siguientes votos: a
favor, 239; abstenciones, 4.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

8.1.2. Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de
renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende
la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000029)

4953

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto
número 1, presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto
número 2, presentada por esta senadora, del Grupo Parlamentario
Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número
3, presentada por los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bruguera Batalla defiende la propuesta de veto
número 4, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, así
como la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya.

El señor Díaz Tejera defiende la propuesta de veto número
5, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Rodríguez Comendador Pérez.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Saura Laporta, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, así como la señora
Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, y los señores Rodríguez Esquerdo, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Vuelve a hacer uso de la palabra el señor Díaz Tejera.

Se procede a votar.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, presentada por
los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 69; en contra,
147; abstenciones, 8.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, presentada por la
señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes
votos: a favor, 64; en contra, 145, abstenciones, 10.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, presentada por
los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 68;
en contra, 148; abstenciones, 8.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, presentada por la
señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí
Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, así como la señora Sequera
García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los
siguientes votos: a favor, 68; en contra, 148; abstenciones, 8.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 68; en
contra, 148; abstenciones, 8.

Se aprueba el proyecto de ley por los siguientes votos: a
favor, 146; en contra, 77.

El presidente informa de que queda aprobado definitivamente
por las Cortes Generales el proyecto de ley.

9. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

9.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

9.1.1. Enmienda Número Uno al Memorando de Entendimiento
entre el Departamento de Defensa de Australia y el Ministerio de Defensa
de Finlandia en nombre del Gobierno de Finlandia y el Ministro de Defensa
de la República Francesa y el Ministerio Federal de Defensa de la
República Federal de Alemania y el Ministerio de Defensa de la República
Italiana y el Ministerio de Defensa del Reino de España

y las Fuerzas Armadas Suecas y el Secretario de Estado de
Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, relativo a la
forma de Onda de Banda Ancha para la Conexión en Red en Coalición
(COALWNW). Se tramita por el procedimiento de urgencia.

(Núm. exp. 610/000075)

4972

Se autoriza.

Se levanta la sesión a las veinte horas y quince
minutos.

Página
4836

anteriores. En 2011 fueron 21 400, frente a las 33 400 de
2012. Un número mucho mayor de personas se ha dirigido a esta institución
pidiendo que la Administración corrija un error, le dé un plazo mayor,
rectifique o porque no han logrado una expectativa o un derecho que creen
tener, etcétera.

Las investigaciones de oficio que nosotros hemos iniciado
han sido menos que el año anterior porque ha habido que atender más
quejas y ha habido que acometer varios informes importantes, laboriosos,
a los que brevemente me voy a referir. Por tanto, investigaciones
acotadas a un tema concreto las hemos reducido este año por estas
razones. En 2011 fueron 500 y este año se acercan a las 400. Hemos tenido
que reducir la actividad porque se ha ampliado en otro campo.

Las solicitudes de recursos de inconstitucionalidad han
aumentado, como saben bien sus señorías. Han sido 247 000 los ciudadanos
que han solicitado recursos de inconstitucionalidad. Fundamentalmente, se
trata de funcionarios que se han visto afectados por la supresión de la
paga extra del pasado mes de diciembre y una gran parte de los colectivos
de funcionarios se han dirigido a la institución. Esto supone un aumento
muy grande respecto a años anteriores.

En relación a las administraciones no colaboradoras, es
decir, que no han respondido o responden sin dar respuesta mínimamente
razonada —materia que me parece interesante—, su número va
disminuyendo, porque creo que las administraciones ya son conscientes de
que deben responder al ciudadano, y nosotros lo que les pedimos es que
respondan a lo que el ciudadano demanda, es decir, nuestra solicitud no
es caprichosa ni arbitraria. En 2012 han sido veinte las administraciones
no colaboradoras. Vamos viendo una disminución en su número y un mayor
interés en responder, como, por otra parte, debe ser.

En relación con los recursos de inconstitucionalidad,
brevemente, puesto que sobre esta materia saben ustedes mucho más que yo,
muchas personas y algunos colectivos se dirigen a nosotros porque una ley
no les satisface o no les gusta, van más allá, y desean que presentemos
un recurso de inconstitucionalidad. En ese caso, tenemos que explicarles,
argumentando de manera razonable, que esa ley puede disgustar
profundamente, pero eso no significa que sea inconstitucional. Y esto nos
ocurre muchas veces.

A lo largo de la historia de esta institución, que ahora
cumple treinta años, se han presentado veinticinco recursos de
inconstitucionalidad. Con esto quiero decir que defensores que me han
precedido y sus correspondientes adjuntos han considerado que es una
posibilidad que tiene esta institución, pero es el último recurso, que
hay otras actuaciones, y no hay que olvidar que esta Cámara, el Congreso,
el Gobierno y las comunidades autónomas también tienen capacidad para
presentar esos recursos, y ha sido costumbre que cuando una de las
Cámaras ha presentado un recurso —no siempre—, la institución
ha dejado que sea la representación directa del pueblo la que lo
presente; repito, es una práctica, no tiene por qué ser así siempre.

Como he dicho, en los treinta años de vigencia de esta
institución se han presentado veinticinco recursos, de los cuales seis
fueron estimados por el tribunal en su totalidad y cuatro lo fueron
parcialmente, y en este momento hay tres recursos —presentados
siempre por el Defensor— pendientes de sentencia del año 2010 y uno
del año 2008.

Doy estos datos a sus señorías para explicarles, y así
transmitir a la opinión pública y a ustedes como representantes, que en
muchas ocasiones es más eficiente, resuelve mejor la institución del
Defensor si una vez que ya han acudido al tribunal otros grupos
acreditados se lleva a cabo una acción de mediación o de solicitud
directa de rectificación, como hemos hecho en la Ley de tasas. Sé que a
no todas sus señorías les satisface el resultado de la mediación que ha
dado lugar a una corrección por parte del Ministerio de Justicia del
proyecto de Ley de tasas y a adelantar en unos cuantos meses, casi en un
año, la Ley de justicia gratuita.

Sé que no satisface a todos, pero nosotros pensamos que ha
sido interesante, y lo digo porque, por ejemplo, en relación con una
solicitud efectuada por un sindicato médico de Madrid para que
presentáramos un recurso con ocasión de la actuación de la Comunidad de
Madrid en la gestión de seis hospitales y la futura gestión de
veintisiete centros de atención, tras haberla estudiado, hemos llegado a
la conclusión de que no se puede decir que la forma de la gestión sea
inconstitucional, si bien merece un control y una supervisión muy
estricta sobre cómo llevarla a cabo, así como las concesiones, para que
no haya una concentración en una o dos empresas, para que se vigilen los
presupuestos y no aumenten los de aquellos hospitales que tienen un

convenio y puedan disminuir o mantenerse los que no lo
tienen y son gestionados enteramente de forma pública.

Estas recomendaciones y esta atención que exigimos y
demandamos a la Comunidad de Madrid y que nos comprometimos a hacer es
útil y eficaz, y hemos recibido una carta del presidente de este
sindicato médico denominado AFEM, que nos da las gracias por el trabajo,
y nos dice que cree que nuestra actuación va a ser más útil que la
presentación del recurso. La hemos recibido hace dos días, y es cierto,
porque va a obligar a un Gobierno determinado, a Madrid en este caso,
pero podría ser cualquier otro, a una actuación muy estricta, muy precisa
y con mucho control y mucha vigilancia. Así se reconoce el trabajo que se
ha hecho y se le califica como de interés por parte de este sindicato
médico.

Y volviendo brevemente a la Ley de tasas, ha ocurrido lo
mismo; ya sé que no satisface a todos. Pero es cierto que en las tasas
variables ha habido una modificación muy sustancial en relación con el
proyecto de ley que se había presentado. Tanto en primera como en segunda
instancia las variables han bajado un 80%, pasando de un 0,50% del valor
del litigio en primera y segunda instancia, a un 0,10%. Había un máximo
de tasa variable de 10 000 euros y ahora, con estas modificaciones
instadas desde el Defensor, hay un cambio sustancial y en la justicia
gratuita también. La Ley de justicia gratuita se adelanta, como he dicho,
y ya está en vigor en vez de esperar casi un año.

Se han suprimido las tasas para los laudos arbitrales
—hay una supresión total— y tanto las multas como las
sanciones de carácter administrativo, que lógicamente preocupaban por sus
cuantías, se contienen y se dice que no pueden suponer más del 50% del
valor de la sanción. Es decir, hay una modificación importante. Y esta es
una labor que ha hecho la institución en lugar de presentar un recurso.
Lo explico ante sus señorías porque a lo mejor alguno de ustedes puede
dudar sobre por qué no se presentan. Pues no se presentan, primero,
porque no se consideran inconstitucionales. Si se considerara
inconstitucional desde luego que se presentaban, porque o no se
consideran o hay grandes dudas, y ha habido ya otra instancia, otra
institución que ha presentado el correspondiente recurso. Menciono todo
esto como explicación en esta dación de información ante sus
señorías.

Los informes y estudios que se han elaborado a lo largo del
año 2012 pueden tener a mi juicio interés para sus señorías. Constan en
esta Cámara y los tiene la comisión, pero por supuesto también están a
disposición de todas sus señorías.

Mencionaré, en primer lugar, algo sobre lo que ustedes van
a trabajar en los próximos días, me refiero a las viviendas vacías, que
está muy relacionado en este momento con otros problemas de carácter
social que a todos nos preocupan. Este documento de viviendas protegidas
vacías se ha hecho pidiendo a las comunidades autónomas y a diez grandes
municipios, como Barcelona, Málaga, Sevilla o Madrid y otros muchos, que
faciliten el número de viviendas protegidas que tienen en sus diversas
categorías y su disponibilidad.

La primera conclusión que sacamos de este informe es que
sería conveniente tener un registro de carácter general donde las
comunidades y los ayuntamientos aportaran sus datos, porque no se pueden
ustedes imaginar, señorías, la dificultad que ha supuesto durante más de
un año la elaboración de este documento y sus anexos. Ha sido enormemente
laborioso. ¿Por qué? Porque había administraciones que nos respondían
diciendo: No lo tenemos; no podemos responder; dennos ustedes un tiempo;
vamos a ver si podemos. Y luego, los datos que nos han ido proporcionando
no casaban, no tenían los mismos términos, y era difícil hacerlos
confluir y tener unos números totales.

Por tanto, en estas fechas, en las que salen tantos
números, nuestra primera recomendación sería —repito— que
existiera un registro general con esas aportaciones para que se pudiera
obtener un dato interesante: cuántas viviendas hay en España con
protección, vacías y también ocupadas. A nosotros la cuenta que nos sale
con los datos proporcionados, después de muchas conversaciones con
alcaldes, con consejeros, es que las protegidas vacías en este momento y
que podrían ser utilizadas son un número superior a 10 000. No es
excesivo, tiene que haber muchas más, pero, claro, nosotros hemos
contabilizado diez municipios. Quedarían como mínimo otros treinta
municipios medianos y grandes, pero no hemos tenido más tiempo. Repito
que el número es superior a las 10 000, pero es importante, porque esas
viviendas podrían ponerse, deben ponerse a disposición de familias que
necesitan una vivienda y que no tienen medios para

adquirirla y que mediante un alquiler, por un precio muy
razonable, podrían tener una vivienda decente y digna.

En este informe damos también un baremo sobre los precios
con que se podrían poner en alquiler. Primero, decimos que hay que
contemplar el valor del Sareb en el mismo entorno y que sea como máximo
un 3% del valor que adjudique o que establezca el Sareb. Segundo, que sea
para el propietario, la promotora —cuando exista la
promotora—, con un valor entre un 2 y un 4% de la amortización del
promotor, y que en ningún caso alcance el 30% de la renta familiar. Esto
en alquiler, a lo mejor podría llevarse además a otro tipo de viviendas
que pertenezcan a otros organismos, no lo sé; sería una cosa razonable
para ponerlas en el mercado de alquiler y para miles, miles de familias.
Y hay alguna comunidad autónoma que ya lo tiene así. Creo recordar que es
la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde esto ya está funcionando y no
tienen viviendas vacías para disponer porque ya están ocupadas de manera
razonable. Este ejemplo deberíamos llevarlo a otras comunidades
autónomas, y el mejor lugar para explicarlo es aquí, en el Senado, por la
representación que ustedes ostentan.

En relación con este plan, como la ministra de Fomento ha
anunciado un plan nacional o plan estatal de vivienda, si por parte de la
Administración General del Estado va a haber una aportación económica
para alquiler y aquí están las viviendas susceptibles de ser alquiladas,
es interesante trabajar en esta cuestión en este momento porque se dan
los dos hechos: por un lado, la disponibilidad de viviendas y, por otro,
una aportación económica que ha anunciado el ministerio, que creo que es
interesante, siempre y cuando —sus señorías lo conocen muy bien
porque muchos de ustedes están o han estado en la Administración
local— los requerimientos de ese plan para obtener la ayuda o para
la rehabilitación de viviendas sean ágiles y fáciles —esto lo
sabemos muy bien quienes hemos sido alcaldesas o alcaldes—.
Precisamente el otro día, hablando sobre esta materia con personas que
han tenido responsabilidades en el campo de la vivienda, les recordaba
que ha habido muchos planes de rehabilitación de viviendas. Yo ya he
vivido y he escuchado unos cuantos, y creo que muy pocos han debido
funcionar, muy pocos. Y recuerdo una conversación, tiempo atrás, con el
alcalde de Venecia, ciudad necesitada permanentemente de rehabilitación
para subsistir, que me dijo: las ayudas a la rehabilitación podrían
alcanzar hasta un 70% del valor de la obra, pero ¿sabe una cosa? No lo
pide nadie. ¿Por qué? Porque es imposible, es una meta imposible de
alcanzar.

Que no nos suceda esto ahora. Hagamos algo muy razonable
para la rehabilitación y la ocupación correcta y legal de las viviendas
vacías. Eso es lo que yo me atrevo a pedir a sus señorías por el
conocimiento que tienen sobre esta materia.

Otro de los estudios interesantes ha sido el de las
participaciones preferentes. Creo que ya dije algo en el informe del año
2011, por tanto, no me voy a extender, pero esta es una materia que
también nos preocupa mucho, que nos ha ocupado mucho. Tenemos aquí el
último estudio que hemos hecho sobre las participaciones preferentes.
Diré dos palabras. La Comisión Nacional del Mercado de Valores califica
estos productos financieros como muy complejos. Punto número uno. Y dice
—en segundo de lugar de importancia, desde mi punto de vista—
que para la venta de estos productos las entidades financieras deben
comprobar o verificar que el cliente reúne las condiciones de idoneidad y
que el producto es el adecuado. Exige pasar dos test —utiliza el
término test—: conveniencia e idoneidad, y describe qué es, a su
juicio, en esta materia la conveniencia y quién es el tipo de persona
idónea o no idónea para la adquisición de este producto.

Pues bien, no voy a cansar a sus señorías, pero esto no ha
sido así, esto no se ha hecho así; pero viene no haciéndose así desde
hace mucho tiempo. Metidos ya en faena y estudiando la cuestión, les
puedo decir que esto viene desde el año 2004 o 2005, más o menos, cuando
empiezan a venderse estos productos. Lo que ocurre es que la crisis hace
explotar la situación mucho más recientemente. Pero ha habido una
insuficiente vigilancia de la venta de estos productos; eso es lo que ha
habido desde mi punto de vista. No se han supervisado bien, porque si se
hubieran supervisado bien no se habrían vendido a tantas personas que no
son idóneas, como dicen las propias directivas de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. A lo mejor tendríamos un pequeño grupo de
personas, pero no tendríamos tantas personas afectadas, que han comprado
unos productos a perpetuidad y, sin embargo, tienen más de 70 años, que
han comprado unos productos para mantener y preservar ahí sus ahorros y
ahora resulta que no los pueden sacar, porque sacarlos es complicadísimo
y se tienen que dar una serie de circunstancias.

Si hubiera habido una actitud de vigilancia, de
supervisión, no digo que no se hubiera hecho, no, pero se hubiera
reducido el problema y la solución sería menos compleja que la que hay
ahora.

En resumen, ¿qué proponemos? En la última documentación,
que dejo a sus señorías, proponemos un arbitraje universal, unos
auditores que diagnostiquen, que determinen quiénes son las personas que
de buena fe han adquirido esos productos y no eran para ellos, y que haya
una compensación a medio plazo —comprendemos que no puede ser
mañana—. Confío en que la comisión —que, por real decreto,
hace pocas semanas se ha determinado y se va a constituir, presidida por
la presidenta de la Comisión del Mercado de Valores y asistida por
personas que conocen esta materia y por consumidores o consejerías de
consumo de las comunidades autónomas—, la comisión, repito, pueda
discernir primero y luego instar a una compensación a esas personas. A mí
me parece —lo he hablado también con los adjuntos de la
institución, que nos acompañan en este momento, la señora Ferrer y el
señor Fernández Marugán, por lo que puedo decirlo en plural—, a
nosotros nos parece que las quitas anunciadas, porque no se han
concretado, para las entidades intervenidas o nacionalizadas son
excesivamente altas.

Otro de los informes, el de los deudores hipotecarios, que
también he traído, se refiere a una materia que ustedes van a tratar en
los próximos días porque creo que está terminando la deliberación, el
debate en el Congreso; por tanto, van a tenerlo. Este documento les
podría arrojar alguna luz, porque está hecho a base de las quejas y los
requerimientos que nos han hecho los ciudadanos en los últimos tiempos.
El documento sobre deudores hipotecarios se hace —este es un
resumen— a lo largo de los años 2011 y 2012 como consecuencia de
las quejas habidas también tiempo atrás, y se hace un informe muy amplio,
del que, como digo, he traído es un resumen.

El defensor ha venido proponiendo dos tipos de medidas para
estas personas que, por circunstancias acaecidas de difícil previsión, no
pueden devolver los préstamos a las entidades financieras y son lanzadas
a la calle y se quedan sin vivienda. Como digo, hemos propuesto dos tipos
de medidas, unas de carácter preventivo, para que esto no vuelva a
suceder, por lo menos para que no suceda de esta manera: que afecte a
tantas personas y de una forma tan dramática, y otras medidas paliativas.
Y hacemos hincapié nuevamente en la necesidad de que la ley que sus
señorías van a estudiar en las próximas fechas se fije de manera especial
en la determinación o definición de la insolvencia de las personas
físicas, y en qué momento concurren circunstancias a partir de las cuales
se pueda calificar una situación de insolvencia sobrevenida, porque son
deudores de buena fe. Este es un concepto en el que hemos insistido y
volvemos a insistir, porque nos parece muy importante.

Es necesario, desde luego, que en la subasta —cuando
la haya— del bien del que estamos hablando el precio se establezca
de manera razonable e independiente, no por parte de la entidad
financiera, que sea un precio razonable en el supuesto de que haya que
acudir a la subasta. Y nos parece fundamental —creo que el proyecto
ya lo contempla— que se contengan, que se limiten los abusivos
intereses de demora que había y hay en este momento, que de un 3% se pase
a un 33% en cuestión de tres meses por no haber podido pagar la hipoteca
correspondiente. Pienso que ese es uno de los abusos a los que se refiere
la sentencia del tribunal europeo; cuando habla de cláusulas abusivas,
una de ellas son los intereses y demás gastos que se van acumulando.

Hacemos hincapié en la definición del concepto de deudor de
buena fe y en limitar la responsabilidad patrimonial universal. Y, al
final, ¿qué pedimos? Nosotros pedimos lo que en algunos estudios europeos
y no europeos se denomina segunda oportunidad, es decir, evitar el
lanzamiento, con todas estas cautelas, consideraciones y razonamientos;
dar al juez mayor flexibilidad y mayor capacidad para evaluar la
situación de esa familia y evitar el lanzamiento. Porque a nadie
beneficia y es dramático para la familia.

En relación con la discutida cuestión de la dación en pago,
a mí hay algo que me preocupa, y es que una familia resuelve dar la
vivienda y con eso —en el supuesto de que se contemplara en la
ley— uno se olvida o deja intereses, deberes, obligaciones. Muy
bien. Pero ¿dónde va esa familia? Esa es la cuestión que me preocupa:
dónde va esa familia, porque es la primera vivienda. Por lo tanto, la
dación en pago puede ser una salida en algunas circunstancias, pero es
una salida hacia la nada. No es una solución general, ni muchísimo menos,
desde mi punto de vista. Yo se lo transmito a sus señorías para que lo
tengan en cuenta porque, al final, alguien tendrá que hacerse cargo de
esa familia: el ayuntamiento, la comunidad, Cáritas… Pero no es la
solución. Demos una

oportunidad a esa familia, para que esas personas puedan
encontrar una vía, alargando los plazos, disminuyendo o reduciendo la
deuda, encontrando un alquiler protegido, pero démosles una salida para
que no lancemos a esas personas hacia la nada. Y démosles una salida, de
manera que además la persona tenga interés en hacer frente a medio plazo
a los compromisos que adquirió, reducidos, tasados de otra manera, pero
tenga interés en encontrar un trabajo, en ahorrar para terminar de pagar
lo que se le dijo que le quedaba, etcétera. Todo esto se explica en el
informe, sus señorías lo van comprender perfectamente, y seguramente
añadirán alguna idea más. Pero hay que encontrar una vía para evitar no
solo la desesperación, sino para evitar también la calle y la nada, que
es lo que tenemos que evitar, y buscar, como digo, una salida no solo a
esa falta de vivienda, sino también a esa vida. Démosle una vía. Por eso
hablamos de una segunda oportunidad.

Otra de las recomendaciones de interés efectuada —voy
a hacer un breve resumen—, sobre la que hemos logrado una respuesta
afirmativa —voy a empezar por una última que acabamos de ver a
través de informaciones en los últimos días—, ha sido la
identificación de la policía. Creo que de esto hablé también aquí, ante
sus señorías, el año pasado. Nos parecía que la policía antidisturbios
debía poder ser identificada en sus actuaciones. El ministerio nos ha
dicho que sí, y ya están actuando —o lo harán cuando sea
menester— en la calle con una identificación, como se venía
haciendo también en alguna comunidad autónoma. Creo que la ertzantza lo
hacía también, y ya se va a hacer en todas las actuaciones policiales. Le
hemos pedido al Ministerio del Interior —porque nunca nos paramos
en las peticiones— que vaya todavía un poco más allá y que
establezca un breve código de actuación para las Fuerzas de Seguridad del
Estado, fundamentalmente la policía, cuando actúe en la calle.
Solicitamos que exista un código de conducta y de manera de proceder que
pueda ser conocido por sus señorías y por los ciudadanos cuando lo
deseen, que obligue a una actuación determinada de una manera
determinada. Pero la primera parte, la identificación, como digo, está
conseguida.

Y aproximadamente hace veinte días hemos hecho una
recomendación que creo que también puede ser de interés y aceptada con
respecto al pago a proveedores. Ustedes saben muy bien que hay
comunidades y ayuntamientos que no están pagando a proveedores, a los que
se les pagó en una primera instancia, el año pasado o hace año y medio.
Pero ahora no han alcanzado los fondos o los presupuestos. Nosotros le
hemos dicho a los ministerios correspondientes: Sanidad, Empleo, y
especialmente Hacienda: Como van ustedes a tener —así lo ha
anunciado el ministro— un Fondo de Liquidez Autonómica y una
partida de pago a proveedores disponible, que va a ser transferida a las
comunidades autónomas, nos parece muy bien esa medida, pero digan ustedes
a las comunidades y los ayuntamientos que pongan en primer lugar los
gastos sociales para hacer frente a las deudas en esa materia. Eso nos
parece fundamental, y las razones no se las tengo que explicar a sus
señorías. Y es que hay centros de atención a menores o de atención a
mayores que nos han escrito diciendo: si en el plazo de quince de días no
recibimos la cantidad que se nos adeuda, cerraremos. Esa es una situación
verdaderamente dramática. Por eso, nos hemos dirigido al ministro de
Hacienda y le hemos dicho: Nos parece estupendo, si ustedes incluso
pueden más, mejor, pero díganles que atiendan esos gastos, porque las
consecuencias de la no liquidación de esos gastos o esas deudas son
enormes. Acabamos de ver en el programa —así lo denomina el
Ministerio de Hacienda— sobre el modo o manera de proceder en
cuanto a esas liquidaciones que se da prioridad a los gastos en materia
de educación, sanidad y servicios sociales, con atención especial
—dice la norma del Ministerio de Hacienda— a los servicios
públicos fundamentales en estas materias, y ayudas directas a familias e
instituciones sin fines de lucro en relación con la Ley de dependencia.
Me alegro mucho, me parece que puede ser una buena medida.

Otra recomendación que también hicimos al Ministerio de
Justicia y que ha sido aceptada está en relación con la atención a las
víctimas del terrorismo. Le pedimos al ministerio —creo que ya di
cuenta, pero ahora puedo decir que además la petición se ha resuelto de
manera favorable— que a las víctimas y familiares de víctimas de
terrorismo se les proporcionara un instrumento fácil y sencillo para que
pudieran saber el procedimiento que les afecta y la situación
penitenciaria de las personas por las que se han visto dañados enorme y
gravemente y que han sido los autores de los delitos por los que están
sufriendo; que las familias puedan saber en qué situación penitenciaria
están esas personas y además cuándo se va a celebrar el juicio que a
ellas les preocupa. Y es que

habíamos diagnosticado que hay personas que viven en
núcleos pequeños, o que están alejadas, o que tienen poca información, o
de mucha edad que no se enteraban de que se iba a celebrar el juicio o si
se había celebrado ya, y era un juicio que les afectaba muy directamente
y no habían tenido la información precisa. Pues bien, he comprobado en
una asociación de víctimas que la recomendación que hacíamos ya está, y
que las víctimas o los familiares, identificándose adecuadamente, pueden
conocer su causa, la situación que les preocupa, desde su domicilio. Me
parece que es un avance, dado que eso es lo que podemos hacer en relación
con las víctimas: apoyarlas en su vida, en su sentir y en su penar
diario.

Nos gustaría que el estatuto de las víctimas prosperara y
que llegara aquí pronto para su debate. Esta medida ya ha sido adoptada,
pero no disponemos de mucha información sobre en qué situación está el
estatuto, y sería bueno y conveniente para todas las víctimas.

En relación con esta cuestión, he de informar a sus
señorías de que me he dirigido al comisario europeo de Derechos Humanos
para hablarle de mi preocupación y posición sobre la ejecución de
condenas de delitos de terrorismo y otros actos o acciones muy graves,
sobre lo que se va a pronunciar la gran sala del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos quizá en las próximas semanas o los próximos meses.
Insisto en que le he mostrado mi preocupación y cuál es la posición del
Defensor, que es la misma que la del Tribunal Supremo y la del Tribunal
Constitucional.

Para terminar, señorías, me voy a referir al gran epígrafe
de las quejas, que, como he explicado, y su nombre indica, son un lamento
o una recriminación hacia una entidad o institución por una actuación
determinada. Me parece interesante dar cuenta de que, como ha habido
reducción de prestaciones sociales y sanitarias, hay muchas, muchísimas
quejas. También las ha habido en relación con las listas de espera de
viviendas protegidas. En materia de educación, ha habido muchas quejas
sobre las no sustituciones o rápidas sustituciones de profesores que se
tienen que dar de baja por cualquier circunstancia. Y, como he dicho,
desde luego ha habido enormes quejas de los funcionarios, afectados por
la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre.

Sigue habiendo retrasos en la Administración de Justicia
—estamos muy atentos a esta materia—; sigue habiendo grandes
retrasos, y lamentos por parte de los ciudadanos. Y todavía hay retrasos
en las autorizaciones de residencia —que, a nuestro juicio, deben
concederse cuando se reúnen las condiciones— para personas no
españolas que solicitan la residencia en España. Los trámites son
larguísimos y, en nuestra opinión, también los tiempos son excesivamente
largos.

Muchas quejas versan sobre problemas de las grandes
ciudades: contaminación acústica y ruidos de toda índole. Como ya dije
aquí el año pasado, hay urbanizaciones sin terminar, con el perjuicio
para los vecinos que ya están allí, que han adquirido una casa o un piso
y la urbanización se queda a medias. En este sentido, hemos hecho varias
recomendaciones a la Federación Española de Municipios y Provincias sobre
cómo se podría actuar y cuáles serían los gastos o inversiones
preferenciales para atender mínimamente a esos vecinos. Son, por tanto,
viviendas vacías o bloques semivacíos. Estos son algunos de los problemas
en esta materia.

Señorías, acabo; no quiero entretenerles más y que tengan
que mantener la atención sobre estas cuestiones, porque conozco su orden
del día.

De modo que, para finalizar, les recuerdo que estamos a su
entera disposición para aclarar, ampliar y explicar lo que deseen, y para
oír también sus comentarios, sus críticas y sus sugerencias. Estamos
absolutamente a su disposición, tanto a la de los miembros de la comisión
como a la de todos los miembros de esta Cámara. A nosotros nos interesa
mucho contar con la opinión del Senado, por las experiencias que ustedes
tienen y por sus atribuciones parlamentarias. Estamos encantados de
escucharles y de recibir a los portavoces de la comisión para que nos
transmitan sus deseos. Y, si un día, señor presidente, una
representación, bien de la comisión, o bien del Pleno o de la Mesa,
pudiera venir a la institución para que les expliquemos lo que hacemos,
cuáles son los procedimientos, quiénes son los responsables de las áreas
y cómo tratamos los asuntos, para nosotros sería muy interesante y sería
un honor recibirles.

Nuestra intención es la de ser una institución útil, una
institución al servicio de todos los ciudadanos, con la voluntad
—como imperativo kantiano— de estar al servicio de todos;
nuestra voluntad, por encima de todo, como muestra de servicio a todos
ciudadanos, cooperando e instando a las administraciones, a todas las
administraciones; ante ellas, no frente a ellas. Leía el otro día un
artículo interesante —que seguramente habrán visto algunos de
ustedes— de la

catedrática de Ética doña Adela Cortina, que hablaba de la
cooperación. Ella lo refería a Europa, a cómo Europa debía haber sido un
proyecto de cooperación, y no un proyecto de individualidades, se
referida a las naciones. Pues en nuestro campo también es pertinente la
cooperación; la cooperación del Defensor del Pueblo con las
administraciones; la cooperación entre las administraciones. Ella decía
—y yo lo hago mío— que la cooperación, el valor de la
cooperación es lo que ha hecho avanzar a la especie humana, es lo que ha
hecho avanzar a la humanidad. Decía ella, citando a un sociólogo
americano, cuyo nombre en este momento no recuerdo: no habrán visto
ustedes nunca a dos chimpancés transportar juntos el tronco de un árbol,
nunca; sin embargo, sí hemos visto a miembros de la especie humana
transportar cosas conjuntamente, cooperar, y así ha sido como ha avanzado
la sociedad. Pues este es nuestro afán: cooperar y, desde luego, servir;
servir a todos los ciudadanos y, por supuesto, también a sus señorías,
cuando así lo estimen conveniente.

Gracias, señor presidente, y gracias por su atención.
(Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora defensora del pueblo,
por su informe correspondiente a la gestión realizada por la institución
a lo largo del año 2012.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias, por tiempo de quince minutos.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Gracias, señora defensora del pueblo, por su exposición. Mi
máximo reconocimiento a la institución, aunque solo sea a partir de su
propia denominación. Denominación que adquiere un especial significado en
unos momentos como estos, en que gran parte de la sociedad se siente
indefensa. Lo que no deja de ser también expresión de nuestro fracaso;
del fracaso de la representación institucional, que no es capaz de dar
—cada uno en su responsabilidad, no todos somos iguales ni todos
tenemos la misma responsabilidad— respuesta adecuada a las
necesidades del pueblo. Reconocimiento, pues, al trabajo de la
institución que se extiende al que desarrollan los defensores del pueblo
en las diferentes comunidades autónomas; ahora que, en muchos casos, son
puestos en cuestión por esa estrategia suicida, por ese austericidio que
pone en cuestión la necesidad y la existencia de la figura de los
homólogos del Defensor del Pueblo en las comunidades autónomas. En
algunas de ellas se está planteando ya su desaparición. Yo, como
asturiano, lamento que en mi comunidad autónoma, en Asturias, se haya
iniciado el proceso que puede dar lugar a la desaparición del la
Procurador General, la institución homóloga del Defensor del Pueblo en
Asturias. Decisión que en ningún caso comparto personalmente ni comparte
la fuerza política que represento.

El informe que nos ha presentado la señora defensora del
pueblo es el informe de la crisis. El informe de la crisis, y de las
políticas que el Gobierno y los Gobiernos de las comunidades autónomas
están poniendo en práctica para afrontarla. Es decir, es el informe de
las consecuencias de esas políticas. Por eso el número de expedientes se
ha incrementado en el 2012 en un tercio en relación con el 2011. Por eso
en el 2012 hubo 100 veces más solicitudes de recursos de
inconstitucionalidad y de amparo que en el 2011. La señora defensora del
pueblo destacaba, y yo reconozco que es legítimo para establecer un
refuerzo de su tarea, aquellos supuestos en los que los informes que ha
elaborado han encontrado acogida favorable en las administraciones. Yo me
felicito porque, aunque sea de manera insuficiente, se haya producido una
rebaja de las tasas judiciales. Como muy bien sabe la defensora del
pueblo, eso no ha satisfecho ni a las fuerzas políticas presentes en este
Senado ni a los profesionales del derecho, que han cuestionado la rebaja
como insuficiente y han cuestionado su orientación. También me felicito
porque el Ministerio del Interior vaya a hacer caso de su requerimiento
para que los agentes de la autoridad que intervengan fundamentalmente en
actuaciones que guardan relación con el derecho de manifestación estén
perfectamente identificados.

Pero a mí me parece que lo más importante de este informe
es la fotografía que nos ofrece de la coyuntura social, de las
preocupaciones de los ciudadanos que se expresan a través de las quejas y
a través de las conclusiones del propio informe. Conclusiones que, como
representantes institucionales, tenemos la obligación de convertir en
conclusiones políticas. Sobre entidades financieras y las
recomendaciones, en primer lugar. No basta con decir —basta para el
informe de

la defensora del pueblo, seguramente, no basta para los
senadores— que las actuaciones de las entidades financieras han
sido absolutamente censurables. Yo creo que han sido escandalosas yo creo
que han sido cuasidelictivas; yo creo que han configurado y expresado un
sistema financiero corrupto. Se habla mucho, y con razón, de la
corrupción política y de los corruptores empresariales que la acompañan;
pero no se destaca que las prácticas bancarias que han afectado a
centenares de miles de ciudadanos de este país han sido también
corruptas, puesto que han vulnerado la ley. Y no lo digo yo, lo dice, de
forma más suave, el informe de la defensora del pueblo; lo dijo el
presidente de una de las entidades financieras más importantes de este
país en la asamblea general de accionistas, refiriéndose, eso sí, a la
competencia «que había desarrollado prácticas irregulares»; lo ha dicho
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que habla de cláusulas
abusivas; lo ha dicho el Tribunal Supremo, declarando nula la cláusula
suelo de los créditos hipotecarios; lo están diciendo los juzgados y
audiencias provinciales, en relación con los swap, los clip, y otros
inventos de extorsión de las entidades financieras; lo están diciendo los
tribunales en relación con las preferentes y con las subordinadas. Y no
se trata de acciones puntuales de determinada entidad financiera; son
estrategias empresariales desarrolladas por la mayoría de las entidades
financieras de este país, ante la complacencia del Banco de España, ante
la complacencia del Consejo Nacional del Mercado de Valores, que no
actuaron frente a ellas.

Apuntaba la señora defensora del pueblo, como salida, el
arbitraje. Sinceramente, pienso que aquí hay una clara responsabilidad
patrimonial del Estado. El Estado tiene culpa in vigilando, puesto que no
utilizó los recursos de los que disponía para cumplir con las
obligaciones de control del sistema financiero. Por lo tanto, el
arbitraje es seguramente a estas alturas, con todo lo que sabemos, con lo
que están diciendo los tribunales, una medida absolutamente insuficiente
e injusta con quienes de buena fe acudieron a su banco, a su caja de
ahorros de toda la vida, y se encontraron con que unos gestores que les
aconsejaron, no por iniciativa propia, sino cumpliendo los esquemas que
condicionaban por los resultados su propia remuneración —el sistema
piramidal corrupto de arriba abajo—, inversiones, cuando lo que
pedían ellos eran depósitos plazo fijo. No son inversores que tuvieran
una información insuficiente o incorrecta; eran ahorradores que acudían
con sus depósitos a unas entidades financieras que les habían ofrecido
confianza hasta entonces.

A lo largo de los últimos años la gran preocupación de las
administraciones públicas, del Gobierno, del Parlamento, en relación con
el sistema financiero, ha sido su estabilidad financiero, salvar el
sistema financiero. Para ello, antes y después, cerraron los ojos ante
las prácticas de ese sistema financiero, que hacían víctimas, insisto, a
cientos de miles de españoles. La prioridad fue salvar el sistema
financiero, y ahora, para no aumentar los riesgos de ese sistema
financiero salvado gracias a ingentes cantidades de recursos públicos, se
pretende dar la espalda a quienes padecen los perjuicios y las
consecuencias de su funcionamiento irregular. No se trata solo de un
comportamiento poco ético, se trata de un comportamiento ilegal y cuasi
delictivo.

Los expedientes, las reclamaciones y los informes de la
defensora del pueblo expresan con absoluta claridad cuáles son las
preocupaciones de los ciudadanos. La mayoría de ellos no se refieren solo
a un número elevado de funcionarios que reclaman contra la privación de
la paga extraordinaria, sino que se refieren a cuestiones relativas a la
vivienda, lógicamente, y la señora defensora del pueblo decía que la
dación en pago no es la solución al problema. Pero es una alternativa. Es
una alternativa que tienen que tener los ciudadanos que se ven en esa
situación, y que merece medidas complementarias que permitan acceder a
una vivienda. Sin dación en pago, el ciudadano seguirá manteniendo, con
vivienda o sin vivienda, una situación de endeudamiento para toda su
vida, mientras no afronte las consecuencias que se derivan de los
incumplimientos de amortización de los créditos solicitados. Quienes
tienen la mayoría en este Senado y en el Congreso no van a seguir el
consejo de la señora defensora del pueblo de tener en cuenta que, al
menos en algunos casos, pueda existir la dación en pago. Como no se han
tomado en consideración los requerimientos e informes de la señora
defensora del pueblo en la mayoría de las cuestiones que guardan relación
con los ajustes y recortes en educación, en sanidad o en servicios
sociales; ni su invitación a que se dé una solución a la afiliación a la
Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en la atención a la
dependencia; ni en cuanto a la exclusión de la atención sanitaria para
determinados colectivos, o en cuanto a la repercusión del coste del
transporte sanitario; ni en cuanto a las reclamaciones individuales que,
en todas estas materias,

como refleja el informe de la señora defensora del pueblo,
son rechazadas porque conllevarían incremento del gasto público. La
preocupación sigue siendo esa: las consecuencias de la
constitucionalización de que la prioridad es acabar con el déficit y con
el endeudamiento, y no satisfacer las necesidades sociales de ciudadanos
y ciudadanas.

Ha dedicado mucho tiempo la defensora del pueblo, y con
ello concluyo, a justificar o a argumentar por qué no presentó ningún
recurso de inconstitucionalidad. Yo puedo entender que, cuando otras
instituciones han presentado recurso de inconstitucionalidad, la
institución del Defensor del Pueblo no considere imprescindible su
presentación; eso sí, tras comprobar en qué argumentos y sobre qué
fundamentos se basan esos recursos de inconstitucionalidad; porque la
institución del Defensor del Pueblo puede tener otros motivos, puede
tener otros argumentos, puede tener otros fundamentos. Entiendo, incluso,
que se pueda preferir, en términos coloquiales, la vía civil, la búsqueda
del acuerdo y del entendimiento con las administraciones, la transacción,
la búsqueda de la solución amistosa, antes de acudir al Tribunal
Constitucional, como hacen también los ciudadanos cuando tienen
oportunidad. Pero a la vista de que el informe refleja que los problemas
más importantes, los más sangrantes, los que tienen una repercusión más
directa en las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de este
país, como consecuencia de las políticas que se están aplicando, no han
tenido respuesta adecuada, me queda la duda de si no había un amplio
margen todavía para haber presentado —una vez comprobado que la vía
civil no había funcionado, que la transacción o la solución amistosa no
había sido posible— alguno de esos recursos de inconstitucionalidad
planteados por tantos ciudadanos, planteados por tantas instituciones
sociales y organizaciones cívicas.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, maiburu jauna; egun on
senatori jaun andreok. Voy a intentar no consumir los quince minutos,
porque el día de hoy va a ser bastante largo.

Primero, antes de nada, quiero dar las gracias a la señora
Becerril, porque ha presentado el informe en el tiempo en que se le pidió
en esta Cámara; lo ha hecho casi como un reloj suizo; un poquito más
tarde en el Senado, pero realmente la entrada en Cortes tuvo lugar en el
Congreso. Quizá algunos asuntos de los que voy a hablar tenía que
haberlos tratado en la comisión, pero hasta los vascos tenemos a veces
dificultades para estar en dos sitios a la vez, y no pude acudir a esa
sesión; así que voy a hacer algunas puntualizaciones ahora, sobre todo
desde el punto de vista estadístico. En algunos casos, en los cuadros que
se presentan se comparan los dos años, el actual y el anterior. Le
sugiero, que hagan, si pueden, no series estadísticas en cada uno de los
cuadros, pero sí comparaciones, bien con una media o con una mediana,
dependiendo de lo que sus expertos estadísticos digan, de las series
estadísticas que tiene el Defensor del Pueblo, que creo que son muy
largas e importantes. Esto sería interesante.

Algunas cosas nos han sorprendido, o no; o no, porque, al
final, su informe refleja, como bien ha dicho el senador Iglesias, lo que
está sucediendo en el país. No obstante, quiero comentar algunas cifras
concretas. Especialmente, el gran aumento de las quejas agrupadas, más
que el de las quejas individuales; 9000 más que el año pasado. Y, sobre
todo, el de las solicitudes de recursos de inconstitucionalidad y amparo,
que pasan de 2214 a 246 585. La cifra nos tiene que llamar
obligatoriamente la atención. En contraste —usted ha explicado por
qué, pero yo le daré mi opinión—, se ha producido una disminución
de las investigaciones de oficio, que se reducen en un 27%. Ha explicado
por qué, y lo entiendo; pero creo que es muy importante que la
institución mantenga un especial celo en las investigaciones de oficio.
No todo lo que puede ser perjudicial para los ciudadanos llega a través
de los propios ciudadanos, y la institución tiene que hacer ahí un
esfuerzo especial. Luego volveré a hablar de este tema.

También vemos en algunas tablas grandes discrepancias entre
el 2011 y el 2012 en las quejas recibidas de los comisionados
parlamentarios autonómicos; un nombre curioso, me ha llamado la atención.
En el caso de la comunidad valenciana, por ejemplo, que pasa de 825 en
2011 a 241 en 2012, se deberá, probablemente, a una razón concreta, a un
accidente concreto que ocurrió en ese momento. Por lo tanto, si puede
ser, nos gustaría que en el futuro nos aclarara en el mismo informe por
qué se producen estos desvíos tan escandalosos en algunos casos; que son

excepcionales, pero que están ahí. Porque puede ser que
tenga que ver también con lo que el senador Iglesias muy hábilmente ha
llamado austericidio. En este caso, ha habido varios intentos, también lo
hubo en la Comunidad Foral de Navarra, aunque, gracias a Dios, no salió;
ya digo que puede que sea por las mismas razones. Lo mismo ocurre en el
caso de los recursos que presentan ante el Constitucional esos
comisionados autonómicos.

En cuanto a las quejas individuales admitidas, vemos que la
inmensa mayoría, el 56%, corresponden a quejas sobre la Administración
General del Estado. Y, de todas las que se han considerado, de las que
han concluido, el 38% han dado como resultado que la Administración
General del Estado ha tenido una actuación correcta. A mí me llama la
atención que sobre la Administración local, en los casos concluidos, la
declaración de actuación correcta asciende al 49%. Quiero hacerlo
constar, porque muchas veces se pone en duda la capacidad y la calidad de
la Administración local, pero estamos viendo que la Administración local
tiene una cantidad de actuaciones correctas muy superior incluso a las de
la Administración General del Estado. Entre las quejas colectivas, la que
se lleva la palma es la Administración General del Estado, creo que por
la situación del país, que ya hemos comentado. Y, en cuanto a las
actuaciones de oficio, la administración a la que más investigaciones de
oficio se le han hecho es la Administración autonómica; en número: un 39%
del total de las que se han hecho; a la Administración central un 28% y a
la local un 19%. Casualmente, la Administración autonómica ha tenido
solamente el 17% de las quejas individuales y, en cambio, un 38% de las
investigaciones de oficio. Es algo que seguro que tiene su explicación,
pero me sorprende; me sorprende que la administración que más quejas
individuales tiene no sea la que más investigaciones de oficio tiene.
Para mí, esto es algo, cuando menos, curioso. Estoy seguro de que habrá
alguna razón, y me gustaría conocerla. Ya me la explicará cuando tengamos
oportunidad.

Tengo que darles la enhorabuena por la reducción de las
administraciones no colaboradoras. Pero, sobre todo, tengo que darle la
enhorabuena por la consideración que se ha tenido con los municipios de
más pequeño tamaño, y agradecérselo. Yo, que he sido alcalde de un
municipio de 7000 habitantes y el Ararteko me mandó en agosto una
requisitoria para pedirme un informe urbanístico con todos los planos, sé
lo que se pasa en esos momentos. Al final, muchas veces, no se trata de
la intención de no atender, sino de un problema de no poder hacerlo.

En cuanto al contenido del informe, podríamos decir muchas
cosas, pero nos quedamos con el análisis de las quejas individuales y
colectivas que son, en realidad, un reflejo bastante claro de la
situación que está viviendo el Estado cuando en cuanto a dependencia, a
sanidad, a violencia de género, a productos financieros trampa y a todo
esto que usted nos ha comentado aquí, en lo que el senador Iglesias ha
hecho ya hincapié.

Por mi parte, hablaré de alguno de los informes, como ya he
hecho alguna otra vez. En concreto, del informe sobre el estatuto de las
víctimas, sobre el cual ya planteamos algunas dudas, no en la
presentación de este informe en comisión, sino cuando se presentó el
informe del 2011 y estos otros dos informes en la comisión. Hay algunos
aspectos procesales y penitenciarios que deberían ser, no sé si
replanteados pero sí matizados, aun estando absolutamente de acuerdo en
lo que usted ha dicho sobre las víctimas. Las víctimas deben ser
respetadas y protegidas, y hay que darles todo el cariño del mundo, pero
también tenemos que cumplir la ley. Yo creo que esto es importante. Los
puntos 9 y 13 dicen que las víctimas han de ser informadas puntualmente
de cuáles son los aspectos procesales de su caso y, en el caso de las
personas que hayan sido condenadas por los hechos de los que son
víctimas, han de serlo puntualmente. Eso no quiere decir, como se plantea
en el punto 9, que deban ser oídas con carácter previo a la adopción por
parte de la Administración penitenciaria de cualquier medida relativa a
la clasificación del autor del delito; esto es muy matizable y podría
chocar con otro tipo de derechos. Y, por supuesto, creo que no debería
figurar en este informe esa alusión al derecho de voto múltiple;
considero que, cuando menos, debería ser replanteada.

En cuanto a los informes que nos ha presentado sobre las
viviendas protegidas vacías, le deseo muchísima suerte, porque esto
conlleva muchísimo trabajo y me gustaría que llegara a buen puerto. Hay
muchos más matices de los que aparecen en el informe, y se lo digo como
exalcalde de un municipio periférico y, además, con calidad turística, en
el que hay muchas viviendas protegidas que se están convirtiendo en
viviendas de veraneo; otro problema que hay que analizar: no están
vacías, pero no están llenas. Me parece un tema esencial, y en el País

Vasco se ha avanzado mucho en esto, aunque todavía hemos de
hacerlo mucho más, porque existen este tipo de matices y de cuestiones
que conviene aclarar y atajar.

En cuanto a los productos financieros tóxicos y a los
deudores hipotecarios, coincido con el senador Iglesias en casi todo lo
que ha dicho, por no decir en todo. Evidentemente, este es un problema de
falta de control, y creo que el Defensor del Pueblo tiene que tener claro
cuáles deben ser los controles que hay que establecer de forma rígida
para que esto no vuelva a suceder. Evidentemente, hay que solucionar el
problema, pero lo que tenemos que evitar es que vuelva a suceder, tanto
en tiempos de bonanza como en tiempos de no bonanza. Lo mismo cabe decir
de los deudores hipotecarios. Usted ha hablado de la figura del juez en
todo el proceso de resolución de los problemas hipotecarios, y creo que
es una parte esencial, porque no todos los casos son iguales; todos son
diferentes. Por tanto, el tratamiento y las soluciones tendrán que ser
diferentes y muy matizadas. Y eso hay que dejarlo en manos de alguien que
pueda hacerlo, en mi opinión un juez.

Finalmente, me voy a referir rápidamente al mecanismo
nacional de prevención de la tortura. Quizás este no sea un tema que
corresponda al Defensor del Pueblo, sino más bien a las Cortes Generales.
En cuanto al mecanismo de prevención de la tortura, el Defensor del
Pueblo se limita ahora al control de lo que sucede en las cárceles. Creo
que en este caso hemos de ser un poco más ambiciosos y empezar a
plantearnos que la evitación y la eliminación de la tortura comienza en
el momento en el momento que alguien es detenido, que es presunto, y
sigue después, si es condenado e ingresa en la cárcel; si no, lo dejamos
un poco al albur de alguien. En una sociedad como la nuestra, en la que
no hay cabida ya para muchas cosas, tampoco debe haber cabida para la
tortura.

Vuelvo a felicitarla y le doy las gracias por habernos
traído este informe cuando tocaba.

Nada más, señor presidente; muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Intervengo para valorar también este informe del 2012 que
ante esta Cámara hoy ha presentado la defensora del pueblo a quien quiero
saludar junto a todo su equipo y darle la bienvenida al Senado en nombre
de mi grupo.

De la misma forma que ha hecho el senador Cazalis, voy a
intentar no consumir mi tiempo y, por tanto, centrarme en algunos
aspectos que me parecen importantes del informe, sobre todo algunos
aspectos de fondo, porque realmente creo que el informe que hoy nos ha
presentado nos sitúa de nuevo ante una auténtica auditoría social de lo
que está sucediendo en nuestro país.

No es necesario entrar precisamente en el detalle de las
cifras, en la valoración exacta de todos los números que acumula el
informe para concluir que vivimos una situación realmente grave,
seguramente una de las peores de las que durante décadas ha podido vivir
este país; una situación crítica que se manifiesta, día tras día, en las
mareas de indignación que están llenando las calles de nuestras ciudades
y de nuestros pueblos. Por tanto, yo voy a hacer, como le decía, una
reflexión de fondo sobre la cuestión para intentar situar básicamente una
idea en el relato de mi intervención.

Es cierto que en este país hoy hay mucha gente que siente
que se le ha robado su futuro con la estafa de las preferentes. Mucha
gente que ve cómo su modesto bienestar, aquel que había labrado con duro
trabajo durante toda su vida, se ha derrumbado para convertirse en una
pesadilla en la que muchos han de vivir con una escasa pensión que no da
para alimentar a sus hijos y a sus nietos. Personas que son lanzadas de
sus hogares y que han de acostumbrarse precisamente a vivir sin su casa,
sin sus enseres personales. Gente que ve cómo se cierra su centro de
salud o cómo deja de tener cobertura de asistencia médica o, lo que es lo
mismo, de tener derecho a la salud. Personas que hoy saben que el mañana
será peor que el hoy porque sus hijos no podrán ir a la universidad por
el aumento de las tasas, de las matrículas. O personas que hoy se ven
indefensas ante una justicia que mide su vara a través de tasas.

Yo en este punto quiero hacer una mención a su informe. Son
absolutamente loables tanto el informe como las acciones de la defensora
del pueblo en esta cuestión. Otra cosa sería —se ha

comentado ya— la oportunidad de la ley y los
contenidos de la ley, pero en este caso su acción es loable y tenemos que
saludarla.

Hoy, defensora, vivimos en un estado de desesperanza, y es
así; es la única calificación que podemos darle a la situación que hoy
vive nuestro país. De hecho, así lo creen más del 60% de los ciudadanos
que consideran que el futuro será peor que el presente. Y éste es
ciertamente nuestro triste hoy, un hoy que recogen sus cifras y un hoy
que nosotros —y lo digo con toda la modestia— hemos de saber
interpretar con absoluta sensibilidad, con mucho rigor y sobre todo con
mucha solidaridad.

Lo cierto es que no sé cómo debemos afrontar las cifras que
construyen esta pirámide de desigualdad, de pobreza, de sufrimiento.
Tampoco sé de qué forma hemos de responder como país, como sociedad a
todo este desequilibrio. Es cierto que debemos hacerlo con indignación,
no nos queda otra alternativa que indignarnos, pero también lo es que la
indignación no es suficiente. Y es cierto que hoy por hoy hemos de tener
conciencia de que se están rompiendo las bases sobre las que habíamos
asentado nuestra convivencia como sociedad.

Yo ciertamente me lo pregunto y se lo pregunto a ustedes,
¿cómo vamos a ser capaces de dar respuesta a la pobreza que está
acumulando este país? ¿Cómo vamos a parar las cifras aberrantes del paro
que está generando esta pobreza? ¿Qué vamos a explicar a los más de 2,5
millones de niños que hoy están viviendo en la pobreza? ¿A las 300 000
familias que no tienen ningún tipo de ayuda? ¿A los que tienen que
escoger entre comer o medicarse, porque esta es una realidad hoy de
nuestra sociedad? ¿O a los que no comen o solo comen gracias a los bancos
de alimentos o a los comedores sociales? ¿O a todos aquellos que hoy
están sin casa? Después me referiré a su informe y a cómo lo ha
planteado.

Todas estas son las voces que están tras los 280 000
expedientes que ustedes han tramitado y, como ha dicho usted al comienzo
de su intervención, el aumento de las quejas entre 2011 y 2012 demuestra
que esta situación va a peor. Esta es la interpelación que hoy se debe
hacer esta Cámara ante su informe; para eso tiene que servir su informe,
para interpelarnos sobre qué vamos a hacer ante esta situación. Y lo digo
con toda la contundencia de la que soy capaz porque creo que ninguno de
los senadores de esta Cámara ni de los responsables políticos, ninguna de
las personas que tenemos una representación pública podemos quedarnos
impasibles ante estas cifras ni ante lo que representa esta crisis en
cualquiera de las tres facetas que la definen: la crisis política, la
crisis económica y la crisis social. Es cierto que esto empezó siendo una
crisis económica, y es cierto que después se ha convertido en una crisis
social de un calado enorme, pero también es cierto que la crisis política
se debe a que nosotros, aquellos que tenemos la responsabilidad política,
no hemos sido capaces de darle una respuesta válida, una respuesta que
haya podido ser interpretada con claridad por los ciudadanos.

Señoras y señores senadores, lo digo con toda la modestia,
creo que los grupos parlamentarios de esta Cámara, los grupos políticos
que en este país tenemos una representación pública, el Gobierno, todos
aquellos que representamos hoy la oposición a este Gobierno, aquellos que
estamos en las instituciones de este país, hoy, y a tenor de los informes
de la defensora —y esta es la idea que quería transmitirles en mi
intervención— deberíamos ser capaces de proponernos un compromiso
político con el bienestar de las personas. Esa es una de las cuestiones
más importantes que deben interpelarnos a las personas que nos dedicamos
a la política, y, por tanto, esta debería ser, en definitiva, una lucha
contra la pobreza.

Este ha de ser uno de los ejes fundamentales de nuestro
trabajo. Es cierto que hay otros, y muy importantes: la recuperación de
la economía o el funcionamiento de nuestros servicios públicos. Pero en
este país hoy el problema de la justicia social debe interpelarnos a
todos y para ello debemos dedicarle toda nuestra atención; sencillamente
nuestra sociedad hoy es menos justa de lo que lo era ayer, y ayer ya no
era una sociedad justa. Por tanto, tenemos un grave problema si no somos
capaces en nuestra sociedad de atender adecuadamente a las necesidades de
las personas.

España supera en la actualidad los 12 millones de pobres,
que pueden acabar siendo 18 de aquí a pocos años si no somos capaces de
rectificar. La cifra de la pobreza infantil es más que evidente; la cifra
de la violencia de género —no lo hemos mencionado, su informe sí lo
hace— ha aumentado de una forma clara; la incapacidad de cumplir
con la Ley de la dependencia también está al orden del día. Son cifras
que ponen en evidencia nuestra política social, y la respuesta es

evidente: nuestras políticas sociales son extremadamente
débiles, nuestro gasto en políticas sociales no alcanza al 60% de la
media europea, pero es que, además, en este momento hemos recortado un
40% de esas políticas sociales. Y si tenemos en cuenta que la demanda ha
aumentado un 20%, es fácil imaginar que esta situación se deduce
evidentemente de una falta de recursos para esas políticas sociales. Pero
es que, además, y ya lo dije en la presentación del anterior informe,
señora defensora —y creo que respecto de esta cuestión ustedes
también deberían interpelarse y tal vez plantearse alguna acción—,
el dinero que gastamos en políticas sociales es muy poco eficiente; es
decir, mientras que en el resto de Europa los recursos destinados a
políticas sociales tienen un impacto de un 9%, aquí lo tienen de un 3,3%.
Creo, pues, que hoy tenemos —y lo digo con tristeza— una
situación que nos coloca a la cabeza de Europa en cuanto a desigualdad
social y a la cola de Europa en cuanto a inversión en servicios públicos
para luchar contra esta pobreza y contra la exclusión social. Y estas son
las dos constantes que rigen nuestra capacidad de respuesta ante estos
problemas.

Pero no tengo intención de hacer un discurso victimista,
sino que se trata de ver y de entender que no estamos redistribuyendo
bien nuestra riqueza ni tampoco lo estamos haciendo con las cargas de la
crisis. Creo que esta es la cuestión de fondo que esconde su informe, y
en este caso hay que hablar de justicia social, hay que hablar de
justicia fiscal. Ustedes saben muy bien —y no me voy a alargar en
esta cuestión— que es cierto que en este país estamos en este
momento escasos de recursos, pero también lo es que el fraude fiscal de
este país equivale prácticamente al coste de nuestra sanidad; es decir,
estamos hablando prácticamente de 88 000 millones de euros de fraude y
creo que el coste de nuestra sanidad está alrededor de los 90 000
millones. Y estamos hablando también de que hay algunas entidades que
prácticamente no pagan impuestos y que son entidades especulativas.
Estamos hablando de las Sicav y estamos hablando de aquello que no
recaudamos en las transacciones internacionales.

No me voy a alargar, porque es cierto que esta es una
cuestión compleja que se escapa de este informe, pero lo que sí le quiero
decir, y ya lo hizo hace muchos siglos Confucio, es que donde hay
justicia no hay pobreza, y por tanto, en este país la pobreza demuestra
que no hay justicia. Y esta me parece que es una cuestión muy clara y que
en este momento delata su informe.

Voy a hacer un repaso muy rápido sobre el tema de las
entidades bancarias. Estoy absolutamente de acuerdo con lo dicho por los
senadores Iglesias y Cazalis. Creo que la percepción de usura y abuso que
ha habido en esta cuestión efectivamente ha dañado a los pequeños
ahorradores y a las personas que han confiado en sus entidades bancarias,
pero sobre todo ha dañado nuestra moral colectiva sobre entidades y sobre
una organización de nuestra sociedad que creíamos era seria y ha
resultado que no lo es.

En cuanto al tema de la vivienda, su informe me parece muy
oportuno. Ya se lo dije el otro día en comisión. Considero que no es
ético ni moral que este país tenga viviendas vacías cuando hay personas
en la calle, y que las administraciones no sean capaces de dar respuesta
a esta situación. Y quiero felicitar desde aquí a la Junta de Andalucía
por las medidas que acaba de tomar respecto a la vivienda. (Aplausos.)
Quiero felicitarla con voz alta y clara porque alguna cosa había que
empezar a hacer al respecto, y efectivamente hay que expropiar viviendas
y hay que multar a aquellos que las tienen vacías y cerradas mientras
haya gente en las calles.

Por último, quiero decirle, porque se me acaba el tiempo,
que sabe que tiene usted a mi grupo parlamentario, y creo que a todos los
senadores de esta Cámara, a su disposición en este trabajo. Vuelvo a
repetir que en este momento que está viviendo España considero que usted
y el resto de los defensores de las comunidades autónomas tienen un
trabajo muy importante por delante, que debemos arroparles desde aquí,
pero sobre todo, y tras la lectura de sus informes, hemos de ser capaces
de que la política dé respuesta a los problemas de nuestra sociedad. Y
para eso se necesita valor, y sobre todo, tener un profundo sentido de la
justicia.

Gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores
senadores. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

Informe Defensor del Pueblo 2012. Un saludo en primer lugar
a la defensora, a sus adjuntos y a todo su equipo, que nos honran hoy con
su presencia en el palco de invitados.

Como ya señalamos en la sesión de la Comisión Mixta
Congreso de los Diputados-Senado, es pertinente destacar que felicitamos
a la defensora del pueblo por las medidas de transparencia adoptadas
últimamente y que se han incorporado básicamente por medios telemáticos y
sistemas a través de página web. Es un paso en la dirección correcta y
hay que destacarlo.

También parece adecuado por la prudencia en el uso del
recurso de inconstitucionalidad a pesar del incremento en el número de
peticiones y solicitudes en ese sentido, previsible a nuestro entender
como reflejo de la situación compleja de crisis económica. La mesura y la
contención deben guiar las actuaciones de la defensoría del pueblo.

En su primera comparecencia en esta Cámara mi grupo
parlamentario ya expresó con claridad la necesidad, imprescindible según
nuestro criterio, de máxima independencia y ecuanimidad. La figura del
Defensor del Pueblo debe estar libre de prejuicios ideológicos, debe ser,
a nuestro entender, una figura ecuánime y que tenga la mesura y la
ponderación como norte, especialmente en aquellas cuestiones que afecten
a los fundamentos de la arquitectura institucional del Estado.

Entrando en materia, entrando en el informe de 2012, no nos
parece razonable —y creo que usted misma así lo recogió en la
comisión mixta— que en el informe del Defensor del Pueblo se
dediquen páginas y más páginas a un tema menor, como por ejemplo que en
las señales de tráfico en Barcelona figurase algún texto en catalán y,
por lo tanto, fuese incomprensible para el resto de los españoles. Si una
característica tienen las señales de tráfico es que palabras hay pocas,
los textos escritos son mínimos. Usted misma en la respuesta a la
intervención de mi grupo parlamentario reconoció que posiblemente se
había producido un exceso de celo —creo que dijo— al
respecto.

A eso nos referimos exactamente cuando hablamos de buscar
una institución libre de prejuicios —prejuicio en el sentido más
literal y etimológico—. Por cierto, centrados ahora mismo en el
tema lingüístico, tenemos unos datos recientes que desmienten todas esas
patrañas y falsedades que se publican tan a menudo, sobre todo en Madrid,
sobre una pretendida discriminación que sufren los castellanohablantes en
Cataluña. Nada más lejos de la realidad. Todo un tipo de prensa que se
apunta a denunciar día sí y día también una falsa discriminación a los
castellanohablantes; incluso una conspicua senadora en campaña electoral
llegó a publicitar la petición de escolarización en castellano de su
hijo. Mucha tinta empleada en denunciar a los pérfidos nacionalistas que
obligan a las indefensas criaturas a aprender catalán y castellano
—bueno, esta última palabra, castellano, se les olvida, no lo
cuentan—. En campaña electoral, pugna abierta entre el Partido
Popular catalán y Ciudadanos para ver quién defiende mejor a los
castellanohablantes en Cataluña. A nuestro entender, todo muy poco
edificante. Intentos evidentes de romper la cohesión social en
Cataluña.

Pues bien, después de tanta energía dedicada a la causa de
proteger a los pobres niños en edad escolar de un sistema escolar
integrador, que quiere buscar el conocimiento de tres lenguas
—catalán, castellano e inglés— y que no quiere segregar ni
separar ni discriminar a la población infantil por su origen o por su
lengua materna, disponemos ya de los últimos datos. Sobre 748 000
inscripciones escolares en Cataluña, en una población de 7,5 millones de
habitantes, se han producido 17 peticiones de enseñanza solo en
castellano; no 17 000, ni 1700, ni 170, sino 17. Representa exactamente
el 0,00227% de la población escolar. Nunca tantos esfuerzos habían
servido para tan poca cosecha. Nosotros también nos podríamos preguntar
por los derechos de los 748 000 escolares, porque ¿dónde quedan los
derechos de los demás? Pero el daño de imagen que se ha instalado en la
opinión pública ya está hecho. La imagen de discriminación —falsa,
constatado con datos reales— que han creado con persistencia muchos
medios informativos hace que quede tocada la imagen de Cataluña, al menos
ante una buena parte de la opinión pública española. ¿Algún medio de
comunicación va a publicar con suficiente amplitud estos datos que estoy
dando? Tristemente no va a ocurrir, estamos seguros de que no va a
ocurrir; ojalá ocurriese. No permita que estas intoxicaciones ambientales
e ideológicas contaminen el buen hacer de su institución. Otra cosa son
los intereses espurios de unos u otros; intentar sacar réditos
electorales a costa de dividir y romper la cohesión social en Cataluña
creemos que no es presentable ni razonable.

Cambio de tercio. Desahucios. En el barrio de El Carmel, en
Barcelona, este fin de semana una madre ha matado a sus dos hijos ante la
inminencia de un desahucio. Es el enésimo caso, y día sí, día también,
vamos recibiendo informaciones en este sentido. El día 24 de este mes
tenía

la orden de desahucio de su vivienda. Un drama total; una
situación dramática absolutamente desorbitada, desmandada.

Valoramos muy positivamente las recomendaciones que la
defensoría del pueblo tiene y ha ejercido en su informe con la finalidad
de paliar en la medida de lo posible los efectos de los desahucios. Mi
grupo parlamentario ha reclamado una legislación que dé garantías
jurídicas a los afectados. Nos ha gustado mucho y coincidimos
absolutamente con el contenido de su informe en relación con esa
problemática. Lo realmente importante es la conservación de la vivienda,
en las condiciones que sean, no tanto la dación en pago. Como usted muy
bien señalaba hace un momento, la dación en pago puede resolver el
problema financiero familiar, pero en ningún caso resuelve el objetivo
que tenemos que buscar entre todos, que es la conservación de la
vivienda, el uso de la vivienda, que no queden en la calle. Nosotros no
tenemos nada en contra de la dación en pago, pero creemos que es
necesario buscar otro tipo de garantías jurídicas. Por ejemplo,
proponemos la Ley concursal y su aplicación a las familias con problemas.
¿Por qué una empresa va a tener más derechos que un particular? Una
empresa puede acogerse a la Ley concursal. ¿Por qué no puede hacerlo una
familia? Como mínimo, se resolvería con un cierto orden una situación
dramática, como vemos, día sí, día también.

Hay cálculos en el sentido de que en un 60% en que existe
algún tipo de mediación se llega a un acuerdo. Creemos que ello es una
muy buena medida y, por lo tanto, suscribimos y compartimos plenamente
los criterios que ha expuesto la defensora.

Existe un poco conocido tipo de contrato llamado de
anticresis —no anticrisis, anticresis—, que es un contrato
pensado para los casos de imposibilidad de ejecución de un contrato
inicial. Se aplica con posterioridad, pero se trata, como les digo, de un
contrato pensado para un tipo muy específico de situación. Nosotros
entendemos que es una buena herramienta. El objetivo que debemos
perseguir en el duro contexto de crisis es el de buscar que la gente
pueda conservar su vivienda, y eso es realmente lo esencial.

Violencia de género. Es una problemática gravísima sobre la
que mi grupo tiene una gran preocupación. Las cifras son realmente
escalofriantes. Es un asunto sobre el que la defensora del pueblo se
pronuncia y trata extensamente, y nos felicitamos por ello. No obstante,
pedimos que las recomendaciones de la defensoría del pueblo sobre las
propuestas a emprender por las distintas administraciones sean tratadas
con mayor énfasis. Hay que ser muy beligerante y proactivo ante un drama
como este. Honestamente le reconocemos también la atención y la extensión
con que ha analizado la problemática. A nuestro criterio, debemos crear
protocolos que permitan la detección precoz de la violencia de género,
incorporando medidas de impulso del diagnóstico precoz y asistencia y
rehabilitación de las mujeres maltratadas.

Seguridad y justicia. Nos preocupan mucho las demoras
judiciales y los procesos de colapso en los registros. Es una
característica crónica de la justicia española, que también afecta de
manera grave a su imagen como sociedad moderna, eficaz y abierta.
Económicamente todo ello tiene su repercusión e impacto. La justicia, en
este caso con exceso de demora, deja de ser justicia. Con frecuencia se
argumenta que la justicia española es muy garantista, igualando el hecho
de que exista garantismo con una lentitud excesiva en los procesos
judiciales. Pero la realidad se impone. Nos guste o no, nuestra
obligación es responder a las realidades. A menudo, debido al tiempo
transcurrido, las circunstancias y la realidad han ultrapasado la
situación. Buena parte de la extendida preocupación social que existe
entre la población acerca de la corrupción, por ejemplo, se solucionaría
con una justicia que se impartiese con mayor rapidez. Hay casos en los
que la rapidez ya de por sí sola resolvería la problemática.

Tasas judiciales. No estamos en desacuerdo,
filosóficamente, con el hecho de que quien use un bien pague una parte de
ese servicio. Tiene más sentido que lo pague, al menos en parte, aquel
que lo utiliza y no de forma general el conjunto de los ciudadanos. En
CiU aceptamos el concepto, pero llevado a cierto extremo, como en el caso
de las tasas judiciales, nos dirigimos a una pérdida de la tutela legal
efectiva. En eso, lógicamente, no podemos estar más en desacuerdo. Una
cosa es un cierto copago de los servicios y otra muy distinta que esto
suponga la pérdida de un derecho fundamental. Honestamente, como mínimo
es discutible y creemos que la renuncia a la presentación del recurso de
inconstitucionalidad es muy benévola con el Gobierno, toda vez que el
Real Decreto 3/2013 solo contempla parcialmente dos de las múltiples
recomendaciones que emitió la defensora del pueblo. Una vez más el Estado
invade terreno a las autonomías que tienen

competencia en la llamada administración de la
Administración de Justicia. Existen cálculos sobre el coste de la
Administración de Justicia en Cataluña: 20% a cuenta del Estado; 80% a
cargo del Govern de la Generalitat. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia.)

Quería hablar también de los centros de internamiento de
extranjeros. Desde la legitimidad que da al grupo de Convergència i Unió
el hecho de no habernos apuntado nunca al lema o al eslogan Papeles para
todos, creemos que de ninguna manera estos centros pueden convertirse en
semiprisiones o centros de internamiento donde otros derechos sean
conculcados. Es necesario con urgencia que se produzca un rápido
ordenamiento normativo.

Concluyo ya, señor presidente, agradeciendo el tono y la
actitud de la nueva defensora del pueblo y su equipo en estos meses que
lleva ocupando el cargo.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador señor Burgos.

El señor BURGOS GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señora defensora y adjuntos, señorías: Y, sin embargo, se
mueve. Sí, señorías, la realidad se impone más allá de la máscara de las
palabras. Como los más elementales principios que la física nos ha
enseñado, toda acción tiene una reacción, todo efecto tiene una causa y,
por tanto, todo recorte económico y presupuestario genera una merma de
derechos básicos y, a mayores recortes, mayor vulneración de los derechos
ciudadanos. Cuando el tajo es más profundo, mayor es la herida, mayor es
la trascendencia del derecho vulnerado hasta llegar a los más básicos. La
mezcla explosiva de recortes presupuestarios con recortes de derechos y
la puesta en venta de muchos servicios públicos en sus distintas
versiones —tasas, copago y demás— hará que la institución del
Defensor del Pueblo incremente su actividad, porque la tozuda política
maximalista y sin sentido de este Gobierno, de austeridad y reducción del
déficit público a ultranza, a golpe de real decreto, no hace presagiar
sino un galopante e incontenible deterioro de los servicios públicos con
la consiguiente presión sobre los ciudadanos.

Lo dijimos hace unos meses desde esta misma tribuna en
relación con el informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año
2011 y, desgraciadamente, y con creces, lo tenemos que confirmar para el
informe de 2012 que nos ocupa. Y es que, efectivamente, durante el año
2012 las quejas colectivas o agrupadas, que se refieren en su mayoría a
disfunciones de servicios públicos, han aumentado en un 170%, y las
solicitudes de recursos al Constitucional, es decir, aquellas que tienen
que ver con la pérdida de derechos fundamentales de los ciudadanos, un 11
137,45% en tal solo un año; una cifra sin precedentes en la historia del
Defensor del Pueblo.

Y es aquí donde, señorías, encontramos la gran diferencia
entre el informe de 2011 y el de 2012. El incremento brutal de la demanda
al Defensor del Pueblo en defensa de los derechos fundamentales de los
ciudadanos por la vulneración de derechos laborales, derechos económicos,
el derecho a la educación, a la salud o a la tutela judicial efectiva,
perpetrada por normas de este Gobierno dirigidas a atacar en esencia
estos derechos, condenando a la desprotección absoluta a colectivos
altamente vulnerables. Las cifras vuelven a cantar. De los 35 reales
decretos de este Gobierno, a real decreto cada dos semanas, 29 han sido
recurridos ante el Constitucional y otros tantos, a la institución que
usted representa.

Sería imposible detallar en el tiempo de esta intervención
todas las cuestiones que nos preocupan del informe, pero sí quisiera
detenerme en un tema que evidencia, de modo ejemplar, esta desprotección
absoluta en la que se encuentran algunos ciudadanos, y respecto a la que
ya me referí en relación con el informe del año pasado, y que no es otra
que la gravísima situación de multitud de pequeños ahorradores atrapados
en las redes de las participaciones preferentes y de la deuda subordinada
tendida sobre la desinformación por bancos y cajas: Anciano de 81 años,
aquejado de Alzheimer, y esposa de 80 años sin formación, test de
idoneidad para definir el perfil de riesgo del inversor con resultado
negativo; es decir, el matrimonio no era un inversor de riesgo. A pesar
de ello, Caixa Laietana, ahora parte de Bankia, les vendió
participaciones preferentes en 2011. Con estas bases sobre la mesa, es
fácil comprender que la juez de Mataró que ha llevado este caso fallara
el pasado mes de marzo a favor de los demandantes y condenara a Bankia a
devolverles el dinero, además de pagar las costas judiciales.

Abusos tan flagrantes no son extraños en el proceso de
comercialización de las preferentes en España; y es que cabe recordar que
la estafa de las preferentes comienza en el momento mismo de su creación,
porque no es ni era un producto preferente. Y el calificativo de estafa
no solo lo utilizo yo, el Fiscal General del Estado, el señor
Torres-Dulce, ha señalado que, habida cuenta de las circunstancias
personales de quien contrató preferentes y otros productos bancarios
similares, podría haberse incurrido en un engaño y, por tanto, en un
delito de estafa.

En efecto, desde 1997, los grandes bancos, primero, y,
después, las cajas más importantes comienzan a colocar preferentes
—ojo: 1997—, presionando y manipulando a sus propios
empleados, incluso a sus mejores clientes, garantizándoles que era un
producto seguro y rentable, que lo podrían rescatar cuando quisieran,
aunque sin advertirles —claro— que para poder venderlo
tendría que haber un comprador de la propia entidad. Mientras tanto, el
Banco de España y la CNMV advertían de que era un producto censurable y,
por tanto, peligroso y complejo, hasta el punto de que durante los años
2007, 2008 y 2009, cuando ya se sabía claramente que nos encontrábamos
frente a un producto sin retorno, cajas como las de Ávila y Segovia
procedían a su comercialización.

El problema explota cuando se dan órdenes de venta y nadie
las compra. Sin querer entrar en el análisis pormenorizado del drama por
todos conocido, pues se halla presente diariamente en todos los medios de
comunicación, además del engaño inicial, los clientes de las siete cajas
que hoy integran Bankia, a saber, Caja Madrid, en preferentes —ojo
al dato—, Caja de Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caja Canarias,
Bancaja y Caja Laietana, sufrieron el agravante de verse presionados para
convertir las preferentes en acciones de Bankia, es decir, seis cajas de
siete.

La pasada semana el señor Rajoy, a preguntas sobre las
preferentes, utilizó la contestación de manual del Partido Popular: es
cosa de la herencia. Y no es verdad, señores del PP. Como está
demostrado, comienzan en 1997 con el BBVA, le sigue en 1998 el Santander
y termina imitando Caja Madrid en 1999, fechas todas ellas coincidentes
con los Gobiernos del señor Aznar.

Pero yendo a las soluciones, el Grupo Socialista, dando
muestras de su mayor voluntad de colaboración para la solución de este
drama, le tendió la mano al Gobierno para apostar por un arbitraje real,
no por una mera operación de maquillaje como la que supone el arbitraje
que el Gobierno ha puesto sobre la mesa, no por un arbitraje que tan sólo
afectará aproximadamente al 3% de los tenedores de preferentes y, desde
luego, no por un arbitraje como el que la Comisión Rectora del FROB ha
aprobado con relación a Bankia, que es insuficiente y presenta graves
deficiencias. En él lo que subyace no es la defensa de los intereses de
los atrapados por las preferentes, sino un intento de evitar que las
entidades emisoras de estos títulos tengan que enfrentarse a los jueces,
cada vez más concienciados con los abusos, y también ahorrarse las costas
de juicios que saben que tienen perdidos de antemano.

Y es que, en efecto, el real decreto aprobado el pasado 22
de marzo confirma que el Gobierno ha abandonado a estos ahorradores, en
su mayoría engañados, pues ni se ajusta a lo que en su día anunció el
Gobierno prometiendo medidas que garantizaran a los afectados la
recuperación de buena parte de lo invertido, ni a las recomendaciones de
la defensora del pueblo, ya que el texto aprobado aplica el canje y la
quita a la totalidad de los titulares, sin tener en cuenta quién ha
podido ser engañado y quién no, además de aplicar unos recortes
desorbitados, que oscilan entre el 38 y el 61% de pérdidas, que abocan a
la imposible recuperación de lo invertido por los ahorradores, que en el
caso de inversores de Bankia, entre los que se encuentran las antiguas
cajas de Ávila y Segovia, lo perderán prácticamente todo, en tanto el
precio de sus acciones ha quedado fijado en un céntimo.

Por ello, los socialistas apostamos por un mecanismo de
solución paralela para quienes fueron estafados en sus inversiones, por
el que el Gobierno obligue a entidades como Bankia a devolver el total de
las preferentes a todos los clientes minoristas. Y para ello defendemos:
la realización de una auditoría de todos los titulares que debería ser
dirigida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores; tras localizar
a los engañados, el establecimiento de una ecuación de canje que permita
devolver sus ahorros a los estafados en un plazo máximo de tres años; la
incorporación al proceso, con carácter imprescindible, de las entidades
que constituyen Bankia, protagonista de la mayor estafa bancaria
española, así como la financiación de los reintegros de ahorros con cargo
a los fondos públicos, incluso si ello requiere la emisión de deuda
pública.

Señora defensora del pueblo, somos conscientes de las
actuaciones que ha desarrollado en este campo y de las recomendaciones
que ha dirigido al Ministerio de Economía y a la CNMV, para reforzar la
protección de los afectados y para la puesta en marcha de un mecanismo de
reclamación extrajudicial efectivo al respecto.

Sin embargo, tras la decisión del Gobierno también somos
conscientes de que en esencia sus recomendaciones han sido ignoradas. Por
ello, esperamos que, en su condición de alta comisionada para la defensa
de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no ceje en el
cumplimiento de ese que debe ser el norte de su actuación; en este caso,
en relación con los cientos de miles de ahorradores de buena fe
abandonados ya definitivamente por el Gobierno a su suerte.

En una coyuntura de crisis económica, pero también de
crisis ética, institucional y política, donde los derechos de los
ciudadanos están siendo vulnerados más que nunca, la institución que
representa ha de hacer valer su independencia, su prestigio y su rigor en
este tsunami económico e ideológico de insospechadas consecuencias,
dispuesto a llevarse todo lo que hasta ahora considerábamos certezas
básicas e inamovibles y derechos inquebrantables. La democracia, más que
nunca, precisa de instituciones sólidas y comprometidas con esta cruda
realidad social, a la que cada día se enfrentan más ciudadanos.

En esta batalla de auténtica resistencia frente a la
desolación totalitarista de los mercados y sus intereses arribistas, más
que nunca no sobra nadie y mucho menos la institución que usted
representa. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, es una
parte importante de la felicidad. No se inhiba ahora en ese empeño porque
luego puede que ya sea tarde.

En el cumplimiento valiente, comprometido y sensible de sus
funciones en defensa de quienes demandan su actuación, sabe que contará
con el apoyo del Grupo Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Torme.

La señora TORME PARDO: Señor presidente, señorías, señora
defensora del pueblo, estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos
tiempos un tanto convulsos en los que nos encontramos con que algunas
personas, sin el respaldo de las urnas, pretenden arrogarse la
representación de los ciudadanos, coaccionando a quienes sí la ostentan:
los legítimos representantes de la soberanía nacional.

Al mismo tiempo, vemos con preocupación cómo hay quienes
ponen en cuestión las instituciones democráticas que nos hemos dado los
españoles, en lo que yo creo que es una deriva verdaderamente
peligrosa.

Por ello, he querido empezar mi intervención resaltando la
importancia, el prestigio, la legitimidad y el buen hacer de una
institución como es el Defensor del Pueblo, que tiene esa alta misión,
esa importante misión en democracia como es la defensa de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, supervisando para ello la actividad de
las administraciones públicas y dando cuenta a las Cortes Generales. Y,
precisamente, en ese trámite nos encontramos hoy, en ese dar cuenta a las
Cortes Generales, examinando ese informe relativo a toda la gestión que
ustedes han realizado a lo largo del año 2012.

A este respecto, lo primero que quiero hacer es destacar el
cumplimiento de un compromiso que la señora Becerril precisamente asumió
aquí, en esta misma tribuna, hace unos meses. Así, se comprometió a
presentar el informe correspondiente al año 2012 en el primer trimestre
de este año, de 2013; y, efectivamente, a finales de febrero ya había
sido remitido a las Cámaras y, en marzo, tuvimos ocasión de debatirlo de
forma pormenorizada en la comisión mixta. Por eso, yo quiero felicitar a
la defensora, a sus adjuntos y a todas las personas que integran esa
institución, que están muy comprometidas en su trabajo con los
ciudadanos, sobre todo con aquellos que peor lo están pasando.

Cumplir los compromisos siempre es muy importante pero,
desde luego, en democracia lo es aún más. Además, sirve para acrecentar y
afianzar la confianza que los ciudadanos puedan tener en esta
institución, para incrementar su prestigio y, sin duda, a ello también
contribuye la actuación que está demostrando esa institución; una
actuación que se caracteriza por el rigor, por la firmeza, por la
independencia e incluso diría todavía más, en algunos casos incluso por
la beligerancia ante algunas administraciones públicas que no son
colaboradoras o que incluso son entorpecedoras de

la actuación de la institución del Defensor del Pueblo. Y
aquí quiero destacar esa medida que nos anunció la señora Becerril hace
unos meses también en el Senado de dar traslado de esas actuaciones
respecto a administraciones entorpecedoras a la propia Fiscalía para que
adopte las medidas pertinentes y, desde luego —ya nos lo ha
dicho— se ha demostrado muy eficaz, porque esas administraciones
han empezado a responder. Pero, además, quiero destacar que todo el
trabajo que vienen realizando todas las personas que integran la
institución del Defensor del Pueblo es una actuación muy pegada al
terreno, muy al día a día de los ciudadanos y a todos los problemas que
tienen; se trata de un compromiso muy claro con los ciudadanos que tienen
más dificultades. Y eso se comprueba no solo en todos los informes
monográficos —en estos últimos informes que hoy nos ha presentado y
que ha entregado en esta Cámara esta misma mañana—, sino que
también lo comprobamos en esas 548 resoluciones que ustedes han
formulado, de las que más del 70% han sido aceptadas, dato que, desde
luego, me parece muy relevante. Pero en esos más de 280 000 expedientes
tramitados —que se dice pronto—, en esas 371 investigaciones
de oficio realizadas por la institución, en el conjunto de distintas
recomendaciones que ustedes han planteado —algunas de muchísimo
calado y trascendencia—, como esas 16 recomendaciones que se
dirigen hacia las víctimas del terrorismo o en relación con deudores
hipotecarios y desahucios o respecto a los afectados por las preferentes,
a las víctimas de violencia de género o en materias que van desde la
sanidad, la educación, los servicios sociales, hacienda, urbanismo, medio
ambiente, seguridad ciudadana o justicia, desde luego, ninguna
administración ni ningún ámbito competencial escapa a esa labor de
supervisión que ustedes realizan en defensa de los derechos de los
ciudadanos.

La institución ha demostrado su compromiso firme en atender
a las víctimas del terrorismo y salvaguardar sus derechos. En ese
sentido, quiero destacar esas 16 recomendaciones que han dirigido al
Ministerio de Justicia y que han sido aceptadas por este. Unas de forma
inmediata, como la de facilitar a cada víctima información sobre la
situación procesal y penitenciaria del procedimiento que les afecta, a
través de una página web del ministerio, sin que tengan que personarse en
la audiencia; otras de estas recomendaciones han sido aceptadas y se
incluirán en el proyecto de ley relativo al estatuto de víctima.

A mi juicio, también tiene particular relevancia esa
recomendación que ustedes hacen al Estado de que adopte todas las medidas
que sean necesarias para evitar la impunidad de los delitos del
terrorismo, teniendo en cuenta el elevado número de asesinatos en los que
todavía no se han depurado responsabilidades. Por tanto, comparto
plenamente esas recomendaciones y el carácter prioritario con que desde
la institución del Defensor del Pueblo se aborda la atención a las
víctimas del terrorismo.

Pasando a otro asunto, como ha destacado hoy la defensora
del pueblo en su intervención —así consta en ese informe que hoy
nos ha presentado—, las quejas más numerosas, así como la mayoría
de las solicitudes de recursos de inconstitucionalidad, se centran en dos
asuntos: por una parte, la Ley de tasas judiciales y, por otra, la
eliminación de la paga extraordinaria de funcionarios y empleados
públicos a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pues bien,
esta última cuestión, sin duda, ha sido una de esas medidas muy difíciles
que ha tenido que tomar el Gobierno para hacer frente a ese déficit
oculto del 9%. No obstante, es una medida coyuntural, y los empleados
públicos —a ello se ha comprometido el Gobierno— no
renunciarán sine díe a esa paga extra, sino que a partir del año 2015
podrán ir recuperándola, aunque ustedes, como han dicho, estarán
vigilantes en cómo vaya a ocurrir eso.

Respecto a las tasas judiciales, el papel de esa
institución ha sido muy importante. Sus recomendaciones al Ministerio de
Justicia se han traducido en una modulación sustancial de esas tasas, y,
hoy, usted lo ha vuelto a afirmar aquí. Entre otras cosas han conseguido
que se redujeran en un 80% las tasas judiciales variables de personas
físicas en primera instancia, así como en recursos en la jurisdicción
civil, contencioso-administrativa y social. Me parecen aspectos muy
positivos que hay que destacar, así como esa recomendación que ustedes
han dirigido y que ha sido aceptada por el Ministerio de Justicia de
adelantar y ampliar las previsiones de la Ley de justicia gratuita.

En relación con estos dos asuntos —ya lo decía antes,
y lo ha mencionado usted— se ha presentado la mayor parte de
solicitudes de recursos de inconstitucionalidad. Pues bien, a este
respecto y en contra de lo que han manifestado algunos de los portavoces
que me han precedido,

yo considero que es muy acertada la postura que mantiene la
Defensoría de acudir a esta vía en ocasiones muy tasadas, muy concretas y
muy justificadas, siguiendo esa trayectoria que ha tenido la institución
a lo largo de estos 30 años donde, como usted nos decía, se han
presentado solo 25 recursos, de los que nos comunicaba que 6 han sido
admitidos en su totalidad. Y, además, coincidiendo también con la
actuación que vienen realizando instituciones equivalentes al Defensor
del Pueblo de otros países de nuestro entorno, que utilizan también
mayoritariamente esa vía de la recomendación y de la colaboración. El
principio de colaboración, al que usted ha hecho aquí referencia y ha
reivindicado, me parece fundamental. Yo creo que no se trata de recurrir
leyes que no gustan o actuaciones que responden a la acción política, a
las opciones de un Gobierno o a decisiones políticas. La mera
discrepancia política no es motivo de un recurso de inconstitucionalidad.
Es un mecanismo que en ningún caso hay que trivializar. Por eso comparto
con usted que la vía de la recomendación y la colaboración es muy
recomendable y se está demostrando muy eficaz en la defensa de los
derechos de los ciudadanos.

Otro asunto de la mayor relevancia al que se ha dedicado la
institución del Defensor del Pueblo desde el año 2011, y ahora también
contamos con un nuevo informe actualizando el que ya presentaron a
principios de 2012, es el relativo a deudores hipotecarios y a
desahucios. En esta cuestión el Defensor del Pueblo ha hecho un muy buen
trabajo, con un estudio riguroso de estos problemas y planteando
propuestas y soluciones. Su actuación ha sido firme y contundente ante
las prácticas abusivas de los bancos, ante la situación de desprotección
y vulnerabilidad de algunos ciudadanos. Y, al margen de la tramitación
que actualmente se está produciendo en el Congreso de los Diputados de
varias iniciativas sobre protección de deudores hipotecarios y regulación
de la dación en pago, donde ya el Gobierno y el Grupo Parlamentario
Popular han tenido en cuenta recomendaciones de esa institución, hay que
destacar que el Gobierno de Mariano Rajoy nada más acceder a su
responsabilidad ha adoptado un amplio conjunto de medidas para paralizar
de forma urgente desahucios de las familias más vulnerables, para
posibilitar la reestructuración de las deudas, para contemplar la dación
en pago en algunos supuestos de la vivienda, para poder suspender durante
2 años la última fase del desahucio, o para crear un fondo social de
viviendas en alquiler para quienes han perdido su vivienda. Una vez más
nos encontramos ante un Gobierno que de una forma responsable y
comprometida con los ciudadanos, con los que peor lo están pasando,
resuelve problemas que vienen del Gobierno anterior. Hoy mismo leía en un
medio de comunicación cómo el 99% de los desahucios se han iniciado en la
época del Gobierno socialista. Vemos la incoherencia y la demagogia con
que se actúa desde algunos grupos parlamentarios. Y hoy, en este mismo
debate, algunos portavoces levantan la voz olvidándose de que
precisamente aquí, en esta misma Cámara, en el año 2010 votaron en contra
de una proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario Popular que
pretendía que se considerara abusivo el suelo de las hipotecas. Eso
hubiera beneficiado a más de 2 millones y medio de personas, con lo cual
hay que ser coherente y no echar balones fuera.

Señora defensora del pueblo, como le decía, celebro y la
felicito por la actuación que está teniendo esa institución en esta
materia y por ese compromiso con los ciudadanos que pasan graves
dificultades. Pero creo que es muy importante distinguir, por una parte,
lo que es política social y, por otra, lo que es, por ejemplo, la reforma
de la Ley Hipotecaria. Hay que distinguir entre atender a las familias
que están en una situación acuciante, de aquellos deudores de buena fe
que por situaciones sobrevenidas pueden perder su vivienda y, por otra
parte, lo que es la configuración de un marco regulatorio adecuado que no
quiebre la cultura de pago. Me parece muy peligroso aceptar la dación en
pago de forma generalizada o la supresión con carácter general de las
ejecuciones hipotecarias. Ello podría dañar las garantías hipotecarias,
cortar el acceso futuro de las familias a los préstamos hipotecarios, así
como perjudicar al 97% de los deudores que sí pagan sus hipotecas. Por
ello, defiendo ese equilibrio, esa conciliación. Estoy convencida de que,
sin duda, hay que acabar con las cláusulas abusivas de los bancos, pero
sin romper con la cultura de pago. Y, por supuesto, hay que dar
soluciones a esas personas, a esos deudores de buena fe que por
situaciones sobrevenidas, como decía, pueden quedarse sin vivienda.

Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular queremos una
España donde ni una sola familia que haya actuado de buena fe pueda verse
en esa dramática situación. Por eso defendemos e impulsamos una política
social que dé soluciones a este problema. Aquí quiero traer a colación y
felicitar a la Xunta de Galicia por ese convenio que han suscrito con el
Consejo General del Poder

Judicial que permite que en aquellos supuestos de
desahucios, cuando el juez lo estime conveniente y crea que hay que
adoptar medidas urgentes de carácter social, inmediatamente lo ponga en
conocimiento de los servicios sociales para que estos actúen. Creo que
los senadores y diputados gallegos pueden sentirse muy orgullosos de que
la Comunidad Autónoma de Galicia haya sido la primera en suscribir un
convenio de este tipo, que demuestra compromiso social con los
ciudadanos. (Aplausos.)

En este mismo sentido, creo muy oportuno el estudio al que
hoy ha hecho referencia sobre las viviendas protegidas vacías.
Próximamente tendremos ocasión de analizarlo, de debatirlo y, desde
luego, habrá recomendaciones que tendremos que estudiar y seguir para que
sean llevadas a cabo, porque yo creo que no es de recibo que haya
familias que pueden perder su vivienda junto con un elevado número de
viviendas públicas que estén vacías.

Hay otros asuntos que también son de la máxima actualidad y
que nos preocupan —usted ha hablado de ellos—. Me refiero a
la cuestión de las participaciones preferentes. También tendremos ocasión
de debatirlo más pormenorizadamente cuando abordemos ese estudio que han
presentado. Por eso solo quiero hacer tres consideraciones. Una primera
es que me parece obligado atender a aquellos preferentistas que fueron
engañados por el banco, y por ello comparto esas recomendaciones que
ustedes han formulado, como la del mecanismo del arbitraje, así como las
medidas que ya está adoptando y ha adoptado el Gobierno del Partido
Popular. En segundo lugar, me parece completamente inadmisible que se
intente manipular a personas que fueron engañadas con las preferentes
cuando era presidente del Gobierno Zapatero, cuando los ministros de
Economía eran Solbes o Salgado, cuando el gobernador del Banco de España
era Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Me parece, como digo, inadmisible que
se intente manipular a estas personas para que protesten ante el Gobierno
del Partido Popular, que es quien ha heredado el problema y quien está
adoptando medidas para solucionarlo. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

La señora TORME PARDO: Sí, señor presidente.

Y, en tercer lugar, me parece también impresentable que
personas que hoy han intervenido aquí y que han tenido una posición
privilegiada como miembro del consejo de Caja Ávila puedan levantar la
voz, puedan reclamar soluciones como si no hubieran tenido ninguna
responsabilidad, personas que seguramente en ese consejo han defendido
que se compraran preferentes por ciudadanos desinformados, o personas que
han defendido que Caja Ávila se integrara en Bankia.

Señorías, hay que actuar con coherencia y no lavarse las
manos y echar balones fuera. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando. Ha cumplido el tiempo de sobra.

La señora TORME PARDO: Sí, señor presidente.

Termino recordando esa última recomendación que ustedes
hacían de que haya prioridad en el pago de los gastos de carácter social,
prioridad que ya ha sido atendida por el Gobierno con el FLA, el Fondo de
Liquidez Autonómico, y que también será atendida con el próximo fondo de
pago a proveedores. Así que, señora defensora del pueblo, señores
adjuntos, les animo a que continúen con esa importante misión con el
rigor, la independencia y la firmeza que les está caracterizando.

Muchas gracias. (Aplausos.—El señor Burgos García
pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Senador Burgos, le advierto que no ha citado su nombre,
pero tiene la palabra por tiempo de un minuto.

El señor BURGOS GARCÍA: Es que ya lo hizo la vez anterior y
lo ha vuelto a hacer hoy. Y las dos veces ha mentido. Primero, yo he sido
trabajador de la Caja de Ávila hasta el año 2004. Ha quedado claro que
las preferentes se iniciaron en el 2008 y continuaron en 2009 y 2010. Por
lo tanto, no tengo nada que ver.

Yo, en representación de los trabajadores, estaba en la
comisión de control, nunca en el consejo, y hasta el 2004 y en
representación de los trabajadores, no se le olvide. Y le quiero

recordar solo que en Ávila y en Castilla y León todos los
Gobiernos son del Partido Popular. También la comisión ejecutiva de la
Caja entera era del Partido Popular y no tenía miembros del Partido
Socialista por expreso deseo del presidente del PP de Ávila. (Aplausos.)

Por tanto, y con esto termino, nada que ver con las
insidias que usted dice. Ya lo dijo usted la vez anterior, pero no tuve
la oportunidad de replicarla. Yo nunca he hecho preferentes, y le voy a
decir más: por mi ética personal, por mi vida y por mi trayectoria, nunca
las hubiese hecho.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Burgos.

Señora Torme, tiene la palabra.

La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.

Señor Burgos, usted no puede decir que yo haya dicho cosas
que falten a la verdad. Usted no era miembro del consejo asesor, ha dicho
que era miembro de la comisión de control de Caja Ávila. Yo creo que una
comisión de control de una caja tendrá mucho que decir sobre la actuación
de la caja. (Protestas.—Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

La señora TORME PARDO: Y simplemente vuelvo a reiterar que
lo que aquí he denunciado son las posturas demagógicas y manipuladoras de
algunas personas —quien se quiera dar por aludido que se dé—
que habiendo tenido altas responsabilidades no solo en entidades
financieras sino en el Gobierno de la nación —y aquí se ha hablado
de Zapatero, presidente del Gobierno,…
(Rumores.—Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

La señora TORME PARDO: …del gobernador del Banco de
España, de ministros— no hicieron lo que tenían que hacer para
evitar desahucios —el 99% se iniciaron en época del Gobierno
socialista— o para controlar que no se pudiera estafar a personas
desinformadas con las preferentes.

Por tanto, pido que cada uno asuma su responsabilidad y
actúe con coherencia, sin manipular ni utilizar a las personas que son
víctimas. (Aplausos.—Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señora
Torme.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DIVERSAS MEDIDAS PARA COMPENSAR A DETERMINADAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
LA ANULACIÓN DE SUS RESPECTIVOS IMPUESTOS SOBRE LOS DEPÓSITOS
BANCARIOS.

(Núm. exp. 671/000061)

AUTOR: GPS

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Finalizado el
debate sobre el informe del Defensor del Pueblo, pasamos al punto sexto
del orden del día.

El señor vicepresidente da lectura a los puntos 6. y
6.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Es autor de esta
moción el Grupo Parlamentario Socialista. A esta moción, consecuencia de
interpelación, se han presentado dos enmiendas: una del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, y otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Socialista, el senador Fuentes, por tiempo de cinco
minutos.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, voy a analizar brevemente el contexto en
el que presentamos esta iniciativa y la interpelación que causa esta
moción.

Los parlamentos de las comunidades autónomas de
Extremadura, Andalucía, Canarias y Asturias decidieron crear un impuesto
de ámbito autonómico para gravar los depósitos bancarios; impuestos que
pagaban o iban a pagar las entidades financieras, no los titulares de los
depósitos bancarios, para que quede claro.

La primera iniciativa de este tenor fue adoptada por el
Parlamento extremeño en noviembre de 2001, y el 27 de marzo de 2002, el
Gobierno del señor Aznar recurrió ante el Tribunal Constitucional esta
ley del Parlamento extremeño. Posteriormente, incluso después de este
recurso, Andalucía, Canarias y Asturias aprobaron leyes similares a la de
Extremadura. Hace unos meses, en noviembre de 2012, el Tribunal
Constitucional falló en contra del recurso del señor Aznar, en nombre del
Gobierno de España de entonces, declarando constitucional la ley
extremeña y, por extensión, la del resto de comunidades autónomas o las
de las comunidades autónomas que en el futuro quisiesen acogerse a este
derecho.

Ante esta sentencia, ¿qué hacen ustedes? Deprisa y
corriendo presentan aquí, en el Senado, una enmienda a la Ley de medidas
tributarias, (artículo 19, apartado 1), para crear un impuesto bancario
de tipo cero. Ya le dijimos en la interpelación que resulta curioso crear
un impuesto a tipo cero para no recaudar. ¿Qué es lo que pretendía este
impuesto? Anular lo que había declarado el Tribunal Constitucional. La
enmienda que ustedes apoyaron y aprobaron suponía una burla a la
sentencia del Tribunal Constitucional, un fraude de ley y un ataque a la
capacidad que tienen las comunidades autónomas en materia tributaria,
porque este impuesto, como ustedes saben, anulaba los impuestos
autonómicos, pero como la Lofca obliga a compensar, ustedes se
encontraron en una situación complicada, escandalosa, es decir, iban a
hacer que lo que pagaban los bancos a las comunidades autónomas, ahora lo
pagaran los españoles a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Ustedes, con su enmienda, hacen que los fondos, que antes salían de los
bancos, salgan del bolsillo de todos los españoles.

El escándalo obligaba a cambiar algo. La semana pasada o
hace dos semanas, en la interpelación, el ministro se comprometió a
reconocer que iba a aumentar el tipo cero de los depósitos bancarios. Es
decir, se comprometió a algo de sentido común, que los impuestos están
para recaudar. Por lo tanto, bienvenido a esa especie de solemnizar lo
obvio. Anunció a bombo y platillo, nada más y nada menos que iba a subir
el tipo cero. E hizo el gran descubrimiento de que había conseguido que
un impuesto ahora recaudara. Pues bien, le tomamos la palabra. Por eso,
presentamos esta moción consecuencia de interpelación. Como ya anunció
hace quince días que iba a aumentar el tipo cero y la enmienda la
aprobaron ustedes en diciembre, van a pasar cinco meses antes de que
ustedes aumenten el tipo cero.

En segundo lugar, la moción establece que ese tipo cero
sirva para compensar a las comunidades autónomas que hayan aprobado
—al margen de que ustedes hayan recurrido o no su decisión—
la creación de este impuesto. Tendrían que compensar las cantidades
equivalentes a la cuota íntegra de los respectivos impuestos
autonómicos.

El cuanto al punto tres, conociendo cómo está el paño,
decimos: usted esto no lo mete en ninguna cesta más, esto va al margen de
cualquier otra fuente de financiación presente o futura de las
respectivas comunidades autónomas.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Fuentes.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Mixto, el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Como senador por la comunidad autónoma asturiana, la razón
última de la presentación de esta enmienda es lograr que en la parte
dispositiva aparezca de forma expresa dicha comunidad como una de las que
debe ser compensada por la decisión del Gobierno de la nación de crear un
impuesto sobre los depósitos bancarios anulando los impuestos que con el
mismo objetivo habían creado diferentes comunidades autónomas.

Además, en el caso de Asturias resulta imprescindible
porque en una pregunta formulada ante este Pleno el pasado 18 de
diciembre, el señor ministro de Hacienda, con sonrisa cargada de
suficiencia, le dijo a este portavoz que ¡sólo faltaba que se fuera a
compensar a Asturias por la recaudación que no iba a obtener a
consecuencia de la anulación de su impuesto sobre los

depósitos bancarios! Recurrió el Gobierno de la nación ante
el Tribunal Constitucional la Ley de presupuestos del Principado en la
que se creaba este impuesto, argumentando el Gobierno que esa Ley de
presupuestos no era instrumento adecuado para la creación de esta figura
impositiva.

A la vista de cómo creó el Gobierno de España este
impuesto, resulta muy difícil ponerse exquisito en exigencias formales
—lo recordaba el portavoz del Grupo Socialista—. El Gobierno
del Partido Popular crea este impuesto —entre comillas, puesto que
no imponía nada— «de tacón», mediante una enmienda en el Senado a
una norma general. Ni siquiera hay una ley específica de creación del
impuesto sobre depósitos bancarios, sino que, para salir al paso de la
doctrina creada por el Tribunal Constitucional, con respeto, una vez más,
a la división de poderes y al papel que corresponde a los tribunales en
este país y a las decisiones de las comunidades autónomas que iban
creando esta figura, con respeto una vez más a la autonomía de las
comunidades autónomas y a la lealtad institucional, se dio el paso de
establecer este no impuesto. No impuesto, puesto que se creaba con un
tipo cero. ¡Hombre! En términos de Derecho administrativo eso es
desviación de poder. Desviación de poder utilizando una Administración
sus facultades para conseguir un resultado espurio; el resultado espurio
de privar a las comunidades autónomas de unos recursos que pretendían
obtener de forma legítima, contradiciendo, eso sí, la política del
Gobierno, contradiciendo una política que solo busca favorecer a las
instituciones financieras y castigar a los ciudadanos con recortes y
sacrificios.

Esa decisión del Gobierno de la nación, por supuesto, tuvo
también respuesta de la comunidad autónoma asturiana: recurso de
inconstitucionalidad frente a la ley que crea este no impuesto estatal.
Con escrupuloso respeto al papel del Poder Judicial, en Asturias
confiamos en que se estime el recurso y se vea quién utilizó atajos y
triquiñuelas para impedir la actuación de una comunidad autónoma que
quiere financiar bien su educación y su sanidad y responder a las
necesidades sociales de sus ciudadanos y que encontró como vía más justa
gravar a los bancos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, para la defensa de su enmienda tiene la palabra el
señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, President.

Senyories, la nostra moció té essencialment dos objectius.
Un, unes millores tècniques que després comentaré breument, i un altre
més de calat, més de contingut, per tal de solucionar un oblit. Pensem
que és un oblit sense mala intenció, però un oblit al cap i a la fi,
respecte de Catalunya.

Quan s’efectuava la interpel·lació ―molt
encertada d’una altra banda― es parlava d’unes
determinades comunitats autònomes i no es tenia en compte Catalunya. I no
es tenia en compte Catalunya per unes circumstàncies que intentaré
aclarir, i donaré arguments de per què sí que s’ha de
considerar.

La veritat és que amb una de les respostes al ministre, el
senador interpel·lant, el senador Fuentes, deia que no havia inclòs
Catalunya perquè Catalunya havia aprovat aquest impost via decret,
fent-se ressò d’una argumentació en què el senyor ministre ha
insistit en diferents ocasions, a interpel·lacions i preguntes
d’aquest senador que els parla. De forma absolutament
incomprensible i injusta. El ministre Montoro em va arribar a dir:
«¿Dónde se ha visto que se cree un impuesto por decreto ley?». I
s’ha vist, i es veu constantment, en l’àmbit espanyol. Però
és més; centrem-nos exclusivament en aquest impost, l’impost sobre
els dipòsits bancaris dins d’un àmbit territorial corresponent a
una Comunitat Autònoma. És Catalunya l’únic cas que ha aprovat
aquest impost per decret llei? No. Com es crea aquest impost a la
Comunitat Autònoma andalusa? Mitjançant un decret llei. Mitjançant un
decret llei del juliol del 2010; concretament, el decret llei 4/2010 de
la Comunitat Autònoma andalusa. Per tant, si a Andalusia entenem que
aquest impost està ben creat mitjançant decret llei ―i ho està,
perquè no el va recórrer ningú, no el va recórrer el Govern central, no
el va recórrer cap de les formacions polítiques del Parlament
andalús―, per què la Generalitat de Catalunya no pot crear el
mateix impost per decret llei? Per tant, la forma és vàlida.

Segona qüestió: aquest decret llei estava en vigor abans
que entrés en vigor la llei de l’Estat espanyol? Sí. El decret llei
l’aprova el Consell Executiu de la Generalitat el 18 de desembre.
Es

publica el 19 de desembre i entra en vigor al dia següent
de la seva publicació. La llei de l’Estat espanyol que aprova
l’impost es publica el 27 de desembre del mateix any. Per tant,
quan l’Estat espanyol aprova la llei Catalunya ja tenia
l’impost creat. Per tant, entenem que no hi absolutament cap raó
perquè l’Estat ha de compensar, d’acord amb la Lofca, i ho ha
de fer a les comunitats autònomes que tenien creat el seu impost. Tampoc
no entenem, sincerament, l’argumentació que s’utilitza
respecte de la Comunitat Autònoma d’Astúries; no ho entenem, perquè
si aquest impost s’havia creat de forma poc ortodoxa, això
s’havia d’haver manifestat, òbviament, amb molta més
anterioritat. Però el cas de Catalunya és correspon exactament al mateix
que el cas de la Comunitat Autònoma andalusa.

Per tant, entenem que és un impost que s’ha creat
d’acord amb la legislació vigent i és un impost que, a més, a
Catalunya estava en vigència abans que l’Estat espanyol aprovés la
seva llei.

Finalment, voldria fer una correcció d’errors en la
nostra esmena. El que nosaltres preteníem era essencialment que es
contemplés Catalunya, i també algunes qüestions tècniques que afectaven
l’apartat segon. En totes les nostres esmenes subratllem la part
modificada, i hem inclòs una tercera part on hem obviat una paraula, que
tampoc no estava indicada i que no era la nostra voluntat. Per tant,
l’esmena se subscriu a la modificació en el seu text inicial, on
s’inclou Catalunya, i a l’apartat segon; no, en canvi, a
l’apartat tercer.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Señorías, nuestra moción tiene esencialmente dos objetivos.
Por un lado, propone unas mejoras técnicas, que luego comentaré
brevemente, y, por otro, introduce aspectos de más calado y contenido a
fin de solventar un olvido —creemos que son olvidos sin mala
intención, pero olvidos al fin y al cabo— respecto a Cataluña. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Cuando se efectuó la interpelación —muy acertada, por
cierto— se habló de determinadas comunidades autónomas y no se tuvo
en cuenta a Cataluña. No se tuvo en cuenta a Cataluña por unas
circunstancias que intentaré aclarar, así como dar argumentos de por qué
sí se tiene que considerar.

Lo cierto es que en una de las respuestas del señor
ministro al senador interpelante, el senador Fuentes, se dijo que no
había incluido a Cataluña porque Cataluña había aprobado este impuesto
vía decreto. Recogiendo una argumentación en la que el señor ministro ha
insistido en distintas ocasiones ante interpelaciones y preguntas del
senador que les habla, de forma absolutamente incomprensible e injusta el
ministro Montoro me llegó a decir: ¿Dónde se ha visto que se cree un
impuesto por decreto ley? Pues bien, se ha visto y se ve constantemente
en el ámbito español. Es más, centrémonos exclusivamente en este
impuesto, en el impuesto sobre los depósitos bancarios, dentro del ámbito
territorial correspondiente a una comunidad autónoma. ¿Es Cataluña el
único caso donde se ha aprobado este impuesto por decreto ley? No. ¿Cómo
se crea este impuesto en la comunidad autónoma andaluza? Mediante un
decreto ley de julio de 2010, concretamente el 4/2010, de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Por lo tanto, si entendemos que en Andalucía este
impuesto está bien creado mediante decreto ley, y lo está porque no lo
recurrió nadie, porque no lo recurrió el Gobierno central ni ninguna de
las formaciones políticas del Parlamento andaluz, ¿por qué la Generalitat
de Cataluña no puede crear el mismo impuesto por decreto ley? Por lo
tanto, la forma es válida.

Segunda cuestión. ¿Este decreto ley estaba en vigor antes
de que entrase en vigor la ley del Estado español? Sí. El decreto ley lo
aprueba el consejo ejecutivo de la Generalitat el 18 de diciembre, se
publica el 19 de diciembre y entra en vigor al día siguiente de su
publicación. La ley del Estado español que aprueba el impuesto se publica
el 27 de diciembre del mismo año. Cuando el Estado español aprueba la
ley, Cataluña ya tenía el impuesto creado. Por tanto, entendemos que no
hay razón alguna para que si el Estado tiene que compensar, de acuerdo
con la Lofca, y lo tiene que hacer a las comunidades autónomas que tenían
creado ese impuesto, evidentemente no entendemos tampoco sinceramente la
argumentación que se utiliza respecto a la comunidad autónoma de Asturias
porque si este impuesto se había creado de forma poco ortodoxa, esto
debía haberse manifestado, obviamente, con mucha anterioridad. Y el caso
de Cataluña se corresponde exactamente con el de la comunidad autónoma
andaluza.

Por lo tanto, entendemos que es un impuesto que se ha
creado de acuerdo con la legislación vigente y que además en Cataluña
estaba vigente antes de que el Estado español aprobase su ley.

Finalmente, querría hacer una corrección de errores en
nuestra enmienda. Nosotros lo que pretendíamos era esencialmente que se
contemplara a Cataluña, y también algunas cuestiones técnicas que
afectaban al apartado segundo, y en todas nuestras enmiendas subrayamos
la parte modificada. Hemos incluido una tercera parte donde hemos obviado
una palabra que no estaba indicada y que no era nuestra voluntad. Por lo
tanto, la enmienda se suscribe a la modificación en su texto inicial,
donde se incluye a Cataluña, y al apartado segundo; no, en cambio, al
apartado tercero.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para indicar si acepta las enmiendas presentadas, tiene la
palabra el senador Fuentes, por el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señora presidenta.

Voy a ser muy breve. Quiero decirle al representante del
Grupo Mixto que la enmienda que él plantea, que coincide en parte con la
que plantea Convergència i Unió, pretende introducir en el texto de la
moción expresamente a la comunidad de Asturias junto a las otras, también
a Cataluña. Yo creo que lo mejor es que en el texto dirigido a la Mesa
del Senado —en el que ya aparecen las comunidades autónomas de
Extremadura, Andalucía, Canarias y Principado de Asturias, y Cataluña, al
aceptar su enmienda— quede así, para que pueda retirar su
enmienda.

La enmienda de Convergència i Unió la vamos a aceptar. Es
verdad que en un principio nuestra posición se refería solamente a
aquellos textos aprobados por los parlamentos, pero hay otra posición
política anterior a esa. Nosotros como Grupo Socialista lo que defendemos
es la sentencia del Tribunal Constitucional y es que cada comunidad
autónoma puede gravar los impuestos con impuestos a los depósitos
bancarios, y ese principio está por encima de aquella otra postura
solamente referida a los parlamentos que lo hicieron por decreto.

Por lo tanto, nosotros aceptamos el punto 1 y el punto 2 de
la enmienda que plantea Convergència i Unió.

Gracias, señora presidenta.

El señor VICEPRESIDENTE (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Utilizo este turno en contra para explicar el voto del
Grupo Popular, que será contrario a la moción por una única y simple
razón, y es que resulta una moción del todo innecesaria, senador Fuentes.
Innecesaria porque proponen instar al Gobierno a realizar una serie de
acciones, una serie de decisiones que, como el propio ministro explicó en
el debate de la interpelación, han sido ya adoptadas en el seno de la
política tributaria del Gobierno.

Plantean ustedes, lo ha dicho, incrementar el tipo
impositivo cero establecido para el impuesto sobre los depósitos en las
entidades de crédito y compensar a las comunidades autónomas que tenían
vigentes impuestos en su ámbito territorial por los ingresos que dejan de
percibir más allá del sistema de financiación de comunidades
autónomas.

Eso es lo que proponen en la moción, pero lo plantean
ustedes a pesar y después de que el ministro explicara de forma clara y
precisa cuáles son las intenciones del Gobierno en breve y qué es lo que
está ya haciendo en esta materia. Y, senadores, el ministro decía: ¿cómo
vamos a financiar la compensación a las comunidades autónomas?
Implantando un tipo no muy superior a cero en el impuesto estatal.
¿Cuándo lo vamos a hacer? Se está trabajando ya —decía el
ministro— en el cálculo exacto de esa compensación para preparar y
trasladar una propuesta a las comunidades autónomas en las respectivas
comisiones bilaterales. Y aclaró qué comunidades autónomas: Extremadura,
Canarias y Andalucía, porque son esas tres comunidades autónomas
—decía el ministro— las que tienen aprobados tributos sobre
depósitos en leyes aprobadas con anterioridad a 1 de diciembre de
2012.

Y en este punto, senador Bel, le hago una precisión. Usted
decía que la Comunidad Autónoma de Cataluña está en las mismas
circunstancias que Andalucía, porque en Andalucía se aprobó por decreto
ley. Efectivamente, el Decreto Ley de 6 de julio de 2010. Pero lo que no
ha dicho usted es que ese decreto ley en Andalucía se transformó en la
Ley 11/2010, de 3 de diciembre, que convalida por rango de ley el decreto
ley aprobado inicialmente. Por tanto, no son las mismas
circunstancias.

Ustedes incluyen en la moción —y tengo que referirme
a ello— la compensación al Principado de Asturias pero, como muy
bien han dicho, esta comunidad incorporó la creación de un impuesto sobre
depósitos en su ley de presupuestos para 2013. Y, senador Iglesias, no es
una exigencia formal, es la Constitución Española la que establece en su
artículo 134.7 que las leyes de presupuestos no pueden crear impuestos,
por eso hay interpuesto un recurso de inconstitucionalidad. No es el
argumento del Gobierno, como usted ha señalado, es el artículo 134.7 de
la Constitución Española. Y, senador Bel, no es igual el caso de Cataluña
que el de Andalucía —por eso, también hay un recurso de
inconstitucionalidad en Cataluña— porque en Andalucía hay una ley
aprobada, como le he dicho, la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, y, en
cambio, en Cataluña se aprobó por decreto ley.

Senador Fuentes, yendo de nuevo al texto, resulta difícil
entender por qué presentan ustedes esta moción, porque, como he dicho, el
ministro le comunicó la intención de fijar un pequeño tipo impositivo, no
con ánimo recaudatorio pero sí suficiente para generar los recursos y
compensar a esas comunidades autónomas. Por tanto, están proponiendo al
Gobierno que haga lo que se les dijo que ya se está haciendo, por eso
entendemos que esta moción es innecesaria, porque el compromiso del
ministro fue claro e inequívoco y porque esa compensación financiera a
las comunidades autónomas está prevista ya y aprobada por ley; en el
artículo 19.13 se determina que, en la medida en que el impuesto que
establece la ley recaiga sobre hechos gravados por las comunidades
autónomas y produzca una disminución de sus ingresos, se prevén medidas
de compensación o coordinación adecuadas, se prevé la aplicación del
artículo 6.2 de la Lofca, y que esa disposición es aplicable a los
tributos autonómicos establecidos en una ley aprobada con anterioridad a
1 de diciembre de 2012.

Por eso, porque así lo aprobamos en la ley, el Estado va a
satisfacer esa compensación a las comunidades autónomas cuyos tributos
estaban establecidos en leyes aprobadas con anterioridad a 1 de diciembre
de 2012, que son: Extremadura, Andalucía y Canarias. Por tanto, no tiene
sentido generar ninguna duda al respecto.

Y termino, señora presidenta, señalando que en absoluto
esto supone ninguna burla a la sentencia del Tribunal Constitucional ni
va contra la autonomía de las comunidades autónomas; es la propia
sentencia a la que todos ustedes se han referido la que señala que el
poder tributario de las comunidades autónomas puede ser delimitado por el
Estado, porque esa competencia autonómica no se configura en términos
absolutos sino que está sujeta a los límites establecidos por el
Estado.

Por tanto, ni se vulnera la potestad tributaria de las
comunidades autónomas ni la autonomía, ni mucho menos pueden hablar
ustedes de deslealtad institucional.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

Los argumentos de la portavoz popular convencen, al menos a
Cataluña y a Asturias, de que esta moción resulta no solo necesaria sino
imprescindible, puesto que ustedes se ratifican en que ni Cataluña ni
Asturias van a tener ninguna compensación por el impuesto sobre depósitos
bancarios.

El discurso que en relación con este tema ha mantenido el
Gobierno ha sido absolutamente errático. Recuerdo los argumentos que se
han barajado. Primer argumento, manejado por el ministro de Hacienda
cuando se les encendió la bombilla a raíz de la sentencia del Tribunal
Constitucional y tuvieron la ocurrencia de colar la enmienda que da lugar
a la creación del nuevo impuesto: Se trata de homogeneizar el tratamiento
fiscal del sistema financiero en el conjunto del

Estado para que no haya desigualdades territoriales, para
que las entidades financieras, que es lo que importa al Gobierno, tengan
el mismo tratamiento fiscal en todo el territorio. ¿Ese argumento fue
aparcado por el ministro de Hacienda cuando se produce la interpelación
que da lugar a esta moción? No. Entonces el ministro dice que se trata de
dar respuesta a una exigencia de la Unión Europea, que manda mucho, como
todos sabemos, que marca la política del Gobierno y que acaba
convirtiéndose en el burladero tras el que el Gobierno esconde su
responsabilidad política. Yo no sé si la Unión Europea lo exigió o no,
pero el Gobierno está encantado con esta decisión que encaja con su
política y que es una expresión más de su estrategia económica y
financiera. Por tanto, no necesita a la Unión Europea para tomar esta
decisión.

Y luego está el cambio en la estrategia. Primero cambió el
discurso y ahora la estrategia. Se crea la figura impositiva con el tipo
cero. Pero si ya iban a hacer esto, ¿qué trabajo les costaba en vez de
poner 0 poner el 0,1‰ o el 0,2‰? La enmienda podía haber
dicho eso desde el principio. Pero no; ahora crean un tipo ridículo sobre
los depósitos financieros exclusivamente para compensar a las comunidades
autónomas a las que ustedes y el Gobierno reconocen soberanamente el
derecho a recibir esa compensación. Obviamente, para las entidades
financieras este tipo ridículo no va a suponer ningún problema. Pero yo
creo que en el fondo de ese cambio, y también en la estrategia, existe la
necesidad de justificarse ante los recursos planteados ante el Tribunal
Constitucional. Difícilmente iban a poder argumentar ustedes ante el
Tribunal Constitucional el mantenimiento del tipo cero. Difícilmente iban
a poder decir que estaban ejerciendo las competencias que corresponden al
Estado en materia tributaria cuando no había tributo, cuando no se iba a
tributar. Ustedes toman la decisión de cambiar la estrategia y establecer
un ridículo tipo de gravamen solo para intentar tener más posibilidades
de no perder los recursos ante el Tribunal Constitucional.

Por todo ello, yo acepto que el grupo proponente asuma la
enmienda presentada por el grupo catalán, porque resuelve el objeto de la
enmienda que he formulado, y mantendré el apoyo a la moción
presentada.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente
anderea.

Senatariok, nire talde parlamentarioa alde dago mozio honen
arimarekin, batera goaz, zeren guk pentsatzen dugu, azken finean, mozioak
esaten duena, atzoko mozioaren modura, edozein pertsonak, edo edozein
erakundek legea bete egin behar duela, ezta?

Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, mi grupo parlamentario está a favor del alma de
esta moción porque pensamos que lo que dice, al igual que la moción de
ayer, es que la ley debe ser cumplida por el Gobierno y por toda
sociedad.

Al fin y al cabo esta moción no viene más que a pedir que
se dé cumplimiento a una ley, en este caso de financiación de comunidades
autónomas, y que se acate la sentencia. En este sentido, viene muy en
línea con la moción que nosotros presentábamos ayer como grupo
parlamentario, que pedía precisamente eso. No deja de ser una paradoja
que a estas alturas de la democracia tengamos todavía que presentar
mociones los diferentes grupos parlamentarios para pedir que el Gobierno
cumpla las leyes o acate las sentencias.

Pero al margen de esta coincidencia o de esta posición
favorable al texto y a la esencia de la moción presentada, en este caso
por el Grupo Parlamentario Socialista, nuestro voto va a ser de
abstención por una cuestión clara, y es que esta moción se refiere
fundamentalmente al mecanismo de financiación de las comunidades
autónomas, que es ajeno tanto a la Comunidad Autónoma vasca como a la
Comunidad Foral de Navarra en virtud del régimen foral de las haciendas
vasca y Navarra respectivamente y a su capacidad tributaria propia. Por
lo tanto, en este sentido nuestro grupo va a abstenerse pese a manifestar
a priori el apoyo a cualquier moción que vaya a pedir el cumplimiento de
la ley y el acatamiento de las sentencias.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyories.

Amb molta brevetat, nosaltres donarem suport a aquesta
moció conseqüència d’interpel·lació. Cal analitzar que té el seu
origen en un fet. En un primer moment és la Comunitat d’Extremadura
que aprova una llei l’any 2001 que crea aquest impost. El Govern,
en aquell moment, recorre aquesta llei al Tribunal Constitucional,
l’any 2002. Després, altres comunitats van crear també aquest
impost ―altres comunitats a les quals s’ha fet referència:
Andalusia, Canàries, Astúries i Catalunya―, i és l’any 2012,
el 14 de novembre, tot just fa uns mesos, quan es desestima el recurs del
Govern d’Espanya per part del Tribunal Constitucional.

Quan es desestima el recurs interposat pel Govern
d’Espanya i que, per tant, és plenament consolidada la legislació
del conjunt de comunitats autònomes ―tot i que el recurs feia
referència exclusivament a Extremadura―, es trobava en tramitació a
la Comissió d’Hisenda i Administracions Públiques al Congrés, amb
competència legislativa plena, i després al Senat, la Llei 16/2012. És
precisament el 4 de desembre del 2012 ―és a dir, uns dies després
de la sentència―, que es van introduir aquestes dues esmenes a les
quals feia referència el portaveu socialista. A partir de l’article
19, creen aquest impost sobre dipòsits a les entitats de crèdit. I és el
13 de desembre quan el Senat aprova la llei. En aquell moment, i en
aquella discussió, per part del Govern no es va fer servir un dels
arguments a què va fer referència el senyor Montoro amb motiu de la
interpel·lació del Grup Socialista. No es va dir res llavors de la carta
d’emplaçament de la Comissió Europea; una carta que, per cert, va
dir el ministre que era del mes de febrer. Des del febrer del 2012 que
tenien la carta i, casualment, uns dies després de la sentència del
Tribunal Constitucional és quan es provoca aquesta creació de
l’impost, aprofitant que estava en tramitació la Llei 16/2012. Una
casualitat que la carta emergeixi justament dies després d’aquesta
sentència del Tribunal Constitucional. Mitjançant aquella llei, es crea
un impost que, aparentment, no té voluntat recaptatòria, almenys de
moment. De fet, el que es buscava amb l’excusa comunitària era una
via indirecta per evitar l’existència dels impostos autonòmics
sobre els dipòsits bancaris. Des del meu punt de vista, això comporta un
excés en l’exercici de la competència estatal, i la correlativa
lesió en detriment de la competència autonòmica per a la creació de
tributs, que vulnera el principi de lleialtat constitucional i que
deteriora el reconeixement del poder tributari de les comunitats
autònomes i de la seva autonomia financera, establerta per la Constitució
i pels estatuts d’autonomia. Perquè obtenir ingressos és definitori
del concepte de tribut, i les comunitats autònomes ho poden fer en el
marc de la Constitució espanyola i de la Lofca. Però l’objectiu que
pretenia aquella llei, la introducció d’aquest article 19 en la
Llei 16/2012 no podia ser evidentment impedir que les Comunitat Autònomes
poguessin establir els seus tributs, sinó evitar la doble imposició, com
per cert senyala el Tribunal Constitucional, en concret, en aquesta
sentència de la llei extremenya.

Aquí el que és qüestionable no és que les comunitats
autònomes gravin un fet imposable, que ja gravava l’Estat, sinó tot
just el contrari. I això és un exemple de manca de lleialtat
constitucional.

S’ha creat fins aquest moment, aparentment, un impost
que crea el miratge de gravar un fet imposable. És una llei que, des del
meu punt de vista, ignora la Lofca, que desconeix, desplaça i limita les
competències autonòmiques i que estableix una prohibició contrària a
l’autonomia financera de les comunitats autònomes.

Ara bé, dit tot això, la llei està en vigor. El ministre es
va comprometre a compensar, contradient algunes afirmacions anteriors,
les comunitats autònomes per la pèrdua de recursos que els suposarà la
supressió de facto de les lleis autonòmiques referents a l’impost
sobre dipòsits bancaris; i, entre altres coses, ho fa perquè és
obligatori d’acord amb la legislació vigent.

Malgrat tot, el temps passa, i per això la moció fixa el
termini de dos mesos per incrementar el tipus impositiu, que en aquest
moment és zero, i compensar totes les comunitats autònomes que haguessin
acordat en les seves respectives normatives la creació d’aquest
impost abans de la publicació en el Butlletí Oficial de la Llei 16/2012.
Per tant, sense les distincions subjectives a què feia referència la
portaveu del Grup Popular.

Per tot això, per totes aquestes raons, nosaltres donarem
el vot favorable a aquesta moció.

Moltes gràcies.

Gracias, señorías.

Con mucha brevedad, nosotros vamos a apoyar esta moción
consecuencia de interpelación, que tiene su origen en un hecho, y es que
en un primer momento es la Comunidad de Extremadura la que aprueba una
ley en el año 2001 que crea este impuesto; el Gobierno recurre esa ley
ante el Tribunal Constitucional en 2002; luego hay otras comunidades que
crearon también este impuesto —otras comunidades a las que se ha
hecho referencia: Andalucía, Canarias, Asturias y Cataluña— y es en
el año 2012, el 14 de noviembre, hace apenas unos meses, cuando se
desestima el recurso del Gobierno de España por parte del Tribunal
Constitucional.

Cuando se desestima el recurso interpuesto por el Gobierno
de España y, por tanto, queda plenamente consolidada la legislación del
conjunto de las comunidades autónomas aunque el recurso hacía referencia
exclusivamente a Extremadura, se encontraba en tramitación en la Comisión
de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso con competencia
legislativa plena, que luego pasaría al Senado, la Ley 16/2012. Es
precisamente el 4 de diciembre de 2012, es decir, unos días después de la
sentencia, cuando se introdujeron estas dos enmiendas a las que hacía
referencia el portavoz socialista, a partir del artículo 19 y creando
este impuesto sobre depósitos en la entidades de crédito. El 13 de
diciembre el Senado aprueba la ley y, evidentemente, en aquella ocasión
no se utilizó por parte del Gobierno uno de los argumentos al que hizo
referencia el señor Montoro con motivo de la interpelación del Grupo
Socialista. No se habló, no se dijo nada entonces de la carta de
emplazamiento de la Comisión Europea, esa carta que, por cierto, dijo el
ministro que era del mes de febrero: desde febrero de 2012 tenían la
carta, y casualmente unos días después de la sentencia del Tribunal
Constitucional es cuando se provoca la creación de este impuesto
aprovechando que estaba en tramitación esta ley, la Ley 16/2012. Una
casualidad que la carta surja precisamente días después de esta sentencia
del Tribunal Constitucional, creando mediante aquella ley un impuesto que
aparentemente no tiene voluntad recaudatoria, al menos hasta el momento.
Lo que se buscaba con la excusa comunitaria era una vía indirecta para
evitar la existencia de los impuestos autonómicos sobre depósitos
bancarios que, evidentemente, comporta, desde mi punto de vista, un
exceso en el ejercicio de la competencia estatal y la correlativa lesión
en detrimento de la competencia autonómica para la creación de tributos,
que vulnera el principio de lealtad constitucional y que deteriora el
reconocimiento del poder tributario de las comunidades autónomas y su
autonomía financiera, establecida por la Constitución y por los estatutos
de autonomía. Porque obtener ingresos es definitorio del concepto de
tributo y las comunidades autónomas lo pueden hacer en el marco de la
Constitución Española y de la Lofca, pero el objetivo que pretendía
aquella ley, la introducción de ese artículo 19 en esta Ley 16/2012, no
podía ser, evidentemente, impedir que las comunidades autónomas pudieran
establecer sus tributos, sino evitar la doble imposición, como por cierto
señala el Tribunal Constitucional, en concreto esa sentencia sobre la ley
extremeña.

Aquí, lo que es cuestionable no es que las comunidades
autónomas graven un hecho imponible que ya gravaba el Estado, sino lo
contrario, precisamente. Y este es un ejemplo de falta de lealtad
constitucional.

Se ha creado hasta este momento, aparentemente, un impuesto
que crea el espejismo de gravar un hecho imponible; una ley que, desde mi
punto de vista ignora la Lofca, que desplaza las competencias autonómicas
y que establece una prohibición contraria a la autonomía financiera de
las comunidades autónomas.

Ahora bien, dicho todo esto, es evidente que esta ley está
en vigor y el ministro se comprometió a compensar, contradiciendo algunas
afirmaciones anteriores, a las comunidades autónomas por la pérdida de
recursos que supondrá para ellas la supresión de facto de las leyes
autonómicas referentes al impuesto sobre depósitos bancarios. Y en este
sentido, entre otras cosas, lo hace porque es obligatorio de acuerdo con
la legislación vigente.

A pesar de todo, el tiempo pasa y, por eso, la moción fija
el plazo de dos meses para incrementar el tipo impositivo, que en este
momento es cero, y compensar a todas las comunidades autónomas que
hubieran acordado en sus respectivas normativas la creación de este
impuesto antes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la
Ley 16/2012 y, por lo tanto, sin las distinciones subjetivas a que hacía
referencia la portavoz del Grupo Popular.

Por todas estas razones, nosotros vamos a dar nuestro voto
favorable a esta moción.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, senyories.

Jo coincideixo amb la intervenció de la portaveu del Grup
Nacionalista Basc. Aquesta és una moció que té molta relació amb la
d’ahir, perquè té molta relació amb el concepte de lleialtat
institucional. Poden fer els discursos que vulguin, poden fer les
argumentacions que vulguin, però al final, és una absoluta falta de
lleialtat institucional constant del Govern de l’Estat amb relació
a les comunitats autònomes. I això és així. Al final es poden utilitzar
les argumentacions que es vulgui, però la realitat és com és.

Va haver-hi lleialtat institucional a l’hora
d’imposar aquest nou tribut per part de l’Estat? No,
absolutament cap. Que va consultar les comunitats autònomes que tenien
l’impost? Que els va demanar el parer? Que es va debatre en el
Consell de Política Fiscal aquesta proposta que afectava les finances de
les comunitats autònomes? No, absolutament no. Es va fer a corre-cuita, i
es va fer amb la intenció de no recaptar. Es va fer amb la intenció que
no recaptessin uns i de no recaptar. Després es rectificarà o no, però es
va fer amb aquesta intenció. Perquè, que figura alguna partida als
Pressupostos de l’Estat per ingressos d’aquest impost? No.
Algú podria dir: no, és que no ens va donar temps. Els dóna temps de
presentar l’esmena i modificar una llei que s’estava
tramitant conjuntament amb els Pressupostos Generals de l’Estat, en
el mateix tempo, i no modifiquen els Pressupostos Generals de
l’Estat considerant més ingrés i, òbviament, més despesa en la
compensació. És que no en tenien cap intenció. No volien recaptar i el
que volien és que no recaptessin les altres comunitats autònomes.

Després rectifiquen aquest error i vénen a dir: sí,
recaptarem, i amb el que recaptarem d’aquest impost compensarem les
comunitats autònomes que mereixen compensació. I aquí també fan una
discriminació. Òbviament, com deia abans el portaveu del Grup Mixt,
aquesta moció és més necessària que mai, perquè no volen compensar totes
les comunitats autònomes. Vostès tenen voluntat de compensar-ne tres i
d’excloure’n dues. Per tant, el primer problema és un
problema de lleialtat institucional. Els ho dic de veritat. Vostè dir:
no, nosaltres tenim la potestat legal de fer-ho. La potestat legal no és,
com també els recordava ahir el nostre portaveu en pregunta al President
del Govern, la raó política; no és la voluntat política. I a vostès, amb
aquesta pretesa lleialtat institucional, sempre els manca voluntat
política.

Una altra qüestió: deixen fora Astúries i Catalunya. Poden
utilitzar tots els arguments jurídics que vulguin. Poden utilitzar tots
els artificis que creguin necessaris per justificar aquesta decisió. Però
aquesta decisió, com altres decisions, fa cada dia que a Catalunya
entenguin menys que s’hagi de mantenir una relació amb
l’Estat espanyol com s’ha mantingut fins ara. I això els
agradarà escoltar-ho o no, però és una gota més en un vas que ja està
sobreeixint des de fa molt de temps.

Per tant, al final, vostès tenen la majoria en aquestes
cambres i vostès decidiran, però sàpiguen que aquestes decisions també
tenen altres afectacions. Tenen afectacions en la mentalitat, el
pensament i el sentiment dels catalans i les catalanes. I quan els
catalans i les catalanes veuen que, una vegada més, sense cap tipus de
fonament ni raonament coherent, s’exclou Catalunya d’una
compensació en què pensem que tenim raó, segurament estan fonamentant i
incrementant la desafecció dels catalans amb relació a l’Estat
espanyol.

Si em permeten, perquè si no és una descortesia, voldria
agrair al Partit Socialista que hagi acceptat la nostra esmena.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señoría.

Yo coincido con la intervención de la portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco. Esta es una moción que tiene mucha relación con la
de ayer y tiene mucha relación con el concepto de lealtad institucional.
Podemos hacer los discursos que queramos, podemos hacer las
argumentaciones que queramos, pero al final es una absoluta falta de
lealtad institucional del Gobierno de la nación en relación con las
comunidades autónomas. Y esto es así. Al final se pueden utilizar las
argumentaciones que se quiera, pero la realidad es como es.

¿Hubo lealtad institucional cuando se impuso este nuevo
tributo por parte del Estado? No, absolutamente ninguna. ¿Acaso consultó
a las comunidades autónomas que tenían el impuesto?

¿Acaso les pidió su opinión? ¿Acaso se debatió con el
Consejo de Política Fiscal esta propuesta que afectaba a las finanzas de
las comunidades autónomas? No, absolutamente no. Se hizo rápidamente,
deprisa y corriendo, y se hizo con la intención de no recaudar; se hizo
con la intención de que no recaudaran unos y de no recaudar. Luego se
rectificará o no, pero se hizo con esa intención. Porque ¿acaso figura
alguna partida en los presupuestos del Estado por ingresos de este
impuesto? No. Alguien podría decir: bueno, es que no nos dio tiempo. ¿Les
da tiempo a presentar la enmienda y modificar los Presupuestos Generales
del Estado, a modificar una ley que se estaba tramitando conjuntamente
con los Presupuestos Generales del Estado en el mismo tempo y no
modifican los Presupuestos Generales del Estado considerando más ingreso
y, obviamente, más gasto en la compensación? Entonces es que no tenían
ninguna intención, no querían recaudar y lo que querían es que no
recaudasen tampoco las otras comunidades autónomas.

Luego subsanan ese error y vienen a decir: sí, recaudaremos
y con lo que recaudemos de este impuesto compensaremos a las comunidades
autónomas que merecen compensación. Y aquí hacen también una
discriminación. Obviamente, como decía antes el portavoz del Grupo Mixto,
esta moción es más necesaria que nunca porque no quieren compensar a
todas las comunidades autónomas. Ustedes tienen voluntad de compensar a
tres y excluir a dos. Por lo tanto, el primero es un problema de lealtad
institucional, se lo digo de verdad. Ustedes pueden decir: no, nosotros
tenemos la potestad legal de hacerlo. La potestad legal no es, como
también les recordaba ayer nuestro portavoz en relación con una pregunta
al presidente del Gobierno, la razón política, no es la voluntad política
y ustedes en esta pretendida lealtad institucional siempre carecen de
voluntad política.

Otra cuestión. Dejan fuera a Asturias y a Cataluña. Pueden
utilizar todos los argumentos jurídicos que quieran, pueden utilizar
todos los artilugios que crean necesarios para justificar esta decisión,
pero esta decisión, como otras decisiones, hace que en Cataluña entiendan
cada día menos que se haya de mantener una relación con el Estado español
como se ha mantenido hasta ahora. Y esto les gustará o no escucharlo,
pero es una gota más en un vaso que ya hace mucho tiempo que derrama.

Así pues, al fin y al cabo ustedes tienen la mayoría en
estas cámaras y ustedes van a decidir, pero deben saber que estas
decisiones también tienen otros efectos en la mentalidad, en el
pensamiento y en el sentimiento de los catalanes y las catalanas. Y
cuando los catalanes y las catalanas ven, una vez más, que sin ningún
tipo de fundamento ni razonamiento coherente se excluye a Cataluña de una
compensación en la que pensamos que tenemos razón, seguramente se está
fundamentando y se está incrementando la desafección de los catalanes con
respecto al Estado español.

Querría agradecer, no me permitirán la descortesía, al
Grupo Socialista que haya aceptado nuestra enmienda.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador
Fuentes.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.

Dice la portavoz del Grupo Popular que considera
innecesaria esta iniciativa porque el Gobierno, en su infinita bondad y
sabiduría, está en ello. Señora portavoz, ya sabemos lo que dice la
Lofca, y es que los tributos que establezcan las comunidades autónomas no
podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado y que, si es
así, el Estado tiene que compensar, es decir, el Gobierno tiene que
cumplir la ley.

¿Por qué tenemos que creer al señor Montoro? ¿Por qué?
¿Tenemos motivos para creerle o para no creerle? En mi opinión, tenemos
más motivos para no creerle. Porque, ¿cómo vamos a creer al que juraba y
perjuraba que jamás subiría el IVA? ¿Cómo vamos a creer al que llegó a
decir que la amnistía fiscal era la contrapartida para no subir el IVA?
Pues hubo amnistía fiscal y subida del IVA, por no hablar de las
previsiones o las previsiones de ingresos de la amnistía fiscal.

Lo que pretende la enmienda es poner un plazo de dos meses
—más tres que llevamos—. Si usted hubiese dicho: Planteen
ustedes hasta que termine este período de sesiones, pues lo hubiésemos
discutido. Pero no, ustedes no quieren. Ha dicho el ministro esto, con el
criterio de

veracidad que se le presupone por parte de alguno, y
tenemos que aceptarlo. No; ponemos un plazo y decimos que, además de las
tres comunidades autónomas que dijo el ministro, añadimos Asturias desde
el principio y, aceptando la enmienda de CiU, Cataluña.

Hablemos claro. Ustedes están en contra de este impuesto
desde el principio. En el año 2001, cuando se aprueba en el Parlamento de
Extremadura, su grupo votó en contra. Vayan a las hemerotecas. ¿Qué
dijeron de este impuesto? ¿Qué dijeron del entonces presidente, Rodríguez
Ibarra, cuando puso este impuesto? Vayan a las hemerotecas. Decían
barbaridades. Y su Gobierno, cuando recurre al Tribunal Constitucional,
en época de Aznar, dice que ponemos en riesgo la unidad de mercado y la
unidad fiscal de España. Eso es lo más suave que ustedes dijeron. Y por
eso presentan el recurso. Y cuando ante el recurso les sale el tiro por
la culata, presentan la enmienda aquí, una enmienda en el Senado que
modifica leyes de parlamentos autonómicos, deprisa y corriendo, una
enmienda en el Senado después de la sentencia del Tribunal
Constitucional.

Esa es la realidad, no le den ustedes más vueltas. Ustedes
no han tenido más remedio que aceptar este impuesto y, cuando llega la
sentencia, ¿qué hacen ustedes? Aguarlo, torpedearlo con esa enmienda,
quitarle vigencia. Eso es lo que ha pasado. No me venga usted con el
cuento de que si el ministro está en ello o deja de estar. El ministro
tendrá que cumplir la ley, y eso no es motivo de agradecimiento, va en el
sueldo o debe ir en el sueldo.

Ahora resulta que las comunidades autónomas pueden bajar o
subir el tramo autonómico del IRPF, pero los bancos no, los bancos no;
una comunidad autónoma puede subir o bajar el tramo autonómico del IRPF y
no pasa nada, nadie se escandaliza, nadie anula eso; ahora bien, los
bancos no.

Han dicho ustedes que las comunidades autónomas son unas
manirrotas, unas gastosas, que van de buenas ante los ciudadanos a la
hora del gasto y el pobre Gobierno central va de malo poniendo impuestos,
y estas comunidades autónomas, en esa campaña de desprestigio, son unas
manirrotas que nada más saben gastar. Pues ahora ponen un impuesto, y
tampoco.

Por lo tanto, no le den más vueltas. Esta iniciativa es
para poner plazo a lo que dice el ministro y para ampliarlo, porque el
Tribunal Constitucional ha dicho en su sentencia que este impuesto es
conforme a la Constitución. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y
su enmienda, su actitud de hoy lo que hace es torpedear que las
comunidades autónomas, las que quieran, pongan un impuesto
autonómico.

Y hablan ustedes de la carta. Ya conoceremos la carta. A
ver si la carta va a decir lo que dice Montoro que dice, o va a decir una
cosa distinta de lo que Montoro dice que dice. Ya lo veremos.

De todas formas, la pregunta —y con esto acabo—
es: ¿Están ustedes diciendo que una carta de las autoridades europeas
está por encima de la sentencia del Tribunal Constitucional? Si es así,
díganlo a las claras.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fuentes.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Ni una sola duda, senador Fuentes, ni una sola duda: el
Gobierno va a cumplir, no porque lo dijo el señor Montoro, que también,
porque el señor Montoro se preocupó de poner esa compensación a las
comunidades autónomas en la ley, sino porque está en la ley, en el
artículo 19 de la ley donde se aprobó este impuesto.

Señorías, compensar a las comunidades autónomas, la
voluntad política, la lealtad institucional no son cosas de soflamas y
cantinelas, que es lo que usted ha mostrado hoy aquí. Se escribe en las
leyes, y eso es lo que hace el Gobierno del Partido Popular con esta
compensación a las comunidades autónomas y con todas las demás
medidas.

Se está cumpliendo rigurosamente la sentencia del Tribunal
Constitucional. Es la propia sentencia la que dice que es perfectamente
posible ese impuesto estatal. Y se está cumpliendo la ley de forma
rigurosa. Pero se está cumpliendo algo más. Ustedes vuelven a plantear el
debate del porqué de ese impuesto estatal y atribuyen una intencionalidad
que no es cierta. Como dijimos en su momento —lo dijo el ministro y
lo dijo el Grupo Popular—, se crea porque queremos ofrecer
garantías y porque queremos eliminar riesgos, algo que para ustedes no
parece tener la más

mínima importancia. El hecho de que haya comunidades
autónomas que tengan el impuesto autonómico y otras que no lo tengan
genera riesgos de que las entidades de crédito puedan verse incentivadas
a que los depósitos se constituyan en oficinas de la misma entidad pero
en otra comunidad autónoma, o que las entidades se establezcan aquí o
allá y tomen sus decisiones de inversión condicionadas por los beneficios
fiscales de los impuestos autonómicos. La Comisión Europea, a través de
esta carta de febrero de 2012, expresó su preocupación en ese sentido, en
concreto, sobre las ventajas fiscales que pudieran existir en función de
una comunidad u otra, y expresó la preocupación de que esos tributos
pudieran vulnerar la libertad de circulación de capitales; le preocupaba
el hecho de que ese impuesto se fuera extendiendo por las comunidades
autónomas, supusiera una segmentación del mercado bancario, y eso
obstaculizara la concesión de crédito.

Fíjense, señorías, si no es importante la recuperación del
crédito en este país, aunque para ustedes parece ser una cuestión mínima,
que si hay algo vital en España es que el crédito llegue a los
emprendedores y a las familias para poder financiar sus proyectos de
inversión. Cuando la reforma del sistema financiero avanza con paso firme
—esa reforma que ustedes tampoco hicieron—, avanza cumpliendo
los plazos, avanza de forma impecable y, como ha dicho el último informe
de Moody’s, sin vaivenes, en una misma dirección y con unos mismos
objetivos, los que se planteó el Gobierno del Partido Popular, cuando
hemos conseguido una ayuda financiera para culminar esa reforma, una
ayuda que también es clave, cualquier medida que ni de lejos pueda poner
en riesgo la recuperación del crédito en este país hay que descartarla,
señorías. Por eso, si la implantación o la extensión de esos impuestos
autonómicos por todas las comunidades autónomas supone el riesgo de
segmentar el mercado y de impedir la recuperación del crédito, ese riesgo
hay que eliminarlo, porque cualquier paso en contra es el peor paso que
podíamos dar.

Por eso, lo único cierto es que este impuesto, que nunca se
descartó que siempre fuera a tener el tipo cero, se crea por el Gobierno
para evitar cualquier riesgo que esa extensión de impuestos sobre
depósitos de carácter autonómico pudiera tener para la recuperación del
crédito, y la intención ahora de implantar un tipo no muy superior pero
mayor que cero responde a la intención de que sean las entidades de
crédito, y no los ciudadanos —como ustedes dijeron
repetidamente—, las que financien los recursos necesarios para
compensar a las comunidades autónomas.

Señorías, ustedes se han referido a la lealtad
institucional. Detrás de cada decisión del Gobierno ha habido grandes
dosis de lealtad institucional. Ha sido el Gobierno del Partido Popular
el que ha dado pasos muy importantes en la dirección de la lealtad
institucional en este país y para asegurar los pilares del Estado
autonómico y del Estado del bienestar. ¿Hay mayor deslealtad con las
comunidades autónomas, señorías, que dejar los servicios fundamentales
sin pagar, a deber? Porque han sido esas medidas, esa política del
Gobierno del Partido Popular la que ha permitido mecanismos como el pago
a proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico, o esa nueva ampliación
del pago a proveedores que recientemente se aprobaba por el Gobierno, el
pasado 22 de febrero. ¿Hay mayor deslealtad que la de algunas comunidades
autónomas, en particular Cataluña, que lo dejaron todo a deber? Porque
han sido los mecanismos que ha puesto el Gobierno a disposición los que
han permitido financiar esos servicios fundamentales…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.

…y han permitido asegurar el Estado de las autonomías
y, desde luego, también el Estado del bienestar.

Gracias señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de
la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, que el senador Fuentes
entendía que estaba subsumida en una de las partes de la enmienda de

Convergència i Unió, y los dos primeros puntos de la
enmienda de Convergència i Unió, puesto que el tercero fue retirado.
¿Están sus señorías de acuerdo? (Asentimiento.)

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos 248; a favor, 85; en contra, 154, abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTEMPLAR
DETERMINADOS ASPECTOS EN LA FUTURA LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

(Núm. exp. 671/000063)

AUTOR: GPEPC

El señor PRESIDENTE: Siguiente moción consecuencia de
interpelación.

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
(Rumores.) Guarden silencio. (Rumores.)

A esta moción consecuencia de interpelación se han
presentado tres enmiendas, una del Grupo Parlamentario Mixto, a
iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal, otra del Grupo
Parlamentario Vasco y, finalmente, una tercera, del Grupo Parlamentario
Socialista. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, la senadora Sequera.
(Rumores.)

La señora SEQUERA GARCÍA: Hola, bon dia.

En el darrer Ple, el Grup de l’Entesa va interpel·lar
el ministre Montoro per tal de conèixer l’abast i els objectius que
es pretenen aconseguir amb la reforma de l’Administració local...
(Rumors.)

Hola, buenos días.

En el último Pleno, el Grupo de Entesa interpeló al
ministro Montoro con el fin de conocer el alcance y los objetivos que se
quieren conseguir con la reforma de la Administración local…
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, la senadora Sequera no va a
continuar hasta que no guarden silencio. (Pausa.)

Cuando quiera, señoría.

La señora SEQUERA GARCÍA: Gràcies, president.

Com deia, en el darrer Ple, el Grup de l’Entesa va
interpel·lar el ministre Montoro per tal de conèixer l’abast i els
objectius que es pretenen aconseguir amb la reforma de
l’Administració local i avançar en el sentit de la reforma que el
meu grup considera necessari fer.

Atenent a la petició del ministre, presentem la següent
moció per tal de constatar la nostra aportació a la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
explicitant aspectes bàsics que cal que la reforma contempli, establint
la base, el punt de partida, d’aquesta reforma. Cal una reforma
legislativa de l’àmbit local? Sí, i compartim la iniciativa de
reformar la planta local. És una demanda històrica, com també ho és
l’establiment d’un finançament just. Amb aquest manifest,
vull corregir la interpretació que el ministre va fer de la meva
intervenció en la darrera sessió plenària. En cap moment estem dient que
no es faci res.

Aquesta moció pretén contribuir a assentar les bases perquè
la reforma contribueixi a enfortir i legitimar, encara més, les entitats
locals, i especialment els ajuntaments. El punt de partida ha de ser el
respecte, en tot el seu contingut, els preceptes que la Constitució
estableix quan fa referència a les entitats locals i a l’autonomia
local. I utilitzant les paraules del ministre Montoro: el sentit
d’aquesta reforma pretén que s’acosti a la forma
d’organitzar les seves activitats —les de les entitats
locals—, tal i com avui ho fan els estats federals en
l’entorn europeu i de més enllà. Hi

estem totalment d’acord. Esperem que les paraules no
siguin simplement paraules, i estiguin plenes de contingut, que es
transformin en fets, per la qual cosa esperem que l’esperit de la
Carta Europea d’Autonomia Local impregni, amb tot el seu esperit,
aquesta reforma.

La Llei de Bases de Règim Local vigent avui estableix les
competències mínimes que ha de prestar un ajuntament segons població, i
permet una certa flexibilitat per habilitar els ajuntaments a intervenir
davant la demanda de noves demandes socials, que haurien d’estar
cobertes per altres administracions públiques, però que no ho estan. És
el cas de les escoles bressol, les biblioteques, poliesportius, centres
de dia, que en molts casos es presten per mitjà de delegacions o convenis
de les administracions competents a canvi d’una dotació econòmica
que no cobreix íntegrament la despesa. La societat actual contempla com a
bàsics molts d’aquests serveis i, per tant, cal actualitzar la
llista de serveis mínims que estableix la legislació perquè sigui un
reflex de la realitat que vivim i per tal de legitimar els ajuntaments, i
no tan sols en el sentit de gestionar serveis, sinó de dotar-los de
potestat per planificar, programar i regular els serveis que presten.
Precisament, el fet de desenvolupar activitats en virtut de convenis
administratius any rere any denota que la competència hauria de ser
local, amb l’atribució dels recursos necessaris.

Sense els recursos econòmics suficients el principi de
l’autonomia local no deixa de ser una simple declaració formal. El
percentatge de despesa pública en relació amb els serveis que presta un
ajuntament és insuficient. Podem afirmar que els ajuntaments són les
administracions que des de fa molt de temps ja practiquen allò de hacer
más con menos.

Sí cal fer un estudi dels serveis que presten els
ajuntaments, que reflecteixi la realitat, i quin finançament mínim
necessiten per tal de fer front a la despesa, per tal que aquest
finançament estigui garantit.

Tant pel que fa a les competències com al finançament per a
prestar-les amb garanties, la reforma de l’Administració local ha
de ser prou flexible per tenir la capacitat d’adaptar-se a les
diferents realitats de tipologia i singularitats dels municipis que
integren tot l’Estat. I en base a aquesta demanda cal reconèixer
com a singulars les necessitats dels ajuntaments de les grans ciutats,
com Barcelona, per la qual cosa ha de tenir un tractament diferenciat de
la resta d’ajuntaments. En aquestes ciutats s’acusa encara
més la necessitat d’articular els mecanismes perquè els seus
corresponsables municipals puguin atendre de manera efectiva les demandes
ciutadanes. Per aquest motiu, cal respectar la legislació que, de forma
consensuada amb les parts interessades, existeix i que és vigent com ara
la carta municipal.

En aquesta Cambra hi ha molts representats
d’ajuntaments d’arreu de l’Estat, i estic segura que,
deixant de banda els colors polítics, tots han de fer front a les
demandes dels veïns que representen. Ara és quan hem de fer front comú
per legitimar i enfortir els nostres ajuntaments com a administració que
ha de donar resposta a la societat. I ara, en els moments que vivim, i
per l’augment de les demandes socials que hem d’atendre, ho
hem de fer de forma contundent i no deixar perdre aquesta
oportunitat.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, presidente.

Como decía, en el último Pleno, el Grupo de Entesa
interpeló al ministro Montoro con el fin de conocer el alcance y los
objetivos que se pretenden conseguir con la reforma de la Administración
local y avanzar en el sentido de la reforma que mi grupo considera
necesario realizar.

Atendiendo a la petición del ministro, presentamos la
siguiente moción para constatar nuestra aportación a la Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, explicitando
aspectos básicos que la reforma debe contemplar, estableciendo la base,
el punto de partida de esta reforma. ¿Se necesita una reforma legislativa
del ámbito local? Sí, y compartimos la iniciativa de reformar la planta
local. Es una petición histórica, como también lo es el establecimiento
de una financiación justa. Con este manifiesto quiero corregir la
interpretación que el ministro realizó de mi intervención en la última
sesión plenaria. En ningún momento estamos diciendo que no se haga
nada.

Esta moción pretende ayudar a sentar las bases para que la
reforma contribuya a fortalecer y legitimar todavía más a las entidades
locales y especialmente a los ayuntamientos. El punto de partida debe ser
el respeto en todo su contenido a los preceptos que la Constitución
establece cuando hace referencia a las entidades locales y a la autonomía
local. Y utilizo las palabras del

ministro Montoro: el sentido de esta reforma pretende que
se acerque a la forma de organizar sus actividades las entidades locales,
tal como hoy lo realizan las entidades federales del entorno europeo y
más allá. Estamos totalmente de acuerdo con ello. Esperamos que las
palabras no sean simplemente palabras y estén llenas de contenido, que se
transformen en hechos y que el espíritu de la Carta Europea de la
Autonomía Local impregne esta reforma.

La Ley de Bases del Régimen Local vigente hoy en día
establece las competencias mínimas que debe prestar un ayuntamiento según
su población y permite una cierta flexibilidad para habilitar a los
ayuntamientos a intervenir ante la petición de nuevos requerimientos
sociales que deberían estar cubiertos por otras administraciones públicas
pero que no lo están. Es el caso de las guarderías, las bibliotecas,
polideportivos, centros de día, que en muchos casos se prestan por medio
de delegaciones o convenios de las administraciones competentes a cambio
de una dotación económica que no cubre íntegramente el gasto. La sociedad
actual contempla como básicos muchos de estos servicios, por lo tanto, se
debe actualizar la lista de servicios mínimos que establece la
legislación para que sea un reflejo de la realidad que vivimos y con el
fin de legitimar a los ayuntamientos, y no solo en el sentido de
gestionar servicios, sino de dotarles de potestad para planificar,
programar y regular los servicios que prestan. Precisamente el hecho de
desarrollar actividades en virtud de convenios administrativos año tras
año denota que la competencia debería ser local con la atribución de los
recursos necesarios.

Sin los recursos económicos suficientes el principio de la
autonomía local no deja de ser una simple declaración. El porcentaje del
gasto público con los servicios que presta el ayuntamiento es
insuficiente. Podemos afirmar que los ayuntamientos son las
administraciones que desde hace mucho tiempo ya practican aquello de
hacer más con menos.

Sí se debe realizar un estudio de los servicios que prestan
los ayuntamientos que refleje la realidad y la financiación mínima que
necesitan para afrontar el gasto, con el fin de que esta financiación
esté garantizada.

Tanto en referencia a las competencias como a la
financiación para prestar servicios con garantías, la reforma de la
Administración local debe ser suficientemente flexible para tener la
capacidad de adaptarse a las distintas realidades de tipología y
singularidades de los municipios que integran todo el Estado. Y en base a
esta petición se deben reconocer como singulares las necesidades de los
ayuntamientos de las grandes ciudades como Barcelona, por lo que debe
tener un trato diferencial del resto de ayuntamientos. En estas ciudades
se acusa todavía más la necesidad de articular los mecanismos para que
sus corresponsables municipales puedan atender de forma efectiva las
peticiones ciudadanas. Por este motivo se debe respetar la legislación
que de forma consensuada con las partes interesadas existe y está vigente
como la carta municipal.

En esta Cámara hay muchos representantes de ayuntamientos
de todo el Estado y estoy segura de que, dejando de lado los colores
políticos, todos deben afrontar las peticiones de los vecinos que
representan. Ahora es cuando debemos hacer un frente común para legitimar
y fortalecer nuestros ayuntamientos como administraciones que deben dar
respuesta a la sociedad. Ahora, en los momentos que vivimos, y por el
aumento de las peticiones sociales que debemos atender, tenemos que
hacerlo de forma contundente y no dejar perder esta oportunidad.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra el senador Iglesias Fernández.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Las enmiendas buscan fundamentalmente aclarar alguno de los
contenidos de la moción concretando elementos que, en mi modesta opinión,
contribuyen a darle más sentido y más fuerza. Sin ninguna duda uno de los
problemas más importantes de los ayuntamientos es el de la financiación.
Lo es objetivamente y se convierte en la coartada que utiliza el Gobierno
para plantear esta reforma de la Administración local. Se trata de una
vieja demanda municipal. Yo creo que fue en la asamblea de la FEMP en La
Coruña, en 1987, cuando se puso sobre la mesa la necesidad de impulsar un
pacto local del que formara parte como un elemento clave la revisión de
la financiación municipal. 1987: han pasado veintiséis años y nada se ha
movido, nada ha cambiado. Los ayuntamientos siguen representando el 13%
del gasto público, el mismo porcentaje

que tenían los ayuntamientos de la primera corporación
democrática en 1979. Sus ingresos representan poco más del 11% de los
ingresos públicos. Hay que modificar el marco de financiación local y
hacerlo superando la práctica de la subvención, con la que de alguna
manera se ha pretendido establecer el equilibrio entre ese 13% de
participación en el gasto público y ese solo 11% de participación en los
ingresos públicos. El problema de la subvención es que las
administraciones que la conceden —sea esta la Administración del
Estado o sean las comunidades autónomas— normalmente lo hacen con
carácter finalista, es decir, condicionando la autonomía local a la hora
de establecer las prioridades y las políticas a desarrollar desde los
ayuntamientos. Solo con un incremento, con una mejora en la participación
en los impuestos estatales de las corporaciones locales se estará en
condiciones de dar satisfacción a las necesidades de financiación de los
ayuntamientos. Y hay que hacerlo, hay que reivindicar este cambio en la
financiación diciendo además que es falso lo que afirma el Gobierno
—utilizado como segunda coartada en esta reforma que dinamita el
régimen local y que está en marcha—, cuando dice que los municipios
no son eficaces y eficientes en el gasto público. Los ayuntamientos son
precisamente —y lo han demostrado a lo largo de estos treinta y
cuatro años que se han cumplido hace unos pocos días de corporaciones
democráticas— la administración más eficaz y más eficiente, aunque
solo sea porque son la administración más próxima a los ciudadanos y, por
lo tanto, están sometidos a un control más directo y más inmediato.

Por ello —y de esta manera concluyo, a partir de esta
reflexión—, la enmienda defiende la necesidad de que se mantengan
las competencias municipales vertebrales y vertebradoras de su acción
municipal, porque no es casualidad que esas competencias residan en los
ayuntamientos. Están ahí, son fruto de la historia y del funcionamiento
de las corporaciones locales mucho antes de que desde la Unión Europea se
lanzara el principio de subsidiariedad. Están ahí porque los ciudadanos
entendieron que esas instituciones eran las que de forma más adecuada
podían satisfacer sus necesidades, las que mejor podían responder a las
demandas inmediatas que esos ciudadanos planteaban, las que tenían
respuesta cotidiana en el suministro de agua, en la retirada de los
residuos sólidos o en la respuesta a las prestaciones sociales. Si se
ampliaron esas competencias en los últimos tiempos fue como respuesta
inmediata de esas corporaciones locales y ante la inhibición de otras
administraciones.

La reforma local —y de verdad que de esta manera ya
acabo, señor presidente— que está en marcha no pretende
racionalizar las competencias municipales, pretende, sencillamente, que
los ciudadanos tengan menos servicios públicos y menos prestaciones
sociales.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Con su permiso, señoría,
intervendré desde el escaño para ahorrar un poco de tiempo en
desplazamientos.

La razón fundamental que nos ha movido a presentar esta
enmienda es algo recurrente en esta Cámara y en nuestro grupo. Casi cada
vez que hablamos de una normativa de aplicación general, como es el caso,
mi grupo tiene que aplicarse en presentar alguna enmienda para
simplemente —y ayer lo tuvimos que hacer también— recordar a
los proponentes que existe una determinada realidad
político-jurídico-administrativa en el Estado. Probablemente sea la
Entesa a quien menos se lo tenemos que recordar, pero en este caso
también queremos hacer la precisión.

La responsabilidad de un Gobierno no es cumplir la ley
—eso va de suyo, dijo ayer el señor Montoro—. Pues como dijo
nuestro portavoz ayer, y entroncando esta discusión con la de ayer, esto
no está tan claro, es más, esto no es así, y el incumplimiento del
Estatuto de Gernika es un claro ejemplo de ello. Esto no es solo
achacable al Gobierno actual y al partido que lo sustenta, sino también a
los Gobiernos del principal partido de la oposición que en diferentes
momentos ha gobernado, aunque también es cierto que en diferente medida,
no es la misma. Pero no es menos cierto que en muchos casos la buena
actitud del Gobierno central de turno dependía y depende más de su
fortaleza o debilidad parlamentaria que de su verdadera intención.
Depende más del fenotipo que del genotipo. Depende más de la situación
exterior parlamentaria que de la verdadera integración del modelo de
Estado y respeto a las nacionalidades en el ADN ideológico de los dos

grandes partidos del Estado, y en esto estoy de acuerdo
también con el senador Saura, que ayer nos lo explicó perfectamente
varias veces.

Pero esto es lo que hay, y con esta realidad tenemos que
trabajar en esta y en otras Cámaras. Se hablaba ayer de recentralización
sí, recentralización no. Yo solo voy a hacer una mención curiosa. Ayer
nuestro portavoz hablaba de transferencias de la gestión de un tipo de
ferrocarril. Pues bien, esto no se puede hacer, esta transferencia ya no
se puede hacer. ¿Y sabe por qué, señor presidente? Porque en un decreto
ley titulado medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo se clasifican de interés general
una serie de servicios ferroviarios. Como ven, no tiene nada que ver una
cosa con la otra, pero, una vez clasificados de interés general, ya no se
pueden transferir. Por tanto, eso de que no hay recentralización y de que
no se están utilizando los decretos ley para colarnos de rondón ciertas
cosas no es cierto.

Se ha hablado también de lealtad institucional. Señorías,
yo tengo un concepto de la lealtad que a mí siempre me ha funcionado. La
lealtad tiene que ser a nosotros mismos, que nos lleve a respetar lo que
los demás quieran y decidan ser, igual que pedimos que se nos respete lo
que nosotros somos y queremos ser, exactamente igual. Esa es la lealtad
que hay que aplicar, institucional y personal. Por eso hemos presentado
esta enmienda, en la misma línea que el senador Yanguas cuando presentó
su moción referente a la ley para la racionalización, o en la misma línea
de la discusión que tuvimos en la última moción que presentó Entesa
también relativa a la ley de racionalización. En nuestra enmienda pedimos
que se respete y se contemple concretamente la especificidad foral de los
territorios vascos y, por tanto, que la nueva ley incluya expresamente el
respeto a las singularidades forales de los territorios históricos de la
comunidad autónoma vasca y de la Comunidad Foral de Navarra.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor
presidente.

Antes que nada, en nombre de mi grupo, quiero felicitar al
Grupo Parlamentario Entesa y a la proponente por permitirnos volver a
hablar y a dialogar sobre un problema tan importante como la
interdependencia entre la autonomía municipal y una suficiente
financiación.

Todos sabemos, al menos los que nos hemos movido o se han
movido en el pasado en el ámbito del municipalismo, que hablar de
autonomía sin financiación suficiente no deja de ser una entelequia.
Probablemente es ya utópico volver a lo que se decía cuando yo era joven;
hablábamos de que había que repartir gasto público —los de mi
quinta se acordarán—: un 50% para la Administración General del
Estado, un 25% para las comunidades autónomas y el restante 25% para los
ayuntamientos. Las cosas no han funcionado así: las autonomías están
rozando el 40%, la Administración General del Estado no llega ni de lejos
a ese 25%, y los ayuntamientos están estancados en términos globales.
Puede ser que eso sea utópico, pero lo que yo creo que no es utópico, y
empieza a calar —como la tópica lluvia fina—, es que es
imprescindible que el municipalismo deje de ser el pilar blando, el pilar
débil de la estructura territorial del Estado. En esa línea yo creo que
es posible y razonable confiar y trabajar. Ya le anticipo que mi grupo
apoyará cualquier moción, cualquier iniciativa que tienda a fortalecer el
municipalismo. Su moción va directamente en esa línea y, por ello,
contará con nuestro pleno apoyo.

Además, consideramos que es oportuno el momento, porque por
ahí circula no un anteproyecto sino un informe sobre la reforma de la
Administración local, pendiente todavía de un proceso de informe del
Consejo de Estado —aparentemente, si hacemos caso a lo manifestado
por el ministro sobre un proceso de participación de la FEMP y de las
organizaciones de ámbito territorial del municipalismo— y su
contenido actual es, como mínimo, preocupante, si a eso se añade que
respecto de las haciendas locales lo único que sabemos es lo que dice el
señor Montoro —que correrá al mismo tiempo que la modificación de
la financiación autonómica—. No tenemos más datos que ese, pero no
tenemos ni idea de cuál va a ser el contenido de esa ley. Por ello,
avanzar en esa línea, como hace su moción, lo consideramos
importante.

Nuestra enmienda de adición —evidentemente, la gente
la acepte o no la acepte, nuestro grupo va a votar a favor—, dentro
de intentar mejorar la moción en algún aspecto, lo que plantea es que al
regular la ley se prevea que se conceda una cierta capacidad normativa a
los ayuntamientos sobre los tributos compartidos y sobre otros tributos
locales. En todo caso, enhorabuena por esta moción que hoy presentan en
esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Belloch.

Tiene la palabra la senadora Sequera para indicar si acepta
o no las enmiendas defendidas.

La señora SEQUERA GARCÍA: President, bé, de les esmenes que
s’han presentat he de dir que com que les tres el que fan és
enriquir encara més el text de la moció que vam presentar el meu grup, en
principi les inclourem totes, les acceptem totes.

Dir que l’esmena presentada pel Grup Mixt, pels
senadors d’Izquierda Unida, veritablement allò que fa és remarcar
encara més el punt 1 i el punt 4, per tant, com que enriqueix encara més,
creiem que és necessari acceptar-la.

En quant al Grup Basc, prenc nota de l’esmena
presentada d’addició, l’acceptem i a partir d’ara, en
qualsevol de les mocions que em toqui defendre, tindré en compte la
singularitat del País Basc i la Comunitat Foral de Navarra per
explicitar-ho.

I en quant a l’esmena presentada d’addició pel
Grup Socialista, doncs perfecte. Jo havia fet un punt en la part
dispositiva molt generalista, i en aquesta esmena s’aprofundeix
encara més de quina manera es pot garantir aquest finançament.

Per tant, queden les tres admeses.

Presidente, debo decir de las enmiendas presentadas que
como las tres lo que hacen es enriquecer todavía más el texto de la
moción que presentó mi grupo, en principio, las aceptamos todas.

Quiero decir en cuanto a la enmienda presentada por el
Grupo Mixto, por los senadores de Izquierda Unida, que verdaderamente lo
que hace es remarcar todavía más los puntos 1 y 4. Por lo tanto, como lo
enriquece, creemos que es necesario aceptarla.

Tomo nota de la enmienda de adición presentada por el Grupo
Vasco, la aceptamos, y a partir de ahora, en cualquiera de las mociones
que me toque defender tendré en cuenta la singularidad del País Vasco y
de la Comunidad Foral de Navarra para explicitarlo.

Respecto a la enmienda de adición presentada por el Grupo
Socialista, diré que perfecto. Yo había incluido un punto en la parte
expositiva muy generalista y en esta enmienda se profundiza todavía más
sobre la forma en que se puede garantizar esta financiación.

Por lo tanto, quedan las tres admitidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

¿Turno en contra?

Senador Sanz, tiene la palabra.

El señor SANZ CABELLO: Señor presidente, señorías, hay algo
positivo en este debate y en todas estas iniciativas y es que en algo
estamos de acuerdo su grupo y todos los grupos de esta Cámara: la
Administración local necesita una reforma que garantice su viabilidad
futura, tras casi treinta años de vigencia de la Ley de Bases del Régimen
Local. Pero también queda cada día más claro que discrepamos sobre el
camino para ello. Nosotros, señorías, hemos presentado un modelo para
lograrlo: un informe al Gobierno que sienta las bases de una futura
reforma.

Lo que sí me gustaría saber, a pesar de su moción, es cuál
es el modelo que realmente defienden ustedes, además de la crítica y la
demagogia. Hasta ahora, y tiene mérito, lo que conocemos de ustedes y de
otros grupos de la Cámara es su anuncio de llevar al Tribunal
Constitucional una ley que no existe. Yo le felicito, de verdad, sin
duda, por su sincera voluntad de diálogo y consenso. Pero si pueden, ¿por
qué no nos aclaran aquí su posición? ¿Acaso están ustedes en contra de
clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades? ¿Acaso
están ustedes en contra de racionalizar las estructuras de ayuntamientos
y diputaciones de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y
sostenibilidad financiera? ¿Acaso están ustedes en contra de garantizar
un mayor control financiero y presupuestario, con un mejor y más

eficaz ejercicio de las competencias? ¿Acaso les parece mal
que no desaparezcan municipios ni se reduzca el número de concejales? ¿O
acaso les parece mal la racionalización y la limitación de retribuciones
de alcaldes y concejales, así como que se establezcan límites para el
personal eventual?

Señorías, es que de eso, que es la verdadera reforma, no
dicen nada, de eso no les interesa hablar. Claro, eso les llevaría a
aplaudir la reforma y es algo que no está en su guión. Ustedes solo
hablan de recortes en la autonomía local, de vaciamiento de competencias,
de pérdida de puestos de trabajo, de privatización de servicios, pero
pasa una cosa, señorías, que de eso no viene nada ni el texto, ni el
informe, ni en nada que aparezca dentro del Gobierno. Lo que pasa es que
sus premisas son falsas, que sus medidas se basan en argumentos
inventados, y las consecuencias negativas son, sencillamente, irreales,
señoría. Y es que no se puede traer una iniciativa a este Pleno basándose
en noticias que dicen que han leído en los medios de comunicación, como
usted reconocía en la interpelación cuando intervino. Así no se puede
trabajar en serio, señoría. Lo serio es no precipitarse. Lo prudente es
leerse los textos y lo responsable es abrirse al diálogo y no empezar a
recoger firmas y a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional sin
que exista la ley. Esperen al menos el informe del Consejo de Estado para
hablar de constitucionalidad. Pero ustedes ya se han tirado a la calle,
como les gusta.

Si lo hubiesen hecho de verdad, hubiesen visto que la
reforma apuesta por reforzar la autonomía local, señoría. Si lo hubiesen
visto bien, llegarían a la conclusión de que lo que pretende la reforma
es fijar las competencias propias de las corporaciones locales eliminando
duplicidades o dotarlas de financiación suficiente para el ejercicio de
sus competencias. Si lo hubiesen hecho, sabrían que, por primera vez,
para las competencias delegadas por otras administraciones estarán
obligadas a dotarse de la partida económica suficiente. Si lo hubiesen
visto, también sabrían que no se vacía de competencia a ningún municipio
por pequeño que sea. Si lo hubiesen hecho, señorías, hoy hubieran llegado
a la conclusión de que existen garantías, de que, con esta reforma,
competencia y financiación van unidas por primera vez.

Piden ustedes, señorías, garantías económicas y una ley de
financiación local. Yo les digo lo que no vamos a hacer y es lo que hizo
el anterior Gobierno, señorías: no hacer nada por los ayuntamientos y
prometer una ley de financiación local para luego no presentarla, como
aquí dijeron en su día los señores Zapatero, Rubalcaba y el
vicepresidente Chaves. No hicieron nada. Por supuesto, sí queremos hacer
las cosas bien y, por eso, en lugar de hacer como otros que no cambiaron
una coma de la financiación local y ahora sí la piden, vamos a llevar a
cabo los dos procesos a la vez: reformar las administraciones y
financiarlas. No puede hacerse al revés. Por eso, no se concibe un
sistema de financiación autonómica sin un nuevo sistema de financiación
local.

En definitiva, aunque su posición tradicional les lleva a
decir no a todo, antes incluso de conocer la ley e incluso antes de que
se redacte, tendrán que coincidir con nosotros en que el ciudadano
reclama una Administración local más eficiente, más barata, más
transparente y con servicios de más calidad. Yo sé que su política ha
sido cruzarse de brazos, y así nos ha ido. La nuestra va a seguir siendo
apostar por una reforma local que logre esos objetivos.

Señorías, ojalá rectifiquen y se sumen al consenso, aún
tienen tiempo. De ustedes depende aclarar si siguen en la demagogia o en
el engaño, pero este grupo, mientras tanto, les seguirá tendiendo la mano
para dialogar y poder llegar a acuerdos. Ustedes sabrán lo que hacen.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Dentro de lo lamentable que está siendo el debate en torno
a esta materia, a esta propuesta de reforma de la Ley de régimen local,
creo que los grupos de la oposición tenemos que sentirnos satisfechos de
alguna cosa. Tenemos que sentirnos satisfechos de que el Gobierno, con
relación a su propuesta inicial, vaya en retirada. Va tan en retirada que
a día de hoy, después de ocho borradores —que sepamos— de
proyecto de reforma, todavía no contamos con un borrador que podamos dar
como último, y ello tras una cabriola de escrupuloso respeto a la
legalidad vigente y

al funcionamiento del sistema político y administrativo e
incluso después de que en rueda de prensa se anuncie que el Consejo de
Ministros aprobó el proyecto de ley de reforma local. Lo habrá aprobado,
pero todavía no ha llegado al consejo consultivo. Cuando entre en el
consejo consultivo sabremos cuáles son los contenidos últimos, después de
cómo mínimo —e insisto en ello— ocho borradores que el
Gobierno mantiene como propuesta de reforma del régimen local.

El discurso del Gobierno comenzó con el primer borrador
planteando que Europa —otra vez Europa— exigía un
adelgazamiento de la Administración local, que sobraban no sé cuántos
municipios, que sobraban no sé cuántos alcaldes y concejales. No tengo el
dato de en qué borrador cayó todo esto, pero cayó, y me felicito de que
así fuera. Al final, por lo que podemos intuir de esa propuesta inicial,
el Gobierno olvida ya la parte de justificación del gasto y del coste
económico. La democracia no es gratis, y la dictadura, la falta de
democracia y libertades son siempre mucho más caras.

Mantiene la parte más ideológica, tras los ocho borradores.
Mantiene la parte que busca, por un lado, una recentralización también
del poder local. Aquí, con el funcionamiento del Gobierno de Mariano
Rajoy hemos creado un supercomisario político que se llama señor Montoro,
ministro de Hacienda. El supercomisario político ha establecido ya el
comisariado sobre las comunidades autónomas a partir de los cambios
legislativos y de los diferentes planes de rescate, entre comillas, a las
comunidades autónomas, estableciendo una intervención directa sobre las
finanzas y la ejecución de sus presupuestos. Con esta reforma se da un
paso más, y el supercomisario político, que ya ha empezado a controlar a
los ayuntamientos con el plan de pago a proveedores, ahora, con esta
reforma, los comisariará completamente —recentralización por
tanto—, convirtiendo de alguna manera a los ayuntamientos en una
especie de delegaciones locales del Gobierno central, delegaciones
locales del Ministerio de Hacienda, más allá de las que ya existen.

Y el segundo contenido ideológico, que al parecer se
mantiene en ese nebuloso proyecto aprobado por el Consejo de Ministros,
es que va a haber menos servicios, menos competencias en los
ayuntamientos y, al albur de esa figura atípica del coste estándar de los
servicios, se impondrán privatizaciones en unos casos o en otros la
transmisión, que no trasferencia, de la competencia a órganos superiores
como son las diputaciones.

Y si hay algo obsoleto, si hay algo que debiera
desaparecer, si hay algo anómalo y heredado y no muy democrático, incluso
en su proceso de elección, son precisamente las diputaciones
provinciales. Si quieren ustedes cambiar el régimen local desde una
perspectiva de más transparencia, más democracia e incluso, en la medida
de lo posible, de ahorros económicos, prescindan de las diputaciones
provinciales.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a empezar por el final, haciéndole una
precisión al senador Iglesias. Algunas diputaciones, senador, porque hay
otras diputaciones en las que se eligen uno a uno, juntero a juntero,
tienen gobierno y cámara que las respalda y las controla. Podemos estar
de acuerdo o no, pero también con respecto a lo del Senado, y por eso no
vamos a discutir ese tema.

A la señora Sequera quiero hacerle una reflexión. De nuevo,
una vez más, nosotros queremos hacer referencia, como ha hecho ella, a la
Carta Europea de la Autonomía Local, que es el documento que tiene que
guiar y que tiene que ser imprescindible en cualquier cambio, en
cualquier desarrollo normativo referente al mundo local. Yo creo que no
hay otra salida en cuanto a su autonomía de organización, en cuanto a,
por supuesto, su financiación, pero también incluso en temas tan
importantes para la dignificación de la institución, que buena falta nos
hace, y de los electos locales, y al final, visto cómo está el ambiente,
resulta que la culpa de todo la tienen los concejales, y son, yo creo, la
única ONG que sobrevive en el mundo de la política con estatuto de
electos, con códigos éticos, incluso con justicia y dignidad en las
retribuciones, porque hablamos de recortarlas y quizás tendríamos que
hablar de retribuir a muchas personas que trabajan muchísimas horas, que
aguantan a muchísimos de sus vecinos, que ahora no cobran nada, y que son
la inmensa mayoría de la gente que se dedica a la gestión en la
Administración local.

Por lo tanto, en la parte resolutiva de esta moción se
tiene en cuenta todo lo que dice la Carta Europea de la Autonomía Local
y, por ello, nosotros no podemos más que votar que sí.

Quiero referirme también al representante del Partido
Popular. Si, como ha dicho el senador Iglesias, la última versión recoge
lo que él dice, estamos absolutamente de acuerdo. Lo que ya no sé es si
mi grupo tendrá que volver a presentar una enmienda para recordar la
especificidad foral de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la
Comunidad Foral de Navarra. Quizá en esta Cámara no, pero le aseguro que
en la otra Cámara ya se está haciendo desde el primer proyecto porque,
vuelvo a repetir, eso no está en el ADN del Partido Popular.

Por tanto, como ha dicho el senador Saura, y lo vuelvo a
mentar, mientras eso siga siendo así, seguiremos discutiendo las mismas
cosas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Gràcies, senyor president.

Senador Sanz, crec que no m’ha entès molt bé la meva
intervenció d’abans. Vull aclarir-li un tema que ja he exposat en
la meva intervenció anterior. El motiu de la moció és contribuir, abans
que s’aprovi l’avantprojecte, a posicionar al meu partit en
allò que no trobem correcte de l’avantprojecte i amb allò que
nosaltres trobem a faltar en l’avantprojecte. Per tant, si tingués
molt més temps sí que entraria a dir d’allò que s’ha
modificat què és el que sí que ens interessa.

Per altra banda, jo entenc que el seu partit li hagi donat
la consigna que això s’ha de votar en contra, però siguin
coherents. Li aconsello la lectura d’un article del diari El País,
a la pàgina 19, on parla que molts alcaldes i barones del PP acuerdan
hacer una rebelión contra la reforma local. I, aprofitant les paraules
del president Rajoy que va dir aquí ahir en aquesta Cambra, el diàleg no
es pot dur a terme si les dues parts no volen dialogar. I aquí el que
estic intentant fer és, precisament, utilitzar això, el diàleg, per fer
saber al ministre Montoro quin és el posicionament del meu partit davant
d’aquesta reforma local.

Per tot això, senyoria, si vostè fos un alcalde i jo fos la
ministra d’Hisenda i Administracions Públiques i li digués: ara et
faré una llei per donar-te més finançament per poder fer les teves
competències i et donaré les garanties perquè les puguis fer, vostè em
diria que no, que no la vol? O si jo li digués: faré una llei amb què et
reforçaré la teva autonomia local per a la defensa dels interessos dels
teus vilatans, vostè em diria que no la vol? O si jo li digués: com a
administració estatal jo he de respectar les lleis que estan en vigència
i que emparen la Llei de la Carta Municipal de Barcelona, vostè creu que
jo no ho hauria de fer com a Administració de l’Estat, respectar
una llei? Si jo li digués: la cessió de les competències que tu tens com
alcalde a una altra administració local, faré que tu puguis decidir si
les vols traspassar o no, em diria vostè que no, que ho dictamini jo?

Crec que els senadors que estan aquí i venen del món local,
que estan en un ajuntament —ja ho he dit abans, és igual del color
polític que siguin—, saben que els ajuntaments necessiten les
garanties pel finançament per poder dur a terme les seves competències,
que la legislació vigent en l’Estat els legitimi com a tals per
poder-ho fer, i no crec que la moció que hem presentat vagi en contra de
cap alcalde ni de cap regidor per poder tirar endavant les seves
tasques.

Per tant, en el meu torn, que ja gairebé no hem queda
espai, el que sí que li volia remarcar és que els ajuntaments no han
contribuït al dèficit públic ni a l’endeutament públic. En el 2012
va suposar un 0,3% del PIB i en el 2013-2015 un 0% del PIB. Això suposa
que el 14% de la despesa pública global és dels ajuntaments, la resta és
d’altres estaments de l’Administració, i que el 4,1% del
deute públic de l’Estat també és insignificant en relació amb el
d’altres administracions.

Demanem que les competències siguin compartides, en tot
cas, com aportació al nou redactat. Això permetrà un estalvi i garantirà
la prestació eficient dels serveis; cal establir quines competències
municipals i el seu correcte funcionament i finançament per tal de
garantir l’autonomia local. Volem remarcar que els ajuntaments són
els que millor poden oferir els serveis de proximitat en l’àmbit de
la salut, de l’educació i dels serveis socials; que les diputacions
haurien de ser les administracions de suport i assistència als municipis
i, sobretot, demanem respecte institucional per tal d’afrontar
aquesta reforma; que aquesta reforma es pugui afrontar des del consens de
les parts.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Senador Sanz, creo que no me ha entendido bien, y voy a
aclararle una cuestión que ya he expuesto en mi anterior intervención. El
motivo de esta moción es, antes de que se apruebe el anteproyecto,
posicionar a mi partido en aquello que no hallamos correcto y en lo que
echamos de menos; si tuviera más tiempo, le hablaría de lo que se ha
modificado, que es lo que nos interesa.

Por otro lado, entiendo que su partido le haya dado la
consigna de que esto se debe votar en contra, pero sean coherentes. Y le
aconsejo la lectura de un artículo del periódico El País, página 19,
donde dice que muchos alcaldes y barones del PP acuerdan hacer una
rebelión contra la reforma local. Aprovechando las palabras del
presidente Rajoy ayer en esta Cámara, el diálogo no se puede realizar si
ambas partes no quieren. Y lo que estoy intentando es precisamente a
utilizar el diálogo para hacer saber al ministro Montoro cuál es la
posición de mi partido respecto a esta reforma local.

Por todo ello, señoría, si fuera usted alcalde y yo fuera
la ministra de Hacienda y Administraciones Públicas y le dijera: haré una
ley para darte más financiación, para desarrollar tus competencias, y te
daré las garantías necesarias para poder llevarlas a cabo, ¿usted me
diría que no la quiere? O si le dijera: voy a hacer una ley en la que
reforzaré tu autonomía local para la defensa de los intereses de tus
ciudadanos, ¿usted me diría que no la quiere? O si yo le dijera: como
administración estatal debo respetar las leyes vigentes que amparan la
Ley de la Carta Municipal de Barcelona, ¿cree que no debería respetar una
ley como Administración del Estado? Y si yo le dijera: haré que puedas
decidir si quieres traspasar o no la cesión de las competencias que
tienes como alcalde a otra Administración local, ¿usted me diría que no,
que lo dictamine yo?

Creo que los senadores aquí presentes vienen del mundo
local y, como he dicho antes, da igual del color político que sean, saben
que en los ayuntamientos necesitan garantías y financiación para poder
desarrollar sus competencias, que les legitime como tal la legislación
vigente en el Estado para poderlo realizar, y no creo que la moción que
hemos presentado vaya en contra de ningún alcalde ni de ningún regidor
para llevar a cabo sus tareas.

Por tanto, casi no me queda tiempo, pero quiero remarcar
que los ayuntamientos no han contribuido al déficit ni a la deuda
pública. En 2012 supuso un 0,3% del PIB y en 2013-2015 un 0% del PIB.
Esto supone que el 14% del gasto público global es de los ayuntamientos y
el resto es de otros estamentos de la Administración, y que el 4,1% de la
deuda pública del Estado también es insignificante con relación a la de
otras administraciones.

Pedimos que las competencias sean compartidas en todo caso
como aportación al nuevo redactado. Esto permitirá un ahorro y
garantizará la prestación eficiente de los servicios que se deben
establecer, y qué competencias municipales y su correcto funcionamiento y
financiación para garantizar la autonomía local. Queremos remarcar que
los ayuntamientos son los que mejor pueden ofrecer los servicios de
proximidad en el ámbito de la salud de los servicios sociales, que las
diputaciones deberían ser las administraciones de apoyo y asistencia a
los municipios, y sobre todo pedimos respeto institucional para que esta
reforma se pueda afrontar desde el consenso de las partes.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió
tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, senyor president.

Vagi per endavant que recolzarem la proposta, la moció que
presenta Entesa i que jo crec que també ha estat enriquida, com deia la
seva portaveu, amb algunes aportacions complementàries d’altres
grups parlamentaris. Jo crec que és encertat pel següent. La primera
intervenció que vaig fer en aquesta Cambra ara fa més d’un any va
ser una interpel·lació al ministre Montoro sobre aquesta qüestió, i,
conseqüència d’aquella interpel·lació, vam aprovar una moció
—jo crec que ha estat de les poques que hem assolit aprovar—,
que instava al Govern precisament a fer una modificació, en aquell
moment, de la Llei de bases, i a la vegada de la Llei d’hisendes
locals.

En aquella interpel·lació insistíem, i ho tornaré a fer en
aquesta, que aquestes dues modificacions són paral·leles, és absolutament
necessari fer-les a la vegada. Aquí hi ha alcaldes i regidors, s’ha
dit, però fins i tot els que no són alcaldes i regidors i tenen un mínim
coneixement de l’Administració local, saben que aquesta té
diferents problemes, però que els podríem centrar en

dos, i un no és més important que l’altre ni
l’altre més important que el primer. I són un tema de competències
i un tema de finançament. Si algú pensa que els problemes que té
l’Administració local és simplement de delimitació i clarificació
de competències, va equivocat. El problema és de delimitació de
competències, el problema és de competències impròpies, però el problema
també és de finançament. I si algú pensa que el problema de les
competències impròpies es resol dient que no s’han de prestar
aquestes competències és que tampoc no coneix la realitat municipal,
perquè en alguns casos si aquestes competències no les presten els
ajuntaments, no les presta ningú.

Per tant, a vegades, la solució a les competències
impròpies és prohibir que els ajuntaments les exerceixin, d’acord;
però en moltes ocasions és buscar finançament, ja sigui del nivell
d’Administració que li correspon fer i no la fa, o d’altres
vies, per poder tirar endavant aquestes competències impròpies.

Ahir sentíem al ministre Montoro que deia: no es preocupin,
senyors senadors, que la reforma del finançament local serà paral·lela a
la reforma del finançament autonòmic. I jo sento això i em començo a
preocupar, perquè no té res a veure; perquè ja s’ha reformat el
sistema de finançament autonòmic en altres ocasions i no s’ha fet
reforma del finançament local. La reforma del finançament local ha de ser
paral·lela a la modificació de les competències de l’Administració
local, de la racionalització, de la sostenibilitat, de tot allò que
vostès vulguin, ara, si només fan una llei en aquest àmbit i no doten de
recursos financers a les corporacions locals, tornarà a ser un absolut
fracàs. Per tant, el paral·lelisme en la tramitació parlamentària que
requereix la Llei d’hisendes locals és amb la de l’àmbit
competencial, no la del finançament de les comunitats autònomes, que no
té res a veure.

Hi ha línies i hi ha algú que diu que és que no saben quin
és el seu model. A mi ara aquí em queda un minut i onze segons i no els
puc explicar en un minut i onze segons quin és el nostre model, però els
asseguro que la nostra formació política té un model clar; i un model
clar en l’àmbit competencial i un model clar en l’àmbit del
finançament de les corporacions locals, i els l’explicarem quan
creguem convenient.

Algunes de les esmenes que s’han incorporat a
nosaltres ens semblen absolutament encertades, concretament, dues. En
primer lloc, la del Grup Socialista, perquè és un pas molt endavant que
hi hagi potestat tributària també per a les corporacions locals, ens
sembla molt bé, ens sembla molt encertat; s’hauria de regular, és
complicat, però ens sembla adequat. En segon lloc, la que presenta el
senador Iglesias en nom del Grup Mixt, en què les transferències
condicionades deixen de tenir pes per tenir més pes les transferències
incondicionades; absolutament d’acord. Aquí hi ha alcaldes, algú de
vostès em pot dir quantes subvencions tramita el seu ajuntament,
subvencions més petites o menys petites, a altres administracions,
condicionades a una inversió, condicionades a alguna despesa en concret?
Moltíssimes, per tant, aquestes s’han de reduir.

En tot cas, ens sembla un encert. Votarem la seva moció i
desitgem que sí que es pugui tramitar aquesta llei, aquest informe, però
també un altre informe que encara no existeix, i que hauria
d’existir, sobre el finançament local.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Vaya por delante que daremos nuestro apoyo a la propuesta
de la moción que presenta Entesa y que yo creo que también ha mejorado,
como decía su portavoz, con alguna de las aportaciones complementarias de
otros grupos parlamentarios. Y considero que es acertado por lo
siguiente. La primera intervención que realicé en esta Cámara, hace ahora
más de un año, fue una interpelación al ministro Montoro sobre esta
cuestión, y como consecuencia de aquella interpelación aprobamos una
moción —creo que de las pocas que hemos conseguido aprobar—
en la que se instaba al Gobierno precisamente a hacer una modificación de
la Ley de bases y de la Ley de haciendas locales.

En aquella interpelación insistía, y volveré a hacerlo en
esta, en que estas dos modificaciones son paralelas, son absolutamente
necesarias y hay que hacerlas al mismo tiempo. Aquí hay alcaldes y
regidores, pero incluso quienes no son ni alcaldes ni regidores, pero
tienen un mínimo conocimiento de la Administración local, saben que esta
tiene diferentes problemas, que se

podrían centrar en dos, y uno no es más importante que
otro. Son un tema de competencias y otro de financiación. Si alguien
piensa que los problemas que tiene la Administración local son
simplemente de delimitación y clarificación de competencias, está
equivocado. El problema es de delimitación de competencias, el problema
es de competencias impropias, pero también lo es de financiación. Y si
alguien piensa que el problema de las competencias impropias se resuelve
diciendo que estas competencias no se deben prestar, es que tampoco
conoce la realidad municipal, porque en algunos casos si estas
competencias no las prestan los ayuntamientos, no las presta nadie.

Por tanto, a veces la solución de las competencias
impropias es prohibir que los ayuntamientos las ejerzan y en muchas
ocasiones también es buscar financiación, ya sea por parte de la
Administración que le corresponde hacerlas y no lo hace, ya sea de otras
vías. Hay que buscar financiación para llevar a cabo estas competencias
impropias.

Ayer oíamos decir al ministro Montoro que no nos
preocupáramos porque la reforma de la financiación local se hará de forma
paralela a la de la financiación autonómica, pero cuando yo oigo esto me
empiezo a preocupar porque una y otra cosa no tienen nada que ver; porque
ya se ha reformado el sistema de financiación económica en otras
ocasiones y no se ha hecho reforma de la financiación local. La reforma
de la financiación local debe ser paralela a la modificación de las
competencias de la Administración local, de la racionalización, de la
sostenibilidad, de todo lo que quieran; ahora bien, si solo se hace una
ley en este ámbito y no se dota de recursos financieros a las
corporaciones locales, volverá a ser un absoluto fracaso. Por lo tanto,
el paralelismo en la tramitación parlamentaria que requiere la Ley de
financiación de haciendas locales es con la del ámbito competencial, no
con la de la financiación de las comunidades autónomas que no tiene nada
que ver.

Hay quién dice: hay distintas líneas y no saben cuál es su
modelo. A mí me queda un minuto y doce segundos y no les puedo explicar
en un minuto y doce segundos cuál es nuestro modelo, pero les aseguro que
nuestra formación política tiene un modelo claro; un modelo claro en el
ámbito competencial y un modelo claro en el ámbito de financiación de las
corporaciones locales y se lo explicaremos cuando creamos
conveniente.

Algunas de las enmiendas que se han incorporado a nosotros
nos parecen totalmente acertadas, concretamente dos. En primer lugar, la
del Grupo Socialista, porque es un paso muy fuerte que haya potestad
tributaria también para las corporaciones locales, y nos parece muy bien
y muy acertado; se debería regular, es complicado pero nos parece
adecuado. Y en segundo lugar, la que presenta el senador Iglesias en
nombre del Grupo Mixto, en la que las transferencias condicionadas dejan
de tener peso para tener más las transferencias incondicionadas, con lo
que estamos totalmente de acuerdo. Aquí hay alcaldes, ¿alguien de ustedes
me puede decir cuántas subvenciones tramita su ayuntamiento, subvenciones
más o menos pequeñas a otras administraciones condicionadas a una
inversión, condicionadas a algún gasto concreto? Muchísimas, por lo tanto
estas se deben reducir.

En todo caso, nos parece un acierto. Votaremos su moción y
deseamos que sí se pueda tramitar esta ley, este informe, pero también el
otro informe que todavía no existe y que debería existir sobre la
financiación local.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, presidente.

Antes que nada, agradezco la generosidad de Entesa de
aceptar la enmienda de adición que hemos planteado.

Quisiera empezar mi intervención haciendo dos pequeños
recordatorios. Recordarán sus señorías que en febrero del año pasado se
aprobó por esta Cámara una moción en la que se decía de manera concreta
que antes de terminar el año 2012 el Gobierno tenía que presentar un
proyecto de ley de haciendas locales. Estamos en abril y, efectivamente,
de eso no ha habido nada, se ha incumplido ese compromiso político que
implicaba la moción.

Además, aunque parezca un tema menor o formal hay otro
incumplimiento, un incumplimiento reglamentario, concretamente del
artículo 178 del Reglamento del Senado, que prevé de manera

expresa que el Gobierno una vez haya tenido noticia de la
moción debe, en un plazo máximo de seis meses, o cumplirla o dar cumplida
noticia de las causas que lo han impedido. Tampoco se ha cumplido y, por
lo tanto, hay dos incumplimientos.

En mi opinión, en la opinión de mi grupo, no son
incumplimientos menores. Estamos en un momento en que en todos, desde el
portavoz de mi grupo al propio presidente del Senado y los senadores, hay
un amplio consenso para llevar a cabo una reforma seria y en profundidad
del Senado, que es lo único que podrá justificar su mantenimiento en el
futuro. Que entre tanto el Gobierno incumpla con sus obligaciones para
con esta Cámara no ayuda en modo alguno a crear ese clima de
consenso.

El segundo tema que quería plantearles es simplemente una
constatación. Yo no conozco ningún senador —máxime, a fortiori, si
se trata de personas con pasado o presente municipalista— que no
esté de acuerdo en la defensa a ultranza de la autonomía local; no
conozco a ningún senador, a fortiori, si se trata de personas con
tradición o presente municipalista, que no sepa que sin una financiación
suficiente la autonomía carece de sentido; tampoco conozco a ningún
municipalista de ningún ámbito, senador o no, que no trate de defender
sus competencias puesto que en definitiva son las que justifican y
determinan su capacidad de autonomía. Pues bien, si estamos de acuerdo en
todo, hasta estamos de acuerdo en que tampoco los Gobiernos socialistas
hicieron lo que había que hacer, ¿cómo es posible que no lleguemos a
actuar conjuntamente ni siquiera en los temas en que estamos todos de
acuerdo? Si predominara el sentido común, parece evidente que esa moción
debería aprobarse por unanimidad y me temo —lo ha anticipado el
portavoz del Partido Popular— que no va a ser así.

Terminaré con dos notas políticas sobre cómo aborda este
proceso el Grupo Parlamentario Socialista. La primera de ellas es que
pensamos que en términos institucionales deben tratarse de manera
homogénea todas las Administraciones públicas cuyos Gobiernos están
legitimados democráticamente por un proceso electoral, de manera
sustancialmente homogénea o, dicho de manera más clara y sencilla,
acabemos de una vez con una especie de inconsciente colectivo según el
cual la Administración General del Estado jugaría en primera división,
las comunidades autónomas en segunda, y los ayuntamientos en tercera.
Jugamos, y esa va a ser la perspectiva del Grupo Parlamentario
Socialista, todos en la misma liga, con los mismos derechos, con las
mismas obligaciones, con las mismas responsabilidades.

Y la segunda observación. El municipalismo siempre ha
tenido una serie de valores que respetamos todos: su capacidad de
proximidad, de cercanía, de transparencia, de fomento de la participación
ciudadana… Son virtudes que yo creo que todos sabemos que son
ciertas y que son útiles en todo momento. Creo que hoy, cree mi grupo, en
un clima de desafección hacia la política y frente a las instituciones,
esas virtudes tradicionales se convierten en imprescindibles. Por eso,
quiero terminar diciendo que espero que todos, esta Cámara, las Cortes
Generales, los grupos parlamentarios, los partidos políticos y,
especialmente, el Gobierno, tomen buena nota de que los ayuntamientos
somos, seguimos siendo, la garantía de cohesión social y de cohesión
territorial.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Belloch.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Sanz.

El señor SANZ CABELLO: Gracias, señor presidente.

Señoría, le repito que estamos ante un borrador, un simple
informe, ni siquiera un anteproyecto y, por tanto, estamos en tiempo,
estamos en fase de elaboración; aún no se ha reunido la CNAL, aún no hay
informe del Consejo de Estado, ayer mismo la FEMP remitió sus alegaciones
al futuro texto y ustedes ya piden —ayer en la FEMP, hoy aquí y en
otros plenos— que se retire un texto que no ha nacido, y ya hablan
de inconstitucionalidad.

Por ello, señorías, quiero decirles y pedirles que no se
precipiten, que tenemos tiempo y oportunidad, si quieren, de mejorar el
texto.

Señor Belloch, es verdad que nada se ha movido, nada ha
cambiado y que los ayuntamientos siguen siendo el pilar débil de la
estructura territorial, pero desde luego el Partido Socialista tiene la
inmensa responsabilidad de no haber hecho absolutamente nada, ni mejorar
las competencias ni concretarlas ni garantizar la financiación local,
ningún año de los que ha gobernado. Tiene razón, pero dígaselo a los
líderes del Partido Socialista, al señor Zarrías o al señor Griñán,
porque

sí es verdad que todos estamos de acuerdo, incluso
estuvieron de acuerdo el PSOE y el PP, pero una reunión del Comité
Federal del PSOE, por la falta de liderazgo interno en su partido y por
su crisis interna, tumbó ese acuerdo que había entre el Partido
Socialista y el Partido Popular. Por tanto, será responsabilidad del
Partido Socialista que hoy no haya acuerdo, aunque usted diga que hay
mucho acuerdo, pero precisamente la crisis interna del PSOE se cargó ese
acuerdo.

Senador Bel, es verdad, es la primera vez que se habla de
competencias y financiación. Pero además se habla de las dos cosas que
hay que hablar: una, de competencias y financiación a la vez y otra,
también imprescindible, es que cuando hablemos de redistribución de
competencias de las corporaciones locales también hablemos de
financiación autonómica y, por tanto, a la vez que vayamos hablando de
competencias y financiación, hay que hablar de financiación autonómica y
financiación local. Es la primera vez que un Gobierno toma la iniciativa
y creo que es un ejercicio valiente, que en lugar de criticar hay que
aplaudir en la Cámara.

Por eso, les pido en esta tribuna que dejen de confundir al
ciudadano y de crear falsas alarmas, porque una cosa es lo que dicen,
incluso recogiendo firmas por la calle, haciendo anuncios de
inconstitucionalidad, y otra que, escuchando a la senadora Sequera, con
los objetivos comunes, ustedes tendrían que aplaudir la ley. Podrían
votar perfectamente la ley, salvo que se inventen el texto que no existe
y entonces podremos entrar claramente en discrepancias.

Lo que es innegable, señorías, es que por fin hay un
Gobierno, como decía, valiente, que pone en marcha las reformas que desde
hace muchos años vienen pidiendo todas las corporaciones locales, todo el
mundo local; lo que es innegable, además, es que esta reforma soluciona
cuestiones históricas demandadas por los ayuntamientos, como las
competencias impropias, como las competencias delegadas o como las
insuficiencias en la financiación de las propias competencias.

Fíjense, defienden la igualdad y el derecho de todos a una
prestación eficaz de servicios. Eso se introduce en aquellos sitios donde
no se pueda garantizar la prestación de un servicio público y, por tanto,
puedan entrar en desigualdad las diputaciones y ahora quieren, eso sí,
quitar de en medio a las diputaciones. Lo que no se puede es tener una
posición en las diputaciones cuando gobiernan y mandan en ellas y cuando
no gobiernan y no mandan en ellas pedir su retirada y su supresión.
(Aplausos.) Eso no es serio, eso no es sensato, señoría. Y le digo lo
mismo a Izquierda Unida, que le gusta hacer pactos de despacho para
gobernar en las diputaciones y ahora dice que hay que quitarlas. Eso no
es sensato, eso no es coherente.

Lo mismo ocurre cuando hablan de privatización. Ni un solo
artículo de la ley favorece la privatización ni la menciona. Por cierto,
ustedes no son un ejemplo. Si quieren, en otro debate nos retamos a poner
ejemplos de las privatizaciones y externalizaciones de servicio en todos
los ayuntamientos de España que está haciendo la izquierda, encabezada
por el Partido Socialista, y les garantizo que los ayuntamientos del PSOE
son los primeros y los que más externalizan y privatizan servicios como
el agua, la limpieza, servicios sociales, educación, etcétera. Por tanto,
no tomen el pelo a esta Cámara. Ustedes no pueden hablar de
privatizaciones porque no están legitimados, son los primeros que las
ponen en marcha y, además, se inventan lo que no dice el texto. Señoría,
cuando quiera comprobamos eso.

Insisto, señoría, sus críticas confunden. Pero lo llamativo
es que frente a sus críticas fáciles, hoy no nos hayamos dado cuenta,
cuando desde algún grupo político se critica a esta ley, de que ayer
mismo se anunciaba una ley catalana de gobiernos locales que incluye
prácticamente las mismas medidas que está planteando el Gobierno. A
nosotros se nos acusa de inconstitucionalidad y, sin embargo, si uno
analiza la ley del Gobierno en Cataluña, ve que son los mismos ejes,
prácticamente las mismas propuestas y los mismos objetivos. Por tanto,
seamos coherentes. No se puede criticar un modelo porque lo hace el PP y
luego desarrollarlo en otras comunidades.

También nos piden en la moción que se respete el régimen
especial del municipio de Barcelona, y le digo que por supuesto que sí, y
el de Madrid, y el de la autonomía local, y las competencias de las
comunidades autónomas. Vía enmienda también nos piden respeto a las
singularidades forales de los territorios históricos, de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, y me remito a
la resolución habida en el debate sobre el estado de la nación.

Pero lo que sorprende, señorías, y con ello termino, es que
aquí nadie haya hablado de la valentía y de la eficacia de un Gobierno,
que es el Gobierno del Partido Popular, que además de esta reforma, que
es valiente, está aplicando medidas para resolver la situación financiera
de los

ayuntamientos; sorprende ver que aquí nadie hable de
medidas tan importantes como los planes de pago a proveedores; sorprende
ver que nadie hable del aplazamiento de las devoluciones de la PIE;
sorprende ver que nadie hable del incremento de un 21% en la PIE que se
ha producido este año, o sorprende que nadie haya valorado, habiendo
tantos alcaldes, salvo que le interese a otro ocultar la posibilidad,
utilizar los remanentes positivos de tesorería…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SANZ CABELLO: …para inversiones locales,
algo muy esperado por todos los alcaldes, y por supuesto por los de esta
Cámara, para hacer inversión.

Por lo tanto, habrá que valorar no solo la reforma, sino
que habrá que valorar claramente cómo el Gobierno está tomando la
iniciativa para de manera definitiva, y como nunca, resolver la situación
económica de los ayuntamientos, que, por cierto, en buena parte y de
manera responsable hemos tenido que heredar por la mala gestión del
Partido Socialista.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.

Llamen a votación.

Señorías, les anuncio que, de acuerdo con los portavoces de
los grupos, no vamos a interrumpir el Pleno. Por lo tanto, continuaremos,
después de esta votación, con la última moción consecuencia de
interpelación. Se debatirán también las dos primeras mociones del Grupo
Parlamentario Popular, y se votará acumuladamente al final de la segunda
moción del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores.)

¿A quién no le ha quedado claro? ¿Lo vuelvo a repetir?
(Asentimiento.) Lo voy a volver a repetir. De acuerdo con la Mesa y Junta
de Portavoces, no se va a interrumpir el Pleno. Vamos a votar ahora la
moción consecuencia de interpelación que se acaba de debatir;
posteriormente se debatirá la moción consecuencia de interpelación que
queda, y entraremos en el debate de las dos primeras mociones del Grupo
Parlamentario Popular. Al acabar esa segunda moción del Grupo
Parlamentario Popular, votaremos, acumuladamente, todas las que no se
hayan votado.

¿Queda claro? (Asentimiento.)

Muchas gracias.

Votamos, pues, la moción consecuencia de interpelación del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya con la incorporación
de las enmiendas aceptadas de los grupos parlamentarios Mixto, Vasco en
el Senado y Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 95; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS SOBRE EL CARÁCTER SOCIAL DEL AJUSTE
PRESUPUESTARIO QUE HA IMPULSADO, ESPECIALMENTE EN ASUNTOS SOCIALES Y
DEPENDENCIA.

(Núm. exp. 671/000064)

AUTOR: GPCIU

El señor presidente da lectura al punto 6.3.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

A esta moción consecuencia de interpelación, presentada por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, se han
presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa
de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, y otra del
Grupo Parlamentario Socialista.(Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. Hasta que no haya
silencio en el hemiciclo no vamos a comenzar el debate. (Pausa.)

Muchas gracias.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo
de cinco minutos, el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, esta moción consecuencia de interpelación, por un
lado, pretende modificar las prioridades del Gobierno del Estado
relativas a la flexibilización del objetivo del déficit, de tal forma que
quede repartido en función del gasto público que tiene cada una de las
administraciones, porque, si no, además se verá agravado, porque la
drástica reducción de partidas que el Estado hace de aportación a las
comunidades autónomas está afectando al Estado del bienestar. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.—Continúan
los rumores.) Por tanto, el primer punto pretende la flexibilización del
déficit y repartir esta flexibilización de forma que sirva para el
conjunto de las comunidades autónomas…

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría,
disculpe un momento, por favor.

Señorías, guarden silencio. Si no, si quieren hablar,
salgan del hemiciclo. (Pausa.) Gracias.

Continúe, señoría.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: ... i d’una altra banda,
que hi hagi també aquesta aportació de l’Estat a les partides que
pot fer.

El segon punt de la moció fa referència a que
l’Estat, de forma unilateral, va retirar el nivell acordat
d’aportació de la Llei de la Dependència. Demanem que l’Estat
compleixi la llei i que faci la seva aportació en el nivell acordat.
D’una altra banda, també cal reformar el finançament de
l’atenció a la dependència amb una aportació que es correspongui
amb el cost de la vida de cada comunitat, i amb el cost del servei. Per
últim, en aquest apartat, que l’Estat mantingui la cotització de la
Seguretat Social dels cuidadors no professionals.

El tercer punt fa referència a transferir a les Comunitats
Autònomes els recursos corresponents per mantenir els centres especials
de treball i, d’una altra banda, la inserció a l’empresa
ordinària de les persones amb discapacitat, atès que l’Estat ha
reduït aquestes partides en un 56%.

El quart punt és revisar conjuntament amb les Comunitats
Autònomes les transferències de recursos que l’Administració
General de l’Estat ha reduït i suprimit, i que anaven destinats a
programes i conceptes en matèries de sanitat i serveis socials. Aquí,
especialment, fa referència a totes les partides que serveixen per
finançar les administracions locals en els serveis socials
d’atenció primària o d’atenció bàsica. Per tant, aquesta
reducció tan gran que hi ha hagut per part de l’Administració
General de l’Estat s’ha de restituir per tal que es puguin
mantenir aquestes transferències.

Finalment, un tema que sempre ens anem trobant. S’han
anat transferint al llarg dels darrers 35 anys competències a les
Comunitats Autònomes i l’Administració General de l’Estat no
ha reduït l’administració. Tenim una duplicitat amb molts
ministeris de l’Estat, i un de característic és el de Sanitat i
Serveis Socials. Després que moltes de les competències són competència
exclusiva de les Comunitats Autònomes, ara ens trobem que l’Estat
segueix mantenint la mateixa administració. Per tant, reclamem, en aquest
apartat cinquè de la moció, que hi hagi una reducció de les estructures
administratives de l’Estat.

És, per tant, una moció constructiva, amb voluntat que la
Llei de la Dependència es compleixi; que puguem mantenir els serveis
socials, en un moment de crisi econòmica ―i sempre, però en un
moment de crisi econòmica més― i alhora també que l’Estat
reconegui que ha fet unes transferències a les Comunitats Autònomes i
que, per tant, la duplicitat que significa l’Administració de
l’Estat ―en cap cas les Comunitats Autònomes ni les
administracions locals― sigui aprimada; i que aquest aprimament de
l’Administració General de l’Estat serveixi també per a tenir
més recursos per a mantenir un tret característic d’un país que vol
ser europeu. Per a ser europeus també ens ha de caracteritzar mantenir
l’estat del benestar. Hem lluitat molt per a tenir-lo i ara, en poc
temps, podríem fer un retrocés que seria irrecuperable.

Moltes gràcies.

… y, por otro lado, que se produzca la aportación del
Estado a las partidas que puede atender.

El segundo punto de la moción hace referencia a que el
Estado de forma unilateral retiró el nivel acordado de aportación de la
Ley de dependencia y pedimos que el Estado cumpla la ley y haga la
aportación del nivel acordado. Por otro lado, se trata de reformar la
financiación de la atención a la dependencia con una aportación que se
corresponda con el coste de vida de cada

comunidad y con el coste del servicio. Por último, en este
apartado solicitamos que el Estado mantenga la cotización a la Seguridad
Social de los cuidadores no profesionales.

El tercer punto hace referencia a transferir a las
comunidades autónomas los recursos correspondientes para mantener los
centros especiales de trabajo y, por otro lado, también la inserción en
la empresa ordinaria de las personas con discapacidad, puesto que estas
partidas el Estado las redujo en un 56%.

El cuarto punto es relativo a revisar conjuntamente con las
comunidades autónomas las transferencias de recursos que la
Administración General del Estado ha reducido y suprimido que iban
destinadas a programas y conceptos en materia de sanidad y servicios
sociales. En este punto especialmente se hace referencia a todas las
partidas que sirven para financiar a las administraciones locales con
respecto a los servicios sociales de atención primaria o atención básica
a fin de que se restituya esa reducción tan grande que se ha producido
desde la Administración General del Estado y se puedan mantener esas
transferencias.

Y, finalmente, un tema con el que siempre nos encontramos.
Se han ido transfiriendo a lo largo de los últimos 35 años competencias a
las comunidades autónomas pero no se ha reducido la Administración
General del Estado. Necesitamos que se elimine la duplicidad que tenemos
en muchos ministerios ―y uno característico es el de Sanidad y
Servicios Sociales― puesto que muchas de las competencias son
exclusivas de las comunidades autónomas, pero nos encontramos con que el
Estado sigue manteniendo la misma Administración. Por lo tanto, en este
apartado quinto de la moción reclamamos que se produzca una reducción de
las estructuras administrativas del Estado.

En definitiva, es una moción constructiva, con voluntad de
que la Ley de dependencia se cumpla, de que los servicios sociales en un
momento de crisis económica —y siempre, pero más en un momento de
crisis económica— se puedan mantener y, al mismo tiempo, que el
Estado también reconozca que ha hecho unas transferencias a las
comunidades autónomas y que, por lo tanto, la duplicidad de la
Administración del Estado en ningún caso signifique que las
administraciones autónomas y locales sean adelgazadas. Y que este
adelgazamiento de la Administración General del Estado sirva, además,
para contar con más recursos, con el fin de mantener uno de los rasgos
característicos de un país que quiere ser europeo: el mantenimiento del
Estado del bienestar. Hemos luchado mucho por lograrlo y ahora, en poco
tiempo, podría producirse un retroceso que sería irrecuperable.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias.

Para la defensa de la enmienda, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

De alguna manera, las enmiendas que tengo el honor de
defender tienden un puente hacia la moción anterior, hacia el debate
anterior.

Compartimos el contenido de la moción, como argumentaré en
el turno de portavoces de forma somera, porque creemos que es necesario
aprovechar la oportunidad que ofrece para reivindicar el papel de los
ayuntamientos en esta materia, que también están siendo víctimas de los
ajustes y recortes que, desde la aprobación de los Presupuestos Generales
del Estado, se han venido aplicando a todo lo que guarda relación con los
servicios sociales.

En el debate del presupuesto para 2013 tuvimos la
oportunidad de reseñar esos ajustes y recortes y, en este sentido, y
visto ahora con perspectiva, se puede concluir que los recortes
contenidos en los Presupuestos Generales del Estado de alguna manera
adelantaban los propósitos del anteproyecto de reforma del régimen local.
Así, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 reflejaron una caída
de casi el 40% en el plan concertado de servicios sociales básicos, que
es la pata fundamental del funcionamiento de los municipios en materia de
servicios sociales.

A partir de la consignación presupuestaria en los
diferentes presupuestos generales del Estado se ha creado una red
fundamental en el ámbito municipal de servicios sociales básicos, pero
esta ha quedado profundamente tocada, dinamitada, con este recorte del
presupuesto para 2013. Sin embargo, es coherente, guarda relación con la
voluntad de reducir la competencia municipal en

servicios sociales que reflejan de manera expresa los
distintos anteproyectos en torno a la reforma del régimen local.

Por otro lado, la retirada sorpresiva por parte del Estado,
también en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, de la
consignación para teleasistencia significó el dejar en el aire otra
prestación que venían realizando los servicios sociales municipales y
que, además, seguramente incluso desde una perspectiva estrictamente
económica, son las prestaciones más rentables porque la teleasistencia,
el apoyo a las personas mayores que mantienen su autonomía en su
vivienda, es mucho más barata que cualquier otra alternativa de respaldo
o de apoyo a las personas mayores. Sin ninguna duda, es infinitamente más
barata que una plaza asistencial en cualquier residencia; por no hablar
ya de los beneficios que proporciona a las personas el poder seguir
sintiéndose útiles, el tener una dependencia menor y seguir manteniendo
sus hábitos y costumbres en el domicilio habitual.

Por consiguiente, creemos que tal decisión ha tenido
consecuencias negativas tanto desde la perspectiva económica
—porque muchas de estas personas, al verse privadas de este
servicio, quedan abocadas a solicitar una plaza asistencial, con un coste
para las administraciones públicas muy superior— como de
degradación de las condiciones de vida de muchas de estas personas.

Estas son las motivaciones que fundamentan la presentación
de nuestras enmiendas, que buscan solo que el papel municipal en la
prestación de servicios sociales encuentre acomodo en la reivindicación
que contiene la moción y que se reflejen también las dificultades que han
generado los ajustes y recortes presupuestarios plasmados en los
Presupuestos Generales del Estado para 2013 para el desarrollo de esas
competencias municipales en servicios sociales.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene
la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias, presidenta.

Señorías, en primer lugar, quiero manifestar al grupo
firmante de la moción, a CiU, que es nuestro deseo apoyarla. Lo hemos
hecho antes, además, porque, se quiera o no, hay un hilo conductor con
otras interpelaciones y mociones consecuencia de interpelación que se
vienen presentando desde octubre en el sentido de que la flexibilización
del déficit, de ese punto que se consiguió en el año 2012, que fue
aprovechado únicamente por la Administración central, y la que se pueda
conseguir en 2013, si no va toda a las administraciones autonómicas y
locales, que al menos se reparta; que no se quede el Gobierno de la
nación con toda esa flexibilización del déficit.

Proponemos algunas correcciones, más de carácter
aclaratorio, incluso si me apuran semántico, que, a nuestro modo de
entender, concuerdan más con nuestro discurso sin alterar en lo
sustancial la moción. En primer lugar, en cuanto al punto primero, sobre
la corrección del déficit —el hilo conductor del que
hablaba—, ustedes plantean que se haga en función de los
presupuestos de las comunidades autónomas, y nosotros proponemos que sea
que en función del gasto público de las distintas administraciones. Ya se
ha repetido aquí muchas veces ese reparto de la tarta, ese reparto del
50-36-14, o 50-37-13, que es un indicador válido creo que más conciso que
el presupuesto. Todo gasto público está en el presupuesto, pero en el
presupuesto hay más cosas que el gasto público, con lo cual no creo que
haya ningún problema para que puedan aceptarlo.

En el punto segundo también les proponemos hablar no del
coste real este es un debate histórico que viene produciéndose—,
sino que nosotros lo que pedimos es que por el Gobierno y las comunidades
autónomas se haga un estudio sobre el coste real, y de ahí se puedan
sacar unos nuevos costes unitarios, unos nuevos estándares de costes de
mantenimiento de determinados servicios públicos. Nosotros seguimos
creyendo que tiene que haber ese nivel básico, modificado según los
costes reales como proponemos, pero que un dependiente tiene que tener un
grado y una cuantía asignada unitaria; por tanto, lo que proponemos es
simplemente que se haga un estudio sobre los costes reales.

En este punto segundo evidentemente asumimos el último
párrafo de su moción en cuanto a que la Administración General del Estado
deberá seguir financiando las cotizaciones a la Seguridad Social de los
cuidadores no profesionales, a cargo de los Presupuestos Generales del
Estado, que han quitado, con graves problemas de toda índole. Está claro
que apoyamos el resto de su segundo punto, igual que hacemos con los
puntos tercero y cuarto íntegramente.

En el punto quinto creemos que es el momento —por eso
presentamos una enmienda en esos términos— de que se debatan en el
Parlamento, y por qué no en esta Cámara, en el Senado, esas medidas de
simplificación, de eliminación de duplicidades, de costes o sobrecostes
que se pueden estar produciendo entre administraciones que prestan
servicios similares, y se ajusten definitivamente en cada Administración,
según las competencias, los costes del servicio que tienen
encomendado.

Es verdad que no fuimos capaces de conseguir,
políticamente, en este país, cuando se crea y desarrolla el Estado de las
Autonomías, que con las competencias de la Administración central también
se fueran cuerpos de funcionarios y de técnicos a las administraciones
autonómicas. Eso está por resolver, evidentemente. Hace unos meses, en
noviembre, se ha constituido con gran aparato propagandístico una
comisión interministerial para estudiar todo eso.

Nosotros lo que le proponemos es que sean debatidos en esta
Cámara esos resultados, como otros estudios que sabemos que se han
realizado, por ejemplo, en Cataluña, y entre todos lleguemos a ese
acuerdo de las competencias, con los servicios y con los recursos humanos
y técnicos necesarios, evitando todo tipo de duplicidades, de costes, y
simplificando para el ciudadano la Administración. Esa es nuestra
propuesta y estas son las enmiendas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para indicar si acepta las enmiendas presentadas, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la
palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Senyora Presidenta, en
referència a l’esmena presentada per part del Grup Parlamentari
Mixt, que és afegir el punt número 6, l’acceptaríem, i
l’acceptem. I en referència a les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, tal com ha dit, acceptaríem l’esmena que fan al punt
número 1 i el punt número 5. Al número 2, per un error en què s’han
deixat el darrer paràgraf, que fa referència als cuidadors, tal com ha
dit el senador del Grup Parlamentari Socialista, considerem el que està
en negreta com que s’afegeix al text del punt número 2. Per tant,
es manté el text presentat pel nostre Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, amb l’addició d’aquestes tres línies que diuen:
«Asimismo, es preciso estudiar el coste real de los servicios prestados
en cada Comunidad Autónoma y su repercusión en la financiación del
sistema». Per tant, acceptaríem aquestes esmenes tenint en compte que la
del punt número 2 no és de substitució sinó que és d’addició. Per
tant, queden recollides aquestes esmenes, tant les del Grup Parlamentari
Mixt com les del Grup Parlamentari Socialista.

Moltes gràcies.

Señora presidenta, en referencia a la enmienda presentada
por parte del Grupo Parlamentario Mixto, que consiste en añadir un punto
número 6, la aceptamos. Y en referencia a las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, aceptaríamos los puntos número 1 y 5 de la
enmienda. Y el número 2, en el que por un error se han dejado el último
párrafo que hace referencia a los cuidadores, tal y como ha dicho el
senador del Grupo Parlamentario Socialista, consideramos lo que está en
negrita como que se añade al texto del punto número 2. Por lo tanto se
mantiene el texto presentado por nuestro Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió con la adición de esas tres líneas que
dicen: «Asimismo, es preciso estudiar el coste real de los servicios
prestados en cada comunidad autónoma y su repercusión en la financiación
del sistema». En consecuencia aceptaríamos estas enmiendas teniendo en
cuenta que el punto número 2 no es de sustitución, sino de adición.

Por tanto, quedan recogidas estas enmiendas, tanto las del
Grupo Parlamentario Mixto como las del Grupo Parlamentario
Socialista.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra la senadora Ortega.

La señora ORTEGA RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Buenos días. Utilizamos el turno en contra para informar
sobre nuestra posición desfavorable a esta moción, por varias razones que
voy a enumerar brevemente siguiendo los puntos que ha mencionado el señor
Cleries.

Los presupuestos de 2012 se han cumplido en un contexto
económico muy complejo, es cierto, por el ciclo recesivo que atravesamos
y, a pesar de ello, todas las medidas tomadas han contribuido a que se
haya podido confirmar una importante mejora en el desequilibrio de las
cuentas públicas de dos puntos porcentuales frente al cierre del
ejercicio del 2011. Por ello el actual marco presupuestario es en el que
se debe seguir trabajando mientras no cambien las actuales exigencias
nacionales y comunitarias. Cada comunidad autónoma debe asumir las
responsabilidades que le son propias en políticas sociales. El Estado ya
está haciendo y ha hecho un esfuerzo considerable de financiación y
saneamiento del conjunto de las administraciones públicas, mediante el
Plan de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico.

En relación con el segundo punto, sobre la dependencia,
quiero señalar que precisamente para garantizar la sostenibilidad para
los usuarios que existen actualmente en el sistema de dependencia, así
como para los que se incorporen en el futuro, el Gobierno ha aumentado
precisamente el nivel mínimo de protección, que es realmente el que lo
garantiza porque está relacionado directamente con los usuarios y las
prestaciones. Lo señala el artículo 9 de la mencionada ley y, sin
embargo, la financiación del nivel acordado no se encuentra vinculada, ni
se dirige directamente al usuario, sino que se pagaba a las comunidades
autónomas como parte de la financiación de la globalidad del sistema y
con grandes oscilaciones entre unas comunidades y otras. De hecho, está
demostrado, tanto en el estudio que ha hecho el Imserso como en el que ha
hecho la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que
no precisamente las comunidades autónomas que recibieron mayores fondos
son las que mejor están gestionando la Ley de dependencia.

Lo que ha hecho el Gobierno es cumplir con la ley. Las
reformas que ha llevado a cabo en esta ley garantizan la sostenibilidad y
la viabilidad; priorizan los servicios profesionalizados; integran la
atención a la dependencia dentro de los servicios sociales, como siempre
debió ser; e impulsa, sobre todo, la creación de empleo y la actividad
económica en momentos tan difíciles como este.

Respecto a las personas con discapacidad y a su empleo,
tenemos que decir que este Gobierno tiene siempre presente a las personas
con discapacidad. En el real decreto de apoyo a emprendedores se recogen
las propuestas que el Cermi lleva reclamando desde hace muchos años. Se
añade, además, que el pasado sábado día 6 la ministra de Empleo presentó
el nuevo convenio especial de discapacidad, que beneficiará a más de 34
000 personas.

La próxima Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales establecerá también la distribución a comunidades autónomas
para la gestión de los distintos programas de políticas activas de
empleo.

Respecto al punto cuatro, hay que señalar que es cierto que
algunas transferencias han disminuido, como el plan concertado, pero ya
se venía disminuyendo desde el Gobierno socialista porque era un impulso
para que las administraciones locales lo tuvieran en cuenta y lo
asumieran.

Por último, sobre el punto quinto, el Gobierno ya está
adoptando medidas en esta línea con el anteproyecto de la reforma de la
Administración local que se está nombrando tanto esta mañana, el Proyecto
de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
y no solo eso, sino que en el Consejo de Ministros del 26 de octubre del
2012 se creó una comisión para la reforma de las administraciones
públicas, como saben todos ustedes, y a la que ayer se refirió nuestro
presidente del Gobierno.

Por todo lo expuesto, no consideramos oportuna la
aprobación de esta moción en cada uno de los puntos señalados.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

Por más que el Gobierno y el Partido Popular se empeñen en
sostener lo contrario, se ha producido una congelación evidente de la
aplicación de la Ley de dependencia, no solo por los

cambios legislativos que se han introducido, sino por las
consignaciones presupuestarias que tienen como finalidad financiar
precisamente la aplicación y desarrollo de la Ley de dependencia.

Hay una cuestión objetiva. En este momento están saliendo
del sistema de la dependencia más beneficiarios de los que están entrando
como consecuencia de diferentes mecanismos, uno natural,
desgraciadamente, que es el fallecimiento de beneficiarios de la Ley de
dependencia, y las inclusiones no se dan precisamente como resultado de
esas reducciones en las consignaciones presupuestarias. Los datos son
también incuestionables. Los Presupuestos Generales del Estado del 2013
consignaban 1176 millones de euros. En 2011 la consignación ascendía a
1412 millones de euros, en un momento, además, en el que las proyecciones
que el Imserso realizaba en torno a la evolución de la aplicación de la
Ley de dependencia fijaba una previsión de que se produciría la
incorporación de 60 000 beneficiarios más. No se está produciendo esta
incorporación no porque no los haya, sino porque la reducción en las
consignaciones presupuestarias obliga a todas las administraciones,
obviamente a las comunidades autónomas, a colocar cortapisas de todo tipo
para ir reconociendo nuevas prestaciones de atención a la
dependencia.

He de reconocer que algunas son incluso ingeniosas. Alguna
comunidad autónoma, que no voy a citar, pretendía —no sé si al
final lo hizo— crear una tasa para gravar la solicitud de
aplicación de la Ley de atención a la dependencia. Es ingeniosa, pero
confronta de forma directa con la filosofía de dicha ley. Si se reducen
las aportaciones a las comunidades autónomas para que estas financien la
aplicación de la ley, solo cabe un resultado: que la ley no se aplique,
porque la situación financiera de las comunidades autónomas, como
consecuencia de otra serie de medidas coherentes que acompañaron a la
citada ley, no permite a estas, con sus recursos, compensar las
reducciones de lo que llega, vía Presupuestos Generales del Estado, de la
Administración central, de la Administración estatal.

Por ello, creo que bastaría con recordar las
manifestaciones del secretario de Estado de Servicios Sociales en su
comparecencia ante la comisión en la presentación del presupuesto. La
filosofía del Gobierno de la nación es que los ayuntamientos —antes
hacía referencia a ellos la portavoz popular en su intervención— y
las comunidades autónomas tienen que buscarse la vida en esta materia.
Hay un sistema de financiación local insuficiente, y con ese sistema de
financiación local insuficiente, según la política del Gobierno de la
nación los ayuntamientos tendrán que resolver todas las necesidades en
relación con los servicios sociales. Decía —insisto— la
portavoz popular: Bueno, eso del plan concertado fue una medida
coyuntural para que los ayuntamientos desarrollaran su red de servicios
sociales. Pues ahora, que ya lo han desarrollado, como el Capitán Araña:
embarcados quedan, y que mantengan, si pueden, sin ningún recurso ni
apoyo de otras administraciones, tal servicio.

Algo semejante está ocurriendo con la Ley de atención a la
dependencia. Las comunidades autónomas son las competentes en la
aplicación de la ley, y el Gobierno de la Administración del Estado está
incumpliendo la ley. Y que conste que el Gobierno anterior también la
incumplía, lo digo expresamente. El Gobierno socialista incumplía la ley
en cuanto a la aportación a las comunidades autónomas que se derivaba de
la Ley de atención a la dependencia. No tengo el dato en la cabeza en
este momento, pero como mínimo su aportación estaba por debajo en seis o
siete puntos de lo que tenía que ser según la ley. Pero ustedes, en vez
de arreglar eso, a los seis o siente puntos le meten otros cuatro o
cinco. Y el resultado último es que a unas comunidades autónomas
encorsetadas por los objetivos de déficit, si ya no podían compensar el
incumplimiento del Gobierno socialista, en estos momentos les resultaría
absolutamente imposible alcanzar el cumplimiento de ese objetivo con los
incumplimientos que ustedes suman.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señora presidenta, por cuestiones
de hipoglucemia no voy a subir y bajar escaleras.

Señor Cleries, en principio la moción es muy amplia y,
evidentemente, habla de los problemas de financiación que tienen las
comunidades autónomas. Sobre todo está clara la diferente vara de medir
que ha aplicado el Gobierno a la hora de achacar las culpas del gasto y a
la hora de repartir después la carga del déficit. Por tanto, no podemos
más que estar de acuerdo con los primeros puntos de su moción.

Me gustaría centrarme un poco más en dos de esos puntos. En
cuanto al que habla de la Ley de dependencia —reduzco su nombre,
porque es más largo que la financiación que ha traído—, como ya
dijimos en su día, a nuestro juicio invadía competencias, por lo menos en
Euskadi, en el plano social. Es magnífica en su intención —creo que
nadie tiene ninguna duda—, pero no se ha cumplido prácticamente
desde su inicio en ninguno de los dos planos. En lo que respecta a su
implantación en las diferentes comunidades, no hay más que ver los datos
del Observatorio de la Dependencia. Nosotros no somos los que peor
quedamos, pero, verdaderamente, los que estaban por detrás en aquellas
tablas vivían situaciones absolutamente dramáticas y yo creo que
vergonzosas. Y tampoco se ha cumplido nunca desde su inicio aquello que
se pactó en cuanto a la financiación. Nunca se ha llegado a lo acordado,
nunca. En el nivel básico, más o menos, en lo acordado, nunca; y siempre
tarde y mal. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)

También estamos de acuerdo en que hay que hablar del coste
real del servicio, porque, ya de salida, en los primeros años, entre lo
que decía el ministerio y los datos de la Asociación Estatal de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que aquí se ha mencionado, y
creo que es gente que sabe de lo que habla, había una diferencia de un
3%. Eso, en los primeros años. Evidentemente, ahora es mucho mayor. Y,
por supuesto, también estamos a favor de todo lo que suponga apoyo a los
cuidadores no profesionales.

Lo que me gusta recordar cada vez que hablamos de la Ley de
dependencia es que es una ley de tracto sucesivo, y en su articulado
lleva implícitos los plazos de aplicación. Además, es una ley que
consagra un derecho subjetivo. Por lo tanto, si no se ha anulado y no se
ha modificado creo que estamos en una situación perversa y peligrosa
precisamente para las comunidades autónomas; y esta ley no salió de las
comunidades autónomas sino de las Cortes Generales.

También me gustaría recordar lo que dice la Asociación
Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cuando habla de un
escenario de ruina. Hay 250 000 personas con un derecho reconocido por
ley que no accederán a ningún servicio o prestación por imposibilidad
financiera, y el primer culpable será las comunidades autónomas. De los
250 000 titulares de derecho a atención, unas 135 000 personas estarán
pendientes de recibir una prestación económica por cuidados en el
entorno, de forma que si su expediente se dilata más de seis meses
tendrán derecho a cobrar atrasos, que deberán pagar las comunidades
autónomas. Cada día que pase sin que se adopten decisiones se engrosarán
las obligaciones reconocidas de las comunidades autónomas frente a
terceros.

En cuanto a la imposibilidad de su cumplimiento, como ya ha
comentado en parte el senador Iglesias, ahora la estrategia es buscar
argucias de todo tipo para retrasar la entrada en el sistema: dilación de
plazos no realizados, desincentivar las revisiones de grado o nivel,
incluso cobrando las valoraciones.

Si alguna comunidad, como es el caso de la comunidad
autónoma vasca, y creo que también de la comunidad navarra, decide
cumplir con las personas dependientes y con los proveedores de servicios
correrá el riesgo de incumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 17 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y esto
conllevará actuaciones coercitivas contenidas en dicha norma. Encima, por
cumplir la ley además se aplica otra ley. Y, evidentemente, se incurrirá
en el pago de los servicios prestados desde el sector privado, con lo que
esto supone para las empresas, para los puestos de trabajo, etcétera.

Esta es la situación, por lo menos hasta que se aplique la
reforma que se está anunciando en el ministerio. Pero, mientras tanto,
quienes estamos cumpliendo los plazos de incorporación de los distintos
niveles de la dependencia seguimos financiando, no ya ahora la parte que
nos correspondía del pacto que se hizo entre Gobiernos autónomos y el
Gobierno central. No es una cuestión de ahora sí y mañana no. Es un
pacto. Y mientras no se cumpla ese pacto, el cien por cien del costo lo
tienen que asumir en nuestro caso las diputaciones forales. En el caso de
la Diputación Foral de Vizcaya, un millón de euros en 2012, para seguir
cumpliendo con la ley, no ampliando más que lo que la ley marca.

Otro tema que me parece muy importante es el de los centros
especiales de empleo, tema en el que el Grupo Convergència i Unió y el
Grupo Vasco hemos insistido mucho, sobre el que hemos tenido muchísimas
iniciativas tanto en esta Cámara como en el Congreso.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.

La última, sin ir más lejos, no hace demasiados meses, en
la que hubo unanimidad para que se mantuviera el 75% de cobertura por
parte del Estado. No sé si se ha cumplido, esperemos que sí. Nos gustaría
que se siguiera avanzando en ello. También era una propuesta que hizo el
Partido Nacionalista Vasco para poder primar positivamente a este tipo de
empresas en los contratos con la Administración pública.

En principio, nosotros vamos a votar favorablemente la
moción, y esperemos que todo esto tarde o temprano sirva, porque creo que
se le hace un flaco favor a la sociedad española, a los ciudadanos del
Estado, cuando no se cumple una ley que además es tan importante como la
Ley de dependencia, o el tema de los centros especiales de empleo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.

Por el grupo de la Entesa, tiene la palabra la senadora
señora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, President.

Senyories, tal com avui ja ha comentat el senador Boya,
Espanya té aproximadament 12 milions i mig de pobres ―dos milions i
mig són nens―, i el darrer informe d’Unicef avisa que, pel
que fa a la nostra política de la infància, estem a la posició 25
d’una llista de 29 països amb pobresa infantil. A més a més, la
nostra despesa social és d’un 60% de la despesa total mitjana que
gasten els altres països europeus. Això és senzillament una radiografia
per saber on som; per saber en aquests moments on està Espanya, i en
aquests moments on està Catalunya.

Té a veure això amb la moció de què estem parlant? Doncs
sí, perquè té a veure amb les polítiques socials que executem, que els
governs executen; tant el Govern de l’Estat com els governs de les
comunitats autònomes. Té a veure també amb l’històric, per suposat,
amb la crisi, amb moltes coses. Però una d’elles és les polítiques
que es poden fer per a la pobresa.

El Grup de l’Entesa comparteix el sentit
d’aquesta moció. És més, es va sorprendre agradablement quan la va
llegit, tenint en compte que considerem que el grup que la presenta,
Convergència i Unió, està retallant i desmantellant l’estat del
benestar a Catalunya des dels darrers dos anys.

Ja hem manifestat en aquesta tribuna en diverses ocasions
que no compartim la política social del Partit Popular, ni per suposat la
de Convergència i Unió a Catalunya. I no la compartim perquè sempre hem
expressat que darrere de les retallades s’amaga la ideologia.
Perquè les ideologies i les polítiques tenen a veure amb les prioritats.
Ho va especificar la ministra en aquesta Cambra, i les seves prioritats,
senyories, no són com les nostres; tot i que entre vostès són força
coincidents, perquè li hem de dir al senador Cleries que Convergència i
Unió, de totes les mocions que ha presentat el Partit Popular, ha votat
només en dues ocasions en contra. En la resta de mocions ha votat
afirmativament o amb abstenció. Per tant, no s’enganyin: vostès fan
les mateixes polítiques socials però, això sí, amb diferents
banderes.

Del que parla aquesta moció és de dues coses molt
importants, i una és el dèficit de les comunitats autònomes i les
dificultats que tenen les comunitats autònomes per portar i per tirar
endavant les polítiques socials en aquests moments. Aquest punt,
evidentment, l’hem defensat i l’hem compartit, i creiem que
té a veure molt amb la ideologia del Govern de l’Estat. És que no
confia en les comunitats autònomes. No hi confia, i per això no els dóna
aquest marge de dèficit. Perquè, en el fons, les comunitats autònomes,
del color que siguin, tenen la responsabilitat de tirar endavant i de
gestionar les polítiques socials, les polítiques educatives i les
polítiques sanitàries, que són tres pilars fonamentals, entre altres
coses, per combatre la pobresa que comentava jo al principi. Per tant,
sempre defensarem i confiarem en com hem organitzat l’Estat, en
comunitats autònomes. I moltes vegades les polítiques del Partit Popular
ens fan pensar que a vostès no els agrada aquest Estat; que a vostès no
els agrada un Estat gairebé federal, que no s’hi senten còmodes. I
poc a poc, van desplegant polítiques de recentralització. I una manera de
recentralitzar és ajustar i estrènyer més les comunitats autònomes.

Per suposat, amb la Llei de la Dependència, compartim
―i ja ho hem demanat altres vegades― que s’està
desmantellant i s’està retallant. Amb les dificultats econòmiques
que tenim, per suposat,

però fixi’s que només en dos anys han retallat més
566 milions d’euros del pressupost. Compartim també el tema dels
centres de treball; ja hi vam donar suport en una altra moció.

Per acabar, senador Cleries, deixi’m que li digui que
crec que vostè ha volgut ser en aquesta Cambra amb la versió més social
de Convergència i Unió, amb el rostre més humà; si més no ho ha intentat.
El problema és que la realitat ho desmenteix. Diu un il·lustre català que
«no es más triste la verdad; lo malo es que no tiene remedio». I mentre
vostès aquí donen una cara de socialdemòcrates, cada dimarts practiquen
retallades que fan que els catalans i les catalanes tinguin nivells de
pobresa com mai havíem tingut. Per tant, deixi’m que li digui que
vostè representa la genuïna versió de Convergència i Unió: la que
d’una banda diu una cosa i a Madrid intenta dir-ne una altra.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, presidente.

Señorías, tal como hoy ya ha comentado el senador Boya,
España tiene aproximadamente 12,5 millones de pobres y de ellos 2,5
millones son niños. Y el último informe de Unicef avisa de que con
nuestra política de la infancia ocupamos el puesto veinticinco de una
lista de veintinueve países con pobreza infantil. Además, tenemos un
gasto del 60% de la media que gastan los otros países europeos. Esta es
simplemente una radiografía para saber dónde estamos, para saber dónde
está España y dónde está Cataluña en estos momentos.

¿Tiene esto que ver con la moción de la que estamos
hablando? Pues sí, porque tiene que ver con las políticas sociales que
ejecutamos, que ejecutan los Gobiernos, tanto el Gobierno del Estado como
los de las comunidades autónomas. También tiene que ver con el histórico,
por supuesto, con la crisis, con muchas cosas, pero una de ellas es las
políticas que se pueden llevar a cabo en relación con la pobreza.

El Grupo de la Entesa comparte el sentido de esta moción.
Es más, se sorprendió gratamente cuando la leyó, teniendo en cuenta que
el grupo que la presenta, Convergència i Unió, ha estado —así lo
consideramos nosotros— recortando y desmantelando el Estado del
bienestar en Cataluña durante los últimos dos años.

Ya hemos manifestado en esta tribuna en diversas ocasiones
que no compartimos la política social del Partido Popular ni, por
supuesto, la de Convergència i Unió en Cataluña; y no la compartimos,
porque siempre hemos expresado que detrás de los recortes siempre se
esconde la ideología. Las ideologías y las políticas tienen que ver con
las prioridades, y así lo especificó la ministra en esta Cámara, pero sus
prioridades, señorías, no son las nuestras, aunque entre ustedes sí son
bastante coincidentes. Digo esto, senador Cleries, porque, de todas las
mociones que ha presentado el Partido Popular, Convergència i Unió solo
ha votado en contra en dos ocasiones; el resto de las mociones las ha
votado afirmativamente o con abstención. Así que no se engañen: ustedes
hacen las mismas políticas sociales, pero, eso sí, con distintas
banderas.

Esta moción habla de dos cosas muy importantes. Una es el
déficit de las comunidades autónomas y las dificultades que tienen estas
para sacar adelante las políticas sociales en estos momentos.
Evidentemente, hemos defendido y compartido este punto, y creemos que
tiene que ver mucho con la ideología del Gobierno del Estado. Y es que no
confía en las comunidades autónomas, no confía en ellas, y por eso no les
da ese margen de déficit; porque en el fondo las comunidades autónomas,
independientemente del color que sean, tienen la responsabilidad de sacar
adelante y gestionar las políticas sociales, las políticas educativas y
las políticas sanitarias, que son tres pilares fundamentales, entre otras
cosas, para combatir la pobreza a la que me he referido al principio. Por
lo tanto, siempre defenderemos y confiaremos en la forma en que hemos
organizado el Estado, con comunidades autónomas. Pero muchas veces las
políticas del Partido Popular nos llevan a pensar que a ustedes no les
gusta este Estado, que no les gusta un Estado casi federal, que no se
sienten cómodos y que poco a poco van desplegando políticas de
recentralización. Y una manera de recentralizar es ajustar y apretar más
a las comunidades autónomas.

En cuanto a la Ley de la dependencia, compartimos el hecho
—y ya lo hemos dicho otras veces— de que se está
desmantelando y recortando, por supuesto, con las dificultades económicas
que atravesamos. Pero, fíjense, solo en dos años han recortado más de 566
millones de euros del presupuesto. También tengo que decir que, por
supuesto, compartimos lo de los centros de trabajo. Ya lo apoyamos en
otra moción.

Para acabar, senador Cleries, permítame que le diga que yo
creo que usted ha querido estar en esta Cámara con la versión más social
de Convergència i Unió, con el rostro más humano, o al menos lo ha
intentado. El problema es que los hechos y la realidad lo desmienten.
Dice un ilustre catalán que no es más triste la verdad; lo malo es que no
tiene remedio. Y mientras ustedes muestran aquí una cara de
socialdemócratas, cada martes practican recortes que hacen que los
catalanes y las catalanas tengan unos niveles de pobreza como nunca
habían tenido. Por tanto, permítame que le diga que usted representa la
genuina versión de Convergència i Unió, la que por un lado dice una cosa
y en Madrid intenta decir otra.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador señor Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, senyor
President.

Senyories, aquesta moció, que per a nosaltres és important,
va en la línia del que sempre hem defensat: atendre les persones. La
senadora Almiñana ha de sortir aquí a justificar els anys de Tripartit.
Quan l’any 2011 el Govern de la Generalitat va passar a mans de
Convergència i Unió, ens vam trobar milers d’expedients de la Llei
de la Dependència per resoldre; i moltes persones no hi van ser a temps.
Per part, en lloc de sortir aquí a donar segons quines lliçons, jo més
aviat m’amagaria sota la taula amb la seva gestió. I vull
recordar-li que aquest any la Generalitat de Catalunya haurà de pagar
2.140 milions d’euros només dels interessos de tot
l’endeutament. I que l’any 2010 ens vam trobar 70.000 milions
d’euros que s’han de pagar en els següents anys. Per tant,
poques lliçons ens poden donar ni de gestió ni de política social, a part
del bla, bla, bla. Això que quedi clar.

La senadora Ortega, quan ens diu que no acepta esta moción
porque dice: Nosotros ya hacemos el FLA y hacemos el plan de proveedores.
Esto no es más presupuesto; esto es tesorería; esto es dar liquidez. Del
que nosaltres estem parlant és precisament, senadora Ortega, dels diners
del pressupost que ens falten per poder atendre bé la gent.

Fixin-se què fa l’Estat espanyol. Aproven una Llei de
la Dependència que va contra les competències de les comunitats
autònomes, que tenen competència exclusiva. Per això nosaltres no hi vam
votar a favor i vam presentar un text alternatiu. El que van fer vostès
és anar contra aquestes competències de les comunitats autònomes. Fan la
llei i quan arriba el moment de posar els diners sobre la taula per
atendre les persones, vostès es retiren. I cada any es van retirant de la
llei i van deixant, davant de les persones amb dependència i dels seus
familiars, les comunitats autònomes i els ajuntaments i administracions
com, en el cas de Catalunya, els consells comarcals, que han
d’atendre aquestes persones. I a això a nosaltres, senadora Ortega,
ens sembla que s’hi ha de posar remei. Vostè diu «el nivell acordat
només servia per ajudar al finançament». El nivell acordat ajudava una
mica a les Comunitats a assumit la diferència del que paguen del «mínimo
garantizado». Que és cert que és mínim, molt mínim, i amb el Partit
Popular al poder tenim garantit que seguirà sent mínim. Perquè en una
residència de grau 3 de dependència que a Catalunya costa 1.869 euros al
mes, el que aporta l’Estat mensualment són 177,86 euros. El promig
de copagament són 500 euros i la Generalitat de Catalunya ha de posar,
per persona i mes, 1.191 euros. El Govern de l’Estat diu ara, amb
les noves modificacions que ha fet el Partit Popular: hem de fer i donar
més serveis en lloc de cuidadors no professionals, per promoure millor
atenció. Hi estem d’acord, però com més serveis doni la Comunitat
Autònoma, més cost ha d’assumir. Aquí hi ha una contradicció, i
s’hi ha de posar remei. Perquè a més diuen: qui no faci això el
penalitzarem. Els acords del Reial Decret del 14 de juliol de l’any
passat diu això, i això vol dir endeutar cada vegada més les comunitats
autònomes. O, si no poden endeutar-se més, deixar més persones sense
atendre, i aquest no és el sentit de la Llei de la Dependència. I creiem
que la tendència que hi hauria d’haver ―i a Catalunya
s’ha començat la tramitació― és de passar de la dependència a
l’autonomia personal. El sentit bo dels serveis socials és promoure
l’autonomia de les persones en la mesura que es pugui. En aquests
moments, de la manera que s’està desenvolupant la llei, hi ha un
retrocés; cada vegada és més una llei de la dependència i menys de
l’autonomia personal. Creiem que el Partit Popular hauria de
modificar el rumb en les polítiques socials, perquè si no estan portant
les comunitats autònomes i els ajuntaments cap a un camí sense sortida,
perquè no podran atendre tota la demanda. Sempre, i en un moment de crisi
encara més.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, esta moción, que para nosotros es importante, va
en la línea de lo que siempre hemos defendido: atender a las personas. La
senadora Almiñana tiene que salir aquí a justificar que en los años de
tripartito, cuando en el año 2011 el Gobierno de la Generalitat pasó a
manos de Convergència i Unió, nos encontramos con miles de expedientes de
la Ley de dependencia por resolver, y muchas personas no llegaron a
tiempo. Por lo tanto, en lugar de salir aquí a darnos según qué lecciones
yo más bien me escondería bajo la mesa después de su gestión. Y quiero
recordarle que este año desde la Generalitat de Cataluña tendremos que
pagar 2140 millones de euros solo de los intereses de toda la deuda, de
todo el endeudamiento, y que en 2010 nos encontramos con 70 000 millones
de euros que hay que pagar durante los próximos años. Por lo tanto, pocas
lecciones de quienes ni de gestión ni de política social, aparte del bla,
bla, bla, nos las pueden dar. Quiero que eso quede claro.

A la senadora Ortega, que no acepta esta moción porque
dice: Nosotros ya hacemos el FLA y el plan de proveedores. No es más
presupuesto; esto es tesorería; esto es dar liquidez. De lo que nosotros
estamos hablando es, precisamente, senadora Ortega, del dinero que nos
falta, del presupuesto que nos falta para poder atender bien a la
gente.

Fíjense en lo que hace el Estado español: aprueba una Ley
de la dependencia que va contra las competencias de las comunidades
autónomas, que tienen competencia exclusiva; por eso nosotros no votamos
a favor y presentamos un texto alternativo. Lo que hicieron ustedes fue
ir contra esas competencias de las comunidades autónomas. Hacen la ley, y
cuando llega el momento de poner el dinero sobre la mesa para atender a
las personas, ustedes se retiran. Y cada año se van retirando de la ley y
van dejando, ante a las personas con dependencia y sus familiares, a las
comunidades autónomas y los ayuntamientos y administraciones, en el caso
de Cataluña, consejos comarcales, que tienen que atender a esas personas.
Nos parece, senadora Ortega, que a eso hay que ponerle remedio. Usted
dice que el nivel acordado solo servía para ayudar a la financiación.
Escuche, el nivel acordado ayudaba un poco a las comunidades a asumir la
diferencia de lo que pagan del mínimo garantizado, que, es cierto, es
mínimo, muy mínimo, y con el Partido Popular en el poder tenemos
garantizado que va a seguir siéndolo. Por ejemplo, una residencia de
grado III de dependencia en Cataluña cuesta 1869 euros al mes, y lo que
aporta el Estado mensualmente son 177,86 euros. El promedio de copago es
de 500 euros, y la Generalitat de Cataluña tiene que poner por persona y
mes 1191 euros. El Gobierno del Estado, con las nuevas modificaciones que
ha hecho el Partido Popular, dice ahora: tenemos que dar más servicios en
lugar de cuidadores no profesionales para tener una mejor atención.
Estamos de acuerdo en eso, pero cuantos más servicios de la comunidad
autónoma, más coste tiene que asumir la comunidad autónoma. Y, claro, en
eso hay una contradicción; y hay que ponerle remedio. Además, dicen: a
quien no haga esto le vamos a penalizar; eso es lo que dicen los acuerdos
del Real Decreto del 13 o 14 de julio de año pasado. Eso significa
endeudar cada vez más a las comunidades autónomas o, si ya no pueden
endeudarse más, dejar a más personas sin atención. Y ese no es el sentido
de la Ley de dependencia. Creemos que la tendencia debería ser, y en
Cataluña ya se ha empezado con la tramitación, pasar de la dependencia a
la autonomía personal. El sentido bueno de los servicios sociales es
promover la autonomía de las personas en la medida en que sea posible. Y
en estos momentos, de la forma en que se está desarrollando la ley, hay
un retroceso, es cada vez más una Ley de la dependencia y menos de la
autonomía personal. Creemos que el Gobierno del Partido Popular debería
modificar el rumbo en las políticas sociales porque, si no, estará
llevando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a un camino
sin salida porque no van a poder atender toda la demanda siempre, y en un
momento de crisis, aún más.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cleries.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador señor
Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, reitero nuestro apoyo a la moción, una vez que
han sido aceptadas las tres pequeñas matizaciones que hacíamos al texto,
dejando claro una cosa: en el texto de la moción en ningún momento
aparece la palabra Cataluña ni Gobierno de la Generalitat. Por tanto, es
un problema que afecta a todas las comunidades autónomas, porque después
del debate podría parecer que

solo Cataluña es la que se ve afectada por estos recortes
del Gobierno del Partido Popular y por forzar que el ajuste se haga en
buena parte por las comunidades autónomas y las corporaciones locales,
algo que también recoge la enmienda del senador Iglesias, porque es
importante en la red asistencial que existe en este país lo que hacen las
comunidades autónomas y los ayuntamientos.

De todo el ajuste de 2012, el 75%, 16 000 millones de
euros, lo han soportado las comunidades autónomas y las corporaciones
locales, a lo que hay que añadir que no han recibido ni un céntimo más
del incremento de impuestos tan desorbitado que hubo en este país el año
pasado. Por tanto, donde sufren realmente las políticas sociales es en
esos niveles de Administración, que son los que realmente las llevan.
Estamos hablando de convenios de hace muchos años, con la participación
de todas las administraciones, cuyo personal dependía de las
administraciones periféricas y no de la Administración del Estado; y ha
habido que despedir personal, que reducir gastos de todo tipos, ayudas a
ONG, que es una parte importante de esa red social que tanto colabora en
este país, que han visto cómo se han reducido sus subvenciones.

Hemos de recordar que más del 75% del gasto de las
comunidades autónomas se dedica a sanidad, educación y servicios
sociales, y cualquier reducción va directamente a desajustes, recortes y
sacrificios en esos sectores. Esto ha provocado lo que hemos estado
viendo durante el pasado año: cierres de puntos de atención continuada,
de servicios médicos, de servicios sociales, hospitales y residencias de
ancianos terminadas que tendrían que haber empezado a funcionar
totalmente cerradas, etcétera. En definitiva, un auténtico atentado
contra las políticas sociales que se venían desarrollando.

Está claro que se están cargando la llamada Ley de
dependencia con estas disminuciones presupuestarias tan drásticas. En
estos últimos tiempos se ha creado un limbo en el que aquellos
beneficiarios de la ley que tenían reconocida su prestación no saben si
la van a cobrar, con el coste que eso puede tener en las comunidades
autónomas. Y no pasa nada; bueno, a ellos sí les pasa, porque están con
la incertidumbre de tener pendiente una ayuda aprobada, notificada por
una resolución, sin que la hayan percibido. Y, por supuesto, aquellos que
estaban en fase de solicitud o de reconocimiento están también en esa
lista, más que de espera, de desesperación.

Por tanto, lo peor de estas medidas de ajuste que van hacia
lo social desde las comunidades autónomas es que afectan a los más
necesitados, a los ancianos, a los enfermos, en definitiva, a todas
aquellas personas cuyos problemas la sociedad tiene que poner más interés
en resolver.

Y territorialmente ocurre lo mismo: son los barrios más
populosos de las ciudades, los pueblos, es el mundo rural donde más se
está sintiendo la falta de financiación en estas políticas sociales.
Afecta, por tanto, a la cohesión social y afecta a la cohesión
territorial.

Se han tomado decisiones criticables, y no quiero hacer
demagogia, pero se ha decidido rescatar a los bancos antes que hacer un
rescate de todas esas personas con esas necesidades. Por ello, nosotros
hemos propuesto —lo hizo nuestro secretario general— un plan,
un compromiso nacional contra la pobreza. Creo que, independientemente de
que mejore la situación económica, tenemos que actuar para ayudar a todas
esas personas que están pasando necesidades muy primarias. En una
sociedad con 30 000 euros de renta per cápita, como dirigentes políticos,
como responsables del Gobierno, no podemos permitírnoslo, y tampoco como
sociedad ni como país. Por eso, creo que serían importantes esos fondos
urgentes para atender las necesidades más perentorias, pero al mismo
tiempo no olvidar nunca que cualquier recorte en financiación a las
comunidades autónomas y los ayuntamientos va directamente a recortes
sociales, recortes en educación y recortes en sanidad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la
senadora señora Ortega.

La señora ORTEGA RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Estamos en un momento difícil —y en eso estoy de
acuerdo con todos los portavoces—, en el que el primer objetivo
tiene que ser la reactivación económica y la creación de empleo, pero
sobre todo cumplir con el déficit, porque no nos queda más remedio.

Si el Gobierno anterior hubiera tomado las medidas que
nosotros estamos tomando ahora, seguro que en este momento estas serían
mucho menos graves, que serían mucho más leves. (Aplausos.) Pero pasaron
de negar la crisis, de hablar de superávit cuando había un déficit del
4%,

de hablar de un déficit del 2% cuando superaba el 11%, por
ejemplo, en el año 2009… Y así, sucesivamente. Es verdad que ahora
no nos queda más remedio que tomar medidas impopulares, medidas que
tampoco a nosotros nos gustan. Pero, en cuanto a la dependencia,
partíamos de una situación de colapso con un 30% de listas de espera, con
300 000 personas en lista de espera y con 250 000 personas, como ha dicho
el senador Cazalis, en el limbo de la dependencia, porque es verdad que
tenían derecho a prestación pero no la recibían. Tampoco había una
correlación entre las situaciones de dependencia y las prestaciones que
se recibían. Usuarios en grado II y grado III, en gran dependencia y
dependencia severa, estaban recibiendo ayudas que no se correspondían con
su situación. Y por todas esas razones el Gobierno actual ha tenido que
tomar una serie de medidas para garantizar, como decía antes, la
sostenibilidad del sistema. Nos apoya, a pesar de que nos está dando caña
constantemente, pero en este sentido dice lo mismo, la Asociación de
Gerentes y Directores de Residencias, que hablaba de solo un 13% de
utilización de plazas residenciales cuando se estaban atendiendo los
grados más graves de dependencia, la gran dependencia y la dependencia
severa. Lógicamente este tipo de dependencia necesita de los servicios
más profesionalizados. Solo un 0,2% utilizaba la ayuda económica para
asistente personal, algo también importantísimo. Y un 54% estaba
utilizando la ayuda a cuidadores en el entorno.

Voy a señalar algunos resultados de las reformas, a pesar
de que son duras y de que a nosotros tampoco nos gustan. Hay 27 000
nuevas solicitudes, de ellas valoradas un 94% en enero de 2013. Se ha
reducido la lista de espera a un 23%, el dato más bajo desde que se
inició el sistema. Son 19 000 personas más las que están recibiendo
prestación. Y el número de prestaciones ha subido un 7,42%. El sistema
está más ordenado. Existe mayor conexión. Es verdad que había un 17% de
personas que figuraban como solicitantes de ayuda a la dependencia y sin
embargo no cumplían los requisitos; como es lógico, no se las puede
incluir. Y por primera vez crece el número de prestaciones.

Hablando de financiación de comunidades autónomas, en
primer lugar diré, según lo que me aportaba una compañera de la Comunidad
de Madrid, que también Madrid aporta mucho dinero. Pero me voy a referir
a dos comunidades autónomas de las que se ha hablado aquí: Cataluña y
Castilla y León, que es de donde provengo.

Según el último informe de la Asociación de Directores y
Gerentes de Servicios Sociales, Cataluña aprueba con buena nota: tiene un
5,8, lo que está muy bien; un 58% tiene ayudas por cuidados familiares,
catorce puntos por encima de la media actual, porque estábamos en un 54%
pero hemos bajado a un 44%; y solo un 3% se acoge al convenio con la
Tesorería de la Seguridad Social.

Castilla y León: una región pobre, sin grandes fondos, con
una dispersión geográfica que no tiene casi ninguna comunidad, con una
mayoría de municipios de menos de 1000 habitantes, con uno de los
porcentajes de personas mayores más altos de España. Sin embargo, en el
informe de directores y gerentes —vuelvo a decir que nos está dando
caña— saca un 9,2, la nota más alta de todo el territorio nacional
junto con el País Vasco —es verdad— y alguna otra comunidad.
Pero no solo en servicios sociales, porque Castilla y León también
aprueba con buena nota en servicios esenciales básicos. Es también la
mejor, junto con la Comunidad de Madrid, en educación, y como digo, la
mejor en servicios sociales. Quiere eso decir que, a pesar de que es
verdad que estamos exigiendo un gran aporte a las comunidades autónomas,
después cada comunidad autónoma se responsabiliza, prioriza —porque
gobernar es priorizar— y saca resultados.

Para terminar, porque me quedan unos segundos, es verdad
que son importantes los centros especiales de empleo; el 66% de las
personas que acuden a ofertas de empleo ordinario de personas con
discapacidad vienen siempre de centros especiales de empleo, y por eso
los apoyaremos siempre. El nuestro es el primer país de la Unión Europea
que se ha acogido…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

La señora ORTEGA RODRÍGUEZ: Ya termino.

Decía que el nuestro es el primer país que se ha acogido a
la Convención sobre los derechos humanos de las personas con
discapacidad, que se acordó en 2006 y se comenzó a firmar en 2007. En
todos estos años de Gobierno socialista, esto no se había hecho.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Ortega.

7. MOCIONES

7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REFORZAR LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LAS INUNDACIONES QUE SE ORIGINAN POR EL
DESBORDAMIENTO DE LOS RÍOS.

(Núm. exp. 662/000074)

AUTOR: GPP

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura a los
puntos 7. y 7.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A esta moción se
han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, por
iniciativa de don Francisco Javier Yanguas Fernández, una del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y otra del Grupo
Parlamentario Socialista. La Presidencia dispone de una transaccional
firmada por dos de los grupos que presentan enmiendas, es decir, el Mixto
y Convergència i Unió, lo que hace que sus enmiendas decaigan y quede
viva únicamente la del Grupo Parlamentario Socialista.

En primer lugar, para la defensa de la moción, tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador
Aparici.

El señor APARICI MOYA: Gracias, señor presidente.

Señorías, presentamos una moción sobre un tema altamente
sensible y, por tanto, mi intervención, como en otras ocasiones, será
producto de una reflexión acerca de la cuestión, más que de un debate
meramente técnico o incluso partidista.

Esta moción intenta activar más medidas para la prevención
de inundaciones. Porque, señorías, hay una cosa que para mí y para mi
grupo está tremendamente clara: podemos decir con toda rotundidad que las
inundaciones conforman el desastre natural con más impacto sobre vidas y
bienes en el mundo. Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Veamos
algunos datos: entre 1998 y 2004, Europa sufrió más de 100 inundaciones
graves, contando, por ejemplo, la muy conocida de los ríos Danubio y
Elba, allá por el año 2002, o las grandes inundaciones que se sucedieron
en 2005 de forma simultánea y que provocaron efectivamente graves
problemas: más de 700 muertes, el desplazamiento de aproximadamente medio
millón de personas y al menos 25 000 millones de euros en pérdidas
económicas. Para España los datos son también estremecedores: en el
período 1995-2011 fallecieron casi 300 personas y hubo daños por valor de
más de 150 millones de euros. Esto merece, pues, una reflexión, y la hago
con el convencimiento claro de que, quizá por aquello de hacer de la
necesidad virtud, hoy España es un referente a nivel mundial en la
gestión de este riesgo natural; lo es ya y lo era hace un tiempo también.
Este es un aspecto que hay que apuntar en el haber de todos los gobiernos
que ha habido en España, en nuestro país.

¿En qué estamos ocupados en estos momentos, en qué trabaja
en este momento el Gobierno de España? En un tema tan importante también
Europa ha tenido que legislar, hay una directiva europea específica sobre
inundaciones, como sabrán sus señorías, y en lo que está el Gobierno es
en transponer esta directiva al ordenamiento jurídico de nuestro país. Y
eso se ha de hacer a partir de tres pilares fundamentales. El primer
pilar es evaluar el riesgo preliminar de inundación, y para ello se está
trabajando en seleccionar unos 9500 kilómetros de cauce que se consideran
de alto riesgo de inundación; primer pilar para este trabajo. El segundo
es la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo de inundación,
precisamente trabajando en estas áreas de alto potencial y que hemos
mencionado hace un momento. En estos momentos, ya podemos ver en Internet
los mapas de las zonas inundables en una parte significativa de nuestro
país. Además, está previsto que a finales de este año se publiquen los de
la mayor parte de las zonas de mayor riesgo; segunda cuestión en la que
estamos inmersos. Y la tercera cuestión es la elaboración de los planes
de gestión de riesgo de inundación. Como saben sus señorías, estos planes
de gestión deben estar acabados en el año 2015 y recogerán, lógicamente,
las medidas que hay que tomar para evitar los riesgos de inundación de
forma coordinada con todas las administraciones. Fíjense en que digo
evitar los riesgos de inundación; no debemos olvidar que las inundaciones
son fenómenos naturales que pueden preverse y cuyos riesgos pueden
evitarse, pero, finalmente, siempre puede existir algún accidente
—vamos a llamarle— difícil de prever.

La directiva europea sigue el camino de la previsión. Y hay
que hacerlo con acciones en áreas concretas. Por ejemplo, en nuestra
opinión, la ordenación del territorio es una cuestión fundamental para
hacer una buena previsión de este riesgo. En España tenemos ya disponible
el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables —lo tenemos,
está ahí— que está absolutamente de acuerdo con la Directiva de
inundaciones a la que hemos hecho ya varias veces referencia. Este
sistema no es de ahora, está hecho desde 2009, es un elemento con el que
podemos trabajar, resolviendo los temas que quedan pendientes. Es verdad
que todavía queda alguna cuenca hidrográfica de la que no disponemos
todavía de todo el trabajo, pero en ello estamos y hay que seguir
trabajando.

Otra cuestión de importancia es la laminación de los
cauces, los embalses. España tiene en este momento unos 1200 embalses.
Hacen una función muy importante de laminación, aunque sabemos que luego,
aguas abajo, es difícil controlar lo que pueda pasar. No obstante,
constituyen una herramienta muy adecuada para tener un mejor control, una
laminación más adecuada —valga la redundancia— del cauce.
Algunos de estos embalses tienen más de 50 años de vida, y ese también es
un punto en el que hay que trabajar para mejorar, si es posible, las
infraestructuras. Es una cuestión muy importante el mantenimiento de los
embalses de nuestro país.

Otro elemento fundamental es la coordinación con Protección
Civil; importantísimo, diría yo, que ha dado además muy buenos
resultados. España, que ya cuenta con la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, lo está
haciendo bien; y lo está haciendo bien en coordinación con las
comunidades autónomas, que también tienen sus propios planes, los planes
autonómicos, e incluso planes locales. Es muy conveniente continuar
trabajando también en esta línea, hemos de mantener y mejorar estos
elementos.

Un elemento más, igualmente importante: el famoso SAIH,
Sistema Automático de Información Hidrológica. Desempeñan un papel muy
interesante y aportan una magnifica información con que se puede actuar.
Está pendiente aún la reordenación y actualización de una parte del
sistema por parte de las confederaciones; conviene mantenerlo lo más
actualizado posible. Gran papel el que desempeña el SAIH, pero hay que
actualizarlo todavía más.

En cuanto a la limpieza de los ríos, se han hecho cosas muy
acertadas, las direcciones generales de aguas han actuado de forma
bastante eficaz. Se han presentado propuestas de interés y se está
trabajando en una línea especialmente adecuada. Lógicamente, la Directiva
marco del agua nos obliga a determinadas cuestiones, pero insisto en que
en España, en lo que tiene que ver con los cauces, se está trabajando
bastante bien. Debemos tener muy claro que los ríos en buen estado son
los que disponen de un equilibrio más adecuado: con vegetación adecuada y
con los elementos no antropizados que normalmente forman parte de un río.
Los ríos deben disponer de vegetación, sedimentos, caudales ecológicos,
etcétera. En eso, como saben todos ustedes, también se está
trabajando.

Otra cuestión a considerar es la competencial. Todos
sabemos que las competencias en esta materia corresponden a distintas
administraciones. Por tanto, es imprescindible la coordinación de esas
competencias, que cada administración desempeñe el papel que le toque en
cada momento. Esta es una cuestión en la que el Gobierno está muy
interesado en actuar, y en esa dirección va.

Además, se están haciendo estudios sobre el funcionamiento
de los cauces. La Dirección General de Aguas, según la información que
poseo, ha realizado ya distintos estudios de funcionamiento y de
rentabilidad de las acciones que se producen sobre los cauces. Estos
estudios servirán también para que determinados tabúes —entre
comillas— desaparezcan y para llevar a cabo acciones especialmente
relevantes. Cuando tengamos los datos de este estudio que está haciendo
la Dirección General de Aguas, podremos aportar más y mejores
conclusiones, que entiendo que irán en la línea que hemos dicho: los
cauces funcionan normalmente cuando tienen aquello que normalmente existe
en un cauce; cuando antropizamos, cuando arrancamos cosas que no toca que
vuelven a crecer y en poco tiempo tenemos un aumento del 15% en los
cañaverales, por ejemplo, estamos perjudicando el cauce. Otra cuestión,
pues, importantísima.

En definitiva, señorías, esta es una cuestión que preocupa,
de bastante actualidad, tristemente, en España. Hay datos estremecedores
a nivel de Europa y de España, como decía. Lo que busca esta moción es el
máximo acuerdo, sobre todo y por lo menos en el fondo, para trabajar en
una dirección en la que desde hace tiempo se viene trabajando. Es una
cuestión en la que muchos organismos ven a España como un país que ha
hecho en el pasado y sigue haciendo las cosas muy bien. Por tanto,

queremos dar nuestro apoyo a un trabajo importante, para
evitar lo que todos queremos evitar: los riesgos de un fenómeno
meteorológico causante de los mayores males del mundo.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Buenas tardes.

Señor Aparici, da la impresión de que ustedes venden una
cosa cuyo envase no tiene nada que ver con lo que hay dentro. Permítame
que se lo diga así. No tiene nada que ver lo que usted ha defendido con
el contenido de la moción. Eso, en primer lugar, rotunda y claramente. Si
usted hubiera plasmado en la propuesta de la moción lo que ha expuesto en
la tribuna, posiblemente nuestra postura hubiera sido otra. A mí me da la
impresión de que se ha copiado lo que nosotros hemos escrito; allá
ustedes.

En la primera parte —tiempo tendré de hablar—
usted habla de sensibilidad y yo hablo de oportunidad y de activar
medidas. Eso es lo que hemos hecho nosotros, poner «más de». Nuestra
propuesta es poner más de lo que hay; no lo que ustedes proponen: más de
lo que ustedes proponen. Sobre todo, en forma y en fondos; es decir,
económicos.

La enmienda que presentamos es de adición y se basa en
cuatro puntos, que se suman a los que ustedes proponían inicialmente. El
primero pretende la continuidad en el nivel de inversión de 2011
—si no hay recursos, difícilmente podremos llegar— y en los
planes de actuación y conservación de los ríos, priorizando aquellas que
figuren en el esquema de temas importantes de cada cuenca. Se dan
situaciones en este país como que, por no limpiar los ríos, antes de que
el caudal sobrepase la cantidad mínima delimitada para considerar una
riada catastrófica, las aguas sobrepasan el río e inundan; de modo que no
tenemos la calificación de riada catastrófica.

Un segundo punto propone que el Gobierno, en coordinación
con las comunidades autónomas y las administraciones locales, elabore un
plan de reposición de aquellos daños que haya habido en infraestructuras:
carreteras, cauces, infraestructuras hidráulicas o proliferación de
especies vegetales invasoras de las riberas. La participación de todos
los entes es fundamental, tal como marca la directiva comunitaria.

Un tercer punto va dirigido a valorar las pérdidas del
sector agrario por las inundaciones en las zonas limítrofes, en las zonas
regables que están junto a los cauces de los ríos. Y en este punto no
proponemos solamente que los seguros agrarios se hagan eco de este
problema. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar al ministro
respondiendo a la pregunta que le hicieron en el sentido de que había
recortado el 27% de los recursos de los seguros agrarios. Ni qué decir
tiene que, si no hay recursos para apoyar los seguros agrarios, se
producen pérdidas que para la sociedad en su conjunto y, desde luego,
habrá menos ingresos para cada uno de los agricultores, menor consumo y
menor renta. Por eso proponemos en la enmienda de adición que se
considere el Real Decreto 25/2012, por el que se aprueban medidas
urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales, para instrumentar formas económicas para
paliar los daños producidos por las inundaciones de los ríos.

Y, en un último cuarto punto, se propone desarrollar, en lo
que falte, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, y que
se desarrollen los planes de gestión de inundaciones de cada cuenca antes
de finales de 2015. La directiva comunitaria se transpuso al ordenamiento
jurídico de España con el Real Decreto 93/2010, y los principales
objetivos son obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los
riesgos asociados a las inundaciones, para la salud humana, el medio
ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las
infraestructuras.

En resumen, se trata de una enmienda de adición, que se
suma a las propuestas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en
la propia moción, no a las que ha expuesto su portavoz en estos momentos,
sino que se suma a las iniciales. Repetimos que no se tata de una
enmienda de sensibilidades, sino de oportunidades. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Aparici, para aceptar o no las enmiendas.

El señor APARICI MOYA: Muchísimas gracias, señora
presidenta.

Quiero agradecer la presentación de las enmiendas y el
esfuerzo de negociación de todos los grupos. Hemos hablado, hemos
dialogado, y, finalmente, hemos alcanzado los acuerdos posibles.

Por otro lado, señor Arrufat, entenderá que es un poco
complicado que espere para preparar mi intervención a las doce del día de
ayer, que es cuando usted presentó su enmienda. Mi reflexión es bastante
anterior, no tenía que esperar a que presentasen ustedes una enmienda
para hacerla; estaba hecha desde hace bastante tiempo. En cualquier caso,
insisto en agradecer de verdad la presentación de propuestas y el
esfuerzo que han hecho.

Hemos aceptado la transacción con UPN, que es la que figura
en el texto; no ha sido posible hacerlo con Convergència i Unió, y ya lo
siento porque el fondo es el mismo; pero, señor Arrufat, esta moción no
era una lista de cosas por hacer, no era la lista de la compra, y perdone
que se lo diga, sino una moción que indica cuál es la política general
que queremos hacer. Si solo recogiera las dos cosas que ustedes han
citado en su lista, se habría quedado corta, porque, como habrá apreciado
en mi intervención, hay bastantes más cosas por hacer. Por ejemplo, no
creo que ustedes hayan hablado del SAIH, por ejemplo, o de otras
cuestiones. Por tanto, me he limitado a hacer la defensa de la moción con
unos argumentos que defienden una propuesta que, sin duda, quiere obtener
el máximo consenso, decir que hemos hecho las cosas bien, que queremos
conseguir hacerlas muy bien y, si podemos, todavía mejor. Ese, y no otro,
es el sentir de la moción y, por lo tanto, no puedo aceptar un simple
listado de cosas por hacer.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno en contra. ¿Desea algún grupo parlamentario hacer uso
de la palabra? (Denegaciones.)

Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Intervengo en nombre de Unión del Pueblo Navarro para
defender una enmienda que habíamos presentado y que, finalmente, como ya
se ha dicho, hemos transaccionado con otros grupos, a los que les
agradezco su posicionamiento para alcanzar este acuerdo en un tema tan
importante, en este caso para la Comunidad Foral de Navarra.

Desde luego, estamos totalmente de acuerdo con lo que se
recoge en esta moción y con lo que ha estado diciendo el senador Aparici,
porque las avenidas y el crecimiento de la vegetación provocan una menor
sección hidráulica. En UPN creíamos que el petitum de la moción se
quedaba un poco corto, y por eso nuestra enmienda iba más allá y
solicitaba, además del refuerzo de medidas como la limpieza de los
cauces, que es lo que proponía la moción original, que se reparasen las
motas o diques para evitar inundaciones, que es lo que ha quedado
reflejado en la enmienda que se ha transaccionado.

Además, esta moción se ha presentado en un buen momento, ya
que en la Comunidad Foral de Navarra, como en otras partes de España, los
ríos han hecho y están haciendo estragos, tanto desde el punto de vista
agrícola como en los cascos urbanos de algunos municipios. Por ejemplo,
hace dos días, el Gobierno foral reabrió una carretera nacional, la
N-113, que había estado más de un mes cortada porque se habían roto
algunos diques, no se habían arreglado y el agua la inundaba.

Por otro lado, ayer tuvo ocasión mi compañero, el senador
Eza, de insistir en el problema de las crecidas y de los daños ante el
señor ministro, y hoy soy yo el que lo hace. Desde nuestro punto de
vista, el señor ministro estuvo un poco timorato, pero al final de su
intervención, según hemos podido leer en el Diario de Sesiones, se
traslucía cierta esperanza para los agricultores y otros colectivos
afectados de seguir con sus explotaciones, plantando, para recoger el año
que viene.

El objeto de esta enmienda, por tanto, era completar la del
Grupo Popular, hacerla más concreta para evitar, por ejemplo, lo que
ocurre con la Confederación Hidrográfica del Ebro, que desde siempre se
había hecho cargo de la reparación de las motas o diques y que ahora nos
dice

que se desentiende, escudándose en la falta de recursos
económicos. Ahora, tal como ha quedado la moción, es el ministerio,
entendemos nosotros, el que tiene que estudiar cómo proceder a reparar
esas motas dañadas, que es lo que la Comunidad Foral de Navarra viene
solicitando reiteradamente. Además, este año ha sido mucho más crítico,
si cabe —como se dijo ayer—, ya que el río Ebro se ha
desbordado en dos ocasiones, mediando algo menos de un mes entre ellas; y
como los diques o las motas no se habían reparado, ha vuelto a anegar
muchas zonas que, de haberlas reparado, no estaríamos hablando de ellas
hoy aquí. El Gobierno de Navarra le está pidiendo al ministerio que
habilite una partida para que se puedan reparar con urgencia esas motas
que protegen a los pueblos de Navarra de la devastación que produce el
río Ebro, por esto esta moción es importante. Además, en el caso de 2013,
la situación es flagrante, como decía antes.

Por todo ello —para ser breve, aún me quedan más de
ocho minutos, pero voy a terminar ya—, quiero agradecer la
predisposición de los grupos, en este caso del senador Aparici, del Grupo
Popular, para llegar a una transacción, de modo que pueda aprobarse esta
moción con el máximo consenso posible, y que luego se ponga en marcha,
para intentar evitar en lo posible que esto vuelva a producirse en años
venideros.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on.

Senador Aparici, primero, tengo que felicitarle por su
exposición. No le voy a felicitar por la moción, le voy a felicitar por
la exposición, porque verdaderamente ha hecho usted un repaso de todo
aquello que se ha hecho, pero también de lo que se debería hacer, de lo
que se debería seguir haciendo y de lo se debería mejorar. Pero sí que es
cierto que la parte dispositiva de la moción habla de lo que habla y,
como usted ha preparado la moción antes, nosotros hemos preparado la
respuesta en clave del texto.

Quiero comentar poca cosa. En lo que llevamos de año las
precipitaciones han sido muy intensas en todas partes, en el País Vasco
especialmente y en Navarra mucho más. Se han producido desbordamientos,
sobre todo en la llanada alavesa, que es la parte de la comunidad
autónoma vasca a la que más afecta este tipo de cosas. La Agencia Vasca
del Agua, URA, ha hecho un análisis exhaustivo de los puntos en los que
se han producido dichos desbordamientos y las causas que los han
originado, y resulta que, después de este análisis, la influencia
principal es la sección hidráulica de los puntos de paso. En eso la
vegetación de ribera es muy importante; no es un factor negativo, sino
todo lo contrario: en algunos tramos que mantienen una vegetación de
ribera adecuada se han producido menos problemas; en aquellos tramos en
los que la maleza crece en el cauce ha habido más problemas. Sin embargo,
un análisis exhaustivo de los materiales que quedan atravesados en el río
nos dice que la mayor parte de ellos no son troncos, material procedente
de la naturaleza, sino que lo que se encuentra son cantidades ingentes de
materiales procedentes de chabolas y demás construcciones que están
alrededor de los ríos —la mayor parte de ellas ilegales—, que
tiene que ver más con la construcción que con la naturaleza. Por lo
tanto, lo que vemos en una necesidad de reforzar las medidas para
optimizar esta sección hidráulica de los cauces, mediante la adecuada
formación del bosque de ribera y el control y la retirada de este tipo de
construcciones ilegales que, como todos sabemos, son muy comunes, la
caseta de huerta, que conocemos todos.

Cuando usted presentó esta moción y yo vi que lo hacía a
coste cero —se lo he comentado antes— me dije: el senador
Aparici va a hacer un milagro, porque quiere mejorar todo esto a coste
cero. Luego ya lo ha explicado en su exposición. No obstante, el alcance
de lo que se está planteando es mayor que lo que aparece en la parte
dispositiva, pero no se especifica —o se especifica muy poco—
quién tiene que hacerse cargo de todo esto. En este caso, hay muchas
administraciones implicadas, porque hablamos de los cauces que están
dentro de las poblaciones, de los que están fuera o de los cauces que se
comparten entre varias comunidades autónomas, estamos hablando de
distintas administraciones, estamos hablando de los gestores de las
cuencas, etcétera. Por lo tanto, aun viendo que es muy bueno el fin de la
moción —y nosotros

estamos dispuestos a trabajar, podría ser de otra manera,
para mejorar esto, porque nos parece muy importante—, nos vamos a
abstener, señor Aparici.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.
Senyores i senyors senadors, senador Aparici, seria sorprenent la seva
proposta si no fos perquè és habitual en el Grup Parlamentari Popular
presentar propostes demanant al Govern que faci allò que forma part de
les seves obligacions legals, de les obligacions de gestió d’un
Govern. En aquest cas la Llei d’Aigües, en el seu títol V, diu que
és competència de l’Administració la protecció del domini públic
hidràulic i de la qualitat de les aigües. És evident, això sí —i se
n’ha fet al·lusió en el debat—, que en el cas de les conques
supracomunitàries això correspon a l’Administració General de
l’Estat, via ministeri, via confederacions hidrogràfiques, i en el
cas de les conques intracomunitàries, a les comunitats autònomes
corresponents. Dona la impressió, amb tots els respectes, que, arran de
les darreres inundacions, que efectivament s’han produït i que és
un problema greu —i en això té raó vostè—, la pressió social
demandant algun tipus d’actuació fa que el Grup Parlamentari
Popular es faci ressò d’això i insti al Govern simplement a fer
allò que ja ha de fer. Per tant, crec que aquesta no és la funció del
Senat, d’una Cambra parlamentària i no és, evidentment, la nostra
funció aquí.

Una altra qüestió, i n’han fet referència la resta de
portaveus que han intervingut, ha estat la seva exposició. Jo també li he
de reconèixer que podem compartir bona part del fons i de la literalitat
d’allò que ha plantejat, d’allò que seria necessari. Ha estat
una exposició exhaustiva de tot allò que és necessari que faci
l’Administració de l’Estat, en definitiva, que faci el
Govern. Però, és clar, instar al Govern que netegi les lleres dels rius,
que és part de la seva obligació legal em sembla —i ho he dit
clarament—fora de lloc, impropi en qualsevol cas.

Més enllà d’això dir també que el tema de les
inundacions, i vostè certament n’ha fet referència, essent un
problema molt greu toca molts aspectes: temes de prevenció en actuacions
de previsió per part de protecció civil, per part de les pròpies
confederacions hidrogràfiques en la seva previsió de les avingudes, en el
tema de la neteja de les lleres i, evidentment també, les obres
hidràuliques, les obres de construcció d’embassaments reguladors
que permeten, certament, laminar les avingudes, com vostè ha dit molt bé,
i evitar el seu impacte. Jo mateix, si em permet una al·lusió personal i
vostè ho sap, he nascut i visc a Tortosa, a la part baixa de
l’Ebre, que és una zona tradicionalment inundable. Amb les
inundacions de l’Ebre hi hem conviscut històricament sempre, amb
les conseqüències corresponents. No s’han construït a prop del riu
de manera secular precisament per evitar aquestes conseqüències. Fins i
tot hi ha uns camins laterals a partir d’una quota que
s’anomenen camins de salva-aigües, que era precisament per on es
podia circular en els casos d’inundacions. Però certament, des de
fa uns cinquanta anys, quan es construeix el sistema d’embassaments
de Mequinensa i Riba-Roja, les avingudes es poden laminar perfectament.
Aquestes avingudes de l’Ebre que han causat problemes arreu de la
conca, al País Basc, a Navarra, a Aragó, etcètera, en el cas de la part
baixa de l’Ebre fa que durant tres mesos l’Ebre vingui amb un
cabdal important, que en molts casos va al voltant dels 1500 metres
cúbics per segon, però en cap cas no ha generat problemes. Per tant, hi
ha tot un tema de planificació, de revisió i d’adequació dels
embassaments, de les obres hidràuliques, que és una tasca de fons que,
sense cap mena de dubte, ha de fer el Govern i que forma part, també, de
les qüestions fonamentals per evitar les conseqüències, profundament
negatives, i d’un gran impacte social que tenen les
inundacions.

Ara bé, allò que cal fer —vostè n’ha fet
referència també— ho estableix no només allò que ja han vingut fent
els diferents Governs, certament, sinó el que estableix la directiva
europea relativa a l’avaluació i gestió dels riscos
d’inundacions, la Directiva 2007/60/CE. Aquesta directiva estableix
que cal tenir diferents aspectes en compte: gestió de l’aigua i del
sòl, ordenació del territori i ús del sòl i protecció de la natura. Per
tant, abasta molts aspectes de planificació i d’ordenació
territorial i de previsió, també en temes urbanístics. El senador Cazalis
en feia referència fa un moment quan parlava de construccions irregulars
als marges dels rius. L’actuació urbanística, de planificació i de
sanció, quan sigui pertinent, evidentment contribueix a evitar aquestes
conseqüències nefastes de les inundacions.

I finalment, i vostè n’ha fet referència, les
obligacions que estipula la directiva europea en quant a una sèrie
d’actuacions per a previsió dels danys de les inundacions. Per al
22 de desembre de 2011 com a data límit, s’havia de fer
l’avaluació preliminar dels riscos d’inundacions, després
l’elaboració del mapa dels riscos d’inundació amb data límit
del 22 de desembre d’aquest any —esperem que es pugui complir
això—, i finalment, per al 22 de desembre del 2015, el pla de
gestió dels riscos d’inundació en l’àmbit de les demarcacions
hidrogràfiques, que no necessàriament són les confederacions
hidrogràfiques; poden ser àmbits més generals i fins i tot podrien ser
d’abast per al conjunt d’Espanya.

Estem d’acord, això és el que cal fer, però és clar,
se’ns demana que vinguem aquí amb una proposta simplement per dir
al Govern que netegi les lleres dels rius, quan forma part de les seves
obligacions. Això és el que diu literalment la moció. És que no és nou,
forma part de moltes reiterades mocions del Grup Parlamentari Popular en
aquest sentit. I al final de la legislatura vostès podrien venir i dir:
escoltin, mirin si ha gaudit de consens el Govern del Partit Popular que
bona part de les nostres iniciatives parlamentàries han gaudit de suport
per part de tots els grups parlamentaris, de totes les formacions
polítiques, perquè s’han aprovat. És com si vostès em venen i em
diuen instem al Govern que compleixi amb les obligacions fiscals de fer
que els contribuents paguin els seus impostos i que Hisenda els recapti.
És que és l’obligació del Govern, a través de l’Administració
d’Hisenda, fer això. Hi estaríem d’acord, és clar que hi
estaríem d’acord, però és que això és innecessari i sense dubte no
és adequat per un debat parlamentari i per l’activitat
parlamentària d’una Cambra com el Senat, i ho dic amb tot el
respecte. Insisteixo, la seva intervenció ha estat molt correcta i
compartim bona part de l’exposició, és això el que s’ha de
fer, estem d’acord, però això que diu literalment la moció em
sembla una obvietat i, per tant, entenem que no hem de demanar al Govern
que faci allò que és obvi, allò que a més a més li exigeix la llei. I per
això el nostre Grup Parlamentari de l’Entesa pel Progrés de
Catalunya ens abstindrem, no perquè estiguem en contra d’allò que
s’ha de fer, però entenem que no cal instar al Govern per a
aquestes qüestions.

Gràcies, senyores i senyors senadors. (Aplaudiments.)

Señoras y señores senadores, senador Aparici, sería
sorprendente su propuesta si no fuera porque es habitual en el Grupo
Parlamentario Popular presentar propuestas solicitando al Gobierno que
haga aquello que forma parte de sus obligaciones legales, de las
obligaciones de gestión de un Gobierno. En este caso la Ley de Aguas, en
su título V, señala que es competencia de la Administración la protección
del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas. Es evidente,
eso sí —y se ha hecho alusión a ello en el debate—, que en el
caso de las cuencas supracomunitarias esto corresponde a la
Administración General del Estado, vía ministerio, vía las
confederaciones hidrográficas, y en el caso de las cuencas
intracomunitarias, a las comunidades autónomas correspondientes. Da la
impresión, con todo el respeto, de que a raíz de las últimas inundaciones
que, efectivamente, se han producido y que son un problema grave
—en esto tiene usted razón—, la presión social pidiendo algún
tipo de actuación hace que el Grupo Parlamentario Popular se haga eco e
inste al Gobierno a hacer aquello que ya debe hacer. Por lo tanto, creo
que esta no es la función del Senado, de una Cámara parlamentaria.
Evidentemente, no es nuestra función aquí.

Sobre su exposición, yo también debo reconocerle que
podemos compartir buena parte del fondo y de la literalidad de lo que, en
su opinión, sería necesario. Ha sido una exposición exhaustiva de todo
aquello que es necesario que haga la Administración del Estado, en
definitiva que haga el Gobierno. Pero, claro, instar al Gobierno a que
limpie las riberas de los ríos, que es parte de su obligación legal, me
parece —y lo digo claramente— fuera de lugar e impropio en
cualquier caso.

Más allá de esto, hay que decir también que el problema de
las inundaciones, al que usted ciertamente ha hecho referencia, siendo un
problema muy grave toca muchos aspectos: temas de prevención en
actuaciones por parte de protección civil, de las propias confederaciones
hidrográficas en la previsión de los cauces, la limpieza de las riberas
y, evidentemente, también las obras hidráulicas, las obras de
construcción de embalses reguladores que permitan laminar los
desbordamientos y el impacto de los mismos. Usted sabe que he nacido y
vivo en Tortosa, la parte baja del Ebro, que es una zona tradicionalmente
inundable. Históricamente siempre hemos vivido inundaciones con las
consecuencias correspondientes. No se ha construido cerca del río de
forma

secular precisamente para evitar estas consecuencias.
Incluso hay unos caminos laterales a partir de una cota que se llaman
caminos salva aguas, que era precisamente por donde se podía circular en
los casos de inundación. Pero ciertamente desde hace unos cincuenta años,
cuando se construye el sistema de embalses de Mequinenza y Ribarroja, los
desbordamientos se pueden laminar perfectamente. Estas avenidas del Ebro
que han causado problemas a lo largo de la cuenca en el País Vasco,
Navarra, Aragón, etcétera, en la parte baja del Ebro hacen que durante
tres meses venga con un caudal importante, que en muchos casos se acerca
a los 1500 metros cúbicos por segundo, pero que en ningún momento ha
generado problemas. Por lo tanto, hay todo un tema de planificación de
las obras hidráulicas, de los embalses, que es una tarea de fondo que sin
ninguna duda debe hacer el Gobierno y que forma parte también de las
cuestiones fundamentales para evitar las consecuencias profundamente
negativas y de gran impacto social que tienen las inundaciones.

Ahora bien, lo que se debe hacer —y usted ha hecho
referencia a ello también— no es solo aquello que ya han venido
haciendo los distintos Gobiernos, sino lo que establece la directiva
europea relativa a la gestión de los riesgos de inundación, la Directiva
2007/60/CE. Esta directiva establece que se deben tener en cuenta
distintos aspectos: la gestión del agua y del suelo, la ordenación del
territorio y usos del suelo y la protección de la naturaleza. Por lo
tanto, abarca muchos aspectos de planificación y de ordenación
territorial y de previsión también en temas urbanísticos. El senador
Cazalis hacía referencia a ello ahora mismo cuando hablaba de
construcciones irregulares en los márgenes de los ríos. La actuación
urbanística, la planificación y la sanción, cuando sea pertinente,
evidentemente contribuyen a evitar estas consecuencias nefastas de las
inundaciones.

Por último, y usted ha hecho referencia a ello, las
obligaciones que estipula la directiva europea en cuanto a una serie de
actuaciones para prevenir los daños que provocan las inundaciones. Para
el 22 de diciembre de 2011, como fecha límite, se debía hacer la
evaluación preliminar de los riesgos de inundaciones; después, la
elaboración del mapa de los riesgos de inundiación, que tendrá como fecha
límite el 22 de diciembre de este año —esperemos que se pueda
cumplir—; y finalmente, para el 22 diciembre de 2015, el plan de
gestión de los riesgos de inundación en el ámbito de las demarcaciones
hidrográficas, que no necesariamente son las confederaciones
hidrográficas, sino que pueden ser ámbitos más generales e incluso pueden
ser de alcance del conjunto de España.

Estamos de acuerdo en que esto es lo que se debe hacer,
pero claro, se nos pide aquí en una propuesta simplemente que digamos al
Gobierno que limpie las riberas de los ríos cuando entra dentro de sus
obligaciones. Esto es lo que dice literalmente la moción. Es que no es
nuevo y forma parte de reiteradas mociones del Partido Popular en este
sentido. Y al final de la legislatura ustedes podrían venir y decir: mire
si ha tenido consenso el Gobierno del Partido Popular que buena parte de
nuestras iniciativas parlamentarias han recibido el apoyo de todos los
grupos parlamentarios, de todas las formaciones políticas, porque se han
aprobado. Es como si ustedes vienen y me dicen que instamos al Gobierno a
que cumpla con las obligaciones fiscales de hacer que los contribuyentes
paguen sus impuestos y que Hacienda los recaude. Claro, es que esa es la
obligación del Gobierno a través de la Administración de Hacienda.
Estaríamos de acuerdo con ello, por supuesto, pero es que es innecesario
y sin duda no es adecuado para un debate parlamentario y para la
actividad parlamentaria de una Cámara como el Senado, y lo digo con todo
respeto. Insisto en que su intervención ha sido muy correcta y
compartimos que es esto lo que se debe hacer, pero lo que dice
literalmente la moción me parece una obviedad y entendemos que no debemos
pedir al Gobierno que haga aquello que es obvio y que, además, exige la
ley. Por lo tanto, mi grupo parlamentario se abstendrá no porque esté en
contra de lo que hay que hacer, sino porque entiende que no hay que
instar al Gobierno por estas cuestiones.

Gracias, señores senadores. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gràcies, presidenta. Intervindré
des de l’escó.

En primer lloc, al senador Aparici, comparteixo com els
altres portaveus que la seva explicació del per què de la moció estava
molt ben documentada i que tots la subscrivim. I també s’han fet

algunes altres aportacions importants per part de la resta
de portaveus, que jo no repetiré. Sí vull fer esment al fet que jo hagi
signat la transaccional, que ara debatem, i ha estat per un tema de
cortesia parlamentària que si al menys vostè podia arribar a
l’acord amb algun grup, doncs que així fos, i que es pogués debatre
aquesta moció en la seva amplitud, malgrat que no ha pogut estimar la
part que nosaltres proposàvem afegir que era demanar que les comunitats
autònomes també en formessin part.

Insistir, una vegada més, en aquesta coordinació necessària
entre l’Administració de l’Estat i les comunitats autònomes,
que al final són les que tenen competències en les conques internes i que
són les que hauran d’actuar, i les que de fet estan actuant.

En el meu país entenem que l’Estat espanyol som totes
les administracions: la local, l’autonòmica i la central i,
d’alguna manera, no volem deixar mai d’insistir-hi perquè de
vegades sembla que ens en oblidem.

Pel que fa a quin serà el nostre sentit de vot, la nostra
cortesia parlamentària —ja li dic des d’ara— acaba
aquí, signant aquesta transaccional. Però en tot cas, el que farem serà
abstenir-nos.