7. HABILITACIONES

7.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013.

(Núm. exp. 551/000012)

Página
2860

Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y
Sanz Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Hacen uso de la palabra los señores Camacho Sánchez, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Sanz Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Se rechaza la moción por los siguientes votos: a favor, 71;
en contra, 153; abstenciones, 1.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. Proyecto de Ley de reestructuración y resolución de
entidades de crédito (procedente del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de
agosto). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

2902

El señor Atarés Martínez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

En turno a favor interviene el señor Fernández de Moya
Romero.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Lerma
Blasco.

Comienza el debate del articulado.

El señor Martínez Oblanca, en calidad de portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas números 1 a 16, de
los señores Mariscal Cifuentes e Iglesias Fernández, del Grupo
Parlamentario Mixto, ausentes en ejercicio del derecho a la huelga.

El señor Martínez Oblanca defiende la enmienda número 36,
del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por este
senador.

La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra defiende las
enmiendas números 37 a 41, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV).

Decaen las enmiendas números 51 a 65 y 70 a 85, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Vilajoana i Rovira defiende las enmiendas números
42 a 50, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El señor Lerma Blasco defiende las enmiendas números 17 a
31, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández de Moya Romero.

En turno de portavoces intervienen el señor Martínez
Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Leanizbarrutia de
Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV),
así como los señores Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista,
y Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 16, de los señores
Mariscal Cifuentes e Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 5; en contra, 155; abstenciones,
66.

Se rechaza la enmienda número 36, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por el señor Martínez Oblanca, por los
siguientes votos: a favor, 75; en contra, 151.

Se rechazan las enmiendas números 37 y 41, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 18; en contra, 154; abstenciones, 55.

Se rechazan las enmiendas números 38 a 40, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 17; en contra, 155; abstenciones, 55.

Se rechazan las enmiendas números 42 a 45, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 17; en contra, 155; abstenciones, 55.

Se rechaza la enmienda número 46, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 72; en contra, 155.

Se rechazan las enmiendas números 47 a 50, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 17; en contra, 155; abstenciones, 55.

Se rechazan las enmiendas números 17 a 31, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 60; en
contra, 154; abstenciones, 11.

Se aprueba el proyecto de ley por los siguientes votos: a
favor, 165; en contra, 56; abstenciones, 6.

El presidente informa de que queda definitivamente aprobado
por las Cortes Generales el proyecto de ley.

6.1.2. Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Justicia

2921

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto al proyecto
de ley.

El señor Martínez Oblanca, en calidad de portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, da por defendida la propuesta de veto número 1, de
los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, ausentes en el ejercicio del derecho a la
huelga.

Decae la propuesta de veto número 3, de los señores Guillot
Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Decae la propuesta de veto número 4, de la señora Almiñana
Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí
Jufresa, el señor Montilla Aguilera, la señora Pineda Balló, el señor
Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.

El señor Zubia Atxaerandio defiende la propuesta de veto
número 2, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

La señora Parera Escrichs defiende la propuesta de veto
número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El señor Díaz Tejera defiende la propuesta de veto número
5, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco
González.

En turno de portavoces intervienen los señores Quintero
Castañeda y Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto, así como
las señoras Salanueva Murguialday, por el Grupo Parlamentario Mixto, y
Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Franco González, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Comienza la votación de los vetos.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 69; en contra, 152.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 72, en contra, 149.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 72; en contra, 149.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 72; en
contra, 149.

Comienza el debate del articulado.

El señor Martínez Oblanca, en calidad de portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas números 1 a 22, de
los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, ausentes en ejercicio del derecho a la huelga.

La señora Salanueva Murguialday defiende las enmiendas
números 40 y 41, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas
por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor
Yanguas Fernández.

El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números
23 a 39, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

Decaen las enmiendas números 42 a 64 y 65 a 91, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas números
122 a 147, 149 y 150, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.

El señor Sen Vélez defiende las enmiendas números 92 a 121,
del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco
González.

En turno de portavoces intervienen la señora Salanueva
Murguialday, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Zubia
Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Franco González, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 1, 3, 5, 6 a 13, 18 y 21,
de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 54; en contra,
154; abstenciones, 9.

Se rechazan las enmiendas números 2, 4, de la 14 a la 17,
19 y 20, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 5; en
contra, 201; abstenciones, 9.

Se rechaza la enmienda número 22, de los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 5; en contra, 154; abstenciones, 58.

Se rechaza la enmienda número 40, del Grupo Parlamentario
Mixto, inicialmente presentada por el señor Eza Goyeneche, la señora
Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, por los siguientes
votos: a favor, 58; en contra, 150; abstenciones, 9.

Se rechaza la enmienda número 41, del Grupo Parlamentario
Mixto, inicialmente presentada por el señor Eza Goyeneche, la señora
Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, por los siguientes
votos: a favor, 9; en contra, 199; abstenciones, 9.

Se rechazan las enmiendas números de la 23 a la 25, 27, 32,
35, 36 y 39, del Grupo Parlamentario Vasco, por los siguientes votos: a
favor, 18; en contra, 151; abstenciones, 48.

Se rechazan las enmiendas números 26, 29, 33 y 37, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes
votos: a favor, 18; en contra, 199.

Se rechazan las enmiendas números 28, 30, 31, 34 y 38, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes
votos: a favor, 64; en contra, 150; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 122, 123, 125, 127, 132,
de la 136 a la 138, 143, 145 y 149, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 15; en
contra, 150; abstenciones, 52.

Se rechazan las enmiendas números 124, 126, 128, 130, 131,
134, 135, 139, 144 y 150, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 64; en contra,
150; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 129, 133, 140 a 142, 146
y 147, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
por los siguientes votos: a favor, 15; en contra, 199; abstenciones,
3.

Se rechaza la enmienda número 102, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 55; en contra, 159;
abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números de la 92 a la 101 y de la
103 a la 121, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes
votos: a favor, 55; en contra, 150; abstenciones 12.

Se aprueba el proyecto de ley por los siguientes votos: a
favor, 148; en contra, 67.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

7. HABILITACIONES

7.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013.

(Núm. exp. 551/000012)

2957

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la
Cámara.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas y cuarenta y
cinco minutos.

Página
2865

enriquecedoras diferencias individuales, al tratar de
homogeneizar a las personas mayores por un parámetro puramente
cronológico: ser mayores de 65 años.

Es importante partir de un concepto de persona mayor
diferente al que se ha venido sosteniendo, debemos partir de una
concepción plena de ciudadano, y esto significa la presencia y
participación activa de las personas mayores en todos los aspectos de la
vida y de la dinámica social. No se puede seguir hablando de personas
mayores como fuente de ocupación de otros, sino que este colectivo tiene
que estar presente en la dinámica social de cada comunidad, de cada
pueblo y de cada ciudad.

Afirmar que las personas mayores tienen derecho a gozar de
una ciudadanía plena y una participación activa en la sociedad ha de
significar que hemos de darles voz. Una democracia no puede ser completa
si existe un sector de la población que acata en silencio lo que pensamos
para ellos. Ellos quieren opinar, mejor dicho, son los que mejor conocen
sus propias necesidades y por ello hemos de escucharles constantemente,
porque su voz será fundamental para asegurarnos que se puede avanzar en
la transformación y mejora de la calidad de vida de las personas mayores
y de las futuras generaciones. Será una garantía para avanzar en la
evolución de la realidad social de las personas mayores en España.

Por todo ello, repensar el concepto de persona mayor como
ciudadano pleno nos lleva a madurar lo que puede ser parte de sus
derechos, como son: el derecho a ser considerados sujetos dotados de
autonomía y no solo objetos de atención; el derecho a disfrutar del ocio;
el derecho a seguir aprendiendo, a seguir enseñando, a ser activos; en
definitiva es tener en cuenta el capital humano, social e intelectual
acumulado por la experiencia y que puede constituir un valor añadido en
nuestra sociedad y no una carga de la que ocuparse. Participar en la vida
comunitaria es, desde nuestro punto de vista, tan importante como puede
ser tener buena salud y disponer de recursos suficientes para vivir
dignamente.

En otro sentido, los datos demográficos nos aportan un
crecimiento aproximado del 18% de las personas mayores de 64 años dentro
de diez años en España. Por eso, debemos trabajar hoy para asegurar que
podemos responder a las futuras necesidades.

Resulta fundamental elaborar un estatuto, a modo de
programa político, que defienda los intereses de un colectivo tan
importante y que será aún más numeroso. En 2049 el grupo de edad de
mayores de 64 va a pasar a constituir casi un 32%. Se trata de garantizar
la protección de sus derechos y evitar los posibles riesgos de exclusión
social del que puedan ser objeto. No solo eso, será un avance decisivo en
la garantía de los derechos de las personas mayores y especialmente será
un reconocimiento del papel que desempeñan en nuestra sociedad. Se añade
que nos encontramos en el Año Europeo del Envejecimiento Activo, que fue
designado por el Parlamento Europeo con un objetivo muy concreto:
facilitar la creación en Europa de una cultura de envejecimiento activo
basada en una sociedad para todas las edades.

Partimos de que los mayores quieren participar activamente
y de manera integral en la sociedad española, una sociedad que encare
este siglo con la preocupación de velar de forma equilibrada y equitativa
por el conjunto de necesidades y expectativas de todas las personas, sea
cual sea su edad, género o condición.

Estos valores y deseos de las personas mayores contrastan
con la realidad cuando se considera a las personas mayores como objeto de
atención más que como sujetos dotados de autonomía, y mucho menos como
personas capaces de desarrollar críticamente esta autonomía.

Consideramos de sumo interés para las personas mayores que
este estatuto recoja sus necesidades, preocupaciones e inquietudes, no
solo para describirlas, sino para poder señalar propuestas que sirvan a
las administraciones públicas y a la sociedad en su conjunto para
conseguir que las personas mayores reciban el mejor trato posible, que
sean merecedoras del mayor respeto, que se les reconozcan sus derechos
individuales y sociales y que se sientan ellos mismos parte activa e
indispensable de una sociedad que han contribuido de manera decisiva a
construir y que, incluso en situaciones de mayor necesidad, puedan verse
como miembros activos de la sociedad, queridos y aceptados.

Entre las preocupaciones más urgentes de todas las personas
mayores figura la seguridad en sus ingresos y, en segundo lugar, la
salud. Ambas preocupaciones son las que más mencionan cuando nos
encontramos con ellos. De ahí que las inversiones en el sistema de
pensiones estén

consideradas en el mundo como uno de los medios más
importantes para asegurar la autonomía y reducir la pobreza en la vejez.

Para asegurar la vigencia de su derecho a disfrutar de un
mejor nivel de salud física y mental es necesario que las personas
mayores tengan acceso a servicios de atención a la salud acogedores y que
satisfagan sus necesidades. Esto incluye prevención, tratamiento y
tratamientos de duración prolongada. Una perspectiva que abarque toda la
vida debe incluir la promoción de la salud y actividades de prevención de
enfermedades a fin de mantener la autonomía de las personas mayores,
prevenir y aplazar la discapacidad y la dependencia. Es asegurar que las
personas mayores tengan unas vidas no solo más largas sino más
saludables. Añadir vida a los años —como se ha dicho siempre—
mejor que años a la vida. Por ello, la salud ha de ser contemplada en
este estatuto.

Otros principios que ha de contemplar el estatuto son el
reconocimiento a la labor realizada a lo largo de sus años de vida
laboral, el derecho a un trato digno sin discriminaciones, la protección
jurídica de las personas mayores, el derecho a una participación activa y
otros aspectos como el derecho a trabajar, a la formación, el derecho al
consumo de bienes y servicios y el derecho a recursos económicos
suficientes. Y no me quiero olvidar de algo fundamental que reclaman
constantemente las personas mayores: el derecho a vivir libremente y a
conservar su independencia tanto tiempo como deseen y sean capaces de
hacerlo, y a que se les respete su intimidad. Ser mayor implica capacidad
para elegir donde vivir.

Estos son aspectos a tener en cuenta, pero no podemos
olvidarnos de la diversidad y la riqueza que tiene este colectivo. Existe
una clara contradicción entre los cambios acelerados a los que estamos
sometidos y la tenacidad con la que mantenemos una letanía de prejuicios
sobre un conjunto de temas que ya no son ni de lejos lo que eran hace
solo unos años. Asimilamos, por ejemplo, fase adulta avanzada con
decadencia física e intelectual y mantenemos horizontes temporales sobre
este tema que son día a día desmentidos por las cifras de esperanza de
vida, el alargamiento de los ciclos vitales o por la constante presencia
de personas adultas y mayores activas en todo tipo de acciones y
procesos. Descubrimos cada día que las personas llegan a edades
notablemente avanzadas manteniendo altas dosis de adaptación y
flexibilidad ante los cambios.

Por todo ello, el Grupo Popular presenta esta moción
instando al Gobierno a que se elabore un Estatuto del Mayor para hacer
del envejecimiento una experiencia positiva, estimulando la participación
activa de los mayores en la sociedad y haciendo de esta una sociedad para
todas las edades, una sociedad en la que podamos estar todos, cada uno
con su propia especificidad y dignidad. Todos vamos a ser mayores y si no
lo somos, peor. Por eso, invito a todos los grupos a apoyar esta moción
que puede favorecer y estimular la creación de una sociedad para todos,
una sociedad en que la igualdad sea fundamental y una sociedad en la que
la solidaridad sea un principio básico de la convivencia.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ortega.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna; egun on
senatari jaun-andreok.

Nosotros hemos presentado una enmienda de adición —no
voy ni a defenderla porque no creo que haga falta— al texto que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular sobre el Estatuto del Mayor y
que tan detenidamente nos ha explicado la senadora Ortega, en la que
pretendíamos que se añadiera la frase: «Todo ello enriqueciéndose de las
diversas experiencias existentes en este ámbito y en coordinación con las
comunidades autónomas y con absoluto respeto al marco competencial
vigente».

Esto es algo que, tal vez, no lo tendríamos que decir pero
tampoco está de más porque hay muchas experiencias, y creo que muy
importantes, en todo el Estado y, sobre todo, porque no hay más remedio
que respetar escrupulosamente el marco competencial vigente.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Andrés para defender su enmienda.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, señor presidente. Buenos
días.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una
enmienda que, más que una enmienda, es una nueva moción. Decimos esto
porque lo que ustedes presentan aquí es nada; presentan una solicitud al
Gobierno para que no haga otra cosa que cumplir con sus compromisos.
Utilizan esta Cámara, y lo que es peor, nos quieren meter a todos en esa
intención, para orquestar una operación de marketing que, no sé por qué
sospechamos, culminará a finales de este mes con la presentación por
parte de la señora ministra de sanidad, Ana Mato, de un documento que a
día de hoy casi afirmamos que está hecho. Y decimos esto porque nos
consta que algunas asociaciones de mayores ya han presentado un borrador
de este documento a la señora ministra y, es más, conocemos que dentro
del Consejo Estatal de Mayores alguna reunión con este tema se ha
celebrado ya. Pero es que, además, se trata justamente de un Estatuto del
Mayor, sector de la población especialmente castigado en estos tiempos. Y
que con la que está cayendo a las personas mayores, en su exposición de
motivos solo se centre en los objetivos de envejecimiento activo, según
la Organización Mundial de la Salud, es muy pobre, señorías. Y más que
pobre, creemos que subyace en su exposición de motivos la intención de
que quede el estatuto en nada, en un plan, en una estrategia más, de esas
que quedan muy bonitas sobre papel pero que en la práctica son imposibles
de materializar. Y fíjese, además, si manejan esa intención, que en su
argumentario, cuando presentan la moción, ya se encargan mucho de separar
la edad cronológica de la enfermedad y de la dependencia, como
adelantándose a algunas enmiendas que sabían que podíamos presentar y que
de hecho hemos presentado algunos grupos políticos. Y puede ser, y así
es, que, afortunadamente, cada vez haya una mayor calidad de vida para
nuestros mayores, gracias, por supuesto, a derechos adquiridos a base de
luchas y cotizaciones. Pero no deja de ser paradójico que ustedes,
quienes hacen esta afirmación en un argumentario, estén apoyando
legislaciones para que estas mejoras desaparezcan.

Apruébennos la enmienda, señorías, y demostrarán que se
creen lo que piden. Porque, ¿para qué sirve un Estatuto del Mayor si a
día de hoy no sabemos siquiera si su Gobierno va a revalorizar las
pensiones para que no pierdan los mayores poder adquisitivo? ¿Para qué
sirve contemplar la salud en ese Estatuto de Mayor cuando se está
estableciendo el copago para productos vitales para los mayores, como los
productos ortoprotésicos o el transporte sanitario, o cuando están
desapareciendo servicios como la teleasistencia?

Esta moción, señorías, es la máxima expresión de un refrán
popular que dice: A Dios rogando y con el mazo dando. Y no van a contar
con nuestra complacencia, porque, aunque puede parecer una moción blanca,
no queremos ser cómplices de sus ventas de humo.

Los mayores de este país, señoría, no piden un estatuto, no
piden planes, piden no ya que se amplíen sus derechos, sino que se
mantengan los que tienen, porque, señorías, a los mayores de este país
nadie, ni ustedes ni nosotros, por supuesto, les hemos regalado nada. Se
lo han ganado a pulso. Y mientras ustedes se plantean aquí la elaboración
de un estatuto que aún desconocemos para qué servirá, muchos no pueden
siquiera acceder a una plaza pública de residencia para ser atendidos
adecuadamente.

Señorías, esta moción, en estos momentos, no lleva consigo
las medidas que varios grupos les estamos solicitando. Si no lleva
consigo esas medidas, pensamos que es una tomadura de pelo, no para
nosotros, no para esta Cámara, sino para sus propios beneficiarios. No es
tiempo de la política de florituras cuando existen situaciones dramáticas
que afectan a muchos ciudadanos de este país. Están a tiempo de hacernos
creer que algo les importan las condiciones de vida de nuestros mayores.

Señorías, no ofrezcan marisco a quienes les falta el pan,
porque no es creíble. En ese camino no nos van a encontrar.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Andrés.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president,

Senyories, molt bon dia a tothom. Bé, de del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió hem presentat una esmena de
modificació que incorpora diferents aspectes i que por nosaltres
pràcticament també seria una nova moció.

Evidentment, fem, referència a la necessitat de que
l’executiu espanyol actuï sempre respectant les competències i la
col·laboració amb les Comunitats Autònomes. Un segon aspecte és
evidentment la necessitat de fomentar la solidaritat intergeneracional.
Sense l’involucració de les generacions posteriors, no serà
possible la consecució dels objectius que busca l’iniciativa que
ens estan presentant i que, d’alguna manera, compartim el fons del
que avui argumentant. De tota manera, sense aquesta relació
intergeneracional, l’èxit d’aquesta iniciativa no estarà
assegurat. Fomentar la relacions, compartir experiències i vivències,
potenciarà valors que, poc a poc, al llarg del temps, s’han anat
perdent. No hem d’oblidar que els canvis socials, els canvis
laborals ens han portat a la crisi actual que també és una crisi de
valors i la relació entre generacions amb problemàtiques diferents,
visions de vida diferents, no farà res més que fer-nos créixer com a
societat.

El següent punt que presentem fa referència a la qualitat
de vida de la gent gran, que evidentment per nosaltres passa per la seva
capacitat econòmica. Aquesta capacitat econòmica vol dir assegurar-ne una
qualitat mínima de vida, i per aquest motiu creiem indispensable que es
garanteixi el manteniment del seu poder adquisitiu, el poder adquisitiu
que reben a través de les pensions i, per tant, demanem un increment en
funció de l’increment de l’IPC.

Tots tenim unes necessitats mínimes i bàsiques que hem
d’assegurar per tothom, però a més, per tal que la gent gran pugui
i vulgui de veritat envellir activament, fent coses, aportant a la
societat, participant, significa que els hem d’assegurar els
recursos mínims. Mentre la societat avança, ells han de poder avançar, i
per tant aquesta és la nostra responsabilitat. De fet, una manera de
disposar de recursos és poder continuar treballant un cop superada
l’edat de jubilació, per tal de fomentar que la gent gran és
mantingui professionalment activa, és responsabilitat de les institucions
oferir formació que adapti el coneixement d’aquestes persones i la
capacitat d’aquestes persones a les necessitats del món laboral, el
món professional, el món de les empreses del moment. Una persona gran,
amb anys d’experiència a la seva espatlla, és una font de
coneixement importantíssim per a les empreses, però és veritat que
aquestes evolucionen i tots, no sols la gent gran, totes les persones ens
hem d’anar formant per anar evolucionant al costat de les nostres
empreses.

Bé, i per últim, han vist que incorporem una bateria
d’esmenes directament lligades a pressupostos, a partides
pressupostaries específiques, i per tant, a la possibilitat real de que,
amb aquests diners, en aquestes partides podem desplegar i desenvolupar
polítiques que van directament vinculades amb la gent gran. Fem
referència a l’Inserso, a la dependència, programes de serveis
socials, a la discapacitat, també al 0,7% de l’IRPF que es destina
a polítiques socials.

Per tant, creiem fermament que no serveix de res portar
mocions plenes de bona voluntat, però buides de recursos, i per tant, per
aquest motiu els demanaríem que acceptessin les nostres esmenes.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente

Señorías, buenos días a todos. El Grupo Parlamentario
Convergència i Unió ha presentado una enmienda de modificación que
incorpora diferentes aspectos y que para nosotros sería prácticamente una
nueva moción.

Evidentemente, nos referimos, en primer lugar, a la
necesidad de que el Ejecutivo español actúe siempre respetando las
competencias y la colaboración con las comunidades autónomas; en segundo
lugar, es la necesidad de fomentar la solidaridad intergeneracional,
porque sin la involucración de las generaciones posteriores no será
posible la consecución de los objetivos que busca la iniciativa que nos
han presentado y cuyo fondo de algún modo compartimos. De todos modos,
sin esta relación intergeneracional el éxito de esta iniciativa no estará
asegurado. Fomentar las relaciones, compartir experiencias y vivencias,
potenciará valores que a lo largo del tiempo se han ido perdiendo, pues
no debemos olvidar que los cambios sociales nos han llevado a la crisis
actual que también es una crisis de valores, y la relación entre
generaciones con problemáticas diferentes, visiones de vida distintas
solo nos hará crecer como sociedad.

El segundo punto se refiere a la calidad de vida de los
mayores que, evidentemente, para nosotros pasa por su capacidad
económica; esta capacidad económica significa asegurarles una calidad
mínima de vida, y por este motivo consideramos indispensable que se
garantice el

mantenimiento de su poder adquisitivo a través de las
pensiones y, por tanto, pedimos un incremento en función de la subida del
IPC.

Todos tenemos unas necesidades mínimas y básicas que
debemos asegurar; además, para que los mayores puedan envejecer haciendo
cosas participando, aportando a la sociedad hemos de asegurar unos
recursos mínimos. Mientras la sociedad avanza, ellos deben poder avanzar,
y esa es nuestra responsabilidad. De hecho, una forma de disponer de
recursos es continuar trabajando una vez superada la edad de jubilación;
para fomentar que los mayores se mantengan activos profesionalmente es
responsabilidad de las instituciones ofrecer formación que adapte el
conocimiento y la capacidad de estas personas a las necesidades del mundo
laboral, profesional, el mundo de las empresas. Una persona mayor, con
años de experiencia a sus espaldas, es una fuente de conocimiento
importantísimo para las empresas pero es cierto que estas evolucionan y
todos —no solo los mayores— tenemos que formarnos para
evolucionar junto con nuestras empresas.

Por último, como han visto, incorporamos una batería de
enmiendas directamente vinculadas a partidas presupuestarias específicas,
con las cuales esperamos desarrollar políticas directamente vinculadas a
los mayores. Hacemos referencia al Imserso, a la dependencia, a programas
de servicios sociales, discapacidad, al 0,7% de IRPF destinado a
políticas sociales, etcétera.

Por tanto, consideramos que no sirve de nada traer mociones
llenas de buena voluntad pero vacías de recursos y, por este motivo, les
pedimos que acepten nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas,
tiene la palabra la senadora Ortega.

La señora ORTEGA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, agradezco el tono de todos los portavoces,
y vamos a aceptar la redacción de la enmienda presentada por el PNV como
punto final de nuestra moción, porque coincide con el espíritu con el que
deseamos se elabore el Estatuto del Mayor.

En cuanto a las enmiendas de CiU, estamos de acuerdo con su
espíritu y con todo lo que quiere que se recoja en el estatuto; algunos
aspectos enumerados por la senadora Cunyat ya están recogidos, pero no
podemos aceptarlas todas porque algunas son competencia de las
comunidades autónomas y porque el presupuesto para la revalorización de
las pensiones es el que es.

Respecto a la senadora Andrés, del Grupo Socialista,
estamos totalmente de acuerdo con el espíritu y hay muchísimos aspectos
que coinciden con lo que queremos que sea el estatuto de la persona
mayor. Creo que recogerá temas como la dependencia, porque una de las
preocupaciones de las personas mayores —lo he dicho en mi
intervención— es la salud y el bienestar económico y por eso
contempla ambas necesidades, pero no podemos aceptar estos puntos de la
enmienda por las mismas razones que he expuesto a la portavoz de
Convergència i Unió.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ortega.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, no hay
intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, berriro, presidente
jauna, senatari jaun-andreok.

Senadora Ortega, hace tiempo que en Euskadi, concretamente
en Vizcaya, que es el territorio que más conozco, hablamos de
envejecimiento activo, aunque realmente el Plan de acción para la
promoción del envejecimiento en Vizcaya data de 2010.

He querido recuperar un documento que leí en su momento
—porque este plan se confeccionó con las aportaciones de los
ayuntamientos, como no podía ser de otra manera, y entonces yo era
alcalde de mi pueblo—, un documento que leí en el blog de la
Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque, que me llamó muchísimo la
atención. En aquel documento, que estaba escrito como si fuera una carta
de una persona mayor que se dirige a la sociedad, se decía: La
monetarización

de la vida la traducimos en euros, no es algo exclusivo de
una edad o de un grupo social, pero sucede especialmente con la edad
avanzada. Solamente hablamos de dinero cuando hablamos de la tercera
edad, de lo que nos va a costar o no nos va a costar. Lo hablamos ahora y
lo haremos en la siguiente moción, que también tiene mucho que ver con
esta cuestión.

Pero había otro aspecto que comentaba esta persona: En 2025
seremos el 25% y en 2050 —hablaba de la Comunidad Autónoma
vasca— superará el 35%. Dice que somos el país más viejo después de
Japón. ¿Dónde está el problema? Esta frase parece que anuncia un
problema: vejez sinónimo de problema. Y añadía: De hecho, hay países que
no tienen este problema. La esperanza de vida en Burundi es de 35 años,
¿Quién tiene el problema? ¿Quién quiere librarse del problema? Por lo
tanto, deberíamos intentar vivir este proceso de envejecimiento casi como
una bendición, porque en Burundi no lo tienen. Deberíamos intentar sacar
algo bueno de ello y aprovecharnos inteligentemente de las posibilidades
que nos brinda disponer de ese gran capital humano tanto en cantidad como
en calidad.

El documento base, el alma del plan de acción de 2010 es un
documento de 2007 llamado Manifiesto Bizkaia por el Envejecimiento
Activo. Voy a leer la definición que ahí se hace —voy a leer unos
cuantos documentos, y lo siento, pero es primera hora de la mañana, a
última hora no lo haría— que dice: El envejecimiento activo como un
proceso dinámico, y no como un estado. Este dinamismo inherente al
envejecimiento activo se ve incrementado por la particular forma en que
cada persona envejece y los significados íntimos que se le atribuyen, que
hacen que sea viva, que sea activa de diferentes maneras. Y después sigue
diciendo: La promoción del envejecimiento activo requiere fomentar y
equilibrar la responsabilidad personal, el encuentro y la solidaridad
intergeneracional —muy importante— y la creación de entornos
favorables que hagan que las decisiones saludables sean decisiones
fáciles. Para ello es imprescindible que entren en juego todos los
agentes implicados, no solo los sectores que habitualmente tenemos en
cuenta —sistema sanitario, servicios sociales—, sino también
los referidos a la educación, el trabajo, la vivienda, el transporte, la
Seguridad Social, la Justicia, el desarrollo rural y urbano, porque su
actuación es determinante para garantizar la calidad de vida de los
ciudadanos.

De ahí surge el plan, que tiene una serie de objetivos que
son los que también les voy a leer, porque es lo que va a figurar en el
próximo estatuto —no me gusta mucho utilizar este término y luego
diré por qué— y es lo que ese estatuto tiene que garantizar, que
entronca con lo que han dicho quienes me han precedido. Los objetivos
específicos son, en primer lugar, favorecer la difusión y la comprensión
integral del envejecimiento activo y sus beneficios por parte de las
personas mayores y del resto de agentes sociales; en segundo lugar,
seguir garantizando las condiciones básicas que aseguren el bienestar de
todas las personas mayores y, en especial, de aquellos grupos más
desfavorecidos como base para una forma de envejecer activamente. Esto
entronca directamente con lo que ha dicho la senadora Andrés.
Evidentemente, no solo se trata de decir lo que vamos a hacer, sino de
que las medidas sean en horizontal, y en este aspecto hay mucho trabajo
por hacer. La situación no es buena pero este es uno de los objetivos
principales. Esto es lo primero que va a salir en cualquier estudio que
se vaya a hacer si hablamos de la tercera edad o de las personas más
mayores, porque mayores ya somos muchos.

Promover la ruptura de estereotipos negativos asociados a
las personas mayores y la comprensión de la diversidad inherente a este
grupo de edad. Favorecer el acceso de las personas mayores a iniciativas
de formación a lo largo de la vida que nos proporcionen nuevos intereses,
recursos y oportunidades de encuentro y realización personal. Contribuir
a que las personas mayores desarrollen un estilo de ocio activo que
redunde en una mayor salud física y psicológica. Y promover la
participación de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida,
reforzando los cauces existentes para ello y suscitando en las personas
el deseo de hacerlo.

Este es el resumen de lo que usted ha dicho y el resumen de
lo que hemos dicho todos. Lo que hay que hacer es ponerlo sobre el papel
y luego cumplirlo, que creo que es lo importante.

Como le decía, señora Ortega, no nos gusta mucho la
definición de Estatuto del Mayor porque tiene una connotación de
normativización. Como ya he leído y como yo creo que tiene que ser, esto
debe ser tratado como un proceso de cambio natural y autónomo, ha de
salir de cada uno, y todos —la sociedad y las instituciones—
tenemos no que tutelar pero sí que garantizar que ese proceso individual
se dé en las condiciones óptimas y se mantenga a fin de que se pueda
aprovechar como experiencia para el resto.

Creo que es una buena oportunidad siempre que no quede
—como ha dicho la senadora De Andrés— en un brindis al sol,
en un papel que no sirva. Y tampoco nos gusta mucho que se haga justo en
el año 2012, cuando se celebra el Año del envejecimiento activo, aunque
entiendo que se aprovechen estas oportunidades para hacer este tipo de
acciones.

Nosotros vamos a votar a favor, senadora Ortega, a pesar de
todas estas reticencias y exigencias; exigencias que después reclamaremos
para que se cumpla todo lo que aquí se ha dicho, todo lo que usted ha
expuesto y todo lo que sin ninguna duda las personas que constituyen este
colectivo de mayores quieren, desean y necesitan.

Muchas gracias, senadora.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president,

Senyories, efectivament, aquest any, l’any 2012 es
celebra l’any europeu de l’envelliment actiu i la solidaritat
intergeneracional, i efectivament, com diuen a la moció, doncs és un bon
moment per reflexionar sobre aquesta realitat.

Els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys,
l’augment de l’esperança de vida i la disminució de la
natalitat, han provocat un increment molt significatiu del pes social de
les persones grans a la nostra societat. Aquest increment ha vingut
acompanyat d’una major diversitat del col·lectiu de les persones
grans pel que fa a l’edat, la salut i la situació social. I de
l’introducció d’un nou discurs: el de les persones grans
actives.

Per tant, més enllà de la reflexió puntual tenim un repte
important sobre la taula: què fer per tal que aquest col·lectiu pugui
realment romandre en el mercat laboral i compartir la seva experiència,
continuar exercint un paper actiu en la societat i al mateix temps viure
una vida tant saludable i satisfactòria com sigui possible. Però
respectant la bona intenció de la seva moció, creiem que el seu contingut
és molt. Molt genèric. Parlàvem d’un contingut buit, i sincerament
no acabem d’entendre com funcionaria aquest Estatut. No
especifiquen quines implicacions i afectacions tindria per les Comunitats
Autònomes.

La senadora feia referència, ha parlat d’incloure
propostes, i evidentment això ens preocupa perquè podem tenir ingerències
competencials. De fet, l’article 166 de l’Estatut de
Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya, amb caràcter exclusiu,
les competències en matèria de serveis socials, voluntariat, menors i
promoció de les famílies. Sobre aquestes competències, d’acord amb
l’article 110 de l’Estatut, a Catalunya tenim la potestat
legislativa, la potestat reglamentaria i la funció executiva. Per tant,
tot i que ni l’Estatut ni la pròpia Constitució parlant
explícitament de l’àmbit competencial de la gent gran, tot el que
es pogués regular en aquest Estatut que avui ens proposen, com diu la
moció, per exemple: fer de l’envelliment una experiència positiva,
estimulant o restablint la participació activa de la gent gran en la
societat. Podríem entendre que es refereix al voluntariat, àmbit del qual
tenim competència exclusiva. Parlen també de dissenyar mesures que ajudin
a conserva i millorar el seu estat de salut. Tenim competències
exclusives en l’àmbit de la salut. Diuen. Posant en marxa
actuacions que evitin o enredereixin les discapacitats funcionals. Tenim
competències exclusives en el sistemes de protecció, en la regulació i
aprovació de pans i programes dirigits a col·lectius en situació de
pobresa o necessitat social, i en general a tot allò que fa referència a
la regulació i ordenació de l’activitat dels serveis socials. Per
tant, clarament el que ens proposen creiem que envaeix les nostres
competències, i per tant, no els podem donar en cap cas suport a la moció
que ens proposen.

D’altra banda, i amb independència a l’invasió
competencial, nosaltres creiem que no és necessari cap Estatut de la gent
gran, ja que des de molts àmbits i vessants ja es duen a terme infinitat
d¡accions i programes envers la gent gran activa. Aquí voldria destacar
la feina que honorablement fan molts ajuntaments i moltes entitats, i per
tant crec que ens toca agrair aquesta feina.

Però més enllà de la moció i de l’envelliment actiu,
voldria aprofitar el meu torn de portaveu per reflexionar sobre una
trista situació que pateixen molts dels nostres avis, que és el
maltractament. És absolutament necessari centrar part del nostre esforç,
la nostre atenció, a eradicar una de les formes de violència i
maltractaments més ocults, que és els que afecten a la gent gran. Parlem

d’agressions físiques, sexuals, però també agressions
psíquiques i econòmiques, i creiem que per millorar la protecció de la
gent gran, apart de fer molta feina de prevenció, seria necessari
modificar el Codi Penal, en el sentit de lluitar contra aquest
maltractament a la gent gran amb mesures com podria ser considerar un
agreujant els delictes que es realitzen en contra de la gent gran.

Bé, i per últim, i com no podria ser d’una altre
manera, voldria aprofitar l’ocasió per reflexionar novament sobre
la llei de la dependència, que evidentment afecta a moltíssima gent gran.
El reiterat incompliment de l’Estat en l’aportació dels fons
compromesos per la Llei de la dependència. L’important problemàtica
derivada de la reducció dels pressupostos aquest 2012, en el que vostés,
sense diàleg van eliminar el mínim acordat i a més a més, varen reduir el
mínim garantit. La famosa exigència genèrica del compliment de dèficit
per part de les comunitats autònomes, i podríem anar anomenant altres
casos, tenen un efecte directe en les persones que necessiten i no poden
rebre l’atenció que els ofereix la Llei de dependència. Una Llei
bona en voluntat, però mal finançada, i per tant, dolenta a l’hora
d’aplicar.

Lamentablement moltes persones queden fora d’aquest
sistema, d’aquesta llei, i aquesta realitat no la podrà tapar cap
de les mocions que ens portin al Ple i aquest fet crec que és el que més
ens hauria de fer reflexionar, perquè és veritat que si ens preocupa
assegurar que la gent que està bé, pugui viure millor, encara ens hauria
de preocupar molt més que la gent que no està bé visqui com a mínim amb
dignitat.

Moltíssimes gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, efectivamente, este año, el año 2012, se celebra
el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad
Intergeneracional y, en efecto, como dice la moción, es un buen momento
para reflexionar sobre esta realidad.

Los cambios demográficos experimentados en los últimos
años, el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad
han provocado un incremento muy significativo del peso social de las
personas mayores en nuestra sociedad. Este incremento ha venido
acompañado de una mayor diversidad del colectivo de las personas mayores
—por lo que respecta a la edad, la salud y la situación
social— y de la introducción de un nuevo discurso, el de las
personas mayores activas.

Por tanto, más allá de la reflexión puntual, tenemos un
desafío importante sobre la mesa: qué hacer para que este colectivo pueda
realmente mantenerse en el mercado laboral y compartir su experiencia,
continuar ejerciendo un papel activo en la sociedad y, al mismo tiempo,
vivir una vida tan saludable y satisfactoria como sea posible. Pero,
respetando la buena intención de su moción, creemos que su contenido es
muy, muy genérico —hablamos de un contenido vacío—, y
sinceramente no acabamos de entender cómo funcionaría este estatuto. No
especifican qué implicaciones y afectaciones tendría para las comunidades
autónomas.

La senadora ha hecho referencia a incluir propuestas.
Evidentemente, esto nos preocupa porque podemos tener injerencias
competenciales. De hecho, el artículo 166 del Estatuto de Cataluña
atribuye a la Generalitat de Catalunya, con carácter exclusivo, las
competencias en materia de servicios sociales, voluntariado, menores y
promoción de las familias. Sobre estas competencias, de acuerdo con el
artículo 110 del Estatut de Catalunya, en Cataluña tenemos la potestad
legislativa, reglamentaria, y la función ejecutiva. Por tanto, puesto que
ni el Estatuto ni la propia Constitución hablan explícitamente del ámbito
competencial de la gente mayor, todo lo que se podría regular en este
estatuto que hoy nos proponen, como dice la moción —por ejemplo,
hacer del envejecimiento una experiencia positiva, estimulando y
reestableciendo la participación activa de los mayores en la
sociedad—, podríamos entender que se refiere al voluntariado,
ámbito sobre el que tenemos competencia exclusiva. Hablan también de
diseñar medidas que ayuden a mejorar y conservar su estado de salud
—tenemos competencias exclusivas en el ámbito de la salud— y
dicen: poniendo en marcha actuaciones que eviten o atrasen las
discapacidades funcionales. Tenemos competencias exclusivas en los
sistemas de protección, en la regulación y aprobación de planes y
programas dirigidos a colectivos en situación de pobreza o necesidad
social y, en general, en todo aquello que se refiera a regulación y
ordenación de la actividad de los servicios sociales. Por tanto, lo que
nos proponen creemos que invade claramente nuestras competencias y, por
tanto, en ningún caso podemos apoyar la moción.

Por otro lado, y con independencia de la invasión
competencial, creemos que no es necesario ningún estatuto de la gente
mayor ya que desde muchos ámbitos y vertientes se están llevando a cabo
ya infinidad de acciones y programas hacia la gente mayor activa. Aquí
querría destacar el trabajo que noblemente hacen muchos ayuntamientos y
muchas entidades, trabajo que creo tendríamos que agradecerles.

Pero más allá de hablar sobre la moción y el envejecimiento
activo, querría aprovechar este turno de portavoces para reflexionar
sobre una triste situación que sufren muchos de nuestros abuelos: el
maltrato. Es absolutamente necesario centrar parte de nuestro esfuerzo y
de nuestra atención en erradicar una de las formas de violencia y de
maltrato más ocultos que es el que afecta a la gente mayor. Hablamos de
agresiones físicas y sexuales, pero también psíquicas y económicas.
Creemos que para mejorar la protección a la gente mayor, aparte de hacer
mucho trabajo de prevención, sería necesario modificar el Código Penal
para luchar contra ese maltrato que en ocasiones se les da con medidas
como, por ejemplo, considerar como agravamiento los delitos que se
realizan contra la gente mayor.

Por último, y como no podría ser de otro modo, querría
aprovechar esta ocasión para reflexionar nuevamente sobre la Ley de la
dependencia, que afecta a muchísima gente mayor. El reiterado
incumplimiento del Estado en la aportación de los fondos comprometidos
por la Ley de la dependencia, la importancia de la problemática derivada
de la reducción de los presupuestos de este ejercicio de 2012 en el que
ustedes sin mediar diálogo eliminaron el mínimo acordado y además
redujeron el mínimo garantizado, la famosa exigencia genérica del
cumplimiento del déficit por parte de las comunidades autónomas, así como
otros casos que podríamos ir enumerando, tienen un efecto directo en las
personas que, necesitándola, no pueden recibir la atención que les ofrece
la Ley de dependencia, una ley buena en voluntad pero mal financiada y,
por tanto, mala para aplicarla.

Lamentablemente, muchas personas quedan fuera de este
sistema, de esta ley, pero esta realidad no podrá taparla ninguna de las
mociones que podamos llevar al Pleno. Creo que este hecho es el que más
tendría que hacernos reflexionar, porque si es verdad que nos preocupa
que la gente que está bien pueda vivir mejor, aún debería preocuparnos
mucho más que la gente que no está bien viva como mínimo con dignidad.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Andrés.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias de nuevo, presidente.

Miren, señorías, no por previsible y esperada, la respuesta
es menos decepcionante. Hoy vuelven a hacer aquí gala de sus prioridades
políticas —marketing, venta de humo…—, en resumidas
cuentas, una falta de sensibilidad absoluta con los sectores de población
más vulnerables.

No vamos a votar a favor de esta moción, señorías, porque
en temas de mayores ustedes han sobrepasado determinadas líneas rojas que
para nuestro partido son intocables. No les vamos a dar el argumento del
apoyo a esta cuestión, cuando —como ha hecho referencia la
compañera de CiU— en apenas un mes vamos a ver en esta Cámara unos
presupuestos que atacan frontalmente a este sector de población.

Miren, hoy, con su mayoría, saldrán ustedes de aquí sacando
pecho ante las asociaciones de mayores y ante la sociedad en general,
vendiendo las bondades desconocidas de este estatuto, pero lo único que
conocemos con certeza es el hachazo a los programas de servicios
sociales, donde casualmente la mayor reducción se encuentra en la partida
relativa al envejecimiento activo. Lo único que conocemos con seguridad
es que partidas como la teleasistencia la hacen simple y llanamente
desaparecer, eliminando los 32 millones que había consignados para el año
2011.

Y miren, la dependencia constituye un pilar básico del
Estado del bienestar y una muestra de solidaridad intergeneracional sin
precedentes en España —estarán de acuerdo conmigo porque no se
trata de afirmaciones mías, sino palabras de la señora ministra de
Sanidad—. Esa frase bien podría reflejarse en el estatuto y, por lo
que me ha anunciado, así lo van a hacer, pero es que sus políticas
vuelven a contradecir sus palabras. Ustedes están dejando morir el
sistema de atención a la dependencia: reducen drásticamente el
presupuesto final para los beneficiarios, vuelven a

mermar en 200 millones de euros el nivel mínimo de
protección del Estado e incrementan el copago de los usuarios.
¿Consecuencias de sus políticas de dependencia? La pérdida de 4676
beneficiarios durante el mes pasado respecto al mes anterior; 99 333
personas pendientes de valoración; 476 plazas residenciales menos; 1534
usuarios de ayuda a domicilio menos; el despido de más de 700
trabajadores y la no reposición de las personas que están falleciendo por
las personas que tienen el derecho reconocido y están esperando la
prestación. Muchas de estas personas, señoría, son personas mayores, esas
mismas personas a las que ustedes quieren hoy dar una palmadita en la
espalda con este estatuto.

Por lo tanto, hoy no nos convencen. No les vamos a dar el
apoyo para un estatuto en blanco, pero sí que vamos a estar ahí,
esperando a ver qué nos ofrecen, ayudando, y analizando qué mecanismos
utilizan para su elaboración. Pero insistimos: un estatuto no va a
solucionar los problemas de nuestros mayores. Las palabras solo valen si
están acompañadas de hechos, y estamos para hechos, señoría.

Les voy a poner un ejemplo real de por qué se necesita la
política de hechos y no la de palabras. Hace unos días, en una ciudad la
policía encontraba muertas en su casa a una anciana y a su hija. La
anciana había muerto de causa natural y la hija, discapacitada, había
muerto porque no podía valerse por sí misma. Cada vez que les oigo hablar
de que la Ley de dependencia es algo que no podemos permitirnos,
comprendo que luego se quejen de eso que les he oído mencionar en varias
ocasiones, de la crisis de valores de nuestra sociedad, y es que una
sociedad se define por cómo trata a los más débiles, y en eso, señorías,
desgraciadamente no nos pueden dar ejemplo.

Antes de terminar y de bajar de este estrado, me gustaría
tener un recuerdo para los millones de ciudadanos y ciudadanas
—muchos de ellos, personas mayores— que hoy están en la calle
luchando por sus derechos y por conseguir una vida mejor. Para todos
ellos, el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos.)

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Andrés.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Ortega.

La señora ORTEGA RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Empezaré contestando según el orden de intervenciones.

En primer lugar, senador Cazalis, estoy de acuerdo con
muchísimos de los datos que usted ha dado. Es verdad que el
envejecimiento –tal y como decía yo en mi exposición de
motivos— debe contemplarse como una bendición, como una
oportunidad, pues vamos a ser muchas las personas mayores –yo
espero estar ahí— dentro de unos cuantos años —y algunos ya
nos vamos acercando—. También es verdad que el envejecimiento
activo debe ser un proceso individual. Por eso, desde los Gobiernos,
desde las administraciones y desde la sociedad en general debemos
favorecer que ese proceso individual se haga en las mejores condiciones
posibles. Estoy totalmente de acuerdo.

Por otra parte, también estoy de acuerdo con la señora
Cunyat en que esta es una crisis de valores. Lo estamos pasando mal,
sobre todo las personas más vulnerables, que no débiles, a las que luego
me referiré, o las personas que están en situación de más desprotección.
Sin embargo, esta crisis también nos está situando con los pies en la
tierra y está bien que nos demos cuenta de que tenemos que recuperar
algunos de los valores, que esos no cuestan dinero.

He nombrado entre las necesidades de las personas mayores
la económica, por supuesto. Las pensiones –y con ello contesto al
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió— nosotros al menos nos las
hemos congelado, el año pasado las subimos un 1% y sabemos que este año,
al menos, se podrán subir un 1%, y no las vamos a congelar. Claro que es
verdad que las pensiones no suben de acuerdo a como sube la vida, como no
están subiendo ahora mismo los sueldos, como no están subiendo los
ingresos en cada familia porque estamos en una crisis económica y todos
lo estamos pasando mal, pero nosotros no las vamos a congelar.

Otro aspecto que contemplaba usted, señora Cunyat, es que
los mayores trabajen el tiempo que quieran. Creo que el estatuto es
posible que recoja este aspecto. Antes nombraba estos aspectos, pero
ahora voy a decir detalladamente lo que las organizaciones de personas
mayores,

el consejo estatal y todo el conjunto de asociaciones de
personas mayores que hay en España –que es el país con más
asociaciones de personas mayores de Europa— nos nombran como
preocupaciones fundamentales, que son las que dije antes: la salud y la
asistencia sanitaria, la atención y coordinación socio— sanitaria,
la atención a través de los servicios sociales, los aspectos económicos,
el aprendizaje que usted también decía, la participación activa en la
sociedad, la imagen que de ellos se proyecta, los aspectos
ético-jurídicos que ya dije, las relaciones y el apoyo socio-familiar,
las relaciones intergeneracionales y la igualdad de oportunidades, y, por
supuesto, queremos que se refiera fundamentalmente a mujeres mayores, a
personas mayores con discapacidad y a los mayores en el medio rural, y
qué decir, por supuesto, que las situaciones contra el maltrato están y
deben ser contempladas en el estatuto de mayores.

Otra cosa que decía usted, señora Cunyat, es que no tenga
ninguna contradicción con las competencias de las comunidades autónomas.
Por eso hemos aceptado la enmienda de adición del PNV, porque dice: «Todo
ello enriqueciéndose de las diversas experiencias existentes en este
ámbito y en coordinación con las Comunidades Autónomas y con absoluto
respeto al marco competencial vigente.» El Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, que es el que lleva a cabo la elaboración
del estatuto, siempre hace esto, está constantemente poniéndose de
acuerdo con todas las comunidades autónomas en temas de dependencia, en
temas de gasto farmacéutico —no ha salido pero me referiré a
ello—, a todos los niveles. En ese sentido no vamos a tener ninguna
duda.

Decía usted, señora Andrés, marketing y humo. ¡Ay, Dios
mío! ¿Cómo nos pueden decir eso desde el Grupo Socialista si marketing y
humo nos han vendido durante ocho años, nos han destrozado el país y nos
han dejado una deuda en el Ministerio de Sanidad de 16 000 millones de
euros? (Aplausos.) Además ¿qué tenemos que hacer en dependencia? ¿Cómo me
pueden hablar de dependencia? Desgraciadamente no tengo el tiempo
suficiente para hablar de dependencia —porque podría dar una
conferencia con todo lo que han hecho ustedes—. (Rumores.) No, no,
no, eso es verdad. Por de pronto, en dependencia tenemos una deuda
—no una herencia, sino una deuda, porque las herencias suelen ser
más positivas— de 1034 millones de euros y tenemos que pagar las
cuotas de la Seguridad Social que no se pagaron por parte del Gobierno
anterior de los cuidadores informales. (Aplausos.)

Me dice usted: presupuesto de mayores. Ocho de cada diez
euros van para personas mayores en el presupuesto. Además, el 75% va
destinado a dependencia. Otro humo del Partido Socialista. El 14 de
diciembre de 2006 salió publicada la Ley de atención a la dependencia y
prevención y mejora de la autonomía de las personas mayores en la que
hablaban de que el Estado iba a poner un 50% y las comunidades autónomas
un 50%. Eso nunca ocurrió. En las comunidades autónomas que yo conozco, y
algunas con mucha referencia, como mucho llegaron al 20%. Es verdad que
nosotros hemos hablado de que el nivel acordado no es obligatorio
—y ya existía en la ley—, pero no lo estamos prometiendo,
porque no prometemos humo, sino que hablamos de lo que vamos a hacer.
Estamos pasándolo mal y no podemos prometer lo que no vamos a poder
cumplir.

El copago farmacéutico, no salido pero sobre el que quiero
hablar porque saldrá en la próxima y porque están en todo momento
metiéndose con ello. El copago farmacéutico no debe ser un criterio
cronológico, porque personas con pensiones de 2800 euros tienen la
posibilidad de poder pagar lo que les corresponde —que además nunca
llega a los 18 euros— en las recetas. El copago farmacéutico
existió siempre porque siempre hemos pagado un 40— 60%. Ahora
sencillamente ha aumentado porque no nos queda más remedio, porque con
una deuda de 16 000 millones de euros en sanidad tenemos que hacer que
los mayores de nuestro país tengan una sanidad sostenible, que sea
garantizada durante todo el tiempo de su vida, que sea gratuita y que sea
universal.

Se ha referido también a los más débiles. Y digo siempre:
¿pero por qué les llamamos los más débiles? Si los mayores no son
débiles; no lo son ni los mayores ni las personas con discapacidad, y lo
digo muchas veces. Ya quisiéramos nosotros tener a veces la fuerza y las
capacidades que tienen ellos. (Aplausos.) Son vulnerables en algunos
momentos, pero es que la vulnerabilidad va unida al ser humano, no va
unida ni a las personas mayores ni a las personas con discapacidad, sino
que va unida a todos porque es una cualidad del ser humano.

Estamos para proteger a las personas mayores. Claro que el
estatuto puede sonar –y me refiero a lo que decía el señor
Cazalis— al marco normativo. Bueno, en realidad me refería antes,

cuando hablaba de la exposición de motivos, a que va a ser
un programa político que contemple algunas actuaciones y que garantice lo
que estamos diciendo en todo momento: que las personas mayores puedan
mantener un envejecimiento activo con la mayor dignidad posible y con
todas las condiciones que se les pueda mejorar.

Tengo muchísimos más datos, pero no me va a dar tiempo a
dárselos todos. Ah, sí, digo otro: Previsión de puestos de trabajo. Se
hablaba de que se iban a generar 300 000 puestos de trabajo en cuidadores
informales y no se han pagado sus cuotas, o sea, que no sé para qué ha
servido generar puestos de trabajo en ese sentido. Pero es que, además,
se han generado solo 100 000. Además, luego ha ocurrido otra cosa y es
que se han vaciado residencias, como usted decía, pero no por falta de
ayuda para ellas —porque hace unos años era así—, sino porque
al tener la ayuda económica muchas residencias se han vaciado y, por lo
tanto, se han destruido un montón de puestos de trabajo en residencias y
centros para personas mayores. Tengo datos de la Comunidad de Castilla y
León, pero no los voy a comentar.

Lo único que sí quiero decir, para terminar, es que todas
las comunidades en las que se han integrado los servicios sociales con
atención a la dependencia son las que están siendo más ágiles y
profesionales en esa atención a la dependencia.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ortega.

Por favor, llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, procedemos a la votación de la moción del Grupo
Parlamentario Popular con la incorporación de la enmienda aceptada del
Grupo Nacionalista Vasco.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 214; a favor, 152; en contra, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.—
Rumores.)

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ELABORAR UNA
ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE DE LA CRONICIDAD EN EL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD, ASÍ COMO A POTENCIAR EL SISTEMA SANITARIO DE PROXIMIDAD PARA
AFRONTARLA.

(Núm. exp. 662/000049)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

A esta moción el Grupo Parlamentario Popular, autor de la
misma, ha presentado una enmienda de sustitución que se entiende
sustituye al texto original de la moción. Además, se han presentado tres
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, enmiendas que decaen porque se
acaba de presentar una propuesta de modificación firmada por todos los
grupos parlamentarios menos por Entesa pel Progrés de Catalunya.
(Rumores.)

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Pérez de Juan por tiempo de quince minutos.

El señor PÉREZ DE JUAN ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías. (Rumores.)

La moción que ha presentado el Grupo Popular sobre la
estrategia…

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
Guarden silencio.

El señor PÉREZ DE JUAN ROMERO: …sobre la estrategia
para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud parte
de que en España el aumento de la esperanza de vida, las mejoras de salud
pública y atención sanitaria, así como la adopción de determinados
estilos de vida han condicionado que en la actualidad el patrón
epidemiológico dominante esté representado

por las enfermedades crónicas. Dichas enfermedades son de
larga duración y generalmente de progresión lenta, además conllevan una
limitación en la calidad de vida de las personas afectadas y de las
personas cuidadoras, son causa de mortalidad prematura y ocasionan
efectos económicos importantes tanto en las familias como en las
comunidades y en la sociedad. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez,
ocupa la Presidencia.)

Se llama enfermedad crónica a aquellas enfermedades de
larga duración cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no
ocurrirá nunca. No hay consenso acerca del plazo del cual una enfermedad
pasa a considerarse crónica, pero, por término medio, toda enfermedad que
tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como enfermedad
crónica.

Convendrán, por tanto, conmigo que la mayoría de las
enfermedades, especialmente gracias a los avances médicos, se han
convertido en procesos crónicos y son causa de hospitalizaciones
frecuentes por agudizaciones de la patología, generan muchos costes
sanitarios y además una elevada mortalidad. Me refiero en concreto a las
enfermedades del aparato circulatorio, respiratorio, digestivo,
enfermedades del aparato locomotor y a las neoplasias, entre otras. No
solo son enfermedades que han mejorado su pronóstico en la fase aguda,
con un diagnóstico más prematuro y una terapéutica más eficaz, sino que
además, desde el punto de vista demográfico, la pirámide de población en
España se invierte cada vez más y el crecimiento entre los mayores de 65
años es cada vez mayor. A partir de esa edad, e incluso antes, las
enfermedades crónicas incrementan también su prevalencia.

Por otro lado, el aumento de la esperanza de vida ocasiona
un aumento en el número absoluto y relativo de la población mayor y, de
forma especial, en los mayores de 85 años. En paralelo, aumenta por tanto
la morbilidad crónica, la comorbilidad y la discapacidad. Esta evidencia
epidemiológica pone también de manifiesto la necesidad clínica y
socioeconómica de un abordaje eficiente de los pacientes con enfermedades
crónicas como grandes consumidores de recursos que son.

En la última Encuesta Europea de Salud aparece que en
nuestro país el 45,6% de la población mayor de 16 años padece al menos de
un proceso crónico y, a mayor edad, un 22% padecen dos o más procesos,
alcanzando un 65,2% en los mayores de 74 años. Así, en atención primaria,
más de un 65% de las personas que acuden al médico de familia lo hacen
por algún tipo de enfermedad crónica. De ellos, más del 40% de los
pacientes son pluripatológicos, luego presentan tres o más enfermedades
crónicas, y el 94% está polimedicado. Esto ocasiona que en la actualidad
más de la mitad de los recursos sanitarios se destinen a la atención de
las personas mayores de 65 años y en torno al 80% del gasto sanitario
esté producido por las enfermedades crónicas. La prevalencia de estas
patologías, como ya he dicho con anterioridad, se incrementa notablemente
a partir de los 75 años. De hecho, a esa edad más del 50% padece cuatro o
más enfermedades crónicas y como consecuencia tienen prescritos
tratamientos de varios fármacos. La OMS, en un informe, nos dice que las
enfermedades crónicas fueron la causa del 63% de las muertes en el mundo
y se espera que supongan el 75% para el año 2020. Ya ha realizado un
llamamiento a todos los países para reducir anualmente un 2% las
enfermedades crónicas en los próximos diez años.

El Consejo Europeo sitúa las enfermedades crónicas como una
prioridad para el presente y el futuro de la investigación y del diseño
de programas de intervención en Europa, solicitando a los Estados
miembros y a la Comisión Europea que implementen de manera urgente
medidas concretas y coordinadas que permitan hacer frente a este problema
con políticas centradas en el paciente para la promoción de la salud:
prevención primaria, prevención secundaria y estrategias en el
tratamiento y atención de las enfermedades crónicas.

Por tanto, el patrón de enfermedades y las necesidades de
cuidados de salud están cambiando. El paradigma no es la enfermedad, sino
el paciente con múltiples enfermedades y necesidades sanitarias y
sociales. Por tanto, el centro de la atención sanitaria ha de estar en el
ciudadano, en lugar de en la enfermedad, y en la atención primaria.
Existe una tradicional distancia entre la atención primaria y los ámbitos
hospitalarios y sociales. Se debe, pues, apostar por la apertura de
canales de comunicación fluidos que generen espacios compartidos que
propicien la continuidad asistencial.

Sin embargo, para abordar eficazmente la amplia gama de
determinantes de la salud asociados a la cronicidad es necesario ir más
allá del ámbito sanitario y adoptar un enfoque transversal en su
prevención que integre la salud con otros ámbitos como son la educación
de la población, los

servicios sociales, el entorno laboral, el medio ambiente,
la investigación y otros. La continuidad asistencial debe estar asegurada
para una mejor coordinación y sincronización asistencial que resulte de
una atención integrada en donde participen de manera activa todos los
profesionales de las áreas sanitarias, como son farmacéuticos,
fisioterapeutas, de enfermería y cuidadores. Se debe proporcionar de
recursos materiales y humanos a la atención primaria, medidas que
permitan una mayor resolución y potenciar las alternativas de
hospitalización con unidades de diagnóstico, hospitalización a domicilio,
hospitales de día, hospitales de corta estancia, hospitales de subagudos
y la atención en residencias a personas mayores. Y también, potenciar a
los profesionales, como dije antes, de enfermería, fisioterapeutas y
trabajadores sociales, para garantizar así una asistencia integrada y una
mayor equidad en salud.

Por todo ello, la importancia de haber elaborado una
Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de
Salud que permita promover la reorganización del sistema situando al
ciudadano en el centro del sistema, mejorando la coordinación dentro de
un mismo nivel y entre niveles de atención sanitarios y sociales y
promoviendo la continuidad efectiva de los ciudadanos, que en este
momento es una prioridad. Asimismo, se debe potenciar el sistema
sanitario de proximidad como ámbito clave para afrontar el reto de la
cronicidad de forma sostenible y agilizar la actualización.

Esta moción, por tanto, va más allá de la necesidad de
haber elaborado una estrategia para el abordaje de las enfermedades
crónicas —nadie duda en este momento de que existe una tendencia
constatable en los últimos años que está provocando un cambio en la
orientación del Sistema Nacional de Salud, en la gestión de servicios
sanitarios y en las labores desempeñadas por los médicos— para que
se establezca un plan de implementación en la estrategia, un conjunto
mínimo común de indicadores de evaluación que nos permitan realizar un
seguimiento y conocer la consecución de sus objetivos y recomendaciones y
desarrollarlo con visión estatal que no genere desigualdades ni falta de
equidad territorial y que garantice la continuidad efectiva de los
cuidados profundizando en la mejora de la atención de los pacientes con
enfermedades crónicas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Dada la presentación de una transaccional firmada por todos
los grupos a excepción de Entesa pel Progrés de Catalunya, la Presidencia
entiende que se mantiene viva la enmienda, pero dada la ausencia de los
miembros de esta formación política, pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on berriro, senatari
jaun-andreok, mahaiburu jauna.

Buenos días de nuevo, señorías, señor presidente.

Hablamos de cronicidad o de gestión de la cronicidad casi
como un proceso aislado y, por suerte o por desgracia, casi como la
panacea que va a solucionar los problemas de los sistemas de salud
—y pongo entre comillas sistemas de salud—; sistemas de salud
que no son sistemas de salud, que son sistemas de gestión y de lucha
contra la enfermedad. Por eso, lo que definimos como la gestión de la
cronicidad no es más ni menos que una adaptación de los servicios de
atención a la enfermedad a una nueva realidad de cada momento, en este
caso a la realidad actual. Esto es lo mismo que comentábamos en el Pleno
pasado a raíz de la moción del Grupo Parlamentario Popular presentada por
el senador Aguirre. De lo que se trata es de adaptar los servicios de
lucha contra la enfermedad a cada situación, y la cronicidad es una
situación que tenemos en este momento, que antes tal vez no teníamos o la
teníamos en menor medida. En Euskadi llevamos años adaptando o intentando
adaptar, con más o menos éxito —yo creo que con bastante— la
prestación de los servicios sanitarios.

Y hoy no voy a hablar de la llamada Estrategia para
afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi, porque supongo que eso lo
hará el senador Lertxundi; no le voy a quitar la satisfacción de hablar
de algunas de las pocas cosas no malas que ha hecho el Gobierno en estos
tres años, pero sí voy a dar unas cifras —esas sí se las voy a
pisar—

Los pacientes crónicos en Euskadi absorben el 70% del gasto
sanitario del País Vasco y, desglosado por conceptos, el 84% del total de
ingresos de Osakidetza, el 75% de recetas de

atención primaria, el 63% de las consultas a especialistas
y el 58% de las consultas en atención primaria. Estas son cifras muy
importantes.

Voy a leer otro documento, que me parece que también puede
ser una referencia: Diez temas candentes de la Sanidad para 2012
—que no está hecho por una Administración pública—, en el
que, con otras palabras, se dice: Un sistema orientado hacia los agudos
basado en contactos episódicos con los pacientes no está adaptado a las
necesidades de los crónicos; el multiplicar simplemente los contactos
episódicos a lo largo de toda la duración de la enfermedad crónica como
única respuesta ni sería sostenible en términos económicos ni
garantizaría la calidad del tratamiento de estas enfermedades. Y también
explica que, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el
60% de las muertes que se producen cada día en el mundo están
relacionadas con enfermedades de tipo crónico que podrían prevenirse; y
da unas pautas que son las que se recogen —aunque luego lo indicará
el senador Lertxundi— en la Estrategia vasca para afrontar el reto
de la cronicidad.

Entre los elementos claves para la reorientación del
sistema hacia la atención de enfermos crónicos se encuentran: la
identificación y estratificación de los pacientes con enfermedades
crónicas; la definición de procesos de protocolos específicos; la
potenciación de la figura del gestor de casos, con un refuerzo importante
del papel de la enfermería; el desarrollo del sistema de seguimiento y
monitorización a distancia y, por supuesto, una mucho mayor implicación
del propio paciente en el tratamiento y seguimiento de su enfermedad.

En este punto he de felicitar al Gobierno vasco por haber
llamado a esto Estrategia –digo estrategia— en el abordaje de
la cronicidad porque ni esto es la panacea ni es la solución, esto es una
estrategia; una estrategia para hacer que el sistema de salud, en este
caso el Sistema de Salud Vasco, pueda dar respuesta a las necesidades de
los ciudadanos. En realidad la auténtica revolución llegará cuando no
hablemos de sistemas de paliación o de lucha contra la enfermedad sino de
sistemas de salud.

Definir sistema de salud nos lleva directamente a hablar de
la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud en el
preámbulo de su constitución, allá por 1946, que dice que la salud es un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades, lo que nos lleva directamente a la
segunda revolución, necesaria e imprescindible ―y cuanto antes la
hagamos, mejor― que es la definición, el desarrollo y la
consolidación de lo que hemos dado en llamar el espacio sociosanitario.
Ya no se trata de que el eje vaya del enfermo al sistema o del sistema al
enfermo sino de que vaya, de una vez por todas, del sistema del
tratamiento de la enfermedad al sistema del tratamiento de la salud, y
eso es muchísimo más amplio que hablar de cronicidad. Creo que esa es la
discusión en la que tendríamos que entrar y esa es la gran asignatura
pendiente que tenemos todos los que hemos de gestionar la cosa pública
―para eso tenemos una asignación constitucional―. En este
sentido, tendríamos que meditar en esta vía y trabajar para conseguir que
realmente los sistemas de salud sean eso, sistemas de salud y no sistemas
de lucha contra la enfermedad, lo que los convertirá realmente en
sostenibles, eficaces y eficientes ―que nunca rentables―,
porque empezaremos a hablar de prevención, de hábitos y de otras muchas
cosas.

Muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president.

Senyories, voldria fer una primera intervenció adreçada al
Grup Parlamentari Popular. Em sembla molt interessant la proposta que ens
fan a la moció. Creiem fermament en la necessitat d’establir
programes específics per a atendre els malalts crònics, no només en
benefici dels pacients sinó també en benefici de la sostenibilitat del
sistema sanitari del qual disposem. La prevenció i la coordinació entre
departaments no només té un impacte en la qualitat de vida dels pacients,
sinó que també té un impacte directe sobre els recursos necessaris.

Deixant clar que les competències en l’àmbit de salut
són exclusives de les comunitats autònomes, ens sembla molt encertat que
des del Govern central —i en aquest cas, via el Sistema

Nacional de Salut— exigeixin a aquelles comunitats
autònomes que no s’actualitzen, que no innoven, que no milloren
—és a dir, que no evolucionen—, que es posin les piles i
facin els deures que els corresponen.

La voluntat expressada clarament en la moció, i també per
l’explicació del senador, encaixa perfectament amb els objectius
del nostre programa de prevenció i atenció a la cronicitat. Per aquests
motius, hem signat la transaccional, però els demanem, i així ho
formulàvem a la nostra esmena, que les propostes que es defineixin per a
treballar a nivell estatal sempre siguin respectant i tenint en compte
aquells programes i plans d’atenció crònics que ja estan en
funcionament o en procés d’implantació a les comunitats
autònomes.

És una llàstima que no hagin acceptat l’esmena
referent a pressupostos. Dotar de més recursos econòmics aquests
programes és la millor manera de demostrar el seu compromís amb els
malalts crònics.

Ara, dit això em sembla incoherent —i
m’atreveixo a dir fins i tot impresentable— que mentre el
senyor Rajoy es passejava aquest cap de setmana per Catalunya fent
campanya i acusant el president Mas d’avançar les eleccions per la
seva suposada incapacitat de governar, vostès avui es quedin tan amples
portant per a l’aprovació d’aquest ple una moció que insta el
Govern espanyol a fer exactament el mateix que estem nosaltres a
Catalunya des de fa dos anys. Per tant, si em permeten, els faria una
reflexió: o les nostres iniciatives i polítiques no són tan dolentes, o
vostès són igual d’incapaços de gestionar que nosaltres. Em sembla
que el que passa és senzillament que vostès no volen entendre el que
realment està passant a Catalunya, i a més a més, segueixen sense
reconèixer l’esforç i la feina feta pel president Mas i els seus
consellers.

Catalunya ha estat i segueix essent líder en molts
aspectes; també en la implantació de polítiques públiques en
l’àmbit de la salut. I ho demostra el fet que vostès no paren de
portar al ple, setmana rere setmana, mocions per dur a terme polítiques
que nosaltres ja hem implantat.

Entre les línies estratègiques del Pla de Salut 2011-2015,
l’atenció als malalts crònics és un dels pilars del sistema
sanitari els propers anys. El Departament de Salut, en col·laboració i de
forma conjunta amb el Departament de Benestar i Família, va crear el
Programa de prevenció i atenció a la cronicitat, amb la voluntat de posar
a l’abast dels ciutadans uns serveis pensats en ells, que els
permetin ocupar la centralitat de l’organització i millorar la seva
qualitat de vida. El text pràcticament és literal. Per tant, el que ens
proposen en aquesta moció és exactament el que ja estem a Catalunya. Em
sembla que podríem arribar a interpretar que vostès copien el model
català o que estan copiant el model basc. La prova pilot del model
d’atenció als pacients crònics complexos, que justament es va dur a
terme a la meva demarcació, Girona, va reduir l’any 2011 en més
d’un 10% els ingressos urgents d’aquests pacients respecte
els de l’any 2010. Per tant, els indicadors demostren que ho estem
fent bé i que el model funciona.

A Catalunya hi ha unes 150 000 persones amb malaltia
crònica avançada i uns 250 000 pacients crònics complexos.
D’aquests, 2000 pacients crònics complexos i 7000 pacients amb
malaltia crònica avançada tenen una atenció més adequada a les seves
necessitats amb el nou model d’atenció que s’ha desenvolupat
en el marc del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat. Però
evidentment, encara podrien ser molts més els beneficiaris
d’aquests programes si vostès dotessin de pressupost les partides
per al seu desplegament corresponent.

En resum, no segueixin criticant sistemàticament i sense
raó el model de gestió —el nostre model de gestió—,
assumeixin que el Govern del president Mas ho està fent bé, i reconeguin
que el que està passant a Catalunya és que una gran majoria de la
ciutadania està cansada del maltractament sistemàtic que els diferents
governs d’Espanya, de PP i PSOE, han dispensat i dispensen a
Catalunya i a la seva gent. I pel que fa als socialistes, espanyols i
catalans —avui no hi ha ningú d’Entesa, i això que els
confesso que m’agradaria—, si us plau, deixin de fer
demagògia i expliquin la veritat. Cada setmana, la senyor Almiñana, i
ahir ho va fer el senyor Tomás Gómez, ens vénen a explicar què i com ho
hauríem de fer. Ens vénen a donar lliçons. Avui suposo que sentirem grans
argumentaris respecte de la cronicitat. Però els haig de dir que, almenys
a Catalunya, aquesta no va ser una prioritat —potser van fer alguns
projectes a nivell territorial— però, evidentment, els malalts
crònics tenen clar quin paper va desenvolupar en aquest sentit el Govern
del tripartit.

El que sí els vull recordar en aquest moment —no hi
ha Entesa, però sí els socialistes espanyols— és la magnífica i
excel·lent gestió que va fer el tripartit, i en aquest cas una consellera

socialista catalana, que era la senyora Geli, també de la
meva demarcació. D’alguna manera, aquests són els indicadors de la
bona gestió que es va fer en aquell moment. Entre el 2003 i el 2007, la
despesa sanitària va créixer un 76,5% a Catalunya. Ens van deixar un
dèficit en sanitat de 1296 milions d’euros, però a més a més, una
despesa compromesa a pagar d’aquí a molts anys —nosaltres
serem gent gran quan els nostres fills encara pagaran— només en
sanitat, de 5189 milions d’euros. Per tant, senyors socialistes,
vostès van estirar molt més el braç que la màniga, i la situació que ens
van deixar era insostenible. Seguir amb el seu model hauria ocasionat el
col·lapse del sistema, i efectivament, ens hem vist obligats, igual com
estan fent a l’executiu del senyor Rajoy, a prendre mesures
estructurals que, de tota manera, ens han permès assegurar la
sostenibilitat del sistema sanitari, continuar garantint l’atenció
sanitària als ciutadans, i a més a més, pagar els interessos del deute
que vostès ens van deixar.

Una de les mesures, efectivament, és l’euro per
recepta, que a vostès els obsessiona d’una manera extraordinària.
Però els recordo que aquesta taxa no té una finalitat recaptatòria sinó
de control de despesa. Volem que els ciutadans facin un ús responsable i
racional dels medicaments. Per tant, els demanaríem que parin ja, que no
continuïn creant confusió i alarmisme. De mitja, està prevista una
recaptació per ciutadà de 13 euros l’any. També és veritat a que la
gent que no pot pagar no se’ls fa pagar. Per tat, aquí no tenim cap
conflicte. A més a més, és rotundament falsa l’afirmació que ahir
feia el seu company, el senyor Tomás Gómez —em sembla que són uns
demagogs i uns oportunistes—, i crec que és inacceptable que
vinguin a aquesta Cambra a dir que paga més qui més malalt està. Els que
més malalts estan són els ingressats en hospitals i aquests no paguen.
Tampoc no es paga la taxa quan els medicaments es dispensen via
ambulatòria o als centres de salut. Per tant, no és veritat. Respecte
dels malalts crònics, és veritat que precisament per evitar que alguns
pacients, com aquests casos crònics, paguin excessivament en taxes i que
la pròpia taxa es converteixi en una barrera per al compliment
terapèutic, hi ha un sostre de 61 euros per pacient i any natural. Per
tant, no facin més demagògia i diguin la veritat. Ja es poden obsessionar
el que vulguin respecte de la taxa farmacèutica, i ja veurem quin serà el
posicionament final del Tribunal Constitucional. Em sembla que és error
intentar vendre un problema que no és, i el que sí quedarà clar avui és
que els pacients crònics entendran que vostès no van fer res i en canvi,
per al nostre Govern, ha estat una prioritat establir com un dels pilars
fonamentals del nostre Pla de Salut el programa de la cronicitat. Per
tant, nosaltres estem fent bé la feina, i vostès reconeguin els errors
que van cometre durant els seus anys de govern.

Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero dirigir mis primeras palabras al Grupo
Parlamentario Popular. Me parece muy interesante la propuesta de su
moción porque creemos firmemente en la necesidad de establecer programas
específicos para atender a los enfermos crónicos, y no solo en beneficio
de los pacientes sino también en beneficio de la sostenibilidad del
sistema sanitario del que disponemos. La prevención y la coordinación
entre departamentos no solo tiene un impacto en la calidad de vida de los
pacientes sino también un impacto directo en cuanto a los recursos
necesarios.

Dejemos claro que las competencias en el ámbito de salud
son exclusivas de la comunidad autónoma, pero nos parece muy acertado que
el Gobierno central ―y en este caso, vía el Sistema Nacional de
Salud― exija a aquellas comunidades autónomas que no se actualizan,
que no innovan y que no mejoran ―es decir, que no
evolucionan― que se pongan las pilas y hagan los deberes que les
corresponden.

La voluntad expresada claramente en la moción, y también en
la intervención del senador, encaja perfectamente con los objetivos de
nuestro Programa de prevención y atención a la cronicidad. Por ese motivo
hemos firmado la transaccional, pero les pedimos, tal y como
solicitábamos en nuestra enmienda, que las propuestas que se definan para
trabajar a nivel estatal sean siempre respetuosas y que tengan en cuenta
aquellos programas y planes de atención crónicos que ya están en
funcionamiento o en proceso de implantación en las comunidades autónomas.

Es una lástima que no acepten la enmienda relativa a los
presupuestos, porque dotar de mayores recursos económicos a estos
programas es la mejor manera de demostrar su compromiso con los enfermos
crónicos.

Ahora bien, dicho esto me parece bastante incoherente
―e incluso me atrevo a calificarlo de impresentable― que
mientras el señor Rajoy se paseaba este fin de semana por Cataluña
haciendo campaña y acusando al presidente Mas de adelantar las elecciones
por su supuesta incapacidad para gobernar, ahora se queden ustedes tan
anchos al traer para la aprobación de este Pleno una moción que insta al
Gobierno español a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo
nosotros en Cataluña desde hace dos años. Por lo tanto, si me lo
permiten, haría una reflexión: o nuestras iniciativas y políticas no son
tan malas o ustedes son igual de incapaces de gestionar que nosotros. Me
parece que lo que sucede es que ustedes, sencillamente no quieren
entender lo que está pasando en Cataluña, y además siguen sin reconocer
el esfuerzo y el trabajo hecho por el presidente Mas y sus
consejeros.

Cataluña ha sido y sigue siendo líder en muchos aspectos
—también en la implantación de políticas públicas en el ámbito de
la salud— y lo demuestra el hecho de que ustedes no dejan de traer,
semana tras semana, al Pleno mociones para llevar a cabo políticas que
nosotros ya hemos implantado.

Entre las líneas estratégicas del Plan de Salud 2011-2015,
la atención a los enfermos crónicos es uno de los pilares del sistema
sanitario de los próximos años. El Departamento de Salud, en colaboración
y de forma conjunta con el Departamento de Bienestar y Familia, creó el
Programa de prevención y atención a la cronicidad, con la voluntad de
poner al alcance de los ciudadanos unos servicios pensados para ellos,
que les permitan ocupar la centralidad de la organización, mejorando su
calidad de vida. El texto es prácticamente literal, por lo tanto lo que
nos proponen en esta moción es exactamente lo que ya estamos haciendo en
Cataluña. Me parece que podríamos llegar a interpretar que ustedes copian
el modelo catalán o que están copiando el modelo vasco. La prueba piloto
del modelo de atención a los pacientes crónicos complejos, que
precisamente se llevó a cabo en mi demarcación, en Girona, redujo en 2011
más de un 10% los ingresos urgentes de estos pacientes con respecto a los
del año 2010; por lo tanto, los indicadores demuestran que lo estamos
haciendo bien y que el modelo funciona.

En Cataluña hay unas 150 000 personas con enfermedad
crónica avanzada y unos 250 000 pacientes crónicos complejos. De estos,
2000 pacientes crónicos complejos y 7000 pacientes con enfermedad crónica
avanzada tienen una atención más adecuada a sus necesidades con el nuevo
modelo de atención que se ha desarrollado en el marco del Programa de
prevención y atención a la cronicidad. Pero, evidentemente, aún podrían
ser muchos más los beneficiarios de estos programas si ustedes dotaran de
presupuesto a las partidas para su correspondiente despliegue.

En resumen, no sigan criticando sistemáticamente y sin
razón el modelo de gestión —nuestro modelo de gestión—,
asuman que el Gobierno del presidente Mas lo está haciendo bien y
reconozcan que lo que está pasando en Cataluña en estos momentos es que
una gran mayoría de la ciudadanía está cansada del maltrato sistemático
que los distintos Gobiernos de España, PP y PSOE, han dispensado y
dispensan a Cataluña y a su gente. Y a los socialistas españoles y
catalanes —hoy no hay nadie de Entesa, y eso que les confieso que
me gustaría que estuvieran—, les digo que, por favor, dejen de
hacer demagogia y expliquen la verdad. Cada semana la señora Almiñana
—y ayer lo hizo el señor Tomás Gómez— nos viene a explicar
qué y cómo deberíamos hacerlo; nos vienen a dar lecciones. En este caso,
supongo que hoy oiremos grandes argumentos respecto a la cronicidad, pero
debo decirles que, al menos en Cataluña, esta no fue una prioridad
—quizá hicimos algunos proyectos a nivel territorial— pero,
evidentemente, los enfermos crónicos tienen claro qué papel desarrolló en
este sentido el Gobierno del tripartito.

Lo que sí les quiero recordar en este momento —no
está Entesa, pero sí los socialistas españoles— es la magnífica y
excelente gestión que hizo el tripartito y, en este caso, la consejera
socialista catalana, la señora Geli, también de mi demarcación; por lo
tanto, de algún modo estos son los indicadores que tenemos de la buena
gestión que se hizo en ese momento. Entre 2003 y 2007 el gasto sanitario
creció un 76,5% en Cataluña; nos dejaron un déficit en Sanidad de 1296
millones de euros; pero, además, un gasto comprometido para pagar de aquí
a muchos años —es decir, nosotros seremos mayores cuando nuestros
hijos aún estén pagando—, un gasto comprometido a pagar solo en
Sanidad de 5189 millones de euros. Por lo tanto, señores socialistas,
ustedes gastaron mucho más de lo que se podía, y la situación que nos
dejaron era insostenible. Seguir su modelo habría ocasionado el colapso
del sistema y, efectivamente, nos hemos visto obligados, igual que está
haciendo el Ejecutivo del señor Rajoy, a tomar medidas estructurales

que, de todas formas, nos han permitido asegurar la
sostenibilidad del sistema sanitario, seguir garantizando la atención
sanitaria a los ciudadanos, pero, además, pagar los intereses de la deuda
que ustedes nos dejaron.

Una de las medidas, efectivamente, es el euro por receta,
que a ustedes les obsesiona de una forma extraordinaria. Pero les
recuerdo que esta tasa no tiene una finalidad de recaudación, sino de
control de gasto. Queremos que los ciudadanos hagan un uso responsable y
racional de los medicamentos. Y, por lo tanto, les pediríamos que paren
ya, que no sigan creando confusión ni alarmismo. De media está prevista
una recaudación por ciudadano de 13 euros al año. También es cierto que a
las personas que no pueden pagar no se les obliga a pagar, por lo tanto,
en ese sentido no hay un conflicto. Y además, es rotundamente falsa la
afirmación que ayer hacía su compañero, el señor Tomás Gómez —me
parece que son unos demagogos y oportunistas—, y creo que es
inaceptable que vengan a esta Cámara a decir que paga más quien más
enfermo está. Los que más enfermos están son los ingresados en hospitales
y estos no pagan. Tampoco se paga la tasa cuando los medicamentos se
dispensan vía ambulatoria o en los centros de salud, por lo tanto, no es
cierto. Y con respecto a los enfermos crónicos, es cierto que
precisamente para evitar que algunos pacientes, como en este caso los
crónicos, paguen excesivamente en tasas y que la propia tasa se convierta
en una barrera para el cumplimiento terapéutico, hay un techo de 61 euros
por paciente y año natural. Por lo tanto, no hagan más demagogia, digan
la verdad. Ya pueden obsesionarse lo que quieran con respecto a la tasa
farmacéutica, y ya veremos cuál va a ser el posicionamiento final del
Tribunal Constitucional. Me parece que es un error intentar vender un
problema que no existe. Y lo que sí va a quedar claro hoy es que los
pacientes crónicos van a entender que ustedes no hicieron nada y, en
cambio, para nosotros fue una prioridad. Para nuestro Gobierno ha sido
una prioridad establecer uno de los pilares fundamentales de nuestro Plan
de Salud con el Programa para la cronicidad. Por lo tanto, nosotros
estamos haciendo bien el trabajo y ustedes reconozcan los errores que
cometieron durante sus años de Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador señor Lertxundi.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Eskerrik asko, presidente
jauna. Egun on senatari guztiak.

Tal como decía el senador Cazalis, algunas cosas buenas ha
hecho el Gobierno socialista en Euskadi, una de ellas es esta. Dice que
pocas, pero ha hecho algunas buenas. Seguramente tocará al Partido
Nacionalista Vasco gobernar el País Vasco con apoyos evidentemente
necesarios. Y espero que una de las cosas en las que insista sea en la
Estrategia de abordaje de enfermedades crónicas, que es probablemente uno
de los elementos en la planificación de la atención sanitaria, en la
prevención y la aplicación de la asistencia, más avanzados que hay en
nuestro país.

Me llamó mucho la atención que el Grupo Parlamentario
Popular presentara esta moción, porque en la moción del día 5 de
noviembre se decía textualmente: Instar al Gobierno a elaborar una
estrategia de abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud.
Me pareció realmente absurdo porque el Gobierno ya lo había abordado. El
Gobierno del Partido Popular había presentado esta estrategia el 16 de
octubre. Menos mal que ustedes han rectificado a tiempo con una
autoenmienda de ayer, día 13, que permite superar algo que en sí mismo
era absurdo. Menos mal, porque al menos esto permite que en el Senado
discutamos de cosas de futuro y no estemos hablando de cosas que no
tienen nada que ver con la realidad, como era la primera moción que
presentó el Partido Popular. Bienvenido a la rectificación para no
deteriorar más la marca Senado, que la gente vea que hablamos de
problemas reales, de problemas prácticos. La enmienda transaccional al
menos permite registrar las cosas desde una perspectiva de futuro. Más
vale un acuerdo básico que un desacuerdo por defectos de forma.

Bien, hablamos de cronicidad, y permítanme que les muestre
las formas de las pirámides de edades. Año 1992 en España: como verán, no
es la copa de un pino, pero casi; el grupo mayoritario de edad está entre
15 y 20 años. Año 2002: como ven, se va haciendo un rombo con pirámide
truncada en la parte posterior. Año 2012: grupo mayoritario de edad,
35-45 años —observen la forma que va tomando la pirámide—.
Proyección a 2050: todos los grupos etarios van a tener más o menos el
mismo componente de población. Es decir, hablamos de un problema muy, muy
serio; hablamos de un problema en el que la pirámide de edades, en su
proyección futura, va a presentar

una población mayor de 85 años con tanta presencia
poblacional como la población entre cero y diez años.

Teniendo esto en cuenta, el Departamento de Sanidad del
Gobierno vasco en junio de 2010 aprueba la Estrategia de abordaje de la
cronicidad. La aprueba, copiando. Como todos los que hacen las cosas
bien, tienen que copiar, no se tienen que inventar muchas cosas. ¿Y dónde
copia? Pues copia en el Chronic Care Model, de Seattle; copia en el
Innovative Care for Chronic Deseases, de la OMS; y copia estableciendo la
pirámide de Kaiser. Se trata de una pirámide triangular: en un lado está
la comunidad; en el otro, la asistencia; y en la base, los pacientes y la
familia. Sobre eso se establece un modelo que plantea en cinco años una
evaluación de resultados de salud, de satisfacción, de calidad de vida de
pacientes y de cuidadores y de sostenibilidad del sistema. ¿Por qué esto?
Pues porque por encima de 18 años, en el País Vasco, en este momento un
33% de la población tiene enfermedades de carácter crónico: la
hipertensión afecta a un 33%; la hipercolesterolemia, a un 7%; la
patología osteoarticular, a un 5%; la diabetes, a un 5%. El asma, las
enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la demencia, la EPOC, que es
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, todo eso se
dispara, obviamente, a partir de los 65 años. Estamos ante un gran
problema de organización de los sistemas de salud. No podemos tratar a
todas las personas con la prioridad de la enfermedad aguda.

Se establecen doce planes de trabajo, y les cuento esto
porque en nuestro país es el planteamiento de estrategia de abordaje de
la cronicidad más avanzado que tenemos, y es el siguiente: primero,
estratificar la población; segundo, intervenir sobre factores de riesgo;
tercero, establecer los autocuidados, lo que se llama el concepto de
paciente activo; cuarto, red de pacientes activados y conectados a través
de la informática, a través de la Web 2.0; la historia clínica unificada,
la atención clínica integrada, los hospitales de subagudos, las
competencias avanzadas de enfermería, la colaboración sociosanitaria, la
financiación y contratación, la receta electrónica y el Centro de
investigación de la cronicidad.

Esto es un planteamiento a cinco años; estamos exactamente
en la mitad, dos años y medio, porque, como digo, esta Estrategia se
aprobó en junio de 2010 —por cierto, la Estrategia de abordaje de
la cronicidad que presentó el ministerio el 16 de octubre, en concreto la
secretaria general de Sanidad, doña Pilar Farjas, copia exactamente, como
tiene que ser, estas propuestas del Gobierno vasco de hace ya dos años y
medio—, y plantea 20 campos de actuación y 101 recomendaciones, con
un periodo de evaluación de cinco años. Por ello, me parece oportuna la
presentación de la enmienda transaccional que permite despejar el
camino.

Simplemente, termino con una recomendación: señores
senadores del Grupo Parlamentario Popular, señores del Gobierno del
Partido Popular, es propio de los genios crear y es propio de los
inteligentes copiar. Espero que copien correctamente de esta
estrategia.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado tiene la
palabra el senador Pérez de Juan.

El señor PÉREZ DE JUAN ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los grupos
por haber apoyado con una enmienda transaccional esta moción, porque va a
redundar lógicamente en beneficio de la atención del paciente crónico
que, como ya he dicho con anterioridad, es el que más recursos consume y
el que más atención precisa por la gravedad de la enfermedad, por la alta
mortalidad, y por el cuidado más estrecho que debe tener.

En cuanto al tema concreto de la moción, tengo que decirle
al senador Lertxundi que esta ya se había presentado con anterioridad al
plan. Por eso tuvimos la precaución o la habilidad —no sé como
definirlo— de cambiar el contenido a través de una autoenmienda, en
el sentido de que, una vez elaborada la estrategia —que lógicamente
ya se había presentado—, se hiciera hincapié en el plan de
implementación, que también es el contenido de la moción. El contenido de
la moción no solo consiste en un abordaje y una estrategia, sino que han
de cumplirse y establecerse unos indicadores para que se lleve a cabo. En
esta Cámara hemos presentado el Plan de Cardiopatía Isquémica, la
implantación de desfibriladores en lugares de mucha aglomeración y el
Plan de Rehabilitación Cardiaca, que yo mismo presenté. Y el plan está
hecho, pero las consecuencias no son aceptables. Sigue existiendo solo un
2% de pacientes que se benefician de la rehabilitación

cardiaca cuando en otros países lo hacen el 90%. Sigue
existiendo un número insuficiente de unidades de ictus. Lo sigue
reclamando la Sociedad Española de Neurología, que recientemente celebró
el Día Mundial del Ictus. Es decir, una cosa es hacer el plan y otra,
lógicamente, es llevarlo a cabo, hacer un seguimiento y unos indicadores
de valoración.

En cuanto a copiar, el Ministerio de Sanidad ha elaborado
un plan en el que ha recogido la aportación de todas las comunidades
autónomas. De ellas, las que tenían un plan que era eficiente y que
funcionaba han recogido esa aportación, con lo cual en ningún caso hemos
desechado lo que está bien hecho; todo lo contrario, se ha recogido esa
información y se ha plasmado en el documento. Como decía la senadora de
CiU, el objetivo es que lo hagan otras comunidades que no lo tengan
desarrollado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Agradezco a todos los grupos que hayan apoyado la
transaccional. Seguiremos pendientes de que la moción se lleve a cabo, de
los indicadores y de los resultados a largo plazo porque va a ser en
beneficio, lógicamente, de todos los pacientes crónicos que —como
hemos dicho— son la mayoría.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Teniendo en cuenta que la propuesta de modificación ha sido
firmada por todos los grupos menos por el Grupo Parlamentario de la
Entesa, ¿se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)

Muchas gracias.

Queda aprobada.

5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS DESAHUCIOS HIPOTECARIOS.

(Núm. exp. 662/000047)

Autor: GPS.

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Para la defensa de
la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el
senador Fernández.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Buenos días, señor presidente.

Señorías, buenos días.

Vivimos una etapa en la que todo el mundo sufre o conoce de
cerca el drama del paro. Hoy también, desgraciadamente, sufrimos o
conocemos de cerca el drama de los desahucios, un drama que desangra a
nuestra sociedad con 526 nuevos desahucios diarios. Hay miles de familias
en situaciones dramáticas sin poder pagar la hipoteca o a punto de dejar
de pagarla, y muchas más que piensan cómo podrán afrontar una situación
de desahucio si las cosas les fueran mal. Hoy ya nadie se siente a salvo
en nuestra sociedad. Y ante tal inseguridad, toda la sociedad, toda, nos
ha mirado y nos ha instado a resolver el problema, a nosotros, a los
políticos, y lo ha hecho instándonos a hacerlo ya.

La crisis está dejando una profunda huella de miedo en
nuestra sociedad. Devolver la confianza a la gente requiere que hagamos
uso del sentido común y que hagamos la política para la que fuimos
elegidos. Hay muchas familias que temen ser desahuciadas en los próximos
meses, que temen que se les saque de su casa, que su familia se vea en la
calle.

En los primeros seis meses de este año la Asociación
Hipotecaria Española ha tasado en 48 213 las ejecuciones hipotecarias que
se han efectuado, un 14,1% más que el año pasado. El crecimiento es
alarmante. Y si el paro es la peor consecuencia de la crisis que estamos
sufriendo, anudado a él, en la mayoría de los casos le acompañan las
ejecuciones hipotecarias.

Señorías, con nuestra legislación, quien pierde su casa
pierde además su dignidad, su futuro, y pone en riesgo también el de su
familia, porque sabe que va a perder su casa y que va a seguir teniendo
que hacer frente a una deuda que teme no poder pagar a lo largo de toda
su vida. Nuestra obligación como políticos es quitar el miedo a la gente,
darle seguridad, no esa falsa confianza propagandística de la campaña del
partido del Gobierno. Cada día la ciudadanía tiene

que sentir más seguridad y lo que hace es perderla por los
recortes en educación y en sanidad, y a eso están añadiendo ya en muchos
casos la preocupación por mantener su vivienda. España es un país porque
tenemos un proyecto común y porque somos capaces de ayudarnos unos a
otros. Si dejamos que impere la ley del más fuerte, la ley del poder
económico, dejaremos de ser un país, nos seguiremos llamando España, pero
con seguridad seremos otra cosa.

La dureza y la prolongación de la crisis están provocando
que el número de desahucios en los últimos años desborde cualquier
cálculo pesimista que hasta no hace mucho tiempo se pudiera hacer. Se ha
pasado de 25 943 ejecuciones hipotecarias en 2007 a 93 636 en 2010, y los
dos primeros trimestres de 2012 suman ya 48 213 procedimientos de
desahucios iniciados, con lo cual este año 2012 probablemente se batirán
todos los récords, y además es de esperar que por la fuerte crecida del
desempleo, los recortes presentes y futuros y las escasas expectativas de
mejora, se provoque un aumento de los embargos en los próximos meses,
muchos de ellos incluso propiciados por los bancos intervenidos por el
Estado.

La tutela reforzada que legalmente tienen los bancos data
de 1909 y se aprobó en unas condiciones que nada tienen que ver con las
actuales. La ejecución hipotecaria es un proceso en el que el deudor
—fíjense, señorías— no puede ni alegar ni oponer, y hay que
reconducir esta situación. Fíjense que tienen más oportunidades de
defenderse de que se valoren cuáles son sus motivos y sus razones quienes
incumplen el pago de una lavadora que quienes incumplen las cuotas de su
vivienda; tiene más posibilidades de defenderse quien compra un
electrodoméstico que quien compra una vivienda, y es evidente que los
bancos también tienen responsabilidad en esta situación por su ligereza y
por la mala praxis que han tenido.

En opinión de mucha gente, también son los causantes de la
generalizada extensión del crédito hipotecario sin valorar las
posibilidades reales del deudor y de la comercialización irresponsable,
cuando no torticera de productos financieros complejos. Los bancos
facilitaron y otorgaron hipotecas a pesar de que sabían que se las daban
a gente que no reunía los requisitos; lo hicieron sobrevalorando la
vivienda. Todos conocemos casos de vecinos, de amigos a los que les
ofrecieron una hipoteca que cubría el cien por cien de la casa, la compra
de los muebles, la compra de los coches y a veces hasta el ridículo,
dándoles el dinero para el viaje de novios también. Los bancos solo
buscaban beneficio y no les preocupaba qué problemas podía tener la gente
en el futuro. No querían hacer hipotecas serias, querían hacer muchas
para empaquetarlas y para hacer negocio con ellas, buscando el beneficio
rápido. Eso es lo que han hecho los bancos de nuestro país.

La intensidad del problema, la crudeza con que se ha
manifestado, ha hecho que resulten claramente insuficientes las reformas
normativas que los sucesivos Gobiernos hemos propuesto. Los desahucios
han acabado llegando a ancianos enfermos que pierden su casa por avalar a
su hijo, a familias que pierden su vivienda por deudas de solo 6000
euros, incluso la desesperación ha llevado en algunos casos a intentar, y
desgraciadamente a conseguir, acabar con sus vidas a algunas personas
antes de abandonar su casa.

Por eso creemos que es urgente afrontar nuevas reformas
normativas, acordes con la gravedad y la profundidad del problema que
estamos describiendo. Señorías, no hagamos una reforma superficial que
nuevamente se revele inútil a medio plazo. La descompensación que hay
entre la tasación en el momento de la compra de la vivienda y la que se
produce en el de la ejecución hipotecaria genera que el deudor, aun
después de perder su vivienda, conserve una deuda que le va a tener
pagando toda la vida y además con unos intereses de demora muy altos. La
pérdida de la vivienda le llevará a la exclusión social y a una especie
de muerte civil que debemos impedir modificando las leyes.

Todo esto hace que la solución al problema que planteaban
los sectores sociales más activos, la dación en pago, también resulte hoy
una medida insuficiente.

De la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos da
cuenta la coincidencia en muy poco tiempo de las voces de alarma, de los
requerimientos para que actuemos, y lo han hecho todos los sectores de la
sociedad, tan dispares como la Plataforma de afectados por las hipotecas,
los jueces, los fiscales, los abogados, los policías, los alcaldes, la
defensora del pueblo, las ONG, muchas organizaciones sociales; toda la
sociedad se está revelando contra leyes que consideran injustas y,
además, señorías, es que es sensato lo que nos están pidiendo que
hagamos; son razonables la mayoría de las propuestas que nos están
lanzando para que modifiquemos las

leyes. Y nos toca a nosotros asumir nuestra
responsabilidad, nuestro compromiso social, que aceptamos cuando nos
presentamos en una candidatura y resultamos elegidos. Tenemos que cambiar
las leyes para hacerlas más justas y más dignas. Esa es nuestra
responsabilidad y lo que la ciudadanía espera de nosotros. (Aplausos.)

La normativa que regula la ejecución hipotecaria es dura.
Hay ejecuciones que estaremos todos de acuerdo en que violentan el
sentido común y la conciencia, sobre todo cuando las hacen bancos que
están recibiendo ayuda del Estado, que al final pagaremos todos los
ciudadanos.

Y si modificamos nuestras leyes por imperativo de normas
europeas, hagamos también nuestra normativa de ejecución hipotecaria
mucho menos dura como la tienen nuestros socios europeos, máxime cuando
aquí se manifiesta con mucha crudeza por nuestra cultura en materia de
vivienda y propiedad inmobiliaria y por la referida mayor dureza de
nuestra normativa hipotecaria, a la que se suman las redacciones de los
contratos hipotecarios que —estarán ustedes de acuerdo
conmigo— resultan incomprensibles en muchos casos e
insoportablemente desequilibrados en cuanto a las obligaciones de los
contrayentes. Los propios jueces han calificado esas condiciones de
excesivas e incluso de leoninas. No es el portavoz del Partido Socialista
el que dice que los ciudadanos están sometidos a cláusulas leoninas,
también lo dicen ya los jueces. Y este procedimiento, además, culmina con
una ejecución hipotecaria extremadamente agresiva, en la que, como he
dicho antes, el deudor tiene muy pocas posibilidades de defenderse.
Incluso la abogada del Tribunal de Justicia europeo consideraba hace unos
días que nuestra legislación sobre desahucios puede vulnerar la Directiva
93/13 de la Unión Europea por no proteger los derechos de los
consumidores y permitir la introducción de cláusulas abusivas que llevan
a la subasta forzosa de viviendas.

Como he dicho antes, los Gobiernos han intentando tomar
medidas. Nosotros lo hicimos en julio de 2011 con un real decreto que
pretendía evitar situaciones abusivas en las ejecuciones hipotecarias. El
Partido Popular lo hizo con un real decreto, hace unos meses, en el que
pretendió la reestructuración de la deuda hipotecaria con medidas
recogidas en un código de buenas prácticas, voluntario para las entidades
financieras, que todos ustedes saben se ha revelado absolutamente inútil
en la práctica.

Las medidas que han adoptado hasta ahora los Gobiernos han
resultado insuficientes para resolver, incluso para paliar la situación,
por tratarse en nuestro caso —las que hizo el Partido
Socialista— de medidas parciales, y por eso pedimos perdón, pero
también reivindicamos el derecho a seguir presentándolas ahora y en el
futuro. Y, por contra, las medidas que adoptó el Partido Popular se han
revelado inútiles porque son muy restrictivas y voluntaristas.

ABC, citando a fuentes gubernamentales, publicaba que solo
se han acogido hasta ahora 568 operaciones a este Código de Buenas
Prácticas y que se han resuelto un número muy bajo. Ya les digo que no
deja de ser papel mojado.

El Partido Socialista no ha dejado de presentar iniciativas
para resolver el problema de los desahucios. La primera que presentamos
en esta nueva legislatura, el 13 de diciembre, el día que se
constituyeron las Cortes, iba en este sentido. Hemos apoyado las que han
presentado otros partidos, y ahora no buscamos ningún protagonismo,
buscamos soluciones, pero soluciones que sean reales y lo más completas
posible, y por eso estamos abiertos a negociar con el Gobierno y con el
resto de las fuerzas políticas, y también por eso hemos presentado una
ley que trata de resolver los problemas derivados de la insolvencia
sobrevenida no dolosa, yendo más allá de la exigencia de permitir la
dación en pago que soluciona solo una parte del problema.

Esta propuesta contiene medidas para evitar el
sobreendeudamiento futuro, y para ello la hemos estructurado en tres
partes. La primera prevé medidas para equilibrar la posición del deudor
con la del acreedor hipotecario respecto a las tasaciones de la vivienda,
los abusos en los procedimientos de subasta y los intereses de demora. La
segunda quiere hacer obligatoria la adhesión al Código de Buenas
Prácticas a aquellas entidades de crédito participadas por el FROB y
contempla medidas para la reestructuración de la deuda, la quita en el
capital pendiente de amortización, la dación en pago y el arrendamiento
de la vivienda objeto de dación. Y la tercera regula un procedimiento
extrajudicial previo al concursal para dar solución al sobreendeudamiento
sobrevenido no doloso de las personas y dispone la imposibilidad de
iniciar la ejecución hipotecaria sobre la vivienda del deudor durante la
sustanciación, tanto del procedimiento extrajudicial como

del concurso de acreedores, extendiendo el sistema de
protección de deudas profesionales a las que no tienen tal carácter,
incluyendo las ya contraídas.

Se trata de una proposición de ley que reforma directamente
cinco normas: la Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil, la de
Regulación del Mercado Hipotecario, la de Disciplina e Intervención de
las Entidades de Crédito y la de Subrogación y Modificación de Préstamos
Hipotecarios, incluyendo los créditos hipotecarios.

Y continuamos presentando iniciativas, la última, una
enmienda al Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del
mercado del alquiler de viviendas para que el nuevo Plan Estatal de
Vivienda contemple programas de alquiler social; para que se potencie un
parque de alquiler social y se impulse la incorporación al mercado de la
vivienda en régimen de alquiler de la procedente del stock de vivienda
nueva sin vender o desocupada y la rehabilitación de inmuebles
desocupados; y para que las viviendas, que como consecuencia de la
ejecución hipotecaria, con un desahucio ya efectuado, hayan pasado a
titularidad de las entidades de crédito y estén participadas por el FROB
y no hayan sido posteriormente enajenadas, se pongan en todo caso a
disposición de este parque de alquiler social.

Y reconociendo que las medidas que se han adoptado hasta
ahora son claramente insuficientes y que el problema no solo ha seguido
creciendo sino que ha ido tomando cada vez tintes más dramáticos,
presentamos hoy esta moción para que el Senado inste al Gobierno a
proponer y apoyar con urgencia medidas que resuelvan el drama social que
se ha planteado y que exige nuevas iniciativas legislativas que tengan en
cuenta el equilibrio entre el deudor y el acreedor; que establezcan que
el valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía no
sea inferior al valor de tasación que sirvió cuando se dio el préstamo;
que se revise el umbral de exclusión; que se rebaje el requisito del
porcentaje para ese umbral de exclusión al 50%, que debe suponer la cuota
hipotecaria sobre los ingresos familiares; que se garantice la
independencia de las sociedades de tasación; que se establezcan medidas
que faciliten la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes
padecen graves dificultades y tengan una segunda oportunidad; que se
regule un procedimiento extrajudicial previo al concursal para dar
solución convencional a la situación de sobreendeudamiento no doloso en
que se encuentra el consumidor por causas sobrevenidas; que se revisen
las normas que regulan el procedimiento a subasta para atajar situaciones
claramente abusivas; que se revise el Real Decreto 6/2012 para que el
deudor, si lo solicita, se pueda quedar cuando haga la dación en pago en
su vivienda con un alquiler bajo, que no supere de renta anual el 2% del
importe total de la deuda.

Señorías, los ciudadanos y ciudadanas nos exigen que
legislemos con sensibilidad y con sentido común, y yo les pido que lo
hagamos y que lo hagamos ya.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Anuncio a la Cámara —lo he hablado con la Mesa—
que utilizaré poco tiempo en el turno de portavoces y lo ampliaré en la
presentación y defensa de esta enmienda.

Señorías, a nadie se le escapa que la moción que hoy
debatimos versa sobre uno de los asuntos con los que la sociedad española
está más sensibilizada; coincido, por tanto, con el senador Fernández en
esta cuestión. Los trágicos acontecimientos de los últimos días así nos
lo plantean.

Por eso, quiero comenzar mi intervención trasladando el
pesar de los senadores de mi grupo, y supongo que el de toda la Cámara, a
las familias de las personas que en Barakaldo, Granada y Las Palmas de
Gran Canaria se han suicidado parece ser que por el problema de los
desahucios. El apoyo inequívoco y la determinación del Grupo
Parlamentario Popular y del Gobierno de España de solventar y atajar este
problema de raíz.

Nos encontramos, señorías, ante un problema social de gran
calado, que tiene su cara más trágica y dramática en esta crisis
económica, como es el que afecta de manera directa a las economías
familiares en primera persona, a las economías más débiles, a las más
endeudas y a las que menos recursos tienen, que afecta de algún modo a
dos de cada tres ciudadanos, a todos

quienes tienen suscrito un crédito hipotecario; en
definitiva, señorías, a toda la sociedad en su conjunto que está viendo
con dolor estos sucesos y que confía en que su Estado social y de derecho
dé solución a este problema. España tiene ese deber como sociedad y
nosotros, señorías, lo tenemos como representantes de los ciudadanos.

No es cierto que este problema se haya incorporado a la
agenda parlamentaria en las últimas semanas. No es cierto. Ni tampoco es
cierto que nazca de la iniciativa de un solo grupo parlamentario, porque
han sido muchas las ocasiones en que lo hemos denunciado y lo hemos
incorporado al debate parlamentario precisamente en esta Cámara. No se
trata –coincido con usted, senador Fernández— de un debate
partidista, pues resultaría insensato y sobre todo cruel acuñar el
copyright de este tipo de iniciativas, más aún si nos ponemos en el lugar
de los afectados. Se trata de un problema que nos toca a todos y ante el
que la clase política debe dar respuesta en su conjunto. Así lo entendió
el Grupo Parlamentario Popular, que en el año 2009, hace tres años,
presentó a debate en esta Cámara una moción que, recordarán sus señorías,
planteaba actuar contra las prácticas abusivas de las entidades de
crédito y de revisión de las cuotas hipotecarias; una moción que ya
advertía de los resquicios de la centenaria legislación hipotecaria del
año 1909 y que se hacía eco de las voces de los consumidores y usuarios
que ya habían denunciado esta situación. Sí, señorías, una moción del
Grupo Parlamentario Popular que denunciaba las cláusulas abusivas de las
entidades financieras, presentada en el año 2009, cuando el presidente
del Gobierno en Nueva York hablaba de que España tenía el sistema
financiero más sólido de la comunidad internacional, y añadía: No se
trata de presumir, sino de constatar la realidad.

Señorías, ¿no existían entonces los abusos de las hipotecas
que ustedes denuncian hoy por primera vez? Usted nos ha acusado de una
campaña falsa por parte del Partido Popular hacia el Gobierno. Ustedes
vendían entonces una España de las oportunidades que no era real. Pero lo
que teníamos lo dijo a los pocos meses el Banco de España en un informe.
El Banco de España, señorías –ojo al dato—, bajo su Gobierno,
respecto a las cláusulas denunciadas al alza o a la baja, es decir, esas
llamadas cláusulas abusivas, decía: No son admisibles como un elemento de
estabilización y no pueden considerarse como tal. También decía el Banco
de España de entonces que respecto a la falta de reciprocidad o
desproporción entre el banco y el cliente, el Banco de España no puede
pronunciarse. Está escrito en un informe del Banco de España. Estas
conclusiones quedaron en entredicho recientemente, cuando la abogada
general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott,
decía que el sistema español era abusivo.

Señorías, todos juntos, como sociedad, tenemos el deber de
rescatar a las familias que pueden quedar en situación de desamparo,
porque son el núcleo mismo de nuestra sociedad y porque España no puede
permitirse el drama irreparable de que caigan en riesgo de exclusión por
no tener ingresos para pagar su hipoteca. ¿Por qué no pueden pagar su
hipoteca, señorías? Esto no ocurre porque no quieran pagar, sino porque
no pueden, porque han perdido su puesto de trabajo, porque no tienen
ingresos. Aquí está la raíz del problema. El paro es la principal causa
de los desahucios por impago en España, el paro que afecta a 5,5 millones
de personas, el que ha dejado sin ingresos a millones de familias en toda
España que ahora no pueden pagar su hipoteca.

Señorías, las familias necesitan, por lo tanto, que unamos
nuestros esfuerzos; que, como decía el presidente del Gobierno,
alcancemos entre todos, principalmente con el partido mayoritario de la
oposición, el acuerdo lo más pronto posible, para tomar nuevas medidas
que amplíen las del Código de Buenas Prácticas, para dar una salida
justa, más equitativa y, sobre todo, de aplicación inmediata, pero, ojo,
que no cree inseguridad jurídica; hemos de velar también por la seguridad
jurídica.

Esta es la intención del Grupo Parlamentario Popular y del
Gobierno de España y para esto le hemos tendido la mano al principal
partido de la oposición. Por eso, basándonos en el diálogo y el consenso,
que es lo que debe guiar nuestro trabajo, hemos presentado la enmienda
que figura en el archivo de la Cámara. Una enmienda que plantea adoptar
medidas urgentes tendentes a paliar los efectos más dolorosos de la
crisis en relación con la vivienda habitual y –ojo— también a
asegurar una moratoria de dos años para los procedimientos de ejecución
en la fase de lanzamiento en el caso de las personas más desfavorecidas;
y también se contempla la ampliación de los límites que marca el Código
de Buenas Prácticas.

Hoy también tiendo la mano al resto de los grupos políticos
de esta Cámara, de ahí la enmienda presentada por mi grupo, que
entendemos ha de ser –está siendo— la base del diálogo con el

grupo mayoritario de esta Cámara. Es la base en la que se
está trabajando con el principal partido de la oposición. Señorías,
soluciones en relación con los desahucios y en consonancia con el derecho
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, que es lo que consagra el
artículo 47 de la Constitución. Soluciones que permitan la
reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen
extraordinarias dificultades para atender a su pago. Soluciones que
flexibilicen la ejecución de la garantía real, sin deteriorar los
elementos fundamentales de la garantía hipotecaria. Soluciones que vayan
encaminadas a que los beneficiarios sean personas que se encuentren en
una situación profesional y patrimonial que les impida hacer frente al
cumplimiento de sus obligaciones hipotecarias y a las elementales
necesidades de subsistencia. Es necesario que se establezcan las cautelas
necesarias para impedir que pueda producirse —ojo al dato— un
acogimiento fraudulento o un abuso de las medidas propuestas. O
soluciones en las que el sector financiero español se implique en el
esfuerzo requerido para aliviar la difícil situación económica y social
de muchas familias.

Se trata, señorías, de medidas enmarcadas en un proceso que
exige una reestructuración viable de la deuda hipotecaria a través de la
aplicación de préstamos a créditos de una carencia en la amortización de
capital y una reducción del tipo de interés durante cuatro años y la
ampliación del plazo total de amortización. En el turno de portavoces
profundizaré en estas cuestiones. ¿Acaso no les parecen medidas concretas
cuando se nos acusa de que no hay medidas concretas?

La moción del año 2009 a la que he hecho referencia fue
aprobada en esta Cámara, cuando denunciábamos prácticas abusivas, por la
Entesa Catalana de Progrés, por el Grupo Popular, por Convergència i
Unió, el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos y el Grupo Mixto. Esto
es lo que consta en el Diario de Sesiones de esta Cámara. Yo pido que en
el día de hoy, cuando se está trabajando en esta materia, se retire la
moción del Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario
Socialista sabe que estamos a punto de llegar a un acuerdo con el
Gobierno, y por lo tanto con el Partido Popular y, en aras de ese
consenso, creo que el sentido común respalda lo que yo estoy pidiendo muy
humildemente en esta tribuna.

Por lo tanto, la postura de mi grupo es clara, también la
del Gobierno. No vamos negar nunca —no lo estamos haciendo ni lo
vamos a hacer— lo que está pasando. Reitero que es urgente rescatar
a las familias sin recursos pero con hipotecas. El objeto es claro. La
voluntad del Gobierno y de mi grupo parlamentario es inequívoca. Los
ciudadanos —coincido con usted, señor Fernández— esperan
mucho de nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Como usted mismo ha indicado, le será descontado el tiempo
excedido del turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Fernández para indicar si
acepta o no la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señorías del Partido Popular, acuerdo sí, pero a
la altura de lo que espera de nosotros España y nuestros conciudadanos.
Acuerdos sí, pero si se ayuda a los bancos se tiene que ayudar primero a
las personas y debemos superar la filosofía de la derecha de la caridad
en manos de los bancos que supone el código de buenas prácticas y que en
boca de los jueces solo se aplica en circunstancias cercanas a la
indigencia. Nada de dejar al voluntarismo el futuro de muchas familias.
Debemos fijar dejar en la ley los límites para salvar la dignidad de la
gente porque esa es nuestra responsabilidad, para la que nos han elegido.
Señorías del Partido Popular, dejen de legislar para que decidan los
bancos. Decidamos nosotros, que para eso nos han votado. (Aplausos.)

Moratoria sí, y Rubalcaba ha mandado cartas a los
responsables de la Asociación Española de la Banca y de la CECA para
pedirles que paralicen todos los procedimientos de desahucio hipotecario
en curso hasta tener una nueva regulación sobre esta materia. Moratoria
sí, pero para cambiar las leyes, para atajar este dramático problema de
todos.

Señorías, los desahucios no son un problema individual, no
son el problema de una familia, son una lacra social, son problemas de
toda la sociedad y por lo tanto es nuestro problema y somos nosotros los
que tendremos que cambiar las leyes. No queremos un parche, ni nosotros
ni

nadie, porque estamos escuchando a toda la sociedad que lo
que pide son cambios legislativos de fondo, de profundidad. Los únicos
que quieren un parche son los bancos y la parte del Gobierno que oiga
mejor por el lado de la derecha económica. Esa es la que nos va a llevar
a un parche y la que impedirá que hagamos lo que la sociedad espera de
nosotros, que es cambiar de fondo las leyes. Con el código de buenas
prácticas, señorías del Partido Popular, ¿cuál es el objetivo de su
enmienda? Modificando el Código de Buenas Practicas, ¿cuál es la ambición
que tienen ustedes? ¿Qué meta se proponen? ¿Doblar o triplicar las 568
operaciones acogidas a este código? ¿Ustedes creen que la sociedad está
para paños calientes, para un Código de Buenas Prácticas que no se cree
nadie?

Señorías, sería una dejación de responsabilidad, una
temeridad por nuestra parte fiar la solución de los desahucios a la
voluntad de los bancos. ¿Cómo vamos a fiar a la voluntad de su compromiso
de buenas prácticas la solución de este problema cuando los que lo han
firmado apenas han hecho uso de él? ¿Nos vamos a fiar de que quienes con
su ligereza y mala praxis han agravado el problema? ¿Lo vamos a fiar a
quienes son los causantes de la generalizada extensión del crédito
hipotecario sin valorar las posibilidades reales del deudor y de la
comercialización irresponsable? ¿A quienes son responsables de una
comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos
financieros complejos? ¿Lo fiaremos a quienes cargaron y cargan las
hipotecas —esto no ha cambiado, señorías— con comisiones
abusivas, con la obligación de contratar seguros, con intereses variables
que tienen a las familias pendientes de si podrán hacer frente en el
futuro a la subida de su cuota, y todo esto para obtener, simple y
llanamente, más beneficios?

Los jueces y los fiscales han denunciado movimientos
especulativos de los bancos y de las cajas en las ejecuciones
hipotecarias, han detectado que retrasan intencionadamente las subastas
de pisos que preceden al desahucio para no engrosar su pasivo en los
balances y a la espera de que las viviendas aumenten su valor, pero
mientras los bancos especulan con sus resultados, los deudores, los
ciudadanos ven aumentar los intereses de demora, que llegan en algunos
casos al 25% anual. También han denunciado que otra argucia de los bancos
consiste en presentar a su propia inmobiliaria para poder adjudicarse la
vivienda por el 50% en lugar de por el 60% que establece la ley en causa
de subasta desierta. No podemos fiar a los bancos la solución de este
problema.

Ayer hablé con una persona, Maribel, también de Granada,
que tiene abierto el proceso de desahucio, y me preguntaba si ella, con
72 000 euros de hipoteca, con 6000 euros que le debe al banco de
principal más 3000 de intereses, siendo una persona separada que en su
día sufrió malos tratos, si solo con esas condiciones es una deudora
desfavorecida de buena fe o ella no pertenece a ese grupo. Eso es lo que
me preguntaba anoche. ¿Creen ustedes que con su enmienda la gente va a
esperar a que sea el banco el que diga si es un deudor de buena fe o no?
Tiene que decirlo la ley, tenemos que ponerlo nosotros en las leyes y
somos nosotros los que tenemos que darles respuestas a los
ciudadanos.

Señorías del Partido Popular, vamos a rechazar su enmienda
porque lo que ustedes pretenden es doblar la dosis cuando de lo que se
trata es de cambiar el tratamiento y afrontar todas las causas de la
enfermedad. Por eso no vamos a aceptar su enmienda.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar quiero hacer una reflexión muy breve. Creo
que este es un problema de todos y me da pena que hoy no podamos llegar
en esta Cámara a un acuerdo. Es verdad lo que decían los intervinientes,
que no es un problema de ahora pero que sí se han apuntado ahora. Yo
estoy en esta Cámara desde el año 2008, desde la legislatura pasada, y ya
entonces presenté una interpelación y una moción, pero no lo hice yo
solo. Diferentes grupos minoritarios de esta Cámara habían presentado
diferentes iniciativas sobre los desahucios, pero poco caso, por no decir
ninguno, nos hicieron en aquel momento en el partido que gobernaba, en el
Partido Socialista. Pero también es verdad que en el mes de febrero de
este año presenté en comisión otra moción

sobre los desahucios para intentar arreglarlos, y también
me dijeron, en este caso el Partido Popular, que eso ya estaba arreglado,
que ya habían modificado el conducto de buenas prácticas con el que se
iba a arreglar el problema, pero tampoco se ha arreglado. Me alegro de
que ahora los dos partidos se reúnan para intentar sacar a este país de
uno de los problemas más graves que hayamos tenido y que tenemos, pero
también me produce tristeza la demagogia que seguimos usando para no
llegar a un acuerdo. Evidentemente, también coincido con lo que ha
manifestado el portavoz socialista. Ha dicho que moratoria sí, que estaba
de acuerdo, pero moratoria también para todas las leyes que haya que
modificar —y no solo la hipotecaria, que es muy compleja—
para terminar con la sangría de los desahucios.

Yo creo que solamente la moratoria no es la solución. Lo
que haríamos sería aplazarla en un año o en dos pero seguiríamos con los
mismos problemas. En cuanto a los casos de máxima gravedad, ¿quién va a
definirlos? Porque si van a ser las entidades bancarias, estaremos en lo
mismo que con la conducta de buenas prácticas puesto que serán esas
entidades las que condenen a quedarse sin vivienda. En aquella propuesta
que yo hice presentamos dación en pago, alquiler social, etcétera, pero
ninguno de los dos partidos mayoritarios lo aceptaron. Hoy en día tampoco
se está hablando de estas dos cosas que creo son fundamentales, y conste
que soy muy consciente de que la Ley hipotecaria es muy compleja y de que
cualquier cambio no solo atañería a su modificación dado que hay un marco
legislativo, también muy complejo, que igualmente deberíamos modificar.
Espero, de verdad, que los dos partidos mayoritarios que ahora se están
reuniendo para intentar solucionar el problema, cosa que me alegra,
contemplen la posibilidad de que la moratoria no es la garantía sino que
tenemos que hacer un trabajo entre todos. Yo me pongo a su disposición
para solucionar uno de los grandes problemas que tenemos. Evidentemente,
votaré a favor de esta moción, aunque más me habría gustado que
hubiésemos llegado a un acuerdo en una moción transaccionada entre todos
los grupos ya que así nos lo está pidiendo la sociedad. No debemos seguir
con eso de más culpable eres tú y más hice yo. Creo que podríamos dejar
aparte todo eso para llegar a un acuerdo entre todos que solucione el
problema tal y como nos están pidiendo los ciudadanos. Con la actitud
actual no solucionamos nada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el
senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Estamos ante una moción que nuestro grupo, lógicamente, va
a apoyar. Entendemos que el Grupo Parlamentario Socialista no acepte la
enmienda de modificación, porque a fin de cuentas lo de la moratoria de
dos años no soluciona el problema de fondo. En cuanto a la ampliación de
los límites fijados en el Código de Buenas Prácticas, es como la
Constitución de Cádiz, en la que se decía: tenemos que ser todos justos y
benéficos, pero a los dos años aquello decayó.

Las últimas noticias que hay en relación con este asunto
espinoso son los cambios en la legislación hipotecaria, principal escollo
del acuerdo entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario Popular. Nosotros creemos que es la clave de una situación
muy dura; el Gobierno asegura tener la voluntad negociadora y mañana
parece que va a abordar este asunto con un real decreto para llegar a un
acuerdo con el Partido Socialista. Bien. Es un tema de opinión pública y
nosotros hemos de decir que nunca la información sobre estos asuntos es
una información neutra. La crisis necesita de este nuevo paradigma
informativo para que la peor consecuencia de la quiebra, los desahucios,
tenga un relato auténtico y su eco derribe la muralla de un modelo
económico que solo reparte pobreza. La historia de los desahucios está
permitiendo a la televisión y a la radio cumplir una función agitadora,
inédita hasta hoy, sin riesgo de servir de espectáculo o motivo de
desbordamiento. Su fuerza es tan poderosa que obligará a la banca y al
Estado a detener los desalojos e impugnar la iniquidad hipotecaria.

¿Qué tienen estas historias que tanto conmueven?
Fundamentalmente, que son historias reales y cercanas con las que todos
nos identificamos; que tienen buenos y malos con perfiles inequívocos;
que encierran verdades y mentiras, como la que nos acusa en plural de
haber vivido por encima de nuestras posibilidades; que tratan de
situaciones extremas que permanecían ocultas bajo apariencia de falso
bienestar; que nos hacen sentir que si nos quitan la casa nos quitan la
vida; que despiertan la épica popular de la rebelión solidaria y que su
final feliz no es

imposible si la corriente de indignación llega al punto de
amenazar el equilibrio del sistema. Nos encontramos pues ante un fenómeno
social extraordinario en el que la narrativa es determinante. A través de
la ventana de la televisión, la radio y los medios de comunicación vemos
cómo familiares, amigos y vecinos son expulsados de sus hogares por los
bancos, apaleados por la policía y rendidos por los jueces hasta el
suicidio. Estas historias son ahora la plaza pública donde se ha reunido
la gente para decir basta y declarar que el desahucio canalla ha
terminado.

Por eso es bueno recordar un artículo de la Constitución
española, concretamente el 47, que dice así: Todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho. Más claro, el caldo de un
viejo asilo. Y digo esto porque, ante el terrible caso de los desahucios,
quienes se están reuniendo en la Moncloa —a veces en el Congreso,
pero fundamentalmente en la Moncloa—, bajo la atenta mirada de la
asociación de la banca, son los dos partidos que se dicen vertebradores
de España. Los que en el pasado emprendimos iniciativas contra esta
sangrante palabra nunca hemos tenido la oportunidad de cambiar de río
abajo una ley injusta de 1906, y lo hemos intentado varias veces. Por
tanto, ante el espectáculo de que la resolución de este drama es a dos
—por lo menos cuando se trata de pactar—, es por lo que en
este examen de conciencia decimos que esta situación tiene culpables con
nombres y apellidos, también a dos. No es la llamada clase política en su
conjunto, sino políticos de carne y hueso los que tuvieron la
responsabilidad de evitar que el agua llegase a la nuca y nunca lo
hicieron por falta de coraje o falta de sensibilidad. No todos los
senadores y diputados del PP son responsables, no todos los diputados y
senadores del Partido Socialista son responsables. Lo son quienes puestos
ahí para resolver problemas y estremecerse ante el dolor humano, no lo
hicieron. Porque ya está bien de la generalización de las
responsabilidades de la llamada clase política.

Nuestro grupo reconoce que el mea culpa entonado por el
secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez
Rubalcaba, ha sido muy importante. No se trata de recrearnos en el
pasado, pero hay que recordar que durante los gobiernos de José Luís
Rodríguez Zapatero ha habido ministros como Mariano Bermejo, Juan
Fernando López Aguilar y Francisco Caamaño que nunca hicieron todo lo
posible para solucionar y quitar la espoleta a esta mina de tiempo.
También hay que decir que durante este año de gobierno del presidente
Rajoy, algo más debería haber hecho el ministro Ruiz-Gallardón para que
la casa de todos los desahuciados dejase de quemarse. Ha hecho falta ver
dramas en televisión y contar suicidios para que estos responsables
traten de ponerse las pilas. No se le puede pedir a una viuda desahuciada
ninguna responsabilidad, y sí a quienes la han tenido para abordar este
espinoso asunto y no lo han hecho. Repito los nombres: Bermejo, López
Aguilar, Caamaño, Gallardón y sus equipos son responsables de esta
situación por acción u omisión. Y son también grandes responsables todos
los miembros del Consejo General del Poder Judicial y todos los grandes
jerifaltes de la Magistratura, que abren grandes años judiciales con
pomposos discursos, organizan seminarios cada dos por tres, jornadas de
reflexión sobre todo y no se enteran de lo que le sucede a su vecino de
al lado. No se han dado cuenta de que esta situación tocaba a su puerta,
solo se limitaban algunos a levantar acta, como si la cosa no fuera con
ellos, sin tener el coraje cívico de decirnos a los partidos que esta
situación era inhumana e iba a estallar, que había que abordarla y
cambiar las leyes oportunas, concretamente esa Ley hipotecaria de 1906.

Bien está que los jueces digan ahora lo que deberían haber
dicho hace dos décadas, pero en este examen de conciencia los jueces
también son responsables. ¿Para qué tenemos un Consejo General del Poder
Judicial tan sordo, tan ciego, tan mudo y con gente como Carlos Dívar al
frente? Son, pues, junto a los ministros, los responsables de la
situación, y nosotros queremos personalizarlos porque ellos se ocupan de
estas cosas o deberían ocuparse preferentemente de ellas, y deberían
haber notado que este año 2012, además del centenario del hundimiento del
Titanic, se celebraba el centenario de una ley, propia de la Inglaterra
de Dickens.

Los radares políticos tienen que existir para esto, para
detectar las anomalías de una sociedad injusta y tratar de solucionar los
problemas, no para organizar grandes eventos que no sirven absolutamente
para nada. Ya sé que se me dirá que la gran culpa es del tiburoneo de la
banca y de sus asambleas supermillonarias jactándose cada año de ganar
más euros que el anterior, y de unas cajas cuya labor social parecía que
era alimentar la corrupción únicamente de sus consejeros y de toda una
política dedicada a engañar a incautos. ¡Pues claro que son responsables!

Seguramente en Navidad los señores Botín, González, Rato y
Goirigolzarri no veían la película anual de James Stewart sobre lo bello
que es vivir. No lo harían porque igual alguna neurona sensible, que
todavía debe de habitar en sus resecos cerebros, les diría que gentes,
seres humanos como ellos, eran víctimas de su codicia. Normalmente cuando
un fumador compra un paquete de cigarrillos ve cómo pone en su exterior
que fumar mata, pero a una pobre familia se le puede engañar cuando no
sabía que lo que estaba firmando un mal día, no solo iba a servir para
que le quitasen la casa, sino que esta la podrían vender al mejor postor
por una cantidad muy inferior a lo que le costó, y que la diferencia
tendría que seguir pagándose como una especie de sentencia carcelaria en
vida. Y en este examen de conciencia que hay que hacer, hay que denunciar
la usura de unos bancos que han incentivado a los ciudadanos para acceder
a la propiedad de una vivienda que nunca sería suya.

¿Y qué hacían los gobiernos para incentivar un parque de
viviendas en alquiler para ciudadanos con escasos recursos? Nada de nada
o muy poquito: cuatro viviendas de protección oficial y el regalo de una
vajilla, y si gana el premio, un fin de semana en Marina d´Or. Por
eso nosotros denunciamos con nombres y apellidos a los responsables de
esta situación que hay que abordar y que esta moción aborda de una
manera, si no total, por lo menos fundamental en el momento que estamos
viviendo.

Nosotros también queremos denunciar una cuestión, que es la
de la retroactividad. Se dice que esto no se va a abordar en ningún
momento. Los partidos políticos tienen la obligación de tener terminales
en la sociedad, en el dolor, en la injusticia, en el abuso para abordar
estos problemas y tratar de solucionarlos. Hoy la política carece de
crédito, y es en parte por esto, porque hay un evidente alejamiento entre
la política y la sociedad y sus necesidades. La mejor campaña de imagen
para los partidos sería lo que hacía un jerifalte egipcio, que por las
noches se disfrazaba e iba por las calles escuchando lo que se decía
sobre él y sobre los problemas que se iban acumulando. Este Senado puede
ser noticia mañana si se aprueba esta moción. Alguno hasta puede decir
que esta institución sirve para abordar temas que le interesan al
ciudadano de una manera mayoritaria en momentos en los que en el Congreso
se aprueban unos presupuestos de garra y que una huelga general europea
paraliza un país aparentemente desahuciado.

El quinto apartado que quisiera abordar es el de cumplir la
penitencia, porque no hay que olvidarse de la retroactividad, ya que otra
cosa sería una gran injusticia ante el gran equívoco que han generado
estos responsables durante estos años. La noticia que nos ilustraba este
día sobre los acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista
no nos daba mucha ilusión de cara al futuro. Se nos dice que hay avances
en cuanto a que haya una moratoria de dos años para las familias más
vulnerables, así como por revisar el umbral de exclusión.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ANASAGATI OLABEAGA: Sí, señor presidente.

Pero en este momento para lograr protección la casa
hipotecada debe ser la residencia habitual de la familia y su valor no
debe superar los 200 000 euros en las grandes ciudades ni los 120 000 en
las poblaciones de menor tamaño. Pero sale por una esquina el secretario
de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, don Fernando Jiménez Latorre,
que nos ha indicado que las medidas para frenar los desahucios no
afectarán al alquiler ni se aplicarán con carácter retroactivo. Ha
precisado que el Ejecutivo trabaja en medidas que afectarán a la primera
vivienda y a un colectivo bien acotado.

Creemos que este es un gran error. En este momento de
crisis hay que abordar la situación de crisis con criterio de crisis y de
generosidad. Sabemos que no se puede hundir un sistema bancario, pero
tampoco —y además lo tenemos que decir con énfasis— se puede
dejar a familias enteras a su albur ni que se vuelvan a repetir escenas
como la que hemos vivido estos días, con suicidios y situaciones límite
en familias que no tienen dónde vivir.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa no hay
intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: President, senyories, en
primer lloc vull dir-los que el Grup Català al Senat de Convergència i
Unió donarà suport a aquesta moció. Ens hagués agradat que PP i PSOE
haguessin arribat a un acord i haguessin transaccionat aquesta moció,
perquè en aquests moments no comprenem que, si hi ha converses per part
del PP i el PSOE, no puguem portar aquí ja aquest acord i que fos una
moció que anés a unes solucions més o menys clares i definitives. Però
repeteixo: en qualsevol cas, nosaltres donarem suport a aquesta moció.
També voldria aprofitar, però, per dir-los quina és la nostra posició,
tant aquí com a Catalunya, respecte d’aquest tema, que ens sembla
d’una gran importància.

Els Governs espanyols, ara amb el PP i abans amb el PSOE,
només han reaccionat davant dels desnonaments quan la situació ha arribat
al límit i hi ha hagut casos dramàtics. Ara, a corre-cuita, a tota
velocitat, estan muntant unes reunions que són positives, però hauria
valgut la pena que això s’hagués fet bastant abans. Avui PP i PSOE
es reuneixen amb urgència perquè —entenem nosaltres— la seva
ineficiència i ineficàcia ha fet que aquest assumpte se’ls hagi
escapat de les mans, i la demanda de solucions s’ha convertit en un
clam social i en un centre d’atenció dels mitjans de
comunicació.

En aquest sentit, com que sóc un senador per Catalunya, els
vull dir que a Catalunya, el Parlament va aprovar el passat mes de
juliol, i per unanimitat de totes les formacions polítiques, una
proposició de llei que s’ha portat i s’ha d’aprovar al
Congrés dels Diputats, sobre l’endeutament familiar i de protecció
davant els procediments d’execució hipotecària de l’habitatge
habitual. També els haig de dir que el Congrés dels Diputats no ha donat
resposta a aquest tema i ens temem que pot tardar set o nou mesos a
tractar aquesta proposició.

Presidente, señorías, en primer lugar quiero decirles que
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió va a
apoyar esta moción. Nos habría gustado que PP y PSOE hubieran llegado a
un acuerdo y la hubieran transaccionado, porque en estos momentos no
entendemos que si hay conversaciones por parte de PP y PSOE no podamos
traer a esta Cámara un acuerdo y que fuera ya una moción dirigida hacia
unas soluciones más o menos claras y definitivas. En cualquier caso,
repito, nosotros la vamos a apoyar, pero también querría aprovechar este
turno para decirles cuál es nuestra posición, tanto aquí como en
Cataluña, con respecto a este tema que nos parece de una gran
importancia.

Los Gobiernos españoles, ahora con el PP y antes con el
PSOE, solo han reaccionado ante los desahucios cuando la situación ha
llegado al límite y ha habido casos dramáticos. Ahora con prisa, a toda
velocidad, se están montando unas reuniones que son positivas pero habría
valido la pena que esto se hubiera hecho mucho antes. Hoy PP y PSOE se
reúnen con urgencia, entendemos nosotros por su ineficiencia y su
ineficacia, con el resultado de que este asunto se les ha escapado de las
manos y la demanda de soluciones se ha convertido en un clamor social y
en un centro de atención de los medios de comunicación.

En este sentido, yo soy un senador por Cataluña y quiero
decirles que en Cataluña el Parlamento aprobó el pasado mes de julio, por
unanimidad de todas las formaciones políticas, una proposición de ley que
se ha llevado, y se tiene que aprobar, al Congreso de los Diputados sobre
el endeudamiento familiar y de protección ante los procedimientos de
ejecución hipotecaria. También tengo que decirles que el Congreso de los
Diputados no ha dado respuesta a este tema y nos tememos que pueda tardar
siete o nueve meses en tratar esta proposición.

Puesto que en el Senado estamos trabajando en el
Reglamento, estoy seguro de que a este tipo de proyectos de ley que
vienen de las comunidades autónomas, y que en el Congreso tardan meses en
ser tratados, en esta Cámara podríamos ser capaces, presidente, de darles
la rapidez imprescindible que necesitan.

Hecho este paréntesis, vuelvo al tema.

Va ser al març del 2011 quan el Parlament de Catalunya va
decidir començar a tramitar aquesta proposta, en veure totes les
formacions polítiques que estàvem davant d’un problema que es podia
anar agreujant i necessitava de solucions i propostes, al marge de qui
tingués les competències.

Aquesta proposta de llei del Parlament de Catalunya al
Congrés dels Diputats estableix mesures per resoldre el sobreendeutament
vinculat a l’adquisició de l’habitatge habitual i per
corregir amb urgència el buit legal amb relació a aquestes situacions.
Recull un seguit de mesures

per evitar el sobreendeutament en la concessió futura de
crèdits hipotecaris, de manera que un jutge pugui suspendre
l’execució hipotecària. Articula procediments extrajudicials, entre
els quals la dació en pagament de l’habitatge, i mesures que
garanteixin la permanència a l’habitatge o la modificació de la
Llei concursal. Regula algunes especialitats del procediment
d’execució hipotecària d’habitatges de protecció pública.
Especifica el tractament fiscal que han de tenir les dacions en pagament
perquè no s’agreugi la situació econòmica dels deutors hipotecaris.
I s’estableixen mesures per fomentar el lloguer i l’atenció a
les persones que han perdut l’habitatge habitual.

Si Catalunya hagués tingut competències plenes en aquestes
qüestions, segur que no s’hauria arribat a la situació actual, ni
el patiment que han passat i passen encara moltes famílies. Hauria estat
possible que des del mes del juliol s’estigués aplicant la llei
sorgida del Parlament i la tramitació de la qual el Congrés ha aturat a
la Cambra espanyola.

Això és que hem fet a Catalunya, però aquí a Madrid, al
Congrés dels Diputats, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, també
fa molt de temps que hi està treballant. Què hem fet aquí a Madrid?
Convergència i Unió va ser el primer grup parlamentari a debatre la
problemàtica dels desnonaments al ple del Congrés dels Diputats. I CiU,
per primer cop al novembre del 2010, a través de la interpel·lació urgent
sobre les mesures del Govern per combatre les conseqüències socials dels
desnonaments, va fer una activitat concreta en aquesta línia. Què hem
proposat a Madrid i què proposem nosaltres? La moratòria dels
desnonaments i les execucions hipotecàries que estan en tràmit; la
introducció de forma obligatòria de la mediació entre les parts abans de
dirimir el conflicte als tribunals; la reforma de la Llei concursal per
adaptar-la a situacions de sobreendeutament de persones físiques. Els
propietaris d’habitatge habitual han de poder quedar exonerats de
l’obligació de satisfer els deutes si concorren les següents
condicions: que la insolvència hagi estat qualificada de fortuïta; que
l’origen de la situació d’insolvència hagi estat el deute
derivat de l’adquisició de l’habitatge habitual; que el
deutor hagi complert el deure de col·laboració amb el jutge, en els
termes de l’article 42 de la Llei concursal; que el deutor no hagi
estat condemnat per sentència ferma per delicte d’insolvència
punible ni es trobi sotmès a cap dels supòsits establerts per
l’article 105 de la Llei concursal; que el deutor no hagi estat
objecte d’exoneració d’altres deutes en el període dels deu
anys anteriors a la resolució judicial; que el deutor no hagi presentat,
amb dol o culpa greu, declaracions incorrectes o incompletes sobre el seu
actiu o sobre el seus creditors. Això és el que hem fet a Catalunya. Això
és el que hem plantejat aquí, al Congrés dels Diputats.

Avui, en aquesta moció, com he dit abans, donem suport a
aquesta iniciativa; però sobretot, el que creiem que és fonamental és que
aquestes reunions que s’estan fent entre el PP i el PSOE permetin
resoldre un tema que en aquests moments està ocupant i preocupant moltes
famílies i que està portant a situacions absolutament extremes. No és
raonable que portem ja dos anys donant voltes a aquest tema.

Res més, moltes gràcies.

Fue en marzo de 2011 cuando el Parlamento de Cataluña
decidió empezar a tramitar esta propuesta, viendo por parte de todas las
formaciones políticas que estábamos ante un problema que se podía ir
agravando y que necesitaba de soluciones y respuestas al margen de quién
tuviera las competencias.

Esta proposición de ley del Parlamento de Cataluña, enviada
al Congreso de los Diputados, establece medidas para resolver el
sobreendeudamiento vinculado a la adquisición de la vivienda habitual y
para corregir con urgencia el vacío legal en relación con esta situación.
Recoge una serie de medidas para evitar el sobreendeudamiento en la
concesión futura de créditos hipotecarios, de forma que un juez pueda
suspender la ejecución hipotecaria. Articula procedimientos
extrajudiciales, entre ellos la dación en pago de la vivienda, y medidas
que garanticen la permanencia en la vivienda o la modificación de la Ley
concursal. Regula algunas especialidades del procedimiento de ejecución
hipotecaria de viviendas de protección pública. Especifica el trato
fiscal que deben tener las daciones en pago para que no se agrave la
situación económica de los deudores hipotecarios. Y se establecen medidas
para fomentar el alquiler y la atención a las personas que han perdido la
vivienda habitual.

Si Cataluña hubiera tenido competencias plenas en estas
cuestiones seguro que no se habría llegado a la situación actual, y el
sufrimiento que han pasado y pasan aún muchas familias podría haberse
evitado si desde el mes de julio se hubiera aplicado la ley surgida del
Parlamento catalán y cuya tramitación ha parado el Congreso.

Esto es lo que se ha hecho en Cataluña, pero también aquí
en Madrid, en el Congreso de los Diputados, hace mucho tiempo que está
trabajando el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. ¿Qué hemos
hecho aquí en Madrid? Convergència i Unió fue el primer grupo
parlamentario en debatir la problemática de los desahucios en el Pleno
del Congreso de los Diputados y CiU, en noviembre de 2010, a través de la
interpelación urgente sobre las medidas del Gobierno para combatir las
consecuencias sociales de los desahucios, planteó una actividad concreta
en esa línea. ¿Qué hemos propuesto en Madrid y qué proponemos nosotros?
La moratoria de los desahucios y ejecuciones hipotecarias que están en
trámite; la introducción de forma obligatoria de la mediación entre las
partes antes de dirimir el conflicto en los tribunales; la reforma de la
Ley concursal para adaptar las situaciones de sobreendeudamiento de
personas físicas y que los propietarios de viviendas habituales puedan
quedar exonerados de la obligación de satisfacer las deudas, si concurren
las siguientes condiciones: que la insolvencia haya sido calificada de
fortuita, que el origen de la situación de insolvencia haya sido la deuda
derivada de la adquisición de la vivienda habitual, que el deudor haya
cumplido el deber de colaboración con el juez en los términos del
articulo 42 de la Ley concursal, que el deudor no haya sido condenado por
sentencia firme por delito de insolvencia punible ni se halle sometido a
ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 105 de la Ley
concursal, que el deudor no haya sido objeto de exoneración de otras
deudas en el período de diez años anteriores a la resolución judicial,
que el deudor no haya presentado con dolo o culpa grave declaraciones
incorrectas o incompletas sobre su activo o sobre sus acreedores. Esto es
lo que hemos hecho en Cataluña, esto es lo que hemos planteado aquí y en
el Congreso de los Diputados.

Y, como he dicho antes, hoy apoyamos esta moción, pero
sobre todo creemos que son fundamentales estas reuniones que se están
manteniendo entre PP y PSOE para resolver un tema que en estos momentos
está ocupando y preocupando a muchas familias, que está llevando a
situaciones absolutamente extremas, y no es razonable que llevemos ya dos
años dando vueltas a este asunto.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vilajoana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fernández.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, presidente.

Señorías, fui alcalde de Chauchina y mientras fui alcalde
dediqué poco tiempo a preocuparme y a preguntarme por qué no habían hecho
antes lo que tocaba hacer en ese momento. Simplemente me arremangué, me
puse a ello e hice todo lo que pude para conseguir que mi pueblo
mejorara. Y ahora, aquí, en el Senado, como parlamentario y representante
de los ciudadanos de España, creo que toca hacer lo mismo.

Está bien reconocer que no hemos hecho todo lo que debíamos
en el tiempo en que debíamos, pero no sigamos con esa conducta,
cambiémosla. Por eso, quiero agradecer a todos los grupos que han
intervenido hasta ahora en el turno de portavoces que vayan a apoyar esta
moción que presenta hoy el Partido Socialista para que se modifiquen
todas las leyes necesarias y que esto no sea un parche. Espero que el
Partido Popular también apoye la moción del Partido Socialista, porque
eso significaría que ustedes van a la negociación con verdadera voluntad
de negociar y de modificar las leyes que haga falta para que la gente en
este país tenga dignidad. Y lo contrario solo sería dar un mal mensaje a
la ciudadanía y trampear la obligación que tenemos como representantes de
los ciudadanos. (Aplausos.) Para eso no cuenten con el PSOE.

Señorías, hoy hablamos de un problema cuantitativamente
enorme. Se estima que, desde el comienzo de la crisis, se han producido
350 000 ejecuciones hipotecarias y que hay pendientes otras 200 000.
Estamos hablando de un problema enorme, pero sobre todo enorme
cualitativamente, porque afecta a un derecho constitucional y lo que para
mí —y para mi grupo— es más importante: a la dignidad de las
personas. Perder la vivienda —lo he dicho antes— por no poder
pagar la hipoteca supone en muchos casos bajar el peldaño definitivo
hacia la exclusión

social y en nuestras manos está poder evitarselo a muchas
familias. Por eso, lo primero que hemos pedido a los bancos es que
suspendan las ejecuciones, que paralicen la sangría de los desahucios
hasta que haya una nueva ley y si podemos paralizarlo legalmente, mejor
todavía, porque así no dependeríamos de voluntarismos. Y hay que
paralizar todos, y no dejar la decisión a voluntarismos ni a una falsa
caridad, y mucho menos dejar la decisión a los banqueros. Si los bancos
reciben dinero del Banco Central Europeo al 0 por ciento de interés y con
tres años de carencia, tienen la obligación de trasladar este tratamiento
a quienes tienen dificultades para pagar su hipoteca; y no es tiempo de
pedirles que lo hagan, es tiempo de obligarles aprobando leyes, que para
eso estamos los representantes de los ciudadanos.

Señorías, saben ustedes que hay miles de pisos vacíos, los
bancos tienen miles de pisos y de viviendas desocupadas. Y yo me
pregunto: ¿Qué sentido tiene que sigan aumentando el número de pisos y
viviendas que atesoran los bancos, como si fueran el tío Gilito, contando
las monedas, a costa de poner a las familias en la calle? ¿Qué sentido
tiene que los bancos sigan quitando las casas a las familias? Queremos
que la gente tenga más tiempo para hacer frente al pago de su deuda y que
puedan quedarse en su casa en concepto de alquiler si optan por la dación
en pago. Eso es lo que quieren los ciudadanos y lo que nos piden; y no
podemos dar como respuesta una negativa.

Yo les propongo hoy aquí que, en lugar de que el Gobierno
cree un banco malo, un banco que compre las viviendas a bajo precio para
luego venderlas, señores del Partido Popular, ¿por qué no afrontan los
problemas de los ciudadanos y creamos un banco bueno que, además, se
quede con pisos y los ponga en alquiler de rentas bajas para que nadie
tenga que verse en la calle por no poder pagar la cuota de la hipoteca?
(Aplausos.)

Tenemos un procedimiento de ejecución hipotecaria injusto,
cada desahucio prácticamente es un drama que lleva a la exclusión social
a una familia. Y, en palabras que han dicho jueces, abogados y fiscales,
el deudor hipotecario tiene menos oportunidades de defensa que si se
tratara de la ejecución de una sentencia; fíjense si es importante que
modifiquemos ya las leyes. Como señalé en mi primera intervención, quien
compra un electrodoméstico tiene más posibilidades de que se escuchen sus
razones que quien compra una casa. Por lo tanto, no podemos demorarnos en
cambiar la legislación.

En este escenario, ante esta situación, el Partido
Socialista ha propuesto aprobar una ley —y la ha registrado en el
Congreso—, y esta moción quiere instar al Gobierno a que apoye esa
ley para que nadie se quede sin casa y en la calle por no poder pagar su
hipoteca como consecuencia de haberse quedado en paro o cualquier otra
causa imprevista y ajena a su voluntad. Hay que establecer nuevas
condiciones para que estas personas puedan hacer frente al pago de su
deuda y tengan más tiempo para pagarla; y, en el caso de la dación en
pago, hay que aprobar alguna medida con el fin de que el ciudadano, la
familia tenga la posibilidad de continuar usando su vivienda familiar
abonando un arrendamiento social.

La propuesta del Partido Socialista intenta abordar todos
los ángulos de este espinoso tema: hacemos propuestas con respecto a las
tasaciones, a las subastas, a los intereses de demora, a la modificación
del Código de Buenas Prácticas, a lo que hemos llamado segunda
oportunidad, para que cuando se desahucie a una familia esta no vea
truncado su futuro permanentemente.

Señorías, no es lo mismo una vivienda que se adquiere para
especular que un hogar, y no es lo mismo perder la segunda residencia que
perder la casa en la que vive tu familia. Por eso hemos presentado una
proposición de ley que defiende la dación en pago y que debe ser
imperativa en determinadas circunstancias. Queremos acordar una fórmula
para que la futura ley pueda utilizarse en los casos en los que el
desahucio ya esté dictado; queremos que la ley tenga efecto retroactivo;
queremos que la ayuda llegue al mayor número posible de personas, que se
aplique a las nuevas hipotecas, que se aplique a las ya firmadas, pero
también a las que estén en ejecución; que nadie se quede sin casa por no
poder pagar una hipoteca en un momento de dificultades sobrevenidas. Hay
personas de buena fe que compraron una casa, que ahora están en paro y
sin ingresos y, por lo tanto, esperan de la política que aportemos
soluciones, y la que propone el Partido Socialista es que los desahucios
se traten con procedimientos negociados para que las familias se puedan
quedar en sus viviendas pagando un alquiler barato en el peor de los
casos.

Señorías, pedimos su apoyo a esta moción para que se
paralicen los desahucios y para que se modifiquen todas las leyes
necesarias. Lo digo una vez más: agradezco a todos los grupos que

han intervenido hasta ahora el apoyo a la moción que
presentamos y espero que el Partido Popular demuestre que quiere negociar
y que está dispuesto a hacer lo necesario modificando las leyes que sean
precisas.

Los ciudadanos de este país necesitan sentir que forman
parte de un proyecto común que quiere dignidad para todos y para todas, y
nosotros tenemos la tarea de demostrarles que eso es lo que queremos para
España.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Sanz.

Señoría, le quedan cinco minutos.

El señor SANZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, senador Fernández, ustedes tienen sensibilidad
solo cuando están en la oposición porque cuando están en el Gobierno sus
políticas fracasan, hacen más pobre a un país, generan cinco millones de
parados, bajan el sueldo a los funcionarios, recortan las
pensiones… Insisto, ustedes solo demuestran sensibilidad cuando
están en la oposición. (Aplausos.) Por tanto, lecciones, las justas;
lecciones, senador Fernández, las justas. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor SANZ PÉREZ: Agradezco al resto de portavoces el
tono de sus intervenciones, la voluntad de buscar acuerdos, y les
felicito porque, es verdad ―hay que reconocerlo―, en los
últimos años ustedes han presentado iniciativas en esta Cámara, al igual
que el Grupo Parlamentario Popular, para solventar el problema. Sin
embargo, el grupo mayoritario entonces, los que gobernaban este país, los
sensibles en la oposición, no quisieron ni ejecutaron ni hicieron nada en
relación con aquellas iniciativas que aprobamos en esta Cámara.

Creo que todos estamos de acuerdo en que los desalojos de
las viviendas a quienes han dejado de pagar la cuota hipotecaria se han
convertido hoy en día en uno de los mayores dramas sociales de nuestro
país. Es un asunto, señorías, señores del Partido Socialista, que saben
muy bien que viene coleando desde hace tiempo y ustedes también saben,
porque lo ha dicho su líder y ha pedido perdón, que no hicieron nada
―ustedes lo saben― y que cuando se presentaron iniciativas en
la Cámara votaron en contra.

Porque, señor Fernández, la sensación de injusticia se
agrava cuando las instituciones financieras también reciben cantidades de
dinero de los contribuyentes para librarse de la bancarrota y yo digo,
como dijimos en el año 2009, que también tienen que poner su parte para
solventar el problema. Todo ello es el perfecto caldo de cultivo
―lo ha demostrado usted aquí― para que el socialismo de
siempre haga populismo y, sobre todo, demagogia. No nos van a encontrar
ahí, señores del Partido Socialista; no nos van a encontrar ahí y solo
les recordaré que el 28 de septiembre de 2009 la mayoría de los grupos
parlamentarios ―salvo ustedes― aprobaron lo siguiente, a
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular: El Senado insta al Gobierno a
actuar contra las prácticas abusivas e injustas de las entidades de
crédito que vienen realizando con sus clientes en relación con la
revisión de la cuota de hipotecas. En dicha iniciativa se incluía una
serie de medidas. A eso votaron ustedes en contra, así que no nos vengan
a dar lecciones de absolutamente nada.

Además, ¿sabe usted lo que importantes dirigentes del
Partido Socialista han dicho hace escasos días respecto a esta cuestión?
El señor Borrell: Ojalá el Gobierno socialista hubiera aprobado algunas
medidas del Partido Popular como la dación en pago, la cancelación de la
deuda o ese Código de Buenas Prácticas. (Aplausos.) El señor Bono: Quiero
lamentar que haya sido un Gobierno popular y no socialista el que haya
bajado los sueldos a los banqueros y haya promovido la dación en pago.
¡El señor Bono, señores del Partido Socialista! (Aplausos.) Por tanto,
lecciones en esta materia, las justas.

Señorías, tenemos ante nosotros la tarea de dar respuesta a
una inquietud ciudadana y, al mismo tiempo, proceder con rigor jurídico y
con la eficacia ejecutiva que requiere un problema de por sí ya muy
complejo.

Ustedes plantean modificar cinco leyes, y saben ustedes que
con algunas de ellas —porque casi hay acuerdo— estamos
conformes. Hay que solventar el problema con la máxima seguridad jurídica
y sin institucionalizar una inseguridad jurídica. Toda medida destinada a
atenuar la crisis de los desahuciados será bienvenida, pero aún más
importante es reordenar la legislación hipotecaria para evitar este tipo
de desahucios. Usted dice: ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar el
Partido Socialista y el Gobierno? Les voy a decir una cosa, señores del
Partido Socialista: vamos a llegar, como mínimo, hasta donde no fue capaz
de llegar el Gobierno socialista y el Partido Socialista. Como mínimo,
hasta ahí; repito, como mínimo hasta ahí. (Aplausos.) A no negar la
realidad de lo que está pasando, a decir la verdad, a tomar la iniciativa
de hacer esto y a tenderles a ustedes y al resto de los grupos la mano.

Somos responsables políticos de nuestros actos, somos
responsables políticos de lo que decimos y, sobre todo, de lo que
hacemos. Pero somos responsables políticos para solventar este problema y
yo estoy convencido de ello. Lo que pasa es que no se va hacer, pero por
bien del consenso se debería retirar esa moción y, más pronto que tarde,
los ciudadanos nos lo agradecerían; y, si no, el Gobierno, sí o sí,
regulará esta cuestión para solventar los problemas a los ciudadanos. (Un
señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Lo veremos!)

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Corresponde someter a votación la moción que acabamos de
debatir. (El señor Camacho Sánchez pide la palabra.)

Tiene la palabra, senador Camacho.

El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Señor presidente, simplemente a
efectos de aclaración, porque se ha comentado una inexactitud en la
intervención del portavoz del Grupo Popular cuando ha hecho referencia a
una iniciativa debatida en esta Cámara en septiembre del año 2009: el
Grupo Socialista no se quedó fuera, esa iniciativa se aprobó por
asentimiento de todos los grupos. (Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado: ¡No!) (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Camacho.

Decía que corresponde someter a votación a continuación la
moción que acabamos de debatir. (El señor Sanz Pérez pide la
palabra.)

Tiene la palabra, senador Sanz.

El señor SANZ PÉREZ: Yo le invito al secretario del Grupo
Parlamentario Socialista a que se lea el Boletín Oficial del Senado de 28
de septiembre de 2009. Le facilito el trabajo: El Pleno del Senado, en su
sesión celebrada el 23 de septiembre, ha aprobado la propuesta de
modificación de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Entesa
Catalana de Progrés, Convergència i Unió, Senadores Nacionalistas y Grupo
Parlamentario Mixto. El texto es el siguiente: El Senado insta al
Gobierno a actuar contra las prácticas abusivas que algunas entidades de
crédito vienen realizando con sus clientes en relación con la revisión de
las cuotas hipotecarias. (Algunos señores senadores del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡La votación!) (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

Señorías, si nos dejamos de efectos retroactivos, que
procuraremos aclarar, yo creo que lo que procede y lo importante son
precisamente los momentos actuales. Por lo tanto, vamos a votar la moción
que se acaba de debatir, si no les molesta.

Procedemos, por tanto, a la votación de la moción del Grupo
Parlamentario Socialista tal y como ha sido presentada, al no haber sido
aceptada la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 225; a favor; 71; en contra, 153; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. PROYECTO DE LEY DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE
ENTIDADES DE CRÉDITO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 24/2012, DE 31 DE
AGOSTO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

(Núm. exp. 621/000016)

El señor presidente da lectura a los puntos 6, 6.1 y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del proyecto de
ley.

Para la presentación del dictamen tiene la palabra el
presidente de la comisión, el senador Atarés, por tiempo de cinco
minutos. (Rumores.)

Senador Atarés, espere un momento.

Señorías, silencio, por favor. Abandonen el hemiciclo en
silencio. (Pausa.) Señorías, por favor, guarden silencio. (Pausa.)

Cuando quiera, senador.

El señor ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Como presidente de la Comisión de Economía y Competitividad
les presento el dictamen de la comisión sobre el Proyecto de Ley de
reestructuración y resolución de entidades de crédito, procedente del
Real Decreto Ley 24/2012, de 31 de agosto. Este proyecto de ley tiene por
objeto regular los procesos de actuación temprana, reestructuración y
resolución de entidades de crédito, así como establecer el régimen
jurídico del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y su marco de
actuación, con la finalidad de proteger la estabilidad del sistema
financiero.

Este proyecto de ley consta de un preámbulo, 74 artículos,
20 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y 22 disposiciones finales y se tramita por el
procedimiento de urgencia.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día
2 de noviembre, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, tramitándose, como decía antes, por el
procedimiento de urgencia. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa
la Presidencia.)

El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 6 de
noviembre del presente año, presentándose un total de 85 enmiendas, de
las cuales se han inadmitido por Acuerdo de la Presidencia del Senado de
8 de noviembre de 2012, ratificado por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de
13 de noviembre, las números 32 a 35, del Grupo Parlamentario Socialista,
y las números 66 a 69, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, por considerar que las mismas se refieren a materias que
carecen de manera evidente y manifiesta de conexión con el objeto del
proyecto de ley que se tramita.

En consecuencia, quedan vivas las siguientes enmiendas: las
números 1 a 16, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes,
del Grupo Parlamentario Mixto; la enmienda número 36, del senador Isidro
Manuel Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números
37 a 41, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas números 51
a 65 y 70 a 85, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya;
enmiendas números 42 a 50, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; y enmiendas números 17 a 31, del Grupo Parlamentario
Socialista.

El pasado lunes, día 12 de noviembre, la Comisión de
Economía y Competitividad se reunió para debatir y dictaminar el citado
proyecto de ley y, tras rechazar las enmiendas, emitió dictamen, aprobado
por 16 votos a favor y 10 en contra, sin modificaciones respecto al texto
remitido por el Congreso de los Diputados.

Finalmente, han presentado votos particulares a este
dictamen los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, y los
Grupos Parlamentarios Mixto, Vasco en el Senado, Entesa pel Progrés de
Catalunya, Catalán en el Senado Convergència i Unió y Socialista.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Antes de proceder al debate de las enmiendas, ¿algún grupo
desea intervenir en el debate de totalidad?

En turno a favor, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, buenos días. Tomo la palabra en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, grupo parlamentario que apoya al Gobierno de
España, para fijar la posición de mi grupo y, en consecuencia, de apoyo
al Gobierno de la nación, de lo que significa y representa el debate ante
el Pleno del Senado del proyecto de ley que formulamos en este momento
ante la Cámara de reestructuración y resolución de entidades de crédito
que, como sus señorías saben, proviene igualmente del Real Decreto Ley
24/2012, de 31 de agosto, bajo el mismo epígrafe de reestructuración y
resolución de entidades de crédito.

Señorías, el objetivo fundamental que persigue este
proyecto de ley es el reforzamiento extraordinario, y al mismo tiempo sin
precedentes, de los mecanismos con que han de contar las distintas y
diversas autoridades públicas para gestionar las situaciones de crisis
que pudieran producirse en las entidades de crédito de España.

Si tuviera que resumir en una serie de puntos básicos lo
que significa y representa este proyecto de ley, permítanme, señorías,
que fundamentalmente haga especial hincapié en cinco puntos que considera
el Grupo Parlamentario Popular, que apoya al Gobierno de España en este
proyecto de ley, como básicos, esenciales, y la columna vertebral del
desarrollo legislativo que se contiene en el citado y mencionado proyecto
de ley. Primera consideración: se trata de establecer un nuevo marco de
gestión en el ámbito de la crisis. Con ello, fundamentalmente, se trata
de dotar al conjunto de los poderes públicos de las herramientas
necesarias para solventar de una manera mucho más efectiva, mucho más
eficaz, lo que debe ser el saneamiento integral del conjunto del sistema
financiero. Segunda consideración: el presente proyecto de ley pretende
modificar el régimen jurídico del FROB, el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria, reforzando sus poderes de intervención en los procesos
de reestructuración y de resolución de las propias entidades de crédito
españolas.

Tercera consideración. El presente proyecto de ley regula
la comercialización futura de productos financieros complejos a
inversores minoristas y para ello establece nuevos mecanismos de
protección del inversor y de mejora de la transparencia fundamentalmente
en el ámbito de su comercialización.

Cuarta consideración. Uno de los puntos más relevantes del
proyecto de ley — el propio ministro de Economía y Competitividad
lo reflejó en el debate en el Congreso de los Diputados— es la
puesta en marcha de un marco regulatorio para la construcción de una
sociedad de gestión de activo.

Quinto y último eslabón que nos parece fundamental en la
cadena que describe el contenido del proyecto de ley: el reparto de los
costes de saneamiento y reestructuración entre el sector público y el
privado. Señorías, una valoración de lo que significa este proyecto de
ley —así lo definió también el propio ministro en el debate del 13
de septiembre de 2012 cuando hablaba de la convalidación del Real Decreto
Ley 24/2012— es nada más y nada menos que es un hito fundamental en
nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro sistema normativo vigente con
el que España fundamentalmente se adelanta a la aplicación de la
directiva para la resolución de las crisis económicas y financieras que
precisamente se encuentran en el ámbito de los procesos, en este caso, de
reestructuración y resolución de entidades de crédito.

Permítanme, señorías, para terminar, que vuelva a insistir,
en este primer turno de la defensa del proyecto de ley, en la idea que
les he mencionado al comienzo de mi intervención. La presencia del Real
Decreto Ley 24/2012, de 31 de agosto, del que emana precisamente el
proyecto de ley que sometemos ahora a la consideración del Pleno de esta
Cámara legislativa, del Pleno del Senado, tiene un objetivo fundamental:
reforzar la autoridad del conjunto de las propias administraciones
públicas en la nada más y nada menos que no solo intervención sino en la
resolución, mediante un sistema financiero solvente, de crisis
financieras y económicas que alcancen al conjunto de las entidades de
crédito españolas.

Por eso, señorías, para mí es un orgullo y una satisfacción
que el Gobierno de España haya remitido ya una tercera norma vinculada a
lo que significa el proceso de reestructuración y de resolución de
entidades de crédito, en diez meses de gobierno, pasando por el Congreso
de los Diputados y pasando por el Senado, apostando por un compromiso
claro de legislatura del presidente del Gobierno de España, el presidente
Rajoy, que es dotar de solidez, dotar de solvencia al sistema financiero
pero, al mismo tiempo, poniendo una extraordinaria sensibilidad
fundamentalmente en las situaciones que se derivan de manera colateral
donde se ven implicadas el conjunto de entidades financieras que a diario
toman decisiones que afectan igualmente al conjunto de los
contribuyentes.

Por estas y por otras razones que indudablemente explicaré
en mis distintas intervenciones, el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado apoyará, como no podía ser de otra manera, el proyecto de ley
remitido por el Gobierno de España a esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Fernández.

En turno en contra tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

Quiero utilizar esta intervención de carácter más general y
no de enmiendas para hacer algunas consideraciones generales. En primer
lugar, voy a decirles lo que ustedes ya saben perfectamente. Hoy,
millones de ciudadanos españoles, portugueses y todos los europeos en
general tratan, cada uno de las maneras que les parecen más convenientes,
de luchar por tener posibilidades de un futuro mejor y una cierta ilusión
en ser capaces de construir ese futuro. Hoy yo quiero aquí manifestar mi
solidaridad y quiero ayudarles a tener un poco de ilusión porque es
posible un futuro mejor. Por eso mi intervención irá también en ese
sentido.

Traigo aquí a colación precisamente la creación de lo que
se ha dado en llamar el banco malo en contraposición al bueno, que se
suele decir, aunque banco bueno parece que no hay ninguno porque el
negocio fundamental está precisamente en dar un servicio que cobran a los
demás. (Aplausos.)

En cualquier caso, quiero plantear una cuestión. La
componente fundamental a la que el Partido Popular hacía referencia
siempre que estaba en la oposición, y también ahora, en cualquier proceso
de recuperación económica es la confianza, y esa confianza obliga a más,
cuando en un caso como este no ha sido nada pactado con la oposición, a
tener aquí presente al ministro de Economía, para intentar convencer a la
oposición de que esto es una necesidad fundamental para el país y que él
está en la posición correcta o al menos escuchar los argumentos de los
demás. La clamorosa ausencia hoy del ministro de Economía en esta sesión,
más la evidente desconsideración no del Partido Socialista, sino de toda
la oposición en una ley que pretende generar confianza en el sistema
financiero español, es el primer gran error del actual Gobierno.

El segundo gran error, y que trae a colación la elaboración
de esta ley, es más evidente para todos ustedes. Recordarán que llevamos
ya algunos decretos sobre la reestructuración del sistema financiero y,
evidentemente, las circunstancias van cambiando, pero para ser
conscientes de la realidad que estamos viviendo, cada vez que se traen a
colación en la situación actual planteamientos del pasado, yo tengo que
decir que la situación ha empeorado radicalmente y que algunas de las
medidas que hoy se tienen que tomar necesariamente, cuando ustedes
critican que no se tomaron, no era necesario tomarlas. Y esta es la
situación, por ejemplo, de la reestructuración del sector financiero.
Cuando se traen a colación algunas afirmaciones relativas a que la banca
española había estado, en general, bien gestionada con alguna excepción,
se estaban refiriendo a un momento diferente, ya que en aquel momento se
trataba de una crisis financiera inducida fundamentalmente por los abusos
de las hipotecas basura, o de los bonos si se quiere, de los productos no
transparentes del sistema financiero norteamericano que se trasladaron a
todo el mundo posteriormente. Pero ahí el sistema financiero español y el
regulador como su responsable directo habían gestionado adecuadamente la
situación. Nosotros no teníamos ese problema y si no hubiera durado los
años que está durando la crisis, seguramente que tampoco a nosotros nos
habría aflorado con esta virulencia la burbuja inmobiliaria que en estos
momentos está pagando y pasando nuestro sistema financiero y con él todos
los ciudadanos españoles y que nos ha llevado a una crisis de la deuda
que ahora tenemos; una crisis de la deuda agravada fundamentalmente

por el comportamiento del Gobierno, porque si es necesario
hoy este acuerdo, no es solo por la inexistencia de instrumentos
suficientes, sino porque ha habido una mala gestión de este en el poco
tiempo que lleva actuando el Gobierno en la resolución de los problemas
del sistema financiero español.

Todos ustedes recuerdan al clamoroso ausente, que dijo que
para solucionar el problema de Bankia hacían falta unos 7000 millones de
euros, grosso modo me parece recordar. Y dio la casualidad, a
continuación, de que el que él mismo había puesto para solucionar ese
problema al frente de Bankia dijo que no, que no eran 7000, que eran
alrededor de 24 000 millones. ¿Qué ha provocado esto? Esto ha provocado,
ni más ni menos, que la resolución del sistema financiero español vaya
camino de transformarse en un coste de 25 000 millones, me parece
recordar que era inicialmente, a 40 000 millones que ya se dice que va a
costar y hasta 100 000 millones que está dispuesto a prestarnos la Unión
Europea.

Esto es producto no de la mala gestión del Gobierno
anterior ni tampoco de la crisis global, sino de la forma que ha
gestionado el actual Gobierno en los pocos meses que lleva haciéndolo.
Esto, si ustedes repasan bien —y lo pueden hacer porque hay
estadísticas de todos los organismos— la evolución de la
desconfianza en el sistema financiero español, verán que después de dejar
claro el ministro de Economía que no controlaba la situación del sistema
financiero porque no sabía las necesidades de recapitalización de
entidades ya intervenidas, esto provocó la escalada en la prima de
riesgo, la salida de capitales y la desconfianza en el sistema financiero
español que hasta entonces no había necesitado para nada de
recapitalización externa. Esta es la realidad, éste es el producto, esta
ley, y el Real Decreto pertinente, de 31 de agosto, me parece recordar,
nada menos, es el que ha provocado la actual falta de credibilidad de un
sistema financiero que no se puede satanizar en su totalidad. Todo lo
contrario. Hay un sistema financiero español que ha estado bien
gestionado, que ha diversificado los riesgos, que ha ampliado sus
posibilidades y que en muchos sentidos ha sido modelo en muchos países al
margen del nuestro también, y todo el mundo sabe que España es poderosa
en los servicios financieros.

Otra cosa es quien haya intentado aprovecharse de la
situación o que haya actuado mal, que los hay y muchos. En el debate de
comisión he tratado de introducir una enmienda transaccional, que ustedes
no me han aceptado, que hace referencia a la dación de cuentas de las
cajas de ahorro que se querían transformar en fundación para intentar
gestionar esas fundaciones especiales, que tienen un patrimonio
importante y que pueden hacer todavía un papel. No han consentido que se
tramitara en el Congreso una enmienda transaccional, repito, que permitía
hacer a cada caja lo que creía conveniente, pero ustedes les han negado
esa posibilidad porque han reducido el tiempo de seis a cinco meses. ¿Por
qué? ¿No quieren ustedes que hable Rato?, ¿que dé cuentas en la Asamblea
de Caja Madrid?, ¿no quieren ustedes pactar la fundación para que todo el
mundo esté representado ahí y pueda haber un mayor control de la
situación? Eso lo podían hacer con mi enmienda porque, insisto, era
transaccional, y a las cajas que quieren dar cuentas de cuál ha sido su
proceso final a sus impositores, a sus trabajadores, a sus entidades
fundadoras, no deberían ustedes prohibirles que lo puedan hacer.

Insisto en que, si el problema fundamental es la confianza,
esa falta de transparencia no genera, precisamente, la confianza
necesaria para sacar adelante el sistema y, con el, las ilusiones y las
esperanzas de toda la gente que está esperando nuestra actuación.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando.

El señor LERMA BLASCO: Termino, señor presidente.

La segunda cuestión, muy importante, es que no han sido
admitidas cuatro enmiendas fundamentales a este proyecto de ley, que
hacían referencia, ni más ni menos, que a la cuestión de los desahucios,
porque, teóricamente y de acuerdo con la Mesa, no tienen nada que ver con
este proyecto de ley. Es evidente que los desahucios tienen mucho que ver
con la crisis de la banca y con su solución, pero la propia resolución de
la Mesa lo deja claro al decir nítidamente que se trata de un proyecto de
ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito para prestar
apoyo por parte de los poderes públicos a la viabilidad de las entidades
de crédito. Si vamos a dar dinero de todos los ciudadanos para salvar a
las entidades de crédito, cómo no les vamos a poner ninguna condición; y
la condición que mi grupo formulaba en las enmiendas es que traten a los

desahuciados más equitativamente, y para eso proponíamos
una serie de reformas en la legislación que considerábamos
indispensables.

Y quiero significar que el Partido Popular, a través de una
ley que va a ser aprobada en esta Cámara y la próxima semana en el
Congreso, hubiera podido resolver rapidísimamente el tema de los
desahucios, aunque fuera mediante alguna enmienda transaccional. No ha
querido.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Lerma.

Turno de portavoces.

Pasamos directamente a la defensa de las enmiendas

En primer lugar, enmiendas números 1 a 16, de los senadores
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente,

Intervengo en calidad de portavoz del Grupo Mixto para
señalar que los senadores Mariscal Cifuentes e Iglesias Fernández, de
Izquierda Unida, están ausentes en el ejercicio de su derecho a la
huelga, y en su nombre doy por defendidas las enmiendas números 1 a 16
que presentaron a este proyecto de ley.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martínez Oblanca.

Continuamos con el Grupo Parlamentario Mixto, precisamente
con la enmienda número 36, presentada por el senador Martínez
Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Culmina hoy en el Senado la tramitación urgente de este
proyecto de ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito,
un proyecto que es el resultado del proceso de reformas tutelado por el
Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario
Internacional, y que fue pactado por el Gobierno español el pasado 10 de
julio, hace solamente cuatro meses.

De los diferentes aspectos que contiene esta ley, Foro de
Asturias ha presentado una enmienda relacionada con la puesta en marcha
de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb), también conocida como banco malo. Nos parece que tal y
como está planteado este proyecto de ley por el Gobierno de Rajoy
supondría, en lo que hace referencia al traspaso de los activos tóxicos
derivados del estallido de la burbuja inmobiliaria y la gran crisis
económica, despreciar a los ciudadanos y empresas que han sido sus
principales víctimas.

Por eso, hemos presentado una enmienda que amplía uno de
los artículos de este proyecto legislativo, el artículo 36, con la
incorporación de un nuevo punto que lleva a su vez tres apartados, todo
ello dentro del capítulo VI, que es el que hace referencia a la Sociedad
de Gestión de Activos.

En esta iniciativa el Gobierno de Rajoy habla mucho a favor
de las entidades de crédito, insiste y persiste en la prestación de apoyo
a la viabilidad de las entidades de crédito pero se relega a los
ciudadanos y empresas que han sufrido y sufren los impactos de esta gran
crisis. Si este proyecto de ley no corrige su articulado sobre el banco
malo, estaremos ante una muestra palmaria de insolidaridad entre
españoles y pondremos un instrumento legislativo al servicio y al
beneficio descarado de unas entidades financieras que se aprovecharán
precisamente de las víctimas principales con nombres y apellidos. Al
banco malo se le van a transferir los activos tóxicos de las entidades de
crédito; serán unos activos muy devaluados, y consideramos que no sería
justo que no se ofreciesen previamente a sus antiguos titulares en las
mismas condiciones devaluadas que se van a transferir a la Sociedad de
Gestión de Activos, Sareb.

Nuestra enmienda da prioridad al titular del activo
devaluado, sea persona física o empresa, para recuperarlo en idénticas
condiciones en las que se va a transferir al banco malo. Hay que
recordar, y de ello se está hablando muchísimo estos días, también en
este trámite, que estos activos tóxicos no son otra cosa que la secuela
del préstamo o de la hipoteca que ha derivado en embargo. Por tanto,
repito, creemos que hay que ofrecer de nuevo al titular de ese préstamo o
de esa hipoteca la posibilidad de recuperar el activo en las condiciones
devaluadas que la entidad de crédito va a transferir al banco malo.

No es razonable que se niegue a los ciudadanos y empresas
esta oportunidad de rescatar los activos devaluados procedentes de la
resolución de contratos de préstamo, de ejecuciones hipotecarias o de
embargos de bienes de los que fueron titulares y que ahora se transfieren
en condiciones muy, muy ventajosas.

Tal y como hicimos constar en la justificación que acompaña
al texto de nuestra enmienda, subrayamos que hay que ofrecer la
oportunidad de rescatar un activo cuyo contrato haya sido resuelto,
ejecutado hipotecariamente o embargado por una entidad de crédito a su
anterior titular, evitando el tratamiento injusto que se produciría dando
condiciones ventajosas de transmisión de dicho activo a una sociedad de
gestión constituida con más del 50% de aportación estatal.

Con nuestra enmienda se obliga además a las entidades
financieras que, previo a la transferencia a la Sareb, al banco malo,
ofrezcan al anterior titular del activo su rescate en idénticas
condiciones de valoración, establecidas en el mismo artículo 36.2, para
la transmisión de activos muy devaluados al banco malo. También
consideramos que el rescate del activo no puede suponer carga extra
alguna para el anterior titular, por lo que proponemos que goce de las
correspondientes exenciones fiscales y de los gastos de tramitación. Hay
que dar a los ciudadanos el mismo tratamiento fiscal por deudas
anteriores a la transmisión en favor de la sociedad de gestión que a la
transmisión que se produjese a un titular anterior, para no hacerles de
peor condición.

En resumen, creemos que el modelo de banco malo planteado
por el Gobierno en este proyecto de ley conserva tras su paso por el
Congreso de los Diputados cosas transcendentes que corregir y este es el
momento de hacerlo, para evitar que la urgencia y la rapidez en el
trámite por las Cortes Generales acabe por avalar un modelo que genera
condiciones de ventaja para la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria. Si no se corrige, esta ley acabaría por
ser perjudicial y dañina para los españoles y para la sociedad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Leanizbarrutia para defender las enmiendas números 37 a 41.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas
gracias, señor presidente.

Buenos días, senadores.

Voy a defender las cinco enmiendas presentadas por nuestro
grupo parlamentario.

Respecto a la filosofía que motiva su presentación, en
cuanto a la enmienda número 37, sin perjuicio de las excepciones que
procedan, con carácter general existe un amplio consenso en el sentido de
que en una proporción abrumadora las participaciones preferentes se han
colocado, a través de la red, entre personas que sencillamente
—todos estamos de acuerdo— no sabían lo que estaban
adquiriendo, o, lo que es peor, a quienes se les explicó un producto de
características distintas al que realmente era.

Nos parece absolutamente injusto, señorías, que se pretenda
igualar el trato de los titulares de estas participaciones preferentes
con el de accionistas de la sociedad o suscriptores institucionales de
otro tipo de los denominados productos híbridos. Es evidente —y
clamoroso— que un accionista sabe que por definición es una
inversión sujeta a riesgo, pero nos parece más evidente aún que un
porcentaje abrumador de quienes suscribieron participaciones preferentes
no sabían, en absoluto, el tipo de producto financiero que estaban
adquiriendo como una inversión de sus escasos recursos, algo
absolutamente deplorable y un abuso de la prevalencia de los bancos y del
sistema financiero respecto de los ciudadanos normales, los
ahorradores.

Respecto de la enmienda 38, se trata de una modificación
que tenía como objetivo, por considerarlo negativo para el interés
público, penalizar la guerra de tipos entre entidades financieras,
produciéndose la circunstancia verdaderamente sorprendente de que entre
quienes participaban de modo destacado en la misma estaban incluso
entidades intervenidas o que contaban con ayudas públicas en ese
momento.

Salvo error, además, nos sorprende que en la disposición
final decimocuarta incluso haya desaparecido la muy modesta compensación
que se contemplaba en algún borrador anterior en el sentido de facultar
al Banco de España para pedir información a las entidades de crédito
sobre depósitos o cuentas a la vista que presenten remuneraciones
superiores a los tipos de interés que el propio Banco de España
determinara.

Según nuestro criterio, levantar la penalización para la
guerra de tipos de interés no parece justificada por interés público
alguno. Lo que sí tenemos claro es que existen intereses privados de
grandes bancos. Luego, con esta enmienda lo único que pretendemos es
neutralizar esa injerencia de los intereses privados para dar fuerza a lo
que significa el interés público, en general.

Finalmente, presentamos otras tres enmiendas. Con la número
39 intentamos modificar el texto en tanto que hemos llegado a la
conclusión de que dejaría de tener aplicación lo que hoy está
perfectamente regulado por la Circular de Solvencia. Porque, en efecto,
en la mencionada circular, mediante una modificación introducida en el
2008, se incluye dicha opción de no tener en cuenta las mencionadas
minusvalías, plenamente justificada teniendo en cuenta que, además de
introducir una volatilidad importante, podría penalizarse la tenencia de
carteras de deuda pública española por parte de las entidades de crédito,
lo que no parece excesivamente congruente en estos momentos.

La enmienda número 40 es de modificación y se presenta en
referencia a la deducción en relación con participaciones en entidades
aseguradoras. Nos parece más razonable mantener la opción que figura en
la norma novena de la Circular 3/2008 del Banco de España como
alternativa a la deducción, previa comunicación al Banco de España,
calculando la misma en vez de sobre el valor de la participación sobre
los requerimientos de recursos propios mínimos exigibles a la empresa o
entidad participada, en la proporción que corresponda según el tamaño de
la participación.

Finalmente, señorías, la enmienda número 41 es de adición y
con ella se pretende reiterar la propuesta en otras ocasiones planteada
de que la provisión genérica compute a efectos de capital principal como
fondos propios con objeto de evitar —con el único e insólito
argumento de que no existe en otras jurisdicciones, no analizando el
concepto— un trato discriminatorio para las entidades de crédito
del Estado español. La provisión genérica es tan cercana a una reserva
que simplemente es una reserva y, como tal, debe ser considerada a todos
los efectos.

Señorías, estas son nuestras enmiendas. Esperamos que
tengan acogida y se vean reflejadas en el texto que salga hoy de esta
Cámara tras la votación.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya. (Pausa.) Decaen las enmiendas 51 a 65 y 70 a
85.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, correspondientes a las números 42 a 50.

Tiene la palabra su portavoz, el señor Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, nuestro grupo entiende que este proyecto de ley
de reestructuración del sistema financiero viene a esta Cámara con un
retraso mínimo de tres años. Volveré a citar que en la anterior
legislatura, en esta Cámara, se creó en el seno de la Comisión de
Economía una ponencia de estudio para plantear propuestas a fin de
resolver la crisis que padecíamos y que seguimos padeciendo. En el
informe final de esta ponencia, que es un documento que tiene mil
páginas, pero me refiero a sus conclusiones, se decía que el primer
objetivo que se debía buscar para resolver la crisis que padecíamos era
resolver la situación del sistema financiero. Ese era el primer objetivo
y fue un acuerdo unánime de todos los representantes de los distintos
grupos de esta Cámara en la ponencia. ¿Por qué? Porque entendíamos que
sin esta recuperación del sistema financiero era imposible que tuviesen
acceso al crédito los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, las
empresas en general y las familias.

No hacer esta restructuración a tiempo, esta
reestructuración del sistema financiero, ha conllevado una desconfianza
tremenda, no solo desde la óptica de la economía interior, de la economía
española, sino también desde la perspectiva de la confianza
internacional. Desconfianza que ha traído consecuencias muy negativas
para la economía española, como son el gran diferencial de la prima de
riesgo de la deuda española con respecto al bono alemán y, también, la
falta de crédito para las empresas, las pequeñas y medianas empresas, los
autónomos y las familias en nuestro país.

Dicho esto, nuestro grupo ha presentado nueve enmiendas,
como bien ha dicho el presidente, de la 42 a la 50, que en estos momentos
doy por defendidas en los términos en que se han planteado. Pero quiero
hacer algunos comentarios sobre algunas enmiendas específicas que
considero importantes.

En primer lugar, cabe citar la enmienda 43, que tiene como
objetivo facilitar la conversión de las participaciones preferentes en
entidades intervenidas por el FROB con dificultades de liquidez en
valores con mayor liquidez por un nominal equivalente al cien por cien
del capital inicial.

Las participaciones preferentes, la deuda subordinada
perpetua y otros instrumentos similares emitidos por entidades de crédito
y sociedades cotizadas están atravesando una época de una importante
restricción de liquidez y en ocasiones de rentabilidad.

En muchos casos estos valores fueron adquiridos por
pequeños inversores y ahorradores que en estos momentos no pueden
realizar su valor o pueden realizarlo por un importe significativamente
inferior a su valor nominal cuando no se han visto privados, por las
condiciones de la emisión, de los rendimientos esperados de los mismos.

Las entidades emisoras de este tipo de instrumentos están
llevando a cabo ofertas de canje por otros con un horizonte de
vencimiento definido, de modo que puedan hacerse líquidos mediante su
enajenación en mercados organizados o mediante su amortización a su
vencimiento.

La nueva disposición adicional que proponemos tiene como
objetivo regular este tipo de alternativas estableciendo la obligación de
ofrecer este tipo de soluciones para las entidades de crédito o cotizadas
que hayan recibido ayudas públicas y que estén participadas por el FROB
y, asimismo, sin prejuzgar la fórmula concreta de ofrecimiento de
liquidez.

También presentamos otra enmienda que nos parece muy
significativa, la 44, donde decimos que dado que el periodo de
comercialización de los activos aportados a las sociedades para la
gestión de activos es forzosamente de medio y largo plazo, una parte de
los mismos deberá restar inmovilizado. En el caso de viviendas
construidas, ello coincide en el tiempo y por efectos de la propia crisis
con un aumento de las demandas sociales que reciben las comunidades
autónomas y los municipios en materia de vivienda, por lo que parece
oportuno que en el propio proceso de comercialización de activos que se
efectúe a través de las sociedades de gestión se contemple la consecución
del objetivo de que dichas sociedades contribuyan a paliar el problema
social de la vivienda que padecen las administraciones territoriales para
casos de extrema necesidad.

Finalmente, con la 45 pretendemos que dada la incidencia
territorial que tienen muchas de las entidades intervenidas, se considera
necesario que las autoridades correspondientes de la comunidad autónoma
donde la entidad tiene fijado su domicilio tengan la oportunidad de
participar de forma activa en todo el proceso de intervención,
respetándose en todo caso siempre las competencias que tengan sobre la
materia permitiendo la tutela y seguimiento para el resto de los casos
dada la importancia que un proceso de reestructuración puede tener para
el territorio afectado.

Y ahora sí, de verdad, en último lugar, la 46, entendemos
que corresponde al Gobierno garantizar que una parte de los recursos
aportados por el FROB a las entidades financieras reviertan en flujo de
crédito a las pequeñas y medianas empresas, y por ello se propone que el
Gobierno adopte las medidas normativas que correspondan con el fin de
garantizar dicho objetivo. Una de las medidas a adoptar puede ser la de
aplicar un coeficiente de crédito o depósito vinculado a las ayudas
percibidas por esta entidad.

Señorías, entendemos que es imprescindible que esta ley,
una vez aprobada, permita que el sistema financiero recupere la
credibilidad internacional y a nivel de los ciudadanos de este país y que
el crédito vuelva a las familias, a los pequeños empresarios, a los
autónomos, a las pequeñas y medianas empresas y repito, entendemos que la
prioridad absoluta para intentar salir de la situación que tenemos es
resolver esta situación financiera. Si no conseguimos restituir esa
confianza en el sistema financiero español tanto a nivel interno como
externo, la salida de la crisis va a ser muy compleja y este asunto que,
repito, entendemos que hemos afrontado tarde, debemos afrontarlo ya de
una forma contundente y por este motivo nosotros apoyaremos la aprobación
de esta ley.

Muchas gracias presidente, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Vilajoana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
las enmiendas números 17 a 31, tiene la palabra el senador señor Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, presidente.

Como este debate está discurriendo con mucha brevedad, y
puesto que en realidad se trata de enmiendas técnicas, voy a enunciar
brevemente en qué consisten nuestras enmiendas, de las números 17 a 31,
que son las admitidas a trámite.

En primer lugar, quiero recordar que se trata
fundamentalmente de varios grados de intervención que fija la ley
respecto de las entidades financieras, pero en ninguna de las cuestiones
en que se hace referencia a la intervención en esta ley se hace mención a
la información a las Cámaras. Por tanto, razonablemente —y también
el Grupo Popular en este caso lo debería haber apoyado—, se pide
que se informe a las Cámaras de los motivos y las actuaciones que lleven
a actuar sobre una entidad financiera determinada en uno u otro sentido.

En segundo lugar, las enmiendas hacen referencia a defender
el dinero de los contribuyentes, concretamente a que cueste lo menos
posible la intervención pública, el apoyo a las entidades financieras, y,
si puede ser, que sea reintegrable totalmente. Por tanto, a fijar esas
condiciones para hacer posible el reintegro del apoyo público a los
bancos cuando estos queden saneados completamente y la venta de activos
consiguiente es a lo que hemos dedicado algunas de las enmiendas que
hemos presentado.

En tercer lugar, un problema fundamental que ya hemos
discutido ha sido el de los desahucios, que en este caso no se ha
considerado oportuno que pasara a discusión, aunque insisto en que en el
Congreso sí pasaron a discusión estas medidas.

Pero hay otro problema muy importante, latente en la
sociedad española, y que solo de manera discrecional se está llevando a
cabo por parte de algunas entidades financieras para defender su imagen.
Es el problema fundamental de las participaciones preferentes que fueron
colocadas a inversores privados pensando que se trataba básicamente de
depósitos a plazo y que no corrían ningún riesgo, por tanto, a la hora de
defender sus ahorros. Esta situación, digo, se está intentando solucionar
de manera amistosa y para defender la imagen de algunas entidades
financieras, pero, en todo caso, precisamente esta ley es la que podría
haber solucionado el problema —y creo que nuestras enmiendas,
fundamentalmente en el caso de los minoristas— y garantizar también
que no pueda ocurrir en el futuro esa situación. Una parte de eso sí se
cumple, y la otra, obviamente, no lo suficientemente en nuestra opinión.
Por eso hemos presentado también alguna enmienda a este respecto.

Y hay otra enmienda. Parece que, como leía en la moción
anterior el portavoz del Grupo Popular, algún ilustre socialista había
defendido que el PP sí había regulado esa actuación. Se trataba
fundamentalmente de regular las remuneraciones de los altos cargos o los
directivos de las entidades financieras intervenidas. Pues ahora resulta
que la regulación, al menos a nosotros, no nos parece suficiente. Y
aunque se aprobó una enmienda transaccional con no más que el compromiso
de presentar un informe, nosotros hemos vuelto a presentar aquí esta
enmienda porque entendemos que es necesario que el Parlamento, al que se
le va a responsabilizar después de la situación por parte de los
ciudadanos, diga concretamente hasta cuánto puede pagarse por una
dirección determinada de una entidad financiera intervenida. Y, en
nuestra opinión, no debería ir mucho más allá de la retribución de un
funcionario de esa cualificación, lo que en nuestro caso concreto
significa una remuneración ya bastante considerable para los funcionarios
normales, que es de 150 000 euros al año para los cargos directivos de la
banca y de 40 000 para los consejeros. Y parece que esto al Partido
Popular no le parece suficiente; de hecho, el Partido Popular ya lo
modificó en su día. Para que ustedes lo sepan —parece que esa
situación es poco conocida—, el límite de retribución fijado aquí
en este caso es de 500 000 euros, lo que para una entidad a la que se le
va a pagar el sueldo con el dinero de los ciudadanos parece una cantidad
excesiva, pienso yo. Y espero que el Partido Popular recapacite.

Por último, nos hubiera gustado haber podido discutir las
enmiendas que no han sido aceptadas, lo que yo creo que era una condición
sine qua non para poder comprometer a los ciudadanos en el dinero público
del rescate a la banca, puesto que de rescate se trata, al menos en las
ayudas que ya han sido aportadas y en algo que no ha sido aportado
todavía. Eso quiere decir que no sería tan grave nuestra situación cuando
las ayudas aprobadas por Bruselas ni están y sí se las espera. En
cualquier caso, es evidente que, de momento al menos, no parece que esté
en quiebra el sistema financiero español. Por tanto, creo que fue una
sobreactuación de los mercados y que deberíamos volver, recuperando la
confianza, a una situación normal, que es la

de que el sistema financiero español, probablemente con
nuestros propios recursos, podría haber salido de la situación si no
hubiera habido ese estrés financiero, para entendernos.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.
Gracias, senador Lerma.

Pasamos al turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, me corresponde en este turno posicionar al Grupo
Parlamentario Popular acerca de las enmiendas que se han planteado, no
sin antes hacer algunas consideraciones que han sido introducidas en el
debate fundamentalmente por el Partido Socialista y por el señor
Lerma.

Señor Lerma, se ha referido usted hoy a que España vive la
segunda huelga general desde que el Gobierno del Partido Popular, desde
que mi formación política en España ganó legítima y democráticamente las
elecciones generales el 20 de noviembre del año pasado. Permítame que les
recuerde a su señoría y al Partido Socialista lo que el 20 de septiembre
de 2010 dijo el entonces líder de la oposición, hoy presidente del
Gobierno de España. Rajoy dijo no a la huelga general en septiembre de
2010, que iba contra el presidente entonces del Gobierno de España, el
señor Rodríguez Zapatero, porque no era el camino para iniciar la
recuperación y el fortalecimiento de la nación española.

Hoy, 14 de noviembre del 2012, el Partido Socialista hace
un vídeo, se coloca detrás de la pancarta y va contra el Gobierno de
España. Por cierto, un vídeo donde esconden el logo del Partido
Socialista y donde incluso una mujer sale diciendo que perdió su empleo
hace dos años. Efectivamente, con el PSOE y con Zapatero gobernando
España. (Aplausos.) Pero es que usted además ha cometido un lapsus, y yo
creo que probablemente no lo pensaría; pero yo sí se lo voy a recordar
hoy aquí. Usted hoy puede hablar aquí porque, efectivamente, la
democracia en España no se para en un día de huelga general. ¿Sabe usted
lo que ha hecho el presidente del Partido Socialista y presidente de la
Junta de Andalucía? Que los cincuenta diputados del Partido Popular en
Andalucía no puedan hablar esta tarde en el Parlamento de Andalucía,
sumando una institución a la huelga general al servicio del partido. Esa
es la diferencia entre lo que ustedes dicen en esta tribuna pero después
predican en las instituciones. La democracia no se para, como tampoco se
tenía que haber parado en el Parlamento de Andalucía para que se siga
trabajando por los intereses de nuestra tierra. (Aplausos.) Por cierto,
quiero recordarle que el presidente de su partido y presidente de la
Junta el 20 de septiembre de 2010 no paró el Parlamento de Andalucía.
(Rumores.)

Señor Lerma, usted se ha referido al tema de los
desahucios. Yo soy alcalde, y aquí hay muchos alcaldes, y usted ha sido
presidente de una comunidad autónoma muy importante en el conjunto de la
nación española, como es Valencia. Y creo que probablemente usted
compartirá la afirmación que le voy a hacer en este momento: si hay algún
cargo público que pone rostro, que pone nombre y apellidos a esta crisis
y también a los desahucios somos los alcaldes y alcaldesas de España. Por
eso voy a pedirle que cuando se refiera a este asunto lo haga con
honestidad política —con honestidad política, repito—
reconociendo, como ha hecho el señor Rubalcaba, que el Partido Socialista
no hizo todo lo que debió en su momento para parar los desahucios. Y
sobre todo algo importante: no jueguen ustedes con un doble lenguaje y
díganle la verdad a la gente.

He recuperado de la hemeroteca una declaración de la
ministra de Vivienda, la señora Chacón. Son unas declaraciones que hizo
en el Pleno del Senado el 21 de noviembre de 2007. Dice textualmente lo
siguiente: Chacón dice que Madrid tendrá desde 2008 seis juzgados para
agilizar desahucios. Señor Lerma, su ministra de Vivienda, en el Senado
de España, en noviembre de 2007, anunció seis juzgados más para agilizar
los desahucios en Madrid. Es más, ¿sabe usted lo que dijo —y voy a
seguir leyendo, como me sugiere el senador Camacho−?: Chacón
justificó la localización en Madrid de más del 50% de los juzgados
especializados previstos por ser esta la comunidad donde más se demoran
estos procesos. Y este anuncio lo hizo en el Senado; los socialistas
poniendo más juzgados para desahuciar a las personas que no podían pagar
su hipoteca.

Pero, senador Camacho, no se preocupe usted, porque esto es
como todo en la vida. Día 29 de marzo de 2011. (El señor Camacho Sánchez:
Si lo peor es mentir.) Yo no miento, yo estoy

citando fuentes como la que voy a citar a continuación.
Zapatero y Rubalcaba, Rubalcaba y Zapatero. Exactamente la misma fuente
que voy a citar a continuación. Martes, 29 de marzo de 2011. Zapatero
rechaza que la entrega de la casa sirva para saldar la hipoteca. Esto lo
dijo en sede parlamentaria el entonces presidente del Gobierno de España.
Pero, ojo, señoría, llamo su atención: de enero de 2007 a septiembre de
2010 se ejecutaron 258 000 desahucios. ¿Dónde estaba el Partido
Socialista? ¿Dónde estaba entonces el Partido Socialista? (Aplausos.)
Vamos a tener un mínimo de honestidad política y vamos a reconocer los
errores. El señor Rubalcaba ha dicho públicamente que no se hizo todo lo
que se debió. Es verdad. Él estaba sentado aquí, junto a Zapatero,
diciendo que no a la dación en pago y soportando 257 000 desahucios. Eso
lleva la marca y la seña del Partido Socialista Obrero Español.

Por cierto, algo que me parece importante, señor Lerma, y
yo también le atribuyo experiencia parlamentaria: yo no voy a entrar
nunca a cuestionar una decisión que se origine por un órgano colegiado,
como es la Mesa del Senado, o por un órgano unipersonal, como es la
Presidencia de esta Mesa. Yo he padecido en el Parlamento de Andalucía la
inadmisión a trámite de muchas enmiendas sobre proyectos de ley, y al
final he ido a debatir el proyecto de ley. Y no voy a entrar a cuestionar
ni la decisión de la Mesa del Senado ni mucho menos lo que significa,
evidentemente, la decisión de un órgano unipersonal, como es la
Presidencia con su carácter resolutorio.

Voy a las enmiendas. Y voy a posicionar a mi grupo, en el
tiempo que me resta, sobre el contenido de las enmiendas que han quedado
vivas en el debate de este Pleno, con la única finalidad de poner encima
de la mesa —siempre y cuando el tiempo me lo permita— una
contestación individual a cada una de ellas.

Empiezo por las enmiendas formuladas por el Grupo
Parlamentario Mixto. Una de las enmiendas que ustedes formulan lo es al
artículo 28.6, con la que fundamentalmente se pretende dar prioridad al
cobro concretamente de los instrumentos de apoyo que facilita el Fondo de
Reestructuración de Ordenación Bancaria.

El Gobierno y mi grupo parlamentario entienden que esta
enmienda debe ser rechazada fundamentalmente porque en el apartado sexto
del artículo 28 ya se le concede al Fondo de Reestructuración de
Ordenación Bancaria concretamente el carácter de créditos con privilegios
especiales en el conjunto del propio texto normativo, de forma y manera
que a efectos de la Ley Concursal ya tienen precisamente la naturaleza de
privilegio especial.

Formula también el Grupo Parlamentario Mixto una enmienda a
la disposición adicional séptima, cuarta, que en nuestra opinión no
procede en la medida en que se produciría un proceso de desincentivación
sustancialmente a la entrada en este caso de nuevos inversores; de forma
y manera que si se desincentiva por una parte, al final la entrada de
nuevas entidades nos llevaría a un proceso sustancialmente más costoso en
el ámbito de la reestructuración del conjunto del sistema financiero. Es
más, ese es el motivo por el que el contenido del proyecto de ley prevé
la constitución de una Sociedad de Gestión de Activos.

Plantea también el Grupo Parlamentario Mixto una enmienda a
la disposición adicional séptima, apartado sexto, con la que, en nuestra
opinión, se centraría fundamentalmente la entrada a nuevos inversores.
Además, lo que significa el SAREB, o banco malo, llamado en términos
coloquiales, se convertiría desde ese punto de vista en un organismo
público a efectos concretamente del déficit público, con lo que toda
pérdida originada en ese momento por la propia sociedad se transformaría
en déficit del sector público, poniendo en riesgo, fundamentalmente en
este caso, lo que significaría el equilibrio presupuestario.

Presentan ustedes también una enmienda a la disposición
adicional séptima, apartado séptimo bis, con la que, en nuestra opinión,
el objetivo planteado podría entrar en contraposición entre los objetivos
del SAREB —es decir, del propio banco malo— y el marco de
reestructuración y resolución que se realiza, en este caso, además, con
el coste mínimo para el conjunto de los contribuyentes.

Proponen una enmienda a la disposición adicional
decimotercera, donde se propone prohibir la comercialización de
determinados productos a inversores no profesionales. En ese sentido,
señoría, debo indicarle que el real decreto ley ya prevé una serie de
medidas tendentes a garantizar la protección al inversor. En concreto, la
disposición adicional decimotercera introduce garantías adicionales a la
comercialización a inversores minoristas de participaciones preferentes,
deuda convertible y financiaciones subordinadas computables con recursos
propios. Es más, conoce y

sabe su señoría que hay la exigencia de un tramo
exclusivamente dirigido, como mínimo cincuenta inversores profesionales y
al menos el 50% de lo que significa y representa su emisión, y un valor
unitario mínimo de 100 000 euros en las emisiones de sociedades cotizadas
y de 25 000 euros para aquellas sociedades cuya naturaleza no sea
cotizable.

Plantea también el Grupo Parlamentario Mixto una enmienda
de disposición adicional nueva, en virtud de la cual se pretende que las
operaciones de canje de preferentes sean supervisadas por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y que se hagan al cien por cien del valor
nominal y por imposiciones a plazo fijo. He de decirle que estas
operaciones ya se supervisan por la CNMV, y lo que se propone no es
posible fundamentalmente porque vulneraría la normativa comunitaria
respecto del concepto de ayudas públicas de Estado.

También el Grupo Parlamentario Mixto plantea en ese sentido
una nueva disposición adicional, donde se propone que los dividendos del
FROB obtenidos en la participación en bancos que tuvieron su origen en
cajas de ahorro, en el ámbito de lo que significa la obra social, sean
precisamente reinvertidas en estas. He de decirles, señorías, que las
aportaciones del FROB son de procedencia pública; mediante los dividendos
del FROB, del Fondo de Reestructuación de Ordenación Bancaria, se
obtienen ingresos que permiten, entre otros, hacer frente a las
obligaciones derivadas de la emisión de su propia deuda, y con ello, en
definitiva, se trata de minimizar el coste que pueda tener desde el punto
de vista de las arcas públicas a la reestructuración del sector
financiero.

El Grupo Parlamentario Vasco plantea una serie de
enmiendas. Me voy a referir a algunas de ellas, fundamentalmente, a las
que hacen referencia al memorándum, en este caso, del ámbito de la Unión
Europea, en la medida en que es el contenido esencial de las enmiendas
que ustedes plantean en el ámbito de este proyecto de ley.

En concreto, presentan una, la relativa a la disposición
final séptima, donde se pretende eliminar una deducción de los saldos
deudores de las cuentas de patrimonio neto a efectos de cómputo del
capital principal en el conjunto de las entidades de crédito. En ese
sentido, he de decirle que la definición que marca el proyecto de ley
responde a la obligación de adaptar la definición de capital principal a
la de la Autoridad Bancaria Europea, que es lo que establece el
memorándum europeo, concretamente, el MOU. Por lo tanto, no es posible
aceptar esa enmienda.

También establecen ustedes una disposición final séptima
donde se pretende incluir la provisión genérica a las entidades de
crédito como capital principal. He de decirles que, en nuestra opinión,
no es posible tomar como punto de referencia la naturaleza de esa
operación, porque, simple y llanamente, es evidente que ya está dentro
del concepto de capital principal elaborado por la autoridad monetaria en
el ámbito de la Unión Europea.

Y ustedes plantean también suprimir la derogación de los
límites a la guerra de depósitos en una de las enmiendas que formulan. He
de decirles que la eliminación de dichos límites responde,
fundamentalmente, a la necesidad de eliminar los incentivos
distorsionados a comercializar productos que no estén cubiertos por el
FGD, por el propio Fondo de Garantía de Depósitos, y que no están, por
tanto, sujetos en ese sentido a contribución y menos, concretamente,
líquidos o transparentes para el conjunto del sector.

Convergència i Unió ha presentado algunas enmiendas y me
voy a referir a algunas de ellas, en concreto, a la que plantea, sin ir
más lejos, una disposición adicional nueva, que propone que una parte de
las viviendas que las entidades de crédito hayan aportado, en este caso,
a la Sociedad de Gestión de Activos, al mismo tiempo sean transferidas a
los entes territoriales, al conjunto de comunidades autónomas,
ayuntamientos y diputaciones, fundamentalmente para tener una naturaleza
—si no he entendido mal, señor Vilajoana— de viviendas
sociales. Debo significarle que, al no especificarse en qué términos se
llevaría a cabo la cesión, no podemos aceptar esta propuesta. Si fuera de
una manera ventajosa o gratuita se estaría provocando una pérdida
económica para la propia Sociedad de Gestión de Activos, que,
indudablemente, estamos realizando, y al mismo tiempo incluso para los
propios accionistas que formaran parte de esa Sociedad de Gestión de
Activos.

Plantean también ustedes una disposición final séptima, en
virtud de la cual se trata de aclarar que, previa comunicación al Banco
de España, se puedan deducir los requerimientos de recursos propios
mínimos en función de las entidades, en este caso, concretamente de
crédito, y la participación que corresponda a las entidades aseguradoras
y otras. Aquí nuevamente me remito

a lo que establece el memorándum europeo, a la Autoridad
Bancaria Europea y a la propia definición de capital principal. Es decir,
la enmienda que ustedes plantean resulta, a nuestro modo de ver,
incompatible con lo establecido en la vigente normativa comunitaria.

Han presentado también una enmienda al artículo 2.1, letra
b, por la que se trata de eliminar de la definición de reestructuración
las medidas tomadas sobre aquellas entidades para las que la propia
resolución conllevaría riesgo en la sostenibilidad del sistema
financiero. Fundamentalmente hablan de estabilidad en el ámbito de lo que
sería el sistema financiero. En nuestra opinión, la reestructuración debe
incluir los procedimientos sobre los dos tipos de casos a los que,
además, se alude ya en el real decreto ley —ahora ya, en el
proyecto de ley— y en los que el apoyo será previsiblemente
resembolsado, como aquellos en la que la propia resolución no es una
alternativa para minimizar, como usted bien sabe, el impacto del uso de
los recursos públicos afectos a los mismos.

Plantean también una disposición adicional nueva en virtud
de la cual se pide solicitar informe a las autoridades competentes de las
comunidades autónomas cuando se lleve a cabo la adopción de determinadas
medidas en la reestructuración del sistema. Aquí tan solo cabe mencionar
la Sentencia 235/1999, de 16 de diciembre, del Tribunal Constitucional,
donde se establecen cuáles son las funciones de carácter básico que son
ejercidas por el Banco de España, en la medida en que, evidentemente, es
esa institución a la que corresponde la preservación de la solvencia de
las distintas entidades de crédito.

El Grupo Socialista ha presentado una serie de enmiendas
que coinciden literalmente con las de la Entesa. Al no estar presente,
voy a dar una respuesta y hacer un debate agrupado, en la medida en que
prácticamente coinciden, más allá de las que, como usted sabe, señor
Lerma, le han sido inadmitidas a trámite, en la conjunción concretamente
de las números 66 a 69 y 32 a 35, bien hayan sido presentadas por el
Grupo Parlamentario de la Entesa o bien por el Grupo Parlamentario
Socialista.

El Grupo Socialista plantea una enmienda al artículo 13, en
virtud de la cual exige la aprobación por mayoría absoluta en el Congreso
de los Diputados de lo que se considera la definición de gravemente
perjudicial, en este caso a efectos de motivar la reestructuración de una
entidad.

He de decirle que no procede tal sistema de aprobación, ya
que entra en el margen de actuación de las propias autoridades que tengan
en la reestructuración del sistema financiero. Además, evidentemente, el
control parlamentario —al que alude el Grupo Parlamentario
Socialista— está establecido en el artículo 54, y nosotros
consideramos que ya es suficiente.

El Grupo Socialista presenta también una enmienda al
artículo 31.4 con la que quiere condicionar el plazo máximo de
desinversión de acciones ordinarias vinculadas a las entidades a que no
haya pérdida de recursos públicos. Señor Lerma, entendemos que el plazo
de un lustro, el plazo quinquenal establecido, de cinco años, es el
adecuado para llevar a cabo la desinversión, ya que se considera
necesario imponer límites que queden claramente tasados y establecidos en
el tiempo, entre otras cuestiones, para forzarla, porque, si no,
difícilmente podríamos tener un margen que nos permitiera llevar a cabo
dicha reestructuración.

El Grupo Socialista plantea asimismo una enmienda al
artículo 34.1 en virtud de la cual se quiere condicionar el plazo y
supuestos de convertibilidad de los títulos por el FROB a que no se
produzca una pérdida efectiva de los recursos públicos. He de decirle que
el plazo, supuestos y procedimientos de convertibilidad de títulos
suscritos por el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria, en
nuestra opinión, son los adecuados, y le reitero el argumento que le he
dado con anterioridad al objeto de establecer y poner concretamente una
fecha límite.

El mismo grupo ha presentado una enmienda al artículo 72,
donde se trata de eliminar la posibilidad del FROB y del Banco de España
de alegar la imposibilidad material de ejecución de una sentencia. He de
decirles que el carácter ejecutivo del FROB y del Banco de España está en
línea con la propuesta de la directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, en virtud del cual se establece un marco para la resolución de
entidades de crédito y empresas de inversión. Sin ir más lejos, puedo
citarle la Directiva 77/91, de la Comunidad Económica Europea, o la
82/891, en el ámbito de la Unión Europea.

Y presenta también una enmienda a la disposición final
novena, en virtud de la cual nosotros entendemos que el límite fijado, de
500 000 euros, es el límite adecuado en un equilibrio que debe

establecerse, señor Lerma, entre la necesidad de un techo y
al mismo tiempo la necesidad de contar concretamente con buenos gestores,

Termino, señor presidente, con una alusión a una
disposición planteada también por el Grupo Socialista, la disposición
final nueva. En ese sentido, entendemos que los umbrales de
inembargabilidad ya se elevaron en dos ocasiones, concretamente en la
anterior legislatura. Y ahora consideramos que el techo establecido es el
oportuno.

En suma, señorías, termino esta intervención, señor
presidente —sin perjuicio del turno de portavoces que me
corresponde después—, para poner de manifiesto fundamentalmente lo
que significa un Gobierno que trabaja, un Gobierno que cree en la solidez
del sistema financiero, y un Gobierno que, a pesar del Partido
Socialista, sigue tomando las medidas que necesita el sistema financiero
español para ser solvente y para ganar la confianza de organismos
nacionales e internacionales.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

A lo largo de los recientes años pasados y de todo 2012
estamos viviendo en España una auténtica convulsión económica que tuvo en
los estertores de la novena legislatura uno de sus puntos de referencia
crítica en la reforma de la Constitución española en el tiempo de
descuento. Era septiembre de 2011 cuando se produjo un hecho tan
histórico como insólito: la modificación del artículo 135 de la Carta
Magna, aprobada por los españoles en referéndum el 6 de diciembre de
1978. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia.)

Nosotros votamos en contra de aquella reforma exprés
pactada por el Partido Socialista y el Partido Popular, y llevamos más de
un año comprobando cómo los motivos que argumentamos en esta tribuna del
Senado para rechazar el cambio constitucional cobran vigencia en la
sucesión de calamidades que sufre la sociedad española, incluido un
Gobierno que ha quebrado, en cuestión de días, los compromisos contraídos
en su programa electoral, y que nos está arrastrando, a ritmo galopante,
hacia los seis millones de parados.

Este Proyecto de Ley de reestructuración y resolución de
entidades de crédito entra de lleno en el utillaje normativo que, con el
pretexto de la gran crisis económica y de la necesidad de disponer de
herramientas legales para afrontarla, acabará por ser un instrumento de
discriminación contra los más débiles, contra las personas que más sufren
situaciones desesperadas que, desgraciadamente, han acabado en tragedias
irreversibles y luctuosas como las que estos días pasados han sido
noticia. La tramitación de este proyecto legislativo se ha hecho por la
vía de urgencia y, aunque este procedimiento es siempre el más dado a los
errores, estos han alcanzado aquí la categoría de garrafales. Cabe
señalar que el texto de la iniciativa del Gobierno ha ido a peor con la
incorporación, durante el trámite en el Congreso de los Diputados, de una
disposición adicional decimoséptima, a propuesta del Grupo Popular, que
incluye exenciones y beneficios fiscales para los inversores extranjeros;
es decir, medidas discriminatorias para los contribuyentes españoles y
puramente especulativas para los extranjeros, que van a encontrar en los
fondos activos bancarios un trato fiscal favorable que, sin embargo, no
tendremos los españoles.

Esta exclusión de los españoles nos parece una medida
triplemente humillante, porque es nuestro propio Gobierno el que la
propicia, en este caso por medio de su grupo parlamentario. Es
triplemente humillante, porque promueve y ampara la discriminación: los
contribuyentes españoles se verán discriminados frente a los extranjeros,
y esa situación se va a prolongar durante los quince años en los que el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria se mantenga en el banco malo;
es decir, trato favorable para los extranjeros durante quince años y
discriminatorio para los españoles. Es triplemente humillante, porque es
una medida para favorecer la especulación a costa de los más débiles, de
las víctimas principales de esta enorme crisis que está arrasando con
vidas y haciendas. Nosotros no vamos a contribuir con nuestro voto a este
disparate mayúsculo propiciado por la incorporación en el trámite
parlamentario de esta adicional decimoséptima, que es discriminatoria y
lesiva. Pero es que hay más: estamos ante el instrumento legal que va a
propiciar la llegada a España de los denominados fondos buitre. El
capital extranjero

entrará en el banco malo para adquirir ―eso sí, a
precio de ganga― los pisos, el suelo y las propiedades que ahora
están en poder de las entidades de crédito, pero que pertenecieron a los
españoles que han padecido en primera persona, y sobre sus bienes, esta
crisis económica brutal. Estos fondos especulativos extranjeros, estos
fondos buitre, buscarán en España los beneficios fiscales que el Gobierno
y la mayoría parlamentaria que lo sustenta les sirven en bandeja.

Foro no va a apoyar semejante precepto legal, y alertamos
que esta es la nueva seña de identidad política que va a caracterizar al
Partido Popular de Mariano Rajoy: legislar para especuladores. Vuelven a
tirar por la borda el patrimonio genuino político acumulado durante años;
con esta ley se ponen de parte de los especuladores extranjeros y rompen
con los ideales que permitieron obtener un caudal de confianza, que es
justamente lo que necesitamos en España para iniciar la recuperación
económica. Esta es una cuestión de confianza, y es imposible tenerla con
un Gobierno que discrimina a los españoles frente a los extranjeros, que
renuncia a sus pilares ideológicos construidos durante más de tres
décadas y que rompe ―ya por sistema― sus compromisos
electorales y de investidura. Tampoco va a contribuir a rebajar el tono
de nuestras críticas el rechazo de la enmienda que hemos presentado,
dentro del capítulo VI, al artículo 36 de este proyecto de ley, que he
tenido oportunidad de explicar y defender hace unos minutos. No voy a
reiterar la argumentación que, en síntesis, confirma la deriva del PP
hacia los postulados contrarios a aquellos con los que se presentó hace
un año por toda España. Por cierto, ignoro los motivos por los que el
Grupo Popular ha rechazado mi enmienda; ha habido respuesta para todas
los demás, pero no para la de Foro.

Señorías, el banco malo diseñado por Rajoy, el mismo Rajoy
que en noviembre del año pasado lo rechazaba contundentemente en sus
declaraciones electorales, es otra muestra de insolidaridad entre
españoles, que solo beneficia a unas entidades financieras y perjudica al
resto de las empresas y a todos los ciudadanos. Esta será una sociedad de
gestión financiada con impuestos de todos los españoles, que va a
utilizar ayudas públicas para adquirir 90 000 viviendas terminadas y en
poder de las entidades bancarias; sin embargo, los anteriores titulares
propietarios de esas viviendas, que las perdieron mediante procedimientos
de resolución de contrato de préstamo, ejecución hipotecaria o embargo,
no tendrán la misma oportunidad y las mismas ayudas para rescatarlas en
idénticas condiciones. ¿Para esto se ha reformado la Constitución? ¿Para
promover con la ley la competencia desleal en el maltrecho sector de
empresas de promoción inmobiliaria? ¿Para aumentar el exceso de oferta y
provocar la desvalorización patrimonial de los ahorros de las familias,
tradicionalmente invertidos en bienes inmuebles?

Finalmente, esta ley se va a aprobar por un procedimiento
relámpago y con resonante menosprecio a las enmiendas de la oposición,
que van a ser aplastadas por la mayoría que apoya al Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Termino, señora presidenta.

Este procedimiento relámpago es un mal trámite para un
asunto de calado del que se derivan consecuencias para los ciudadanos.
Mal trámite para una mala ley que tendrá secuelas tremendamente dañinas
para muchas víctimas de la crisis, pero muy beneficiosas para las que se
van a aprovechar sin rubor de esta reestructuración y resolución de
entidades de crédito.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Vasco en el Senado, la señora Leanizbarrutia
tiene la palabra.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias.

Señorías, nuestro grupo está realmente preocupado porque
una ley de este tipo se tramite por el procedimiento de urgencia; una ley
que tanto preocupa a los ciudadanos. Tenemos bien claro que, si algo le
preocupa al ciudadano, es el funcionamiento de la economía y la política
monetaria. Y estamos todos de acuerdo: es un factor crucial del
funcionamiento social.

El mundo de la política debe rendir cuentas por algo cuya
principal palanca no controla, que es el mundo financiero. Está claro,
por otra parte también, señorías, que los bancos centrales han sido
captados a todos los efectos por el sector financiero; si no, no se
entiende la forma en que el mundo

de la política está procediendo; en cualquier Estado,
también en el Estado español. Puede que no debieran rendir cuentas
democráticamente, pero sí obedecían a los intereses de los banqueros. Los
banqueros querían un sector financiero cuasirregulado, con una supervisón
laxa, y eso fue lo que consiguieron. La pregunta es: ¿dónde hay que
trazar la línea a la hora de entregar una de las responsabilidades de un
Gobierno a una autoridad independiente, que solamente mira por los
intereses de un grupo; que solamente mira por los intereses privados y
por los que les mejore a ellos específicamente, pasando del bienestar
social y de la generalidad de los intereses públicos? Porque los suyos
son intereses privados. Y cuando hablamos de estos intereses, cuando
hablamos de los bancos buenos y de los bancos malos, cuando se dice que
la política se ha metido donde no debía meterse, tenemos que hacer
justicia y hablar de que hay bancos o cajas que han sido bien
gestionados, en los cuales ha habido un control social. De hecho, tenemos
en el Estado el Kutxabank, que ha pasado los exámenes; nadie puede decir
que el mundo de la política o el control social no han podido mejorar una
gestión, cuando en otros sitios se ha hecho. Es decir, que hay bancos
buenos y malos tanto en el sector público como en el privado; también en
el privado, insisto.

Las personas responsables de todo este despropósito no van
a responder por su actuación de modo proporcional al daño que han causado
a millones de ciudadanos, de ahí alguna de nuestras enmiendas. Se están
produciendo situaciones de shock, y cuando uno está en estado de shock
puede hacer cosas insólitas; personas que vivían en un estrato medio se
encuentran sin techo, en la calle; son personas que han sabido ahorrar
para contar con un colchón para la vejez, pero que han adquirido
productos financieros como las preferentes. Y el shock que se está
produciendo en la sociedad no se está tratando debidamente. Precisamente
esta ley exprés es uno de los grandes problemas que deberíamos haber
acometido con otra altura de miras, en vez de responder solamente a los
intereses de un sector, el privado, que no mira al bienestar general.
Está clarísimo: los bancos privados no van a mirar por el interés
general, van a mirar por los dividendos que vayan a sacar en su
actividad, cuanto más dinero mejor, y punto, ahí te quedas, para toda una
sociedad que ha trabajado para poder tener un nivel de vida justo y
noble.

El sector financiero es especial, y no se puede prescindir
de él: de acuerdo, señorías. Pero está claro que es una actividad que
sigue siendo obscura, que ha llamado a engaño a muchos ciudadanos y que
ha contado con una actitud excesivamente laxa, de la cual nosotros, los
políticos, también somos responsables. Todos —todos— hemos
permitido que se haya producido una gran injusticia con el mundo
trabajador y con la sociedad en general, con el 99% de los ciudadanos del
Estado. Luego, es nuestra responsabilidad mejorar las leyes que se
proponen aquí.

Decía el señor ministro que esta ley iba a ser un hito en
nuestro ordenamiento, porque generará una posición respecto a los bancos
más controlable y no va a generar las situaciones que se están
produciendo por una falta de regulación concreta. Esperemos que este
texto haya sido mejorado. En la aceptación de las enmiendas veremos si
realmente hay vocación de entender; veremos si la otra parte sabe lo que
es la sociedad, veremos si se muestra capaz de aportar experiencia
personal, experiencia social, experiencia de gobierno. También nosotros
hemos querido mejorar el texto. Un texto que se ha tramitado por un
procedimiento exprés y que mañana estará ya en el Boletín Oficial del
Estado.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Vamos a votar
a favor de todas las enmiendas presentadas, simplemente porque pensamos
que una de ellas tan solo ya hubiera mejorado el texto, aunque ni
siquiera una haya progresado. Por eso vamos a votar a favor de todas, sin
perjuicio de nuestra postura respecto al texto final. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)

Esta ley ha sido demasiado rápida, afecta muchísimo al 99%
de los ciudadanos y beneficia en mucho y más a la minoría.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: A esa minoría
que ha hecho tanto daño y que nos ha metido el puntazo de la muerte.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Leanizbarrutia.

A continuación, tiene la palabra el senador Lerma, por el
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

Creo que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha
hecho un esfuerzo de contestar a las enmiendas. Ciertamente, responder a
los planteamientos, que yo considero muy responsables en la gran mayoría
de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, y asumirlos,
no le hubiera costado demasiado al Gobierno —no al Grupo Popular,
en este caso—, y el proyecto del que estamos hablando hubiera
ganado mucho en credibilidad; pero ahí el Gobierno no ha hecho ningún
esfuerzo. Hay que recordarle una vez más que una parte fundamental de la
credibilidad de todas estas decisiones que estamos tomando, depende de
que sean asumidas por los ciudadanos españoles en su globalidad, y por
tanto por los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.

Por mi parte, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
no voy a hacer el esfuerzo de defender todas las proposiciones o mociones
que hemos presentado —que podría hacerlo— intentando defender
a los ciudadanos de los desahucios. Y no lo voy a hacer, no porque no
existan, que sí que existen; no lo voy a hacer porque creo que con eso no
solucionamos el problema que ya es realmente grave para un elevado número
de ciudadanos. Me voy a limitar a insistir una vez más en otros puntos,
no en quién va a capitalizar la solución, o en quién va a echar la culpa
a los demás, o en quién va a decir si estos son iguales que aquellos y no
tienen solución para nada y nosotros ya lo dijimos; no es verdad: hay
mucha gente que lo dijo, a veces sin aceptar la responsabilidad de
conocer la solución en su globalidad, porque estaban en riesgo también el
sistema financiero y el rescate de muchos ciudadanos que necesitaban el
apoyo público para esta cuestión. No se trata, pues, de quién capitaliza
la situación, sino de intentar entre todos, no echar la culpa a los
demás, sino encontrar una solución al problema. Y nosotros, modestamente,
la hemos encontrado. Y no la hemos encontrado de una manera original,
sino haciendo fundamentalmente lo mejor entre lo que hacen nuestros
vecinos europeos, que en algunas ocasiones tienen más experiencia. Pero
la tenemos que encontrar entre todos también. Una vez más, hay que
intentar buscar una solución, y no echar la culpa a nadie; cuanto más de
todos sea, mejor solución será, sin ninguna duda. No se trata ni de
hablar entre los grandes ni de excluir a nadie, sino de buscar una
solución, y que esta sea inmediata.

En cuanto a la honestidad de que me hablaba el señor
alcalde de Jaén —al que tengo mucho respeto como persona y como
alcalde, puesto que es uno de los que más sufren directamente estas
situaciones, aparte de los afectados, naturalmente—, esta vez no ha
sido honesto él. Cuando usted habla de la ministra de Vivienda y de
finales de 2007, está haciendo referencia fundamentalmente a aspectos que
probablemente también ustedes habrían exigido previamente, como intentar
agilizar los desahucios en los alquileres para fomentar la salida de más
pisos en alquiler de los que en aquellos momentos de boom estaban
saliendo, de modo que no fuera todo nueva construcción y pisos nuevos
vacíos, sino que tuviéramos un mercado de alquiler. Esa era la intención
en aquel momento. Evidentemente, la situación económica de ahora es bien
distinta. Me parece que la honestidad hay que mantenerla en todo
momento.

En la reestructuración del sistema financiero, como en
todo, y más en un momento como este en que la deslegitimación está a la
vuelta de la esquina para cualquier mayoría absoluta que se precie
—no lo digo por el Partido Popular solamente, sino por toda Europa,
dada la actual situación—, hay que buscar el acuerdo, hay que
buscar el compromiso de todos, hay que buscar lo que no buscó el Partido
Popular en su momento: que negó la huelga general con la boca pequeña y,
con su voto en el Parlamento, en vez de apoyar los ajustes que tenía que
hacer el Gobierno español, apoyó la caída del Gobierno de España, lo que
hubiera sido en aquel momento un drama para la situación económica por la
que estaba pasando este país. Eso es lo que no puede ser y lo no queremos
hacer nosotros. No estamos dispuestos a hacerlo; nosotros estamos
dispuestos a legitimar aquellas actuaciones que hagan posible que la
sociedad tenga una esperanza, por pequeña que sea, de salida de esta
situación.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LERMA BLASCO: Pero no será con las políticas de
contención del gasto con las que saldremos, y eso lo saben todos los que
en estos momentos se están manifestando Europa y muchos más que comparten
su opinión.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señoría, senador del Foro de Asturias, en cuanto a mi
respuesta a las enmiendas, teniendo en cuenta la naturaleza de la que
usted ha expresado, considero que ha quedado suficientemente respondida
en mi argumentación agrupada repasando las del Grupo Parlamentario Mixto,
las Grupo Vasco, las de Entesa, las de Convergència i Unió y las del
Grupo Socialista.

Señor Lerma, quiero decirle algo que me parece sumamente
importante, porque, al final, vamos a votar un texto que es
extraordinariamente significativo, y en el que se pone encima de la mesa
el marco global para una serie de soluciones a la situación del sistema
financiero español en su conjunto. Sabe usted que este proyecto de ley en
cuyo trámite mi grupo parlamentario apoya al Gobierno de España está
inspirado precisamente en un MoU europeo. ¿Conoce usted lo que han hecho
los socialistas alemanes? ¿Lo sabe? Ellos han votado a favor. Ustedes van
a votar en contra. Le voy a decir ahora en contra de qué van a votar
ustedes dentro de unos minutos. El Partido Socialista se va a oponer a
que España tenga un marco global de gestión de la crisis financiera, que,
de haber existido anteriormente, hubiera evitado esta situación. Se van a
oponer a que los accionistas y los acreedores de las entidades
financieras sean los que soporten el coste de la restructuración, antes
que los contribuyentes; ustedes van a votar que no. Se van a negar a que
España cumpla los compromisos adquiridos en la Unión Europea con sus
socios comunitarios, que es algo que trasciende —como usted bien
sabe— la labor de este Gobierno y es un compromiso con el memorando
europeo. El PSOE se va a oponer a que España se sitúe a la cabeza de la
Unión Europea en cuanto a la dotación de mecanismos de resolución de la
crisis. Lo verá cuando se apruebe en los próximos meses la directiva
comunitaria a la que sus compañeros, los socialistas alemanes, han votado
que sí, pero que ustedes hoy votarán que no. Se van a oponer también a
que una sociedad gestora de activos limpie, precisamente, los balances
bancarios. Es más, se van a oponer concretamente al reafianzamiento del
capital de las entidades financieras españolas elevando el ratio de ese
capital al 9%.

Señor Lerma, en la legislatura anterior mi grupo
parlamentario trajo una enmienda a un proyecto de ley sobre garantía de
consumidores y usuarios. Afectaba la normativa, por cláusulas abusivas de
hipoteca, a dos millones y medio de españoles. Consistía en un ahorro
neto, para quienes tuvieran esas hipotecas, de entre 3000 y 6000 euros,
considerando la sociedad española en su conjunto. Todos ustedes, todos
los senadores del Partido Socialista, votaron que no. El Partido Popular
se quedó solo en la defensa de la eliminación de las cláusulas abusivas
de las hipotecas.

Señor Lerma, ¿por qué el Partido Socialista, cuando habla
de los bancos, dice que el Partido Popular da ayudas a los bancos en
detrimento de los más necesitados, en un ejercicio de demagogia política
sin precedentes, y oculta el siguiente dato? Las ayudas a la banca
costaron a cada español 1846 euros en 2010, según el informe de la
Comisión Nacional de la Competencia, señorías del Partido Socialista. El
Estado, Zapatero —2010—, destinó 87 145,47 millones de euros
para ayudas a la banca. ¿Por qué ocultan ustedes este dato a la sociedad
española? (Aplausos.) Está aquí (Denegaciones en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) No, no, está aquí: «Informe Anual sobre Ayudas
Públicas en España». ¿Cómo que me niegan con la cabeza este informe de la
Comisión Nacional de la Competencia, que concretamente en la página 8
establece las ayudas públicas que ustedes otorgaron a los bancos? Este es
el sentido de la honestidad que yo le he pedido. La individual y la
personal no se la presumo, la tiene sobradamente; pero la honestidad
política es otra cosa, si viene aquí a hacer un discurso basado en el
cinismo y la demagogia sobre la situación que vive ahora la nación
española; y eso no se lo vamos a consentir.

Ustedes dieron ayuda a la banca. (El señor Camacho Sánchez
y el señor Iglesias Ricou: ¡Préstamos, préstamos!) Ayuda a la banca en el
año 2010 por más de 87 000 millones de euros. (Aplausos.) La dio el
Partido Socialista. Ahora parece que están ustedes colaborando con el

Gobierno de España, bien; pero hay que recordarles que en
su etapa hubo 370 000 desahucios —370 000 desahucios—, y no
movieron ni un solo dedo. No movieron ni un solo dedo. (Aplausos.)

Término, señor presidente. Le he dicho que en este tema no
hay que hacer demagogia, porque las alcaldesas y los alcaldes ponemos
nombres y apellidos, ponemos rostro diario, a esta crisis, y yo sé que
todos somos, antes que políticos, seres humanos. ¿Sabe usted por qué le
he pedido coherencia? Porque dos días antes de ganar las elecciones en
Jaén, su partido aprobaba esto en la Sociedad Municipal de la Vivienda;
20 de mayo de 2011: «Instar al desahucio judicialmente de todos aquellos
deudores que lleven al día de la fecha más de dos años con deuda».

Esta es la honestidad que yo le pido al Partido Socialista.
Hay un Gobierno serio, un Gobierno responsable, que está trabajando en
una situación muy difícil.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Termino, señor
presidente.

Es verdad: hoy hay un Gobierno trabajando por España.
Ustedes están en la pancarta y en la algarabía callejera. Que los
españoles juzguen a unos y a otros.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de
Moya.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas,
comenzando por las de los senadores Mariscal e Iglesias, del Grupo Mixto,
enmiendas 1 a 16.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 226; a favor, 5; en contra, 155; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 36, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por el senador Martínez Oblanca.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 226; a favor, 75; en contra, 151.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. En
primer lugar, las enmiendas números 37 y 41.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 227; a favor, 18; en contra, 154; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 38 a 40.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 227; a favor, 17; en contra, 155; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya han decaído.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió

En primer lugar, votamos de la enmienda número 42 a la
número 45.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 227; a favor, 17; en contra, 155; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos la enmienda número 46.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 227; a favor, 72; en contra, 155.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, a continuación, de la enmienda número 47 a la
número 50.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 227; a favor, 17; en contra, 155; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
de la número 17 a la número 31.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 225; a favor, 60; en contra, 154; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Señorías, votamos, a continuación, en un solo acto, el
proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 227; a favor, 165; en contra, 56; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
Proyecto de Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito,
procedente del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto.

6.1.2. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS
TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: JUSTICIA

(Núm. exp. 621/000017)

El señor presidente da lectura al punto 6.1.2

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos, a continuación, al
debate del siguiente proyecto de ley.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador Ramírez, por tiempo de cinco minutos.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor
presidente.

En nombre de la Comisión de Justicia vengo a presentar el
dictamen del Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en
el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses. El proyecto de ley que se somete en este
acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el
procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 2 de
noviembre del presente año, fecha, asimismo, de su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas, que inicialmente
finalizaba el día 6 de noviembre, fue ampliado hasta el siguiente día 8
de noviembre. A este proyecto de ley se presentaron seis propuestas de
veto y ciento cincuenta enmiendas. (Rumores.) El día 12 de noviembre, la
comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera:
don Urko Aiartza Azurtza, del Grupo Parlamentario Mixto; don Arcadio Díaz
Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Silvia Franco González,
del Grupo Parlamentario Popular; doña Eva Parera Escrichs, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió...

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: ...doña Iolanda Pineda Balló,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; don Luis Rogelio
Rodríguez Comendador Pérez, del Grupo Parlamentario Popular; don Nicanor
Sen Vélez, del Grupo Parlamentario Socialista y don Joseba Zubia
Atxaerandio, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

La comisión, asimismo, se reunió para dictaminar el mismo
día 12 de noviembre, y tras rechazar todas las propuestas de veto y las
149 enmiendas admitidas a trámite, emitió dictamen de conformidad con el
texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Han presentado votos particulares a este dictamen los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto; los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Almiñana Riqué,
el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el
señor Montilla Aguilera, la señora Pineda Balló, el señor Sabaté Borràs,
y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday, el
señor Yanguas Fernández, y los grupos parlamentarios Vasco en el Senado,
Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, propuesta de veto número 1, de los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Gracias, señor presidente.

Intervengo en calidad de portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto para señalar que los senadores Mariscal Cifuentes e Iglesias
Fernández, de Izquierda Unida, están apoyando la huelga, y en su nombre
doy por defendida esta propuesta de veto presentada a la ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

Pasamos a la propuesta de veto número 3, de los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta. (Pausa.)

Decaen por falta de defensa.

Pasamos a la propuesta de veto número 4, de los senadores
Almiñana, Boya, Bruguera, Martí Jufresa, Montilla, Pineda, Sabaté y
Sequera. (Pausa.)

Decae por falta de defensa.

Pasamos a la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado. Para su defensa, tiene la palabra el
senador Zubia por tiempo de quince minutos.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha
presentado, efectivamente, una propuesta de veto al Proyecto de Ley por
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Un
proyecto de ley ciertamente relevante. Un proyecto de ley sumamente
importante en la medida en que afecta al contenido de un derecho
fundamental de todo ciudadano, el derecho a la tutela judicial efectiva.
Un proyecto de ley que, pese a ello, tuvo una rápida y llamémosle curiosa
tramitación en el Congreso de los Diputados, donde hace hoy justamente
dos semanas tuvo lugar un hecho inusual, cual es el abandono de todos los
diputados de oposición presentes en la Comisión de Justicia, quedando
únicamente en ella los pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular;
conviene recordar que tal abandono se produjo antes de las oportunas
votaciones y que, consiguientemente, todas las enmiendas fueron
rechazadas por dicho Grupo Popular y que fue éste el que aprobó en
solitario el proyecto de ley en esa Cámara. Pero si rápida fue su
tramitación en la Cámara Baja —la competencia fue legislativa plena
y se rechazó también la avocación a Pleno—, de meteórico, señorías,
podemos calificar su paso por esta llamada, aunque no sé por qué, Cámara
Alta.

Para empezar, fue declarada su tramitación por el
procedimiento de urgencia, algo no hecho en el Congreso de los Diputados,
y el proyecto de ley fue publicado el día 2 de este mes de noviembre,
finalizando el plazo de enmiendas el día 8, también de noviembre. He de
señalar que el día 9 era festivo en Madrid, que el día 12 por la tarde,
antes de ayer mismo, tuvo lugar la Comisión de Justicia, y que hoy, dos
días después, día 14, por tanto, tiene lugar en sesión plenaria su
tramitación para finalizar lo que me temo aprobará de manera definitiva
este controvertido proyecto de ley. Es decir, en un plazo de diez días
—repito, diez días, señorías— los senadores del Grupo
Parlamentario Popular darán el visto bueno al proyecto remitido por el
Congreso de los Diputados, cepillándose —valga la expresión—
las seis propuestas de veto presentadas en esta Casa y me temo que las
ciento cincuenta enmiendas —han oído bien, ciento cincuenta
enmiendas— presentadas al articulado por los distintos grupos
parlamentarios del Senado. Flaco favor el que hacemos a esta Cámara una
vez más, pero esta es otra cuestión y hoy, evidentemente, no toca.

Vayamos, pese a ello, a nuestra propuesta de veto, que
viene acompañada de otras cinco propuestas similares, es decir, que todos
los grupos, excepción hecha, claro está, del Grupo Parlamentario Popular,
hemos pedido, al igual que en el Congreso de los Diputados, la devolución
del proyecto al Gobierno. Evidentemente, todas serán objeto de rechazo,
despreciando el consenso parlamentario y aprobando finalmente un proyecto
de ley de forma unilateral y basándose en unas mayorías absolutas, eso
sí, legítimamente logradas. Les preocupa poco, muy poco, el informe
desestimatorio del Consejo General del Poder Judicial; les preocupa poco,
muy poco, las manifestaciones vertidas por los colegios notariales y de
registradores; les preocupa poco, muy poco, la opinión, también crítica,
vertida por el consejo de procuradores y les preocupa poco, muy poco, la
oposición radical de los abogados y las manifestaciones que acaba de
lanzar la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía,
organismo que ha exigido por unanimidad —repito, señorías, por
unanimidad— la inmediata retirada del proyecto de ley, ya que
consagra una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso
a la justicia de un gran número de ciudadanos. Únicamente les preocupa la
cómoda mayoría parlamentaria con la que pueden legitimar un proyecto de
ley. Están en su derecho, pero no solo desatienden a los restantes grupos
parlamentarios, sino también a todos los operadores jurídicos.

Con nuestra propuesta de veto no ponemos en duda la
existencia de tasas judiciales, sino su estructura y dimensión, que, se
quiera o no, impiden el acceso —o lo dificultan, si se
quiere— a lo que la Constitución consagra en su artículo 24 como
derecho de todo ciudadano que es el derecho a la tutela judicial
efectiva. El justiciable tiene derecho a acudir a los tribunales en
defensa de sus legítimos intereses, cualquiera que sea la situación
económica que le afecte. No puede impedirse el acceso a la tutela
judicial efectiva, imponiendo un sistema de tasas que convierta esta
tutela en inaccesible a buena parte de la ciudadanía.

Como bien decía el presidente del Colegio de Abogados de
Vizcaya en un reciente artículo de opinión, se confunde la tutela
judicial efectiva con criterios economicistas que impiden acceder a ella
a quien no pase por caja. En definitiva, el proyecto de ley establece un
obstáculo de naturaleza económica o supone un efecto disuasorio que
vulnera de manera flagrante el contenido de la tutela judicial efectiva
que consagra el mencionado artículo 24 de la Constitución.

Dejando a un lado la posible no constitucionalidad de este
proyecto de ley, a la que dedicó un buen tiempo mi compañero en el
Congreso, señor Olabarria, con ningún éxito, como puede apreciarse,
quiero señalar, señor presidente, que no es esta, de ninguna manera, la
forma de evitar la saturación de los órganos judiciales. Es evidente que
hay que hacer un gran esfuerzo para acabar con la pendencia y con la
demora, que realmente existen, pero, aunque perentorio, no puede
limitarse el acceso a la Justicia. Profundícese en las reformas, en los
medios y en la organización de la Justicia hasta alcanzar las medias de
los países de nuestro entorno europeo. Téngase presente, por ejemplo, que
la ratio de jueces por cada 100 000 habitantes es la segunda más baja de
la Unión Europea. Señorías, solo superamos a Estonia.

Por otra parte, es absolutamente cierto que el concepto de
tasa previsto en la Ley General Tributaria está vinculada a la obtención
por el ciudadano de un beneficio personal y directo, mientras que en el
caso que nos ocupa los beneficios obtenidos no se dirigen a satisfacer
las necesidades de un ciudadano, sino a satisfacer un concepto genérico,
que es el de la Justicia gratuita, que beneficia a quienes tienen acceso
a ella, no a quienes generan la exacción de la tasa.

Y es que, además, se duplican las tasas en aquellas
comunidades autónomas que ya las tienen establecidas para la prestación
de los mismos servicios.

Por si esto fuera poco, señorías, en la memoria económica
del proyecto de ley figura que las tasas que se van a percibir alcanzan
los 400 millones de euros, cuando en el momento presente el coste de la
justicia gratuita ronda los 250 millones de euros, lo que quiere decir
que el Tesoro va a obtener unos recursos complementarios que no se
compadecen con los requerimientos del Tribunal Constitucional en relación
con el citado artículo 24 de la Constitución. En suma, cabe decir que el
proyecto de ley tiene una finalidad recaudatoria —repito, una
finalidad recaudatoria—.

Podríamos seguir hablando de otras importantes deficiencias
del proyecto de ley. Podríamos hablar de las personas físicas y de la
universalización que se hace de las tasas en ellas, partiendo de la
presunción de que la totalidad de los justiciables del Estado abusan,
tienen la tendencia a usar la justicia indebidamente, de ahí que haya que
establecer mecanismos y/o disponibilidad económica para tener derecho a
la tutela de los jueces. Podríamos hablar del incremento de tasas en el
ámbito social y en el contencioso-administrativo, creando, como dijo mi
compañero en el Congreso de los Diputados, señor Olabarría, unos
perdedores históricos en el ámbito de la tutela judicial efectiva.

Pero soy consciente, señorías, de que es igual, la decisión
ya está tomada. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular van a votar,
en este caso, en contra de nuestra propuesta de veto, como lo hará de las
otras cinco, y votará a favor del texto remitido por el Congreso de los
Diputados. Por ello, no podemos sino conformarnos con poner de manifiesto
—en un tiempo récord de 10 días, repito— nuestra posición
contraria como grupo a este proyecto de ley. No da para más, señor
presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zubia.

Para la defensa de la propuesta de veto número 6, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra
la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente.

Lamento ver cómo en la intervención del compañero Zubia ha
habido tan poca atención por parte de los senadores del Partido Popular,
a excepción del presidente de la comisión, al que sí he visto atento y
así tengo que reflejarlo. (Protestas.—Rumores.) Un proyecto de ley
que tiene seis vetos debería merecer mucha más atención por su parte.
(Rumores.)

Con esta enmienda a la totalidad no pretendemos cuestionar
la existencia de las tasas judiciales, ni tampoco la necesidad de revisar
las tasas vigentes teniendo en cuenta la actual coyuntura económica. Pero
en ningún caso podemos estar de acuerdo con unas tasas a todas luces
excesivas que lo único que persiguen es recaudar y que van a suponer una
limitación para muchos ciudadanos a la hora de acceder a la justicia en
defensa de sus legítimos intereses. Tanto que dice el Gobierno defender
la Constitución y, sin embargo, con este proyecto de ley parece no
molestarles en absoluto vulnerar un principio tan básico, como es del
derecho a la tutela judicial efectiva, si eso supone recaudar más.

Estamos de acuerdo en que es necesario racionalizar la
Administración de Justicia, eso no lo discute nadie, pero esta no es la
manera. No a costa de los derechos de los ciudadanos. Debemos trabajar
para potenciar sistemas alternativos para la resolución de conflictos, no
imponer tasas tan altas que, además de ser meramente recaudatorias y, por
tanto, en mi opinión ilegales, son disuasorias.

El Gobierno se ampara en la reciente sentencia del Tribunal
Constitucional que declara constitucionales las tasas, pero parece hacer
una lectura selectiva de ella, porque lo que no hacen es tener en cuenta
que esta misma sentencia establece que las tasas no serían
constitucionales si su cuantía fuera tan elevada que impidiera en la
práctica el acceso a la jurisdicción o la obstaculización en términos
irracionales, y cito textualmente. Estamos hablando de incrementos que
van del 33 al 167% —repito, 167%—, que no solo afectarán al
ciudadano que quiera acudir a la justicia, sino que también supondrán
unos efectos colaterales muy negativos que no se están teniendo en
consideración. Estamos limitando los derechos de los consumidores además
de restringir el consumo, puesto que los ciudadanos tendrán más
dificultad para acceder al crédito comercial al consumo y al pago
aplazado, puesto que a los comercios no les va a compensar

posibilitarlo ante la eventualidad de impagos y gravosas
reclamaciones futuras. Pero estamos perjudicando también a miles de
despachos de abogados y procuradores que, como muy bien saben, muchos de
ellos son consideradoas pequeñas y medianas empresas y son los que más
están sufriendo esta crisis.

Además de todas estas razones que nos llevan a presentar un
veto a este proyecto de ley, no podemos olvidar que Convergència i Unió
es un partido de Cataluña cuyos ciudadanos van a verse gravados por una
duplicidad de tasas, hecho que este proyecto de ley ha decidido ignorar.
El 80% del coste de la justicia en Cataluña lo cubre la Generalitat, y
tan solo el 20% el Estado. Sin embargo, el Gobierno va a recaudar, eso
sí, el cien por cien de la tasa pagada por los catalanes.

En la Universidad de Derecho me enseñaron un principio
básico, que no es otro que un mismo hecho imponible no puede ser gravado
dos veces, y eso es exactamente lo que este proyecto de ley va a hacer a
los ciudadanos de Cataluña. Una afectación de la tasa a la financiación
del sistema de justicia gratuita debe ser respetuosa con las competencias
de las comunidades autónomas que, como Cataluña, han asumido funciones en
materia de provisión de los medios necesarios para el funcionamiento de
la Administración de Justicia. Por tanto, es absolutamente imperativo
territorializar la recaudación que se obtenga en proporción a lo
recaudado en cada comunidad autónoma por aquellos conceptos a los que se
aplique. Por todos estos motivos presentamos, señorías, una enmienda a la
totalidad a un proyecto de ley claramente perjudicial.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

Para la defensa del veto número 5, del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, presidente. Buenas
tardes.

El Grupo Socialista presenta un veto a un texto por dos
tipos de razones: una, razones metodológicas y de forma que han sido
explicadas con una gran claridad por el senador Zubia, don Joseba, que es
la metodología acelerada, exprés, poni exprés, para un asunto tan
relevante que toca un derecho fundamental clave en un sistema
democrático. Porque no hablamos de cualquier derecho fundamental que por
sí ya es relevante —hiperprotección en los artículos 14 al 29 con
la inclusión del 30.2, la objeción de conciencia—, no es cualquier
derecho fundamental, es el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva. Y no es cierto, como ha dicho el ministro varias veces, que eso
solo da opción a una decisión judicial. No es verdad. El derecho a la
tutela judicial efectiva tiene una doble dimensión, el derecho a la
jurisdicción y el derecho a los recursos, y el derecho a la jurisdicción
es obtener una sentencia firme. A veces puede ser con una sola sentencia
o a veces con dos, pero una sentencia firme.

Pues bien, no es cualquier derecho fundamental, es un
derecho fundamental clave. ¿Por qué es un derecho fundamental clave?
Porque sobre todo lo necesita la gente que no tiene poder. La gente que
tiene poder económico, mediático, religioso, político, del tipo que sea,
tiene suficiente cercanía y accesibilidad a los otros que tienen poder
del tipo que sea, pero la gente que no se mueve en ningún ámbito de poder
es la que necesita del derecho, es la que necesita de la Administración
de Justicia para que ese derecho se meta en el medio entre quien tiene
poder y no tiene poder y haga imperar la fuerza de la razón y no la razón
de la fuerza. Por eso la gente que no tiene poder es quien más necesita
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que no es solo el
artículo 24, sino también el artículo 119 de la Constitución. Establece
el Constitucional en este artículo 119 que la justicia será gratuita
cuando así lo disponga la ley, y en todo caso respecto a quienes
acrediten insuficiencia de recursos para litigar. ¿Cómo se acredita esa
insuficiencia de recursos para litigar, que es lo que hace en la
actualidad el legislador? Sumando dos veces el salario mínimo
interprofesional, que son 641 euros, es decir 1282 euros. ¿Qué ocurre?
Que los que tienen por debajo de 1282 euros acreditan objetivamente
insuficiencia para litigar y tienen derecho a una justicia gratuita. Pero
es que, de los 1282 euros para arriba hay un gran abanico. Los que tienen
recursos económicos no necesitan nada de esto puesto que ya tienen sus
relaciones, pero la inmensa mayoría de los españoles, esa inmensa mayoría
de clases medias y clases medias bajas, que están por encima de esos 1282
euros, ¿cómo creen ustedes que, por ejemplo, se pueden gastar 1200 euros
para presentar un recurso de suplicación? Es que no lo pueden hacer.
Alguno dice: ¡Hombre, esto de las tasas ya lo inventó Zapatero! Pero
vayamos por

partes. Son 50 euros como un depósito judicial, y si ganas
el pleito te lo dan. De 50 euros como un depósito judicial y si ganas el
pleito te lo dan, pasa a 1200 euros y en ocasiones de forma variable
hasta 10 000 euros. Antes estaban excluidas las personas físicas y ahora
no están excluidas, se meten. Y se planteaba que las sociedades
mercantiles tuvieran una facturación anual de más de 8 millones de euros,
con lo cual muchas pequeñas empresas estaban excluidas. Lo que antes se
planteaba de una manera restrictiva, solo para un segmento de la
población, ¿qué es lo que hace esta ley? Esta ley universaliza la tasa, y
no estoy hablando de la universalización de la educación, las pensiones o
la sanidad que en los años ochenta hicieron los gobiernos de Felipe
González. No estoy hablando de eso. Es una cosa distinta; estoy hablando
de la universalización de las tasas urbi et orbi, sin discriminar nada de
ninguna manera. Pues bien, nuestro planteamiento es que por razones de
forma y de contenido, sinceramente, no estamos a la altura.

Esta mañana ha habido aquí un debate que me ha afectado
porque creo sinceramente que en la legislatura pasada los legisladores no
estuvimos a la altura en materia de desahucios. Eso es lo que pienso y
por eso lo formulo. Ahora hemos ido recogiendo unas propuestas de las
plataformas de apoyo a los desahuciados que no están en el arco
parlamentario, y han sido ellos los que han estado llevando estas
batallas al lado de los desahuciados. Y al final, recogeremos una
propuesta que ha venido de la calle que es muy sensata y que tiene un
montón de sentido común. La pregunta es la siguiente: si no hemos estado
a la altura en materia de desahucio y ahora parece que hay esfuerzos para
intentarlo, ¿no creen ustedes que en esta materia de tasas, al vaciar de
contenido un derecho fundamental estamos perdiendo otra vez una
oportunidad para estar a la altura de la gente a la que representamos?
Fíjense que esto no es un asunto pandillero ni sectario. Es el Consejo
General del Poder Judicial en pleno, es el Consejo de Estado en pleno. No
son solo los procuradores, los abogados, no son solo los graduados
sociales. ¿Es que creen ustedes que el Consejo de los Notarios de España
es un partido de extrema izquierda? Todos los notarios de España, los
registradores de la propiedad, ¿qué son, representantes de la izquierda
más radical? En absoluto. Todos los operadores jurídicos, sin excepción;
es que no conozco ni uno. Díganme ustedes un solo oficio en el plano
jurídico que tenga algún párrafo comprensivo hacia esta ley de
universalización de tasas. No creo que sea solo el azar lo que haya hecho
que sean a la vez tasas de Administración de Justicia junto con lo tóxico
y lo forense. Esto es algo que enferma, que contamina el derecho
fundamental y que no le da mucha vida. ¿Por qué razón? Porque dificulta
el acceso a este derecho fundamental.

¿Qué argumentos se esgrimen para antes de que llegue la
herida poner la venda? La Sentencia de 2012. Pero, claro, no leen los
fundamentos ni tercero, ni cuarto ni décimo, donde se precisa que una de
las razones por las que aceptan la constitucionalidad de la ley es porque
no afectaba al orden social. Esta le afecta; recurso de suplicación y
recurso de tasación, 1200 euros. Aceptaban la constitucionalidad porque
la anterior no le afectaba. Esta sí. Y fundamento tercero: porque no hay
impedimentos ni obstáculos a la accesibilidad al derecho fundamental. Y
pregunto yo a las señorías del Grupo Parlamentario Popular: ¿Creen
ustedes que 1200 euros son razones suficientes para obstaculizar o para
dificultar? Creo que sí, que francamente a muchos españoles se lo van a
poner muy difícil.

¿Qué es lo que supone este texto de fondo? Un hachazo a un
derecho fundamental. Yo creo que es un retroceso democrático. El
argumento es: Mire, vamos a usar esos 440 millones que vamos a recaudar
para la justicia gratuita. Pero es falso. La justicia gratuita en el
conjunto de España supone 250 o 269 millones de euros. ¿De esos 250
millones hasta los 400 millones, qué es? Afán recaudatorio. Yo supongo
que el señor Montoro tendrá en este asunto un grado de pressing muy
superior al señor ministro de Justicia, que cada vez que se le pregunta
por la nueva oficina judicial no sabe que ya existía en Murcia o Cuenca,
o que cuando se le pregunta por el expediente electrónico,… En fin,
le tiene bastante fobia a esto de la telemática y añora la justicia del
manguito y la visera. Tampoco sabe que el expediente electrónico solo se
ha llevado a cabo en la Sala de lo Social y no en la Sala de lo Criminal
ni en la Sala de lo Contencioso. Sin embargo, resulta fundamental
abordarlo en términos reales para que no se convierta en un instrumento
que se cargue este derecho fundamental. Poner por delante la justicia
gratuita como la razón que justifica esta recaudación es profundamente
falso, insisto, y no abordo los problemas de colisión a efectos
competenciales en el ámbito de la comunidad autónoma catalana o
valenciana —que se plantean también asuntos de esta naturaleza pues
eso tiene que ver más con cuál es el hecho imponible,

con quién reguló antes, qué se reguló antes cuando se
plantea la doble imposición, etcétera; son asuntos de otra
naturaleza—. En cualquier caso, el argumento concreto es que para
una multa de 90 euros se tiene que prepagar una tasa de 100 euros,
mientras que para interponer una multa de 100 euros se tienen que
prepagar 200 euros. Fíjese qué barbaridad es esa, que para una multa de
90 euros tiene que pagar primero 100 euros y para una multa de 100 euros
tiene que pagar primero 200 euros. ¿Cuál es el sentido? De seguir
adelante el texto tal cual está, un argumento esgrimido en el debate en
el Congreso ha sido: Mire, no haga eso, porque en el caso de los
monitorios ya hemos excluido los 2000 euros hacia abajo. Pero es que el
monitorio es un asunto civil y los recursos administrativos no tienen
nada que ver con el monitorio. Por lo tanto, en el ámbito de los recursos
administrativos, si tienes una multa de 90 euros debes pagar antes 100
euros, porque si no, no te la tramitan, y si tienes una multa de 100
euros has de pagar 200 euros, porque si no, no te la tramitan. Eso
significa un obstáculo que va a ampliar la bolsa de indefensión del
conjunto de los españoles. Y le insisto que con esta ley están
estratificando la población española en tres capas: los que tienen tantos
recursos, que esto les da igual poderosos, pero pocos—, los que
tienen menos de 1282 euros, el doble del salario mínimo interprofesional
—dejo de lado el argumento manifestado por el ministro en el
Congreso acerca del IPREM y sobre doblarlo al 2,5%, porque es una cosa un
poco patética, y si aquí se planteara de nuevo lo explicaría con más
detalle—, y, por último, una inmensa mayoría de los españoles, esas
clases medias-bajas a los cuales se les penaliza y amplía la bolsa de
indefensión pues se trata de un argumento disuasorio para no presentar
sus recursos administrativos o presentar sus demandas. A mí me parece que
no se gana con esto. Si el argumento fuera recaudatorio, se podría
plantear de forma distinta, no en función de una base imponible objetiva,
donde la persona más humilde y la más poderosa paga lo mismo. Plantéese
de forma distinta. Si uno, en virtud de su declaración de la renta, paga
una cantidad y otros, en virtud de su declaración de la renta, pagan otra
cantidad, sería proporcional a los ingresos que tienen, pero si no se
hace de forma proporcional a sus ingresos es profundamente regresivo, no
se acomoda a los criterios constitucionales en torno al sistema fiscal,
vulnera un derecho fundamental, la tutela judicial efectiva como es el
derecho a una sentencia firme y no a una primera resolución judicial, y
no solo vulnera el artículo 24, sino también el artículo 119.

A mí me parece que hay suficientes argumentos
constitucionales, suficientes argumentos técnicos y suficientes
posibilidades de hacerlo de forma distinta. Incluso cuando lo analizamos
en relación con el derecho comparado y se buscan fórmulas en Francia o el
Reino Unido, comprobamos que son fórmulas distintas. Ahí las multas
oscilan sobre 34 ó 40 euros. Ninguno se plantea fijar 1200, ninguno se
plantea fijar 10 000 euros. Pregúntenle ustedes al conjunto de
profesionales que están manifestándose estos días y comprobarán que este
es un ataque flagrante en la misma frente del conjunto de las clases
medias, la misma gente que necesita de los tribunales de justicia para
defenderse de quienes tienen poder, ¿o es que ninguno de ustedes ha
vivido jamás una experiencia personal, individual de sentir en carne
propia algo injusto y en el fondo piensa: Frente a este comportamiento de
este funcionario absolutamente injusto o de este poder absolutamente
injusto, siempre tengo un tercero imparcial que es la Administración de
Justicia. Allí iré, allí me escucharán, y si lo puedo argumentar, tendré
una sentencia firme, y si no puedo, no la tendré, pero tengo un lugar al
que acudir. ¿Y qué creen que van a hacer millones de españoles cuando
piensen que han vivido una situación personal de injusticia? Dirán lo
siguiente: Como acepto que no haya un sistema de autodefensa y creo en la
conquista civilizatoria del Derecho, del Estado y de la Administración de
Justicia, renuncio a mi capacidad de violencia física para que sea el
Estado el que administre justicia. Si por el contrario le decimos a esta
ciudadanía: Mire, usted, para tener una sentencia firme, pague 1200
euros, ¿qué creen que harán millones de españoles cuando no puedan
pagarlos? ¿Creen que tendrán un discurso racional sobre la conquista
civilizatoria el Estado, la coacción o la fuerza física? Al contrario, es
una especie de llamada a pensar que, como uno está excluido del sistema
de autodefensa por no tener recursos económicos, búsquese la vida, porque
el Estado no está para proteger sus derechos e intereses legítimos, acuda
a otros mecanismos al margen de la heterocomposición. Búsquese las
fórmulas de la autocomposición, que no tienen que ver con el arbitraje,
sino con otro tipo de recursos, que creo no vale la pena explicar ahora
con más detalle, lo dejo a la fantasía de ustedes.

Creo sinceramente que es un texto malo en términos de
contenido jurídico, es malo en términos de contenido político y, con
sinceridad, conociendo personalmente como conozco a

muchos de ustedes, me extraña muchísimo lo que dicen,
porque sé que a nivel personal me han dicho cuáles son sus criterios; me
sorprende mucho por qué en lo personal dicen una cosa y en el momento de
la votación y el discurso hacen otra. Es que no lo entiendo, no entiendo
ese desdoblamiento esquizoide por el cual en lo privado se tiene un
criterio y en lo público otro. Yo procuro mantener el mismo criterio
cuando hablo en privado con los amigos que cuando lo hago aquí, en
público, con ustedes. Sinceramente me parece un profundo error que no es
digno de ustedes, y se lo digo con todo cariño.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Nada más, señor presidente, y gracias
por su benevolencia con estos últimos quince segundos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Díaz Tejera.

Turno en contra.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Franco
por tiempo de veinte minutos.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, senador Díaz Tejera, llegó el día de debatir
sobre la contribución que la Ley de tasas judiciales va a hacer a nuestra
Administración de Justicia.

Ya que los tres senadores que han defendido sus vetos
—el señor Zubia, la señora Parera y el señor Díaz Tejera— han
hecho referencia tanto a razones procedimentales como de fondo para
oponerse al proyecto de ley, voy a referirme yo también a esas razones y
por ese orden, pero antes quisiera decirle a la señora Parera que,
créanme, hay más senadores del Grupo Parlamentario Popular que han estado
atentos a su intervención —yo misma lo he estado y muchos
otros—. Además le diré con todo cariño y aprecio que en ese momento
había 60 senadores del Grupo Parlamentario Popular y, sin embargo, del
suyo tan solo estaba usted. (Aplausos.)

Señorías, el señor Zubia hizo referencia precisamente a la
urgencia de la tramitación de este procedimiento, un argumento que las
otras señorías también han mencionado. Sé que no necesito explicarle cuál
es el procedimiento legislativo de urgencia porque lo conoce
perfectamente, ni tampoco cuántas veces ese procedimiento se utiliza en
esta Cámara y en el Congreso por este Gobierno y por todos los Gobiernos
precedentes. Creo que no necesito hacer referencia a ello. Sí quisiera
referirme al incidente que ocurrió en la Comisión de Justicia del
Congreso de los Diputados, que, como sabe, tenía competencia legislativa
plena. Es cierto que los miembros de los otros grupos parlamentarios
salieron de la comisión y dejaron solo en la votación al Grupo
Parlamentario Popular. Ellos pretendían que se retrasase esa comisión.
Precisamente si no se hace esa votación el día 31, ¿sabe usted a qué
Cámara se le hubiera hurtado el debate? Pues a esta, que es la Cámara de
segunda lectura y en la que se trata este proyecto, ya no solo por la
importancia de los derechos a los que afecta, como es la tutela judicial
efectiva, sino de otros aspectos que tienen un carácter eminentemente
territorial como es esa compleja relación que existe entre las tasas
estatales y las autonómicas.

En segundo lugar, también han hecho referencia sus señorías
como actividad conexa al procedimiento al hecho de que prácticamente no
hemos escuchado ni al Consejo General del Poder Judicial ni al Consejo
General de la Abogacía ni a los procuradores ni a todos los colectivos
que tienen conexión con la Administración de Justicia. Eso no es cierto.
El ministerio ha escuchado a todos esos colectivos; el Grupo
Parlamentario Popular ha escuchado a esos colectivos; muchos compañeros
que están hoy aquí sentados y que se dedican al ejercicio libre han
escuchado a los colegios de abogados de sus provincias, de sus ciudades,
sobre las quejas y las críticas que tienen a este proyecto de ley, y esta
senadora ha escuchado también a los abogados de su ciudad, de Ponferrada,
las quejas y las críticas que tienen a este proyecto de ley y les he
transmitido cómo muchas de las enmiendas que el Grupo Parlamentario
Popular presentó precisamente recogen muchas de las modificaciones que
propuso el Consejo General de la Abogacía. Por tanto, se ha escuchado a
esos colectivos.

Finalizo ya con estos aspectos procedimentales y voy a
entrar precisamente en el núcleo duro, en lo que son los fundamentos de
la reforma del proyecto de ley de tasas que hoy debatimos.

Han hablado ustedes con mucha dureza, utilizando argumentos
de práctica fractura del Estado de derecho, de un atentado contra el
derecho a la tutela judicial efectiva. Voy a responder a estos argumentos
y, aunque todos ellos tienen un contenido jurídico, voy a comenzar por
aquellos que me parecen más relevantes, para finalizar con estos otros,
aunque intentaré, por supuesto, hacer referencia a todos ellos.

Quiero en primer lugar afirmar la absoluta compatibilidad
de la revisión de las tasas con el derecho a la tutela judicial efectiva
que recoge nuestro artículo 24 de la Constitución —esta es la
crítica de mayor recorrido que han realizado sus señorías, con mucha
vehemencia el senador Díaz Tejera, pero también tanto el senador Zubia
como la senadora Parera—. Yo quiero afirmar la absoluta
compatibilidad y el absoluto respeto que esta revisión de las tasas tiene
con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Nuestro sistema constitucional permite, por supuesto, la
regulación de un sistema de tasas y nuestra Constitución recoge el
derecho a la justicia gratuita tan solo en dos casos: en primer lugar,
cuando se acredite insuficiencia de recursos para litigar y, en segundo
lugar, remite la concreción del resto de los casos a la legislación
ordinaria, porque establece literalmente: cuando así lo disponga la
ley.

Tanto la delimitación como el concepto de justicia gratuita
han sido abordados en diferentes sentencias por el Tribunal
Constitucional. Yo les voy a recordar una, la 16/1994, que exactamente
decía que no se proclamaba en la Constitución un derecho a la gratuidad
de la Administración de Justicia, sino que lo que se proclamaba era un
derecho a la justicia gratuita en los casos y en la forma que el
legislador determine. Está también la sentencia 20/2012, a la que hace
referencia la exposición de motivos del proyecto de ley, que viene a
reconocer la opción al legislador de establecer un determinado sistema de
financiación de la justicia, que en nuestro país ya es un sistema mixto
desde el año 2002. Pero no solamente el Tribunal Constitucional, también
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que el derecho al
acceso a los tribunales no es absoluto y reconoce a los Estados la
competencia para establecer límites en ese acceso siempre que sean, por
supuesto, motivados y proporcionales.

Señorías, sus críticas a la revisión, sus críticas a ese
aumento de la cuantía de las tasas olvidan que estamos ante una opción
legislativa válida que no conculca el derecho a la tutela judicial
efectiva, y no lo conculca per se, porque es una opción legislativa
válida y no lo conculca sin más, sino por una serie de razones que les
voy a exponer a continuación.

En primer lugar es precisamente que en la fijación de las
cuantías se ha observado escrupulosamente la doctrina del Tribunal
Constitucional en la materia y no se ha superado en ningún caso el coste
del servicio público, el coste público que tienen los procesos
judiciales; es más, la fijación de la cuantía ha quedado muy por debajo
de ese coste total de los procesos judiciales. Señalaba el señor ministro
en su intervención en el Congreso de los Diputados en defensa del
proyecto de ley que ese coste se situaba en torno al 10% del coste total
de los procesos. Pero es que hay más. El proyecto de ley excepciona de su
ámbito de aplicación dos órdenes jurisdiccionales donde es más fácil ver
ese equilibrio que existe en el acceso a la justicia entre el beneficio
particular que obtiene el ciudadano cuando acude a un proceso y el
beneficio social que obtiene toda la sociedad. El primero es el orden
penal, que se excluye completamente, y en segundo lugar el orden social,
que se excluye parcialmente porque se excluye en primera instancia. Pero
además hay que contemplar tanto el conjunto de exenciones como el
conjunto de devoluciones, la bonificación que se observa en la regulación
de las tasas.

Exenciones. La primera, fundamental, la de todos aquellos
ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar y que
tengan derecho a la justicia gratuita, porque este es el mecanismo
fundamental que existe en nuestro ordenamiento jurídico, precisamente
para salvar todos esos obstáculos económicos que impiden a los ciudadanos
acudir a los tribunales; una legislación que además tiene una reforma en
ciernes y que va a aumentar el umbral de renta para acceder a la justicia
gratuita. A mayores les señalo que se han previsto diferentes
exenciones.

La segunda, la exención parcial al orden social. Como ya he
dicho, las tasas afectan exclusivamente a la segunda instancia, pero
además se ha incorporado al texto la exención del 60% del importe de la
tasa para los trabajadores por cuenta ajena y a autónomos en los recursos
de suplicación y casación. A mayores hay que decir que la actual
legislación de justicia gratuita precisamente incluye entre los
beneficiarios, sin tener en cuenta el nivel de renta, a los trabajadores

y beneficiarios de la Seguridad Social. Esas personas
tienen el beneficio de justicia gratuita y pueden acudir al orden social
gratuitamente.

A mayores existen otra serie de exenciones que no voy a
detallar, porque sería prolijo y tampoco aportan ningún valor ya que
aparecen en el texto de la ley, como son, por ejemplo, la presentación de
demanda y ulteriores recursos en los procedimientos sobre libertades
públicas, derechos fundamentales, etcétera.

Devoluciones. Se prevé la devolución de un 60% de la
cuantía en aquellos casos en que se llegue a una solución extrajudicial
de litigio; de un 20%, cuando haya acumulación de procesos, y una
bonificación de un 10%, cuando se utilizan medios telemáticos.

En segundo lugar, sus señorías han hecho también referencia
al mayor aumento que experimenta el acceso a los recursos de apelación,
de suplicación y de casación. Vuelvo a insistir: la ley discrimina entre
el derecho de acceso a la jurisdicción y el derecho de acceso a los
recursos legalmente establecidos, porque son conceptos distintos. Ambos
derechos engloban el concepto de derecho a la tutela judicial efectiva,
sin embargo, el acceso a la jurisdicción forma parte de ese componente
medular o núcleo esencial del derecho a la tutela judicial efectiva,
porque no viene otorgado por la ley, sino que forma parte o deriva
directamente de la Constitución, junto con la segunda instancia penal,
precisamente uno de los campos de nuestro ordenamiento jurídico en el que
tenemos una de nuestras mayores deficiencias. El acceso a los recursos
legalmente establecidos se incorpora a la tutela judicial efectiva pero,
precisamente, en los términos que fija la legislación ordinaria que
regula los diferentes órdenes jurisdiccionales. En ese aspecto, el texto
es absolutamente respetuoso con lo que establecen nuestra Constitución y
nuestra jurisprudencia constitucional.

Por último, quisiera llamar también la atención sobre la
cuantía de la tasa que pasa a formar parte de las costas procesales, con
lo cual se abre una vía para que aquellos ciudadanos que obtengan
finalmente una satisfacción a su pretensión en los tribunales puedan
recuperar ese coste de la tasa.

Me gustaría preguntar a sus señorías si consideran
precisamente que también el resto de países de nuestro entorno vulneran
el derecho de la tutela judicial efectiva, porque este derecho igualmente
aparece reconocido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales en
términos muy similares a los que recoge nuestra Constitución. Y, sin
embargo, el sistema mixto de financiación de la justicia, vía tasas, se
ha extendido prácticamente en todo el espacio europeo, a excepción de
Luxemburgo. El resto de los países de nuestro entorno tienen un sistema
de financiación con tasas judiciales. Si además vemos los datos del
informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, vemos que
la tasa de cobertura que se alcanza con la recaudación de estas tasas en
relación con el presupuesto de justicia es muy superior a la que se
alcanza actualmente en España y a la que se alcanzará también tras la
entrada en vigor de esta ley. Actualmente, en España esa tasa de
cobertura alcanza el 4,1%; cuando entre en vigor esta ley, alcanzará el
10%. Estamos lejos de países como Irlanda, donde es un 16,99%, de Grecia,
con un 22,8%, de Portugal o de Polonia, con un 31%, o de Alemania, con un
43%. Pero además quedamos también muy bajo del promedio que sitúa en
torno al 22% o 30%, según se incluyan o no los gastos de justicia
gratuita.

Quisiera también hacer una breve referencia —porque
se ha mencionado— a esa disparidad de criterios sobre la cantidad
que se prevé que se va a recaudar por las tasas. Señorías, esta
disparidad obedece a que se está incrementando —desgraciadamente,
como consecuencia de la crisis económica— el número de personas que
acceden al beneficio de justicia gratuita y también porque se contempla
esa futura modificación de la Ley de justicia gratuita que va a ampliar
el umbral de las personas que pueden acceder al beneficio.

En segundo lugar, terminado este análisis de esa posible
traba a la tutela judicial efectiva, voy a hacer referencia precisamente
a esa compleja relación que existe entre las tasas estatales y las tasas
autonómicas.

Las tasas que hoy debatimos son tasas de ámbito nacional
precisamente porque versan sobre la Administración de Justicia, que es
una competencia que el artículo 149.1.5 de la Constitución atribuye en
exclusiva al Estado. Es cierto que las comunidades autónomas, aunque no
todas, han ido asumiendo competencias en ese conjunto de medios
personales y materiales, que, aunque no

forman parte del núcleo esencial de la Administración de
Justicia, están al servicio de esa Administración de Justicia.

¿Es posible una concurrencia entre las tasas estatales y
las tasas autonómicas? Sin la menor duda, siempre que se respete el
criterio de que las tasas autonómicas no incurran en una doble
imposición, que no pongan como hecho imponible un hecho imponible que ya
está regulado por el Estado. Ese es el principal problema, que no haya
una doble imposición.

Les diré respecto a las tasas catalanas que el problema no
se ha generado ahora: las tasas catalanas se arreglaron en 2012, y el
sistema mixto de financiación de nuestra justicia, estas tasas estatales
que ahora se revisan, existe en nuestro país desde el año 2002.
Actualmente, la Comunidad Valenciana está a punto de aprobar una norma
que regulará las tasas judiciales —entre comillas—.

Me preguntan ustedes si esa asimetría me gusta
personalmente. No, y comparto su preocupación, porque genera cierta
desigualdad. Esa asimetría a mí no me gusta. Pero esa asimetría es
consustancial al propio modelo de Estado que tenemos, nos acompaña desde
el inicio, desde la asunción de competencias y, por supuesto, es la forma
en que las comunidades autónomas han ejercido su potestad tributaria y
han establecido tributos sobre hechos imponibles que no ha gravado el
Estado. Eso existe, lo podemos ver en el céntimo sanitario, lo podemos
ver en cantidad de tributos.

¿Cuándo debe ser depurada esa asimetría? Simplemente cuando
incumpla el ordenamiento jurídico, cuando realmente haya una doble
imposición esa asimetría debe depurarse, y nuestro ordenamiento jurídico
tiene mecanismos para depurar ese tipo de asimetrías. La cuestión es que
tenemos que aplicarlos.

Se ha hecho referencia también a la naturaleza jurídica de
las tasas. El señor Zubia ha cuestionado si realmente eran tasas. Esta es
una discusión que permanece abierta en nuestro país desde el año 2002,
desde el año en que se restauraron las tasas. Hay personas que opinan que
son tasas, otras que opinan que son impuestos y otra gente que opina que
son un tercer género indefinido. Yo le voy a dar mi opinión, y mi opinión
es que, indubitadamente, son tasas, porque las posibles disfunciones que
existen no son suficientes como para desvirtuar el concepto de tasa. Me
dice usted que lo recaudado por las tasas no se destina precisamente a la
financiación del servicio consumido por el sujeto que paga la tasa, pero
lo recaudado por las tasas se va a destinar a la financiación del
servicio público de la Justicia. Y no es ningún obstáculo para ello el
hecho de que se destine específicamente a la financiación del servicio
público de la justicia gratuita para aquellas personas que carecen de
recursos para litigar, más bien al contrario, introduce un elemento de
solidaridad que hoy, en la situación en la que está este país, es
absolutamente necesario.

Quisiera, ya para finalizar, señalar que se ha mencionado
también que el problema de nuestra justicia se soluciona con más medios.
Voy a recurrir también al último informe de la Comisión Europea para la
Eficacia de la Justicia, en el que se señala que España ocupa
precisamente el sexto lugar en Europa en cuanto al presupuesto destinado
a justicia. Por supuesto que son necesarios más medios, pero los
problemas que tiene nuestra Administración de Justicia no se resuelven
solo y exclusivamente con más medios. De hecho, yo creo que el argumento
de la perentoriedad de los medios no es admisible. Lo que tenemos que
conseguir es que nuestra justicia haga todo lo posible, alcance todo su
rendimiento con los recursos que posee, y para eso tenemos que ser más
eficaces en la gestión, lo que tenemos que hacer es gestionar más.

Señorías, hay un estudio de hace unos años del profesor
Pastor Prieto, en el que él ponía en relación precisamente la
litigiosidad con el número de acuerdos que se alcanzaban en nuestro país,
que es muy inferior al número de acuerdos que se logran en los países de
nuestro entorno, y señalaba que poniendo en relación estos dos datos se
observaba una elevada judicialización de los conflictos en nuestro país,
y él estimaba que en torno a una cuarta parte de los asuntos que hoy
llegan a los tribunales deberían tener otro tipo de solución
extrajudicial. Nosotros creemos en eso.

Para terminar quisiera hablar de la Justicia con
mayúsculas, esa que emana del pueblo y se administra en nombre del rey
por jueces y magistrados, etcétera. (El señor Díaz Tejera: Integrantes
del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos
únicamente al imperio de la ley.) Muy bien. Pues esa Justicia con
mayúsculas no corre ningún peligro, esa Justicia con mayúsculas que
configura nuestra Constitución no solo como un poder judicial sino como
un

servicio público no corre ningún peligro porque es
consustancial a la idea de Estado de derecho. Lo que tenemos que hacer es
incrementar los mecanismos de seguridad preventiva para que muchos
conflictos de los que hoy surgen no aparezcan, tenemos que incrementar
las soluciones extrajudiciales, tenemos que incrementar la mediación y el
arbitraje.

En cualquier caso, esté usted tranquilo, señor Díaz Tejera,
que esa Justicia con mayúsculas no corre peligro.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente y desde el escaño. Los senadores
Zubia y Diaz Tejera y la senadora Parera en la primera intervención
correspondiente a los vetos explicaron muy bien esta cuestión y como son
expertos en el tema y yo no, evidentemente no voy a decir más de lo que
ellos dijeron. No obstante, les diré que personalmente votaré a favor de
todos los vetos porque, en síntesis, se puede adivinar que habrá una
justicia para ricos y una justicia para pobres, de manera que muchos
ciudadanos se quedarán sin la posibilidad de pleitear. Y yo se lo digo no
en mi nombre.

Esta semana se ha presentado la nueva página web del
Senado, que se ha modificado para que sea más interactiva, y he estado
recibiendo hasta ahora mismo, desde hace una hora, muchísimos twitt de
amigos que son abogados y procuradores de Canarias, evidentemente, en los
que me dicen que esto es una aberración, preguntándose quién va a
pleitear y señalando que se pone en grave riesgo la situación de los
pequeños despachos de abogados. No soy un experto, pero me lo dicen
ellos.

Intervengo para que quede plasmado que mi grupo apoyará
todos los vetos y que quizá el Partido Popular se debería plantear
―tanto en esta Cámara como en el Congreso de los Diputados―
el rechazo de todos los demás grupos. Es verdad que cuentan con una
mayoría absoluta, legítima, que les avala —evidentemente, no lo
cuestiono—, pero insisto en que quizá se tendrían que plantear que
esta ley es mala para todos y tener en cuenta el rechazo social de los
que están más implicados como son los abogados, los procuradores y las
demás fuerzas políticas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Martínez Oblanca, también del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Resulta paradójico que en su afán por mejorar la justicia
el Gobierno promueva una ley profunda y demoledoramente injusta.

Este proyecto, por el que se regulan determinadas tasas en
el ámbito de la Administración de Justicia, supone una ruptura de los
principios más sagrados de nuestro Estado de derecho y afecta a los
usuarios de la Administración de Justicia y a los profesionales que
prestan sus servicios en aplicación del mandato constitucional a la
tutela judicial efectiva.

Por eso, vamos a rechazar la propuesta del Gobierno y sumar
nuestro voto a la alerta y a la enorme queja que se ha dejado sentir en
los ámbitos jurídicos de toda España durante el tiempo en que se ha
tramitado esta iniciativa del Gobierno en el Congreso de los Diputados y
en el Senado. Por tanto, apoyaremos los vetos a esta ley.

Estamos ante la aplicación de obstáculos económicos y, por
lo tanto, ante las trabas para que los ciudadanos puedan acceder a un
derecho constitucional fundamental. Por consiguiente, este proyecto de
ley es profundamente discriminatorio al imponer el pago de una tasa
elevada para el acceso a la justicia y su efecto final no puede ser más
lesivo: justicia para los ricos pero mucha menos justicia para quienes no
puedan costeársela.

El Gobierno desperdicia con su proyecto una gran
oportunidad para buscar elementos de acuerdo y tratar de dar solución a
los grandes problemas que arrastra la Administración de Justicia desde
hace años, y que no solo no se solucionarán con la aplicación de unas
tasas disuasorias

sino que los profundizará, con lo que, además de
obstaculizar a los ciudadanos, es un auténtico varapalo para abogados y
procuradores.

Lo razonable hubiera sido aunar voluntades con todos los
protagonistas de los diferentes colectivos judiciales, pero el Gobierno y
el grupo parlamentario que lo apoya han eludido ese esfuerzo, han
aplicado el procedimiento de urgencia y han desplazado este importante
asunto con el efecto único de recaudar y disuadir con estas tasas tan
elevadas del uso de la justicia, que incidirá sobre todo en las personas
con recursos más modestos y que no podrán hacer uso de uno de los
derechos más sagrados como es la tutela judicial efectiva. Una vez más la
discriminación: ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría.
Esta es una iniciativa del Gobierno de Rajoy que consagra la desigualdad.

Esta iniciativa es impropia de un ministro de Justicia al
que por su formación en la carrera fiscal le suponíamos un conocimiento
mucho más próximo y cercano a la realidad de la Administración que tiene
bajo su responsabilidad.

El proyecto de ley ignora de manera flagrante varios
preceptos constitucionales, singularmente los artículos que hacen
referencia a la justicia, a la igualdad y a la tutela efectiva de los
jueces —artículos 1, 9, 14 y 24 de la Constitución—.

Esta iniciativa legislativa utiliza en su preámbulo de
forma torticera una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, la
20/2012, como justificación para modificar aspectos de las tasas
judiciales, pero es falso que eso suponga que el Alto Tribunal tenga
manga ancha o dé pista libre, máxime cuando lo que en realidad resuelve
es una cuestión de constitucionalidad para un supuesto muy concreto y
emite sentencia, en la que no considera irrazonable ni disuasorio el pago
de la tasa a la entidad mercantil que demandó. Pero ¿qué sucede con las
personas físicas que se ven en la necesidad de interponer una demanda en
defensa de unos intereses legítimos? Hasta el momento la condena en
costas para aquel demandante que viera desestimada en sentencia todas sus
pretensiones era suficiente elemento de juicio para valorar la
procedencia o no del ejercicio de una acción conforme a las normas
procesales del orden jurisdiccional correspondiente, pero con el artículo
7 de este proyecto de ley se producirá un efecto disuasorio, por gravoso,
que afectará a todas las personas físicas y jurídicas, arrastrando a
muchas de ellas a la renuncia a hacer valer sus derechos frente a quienes
los incumplan.

Salvo los querulantes, las personas no se levantan por las
mañanas con la idea de interponer una demanda. Quienes recurren a la
justicia lo hacen con carácter muy general por la necesidad de hacer
valer los derechos que les han sido conculcados por incumplimiento de la
parte frente a quien promueve la demanda, de acuerdo siempre con la
legislación aplicable en cada supuesto de hecho. Resulta que con este
proyecto de ley a estas personas se las coloca en situación de
indefensión por estas tasas promovidas por el Gobierno. La medida
afectará enormemente a las clases medias que no tengan opción a acogerse
al beneficio de la asistencia jurídica gratuita. Las familias mileuristas
no tienen derecho a este beneficio y además tienen que abonar las tasas
judiciales como condición objetiva de procedibilidad, sin la cual la
demanda no será cursada, tal y como establece el artículo 8.2 del
proyecto de ley.

Además de despreciar principios constitucionales, esta
iniciativa del Gobierno vulnera los principios legales que informan el
orden tributario. ¿Es la justicia un servicio público o una función
pública cuya titularidad corresponde ejercer al Estado? En Foro creemos
que hay que garantizar a la sociedad la prestación de esta función,
porque la justicia es —no lo olvidemos— uno de los tres
poderes del Estado. Si embargo, esta Ley de tasas reincide en el cobro a
los ciudadanos por el ejercicio de la gestiones ante uno de los poderes
del Estado al que ya contribuye por la vía de los impuestos. También se
vulneran, a nuestro juicio, los principios legales contenidos en la Ley
8/1989, de Tasas y precios públicos, que tiene concordancia con las de
aquellas comunidades autónomas en lo que fuere de su competencia. Esos
principios son los de equivalencia y capacidad económica, señalados en
los artículos 7 y 8 de la Ley 8/1989 —a esta ley se refirió el
Consejo General de la Abogacía en un informe remitido a las Cortes
Generales—, en los que se concluye que la imposición de una tasa
debe vincularse al servicio prestado y no a otro servicio distinto, que
afectará, lógicamente, a personas distintas a aquellas que satisfacen la
tasa en cuestión. Se constata también en este proyecto de ley un
desprecio del Gobierno cuando ignora la capacidad económica del sujeto
pasivo. La aplicación de la tasa no es proporcional a los ingresos de los
sujetos pasivos del hecho imponible, sino que es lineal, conforme al
artículo 7 del proyecto.

¿Estamos igualando a un autónomo, a un pequeño empresario,
con un potentado o una gran empresa? Pues ese es el efecto secundario,
perverso y patológico de estas tasas que regula el Gobierno. Es decir,
demasiados obstáculos para el ejercicio de un derecho fundamental para
los ciudadanos. Este Proyecto de Ley de Tasas de la Administración de
Justicia es injusto, como dije al principio, y acumula ante sus muchos
fallos la inoportunidad por el dramático momento que vive una sociedad
española atenazada por los efectos brutales de la crisis económica.

Finalmente, reprochamos que el Gobierno consagre un régimen
dual en el que, por un lado, se aplica una justicia de beneficencia, que
es en lo que acabará reconvirtiéndose la justicia gratuita y que además
arrastrará a la precariedad a los profesionales jurídicos que participan
en ella, y por otro, el régimen dual derivado de esta ley impulsará la
justicia para los poderosos, es decir, para aquellos que puedan
permitirse pleitos largos, complejos y caros en bufetes especializados.
La consecuencia es que la clase media, la inmensa mayoría de españoles,
sufrirá en carne propia este auténtico retroceso histórico de la
Administración de Justicia en España.

Nada más, señor presidente. La senadora Salanueva, de Unión
del Pueblo Navarro, intervendrá posteriormente para justificar su
posición ante los vetos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

Senadora Salanueva, le queda apenas un minuto. Tiene la
palabra.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor
presidente.

Me reservaré entonces para el turno de defensa de las
enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.) No hay
intervenciones.

¿Grupo Parlamentario de la Entesa? (Pausa.) No hay
intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente.

Señora portavoz, tiene usted razón, usted también estaba
escuchando. Ya son dos. ¡Qué gran éxito! (Rumores.) No se equivoque, es
su partido el que está en el Gobierno. Son ustedes quienes no han sido
capaces de valorar ni una sola de las ciento cincuenta enmiendas
presentadas a este proyecto de ley. No son mis compañeros de grupo los
que tienen que estar aquí oyendo los argumentos de los vetos, porque ese
veto es a su proyecto de ley, y especialmente cuando no hay un solo veto,
sino que hay 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 vetos. Si a ustedes esto no les hace
reflexionar, si a ustedes no les hace reflexionar que en el Congreso se
quedaran solos en una votación, qué más necesitan para reflexionar sobre
este proyecto de ley. Sinceramente no lo sé y lamento decirlo.

Usted habla del criterio de doble imposición. ¿Es la
Generalitat, que tiene las competencias delegadas, quien tiene que
aplicar ese criterio, o son ustedes cuando van a recaudar una tasa en un
territorio donde no van a revertir ni un solo euro de esa tasa?
Reflexionen también sobre eso.

Usted define este proyecto como opción legislativa válida.
Pues mucho me temo, señora portavoz, que su opción legislativa válida va
a acabar en manos del Tribunal Constitucional. No duden de que nuestro
grupo parlamentario va a apoyar todos y cada uno de los vetos presentados
a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente. Con su
venia.

Sé que el Reglamento de la Cámara prohíbe leer. Nunca lo
hago, pero permítame que lea este pequeño texto —porque no quiero
hacerlo de memoria— del fundamento jurídico tercero de la sentencia
número 20/2012, la única, señora senadora. Usted habla de jurisprudencia,
pero no hay, solo hay una sentencia, que, como usted sabe, no es
jurisprudencia; establece un criterio. Cuando hay dos, se reitera y
entonces ya se consolida. Pero solo hay una. Dice: Que las tasas no sean
un

requisito impeditivo u obstaculizador del acceso a la
jurisdicción si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen
de razonabilidad o proporcionalidad.

Yo le pregunto ¿no le parece que es un elemento
obstaculizador que a un español, un señor o señora que cobra el doble del
salario mínimo —1282 euros—, es decir, que cobra 1283 euros y
no tiene derecho al beneficio de la justicia gratuita, para presentar un
recurso de suplicación le pidan 1200 euros? A mí me parece que es un
instrumento obstaculizador. Me parece que es una técnica disuasoria para
que no presente ese recurso de suplicación. Por eso le intentaba decir
que la única sentencia que existe del Tribunal Constitucional respecto a
las tasas, lo que exige es que la tasa no obstaculice, que no sea
excesiva, que no sea innecesaria y que no sea un requisito impeditivo.
¿No cree usted que esto va a ampliar, va a engordar la bolsa de
indefensión de muchos españoles? Yo creo que sí. Por eso le decía que el
derecho es una conquista civilizatoria, porque todos decidimos renunciar
a nuestra capacidad física para la violencia y dejar que sea el Estado
quien resuelva los conflictos individuales y grupales a través de un
tercero imparcial. Si ahora les decimos que ustedes no podrán acudir a la
Administración de Justicia porque no tienen recursos para hacerlo, ¿qué
les estamos diciendo? ¿Sométase usted y viva esa injusticia o solvéntela
usted como pueda? Yo creo que es un mal discurso en términos
parlamentarios. Esta mañana decía que no hemos estado a la altura, que
nos ha faltado sensibilidad, que nos ha faltado intuición y olfato en
materia de desahucio; hemos tenido que aprender de otros que nos han
enseñado. ¿Por qué razón en este asunto tenemos que plantearnos un
retroceso? No lo entiendo. Yo pensaba que la democracia parlamentaria
consistía en avanzar cada día en derechos e irlos encarnando en la vida
cotidiana de todos los españoles y que, sobre todo, estábamos para
proteger los intereses generales, no para vaciarlos de contenido. Esto es
un requisito impeditivo obstaculizador.

Y le pido, por favor, que no cite al Consejo de Europa
—antes citaba a la Comisión Europea, que es lo que argumentaba el
ministro de Justicia—, que está formado por 47 países y no 48, como
dijo el ministro —ha errado en uno—. Esa Comisión que evalúa
la eficacia y eficiencia de los sistemas judiciales, en la que he
participado, cuando evalúa a España no la ubica en esa posición. En
términos de ratio, tenemos diez jueces por cada cien mil españoles. Por
tanto, estamos debajo, a la altura de Turquía y Azerbaiyán en cuanto a
los recursos materiales y en la cantidad de asuntos que se tienen que
llevar.

Por consiguiente, el argumento de hoy no es la situación
general de la justicia, eso pertenece a otro momento, lo que estamos
debatiendo es si esto nos hace avanzar en derecho o nos hace retroceder.
Sinceramente, en su fuero interno, ¿nos hace avanzar o nos hace
retroceder? A mí me parece que retrocedemos. ¿Conquistamos derechos? No,
perdemos derechos. ¿Supone un avance o un retroceso? Supone un retroceso.
¿Genera indefensión o no genera indefensión? Yo creo que genera
indefensión. Y, sobre todo, para tanta gente que no tiene poder, me
parece hasta cruel, y no estoy hablando en términos políticos ni
jurídicos sino en términos de moralidad. ¿A usted le parece moral que
alguien que viva una situación de indefensión no pueda acudir a un
tercero imparcial porque no tiene recursos para pagárselo? En dichos
términos, me parece una inmoralidad como la copa de un pino decirle a
millones de españoles que si no tienen perras no pueden acudir al juez
para que resuelva un conflicto individual o grupal. Me parece que es
profundamente incorrecto.

Señoría, el argumento básico no es el coste del
procedimiento, porque según corresponda a un orden jurisdiccional o a
otro, tendrá un coste u otro; según participen unos peritos u otros,
tendrá un coste u otro. Lo fundamental es el coste para el ciudadano, eso
es lo que hay que evaluar, lo que cuesta para el ciudadano. Ahora no
estoy hablando de la existencia de tantos miles de despachos de pequeños
juzgados, de pequeñas boutiques jurídicas, de grandes firmas; a las
grandes firmas esto les importa un pito, a los grandes bufetes esto les
importa un pito, pero a miles de pequeños despachos ubicados por toda
España, a pequeñas boutiques jurídicas de dos, tres, cuatro o cinco
juristas que han llevado a cabo una labor inmensa en defensa de los
derechos fundamentales, esto los destroza; destroza a un montón de grupos
humanos, no solo a personas físicas sino también a personas jurídicas y a
pequeñas asociaciones que no tienen capacidad para hacer estos
discursos.

El argumento que estoy planteando es que si estuviésemos
hablando en otro momento económico, en otro momento político, en otro
momento social, sería discutible, buscaríamos alguna fórmula para
recaudar fondos para el Estado. Pero recaudar fondos, 440 millones de
euros,

a costa de derechos fundamentales, a costa de la
indefensión de sectores que necesitan del derecho y de la Administración
de Justicia, me parece que es un coste excesivo en un momento en el que,
en términos jurídicos, lo que se está haciendo no es ampliar el abanico
de derecho sino restringir el campo de los derechos; restringe
instrumentos de defensa; más sectores sociales necesitan esos
instrumentos de defensa, pero les impide su accesibilidad a la
jurisdicción con requisitos impeditivos u obstaculizadores.

Señorías, les sugiero que se planteen que esto no nos hace
avanzar. Esa es la conclusión de fondo. Esto no nos hace avanzar. Es
profundamente injusto, genera indefensión, es cruel. Permítanme la
expresión, resulta inmoral decirle a la gente que no puede acudir al
juez. ¿Pero por qué no va a poder hacerlo? Tendrá que ver con el
contenido de la petición, no con que tenga perras o no las tenga. Sé que
les disgusta que use esa expresión, pero sinceramente no sé como
calificarlo. ¿Cómo se califica cuando a alguien se le dice que puede que
tenga razón pero que si no tiene perras no puede recurrir? ¿Cómo se
califica a eso, cuando estás restringiendo derechos? ¿Como se califica
cuando se le hace imposible acudir al tercero imparcial por falta de
recursos? Yo no sé como calificarlo. Lo dejo a la fantasía imaginativa de
ustedes. En cualquier caso, la propuesta de veto no parte de ningún
razonamiento pandillero ni sectario, parte del razonamiento de que es un
derecho fundamental que supone vaciamiento de contenido. Se proclaman
como principios generales el 129 y el 24.2, pero si haces imposible su
acceso porque elevas la cuantía, lo que se hace es proclamar
retóricamente algo que no tiene sustancia material. Y yo apelo a su
condición de demócratas y de defensores de los derechos fundamentales,
que sé que en privado lo son.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado tiene la
palabra la senadora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, a medida que avanza el debate se pone más
complicado. Tengo que reconocerles que ni al Grupo Parlamentario Popular
en el Senado ni a esta senadora que está hoy en esta tribuna nos
sorprende la dureza de sus argumentos. Era algo que esperábamos.

Voy a comenzar dándoles una buena noticia que acabo de
conocer, que la Comunidad Valenciana ha retirado su propuesta para
regular las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Es una
noticia que deberíamos celebrar.

A continuación les señalo los datos de la Comisión Europea
para la Eficacia de la Justicia. Yo lo que dije textualmente es que
España fue el sexto país europeo con mayor presupuesto público destinado
a Justicia. Estos datos son del año 2010. Imagino que estarán de acuerdo
con estos datos; imagino que sí. Son los últimos datos que tiene la
Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia. El presupuesto del
Ministerio de Justicia es de los que menos recortes o menos descenso en
sus ingresos ha sufrido, porque este Gobierno es perfectamente consciente
de la importancia de la Administración de Justicia y del servicio público
de justicia en este país. (Aplausos.)

Sigo. Señalé antes diferentes sentencias del Tribunal
Constitucional que hacen referencia a la limitación y al ámbito del
sistema de justicia gratuita. Esas fueron mis palabras textuales. Hay
muchas, la 117/86, la 16/94, que fue la que cité yo expresamente y, por
supuesto, la 20/2012 que hace referencia expresa a las tasas judiciales;
sentencias que delimiten qué es la justicia gratuita en nuestro país hay
muchas.

Continúo. Al Grupo Parlamentario Popular le preocupa, por
supuesto, la financiación de la justicia. La justicia es un valor
superior de nuestro ordenamiento jurídico, es un valor excelso que no
está sujeto ni a pragmatismos ni a economicismos. Pero la justicia
también es un servicio público y como tal está sujeto a una serie de
criterios, entre los que se incluyen la eficiencia y la economía. Por lo
tanto, la justicia tiene un coste, tiene una financiación y nos preocupa.
Nos preocupa por el contexto económico en el que nos encontramos, que es
una crisis muy profunda. Nos preocupa esencialmente por la situación
complicada en la que se encuentra la financiación del sistema de justicia
gratuita en nuestro país, con noticias que son de todos conocidas porque
han salido reiteradamente en la prensa, con demoras en el pago a los
abogados que ejercen el turno de oficio. Esta situación nos preocupa. El
Estado y las comunidades autónomas están asumiendo un amplio coste para
pagar ese servicio de justicia gratuita. Todos estamos asumiendo esos
costes para pagar el beneficio de justicia gratuita. Lo que no podemos
hacer es que por esa

falta de financiación sufra su eficacia o, incluso, peligre
su viabilidad. Y en tercer lugar, al Grupo Parlamentario Popular en el
Senado le preocupa la forma justa y razonable en que se debe distribuir
el coste de la justicia, ese sistema mixto que —como he
dicho— ya existía en nuestro país y que ahora se revisa con el
proyecto de ley que estamos debatiendo.

Respecto a la cuantía de la tasa vuelvo a decir lo mismo,
la revisión de la tasa y la cuantía de la tasa respetan el derecho a la
tutela judicial efectiva. Señorías, los argumentos que esgrimen ustedes
inducen a una confusión entre lo que es el derecho a la tutela judicial
efectiva y lo que es el derecho a la justicia gratuita. He señalado el
respeto que se ha tenido a la hora de fijar la cuantía de las tasas, de
acuerdo con los criterios que ha dictado el Tribunal Constitucional en
relación con las tasas como figura tributaria, a cuánto debe alcanzar la
cuantía de estas tasas.

Ha criticado de nuevo el senador Díaz Tejera la cuantía de
las tasas en segunda instancia, en particular en el recurso de casación.
Quisiera preguntarles algo, en especial a las señorías del Grupo
Parlamentario Socialista. Consideran la elevación de esa cuantía de las
tasas una traba en el acceso a la tutela judicial efectiva, pero díganme
¿Cómo considerarían que se suprimiese el recurso de apelación en el orden
civil en los juicios verbales cuando la cuantía no alcanzan los 3000
euros, o que se subiese la cuantía mínima para recurrir en apelación en
el orden contencioso administrativo de 18 000 a 30 000 euros? Porque eso
lo hicieron ustedes con la Ley 37/2011, de Medidas de agilización
procesal. ¿Eso no supone una traba a la tutela judicial efectiva? ¿Eso no
supone un obstáculo al acceso de la jurisdicción? (Aplausos.) Señorías,
eso supone un obstáculo al acceso a la jurisdicción. Le leo más, le leo
la explicación: en particular respecto a la exclusión del recurso de
apelación al orden civil de los juicios verbales cuando la cuantía no
alcanza los 3000 euros, tratando con ello de limitar el uso, a veces
abusivo y muchas veces innecesario, de instancias judiciales. Esa fue la
argumentación que ustedes alegaron en la Ley 37/2011 para limitar el
acceso a la tutela judicial efectiva.

Voy a exponerles a continuación las razones por las que el
Grupo Parlamentario Popular y esta senadora van a votar a favor del
proyecto de ley que regula las tasas judiciales y que revisa las tasas
judiciales que hoy debatimos. La primera de ellas es precisamente la de
la solidaridad. Sí, señoría, valoramos muy positivamente la literalidad
del artículo 11, donde se dice que lo que se recaude por este Estado se
va a destinar en beneficio de la justicia gratuita. Lo valoramos muy
positivamente porque estamos en una situación económica muy complicada,
porque cada vez son más los beneficiarios que necesitan acceder a este
sistema de justicia gratuita y porque ese sistema de justicia gratuita
tiene grandes problemas de financiación y es necesario hacerles frente,
porque entonces sí que quebraría uno de los pilares de nuestro Estado
social y democrático de derecho, que es precisamente garantizar a los
ciudadanos que no tienen recursos la posibilidad de acceder a los
tribunales. Entonces sí quebraría un pilar de nuestro Estado de
derecho.