El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números
1 a 25, presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Martínez Muñoz defiende la enmienda número 69,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas números 26 a
43, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor el señor Montilla Aguilera da por defendidas las
enmiendas números 44 a 68, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

El señor Bel Accensi defiende las enmiendas números 87 a
121, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El señor Sen Vélez defiende las enmiendas números 70 a 86,
del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), así como
los señores Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Vázquez García, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y De las Heras Muela, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 1, 2 y 3, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por 76 votos a favor, 152 en contra y 12 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 4 y 5, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por 5 votos a favor, 161 en contra y 75 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 6 y 7, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por 9 votos a favor, 150 en contra y 82 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 8, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 4
votos a favor, 227 en contra y 11 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 9, 11 y 13, de los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto, por 4 votos a favor, 152 en contra y 87 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 10, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 9
votos a favor, 163 en contra y 70 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 12, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 9
votos a favor, 152 en contra y 82 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 14, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 4
votos a favor, 157 en contra y 82 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 15 y 16, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por 86 votos a favor y 156 en contra.

Se rechaza la enmienda número 17, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 16
votos a favor, 154 en contra y 73 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 18, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 91
votos a favor y 152 en contra.

Se rechaza la enmienda número 19, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 4
votos a favor, 164 en contra y 75 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 20, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 78
votos a favor, 153 en contra y 12 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 21, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 74
votos a favor y 168 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 22 y 25, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por 9 votos a favor, 152 en contra y 82 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 23, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, 91 votos a
favor y 152 en contra.

Se rechaza la enmienda número 24, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 22
votos a favor, 152 en contra y 69 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 69, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 94 votos a favor y 149 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 26 y 29, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 79 votos a favor, 151
en contra y 12 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 78 votos a favor y 164 en
contra.

Se rechaza la enmienda número 28, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 74 votos a favor, 164 en contra y 5
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 30, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 24 votos a favor, 151 en contra y 67
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 31, 32 y 34, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 79 votos a favor, 152
en contra y 12 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 23 votos a favor, 152 en contra y 66
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 35, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 12 votos a favor, 152 en contra y 79
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 36, 37 y 39, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 74 votos a favor, 152
en contra y 17 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 38 y 40, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 76 votos a favor, 151
en contra y 14 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 41, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 90 votos a favor y 152 en
contra.

Se rechaza la enmienda número 42, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 78 votos a favor y 164 en
contra.

Se rechaza la enmienda número 43, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 86 votos a favor, 151 en contra y 5
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 44 a 46, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 71 votos a favor, 152
en contra y 20 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 47 y 48, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor, 163
en contra y 75 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 49 y 50, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 9 votos a favor, 152
en contra y 82 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 51, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor, 227 en contra y 12
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 52, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor, 151 en contra y 88
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 53 y 55, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 9 votos a favor, 164
en contra y 70 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 54, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor, 164 en contra y 75
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 56, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 10 votos a favor, 151 en contra y 81
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 57, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 12 votos a favor, 157 en contra y 74
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 58 y 59, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 85 votos a favor, 157
en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 60, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor, 152 en contra y 87
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 61 y 66, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 91 votos a favor y 152
en contra.

Se rechaza la enmienda número 62, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor, 163 en contra y 74
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 63, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 79 votos a favor, 152 en contra y 12
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 64, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 74 votos a favor, 157 en contra y 12
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 65 y 68, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 9 votos a favor, 151
en contra y 82 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 17 votos a favor, 152 en contra y 73
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 87 a 91, 93 a 96, 99, 109
y 110, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
por 12 votos a favor, 155 en contra y 76 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 92, 97, 98, 100 a 108,
111, 115 y 117, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió, por 12 votos a favor, 225 en contra y 6 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 112 a 114, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 18 votos a
favor y 224 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 116 y 118, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 80 votos a
favor y 162 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 119 a 121, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 12 votos a
favor, 153 en contra y 78 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 70, 73 a 78 y 83, del
Grupo Parlamentario Socialista, por 78 votos a favor, 152 en contra y 12
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 71, 79, 81 y 86, del
Grupo Parlamentario Socialista, por 79 votos a favor y 163 en contra.

Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo Parlamentario
Socialista, por 74 votos a favor, 164 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 80 y 82, del Grupo
Parlamentario Socialista, por 72 votos a favor, 150 en contra y 19
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 84 y 85, del Grupo
Parlamentario Socialista, por 91 votos a favor y 152 en contra.

Se aprueba el proyecto de ley por 146 votos a favor, 4 en
contra y 91 abstenciones.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

4.2. CONOCIMIENTO DIRECTO

4.2.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la
ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la
República de Croacia. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

2572

El señor vicepresidente primero, presidente en funciones,
informa a la Cámara de que el embajador de la República de Croacia, el
señor Neven Pelicarié, se encuentra presente en la tribuna de
invitados.

En turno de portavoces intervienen los señores Anasagasti
Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y
Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; así como la señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, y los señores Sañudo Aja, por
el Grupo Parlamentario Socialista, y Agramunt Font de Mora, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el proyecto de ley orgánica, por asentimiento de
la Cámara.

El señor vicepresidente primero, presidente en funciones,
informa de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
proyecto de ley orgánica.

5. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

5.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

5.1.1. Enmiendas al Acuerdo sobre la conservación de los
cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua,
adoptadas en la IV reunión de las Partes, hecho en Mónaco el 12 de
noviembre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

2578

5.1.2. Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión
Europea y sus Estados miembros por una parte, y Georgia, por otra, hecho
en Bruselas el 2 de diciembre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

2578

5.1.3. Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino Hachemí de
Jordania, por otra, hecho en Bruselas el 15 de diciembre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

2578

5.1.4. Canje de Notas, de fechas 20 de abril de 2007 y 20
de junio de 2011, entre el Reino de España y la República Francesa para
la puesta en vigor de diversas modificaciones del Convenio de 14 de julio
de 1959 relativo a la pesca en el río Bidasoa y la bahía de Higuer.

Comisión: Asuntos Exteriores

2578

5.1.5. Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la Federación de Rusia al Convenio sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre
de 1980.

Comisión: Asuntos Exteriores

2578

El señor Muñoz-Alonso Ledo presenta los dictámenes de la
Comisión.

Se aprueban los dictámenes por asentimiento de la
Cámara.

El señor vicepresidente primero, presidente en funciones,
informa de que quedan concedidas las autorizaciones.

Se levanta la sesión a las trece horas y cincuenta
minutos.

Página
2524

se mermarán los servicios básicos del territorio, porque no
estamos hablando exclusivamente de transporte, sino de lo que supone el
transporte para estos territorios, que son Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla. Y conlleva prácticamente el todo, pues todos los servicios
básicos, como sanidad, educación, etcétera, dependen del transporte.

Por ello, en el proyecto de ley de los Presupuestos
Generales del Estado, en concordancia con lo aprobado por la Cámara Alta,
se establece en la disposición adicional décima que la ministra de
Fomento podrá fijar mediante orden ministerial las cuantías máximas
bonificables para el transporte aéreo destinado a los territorios no
peninsulares y nos preocupa que la ministra de Fomento pueda hacerlo,
porque podría abrir la puerta a la reducción del 50% de la
bonificación.

Obvio es decir que para los Gobiernos de Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla, la garantía de accesibilidad al transporte
aéreo y marítimo es fundamental. Accesibilidad que pasa necesariamente
por una oferta adecuada de frecuencias, rutas y unos precios razonables
para los usuarios.

Cuestionar la validez de esta política es entender el
territorio español como un territorio continuo, y no es así.

Nos preocupaba la introducción en el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado de la modificación mediante una orden
ministerial de esta cuantía. Esta preocupación es la que ha dado pie a
presentar la moción que hoy estamos debatiendo.

El establecimiento de las tarifas máximas bonificables en
un mercado en el que conviven compañías tradicionales y compañías de low
cost podría llevar a la desaparición de las primeras y dejar la
accesibilidad de estos territorios solo para los mercados caprichosos de
las compañías de bajo coste, lo cual sería negativo para estos
territorios.

Como ustedes bien saben, hace pocas semanas ha cerrado
temporalmente Islas Airways, una compañía que hacía las rutas
interinsulares en Canarias. Esto ha supuesto un duro golpe para el
transporte aéreo, concretamente, para el transporte interinsular de
Canarias, porque nos deja con una sola compañía, Binter Canarias, que
aunque es verdad que ha anunciado que no subirá los precios —será
porque ya los tiene en el límite de la obligación de servicio
público—, es evidente que los monopolios y, en este caso, en algo
tan fundamental para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, como es el
transporte, en concreto, el aéreo, nunca son buenos.

Este cierre no es igual en magnitud al de Spanair, que
generó muchas dificultades y cancelaciones para los usuarios y también
una subida de los precios de las demás compañías, así como una falta de
oferta por parte de estas. Hoy en día esto es palpable. Lo digo porque
esta mañana me he metido en diferentes compañías que vuelan regularmente
a Canarias y Baleares y he intentado sacar diferentes billetes, tanto
para mañana como para diciembre, para que vean los precios. Puedo
decirles que hoy, por ejemplo, día 24, volar a Tenerife Norte en turista,
con el descuento de residente, cuesta 501 euros, y esta misma mañana, a
las siete y cuarto, quedaba una plaza. Eso es lo que cuesta.

Y para que no digan que solo he comprado uno para hoy, lo
he comprado también para el 13 de diciembre, y cuesta en turista, quedan
tres plazas, 492 euros. Y la tarifa reducida son 380 euros, quedando una
plaza para diciembre. Esto con el descuento de residente. Imagínense,
estamos hablando de 501 euros, es decir, el billete para ir hoy a
Canarias cuesta 1000 euros. Viajar hoy de Madrid a Nueva York cuesta 1110
euros y hacerlo a Canarias, 1002 euros. Eso es real, y lo he comprobado
en varias compañías de las que vuelan regularmente a Canarias. Si a
ustedes les parece que estos son precios razonables… Evidentemente,
creo que estamos en un mundo de locos.

¿Por qué digo todo esto? Porque con la primera parte de la
transaccional que hemos firmado intento conseguir que se garantice esta
subvención; si no, esa cohesión de la que el ministerio tanto habla y que
todos queremos no existiría. No existe ya, estamos muy alejados y esto
nos aleja mucho más. Pienso que debe garantizarse la bonificación del 50%
—y lo pongo en mi primera parte— pero a la vez hay que buscar
otros mecanismos para que el dinero público destinado a la subvención sea
rentable a los usuarios. Digo esto porque desde que empezó la subvención
del 50% —antes era del 36% y ahora es del 50%, o sea, ha aumentado
el dinero público, el dinero de todos, que se destina a esta
subvención— los usuarios nunca han visto una rebaja en los
billetes, solo se benefician las compañías. Imagínense lo perverso que es
que yo como compañía diga que hoy solo tengo cinco plazas para viajar a
Canarias o Baleares y las venda a 2000 euros, porque quiero y porque
puedo, y hemos de viajar obligatoriamente porque desgraciadamente no

podemos ir en otro transporte, sea por temas de salud, de
trabajo, de estudios, de deportes o cualquier otro asunto —peor aún
es cuando se trata de temas urgentes, sanitarios o de trabajo—. Si
la compañía quiere que cueste 2000 euros, el Estado va a pagar 1000; es
más, como el Estado le va a pagar el 50%, puede pensar en ponerlo a 5000
euros para que le pague 2500. Esta es una práctica abusiva de las
compañías que creo, sinceramente, que nosotros como representantes
territoriales —y el ministerio, también— hemos de intentar
mejorar para que no sean las compañías aéreas las que se lleven las
subvenciones en vez de los usuarios.

En el primer punto de la enmienda transaccional presentada
conjuntamente con las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios
Popular y Socialista lo que intento es que se investiguen
pormenorizadamente las rutas aéreas en los territorios de Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla. Solicito que se investiguen todas las rutas y
que se garanticen un mínimo de frecuencias a unos precios asequibles y
reales. Y si en esa negociación que tiene que llevar a cabo el ministerio
con las compañías estas no ceden, tenemos un argumento que se llama las
OSP con el que podemos obligar a las compañías a cumplir determinadas
frecuencias, servicios y precios. Es fundamental hacerlo, no podemos
esperar más. No se puede seguir estafando a los usuarios y poniendo en
jaque a comunidades autónomas como Canarias y Baleares y a las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.

El segundo punto se refiere tanto a las conexiones entre
Canarias y Baleares con el exterior como a los trayectos interinsulares.
Antes he comentado que viajar de Madrid a Nueva York puede costar 1100
euros y 1002 euros de Madrid a Tenerife, pero también tengo que plasmar
aquí el abusivo coste que soportamos los de Canarias y los de Baleares
cuando hemos de viajar entre islas, algo fundamental para nosotros.
Imagino que lo entienden pero para nosotros viajar de una isla a otra es
como ir de una ciudad a otra en el territorio peninsular, es como ir de
Segovia a Madrid a trabajar o al médico, o a estudiar, o a realizar una
actividad deportiva o cultural. Nosotros eso lo tenemos que hacer a
través del avión y del barco, con lo cual en Canarias y Baleares ese
mismo servicio supone un coste medio superior al 180% si lo comparamos
con el transporte en la Península. Y estoy hablando en tiempo y en
distancia. Treinta minutos en Canarias y Baleares para un no residente
supone un gasto de 170 euros, evidentemente para un residente la mitad
porque estamos subvencionados, mientras que 30 minutos en la Península
supone, por ejemplo, 9 euros en el AVE si nos trasladamos de aquí a
Segovia. Pero es que además se puede utilizar otro tipo de transporte,
desde el autobús hasta el coche e incluso la bicicleta si quiero cogerla,
y evidentemente en los territorios archipelágicos no tenemos esa
posibilidad.

En el tercer punto, sobre las directrices que hay que
adoptar, yo ponía en mi moción original el billete punto a punto. No lo
incluyo aquí, pero sí que hay que estudiar en este punto esa posibilidad.
Es decir, dar la posibilidad de que en aquellos territorios que no tienen
conexión directa, como el caso de Baleares y Canarias que son islas que
no tienen conexión directa, no se cargue doble pasaje. Yo tengo que
viajar de El Hierro a Lanzarote y pagar el pasaje de El Hierro a Tenerife
que cuesta 170 euros. Después tengo que pagar otros 170 euros de Tenerife
a Lanzarote, cuando lo que yo quiero es ir a Lanzarote en conexión
directa. Creo que tenemos que volver a recuperar ese sistema de punto a
punto que teníamos en el año 2006 para contribuir a la cohesión
territorial de toda España, pero también a la cohesión interterritorial
entre los dos archipiélagos.

Y para terminar, señor presidente, el último punto de esta
enmienda transaccional que hemos presentado, es para dedicar los mayores
esfuerzos desde el Ministerio y las compañías para que el sistema
automatizado de residencia sea ya una realidad. Yo lo he hablado con
muchos compañeros senadores de diferentes partidos, y no puede ser que el
desconocimiento —perdonen que lo diga— de alguien en Madrid
sobre una realidad archipelágica estipule la obligación de algo tan
arcaico como el certificado de residencia. Nosotros, los partidos
políticos, tanto el que sustenta al Gobierno como los que estamos en la
oposición, debemos ser capaces de hacer entender a la ministra y a su
ministerio que eso es algo arcaico y surrealista. Se pretende perseguir
el fraude, pero se puede falsificar mucho más —desgraciadamente
está demostrado—, y no entiendo que nos lo impongan porque a
alguien que no entiende la realidad se le ocurra que esa es una manera de
reducir el fraude. Perdone que se lo diga, pero no se ha reducido el
fraude porque ahora se puede defraudar más con una simple fotocopia que
todos podemos imprimir. Un niño de 13 años puede quitar el nombre y poner
el nombre y el DNI que le dé la gana y ya está, ya todos somos canarios.
Hoy en día

cualquier persona de España, con el DNI de Jaén y un
certificado puede volar. Y eso lo ha impuesto desde aquí alguien que no
tiene conocimiento de la realidad canaria. Yo me niego a aceptarlo y
entre todos tenemos que conseguirlo.

Termino, señor presidente, agradeciendo otra vez a todos
los grupos parlamentarios la comprensión que han tenido con este asunto y
que hayamos llegado a una enmienda transaccional por el bien de todos.
Voy a estar muy vigilante, se lo digo al señor Mateu, del Grupo
Parlamentario Popular, y al Gobierno, para que esto se cumpla porque es
capital para Baleares, para Ceuta, para Melilla y para Canarias. Y si no
es así, aquí estaré otra vez para seguir reivindicando, ya por pesado,
algo que creo que los canarios de todos los partidos, de Baleares, Ceuta
y Melilla entienden y comprenden. Espero que así ocurra también con el
ministerio.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Se ha presentado a la Mesa una enmienda transaccional
firmada por todos los grupos parlamentarios. Por consiguiente, decaen las
enmiendas de los grupos parlamentarios Popular y Socialista.

Por tanto, pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.) Entiendo su
intervención agotada.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? Tiene la palabra
la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas
gracias, señor vicepresidente.

Buenos días, señorías. Nuestra posición va a ser la de
apoyar esta moción. Como en otras tantas ocasiones, el señor Quintero ha
presentado el grave problema que tiene la gente que vive en las islas.
Entre otras razones pensamos que tenemos que apoyar esta moción porque el
asunto de tarifas máximas bonificables en un mercado en que concurren las
compañías tradicionales con las de bajo coste, deja a aquellas en peligro
de extinción. Y de esa forma no se puede asegurar ni garantizar la
accesibilidad de los ciudadanos que viven en islas como Canarias y
Baleares. No se puede y no debemos dejar un derecho fundamental, como es
el de circular libremente, exclusivamente en manos del mercado, ya que no
deberíamos estar sometidos solamente a las leyes del mercado. Nuestras
leyes deben ayudar a la cohesión social y no estar únicamente en función
de la rentabilidad económica. También debemos atender al aspecto social,
porque pensamos que en democracia la libertad de circulación es
fundamental, y para preservar ese derecho los representantes del pueblo
debemos estar atentos para que este realmente se garantice.

Hay un concepto que no solemos comentar aquí y que para
nosotros es vital, sobre todo desde el punto de vista económico. Si por
una parte para un canario o para un balear puede resultar caro un
billete, hay que pensar también en la cantidad de horas que necesita para
poder trasladarse. Es decir, que si a cualquier persona de dentro de la
Península le cuesta llegar a Madrid tres o cuatro horas, a estos señores
les lleva todo un día con los costes que eso supone, y si encima no se
les garantiza que puedan andar libremente y con unos costes razonables,
la discriminación es doble. Nosotros pensamos que Canarias nos viene bien
económicamente porque con ella Europa llega hasta la mitad de África, y
eso nos favorece y nos posibilita tener una plataforma europea muy
importante en el continente africano, pero eso tiene un coste.

Luego además de las económicas, son muchísimas las razones,
como las sociales, las derivadas de las libertades fundamentales y otros
muchos derechos, las que confluyen en un simple billete de avión, que
puede suponer el cielo o el infierno. Intentemos quedarnos aunque sea en
la mitad.

Muchísimas gracias, señorías. Mi grupo parlamentario
apoyará esta moción. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa pel Progrés de
Catalunya tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: President, senyories, molt bon
dia.

La proposta de Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda que recentment ha presentat la ministra en el seu punt 2.4 diu
textualment un dels objectius: Reforzar la cohesión territorial y la
accesibilidad de todos los territorios del Estado a través del sistema de
transportes. I precisa en un paràgraf: En particular, y con arreglo a
este objetivo, se tendrán presentes de forma especial las necesidades de
acceso de la Península a sus archipiélagos, a las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla así como las conexiones interinsulares.

Per tant, el nostre grup celebra que s’hagi pogut
arribar a aquesta transaccional que dóna concreció, que posa a un nivell
molt més concret aquest enunciat genèric del pla que va presentar la
ministra. Perquè efectivament estem parlant del dret a la mobilitat,
estem parlant del dret a la mobilitat de milers i milers de ciutadans i
ciutadanes del nostre país i aquest dret a la mobilitat no només es pot
expressar en genèric sinó que cal concretar-lo.

Per això, vull enunciar el suport del Grup de
l’Entesa a aquesta transacció, que fa aquestes concrecions
absolutament imprescindibles i necessàries, i dóna peu a que les
garanties i les facilitats que aquests ciutadans i ciutadanes es mereixen
tinguin la possibilitat de ser efectius i reals.

Les obligacions de servei públic ens sembla un instrument
imprescindible i adequat; precisar la bonificació també i, evidentment,
les facilitats del registre automàtic, que s’hauria de poder posar
en marxa quan abans millor, crec que complementen aquest nivell de
concreció. Per això també vull felicitar la tenacitat del senador Narvay
Quintero i expressar-li de nou, des d’aquesta tribuna, que el Grup
de l’Entesa, sempre que es tracti de defensar la igualtat
d’oportunitats de persones i territoris i aquesta manera
d’entendre Espanya, diversa, respectant la seva pluralitat, les
seves especificitats però alhora amb igualtat d’oportunitats i de
drets, ens tindrà al seu costat.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Señor presidente, señorías, buenos días.

La propuesta del Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda que ha presentado recientemente la ministra dice en su punto 2.4
que uno de los objetivos es reforzar la cohesión territorial y la
accesibilidad de todos los territorios del Estado a través del sistema de
transportes. Y precisa en un párrafo: En particular, y con arreglo a este
objetivo, se tendrán presentes de forma especial las necesidades de
acceso de la Península a sus archipiélagos, a las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla así como las conexiones interinsulares.

Por tanto, mi grupo parlamentario celebra que se haya
podido llegar a esta enmienda transaccional que concreta este enunciado
genérico del plan que presentó la ministra. Porque efectivamente estamos
hablando del derecho a la movilidad de miles y miles de ciudadanos y
ciudadanas de nuestro país, un derecho que no solo se puede expresar en
genérico, sino que hay que concretarlo.

Por ello quiero anunciar el apoyo del Grupo Parlamentario
de Entesa a esta transaccional que hace estas concreciones absolutamente
imprescindibles y necesarias, dando pie a que las garantías y las
facilidades que estos ciudadanos y ciudadanas se merecen tengan la
posibilidad de ser efectivas y reales.

Las obligaciones de servicio público nos parecen un
instrumento imprescindible y adecuado; precisar la bonificación, también,
y evidentemente las facilidades del registro automático que se tendría
que poner en marcha lo antes posible y que complementan este nivel de
concreción. Por ello también quiero felicitar la tenacidad del senador
Narvay Quintero, y expresarle una vez más desde esta tribuna que, siempre
que se trate de defender la igualdad de oportunidades de personas y
territorios y esta forma de entender España, una España diversa,
respetando su pluralidad y sus especificidades, pero a la vez la igualdad
de oportunidades y derechos, va a tener al Grupo Parlamentario de Entesa
a su lado.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió
tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, president.

Únicament per manifestar el nostre suport a la moció
posteriorment transaccionada pel senador Narvay Quintero.

El senador Narvay Quintero és d’aquells senadors que,
de manera molt constant, ens va recordant la importància del concepte de
territori i la cohesió del territori. La cohesió del territori també
passa, no únicament des d’un punt de vista de la reorganització
territorial, sinó la capacitat de donar sortida als drets, en aquest
sentit també, drets d’igualtat pel que fa al tema de la mobilitat.
El tema del servei públic com a concepte de mobilitat ha d’anar de
punta a punta i ha de ser garantit.

Per això creiem que és de plena justícia que aquests
condicionants i aquestes necessitats es puguin solucionar i que els
canaris tinguin de ple dret exactament els mateixos drets que
d’altres d’àmbit territorial.

Únicament manifestar el nostre suport.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Quiero solamente manifestar nuestro apoyo a la moción del
senador Quintero, que ha sido posteriormente transaccionada.

El senador Narvay Quintero es de aquellos senadores que, de
forma muy constante, nos van recordando lo importante que es el concepto
de territorio, y la cohesión de este territorio. Y la cohesión de este
territorio no solo tiene que ver con la reorganización territorial, sino
también con la capacidad de dar cobertura a los derechos, en este caso
derecho de igualdad por lo que se refiere a la movilidad. El servicio
público y la movilidad tienen que ser garantizados de punta a punta del
territorio.

Es de justicia que se puedan solucionar realmente estos
condicionantes y estas necesidades, y que, en todo caso, los canarios de
pleno derecho tengan los mismos derechos que los ciudadanos de otros
territorios.

Manifestamos, pues, nuestro apoyo a la moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador señor Fuentes Curbelo.

El señor FUENTES CURBELO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.

Efectivamente, esta es la cuarta vez que este asunto viene
al Pleno del Senado en forma de iniciativa de control: como interpelación
—que vimos en el mes de mayo de este año—, como moción que
aprobó la Cámara en el mes de junio, nuevamente como moción en el mes de
septiembre y ahora esta nueva moción. Lo que quiere decir, al fin y al
cabo, que este es un asunto que no se ha resuelto satisfactoriamente
hasta el día de hoy y que en los territorios no peninsulares sigue
habiendo muchísima preocupación e incertidumbre por las verdaderas
intenciones del Gobierno sobre las ayudas para viajar en estos
territorios, o entre ellos y la península.

El Grupo Socialista sigue defendiendo los mismos objetivos
que se aprobaron en el mes de junio de este año, y que coinciden con lo
que planteaba en principio la moción del senador Quintero y con una
enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Socialista, que reflejaban
globalmente esa preocupación de que hablo y las garantías que necesitan
este tipo de bonificaciones; de ahí la transacción.

El Grupo Parlamentario Socialista sigue defendiendo que se
garanticen las bonificaciones del 50% y que no se vinculen —como se
hizo en la moción del Grupo Popular en el mes de septiembre— con
las disponibilidades presupuestarias, dado que se trata de un derecho que
garantiza la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades de los
ciudadanos de los territorios no peninsulares. Seguimos defendiendo que
se establezca una tarifa máxima en los trayectos archipelágicos y de las
ciudades autónomas con la península, similar a la que ya se aplica entre
las islas, y que se adecuen las obligaciones de servicio público a las
directivas de la Unión Europea, para que las tarifas se consideren desde
el origen al destino sin que el viajero tenga que abonar el suplemento
que se derive de las escalas que tengan que hacer las líneas que no
disponen de conexiones directas.

Además, insistimos en la necesidad de que el Gobierno
implante de manera generalizada y definitiva el sistema de acreditación
de la residencia automatizado, que ahora mismo solo algunas empresas
aéreas y marítimas utilizan. En ese sentido iba la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, que trataba de liberar a los ciudadanos de los
territorios no peninsulares de la obligación de tener que viajar con tres
documentos: la tarjeta de embarque; el documento nacional de identidad y
el certificado de empadronamiento.

No nos cabe la menor duda de que, cuando el Gobierno mira
los créditos de las bonificaciones para viajar en los territorios no
peninsulares, lo hace con la intención de recortarlos, como se han
recortado otras partidas en los Presupuestos Generales de 2012 y en el
Proyecto de Presupuestos de 2013, que se está debatiendo en el Congreso.
El Gobierno ya tomó algunas decisiones relevantes sobre este asunto: de
entrada, mandar a sus senadores que trajeran a esta Cámara una propuesta
que condicionaba —que era lo grave— estas ayudas a las
disponibilidades presupuestarias, lo que abría una puerta a su reducción,
si no a su supresión en el futuro; esa era nuestra preocupación. Y
también tomó el Gobierno otra medida relevante, con la excusa de combatir
el fraude: exigir el certificado de empadronamiento para poder viajar,
retrotrayéndonos al siglo pasado en la época de las tecnologías de la
información y las comunicaciones; un auténtico sinsentido estas prácticas
del siglo pasado ahora.

En este asunto, solo en una cosa estamos de acuerdo con el
Partido Popular: hay que combatir el fraude. Hasta ahí, de acuerdo; pero
no en esas medidas que se pretendía tomar y por las que se vislumbraban
las intenciones del Gobierno. En el Pleno del 12 de septiembre, la propia
ministra de Fomento, tratando de justificar los recortes a las
subvenciones para viajar, aseguró que había unos 231 pasajeros en el
mercado interbalear, en las Islas Baleares, que habían consumieron más un
millón de euros y habían hecho más de 60 trayectos. Dijo también que en
el segmento intercanario se financió a 1809 pasajeros que hicieron más de
30 viajes de ida y vuelta al año, es decir que se movieron de una isla a
otra, bien en barco o en avión, unas tres veces al mes. Además, dijo que
había 33 pasajeros, 22 de ellos localizados —esas fueron sus
palabras, no está mal la matización— que habían realizado más de
200 trayectos, más de 100 de ida y vuelta; claro, es que, si sales de una
isla, normalmente tienes que regresar, y no se puede hacer a nado, así
que no hay otra posibilidad.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista considera que
el fraude no se combate poniendo a los ciudadanos extrapeninsulares bajo
sospecha, poniéndolos en el punto de mira, ni obligándoles a llevar todos
esos documentos cada vez que tengan que subirse a un barco o a un avión.
Francamente, creo que quien puso esos datos en manos de la señora
ministra le ha hecho un flaco favor, porque eso no es vigilar la eficacia
y la eficiencia de los fondos públicos. Es una auténtica vergüenza que,
con esa velada insinuación, se haya puesto en duda el proceder de tantos
ciudadanos que, por las razones que sea, están obligados a moverse, bien
dentro de su territorio o bien a la península. Eso no es entender lo que
es un archipiélago; eso no es entender lo que es la necesidad de viajar
en territorios alejados o fragmentados por motivos diversos: médicos,
empresariales, familiares y, alguna vez también, de ocio, para pisar el
resto de España y el resto del mundo, ¿por qué no? Esperemos que no
tengan la pretensión de que los ciudadanos españoles y residentes en esos
territorios no nos relacionemos con los de otras comunidades; de que no
mantengamos relaciones sociales, comerciales, humanas, culturales con el
resto de los ciudadanos españoles, en condiciones de igualdad. Con
argumentos como los que esgrimió aquí la señora ministra, nos dio la
impresión de que lo que pretende el Gobierno puede ser mantenernos
encerrados, cada uno en su correspondiente territorio.

Por otra parte, el ministro Soria —que, cada vez que
va a Canarias, trata de justificar los recortes del Gobierno, se dedica a
poner en duda la solvencia de nuestra comunidad y, sobre todo, a añadir
crispación en la política de Canarias, en lugar de fomentar la necesaria
cooperación entre las instituciones— contribuye también a la
ceremonia de la confusión diciendo que ese supuesto fraude en la
utilización de las ayudas para viajar se produce también con el típico
soldadito peninsular español, que se empadronó cuando hizo el servicio
militar y todavía, hoy en día, sigue empadronado en Canarias, lo que creo
que es una auténtica barbaridad. Eso está en los periódicos: es un
insulto a los miles y miles de ciudadanos españoles que han hecho el
servicio militar en Canarias y que no están empadronados ni están
cometiendo ningún fraude.

Creo que han hecho bien los senadores y senadoras del
Partido Popular de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla explicándoles a
sus compañeros del Gobierno lo que entraña vivir en territorios alejados
y fragmentados, como Baleares y Canarias, haciéndoles comprender que
estas ayudas no son una bonificación graciosa del Gobierno sino una
obligación del Estado para con los ciudadanos de este país. Llevar el AVE
a Galicia, Cataluña o Valencia es avanzar en la cohesión territorial y
avanzar en la adecuada conectividad de los territorios de nuestro país;
avanzar en la cohesión territorial y en la conectividad de Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla es garantizar —esa es la palabra, y
consta en el texto que se ha transaccionado— las bonificaciones a
las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo
para los territorios no peninsulares.

Me alegra que en el texto que se ha transaccionado acepten
garantizar las ayudas y renuncien a vincularlas a las disponibilidades
presupuestarias, que es lo que abre la puerta a su recorte o a su
supresión en el futuro. Nos temíamos que, en este caso, nos podía pasar
como en otros tantos en que, al menos en la situación de Canarias, las
partidas destinadas en el Proyecto de Presupuestos de 2013 se han visto
recortadas, si no anuladas, lo mismo que los créditos destinados a la
desalación de agua de mar, cuando hay islas cuyo consumo de agua procede
al cien por cien de la desalación, y muchísimos más.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, acabe,
por favor.

El señor FUENTES CURBELO: Termino, señor presidente.

Si el Gobierno se sintiera tentado de recortar las
subvenciones en Canarias, podría ocurrir lo que está ocurriendo, por
ejemplo, en Cataluña. La estrategia del Gobierno en algunos territorios,
de suprimir las ayudas para viajar, de suprimir las ayudas para la
producción de agua potable o para otras cuestiones, como el Plan de
Infraestructuras Turísticas, el Programa europeo de ayudas a agricultores
y ganaderos —en el caso de Canarias—, el desplazamiento de
los deportistas de deporte base, deporte escolar, que acuden a las
competiciones nacionales….

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, finalice.

El señor FUENTES CURBELO: Acabo, señor presidente.

Decía que esta estrategia del Gobierno con algunos
territorios es lo que hace que Canarias y los territorios más alejados se
puedan sentir abandonados a su suerte.

Concluyo anunciando que aceptamos el acuerdo que se ha
pactado y damos las gracias al senador Mateu, al señor Antich, a la
portavoz de Convergència i Unió, al senador Martí, a la senadora
Leanizbarrutia y al senador Quintero por haber conseguido un acuerdo que
recoge las aspiraciones de los territorios no peninsulares en esta
materia.

Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. La presencia del portavoz de Fomento
del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara en el Pleno del día de hoy
tiene la finalidad de significar nuevamente el firme compromiso del
Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, con la mejora de la
conectividad con las islas Canarias y con las islas Baleares. Este firme
compromiso se ha puesto de manifiesto siempre, como todos ustedes saben,
en todas las intervenciones en las que he tenido el honor de ser el
portavoz de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular en
esta Cámara; me refiero en concreto a las intervenciones de junio, de
septiembre, y también a las intervenciones en las comisiones.

Por supuesto, el compromiso del Grupo Parlamentario Popular
es importante; pero más importante es el compromiso que ha asumido el
Gobierno de España por medio de la señora ministra de Fomento que, ya
durante su primera comparecencia, para explicar su programa político, el
pasado 14 de marzo, afirmaba que nuestro segundo pilar será el
reafianzamiento del papel del regulador y del supervisor que garantiza la
prestación del servicio, especialmente en lo que se refiere a seguridad,
eficiencia económica, calidad, sostenibilidad medioambiental y
accesibilidad; y, también, señorías, a las bonificaciones y obligaciones
de servicio público en el

transporte aéreo y marítimo en territorios no peninsulares,
que serán claves en esta etapa; y me gustaría destacar la especial
importancia del esquema de bonificaciones aplicadas en los billetes de
transporte adquiridos por los ciudadanos residentes en las regiones no
peninsulares. Durante su intervención, la señora ministra resaltó que el
Gobierno iba a continuar apostando por este tipo de bonificaciones como
elemento clave para acortar distancias; repito, señorías: como elemento
clave para acortar distancias. Desde luego, se consideraba el único
método válido para que los ciudadanos de las islas tuvieran las mismas
oportunidades. Asimismo, durante la presentación del PITVI en la Comisión
de Fomento del Congreso de los Diputados el pasado día 26 de septiembre,
la señora ministra se comprometió —por cierto, señorías, un plan
muy ambicioso que contiene un análisis detenido y realista de las
necesidades estructurales de nuestro territorio, además de contar con la
importante colaboración de la financiación privada para su
ejecución— y ratificó su compromiso de garantizar y defender los
derechos de los ciudadanos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Señorías, como ustedes pueden entender por la intensa
actividad del Grupo Parlamentario Popular en esta materia de la
conectividad, lo que pretendemos es muy sencillo: que nuestros
compatriotas de esos territorios queridos puedan lograr una libertad de
movimiento en las mismas condiciones que los residentes en la península y
que el hecho de la insularidad o la ubicación de las ciudades de Ceuta y
Melilla en el norte de África no supongan una desigualdad en el acceso a
las oportunidades culturales, económicas, de ocio, etcétera, de que
dispone el resto de los ciudadanos españoles. Queremos destacar
—como he dicho en todas y cada una de mis intervenciones en esta
Cámara— que lo realmente imprescindible es tener una España
simétrica, una España de igualdad de oportunidades. Este compromiso con
los residentes de los citados territorios también ha sido puesto de
manifiesto muy recientemente durante la comparecencia de altos cargos en
la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados de España, como
consecuencia de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013. Así, el señor Catalá, secretario de Estado de
Infraestructuras, Transportes y Viviendas y presidente de SEPES, en su
comparecencia del pasado 5 de octubre, afirmó que, lógicamente, los
presupuestos del ministerio son una pieza básica para la estabilidad
económica de España y una ayuda a la política presupuestaria del mismo,
cuyo objetivo irrenunciable es la disminución del déficit de las
administraciones públicas en su conjunto. La previsión es de hasta el
4,5% del PIB para el año 2013 —como todos ustedes saben; pero, a
pesar de esta dificultad, el señor Catalá señalaba el destino de una
partida de 270 millones de euros para subvencionar el precio del billete
aéreo de los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Pese a
las dificultades —añadía, a las que se había referido al principio
de su intervención—, se mantiene la bonificación del 50% en los
territorios insulares, en Ceuta y Melilla; y se continuará con la
política de 2012 de aplicar las medidas que refuercen el control del
acceso a dichas bonificaciones —aquí quiero recordar la
intervención del representante del Grupo Parlamentario Socialista—,
de modo que garanticen que estamos dando el mejor uso posible a esos
recursos de los ciudadanos españoles, que son de todos y que se asignan a
un determinado número de españoles para que viajen desde Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla hacia la península o en rutas insulares. Estas
bonificaciones también se aplicarán —según decía el señor
Catalá— a los residentes extrapeninsulares en el transporte
marítimo, destinando para ello una partida de 48 millones de euros.

Señorías, por todo lo establecido y dicho, el compromiso
del Gobierno del Partido Popular es irrefutable. Así, a modo de resumen
general de las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales del
Estado, contamos con 332,58 millones de euros destinados a la subvención
y ayuda al transporte de pasajeros, y de 25,04 millones para el
transporte marítimo, que no hay que olvidarlo. Como medida coadyuvante
para lograr la fortaleza del transporte aéreo y el crecimiento del
tráfico en los aeropuertos, no nos olvidamos del capítulo previsto para
la sociedad estatal AENA. En AENA se siguen manteniendo las ayudas a la
estacionalidad, a las conexiones y a las aperturas de nuevas rutas, con
una serie de subvenciones que ahora no enumeraré, porque serán objeto de
análisis en la Comisión de Presupuestos de esta ilustre Cámara.

Si seguimos trabajando de esta manera con el transporte
aéreo y marítimo, seguiremos generando más del 10% del producto interior
bruto con la atracción de los turistas internacionales a nuestro
territorio. Les quiero dar unos datos para demostrar que esta garantía,
esta fortaleza que se da a estas bonificaciones, a estas ayudas, genera
una cantidad elevada a la riqueza nacional. No hay que olvidar que el
turismo es parte esencial de la economía española ni que 4 de cada 5
turistas

que vienen a nuestro territorio entran por vía aérea. Les
voy a dar unos datos muy importantes para el sector turístico,
fundamental, insisto, para el desarrollo económico de nuestro país. Hasta
el mes de julio, han entrado en España 25 millones de turistas y han
dejado unos ingresos de 23 877 millones de euros. Como verán, señorías,
estas cifras son muy relevantes y merecen la pena de ser cuidadas. Su
gasto medio se ha incrementado en un 7% —estamos hablando de 107
euros diarios—, y el gasto medio durante su estancia se ha
incrementado a 956 euros.

Después de estos datos económicos y para alejar fantasmas
que han aparecido en esta Cámara tras algunas intervenciones en las que
se han vertido expresiones como que las iniciativas legislativas del
Partido Popular son mociones meramente filosóficas que no garantizan la
cohesión territorial, o que somos retóricos y con poca acción, o que
diluimos nuestros compromisos y características en la actividad del
Ministerio de Fomento; y para aclarar que nuestro compromiso es
fundamental y que el Partido Popular cree a pies juntillas en la cohesión
territorial y en solidaridad entre los territorios, les hago esta
descripción detallada del compromiso que tiene el Partido Popular con la
mejora y continuidad de la conectividad con estos queridos territorios
que he mencionado. Dentro de este compromiso, que no es estático sino
dinámico, sigo exponiendo los avances del Gobierno de España en esta
materia. ¿Se acuerdan ustedes de la moción del 13 de septiembre, en la
que les dije que las líneas sometidas a obligación de servicio público,
las cuatro líneas en el archipiélago canario, estaban a punto de ser
adjudicadas? Pues ya estamos, señorías, en la fase de redacción del
contrato y empezarán a funcionar próximamente.

Hablábamos también en aquel momento de la línea directa
Menorca-Madrid. Ya se ha publicado —es otro avance— en el
Boletín Oficial de las Comunidades Europeas, se publicó el día 4 de
octubre. Ahora, como saben todos ustedes, disponemos de dos meses para
enviar ofertas para poder adjudicarla y ponerla en marcha a la mayor
brevedad posible. Lo mismo podíamos decir —también lo hablábamos el
día 13— de la línea de helicópteros entre Ceuta, Málaga y
Algeciras, y de su adjudicación a Cathelicopters, que pretendemos poner
en marcha muy brevemente. Por ultimo, respecto al SARA, el Sistema de
Acreditación de Residencia Automático, se está trabajando en estrecha
colaboración con las compañías aéreas, sistemas de reserva y otros
departamentos ministeriales. Este sistema ya está disponible y en plena
funcionalidad desde el pasado 1 de octubre en que lo entregó el
Ministerio de Fomento, y ahora se está trabajando en la implementación de
los cambios informáticos en los sistemas de emisión de billetes de
compañías y sistemas de reservas Amadeus, Galileo y Sabre; trabajo que va
a culminar en los próximos meses y, así, el residente acreditará su
condición de manera automática sin necesidad de presentar el certificado
de residencia al embarcar. Hasta el momento, la única compañía aérea que
lo ha utilizado ha sido Binter Canarias, el día 4 de octubre empezó a
trabajar con ella, y los resultados iniciales son más que
satisfactorios.

Señor presidente, voy terminando. Reitero el compromiso del
Gobierno de España con la conectividad de los ciudadanos de Baleares,
Ceuta, Melilla y las islas Canarias.

Y, en el capítulo final de agradecimientos, agradezco el
tono amable, cordial y constructivo del senador Quintero, con el que
hemos llegado a acuerdos en el seno de la Comisión de Fomento, y el de
todos los grupos que han aportado su grano de arena a la adopción de un
acuerdo que, desde luego, es beneficioso para todos los ciudadanos
—que por ellos trabajamos— de Canarias, Baleares, Ceuta y
Melilla.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Señorías, ¿puede entender esta Presidencia que queda
aprobada la moción por asentimiento, dada la existencia de una
transaccional firmada por todos los grupos? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

Página
2534

las administraciones, en detrimento de los impuestos
directos; y además se abunda en decisiones que van constituyendo un
sistema fiscal cada vez menos progresivo.

Obviamente, además de producir lo que es evidente,
consecuencias económicas, consecuencias en las cuentas del Estado, todo
ello va generando opinión en la sociedad. Ayer se nos hacía entrega de la
encuesta del CIS que se realizó el pasado mes de julio para conocer la
opinión pública sobre las políticas fiscales. Los resultados son
concluyentes: el 88% de los españoles creen que los impuestos que se
cobran en nuestro país no se hacen con justicia, que no es cierto que
pague más quien más tiene; el 88% de la población española.

Se mantiene un sistema que conlleva una presión fiscal de
las más reducidas de la eurozona —diez puntos menos que la media de
la Unión Europea a Quince—, que además se ha visto reducida en los
últimos tiempos sobre la base de sucesivas desfiscalizaciones. En España,
desde 2007, la presión fiscal ha bajado seis puntos, y ello a pesar de
que, como también refleja el estudio sociológico del CIS, la mayoría de
los españoles, con mucha racionalidad y en un momento de crisis en el que
las necesidades aumentan, nos dicen que estarían dispuestos a pagar más
impuestos por unos servicios públicos de más calidad.

El segundo bloque de argumentos que nos llevan a presentar
este veto está en que los contenidos del proyecto no expresan claramente
una firme voluntad de luchar contra la economía sumergida y el fraude
fiscal. Vuelvo a hacer referencia a la encuesta del CIS: el 92,2% de los
españoles piensa que en España hay mucho o bastante fraude fiscal, y
piensan bien. No tendrán los datos de la Agencia Tributaria, no tendrán
los datos del sindicato de técnicos de la Administración tributaria, pero
son conscientes de que el fraude fiscal es una realidad presente en
nuestra sociedad. Funcas señala que, mientras que la economía española se
duplicó entre 1980 y 2008, la economía sumergida se cuadruplicó.
Diferentes estimaciones sitúan el volumen de la economía sumergida en
nuestro país entre el 20% y el 25% del producto interior bruto. Un
reciente informe elaborado por la organización internacional Tax Justice
Network, en un estudio sobre 145 países, que representan el 92,8% del PIB
mundial, concluye que España es la décima potencia mundial en fraude
fiscal, cuantificándolo en el 22,5% del producto interior bruto; en
Europa, solo Italia y Grecia nos superan. El volumen del fraude fiscal
equivale al conjunto del gasto sanitario en nuestro país. Son índices
escandalosos.

Además, en España hay otros indicadores. El dinero en
metálico supone el 10% del producto interior bruto, frente al 5% que
representa en la zona euro o el 6% que representa en Estados Unidos.
Circulan 111 millones de billetes de 500 euros, siete veces más que en
2002, el 64% del valor del efectivo, en manos de los españoles.

Y el fraude, como todo en nuestra sociedad, es clasista.
Cuando desde las administraciones se presentan públicamente campañas que
pretenden evidenciar una voluntad de lucha contra el fraude, los ejemplos
que se citan siempre son los del fontanero que viene a hacer una
reparación a casa o el de quien nos vende un electrodoméstico. Pero el
fraude en nuestro país, que según el sindicato de técnicos del Ministerio
de Hacienda puede moverse en torno a los 89 000 millones al año, se
distribuye de una forma muy clara: 72% imputable a grandes empresas y
grande patrimonios; 17%, a las pymes; 9%, a los autónomos, a esos
fontaneros o pintores que aparecen como imagen pública del fraude; y 2%,
al sector no empresarial.

Si buscamos, además, una evaluación de las distintas
reformas, planes y proyectos que se han puesto en marcha en nuestro país,
tenemos que concluir que, seguramente por falta de medios, pero también
por falta de vocación política, nunca se ha logrado una eficacia
mínimamente defendible y presentable en materia de lucha contra el
fraude. ¿Para qué ha servido la tipificación como delito fiscal en el
Código Penal? ¿Cuántos delincuentes de cuello blanco están cumpliendo
condenas en nuestras cárceles por fraude fiscal? Del fraude fiscal como
delito solo se habla en algunas ocasiones buscando elementos puntuales,
eso sí, muy llamativos, que permitan trasladar una imagen de vocación de
lucha ante los medios de comunicación. El último ejemplo es el de la
reciente Operación Emperador, contra organizaciones chinas. De alguna
manera, yo creo que, realizando una labor sin ninguna duda encomiable de
investigación y de persecución, se ha montado una operación de imagen
pública que va bastante más allá del trabajo policial o del trabajo de
jueces y fiscales. De nuevo se he resucitado la figura de Fu Manchú, pero
alterando el orden. En el Ancien Régime, primero iba el No-Do y después
la película de Fu Manchú;

actualmente, se mete a Fu Manchú en el No-Do de las tres de
la tarde y en el de las nueve, seguramente con un protagonismo
absolutamente sobredimensionado.

Si a ello le sumamos que pocos meses antes de la
presentación de este proyecto se ha decretado una amnistía fiscal en una
sociedad en la que —lo vuelvo a decir— la mayoría, el 92,2%,
cree que hay mucho o bastante fraude fiscal, ya me dirán ustedes qué
credibilidad tiene este proyecto de ley y cómo pueden los españoles
entender que de él se deriva la voluntad política de acabar con el fraude
fiscal. Y si a ello sumamos también que se presenta un proyecto de
Presupuestos Generales del Estado en el que hay una rebaja del 7,7% en el
presupuesto de la Agencia Tributaria, la herramienta más clara para
luchar contra el fraude, y que, fruto del trabajo de los técnicos de la
Administración tributaria, a lo más que se llega —datos de
2011— es a detectar el 17% del fraude fiscal —conclusión: el
83% se va de rositas—, creo que tenemos motivos más que fundados y
más que suficientes para mantener este veto.

Vuelvo a la encuesta del CIS: el 73,3% de los españoles
cree que se hace o muy poco frente al fraude fiscal; y el 75,6% de los
españoles cree que se deberían dedicar más recursos a la lucha contra el
fraude fiscal. Eso dicen los españoles. El Gobierno dice que hay que
rebajar el 7,7% el presupuesto de la Agencia Tributaria.

Finalmente, no creo que pueda resultar verosímil y creíble
que este sea un proyecto comprometido con la lucha contra la economía
sumergida y contra el fraude fiscal cuando mantiene hasta sus últimas
consecuencias la regulación de lo que ha sido la configuración en nuestro
país de los paraísos fiscales internos, las Sicav. No hay ninguna
previsión en el proyecto de reforma del tratamiento de las Sicav
—cuando hable de las enmiendas parciales explicaré las alternativas
que planteamos en mi grupo—, a pesar de que esa situación de
privilegio ha permitido que a lo largo del primer semestre del año en el
que estamos algunas de estas Sicav hayan obtenido revalorizaciones en su
capital de hasta el 50%.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora
Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para explicar el voto en contra de la
propuesta de veto que ha defendido el senador Iglesias, y que presentan
los senadores Iglesias y Mariscal, dado que la otra propuesta de veto ha
sido retirada.

La primera gran razón, señorías, para votar en contra de
estos vetos es la propia ley. Esa es la primera y gran razón. Es una ley
necesaria, es una ley oportuna y sobre todo es una ley tremendamente
ambiciosa la que presenta el Gobierno para intensificar las actuaciones
en la prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Ha sido duro, senador Iglesias. Usted ha hecho un discurso
particularmente duro contra el Gobierno socialista, como duros son los
datos que, efectivamente, aparecen publicados en la encuesta del CIS y
que señalan que el 92,2% de los españoles creen que se hace poco o muy
poco en la lucha contra el fraude. Pues, si me lo permiten, señorías,
esta ley, que hoy va a defender el Grupo Popular en el Senado, es más que
nunca oportuna y necesaria. Y esta ley viene a demostrar que la lucha
contra el fraude es, como dice la encuesta del CIS, una de las grandes
prioridades de los españoles, pero es también una gran prioridad
—lo ha sido así desde el minuto cero— para el Gobierno del
Partido Popular, de la política económica del Partido Popular y para el
Ministerio de Hacienda del Partido Popular. La ley modifica ocho textos
legales, además de regular específicamente la limitación del uso de
efectivo; y contiene medidas dirigidas específicamente a atacar los
nichos de fraude, el fraude a gran escala y el fraude a pequeña escala
—porque es una ley que llega a todo—, con medidas novedosas,
como la investigación patrimonial o las medidas cautelares o esa
obligación de informar sobre bienes y derechos en el extranjero.

La ley viene a dar respuesta a una necesidad que hemos
entendido urgente, como es la de reforzar a la Agencia Tributaria
poniendo a su alcance todos los medios normativos y jurídicos para
combatir todas las formas de economía sumergida y de fraude fiscal.
Entendemos que tenemos en esta ley una auténtica reforma, que el Gobierno
presenta hoy aquí y que ha preparado en los seis primeros meses de
Gobierno, con todos los informes. Por eso digo que ha sido una auténtica
prioridad para el Gobierno desde el minuto cero, porque desde el
principio se han adoptado medidas contra el fraude. Sí, señorías,

medidas contra el fraude desde el mes de marzo. Además, el
Gobierno ha planteado una acción clara, firme y rotunda contra los
defraudadores en todos los sentidos. Porque esta ley no viene aislada; va
acompañada de una acción integral y contundente también contra el fraude
laboral y a la Seguridad Social —ahí ya empieza a haber los
primeros resultados— y acompañada asimismo, como ustedes saben muy
bien, del endurecimiento de las penas y sanciones máximas así como de
otras medidas complementarias en el ámbito penal.

Usted sabe muy bien, senador Iglesias, que esa acción
integral está ya en marcha, y que la ley que votamos hoy es un paso
importantísimo más en esa dirección. Por lo tanto, hay en definitiva una
acción clara, firme y contundente del Gobierno contra los defraudadores,
con medidas coordinadas, coherentes y complementarias que el Gobierno ha
diseñado desde el compromiso con la responsabilidad para generar los
recursos necesarios para atender los servicios públicos y ese Estado del
bienestar y también con la necesidad de erradicar esos comportamientos
fraudulentos e indeseables en cualquier sociedad. Y, por supuesto, desde
el compromiso del Gobierno con la transparencia, que incluye sacar a la
luz, prevenir y también atacar cualquier forma de actividad económica
sumergida o de conducta fraudulenta.

Nosotros entendemos, señorías, que esa acción clara, firme
y contundente del Gobierno debe ser una acción de todos, y debería serlo
también de todos los grupos de esta Cámara con un voto a favor de esta
ley y, por tanto, con un mensaje claro de apoyo y respaldo al Gobierno en
esa lucha sin cuartel que ha emprendido contra el fraude. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.) Yo estoy
convencida de ello.

Ustedes en su propuesta de veto dicen que contiene una
serie de medidas orientadas a la prevención y lucha contra el fraude
fiscal, pero hoy pretenden impedir y obstaculizar que se pongan en marcha
esas medidas. Y ustedes, en su propuesta de veto, también dicen que
comparten la exposición de motivos de la ley y que la mayoría de las
medidas que articula este proyecto son positivas, pero a pesar de que les
parecen positivas pretenden devolver esas medidas al Gobierno y retrasar,
impedir y obstaculizar la entrada en vigor de esta ley. Por tanto,
señorías, les pedimos que retiren esa propuesta de veto, como han hecho
con un texto idéntico los senadores Guillot y Saura, a quienes agradezco
la retirada de una propuesta de veto que no tiene ningún sentido.

Hablan ustedes de trabajar en convenios de información,
pero el Gobierno ya está trabajando en la posibilidad, y en el seno de la
OCDE, en nuevos acuerdos de intercambio de información, de manera que hoy
podemos obtenerla sobre bienes situados en territorios como Panamá o
Andorra, donde antes no se podía. Desde luego, esa línea de trabajo de
abrir nuevos canales de información ya existe y el Gobierno trabaja ya en
ella.

Dicen ustedes querer acabar con los paraísos fiscales, y
critican con dureza esa regularización extraordinaria, que no amnistía,
que, como saben muy bien, se aprueba en un contexto de necesidad
acuciante y urgente de adoptar medidas excepcionales de recaudación. Y es
que el Gobierno se ha visto obligado, como nunca había ocurrido, a tomar
medidas duras y excepcionales para obtener los recursos necesarios que
permitan financiar los servicios —¡como si ustedes no lo
supieran!—, una medida que viene amparada con todas las
recomendaciones de la OCDE y de organismos internacionales, que se ha
aplicado en numerosos países de nuestro entorno, que se aplicó también
por Gobiernos socialistas, y una medida que pretende ampliar el número de
contribuyentes y aflorar, sacar a la luz y poner bajo el control de la
Hacienda española patrimonios, bienes y rentas que antes no lo estaban,
bien porque estaban ocultos en el extranjero, bien porque estaban
simplemente como economía sumergida.

Pero ustedes saben muy bien lo más importante, senador
Iglesias, y es que esa regularización, como anunció el ministro desde el
principio, no viene aislada, porque con la entrada en vigor de esta ley
que hoy debatimos se aprueba una medida importante, y es que a partir de
ahora todos los contribuyentes tienen la obligación de informar sobre
cuentas, valores, títulos y también sobre los bienes inmuebles que tengan
en el extranjero, declarándose, además, la imprescriptibilidad, de tal
manera que las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas no se
considerarán prescritas. En este sentido es evidente que este proyecto de
ley es un complemento ideal para ese plan de regularización
extraordinaria de marzo, y es que, al final, con esta ley hay mucho más
que voluntad política, señoría. Mire, la voluntad política no se expresa
solo hablando, no se expresa solo con palabras y menos aún poniendo
propuestas de veto. La voluntad política es acción, la

voluntad política es firmeza y la voluntad política se
escribe en las leyes. Y en este proyecto de ley la voluntad política de
prevenir y sobre todo de luchar contra el fraude la ha escrito el
Gobierno.

Saben ustedes muy bien que esta ley recoge medidas rotundas
en contra del fraude fiscal, y por eso sobre todo merece nuestro apoyo.
Es más que una ley necesaria; yo creo que es una ley más necesaria que
nunca, la están demandando los españoles. Sabemos muy bien que tenemos
que aplicar medidas rotundas porque, y en eso estamos de acuerdo, el
fraude fiscal es una lacra social por todo lo que tiene de injusto por
cuanto tiene de insolidario. Y más injusto, más insolidario y más lacra
social es todavía en un contexto de crisis grave y en un contexto de
esfuerzos que estamos haciendo todos los españoles. Por eso, acabar con
el fraude fiscal es más necesario que nunca porque tiene una consecuencia
directa en la disminución de ingresos y, por lo tanto, porque la única
forma de asegurar el Estado del bienestar es asegurar los recursos
necesarios para poder pagarlos, no nos podemos permitir la situación que
hemos estado viviendo durante los últimos años, con una caída en la
recaudación de 70 000 millones de euros, solo desde el año 2007, que
tiene que ver, por supuesto, con la caída de la actividad económica, pero
que tiene también relación —no nos cabe duda— con ese aumento
de la economía sumergida y del fraude fiscal, al que usted hacía
referencia. Por eso también es más necesario que nunca acabar con esa
situación. Porque el Gobierno tiene que ser capaz de generar los recursos
necesarios que le permitan garantizar la prestación de los servicios
públicos y tiene que ser capaz también de generar esos recursos que hoy
por hoy se nos están escapando a todos los ciudadanos por culpa del
fraude. Y también es una lacra social, porque ese incremento del fraude,
porque ese fraude fiscal supone un ataque directo a la actividad
económica, especialmente a la actividad de pymes y autónomos, supone una
competencia desleal que es necesario erradicar; es necesario proteger a
esa gran mayoría de emprendedores, y proteger esa actividad es un paso
necesario para la salida de la crisis. Saldremos de la crisis, y salir de
la crisis es incompatible con unas cifras importantísimas de fraude
fiscal. Por eso también esta ley es más importante y más oportuna que
nunca.

Quiero transmitir el mensaje de que estamos dispuestos a
hacer lo necesario y a poner sobre la mesa todas las medidas para poner a
los defraudadores contra las cuerdas, para ponérselo imposible. Eso se
hace con operaciones —usted también lo mencionaba—, y hoy es
un buen día también para felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado por la Operación Emperador, por operaciones que permiten, como
veíamos la semana pasada, el desmantelamiento de tramas con una
estructura compleja al servicio de presuntos delitos como la evasión
fiscal o el blanqueo de capitales. Es vital acabar con los efectos
perniciosos que esas organizaciones pueden suponer para nuestra economía
en términos de pérdida de ingresos y, como digo, en términos de una
competencia desleal absolutamente corrosiva y destructora de pequeñas y
medianas empresas y de pequeños negocios. Y operaciones como esa suponen
también un aviso a navegantes y un mensaje claro de la capacidad del
Estado y del empeño del Gobierno en acabar con ese tipo de trabas. Pero
no solo con operaciones de ese tipo, también con las leyes, como digo,
también con este proyecto de ley. Vamos a apoyar este proyecto de ley
porque es oportuna, es necesaria, más oportuna y necesaria que nunca,
pero es también una ley, señorías, más ambiciosa que nunca. El ministro
Montoro ha definido esta ley en materia de fraude fiscal como la más
ambiciosa de la democracia. Es una ley que se produce, además, en un
momento en el que los datos, con un incremento del 16%, hasta los 7144
millones de euros, hasta el mes de agosto, en la recuperación de dinero
por la Agencia Tributaria, avalan el acierto de las acciones emprendidas
por la agencia, de las líneas directrices, pero avalan también la
profesionalidad y el compromiso, que tenemos que resaltar hoy, del
personal al servicio de la Agencia Tributaria. Es una ley ambiciosa,
señorías, porque introduce medidas radicalmente novedosas para atajar
nuevas formas de fraude y que aprovecha también la experiencia acumulada
en la aplicación de la normativa y la experiencia en control tributario,
medidas como la limitación de pagos en efectivo a 2500 euros en
operaciones en las que participen empresarios o profesionales.

Senador Iglesias, señorías, todos sabemos muy bien que el
uso de efectivo y su relación con el fraude es una preocupación extendida
porque en muchos casos está en el origen de operaciones y de actividades
que se esconden a la Administración, y esa limitación ha dado ya lugar a
regulación en muchos otros países de nuestro entorno en el tema del uso
de efectivo. No había sido así en nuestro país, y eso lo hace esta
ley.

Aparecen en esta ley medidas como la exclusión del régimen
de módulos a todos aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus
operaciones a particulares, siempre que esos empresarios tengan un
volumen de rendimientos superior a los 50 000 euros al año en las
actividades sometidas a la retención del 1%, como fontanería,
carpintería, etcétera.

En definitiva, como digo, estamos hablando de pasos
importantes aprovechando la experiencia de nuestra normativa y del
control tributario en nuestro país, así como la experiencia de lo que se
ha aprobado en otros países. Y se están dando pasos importantes en la
dirección de la transparencia, de no dejar resquicios a quienes intentan
escaparse del pago de tributos. Se incluye un endurecimiento de sanciones
por resistencia o por obstrucción a las actuaciones de inspección. Se
modifica el embargo de bienes para impedir el vaciamiento patrimonial de
sociedades justo antes de su liquidación. O la inversión en el régimen
del IVA, esa inversión del sujeto pasivo en operaciones inmobiliarias, de
modo que el sujeto adquiriente solo pueda deducirse el IVA soportado
cuando acredite que ha ingresado el IVA repercutido.

Termino, señorías. Es una ley ambiciosa porque aborda todos
los posibles frentes de fraude. Porque trata de impedir el desarrollo de
esas nuevas formas de fraude más planificado o más organizado en torno a
estructuras empresariales y jurídicas que va directamente a las bolsas de
economía sumergida. Y es una ley ambiciosa porque nace en un contexto que
se incardina en una estrategia global, con acciones en el ámbito del
fraude laboral y a la Seguridad Social, y también porque hay en marcha
una reforma del Código Penal con el endurecimiento de las penas máximas
para los contribuyentes que evadan impuestos, especialmente si lo hacen
en una cuantía grande o a través de una trama organizada o de un grupo
criminal.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Vaya
terminando, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señora presidenta.

Falta tiempo, porque es mucho el contenido. Es un gran
proyecto de ley, un buen proyecto de ley que recoge aspiraciones
demandadas por los españoles, como usted mismo ha repetido. Y por eso
vamos a apoyarlo.

Termino reiterando la importancia de que esta ley salga
también del Senado con el apoyo de todos los grupos políticos, como un
mensaje contundente, firme, de querer acabar con el fraude en el tiempo
más breve posible.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

Intervendré brevemente. Señorías, lo que arma
—permítaseme la expresión— a un político es el reconocimiento
por la sociedad y la credibilidad. Y el principal problema de este
proyecto de ley, más allá de los contenidos que serían susceptibles de
enmienda —por lo que, en coherencia, hemos formulado enmiendas
parciales que luego enumeraré—, es la falta de credibilidad del
Gobierno a la hora de plantear la lucha contra el fraude.

Esa falta de credibilidad se deriva fundamentalmente de los
actos propios del Gobierno. Porque la exposición de motivos de esta ley
va contra los actos propios del Gobierno. De esos actos propios del
Gobierno, el último: parece que hay un serio riesgo de que se produzca la
extradición del señor Falciani, quien, a través de la información que
transfirió a la Agencia Tributaria española, permitió el conocimiento de
130 000 cuentas corrientes en Suiza que estaban fuera del control de la
fiscalidad española y que abrían la puerta a la posibilidad de recaudar
6000 millones de euros.

Si ese es el mensaje de firmeza en la lucha contra el
fraude que el Gobierno y el Partido Popular quieren trasladar a la
sociedad española, puede escribir lo que quiera en el Boletín Oficial del
Estado, puede sacar adelante con la mayoría absoluta más aplastante los
proyectos de ley que tengan en su enunciado los términos lucha contra el
fraude fiscal, que nadie se lo va a creer.

También va contra el contenido de la exposición de motivos
el otro acto propio, la amnistía fiscal. Llamemos a las cosas por su
nombre. Amnistía fiscal que, además, está fracasando en sus

objetivos. ¿Y por qué fracasa en sus objetivos? Porque a
pesar de abrir una puerta enorme para la regularización de situaciones de
fraude enquistadas durante mucho tiempo, resulta que el Gobierno tampoco
tiene credibilidad frente a los defraudadores. Los defraudadores no creen
que el Gobierno vaya a ir a por ellos. Los defraudadores no creen que
este proyecto de ley sea una amenaza para ellos. Y por eso los
defraudadores no se acogen a la amnistía fiscal del Gobierno, de ahí que
los resultados obtenidos por la misma sean tan parcos. No hay
credibilidad ni ante la sociedad española ni ante los directamente
implicados en la cuestión: los propios defraudadores.

Y concluyo. La amnistía fiscal, además de ser inútil,
además de ser un mensaje equivocado a los españoles, es éticamente
reprobable. La portavoz Popular hacía referencia al respaldo de
organizaciones internacionales, pero las que yo conozco no son nada
partidarias de las amnistías fiscales. Pero —y dejo las preguntas
en el aire—, ¿qué hubiera pasado si los implicados en la Operación
Dragón se hubieran acogido a la amnistía fiscal? ¿Qué hubiera pasado si
el señor Urdangarín se hubiera acogido a la amnistía fiscal?

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

El fraude fiscal es sin duda un problema a combatir desde
múltiples ámbitos: desde la educación y el fomento de valores, como la
solidaridad, hasta la utilización del Código penal y cuantas herramientas
disponga de facto el sistema democrático.

En una época de crisis como la presente la necesidad de
luchar contra el fraude se multiplica. Debería ser, sin duda, la primera
fuente de obtención de ingresos antes de subir impuestos o de recortar
gastos, especialmente si estos son de carácter social. No pagar los
impuestos siempre debería ser motivo de sanción económica, penal y
social, pero es especialmente grave cuando muchos ciudadanos lo están
pasando mal con la crisis, bien porque están en paro, bien porque se
recortan sus prestaciones sociales.

El actual proyecto de ley se circunscribe a un ámbito
concreto de actuación, el de modificación de una normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera. Un ámbito que
precisa de modificaciones sustanciales y urgentes para intensificar y
mejorar la eficacia contra el fraude, pero que por sí solo no es
suficiente para asegurar que la lucha sea efectiva y eficaz. Es, por
tanto, un proyecto de ley insuficiente en el que no se abordan
modificaciones del ordenamiento jurídico que, dentro del ámbito
competencial de las Cortes, mejorarían notablemente la eficacia de todas
las administraciones contra el fraude fiscal, penalizando con mayor rigor
los comportamientos de quienes eluden e incumplen sus obligaciones con el
sostenimiento de las cuentas públicas.

Precisamos de una reforma legal ambiciosa y omnicomprensiva
destinada a revisar las penas establecidas para los delitos económicos,
modificar regulaciones fiscales que permitan un gravamen
discriminatoriamente beneficioso de las rentas obtenidas y eliminar los
elementos que facilitan la creación de bolsas de fraude. Para ello sería
preciso que esta ley incluyese, además, medidas de carácter penal,
modificaciones del régimen penal. Una reforma del Código penal de manera
que el delito contra la Hacienda pública sea mayor que el establecido
para la insolvencia punible. Una revisión de la figura del duelo eventual
en lo referente a delitos fiscales de manera que se imposibilite su
utilización como vía de escape para los defraudadores. Un endurecimiento
del tratamiento de las figuras de ingeniería fiscal y financiera cuyo
objetivo sea la elusión fiscal. También precisaría de una modificación de
la Ley concursal, de forma que quienes se acojan a ella no puedan, tras
dar por liquidadas sus deudas fiscales, reanudar la actividad económica.
Señorías, lo que se trata de impedir es que un empresario, utilizando de
forma fraudulenta el procedimiento concursal, acuda a una liquidación
dentro del mismo pagando cantidades absolutamente ridículas a sus
acreedores, entre ellos la Hacienda pública, para que con la autorización
de intermediarios pueda adjudicar en la liquidación los activos de la
sociedad concursada por un precio más bajo que el del mercado. Eso le
permite, además, que con otra razón social pueda continuar de hecho con
la actividad anterior. Aunque esta actuación va en contra de lo
pretendido en el espíritu de la Ley concursal, es cierto que no está
expresamente prohibida por la ley, y esa es una de las modificaciones que
yo hecho en falta en este proyecto de ley.

También deberíamos modificar el régimen de las Sicav, como
lo hicieron en su día las diputaciones forales en Álava, Vizcaya y
Guipúzcoa, asimilando su tributación a las del tipo

máximo del impuesto sobre sociedades. Su tributación se
igualaría a la del tipo general en vez de tributar al 1%. El problema
básico está en que la configuración financiera y mercantil de los
requisitos de las Sicav es lo suficientemente laxa —seguramente no
de forma intencionada— para permitir dicha utilización fraudulenta,
mientras que en el resto de instituciones de inversión colectiva no es
así.

Hemos de tapar todas las vías de agua, absolutamente todas.
Además de estas medidas legales, también debemos incidir en aspectos
sociales, culturales y educativos que favorecen el fraude fiscal, y eso
sí que es tarea de todos. Hay una labor que debe comenzar en las
escuelas, continuar en las familias y que debe conducir a una
concienciación al respecto que permita incluso la colaboración ciudadana
en la lucha contra el fraude. En definitiva, tenemos que cerrar todas las
grietas y evitar mediante la educación, y también mediante la
legislación, que estas no se produzcan en el futuro.

Nos vamos a abstener en este veto, pese a que compartimos
buena parte de los argumentos empleados en su defensa por el senador
Iglesias. Y lo haremos así porque entendemos que, aunque insuficiente,
como ya he argumentado, y aunque ineficaz, como argumentaré durante el
turno de defensa de las enmiendas, consideramos que el proyecto de ley
presenta mejoras en la lucha contra el fraude y, por tanto, en conciencia
nuestro voto ha de ser positivo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Cataluña,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias. Buenos días,
señorías.

Comienzo mi intervención diciendo que nos hubiese gustado
dar apoyo a esta ley, y prueba de ello es que no hemos presentado veto. Y
ello es así porque algunas de las medidas que contempla las consideramos
por supuesto necesarias y las calificamos como positivas, aunque creamos
que la ley en su conjunto carece de la suficiente ambición. No podremos
hacerlo, entre otras cosas, porque, al menos en comisión, el grupo
mayoritario no ha considerado ninguna de nuestras enmiendas, tampoco las
de otros grupos de la oposición. Enmiendas hechas con el objeto no de
presentar una enmienda a la totalidad o enmendar la plana, no de
sustituir, pero sí de completar o mejorar este proyecto de ley que
consideramos susceptible de mejora.

Un elemento esencial como una ley de estas características,
por todas las razones que se han expresado aquí y que en parte
compartimos, debería contar con más apoyos que los del partido del
Gobierno, aunque aritméticamente el Partido Popular no los necesite. Pero
también hay que decir que ustedes no lo propician, seguramente porque
para el Gobierno el objetivo de esta ley —no digo exclusivamente,
pero sí en parte— es compensar o tapar la fallida —y digo
fallida por los resultados— amnistía fiscal; amnistía fiscal que
nosotros ni avalamos ni entendemos, como creemos que tampoco lo entiende
la sociedad española. La amnistía, además de injusta y
antiejemplarizante, es ineficaz, a pesar de la dulcificación
reglamentaria que ustedes han realizado facilitando más las cosas a los
defraudadores para que puedan aflorar rentas y capitales, incluso más
allá de lo que preveía en sentido estricto el texto de la ley en una
primera interpretación. Por cierto que esta ley, la que hoy nos ocupa, no
tiene una memoria cuantificada de sus objetivos, cosa que sí tenía la
amnistía fiscal aunque no se esté cumpliendo, como también se citaba
antes en esta tribuna, ni por aproximación.

Pero bien, la realidad es que el propio ministerio ha
reconocido en diversas intervenciones públicas que ha caído la
recaudación de algunas figuras impositivas, también porque el fraude ha
aumentado. Nos lo recordaba el señor Montoro en esta tribuna precisamente
hablando del IVA. La verdad es que compartimos esta reflexión, pero lo
importante es ver cómo se reacciona. Y ello no puede ser solo con
declaraciones, y ni tan siquiera solo con iniciativas legislativas
necesarias —no digo que no— como la que hoy nos ocupa. Pero
es incongruente tener como prioridad la lucha contra el fraude fiscal,
cosa que estoy seguro que compartiríamos los que aquí estamos presentes,
y plantear como plantea el Gobierno —hablando por ejemplo del
presupuesto de la Agencia Tributaria para el año 2013— una
reducción respecto al presupuesto del año 2012 en los presupuestos del
2013, que justo ayer empezaron a discutirse en el Congreso de los
Diputados. Por ejemplo, se prevé que los gastos de personal se reduzcan
en más de un 8%, y el presupuesto

de la agencia en su conjunto un 7,7%. Para que se hagan una
idea, la Agencia Tributaria española dispone aproximadamente de 27 000
trabajadores frente a los 122 000 que tiene Francia. No es que la ponga
como un modelo a seguir, pero la comparación sí evidencia una
desproporción de gran magnitud. Y yo me pregunto cómo se luchará contra
el fraude, aunque se disponga de esta nueva normativa, con menos recursos
para hacerle frente. Porque, además, señorías, como ustedes saben, la
cultura de la fiscalidad, de la corresponsabilidad de todos para
financiar lo común no está suficientemente arraigada en nuestro país, y
eso también lo refleja la encuesta del CIS. Y a pesar de ello y de que el
fraude está más extendido de lo que todos quisiéramos, también es verdad
que el grueso no está en las rentas del trabajo, sino en las del capital;
no está tanto en las personas físicas como en las jurídicas; y tampoco lo
está tanto en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos como en
las grandes empresas y en las corporaciones que disponen, en algunos
casos, de ramificaciones en paraísos fiscales y de servicios de
asesoramiento que no se lo ponen fácil a la Agencia Tributaria ni a sus
profesionales. El peso en la contribución a la Hacienda pública de las
rentas de trabajo y de capital ha continuado descompensándose a favor de
las primeras en estos años, y ello no es de recibo, y lo digo también con
todo lo que significa de autocrítica.

Señorías, necesitamos reformar los mecanismos
institucionales, y especialmente europeos, para luchar contra el blanqueo
de capitales y contra el fraude fiscal, sobre todo en lo que se refiere a
los paraísos fiscales, algunos de ellos situados —hay que
recordarlo— dentro de la propia Unión Europea. Porque hemos oído
decir en algunas ocasiones al señor ministro de Hacienda que el problema
de las finanzas públicas ha sido la caída de la recaudación en estos tres
o cuatro años de unos 70 000 millones de euros, prácticamente 7 puntos de
nuestro PIB, justo el importe en el que, como ustedes saben, evalúan
algunos estudios el fraude fiscal en España, en tanto que otros lo llevan
incluso hasta los 90 000 millones de euros.

Si todos los españoles y las empresas que actúan en nuestro
país cumplieran sus obligaciones tributarias, no solo cumpliríamos
nuestros compromisos con la Unión Europea, sino que no serían necesarios
los recortes presupuestarios que en estos momentos se están aplicando. De
ahí que la lucha contra el fraude sea tan importante y de ahí que nos
hubiera gustado que ustedes hubieran sido capaces de tener una actitud
más receptiva y cómplice para con las enmiendas que hemos formulado los
diferentes grupos de la oposición.

Es difícil pedirnos exclusivamente una adhesión a sus
propuestas, aunque compartamos, por supuesto, como he dicho, una parte
del contenido de la ley que hoy se nos somete a consideración. ¿Por qué
no elaborar los programas integrados de lucha contra el fraude fiscal,
laboral y de la Seguridad Social? ¿Por qué no elaborar un informe anual
sobre la economía sumergida y el fraude fiscal para que pueda ser objeto
de debate parlamentario y pueda servir de orientación a la Agencia
Tributaria en sus cometidos? ¿Por qué no tener también por parte del
Gobierno una actitud que consideramos ha de ser más proactiva en la Unión
Europea para la erradicación de los paraísos fiscales y la modificación
de la directiva del ahorro para mejorar la comunicación?

Algunos de estos paraísos fiscales continúan siéndolo en
parte aunque hayan salido de la lista de la OCDE. La portavoz del Grupo
Popular hacía referencia a que países como Andorra o Panamá ya facilitan
información, y Suiza también lo hará a partir del año 2013, pero otros
todavía no, por no hablar de una situación injusta en la que nos
encontramos, que es un cierto dumping fiscal por parte de algunos
miembros de la Unión Europea, como Irlanda, Luxemburgo e incluso Holanda.
(El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Porque
pensamos que es en el contexto internacional, y especialmente en el
europeo, donde el Gobierno ha de llevar la iniciativa, aunque algunos de
nuestros socios comunitarios seguramente no tengan especial interés.

Para concluir, señorías, esta ley significa un avance y no
lo negamos, aunque también pensamos que es insuficiente. Seguramente una
ocasión perdida para haber abordado de una manera más global y completa
unos objetivos que seguro que muchos de los presentes en esta Cámara
compartimos, pero que una vez más ustedes no han tenido del todo en
cuenta con esa escasa receptividad. Ello hace que, a nuestro pesar, no
acabemos dando apoyo a este proyecto de ley aunque, evidentemente, como
he dicho al comienzo de mi intervención, nos hubiera gustado hacerlo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president
Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Señorías.

Voy a fijar la posición de mi grupo en relación con el veto
presentado por los señores Iglesias y Mariscal y defendido por el señor
Iglesias, y utilizaré después el resto de mis turnos tanto para presentar
las enmiendas como para posicionar a mi grupo en relación con la
propuesta del Gobierno.

Señor Iglesias, no vamos a apoyar su veto, es más, vamos a
votar en contra utilizando prácticamente una parte de su propia
argumentación. No la voy a reproducir, pero ha sido muy explícito al
fijar cuál es la situación en estos momentos en el Estado español en
relación con el fraude fiscal. Lo ha cifrado en cantidades ingentes de
millones de euros que suponen una menor recaudación para la
Administración tributaria española, para los diferentes niveles de
Administración tributaria en el Estado español. Estas cantidades
permitirían cumplir fácilmente los objetivos de déficit de los cuales
estábamos discutiendo el día de ayer y a la vez permitirían evitar
algunos ajustes presupuestarios que son muy dolorosos.

De hecho usted ha citado —y yo ahora lo vuelvo a
hacer— la encuesta de opinión pública y política fiscal del CIS,
encuesta que en relación con el ejercicio 2012 conocíamos el día de ayer.
Esta encuesta fijaba precisamente que ante la pregunta de si usted cree
que hay mucho, bastante, poco o nada fraude fiscal, el 92% de los
encuestados entiende que hay mucho fraude fiscal en España. Y si miramos
esta misma encuesta con perspectiva histórica, ustedes podrán apreciar
cómo esta cifra, este porcentaje elevadísimo de gente que cree que hay
bastante o mucho fraude fiscal, ha evolucionado y lo ha hecho al alza,
pues hace tres años esta cifra no alcanzaba el 82%. Por tanto, tenemos
que ser sensibles a esta realidad y si el 92% de los españoles creen en
este momento que hay bastante o mucho fraude fiscal, algo tendremos que
hacer para combatir este fraude fiscal, con lo cual nosotros entendemos
que debe haber una ley cuyo objetivo sea la lucha contra el fraude
fiscal.

Si ustedes comprueban otra de estas preguntas que nos ha
facilitado la encuesta del CIS recientemente, en el sentido de si los
encuestados creen que la Administración hace lo suficiente para luchar
contra el fraude fiscal, el 72% —creo que también lo ha citado el
señor Iglesias— considera que se está haciendo poco o muy poco para
luchar contra el fraude fiscal. Es más, si vuelven a la perspectiva
histórica de esta encuesta, podrán apreciar que a lo largo de los últimos
diez años esta percepción se ha incrementado en 30 puntos, es decir, un
30% más de la población cree que no se hace lo suficiente para luchar
contra el fraude fiscal.

Por tanto, ante el veto mi grupo se plantea: ¿la situación
será mejor o será peor si no hacemos nada, si no legislamos al respecto?
Obviamente, será peor. ¿Que la propuesta del Gobierno es mejorable? Sin
duda, y eso lo acreditan las ochenta y cinco enmiendas que se han
presentado en esta Cámara, lo que también da una muestra de que la
mayoría de los grupos queremos hacer aportaciones para mejorar esa ley.
En todo caso, ahora estamos debatiendo si no hacemos nada y devolvemos la
ley o tramitamos la ley. Y ante esta tesitura, mi grupo no tiene ninguna
duda: se debe tramitar una ley para la prevención y la lucha contra el
fraude fiscal. Otra cosa será después el contenido de la ley, pero algo
se tiene que hacer. Y cuando algo se tiene que hacer para luchar contra
el fraude, existen mecanismos: uno, el legislativo, imprescindible,
estamos aquí. ¿Que se disponga de más medios materiales? También
necesario e imprescindible —no es el objeto del debate del día de
hoy, pero tendrá que serlo en algún momento—. ¿Que se disponga de
más recursos humanos para la lucha contra el fraude? También
imprescindible —y tendremos que discutirlo en algún otro
momento—. ¿Que se incremente la colaboración entre las diferentes
administraciones tributarias? También imprescindible. Algo quiere avanzar
la ley, aunque nosotros entendemos que se avanza poco en este aspecto; en
cualquier caso, entendemos que está clarísimo que se debe tramitar una
ley en esta dirección.

También compartimos algunos de sus argumentos, senador
Iglesias. ¿Que se debería modificar el sistema tributario español?
Seguramente. ¿Que se debe hacer más justo? También. ¿Que debe ser más
eficiente? También. Pero en este momento no estamos discutiendo el
sistema tributario español, estamos discutiendo una serie de medidas para
reducir el fraude fiscal. Ha

introducido algún elemento —creo que también lo ha
hecho algún otro portavoz— como son las Sicav. Me parece bien,
quizá tengamos que hablar de la reforma de las Sicav. Lo que no sería
justo —y creo que no es acertado— es establecer un
paralelismo entre Sicav y fraude fiscal, en todo caso, elusión fiscal,
pero no es lo mismo. El fraude fiscal se produce cuando hay
contribuyentes que no pagan cuando deben pagar de acuerdo con la
legislación. Si la legislación es laxa o si la legislación hace tributar
poco a determinados contribuyentes, se debe cambiar la legislación, pero
eso no es fraude fiscal. Por tanto, las Sicav no son una forma de
encubrir fraude fiscal, al contrario.

Una última referencia sobre la amnistía fiscal que yo creo
que también tiene cierta relación. ¿Qué es una ley de amnistía fiscal?
¿Qué ha sido una ley de amnistía fiscal a lo largo de nuestra historia
tributaria? Simplemente un reconocimiento de la incapacidad, de la
impotencia ante la lucha contra el fraude fiscal. Cuando la
Administración tributaria no es capaz y no tiene las armas suficientes
para descubrir el fraude fiscal, pide a los defraudadores que, bajo
ciertas condiciones, declaren aquellas rentas que la propia
Administración tributaria se ve incapaz de descubrir, de aflorar y de
hacer tributar. Por tanto, todas las medidas que se tomen para luchar
contra el fraude son medidas que podrán evitar que dentro de unos años
algún Gobierno tenga que volver a poner encima de la mesa una ley de
amnistía fiscal que no es nada más —como les estaba diciendo—
que la constatación de la incapacidad o la impotencia de la
Administración tributaria para aflorar dichas rentas y patrimonios
ocultos.

Por tanto, mi grupo va a votar en contra del veto
presentado por los senadores Iglesias y Mariscal.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, buenos días.

El Grupo Socialista va a votar en contra del veto
presentado por los senadores Iglesias y Mariscal, no porque no estemos de
acuerdo, puesto que coincidimos en bastantes puntos de su exposición de
motivos, sino porque consideramos —como han dicho aquí otros
portavoces— que es importante que cualquier medida, cualquier
avance en la lucha contra el fraude se comience a aplicar lo antes
posible, y con la devolución del proyecto no se lograría ese objetivo.
Por lo tanto, en principio, nosotros no queremos que se devuelva esta
ley.

Esta ley establece una serie de modificaciones legales que
reconocemos suponen un avance en la prevención y lucha contra el fraude,
aunque consideramos que son a todas luces insuficientes ante la gravedad
del problema que todos compartimos.

Esas grandes bolsas de fraude —cuyos datos se han
ofrecido pero hay que recordarlos para contextualizar y poner en su sitio
esta gravedad— nos llevan a que casi un 25% de nuestro PIB esté
fuera del control fiscal, lo que supone en torno a 80 o 90 000 millones
de euros menos de recaudación a las arcas del Estado. Hay datos curiosos:
tenemos 6 puntos menos de ingresos tributarios que la media europea
cuando tenemos 8 puntos más de presión fiscal. Por tanto, se nota
claramente que algo pasa en España que no pasa en otros países donde esas
bolsas de fraude están en torno al 11 o 12%, es decir, exactamente la
mitad que en nuestro país. España ingresa el 35,1% de su PIB por
recaudación fiscal, por ingresos tributarios cuando, por ejemplo, Francia
ingresa el 50,7%, una diferencia de bulto ese 50,7% sobre el PIB
francés.

Otro dato que puede servir de anécdota son los billetes de
500 euros, más de cien millones de billetes de 500 euros, casi 60 000
millones de pesetas que, evidentemente, no están todos en manos de los
chinos, sino que suponen, como también se ha dicho aquí, una parte muy
elevada del dinero que circula en el resto de los países; esos billetes
que no circulan evidentemente están escondidos en algún lugar.

El senador Iglesias se preguntaba qué habría pasado si se
hubiesen acogido a la amnistía fiscal los implicados en la Operación
Emperador. Pues bien, no les dé ideas porque todavía están a tiempo de
acogerse hasta finales de noviembre pero, evidentemente, habrían cotizado
solamente el 10% y habrían quedado libres de cualquier tipo de
penalización o multa.

Nosotros somos partidarios de redoblar la eficacia. Sé que
la senadora Angulo saldrá a esta tribuna y dirá que todo es
responsabilidad del PSOE, ese disco que ya llevamos escuchando

desde hace casi un año; incluso ha llegado a decir al
senador Iglesias que parecía que el veto lo presentara contra el PSOE,
cuando el veto se plantea a una ley que el Gobierno trae a esta Cámara;
evidentemente, se podía haber hecho más y haber hecho antes, sin lugar a
dudas, pero los ciudadanos quieren que resolvamos los problemas de hoy, y
cada periodo histórico, cada momento tiene que tener sus prioridades.

Por todo ello, siempre hay que incrementar la prevención y
la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, pero más en
estos tiempos en que los ciudadanos están sufriendo recortes e
incrementos de impuestos, en definitiva, inmersos en una crisis de la que
no han sido responsables, y en estos momentos resulta muchísimo más
injusto ver que siguen existiendo enormes sinvergüenzas, defraudadores,
insolidarios que no cumplen con sus obligaciones fiscales, como lo
hacemos la inmensa mayoría, y que está claro —incluso coinciden en
ello los datos económicos— que si cumpliesen no habría habido ni
recortes ni subidas de impuestos, incluso todos los que pagamos podríamos
pagar menos. Esta es una causa que en estos tiempos nos exige a todos
mucho más.

Por ello, debería ser considerada por el Gobierno y por
todos nosotros una política de Estado. Ahora mismo la lucha y la
prevención contra el fraude fiscal debe centrarse en la agenda política
como una prioridad absoluta por lo que significa en términos y cuantías
económicas, pero también por lo que significa en términos de equidad y de
justicia social. Nos parece insuficiente, dada su importancia. Por eso,
igual que otros grupos, a través de más de ciento veinte enmiendas,
queremos mejorarla, hacerla más eficaz y dotarla de mayor ambición.
Debería ser posible, pues no estamos hablando aquí de intereses
partidistas o ideológicos ni de una ley que no sea de todos. Hoy no
hablamos de una reforma fiscal sobre la que, evidentemente, tendremos
modelos distintos, pues ya habrá tiempo de hablar de ello. Hoy no vamos a
hablar de por qué el 40% de los asalariados de este país pagan más
impuestos que su jefe. Hoy no vamos a hablar de por qué las empresas
pagan una media del 11,6% de sus beneficios cuando el tipo tributario
está en el 30% o el 25%. Esa es la reforma fiscal que hemos anunciado que
queremos estudiar y presentar y que el Gobierno lleve a cabo. Hoy se
trata simplemente de hablar de cómo mejoramos el modelo actual.

Señoría, además de parecernos insuficiente, no estamos de
acuerdo con su lógica y con el relato que ha hecho el Gobierno. En primer
lugar, suben los impuestos y llevan a cabo los recortes. En segundo
lugar, establecen una amnistía fiscal para los defraudadores y, en tercer
lugar, luchan contra el fraude. Pensamos que tenía que haberse hecho al
revés y no comprendemos su lógica.

Otras cosas que tampoco entendemos y que tienen que ver con
la voluntad real del Gobierno es que no exista una memoria de objetivos
cuantificada en esta ley, que en el Presupuesto para este año 2012 la
Agencia Tributaria haya tenido un 7,7% menos de recursos que el año
anterior y que en la inspección fiscal solamente se vaya a cubrir una de
cada diez bajas de las que tenga ese cuerpo, pues el presupuesto de
personal de la Agencia Tributaria va a disminuir el 8,3%. Si de verdad
pretenden luchar, no lo entendemos, sobre todo cuando estamos muy por
debajo de otros países como Alemania o Francia.

Señoría, al Grupo Parlamentario Socialista le gustaría
sumar sus votos a esta ley y acordar con el Gobierno y los demás grupos
no solo cómo prevenir el fraude y luchar con mayor eficacia contra él,
sino también que todos juntos trabajemos en hacer la pedagogía fiscal
necesaria —muy necesaria en estos tiempos— que genere en la
ciudadanía una mejor conciencia tributaria. A ello, evidentemente, no
contribuye la amnistía fiscal —perdón, la regularización
extraordinaria, como les gusta llamarla—, que le pedimos que
derogue, pues, además, se está demostrando absolutamente ineficaz.

Nosotros presentamos propuestas sensatas: más recursos a la
Agencia Tributaria, más competencias a la inspección fiscal, más
coordinación, con una base de datos compartida entre todas las
administraciones públicas, planes plurianuales estratégicos más
ambiciosos —pues los objetivos se cumplen siempre en junio y
julio—, cierto control parlamentario a los planes de objetivos,
incidir en la investigación de las grandes bolsas de fraude —más
allá de lo fácil de controlar al controlado—, estudios periódicos y
públicos de economía sumergida, crear una oficina de lucha contra el
fraude, establecer el límite de pago en efectivo entre particulares o
actuar de forma mucho más proactiva en la firma de convenios con otros
países para una mayor colaboración e intercambio de información en la
lucha contra los paraísos fiscales, que son, fundamentalmente, la cuna
del fraude.

Sinceramente, creo que se trata de propuestas sensatas que
intentan mejorar técnicamente y en su eficacia esta propuesta de ley, con
el único fin de añadirle valor, en definitiva, de mejorarla. Por lo
tanto, si no aceptan ninguna de ellas demostrarán, nuevamente, que sus
manifestaciones de que desean el acuerdo y el diálogo son falsas y que
están instalados en la hipocresía política, lo cual sería una pena,
señoría. Esta es una cuestión muy importante, una cuestión de Estado
—repito—, aunque solo fuera porque con reducir a la mitad el
fraude fiscal los españoles podríamos recuperar los servicios perdidos,
su calidad y los impuestos subidos, que ya ahogan a la gran mayoría de
nuestros conciudadanos, que están generando situaciones límite en muchos
millones de hogares españoles y que, día tras día, alteran la propia
convivencia y quiebran la paz social.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, en el turno de
portavoces, tiene la palabra la senadora señora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Empezaré respondiendo al senador Iglesias, que hablaba de
credibilidad. Si hay algo que determina la credibilidad en un político es
hacer lo que dice y decir lo que va a hacer. Y, señoría, a lo largo de
estos meses de debates y de Plenos hemos tenido la oportunidad de
escucharles a ustedes hablar de la necesidad de luchar contra el fraude
fiscal, en todos y cada uno de los debates que hemos tenido en este
Pleno. Ustedes votaron o argumentaron en contra de la estabilidad porque
había que luchar contra el fraude; votaron en contra de la modificación
de la Ley de Estabilidad, del Fondo de Liquidez Autonómico porque había
que luchar contra el fraude. En cada una de las mociones sobre política
tributaria, sobre política fiscal, sobre cualquier tema económico que se
ha debatido han reiterado ustedes la necesidad de luchar contra el
fraude. Pero hoy, cuando viene a este Senado, a esta Cámara, una ley con
infinidad de recursos legales, de instrumentos jurídicos poderosos y
efectivos que permiten prevenir y luchar contra el fraude, ustedes
pretenden devolverla al Gobierno y, claro, hay que dar muchas vueltas
para explicar eso. Eso sí es un problema de credibilidad, senador
Iglesias, ustedes sí tienen un problema de credibilidad. Votaron en
contra de la estabilidad presupuestaria porque hay que luchar contra el
fraude, pero hoy, que se trata de aprobar la ley que permite luchar
contra el fraude, hoy tienen que hablar de otras cuestiones para
justificar un veto que no tiene ninguna justificación, para explicar que
intentan devolver la ley al Gobierno a pesar de que no tiene ninguna
explicación. Ustedes mismos se lo niegan en su argumentación; ese intento
de devolver esa ley al Gobierno, ese intento de obstaculizar, ese intento
de impedir que se ponga en marcha un instrumento de rango legal, un
instrumento efectivo y poderoso al servicio de la prevención y la lucha
contra el fraude fiscal en nuestro país es lo que les resta toda
credibilidad, pero, señorías, se les resta a ustedes. Esa es la verdad de
ese voto.

No se pueden utilizar los datos de forma perversa, de forma
maniquea. Es verdad que según la encuesta del CIS hay un 92,2% de
españoles que dicen que hay mucho o bastante fraude. Pues precisamente
por eso es si cabe más necesario aprobar esta ley, porque ese es el
fraude que existe antes de la aprobación de la ley. No van a echar la
responsabilidad de esos datos, de esa opinión que existe, al Gobierno del
Partido Popular; esa opinión es para preocupar, pero es para trabajar y
para avanzar en contra de ese fraude.

Es verdad que hay un 73,3% de españoles que dicen que la
Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos contra el fraude fiscal.
Senador Vázquez, no lo dice el Partido Popular. Aplíquese el cuento: ocho
años de Gobierno Socialista y el resultado es que de cada diez españoles
más de siete opinan que se ha hecho poco o muy poco contra el fraude
fiscal; y tenía usted que haber visto los episodios de autocomplacencia
que hemos visto en el Gobierno del señor Zapatero al respecto. Por eso es
más necesario que nunca —lo decía también el senador Bel—
aprobar una ley contra el fraude fiscal. En ese sentido, creo que es un
día importante, pero también nos jugamos la credibilidad haciendo lo que
decimos, porque la voluntad política la plasmamos con nuestros votos, la
voluntad política la plasmamos votando lo que decimos.

Señorías, han vuelto a hablar de la regularización fiscal.
Dicen —lo he indicado en mi primera intervención—:
regularización que se complementa con esta ley, porque ahora se introduce
algo que nunca se introdujo en este país, que es la obligación de
suministrar información sobre las

cuentas o sobre los bienes de que se dispone en el
extranjero, endureciendo, además, de manera importante el régimen
sancionador previsto para todos aquellos que mantengan activos ocultos,
incluso con esos tipos máximos superiores al 50% en el IRPF para todas
aquellas rentas que se descubran y que no se hayan declarado.

Señorías, eso es una regularización, a diferencia de las
que aplicaron Gobiernos socialistas. Primero, porque se va a tributar a
un 10%; no es gratis, como las que se aplicaron en los años 84 y 91,
señorías del Grupo Socialista. Esas sí que les salió gratis a los
defraudadores, las que aplicaron Gobiernos socialistas, no la
regularización que se aprobó en el mes de marzo. Y, como digo, va a
acompañada por una acción integrada, que curiosamente hoy reclama el
Partido Socialista, reclama Entesa, aunque saben muy bien que esa acción
integrada es precisamente la que marca la diferencia y la que está
haciendo el Partido Popular.

Por eso yo decía —y creo que tenemos toda la razón
para decirlo— que es una ley ambiciosa, porque por primera vez esta
ley contra el fraude fiscal se integra en una estrategia global y se
elabora con un enfoque coordinado integral, porque por una vez se integra
con una reforma del Código penal que propone la elevación de penas
máximas y porque por primera vez también, senador Montilla, se produce un
ataque frontal y coordinado contra el fraude laboral y a la Seguridad
Social, y usted lo sabe. Ya se han emprendido acciones importantes y ya
hay resultados que han permitido aflorar más economía sumergida, con un
incremento del 29,6% en empresas y del 47% en trabajadores durante el
primer semestre respecto al mismo semestre de 2011. Estas acciones de
ataque a los delitos fiscales y al fraude laboral y contra la Seguridad
Social son el mejor ejemplo de la voluntad del Gobierno de afrontar de
manera coordinada e integral, con un enfoque global, la lucha contra el
fraude.

Hablaban ustedes de los acuerdos sobre intercambio de
información. Saben muy bien que esa es una línea de trabajo que ya ha
emprendido el Gobierno y saben que a partir del 1 de enero se va a
levantar el secreto bancario en Suiza, lo que va a permitir que cada vez
haya menos rincones donde los defraudadores, o potenciales defraudadores,
puedan esconder esas cuentas, porque cada vez se abren más puertas a la
transparencia, y esta ley, con esa obligación de suministrar información,
es otro paso importante para abrir más puertas a la transparencia y
cerrar todas las puertas y todos los callejones a los defraudadores.
Ustedes lo saben y lo reconocen. Sin embargo, lo critican, quizá para
justificar un voto negativo a esta ley, que, como digo, no tiene
justificación alguna.

Por eso, porque ustedes reconocen, senador Vázquez, que es
una política de Estado —y ha de ser así—, el primer paso
debería ser un mensaje contundente por parte de los grupos de esta Cámara
en el sentido de apoyar hoy una ley que pone sobre la mesa por primera
vez instrumentos muy efectivos y poderosos en contra de ese fraude
fiscal, pero, a pesar de que ustedes dicen que ha de ser una política de
Estado, se emplean a fondo en la crítica. Y esto lo hace un Grupo
Socialista, al que posiblemente lo que más le molesta es que el Gobierno
del Partido Popular haya traído a la Cámara esta ley en diez meses,
cuando ustedes en ocho años han sido incapaces de hacerlo, de traer a
esta Cámara las medidas que hoy pone sobre la mesa el Gobierno del
Partido Popular.

Finalmente, sus señorías se han referido a la disminución
de recursos en la Agencia Tributaria. Señorías, no se trata de una caída
de recursos del 7,7%, como dicen, porque ustedes saben muy bien que a
esos 948 millones de consignación directa en los presupuestos hay que
añadir los que recibirá la Agencia Tributaria como un porcentaje de
recaudación por los ingresos procedentes de los actos de gestión
recaudatoria hasta sumar 1329 millones de euros, lo que supone una
disminución del 2,1%, no del 7,7%. En todo caso, no se trata solo de que
los recursos sean suficientes, sino de que haya una administración
eficiente en la Agencia Tributaria, y, en ese sentido, insisto en que
estamos en buenas manos, porque los datos así lo avalan. Esos 7144
millones ingresados hasta el mes de agosto, ese incremento del 16% en los
ingresos recaudados hablan del acierto de las actuaciones emprendidas,
pero también del trabajo que se está haciendo, del compromiso y de la
profesionalidad del personal al servicio de la Agencia Tributaria. Y no
solo eso, sino que la Agencia se plantea objetivos mucho más ambiciosos.
Cuando se aprobaron los Presupuestos para 2012 ustedes ya decían que como
había menos recursos los resultados se iban a resentir. No ha sido así;
todo lo contrario, los resultados han sido mucho mejores y, como digo, la
Agencia se plantea objetivos mucho más ambiciosos.

Por todos estos motivos, señorías, reiteramos la petición
del voto en contra del veto y del voto a favor de la ley.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Sometemos a votación la propuesta de veto número 1, de los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo
Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 240; a favor, 3; en contra, 230; abstenciones, 7.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazado el
veto.

Iniciamos el debate de las enmiendas al proyecto de
ley.

En primer lugar, enmiendas números 1 a 25, de los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto.

Para la defensa de estas enmiendas tiene la palabra el
senador Iglesias. (Rumores.)

Silencio, señorías, por favor.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Hemos presentado veinticinco enmiendas que, superada la
fase de veto, aspiran a reforzar la operatividad del proyecto de ley en
la consecución del objetivo anunciado de luchar contra el fraude y de
contribuir a configurar, con distintas propuestas, un sistema fiscal más
justo y progresivo.

Las enmiendas se podrían agrupar en tres categorías: de
carácter técnico, aquellas que afectan al modelo fiscal y, por último,
las compartidas con otros grupos parlamentarios y que se formulan a
propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Como enmiendas técnicas, hemos planteado la necesidad de
que se extienda la responsabilidad por fraude también a las costas del
procedimiento. Igualmente planteamos que se aumente la seguridad jurídica
estableciendo que el cómputo de los plazos se establezca desde la fecha
de notificación a los afectados de las distintas resoluciones de la
Administración. Asimismo, que se prevea la posibilidad de acordar como
medida cautelar la prohibición de disponer no solo de bienes inmuebles,
sino de bienes muebles de los que son titulares las personas físicas o
jurídicas inmersas en los procedimientos sancionadores o recaudatorios.
También que se incremente la responsabilidad a los administradores y
apoderados mediante la inversión de la carga de la prueba.

Planteamos que se extienda la responsabilidad cuando se
produce una doble subcontratación para que este mecanismo de la doble
subcontratación no se convierta en un punto de fuga, en un elemento de
elusión de las responsabilidades. Igualmente, y con el objeto de que no
se produzca una prolongación en la tramitación del procedimiento fruto de
medidas dilatorias por los implicados en ellos, planteamos que se limite
el momento en que se pueda pedir la tasación pericial contradictoria.
Asimismo, creemos necesario que se establezca un compromiso de
elaboración de informes periódicos por expertos independientes que
analicen tanto la realidad de la economía sumergida y del fraude fiscal
como la eficacia de las acciones que, a la luz de este proyecto de ley
una vez aprobado, se puedan poner en marcha. Además, que se establezca la
coordinación de las administraciones tributarias en los tres niveles de
la Administración: central, autonómica y local, y que se tome la decisión
de integrar en un único cuerpo de técnicos del Ministerio de Hacienda los
cuerpos que en este momento vertebran la Agencia Tributaria. También que
plantee y alcance un acuerdo en el marco de la OCDE para la obtención
automática de la información de la que disponen los diferentes Estados o
administraciones tributarias sobre las entidades y personas físicas que
operen en paraíso fiscal.

Finalmente, en este marco de las enmiendas técnicas,
queremos que se refleje en el texto legislativo lo que es ya
jurisprudencia consolidada de los tribunales españoles, que han venido

estableciendo los límites del secreto bancario y definiendo
la obligación de cooperación de las entidades bancarias con la
Administración tributaria.

El segundo bloque hace referencia al modelo fiscal, como
apuntaba al inicio de esta intervención. Planteamos que se recupere el
plazo de los cinco años de prescripción de la deuda tributaria, de las
deudas fiscales, y de la responsabilidad en vía administrativa, y que se
amplíe este plazo de prescripción a diez años en los casos más graves.
Igualmente queremos que se reduzca aún más el ámbito de la estimación
objetiva de rendimientos, ya que creemos que en este momento es uno de
los campos abonados para el fraude fiscal y la economía sumergida, o al
menos, como apuntaba antes el portavoz del grupo catalán, para la elusión
fiscal. Defendemos que no hay ninguna motivación para sostener el trato
privilegiado de las rentas del capital frente a las rentas del trabajo y,
en consecuencia, aspiramos a que se integren en la tarifa general del
impuesto sobre la renta de las personas físicas los rendimientos del
capital, como ocurre con las rentas del trabajo.

No hay, en nuestra opinión, tampoco ninguna razón que
aliente a seguir manteniendo el régimen fiscal especial aplicable a los
trabajadores desplazados en el territorio español. En su día esta figura
se pretendió justificar porque se aspiraba a conseguir la presencia en
nuestro país de técnicos cualificados, de responsables de multinacionales
e, incluso, de científicos e investigadores, y para lo único que ha
servido es para dar un trato privilegiado a los futbolistas de los
grandes equipos, a los futbolistas extranjeros, en el bien entendido de
que beneficia no tanto a esos futbolistas como a los clubes, puesto que
en sus contratos se establece el desplazamiento de la carga fiscal hacia
las entidades contratantes.

Creemos que hay que modificar el impuesto sobre sociedades.
Para ello se debe incrementar la tarifa del 30 al 35 para las bases
imponibles que superen el millón de euros, para aquellas empresas que
tengan beneficios superiores al millón de euros. La tarifa general, el
30%, por más beneficios fiscales de que se pueda disponer, no ha de dar
en ningún caso como resultado que el tipo aplicable, que la carga fiscal
resultante, sea inferior al 25%. Algún portavoz, creo que el del Grupo
Parlamentario Socialista, ha recordado que la media de gravamen de los
beneficios empresariales en el pasado ejercicio se movió en torno al 10%,
el tipo efectivo.

Hay que limitar más las posibilidades de pago en metálico.
Nuestra propuesta es que sean mil euros y que, además, esta limitación se
aplique no solo a los residentes, sino también a los no residentes que
—como saben muy bien sus señorías— tienen un límite de 15 000
euros. Instamos al Gobierno a presentar un proyecto de ley para la
creación de un impuesto sobre bienes suntuarios —no es ninguna
novedad en nuestra tradición fiscal— y planteamos que, como
consecuencia y conclusión de un análisis compartido en la mayoría de los
países de la Unión Europea, se afronte también la creación de un impuesto
sobre las transacciones financieras. Igualmente, queremos que se
sustituya el impuesto sobre el patrimonio por un impuesto sobre la
riqueza, que se suprima la subida del IVA y que se establezca una nueva
regulación de las Sicav, que, para evitar que acaben siendo el refugio
fiscal de patrimonios personales o familiares, fije que el número mínimo
de participantes en una Sicav sea de 100 y que la participación máxima de
cualquiera de ellas, su capital global no sea superior al 5%.

Y concluyo diciendo que a petición de la Federación
Española de Municipios y Provincias planteamos la propuesta de que las
plusvalías que perciben las entidades locales se calculen a partir del
valor real de los inmuebles y que se establezca una condición a la
inscripción en el registro de la propiedad de las operaciones que impida
que se inscriba ninguna transacción sin que conste la declaración o la
autoliquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos, el impuesto de plusvalía.

Muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda 69, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Hemos presentado una única enmienda, la número 69, de
modificación del artículo 7, que regula las transacciones y los pagos en
efectivo. Como saben sus señorías, en virtud del concierto económico en
la Comunidad Autónoma del País Vasco y del convenio de Navarra, las

reformas de naturaleza tributaria para la persecución del
fraude fiscal corresponden a las instituciones de los territorios
históricos, a las juntas generales y a las diputaciones forales y también
al Gobierno, en el caso del Gobierno foral navarro.

Siendo esto así, sin ninguna duda, en el ámbito
competencial de la Agencia estatal de la Administración tributaria, que
es la que desarrolla el ámbito competencial del artículo 7 y, por tanto,
de la Administración tributaria de régimen común, no lo es en el caso de
los territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco ni de
la Comunidad Foral de Navarra, por cuanto el vigente régimen de concierto
económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y de convenio
económico con la Comunidad Foral de Navarra establecen que en sus
respectivos ámbitos competenciales son las haciendas forales y la
Hacienda tributaria de Navarra las que tienen encomendada la función de
controlar la actividad a los empresarios y profesionales y, en
consecuencia, son las que disponen de los medios y de la posibilidad de
controlar adecuadamente el cumplimiento de la nueva limitación
establecida a los pagos en efectivo por este artículo 7.

Teniendo presente, por tanto, la finalidad de lucha contra
el fraude fiscal que se predica en el nuevo régimen establecido por el
artículo 7 de este proyecto de ley y su íntima conexión con el ejercicio
de las competencias de aplicación de los tributos sin imposición de
sanciones, que corresponde a la Administración tributaria, y su esquema
de descentralización, que resulta del reconocimiento y amparo de los
derechos históricos de los territorios forales establecido en la
disposición adicional primera de la Constitución —y aquí entramos
en el encaje constitucional que tanto suele preocupar a los senadores del
Grupo Parlamentario Popular—, la solución más eficaz y más
eficiente —son criterios de eficacia y de eficiencia— y la
que podría redundar en una mejor aplicación de esta disposición citada
sería la que pasara por atribuir las competencias encomendadas con
carácter general a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a las
respectivas haciendas forales de los territorios históricos de la
Comunidad Autónoma vasca y a la Comunidad Foral de Navarra. Vuelvo a
repetir: hay encaje constitucional y hay, además, un criterio marcado de
eficacia y eficiencia respecto de un mejor control del fraude fiscal.

Por ese motivo, nosotros presentamos una enmienda que no es
exactamente la cláusula foral que solemos presentar siempre, pero que sí
responde a esos criterios de encaje constitucional en primer lugar, y en
segundo lugar a criterios de eficacia y eficiencia. Tendrá que empeñarse
la señora Angulo para explicar por qué no tienen previsto aceptar esta
enmienda.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, números 26 a 43, tiene la palabra el
senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Quisiera, en primer lugar, fundamentar políticamente el
sentido de las enmiendas que presentamos, y lo primero que quiero hacer
es establecer de qué estamos hablando en España cuando hablamos de fraude
fiscal. Creo que es importante formular cinco preguntas y ver qué
respuestas tienen. Estas serían las siguientes: La primera, ¿hay mucho o
poco fraude fiscal? La segunda, ¿quiénes son los grandes defraudadores de
este país? La tercera, ¿cómo se canaliza el fraude fiscal? La cuarta,
¿estamos ante un fenómeno nuevo o hace tiempo que existe el fraude
fiscal? Y la quinta, ¿cuáles son las repercusiones del fraude fiscal
sobre las personas? Contestaré muy brevemente a estas cinco
preguntas.

En primer lugar, en cuanto a si hay mucho o poco fraude
fiscal hay que contestar que sí, que hay muchísimo. Todos los estudios lo
sitúan entre un 20 y un 25% del PIB, lo que quiere decir que una cuarta
parte de la riqueza generada en España no paga impuestos, mientras que la
media de fraude fiscal en la Unión Europea está en un 10%. Es decir, si
no existiese ese fraude fiscal podríamos ingresar 89 000 millones de
euros. Por tanto, somos uno de los dos países de toda la Unión Europea
con mayor fraude fiscal.

En segundo lugar y respecto a quiénes son los que
defraudan, según el sindicato de técnicos de Hacienda, el 72 o 73% del
fraude fiscal lo producen grandes empresas y grandes patrimonios. Y en
este punto quiero decir una cosa. Hemos visto que el Gobierno del Partido
Popular desde el primer momento ha lanzado campañas contra el fraude en
el cobro del seguro de paro, en lo que estoy de acuerdo; ayer mismo decía
la ministra de Sanidad en este hemiciclo que había lanzado

una campaña contra el fraude sanitario; pero no he visto
declaración alguna de ningún ministro, y menos del presidente del
Gobierno, en que dijeran que el fraude fiscal en el Estado español se
produce fundamentalmente en las grandes empresas y en las grandes
fortunas. Se criminaliza, por tanto, a los más vulnerables, pero no a los
poderosos, a los responsables del fraude fiscal.

Tercera pregunta, en cuanto a cómo se canaliza el fraude
fiscal: hay que decir que fundamentalmente a través de las entidades
financieras y algunos —tenía razón el señor Bel— a partir de
las Sicav; no todos, pero tampoco se puede decir que ninguno. Por tanto,
la canalización del fraude fiscal se hace en el Estado español a través
de entidades financieras, en algunos casos de las Sicav, y todo esto
hacia los paraísos fiscales.

En cuanto a la cuarta pregunta, si hace mucho tiempo que
esto se produce, la señora Angulo hablaba de los siete años del Partido
Socialista Obrero Español. Y es cierto, no se avanzó en el fraude fiscal.
Pero yo recuerdo que fui diputado en el Congreso de los Diputados en las
dos legislaturas del Partido Popular y tuve grandes debates con el señor
Costa, que era el secretario de Estado de Hacienda para el fraude fiscal,
y miren ustedes, desde 1996, siete u ocho años del Gobierno del Partido
Popular y siete u ochos años de Gobierno del Partido Socialista Obrero
Español, el fraude no ha hecho más que crecer, y ha habido muchas leyes.
Es importante que haya leyes, pero con los instrumentos y con la
legislación que ya tenemos se puede hacer frente al fraude fiscal.

Y la última pregunta, cuál es la incidencia del fraude
fiscal sobre las personas —se ha dicho ya aquí, creo que el señor
Iglesias lo ha explicado—, imagínense no que recuperáramos los 89
000 millones de euros, sino la mitad, que tuviéramos el fraude fiscal que
tiene la Unión Europea, el 10%, sería 40 000 millones de euros. Seguro
que muchos recortes sociales que se están haciendo no se tendrían que
hacer.

Por tanto, la radiografía o el análisis del fraude fiscal
en España es que tenemos muchísimo; que las tres cuartas partes del
fraude fiscal se produce en grandes fortunas o en grandes empresas; que
se canaliza a través de entidades financieras —y esto es muy
importante— que van a parar a paraísos fiscales; que no es tema
nuevo, ni del Gobierno Socialista anterior, sino que viene de muy lejos,
y no se ha avanzado; y que fundamentalmente hoy el fraude fiscal no es
solo lo que era ayer. Ayer era luchar por una justicia tributaria, por
una justicia fiscal. Hoy el fraude fiscal tiene otra dimensión que es la
de contribuir a la supervivencia del modelo social que tenemos, que hoy
está evidentemente en apuros. Y este es el gran problema de fondo, en
definitiva, del fraude fiscal.

Hablar del fraude fiscal y de los ingresos me lleva a
hablar del sistema impositivo que tenemos. Se ha dicho también, creo que
por el señor Iglesias u otros portavoces, que en estos momentos nuestro
sistema impositivo descansa, por un lado, en el IRPF de los trabajadores.
En poco tiempo hemos pasado del 39 al 44%. Me explico. Del conjunto de la
recaudación del Estado, en el año 2007 el 39% correspondía al IRPF y
ahora corresponde el 44%. Ha aumentado la recaudación de los
trabajadores, que significa en el IRPF el 87%. Prácticamente toda la
recaudación del IRPF recae sobre las espaldas de los trabajadores,
mientras que las rentas del capital han bajado. Y todo esto nos lleva a
una disminución de 10 puntos en relación con la recaudación de la Unión
Europea. Y esto liga con los debates que tuvimos hace quince días y que
tendremos en el presupuesto sobre cuál es el diagnóstico de la crisis. El
diagnóstico de los liberales, de la derecha conservadora, del Partido
Popular de aquí es que se debe a un exceso de gasto público. Y el debate
de hoy, el debate sobre el fraude fiscal nos demuestra una vez más que el
diagnóstico es que se debe a los ingresos tanto por el fraude fiscal como
por el sistema impositivo que tenemos. Y desde ese punto de vista,
nuestras enmiendas lo que intentan es dar respuesta a estos dos
problemas: a cómo mejorar la lucha contra el fraude fiscal y a cómo
mejorar la recaudación.

No voy a explicar o a concretar todas las enmiendas porque
tenemos cuarenta y dos, pero sí voy a señalar tres o cuatro enmiendas de
estos dos bloques que indican claramente su orientación o su sentido
político y nuestra reflexión en relación con estos temas.

En relación con el fraude fiscal, planteamos claramente
tres cuestiones. En primer lugar, la necesidad de un informe anual sobre
el fraude fiscal y sobre la economía sumergida que pueda ser discutido en
las Cortes y que recoja aspectos como son los territorios y los
impuestos. Esto es absolutamente necesario.

En segundo lugar, la supresión de la amnistía fiscal. La
señora Angulo intentaba justificar la amnistía fiscal. Técnicamente
podemos dar muchísimos argumentos a favor o en contra, pero hay un
mensaje claro a la sociedad que esta percibe, el de que los defraudadores
salen ganando. En un sistema impositivo injusto lo que no se puede hacer
es dar la imagen y el mensaje de que los defraudadores siguen ganando.
Por tanto, es necesario suprimir la amnistía fiscal y crear una oficina
de control de la economía sumergida y del fraude fiscal que sea objeto de
debate. Es incomprensible que con un fraude fiscal del 25% de la riqueza
creada en el Estado español no existan debates en las Cortes.

Y desde el punto de vista de los ingresos, planteamos
diversas propuestas, pero quiero señalar cuatro o cinco. La primera es la
supresión del incremento del IVA. Todo lo que el Gobierno del Partido
Popular dijo del IVA se ha incumplido. Es una subida de impuestos injusta
que no contribuye a la recuperación económica y, además, está subiendo el
IPC. En definitiva, la subida del IVA ha ido en contra de los intereses
de los más vulnerables, porque les afecta más a estos que a las personas
que tienen mucho dinero, y además, ha sido ineficaz.

Planteamos también como medidas para incrementar ingresos
la creación en el Estado español —como está pasando ya en otros
Estados— del impuesto de transacciones financieras, que en el caso
de aplicarse como en Francia, estaríamos hablando de 4000 o de 6000
euros. Se propone un impuesto sobre la riqueza que sustituya al impuesto
sobre patrimonio, así como dar pasos progresivamente para que la
imposición de las rentas del capital se equipare a las rentas del
trabajo. Se trata, en definitiva, de tres o cuatro enmiendas
desarrolladas en estos dos ámbitos: la necesidad de incrementar la lucha
contra el fraude fiscal y, por otro lado, la necesidad de incrementar los
recursos.

La señora Angulo ha hecho una intervención, que no sé si
calificar de sobreexagerada —no quisiera ofenderla—, sobre
las bondades de la ley, que con esta ley se va a solucionar todo. Ojalá.
La historia parlamentaria está llena de leyes que no han servido para
nada porque no se han aplicado. Y que nadie entienda que estoy diciendo
que no hay que hacer leyes. Hay que hacerlas, pero hay que aplicarlas. Y
a menudo, cuando se gobierna, se tiene la tentación de crear una ley ante
un problema. El ministro de Justicia es un gran experto en esto. Cuando
tiene un problema anuncia un endurecimiento del Código penal, a pesar de
que somos el país de la Unión Europea que más presos tiene por habitante,
más incluso que Inglaterra.

Por lo tanto, aunque no hemos presentado vetos a esta ley,
porque tiene aspectos positivos, consideramos que es totalmente
insuficiente. Y, más allá de que la ley sea insuficiente, lo grave es que
algunas de las medidas concretas que el Gobierno Popular ha aprobado y
quiere aprobar van en dirección contraria a su exposición de motivos, y
con los medios que hay ahora se puede luchar mucho más contra el fraude
fiscal.

Señoras y señores senadores, acabo diciendo lo siguiente:
el fraude fiscal es un gran problema que tiene una consecuencia inmediata
sobre la vida de las personas, porque la existencia de un fraude fiscal
de una cuarta parte de la riqueza del Estado español repercute
inmediatamente en recortes y en ajustes de servicios importantísimos y
personales como educación y sanidad.

En segundo lugar, las cifras de fraude fiscal y las
deficiencias del sistema impositivo injusto que tenemos ponen de
manifiesto que el problema del Estado español no es un problema de gasto,
pues estamos diez puntos por debajo del gasto público de la Unión
Europea, sino de ingresos. Sé que esto va en contra de la ideología
neoliberal, pero me gustaría mucho que la realidad concreta del Estado
español le hiciera cambiar esa ideología al Partido Popular, por lo menos
en este sentido, que diera apoyo a alguna de las enmiendas y que hiciera
un trabajo eficaz y fuerte contra el fraude fiscal que permitiera que el
Estado español, también en este sentido, tuviera una normalización
democrática y de justicia tributaria.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.

Pasamos a la defensa de las enmiendas 44 a 68 del mismo
grupo parlamentario. (Pausa.)

¿Senador Montilla, dan por defendidas el resto de las
enmiendas? (Asentimiento.) Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel para la defensa de
las enmiendas 87 a 121.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Nuestro grupo ha presentado treinta y cinco enmiendas y, si
bien es cierto que a alguien pueden parecerle muchas, la verdad es que
este proyecto de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria
y de adecuación de la normativa financiera modifica muchas leyes, por
tanto da para presentar estas enmiendas; enmiendas todas ellas
presentadas en positivo, para mejorar el texto. Esperamos que el grupo
mayoritario, y esencialmente el Gobierno, sea sensible a alguna de
ellas.

El texto modifica diferentes leyes, la Ley General
Tributaria, la Ley General Presupuestaria, la Ley del Impuesto sobre la
Renta, la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y alguna
que otra ley sectorial como la del Régimen Fiscal de las Cooperativas o
la relativa al régimen especial de Canarias. Nosotros planteamos
enmiendas prácticamente a cada una de estas leyes e incluimos alguna que
hace referencia al IAE, que también voy a poder defender de forma
específica si el tiempo me lo permite.

De estas treinta y cinco enmiendas, veinticuatro
corresponden a enmiendas que afectan a la Ley General Tributaria. De
hecho, la parte más importante de la ley también afecta a la citada ley.
Estas enmiendas, si quieren, son de carácter técnico pero también tienen
cierto contenido político, no les engaño. Nosotros entendemos que se debe
luchar contra el fraude fiscal —no tengan ninguna duda— pero
a su vez también entendemos que se debe dotar de la seguridad jurídica
suficiente, en este caso, al administrado tributario. Y muchas de estas
enmiendas precisamente van dirigidas a fijar una mayor seguridad
jurídica, algo que también nos tiene que iluminar cuando hablamos de
lucha contra el fraude fiscal.

El fraude fiscal se produce en todos los ámbitos. Un señor
puede dejar de pagar impuestos, pero entendemos que se debe enfatizar la
lucha contra el fraude fiscal entre aquellos contribuyentes o hipotéticos
contribuyentes que no pagan impuestos. Se debe luchar contra todos, pero
ante una asignación de recursos de lucha contra el fraude, entendemos que
se debe incidir más sobre aquellos que no tributan en lugar de sobre
aquellos que sí lo hacen pero mal. Y no entiendan mal mis palabras.
Debemos luchar contra todos, pero a veces existe la tendencia —y se
puede desprender también de la ley— de fijarnos mucho en aquel
señor que no ha presentado la declaración de forma telemática cuando
tenía que hacerlo y, sin embargo, no miramos qué pasa con aquel señor que
no presenta ningún tipo de declaración y que no tributa en ninguna de las
bases imponibles en las que debería hacerlo.

Por ello, gran parte de las veinticuatro enmiendas que
hacen referencia a la Ley General Tributaria tienen este cariz. Por
ejemplo, a nosotros nos parece exagerada una sanción de 1500 euros para
aquel obligado tributario que presenta su declaración de forma física
pero no de forma telemática, aunque tenga obligación de hacerlo, y nos
parece poco una sanción de 150 euros por dato omitido para aquel que ni
siquiera la presenta. Por lo tanto, alguna de nuestras enmiendas va
precisamente en esta dirección.

Nos parece que en algún caso también se debe aportar mayor
seguridad jurídica y concretar algunas de las sanciones o cuándo se
pueden aplicar. Hemos fijado alguna otra enmienda al respecto porque
entendemos que cuando se sanciona se deben tener claros —y
específicamente deben figurar en la Ley General Tributaria— dos
conceptos que no lo están: primero, la trascendencia tributaria de los
datos omitidos y, segundo, la capacidad económica del contribuyente.
Alguna de nuestras enmiendas pretende que en algunos de estos casos, de
forma concreta, ante la omisión de datos fiscales se tenga en cuenta a la
hora de sancionar la trascendencia tributaria de esta omisión y también,
por qué no, la capacidad económica de la persona que omite estos datos.
Si no es así, al final se sanciona por igual y en la misma cantidad a
aquel albañil que hace remiendos y resulta que se ha olvidado de declarar
dos datos por operaciones superiores a 3000 euros, que a aquella entidad
financiera que ha dejado de declarar dos datos de similar característica.
Por tanto, este es el grupo de enmiendas, que doy por reproducidas y no
voy a explicar cada una de ellas, a la Ley General Tributaria.

También presentamos concretamente dos enmiendas a artículos
que hacen referencia al impuesto sobre sociedades y tres referidas al
impuesto sobre el valor añadido. Respecto a ambos impuestos nosotros
entendemos que la lucha contra el fraude fiscal es necesaria e
imprescindible, pero también tenemos que tomar medidas de reactivación
económica. Por eso, aprovechando que

hacemos una modificación de la normativa tributaria,
introducimos dos propuestas en el impuesto sobre sociedades para
recuperar la posibilidad de la libertad de amortización en activos fijos
para que las sociedades o empresas puedan tener un incentivo a la
inversión y también, por derivación, las personas físicas que desarrollen
actividades empresariales. Y en relación con el IVA, como hemos hecho en
alguna que otra ley que hemos planteado en esta Cámara, y lo volveremos
hacer en la medida en que no nos hagan caso, entendemos que se debe
restablecer la tributación a los tipos impositivos del IVA existentes
hasta septiembre de este año. En todo caso, no les discutimos que hayan
subido el tipo impositivo del IVA, que también es discutible, sino que
determinadas prestaciones de servicios y determinadas entregas de bienes
que estaban tributando a un tipo reducido o superreducido hayan pasado a
tributar a un tipo reducido o a un tipo normal. Lo que pretendemos con
estas enmiendas es restituir esta situación.

Hemos presentado también una enmienda al artículo 7, creo
recordar, referido a los pagos en efectivo. Ustedes limitan los pagos en
efectivo a 2500 y 15 000 euros. Nos parece acertada la posibilidad si no
de limitar, al menos de controlar todos estos pagos en efectivo. Y a
través de nuestra enmienda pretendemos que en algunas situaciones
—estamos hablando de demandas concretas del sector de transportes
para el pago de determinados fletes, que en la práctica del día a día se
suelen hacer en efectivo— se puedan mantener pagos en efectivo,
pero que aquellas personas que intervienen en estos pagos tengan la
obligación de comunicarlo a la Administración tributaria. Yo creo que a
la Administración tributaria no le debe preocupar que se hagan pagos en
efectivo, lo que le debe preocupar es poder controlar dichos pagos. Por
tanto, nuestra enmienda deja abierto que se regule reglamentariamente,
pero que se posibiliten pagos en efectivo superiores a 2500 euros, con la
obligación de notificarlos para que la Administración tributaria pueda
controlarlos. Esta enmienda va en esta dirección.

Y hemos presentado un conjunto de enmiendas —creo que
son cinco— que tienen por objeto mejorar la lucha contra el fraude
en la Administración autonómica y local. Diferentes representantes del
Gobierno y portavoces del Partido Popular en esta Cámara y en el Congreso
de los Diputados incorporan en sus discursos la voluntad de reforzar la
Administración local y la autonómica, y de dotarlas de todos aquellos
medios necesarios para desarrollar su actividad. Pues bien, aquí tienen
la oportunidad de hacerlo. Algunas de estas enmiendas pretenden solventar
situaciones y reivindicaciones casi históricas, algo que tengo pocas
esperanzas de resolver aquí, pues alguna de ellas nos viene directamente
de la Federación Española de Municipios y Provincias a propuesta del área
de Hacienda, por ejemplo, del Ayuntamiento de Sevilla, un ayuntamiento
con mucha fuerza que recurre a la federación y a este grupo para
presentar la enmienda, que entiendo tampoco va a ser fácil que admitan.
Pero es una enmienda que pide algo tan sencillo como que la
Administración tributaria local o autonómica pueda proceder al embargo de
bienes, cuentas bancarias, situados fuera de su demarcación territorial.
Y me explico. Un ayuntamiento puede embargar aquellas cuentas bancarias
en entidades financieras que tengan sucursal en su término municipal,
pero no cuentas bancarias en entidades financieras que no tengan sucursal
en su municipio, e idénticamente sucede con las comunidades autónomas. De
lo que se trata precisamente es de facilitar que las administraciones
tributarias de estas corporaciones locales tengan esta posibilidad,
porque sin duda van a poder luchar mejor contra el fraude fiscal y van a
poder materializar el cobro de las deudas tributarias de forma más
rápida.

También hemos introducido alguna enmienda a efectos de
tener una mayor colaboración entre las diferentes administraciones
tributarias. Hay una enmienda, que si no recuerdo mal es la número 118,
que pretende que las administraciones tributarias autonómicas tengan
acceso directo a las bases de datos de la Agencia Estatal Tributaria, y
si me lo permiten, con absoluta reciprocidad, a efectos de que los
trámites sean rápidos y que las investigaciones en caso de fraude fiscal
se puedan ejecutar con la celeridad necesaria, porque, como ustedes
saben, los tiempos en determinadas actuaciones de fraude fiscal son
imprescindibles. Una investigación de fraude fiscal que se dilata meses
puede suponer que, una vez determinada la deuda tributaria, no haya forma
de poder cobrarla, de poder hacerla efectiva precisamente porque se han
utilizado todos estos meses, esa dilación en el tiempo para desviar todos
los activos susceptibles de ser embargados. Entendemos, pues, que este
cruce de bases de datos en el ámbito tributario es básico y que tiene que
ser objeto de colaboración mutua entre todas las administraciones
tributarias. Y también

incluimos aquí a las locales, aunque evidentemente sus
bases de datos son más modestas y limitadas.

Entendemos que es esencial la colaboración
interadministrativa, así como poner todos los medios a disposición de los
diferentes niveles de Administración; es algo básico y en ese sentido van
nuestras enmiendas.

Esta es de forma breve la presentación de las 35 enmiendas,
algunas no las he reproducido en su literalidad pero también las doy por
defendidas y, en todo caso, termino esta defensa haciendo una apelación
esencialmente al grupo mayoritario para que sean sensibles a algunas de
ellas. Me resulta difícil entender que de 85 enmiendas no aprueben
ninguna, porque eso significaría que ustedes tienen la verdad sobre la
legislación de este país y que los demás —aparte de que tengamos un
cierto sentimiento de frustración o de que no quieran nuestra
colaboración— somos muy malos a la hora de presentar sus
enmiendas.

En todo caso, espero que puedan acoger algunas de ellas. Lo
digo porque hubo un compromiso por parte del Gobierno, me lo han
comunicado ahora desde el Congreso de los Diputados. Nosotros votamos
abstención en relación con esta ley allí —tampoco se nos admitió
ninguna de estas enmiendas— y se quedó en que se continuaría
trabajando para su aprobación en el Senado. Si no se nos aprueba ninguna,
obviamente, nuestra responsabilidad tiene un límite —y ya se lo he
dicho en varias ocasiones—: si ustedes presentan una ley y nosotros
no les presentamos enmiendas, se la vamos a votar a favor; pero si
ustedes presentan una ley, nosotros presentamos enmiendas constantemente
y no nos admiten ninguna, ustedes van a entender que no podamos
apoyarles. Y cuando desde el grupo mayoritario se hace un discurso
—que me parece correcto— de que hay determinadas leyes que
deben salir de las Cámaras con el máximo apoyo posible, cada uno tendrá
que hacer una reflexión personal dentro del ámbito de su grupo en el
sentido de: ¿mi grupo ha hecho lo suficiente para que la ley salga con el
máximo apoyo posible?, ¿hemos sido sensibles a algunas de las peticiones
de los grupos? Y entonces podremos dirimir responsabilidades en relación
a si las leyes son o no son apoyadas por la mayoría de los grupos.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
senador.Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente, y
buenos días, señorías.

Continuamos debatiendo este proyecto de ley en unos
postulados en los que en lo básico, que es la lucha contra el fraude,
todos estamos de acuerdo y en que debemos atajar y luchar todos juntos
contra él.

La ciudadanía española, con elevados sacrificios en los
diferentes ámbitos, requiere resolver el problema del elevado fraude que
tenemos en nuestro país. Ello además requiere una actuación
significativamente eficiente por parte de la Administración tributaria,
que debe extender su actuación a los contribuyentes llevando a cabo el
reparto de forma equitativa de la carga impositiva conforme a su
capacidad económica. Esto, que a su vez todos los ciudadanos entenderían
como lógico —que cada uno pague a la Hacienda pública según sus
ingresos—, es precisamente un hecho que el actual Gobierno del
Partido Popular no entiende así y, fruto de su política a día de hoy,
ejerce parlamentariamente en solitario todo lo contrario.

La lucha contra el fraude precisa de un compromiso y
voluntad de las administraciones públicas responsables de la gestión y
del resto de la sociedad, en la que se incluye a los agentes sociales y a
la inmensa mayoría de los ciudadanos. De los estudios realizados por
entendidos de elevado prestigio en lo referente al fraude fiscal se
extrapolan dos conclusiones principales que no podemos obviar: que el
cumplimiento tributario de los ciudadanos disminuye cuando aumentan los
impuestos con una Administración tributaria poco eficaz, compensando y
neutralizando los efectos recaudatorios de las subidas de impuestos con
un aumento del fraude; que este mismo cumplimiento tributario aumenta
cuando la Administración tributaria mejora sus procedimientos de gestión
y control, lo que revela la rentabilidad recaudatoria y social y el
efecto multiplicador de la inversión en recursos para la gestión
tributaria.

El pasado 28 de septiembre en el Congreso de los Diputados
se evacuaban unas cifras que rondaban los 70 000 millones de euros
defraudados, cantidad inasumible en un país en crisis

económica como es España, siendo nuestra obligación
eliminar esta amenaza, con el fin de evitar que perdure mucho más en el
tiempo.

Nuestro grupo entiende que al PP, al Partido Popular, se le
presenta una excepcional oportunidad para conseguir convertir esta ley en
una norma consensuada con los demás grupos políticos de esta Cámara que,
a su vez, consideramos necesaria. Vemos —como ya dijo mi compañero,
el portavoz— medidas positivas, aunque claramente insuficientes
para afrontar una lucha eficaz y alcanzar con éxito la prevención, la
detección y la posterior sanción del fraude fiscal.

Por este motivo, hemos presentado un conjunto de enmiendas
parciales ambiciosas, entendiendo que es perentorio poner en marcha un
plan estratégico de lucha contra el fraude. ¿Qué es el fraude fiscal?
Dígannos, señores del Partido Popular, lo que les preocupa. ¿Es la
factura del fontanero cuando cambia un grifo, o es la factura del albañil
cuando azuleja un suelo, en ambos casos a un asalariado, con o sin IVA?
¿Por qué son los autónomos por cuenta propia, las pequeñas y medianas
empresas o el sector servicios los que han tomado como ejemplo para esta
nueva normativa? El fraude fiscal es simple y sencillamente el hecho de
dejar de ingresar a la Hacienda pública lo que le corresponde. Pero nunca
una definición tan simple tuvo efectos tan demoledores, porque supone,
por un lado, una disminución de ingresos al Estado, que nos permitiría
costear esos servicios públicos indispensables que están siendo
fuertemente recortados por su Gobierno en estos momentos; y, por el otro,
porque legitima una conducta defraudatoria, por lo cual la ciudadanía
podría pensar: si los que más tienen y más defraudan son premiados,
señorías, galardonados, señorías, con una amnistía fiscal, yo, que no soy
millonario, que soy un asalariado o que tengo y desarrollo mi actividad
en una pequeña empresa, si puedo, también defraudaré.

Solamente tenemos que irnos a las cifras, a los números que
son los verdaderos y únicos indicativos de esta situación. Es necesario
que todos seamos conscientes de si las cifras son o no elevadas; según
nuestro criterio son muy elevadas e inasumibles, como ya hemos dicho. Los
diferentes estudios elaborados sobre la materia coinciden en estimar que
esta cifra fiscal ronda el 25% del PIB —como ya han dicho otros
senadores en esta tribuna—, lo cual supone que cerca de 89 000
millones de euros dejan de ingresarse, uno de cada cuatro euros se escapa
al control fiscal.

Además, más preocupantes son los datos ofrecidos por la
Unión Europea que cifra el fraude de nuestro país diez puntos por encima
de la media de nuestros vecinos, de manera que es menester tener claro
que solo con rebajar nuestro fraude en estos diez puntos que nos separan
de esta media, ingresaríamos anualmente cerca de 40 000 millones de
euros, quince veces más de lo que se espera recaudar mediante la amnistía
fiscal que el Gobierno del Partido Popular está llevando a cabo para los
peores ciudadanos que tiene este país, que encima de ser los que más
defraudan, son los que más tienen.

Pero hemos de ahondar aún más en el problema del fraude y
preguntarnos quién defrauda estas enormes cantidades. Los que no
defraudan son, sin ninguna duda, la clase asalariada, ya que encima el
Estado se nutre básicamente de estos dos impuestos que recaen
directamente sobre ella: por una parte, el impuesto sobre la renta de las
personas físicas, el IRPF y, por otra, el impuesto sobre el valor
añadido, un impuesto totalmente regresivo, que no discrimina en su
tributación la capacidad económica del obligado a su pago y que aporta un
32% del importe de la recaudación por impuesto en nuestro país, sobre el
que ustedes hicieron no hace muchos meses una voraz campaña contra el
anterior Gobierno socialista, con un importante teatro popular, y, sin
embargo, hace muy poco, en contra de lo prometido en campaña, han tenido
que subirlo.

En el otro extremo de la justicia impositiva estarían los
que sí defraudan al Estado y ha quedado perfectamente claro en esta
Cámara: más del 72%, señorías, son los grandes patrimonios y las grandes
empresas para las cuales poco se dice en esta ley; no son los fontaneros,
no son los albañiles por cuenta propia ni son las pymes.

¿Para cuándo se van a hacer las cosas bien en este ámbito?
Si nos preocupa, como aquí decimos todos que nos preocupa, y mucho, ¿para
cuándo una lucha europea en los paraísos fiscales? Estos sí son los
verdaderos responsables de la actual situación que vivimos; estos
paraísos que encubren, con beneplácito de todos, a los defraudadores. Por
eso, no estamos de acuerdo con la amnistía fiscal y sí a favor de la
lucha hasta su erradicación de los paraísos fiscales.

Mientras las grandes corporaciones se han enriquecido con
las aportaciones de las rentas más bajas, de los asalariados que sí pagan
sus impuestos, ellos han llevado su dinero fuera y no han pagado al
Estado lo que le correspondía pero, en cambio, premiamos su
insolidaridad. En este momento, porque es un momento excepcional en la
historia moderna de nuestra nación, hay que aplicar la tolerancia cero y
la eliminación total de los paraísos fiscales.

El ministro de Hacienda recientemente se echaba las manos a
la cabeza, lamentándose de la caída de la recaudación; en cambio, lleva a
cabo una amnistía fiscal. ¿Quién entiende esto? Nadie, señorías, nadie,
por mucho que se esfuercen en convencer a la ciudadanía con artimañas
engañosas y con el «tú, más». No les dan la razón ni los profesionales ni
los economistas ni la propia Unión Europea. Qué duda cabe que no podemos
permitirnos estos pozos fiscales en un momento en que asistimos a un
auténtico desplome de los ingresos tributarios, los cuales se producen
por la caída de la actividad económica y por las erráticas medidas
adoptadas en materia fiscal en los últimos meses. Este es el verdadero
problema, señorías, lo quieran ver o no.

Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista pivotan sobre dos grandes retos: uno, la lucha contra el
fraude, que tiene que ser el alma de la política impositiva del Ejecutivo
y hacerla suya cada día, ya que con las lamentaciones no se soluciona
nada, para así conseguir aumentar la recaudación a los que más defraudan
con una política progresiva y equitativa; consiguiendo este objetivo no
sería necesario seguir subiendo los impuestos a las rentas medias, como
se ha hecho. Y el otro reto es tener cada día en la agenda política de la
Unión Europea la lucha contra el fraude, una lucha permanente y sin
tregua contra los paraísos fiscales, alguno de los cuales está en la
propia Unión. Nos preocupa, sí, y mucho, y por eso debemos todos tenerlo
en cuenta permanentemente, y sobre todo los países de la Unión Europea,
en nuestras acciones de Gobierno.

Estamos de acuerdo en poner en marcha una oficina de lucha
contra el fraude que informe anualmente del trabajo desarrollado y las
líneas a seguir para el siguiente o siguientes ejercicios. Es necesario
ser ambiciosos y llevar a cabo un plan integrado de lucha contra el
fraude fiscal, laboral y de la Seguridad Social. Hay que trabajar y
establecer metas en esta dirección, comprometiendo —como ya indicó
antes aquí la señora Angulo— a todos los países de la OCDE a
obtener unos canales de información fluidos, avanzando en la directiva
europea del ahorro. También estamos de acuerdo en limitar el dinero en
efectivo, incluso entre particulares, a 2500 euros, además de reducir
esta cantidad, a partir de los próximos dos años, para la relación entre
empresas y particulares. Estamos dispuestos a llegar hasta dónde haga
falta para corregir esta situación y por eso hemos presentado esta
batería de enmiendas.

Señoría, nuestro grupo está a favor de la lucha contra el
fraude y de mejorar la recaudación. Ahí siempre contarán con nuestro
apoyo. Pero también tienen que entender que no podemos aceptar que
ustedes se fijen solamente en el detalle, en lo pequeño, en ese fraude de
barrio, ese fraude de monedas, mientras dejamos que los grandes
defraudadores se vayan con las sacas repletas de billetes morados a los
paraísos fiscales y que encima luego les llamemos para ponerles las
medallas. Que nueve de cada diez españoles — como indican las
cifras en la encuesta del CIS—, crean que los impuestos no se
cobran con justicia porque consideran que no pagan más aquellos que
tienen, aparte de hacernos reflexionar, nos obliga a ponernos las
pilas.

Voy finalizando mi intervención.

Me gustaría decir que, en líneas generales, consideramos
que una ley de lucha contra el fraude era necesaria, pero no podemos
dejar de reconocer que su contenido es fruto de una huida hacia delante,
de muy poca dedicación y ambición por atajar y solucionar un mal endémico
en nuestro país. Por ello, señores del Partido Popular, esperamos y
confiamos que tengan en cuenta nuestras enmiendas para así completar y
enriquecer esta nueva normativa.

En cuanto a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
antes de finalizar mi intervención quiero recordarle que nuestro
compañero portavoz no ha dicho en ningún momento que fuéramos a votar en
contra, aunque parece que usted ha entendido erróneamente de su
intervención que sí lo íbamos a hacer. No es así. También quiero
recordarle a la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular que,
aunque no lo crea —entiendo que porque no lo conoce—, existe
la posibilidad de compatibilizar una mayoría parlamentaria absoluta con
el respeto hacia el resto de los grupos. Asimismo, y como decía aquel
anuncio publicitario, quiero recordarle que la fuerza sin control no
sirve de nada.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por parte del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene
la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Utilizaré brevemente este turno
para señalar cuáles son las enmiendas con las que nosotros estamos de
acuerdo: son todas aquellas de los diferentes grupos parlamentarios
vinculadas al impuesto de las transacciones financieras y al impuesto
sobre patrimonio y sociedades —comunes a varios grupos. Nos hemos
manifestado en reiteradas ocasiones a favor de la creación a nivel
internacional europeo de un impuesto de transacciones financieras de
carácter más especulativo, como también de un impuesto sobre el
patrimonio y sociedades, relativo a la lucha contra los paraísos
fiscales. Asimismo, estamos a favor de las enmiendas que se proponen
derogar la amnistía fiscal.

Las enmiendas presentadas por los diferentes grupos
orientadas en esta dirección contarán con el apoyo de este grupo
parlamentario.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Martínez.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)

Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz, señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.

Intervengo rápidamente para fijar la posición en relación
con el proyecto de ley y respecto a las enmiendas de otros grupos.

¿El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió está a favor de la tramitación de un proyecto de ley para la
prevención y la lucha contra el fraude? Sí, estamos absolutamente de
acuerdo, la creemos necesaria, lo hemos reiterado y lo vamos a reiterar.
Es más, hemos presentado enmiendas porque estamos convencidos de que esta
es una herramienta necesaria, imprescindible, aunque no suficiente. Lo he
señalado en mi intervención: se necesitan herramientas legislativas, y
estas complementan las que hay; se necesitan herramientas materiales que
es una cuestión de más recursos para la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, se necesitan herramientas de capital humano y, por tanto,
también se necesita dotar de más recursos laborales a la Administración
tributaria. En todo caso, no queda ninguna duda, pues nuestra trayectoria
nos avala.

Respecto a las enmiendas de otros grupos, nosotros nos
vamos a posicionar a favor de algunas, nos vamos a abstener en otras y
vamos a votar en contra de otras. No tengo tiempo de fijar la posición
sobre cada una de ellas, pero debo decirles que sobre las que vamos a
votar en contra no es porque estemos absolutamente en desacuerdo
—obviamente en algunas sí—, sino porque entendemos que
seguramente no es esta la herramienta legislativa apropiada para hacer
frente a algunas de las propuestas que vienen de otros grupos.

Y terminaré con la reflexión final que apuntaba en mi
anterior intervención dirigida al grupo mayoritario de esta Cámara, grupo
que al fin y al cabo es quien decide qué es lo que prospera o no prospera
aquí —y lo digo con todo el respeto—, y lo hace porque así lo
han decidido los ciudadanos previamente. Pero, como indicaba
anteriormente, si es bueno que determinadas leyes salgan con el respaldo
mayoritario de los grupos parlamentarios, todos tenemos que hacer un
esfuerzo. Nuestro grupo lo ha demostrado, nuestro grupo ha votado a favor
de aquellas leyes que entendíamos que eran necesarias que prosperaran con
el máximo apoyo, incluso discrepando en algunos de los artículos de forma
importante, y pongo a título de ejemplo la primera vez que trajeron a
esta Cámara la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En aquel momento
también les advertimos que no podían pretender que se les apoyara siempre
por responsabilidad. Y, cuando un grupo —hablo ahora estrictamente
por el mío— presenta 35 enmiendas, ya muestra una cierta
discrepancia —no en el fondo pero sí en la forma— respecto al
texto legislativo, y cuando ve difícil que se le admitan algunas de estas
enmiendas, entenderán ustedes que nos va a ser difícil apoyar el texto
legislativo. Obviamente, no vamos a votar a favor, y le transmitimos a su
formación política y le dijimos al Gobierno que si entienden que nuestro
voto sirve para algo tienen que ser sensibles

a algunas de nuestras propuestas, pues la reflexión que les
hacía anteriormente también se la deben hacer: no lo harán todo bien
—y nosotros no lo haremos todo mal—, y si nos transmiten que
están estudiando algunas de las enmiendas, que en el Congreso no se
pueden aprobar pero que van a estudiarse con cariño en el Senado
—esta música empieza a ser reiterativa constantemente—,
cuando llegan al Senado nos dicen que también lo han estudiado con
cariño, que algunas las ven bien pero que tampoco van a poder aprobarse,
entonces tampoco va a poder ser que les apoyemos este texto legislativo.
¿Es malo? No. ¿Es mejorable? Sí.

Por tanto, nuestra posición en este caso va a ser la
abstención.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías del Grupo Popular, acepten alguna enmienda, aunque
sea de Convergència, por la forma reiterada en que lo ha solicitado su
portavoz, y aunque no sea del Grupo Socialista, para que puedan votar a
favor. Nosotros también lo haríamos: si nos aceptasen algunas enmiendas,
también votaríamos a favor. Por cierto, senadora Angulo, dice usted que
íbamos a votar en contra, pero en ningún momento lo he dicho en mi
intervención. Nos estábamos moviendo entre la abstención y el voto
positivo si ustedes quisieran aceptar algunas de las propuestas técnicas
para mejorar en eficacia, para hacer más efectiva y ambiciosa esta ley,
que supone avances, como dije antes, pero me da la impresión de que
ustedes continúan sordos, absolutamente sordos, y van a desaprovechar una
oportunidad de oro, con ocasión de una ley que no tiene carga ideológica,
para poder demostrar eso que tantas veces el Gobierno y el Grupo Popular
reiteran sobre su voluntad de diálogo y consenso, que, evidentemente, es
falsa, como se demuestra día tras día. Es muy difícil entender que no
acepten nada de ningún grupo, pero, ciertamente, continúan instalados en
esa autosuficiencia. La portavoz del Grupo Popular viene aquí diciendo
que esta es la mejor ley del mundo, que la hace el mejor Gobierno del
mundo; están encantados de conocerse porque nadie puede hacer nada mejor
y los demás lo que han hecho ha sido siempre mucho peor.

Tiene que venir el señor Saura para recordarle un poco la
historia de cuando gobernó durante ocho años el Partido Popular, con el
señor Aznar, y retrotraernos a ese principio de la cultura fiscal. En un
país donde no había fiscalidad, donde no había impuesto sobre la renta,
fue el señor Francisco Fernández Ordóñez, con la UCD, y el señor Borrell,
en el primer Gobierno socialista, quienes trataron de hacer pedagogía
para crear esa cultura fiscal. Y creo que se consiguió en buena medida.
Ahora tendríamos que ponernos de acuerdo para hacer una revisión,
haciendo una reforma fiscal adaptada a los nuevos tiempos y a las nuevas
necesidades, y entre todos conseguir la complicidad ciudadana en esta
importante lucha contra el fraude fiscal. Pero con posturas como las que
ustedes mantienen es muy difícil conseguirlo.

A pesar de ello, no vamos a votar en contra de la ley, nos
vamos a abstener, y eso que nos preocupan varios aspectos, más allá del
propio articulado, como el hecho de que se quiera lavar la cara de una
amnistía fiscal que tenemos recurrida ante el Tribunal Constitucional, y
de que nos extraña que ustedes la defiendan a capa y espada, porque los
resultados son tan malos, en términos de eficacia, que hasta el
ministerio ha dejado de publicar los datos. Sabemos que a finales de
agosto solamente se habían recaudado 50 millones de euros de los 2500
millones de euros que se pretendían recaudar.

Nos preocupa también que con la modificación del Código
penal, cuya trámitación ahora se encuentra en el Congreso, se intente
aliviar a los defraudadores de su responsabilidad penal. Nos preocuparía
que se actuase solamente sobre las bolsas del pequeño fraude, que se
aluda constantemente por parte del Gobierno al fontanero o al
electricista que evitan el IVA, y se olviden las campañas contra las
grandes bolsas de fraude, que se sabe dónde están localizadas. El fraude
alcanza el 72% entre grandes empresas, profesionales liberales y
rentistas, mientras que solamente llega al 2% entre asalariados, al 3%
entre agricultores y al 10% entre autónomos. Por lo tanto, todos tenemos
que pagar y todos tenemos que cumplir, pero focalicemos la atención y las
campañas donde están las mayores bolsas de fraude, porque eso también
servirá de ejemplo a los que no defraudan o defraudan poco, para saber
que se va contra todos.

Se ha insistido también en que se elabore una estrategia
integral de lucha contra el fraude. Es importante que en España y en
Europa se actúe contra los paraísos fiscales activando convenios y que la
información internacional sea cada vez mayor.

Nos preocupa que la falta de recursos, que se materializa
en menos personal en la Agencia Tributaria, haga menos eficaz, por mucho
que se legisle, la consecución de objetivos en la lucha contra el fraude.
Van a tener una nueva oportunidad cuando defendamos las enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado para 2013. En este sentido, si
realmente tienen voluntad de acometer, con mucha más ambición y mucha más
tenacidad, el fraude fiscal evidentemente podrán y deberán incrementar
los efectivos y los recursos, sabiendo que se amortizan inmediatamente y
que recuperan económicamente para el Gobierno, en poco tiempo, lo que se
haya incrementado.

Asimismo, queremos expresar dos cuestiones que para mi
grupo parlamentario son muy importantes: la mentalización por parte de
todos de que la lucha contra el fraude tiene que ser prioritaria, que
tiene que estar en el centro del debate político y de las prioridades
tributarias y fiscales del Gobierno, de cualquier Gobierno; e,
igualmente, que tenemos que intensificar nuestras acciones en la agenda
de la Unión Europea y de la OCDE, para conseguir aquello que mencionaba
antes, mayor coordinación. Ni más ni menos, se trata de recaudar, de
lograr los ingresos suficientes para financiar las políticas necesarias,
que no representan otra cosa que el mantenimiento de nuestro Estado de
bienestar tal y como lo hemos conocido.

Cuando el ministro, señor Montoro, se preguntaba dónde
estaban los ricos —porque parece ser que no los veía—, seguro
que no conocía el dato de que el único ámbito en el que se ha
incrementado el consumo en este país, y lo ha hecho en un 30%, ha sido en
la venta de artículos de lujo. En la alimentación, en el textil y en el
ocio ha disminuido el consumo, pero en los artículos de lujo se ha
incrementado y ahí tiene un dato de dónde están esos ricos.

Por tanto, es una lucha tenaz, una lucha sin cuartel,
motivando a los agentes porque ya está bien de denigrar a los
funcionarios. Ahora decimos que son muy buenos por sus descubrimientos
pero, por cierto, reconozcan al menos que algunas de las últimas
actuaciones de la Agencia Tributaria, como en el caso de la Operación
Emperador, llevaban gestionándose 3 o 4 años y que son los técnicos, las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Administración judicial
las que consiguen esa eficacia. Por lo tanto, hay que motivarlos, en
lugar de recordar eso del cafetito o del periódico, que con tanta soltura
mencionaba el secretario de Estado de Administraciones Públicas. No vale
hablar ahora bien de todos sino que hay que demostrarlo con hechos y
ustedes, que soportan el Gobierno actual de este país, tienen esa
obligación.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenos días.

Señoras y señores senadores, intervengo en este turno de
portavoces para, en primer lugar, aclarar dos cuestiones que han
mencionado en sus turnos el senador del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, señor Bel, y el senador Vázquez, del Grupo
Parlamentario Socialista, con respecto a la posibilidad de acuerdo
respecto de la tramitación de este proyecto de ley de lucha contra el
fraude. Antes de nada, he de manifestar al senador Vázquez y al Grupo
Parlamentario Socialista que la senadora Angulo, en ningún momento de su
intervención, ha dicho que el Grupo Parlamentario Socialista fuera a
votar en contra. Por lo que respecta al senador Bel, él es consciente de
que había un compromiso en el Congreso de los Diputados de seguir
estudiando algunas de las enmiendas, concretamente las números 103, 104 y
118. En este sentido, le diré que algunas se podrían aceptar, incluso
podrían soportar una enmienda de sustitución y, por lo que respecta a la
118, no se entendía su contenido porque si no cabe declaración lo único
que cabe es sanción. Había también un gran interés por parte del Grupo
Parlamentario Vasco respecto de la enmienda número 69 pero, finalmente, y
por las razones que voy a explicar a continuación, todas ellas van a ser
rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular.

En política, señorías, todos somos dueños de nuestros
silencios —y ustedes serán dueños de su abstención— y
esclavos de nuestras palabras o de la aprobación de este proyecto de ley
porque, después de más de dos horas de debate, como comentaba con el
senador Parro, me suena a melancolía que todos estemos de acuerdo en la
lucha contra el fraude pero, finalmente, el único grupo político que
parece que va a apoyar este importante proyecto de ley es el Grupo
Parlamentario Popular y, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, en
la lucha contra el fraude creo que no caben distingos de ningún tipo
porque tan defraudadores son los pequeños, como los grandes, como las
pequeñas o las medianas empresas, como los trabajadores asalariados o
como los que se dedican a hacer las ñapas en las viviendas
habituales.

En cualquier caso, la cuestión primordial de este proyecto
de ley es atajar uno de los problemas fundamentales que vive la economía
española: la pérdida de una buena parte de los ingresos tributarios que,
desde el segundo semestre del año 2007, inicio de la crisis económica,
tantas veces negada por el Grupo Parlamentario Socialista, como puesta de
manifiesto por el Grupo Parlamentario Popular, ha llevado a la Hacienda
pública española, desde es ejercicio 2007, a la pérdida de 7 puntos
porcentuales en términos de recaudación sobre el PIB. Aproximadamente,
los ya comentados en esta Cámara 70 000 millones de euros; no es peccata
minuta. Señorías de todos los grupos y del Grupo Parlamentario Popular,
no se han evaporado. Al dinero le ocurre como a la energía: ni se crea ni
se destruye, se transforma. Y en este caso se ha transformado de forma
muy importante, o se ha trasladado en este caso, hacia la economía
sumergida y el fraude fiscal. En eso creo que estamos todos de acuerdo,
que lo importante es erradicar ese fraude fiscal y que afloren una buena
parte de esos 70 000 millones de euros.

Este proyecto de ley es muy complejo, afecta a ocho leyes
—lo comentaba el senador Bel—: la Ley General Presupuestaria,
la Ley General Tributaria, la del IRPF, la de Sociedades, la del IVA, la
del Régimen Especial de Canarias, la del Mercado de Valores y la del
Régimen Fiscal de Cooperativas. En cualquier caso, el Grupo Parlamentario
Popular agradece sinceramente al resto de grupos el trabajo realizado,
por la confección de las 121 enmiendas, de las que 25 son del Grupo
Mixto, 1 del Grupo Parlamentario Vasco, 43 de Entesa, 35 de CiU, y 17 de
Grupo Parlamentario Socialista.

La postura del Grupo Parlamentario Popular, respecto al
proyecto de ley remitido por el Congreso de los Diputados, y el porqué
rechaza cada una de ellas es la siguiente. Referidas al artículo 1, de
modificación de 16 artículos de la Ley General Tributaria, hay 58
enmiendas, prácticamente la mitad del texto que ahora tiene que ratificar
esta Cámara. Concretamente, la número 79, del Grupo Socialista y la
número 34 de Entesa, pretenden ampliar el plazo de prescripción a cinco
años. El vigente plazo de prescripción de los cuatro años fue establecido
ya en el año 1998, con la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente,
y se ha mantenido así en la Ley General Tributaria. Ello quiere decir que
el actual plazo de prescripción está ampliamente consolidado en la
normativa vigente, sin que se aprecien razones que justifiquen su
modificación. La número 70, también del Grupo Socialista, y la 26, de
Entesa, proponen ampliar igualmente a cinco años el plazo de dos años
establecidos en el proyecto normativo, y esos dos años inspirados en el
artículo 71 de la Ley Concursal, en este caso para acciones de
reintegración, se consideran adecuados para el mantenimiento del mismo.
La número 87, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, propone
acabar con la inseguridad jurídica —supuesta— que supone el
precepto de no límite al tipo de percepciones patrimoniales recibidas por
los socios, que dan lugar a la responsabilidad y excluir las
retribuciones que traigan causa en una relación contractual o
bilateral.

Señorías del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el
presupuesto de aplicar la norma es, a priori, la percepción de cualquier
tipo de retribución por los socios, para salvaguardar el principio de
responsabilidad patrimonial universal, contemplando la norma propuesta el
hecho de que esa percepción quedaría bajo el ámbito de precepto solo para
el caso de que lo recibido por el socio debe responder de las deudas
sociales. La número 88, también del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió, propone suprimir la referencia a la impugnación fundada en la
procedencia de la derivación como causa de la pérdida de reducción.
¡Tiene tela! Señorías, si se impugna el acuerdo de declaración de la
responsabilidad, conforme a la improcedencia de la derivación de
responsabilidad, se debe perder el derecho de reducción por conformidad,
al igual que si se

impugna basándose en la improcedencia de la liquidación,
puesto que es asimilable a la liquidación, pero en sede del responsable
tributario.

La número 1, del Grupo Mixto, y la número 44, de Entesa,
suponen —o dicen suponer— una mejora técnica para potenciar
la ratio de deudas cobradas; el contenido de la misma excede del proyecto
normativo y, por otra parte, no se observa ni en su justificación, que lo
contemplado suponga una ventaja adicional en la lucha contra el
fraude.

Las números 71 y 27, de Entesa, pretenden que la
responsabilidad subsidiaria de los administradores de sociedades haya de
extenderse también a todas las deudas tributarias. Pero en la redacción
propuesta de este precepto se está persiguiendo impagos específicos,
retenciones a trabajadores y repercusiones tributarias, conceptos ambos
que figuran en origen como depósitos en favor de la Hacienda pública.

La número 72 del Grupo Parlamentario Socialista y la 28 de
la Entesa proponen el establecimiento de un porcentaje de ingresos más
exigente para eludir la responsabilidad. Sin embargo, nuestro grupo
considera que el 25% ya es un porcentaje adecuado para el tipo de
responsabilidad que establece la norma.

La 89 del Grupo de Convergència i Unió propone suprimir el
artículo 1.3 de este proyecto normativo por el que se modifica el
apartado segundo del artículo 43 de la Ley General Tributaria bajo la
excusa de que el contribuyente, para evitar este supuesto de
responsabilidad, podría optar por no presentar las autoliquidaciones y,
por tanto, la Administración tarde más tiempo en el conocimiento de la
deuda tributaria.

A dicho respecto, señorías, cabe reseñar que con la entrada
en vigor de la norma, ante una falta de presentación de autoliquidaciones
para evitar el supuesto de responsabilidad, existen suficientes medios
legales y operativos en la Agencia Tributaria para detectar tales
conductas y aplicar las consecuencias que prevé el ordenamiento
jurídico.

La número 90, también de CiU, propone limitar la
prohibición de solicitud de aplazamientos en los casos en los que se haya
abierto fase de liquidación, momento en el que sí se puede afirmar que
las dificultades de tesorería son estructurales y definitivas no
meramente transitorias. Si así fuere se estarían limitando los fines de
la norma proyectada, esto es, evitar la postergación artificiosa del
crédito público como consecuencia de la simple solicitud y aplazamiento o
fraccionamiento.

La 91 de CiU es de supresión del artículo 1.4, apartado
tercero, con el pretexto de que en la actual coyuntura de crisis
económica es fundamental que las empresas puedan aplazar o fraccionar
este tipo de deudas, de forma que puedan subsistir y evitar la
liquidación de las mismas. Sin embargo, al eliminar esa posibilidad de
aplazamientos o fraccionamientos de los créditos contra la masa en
situaciones de concurso, se evita la postergación artificiosa del crédito
público como consecuencia de la simple solicitud de dicho aplazamiento o
fraccionamiento.

En la 92, también de CiU, se pretende suprimir el artículo
1.5 sobre el comienzo del plazo de prescripción. Estos supuestos de
inicio del período de prescripción están delimitados de forma meridiana
porque se establecen por remisión a la norma que regula los supuestos de
responsabilidad solidaria.

En la 93, también de CiU, se interrumpe el derecho de la
Administración para liquidar la deuda tributaria mediante la oportuna
liquidación, aunque la acción se dirige inicialmente a una obligación
tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del
obligado tributario, ya que la redacción propuesta en el proyecto de ley
—dicen ustedes— iría contra el principio inquisitivo y
afectaría gravemente al principio de seguridad jurídica. No obstante,
nuestro grupo entiende que si ello se modificara no se tendría en cuenta
que el obligado tributario no ha cumplido debidamente y ha declarado por
un tributo que no es el que legalmente debe aplicarse,por lo que
evidentemente también será rechazada.

La 94, también de CiU, se justifica al amparo de que el
precepto debe limitarse a los casos de tributos incompatibles que graven
una misma operación, por ejemplo, IVA y transmisiones patrimoniales. Sin
embargo, el precepto propuesto debe aplicarse a todos los casos en los
que puede concurrir el supuesto de hecho habilitante de la norma, puesto
que la ratio legis de la misma es que una acción de la Administración
tributaria no se vea perjudicada como consecuencia de una actuación
incorrecta del obligado tributario.

La 95, también de CiU, propone que no debería incluirse el
concurso entre los supuestos de suspensión del plazo de prescripción y al
mismo nivel que los litigios. Nuestro grupo entiende que debe mantenerse
la norma en la redacción proyectada puesto que el concurso, en cualquier
caso, señorías de CiU, es un procedimiento judicial.

En la 73, del Grupo Parlamentario Socialista, se propone
que aunque no se exija para la adopción de medidas cautelares que se haya
comunicado la propuesta de liquidación es necesario precisar que en los
procedimientos tributarios son aplicables dichas medidas. En sentido
contrario, señorías, con la redacción originaria del precepto, las
medidas cautelares se aplicarían en los procedimientos de aplicación de
los tributos, es decir, en los procedimientos de gestión tributaria,
inspección y recaudación. Si se admitiese su enmienda, dichas medidas
cautelares solo serían aplicables a los procedimientos de inspección.

La 96, también de CiU, exige que el régimen de las medidas
cautelares debe regirse por los principios de proporcionalidad y
seguridad jurídica, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva
requiere también la implementación de una vía sumaria de recurso.
Nosotros entendemos que con la redacción actual propuesta se cumple con
los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica puesto que la
medida cautelar debe adoptarse en los supuestos contemplados en los
artículos 81.1 y 81.3 de la Ley General Tributaria.

La enmienda número 97, también de CiU, propone suprimir el
artículo 1.7 de este proyecto de ley, que hace referencia a los artículos
81.5 y 81.8 de la Ley General Tributaria. Señorías, no estamos de acuerdo
porque la cuantía se puede conocer perfectamente con anterioridad, y en
cualquier caso la medida deberá adoptarse de forma motivada y
proporcional. Además, esa supresión tampoco se justifica adecuadamente
sobre la base de que la medida impediría la transmisión de bienes por la
sociedad ya que las medidas cautelares pueden ser de diferente índole y
no necesariamente la prohibición de disposición de bienes.

La enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Mixto y la
número 45 de la Entesa proponen una mejora técnica para garantizar la
seguridad jurídica y la eficacia de las medidas cautelares posponiendo el
cómputo del plazo desde la fecha del acuerdo hasta la de la notificación.
Nosotros consideramos que la enmienda excede con mucho el proyecto
normativo y no se observa ventaja adicional alguna en la ley de lucha
contra el fraude.

La número 74 del Grupo Parlamentario Socialista, la número
3 del Grupo Parlamentario Mixto y las enmiendas números 29 y 46 de la
Entesa pretenden todas incluir los bienes muebles en la prohibición de
disponer que regula el precepto ahora modificado. Entendemos que la
actual disposición se articula como una medida ejecutiva en garantía de
un embargo de acciones, que es una medida ejecutiva del todo ordinaria,
considerando a su vez suficiente la prohibición de disponer
exclusivamente sobre los bienes inmuebles.

En la enmienda número 98 de CiU se pretende suprimir la
expresión «…o parcial…» del apartado 6 del artículo 170 de la
Ley General Tributaria. Sin embargo, está plenamente justificado que
aunque solo se posea un control «parcial», se pueda adoptar la medida
porque en todo caso el supuesto habilitante de la norma exige control
efectivo por parte del titular de las acciones o de las participaciones
societarias.

La enmienda número 99 de CiU y la número 30 de la Entesa se
presentan en coherencia con la enmienda propuesta al artículo 5 de la Ley
General Tributaria. Ambas exceden con mucho el acuerdo y la competencia
del Tribunal Constitucional.

En la enmienda número 100 de CiU se propone modificar el
precepto con el fin de sustituir la cantidad, el límite de los 1500 euros
a 150 debido a las graves repercusiones económicas que supondría para
autónomos, pequeñas empresas, etcétera, cuya viabilidad depende del
abaratamiento de costes no haciendo subir el de las obligaciones
tributarias en lo que al régimen sancionador se refiere. Señorías, la
enmienda no justifica cuantitativamente por qué se reduce la sanción solo
a 150 euros y no a otra cantidad, ni tampoco se tiene en cuenta que la
inflación se aplicaría a todo tipo de empresas y no solamente a las pymes
o a los autónomos, de modo que esa reducción que ustedes proponen también
podría beneficiar a las grandes empresas.

La enmienda número 101, de CiU, pretende que la no
presentación de declaraciones por la vía telemática no debe considerarse
como infracción tributaria, en todo caso debería considerarse como
infracción administrativa. Pero, señorías, las empresas españolas ya
vienen cumpliendo de

forma reiterada y con total normalidad dicha norma, que
obliga a la presentación de declaraciones por vía telemática. Lo único
que hace esta norma es modificar y aclarar su régimen sancionador.

La número 102 de CiU dice literalmente que la modificación
propuesta del artículo 203 de la Ley General Tributaria es extremadamente
dura y puede llegar a vulnerar el principio de proporcionalidad. Sin
embargo, no se justifica en qué atenta a la infracción de dicho
principio, y la infracción no se estima directamente por la mera
detención de los hechos tipificados sino que exige la concurrencia de
culpa, como en toda infracción tributaria para que en su caso se dé la
sanción.

La enmienda número 103 de CiU propone que las sanciones
reguladas en el apartado 6 deberán cumplir el principio de transparencia
tributaria y de proporcionalidad a la capacidad económica del obligado
tributario, pero eso, señorías, ya se garantiza en el sistema tributario
español actual, que actualmente tiene en cuenta que la aplicación del
principio de proporcionalidad que informa está regulado de acuerdo con lo
previsto en el artículo 3.2 de la Ley General Tributaria.

La enmienda número 104, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió, pretende que el inicio del procedimiento
sancionador para la imposición de las sanciones no pecuniarias solo debe
poder iniciarse una vez notificada fehacientemente. Es similar a alguna
otra enmienda presentada por la Entesa.

La número 105 también de Convergència i Unió va en relación
con el momento en que comienza el devengo de los intereses de las
sanciones y de la norma propuesta. No introduce cambio alguno respecto
del sentido de la redacción original, únicamente aclara y explicita el
significado del precepto para posibilitar su correcta aplicación.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Voy terminado, señor
presidente.

Tenía un montón más porque, entre otras cosas, nos hemos
comido un turno de portavoces.

Vienen luego algunas referidas al artículo 2 de este
proyecto de ley por el que se modifica algún artículo de la Ley General
Presupuestaria; luego hay tres del Grupo Mixto y otras tres de la Entesa,
respecto al artículo 3 que afectan a las modificaciones sobre el IRPF;
otro grupo de seis que afectan al artículo 4 del impuesto de sociedades;
cinco que modifican el artículo 5 del impuesto sobre el valor añadido;
otras tres que modifican los artículos 19, 20, 22, 33 y 44 del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, que también votaremos en contra; otra
sobre la limitación de los pagos en efectivo, y aquí sí que me gustaría
un minuto más de tiempo para dar respuesta a la senadora Martínez sobre
su enmienda número 69, en el sentido de que lo que propone es igualar las
funciones de las haciendas forales y de Navarra con respecto a la Agencia
Tributaria. El control y sanción, señoría, de la prohibición de los pagos
en efectivo que superen determinado importe no es una competencia
tributaria, sino financiera. Dos, las materias monetarias y financieras
son competencia exclusiva del Estado... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

El señor DE LAS HERAS MUELA:...en todo el ámbito
nacional.

La distribución de competencias entre varias
administraciones podría provocar incluso disfunciones en contra de lo que
usted ha argumentado. Y las competencias contra el blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo competen en exclusiva al Estado.

Termino ya, señor presidente, aunque se me han birlado
treinta minutos.

Señorías, el objetivo de este proyecto de ley va dirigido a
la prevención y lucha contra el fraude fiscal, cuestión que creo que
compartimos todos. En este proyecto de ley se adoptan medidas muy
importantes, medidas para impactar directamente en los nichos de fraude
ya detectados, medidas que tienden a perfeccionar las normas que
garanticen el crédito tributario con la finalidad de incrementar la
seguridad jurídica,... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías, Por favor, vaya finalizando.

El señor DE LAS HERAS MUELA:...evitar litigios, de forma
que se liberen recursos para obtener un mayor control de las potenciales
o potenciales defraudadores.

Hay otro grupo relacionado con medidas cautelares
vinculadas a supuestos con presuntos delitos contra la Hacienda pública,
contra la investigación patrimonial... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías,
silencio. Vaya finalizando, por favor.

El señor DE LAS HERAS MUELA:...delimitación de los pagos en
efectivo (Rumores.) —monten todo el gallinero que quieran, a mí no
me pasa como a su compañero, tengo todavía voz, me queda voz— y
establecimiento de nuevas obligaciones sobre información de bienes y
derechos situados en el extranjero.

Nosotros queremos esto señorías (mostrando unos gráficos.):
queremos que se incremente la lucha contra el fraude... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

El señor DE LAS HERAS MUELA: …no como ustedes. Y
ahora voten lo que quieran. (Aplausos.— Fuertes rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Llamen a votación.
(Pausa.)

Señorías, vamos a iniciar la votación de las enmiendas.

Hago constar que es una votación minuciosa ya que hay pocas
acumulaciones por parte de los grupos que han presentado dichas
enmiendas. (Rumores.) Silencio, señorías.

Empezamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmiendas números 1, 2 y 3.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 240; a favor, 76; en contra, 152; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas números 4 y 5.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 241; a favor, 5; en contra, 161; abstenciones, 75.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 6 y 7 del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 241; a favor, 9; en contra, 150; abstenciones, 82.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Del mismo grupo, votamos la enmienda número 8.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 4; en contra, 227; abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 9, 11 y 13 del mismo grupo
parlamentario.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 152; abstenciones, 87.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 10.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 9; en contra, 163, abstenciones, 70.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 12.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 9; en contra, 152; abstenciones, 82.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 14 del mismo grupo parlamentario.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 157; abstenciones, 82.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 15 y 16.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 86; en contra, 156.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 17.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 16; en contra, 154; abstenciones, 73.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 18.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 91; en contra, 152.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda del mismo grupo parlamentario, número 19.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 164; abstenciones, 75.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 20.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor; 78; en contra, 153; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos la enmienda número 21.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor; 74; en contra, 168.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos las enmiendas números 22 y 25.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor; 9; en contra, 152; abstenciones, 82.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos la enmienda número 23.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor; 91; en contra, 152.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos la enmienda número 24.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor; 22; en contra, 152; abstenciones, 69.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco. Enmienda número 69.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor; 94; en contra, 149.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. En primer lugar, las
números 26 y 29.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor; 79; en contra, 151; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos la enmienda número 27.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor; 78; en contra, 164.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos la enmienda número 28 del mismo grupo
parlamentario.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor; 74; en contra, 164; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos la enmienda número 30.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor; 24; en contra, 151; abstenciones, 67.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Votamos las enmiendas números 31, 32 y 34.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor; 79; en contra, 152; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos la enmienda número 33.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 241; a favor; 23; en contra, 152; abstenciones, 66.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 35.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 12; en contra, 152; abstenciones, 79.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 36, 37 y 39.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 74; en contra, 152; abstenciones, 17.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 38 y 40 del mismo grupo.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 241; a favor, 76; en contra, 151; abstenciones, 14.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 41.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 90; en contra, 152.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 42.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 78; en contra, 164.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 43.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 86; en contra, 151; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 44 a 46.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 71; en contra, 152; abstenciones, 20.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 47 y 48.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 4; en contra, 163; abstenciones, 75.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 49 y 50.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 9; en contra, 152; abstenciones, 82.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 51.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 227; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 52.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 151; abstenciones, 88.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 53 y 55.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 9; en contra, 164; abstenciones, 70.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 54. (Rumores.—Pausa.)

Se anula la votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 164; abstenciones, 75.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 56.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 10; en contra, 151; abstenciones, 81.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 57.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos 243; a favor, 12; en contra, 157; abstenciones, 74.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 58 y 59.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 85; en contra, 157; abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 60.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 4; en contra, 152; abstenciones, 87.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 61 y 66.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 91; en contra, 152.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 62.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 241; a favor, 4; en contra, 163; abstenciones, 74.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 63.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 79; en contra, 152; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmienda número 64.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 74; en contra, 157; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas números 65 y 68.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 9; en contra, 151; abstenciones, 82.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 67.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 17; en contra, 152; abstenciones, 73.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

A continuación, pasamos a votar las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Votamos, en primer lugar, las enmiendas número 87 a 91, 93
a 96, 99, 109 y 110.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 12; en contra, 155; abstenciones, 76.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 92, 97, 98, 100 a 108, 111, 115 y
117.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 12; en contra, 225; abstenciones, 6.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 112 a 114.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 18; en contra, 224.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 116 y 118.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 80; en contra, 162.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 119 a 121.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 12; en contra, 153; abstenciones, 78.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Votamos, por último, las correspondientes al Grupo
Parlamentario Socialista.

En primer lugar, enmiendas 70, 73 a 78, y 83.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 78; en contra, 152; abstenciones, 12.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmiendas números 71, 79, 81 y 86.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 79; en contra, 163.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Enmienda número 72.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 74; en contra, 164; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
rechazada.

Enmiendas 80 y 82.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 241; a favor, 72; en contra, 150; abstenciones, 19.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Por último, enmiendas números 84 y 85.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 91; en contra, 152.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan
rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el Proyecto de Ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 241; a favor, 146; en contra, 4; abstenciones, 91.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley de
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación
de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en
la prevención y lucha contra el fraude.

4.2. CONOCIMIENTO DIRECTO

4.2.1. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA
RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO DE ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA DE LA
REPÚBLICA DE CROACIA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000014)

El señor vicepresidente da lectura a los puntos 4.2. y
4.2.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Recogiendo la
importancia de este texto —para todos, pero fundamentalmente para
Croacia—, nos acompaña en nombre del Gobierno de Croacia su
embajador, Neven Pelicarié, al que deseamos fortuna en el debate.
(Aplausos.)

No se han presentado ni enmiendas ni propuestas de veto a
este proyecto de ley orgánica dentro del plazo que al efecto se
señaló.

¿Turno a favor? (Pausa.)

¿Turno en contra? (Pausa.)

Turno de portavoces. ¿Por el Grupo Parlamentario Mixto
alguien desea intervenir? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señor
ministro de Asuntos Exteriores, en ausencia —estuvo en el Congreso,
no está en el Senado—, señor embajador, creo que hoy es un gran día
para Croacia y para Europa, y sobre todo para el gran debate político que
se está produciendo en España en este momento, en que surgen los grandes
miedos por que un pequeño país que ha pertenecido a otro resulta que no
puede pertenecer a la Unión Europea. Pasa el tiempo y, al final, todo se
arregla; y, a pesar de que el otro día el senador Muñoz-Alonso nos decía
aquí que nos habíamos empeñado con Kosovo, Kosovo terminará siendo parte
de la Unión Europea. Como ahora lo es Croacia, y como lo serán con el
tiempo otras pequeñas comunidades europeas.

Nosotros tenemos una gran simpatía por Croacia. Más allá de
los escasos dos siglos de independencia del reino croata en la Alta Edad
Media, el estatus del país se basó en instrumentos jurídicos que no son
muy conocidos en la península ibérica, pero que no son extraños a los
pueblos que conforman el Estado español. Me refiero, evidentemente, a la
unión personal que se inicia con los pacta conventa con Hungría en el año
1102, una unión simplemente personal, porque ambos territorios
independientes mantuvieron sus propias instituciones, sus leyes, siendo
solo la persona del rey común a ambos. Luego llegarían los Habsburgo, el
Imperio austrohúngaro, hasta la Gran Guerra. Fueron siglos —lo
saben bien los croatas— de tira y afloja entre el Gobierno central,
el Gobierno real y el Sabor o Parlamento croata, cuando alguna de sus
libertades fueron suprimidas y en otros tiempos recuperadas; momentos en
los que incluso, en algunas ocasiones, llegó a ser abolido el propio
Parlamento croata por la fuerza, que no por la voluntad de sus
ciudadanos. Esto no nos resulta extraño en la configuración y en la
creación del Estado español. Por eso nos sentimos cercanos en esta
ratificación del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de los croatas.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señor Anasagasti,
un momento, por favor.

Por favor, señorías, ruego silencio y pido a los grupos
parlamentarios que las tertulias las hagan fuera del salón.

Puede continuar.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, me debe
treinta segundos.

Después vendría el reino de los serbios, croatas y
eslovenos y vendría Yugoslavia, un período convulso a finales del siglo
XX, que se inicia con la caída del muro y culmina con la desgraciada
guerra de Yugoslavia.

Nuestro grupo se felicita por que una vieja nación europea
se una en pie de igualdad al resto de naciones europeas. ¿Quién lo
hubiera dicho hace veinticinco años? Seguramente, en una encuesta entre
sus señorías, muchos ni siquiera hubiéramos sabido que existía Croacia,
porque esa era la realidad.

Croacia cumple los requisitos, lo ha señalado en reiteradas
oportunidades la Unión Europea, y es muy necesario que se diga: los
principios de libertad democrática, derechos fundamentales, respeto al
Estado de derecho, y también los criterios políticos de respeto a las
minorías, que son fundamentales, la libertad de mercado y la aceptación
del acervo comunitario; y ha realizado las reformas institucionales que
han sido necesarias en los tres órdenes. ¿Quién puede pensar que Croacia,
en este estado, puede permanecer fuera de la Unión Europea, estando en el
corazón mismo de Europa? ¿Va a haber un Estado que niegue a un país, a
una vieja nación europea, su participación? ¿Recordamos a Slovodan
Milosevic, que no le gustaban todo ese tipo de cuestiones, se oponía a
todo y hubo incluso una guerra? El señor ministro García-Margallo dijo en
el Congreso de los Diputados que era necesaria la unanimidad para la
adhesión —y es bien cierto—; pero ¿habrá un país que se
niegue a que un nuevo Estado situado en el corazón de Europa, me da igual
que sea más al este o al oeste de esta Unión Europea, forme parte de esta
gran familia europea? ¿Las propias instituciones europeas podrían
contemplar a ese país fuera de sus instituciones? ¿Es esa verdaderamente
la vocación de Europa? Yo no lo creo; yo creo que no lo negaría nadie, ni
tampoco España, porque aquí estamos, en el Senado —como
anteriormente en el Congreso de los Diputados—, votando por
unanimidad el ingreso de Croacia en la Unión Europea. Y es una gran
noticia para Europa y para Croacia, y también para aquellas naciones sin
Estado, que reivindican su lugar bajo el sol en esta Europa en
construcción, aun cuando algunos nos quieran amedrentar con que no va a
ser así; pero me temo que pierden el tiempo.

Croacia es un pueblo de cuatro millones y medio de
habitantes, aproximadamente, con algo más de 56 000 kilómetros cuadrados,
un 11% menos que la extensión española; por poner una referencia, es un
país con una extensión menor a la de Letonia. Pero esto no tiene
importancia, y no debe tenerla. Croacia es fundamentalmente Europa y
cumple los requisitos; y yo diría que los cumple mejor que algunos socios
europeos, que llevan años en el club. Estamos convencidos, como grupo
parlamentario, de que luego vendrá el resto de los Balcanes: entrará
Serbia, y lo apoyaremos, también entusiásticamente; entrará Macedonia,
entrará Montenegro y Bosnia Herzegovina, a pesar de las dificultades por
la compleja estructura de Estado que tiene. También Kosovo, señor
Muñoz-Alonso —que ya hizo sus augurios—, a pesar de lo que
dijo usted en el último debate, formará parte de la Unión Europea.
Además, estamos convencidos de que, con la aquiescencia de Serbia,
entrará Kosovo; y en esto, estamos haciendo cábalas, señor Muñoz-Alonso;
usted hace las suyas, y nosotros hacemos las nuestras, y, si quiere,
hasta nos jugamos una comida dentro de unos añitos; yo me acordaré, y
usted tiene todo el derecho a elegir sitio. Y la historia dirá que ni
siquiera Serbia se habrá opuesto.

Es bueno que las viejas naciones europeas continuemos en la
construcción europea, en un espacio en el que las distintas naciones se
encuentran codo a codo, en pie de igualdad, y con voluntad de
cooperación. Ese codo a codo, ese pie de igualdad, esa cooperación es
precisamente aquello que no podía ni quería proporcionar, porque aquella
teóricamente reconocida posibilidad secesionista, tal y como se reconocía
en la Unión Soviética, era —todos lo sabemos, y se decía en todos
los manuales de derecho— más teórica que real y práctica en la
extinta Yugoslavia, como ayer nos recordó el ministro García-Margallo
contestando a nuestra pregunta.

Felicidades de parte del Grupo Parlamentario Vasco a la
República de Croacia y a su embajador aquí presente. El Grupo Vasco vota
convencido de que este es un gran paso en la Unión Europea que allanará
el camino a la solución de muchísimos otros problemas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Anasagasti; gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente. Señor
embajador de la República de Croacia, bienvenido.

Señorías, cuando estamos ante el reto de aprobar la
incorporación de un nuevo Estado a la Unión Europea, es conveniente
recordar la importancia de la propia Unión. La Unión Europea es un gran
espacio democrático, un gran espacio de progreso, un gran espacio de
respeto a los derechos humanos; y también ha sido, y es importante
remarcarlo, un espacio en el que, gracias a la garantía de las fronteras
de los Estados miembros, se han evitado los conflictos que habían asolado
Europa en la primera mitad del siglo XX. Por eso, entre otras razones, se
ha contribuido a generar un periodo de paz que estamos seguros de que va
a tener continuidad durante mucho tiempo.

Es evidente, con todo, que la Unión Europea tiene, hoy por
hoy, insuficiencias todavía. Hemos avanzado desde hace tiempo, desde el
Tratado de Maastrich, en la unión monetaria, pero hoy ya es un clamor la
necesidad de que la Unión avance hacia una unión fiscal y económica. No
es posible simplemente una unión monetaria, una política monetaria, sin
unificar las políticas económicas. Esta es la gran asignatura pendiente,
hoy más que nunca, en el contexto de la grave crisis económica que asola
a la Unión Europea en su conjunto.

El proceso de construcción de la Unión Europea, que todavía
está caminando, se fundamenta, entre otras cosas, en la renuncia a
elementos importantes de soberanía; este es un hecho fundamental.
Precisamente, estamos implicados en la construcción de un espacio
federal, que es lo que es hoy en día la Unión Europea, un espacio que
todavía debemos culminar. Por tanto, los Estados miembros de la Unión
tienen que aceptar y reconocer la necesidad de hacer progresivas cesiones
de soberanía, para consolidar precisamente ese espacio común, el espacio
de la Unión Europea.

En este contexto, el proceso de adhesión de la República de
Croacia ha sido largo; un proceso largo, pero necesario. Largo, no como
fruto de la burocracia de la Unión Europea, a la que se achacan a menudo
muchos de los males de la Unión; aunque no negaré la existencia de este
entramado burocrático que muchas veces hace lentos los trámites, cuando
estamos ante la adhesión de un nuevo Estado a la Unión es necesario que
el proceso sea lento para que esté bien hecho. Es necesario garantizar la
cohesión del conjunto de la Unión, una cohesión en cuanto a los
principios democráticos que deben garantizar todos los miembros de la
Unión, y la cohesión también en cuanto a los procesos y la situación
económica de los distintos Estados miembros. Por tanto, es importante que
la Unión exija las garantías necesarias y suficientes para que los
Estados que ingresen en la Unión Europea garanticen y den muestras y
pruebas contrastadas de su homogeneidad democrática y económica con el
conjunto de la Unión.

Es necesario también —y esto es muy importante—
garantizar que los Estados que se adhieren a la Unión Europea no estén
precisamente en el campo del euroescepticismo institucional. Es legítimo
que en las sociedades de la Unión Europea pueda haber dentro de la
opinión pública plural y en un contexto democrático, ciudadanos, grupos
organizados que puedan manifestar su euroescepticismo, su desconfianza
hacia el conjunto de lo que es la Unión Europea, pero no es en absoluto
admisible que ese euroescepticismo, como se da en algunas ocasiones,
venga de las más altas instituciones precisamente de esos Estados. Por lo
tanto, es exigible —y entendemos que en el caso de Croacia se
da— esa voluntad de adhesión a la Unión Europea en todo lo que la
Unión significa.

Finalmente, como decía también el senador Anasagasti, es
importante que recordemos hoy la necesidad de que se avance también
progresivamente y con todas las cautelas necesarias, pero sin dilación,
en los procesos de adhesión del resto de repúblicas balcánicas que están
en distintos grados en este proceso para incorporarse a la Unión Europea:
Bosnia Herzegovina, Serbia, Macedonia y Montenegro, precisamente porque
se trata de viejas naciones, de viejos Estados de Europa y que, por
tanto, tienen todo el derecho para adherirse, siempre que cumplan con
todas estas condiciones, a la Unión Europea.

Por tanto, desde nuestro grupo, Entesa pel Progrés de
Catalunya, nos felicitamos porque esta adhesión esté llegando ya a
puerto. Damos la bienvenida a la República de Croacia. Señor embajador:
bienvenidos al conjunto de la Unión Europea. Y nos felicitamos de que
España pueda hoy aprobar también en esta Cámara, como se hizo en el
Congreso, por unanimidad la unión.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Sabaté. Gracias, señoría.

En nombre del Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra
la senadora señora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta Cámara al
señor embajador. Es un placer tenerle aquí. Igualmente, quiero dar la
bienvenida a Croacia a la Unión Europea. Esta es una incorporación
importante, puesto que abre el sexto paquete de ampliación de la Unión
Europea. Es evidente que se incorporan en un momento en que la Unión
Europea está viviendo una crisis que está afectando en mayor o menor
medida a sus Estados miembros y, a nuestro parecer, en un momento en que
la integración en la Unión Europea es insuficiente. Por lo tanto,
animamos a Croacia a trabajar codo con codo con todos los Estados
miembros para la creación de una Europa más unificada, más consolidada y,
sobre todo, mucho más armónica. Estamos convencidos de que Croacia
contribuirá a la estabilización de los Balcanes y sabrá transmitir a sus
países vecinos su visión europeísta, que siempre ha tenido y siempre ha
demostrado, y que le ha llevado hoy a este momento.

Creemos también que es importante que sepan ustedes
transmitir su experiencia, el proceso que han vivido en la constitución y
consolidación de las instituciones que han formado.

Por tanto, finalizo mi intervención congratulándome desde
Convergència i Unió por la adhesión de su país. Una vez más, señor
embajador, Croacia, bienvenidos a la Unión Europea.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.
Gracias, senadora señora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador señor Sañudo.

El señor SAÑUDO AJA: Gracias, señor presidente.

Será una breve intervención para mostrar el apoyo del Grupo
Socialista y su voto favorable al Proyecto de Ley de ratificación de
adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia.

Señor embajador de Croacia, damos la bienvenida a los
croatas al club de la Unión Europea, después de haber recorrido un largo
camino, que se inició allá por el 2003, con la consolidación del Estatuto
de adhesión, y que culminará seguro el día 1 de julio de 2013.

Con la entrada de Europa, decía el presidente de Croacia,
no seremos grandes, pero tampoco seremos insignificantes. Creo que esa
frase intuye alguno de los valores en los que se fundamenta la Unión
Europea, valores como el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia,
la justicia, la solidaridad, la igualdad, la paz; y añadidos a la
cohesión territorial, a la cohesión social y a la económica fundamentan
el leitmotiv de lo que significa la construcción europea, a la que ahora
se suman los croatas.

Quiero hacer una brevísima reflexión de la necesidad, ahora
más que nunca, si cabe, de una Unión Europea fuerte por la importancia
que tiene para el progreso social y económico de los pueblos que la
integran. En un momento de debilidad como las que se conjugan con la
crisis global sobrevenida o con la demanda de la deuda soberana, en un
momento de amenazas evidentes como la desaceleración mundial o la
recesión global, en un momento de riesgo para el equilibrio y para la
pervivencia de la Unión, es más que nunca necesario avanzar en propuestas
que garanticen una solución a nuestros problemas, y estas se deben
realizar desde la política; es verdad que con consenso y con acuerdo,
pero desde la política. Hay encrucijadas que tenemos por delante a las
que es necesario dar respuestas: la política exterior, la de seguridad,
la defensa, la política energética, la del mantenimiento del Estado de
bienestar o los desafíos tecnológicos y, fundamentalmente en el lugar que
nos ocupa, los económicos. Y esto no quiere decir que desde cada país, y
en este caso desde España, no podamos proponer medidas útiles y con
horizonte

que permitan sacar adelante los problemas que nos acechan y
que permitan dar credibilidad hacia la ciudadanía.

Ayer comentaba el ministro de Asuntos Exteriores la
necesidad de avanzar en un gobierno económico y fiscal de la Unión
Europea. Y es verdad, sí, entre otras cosas, porque además sin ello no
será posible que funcione la unión monetaria. Tendremos que defender, con
humildad, sí, pero con firmeza, que esa unión económica debe incluir una
serie de asuntos fundamentales, como el del Tesoro comunitario o que el
Banco Central Europeo responda a los intereses de los que integran la
Unión y no a intereses especulativos. Es necesario defender con humildad,
sí, pero con solidez, la armonización fiscal o la creación de los
eurobonos, por ejemplo. Pero también hay que defender en Europa, con
vehemencia si es necesario, la generación de políticas de estímulo a la
economía que nos permitan salir adelante en esta crisis, porque, como se
está demostrando, solo las políticas de ajuste no conducen a su
salida.

Se están haciendo cosas, sí, y algunas bien, pero no son
suficientes y algunas llegan tarde. Ahí está la virtualidad de quienes
realmente conformamos y creemos en la Unión Europea, la de proponer, la
de impulsar y la de tomar la iniciativa sin esperar a que nos impongan
medidas que no cuentan además con nuestra equitativa propuesta. Para ello
es necesario hablar, pactar y, como decía, fundamentalmente creer en
ello.

En nombre del Grupo Socialista renuevo mi enhorabuena por
la adhesión de Croacia, que ha sido posible debido a la consolidación de
las instituciones del país y las reformas estructurales que han permitido
la misma. Mi felicitación, señor embajador, en el convencimiento de que
su aportación a la construcción europea será importante desde el punto de
vista político, económico e institucional.

Y acabo, señor presidente, con una cita. Dice: El ideal de
la construcción europea es más válido que nunca porque nos lo imponen las
exigencias del mundo de hoy y más aún el de mañana. Esto lo decía Felipe
González, en junio de 1985, cuando firmó el Acta de Adhesión de España a
las Comunidades Europeas. Como ven, señorías, de plena actualidad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.
Gracias, senador Sañudo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador señor Agramunt.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor embajador de la República de Croacia, bienvenido
también a esta Cámara.

Señorías, dice un proverbio croata que el que busca un
amigo sin defectos se queda solo. Este proverbio, que podríamos
aplicarnos todos, es muy cierto además en estos momentos, donde la Unión
Europea está sometida a una profunda renovación, sobre todo desde el
punto de vista político y económico. Tenemos defectos en la Unión
Europea, lo sabemos, pero también sabemos que solo nosotros, solo Europa
es también la solución, es la única solución. Por eso, ahora, aunque haya
bastante euroescepticismo, es una muy buena noticia la incorporación de
un nuevo país a la Unión Europea.

Como recuerda el señor embajador, aquí presente, el señor
Pelicaric, embajador de Croacia en España, en su artículo Vuelta de la
República de Croacia a la familia europea decía que en España se habla
cada vez más de Croacia, de un pequeño país mediterráneo de costa
preciosa y mil islas, de un país que entrará en la Unión Europea en pocos
meses, pero también de un país con la naturaleza intacta y gente cercana
al espíritu, carácter y costumbres españolas.

España, por tanto, señorías, tendrá otro socio en la Unión
Europea, el número veintiocho, pero además en este caso tendrá un amigo y
un aliado. Las relaciones entre Croacia y España ya eran muy intensas,
como recordaba el embajador, en el siglo XIV, especialmente con la
República de Dubrovnik, cuando comerciantes de mi tierra, de Valencia, y
comerciantes de Barcelona fundaron una sociedad para comerciar con
Hungría, y hablamos del siglo XIV. Pero también en el siglo XV y en el
siglo XVI, con el emperador Carlos, España y Croacia tuvieron grandes
encuentros y participaron juntos en grandes victorias, como la de
Lepanto, y en grandes derrotas, como la de La Armada Invencible. Pero
todo esto es historia y ahora aquí venimos a hablar de futuro.

Croacia cree firmemente, ha creído siempre, en su
pertenencia a la civilización occidental europea, desde siempre, desde la
adopción del cristianismo en el siglo IX hasta los últimos, difíciles,
convulsos momentos de su historia en los últimos años. Esto llevó a
Croacia a apostar por

la Unión Europea desde el primer minuto de su independencia
reciente, lo que culminará el 1 de julio del año 2013. Ha sido, señorías,
un camino largo, difícil y complejo. Hoy entrar en la Unión Europea es
formidablemente complejo, es más largo, más difícil y más complejo que lo
fue para el resto de los países miembros de la Unión Europea. Y también
las prevenciones que hoy suscita la Unión Europea, que no es la misma,
como digo, de cuando entró España, ni siquiera la de los Veinticinco de
2004 o la de los Veintisiete de 2007. Lo reconocía la ministra de Asuntos
Exteriores de Croacia, la señora Pusic, el día 10 de octubre en una
conferencia aquí, en Madrid, donde estuve y pude hacerle alguna pregunta
en relación con su región.

Croacia, pues, es el primer país de la sexta ampliación de
la Unión Europea y, como he dicho, su proceso de incorporación ha sido
más largo, más difícil, más complejo, más duro que el del resto de los
países hoy miembros de la Unión Europea. Inició el proceso en el año
2000, con las negociaciones sobre el acuerdo de estabilización y
asociación. Se intentó entonces incorporar a Croacia en la quinta
ampliación, pero no pudo ser. Finalmente, en 2003 se produjo oficialmente
la solicitud de ingreso, que se aprobó ya en junio de 2004, dando, por
tanto, a Croacia el estatus de candidato oficial. A finales de 2005 se
iniciaron las negociaciones, que solo han culminado ahora. Y será miembro
oficial a partir de julio de 2013.

Como ya se ha dicho desde esta tribuna y se dijo en el
Congreso, entrar en la Unión Europea es, pues, complicado y largo, y solo
es posible —artículo 49— para aquellos países europeos que
cumplan las condiciones, los principios del artículo 6 del Tratado de la
Unión, que incluye, como ya se ha dicho, la libertad, la democracia, la
defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, el respeto al
Estado de Derecho y otros criterios adicionales, que incluyen,
naturalmente, criterios políticos —se ha dicho hoy— incluye
el respeto a las minorías, criterios económicos, como la libertad de
mercado, de competencia, y la aceptación de todo el enorme acervo
comunitario, etcétera. Pero a todo esto hay que añadir un principio muy
fuerte y muy importante: para el acceso de los nuevos miembros es
necesaria la unanimidad en todos los momentos del proceso de los
veintisiete —a partir de julio, veintiocho— Estados miembros.
Y como explicaba el ministro García-Margallo hace unos días, el Club de
Berlín, al que él mismo pertenece junto con otros diez ministros de
Asuntos Exteriores europeos, ha decidido que los tratados en el futuro se
puedan modificar por mayoría cualificada para evitar los bloqueos, salvo
una excepción: precisamente la adhesión de un nuevo miembro, que seguirá
requiriendo la unanimidad de todos los Estados miembros en cada una de
las fases del proceso. Y estoy seguro, señorías, de que me están
entendiendo perfectamente.

Por tanto, el futuro es más Europa y con más países. En los
Balcanes esperan, en primer lugar, Serbia, también la Antigua República
Yugoslava de Macedonia, Montenegro e incluso Bosnia Herzegovina. También
están esperando Turquía, Moldavia, Islandia, etcétera. Y no he citado ex
profeso a Kosovo, porque Kosovo no está reconocido por algunos países
europeos, entre ellos, España, ya que autoproclamó su independencia sin
encomendarse a dios ni al diablo. Y mientras Serbia no lo acepte,
nosotros tampoco lo haremos, ni entrará en la Unión Europea, señor
Anasagasti, mientras Serbia no acepte la condición de independencia de
este Estado, autoproclamado independiente, de Kosovo.

El futuro, señorías, es más Europa, pero más Europa con
unión bancaria, con unión política, con unión económica y con unión
fiscal, como repite el presidente del Gobierno, y con toda la razón, don
Mariano Rajoy.

El futuro, señorías, es más Europa, como lo demuestra el
ingreso de Croacia, que significa el triunfo de la democracia, de la
tolerancia y de la moderación frente a la radicalidad, a los
nacionalismos excluyentes, al rencor, a las guerras y a los
conflictos.

Señorías, enhorabuena a Croacia. Enhorabuena a Europa.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

A la vista de las intervenciones, ¿se puede aprobar por
asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobado el Proyecto de Ley Orgánica por la que se
autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión
Europea de la República de Croacia. (Fuertes aplausos de los señores
senadores, puestos en pie.)

En consecuencia, queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales dicho proyecto de ley orgánica.

Enhorabuena, señor embajador.

5. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

5.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

5.1.1. ENMIENDAS AL ACUERDO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS
CETÁCEOS DEL MAR NEGRO, EL MAR MEDITERRÁNEO Y LA ZONA ATLÁNTICA CONTIGUA,
ADOPTADAS EN LA IV REUNIÓN DE LAS PARTES, HECHO EN MÓNACO EL 12 DE
NOVIEMBRE DE 2010.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000034)

5.1.2. ACUERDO SOBRE UN ESPACIO AÉREO COMÚN ENTRE LA UNIÓN
EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y GEORGIA, POR OTRA, HECHO
EN BRUSELAS EL 2 DE DICIEMBRE DE 2010.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000035)

5.1.3. ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO DE AVIACIÓN ENTRE LA UNIÓN
EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL REINO HACHEMÍ DE
JORDANIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000036)

5.1.4. CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 20 DE ABRIL DE 2007 Y 20
DE JUNIO DE 2011, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA PARA
LA PUESTA EN VIGOR DE DIVERSAS MODIFICACIONES DEL CONVENIO DE 14 DE JULIO
DE 1959 RELATIVO A LA PESCA EN EL RÍO BIDASOA Y LA BAHÍA DE HIGUER.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000037)

5.1.5. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN
DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE
DE 1980.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000038)

El señor vicepresidente da lectura de los puntos 5., 5.1.,
5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. y 5.1.5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Gimenez): Para la
presentación de estos dictámenes, tiene la palabra el representante de la
comisión, el señor Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Permítame primero que dé contestación a las alusiones
personales que me ha hecho el senador Anasagasti en el turno anterior
para decir, primero, que acepto su amabilidad de ofrecerme un almuerzo,
pero que me deje elegir el restaurante y que ponga un plazo. Y segundo,
que el viejo Reino de España nada tiene que ver con la extinta República
Federativa Popular de Yugoslavia. Son cosas totalmente distintas.
(Aplausos.)

Señor presidente, señorías, los tratados y convenios
internacionales que se someten en este acto a la consideración del Pleno
del Senado y que han sido enunciados por el presidente, tuvieron su
entrada en esta Cámara el día 19 de septiembre de 2012, siendo publicados
ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se han
tramitado por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de
propuestas a los referidos tratados y convenios internacionales expiró el
día 1 de octubre de 2012, no habiéndose presentado ninguna alternativa.
La comisión dictaminó dichos tratados y convenios internacionales en su
sesión del día 11 de octubre de 2012, y acordó elevar a este Pleno
propuestas favorables a la concesión de autorización al Gobierno para que
preste el consentimiento del Estado a obligarse por medio de los
mismos.

Con estas palabras termino mi intervención y lo dejo a la
consideración del Pleno.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

¿Algún grupo parlamentario desea intervenir en relación con
estos dictámenes? (Denegaciones.)

¿Se pueden aprobar los dictámenes por asentimiento?
(Asentimiento.)

En consecuencia, quedan aprobados y se entiende concedida
la autorización.

Señorías, se levanta la sesión.

Eran las trece horas y cincuenta minutos.