9.2. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

9.2.1. Proposición de Ley de modificación del artículo 206
de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946.

(Núm. exp. 622/000002)

Autor: GPEPC

10. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

10.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

10.1.1. Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República Federal de
Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el
Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la
República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el Reino de los
Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la
República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de
Finlandia, hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000002)

10.1.2. Decisión del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011
que modifica el artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea en relación con un mecanismo de estabilidad para los Estados
miembros cuya moneda es el euro. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000003)

10.1.3. Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de
80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es
el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República
Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado
de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la
República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia,
y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con
sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República
Federal de Alemania, como Prestamistas y la República Helénica como
Prestatario, el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecha en
Bruselas el 27 de febrero de 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000004)

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades,
emitido en su sesión del día 21 de mayo de 2012, en relación con los
señores Senadores.

(Núm. exp. 503/000003)

11.1.2. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades,
emitido en su sesión del día 5 de junio de 2012, en relación con los
señores Senadores.

(Núm. exp. 503/000004)

Página
1030

El señor presidente informa de la presentación de una
enmienda de modificación, por parte del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, autor de la moción, que se entiende incorporada al texto
original.

El señor Cotillas López defiende la moción.

El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Boya Alós defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Cruz Salcedo defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor Cotilla López expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis
Eigure, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya
Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y Plana
Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; así como la señora Cruz Salcedo, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Cotillas López, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.

Se aprueba la moción por 156 votos a favor, 1 en contra y
88 abstenciones.

8.2. Moción sobre las previsiones para la revisión del
sistema de tasas judiciales en segunda instancia.

Autor: GPS

1067

El señor Díaz Tejera defiende la moción.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Altava
Lavall.

En turno de portavoces intervienen el señor Zubia
Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), así
como las señoras Pineda Balló, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, y Pareda Escrichs, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, y los señores Díaz Tejera, por
el Grupo Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza por 77 votos a favor, 155 en contra y 11
abstenciones.

9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1. Proyecto de Ley de simplificación de las
obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de
sociedades de capital (procedente del Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de
marzo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Justicia

1079

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

La señora Parera Escrichs defiende la enmienda número 7,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Díaz Tejera defiende la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por el informe de la
Ponencia.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Rodríguez Comendador Pérez.

En turno de portavoces intervienen el señor Zubia
Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); y
las señoras Pineda Balló, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya, y Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; así como los señores Ruiz Santos, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y Rodríguez Comendador Pérez, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 17 votos a favor y 229 en
contra.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputado en lo
modificado por el informe de la Ponencia, por 71 votos a favor, 169 en
contra y 5 abstenciones.

El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación al dictamen que afecta al artículo 1, apartado
3, que se aprueba por asentimiento de la Cámara

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 246 votos a
favor.

El señor presidente informa de que tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie en forma previa ala sanción del texto definitivo por S. M. el
Rey.

9.2. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

9.2.1. Proposición de Ley de modificación del artículo 206
de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946.

Autor: GPEPC

1087

El señor Saura Laporta defiende la toma en consideración de
la proposición de ley.

En turno de portavoces intervienen la señora Parera
Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; así como los señores Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Ramírez Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se rechaza la toma en consideración por 73 votos a favor,
168 en contra y 2 abstenciones.

10. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

10.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

10.1.1. Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República Federal de
Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el
Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la
República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el Reino de los
Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la
República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de
Finlandia, hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

1093

10.1.2. Decisión del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011
que modifica el artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea en relación con un mecanismo de estabilidad para los Estados
miembros cuya moneda es el euro. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

1093

10.1.3. Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de
80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es
el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República
Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado
de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la
República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia,
y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con
sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República
Federal de Alemania, como Prestamistas y la República Helénica como
Prestatario, el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecha en
Bruselas el 27 de febrero de 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

1093

El señor Muñoz-Alonso Ledo, presidente de la comisión,
presenta los dictámenes.

En turno de portavoces intervienen los señores Vilajoana i
Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Chiquillo
Barber, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el punto 10.1.1, por 237 votos a favor y 1 en
contra.

Se aprueba el punto 10.1.2 por 234 votos a favor y 1 en
contra.

Se aprueba el punto 10.1.3 por 236 votos a favor.

El señor presidente informa de que se entiende concedida la
autorización.

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades,
emitido en su sesión del día 21 de mayo de 2012, en relación con los
señores Senadores.

(Núm. exp. 503/000003)

1096

11.1.2. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades,
emitido en su sesión del día 5 de junio de 2012, en relación con los
señores Senadores.

(Núm. exp. 503/000004)

1097

El señor Sanz Cabello, presidente de la comisión, presenta
los dictámenes.

Se aprueban los dictámenes por asentimiento de la
Cámara.

Se levanta la sesión a las catorce horas y cincuenta
minutos.

Página
1034

general; recuperación esta que no solo contribuye a una
mejor coordinación ministerial y con las comunidades autónomas y a la
interlocución con el sector privado, sino que también traslada al
exterior y pone de manifiesto más allá de nuestras fronteras la
importancia que España, empezando por su presidente, otorga al turismo.
Porque, señorías, el Partido Popular siempre ha considerado que el sector
turístico constituye un factor clave en la proyección exterior de España
y en la valoración del patrimonio natural, histórico y cultural español;
además, es nuestra principal industria exportadora, así como uno de los
más importantes motores de la economía española y fuente de creación de
empleo, riqueza y bienestar en nuestro país, sin olvidar el efecto que
tiene sobre otros sectores de nuestra economía, porque, como saben, la
demanda turística se esparce, se reparte ante otros muchos sectores que
se benefician de esa demanda: desde el sector terciario —los
servicios—, como el sector primario —agricultura, pesca o
actividades extractivas—, pasando por el sector secundario
—toda la actividad industrial.

Por todo esto, debemos darnos cuenta, desde el ámbito de la
política, y el Gobierno de España así lo entiende, que el turismo no es
un sector económico en sí, sino un fenómeno económico, social y cultural
que engloba, como les he dicho antes, a muchísimo otros sectores. Y
nosotros, el Partido Popular, podemos afirmar, porque así lo creemos, que
si el turismo se recupera, si se llevan a cabo las políticas, las
reformas y los cambios estructurales necesarios en la oferta, va a ser el
que va a poder tirar del carro de nuestra economía.

Antes les hablaba de la prioridad política que se otorga
actualmente a este sector, y es que en los primeros meses del Gobierno
del Partido Popular hemos podido constatar esa clara apuesta por nuestro
turismo como auténtica política de Estado. Hemos visto que el Gobierno ya
ha celebrado importantes encuentros con los responsables de la política
turística española, con las comunidades autónomas, además de con todo el
sector. Ha sido constituida la Comisión Interministerial de Turismo,
integrada por diez ministerios, y cuyo objetivo fundamental es el de
coordinar las actuaciones de los departamentos de la Administración
General del Estado con incidencia en el sector.

También es una gran noticia que el Gobierno ya se encuentre
elaborando un plan integral de turismo, en colaboración con los
representantes del sector y con las comunidades autónomas; un plan que
además debe establecer la hoja de ruta a fin de dar un nuevo impulso para
los próximos años y reconozca la importancia que este tiene, que
contemple el turismo como una actividad transversal, considerando
fundamental una gestión más coordinada y comprometida con las comunidades
autónomas y con las entidades locales, y una estrecha colaboración con
las organizaciones empresariales, que al final son el pilar fundamental
del éxito turístico. Un plan que además colmará las necesidades del
sector y de nuestros destinos, una importante apuesta por crear un
entorno favorable para el desarrollo de las empresas turísticas, la
homogeneización y simplificación de la normativa turística, la especial
atención a los municipios turísticos, o la eliminación de las cargas
administrativas. Un plan que apuesta por la innovación, el apoyo a los
emprendedores, la modernización de los destinos maduros y por impulsar,
en suma, la promoción de la marca España; una marca, señorías, que sin
ningún género de dudas suma, atrae, prestigia y añade valor a nuestra
oferta.

En definitiva, creo que el turismo español puede estar
tranquilo. Por fin este sector tiene la importancia que merece. Sabemos
que los tiempos son difíciles, pero también sabemos que con el impulso de
medidas como las que les he mencionado y las que contiene esta moción que
hoy traemos al Pleno del Senado, poco a poco podremos recuperar la senda
del crecimiento y todo nuestro atractivo como destino internacional de
primer orden y nuestra competitividad frente a los nuevos destinos
emergentes.

Señorías, les pido en la mañana de hoy su apoyo a esta
importante moción, que no busca otra cosa, como les he dicho
anteriormente, que mejorar la competitividad de la industria más
importante de España, impulsando medidas que establezcan las bases
necesarias para que la actividad turística continúe aportando sólidos
fundamentos para el crecimiento económico y la creación de empleo;
modernizando nuestros destinos tradicionales de sol y playa; destinando
además una línea de financiación ICO para tal fin; fomentando, junto con
las comunidades autónomas, el turismo de interior, por ser este un factor
determinante para el desarrollo territorial; apostando por la formación
turística, algo para nosotros capital, porque hemos sufrido una pérdida
de hospitalidad, por así llamarlo, y se debe mejorar la formación de los
trabajadores del sector, incidiendo en la actitud hacia los turistas; hay
que dar al sector turístico el puesto en la sociedad que le corresponde,
un turista es un amigo, y la formación y la preparación de nuestro
personal turístico debe convertirse en un valor añadido a los servicios
ofertados.

Otro aspecto importantísimo para nuestra oferta debe ser la
seguridad ciudadana, un elemento que también añade valor. Debemos
potenciar la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

en las zonas turísticas, siempre coordinados con
comunidades autónomas y municipios. Debemos poner en valor igualmente y
apostar por fomentar el turismo cultural, dando a conocer nuestro
patrimonio, así como las actividades de nuestras industrias culturales a
nivel nacional e internacional.

Finalizo, señorías. Les hemos presentado un importante
conjunto de medidas, a nuestro entender muy necesarias, y con las que
únicamente pretendemos que se aprovechen los recursos turísticos únicos
que tiene España, que nos permitan recuperar la competitividad perdida y
volver a ser líderes mundiales en este sentido.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Almodóbar.

El Grupo Parlamentario Socialista también se ha sumado a la
transaccional, con lo cual esta enmienda está ya firmada por todos los
grupos de la Cámara, y decaen todas las enmiendas que se habían
presentado.

Por tanto, pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Muchas gracias, señorías.

Unión del Pueblo Navarro entiende que el turismo ha de ser
uno de los puntos estratégicos de la política para poder salir de esta
crisis. España es un destino tradicional de turismo de sol y de playa que
se puede potenciar todavía más. De eso no hay duda. Pero de lo que
tampoco hay ninguna es de que hay otros sectores de este mismo turismo
que también deben despegar, y por eso merecen todo el apoyo del Gobierno
de España.

Es por todo esto por lo que hemos firmado esta enmienda
transaccional que se nos ha trasladado. En ella está recogido todo lo que
nuestro grupo, UPN, había propuesto. A saber: el turismo rural, las
fiestas tradicionales, el Camino de Santiago francés, el turismo de
reuniones y congresos y el turismo termal. Lo único que no se ha
incorporado de nuestra enmienda es nuestra alusión, repetidas veces, a la
comunidad foral, en diversos puntos. A este respecto, simplemente quiero
recordarles las palabras del actual ministro de Justicia que dijo en
nuestra Comunidad Foral de Navarra, en la toma de posesión de la delegada
del Gobierno, que en España hay dieciséis comunidades autónomas y una
comunidad foral, que no es otra que la de Navarra.

Pese a esto, hemos firmado esta transaccional, porque
recoge lo que nosotros hemos propuesto. Por eso quiero agradecer a los
grupos que han suscrito la enmienda, a todos ellos, y al senador
Almodóbar, del Grupo Popular —que ha tomado antes que yo la
palabra— su esfuerzo por recoger lo contenido en la enmienda que
UPN presentó en su día.

El turismo cultural de fiestas tradicionales, y ligado a la
gastronomía en algunos casos, o a la tecnografía en otros, es un punto
clave en el que hay que actuar. En nuestro país hay innumerables actos
festivos ligados más o menos a lo cultural o a lo gastronómico que pueden
ser mucho más explotados en el buen sentido de la palabra, y que pueden
ser un imán que atraiga a un gran número de personas tanto del interior
como extranjeros. Por eso pedimos un apoyo expreso a las fiestas
tradicionales a través de la enmienda que ya presentamos, y un buen
ejemplo serían los Sanfermines de Pamplona, estas y otras muchas fiestas
que hay repartidas por toda la geografía española. Por todo ello,
mostramos nuestro apoyo a estas manifestaciones culturales en nuestra
enmienda.

Por lo que respecta al turismo rural, supone para muchas
comunidades rurales la mejor manera para su desarrollo. No en vano estas
casas rurales son empresas eminentemente familiares y, por ello, el
porqué también de nuestra enmienda. Del Camino de Santiago, ¿qué quieren
que les diga, que ustedes no conozcan? Verdadera bandera de un turismo
religioso, cultural, patrimonial e incluso deportivo, que se ha
convertido en una fuente de ingresos por las comunidades por donde pasa.
En este caso es cierto que existen varios caminos de Santiago: el camino
del norte, la vía de la plata, el camino portugués o el catalán. Como he
dicho, todos ellos, tienen unos atractivos innegables, pero también
resulta innegable que más del 80 % de los peregrinos eligen el camino
francés, que pasa por Navarra, y es por ello por lo que Unión del Pueblo
Navarro apuesta por un tratamiento diferencial de este camino frente a
otros —más que frente, junto a los otros caminos—. El camino
que se ha hecho en la promoción de este camino —y valga la
redundancia— es muy importante; pero hay que seguir avanzando para
atraer todavía más a este turismo. Aquí juega, señorías, un papel muy
importante la colaboración entre las comunidades y el Gobierno.

El turismo de congresos está también muy ligado a muchas
ciudades españolas. Todas, tienen una serie de infraestructuras que
pueden albergar congresos de renombre internacional, y nacional por

supuesto; por eso queremos romper una lanza para que se
apoye este tipo de eventos en España. En Navarra, por ejemplo, hay una
infraestructura de gran calado, que es el Palacio de Congresos Baluarte,
que actúa de verdadero catalizador de esta iniciativa junto con otras
instalaciones y hoteles.

En cuanto al turismo termal, en la moción originaria no se
trataba y, sin embargo, el que les habla piensa que tiene un gran
recorrido todavía. En España, señorías, unos 150 municipios, en su
mayoría menores de 10 000 habitantes, aprovechan estos recursos que
generan una facturación anual de unos 1500 millones de euros, y dan
empleo directo a unas 20 000 personas. Las aguas minerales y termales no
hay duda de que son un importante activo para los municipios rurales
mediante su aprovechamiento sostenible y turístico. El sector del turismo
termal genera en estos municipios más de 6 millones de pernoctaciones
anuales, pero estamos muy por debajo de países como Francia, Italia o la
misma Alemania, que supera los 60 millones de pernoctaciones.

En esta Cámara nos encontramos alcaldes de ciudades y
pueblos que albergamos importantes balnearios. Mi caso, por ejemplo, es
el del balneario de Fitero; un complejo hotelero por el que cada año
pasan más de 18 000 personas que se benefician de las propiedades de sus
aguas y que da trabajo a más de 170 personas en un pueblo de 2300
habitantes. Por cierto, hace aproximadamente cinco años la empresa que lo
gestiona ha cumplido ya cien años. Pero en Navarra existen otros
ejemplos, como el de Betelu o el balneario de Elgorriaga, que merecen
todo el apoyo, y en otras comunidades, como ustedes saben, también hay
balnearios.

Al hilo de todo esto, la Federación Española de Municipios
y Provincias alberga una sección de municipios con aguas minerales y
termales que está haciendo un gran trabajo para el conocimiento de lo que
hemos venido en denominar las villas termales. Es importante apoyar este
turismo termal, y les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no apoyar un plan
de señalización, que ya está hecho, de las villas termales de España,
como se hace, por ejemplo, con la red de paradores? Pero con una
diferencia, diría yo, que los municipios termales ya tienen grandes
inversiones hechas y son enclaves que pueden atraer mucho más turismo si
se invierte en ellas. Por eso, entendemos que es muy importante el
potencial de crecimiento y de desarrollo de este sector en España. Por
ejemplo, solo el 2 % de la población española utiliza actualmente un
balneario y también solo el 2 % de los clientes de los balnearios
españoles son de procedencia internacional.

Finalizo diciendo que los municipios termales en España
tienen suficientes recursos para vertebrar una oferta mucho más amplia
que la existente actualmente, por eso la marca «Villas Termales», con una
adecuada estrategia de desarrollo del territorio, sería capaz de generar
nuevos empleos y servicios y diversificar su estructura.

Por último, quiero volver a agradecer el apoyo de todos los
grupos que han firmado la transaccional porque creo que hemos conseguido
mejorar la moción originaria.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Eskerrik asko,
presidente jauna, egun on.

Buenos días a todos. Quiero anunciar que nuestra postura va
a ser favorable, cómo no, a esta moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. La hemos consensuado y la vamos a apoyar porque es
una buena noticia para nuestro grupo ver que el Grupo Parlamentario
Popular, de entrada, plantea la necesidad de mantener una gran
colaboración entre las comunidades autónomas. Parece que, además de esta
colaboración, se va a respetar lo que cada comunidad autónoma haga, y es
que realmente el negocio está en generar redes para que luego cada uno,
en función de su propia diversidad, que conoce bien, pueda generar
circuitos y fórmulas nuevas y así, en colaboración con otras comunidades
autónomas, conseguir emulsionar y fomentar lo que para nosotros es una
gran fuente económica del Estado y, cómo no, de las diferentes
comunidades autónomas que lo integran.

Una de las razones de nuestro apoyo es esta forma integral
en que se entiende el turismo, que nos enseña —y no hay que negar
que el sol de Miró se ha difundido por el mundo vendiendo un Estado
español de sol y playa— que hay otro tipo de turismo, y es que el
Estado español es diversidad. Es más, estamos demostrando la posibilidad
de dar respuesta también a otro tipo de turismo; un turismo fácil de
captar y, además, fácil de fidelizar. Me refiero al turismo cultural, y
ahí está el efecto Guggenheim. Es un efecto universalmente conocido y hoy
cualquiera que hable de turismo y de impulsarlo, como se hizo en Bilbao,
tiene que hacer alusión al efecto Guggenheim.

Para nosotros, los vascos, además del mundo de la industria
y de la empresa, el turismo resulta muy significativo, de ahí la
importancia que le hemos dado. De hecho, el incremento del turismo en
Euskadi es una realidad, y lo es porque también estamos intentando
mantener relación con aquellas comunidades autónomas que nos rodean para
poder ofrecer diferentes opciones más enriquecedoras, lo cual hace que
generemos un gusto por crear la necesidad de volver. Es decir, se trata
de que vengan y se queden con ganas de más, y para que vuelvan se
necesita muchísima calidad, y esta moción también recoge ese aspecto de
garantizar la calidad para fidelizar el turismo.

También recoge algo muy interesante y muy importante, y es
que hay que ser cuidadosos con el tema de la seguridad, así como con qué
tipo de turismos se van desarrollando. Es decir, ese turismo del alcohol,
de la cancha, del gamberrismo muchísimas veces, lo único que hace es
generar circuitos en los que se pueden ir degradando zonas que han sido
de calidad turística y que dan servicios de calidad, pero que se las
identifica con un tipo de turismo que realmente deteriora las relaciones,
la seguridad, y tiene aspectos que no son nada competitivos ni
económicamente rentables, que es de lo que se trata también.

Asimismo, es cierto que ahora se está hablando cada vez más
del Atlántico y del Mediterráneo como dos turismos totalmente diferentes.
Uno es el turismo verde, en el cual nosotros estamos insertados y
pensamos que está respondiendo realmente a las necesidades de muchísimos
ciudadanos que no ven en el sol únicamente la respuesta a sus
necesidades.

La marca España —en ocasiones anteriores ya hemos
hecho nuestras reflexiones al respecto— solamente se asocia con el
sol y eso al turismo vasco no le ayuda, porque la marca España no
traslada en otros medios que existe ese otro turismo, el turismo verde,
el turismo cultural, el turismo termal, porque hay muchísimas opciones
que pueden responder a quienes no quieren solamente sol y playa. Y lo
mismo digo respecto al turismo de interior del Estado. Cada vez hay gente
más selectiva, con más formación, que sabe apreciar la cultura, el arte,
la gastronomía. Todos estos son factores que están haciendo que en el
Estado mismo se generen circuitos turísticos para los mismos ciudadanos
del Estado, y esto es lo que debemos fomentar.

Podemos referirnos a más cuestiones. Cuando se habla del
turismo de sol y playa, o playa simplemente, se debería tener en cuenta
que nosotros en Euskadi tenemos una docena de playas que tienen el
certificado ISO —no que tengan la banderita azul, porque después de
lo del Prestige todo el mundo se ponía la banderita azul—; nosotros
tenemos allá playas con una calidad de limpieza, de cuidados, de
servicios que, repito, tienen certificados ISO y eso no se vende en el
exterior. Pero, señorías, estas cuestiones no se contemplan muchísimas
veces cuando el Estado hace las campañas en el extranjero. Queremos
vernos en esa foto porque a nosotros también nos interesa vender la
imagen de nuestro país.

También quiero comentar los cities slow, ese turismo del
que fue pionero Lekeitio, cuyo alcalde está aquí, en el que se acoge al
turista y se le hace vivir la ciudad. Es una forma de identificarte. No
se va simplemente de paquete que hace un itinerario, sino que los propios
habitantes de las ciudades acogen al turista y le hacen vivir la cultura
y todas las tradiciones del lugar. El resultado es que el turista cada
vez lo está apreciando más, no se siente un paquete llevado de aquí para
allá, sino que dentro de la diversidad, hace que resulte enriquecedor,
muy enriquecedor. Yo creo que es muy atractivo sentirse persona en
entornos pequeños, como puede ser el rural, pero también en la ciudad. Es
un tipo de turismo que también deberíamos fomentar.

En definitiva, si queremos que sea un elemento muy
competitivo en el Estado, el tipo de relación, de acogida y de
hospitalidad que tienen los diferentes pueblos del Estado es también un
elemento competitivo respecto a otras naciones de Europa. La acogida, el
afecto con que las personas de aquí reciben al extranjero también hay que
cuidarlo, hay que mimarlo, es una forma de fidelizar. Muchísimas veces no
se trata de lujos hosteleros, sino de que los servicios sean delicados y
sean capaces de generar sinergias y lazos que hagan que ese turista
vuelva.

Nos alegramos de que haya un consenso al respecto, porque
todos tenemos interés en que esto funcione. Por todo ello, nuestro voto
será favorable.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Leanizbarrutia.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: (El señor senador comienza su discurso
en aranés.)

Jo voldria en primer lloc també agrair i felicitar-nos per
l’acord que hi ha al voltant d’aquesta moció. És un acord que
em sembla important, perquè tampoc és tan freqüent i, per tant,
s’ha de valorar el fet que,

en una qüestió tan sensible i important com és
l’àmbit del turisme, avui puguem haver signat aquesta transaccional
i, per tant, haver-nos conciliat per treballar a favor d’una idea
del turisme que sigui compartida.

La veritat és que avui en aquesta tribuna —com han
fet alguns dels senadors que m’han precedit— jo defensaré
allò que em pertoca defensar, que és la muntanya. Deuen estar
d’acord amb mi que, quan vam llegir per primera vegada la moció del
Grup Popular on només es parlava de sol i platja, la percepció que vam
tenir és que aquesta era una moció excessivament limitada i molt poc
realista des del punt de vista del coneixement del nostre territori, que
és divers i, per tant, té en aquesta diversitat moltes modalitats
turístiques, moltes destinacions turístiques que no es podien obviar en
una moció d’aquestes característiques. Per tant, jo vull coincidir
amb tots els senadors i, en especial, amb el portaveu del Grup Popular,
el senyor Almodóbar, agraint-li l’esforç que ha fet per buscar
aquest consens.

El turisme és una activitat determinant per al nostre país.
En aquest context de crisi una de les nostres esperances per sortir de la
situació crítica en què ens trobem en aquest moment l’alternativa
passa essencialment pel turisme. Segurament, hem de replantejar algunes
de les qüestions que fins avui ens havien acompanyat en la gestió
turística. Crec, sincerament, que s’havia fet fins ara, i explicaré
per què. En aquest sentit, en les paraules del portaveu del Grup Popular
hi he notat un excés de triomfalisme. En fi, això és la pura
anècdota.

Si un es llegeix amb deteniment el que diu el Plan
Horizonte 2020, clarament es veu que en aquell pla —i la muntanya
n’ha sigut un dels beneficiaris— hi havia unes apostes
concretes per afrontar el futur del turisme des d’aquesta
perspectiva de diversificació i el que deia la senadora del Grup Basc
quan plantejava la necessitat de tenir en compte les altres destinacions,
que el turisme al nostre país no només és el de sol i platja.

No és només el de sol i platja, però sobretot crec que hi
ha una llum vermella que s’ha encès amb l’experiència que
tenim d’aquests anys. Ho he de dir avui aquí amb tota claredat: el
turisme no té res a veure amb el totxo. Durant aquests anys crec que hi
ha hagut un abús respecte a la gestió que s’ha fet del turisme i de
les oportunitats immobiliàries que s’han obert al seu voltant. Des
d’aquesta perspectiva el turisme ha patit una degradació de la seva
qualitat justament per aquest binomi pervers que ha sigut turisme i
totxo. Per tant, ens ha portat a una situació en què avui, efectivament,
molt especialment en l’àmbit de sol i platja, hem de replantejar
algunes qüestions. Les destinacions que estan madures s’han de
modernitzar i replantejar. En tot cas, torno a l’argument que volia
expressar avui des d’aquesta tribuna. Ho faré perquè segurament
sobre l’àmbit del sol i platja altres senadors i senadores que
pujaran a aquesta tribuna ho faran amb més propietat que jo.

Jo sí que volia defensar aquest turisme d’interior i
defensar especialment el turisme de muntanya perquè fixin-se que el
turisme de muntanya no és un turisme que en aquest moment puguem
menystenir. Un sector com és el sector de la neu, el sector de
l’esquí, que en aquest moment està bellugant al voltant de dos
milions d’esquiadors per any, no pot ser un sector oblidat. En bona
mesura, en el nostre país, malgrat les oportunitat que ha obert per a
zones francament deprimides el turisme de muntanya i d’esquí, però
podríem parlar en els mateixos termes del turisme rural o del turisme
d’interior, efectivament no és present en l’imaginari
col·lectiu ni tampoc en la mesura suficient en el conjunt de les
administracions públiques del nostre país. Hi ha alguns exemples que
il·lustraran el que dic en aquest moment. França, per exemple, és un país
que té 80 milions de turistes l’any; és un dels països que té una
activitat turística més important en el conjunt del món. França no té el
concepte de turisme de sol i platja. Nosaltres tenim 50 milions
fonamentats únicament en un model i unes destinacions turístiques que en
aquest moment sabem que tenen un recorregut molt limitat. En
l’àmbit del turisme de muntanya, els donaré un altre exemple molt
clar. Als Alps hi ha 60 milions de turistes, més que el conjunt de
l’Estat espanyol. És veritat que els Alps abracen —com vostès
saben— diversos països europeus, però d’aquests 60 milions de
turistes només 20 són esquiadors. Per tant, la resta, aquests 40 milions
de persones, ho fan en època d’estiu. Vull dir amb això que la
potencialitat del turisme d’interior, del turisme de muntanya, és
molt alta i lògicament s’ha d’impulsar i de treballar a
consciència.

Ho dic perquè aquest és un dels nous paradigmes que crec
que ens han de portar a desenvolupar una política turística diferent de
la que hem fet fins ara. Jo crec que el turisme avui necessita valor
afegit, des de la perspectiva d’aquell que com a turista visita
indrets on no només vol consumir. El turisme únicament del consum pur i
dur és una modalitat que cada vegada va més a la baixa. Per tant, el
turisme el que vol també és aprendre. En aquella definició que feia
Stendhal entre el viatger i el turista, crec que cada vegada hi ha una
voluntat del turista d’atansar-se més a la idea del viatger,
malgrat que el seu viatge, a

diferència del viatger, com deia Stendhal, el seu viatge té
començament i final. En tot cas, insisteixo en aquesta idea: el turista
vol aprendre, no només vol consumir. Per tant, des d’aquesta
perspectiva hem de canviar el nostre paradigma i hem d’avançar cap
a un procés de tranversalitat. En això estic d’acord amb el senyor
Almodóbar quan ho deia. Per què? Perquè un turisme de qualitat només el
podem oferir si el nostre país, el conjunt de les comunitats autònomes
dels nostres pobles, d’Espanya en general, hi guanya i es
converteix en un territori de qualitat. És a dir, no tindrem turisme de
qualitat si no tenim un paisatge de qualitat. Jo crec que són dues
qüestions que van absolutament vinculades i, per tant, a partir
d’ara ens hem de replantejar algunes qüestions i, sobretot, tenir
molt clara aquesta idea de la transversalitat.

Jo crec que alguns reptes s’han plantejat en aquesta
moció. Vull agrair el fet que algunes de les nostres propostes hi hagin
estat incorporades. Crec que algunes propostes del Grup Parlamentari
Socialista hauria sigut positiu que també hi haguessin estat. Crec que
l’augment de les taxes aeroportuàries en aquest moment no ajudarà
al turisme. Penso que hem de combatre qüestions com l’alta
estacionalitat, aquí també hi suma haver estat tan especialitzats en el
turisme de sol i platja. Hem de diversificar els nostres mercats
emissors, perquè és veritat que tenim una dependència molt alta
d’alguns països i, per tant, en aquest cas les crisis ens afecten
d’una forma molt directa.

I, per tant, que tenim en aquest moment alguns reptes molt
importants que haurem de discutir en aquesta legislatura amb aquesta
voluntat d’acord i de consens. Reptes respecte de la qualitat, de
la comercialització i de la utilització de les noves tecnologies, les
sensibilitats ambientals —que han estat col·locades també en un
primer terme en aquestes noves polítiques al voltant del turisme—,
la gestió coordinada de la logística, del transport, em sembla que és una
altra de les qüestions que s’ha d’abordar. Hem de parlar
també de com gestionem la marca Espanya i el conjunt de marques que en
aquest moment defineixen les nostres opcions turístiques. Crec que
aquesta suma intel·ligent de marques i de destinacions pot tenir un clar
èxit en el futur. De fet, la història del nostre turisme crec que,
malgrat els errors i els abusos que s’han fet en alguns àmbits, ha
estat una història d’èxit.

Nosaltres farem tot el que estigui a les nostres mans per
ajudar que aquesta activitat turística ens ajudi a sortir d’aquesta
crisi.

Gràcies.

Gracias señor presidente.

Buenos días, señoras y señores senadores. En primer lugar,
me gustaría agradecer y felicitarnos a todos nosotros por el acuerdo que
existe respecto a esta moción. Me parece un acuerdo importante, porque no
sucede tan a menudo, y creo que debe valorarse como tal el hecho de que,
en una cuestión tan sensible e importante como es el ámbito del turismo,
hoy hayamos podido firmar esta transaccional y, por lo tanto, de alguna
forma nos hayamos conciliado para trabajar a favor de una idea del
turismo compartida.

La verdad sea dicha: hoy, en esta tribuna —como
también han hecho algunos senadores que me han precedido— voy a
defender lo que me corresponde defender: la montaña, puesto que estarán
ustedes de acuerdo conmigo en que cuando leímos por primera vez la moción
del Grupo Popular, donde solo se hablaba de sol y playa, la percepción
que tuvimos es que era una moción excesivamente limitada y también muy
poco realista desde el punto de vista del conocimiento de nuestro
territorio, que es un territorio diverso, y que, gracias a su diversidad,
también tiene muchas modalidades turísticas y muchos destinos turísticos
que no podían ser obviados en una moción de este tipo. Así pues, me
gustaría coincidir con todos los senadores, y concretamente quisiera
agradecer al portavoz del Grupo Popular, señor Almodóbar, el esfuerzo
realizado para alcanzar ese consenso.

En este contexto de crisis, el turismo es una actividad
determinante para nuestro país. En efecto, una de nuestras esperanzas
para poder salir de esta situación crítica en la que nos encontramos hoy
en día es la alternativa del turismo, y seguramente vamos a tener que
replantearnos algunas cuestiones que, a fecha de hoy, nos habían
acompañado en la gestión turística. Sinceramente, en las palabras del
portavoz del Grupo Popular me ha parecido ver un exceso de triunfalismo,
pero esto es una anécdota.

Si leemos con detenimiento el Plan Horizonte 2020, a todas
luces se ve que en él —y de hecho el mundo de la montaña ha sido un
beneficiario— existían ya apuestas concretas para poder
enfrentarnos al futuro del turismo desde la diversificación. También lo
planteaba la senadora del Grupo Vasco, que hay que tener en cuenta los
otros destinos, habida cuenta de que el turismo en nuestro país no es
únicamente el de sol y playa.

Creo que se ha encendido una luz roja gracias a la
experiencia que hemos acumulado durante estos años. Y debo decir de forma
muy clara hoy que el turismo nada tiene que ver con el ladrillo. A lo
largo de

estos años, hemos visto un abuso en la gestión del turismo
y de las oportunidades inmobiliarias que se han ido abriendo a su
alrededor. Desde esta perspectiva, el turismo ha sufrido una degradación
de su calidad, precisamente por ese binomio perverso turismo-ladrillo,
que nos ha llevado a una situación, sobre todo en el ámbito del sol y
playa, que hoy en día requiere un replanteamiento, destinos maduros que
deben modernizarse y replantearse. Sea como fuere, vuelvo al argumento
que me gustaría transmitir desde esta tribuna esta mañana, y lo voy a
hacer porque en el ámbito de sol y playa otros senadores o senadoras que
están aquí seguramente van a hablar con más propiedad que yo.

Me gustaría defender el turismo de interior y sobre todo el
de montaña. Como saben ustedes, no podemos subestimar ni infravalorar el
turismo de montaña, y es que estamos hablando de dos millones de
esquiadores al año, con lo cual no puede ser un sector olvidado. A pesar
de las oportunidades que ha supuesto para zonas muy deprimidas el turismo
de montaña y el esquí en nuestro país —y podríamos hablar también
del turismo rural o de interior— hay que decir que todo ello no
está presente en el imaginario colectivo ni tampoco lo está
suficientemente en nuestras administraciones públicas. Y hay algunos
ejemplos que me van a servir para ilustrar lo que les comento. Francia es
un país con 80 millones de turistas al año; es un país con una actividad
turística de las más importantes del mundo. En Francia no existe el
concepto de turismo de sol y playa. Nosotros tenemos 50 millones de
turistas basados sencillamente en un modelo y en unos destinos turísticos
que sabemos tienen un recorrido muy limitado. Y pondré otro ejemplo en
relación con el turismo de montaña. En los Alpes hay 60 millones de
turistas, más que toda la población del Estado español —saben
ustedes que los Alpes abarcan varios países europeos—, de los
cuales tan solo 20 son esquiadores. Esos otros 40 millones restantes
viajan hacia allá en verano. Digo esto porque el potencial de turismo de
interior y de montaña es elevadísimo y, evidentemente, debe ser impulsado
y ha de trabajarse a conciencia.

Este es uno de los nuevos paradigmas que deberían ayudarnos
a desarrollar una política turística distinta a la que hemos visto hasta
ahora. El turismo necesita actualmente un valor añadido; lo necesita
desde la perspectiva de aquel que, como turista, visita una serie de
entornos en los que no quiere tan solo consumir. No se trata de ese
turismo basado únicamente en el consumo puro y duro sino que es una
modalidad a la baja. Lo que también desea el turista es aprender, y en
ese sentido va aquella definición de Stendhal: la distinción entre el
viajero y el turista. Creo que cada vez hay una voluntad mayor de
acercarnos a esa idea del turista que quiere ser un viajero, a pesar de
que, como decía también Stendhal, siempre hay un viaje distinto puesto
que hay un inicio y un final de este recorrido. Pero, insisto, el turista
quiere aprender y no solo consumir, y desde este punto de vista nosotros
tenemos que cambiar el paradigma y avanzar en ese proceso. Y le doy la
razón al señor Almodóbar. Hay que ir hacia un proceso de transversalidad
porque un turismo de calidad solo podremos ofrecerlo si nuestro país, si
todas las comunidades autónomas, si todos nuestros pueblos los
convertimos en territorios de calidad, pero eso no podrá ser si no hay un
paisaje de calidad. Así es que estas son dos cuestiones estrechamente
vinculadas. A partir de ahora tendremos que replantearnos algunas de
ellas y tendremos que llegar a entender de forma muy clara la
transversalidad.

Me parece que algunos de estos retos ya han sido planteados
en la moción, y agradezco que algunas de nuestras propuestas hayan sido
incorporadas a ella, como también habría sido positivo que se hubieran
incluido algunas propuestas del Grupo Parlamentario Socialista. El
aumento de las tasas aeroportuarias no va a ayudar al turismo
actualmente. Me parece que vamos a tener que combatir, por ejemplo, la
alta estacionalidad y nos hemos especializado muchísimo en el turismo de
sol y playa, lo que también afecta. Tenemos que diversificar nuestros
mercados emisores, porque es verdad que tenemos una dependencia muy
elevada de algunos países, y en este sentido las crisis nos afectan
directamente.

En este momento hay algunos desafíos muy importantes que
vamos a tener que discutir a lo largo de esta legislatura con voluntad de
consenso y acuerdo: retos de calidad y comercialización, uso de nuevas
tecnologías, sensibilidades ambientales —las cuales deben ocupar un
primer lugar en estas nuevas políticas del turismo—; la gestión
coordinada de la logística del transporte es otro de los aspectos que
debe ser abordado. También deberíamos hablar de cómo gestionar la marca
España y el conjunto de marcas que hoy por hoy definen todas nuestras
opciones turísticas. La suma inteligente de estas marcas y destinos puede
tener un éxito claro en el futuro. De hecho, la historia de nuestro
turismo, a pesar de los errores y abusos cometidos en algunos ámbitos, ha
sido la historia del éxito.

Por ello, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en
nuestras manos para contribuir a que esta actividad turística nos ayude a
salir de esta crisis.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Efectivament, quan parlem del turisme, jo crec que hi ha
molts temes en el conjunt d’aquest cambra en què de ben segur que
el conjunt dels partits ens posaríem d’acord. Jo crec que hauríem
de diferenciar les mocions que vénen al Ple de les mocions que van a les
comissions. En aquest tipus de mocions, les que van a la comissió, ens
podem permetre debatre molt més la singularitat, la territorialitat, el
matís que ho fa un pèl diferent. Però és clar, presentar una moció sobre
turisme en el context de la presentació de les esmenes dels Pressupostos
Generals de l’Estat, en aquest cas de l’any 2012, en el qual
la moció inicial que vostè presenta, senador Almodóbar, sense cap
compromís econòmica —em refereixo a la inicial—,
permeti’m que li digui que són d’aquest tipus de mocions
excessivament retòriques. Amb vostè hem coincidit moltes vegades en
votacions en aquesta cambra on hem anat molt més lluny. Ens hem compromès
respecte al model, la dinamització i a més a més el compromís econòmic.
Sense compromís econòmic ja podem fer moltes definicions de política
turística, però no existirà. Per tant, crec que, si se’m permet una
reflexió sobre el debat global, no estirem massa les mocions, que al cap
i a la fi acaben sent excessivament retòriques. És veritat que,
posteriorment, amb la transaccional que vostè ha tingut la generositat
d’incorporar diferents reflexions, i en aquest sentit li agraeixo
de manera molt sincera que hagi admès una de les parts de l’esmena
que nosaltres havíem presentat, sobretot en el que tenia a veure amb un
fons d’una línia de subvenció ICO. Però hi ha moltes altres coses.
Per tant, li agraeixo l’acceptació d’aquesta línia de
finançament específic a través de l’ICO, però hi ha moltes més
coses.

Senador Almodóbar, vostè sap que jo li tinc una estima
especial, perquè justament de política turística n’hem parlat
moltes vegades. Ho trobo exagerat —si se’m permet aquesta
expressió— que abans vostè fos tan primmirat, tan detallós
—perquè cada cosa havia de tenir un calendari i un pressupost, i
participo d’aquesta manera de treballar—, però que ara sigui
tot una mena d’exposició de caràcter genèric.

Vostè diu que la prioritat política d’aquest govern
és la política turística. La prova és que s’han reunit amb els
empresaris turístics. Home, només faltaria! Crec que l’ADN de
qualsevulla política és tenir el pols real de la societat i dels agents
econòmics. Només faltaria que el ministre de Turisme i la secretària
d’Estat de Turisme no s’haguessin reunit amb els agents
turístics i els empresaris.

En aquesta esmena transaccional, insisteixo per cortesia
amb agraïment perquè hagi assumit una de les parts com a reflexió nostra
respecte a l’ICO, que nosaltres vam signar per cortesia també, es
nota molt, es veu claríssimament, que partíem d’una moció
excessivament retòrica. Sap què ha acabat sent, aquesta moció
transaccionada? D’acord, tots hi estem d’acord, la política
turística és important, és necessària, forma part de l’economia
productiva, és un eix estructural de l’economia. Si hi ha quelcom
que farà activar l’economia en aquests moments tan difícils és
justament el turisme. Tot això ho diem tots i hi estem totalment
d’acord, però si hi ha una cosa que demostra que partíem d’un
excés de retòrica és que ha acabat sent una moció —si se’m
permet, i amb tota la simpatia— amb un cert poti-poti, que vol dir
anar col·locant-hi petites coses. El senyor Boya parla del turisme de
muntanya. Jo com que cada dia sento la senadora Maite Rivero, que em
parla del turisme de muntanya —i és una lluitadora del seu propi
territori i implicació—. Evidentment que hi ha el turisme de
muntanya, com hi ha tot allò que té a veure amb l’Imserso, que era
una part de l’esmena que havia incorporat la senadora per part del
Partit Socialista i n’havíem parlat. Això era una mostra.

Fixi’s: aquesta moció d’avui, si es planteja
d’aquí a quatre, cinc o sis mesos, podem arribar a pensar que en el
moment dels pressupostos no vam ser capaços d’incorporar
determinats diners per a determinades línies de treball sobre política
turística. Home, no ens ho faci en el tràmit dels Pressupostos Generals
de l’Estat, perquè estem atents, perquè aquest dilluns es van
acabar les esmenes, perquè ens demana la Confederació d’Hosteleria
d’Espanya —poso un exemple— que fem una acció per
intentar que hi hagi un IVA superreduït, perquè si no —vostè ho sap
perfectament— hi ha molta gent que no podrà accedir-hi i no es
podrà fer aquest turisme de vacances que inclou tota la gent gran i que
representa la contractació de 35 000 professionals. Per tant, tenint en
compte la taxa d’atur, és quelcom molt important per a la
dinamització econòmica i per a la política turística. Hi insisteixo,
senador Almodóbar: li ho vull agrair, perquè el conec i sé que vostè ha
intentat amb bona voluntat incorporar coses, però surt aquesta mena de
poti-poti que no acaba d’aclarir gaire el què.

Nosaltres ens n’abstenim. He sentit que algú
—possiblement perquè no n’estava prou informat— deia
que hi havia consens, i no hi ha consens en aquest sentit, perquè vostès
han posat una cosa que la nostra

experiència ens diu que compte. Vostès han dit: agilitzar i
harmonitzar la legislació turística, facilitant la tramitació
administrativa per als nous emprenedors. L’experiència que tenim
nosaltres sobre la paraula harmonitzar ja li dic jo que no és gens bona.
Per tant, si hi ha una cosa que tenim claríssima, que és que
l’economia, perquè sigui economia dinàmica, perquè sigui real,
activa, multiplicadora, ha de ser al més independent possible, no calen
grans gestos ni grans lliçons sobre com s’han de fer les coses.
Cada empresari, cada emprenedor, cada persona que aboca el seu esforç ja
sap com activar la seva empresa. En tot el que tingui a veure amb
l’harmonització, no ens hi trobaran. D’aquí que nosaltres ens
abstenim.

Em sembla que poca cosa més. Insisteixo en aquesta reflexió
que faig, si se’m permet, de manera molt humil. Intentem no portar
mocions, al menys al plenari, on tots estem contents d’haver-nos
conegut, que ens agrada moltíssim, que sabem que el turisme és important
—perquè ho és—. Ho vaig sentir dir a una persona a qui tinc
un cert reconeixement i una vàlua, al Ramón Martínez Fraile, que deia que
quan un prepara les vacances, el que està preparant és un tros de la seva
felicitat i la de la seva família. Jo crec que és veritat, que el turisme
és tan multiplicador, des de la globalització és tan enriquidor, des de
l’economia és tan complet, des de la interrealització cultural és
tan profund, té tantes potetes, tantes potes que és quelcom molt
important. Però és tan important que una moció turística en la setmana
dels pressupostos hagués vingut acompanyada de com a mínim quatre o cinc
eixos, no únicament el que se’ns ha incorporat a nosaltres respecte
de l’ICO, sinó quatre o cinc eixos més dient respecte a això, que
filosòficament hi estem d’acord, la partida pressupostària és això.
Repassi el pressupost que vostès, el Govern, han presentat, senador
Almodóbar. Se n’adonarà. Jo ja ho entenc que vostè té un paper gens
amable en aquest sentit. Jo ho entenc, sobretot perquè conec el senador
Almodóbar de fa set o vuit mesos, no? A mi això no m’acaba de
quadrar. Aquesta setmana, la dels pressupostos, amb la baixada que ha fet
el pressupost de Turisme, no ens quedem amb el fet que el ministre i la
secretària d’Estat han anat a veure els agents econòmics i socials
i empresarials. Només faltaria!

Per tant, des de la reflexió més profunda, més humil,
insisteixo, intentem portar mocions que comprometin de debò a un
calendari a les accions, a un diner que comprometi aquella política de
què s’està parlant. Nosaltres ja sabem que la gran majoria de
qüestions sobre política turística en el conjunt de la cambra hi estarem
d’acord en un 90 %. No es tracta que ens diguem entre tots que
estem d’acord amb això. Ja va bé de tant en tant, però es tracta
que, sobretot, darrere de la retòrica, del discurs, d’això que
entre tots ho farem tot, perquè de debò sigui que entre tots ho farem tot
ha d’haver-hi el compromís del diner. Sobretot
—insisteixo— en la setmana dels pressupostos generals de
l’Estat, quan la partida de turisme ha baixat de manera força
alarmant.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, el turismo abarca muchos aspectos y estoy segura
de que todos los partidos políticos nos pondríamos de acuerdo en alguno
de ellos. No obstante, deberíamos distinguir las mociones presentadas en
Pleno de las que se presentan en comisión. Cuando presentamos una moción
sobre turismo en comisión podemos permitirnos hablar de las
singularidades, de las territorialidades o de ese matiz que nos distingue
o nos hace despuntar, pero no en el contexto de la presentación de las
enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2012. La moción
inicial que usted presentaba, senador Almodóbar, sin ningún tipo de
compromiso económico, resulta —si me lo permite—
excesivamente retórica. Señoría, usted y yo hemos coincidido muchas veces
en esta Cámara en las votaciones, pero siempre hemos ido mucho más allá y
nos hemos comprometido, no solo respecto al tipo de modelo sino también
en cuanto al compromiso económico. Podemos dar muchas definiciones de
política turística, pero sin compromiso económico esta no va a existir.
Por lo tanto, aunque el debate global está muy bien, considero que estas
mociones acaban siendo demasiado retóricas y que no deberíamos alargarlas
tanto. Es verdad que posteriormente ha sido usted generoso en la
transaccional, pues ha incorporado distintas reflexiones nuestras. Por
tanto, le agradezco sinceramente que haya aceptado el punto concreto de
nuestra enmienda relativo a una línea de subvención ICO, pero quedan
pendientes otros muchos aspectos.

Señor Almodóbar, sabe usted que yo le tengo un afecto
especial, pues hemos hablado de política turística en muchas ocasiones,
pero —si me lo permite— quiero decirle que, al igual que
antes fue exagerado y quisquilloso en los detalles —pues cada cosa
debía tener un calendario y un presupuesto, y comparto esa forma de
trabajar—, ahora, sin embargo, nos parece que su exposición es
excesivamente genérica.

Usted ha dicho que la prioridad política de este Gobierno
es la política turística y que prueba de ello es que se ha reunido con
los empresarios turísticos. ¡Hombre, solo faltaría! Me parece que el ADN
de

cualquier político debe incluir el propósito de mantener el
pulso real con la sociedad y con los agentes económicos. Solo faltaría
que el ministro de Turismo o la Secretaría de Estado de Turismo no se
hubieran reunido con los agentes turísticos y los empresarios.

Por lo tanto, vamos a firmar por cortesía su enmienda
transaccional, y una vez más, insisto, agradezco que hayan incorporado
una parte de nuestra reflexión respecto al ICO. Se observa muy claramente
que partíamos de una moción excesivamente retórica. ¿Sabe usted qué ha
acabado siendo esta moción transaccionada? Es verdad, todos hemos llegado
al consenso de que la política turística es importante y necesaria, que
forma parte de la economía productiva, que es un eje estructural de la
economía, pero si hay algo que realmente va a activar la economía en
estos momentos tan difíciles es precisamente el turismo. Todos estamos de
acuerdo en eso, pero si hay algo que realmente demuestra que ya partíamos
de un exceso de retórica es que ha acabado siendo una moción —y se
lo digo con todas las simpatías— con una cierta mezcolanza. Es
decir, se han ido mezclando distintos aspectos. El señor Boya habla del
turismo de montaña. La senadora Rivero cada día me habla del turismo de
montaña —y ella también es una luchadora, desde su territorio y por
su propia implicación—. Evidentemente existe el turismo de montaña,
como también existe todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el
Imserso, que formaba parte de la enmienda, incorporada, del Partido
Socialista, y también habíamos hablado de ello. Esto era solo una
muestra.

Señoría, si esta moción de hoy la planteáramos dentro de
cuatro, cinco o seis meses, podríamos llegar a pensar que en el momento
de los presupuestos no fuimos capaces de incorporar una serie de importes
para líneas de trabajo sobre política turística. Pero no lo haga usted en
el trámite de los Presupuestos Generales del Estado, porque tenemos
tiempo, el lunes terminamos con las enmiendas, y la confederación de
hostelería de España —es tan solo un ejemplo— nos está
pidiendo que realicemos algún tipo de acción para conseguir un IVA
superreducido porque, de lo contrario —y usted lo sabe
perfectamente— hay muchísima gente que no va a poder realizar este
turismo vacacional que engloba a toda la gente mayor y que representa
contratar 35 000 profesionales, y que si tenemos en cuenta la tasa de
desempleo, es algo muy importante para la dinamización económica y para
la política turística. Insisto, senador Almodóbar, quiero agradecerle esa
buena voluntad. Yo le conozco, y sé que ha intentado incorporar toda una
serie de elementos, pero, como digo, queda una cierta mezcolanza y no se
acaban de aclarar las cosas.

Nosotros nos vamos a abstener. He escuchado que alguien ha
señalado —seguramente porque no estaba informado— que iba a
haber un consenso. En este sentido no existe el consenso porque ustedes
han mostrado algo en lo que, según nuestra experiencia, hay que tener una
cierta alerta. Ustedes han dicho: agilizar y armonizar la legislación
turística facilitando la tramitación administrativa para los nuevos
emprendedores. La experiencia que nosotros tenemos sobre el término
armonizar, ya le digo en este mismo momento que no es nada buena. Hay
algo muy claro: para que la economía sea dinámica, real, activa y
mutiplicadora debe ser lo más independiente posible; es decir, no hacen
falta grandes gestos ni grandes lecciones sobre cómo actuar; cada
empresario, cada emprendedor, cada persona que dedica su esfuerzo ya sabe
cómo activar esa empresa; y nosotros no vamos a mostrar nuestro apoyo a
todo lo que tenga que ver con la armonización, y por eso nos vamos a
abstener.

Eso era lo que quería comentar. Insisto en esta reflexión
y, si me lo permiten, también lo hago desde la humildad. En el Pleno no
se deberían presentar este tipo de mociones que dicen que estamos
encantados, que sabemos que el turismo es importante —y así
es—. De hecho, Ramón Martínez Fraile —al que tengo en gran
estima— ha dicho: Cuando uno prepara las vacaciones lo que está
preparando es un pedazo de su felicidad o de la felicidad de su familia.
En este sentido, estoy de acuerdo con él. El turismo es tan
multiplicador, desde el punto de vista de la globalización, es tan
enriquecedor; desde el punto de vista de la economía es tan completo, o
es tan profundo desde la interrelación cultural; tiene tantas patas y
tantos elementos que es algo de suma importancia; es tan importante, que
una moción turística en la semana de los presupuestos debería haber
venido acompañada con cuatro o cinco ejes más, no solo con el que
nosotros hemos añadido respecto al ICO, que dijeran: en este tema estamos
todos de acuerdo en cuanto a su filosofía, pero la partida presupuestaria
va a ser esta. Puede usted leer el presupuesto presentado por el
Gobierno, señor Almodóbar —aunque entiendo que el papel que usted
desempeña no es amable, en absoluto, porque yo le conozco desde hace
siete u ocho meses, y esto no me cuadra—, precisamente esta semana,
la semana de los presupuestos, con esta reducción del presupuesto de
turismo. No nos quedemos con la idea de que el ministro y la secretaria
de Estado han ido a hablar con los empresarios. ¡Solo faltaría!

Desde esta reflexión profunda, humilde, intentemos trabajar
con mociones que realmente se comprometan con un calendario de acciones,
con un dinero asignado a esa política. Nosotros ya sabemos

que en la gran mayoría de cuestiones sobre política
turística, el 90 % de la Cámara va a estar de acuerdo. Por tanto, no se
trata de decir entre nosotros que estamos de acuerdo. Sobre todo, detrás
de la retórica y del discurso de que entre todos vamos a poder lograr
todo, para que sea verdad tiene que existir un compromiso económico,
principalmente —insisto— en la semana de los Presupuestos
Generales del Estado, cuando la partida de turismo se ha visto reducida
de forma considerable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Serrano.

La señora SERRANO BOIGAS: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.

En primer lugar, he de decir que el Grupo Parlamentario
Socialista ha firmado la transaccional y va a votar a favor de esta
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, porque creemos en
el turismo y defendemos el turismo, y así lo hemos demostrado durante los
Gobiernos socialistas con una apuesta clara, firme y decidida por este
sector, y hoy seguimos apostando por él.

Muy a pesar nuestro, el Grupo Parlamentario Popular no ha
aceptado la enmienda presentada por el Grupo Socialista, senador
Almodóbar, una enmienda que venía a completar la moción presentada por
ustedes, una enmienda que trataba de mejorarla con propuestas concretas y
necesarias para el sector. Sin embargo, muy a pesar nuestro, han
intentado el consenso con todos los grupos, han incluido las enmiendas
del resto de los grupos, excepto la del Grupo Socialista. No obstante,
nosotros vamos a votar a favor, porque creemos y defendemos el
turismo.

Como he dicho antes, es una enmienda que contiene medidas
concretas y necesarias para el turismo, como mantener la financiación del
plan Qualifica, mantener el Programa europeo Senior, congelar las tasas
aeroportuarias y mantener las bonificaciones existentes en Baleares y
Canarias durante 2011, así como incluir un nuevo tipo de IVA, del 5 %, de
forma temporal y exclusiva para el paquete de viajes del programa
Imserso. Pero no han aceptado esas propuestas y solo desde la
irracionalidad se puede entender que no lo hayan hecho.

Con esta negativa demuestran una vez más que no creen en el
turismo, que no les importa el turismo y que esta moción, como bien ha
dicho la senadora Candini, no es más que un brindis al sol, sin medidas
ni actuaciones concretas, sin determinar cómo se van a realizar esos
objetivos a los que se insta al Gobierno. Sin embargo, deben tener claro,
señorías, que el turismo es un elemento económico estratégico para
España, para Andalucía y para Málaga. Como sus señorías saben, soy
senadora por Málaga, concretamente de Benalmádena, de la Costa del Sol,
donde el turismo es un elemento fundamental y esencial de la economía
malagueña. Pues que sepan, señorías, que el turismo es hoy una gran
industria consolidada, generador de empleo y de mantenimiento de empleo.
El turismo, gracias a las inversiones y al esfuerzo realizado por los
Gobiernos socialistas y las empresas del sector, hoy representa el 10,5 %
del PIB nacional y el 13 % del PIB de Andalucía.

No obstante, desde la llegada al Gobierno del Partido
Popular, desde la llegada al Gobierno de Rajoy, el sector del turismo
está en una situación de preocupación, de incertidumbre y de
desconfianza, porque las medidas adoptadas por su Gobierno no tienen nada
que ver con las promesas hechas por el Partido Popular. Y hoy una vez más
somos testigos de esa incongruencia, de esa incoherencia del Partido
Popular y de su Gobierno, ante la presentación de esta moción, que, como
he dicho antes, no contiene medidas concretas. La transaccional sí
contempla medidas más concretas, sin embargo no han aceptado ninguna de
las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Pero, insisto, vamos a
votar a favor.

¿Creen ustedes en el turismo como motor de la economía?
Dudo mucho que crean en el turismo como motor de la economía, que su
Gobierno crea en el turismo como motor de la economía, porque, como he
dicho antes, es un sector inmerso en una situación de preocupación,
desconfianza e incertidumbre. Y hago estas afirmaciones basándome en
hechos concretos, que ponen de manifiesto esa incongruencia y esa
incoherencia de su Gobierno. La primera medida que adopta el Partido
Popular en relación con este sector es no aplicar la reducción del tipo
del IVA del 8 al 4 %, promesa que hicieron durante la pasada campaña
electoral. Nuevamente, dejan al sector sin cumplir sus promesas.

En segundo lugar, los Presupuestos Generales del Estado
sufren un recorte de un 29,5 %. Los presupuestos de 2011 dedicaban 620
millones de euros; en 2012, 438 millones de euros. Este es el recorte y
esa es la forma que tienen de apoyar al sector del turismo. Si quieren
apoyarlo acepten nuestras enmiendas a los Presupuestos relativas al
sector del turismo.

Por lo que respecta al Fomit ―Fondo financiero para
la modernización de la infraestructura turística― les diré que
experimenta un recorte del 43 %. ¿Esa es la manera de apoyar al sector?
Hablan ustedes en esta moción de modernizar destinos tradicionales de sol
y playa. ¿Así entienden la modernización? ¿Así entienden el apoyo? ¿Con
un recorte de un 43 %?

Como he dicho antes, el primer punto de nuestra enmienda se
centraba en el mantenimiento de la financiación del Plan Qualifica
―tenemos cuatro en Baleares, dos en Canarias y uno en la Costa del
Sol― porque incrementa el objetivo de la calidad y la
competitividad; y, sin embargo, experimenta un recorte de un 33 %. Sigo
insistiendo, ¿esta es la forma de apoyar a la actividad turística como
motor económico? ¿Con recortes? No. Señorías, así no se impulsa el
crecimiento económico.

Continúo mencionando las medidas que adopta este Gobierno.
En relación con el turismo de crucero, nada, no se destina ni un solo
euro en los Presupuestos Generales del Estado. Insisto en que soy de la
provincia de Málaga, y el puerto de Málaga, gracias a las inversiones
socialistas, es el segundo en materia de turismo en el ámbito nacional.
La inversión socialista en el puerto de Málaga en el año 2011 ha dado un
resultado de más de 635 000 cruceristas y más de 45,5 millones de euros
de ingresos. Eso es impulso al sector turístico y no los recortes.

La promoción turística sufre un recorte de un 36 %, a pesar
de que la promoción es un eje fundamental para el apoyo.

También nuestra enmienda pedía la congelación de las tasas
aeroportuarias, que experimentan un incremento de un 13 % en Málaga, Gran
Canaria, Mallorca, Tenerife y Alicante, y un 50 % en Madrid y Barcelona.
Le hago la misma pregunta, ¿considera que así hacemos más competitivos
nuestros destinos? No; lo que logramos con estos incrementos es que sean
menos competitivos. Por eso, lo que consigue el Grupo Parlamentario
Popular al no aceptar nuestras enmiendas es hacer menos competitivos, en
lugar de impulsar, nuestros destinos turísticos.

Estamos a favor del turismo de interior pero, insisto, no
figura ninguna financiación para el turismo de interior en los
Presupuestos Generales del Estado. ¿Esa es la forma de apoyar al
turismo?

Voy a hacer referencia a un programa que pone de manifiesto
esa incongruencia y esa incoherencia del Gobierno y del Partido Popular:
el programa del Imserso, que también figuraba en un punto de nuestra
enmienda. Como sabe, este programa tiene dos vertientes: vacacional y
cultural. Es cierto que en su moción hablan de instar al turismo
cultural, y precisamente eso es lo que pretendíamos: incrementar o apoyar
ese turismo cultural. Sin embargo, el programa del Imserso ha
experimentado un recorte del 25 % en los Presupuestos Generales del
Estado, a pesar de que permitía salvar la temporada baja para los
hoteles. Por ello, este recorte implica el cierre de numerosos hoteles y
el despido de personal. La semana pasada tuve la oportunidad de reunirme
con la confederación nacional de hoteles y alojamientos rurales y me
trasladaron esa preocupación por el recorte en el turismo del Imserso.
Además, como he dicho antes, pone de manifiesto esa incongruencia y esa
incoherencia porque este programa duplica el número de demandas en
relación con las plazas ofertadas; así, por cada euro que invierte el
Estado, recupera 1,53 euros. Es incoherente recortar un programa que,
insisto, por cada euro recupera 1,53 euros. En este sentido, ya sabe que
en los Presupuestos Generales del Estado hemos presentado una enmienda
para dotar a este programa. Y, además, la enmienda, que no han aceptado,
proponía aplicar un nuevo tipo de IVA, de un 5 %, de forma temporal y
exclusiva para el paquete de viajes del programa del Imserso, que
contrarrestaría el recorte que ha sufrido el programa del Imserso.

Para terminar, vuelvo a insistir en que creemos y
defendemos el turismo como motor de la economía, como motor generador de
puestos de trabajo y de algo tan importante como es el mantenimiento de
los puestos de trabajo. Además, es un sector que se ha resistido la
crisis económica.

Por ello, el Partido Socialista va a apoyar a este sector y
esperamos que ustedes también lo hagan, pero de verdad, con financiación,
aceptando nuestras enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, que
no se queden en papel mojado ni sea un brindis al sol ―como era
esta moción en un principio―, sin actuaciones concretas, sin
medidas y sin explicar ni cómo ni cuándo se van a llevar a cabo.

Por lo tanto, esperamos que contribuyan al mantenimiento
del turismo como motor de la economía porque estamos viviendo una
situación complicada y la irresponsabilidad no es el camino para la
recuperación económica.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Serrano.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Almodóbar.

El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Muchas gracias, señor
presidente.

Senadora Serrano, la verdad es que para votar ustedes a
favor de esta moción, están en contra de todo. Le voy a decir una cosa:
cuando presenten una enmienda y hablen del Programa europeo Senior,
infórmense de que el Programa europeo Senior no es el Imserso. El Imserso
es una cosa y el Programa europeo Senior es otra. Además, le informo: el
Programa europeo Senior no se va a eliminar; es más, lo que se está
haciendo es trabajar para mejorarlo abriendo nuevos canales de promoción
en nuevos destinos. De verdad se lo digo, infórmense. Insisto, el Imserso
no es el Programa europeo Senior. En mi municipio —porque yo
también vengo de un municipio turístico, soy de Benidorm— esta
misma tarde el alcalde socialista de Benidorm se reúne con el Gobierno
donde le van a ofrecer formar parte de ese Programa europeo Senior.
¡Fíjese usted si se va a eliminar el Programa europeo Senior!

Le seré muy sincero. Me hubiese encantado poder aceptar su
enmienda tal como está. Se lo digo en serio, de verdad, me hubiese
encantado poder aceptar su enmienda con esas propuestas que ustedes
llevan, pero también me hubiese encantado que en la pasada legislatura,
cuando la economía era de Champions League, cuando teníamos los mejores
bancos, cuando los brotes verdes y yo venía aquí a pedir esa serie de
medidas, ustedes lo hubiesen apoyado.

En cuanto al IVA reducido —el ministro ya lo ha
dicho—, pensamos que en el futuro será bueno para el sector porque
puede aumentar la competitividad, pero ahora hay otras prioridades para
reducir el déficit y no podemos contemplar el tema del IVA.

Ha hablado usted de su comunidad autónoma. Precisamente en
su comunidad el éxito turístico no es gracias a su partido, es gracias al
sector turístico, a un gran sector turístico, a unos grandes
profesionales que, pese a sus políticos, han sabido hacer los deberes y
salir adelante de una situación complicada.

Hablaba usted también de nefasta gestión. Le voy a hablar
yo, si quiere, de nefasta gestión. Repito, podemos hablar de nefasta
gestión, no tengo ningún problema; hablemos de la nefasta situación en la
que han dejado ustedes a Paradores. ¿Quieren que hablemos de Paradores?
¿Quieren que les diga en qué situación han dejado ustedes a Paradores?
(Rumores.) Una sociedad en ruinas. Cuando el señor Rodríguez Zapatero
llegó al poder, esta cadena tenía un superávit de tesorería de 45
millones de euros; cuando se fue, las pérdidas acumuladas ascendían 110
millones de euros. (Rumores.) Eso sí, entre los despilfarros, 35 000
euros anuales a un diario cercano al presidente Zapatero a fondo perdido
y sin intercambio de publicidad. (Rumores.) Y es que su engaño
—porque hay que llamar a las cosas por su nombre, y eso fue un
engaño— respecto al déficit nos ha llevado a esta situación. Los
incumplimientos del Gobierno socialista los están pagando todos los
españoles, incluido el sector turístico, y a nosotros nos ha tocado
imponer responsabilidad, seriedad y generar confianza para que España
recupere la senda. Por ello no podemos aceptar su enmienda. A mí, de
verdad se lo digo, me hubiera encantado aceptarla, porque es algo en lo
que creo, pero en la situación actual no se puede hacer. (Rumores.)

Por otro lado, es importantísimo que todos los grupos
parlamentarios —o casi todos— den su apoyo a esta moción. Me
parece muy positivo, porque es importante demostrar nuestro compromiso
con algo tan importante como es el turismo, al margen de ideologías y de
partidos. Además, lo que hoy vamos a aprobar es un completo conjunto de
medidas con aportaciones de todas las sensibilidades políticas que el
sector nos agradecerá.

La prioridad en estos momentos de crisis de cualquier
responsable público tras la nefasta gestión, como decía, que nos ha
llevado a tener más de cinco millones de parados, debe ser la creación de
empleo, y no existe ninguna duda de que el sector turístico es el
auténtico motor de creación de empleo que tiene España. Afortunadamente,
esta semana hemos conocido unos datos que nos animan a ser optimistas
—parece que las cosas marchan—. Los últimos datos prueban que
las reformas y los mecanismos puestos en marcha por el Gobierno empiezan
a dar resultados. (Rumores.) Pero nadie dijo que esto —nosotros
mismos lo dijimos— iba a ser fácil ni rápido. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.

El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Tan solo llevamos seis meses en
el Gobierno. Seis meses, además —lo he escuchado en alguna
intervención de los portavoces—, en los que el Gobierno ha
mantenido innumerables reuniones con el sector turístico para llegar a
acuerdos con mucha más voluntad que el anterior Gobierno.

Señorías, como les dije anteriormente y ahora vuelvo a
repetir, el turismo es muy importante para la economía española. En estos
momentos de dificultades en el crecimiento, en el empleo, el sector
aporta

el 11 % del PIB y supone más del 12 % de los empleos
directos que hay en España. Y sus perspectivas de cara a la temporada que
vamos a empezar en unos días son muy positivas si lo comparamos con otros
sectores.

Es necesario que recuperemos todo nuestro atractivo como
destino internacional y nuestra competitividad frente a los nuevos
destinos emergentes, porque solo así podremos consolidar la recuperación
y sentar las bases para que el turismo sea realmente un activador de la
economía y del empleo en España.

El Gobierno, además, quiere estar cerca de los empresarios
porque son ellos los auténticos protagonistas de la actividad,
haciéndoles partícipes de las actuaciones desde la Secretaría de Estado,
incluso en Turespaña. En ese sentido se debe trabajar, y el Gobierno lo
va a hacer, con cinco ejes fundamentales.

En mi anterior intervención les hablaba del impulso de la
marca España, que será esencial, y se debe hacer colaborando con todos
los ministerios. Aunque todos sabemos que hay destinos con marca propia,
el destino España es el de mayor prestigio. Un buen posicionamiento de la
marca permite que una empresa venda más, que un destino venda más y que
un país venda más. Cuando un turista nos visita, no solo disfruta de una
experiencia turística, sino de una experiencia de país. Se sorprende de
nuestras infraestructuras, de nuestra seguridad, de nuestros productos y
de nuestras gentes. Y la colaboración público-privada debe jugar un papel
trascendental de ahora en adelante. Por eso les digo que creemos en una
estrecha colaboración con el sector privado. Porque, además, estamos
seguros de que trabajando con ellos se pueden obtener los mejores
resultados globales para cada una de las acciones.

También quiero hablarles de innovación y apoyo a
emprendedores. El Gobierno va a poner en marcha una línea de crédito
dotada con más de 41 millones de euros destinada a jóvenes emprendedores
del sector turístico, apoyando la financiación de proyectos empresariales
que contengan, además, elementos de innovación. Y, sobre todo —y
quizás lo más importante—, va a convertir el turismo en una
actividad transversal, de todo el Gobierno, fortaleciendo para ello la
colaboración con todos los departamentos ministeriales y, por supuesto,
con las comunidades autónomas y otras instituciones con el objetivo de no
fragmentar el producto.

Señorías, el reto fundamental es crear las condiciones
necesarias para un crecimiento rápido y sostenido de la productividad
turística, tanto empresarial como en destinos. En definitiva, se trata de
transformar España en un destino altamente competitivo que asegure
nuestro liderazgo turístico y permita a los agentes económicos que
intervienen recuperar la rentabilidad perdida como elemento que propicie
la inversión y la creación de empleo.

El plan integral del que les he hablado antes está
orientado tanto a destinos como al sector privado. No es un plan más de
los múltiples aprobados en los últimos años. El sector requiere de tomas
de decisiones impostergables. Por ello, se desglosarán en medidas a corto
y medio plazo. Y para un correcto seguimiento se monitorizará con
carácter semestral y público durante toda la legislatura.

Señorías, las administraciones no construyen hoteles, no
ponen restaurantes ni abren agencias de viaje. Eso lo tiene que hacer la
sociedad. Las administraciones estamos para crear las condiciones para
que la sociedad pueda actuar. De eso se trata, de confiar en la gente.
Nosotros, en el Partido Popular, confiamos en los españoles que, además,
siempre han estado a la altura de las circunstancias. Los españoles
tuvieron Gobiernos buenos y supieron crear más de cinco millones de
puestos de trabajo. Los creó la sociedad española y los volverá a
crear.

El turismo es uno de los sectores económicos más
importantes, no solo de España, sino del mundo. Crea puestos de trabajo y
riqueza para millones de personas. El ejecutivo del Partido Popular ha
devuelto al turismo al lugar prioritario en la acción de gobierno que le
corresponde.

No solo debemos querer ser los primeros, sino también los
mejores. Un político está para gestionar de manera eficiente, por difícil
que sea el mandato que le toque. Y estarán de acuerdo conmigo en que la
política también es priorización, determinación, esfuerzo, trabajo en
equipo e ilusión que, les puedo asegurar, no nos falta.

El sector turístico español, señorías, tiene grandes retos
por delante. Un potencial inmenso, los mejores profesionales, la mejor
planta turística de Europa. Solo hace falta voluntad, iniciativa y un
Gobierno que se lo crea. Afortunadamente para España, eso ya lo
tenemos.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Almodóbar.

Llamen a votación. (Pausa.)

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

(Núm. exp. 550/000006)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la
votación, tengo que proponer a sus señorías una modificación del orden
del día consistente en lo siguiente. Ayer, la Comisión de
Incompatibilidades emitió un dictamen sobre la situación de diversos
senadores. Conforme al artículo 71.4 del Reglamento del Senado, solicito
el acuerdo de la Cámara para modificar el orden del día e incluir en él
el citado dictamen. ¿Se aprueba la modificación? (Asentimiento.)

Queda aprobada. Muchas gracias.

7. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

7.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA
CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE MASPALOMAS COSTA CANARIA.

(Núm. exp. 630/000003)

AUTORES: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

El señor PRESIDENTE: También, señorías, y firmado por todos
los grupos, se ha presentado una declaración institucional sobre el 50
aniversario de Maspalomas Costa Canaria que, en resumen, viene a decir lo
siguiente: El 15 de octubre de 1962 arranca una operación turística que
se llama Maspalomas Costa Canaria. En aquel momento no había en el lugar
ni carreteras ni alojamientos ni restaurantes, servicios sanitarios,
educativos, electricidad, agua de abasto, saneamiento ni
telecomunicaciones. A los pocos años se convirtió en el principal destino
turístico de Canarias. Este año el ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana conmemora el cincuentenario como una ocasión para sentar las
bases de los próximos cincuenta años de destino turístico, una iniciativa
que ha sido avalada por la designación de Maspalomas por parte de la
Organización Mundial del Turismo como sede de la celebración del Día
Mundial del Turismo, que cada año se celebra en un país de los 155 que
conforman la Organización Mundial del Turismo, lo que permitirá situar
Maspalomas, otra vez, en el primer plano del escenario internacional
entre los grandes destinos turísticos del mundo.

El Senado de España se suma a la celebración del 50
aniversario de Maspalomas Costa Canaria y a los actos del Día Mundial del
Turismo como ocasión destacada para mostrar al mundo el potencial
turístico de España con numerosos destinos de éxito, como ha demostrado
serlo Maspalomas.

La Comisión de Industria, Turismo y Energía del Senado de
España participará en dichos actos con la celebración en Maspalomas de
una jornada sobre destinos maduros y con diversos actos sociales que
permitirán ofrecer la mejor imagen de España para los profesionales y
directivos de empresas que se desplazarán a Maspalomas con motivo del Día
Mundial del Turismo. Palacio del Senado, 5 de junio de 2012.

¿Se aprueba la declaración institucional?
(Asentimiento.)

Muchas gracias.

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER
LAS BASES NECESARIAS PARA QUE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA CONTINÚE APORTANDO
SÓLIDOS FUNDAMENTOS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. (Votación.)

(Núm. exp. 662/000027)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a votar la
propuesta de modificación a la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 244; a favor, 231; en contra, 1; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada la moción.
(Aplausos.)

8. MOCIONES

8.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y EL
SECTOR AGRARIO Y GANADERO.

(Núm. exp. 662/000028)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: La siguiente moción es del Grupo
Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con los precios de los alimentos y el
sector agrario y ganadero. (Rumores.) Silencio, señorías, por favor.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la
moción, ha presentado una enmienda de modificación que se entiende
incorporada al texto original de la moción. Además, se han presentado
cuatro enmiendas: una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, dos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya y una del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción con la enmienda incorporada,
tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular y por tiempo de
quince minutos, el senador Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Defiendo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular una moción que intenta poner sobre la mesa los
problemas que afectan al sector agroalimentario, y muy especialmente al
sector productor, y también hacer llegar al Gobierno de España nuestro
apoyo y el impulso para que tome las medidas adecuadas y necesarias para
apoyar principalmente al sector productor, evitando las disfunciones que
se producen en la cadena alimentaria en cuanto a los precios.

El sector agroalimentario español es para el Grupo
Parlamentario Popular un sector estratégico que permite alimentar a
nuestra población de manera saludable y a costes asumibles, por lo tanto,
un sector que nos garantiza la soberanía alimentaria. El sector
agroalimentario español también ayuda a fijar la población en el
territorio, cohesiona el territorio nacional, crea empleo, genera
resultados económicos de mucho interés para la economía nacional y ayuda
a conservar y mejorar los recursos naturales sobre los que genera su
actividad productiva. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)

El sector agroalimentario español factura anualmente más de
100 000 millones de euros, en torno al 9 % del producto interior bruto de
nuestro país, y da trabajo de una manera directa o indirecta a unos 4
millones de personas. La tasa de paro en este sector está por debajo de
la media nacional y en la industria agroalimentaria no supera el 10 %,
por lo tanto, muy por debajo de la media del desempleo en estos momentos
en España. También el sector agroalimentario español favorece el saldo
exterior de nuestra balanza comercial, un saldo favorable en
prácticamente 6000 millones de euros. En el período 1993-2009 la
producción de la renta agraria en términos de volumen agregado ha
experimentado en España un crecimiento del 52,2 %, creciendo también la
productividad del sector. Así, el año pasado 2011, la productividad de la
agricultura española por unidad de trabajo a precios constantes de 2005
era un 35,3 % superior a la Unión Europea a quince.

El sector agroalimentario español es, por tanto, un sector
con mucha productividad, con mucha calidad, cada día más presente en los
mercados internacionales, un sector que aporta valores positivos a la
balanza comercial española. Pero también, y a diferencia de estos buenos
datos, se produce la circunstancia de que la renta de nuestros
agricultores y ganaderos es cada año más baja; así, si tomamos en
consideración el periodo 1996-2003, la renta agraria en España creció un
30 %, mientras que desde 2003 a 2010 se ha producido un descenso de más
del 15 %, concretamente el 15,7 %.

Evidentemente, la situación de este sector, que es un
sector productivo, que es dinámico, que está generando importantes
recursos a nuestra economía, que ofrece datos positivos para nuestra
economía, no se sostiene con la distinta retribución que perciben los
agentes productivos en relación con el trabajo, con el esfuerzo, con la
inversión que llevan a cabo. Lejos, por tanto, de animar al relevo
generacional en las explotaciones agrarias, esta caída de la renta
provoca el envejecimiento de las personas que participan activamente en
el sector, y también que los jóvenes no vean futuro en un sector que es,
y que debe seguir siendo, estratégico para nuestro país.

Si nuestros agricultores y ganaderos se han esforzado en la
modernización de sus explotaciones, en la implantación de sistemas de
producción y de sistemas de riego más sostenibles en el tiempo, en la
introducción de variedades de mayor calidad y con mayor producción; si
han buscado en todo momento

cumplir con la trazabilidad de sus producciones; si buscan
y encuentran nuevos mercados donde situar el producto fruto del esfuerzo
de su trabajo, del esfuerzo de su inversión, del esfuerzo, por tanto, de
su vida; si, además, acogen cada vez con mayor profusión todas aquellas
medidas que la Administración pone a su servicio, como pueden ser las
ayudas para asegurar sus producciones contra los fenómenos climatológicos
adversos; si, en definitiva, nuestros agricultores y ganaderos cada vez
lo hacen mejor, ¿por qué no ven reflejado su esfuerzo en el nivel de
renta que perciben?

A eso es a lo que esta moción intenta dar respuesta,
intenta poner encima de la mesa e intenta animar al trabajo para su
solución al Gobierno de España.

El aumento continuo y continuado de los costos de
producción, tanto en el gasto que se produce como consecuencia de los
proveedores energéticos, como de los proveedores de fitosanitarios o los
de fertilizantes, puede ser parte de ese problema en cuanto a la caída de
la renta. Pero también debemos ser conscientes de que a menudo se
producen distorsiones en la cadena de formación de precios de los
productos agrarios, que van desde el primer escalón de la producción,
desde el agricultor, desde el ganadero, hasta el consumidor final en la
tienda, en la gran superficie.

El sector primario está fuertemente atomizado —todos
lo sabemos—, cerca de un millón de explotaciones agrarias en
nuestro país, explotaciones pequeñas, con una media de aproximadamente 25
hectáreas. El sector primario produce un producto perecedero, que obliga
a luchar contrarreloj contra el tiempo en cuanto a su venta. El sector
primario requiere de un trabajo de meses, donde las condiciones
climatológicas afectan al desarrollo y al producto final. El sector
primario muy atomizado tiene una menor información sobre lo que en tiempo
real ocurre en los mercados y en los mercados a futuro y, por tanto,
tiene una capacidad de negociación muy mermada.

El escalón superior de ese sector primario, el de la
transformación, también está atomizado, con una presencia de casi 4 000
cooperativas en España y más de 30 000 industrias de transformación
alimentaria, que sitúan el índice de producción industrial 20 puntos por
encima de la actividad industrial.

En cambio, el siguiente escalón, el comercializador, el del
sector de la distribución, está, como todos sabemos, fuertemente
concentrado: seis empresas adquieren el 70 % de los productos, de los
alimentos de la industria agroalimentaria y del sector primario; por
tanto, el poder de negociación está concentrado y es prácticamente
absoluto.

El mercado se encuentra dominado por la gran distribución
que ejerce un total control sobre el proceso comercial de compra y, como
consecuencia, el de formación de valor en la cadena alimentaria. Esto
hace necesario potenciar los servicios y los sistemas de vigilancia de
precios de los productos agrícolas que consideramos básicos a través de
un Observatorio de Precios de los Alimentos y siendo además necesario su
control a través de publicaciones. También debe ser un objetivo a tener
en cuenta trasladar a la sociedad el valor que para los españoles tiene
el sector agrario, de forma que la actividad agrícola y ganadera sea
conocida y reconocida por todos, pues España necesita de nuestros
agricultores, de nuestros ganaderos y de su industria
agroalimentaria.

Por ello, pedimos al Pleno de la Cámara que se sume a la
aprobación de esta moción que insta al Gobierno, primero, a potenciar los
sistemas de vigilancia de precios de los productos considerados básicos,
en especial potenciar el Observatorio de Precios de los Alimentos,
dotándose de los medios suficientes para el desarrollo de sus funciones,
en particular aquellos que sirvan para clarificar y hacer más
transparente la cadena de precios, que va desde el sector primario al
consumidor final, y ayudan a conocer, además, los márgenes de cada uno de
los actores de esas actividades productivas, transformadoras y
comerciales.

Yo vengo de Tomelloso, soy senador por la provincia de
Ciudad Real, y en estos días estamos en plena campaña de productos
hortofrutícolas, como el melón, la sandía, los pimientos, los tomates, la
cebolla y algún otro más. Clarísimamente se va a producir lo que ocurre
todos los años, y es que el consumidor final pagará en la costa española,
en los supermercados de todo el territorio nacional, un precio que se va
a mantener más o menos invariable a lo largo del período, pero que, en
todo caso, si se producen momentos de escasez de cosecha, aumentará. En
el camino, se llevarán a cabo unos trabajos de limpieza, empaquetado y
transporte de ese producto, que tendrá unos márgenes más o menos
estables. En la tierra, el productor tendrá que cortar el melón, la
sandía, en su momento justo, tendrá que venderlo también en el momento
justo, y se encontrará con unos corredores, con unos intermediarios que
van a tener un margen de beneficio igual, sea cual sea el precio que
paguen al proveedor y, por tanto, toda la diferencia recaerá sobre el
productor que se verá en muchos casos invitado a vender a precio por
debajo de coste, a vender a pérdidas. Evidentemente, eso es lo que hay
que tratar de evitar.

Punto segundo. La defensa ante la Unión Europea en el marco
de la reforma de la PAC de la puesta en marcha de medidas eficaces para
la prevención y gestión de crisis en el sector agrario destinadas a
reducir el impacto de la crisis y minorar la vulnerabilidad de las
explotaciones. De acuerdo con la norma comunitaria que se establezca, se
elaborarán los correspondientes protocolos de actuación que faciliten el
desarrollo de sistemas de alerta temprana y la posterior aplicación de
medidas paliativas. Toda actuación ante momentos de crisis en el sector
alimentario debe ser subsanada de una manera automática y rápida, y esa
es la única garantía de mantener los niveles de renta de nuestros
agricultores.

Punto tres. Publicar de forma periódica los precios pagados
y percibidos por cada uno de los actores de la cadena de precios de los
alimentos y productos básicos.

Punto cuarto. Llevar a cabo una evaluación de las
actuaciones que ya está haciendo el Gobierno en materia agraria y
elaborar un plan de medidas de apoyo al sector agrario en general, que
contemple nuevas medidas administrativas, económicas y sociales, que
ayuden a abordar de manera más eficaz la problemática presente y futura
del sector agrario y en especial del sector ganadero, y que lo hagan
desde el conocimiento del resultado que están dando en estos momentos las
medidas que se están produciendo y también en el contexto de una
situación presupuestaria como la que todos conocemos: presupuestos
austeros, presupuestos restrictivos, presupuestos, en definitiva,
distintos a los de otras ocasiones.

Como comprobarán los señores senadores, ya he dado cuenta
también de las autoenmiendas que hemos planteado a nuestra propia moción,
así que, deseando y pidiéndoles que la apoyen, solo me queda darles
nuevamente las gracias por su atención. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, el señor
Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, senyor president.

Bon dia, senador Cotillas. Nosaltres, des del Grup de
Convergència i Unió, tot i que estem d’acord amb l’articulat
i amb el fons d’aquesta moció, sí que volíem fer algunes esmenes i
sí haguéssim demanat una certa participació a l’hora
d’arribar en un consens en un element tant important, perquè crec
que tots els grups polítics d’aquesta Cambra estem d’acord en
què cal millorar alguns aspectes del món agroindustrial i d’aquesta
elaboració o de com s’arriba a formar aquesta cadena de preus dins
de la cadena alimentària.

Tenim clar que tots els productes agroindustrials o gairebé
tots es venen però, quan es cobren? Aquest és l’element essencial.
Quan hi ha un negoci, els qui, al final, acaben obtenint una càrrega de
finançament de tot el que és la cadena comercial, són els agricultors. I
per què us dic això? Doncs perquè des del moment en què venen el
producte, ja siguin agricultors ja siguin ramaders, fins que els cobren,
hi ha un decalatge, de 100 o 120 dies i això és el que no podem evitar.
Evidentment, hem d’establir mesures contundents per ficar en valor
un sector tan important per a l’economia de l’Estat
Espanyol.

Però hi ha un element importantíssim —que crec que
ajudaria tant als pagesos com als ramaders a tenir èxit— i és que
s’apliqués la llei de morositat, la llei 15/2010 de 5 de juliol, la
seva disposició addicional primera, i que a partir del 2013 hi hagués
aquesta obligatorietat de pagar amb els terminis que exigeix la llei.
Així, no estaríem fent res més que donar liquiditat a aquestes persones,
a aquests empresaris de petites i mitjanes empreses familiars que estan
suportant i que tenen un actiu on tot són existències disponibles però no
realitzables, perquè al final tot són clients que els deuen, com he dit,
una quantitat important de diners, i tot això agreujat amb una situació
de falta de finançament del circulant d’aquestes petites i mitjanes
empreses. Per tant, els qui suporta dins de la cadena de preus el pes més
fort són les petites i mitjanes empreses, els agricultors i els ramaders,
i això ho hem de tenir en compte i hem de ficar-hi valor. No
m’estic estenent molt en d’altres aspectes d’aquesta
moció perquè fins i tot podríem arribar a un acord, però sí demanaria que
el govern de l’Estat Espanyols ho fiques en valor, perquè al final
pot ser que aquestes petites i mitjanes empreses, que aquests negocis
familiars que no tenen relleu generacional perquè s’estan carregant
tot aquest sistema de finançament i el període de maduració del seu
producte, entre que el cobren i el moment en què han de pagar les seves
entrades i quan han de pagar tots els elements necessaris per arribar a
la producció i a la campanya recol·lectora —que vostè ha mencionat
a Ciudad Real, i jo també parlo de la meva zona, on s’està
començant a recollir la cirera i l’albercoc— fins quan
arriben a cobrar aquestes entrades i aquests diners que ells han fet i
han produït, és quan hi ha la possibilitat que morin d’èxit. I dic
que morin d’èxit amb aquest element importantíssim perquè els
agricultors i els ramaders han de pagar gairebé al comptat i cobren al
cap de cent dies, quan hi ha una

llei que obliga i que diu que hi ha un període de pagament
de productes frescos a 30 dies i els altres a 60 dies. Per tant, crec que
aquest element és essencial. Si vostè, aquí, em pot arribar a assegurar
que això ho tindrem en compte, fins i tot estic disposat a negociar-ho
tot això, però jo crec que és un element essencial per a la supervivència
dels agricultors i ramaders. I perdonin que insisteixi única i
exclusivament en aquest aspecte, però és fonamental per a la seva
supervivència.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Buenos días, senador Cotillas.
Nosotros desde el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, a pesar de que estamos de acuerdo con el articulado y con el fondo
de esta moción, queremos, sin embargo, plantear una serie de enmiendas.
Hemos pedido su participación para llegar a un consenso en un tema tan
importante, puesto que creo que todos los grupos políticos de esta Cámara
estamos de acuerdo en el hecho de que debemos mejorar algunos aspectos
del mundo agroindustrial y en cómo se realiza la cadena de precios dentro
de la cadena alimentaria.

Tenemos claro que todos los productos agroindustriales o
prácticamente todos se venden, ¿pero cuándo se cobran? Este es el
elemento clave. Cuando hay un negocio aquellos que al final acaban
obteniendo una carga de financiación de toda la cadena comercial son los
agricultores. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque, a partir del momento
en que estos agricultores o campesinos venden el producto, transcurren
100 o 120 días, una diferencia de tiempo que no podemos evitar.
Evidentemente, necesitamos medidas contundentes para poner en valor un
sector tan importante para la economía de este sector español.

Pero hay un elemento muy importante para nuestro sector
primario, y es que se aplique la Ley 15/2010, de 5 de julio, en concreto
la disposición adicional primera, donde se establece la obligatoriedad de
pagar en los plazos que mandata la ley. Así, no estaríamos haciendo nada
más que dar liquidez a estas personas, a estos empresarios de pequeños y
medianos negocios familiares que están soportando la situación. Y es que
dentro de su activo todo son existencias, disponibles pero no
realizables, porque al final sus clientes mantienen deudas con ellos
durante un período largo de tiempo, y son cantidades considerables. Es
más, todo ello se agrava por la situación de falta de financiación del
circulante en estas pequeñas y medianas empresas.

Por consiguiente, ¿quién soporta dentro de la cadena de
precios el peso más fuerte? Pues las pequeñas y medianas empresas, los
agricultores y los granjeros. Debemos tener esto en cuenta y añadir valor
a este punto, y no me extiendo en otros aspectos de esta moción en los
que incluso podríamos llegar a un acuerdo. Pero sí pido que el Gobierno
del Estado español dé valor a estas cuestiones porque, si no, al final
puede que estas pymes y negocios familiares en los que, como usted bien
dice, se da una situación de falta de relevo generacional porque se están
cargando todo el sistema de financiación y transcurre un largo periodo,
si bien adelantan un dinero para sacar adelante la producción, entre que
cobran y el momento en que tienen que pagar los insumos y todo lo
relativo a los elementos necesarios para llegar a la producción y a la
campaña recolectora —usted ha hablado de Ciudad Real, pero en mi
zona también se están empezando a recoger el albaricoque o la
cereza—, mueran de éxito, y digo mueran de éxito por este elemento
importantísimo: que los agricultores y granjeros tienen que pagar al
contado y cobran al cabo de 100 días, cuando hay una ley que exige un
período de pago de 30 días para los productos frescos y de 60 días para
los demás.

Por consiguiente, me parece que este elemento es esencial.
Si usted aquí me puede llegar a garantizar que esto lo tendremos en
cuenta, yo estaría dispuesto incluso a negociar, pero es que me parece un
elemento básico para la supervivencia de los agricultores y de los
granjeros. Y disculpen que insista única y exclusivamente en ellos, pero
es que me parece esencial y básico para su supervivencia.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president. Intervinc
per posicionar el nostre grup respecte de les esmenes.

La veritat és que no hem tingut cap notícia respecte de
quina serà la posició del Grup Popular respecte a aquestes esmenes
presentades pels nostres grups. Suposo que ho farà a posteriori. En tot
cas, nosaltres creiem, i estem d’acord amb el diagnòstic que
s’ha fet pel partit proposant.

Entenem que hi ha una qüestió que no és menor en
l’autoesmena a la pròpia moció del partit proposant —cal
tenir-ho en compte—, segurament a ells mateixos se’ls
plantegen alguns dubtes respecte a aquestes qüestions, i crec que el
diàleg es fa imprescindible.

Pel que fa a les nostres esmenes, jo vull d’alguna
manera subratllar la necessitat que passem a la concreció d’algunes
accions precises respecte del que planteja en alguns punts el Grup
Popular. Entenem que en l’esmena que hem fet de modificació del
punt 1, que l’Observatori ha de tenir un paper molt més actiu no
només en els efectes de transparència que han de tenir els preus sinó que
també ha d’elaborar propostes d’actuació respecte de les
administracions, i per tant respecte dels organismes pertinents per tal
que puguin actuar quan existeixin raons segons les quals els mecanismes
de mercat no funcionen correctament. En aquest sentit estem absolutament
d’acord també amb l’esmena que planteja el Grup Socialista
respecte a un grup de treball que, d’alguna manera, acoti en forma
i temps aquestes propostes.

Hi ha també una sèrie d’esmenes d’addició que
ens semblen imprescindibles si volem abordar amb decisió allò que el
senador Cotillas ha dit que era en aquest moment necessari: combatre la
caiguda de les rendes agràries.

A Catalunya nosaltres hem tingut una experiència molt
positiva que entenem que podria perfectament estendre’s al conjunt
de l’Estat. Es tracta de la signatura d’un codi de bones
pràctiques que l’anterior Govern de la Generalitat va impulsar i
que va permetre un acord entre els agricultors, els ramaders i les
empreses comercialitzadores i manufacturadores. Aquest codi de bones
pràctiques és en definitiva un compromís que permet d’alguna manera
generar complicitats, generar acords, i per tant una forma de treball
conjunta entre tots els actors que d’alguna manera configuren la
cadena de preus però al final tots aquells que participen en la gestió
dels aliments.

Per altra banda hi ha un altre punt que ens sembla també
important que és el compromís del ministre mateix sobre la Llei de
mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària. No se
n’ha parlat, és un compromís del ministre; a nosaltres ens sembla
molt important que aquesta llei es posi en marxa i que tingui com a
finalitat pal·liar i corregir les actuals disfuncions del mercat, i ens
sembla que això és absolutament doncs inajornable, i s’hi ha de
començar a treballar de forma immediata.

També entenem, i d’alguna manera ens sembla que
s’ha d’establir per llei, el percentatge de quota de mercat.
És a dir, en aquest cas no té massa sentit que no es reconegui que en
aquest moment hi ha operadors —ho ha dit el ponent mateix— en
aquesta tribuna, que tenen absolutament una consideració de posició de
domini respecte del mercat. Això en el cas dels productes agraris no es
reconeix i per tant ens situa en posicions que no tenen res a veure amb
el que passa en altres situacions similars en el mercat, i podríem parlar
del cas de les elèctriques. Allà sí que es reconeix una posició de
domini; en canvi en el sector agrari aquesta posició de domini no està
reconeguda i per tant, insisteixo, això va en detriment d’aquest
control dels preus.

Finalment, ens sembla imprescindible exigir, reclamar, la
coordinació amb les comunitats autònomes, que en definitiva són qui
gestionen les polítiques agràries, i finalment també sumar-me a
l’explicació que ha fet el senador de Convergència, el senador
Manuel Plana, respecte del tema de l’harmonització de la Llei de
morositat respecte a la limitació del pagament en 30 dies. Ens sembla que
això és el mínim que s’ha de poder exigir pel conjunt dels
productes agraris. Per tant, insistim que aquesta moció, i ho faré
després en el torn de portaveus, es queda clarament curta, que és
necessari incorporar aquestes esmenes dels diferents grups, i per tant
esperem del partit proposant que tingui la flexibilitat i la generositat
d’acceptar aquestes esmenes per concretar aquesta moció.

Gràcies, senyor President, senyores i senyor senadors.

Gracias, señor presidente. Intervengo para posicionar a
nuestro grupo respecto a las enmiendas.

Lo cierto es que no hemos tenido ninguna noticia sobre cuál
será la posición del Grupo Popular respecto a las enmiendas presentadas
por nuestro grupo; imagino que lo hará a posteriori. En cualquier caso,
nosotros estamos de acuerdo con el diagnóstico realizado por el grupo
proponente.

Entendemos que hay una cuestión que no es menor en la
autoenmienda a la misma moción del grupo proponente —hay que
tenerlo en cuenta—, seguramente ellos mismos tienen algunas dudas
respecto a estas cuestiones y, por consiguiente, el diálogo es
indispensable.

De nuestras enmiendas me gustaría subrayar la necesidad de
que pasemos a la concreción de algunas acciones precisas respecto a lo
que se plantea en lo expuesto en algunos puntos del Grupo Popular. Por
ejemplo, el punto 1, el hecho de que el observatorio debe tener un papel
mucho más activo, ya no solo a los efectos de transparencia de los
precios, sino que el observatorio también debe elaborar propuestas de
actuación respecto a las administraciones y los organismos pertinentes
para que puedan

actuar cuando existan situaciones en las que no funcionen
correctamente los mecanismos de mercado. Así, estamos de acuerdo también
con la enmienda presentada por el Grupo Socialista respecto a un grupo de
trabajo que, en cierto modo, acote intensamente estas propuestas.

También hay unas enmiendas de adición que nos parecen
indispensables si queremos abordar con decisión lo que el senador
Cotillas ha dicho que en la actualidad era necesario: combatir la caída
de las rentas agrarias.

En Cataluña hemos tenido una experiencia muy positiva que,
a nuestro juicio, podría extenderse perfectamente al conjunto del Estado.
A saber: la firma de un código de buenas prácticas que el anterior
Gobierno de la Generalitat impulsó y que permitió un acuerdo entre los
agricultores y los ganaderos con los fabricantes. Este código de buenas
prácticas, en definitiva, es un compromiso que permite en cierto modo
generar complicidades, generar acuerdos y, por consiguiente, una forma de
trabajo conjunta entre todos los actores que de un modo u otro configuran
esta cadena de precios; en definitiva, todos aquellos que participan en
la gestión de los alimentos.

Por otra parte, hay otro punto que nos parece importante:
el compromiso del ministro en cuanto a la ley de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria. No se ha hablado, es un
compromiso del ministro y a nosotros nos parece muy importante que esta
ley se ponga en marcha y que su objetivo sea paliar y corregir las
disfunciones actuales del mercado. Nos parece que esto es algo
inaplazable y que debemos empezar a trabajar en ello de inmediato.

También entendemos, y nos parece que debería establecerse
por ley, el porcentaje de cuota de mercado. Es decir, en este caso no
tiene demasiado sentido que no se reconozca que en la actualidad hay
operadores —como ha dicho el mismo ponente en esta tribuna—
que tienen una consideración de posición de dominio en el mercado. En el
caso de los productos agrícolas este no se reconoce y, por consiguiente,
nos sitúa en una posición que no tiene nada que ver con otros contextos
similares en el mercado como, por ejemplo, las eléctricas, donde sí se
reconoce una posición de dominio. En cambio, en el sector agrario esto no
es así. Por lo tanto, insisto, esto va en detrimento del control de los
precios.

Por último, nos parece indispensable exigir y reclamar la
coordinación con las comunidades autónomas, puesto que son ellas, en
definitiva, las que gestionan las políticas agrarias.

Finalmente, quisiera sumarme a la explicación del senador
Manel Plana, de Convergència i Unió, respecto al tema de la armonización
de la Ley de morosidad, en cuanto a la limitación de pago en 30 días. Nos
parece que es lo mínimo que debería poder exigirse para el conjunto de
los productos agrarios. Así pues, insistimos en que esta moción
—luego lo diré también en el turno de portavoces— creemos que
se queda corta y que es necesario incorporar las enmiendas de los
distintos grupos. Y, en definitiva, esperamos que el grupo proponente
tenga la flexibilidad y la generosidad de aceptar estas enmiendas a fin
de concretar esta moción.

Muchas gracias, señor presidente, senadoras y
senadores.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Boya.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Cruz.

La señora CRUZ SALCEDO: Gracias, presidente.

Buenos días. Defiendo la posición del Grupo Socialista
respecto a esta moción presentada por el Grupo Popular sobre los precios
de los alimentos. El espíritu que anima a nuestro grupo es concretar y
complementar los acuerdos que propone la moción, materializar compromisos
políticos que se han hecho en sede parlamentaria por parte del ministro
Arias Cañete, comprometer plazos —asunto que nos parece muy
importante—, contar con el sector en cualquier medida que se vaya a
tomar, y aportar la integración de estos mecanismos y nuevos retos en la
reforma de la PAC.

Respecto al primer punto —y coincidiendo con el
espíritu de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario de la
Entesa—, mi grupo, el Grupo Socialista, plantea que para corregir
las disfunciones que se detecten en la cadena alimentaria respecto a los
precios de los alimentos, desde el observatorio —que es un
instrumento que ha funcionado muy bien— se pongan en marcha y se
estudien nuevos instrumentos para evitar estos movimientos especulativos
y para conseguir redistribuir con equidad los márgenes de beneficios.
Proponemos, además, que se haga vía grupo de trabajo, que es un mecanismo
que ha tenido muy buenas iniciativas en la pasada legislatura —se
constituyeron hasta cuatro grupos de trabajo— y les ponemos un
plazo: queremos que el estudio esté listo en el plazo de un año desde que
se constituya este grupo.

El párrafo al que sustituye esta enmienda creemos que no
deja de ser una descripción de las funciones del observatorio, que tiene
por objeto favorecer la transparencia en el proceso de formación de los
precios de alimentos; así como el estudio y seguimiento de los márgenes
comerciales. Además, esta propuesta para que se diseñen mecanismos que
corrijan las disfunciones es, como he dicho al principio, uno de los
compromisos que el ministro Arias Cañete hizo en sede parlamentaria
—tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado— y
que él incluía en el apartado de vertebración de la cadena alimentaria,
que decía exactamente que el observatorio no solamente tenía que examinar
atentamente sino que tenía que desarrollar una actitud proactiva en la
corrección de las disfunciones que se detectan. Por lo tanto, se trata de
la exigencia de un compromiso del ministro y esperamos que el grupo
proponente lo acepte.

Utilizamos, como he dicho, el recurso de los grupos de
trabajo —que dio muy buenos resultados— para el estudio de
los temas específicos y creemos que el plazo de un año es razonable.

También enmendamos el tercer punto, porque publicar
periódicamente los precios pagados y percibidos es una cuestión que se
está haciendo ya. El observatorio publica cada semana los precios
registrados en los tres niveles comerciales más significativos
—origen, mayorista y destino— de una relación concreta de
treinta y cuatro productos frescos en la alimentación, que debe ser lo
que la moción califica, en su punto uno, como productos básicos.

Por tanto, mantener el texto como está es dejar por escrito
lo que ya se está haciendo, no se aporta nada nuevo. Sin embargo, en
nuestra enmienda decimos que mejoremos esa publicación vía Internet y que
así conseguiremos incidir en los principios de información y
transparencia en todos los niveles. Y además esta enmienda también se
recoge en una moción que el Grupo Parlamentario Popular presentó para su
debate en el Pleno del Senado en el mes de mayo del 2008.

Respecto al cuarto punto nosotros queremos que el plan de
medidas que se vaya a redactar cuente con el concurso del sector en
general. Añadimos un párrafo nuevo que dice que en el marco de la actual
reforma de la PAC es necesario que se incentive a las organizaciones de
productores y a las interprofesionales así como que se potencien los
instrumentos que favorezcan una mayor concentración de la oferta mediante
el apoyo decidido al asociacionismo agrario. Creemos que no tiene sentido
elaborar estrategias o planes nacionales sin que estos estén conectados
con las cuestiones que se están abordando en el plano europeo con la
reforma de la PAC, y, además, también es un compromiso del ministro Arias
Cañete concretamente en el tema de la concentración de la oferta.

Por tanto, aunque en mi grupo tampoco hemos tenido noticias
del Grupo Parlamentario Popular sobre si van a aceptar o no nuestras
enmiendas a pesar de que personalmente había quedado emplazada con el
senador Cotillas para que a lo largo de la tarde de ayer hablásemos de
pactar con ánimo constructivo estas enmiendas, y desde luego estando de
acuerdo con el espíritu de la enmienda de CiU, esperamos al turno de
portavoces para fijar nuestra posición.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

Tiene la palabra el senador Cotillas, representante del
Grupo Parlamentario Popular, autor de la moción originaria, para
manifestar si acepta o no las enmiendas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero indicarles que el Grupo Parlamentario Popular
también ha presentado dos enmiendas a su propia moción, con lo que
entendemos que con ellas también quedarían asumidas las aportaciones de
otros grupos parlamentarios. Quiero agradecer el trabajo que han
realizado los grupos enmendantes, entiendo que con ánimo constructivo y
con el de mejorar nuestra moción. Pero también tengo que decirles que
entendemos que nuestra moción es más completa que alguna de las enmiendas
que nos proponen, aunque nosotros tampoco pretendíamos ni pretendemos con
ella acotar la actividad que el ministerio tiene que llevar a cabo en lo
que se refiere a la adopción de medidas que favorezcan ese objetivo de
conseguir eliminar las distorsiones en la elaboración de la cadena de
precios y favorecer la renta adecuada que perciben los productores
agrícolas y ganaderos por el producto de su trabajo y de su esfuerzo.

He de decirle al senador de CiU que estamos totalmente de
acuerdo en que el que soporta el peso de la cadena es el agricultor, el
ganadero, el pequeño y mediano empresario de la pequeña industria, del
mismo modo que estamos también de acuerdo en que hay que llevar adelante
lo que marca la ley contra la morosidad y que el Gobierno de España está
tomando como una de las medidas importantes en la lucha contra la crisis.
Es decir, me refiero a que se pague, a que las administraciones, por
ejemplo, paguen a tiempo a todos sus proveedores, y lo hemos visto con la
ayuda que se ha llevado a cabo en los ayuntamientos

y comunidades autónomas. Por tanto, lo que hay que hacer es
cumplir con lo que dice la ley, y damos por hecho que el Gobierno de
España va a hacer cumplir las leyes que en este momento entran en vigor.

Por lo tanto, no podemos aceptar sus enmiendas, como
tampoco las del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, pues
respecto a la primera de ellas, el propio ministro ya dijo en su
comparecencia en el Congreso y en el Senado que el Observatorio de
Precios de los Alimentos debe ser proactivo en la realización de medidas.
Esto es lo que entendemos que el ministerio va a propiciar cuando le
pedimos que potencie las actuaciones de dicho observatorio. Lógicamente,
no queremos acotar este asunto, pues podríamos referirnos a estas medidas
que ustedes proponen y a muchas otras. Por lo tanto, desde el Grupo
Parlamentario Popular animamos al Gobierno a llevar adelante estas
medidas y a que lo haga, además, en el seno de la política agrícola
común, que es donde tienen cabida muchas de esas medidas y desde donde se
han de formular todas aquellas políticas que tengan que ver con atacar
los momentos de crisis del sector producidos por los mecanismos del
mercado o por otros efectos adversos.

Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista el
trabajo realizado en sus enmiendas, pero, evidentemente —y
parafraseando a otro portavoz del grupo en la sesión de ayer
tarde—, es muy difícil que podamos aceptar unas enmiendas que se
llaman de sustitución. Nosotros defendemos nuestra propuesta y si ustedes
nos proponen sustituirla por la suya no habrá posibilidad de acuerdo
inicialmente. No dudo de la voluntad de hablar y negociar del Grupo
Parlamentario Socialista, pero, desde luego, esa actitud no queda
reflejada en la enmienda que, de entrada, se denomina de sustitución; lo
cual demuestra pocas ganas de llegar a acuerdos. Asimismo, en su enmienda
no ofrecen nada nuevo y distinto de lo presentado en nuestra moción.
Efectivamente, sabemos que el Observatorio de Precios publica los precios
en su propia página web. Por lo tanto, en cuanto a su petición de mejorar
la información del observatorio recogida en Internet, quiero señalar que
dicha información ya aparece en la web. Lo que nosotros pretendemos es
que esa publicación sea lo mejor y más amplia posible, utilizando todos
los medios para ello.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, le ruego
concluya.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Termino, señor presidente.

Por lo tanto, lamentándolo mucho, no vamos a poder aceptar
sus enmiendas aunque, como digo, les agradezco su aportación al debate y
el que estemos de acuerdo en los objetivos finales.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Mahaiburu jauna, egun on,
senatori jaun-andreok.

Señorías, ustedes presentaron la moción el día 28 de mayo y
enmendaron dos de los cuatro puntos el día 5 de junio. Sinceramente
—aunque no me tendría por qué importar—, no sé con qué
quedarme; pero considero que quita valor y distorsiona la moción el hecho
de que el mismo grupo proponente cambie dos puntos de su moción.

Señor Cotillas, en este tipo de mociones buenistas
—en las que todo nos parece bien y a las que no podemos votar que
no, porque son todas medidas lógicas—, cuando usted decía que no
aceptaba las enmiendas porque no quería acotar la actividad del
ministerio, la experiencia reciente me dice que, en cambio, se acota la
actividad de la Cámara y la de la comisión correspondiente. Una vez
aprobada esta moción —nos lo dice la experiencia reciente—,
no vamos a poder hablar tranquilamente en comisión del Observatorio de
Precios de los Alimentos, de la información y la transparencia, del plan
de apoyo al sector, del código de buenas prácticas, de la consideración
de posición de dominio del sector en el mercado —algo muy
importante—, de las medidas de lucha contra la morosidad y, sobre
todo y muy relevante también —algo que no recoge esta moción y que
a nosotros nos preocupa aun más después de la pregunta y la respuesta que
dio ayer el presidente del Gobierno—, no se habla ni de respeto en
la coordinación ni del acuerdo con las comunidades autónomas.

Entonces no le vamos a restar al Gobierno posibilidades de
trabajar; nos la estamos restando a nosotros mismos porque, una vez
apoyada esta moción, ya no podemos discutir de esto en comisión. Y creo
que aquí hay muchas cosas que discutir. Y hay muchas buenas intenciones
—no tengo ninguna duda— en cuanto a su moción. Pero si
hablamos de precios, y estamos hablando de hacerlos públicos,

discutamos en comisión, por ejemplo, si podemos ponerlos en
las etiquetas, que sería lo más efectivo —si tenemos valor para
hacerlo—, pero discutámoslo. Pero, señor Cotillas, una vez aprobada
esta moción, la experiencia nos dice que no la vamos a llevar a la
comisión.

Por lo tanto, nosotros no podemos más que abstenernos, no
porque estemos en contra, sino porque queremos estar más de acuerdo; y
eso es de lo que se nos va a privar si hoy aprobamos la moción tal y como
la presenta el Partido Popular sin haber aceptado ninguna de las
enmiendas.

Lo dicho, señor Cotillas, nosotros estamos dispuestos a
trabajar en comisión en todos los puntos que haya que sea necesario;
estamos dispuestos a hacer aportaciones, no estamos para hacer oposición
ni para meter el dedo en el ojo al Gobierno; lo que tampoco vamos a hacer
es intentar presentar aportaciones continuamente y que después, cuando
las hacemos, se nos diga que eso ya lo aprobamos antes y ahora no vale.
Ese no es un juego en el que queramos entrar.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señoría.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president. Senyores i
senyors senadors, per establir la nostra posició diria que, com el
senador que m’ha precedit en la paraula, sento una certa
perplexitat perquè d’una banda hem vist una moció autoesmenanda
—és a dir, una moció que, des de l’evidència que el propi
grup proponent l’ha esmenada, fa palesa que es pot millorar—,
però el conjunt de les esmenes plantejades per obrir un debat que no ha
estat possible ens fa dubtar del sentit final d’aquesta moció.

A nosaltres ens preocupa aquesta actitud perquè, certament,
un dels principals problemes del món de l’agricultura en aquests
propers anys serà precisament la volatilitat dels preus i no només per
qüestions vinculades als nostres mercats interiors o a la pròpia dinàmica
que té uns problemes molt concrets i precisos que també hem abordat en
algun altre debat, sinó també pel context internacional. Entre
d’altres, també té molt a veure amb el canvi d’hàbits
alimentaris de molts països emergents que estan canviant la seva
alimentació i, per tant, estan canviant de manera permanent la
configuració del mercat.

Deixi’m que els faci algun comentari respecte a les
xifres, perquè crec que és important entendre de què estem parlant en
aquest moment quan parlem de la volatilitat dels preus i quan parlem del
que en els propers anys serà l’activitat i la producció
agrícola.

Mirin, les previsions són que per a l’any 2050 la
població mundial hagi augmentat al voltant dels 9000 milions de persones
i, per tant, per alimentar aquesta població necessitarem augmentar les
nostres produccions agrícoles al voltant del 70 %. És a dir, que
necessitarem millorar la nostra productivitat, el context actual de la
nostra agricultura i hem de fer front a uns reptes essencials que,
d’alguna manera, ens empenyen a un consens necessari en
l’àmbit de les polítiques agrícoles no només en el context polític
sinó també en el dels actors, dels sindicats agraris i de les empreses
que estan manufacturant.

Per tant, a nosaltres ens sorprèn que des d’aquesta
perspectiva —que és complexa— el Govern, sistemàticament, ens
digui que no hi ha acord i que no hi ha possibilitat d’esmena.
Fixin-se que ara fa poques setmanes vam tenir l’oportunitat de
discutir sobre la PAC i que no se’ns va acceptar absolutament cap
esmena. Avui tenim una altra moció sobre agricultura, i tampoc no
s’accepta cap esmena, la qual cosa mostra una nul·la voluntat de
diàleg, de discussió o d’acceptació de cap dels plantejaments que
estem fent aquells que també representem i que veiem molt de prop les
situacions i els problemes que en aquests moments pateix el nostre sector
agrari.

Per tant, crec, amb tot honestedat, senyors del PP, que
s’equivoquen. És cert que les majories polítiques són suficients
per governar, i potser sí que vostès poden prescindir en aquesta ocasió
del fet que nosaltres votem a favor de les seves mocions. Però, mirin,
les majories polítiques no són suficients per construir majories socials,
i tanmateix són les majories socials les que tenen capacitat de canviar
les coses i de fer avançar el país i, especialment, el sector agrari cap
a noves situacions en les quals puguem transformar una realitat actual
que no és bona. I vostè mateix ho ha dit, senyor Cotillas, quan parla
d’aquest 24 % per cent de caiguda de les rendes agràries. Però
podríem seguir parlant de xifres i veuríem que en aquest moment el nostre
país tampoc està ben situat des del punt de vista de les exportacions i
que en aquest sentit seguim perdent competitivitat i que, excepte el vi,
l’oli i les hortalisses, en aquest moment hem perdut capacitat
exportadora d’altres àmbits agrícoles i, per tant, la reculada és
evident.

Per tant, dialoguin. Crec que estan en l’obligació de
dialogar, que estan en l’obligació d’escoltar, i no només als
grups que representem avui i aquí altres sensibilitats polítiques, perquè
el gran problema en aquest moment, insisteixo, senador Cotilles i
senadors del Grup Popular, no és només que vostès no

vulguin dialogar a la Cambra, no és només que vostès no
acceptin les propostes i no acceptin les esmenes del Grup Socialista, de
Convergència i Unió o de l’Entesa; el problema és que no dialoguen
aquí, tampoc no dialoguen fora. I aquest problema que en aquests moments
està plantejat en aquesta moció, és un problema que cal abordar des del
diàleg i els hi hem dit a les esmenes. El codi de bones pràctiques és una
forma de diàleg entre les administracions, el sector i els agricultors.
Per tant, a nosaltres ens sembla imprescindible que vostès canviïn la
seva actitud.

Ho hem viscut fa poc, respecte d’aquest document que
havíem d’acordar en relació a la PAC. Nosaltres fem l’esforç,
votem a favor en aquesta Cambra d’una posició comuna, en aquest cas
per la PAC, perquè no hi estem en desacord tot i que tampoc no hi estem
d’acord i, per tant, volem millorar aquest document. I quan arriba
la possibilitat d’establir el diàleg vostès ens diuen que no cal
perquè ja tenen el vot favorable del conjunt de la Cambra i, per tant, ja
no és necessària ni la discussió ni el debat respecte a quin ha de ser el
posicionament del nostre país respecte a la política agrària. I vostès
saben que en el debat de la PAC ens ho juguem tot, perquè s’hi
determinarà el futur de l’agricultura europea però, molt
especialment de l’agricultura mediterrània, i el consens és
necessari. Cal que en aquest moment el Parlament Europeu pugui modificar
la proposta de la Comissió perquè la proposta de la Comissió és molt
negativa per al conjunt de l’agricultura mediterrània.

Per tant, des d’aquesta perspectiva, nosaltres els
hem de demanar que dialoguin. Els hem de demanar que estiguin en posició
d’acordar i que, tots plegats, el conjunt de les forces polítiques
que estan representades en aquesta Cambra puguem fer un treball unitari
en favor de l’agricultura del nostre país perquè, efectivament, com
tots hem remarcat, aquesta situació és crítica i els nostres agricultors
estan perdent renda. Hem perdut el 20 % de les nostres explotacions.
Tenim una situació i unes capacitats de generar comerç de proximitat que,
si les comparem amb França, són pràcticament ridícules. El propi ponent
ha parlat també de la disseminació del sector cooperatiu en el nostre
país i, per tant, és evident que necessitem reaccionar, que necessitem
fer accions en positiu, i les nostres aportacions ho eren.

Per tant, senyors i senyores senadors del Grup Popular,
crec que vostès han de fer un exercici de reflexió per plantejar un canvi
d’actitud i que vostès puguin rectificar i dialogar perquè, sinó,
els asseguro que això serà molt complicat per a tots i en especial per al
propi sector agrari.

Crec que han de modificar la seva actitud, crec que han de
buscar l’acord en aquesta Cambra per tenir també després un acord
ampli, l’acord d’una gran base social amb els sindicats
agraris i amb el conjunt del sector de les empreses agroalimentàries.

Vull acabar la meva intervenció manifestant tot el respecte
pel treball que s’ha fet i des de l’absoluta humilitat, però
vull dir-los que crec que a la seva actitud hi ha supèrbia. Algú va dir
que la supèrbia no és grandesa sinó que és —i ho dic en castellà
perquè s’entengui bé— «la soberbia es hinchazón. Y lo que
está hinchado parece grande pero no está sano.»

Senyores i senyors del Grup Popular, crec que en aquest
àmbit concret de l’agricultura avui no tenim un debat saludable. El
debat saludable és aquell que té voluntat de diàleg i a més demostra la
grandesa de la política, que és precisament pactar malgrat el
desacord.

Per tant, en aquesta qüestió crec que han de rectificar.
Rectifiquin perquè poden fer-ho, i acceptin el debat i alguna de les
esmenes que s’han plantejat perquè tenen tot el sentit i tota la
raó.

Gràcies, senyors i senyores senadors. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente. Señoras y señores senadores, voy
a fijar nuestra posición. Como el senador que me ha precedido en el uso
de la palabra, también siento una cierta perplejidad puesto que, por un
lado, hemos visto una moción autoenmendada —es decir, una moción
que, desde la evidencia de que el propio grupo proponente la ha
enmendado, muestra que se podía mejorar—, pero el conjunto de las
enmiendas planteadas para abrir un debate, que no ha sido posible, nos
hace dudar del sentido final de esta moción.

Por consiguiente, a nosotros esta actitud nos preocupa,
puesto que es cierto que, en la actualidad, uno de los problemas
principales a los que se enfrenta el mundo de la agricultura en los
próximos años es precisamente la volatilidad de los precios, y no solo
por cuestiones vinculadas a nuestro mercado interior o a la dinámica
misma, que tiene unos problemas concretos y precisos que hemos abordado
en algún otro debate, sino por un contexto internacional que nos llevará
a ello y, entre otras cosas, tiene mucho que ver con el cambio de hábitos
alimenticios de muchos países emergentes, que están cambiando su
alimentación y que, por consiguiente, cambian permanentemente la
configuración del mercado.

Permítanme que haga un comentario sobre las cifras, puesto
que me parece importante saber de qué hablamos en la actualidad cuando
mencionamos la volatilidad de los precios y de lo que va a ser en los
años venideros la actividad y la producción agrícola.

Señorías, las previsiones son que para el año 2050 la
población mundial haya aumentado en torno a los 9 000 millones de
personas y, por tanto, para alimentar a esta población necesitaremos
aumentar nuestras producciones agrícolas en un 70 %. Esto significa que
necesitaremos mejorar la productividad, mejorar el contexto en el que en
la actualidad se mueve nuestra agricultura, y tenemos ante nosotros unos
desafíos fundamentales, claves que, en cierto modo, nos empuja a un
consenso en el ámbito de las políticas agroalimentarias, ya no solo en el
contexto político sino también en el de los actores, los sindicatos
agrarios y las empresas manufactureras.

A nosotros nos sorprende, pues, que, desde esta perspectiva
—que es una perspectiva compleja— el Gobierno,
sistemáticamente, nos diga que no hay acuerdo y que, además, no hay
posibilidad de enmienda. Fíjense ustedes que hace pocas semanas tuvimos
la ocasión de debatir en torno a la PAC y no se aceptó ni una enmienda.
Hoy tenemos otra moción sobre agricultura, y tampoco se ha aceptado
ninguna enmienda, con lo que hay una nula voluntad de diálogo, de
discusión o de aceptación de cualquiera de los planteamientos que estamos
haciendo los que también representamos a la gente y que igualmente
estamos muy cerca de las situaciones y de los problemas que sufre nuestro
sector agrario.

Por lo tanto, con toda honestidad, señores del Grupo
Popular, creo que ustedes se equivocan. Es verdad que las mayorías
políticas son suficientes para gobernar y que en esta ocasión pueden
prescindir de que votemos a favor de sus mociones. Tal vez sea así pero,
señorías, las mayorías políticas no son suficientes para construir
mayorías sociales, y, sin embargo, son estas las que tienen la capacidad
de cambiar las cosas y hacer avanzar al país, muy especialmente al sector
agrario hacia nuevas situaciones en las que podamos transformar la
realidad actual, que no es buena. Y usted lo ha señalado perfectamente,
señor Cotillas, cuando se refería al 24 % de caída de las rentas
agrarias. Y podríamos seguir hablando de cifras y veríamos entonces que
en la actualidad nuestro país no está bien situado tampoco respecto de
las exportaciones, por lo que estamos perdiendo competitividad. Excepto
en el vino, el aceite y las hortalizas, hoy día estamos perdiendo
capacidad exportadora en distintos ámbitos agrícolas. Por consiguiente,
el retroceso es evidente.

Creo que ustedes están en la obligación de dialogar, de
escuchar no solo a los grupos que representamos a otras sensibilidades
políticas, porque el gran problema en este momento, senador Cotillas,
senadores del Grupo Popular, no es solo que ustedes no quieran dialogar
con la Cámara, no es solo que ustedes no acepten las propuestas y las
enmiendas del Grupo Socialista, Convergència i Unió o Entesa; el problema
es que, si no dialogan aquí, tampoco lo hacen fuera. Y el problema que se
plantea en esta moción debe abordarse desde el diálogo. Y ya lo he hemos
dicho antes, el código de buenas prácticas es una forma de diálogo entre
las administraciones, el sector y los agricultores. Por consiguiente, nos
parece indispensable que ustedes cambien su actitud.

Lo vivimos recientemente en relación con el documento que
debíamos acordar respecto a la PAC. Hicimos un esfuerzo, votamos en esta
Cámara a favor de una posición común, en este caso de la PAC, puesto que,
en efecto, no estamos en desacuerdo aunque tampoco absolutamente de
acuerdo y queríamos mejorar el documento, y, sin embargo, cuando llega la
posibilidad de establecer diálogo, ustedes nos dicen que no hace falta
puesto que ya cuentan con el voto favorable del conjunto de la Cámara y,
por lo tanto, no hace falta el debate respecto a cuál debe ser el
posicionamiento de nuestro país en cuanto a la política agraria. Y saben
ustedes que en el debate de la PAC nos lo jugamos todo porque se
determinará el futuro de la agricultura europea, pero muy especialmente
de la agricultura mediterránea. Y el consenso es necesario, es necesario
que el Parlamento Europeo pueda modificar la propuesta de la Comisión,
puesto que esta propuesta es muy negativa para el conjunto de la
agricultura mediterránea.

Desde este punto de vista, debemos hacer un llamamiento al
diálogo y pedirles que estén dispuesto a acordar, para que todas las
fuerzas políticas aquí representadas podamos realizar un trabajo unitario
en favor de la agricultura de nuestro país. Sabemos que la situación es
crítica y que nuestros agricultores están perdiendo renta. Hemos perdido
el 20 % de nuestras explotaciones y, si la comparamos con Francia, por
ejemplo, nuestra capacidad de generar un comercio de proximidad es
prácticamente ridícula. De hecho, su señoría se ha referido a la
diseminación del sector cooperativo en nuestro país. Por todo ello, es
evidente que necesitamos reaccionar y llevar a cabo acciones que resulten
positivas. Y nuestras aportaciones —insisto— eran
positivas.

Señoras y señores del Grupo Popular, creo que ustedes deben
realizar un ejercicio de reflexión para plantear un cambio de actitud,
deben poder rectificar y dialogar, ya que, de lo contrario, será muy
complicado para todos, pero, en especial, para el propio sector
agrario.

Insisto, creo que deben modificar su actitud, deben buscar
el acuerdo y deben hacerlo en esta Cámara para que ese acuerdo cuente con
una sólida base social, con los sindicatos agrarios y con el conjunto del
sector y de las empresas agroalimentarias.

Quisiera concluir mi intervención expresando todo mi
respeto al trabajo realizado, desde la absoluta humildad. Sin embargo, sí
he de decir que en su actitud hay soberbia ―repito, en su actitud
hay soberbia― y hay quien dijo que la soberbia no es grandeza sino
que es ―y lo digo en castellano para que se entienda bien―
hinchazón, y lo que está hinchado parece grande pero no es sano.

Señoras y señores del Partido Popular, creo que en el
ámbito de la agricultura no tenemos un debate saludable porque un debate
saludable es tener voluntad de diálogo y, además, demuestra la grandeza
de la política, que es precisamente pactar a pesar del desacuerdo.

Por ello, creo que deben rectificar. Rectifiquen ustedes
porque pueden hacerlo. Acepten el debate y también alguna de las
enmiendas planteadas porque tienen todo el sentido y toda la razón.

Gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, senyor vicepresident.

Senador Cotillas, em pot donar la raó de paraula, però la
millor raó que em donaria seria acceptar-me alguna de les esmenes.

Pot quedar molt bé, de cara al públic, però crec que
l’acceptació de l’esmena no perquè l’hagi feta jo, com
a representant d’un grup polític i sobretot amb el que estem
parlant del compliment de la Llei de morositat, tot i que vostè ha dit
que és una qüestió de llei, el fet és que no es compleix. I per tant, una
de les mesures totalment necessàries d’aplicació seria el
compliment estricte d’aquesta normativa. Perquè aquesta relaxació
en els períodes de cobrament i pagament és el que, tal i com li he dit
abans, pot arribar a ofegar el sector agrícola, ramader, i el sector
agroindustrial.

Per tant, aquest element essencial de cobrament i pagament
a l’hora, quan toca, quan estableix la llei, a més a més
d’acceptar-ho, i de respondre i de tenir-ho damunt de la taula per
la seva part, de forma verbal, s’hagués pogut manifestar i
concretar en l’acceptació d’aquesta esmena que al cap i a la
fi, —com molt bé vostè ha dit— era complir la llei.

Feta aquesta introducció, que crec que és essencial, a més
a més de les funcions que pot tenir l’Observatori, i en la línia
que ha dit el senador Boya, un element bo de col·laboració entre
diferents governs va ser que amb Govern del tripartit es va elaborar un
Codi de Bones Pràctiques Comercials en la cadena alimentària de
Catalunya, i l’actual Govern, en aquest cas de Convergència i Unió,
està posant-lo en funcionament. I és una bona pràctica a més a més del
Codi de Bones Pràctiques en si, perquè li explicitaré quines
organitzacions l’han signat, miri: l’Asociación de Cadenas
Españolas de Supermercados, l’Asociación Española de
Distribuïdores, Autoservicios y Supermercados, l’Asociación
Nacional de Grandes Empresas de Distribución, el Consell de les Empreses
de Distribució i Autoservei de Catalunya, Mercados de Abastecimientos de
Barcelona, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, el Foro
Interagroalimentario, l’Associació Gremial d’Empresaris
Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i Província, Unió de
Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, i la Confederació de
Comerç.

L’exposició i l’explicació de totes aquestes
organitzacions en el fons el que li estan dient és «escolti, parlin amb
el sector; posi’s en contacte, valori-ho, parli-ho amb el sector i
a més a més sigui capaç d’acceptar alguna de les esmenes dels
diferents grups polítics que conformem l’espai parlamentari». I
això seria un element molt bo per donar una imatge de coherència, una
imatge de cohesió i una imatge que tots estem treballant en una mateixa
línia, que és mantenir uns mínims en un sector tan castigat però que
d’una forma doncs de resistència està contribuint tant, com molt bé
ha dit vostè, a la balança comercial i a l’economia d’aquest
país, aportant una riquesa, aportant una exportació que ens ajuda a
equilibrar la balança comercial i oferint uns llocs de treball que en
aquests moments crec que són importantíssims.

Fetes aquestes introduccions també li voldria fer i posar
en esment i damunt de la taula elements i pràctiques que són mínimament
contraproduents, com és la utilització de productes agroindustrials com a
esquer per vendre productes dins de les grans distribuïdores i dins de
les grans superfícies comercials. I aquesta sí que és una de les tasques
essencials: no pot ser que s’ofereixi cinc litres d’oli
d’oliva per sota

del seu preu de producció perquè aquí hi ha alguna cosa que
va malament. I això ho lligo amb el que parlàvem de la simetria del
mercat. La forta atomització del món agroindustrial fa que aquest
oligopoli de cinc o sis empreses grans distribuïdores siguin capaces de
tenir un poder de negociació que al cap i a la fi, i com molt bé ha dit
el senador del PNB, seria molt bo que dins de les etiquetes es digués
quin preu s’ha pagat al productor i quin preu arriba al client
final. Perquè l’estabilització dels preus al client final no té res
a veure amb el que al cap i a la fi acaben rebent després de passar el
període i no complir la Llei de morositat, en aquest cas, i de pagaments,
el que reben els agricultors i ramaders. Per tant, consens, unitat i
treballar tots en favor del món agroindustrial.

I fent esment a tot el que han dit la resta de senadors i
tots els que m’han precedit, li demano, i li demano gairebé com una
súplica, que hi hagi aquesta voluntat de col·laboració. Vostès tenen una
situació, en aquests moments, de majoria, però sí que el que han de fer
és escoltar. Han d’escoltar, han de ser proactius, i han de saber
que hi ha segons quins grups polítics que representem altres formes de
veure l’agricultura. Vostès, quan parlen també d’estratègia
nacional per a la prevenció i gestió de crisi en el sector agrari, sé que
n’és molt conscient que hi ha unes diversitats de producció, i
d’agricultura i de ramaderia, que no té res a veure dins de
l’Estat espanyol. Hi ha unes competències exclusives de les
comunitats autònomes. Per tant, el que li demanaria és això: dins
d’aquesta estratègia, que tingui en compte que aquesta estratègia
ha d’estar en consonància amb el que fixen i amb les competències
que tenen les comunitats autònomes. Perquè si no sempre hi ha la
possibilitat que, ja que ens trobem en una situació de crisi, una
situació extraordinària, una situació en la qual ens obliga a fer una
actuació determinada, que hi hagi la intenció no des d’un punt de
vista explícit, però sí de laminar certes competències que els
corresponen a les comunitats autònomes. I segur, vull entendre i vull
creure, que des del Govern de l’Estat espanyol, el primer que volen
fer és respectar la llei i respectar les competències que tenim
atribuïdes les comunitats autònomes en totes aquestes matèries.

Per tant, li demano, senador Cotillas, li demano si us plau
que tinguem la possibilitat d’arribar a pactes essencials com bé ha
dit el senador, en polítiques que ens poden afectar de forma molt directa
a la supervivència del món agroindustrial, amb la nova PAC, amb
l’Observatori de Preus, amb el manteniment de les competències
exclusives de les comunitats autònomes i podent arribar a una situació
d’equilibri per part de tots els actors i tots els grups
d’interès que estan implicats en aquest sector.

Moltes gràcies per tot i li avanço que nosaltres ja, tot i
que m’ha donat la raó però no ha volgut acceptar part de les meves
esmenes, no podem votar a favor.

Gràcies.

Gracias, señor vicepresidente.

Senador Cotillas, me puede dar la razón de palabra, pero la
mejor razón que me podría dar sería aceptar alguna de las enmiendas de mi
grupo parlamentario.

Puede usted quedar muy bien de cara a la galería, pero creo
que sería interesante la aceptación de la enmienda, y no porque la haya
defendido yo, como representante de un grupo político, sino porque tiene
relación con el cumplimiento de la Ley de morosidad, que si bien usted ha
dicho que es una cuestión de ley, lo cierto es que no se cumple. Por lo
tanto, una de las medidas absolutamente necesarias sería el cumplimiento
estricto de esta normativa porque esta relajación con los períodos de
cobro y de pago es, tal y como le decía antes, lo que puede llegar a
ahogar al sector agrícola, ganadero e industrial.

Por lo tanto, este elemento básico de cobro y de pago, tal
y como lo contempla la ley, además de aceptarlo y de tener algo sobre la
mesa, también se podría concretar de forma verbal con la aceptación de
esta enmienda puesto que, al fin y al cabo ―como usted ha
dicho―, no significa nada más que cumplir la ley.

Una vez hecha esta introducción, que es básica, y además de
las funciones que pueda tener el observatorio, y en la línea de lo que
apuntaba el senador Boya, he de señalar que un elemento bueno de
colaboración entre distintos Gobiernos fue la elaboración, en el período
del Gobierno del tripartito, de un código de buenas prácticas comerciales
dentro de la cadena alimentaria de Cataluña. El actual Gobierno, en este
caso de Convergència i Unió, lo está poniendo en funcionamiento, y es una
buena práctica además del código de buenas prácticas en sí, que han
firmado la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, la cadena de
autoservicios y supermercados, la Asociación de Grandes Empresas de
Distribución, el consejo de empresas de distribución del Servicio de
Cataluña, Mercados de Abastecimientos de Barcelona, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa de Cataluña, el Foro Interagroalimentario, la asociación
intergremial de mayoristas de frutas y verduras, la Unión de Payeses y la
confederación de comercio, entre otros.

La mención de todas estas organizaciones y esta firma lo
que está diciendo, en definitiva, es: hablen con el sector, pónganse en
contacto y, además, sean ustedes capaces de aceptar algunas de las
enmiendas de los distintos grupos políticos que conformamos el arco
parlamentario. Este sería un elemento sumamente positivo para dar una
imagen de coherencia, de cohesión y de que todos vamos a una, en la misma
línea, intentando mantener unos mínimos en un sector tan castigado. Esta
forma de resistencia está contribuyendo, como usted ha apuntado, tanto a
la balanza comercial como a la economía de este país, aportando riqueza,
favoreciendo una exportación que nos ayuda a equilibrar esa balanza
comercial y ofertando unos puestos de trabajo que ahora mismo me parecen
de suma importancia.

Dicho esto, también quisiera poner sobre la mesa algunos
elementos y prácticas que son mínimamente contraproducentes. A saber, la
utilización de productos agroindustriales como cebo en las grandes
superficies comerciales. Precisamente esta es una tarea esencial, no
puede ser que se ofrezcan cinco litro de aceite de oliva por debajo de su
precio de producción, porque entonces aquí hay algo que va mal, y enlazo
con lo que decíamos antes de la simetría del mercado. La gran atomización
del mundo agroindustrial hace que este oligopolio de cinco o seis grandes
empresas distribuidoras tenga un gran poder de negociación. Como bien
apuntaba el senador del Grupo Parlamentario Vasco estaría muy bien que en
las etiquetas se indicara qué precio se ha pagado al productor y qué
precio llega al cliente final, porque la estabilización del precio para
el cliente final no tiene nada que ver con el que, al fin y al cabo,
acaban recibiendo después de pasado este tiempo, de no cumplir la Ley de
morosidad en este caso y de pagar menos de lo que reciben estos
agricultores y ganaderos. Por lo tanto consenso, unidad y trabajar todos
a una a favor del mundo agroindustrial.

Aludiendo a lo que han dicho los otros senadores le pido,
le ruego de hecho, que exista esta voluntad de colaboración. Ustedes
tienen en la actualidad la mayoría, pero tiene que escuchar, tienen que
ser proactivos y tienen que saber que hay grupos políticos que
representamos otras maneras de ver la agricultura. Cuando ustedes hablan
de estrategia nacional para la prevención y gestión de crisis en el
sector agrario yo sé que usted es muy consciente de que existen unas
diferencias grandes de producción, de agricultura y de ganadería que no
tienen nada que ver dentro del Estado español. Hay unas competencias
exclusivas en las comunidades autónomas, así que yo le pediría
precisamente esto, que dentro de esta estrategia tenga en cuenta que esta
debe ir en consonancia con las competencias de las comunidades autónomas,
puesto que de lo contrario existe la posibilidad de que, habida cuenta de
que estamos en una situación de crisis extraordinaria que nos obliga a
realizar una determinada actuación, haya una intención, que tal vez no
sea explícita, pero sí de laminar ciertas competencias que corresponden a
las comunidades autónomas. Yo quiero entender y creer que el Gobierno del
Estado español lo primero que quiere hacer es respetar la ley y las
competencias atribuidas a las comunidades autónomas en todas estas
materias. Por todo ello, senador Cotillas, le ruego, por favor, que
lleguemos a pactos esenciales, como bien ha dicho el senador, en
políticas que pueden afectar de una manera muy directa a la supervivencia
del sector agroindustrial con la nueva PAC, con el Observatorio de
Precios, con el mantenimiento de las competencias exclusivas de las
comunidades autónomas y con el hecho de poder llegar a una situación de
equilibrio por parte de todos los actores y los grupos de interés
implicados en este sector.

Muchas gracias por todo. Y le adelanto ya de entrada que, a
pesar de que usted me ha dado la razón, si bien no ha querido aceptar
parte de mis enmiendas, no podemos votar a favor.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Cruz.

La señora CRUZ SALCEDO: Gracias, señor presidente.

Señor Cotillas, señores senadores del Grupo Popular, esta
moción, aun con la importancia que tiene en el fondo, en la forma es una
moción de corta y pega. Es una moción que el Grupo Parlamentario Popular
ya presentó ante este Pleno en mayo de 2008, y que solo recibió los votos
favorables del Grupo Popular porque tampoco se aceptaron las enmiendas.
Cogen ese texto, nos lo vuelven a presentar cuatro años después,
incorporando a medias propuestas electorales del PP de las últimas
elecciones generales y obviando algunos compromisos efectuados en sede
parlamentaria por el ministro Arias Cañete. Pero es que, además, en el
último minuto del plazo el Grupo Parlamentario Popular se presenta a sí
mismo —ya lo han dicho mis compañeros senadores— una
autoenmienda sobre la mitad de su propia moción, puesto que las enmiendas
afectan a 2 de los 4 puntos. Es un hecho, a mi parecer, bien insólito,
por lo que de autorrectificación supone. Y sin embargo, no se aceptan
ninguna de las cuatro enmiendas que hacen,

señorías, una aportación en catorce puntos concretos. Y
señor Cotillas, si no le gustan mis enmiendas porque son de sustitución
—por cierto, solo una es de sustitución—, imagínese cómo
queda usted que se sustituye a sí mismo. (Aplausos.)

Así queda, por lo tanto, una moción muy generalista, sin
imposición de plazos, recogiendo propuestas que ya son normas en algunos
casos, sin mencionar cómo se van a salvaguardar las competencias de las
comunidades autónomas, y sin obligarse a tener en cuenta la opinión de
los representantes del sector. Se habla, además, de medidas con un coste
presupuestario que han de desarrollarse en el marco de un ministerio que,
a pesar de haber recuperado el nombre de Agricultura, va a ver reducido
su presupuesto en 2012 en un 31,2 %, el doble de la media del resto de
los demás departamentos. Y además, no se ha tenido en cuenta para nada
una ponencia que se constituyó en el Pleno del 1 de diciembre de 2009
—es verdad que a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, pero
que luego fue aprobada por unanimidad del resto de los grupos—,
para el estudio sobre la cadena de formación de precios, que estuvo
desarrollando sus trabajos desde finales de 2009 hasta junio de 2011.

Yo creo, señor Cotillas, que después de esta última semana
negra que hemos tenido en la economía y en el empleo en España, con la
bolsa y el Ibex 35 en mínimos históricos, con niveles de abril de 2003,
con la prima de riesgo en su peor semana desde la entrada de España en el
euro, le debemos al sector agrario aprobar una moción que no sea tan
tibia, tan generalista y tan poco concreta, sino que sea valiente con los
acuerdos, con los compromisos y, sobre todo, con los plazos.

En primer lugar quería poner en valor —ya lo he hecho
en mi primera intervención— el Observatorio de Precios. Este órgano
colegiado que tiene funciones de consulta y de asesoramiento, trabajó muy
bien en la pasada legislatura. Hasta el 2011 el observatorio difundió sus
trabajos en 50 jornadas, firmó 20 convenios con asociaciones
representativas de la cadena alimentaria, y mantuvo al menos contacto con
más de 15 organismos internacionales. En 2008 el observatorio se
convirtió en pionero en el estudio y análisis de los asuntos que afectan
al mundo agrario. En la memoria 2008-2011 el observatorio, que ya había
potenciado sus funciones, concluye que el éxito se basa en su objetivo de
alentar el espíritu de diálogo y encuentro con lo agentes de la cadena
alimentaria, y se convierte en esa fecha en un referente nacional.

El Grupo Parlamentario Popular dice que las funciones del
observatorio se deben dotar con medios adecuados. Pues, señor Cotillas,
en el 2011 el observatorio, que estaba adscrito entonces a la Dirección
General de Industria y Mercados Alimentarios, tenía una partida de 64,6
millones de euros. En el 2012 el observatorio, ahora adscrito a otra
dirección general, la de Industria Agroalimentaria, tiene una partida
dotada con 50,9 millones de euros. Es decir, 15 millones de euros menos,
a pesar de que hay un acuerdo del pleno del observatorio de diciembre de
2011 en el que se comprometen a mantener la asignación presupuestaria y,
por lo tanto, los recursos humanos necesarios para asegurar su
funcionamiento.

En esta labor de potenciar el observatorio nacional hay que
tener en cuenta también que hay comunidades autónomas que tienen
observatorios regionales. Murcia, Valencia, La Rioja, Canarias y
Andalucía los tienen. Por eso es muy importante contar con el concierto
de las comunidades autónomas.

Respecto a la elaboración de una estrategia nacional para
la prevención y gestión de crisis en el sector agrario, esta estrategia
sigue siendo un corta y pega, porque forma parte de la Ponencia
Económica: Comprometidos con el Empleo, que el Partido Popular llevó a su
XVII congreso nacional en el último mes de febrero en Sevilla, aunque
aquí figura con una modificación, pues no aparece la palabra riesgos. Sin
embargo, es un compromiso del ministro Arias Cañete, que en sus
comparecencias lo vinculaba con el mundo del seguro agrario, cuestión que
no se ha tocado en esta moción y es un asunto que me desconcierta un
poco. En resumidas cuentas, esta estrategia, señores del Grupo Popular,
la llevan ustedes elaborando al menos desde noviembre o desde febrero,
cuando se comprometió el ministro. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)

En cuanto al asunto de la cadena de precios, creo que
tenemos que centrarlo. El descenso de los precios en origen es cada vez
más generalizado y acuciante. Los precios están por debajo de los costes
de producción. Esto es cierto y se ha dicho.

Sobre los márgenes comerciales hay que decir, con las
organizaciones agrarias, que existen numerosos problemas en la cadena de
distribución agroalimentaria que están afectando negativamente a la renta
de los agricultores, como la presión hacia abajo de los precios al
productor, el retraso de los pagos —también se ha hablado de
ello—, el exceso de importaciones, la devolución injustificada de
productos o la no remuneración de los costes de producción. Todo esto se
traduce en márgenes abusivos a lo largo de la cadena agroalimentaria que
hacen que los agricultores, ganaderos y consumidores sean los grandes
perjudicados.

Además, como también se ha apuntado, la gran distribución
alimentaria presiona a la cadena agroalimentaria imponiendo sus
condiciones e impidiendo el normal funcionamiento del mercado. Sus
demandas referentes al tipo, cantidad y características de los alimentos
que ofrecen al consumidor, por ejemplo, las exigencias de precios,
contratos o pagos —me refiero a las distribuidoras
alimentarias—, expulsan a los agricultores y sus cooperativas de
este canal de comercialización que se está convirtiendo cada vez más en
el único existente, no en vano el 82 % de las compras se realiza ya a
través de él.

Por otra parte, la variedad de preferencias y gustos entre
los consumidores, que cada vez son más exigentes en cuanto a la
trazabilidad, calidad y respeto medioambiental de los productos que
compran, tienen también influencia en la formación final de los
precios.

El punto 4 de la moción, que hace referencia al plan de
medidas de apoyo al sector agrario en general, ha sido autoenmendado por
el Grupo Popular para introducir una tibia evaluación de las actuaciones
que realice el Gobierno sin decir cuándo ni cómo se va a llevar a cabo
ese control.

Señores del Grupo Popular, señorías, la situación del
sector, según sus agentes, es calificada actualmente como muy
preocupante, gravísima e insostenible. Según el sector, se han
recrudecido las condiciones laborales del campo, poniendo en peligro el
empleo agrario. Hay falta de relevo generacional, lo que puede llevar a
la deslocalización, y con este Gobierno del Partido Popular, se reduce en
un 15 % la línea de ayudas para la promoción de actuaciones de las
mujeres rurales.

El sector agrario sufre la falta de dinero que afecta al
conjunto de la economía española. La falta de liquidez para hacer frente,
sobre todo, a los gastos corrientes de campaña. El sector está sufriendo
un endurecimiento de las condiciones para que las entidades de crédito
den préstamos para hacer frente a las inversiones no corrientes, pero sí
necesarias, para modernizar y adecuar las explotaciones. Esto está
provocando un retraso en la modernización del sector.

Esto es lo que nos dice el sector. También se quejan del
incremento del nivel de morosidad y de los impagos, así como de la
detracción del consumo en los hogares, que se está utilizando para tirar
hacia abajo los precios de los productos —tanta austeridad, tanta
austeridad…—, y la guerra comercial que está desatada en la
gran distribución que para mantener o incrementar su cuota de mercado
utilizan determinados productos alimentarios como armas arrojadizas, así,
por ejemplo, el caso del aceite de oliva o de la leche de vaca, que los
distribuidores utilizan como reclamo o gancho para captar la atención del
consumidor e incitarle a comprar esos y otros productos.

En los planes de apoyo, señor Cotillas, también debemos
hacerle caso al sector. El sector dice que hay que exigir precios justos
para los productores y regular los mercados agrarios, que se debe
garantizar que los agricultores puedan negociar precios mínimos ligados a
los costes de producción, que se debe asegurar la preferencia comunitaria
para nuestros productos, una revisión de una fiscalidad adecuada, un plan
de financiación y refinanciación del sector agrario, campañas de
promoción de los productos nacionales y un plan de apoyo a las energías
renovables que tenga una de sus bases en el sector agrario.

Conocemos un informe reciente de la Comisión Europea que
valora negativamente en este sentido que el Gobierno haya suspendido las
ayudas a las renovables.

En resumen, señor Cotillas, por utilizar una expresión que
me van a permitir: con esta moción, ustedes se lo guisan y ustedes se lo
comen. Se quedan solos.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista también se
va a abstener.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cruz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, otra vez, a todos.

Yo llevo poco tiempo en el Senado y, quizás, esa falta de
experiencia me lleve a entender una manera de estar y de participar que
ustedes entienden de otra forma y de la que me acusan. Les puedo asegurar
que ni en mi persona ni en el Grupo Popular hay soberbia ni la ha habido
ni la habrá, y les puedo asegurar que, al igual que el ministro y el
ministerio, todas nuestras actuaciones se basan en el diálogo permanente
con la sociedad, en el diálogo permanente con los representantes de los
sectores, en el diálogo permanente con cada vecino y con cada ciudadano
que tiene mucho que decirnos, que tiene mucho que aportarnos y por los
que en definitiva estamos aquí todos trabajando. Esa es la manera de
actuar de este grupo: diálogo, transparencia, también marcando y teniendo
claras las actuaciones que

queremos llevar adelante y también marcando y teniendo
claras cuáles son las formas, las maneras y los tiempos en los que las
llevamos adelante.

Realmente me siento muy contento de que nos acusen de
plantear mociones en este Pleno que suponen el desarrollo de nuestro
programa electoral. Evidentemente, para eso estamos, para llevar a cabo
las medidas con las que nos hemos comprometido por escrito con nuestros
vecinos, con nuestros ciudadanos, con aquellos que nos han dado la
representatividad y la capacidad de actuar que tenemos en este
momento.

Quiero indicarle al senador del Grupo Parlamentario Vasco
que la moción tiene unos objetivos muy claros que son poner encima de la
mesa qué problemas entendemos, desde el Grupo Parlamentario Popular,
tienen, en estos momentos, nuestros agricultores y ganaderos como
consecuencia de distorsiones en la elaboración de los precios, porque la
cadena alimentaria tiene distintos actores y cada uno de ellos no está
jugando con igualdad en el reparto. Intentamos, evidentemente, también
resolver los problemas que tienen nuestros agricultores y ganaderos
cuando se producen situaciones de crisis bien de mercado, de crisis bien
relacionadas con, también, los fenómenos meteorológicos adversos y de
cualquier otra entidad y de hacerlo de la manera más rápida e intentamos
ser eficaces en nuestra relación con el Gobierno para que las lleve a
cabo y las adopte.

Por lo tanto, acotamos nuestra moción, planteamos qué es lo
que queremos, planteamos al Gobierno qué es lo que tiene que hacer:
incidir en el Observatorio de Precios, en los mecanismos de ataque a las
crisis que se producen en el sector, estudiar las propias medidas ya
adoptadas por el ministro y los propios planteamientos del ministerio y,
tomar medidas en un plan que después tendrá que ser debatido y estudiado
en estas Cámaras.

Pero estamos en un momento distinto. No estamos elaborando
la ley. No estamos elaborando los mecanismos que van a dar solución a
esos problemas. Estamos dirigiendo al Gobierno una moción en la que le
decimos cuál es nuestro posicionamiento y cómo vemos nosotros esas
distorsiones que se producen en el mercado y que, por tanto, actúe para
resolverlas. Pero, repito, no estamos elaborando la ley. Cuando llegue
ese momento verán ustedes cómo dialogamos mucho; verán ustedes cómo
seremos capaces de admitir enmiendas; verán ustedes cómo seremos capaces
de llegar a acuerdos.

Y para los demás, lo mismo. Sé que están perplejos, todos
lo han dicho, porque autoenmendamos nuestra propia moción. ¡Qué cosa más
lejos de la soberbia que reconocer cuando nos equivocamos, e intentar
subsanarlo a tiempo! Hemos descubierto que nos equivocamos, reconocemos
nuestra equivocación, lo hacemos a tiempo, e introducimos dos
modificaciones, una, muy clara: la puesta en marcha de medidas de
prevención y gestión de crisis en el sector agrario, motivada
fundamentalmente por problemas de mercado que implican la utilización de
recursos económicos, es competencia de la Unión Europea, y solo podrán
ponerse en marcha medidas nacionales en el caso de que fueran
expresamente autorizadas por la Comisión Europea en el marco de las
ayudas estatales. Por eso en el punto 2, en el que hablábamos de una
estrategia nacional para la prevención y gestión del sector agrario,
planteamos defender ante la Unión Europea la adopción de mecanismos,
aprovechando que estamos en plena negociación de la PAC, mecanismos que
hagan más rápida y contundente la respuesta ante problemas como los que
hemos vivido en el pasado de crisis alimentaria, por ejemplo, la del
pepino, problemas como estamos teniendo este año con la sequía, o
problemas en el almacenamiento del aceite; problemas de tiempo, que
generan pérdidas.

Y, la segunda modificación, en la enmienda a nuestro propio
punto 4 añadimos algo que también tiene sentido común. Y digo que cuando
nos equivocamos, rectificamos, pero tiene sentido común que el Gobierno
esté actuando ya, y además rápido, de manera eficaz, hablando con las
comunidades autónomas, con los representantes del sector, y con todos y
cada uno de los actores del sector agroalimentario, y está adoptando
medidas; analicémoslas, porque efectivamente en esta Cámara se va a
aprobar un presupuesto que tiene unos mimbres y unos recursos que no
tienen otros que había en anteriores momentos.

Analicemos cómo se están desarrollando esas medidas y
adoptemos también las que se puedan adoptar, de acuerdo a los mimbres que
nos ha dejado el Gobierno socialista, que son los que son. Y aunque ahora
hablen de reducción de un 31 % del presupuesto, no intenten engañar a los
ciudadanos. Ustedes nos han dejado un 8,9 % de déficit, nos han dejado
una situación económica muy complicada y difícil, pero nuestros
agricultores y ganaderos en el presupuesto del Ministerio de Agricultura
no van a perder ni un solo euro en las políticas a ellos destinadas, las
políticas agrícolas, las políticas agrarias. Ni un solo euro, al revés,
van a encontrar el esfuerzo del Gobierno para hacer frente a los
compromisos

pasados y presentes con la aportación que a los fondos
europeos tenemos que añadir. Pero nos dejaron ustedes las cosas realmente
mal.

¿Hay voluntad de acuerdo, hay voluntad de discusión, hay
voluntad de diálogo, hay voluntad de consenso? Evidentemente. ¿Desde
nuestro planteamiento, que está recogido en nuestro programa electoral?
Evidentemente. ¿Desde nuestro planteamiento, que está defendido en las
comparecencias parlamentarias por el ministerio? Evidentemente. No vamos
a renunciar, lógicamente en la búsqueda del acuerdo y del consenso, a lo
que también son nuestros principios y nuestros compromisos con los
ciudadanos, pero cada cosa en su momento, y no confundan. Yo siento mucho
que su voto hoy vaya a ser de abstención, estando de acuerdo en el
análisis del problema, estando de acuerdo en el objetivo que hay que
resolver y estando de acuerdo en que hay que tomar medidas, y que esas
medidas van a venir después aquí y vamos a poder hablar de ellas, vamos a
poder dialogar, vamos a poder confrontarlas y vamos a poder plantear
otras distintas; es decir, en este momento no es esa la situación, en
este momento instamos al Gobierno a que haga posible que dialoguemos, que
debatamos, que discutamos sobre medidas de apoyo a nuestros agricultores
y ganaderos a través de la normativa y a través de la generación de leyes
que se debatan en esta Cámara. Pero, señorías, yo sé que ustedes hacen
referencia también con su abstención a un acuerdo de la PAC de hace tres
meses, y toman como excusa la anécdota de la reunión de ayer para
confundir una vez más los procesos y los tiempos. Es su responsabilidad,
y no hay más que decir.

Señora representante del Partido Socialista, me he leído su
enmienda, como todas las demás, y pone claramente enmienda de
sustitución; no dice que sea al primer punto, sino que pone enmienda de
sustitución y, después, punto 1, 2, 3, 4 y 5. Es una enmienda de
sustitución toda ella, y así la hemos tomado. Por tanto, no puedo
aceptar, entiéndalo, que sustituya la propuesta de mi grupo por una
propuesta como la suya…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor COTILLAS LÓPEZ: … que entendemos, y acabo,
señor presidente, que es peor.

El ministro de Agricultura lo ha expresado claramente en
esta Cámara. Hay un conocimiento exacto de los problemas, hay una
voluntad clara de resolverlos, hay una hoja de ruta para llevarlo a cabo
y dentro de muy poco vamos a tener, seguro, una ley que garantice que la
cadena alimentaria funcione mejor.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cotillas.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular
tal y como ha sido presentada, al no haber sido aceptada ninguna de las
enmiendas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 245; a favor, 156; en contra, 1; abstenciones, 88.

El señor PRESIDENTE: Queda, por lo tanto, aprobada la
moción.

8.2. MOCIÓN SOBRE LAS PREVISIONES PARA LA REVISIÓN DEL
SISTEMA DE TASAS JUDICIALES EN SEGUNDA INSTANCIA.

(Núm. exp. 662/000026)

AUTOR: GPS

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones para la revisión
del sistema de tasas judiciales en segunda instancia. (Rumores.)

A esta moción no se han presentado enmiendas.
(Rumores.)

Silencio, señorías. Silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera por
tiempo de quince minutos.

El señor DÍAZ TEJERA: Con su venia, señor presidente.
(Rumores.)

Buenos días, señoras y señores senadores. La moción que
presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista podría formar parte de lo
que calificaríamos como mociones de tipo preventivo. (Rumores.) Hay otros
supuestos de guerras preventivas de tan infaustos recuerdos…
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor DÍAZ TEJERA: Pues bien, en este caso, la moción es
de tipo preventivo. ¿Por qué razón? Porque ha habido un anuncio del
Consejo de Ministros y tomas de posición por parte del ministro de
Justicia en torno a lo que se pretende hacer con la reforma del artículo
35 de la Ley de 2002.

¿Qué se quiere hacer con esta reforma? ¿Qué se quiere hacer
con las tasas judiciales? Primero, eliminar la exención de que las
personas físicas están liberadas de tales tasas. Por lo tanto, a partir
de la entrada en vigor de ese texto, cuando lo aprueben las Cámaras, esas
personas físicas estarían obligadas a pagar las tasas y hasta ahora solo
estaban obligadas las personas jurídicas. Segundo, no solo se pretende
mantener en el ámbito civil y contencioso subiendo de 50 euros a 800
euros, lo que supone un incremento de un 160 %, sino extenderlo al ámbito
de la jurisdicción social, planteando 500 euros para acceder al recurso
de suplicación y 750 euros para el de casación.

Nosotros entendemos que esto es una barbaridad, que la
justicia ha de entenderse como un valor superior. «España se constituye
en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político», artículo 1.1 de la Constitución. O
también se puede hablar de la justicia como un derecho fundamental y, en
este caso, cabe citar el 117.1, que establece que «La justicia emana del
pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados
integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables
y sometidos únicamente al imperio de la ley». Eso dice textualmente el
artículo 117.1 del vigente texto constitucional.

Pero la justicia no es solo un valor superior, no es solo
un derecho fundamental, y el artículo 24 establece el derecho a la tutela
judicial efectiva. También, para hacer posible la justicia, existe lo que
se llama el derecho a la justicia. Y no es una invención del Grupo
Parlamentario Socialista, es una expresión utilizada por el intérprete
supremo de la Constitución. Todos los integrantes de la carrera judicial,
los 5182 integrantes de la carrera judicial, interpretan la Constitución,
pero el intérprete supremo es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal
Constitucional, en la sentencia 3/1983, de 25 de enero —luego
reiterado en el resto de su jurisprudencia— exactamente dice:
Cuando se parte del previo establecimiento de unos determinados recursos
y en determinados supuestos, si el acceso a ellos se vincula al
cumplimiento de unos obstáculos procesales, es evidente que el legislador
no goza de absoluta libertad, ya que constitucionalmente no son
admisibles aquellos obstáculos que puedan estimarse excesivos, que sean
producto de un innecesario formalismo y que no se compaginen con el
derecho a la justicia o que no aparezcan como justificados y
proporcionados conforme a las finalidades para las que se establecen, que
deben ser en todo caso adecuados al espíritu constitucional.

Dice también el Tribunal Constitucional en esta misma
sentencia que el tipo de relación que se establece en el ámbito laboral
entre el trabajador y el empresario exactamente es una relación de
dependencia, es una relación de subordinación debido a la distinta
condición económica entre el trabajador y el empresario. De ahí que la
razón de ser del derecho del trabajo sea un derecho tuitivo, un derecho
protector que trata de compensar, que trata de igualar una relación
desigual ab initio de la propia relación. ¿Qué establece ahí el Tribunal
Constitucional? Que hay un especial acceso, una mayor accesibilidad
—dice exactamente el tribunal— a la jurisdicción.

¿Qué ocurriría con la aplicación de estos criterios? Que en
general, como hoy el salario mínimo —como ustedes saben— son
exactamente 641,40 euros, el acceso a la justicia gratuita se tiene
cuando los ingresos son inferiores al doble del salario mínimo, 1 282,80
euros. ¿Qué ocurriría? Que en el ámbito civil, a un trabajador que no
tenga acceso a la jurisdicción gratuita, por ejemplo, que gane más de esa
cantidad, 1 300 euros, le pidan 800 euros para acceder a la segunda
instancia en el ámbito de la apelación. Ya imaginarán ustedes que esta
cantidad es disuasoria con respecto al acceso a la justicia. ¿Y qué
ocurre con este mismo trabajador con una cantidad de ingresos semejante?
Y no hablo de los que tienen ingresos muy, muy bajos y que tienen derecho
a la justicia gratuita, al abogado de oficio, sino de estos otros
trabajadores de clase baja, de clase media baja en general, de las clases
medias españolas.

Esto es lo que ocurriría en el ámbito civil, pero en el
ámbito social, cuando ha habido un 55 % de aumento de la litigiosidad
—se calcula que hay unos 20 000 millones de euros en los depósitos
en el ámbito judicial—, ahora, en este momento de especial
litigiosidad, de especial vulnerabilidad, donde la

relevancia de los convenios colectivos como norma jurídica
los sitúan inmediatamente debajo de la ley pero por encima del
reglamento, en este momento, repito, en el que los convenios colectivos
dejan de jugar la función que antes jugaban, porque ahora se trata de
trasladar el ámbito de responsabilidad al ámbito de lo social, si tiene
acceso a la justicia gratuita en primera instancia, por el artículo 2 de
la Ley de justicia gratuita, puede acceder, pero si no se le impide la
aplicación de los 500 euros en el recurso de suplicación o 750 euros en
el recurso de casación, en esos supuestos es evidente que no se está
dando una mayor accesibilidad a la jurisdicción, se están poniendo
obstáculos procesales para que pueda acceder a la segunda instancia. Y
eso es una aberración, es una perversión impedir en momentos de especial
fragilidad que puedan acudir los trabajadores, los beneficiarios de la
Seguridad Social, a la segunda instancia si se les ha denegado, por
ejemplo, una invalidez.

Esto es lo que se quiere hacer, esto es lo que significan
esas propuestas de reforma. ¿Lo dice solo el Grupo Socialista? No. Yo sé
que ahora no es un momento adecuado para citarlo por las razones de
desprestigio que todos conocemos y no procede que en este momento evalúe,
aunque tendría infinitas ganas de hacerlo, pero hay un informe aprobado
por el Consejo General del Poder Judicial donde se establecen estos
razonamientos que estoy diciendo. Es decir, son fórmulas disuasorias y el
propio Consejo dice no a estos obstáculos procesales porque haría
imposible el derecho a la justicia, haría imposible el derecho a la
tutela judicial efectiva, insisto, porque son obstáculos procesales
disuasorios para que ese trabajador que gana más de 1282,80 euros pueda
acceder a la segunda instancia en el ámbito civil, en el ámbito
contencioso y sobre todo, insisto —en estos especiales momentos en
que el derecho del trabajo está siendo configurado como una reliquia más
propia de la historia del derecho que del derecho del trabajo—,
especialmente en el acceso a la segunda instancia con esos 500 euros en
el recurso de suplicación o los 750 euros en el recurso de casación.

¿Qué proponemos nosotros? Seguir practicando lo que se hizo
en el año 2009, que es distinto a esta reforma del artículo 35 de la Ley
53/2002. ¿Por qué razón? Porque lo que se preveía era que los ingresos
del depósito previo fueran destinados a la modernización, a hacer posible
los sistemas informáticos que actualmente no son interoperativos
—hay ocho sistemas informáticos en las comunidades autónomas más el
que tiene el Gobierno de España— y, en última instancia, la
justicia es gratuita, pero no hacíamos esa aberración de plantear que ese
depósito previo de 50 euros no tiene nada que ver con los 800 euros, con
los 500 euros o con los 750 euros, y al vincular esos recursos a esta
finalidad que es la justicia gratuita, insisto, es como decir a los que
hacen el copago farmacéutico que lo que pagan por estas medicinas va a ir
destinado a los enfermos oncológicos. Nos parece una perversión esa
asociación, entre otras cosas, porque la justicia gratuita es un derecho
que tiene el conjunto de los españoles por su situación económica y no
hay que condicionarla a ninguna otra cosa más que a los impuestos
generales que se pagan en el conjunto de España.

Nosotros planteamos seguir con la situación actual, donde
existe el reparto del 20-20-10, entre el ministerio, las comunidades
autónomas y ese órgano destinado a configurar la protección del derecho a
la justicia gratuita. Creo que es necesario y que es bueno que ustedes se
planteen la necesidad de que no se puede llegar al extremo de impedir a
la gente, en momentos de especial fragilidad, que no pueda acceder a la
tutela judicial efectiva ni a la segunda instancia en el ámbito social o
en el ámbito civil.

Y, por esta razón, por razones preventivas, el Grupo
Socialista, haciéndose eco del propio informe del Consejo General del
Poder Judicial, propone a esta Cámara que seamos útiles y nos legitimemos
en el ejercicio de nuestra actividad parlamentaria, no solo respetando el
procedimiento parlamentario y los plazos, que están para todos —y
para todas—, sino también previniendo que se puedan hacer
barbaridades con estos obstáculos procesales a que la gente acceda a su
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Nada más, señor presidente, muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz
Tejera.

Pasamos al turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Muchas gracias, señor
presidente.

Senador Díaz Tejera, ha dicho verdades y no ha dicho
verdades, no ha dicho toda la verdad. Es verdad que las tasas empiezan en
el año 2002, con la Ley 53/2002, de medidas, fiscales y administrativas,
cuando gobierna el Partido Popular, que, por cierto, ningún Gobierno
posterior quita —diez años después—, y ustedes han estado
gobernando siete años y medio.

Es verdad que en la pasada legislatura aprobamos el
depósito previo precisamente con una enmienda, la enmienda número 91,
conjunta del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario
Popular. Y fíjese lo que el portavoz de Justicia en el Congreso de los
Diputados, a tenor de ese proyecto de ley, decía: Un tema que nos parece
de especial importancia es el depósito para recurrir. Se establece el
depósito para recurrir que pretende, como filosofía, ser un freno a la
presentación de recursos y demandas de revisión y rescisión de sentencias
firmes que, en no pocos casos, solo se emplean como una mera técnica
dilatoria de los procesos. O sea, que el depósito previo que ustedes
instauran en el Gobierno pretende que sea una técnica dilatoria para
disuadir a las personas que no recurran.

El Gobierno, con el anteproyecto, lo que pretende, simple y
llanamente, es revisar las tasas judiciales que todos los Gobiernos han
mantenido desde el año 2002 en que se instauraron. Además, los términos
de la moción están realmente desenfocados, porque el Gobierno no acude a
esta reforma para reducir la litigiosidad. El número de litigios lo van a
determinar los ciudadanos. Los ciudadanos que quieran acudir a la
justicia, irán a la justicia y los que no quieran ir a la justicia,
acudirán a la mediación, pues el Gobierno también les ha dado la
oportunidad de acudir a esa mediación, como usted conoce perfectamente
bien.

¿Qué pretende el Gobierno? Impulsar, dar mayor seguridad
jurídica al que pretenda acudir a la justicia. Los recursos públicos de
asistencia jurídica gratuita —que hoy día están desbordados—
van a quedar garantizados de manera tal que con esos recursos que se
obtengan por los ingresos de las tasas judiciales se va a poder
garantizar la existencia de esa justicia gratuita. Fíjese, usted parte de
un principio equivocado. Yo tengo clarísimo que la justicia es un
servicio público y como tal debe ser gratuito, pero el que sea gratuito
no quiere decir que sea gratis, cuesta dinero. Los profesionales que
ejercen la justicia, los abogados, cuestan dinero, los procuradores
cuestan dinero, y de alguna parte se va a tener que sacar ese dinero.
Hasta ahora conocemos los enormes problemas de las comunidades autónomas
para pagar a los abogados de oficio y a los colegios de procuradores de
oficio. No hay dinero para pagar. Sabemos de comunidades autónomas que
tienen muchos retrasos y que tienen hacer verdaderos esfuerzos para pagar
el turno de oficio. Con este sistema que instaura el Gobierno de la
nación precisamente se va a garantizar que no haya ningún problema en el
pago. ¿Por qué? Porque va a haber una aceptación del dinero ingresado por
las tasas judiciales para pagar el turno de oficio de abogados,
procuradores, peritos y de todo aquel profesional que participe. Lo que
pasa es que es una opción legislativa que hace el Gobierno y que ustedes,
pudiéndola haber hecho, no la hicieron en su momento.

La justicia, desde luego, no es un privilegio de unos
pocos; no es un privilegio que solamente van a poder tener aquellos que
acudan a la justicia. La justicia es un orgullo de un Estado de derecho.
Precisamente nosotros podemos decir que tenemos una gran justicia, lenta
y costosa en ocasiones, pero una gran justicia. Ha hablado usted de lo
que decía el Tribunal Constitucional. Sabe usted perfectamente, y no se
lo tengo que recordar en este foro, que es la pandectística alemana quien
racionaliza todas las instituciones jurídicas, la legitimación, la acción
y también el derecho de acción con la capacidad, es decir, esa
posibilidad que todos tenemos de acudir a los órganos jurisdiccionales en
demanda de una pretensión. Pues bien, eso queda garantizado de esta
manera para todos, para aquellos que tienen recursos para poder litigar y
para aquellos que tienen insuficiencia de recursos para litigar, que es
lo que dice la Ley de asistencia jurídica gratuita 1/1996, que usted
conoce perfectamente.

Fíjese, señoría, el presupuesto para justicia ha
decrementado respecto al del 2011. En aquel ejercicio fueron 1 680
millones de euros y en el 2012 son 1 574 millones de euros, es decir, un
6,34 % menos. Pero justicia gratuita se incrementa en 2,3 millones de
euros, un 7,22 % más. ¿Qué se quiere hacer? Precisamente garantizar el
artículo 24.1, en el que se habla de la tutela judicial efectiva para que
todos, efectivamente todos, puedan contribuir y puedan acudir a los
órganos jurisdiccionales. Es verdad que va a haber tasas en primera
instancia en civil y en contencioso-administrativo, que es lo que había,
pero en lo social solo en segunda instancia, senador. Y el artículo 2 d)
de la Ley de asistencia jurídica gratuita establece precisamente que para
los trabajadores que acudan a juicio en defensa de sus intereses y todos
aquellos que sean beneficiarios de la Seguridad Social no van a tener que
costear ningún gasto. No diga, por tanto, que en tema social el
trabajador va a tener que pagar porque sabe su señoría perfectamente que
la ley ya desde el año 1996 lo impide. Repito, artículo 2.d). Y en penal
no va a haber que pagar nunca ni para acudir a los órganos
jurisdiccionales ni para aquellos que tienen la asistencia jurídica
gratuita.

Dice usted: es que ahora también se va a hacer pagar a las
personas jurídicas. Pues mire usted, a lo mejor antes de entrar hoy en el
Senado hemos tomado café en una cafetería en que el titular es una
persona jurídica, y ese titular persona jurídica a lo mejor tiene menos
recursos que una persona física que puede ser muy rica. ¿Por qué no
tratamos de equiparar rentas o patrimonios? A lo mejor hay personas

jurídicas que lo están pasando realmente muy mal y que
necesitan una ayuda y a lo mejor hay personas físicas a las que les va
muy bien. Lo que se hace aquí es que todos aquellos que se encuentren
bajo el paraguas de la Ley de asistencia jurídica gratuita, es decir,
aquellos que reciban menos del doble del salario mínimo interprofesional,
para personas físicas, y aquellos cuya base imponible del impuesto sobre
sociedades sea menos del triplo del salario mínimo interprofesional, para
sociedades, se pueden acoger a los beneficios de justicia gratuita, y los
demás deberán costear ese gasto precisamente como tasa, cuyo hecho
imponible es acudir a la potestad jurisdiccional, para que otros se
puedan ver beneficiados.

A mí me parece que ese es uno de los mayores ejemplos de
justicia distributiva que se haya hecho en los últimos tiempos en este
país. La justicia distributiva, como usted conoce bien, debe entenderse
en cómo se detentan los recursos disponibles y tiene dos criterios
especiales: la justicia según la necesidad y la justicia según el mérito.
La justicia según la necesidad nos lleva a pensar en que quienes tienen
mayores necesidades deben ser más protegidos por la justicia; y la
justicia según el mérito viene a decir que quienes más contribuyen a la
producción de bienes y servicios deben ser los mayores beneficiarios en
la reversión de la justicia. Precisamente, los dos criterios de la
justicia distributiva coexisten plenamente en las tasas judiciales,
porque aquellos que contribuyan más son los que van a posibilitar que
otros, aquellos que no tienen recursos, se beneficien de la cobertura de
justicia gratuita y puedan acudir a los órganos jurisdiccionales en
igualdad.

En términos penales, ¿cuál sería el bien jurídico protegido
del anteproyecto de ley? Que todos alcancen el servicio de defensa, que
todos puedan acudir a los órganos jurisdiccionales y que esté garantizado
el pago a los profesionales; que abogados y procuradores no tengan los
problemas que hasta ahora han venido teniendo para cobrar la justicia
gratuita.

Y no obedece a motivos de oportunidad, senador; el
anteproyecto de ley no obedece a motivos de oportunidad; quizá su moción
sí, pero el anteproyecto no: obedece a la resolución del problema de la
financiación de la justicia gratuita; este Gobierno es el único se lo ha
tomado en serio, y ha tomado una decisión. Puede parecer que tiene mala
venta, puede parecer que no se ha explicado bien; pero, desde luego, será
la solución definitiva para que no veamos levantados ni preocupados a los
abogados y procuradores por el hecho de dejar de cobrar trimestralmente
los honorarios a los que tienen derecho.

Indudablemente, es una cofinanciación de la Justicia. Se ha
hablado de copago, de repago…; creo que no hay que dar vueltas a
los términos, ni intentar ensombrecer lo que no merece ser ensombrecido.
Es una cofinanciación de la Justicia: se trata de que los que tienen
ayuden a los que no tienen a disfrutar del mismo derecho a acudir a los
órganos jurisdiccionales.

El informe del Consejo General del Poder Judicial que usted
ha mencionado lo tengo ahí; lo tengo ahí, pero también tengo ahí los
cinco votos particulares. Los cinco votos particulares, que hay que
leerlos, porque dicen que el informe se mete en unas cuestiones en las
que en ningún caso se tendría que haber metido. Lo tachan de adolecer de
técnica jurídica, de no tener ningún rigor formalista y de pretender
suplantar al legislador, de pretender decir lo que tiene que hacer el
legislador. En fin, cada uno tiene una misión constitucional, que se debe
respetar. Si es bueno el informe, son mejores, para mí, los votos
particulares que se oponen a él.

Termino, señor presidente. Lo que hay que hacer es evitar
los abusos que hay en la justicia gratuita y conseguir que esta quede
garantizada; hay que acabar con el insoportable sostenimiento que hoy día
sufren las comunidades autónomas, para que podamos hacer derecho,
efectivamente, pero también justicia. A mí me gusta repetir: derecho no
es justicia. Y este es el momento idóneo para hacer justicia.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Pasamos al turno de portavoces.

Ahora sí, senador Zubia, tiene la palabra.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Señor presidente, el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado va a votar a favor de la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por una simple razón de
coherencia. Coherencia con la posición que mantuvimos, tanto en la
comparecencia del señor ministro de Justicia sustanciada el día 25 de
enero en el Congreso de los Diputados, como en la celebrada el 5 de marzo
en esta Cámara.

Es bien cierto que, según consta en las estadísticas del
Consejo General del Poder Judicial referidas al año 2010, el número de
asuntos que ingresaron en dicho ejercicio en los órganos jurisdiccionales
fue superior a los nueve millones —concretamente, 9,3
millones— y que el número de asuntos en trámite a

finales de dicho año 2010 era superior a los tres millones;
concretamente, 3,2 millones. También es cierto que Francia, nuestro país
vecino, tramitó durante el mismo año seis millones de asuntos —es
decir, tres millones menos—, cuando tienen veinte millones más de
habitantes. Esto quiere decir que, efectivamente, hay que encontrar
fórmulas que contribuyan a disminuir —y que lo hagan de forma
razonable— el elevado índice de litigios que anualmente se acumulan
en los juzgados, tal como señaló —lo he leído textualmente—
el propio ministro en la Cámara Baja. Pero agilizar el sistema y reducir
los distintos asuntos de los órganos judiciales mediante lo que se ha
dado en llamar copago judicial es algo que no está en la línea de nuestra
filosofía de respeto a la tutela judicial efectiva, por mucho que se diga
y sostenga lo contrario. Es esta una medida que ni el presidente Aznar
propuso en el año 2000, con mayoría absoluta —ya lo dijimos—,
y que introduce una tasa obligatoria para que el ciudadano pague las
costas de un procedimiento judicial a partir de la segunda instancia.

La medida, o el nuevo modelo de tasas, consiste, en
definitiva, en que todo ciudadano que recurra la sentencia deberá
satisfacer una tasa, que solo se devuelve en caso de prosperar su
recurso. Estarán exentos de este pago aquellos que acrediten falta de
recursos, pero desconocemos el importe de la tasa, que plantea sobre todo
no pocas dudas sobre cómo diferenciar entre los que pueden hacer frente a
ella y los que no; sobre todo en épocas como la actual, de serias
dificultades económicas.

En definitiva, señor presidente, nuestro grupo
parlamentario está, hoy por hoy, más cerca de la moción, pues, además de
la tutela judicial efectiva que, a nuestro juicio, no queda bien parada,
esta medida supone una seria lesión del principio de igualdad, en tanto
que, quiérase o no, se reduce a vetarles la justicia a las personas con
menos recursos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zubia.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Pineda.

La señora PINEDA BALLÓ: Buenos días; bon dia. Gracias,
presidente.

Evidentemente, votaremos a favor de esta moción presentada
por el Grupo Socialista.

De acuerdo con las noticias que han sido publicadas i
segons la nota de premsa del mateix ministeri, la modificació de les
taxes judicials té una doble finalitat: primer, la reducció de la
litigiositat i, en segon lloc, que aquestes taxes contribueixin a
finançar la justícia gratuïta. En la pràctica, els anuncio que la
realitat serà ben diferent. Sobre la reducció de la litigiositat, per
mitjà de la introducció de les taxes o bé per la seva puja
indiscriminada, l’única cosa que s’aconseguirà serà barrar el
pas, impedir a molta gent l’accés a la justícia. No em val que em
diguin que la litigiositat és excessiva i artificiosa. Hi ha altres
maneres de solucionar-ho sense imposar unes taxes que impedeixen
l’accés a la justícia. Tampoc val que em diguin que aquestes taxes
no s’aplicaran en cas que es reconegui el benefici de la justícia
gratuïta, perquè quantes persones de les que accedeixen a la justícia
tenen aquest benefici? Ja els ho dic jo: són poques, encara que cada
vegada més arran de la crisi econòmica.

A més, han anunciat que aquestes taxes passaran a
aplicar-se a les persones físiques, aconseguint així la universalització
d’aquestes taxes. Si el que volen o el que pretenien era equiparar
rendes —com ha dit el portaveu del Grup Popular—, ho podien
fer. En canvi, mitjançant aquestes taxes ara per ara no ho han fet.

També s’ha de tenir en compte que amb aquest intent
de reduir la litigiositat el que s’aconsegueix és prohibir
l’accés a la justícia a un gran gruix de persones que no poden ser
beneficiàries de la justícia gratuïta pel seu nivell d’ingressos,
però per aquest mateix nivell d’ingressos ja els ve just
l’accés, perquè s’han de pagar un advocat o una advocada. Si,
a més d’aquesta despesa d’un advocat o una advocada, hi
afegim la despesa d’una taxa judicial que és desorbitada o que, a
més a més, en alguns llocs com a Catalunya haurem de pagar doblement,
perquè hi ha en vigor una altra taxa judicial, l’única cosa que
aconseguim, com deia, és sumar despeses —advocat, taxa espanyola,
taxa catalana— i això impedirà l’accés a la justícia a molts
ciutadans i ciutadanes. Ja consta a la moció, però no ho vull obviar en
aquesta intervenció, perquè és prou important.

Després d’un període llarg durant el franquisme de
subsistència de les taxes judicials, l’any 1986 totes les forces
polítiques van acordar per unanimitat que además de la justicia se
manifiesten también la libertad y la igualdad, y el que todas ellas sean
como quiere la Constitución reales y efectivas depende de que todos los
ciudadanos y ciudadanas puedan obtener justicia cualquiera que sea su
situación económica o su posición social.

En l’exercici de la professió d’advocada massa
vegades he hagut de dir als meus clients que la justícia, per desgràcia,
no és justa. I no perquè el jutge els doni o no la raó als seus litigis,
sinó moltes vegades pel retard de les decisions judicials, per la falta
d’humanització del mateix sistema, però ara a més a més per una
justícia menys justa.

Hem d’afegir que hi haurà una altra trava, un altre
impediment per al seu exercici. L’Administració de Justícia és un
servei públic que ofereix als ciutadans la garantia dels seus drets. Ho
dic per si algú es pensés que la justícia és matèria reservada a jutges,
a fiscals, a secretaris, a advocats, a procuradors i gent d’aquesta
classe. No: és un servei universal i essencial. El dret d’accés a
la justícia en igualtat de condicions hauria de ser un dret universal
reconegut en el nostre ordenament i defensat pels seus polítics. Aquesta
taxa aconsegueix, com deia, una Justícia menys justa en trencar aquests
principis.

En segon lloc diuen que aquesta taxa, segons nota del
mateix Ministeri i segons intervenció també del senador del Grup Popular,
no irán a parar a las arcas del Estado, sinó que contribuirà a finançar
la justícia gratuïta. Aquesta és una afirmació absolutament populista i
demagògica. Populista perquè, senyories, totes les taxes —les que
recapta l’Estat, la comunitat autònoma o els ajuntaments— van
a parar a les seves corresponents arques. A què els destinin després serà
una altra cosa i en podem discutir. Per tant, la recaptació
d’aquestes taxes també anirà a parar a les arques de
l’Estat.

El mateix concepte de taxa, però, porta implícita la idea
que es tracta d’un impost que ha d’anar destinat a sufragar
el servei que es dóna. Les taxes són contribucions econòmiques que fan
els usuaris pel servei que ofereix l’Estat. Si pagues per presentar
una demanda o bé per interposar un recurs en segona instància, aquests
diners han d’anar destinats a la millora de l’Administració
de Justícia, a la seva modernització, a la millora de la seva eficiència,
el que vulguin, però no a pagar els advocats d’ofici. Se
m’acut que potser el proper pas serà, atès que no obtindran tots
els ingressos que esperaven per aquesta taxa, demanar que es pagui una
part d’aquest benefici de justícia gratuïta, una part
d’aquests advocats d’ofici.

L’altra cosa és que en la mateixa nota de premsa del
Ministeri s’hi diu que tenen previst d’ingressar 300 milions
d’euros per aquesta taxa. Si traiem els dies inhàbils que conté un
any, gairebé 1 milió d’euros diaris hem d’ingressar per
aquesta taxa? Vaja, jo no m’ho puc crec. D’altra banda,
tampoc no tenim quin és el cost de la justícia gratuïta, què és el que
s’està pagant per justícia gratuïta, per poder veure si podem
equiparar-ho.

A Catalunya, a més a més, es produirà, com deia, una doble
imposició, perquè ja està en vigor pel que fa a taxes judicials des de
l’1 de maig la Llei 5/2012, aprovada pel Parlament de Catalunya
que, sota el títol de Mesures fiscals, financeres i administratives,
entre altres, també incorpora la taxa catalana per serveis de
l’Administració de Justícia, de forma que els ciutadans de
Catalunya ens trobarem premiats per una doble taxa, perquè si ja hem de
pagar per l’exercici de la potestat jurisdiccional dels jutges
(taxa estatal), ara a més a més pagarem en els mateixos procediments per
la prestació de serveis personals i materials de l’Oficina judicial
(taxa catalana), com si el jutge o el tribunal pogués fer complir les
seves resolucions sense una oficina judicial, o que aquesta pogués
resoldre els drets dels ciutadans sense l’existència d’un
jutge. Per cert, curiosament el Partit Popular al Parlament de Catalunya
va mostrar la seva oposició a aquesta taxa, al menys en comissió. Sorprèn
que ara aquí la vulguin imposar.

Per tots aquests motius, doncs, votarem a favor de la moció
presentada pel Grup Socialista.

Gràcies. (Aplaudiments.)

De acuerdo con las noticias que han sido publicadas y según
la nota de prensa del ministerio, la modificación de las tasas judiciales
tiene una doble finalidad: en primer lugar, la reducción de la
litigiosidad; y, en segundo lugar, estas tasas deben contribuir a
financiar la justicia gratuita. Pero les anuncio que, en la práctica,
vamos a ver una situación muy distinta. Respecto a la reducción de la
litigiosidad, gracias a la introducción de las tasas o bien por el
aumento indiscriminado de estas, lo único que vamos a conseguir es
obstaculizar o impedir el acceso a la justicia a muchas personas. No me
vale que me digan que esa litigiosidad es excesiva y artificiosa, porque
existen otras vías para solucionarlo, no imponiendo unas tasas que
impiden el acceso a la justicia. Tampoco me vale que me digan que estas
tasas no van a ser aplicadas si se reconoce el beneficio de la justicia
gratuita, puesto que ¿cuántas personas de aquellas que acceden a la
justicia tienen ese beneficio? Se lo digo yo: pocas; aunque cada vez son
más, a raíz de la crisis económica.

Además, han anunciado que estas tasas pasarán a aplicarse a
las personas físicas, y que con eso se logrará la universalización de
dichas tasas. Si lo que ustedes quieren o pretenden es equiparar rentas

—como ha señalado el portavoz del Grupo
Popular—, así lo podían hacer. Sin embargo, gracias a estas tasas,
de momento no lo han hecho.

No obstante, también debemos tener en cuenta que, en este
intento de reducción de la litigiosidad, lo que se consigue es prohibir
el acceso a la justicia a un grueso de personas que no pueden ser
beneficiarias de la justicia gratuita por su nivel de ingresos; pero que,
dado ese mismo nivel de ingresos, tienen un acceso muy justo a la
justicia porque tienen que costearse un abogado o abogada. Pero es que
si, además de tener que pagar los honorarios, tienen que pagar una tasa
judicial desorbitada o si, como en algunos lugares, por ejemplo en
Cataluña, tienen que pagar doblemente, porque está en vigor otra tasa
judicial, lo único que lograremos es sumar gastos —abogado, tasa
española, tasa catalana—, y todo ello impedirá el acceso a la
justicia a muchos ciudadanos y ciudadanas. Este extremo aparece en la
moción, pero no me gustaría obviarlo en esta intervención, porque me
parece importante.

Después de un período largo de subsistencia de las tasas
judiciales durante el franquismo, en 1986 todas las fuerzas políticas
acordaron, por unanimidad, que, además de la justicia, se manifieste
también la libertad y la igualdad y que todas ellas sean, como quiere la
Constitución, reales y efectivas depende de que todos los ciudadanos y
ciudadanas puedan obtener justicia cualquier que sea su situación
económica o su posición social.

En el ejercicio de la profesión de abogada, demasiadas
veces he tenido que decirle a un cliente que la justicia,
lamentablemente, no es justa; no porque el juez le dé o no la razón en
sus litigios, sino por el retraso de las decisiones judiciales, por la
falta de humanización del sistema, y ahora, además, también por una
justicia menos justa.

Y tenemos que añadir que va a haber otro óbice, otro
impedimento para su ejercicio. La administración de la Justicia es un
servicio público que ofrece a los ciudadanos la garantía de sus derechos.
Lo digo por si alguien piensa que la Justicia es materia reservada a
jueces, fiscales, secretarios, abogados o procuradores; es decir, tan
solo a personas de este tipo. No: es un servicio universal y esencial. El
acceso a la Justicia en igualdad de condiciones debería ser un derecho
universal reconocido en nuestro ordenamiento y defendido también por sus
políticos. Y como digo, esta tasa consigue una Justicia menos justa y
rompe con estos principios.

En segundo lugar, dicen ustedes, según la nota del mismo
ministerio y también según la intervención del portavoz del Grupo
Popular, que esta tasa no irá a parar a las arcas del Estado, sino que va
a contribuir a financiar la Justicia gratuita. Esta afirmación es
absolutamente populista y demagógica; populista, porque todas las tasas
—las que recauda el Estado, las comunidades autónomas, los
ayuntamientos— van a parar a sus correspondientes arcas. A qué lo
destinen luego será otra cosa y se puede discutir, pero recaudar esas
tasas significa que van a acabar en las arcas del Estado.

Sin embargo, este mismo concepto de tasa también lleva
implícita la idea de que se trata de un impuesto destinado a sufragar el
servicio que se presta. Las tasas son contribuciones económicas que
efectúan los usuarios por el servicio que ofrece el Estado. Si se paga
por presentar una demanda o por interponer un recurso en segunda
instancia, ese dinero tiene que destinarse a mejorar la administración de
la Justicia, a su modernización, a la mejora de su eficiencia, etcétera,
pero no a pagar a los abogados de oficio. Se me ocurre que, dado que no
van a obtener todos los ingresos que esperaban por esta tasa, quizá el
próximo paso sea pedir que se pague una parte de esta Justicia gratuita,
de estos abogados de oficio.

Otra cosa es que en la misma nota de prensa del Ministerio
se dice que tienen previsto ingresar 300 millones de euros por la tasa. A
ver: si restamos los días inhábiles de un año, sale que casi debemos
ingresar un millón de euros diarios, y es algo que no me creo. Además,
tampoco conocemos el coste de la Justicia gratuita, qué es lo que se está
pagando por Justicia gratuita, para poder contrastar si realmente se
puede equiparar.

Además, como les decía, en Cataluña se va a producir una
doble imposición, puesto que, en materia de tasas judiciales, está en
vigor desde el 1 de mayo la Ley 5/2012, aprobada por el Parlamento
catalán, que, entre otras medidas fiscales, financieras y
administrativas, también incorpora la tasa catalana por los servicios de
la administración de Justicia. Por tanto, los ciudadanos de Cataluña nos
vamos a encontrar premiados con esta doble tasa, puesto que, si ya
tenemos que pagar por el ejercicio y la potestad jurisdiccional de los
jueces —la tasa estatal—, ahora vamos a pagar en los mismos
procedimientos por la prestación, además, de servicios personales y
materiales de la oficina judicial, es decir la tasa catalana; como si el
juez o el tribunal pudieran hacer cumplir sus resoluciones sin una
oficina judicial, o que esta pudiera resolver los derechos de los
ciudadanos sin la existencia de un juez. Por cierto, curiosamente, el

Partido Popular en el Parlamento de Cataluña mostró su
oposición a esta tasa, al menos en comisión; sorprende que ahora, aquí,
la quieran imponer.

Por todos estos motivos, vamos a votar a favor de la moción
presentada por el Grupo Socialista.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pineda.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la
senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Moltes gràcies, senyor
president.

Compartim alguns dels punts expressats en aquesta moció del
Grup Parlamentari Socialista. Especialment coincidim sobretot en el fet
que hi ha un gran risc que es vulneri el dret a l’accés a la
justícia, amb una imposició d’aquestes taxes, no només en
l’àmbit laboral, com n’ha fet menció el company socialista,
sinó també en l’àmbit civil i administratiu, ja que aquestes taxes
es veuen incrementades. Aquest excés d’aquest import resulta massa
elevat.

No obstant això, el nostre posicionament en contra
d’aquest avantprojecte ve per uns altres motius, raó per la qual
nosaltres farem una abstenció en la votació d’aquesta moció, ja que
no estem d’acord amb el 100 % del seu contingut. Les nostres
motivacions per oposar-nos a aquest avantprojecte són més aviat una
qüestió competencial, moltes de les qüestions ja avançades per la
companya del Grup de l’Entesa. El Govern de l’Estat espanyol
amb aquest avantprojecte intenta justificar aquesta taxa argumentant una
recaptació per tal de poder finançar i pagar tota l’assistència
gratuïta a tot el territori de l’Estat espanyol. Sembla que amb
aquesta afirmació s’oblida el Govern que hi ha territoris amb
competències delegades, com Catalunya, en aquesta matèria i que, per
tant, aquesta és una afirmació que, en el cas de Catalunya, no serà
certa. Nosaltres ja tenim una taxa que gestiona el Departament de
Justícia i que es destina directament a les despeses de funcionament de
l’Administració de Justícia de Catalunya. Per tant, la imposició
d’una nova taxa suposaria una doble imposició per als ciutadans de
Catalunya, cosa absolutament inconcebible. No podem gravar dues vegades
per un mateix fet els ciutadans, i menys amb la situació de crisi
actual.

Però és que això no és tot: el que es pretén és imposar una
taxa igual a tot el territori i, per tant, això suposaria un greuge
comparatiu per a Catalunya, ja que és la Generalitat qui està suportant
tot el cost de l’Administració de Justícia. Per tant, el que faria
l’Estat seria recaptar molt més del que li costaria la justícia a
Catalunya, sense oferir un servei que ja ofereix la Generalitat. Per
tant, seríem davant d’una recaptació absolutament excessiva i
injustificada.

Per tots aquests motius, des de Convergència i Unió ens
oposem a l’avantprojecte. Reitero que compartim alguns dels punts
exposats pel Grup Parlamentari Socialista a la seva moció, no obstant
això, farem una abstenció en aquesta votació.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Compartimos algunos de los puntos expresados en esta moción
del Grupo Socialista y coincidimos especialmente en que existe un gran
riesgo de que se vulnere el derecho de acceso a la Justicia con la
imposición de estas tasas; no tan solo en el ámbito laboral, como ha
mencionado el compañero socialista, sino también en el ámbito civil y
administrativo, puesto que estas tasas se ven incrementadas y el exceso
del importe resulta demasiado elevado.

No obstante, nuestro posicionamiento en contra del
anteproyecto tiene otros motivos, y por esta razón nos vamos a abstener
en la votación de esta moción, ya que no estamos de acuerdo en el cien
por cien de su contenido. Nuestros motivos para oponernos al anteproyecto
son más de carácter competencial, como ha avanzado la compañera de
Entesa. En el anteproyecto, el Gobierno del Estado español intenta
justificar esta tasa arguyendo que la recaudación podrá financiar, pagar,
la asistencia gratuita en el territorio del Estado español. Pero parece
que el Gobierno olvida que existen territorios con competencias delegadas
en esta materia, como es el caso de Cataluña. En el caso de Cataluña,
esta afirmación no va a ser cierta: ya tenemos una tasa que gestiona el
departamento de Justicia y que se destina directamente a los gastos de
funcionamiento de la Administración de Justicia de Cataluña; así que una
nueva tasa significaría una doble imposición para los ciudadanos de
Cataluña, lo que es totalmente inconcebible. No podemos gravar dos veces
a los ciudadanos por un mismo hecho, y mucho menos si tenemos en cuenta
la crisis actual.

Y esto no es todo: lo que se pretende es imponer una tasa
igual en todo el territorio. Esto supondría un agravio comparativo para
Cataluña, porque la Generalitat es la que está soportando todo el coste
de la administración de Justicia. Así pues, lo que haría el Estado sería
recaudar mucho más de lo que le costaría la Justicia en Cataluña, sin
ofrecer un servicio, puesto que ya lo está ofreciendo la Generalitat. Así
pues, estaríamos ante una recaudación totalmente excesiva e
injustificada.

Por todos estos motivos, en Convergència i Unió nos
oponemos al anteproyecto y, aunque insisto en que compartimos algunos de
los puntos expuestos por el Grupo Parlamentario Socialista en su moción,
nos vamos a abstener en esta votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente. Con la
venia.

En el ámbito del Poder Judicial, de la Administración de
Justicia, es verdad que, en muchas ocasiones, por cuestiones que llamamos
«los espirituales» ―los «me dijo», «le dije», «me dijo», «le
dije»…―, uno ve a un juez, a un fiscal, a un secretario, a
funcionarios, abogados, procuradores, etcétera. Para nosotros, los
profesionales que estamos allí, los «me dijo» «le dije» son una cuestión
menor, pero, para las personas afectadas, es un asunto especialmente
relevante en algunos casos.

¿Pienso que es un despilfarro que tantas personas, que
tantos servidores del Estado, atiendan a un «espiritual»? Creo que sí: es
un despilfarro, porque ese asunto lo puede atender perfectamente un juez
de paz, una persona de buena voluntad, el amigable componedor que decía
antes el Código civil, una persona sensata que escuche y evalúe según la
prueba; y para eso no hace falta tener un conocimiento jurídico, sino
puro sentido común. Hay que trabajar, pues, para descargar de estos
asuntos a los servidores del Estado; no es necesario tanto esfuerzo para
un asunto de esa naturaleza; hay que trabajar.

Pero ciertamente, decirle a alguien que gane 1282 euros
—el doble del salario mínimo interprofesional—: pague usted
800 euros —de 50 euros del depósito judicial—, pague usted
800 euros por un pleito de desahucio; decirle eso a un pequeño
empresario, a un comerciante, cuando a lo mejor el pleito es sobre esa
cantidad… Dirá: ¿cómo? ¿Qué pague yo 800 euros por un pleito, para
que me paguen, me devuelvan, los 800 euros de renta que he demandado? Don
Manuel, ¿le va a hablar usted a ese pequeño empresario de la
pandectística alemana? Creo que no le va a hablar usted de la
pandectística alemana, porque él le preguntará: ¿la cuál, lo qué?: 800
euros que tengo que pagar; no, mejor no pleiteo, porque son 800
euros.

No todo el mundo está por debajo de los 1282 euros
―el doble del salario mínimo interprofesional―, ni todo el
mundo está en el otro extremo, el de la elite económica, a la que le
importa poco poner 800 euros, sobre todo a los que tienen un stock
amplio, que les da igual. Hay una gran franja de españoles, la de las
clases medias, para los que poner 800 euros por una segunda instancia no
es posible, y no los ponen. Una cosa es que la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita prevea que el trabajador pueda hacerlo y que los sindicatos
también, para representar sus legítimos intereses —una cosa es eso,
lo que está vigente—, y otra cosa es el anteproyecto, que es
distinto: ahí se plantea el no acceso a la segunda instancia si no se
ponen 500 euros —recurso de suplicación—, y el no recurso de
casación si no se ponen 750 euros. Tampoco les podemos decir a estas
personas nada de la pendectística alemana, porque tendrán que poner 500
euros o 750 euros. ¿Cree que es razonable que a alguien con estos
ingresos le digan: 800 euros o 500 o 750 euros? ¿Le parece que eso es un
obstáculo procesal para acceder a la tutela judicial efectiva, o no? La
respuesta tendrá que ser: «endepende», cristiano, «endepende»;
«endepende» de los recursos que tenga. Si el que pleitea es El Corte
Inglés, es evidente que no es ningún obstáculo procesal; si el que
pleitea es un español medio, un pequeño comerciante o un pequeño
empresario, sí es un obstáculo procesal. Luego, en la práctica, para los
que formen parte de esas clases medias, sí es un gran obstáculo procesal;
y para los que no formen parte de esas clases medias, no es un obstáculo
procesal, porque tienen recursos suficientes o porque tienen la justicia
gratuita si son 1 282,82 euros lo que ingresan a lo largo del mes. Ese es
el razonamiento básico. Le podría argumentar más; por ejemplo, sobre el
informe del Consejo General del Poder Judicial; podríamos evaluar los
cinco votos particulares, según el bucle o la exquisitez jurídica que
podamos hacer: cinco, respetables. Yo respeto más a las personas que a
las ideas; las ideas de las personas cambian a lo largo del tiempo, así
que respeto más a las personas. Pero es que los otros son dieciséis; y,
digo yo: ¿dieciséis personas que dicen no, no le merecen respeto? Cinco
que dicen sí, a mí me

merecen respeto, las personas. ¡Pues estos dieciséis
también! Entonces, miramos el informe del Consejo General del Poder
Judicial; dieciséis personas, frente a cinco, le dicen: no, esto es un
obstáculo procesal; esto es una técnica disuasoria para que mucha gente
no impetre, no pida, que un tercero imparcial, ese integrante del Poder
Judicial, ese hombre o mujer que forma parte de los 5182 jueces y juezas
españoles que están impartiendo justicia, con su mejor buena voluntad y
su mejor saber hacer y entender, le resuelva el conflicto, entre
personas, entre grupos o entre personas y grupos. Es un obstáculo. Y lo
que estoy intentando decirle es que no tenemos necesidad de hacer eso; si
los españoles, en cualquier instancia internacional es la que
participemos —en mi caso, en el Consejo de Europa—, nos
enorgullecemos de cómo hemos planteado la Justicia como un servicio
público universal, al que los españoles no tienen dificultad para
acceder; y los exceso que haya —que, como en todo ámbito de la
vida, hay excesos, hay perversiones— habrá que abordarlos. Pero no
se trata de solventar un problema creando un problema mayor: impidiendo a
mucha gente acceder al derecho a la tutela judicial efectiva.

Por eso lo que estoy intentando plantearle es que, a los
300 millones que se prevén en los presupuestos que se van a ingresar con
las tasas, descuénteles usted los días hábiles y los inhábiles, descuente
los feriados, y ¿cómo queda: a más de un millón de euros al día? El año
tiene 365 días; descontemos inhábiles, descontemos feriados: ¿más de un
millón de euros al día se quiere ingresar de esta manera? Sinceramente,
habrá mucha gente que no pagará la tasa, y entonces la bolsa de
indefensión aumentará. ¿Por qué razón? Porque son personas que en esas
situaciones —en pleitos de desahucios, de pequeñas cantidades, los
monitorios, etcétera— prefieren no pleitear. Y en el supuesto de la
suplicación, ya lo he explicado: de igual manera que en el supuesto del
recurso de casación.

Esto no es un privilegio: es un derecho; es el derecho a la
justicia, el derecho a acceder a la tutela judicial efectiva. No es una
solución definitiva para nada: es crear un problema mayor que el que se
pretende resolver. Por eso, sé que no va a surtir efecto, pero le sugiero
que varíe la argumentación. No use el argumento de la solución
definitiva, entre otras cosas porque en la historia de los pueblos esa
expresión no es afortunada. Le sugiero que use otra expresión; no voy a
explicarle ahora las razones, porque no me parece elegante hacerlo. Pero
no use esa expresión, use alguna otra fórmula porque usted tiene
capacidad para hacerlo. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)

En cualquier caso la pandecstística alemana, don Manuel, es
poco útil a la hora de decir: pague usted 800 euros, cristiano; se lo
garantizo. Igual, para su sueldo y para el mío no es lo mismo; pero para
quien gana 1282 euros, pagar 800 euros en la segunda instancia de
apelación en el ámbito Civil o Contencioso, le aseguro que es muy
relevante. Y eso es un obstáculo procesal como la copa de un pino, sin
ninguna duda, don Manuel.

Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.

Me veo en la obligación de contestar un poco a todos los
portavoces que han tenido el honor de intervenir en este estrado. Al
señor Zubia me gustaría comentarle que la tasa no afecta para nada al
principio de igualdad. Y si lo afectaba, desde 2002 lo viene afectando; y
nadie, ningún grupo parlamentario, ha dicho nada al respecto. Sí que lo
estamos haciendo mal; qué mal estamos haciendo nuestro trabajo, que,
desde 2002, ninguno de nosotros se ha dado cuenta de que estamos
afectando al principio de igualdad. Precisamente porque el Grupo
Parlamentario Popular cree que no afecta a la igualdad, por eso defiende
la tasa; e incluso ahora se atreve a revisarla, precisamente en aras de
poder garantizar el derecho a la tutela judicial efectivo, el derecho a
la justicia para todos. Una justicia, no de ricos, sino una justicia para
todos.

A la senadora de la Entesa me gustaría comentarle que lo de
reducir la litigiosidad lo decía el Partido Socialista. Se lo he leído
antes, el portavoz de Justicia en el Congreso en la pasada legislatura
dixit: Se establece el depósito para recurrir, que pretende, como
filosofía, ser un freno a la presentación de recursos y demandas. ¡Si esa
era la filosofía del Partido Socialista! No me lo cuente a mí, no me lo
explique a mí: era la filosofía del Partido Socialista, congénere suyo;
es su propia filosofía, es su manera de explicar las cosas, no la
nuestra. Lo nuestro es otra cosa distinta; la naturaleza jurídica de la
tasa es distinta, absolutamente distinta. No, ahora le explicaré lo que
decimos en el Partido Popular; ahora le indicaré lo que decimos. Estamos
diciendo una cosa totalmente distinta. La naturaleza jurídica: la tasa es

precisamente para que todo el mundo pueda acudir a la
justicia; quien quiere acudir a la Justicia; el que no quiera, que vaya a
la mediación. El Estado de derecho tiene muchas posibilidades como
fórmulas autocompositivas y como fórmulas heterocompositivas para ofrecer
a los ciudadanos. Y como fórmula de solución a los conflictos por un
tercero hay dos principales: por un árbitro o por un juez. Se puede
acudir a la que se quiera; y de tan buena calidad son la una como la
otra.

Por otro lado le quiero tranquilizar, porque estaba
preocupada por la imposición. Es el Tribunal Constitucional del que ha
hecho alegato el senador Díaz Tejera. Es el propio Tribunal
Constitucional el que, muy recientemente, ha sentenciado la
constitucionalidad de las tasas; en concreto, en sus sentencias 20/2012,
de 16 de febrero, 79/2012, de 17 de abril, y 85/2012, de 18 de abril. Las
tasas no atentan contra el principio de igualdad, y no atentan contra la
tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución; las tasas
son plenamente constitucionales, y lo que se hace con la revisión es,
precisamente al hilo de esta modernísima jurisprudencia constitucional,
redactar el anteproyecto de ley. El único parapeto que pone el Tribunal
Constitucional es que el pago del coste del servicio que presta la
Administración de Justicia en ningún caso podrá superar el coste que se
saca por la tasa. Es el impedimento que pone el Tribunal Constitucional.
Y eso es lo que se pretende: se han calculado las tasas de manera que
nunca se supere ese coste, porque, si no, efectivamente, sí se estaría
haciendo una ley inconstitucional. Pero como ya se sabe cuál es la
jurisprudencia constitucional, se están haciendo bien las cosas.

Además le quería decir que la Justicia gratuita es lo que
se está pagando. Dice usted que no sabemos lo que se está pagando por la
Justicia gratuita. Me ha parecido que lo he dicho, pero, si no, se lo voy
a recordar. Para este año, 2012, 2,3 millones de euros, se incrementa un
7,22 %, un total de 34,2 millones de euros, lo que se suma en general
para todas las comunidades autónomas, y se han recaudado 172 millones de
euros. Y efectivamente, las previsiones para el año 2013 serían de 300
millones de euros.

Me gustaría comentarle también a la senadora Parera que la
tasa ya estaba, no es de ahora. Sabe perfectamente que la tenemos desde
el año 2002. Ese hecho imponible, el acceso a la potestad jurisdiccional,
el derecho de acceso a la justicia, a los órganos jurisdiccionales, ya
estaba desde el año 2002. Y por eso se estaba pagando. Ahora, lo único
que se hace es una revisión al alza, precisamente, para poder garantizar
la justicia gratuita. Pero ya existía ese hecho imponible con la Ley
53/2002, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que
recoge el hecho imponible en la tasa social.

Además, no habrá doble imposición. Usted dice que en
Cataluña ya la están cobrando y que no habrá doble imposición porque se
puede causar una recaudación excesiva. Entonces, ¿qué tasa va a ser
excesiva, la de Cataluña o la del Estado? ¿Cuál va a ser excesiva?
Porque, claro, el Estado puede pensar lo mismo de ustedes y decirles que
la quiten para dejar la del Estado. La vamos a repartir de una manera
equitativa, no solamente con las transferencias que tiene concedidas. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)

Usted me plantea que es excesivo que ahora la del Estado se
sume a la de Cataluña. Pues bien, vamos a plantearnos cuál es injusta,
aunque yo creo que no lo es ninguna de las dos porque no tienen que
coexistir. Los ciudadanos solamente tienen que pagar una tasa, porque, si
no, sí estaríamos fuera de los límites de la constitucionalidad que
establece el Tribunal Constitucional.

Al senador Díaz Tejera, ínclito amigo, como conoce el Pleno
sobradamente, le repetiría lo mismo que le he dicho a la senadora de la
Entesa, que el freno y obstáculo procesal lo pusieron ustedes en el
depósito previo. Ya lo dijo su portavoz en la Comisión de Justicia,
además, con esa misma palabra. Como filosofía, el depósito previo,
pretende ser un freno a la presentación de recursos. Esto no pretende ser
ningún freno. La modificación que se está realizando no lo es. Se trata,
simplemente, de hacer bien las cosas para que no haya problemas con los
abogados del turno de oficio, para que quede garantizado el pago a los
procuradores, para que quede garantizado el pago a todos los mediadores,
a todos los que participan como peritos en el proceso judicial. A esos se
les va a garantizar, para que los abogados no tengan problemas a la hora
de cobrar sus honorarios.

La imposición de esa tasa va a ser una esperanza para que
todos puedan litigar. Todo aquel que quiera litigar, va a poder hacerlo,
y el que no quiera litigar podrá hacerlo por otros medios. ¿Cómo? Con la
mediación regulada en el Real Decreto 5/2012, de 5 de marzo, que también
hizo este Gobierno, el único que en este orden de cosas se ha puesto a
trabajar, reconociendo los planes de modernización del Gobierno anterior.
Porque en este orden de cosas, el único que está dando soluciones
efectivas es el Gobierno del Partido Popular. Así de claro.

Al respecto diría muchas más cosas, pero tan solo añadiré
que aquí, por fin, se hacen bien las cosas y que vamos a dejar de tener
un problema para siempre, un problema endémico de nuestra justicia, y es
que la justicia gratuita era siempre la hermana pobre, para la que nunca
había dinero, y se dejaba de pagar a abogados, procuradores, etcétera.
Con esta renovación del sistema de tasas ese mal endémico se va a
cambiar.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario
Socialista tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 77; en contra, 155; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1. PROYECTO DE LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE LAS
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE FUSIONES Y ESCISIONES DE
SOCIEDADES DE CAPITAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 9/2012, DE 16 DE
MARZO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: JUSTICIA

(Núm. exp. 621/000003)

El señor PRESIDENTE: Punto 9 del orden del día. Proyectos y
proposiciones de ley. Dictámenes de comisiones. Proyecto de Ley de
simplificación de las obligaciones de información y documentación de
fusiones y escisiones de sociedades de capital (procedente del Real
Decreto Ley 9/2012, de 16 de marzo). Se tramita por el procedimiento de
urgencia.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
representante designado por la Comisión, que es el senador Joaquín
Ramírez, por tiempo de cinco minutos.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente,
señorías, en nombre de la Comisión de Justicia del Senado tengo el honor
de presentarles el dictamen sobre el proyecto de ley de simplificación de
las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones
de sociedades de capital, procedente del Real Decreto Ley 9/2012, de 16
de marzo.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración de este Pleno se tramita por el procedimiento de urgencia;
tuvo su entrada en la Cámara el día 26 del pasado mes de mayo, fecha,
asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales; el plazo de presentación de enmiendas finalizaba el día 30 de
mayo y fue ampliado hasta el día 1 de junio del presente año.

A este proyecto de ley se presentaron trece enmiendas así
distribuidas: seis del señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto, que fueron posteriormente retiradas; una del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió y seis del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El día 4 de junio, la comisión designó ponencia que quedó
integrada de la siguiente manera: don Urko Aiartza Azurtza, del Grupo
Parlamentario Mixto; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario
Socialista; doña Eva Parera Escrichs, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; doña Iolanda Pineda Balló del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; don Ángel Pintado
Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular; don Luis Rogelio Rodríguez
Comendador Pérez, igualmente del Grupo Parlamentario Popular; don Pedro
Antonio Ruiz Santos, del Grupo Parlamentario Socialista y don Joseba
Zubia Atxaerandio, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Dicha ponencia elevó a la comisión un informe en el que
introducía modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los
Diputados. La comisión, igualmente, se reunió para dictaminar el mismo
día 4 de junio y emitió dictamen de conformidad con el texto propuesto
por la ponencia.

Han presentado votos particulares a este dictamen los
grupos parlamentarios de Convergència i Unió y Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Comienza el debate de totalidad. ¿Algún grupo parlamentario
desea utilizar el turno a favor, o el turno en contra?
(Denegaciones.)

Pasamos al turno de portavoces. ¿Algún grupo parlamentario
quiere intervenir? (Denegaciones.)

Pasamos entonces al debate del articulado. Enmiendas.

Se han presentado votos particulares por parte de
Convergència i Unió.

Para defender la enmienda número 7, tiene la palabra la
senadora Parera, por un tiempo de tres minutos.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente.

Mi grupo parlamentario ha planteado un voto particular a
una única enmienda que presentamos a este proyecto de ley porque
entendemos que se buscaba alcanzar un consenso en un punto clave, como es
la responsabilidad de los expertos externos designados por el articulado
de este proyecto de ley.

En el articulado actual no existe ninguna responsabilidad
para aquellos informes defectuosos llevados a cabo por expertos
independientes, lo que consideramos una omisión muy grave que debería
despertar el interés de todas sus señorías y votar favorablemente para
que esto pueda ser rectificado. Asimismo, pretendemos clarificar
—cosa que no está en el proyecto de ley— las dudas que se
plantean acerca de cuándo es necesario emitir un informe de un experto,
puesto que no queda detallado en el presente proyecto de ley.

Una vez defendido el voto particular de mi enmienda, quiero
hacer un breve inciso y una breve reflexión sobre cómo se ha llevado a
cabo el debate de este proyecto de ley y de este dictamen.

Señorías, tengo un profundo malestar, que hago extensivo a
los compañeros de grupo, por la tramitación de este proyecto de ley.
Nosotros, que vamos a abanderar y seguro que vamos conseguir la reforma
del Reglamento de este Senado y vamos a potenciar sus funciones y sus
capacidades, deberíamos empezar —y me refiero especialmente al
Grupo Parlamentario Popular— a respetar el Reglamento actualmente
vigente en esta Cámara. Creo que tener mayoría absoluta no permite obviar
valores tan importantes como el respeto a los demás miembros de esta
Cámara, así como a la propia institución y al debate; esta es una Cámara
de reflexión y de debate, algo que no ha tenido lugar en este proyecto de
ley. Por tanto, queremos manifestar, y que quede constancia en el Diario
de Sesiones, que deberíamos estar todos a favor del debate y la
reflexión, que en este caso no ha tenido lugar.

Es una lástima que estemos hablando de esto y que no
estemos discutiendo sobre el procedimiento, sobre el proyecto de ley, que
es importante, que es bueno, y, por tanto, ya avanzo que mi grupo
parlamentario va a dar su voto favorable. Porque al final lo que está
sucediendo es que en los medios de comunicación se está hablando de otras
cosas que menoscaban un proyecto de ley interesante, como es iniciar una
política de simplificación del derecho de las sociedades de capital.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
su enmienda, tiene la palabra el senador Díaz Tejera, por un tiempo de
tres minutos.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

Con su venia. No evaluamos en esta intervención el
contenido de las tres enmiendas presentadas en la tarde del lunes, sobre
las 6,15 horas, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. No es
esa la razón de ser de esta intervención.

Suscribo lo dicho por la senadora doña Eva Parera, del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió. No parece adecuado que
los asuntos serios los tomemos con cierta frivolidad. Y nosotros
consideramos una frivolidad que un asunto tan relevante como la
cotización de las sociedades, como la

representación en las juntas generales, como la tutela de
los accionistas minoritarios, con un plazo para presentar enmiendas a
este proyecto de ley del viernes al lunes, nadie se haya puesto en
contacto con ninguno de los integrantes del Grupo Parlamentario
Socialista para decirle que existían esas tres enmiendas. Nadie.

Fíjense, señorías, comprendemos que a última hora surgen
muchas cosas, lo entendemos. La realidad es cambiante, pero hay un
principio de buena fe, hay un principio de lealtad entre los grupos hasta
el punto de que, al menos, digan: sepan ustedes que existen estas tres
enmiendas para que puedan leerlas, puedan consultarlas, puedan
estudiarlas, puedan enmendarlas. El plazo acabó el viernes; el lunes se
presentan tres enmiendas fuera de plazo.

¿Saben ustedes por qué razón la figura de la justicia está
vendada? Porque cuando está el presidente de El Corte Inglés o el más
ínfimo de los consumidores, se tienen que evaluar las razones jurídicas y
no quién tiene poder o quién no tiene poder. En este caso, no se puede
plantear que el Reglamento es para todos, excepto levantar la venda del
ojo, ver que son enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que es el
grupo mayoritario, y entonces decir: los plazos no se aplican al Grupo
Parlamentario Popular. Eso no es respetar el principio de igualdad de
todos los grupos parlamentarios que consiste en respetar los plazos.

¿Por qué razón se distancia el plazo de presentación de
enmiendas al momento de la ponencia y la comisión? Para que todo el mundo
las pueda leer. Si no, podemos llegar al absurdo de que aparezca un
senador en una ponencia con un millón de enmiendas y diga: como tengo la
mayoría, que se incorporen todas a la ponencia y al dictamen. Esa es una
interpretación que conduce al absurdo. En mi experiencia de nueve años en
esta Cámara nunca me había pasado algo así. Por tanto, me parece razón
suficiente para haber interpuesto nuestro voto particular y que aquí
discutamos que este procedimiento no se use más, que los plazos se tienen
que respetar con toda seguridad y, sobre todo, que la mesa respete su
propia doctrina aplicada hasta ahora, a saber, la sentencia del Tribunal
Constitucional, en virtud de la cual…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.

… tiene que haber congruencia entre el contenido de
las enmiendas y el texto. El texto del proyecto de ley tiene que ver con
la publicidad, con Internet, con la simplificación de trámites
administrativos. Las tres enmiendas son infinitamente más relevantes que
la mera trasposición de la directiva de la Unión Europea; unas enmiendas
tan relevantes como estas no se pueden tratar de esta forma. Los asuntos
serios hay que tratarlos con fundamento, y apelo al principio de lealtad
de los grupos para, al menos, cuando no se cumplen los plazos, que
siempre se deben cumplir…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: … se nos diga con antelación
para que podamos leerlas.

Muchas gracias, señor presidente, y gracias por los 54
segundos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz
Tejera.

Turno en contra de las enmiendas.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Comendador, por un
tiempo de seis minutos.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, señora Parera, señor Díaz Tejera, saben ustedes
perfectamente que hubo un problema técnico en la presentación de las
enmiendas. No ha habido ni mala fe ni deseo de ocultación por parte de
este grupo en ningún momento. No se puede hablar de falta de lealtad,
señor Díaz Tejera. En absoluto ha habido intencionalidad alguna por parte
de este grupo en ocultar absolutamente nada.

Señor Díaz Tejera, tengo aquí el escrito de presentación de
enmiendas, y se lo pude enseñar en la comisión. Tiene el sello de la
fecha de entrada. Es verdad que donde aparece cada una de las enmiendas
no se picó y, por tanto, no entraron. Es un fallo técnico que le puede
ocurrir a su grupo, al suyo o a cualquiera de los que aquí estamos. ¿Y
cuando se entera este grupo de lo ocurrido? Se entera el lunes por la
mañana, cuando nos damos cuenta de que no aparecen las enmiendas
presentadas. Por tanto, tenga usted por seguro que no ha habido en
absoluto falta de lealtad por parte de este grupo ni mala fe. En ningún
momento lo ha habido ni creo que sea razonablemente serio por su parte
acusarnos de ello.

Si no queda claro —yo creo que evidentemente
sí—, procuraremos que no vuelva a ocurrir, pero nadie está exento
de que pueda ocurrir en un momento determinado un fallo técnico de esta
naturaleza.

Además, fíjese usted, señor Díaz Tejera, quizá en el Senado
no haya ocurrido anteriormente pero mis compañeros en el Congreso sí me
han dicho que en alguna ocasión su grupo ha presentado enmiendas fuera de
plazo y luego, en ponencia, se han admitido. Hay un refrán español, viejo
y castizo, que dice lo siguiente: Procure ser, en todo lo posible, el que
ha de corregir incorregible. Pero este caso no es el suyo, señor Díaz
Tejera.

Señoras y señores senadores, subo por primera vez a esta
tribuna para posicionar a mi grupo en cuanto a la enmienda presentada por
la senadora Parera. Agradeciendo el trabajo realizado a todos los grupos,
puesto que entendemos que este proyecto de ley debe contar con el máximo
consenso y el voto unánime de la Cámara, con respecto a la enmienda
presentada por la señora Parera, he de decir que la rechazamos. Desde
nuestro punto de vista, al pretender introducir una numeración
excesivamente prolija de supuestos de exclusión del informe del experto,
genera muchas dudas, lo que resulta, desde luego, absolutamente contrario
para la seguridad jurídica. Por ese motivo, señora Parera, tenemos que
rechazarla, sabiendo como sabe que se han admitido otras muchas de las
enmiendas presentadas por su grupo.

Y con esto, señorías, termino este turno y quedo a la
espera del turno de portavoces. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Comendador.

Pasamos al turno de portavoces. (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Aiartza. (Pausa.) Parece que no va a intervenir.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Zubia por tiempo de cinco minutos.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor
presidente.

A la vista está que el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado no ha presentado enmienda alguna al Proyecto de Ley de
simplificación de las obligaciones de información y documentación de
fusiones y escisiones de sociedades de capital procedente del Real
Decreto Ley 9/2012, de 16 de marzo. Un proyecto de ley que iba dirigido a
lo que su propio título indica, incorporando a nuestro Derecho la
Directiva 2009/109, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
septiembre de 2009. Es, aunque quizá deba decirse era, una trasposición
de una directiva de la Unión Europea que es bien cierto llega con retraso
en la medida en que el plazo de incorporación finalizó hace prácticamente
un año, concretamente el 30 de junio de 2011.

Se recurre al real decreto ley, aunque no será este senador
quien ponga peros a esta fórmula, máxime cuando se ha posibilitado su
tramitación como proyecto de ley, aun cuando se ha declarado su urgencia.
La norma está bien configurada técnicamente, máxime cuando han sido
admitidas algunas enmiendas, y en consecuencia el voto de nuestro grupo
no puede ser otro que el afirmativo.

No quiero terminar esta breve intervención sin referirme a
lo que, como he dicho, era una trasposición de una directiva europea, ya
que apenas hace 48 horas han aparecido —y nunca mejor dicho lo de
aparecido— tres propuestas, y leo textualmente propuestas,
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el curso de la reunión
de la ponencia y que no tienen la consideración de enmiendas. Tres
propuestas que, repito, no son enmiendas pero que han sido añadidas al
proyecto de ley en forma de adicionales primera y segunda y transitoria
segunda, sobre la base de la mayoría absoluta que ostenta en esta Cámara
el grupo proponente. Confío en que el Congreso de los Diputados debatirá
y votará tales incorporaciones, pese a no ser, en sentido estricto,
enmiendas del Senado.

En cualquier caso, sí quiero hacer constar que estamos
plenamente de acuerdo con el contenido de tales adicionales y
transitoria, pero el procedimiento, la forma en que se ha efectuado dicha
incorporación, debemos denunciarla y esperamos, creo que no es mucho, no
se repita.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zubia.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Parera por tiempo de cinco minutos.
(Pausa.)

Perdón, senadora Pineda, la he confundido con la senadora
de Convergència i Unió. Tiene su señoría la palabra.

La señora PINEDA BALLÓ: Gracias, presidente.

Ya les avanzo que nuestro voto en este proyecto de ley va a
ser positivo. Esta tenía que ser una ley que pasara por este Senado igual
que pasó por el Congreso, con amplio consenso, pero sin más importancia,
pero en el Senado va a pasar con amplio consenso, pero entiendo que con
más importancia, como mínimo como un elefante por una cacharrería.

Es una ley —podríamos decir era, en principio, cuando
se presentó ante la ponencia— casi anodina, que tenía por finalidad
la trasposición de una directiva, la 2009/109, de 1 de septiembre d 2009,
que tenía razón que se utilizara incluso la figura del real decreto ley
porque el plazo para la incorporación a nuestro ordenamiento ya se había
pasado —estábamos fuera de plazo— y las razones para la
trasposición eran que las sociedades de capital español tuvieran el mismo
régimen que las demás de la Unión Europea y porque si no trasponíamos
esta directiva, nos exponíamos a multas cuantiosas por parte de la Unión
Europea.

Ya lo han hecho como mínimo dos portavoces antes que yo en
su turno de palabra, y cuando decía que esta ley pasaba por aquí como un
elefante en cacharrería, no obstante el amplio consenso, era porque esta
ley, cuando ha llegado aquí, al Senado, lo ha hecho, al menos en
comisión, de mala manera.

El plazo para la presentación de las enmiendas acababa el
viernes; el lunes, a las 6 de la tarde, estaba convocada la Comisión de
Justicia y, no obstante, si se dieron cuenta del error en la presentación
de las propias enmiendas y de que no habían quedado grabadas, entre la
mañana del lunes y las 6 de la tarde se podrían haber puesto en contacto
con algunos de los portavoces para anunciar lo que había pasado.

Sí creo que en este caso, y confirmo lo que han dicho los
que me han precedido en el uso de la palabra, ha existido una falta de
lealtad institucional, porque al menos podrían haber hecho una llamada
telefónica.

Sinceramente, estamos ante una instrumentalización del
Senado por parte del Gobierno, pues las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado no tienen conexión ni
homogeneidad material con la iniciativa del trámite. Es cierto que hablan
de sociedades, pero de cosas muy distintas.

La enmienda, tal y como indica la sentencia del Tribunal
Constitucional 119/2011, de 5 de julio, conceptual y lingüísticamente,
implica la modificación de algo preexistente cuyo objeto y naturaleza ha
sido determinado con anterioridad. Solo es enmienda lo que ya se ha
definido. La enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una
realidad nueva que debe nacer de una nueva iniciativa. Si no nos queremos
cargar la técnica legislativa, es necesario que esto no vuelva a pasar,
por lo que espero que esta discusión no se produzca nada más que en esta
ley.

Respecto al fondo de las enmiendas, las compartimos, así
como parte de su justificación, aunque creemos que esta es
incompleta.

El objetivo no es solo proteger a los accionistas
minoritarios ante las OPA; estas enmiendas tienen también su origen en la
situación de la Bolsa española en estos momentos, diferente de la que
teníamos hace dos años.

Con la depreciación de la capitalización de muchos valores
estos pueden ser atractivos, de hecho lo son, para inversores no
deseados: fondos especulativos, fondos también llamados buitres,
etcétera. Empresas españolas quedarían en manos de fondos foráneos
especuladores, poniéndolas en peligro así como los intereses de los
pequeños accionistas. No sería bueno, pues, para España perder la
referencia de empresas arraigadas y algunas de ellas importantísimas para
nuestro desarrollo.

Así pues, la justificación, además de la defensa del
pequeño accionista, es también la defensa de los intereses generales del
país. Por ello, votaremos a favor del proyecto de ley que aquí se
presenta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pineda. Le
vuelvo a pedir perdón por la confusión.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, ahora sí,
tiene la palabra la senadora Parera.

La senadora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente. No se preocupe, queda usted perdonado.

Con la aprobación de este proyecto de ley básicamente lo
que estamos haciendo es seguir una línea marcada por la Unión Europea muy
clara, al emprender una política de simplificación del derecho de las
sociedades de capital, especialmente en la reducción de costes y
simplificación de cargas.

Creo que lo que estamos haciendo hoy aquí es algo muy
bueno, puesto que estamos evitando que las sociedades de capital
españolas tengan un régimen legal mucho más riguroso que las sociedades
sometidas a legislaciones de los demás Estados miembros de la Unión
Europea, lo que conlleva un efecto negativo en la competitividad de
nuestras empresas. Por tanto, reitero una vez más, como ya he hecho
antes, el apoyo de Convergència i Unió al dictamen de este proyecto de
ley.

Es cierto, y es de justicia también, mencionar que es un
texto que vino muy consensuado del Congreso de los Diputados, con la
aceptación de bastantes de nuestras enmiendas, dejando solo una viva, que
es la que aquí he defendido en un voto particular. Nosotros vamos a dar
nuestro apoyo a este proyecto, incluso a las tres enmiendas objeto de
discusión y controversia presentadas por el Grupo Popular, puesto que
entendemos que básicamente lo que se está intentando es dar mecanismos de
defensa a aquellas empresas que no desean ser adquiridas por otros y
evitar que, en los momentos actuales de crisis, con las tendencias
bajistas experimentadas por las bolsas españolas en los últimos meses, se
pueda facilitar la adquisición de sociedades cotizadas a precios
irrisorios o anormalmente bajos mediante una OPA. Así pues, estamos de
acuerdo en esos puntos.

Reitero nuestro total apoyo al proyecto, aunque es una
lástima que un proyecto de ley que se va aprobar —entiendo o
espero— por unanimidad —incluso las tres enmiendas
presentadas por el Grupo Popular—, y donde es evidente que hay un
acuerdo mayoritario, no se haya podido discutir y debatir con muchas más
tranquilidad, ni escuchar la opinión de los grupos que no tenemos aquí
mayoría absoluta y que, seguro, hubiéramos podido hacer aportaciones muy
interesantes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Ruiz Santos.

El señor RUIZ SANTOS: Señor presidente.

Señorías, es evidente que casi todos los grupos hemos
manifestado que estamos de acuerdo en el fondo, y también en que las
formas no han sido las correctas. Era una ley que parecía —como se
ha visto hace un momento— de trámite —aunque
importante— para la simplificación de obligaciones de información y
documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, y que
había sido aprobada por unanimidad de todos los grupos del Congreso de
los Diputados. Sin embargo, lo que ocurrió en los días en que se tenían
que presentar las enmiendas ha venido a enturbiar ese fondo con el que,
como digo, estamos de acuerdo, porque en todo aquello que beneficia a las
empresas de este país, el Partido Socialista, evidentemente, va a estar
de acuerdo. Es la transposición, como se ha indicado ya, de la Directiva
2009/109, que va a significar reducción de costes y de tramitaciones
administrativas. Se va a considerar una prioridad la incorporación de las
nuevas tecnologías, dotando de seguridad jurídica su utilización; se va a
obligar a las empresas que son cotizables —que se cotizan— a
que tengan una página web y a que lo que allí se publique sea cumplido
por sus administradores. Entendemos que todos estamos de acuerdo en esas
garantías, así como en la de información a los interesados en las
operaciones societarias y a los trabajadores que pudieran verse
afectados.

Sin embargo, existe malestar por no haber podido estudiar
con cierto detenimiento esas enmiendas, ya que, aunque el proyecto de ley
en el Congreso de los Diputados ha sido aprobado por unanimidad, no son
tres enmiendas baladí, son muy importantes. También se ha citado aquí la
sentencia del Tribunal Constitucional a la hora de hablar de congruencia,
por ejemplo, qué tendrá que ver el derecho de voto con la fusión o
escisión. En cualquier caso nos hubiese gustado aportar; y es que también
entendemos y compartimos en el Grupo Parlamentario Socialista el objetivo
final, el espíritu final de estas enmiendas. Consideramos que en estos
momentos de dificultad económica las sociedades que están cotizadas deben
tener al menos una protección por parte del Gobierno para que no se vean
sujetas a que pueda ocurrir —ya en el pasado tuvimos atisbos de que
pudiera ser una realidad— que aquellas sociedades con capital
disperso o aquellas sociedades cotizadas que tienen un socio hostil,
fruto de la caída de la bolsa, estén en los niveles del año 2003. Las
daciones, el valor patrimonial en definitiva, es mucho más bajo y hay
posibilidad de que empresas emblemáticas de este país tengan problemas.
Todos compartimos que hemos de ayudarles con la simplificación de las
obligaciones en fusiones y escisiones, pero no con estas formas.

Y digo que nos hubiese gustado aportar porque entendemos
que esta no es una cuestión pacífica en nuestro ordenamiento, en nuestra
jurisprudencia, en España, ni tampoco en Europa. Fíjese que lo que hace
una de las enmiendas es eliminar un apartado fundamental, el Real Decreto
1/2010, en el que se

establecía la nulidad de las cláusulas limitativas del
voto, donde las sociedades anónimas cotizadas dejaban nulas de pleno
derecho las decisiones estatutarias que directa o indirectamente fijaban
un carácter general en un máximo de votos que podría emitir un mismo
accionista. Digo que no es pacífica esta cuestión, y que es para
estudiarla, porque incluso sentencias, por cierto, no de mucho tiempo
atrás, del 13 de abril del 2012, reafirman esa posibilidad, y ahora, con
esta enmienda se ve que hay una posibilidad de cierre para proteger a
estas sociedades que, como digo, cotizan. Pues vamos a estudiarlo, y es
que ni siquiera en Europa existe un posicionamiento claro.

Por ejemplo, en países de la Unión Europea se protegen, y
es que el debate en la Comisión acabó con una decisión: que cada país
fuera quien decidiese la regulación más conveniente en esta materia. De
hecho, en Alemania y en Italia se han levantado esas restricciones. En el
primer caso, en concreto porque sus empresas estratégicas son de un
tamaño enorme y el Estado posee el derecho de veto. Y en el otro caso,
porque las posibles afectadas son compañías públicas. Entendemos que
ustedes han hecho aquí una trasposición no solo de la normativa de la
directiva sino también del ordenamiento francés.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RUIZ SANTOS: Sí, señor presidente.

La solución que han adoptado es la del ordenamiento francés
y, como digo, nos hubiese gustado aportar puesto que compartimos ese
mismo objetivo.

Señorías, para terminar citaré a un autor que no les será
desconocido, al propio ministro de Justicia, señor Ruiz-Gallardón, que en
el momento final de la convalidación de este decreto dijo claramente lo
siguiente: Lo que hoy aprobamos por real decreto-ley y por trasposición
de la directiva formará parte en su momento del nuevo Código mercantil
cuyo compromiso de remisión a esta Cámara será cuando podamos discutir en
profundidad estas y otras reformas que necesita nuestro derecho de
comercio. En esa confianza de poder discutirlo, según las palabras del
señor ministro, esperábamos que esta circunstancia no hubiese sido la que
ha sido y, desde luego, no creemos que haya sido el mejor ejemplo de
lealtad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ruiz
Santos.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
senador Rodríguez Comendador.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Señor presidente,
señorías, creo que mi explicación no ha debido ser lo suficientemente
clara cuando nuevamente los portavoces que han comparecido ante esta
tribuna vuelven a sacar el mismo tema.

Decía un amigo de mi abuelo lo siguiente: Y vuelta la burra
al trigo. Efectivamente, creo que yo he dado explicaciones razonables de
lo que ha ocurrido. Otra cosa es que no se quieran entender por parte de
algunos, y me parece muy bien, están ustedes en su derecho de no
aceptarlas, por supuesto. Pero es evidente que las explicaciones han sido
suficientemente claras.

Dicho lo cual, quiero agradecer el posicionamiento de los
grupos políticos en orden a la aprobación de este proyecto de ley, que
procede del Real Decreto 9/2012, de 16 de marzo, así como de las
enmiendas incorporadas por mi grupo.

Señorías, quiero hacer una breve reflexión sobre la
imperiosa necesidad de modernización de la justicia y de cómo este
proyecto de ley está comprendido dentro de ese objetivo.

La enfermedad que padece nuestra justicia, como saben sus
señorías, no se cura con simples aspirinas; necesita un tratamiento
integral adecuado a la gravedad del enfermo. En años anteriores —es
cierto que con buena voluntad, aunque con escaso resultado— se
desarrolló un plan de modernización del que poco podemos resaltar; si
acaso, la oficina judicial —medida estrella—, que tuvo poco
éxito, como pueden constatar los distintos agentes judiciales.

El Gobierno y nuestro grupo parlamentario apostamos por una
modernización basada en la eficacia y eficiencia de los recursos
disponibles, más necesaria que nunca por la difícil situación económica
que estamos padeciendo. Por ello, esperamos que este proyecto de ley
salga de esta Cámara aprobado por unanimidad. Se trata de un proyecto de
ley que incorpora al derecho español las normas de la Directiva 2009/109
de la CE, que exige, en primer lugar, la modificación de las sociedades
de capital, a fin de añadir nuevas excepciones a la exigencia de informe
de experto independiente para la valoración de las aportaciones no
dinerarias en la sociedad anónima, y, en segundo lugar, y sobre todo, la
modificación

de algunos artículos de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, a fin de
simplificar el régimen jurídico de fusiones, incluidas las
transfronterizas, y también de las escisiones. En definitiva, se trata de
la trasposición de una directiva cuyo plazo para incorporarse al derecho
español expiró en junio de 2011, hace exactamente un año.

Señorías, existe un doble objetivo con respecto a la Ley de
Sociedades de Capital. En primer lugar, reforzar la apuesta del
legislador por el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones entre
las sociedades mercantiles y las de sus socios. Y, en segundo lugar,
incorporar nuevas excepciones a las exigencias de informe de experto
independiente en el caso de las aportaciones no dinerarias.

En cuanto a las enmiendas aportadas por mi grupo tengo que
decir que constituyen la protección de los accionistas minoritarios de
sociedades cotizadas. La norma, como han podido comprobar, no se impone y
no prohíbe nada, sino que permite a las sociedades y a sus juntas
generales tomar las decisiones que quieran; da absoluta libertad.

La existencia de cláusulas estatutarias en las que se
altere la proporcionalidad entre la titularidad del capital y los
derechos de voto que este confiere está generalizada en la mayoría de
países de la Unión Europea. En el informe encargado a la Comisión Europea
sobre el particular en el año 2007 se constató que el 44 % de las 464
compañías europeas analizadas utilizaban algún mecanismo de blindaje.
Considerando además el absentismo de los accionistas minoritarios en la
junta general de cualquier sociedad, el titular de un paquete
significativo pero no mayoritario, y para cuya adquisición no ha tenido
que formular una oferta pública de adquisición, puede controlar de hecho
la sociedad, por lo que se establece la posibilidad de que las sociedades
establezcan voluntariamente limitaciones al derecho de voto que impidan
que puedan producirse estas situaciones. No obstante, y con objeto de
evitar que los límites al derecho de voto disuadan a potenciales
inversores de formular una oferta sobre la totalidad del capital, del que
siempre se beneficiarían todos los accionistas, es necesario garantizar
un mercado eficiente del control de sociedades, puesto que dichas
limitaciones de los derechos de voto pierden su eficacia cuando, tras una
oferta pública de adquisición, el oferente devenga titular de acciones
representativas por un porcentaje que suponga una cantidad igual o
superior al 70 %.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: En consecuencia, la
enmienda permite a las sociedades que quieran hacerlo protegerse frente a
quienes quieran controlarlas adquiriendo un paquete que sea inferior al
30 %, pero cualquier defensa de este tipo queda sin efecto si un inversor
hace una OPA sobre el cien por cien de la compañía y es aceptada por el
70 % de los accionistas.

Finalmente, la modificación de la Ley del Mercado de
Valores permite que, en caso de formulación de una oferta sobre una
sociedad cotizada que haya estado sujeta a circunstancias excepcionales,
como catástrofes, guerras, calamidades…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Termino, señor
presidente.

… la CNMV pueda exigir que se haga a un precio
equitativo, que puede ser el valor de cotización del último año, el valor
contable u otros habitualmente utilizados.

En definitiva, señorías, un proyecto de ley que sin duda
viene a garantizar y a mejorar las circunstancias que concurren en las
sociedades españolas en este momento actual de dificultades.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Comendador.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas.
Aquellas que resulten aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al
dictamen del Pleno.

En primer lugar, votamos la enmienda número 7, de
Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 246; a favor, 17; en contra, 229.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, que supone la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por el informe de la
ponencia.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 245; a favor, 71; en contra, 169; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se ha presentado una propuesta de modificación al dictamen
de la Comisión de Justicia que afecta al artículo 1, apartado 3. Se
propone una nueva redacción del artículo 173 del texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, apartado 1. Donde dice: la convocatoria se
publicará en el Boletín Oficial del Estado, debe decir: La convocatoria
se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y su
justificación es por congruencia de las revisiones registrales.

Al haber sido presentada por todos los grupos, entiendo que
se puede aprobar por asentimiento. (Asentimiento.)

Queda aprobada.

Votamos a continuación en un solo acto el resto del
proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 246; a favor, 246.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

9.2. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

9.2.1. PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 206
DE LA LEY HIPOTECARIA DE 8 DE FEBRERO DE 1946.

(Núm. exp. 622/000002)

AUTOR: GPEPC

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de proposiciones
de ley.

Proposición de Ley de modificación del artículo 206 de la
Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946. Autor, Grupo Parlamentario de
la Entesa pel Progrés de Catalunya.

No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa,
por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por el
Grupo Parlamentario de la Entesa.

Para la defensa de la toma en consideración, tiene la
palabra por tiempo de diez minutos el senador Saura. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.

Tiene la palabra, Senador.

El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor presidente.
(Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

Espere un momento, señoría, no dé comienzo a su turno hasta
que no haya silencio. (Pausa.)

El señor SAURA LAPORTA: La proposición de ley que
planteamos hoy a debate y votación es la modificación en un artículo de
la Ley Hipotecaria del Estado español. La propuesta consiste en suprimir
la equiparación que hace esta ley de la Iglesia con el Estado, es decir,
la no separación que hace esta ley del funcionario público con un
diocesano que pueda registrar propiedades para la Iglesia desde el punto
de vista de la Iglesia.

Evidentemente, esto entra en contradicción con el artículo
16 de la Constitución y con la separación de la Iglesia y el Estado.
Posiblemente, no haría falta argumentar más. Estamos ante una ley que no
solo no contempla sino que es contradictoria con un Estado aconfesional,
como es el nuestro, como demuestra el artículo 16. A pesar de ello,
quisiera hacer tres consideraciones en relación con esta propuesta de
modificación de ley que fundamentan aún más la propuesta que les
hacemos.

La primera es que ya existe una sentencia del Tribunal
Constitucional del año 1993 en la que se dice clarísimamente que no se
puede equiparar funcionarios públicos con la Iglesia. Es la sentencia
340, de 1993, que dice, literalmente, lo siguiente: En definitiva, ha de
concluirse que la justificación del precepto cuestionado —que es la
equiparación de la Iglesia con el Estado—, que equipara a la
Iglesia Católica con los entes públicos allí mencionados, se encuentra
únicamente en el carácter confesional del Estado con anterioridad a la
vigencia de la Constitución española, lo que es contrario al artículo 16
de nuestra norma fundamental y a la LAU. Tampoco puede encontrar
justificación en la previsión de dicho precepto constitucional de
colaboración —y acaba—, resultando, pues, sobrevenidamente
inconstitucional y, por consiguiente, nulo en cuanto a la mención de la
Iglesia Católica. Es decir, el Tribunal Constitucional, como no podía ser
de otra manera, dice que es anticonstitucional la equiparación de la
Iglesia con el Estado, en función del artículo 16 de nuestra
Constitución.

El segundo argumento que quiero plantear es qué
consecuencias ha tenido y está generando esta circunstancia. ¿Cuántas
inmatriculaciones, es decir cuántas apropiaciones se han producido por
parte de la Iglesia? No conocemos cuántas. Yo se lo he preguntado al
Gobierno y aún no me ha contestado ―espero que lo haga―, pero
he de decir que solo en Navarra son 1087 apropiaciones en los doce
últimos años: 651 templos parroquiales; 191 ermitas; 9 basílicas; 42
viviendas y casas; 26 locales comerciales, garajes y locales varios; 2
atrios; 8 cementerios; 107 fincas; 38 pastos, prados y helechales; 12
viñas, pinares, olivares y arbolado, y 1 frontón. Repito, solo en
Navarra, en los últimos doce años se han producido 1087 apropiaciones
indebidas.

Espero que el Ministerio de Justicia conteste y relacione
cuántas se han producido en todo el Estado, pero les voy a citar una
reciente y que seguro que aunque muchos de ustedes ya conocen otros no:
la mezquita de Córdoba, que se construyó en el siglo VIII, desde 2006 es
propiedad de la Iglesia católica. Es decir, que un monumento de estas
características, que forma parte del patrimonio cultural y es la tercera
o cuarta mezquita de todo el mundo es hoy propiedad de la Iglesia
simplemente porque la Iglesia la ha registrado como suya, sin ningún
trámite de información pública o de relación con la Administración.

Creo que es escandaloso que en el siglo XXI alguien que no
es Estado tenga comportamientos como en la Edad Media o como en el
nacionalcatolicismo, y es absolutamente escandaloso que la mezquita de
Córdoba esté en manos de la propiedad privada.

En cualquier caso, lo que debatimos hoy no es si la
mezquita ha de ser o no de la Iglesia, o si estos 1087 bienes inmuebles
han de ser o no de la Iglesia, lo que debatimos hoy es que la Iglesia no
es nadie, en un Estado aconfesional, para apropiarse de bienes que son
públicos. Este es el debate de hoy. Insisto en que no planteo el debate
en términos ―aunque desde mi punto de vista sea así― de que
las casas de culto, los locales o la mezquita de Córdoba tienen carácter
público porque fundamentalmente han sido levantadas, construidas,
reformadas o rehabilitadas con dinero de la ciudadanía, de los
ayuntamientos o de la Administración pública ―y, por lo tanto, creo
en el carácter público de todos estos bienes inmuebles―; lo que
discutimos es que no puede ser que sea la iglesia la que decida, al
margen del Estado, qué propiedades son suyas.

La tercera consideración que querría hacer es más general.
Esta propuesta de modificación de hoy es una propuesta pequeña, de un
problema no resuelto, resuelto en la Constitución pero no en la práctica,
sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

No conozco ningún jurista, debe haber muy poquitos, que
piensen que los acuerdos de la Santa Sede con el Estado son
constitucionales. Prácticamente todos los juristas, todos los expertos,
todos los entendidos dicen clarísimamente que los acuerdos del Estado con
la Iglesia católica que se produjeron antes de la Constitución son
anticonstitucionales.

Ciertamente, ningún Gobierno los ha modificado, y quería
decir al principio de mi intervención ―y lo digo ahora― que
el debate que planteo no es entre la derecha y la izquierda, no se trata
de posiciones de derecha o de posiciones de izquierda sino, simplemente,
de hacer cumplir lo que dice la Constitución en el sentido de que
queremos un Estado aconfesional, que lo ha de decir la derecha y lo ha de
decir la izquierda.

Tampoco planteo un debate buscando responsabilidades sobre
por qué no se ha hecho, ya que no interesa en este momento. Lo que
interesa es avanzar y perfeccionar un Estado de derecho que ha de ser
aconfesional y que no lo es. Pero no quiero dejar de plantear que la
propia situación de crisis económica y en parte de crisis política, ética
y moral que vivimos interroga a la Administración y a los políticos sobre
si se pueden mantener los privilegios de una iglesia en un Estado que se
llama aconfesional, pero que en la práctica no lo es. Estoy hablando de
la necesidad de modificar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, estoy
hablando de la financiación de la Iglesia, estoy hablando de la educación
y estoy hablando simplemente de una posición que el Gobierno actual ha
tomado y que me parece injusta. El Gobierno actual pide sacrificios a
todo el mundo, a los partidos, a los sindicatos, a los que cobran la
renta mínima, a los parados, a todo el mundo, pero hay una partida que no
baja: es la partida mensual de financiación a la Iglesia católica, que se
sitúa en las mismas cifras que el año pasado, y solo la partida de hacer
frente al pago de salarios de los sacerdotes sube más de 13 millones
mensualmente. La pregunta es: si se piden sacrificios a todo el mundo,
¿no se le han de pedir también sacrificios a la Iglesia? ¿Por qué no se
le piden sacrificios a la Iglesia?

Por lo tanto, lo que estoy diciendo, señoras y señores
senadores, es lo siguiente: la necesidad de que con la aprobación o con
el inicio del trámite parlamentario de la iniciativa que les proponemos
se pueda acabar con un aspecto absolutamente contradictorio con un Estado
aconfesional. La Iglesia no es el Estado en el Estado español que se
inicia a partir de 1978. Los funcionarios públicos no pueden ser
equiparados a los eclesiásticos, y no puede ser que la Iglesia, sin
ningún trámite, simplemente con un certificado registral, se apropie de
locales, de terrenos de culto de la mezquita de Córdoba, cuando esto es
propiedad de todo el mundo, y especialmente del Estado español.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

¿Algún grupo quiere utilizar el turno a favor? (Pausa.)

¿Turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto no hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tampoco.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, ¿senador Saura?
(Denegación.)

¿Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? Tiene
la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente.

Me sorprende escuchar la intervención del señor Saura hoy
aquí en el debate de esta proposición de ley. Me ha parecido que
demonizaba un poco a la Iglesia. Ha tratado temas que no tienen nada que
ver con el artículo 206 que aquí se propone debatir, y no podemos olvidar
que hoy mismo en esta situación de crisis que está viviendo España la
Iglesia es una gran fuente de apoyo y de ayuda para muchísimas familias
pobres que lo están pasando muy mal y que no tienen recursos. (Aplausos.)
Por tanto, creo que era de recibo mencionarlo.

En cuanto al objeto real del debate, obviamente el
posicionamiento de Convergència i Unió será en contra. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

La señora PARERA ESCRICHS: Debemos recordar que hasta el
año 1998 no se permitió la inscripción de determinados bienes de la
Iglesia católica en el Registro de la Propiedad, de ahí el redactado del
artículo 206, que creo que se debe mantener puesto que con esta redacción
lo que se consiguió fue tener un procedimiento ágil para inmatricular las
fincas de la Iglesia. Además, quisiera recordar que la normativa de
derecho canónico, que es derecho igual que cualquier otro derecho, exige
que las certificaciones que

emanan de los obispos tengan un procedimiento previo que
pueda garantizar su veracidad. Es decir, hay un principio que es básico
en cualquier Estado democrático y de derecho, que es la veracidad, la fe
pública registral, que ustedes están poniendo en duda.

Quisiera recordar que, además, las inmatriculaciones que se
han realizado de esta forma se han hecho siguiendo un período transitorio
de dos años. Es un período fácilmente impugnable, en el que ha habido un
control por parte de los registradores. Y, que yo sepa, hasta fecha de
hoy, no se ha presentado ningún tipo de prueba, ningún caso que
efectivamente haya estado encausado en el que se certifique de forma
fehaciente que se han realizado inscripciones de forma unilateral por
parte de la Iglesia católica, y que estas inscripciones no son ciertas y
no gozan del privilegio de la fe pública registral.

Por otra parte, quisiera recordar que nuestro sistema
registral español está catalogado como uno de los más seguros del mundo.
Por tanto, poner en duda tanto nuestro sistema registral como la buena fe
de unas inscripciones que se están haciendo amparadas por el derecho, así
como poner en duda a la Iglesia en sí, creo que no procede. Por tanto,
manifestamos nuestro voto en contra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente. Con su
venia.

Escuchaba al senador Saura y también miraba los rostros de
quienes le escuchábamos. Yo entiendo el lenguaje gestual y las
expresiones porque procuro no leer, sino mirar a las personas a las que
estoy hablando. Y no comparto todo su razonamiento, pero hago un esfuerzo
por tratar de captar qué es lo que hay en el fondo de ese razonamiento.
Aquí no estamos discutiendo sobre una iglesia, sobre todas las iglesias o
sobre una orientación o confesión religiosa. No es asunto de mi
competencia. En los asuntos humanos algo sé de alguna materia, de otras
no. En los asuntos teológicos me proclamo lego absoluto y no hablo de
ellos. Y practico un viejo estilo francés, en virtud del cual la
orientación religiosa o la orientación sexual o el voto de una persona
son un asunto privado. Y me parece de mala educación preguntarle a
alguien cuál es su orientación religiosa, cuál es su orientación sexual o
cuál es su voto. Insisto: son un asunto privado. (Aplausos.) Yo nunca lo
pregunto, y mis compañeros y compañeras lo saben, jamás le he preguntado
tal cosa a nadie, forma parte de su privacidad. Yo supongo que todos mis
compañeros del Grupo Socialista votan izquierda y todos votan PSOE, como
yo supongo que todos los integrantes del Partido Popular votan Partido
Popular, pero nunca lo pregunto porque me parece de mala educación.

Aquí el debate que plantea el senador Saura, al menos como
lo entendemos los integrantes del Grupo Socialista, es acerca del
expediente registral. Otros asuntos que plantea —Iglesia, Estado,
relación entre el ámbito laico y el ámbito religioso— son de una
entidad y de una profundidad sobre la que no me importaría reflexionar en
cualquier otro momento. Pero lo que a mí me interesa aquí ahora es el
expediente registral. Y sobre el expediente registral me informan
—porque también pregunto y me encanta aprender— que sobre
todo en aquellos lugares donde se desarrolló la desamortización de
Mendizábal, en zonas de Castilla, en zonas de Levante, estos asuntos no
se plantean con la misma entidad. Sin embargo, en otros lugares, como en
Tarragona, en Vic, en Manresa, en Navarra, en el Monasterio de Poblet, en
Sant Cugat, en Montserrat, sí se plantean con otra entidad, y hay amplios
solares y amplias titularidades de bienes inmuebles. Y entonces, aquí lo
que se plantea es, ¿consideramos en el Senado que esto es evaluable? Yo,
por definición, creo que lo que tiene que ver con los seres humanos en
asuntos de seres humanos que estamos aquí, todo es evaluable, pero en lo
que tiene que ver con ciencias teológicas o ciencias de la divinidad, me
considero lego y no hablo al respecto.

Y yo planteo lo siguiente. Un diocesano es una persona
experta en asuntos teológicos, pero no tiene por qué ser un experto en
asuntos civiles y asuntos registrales. Pudiera serlo también, pero en
principio no tiene por qué serlo. En la parte técnica —con todo el
respeto, señor Saura— sobre cómo está regulada la propuesta de
reformulación del artículo 206, yo discrepo porque creo que técnicamente
se puede hacer más claro, ¿pero que se admita a debate? No se trata de
aprovechar un debate sobre el expediente registral para otro asunto
distinto a lo que está pasando ahora con tanta gente que padece, y cómo
en todos los ámbitos religiosos o no religiosos hay tanto voluntariado
que se está partiendo el pecho. No se trata de aprovechar una cosa para
arrimar el ascua a la sardina que quiero llevar, porque esto no es ningún
tribunal donde alguien —un hombre— hace de fiscal y alguien
—una mujer— de abogada defensora. A nosotros esa fórmula del
debate no nos interesa en absoluto, solo nos interesa la parte civil del
expediente registral y, sinceramente, todo expediente registral en España
debe llevarse por quienes

saben de expedientes registrales que, en nuestro criterio,
son los registros de la propiedad. El expediente registral se debe llevar
en el Registro de la Propiedad con las debidas garantías. Y, en este
sentido, les planteo por qué no evaluar esto. Nosotros comentábamos en la
reunión del Grupo Socialista que hay una compañera que hasta hace poco
era ministra y que ahora ha vuelto a su trabajo como registradora, doña
Beatriz Corredor, que es registradora de la propiedad. También sabemos
que hay otros registradores de la propiedad en el Grupo Popular —no
hace falta que cite al señor presidente del Gobierno, pues no vamos a
distraerle de otros asuntos para que se encargue de esto— que
también son profesionales y peritos en esta materia.

Por tanto, yo les pregunto por qué no acoger esta
proposición y revisar esto en la formulación técnica para que sean los
profesionales del expediente registral y del Registro de la Propiedad
quienes lo hagan. Porque yo no estoy cuestionando ni la probidad moral,
ni la integridad, ni la calidad humana. No es ese el asunto ahora. No es
un tribunal con fiscal y abogada. Estamos planteando exclusivamente el
asunto del expediente registral. Por eso, a mí me parece, mantenido el
principio general, que si alguien quiere que se debata algo, que se
debata. Les pongo un ejemplo. En el Consejo de Europa hay 400
parlamentarios. Como saben los que integran dicho Consejo, el presidente
del Grupo Popular es un señor vinculado a la Democracia Cristiana y al
Vaticano, Luca Volonté. Y siempre me trae todas las peticiones de informe
para que se las firme, pues, aunque discrepe del contenido, él sabe que
mi voto no está condicionado y que mi libertad de expresión no está
condicionada. Pero hay un derecho de todo parlamentario a que se le firme
cualquier asunto que quiera debatir. Yo no condiciono lo que luego vayan
a votar, no condiciono lo que vayan a expresar, no condiciono el
contenido técnico de los artículos, no condiciono qué artículos poner y
cómo ponerlos. Eso ya lo haremos en la tramitación, y las enmiendas que
planteemos ya las haremos en la tramitación. Ahora bien, ante la pregunta
de quién es mejor para llevar un expediente registral, si un diocesano de
cualquier orientación religiosa o un registrador de la propiedad, me
parece que a estas alturas no merece más razonamiento que el de que tenga
que hacerlo un registrador de la propiedad.

Por ello, creo que es conveniente que, al margen de la
argumentación y, si se me permite, haciendo abstracción incluso de la
argumentación que se utilice, votemos a favor para que se pueda tramitar,
de forma que podamos evaluar y mejorar esta situación que no es regular,
como es que alguien esté llevando a cabo asuntos sin la cualificación
debida. Insisto en que tiene un peritaje en ciencias teológicas, pero no
en el ámbito civil. Por eso creo que lo mejor es el Registro de la
Propiedad, sin cuestionar ningún otro asunto que creo que no es objeto
del debate y que inteligentemente se ha desplazado ahí, con todos los
respetos, pero que no es el objeto central de esta conversación.

En cualquier caso, presidente, como antes me dio
amablemente 54 segundos, le devuelvo 1 minuto y 35 segundos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz
Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Con la venia, señor presidente.

Efectivamente, señor Saura, la Iglesia no es el Estado, y
en eso estamos totalmente de acuerdo, pero realmente lo que hoy viene
usted a traer aquí no despeja que la Iglesia no sea el Estado, realmente
es algo distinto; yo creo que es una posición personalísima suya, de su
grupo, muy respetable, pero desde luego no es la posición mayoritaria de
los españoles la que usted plantea hoy aquí.

Por lo tanto, yo, en representación de algunos más que
usted, le voy a decir lo siguiente. La certificación administrativa como
medio inmatriculador ha demostrado ser especialmente útil para que
accedieran al Registro de bienes inmuebles del Estado y de la Iglesia,
dado que es infrecuente la enajenación de estos bienes, como usted sabe
muy bien, los templos, las iglesias, etcétera. Cuando por la posesión
inmemorial de la finca o del bien inmueble de que se trate no existiese
título público de adquisición apto para acceder al Registro de la
Propiedad o cuando no constase la primera inscripción de dominio, las
entidades públicas citadas en dicho precepto, así como la Iglesia
católica debían procurar la inmatriculación del inmueble mediante una
certificación administrativa expedida por autoridad civil o eclesiástica
competente según su normativa aplicable.

Una vez obtenida la inmatriculación a través del
procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria
—que hoy usted propone que modifiquemos—, esta inscripción
produce una protección limitada a favor del matriculante, que permite al
verdadero titular de la finca, si lo hubiera, reclamar frente al
inmatriculante, sea este Administración o Iglesia católica.

La Iglesia católica en todos los casos de inmatriculación y
en virtud de certificación administrativa no es un tercero protegido por
el artículo 34, y asimismo en la gran mayoría de los casos no llegará a
existir ningún tercero del artículo 34, ya que los bienes que inscribe
—iglesias, catedrales, basílicas, etcétera— no pueden ser
enajenados, y menos mediante precio.

Los requisitos y efectos de esta certificación
administrativa han sido precisados por la sentencia del Tribunal Supremo
de 11 de junio del año 1963 y por la Resolución de la Dirección General
de los Registros y del Notariado de 24 de noviembre del año 1969, que
reserva dicho procedimiento a la inscripción de dominio y no de otro
derecho real, e impone como límites negativos la imposibilidad de su
utilización cuando conste inscrita la propiedad del inmueble o cuando se
pretenda reanudar el tracto sucesivo interrumpido. Sin embargo, esta
última limitación solo queda vigente respecto de los bienes de la Iglesia
católica, dado que la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, configura a favor de esta última un
procedimiento de reanudación de tracto sucesivo interrumpido a través de
la certificación administrativa regulada en este artículo 206 de
marras.

La realidad es que, como conclusión, cabría mantener, en
primer lugar, que obviamente la autoridad civil o eclesiástica competente
para certificar el dominio no puede ni debe confundirse con los
funcionarios competentes para practicar la inscripción del inmueble, pues
estos funcionarios no son ni más ni menos que los registradores de la
propiedad, señor Díaz Tejera, señor Saura.

En segundo lugar, tanto las entidades públicas mencionadas
en el artículo que se pretende modificar como la Iglesia católica pueden
inscribirlos porque el legislador estatal ha querido que no existan
propiedades no publicadas por el Registro de la Propiedad, consiguiendo
de esta manera la concordancia entre registro y realidad jurídica extra
registral. Si a la Iglesia católica se le ha reconocido esta facultad, ha
sido por ser esta la religión practicada mayoritariamente en la sociedad
española durante siglos, siendo así que los centros de culto existentes
en el territorio nacional —iglesias, catedrales, monasterios,
ermitas, etcétera— estaban destinados al culto católico casi con
exclusión de cualquier otro culto, y además porque en muchos de ellos no
existió ni existe título de adquisición, sino titularidad desde tiempo
inmemorial.

Resulta evidente que los bienes que se inscriben por
certificación administrativa emitida por la autoridad eclesial no estaban
previamente inscritos a favor de ninguna de las administraciones públicas
ni siquiera como bienes patrimoniales ni como bienes de dominio público,
porque en el caso contrario la inscripción, no le quepa duda, habría sido
denegada.

En suma, señorías, quienes se sientan perjudicados, en
aplicación de este artículo 206 de la Ley Hipotecaria, por la inscripción
de dominio a favor de la Iglesia católica, tanto personas físicas como
administraciones públicas y entidades públicas, siempre podrán ejercitar
la acción declarativa del dominio del inmueble inscrito en el Registro de
la Propiedad ante los jueces y los tribunales de orden jurisdiccional
civil y, si prospera su pretensión, obtener una resolución judicial
ordenando la cancelación del asiento de inscripción que publica la
titularidad dominical sobre el inmueble, lo que significa que no se
produce indefensión de quienes se sientan perjudicados por la
inscripción.

Por tanto, señorías, mi grupo explica de esta manera
satisfactoria cómo se va a oponer a esta modificación del artículo 206 de
la Ley Hipotecaria.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la toma en consideración de la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 243; a favor, 73; en contra, 168; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

10. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

10.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

10.1.1. TRATADO CONSTITUTIVO DEL MECANISMO EUROPEO DE
ESTABILIDAD (MEDE) ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA, LA REPÚBLICA DE ESTONIA, IRLANDA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, EL
REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA
REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, MALTA, EL REINO DE LOS
PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA
REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA Y LA REPÚBLICA DE
FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 2 DE FEBRERO DE 2012. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000002)

10.1.2. DECISIÓN DEL CONSEJO EUROPEO DE 25 DE MARZO DE 2011
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 136 DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN
EUROPEA EN RELACIÓN CON UN MECANISMO DE ESTABILIDAD PARA LOS ESTADOS
MIEMBROS CUYA MONEDA ES EL EURO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000003)

10.1.3. ENMIENDA AL ACUERDO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE
80.000.000.000 EUROS ENTRE LOS SIGUIENTES ESTADOS MIEMBROS CUYA MONEDA ES
EL EURO: EL REINO DE BÉLGICA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA
FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO
DE LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA
REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA,
Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y KFW, ACTUANDO EN INTERÉS PÚBLICO, CON
SUJECIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y ACOGIÉNDOSE A LA GARANTÍA DE LA REPÚBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA, COMO PRESTAMISTAS Y LA REPÚBLICA HELÉNICA COMO
PRESTATARIO, EL BANCO DE GRECIA COMO AGENTE DEL PRESTATARIO, HECHA EN
BRUSELAS EL 27 DE FEBRERO DE 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000004)

El señor PRESIDENTE: Punto décimo del orden del día.
Tratados y convenios internacionales. Dictámenes de comisión.

Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la
República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España,
la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el
Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el Reino de los Países Bajos, la
República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia,
la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 2
de febrero de 2012. Se tramita por el procedimiento de urgencia. Comisión
de Asuntos Exteriores

Decisión del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011 que
modifica el artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea en relación con un mecanismo de estabilidad para los Estados
miembros cuya moneda es el euro. Se tramita por el procedimiento de
urgencia. Comisión de Asuntos Exteriores.

Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de
80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es
el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República
Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado
de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la
República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia
y la República de Finlandia, actuando en interés público, con sujeción a
las instrucciones y

acogiéndose a la garantía de la República Federal de
Alemania, como prestamistas y la República Helénica como prestatario, el
Banco de Grecia como agente del prestatario, hecha en Bruselas el 27 de
febrero de 2012. Se tramita por el procedimiento de urgencia. Comisión de
Asuntos Exteriores.

Señorías, se va a realizar un debate conjunto de los tres
tratados internacionales. Para la presentación de los dictámenes, tiene
la palabra el senador Muñoz-Alonso, por un tiempo de cinco minutos. (El
señor vicepresidente ocupa la presidencia.)

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, los tratados y convenios internacionales que
acaba de enunciar el presidente de la Cámara y que se someten en este
acto a la consideración del Pleno del Senado tuvieron su entrada en esta
Cámara el día 21 de mayo de 2012, siendo publicados ese mismo día en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Como se ha señalado, se han
tramitado por el procedimiento de urgencia. El plazo de presentación de
propuestas a los referidos tratados y convenios expiró el día 25 de mayo,
no habiéndose presentado ninguna. La comisión dictaminó dichos tratados y
convenios internacionales en su sesión del día 31 de mayo de 2012 y
acordó elevar al Pleno propuestas favorables a la concesión de
autorización al Gobierno para que preste el consentimiento del Estado a
obligarse por medio de ellos.

Y con esto queda cumplida mi función ante ustedes.

Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Turno en contra. (Pausa.)

Turno de portavoces. ¿Algún senador quiere hacer uso de la
palabra?

Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir muy brevemente para manifestar que el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió va a votar
favorablemente estos tres dictámenes sobre tratados internacionales,
fundamentalmente porque mi grupo parlamentario tiene una clara vocación
europeísta, porque somos partidarios de la solidaridad entre los Estados
miembros de los pueblos europeos y porque somos partidarios del Mecanismo
Europeo de Estabilidad.

Por esta razón, vamos a votar favorablemente estos
tratados, señor presidente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Vilajoana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo para decir, en primer lugar, que este debate,
que es fundamental para el futuro de Europa y de España también, se
produce en esta situación porque ha habido que hacer una cosa creativa,
que es elaborar una fórmula de tratado internacional para algo que
debería ser una actividad normal dentro de la Unión Europea, que es lo
que vamos a fundar, una institución, que es el Mecanismo Europeo de
Estabilidad, a la que teóricamente no damos ninguna importancia porque
pasa sin plena ni gloria por un debate parlamentario cuando debía ser
objeto de una larga e importante discusión. Larga e importante porque
estamos hablando nada más y nada menos que de la creación de una entidad
financiera de alrededor de 700 000 millones de euros de límite máximo,
aunque inicialmente nace con 500 000 millones de euros para hacer
posibles préstamos para socorrer a países europeos con problemas, del
Eurogrupo, obviamente, y del que vamos a formar parte todos los países
europeos de la moneda única, con un capital desembolsado de 80 000
millones de euros aproximadamente.

Vamos a votar que sí, no por vocación europeísta, sino
porque el proyecto que hemos aprobado de Unión Europea necesita de unas
características como estas, las de este banco, que a mi parecer deberían
estar incluidas en buena medida entre las funciones del Banco Central
Europeo, que es el que puede actuar mucho más rápidamente que este
mecanismo, que requiere siempre de unas fórmulas complejas de actuación y
no es capaz de intervenir con la velocidad con la que actúan los
mecanismos de los mercados financieros, por lo que casi siempre solemos
llegar tarde.

En cualquier caso, es indispensable la creación de un
mecanismo como este, que ya ha sido formalmente atendido inicialmente con
la facilidad europea de estabilidad financiera, aunque como se ve

no ha solucionado la cuestión, y con el Mecanismo Europeo
de Estabilidad Financiera, que tampoco ha solucionado los problemas que
tenemos. ¿Esto lo solucionará? Por lo menos, es un paso adelante en el
que nos vamos a comprometer todos y que nos va a costar dinero. Todos
vamos a ser administradores de la cuestión porque vamos a desembolsar
entre todos los países del euro 80 000 millones de euros, que
naturalmente corresponderán a un porcentaje de acuerdo con el peso
relativo de cada uno de los países del euro en el Banco Central. Ello
quiere decir que nosotros vamos a tener en torno al 12 % de ese banco, y
eso ha sido criticado por algunos porque no nos permitirá vetar las
decisiones que se tomen en el Consejo de Gobernadores.

En cualquier caso, es un paso adelante muy importante. Ya
veremos si con esto somos capaces de solucionar las cuestiones de
inestabilidad que hay planteadas, y ahora mismo se acaba de plantear una
ante el Gobierno de España. Y es que este banco, que permite que se
compre deuda pública en el mercado primario, deuda soberana en el mercado
primario, y puede comprar también deuda en el mercado secundario y, a su
vez, puede ayudar a recapitalizar los bancos, precisa para eso la
petición formal del Gobierno en cuestión. Ese es el mecanismo con el que
nos estamos encontrando ahora en España, con dificultades evidentes para
recapitalizar algunos de sus bancos, que lo necesitan precisamente por
esta cuestión.

Por eso digo que este tratado, que vamos a apoyar, debería
ser objeto de una discusión más importante. Probablemente, como ha de
revestir necesariamente la forma de tratado y convenio internacional,
tiene este formato de discusión que, a mi parecer, resulta insuficiente.
En cualquier caso, nosotros vamos a votar a favor, como es conocido por
todos.

Nada más y muchas gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Lerma.

Senador Chiquillo, tiene la palabra por el Grupo
Parlamentario Popular.

El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular y
respecto al punto del orden del día referido a los tratados y convenios
internacionales, para, como se ha puesto de manifiesto en las dos
intervenciones anteriores, aclarar nuestra postura sobre un tema de
actualidad que no es menor y en el que nos va mucho a España y al club de
países de la Unión Europea en este difícil momento económico y financiero
que nos ha tocado vivir.

Hoy vamos a dar el sí desde el Senado, como establece
nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, en sede
parlamentaria, para ratificar, apoyar y dar nuestro sí a un tratado
internacional de gran importancia por el momento, repito, que nos está
tocando vivir. Se trata del tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad.
Un tratado que tiene por objeto constituir una institución financiera
internacional denominada Mecanismo Europeo de Estabilidad, con el objeto
de poder movilizar fondos y facilitar la asistencia financiera bajo una
estricta condicionalidad de política económica a los miembros que
experimenten graves problemas de financiación cuando ello resulte
indispensable para garantizar la estabilidad financiera de la zona euro
en su conjunto.

Es un gran capital el que contempla este tratado: 700 000
millones de euros. Lógicamente, tenemos que valorarlo como un instrumento
importante y fundamental, porque este nuevo tratado de creación del MEDE
constituye —y así lo entienden el Gobierno de España y los
Gobiernos de la Unión— una pieza clave para la nueva gobernanza
económica de la Eurozona, junto con el Tratado internacional para la
estabilidad, la gobernanza y la convergencia en la Unión Económica y
Monetaria. Ambos tratados, en plano de igualdad, resultan complementarios
dado que comparten un mismo objetivo: promover la responsabilidad y la
solidaridad presupuestarias en la zona euro, en la Unión Económica y
Monetaria. Por esta razón, un Estado miembro que desee recibir asistencia
financiera con cargo a este mecanismo deberá previamente haber ratificado
ese Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza y este Mecanismo de
Estabilidad.

La solicitud de la tramitación de este expediente por el
procedimiento de urgencia reside en que este tratado contribuirá a
ofrecer a los mercados financieros un mensaje de confianza y de
determinación de los mandatarios europeos de la Eurozona para garantizar
la estabilidad del euro y crear los instrumentos necesarios para este
fin.

Junto a este tratado hay una decisión del Consejo, también
por vía de urgencia, por la que se modifica el Tratado constitutivo de la
Unión Europea en su artículo 136, en relación con el Mecanismo de
Estabilidad

de los países euro. Esa urgencia viene más que justificada,
y viene acompañada de un tercer acuerdo, la propuesta de Enmienda al
Acuerdo de Servicio de Préstamo a Grecia, que es el primer país que así
lo ha solicitado, para que se concedan unas condiciones para conseguir
esa estabilidad.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
defender esa urgencia, esa necesidad y ese compromiso de dar un sí, aquí
en el Senado de España, y el Grupo Parlamentario Popular votará
favorablemente a los tres asuntos objeto de debate en el día de hoy,
relacionados, concatenados con el Mecanismo Europeo de Estabilidad.

Tenemos plena confianza en los planes de rescate, nuestro
compromiso con Europa es firme, defendemos la solidaridad entre los
Estados miembros y confiamos en este Mecanismo Europeo de Estabilidad.
Nuestro sí es un sí comprometido con Europa y, además, en este momento
que vivimos, hoy, junio de 2012, entendemos que es el mecanismo, el
mensaje y la decisión fundamental para que desde Cortes Generales, desde
el Senado de España se genere la confianza necesaria y, sobre todo, para
avanzar y conseguir una Europa fuerte y estable en lo social, en lo
político y en lo económico, por España y por Europa.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

A la vista de las intervenciones, ¿entiende la Presidencia
que puede aprobarse por asentimiento? (Denegaciones del señor Sabaté
Borràs.)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
entiende que hay que votar.

Llamen a votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.—Pausa)

El señor PRESIDENTE: Por favor, cierren las puertas.

Señorías, pasamos a votar los tratados y convenios
internacionales. Se van a votar por separado, uno por uno.

Votamos el primero. ¿Hace falta que lo lea entero otra vez?
(Denegaciones.)

Se lo agradezco mucho.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 238; a favor, 237; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos a continuación el segundo.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 235; a favor, 234; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos el tercero.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 236; a favor, 236.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Por tanto, quedan aprobados los tres convenios y se
entiende concedida la autorización.

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES,
EMITIDO EN SU SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2012, EN RELACIÓN CON LOS
SEÑORES SENADORES.

(Núm. exp. 503/000003)

11.1.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES,
EMITIDO EN SU SESIÓN DEL DÍA 5 DE JUNIO DE 2012, EN RELACIÓN CON LOS
SEÑORES SENADORES.

(Núm. exp. 503/000004)

El señor PRESIDENTE: Punto 11 del orden del día:
Incompatibilidades. Dictámenes de la Comisión de Incompatibilidades, el
primero de ellos emitido en su sesión del día 21 de mayo de 2012, en
relación con los señores senadores; el segundo de ellos, también de la
Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 5 de junio
de 2012, en relación con los señores senadores.

Para la presentación de los dictámenes, tiene la palabra el
presidente de la comisión, señor Sanz, por tiempo de cinco minutos.

El señor SANZ CABELLO: Señor presidente, señorías, me
corresponde presentar ante este Pleno los dictámenes aprobados por la
Comisión de Incompatibilidades conforme al artículo 16 del Reglamento y
en forma de dictamen de lista acerca de la situación de los señores
senadores en él comprendidos.

El primero de estos dictámenes, comprensivo de 244
senadores, fue publicado en el Boletín Oficial de la Cámara número 57, de
25 de mayo, y el segundo de los dictámenes fue aprobado por la comisión
en su sesión del día de ayer, acaba de publicarse en el Boletín Oficial
de la Cámara e incluye a doces senadores, tres de los cuales son también
objeto del primero de los dictámenes y se incluyen en este segundo por
haber sido de nuevo designados por el Parlamento de Andalucía.

Así pues, dichos dictámenes favorables se plantean respecto
de 253 miembros de esta Cámara y siguen pendientes de tal trámite un
pequeño número de senadores, a quienes desde aquí invito a cumplimentar a
la mayor brevedad los requerimientos que han recibido de la ponencia
constituida en la Comisión de Incompatibilidades.

Señorías, los dos dictámenes que tengo el honor de
presentar han sido aprobados por la comisión por unanimidad. En ambos
dictámenes se hace aplicación de los mismos criterios de interpretación
de la normativa que han venido siguiéndose en anteriores legislaturas, si
bien se han producido dos modificaciones importantes, la primera de
carácter técnico, que consiste en incluir una referencia expresa a la
compatibilidad entre el mandato y la actividad de docencia a tiempo
parcial en la universidad como profesor asociado, tal y como venía
entendiéndose pacíficamente en anteriores legislaturas, y otra
modificación de mayor calado que es consecuencia de la nueva regulación
de los órganos rectores de las cajas de ahorro. Dicha normativa establece
la incompatibilidad entre la pertenencia a dichos órganos, incluida la
asamblea general y todo cargo político electo.

Señorías, aunque esta incompatibilidad no se introduce como
modificación de la Ley electoral, única norma que en puridad de
principios puede regular las incompatibilidades de diputados y senadores,
la comisión ha entendido que no podía permanecer ajena a tal innovación a
la hora de interpretar la normativa aplicable. Por tanto, a partir de
ahora se considerará incompatible la pertenencia a dichos órganos de
gobierno, si bien se respeta la norma transitoria que establece la
normativa antes aludida, pudiendo los senadores que sea consejeros de
asambleas generales agotar el mandato que estuvieran ejerciendo al entrar
en vigor el Real Decreto Ley 11/2010, con el límite máximo de tres años y
sin posibilidad de renovación.

Antes de finalizar, permítanme que aproveche esta
intervención ante el Pleno de la Cámara para mostrar el reconocimiento a
la labor realizada por los miembros de la ponencia permanente que en su
día designó la comisión, senadores Campoy Suárez, Fuentes Gallardo y
Sendra Vellvè y, por supuesto, a mi antecesor en la Presidencia de la
comisión, y miembro también de la ponencia, senador Salas Machuca.

Señorías, al confiar al senador que les habla, recién
elegido presidente de la comisión en la sesión de anteayer la tarea de
presentar estos dictámenes, la comisión pone de manifiesto una vez más el
acusado sentido institucional con que viene desempeñando sus tareas desde
el principio. Los dictámenes favorables que presento son resultado de un
estudio detenido de las declaraciones y documentación presentados por
todos los señores senadores. La ponencia y la comisión realizan una labor
extremadamente rigurosa, en particular en materia de incompatibilidad de
retribuciones como saben sus señorías. Pero esta es también la primera
legislatura en que la comisión ha emitido su dictamen bajo la vigencia
del nuevo régimen de publicidad de las actividades de los señores
senadores. Todo cuanto declaramos, la documentación que presentamos, todo
ello será objeto de publicación en la sede electrónica de la Cámara para
poder ser objeto de escrutinio por nuestros conciudadanos. Sin duda un

nuevo avance de transparencia y claridad de nuestra labor
pública y de las instituciones ante sus electores. Felicitémonos, por
tanto, por ello.

Por todo esto, no me cabe sino concluir solicitando a la
Cámara la aprobación de estos dictámenes.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

¿Algún grupo quiere intervenir en turno de portavoces?
(Pausa.)

¿Entiendo, pues, que se pueden aprobar los dictámenes por
asentimiento? (Asentimiento.)

Muchas gracias.

Quedan aprobados por asentimiento.

Señorías, a continuación se reunirán las siguientes
comisiones: Economía y Competitividad, Medio Ambiente y Cambio Climático,
Asuntos Iberoamericanos y Educación y Deporte.

Se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y cincuenta minutos.