El señor Belloch Julbe expone la posición de su grupo
respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y
Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; así como la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; y los señores Belloch Julbe,
por el Grupo Parlamentario Socialista, y Pagola Sáenz, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción por 81 votos a favor, 152 en contra y
8 abstenciones.

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de diversas medidas de reconocimiento en relación con los llamados «niños
vascos» y sus familias como consecuencia de su evacuación forzada al
Reino Unido en mayo de 1937.

Autor: GPMX

1193

El señor Unamunzaga Osoro defiende la moción.

La señora Vicente González defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor Anasagasti Olabeaga defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Unamunzaga Osoro expone la posición de su grupo
respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen los señores Anasagasti
Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y
Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; las señoras Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió, y Vicente González, por el Grupo
Parlamentario Socialista, así como el señor Rabanera Rivacoba, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de las
enmiendas, por 86 votos a favor y 152 abstenciones.

7. TRIBUNAL DE CUENTAS

7.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

7.1.1. Declaración sobre la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2009, así como la Resolución adoptada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS

1202

En turno de portavoces intervienen los señores Bruguera
Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y
Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; así como la señora Marra Domínguez, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Parro del Prado, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el dictamen con la resolución adoptada por la
comisión por 231 votos a favor.

Se levanta la sesión a las trece horas y cuarenta
minutos.

Página
1155

dels tipus impositius de l’IVA, que malgrat que
inicialment semblava que no es preveia, ara sembla ser que abans de final
d’any es produirà—, hauria d’anar acompanyat, des de la
nostra òptica, com a mínim d’una reducció de les cotitzacions de la
Seguretat Social. I si no és d’una reducció de les cotitzacions de
la Seguretat Social aquest increment de recaptació de l’IVA sí que
hauria d’anar aplicat a partides de despesa essencialment
vinculades a les polítiques de creació d’ocupació, que com deia és
el nostre objectiu a curt termini.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, esta moción que presenta nuestro grupo, como ya
saben ustedes, tiene su origen en una interpelación, que presenté yo
mismo al ministro Montoro, con la finalidad de que pudiéramos tener, una
vez pasado este primer tramo de legislatura, un calendario claro de
reformas tributarias. En aquella interpelación le dije que era necesario
para generar confianza, una vez que se hubiera efectuado la toma de
posesión y salvada esta situación de excepcionalidad en la que se ha
encontrado el nuevo Gobierno, disponer de un calendario de reformas
tributarias; un calendario claro, explícito y que generara confianza no
solo a la ciudadanía, que también, sino incluso a todos los operadores
económicos tanto a nivel estatal como a nivel internacional.

La moción que presentamos tiene tres puntos, a los que
también me referí en mi interpelación: disponer de un calendario; un
calendario que entenderíamos que sería razonable que el Gobierno pudiera
presentar a su vez antes de la presentación de los Presupuestos para el
ejercicio 2013, es decir, todavía hay unos meses; hay que recordar que
cuando se presenten los Presupuestos para 2013, y se acaben aprobando,
únicamente quedarán tres años de legislatura y. por tanto, sería
aconsejable poder disponer de este calendario de reformas tributarias; lo
circunscribimos a las reformas tributarias, y después hablaremos del
porqué.

También instábamos al Gobierno a que cualquier modificación
que se produjera en el ámbito tributario, —y que en los impuestos
afectados acabaran participando otros niveles de Administración, ya sean
las mismas comunidades autónomas o las corporaciones locales— se
pudiera realizar de acuerdo con el principio de lealtad institucional y
pactando estas reformas porque, si no se pactan, como ha ocurrido hasta
la fecha, y después pondré algún ejemplo, nos encontraremos con que la
suficiencia financiera, en este caso de las corporaciones locales o,
sobre todo, de las comunidades autónomas, se verá gravemente
afectada.

Se realizó una reforma en la que desaparecía la tributación
de determinadas operaciones societarias, aquellas operaciones societarias
en que se efectuara, por ejemplo, una ampliación de capital, algo que
podríamos compartir, pero esta reforma insta al Gobierno central, sin
considerar a las comunidades autónomas, cuando la disminución de
recaudación afecta precisamente a las mismas. Por tanto, en este segundo
punto solicitamos mantener esta lealtad institucional con relación a los
otros niveles de Administración.

En el tercer punto, fundamental para nosotros, una vez
realizadas estas primeras reformas a lo largo de estos últimos meses,
entendemos que cualquier reforma tributaria que implique un incremento de
los tipos impositivos y, por tanto, un incremento de la presión fiscal en
determinados impuestos debe ir acompañada necesariamente de medidas que
impliquen una reducción en la carga tributaria de otros impuestos o de la
implementación de políticas activas de ocupación, que se han visto
gravemente afectadas en el presupuesto que ahora se presenta.

Tampoco somos taxativos en este planteamiento, consideramos
que como mínimo el 50 % de la mayor recaudación de este incremento
tributario —y pensamos, no les engaño, en una posible modificación
de los tipos impositivos del IVA que, a pesar de que inicialmente no se
contemplaba, parece que se producirá a final de año— debería ir
acompañado de una reducción de las cotizaciones de la Seguridad Social o,
al menos, aplicarlo a partidas de gasto esencialmente vinculadas a las
políticas de creación de ocupación que, como he dicho, es nuestro
objetivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.

Cuando el senador Bel nos diga si acepta nuestra enmienda,
nos posicionaremos sobre la moción.

La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista pretende
poner el acento, dadas las circunstancias extraordinarias que nuestro
país está viviendo en el ámbito económico, en que no es suficiente con
que el Gobierno informe sobre sus previsiones en materia tributaria. Lo
conveniente, lo necesario, en mi opinión, es que pudiésemos alcanzar un
amplio acuerdo, un consenso, un pacto que generase confianza en el
exterior y tranquilidad a nuestros ciudadanos; un pacto que sentara las
bases y nos responsabilizase a todos de la necesidad de recuperar los
recursos económicos indispensables para impulsar el crecimiento y la
creación de empleo, y que pudiese generar al mismo tiempo los ingresos
públicos suficientes para poder mantener nuestro Estado de bienestar.

Se puede hacer, y lo explico. Se puede hacer contando, en
primer lugar, con un cambio en la política económica que se está
efectuando en Europa, que se va a producir, más pronto que tarde, todo el
mundo lo está viendo ya. Un nuevo calendario de estabilidad, más
flexible, que nos permita dilatar en el tiempo el cumplimiento del
déficit, la creación de los eurobonos y un Banco Central Europeo más
activo, dado el papel que tienen otros bancos, como la Reserva Federal o
el Banco de Inglaterra.

En segundo lugar, habría que llevar a cabo una auténtica
reforma fiscal que permitiese obtener unos ingresos públicos equivalentes
a la media de los países europeos, que actualmente está en el 45,7 %
frente al 35,1 %, con que finalizamos 2011; Italia supera incluso el 46 %
y Grecia también nos supera con el 41 %. Estas subidas de recaudación
conseguirían recaudar más de 90 000 millones de euros con un necesario
plan de lucha contra el fraude. También quería apuntar que el ministro
Montoro debería dejar de repetir y acusar a los pequeños autónomos, a los
pequeños empresarios, con el asunto de las facturas del IVA, porque los
propios técnicos de Hacienda, los inspectores fiscales, dicen que más del
71 % del fraude fiscal está en las grandes fortunas y en las grandes
empresas.

Por supuesto que esta reforma debe corregir lo que ha
pasado en nuestro país por primera vez en 30 años: las rentas salariales
superan a las empresariales. En el reparto del valor añadido, al
principio de los ochenta, los salarios representaban el 53 % del PIB y
los empresariales, el 41 %. En estos momentos, la proporción es de 46 %
los salariales y el 46,2 % los empresariales. Estamos como al principio
de nuestra democracia. Evidentemente, hay que modificar el Programa
Nacional de Reformas y el Plan de Estabilidad, presentados recientemente
en Bruselas, que pretenden convertir a España en el Estado más barato de
toda Europa occidental, proponiendo que el gasto público pase del 43,6 %,
en que terminó 2011, al 37,7 %, a finales de 2015, es decir, 6 puntos
menos; 60 000 millones de euros menos que, evidentemente, no son de
recibo en estas circunstancias, máxime cuando sabemos que el gasto
público se contrajo en 2011 un 2,3 %, lo que nuevamente demuestra que no
se ha malgastado nada el pasado año, como han repetido constantemente el
Gobierno y el Partido Popular. Todavía ayer, en esta tribuna, se repetía
el mismo argumento, cuando todo el mundo sabe ya que el 91 % de la
desviación presupuestaria fue consecuencia de la caída de ingresos,
especialmente en los últimos meses del pasado año. Por tanto, nada de
engaño, nada de cajones y nada con respecto al Gobierno anterior. Si
acaso lo ha hecho alguien, miren a otro sitio no muy lejos de donde
estamos.

Pero no quiero entrar en este debate que tanto daño hace a
nuestro sistema autonómico, que tanto daño hace a nuestra credibilidad
exterior. El Gobierno tiene que salir ya de la estrategia del miedo y de
decir a la gente que todo esto es por culpa nuestra, como si fuera una
cuestión moral y que ahora hay que pagar los excesos o los pecados del
pasado. Vamos a intentar sacar el pesimismo de nuestra sociedad, vamos a
intentar crear un horizonte de esperanza y vamos a intentar ponernos de
acuerdo en algo que es fundamental: obtener los recursos necesarios para
que podamos mantener nuestro Estado de bienestar. Ayer escuché de nuevo
decir a la ministra de Empleo que hemos vivido por encima de nuestras
posibilidades. Yo creo que no, yo creo que hemos vivido en función de
nuestros ingresos estructurales. ¿Hay que adecuarlo? Por supuesto. ¿Hay
que reducir el gasto? Por supuesto. ¿Hay que ajustar los gastos a los
ingresos reales? Por supuesto, pero no digamos que por una cuestión moral
tenemos que pagar pecados del pasado porque sencillamente no es verdad.
Sería muy bueno para Europa, para esa confianza que tanto nos hace falta,
llegar a un acuerdo en materia fiscal y tributaria. Sería muy bueno que
los españoles tuvieran esperanza en que la situación va a mejorar y vamos
a obtener los recursos necesarios para mantener nuestro Estado de
bienestar.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador
Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyor president.

Senyories, la nostra voluntat, ja ho avanço, és donar
suport a aquesta moció conseqüència d’interpel·lació presentada per
Convergència i Unió, tot i que donarem els nostres arguments a
l’hora de fixar la posició en el torn de portaveus.

Hem presentat una esmena, una petita esmena d’addició
que bàsicament fa al·lusió a tres conceptes que van estar també presents
en el debat de la interpel·lació. Em refereixo al concepte
d’equitat i a la lluita contra el frau i el blanqueig de capitals.
A l’equitat perquè, a l’igual que altres principis com la
igualtat i la progressivitat figuren en la nostra Constitució, i
s’han de tenir presents en qualsevol reforma o iniciativa de
caràcter fiscal o financer i tributari, i els altres dos conceptes perquè
els considero essencials avui en un moment de crisi de les finances
públiques propiciada bàsicament com tots vostès saben per la caiguda dels
ingressos que ha propiciat aquest increment del dèficit i del deute que
tanta preocupació comporta avui per a tots plegats. Una política
financera, perdó, una política fiscal i tributària basada en la lluita
contra el frau i l’evasió fiscal, i l’economia submergida,
crec que és necessària perquè a més de ser més justa pot aportar més
recursos fins i tot dels que avui aporta evidentment a l’erari
públic. A més a més són mesures que generen confiança i credibilitat més
que les regularitzacions o amnisties fiscals, sens dubte. Un recent
estudi d’una consultora britànica analitzava el frau fiscal en el
conjunt de la Unió Europea; el nostre país no hi sortia ben parat:
s’estimava en el 22,5 % de la despesa pública. És a dir, al voltant
de 7 punts del PIB, 72 000 milions d’euros concretament. Això vol
dir, perquè ens fem una idea, el 70 % de tota la despesa sanitària del
nostre país. Per això crec que ha de ser una prioritat sempre, ara més,
evidentment, atesa la situació de les finances públiques. És veritat que
la lluita contra l’economia submergida no és una lluita que es
pugui fer exclusivament amb l’Agència Tributària, amb la Inspecció;
és necessari un conjunt de reformes, algunes a nivell europeu, diguem que
fins i tot es comencen a adoptar, per revisar les normes de la
comptabilitat corporativa, per reforçar en el marc aquest de la Unió
Europea com deia la directiva sobre estalvi, establir una base
consolidada per a l’Impost de Societats, augmentar el requeriment
de les empreses transfrontereres i un millor registre d’aquestes
empreses. Té per tant una dimensió local i alguns ajuntaments ho fan i
fan molt bona feina per aflorar l’economia submergida. S’ha
de fer també des d’altres administracions amb menys competències en
aquesta matèria com som les comunitats autònomes i evidentment ho ha de
fer l’Estat i també la Unió Europea. Evidentment no parlaré de les
mesures que es poden prendre, però sí perquè l’objectiu bàsicament
és que es reculli com a concepte en aquesta moció.

També una breu al·lusió a l’altre concepte que és el
de la lluita contra el blanqueig de capitals. La lluita contra el
blanqueig de capitals no sols comporta decomisos i increment de la
recaptació de l’Estat, òbviament; també forma part de la lluita
contra el delicte, ja que la majoria d’aquests capitals tenen
orígens basats en el narcotràfic o en altres negocis absolutament
il·lícits i també els hem de tenir present especialment en el marc
europeu, ja dic, on s’ha avançat els darrers anys sobretot arran de
l’aplicació de la Directiva tercera del Parlament Europeu i del
Consell de l’any 2005 sobre la prevenció de la utilització del
sistema financer per al blanqueig de capitals i per al finançament del
terrorisme. Crec que en aquest sentit aquesta esmena, que no pretén
desnaturalitzar la moció presentada pel Grup Parlamentari Català en el
Senat de Convergència i Unió, completa i sincerament penso que millora el
redactat final.

Moltes gràcies (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestra voluntad, ya lo avanzo, es apoyar esta
moción consecuencia de interpelación presentada por Convergència i Unió,
aunque expondremos nuestros argumentos posteriormente en el turno de
portavoces.

Hemos presentado una pequeña enmienda de adición que
básicamente alude a tres conceptos que también estuvieron presentes en el
debate de la interpelación, me refiero al concepto de equidad y a la
lucha contra el fraude y contra el blanqueo de capitales; a la equidad,
porque al igual que otros principios, como la igualdad y la
progresividad, figuran en nuestra Constitución y se han de tener
presentes en cualquier reforma o iniciativa de carácter fiscal o
financiero y tributario. Y en cuanto a los otros dos conceptos, yo los
considero hoy esenciales en un momento como este de crisis de las
finanzas públicas propiciada básicamente, como todos ustedes saben, por
la caída de los ingresos, lo que ha ocasionado

este incremento del déficit y de la deuda que tanta
preocupación comporta hoy para todos nosotros. Una política financiera se
corrige con una política fiscal y tributaria basada en la lucha contra el
fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida. Creo que eso es
necesario porque, además de ser más justa, puede aportar más recursos,
incluso más allá de los que aporta hoy en día al erario público. Son
medidas que, sin duda alguna, generan confianza y credibilidad más que
las regularizaciones o amnistías fiscales. En un reciente estudio una
consultora británica analizaba el fraude fiscal en el conjunto de la
Unión Europea y nuestro país no salía bien parado. Se estimaba en un 22,5
% del gasto público, 7 puntos del PIB, concretamente 72 000 millones de
euros. Eso significa, para que nos hagamos una idea, el 70 % del gasto
sanitario de nuestro país. Por ello, creo que debe ser siempre una
prioridad y ahora más que nunca dada la situación de las finanzas
públicas. Es verdad que la lucha contra la economía sumergida no se puede
hacer exclusivamente con la Agencia Tributaria, con la Inspección. Es
necesario un conjunto de reformas, algunas de ellas a nivel europeo, que
ya se están empezando a adoptar para revisar las normas de la
contabilidad corporativa para reforzar en el marco de la Unión Europea la
directiva sobre ahorro, establecer una base consolidada para el impuesto
de sociedades, aumentar el requerimiento de las empresas transfronterizas
y un mejor registro de ellas. Tiene, por tanto, una dimensión local, y
algunos ayuntamientos hacen un gran trabajo para conseguir aflorar la
economía sumergida, y también se tiene que hacer desde otras
administraciones con menos competencias en esta materia, desde las
comunidades autónomas, y evidentemente lo tiene que hacer el Estado y
también la Unión Europea. No voy a hablar de las medidas que se pueden
tomar, pero el objetivo es que básicamente se recoja como concepto en
esta moción.

Voy a hacer también referencia a otro concepto, la lucha
contra el blanqueo de capitales. Esto no solo comporta decomisos en la
recaudación del Estado, sino que también forma parte de la lucha contra
el delito porque la mayoría de estos capitales tienen orígenes basados en
el narcotráfico o en otros negocios absolutamente lícitos que también
debemos tener presentes. Especialmente en el marco europeo se ha avanzado
en los últimos años a raíz de la Directiva tercera del Parlamento Europeo
y del Consejo, del 2005, sobre la prevención de la utilización del
sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación.
Creo sinceramente que esta enmienda, que no pretende desnaturalizar la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, completa y mejora el redactado final.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Para expresar si acepta o no las enmiendas presentadas
tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gràcies, president.

Senyories, iniciaré el torn dient que els avanço que
acceptem l’esmena que presenta el Grup d’Entesa. Ho ha
explicat el senyor Montilla i jo subscric plenament les seves paraules.
Creiem que és una esmena en positiu, una esmena que complementa
perfectament l’essència de la moció, pensem que el principi
d’equitat, que és un principi constitucional, ha d’estar
present en qualsevol reforma tributària, per tant, cap dubte, i també
creiem convenient i, per tant, encertat, que sempre que parlem de reforma
tributària també introduïm el concepte de la lluita contra el frau i la
lluita contra el blanqueig de capitals.

Per tant, senyor Montilla, molt agraïts de la seva
aportació i la seva esmena queda incorporada absolutament i, ja dic,
enriqueix i complementa perfectament la moció que nosaltres
presentem.

En relació a l’esmena que presentava el senador
Vázquez, dir-li que, incloure en el primer punt el terme de reformes
fiscals molt més ampli que reformes tributàries, no ens crearia tampoc
cap problema i ho podríem acceptar, tanmateix no podem acceptar la seva
esmena de forma íntegra perquè vostès plantegen una esmena de substitució
que implica que el nostre punt tercer és eliminat de la proposta i
incorporen un altre punt.

Sobre el punt tercer que vostès incorporen nosaltres no
tindríem cap problema també d’incorporar-lo com un quart punt, o un
cinquè punt a la nostra proposta. Tanmateix, vostès, per incorporar
aquest punt, n’eliminen un que nosaltres entenem que és fonamental,
que es fixa en aquests moments i és garantir que, una part, la major part
de qualsevol increment tributari que es produeixi a partir d’ara,
vagi destinat a, el que diem, l’activació de polítiques de
recuperació econòmica i creació d’ocupació.

Nosaltres entenem que aquesta major recaptació hauria
d’anar acompanyada d’unes determinades línies de despesa o,
en tot cas, de la reducció d’altres impostos vinculats tots a
l’activitat econòmica o

d’una reducció de les cotitzacions a la Seguretat
Social que també hauria de possibilitat l’impuls de
l’activitat econòmica i, com he dit, la creació d’ocupació
que en aquests moments és la nostra prioritat.

Per tant, si enlloc d’haver presentat una esmena de
substitució haguessin presentat esmenes d’addició, nosaltres
acceptaríem gratament la seva incorporació. En fer aquesta substitució i
eliminació del nostre punt tercer no els les podem acceptar. Suposo que
potser vostès també tenen algun inconvenient en vincular clarament un
increment tributari a una disminució de cotitzacions de la Seguretat
Social o de determinats impostos vinculats a l’activitat
econòmica.

Però per a nosaltres aquesta és una qüestió prioritària,
entenem que tots els increments tributaris que s’havien de produir
i els increments de recaptació, que aquests increments tributaris
comportaran, s’havien d’aplicar a reducció del dèficit, ja ho
hem fet, però en aquests moments no podem continuar, des de la nostra
perspectiva, plantejant increments de pressió fiscal que no suposin, com
deia, altres actuacions encaminades exclusivament a la creació
d’ocupació.

Per tant, acceptaríem, com deia, l’esmena del Grup de
l’Entesa i, malgrat poder compartir els continguts, —no la
forma— de l’esmena del Grup Socialista, no la podríem
acceptar.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, iniciaré esta última intervención diciendo que
aceptamos la enmienda que presenta el Grupo de Entesa. Lo ha explicado el
señor Montilla y yo suscribo sus palabras. Creemos que es una enmienda
que complementa perfectamente la esencia de la moción. El principio de
equidad es un principio constitucional que tiene que estar presente en
cualquier reforma tributaria. Por tanto, no hay ninguna duda. Creemos
conveniente y acertado que siempre que hablemos de reforma tributaria
también introduzcamos el concepto de la lucha contra el fraude y contra
el blanqueo de capitales.

Por lo tanto, señor Montilla, agradecemos su aportación y
su enmienda queda absolutamente incorporada, pues enriquece y complementa
perfectamente la moción que nosotros presentamos.

En relación con la enmienda que presentaba el senador
Vázquez, le diré que incluir en el primer punto el término de reformas
fiscales, mucho más amplio que el de reformas tributarias, no nos crearía
tampoco ningún problema y podríamos aceptarlo. No obstante, no podemos
aceptar su enmienda de forma íntegra porque la que ustedes plantean es de
sustitución que implica que nuestro punto tercero queda eliminado de la
propuesta y que incorporan otro punto.

En cuanto al punto tercero que ustedes incorporan, nosotros
no tendríamos ningún problema en añadirlo como un cuarto o un quinto
punto en nuestra propuesta, pero ustedes, para incorporar este punto
eliminan otro que es fundamental y que se fija en estos momentos,
garantizar que la mayor parte de cualquier incremento tributario que se
produzca a partir de ahora vaya destinado a lo que llamamos activación de
políticas de recuperación económica y de creación de ocupación.

Entendemos que esta mayor recaudación tendría que ir
acompañada de unas determinadas líneas de gasto o bien de la reducción de
otros impuestos vinculados a la actividad económica o de la reducción de
las cotizaciones a la Seguridad Social, que también tendría que
posibilitar el impulso de la actividad económica y, como he dicho, la
creación de ocupación que en estos momentos es nuestra prioridad.

Por lo tanto, si en vez de haber presentado una enmienda de
sustitución hubieran presentado enmiendas de adición, nosotros
aceptaríamos gratamente esta incorporación, pero no podemos aceptar esta
sustitución eliminando nuestro punto tercero. Supongo que ustedes a lo
mejor tienen algún inconveniente en vincular claramente un incremento
tributario a una disminución de cotizaciones de la Seguridad Social o de
determinados impuestos vinculados a la actividad económica, pero para
nosotros esta es una cuestión prioritaria.

Entendemos que todos los incrementos tributarios que se
tenían que producir, así como los incrementos que comportará su
recaudación, tendrían que aplicarse a reducción del déficit y ya lo hemos
hecho. Pero, en estos momentos y desde nuestra perspectiva, no podemos
continuar planteando incrementos de presión fiscal que no supongan, como
decía, otras actuaciones encaminadas exclusivamente a la creación de
ocupación.

Por consiguiente, aceptaríamos la enmienda del Grupo de la
Entesa y, a pesar de compartir los contenidos —no la forma—
de la enmienda del Grupo Socialista, no podríamos aceptarla.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyor president.

Senyories, com he avançat en la meva primera intervenció
nosaltres donarem recolzament a aquesta moció perquè un dels seus
objectius és que el Govern presenti el que podríem dir un full de ruta de
la seva política fiscal i tributària per a aquesta legislatura, perquè
partim d’un desconeixement d’allò que es vol fer donat, entre
altres coses, que el Govern ha incomplert una part del seu programa en
aquests quatre mesos. Hem de recordar la frase de: no pujaré els
impostos; i s’ha apujat l’IRPF; s’ha modificat
l’impost de societats, reduint bonificacions i afectant també a
altres canvis per millorar i incrementar el rendiment d’aquest
tribut —el senador Bel feia referència, precisament, a aquesta
qüestió—; s’han incrementat altres impostos especials com el
del tabac o impostos de caràcter local com l’impost de béns
immobles, i s’ha aprovat una regularització fiscal,
l’eufemisme per referir-se a una amnistia fiscal.

Bé, i tot això després de reconèixer que el problema
veritable de les nostres finances públiques és la caiguda dels ingressos,
com va fer el ministre Montoro aquí amb motiu de la interpel·lació; més
de sis punts del PIB, més de 60 000 milions d’euros de caiguda dels
ingressos. Aquest és el veritable problema que tenim, no el suposat
malbaratament generalitzat que alguns ens volen fer creure.

És veritat que el programa d’estabilitat presentat
recentment a Brussel·les ens dóna algunes pistes d’aquestes mesures
tributàries i fiscals que el Govern prepara. El proper increment de la
fiscalitat indirecta que s’apunta en aquest document en un 0,8 %
del PIB per al 2013 —suposem que és l’IVA—, i la
reducció d’un 0,4 % del PIB en el que seria la reducció de les
cotitzacions socials, ens imaginem. Però la moció el que reclama és això,
una agenda tributària i fiscal de la legislatura.

Podem parlar també de fins quan hi haurà l’impost de
patrimoni, si la voluntat del Govern és mantenir-lo; com afectaran els
canvis normatius, alguns d’ells anunciats, a la fiscalitat de les
petites i mitjanes empreses i dels emprenedors; quins són els compromisos
del Govern d’Espanya a Europa amb el futur impost de transaccions
financeres, o amb aquesta voluntat d’harmonització fiscal que jo
crec que és fonamental defensar-la, més en el context en què ens trobem.
I per tant em sembla que en aquest sentit és just que es reclami aquest
posicionament, aquest full de ruta del Govern, per conèixer les seves
intencions.

També crec que té tot el sentit reclamar el compliment de
la lleialtat institucional, en tots els camps, però especialment en el
camp de la fiscalitat i en el camp tributari. Això de legislar i que
altres paguin la factura, perquè se’ls endossen noves competències
o perquè els redueixen els seus ingressos és una cosa que no es pot fer,
ja siguin comunitats autònomes o ajuntaments. Com també crec que en
aquests moments s’ha de reclamar que a més d’ajustos i
d’austeritat també calen polítiques de creixement i, per tant, en
les mesures que provoquin un increment de la recaptació, una part
d’aquesta recaptació, d’aquests recursos, s’haurien de
destinar a reduir dèficit, evidentment, però una altra s’ha de
reconduir i destinar, precisament, a fer polítiques que afavoreixin el
creixement i l’ocupació. Aquest és, evidentment, un dels objectius
que penso que tots hauríem de compartir.

En aquest sentit, també agrair la incorporació de la nostra
esmena que, com he dit, crec que complementa la moció originària.

Res més, moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente.

Señorías, como he adelantado en mi primera intervención,
nosotros daremos nuestro apoyo a esta moción porque uno de sus objetivos
es que el Gobierno presente una hoja de ruta de su política fiscal y
tributaria para esta legislatura, pues partimos del desconocimiento de lo
que se quiere hacer dado que el Gobierno ha incumplido una parte de su
programa en estos cuatro meses. Debemos recordar la frase: no subiré los
impuestos. Pues bien, se ha subido el IRPF, se ha modificado el impuesto
sobre sociedades reduciendo bonificaciones e introduciendo otros cambios
para mejorar e incrementar el rendimiento de este tributo. El señor Bel
ha hecho referencia, precisamente, a esta cuestión. Se han incrementado,
asimismo, otros impuestos especiales como el del tabaco o impuestos de
carácter local como el impuesto sobre bienes inmuebles y se ha aprobado
una regularización fiscal, sin duda un eufemismo para referirse a una
amnistía fiscal.

Y todo esto se hace después de reconocer que el verdadero
problema de nuestras finanzas públicas es la caída de los ingresos, tal y
como dijo el señor Montoro aquí con motivo de la interpelación; más de

seis puntos del PIB, más de 60 000 millones de euros de
caída de los ingresos. Este es el verdadero problema que tenemos, no el
supuesto despilfarro generalizado que algunos nos quieren hacer
creer.

Es verdad que el programa de estabilidad presentado
recientemente en Bruselas nos da algunas pistas de las medidas
tributarias y fiscales que el Gobierno prepara. Me refiero al próximo
incremento de la fiscalidad indirecta que se apunta en este documento en
un 0,8 % del PIB para el 2013 —suponemos que es el IVA— y la
reducción de un 0,4 % del PIB en lo que sería la reducción de las
cotizaciones sociales, imaginamos. Pero lo que reclama la moción es eso,
una agenda tributaria y fiscal de la legislatura.

Podemos hablar también de hasta cuándo la voluntad del
Gobierno va a ser mantener el impuesto sobre el patrimonio, de cómo
afectarán los cambios anunciados, algunos de ellos dirigidos a la
fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas de los emprendedores, de
cuáles son los compromisos del Gobierno de España en Europa en cuanto al
futuro impuesto sobre las transacciones financieras o respecto a la
voluntad de armonización fiscal que es fundamental defender, máxime en el
contexto en que nos hallamos. En este sentido, me parece que es justo que
se reclame el posicionamiento, la hoja de ruta del Gobierno para conocer
sus intenciones.

También creo que tiene todo el sentido reclamar el
cumplimiento de la lealtad institucional en todos los campos,
especialmente en el de la fiscalidad y en el tributario. Eso de legislar
y que otros paguen la factura porque se les endosan nuevas competencias o
porque se reducen sus ingresos no se puede hacer, ya sean comunidades
autónomas o ayuntamientos. De la misma forma creo que en este momento se
debe reclamar que, además de ajuste y austeridad, son necesarias
políticas de crecimiento. Por lo tanto, en aquellas medidas que provoquen
un incremento de la recaudación, una parte de esta recaudación, de estos
recursos, debería destinarse a reducir el déficit, evidentemente, pero
otra parte precisamente a hacer políticas que favorezcan el crecimiento y
la ocupación. Este es, evidentemente, uno de los objetivos que todos
deberíamos compartir.

En este sentido, también he de agradecer la incorporación
de nuestra enmienda, que, como he dicho, creo que complementa la moción
originaria.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president.

Senyories, no insistiré molt més en el contingut de la
moció, que jo crec que ha estat amplament presentada i complementada
també per algunes de les aportacions que hem anat incorporant. Però sí
que voldria fer una reflexió. Més enllà de la sort que pugui córrer
aquesta moció i si acaba essent aprovada o no, que òbviament dependrà del
vot del grup majoritari en aquesta cambra, del vot del grup que a la
vegada recolza el Govern de l’Estat, jo sí que els faria una
reflexió, independentment que s’aprovi o no s’aprovi.

Puc entendre que fixar calendaris pot incomodar a
algú—, el que sí que és necessari i si que els demanem des del
nostre grup —els ho demanem avui i els insistirem al llarg de tota
la legislatura— que les quatre qüestions que planteja la moció,
considerant la incorporació de l’esmena plantejada pel senador
Montilla, les han de tenir molt presents. I, malgrat que durant aquests
primers mesos de legislatura es pot arribar a entendre alguns dels
plantejaments efectuats i que no respectessin el que planteja la moció,
jo entenc que no es pot mantenir aquesta forma de legislar durant els
propers tres anys o tres anys i mig. Mirin, m’explico. A
l’Estat espanyol ens hem dotat d’un sistema on hi ha tres
nivells d’Administració i cada nivell d’administració té les
seves competències i la seva responsabilitat. El que no pot fer el Govern
central és legislar en l’àmbit tributari sense tenir en compte ni
les competències ni les conseqüències d’aquesta legislació a altres
administracions.

Abans els esmentava un senzill exemple que ha suposat uns
quants milions d’euros per a la Generalitat de Catalunya i suposo
que també per a la resta de comunitats autònomes. Vostès, al Govern, van
fer una modificació en operacions societàries, en l’impost sobre
transmissions patrimonials, actes jurídics documentats i transmissions i
operacions societàries que, essent bona i podent-la compartir, implica
una menor recaptació a les comunitats autònomes. Van fer una altra
modificació, també sense consultar a la part afectada, sobre els tipus
impositius de l’IBI, que vostès ens poden dir, als ajuntaments els
ha anat bé o no els ha anat bé, no ho discutiré, però en tot cas van fer
una modificació sobre un tribut local que les úniques competències del
qual corresponien a cada un dels ajuntaments.

Per tant, els instem a no continuar legislant sense tenir
en compte els altres nivells d’Administració i les conseqüències
d’aquests nivells d’Administració. I també el que he dit en
la meva intervenció anterior. Mirin. Qualsevol increment d’impostos
a partir d’ara ha d’estar compensat amb una reducció
d’impostos que afecten a l’activitat econòmica o s’han
d’incrementar determinades partides de despesa vinculades a la
creació d’ocupació. Si no, la nostra economia, la nostra estructura
productiva no ho podrà suportar.

Nosaltres també som, i ho vaig dir l’altre dia en la
interpel.lació que feia al ministre, de l’opinió que les mesures,
quan estan decidides, s’han d’anunciar i prendre el més ràpid
possible. Si en aquests moments estem convençuts —i aquí no avanço
l’opinió del meu grup en cap cas— però, si el Govern està
convençut que s’haurà de plantejar un increment de l’IVA i
aquest increment de l’IVA haurà d’anar vinculat a una
disminució de les cotitzacions a la Seguretat Social, això s’ha
d’anunciar ja i, des de la nostra òptica, s’ha de
materialitzar. No té cap sentit endarrerir una decisió com aquesta uns
mesos i generar una incertesa durant uns mesos: si pujarà l’IVA, si
baixaran les cotitzacions a la Seguretat Social, o no les baixaran.
Perquè això l’únic que genera són distorsions en el comportament,
en el comportament dels consumidors, que podran pensar si prenen alguna
decisió de consum o no en funció d’aquest hipotètic increment de
l’IVA, i el més greu, també certa incertesa i certa modificació del
comportament, en aquest cas de les empreses, que són les que creen
ocupació, que poden pensar que contractaran més endavant perquè es podran
beneficiar d’una reducció en la cotització de la Seguretat
Social.

Per tant, aquestes mesures, si estan decidides s’han
d’anunciar i s’han de prendre el més ràpid possible. En tot
cas, agrair al senador Montilla la seva aportació, com he dit abans, i
també, malgrat no poder-la acceptar, agraïm l’aportació del Partit
Socialista.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, no voy a insistir mucho más en el contenido de la
moción, que creo que ha sido ampliamente presentada y complementada con
algunas de las aportaciones que hemos ido incorporando. Pero sí quiero
hacer una reflexión, más allá de la suerte que pueda correr esta moción y
de si acaba o no siendo aprobada, lo cual, obviamente, dependerá del voto
del grupo mayoritario en esta Cámara, del voto del grupo que a su vez
apoya al Gobierno del Estado. Repito que quiero hacer una reflexión,
independientemente de que se apruebe o no.

Puedo entender que fijar calendarios pueda incomodar a
alguien pero resulta necesario, y desde nuestro grupo se lo pedimos
—se lo pedimos hoy y vamos a insistir en ello a lo largo de la
legislatura—, que las tres cuestiones que se plantean en la moción,
bueno, cuatro con la incorporación de la enmienda planteada por el
senador Montilla, las tengan muy presentes. A pesar de que durante estos
primeros meses de legislatura se pueden llegar a entender algunos de los
planteamientos que ha habido y que no respetan lo que plantea la moción,
no se puede mantener esta forma de legislar a lo largo de los próximos
tres años o tres años y medio. Y me explico: En el Estado español nos
hemos dotado de un sistema donde hay tres niveles de Administración, y
cada uno de ellos tiene sus competencias y su responsabilidad. Y lo que
no puede hacer el Gobierno central es legislar en el ámbito tributario
sin tener en cuenta ni las competencias ni las consecuencias de esta
legislación en otras administraciones.

Antes he citado un sencillo ejemplo que ha supuesto unos
cuantos millones de euros para la Generalitat de Cataluña, y supongo que
también para el resto de las comunidades autónomas. El Gobierno hizo una
modificación en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y en
transmisiones societarias, que, siendo buena, y pudiéndola compartir,
implica una menor recaudación en las comunidades autónomas. Se hizo otra
modificación, también sin consultar a la parte afectada, sobre los tipos
impositivos del IBI. Ustedes pueden decir si a los ayuntamientos les ha
ido bien o no, no se lo voy a discutir, pero en todo caso se hizo una
modificación sobre un tributo local cuyas competencias correspondían a
los ayuntamientos.

Así pues, les instamos a no seguir legislando sin tener en
cuenta a los otros niveles de la Administración y las consecuencias en
dichos niveles. Y como he dicho en mi intervención anterior, cualquier
incremento de impuestos a partir de ahora tiene que ir compensado bien
con una reducción de los que afectan a la actividad económica bien con el
incremento de determinadas partidas de gasto vinculadas a la creación de
ocupación. De lo contrario nuestra economía, nuestra estructura
productiva no podrá soportarlo.

Tal y como dije ayer en la interpelación al ministro,
nosotros consideramos que cuando las medidas están decididas se tienen
que anunciar y llevar a cabo lo más rápidamente posible. Si en estos
momentos —y aquí no me adelanto a la opinión de mi Grupo— el
Gobierno está convencido de que hay que plantear

un incremento del IVA que debe ir vinculado a una
disminución de las cotizaciones a la Seguridad Social, hay que anunciarlo
ya, y desde nuestra óptica se tiene que materializar. No tiene ningún
sentido aplazar una decisión como esta unos meses, generando
incertidumbre sobre si va a subir o no el IVA o si van a bajar o no las
cotizaciones a la Seguridad Social, porque eso genera distorsiones en el
comportamiento de los consumidores que van a pensar si toman alguna
decisión de consumo en función de este hipotético incremento del IVA, y
lo más grave, también cierta incertidumbre y cierta modificación en el
comportamiento en este caso de las empresas, que son las que crean
ocupación, que pueden pensar en contratar más adelante porque se podrán
beneficiar de una reducción de la cotización en la Seguridad Social.

Así pues, insisto en que si estas medidas están decididas,
deben anunciarse y llevarse a cabo lo más rápidamente posible. En todo
caso agradezco al senador Montilla su aportación, y a pesar de no haber
podido aceptar la aportación del Grupo Parlamentario Socialista, se lo
agradecemos igualmente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.

Senador Bel, nosotros estamos de acuerdo con los puntos
primero y segundo de su moción porque pensamos que es bueno para todos
que este Gobierno defina su política tributaria y fiscal en aras de esa
seguridad y certidumbre que tanto necesitamos.

Discrepo un poco en que usted los está alentando a que
suban el IVA, en el sentido de: súbanlo cuanto antes porque así todos nos
podemos beneficiar de los ingresos adicionales. Yo no creo que vayan a
subir el IVA con las cosas que nosotros le hemos escuchado decir al
Gobierno del Partido Popular cuando lo subió el Gobierno socialista. No
creo que se atrevan, yo he escuchado decir aquí al señor Montoro que el
IVA no se iba a subir. Pero bueno…

También estamos de acuerdo con una parte del tercer punto.
Nosotros no nos negamos a que se destinen recursos a rebajar las
cotizaciones sociales y apoyos a las empresas; lo que no podemos aceptar
es que se condicione una parte —el 50 %— a ello sin tener
garantizado el Estado del bienestar. Nosotros le hubiésemos hecho una
contrapropuesta: sí, una vez que tengamos los recursos necesarios para
garantizar una educación, una sanidad, unos servicios sociales de calidad
como los teníamos; a partir de ahí, de acuerdo.

¿Porque de qué estamos hablando, señoría? Estamos hablando
de que es necesario tener el marco completo y es necesario, por lo tanto,
saber que nuestro Estado tiene necesidad de unos determinados recursos,
de unos determinados ingresos. Yo antes hacía mención a algo que creo que
tenemos que revisar entre todos, y es el cuadro que ha presentado nuestro
Gobierno en el Plan de Estabilidad 2012-2015, donde sin lugar a dudas
vamos a ser el Estado más barato de toda la Europa occidental. Porque
cuando hay una caída en el gasto público de más de 31 000 millones de
aquí a 2015; cuando estamos ahora mismo —y lo sabemos todos—
en una media de ingresos del 35 % del PIB, cuando la media europea es el
45 % —10 puntos de diferencia—, de eso es de lo que hay que
hablar.

Hay que incrementar esos ingresos. ¿Cómo? Evidentemente,
con nuevas políticas fiscales, pero con una lucha contra el fraude fiscal
totalmente eficaz, poniendo el punto donde los propios inspectores de
Hacienda nos dicen dónde hay que ponerlo. Porque todos sabemos las
consecuencias de las políticas de bonificaciones al impuesto sobre
sociedades, y la consecuencia es que la media de cotización sobre los
beneficios de las empresas es el 10 %, y eso no puede ser, así no podemos
mantener nuestro Estado del bienestar, y esa es la base de nuestra
política fiscal.

Luego, de acuerdo con los apoyos a las empresas, a las
bonificaciones y reducciones de las cotizaciones sociales, pero siempre
que tengamos los recursos para garantizar los derechos básicos de la
educación, la sanidad y los servicios sociales. No tendríamos, por tanto,
ningún inconveniente en esta cuestión, pero dentro de ese marco global
que sería positivo para todos.

En este mismo cuadro —y ayer lo decía un compañero
del Grupo Socialista— España se pone la primera en reducción de
empleo público. ¿Eso es bueno o malo para el Estado del bienestar? Es
malo porque solamente Portugal, Irlanda, Eslovenia, Chipre, Letonia y
Bulgaria hacen menos esfuerzo que nosotros, menos, nosotros hacemos más
sacrificio de empleo público. Por otro lado, si hablamos de en cuánto va
a quedar el gasto público previsto para 2015, que España esté solo con
menos gasto público

que Lituania, Letonia, Bulgaria, Estonia, Eslovaquia y
Rumanía, no me parece que sea la aspiración que como país tenemos que
tener.

En definitiva, lo que yo decía es: sí al acuerdo global
fiscal y tributario, sí a tener, por lo tanto, esa responsabilidad y
corresponsabilidad en los incrementos de impuestos que haya que hacer y,
por supuesto también, inyectar un poco de optimismo. Señoría, dentro de
pocos días las empresas más importantes de este país van a sacar un
documento alentando al optimismo, alentando a que consideremos que no
estamos tan mal, que tenemos esperanza, que tenemos mucho futuro y muy
bueno por delante para contrarrestar ese pesimismo en el que —yo
creo que conscientemente— el Gobierno ha intentando meter a la
sociedad española. No somos nosotros, no es la oposición la que ha dicho
que nuestro país está en el abismo agarrado a la cornisa, no somos
nosotros los que hemos dicho que estamos metidos en un pozo; ha sido el
propio Gobierno para crear ese clima de miedo que hace que la sociedad
aguante y resista cualquier tipo de presión.

Por lo tanto, a partir de ahí, a partir de ese momento, yo
estoy convencido de que las cosas podrán ir mucho mejor. Es el momento,
señores del Grupo Popular, de enfrentarse a la verdad sin estrategias
partidistas y de remar todos en serio en la misma dirección.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la
senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Popular va a votar en contra de esta
moción, no tanto por los contenidos, y por todo lo que se ha expresado
aquí, sino, sobre todo, porque muchas de las respuestas, o las respuestas
a prácticamente todo lo que se plantea en esa moción y todo lo que se ha
expresado en el transcurso del debate, están en las acciones y en las
medidas que está adoptando el Gobierno en estos escasos cinco meses que
llevamos de legislatura.

El senador Vázquez —y los distintos senadores que han
intervenido— terminaba su intervención hablando de equidad, de
lucha contra el fraude. En todas las medidas fiscales que ha aprobado el
Gobierno, si algo se ha defendido ha sido la equidad y que sean los que
menos tienen los que menos paguen. Esa equidad ha venido, sobre todo, de
la mano de un Gobierno del Partido Popular, así como las medidas
aprobadas el pasado 13 de abril para intensificar la lucha contra el
fraude. Y, sobre todo, esa necesaria compatibilidad de incrementar la
recaudación de esa consolidación fiscal con el incremento de la actividad
y la generación de riqueza y empleo.

Vamos a votar en contra también, señorías, senador Bel, por
la imposibilidad de presentar un calendario en sentido estricto si
queremos cumplir los compromisos adquiridos con la Unión Europea dentro
del actual paquete de reformas.

Usted decía, en el transcurso del debate de la
interpelación, que situaciones excepcionales requieren medidas
excepcionales y, efectivamente, se están adoptando medidas tributarias
que dan respuesta a una situación, no solo excepcional, sino que no
debería volver a ocurrir y que expresaba muy bien el ministro Montoro: un
escenario de recesión económica y, lo que es peor, una desviación del
déficit de más de 25 000 millones de euros. Medidas extraordinarias, por
tanto, que dan respuesta a una situación extraordinaria y, aunque no con
un calendario en sentido estricto, el Gobierno del Partido Popular sí ha
adoptado una serie de medidas con una programación temporal muy definida:
medidas a corto plazo, como el gravamen complementario del IRPF o la
subida del IBI, que se van a aplicar durante los ejercicios 2012 y 2013,
o algunas limitaciones a las deducciones y medidas a medio plazo, que
tienen una mayor vocación de permanencia, pero que se consideran medidas
definitivas. En definitiva, el Gobierno se ha visto obligado a adoptar
decisiones firmes con carácter urgente para recuperar la credibilidad y
sobre todo para poner en marcha este país. Y ahora no se trata de decir
si son buenas o malas, lo que sabemos muy bien todos —y hoy parecen
reconocerlo así todos los portavoces— es que son medidas
necesarias.

En cuanto a las medidas a largo plazo, ustedes saben muy
bien que si algo da credibilidad, como decía el ministro el otro día, a
una política económica, es que sea acorde con la situación económica,
reconociendo la realidad y saliendo al encuentro de los problemas, pero
también, siendo conscientes y siendo realistas, ajustándonos, como digo,
a la realidad económica.

Por lo tanto, entendemos que esas decisiones que se van a
adoptar en política fiscal están, de alguna manera, en función de la
fluctuación que se puede producir en las variables económicas. No
obstante,

existen unas líneas generales en la política tributaria
para los próximos años que quedan recogidas en el programa de
estabilidad, de manera que una vez que se consolide la recuperación
económica, y en función de la evolución de la demanda, se considerará una
restructuración impositiva que pueda primar algunas figuras indirectas en
beneficio de la fiscalidad sobre el trabajo.

Se han referido también, algunos de ustedes, a ese
incremento de 0,8 puntos sobre el PIB en el lado de la imposición
indirecta y a esa reducción de 0,5 puntos del PIB en las cotizaciones
sociales. También decía en la interpelación el ministro que no hay
intención de subir impuestos si no es compensando con la reducción de
otros impuestos y, en todo caso, lo que sí está garantizando el Gobierno
es que cualquier hipotética subida impositiva que se pudiera llevar a
cabo va estar va a estar orientada siempre a estimular la actividad
productiva y la creación de empleo. Eso es algo que ya se ha venido
garantizado con las medidas que se han adoptado.

Para terminar, hablaban ustedes de la lealtad
institucional. Y qué mejor ejemplo de lealtad institucional que las
medidas que se han ido adoptando: el mecanismo de apoyo a los
proveedores, anticipar las aportaciones, aplazar a diez años las
liquidaciones negativas a comunidades autónomas y ayuntamientos. Hoy,
todas las comunidades autónomas y ayuntamientos de este país saben que,
de la mano del Gobierno, ha venido la exigencia para controlar el
déficit, pero también el apoyo. El mejor ejemplo de ello: la última
reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, todo un pacto de
Estado contra el déficit, todo un pacto de Estado contra el despilfarro,
señorías socialistas. Se ha hecho partícipes de la realidad a todas las
comunidades autónomas, pero también protagonistas de la solución. Ese es
el gran acuerdo trascendental, un paso de gigante…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminado, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.

… un paso de gigante y el gran acuerdo que
necesitábamos, porque es un gran compromiso de todo el Estado. Un gran
compromiso que ha sido posible porque, después de mucho tiempo
—senador Montilla y senador Vázquez—, hay un Gobierno que
aborda los problemas, hay un Gobierno que no cierra los ojos, hay un
Gobierno que no niega la realidad y hay un Gobierno que con voluntad, con
decisión, con firmeza y con convicción está propiciando ese gran acuerdo
de todo el Estado por el equilibrio en las cuentas públicas y, sobre
todo, para garantizar el Estado del bienestar.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 22; en contra, 209; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

6. MOCIONES

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DIVERSAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS.

(Núm. exp. 662/000025)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día:
Mociones.

Moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta
al Gobierno a la adopción de diversas medidas en relación con la
dirección y gestión de los centros educativos.

A esta moción no se ha presentado ninguna enmienda.
(Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo
de quince minutos, la senadora Sampedro.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, a estas alturas del debate creo que ninguno
dudamos de la importancia que supone para la sociedad el hecho de tener
un sistema educativo de calidad. Todos tenemos muy clara la relevancia
del objetivo irrenunciable de formar a las nuevas generaciones con
capacidad para pensar por sí mismas, para defender sus derechos sin
olvidar sus deberes, y para que tengan confianza en su propia capacidad a
la hora de luchar por sus objetivos y conseguir sus metas en la vida.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio por
favor.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Y todos somos conscientes de
que también debemos formarlos en la excelencia en cuanto al conocimiento
de los contenidos necesarios y la adquisición de la experiencia que
precisan para poder desempeñar la profesión que elijan con la mayor
eficacia, lo que permitirá y tendrá como consecuencia que puedan ser
dueños de sus vidas, capaces de buscar su propia felicidad y de
contribuir al bien común. Cuestión distinta es que cada uno de nosotros
tengamos una idea diferente acerca de cómo o de qué camino a seguir para
conseguirlo. Y en eso es cierto que discrepamos, pero quizás no tanto, no
son tan profundas esas discrepancias como el calor de algunos debates
puede hacernos suponer.

Pues bien, señorías, de entre todos esos puntos de
discrepancia y consenso, hoy mi grupo trae a debate a este Pleno de la
Cámara está moción que tengo el honor de defender, con el propósito de
llegar a un acuerdo: instar al Gobierno a tomar las medidas necesarias
para promover la profesionalización de la dirección y gestión de los
centros educativos, para fomentar la autonomía de los mismos y para
reforzar las medidas de disciplina, dándoles a sus directores plenas
facultades para su mantenimiento.

Existe también un amplio consenso en la comunidad
internacional acerca del papel decisivo que desempeñan los centros
docentes en la calidad de los resultados. Las políticas educativas
basadas en los centros han pasado a formar parte destacada de las agendas
de todos los organismos multilaterales que tienen competencias en
educación; y también sabemos que todos los informes y estudios que todos
manejamos: PISA, Talis, McKenzie coinciden en destacar la importante y
estrecha relación que existe entre la calidad educativa y el clima y
autonomía de los centros. No en vano los primeros países en el ranking de
PISA: Finlandia, Japón, Canadá, Corea del Sur destacan y coinciden con
este en dotar de mayor autonomía a los centros. (El señor vicepresidente,
Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Por otro lado, sin duda hay consenso en que la calidad de
la educación depende en mucha medida o principalmente de la calidad de
los docentes, de los profesores que la imparten. Y es evidente que se
puede incluir en ese grupo responsable a los directores y sus equipos,
faltaría más. Estos equipos humanos, como cualquier equipo profesional en
la vida, se sienten reforzados y alentados cuando son valorados
socialmente, cuando ven respetada su figura y cuando son respetadas sus
decisiones por el común de quienes les rodeamos. Ahora bien, si asumimos
que son ellos los que tienen la responsabilidad principal acerca de su
día a día, tenemos que darles además la autonomía, pero también tenemos
que darles una mayor autoridad y capacidad de reacción. Por eso, entre
otras medidas debemos reformar el apoyo normativo necesario en las
medidas de disciplina y de orden en los centros, dándole a la dirección
amplias facultades para su mantenimiento; establecer unos planes de
mejora acordados entre los establecimientos docentes y las
administraciones educativas en función de los resultados y, por supuesto,
centrados prioritariamente en el rendimiento escolar de los alumnos y en
el clima del propio centro; promover desde las administraciones
educativas la identificación y la difusión de todas aquellas prácticas
que se puedan considerar buenas prácticas que estén vinculadas a
innovaciones en materia de organización —volvemos a lo mismo—
y de gestión, y que hayan demostrado su eficacia y, dentro de estas
medidas, premiarlas, incentivarlas o valorarlas.

Creemos en unos centros educativos institucionalmente
fuertes que gocen de un clima escolar ordenado, con normas favorecedoras
de la autonomía y de la rendición de cuentas, de la innovación y de la
evaluación de su eficacia y del liderazgo efectivo de una dirección y de
la implicación de toda la comunidad educativa pero, evidentemente, más
autonomía en el diseño curricular, en la gestión económica y en la
organización del centro, más autoridad a la hora de imponer las medidas
disciplinarias que correspondan también implica mayor responsabilidad y
esfuerzo para las personas que lo ejercen. Esto necesita tener un mayor
nivel de reconocimiento, y entendemos que pasa por la profesionalización
de su carrera, con el fin de poder atraer hacia ella a los más
preparados, pero diría también a los más

motivados, porque uno puede estar muy preparado pero no
tener dentro esa necesidad o esa idea de querer ser director de un
proyecto.

Está claro que hoy en día la labor de un director de un
centro supera con mucho esa idea de primus inter pares coyuntural o
temporal, de un profesor que en un momento determinado de su carrera,
durante una serie de años, toma el mando del centro para luego, cuando
acabe ese periodo, volver a situarse como uno más entre sus compañeros.
Hoy en día, tampoco la característica principal de un director de un
centro tiene que ser la de ser un burócrata, aunque en la mayoría de las
veces les comen los papeles de tal manera que acaban siéndolo. Un
director de un centro hoy en día tiene que ser un eficaz gestor de
recursos, cada vez más complejos; también tiene que ser un buen
administrador económico y, sobre todo, tener un liderazgo educativo, con
capacidad de generar impulso de proyectos, además de la natural
supervisión de la tarea educativa. En resumen, tiene que ser un líder de
un grupo humano comprometido con la escuela y su enseñanza, y esta es una
tarea, sin duda, complicada. El Informe McKenzie llega a la conclusión de
que para tener estos líderes educativos eficientes lo primero que tienen
que hacer los sistemas es seleccionar a las personas adecuadas y, luego,
conseguir de ellos que den lo mejor que puedan dar.

Curiosamente, las dificultades de los alumnos en España
pueden ser las mismas que las que tengan en Italia, el Reino Unido o
Francia. Sin embargo, allí, a pesar de tener unos requisitos de acceso a
la función directiva docente muchísimo más exigentes que aquí, los
puestos que salen están cubiertos y siempre hay más candidatos que
puestos. En España, a pesar de que el modelo que recoge la LOE para este
acceso a la función directiva es de participación y concurrencia y pasa
por ser considerado un modelo democrático y participativo, lo cierto es
que solo se cubre de manera voluntaria el 60 % de las plazas, quedando el
resto, el 40 %, para designación directa de la administración educativa.
¿Qué es lo que falla? La valoración del trabajo y del esfuerzo de los
directores, obviamente, y el escaso margen de maniobra que tienen en
algunos casos.

Por lo tanto, es necesario actualizar y fortalecer la
función directiva de los centros, para lo que, entre otras medidas,
habría que profesionalizar la dirección escolar, a fin de que se puedan
abordar con suficientes garantías los retos que comporta esa mayor
autonomía curricular; introducir —esto es importante— el
grado de director en la carrera profesional de la enseñanza pública y
consolidarlo, de manera que esos conocimientos, esas competencias
acumuladas por el ejercicio, por los cursos, por la formación que reúna
no se pierdan y el que tenga vocación de dirigir, además de tener los
conocimientos, vea consolidado su puesto en esa figura. Adoptar, para
ello, un nuevo modelo de selección del director y del equipo directivo en
esos centros públicos que se base en los principios de publicidad, mérito
y capacidad, con la finalidad de poder nombrar a los candidatos más
idóneos, y, por supuesto, introducir un sistema de incentivos y
reconocimientos que permita atraer y mantener a los mejores. Reforzar la
formación continua, algo muy importante, porque no se puede pensar que
uno llega y ahí se estanca, mucho menos en un ámbito como el educativo,
que evidentemente está inmerso de lleno en las nuevas tecnologías y en
todo lo que ello supone, y donde un profesor se queda con mucha facilidad
atrasado en su formación respecto a sus alumnos que las manejan con gran
fluidez.

Tiene que tener, además, formación en dirección, formación
en gestión, no solamente en los impulsos del proyecto educativo; es
decir, hay que tener capacidad para dirigir, pero además tener esos
conocimientos, y todo ello dentro de una cultura, que hay que volver a
retomar, de la evaluación. En los últimos veinte años, desde el Partido
Popular consideramos que se ha ido perdiendo esta cultura del esfuerzo,
esta cultura de la evaluación, y hay que retomarla y conseguir que los
valores del mérito, de la satisfacción por el trabajo bien hecho, de la
autoexigencia y la responsabilidad vuelvan, desde los alumnos a los
profesores, y tengan su recompensa; es necesario, además, en tres
niveles: para la sociedad, en general, porque, a diferencia de lo que
ocurre en otros ámbitos, donde si se hace mal, las alarmas pueden saltar
de inmediato, en la función docente, las malas gestiones, los indicadores
de resultados tardan en notarse mucho tiempo, demasiado.

También es importante la evaluación para la Administración
porque al fin y al cabo es la responsable última y, aparte de eso, es la
que dota de recursos; y también, cómo no, para las familias, que no
pueden ejercer su libre derecho a la elección de centros si no están bien
informados acerca de todo lo que supone la docencia en el centro donde
quieren llevar a sus hijos.

Por tanto, es necesario fijar estándares y conocimientos
mínimos, es necesario hacer pruebas censales extendidas a todo el
alumnado; todo ello es indispensable para conocer las debilidades y
fortalezas de nuestro sistema, es decir, lo que aprenden o no aprenden
nuestros alumnos.

Por todo ello, proponemos a la aprobación del Pleno del
Senado esta moción y deseamos que cuente con el mayor respaldo posible,
porque me consta que en muchos aspectos estamos muy cercanos. Sé que no
se han presentado enmiendas a esta moción, e interpreto que es por
cuestiones puntuales porque en todos los debates y en la documentación
que he tenido la oportunidad de estudiar y de manejar estos días he visto
que no hay profundas discrepancias y que las que pueda haber, estoy
segura de que podremos limarlas poco a poco.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

A esta moción no se ha presentado ninguna enmienda.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Popular presenta hoy una moción que yo
calificaría, como poco, de sorprendente. Sorprendente porque fíjense cómo
comienza la exposición de motivos, tal y como la señora senadora ha
recalcado también en su intervención: «Los centros educativos constituyen
el pilar de nuestro sistema educativo». Toda una declaración de
principios que compartiríamos al cien por cien ―a no ser que se
refiera a los centros privados―, pero en este momento es muy poco
apropiada, señorías, si quien la formula es el grupo parlamentario del
Partido Popular, que sustenta a un Gobierno que acaba de presentar unos
Presupuestos Generales del Estado en los que reducen los gastos en
educación un 21 %, 623 millones de euros menos que en el presupuesto del
año anterior; un Gobierno que acaba de aplicar un recorte adicional de 3
000 millones de euros, que pueden muy bien ascender a 5000 millones,
―como decía ayer mi compañero, el señor Álvarez Areces― y que
llevará aparejado el despido de miles de profesores, el incremento de
alumnos por aula, la modificación de becas y ayudas al estudio ―que
dejarán de ser un derecho―, el incremento de las tasas
universitarias y, como consecuencia, la falta de recursos para los
centros. Se trata de un recorte drástico pero que, según el Partido
Popular, no provocará una merma de la calidad sino que, por el contrario,
contribuirá a incrementarla. Y todavía es mucho menos apropiada esta
declaración de principios si tenemos en cuenta que ayer se produjo la
mayor huelga de la enseñanza en nuestro país, en la que han participado
toda la comunidad educativa, desde las escuelas infantiles a las
universidades, todos los sindicatos de la enseñanza y las organizaciones
de padres y madres, así como estudiantes de la enseñanza pública, para
decir al Gobierno que no van a consentir que continúe con su ataque y
desmantelamiento de la educación pública.

Señorías, continúa la exposición de motivos con una serie
de afirmaciones, igual de sorprendentes, si cabe, que las anteriores, con
juicios de valor generales y sin un diagnóstico serio sobre la
evaluación, afirmando que nuestro sistema educativo
—literalmente— «…ha desterrado por completo la «cultura
de la evaluación».» y que carece «… de herramientas fiables para
conocer el grado de progreso de los alumnos…». Esta afirmación, sin
duda, se debe a un olvido, quizá a un desconocimiento de la ley
—que no creo— o a una voluntad intencionada de no decir la
verdad, quizá similar a la intención que pudo utilizar ayer el portavoz
del Grupo Popular cuando afirmaba, entre otra serie de datos que facilitó
sobre la educación francesa, que los profesores en Francia trabajan
cuarenta horas, cuando él sabe perfectamente que los profesores franceses
permanecen entre quince y dieciocho horas en los centros y todo lo demás
lo hacen en sus casas, con unas ventajas mucho mayores que las de los
españoles.

Señorías, nadie que haya leído la LOE puede poner en duda
que no le da una importancia capital a la evaluación como un elemento
fundamental para la mejora de la educación y prueba de ello es que le
dedica todo un título completo, el VI, y dos artículos, el 21 y el 29. Y
establece, además, todos los ámbitos en que debe aplicarse: en el
aprendizaje del alumnado, en la actividad del profesorado, en los
procesos educativos, en la función directiva, en el funcionamiento de los
centros, en la inspección, etcétera. ¿Saben sus señorías cuántas pruebas
de evaluación se realizan en la actualidad en nuestro sistema educativo?
Pues miren, una primera de diagnóstico en cuarto de primaria, a los 9 y
10 años, y otra, derivada del proyecto internacional de la IEA, para
evaluar la comprensión lectora y conocimientos en matemáticas y en
ciencias; una segunda evaluación de diagnóstico en segundo de la ESO, a
los 14 años; una tercera a los 15 años, la derivada del Informe PISA; una
cuarta a los 16 años, el Estudio Europeo de Competencia Lingüística, y,
además, una evaluación general del sistema educativo en sexto de primaria
y cuarto de la ESO en los cursos finales de cada etapa de la educación
obligatoria, acordada dentro del Plan de Acción 2010-2011, en el que
participan todas las comunidades autónomas. ¿No les parece a sus señorías
suficiente?

Hablan también de fomentar la autonomía curricular,
económica y organizativa de los centros. Vuelvo otra vez a recordarles,
señorías, que la Ley Orgánica de Educación ya contempla la autonomía de
los centros, a la que dedica todo el capítulo II, del título V. Déjenme
que les diga también que el artículo 120 desarrolla extensamente el
concepto, ámbito y funciones de la misma; por cierto, de manera mucho más
concreta y rigurosa que la que proponen ustedes en esta moción. Ahora
bien, con una diferencia: nosotros hablamos de autonomía pedagógica, no
autonomía curricular, como ustedes. Porque ¿de qué hablan cuando piden
autonomía curricular? ¿Se refieren a que el 35 % del currículum, como
pretenden en la Comunidad de Madrid, lo establezcan los centros? ¿Y quién
va a perder esa competencia, las comunidades autónomas o bien el
Ministerio de Educación? Y, señoría, ¿a quién va a beneficiar esta
autonomía curricular? ¿No creen que esta medida lo único que hará será
incrementar las diferencias entre los centros educativos y solo servirá
para incrementar la segregación?

Hablan también de los contratos-programa, y los vinculan a
la autonomía de los centros y al incremento de competencias de los
equipos directivos. Nos parece muy bien, y nos alegramos de que hablen de
ellos, al igual que ya lo hacíamos nosotros en el pacto educativo por la
educación, en el Pacto Social y Político por la Educación, que ya hablaba
de impulsar este tipo de contratos-programa. Pero ustedes vinculan los
recursos a resultados, mientras que nosotros hacemos una diferencia
importante: queremos que se vinculen los recursos a necesidades, para que
todos los centros, tengan el alumnado que tengan, puedan acogerse a este
tipo de programas y no se limiten a premiar los mejores resultados
académicos únicamente, sin tener en cuenta las diferencias
socioculturales e intelectuales del alumnado. Pero, además, les recuerdo,
señorías, que el Gobierno socialista en la pasada legislatura promovió
entre los programas de cooperación uno destinado especialmente a
favorecer este tipo de contratos-programa entre las administraciones
educativas y los centros, programa que les recuerdo desaparece en los
Presupuestos Generales para 2012, junto a otros muchos similares.
¿Debemos entender que lo que pide ahora el Grupo Popular es que se
recuperen estos programas que el Gobierno ha eliminado de los
presupuestos generales? ¿No creen que si no es así esta petición parece
un poco incongruente?

En relación con la dirección de los centros, apoyamos y
defendemos que se promueva la profesionalización de la dirección y la
gestión de los centros educativos; naturalmente. Y les recuerdo una vez
más que en la LOE se contempla ya la profesionalización de la dirección;
tanto la LOE como las leyes autonómicas que se han ido desarrollando en
estos años en las distintas comunidades han apostado por conseguir una
dirección con más competencias y más atribuciones. No lo olviden.

Pero quizá esta petición no sea sino una cortina de humo
para conseguir la única propuesta concreta que realizan ustedes en toda
la moción: establecer un nuevo modelo de selección del director y del
equipo directivo, porque quizá no les gusta lo que establece la LOE en el
capítulo IV del título V, que la selección del director se realice
mediante un proceso en el que participen la comunidad educativa y la
Administración; que dicho proceso permita seleccionar a los candidatos
más idóneos profesionalmente y que obtengan el mayor apoyo de la
comunidad educativa —parece que estamos diciendo lo mismo, pero se
darán cuenta de que no—; que la selección y nombramiento de
directores de los centros públicos se efectúe mediante concurso de
méritos, de conformidad con los principios de igualdad, publicidad,
mérito y capacidad. Y fíjese que curioso, señoría, se han olvidado
ustedes en su moción, no sé si intencionadamente o es un lapsus, de
hablar del principio de igualdad. ¿Hay algún motivo oculto para que
mantengan todos los principios menos el de igualdad? ¿Qué es lo que piden
exactamente? Eso es lo que me gustaría preguntarles. ¿Que se cumpla la
ley? ¿Que se cumpla la LOE? Bien, que se cumpla. Si no es así, deberían
explicar qué nuevo modelo de selección de director y de equipo directivo
proponen, porque, fíjense, en la sesión de la Comisión de Educación del
Congreso de octubre del 2010, el Grupo Popular ya presentó una moción
similar a esta, pero allí eran mucho más concretos y ya hablaban de que
el proceso selectivo debería reducir hasta el 30 % el número de los
participantes de la comunidad educativa, dejando el 70 % para que lo
decida la Administración. ¿Se trata de esa propuesta concreta, la que
hacen, o realmente quieren excluir total y absolutamente a la comunidad
educativa de la elección del director?

Por último, terminan también hablando de la disciplina de
los centros. Coincidimos, por supuesto, cómo no, en la necesidad de
reforzar las medidas de disciplina y de orden de los centros, pero
también —y ustedes esto no lo mencionan— queremos insistir en
que hay que respetar los derechos de los alumnos como una parte
imprescindible de la comunidad educativa.

Señorías, no estamos dispuestos a aprobar una moción que se
limita a ser una declaración de principios e interpretaciones vagas que
solo pueden servir para confundir a los ciudadanos ya que no aclara cuál
es el proyecto educativo que ustedes quieren implantar. No queremos
colaborar en un proceso

en el que ustedes están demostrando ser unos hábiles
maestros en decir una cosa y hacer después todo lo contrario de lo que
dicen.

Volviendo otra vez a la cita que hacían ayer de Francia,
les diré que en Francia sería impensable que se planteasen medidas como
las que ustedes están promoviendo aquí en España, porque en Francia, al
margen de las ideologías, lo que todos los partidos políticos tienen como
algo sagrado es la defensa de la educación pública.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.) No se hace uso de
la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la
palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor
vicepresidente.

Senatariok, alde handi batean ados gaude mozio honen
arrazoien azalpenean adierazitako neurrietan eta baita ere bere azken
edukian. Nire legebiltzar taldeak bai tribuna honetan baita besteetan ere
beti defendatu izan dogu ikastetxeei autonomia handiagoa emateko beharra.
Atzo talde sozialistak aurkeztutako mozioan adierazi nuen bezala,
hezkuntza bere ingurunearekin oso sentibera den gaia dela ulertzen dogu
eta, beraz, beharrezkoa da bere eduki kurrikularrak, bere estrategia
pedagogikoak eta bere administrazio kudeaketa eredua ikasleen eta
familien ezaugarri sozial, ekonomiko, linguístiko eta geografikoetara
egokitzea.

Señorías, estamos de acuerdo en buena parte de las medidas
apuntadas tanto en la exposición de motivos de esta moción como en su
contenido final. Mi grupo parlamentario siempre ha defendido en esta y
otras tribunas la necesidad de dotar a los centros educativos de mayor
autonomía. Al igual que apuntaba ayer en el debate de la moción
presentada por el Grupo Socialista, entendemos que la educación es una
materia extremadamente sensible a su entorno. Por lo tanto, es preciso
adecuar sus contenidos curriculares, sus estrategias pedagógicas y su
modelo de gestión administrativa a las características sociales,
económicas, lingüísticas y geográficas de sus alumnos y especialmente de
sus familias.

De ahí la importancia que nosotros damos a que la
adecuación al entorno por parte de los centros educativos sea algo
fundamental. Pero para todo ello necesitamos la implicación de los
directores del centro, del cuerpo docente, de los alumnos y de sus
familias y de todos los agentes del entorno, entendiendo por estos a las
asociaciones culturales, asociaciones deportivas e incluso a los
ayuntamientos en los que están imbricados estos centros educativos. La
adecuación al entorno es fundamental para garantizar que la educación se
dé en las mejores condiciones posibles. Al fin y al cabo no se puede
aplicar la misma normativa y las mismas estrategias pedagógicas en todas
partes; y eso lo sabemos. Pero para ello es necesaria una formación
específica de los cuerpos directivos en materias de gestión, que implica
la adquisición de competencias en diferentes ámbitos, administrativos,
organizativos, etcétera, en la coordinación y en la motivación de los
recursos humanos. Usted, señora Sampedro, hacía referencia a ello en su
intervención, y lo compartimos absolutamente, pero siempre desde una
perspectiva pedagógica; no tenemos que caer en la tentación de convertir
en gerentes a los directores de los centros; mantener una visión
pedagógica dentro de la dirección de los centros es fundamental porque,
al fin y al cabo, estamos hablando de educación; no estamos hablando de
empresa, no estamos hablando de Administración. Por lo tanto, sí a la
profesionalización, pero a una profesionalización entendida siempre desde
esta perspectiva educativa. Necesitamos profesores que estén formados en
esta labor directiva y que adquieran estas competencias que he mencionado
anteriormente.

Decía también en su intervención, señora Sampedro, que la
autonomía implica mayor responsabilidad. Por supuesto, eso pasa en la
educación y en todos los ámbitos, no solamente en lo que se refiere a la
autonomía de los centros educativos sino también en el ámbito autonómico
—y ahora quiero volver a entrar precisamente en ese
argumento—. Pero para ser autónomo es preciso e indispensable
contar con recursos, y ese es precisamente el trabajo que tenemos las
administraciones públicas: dotar de recursos a los centros educativos
para que puedan desarrollar ese trabajo en autonomía, porque entendemos
que esa va a ser una forma mucho más eficiente de acertar con la labor
educativa. Ese tipo de recursos tienen que ser, en primer lugar,
jurídicos, para dar una cobertura legal, jurídica y normativa al trabajo
que tienen que realizar los centros educativos; tienen que ser recursos
también de carácter humano: hay que dotar

de personal para que precisamente ellos puedan desarrollar
esa estrategia de adecuación al entorno, imprescindible para mejorar en
la excelencia educativa; y también, evidentemente, recursos
económicos.

Pero, claro, cuando hablamos de dotación de recursos
económicos nos encontramos de nuevo con lo que mencionaba la señoría del
Partido Socialista, que la política de hechos del Gobierno Popular choca
frontalmente con las intenciones que ustedes manifiestan en esta moción:
dotación de recursos jurídicos, humanos y económicos, y sin embargo nos
hemos encontrado con el Real Decreto Ley 14/2012, de ajustes y de mejora
de la eficiencia en el sistema educativo, que precisamente interfería
significativamente en la forma en que los centros educativos deben
organizarse. Casualmente, se presenta este Real Decreto, y ustedes
presentan una moción reivindicando el estatuto del docente. Más adelante,
llega otra proposición de ley de presupuestos, donde los recortes en la
educación —es de todos conocido— han sido muy importantes. Y
ahora presentan una moción reivindicando la autonomía de los centros
educativos. Es una cuestión de credibilidad, es una cuestión de falta de
pudor, o no sé cómo definirlo, pero está claro que ustedes están dando
una de cal y otra de arena; están aplicando esta política que se podría
llamar del palo y la zanahoria: por un lado, recortamos, ajustamos e
interferimos en el ámbito decisorio no solamente de los centros
educativos sino también de las autonomías, y por otro lado estamos
reivindicando mayor autonomía y mayor estatuto de reconocimiento de los
docentes.

Nos resulta difícil entender su intervención —de la
que compartimos absolutamente todo—, con la política de hechos
consumados que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular,
fundamentalmente por eso, porque están reivindicando una autonomía para
los centros educativos, cuando no pierden ocasión de intentar recortar y
uniformizar y de mostrar desprecio a las competencias exclusivas de
muchas autonomías en materia de educación. Por tanto, tendrían que
realizar un esfuerzo de coherencia entre lo que hacen y lo que luego
dicen.

Hablando también de autonomía, ustedes hacen referencia al
principio de responsabilidad, con el que estamos totalmente de acuerdo
—como ya he mencionado antes—, y creen que recuperar la
cultura de la evaluación es importante para poder mejorar en esa
responsabilidad que implica la autonomía de los centros educativos.
Estamos totalmente de acuerdo; la evaluación siempre es buena en todos
los niveles y en todos los ámbitos, pero no tiene que ser solamente
respecto a la evaluación del alumnado sino también a la del profesorado;
también el profesorado debe estar sujeto a los mismos sistemas y
criterios de evaluación porque la calidad de la educación está
directamente relacionada con la calidad de sus profesores. Lo hemos visto
con los informes PISA. Sabemos —porque hemos hablado en esta
tribuna de ello en otras ocasiones— cómo funciona el sistema de
selección de los profesores, por ejemplo en Finlandia, que es un modelo
educativo para todos. Allí el sistema de reclutamiento y de acceso a la
función docente es sumamente exigente y, además, están sujetos a una
evaluación constante. Al fin y al cabo estamos viviendo en la sociedad
del conocimiento, una sociedad en la que el propio conocimiento
evoluciona de forma rápida, en la que se están adquiriendo y
desarrollando constantemente nuevas competencias y que se vincula cada
vez más al desarrollo de las nuevas tecnologías.

Por tanto, si la formación y la educación de nuestros
alumnos es siempre progresiva y constante y ha de estar sujeta a
evaluación, igualmente ha de estarlo la de sus profesores, porque en la
medida en que sean buenos docentes nuestros alumnos contarán con mejores
garantías para desarrollar ese conocimiento y adquirir el nivel educativo
que todos deseamos.Y este nivel de educación, estos criterios de
exigencia, como he dicho, tienen que ser aplicados tanto a los alumnos
como al profesorado y en todos los ámbitos educativos; y cuando digo
todos los ámbitos educativos me refiero a la escuela pública, a la
escuela concertada y también a la escuela privada.

Esas pruebas externas que evalúen los mínimos exigibles
tienen que crear un parámetro y un criterio que se aplique
transversalmente a todo el sistema educativo; un igual nivel de
exigencia, independientemente de la característica o la naturaleza de los
centros educativos, sean estos privados, públicos, o concertados.

Estas pruebas externas que evalúen estos mínimos exigibles
tienen que ser, como he dicho, omnipresentes, y deben analizar la
excelencia que se está dando en educación en todos los ámbitos: alumnado,
profesorado, también en la labor gestora de los equipos directivos, que
tiene que estar sujeta siempre a un control exhaustivo para asegurarnos
—como mencionaba usted anteriormente— el benchmarking, la
aplicación de las buenas prácticas; identificar lo que se está haciendo
bien y adecuar esa metodología a las circunstancias de las
especificidades geográficas, lingüísticas, políticas y sociales de cada
centro educativo.

Por tanto, vamos a votar a favor de esta moción porque
estamos de acuerdo con lo que en ella se refleja y con lo que usted ha
mencionado. Su intervención me ha parecido sinceramente muy buena y
apunta a las buenas maneras. Solo espero que la práctica política que
acompañe al Ministerio de Educación en este ámbito se corresponda con los
deseos que usted ha expresado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Moltes gràcies, senyor
president.

Senyories, vull manifestar que la presentació
d’aquesta moció desconcerta una mica per dos motius. En primer
lloc, en la compareixença del ministre Wert en la Comissió
d’Educació, en la qual va exposar les línies del ministeri, sobre
el que volia desenvolupar durant aquesta legislatura, concretament va
manifestar que era necessari incrementar las competencias de los
directivos y promover la profesionalización en la gestión de los centros.
Per tant, ja ens va deixar clar que aquest tema consta a dins de la
programació de l’agenda de temes que vol tirar endavant el
ministeri. Així, doncs, és una mica surrealista que des del Senat
s’insti a prendre unes accions que ja té programades el ministeri.

Per altra banda, tornem a ser davant d’un assumpte
que és competència exclusiva de les comunitats autònomes. I aquesta
reiteració fa pensar que desconeixen les lleis desenvolupades i aprovades
pels diferents parlaments autonòmics, en la majoria de les quals ja es
regula la professionalització de les direccions dels centres docents, o
bé que, en són conscients, però utilitzen el rang legal per deixar sense
efecte el que les comunitats autònomes, fent ús de les seves competències
transferides per l’Estat, han consensuat i acordat en els
corresponents parlaments.

Si estem davant del primer supòsit, els aconsello que abans
d’emprendre més iniciatives referents a educació, tinguin
l’interès de conèixer com s’ha desenvolupat la regulació de
la matèria educativa en cada comunitat autònoma, que coneguin la
legislació autonòmica i quins aspectes es regulen. Entendria que, després
de ser coneixedors de com s’organitza el sistema educatiu a cada
comunitat, i un cop valorats els resultats que se’n deriven,
volguessin compartir les iniciatives més positives per a uns millors
resultats en la resta de comunitats. Sempre entenent que la diversitat de
cada territori i les necessitats puntuals ens configuren com a Estat, i
que en l’àmbit educatiu, de moment, s’ha de respectar
l’autonomia de les comunitats.

Si, pel contrari, en són conscients, però volen
centralitzar el tema perquè l’accés a les direccions de tots els
centres docents funcioni de forma unificada menyspreant les normes
autonòmiques, doncs siguin valents i parlin clar. Manifestin la seva
obsessió de tornar a centralitzar les competències transferides. Diguin
que no creuen en l’Estat de les Autonomies. Però parlin clar
d’una vegada, no s’amaguin darrera de maniobres estranyes per
veure si cola.

No obstant, per establir la nostra posició sobre el
contingut del text de la moció, hem de dir que és molt ambigu,
generalitzat i sense aprofundir en el tema. El que sí tenim clar són uns
límits als quals no volem renunciar i que ens avancem a manifestar per si
l’objectiu final de la moció va per aquest camí.

El personal directiu professional en cap cas ha de ser un
administratiu especialitzat en la gestió de recursos humans en detriment
del lideratge pedagògic i de gestions en àmbits educatius. La direcció ha
d’estar sotmesa al control social mitjançant el consell escolar del
centre i al control acadèmic i administratiu de l’administració
corresponent. El claustre i el consell escolar del centre, com a òrgans
col.legiats, amb un funcionament democràtic i transparent, en cap moment
poden quedar relegats a simples òrgans de segona categoria. S’ha
d’establir un equilibri entre la funció de la direcció del centre,
claustres i consell escolar. Cada un ha de tenir el seu propi espai sense
treure funcions a uns per tal de donar-les als altres. I s’han de
completar entre ells. Temes com l’autonomia de centre,
l’exercici d’autoritat pública de la direcció, el procediment
de selecció de la direcció dels centres, els requisits específics que han
de reunir els candidats, tots ells ja estan regulats i en ple
funcionament. Per tant, la finalitat de la moció és establir una
regulació sobre una matèria que ja està regulada, que ja s’està
posant en pràctica i de la qual l’Estat no té la competència.

Per aquest motiu, el Grup de l’Entesa votarà en
contra de la moció.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero manifestar que la
presentación de esta moción me desconcierta por dos motivos: primero,
porque el ministro Wert, en su comparecencia en la Comisión de Educación,
donde

expuso las líneas del ministerio que quería desarrollar
durante esta legislatura, dijo que era necesario incrementar las
competencias de los directivos y promover la profesionalización en la
gestión de los centros; por tanto, nos dejó claro que este tema consta en
la programación y la agenda que el ministerio pretende sacar adelante. En
mi opinión, es surrealista que desde el Senado se inste a adoptar
acciones que ya tiene programadas el ministerio.

Y, segundo, volvemos a hablar de un asunto que es
competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y esta reiteración
nos hace pensar que, o bien desconocen las leyes aprobadas por los
distintos Parlamentos autonómicos, en las cuales ya se regula la
profesionalización de los directores de los centros docentes, o bien son
conscientes de ello pero utilizan el rango legal para dejar sin efecto lo
que las comunidades autónomas, utilizando sus competencias transferidas
por el Estado, han consensuado y abordado en los correspondientes
Parlamentos.

Si estamos ante el primer supuesto, les aconsejo que antes
de tomar más iniciativas en relación con la educación tengan el interés
de conocer cómo se ha desarrollado la regulación de la materia educativa
en cada comunidad autónoma, que conozcan la legislación autonómica y vean
qué aspectos se regulan, y después de ser conocedores de cómo se organiza
el sistema educativo en cada comunidad, y una vez valorados los
resultados que se derivan, compartan las iniciativas más positivas para
lograr mejores resultados en el resto de comunidades, siempre entendiendo
que la diversidad de cada territorio, sus necesidades puntuales nos
configuran como Estado, y que en el ámbito educativo, de momento, se
tiene que respetar la autonomía de las comunidades.

En el segundo supuesto, es decir, si son conscientes pero
quieren centralizar este tema para que el acceso a la dirección de los
centros docentes funcione de forma unificada, menoscabando las normas
autonómicas, tienen que hablar claro, tienen que ser valientes;
manifiesten su obsesión de centralizar las competencias transferidas,
digan que no creen en el Estado de las Autonomías. Hablen claro, no se
escondan en maniobras extrañas para ver si cuela.

Sin embargo, para establecer nuestra posición sobre el
contenido del texto de la moción, tenemos que decir que es muy ambiguo,
muy general y que no puntualiza el tema. Lo que tenemos claro son los
límites a los que no queremos renunciar, y lo avanzamos por si el
objetivo final de esta moción fuera por ese camino.

El personal directivo profesional, en ningún caso tiene que
ser un administrativo especializado en la gestión de recursos humanos, en
detrimento del liderazgo pedagógico y de gestiones en ámbitos educativos.
La dirección tiene que estar sometida al control social mediante el
consejo escolar del centro y el control académico y administrativo de la
Administración correspondiente. El claustro y el consejo escolar del
centro, como órganos colegiados, con un funcionamiento democrático y
transparente, en ningún momento pueden quedar relegados a un simple
órgano de segunda categoría. Se tiene que establecer un equilibrio entre
la función de la dirección del centro, el claustro y el consejo escolar.
Cada uno tiene que tener su espacio propio, sin quitar funciones a un
ente para dárselas a otro, e intentar compensar las funciones entre
ellos. Economía de centro, ejercicio de autoridad pública de la
dirección, proceso de selección, los requisitos específicos que tienen
que reunir los candidatos, etcétera, son criterios que están regulados y
en pleno funcionamiento. Por tanto, la finalidad de la moción es
establecer una regulación sobre una materia que ya está regulada, que ya
se está poniendo en práctica y de la que el Estado no tiene la
competencia.

Por este motivo, el Grupo Parlamentario Entesa va a votar
en contra de esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor
president.

Senyories, molt bon dia a tothom. Fa molts pocs dies que el
seu grup parlamentari ens va presentar una moció relativa a
l’elaboració i la configuració de l’estatut docent, i ens va
donar la gran oportunitat de poder parlar de la importància del
professorat i la importància que té en relació a la qualitat d’un
sistema educatiu.

Sovint parlem molt en aquests moments d’ensenyament,
d’educació, de pressupostos, de diners, de recursos, de retallades,
però ho fem menys del professorat i molt menys, també, de la direcció
dels centres. En la meva intervenció, en el seu moment, relativa a
l’estatut docent, vaig intentar posar damunt

de la taula que els països que els seus alumnes obtenen
millors resultats són aquells que cuiden, i que jo diria que mimen, el
professorat, i que la funció docent té una importància vital; és a dir,
volen i busquen els millors professors per als seus fills. Doncs bé,
vista i constatada la importància dels docents, és evident que cal una
molt bona direcció perquè el conjunt tingui l’harmonia necessària
perquè el centre funcioni de manera eficaç i els resultats que es
proposin siguin assolibles.

La moció que avui es presenta tracta de tres punts molt
importants. Per una banda, la professionalització de la direcció; per una
altra banda l’autonomia dels centres; i, per últim, les mesures de
disciplina i d’ordre. Tot això és un conjunt que s’ha de
mirar de manera global. Permeti’m que en parlem. Com no fan cap
referència a les comunitats autònomes i donat que gran part de les
competències estan transferides i les responsabilitats també ho estan,
voldria parlar-ne i posar aquí damunt de la taula quines són aquelles
coses que fem i, en concret, m’agradaria parlar d’allò que
fem i tenim a Catalunya, senadora Sampedro.

Permeti’m, doncs, que li parli de Catalunya, perquè a
priori també es podria pensar, llegint el text de la moció, que no hi ha
res en aquest sentit, que no s’ha avançat, que s’han fet
poques coses, i res més lluny de la realitat. Nosaltres disposem
d’una Llei d’Educació de Catalunya, que d’acord amb
l’autonomia que ens atorga l’Estatut d’Autonomia és el
marc de referència de l’educació a Catalunya i que d’ella
emana un decret, que és el Decret 102/2010, de 3 d’agost,
d’Autonomia dels Centres Educatius del qual vull parlar i al qual
vull fer referència.

Tant la Llei d’Educació com aquest decret que la
desplega fan una opció decidida perquè sigui en l’àmbit del centre
i de la seva direcció on es situï l’eix central, en exercici dels
seus marges d’autonomia, que tinguin de manera distribuïda entre el
seu personal professional les diverses preses de decisió. En definitiva,
els preceptes del decret es situen en un context de lideratge fort i
distribuït de les direccions i en un procés d’enfortiment
institucional de cada centre educatiu. Tal com prescriu la Llei
d’Educació, la direcció del centre adquireix un paper de lideratge
global en l’acció dels centres públics. Aquest lideratge té per
referent la concreció del projecte educatiu formulada en el projecte de
direcció que, per accedir al càrrec, el director o directora del centre
ha hagut d’elaborar i també defensar. L’exercici
d’autonomia dels centres educatius i dels àmbits de presa de
decisió que els comporta queden delimitats en aquest decret.

A més a més, el desenvolupament de l’autonomia dels
centres educatius condiciona també les actuacions de
l’Administració educativa, en la qual els criteris necessaris de
transparència i objectivitat sovint s’han confós amb criteris
d’uniformitat. Per tant, l’evolució autònoma de cada centre
comportarà forçosament la singularització objectiva i transparent de les
actuacions administratives que s’hi refereixen. Per tant,
l’autonomia dels centres, que inexorablement va lligada a processos
d’avaluació, de transparència i de preparació de la direcció dels
centres, es vehicula a través del projecte educatiu de centre, que recull
la identitat del centre, n’explica els objectius, n’orienta
l’activitat i li dona sentit, amb la finalitat que l’alumnat
assoleixi les competències bàsiques i, més en general, el màxim
aprofitament educatiu.

Un altre element es la concreció dels currículums dels
diferents ensenyaments, que té la prioritat principal de garantir
l’assoliment de les competències bàsiques i les específiques de
cadascun d’ells, així com la consecució de l’excel·lència en
un context d’equitat, i pot comportar la incorporació
d’objectius addicionals. Els projectes d’innovació pedagògica
i curricular adquireixen una gran importància, així com les normes
d’organització i funcionament que els centres han de posar en
marxa.

En definitiva, des del nostre grup parlamentari, des de
Convergència i Unió, estem compromesos amb l’educació de qualitat,
amb l’autonomia real dels centres i que cadascun, d’acord amb
el seu entorn més proper, pugui definir a través del projecte educatiu de
centre el projecte curricular, el projecte lingüístic, el model
organitzatiu, l’autonomia de gestió financera, el projecte
d’acció tutorial, la seva pròpia identitat, el seu camí, amb
transparència, sotmesos a processos d’avaluació externs i interns
amb l’objectiu de fer que els alumnes adquireixin no només les
competències bàsiques, que també, sinó una educació el més integral
possible. Tot això, evidentment, requereix de direccions cada cop més
professionalitzades, més preparades, més formades, més capaces
d’impulsar i de liderar aquesta autonomia de la qual he parlat. Per
això també la figura del director és autoritat pública, i el nostre
Govern inclourà l’autoritat del professorat en la Llei
d’Educació de Catalunya.

Finalment, voldria constatar que són moltes les iniciatives
que també hem fet des del nostre grup parlamentari, de Convergència i
Unió, tant en el Congrés com en el Senat en l’àmbit del qual estem
parlant, en l’àmbit de les direccions, de l’autoritat
corresponent, dels aspectes pedagògics i d’ordre i disciplina. I
concretament, en aquests moments i en aquesta línia, hem presentat
recentment una Proposició de Llei Orgànica de modificació de la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, per reforçar la figura
del director en la resolució de conflictes, i que ara està en el tràmit
de presa en

consideració. Per tant, entenem que si estem parlant en
aquesta moció d’aquests termes, és evident que aquesta proposició
que nosaltres estem presentant en el Congrés dels Diputats tindrà el seu
suport, que esperem que sigui així.

Per tant, nosaltres, avui, ens abstindrem bàsicament per
dues raons. La primera perquè com he dit a l’inici de la meva
intervenció no s’ha fet referència a les comunitats autònomes que
són en realitat les que poden aportar aquesta experiència, com jo he
intentat de manera breu posar aquí també damunt de la taula. En realitat
és allò en què creiem: en l’autonomia dels centres i en unes
direccions fortes, potents i cada vegada més capacitades i, per tant, més
professionalitzades. I una altra raó —permeti’m que li digui
així de clar— que la proposta que ens fa té poca credibilitat.
Atenent la retallada feta i que fa el seu ministeri i que, en definitiva,
és evident que afectarà a la qualitat del sistema educatiu, nosaltres
d’alguna manera en dubtem. Per tant, veurem en el temps com
evoluciona tot això, però en aquests moments nosaltres, senadora, ens
abstindrem en aquesta moció que ens presenta.

Res més. Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días a todos. Hace muy pocos días, su
grupo parlamentario presentó una moción relativa a la elaboración del
estatuto docente, y nos dio la gran oportunidad de poder hablar del
profesorado y de la importancia que tiene con relación a la calidad de un
sistema educativo.

Hablamos mucho de educación, de presupuestos, de dinero, de
recursos, de recortes, etcétera, pero menos del profesorado y mucho menos
también de la dirección de los centros. Cuando en mi intervención hablé
del estatuto docente, intenté poner sobre la mesa que los países cuyos
alumnos obtienen mejores resultados son aquellos que cuidan, y yo diría
incluso que miman, al profesorado y en los que la función docente tiene
una importancia vital; es decir, quieren y buscan a los mejores
profesores para sus hijos. Pues bien, vista y constatada la importancia
de los docentes, es evidente que se requiere una muy buena dirección para
que el conjunto tenga la armonía necesaria para que el centro funcione de
manera eficaz y los resultados que se propongan se logren.

La moción que nos presenta trata tres puntos muy
importantes: por un lado, la profesionalización de la dirección; por
otro, la autonomía de los centros; y, por último, las medidas de
disciplina y de orden. Todo ello constituye un conjunto que se debe mirar
de forma global. Pues bien, permítanme hablar de ello. Como no hacen
ninguna referencia a las comunidades autónomas, y dado que gran parte de
las competencias y de las responsabilidades están transferidas, me
gustaría poner sobre la mesa los asuntos que llevamos a cabo, en
concreto, en Cataluña, senadora Sampedro.

Permítame que le hable de Cataluña porque a priori, se
podría pensar, al leer el texto de la moción, que no existe, que no se ha
avanzado en este sentido y que se han hecho pocas cosas, y nada más lejos
de la realidad. Nosotros disponemos de una Ley de Educación de Cataluña
que, de acuerdo con la autonomía que nos otorga el estatuto, es el marco
de referencia de la educación en Cataluña, y de ella emana el Decreto
102/2010, de 3 de agosto, de Autonomía de los Centros Educativos, al que
me quiero referir.

Tanto la Ley de Educación como este decreto que la
desarrolla constituyen una opción decidida para que sea en el ámbito del
centro y de su dirección donde se sitúe el eje central, en el ejercicio
de sus márgenes de autonomía, y donde tengan distribuidas entre su
personal profesional la toma de las distintas decisiones. En definitiva,
los preceptos del decreto se sitúan en un contexto de liderazgo fuerte y
distribuido de las direcciones y en un proceso de fortalecimiento
institucional de cada centro educativo. Tal como prescribe la Ley de
Educación, la dirección del centro adquiere un papel de liderazgo global
en la acción de los centros públicos. Este liderazgo tiene por referente
la concreción del proyecto educativo formulado en el proyecto de
dirección que, para acceder al cargo, el director o directora del centro
ha tenido que elaborar y también defender. El ejercicio de autonomía de
los centros educativos y los ámbitos de toma de decisión que les competen
quedan delimitados en este decreto.

Además, el desarrollo de la autonomía de los centros
educativos condiciona también las actuaciones de la Administración
educativa, en la cual los criterios necesarios de transparencia y
objetividad son a menudo confundidos con criterios de uniformidad. Por
tanto, la evolución autónoma de cada centro conllevará forzosamente la
singularización objetiva y transparente de las actuaciones
administrativas que desarrolle. Por tanto, la autonomía de los centros,
que inexorablemente va ligada a procesos de evaluación, de transparencia
y de preparación de la dirección de los centros, se vehicula a través del
proyecto educativo de centro, que recoge la identidad del centro, explica
sus objetivos, orienta su actividad

y le da sentido, con la finalidad de que el alumnado
adquiera las competencias básicas y en general el máximo aprovechamiento
educativo.

Otro elemento es la concreción de los currículos de las
distintas enseñanzas, cuya principal prioridad es garantizar la
adquisición de las competencias básicas y las específicas de cada uno de
ellos, así como la consecución de la excelencia en un contexto de
equidad, y puede conllevar la incorporación de objetivos adicionales. Los
proyectos de innovación pedagógica y curricular adquieren una gran
importancia en las normas de organización y funcionamiento que los
centros han de poner en marcha.

En definitiva, en Convergència i Unió estamos comprometidos
con la educación de calidad, con la autonomía real de los centros y con
que cada uno de ellos, de acuerdo con su entorno más cercano, pueda
definir, a través del proyecto educativo de centro, el proyecto
curricular, el proyecto lingüístico, el modelo organizativo, la autonomía
de gestión financiera, el proyecto de acción tutorial, su propia
identidad y su camino, con transparencia, sometido a procesos de
evaluación externos e internos, con el objetivo de hacer que los alumnos
adquieran no solo las competencias básicas, que también, sino una
educación lo más integral posible. Evidentemente, todo ello requiere
direcciones cada vez más profesionalizadas, más formadas, más capaces de
impulsar y liderar esta autonomía de la que hemos hablado. Por eso
también la figura del director es autoridad pública; nuestro Gobierno
también incluirá la autoridad en la Ley de Educación de Cataluña.

Por último, me gustaría constatar que son muchas las
iniciativas que se han realizado y que han partido de nuestro grupo
parlamentario, Convergència i Unió, tanto en el Congreso como en el
Senado, en el ámbito del que estamos hablando, en el de las direcciones,
en el de la autoridad correspondiente, en el ámbito de los aspectos
pedagógicos y de orden y disciplina. Y concretamente en estos momentos y
en esta línea, hemos presentado recientemente una Proposición de Ley
Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, para reforzar la figura del director en la resolución de
conflictos, que ahora está en el trámite de toma en consideración.
Entendemos que, si en esta moción se habla en tales términos, la
proposición que hemos presentando en el Congreso de los Diputados tendrá
su apoyo, y esperamos que así sea.

Por nuestra parte, hoy nos abstendremos, básicamente por
dos motivos. El primero es que, como he dicho al inicio de mi
intervención, no se ha hecho referencia a las comunidades autónomas,
cuando, en realidad, estas son las que pueden aportar experiencia, como
he puesto sobre la mesa brevemente. En realidad, es en lo que creemos: en
la autonomía de los centros y en unas direcciones fuertes, potentes y
cada vez más capacitadas, y, por lo tanto, más profesionalizadas. El
segundo motivo —permítanme que se lo diga así de claro— es la
poca credibilidad. Dudamos de la propuesta que nos hace, vistos los
recortes de su ministerio, que es evidente que afectarán a la calidad del
sistema educativo. Con el tiempo veremos cómo evoluciona todo ello, pero,
en estos momentos, senadora, nosotros nos abstendremos en la votación de
esta moción que nos presenta.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, tengo que reconocer que a nuestro grupo le
hubiera gustado aprobar esta moción. Una moción que presenta el Grupo
Popular y que pide fomentar la profesionalización de la dirección y la
gestión de los centros educativos, y fomentar la autonomía de los centros
para extender los contratos programa o para reforzar las medidas de
disciplina. Bastaba, señora senadora, con que hubieran concretado las
medidas que proponían para conseguir estos objetivos.

Sin embargo, esta moción que se nos presenta, además de
sorprendente, como decía en mi primera intervención para manifestar
nuestro rechazo, es irrelevante y un tanto engañosa, porque carece de
medidas concretas y se limita a señalar objetivos que ya están recogidos
en la Ley de Educación o en los desarrollos de las leyes que aquí se han
mencionado y que se han ido realizado en las distintas comunidades
autónomas. Es decir, que la mayor parte de lo que se pide que se haga ya
se está haciendo y lo nuevo no lo concretan. Por lo tanto, no podemos
darles un cheque en blanco. No podemos aprobarlo.

Déjenme que les diga también que en otros aspectos esta
moción es extemporánea, porque una de las pocas medidas concretas que
proponen, como la de modificar el sistema de selección del director y del
equipo directivo, la formulan sin haber analizado antes de forma rigurosa
el resultado del sistema de

selección que se aplica actualmente y que comenzó a
aplicarse hace apenas cuatro años. Cuando todavía no se ha podido hacer
una evaluación de este sistema, ustedes ya proponen que se modifique.

Pero hay también otros aspectos que demuestran una
incoherencia bastante grande en la moción. Por ejemplo, que, después de
enfatizar en el preámbulo la importancia de la evaluación, no aparece
ninguna mención a ella en la parte dispositiva, que es la única relevante
para provocar la acción del Gobierno. Quizá esto se deba a que no quieren
descubrir lo que pretenden implantar al final de cada etapa. Quizás no
quieren decir que volvemos otra vez a hacer una evaluación censal, como
la famosa reválida que parece que tanto añoran, que no servirá para
mejorar la calidad —y lo saben sus señorías—, ni contribuirá
al éxito escolar del alumnado, ni favorecerá su permanencia en el sistema
educativo, sino que solo servirá para realizar valoraciones individuales
del alumnado y para establecer clasificaciones de los centros para que
las familias estén informadas para ejercer la libertad de elección de
centro, como dicen ustedes en la moción.

Un aspecto, señorías, al que se han empeñado en dar una
prioridad que, de verdad, no tiene. Se empeñan en defender como un
principio irrenunciable el de la libertad de los padres para la elección
de centro, a pesar de que son escasos los estudios —y ustedes lo
saben— que encuentran una correlación entre la libertad de elección
y la mejora de los resultados académicos; escasos. En cambio, son muchos
los que señalan una consecuencia negativa: la segregación de las familias
más desfavorecidas cultural y económicamente. Es la propia OCDE la que,
sin rechazar esta opción, advierte de que las familias con más medios
económicos y más estudios serán las más propensas a ejercitar la libertad
de elección de centro, por lo que sugiere que, en caso de que se aplique,
se prevean correcciones para favorecer a las familias de bajos ingresos y
para evitar esta segregación. La escuela, señorías, viene siendo desde la
segunda mitad del siglo XX un mecanismo imprescindible y eficaz para que
ningún impedimento distinto al talento y al esfuerzo determine las
posibilidades de ascenso social; un instrumento esencial para conseguir
el principio de igualdad de oportunidades. Y la libertad de elección de
centro, tal como ustedes la plantean, si no se le pone ningún tipo de
limitación, repercutirá negativamente sobre las oportunidades de los más
desfavorecidos.

Con el debido respeto, señora senadora, déjeme que le diga
que esta moción, como dirían en mi tierra, está mezclando las churras con
las merinas. Es una especie de totum revolutum en el que hablan de
autonomía de los centros, de rendición de cuentas, de competencias de los
cargos directivos, de conocimientos mínimos, de pruebas externas…,
para, al final, terminar sin proponer nada en concreto, excepto el
establecimiento de un nuevo modelo de selección de director; y en este
caso, tampoco concretan cómo lo van a hacer.

Estamos de acuerdo, como le decía antes, señora senadora,
en que podrían modificarse los procedimientos de selección de los equipos
directivos; estamos de acuerdo. Pero nunca apoyaremos una modificación
que suponga una disminución drástica de la participación real de la
comunidad educativa, tan importante para el funcionamiento de un centro
educativo. El Consejo Escolar y el claustro de profesores tienen que
desempeñar un papel importante en el proceso de selección del director o
directora. Si no fuera así, podríamos provocar el efecto contrario de lo
que pretende la moción: tendríamos directores alejados de la comunidad
educativa, percibidos por esta como impuestos y que nunca lograrían el
reconocimiento que requieren, el liderazgo y la autoridad educativa que
todos queremos para ellos. La participación de las familias y de los
profesores del centro, no solo no merma la eficacia de la gestión y el
liderazgo de la dirección de un centro, sino que la refuerza. Nosotros
defendemos un modelo en el que el director o directora represente a la
Administración educativa, por supuesto; en que ostente la representación
del centro, naturalmente; en que sea responsable de la organización y
funcionamiento de todos los procesos; que ejerza la jefatura del
personal, no podría ser de otra forma; que tenga un liderazgo pedagógico
y una autoridad; pero, también, que fomente la participación en el centro
de toda la comunidad. Por lo tanto, mejoremos el modelo, si ustedes creen
que es necesario, si todos creemos que es necesario, pero evitemos que
los directores o directoras se conviertan en meros gerentes al dictado de
las correspondientes consejerías.

Todo lo que se pide en la moción, insisto, ya está en la
ley; lo que faltan son las medidas concretas que hay que adoptar para
conseguir esos objetivos, y eso no lo plantean ustedes en esta moción,
por eso no podemos aprobarla. Y no lo plantean quizá porque no quieren, o
quizá porque no les interesa que conozcan las medidas quienes las van a
sufrir, o quizá porque saben que tienen que aplicarlas las comunidades
autónomas, porque, si las aplica el Gobierno de la nación, se podría
crear un conflicto de competencias. Da la impresión de que lo que
pretenden no es proponer una serie de medidas concretas,

porque no lo hacen, sino sencillamente enumerar una serie
de objetivos que, desarrollados después a la manera que a ustedes les
parezca, provocarán lo que realmente quieren: un cambio total del actual
sistema educativo.

Estamos de acuerdo, como he dicho antes, en promover la
profesionalización de la dirección y gestión de los centros educativos.
Ya se contempla en la LOE y se propuso en el Pacto Social y Político por
la Educación, que ustedes no quisieron firmar. Estamos de acuerdo en que
el director o directora debe representar a la Administración educativa,
ostentar la representación del centro y ejercer la jefatura del personal
—lo vuelvo a repetir— con un liderazgo pedagógico y plena
autoridad; pero también debe fomentar la participación de toda la
comunidad educativa. Estamos de acuerdo en que se podrían modificar los
procedimientos de selección de los equipos directivos, eligiendo al
director o directora de entre los candidatos más idóneos profesionalmente
y mediante concurso de méritos, claro, como señala la LOE; pero no
disminuyendo la participación real de la comunidad educativa, tanto del
Consejo Escolar como del claustro de profesores. Estamos de acuerdo en
impulsar la autonomía de los centros, por supuesto —como se recoge
en la LOE, insisto—, y como se proponía en el Pacto Social y
Político por la Educación. Y coincidimos, cómo no, en apoyar siempre y en
reforzar la labor del profesorado y de los equipos directivos; un
profesorado al que nosotros, señorías, sí apoyamos en sus justas
reivindicaciones y al que defendemos frente a quienes les tachan de
irresponsables por actuar ante quienes están atacando a la educación
pública y ante quienes les denigran, antes quienes afirman en
declaraciones de intenciones que les van a defender, pero hacen creer
después a la sociedad que son vagos, que no trabajan lo suficiente y que
hay que obligarles a trabajar más. Por cierto, volviendo a Francia,
fíjense, qué diferencia: mientras el actual presidente de Francia va a
incrementar el número de profesores en 60 000 para reducir el fracaso
escolar, aquí echamos a la calle a miles de ellos.
(Aplausos.—Rumores.)

Señorías, consideramos muy relevante —y ya
termino— garantizar la disciplina de los centros, especialmente
como objetivo educativo que permita desarrollar la personalidad
individual y social de los estudiantes. Ahora bien, en los últimos años
se ha realizado un enorme esfuerzo por elaborar leyes educativas en pro
de la educación pública; se ha hecho un gran esfuerzo presupuestario y se
ha logrado que el gasto público en educación se equiparara al de la Unión
Europea y al de los países de la OCDE. En vez de plantear modificaciones
poco claras, nada concretas, que pueden perjudicar a la educación
pública, les sugerimos, señorías, que propongan medias concretas para
mejorar nuestro sistema educativo. Y la primera de ellas, y sin la cuál
creemos que todo lo demás carece de sentido, es no solo no recortar el
presupuesto de educación y mantenerlo en una situación de
crisis…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, termine,
por favor.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Termino, señor presidente.
Muchas gracias.

No solo mantenerlo, decía, sino incrementarlo, si es
posible, porque la educación pública es el futuro de nuestros jóvenes, es
el futuro de todos nuestros hijos y de nuestra sociedad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
señora Sampedro.

La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, señor presidente.

Con tantas cosas como se han dicho, tendré que establecer
cierto orden en mi respuesta. En primer lugar, agradezco el tono de las
intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, algunas de
las cuales han sido un poco surrealistas —no importa—, así
como el anuncio de algunos de ellos de que van a votar a favor de esta
moción «tan ambigua y tan poco coherente», calificativos que me
sorprenden sobre todo en el caso de la bancada socialista, tanto en su
versión catalana como en su versión castellana —por decirlo de
alguna manera—, (Rumores.) porque tengo aquí delante un texto que
dice lo siguiente: Modificaremos los sistemas de selección e
incrementaremos la moción previa que deben tener los equipos directivos
de los centros públicos, para garantizar una mayor profesionalización y
asegurar el liderazgo educativo en el desarrollo de las funciones que
tienen asignadas, otorgarles mayor capacidad de decisión en los asuntos
relativos a la autonomía curricular, económica y organización de los
centros. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Este texto se parece
mucho a esta moción «tan ambigua» que nosotros presentamos, pero viene en
la propuesta 88 del Pacto Político y Social por la Educación, que
promovió el

anterior Gobierno del señor Zapatero, algo que creo que
sucedió ya después de la LOE. (Aplausos.—Rumores.) Así que tan poco
coherente e imposible de apoyar no será esta moción.

Cuando el ministro Montoro dijo ayer aquello de que, por
favor, tomaran ustedes nota para no tener que seguir repitiéndonos,
pensé: qué razón tiene, porque, de verdad, los temas de hacienda son
realmente complicados. Pero, hombre, ¡que me lo hagan en educación! Les
voy a tener que decir que cojan un papelito —de otro color, para
que no se confunda con el de Montoro— (Risas.—Rumores.) y que
recuerden: primero, que las medidas son coyunturales, derivadas de la
coyuntura… (Protestas.—Rumores.—Varios señores y
señoras senadores: ¡Sííí, sííí!) Sí, sí, sí, señorías. Coyuntura
significa que, en una determinada situación, se han dado una serie de
circunstancias que viene propiciadas —siento volver a
recordárselo— por ese déficit del 8,5 % que ustedes nos han dejado.
(Protestas.—Aplausos.—Rumores.) Sí, señorías, ustedes lo
saben; y no traten de tapar el sol con un dedo por unas décimas arriba,
que el otro día vieron, como un gran descubrimiento, que podían intentar
utilizar; porque para llegar a ese 8,5 % hay que tener bemoles y estar
cuatro años despilfarrando lo que tienen, lo que no tienen y el crédito
de todos, dejándonos sin un mínimo recurso. (Fuertes
protestas.—Risas.—Aplausos.—Rumores.)

Señorías, la primera vez que el Partido Popular accedió al
Gobierno de España, después de un Gobierno —el de Felipe
González— del PSOE, el país estaba hecho un desastre; pero, esta
vez, lo dejaron ya en estado comatoso. (Protestas.—Rumores.) Y eso
ya tiene peor solución. Así y todo, le puedo asegurar, señoría, que lo
vamos a conseguir con las medidas.

Y esto me permite enlazar con lo que quiero decirles a la
señora Sequera y al señor Alturo; quiero decirles una cosa antes de que
se me olvide: no se preocupen por el tema de competencias —también
se lo digo a la senadora de Entesa—, no se preocupen por el tema de
competencias. El Partido Popular sabe perfectamente —como es
lógico— que estamos en el Estado de las Autonomías.
(Protestas.—Rumores.) Sabemos perfectamente —y también lo
saben ustedes— que esto es legislación básica, que luego se va a
articular con las diferentes leyes que vayan surgiendo en las autonomías.
Ayer, en el discurso de investidura en Asturias, el futuro presidente
—del Partido Socialista— todavía dijo que iba a proponer la
redacción de una ley de educación y de universidades, así que es
imposible que yo no lo sepa. ¡Por supuesto que conozco la Ley de
Educación catalana, y que se respeta! Si le parece, para que usted pueda
estar más tranquilo —que lo entiendo—, cada vez que lea
«administraciones educativas» puede poner —esto lo digo sin
ironía— «pertinentes y competentes en la materia según la
legislación vigente». Es decir, esté tranquilo. El problema para ustedes
es muy distinto al que plantea el Partido Socialista: a ustedes esto les
preocupa, por si les quita competencias; para ellos, ese no es el
problema: el problema es que, si hay un mayor peso de la Administración
—que no les preocupa que sea central, como decía la portavoz de
Entesa— en la selección de los directores, como ahora no gobiernan
más que en dos autonomías —y de milagro—, van a tener menos
peso, y eso les duele y yo lo entiendo.
(Aplausos.—Protestas.—Rumores.) Eso les duele, y yo lo
entiendo.

Me decía la señora Sequera —y esto va a ser lo último
que voy a abordar, no voy a entrar en todos los detalles, que creo que
han quedado bien claros con el párrafo que les leí antes— que le
parecía poco coherente que entrásemos ahora, con la que está cayendo, con
los ajustes que hemos tenido que hacer y de los que ya he explicado las
razones, a promover este tipo de legislación. Usted sabe, todos lo
sabemos, que las iniciativas parlamentarias llevan un camino, llevan un
tiempo, y, mientras esto avanza, podremos sacar a España de la crisis con
las demás medidas que estamos tomando, y conseguiremos estar preparados;
tendremos la legislación preparada para cuando llegue ese momento, y así
podremos trabajar. Eso al menos me enseñaron a mí; desde pequeña, mi
madre siempre me decía: tú ten la maleta hecha, estate preparada y,
cuando pase el tren, te podrás subir; si te pones a preparar las cosas
corriendo, cuando llegue el momento no podrás cogerlo. (Rumores.)

Nosotros vamos a seguir trabajando, al mismo tiempo que
mantenemos las reformas necesarias para que se generen los recursos
suficientes para poder poner en práctica estas medidas que consideramos
esenciales para recuperar la educación de calidad que España debería
tener; y les recuerdo que hemos bajado, desde 2000 aquí, unos cuantos
puntos. (Rumores.—Protestas.) Así que no nos ceguemos con políticas
partidarias —ya que tanto les gusta a ustedes la palabra— y
pongámonos a trabajar, que los textos demuestran que están ustedes de
acuerdo.

Muchas gracias por el sentido de su voto a todos.
(Aplausos.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sampedro.

Llamen a votación. (Pausa.)

Por favor, cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario
Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 241; a favor, 160; en contra, 68; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos.—Rumores.)

6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DOTAR UN
FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL PARA LAS CUOTAS DE IVA NO DEDUCIDAS POR
LAS ENTIDADES LOCALES, COMO MECANISMO DE AYUDA A LA FINANCIACIÓN
MUNICIPAL.

(Núm. exp. 662/000023)

AUTOR: GPS

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción, del
Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a dotar
un fondo de compensación municipal para las cuotas de IVA no deducidas
por las entidades locales, como mecanismo de ayuda a la financiación
municipal.

A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, por un tiempo de quince
minutos, tiene la palabra el senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Presidente.

Señorías, la presente moción se inserta en un marco general
cuyos principales rasgos podrían ser los siguientes. Primero, que las
crisis, todas las crisis —financiera, económica, de deuda pública,
y, ahora, del sistema bancario— no remiten, permanecen intactas. El
segundo rasgo es que, desde el último trimestre de 2008, cuando se
empezaron a realizar políticas de ajustes, de austeridad —me da
igual, como ustedes prefieran—, gracias al impulso político de
Merkozy —como se decía habitualmente—, la situación, no
solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado objetivamente: se ha
producido recesión económica en buen número de países, disminución de la
actividad económica, crecimiento del desempleo. El tercer rasgo es que no
hace falta ser genio, ni Premio Nobel de Economía, para saber que si se
juntan elementos como restricciones gravísimas al crédito y disminución
del consumo interno, estos factores generan necesariamente inactividad
económica, generan necesariamente pérdida de empleo. Y, finalmente, el
cuarto dato es el más optimista: parece ser que, en los últimos tiempos,
gracias sobre todo a la acción política de los presidentes de Estados
Unidos y de Francia, empieza a haber un cierto consenso, al menos verbal,
no sé si meramente retórico o que se traducirá realmente en medidas,
según el cual, además de la austeridad, es necesario introducir medidas
de reactivación de la economía. (Rumores.) En este ámbito es en el que se
sitúa la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
(Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señoría, un momento, por favor.

Les ruego guarden silencio.

Si quieren tener conversaciones, háganlo fuera del
hemiciclo; es imposible, si no, oír al que está en el uso de la
palabra.

Muchas gracias.

Continúe.

El señor BELLOCH JULBE: Hombre, yo comprendo que el tema
del IVA no es particularmente apasionante y que sea difícil concentrar la
atención.

En fin, lo que quería manifestar es que, efectivamente, se
empieza a decir que además de austeridad es necesario introducir factores
de reactivación económica; y es en ese ámbito donde, como comentaba, el
Grupo Parlamentario Socialista sitúa la moción. En efecto, históricamente
los ayuntamientos no se han limitado a ser suministradores o proveedores
de servicios para los vecinos y vecinas, aunque eso sea una parte
fundamental de su trabajo, sino que también han sido de hecho agentes
dinamizadores de la economía española; todo lo modestos que queramos,
pero, en cualquier caso, intensos y en toda España: 8116 agentes
económicos dinamizadores de la economía. Eso somos los ayuntamientos de
España. Y hablo en pasado porque, ciertamente, no están hoy las cosas
como para podernos permitir ese lujo. En

la práctica, bastante tenemos con mantener los servicios
públicos esenciales —algunos municipios ni siquiera lo pueden
hacer— como para, además, hacer inversiones masivas, que no tenemos
posibilidad alguna de realizar, con lo que perdemos algunos de los
instrumentos esenciales para actuar en la actividad económica local. Pero
yo pienso que se puede recuperar ese doble rol, ese doble papel histórico
de los ayuntamientos y que el fondo que proponemos podría ser una vía
adecuada para ello; no una vía que sea absoluta pero sí una vía parcial y
significativa. Piensen que en ciudades como la mía, por ejemplo, el IVA
representa decenas de millones de euros y, en definitiva y
proporcionalmente, podemos hablar así de todos los municipios.

El Gobierno de España, por otro lado, ya ha dado algún
paso. Me refiero al tema de proveedores. Es verdad que se puede enfocar
este tema viendo solo las sombras —los problemas de la autonomía
municipal o el excesivo tipo de interés—, pero la verdad es que no
me duelen prendas en decir, como alcalde en este caso y como senador, que
en lo esencial han sido medidas razonables que han resuelto un problema
cierto que afectaba sustancialmente a las pequeñas y medianas empresas y
a los autónomos, para los cuales un retraso, incluso moderado, en el pago
de las administraciones públicas puede determinar su quiebra o el cierre
del correspondiente negocio.

Pues bien, este fondo pretende ir un poco más allá,
pretende que se alivie la situación financiera de los ayuntamientos y que
al propio tiempo con ello podamos volver a cumplir ese papel dinamizador
de la economía. Es verdad que la relación entre los ayuntamientos y el
IVA, y no solo en España sino en toda Europa, siempre ha sido complicada;
han sido décadas de discusiones en Francia, y también en España siempre
se ha tenido en cuenta el tema. Porque en el fondo los municipalistas
sabemos que esa relación es injusta y en algunas ocasiones literalmente
absurda. Es injusta, por una razón muy clara: porque el IVA sube
inexorablemente —y a mi compañero, senador Vázquez, le digo: sí se
van a atrever a volver a subir el IVA, discrepo de ese
planteamiento— y va a subir en lo sucesivo. Sin embargo, las
cantidades de las que nos beneficiamos los municipios son ínfimas: en las
grandes ciudades no se llega ni al 2 %, mientras que, eso sí, las
autonomías tienen el 50 %. Me parece que hay una cierta desproporción que
merecería una reflexión y un futuro ajuste.

Pero decía que no solo es injusto sino que a veces es
absurdo. Para los que no tienen ninguna obligación de saber nada del
municipalismo, y menos del IVA, hay una cosa bastante evidente: cuando un
ayuntamiento está construyendo una escuela infantil, cualquier persona
normal diría: hombre, seguro que le echarán una mano el resto de las
administraciones, seguro que le subvenciona el resto de administraciones.
Pues no, es el ayuntamiento el que subvenciona al titular del impuesto a
través del IVA e, indirectamente, a las comunidades autónomas. Esta es
una situación insostenible y este ejemplo es bastante claro, pero creo
que en general es aplicable a todas las relaciones de los ayuntamientos
con el IVA. No tiene sentido en general que se pague IVA por la compra de
elementos necesarios para la prestación de los servicios públicos
esenciales o para la inversión por innovación o reformas necesarias. No
parece lógico, cuando además se llega a una situación bastante absurda;
al final se genera tal déficit en los ayuntamientos, que solo se puede
resolver potencialmente de dos maneras: o porque la Administración vuelva
a subvencionar a los ayuntamientos —con lo cual lo que nos quita
por un lado nos lo devuelve por otro, lo que no parece el colmo de la
eficiencia— o, lo que es peor, que se tengan que incrementar los
impuestos municipales y se produzca la paradoja de que un impuesto se
establezca para pagar otro impuesto. Esto no es sensato.

Por tanto, desde el municipalismo se ha tenido claro que
era imprescindible buscar fórmulas que no tuvieran problemas jurídicos,
porque es verdad que el marco comunitario fiscal del IVA debe ser
respetado en todo momento. Por ello, hay que buscar fórmulas que sean
compatibles y no tengan tacha jurídica. Eso es lo que pretende este
fondo. Es un fondo que, desde luego, no modifica la legislación fiscal
del IVA —ni pretende que se modifique— sino que simplemente
pide la creación de un instrumento que permita que todo lo pagado por IVA
por los ayuntamientos forme parte de un fondo destinado a su vez a
aliviar la situación económica de los ayuntamientos y a potenciar el
ejercicio de la actividad económica local.

Desde luego, está perfectamente claro que se puede hacer.
¿Por qué? Porque ya no es ninguna originalidad; en Europa hay ocho países
que lo han introducido. Si no me equivoco son el Reino Unido, Portugal,
Holanda, Austria, Noruega, Finlandia, Dinamarca, y dejo para el final el
más importante, Francia, porque en Francia esta discusión ha sido
especialmente intensa. Además, ahí se recoge el mismo espíritu que
pretende esta moción: no solamente es un instrumento para mejorar la
situación financiera de los ayuntamientos, que también, sino un
instrumento de revitalización de la actividad económica; y de hecho está
recogido en el plan francés correspondiente.

Por eso, espero que, sin gran esfuerzo, apoyen esta
moción.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Belloch.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, president.

Senyories, senyor Belloch, estic d’acord amb vostè
que parlar de l’IVA no és pas apassionant, però sí que ho és parlar
del món local. No podria entendre si no com tota una bateria
d’alcaldes, sobretot en els petits municipis, atesa la dificultat
que hi ha per portar a terme les tasques que els són pròpies, aguanten en
molts casos de forma altruista. Per tant, el món local sí que és
apassionant, i en el món local, senyor Belloch, està tot per fer.

En aquest sentit, penso que la proposta que aquesta moció
posa sobre la taula és una proposta que ve a intentar ajudar en el tema
de donar resposta al finançament de les entitats locals. En aquest
sentit, senyor Belloch, estem d’acord amb la proposta, ja tindrem
temps en el torn de portaveus de posar negre sobre blanc en el tema.

I la nostra esmena —només un minut—, no pretén
altra cosa que emmarcar aquesta proposta que vostè fa en les mesures
estructurals que s’han de dur a terme. Aquesta és una més de les
propostes, ha d’anar acompanyada de moltes altres. El meu grup
parlamentari, Convergència i Unió, penso que per activa i per passiva en
aquesta Cambra des del principi de la legislatura ha deixat clar i ha
apuntat moltes propostes —aquesta també—, en
l’exposició de motius de la interpel·lació i de la moció que vam
presentar en aquesta Cambra i que, per cert, instava el Govern a abordar
la solució a nivell estructural d’aquests temes tant en la Llei
d’Hisendes Locals i la Llei de Bases del Règim Local. I pensem que
aquesta proposta seva ha d’anar dins d’aquest compromís que
sembla ser que ja tenim adquirit.

Senzillament, no modifica ni un grau la seva proposta.
Únicament pretén emmarcar-la en aquest marc de solucions estructurals,
que per altra banda parlarem després de les conjunturals. Però també
—n’hem parlat, senyor Belloch—, m’he permès una
petita llicència en la segona part de l’esmena fent esment dels
municipis petits. Si m’ho permet, és una debilitat d’aquesta
senadora, també del Grup de Convergència i Unió, i és un esment de
reserva, perquè, si bé és cert que estem d’acord amb la creació
d’aquest fons municipal per l’IVA que no poden deduir les
entitats locals, també hem trobat que no es concreta massa com s’ha
d’aplicar en el contingut de la moció. I aquesta senadora —i
permeti’m que en aquest sentit sigui una mica malpensada si volen,
una mica... també em ve una mica perquè sóc una dona de muntanya, i som
una mica feréstecs, com el paisatge—, però sempre que hi ha
ambigüitats o no es concreten coses, per experiència sé que de retruc els
municipis petits hi acabem rebent.

Per tant, aquesta llicència només va aquí i penso que
l’hem posat per si de cas però en qualsevol cas, entès aquest fons
com l’entén Convergència i Unió no caldria, però tampoc no hi fa
gens de nosa. Li agrairia que acceptés aquesta esmena perquè no vol més
que reforçar la necessitat de donar resposta a la problemàtica, que no és
poca, del món local.

Moltes gràcies.

Señorías, señor Belloch, estoy de acuerdo con usted en que
hablar del IVA no es apasionante, pero sí lo es hablar del mundo local.
No podría entender si no cómo toda una batería de alcaldes, sobre todo en
los pequeños municipios, dada la dificultad que existe para llevar a cabo
las tareas que les son propias, aguantan en muchos de los casos de forma
altruista. Por lo tanto, el mundo local sí es apasionante y en el mundo
local, señor Belloch, está todo por hacer.

En este sentido, creo que la propuesta que esta moción pone
sobre la mesa viene a intentar ayudar para dar respuesta a la
financiación de las entidades locales. A este respecto, señor Belloch,
estamos de acuerdo con la propuesta, y ya tendremos tiempo en el turno de
portavoces de poner negro sobre blanco este tema.

Y nuestra enmienda —solo un minuto— no pretende
otra cosa que enmarcar la propuesta que usted plantea en las medidas
estructurales que se han de llevar a cabo. Esta es una más de las
propuestas, que debe ir acompañada de muchas otras. Mi grupo
parlamentario, Convergència i Unió, desde el principio de la legislatura
ha dejado claro en esta Cámara por activa y por pasiva y ha apuntado
muchas propuestas —esta también—, por ejemplo, en la
exposición de motivos de la interpelación y de la moción que presentaron
en esta Cámara que, por cierto, instaba al Gobierno a adoptar la solución
a nivel estructural

tanto en la Ley de las Haciendas Locales como en la Ley de
Bases de Régimen Local. Y pensamos que su propuesta debe estar en ese
compromiso, que parece ser que ya está adquirido.

Sencillamente, la enmienda no modifica ni un grado su
propuesta. Únicamente pretende encuadrarla en este marco de soluciones
estructurales —después hablaremos de las coyunturales—. Pero
también —y hemos hablado de ello, señor Belloch— me he
permitido una pequeña licencia en la segunda parte de la enmienda
haciendo mención a los municipios pequeños. Si me lo permite, es una
debilidad de esta senadora del Grupo Convergència i Unió. Se trata de una
mención de reserva porque, si bien estamos de acuerdo con la creación de
este fondo municipal para el IVA que no pueden deducir las entidades
locales, hemos encontrado que no se concreta demasiado cómo se tiene que
aplicar en el contenido de la moción. Y esta senadora —permítanme
que en este sentido sea, si quieren, un poco mal pensada; también me
viene porque soy una mujer de montaña y somos un poco adustos, como el
paisaje—, esta senadora, digo, sabe por experiencia que siempre que
hay ambigüedades y no se concretan cosas al final, de rebote, los
municipios pequeños acabamos perdiendo.

Por lo tanto, esa licencia solo va en ese sentido y la
hemos puesto por si acaso. De cualquier forma, entendido este fondo como
lo entiende Convergència i Unió, no sería necesario pero tampoco molesta.
Le agradecería, pues, que aceptara esta enmienda porque no hace más que
reforzar la necesidad de dar respuesta a la problemática, que no es poca,
del mundo local.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Tiene la palabra el senador Belloch para manifestar si
acepta o no la enmienda presentada.

El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor
presidente.

Señoría, la verdad es que apoyaríamos con entusiasmo la
segunda parte de su enmienda. Entre otras cosas, también es de la montaña
nuestro portavoz, Marcelino Iglesias, o sea, que tendríamos esa misma
debilidad. No tendríamos ninguna duda en apoyarla, máxime siendo como soy
senador aragonés. En Aragón no hay más que cuatro centros urbanos que
tengan más de 20 000 habitantes, y no apoyar al conjunto de los
municipios en Aragón es algo que mis paisanos, obviamente, no me
perdonarían; y con toda la razón.

Lo que ocurre es que me parece que técnicamente no es
posible aceptar parcialmente la enmienda, porque en esa parte, como digo,
estamos completamente de acuerdo. Pero con la primera, no, porque la
remisión a esperar a que se produzca la siempre esperada y nunca
bienvenida de la Ley de Haciendas Locales es dejarlo, como vulgarmente
decimos, ad calenda graecas, es no poner plazo de ningún tipo a la
realización de este proyecto. Además, técnicamente no es imprescindible,
se puede realizar de manera autónoma. Vincularlo a la reforma de la Ley
de Haciendas Locales, aunque se hiciera durante esta legislatura, sería
dilatarlo muchísimo tiempo, incluso aunque la ley se presente en las
Cámaras en el plazo que dijo el ministro Montoro.

Por lo tanto, al no poder aceptar esa primera parte, y
técnicamente ser imposible la aceptación parcial, lamentándolo mucho,
vamos a tener que rechazar la enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Belloch.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, el senador Cazalis tiene
la palabra.

El señor CAZALIS EIGUREN: Bai, eguerdi on, mahaiburu
jauna.

Eguerdi on, senatariok. Labur-laburrean, eta bertotik. Gu
momentu honetan abstentziora joko dugu, batez be, ba danok dakizuenez,
Euskadin Ogasun eta Zerga Sistema berezi bat daukagulako, eta horrez
gain, udalaren finantzazioa be beste sistema bategaz egiten dalako.

Horregatik, nahiz eta ados egon, teóricamente, baina guria
abstentzioa izango da. Pentsaten dogu ez bakarrik IVAren asuntua aztertu
behar dala, baita be udalen finantzazioa eta udalen finantzazioaren
bueltan datozen gauza guztiak. Finantzazio horren kudeaketa be oso
garrantzitsua da, eta hausnarketa sakon bat egin beharko zan horreri
buruz. Eta hausnarketa horretan, gu hor egongo gara, laguntzeko, eta gure
esperientziak alkarrekin ipinteko, baina kasu honetan abstentziora joko
dugu. Eskerrik asko.

Buenos días, señor presidente.

Señorías, muy brevemente, y desde mi escaño, quiero decir
que nos vamos a abstener porque, como ustedes saben, Euskadi tiene un
sistema de Hacienda propio y, por otra parte, porque el sistema municipal
también es bastante especial.

Por lo tanto, aunque teóricamente estemos de acuerdo, la
nuestra será una abstención. Pensamos no solo que hay que analizar el
tema del IVA sino también el relativo a la financiación de los municipios
y todo lo que gira en torno a ello, como, por ejemplo, la gestión de la
financiación, que también debería ser estudiada profundamente; y nosotros
sí les vamos a ayudar, sí les vamos a apoyar en esa reflexión. Queremos
mostrarles nuestro apoyo para trabajar juntos, pero, como les decía, en
este caso nos vamos a abstener.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies, senyor president.

Ja d’entrada vull manifestar el nostre total suport,
no només a la moció sinó al conjunt de la intervenció del senyor Belloch
en el tràmit de defensa de la moció.

En tot cas, voldríem aprofitar aquest torn de portaveus per
plantejar allò que des del nostre punt de vista creiem que cal abordar
d’una manera clara i decidida en el món local i resoldre els
problemes endèmics que pateix. La greu situació de crisi econòmica i
financera que patim, que tècnicament estem en recessió, i que ja molts
qualifiquen de depressió, ha posat sobre la taula la imperiosa necessitat
d’introduir reformes estructurals en molts àmbits i sectors,
sectors financers, econòmics, i també institucionals, amb
l’objectiu de millorar la seva eficàcia i la seva eficiència.

Malauradament, però, aquesta necessitat, que crec que tots
compartim, el Govern del Partit Popular l’ha convertit en
retallades socials que representen un greu retrocés en l’Estat del
benestar i que agreugen, que dificulten encara més, la sortida de la
crisi econòmica, especialment pels col·lectius més febles. I en el camp
institucional, en el camp que ens ocupa avui, del món local, aquesta
situació no és millor. La dràstica retallada dels ingressos ha complicat
la situació històrica, d’altra banda, una situació endèmica del món
local del nostre país, especialment dels municipis. Això s’ha
traduït en dèficit pressupostari i en serioses dificultats i tensions en
la tresoreria dels ajuntaments.

Jo volia fer una intervenció en to positiu, buscant el
màxim acord i consens possible, però no em puc estar de dir que del
conjunt del deute del món local, dels ajuntaments espanyols, la quarta
part —és a dir, de cada quatre euros, un—, és deute
d’un sol ajuntament, que és l’Ajuntament de Madrid. Per tant,
compte quan parlen vostès de l’herència rebuda, vagin molt en
compte perquè en molts i molts casos, no només en les comunitats
autònomes, també en els ajuntament, podrien parlar vostès
d’autoherència.

Permeti’m en tot cas, senyories, que reflexioni molt
breument sobre tres reformes estructurals que, al nostre entendre, cal
emprendre en el nostre país pel que fa al món local i als ajuntaments. En
primer lloc, simplificació i optimització del mapa municipal. Al nostre
país, com ja s’ha dit, hi ha més de 8 000 —8 114
municipis—, segons l’últim cens de l’INE. La meitat de
la població espanyola, 23,5 milions de persones, viuen només en 136
municipis que són els 136 municipis de més de 50 000 habitants. El 60 %
dels municipis espanyols —4 800—, no arriben als 1 000
habitants. Explicat d’una altra manera, en el cas de Catalunya, que
representa el 16 % del total de la població espanyola, els 947 municipis
que la composen representen l’11 % del total dels municipis que hi
ha a l’Estat espanyol. I a l’altra cara de la moneda hi
trobaríem, i ho poso només com a exemple, la Comunitat de Castella i
Lleó, que representa només, entre cometes, el 5 % de la població
espanyola i en canvi té més de 2 000 municipis, és a dir, el 27 % del
total dels municipis de l’Estat espanyol.

Per tant, la pregunta és òbvia: disposen els municipis, o
una bona part dels municipis del nostre país, dels suficients recursos
humans, tècnics i econòmics per fer front amb suficient qualitat, equitat
i eficiència les competències derivades de la Llei de Bases de Règim
Local? La resposta encara és més òbvia: no. Per tant, aquesta és una
primera reforma que amb calma, amb tranquil·litat, amb decisió, amb
fermesa, amb sensibilitat i amb el màxim consens polític cal abordar el
més aviat possible.

En segon lloc, la segona gran reforma al nostre entendre és
la simplificació i la clarificació del marc competencial. En moltes
comunitats autònomes del nostre país es superposen tres nivells
d’Administració local: el propi municipi, la comarca —en el
cas de Catalunya els consells comarcals—, i, evidentment, les
diputacions, cabildos, etc. Això comporta i de fet ha comportat molt
sovint duplicitat i superposició de competències i, per tant,
l’eficàcia i l’eficiència necessiten millorar.

A més, la pràctica totalitat dels municipis han assumit
competències no obligatòries, que anomenem competències impròpies, que
corresponen a altres nivells de l’Administració, especialment, però
no únicament, l’Administració autonòmica.

Un estudi elaborat per la Diputació de Barcelona
l’any passat, el 2011, sobre la despesa dels municipis catalans en
serveis obligatoris en el període 2003-2009, conclou que els ajuntaments
catalans inverteixen un 26 % del seu pressupost en despeses que no es
deriven de les seves competències legals, i que d’aquesta part un
11 % correspon a serveis que haurien de cobrir altres administracions, bé
l’autonòmica o bé la central; per tant, competències impròpies,
despeses supletòries en molts camps com la seguretat, la protecció civil,
la despesa social, la cultura, la sanitat i l’educació. En aquest
cas, és especialment sobtant la situació dels municipis catalans que
veuen retallades les aportacions de la Generalitat de Catalunya, per
exemple, en escoles bressol, en escoles d’infants, en escoles de
música o en escoles d’adults.

Per tant, també cal plantejar-nos la modificació de la Llei
de Règim Local des del punt de vista competencial, i també obrir el debat
sobre les diputacions i els organismes comarcals.

La tercera gran reforma és resoldre definitivament el
sistema de finançament dels municipis i, per tant, la modificació de la
Llei d’Hisendes Locals. És veritat que el Govern ha anunciat
—i el senyor Montoro també ho va dir en aquesta Cambra—, que
abans de final d’any presentarà una proposta de modificació de la
Llei d’Hisendes Locals. La moció que presenta el Grup Parlamentari
Socialista no es contradiu en absolut amb aquesta voluntat de la qual no
vull dubtar.

Apart d’altres qüestions des del punt de vista del
finançament i entrant en el tema de l’IVA, el suportat pels
ajuntaments representa aproximadament el 10 % dels seus ingressos no
financers. I, efectivament, la crisi també crea oportunitats i, pel que
fa al món local, aquestes oportunitats creiem que passen per fer allò que
tots hem dit, però que per la raó que sigui no hem abordat, no hem
afrontat i no hem fet.

La moció que presenta el Grup Socialista, per tant, recull
les reivindicacions històriques del món local, de tot el món local. Els
programes electorals de tots els partits polítics —de tots els
partits polítics, repeteixo—, van en aquesta línia, i fins i tot el
Grup Parlamentari del Partit Popular, que sustenta actualment el Govern,
ha presentat iniciatives en aquesta línia mateixa en què va aquesta
moció. Per tant, la moció, repeteixo, no és incompatible en absolut amb
la voluntat i, per tant, que no es posi per excusa la voluntat que el
Govern ja plantejarà la modificació d’hisendes locals per oposar-se
a aquesta moció perquè no són, en absolut, incompatibles.

Tenim una oportunitat, senyories. En aquesta Cambra, avui,
hi ha molts senadors i senadores de tots els grups parlamentaris que som
o hem estat responsables, alcaldes o regidors, o presidents de diputació,
o diputats provincials, o membres de cabildos, o de consells comarcals.
Per tant, aquesta Cambra de representació territorial avui té la gran
oportunitat que la moció que presenta el Grup Parlamentari Socialista no
només es converteixi en una moció que recolza algun altre grup
parlamentari, sinó una moció de tota la Cambra. Siguem coherents, siguem
conseqüents —el movimiento se demuestra andando—, comencem a
caminar en la línia d’intentar trobar la solució als problemes
endèmics i històrics del món local del nostre país. I una primera mesura,
no la solució del problema però sí una primera mesura en la línia de
solucionar definitivament la qüestió, és la moció que avui presenta el
Grup Socialista, a la qual, òbviament, nosaltres donarem suport.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente.

De entrada, quiero manifestar nuestro total apoyo no solo a
la moción sino al conjunto de la intervención del señor Belloch en el
trámite de defensa de la moción.

En todo caso, querríamos aprovechar este turno de
portavoces para plantear lo que desde nuestro punto de vista hace falta
abordar de forma clara y decidida en el mundo local para resolver los
problemas endémicos que padece. La grave situación de crisis económica y
financiera que estamos sufriendo, cuando técnicamente estamos en
recesión, que muchos la califican de depresión, pone sobre la mesa la
imperiosa necesidad de introducir reformas estructurales en muchos
ámbitos y sectores, sectores financieros, económicos y también
institucionales, con el objetivo de mejorar su eficacia y eficiencia.

No obstante, esta necesidad, que creo que todos
compartimos, el Gobierno del Partido Popular la ha convertido en recortes
sociales que representan un grave retroceso en el Estado del bienestar y
que dificultan y agravan todavía más la salida de la crisis económica,
especialmente para los colectivos más débiles. Y en el campo
institucional, en el campo que hoy nos ocupa, del mundo local, esta
situación no

es mejor. El drástico recorte de los ingresos ha complicado
la situación histórica, la situación endémica del mundo local de nuestro
país, especialmente de los municipios. Esto se ha traducido en déficit
presupuestario y en serias dificultades en la tesorería de los
ayuntamientos.

Quiero hacer una intervención en tono positivo, buscando el
máximo consenso posible, pero no puedo dejar de decir que del conjunto de
la deuda del mundo local, de los ayuntamientos españoles, una cuarta
parte de esa deuda —es decir, uno de cada cuatro euros— se
debe al Ayuntamiento de Madrid, a un solo ayuntamiento. Por tanto, vayan
con mucho cuidado cuando se habla de la herencia recibida porque en
muchos y muchos casos no solo en las comunidades autónomas sino también
en los ayuntamientos podrían hablar ustedes de autoherencia.

Permítanme que reflexione brevemente sobre las tres grandes
reformas estructurales que, desde nuestro punto de vista, hay que
emprender en nuestro país en relación con el mundo local y los
ayuntamientos. En primer lugar, la simplificación y optimización del mapa
municipal. En nuestro país, como ya se ha dicho, hay 8 114 municipios,
según el último censo del INE. La mitad de la población española, 23,5
millones de personas, vive solo en 136 municipios, en aquellos de más de
50 000 habitantes. El 60 % de los municipios españoles —4
800— no llega a los 1 000 habitantes. Si lo explicamos de otro
modo, en el caso de Cataluña, esta representa el 16 % del total de la
población española y sus 947 municipios, el 11 % del total de los
municipios que hay en el Estado español. En la otra cara de la moneda
encontraríamos solo como ejemplo la Comunidad de Castilla y León que
representa solo, entre comillas, el 5 % de la población española y, en
cambio, tiene más de 2 000 municipios, es decir, el 27 % del total de los
municipios del Estado español.

Por lo tanto, la pregunta es obvia: ¿disponen los
municipios, o una buena parte de los municipios de nuestro país, de los
suficientes recursos humanos, técnicos y económicos para hacer frente con
la suficiente calidad, equidad y eficiencia a las competencias derivadas
de la Ley de las Bases de Régimen Local? La respuesta es todavía más
obvia: no. Por lo tanto, esta es una primera reforma que, con calma, con
tranquilidad, con decisión, con firmeza, con sensibilidad y con el máximo
consenso político hay que abordar lo antes posible.

La segunda gran reforma que hay que hacer a nuestro
entender es la simplificación y clarificación del marco competencial. En
muchas comunidades autónomas de nuestro país se superponen tres niveles
de Administración local: el propio municipio, la comarca —en el
caso de Cataluña, los consejos comarcales— y, evidentemente, las
diputaciones, cabildos, etcétera. Esto conlleva, y de hecho ha conllevado
muy a menudo, duplicidad y superposición de competencias; por lo tanto,
la eficacia y la eficiencia necesitan mejorar.

Además, la práctica totalidad de los municipios han
adquirido competencias no obligatorias, competencias impropias que
corresponden a otros niveles de la Administración especialmente, pero no
únicamente a la Administración autonómica.

Un estudio elaborado por la Diputación de Barcelona el año
pasado, en 2011, sobre el gasto de los municipios catalanes en servicios
obligatorios en el período 2003-2009 concluye que los ayuntamientos
catalanes invierten un 26 % de su presupuesto en gastos que no se derivan
de sus competencias legales y que de esta parte el 11 % corresponde a
servicios que deberían cubrir otras administraciones, ya sea la
autonómica o la central; por lo tanto, competencias impropias o gastos
supletorios en campos como la seguridad, la protección civil, el gasto
social, la cultura, la sanidad y la educación. En este caso, es
especialmente grave la situación de los municipios catalanes, que ven
recortadas las aportaciones de la Generalitat de Catalunya, como, por
ejemplo, en el caso de las guarderías, las escuelas de música y escuelas
de adultos.

Por lo tanto, también hay que plantearse la modificación de
la Ley de Régimen Local desde un punto de vista competencial y abrir
también el debate sobre las diputaciones y los organismos comarcales.

La tercera gran reforma es resolver definitivamente el
sistema de financiación de los municipios y, por lo tanto, la
modificación de la Ley de Haciendas Locales. Es verdad que el Gobierno ha
anunciado —y el señor Montoro también lo dijo en esta Cámara—
que antes de final de año presentará una propuesta de modificación de
dicha ley. En cualquier caso, la moción que presenta el Grupo Socialista
no se contradice en absoluto con esa voluntad, de la que no quiero
dudar.

Además de otras cuestiones, desde el punto de vista de la
financiación y entrando en el tema del IVA, el soportado por los
ayuntamientos representa el 10 % de los ingresos no financieros,
aproximadamente. Efectivamente, la crisis también crea oportunidades y
creemos que en el mundo local estas oportunidades

pasan por hacer aquello que todos hemos dicho pero que, por
el motivo que sea, no hemos abordado ni afrontado.

La moción que presenta el Grupo Socialista, por lo tanto,
recoge las reivindicaciones históricas de todo el mundo local. Los
programas electorales de todos los partidos políticos —de todos los
partidos políticos, repito— van en esta línea, e incluso el Grupo
Parlamentario del Partido Popular, que actualmente sustenta al Gobierno,
ha presentado iniciativas en la misma línea de esta moción. Por lo tanto,
la moción no es incompatible en absoluto con esa voluntad, por lo que no
se ponga como excusa que el Gobierno ya planteará la modificación de las
haciendas locales para oponerse a esta moción, porque insisto en que no
son en absoluto incompatibles.

Señorías, hoy tenemos una oportunidad en esta Cámara. Hay
muchos senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios que somos
o hemos sido responsables, alcaldes o regidores, o presidentes de
diputación o diputados provinciales, o miembros de cabildos o de consejos
comarcales. Por tanto, esta Cámara de representación territorial tiene
hoy la gran oportunidad de que la moción que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista no solo se convierta en una moción que apoye
algún otro grupo parlamentario sino en una moción de toda la Cámara.
Seamos coherentes, seamos consecuentes; el movimiento se demuestra
andando, empecemos a caminar en la línea de intentar encontrar una
solución a los problemas endémicos e históricos del mundo local en
nuestro país. Y una primera medida, no la solución del problema pero sí
una primera medida en la línea de solucionar definitivamente la cuestión,
es la moción que hoy presenta el Grupo Socialista, a la cual, obviamente,
nosotros daremos nuestro apoyo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Senyories, entrant ja en el contingut de la moció en si,
dir-li, senyor Belloch, que aquesta senadora en primer lloc, entre
l’exposició de motius i l’objecte en si de la moció, va
trobar un cert deslligament jurídic en la mesura que en l’exposició
de motius es feia referència a l’espia, a la participació
d’impostos de l’Estat, i el que tractem en la moció és, en
tota regla, una exempció de l’IVA per a les entitats locals.

Per tant, vull deixar clar que de la mateixa manera que a
mi em va sorprendre, estem parlant de coses molt diferents, que van
deslligades a tots els efectes. Una cosa és la participació en els
impostos de l’Estat, que puguen tenir les diferents
administracions, altra cosa molt diferent, l’objecte
d’aquesta moció, que el que demana és una exempció d’IVA,
parlant clar, una exempció d’IVA per al món local. D’altra
banda, aquesta sol·licitud no és una sol·licitud que ens acabem
d’inventar; no és nova, perquè és una sol·licitud que ve essent
reclamada pel món local, per la majoria del món local, des de fa molt
temps, i també reclamada per diverses entitats municipalistes
d’arreu del país.

Aquesta exempció de l’IVA, senyor Belloch, nosaltres
quan li dèiem abans, quan he parlat en el torn de defensa d’esmena,
que no vèiem clar com aquest fons es desenvolupava, nosaltres entenem que
aquest fons efectivament s’ha de crear però que quan vostè parla de
l’IVA que suporten els ajuntaments, tampoc no especifica de quina
manera, d’alguna manera, es distribuirà i respecte de quins
conceptes s’aplicarà.

El Grup de Convergència i Unió —i per això li deia
que en la meva esmena he fet esment dels ajuntaments petits i potser
tampoc no tenia més— ha sigut una petita llicència, perquè no tenia
més importància, el Grup de Convergència i Unió entén que aquest fons de
compensació municipal s’ha d’aplicar sobre l’IVA que
els ajuntaments suporten en les inversions. Hem exemplificat
l’escenari econòmic, tots el coneixem, el Grup de Convergència i
Unió, concretament el senador Bel, penso que va fer una exposició i
permeti’m que ho digui, no vull ser modesta, magnífica de la
situació actual dels municipis, del que estan patint, en aquest sentit
per una banda amb unes mesures estructurals que, tampoc no em vull
reiterar, ja han posat sobre la taula, ja s’estan tractant, però no
les tenim resoltes, i unes mesures conjunturals, estic parlant del Reial
Decret 4/2012, de pagament a proveïdors, o fins i tot de la mateixa Llei
d’Estabilitat Pressupostària, acabada d’aprovar. En el primer
cas pensem que, si bé resol algunes petites parts del problema, no dóna
solució i no deixa de ser un pedaç a la peça en el tema del finançament,
i en el segon cas entenem que sí que aquesta llei era necessària

Però ja vam deixar també molt clar en aquesta cambra en la
defensa de les esmenes, concretament en aquelles que feien referència al
món local, que aquesta Llei d’Estabilitat Pressupostària ens
deixava en una

situació perillosa i podia tenir conseqüències perilloses.
Per què? Perquè ens limitava els romanents, els romanents, abans
romanents de lliure disposició, ens limitava també els ingressos
extraordinaris, aquells no previstos en els impostos. Això ens limita
moltíssim també l’autonomia local, per què no, i d’una manera
extraordinària la capacitat d’inversió. Capacitat d’inversió
que a més a més ve minvada per la situació actual.

Per tant, entenem que aquesta mesura sí que ve a ajudar, a
donar una mica d’aire a l’esforç de contenció i ajustament
pressupostari que es veuen obligats a fer els municipis.

Si bé això és cert i el panorama és el que és i —no
tornarem a reiterar-nos perquè no podem ser originals, és el que és, no
podem permetre’ns llicències, aquí sí que no—, sí que li vull
dir, senyor Belloch, i m’ho permetrà, que malgrat, em consta, i el
poc de temps que portem a la cambra —jo ho he vist—, la seva
sensibilitat respecte del món local i la seva bel·ligerància per pal·liar
temes propis del món local que al cap i a la fi són propis de tots i ens
hi va a tots, —el tema no és menor, ni l’obra que hem de fer
no és poca. Jo, senyor Belloch, no puc dir-li altra cosa que aquesta
proposta tan interessant que vostè ens fa avui en aquesta cambra és una
llàstima, i permeti’m que l’hi digui, que no hagués fet quan
el seu grup estava al Govern i tenia la capacitat no només de fer la
proposta sinó, segurament, d’haver-li donat resolució. En aquest
sentit, senyor Belloch, estarà d’acord amb mi que ara més que mai,
senyor Belloch, senyories, ara més que mai és el moment de trencar
aquesta perversió que sembla que s’ha establert en aquesta cambra
en què la praxi i el discurs van canviant en funció de si els grups
majoritaris estan al Govern o estan a l’oposició.

En aquest sentit també els senyors del PP jo, al Grup
Popular, els comentaria que malgrat recolzin o no recolzin aquesta moció,
els demano que tinguin coratge, i que tinguin compromís d’estudiar
solucions per al finançament local però des de l’única òptica de la
necessitat i de la rellevància del tema en si mateix, més enllà de qui el
plantegi o des d’on vingui.

Senyories, el Grup de Convergència i Unió donarà suport a
aquesta moció amb la voluntat que entre tots puguem treballar pel bé de
tots, però sobretot amb la voluntat de poder pal·liar les necessitats que
fora d’aquesta cambra pateixen dia a dia els ciutadans i que no
només, però especialment, els alcaldes d’arreu dels territoris
coneixen molt bé aquesta realitat perquè la treballen, la palpen dia a
dia, li posen cara i li posen ulls.

Res més, senyories, moltes gràcies. (Aplaudiments).

Muchas gracias, presidente.

Entrando ya en el contenido de la moción, quiero decirle en
primer lugar, señor Belloch, que entre la exposición de motivos y el
objeto en sí de la moción esta senadora encontró cierta falta de
vinculación, ya que en la exposición de motivos se hablaba de la
participación en impuestos del Estado y lo que tratamos en la moción es
en toda regla una exención para las entidades locales. Por lo tanto,
quiero dejar claro que, de la misma manera que a mí me sorprendió,
estamos hablando de cosas muy distintas que no van vinculadas; una cosa
es la participación en los impuestos del Estado que pueden tener las
distintas administraciones y otra muy distinta es el objeto de esta
moción, que lo que pide es una exención del IVA para el mundo local.

Por otro lado, esta no es una solicitud que nos acabemos de
inventar, no es novedosa, porque viene reclamada ya por el mundo local;
la han estado reclamando desde hace mucho tiempo. Y también ha sido
reclamada por distintas entidades municipalistas de todo el país.

En cuanto a esta exención de IVA, señor Belloch, en el
turno de defensa de la enmienda le decía que no veíamos claro cómo se
podía desarrollar este fondo. Nosotros entendemos que, efectivamente, el
fondo se tiene que crear, pero cuando usted habla del IVA que soportan
los ayuntamientos tampoco especifica de qué manera se distribuirá y
respecto de qué conceptos se va a aplicar.

El Grupo Convergència i Unió —por eso le decía que en
mi enmienda he hablado de los ayuntamientos pequeños, y ha sido una
pequeña licencia que no tenía más importancia— entiende que este
fondo de compensación municipal se tiene que aplicar sobre el IVA que los
ayuntamientos soportan en las inversiones. Ejemplificando el escenario
económico, todos conocemos que el Grupo Convergència i Unió, a través del
senador Bel, hizo una exposición —permítanme que lo diga, no quiero
ser modesta— magnífica de la situación actual que están sufriendo
los municipios. En este sentido, por un lado, hay unas medidas
estructurales que tampoco quiero repetir aquí porque ya están sobre el
tapete, que se están tratando, pero que no tenemos resueltas; y por otro,
unas medidas coyunturales como el Real Decreto 4/2012, de pago a
proveedores, o incluso de la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria,
aprobada recientemente. En el primer caso, si bien se resuelven algunas
pequeñas partes del problema, no se da una solución definitiva, por lo
que no deja de ser una solución provisional del problema. Pero, sí, esta
ley era necesaria.

Y dejamos claro en esta Cámara, en la defensa de las
enmiendas, concretamente de aquellas que hacían referencia al mundo
local, que la Ley de Estabilidad Presupuestaria nos dejaba en una
situación peligrosa y podía tener consecuencias peligrosas porque nos
limitaba los excedentes, los remanentes, los de libre disposición, los
ingresos extraordinarios, los no previstos en los impuestos. Esto también
limita muchísimo la autonomía local y de una manera extraordinaria la
capacidad de inversión, que además viene ya menoscabada por la situación
actual.

Por lo tanto, entendemos que esta medida sí viene a ayudar
y a dar un poco de aire al esfuerzo de contención y de ajuste
presupuestario que se ven obligados a hacer los municipios.

Si esto es cierto, y el panorama es el que es —no
vamos a volver a repetirnos porque no podemos ser originales, es lo que
es y no nos podemos permitir licencias, aquí sí que no—, me va a
permitir que le diga, señor Belloch, que, en lo que poco que llevamos
aquí, en la Cámara —yo lo he visto—, me consta su
sensibilidad respecto del mundo local y su beligerancia para paliar temas
propios de dicho mundo, que, al fin y al cabo, son de todos porque a
todos nos interesa —el tema no es menor y la obra que tenemos que
hacer no es poca—. Pero, señor Belloch, no puedo decirle otra cosa
que pienso que es una lástima que la propuesta tan interesante que usted
nos hace hoy en esta Cámara no la hubiera hecho cuando su grupo estaba en
el Gobierno y tenía la capacidad no solo de hacer la propuesta sino
seguramente también de haberle dado resolución. En este sentido, señor
Belloch, señorías, estarán de acuerdo conmigo en que ahora más que nunca
es el momento de romper esta perversión que parece que se ha establecido
en esta Cámara de que la praxis y el discurso van cambiando en función de
si los grupos mayoritarios están en el Gobierno o en la oposición.

A este respecto, señores del PP, del Grupo Popular, a pesar
de que apoyen o no apoyen esta moción, les pido que tengan coraje y
compromiso para estudiar soluciones para la financiación local, pero
desde la única óptica de la necesidad y la relevancia del tema por sí
mismo, más allá de quién lo plantee y de dónde venga.

Señorías, el Grupo de Convergència i Unió apoyará esta
moción con la voluntad de que, entre todos, podamos trabajar por el bien
de todos pero, sobre todo, con la voluntad de poder paliar las
necesidades que fuera de esta Cámara sufren día a día los ciudadanos, y
que no solo, pero especialmente los alcaldes de todos los territorios
conocen muy bien esta realidad porque la trabajan, la viven día a día, le
ponen cara, le ponen ojos.

Nada más, señorías, muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Gracias, señor presidente.

Señorías, en efecto, la moción que presentamos no es una
panacea ni la solución total de los problemas, como han puesto de relieve
todos los intervinientes; es una solución parcial, pero yo creo que sirve
para que no se asfixie la vida financiera de los ayuntamientos y, por lo
tanto, la mantenemos.

¡Claro que la solución definitiva tiene que venir de la Ley
de Haciendas Locales! Lo sabemos todos. ¿Pero cuántos años llevamos
esperando esa ley, con toda clase de Gobiernos? La primera vez que yo fui
senador, hace doce años, ya lo hacíamos. Por lo tanto, en esa triste
actitud de «Esperando a Godot», que caracteriza a los parlamentarios en
relación con este tema, vamos a hacer alguna cosa concreta entretanto. No
tiene más ambición, pero sí esa.

Decía en mi primera intervención que no era ningún tema
original —también se ha recordado—, puesto que hasta ocho
países europeos distintos lo han puesto en marcha y con éxito, lo que
evidencia además de pasada que no tienen ningún inconveniente legal desde
el punto de vista de la fiscalidad europea. Pero, en cualquier caso,
tampoco es original desde el punto de vista de la vida de esta Cámara;
les recordaré simplemente tres elementos. En el 2005 se creó una
ponencia, dentro de la Comisión de Entidades Locales, sobre la
financiación municipal, que, por cierto, en mi opinión hizo un trabajo
excelente. Allí varios senadores ya plantearon este tema, pero en el 2010
y en el 2011 el Partido Popular lo planteó expresamente por otras vías
distintas, pero lo hizo en dos ocasiones; concretamente la primera, que
yo sepa, fue en junio del año 2010; el senador era el señor García
Navarro. En aquel momento apostaba —basándose en una justificación
a la que me referiré, si tengo tiempo, más tarde— por reducir 10
puntos del IVA, pasar del 10 al 8 %. Pero, claro, se lo puso fácil al
vicepresidente señor Solbes, porque el señor Solbes dijo: no es posible
jurídicamente porque tiene que ajustarse a las directivas de la comunidad
europea. Con lo cual no pudo entrar en el fondo y, desgraciadamente, la
moción fracasó.

La segunda petición se produce en marzo del 2011, que en
este caso es un poco más compleja, pues pretende la modificación de la
Ley del IVA sobre la base de dar a los ayuntamientos el carácter de
sujeto pasivo del impuesto y paralelamente el que no sean el comprador
final del producto. Pero de nuevo no se llegó a desarrollar porque
vinieron las elecciones, aunque probablemente el Gobierno de turno
hubiera vuelto a decir lo mismo, esto es, que planteaba problemas
jurídicos. Nuestra modesta moción no plantea ningún problema jurídico y
resuelve razonablemente el tema. De ahí que nos atrevamos a exponerla y a
pedirles su voto.

Y permítanme una digresión relativa, porque está conectada
al tema central. Es verdad —y lo ha recordado un portavoz—
que los ayuntamientos no tienen la culpa de la deuda, son escasamente el
6 % y, en efecto, casi la mitad corresponde a una sola ciudad; no diré su
nombre porque el antiguo alcalde ahora es ministro de Justicia y, además,
es amigo mío y no quiero enredarle en esta cuestión. Pero es así. Por lo
tanto, no son responsables de la deuda. ¿Por qué entonces esa obsesión,
por ejemplo, con la fusión de municipios? Le digo con claridad: mi grupo
está frontalmente en contra, por muchas razones. La primera, porque
afecta a la identidad de los vecinos. ¿Qué vecino, a la fuerza, va a
aceptar que su pueblo o su ciudad se sume con otra? Hablo de mi pueblo,
Mora de Rubielos, ¿tiene que unirse a la fuerza con Rubielos de Mora?
Pues no. Y esas situaciones estarán en toda España y en todos los
lugares. Por tanto, provoca un grave problema.

Segundo, en muchos sitios crea un problema grave de
despoblación, como pasó en Aragón en tiempos pasados, porque
efectivamente se empieza yendo el cuartel de la Guardia Civil, después se
va el juzgado y, finalmente, también el ayuntamiento. Con lo cual plantea
problemas estructurales de fondo.

Y, tercero, tampoco es seguro que se ahorre tanto. ¿Por
qué? Porque la inmensa mayoría de nuestros municipios tienen menos de 2
000 habitantes, y en esos municipios resulta que ni los concejales ni el
alcalde cobran ni sueldo ni dietas, y resulta que el secretario del
ayuntamiento se ocupa de varios ayuntamientos, y los técnicos como
arquitectos, etcétera, etcétera. Con lo cual, no sabemos al final qué
ahorro habría. Hoy por hoy —y me permitiré decirlo con toda, yo
diría, emoción—, nuestros concejales y alcaldes de esos pueblos
tienen un mérito inmenso; forman un ejército de voluntarios que realizan
gratuitamente unos servicios fundamentales para la ciudadanía. Eso es
así. (Aplausos.)

Por tanto, la cuestión no es supresión, sino armonización,
evitar duplicidad de competencias, creación de consorcios, etcétera. La
solución no está en la supresión, al revés, está en reforzar el papel de
los municipios, que esta modesta moción pretende en una pequeña
medida.

Señorías, en una moción de junio de 2010, el señor García
Navarro justificaba el bajar 10 puntos del IVA haciendo una descripción
apocalíptica de los ayuntamientos: ayuntamientos donde no se pagaba a los
funcionarios, donde no se pagaban las cuotas de Seguridad Social, donde
no se pagaba el agua, la luz, la electricidad, incluso hablaba en algún
momento de hambre. Pero, que yo sepa, las cosas no están mucho mejor
ahora. Por tanto, si los parlamentarios del Partido Popular consideraban
entonces razonable ese planteamiento, lo lógico es que hoy también
consideraran razonable el planteamiento del Partido Socialista.

Sin embargo, nosotros no necesitamos dibujar los
ayuntamientos como si se tratara de un lienzo. Basta con recordar los
motivos centrales que justifican su aprobación: el primero, que es
compatible con la legislación fiscal europea, a diferencia de propuestas
anteriores; el segundo, que acaba con el problema de la mala relación de
los ayuntamientos con el IVA; el tercero, porque nos permite recuperar el
doble rol de los ayuntamientos como proveedores de servicios y como
dinamizadores de la economía; y, el cuarto, porque sería un paso adelante
en la senda del municipalismo realmente significativo.

Hay una anécdota que todos conocemos pero que viene al
caso, y que se atribuye a un parlamentario británico que llevaba treinta
años oyendo discursos, no sé si en la Cámara de los Comunes o en la
Cámara de los Lores, que comentó que había oído todo tipo de discursos,
muy malos, malos, regulares, buenos, y muy buenos, pero ninguno que
cambiara el sentido del voto. Pues bien, yo no soy tan escéptico, me
gustaría pensar que aún me tocará en esta vida ver que por un discurso se
cambie el sentido del voto. ¿Por qué no? ¿Y por qué no hoy? Hoy sería un
buen día para hacerlo.

Y, efectivamente, como ha dicho otro portavoz, me refiero a
las personas que además de senadores o senadoras ostentan la condición de
alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, miembros de las
diputaciones, de los consejos territoriales, de los conseils, de los
cabildos, etcétera. No les pido un gran discurso, les pido el voto
favorable por una simple razón, porque eso es lo que quieren y les
conviene a los vecinos. Así de sencillo. Ténganlo en cuenta a la hora de
votar.

Se ha hecho alguna referencia acerca de que mi grupo no
hizo ninguna propuesta en ese sentido, aunque tengo que decir que
entonces yo no era senador. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente —y
termino con esta consideración general—, el municipalismo se viene
concibiendo como una especie de conjunto doctrinal que solo puede
predicar o apoyar quien está en la oposición, mientras que quien está en
el Gobierno olvida resueltamente. Eso es nefasto. Eso es lo que está
determinando el desprestigio paulatino del municipalismo. Eso es lo que
está desprestigiando, en mi modesta opinión, a la clase política y a la
política misma.

La constante, progresiva e inexorable pérdida de papel
político de los ayuntamientos tiene muchas causas, y esta es una de las
primeras. Y, desde luego, quien esté libre de culpa que tire la primera
piedra porque esa falta de municipalismo es predicable hasta ahora de
todos los Gobiernos que hemos tenido desde la transición democrática.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Belloch.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Pagola.

El señor PAGOLA SÁENZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Subo a esta tribuna para defender la posición del Grupo
Parlamentario Popular ante una moción del Grupo Socialista que, dado que
estamos en San Isidro, diría que no tiene un pase ni en el fondo ni en la
forma.

Señor Belloch, estoy convencido de que usted tuvo la idea
de hacer esta moción, alguien se la escribió, creo que usted no tuvo
tiempo de leerla y, evidentemente, en su intervención la ha mejorado
sustancialmente. Pero creo que en cuanto al fondo es mucho más complicado
de lo que hemos hablado aquí. Voy a evitar la palabra herencia, que tan
mal les sienta, dado que los alcaldes, los municipales, vamos a sacar
cosas adelante. Pero hay que recordar algunos aspectos para que veamos la
diferente actitud entre el Gobierno del Partido Popular y el Gobierno del
Partido Socialista. Por ejemplo, hay que recordar que el Partido
Socialista lleva siete por doce, ochenta y cuatro, más seis, noventa
meses gobernando, y el Partido Popular lleva escasamente cinco meses.

Hay que recordar que el señor Rodríguez Zapatero, en sus
dos tomas de posesión, en sus dos debates de investidura, hizo especial
hincapié en el mundo local y prometió que iban a cambiar la financiación,
las competencias, etcétera. Pues bien, todos sabemos cuál ha sido el
resultado de esos noventa meses del Gobierno del señor Zapatero.

Hay que recordar que en la primera legislatura, algo que se
vivió con especial ilusión, se creó un comité de expertos —de sus
expertos, evidentemente— que dio lugar a la presentación de un
Libro Blanco de las Entidades Locales; Libro Blanco de las Entidades
Locales que vimos el día de su presentación en este mismo Senado, pero
que ya no hemos vuelto a ver más y que no ha tenido ninguna consecuencia
ni de modificación de leyes, ni de modificación presupuestaria y dotación
económica cero.

Hay que recordar que en la anterior legislatura, y por
primera vez en la democracia, durante dos años, el Gobierno del Partido
Socialista erró de una forma gravísima en la previsión de ingresos y, por
tanto, la participación en los impuestos del Estado de los ayuntamientos
llevó consigo la devolución durante dos años de lo que nos adelantaron de
una manera confusa y absoluta. Esto ha creado graves dificultades a
muchos ayuntamientos a la hora de devolver el adelanto que nos hicieron
de forma errónea e incluso nos ha servido para incrementar la deuda.

Hay que recordar que en este mismo hemiciclo, en varias
ocasiones, en mociones presentadas por diferentes grupos, se pidió que se
incrementara el plazo para la devolución de este dinero a cuenta mal
dado. Siempre fueron rechazadas, primero con la vicepresidenta Salgado y
luego con el vicepresidente Chaves. Pues bien, hay que recordar que una
de las medidas que el Partido Popular ha incluido en los Presupuestos
Generales del Estado es pasar de sesenta a ciento veinte meses el plazo
de la devolución de esas amortizaciones anuales del dinero mal dado por
los Gobiernos anteriores.

Hay que recordar también que en el segundo Consejo de
Ministros de este Gobierno del Partido Popular se ha acordado la
aplicación de manera transitoria y excepcional, durante 2012 y 2013, de
incrementos del tipo impositivo del IBI de una manera progresiva, en
función de la antigüedad de la revisión catastral. Esta medida supone
para los ayuntamientos aproximadamente 920 millones de euros.

Hay que recordar que el Gobierno va a adelantar el 50 % del
importe estimado de las liquidaciones de la participación de los tributos
del Estado del año 2010, lo que supone otros 1 000 millones de euros más
que van a disponer las arcas de los ayuntamientos durante 2012.

Hay que recordar que en estos momentos se está tratando el
tema del crédito para pagar a los proveedores de los ayuntamientos en
condiciones que podrían haber sido mejores, pero que, aun así, son
mejores que las anteriores: dos años de carencia y diez años de
amortización, lo cual ha permitido que muchos ayuntamientos hagan uso de
esos créditos, con el beneficio que supone para los proveedores a los que
debían dinero.

Hay que recordar que en los Presupuestos Generales del
Estado que se están debatiendo en este momento en el Congreso, y
próximamente en el Senado, la aportación a las entidades locales sube un
7,6 %.

Pues bien, frente a estas medidas, escasamente en cinco
meses se ha presentado una moción sobre el IVA que está sin estudiar y
que es fruto de una improvisación. Evidentemente, también el Partido
Popular ha hablado del IVA en algún momento y pedía que se bajara. Y la
senadora Durán, del Grupo Socialista, defendía entonces al Gobierno, pero
yo, después de exponer mi argumentario aquí, veo que ella ha contestado
con mi mismo argumento. Claro está que, curiosamente, entonces nosotros
estábamos en la oposición y ustedes estaban gobernando. Pero ahora sucede
al revés: nosotros estamos gobernando y el argumento es el mismo.

¿Por qué es difícil tocar el IVA en este momento? Esta
propuesta que se hace supone una modificación de la normativa del IVA por
la vía de recuperar las cuotas satisfechas por determinadas actividades,
lo que significaría una exención o bonificación encubierta contraria a la
normativa comunitaria. Ya algún portavoz ha hablado de exenciones y no
estaba muy de acuerdo con ellas. El argumento que voy a dar es el mismo
que daba la señora Durán. Por otra parte, se estaría modificando
indirectamente el modelo de cesión de impuestos del Estado en tanto en
cuanto se modifica su ámbito subjetivo, que se ampliaría a todas las
entidades locales y, por tanto, modificaría los porcentajes de cesión. Y,
por último, también provocaría un coste para las entidades locales puesto
que se produciría un descenso en la recaudación del IVA y, por
consiguiente, un descenso en la cesión de impuestos a las entidades
locales.

Quiero comunicarles que la comisión creada al efecto por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dirigido por la
Secretaría de Estado, finalizará en breve su propuesta de reforma del
ámbito competencial de la Administración local cumpliendo el compromiso
del ministro Montoro, que dijo que a lo largo del año, primero,
traeríamos esta propuesta y, posteriormente, la de financiación de
haciendas locales. Creo que este es el momento —y hago la oferta
ahora— en que debemos tener el máximo consenso entre todos los
alcaldes y entre todos los partidos políticos. Yo siempre digo que por
encima de senadores casi todos somos alcaldes o municipales y todos
conseguiremos unas modificaciones de las leyes importantes que van a
beneficiar a todos los entes locales.

Sin más, debo decir que siento que tener que votar en
contra ya que en este momento no me parece adecuada la propuesta, pero
sepan sus señorías que les espero con los brazos abiertos a la hora de
debatir estas dos leyes.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pagola.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista tal y
como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 241; a favor, 81; en contra, 152; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DIVERSAS MEDIDAS DE RECONOCIMIENTO EN RELACIÓN CON LOS LLAMADOS «NIÑOS
VASCOS» Y SUS FAMILIAS COMO CONSECUENCIA DE SU EVACUACIÓN FORZADA AL
REINO UNIDO EN MAYO DE 1937.

(Núm. exp. 662/000024)

AUTOR: GPMX

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción.
(Rumores.)

Señorías, ruego silencio, por favor. (Pausa.)

Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al
Gobierno a la adopción de diversas medidas de reconocimiento en relación
con los llamados «niños vascos» y sus familias como consecuencia de su
evacuación forzada al Reino Unido en mayo de 1937.

A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del
Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo
de quince minutos, el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Mila esker, Presidente
Jauna.

Jaun-andreok, egun on. Amaiurrek mozio hau aurkeztu du
hainbat zorigaiztoko 75. urteurrenak ospatzen diren urte honetan.

Orain dela gutxi, Gernikak hegazkin alemaniarrek Francoren
indar kolpisten laguntzarekin jasan zuen sarraskin ikaragarriaren
urteurrena gogoratzen zuen. Aldi berean, Euskal Herriko beste herri
batzuek gauza bera egin zuten (Durango, Eibar, etab).

1937ko apirilean, Gernika bonbardeatu zuten Legion
Condorreko nazi abioiek, eta urte horretan, orain dela 75 urte,
Errepublikara leialak jarraitzen zuten herrien egoera zorigaiztokoa izan
zen, bereziki umeentzat.

Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Amaiur presenta esta moción en este
año en el que se celebra el 75 aniversario de diversas tragedias.

Recientemente, Gernika celebraba el aniversario de la
terrible masacre padecida por parte de la aviación alemana en
colaboración con las fuerzas golpistas del general Franco. Al mismo
tiempo, otras localidades del País Vasco, como Durango o Eibar hacían lo
mismo.

Los aviones nazis de la Legión Cóndor bombardearon Guernica
en abril de 1937 y ese año, hace 75 años, la situación que padecieron los
pueblos leales a la República fue especialmente desgraciada, sobre todo
para los niños.

Y entre estos sucesos hemos de referirnos a la situación de
los niños y niñas vascos que vivían en la zona leal a la República, en un
contexto en el que se produjeron crímenes de guerra y de lesa humanidad
contra la población, públicamente anunciados por los militares alzados:
«Si vuestra sumisión no es inmediata arrasaré Vizcaya, empezando por las
industrias de guerra. Tengo medios sobrados para ello», amenazaba el
general Mola.

En esta situación el Gobierno vasco apeló a las naciones
extranjeras para que diesen asilo temporal a los niños y niñas vascos.
Esta solicitud fue respondida desde el Reino Unido. La duquesa de Atholl,
presidenta del National Joint Committee for Spanish Relief, junto con
Eleanor Rathbone, Leah Manning y otros, dirigió la campaña para presionar
al Gobierno para que aceptase a los niños vascos bajo la inspiración del
liberal Wilfrid Roberts. Finalmente, el Gobierno otorgó el permiso. Jugó
en ello un importante papel el cónsul británico en Bilbao Ralph
Stevenson. Se formó, asimismo, un Comité de los niños vascos de carácter
privado para garantizar diez chelines por semana para el cuidado y
educación de cada niño. Sindicatos, miembros de los partidos comunista,
laborista o liberales, fundaciones filantrópicas, etcétera, colaboraron.
Los niños, tras muchas gestiones, salieron para Gran Bretaña en el vapor
Habana el 21 de mayo de 1937, hace ahora 75 años. A cada niño se le colgó
en la ropa un disco de cartón hexagonal con un imperdible que llevaba
impreso un número identificativo junto a las palabras «Expedición
Inglaterra». El barco, con capacidad para 800 pasajeros, llevaba 3840
niños a bordo, 80 maestros, 120 ayudantes, 15 curas católicos y 2
médicos. Los niños iban apilados en el barco y durmieron donde pudieron,
incluso en los botes salvavidas.

Tras un viaje extremadamente agitado al atravesar el golfo
de Vizcaya, el vapor arribó en Southampton el 23 de mayo; justo hoy se
cumplen 75 años de este hecho. Muchos de ellos no volverían a ver más a
sus padres, madres, hermanos o tíos. De allí, los niños fueron
trasladados en autobuses a los campamentos. La idea era que fueran
dispersados en hogares o colonias tan pronto como fuera posible. Poco a
poco, desde finales de mayo y durante todo el verano, los niños fueron
abandonando en grupos los campamentos para dirigirse a otros hogares
situados en todo el país y cuyo funcionamiento correría a cargo de
voluntarios individuales, así como grupos de diversas iglesias,
sindicatos y otras agrupaciones interesadas en Inglaterra, Gales e
incluso Escocia.

Tras la caída de Bilbao y la captura del resto del País
Vasco por las tropas franquistas, comenzó el proceso de repatriación; un
proceso que fue arduo y difícil. Para principios de la Segunda Guerra
Mundial en 1939, la mayoría de los niños habían regresado a su hogar,
aunque para algunos esto supusiera una experiencia terrible. Algunos no
hablaban su idioma materno, otros habían olvidado a sus padres, no podían
acostumbrarse a las restricciones existentes, otros marcharon a terceros
países para un largo exilio. Los aproximadamente 400 que permanecieron en
Gran Bretaña, o habían elegido quedarse —si tenían más de 16 años,
tenían esa opción—, o se habían quedado porque sus padres habían
muerto o estaban en prisión o desaparecidos. No tenían a nadie
esperándolos. En 1945 quedaban todavía más de 250 niños en Gran Bretaña,
muchos de los cuales se establecieron definitivamente en Inglaterra,
Gales o Escocia, a menudo tras haber contraído matrimonio con personas
locales, y allí pasarían el resto de sus vidas. Para estos, la consigna
invariable de sus padres al despedirse en el muelle de Bilbao «solo serán
tres meses», se convirtió en una vida entera.

Este mayo de 2012 se celebra el 75 aniversario de esta
sangrante epopeya de unos niños y niñas a los que el fascismo cambió sus
vidas. Y, visto todo esto, es por lo que Amaiur ha presentado esta
moción. Una moción de mínimos en la que pretendemos aunar voluntades y
proceder a reconocer, desde esta Cámara y en el mismo día en el que se
cumplen 75 años de su llegada a Southampton, la pérdida, el dolor y el
sufrimiento padecido por los llamados «niños vascos» y sus familias como
consecuencia de su evacuación forzada al Reino Unido por los
indiscriminados ataques a la población vasca por parte de las fuerzas
sublevadas en mayo de 1937. Y también pretendemos reconocer y saludar la
labor solidaria realizada por las instituciones, sindicatos,
asociaciones, fuerzas políticas, así como ciudadanos ingleses, galeses y
escoceses del Reino Unido para con los niños vascos y sus familias.

Por todo ello, señorías, pido a los grupos de esta Cámara
un voto afirmativo a esta iniciativa.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Unamunzaga.

Pasamos a la defensa de las enmiendas.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Vicente.

La señora VICENTE GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, utilizo este turno para explicar la propuesta de
enmienda que presenta el Grupo Socialista a la moción que nos ha
planteado el portavoz del Grupo Mixto, el senador Unamunzaga, relativa a
los niños exiliados.

Este tema tiene un importante calado histórico y
sentimental y por eso creo que no es una cuestión baladí, si no queremos
repetir viejos errores, recordar esta desgraciada historia. Quiero
enmarcar las circunstancias bélicas que se vivieron hace 75 años para
dignificar la memoria y hacer que esta parte triste y dolorosa de la
historia no forme parte del olvido.

Ramón Rubial decía que el bombardeo de Guernica
—ahora, como bien se ha dicho, se cumplen 75 años— ha sido
uno de los sucesos que han conmovido y sublevado más a fondo la
conciencia de nuestro siglo, y tenía razón. Y es que la destrucción de
Guernica, el horror que supuso el bombardeo y la destrucción provocó el
masivo exilio infantil del que hoy estamos hablando. Paz ahora, paz antes
y paz siempre. Este es el sueño que muchos niños anhelaron y que no
pudieron ver cumplido por el sufrimiento de una brutal y cruel guerra
civil española; niños que son nuestro orgullo, que son parte de nuestra
historia. Un total de 50 000 menores de diferentes provincias, según los
expertos, que tuvieron que exiliarse durante la guerra civil española, y
como si de una excursión se tratara, acabaron haciendo su vida en el
Reino Unido, en Francia, en Bélgica, en Rusia y en Iberoamérica. Países
estos a los que no podemos dejar de agradecer que los acogieran con la
intención de pasar allí el periodo de guerra.

La mayoría de ellos volvieron, como la pasajera 1 309, la
primera pasajera del Habana, una niña de 14 años que se llamaba Karitza
Olariaga Basterra; otros, como Herminio, no volvieron nunca más. Fueron
niños a los que la democracia ha tardado muchos años, demasiados, en
reconocer, pero gracias al acuerdo unánime de todos los grupos políticos
finalmente en el año 2005 les fue concedida una prestación económica como
símbolo del reconocimiento a los valores de paz, democracia y justicia
social, saldando así una deuda con esa parte de la historia. Eran niños
fundamentalmente vascos, sí, como los casi 4 000 que un 21 de mayo de
1937 salieron del puerto de Santurce y que son el fundamento de esta
moción; niños vascos, decía, que salieron en un barco llamado Habana
hacia un lugar lejano llamado Southampton,

pero no podemos olvidar a otros niños de otros lugares,
niños asturianos, catalanes, valencianos y quizá de alguna otra provincia
que embarcaron rumbo a lo desconocido debido a la guerra, a la lucha por
la libertad y en nombre de una legitimidad que les fue arrancada.

Hace unos días, gracias a personas como Manuel Moreno,
Natalia Benjamín, Carmen Kilner o el propio Herminio Martínez que, o bien
lo vivieron en primera persona o son hijos de aquellos niños, se
conmemoró, junto al embajador de España en el Reino Unido y una
delegación vasca encabezada por la portavoz del Gobierno vasco, el 75
aniversario del exilio de los niños que salieron en 1937. Se realizó una
exposición en Southampton que recorrerá otros países y que muestra una
recopilación de documentos oficiales, material fílmico, canciones,
dibujos, etcétera. Relatos de niños y niñas que han pasado de generación
en generación, documentos que preservan la memoria de aquel tiempo,
memoria recopilada con el apoyo de las instituciones, de las comunidades
autónomas, y estoy segura también que del propio Gobierno de España, con
la intención de dejar un recuerdo imborrable para el futuro.

Por eso el Grupo Parlamentario Socialista considera que,
como servidores públicos que somos, queremos y debemos extender este
reconocimiento a todos estos niños de la guerra de diferentes provincias,
estos niños ahora octogenarios, estos niños que se llamaban olvidados, y
extender la labor que han realizado tantas asociaciones para preservar la
memoria de la sinrazón. Y es que creo firmemente que debemos coger el
testigo para difundir la historia, una historia sin sesgos, porque es
importante mantener viva la llama de la memoria sin perder de vista el
pasado a través del retrovisor, pero a su vez mirando siempre al
futuro.

Señorías, espero que nuestra enmienda sea aceptada y que
sigamos caminando por la senda de la memoria. Hoy nos toca con los niños
del 37, pero estoy segura de que algún día el libro de nuestra memoria se
podrá leer de forma completa.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vicente.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente. Intervendré desde el escaño.

Tras escuchar la magnífica intervención de la senadora
Vicente, nuestra enmienda se queda un poco escasa. En primer lugar
nosotros proponemos, en la letra a), después de «… evacuación
forzada al Reino Unido» añadir «y otros países…», y en segundo
lugar, en la letra b) de la moción después de «… del Reino Unido»
añadir «y ciudadanos de otros países…». ¿Y ello por qué? Pues
porque no solo hubo niños vascos, hubo más niños, no solo de Euskadi,
también de Asturias y Cataluña, que también fueron aventados por la
guerra. Por ello consideramos que la moción es procedente, pero quizá con
este añadido.

Así pues, hacemos nuestras las palabras de la senadora
Vicente y esperamos que acepten esta enmienda de adición.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.

A continuación tiene la palabra el senador Unamunzaga para
indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor UNAMUNZAGA OSORIO: Sí, señor presidente, muchas
gracias.

En primer lugar, agradecemos tanto al Grupo Vasco como al
Grupo Socialista el haber presentado esas enmiendas. Como bien he
señalado, nuestro texto era el de una moción de mínimos, una moción que
pretendía aunar voluntades; precisamente por eso no hay ningún problema
y, evidentemente, aceptamos ambas enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Unamunzaga.

Pasamos al turno de portavoces.

Vuelve usted a tener la palabra, senador Unamunzaga.
(Denegación.)

Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Este año 2012 está marcado por lo que ocurrió hace 75 años,
en 1937, como ha dicho el senador Unamunzaga, y es que 75 años son muchos
años, pero es también una fecha redonda que permite recordar lo que se ha
impedido recordar en los últimos 75 años. Seguramente se dirá que ya está
bien de remover el pasado, y la acusación sería procedente si este pasado
se conociera y de tal conocimiento se hubiera reconocido lo que supuso
aquella inmensa tragedia: vidas destrozadas, familias desechas, robos,
bombardeos… En definitiva, miles y miles de víctimas de un
terrorismo cruel y sanguinario que marcó y sigue marcando a varias
generaciones.

Hace poco preguntábamos en esta Cámara qué iba a hacer el
Gobierno para recordar el 75 aniversario del bombardeo de Guernica, y se
recordó, sí, pero solo en Gernika y afortunadamente con el recuerdo de la
petición de perdón de un presidente alemán que nada tuvo que ver con
aquel bombardeo, pero se sintió concernido ya que su Estado, el alemán,
el del Reich, con un loco al frente, fue el responsable de aquella prueba
aérea, de una aviación estudiando cómo se podía bombardear una población
abierta desde el aire y encima echar la culpa a las propias víctimas, que
tuvieron que aguantar en silencio aquella infamia. Pero curiosamente tuvo
esos días más importancia el centenario del hundimiento del Titanic que
algo que incluso se ha convertido en una denuncia mundial contra las
guerras, como es el cuadro Guernica, de Pablo Picasso, y cuya copia
preside el acceso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva
York —por algo será.

Nos encontramos, pues, ahora ante una moción que recuerda
el éxodo de aquellos niños cuyos padres, preocupados, asustados y
espantados ante lo que podía venir a su familia, prefirieron mandarlos al
exterior, separarse, quizá definitivamente de ellos, antes de que
corrieran la misma suerte que los niños de Guernica —pónganse
ustedes en su lugar—. Y se podrá decir que no solo en Euskadi
pasaron estas barbaridades, es verdad, pero ocurrieron, y ojalá como gota
de agua se recordaran aquí hechos ciertos de toda aquella inmensa
tragedia, por la sencilla razón de que en décadas no se ha podido hablar
de ello y existe una historia distorsionada, silenciada, manipulada y
machacada. Y si la democracia es un régimen de opinión pública, la
opinión pública debe saber que esto ocurrió y que jamás ha de volverse a
repetir. Como decía Raimon, si no rompemos el silencio moriremos todos en
silencio.

A esta loable iniciativa, que nuestro grupo apoyará, hay
que añadirle que no solo estos 4 000 niños, como se ha reconocido
—repito la cifra por su enormidad, 4 000 niños—, fueron a
Inglaterra, sino que también fueron a México, a Rusia, a Bélgica, a
Suiza, a Francia, y también hubo niños de otros lugares que tuvieron que
marcharse de mala manera. Permítanme que cuente la historia de mi propia
familia: dos hermanas de mi padre y una de mi madre a Bélgica; la madre y
el padre de mi mujer y un tío de ella. En una misma familia tenemos seis
niños que durante toda su vida nos han ido contando de manera obsesiva lo
que vivieron y lo que supuso para ellos en aquel campo cerca de Londres
oír por la megafonía cómo había caído Bilbao el 19 de junio de 1937, hará
ahora 75 años, en manos de aquellos militares que se habían sublevado
contra la república. Sus padres veían con horror cómo el consejero de
Sanidad, republicano, Alfredo Espinosa, capturado en la playa de Zarauz
tras simular su piloto una avería en el avión, fue fusilado junto al
poeta Lauaxeta —por llamarlo así, el García Lorca vasco— y al
presidente de Unió Democràtica de Catalunya, don Manuel Carrasco i
Formiguera por el inmenso delito que aquellos se inventaron: auxilio a la
rebelión. Y permítame también un apunte histórico que a ustedes quizás
les suene: que el empresario sir Ramón de la Sota, que prestó sus barcos
para la evacuación de aquellos 4 000 niños, murió en agosto de 1936 y sin
embargo fue juzgado post mórtem, incautados todos sus bienes y multado
con cien millones de aquellas pesetas y robada toda su flota. Y a los
famosos barcos Mendi se les cambió el nombre traduciéndolos —los
Artagan, Gorbea, Artxanda, etcétera— por Monte, persiguiendo
también al euskera hasta las tumbas.

La sociedad inglesa ha recordado esta efeméride en
Southampton hace quince días, con presencia de diplomáticos de la
embajada española. Los niños de la guerra que fueron a Rusia han sido
reconocidos estos años. Setenta y cinco años después quedan ya muy pocos
vivos.

Vuelvo a repetir que aquella no fue la única tragedia.
Sabemos que en toda España hubo muerte y terror por ambas pares, pero
esto no es óbice para que estos hitos se recuerden, porque quien no
conoce la historia —y no se conoce, a pesar de lo que se diga, no
se conoce la historia, porque nos la han hurtado— está condenado a
repetirla. Esto no es revolver en el cubo de la basura de la historia,
esto es simplemente hacer un mínimo de justicia con aquella generación
que ha muerto rodeada de silencio.

Y, por eso, animamos a que no solo desde el nacionalismo
vasco, sino desde todas las sensibilidades se recuerden estos fragmentos
de historia, para que la llama de aquel holocausto no se apague por el
día a día, la falta de perspectiva y la obsesión por la prima de riesgo.
La vida es algo más que la crisis del G8 y la retahíla de que hemos
vivido por encima de nuestras posibilidades. En esta moción,
afortunadamente, no se pide venganza, sino una escalera para ir subiendo
peldaño a peldaño el relato de una tragedia que jamás se ha de volver a
repetir y que aquellas víctimas del terrorismo tengan su debido
reconocimiento.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gràcies, senyor president.

Simplement per dir que el nostre grup donarà suport a
aquesta moció i per tant votarem afirmativament al contingut de la
mateixa.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo va apoyar esta moción y vamos a votar
afirmativamente el contenido de la misma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Bon dia, moltes gràcies,
president.

Senyories, simplement anunciar també el nostre vot a favor
de la moció i afegir-nos al reconeixement, no només cap als afectats del
cas basc sinó també a tots els ciutadans de l’Estat que es van
veure afectats, d’una manera o d’una altra, per aquests
brutals fets.

Moltes gràcies.

Buenos días, muchas gracias, presidente.

Señorías, voy a anunciar también nuestro voto a favor de la
moción y añadirnos al reconocimiento, no solo hacia a los afectados del
caso vasco, sino también a todos los ciudadanos del Estado que se vieron
afectados de una forma u otra por estos hechos brutales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Vicente.

La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, decía Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz y
superviviente del holocausto nazi, que ser indiferente al sufrimiento de
los demás es lo que hace al ser humano ser inhumano. La indiferencia,
después de todo, es más peligrosa que el odio.

Este debate de hoy trata sobre los niños inocentes de una
guerra civil, los niños del 37 —niños a los que desgraciadamente la
democracia ha tardado mucho en reconocer—, que lloraban a sus
madres cuando les subieron en un barco y que ni siquiera las familias
sabían muy bien el destino que les deparaba, o cuando volvería, aunque
siempre con la esperanza de volverlos a encontrar. El relato de esos
niños de hace 75 años nos debe servir para mirar al pasado, para comenzar
a leer las páginas de nuestra historia y seguir y continuar leyendo las,
hasta ahora, más recientes, descartando visiones parciales y sesgadas o
falsas. Demasiados tristes relatos tiene nuestra historia —en la
guerra civil, en la dictadura, en la transición, e, incluso, en la
democracia—, relatos que han pasado de generación en generación y
que por el bien de generaciones venideras es necesario preservar su
memoria, cuidar todas las piezas del puzle de la historia. Qué lejos
quedan ya las bombas, el exilio, los rostros desencajados por el dolor y
el sufrimiento, ese reguero de crueldad que deja la intolerancia y el
totalitarismo cuando hacen causa común contra la humanidad.

La destrucción y el bombardeo de Gernika inspiró a Pablo
Picasso a plasmar en un cuadro el dibujo de una paloma y el horror que
supuso para la población civil, una paloma que fue el símbolo de la paz,
antes, pero que es también el símbolo de la paz en nuestros días. Borrar
parte de nuestra memoria sería no solo un insulto al arte, desde luego,
sino también un insulto a la inteligencia.

Es verdad que estamos viviendo un momento histórico en
Euskadi y en España para asentar la convivencia en nuestro país. Estamos
viviendo un tiempo de memoria necesario para la convivencia y para
construir el futuro. Y es que, señorías, permítanme decirles que no
podemos plantearnos hoy, en pleno siglo XXI, asentar la convivencia de
este país sin tener presente la memoria de lo ocurrido en la guerra
civil, en la posguerra, en la transición hasta llegar a nuestros días.
Por eso, considero que es importante el debate de hoy, comenzando hoy
este libro recordando a tantos niños de la guerra, a tantos niños
exiliados a los que la democracia tardó en reconocer; agradeciendo a
aquellos países y a las familias que los acogieran su solidaridad con
quienes tuvieron que decir adiós a los suyos. Esto es lo que hoy nos
toca: el reconocimiento moral desde esta institución, el Senado, a todos
aquellos que sufrieron el exilio de la guerra civil.

Recuerdos, cartas y fotografías que nos permiten guardar
como un tesoro, como un buen legado nuestra historia para nuestros hijos.
Pero hay que leer con detenimiento todas las páginas de nuestra historia
una a una, hasta las más recientes, para buscar caminos sobre los que
construir un futuro compartido y en libertad.

Señorías, no creo que el debate de hoy sea motivo de
discrepancia. No lo creo. Hoy es más importante el reconocimiento y la
solidaridad y sin odios. Nadie puede ser indiferente ante el dolor, el
exilio o la sinrazón. El relato de estos niños se sumará seguramente a
las experiencias de más niños que también han sufrido en la posguerra, en
la dictadura o, incluso, en la democracia. Pero no es tiempo de fisuras,
no es tiempo de diferencias, sino tiempo de construir, siempre desde la
memoria, tal y como estamos haciendo hoy.

El senador Unamunzaga ha aceptado la propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista, que extiende el reconocimiento —como no
puede ser de otra manera— al exilio de los niños de otras
provincias y no solo de los vascos, así como el agradecimiento a otros
países —Francia, Bélgica, Rusia, Iberoamérica—, o a las
instituciones —comunidades autónomas y Gobierno central— que
han colaborado para preservar y difundir los archivos de la memoria de
los niños exiliados. Asimismo, hacemos extensible el reconocimiento a la
labor de tantas y tantas asociaciones que han trabajado por preservar
este legado.

Por ello, anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista
votará favorablemente esta moción. Se trata de un ejercicio de
dignificación y memoria de la sociedad democrática para con los niños que
fueron desplazados en su infancia al extranjero como consecuencia de la
guerra civil española. Considero que no es una cuestión baladí. No es el
momento de abrir heridas, no es el momento de crear discrepancias; creo
que es el momento de construir, y allí siempre encontrarán al Partido
Socialista. Es el momento de pasar las páginas de nuestra historia, eso
sí, como he dicho antes, leyendo cada una de ellas. Es importante que
todos lo hagamos.

Por ello, y sin perder el retrovisor de la memoria
compartida de todo lo ocurrido, pero siempre mirando al futuro, votaremos
a favor de esta moción, como reconocimiento a esta triste y dolorosa
parte de la historia. Como he dicho antes —aunque me parece
importante volverlo a resaltar—, habrá un día en que futuras
generaciones podrán leer la historia de este país de manera completa, sin
sesgos. Eso será el triunfo de la democracia, el triunfo de todos. Hasta
ese día, tendremos que hacer muchos más reconocimientos y recuerdos como
el que está teniendo lugar hoy en el Senado.

Termino mi intervención como he empezado, con las palabras
del premio Nobel de la Paz que decía: ser indiferentes al sufrimiento es
ser inhumanos.

Señorías, no podemos ser indiferentes a la memoria, y mucho
menos en esta democracia en que vivimos. Por esta razón votaremos a favor
de la moción, pues hoy no es día de discrepancias; en todo caso, es día
de recuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vicente.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Rabanera.

El señor RABANERA RIVACOBA: Gracias, señor presidente.

Señor Unamunzaga, señor Anasagasti, señora Vicente, en
primer lugar, tengo que agradecerles el tono y las formas en estos temas,
que muchas veces no sabemos cómo empiezan y acaban bastante mal.

Mi intención es hacer una defensa de lo que es el fondo de
la moción, por supuesto, pero diciendo quienes son los autores de dicha
moción, que es muy importante destacar. Y ya que recordamos los 75 años
—y está bien recordarlo— del bombardeo de Guernica, del
horror que ocurrió en Durango, del horror en diversas poblaciones vascas,
también hay que recordar que hace 75 años —precisamente en el día
de ayer— hubo también un horror en Pamplona, en donde por un
bombardeo indiscriminado fallecieron varios ciudadanos, entre ellos
diversos niños. Y eso viene a indicar que la guerra es terrible y, como
muy bien decía el señor Anasagasti, en un lado y en el otro se producen
acontecimientos deplorables que tenemos que condenar.

Por eso mi intervención viene en la línea de decirles a
ustedes que, aunque no vamos a apoyar esta moción, sí creo en el fondo de
ella. No me gusta el que la trae, sí me gusta su contenido.

Y les puedo asegurar que no soy sospechoso de ser parcial.
Y les voy a decir por qué no soy sospechoso de ser parcial. Al cabo de 30
años de Gobiernos diferentes en la Diputación Foral de Álava, en donde
había Gobiernos, sobre todo del Partido Nacionalista Vasco y también del
Partido Socialista —me acuerdo ahora de mi homenaje a Fernando
Buesa—, fue este diputado general el que honró y homenajeó al que
en su momento fue diputado general en la época de la República y que fue
fusilado de una forma injusta. Y fue este diputado general el que lo
hizo. Por eso no voy a aguantar ningún tipo de insinuaciones que crean en
mi parcialidad. Yo reconozco el dolor, sea del lado que sea; y en lo que
sí quiero insistir es que lo que tenemos que intentar entre todos es que
ese dolor no se vuelva a producir.

Sí me gustaría señalar que este tipo de actos de
reconocimiento del dolor causado a lo largo de la historia nos debe
servir a todos como recordatorio para que actos semejantes no vuelvan a
suceder, buscando entre todos la convivencia en la diversidad, como en
esta Cámara. Pero lo que no podemos consentir es que de pronto haya una
especie de memoria histórica selectiva. Y lo que tenemos también que
evitar es que por estas iniciativas —que, vuelvo a insistir,
agradezco el tono del señor Unamunzaga— resurjan viejos fantasmas y
nos lleven a buscar culpables y venganzas. Eso nada nos beneficia a
nadie.

Este tipo de iniciativas nos debe servir para alejar las
confrontaciones, los desagravios y que nos recuerden a diario que hechos
semejantes no podemos permitir que se repitan. Esa es nuestra gran
responsabilidad. Y hoy más que nunca, en el que el monstruo del terror en
el País Vasco parece disipado, en un momento en el que vivimos un soplo
de esperanza e ilusión sin lacras terroristas que nos persigan, ahora más
que nunca debemos comprometernos a que tales hechos no puedan volver a
nublar nuestro país con hilos de sangre y de desgracia para los
ciudadanos.

Y, en este caso que nos ocupa, que son los llamados niños
vascos, los más desprotegidos, lo más preciado que tiene un país hay que
decir que, por desgracia, hay más niños vascos desprotegidos o ha habido
más huérfanos. Y no hay que utilizar una memoria selectiva, como hacen
algunos; existe también una historia más reciente en la que el terrorismo
de ETA ha dejado una larga lista de viudas y huérfanos cuyas vidas
quedaron marcadas, como les he señalando anteriormente. Y, en su
actividad criminal, la banda terrorista ETA —como bien saben
ustedes, y también el grupo proponente y el señor Unamunzaga— ha
dejado centenares de huérfanos y, hasta en ocho ocasiones, la banda
asesinó a matrimonios dejando a sus hijos huérfanos de padre y madre; y
estamos esperando a que la agrupación Amaiur haga una condena tajante y
taxativa de esos acontecimientos. (Aplausos.)

Y yo sé, señor Unamunzaga, y no tengo la menor duda, que
usted sí lo ha hecho y su partido político, que es EA, también lo ha
hecho. Por eso, le pido en estos momentos que tenga un grado de
convencimiento para que los compañeros de su agrupación también lo hagan,
como lo han hecho ustedes.

Por tanto, creo que ha habido otras tragedias como las de
los niños vascos, causadas esta vez por la banda terrorista ETA, y creo
que es necesario recordarlo, pues en muchas ocasiones algunos se acuerdan
más de hechos pasados, ignorando los más actuales y utilizando una
memoria selectiva, porque más de 23 niños fueron asesinados por ETA.

Por todo ello, me uno al sufrimiento de aquellos llamados
niños vascos, que abandonaron nuestro país en unas circunstancias
víctimas de la guerra, el horror y la sinrazón, pero también me uno, y
quiero que ustedes se unan, ustedes, al sufrimiento de otros tantos niños
que han visto cómo su inocencia, una de las características más bellas de
la infancia, ha sido extinguida por actos de terrorismo
indiscriminado.

Ante lo expuesto y sobre todo por motivos de solidaridad,
quisiera hacer también partícipe en mi sentimiento de reconocimiento,
como se hace en esta moción y como han hecho ya los diversos

portavoces, a todas aquellas personas que de una manera
solidaria y sin buscar ningún rédito personal ni económico han ayudado,
ayudan y ayudarán a los niños y niñas que por diversos motivos ven cómo
sus circunstancias en la vida son complicadas y difíciles, con la
inseguridad que ello conlleva para uno de los colectivos más vulnerables
de la sociedad, y ahí están presentes los ejemplos que se mencionan en la
exposición de motivos de su moción.

Considero que el llamado caso de los niños vascos es otro
de esos momentos sobre los que debemos echar la vista, pero no hacia
atrás para buscar culpabilidad, sino hacia adelante teniendo en cuenta
que tales hechos nunca más se deben repetir. En ello está —vuelvo a
insistir— nuestra gran responsabilidad como políticos que somos. Y
si estos niños recibieron las atenciones necesarias en tierras inglesas,
galesas y escocesas gracias a la solidaridad de personas altruistas que
lo único que deseaban era dar cobijo y cariño a unos menores que, por el
horror de la guerra, lo necesitaban y demandaban, para ellos nuestro más
sentido agradecimiento, para las personas que incluso de algunas
desconocemos nombre y apellidos pero que supieron sobreponer la
solidaridad y la ayuda al más desvalido antes que requerir cualquier tipo
de reconocimiento —y eso ha sido así—; para aquellas personas
e instituciones que hace 75 años acogieron a 3840 niños, que no buscaban
ser nombrados o reconocidos, no buscaban una placa —aunque ya la
tienen en diversos lugares— o una mención, porque solo perseguían
el bienestar de esos menores en un momento de extrema dureza en España.
Por eso, este reconocimiento es de justicia y nos sumamos a este
homenaje.

Me gustaría terminar con una reflexión que, no por haber
sido ya reiterada en esta exposición, voy a dejar de insistir en ella. El
reconocimiento al dolor causado a los niños, sí, pero a todos los niños;
homenaje a todos aquellos que hicieron posible una atención humanitaria,
sí; y también que la memoria —la más próxima, como antes he
dicho— nos valga para defender con más ahínco la convivencia, la
defensa de la democracia y los principios democráticos, frente a la
intransigencia, la violencia, el enfrentamiento y el odio, pero también
exigimos por parte del grupo proponente una condena ante lo que ha pasado
en estos últimos años.

Señor Unamunzaga, yo le pido que sus compañeros de Amaiur
hagan una condena taxativa y contundente de lo que ha sido la historia
del País Vasco en estos años, no solo la de hace 75 años, y se lo digo
con toda sinceridad. Le puedo asegurar que en mi intención no hay ningún
intento de perjudicarle; al contrario, estimo lo que ha hecho EA en
diversas ocasiones en el País Vasco. Como le he dicho antes, estamos de
acuerdo con el fondo de la moción que ustedes han presentado, pero la
vemos participar de un dolor selectivo y una parte solo de nuestra
historia.

Por todo ello, no podremos votar a favor de esta
moción.

En todo caso, les aseguro que cuando ustedes traigan a esta
Cámara ―y son ustedes quienes la tienen que traer― una
iniciativa que en su contenido atienda al dolor de todas las víctimas de
las guerras, del terrorismo, así como su condena contará ―no le
quepa la menor duda― con nuestro voto favorable, y esta es la mejor
reflexión que puedo hacer porque creo que a todos nos vendrá muy
bien.

Por todo lo expresado, anuncio la abstención de mi grupo
parlamentario repitiendo que no cuestionamos el contenido de la moción,
pero sí a sus autores, que carecen de toda credibilidad para defender,
como en este caso, temas relacionados con los derechos humanos.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rabanera.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar la moción del Grupo Parlamentario
Mixto, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario Vasco, que han sido aceptadas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 238; a favor, 86; abstenciones, 152.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

7. TRIBUNAL DE CUENTAS

7.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

7.1.1. DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA
COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS.

(Núm. exp. 770/000001)

AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día:
Tribunal de Cuentas. Dictámenes sobre la Cuenta General del Estado.
Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al
ejercicio 2009, así como la Resolución adoptada por la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas ha remitido a esta Cámara el dictamen en relación con la Cuenta
General del Estado correspondiente al ejercicio del año 2009, que incluye
una resolución aprobada por dicha comisión.

Senador Parro, ¿desea hacer uso del turno a favor?
(Denegación.)

Muchas gracias.

¿Algún grupo va a utilizar el turno en contra?
(Denegación.)

Muchas gracias.

Pasamos, entonces, al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Pausa.)

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Señor presidente, intervengo
brevemente para indicar nuestro apoyo al dictamen relativo a la
Declaración de la Cuenta General del año 2009 y la incorporación de las
resoluciones aprobadas en la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas. Aunque hemos discutido algunas de estas resoluciones
e igualmente alguna no se ha incorporado —hubiésemos preferido que
sí se hubiese incluido—, en todo caso es el acuerdo democrático
adoptado por dicha comisión mixta y, por lo tanto, vamos a dar nuestro
apoyo, hasta el punto de que por nuestra parte tampoco habría ningún
inconveniente en que se aprobara por asentimiento.

En segundo lugar, quería contextualizar la cuenta general.
Estamos hablando de la Cuenta General de Estado del año 2009, una cuenta
general que viene después de unos años —2005, 2006 y 2007—
con resultados positivos y superávit en las cuentas del Estado. En el año
2008 ya no hubo superávit, y especialmente en 2009 se produjo un aumento
importante del déficit de las arcas del Estado debido básicamente a dos
razones: en primer lugar, a una caída importantísima de los ingresos y,
en segundo lugar, a una desviación de los gastos especialmente en
atención al desempleo y en políticas sociales. Por consiguiente, creo que
debemos ser muy conscientes de que estamos hablando de la Cuenta General
del Estado de hace tres años —no de la del año pasado, sino de la
de hace tres años—, y es importante contextualizar este punto.

Quiero finalizar con dos cuestiones muy simples: la
primera, la importancia de que las cuentas generales del Estado se viesen
antes de transcurridos tres años. Esto no es culpa del Tribunal de
Cuentas, es culpa de la normativa de la que nos hemos dotado tanto en el
Congreso como en el Senado. De ahí la necesidad de modificarla para que
la Cuenta General del Estado se pueda ver en las Cámaras antes de
transcurridos tres años.

Finalmente, quiero aprovechar la ocasión para decir que hoy
mismo en la prensa salía la noticia de que el Tribunal Constitucional
amenaza con medidas drásticas si no es renovado. El Tribunal de Cuentas
se encuentra en la misma situación desde noviembre del año 2010. En
consecuencia, quiero poner encima de la mesa la necesidad y la urgencia
de renovar la parte del Pleno del Tribunal de Cuentas que está en
funciones desde el año 2010.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, nuestro grupo quisiera, en primer lugar,
agradecer un año más el trabajo y esfuerzo del Tribunal de Cuentas en la
confección de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2009.

Igualmente, nuestro grupo presentó cuatro propuestas de
resolución a este dictamen, una de ellas fue rechazada y voy a comentar
las otras tres que fueron apoyadas por lo que forman parte de esta
declaración que hoy aprobaremos y, además, nosotros lo hacemos de una
manera convencida. En la primera de las tres, referida al punto VI,
apartado 2, se instaba al Gobierno a que todos los organismos del sector
público administrativo, las empresas del sector público empresarial y
entidades del sector público fundacional rindieran sus cuentas al
Tribunal de Cuentas en el plazo establecido. Esta resolución les parecerá
una obviedad. Decirles que hagan lo que deben hacer puede parecer una
obviedad, pero no son de recibo los datos que se reflejan en este
dictamen del Tribunal de Cuentas. Las cifras indican que no entregaron
las cuentas a tiempo el 24,1 % de las entidades del sector público
administrativo; no lo hicieron el 51 % de entidades del sector público
empresarial; y, a día de hoy, 23 de mayo de 2012, hay nueve fundaciones
estatales que todavía no han rendido sus cuentas al Tribunal de Cuentas,
repito, las cuentas del 2009. Hoy, 23 de mayo de 2012, nueve fundaciones
públicas no han entregado sus cuentas al Tribunal de Cuentas.

Entendemos que esto no es serio y que todos debemos
cumplir, pero el Estado especialmente. Además, con este cumplimiento ha
de dar ejemplo porque luego resulta que se exige a comunidades autónomas
y a corporaciones locales que cumplan cuando ellos no cumplen. Entendemos
y deseamos que en ejercicios futuros esta resolución, que hemos planteado
y que ha sido aprobada, finalmente se ejecute y que todo el mundo cumpla
lo que debe cumplir.

En el apartado 17 del punto VI se instaba al Gobierno a
adoptar medidas para que la Cuenta General del Estado y las cuentas que
la conforman se ajustaran a la legislación aplicable y reflejaran
adecuadamente la actividad económico-financiera del sector público y,
además, que fuera la que se llevara a cabo en el ejercicio, plasmando sus
resultados y la situación patrimonial al cierre del mismo, y subsanando
las deficiencias que se incluyeran en las conclusiones de la Declaración
del Tribunal de Cuentas. Estamos en más de lo mismo. Estamos pidiendo que
se haga lo que se debe hacer y que no se hace.

El punto 3, aprobado, es el punto VI, apartado 18, en el
que se insta al Gobierno a constatar el grave incumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria de la Cuenta General del Estado en el
ejercicio 2009, ya que presentó un déficit de 90 179 millones de euros.
Repito, 90 179 millones de euros de déficit, es decir, el 8,56 % del PIB,
con una desviación negativa del 9,38 % del PIB respecto del objetivo
fijado. Estas desviaciones requieren de un mayor esfuerzo, por supuesto,
en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria a la
Administración General del Estado.

Queremos que este apartado sirva para constatar varios
aspectos que están de plena moda, si no en este momento, sí en los
últimos dos meses. En primer lugar, el grave incumplimiento del objetivo
de estabilidad por parte de la Administración General del Estado, que
—repito— fue de 90 179 millones de euros, el 8,56 %. Segundo
tema, el problema del déficit público en su origen y su presente no es
responsabilidad exclusiva ni de las comunidades autónomas ni de las
corporaciones locales, y vamos a dar un dato que nos parece muy
significativo: El déficit total del 2009, de todas las administraciones,
fue del 11,1 %. El déficit de la Administración central del Estado fue
del 9,38 %, es decir, supuso el 85 % del déficit total. El déficit de las
comunidades autónomas fue del 2 %, es decir, que las comunidades
autónomas que hace cuatro días, en este país y en toda Europa, se decía
que eran las grandes culpables del déficit de este país, en el año 2009
señala el Tribunal de Cuentas que el déficit de las comunidades autónomas
es del 18 %. Y repito que en la Administración central del Estado es del
85 %.

En los últimos días esto se ha parado, pero nos hemos
pasado semanas y meses oyendo que los grandes culpables del problema de
déficit en este país eran las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
El Tribunal de Cuentas señala en este dictamen que el déficit de los
ayuntamientos en el año 2009 fue del 0,5 % del PIB, y supuso el 4,5 %.
Entendemos que esto debe modificar y cambiar radicalmente el discurso que
se ha utilizado, entiendo que erróneamente, dando la sensación de que el

problema fundamental de este país son las comunidades
autónomas. Si tenemos problemas con las comunidades autónomas los
tenemos, pero el déficit lo genera la Administración General del Estado;
quien debe adelgazarse es también la Administración central del Estado
porque, repito —lo dice el Tribunal de Cuentas, no lo dice
Convergència i Unió ni lo dice el Vilajoana—, el 85 % del déficit
del 2009 fue imputable a la Administración central del Estado.

Segunda cuestión que constatamos: incumplimiento del límite
máximo de gasto no financiero para el 2009. Para este ejercicio, el
objetivo de déficit no se cumple no solo por un incumplimiento de los
objetivos de ingresos y una disminución de la recaudación impositiva,
sino por un incumplimiento, por parte de la Administración General del
Estado en el gasto del 2009, ya que se sobrepasa en 21 356 millones de
euros el presupuesto general del Estado. ¿Cuál era la otra teoría? Se
decía que el problema del déficit se debía a que habían caído los
ingresos. Pero el problema es que han caído los ingresos y, además, hemos
incrementado los gastos presupuestados en 21 356 millones. Y esto lo
queremos constatar, lo constata este dictamen, y entendemos que es
positivo que en esta Cámara hoy quede clara esta situación.

Finalmente, quiero hacer una mención a la propuesta de
resolución presentada por nuestro grupo en el seno de la comisión mixta,
y no aprobada, en la cual se instaba al Gobierno a proceder a la
corrección de las incidencias indicadas en el análisis del activo del
balance, entre las cuales debe efectuar la correcta contabilización de
los préstamos existentes entre el Estado y la Seguridad Social, y dar
efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional
trigésima octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, la cual
faculta al Gobierno para realizar el desarrollo normativo que culmine con
la entrega por la Seguridad Social a la Administración General del Estado
de los inmuebles afectos a fines de asistencia sanitaria y servicios
sociales, transferidos a las comunidades autónomas, en pago por los
préstamos que le fueron concedidos por el Estado. Es decir, ¿qué pedimos?
Respecto a este préstamo que hizo, digamos, el Estado a la Seguridad
Social, que se lo ha devuelto entregándole una serie de instalaciones
sanitarias que están en comunidades autónomas, ¿qué pedimos en esta
resolución? Que realmente esto se transfiera a los Gobiernos autonómicos,
que puedan gestionar estas instalaciones transferidas al Estado.

Dicho todo esto, vamos a apoyar este dictamen, y esperamos
que en el próximo dictamen en relación con la Cuenta General del Estado
correspondiente al 2010 estos temas que hemos planteado y que hemos
denunciado en nuestras resoluciones se vean claramente subsanados.

Nada más, señor presidente, señorías. Muy buenos días.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vilajoana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Marra.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Sometemos hoy a consideración de
este Pleno la Declaración sobre la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2009, así como el dictamen de la Comisión
Mixta sobre la Declaración del Tribunal de Cuentas, documento de gran
trascendencia y de enorme complejidad.

Quiero empezar agradeciendo, en mi nombre y en el de mi
grupo, al Tribunal de Cuentas el cumplimiento de sus funciones de
fiscalización y de informes, el rigor aplicado y el nivel de
transparencia aportado en el informe relativo a las Cuentas Generales del
Estado del año 2009, de las tres cuentas que lo integran, la Cuenta
General del Sector Público Administrativo, la Cuenta General del Sector
Público Empresarial y la Cuenta General del Sector Público
Fundacional.

Señorías, la Cuenta General del Estado debe ajustarse a la
legislación aplicable y debe reflejar adecuadamente la actividad
económico y financiera del sector público estatal, llevada a cabo en el
ejercicio, así como su situación patrimonial. En este sentido,
constatamos que existe un avance notable a lo largo del tiempo que
permite hablar, en mi opinión, de mejoras sustanciales en la
representatividad y en la transparencia de la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2009.

Sin duda, y tal como ha expuesto el presidente del Tribunal
de Cuentas, las innovaciones tecnológicas, en particular, la rendición
telemática de las cuentas que integran los sectores públicos empresarial
y fundacional, su aplicación a las comunidades autónomas y corporaciones
locales, a organismos autónomos, permitió rendir más rápidamente y mejor,
adelantar plazos con resultados más precisos y exhaustivos de las cuentas
públicas.

En este sentido, convendrán conmigo en que la Cuenta
General del Estado de 2009 se ha beneficiado de estos avances, ha
perfeccionado su representatividad y ha mejorado su contenido y alcance,
así como su fiabilidad como expresión de la actividad económica
financiera del sector público.

Centrándonos en el contenido de la Cuenta General,
permítanme hacer algunas reflexiones. Quiero empezar contextualizando
económicamente el ejercicio que examinamos, el ejercicio 2009, que
contrasta con ejercicios anteriores, de 2005, 2006, 2007 en los que las
cuentas generales presentaron resultados positivos, con déficits
presupuestarios, y quiero señalar que en 2007 el superávit alcanzó el 1,9
%, con la consiguiente reducción de la deuda pública que esto supuso, que
se redujo en un 36 %, representando uno de los porcentajes más bajos de
la Unión Europea.

Por el contrario, la crisis financiera internacional que se
inició en Estados Unidos en el verano de 2007 y se trasladó en 2008 a los
países europeos, ha tenido un importante reflejo en el sector real de sus
economías durante el año 2009. España registró en ese año una importante
contracción de su economía, alcanzando una tasa de crecimiento negativa,
–3,6 %, y una tasa de paro del 18 %. Y quiero destacar también que
en los restantes países de la zona euro la recesión se concentró, con una
tasa negativa de crecimiento del –4,0 %.

Estamos, por tanto, ante una situación de crisis que se
inicia en el año 2008. Crisis no prevista ni por economistas ni por
expertos ni, por supuesto, tampoco por las fuerzas políticas, porque si
nos remitimos a programas electorales que cada uno de ellos planteó,
—y esto lo conoce muy bien el partido que hoy gobierna—, no
había consideración alguna a la crisis que venía, sino más bien a una
situación bien diferente. Una crisis económica que, como señalé
anteriormente, tiene unas consecuencias claras en el ejercicio que nos
ocupa, como es lógico, en 2009.

No puede extrañar, en consecuencia, que la Cuenta General
del Estado de 2009, cuyo informe se nos presenta, resulte con déficit y
con desviaciones. Como indica la Declaración, la mayor desviación en las
dotaciones proviene de la actividad en el desempleo, aplicación para el
estímulo a la economía y al empleo, a la atención al desempleo, y a los
servicios sociales, que es precisamente donde se producen las
desviaciones fundamentales.

El desempleo —y cito textualmente al señor presidente
del Tribunal de Cuentas en su intervención en la Comisión Mixta— ha
sido una de las causas o de los frutos más negativos de la crisis, y
tiene que afectar necesariamente a las cuentas, porque la dotación para
el pago de las cantidades por desempleo ha sufrido un considerable
aumento. Respecto a la ejecución del presupuesto de ingresos, la menor
recaudación en IRPF, del impuesto sobre sociedades, del IVA lastró los
ingresos, registrándose, en consecuencia, un resultado presupuestario
negativo.

En la Declaración se incluye por primera vez un epígrafe
diferenciado relativo al análisis del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, si bien su contenido ya se presentaba en la
Declaración de 2008.

En el ámbito del compromiso con la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, el resultado del ejercicio 2009 en términos de
contabilidad nacional presenta un déficit, dificultando lógicamente el
cumplimiento del objetivo que había sido previsto.

Cabe señalar en este sentido que la acusada caída de la
actividad que sufrió la economía española en 2009, el aumento del
desempleo, un 18 %, justificaron la adopción de medidas de estímulo en la
economía española que estuvieron en la línea de las recomendadas en
organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, los
acuerdos del G-20, o el contenido del Plan Europeo de Recuperación
Económica aprobado por la Unión Europea.

En definitiva, la Declaración de la Cuenta General del
Estado de 2009 y el dictamen de la Comisión Mixta nos ofrecen una
síntesis clara de la situación de las cifras de la economía pública, del
rigor y de la claridad aplicada en el examen por el Tribunal de Cuentas,
del compromiso y de la responsabilidad del Gobierno, no solo de la
responsabilidad contable, que está fuera de toda duda tras los informes
de los servicios jurídicos del Estado y del Ministerio Fiscal, sino de la
responsabilidad de los gobernantes de adoptar medidas correctoras,
precisas que garanticen derechos fundamentales como el derecho al
trabajo, a la educación, a la sanidad ante circunstancias extraordinarias
y cambiantes que caracterizan las crisis económicas.

Quiero concluir, señorías, diciendo que es voluntad del
Grupo Parlamentario Socialista seguir avanzando en la mejora de la
rendición de las cuentas del Estado, siempre desde la cooperación y desde
el acuerdo entre todas las fuerzas políticas, tal y como hemos sabido
hacer a lo largo de estos años y que ha redundado, sin duda, en la mejora
continua del trabajo de la Intervención General del Estado, del

Tribunal de Cuentas de España y de la propia Comisión
Mixta. Estoy convencida de que la sociedad española nos agradecerá el
gran consenso y acuerdo alcanzado hasta el momento sobre las mejoras en
representatividad, transparencia y rigor de las cuentas públicas
generales del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Marra.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Parro.

El señor PARRO DEL PRADO: Gracias, señor presidente.

Señorías, tomo la palabra para fijar el posicionamiento del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado con respecto a la Cuenta General
del Estado, integrada por la Cuenta General del Sector Público
Administrativo, la Cuenta General del Sector Público Empresarial y la
Cuenta General del Sector Público Fundacional.

Al informe del Tribunal de Cuentas se le han añadido,
después de amplios debates en la Comisión Mixta Congreso-Senado, las
propuestas de resolución aprobadas el día 8 de mayo último, que
produjeron un documento final con la inclusión de cinco acuerdos básicos,
dieciocho instancias al Gobierno y seis instancias al propio Tribunal de
Cuentas.

Quiero hacer notar a sus señorías que estamos aprobando la
Cuenta de 2009, y estamos en 2012, tres años después; tres años después
para fijar posicionamientos que pudieran evitar errores y planteamientos
equivocados de aquellos que gobernaban pero que hoy ya no gobiernan y,
por tanto, es imposible que rectifiquen. Quiero manifestar, además, que
no toda la culpa es del informe del Tribunal de Cuentas, como se ha
querido dejar caer por aquí. Hace más de un año que el Tribunal de
Cuentas emitió su informe; también la burocracia parlamentaria debería
rectificar sobre este asunto.

Quiero manifestar el posicionamiento afirmativo de mi grupo
con respecto a la Cuenta General del Estado, y lo hago con respecto al
informe contable que significan las cuentas, a la rigurosidad del informe
que nos ha presentado el propio Tribunal, y también a las veintinueve
propuestas de resolución, la gran mayoría presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, y, las que no, transaccionadas o aceptadas por
nosotros. Pero la Cuenta, además de eso, expresa la verdadera gestión de
los responsables públicos. Los españoles pensábamos que el anterior
Gobierno socialista iba a llevar a cabo una buena gestión con el dinero
que les entregamos, sin embargo, han hecho con esta Cuenta el año más
desastrosamente contable que se pueda conocer.

Señorías, este es el informe más duro que un gobernante se
puede encontrar, demostrando la ineficacia, la desidia para la
rectificación y la falta de control presupuestario. En definitiva, este
informe expresa con claridad meridiana una de las causas principales de
la situación española, una de las causas principales de las grandes
dificultades que estamos viviendo. La gestión pública del año 2009 es la
más horrible que nunca se haya dado y, desde luego, que nunca se debe
volver a dar. Es el año contable por el que durante muchos años tendremos
que estar pagando; es el año contable que señala el VHR.

Para centrarles, les voy a leer textualmente una de las
propuestas de resolución que hemos aprobado. Dice así: Constatar el grave
incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la Cuenta
General del Estado en el ejercicio 2009, ya que presentó un déficit de 90
179 millones de euros, lo que representa el 8,56 % del producto interior
bruto, con una desviación negativa del 9,38 % del PIB respecto al
objetivo fijado. Todo el mundo recordará que el presupuesto del 2009 se
aprobó con una fijación de superávit del 0,82 % y que terminó con un
–8,56 % de déficit.

Pero escuchen algunas cifras que vienen a poner de
manifiesto con total claridad el VHR; escuchen algunas desviaciones,
algunos termómetros que dejan muy a las claras el modelo de gestión. La
partida de desempleo sufrió un desvío, una variación del 66 % de lo
presupuestado. Los gastos financieros se vieron superados con una
desviación de un 1 000 %. En el capítulo de ingresos directos e
indirectos, de derechos reconocidos, hubo un desfase de 50 000 millones
de euros. Y sin embargo, el Gobierno socialista, que tenía la
responsabilidad en ese momento de darse cuenta cada día, no reconocía la
crisis, decía que no había crisis. Pero es más, manejando estos datos se
empeñaron en un plan de gastos, el famoso Plan E. Manejaban todo esto y
seguían diciendo que en España no había crisis. (Rumores.)

Otro dato que debió hacerles rectificar. Entre los
capítulos I y II de ingresos de los ejercicios 2007 a 2009 la diferencia
es de 51 245 millones de euros. Solamente con ese dato ya hubieran debido
reconocerlo y deberían haber rectificado durante esos ejercicios. Esta es
la dura realidad que los ciudadanos deberían conocer. Todo el mundo debe
entender que la consecuencia de la destrucción de empleo conlleva la
falta de recaudación en el impuesto sobre sociedades, la falta de
recaudación,

lógicamente en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, en el IVA o en impuestos indirectos. En consecuencia, con esta
caída de ingresos se destaca un solo dato en positivo aunque es realmente
muy negativo: el crecimiento de los pasivos financieros. Por si no lo
sabían ustedes, el crecimiento de pasivos financieros de ese año fue de
150 000 millones de euros. (Fuertes rumores.) La mala presupuestación del
ejercicio de 2009 y la no rectificación se cuantifica en otra enorme
cifra de 608 000 millones al final del año 2009 del total de gastos
adquiridos con cargo a ejercicios futuros, o sea, deuda: que lo paguen
los que vienen después. Repito, 608 000 millones de euros. Señorías, la
cifra es elocuente y viene a destacar cómo puede verse afectada la
actuación de futuros gobiernos ante esta acumulación de compromisos
asumidos. Este es el verdadero VHR.

Pues bien, al final el resultado presupuestario, deducido
de las cuentas rendidas, es negativo en 88 000 millones. Eso es lo que
presentó la Cuenta para la rendición al tribunal, pero el tribunal le
rectifica y dice que no son 88 000 millones sino 2 418 millones de euros
más; en total 90 418 millones, que es la cifra demoledora del resultado
final de ese año.

Señorías, para ir acabando les diré que la declaración del
tribunal nos ofrece una radiografía muy elocuente de cuál es la situación
de las cifras en la economía pública y la gestión del año 2009. Su
deterioro está presentado y hoy aprobamos ese informe.

Termino mi intervención hablándoles de lo que es el VHR. El
VHR es lo que nunca han sabido diagnosticar los socialistas. El VHR es
por lo que todavía no han pedido perdón nunca. El VHR es el virus por el
que el Gobierno actual tiene que hacer tantas reformas y tantas medidas
no agradables. Señorías, el VHR es el virus de la herencia recibida.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Parro.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos el dictamen de la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, incluyendo la resolución que
adoptó dicha comisión.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 231; a favor 231.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el dictamen
con la resolución adoptada por la comisión mixta.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y cuarenta minutos.