El señor presidente da lectura a los puntos 3. y 3.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Molt bon dia, senyories.

Portem aquesta moció conseqüència d’interpel·lació tal com
vam apuntar en la nostra interpel·lació al ministre Alfonso Alonso. Vam
fer un repàs del que motivava aquesta moció. Aquesta moció ve motivada
perquè les comunitats autònomes —en aquest Catalunya— tenen
competències exclusives en matèria de serveis socials i tant pel que
dicta la mateixa Constitució espanyola en el seu article 148.1.20 com
l’Estatut d’autonomia en l’article 166 i també en
el 110 —on desenvolupa els efectes de tenir les competències
exclusives i ens dóna per tant la potestat legislativa, també la
reglamentària i la funció executiva respecte d’aquestes
competències— els hi dóna a la Generalitat de Catalunya i també les
tretze sentències que hi ha hagut tant del Tribunal Constitucional com
del Tribunal Suprem en el sentit que els diners recaptats en la
declaració de l’IRPF, el 0,7 % per finalitats socials, i també
mediambientals, han de ser destinats a les comunitats autònomes, han de
ser territorialitzats per ser repartits a les entitats en cadascun dels
territoris.

Vam recordar que si bé és cert que l’Estat pot participar i
pot decidir participar econòmicament en algun afer, en aquest cas en
serveis socials, amb les comunitats autònomes pot fer-ho únicament en
sectors o subsectors però sempre entenent que aquest ajut ha d’anar
a les arques de les comunitats autònomes per ser distribuït en virtut
d’aquestes competències exclusives que té. Vam parlar
d’aquest 0,7 %, que va començar sent un 0,53 % al 1988 i de com es
recapta a Catalunya, és una de les comunitats on més es recapta. Això no
és perquè sí ni perquè siguem millors ni pitjors que ningú. És cert que
des del Govern de la Generalitat també es fa pedagogia en aquest sentit
de la solidaritat i de l’aportació de la gent per a aquest sector
social. Sense més dilació nosaltres vam demanar, demanem, portem molts
anys demanant que es territorialitzin aquests serveis. El que no
acceptarem, nosaltres no volem deixar al marge cap entitat, i molt menys
—i ho negarem rotundament i categòricament— no volem
prescindir de les entitats d’àmbit nacional.

El ministre, quan em responia a la nostra interpel·lació, ens va
dir coses tan gruixudes com que, i cito literalment, ustedes lo han
intentado poner difícil y han intentado segar la hierba debajo de las
entidades del tercer sector de acción social en España; han pretendido
quitarles el oxigeno y han tenido éxito en los tribunales. Això no és
cert. Lluny d’això, nosaltres el que volem és no treure oxigen a
cap entitat social. Ni a les d’àmbit nacional ni a les
d’àmbit local, que estan fent bona feina en barris, en pobles, en
l’àmbit dels territoris, en l’àmbit rural. Per tant,
nosaltres no som els que volem excloure. Els que volen excloure són el
Govern central mitjançant anuncis com els que van fer, mitjançant donar
subvencions de forma discrecional, menystenir alguns tipus
d’entitats, i mitjançant l’últim anunci que vam tenir, que va
ser aquest esborrany de com s’havien de repartir i on es crivellava
les entitats, d’alguna manera el que venien a dir era que o us
federeu a nivell estatal o no teniu dret a subvenció. Nosaltres no volem
això. Nosaltres volem que totes les entitats, totes les persones
voluntàries que estan ajudant de manera altruista altres persones, ho
estan passant malament, tinguin l’oportunitat de ser premiats, de
ser ajudats en la seva tasca, per la seva tasca i pels resultats
d’aquesta tasca.

Per tant, l’única intenció d’aquesta moció és aquesta,
i els demanem el seu suport a la resta dels grups.

Moltes gràcies.

Buenos días, señorías.

Esta es una moción consecuencia de la interpelación que
presentamos al ministro Alfonso Alonso. En dicha interpelación hicimos un
repaso de los motivos que nos llevaron a presentarla, entre otros, que
las comunidades autónomas —en este caso, Cataluña— tienen
competencias exclusivas en materia de servicios sociales. Así lo dictan
tanto la propia Constitución Española en su artículo 148.1.20.ª y los
artículos 166 y 110 del Estatuto de autonomía —que desarrollan las
consecuencias de tener competencia exclusiva en esta materia y otorgan a
Cataluña la potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva con respecto
a las mismas—, como también lo hacen las trece sentencias, tanto
del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, al declarar que el
dinero recaudado con la declaración del IRPF, el 0,7 % para fines
sociales y medioambientales, tiene que destinarse a las comunidades
autónomas y repartirse entre las entidades de cada uno de estos
territorios.

Señorías, debemos recordar que, si bien es cierto que el Estado
puede participar económicamente en materia de servicios sociales con las
comunidades autónomas, ha de hacerlo solo en sectores o subsectores,
entendiendo siempre que esta ayuda debe destinarse a las arcas de las
comunidades autónomas en virtud de sus competencias exclusivas.
Este 0,7 % al que me refiero empezó siendo un 0,53 % en 1988 y es
Cataluña una de las comunidades donde más se recauda. Esto no ocurre por
azar o porque seamos mejores o peores que nadie, aunque también es cierto
que el Gobierno de la Generalitat hace pedagogía de la solidaridad y de
la necesaria aportación de las personas a este sector social. Nosotros
llevamos muchos años pidiendo que, sin más dilación, se territorialicen
estos servicios, aunque no queremos prescindir —y lo digo
rotundamente— de las entidades de ámbito nacional.

Cuando el ministro respondió a nuestra interpelación nos dijo
cosas tan gruesas como que estábamos intentando ponerlo difícil y segar
la hierba debajo de las entidades del tercer sector de acción social en
España; que hemos pretendido quitarles el oxígeno y hemos tenido éxito en
los tribunales. Esto no es cierto. Nosotros no queremos quitar el oxígeno
a ninguna entidad social, ni a las de ámbito nacional ni a las de ámbito
local que están haciendo un buen trabajo en barrios, en pueblos, en los
territorios de ámbito rural. Nosotros no queremos excluir a nadie, el que
quiere excluir es el Gobierno central a través de anuncios como los que
va haciendo, mediante la concesión de subvenciones de forma discrecional,
despreciando a algunas entidades y mediante el último anuncio, que es
este borrador en el que se indica cómo se deberían repartir, en donde se
cribaba a las entidades y de algún modo se indicaba que o se federaban a
nivel estatal o no tendrían derecho a las subvenciones. Nosotros no
queremos esto. Queremos que todas las entidades, todas las personas
voluntarias que están ayudando de forma altruista a otras personas que lo
están pasando mal tengan la oportunidad de ser premiadas, de ser ayudadas
por su labor y por el resultado de esta labor.

Por lo tanto, la única intención de la moción es esta, y para ella
pedimos el apoyo al resto de los grupos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la senadora Carcedo.

La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a defender una enmienda con la que pretendemos situar en el
plano de la política un asunto en el que las formas competenciales tienen
mucho que ver con el fondo y con la función que están desempeñando las
organizaciones del tercer sector.

De los tres puntos que contiene la enmienda no hemos enmendado el
primero porque se refiere al cumplimiento escrupuloso de las sentencias
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Nosotros estamos de
acuerdo con que se cumpla y con el papel del Poder Judicial en la
interpretación de posibles conflictos entre administraciones y
particulares, y ese punto no lo vamos a enmendar. Permítanme que les dé
la bienvenida en este y en otros asuntos, así como en la legitimidad de
los órganos judiciales del Estado en dirimir estos asuntos.

En lo que no podemos estar de acuerdo es en los puntos 2 y 3
porque son los que afectan a eso que decía de que la forma de realizar
una política influye en el fondo o en la finalidad de esa política. Por
ello hemos presentado una enmienda que agrupa los dos puntos en uno solo
y que, como decía al inicio de mi intervención, pretende recuperar la
política para un asunto que es trascendental en un Estado multinivel como
el nuestro. No queremos que el fruto de la negociación y del acuerdo en
la persecución del interés general de unas organizaciones y de unas
instituciones que están jugando un papel muy importante en nuestro país y
que están perfectamente estructuradas pueda suponer un cambio, como el
que se pretende, y un riesgo para la estabilidad y, sobre todo, para la
eficacia y efectividad de los programas que están gestionando y que
pretenden llevar a cabo.

Tampoco podemos estar de acuerdo con la publicación anual de los
datos de recaudación y de asignación —algo que no se hace en
ninguna otra política— precisamente en el asunto más delicado, como
es la función social de estas organizaciones, y no nos parece adecuado
que uno pueda aducir lo que aporta o no aporta. Todos aportaremos igual
al conjunto de los presupuestos, el 0,7 %, que se destinará al interés
general, en este caso de acción social. Esto a nosotros nos parece
también una cuestión que al menos mi grupo no puede apoyar. Estos son los
contenidos; en el debate de fijación de posición explicaremos el
fondo.

En cuanto a la defensa de la enmienda, efectivamente nosotros no
tenemos ningún empacho —al contrario— en apoyar la función de
los órganos judiciales, del Poder Judicial en nuestro país y de sus
resoluciones, pero en los puntos 2 y 3 creemos que esto se debe dirimir
en el terreno de la política compleja de un Estado federal o similar al
federal como el nuestro, que nosotros pretendemos que sea federal de
facto, pero que es un Estado multinivel en el que la negociación, el
acuerdo y sobre todo la voluntad de cooperación entre las instituciones
es obligado. Por tanto, a nivel de las conferencias sectoriales, a nivel
de la negociación política, hay órganos institucionales que perfectamente
responden a esta estructura de nuestro Estado multinivel. Por tanto,
pongámonos a funcionar, pongámonos a trabajar pero, sobre todo, pongamos
encima de la mesa voluntad política de resolver un asunto crucial para
nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Carcedo.

Tiene la palabra la senadora Rivero para indicar si acepta o no la
enmienda.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies president.

No podem acceptar-li l’esmena, no perquè no estiguem
d’acord amb la bona voluntat que vostè ha manifestat. Diu que
accepten el punt número 1 perquè estan d’acord amb les sentències
judicials i no accepten el número 2, que s’han de territorialitzar
—maleïda paraula— les recaptacions del 0,7 % de l’IRPF,
no ho dic jo, ho diuen el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional.
Per tant, en aquest punt respecte absolut al que es diu. En quant a
política, evidentment que s’ha de recuperar el terreny de la
política. Nosaltres sempre hem estat disposats a negociar. De fet des del
Departament amb el Ministeri sempre s’ha assegut a parlar de quines
entitats podien tenir, en funció de la seva feina, aquest ajuts. Sempre,
fins que s’ha acabat la voluntat de diàleg, o vostè em dirà que és
voluntat de diàleg posar en l’esmena número 61, en el tràmit
d’una llei en aquesta Cambra, els ajusts a les entitats? Quin
diàleg és aquest? Això és agafar l’escletxa i tirar pel dret. Per
tant en sap molt de greu, jo penso que la nostra moció és molt clara, li
agraeixo la seva voluntat, però no li puc acceptar l’esmena.

Gràcies.

Gracias, presidente.

No podemos aceptar esta enmienda, no porque no estemos de acuerdo
con la buena voluntad que usted ha manifestado. Dice que aceptan el punto
número 1 porque están de acuerdo con las sentencias judiciales y no
aceptan el número 2. Que se han de territorializar —maldita
palabra— las recaudaciones del 0,7 % del IRPF, no lo digo yo,
señora senadora, lo dicen el Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional. Por tanto, en este punto, respeto absoluto a lo que se
dice. En cuanto a la política, evidentemente que se ha de recuperar el
terreno de la política. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a
negociar, de hecho el departamento siempre se ha sentado a hablar con el
ministerio sobre qué entidades podían, en función de su trabajo, tener
estas ayudas, siempre, hasta que se ha terminado la voluntad de diálogo.
Quizás me dirá usted que poner en la enmienda número 61, en el trámite de
una ley en esta Cámara, las ayudas a las entidades indica voluntad de
diálogo; ¿pero qué diálogo es este? Esto es coger la grieta y tirar por
el derecho. Creo que nuestra moción es muy clara. Agradezco su voluntad,
pero no puedo aceptar esta enmienda. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Popular va a votar en contra de esta moción
consecuencia de interpelación. En primer lugar, porque el Gobierno cumple
y acata todas las sentencias y decisiones judiciales. Por lo tanto,
entendemos que el punto primero resulta del todo innecesario.
Precisamente acatando y cumpliendo esa sentencia saben que se adaptó la
normativa en el año 2013 y se diseñó un nuevo marco normativo,
estableciendo tres ejes prioritarios y modificando, como digo, la
situación, de forma que la gestión centralizada de las ayudas se
estableciera en virtud de unos títulos competenciales específicos. Pero,
señoría, senadora Rivero, tengo que decirle que las sentencias, tanto del
Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, han anulado decretos o
convocatorias porque no consideran suficientes los títulos
competenciales, por eso; es decir, las sentencias dicen que el título
competencial no es suficiente, pero en ningún caso impiden, ni mucho
menos, que el Estado pueda financiar acciones de fomento en esta materia.
Y ustedes saben muy bien lo que está ocurriendo: que con esas decisiones
unilaterales de la Generalidad de Cataluña, con ese buscar
permanentemente el conflicto de competencias, están generando
incertidumbre y preocupación en muchas entidades que hoy están a la
espera de la resolución de esa convocatoria de 2015. Y lo que están
haciendo el Gobierno y el Partido Popular es precisamente buscar una
fórmula alternativa para dar solución a esa tremenda incertidumbre y a
esa tremenda inseguridad que están generando en organizaciones como Cruz
Roja Española, como Cáritas Española y como tantas y tantas entidades,
que son las auténticas vertebradoras de la solidaridad de este país.

Por lo tanto, nosotros cumplimos las sentencias, además, buscamos
soluciones y, además, lo estamos haciendo de la mano precisamente de las
organizaciones de ese tercer sector para que se puedan incluir las
subvenciones que nos permitan seguir apoyando a todas las entidades
—a todas— de ámbito estatal y también de ámbito local que
están trabajando por la solidaridad de este país. Mientras tanto, ustedes
siguen a lo suyo; ustedes siguen a las competencias; ustedes, el Gobierno
catalán —que, por cierto, es el único de todas las comunidades
autónomas que está tratando de marcar límites y de poner barreras en un
tema de tanta necesidad y de tanta prioridad, como es el tema
social— es el que está interrumpiendo y entorpeciendo esas
convocatorias.

Y no les he oído tampoco hoy, señoría, hablar de personas. Ustedes
hablan de conflictos, ustedes hablan de competencias, ustedes hablan de
dividir, ustedes hablan de poner límites y de fracturar y de separar,
pero no han hablado de personas, y el debate de hoy es de personas; hay
millones de personas que cuando marcan la x solidaria en el impuesto
sobre la renta de las personas físicas están buscando ayudar a los más
vulnerables allí donde estén; no en su pueblo, no en su provincia, allí
donde estén, donde tengan más necesidades. Y estamos hablando también de
miles de personas que hoy ya están necesitando esa ayuda, que depende en
gran medida de esa solidaridad que muchos otros han decidido dar marcando
esa x.

¿De verdad pueden mirar a los ojos de esas personas y explicarles
que entidades como Cruz Roja, como Cáritas, como la Plataforma del
Voluntariado, porque son de ámbito estatal tienen que ver restringido el
acceso a esas ayudas y que esas ayudas se tienen que gestionar de otra
forma? ¿De verdad creen, señorías de Convergència, que quien marca la x
con esa generosidad, con esa solidaridad, ha decidido que esas ayudas
vayan exclusivamente a su provincia o a su pueblo? ¿De verdad creen que
la prioridad es la territorialización? Las subvenciones son una
herramienta de solidaridad social, no de control de poder, señorías; y la
solidaridad es grande, no es pequeña; la solidaridad tiene mucho que ver
con la grandeza de miras y no con poner límites, ni con el rupturismo, ni
con el separatismo, ni con una visión cicatera de las cosas; la
solidaridad nace de las personas y va dirigida a las personas. Y hoy
ustedes se han olvidado precisamente de hablar de las personas. Por eso
también estamos en contra y vamos a votar en contra de esta moción. Su
debate ha sido ignorar a las personas, a esas entidades del tercer sector
que se han pronunciado de forma reiterada y han manifestado su acuerdo
con cómo se están gestionando las cosas, con que se mantenga ese modelo
de reparto en la asignación del IRPF. La senadora portavoz del Grupo
Socialista hablaba de colaboración y diálogo. Qué mejor diálogo, para
hacer que la solidaridad llegue cuanto antes, que el que mantengamos con
quienes están trabajando a diario con los que más lo necesitan y que hoy
están preocupados por las incertidumbres y los retrasos que está
provocando la judicialización de este tema.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, presidente.

Por tanto, reiteramos nuestro compromiso con la solidaridad una
vez más, buscando soluciones de la mano de ese tercer sector. Por eso,
precisamente para ayudar a ese tercer sector y para ayudar a los que más
lo necesitan, votaremos en contra de esta moción.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente. Buenos días;
bon dia.

Señora Angulo, decir que con esta moción se pretende no ser
solidario y no hablar de las personas es no entender la moción ni saber
de qué se está hablando.

En definitiva, el que té a veure i el que vol dir aquesta i per
tant nosaltres des d’Esquerra Republicana de Catalunya donarem
suport a la moció, té a veure amb les necessitats de la ciutadania i que
per tant els recursos allà on es generen i per tant la decisió de les
persones que posen la creueta i que volen destinar a assumptes socials
una part del seu IRPF, el 0,7 %, té a veure amb això, amb les necessitats
allà on es generen i donar resposta a les necessitats de les persones. És
això del que s’està parlant. I que parli de ser insolidaris perquè
pretenem donar resposta a les necessitats de la nostra gent és no
entendre què es Catalunya ni els catalans ni les catalanes. De lliçons de
solidaritat als catalans i les catalanes, ben poques.

Fa disset anys que des de Catalunya estem demanant la
territorialització dels recursos que provenen del 0,7 % de l’IRPF
per ser destinats a finalitats socials. Sistemàticament vostès, que tot
el dia es posen la llei a la boca, tot el dia estan blasmant i parlant
del compliment del compliment rigorós de les sentències del
Constitucional i del Tribunal Suprem, són vostès, que tot el dia
assenyalen amb el dit els altres, són vostès els que no compleixen les
sentències del Tribunal Constitucional ni les sentències del Tribunal
Suprem.

El president del Govern espanyol, el senyor Rajoy, l’11
d’abril d’aquest any deia que no era raonable
territorialitzar el 0,7 % atès que considerava que el sistema serveix
raonablement l’interès general, i que assigna de manera sensata i
eficaç els recursos que els contribuents destinen a finalitats socials.
Però és que aquest mateix mes de febrer d’aquest mateix any,
d’aquest any en curs, també després de no estimar una moció
presentada al Congrés dels Diputats per Esquerra Republicana sobre
aquesta qüestió, el ministre Montoro va dir que el Govern assumiria i
respectaria les sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal
Suprem.

Doncs mirin, del febrer d’aquest any, des de fa disset anys
que reclamem la territorialització de l’IRPF, mirin on som, en una
moció en aquest cas conseqüència d’interpel·lació de Convergència
en què estem reclamant exactament el mateix que fa disset anys estem
reclamant, que és una qüestió de justícia, de repartiment equitatiu i
just en funció de la població, d’on s’originen els ingressos,
d’on es recapta aquest IRPF i destinar-ho a les necessitats
d’un territori. Qui està mentint aquí? Escoltin, vostès. Qui ens
està prenent el pèl? Vostès. A Catalunya arriben 29,7 milions
d’euros per a programes socials i ambientals, quan haurien
d’arribar 22 milions més, que obliguen les entitats socials a
articular-se a nivell estatal.

Vostès el que fan, ahir em sembla que era la portaveu de
pressupostos del Partit Popular, deia: Expliquen ustedes cómo se
recentraliza y cómo se centraliza. Doncs amb decisions com aquestes! No
complint el que diuen les sentències del Tribunal Constitucional,
governant i burlant les sentències del Tribunal Constitucional i del
Tribunal Suprem a través de reials decrets que intenten evitar el
compliment de la llei i el compliment de les sentències del
Constitucional i del Tribunal Suprem. No únicament això. La sacrosanta
Constitució, l’article 148.1 apartat 20 de la Constitució, recull
que les competències exclusives en matèria de serveis socials corresponen
a les comunitats autònomes. L’Estatut de Catalunya, l’Estatut
de Catalunya vigent, en el seu article 166 diu que correspon a la
Generalitat en exclusiva les competències en serveis socials. El Govern
de la Generalitat va enviar al Govern de l’Estat espanyol un
memorial de greuges amb 23 greuges en què es deien, entre altres coses,
la necessitat també de territorialitzar el 0,7 %. Què ha obtingut el
president de la Generalitat, el Govern de la Generalitat davant
d’aquesta petició? Silenci absolut; vostès continuen donant la
callada per resposta. Després es pregunten per què els catalans i les
catalanes som en el punt en què som. És evident: estem cansats
d’estar cansats; estem farts d’estar farts, i hem decidit que
a partir d’ara ens volem governar nosaltres amb llibertat perquè
tenim la competència, la capacitat, i perquè volem donar respostes a les
necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes, perquè en tenim el dret
i perquè a més a més en tenim del deure, de poder conferir una vida
millor als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Per això, per aquests motius, nosaltres votarem favorablement
aquesta moció.

Gràcies.

Lo que esta moción pretende, y que Esquerra Republicana de
Catalunya va a apoyar, tiene que ver con las necesidades de la ciudadanía
y los recursos donde se generan, con la decisión de las personas que
marcan la cruz y que quieren destinar a asuntos sociales una parte de su
IRPF, el 0,7 %; por tanto, pretende dar respuesta a las necesidades de
las personas. Esto es de lo que estamos hablando. Por ello, decir que
somos insolidarios porque pretendemos dar respuesta a las necesidades de
nuestra gente es no entender qué es Cataluña ni los catalanes ni las
catalanas. Lecciones de solidaridad a los catalanes y catalanas,
pocas.

Desde hace diecisiete años estamos pidiendo en Cataluña la
territorialización de los recursos provenientes del 0,7 % del IRPF para
destinarlos a fines sociales. Sistemáticamente, ustedes, que todo el día
están hablando de la ley, del cumplimiento riguroso de las sentencias del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que siempre están
señalando con el dedo a los demás, son los que no cumplen con las
sentencias del Tribunal Constitucional ni con las sentencias del Tribunal
Supremo.

El presidente del Gobierno español, el señor Rajoy, el 11 de abril
de este año dijo que no era razonable territorializar el 0,7 % porque
consideraba que el sistema sirve razonablemente al interés general y
asigna de manera sensata y eficaz los recursos que los contribuyentes
destinan a fines sociales. Pero el mes de febrero de este mismo año,
después de no estimar una moción presentada en el Congreso de los
Diputados por Esquerra Republicana sobre esta cuestión, el ministro
Montoro dijo que el Gobierno asumiría y respetaría las sentencias del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Pues bien, desde hace
diecisiete años reclamamos la territorialización del IRPF y miren dónde
estamos.

En esta moción consecuencia de interpelación presentada por
Convergència estamos reclamando exactamente lo mismo que hace diecisiete
años, que es una cuestión de justicia, de reparto equitativo y justo en
función de la población donde se originan los ingresos, donde se recauda
este IRPF para destinarlo a las necesidades de un territorio. ¿Quién está
mintiendo aquí? Ustedes. ¿Quién nos está tomando el pelo? Ustedes. A
Cataluña llegan 29,6 millones de euros para programas sociales y
ambientales, cuando deberían llegar 22 millones más, que obligan a las
entidades sociales a articularse a nivel estatal.

Ayer, la portavoz de Presupuestos del Grupo Popular dijo:
expliquen ustedes cómo se recentraliza y cómo se centraliza. Pues,
señorías, con decisiones como estas, burlando las sentencias del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Supremo a través de reales decretos que
intentan evitar el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de dichas
sentencias. No solo eso, su sacrosanta Constitución, en su
artículo 148.1.20.ª, establece que las competencias exclusivas en materia
de servicios sociales corresponden a las comunidades autónomas, y el
vigente Estatuto de Cataluña en su artículo 166 establece que
corresponden a la Generalitat en exclusiva las competencias en servicios
sociales. El Gobierno de la Generalitat envió al Gobierno del Estado
español un memorial con 23 agravios en los que se hablaba, entre otras
cosas, de la necesidad de territorializar el 0,7 %. ¿Qué ha obtenido el
Gobierno de la Generalitat ante esta petición? Silencio absoluto. Ustedes
continúan dando la callada por respuesta, después se preguntan por qué
los catalanes y catalanas estamos en el punto en que estamos. Es
evidente, porque estamos cansados de estar cansados, hartos de estar
hartos, y hemos decidido que a partir de ahora queremos gobernarnos
nosotros mismos con libertad, porque tenemos la competencia, la capacidad
y porque queremos dar respuestas a las necesidades de nuestros ciudadanos
y ciudadanas, porque tenemos el derecho a ello y porque tenemos el deber
de poder conferir una vida mejor a los ciudadanos y ciudadanas de
Cataluña.

Por estos motivos, nosotros votaremos favorablemente esta
moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño y brevemente para señalar el voto
favorable de mi grupo parlamentario a la moción presentada por el Grupo
de Convergència, y no puede ser de otra manera porque lo que viene a
pedir esta moción es, primero, el cumplimiento de una ley y, segundo, el
cumplimiento de esa ley tal y como ha sido interpretada posteriormente
por sentencias tanto del Tribunal Supremo, como del Tribunal
Constitucional. De todos modos, no puedo dejar de señalar la paradoja que
supone que el Partido Popular a día de hoy haya anunciado el voto en
contra de una moción que no pide más que eso, el cumplimiento de la ley y
de las sentencias del Tribunal Constitucional. Curiosamente, el jueves
vamos a tramitar aquí un proyecto de ley en el que vienen ustedes a pedir
lo mismo. Está claro que la aplicación de las sentencias y de las leyes
solamente es de obligado cumplimiento para los señores del Partido
Popular cuando así conviene a sus intereses partidistas y no por la
primacía de la ley, que es lo que dota de carácter de Estado democrático
a nuestro Estado de derecho.

Por lo tanto, vamos a votar a favor de la moción de Convergència y
del mismo modo denunciamos el doble rasero y la falsedad del Partido
Popular cuando se trata del cumplimiento de leyes y de sentencias.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra la senadora
Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: President, bon dia.

Senyories, el primer punt de la moció que ens proposa Convergència
i Unió és irrefutable. És evident que tothom estarà d’acord en que
s’han de complir les sentències. En aquest cas estem parlant
d’una sentència del Tribunal Suprem i del Constitucional, i això,
en un país normal, no seria el tema de debat d’una moció, es
compliríem, i punt.

En quan al punt número 2 de la moció, no el compartim. Demana que
es territorialitzin els recursos recaptats a cada comunitat, provinents
del 0,7 % de l’IRPF. I en aquest punt voldria destacar dos motius
per els que no hi estem d’acord: en primer lloc, el que es proposa
en aquest punt és totalment oposat al principi de solidaritat, i per tant
nosaltres no estem disposat a renunciar-hi. En segon lloc, perquè el que
proposa aquest punt atenta contra la literalitat del nostre Estatut de
Catalunya i també contra les sentències del Tribunal Suprem i
Constitucional. De fet, m’agradaria llegir el que, a traves del
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, quan es va debatre la moció
en el Parlament, en el text constava el següent: la doctrina ya invocada
por la Generalitat en el segundo motivo que analiza el orden
constitucional de distribución de competencias en materia de asistencia
social y actividad subvencional respecto a la exclusividad de la misma en
cuanto a la fijación de las bases para la distribución y el control de
ayudas.

Això és el que demanava i el que diu la sentència que atorga a la
Generalitat. El que diu la sentencia és que li correspon a Catalunya la
distribució i el control dels ajuts provinents del 0,7 % de l’IRPF
i no pas l’






Estat. Amb això res a dir. Però en cap cas diu que
l’import recaptat per l’Estat dels contribuents catalans hagi
de ser el que és destinin aquestes subvencions. Podem parlar, i així ho
vam proposar al Parlament de Catalunya, d’iniciar un diàleg entre
totes les comunitats autònomes i el Governa de l’Estat per revisar
i actualitzar els criteris de repartiment de recursos provinents
d’aquest 0,7 %.

En això sí que ens hi trobaran disposats, però dialogant, acordant
i pactant. Volem posar de relleu que hi ha entitats receptores
d’aquestes subvencions d’àmbit estatal que destinen part del
què reben a les seus establertes a Catalunya, tot i no ser entitats
catalanes. I per altre banda, volem constatar que aquest model de
finançament ha permès que les entitats socials catalanes hagin rebut uns
diners que abans no rebien. I aquest recursos han estat superiors quan
els governs de Catalunya i l’Estat han estat d’esquerres. Es
pot i cal millorar, però sense renunciar a la solidaritat
territorial.

Pel que fa al punt número 3 de la moció, estem totalment
d’acord en que s’ha de fer un exercici de transparència. No
obstant ens remetem el que he dit abans: que s’ha d’acordar i
s’ha de pactar com fer la distribució i la transparència
d’aquestes distribucions. Per tant, entenem que cal ser rigorosos
quan es fa una interpretació de les sentències, i tot i que estem
d’acord en que s’han de complir, no estem d’acord amb
el punt número 2 de la moció.

Presidente, buenos días.

Señorías, el primer punto de la moción que nos propone
Convergència i d’Unió es irrefutable. Es evidente que todos estamos
de acuerdo en que se han de cumplir las sentencias. En este caso, estamos
hablando de una sentencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, y
esto en un país normal no sería un tema de debate en una moción, se
cumplirían y punto.

Por lo que se refiere al punto número 2 de la moción, no lo
compartimos. Pide que se territorialicen los recursos recaudados en cada
comunidad provenientes del 0,7 % del IRPF. En este punto quería destacar
dos motivos por los que no estamos de acuerdo: en primer lugar, porque lo
que se propone es totalmente opuesto al principio de solidaridad y, por
tanto, nosotros no estamos dispuestos a renunciar a ello. En segundo
lugar, porque atenta contra la literalidad de nuestro Estatuto de
Cataluña y también contra las sentencias del Tribunal Supremo y del
Tribunal Constitucional. De hecho, me gustaría leer lo que consta en el
Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, cuando se debatió la moción
en el Parlamento, que dice lo siguiente: La doctrina ya invocada por la
Generalitat en el segundo motivo que analiza el orden constitucional de
distribución de competencias en materia de asistencia social y actividad
subvencional respecto a la exclusividad de la misma en cuanto a la
fijación de las bases para la distribución y el control de ayudas.

Esto es lo que pedía y lo que dice la sentencia que otorga la
Generalitat. Lo que dice la sentencia es que le corresponde a Cataluña la
distribución y control de las ayudas provenientes del 0,7 % del IRPF y no
al Estado. Sobre esto no tenemos nada que decir, pero en ningún caso dice
que el importe recaudado por el Estado de los contribuyentes catalanes
tenga que destinarse a estas subvenciones. Podemos hablar, y así lo
propuso mi grupo en el Parlamento de Cataluña, de iniciar un diálogo
entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno del Estado para
revisar y actualizar los criterios de reparto de recursos provenientes de
este 0,7 %.

A esto sí que nos encontrará dispuestos, pero dialogando,
acordando y pactando. Por un lado, queremos poner de manifiesto que hay
entidades receptoras de estas subvenciones de ámbito estatal que destinan
una parte de lo que reciben a las sedes establecidas en Cataluña, aunque
no sean entidades catalanas y, por otro lado, queremos constatar que este
modelo de financiación ha permitido que las entidades sociales catalanas
hayan recibido un dinero que antes no recibían y que estos recursos han
sido superiores cuando los gobiernos de Cataluña y del Estado han sido de
izquierdas. Se puede y hay que mejorarlo, pero sin renunciar a la
solidaridad territorial.

Por lo que respecta al punto número 3 de la moción, estamos
totalmente de acuerdo en que se ha de hacer un ejercicio de
transparencia. No obstante, nos remitimos a lo que he dicho
anteriormente, y es que se ha de acordar y se ha de pactar cómo hacer la
asignación y la trasparencia de estas distribuciones. Por tanto,
entendemos que hay que ser rigurosos en la interpretación de las
sentencias, y aunque estamos de acuerdo en que deben cumplirse, no
estamos de acuerdo con el punto número 2 de la moción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies president.

Senyora Angulo, vostès tenen un problema: d’entrada, no
escolten. Vostè m’ha dit que no he vingut a parlar de persones, jo
he parlat de persones, he parlat de persones avui, he parlat de persones
quan parlàvem de la interpel·lació. Qui no va parlar de persones va ser
el ministre, però jo vaig parlar de persones, i avui també. Poder no
tenia ben posat el pinganillo i no m’ha entès, però jo he parlat de
persones avui. No faig altre cosa que parlar de persones, perquè les
entitats socials que atenen a Catalunya, atenen a persones. O quan vostè
les volen excloure pot mirar la cara d’aquestes persones i dir-les
que per el fet de no estar federades a nivell estatal no compten els seus
problemes i no compten els seus programes d’ajut? Perquè és això
del que estem parlant, senadora Angulo, d’això.

Vostè ha dit ustedes a lo suyo. Efectivament, amb això sí, a lo
nuestro, perquè aquí les competències son nuestras. És l’únic que
pretenem: anar a allò nostre. Per tant, aquí hi ha la Constitució
espanyola que vostès constantment nomenant. L’Estatut
d’Autonomia i el que és més important, un pacte polític, un acord
polític, una entesa política que ve de molt temps, que durant molt de
temps ha tingut valor en aquest país i vostès s’ho salten perquè
tenen una obsessió en fer una gran gestoria on tot sigui molt simple i
puguin fer-ho molt fàcil, uniformitzar-ho tot. La vida és més complicada
i hi ha molts matisos. I en el tema social, amb això no es pot jugar.
Nosaltres aquí a demanar unes competències que són nostres, i ho són. El
títol competencial, és que ho diu tothom, ho diuen els tribunals, no ens
ho inventem.

I vostè em parla de solidaritat? Jo li dic que aquí la nostre
prioritat és la llei miri com vostès, que sols apel·len a complir la llei
quan els és favorable. Parlem vostès de solidaritat ? 16 mil milions
d’euros cada any de solidaritat no els semblen prou? Vostès que van
tant a Alemanya, preguntin quin nivell de solidaritat tenen els länders
alemanys, un 4 % del PIB és el màxim al que estan sotmesos per
solidaritat els länders alemanys. Nosaltres ja fa molt de temps que estem
en un 9 % del PIB i a sobre ens hem de sentir que som insolidaris. Això
no li permeto, d’insolidaris, res. Són vostès els que volen tombar
la truita. Vostè ve aquí a parlar de Cruz Roja Española, de que nosaltres
no volem ajudar a aquestes entitats, i això és mentida, categòricament
mentida. Nosaltres no volem carregant-se a les entitats estatal. És més,
en la meva interpel·lació avui mateix els he dit: nosaltres reconeixem
aquestes entitats perquè sabem el paper que fan a Catalunya i fora de
Catalunya, i no tenim cap problema amb les entitats, perquè el que volem
és que les persones siguin ateses. I justament per això venim a reclamar,
perquè totes les persones siguin ateses. Les de l’entitat que
treballa en un barri amb nens discapacitats fins a Creu Roja Espanyola,
totes elles, i no cribar en funció de si tenen una adscripció estatal o
no, si no cribar en funció de que els seus programes siguin efectius,
vagin destinats a ajudar gent, i que aquesta voluntarietat i altruisme
s’apliqui a ajudar persones. Això és el que volem nosaltres. Però
vostès volen cribar per dalt. Vostès volen sols entitats d’àmbit
estatal. Aquí qui s’està fent trampes al solitari són vostès. Saben
que la llei no els dona suport. Estan buscant escletxes mitjançant
Decrets-llei que els tomben perquè són insostenibles. I fan trampes
colant esmenes en els projectes de llei. Si la llei tant els anés a
favor, utilitzarien els mecanismes habituals per aconseguir això, però
busquen escletxes, perquè la llei no els avala.

Senyora Sequera: vostè no ha llegit be la meva moció, ha llegit
molt bé el Butlletí que ens ha recitat aquí: el punt número 2 de la
nostre moció en cap cas li està dient que nosaltres volem que allò que es
recapta a Catalunya es quedi a Catalunya. Estem parlant de
territorialitzar el 0,7 % de l’IRPF que és el què diuen els
tribunals. No he vingut a parlar d’això, si no faria una moció que
diria «porti els pressupostos generals de l’Estat, els 76 milions
d’euros que recaptem a Catalunya per serveis socials. Jo no he
vingut a demanar això. No he parlat de quants diners ens toquen, i aquí
posa: territorializar las comunidades autónomas, los recursos recaudados
en la asignación tributaria de IRPF correspondiente... es a dir, que ens
corresponguin, no aquelles que es recapten a la comunitat autònoma.

Per tant, jo se que vostè tenia que buscar una excusa per no
donar-me suport, però els arguments que ha utilitzat per no donar suport
a la meva moció en aquest segon punt, no són reals, per tant li demano
que s’ho torni a llegir, perquè si és per els arguments que ens ha
donat, ens hauria de votar favorablement la moció.

Moltíssimes gràcies.

Gracias, presidente.

Señora Angulo, de entrada, ustedes tienen un problema: no
escuchan. Usted me ha dicho que no he venido a hablar de personas, y he
hablado de personas; lo he hecho hoy y lo hice durante la interpelación.
Quien no habló de personas fue el ministro, pero yo, repito, hablé de
personas. Y hoy, también. Quizá usted no tuviera bien colocado el
pinganillo y no me haya entendido, pero insisto en que hoy he hablado de
personas. No hago nada más que hablar de personas, porque las entidades
sociales que están en Cataluña atienden a personas. Cuando ustedes las
quieren excluir, ¿pueden mirar a la cara a esas personas y decirles que,
por el hecho de no estar federadas a nivel estatal, sus problemas no
cuentan y tampoco sus programas de ayuda? Porque estamos hablando de eso,
senadora Angulo, de eso.

Usted ha dicho: ustedes, a lo suyo. Efectivamente, en eso, sí: a
lo nuestro, porque en este caso las competencias son nuestras. Es lo
único que pretendemos, ir a lo nuestro. Aquí están la Constitución
española, que ustedes mencionan constantemente, el Estatuto de Autonomía
y, lo que es más importante, un pacto político, un acuerdo político desde
hace mucho tiempo, que durante mucho tiempo ha tenido valor en este país;
y ustedes se lo saltan porque tienen la obsesión de hacer una gran
gestoría donde todo sea muy simple y muy fácil, y uniformizarlo todo.
Pero la vida es más complicada, hay muchos matices, y con el tema social
no se puede jugar. Venimos aquí a pedir unas competencias que son
nuestras, lo son. Y lo dice todo el mundo, lo dicen los tribunales; no lo
decimos nosotros, no nos lo inventamos.

Usted me habla de solidaridad. Yo digo que aquí nuestra prioridad
es la ley. Ustedes solo apelan a cumplir la ley cuando les es favorable.
Hablan ustedes de solidaridad. ¿Les parece poco 16 000 millones de euros
al año de solidaridad? Ustedes, que van tanto a Alemania, pregunten qué
nivel de solidaridad tienen los länder alemanes. Un 4 % del PIB es el
máximo a que están sometidos por solidaridad, y a nosotros, que estamos
en el 9 % del PIB, tenemos que oír que somos insolidarios. No lo somos,
son ustedes los que quieren cambiar las cosas.

Usted viene aquí a hablar de Cruz Roja Española, de que nosotros
no queremos ayudar a estas entidades, y eso es mentira, categóricamente
mentira. Nosotros no queremos cargarnos las entidades estatales. Es más,
en mi interpelación, y hoy mismo, he dicho que nosotros reconocemos a
esas entidades porque conocemos el papel que hacen en Cataluña y fuera de
Cataluña. Y no tenemos ningún problema con las entidades porque lo que
queremos es que las personas sean atendidas. Por eso venimos a reclamar
que todas las personas se vean atendidas, desde la entidad que trabaja en
un barrio con niños discapacitados hasta Cruz Roja Española, todas ellas,
y no cribar en función de si tienen o no una adscripción estatal, sino en
función de que sus programas sean efectivos, estén destinados a ayudar a
las personas y esa voluntariedad y ese altruismo se apliquen para
ayudarlas. Eso es lo que queremos. Pero ustedes quieren cribar por
arriba, quieren solo entidades de ámbito estatal. Son ustedes quienes
están haciendo trampas en el solitario. Ustedes saben que la ley no les
apoya, y están buscando grietas por medio de decretos leyes que son
insostenibles. Ustedes hacen trampas colando enmiendas en los proyectos
de ley. Si la ley estuviese a su favor, utilizarían los mecanismos
habituales para conseguirlo, pero están buscando grietas porque la ley no
los avala.

Señoría, usted no ha leído bien mi moción, ha leído muy bien el
boletín que nos ha recitado aquí. El segundo punto de nuestra moción en
ningún caso dice que nosotros queremos que lo que se recauda en Cataluña
se quede en Cataluña. Estamos hablando de territorializar el 0,7 % del
IRPF, que es lo que dicen los tribunales, por otro lado. No he venido a
hablar de eso; de lo contrario presentaría una moción en la que pediría
que llevaran a los Presupuestos Generales del Estado los 76 millones de
euros que recaudamos en Cataluña para servicios sociales. No he venido a
pedir eso, no he hablado de cuánto dinero nos pertenece. Ese punto
indica: Territorializar por comunidades autónomas los recursos recaudados
en la asignación tributaria del IRPF correspondiente… Es decir, lo
que nos corresponda, no lo que se recauda en la comunidad autónoma.

Creo que usted tenía que buscar una excusa para no apoyarnos, pero
los argumentos que ha utilizado para no apoyar mi moción en este segundo
punto no son reales. Así pues, le pido que se la vuelva a leer, porque,
según los argumentos que usted nos ha dado, debería votar a favor de la
moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Carcedo.

La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señor presidente.

No es excusa, sino la convicción de que no es el sistema que
necesitan las organizaciones del tercer sector ni tampoco para la
ejecución y la efectividad de los programas que se ponen en marcha.

Lamento sinceramente que este debate se centre permanentemente en
lo mismo, porque esta iniciativa está siendo reiteradamente presentada;
no sé en el Senado, porque soy novata aquí, pero en el Congreso de los
Diputados quizá no haya periodo de sesiones en el que este asunto no
salga a debate.

También lamento profundamente que el concepto que guía toda la
línea argumental de este asunto se centre en la solidaridad, y quisiera
introducir un término que le es propio a la gestión de las
administraciones públicas. La solidaridad es una actitud personal, quizá
de quien pone la cruz, pues si no la pone ahí, la pone en la casilla de
la Iglesia o no la pone y va a los Presupuestos Generales del Estado. O
sea, que tampoco podríamos decir que es solidaridad en puridad. De lo que
estamos hablando es de justicia social de un país y de la articulación de
un sistema de prestación social. De eso es de lo que estamos
hablando.

Y permítanme que también discrepe de la intervención del Grupo
Popular sobre que estas organizaciones son las que articulan la
prestación social en el país. Están haciendo es cubrir un hueco que las
administraciones públicas han dejado de ocupar. Hay que recordar que en
épocas anteriores a este periodo democrático nacen muchos de los
servicios que prestan estas organizaciones por el enorme déficit de
prestación social y de servicios sociales que existía en este país. Por
eso aparecen las organizaciones del tercer sector, para cubrir ese hueco.
Con la llegada de la democracia se va desarrollando un sistema de
servicios sociales, y esas organizaciones pasan a ejercer un papel
complementario en asuntos a los que es difícil que lleguen las
administraciones públicas y ejercen algunos otros que son propios de la
sociedad civil, como las asociaciones de afectados en distintos ámbitos,
tanto de patologías como de otros intereses. Y esos presupuestos y
recursos sirven para facilitar esa articulación social.

Pues bien, a lo largo de esta legislatura hemos asistido a un
debilitamiento muy serio del sistema público de servicios sociales que
hace que estas organizaciones del tercer sector sean más necesarias. Por
eso consideramos que ponerlas en riesgo, poner en riesgo el sistema del
tercer sector en España puede tener unas consecuencias de gravedad
incalculable para los colectivos sociales más débiles y con mayores
riesgos, porque, por una parte, el sistema público no llega, y por otra,
el sistema público no le es propio a sus funciones y tienen que ser
cubiertas por el tercer sector.

Vuelvo a mi línea argumental de la intervención anterior. La forma
afecta al fondo, y mucho. ¿De qué estamos hablando en cuanto a estas
organizaciones del tercer sector? De la adscripción de unos presupuestos
destinados a unas funciones que no pueden ser territorializadas. Aquí ha
salido la Cruz Roja, que es un ejemplo paradigmático. En el caso de los
refugiados, la Cruz Roja opera donde es necesario. A Asturias, que es mi
comunidad autónoma, no suelen llegar los refugiados, luego allí la Cruz
Roja no invierte ni muchísimo menos como en otras zonas a las que llegan
pateras o es necesaria una intervención urgente y donde esas
organizaciones son más ágiles y eficaces a la hora de cumplir su función.
Y luego hay otra parte importante de organizaciones, pequeñas pero
necesarias, como las de igualdad de género, las LGTB, etcétera, que por
su tamaño y circunstancias no pueden tener organizaciones territoriales,
y una territorialización significaría que desaparecieran del mapa
español.

Por tanto, vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando
de que una decisión tal cual se pretende en esta moción daría al traste
con la estructura actual, que, insisto, nació como nació y ahora tiene
una potencia importante. Repito que nosotros defendemos que el cuarto
pilar del Estado del bienestar debe ser el sistema público de servicios
sociales, que les recuerdo que ha sido muy debilitado en esta
legislatura; y han tenido que venir las organizaciones del tercer sector
para suplir ese vacío.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CARCEDO ROCES: Por tanto, no las pongamos en
riesgo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Carcedo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Senadora Rivero y senadora Capella, veo muy positivo e interesante
el énfasis que ponen ustedes en el cumplimiento de la ley y de las
sentencias. Les es muy necesario y les vendrá muy bien poner ese énfasis
en casa, donde algunos, que aspiran a que sean sus socios de Gobierno, ya
les exigen como premisa el incumplimiento de la ley y de las sentencias
de los tribunales; por tanto, como digo, eso les vendrá muy bien en
casa.

En segundo lugar, ustedes no pueden arrogarse la opinión de la
sociedad catalana. La sociedad catalana es generosa y hay muchos
catalanes que han marcado esa x solidaria. Se lo vuelvo a preguntar: ¿de
verdad creen que están pensando adónde van a ir las ayudas: a su pueblo,
a su provincia o al barrio de al lado? No. La solidaridad de la sociedad
es grande, la solidaridad de la sociedad catalana es grande; lo que es
pequeño es el rupturismo y el separatismo de algunos políticos catalanes,
que es muy diferente; y ustedes no pueden ni deben confundirlo.
(Aplausos).

En cuanto a vincular lo que se distribuye con lo que se recauda,
usted dice que hoy no la dicho; hoy no lo ha dicho, porque tenemos unas
elecciones por delante, pero lo defendieron hace escasamente cuatro meses
en una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Por tanto, no
es cuestión del pinganillo. Nosotros sabemos muy bien lo que dicen
ustedes, lo entendemos muy bien, pero no lo compartimos, que es muy
diferente. Y vuelvo a decir que vincular lo que se distribuye con lo que
se recauda es cuestión de separatismo, de rupturismo y de una solidaridad
mal entendida, que es el problema que tienen ustedes.

Hablamos de solidaridad, sí, y hablamos de temas sociales. Bien,
pues esas políticas prioritarias también las podrían aplicar. Si esas
políticas sociales son prioritarias para ustedes como Gobierno, allí
donde gobiernan, por ejemplo, en Cataluña, podrían dedicar
presupuestariamente una mayor cantidad de dinero a esas cuestiones,
podrían dedicar una mayor recaudación, mayores presupuestos a las
políticas sociales. Es sorprendente que ustedes nos quieran dar lecciones
de solidaridad, cuando no son precisamente allí donde gobiernan una
comunidad que destaque por asignar prioridad a los servicios sociales.
Ustedes critican permanentemente el dinero que reciben del Estado, y
tengo que decirles dos cosas: se ha sido inmensamente solidario con
Cataluña —lo he repetido en numerosas ocasiones— y hay
mecanismos como el FLA o el Fondo de pago a los proveedores. Cataluña ha
sido la comunidad que más se ha beneficiado de esos fondos, que han
permitido asegurar los servicios públicos en Cataluña, que son una
inyección de liquidez, pero también una inyección de lealtad
institucional y de la mejor solidaridad de todos los españoles con una
comunidad que no tenía la capacidad ni la solvencia de hacer frente a sus
deudas. Eso ha sido también solidaridad y eso es también gestión.

Estamos hablando de cuáles son sus prioridades. Ustedes pueden
asignar mayor parte de sus presupuestos. Estamos hablando de una gestión,
la del Gobierno catalán, que asigna menos del 7 % a promoción social y
gastos sociales. ¡Qué diferencia con otras comunidades autónomas que
tienen como bandera la sanidad, la educación y los servicios sociales!
Revisen y repasen cuánto llevan gastado ustedes en propaganda
independentista (Rumores), repasen cuántas becas comedor, cuántos
colegios, cuántas necesidades en hospitales podrían atender con ese
dinero y concluyan por qué los catalanes, que son los que soportan el
IRPF más alto de toda España y uno de los más altos de toda Europa, son
los que se han visto sometidos a los mayores recortes de toda España. Y
no tendrán que recurrir a exigir medidas —como esa
territorialización— que, sobre todo, están en contra —lo
vuelvo a decir— de quienes mejor y más gestionan la ayuda solidaria
que aportan tantos españoles.

A diferencia de eso, ¿cuál es nuestro compromiso con la
solidaridad, senadora Rivero? Nuestro compromiso con la solidaridad es
apoyar a las comunidades autónomas y las entidades locales, como hemos
hecho, para que se puedan pagar esas deudas pendientes que ustedes van
dejando y esa inyección de solidaridad se haga efectiva. Nuestro
compromiso con la solidaridad se ha trasladado también a través de
importantes medidas fiscales. La última ha sido esa exención en el IRPF,
en la última rebaja fiscal, para las ayudas a las necesidades de mayor
emergencia de las familias en material escolar o alimentación. Por
último, y muy importante, está salvaguardar esa convocatoria de ayudas
que ustedes, con su judicialización, están interrumpiendo, y reforzar la
participación de las entidades del tercer sector.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.

Para nosotros, el reconocimiento a las entidades del tercer sector
es apoyarlas, es asegurar su supervivencia y su crecimiento, es asegurar
que puedan incrementar su nivel de actividad, porque estamos seguros de
que son una magnífica, la mejor expresión de democracia participativa y
están situando a las personas en el centro de sus acciones, justo lo que
ustedes están olvidando.

Por eso, apoyando a esas entidades del tercer sector, para
reforzar esa actividad y garantizar que puedan seguir trabajando de la
mejor forma posible, vamos a votar en contra de su moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa).

Por favor, cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del
Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228;
votos emitidos, 228; a favor, 23; en contra, 193; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor presidente da lectura al punto 3.4.— Rumores.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
Abandonen el hemiciclo en silencio.

A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Cascallana, por tiempo de cinco minutos.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Buenos días, señor presidente.
Gracias.

Esta moción es consecuencia de la interpelación que debatimos con
el ministro hace escasos días y trata de hacer un balance de la situación
que hemos vivido en materia de seguridad.

Comienzo diciendo que la percepción de la seguridad es
razonablemente positiva y buena en este país, es algo que viene dándose
en los últimos años; pero creo que no ocurre así con la percepción que
tienen los ciudadanos sobre determinados retrocesos en las libertades y
en los derechos humanos. Digo esto, porque la moción quiere plantear que
su legislación —su reforma del Código Penal, la Ley de seguridad
ciudadana, la Ley de enjuiciamiento criminal, o el uso partidista que han
tenido de las instituciones— obliga a hacer una especie de moción
de censura a todo ese apartado, que, efectivamente, los ciudadanos
interpretan como un retroceso. Si a esto unimos la falta de voluntad en
la lucha contra la corrupción, sin duda estamos en una situación
preocupante en nuestro país desde el punto de vista de las
libertades.

Decía que la privatización o el afán de reducir el Estado no han
escapado del Ministerio del Interior. Ustedes han transferido la
autoridad del Estado y han equiparado a los guardias de seguridad con
funcionarios públicos. Como le dije al ministro, con ustedes ha caído en
picado el número de efectivos: 20 000. Ustedes han introducido la Ley de
seguridad privada y con eso han reducido los elementos fundamentales de
las fuerzas y cuerpos de seguridad para la defensa de nuestra seguridad y
nuestras libertades.

Pero el ataque fundamental que han hecho ha sido el recorte de las
libertades. En el Código penal introdujeron por la puerta falsa la cadena
perpetua. ¿En qué queda el artículo 25 de la Constitución: las penas
privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas
hacia la reeducación y reinserción social? Pues bien, con esta medida
ustedes han puesto en cuestión toda esa política constitucional, ese
encargo constitucional. Y no lo digo yo, sino más de sesenta catedráticos
de treinta y tres universidades, que han dicho que con esta ley ustedes
pisotean la dignidad humana. Han sustituido el principio de culpabilidad
por un principio de peligrosidad. Han hecho leyes por la vía de urgencia
evitando también los informes preceptivos del Consejo Fiscal o del
Consejo de Estado. Es decir, ustedes han ido suprimiendo y recortando
nuestras libertades. La Ley de seguridad ciudadana es un ejemplo. Esta
ley ha supuesto un incremento de las penas por la vía de la reducción de
las faltas del Código penal y sin control judicial. Han restringido el
derecho a la información. O han planteado temas contra Acnur, como las
devoluciones en caliente. Se ha tratado, en definitiva, de poner sordina
a las protestas ciudadanas ante el constante recorte del Estado de
bienestar durante estos cuatro años. Y han introducido un viejo modelo de
orden público que ustedes han camuflado con una exposición de lo que
ustedes llaman tranquilidad ciudadana.

Han quebrado también el principio de división poderes y han
atacado y presionado a los jueces. Me dirán ustedes: bueno, esto es un
invento del Partido Socialista. No, esto lo han dicho las principales
asociaciones judiciales, como la Asociación Francisco de Vitoria, Jueces
para la Democracia o el Foro Judicial Independiente. Han llegado a
solicitar al relator de la ONU que interceda ante el Gobierno, que
interceda, porque han dicho cosas tan dramáticas desde el punto vista
político como que la presión política ejercida contra los jueces que
investigan la corrupción a través de descalificaciones vertidas en medios
de comunicación por autoridades y miembros del Gobierno ponen en cuestión
esta independencia judicial. El escrito también manifiesta que se
pretende influir en los jueces para que apliquen el ordenamiento jurídico
de forma incorrecta. Es decir, ustedes tienen a todas las asociaciones de
jueces, en este caso, planteando un problema.

Ustedes han hecho la reforma del Consejo General del Poder
Judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial también frente a esta
independencia del Poder Judicial. Y han hecho algo que a mí me parece muy
preocupante: han utilizado, como le dije al ministro, las fuerzas y
cuerpos de seguridad. Los ceses fulminantes —que hemos
mencionado— de los comisarios de la Policía Judicial por investigar
al Partido Popular son una prueba clara, pero también convertir a Asuntos
Internos, por ejemplo, en lo que ya muchos medios califican como la CIA
del señor director general de la Policía, el señor Cosidó. ¿Qué hicieron
ustedes, por ejemplo, interviniendo en el tema del pequeño Nicolás o en
las visitas a los fiscales anticorrupción a Barcelona para investigar
sedes o en las reuniones y apoyos inconfesables que han dado en el caso
de Luis Bárcenas, por poner un ejemplo del señor Rajoy, o en la
entrevista con el señor Rato? Ustedes están utilizando permanentemente
las instituciones en esa línea. Y tampoco lo digo yo, lo dice una
institución que para ustedes es mucho más reconocida que lo que yo
plantee, como es la Asociación Unificada de la Guardia Civil.

Por tanto, les pediría que respetasen el Estado de derecho, que no
intenten, como han hecho, presionar a los jueces, que no intenten
instrumentalizar a la Policía y, sobre todo, que retiren —si no, ya
lo haremos nosotros— todas estas leyes que han supuesto un recorte
de las libertades…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: …a pesar de que hay una
buena percepción de la seguridad.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cascallana.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el senador
Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gràcies, senyor president. Molt bon dia a
tothom.

En primer lloc, deixin-me aprofitar l’avinentesa de tornar
aquí, a l’estrada, per manifestar el meu suport incondicional i
total al president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, a la
vicepresidenta Joana Ortega, i a la consellera Irene Rigau, que ahir i
demà declaren al jutjat per l’acte de més democràcia que hi pot
haver a la vida, que és posar unes urnes, com van fer el 9 de novembre.
Jo demano que, com que jo també hi vaig participar, també vaig ser
coorperador, també vaig ser coorganitzador, col·laborador i participant,
que qui es va querellar contra aquestes tres persones, que també ho faci
contra aquest senador.

Dit això, senyor Cascallana, el nostre grup parlamentari està
essencialment d’acord amb la moció conseqüència
d’interpel·lació presentada per vostès, segurament amb
intencionalitat electoral, però al cap i a la fi una moció en què demanen
coses amb les quals estem d’acord. Tot i això, entenem que en
aquest sac de lleis clarament retrògrades des del punt de vista
democràtic que vostès posen a la llista perquè siguin derogades, en manca
una, i és la de la seguretat nacional, una llei que encara avui em
sorprèn que vostès, senyors del Partit Socialista, votessin a favor en el
seu dia; una llei que no només crea el contrari d’allò que es
pretén —moltes inseguretats enlloc de seguretats—, sinó que
està farcida de subjectivitats que creen indefensió i posen en perill
moltes coses. Un exemple n’és la creació del Consell de Seguretat
Nacional, un òrgan compost pel president del Govern, els vicepresidents,
els ministres, un munt de gent, tots de l’Administració central, i
cap representació d’aquelles comunitats amb competències de
seguretat i policies pròpies, que només seran cridades quan ho creguin
oportú el senyor president del Govern o els ministres corresponents. O la
gestió de la crisi, que s’activarà en situacions d’interès
per a la seguretat nacional que el Consell de Seguretat Nacional cregui
oportú, i aquelles que aquest consell consideri de gravetat potencial, un
terme subjectiu que preocupa i crea indefensió, doncs serà el Govern qui
qualificarà la gravetat de la situació. A més, el president del Govern
podrà declarar i gestionar la crisi de seguretat nacional sense cap
aprovació ni convalidació de les Corts Generals. Una vegada més, poder
il·limitat al Govern; una vegada més, menyspreu a la divisió de poders
central i territorial.

Què vol aquesta llei? Declarar una crisi de seguretat nacional a
Catalunya? Posar els Mossos d’Esquadra a les ordres del president
del Govern o del ministre de l’Interior? No sé què és pitjor, si
una cosa o l’altra. En definitiva, i com deia la meva companya
senadora Maite Rivero en la defensa del veto a aquesta llei el passat mes
de setembre, és una llei feta perquè el Govern pugui decidir i gestionar
qualsevol competència autonòmica sense haver de passar pel control dels
Poders Legislatiu i Judicial; una espècie de cirereta que el PP posa a
aquest pastís de la recentralització, de l’immobilisme, de la manca
de solucions polítiques al debat territorial, especialment dedicat a
Catalunya.

Doncs aquesta llei també s’ha de derogar, i és per això que
hem presentat l’esmena, afegint aquesta llei a tota la llista de
les que vostès volen derogar. Vostè, senador, em dirà que no em pot
admetre l’esmena perquè vostès van votar afirmativament la Llei de
seguretat nacional, però jo li dic, senyor Cascallana, jo els dic,
senyors del Grup Socialista, que ara tenen una ocasió excepcional, abans
de les eleccions, per esmenar la greu errada que van cometre donant
suport a aquesta llei en el seu dia. Siguin valents i acceptin
l’esmena.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Buenos días.

En primer lugar, déjenme aprovechar el hecho de volver aquí, al
estrado, para manifestar mi apoyo incondicional y total al presidente de
la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, a la vicepresidenta Joana Ortega
y a la consejera Irene Rigau, que ayer y mañana declaran en el juzgado
por el acto de más democracia que puede haber en el mundo, que es poner
unas urnas, como hicieron el 9 de noviembre. Como yo participé también,
fui coorganizador, colaborador y participante, porque se trabajó junto
con estas tres personas, les pido que también lo hagan con este
senador.

Dicho esto, señor presidente, nuestro grupo parlamentario está
esencialmente de acuerdo con la moción consecuencia de interpelación
presentada por ustedes, seguramente con intencionalidad electoral, pero,
al fin y al cabo, una moción en la que piden cosas con las que estamos de
acuerdo. A pesar de ello, entendemos que en este saco de leyes claramente
retrógradas desde un punto de vista democrático, que ustedes ponen en la
lista para que sean derogadas, falta una, y es la de la seguridad
nacional, una ley que todavía hoy me sorprende que ustedes, señores del
Partido Socialista, votaran a favor en su día; una ley que no solo crea
lo contrario de lo que se pretende —muchas inseguridades en lugar
de seguridades—, sino que está llena de subjetividades que crean
indefensión y ponen en peligro muchas cosas. Ejemplo de ello sería la
creación del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano compuesto por el
presidente del Gobierno, vicepresidentes, los ministros, un montón de
gente, todos de la Administración central, y ninguna representación de
aquellas comunidades con competencias de seguridad y policías propias,
que solo serán llamadas cuando lo estimen oportuno el señor presidente
del Gobierno o los ministros correspondientes. Sobre la gestión de la
crisis, se activará en situaciones de interés para la seguridad nacional
que el Consejo de Seguridad Nacional cree oportunas y en aquellas que
este consejo considere de gravedad potencial, un término subjetivo que
preocupa y crea indefensión. Será el Gobierno quien calificará la
gravedad de la situación. Además, el presidente del Gobierno podrá
declarar y gestionar la crisis de seguridad nacional sin ninguna
aprobación ni convalidación por parte de las Cortes Generales. Una vez
más, poder ilimitado del Gobierno; una vez más, desprecio a la división
de poderes central y territorial.

¿Qué quiere esta ley? ¿Declarar una crisis de seguridad nacional
en Cataluña? ¿Poner a los mossos d’esquadra a las órdenes del
presidente del Gobierno o del ministro del Interior? No sé qué es peor,
si una cosa o la otra. En definitiva, y como decía mi compañera, la
senadora Maite Rivero, en defensa del veto a esta ley el pasado mes de
septiembre, es una ley hecha para que el Gobierno pueda decidir y
gestionar cualquier competencia autonómica sin tener que pasar por el
control de los Poderes Legislativo y Judicial; una especie de cerecita
que el PP pone en este pastel de la recentralización, del inmovilismo, de
la falta de soluciones políticas en el ámbito territorial y especialmente
dedicado a Cataluña.

Pues bien, esta ley también se tiene que derogar y por ello hemos
presentado esta enmienda, añadiendo esta ley al listado que ustedes
quieren derogar. Senador, usted me dirá que no puede admitirme la
enmienda porque ustedes votaron afirmativamente a esta Ley de seguridad
nacional, pero yo le digo a usted y a los senadores del Grupo Socialista
que ahora tienen una ocasión excepcional, antes de las elecciones, para
enmendar el grave error que cometieron dando apoyo a esta ley. Sean
ustedes valientes y acepten la enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Tiene la palabra el senador Cascallana, para indicar si acepta o
no la enmienda.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor presidente.
Intervendré desde el escaño.

Agradezco la valoración positiva, que no electoral, porque son
profundas convicciones las que nos llevan a frenar el deterioro de las
libertades, de los derechos humanos y, por lo tanto, no es un tema
coyuntural. Lo hemos venido criticando durante todo el procedimiento de
tramitación de las leyes y creo que por lo menos en eso podemos estar de
acuerdo.

Yo comprendo su preocupación en cuanto a la Ley de seguridad
nacional, créame que le comprendo porque esta fiebre legislativa de
última hora y los acontecimientos en Cataluña pueden dar lugar a entender
que esto es una agresión a Cataluña —al menos la oportunidad en el
tiempo es un problema que, sin duda, puede dar lugar a esa
percepción—, pero es verdad que un país como el nuestro necesita
una Ley de seguridad nacional. Posiblemente la composición del Consejo de
Seguridad Nacional se podría mejorar para que sea algo que corresponda a
todos y no por una mera invitación, y en esa línea creo que todo es
mejorable y esto también.

Si entiende esa posición, creo que también me entenderá si le digo
que es casi prácticamente imposible: el Grupo Parlamentario Socialista
acaba de votar una ley, hemos votado a favor de una Ley de seguridad
nacional por responsabilidad y, por lo tanto, no voy a poder aceptar esa
enmienda, sabiendo que todo es mejorable y esta ley también, como le he
dicho antes.

Sin más que decir, le agradezco su iniciativa, sé que tiene una
preocupación con fundamento, pero lamento no poder atender —que
créame que me hubiese gustado— esta enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cascallana.

En turno en contra, tiene la palabra el senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

¡Qué pena, senador Cascallana! ¡Qué oportunidad ha perdido usted
de cerrar esta legislatura de otra manera! Fíjese, en este caso no podrá
quejarse de la generosidad de este grupo: como usted bien sabe, la moción
que ha presentado hoy aquí entró fuera de plazo en el registro, y ha sido
la generosidad del Grupo Popular la que le ha dado la oportunidad de
venir aquí y decir otras cosas. Sin embargo, esto demuestra que no
tenemos ninguna, pero ninguna preocupación de debatir con ustedes sobre
temas de libertades, sobre temas de derechos fundamentales.

Decía usted, señoría, que ha querido hacer un balance, que ha
querido hacer un resumen de lo que ha sido la legislatura. Pues permítame
que le diga con todo respeto que lo que ha hecho usted ha sido una
caricatura de lo que han sido las líneas maestras de usted y de su grupo
en materia de derechos y libertades. Porque su moción se basa en
afirmaciones huecas que no tienen el más mínimo sustento real, y se mueve
en la contradicción permanente que usted ha resumido muy bien: la
percepción de la seguridad entre los ciudadanos es buena, pero a la vez
los ciudadanos tienen y aprecian un retroceso en materia de libertades.
Señoría, eso no hay quien se lo coma.

Usted manifiesta estas cosas con absoluta tranquilidad, pero no
las basa en nada que pueda ser ni meramente constatable. Dice usted: el
desguace y la erosión constante de nuestro Estado de Derecho, la
deconstrucción de nuestro modelo constitucional —término que está
muy de moda en materia de cocina, pero yo no veo la deconstrucción de
nuestro Estado de Derecho por ninguna parte—, y una vez más basa
usted esta afirmación en la privatización, por la obsesión que tiene
usted con la, según usted, ley de privatización de la seguridad del
sector privado, cuando clarísimamente —y tuvimos ocasión de
debatirlo aquí cuando aprobamos la ley del sector privado— es una
ley que consagra al sector privado en materia de seguridad como
subordinado y complementario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, un complemento que las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado han admitido como bueno.

Habla usted de la restricción de los derechos fundamentales y las
libertades y lo basa en el tema de la prisión permanente revisable. ¿Se
atrevería usted a decir esto mismo en Francia, en Inglaterra, en Italia,
en cualquier país de los de nuestro entorno, donde la legislación en esta
materia es muy similar ahora a la nuestra? No, señoría, son afirmaciones
—repito— completamente gratuitas.

Reunión y manifestación. ¿Me puede usted decir un solo caso desde
que entró en vigor la ley en el que algún grupo, en el que algún sector,
en el que alguien no haya tenido la oportunidad de manifestarse
libremente en el territorio español? Repito que son afirmaciones que se
basan más en esos viejos resabios que usted todavía conserva de
principios de los años setenta, cuando peleaba contra el antiguo régimen,
que en la realidad del Estado de derecho que hoy tenemos en España, desde
hace ya, señor Cascallana, más de 35 años.

Por lo tanto, no hay base alguna para que usted haya hecho esta
reprensión pública al Partido Popular por la normativa en materia de
derechos y libertades. Muy al contrario, señoría, yo creo que usted
debería estar satisfecho de haber participado activa y constructivamente
en la elaboración de todas las leyes que hemos aprobado en estos cuatro
años en materia de derechos y libertades. Fíjense, no se puede equiparar
esta legislatura con ninguna anterior en democracia en materia de
interior: hemos renovado y reformado la Ley de seguridad privada, la de
seguridad ciudadana, la de policía, la de guardia civil, la de tráfico y
la de protección civil. Es decir, todo el corpus legislativo en materia
de interior ha sido renovado con su ayuda, señorías, con la ayuda de
todos los grupos, algo que entiendo que va a ser beneficioso por muchos
años para todos los ciudadanos de España.

Por consiguiente, permítame que le pida con todo el respeto y el
cariño, ya que con seguridad este es nuestro último debate en esta
legislatura, que recapacite usted porque no está siendo justo en esta
materia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Mora.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias.

En Podemos estamos totalmente de acuerdo con esta moción
presentada por el Grupo Socialista. (Rumores). Estamos de acuerdo porque
la política criminal que ha aplicado en esta legislatura el Partido
Popular (Protestas), el Gobierno y el Partido Popular, tiene tres
características. (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora MORA GRANDE: Ceguera, sordera y prepotencia. ¿Ceguera
por qué? Porque a pesar de lo que ha dicho el senador del Grupo Popular,
no se atienen a la realidad, puesto que los propios datos del Ministerio
del Interior del último trimestre de 2015 son que la criminalidad se ha
reducido en el segundo semestre al 1,9 %. De hecho, la criminalidad en
España viene teniendo una línea descendiente durante los últimos 20 años
y, por tanto, no se ha producido un aumento de la criminalidad que
justifique todas estas reformas propiciadas y aprobadas. Somos uno de los
países más seguros de nuestro entorno y, sin embargo, somos también uno
de los países con más población penitenciaria; esto es un sinsentido y se
está ahondando ahí.

¿Por qué ceguera? Ceguera porque la realidad nos dice que los
datos de los delitos, según el Ministerio del Interior, son: los
homicidios dolosos y asesinatos consumados han caído un 25,6 %, la
delincuencia violenta desciende un 10,6 % y los robos con fuerza en
domicilio se reducen en un 12 %. Digan lo que digan, la sensación que
tiene la población respecto a la seguridad ciudadana, según todas las
encuestas, obtiene los niveles más bajos. Por tanto, todo ello nos dice
que están ustedes un poco ciegos, que no atienden a la realidad y que,
desde luego, estas reformas eran innecesarias.

Pero estas reformas no solamente eran innecesarias, sino que
también son trasnochadas, ya que se está ahondando en las políticas
retribucionistas, políticas retribucionistas que nada tienen que ver con
el espíritu del artículo 25 de nuestra Constitución. Estamos importando
la política criminal americana cuando, incluso, Estados Unidos
actualmente la está poniendo en tela de juicio. Ceguera, señores,
ceguera, no nos encontramos ante ninguna situación de emergencia de
seguridad que justifique todo el encarnizamiento represivo de estas
normas.

Pero no solo hay ceguera, también hay sordera. Sordera, ¿por qué?
Porque aparte de no escuchar para nada a la oposición —no hemos
llegado a un solo consenso en absolutamente nada—, ni siquiera
escuchan ustedes al fiscal general del Estado —su fiscal general
del Estado—, el señor Eduardo Torres-Dulce, que respecto a la
reforma del Código Penal decía: «Es del todo insostenible, ha consolidado
la desaparición del principio de intervención mínima, sustitución del
principio de intervención máxima» —recordemos que la intervención
mínima es precisamente uno de los principios esenciales del Derecho
penal— y continuaba diciendo que tiene características de derecho
autoritario que tachó de preocupantes, lo cual da un poco de miedo. Y
esto no se lo está diciendo una abogada de okupas —con k— o
de personas sin hogar o de presos, se lo está diciendo su Fiscal General
del Estado.

Ceguera y sordera, porque no escuchan al Fiscal General del
Estado, pero es que tampoco escuchan lo que dice la doctrina. Sesenta y
tres catedráticos de derecho penal de treinta y cinco universidades
emitieron un comunicado muy muy duro respecto a la modificación del
Código Penal donde se decía: Es técnicamente pobre, deliberado uso de la
ambigüedad, bebe de las peores corrientes del siglo XX, de las más
reaccionarias, de las más autoritarias, se aumenta la gravedad de muchas
conductas en cuanto que pasan de delitos a faltas, se aumentan muchísimo
las penas. Y en este punto tengo que decirles algo sobre la cadena
perpetua: la cadena perpetua ya existía en España, ya existía en España,
y lo que han hecho es empeorar la situación, porque ahora está regulado y
en 2013 había 253 personas con condenas de más de 40 años, no
relacionadas con el terrorismo, con condenas acumulables a las que no se
les podía revisar la condena y con la reforma que han hecho ustedes de la
cadena perpetua a ellos no se les va a poder revisar. Y en cuanto a que
nuestra legislación de la cadena perpetua es equiparable a la del resto
de países de nuestro entorno es falso, puesto que en los países que lo
tienen regulado la media está siendo de entre 20 y 25 años y nosotros
vamos a tener de 40 años hacia arriba, por tanto cadena perpetua real.
Luego de eso, nada.

Sordera, porque tampoco escuchan a los profesionales del derecho.
La semana pasada varias asociaciones de jueces y fiscales emitieron un
comunicado diciendo que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
va a provocar impunidad; lo mismo que dijimos gran parte de la oposición
cuando se regularon todas estas normas.

Por favor, señores, las reformas de toda la política criminal
requieren un consenso...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MORA GRANDE: Voy terminando.

Requieren un consenso porque es precisamente la rama del derecho
donde el Estado ejerce un poder más absoluto sobre el individuo; consenso
y pacto social que, desde luego, no han existido.

Termino. Señores del Partido Popular, bájense del pedestal del
rodillo, relean a Beccaria y, si no lo hacen, por lo menos escuchen, vean
la realidad y, por favor, reflexionen sobre las consecuencias de lo que
están provocando y admitan el objeto de esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías, en junio
entró en vigor una de las leyes más emblemáticas de la legislatura: la
Ley de seguridad ciudadana. Anunciamos que nuestro grupo parlamentario va
a apoyar la moción del Grupo Parlamentario Socialista porque, aunque la
norma ha sufrido diversas rectificaciones, es ampliamente contestada, ha
sido recurrida al Tribunal Constitucional, ha desgastado al Gobierno, ha
sido aprobada solo con los votos del Partido Popular y el resto de los
grupos hemos expresado públicamente nuestra intención de tratar de
derogarla si cambia la mayoría parlamentaria tras las próximas elecciones
generales. Ha tenido, pues, un recorrido similar al de otras normas del
Gobierno actual, como la de educación, la de reforma laboral y el Código
Penal, y las tres están en el catálogo de normas que nos hemos
comprometido a derogar si se logra la mayoría suficiente. Y es una
lástima, porque con mayoría absoluta se pueden hacer dos cosas: aplastar
a la oposición o dialogar con ella, y se ha decidido aplastar a la
oposición y no tener en cuenta ninguna de las iniciativas, ninguna de las
enmiendas, ninguna de las propuestas que hacíamos los demás grupos como
si todos estuviéramos equivocados y los únicos que tenían razón no eran
fundamentalmente los senadores o los diputados del Partido Popular, sino
los altos funcionarios de la Administración, que son los que han
condicionado todo el ejercicio legislativo de estos cuatro años.

La primera objeción de la oposición fue la de miembros de la
judicatura, que no son unos aventados, y la carrera fiscal decía que
sustrae del control previo de los jueces la sanción de conductas. Estas
sanciones eran faltas y ahora se han convertido en multas administrativas
y solo tienen control judicial a posteriori, si se recurre la multa
ejecutiva en la vía contenciosa.

La segunda tiene que ver con el calificativo de Ley mordaza con
que se conoce porque afecta al derecho de manifestación. La ley surgió
con las protestas de rodear al Congreso —no rodear al Senado,
porque quizás no tenían ni idea de dónde está— y sanciona cualquier
perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca frente a la
sede del Congreso —siempre el Congreso—, del Senado o de los
parlamentarios autonómicos; fotografías a las fuerzas de seguridad del
Estado; el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando
exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los
bienes y actos como los que busquen impedir desahucios; los escraches y
las sentadas pacíficas entre otras. Al eliminar el control judicial
previo, la palabra de un agente que acuse a un manifestante de
desobediencia leve servirá para imponer la multa con pago ejecutivo
inmediato y sin juicio ante un juez, como ocurre ahora. La multa máxima
es de 600 000 euros pero, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora con
las faltas en el Código Penal, las sanciones no están graduadas en
función del nivel de ingresos.

No obstante —también hay que reconocerlo—, senador
Aznar, la norma ha ido suavizándose en el trámite; es decir, era muy mala
y se ha suavizado algo: se eliminó que la policía pudiera registrar sin
autorización judicial un domicilio; la posibilidad de que la policía
identifique a personas para prevenir tan solo una infracción
administrativa; retener a quienes no puedan identificar en el lugar de
los hechos; establecer controles en la vía pública por una infracción
administrativa; sanción a quienes ofrezcan servicios sexuales cerca de
colegios, parques infantiles o espacios de ocio reservados a menores;
atribución de responsabilidad a los organizadores o promotores de
reuniones y manifestaciones legalmente autorizadas por los altercados que
puedan originar terceras personas durante el desarrollo de estas, y sobre
todo se ha moderado la cuantía de las multas.

En el trámite se incluyeron algunos puntos como una disposición
transitoria, que ya está en vigor desde marzo, y que legaliza por primera
vez en España las entregas en caliente de inmigrantes que hayan saltado
las vallas de Ceuta y Melilla.

Me gustaría hablar sobre aspectos fundamentales que no se han
cumplido en estas iniciativas, sobre todo de libertades ciudadanas, como
algo tan sangrante como la corrupción. No tengo más tiempo.

Senador Aznar, a mí, sinceramente, me hubiera gustado que usted
hubiera intervenido como un senador del CDS y no como un senador de
Alianza Popular. Usted ha tenido que defender aquí algo indefendible, y
ojalá que en esta réplica —que seguramente aprovechará para darnos
cera—, usted siga los pasos del ministro Montoro, que se ha
descargado a gusto, incluso contra sus propios compañeros al decir: «Esta
ley es perfectible y estamos muy preocupados porque en la siguiente
legislatura seguramente se va a modificar».

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Bon dia. Gràcies, senyor president, amb
la vènia.

Senyores i senyors senadors, aquesta moció conseqüència
d’interpel·lació és, de fet, una esmena a la totalitat a la
política i a la gestió dutes a terme pel Ministeri de l’Interior al
llarg de la legislatura que ara ja s’acaba, i nosaltres compartim
la totalitat del diagnòstic exposat pel senyor Cascallana en nom del Grup
Parlamentari Socialista.

Creiem, i efectivament diem, que aquesta legislatura s’ha
caracteritzat fonamentalment, en primer lloc, per retallades i atemptats
als drets i llibertats fonamentals, especialment als de reunió,
d’associació i de manifestació. En segon lloc, per la privatització
de serveis públics essencials, com ho és el servei públic de seguretat,
tant amb la Llei de protecció —i remarco la paraula
protecció— de la seguretat ciutadana, que de fet de protecció dels
ciutadans en té molt poca cosa, com també amb la Llei de seguretat
privada. I tot això acompanyat del control o de l’intent de control
de la justícia, aconseguit en moltes ocasions per part del Govern
atemptant al principi de separació de poders.

Estem d’acord, i crec que hi estan tots els grups
parlamentaris, amb excepció del Grup Popular, amb la necessitat de
derogar, de modificar, unes quantes lleis: la Llei de protecció de la
seguretat ciutadana, la Llei de seguretat privada, el Codi Penal pel que
fa a aquells aspectes modificats, a les modificacions introduïdes pel
Partit Popular, i també les modificacions introduïdes en la Llei
d’enjudiciament criminal. A totes aquestes lleis, de no aprovar-se,
com així serà, la moció del Grup Parlamentari Socialista, de fet els
quedarà poca vida, perquè seran modificades o seran derogades amb la nova
composició de les Corts Generals i a través d’un nou Govern a
Espanya presidit per una formació política diferent a la del Partit
Popular. I dic això perquè efectivament tots i cadascun dels grups
parlamentaris, en l’aprovació d’aquestes lleis que he
comentat, han dit, tots amb excepció del Grup Popular, que treballarien i
lluitarien per la modificació i la derogació d’aquestes lleis. Per
tant, es tractarà de lleis de molt poc recorregut, de molt poca
història.

Per tant, nosaltres votarem afirmativament, votarem a favor de la
moció presentada pel senyor Cascallana en representació del Grup
Parlamentari Socialista.

Buenos días. Gracias, señor presidente, con la venia.

Señoras y señores senadores, esta moción consecuencia de
interpelación es, de hecho, una enmienda a la totalidad de la política y
gestión llevadas a cabo por el Ministerio del Interior a lo largo de la
legislatura que ahora ya se termina, y nosotros compartimos la totalidad
del diagnóstico expuesto por el senador Cascallana, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.

Creemos, y por eso lo decimos, que esta legislatura se ha
caracterizado fundamentalmente, en primer lugar, por recortes y atentados
a los derechos y libertades fundamentales, especialmente a los de
reunión, asociación y manifestación. En segundo lugar, por la
privatización de los servicios públicos esenciales, como lo es el
servicio público de seguridad, tanto con la Ley de protección —y
remarco la palabra protección— de la seguridad ciudadana, que de
hecho tiene muy poco de protección de los ciudadanos, como también con la
Ley de seguridad privada. Y todo ello acompañado por el intento de
control de la justicia, logrado en muchas ocasiones por parte del
Gobierno atentando al principio de separación de poderes.

Estamos de acuerdo, y creo que lo están todos los grupos
parlamentarios, a excepción del Grupo Popular, con la necesidad de
derogar y modificar una cuantas leyes: la Ley de protección de la
seguridad ciudadana, la Ley de seguridad privada, el Código Penal en
aquellas modificaciones introducidas por el Partido Popular y también las
modificaciones introducidas en la Ley de enjuiciamiento criminal. De no
aprobarse, como así será, la moción del Grupo Parlamentario Socialista, a
todas estas leyes les va a quedar poca vida, porque serán modificadas o
derogadas con la nueva composición de las Cortes Generales y a través de
un nuevo Gobierno en España presidido por una formación política distinta
a la del Partido Popular. Y lo digo porque, efectivamente, todos y cada
uno de los grupos parlamentarios que intervinieron en la aprobación de
estas leyes que he comentado, todos, a excepción del Grupo Popular, han
dicho que trabajarían y lucharían por la modificación y la derogación de
estas leyes. Por tanto, serán leyes de muy poco recorrido, de muy poca
historia.

En definitiva, nosotros votaremos a favor de la moción presentada
por el señor Cascallana, en representación del Grupo Parlamentario
Socialista.

Si me permiten, seguiré en castellano para decir —y será la
segunda ocasión en que lo haga;






lo hice en el año 2008, pero los avatares
políticos me devolvieron a esta casa al cabo de tres años; pero esta vez
sí que es la definitiva— que esta ha sido mi última intervención en
esta legislatura y también en el Senado en su conjunto, y lo es por una
razón muy concreta: porque en los próximos días me incorporaré al
Parlament de Catalunya como diputado electo que he sido en las elecciones
celebradas el 27 de septiembre.

Para mí ha sido realmente un honor haber formado parte de esta
Cámara, en la que he aprendido mucho, tanto en lo personal como en lo
político, una Cámara de la que deseo su reforma para que pueda
desarrollar todo su potencial de Cámara territorial en un Estado
plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. Más allá de las lógicas
discrepancias políticas, siempre he intentado —creo— mantener
un tono cordial y respetuoso en lo personal, y si en alguna ocasión no lo
he conseguido les pido, evidentemente, sinceras disculpas.

Señorías, en esta Casa dejo buenos amigos en todos los grupos
parlamentarios y sepan que, como dice la habanera, en un rincón de la
Costa Brava, donde sonríe una villa risueña, la mía, la de L?Escala, la
de Empúries, donde por primera vez se practicó la democracia y el
parlamentarismo en la península ibérica, allí tienen a un amigo para todo
lo que necesiten.

Muchas gracias. Les deseo mucha suerte. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera. Le deseamos
lo mejor, don Rafael. Sabe usted que deja muchos amigos en esta Casa. Le
deseamos lo mejor en lo personal, en lo familiar y en lo político. Muchas
gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gràcies, president.

Senyories, deia en la defensa de l’esmena —que
dissortadament no ens ha estat acceptada pel Grup Socialista— que
el meu grup parlamentari, el Grup Parlamentari de Convergència i
d’Unió, estem essencialment d’acord amb la moció; estem
absolutament d’acord que es derogui la Llei de seguretat ciutadana
i es retirin les sancions injustificades imposades des de la data
d’entrada en vigor d’aquesta llei; estem absolutament
d’acord que es derogui la revisió del Codi Penal, que introdueix
per la porta del darrera la cadena perpètua amb el nom de prisión
permanente revisable; potser tindríem més dubtes amb què es retiri la
llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal, en la qual
ens vam abstenir —altres van votar-hi en contra—, i també
estem absolutament d’acord que es retorni als cossos i forces de
seguretat de l’Estat el seu autèntic paper constitucional, que és
el de servir els ciutadans i no al ministre capritxós de torn.

I encara diria més: hi podíem haver afegit, senyor Cascallana, una
altra llei, la del Tribunal Constitucional, que es debat demà, un
atemptat a la divisió de poders; un altre exemple de la manipulació
política que fa el Partit Popular sobre el tribunal més deslegitimat, més
desacreditat de la democràcia; una llei amb un sol objectiu —no en
tinguin cap dubte, senyories—: criminalitzar el president de la
Generalitat de Catalunya, democràticament escollit.

En no haver admès l’esmena el Grup Socialista, podríem dir
doncs ens abstenim, no podem votar, no podem donar recolzament a aquesta
moció, perquè vostès no ens han acceptat l’esmena. El que passa és
que ens trairíem i trairíem el nostre convenciment, els nostres
principis, doncs pel sol fet que es demana la derogació de la Llei de
seguretat ciutadana, la llei mordassa —la llei que jo vaig definir
en aquesta estrada com la del cop de peu als immigrants i al dret dels
ciutadans—, només per demanar això, no ens hi podíem oposar; no ens
hi podíem oposar perquè haguéssim traït les nostres conviccions en aquest
sentit.

I és per això, senyor Cascallana, senadors del Grup Parlamentari
Socialista, que malgrat que entenem que ens hagués agradat molt i que
hauria sigut necessari i importantíssim que ens haguessin acceptat
l’esmena, el nostre Grup Parlamentari donarà suport a la seva
moció.

Gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, decía en la defensa de la enmienda —que
desafortunadamente no nos ha sido aceptada por el Grupo Socialista—
que mi Grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Convergència i
d’Unió, estamos esencialmente de acuerdo con la moción, estamos
absolutamente de acuerdo con que se derogue la Ley de seguridad ciudadana
y se retiren las sanciones injustificadas impuestas desde la fecha de
entrada en vigor de esta ley; estamos totalmente de acuerdo con que se
derogue la revisión del Código Penal, que introduce por la puerta de
atrás la cadena perpetua con el nombre de prisión permanente revisable;
quizá tendríamos alguna duda con que se retire la modificación de la Ley
de enjuiciamiento criminal, en la que nos abstuvimos —otros votaron
en contra—, y también estamos totalmente de acuerdo con que se
devuelva a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su auténtico
papel constitucional, que es el de servir a los ciudadanos y no al
ministro caprichoso de turno.

Y todavía diría más: podríamos haberle añadido, señor Cascallana,
alguna otra ley, la del Tribunal Constitucional, que se debate mañana, un
atentado a la división de poderes; otro ejemplo de la manipulación
política que hace el Partido Popular sobre el tribunal más deslegitimado,
más desacreditado de la democracia; una ley con un único objetivo
—y no tengan ninguna duda de ello, señorías—: criminalizar al
presidente de la Generalitat de Catalunya, democráticamente
escogido.

Al no haber admitido la enmienda el Grupo Socialista, podríamos
abstenernos y no dar apoyo a esta moción porque ustedes no nos han
aceptado la enmienda. Lo que sucede es que traicionaríamos nuestro
convencimiento, nuestros principios, puesto que por el mero hecho de que
se pida la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza
—la ley que yo definí en este estrado como la de la patada a los
inmigrantes y la patada a los derechos de los ciudadanos—, solo
porque se solicita esto no podemos oponernos; no podemos oponernos a esta
moción porque estaríamos traicionado nuestras convicciones en este
sentido.

Y es por ello, señor Cascallana, señores del Grupo Parlamentario
Socialista, que, a pesar de que hubiera sido necesario y nos hubiera
gustado mucho —habríamos estado muy contentos— que nos
hubieran aceptado la enmienda, nuestro Grupo Parlamentario dará apoyo a
su moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, presidente.

El señor Aznar dice que he perdido una gran oportunidad. No sé si
era para mí, para mí no, desde luego. Yo creo que los que van a perder
una gran oportunidad si no apoyan —como parece que no van a
apoyar— la moción, van a ser el conjunto de los españoles, esos sí
que van a perder una oportunidad; que es verdad que la van a recuperar en
poco tiempo, pero van a perderla en el día de hoy. Y también los
europeos, que han criticado estas leyes —desde la Comisaría europea
hasta cualquier otro organismo internacional—, esos son los que la
pierden. La pierden también los inmigrantes, los que solicitan el derecho
de asilo en nuestro país, que son unos pocos. También la pierden muchos
funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que claman
por otro funcionamiento de la Policía. Y, desde luego, todos los partidos
políticos, a los cuales agradezco el apoyo a esta moción, que han
manifestado en este momento su preocupación.

No puede ser una cuestión personal cuando somos muchos los que
coincidimos —políticos, organizaciones sociales, organismos
internacionales, etcétera—, es una preocupación general, y deberían
ustedes reflexionar al respecto, porque pensar que todos nos equivocamos,
que no acertamos en nada, que venimos aquí a no se sabe qué, es un gran
error.

Señoría, dice que alguien ha perdido la oportunidad de
manifestarse con esta ley. No simplifique. Usted sabe que no me refiero a
eso, a prohibir el derecho a la manifestación, porque entonces estaríamos
hablando de otra cosa, estaríamos hablando de un golpe de Estado; eso no
lo pueden hacer —aunque alguno tuviese la tentación—, no
podría llegar a esos niveles. Por tanto, este no es el debate.

Pero le voy a confesar algo personal. Cristina Cifuentes
—iba a decir delegada del Gobierno, sí, fue delegada del
Gobierno—, hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, se dedicó a
poner multas en Madrid no sabe usted a qué velocidad, las multiplicó por
nueve. ¿Sabe quién fue uno de los afectados por esas multas? El que le
está hablando. ¿Sabe usted por qué? Por defender el derecho a la salud
pública, a la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. ¿Eso es tratar
de impedir el ejercicio de un derecho constitucional o no? ¿Sabe usted
que el Poder judicial —hay una senadora madrileña, Ana Isabel
Mariño, que sé que le preocupa mucho la cuestión de las libertades—
no puede intervenir en este caso con su reforma, que le hemos quitado
poder? Pues esos son problemas que están ahí y en los que no quiero
entrar a profundizar.

Dice su señoría que han hecho una gran cantidad de leyes y
reformas. No, yo diría que han hecho una contrarreforma, por eso nosotros
estamos planteando lo que estamos planteando. Y habla de mis resabios de
principios de los años setenta, incluso anteriores —aunque era muy
joven—. ¿Sabe lo que nos produjo la época de la dictadura en
España? Pues una especie de vacuna, y cuando vemos atacar con algunos
virus todo lo que significa el Estado de derecho, nos ponemos en alerta
—eso es verdad—, y nos ponemos en alerta cuando volvemos a
ver concepciones de orden público, donde prima la seguridad sobre las
libertades. Claro que nos ponemos en alerta, señor Aznar, y estas cosas
las tiene que comprender.

Y, como le he dicho antes, y se lo repito, el concepto de
tranquilidad ciudadana que pretenden decir a los ciudadanos es que con
ustedes no va a haber problemas de manifestación. Ustedes se inventaron
aquello de los rocódromos de las manifestaciones e intentaron coartar
incluso el derecho a la huelga —algunos hablaron incluso de las
limitaciones de este derecho—. Por tanto, no busquen la
tranquilidad ciudadana, la calle es de todos, es la expresión libre de la
protesta ciudadana ante los recortes de los derechos de los ciudadanos,
no hay nada más. Es el equilibrio que me gustaría que tuviésemos entre
todos.

Nos pedía también recapacitar. Quiero decirle que una cosa que
debían ustedes valorar es por qué un ministro de Interior tiene la
valoración que tiene, cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado tienen la que tienen, una valoración muy alta y que todos
apreciamos. En esa línea es en la que hay que recapacitar.

Y termino, señor presidente, si me permite. Hoy es un día de
despedidas —y yo también me voy a despedir— y, por tanto, de
agradecimiento y de respeto. Hemos convivido en una comisión, la Comisión
de Interior —y mi agradecimiento a todos, desde su presidente a
cualquiera de los portavoces, y no voy a personificar—, que
difícilmente podía funcionar por muchos motivos ajenos a esta Cámara,
pero hemos convivido y creo que nos hemos respetado —se lo
agradezco a todos, mi respeto y cariño— desde la diferencia, como
es normal, porque esto es un Parlamento. Pero quiero aprovechar también
para decir que no me voy de la política porque en este país hay un
problema serio con respecto a este Senado y con respecto a la política.
La política no es una profesión sino una convicción, y el que actúa como
ciudadano comprometido es un político —no hace falta ser senador
para estar en la política—. Creo en la política con mayúsculas, no
en la política del márquetin electoral sino en la política como arte
noble de los ciudadanos para intervenir en la vida de sus conciudadanos,
y desde luego en esa política me van a encontrar. Aquí dejan, en la
medida que me corresponde, un amigo. Mi agradecimiento a todos,
absolutamente a todos, empezando por el Grupo Socialista, un gran grupo
de compañeros a los que agradezco los ocho años compartidos, y
continuando con el resto de la Cámara. Deseo a todos suerte, porque la
suerte de esta Cámara será la suerte de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cascallana.

¡Vaya día que llevamos de despedidas! Compañero senador por
Madrid, sabe usted que también le deseo lo mejor, igual que al resto de
los compañeros y de las compañeras senadoras y senadores que se despiden
en este Pleno. Espero que nos sigamos viendo —madrileños que somos
los dos— y le deseo lo mejor.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

No sé si despedirme, porque ¡vaya día que llevamos! Es una forma
de desactivarle a uno, señor Cascallana; porque, después de las cosas que
hemos tenido que oír al señor Sendra, al señor Bruguera y a usted mismo,
le quedan a uno pocas ganas —como decía el señor Anasagasti—
de repartir cera. ¡Pues no hay para tanto, señor Anasagasti! La cera que
repartimos es para que tenga un mayor brillo lo que aquí hacemos, sin
duda alguna. (Rumores). Creo que en este ambiente que tenemos hoy no hay
que profundizar mucho más en la respuesta.

Señor Cascallana, probablemente con la mejor intención, usted
exagera la nota cuando le hablo de esos resabios. Fíjense en la
contradicción que se produce. Decía el señor Anasagasti que no estaba de
acuerdo con las leyes que se habían aprobado aquí, que el Grupo Popular
no había admitido enmiendas, pero hay que reconocer que se han suavizado
todas estas leyes en los trámites parlamentarios. ¿Cómo se han suavizado,
señor Anasagasti? Pues a base de incorporaciones que han hecho ustedes,
que ha hecho el Grupo Socialista, que han hecho todos los grupos,
incluido el Grupo Popular. Ese es el trámite de una ley y ese es uno de
los objetivos por los que aquí nos traen los ciudadanos.

Había que tener valor, señorías, y había que tener decisión para
recoger una a una todas las leyes en materia de seguridad que venían
rigiendo en nuestro país desde el año 1977 —incluso algunas
antes— y traerlas aquí para actualizarlas, reformarlas, mejorarlas,
ponerlas al día. Bien, hoy parece que todos ustedes nos advierten y nos
aseguran que muy pronto se van a cambiar. Yo no sé si ustedes tienen una
bola que les permite ver qué nuevas mayorías se van a configurar en esta
Cámara, pero, créanme, todo es mejorable, todo es susceptible de mejora,
incluso las leyes que hace el Partido Popular o que trae a la Cámara. No
nos vamos a rasgar las vestiduras —ni ahora ni nunca— porque
una nueva mayoría parlamentaria corrija lo que entienda que son defectos.
Esta es la grandeza de la democracia, señorías, y el Partido Popular y el
Grupo Popular estarán encantados de poder participar —si llega ese
momento— en la mejora de estas y de cualquier otra ley que, en
beneficio de los ciudadanos, traigan a la Cámara. No obstante, repito, me
siento muy orgulloso con mi grupo de haber traído todo este paquete de
leyes y de haberlas podido debatir en un clima más que razonable y en
situaciones muy difíciles. Por lo tanto, no nos pesa en absoluto todo lo
que hemos hecho en materia de seguridad y libertades, y, desde luego,
también estaremos dispuestos a mejorar aquello que haya que mejorar en un
futuro.

Señor Bruguera, no sé si le he entendido mal, a lo mejor ha sido
cosa de la traducción, en relación con lo que ha dicho usted de que el
parlamentarismo había nacido en su localidad. Yo siempre creí que las
primeras Cortes democráticas se habían producido en el año 1188 en León.
(Aplausos). Así lo ha reconocido la Unesco haciendo Patrimonio de la
Humanidad aquellas Cortes. Por consiguiente, si usted quiere, compartimos
ese legítimo orgullo, hablamos con la Unesco y resolvemos ese
asunto.

Termino, señorías, con el mejor de los deseos, en nombre de todo
mi grupo, a todos aquellos que hoy se están despidiendo. Sí que les haría
una petición de futuro. No sé si estaremos o no estaremos aquí, pero lo
que sí es cierto es que se acercan esos momentos de diálogo, siendo
importante en todas las materias el clima entre los grupos parlamentarios
para poder avanzar. Yo creo que todos debemos esforzarnos en conseguirlo,
máxime en esta materia de los derechos y las libertades. En esta Cámara
se sientan antiguos ministros del Interior, como el señor Belloch, que
podrían ser una magnífica aportación para que en el futuro, en la nueva
legislatura, cuando haya que discutir estos temas, alcancemos unos
mayores grados de consenso, unos mayores grados de participación y entre
todos consigamos hacer algo que es para lo que estamos aquí, para
trabajar en beneficio de los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del
Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242;
votos emitidos, 242; a favor, 96; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda rechazada.

El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.1.

El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una propuesta de
modificación a esta moción firmada por todos los grupos.

Se habían presentado tres enmiendas —una del Grupo
Parlamentario de la Entesa, otra del Grupo Parlamentario de Convergència
i d’Unió y otra del Grupo Parlamentario Socialista—. Se
entiende que, al estar firmada la propuesta de modificación por todos los
grupos, estas tres enmiendas decaen.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Buenos días. Gracias, señor
presidente.

Traemos hoy a colación una moción sanitaria, la última de toda
esta legislatura y durante la cual han entrado muchas y muy buenas (el
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia), y muchas de
ellas han sido consensuadas en ámbitos de sanidad, servicios sociales o
igualdad. Como decía, traemos la última, la referida a los trastornos por
déficit de atención e hiperactividad. Si nos retrotraemos al principio de
la legislatura, a hace cuatro años, creo recordar que la primera moción
sanitaria fue también sobre el TDAH. A lo largo de estos cuatro años, y
también al final de la anterior legislatura, hemos conseguido visibilizar
una patología de la que todo el mundo hablaba pero en la que nadie
ahondaba, no solo desde el punto de vista sanitario o judicial, sino que
tampoco en la Comisión Mixta sobre drogas se había tratado el tema del
TDAH, ni desde luego desde el punto de vista de la educación. En la
tramitación parlamentaria en el Senado de la LOGSE se presentó una
enmienda —del Grupo de Convergència i d’Unió— referente
a la integración escolar de todos los niños con trastornos por déficit de
atención e hiperactividad. Ello significa que muchos y buenos han sido
los pasos que hemos dado a favor de esta patología, y lo hemos hecho
todos juntos y sumando recursos de unos y otros, y por supuesto contando
siempre con la Asociación de pacientes y con su presidente, don Fulgencio
Madrid, que siempre nos ha apoyado y alentado de cara a visibilizar esta
patología desde el punto de vista político.

Señorías, voy a definir el trastorno por déficit de atención e
hiperactividad. Es un síndrome conductual con base neurobiológica y un
fuerte componente genético. Estamos hablando de un 80 % de componente
genético, de ahí que haya un componente familiar bastante importante.
Actualmente existen evidencias científicas claras y patognomónicas
—como decimos en temas sanitarios— para rechazar aquellos
cantos de sirena que todavía quieren especular sobre un posible carácter
inventado de esta patología. Es una patología con corte biológico, con un
trastorno, con un diagnóstico y con un tratamiento muy muy
específico.

Señorías, este trastorno es crónico, de origen neurológico y con
una base genética. Es un trastorno emergente, es decir, que aumenta cada
vez más el número de pacientes. Según las últimas estimaciones, estamos
hablando de que entre un 5 % o un 10 % de la población infantojuvenil lo
padece, siendo tres veces más frecuente en varones que en mujeres.

Dado su carácter crónico, el TDAH persiste en altos porcentajes en
la edad adulta. Estamos hablando de que un 50 o un 60 % de los niños que
sufren TDAH en la edad infantojuvenil lo siguen manifestando, con toda su
sintomatología y su problemática, en la edad adulta, lo cual significa
que la prevalencia en edad adulta es alta; de un 3 o un 4 %.

La sintomatología, como ya hemos comentado en otras ocasiones en
esta tribuna, se manifiesta generalmente con un aumento de la actividad
impulsiva y con una falta de atención y concentración, que lleva
aparejados fracaso escolar y problemas sociales en la población infantil
y en la población juvenil.

Este trastorno puede llevar a cometer infracciones penales
—de ahí la importancia de que Justicia esté también integrada
dentro del grupo de trabajo sobre el TDAH—, así como a diversas
dificultades sociales y muchas veces también al consumo de drogas. El
volumen de pacientes con TDAH que consumen drogas es muy alto, de ahí que
también se haya abordado su estudio desde la Delegación del Gobierno para
el Plan nacional sobre drogas.

El diagnóstico precoz, el tratamiento terapéutico adecuado e
integral basado en la intervención farmacológica, psicológica y
pedagógica es básico para obtener un buen pronóstico de estos pacientes.
Pero hemos dado un paso cualitativo importante a lo largo de esta
legislatura, que ha sido crear la especialidad sanitaria, según el Real
Decreto 639/2014, de Psiquiatría infantojuvenil. Hasta ahora, tal
especialidad no existía, solo existía la voluntad de algunas comunidades
autónomas —pues la sanidad es una competencia trasferida— de
poner unidades, pero el problema era dotarlas, y también existía el
problema de formar específicamente a estos médicos psiquiatras
infantojuveniles ya que tal especialidad no estaba desarrollada y faltaba
el sustento y la calidad a la hora de su formación específica.

Gracias, como he dicho, a este real decreto de la troncalidad, ya
viene recogida la especialidad de Psiquiatría infantojuvenil —al
fin y al cabo es algo que viene reflejado en la Ley de ordenación de las
profesiones sanitarias de la época de Ana Pastor, del año 2003 y que
ahora hemos desarrollado— que es importantísima para tratar a
pacientes con TDAH o a cualquier paciente con cualquier trastorno desde
un punto de vista psiquiátrico infantojuvenil.

Señorías, como he dicho, el abordaje que tenemos actualmente,
según la edad de los pacientes, en el caso de los adultos es a través de
los equipos de salud mental, dependientes muchas veces de ámbito
hospitalario y otras de los centros de salud, y empezarán ya a funcionar
de una forma ordenada los equipos desde el punto de vista de la
especialidad de Psiquiatría infantojuvenil. Sin embargo, los estudios
recogidos —sobre los que después hablaré— dicen que existe un
décalage, un fallo a la hora de que el paciente infantojuvenil sea
atendido de una forma armónica y ordenada por la unidad de psiquiatría
del adulto. Es decir, siguen siendo actuaciones muy arbitrarias y con
falta de recursos, aparte de que nunca se sabe si, en una edad intermedia
—entre los 17 y los 19 años—, tratar al niño como niño o
darle ya un tratamiento adulto, edad importantísima para que los
pacientes con TDAH en edad adulta se reconduzcan desde el punto de vista
social y se eviten situaciones antisociales. Uno de los ejemplos más
claros de esos fallos de transición lo tenemos precisamente en pacientes
de TDAH, y así se ha demostrado.

Es necesario, como digo, homogeneizar y protocolizar la asistencia
infantil, juvenil y del adulto en el caso de los pacientes con TDAH, por
supuesto partiendo desde su principio, desde el ámbito educativo, y
favoreciendo a los maestros para que estén preparados para hacer un
diagnóstico lo más precoz posible de estos pacientes con TDAH.

Señorías, el 20 % de adultos con TDAH presentan comorbilidades,
siendo las más frecuentes ansiedad, trastornos de conducta, trastornos
depresivos mayores, trastornos bipolares y, sobre todo, abuso y consumo
de sustancias. El TDAH en la edad adulta es una condición
infradiagnosticada e infravalorada a pesar de que la transición de la
adolescencia a la adultez es un punto crítico. Gran parte de los estudios
que se han hecho referentes a lo mal que está funcionando el decalaje que
hay de la transición de un paciente de la edad infantojuvenil a la edad
adulta vienen de la doctora Josefina Castro que trabaja en Cataluña y es
presidenta de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y
Adolescente. Ella dice categóricamente: «Protocolizar la atención del
TDAH en todas las comunidades sería lo ideal.» Recomienda que se
establezcan programas para mejorar la transición del adolescente desde
los servicios infantiles a los servicios del adulto.

Hay un estudio muy bueno en la revista Medicina Programada
—una revista sanitaria de mucho nivel—, en el facsímil de
junio de este año, sobre la transición de los sistemas de salud mental
para el adulto y para jóvenes y los desórdenes que provocan esa mala
transición. Dice textualmente: «Se requiere que se desarrollen servicios
y se implementen transiciones entre los servicios de salud mental para
niños y adultos. Hay poca continuidad de casos y muy pocos adultos son
tratados desde los programas para jóvenes de TDAH. Es importante que las
necesidades de salud mental de estos pacientes y sus padres se conviertan
en una prioridad. Según la experiencia de los padres y los médicos, unos
protocolos más definidos, mejor uso de los recursos y mejor formación de
los pacientes y la familia son algunas de las cosas que se deberían hacer
para mejorar la transición y evitar ese fallo en la sanidad.»

Estas peticiones son justamente las que realizamos nosotros en la
moción presentada y que ha tenido a bien transaccionar con el resto de
los grupos políticos.

Para mí es un motivo de orgullo que la última moción que veamos
desde el punto de vista sanitario esté firmada por los seis grupos
parlamentarios de esta Cámara, lo cual nos da la idea de que estamos
priorizando lo que de verdad interesa, de que se apartan los temas
políticos y priorizamos los que son nuestra razón de ser como son los
pacientes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Aguirre.

Pasamos al turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora señora Lima.

La señora LIMA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Como sabemos, esta semana —del 11 al 18 de octubre—
estamos celebrando la Semana europea de atención a las personas con
trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el lema que
nos proponen en esta celebración es: «Ni un alumno ni una alumna más sin
una enseñanza de calidad».

Es cierto que esta moción es necesaria y que trata de dar
respuesta a una situación completamente injusta. Reconocemos que la
atención a las personas con TDAH está supeditada a la suerte de haber
nacido en una comunidad autónoma u otra, lo que vulnera el derecho
constitucional a la igualdad, tal como denunció la Federación Española de
Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad.

Sabemos que los protocolos de actuación dirigidos a la detección,
diagnóstico, tratamiento educativo y sanitario en nuestro país no son
homogéneos. Algunas comunidades autónomas han desarrollado protocolos
coordinados entre los servicios sanitarios y educativos, otras aportan un
abordaje básicamente clínico y algunas, como mi comunidad autónoma, la
Comunidad Valenciana, no contamos siquiera con un protocolo, a pesar de
que la Generalitat Valenciana ya anunció en 2014 que lo iba a poner en
funcionamiento.

Pensamos que los objetivos que plantean ustedes en su moción son
reducidos y son parciales. Necesitamos una coordinación efectiva entre
los servicios educativos y sanitarios. Creemos que los niños y niñas con
TDAH deben ser detectados y deben contar con una atención temprana pero
desde un punto de vista multidisciplinar, estableciendo canales
coordinados de colaboración constante entre los distintos profesionales
implicados. Si me permiten, la investigación científica avala y pone de
manifiesto la necesidad de este enfoque interdisciplinar. Quiero
aprovechar para poner en valor a una experta de la Comunidad Valenciana,
Ana Miranda, catedrática de Psicología evolutiva y educativa de la
Universitat de València, que, al igual que el MTA —grupo dentro del
Instituto de Salud Mental de Estados Unidos—, afirma que el
tratamiento con psicofármacos es sintomático, por lo que debe siempre ir
acompañado de un abordaje terapéutico multidisciplinar que combine la
medicación, el tratamiento psicológico y las intervenciones
psicopedagógicas. Se trata, además, de cumplir la resolución aprobada por
la Asamblea del Consejo de Europa, que, en marzo de este mismo año,
promovía que sus Estados miembro apostaran por un abordaje integral de
estos niños y niñas con TDAH, intentando que el tratamiento farmacológico
fuera la última opción.

A pesar de la evidencia científica, solo seis comunidades
autónomas cumplen con estos protocolos coordinados entre los ámbitos
sanitario y educativo: Canarias, Castilla y León, Extremadura, Murcia,
Navarra y Cantabria. Ustedes nos proponen un modelo que continúa
apostando por esa intervención —previsiblemente
farmacológica— dentro de los servicios de salud mental.

La figura que ustedes comentan del psiquiatra infantil añade
además una nueva necesidad, que es la de concretar las funciones de cada
uno de los profesionales, evitando esta variabilidad, esta confusión
asistencial en la que luego profundizaré.

Pensemos ahora en las familias. Yo les voy a hablar de mi
comunidad, de la Comunidad Valenciana. Sé que las familias en mi
comunidad sufren un alto nivel de estrés; van perdidas. Muchas veces no
saben dónde acudir. Incluso, muchas veces los profesionales tampoco
tienen claro dónde derivar. Frente a esa variabilidad asistencial, las
familias deambulan desorientadas. Una situación que debemos añadir es la
variabilidad económica, ya que el sistema público no suele dar respuestas
adecuadas y tienen que terminar en intervenciones privadas.

Les propongo que, si tanto insisten en ese abordaje en el ámbito
sanitario —como ustedes saben, aquí hablamos de un trastorno
crónico, de alta prevalencia y de un pulso evolutivo—, ¿por qué no
incluimos ya definitivamente los fármacos específicos para el tratamiento
del TDAH dentro del grupo de los medicamentos de aportación reducida al
igual que ocurre con la medicación propia del resto de pacientes crónicos
hoy existentes?

El 21 de octubre de 2010 se aprobó aquí en el Senado una moción en
la que se solicitaba la inclusión de la medicación específica en el grupo
de aportación reducida. Dos años y medio después, en abril de 2013, el
presidente de la federación española FEAADA todavía continuaba
reivindicando esto frente al Ministerio de Sanidad. También en la
Comunidad Valenciana, la Asociación de Familias Afectadas por el TDAH
trasladó esta reivindicación a la Conselleria de Sanidad.

Sin embargo, nosotros insistimos en que el coste que sufren las
familias no es solo farmacológico. También deben acudir a intervenciones
educativas y psicológicas extra. Pensamos que este sistema educativo no
les está dando respuestas suficientes a estos niños y niñas con TDAH y
con necesidades específicas de atención educativa.

En conclusión, nosotros vamos a votar a favor de esta moción, pero
reiteramos lo insuficiente de esta propuesta que, repito, aborda el TDAH
desde un punto de vista reduccionista y parcial, sin contar con el
conocimiento que deriva de la evidencia científica y de la práctica
diaria. No es un problema solo de coordinar la atención sanitaria
infantil en su tránsito a la vida adulta, sino también esta con los
servicios educativos. Hacer hincapié en la figura del psiquiatra infantil
y, por tanto, del tratamiento farmacológico, cuando los expertos están
defendiendo el uso combinado del tratamiento conductual y psicoeducativo
es erróneo.

Esperemos que esta moción no caiga en el olvido. Es curioso que la
planteemos coincidiendo con la semana europea del TDAH. Yo, desde luego,
quiero volver a recordarles que en diciembre de 2014 se prometió un
protocolo de actuación en el ámbito educativo de la Comunidad Valenciana
que todavía hoy seguimos esperando. Que no se cumplan cosas que se han
aprobado es jugar con las esperanzas de las familias, señorías. Nuestro
voto es favorable, pero es un voto vigilante. Nosotros creemos de verdad
en esta propuesta y queremos trabajar con ustedes para llevarla a
cabo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora
Lima.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, egun on. Si usted me
lo permite, intervendré desde el escaño para ser lo más breve
posible.

Lo ha dicho el senador Aguirre y es cierto, y lo que ha contado
creo que ya nos ha ilustrado bastante, no voy a ser yo quien vaya a
complementar mucho más, al igual por cierto que lo que nos ha contado la
senadora Lima. Es un tema muy delicado y muy difícil por lo que hemos
comentado, porque incluye abordajes desde un punto de vista sanitario,
desde un punto de vista educativo, también de la justicia,
desgraciadamente, y de la necesidad de apoyo de los servicios sociales a
los familiares y a los propios afectados.

Esta moción se centra más en el tema sanitario porque este está
siendo bastante complicado. Es bastante difícil repartirse el trabajo o
discernir entre los servicios de pediatría y los servicios de
psiquiatría, porque ambos pueden tener visiones diferentes e incluso a
veces de manera no digo violenta pero sí bastante desagradable. Dentro de
la propia psiquiatría tenemos la nueva especialidad de psiquiatría
infantil y la psiquiatría de adultos, y dentro de los psiquiatras que se
dedican a la psiquiatría infantil, como también se ha dicho aquí,
distintas concepciones desde el punto de vista diagnóstico y desde el
punto vista terapéutico, con un tipo de fármacos, con psicoterapia, con
psicofármacos, con ambos, y yo me atrevo a decir que a veces hasta con
ninguno —yo he vivido un caso difícil en mi municipio en el que se
ha ido por la vía de la hierba y se ha acabado muy mal, desgraciadamente
mal—, y dentro de la psiquiatría están los procesos de transición
de la psiquiatría infantil a la psiquiatría de adultos, porque aunque
solamente hablemos de psicofármacos ya estamos hablando de psicofármacos
diferentes, y así, etcétera, etcétera. Si eso lo encuadramos en las
necesidades especiales dentro del ámbito educativo y en las necesidades
especiales dentro del ámbito social, el tema se complica muchísimo.
Nosotros, en este caso, entendemos que estamos hablando del Consejo
Interterritorial de Salud y, por lo tanto, estamos abordando la parte
médica del problema, sin olvidar las demás, y es conveniente encargar al
Consejo Interterritorial de Salud que busque unos protocolos uniformes
para poder tener unos criterios más o menos similares, teniendo en cuenta
por supuesto todo lo que se ha hecho y todo lo que se está haciendo en
las distintas comunidades autónomas, no para que las que están haciendo
algo hagan menos y se parezcan a las que no están haciendo nada, sino
todo lo contrario, para que las que no están haciendo nada se pongan las
pilas y se pongan al nivel de las que están haciendo algo, para conseguir
que estos pacientes no tengan que padecer lo que ha dicho la senadora
Lima, que dependiendo de donde nazcan tengan más o menos
posibilidades.

Sí que nos habría gustado, como se ha dicho en esta Cámara, que
este asunto hubiera tenido un abordaje más amplio; ya lo hemos tenido
antes y a lo mejor este era el momento de recordarlo de nuevo, ya que
terminamos la legislatura y nos queda como tarea pendiente para la
siguiente, pero en principio vamos a aceptar lo que el Grupo Popular ha
presentado con la aportación de Convergència i d’Unio y vamos a
votar a favor.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Cazalis.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra la señora
Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: President, senyories, bé, la moció que
estem debatent, l’entesa, la coordinació de protocols
d’actuació davant pacients diagnosticats de trastorn de dèficit
d’atenció i hiperactivitat des de l’àmbit sanitari, pel que
fa a la transició de psiquiatria infantil i a la d’adults, i en
l’àmbit educatiu, per tal de coordinar i compartir els protocols
d’actuació existents. Entenem que en dos àmbits són competència de
les comunitats autònomes. Però dit això trobem encertat compartir
experiències i protocols que enriqueixin la gestió i millorin
l’atenció a aquest col·lectiu. Ara bé, creiem que el veritable
problema que hem d’afrontar com a societat és la detecció precoç
del TDAH. El tema és prou important atès que afecta un sector de població
infantil molt elevat: alguns experts assenyalen que uns 300 000 nens
estan diagnosticats i que s’estima que arriba a afectar entre un 5
i un 8 % de la població infantil. No podem obviar que és un trastorn
crònic, que es pot controlar i que, tot i que aparèixer a la infància, va
evolucionant cap a la l’edat adulta, amb les dificultats i la
problemàtica de relacions socials que comporta.

La importància d’aquest tema ja es va tractar aquí en el
plenari al juny de 2013, quan es va interpel·lar el ministre Wert sobre
l’oportunitat d’incloure al redactat de la Llei de millora de
la qualitat educativa, a la LOMCE, la garantia d’atendre i fer
efectiu el suport educatiu, l’adequada evolució i seguiment durant
les etapes educatives tant a primària com a secundària. De fet es va fer
així, i està recollit en el redactat, en els articles 1, 12, 14, 16, 71
i 72. Per tant, vista la legislació vigent és un fet irrefutable que
queden reconegudes com a drets totes les mesures necessàries
d’atenció per a aquest col·lectiu. I això passa per dotar
econòmicament els pressupostos perquè es garantitzi. Però cal anar més
enllà. Hem de ser capaços d’endegar els mecanismes que ens permetin
diagnosticar de forma precoç en els primers anys d’escolarització
els nens i nenes amb TDAH. I per això cal una formació especialitzada per
al professorat, uns programes d’atenció a l’alumnat amb
necessitats educatives especials i programes integrals de suport i reforç
als centres educatius tant a primària com a secundària. No tenen sentit
els protocols d’actuació si no hi ha una prèvia detecció i
diagnòstic.

És la família, però principalment els professionals docents, que
segueixen l’evolució de l’aprenentatge de l’alumne, els
qui hem de facilitar tota la formació específica i mitjans necessaris per
tal que siguin els primers a evitar que, erròniament, els nens i nenes
afectats hagin de viure situacions injustes per una mala diagnosi sobre
el comportament a l’aula, sobre el baix rendiment escolar o
l’exclusió per part dels companys. Els pares i mares necessiten i
mereixen tenir un sistema educatiu capaç de detectar-ho. I que després
disposi dels professionals especialistes per decidir quines mesures cal
emprendre en cada cas. És més, tal com he dit abans, tenen el dret a la
resposta necessària en aquests casos. Hi ha comunitats autònomes que
disposen de protocols d’actuació en l’àmbit educatiu, i pel
que fa a l’àmbit sanitari també tenen programat com ha de ser
aquest traspàs de psiquiatria infantil a la d’adults.

Res a dir pel que fa a compartir les experiències i unificar i
millorar els protocols. Però hem de garantir a les famílies que el
sistema educatiu és capaç de donar resposta a aquests nens i nenes
diagnosticats, que ho és per la detecció precoç, i que disposa dels
mitjans materials i humans per afrontar-ho. Això es tradueix per dotar
del finançament necessari. Tot i donar suport a la moció mitjançant la
transaccional que hem signat, cal que els governs donin respostes als
problemes de la societat, i aquestes, les d’atenció en el sistema
educatiu per a les necessitats especials educatives, resten pendents de
solució.

Gràcies. (Aplaudiments).

Presidente, señorías, la moción que estamos debatiendo insta al
Gobierno a protocolizar el abordaje de los pacientes con trastorno por
déficit de atención e hiperactividad en el ámbito sanitario, en lo que
respecta a la transición de psiquiatría infantil a la de adultos, y en el
ámbito educativo para coordinar y compartir los protocolos de actuación
existentes, y entendemos que los dos ámbitos son competencia de las
comunidades autónomas. Pero, dicho esto, es acertado compartir
experiencias y protocolos que enriquezcan la gestión y mejoren la
atención a este colectivo. Ahora bien, creemos que el auténtico problema
que tenemos que afrontar como sociedad es la detección precoz del TDAH.
El tema es lo suficientemente importante porque afecta a un sector de
población infantil muy elevado; algunos expertos señalan que unos 300 000
niños están diagnosticados y se estima que llega a afectar a entre un 5 y
un 8 % de la población infantil. No podemos obviar que es un trastorno
crónico que se puede controlar y que aunque aparece en la infancia va
evolucionando hacia la edad adulta, con las dificultades y la
problemática de relaciones sociales que ello comporta.

La importancia de este tema ya se trató aquí en el Pleno en junio
de 2013 cuando se interpeló al ministro Wert sobre la oportunidad de
incluir, al redactar la Ley para la mejora de la calidad educativa, la
LOMCE, la garantía de atender y hacer efectivo el apoyo educativo, la
adecuada evolución y seguimiento durante las etapas educativas tanto en
primaria como en secundaria. De hecho, así se hizo y está recogido en el
redactado de los artículos 1, 12, 14, 16, 71 y 72. Por tanto, vista la
legislación vigente, es un hecho irrefutable que quedan reconocidas como
derechos todas las medidas de atención necesarias para este colectivo, y
esto pasa por dotarlas económicamente en los presupuestos para que se
garanticen. Pero hay que ir más allá. Tenemos que ser capaces de poner en
marcha los mecanismos que nos permitan diagnosticar de forma precoz en
los primeros años de escolarización a los niños y niñas con TDAH. Por eso
es necesaria una formación especializada para profesorado, unos programas
de atención al alumnado con necesidades educativas especiales y programas
integrales de apoyo y refuerzo en los centros educativos tanto en
primaria como en secundaria. No tienen sentido los protocolos de
actuación si no existe una previa detección y diagnóstico.

Es la familia, pero son sobre todo los profesionales docentes que
siguen la evolución del aprendizaje del alumno los que tienen que
facilitar toda la formación específica y medios necesarios para que sean
los primeros en evitar que erróneamente los niños y niñas afectados
tengan que vivir situaciones injustas por un mal diagnóstico sobre el
comportamiento en el aula, el bajo rendimiento escolar o la exclusión por
parte de los compañeros. Los padres y madres necesitan y merecen tener un
sistema educativo capaz de detectarlo, un sistema que después disponga de
profesionales especialistas para decidir qué medidas hay que tomar en
cada caso. Es más, tal y como he dicho anteriormente, tienen derecho a la
respuesta necesaria en estos casos. Hay comunidades autónomas que
disponen de protocolos de actuación en el ámbito educativo. Y por lo que
respecta al ámbito sanitario también tienen programado cómo tiene que ser
este traspaso de psiquiatría infantil a la de adultos.

Nada que decir sobre el hecho de compartir experiencias, unificar
y mejorar los protocolos, pero tenemos que garantizar a las familias que
el sistema educativo es capaz de dar respuesta a estos niños y niñas
diagnosticados, que sirve también para la detección precoz y que dispone
de los medios materiales y humanos para afrontarlo. Esto se traduce en la
dotación de la financiación necesaria, y aunque damos nuestro apoyo
mediante la transaccional que hemos firmado, es necesario que los
gobiernos den respuesta a los problemas de la sociedad. Pero la detección
de las necesidades especiales en el sistema educativo están aún
pendientes de solución.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Sequera.

Por Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies president.

L’atenció als trastorns mentals greus en la infància i
l’adolescència és una de les prioritats del Pla director de salut
mental i addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.

La millora a l’atenció a les persones amb trastorns mentals
i addiccions i la qualitat de vida de les persones afectades i les seves
famílies, són dos dels objectius del Pla integral d’atenció a les
persones amb trastorns mental i addiccions que ja va ser presentat el
passat juliol del 2014. El trastorn per dèficit d’atenció amb
hiperactivitat és actualment un dels trastorns més prevalents en
psiquiatria infanto-juvenil que s’inicia durant la infància i
comporta un patró persistent de conductes de desatenció, hiperactivitat
impulsivitat, o una combinació de totes aquestes que he anomenat, que
condicionen les funcions bàsiques de l’activitat diària, com ara
l’aprenentatge o la capacitat de fer amistats.

Aquests trastorns, i aquí hem d’estar d’acord amb el
que diu la moció, demanen especialment intervencions coordinades més
enllà de la intervenció sanitària. Cal un treball en xarxa entre els
professionals de l’àmbit de l’educació i l’atenció
primària, així com dels serveis especialitzats de salut mental
d’adults. El sistema d’atenció sanitària, alhora ha de
garantir els principis d’equitat, efectivitat i eficiència. Això
significa impulsar polítiques a favor de disminuir la variabilitat
clínica no justificada mitjançant activitats de formació, avaluació o
guies clíniques, i tenir-ne en compte els resultats.

Des del 2010 disposem de la Guia Pràctica Clínica sobre el
trastorno por dèficit de atención con hiperactividad en ninos y
adolescentes del Ministerio de Sanidad, Política Social y Igualdad. La
guia està basada en l’evidencia científica, disponible sobre el
TDAH en infants i adolescents, i és, efectivament un ajut a l’hora
de prendre decisions sobre l’atenció sanitària d’aquest
trastorn. L’any 2007 el Parlament de Catalunya va emetre resolució
en la que s’instava el Govern a millorar l’atenció a la
població amb TDAH en l’àmbit de la salut i en l’àmbit
educatiu. D’acord amb aquesta resolució, es va crear un grup de
treball: el Consell Assessor de Salut Mental i Addicions, per elaborar un
protocol per el maneig del TDAH infanto-juvenil en el sistema sanitari
català. En va sortir un protocol, que s’està implementant, i
m’agradaria explicar alguns dels aspectes clau que recull aquest
protocol.

En casos de TDAH amb clínica moderada i greu, recomana el
tractament combinat, que inclou el tractament psicològic, el farmacològic
i la intervenció psico-pedagògica a l’escola. El tractament
farmacològic presenta un elevada eficiència i seguretat. Les famílies han
de rebre una informació complerta i valida en relació al trastorn i el
seu tractament, on consti informació sobre el trastorn, les opcions
terapèutiques i les indicacions i normes d’ús dels psicofàrmacs.
L’atenció escolar dels nenes amb TDAH, així com la coordinació
entre els serveis clínics i el sistema educatiu, és un punt essencial en
l’evolució del nen i del adolescent amb TDAH. El coneixement del
TDH per part de l’atenció primària de salut i els professionals
d’ensenyament és clau per a l’adequada detecció del trastorn.
El diagnòstic del TDAH s’ha de realitzar per un especialista en
psiquiatria infantil, psicologia clínica o neuro-pediatria. Com a
tractament inicial es recomana el psicològic, el tractament
psicoterapèutic conductual per a pares està indicat en primera línia en
tots els nens i adolescents amb aquesta afectació.

Es detecta també la necessitat d’un programa
d’intervenció individualitzat a l’escola de tots el nens amb
TDAH. Jo penso que el que estem fent està en la línia del que proposa el
senador Aguirre en aquesta moció. És necessari establir un protocol per
la població adulta. A Catalunya ja s’està començant a treballar en
aquests tema i s’ha encarregat al servei de psiquiatria de la Vall
d’Hebron, el senyor Aguirre ha anomenat a la senyora Josefina
Castro, però tot el servei de psiquiatria de la Vall d’Hebron, com
a centre pioner en tot l’Estat en la recerca del TDAH, està
treballant també en això. El objectiu és tenir aquests protocols. El
repte serà la seva implantació, que caldrà dur a terme amb la
participació de tots els professionals des de l’àmbit de la Salut,
de l’escola, tots els professionals de l’àmbit de la
psicologia, tots els afectats i per suposat, totes les famílies.

D’acord, estem d’acord i votarem favorablement aquesta
moció. Estem d’acord en coordinar, en sumar, en que allò que
s’ha fet en alguns llocs no quedi en un calaix de sastre, i que
serveixi com a model i que es pugui implementar i millorar. Estem
d’acord en aprendre, estem d’






acord en compartir, i si tot
això a més a més ho fem amb un escrupolós respecte per les competències
que a Catalunya ja saben vostès que tant en sanitat com en educació
pertanyen a la Generalitat de Catalunya, doncs jo penso que tenim un
escenari fantàstic per millorar l’atenció i la qualitat de vida
tant dels malalts del TDAH com de tot el seu àmbit familiar.

Moltíssimes gràcies.

Gracias, presidente.

La atención a los trastornos mentales graves en la infancia y en
la adolescencia es una de las prioridades del Plan director de salud
mental y adicciones del Departamento de Salud de la Generalitat de
Catalunya.

La mejor atención a las personas con trastornos mentales y
adicciones y la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias
son dos de los objetivos del Plan integral de atención a las personas con
trastorno mental y adicciones que se presentó ya el pasado julio de 2014.
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los más
prevalentes en psiquiatría infantil e infanto-juvenil que se inicia
durante la infancia y comporta un patrón persistente de conductas de
desatención, hiperactividad e impulsividad o una combinación de todas
ellas que condicionan las funciones básicas de la actividad diaria, como
el aprendizaje o la capacidad de hacer amigos.

Estos trastornos —y aquí estamos de acuerdo con lo que dice
la moción— piden una intervención coordinada más allá de la
sanitaria. Es necesario un trabajo en red entre los profesionales del
ámbito de la educación y la atención primaria, así como de los servicios
especializados de salud mental de adultos. El sistema de atención
sanitaria tiene que garantizar a la vez los principios de equidad,
efectividad y eficiencia. Eso significa, señorías, impulsar políticas a
favor de disminuir la variabilidad clínica no justificada mediante
actividades de formación, evaluación o guías clínicas y tener en cuenta
los resultados.

Desde el año 2010 disponemos de la guía práctica clínica sobre
trastornos por déficit de atención con hiperactividad en niños y
adolescentes del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. La
guía está basada en la evidencia científica disponible sobre el TDAH en
niños y adolescentes, y es, efectivamente, una ayuda cuando se trata de
tomar decisiones sobre la atención sanitaria y este trastorno. En el
año 2007 el Parlamento de Cataluña emitió una resolución en la que se
instaba al Gobierno a mejorar la atención a la población con TDAH en el
ámbito de la salud y en el educativo. De acuerdo con esta resolución se
creó un grupo de trabajo en el Consejo Asesor de Salud Mental y
Adicciones para elaborar un protocolo con el objeto de manejar el TDAH
infantojuvenil en el sistema sanitario catalán. De ahí salió un protocolo
que se está implementando y me gustaría comentarles algunos de los
aspectos clave que recoge.

En casos clínicos de TDAH moderados y graves se recomienda un
tratamiento combinado que incluye el tratamiento psicológico, el
farmacológico y la intervención psicopedagógica en la escuela. El
tratamiento farmacológico presenta una elevada eficiencia y seguridad.
Las familias tienen que recibir una información completa y válida en
relación con el trastorno y su tratamiento, donde consten las opciones
terapéuticas, así como las indicaciones y normas de uso de los
psicofármacos. La atención escolar de los niños con TDAH y la
coordinación entre los servicios clínicos y el sistema educativo, es un
punto esencial en la evolución del niño y del adolescente con TDAH. El
conocimiento de este trastorno por parte de la atención primaria y de
salud, así como de los profesionales de la enseñanza, es clave para su
adecuada detección. El diagnóstico del TDAH ha de realizarse por un
especialista en psiquiatría infantil, psicología clínica o
neuropediatría. Como tratamiento inicial se recomienda el psicológico; el
tratamiento psicoterapéutico conductual para padres está indicado en
primera línea respecto a todos los niños y adolescentes con esta
afectación.

Se detecta, asimismo, la necesidad de un programa de intervención
individualizada en la escuela de todos los niños con TDAH. Creo que lo
que estamos haciendo está en la línea de lo que propone el senador
Aguirre en esta moción. Es necesario, por tanto, establecer un protocolo
para la población adulta. En Cataluña se está ya empezando a trabajar en
este tema. Se ha encargado el servicio de psiquiatría de la Vall
d’Hebron. El señor Aguirre ha nombrado a la señora Josefina Castro,
pero todo el servicio de psiquiatría de la Vall d’Hebron, como
centro pionero del Estado en la investigación del TDAH está trabajando en
ello. El objetivo, señorías, es tener estos protocolos. El reto será su
implementación, que habrá que llevar a cabo, en todo caso, con la
participación de todos los profesionales de la sanidad, de la escuela, de
la psicología, y, por supuesto, de todos los afectados, de las
familias.

Por tanto, votaremos favorablemente esta moción. Estamos de
acuerdo en coordinar, en sumar, en que lo que se ha hecho en algunos
lugares no quede en un cajón de sastre, que sirva como modelo, que se
pueda implementar y mejorar. Estamos de acuerdo en aprender, en
compartir, y además, si todo ello lo hacemos con un respeto escrupuloso
hacia las competencias que pertenecen a la Generalitat de Catalunya,
tanto en sanidad como en educación, yo creo que tenemos un escenario
fantástico para mejorar la atención y la calidad de vida, tanto de los
enfermos del TDAH como de todo su ámbito familiar.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora
Rivero.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Andrés.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, presidente. Buenos días.

Como se ha mencionado anteriormente, estos días se está celebrando
la VIII Semana Europea de Sensibilización sobre el Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad, una de las actividades que anualmente
pretende poner el foco en la problemática con la que se encuentran
pacientes y familias en el abordaje de este trastorno, que pone en
evidencia que a pesar de ser uno de los trastornos que con más intensidad
se viene investigando, queda aún un largo camino para que la complejidad
en la práctica asistencial se simplifique en aras de una detección precoz
que conlleve un abordaje multidisciplinar y transversal como el Grupo
Popular refleja en la exposición de motivos de la moción.

Es cierto que cada vez sabemos más sobre el TDAH. Además, cada vez
disponemos de más avances que han ayudado a niños, a adolescentes y a
adultos con TDAH y a sus familias. Nadie duda del avance en cuanto a la
visibilización y el conocimiento de este trastorno en comparación con lo
que pensábamos conseguir hace tan solo una década, como ha dicho el
portavoz del Partido Popular en la presentación de la moción. Quizá,
tengamos que preguntarnos por qué nos seguimos conformando con los mismos
objetivos terapéuticos de siempre. Hace ya más de una década surgió,
dentro del proyecto GuíaSalud, impulsado por el Consejo Interterritorial,
el ánimo de mejorar la toma de decisiones sobre la base de la evidencia
científica. Del mismo modo, durante ese año 2003, y dentro del Plan de
calidad del Sistema Nacional de Salud para mejorar la cohesión del
sistema sanitario y dotar de máxima calidad la atención sanitaria, se
puso en marcha la elaboración de 8 guías de práctica clínica, una de
ellas correspondiente a este trastorno. La guía fue encargada a un grupo
de expertos y contó con el aval de las sociedades científicas. Fue una
guía multidisciplinar que vino a dar respuestas a muchas cuestiones en el
diagnóstico y el tratamiento, tanto para la población como para los
profesionales que atienden a estos niños, ya sean del ámbito sanitario o
educativo.

En este momento, y después de que el Real Decreto de troncalidad
incluyera la especialidad en psiquiatría infantil, resulta necesario
protocolizar el abordaje de estos pacientes en su transición de los
servicios infantiles a los servicios de adultos. Y resulta necesario
porque está demostrado que la mitad de los niños con TDAH seguirán
sufriendo el trastorno en la edad adulta; proporción que aumenta hasta
el 75 % cuando se trata de adolescentes. También es necesario porque
durante la transición de la adolescencia a la etapa adulta, los jóvenes
con este trastorno son especialmente vulnerables.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha firmado la
transaccional, siendo conscientes de que el ministerio ha de ser muy
cuidadoso, pues ya funcionan algunos protocolos en diferentes comunidades
autónomas aunque, de facto, la especialidad de psiquiatría infantil sea
de reciente creación. La coordinación y la ayuda son necesarias, la
puesta en común de lo que existe y las buenas prácticas de lo que viene
funcionando deben ser tenidas en cuenta en el seno del consejo
interterritorial. Y, por supuesto, cuando se abordan nuevas situaciones
es necesaria, tanto para su puesta en funcionamiento como, sobre todo,
para su posterior desarrollo, la consignación de partidas
presupuestarias. Ustedes ya nos tienen acostumbrados a la presentación de
multitud de mociones, muchas de ellas solicitando nuevas peticiones al
Gobierno, que no vienen acompañadas de consignación económica, lo que al
final hace imposible desarrollar nuevas actuaciones. Por ejemplo, ustedes
han dejado sin presupuestar las estrategias de salud. Por tanto,
permítannos que dudemos de la eficacia de todas las medidas que se
solicitan. No obstante, somos conscientes de la necesidad de abordar
estos protocolos para mejorar el funcionamiento de la asistencia tanto a
los pacientes de TDAH como a sus familias.

Permítanme, por último, que utilice este turno, de nuevo, para
despedirme de la Cámara, agradeciendo el trabajo a sus servicios, la
labor de la Mesa, y a todos y cada uno de los senadores y senadoras los
momentos vividos durante estos ocho años en el Senado.

Todos somos conscientes de que llegan tiempos difíciles. Por eso,
yo les pediría a quienes van a seguir teniendo responsabilidades en las
Cortes Generales que trabajen para la dignificación de esta gran tarea
que es el servicio público. Dignifiquen la política para lograr
dignificar la vida de los que menos tienen.

Me tendrán en Palencia. Quedan todos invitados a esa gran ciudad,
a esa gran bella desconocida que es mi tierra.

Les deseo lo mejor en el ámbito personal.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Permítame también, señora
Andrés, que haga patente una gratitud personal, en este caso. La conozco
desde hace muchos años y sé de su pasión por la política y de su amor a
Castilla y León, y a Palencia. La felicito, porque ha hecho una gran
labor. Aquí no existe el adiós, solo es un hasta luego.

Gracias.

Senador Aguirre, tiene la palabra.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Todos nos apuntamos a recorrer la ruta del románico palentino o a
ir a san Antolín. Para alguien de Palencia debe ser un motivo de orgullo
enseñarnos su tierra.

Señorías, para mí es un motivo de verdadero orgullo estar aquí, en
este último debate de una moción de carácter sanitario puro y duro,
totalmente consensuada con todos los grupos políticos, como no puede ser
de otra forma, uniendo sinergias en sanidad en beneficio del paciente,
pues ellos son nuestra razón de ser como sanitarios y por supuesto
nuestra razón de ser como políticos.

Señorías, quiero en esta intervención contestar a la portavoz de
Podemos. Dice su señoría que la moción tiene unos objetivos reducidos y
parciales. Esta moción es consecuencia de otras que hemos presentado a lo
largo de esta y de la anterior legislatura, y esta Cámara ha sido el
culmen de la visibilidad de los pacientes con TDAH. Esta quizás sea la
última guinda, pero mientras hemos pasado por cambios legislativos de la
LOMCE, la Ley de educación, por materias de integración sanitaria, por el
abordaje del punto negro de los medicamentos; es decir, hemos tratado
cantidad de asuntos a través de los pacientes de TDAH buscando siempre un
abordaje multidisciplinar. En esta Cámara hemos tenido reuniones con los
portavoces de Sanidad tanto del Congreso como del Senado, de Educación y
de Justicia para, todos juntos, con las asociaciones de pacientes de
TDAH, intentar llegar a puntos de consenso para homogeneizar ese trasvase
de pacientes desde educación y sanidad, para el diagnóstico precoz de
nuevos pacientes, para el propio abordaje, para el problema de estos
pacientes con dificultades de adaptación, con un problema de adicciones,
un problema de justicia. Todo ese abordaje multisectorial se ha
conseguido bastante bien a través de la labor de todos, de los
parlamentarios, y contando con las asociaciones de pacientes, pues es a
ellos a los que nos debemos. Por supuesto, el tratamiento no es solo
farmacológico, esto es el final del tratamiento médico; el tratamiento es
psicológico, pedagógico, terapéutico; es decir, es un abordaje múltiple
el de estos pacientes de TDAH.

Existen protocolos, como se ha señalado, y algunos están más
evolucionados que otros. Reconozco —porque me los he leído
todos— que los protocolos que mejor se están llevando a cabo están
en Cataluña, que es donde están mejor estructurados. Es de gran
importancia que todas las comunidades autónomas, a través del consejo
interterritorial, dispongan de unos protocolos lógicos, justos y dignos
para que estos pacientes a partir de ahora pasen de la especialidad de
psiquiatría infantil a la del adulto y que no se nos pierdan en el
camino, ya que la falta de seguimiento de estos pacientes podría
llevarnos a tener unos jóvenes adultos con falta de integración, con
problemas de adaptación y los mismos problemas de adicciones.

Pues bien, termino; no quiero agotar mi tiempo. Estamos en época
de despedidas, y quisiera terminar felicitando a la Comisión de Sanidad.
La Comisión de Sanidad ha trabajado mucho y muy bien a lo largo de toda
esta legislatura, liderada por nuestra presidenta, Carmen Aragón, que ha
estado siempre solícita a cualquier tipo de intervención, colaboración y
puesta en común entre los grupos parlamentarios. Hemos trabajado, hemos
discutido y lo hemos pasado bien, y es muy importante que además de
trabajar se pase bien. A mí me da mucha alegría que esta sea la última
intervención y que nadie haya hablado del Real Decreto 16/2012 (Risas);
eso me demuestra que progresamos adecuadamente. El hecho de que no se
hable del Real Decreto 16/2012 a mí me supone un motivo de alegría,
puesto que hasta ahora en todas las intervenciones siempre se ha acabado
hablando de él. Ello significa que el asunto va bien; no que va bien el
real decreto, sino que nos hemos centrado en lo que teníamos que
centrarnos, que son los pacientes de TDAH.

Mi agradecimiento para todos los miembros de la comisión y a sus
portavoces: a Jesús Iglesias, que ya no está, pero con el que hemos
debatido mucho y muy bien; a José María Cazalis, con el que hemos
debatido sobre sanidad sin ningún problema; a Coralí Cunyat, que no está
ahora mismo por aquí, pero que en el camino se ha dedicado incluso a la
maternidad, lo cual es un motivo de orgullo para la comisión, pues es
como si hubiéramos tenido un hijo todos; a Mónica Almiñana, a la que le
deseo el máximo éxito en sus próximas labores de gestión; ella está muy
cualificada, tiene experiencia, está muy preparada, y sin duda será un
éxito para la Comunidad Valenciana; a María Chivite, que ya se ha ido
pero que ha sido dos años portavoz en Sanidad; y a Encarna Llinares que,
aunque ha acabado con mala pata la legislatura, esperemos que se le cure
el peroné y pueda volver a su actividad normal.

Sin más, quiero desear a todos el mayor éxito en sus labores tanto
dentro como fuera de la comisión, así como en sus quehaceres sanitarios y
personales, siempre con la idea clara de que los pacientes, la
ciudadanía, son nuestra razón de ser como profesionales y también como
políticos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Esta moción ha sido firmada por todos los grupos. ¿Hay algún grupo
que desee que hagamos una votación? (Denegaciones).

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada por asentimiento.

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al
punto 4.2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Esta moción está firmada
por el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente, con
su venia.

Esos hombres tendidos, abrazados al suelo, comiéndose la sombra de
la acera, tienen dentro sus nidos, sus pedazos de cielo, su estampa de
caliente primavera; tienen dentro su ser, fuera el empuje trágico de la
lucha que les lanza. Esos hombres tendidos, esos, esos, míralos, corazón,
son tus hermanos, van a hacer una torre con sus huesos para llegar al
cielo con las manos.

Señorías, son versos de otra época y otro éxodo, el nuestro, el
que llevó a buscar pan y paz a miles de españoles que, huyendo de la
sinrazón, el hambre y la muerte, fueron expulsados de la tierra, la
nuestra, en los tiempos bárbaros de una locura colectiva. Pero aquellos
hombres, mujeres y niños, huérfanos de su tiempo y su memoria, como estos
que hoy están a las puertas de nuestras fronteras y que con su dignidad
se arrastran, vuelven a dar sentido trágico medio siglo después a los
versos de Juan Alcaide.

Es triste, pero es la bofetada de la verdad la que hoy nos trae
aquí, consecuencia de la moción que el 31 de agosto, en nombre de mi
grupo, presenté en esta Cámara para la adopción de medidas urgentes ante
la crisis humanitaria de los refugiados.

Me felicito y agradezco que la moción que hoy debatimos ante esta
tragedia sea una moción enmendada por el consenso de todos los grupos,
conscientes, como somos, de que el Mediterráneo, cuando nos deja varados
a sus muertos no mira en el pasaporte la edad del náufrago ni el nombre
de la frontera en las que les da tierra. Sin embargo, como en un amor
desdichado, el náufrago sabe que se está muriendo, pero el mar no sabe
que lo está matando.

Cualquier ciudadano que haya seguido los acontecimientos, hoy
todavía trágicamente vivos, de lo que está ocurriendo en las fronteras de
Europa —es decir, en las nuestras— dudo mucho que sepa cuál
es el compromiso de acogimiento de España frente a la tragedia. Si leyó
el diario El Mundo el 21 de julio, serían 1300; si leyó el teletipo de
Europa Press, el 1 de septiembre, eran de 2739; si leyó El País, el 4 de
septiembre, España asumiría la cuota de refugiados que le correspondiese,
en palabras del señor Margallo; si leyó Público, el 9 de septiembre, en
palabras del presidente del Gobierno, la cifra era de 17 680.

El 22 de septiembre, Europa anuncia un acuerdo de mínimos, que
repartía 120 000 almas entre todos los Estados miembro; un día después,
los jefes de Estado pasaron de puntillas sobre lo anterior para no hacer
saltar todo por los aires.

Mi grupo parlamentario, consciente de que la realidad desbordaba
las buenas intenciones, solicitó al Gobierno aprobar con urgencia un plan
de acogida humanitaria para los refugiados; y hoy nos trae aquí una
moción con un decálogo de compromisos, que se ha consensuado entre todos,
excluyendo del debate político la confrontación de los partidos, para que
sean el diálogo y el consenso los que presidan las tomas de decisiones,
con máxima lealtad institucional, cooperación y colaboración entre las
administraciones, situando siempre en primer término las prioridades de
acogida e integración.

Nada más lejos de este senador que romper ese consenso, pero
quiero llamar la atención de sus señorías sobre un punto determinante: el
texto consensuado, el acuerdo alcanzado se sustenta, sin nombrarlo, sobre
el compromiso de que España asuma la cifra ofrecida de 1300 plazas para
la reubicación en nuestro país de solicitantes de asilo. Y, francamente,
señorías, dada la magnitud de la tragedia, si nos rendimos a los
números, 1300 plazas entre las cincuenta provincias que conforman nuestro
país, pongo por caso, suponen 26 almas por cada una de ellas; un número a
todas luces irrisorio frente a la solidaridad que nos demandan nuestros
ciudadanos, nuestros ayuntamientos, nuestras organizaciones no
gubernamentales y nuestras posibilidades.

Señorías, al igual que a fuerza de deliberar se pierde a veces el
fruto de la deliberación, no es menos cierto que a fuerza de repetir las
cifras las hacemos tan familiares que la razón las obvia en la magnitud
de la tragedia. Pero cabe recordar desde esta tribuna que solo el
conflicto de Siria ha provocado el desplazamiento de 4 millones de
personas, y Europa ha registrado, desde principios de año, la entrada de
al menos 264 000 inmigrantes a través del Mediterráneo, y seguimos
asistiendo a la muerte de personas inocentes cuya única frontera es huir
de la guerra y sus miserias.

Hoy, la tragedia es que miles de personas desesperadas, huyendo de
la muerte, están dispuestas a arriesgar sus vidas y, en demasiadas
ocasiones, a perderla. No podemos aceptar como si de una maldición
bíblica se tratara las tragedias que los humanos creamos ni la muerte de
personas que, con el eufemismo de refugiados o emigrantes, se ahogan en
el mar o se asfixian en la cámara cerrada de un camión. No podemos
dejarlos a merced de traficantes ni hacernos cómplices con nuestra
inanición de personas sin escrúpulos que hacen negocio con sus vidas.
Francamente, creo que esta es una de esas oportunidades que la historia
nos brinda para hacer ver al mundo que España y sus pueblos se sitúan en
el homo homini sacra res, de Séneca, frente al homo homini lupus,
hobbesiano.

Por ello, desde esta tribuna, vengo a solicitar al Gobierno que
rectifique la cifra aceptada de 1300 ciudadanos para la reubicación en
nuestro país de solicitantes de asilo y se acepten y se comprometan
los 4288 propuestos inicialmente por la Comisión europea, porque de lo
que estamos hablando hoy es de lo urgente, esto es, de la vida de miles
de seres humanos. Lo importante, como es apoyar todas las vías
diplomáticas existentes en la búsqueda de la pacificación de los países
en conflicto y trabajar en una política integral europea de inmigración y
asilo en la Unión Europea, además de que no pueda esperar, nos va a
llevar su tiempo. También es urgente poner en marcha un plan de acogida
humanitaria que ponga a disposición de los refugiados y solicitantes
suficientes plazas de acogida, posibilidades de escolarización para los
menores y atención social y sanitaria. Igualmente, hemos de aprobar el
Reglamento de desarrollo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora
del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, y dar instrucciones
para que no se realice ninguna de las conocidas como devoluciones en
caliente que, además de vulnerar nuestro ordenamiento jurídico, impiden
de facto las solicitudes de protección de quienes llegan a España. De ese
modo, podremos evitar, como ocurrió el 24 de septiembre, que los
españoles nos desayunemos con la noticia de que la Comisión Europea nos
ha abierto tres procedimientos sancionadores por violaciones del derecho
de asilo.

Señorías, decía Félix Grande que solo son verdaderas las palabras
irreparables. La muerte lo es; la guerra y el hambre, no. Y la ambigüedad
y pereza con la que Europa, y nosotros, estamos respondiendo ante esta
tragedia no dice mucho de un territorio que presume moralmente de tener
abolida la pena de muerte si muertos recoge en sus fronteras cuando el
Mediterráneo, para poner en evidencia nuestras flaquezas, nos deja un
niño, que podría ser nuestro hijo, y conmociona a la sociedad una foto.
¿Saben la grandeza, la miseria y la hipocresía que escondemos cada uno de
nosotros? Aquella foto con ese niño nos dolió tanto, nos conmovió tanto
porque no era un niño desarrapado, era un niño vestido, era un niño con
zapatillas Nike, podía ser nuestro hijo. Identificarlo como nuestro y
ponerlo en las fronteras del Mediterráneo, muerto, significa obviamente
que algo estamos haciendo mal.

Todos los aquí presentes somos conscientes de que la dimensión de
la crisis es inabordable para un solo país; es necesario que todos se
involucren y que la Comisión Europea adopte medidas conforme al principio
de solidaridad para acometer un problema como este, que no tiene solo una
raíz, sino múltiples derivadas que llevaron a ello. En cualquier caso, no
es menos cierto que cuanto está ocurriendo es consecuencia de políticas
belicistas erráticas, y que a España le corresponde un plus por las
suyas. Nunca existieron las armas de destrucción masiva, pero esos
hombres tendidos, abrazados al suelo, comiéndose la sombra de la acera
como fardos de estaciones, son las víctimas en diferido de las suelas de
los zapatos de los señores Aznar y Bush sobre la mesa de las Azores. Y
aunque no todos los hoy aquí presentes somos responsables directos de
aquel, llamémoslo error, que abrió la caja de Pandora, la cuota de
responsabilidad sobre sus consecuencias, esa sí es nuestra. Poner a
disposición de las víctimas a Elpis es algo más que una obligación
moral.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Esta moción ha sido firmada por todos los grupos, excepto el Grupo
Mixto, que ha presentado tres enmiendas, a instancia de doña María Isabel
Mora Grande. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente.

Esta moción viene consensuada desde el Congreso de los Diputados,
pero como Podemos no cuenta con representación en esa Cámara, hemos
presentado tres enmiendas aquí porque era nuestra única posibilidad
procedimental.

En cuanto a lo que se está debatiendo, he de decir que en la
exposición de motivos hay muchos aspectos que no compartimos en absoluto.
A pesar de que se están haciendo esfuerzos, no estamos de acuerdo con el
texto cuando dice que España ha demostrado estar a la altura de las
circunstancias y otros comentarios similares, porque no es solo que no
hayamos estado a la altura de las circunstancias sino que hemos hecho
bastantes barbaridades, como el incumplimiento de la normativa
internacional o de las sentencias de los tribunales superiores de
justicia; y en esa línea van nuestras enmiendas.

La primera de ellas pretende modificar el reglamento Dublín II,
que obliga a que la persona que entre por cualquier Estado miembro tenga
que tramitar el procedimiento de asilo en ese Estado.

La mayoría de los refugiados que entran en España, la mayoría de
los sirios, por ejemplo, quieren ir hacia el norte de Europa. Por poner
un ejemplo les diré que, en 2013, de 4513 solicitudes de asilo, por el
reglamento de Dublín nos devolvieron a 3567 demandantes de asilo,
precisamente porque habían empezado a tramitar la solicitud en España; y,
en 2014, de 5952, nos devolvieron a 5052. Sería interesante llevar a cabo
este cambio, pero tiene que ir acompañado de un sistema europeo común de
asilo y de una estandarización de los procedimientos de solicitud. En
este sentido, señorías, no tiene ningún sentido que España sea uno de los
países de Europa que menos solicitudes de asilo admite, un 7 %, mientras
que Suecia, por ejemplo, admite casi el 80 %. Esto es una barbaridad y
habría que cambiarlo. O sea, que muy bien, muy bien no lo estamos
haciendo, como dice la exposición de motivos de la moción. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Por otro lado, nos parece bastante increíble que no estemos
cumpliendo tres directivas europeas, en las que ya se nos han pasado los
plazos de trasposición. Como ha comentado el portavoz del Grupo
Socialista, tenemos abiertas tres actas de sanción precisamente por no
haberlas traspuesto, pero aunque se nos haya pasado el plazo de
trasposición, son ejecutivas y no las estamos ejecutando. No solo no las
estamos ejecutando, sino que estamos a años luz de hacerlo. Muy bien, muy
bien no lo estamos haciendo y lo que estamos hablando es de personas, de
sufrimientos, de derechos fundamentales y de derechos humanos que no
estamos cumpliendo en nuestro territorio, sobre todo en Ceuta y en
Melilla, donde hay miles de personas refugiadas esperando a que
apliquemos la ley. En este sentido, estamos vulnerando varias sentencias
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid porque estamos incumpliendo la libertad de circulación
de todas las personas demandantes de asilo que están en Ceuta y en
Melilla y, además, también estamos incumpliendo varias recomendaciones de
la defensora del pueblo estatal, así como las directivas europeas. ¿Por
qué? Porque lo primero que se hace con las personas que entran por Ceuta
y Melilla es no documentarles. En la directiva que habla de las
condiciones de acogida se dice que en plazo de tres días deberíamos
darles al menos un justificante de la solicitud de asilo, cosa que no se
está haciendo, y no solo es que no se esté haciendo sino que ni siquiera
se les da una justificación de ser demandante de asilo. Como mucho se les
entrega una especie de tarjetita verde de ser residentes del CETI. Eso no
es documentar a nadie y con eso se les impide la circulación hacia la
Península.

Estamos incumpliendo sentencias de los tribunales superiores de
justicia —y fíjense que se trata de derechos fundamentales— y
estamos hablando de vulneración de la normativa europea. En este sentido,
les diré que hay personas que llevan meses acudiendo a las oficinas de
asilo para solicitarlo pero sin ningún tipo de documentación y, como no
tienen documentación, pueden ser detenidas y expulsadas por estar en
situación administrativa irregular. Muy bien, muy bien no lo estamos
haciendo, la verdad.

Existen también recomendaciones de la defensora del pueblo en el
sentido de que, como mínimo, a cualquiera que solicite asilo se le grabe
y se le dé un justificante. Sería lógico, sería de recibo que las
directivas, las normativas europeas y el cumplimiento de las sentencias
se pudieran incluir en las mociones.

Pero no es solo esto, sino que tenemos que tener en cuenta también
que las condiciones en las que estamos acogiendo a los refugiados que
están entrando por Ceuta y Melilla, que son miles, son infrahumanas.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

La señora MORA GRANDE: Voy acabando.

Por ejemplo, en el puesto fronterizo de Beni Enzar, por donde
entran miles de personas al día, da la casualidad de que hay
recomendaciones de la defensora del pueblo señalando que al menos se les
deberían proporcionar unas condiciones dignas mientras que esperan,
durante días u horas, a que se les documente o a que se les registre. Ni
siquiera tienen un sitio donde dormir, no tienen comida ni agua y entre
ellos hay muchísimos menores.

Como no dispongo de más tiempo en esta intervención, aprovecharé
el turno de portavoces para argumentar la última enmienda que hemos
presentado, que es la relativa al cumplimiento de la directiva de
condiciones de acogida. En este sentido, hablaré de cuáles son las
condiciones de acogida que estamos ofreciendo a las personas demandantes
de protección internacional en Ceuta y en Melilla.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para indicar si acepta las enmiendas, tiene la palabra el senador
Martín.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Mi grupo reconoce el trabajo de Podemos, pero no va a entrar a
evaluar sus enmiendas por cuanto las presenta a un texto que ha decaído
en aras de otro que viene consensuado por todo el arco parlamentario del
Congreso de los Diputados.

Por lo tanto, las enmiendas no tienen cabida en ese texto
definitivo que vamos a debatir aquí. Así pues, con mucho respeto a su
trabajo y a las enmiendas, no vamos a pasar ni siquiera a
evaluarlas.

De todas maneras, propondría a Podemos con cariño —y no es
una expresión retórica—, que habida cuenta de que ha venido un
texto consensuado del Congreso —en el que todavía no están y, por
ello, no lo podían haber firmado—, dadas las circunstancias que
concurren, que si no les parece casposo, por una vez y sin que sirva de
precedente, se unan a la casta. Sería estupendo que retiraran sus
enmiendas y se incorporaran al texto consensuado para que España, o esta
Cámara, pueda salir a decir al mundo que estamos unidos frente a la
barbarie y por la dignidad de los seres humanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Turno de portavoces. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el
senador Aiartza.

El señor AIARTZA AZURTZA: Señora presidenta, voy a ser muy breve
porque compartimos el tiempo y el nuestro es un grupo bastante
grande.

Amaiur va a mostrar su apoyo y a votar a favor de la enmienda
presentada a la moción del Grupo Socialista y suscrita por la mayoría de
grupos del Senado, al igual que lo hicimos en el Congreso. Ciertamente,
no creemos que es la moción que la realidad requiere y los organismos
internacionales de derechos humanos, asociaciones y ONG demandan, pero es
la que ha llegado al consenso entre grupos y por eso la vamos a
apoyar.

Sin embargo, somos críticos con algunas manifestaciones referidas
a ella. Me voy a centrar en la referente a que España ha estado a la
altura de las circunstancias en esta cuestión. Ahí discrepamos, señorías.
Entendemos que el Estado nunca ha estado a la altura de las
circunstancias en relación con el asilo. Seguramente no lo ha estado por
la misma razón que en la moción se aduce pero, a sensu contrario, porque
históricamente han sido los poderes del Estado los causantes de que la
gente de esta península haya tenido que huir al exilio y, por tanto, a
los que requieren refugio y asilo en este Estado se les ve como
sospechosos, como potenciales criminales. Así se entiende que el Estado
español sea en Europa el que menos asilo haya otorgado en estos treinta
años, menos asilo que Alemania en un año. Y eso ha ocurrido con
independencia del Gobierno. Recordemos que en 2009, cuando gobernaba el
PSOE, se denegó el asilo al 95 % de los requirentes y, por eso, no se han
producido las trasposiciones de las directivas europeas y todavía se
carece del reglamento de ley de asilo, que ahora en la moción se plantea
seguir normativizando. Por eso, se abren procedimientos sancionadores en
Europa a este Estado.

Por ello, señorías, a día de hoy tenemos que anunciar que hay más
de 1500 personas de origen sirio hacinadas en el CETI de Melilla y
centenares de familias bloqueadas en Nador. Esto no solo ocurre en
Grecia. Por eso, las costas del sur de esta península son un cementerio
de personas que han intentado llegar a Europa.

Voy a terminar con el mejor ejemplo de la política de asilo en
este Estado, que queremos denunciar. Es el caso de Hassanna Aalia, un
joven saharaui que, por luchar democráticamente por la libertad de su
país, busca refugio en la Península y el Estado español se lo niega. En
este sentido, se le ha detenido recientemente y pende sobre él un
requerimiento de extradición para cumplir cadena perpetua en Marruecos
por luchar democráticamente por los derechos de su país. Señorías, hoy
queremos volver a denunciar este hecho. Hace cuarenta años el Estado
español le quitó el futuro al pueblo saharaui entregando el territorio a
Marruecos tras los acuerdos de Madrid. Hoy, se lo quiere volver a quitar
a Hassanna Aalia al denegarle el asilo. Amaiur exige aquí, de nuevo, el
derecho de Hassanna a que, ya que no puede vivir en un Sáhara libre,
pueda andar por lo menos libremente en una tierra de asilo.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Senadora Julios, tiene la palabra.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.

Intervengo en nombre de mi partido, Coalición Canaria, para
trasladar a sus señorías nuestro apoyo al texto que se ha consensuado por
unanimidad, al igual que lo hicimos en el Congreso de los Diputados.

Entendemos que en estos momentos, y ante la dramática situación
que se está viviendo, es importante, como dijo anteriormente el portavoz
del Grupo Socialista, que seamos capaces de dar hoy una respuesta unánime
a este terrible drama; un drama que se está viviendo en el Mediterráneo,
que se está viviendo en muchos países fruto de la llegada masiva de
personas en situación de extrema vulnerabilidad, y que en muchas
ocasiones están perdiendo su vida.

Este no es solo un problema de los países que generan la
emigración ni de los que la reciben, es un problema de la Unión Europea,
y para ello hay que buscar medidas conjuntas, medidas en origen y medidas
para la acogida de las personas que llegan a los distintos países. No se
puede dejar solos a los países receptores de la inmigración porque no
tienen capacidad para dar respuesta al grave drama humano que se está
viviendo. Y lo decimos desde Canarias, que es una comunidad autónoma
conocedora de la tragedia que se está viviendo en estos momentos.
En 2006, Canarias se convirtió en la puerta de entrada de miles de
personas; llegaron 31 000 personas procedentes del continente africano, y
ya entonces dijimos que no se podía dejar sola a la comunidad autónoma,
pues no dábamos abasto para dar respuesta con dignidad a las personas que
estaban llegando, y mucho menos para evitar las miles de muertes que se
estaban produciendo en el Atlántico.

Por eso, señorías, entendemos el problema, lo compartimos y,
además —y me dirijo a la portavoz del Podemos que ahora volverá a
intervenir—, estamos de acuerdo también con algunos aspectos de las
enmiendas que ustedes han presentado.

Tendríamos muchas cosas que decir desde Canarias en relación con
la política de asilo y la necesidad de que se haga la trasposición de
normativa Europea que ustedes plantean pero, desde nuestro modesto punto
de vista, hoy tenemos que poner más énfasis en lo que nos une a todos en
esta Cámara ante este problema, y no tanto en lo que con toda seguridad
nos diferencia a unos y a otros en estos temas de inmigración y política
de asilo. Creemos que es más importante lograr hoy el consenso por las
miles de personas que están en esta situación de indignidad o que han
muerto debido a este problema.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Gracias, señora presidenta.

Lo primero que quiero decir es que, al igual que ustedes, Podemos
puede intentar llegar a consensos —y le contesto con todo cariño en
los mismos términos que me proponía—; no hay ningún problema, pero
entiendo que también sería posible que se introdujeran las enmiendas que
estamos planteando en ese consenso; un consenso que viene del Congreso,
donde nosotros no estamos.

Son enmiendas que lo único que introducen es la necesidad de
exigir al Gobierno que cumpla con la normativa internacional, con las
directivas que aún no hemos traspuesto, con sentencias de los tribunales
superiores de justicia que estamos incumpliendo y con las recomendaciones
del Defensor del Pueblo. Por tanto, entiendo que puede existir ese
consenso pero, además, proponemos algo que no es en absoluto ilógico sino
simplemente el cumplimiento de normativas, tanto de carácter
internacional como de nuestra propia jurisprudencia.

Con lo que nosotros no estamos de acuerdo es básicamente con la
exposición de motivos, pero sí con muchísimas cosas que se recogen en la
moción, y entiendo que en esto sí es necesario un consenso. No estamos de
acuerdo con esa especie de necesidad de poner de manifiesto que lo
estamos haciendo bien o mejor que otros países. ¡Qué más da que otros
países lo estén haciendo mal, rematadamente mal o que estén cometiendo
verdaderas atrocidades! Tendremos que ver lo que nosotros no estamos
haciendo bien y comprender que necesitamos hacerlo mejor porque estamos
ante una situación dramática de personas que se hallan en situación de
conflicto, con la necesidad de recibir protección internacional y a
quienes no estamos protegiendo. Tendremos que ver cómo solucionar ese
problema porque lo tenemos en nuestra tierra y en nuestras fronteras, y
es algo que está pasando en nuestro territorio a miles y miles de
personas.

Como decía el compañero de Amaiur, en el CETI de Melilla, que es
el que actualmente tiene más problemas, hay 1700 personas cuando la
capacidad es de 480 y, de ellas, 500 son niños. El hacinamiento es
absoluto y las condiciones de dignidad imposibles. Esto es un
incumplimiento absoluto de la directiva sobre condiciones de acogida.
¡Qué casualidad —habría que pensar— que todas las semanas se
llevan a la península entre 40 o 50 personas y qué casualidad que son las
mismas 40 o 50 personas que entran por la frontera a la semana, y además,
sirios solamente! ¡Qué casualidad! ¿Cómo pueden entrar solo por la
frontera a la semana 30 o 40 personas demandantes de asilo, que son los
que, a la vez, salen de la península? Eso debería hacernos pensar qué
estamos haciendo con nuestros acuerdos con Marruecos, directamente lo
digo así. ¡Y qué casualidad que no entre ni un subsahariano, ninguno,
cuando precisamente en África hay muchísimos países con conflictos
armados y muchas personas con necesidad de asilo! ¿Qué estamos haciendo
allí, por Dios?

Otro incumplimiento de normativa internacional es que en Melilla
están entrando muchas familias separadas porque necesitan entrar pagando
a las mafias y estas cobran muchísimo dinero por introducir por la
frontera a familias enteras. Los niños están entrando solos y no estamos
haciendo nada, eso es incumplimiento de normativa. Nosotros podríamos
aplicar perfectamente la extensión de la protección internacional a la
familia y posibilitar que estas pidan su extensión en Nador, donde
tenemos oficinas consulares, y no lo estamos haciendo simplemente por
falta de interés, porque no estamos posibilitando que puedan entrar más
personas de las que estamos trayendo a la península. Esto me parece
indignante, creo que hay que poner el foco aquí. Las condiciones de
normativas internacionales, desde luego, no las estamos cumpliendo, pero
no solo no las estamos cumpliendo, sino que estamos provocando el
sufrimiento a personas que vienen y que están en nuestro territorio.

En cuanto a que las condiciones del CETI vulneran totalmente la
directiva sobre condiciones de acogida, hay que decir que para estas 1700
personas hay un solo médico, uno solo; un solo psiquiatra, uno solo.
Además, la directiva nos dice que tiene que haber protocolos específicos
de atención a menores que vienen de conflictos armados, y más o menos
el 90 % del CETI proviene de Siria y no hay absolutamente nada; tiene que
haber protocolos específicos para atención a personas que provienen de
situaciones de tortura, y tampoco existe absolutamente nada; tiene que
haber atención jurídica suficiente, y resulta que en el CETI para
las 1700 personas hay una sola abogada de una ONG para atenderlos a todos
y, obviamente, es imposible que puedan ser atendidos en condiciones.

¿Qué más podríamos decir? La atención sanitaria de todos ellos es
bastante deficitaria, teniendo en cuenta que son personas que vienen con
muchísimas enfermedades, que han recorrido distancias bastante largas y
vienen con muchísimos problemas. Pero no solo eso, es que además, si se
habla con ellos, se ve que su principal problema es una desesperación
absoluta porque no saben cuándo van a salir de allí. Antes expliqué que
no se les deja salir de Melilla, que se está convirtiendo en un gran
CETI, y de eso no nos estamos dando cuenta. El problema es que no se les
dice nunca cuándo van a salir de allí; pueden estar un mes, dos, cinco o
siete meses, porque hay personas —sirios, palestinos,
etcétera— que llevan allí siete meses o más. El Comisario de
Derechos Humanos del Consejo de Europa le exigió a España recientemente
que dijera cuál eran las normas y determinación de plazos de ejecución de
traslados de Melilla a la península y que además informara a las personas
demandantes de asilo. No solo no se está haciendo eso, sino que se está
provocando un hacinamiento bastante consistente, que el nivel de vida de
los refugiados que estamos acogiendo sea absolutamente indigno y que,
además, estemos incumpliendo todas las normativas.

Yo creo que es de recibo, aunque no hayamos participado en el
Congreso, que se haga un esfuerzo por lograr un consenso y por apoyar
unas enmiendas que simplemente lo que solicitan es el cumplimiento de la
normativa internacional.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Mi grupo también dará apoyo a la moción que presenta el Grupo
Socialista. Hay matices con los que no estamos de acuerdo, principalmente
en la exposición de motivos, en la parte expositiva, pero, buscando ese
consenso del que se hablaba, nos sumaremos y apoyaremos la moción.

Sin duda —como muy bien se ha dicho—, Europa está
asistiendo en estos momentos a una grave crisis humanitaria motivada por
el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y de la
guerra en sus países de origen y buscan en Europa un espacio de
seguridad, libertad y respeto a los derechos humanos, porque —como
bien cita— en este desplazamiento masivo de población hemos
asistido a auténticas tragedias y a miles de muertes de personas
inocentes, personas desesperadas que huyen del terror de la guerra. Es
obligado y urge hacer frente a esta situación. No podemos dejar que los
refugiados caigan a merced de los traficantes de personas sin escrúpulos
en el camino hacia un futuro mejor, arriesgando, y sabiéndolo desde el
origen, sus vidas. Es necesario colaborar y dar asistencia integral a
este drama.

Señorías, Europa debe tener una política común e integrada ante
esta situación, debe combinar la solidaridad con el apoyo y el desarrollo
en estos países, ya que es frontera con la mayor zona de inestabilidad y
violencia del mundo. Yo misma se lo decía al ministro a comienzos de
septiembre en una pregunta de control al Gobierno, o se inician procesos
para solucionar conflictos como los de Siria, Pakistán, Irán e Irak, o
Europa vivirá durante décadas situaciones como la que estamos viviendo
hoy. Es necesaria, por ello, una intervención global en los países de
origen, basada en la cooperación y en una política común de promoción de
la paz y de la seguridad.

Como les decía, señorías, en la parte expositiva podemos tener
algunas diferencias, pero en la parte dispositiva, donde se insta al
Gobierno, estamos de acuerdo. Hay algún matiz de falta de precisión o
alguna referencia a lo regional, pero vamos a la mayor y entendemos que
es desde el consenso desde donde hoy se nos presenta esta moción.

Hago mención también a las enmiendas que el Grupo Podemos ha
presentado, que entendiendo que son a la moción originaria y no a esta
que hoy estamos debatiendo, que ya parte del acuerdo entre muchos de
nosotros. Tendríamos que hacer algún matiz a alguno de sus
planteamientos, pero entendiendo que es el grupo proponente el que tiene
que decidir bajo la fórmula —que es complicada— de cómo
encajarlo, y no nos cerramos a que en una ocasión posterior podamos
debatir lo que nos presentan.

Como decía, hoy prevalece, bajo nuestro punto de vista, el
consenso; consenso que es importantísimo en política y que muchísimas
veces hemos reclamado en esta tribuna. La política hoy en día está
denostada por el uso, mal uso y abuso que algunos de nosotros hacemos, o
por la demagogia barata que otros, sumados al carro, también hacen.

Señorías, me voy a sumar a este clima de fin de curso, que, como
he dicho en reiteradas ocasiones, es día de despedidas, pero
convirtiéndolo en un día de agradecimiento. En primer lugar, y desde mi
experiencia personal, quiero mostrar el agradecimiento a toda la Cámara
por mi experiencia de estos dos años y medio —no legislatura
completa—, y, en segundo lugar, cómo no, a mi grupo, por la acogida
y por el acompañamiento desde el minuto cero. Hago una mención especial a
mis dos compañeros, Rut e Iñaki. Sabedora de la inteligencia emocional de
mi compañera Rut, me va a permitir que haga una mención más especial aún
a Iñaki, parlamentario de amplia experiencia, que, como muy bien él
diría, no se le mencionó ayer en un periódico porque se hacía alusión
únicamente a los diputados del Congreso, cuando se refería a grandes
políticos o parlamentarios que han pertenecido a esa clase política que
nos va diciendo adiós y él no aparecía. Yo, desde aquí, hago esa mención.
Ha sido un placer y, sin duda, un disfrute muy grande poder compartir con
él tantas horas de charla y tanta experiencia, que nos seguirá
trasladando. Iñaki, izan zirelako gara, garelako izango gara. Katea ez da
eten. (La cadena no se rompe: somos porque fueron, serán porque
somos.— Aplausos).

Quiero aprovechar también este momento, en el que, como decía, la
política está tan denostada, para hacer una reivindicación desde la
pedagogía de lo que también es la política, de lo que son las relaciones
personales y de la experiencia grata que yo misma he podido experimentar.
Me he cansado reiteradamente de trasladar que más allá de las trifulcas,
de las discrepancias, de las diferentes opiniones, legítimas, que aquí
tenemos y que expresamos en esta tribuna, existe otra vida y somos
personas, y detrás de estas cámaras, de estos focos y de estos
micrófonos, cada uno de nosotros entabla unas relaciones, y en mi caso ha
sido una experiencia muy grata.

Me van a permitir que haga un resumen de todo esto que he dicho de
las dos formas que más me gustan y que muchos de ustedes saben: en
euskera y cantando. No sé preocupen, no hacen falta los intérpretes,
porque luego les proporcionaré la letra.

«Legislatura honetan zuen laguntzakin // Eskerrak ematea behartua
naiz ni // Alderdikoak eta beste guztiei // Besarkada denei
bihotz-bihotzetik // Harremana polittak zenbait jenderekin // Lanean lana
eta besteetan berdin // Horregatik dizuet berriz nere eskerrik // Berriro
ikusteko irrikitan nabil»

Eskerrik asko. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Quiero desear toda la suerte, tanto al senador Anasagasti, gran
parlamentario y compañero en esta Cámara, como a Rut Martínez y a todos
aquellos que dejan la Cámara al finalizar esta legislatura.

Tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, estamos ante una moción sobre la que nuestro grupo
celebra que finalmente se haya consensuado una transaccional con una
amplia representación parlamentaria, la mayoría de los grupos de esta
Cámara, y que responde también al consenso alcanzado en el Congreso de
los Diputados.

El tema de las migraciones, sobre todo de las migraciones para
huir de situaciones violentas y de la guerra, no es nuevo en la historia
de la humanidad; es tan antiguo como la propia historia de la humanidad,
pero si estamos debatiendo este tema y hoy lo abordamos dándole la
importancia que sin duda merece es por la magnitud del problema al que
nos enfrentamos, que, como se ha venido repitiendo últimamente, no
veíamos en Europa desde el final de la segunda guerra mundial. Por otra
parte, es una migración y un movimiento de población demandante de
refugio y de asilo político que afecta directamente a las fronteras y al
territorio de la Unión Europea y, por tanto, al territorio español.

Estamos hablando de cifras muy importantes. La mayoría de los
demandantes de asilo proceden de una zona extensa: desde Afganistán,
pasando por todo el Próximo Oriente, especialmente por Siria, y por buena
parte del centro y del norte de África, hasta llegar al Atlántico.
Estamos hablando de muchos millones de personas. Solo en el caso de
Siria, hablamos de la necesidad de que la Unión Europea acoja a 200 000,
pero en realidad los desplazados son millones de personas que se han
tenido que marchar de Siria. En concreto, se trata de no menos de 4
millones de desplazados: 2 millones ubicados en este momento en Turquía y
otros 2 millones que se reparten entre Irak, Jordania y Líbano —más
de 1 millón de personas en estos tres países— y, finalmente, unos
centenares de miles, que son los que han pasado o están intentando pasar
a la Unión Europea. Pero hay otra cifra a la que normalmente no hacemos
referencia en el caso del conflicto sirio y que es muy importante.
Algunos miembros de esta Cámara hemos participado estos últimos días en
la sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica en
Stavanger, en Noruega, y precisamente el responsable del Consejo Noruego
para los Refugiados nos hablaba de la importancia de la cifra de
desplazados internos dentro de Siria. Hay 7 millones de personas que han
perdido su hogar, que se han visto desplazados dentro de su propio país y
que son susceptibles de moverse fuera de las fronteras de Siria. Por
tanto, estamos hablando en total de no menos de 11 millones de personas
derivadas solo del conflicto sirio y que, evidentemente, como he dicho,
pueden ampliarse con las procedentes de Afganistán y de Eritrea, que son
la mayoría de los que vienen de Oriente, y con las que vienen de los
países centro y norteafricanos en conflicto.

Estamos hablando, por tanto, de un fenómeno de una magnitud
extraordinaria que requiere, evidentemente, de una respuesta también
extraordinaria. Son necesarias medidas inmediatas. Estamos en un debate
parlamentario y no nos corresponde a nosotros tomar las decisiones que
corresponden al Ejecutivo y a las instituciones de la Unión Europea,
nosotros estamos aquí para instar al Gobierno a que actúe en esta
dirección, pero, sobre todo, son necesarias medidas inmediatas, porque
los refugiados están ya dentro de la Unión Europea, están dentro de
España y están entrando diariamente —como ya han dicho otros
portavoces— por nuestras fronteras. Es preciso dotar a nuestros
funcionarios encargados de la recepción inmediata, de los medios humanos
y materiales necesarios para dar una respuesta ágil. Es necesario también
cambiar la política que estamos siguiendo en este momento en Ceuta y en
Melilla —ya se ha hecho referencia a ello—, porque muchos de
los refugiados no se atreven a pedir asilo político, ya que si lo piden
estando fuera del espacio Schengen no pueden moverse de las dos ciudades
autónomas, y acaban prefiriendo quedarse como inmigrantes irregulares
para poder pasar a la península y al resto del territorio del espacio
Schengen. Sería necesario un cambio de actitud por parte del Gobierno
español y de nuestras autoridades para facilitar la solicitud de asilo y
la acogida y el traslado inmediato a la península, y a partir de ahí que
puedan moverse con libertad dentro del espacio Schengen. Serían
necesarios más medios humanos y materiales, y, si es preciso, por qué no,
movilizar la Unidad Militar de Emergencias, para poder acoger con
celeridad a todas estas personas que demandan asilo. Y, por otra parte,
hace falta una política de asilo decidida y contundente, porque hay que
entender, y todos sabemos esto, que no se trata solo de acoger de
momento, de acoger provisionalmente, sino que, pese a que la mayoría de
estas personas seguramente lo que pretenden es volver a su país cuando se
estabilice la situación, pueden pasar mucho tiempo en territorio español
o en territorio de la Unión Europea, y, por tanto, hacen falta políticas
no solo de prestación de los servicios básicos y para dotarles de un
domicilio adecuado y digno, sino también para atender sus necesidades de
encontrar un trabajo que les permita estabilizar su situación y llevar
una vida con la máxima dignidad posible, como el resto de personas que,
con nacionalidad o sin ella, viven en nuestro país.

Y finalmente, señorías, quiero referirme también a un asunto que,
aunque no es motivo central del debate, alguien ha hecho alusión a él y
no quiero dejarlo pasar: la necesidad de actuar sobre las causas que
provocan esta emigración demandante de asilo; en definitiva, la necesidad
de actuar sobre los países de origen que están echando a estas personas
fuera de sus fronteras y vienen a la Unión Europea en demanda de asilo.
En concreto, en el caso de Siria, estamos ante una situación realmente
complicada en la que hay muchas responsabilidades, y no tenemos que
eludir la que ha tenido Occidente y la parte alícuota que corresponde a
España en el estallido del conflicto y en su deriva.

En este momento, señorías, es absolutamente necesario el diálogo,
es necesario resolver el conflicto sirio desde la perspectiva del diálogo
teniendo en cuenta cuál es el enemigo común a combatir, que en este caso,
sobre todo por su expansión, es el Estado Islámico. Hay que intentar una
política de diálogo que pase por dialogar también con Rusia y con Irán
para intentar, por la vía de la negociación con el propio régimen sirio,
con el presidente al Assad, la pacificación de Siria. Es absolutamente
necesario, porque solo desde la vía del diálogo, aparte del uso legítimo
de la fuerza cuando sea necesario, podremos atacar las causas del
conflicto y evitar que toda esta población que se está moviendo, esos 7
millones de desplazados internos y los que se pueden ver desplazados en
un futuro si el conflicto sigue avanzando, acaben pidiendo asilo fuera de
su país y prioritariamente dentro de la Europa rica, de la Europa
avanzada, de la Europa de las libertades y de la Europa de los derechos
humanos. Debemos acogerles, pero sobre todo debemos intentar ayudar a
resolver las causas que les echan fuera de su país y que impiden su
vuelta, su regreso. Es necesario que empecemos a mentalizarnos de que hay
que replantearse la estrategia y apostar por esta política de diálogo
para resolver un conflicto que está en el origen y es la causa del
desplazamiento de estos millones de personas que en este momento ocupan
nuestra atención. En la Asamblea de Stavanger, en Noruega, el secretario
general de la Alianza Atlántica, el señor Stoltenberg, hablaba el otro
día de la necesidad de combinar la fuerza disuasoria con el diálogo
incluso con Rusia. Creo que este es el camino a seguir para intentar
pacificar Siria, igual que deberíamos hacer en el resto de países en
conflicto, pero es evidente que hacer un análisis pormenorizado de cada
una de esas situaciones es imposible por la limitación de tiempo que
tengo en este turno de portavoces. Es importante la acogida, pero lo es
también atacar las causas que provocan la migración.

Por supuesto, nuestro grupo parlamentario, la Entesa pel Progrés
de Catalunya, va a votar favorablemente el texto transaccional que hemos
suscrito y que viene a sustituir la moción original del Grupo
Parlamentario Socialista, que nos parece extraordinariamente oportuna,
necesaria y que ha originado el debate que estamos teniendo en este
momento.

Muchas gracias, señorías. Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió,
tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió va a
dar apoyo a esta iniciativa que hemos firmado.

Estamos en una situación de grave crisis y tenemos que afrontarla
con solidaridad, con responsabilidad y con miras al futuro. La Unión
Europea es una unión de valores, y sobre esa base nosotros no podemos
dejar de afrontar esta crisis. No podríamos construir Europa ni nos
podríamos considerar europeos si solo mirásemos esta crisis desde el
punto de vista de las directivas, de las disposiciones, de lo que se
puede hacer o no teniendo como base las leyes. En estos momentos Europa
tiene que afrontar con enorme solidaridad y con gran trascendencia la
crisis de los refugiados, particularmente los que vienen de Siria.
Tenemos que hacerlo porque en la génesis de Europa está la solidaridad.
Recordemos cómo se formó Europa, cómo se formó la Unión Europea. La
integración europea avanzó después de la segunda guerra mundial. Sin
solidaridad no hubiéramos llegado al nivel de bienestar que hemos
encontrado dentro de la Unión Europea ni hubiésemos podido afrontar un
futuro en común.

Por tanto, tenemos que analizar estos valores europeos y afrontar
esta crisis humanitaria teniendo en cuenta lo que Europa es, de dónde
procede, cómo surgió, y mirar de cara al futuro. Tenemos que afrontarlo
con solidaridad. Decía Jean Monnet que Europa se hace a base de crisis.
Pues en este momento tenemos una crisis importante que afrontar. Esta
crisis ya ha determinado y demostrado que nos hace falta una política
única de asilo en la Unión Europea. Esta crisis ha demostrado y ha
superado todas las disposiciones, los protocolos de Dublín II y todas las
directivas, porque nos hemos visto incapaces de afrontar esta crisis con
los instrumentos actuales en vigor. Por tanto, hace falta una verdadera
política comunitaria de asilo, como también hace falta una verdadera
política comunitaria de inmigración, a la que luego me referiré
brevemente. Por tanto, lo hemos superado, y hemos visto cómo el Protocolo
de Dublín II ha quedado, como decía, desfasado, porque la dinámica, es
decir, la propia Alemania lo ha superado al aceptar propuestas de asilo
de personas que no han solicitado el asilo como refugiado en el país de
la Unión Europea al que han llegado, como marca este protocolo. Es, pues,
urgente que podamos afrontar y valorar esta política comunitaria de
asilo. Es básico, y nos lo piden nuestros ciudadanos. Atendiendo a estos
valores, los que somos europeístas no podemos huir de ello.

Y también me sumo a la petición de algún senador en relación con
trabajar en el origen de las causas que provocan estas crisis migratorias
de refugiados. En este punto tenemos que ser conscientes de que no
podemos afrontar únicamente con solidaridad la atención a los refugiados,
ni darles una vida mejor, ni liberarles de las guerras para que puedan
construir aquí su futuro, y aquellos que quieran volver a sus países de
origen tendrán que hacerlo dentro de un sistema legal y jurídico ordenado
por una gobernanza y con unas perspectivas de paz que hoy en día no se
pueden encontrar.

En estos momentos tenemos que vincular también esta política de
asilo con la política exterior común y con la política de seguridad y
defensa. Porque, seamos claros, en algún momento la Unión Europea va a
tener que intervenir en algunos países, nos guste o no. No hay
posibilidad de pacificar esas zonas únicamente con el diálogo, que es
básico y necesario y que ha de promoverse, pero en algún momento la Unión
Europea va a tener que tomar cartas en el asunto y, aunque no nos guste,
conjuntamente con la OTAN y con la comunidad internacional, vamos a tener
que adoptar una serie de iniciativas de actuación en los países de origen
para poder garantizar un clima que permita a los refugiados volver a sus
países. Sé que a veces no gusta que se diga esto, pero tendremos que
tomar estas decisiones, que no son fáciles, con todas las consecuencias,
y si hace falta, con intervenciones en el ámbito militar para garantizar
la seguridad de la población civil en Siria y en otros países.

Me sumo también a que España no ha traspuesto algunas directivas,
pese a que llevamos tiempo intentándolo. En nuestro país hablamos mucho
de nuestro europeísmo, pero vamos a la cola en la trasposición de
directivas comunitarias, y tenemos que apretar al Gobierno para que sea
ágil al respecto. Decía que es importante —aquí se ha hecho
referencia a ello— que por mucho que en la Europa del sur, en Ceuta
y Melilla, entren ciudadanos que solicitan asilo como refugiados, hemos
de separar la política de asilo de la política de inmigración, ya que es
otro problema, y no tenemos que trabajarlo en el mismo ámbito. Nos hace
falta una política de inmigración, porque una cosa son las migraciones
producidas por refugiados políticos en zonas de conflicto, y otra, las
migraciones producidas por problemas de capacidad económica, por no poder
subsistir y por la necesidad de garantizar un futuro mejor para estos
ciudadanos.

Por tanto, nosotros apoyaremos esta moción. Tenemos un problema
grave que Europa ha de afrontar con medidas legales, con solidaridad y
con la responsabilidad de atender a todos estos refugiados que están
pidiendo ayuda para un futuro mejor para ellos y para sus hijos y con
posibilidad de volver. Para ello hemos de adoptar medidas con la
comunidad internacional, al objeto de que el conflicto en origen cese y
podamos garantizar que las poblaciones que todavía restan allá, que no
tienen capacidad para acudir a buscar asilo a la Unión Europea, puedan
vivir con dignidad, paz y garantía de futuro y con capacidad para poder
volver a sus países de origen.

Daremos apoyo a esta iniciativa recalcando que es necesario el
apoyo de todos los grupos parlamentarios y que el Gobierno español junto
a los Gobiernos de la Unión Europea y de esta en su conjunto, deben
adoptar medidas para garantizar una política comunitaria única de asilo
con el fin de afrontar este reto, que no podemos afrontar como Estados
miembros en solitario, sino conjuntamente con la Unión Europea. Que
nuestro europeísmo se vea aquí, y que apretemos para que dicho organismo
modifique todas las directivas necesarias, tome cartas en el asunto, como
le permite el Tratado de Lisboa, y asuma, de una vez por todas, una
política comunitaria de asilo que sea de obligado cumplimiento para todos
los Estados miembros. No podemos aceptar que algunos de estos no quieran
someterse a esta política comunitaria y no quieran aplicar los acuerdos
adoptados por la Unión Europea. Tiene que ser de obligado cumplimiento, y
desde este Senado tenemos que darle pleno apoyo.

Muchas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Martín.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, no tengo hilvanado un discurso, sino que he ido
recogiendo las distintas ideas de los portavoces que me han precedido, a
quienes ya de antemano les agradezco —aunque creo que debemos
agradecérnoslo mutuamente— haber llegado a un acuerdo.

Quisiera hacer algunas valoraciones en alusión directa a la
exposición de la señora Mora, de Podemos.






Usted ha dicho —y tenía
razón— que no estaban en el Congreso cuando se presentó la moción.
Es cierto, porque ustedes no tienen representación en el Congreso de los
Diputados, pero sí están presentes aquí y se podían haber sumado
unilateralmente al texto que entró en esta Cámara, sin más.

Yo entiendo que la señora Mora hable en su exposición de cómo ha
gestionado el Gobierno el caso de los inmigrantes —la moción habla
de refugiados, aunque no voy a caer en los matices de las
palabras—, pero le digo de verdad que mi grupo y yo podemos
compartir con usted el contenido de sus enmiendas y criticar
conjuntamente cómo está gestionando este Gobierno el tema de la
inmigración, de los CETI, etcétera. Es más, el senador Urco ha denunciado
explícitamente la situación de un saharaui, cosa que agradezco y a la
cual me sumo, pues ya saben lo que dice aquel verso de Verlaine: Quien
salva una vida, salva un mundo. Sin embargo, aquí estamos hablando de
otro tema, y es de cómo tiene que comportarse España, junto con la Unión
Europea, para paliar lo que está pasando en Europa.

¡Claro que hay matices! Todos los portavoces de los grupos que han
hablado han señalado matices, pero claro, el consenso tiene que nacer de
las renuncias y no de la imposición unilateral de los criterios.
Naturalmente, a mi grupo también le hubiera gustado añadir muchas más
cosas al texto definitivo de la moción, pero creo que con este texto esta
Cámara puede decir frente al mundo que estamos contra la barbarie.

Lo que yo creo, y se lo digo conforme lo siento... (Rumores).

¿Saben qué pasa? Si yo no fuera ponente de esta moción y estuviera
sentado en el escaño, en estos momentos estaría cometiendo el pecado que
están cometiendo muchos hoy aquí. Nos estamos refiriendo a seres humanos
que, mientras hablamos aquí, están muriendo; y no sé si estamos prestando
la atención debida a este asunto.

Lo que yo creo, francamente, es que con sus enmiendas quieren
centrar el foco y conseguir una foto unilateral a costa de la desgracia
humana, y me parece que eso no está bien. Yo le insto, de verdad, a
sumarse al resto de los grupos para que de aquí salga un texto con
unanimidad.

Todos coincidimos con Naciones Unidas en que este es el flujo de
refugiados más importante desde la segunda guerra mundial, pero no
caigamos en la perversión del lenguaje. Aquí hemos hecho gala de ello
—yo el primero— al hablar de números, de inmigrantes o
refugiados, de asilo o refugio, de reubicarlos o reasentarlos, de cuotas,
de repartos, de presupuestos suficientes o insuficientes, si es que hay
algún presupuesto suficiente que pueda prever lo que se desconoce. En
definitiva, creo que con las palabras disfrazamos la verdad. Pero si le
quitamos el disfraz al verbo, lo que de verdad nos queda son víctimas de
seres humanos y niños muertos en las playas del Mediterráneo. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).

Naturalmente que nuestro país, como miembro de la Unión, tiene que
sentarse. Amnistía Internacional me ha hecho llegar una carta que ha
dirigido al ministro del Interior y que, desde luego, dice cosas de
sentido común. Entre otras, dice algo que posiblemente no haría falta que
nos dijera Amnistía Internacional para que lo suscribiéramos porque somos
conscientes de ello, y es que la Unión Europea está lejos de ofrecer
opciones seguras para que las personas refugiadas lleguen a Europa y de
encontrar soluciones para un sistema de asilo europeo que está
estructuralmente desequilibrado. Y añade también: El ofrecimiento de
plazas de reasentamiento sigue siendo bajo en comparación con las
necesidades reales.

Y dice algo mucho más escandaloso. Dice que un país hermano,
miembro de la Unión, como es Hungría —yo lo comprendo, y los
españoles sabemos de lo que estamos hablando porque somos frontera sur de
la frontera europea—, ha autorizado al ejército a apoyar a la
policía en la crisis causada por la inmigración masiva y a utilizar balas
de goma, granadas de gas lacrimógeno y dispositivos pirotécnicos contra
las víctimas. Huyen de una guerra buscando una frontera de paz y
encuentran poco menos que un paredón de fusilamiento. Debemos tener la
capacidad de cambiar estas cosas en Europa si realmente queremos hacer de
Europa lo que Europa debe ser: la tierra de los hombres y no
necesariamente de los números.

Por lo tanto, señorías, y para no cansarles, como el discurso gana
en brevedad lo que pierde en extensión, ateniéndome a mi primera
intervención, y mostrando, obviamente, el apoyo de mi grupo a esta
moción, apelo a la sensibilidad de este Gobierno, en el tiempo que le
resta, y al que venga, a que el número de refugiados que tengamos que
acoger en nuestro suelo sea un compromiso inequívoco ante el mundo, ante
España y ante los seres humanos.

Dije en mi primera intervención —y quizás no lo expuse
bien— que en el texto consensuado no se hablaba de cifras y que se
partía de los 1300 que la Unión Europea había reasignado a España en un
primer reparto. Es cierto, según me han comentado los portavoces, también
el del Grupo Popular, que en el compromiso implícito en ese acuerdo está
acoger a todos aquellos que la Comisión nos asigne sin tener en cuenta el
número. Aun así, creo que tenemos que tener la generosidad suficiente, y
sé que a lo mejor la ciudadanía en la calle no siempre va a entender que
parte de la culpa de lo que está pasando en las fronteras de Europa es
nuestra por sumarnos a políticas belicistas del otro lado del Pacífico
que han desestabilizado brutalmente —y no sabemos dónde va a acabar
esto— una parte del mundo y, por lo tanto, nos corresponde una
cuota de responsabilidad mayor. A fin de cuentas, si en el mundo no
cabemos todos es que ninguno tenemos derecho a vivir en el mundo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Chiquillo.

El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero empezar mi intervención agradeciendo el tono, el
fondo y la forma de todos los grupos en el tema que hoy nos ocupa y
preocupa, que es de extrema sensibilidad. Las imágenes de miles de
refugiados, en su mayoría sirios y afganos, atravesando los Balcanes para
intentar llegar al corazón de Europa ha sacudido la conciencia de todos,
y muy especialmente en España, donde la solidaridad propia, los valores y
principios a los que hacía referencia el senador Sedó, los tenemos en
nuestro propio ADN.

Pero hay que decir que esta crisis de los refugiados no ha sido
inesperada. Y ahora, y citando de nuevo al senador Sedó, en Europa, que
es sinónimo de un conjunto de valores y de principios que nos unen, es el
momento de ponerlos en práctica y de mostrarlos ante la magnitud del
drama de la crisis humanitaria que estamos sufriendo en los últimos años.
Y digo bien últimos años, porque no es el 2014 y el 2015. Ahora me
referiré a esta cuestión.

Es, sin duda, la cuestión más grave y dolorosa que hemos visto
desde la segunda guerra mundial, como ha citado el senador de la Entesa,
y las cifras son verdaderamente escalofriantes. Estamos hablando
de 300 000 muertos solo en la cuestión siria, más de diez millones de
desplazados internos o cuatro millones de refugiados en campos de países
como Turquía, Jordania, El Líbano o Irak, cuya generosidad no está siendo
puesta en valor. Es una situación en la que hay más de 80 000 niños.

Hoy llegamos a un acuerdo, como se llegó en el Congreso.
Bienvenido sea, es motivo de satisfacción, pero nos queda ese sabor
agridulce de que estos pasos que damos tienen que ir acompasados no solo
en la región, no solo en la zona, sino que tiene que ser una cuestión de
todos los países de la comunidad internacional, porque discrepo, sin
acritud, de algunos de los portavoces que hablan de un tema regional, de
un tema europeo. No, no, esta es una cuestión global, una cuestión de
toda la comunidad internacional. Empezó hace unos años, como decía, en
Melilla, y continúa, luego en Sicilia, en el paso de Calais, en el mar
Egeo, en los Balcanes, en Siria, y hablamos de millones de personas. La
Unión Europea no prestó mucha atención hace unos años a las cuestiones de
Canarias, Ceuta y Melilla. En esta Cámara lo denunciamos en la pasada
legislatura y en esta. Posteriormente empezó el tema del canal de
Sicilia, y cuando hablábamos en 2013 de más de 250 000 personas que
intentaban llegar a Italia desde Libia, la Unión Europea empezó
tímidamente a reaccionar. En la pasada legislatura y en esta se puso
énfasis en esta Cámara en la situación tan dramática que se vivía. Ha
tenido que ser en 2014 y en 2015, cuando la cuestión siria y la cuestión
de Libia ha llegado al corazón de Centroeuropa, cuando parece que algunos
reaccionan; algunos en positivo y, desgraciadamente, otros en
negativo.

Quiero poner en valor el papel de España, porque aunque nunca se
hace lo suficiente en cuestiones humanitarias, ha estado al lado de los
países que han reaccionado en positivo y no ha dado una imagen negativa,
como algunos países socios de la Unión Europea han puesto de manifiesto
—ahora me referiré a ellos— en los últimos meses. Hemos
estado en el pelotón de países que han reaccionado, y a pesar de los
problemas internos, económicos y lo que pueda significar albergar y dar
asilo a miles y miles de personas que huyen de la guerra, hemos
reaccionado con amplitud de miras, demostrando, como decía el señor Sedó,
que esos principios y valores fundacionales de la Unión Europea no solo
se los cree Alemania, no solo se los cree Austria, no solo se los cree
Francia, sino que España se los cree y los pone en práctica día sí y día
también.

El enfoque adecuado de esta crisis humanitaria, porque no todos
los grupos lo han hecho, el auténtico enfoque es múltiple, integral y
global porque hay países originarios en situación de Estados fallidos, en
estado de guerra sin cuartel, sin orden ni concierto y sin una mínima
directriz de guerra de guerrillas; hay países de tránsito donde por
interés, incapacidad o conveniencia miran hacia otra parte; y hay países
destinatarios en los que en muchas ocasiones no existen suficientes
infraestructuras porque esta crisis 2014-2015 ha desbordado a la Unión
Europea para la acogida, ya sea por motivos económicos, por la crisis o
por motivos políticos. Hay países que han actuado de manera negativa, con
populismos y otras actitudes inadmisibles entre los principios y valores
de la Unión Europea. Estos países han actuado de una manera que, como
europeo y europeísta, me han avergonzado, y creo que a muchos de ustedes
también. Estamos hablando de anillos de responsabilidad porque es un
programa, un proyecto, una propuesta, una iniciativa que tiene que ser
global, nacional, de vecindad y regional e internacional, valorando el
origen, como se dice en esta moción consensuada, el tránsito y el
destino. Porque en Europa, donde es muy complicado —bien lo saben
sus señorías— adoptar acuerdos en política exterior y que haya una
voz única, han aparecido planteamientos de países como Austria y
Bulgaria, o la posición inamovible e inadmisible de Hungría, que han
llevado a graves incidentes fronterizos, lo que puede ocasionar un efecto
dominó, como está pasando en algunos países de esa zona concreta de la
Unión Europea. Asimismo, han aparecido discrepancias institucionales
dentro de la Unión Europea.

Se ha dejado caer por algún interviniente que es solo España la
que no traspone las directivas, y no es cierto. Ojalá España fuera de los
cinco países que las ha traspuesto. Son veinte países los que han
recibido el recadito de la Unión Europea de que es inadmisible que no
cumplamos y apliquemos la trasposición de la legislación del sistema
europeo común de asilo —veinte países—. Y si a eso hay que
añadir que en tres países, Dinamarca, Gran Bretaña e Irlanda, no tiene
aplicación esta directiva, solo son cinco o seis países los que han
cumplido. Ojalá España estuviera en ese club de cumplidores.

Sin embargo, es cierto que en esta moción instamos al Gobierno
actual y al futuro a que se ponga las pilas y cumpla con la trasposición
de unas directivas que se tenían que haber traspuesto en julio del 2015,
No estamos hablando de un cumplimiento prehistórico, sino de julio
de 2015. Pero es que en el 2015 es cuando se ha producido el
desbordamiento, y la capacidad de reacción de la Unión Europea no ha sido
la que a todos nos hubiera gustado. Pero, repito, quien vea en esto un
problema regional, local o concentrado en la Unión Europea no tiene
amplitud de miras, porque a Acnur, que está haciendo un magnífico
trabajo, también desde Naciones Unidas le han recortado drásticamente sus
fondos, y eso aquí no lo he oído. Mucha gente habla de los recortes del
Gobierno de España, pero sobre esta cuestión no ha dicho nada, y en ella
el Gobierno de España, con la ayuda de todos y el compromiso de todos, ha
dotado de 200 millones de euros adicionales, ya que Acnur, que está
haciendo un gran trabajo sobre el terreno en el que están los refugiados,
también ha visto recortados sus fondos, como muy bien planteó en el
Consejo de Europa el senador Agramunt hace muy pocos días, y no pudo
tener contestación porque es incontestable que ese recorte a Acnur se
haya producido y que en el 2016 vaya a seguir produciéndose, dejando en
el aire el futuro de miles y miles de refugiados en Turquía y en los
países de la zona.

Por lo tanto, quiero rectificar la cifra —el portavoz del
Grupo Socialista así lo ha hecho—: España se ha comprometido,
primero, en 1300, luego, en 9323, y el compromiso es cumplir el cupo
europeo con solidaridad y con respeto.

Esta moción que hoy vamos a aprobar, que le da el empujón
definitivo al acuerdo del pasado mes de septiembre del Congreso, reafirma
el compromiso de todos los españoles, el compromiso del Gobierno de
España, el compromiso del Partido Popular en trabajar por una política
común en el ámbito de asilo, incluido el sistema europeo común de asilo,
porque uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión
Europea es establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y
justicia abierto a todos aquellos que, impulsados por circunstancias,
busquen legítimamente la protección de la Unión. Tal política debe estar
regida por el principio de solidaridad de todos y el reparto equitativo
de las responsabilidades, incluidas sus repercusiones financieras, entre
todos los Estados. Esta moción es un paso adelante, un compromiso de
España en defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos más
elementales de las personas.

Quiero acabar con el punto número 10, que es lo importante. Hoy se
da un paso, un corolario —como dice este punto 10—, un
acuerdo de Estado en el que todos nos demos la mano, porque es lo que nos
pide la sociedad, y en el que España tenga un mandato claro en la Unión
Europea para que el ejemplo a seguir sean los países positivos y el
ejemplo a no seguir y a recriminar desde la Unión Europea sean actitudes
xenófobas, racistas…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor CHIQUILLO BARBER: … y poco solidarias que han
puesto de manifiesto muy pocos países pero que han sido sonrojantes para
los europeos. España ha estado y estará entre los países del sí a la
integración y del sí al respeto a los principios y valores que le pueden
dar a Europa un papel protagonista en el futuro de la comunidad
internacional.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de esta moción.
Posteriormente, suspenderemos el Pleno unos minutos hasta la una y, tal y
como avisamos ayer, votaremos las enmiendas de los Presupuestos. Después
suspenderemos la sesión hasta las cuatro.

Votamos, por tanto, la moción del Grupo Parlamentario Socialista
con la enmienda de sustitución incorporada, firmada por los Grupos
Parlamentarios Popular, Socialista, Entesa, Convergència y Unió y el
Grupo Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253;
votos emitidos, 253; a favor, 250; en contra, 2; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Se suspende la sesión hasta la una.

Eran las doce horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las trece horas.

El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción no se han presentado
enmiendas.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Mixto, la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, estamos terminando ya esta legislatura y cabe decir que
la crisis, que ha afectado de lleno a todos en estos cuatro años, ha sido
dura, pero de forma especial lo ha sido en Canarias, cruelmente dura. Por
eso, Coalición Canaria presenta esta última iniciativa que tenemos
oportunidad de defender en el último Pleno del Senado de esta
legislatura; una moción para hablar del Plan integral de empleo de
Canarias, de los problemas del empleo de Canarias.

Como saben, y como vengo diciendo, la crisis ha afectado
gravemente a la economía del archipiélago y también a nuestro mercado
laboral, expresándose de la forma más cruel, con unas tasas de desempleo
insostenibles que han superado el 30 %.

Como decía ayer en el debate de presupuestos, la renta per cápita
de Canarias ha disminuido de forma permanente ampliándose cada vez más el
diferencial, la brecha que nos separa del resto de España. Hemos
perdido 10,5 puntos de convergencia en renta per cápita. Esta situación
ya de por sí, más el desempleo, genera empobrecimiento, fracaso,
frustración, fractura social y descohesión. Pero, además, la frustración
aumenta mucho más si atendemos a la respuesta que ha dado el Gobierno de
España a esta situación: dejar las partidas presupuestarias del Plan
integral de empleo en cero euros en los momentos en que más se
necesitaban o necesitan, incumpliendo incluso la legislación vigente y
obviando lo que podríamos decir que son las mínimas reglas del sentido
común cuando un Estado ejerce su responsabilidad y apuesta por la
cohesión social y territorial de sus respectivos territorios.

Se preguntarán sus señorías, ¿por qué Canarias tiene un Plan de
empleo diferente? Porque si analizamos la evolución del empleo en
Canarias en grandes períodos de tiempo, en series largas, se pone de
manifiesto que estamos ante un problema estructural. El archipiélago
siempre ha contado con un diferencial desfavorable en la tasa del paro de
forma sostenida en el tiempo. Aun incluso en los mejores años de bonanza
económica en España, Canarias siempre ha tenido más tasa de desempleo, y
nuestro paro estructural nos ha impedido —insisto, incluso en los
momentos de mejor bonanza económica— bajar las cifras del paro por
debajo del 11 %. Además, el comportamiento del desempleo en Canarias en
las dos importantes crisis que ha tenido España recientemente, tanto la
que sufrimos en los años noventa como la que estamos todavía sufriendo,
ha sido similar. En ambas situaciones el proceso de destrucción de empleo
en Canarias ha sido mayor. En Canarias se destruye empleo a una mayor
velocidad y en una mayor cantidad, de forma que la diferencia con la
media del Estado llega a ser de 8 y 9 puntos más para Canarias.

Ustedes, señorías, podrían preguntarse, ¿y esto ocurre solo en
Canarias? Pues no, señorías, este comportamiento del desempleo y de las
cifras del paro ocurre también en el resto de las regiones
ultraperiféricas de Europa. ¿Por qué, señorías? Porque la actividad
productiva de los archipiélagos, de las islas alejadas de los territorios
continentales europeos, de las islas fragmentadas en su territorio por
medio del mar —por eso somos archipiélago—, condiciona una
actividad económica dependiente en mayor medida que cualquier comunidad
del continente de lo que ocurra en el exterior. Porque la nuestra es una
economía fundamentalmente dependiente y terciarizada y sus actividades
productivas son muy limitadas. De forma semejante, este comportamiento
ocurre, insisto, en la isla de Reunión, que pertenece a Francia, que
tiene un diferencial de 10 puntos más de tasa de paro que Francia. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

El peso relativo del paro en Canarias con respecto a toda España
es del 6,5 %, un peso que no se corresponde con lo que representamos
demográficamente, ya que solo representamos el 4,5 %. Por eso, señorías,
porque el paro es un problema estructural en Canaria, dadas las
características de la economía en Canarias, el Estado español ha ido
reforzando instrumentos, como el régimen económico y fiscal de Canarias.
Concretamente, en fechas reciente, se introdujo en la Ley de empleo
de 2003 el Plan integral de empleo de Canarias, ley que nosotros venimos
pidiendo que se cumpla. Ayer hubo mociones del Partido Nacionalista
Vasco, y de Convergència i d’Unió que pedían que se cumplieran las
leyes; nosotros también pedimos que se cumplan las leyes, en este caso la
Ley de empleo que sigue vigente.

Señorías, les recuerdo lo que dice la Ley de empleo vigente para
que sepan por qué es necesario un Plan integral de empleo en Canarias.
Pues dice que el Estado, considerando la situación económica, social y
laboral de Canarias, dada su condición de región ultraperiférica derivada
de su insularidad y lejanía reconocida en los artículos 138.1 de la
Constitución y 299.2 del Tratado de la Unión, y considerando asimismo las
ayudas de los Fondos Estructurales, recogidos en el artículo 3.1 del
Reglamento de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, en orden a la
necesidad de incrementar el empleo en los territorios de las regiones
ultraperiféricas, podrá participar en la financiación de un Plan integral
de empleo que dotará de forma diferenciada en el Estado español el gasto
del servicio público de empleo estatal para su gestión directa por la
comunidad autónoma, en este caso, por la Comunidad Autónoma Canaria, no
integrado en las reservas de crédito para los fondos de empleo de ámbito
nacional.

Señorías, estaban ya, por tanto, reguladas y justificadas las
razones por las cuales el Estado español decidió, en una ley que fue
aprobada por sus señorías en aquel momento en el Congreso, en una ley que
no tuvo ningún planteamiento en contra de ningún grupo político ni, que
sepamos, de ninguna comunidad autónoma, que Canarias, porque la necesidad
estaba más que justificada, tuviese un plan integral de empleo. El
panorama, si miramos las previsiones de paro de los presupuestos que
acaban de ser aprobados aquí, y que ahora van al Congreso, no es
halagüeño. Estamos hablando, manejando las cifras del proyecto de
presupuestos, de que para 2016 la tasa de paro para toda España será de
un 19,7 %, de cifras muy crueles, porque incluso para el año 2018 se
asegura que la cifra de paro va a seguir siendo en España de un 15,6 %.
Estas cifras son duras, pero además esconden un fenómeno mucho más
preocupante: la gran asimetría que se está produciendo en las diferentes
comunidades autónomas de España; un fenómeno que, a su vez, produce
insolidaridad con los territorios más pobres y afectados por la actual
crisis.

Señorías, no se puede tratar por igual a quienes son diferentes, y
en España la diferencia entre las cifras de desempleo es cada vez mayor.
Si tratamos por igual a los que son diferentes las diferencias se
acrecientan, la brecha se hace mayor y eso conlleva un sentimiento de
insolidaridad con los territorios más pobres. Se ha agrandado esa brecha
durante el transcurso de esta legislatura. Los valores positivos de
hasta 9,8 puntos porcentuales de diferencia entre la comunidad mejor
situada y la media nacional se han tornado negativos, con 13,98 puntos
porcentuales de diferencia entre la comunidad mejor situada y la peor
situada; o sea, que las desviaciones de la media son cada vez más
extremas. Eso es descohesión social y territorial, eso es, en última
instancia, un problema que debería preocuparle al Gobierno del
Estado.

Como hemos dicho, en el extremo se encuentra, porque tiene la peor
cifra de paro, Canarias. Desde 2010 nuestra cifra de paro supera el 30 %.
La extinción del Plan integral de empleo es inexplicable para la
ciudadanía de Canarias. Para la sociedad canaria, a tenor de las cifras
que estamos viendo, es incomprensible la pasividad del Estado y el
incumplimiento de un derecho reconocido en el Plan integral de empleo.
Además, el desempleo en Canarias se caracteriza por ser de larga duración
y por la altísima tasa de paro juvenil que tenemos. Eurostat señala, en
el informe hecho hace una semana, que tenemos un 57,4 % de la población,
jóvenes de entre 15 y 24 años, en paro. Este dato nos sitúa, junto con
determinadas regiones insulares de Grecia y costeras, casualmente, de
Francia, y junto con otras comunidades autónomas de España, a la cabeza
de la Unión Europea.

Estas dos circunstancias, paro de larga duración e incremento del
paro estructural, son muy preocupantes porque se van a consolidar
cohortes enteras de personas que han sido expulsadas del mercado de
trabajo y que van a tener dificultad para incorporarse. Son los dos
elementos que van a condicionar que el paro estructural en Canarias siga
creciendo.

Señorías, el Plan integral de empleo no fue un capricho de los
legisladores en 2003, sino una promesa incumplida del presidente del
Gobierno, el señor Rajoy, que en su debate de investidura, en
contestación a la diputada de Coalición Canaria, Ani Oramas, se
comprometió a bajar las cifras de paro en Canarias. Estas circunstancias
no se han producido a lo largo de la legislatura, sino más bien todo lo
contrario.

El Plan integral de empleo tenía y tiene previsto actuar en dos
variables, la de calidad y la de competitividad, atendiendo al capital
humano. Por eso, tiene dos vertientes: unir la formación con el empleo
para intentar acortar la distancia que nos separa con la media estatal y
disminuir al máximo las cifras de desempleo con programas, por un lado,
de reinserción del servicio canario de empleo y , por otro, actuando
directamente sobre la formación.

De ahí —y voy concluyendo, señor presidente— que
pidamos el apoyo para esta moción que hoy presentamos. En ella planteamos
dotar de forma urgente, porque es urgente la situación que se está
viviendo en Canarias, una situación que no se puede perpetuar porque va a
generar para el futuro un mayor paro estructural, esas dos partidas que
estaban en los presupuestos de 40 millones y 42 millones para el Plan
integral de empleo. También planteamos que el Gobierno de España cumpla,
junto con el de Canarias y la Unión Europea, los objetivos previstos en
el Fondo Social Europeo, concretamente el desarrollo de las políticas de
carácter púbico prioritarias para reducir la tasa de paro entre los
parados de larga duración y facilitar su reincorporación al mercado
laboral y la formación de los trabajadores que carecen de formación.

Insisto, la estructura económica de Canarias está basada en el
sector terciario. El turismo está creciendo y está creciendo la economía,
pero es incapaz de recoger el paro generado en otros sectores, como el de
la construcción. Por eso, tenemos que hacer un esfuerzo y diversificar
nuestra economía. Y, por eso, también pedimos el máximo apoyo a los
trabajos hechos por la Comisión Europea para impulsar la red RUP de
empleo que va a celebrar próximamente una reunión, en marzo del 2016.
Esta red está actualmente consolidando un plan de choque para crear
empleo verde y azul en las regiones RUP, un plan que está siendo
elaborado y liderado por el gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias
y que tiene como objetivo actuar en el problema estructural, favoreciendo
la diversificación de nuestra economía a través de empleo verde y
azul.

Por último, nos parece necesario que concluyan las negociaciones
de la comisión bilateral Canarias-Estado, concretamente en lo referente a
la aceptación del Estado del hecho diferencial canario en materia de
empleo en el marco de la negociación de la parte económica del régimen
económico y fiscal de Canarias, respaldando dichos acuerdos con la
correspondiente ficha financiera.

Por estas razones, pedimos el apoyo de sus señorías a esta moción,
la última que tendremos oportunidad de presentar en este último Pleno del
Senado.

Muchas gracias y buenas tardes.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Fernández Sánchez.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Buenas tardes, señora presidenta.

Señorías, quisiera dirigirme a la senadora Julios porque, o bien
su coalición no está en armonía con el gobierno canario, o bien pretende
ir por libre en todas las negociaciones que se están llevando a cabo
entre el Gobierno central y el canario. Las relaciones entre el
presidente del gobierno canario y el Gobierno central son habitualmente
fluidas. Y como muestra, ahí están esas ayudas que usted acaba de
mencionar y todo un sistema de colaboración permanente entre ambos, pero,
como es lógico, reconocemos la situación de desempleo en la que se
encuentran los canarios, aunque Canarias no ha salido mal parada, por
suerte, en muchas circunstancias especiales. Ha habido planes de empleo
—usted los acaba de mencionar aquí— y, a veces, se le han
otorgado hasta 1000 millones de euros. Pero algo ha funcionado mal porque
no se ha sabido capitalizar ese dinero para crear el empleo
correspondiente y ha habido que tomar unas medidas drásticas en relación
con ese desempleo que usted menciona. Pero es bueno que digamos todo, no
solo las verdades a medias. Hacer una moción pensando que con sus números
pueden convencer al resto de senadores, nos parece correcto pero los
números están ahí.

Cuando se habla de financiar un plan de empleo en la comunidad de
Canarias se deben tener en cuenta muchas cosas. Primeramente, la
financiación estatal de planes específicos para determinados territorios
y la filosofía del nuevo modelo de políticas activas de empleo en marcha
ya a raíz de la estrategia para la activación del empleo 2014-2016
—no olvide que es una estratégica específica—, y del sistema
de distribución de fondos que lleva consigo. Ya tenemos, lógicamente, el
primer paso dado para saber cómo se ayuda al empleo. Este nuevo modelo,
aprobado conjuntamente con todas las comunidades autónomas, se basa en la
definición de objetivos y en la recepción de fondos estatales en función
de los resultados obtenidos, a fin de instaurar una cultura de evaluación
permanente y de las medidas que se aplican, que es lo más importante que
podemos decir en este debate.

Lógicamente, la Conferencia sectorial del empleo y asuntos
laborales, en su reunión de 11 de abril de 2013, acordó que el sistema de
distribución de fondos se podía utilizar a partir de 2013. Este sistema
no es coherente con la existencia de dotaciones específicas para
financiar políticas activas de empleo en determinadas comunidades
autónomas, ya que ello distorsionaría la relación entre unas comunidades
y otras al permitir mayores dotaciones a unas comunidades que a otras y
crear desigualdad. Al principio de su exposición decía que ser diferente
no conlleva un mejor tratamiento. Por ese mismo motivo, entendemos en el
Gobierno central y en Europa que la distribución de las ayudas que se dan
a las comunidades autónomas debe hacerse por igual, al tiempo que el
Gobierno ha de valorar la cultura del empleo porque la mayor parte de las
competencias de empleo son suyas. No crean que todas; la comunidad
autónoma también las tiene e importantes; y si a una o a varias
comunidades autónomas se les facilitan fondos, basándose en criterios
distintos de los acordados en la Conferencia sectorial y en el
cumplimiento de objetivos, estaríamos, lógicamente, favoreciendo a unos y
perjudicando a otros. Creo que las restantes comunidades autónomas
podrían decir que su propuesta es muy lógica, muy consecuente pero
también que otras comunidades salen perjudicadas.

Señoría, yo procedo de una comunidad autónoma que posiblemente
está peor que la suya, pero no vamos a lamentarnos, de Andalucía. Si
ustedes tienen desempleo en la Comunidad Autónoma de Canarias, qué decir
de Andalucía, y de los muchísimos problemas importantes que se han dado.
Usted sabe que existen, en muchísimas comunidades autónomas,
especificidades territoriales que hay que tratar, y un gobierno y otro,
como usted sabe, las han tratado. Un tratamiento similar en todo el
Estado no es bueno. Por tanto, entiendo que es lógico que las comunidades
autónomas pueden diseñar sus propios programas y servicios, es lo lógico,
pero con cargo a los fondos asignados como consecuencia de los criterios
aprobados en las repetidas conferencias sectoriales de empleo y asuntos
sociales. Pero algo ha fallado. Si se han dado unos fondos determinados y
no se ha sabido aplicarlos correctamente, será culpa de la comunidad
autónoma, que también es la competente.

Basándome en lo señalado tengo que recordarles que la disposición
adicional septuagésima cuarta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado ya lo preveía; y también está previsto
en los presupuestos de 2016, los mismos que hemos aprobado esta mañana,
la tramitación de este asunto que contempla la moción que usted acaba de
cotejar. Así pues, con arreglo a los objetivos del Fondo Social Europeo,
establecido en los reglamentos comunitarios, la Comisión Europa aprobó,
mediante Decisión de 20 de diciembre de 2007, el Programa operativo de
intervención comunitaria del Fondo Social Europeo para la Comunidad
Autónoma de Canarias, dentro del marco del Objetivo de competitividad
regional y empleo. Por tanto, se trata de un programa plurianual en el
que el plazo para subvencionar el gasto finaliza en diciembre de 2015; es
decir, estamos todavía inmersos en un plan que se ha llevado a cabo, que
es el que este Fondo Social Europeo ha establecido. No podemos olvidar,
señorías, que el coste del programa es de 137 990 000 euros
aproximadamente ni que el importe máximo de ayudas del Fondo Social
Europeo asignado ha sido de 117 836 000 euros, siendo el porcentaje de
cofinanciación europea del 85 %. La gestión y la certificación de este
programa tienen lógicamente que residir en el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, en la Dirección General de Trabajo Autónomo, de la
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. Por
tanto, creemos que la Dirección General y el gobierno canario deben
conocer perfectamente esta materia.

Con arreglo a las disposiciones de los reglamentos europeos, la
autoridad de gestión ha asignado las funciones correspondientes al
programa de la Dirección General de Planificación a la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno canario, que actúa como organismo
intermedio del programa. Por tanto, el Fondo social europeo debe ser
conocido por sus señorías y por el gobierno canario, y debe lógicamente
explicarse aquí cómo se están llevando a cabo las distintas
conversaciones y si hay fluidez entre un gobierno y otro, pero no se
pueden estar lamentando permanentemente de que existe desempleo, que
efectivamente existe como en otras muchas comunidades, culpando a alguien
de aquello y diciendo que en Canarias todo se hace bien, porque eso no es
de recibo.

El programa se articula en cuatro ejes prioritarios; usted lo
sabe, señoría. El primero es el fomento del espíritu empresarial y la
mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios. El
coste total es de más de 16 903 millones de euros y la ayuda del Fondo
Social Europeo ha sido de 14 368 millones de euros. La mayor dotación
financiera corresponde al tema prioritario.

El segundo eje es el fomento de la empleabilidad, la inclusión
social y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y tiene un
coste total de 42 432 061 euros y la ayuda del Fondo Social Europeo es
de 36 067 252 euros.

El tercer eje, el aumento y mejora del capital humano, tiene un
coste total de 75 894 742 euros, y la ayuda del Fondo Social Europeo es
de 64 502 571 euros. El tema prioritario de este eje, el 73, tiene mayor
dotación financiera y se acompaña de medidas que pretenden aumentar la
participación en la enseñanza y la formación permanente con acciones
destinadas a disminuir el porcentaje de abandono escolar y la segregación
sexista de materias, así como a incrementar el acceso a la enseñanza y a
la formación iniciales. La afluencia y la fluidez de los gobiernos a la
hora de marcar estos ejes para favorecer a la Comunidad Autónoma de
Canarias es importante.

El cuarto eje prevé una asistencia técnica dotada con 2 759 810
euros y una ayuda del Fondo Social Europeo de 2 345 838 euros.

Por tanto, señorías, de acuerdo con los datos de ejecución dados
por la comunidad autónoma, completamente accesibles para usted gracias a
su cargo, el programa operativo alcanzará una ejecución del cien por cien
dentro del plazo máximo previsto, de tal forma que habrá una absorción
completa de las ayudas del Fondo Social Europeo ya sin nada; es decir,
que acabará este año con toda la asignación.

El nuevo programa operativo del Fondo Social para la Comunidad de
Canarias 2015-2020, que se ejecutará hasta el 31 de diciembre de 2023
—fíjese si los programas están perfectamente contemplados—,
se encuentra en este momento en fase de aprobación por la Comisión
Europea. Entre los objetivos recogidos en este programa están
precisamente el apoyo a la creación de empleo y a la formación, algo
primordial en todas las comunidades que por desgracia tienen un índice
tan alto de desempleo. Asimismo, la Comunidad de Canarias se beneficiará
de un plan operativo y de empleo juvenil hasta el 2020 gestionado
conjuntamente por la Administración General del Estado y las comunidades
autónomas que van todas al unísono.

Por tanto, señorías, este Fondo Social Europeo va a solucionar
muchos de los problemas que pueda tener Canarias. Ya me gustaría que no
hiciera falta ningún tipo de ayudas ni de fondos para este tipo de
actividades, pero cuando hay desempleo hay que actuar. Pero usted no
puede discriminar y decir que como en Canarias hay muchísimo desempleo
tiene que tener un tratamiento distinto del resto. El gobierno canario
habrá de marcar, lógicamente, las pautas básicas para que se pueda hacer
un plan de trabajo, pero no se puede pedir por pedir. Después, cuando ha
habido dotaciones importantes, de hecho no hace mucho salió una dotación
de mil millones de euros, ¿qué se ha hecho con ella? ¿Por qué ha
aumentado el desempleo entonces? Algo ha fallado aquí. ¿Es el Gobierno
central o tienen que ser ustedes? Usted echa la culpa posiblemente al
Gobierno central pero con decir no, no basta. Hay que decir los números
reales. ¿Que su propuesta puede ser a lo mejor intencionada con vistas a
las elecciones generales? Pues me parece muy bien, pero yo creo que lo
que tiene que estar usted es coordinada de alguna manera dentro del
contexto de lo que va a venir de su coalición, que no sé en qué coalición
figura usted, para que de alguna manera esté usted coordinada con el
Gobierno regional.

El Gobierno de Canarias, vuelvo a repetirle, habla permanentemente
de la fluidez que mantiene el Gobierno central con ellos, y si mantiene
una fluidez importante es para ello. Por lo tanto, señoría, yo entiendo
que su propuesta ha podido al principio en su exposición tener una parte
sentimental de encontrar desempleo dentro de una comunidad me parece
correcta, pero de ahí a entender que usted pretenda que sea distinta
Canarias al resto de las comunidades, también estaré yo aquí para decir
que en la mía, en Andalucía, que está peor que la suya, puede también
advertir un tratamiento específico, especial para ella. Creo que hay que
marcar un rasero para todas las comunidades que es lo que realmente
tenemos que llevar a cabo en un país. Hay que mirar, señoría, por el
interés general de los españoles, y, lógicamente, donde haya una mayor
dotación de partida presupuestaria para el empleo se dotará, pero siempre
con un fondo social europeo que sabe perfectamente cómo se encuentra cada
comunidad autónoma.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

En turno de portavoces, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la
senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.

Yo le rogaría al portavoz del Grupo Popular —ahora no le
localizo y me gusta dirigirme a las personas— que utilizara usted
argumentos. Usted dice que yo no me coordino con mi coalición, se
referirá usted a que yo no me coordino con mi partido, porque Coalición
Canaria es un partido. Dice que yo no me coordino con el Gobierno de
Canarias y mire, está usted equivocado. Esta iniciativa está aquí hoy y,
hoy, en el Parlamento de Canarias a instancias de mi partido y de todos
los grupos, incluso con la firma del Partido Popular en Canarias se ha
aprobado un informe en el que se manifiesta unánimemente el Parlamento de
Canarias en contra de los Presupuestos Generales del Estado, esos que
ustedes hoy han traído aquí. Coordínese usted con su partido porque el
Partido Popular dice una cosa aquí y dice otra cosa en Canarias. El
informe que se acaba de aprobar por el Parlamento, por mi partido y con
el apoyo de mi Gobierno, el Gobierno que está presidido por Coalición
Canaria —y estamos en coalición con el Partido Socialista— ha
aprobado por unanimidad un informe en contra, entre otras cosas, porque
no se cumple el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y porque no se
cumple el Plan de empleo de Canarias. Así que, hablemos en este
Parlamento de argumentos y no desprestigiando sin estar informados,
señoría.

En segundo lugar, entiendo yo que el Partido Popular en Canarias
no va a prometer en la próxima campaña electoral, como sí lo hizo en
esta, un plan de empleo para Canarias diferente, que echaba en cara que
el Partido Socialista no había apoyado suficientemente el Plan de empleo
de Canarias porque Canarias tiene derecho a una diferencia. Eso dicen
ustedes cuando se presentan en las elecciones para ganar votos en
Canarias y luego no cumplen señorías. Por lo tanto, coordínense ustedes
consigo mismos. Y, por supuesto, todos mis respetos para la Comunidad
Autónoma de Andalucía, desde luego, Coalición Canaria siempre ha apoyado
cualquier iniciativa que tenga que ver con planes de empleo dirigidos a
la comunidad autónoma andaluza o a cualquier otra comunidad que tenga una
situación de desempleo. No echamos la culpa a nadie de las cifras de
desempleo, señoría, por lo que sí le echamos la culpa al Partido Popular
es por el desamparo de haber suprimido un plan de empleo dejándolo en
cero euros, Plan de empleo que se hizo en el 2003 cuando no había crisis
económica, porque se sustentó en los problemas estructurales que tiene
Canarias, y ustedes votaron a favor y lo apoyaron.

Y no es de recibo que justo en los momentos en que más paro hay y
más crisis hay, ustedes retiren la financiación del Plan de empleo en
aras al interés general. ¿Dónde se ha visto un interés general en el que
no se dedican más fondos a las comunidades autónomas que están en peor
situación? Eso no es interés general. Café para todos no es interés
general. Si se trata de igual forma a las comunidades que tienen
situaciones distintas, insisto, lo que producimos es una mayor
acentuación de la diferenciación. Por lo tanto, señorías, entiendo que el
Partido Popular —ya lo dejó ver claramente en el debate de los
presupuestos— no está por la labor de introducir, ni tan siquiera
de recuperar, las partidas presupuestarias específicas para Canarias, ni
siquiera en lo que se refiere al Plan de empleo. No echamos la culpa del
paro al Gobierno de España, la culpa es la situación que estamos
viviendo. Sí echamos la culpa a que no nos den las herramientas
suficientes para poder combatir la situación de desempleo; sí echamos en
cara que no se dé el apoyo suficiente, retirando partidas presupuestarias
que están consolidadas, que están en una ley aprobada en el Congreso de
los Diputados y refrendada en el Senado, como no podía ser de otra
manera. Ustedes no han cambiado esas leyes y siguen vigentes leyes que
ustedes están incumpliendo, señorías. No diga usted que la comunidad
autónoma no aprovecha los fondos del Plan de empleo de España. Está usted
quedando mal con las administraciones canarias, con todas, porque en los
planes de empleo de Canarias se involucran funcionarios y trabajadores,
no solo de la comunidad autónoma canaria y del Gobierno de Canarias, sino
también de los cabildos insulares, de todos los ayuntamientos, porque
todos contribuyen aportando financiación propia para los planes de
empleo, para el Plan de empleo de Canarias, que ahora ustedes han dejado
con 0 euros.

No es cierto, no lo admito, que usted ponga aquí en duda la
eficiencia que en las administraciones canarias se tiene en materia de
empleo para combatir la lacra que tenemos en relación con el paro.
Tampoco lo pone en duda la ministra Fátima Báñez, ni tampoco lo pone en
duda la última evaluación del Servicio Público de Empleo Estatal respecto
a la evaluación hecha para Canarias. Infórmese, señoría, Madrid da a
Canarias la mejor nota en reinserción de desempleados y en cumplimiento
de los objetivos de los planes de empleo. El Servicio Canario de Empleo
ha obtenido la mejor nota en la última evaluación publicada desde el
Ministerio de Empleo, del Gobierno de España. Esa media que se ha
obtenido, que nos ha dado la mejor puntuación a la Comunidad Autónoma de
Canarias, es de más de 50 puntos, 57,6 puntos por encima de las demás
comunidades autónomas. Para ello se han evaluado más de 50 parámetros,
con las islas bien clasificadas en la práctica totalidad de los
parámetros evaluados por el Ministerio de Empleo. El Servicio Canario de
Empleo consiguió reinsertar en el mercado laboral el 30 % de los usuarios
de estas políticas activas de empleo en los seis primeros meses y más de
un 40 % en el conjunto del año, cifras muy por encima de comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular. Así que no creo que ustedes
puedan darnos ejemplo de cómo se gestionan los fondos públicos en
Canarias, comunidad autónoma que está cumpliendo con los objetivos de
déficit y comunidad autónoma que tiene los mejores resultados en los
niveles de endeudamiento.

Por ello, señoría, no acepto que usted ponga en duda la eficacia
en la gestión de los recursos públicos en el Servicio Canario de Empleo,
porque no lo pone en duda la propia ministra ni el propio Ministerio de
Empleo con los datos que están publicados, que son oficiales y están
colgados en la página web del ministerio. Le pido que rectifique y que
levante esa sospecha de la no utilización eficaz de los fondos públicos
por parte de la comunidad autónoma canaria porque, entre otras cosas,
insisto, en ello estamos implicadas todas las administraciones, desde la
comunidad autónoma hasta los cabildos y los ayuntamientos. Desde luego,
estoy coordinada con mi partido, estoy coordinada con el Parlamento de
Canarias y estoy coordinada con el Gobierno de Canarias. Creo que son
ustedes los que se tienen que coordinar. Espero, señorías, que en la
próxima campaña electoral no vengan ustedes a Canarias a prometer lo que
aquí niegan y lo que después, cuando gobiernan, no cumplen.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Intervengo simplemente para manifestar la disposición de mi grupo
a votar favorablemente esta moción.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la
palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Señora senadora de Coalición Canaria, de los cuatro puntos que
usted ha presentado, dos son comunes al conjunto de comunidades
autónomas; son problemas que atraviesa todo el Estado. Y, como le decía
antes al portavoz del Partido Popular, en Andalucía es peor. Usted habla
de paro juvenil y de larga duración y ya que es un problema del conjunto
de los territorios, del conjunto de España, creo que no hubiera estado
mal que en su moción hubiera apuntado una propuesta para toda España,
porque usted está pidiendo el voto a los senadores de Cataluña, de
Euskadi, de Extremadura, de Andalucía, es decir, del conjunto del
territorio, y en aquello que nos es común. Insisto, creo que no hubiera
estado mal una referencia y una propuesta de solución para todos. Es
verdad que en los dos últimos puntos, el tercero y el cuarto, usted ya
señala elementos particulares, singulares: Canarias es una región
ultraperiférica que tiene comprometido un Plan integral de empleo que no
se cumple.

Dicho esto, mi grupo va a dar apoyo a su moción. En este Pleno se
ha iniciado, con la presentación de esta moción, el segundo debate sobre
la situación del empleo en España. Mi grupo y yo vamos a reiterar que las
políticas de empleo del Gobierno del Partido Popular son un fracaso. No
se puede llamar recuperación a una recuperación económica que convive con
más de 5 millones de parados o con un 50 % de paro juvenil. No se puede
llamar recuperación económica a aquella que convive con una desprotección
social que afecta a 2 300 000 trabajadores. Con estas cifras, la
conclusión lógica es que las políticas sociales y de empleo del Gobierno
han sido un fracaso. Esta realidad quiere decir que la política global de
este Gobierno ha sido un completo fracaso.

Cuando se escucha a los portavoces del Partido Popular parece que
todo lo hayan hecho bien. En el turno en contra que ha realizado
anteriormente el senador Fernández, parece que todo está bien y que todo
lo hacen bien, pero, señorías, hay lo que hay: más del 20 % de parados y
más del 50 % de paro juvenil. Suerte que lo han hecho bien, porque, si lo
llegan a hacer mal, no sé dónde estaríamos. Por decoro, les pido dos
cosas: una, que no me hablen de la herencia, porque estamos al final de
su legislatura; no estamos al final de la legislatura de Rodríguez
Zapatero, sino de la suya. Por decoro, les pido una segunda cuestión:
este sainete de que cuando hay paro es culpa de la comunidad autónoma y
cuando hay empleo es gracias al Gobierno del Estado no se lo cree nadie.
Estamos frente a unas políticas que han fracasado porque ustedes no han
sabido entender, en primer lugar, que la globalización económica traía
consigo un ajuste, en el momento en que la economía se globaliza quiere
decir que millones y millones de nuevos trabajadores se incorporan al
mercado de trabajo global, y esto nos afecta; porque ustedes no han
sabido entender que la crisis financiera de 2008, que era una crisis
financiera norteamericana, se ha transformado gracias a sus políticas y a
las políticas de la Unión Europea en una crisis europea y de la deuda
pública; porque ustedes no han sabido entender, porque en parte son
responsables, la burbuja de los elementos particulares y singulares del
fracaso del modelo productivo español; y por lo que afecta a Canarias,
porque ustedes nunca han sabido entender que una región ultraperiférica
exige y necesita instrumentos propios que le permitan no solo superar un
modelo productivo caduco, un modelo productivo que da lo que da de sí y
que es frágil y muy vulnerable frente a cualquier recesión, sino que
exige avanzar hacia una economía de calidad que para el Partido Popular y
para el Gobierno del PP, vistos los presupuestos año tras año, o no
existe o no saben de qué hablamos. Sus decisiones han comportado que los
ajustes de esta crisis los hayan pagado los trabajadores, los están
pagando aún los trabajadores; sus decisiones han comportado que España
hoy sea más desigual, que haya una transferencia real y continua, según
la contabilidad nacional, de las rentas del trabajo a las rentas del
capital. Ayer la senadora Peris decía: bueno, pero esto ya pasaba antes.
¿Y qué? El problema es que ustedes no evitan que siga pasando esto. Ante
esta situación de transferencia de rentas del trabajo al capital, que
quiere decir mayor desigualdad, que quiere decir que hay ricos más ricos
y pobres más pobres, ustedes no han sido capaces de evitarla sino que con
sus políticas fiscales la han incrementado.

Ustedes, en definitiva, han cometido dos graves errores: que los
sacrificios de la crisis los pagaran solo los trabajadores de las capas
medias y de las clases populares y, en segundo lugar, que no habiendo
aprendido nada, ninguna lección de esta crisis, seguimos instalados en un
modelo productivo de muy corto alcance, el modelo del turismo, etcétera,
y no ha habido ninguna apuesta para identificar qué es aquello que nos
hacía tan frágiles económicamente y aquello que nos diferencia en cómo ha
impactado esta crisis global, esta crisis hoy en día también
profundamente europea, a un país o a otro país. Total, hemos avanzado,
estamos consolidando la sociedad de la precariedad, una sociedad sin
futuro, una sociedad sin esperanza, especialmente para los sectores más
jóvenes y una sociedad, en definitiva, más injusta. Es por ello, y
repitiendo que nos hubiera gustado, a mi grupo parlamentario, una
referencia al problema que es común, que es de todos, a unas políticas
agresivas que nos afectan a todos, damos apoyo a la singularidad, a la
especificidad, y a algo tan particular como es la Comunidad Autónoma de
Canarias, sus islas son ultraperiféricas, y que exige no solo el
cumplimiento de los compromisos, como ese Plan integral de empleo de
Canarias, sino también tener en cuenta sus necesidades.

Con esto termino, señora presidenta, vamos a votar a favor de su
moción y le pido al resto de senadores y senadoras que la apoyen.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Catalán de Convergència y d’Unió, tiene la
palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies senyora presidenta.

La moció que presenta el Grup de Coalició Canaria és una moció que
reflecteix una vegada més la realitat del mercat de treball. Una realitat
que dista molt del que l’Executiu insisteix en explicar i crear i
observar, i és una realitat en que les dades ens demostren que el
problema de l’atur en general, de l’atur juvenil, de
l’atur de llarga duració, de la falta de polítiques de feina, de la
baixa tassa de cobertura, continuen on estàvem fa molt de temps. Una
realitat del mercat de treball que manté unes dades dramàtiques,
insostenibles i que requereixen d’actuacions urgents i contundents.
Situació que com descriu la iniciativa proposada, es veu agreujada en
alguns territoris, i en concret a Canàries. Aquí voldria en tot cas que
no comparteixo l’opinió del senador Guillot de que poder caldria
que fos explicada en aquesta moció d’una manera més general. Be és
cert que el problema és comú, però certament jo crec que el que te la
Cambra territorial és poder explicar allò d’una manera molt més
detallada per part de diferents grups polítics d’allò que
d’una manera molt concreta, molt més específica, està passant pel
territori. En tot cas, estem convençuts que sols hi haurà el concepte de
la universalitat a partir de la singularitat, si no, molt sovint parlem
d’aspectes molt generals que no acabem de saber entendre fins a
quin punt és allò que està passant en major gravetat o en major
contundència, com és la moció que està explicant, a partir de tot el seu
contingut el Grup de Coalició Canària.

I respecte al que dèiem que fa l’Executiu espanyol, en lloc
d’incrementar els esforços, suprimeix el Pla integral de feina de
Canàries. Espanya te la segona taxa d’atur més alta d’Europa,
la te i l’arrossega de fa molts anys i te un greu problema de
cohesió social. De fet s’han portat polítiques que han suposat
encara més problemes de desigualtats. Tant a Espanya com a Canàries. Com
assenyala la moció proposada per Coalició Canària, la supressió del Pla
integral de feina de Canàries és inexplicable davant la ciutadania de
Canàries, i ens sembla que és un bon moment, però també des de la
solidaritat territorial dir que tindran el nostre suport, del grup de
Convergència i d’Unió, a tenor de les xifres, de la passivitat del
Govern i de l’incompliment d’un dret reconegut.

Causa incomprensió en la societat canària, si se’m permet,
com en altres intervencions que hem fet en altres àmbits també socials,
d’altres societats, perquè realment cal major contundència pel que
fa a les polítiques de feina, que ens sembla que per part del Govern
espanyol estan molt ancorats en la idea que hi ha una remuntada
econòmica, i a partir d’aquí es relaxen i no donen tota la
capacitat de resposta des del punt de vista de l’economia
productiva, i també sobre tot, des del punt de vista de la protecció de
cara a la desigualtat que és part d’aquesta societat, que es veu
afectada per aquestes taxes d’atur.

Deia el president Mariano Rajoy en el seu debat
d’investidura i la mateixa iniciativa que proposen vostès ho diu,
que la millor política social és aquella que és capaç de generar feina.
Estem d’acord amb això, i que estava a favor de la cohesió social,
però en canvi no ens sembla que tot allò que han fet corrobori aquestes
afirmacions. La seva acció de Govern no s’ha dirigit de cap de les
maneres, en moltes de les actuacions, cap aquests objectius.

Votem a favor de la iniciativa perquè, insisteixo descriu
perfectament la realitat i considera que el Govern espanyol no actua tal
i com tocaria. El Govern hauria d’incrementar les partides
pressupostàries destinades a polítiques de feina i situar-les com a
mínima el nivell de les previstes el 2011. Recordo, crec que vostè encara
no era senadora, però des del Grup Parlamentari Català vàrem presentar
diferents iniciatives en aquesta línia, i dèiem també que el més
important era transferir i possibilitar la gestió de les comunitats
autònomes en tant quan tenien en bona mesura moltes d’aquestes
competències, per poder estimular tot allò relacionat amb la feina.

Per tant no es poden suprimir iniciatives com el Pla Integral de
feina de la comunitat de Canàries i a més hem d’aconseguir aquesta
singularitat per part de la Comissió Europea respecte al que
s’anomenen les regions ultraperifèriques, en aquest sentit vostès
estan doblement abandonats, des d’aquí la nostre solidaritat perquè
ja no és una qüestió únicament d’aquest reequilibri territorial,
aquest reequilibri de tot el que te a veure amb la insularitat i el que
vostès necessiten, si no que a més, moltes vegades se sent parlar del què
diu la Comissió Europea, doncs la Comissió Europea també parla de vostès
i en aquest sentit creiem sincerament que tenen tot el dret, que aquesta
moció es mereix la nostra votació favorable, i així ho farem.

Gracias, señora presidenta.

La moción que presenta el Grupo de Coalición Canaria es una moción
que refleja una vez más la realidad del mercado laboral, una realidad que
dista mucho de lo que el Ejecutivo insiste en explicar y crear y
observar. Es una realidad en la que los datos nos demuestran que el
problema del paro en general, del paro juvenil, del paro de larga
duración, de la falta de políticas laborales, de la baja tasa de
cobertura, etcétera, continúan donde estaban hace mucho tiempo; una
realidad del mercado de trabajo que mantiene unos datos dramáticos e
insostenibles y que ciertamente requieren de actuaciones urgentes y
contundentes.






La situación, como describe la iniciativa propuesta, se ve
agravada en algunos territorios y, en concreto, en las Canarias, y en
este punto se podría decir que no comparto la opinión del senador Guillot
de que quizás cabría que se explicase en esta moción de una manera
general. Es verdad que el problema es común, pero creo ciertamente que el
tener una Cámara territorial es para poder explicar de manera más
detallada por parte de los diferentes grupos políticos lo que está
pasando en el territorio. Estamos convencidos de que solo habrá concepto
de universalidad a partir de la singularidad, y es que a menudo hablamos
de aspectos muy generales sin acabar de entender hasta qué punto es real
lo que está pasando, si ocurre con mayor gravedad o con más contundencia,
como se dice en la moción del Grupo de Coalición Canaria.

Respecto a lo que decíamos sobre qué hace el Ejecutivo español
diré que en lugar de incrementar los esfuerzos suprime el Plan integral
de ocupación de Canarias. España tiene el segundo índice de paro más alto
de Europa; lo arrastra desde hace muchos años y tiene un grave problema
de cohesión social. De hecho se han llevado a cabo políticas cuyo impacto
ha supuesto aún más incremento de desigualdad tanto en la Península como
en Canarias y, como señala la moción propuesta por Coalición Canaria, la
supresión del Plan integral de ocupación de Canarias es inexplicable ante
la ciudadanía. Creemos que es un buen momento para, desde la solidaridad
territorial, decir que ciertamente tendrán el apoyo de nuestro Grupo de
Convergència i d’Unió a pesar de las cifras, de la pasividad del
Gobierno y del incumplimiento de un derecho reconocido.

Todo esto causa incomprensión en la sociedad canaria, como he
dicho en otras intervenciones y también en otros ámbitos sociales, porque
se necesita una mayor contundencia por lo que respecta a las políticas
laborales, pero nos parece que el Gobierno español está muy anclado en la
idea de que existe un auge económico a partir del cual se relaja sin dar
toda la respuesta necesaria desde el punto de vista de la economía
productiva y sobre todo desde el punto de vista de la protección frente a
la desigualdad que afecta a gran parte de esta sociedad que se ve
afectada por estos índices de paro.

Decía Mariano Rajoy, el presidente, en su debate de investidura
—y la iniciativa que ustedes proponen también lo señala—, que
la mejor política social es aquella capaz de generar trabajo, y estamos
de acuerdo en ello. Y decía también que estaba a favor absolutamente de
la cohesión social. Pero no nos parece que todo lo que han hecho
corrobore estas afirmaciones. Su acción de gobierno no se ha dirigido en
ningún momento en muchas actuaciones a estos objetivos.

Votamos a favor de esta iniciativa porque, insisto, describe
perfectamente la realidad y considera que el Gobierno español no actúa
como debería. El Gobierno tendría que incrementar las partidas
presupuestarias destinadas a políticas laborales y situarlas como mínimo
en las previstas en 2011. Creo que usted aún no era senadora, pero quiero
recordar que el Grupo Parlamentario Catalán presentó diferentes
iniciativas en esta misma línea. Y decíamos, además, que lo más
importante era transferir y posibilitar la gestión de las comunidades
autónomas en tanto en cuanto que en buena medida tenían muchas
competencias para poder estimular todo lo relacionado a favor del
trabajo.

Por tanto, no se pueden suprimir iniciativas como el Plan integral
de trabajo de la comunidad canaria. Por otra parte, tenemos que conseguir
esta singularidad por parte de la Comisión Europea con respecto a lo que
se llaman las regiones ultraperiféricas. En este sentido hay que decir
que ustedes están doblemente abandonados, por lo que desde aquí les
enviamos nuestra solidaridad porque no es ya únicamente una cuestión de
reequilibrio territorial, de todo tiene que ver con la insularidad y de
lo que ustedes necesitan, sino que además a menudo se oye hablar de lo
que dice la Comisión Europea. Pues bien, la Comisión Europea también
habla de ustedes. Creemos que esta moción se merece nuestra votación
favorable y, por tanto, así lo haremos.

El público que está asistiendo a este Pleno desde la tribuna quizá
no lo sabe, pero he de decir que en determinadas iniciativas
parlamentarias, como es el caso de las mociones, a diferencia del
Congreso de los Diputados, aquí en el Senado se puede hablar en las
diferentes lenguas del Estado español y de ellas hacemos uso. Por lo
tanto, las diferentes fuerzas políticas que representamos territorios
concretos con una lengua oficial ejercemos este valor añadido desde el
punto de vista de la cultura pluricultural que emana del Estado español
que no siempre se respeta. Pero ahora quiero utilizarla porque es mi
última intervención como senadora, cargo que ocupo desde hace siete años.
Quisiera mostrar mi agradecimiento a todos los profesionales de esta
Cámara territorial. Son unos excelentes profesionales. Excelentes. Y
subrayo esta palabra. En ningún momento nos hemos sentido desatendidos.
Todo lo contrario. Por tanto, mi más profundo agradecimiento. Siete años
en los que ha habido de todo, sinceramente. Durante los primeros cuatro
años disfruté mucho más, pues no había una mayoría tan contundente como
la que hay en el Partido Popular. A mi entender, estos cuatro años
permitieron hacer política y alcanzar muchísimos puntos de encuentro en
toda la Cámara territorial. Fue, lo que se dice hacer política en
mayúsculas, intentar encontrar aquel punto en común. Y yo lo he vivido de
una manera muy directa durante esos primeros cuatro años. He aprendido de
muchos de vosotros y por ello os doy las gracias. Muchísimas gracias. Si
a alguien he ofendido o si, sencillamente, no he estado a la altura, les
pido disculpas. Senador Antolín Sanz, quiero decirle que a pesar de las
diferencias, que son inmensas, y a pesar de que durante estos tres
últimos años no he podido disfrutar como senadora, pues la contundencia
de la mayoría del Partido Popular no ha permitido mayores encuentros,
quiero agradecerle —por eso pongo su nombre de manera
específica— su voluntad de entendimiento en algunos casos.

Als meus companys de Convergència i d’Unió, si m’he
equivocat, si us he fallat, us demano disculpes. A mis compañeros de
Convergència i d’Unió, muchas gracias. Si me he equivocado, si os
he fallado, os pido disculpas.

En todo caso, quiero decirles también que como alcaldesa que soy
de un municipio, estoy a vuestra disposición. Calella es un municipio muy
bonito, no lo digo porque sea alcaldesa, sino porque lo es de verdad.
Tiene tres kilómetros de playa fantástica, con una arena que no falla
nunca. Por tanto, les invito a todos a visitar mi ciudad. Estaré
encantada de que puedan venir. Dejo esta Cámara territorial porque he
sido elegida diputada en el Parlamento de Cataluña y para mí es un
honor.

Finalizaré mi intervención con un trocito de un poema de
Malagarriga que decía: Tot viatge comença amb un comiat i també amb una
esperança. Todo viaje empieza con una despedida y, en mi caso, también
con una esperanza.

De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por todo.
(Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, senadora
Candini.

Le deseo también toda la suerte en su nueva etapa política y,
desde luego, en todo lo que tenga que ver con su vida personal. Gracias
también por su trabajo en esta Cámara.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador González
Bethencourt.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, presidenta.

Respecto a esta moción sobre la adopción de medidas en materia de
empleo, en primer lugar, a mí me gustaría refrescarle un poco la memoria
al portavoz del Grupo Popular, porque creo que no ha entendido bien la
moción, ya que prácticamente no ha nombrado la palabra PIEC, el Plan
integral de empleo de Canarias. Y he de recordarle que fue el 28 de
noviembre de 2011 cuando se firmó un convenio de colaboración entre el
Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias.
Para ello, se puso en marcha un Plan integral de empleo durante el
periodo 2011-2014 —el cuarto Plan integral de empleo para
Canarias—, dentro del marco de la Ley de modificación del régimen
económico y fiscal de Canarias —como ya se ha dicho aquí—,
con el objetivo de apoyar la dotación de infraestructuras, la iniciativa
empresarial y la promoción del empleo; convenio que venía avalado por el
buen resultado obtenido con los tres planes anteriores, que suponía un
gran convenio para Canarias y creemos que también para el Estado.

El objetivo principal de este convenio era contribuir al logro del
pleno empleo sostenible en Canarias, según el cual el Gobierno del Estado
aportaba anualmente 42 millones de euros y el Gobierno de Canarias 15,57
millones de euros en total cada año. Ese fue el objetivo inicial. Sin
embargo, lamentablemente, el Gobierno del Partido Popular introdujo un
recorte en los Presupuestos Generales del Estado de 2013: la asignación
disminuyó de 42 a 32 millones, consignando solo 10 millones, mientras que
en 2014 el recorte fue total, de cero euros. En 2014 desaparece el
convenio, se queda a cero el Plan integral de empleo para Canarias y, por
tanto, desaparece.

Por otra parte, hay que tener en cuenta las altas tasas de paro
que afectan a Canarias. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa,
se sitúa en un 33 % aproximadamente; un paro muy alto, la segunda de las
comunidades autónomas de España con más paro, con más de 7 puntos
porcentuales por encima de la media nacional. En estos momentos, en
Canarias hay, aproximadamente, 336 500 personas en paro, según la
Encuesta de Población Activa. Este es un tema muy preocupante y muy
grave.

Por estos motivos, en la Comisión de Empleo y Seguridad Social que
tuvo lugar aquí en el Senado, el 28 de mayo de 2014, formulamos la
siguiente pregunta al secretario de Estado que compareció en la comisión:
¿Tiene previsto el Gobierno consignar los créditos necesarios para
acometer el quinto Plan integral de empleo de Canarias? El secretario de
Estado del Partido Popular, Tomás Burgos, dijo que no, que no tenía
previsto en absoluto consignar crédito para este plan. Con ello el
secretario de Estado, en nombre del Gobierno, ya dijo que se acababa este
plan y que no se iba a acometer un quinto Plan de empleo para Canarias,
lo cual fue un mazazo para la opinión pública de Canarias, pues todos
estábamos esperanzados con que este plan pudiera continuar.

A pesar de ello, sin embargo, ha habido varias iniciativas
parlamentarias presentadas por parte del Grupo Socialista para recuperar
estas ayudas pero, lamentablemente, el Partido Popular siempre las ha
votado en contra, a pesar de que Canarias necesita seguir con este
convenio, dada la preocupante situación del empleo, además de su
condición ultraperiférica. La cuestión es tan preocupante, señorías, que
voy a recordarles tres datos que definen la gravísima situación que
atraviesa Canarias en materia de desempleo.

En primer lugar, casi la mitad de los parados canarios no recibe
ninguna prestación; casi la mitad. En segundo lugar, es muy alto el
desempleo de larga duración. Y, en tercer lugar, tenemos tasas muy altas
de paro juvenil. Estas tres características justificaban un esfuerzo por
parte del Gobierno para continuar con el Plan integral de empleo de
Canarias. Pero es que, además, la decisión del Partido Popular de negar
el plan ha hecho que los presupuestos del Gobierno de Canarias hayan
estado fuertemente condicionados por estos recortes. De hecho, el
Gobierno de Canarias ha tenido que sostener con fondos propios los
impagos del Estado tanto en 2013 como en 2012, es decir, aumentar la
aportación de fondos propios al Servicio Canario de Empleo o, lo que es
lo mismo: mientras el PP le quita a Canarias, es Canarias quien tiene que
aportar para sustituir al Partido Popular. En resumen, el recorte de
fondos para el empleo en Canarias ha ido en aumento desde la llegada del
Partido Popular al Gobierno de España. Y este no es solo el típico
argumento, sino que tenemos los datos. Y si no, tomen nota: de los 222
millones de euros recibidos en 2011 se ha pasado a 121 millones en 2012,
a 76 millones en 2013 y a 70 millones en 2014, a lo que hay que añadir el
recorte por la supresión del Plan integral de empleo en Canarias. (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Sin embargo hasta que llegó el Partido Popular el Gobierno del
PSOE siempre mantuvo dicho plan, los 42 millones de euros anuales en el
Plan integral de empleo de Canarias.

La moción de Coalición Canaria coincide con nuestro planteamiento.
De hecho, como se ha dicho, en Canarias gobierna Coalición Canaria con el
Partido Socialista. Entendemos perfectamente el espíritu de la moción y
el Grupo Parlamentario Socialista la va a apoyar porque es justa, porque
es completamente necesaria y porque ¡ojalá!, cuando cambie el Gobierno
el 20 de diciembre, podamos recuperar este Plan integral de empleo para
Canarias.

Yo no les voy a cantar el pasodoble Islas Canarias porque estoy
afónico, pero como hoy ha habido canciones y cosas muy emotivas, quiero
decirles que acaba la X Legislatura y, en mi caso, con ella seis años de
tener el honor y la satisfacción de representar al Partido Socialista por
mi isla, la isla de Tenerife. He luchado e intentado defender ante la
opinión pública el trabajo que se hace en la Cámara Alta —creo que
el trabajo que se hace en el Senado es gratificante, es
importante—. A los ciudadanos no siempre se les ha podido explicar
todo el trabajo que se hace en el Senado como una Cámara que complementa
el sistema bicameral que nos ha dado la Constitución. Ahora bien, creo
que debemos acabar esta legislatura con la preocupación de la población
por la infravaloración del Senado e incluso el oír decir a mucha gente
que el Senado no sirve para nada. Yo no estoy de acuerdo con eso; el
Senado sí sirve, lo que pasa es que no le hemos dado el carácter de
Cámara de representación territorial que le ha otorgado la Constitución.
El Senado debe ser una Cámara de primera lectura, incluso única lectura
en cuestiones autonómicas, y cuando esto suceda seguro que los ciudadanos
nos van a mirar mejor, nos van a ver con más poder; cuando el Senado sea
capaz de tomar una decisión en temas importantes va a tener mucho más
valor, y espero que en la próxima legislatura esto se consiga.

Señor presidente, señorías, amigos y amigas, a todos y a todas les
deseo todo lo mejor; lo más importante, lo mejor es mucha salud. Les
deseo a todos mucha salud, un abrazo y doy las gracias por haber podido
compartir estos años con todos ustedes.

Un abrazo para todos. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
González.

La Mesa y todo el Senado le desean, desde el punto de vista
personal, todo lo mejor, y se sienten orgullosos de sus palabras.

Gracias, señor González.

Cierra el debate el portavoz del Grupo Popular, senador
Fernández.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Gracias,
señorías.

En primer lugar, voy a intentar contestar a la senadora Julios.
Dado que yo he intervenido al principio en el turno en contra, de su
intervención se deduce que todo el discurso y toda la oratoria que he
utilizado en esta tribuna ha sido algo personal hacia ella. Esto está muy
lejos de la realidad porque, sinceramente, nunca he intentado ni
intentaré descalificar a nadie que sea senador o que esté en la Cámara
defendiendo sus intereses.

Pero sí tengo que decirle, en la parte que me corresponde, que yo
sí estoy perfectamente coordinado con mi grupo parlamentario. Yo no sé lo
que estará usted ni a la coalición a la que pertenece ni con quién está.
Yo sé que mi grupo parlamentario es conocedor de todas las mociones que
traemos al Pleno, a la Cámara, y cuando se interviene también es
conocedor de todo aquello que se aporta. Es tanta la coordinación que
tenemos que, curiosamente, en su intervención parlamentaria de ahora
usted ha hablado de que al parecer ayer y hoy en el Parlamento canario se
había hablado de este tema y se había votado. Pues, señoría, no, en el
orden del día que tengo en mi poder no aparece nada; el orden del día es
nulo, hay muchísimas preguntas y solo hay una solicitud al Gobierno para
la formación profesional básica, nada más. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). O usted me enseña a mí otro orden del día distinto a este y
la creeré o es que se han comido las letras cuando ha pasado por la
impresora pero, sinceramente, de lo que usted habla no se ha tratado
absolutamente nada.

Es más, usted decía que todos los grupos parlamentarios de la
Cámara en Canarias habíamos votado a favor. Cualquier proyecto de ley que
se lleve a la Cámara debe tener un informe preceptivo, que se vota, pero
no es vinculante. Tampoco ha dicho eso. Cuando alguien replica a otro
orador en la tribuna, debe hacerlo con la realidad y la verdad por
delante —no quiero decir que sea mentira—, no descalificando
sin argumentos o, por lo menos, invocando situaciones que no han
existido, ni se trataron ayer, ni, como usted dice, hemos votado a favor.
¿Por qué digo que no? Porque me lo han corroborado mis compañeros del
Senado. Es decir, va en consonancia con todo aquello que se ha dicho en
Canarias.

Señoría, no intento en absoluto descalificarla, todo lo contrario.
Simplemente, quiero que no haya un desfase; es decir, que parezca que el
Gobierno central trata mal a alguien. Todo lo contrario, el esfuerzo ha
sido inmediato. Como sabe usted perfectamente —lo he dicho al
principio—, por parte del Gobierno central hay un contacto fluido
con el Gobierno canario, diario; prueba de ello son las reuniones que
están manteniendo para llevar a buen término el tema del empleo. Es más
—se lo he dicho al principio, pero lo vuelvo a repetir—, en
los momentos de crisis más duros, como dijo la ministra Báñez, se dio a
Canarias 1000 millones de euros, y resulta que aumenta el desempleo. ¿Qué
ocurre? Algo hay que el Gobierno canario no ha sabido hacer. Por tanto,
tengo que decirle que alguien no ha hecho sus tareas. Repito, alguien lo
ha hecho mal. Lógicamente, no ha sido el Gobierno central, sino el
Gobierno canario, que no ha sabido utilizar adecuadamente los fondos que
le han dado tanto el Gobierno central como Europa. A veces, a las
personas hay que darles la caña para pescar, no el pescado. También
Canarias debería haber dado a los trabajadores que están en paro
—los que estamos aquí, colateralmente, estamos perjudicados como
ellos— la caña para pescar. Creo que usted no ha dicho nada que
haya desmontado los argumentos que he dado al principio.

Otros portavoces, a quienes agradezco el tono de su intervención,
han hablado de cómo estaba y cómo está la situación económica del país;
de cómo estaba y cómo está el desempleo y de lo que se ha hecho. Yo le he
dado una serie de programas que se han articulado como ejes prioritarios,
coordinados entre el Gobierno central y el Gobierno canario, pero usted
no ha dicho nada de ellos. He hablado del eje 1, fomento del espíritu
empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y
empresarios. Porque, señorías, para crear empleo es bueno que haya una
inyección de euros para mantener el empleo, pero también hacen falta
empresarios, y hay que formarlos. Uno de los grandes obstáculos que
podemos tener en este país es que muchas veces no hay empresarios. No hay
empresarios porque hay que formarlos. Este Gobierno al que pertenezco, en
este caso como miembro del grupo parlamentario, ha intentado no solo
cumplir con los empresarios, sino también con los autónomos, que son
empleadores. Como sabe usted perfectamente, la que crea empleo es la
pequeña y mediana empresa. La gran empresa crea el empleo que crea y
desaparece cuando desaparece. Sin embargo, la pequeña y mediana empresa
crea casi un 90 % del empleo.

El Gobierno del Partido Popular ha intentado favorecer la
competitividad para los autónomos. Hemos hecho una ley de fomento del
empleo autónomo, que es fundamental para poder seguir creciendo y creando
empleo, porque es el autónomo el que crea empleo. Usted solo dice: dóteme
de cuantías para ello, pero en ningún momento habla de una formación
adecuada, eje primordial, como he dicho antes, para la adaptabilidad de
trabajadores, empresas y empresarios, que es lo importante, crear un
contexto que forme a la empresa, al empleador y al empleado.

Tengo que decirle que el eje importante que ha tenido y tiene este
convenio es el fomento de la empleabilidad, la inclusión social y la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se han invertido 75
millones de euros en el aumento y mejora del capital humano. Con este eje
prioritario se han financiado medidas para participar en la enseñanza y
la formación permanente, que es muy necesaria para que el trabajador no
tenga más actividades, que sea un trabajador con una sola actividad que
perdure en el tiempo y que esté en esa empresa.

También le he hablado del capital humano y de la asistencia
técnica. En cuanto a la ejecución del programa, tras la última
declaración de gasto, resulta que la Unión Europea, a través de los
fondos europeos, ha dotado a Canarias con 120 millones de euros para ese
fondo de protección. Yo creo que se está cumpliendo con esta medida, pero
usted por su parte, con todo el respeto que le tengo, señoría, ha venido
aquí a presentar una moción relativa a Canarias para luego decir que el
Gobierno de Partido Popular no le ayuda en la lucha por el empleo. Eso no
es cierto. El Partido Popular le ha ayudado a usted y a Canarias
económicamente con los ejes para el empleo. Lo que pasa es que si usted y
su Gobierno, que está coaligado, no saben aprovecharlos es su problema,
no es el nuestro, como ocurre en Andalucía —he dicho al principio
que soy andaluz— y está dotado más que ninguna otra comunidad, pero
cuanto más tiempo gobierna el PSOE, más desempleo hay. Ese es el gran
problema que tenemos aquí los españoles, y hay que saber
difuminarlo.

Señoría, quiero terminar diciéndole que nuestro cumplimiento en
relación con el desempleo y con el empleo es obvio, está ahí: España ya
es sinónimo de estabilidad. Entre todos hemos conseguido que día a día
haya una mejora en el crecimiento —por eso he dicho antes que
interesa a todos los españoles— y tenemos un Gobierno que hace los
deberes. Hoy hemos aprobado en esta Cámara los Presupuestos Generales del
Estado para 2016 en contra, por supuesto, de ustedes. Hemos creciendo y
vamos a seguir creciendo desde la estabilidad, creando empleo y dando
seguridad a los pensionistas; es importante también dar seguridad a los
pensionistas. Somos también un país solvente y todas las reformas que se
están haciendo son un ejemplo por su aplicación.

Ya no utilizan ustedes la reforma laboral como algo malo; ya no
hablan de que la reforma laboral ha perjudicado al empleo. Parece que se
han olvidado de ello; se han dado cuenta de que la reforma laboral ha
sido fructífera y ha dado frutos, no el que cada uno quiere, sino
aquellos que tiene que dar un Estado de derecho como es España, porque
estamos dentro de Europa; por lo tanto, hoy crecemos casi el doble que la
media europea, mientras que en 2011 éramos un lastre para Europa. Usted
que está coaligada con el Partido Socialista, con estos ejes que marca,
debe saber con quién va y dónde está. Yo no he puesto en duda que usted
utilice mal el dinero, para nada; no lo he puesto en duda, he puesto en
duda que no ha sabido tener la materia prima adecuada para esa cultura
del empleo en Canarias.

Canarias, efectivamente, tiene unos fondos europeos
importantísimos, porque al ser zona ultraperiférica le llegan más fondos
que a otras. Y no he utilizado eso. ¿Por qué? Porque entendemos que
Canarias necesita esos fondos, que son suyos, además. No hemos dicho que
por ser una zona ultraperiférica tenga más dinero que otras comunidades
autónomas —que tienen menos—, no, todo lo contrario, tiene
fondos europeos porque se lo merece. Pero también tiene que saber, como
es lógico, administrarlos y darles la solución adecuada. ¿Por qué? Porque
de alguna forma creo que es la mejor manera de llevarlo a cabo.

Sin más, señorías, solo quiero agradecerles su intervención tanto
a los portavoces como a usted. No me gustan las despedidas —Dios y
el tiempo nos pondrá a cada uno donde tenga que ponernos— pero sí
quiero decir que cuando se acabe esta legislatura estaré siempre a
disposición de mi partido, que me pondrá donde quiera, donde le parezca,
donde considere oportuno que mi figura pueda ser útil, y punto, pero a
título personal sí quiero decirles que estoy en Cádiz, y si quieren
pescao frito, vengan a verme, que les invito.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández Sánchez.

Llamen a votación. (La señora Julios Reyes pide la
palabra).

Señora Julios, tiene la palabra.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

No es mi intención abrir el debate, pero, como se ha puesto en
duda la veracidad de la información dada en relación con el punto del
orden del día del Parlamento de Canarias, que se está produciendo también
en estos días, si me permite, me gustaría hacer una aclaración. En la web
online del Parlamento de Canarias, que igual que aquí se retransmite en
directo, señoría, puede usted ver que el Pleno de Canarias que comenzó el
martes día 13 —además, he hablado con mis compañeros, por supuesto,
y lo digo por si quiere ver el debate en directo—, en el punto 4
del orden del día aparece un apartado que dice: Informes y audiencias a
emitir por el Parlamento. Y hay un único punto: Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2016. Si usted clica en este
punto...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, senadora.

La señora JULIOS REYES: ... obtendrá el trámite del debate
realizado y el PDF con la publicación del acuerdo que ya se ha producido
en Canarias.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Senador Fernández Sánchez.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, yo no he dudado nunca del escrito que ustedes me han
entregado, es verdad que usted ha dicho que habíamos votado todos los
miembros del Parlamento canario a favor de ello y el punto es de los
presupuestos, pero nada más. Usted hizo hincapié en el empleo y no es el
empleo. Por tanto, haga usted el favor de leérselo mejor. Yo no voy a
entrar en la web que tienen ustedes, no es mi misión ni tengo interés en
meterme en la web, pero otra vez usted me lo manda, como me lo mandan mis
compañeros de grupo, y con mucho gusto lo veo. Pero no es lo que usted
dice. Con todos mis respetos, usted ha metido el patazo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Sánchez.

Cierren las puertas. (Pausa).

Señorías, sometemos a votación la moción de la senadora Julios,
del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230;
votos emitidos, 228; a favor, 89; en contra, 138; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor presidente da lectura al punto 4.4.

El señor PRESIDENTE: Esta moción, al ser presentada por todos los
grupos y por acuerdo de los portavoces de los mismos, solamente va a
tener un turno de portavoces.

Por tanto, comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Denegaciones).

Grupo Parlamentario Vasco.

Tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

La Comisión de Cultura ha celebrado durante los últimos dos años y
pico una serie de comparecencias con la intención de analizar el impacto
que las nuevas tecnologías han tenido sobre un sector clave, quizás no
económicamente, pero sí desde el punto de vista de la importancia que
tiene tanto para la educación como para la cultura de un país como es el
sector editorial. (Rumores). Las nuevas tecnologías han supuesto una
revolución, Internet ha supuesto una revolución prácticamente en todos
los ámbitos de la vida.

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora Martínez. Guarden
silencio, por favor, señorías.

Continúe.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: También en el mundo editorial. Creo que
no es una exageración de bilbaína decir que dentro de unos años, cuando
echemos la vista atrás, nos daremos cuenta de que la introducción de
Internet en nuestras vidas puede suponer un cambio tan revolucionario
como en su día lo fue la imprenta. Como decía, la revolución de las
nuevas tecnologías, la revolución causada por Internet y por otras nuevas
tecnologías nos ha afectado tanto a los lectores —entre los que me
incluyo—, como a la propia industria del libro, incluyendo en ellos
a los libreros, a los editores, a los escritores, a los distribuidores de
libros, a los traductores y a todas cuantas personas participan en la
creación literaria. Esta revolución ha constituido, por tanto, un cambio
de paradigma al que vamos a tener que enfrentarnos todos en todos los
ámbitos de la sociedad, también como lectores y también como la propia
industria editorial.

Como todos los cambios, como todas las revoluciones, Internet ha
supuesto un campo de amplias oportunidades para el sector editorial,
oportunidades infinitas que yo considero que durante los próximos años o
durante las próximas décadas seguirán todavía apareciendo nuevas
oportunidades y nuevos retos a los que vamos a tener que hacer frente. En
el ámbito editorial, por ejemplo, ha favorecido y ha permitido la
autopublicación de los libros por los propios autores. Este es un
fenómeno relativamente nuevo pero considero que efectivamente va a
suponer un amplio respaldo para el fomento de la lectura, de forma que
cualquiera que escriba va a poder publicar bajo cualquier licencia una
creative commons, un copyleft, un copyright y además va a poder llegar a
cualquier lugar y a cualquier lector del mundo. Eso, evidentemente,
solamente puede acarrear consecuencias positivas.

Leer en digital es, además, más barato, quizás no tanto como
debería serlo, y esa es una de las cuestiones que nosotros hemos
intentado recoger en la moción consecuencia de los trabajos que ha
desarrollado la Comisión de Cultura durante estos años, pero sí es más
barato que leer en papel. Por lo tanto, se puede hablar de lo que es la
socialización de la lectura. En este sentido, hay que dar especial
relevancia, porque la tienen, a las iniciativas todavía embrionarias que
están surgiendo para el préstamo de libros online.

Leemos lo que queremos, donde queremos, porque queremos y también
en la lengua en la que queremos. Es evidente que para las grandes
lenguas, como puede ser el caso del castellano, es una oportunidad porque
todo el mercado hispanohablante va a estar a un golpe de clic, pero
también es una oportunidad, lo es y entiendo que debe serlo y en ese
sentido todavía tenemos que trabajar para las lenguas pequeñas como la
nuestra, como el euskera, que puede y debe encontrar un espacio mayor y
más accesible para y en todo el mundo.

Estos son algunos de los retos que yo quisiera destacar aquí hoy,
pero, como decía, no quiero ser exhaustiva respecto a las oportunidades
que suponen las nuevas tecnologías para el mundo editorial, como tampoco
quiero ser exhaustiva ni puedo serlo porque ninguno tenemos la capacidad
ni siquiera en la ponencia, pese al trabajo tan importante que ha estado
haciendo durante estos dos años, de poder enunciar cuáles son los retos,
por no hablar de problemas a los que se enfrenta el sector editorial.
Entiendo que tanto los retos como la responsabilidad de la reconversión
necesaria del sistema y de la propia industria editorial recaen
fundamentalmente en la industria.

En ese sentido, tienen por delante la ingente tarea de establecer
cuál va a ser su nuevo modelo de negocio. Van a tener que ajustar los
precios. Como decía antes, el libro digital, la producción en digital no
es tan cara como la producción en papel, pero tampoco quiere decir que la
lectura tenga que ser, como ningún tipo de producción cultural, gratuita
y accesible a todo el mundo porque es evidente que forma parte de un
sector económico del que dependen muchas trabajadoras y muchos
trabajadores, pero van a tener que aprender a flexibilizar los contenidos
y los modos de lectura, van a tener que trabajar muchísimo, y como
lectora lo tengo que decir, la interoperabilidad de los dispositivos
entre sí y de los diferentes formatos de libro electrónico que existen.
Pero también entiendo que pese a que la responsabilidad y el reto es
fundamentalmente de la industria editorial, también desde el ámbito
público tenemos mucho trabajo por hacer para garantizar, como se ha hecho
en otros sectores, que esa reconversión propiciada por las nuevas
tecnologías y a las que les obliga las nuevas tecnologías se haga con
garantías de éxito y para poder favorecer que la lectura siga siendo hoy
en día una actividad importante en todos los tramos de edad no solamente
entre los chavales, sino también entre los adultos.

En ese sentido, es importante que nos hagamos eco de las
conclusiones que recoge la moción que hoy en día presentamos aquí los
diferentes grupos parlamentarios. Como la tienen delante y como estoy
segura de que todos ustedes la han podido leer, tampoco voy a ser
exhaustiva respecto a todas las cuestiones, pero sí hay cuatro o cinco
fundamentales: primero, el tratamiento fiscal del libro electrónico. Hay
que mimar el libro electrónico. No puede ser que el valor añadido que
aporta un libro digital o la cantidad de trabajo que acumula un libro
digital con la cantidad de trabajo que acumula un libro en papel no es la
misma y, por lo tanto, el tratamiento fiscal debería ser diferenciado.
Por eso, hay que tener mucho cuidado para poder garantizar la convivencia
necesaria, porque no están compitiendo el libro electrónico y el libro en
papel. Pensamos que el modelo tiene que buscar la convivencia, pero eso
no quiere decir que se tengan que aplicar las mismas reglas para ambos
formatos.