6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

6.1.1.Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la moratoria invernal de
desahucios.

(Núm. exp. 622/000001)

Autor: GPEPC

6.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.2.1.Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000002)

Página
820

En turno de portavoces intervienen las señoras Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Sequera
García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; así
como los señores Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; Álvarez Areces, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Peral guerra, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de
la Cámara.

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a presentar
ante las Cortes Generales un Proyecto de Ley que reforme de manera
integral la actual Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de
Planta Judicial.

Autor: GPP

854

El señor Altava Lavall defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen los señores Guillot
Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya;
Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Antich Oliver, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se aprueba la moción por 172 votos a favor y 70 en
contra.

5.3. Moción sobre las medidas para el ahorro de 10.000
millones de euros en los servicios públicos sanitario y educativo.

Autor: GPS

862

El señor Lertxundi Barañano defiende la moción.

El señor Bel Accensi defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Lertxundi Barañano expone la posición de su grupo
respecto de la enmienda.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera
Mora.

En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Sabaté
Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y Bel
Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; así como la señora Chivite Navascués, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.

Se rechaza la moción por 77 votos a favor, 154 en contra y
11 abstenciones.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

6.1.1.Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la moratoria invernal de
desahucios.

Autor: GPEPC

882

El señor Guillot Miravet defiende la toma en consideración
de la proposición de ley.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ramírez
Rodríguez.

En turno de portavoces intervienen los señores Guillot
Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya;
Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Becana Sanahuja, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Ramírez Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se suspende la sesión a las catorce horas y veinticinco
minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

6.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.2.1.Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

889

El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.

En nombre del Gobierno hace uso de la palabra el señor
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 1, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo
Martínez.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y los
señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, y Vázquez García, por el Grupo Parlamentario
Socialista, así como la señora Angulo Martínez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 por 4 votos a
favor, 163 en contra y 70 abstenciones.

Comienza el debate del artículado.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas números
1 a 11, de este senador y el señor Zerolo Aguilar, del Grupo
Parlamentario Mixto.

La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas números 58
a 61, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 12
a 42, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bel Accensi defiende las enmiendas números 62 a
73, 75, 77 a 93 y 95 a 99, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.

La señora Marra Domínguez defiende las enmiendas números 43
a 57, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra de las enmiendas hace uso de la palabra
el señor De las Heras Muelas.

En turno de portavoces intervienen la señora Salanueva
Murguialday, y los señores Unamunzaga Osoro y Quintero Castañeda, por el
Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Bel Accensi, por
el Grupo Parlamentario

Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Vázquez García,
por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Angulo
Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechaza la enmienda número 1, de los señores Zerolo
Aguilar y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, por 5 votos
a favor, 205 en contra y 7 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 2 y 8, de los señores
Zerolo Aguilar y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, por
12 votos a favor y 203 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 3 y 10, de los señores
Zerolo Aguilar y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, por 5
votos a favor, 146 en contra y 63 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 4, 6, 7 y 11, de los
señores Zerolo Aguilar y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario
Mixto, por 11 votos a favor, 139 en contra y 53 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 5, de los señores Zerolo
Aguilar y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, por 14 votos
a favor y 203 en contra.

Se rechaza la enmienda número 9, de los señores Zerolo
Aguilar y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, por 7 votos
a favor, 203 en contra y 7 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 58 y 60, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 68 votos a favor y 149 en
contra.

Se rechaza la enmienda número 59, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 67 votos a favor y 148 en contra.

Se rechaza la enmienda número 61, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 14 votos a favor, 149 en contra y 54
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 16, 20 y 33, de los
señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya, por 65 votos a favor, 148 en contra y 4
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 12, 13, 14, 15, 18, 25,
30 y 35, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 2 votos a favor, 149
en contra y 66 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 23 y 24, de los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por 2 votos a favor, 155 en contra y 60
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 21, 22, 34, 36 y 37, de
los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por 9 votos a favor, 148 en contra y 59
abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 32, de los señores Guillot
Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, por 9 votos a favor, 203 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 17 y 19, de los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por 57 votos a favor, 148 en contra y 12
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 26, 27, 28, 29, 31, 38,
39, 40, 41 y 42, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 2 votos a favor,
203 en contra y 12 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 62, 68, 69, 71, 72, 75,
77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98 y 99, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 11
votos a favor, 205 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 63, 66, 82, 83, 87, 88 y
95, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por
12 votos a favor, 148 en contra y 57 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 64, 65, 67, 70, 73 y 86,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 69
votos a favor, 147 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 44, 45, 46, 47, 48, 51,
52, 53, 54, 56 y 57, del Grupo Parlamentario Socialista, por 64 votos a
favor, 148 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 43, 49, 50 y 55, del
Grupo Parlamentario Socialista, por 57 votos a favor, 148 en contra y 12
abstenciones.

Se aprueba el proyecto de ley por 155 votos a favor, 59 en
contra y 5 abstenciones.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

6.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY
(Continuación.)

6.1.1.Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la moratoria invernal de
desahucios. (Votación.)

Autor: GPEPC

926

Se rechaza la toma en consideración por 66 votos a favor,
145 en contra y 7 abstenciones.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cuarenta
minutos.

Página
825

La ministra de Fomento afirmó el pasado 10 de abril en este
Pleno que la inversión de su ministerio en 2012 sería de 11 928 millones,
y en Andalucía de 1343, lo que representa el 11,25% de las inversiones
que este ministerio destinará a Andalucía. El Gobierno miente, y miente
la ministra de Fomento cuando afirma que le preocupa Andalucía y el
empleo en nuestra tierra.

Los Presupuestos Generales del Estado demuestran cuál es la
verdadera intención del Gobierno con Andalucía: castigar a esta tierra.
En lugar de combatir el desempleo, dan de lado a Andalucía y reducen las
inversiones que son capaces de crear empleo hasta en un 50%. Las cifras
de caída de inversión son esclarecedoras. La inversión del Estado ha
caído en cifras cercanas al 40% en Sevilla, Jaén, Cádiz, Huelva, y aún en
mayor porcentaje en Córdoba o en Málaga. España no va salir de la crisis
abandonando y retrasando una comunidad que representa prácticamente la
quinta parte del país en población y territorio.

Señorías, la última parte de esta moción es para exigir al
Ministerio de Fomento una programación de sus inversiones para esta
legislatura. Es un derecho de la ciudadanía y de sus representantes
conocer cuál es la planificación del Gobierno, entre otras cosas porque
eso nos permitiría aportar ideas y enriquecer la programación. Supongo
que todos compartiremos que los Gobiernos autonómicos, provinciales y
locales necesitan conocer la planificación del Estado y compartirla para
avanzar en la suya propia. Es un derecho y una necesidad para la
ciudadanía, para los inversores y para el resto de las administraciones
conocer la planificación del Gobierno de España, sin embargo, este
Gobierno huye del compromiso con las infraestructuras.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Enseguida, señor presidente.

No quiere que la ciudadanía conozca su planificación,
probablemente porque es una planificación raquítica y, además, desigual e
injusta a la vista de los Presupuestos Generales de 2012 que nos han
presentado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Me comunican que la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió ha sido retirada.

No hay petición de turno en contra. Pasamos, por tanto, al
turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto no hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Leanizbarrutia, por tiempo de cinco minutos.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor
presidente. Eskerrik asko. Egun on, senatariok.

Honen inguruan iruditzen zaigu direla Andaluziari dagozkion
politikak. Normalean, gure taldeak beti erakutsi du halako errespetu bat
komunitate edo elkarte autonomoetako barne-politikarekiko. Senatari
sozialistak komentatu du proposamen hau dela eskaera bat, non eskatzen
zaion Gobernuari betetzea legea. Guk zer esango dugu? Guk, hemen, talde
bezala, ikusi dugu estatutu bat betetzeko eta osatzeko 30 urte baino
gehiago egon garela behin eta berriz eskatzen, nahiz PPko gobernua izan,
nahiz PSOEko gobernua izan.

Beste alde batetik, gure jarrera beti izan da ganbera
honetan nolabaiteko errespetua autonomia bakoitzaren barruko
politikarekiko. Orduan, guk honetan, benetan, ez dugu parte hartu nahi.
Errespetatuko dugu gehiengoak onartzen duena, eta guk egingo duguna da
eskatu, hori bai, gaurko gobernuari, mesedez, bete dezala legeak agintzen
duena. Horretarako gaude hemen, eta, bueno, halako egoeretan, hori,
nolabait, salatu egin behar dugu. Salatu egin behar da hemendik betetze
eza hori.

Beste alde batetik, gurea abstentzioa izango da kasu
honetan, ez ez gaudelako ados, halako infraestrukturetarako egin behar
diren politikak bete egin behar direlako, baizik eta hori Andaluziak
inork baino hobeto dakielako eta barruko politikari dagokion erabaki bat
delako. Beraz, PSOEri abstentzioa eskaintzen diogu, baina PPri eskatzen
diogu Andaluzian daukan ordezkapena bete dezala eta Andaluziaren alde lan
egin dezala.

Eskerrik asko.

Buenos días, señorías.

Esta moción trata un asunto referente a Andalucía, y
normalmente mi grupo siempre ha mostrado respeto hacia las políticas
internas de las comunidades autónomas. El senador socialista decía que
esta propuesta es una solicitud que insta al Gobierno a cumplir la ley, y
nosotros, ¿qué vamos a decir? Mi grupo sabe que lograr el cumplimiento de
nuestro estatuto nos ha llevado más de treinta años. Se trate de un
Gobierno del PP o del POSE, así ha sido.

Nuestra posición en esta Cámara, repito, siempre ha sido la
de respeto hacia la política interna de las comunidades. Realmente no
queremos entrar en este asunto y respetaremos lo que la mayoría decida;
lo que haremos será, eso sí, solicitar al Gobierno que cumpla lo que
dicta la ley, que es para lo que estamos aquí, y lo que debemos hacer en
estas situaciones es denunciar el incumplimiento de la ley.

Nos abstendremos no porque no estemos de acuerdo con el
cumplimiento de estas políticas de infraestructuras, sino porque nadie
tiene más conocimiento del tema que Andalucía y, como ya he dicho, éste
es un asunto interno. Ofrecemos la abstención al PSOE y, al mismo tiempo,
solicitamos al PP que cumpla la ley y que trabaje en favor de
Andalucía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Moltes gràcies, senyor president.
Bon dia, senyories.

Senador Fernández, abans de res deixi-me-li dir que és per
a mi una gran satisfacció poder utilitzar el català en aquesta
intervenció per donar suport sense matisos a la seva moció, perquè també
es pot defensar Andalusia en català; el català, la nostra llengua, sens
dubte simbolitza la nostra singularitat i la utilitzem sense embuts per
defensar els nostres drets i els nostres punts de vista; però en català
també es pot i, sobretot, hem de defensar allò que és just. Allò que és
just per nosaltres però també allò que és just pels demés, sigui qui
sigui, sigui d’on sigui.

En aquest sentit, senador Fernández, el Grup de
l’Entesa pel Progrés de Catalunya se suma sense cap restricció a la
seva moció a partir de tres arguments. El Grup de l’Entesa no
considera que aquesta qüestió sigui només interna de la comunitat
andalusa o de les relacions bilaterals entre Andalusia i l’Estat,
sinó que considera que aquesta és també una qüestió que té a veure amb el
conjunt d’Espanya, amb posicionaments que ens afecten a tots.

La primera idea, el primer argument, és el suport que
efectivament cal complir l’Estatut d’Andalusia. El Govern
d’Espanya ha de complir amb l’Estatut d’Andalusia i amb
tots els Estatuts; això és coherent, és la mínima coherència exigida en
l’Estat de dret i sobretot en l’Estat de les Autonomies, que
demana per funcionar aquesta confiança mútua, aquesta reciprocitat entre
el Govern d’Espanya i el Govern de les comunitats autònomes. En
aquest moment de qüestionaments cada cop més forts de l’Estat de
les Autonomies que reflexa la nostra Constitució, el Grup Parlamentari de
l’Entesa pel Progrés de Catalunya vol expressar el nostre màxim
suport a aquest model d’Estat i al seu aprofundiment. La resposta
està en aprofundir en aquest model com, per exemple, en la reforma del
Senat, que esperem que ben aviat s’engegui amb la màxima potència.

El segon argument és des de la solidaritat d’aquells
que també veuen el seu estatut incomplert per aquests Pressupostos
Generals de 2012 tan i tan equivocats des de molts punts de vista, però
especialment des d’aquest. També a l’Estatut de Catalunya es
determina a la seva disposició addicional tercera que cal complir un
percentatge d’inversions en relació a allò que el PIB de Catalunya
aporta al conjunt de l’Estat, que aquest any seria el 18,66%, i els
Pressupostos Generals només consignen l’11,1%, una caiguda brutal,
molt per sobre del conjunt de les comunitats autònomes. És el primer any
que el Govern d’Espanya, des de l’aprovació del nou estatut,
no compleix amb els pressupostos igual que no compleix amb Andalusia.
Caldria, doncs, consignar 1289 milions addicionals en aquests
Pressupostos Generals de l’Estat per estar a l’alçada que
demana l’Estatut de Catalunya. Per això, ens costa molt
d’entendre la posició de Convergència i Unió que per votar el
conjunt d’uns pressupostos tan regressius per Catalunya i tan
equivocats per a Espanya només demana 213 milions en endarreriments i no
qüestiona que s’hagin de consignar aquests 1289 milions en inversió
per complir el que estipula l’Estatut de Catalunya. Per tant,
senador Fernández, ens sentim també per aquest motiu plenament
identificats amb la situació que viu Andalusia.

Finalment, el tercer argument, senyories, el suport a la
idea que la transparència i la priorització clara i valenta han de ser
els criteris bàsics per l’assignació de recursos en matèria
d’inversions en època de

crisi, precisament quan les restriccions de recursos
disponibles són més grans, cal fer més esforç en prioritzar. Voler
acontentar tothom és al final no acontentar ningú i fer molt poc a favor
del conjunt. Els diners per a infraestructures s’han
d’invertir en allò que és en aquests moments prioritari; en fer el
desenvolupament d’infraestructures pel motor econòmic, per la
productivitat i per la competitivitat afegides, i això ens ho dóna el
sector exterior.

Per això, des del Grup de l’Entesa pel Progrés de
Catalunya, estem totalment d’acord amb el punt tercer de la seva
moció que demana aquesta planificació clara, transparent i coneguda per
tothom.

En definitiva, senyories, com he dit, per aquestes tres
raons de fons el Grup de l’Entesa pel Progrés de Catalunya expressa
la seva plena coincidència amb el text de la moció i li donarà el seu vot
afirmatiu.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.

Senador Fernández, antes de nada déjeme decirle que es para
mí una gran satisfacción poder utilizar el catalán en esta intervención
para apoyar sin matices su moción, porque también se puede defender a
Andalucía en catalán; el catalán, nuestra lengua, que sin duda simboliza
nuestra singularidad y que utilizamos sin embudos para defender nuestros
derechos y nuestros puntos de vista; también en catalán se puede y, sobre
todo, debemos defender lo que es justo para nosotros y lo que es justo
para los demás, sea quien sea, sea de donde sea.

En este sentido, senador Fernández, el Grupo Entesa pel
Progrés de Catalunya se suma sin ninguna restricción a su moción a partir
de tres argumentos, porque no consideramos que esta cuestión sea solo
interna de la comunidad andaluza o de las relaciones bilaterales entre
Andalucía y el Estado, sino que afecta al conjunto de España, con
posicionamientos que nos afectan a todos.

El primer argumento es el apoyo a la idea de que,
efectivamente, hay que cumplir el Estatuto de Andalucía. El Gobierno de
España debe cumplir con el Estatuto de Andalucía y con todos los
estatutos; es la mínima coherencia exigida en el Estado de derecho, sobre
todo con el Estado de las Autonomías, que piden esta confianza mutua,
esta reciprocidad entre el Gobierno de España y el Gobierno de las
comunidades autónomas. En este momento de cuestionamientos cada vez más
fuertes del Estado de las Autonomías que se refleja en la Constitución,
el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya quiere expresar su
máximo apoyo a este modelo de Estado y a su profundización. La respuesta
está en profundizar en este modelo, por ejemplo, en la reforma del
Senado, que esperemos que se emprenda bien pronto y con la máxima
potencia.

El segundo argumento es la solidaridad de los que también
ven que su estatuto se incumple por estos Presupuestos Generales de 2012,
tan y tan equivocados desde muchos puntos de vista, especialmente desde
este que nos ocupa. En el Estatuto de Cataluña se determina en su
disposición adicional tercera que hay que cumplir un porcentaje de
inversión, lo que el PIB de Cataluña debe aportar al conjunto de Estado,
que este año sería el 18,66%, pero en los Presupuestos Generales solo se
consigna el 11,1%, una caída brutal, muy por encima de la media del
conjunto de las comunidades autónomas. Es el primer año, desde la
promulgación del nuevo estatuto, que el Gobierno de España no cumple con
los presupuestos, del mismo modo que tampoco cumple con Andalucía.
Habría, pues, que consignar 1289 millones adicionales a este Presupuesto
General del Estado para cumplir con lo que exige el estatuto de
autonomía. Por tanto, nos cuesta mucho entender la posición de
Convergència i Unió que votó unos presupuestos tan regresivos para
Cataluña, que solo pide 230 millones en retrasos y que no cuestiona que
se deban consignar estos 1289 millones en inversión para cumplir con lo
estipulado en el estatuto de autonomía. Senador Fernández, por este
motivo nos sentimos plenamente identificados con la situación que vive
Andalucía.

Finalmente, el tercer argumento, señorías, el apoyo a la
idea de que la transparencia y la priorización clara y valiente deben ser
los criterios básicos para la asignación de recursos en materia de
inversiones en épocas de crisis; precisamente cuando las restricciones de
los recursos disponibles son mayores, hay que hacer más esfuerzos en la
priorización. Querer contentar a todo el mundo es al final no contentar a
nadie y hacer muy poco a favor del conjunto. Los dineros para
infraestructuras se deben invertir en aquello que es prioritario en estos
momentos y que permitan el desarrollo de infraestructuras para el motor
económico, para la competitividad y la productividad añadida, y eso nos
lo da el sector exterior.

Por tanto, Entesa pel Progrés de Catalunya está totalmente
de acuerdo con el punto tercero de su moción, que pide esta planificación
clara, transparente y bien conocida por todo el mundo.

En definitiva, señorías, tal y como he dicho, por estos
tres motivos de fondo, Entesa pel Progrés de Catalunya expresa su total
coincidencia con el texto de la moción y dará su voto afirmativo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Bon dia, senyor president. Bon
dia, senyories.

Ja és ben curiós que s’hagi de presentar una moció,
encara que aquesta sigui conseqüència d’interpel·lació, en la qual
el primer punt ve a dir, bàsicament, que es compleixi la llei. Quines
paradoxes! Sembla ben bé a vegades com una miqueta d’un guió
d’aquell «sí ministre» que de tant en tant ens ha comportat bons
moments d’humor lligat a la política. Però efectivament nosaltres
donarem el suport a aquesta moció, però abans volem fer una sèrie de
consideracions.

La consideració principal és que nosaltres, el Grup
Parlamentari Català al Senat de Convergència i Unió, ja en
l’anterior legislatura —que quan es diu l’anterior
legislatura pot semblar que es digui fa molts anys, però farà qüestió de
set o vuit mesos enrere—, vam presentar vàries mocions, una de les
quals era estrictament això, i la vam presentar al Grup Socialista, que
manava llavors. En aquell moment, senyor Martí, demanàvem que es complís
la disposició addicional tercera. Li faré memòria perquè és curiós que no
hi ha res pitjor en cap de les facetes de la vida que la memòria
selectiva. I jo crec que vostès tenen tendència a tenir una memòria
selectiva, perquè qualsevol moment sempre és una bona oportunitat per
ficar-se amb Convergència i Unió. Jo li recordaré, en tot cas, que la
memòria selectiva no és bona. Sap vostè quin és el deute que hi ha
l’obligació de fer efectiu? 759 milions del 2008, senyor Martí, no
sé si sap exactament qui manava el 2008. I a més a més també els acords
de la comissió bilateral Estat—Generalitat de l’any 2009 que
eren de 219 milions. Jo no sé si vostè agafa l’hemeroteca, per si
s’ha despistat, exactament qui manava en aquell moment.

Ho dic perquè efectivament nosaltres estem d’acord
que la llei s’ha de complir, que la disposició addicional tercera
s’ha de complir, i que a més a més tot el que té a veure, com hem
dit de manera reiterada, amb el compliment de les inversions, perquè
sobretot inclús en moments en què l’economia és difícil, per allà
on s’ha d’invertir és per on passa l’economia
productiva. Però és que a més a més vam presentar també una moció que
tots vostès van votar en contra, i la paradoxa que el Grup Popular va
votar a favor. I avui estic convençuda que serà exactament al revés. En
aquella moció nosaltres demanàvem també un calendari en el qual es fixés
quina era la programació de les diferents infraestructures, calendari en
funció de la priorització i exactament en quin moment en base de la
maduració dels projectes. Per tant, paradoxes. Avui ens trobarem gairebé
segur que tots vostès ho veuen absolutament necessari i, en canvi, tot
sembla indicar que els senyors del Grup Popular que fa qüestió de mig any
ho van votar a favor, avui votaran en contra. Per tant, ja és ben curiós
que per complir amb la llei, per reclamar el compliment de la llei,
sembla que s’hagi d’estar a l’oposició. A mi em sembla
que això no és un valor afegit en quant a la política; en tot cas seria
un «desvalor» des d’un punt de vista d’incompliment, des
d’un punt de vista de manca de rigor i de seriositat. Per tant,
nosaltres votarem a favor.

I només una última reflexió, senyor Martí. No ens doni
lliçons sobre què es pot fer i què no s’ha de fer, sobretot quan es
porta aquesta motxilla de tant dèficit de compliments amb Catalunya.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías.

Es muy curioso que se tenga que presentar una moción,
aunque esta sea consecuencia de interpelación, en la que el primer punto
diga que básicamente se cumpla la ley. ¡Qué paradojas! Parece más bien un
guión que de vez en cuando nos lleva a momentos de humor atados a la
política. Nosotros daremos nuestro apoyo a esta moción, pero antes haré
una serie de consideraciones.

La consideración principal es que el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió ya en la anterior legislatura
presentó varias mociones ―por cierto, cuando se habla de la
anterior legislatura parece que se esté hablando de hace muchos años pero
es cuestión de unos meses atrás―, una de las cuales, que le
presentamos al Grupo Socialista, consistía estrictamente en un punto
igual que este. En aquel momento le pedimos a ese grupo parlamentario que
se cumpliera la disposición adicional tercera. Voy a hacer un poco de
memoria, y es que resulta curioso que no hay nada peor en ninguna faceta
de la vida que la memoria selectiva. Creo que ustedes a veces tienen
tendencia a la memoria

selectiva; cualquier momento es una buena oportunidad para
ir en contra de Convergència i Unió. Pero quiero recordarle que la
memoria selectiva no es buena. ¿Sabe usted a cuánto asciende la deuda?
759 millones del año 2008 es la cantidad que hay que afrontar, y usted
sabe perfectamente quién mandaba en aquel año. Y sabe también que los
acuerdos de la comisión bilateral Estado-Generalitat eran 219 millones en
el año 2009. Si va a la hemeroteca verá que se ha despistado.

Digo esto porque, efectivamente, nosotros estamos de
acuerdo en que la ley se debe cumplir, en que la disposición adicional
tercera se debe cumplir y en todo lo que se refiere, como se ha dicho
reiteradamente, al cumplimiento de las inversiones. Incluso en momentos
en que la economía está difícil, donde se debe invertir es ahí donde está
la economía productiva. Y también presentamos una moción que todos
ustedes votaron en contra, y la paradoja fue que el Grupo Popular votó a
favor. Estoy convencida de que el escenario será hoy justamente el
contrario. En aquella moción también nosotros pedíamos un calendario en
el que se fijara la programación de las distintas infraestructuras, un
calendario en función de la priorización y exactamente en qué punto de
maduración del proyecto se realizaría. Por tanto, repito que esto es una
paradoja. Hoy nos encontraremos con que todos ustedes lo ven
absolutamente necesario, pero en cambio todo parece indicar que los
senadores del Grupo Popular, aunque hace medio año votaron a favor, hoy
votarán en contra. Es muy curioso que para reclamar el cumplimiento de la
ley parece que se tenga que estar en la oposición. Creo que este es un
valor añadido de la política que en este caso sería un desvalor desde el
punto de vista del incumplimiento, de falta de rigor y de seriedad.
Nosotros votaremos a favor.

Pero haré una última reflexión, señor Martí. No nos dé
lecciones sobre lo que se debe o no se debe hacer, sobre todo cuando se
lleva una mochila de tanto déficit de cumplimiento con Cataluña.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Quiero comenzar agradeciendo la intervención de todos los
portavoces, en particular la del senador Martí, de la Entesa, y el apoyo
de CiU a esta moción.

Y quisiera decirle a la senadora Candini que hay una
diferencia entre un Gobierno y otro, porque Cataluña fue la primera
comunidad autónoma en inversión ejecutada en el periodo 2004-2009 con un
Gobierno socialista, luego había un compromiso con el territorio. Y
también hubo un compromiso de hacer frente a los déficits presupuestarios
de inversión que hubiera habido para cumplir el estatuto. De hecho, se
recogió un crédito extraordinario para poder compensarlo y que los dos
Gobiernos hicieran un pacto bilateral.

Volviendo a la moción que he presentado, tengo la sensación
de que la ministra de Fomento intenta tomarnos el pelo con la
planificación de la inversión de su ministerio. Hasta ahora, cada vez que
le hemos preguntado por su planificación en esta legislatura, hemos
encontrado un erial y los resultados del esfuerzo han sido baldíos. Y si
en algún ministerio es importante la planificación, en este creo que lo
es aún más. Porque afecta al desarrollo y, con esta ministra, al freno
estratégico del país. Porque afecta al impulso y, con este Gobierno, al
deterioro de la economía. Porque afecta a la creación y, en este caso, a
la destrucción de empleo. Y porque, con sus decisiones, el Gobierno
condiciona las estrategias de otros Gobiernos y emprendedores de este
país a todos los niveles.

En lo que respecta a Andalucía, el Ministerio de Fomento ha
olvidado la inversión. Con estos presupuestos, el Gobierno de España, en
lugar de tomar medidas para contribuir a la reducción del paro, está
contribuyendo a que haya decenas de miles de nuevos parados en
Andalucía.

Permítanme algunos ejemplos de la inversión de Fomento que
reflejan con contundencia la mezquina inversión del Gobierno en nuestra
tierra. Solo el 9,5% de la inversión en el AVE y solo el 7,8% de las
inversiones aeroportuarias se van a hacer en Andalucía, una comunidad
donde el turismo es un sector clave para la economía, pues supone el 11%
del PIB, y donde el empleo ha sido capaz de crecer, a pesar de la crisis,
un 1,9% el año pasado.

Señorías, el Gobierno del Partido Popular está atacando el
presente de los andaluces y embargando su futuro. Con estas decisiones
está perjudicando el presente de Andalucía, su capacidad de desarrollo y
de creación de empleo, y poniendo en duda su capacidad de competir en el
futuro.

No les voy a relatar la caída de la inversión con respecto
al año 2011 en cada una de las infraestructuras que el Gobierno, por boca
de su ministra, declaró prioritarias para Andalucía, pero permítanme que
a modo de ejemplo les detalle las más importantes.

La propia ministra nos dijo que la A-4, a su paso por
Despeñaperros, era la prioridad del Gobierno para Andalucía, ¿y saben que
ha hecho en esa prioridad número uno del Gobierno para Andalucía? Llevar
a la mitad la inversión y retrasar un año la finalización de la obra.

Y para la segunda prioridad, que era la autovía Dos
Hermanas-Jerez de la Frontera, ha consignado 600 000 euros. Creo que eso
explica claramente cuáles son las prioridades del Gobierno para
Andalucía.

En cuanto a la tercera, la A-7 a su paso por Granada, va en
camino de convertirla en un monumento a la iniquidad del Gobierno. En la
provincia de Granada llevamos esperando 124 días a que la ministra firme
el tramo Gorgoracha-Puntalón para que continúen la obra; repito, 124
días, y es un proyecto que ya tiene financiación en estos Presupuestos
Generales del Estado.

Respecto al AVE en Andalucía, donde son prioritarios los
dos corredores, el central y el mediterráneo, nos encontramos inversiones
tan ridículas como 500 000 euros en el tramo Antequera-Algeciras, y eso
que afecta al principal puerto de España, al puerto de Algeciras. En el
corredor mediterráneo ya no hablamos de AVE porque se ha frenado en seco.
En todos los tramos cae la inversión a la mitad. Hay tramos que no
aparecen. La integración en las ciudades y las estaciones, en el mejor de
los casos, tienen cifras meramente testimoniales para intentar dejar
constancia de que no se borran de los presupuestos. El Gobierno de la
derecha le está tomando el pelo a Andalucía con los Presupuestos
Generales para 2012.

En Andalucía la alta velocidad ha entrado en frenada
absoluta en 2012. Fíjense ustedes que la ministra fue muy gráfica en su
intervención en el pasado Pleno, cuando nos dijo que Andalucía necesitará
17 000 millones de inversión para finalizar el AVE y que este año iba a
invertir la fantástica —y entiéndanme la ironía— cifra de 400
millones. A ese ritmo, necesitaríamos cuarenta años para acabar el AVE en
Andalucía, con un Gobierno de la derecha que se preocupa mucho por esta
comunidad autónoma. ¡Vaya forma de preocuparse por Andalucía y de
tomarnos el pelo!

Señoría, espero que el señor Arenas y lo senadores
andaluces defiendan a Andalucía y reclamen los recursos que le
corresponden apoyando esta moción, porque el Gobierno del Partido Popular
es cada vez menos Gobierno de España y más Gobierno de derechas, sectario
política, ideológica y territorialmente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Sanz.

El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Fernández Ortega, aquí los únicos que castigan a los
andaluces son quienes se han gastado el dinero de los parados andaluces
en ERE fraudulentos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.) Los únicos que castigan a los andaluces, señor
Fernández Ortega, son los que han organizado una trama de saqueo de
dinero público desde la propia Administración autonómica. Y si esos miles
de millones de euros hubieran ido destinados a los parados andaluces o a
las infraestructuras en Andalucía, seguramente, señor Fernández Ortega,
Andalucía estaría donde se merece.

Si uno lee la moción que presenta el Grupo Socialista o
escucha la intervención del señor Fernández Ortega, ve perfectamente el
tipo de oposición que va a hacer el Partido Socialista en esta
legislatura: confrontación, demagogia e irresponsabilidad. Han pasado
apenas cinco meses en los que hemos comprobado que, al parecer, el
Partido Socialista no tiene memoria; ahora parece que el Partido
Socialista tampoco tiene pasado. No sé dónde dejaron ustedes aquellos
cien años de honradez, porque desde luego no sé dónde está la honradez en
Andalucía.

Ustedes tienen un pasado, señor Fernández Ortega, y ese
pasado es una losa que nos han dejado a todos los españoles, una losa de
más de 25 000 millones de euros, aproximadamente el presupuesto de la
comunidad autónoma andaluza, como usted bien sabe. En estos ocho años
hemos retrocedido en infraestructuras que necesitábamos en Andalucía. Y
hemos visto muchas cosas, hemos visto cómo nunca cumplieron con las
inversiones que presupuestaban, hemos visto cómo desde que se aprobó el
Estatuto de Andalucía nunca se ha invertido ese 17,8% que recogía el
estatuto, pero sobre todo hemos visto todo esto, señor Fernández Ortega,
con el silencio clamoroso y cómplice del Partido Socialista en
Andalucía.

Ni una mala palabra para no molestar al señor Rodríguez
Zapatero; ni una sola reivindicación, la sumisión más absoluta del
Partido Socialista de Andalucía ante el castigo permanente del señor
Rodríguez Zapatero a Andalucía. La realidad y los datos no mienten.
Dijeron que el déficit era del 6% cuando es del 8,5%, y cuestionan ahora
el presupuesto en inversiones andaluzas, cuando el Gobierno del Partido
Popular ha incrementado el presupuesto del Ministerio de Fomento en
Andalucía en un 21%, es decir, en 108 millones de euros, y este hubiera
sido mayor, y usted lo sabe, señor Fernández Ortega, si hubieran pagado
las facturas que han dejado ustedes en los cajones. Sin embargo, no
cuestionaron el presupuesto del año 2011, cuando el Partido Socialista
recortó ese presupuesto del Ministerio de Fomento en Andalucía en un 49%.
Ahora exigen ustedes inversiones superiores al 17,8% del total nacional,
sin embargo vuelven a olvidar, señor Fernández Ortega, los años 2010 y
2011 en los que el Gobierno socialista dejó de invertir en Andalucía el
40% de lo presupuestado y nunca, nunca, nunca llegó al 17,8%.

Señor Fernández Ortega, hablan ustedes de planificación, y
ya le informo de que las inversiones previstas en Andalucía se definirán
en el Plan de infraestructuras, transporte y vivienda 2012-2014, que ya
se está elaborando en el Ministerio de Fomento y que se aprobará
seguramente en el mes de julio. Una planificación que no será una
reprogramación, como hicieron ustedes en 2010 y que dejó diecinueve obras
colgadas en Andalucía, señor Fernández Ortega: la A-7; la A-44; la A-4 a
la altura de Despeñaperros; la Linares-Albacete; la SE-40, la
circunvalación de Sevilla; el segundo puente de Cádiz, que debería estar
ya abierto, o el nuevo acceso sur al aeropuerto de Málaga.

Y hablando de planificación, señor Fernández Ortega,
también le puede explicar usted a sus compañeros de la Junta de Andalucía
lo que es planificación, porque llevan más de treinta años gobernando en
Andalucía, prometiendo infraestructuras que nunca aparecen pero que
siempre figuran recogidas en los presupuestos. Por cierto, señor
Fernández Ortega, Junta de Andalucía que en los últimos tres años ha
recortado el presupuesto de las inversiones en Andalucía en un 63%.

Señor Fernández Ortega, este Gobierno va a realizar
—y voy terminando, señor presidente— unas inversiones en
Andalucía de casi 1400 millones de euros en 2012. Se van a acometer
infraestructuras prioritarias de manera que se mantengan en Andalucía
todos los proyectos que sirvan al objetivo de crear riqueza, actuar como
motor de la economía y generar empleo.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SANZ RUIZ: Termino, señor presidente.

A mí, como senador por Sevilla, señor Fernández Ortega,
como senador andaluz también, evidentemente, no son los presupuestos que
me hubieran gustado para mi provincia, no son los presupuestos que me
hubieran gustado para mi comunidad autónoma, pero, señor Fernández
Ortega, son los presupuestos que tocan. Son los presupuestos que tocan en
un país que el presidente más insolvente de la historia democrática de
España ha dejado en la ruina. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.—Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.) Los presupuestos que tocan, señor
Fernández Ortega, en un país que el presidente más insolvente de la
historia democrática de España ha dejado en la quiebra. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor SANZ RUIZ: Termino, señor presidente.

Estos, señor Fernández Ortega, son los presupuestos que van
a salvar el Estado del bienestar (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.), que ustedes pusieron en riesgo con su
despilfarro. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.)

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Silencio, señorías.

Vamos a someter a votación la moción consecuencia de
interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 229; a favor, 79; en contra, 142; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

4.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS DE IMPULSO A LA EXPORTACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN, COMO PRINCIPAL VÍA DE ESTABILIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA.

(Núm. exp. 671/000014)

AUTOR: GPCIU

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción
consecuencia de interpelación, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas de impulso a la exportación e
internacionalización, como principal vía de estabilización de la economía
española, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió. (Rumores.)

A esta moción consecuencia de interpelación se han
presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, del señor
Yanguas Fernández… (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor. (Pausa.—Rumores.)

Abandonen el hemiciclo en silencio, por favor, para que
podamos continuar.

A esta moción consecuencia de interpelación se habían
presentado en principio dos enmiendas, y se ha presentado una propuesta
de modificación firmada por todos los grupos.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Vilajoana, por un tiempo de cinco minutos.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias,
presidente.

Señorías… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento. Ruego silencio, por favor,
señorías.

Adelante.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gracias, presidente.

Gràcies, senyor president.

Com deia el president fa un moment, el grup de Convergència
i Unió va fer una interpel·lació en el ple anterior al ministre
d’economia, el senyor De Guindos, en la qual li plantejàvem que,
amb la situació actual que estem vivint a Espanya, és a dir amb una
situació de recessió, el mercat interior està fonamentalment aturat.
Europa ara per ara no està passant pels seus millors moments i a excepció
del nord d’Europa i una mica Alemanya no té grans nivells de
creixement; però, en contrapartida, també veiem que el món no està en
crisi. Àsia creix, Amèrica Llatina està creixent, Àfrica està creixent i
Oceania està creixent. Per tant, repeteixo, nosaltres estem en crisi però
el món no està en crisi. Això fa que, en aquests moments, el mercat
exterior, és a dir, les exportacions i la internacionalització —que
són coses molt similars però no són exactament el mateix—
constitueixen un element determinant perquè aquest país recuperi la línia
del creixement i, a més a més, que es pugui crear ocupació. Per dir-ho
ras i curt, en aquest país hi ha dues coses que funcionen: el turisme,
que està creixent clarament, i les exportacions, que també creixen. Sent
així les coses, és a dir, sent que realment les exportacions en el nostre
país estan creixent, que en aquest moment en el nostre país hi ha 109 700
empreses que estan exportant i que exporten de mitjana uns 180 000
milions d’euros. Això són xifres molt significatives, molt
importants, però entenem que s’han de fer mesures perquè creixi
més. Per tenir una idea: la mitjana dels quinze països de la Unió Europea
està exportant respecte al seu PIB al voltant del 36% i Espanya està
exportant en funció del seu PIB de l’ordre del 20%. Per tant, aquí
tenim un marge de creixement i l’objectiu que té aquesta moció és,
per dir-ho així, establir un seguit de mesures de legislatura per
intentar potenciar aquestes exportacions, aquesta internacionalització de
la nostra economia per la via que les empreses que estan exportant
exportin més i que exportin també a altres països.

En l’anterior ple, a la interpel·lació i amb el debat
que vam tenir amb el senyor ministre vam estar d’acord pel que fa
al fet que s’està exportant excessivament a Europa —de
l’ordre del 63% aproximadament—, i en canvi estem perdent
oportunitats en altres àrees que en aquests moments creixen més i en les
quals no hi som prou forts. Per exemple, Amèrica Llatina, deixant de
banda el que va passar

la setmana passada amb el tema Repsol, és un continent
d’oportunitats d’exportació. També ho és Àsia, i Àfrica és
continent d’oportunitats.

Per tant, l’objectiu que també té aquesta moció és
prendre mesures per tal que es pugui produir aquesta diversificació en
les exportacions. La moció que plantejo, a la qual s’han presentat
dues esmenes, una pel Partit Popular i una esmena del Grup Mixt, ha donat
lloc a una transaccional amb la qual estem plenament d’acord i que
especificaré en el meu proper torn.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Como decía el presidente hace unos instantes, el Grupo
Parlamentario Convergència i Unió formuló una interpelación en el
anterior Pleno al ministro de Economía, el señor De Guindos, en la que
planteábamos que la situación actual que estamos viviendo en España, es
decir, en la situación de recesión, el mercado interior está
esencialmente parado. Europa, en la actualidad, no está pasando por sus
mejores momentos y, a excepción del norte de Europa y un poco Alemania,
no tiene grandes niveles de crecimiento; sin embargo, en contrapartida,
vemos que el mundo no está en crisis: Asia crece, América Latina está
creciendo, África está creciendo y Oceanía también está creciendo. Así
pues, repito, nosotros estamos en crisis, pero el mundo no está en
crisis. Esto hace que en la actualidad el mercado exterior, es decir, las
exportaciones y la internacionalización —que son cosas muy
parecidas, pero no exactamente iguales—, constituyan un elemento
clave para que este país recupere la línea de crecimiento y para que
además se pueda crear empleo. Por decirlo rápidamente, hay dos cosas que
funcionan en este país: el turismo, que está creciendo a todas luces, y
las exportaciones, que también crecen. Siendo eso así, es decir, que las
exportaciones en nuestro país crecen y que en la actualidad hay 109 700
empresas que están exportando, y que exportan de media unos 180 000
millones de euros, cifras que son muy significativas, importantes,
entendemos que han de tomarse medidas para crecer más. La media de los
quince países de la Unión Europea exporta en torno al 36% con respecto a
su PIB, mientras que España exporta en torno al 20% en función de su PIB.
Así que aquí tenemos un margen de crecimiento, y el objetivo de esta
moción es fijar una serie de medidas durante esta legislatura para
intentar fomentar las exportaciones y la internacionalización de nuestra
economía, con el fin de que las empresas que ya están exportando exporten
más y también exporten a otros países.

Durante la interpelación al señor ministro en el último
Pleno estuvimos de acuerdo en que se está exportando en exceso a Europa
—el 63% aproximadamente— y que, en cambio, estamos perdiendo
oportunidades en otras zonas que en la actualidad crecen más y donde, sin
embargo, no tenemos una presencia lo suficientemente potente como, por
ejemplo, América Latina. Al margen de lo que sucedió la semana pasada con
Repsol, América Latina es un continente de oportunidades de exportación,
al igual que sucede con Asia y África, que también son continentes de
oportunidades.

Por consiguiente, el objetivo de esta moción es tomar
medidas para diversificar las exportaciones. La moción que planteo, a la
que se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Popular y otra del
Grupo Mixto, ha dado lugar a una transaccional, con la que estamos
absolutamente de acuerdo; y en mi próximo turno especificaré los
detalles.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Como ya se ha dicho aquí, en Unión del Pueblo Navarro
presentamos en su día una enmienda a la moción de Convergència i Unió,
defendida ahora por el señor Vilajoana, porque entendimos que, aun
estando de acuerdo en todo lo que se recoge en la moción, se producía un
olvido de las Cámaras de Comercio de España. ¿Por qué decíamos esto? Lo
afirmábamos porque entendemos que las Cámaras de Comercio han sido y son
pilares fundamentales que apoyan la internacionalización de las empresas.
Eso no está en duda; incluso la propia Ley 3/1993, Básica de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, ya lo dispone en su
artículo 2, relativo a las funciones que las cámaras ejercerán, cuando
dice que desarrollarán labores de apoyo y estímulo al comercio exterior.
Por tanto, a la vista está que una de sus funciones
público-administrativas es esta.

Como ven, la nuestra era una enmienda de adición, porque
todo lo que se dice en la moción es cierto y estábamos de acuerdo. Y
ahora tanto nuestro grupo como el Grupo Popular, y, por supuesto, CiU,
que también lo ha dicho, hemos decidido realizar una transaccional. A
nuestro modo de ver, en lo que a las

Cámaras de Comercio se refiere, es mucho menos imperativa
que la enmienda que mi grupo, de UPN, había presentado; entendemos que es
algo un poco más indefinido y menos imperativo pero mejor que al final no
tener nada. Por eso hemos decidido firmar esta transaccional, que espero
que sirva para aportar y para que la moción —muy bien traída a esta
Cámara, por cierto— pueda contar con todo el apoyo posible.

Por otro lado, como recordarán, hace ya un tiempo el
Gobierno socialista aprobó el Real Decreto 13/2010, de medidas
liberalizadoras en materia fiscal para fomentar la inversión y crear
empleo, que a la vista está que al final no sirvió para nada. Pues bien,
entre esas medidas se eliminó la obligatoriedad para las empresas del
pago del llamado recurso cameral permanente. Por tanto, las Cámaras de
Comercio e industria se vieron abocadas —con la misma norma que
tenían en vigor, pero sin el recurso cameral— a seguir realizando
una serie de funciones de índole público-administrativa, como son la
defensa del comercio y de la industria, pero con una paradoja: sin contar
con una dotación de ingresos —como antes tenían— por la
eliminación de ese recurso cameral. Es decir, que la ley sigue obligando
a las cámaras a ejercer sus funciones público— administrativas,
pero ahora deja el régimen de financiación en la esfera totalmente
privada, hasta el punto, señorías, de que las Cámaras de Comercio han
podido perder ese plus de independencia que tenían, al estar al albur de
encomiendas de gestión y de subvenciones de los respectivos Gobiernos
autonómicos y, en nuestro caso, forales, algo que creemos que va en
contra —como he dicho— de la independencia de esas
centenarias instituciones.

Como saben, esta eliminación del recurso cameral ha
producido un auténtico terremoto también en el mundo de las Cámaras de
Comercio. Llegados a este punto, aun así, las propias cámaras han seguido
ejerciendo sus funciones y han seguido apostando por la
internacionalización de las empresas de sus respectivas demarcaciones.
Por ejemplo, en Navarra —es el caso que tengo más cercano—,
durante el pasado año las cifras de internacionalización fueron muy
importantes: más de 580 empresas utilizaron el servicio de
internacionalización, la Cámara de Comercio de Navarra tiene cincuenta
promotores de negocios en otros cincuenta países del mundo, se realizaron
más de 1300 consultas, y también se realizaron misiones comerciales.

Por todo ello, en su día presentamos la enmienda y ahora
hemos suscrito la transaccional, porque estamos convencidos de que las
Cámaras de Comercio tienen mucha experiencia en este campo de la
internacionalización y deben seguir contando con el apoyo del Gobierno
—ahora más que nunca— para ejercer sus funciones, sobre todo
la de apoyo a la internacionalización.

Por lo que se refiere a la Ley de cámaras de comercio,
entendemos que es urgente elaborar una nueva ley que venga a traer
seguridad jurídica a las propias cámaras para que estas puedan seguir
cumpliendo con los objetivos con los que nacieron hace más de cien años y
para que todos sus equipos técnicos y profesionales no se encuentren al
albur, como les ocurre ahora, de uno u otro Gobierno. Creo que con una
norma nueva y moderna que regule y dote de recursos a las Cámaras de
Comercio se podrá seguir haciendo una gran labor en materia de
internacionalización junto con las empresas. En fin, lo que simplemente
quiero trasladarles es la consideración de que tengan una seguridad
jurídica en este campo.

En la enmienda transaccional hablamos de que se dote a las
cámaras o se las apoye en materia de financiación e instrumentos para que
puedan seguir haciendo su función pública de fomento e impulso de la
actividad de internacionalización de las empresas de sus demarcaciones,
que es, al fin y al cabo, una de sus funciones, como antes ya he
comentado. Por todo lo dicho, les anuncio el voto favorable de Unión del
Pueblo Navarro a esta moción, que espero que vea sus frutos más pronto
que tarde.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas
gracias, señor presidente.

Egun on. Buenos días.

Señores senadores, voy a compartir algo que nos alegra en
estos momentos de tanto partido de pelota como tenemos aquí —parece
un frontón—. Nos alegra que haya propuestas de sentido común como
la que está ahora planteada; y como son propuestas de sentido común, al
menos conllevan consensos, que es lo importante en estos momentos.

Estamos de acuerdo con todos los puntos planteados, pero
quisiera hacer una pequeña introducción sobre el espíritu que nos anima
para que este tipo de medidas tengan que ponerse en marcha. En algunas

intervenciones ya he dicho que la España que estábamos
vendiendo en el exterior no es la mejor. Por eso, haría una reflexión con
respecto a los representantes que tiene el Gobierno de España para que,
por favor, vendan mejor España en el sentido de que, si hay dos caras de
la moneda, si hay un Estado que tradicionalmente ha apostado por la
tecnología y la industria, que es altamente competitiva, que tiene
grandísimas empresas, pero también pequeñísimas empresas con un valor
tecnológico impresionante y que pueden competir perfectamente en el
mundo, y además con la frente bien alta respecto de Estados como
Alemania, esa es la cara de la moneda que tenemos que mostrar; primero,
para enseñar y poder ayudar a la pequeña y mediana empresa, que es el
gran tejido industrial de este país. Porque hay grandes empresas que
llevan la marca de este país, pero también hay pequeñas y medianas
empresas que no por su tamaño son menos importantes si hablamos de alto
valor tecnológico.

Por tanto, es básico que desde las embajadas, que desde la
política se haga una venta real de la marca, porque parece que en estos
momentos España solamente sea sector inmobiliario, comunidades autónomas
en deuda, yo hice esto y tú hiciste aquello…, es decir, ese partido
de pelota que no nos lleva a ningún lado. Hay que romper esa dinámica, y
al final de mi intervención quisiera hacer una reflexión al respecto.

En definitiva, es muy buena. ¿Por qué? El señor Vilajoana
decía que ha mejorado la exportación. Nuestra comunidad autónoma ha
tenido resultados en la exportación extremadamente buenos. La demanda
interior ha caído, pero la exterior es buena. Estamos compitiendo con los
mejores, y sin ninguna vergüenza, y además estamos compitiendo
tecnológicamente, no ya en precios. Y esta es la dinámica que debe apoyar
el Gobierno.

En cuanto a la enmienda que propone UPN, por esta vez
también estaré con ustedes. (Risas.) He de decirles que está muy bien lo
de las Cámaras de Comercio porque, claro, hemos tenido unos Gobiernos del
Estado, sean de un signo o de otro, me da igual, y los vascos sabemos lo
que es ir de Moscú a Vladivostok sin que la embajada del Estado que nos
ha dicho que nos representaba defendiese los intereses de la tecnología
eibarresa o de la tecnología vasca. Y sabemos el gran trabajo que han
hecho las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, y en este caso,
desde luego, el tratamiento que se ha dado desde un Estado que no tiene
tradición ni tecnológica ni industrial, que tendría que aprender de
nosotros. Que no mire a Alemania, que mire a las grandes comunidades que
tiene el Estado, que están enseñando lo que es apostar por una
tecnología, por la industria, por la empresa, por la que no ha caído, por
la de la economía de los cacharros, la de la economía real, la economía
que hoy en día más atrae al sector financiero, la que hace cacharros. La
economía y la filibustería que han organizado los mercados y los sistemas
financieros ya nos han enseñado qué es lo que pretenden, pero con la
cacharrería hay un precio; usted paga, y si es bueno, paga más. Ahí es
donde tenemos que apostar.

Y he de decir también que hablar de esa defensa por parte
de las embajadas es un tema muy, muy recurrido. Por ejemplo, el otro día
se reunieron aquí representantes de la Cámara de Comercio Europea y
plantearon cuál era la situación en China. En China, en Asia en general,
y en los países donde ha habido sistemas socialistas determinados, la
figura de que vaya una embajada política es básica a la hora de hacer un
trato. O sea que muchas veces no es una embajada comercial pura y dura;
lo político tiene muchísimo peso a la hora de generar confianza y
posibilitar que esos sectores, que son mercados emergentes con muchísima
potencia, estén ahí.

Sabemos que la embajada —el otro día lo escuchaba del
ministro de Asuntos Exteriores— ya ha puesto en marcha la
iniciativa de trabajar la marca España. Pero para eso lo primero que
tienen que hacer los embajadores, los cónsules y todos los que hablen de
este país es venir y oler la taladrina, saber lo que es la industria,
saber lo que es la biotecnología, saber lo que son las distintas
estructuras, el acero…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor
presidente.

Quiero hacer una última reflexión. Señores del PSOE y del
PP, nosotros siempre estamos en el sándwich, somos la bisagra; y menos
mal. Aquí estamos hablando de que Andalucía lo ha hecho muy mal, pero
Andalucía ha hecho muchas cosas bien, y hay que reconocerlas. También
otras comunidades han hecho cosas muy mal —por ejemplo,
Valencia—; son comunidades que vamos a decir que tampoco tienen
posibilidad de poder hablar muy alto. Dejemos, pues, esas discusiones que
no nos llevan a nada y construyamos actividades de este tipo desde las
cámaras. Mostremos que somos capaces de hacerlo.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Yo creo que a
un político no debe importarle solamente el pueblo al que representa, sea
el vasco o el andaluz. A mí me importan todos los pueblos, aunque primero
defenderé el mío. Les pido que tengan en cuenta esta reflexión: miremos
por todos los pueblos que hay en el Estado español y defendamos sus
intereses. Y como esto es defender intereses, por eso apoyaremos esta
moción.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Con su venia, señor
presidente.

Bon dia, senyories, Intervinc en nom del Grup Parlamentari
Entesa pel Progrés de Catalunya per fixar la posició del nostre grup en
relació a la moció conseqüència d’interpel·lació que va formular el
senador Vilajoana, de Convergència i Unió.

Nosaltres hem signat la transaccional i, per tant,
manifesto ja d’entrada el nostre suport i el nostre vot afirmatiu a
la moció que ens ocupa. Es tracta d’una moció que proposa un seguit
de mesures sens dubte interessants tot i que molt genèriques,
especialment després de la signatura de la transaccional, a les quals
difícilment es pot mostrar oposició o rebuig que, a més a més, obliguen o
comprometen molt poc o relativament poc al govern. Perquè, qui no pot
estar d’acord en donar suport a l’exportació i la
internacionalització de la nostra economia? Qui pot mostrar desacord a la
necessitat de millorar les polítiques de promoció exterior o
l’augment del finançament a l’exportació o una major
diversificació del destins d’exportació més enllà de la Unió
Europea, o la simplificació de tràmits i visats.

Nosaltres ens havíem plantejat presentar esmenes,
especialment cercant un major grau de concreció en algunes de les mesures
proposades i de major compromís per part del govern en forma de
calendari, però hem optat —i més després de veure l’acord
entre el Partit Nacionalista Basc, per una vegada, i la Unión del Pueblo
Navarro— que valia més en aquesta ocasió no presentar esmenes i
optar per una votació majoritària perquè ja hi haurà temps en tot cas
—si el govern no fa els deures— de presentar iniciatives
parlamentàries.

El senyor Vilajoana, a la seva breu exposició de motius de
la moció, diu —i llegeixo textualment— que l’augment de
l’exportació i de la internacionalització constitueixen la
principal via d’estabilització de l’economia espanyola per
sortir de la crisi i tornar a crear ocupació. Aquesta afirmació, que
comparteixo només en part perquè evidentment la demanda interna també ha
de ser o hauria de ser un element clau per a la sortida de la crisi, em
dóna peu, senyories, a fer un parell de reflexions sobre sector de
l’exportació i també sobre la demanda i el consum interns. Primera
reflexió: el millor que pot fer l’actual govern del Partit Popular
respecte de l’exportació i de la internacionalització de la nostra
economia és una política sense dubte de millora, perquè sempre es poden
millorar les coses, però fonamentalment i bàsica de continuïtat respecte
a la política de l’anterior govern socialista.

I ho ha dit també el senyor Vilajoana, la bona gestió
socialista en aquesta matèria és objectiva, indubtable i inqüestionable.
Algunes dades ho demostren: el primer semestre de l’any 2011 va
augmentar un 18,5% l’exportació respecte al mateix període de
l’any anterior i es va reduir en 8,3% el dèficit comercial. El
superàvit respecte a la Unió Europea i els països de la zona euro va ser
de 1.600 milions quan partíem d’un dèficit del semestre anterior de
3.500. I, a més a més, cal optar per fomentar l’exportació en
altres països més enllà dels comunitaris, però també va augmentar
l’exportació en els països europeus no comunitaris un 34% o a
Amèrica Llatina un 27% i fins i tot a Amèrica del Nord un 21,5.

Per tant, ja s’ha anat fet una política relativament
important de diversificació geogràfica de l’exportació.
Efectivament, de les més de 100 000 empreses que estan exportant, no
només són les empreses grans, les clàssiques i tradicionals les que
exporten sinó que cada vegada més s’hi van afegint petites i
mitjanes empreses especialment aquelles que aporten valor afegit,
recerca, innovació, tecnologia punta, etc. I és veritat que aquestes
petites i mitjanes empreses són les que necessiten més ajut perquè
disposen de menys infraestructura pròpia.

Segona reflexió: demanda interna. Per què tenim una
economia interna en recessió? Doncs perquè, evidentment, les prioritats
en política econòmica del govern estan equivocades. Si es congelen o
baixen els salaris i les pensions, si augmenten els impostos com ara
l’IBI, l’electricitat o el gas, si pugen les retencions en
tots els trams de l’IRPF, si s’incrementa l’impost de
societats per la via de l’eliminació de determinades desgravacions,
especialment a les petites i mitjanes empreses, doncs evidentment les
conseqüències són òbvies: preocupació, pànic generalitzat entre els
ciutadans, recessió de la demanda

interna, disminució del consum, menors ingressos per a les
empreses i per a l’Estat i, per tant, encara major augment de
l’atur.

I acabo, senyor president, amb dues afirmacions adreçades
al Grup Parlamentari Popular i, per extensió, per tant, al govern.
Primera: reflexionin, canviïn les seves polítiques, les seves prioritats
respecte l’economia, encara només sigui pensant en les empreses del
nostre país.

Buenos días, señorías. Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya para fijar la posición de
nuestro grupo en relación con la moción consecuencia de interpelación
presentada por el señor Vilajoana, de Convergència i Unió.

Nosotros firmamos la transaccional y, por consiguiente, de
entrada manifiesto nuestro apoyo a la moción que nos ocupa. Se trata de
una moción que propone una serie de medidas sin duda interesantes, si
bien muy genéricas, especialmente después de la firma de la
transaccional. Difícilmente se puede mostrar rechazo u oposición a ellas,
y además comprometen relativamente poco o muy poco al Gobierno. Porque,
¿quién no puede estar de acuerdo en apoyar la exportación y la
internacionalización de nuestra economía? ¿Quién puede mostrar desacuerdo
a la necesidad de mejorar las políticas de promoción exterior o al
aumento de la financiación a la exportación o a una mayor diversificación
de los destinos de exportación más allá de la Unión Europea o a la
simplificación de trámites y visados?

Nosotros nos habíamos planteado presentar enmiendas,
especialmente para buscar un mayor grado de concreción en algunas de las
medidas propuestas y un mayor compromiso por parte del Gobierno en forma
de calendario, pero optamos en esta ocasión —y más después de ver
el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco, por una vez, y la Unión
del Pueblo Navarro— por no presentar enmiendas y por una votación
mayoritaria, porque creemos que habrá tiempo —si el Gobierno no
hace sus deberes— de plantear iniciativas parlamentarias.

El señor Vilajoana en la breve exposición de motivos de la
moción dice —leo textualmente— que el aumento de la
exportación y de la internacionalización constituyen la principal vía de
estabilización de la economía española para salir de la crisis y volver a
crear empleo. Esta afirmación, que comparto solo en parte, porque
evidentemente la demanda interna también debería ser un elemento fuerte
de salida de la crisis, me da pie a hacer un par de reflexiones respecto
del sector de la exportación y de la demanda y el consumo interno.
Primera: lo mejor que podría hacer el Gobierno popular con respecto al
comercio exterior y la internacionalización de nuestra economía es una
política sin duda de mejora, porque siempre se pueden mejorar cosas, pero
básicamente de continuidad respecto de la política del anterior Gobierno
socialista.

Ha dicho también el señor Vilajoana que la buena gestión
socialista en esta materia es objetiva, indudable e incuestionable. Hay
datos que lo demuestran. Por ejemplo, durante el primer semestre de 2011,
del año pasado, la exportación aumentó un 18,5% respecto del mismo
período del año anterior y se redujo en un 8,3% el déficit comercial. El
superávit respecto de la Unión Europea, que existió en relación con esos
países, fue de 1600 millones, partiendo de un déficit del trimestre
anterior de 3500. Además, hay que optar por fomentar la exportación a
otros países más allá de los comunitarios, aunque en los países europeos
no comunitarios ha aumentado un 34%, mientras que lo ha hecho un 27% en
Latinoamérica y un 21,5% en América del Norte.

Por tanto, la política ha sido relativamente importante en
relación con la distribución geográfica de la exportación. En cuanto a
las más de 100 000 empresas que están exportando, efectivamente, no solo
son las grandes, las clásicas y tradicionales las que exportan sino que
se añaden cada vez más pequeñas y medianas empresas, en especial las que
aportan valor añadido, tecnología punta e investigación y desarrollo. Y
es cierto que las pymes son las que necesitan un mayor grado de ayuda
porque disponen de menos infraestructuras.

Segunda reflexión: demanda interna. ¿Por qué tenemos una
economía interna en recesión? Porque las prioridades de economía del
Gobierno están equivocadas. Si se congelan los salarios y pensiones, si
aumentan los impuestos, la electricidad y el gas, si aumentan las
retenciones en todos los tramos del IRPF, si se incrementa el impuesto
sobre sociedades, eliminando ciertas desgravaciones, en particular a las
pymes, las consecuencias son evidentes: preocupación, pánico generalizado
entre los ciudadanos, recesión de la demanda interna, disminución del
consumo, menores ingresos para las empresas y para el Estado y, por
consiguiente, mayor aumento del desempleo.

Termino, señor presidente, con dos afirmaciones dirigidas
al Grupo Parlamentario Popular y, por ende, al Gobierno. Primera:
reflexionen, cambien sus políticas, sus prioridades en relación con la
economía, aunque solo sea pensando en las empresas de nuestro país.

El señor PRESIDENTE: Vaya, terminando, señoría.

El señor BRUGUERA BATALLA: I segona —i acabo, senyor
president— no malbaratin la bona herència que han rebut del govern
anterior en polítiques d’impuls i de foment de l’exportació i
del comerç exterior.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Y segunda —y termino señor presidente—: no
rechacen la herencia del Gobierno anterior, con políticas de impulso y de
fomento de la exportación y del comercio exterior.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gràcies, senyor president.

Senyories, en primer lloc, vull agrair l’esforç que
ha fet el Grup Popular i també el senador del Grup Mixt per intentar
consensuar una transaccional que nosaltres hem acceptat perquè recull en
el 95% el nostre plantejament inicial i fins i tot introdueix elements en
el punt segon que em sembla que són correctes.

Per tant, estem satisfets d’aquesta labor i del fet
que un tema que, clarament, és important com és la potenciació de les
exportacions d’aquest país hagi estat recollit per aquesta Cambra
una altra vegada en aquest procés de reflexió que fem cada quinze dies en
aquest Senat, perquè em aconseguit un document que com a mínim permetrà
pressionar el govern perquè assumeixi un seguit d’elements que
considerem essencials en aquests moments. També estic satisfet per
l’actitud del ministre en el darrer Ple durant la meva
interpel·lació, de comprensió i de compartir, i per això crec que el
ministre estarà satisfet que li proposem aquest full de ruta.

Jo voldria, en aquests tres minuts i mig que em queden,
apuntar els punts d’aquesta moció i, tot i que no la votarem, sí
voldria explicar quins punts hem aprovat: primer, assumir aquest
compromís de legislatura, perquè entenc que aquesta és una feina que
s’ha de fer en permanència i no és un plantejament a curt termini
sinó de legislatura, de suport a l’exportació i a la
internacionalització, amb aquest objectiu que sigui un factor determinant
el l’equilibri de la balança comercial i de serveis d’aquest
país que, com plantejava el senador de l’Entesa, està creixent però
hem d’avançar més en aquesta línia.

Segon, un element del qual es queixaven les empreses
exportadores, sobretot quan estava lligat al tema de les fires, etc. i em
refereixo al tema dels visats. De vegades hi havia dificultats per
aconseguir que professionals d’indrets com ara Xina, Àfrica o
altres països de fora de l’espai Schenguen poguessin venir
fàcilment al país a fires, a reunions de treball, etc., i crec que aquest
segon punt busca solucions per aquest tema.

El tercer punt és intensificar els treballs del Consell
Interterritorial d’internacionalització per reforçar un element que
ens sembla molt important que és la col·laboració en la promoció exterior
del conjunt d’organismes que estan treballant en aquesta línia i
moltes ho fan molt bé, sobretot a la promoció exterior de les pimes. Aquí
estem parlant de les comunitats autònomes, totes les quals tenen
polítiques d’internacionalització i d’exportació,
l’ICEX o també la CEOE. I en aquest sentit també diria en el cas de
Catalunya, la PIMEC, que està fent tasques molt concretes per potenciar
aquesta exportació de la petita i mitjana empresa. I també, i en aquesta
moció d’avui es reflexa, la feina que està fent el Consell Superior
de Cambres i també el que plantejava aquí el senador per tal
d’intentar que les Cambres de Comerç segueixin fent les coses que
ja fan. I, tot això, amb quin objectiu? Per una cosa que demanen totes
les empreses exportadores i és que, en aquest moments, la promoció és
importantíssima. És a dir que l’Estat ajudi a promocionar els
productes i les empreses que estan exportant i també, molt important, el
suport a l’organització i l’assistència a fires. A Barcelona
hem viscut als darrers mesos dues fires d’una gran importància, i
concretament Alimentària ha permès que molts i molts potencials clients
que han acabat sent clients, vinguin a aquesta fira, coneguin els nostres
productes de petites i mitjanes empreses que, en el sector alimentari i
agroalimentari, estan fent una gran feina i una gran tasca
d’exportació. Estem parlant del cava, dels vins, dels productes
derivats del porc, etc.

També hi ha un altre tema que va sortir molt clarament en
el debat amb el ministre: les polítiques d’acompanyament a
l’exterior de les petites empreses que van al costat de les grans
empreses. Dèiem

que les grans empreses exporten molt, però aquestes grans
empreses necessiten petites empreses que les acompanyin. I, també,
d’alguna manera hem d’intentar seguir potenciant el
diversificar aquestes exportacions cap a Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica,
perquè és un factor determinant.

Continuar reforçant les mesures destinades a l’alta
tecnologia que és molt important, com deia la senadora basca. No només es
tracta del productes agroalimentaris ni de les empreses que venen
serveis, sinó que l’alta tecnologia és un factor diferencial, el
país la té i li hem de donar suport.

També hem de potenciar un element que ha estat molt
important: i em refereixo a tota la enginyeria de construcció. Aquest
país ha fet grans inversions en infraestructures.

Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar quisiera agradecer el esfuerzo
realizado por el Grupo Popular y también por el senador del Grupo Mixto a
fin de intentar consensuar una transaccional que nosotros ya hemos
aceptado, puesto que recoge en el 95% nuestro planteamiento inicial, e
incluso los elementos que se introducen en el punto segundo me parecen
correctos.

Así que estamos satisfechos con esta labor y con el hecho
de que un tema, que sin lugar a dudas es importante, como el fomento de
las exportaciones en este país, en el proceso de reflexión que se hace
cada quince días en este Senado, lo hayamos tocado de nuevo, y creo que
hemos conseguido un documento que, como mínimo, nos va a permitir apretar
un poco al Gobierno para que asuma una serie de elementos que nos parecen
esenciales. Y también debo decir que estoy satisfecho porque en el último
Pleno, cuando le planteé la interpelación al ministro, su actitud fue de
compresión y de compartir ese planteamiento. Creo que el ministro se
sentirá también satisfecho con esta hoja de ruta.

En estos tres minutos y medio que me quedan quisiera
apuntar ciertos elementos de esta moción que no vamos a votar, pero sí
quisiera detallar los puntos que hemos aprobado: primero, asumir el
compromiso de legislatura, puesto que pienso que este trabajo debe
hacerse de manera continua. No es algo a corto plazo, sino un
planteamiento de legislatura, de apoyo a la exportación y a la
internacionalización, con el objetivo de que sea un factor clave para el
equilibrio de la balanza comercial exterior y de servicios de este país.
El senador de Entesa decía que está creciendo, pero tenemos que avanzar
más en esta línea.

Segundo, un elemento del que se quejaban las empresas
exportadoras, sobre todo cuando estaba relacionado con ferias y demás. En
ocasiones, había dificultades para conseguir visados, para conseguir que
profesionales de países como China, o de países africanos, de países
fuera del espacio Schengen vinieran al país a ferias, a reuniones de
trabajo, y creo que este segundo punto busca solucionar este aspecto.

Tercero, se trata de intensificar los trabajos del Consejo
de internacionalización para reforzar la colaboración en la evolución
exterior de los organismos que están trabajando en esta línea, y muchas
empresas lo hacen muy bien, sobre todo en la promoción exterior de las
pymes. Estoy hablando de las comunidades autónomas. Todas las comunidades
autónomas tienen políticas de internacionalización y de exportación. Esta
es precisamente la función básica del Icex y de la CEOE, y en el caso de
Cataluña, insito, la pymec tiene una labor muy concreta para potenciar la
pequeña y mediana empresa y también en la línea que el senador planteaba,
a saber: intentar que las Cámaras de Comercio sigan haciendo lo que ya
hacen. ¿Con qué objetivo? Por algo que todas las empresas exportadoras
piden, que la progresión es muy importante y el Estado tiene que ayudar a
promocionar los productos de las empresas que están exportando. También
es muy importante el apoyo a la organización y a la asistencia a ferias.
En la actualidad, Barcelona ha tenido dos ferias muy importantes, entre
ellas, la alimentaria, que ha permitido que un gran número de potenciales
clientes que han acabado siendo clientes vengan a esta feria, conozcan
nuestros productos, los productos de pymes que en el sector alimentos y
en el sector agroalimentario están haciendo un gran trabajo y una gran
labor de exportación. Estamos hablando del cava, de los vinos, de los
productos derivados del cerdo, etcétera.

Otro punto que también se planteó en el debate con el
ministro es el de las políticas de acompañamiento a las pymes que
trabajan de la mano de las grandes empresas. Decíamos que las grandes
empresas exportan mucho, pero trabajan con pymes que las acompañan. Y
también en cierto modo, como decía antes, se trata de seguir potenciando
la diversificación de estas exportaciones hacia América Latina, África y
Asia. Este es otro factor determinante.

También tenemos que reforzar las medidas destinadas a
potenciar los productos de alta tecnología —la senadora vasca lo
decía antes—. Son muy importantes no solo los productos
agroalimentarios, no

solo las empresas que venden servicios, también lo es que
la alta tecnología marca la diferencia, el país dispone de ella y tenemos
que potenciarla.

Tenemos que potenciar también otro elemento que ha sido muy
importante, y es toda la ingeniería de construcción. Este país ha hecho
grandes inversiones en infraestructuras.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Acabo, senyor president. Com
deia, aquest país ha fet grans feines d’infraestructures. En aquest
moment hem d’ajudar aquestes enginyeries perquè si en aquests
moments les inversions en infraestructures han caigut, i ens sembla bé
que hagin caigut perquè estem en la situació que estem, les hem
d’ajudar per tal que puguin seguir fent una bona feina per
desenvolupar-se a l’exterior.

I ja només vull reiterar l’agraïment pel suport en
aquesta moció que em proposat.

Moltes gràcies, president i senyories.

Termino, señor presidente. Como decía, este país ha hecho
grandes inversiones en infraestructuras. Tenemos que ayudar a estas
ingenierías porque las inversiones en infraestructuras han caído, y nos
parece bien que hayan caído porque estamos como estamos, pero tienen que
contar con nuestro apoyo para poder seguir haciendo su trabajo y para su
desarrollo en el exterior.

Reitero mi agradecimiento por el apoyo a esta moción que
hemos propuesto.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vilajoana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Antes de fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista sobre esta moción, me gustaría decir algo que no
hemos dicho todos, pero como esta Cámara es la representación de los
españoles y españolas, es obvio que hoy la mayoría pensamos que ayer por
la noche se produjo una injusticia en el deporte. (Risas.) Yo creo que
deberíamos decir que lo de ayer fue injusto, y lo digo yo, que soy del
Madrid, pero tengo que reconocerlo.

Permítanme que entre a debatir la moción. He de decirles,
señorías, que en principio nos parecía mejor el primer redactado de la
moción que el segundo porque era más claro, más imperativo y más
comprometedor con su objetivo final, que es marcar una hoja de ruta al
Gobierno en asuntos de internacionalización y de apoyo a las pymes, como
ha dicho el senador Vilajoana. Pero como, evidentemente, lo mejor siempre
es lo que apoya la mayoría, democráticamente debemos decir que la segunda
opción es mejor que la primera porque la segunda tiene más apoyos que la
primera y obtiene la unanimidad de esta Cámara.

Nosotros, obviamente, como la hemos firmado, vamos a
votarla favorablemente. Coincido con lo dispuesto en la moción.
Básicamente en ella se recogen propuestas e ideas que en la anterior
legislatura se pusieron de manifiesto en esta Cámara, en el Congreso y
también en un organismo muy querido por todos, que es el Consejo
Económico y Social. Básicamente, todos los informes que hablan sobre
internacionalización de empresas lo hacen en la línea de la moción; por
tanto, es fácil coincidir con ella.

Tengo que coincidir también con el senador de Entesa en que
lo mejor que puede hacer este Gobierno es ser continuista en este asunto
con la política del anterior Ejecutivo que, sin duda alguna, seguía
también las prescripciones que promulgaban el grupo de trabajo sobre
internacionalización del Senado, el informe del Congreso y el CES.

Señorías, no quiero entrar aquí tampoco a detallar cuáles
fueron los éxitos o los logros de la política socialista en la anterior
legislatura en este asunto, y no lo voy a hacer. Pero me gustaría hacer
dos reflexiones al hilo de la moción, porque considero que la idea de la
internacionalización las sugiere: en primer lugar, una reflexión sobre la
importancia de la internacionalización. La internacionalización de
empresas es más que la exportación pero también comprende aspectos como
el turismo, como ha dicho el señor Vilajoana. Por tanto, desde una
comunidad autónoma como Baleares, recordar esto es importante. El turismo
es un servicio que las empresas españolas saben exportar; somos líderes
en turismo, y esto no hay que olvidarlo.

Al hilo de la internacionalización, me surge la reflexión
sobre la globalización. Tiene mucho que ver una cosa con la otra, y
convendría que empezáramos a reflexionar también en las Cámaras, elevando
un poco las miras, sobre la necesidad de que la globalización no sea
determinista, que no se trate de subirnos

al carro de la globalización, sino de pilotarla desde los
poderes democráticos, porque, si no, nos convertimos en lo que nos
estamos convirtiendo en los últimos treinta o cuarenta años, en un mundo
desregulado en el que el más fuerte siempre acaba llevándose el gato al
agua, y el más fuerte no siempre es el que tiene más autoridad
democrática; por tanto, esa es nuestra primera reflexión.

La segunda reflexión tiene que ver también con la necesidad
de que lo que aprobemos en esta Cámara acabe siendo de verdad la hoja de
ruta del Gobierno, porque si no, corremos el riesgo de confundir a la
ciudadanía. La ciudadanía puede llegar a pensar que en esta Cámara
aprobamos por unanimidad grandes verdades que luego no tienen plasmación
en las políticas reales del Gobierno, que es lo que está pasando.

Me gustaría que fuéramos capaces de llevar a los
presupuestos la unanimidad que hemos alcanzado hoy aquí y que la senadora
del Partido Nacionalista Vasco ha ensalzado, porque es muy difícil
―por no utilizar otra palabra peor― casar el apoyo a la
internacionalización y asumir un compromiso de legislatura con un recorte
en los Presupuestos Generales del Estado de un 17% en el programa
concreto de internacionalización, de un 22% en cuanto a la modernización
de estructuras comerciales o de un 30% en la promoción turística.

Por lo tanto, vamos a apoyar esta moción pero no vamos a
colaborar en la ceremonia de la confusión que implica decir que estamos
todos de acuerdo en apoyar la internacionalización cuando los
presupuestos son restrictivos en este ámbito.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MANCHADO LOZANO: Voy terminando, señor
presidente.

Debemos exigir al Gobierno que sea capaz de adoptar, en
algunos casos, medidas anticíclicas, medidas que rompan el círculo
vicioso de: más austeridad, menos consumo; menos ingresos, más
austeridad. Hay que romper ese círculo vicioso porque si no lo hacemos no
podremos salir de esa debilidad del mercado interior, que han mencionado
tanto el senador Vilajoana como el senador Bruguera.

No es casual la actual recesión española que, sin duda
alguna, se debe a las políticas económicas de este Gobierno. Por ello,
vamos a pedir a los senadores y senadoras del Partido Popular que nos
ayuden a cambiar esas políticas económicas, si es que realmente quieren
que nos creamos que hay unanimidad en mociones como esta.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Aroca.

El señor AROCA SÁEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Es para mí un gran honor representar
por primera vez al Grupo Parlamentario Popular en esta tribuna; agradezco
a la dirección de mi grupo parlamentario la confianza depositada.

Dado que nos encontramos en la Cámara territorial, al
amparo del asunto que estamos tratando en esta moción consecuencia de
interpelación relacionada con la exportación y la internacionalización de
las empresas españolas y en mi condición de alcalde de La Roda, en
Albacete y, por lo tanto, castellano-manchego, deseo expresar en este
momento mi satisfacción al poder decir en esta Cámara que las
exportaciones en Castilla-La Mancha se han visto incrementadas en un 13%
en el mes de marzo del presente año, con respecto al año anterior, lo que
refrenda que no son solo las grandes empresas las que exportan sino que,
afortunadamente, las pequeñas y medianas empresas se incorporan a este
factor positivo.

En mi localidad contamos con algo más de una decena de
empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de pinturas
industriales; son cientos de puestos de trabajo los creados por dichas
industrias, que han sabido abrir nuevas puertas al mercado fuera de
nuestro país. También los sectores de la construcción, del mueble, de los
vinos y los elementos para la agricultura, entre otros, se han abierto
paso en los mercados exteriores. Permítanme decirles, desde un punto de
vista coloquial y desenfadado, que solo nos falta exportar los famosos
Miguelitos de La Roda, dulce típico y famoso, como muchos de ustedes
conocen.

Señor Vilajoana, mi grupo parlamentario coincide con usted
cuando dice que el sector exterior, junto con la internacionalización de
nuestras empresas, está actuando como factor de crecimiento positivo. En
esta materia, deseo destacar la colaboración y coordinación entre el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de

Cooperación y el Ministerio de Economía y Competitividad en
relación con una de las principales líneas de actuación: Marca
España.

A través del Icex se han puesto en marcha una serie de
herramientas basadas en programas de apoyo a marcas españolas, planes de
marketing y de imagen. Del mismo modo, también se implementará un
programa de difusión para que nuestras empresas se puedan
internacionalizar a través de los distintos programas, ayudas e
instrumentos para alcanzar dicho fin.

Hay que implicar a todas las instituciones del Estado, a
nuestras empresas y a todos aquellos que llevan a cabo cualquier labor
social corporativa y de educación. Para que la Marca España sea útil se
está poniendo en marcha el observatorio a través del Instituto Elcano,
por ello se ha convocado a todos los actores, públicos y privados, en
esta materia, departamentos ministeriales, comunidades autónomas,
embajadas y consulados. Juega un importante papel la Corporación
Radiotelevisión Española en la promoción y difusión de dicha marca.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Corporación se ha
comprometido a presentar un plan de la Marca España, un proyecto de ley
de acción exterior, un proyecto estratégico a cuatro años de política
exterior y un plan director a cuatro años de cooperación. Se reforzará la
formación de los diplomáticos para que presten su apoyo a las empresas
con el fin de facilitarles la implantación en los distintos territorios.
El objetivo del Ministerio de Economía y Competitividad es reforzar el
sector exterior como motor de recuperación económica. El Consejo
Interterritorial de Internacionalización engloba a todos los entes
públicos y privados: Icex, comunidades autónomas, CEOE y Consejo Superior
de Cámaras. Ya en 2010 se lanzó un plan integrado para mejorar el apoyo
de la internalización de las empresas. Cuenta con veintiocho medidas para
compartir estrategias, acciones y fondos para la promoción exterior. Este
plan se ha visto reforzado al incorporar las oficinas en el exterior de
las comunidades autónomas.

Este consejo está trabajando en apoyar los procesos de
licitación de las empresas españolas en el exterior. Del mismo modo, se
está elaborando un manual integrado para que todas las empresas sepan a
quién dirigirse y conozcan los distintos instrumentos. Las condiciones de
financiación y bonificación para las empresas que desean
internacionalizarse se están viendo reforzadas entre el Icex y el ICO
abriendo nuevas líneas de financiación. El Icex cuenta para este año con
una dotación de 109 millones de euros; se dará un impulso significativo y
más eficaz.

La diversificación de los mercados de destino es otra
prioridad en esta legislatura. Nuestras exportaciones están concentradas
en pocos mercados, lo que es una gran dificultad de crecimiento. Tenemos
que llegar a los mercados emergentes, por ello se están reforzando los
programas Icex orientados a mercados extracomunitarios. El 66% de
nuestras exportaciones se dirigen a la Unión Europea, por lo que hay que
diversificar nuestras exportaciones.

Señorías, no solo se trata de aumentar nuestras
exportaciones sino su calidad y su valor añadido. Por ello, tenemos que
ser capaces de competir en tecnología, innovación, calidad y valor
añadido.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor AROCA SÁEZ: Sí, señor presidente.

Por ello, existe una coordinación entre el Icex y el
CDTI.

Me congratulo de esta moción transaccional firmada por
todos los grupos políticos. Deseo destacar la excelente disposición del
senador Vilajoana y del senador Yanguas.

Señorías, en el Grupo Popular estamos convencidos de que el
conjunto de reformas que el Gobierno ha comenzado a emprender, junto a
las medidas específicas en materia de mercado exterior e
internacionalización de nuestra economía, harán que nuestro país recupere
la confianza, se vuelva a la senda de crecimiento y, lo que es más
importante, se genere empleo estable y de calidad.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aroca.

Señorías, teniendo en cuenta que la propuesta de
modificación a la moción consecuencia de interpelación ha sido firmada
por todos los grupos y por el contenido de las intervenciones, entiendo
que puede someterse a su aprobación por asentimiento. (Asentimiento.)

Muchas gracias.

Queda, entonces, aprobada por asentimiento la propuesta de
modificación.

5. MOCIONES

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INICIAR LOS
TRÁMITES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTATUTO DEL PERSONAL
FUNCIONARIO DOCENTE NO UNIVERSITARIO.

(Núm. exp. 662/000017)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del
día: Mociones.

Moción por la que se insta al Gobierno a iniciar los
trámites necesarios para la elaboración de un estatuto del personal
funcionario docente no universitario, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

A esta moción se ha presentado también una propuesta de
modificación firmada por todos los grupos.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, el senador Luis Peral, por tiempo de
quince minutos.

El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, quisiera empezar mi intervención en esta moción
rindiendo un público homenaje a los maestros y profesores españoles, a
los que estoy seguro de que todos y cada uno de nosotros debemos mucho de
todo lo que ha sido positivo en nuestras vidas. (El señor vicepresidente,
Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Los conocimientos y valores que nos transmitieron
constituyen un patrimonio impagable de habilidades personales, de cultura
científica y humanística, de sólidos principios que han resultado
fundamentales en nuestro desarrollo personal y profesional.

Los maestros y profesores españoles han sabido adaptarse
con inteligencia y flexibilidad a una sociedad muy distinta de la que
existía cuando ellos decidieron seguir esta tan noble profesión.

Han cambiado las leyes educativas; han cambiado los planes
de estudio; ha cambiado el contenido de las asignaturas, incluso algunas
han cambiado de nombre; han cambiado en buena medida los alumnos y
también sus familias, y, sin embargo, los docentes españoles han sido
capaces de seguir prestando un extraordinario servicio a la sociedad, y,
lo que es más importante aún, al futuro de esa sociedad que son sus
jóvenes.

Como ya dijo en esta Cámara el 27 de mayo de 2010 mi
antecesor como portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, don
Adolfo Abejón, a quien estoy seguro de que muchos recordamos con afecto y
agradecimiento a su labor, el profesorado es el elemento central de las
políticas de mejora de la educación, un objetivo que compartimos todos
los grupos parlamentarios, y es el estatuto de la función pública docente
no universitaria una reivindicación permanente de maestros y
profesores.

A pesar de que el citado estatuto constituía un compromiso
incluido en los programas electorales del Partido Socialista en los años
2004 y 2008, a pesar de que dicho compromiso fue recordado y asumido en
el Congreso, como no podía ser de otra forma, en noviembre del año 2004
por la ministra de Educación, y reiterado por sus dos sucesores al frente
de dicho ministerio, sin embargo, en siete años y medio de Gobiernos de
José Luis Rodríguez Zapatero no fueron capaces de aprobar el estatuto de
la función pública docente no universitaria, y eso a pesar de que durante
buena parte de dichos años España y sus comunidades autónomas vivieron
una situación económica y presupuestaria muy distinta de la actual; una
situación de la que, por ejemplo, —voy a citar simplemente dos
datos— en marzo de 2004, cuando el Partido Popular abandonó el
Gobierno como consecuencia de las elecciones generales, la prima de
riesgo con respecto al bono alemán de diez años era de cero, es decir,
pagábamos por nuestra deuda pública lo mismo que Alemania. El 7 de marzo
de 2008, el día en que abrió el mercado con anterioridad a las elecciones
del año 2008, la prima de riesgo era de 41 puntos básicos, es decir, el
0,41 %, que pagábamos de más sobre los bonos alemanes. El 18 de noviembre
de 2011, la prima de riesgo alcanzó, en la víspera de las elecciones
generales del año pasado, los 443 puntos básicos. Nada expresa mejor la
ineficacia de la gestión de un Gobierno que, al igual que otros Gobiernos
de la Unión Europea, tuvo que hacer frente a una crisis económica
mundial, pero lo hizo con las recetas equivocadas.

En cuanto al déficit público, en el año 2004 era del 0,3 %;
en el año 2007 se llegó a un superávit del 1,9 %, y en el año 2011, como
todos ustedes conocen bien, se ha llegado al 8,5 % de déficit.

Es decir, que durante buena parte de los Gobiernos de José
Luis Rodríguez Zapatero, al menos durante tres años, hubo una situación
económica que hubiera permitido, sin duda, atender esa histórica
reivindicación de maestros y profesores, aprobando el estatuto docente y
estableciendo de esta forma

una auténtica carrera docente que hubiera creado incentivos
para que los mejores profesores, y especialmente los más comprometidos
con su labor, hubieran podido desarrollar plenamente sus expectativas
profesionales, y también atender otras necesidades inaplazables, como,
por ejemplo, reforzar la autoridad del profesor, que se ha visto bastante
comprometida en los últimos años con motivo de los problemas de
convivencia que todos conocemos que existen en las aulas, y también
establecer unos requisitos para el acceso a la profesión docente que
primasen el mérito y la capacidad y que hubieran permitido captar para
esta función social, absolutamente indelegable a los mejores, a las
personas con más vocación docente.

A instancias del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
se aprobaron dos mociones, en la pasada legislatura y en la anterior.
Así, el Pleno de esta Cámara el día 9 de octubre del año 2007 aprobó una
moción sobre políticas educativas del Gobierno que incluía la instancia
al Gobierno para que adquiriera el compromiso de aprobar, dentro de
aquella legislatura, el estatuto de la función docente. No es ocioso
recordar que dicha moción fue aprobada a pesar de los votos en contra del
Grupo Parlamentario Socialista y de la Entesa Catalana de Progrés y con
la abstención de CiU, del Grupo Parlamentario Vasco y de Coalición
Canaria.

En la Comisión de Educación del 27 de mayo de 2010 se
aprobó una moción, a través de una transaccional que en este caso
apoyaron todos los grupos políticos, que establecía que el Gobierno debía
aprobar el estatuto de la función pública docente a lo largo del año 2010
y que debía convocar en el mes de julio de 2010 la mesa sectorial de
Educación para intentar alcanzar los acuerdos que hubieran conducido a la
aprobación del citado estatuto. Ahora intentamos de nuevo urgir al
Gobierno para que ponga en marcha ―y las ha puesto ya― las
negociaciones y trámites necesarios para aprobar este estatuto. Se ha
constituido ya dentro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte un
grupo de trabajo presidido por el director general de Formación
Profesional para poner en marcha todos los estudios necesarios que
conduzcan en el plazo más breve posible a la aprobación del estatuto.

El Grupo Parlamentario Popular presentó una moción que,
tras muy fructíferas negociaciones con todos los grupos parlamentarios
―y hoy quiero agradecerlo expresamente aquí―, ha conducido a
la firma por todos de una moción transaccional cuyo contenido es el
siguiente: El Senado insta al Gobierno a iniciar los trámites necesarios
para la elaboración de un estatuto de personal funcionario docente no
universitario consultando a los agentes sociales en el proceso de
elaboración de dicho estatuto que será abordado en la mesa sectorial de
Educación. Y el segundo punto es: Asimismo, respetando las competencias
de las comunidades autónomas, se iniciará un proceso negociador en el
marco de la Conferencia Sectorial de Educación para intentar alcanzar el
consenso en la redacción de dicho estatuto.

Todos los grupos parlamentarios hemos llegado a este texto
compartido y estoy seguro de que va a ser apoyado por todos los
senadores.

Gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

¿La Presidencia puede entender retiradas las enmiendas del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y las del
Grupo Parlamentario Socialista? (Asentimiento.)

Gracias.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Mixto?
(Denegación.) No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la
palabra la señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, ya en su comparecencia en la Comisión de
Educación de esta Cámara el ministro Wert anunció que su ministerio había
puesto en marcha un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de
estatuto del docente. Me imagino, por tanto, que el Grupo Parlamentario
Popular no es ajeno a la existencia de este grupo de trabajo, y dada la
correlación de fuerzas en esta Cámara no es difícil prever que esta
moción será tenida en cuenta por el Gobierno, y auguro que dentro de poco
nos encontraremos con una propuesta de redacción de un estatuto del
docente por parte del Ministerio de Educación.

Coincidimos con ustedes cuando señalan al profesorado como
elemento central de las políticas de mejora de la calidad de la educación
y estamos de acuerdo con la necesidad de buscar medidas que favorezcan
una mejora en sus condiciones de trabajo. Sin embargo, hay dos cuestiones
fundamentales que nos preocupan. En primer lugar, la búsqueda de
consenso. No es necesario que les recuerde los

motivos que hicieron fracasar el último intento de elaborar
un estatuto del docente allá por el año 2006, cuando el Gobierno de
entonces no consiguió llegar a un acuerdo mínimo con los sindicatos ni
siquiera sobre los temas que deberían ser desarrollados en el texto del
estatuto. En esa necesidad de buscar el consenso, hay dos enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el de
Convergència que finalmente han sido retiradas y que también apuntaban en
este sentido. En este caso el consenso implica un acercamiento previo a
los agentes afectados y concernidos por un eventual estatuto del docente.
Implica escuchar y buscar acuerdos con todos ellos. Y cuando hablamos de
agentes nos referimos a las comunidades autónomas, a los sindicatos,
especialmente a los sectoriales; nos referimos a las mesas sectoriales de
enseñanza y a los propios profesores y a las asociaciones profesionales
que los agrupan. El consenso requiere, que además de acercarse a esos
agentes, se les escuche y se haga un esfuerzo por alcanzar un texto que
satisfaga en buena medida a todos ellos, porque solo así tendremos la
garantía de que dicho texto redundará, efectivamente, en beneficio del
profesorado al que se pretende dignificar. El texto de su moción, por fin
la transaccional, recoge referencias en este sentido.

Hay un segundo elemento en esta moción inicial que tampoco
compartíamos y que sin embargo ha sido corregido en la moción
transaccional. Es la manifiesta vocación unificadora de la dispersa
normativa laboral que rige al profesorado. Señoría, nos alegramos de que
al final hayan quitado ese párrafo en la enmienda transaccional porque
denota la vocación manifiesta de su grupo por todo aquello que suponga
reducir el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Es vocación
manifiesta del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado la defensa de
nuestro autogobierno y las competencias propias de Euskadi. Y en los
últimos meses, desde su llegada al Gobierno, no ha habido procedimiento
legislativo en las Cortes en que ustedes no hayan obviado, ignorado o
contravenido el actual modelo competencial. Lo han hecho con la reforma
laboral, lo han intentado en el proyecto de ley de sostenibilidad
financiera que vamos a votar esta tarde, lo hicieron también en el debate
sobre el techo de gasto y me temo que lo seguirán haciendo en los
posteriores decretos porque ustedes, en el fondo, no creen en el estatuto
autonómico. Para nosotros, recoger en la moción transaccional la enmienda
que presentó el Grupo de Convergència i Unió ha eliminado esta gran pega
que encontrábamos al texto original.

Todo esto en cuanto a los contenidos de su moción, en
cuanto al fondo. Pero también tengo que referirme al tiempo y al momento
elegido por el Partido Popular para salir en defensa del profesorado.
Esto ¿qué es? ¿Una de cal y otra de arena? Porque, por poner un ejemplo,
si yo fuera una profesora de primaria estaría, cuanto menos,
desconcertada. Primero, me bajan el sueldo dos veces y, posteriormente,
eliminan los complementos retributivos, con lo cual, los nuevos proyectos
educativos que queremos implantar en mi centro tendrán que ser
desarrollados durante mi horario ordinario de trabajo. Pero es que mi
horario también ha cambiado, porque ahora tendré que dedicar veinticinco
horas a impartir clases y tendré que aumentar el número de horas de
tutoría ya que el año que viene voy a tener seis alumnos más en mi aula.
Así que no tengo horas que dedicar a los proyectos educativos que nos
exigen desarrollar los planes de calidad a los centros educativos. Y
tampoco podré seguir con los cursos de formación continua que nos exigen
para acreditar méritos en cualquier concurso u oposición. Y eso sin
contar con las horas que, además, voy a tener que dedicar a suplir a mis
compañeros de baja.

Este es el panorama real y cotidiano que afrontan cientos
de miles de profesores de primaria y secundaria desde que se anunciaron
los recortes en enseñanza. Una seria precarización de las condiciones de
trabajo que nos retrotrae al funcionamiento de la enseñanza de hace
veinte años.

¿Es acaso este estatuto del docente que ustedes pretenden
impulsar compensación suficiente a este retroceso? ¿Es así como se
dignifica la figura del profesor y como se avanza en la mejora de su
situación profesional? ¿Es así como pretenden atraer a los mejores a la
función docente? Consideramos que no, que el estatuto del docente, si
bien es un instrumento necesario y pertinente, no es compensación
suficiente frente a los recortes sistemáticos en educación, que atentan
gravemente contra la calidad de la enseñanza y perjudican sustancialmente
la situación profesional del profesorado.

Interpreten, por tanto, nuestro apoyo a esta moción
transaccional como un voto de confianza en su capacidad para mostrar
igual flexibilidad, altura de miras y sentido común en la aplicación de
los recortes anunciados la semana pasada en materia de educación, como
han demostrado hoy en la negociación previa de esta moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Presidente, señorías.

Des de l’Entesa recolzarem, davant l’escenari
de consens i el convenciment de la necessitat de regular-lo,
l’estatut del docent plasmat en la transaccional.

Un dels motius per tirar endavant aquest estatut és donar
compliment a la Constitució en el seu article 103.3. Cal dir que ja hi ha
un camí recorregut, ja hi ha una feina feta que no va assolir la
signatura d’aquest estatut, però que utilitzant el diàleg va ser
capaç d’arribar a punts d’enteniment, tot i que cal adaptar
als nous temps la feina feta al respecte.

La societat moderna en la qual vivim ha sofert canvis a
passos de gegant; canvis en les tecnologies de la comunicació i la
informació, avenços en el coneixement. La pertinença com a estat membre a
la Unió Europea obliga conseqüentment en l’objectiu d’assolir
els nivells establerts a Europa amb polítiques educatives, les noves
titulacions universitàries. Tanmateix, canvis amb l’assoliment de
més grau d’igualtat en el món laboral per part de les dones,
polítiques educatives descentralitzades en les comunitats autònomes. Per
tant, és evident que els professionals de la docència també es veuen
empesos a evolucionar a mesura que ho fa la societat.

Tot plegat, comporta que el desenvolupament de la seva
professió contempli nous escenaris que cal regularitzar. Partint de la
base que les comunitats autònomes tenen les competències en educació
transferides, cal establir l’espai de diàleg i consens entre el
Govern, mesa sectorial i comunitats autònomes, amb l’objectiu de
configurar una base o estructura comú de consens. Cal una norma única que
serveixi de marc per establir els drets i deures de treballadors i
treballadores de l’educació pública. També cal definir els perfils
professionals de tot el servei públic educatiu, les condicions en les
quals es desenvolupa la professió, els requisits i formació per accedir a
la carrera docent de qualsevol nivell educatiu, però sempre garantint
l’equilibri entre la seva aplicació com a marc de referència a tot
l’Estat espanyol i l’especificitat de la comunitat autònoma
on s’exerceixi. Un exemple clar és l’EBEP, norma marc
d’aplicació a tot empleat públic de l’Estat espanyol amb el
consens de les comunitats autònomes i les entitats locals.

També ha de contemplar els objectius i finalitats que la
societat diposita en el nostre sistema educatiu. Aquests passen per la
transmissió de coneixements, la motivació dels alumnes, la formació en
valors ciutadans, dotar els alumnes de la capacitat de conèixer i
aprendre per si mateixos, ampliar i renovar els coneixements. I el més
important: cal que l’educació pública representi un ensenyament
modern, científic i laic, per garantir una societat avançada, però que
alhora el professorat pugui comprovar que es valora el seu esforç i
dedicació a la docència. Ha de servir per homologar les condicions de
treball que tenen la resta de docents europeus, per tal de convergir en
un únic sistema educatiu amb garanties de progrés en benefici de
tots.

Gràcies. (Aplaudiments.)

La Entesa apoyará, ante el escenario de consenso y el
convencimiento de la necesidad de su regulación, el estatuto del docente
plasmado en la transaccional.

Uno de los motivos para sacar adelante este estatuto es dar
cumplimiento a la Constitución en su artículo 103.3. Ya existe un camino
recorrido, un trabajo hecho que no llegó a la firma de este estatuto pero
que, empleando el diálogo, fue capaz de llegar a puntos de entendimiento,
aunque es necesario adaptar a los nuevos tiempos el trabajo realizado al
respecto.

La sociedad moderna en la que vivimos ha sufrido grandes
cambios, a paso de gigante, en las tecnologías de la comunicación y la
información, así como mejoras en el conocimiento. Como consecuencia de
nuestra pertenencia como Estado miembro a la Unión Europea necesitamos
una adecuación a las políticas educativas europeas, a las nuevas
titulaciones universitarias. Asimismo, hay que tener en cuenta el alcance
de un mayor grado de igualdad en el mundo laboral por parte de las
mujeres y desarrollar políticas educativas descentralizadas en las
comunidades autónomas. Es evidente, por tanto, que los profesionales de
la docencia también se ven empujados a evolucionar a medida que lo hace
la sociedad.

Todo ello conlleva que el desarrollo de su profesión
contemple nuevos escenarios que hay que regularizar. Partiendo de la base
de que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en
educación, hay que establecer el espacio de diálogo y consenso entre el
Gobierno, el sector y las comunidades autónomas con el objetivo de
configurar una base o estructura común de consenso. Es necesaria una
norma única que sirva de marco para establecer los derechos y deberes de
los trabajadores y trabajadoras de la educación pública. También hay que
definir los perfiles profesionales de todo el servicio público educativo,
las condiciones en las que desarrollan la profesión, los requisitos y la
formación para acceder a la carrera docente de cualquier nivel educativo,
pero siempre garantizando el equilibrio

entre su aplicación como marco de referencia en todo el
Estado español y la especificidad de la comunidad autónoma donde se
ejerza. Un ejemplo claro es el EBEP, norma marco de aplicación a todo
empleado público del Estado español con el consenso de las comunidades
autónomas y las entidades locales.

También debe contemplar los objetivos y finalidades que la
sociedad deposita en nuestro sistema educativo. Estos pasan por la
transmisión de conocimiento, la motivación de los alumnos, la formación
en valores ciudadanos y la dotación a los alumnos de la capacidad de
conocer y aprender por sí mismos y de ampliar y renovar los
conocimientos. Y lo más importante: es necesario que la educación pública
represente una enseñanza moderna, científica y laica para garantizar una
sociedad avanzada, pero permitiendo que al mismo tiempo el profesorado
pueda comprobar que se valora su esfuerzo y dedicación a la docencia.
Debe servir para homologar las condiciones de trabajo que tienen el resto
de los docentes europeos con el fin de convergir en un único sistema
educativo con garantías de progreso en beneficio de todos.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor
president.

Senyories, molt bon dia a tothom. Avui, aquesta moció que
ens presenta el Grup Parlamentari Popular, i en la qual hem transaccionat
tots els grups, ens dóna una gran oportunitat de parlar dels mestres,
dels nostres professors, dels nostres professionals. Jo d’entrada
vull manifestar la satisfacció per haver fet aquesta transaccional que
d’alguna manera posa de manifest que quan parlem dels mestres i
dels professors hem de ser capaços de donar un missatge conjunt i clar,
un missatge d’estima i de valoració des del punt de vista
parlamentari i des del punt de vista, també, social.

Es parla molt de l’educació, de la importància que
té, i més en el context actual en el qual ens trobem; de la gran
importància que adquireix la formació professional, de la situació i dels
sistemes educatius, però sovint parlem molt d’això però poc
d’aquests professionals que són els mestres i els professors.
Quantes vegades se’ls consulta o se’ls demana opinió de com
s’hauria d’enfocar una reforma educativa —per exemple
ara que estem davant d’una d’elles, tal com ens ha anunciat
el ministre d’Educació— o dels efectes que pot tenir
l’increment en les aules o de la situació de la formació
professional? Doncs la veritat és que ben poques vegades i, no obstant,
la qualitat dels sistemes educatius depèn de la qualitat dels mestres i
dels seus professors.

Així doncs, parlem-ne. Jo també voldria fer-ho i intentar
posar de manifest la importància transcendental dels mestres en la
qualitat d’un sistema educatiu, i per fer-ho voldria posar com a
exemple un informe de la consultoria McKinsey, que segurament vostès
coneixen, i que és una consultoria que es dedica a fer estudis
d’organitzacions com, per exemple, dels diferents sistemes
educatius de tot el món, tot analitzant les claus de l’èxit sobre
la base d’haver fet un estudi comparatiu dels deu millors sistemes
educatius del món, entre altres, el de Finlàndia, Corea del Sud, Japó o
Canadà. En aquest estudi s’obté una conclusió claríssima: el nivell
educatiu d’un país depèn de la formació, motivació i
l’aprenentatge permanent dels seus professors.

L’informe PISA s’ha convertit en la principal
obra de referència sobre la qualitat de l’educació al món, al donar
resultats acadèmics normalitzats, que permeten comparacions
internacionals i donen pistes d’allò que funciona i el que no
funciona. No obstant, les claus del l’èxit o del fracàs no es
descobreixen a primera vista i, sovint, països que han triplicat les
inversions no estan, o no aconsegueixen estar, en el grup dels millors, i
països com, per exemple, Corea del Sud, que és un dels que està entre els
quatre primers en totes les proves, té una gran massificació a les
aules.

Per tant, els factors decisius per la qualitat del sistema
educatiu no són fàcilment quantificables i l’estudi McKinsey
conclou que el denominador comú en els països que encapçalen el rànquing
PISA —Hong Kong, Finlàndia, Corea del Sud i Japó, com he dit
abans— són tres: contracten els millors professors, els cuiden des
del punt de vista formatiu i, sobretot, de consideració social, perquè
puguin donar el millor de si mateixos; i intervenen d’immediat quan
els resultats dels alumnes comencen a baixar. Per tant, la qualitat
d’un sistema educatiu no pot ser millor que la dels seus
professors.

M’agradaria també posar d’exemple —i
n’he parlat recentment en la compareixença del ministre en la
comissió d’Educació, i també aquí— del model finlandès, que
també l’hem de posar com a exemple, com a paradigma, com un model a
seguir. És un model que es caracteritza pel gran èxit que assoleix en
totes

les proves que dèiem dels informes PISA, i que la clau està
en la gran consideració social, sobretot, que donen al mestre i al
professor. Els docents tenen una gran consideració social; la societat
finlandesa vol els millors mestres, els mimen, els cuiden, els formen.
D’aquí que el procés de selecció sigui tan rígid, tan rigorós,
perquè, en definitiva, volen el millor per a l’educació dels seus
fills.

Per tant, amb aquests exemples es posa de manifest que la
qualitat d’un sistema educatiu depèn, prioritàriament, dels seus
mestres, de la seva formació, del seu aprenentatge constant i també, com
no, de la consideració que pugui tenir des del punt de vista social.

Per tant, per què hem parlat aquí de l’informe
McKinsey, del model finlandès? Doncs sincerament per deixar ben clar que
l’èxit de l’educació i d’un sistema educatiu passa
necessàriament pel mestre i pel professor. És necessari un major
reconeixement social, és necessari prestigiar la seva professió, i com es
regula la funció docent és tremendament important. La formació al llarg
de la seva vida és de vital importància i la carrera docent ha
d’esdevenir un estímul.

En definitiva, nosaltres estem d’acord amb iniciar i
posar en marxa aquest estatut del professorat que hauria de contemplar
aquests aspectes: l’entrada a la funció docent, la seva formació,
la seva formació al llarg de tota la vida i, com no, el prestigi social
que hagi de tenir i la seva carrera docent. En conclusió, crec que tots
plegats hem de tenir molt present que si volem anar avançant en
l’excel·lència del sistema educatiu hem de tenir una cosa molt
clara: els mestres i els professors en són els veritables artífexs.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días a todos. La moción que hoy nos
presenta el Grupo Parlamentario Popular, y que todos hemos
transaccionado, nos da una gran oportunidad para hablar de nuestros
docentes, de nuestros profesores, de nuestros profesionales. De entrada
quiero manifestar la satisfacción por haber llegado a esta transaccional
que, de alguna forma, pone de manifiesto que cuando hablamos de los
profesores debemos ser capaces de dar un mensaje conjunto, claro, de
cariño y de valoración desde el punto de vista parlamentario y también
desde el punto de vista social.

Se habla mucho de la importancia que tiene la educación, y
más aún en el contexto actual en el que nos encontramos; de la gran
importancia que adquiere la formación profesional, de la situación y de
los sistemas educativos, pero a menudo hablamos mucho de ello y poco de
estos profesionales que son los profesores. ¿Cuántas veces se les
consulta o se les pide opinión sobre cómo debería enfocarse una reforma
educativa —como sucede, por ejemplo, ahora, que estamos ante una de
ellas, tal como nos ha anunciado el ministro de Educación— o sobre
los efectos que puede tener el aumento en las aulas o la situación de la
formación profesional? La verdad es que muy pocas veces y, no obstante,
la calidad de los sistemas educativos depende de la calidad de sus
profesores.

Hablemos, pues, sobre ello. Yo quisiera hacerlo y quisiera
intentar poner de manifiesto la importancia trascendental de los
educadores en la calidad de un sistema educativo, y para ello quisiera
poner como ejemplo un informe de la consultoría McKinsey, que seguramente
conocen, y que se dedica a hacer estudios de organizaciones como, por
ejemplo, de los distintos sistemas educativos de todo el mundo,
analizando las claves del éxito sobre la base de un estudio comparativo
de los diez mejores sistemas educativos del mundo como son, entre otros,
el de Finlandia, el de Corea del Sur, el de Japón o el de Canadá. Y en
este estudio se obtiene una clarísima conclusión: el nivel educativo de
un país depende de la formación, motivación y aprendizaje permanente de
sus profesores.

El Informe PISA se ha convertido en la principal obra de
referencia sobre la calidad de la educación en el mundo ya que ofrece
resultados académicos normalizados que permiten comparaciones
internacionales y dan pistas sobre lo que funciona y sobre lo que no
funciona. No obstante, las claves del éxito o del fracaso no se descubren
a primera vista y a menudo países que han triplicado las inversiones no
están, no llegan a estar en el grupo de los mejores, y países como Corea
del Sur, que es uno de los cuatro primeros en todas las pruebas, tiene
una gran masificación en las aulas.

Por lo tanto, los factores decisivos para la calidad del
sistema educativo no son fácilmente cuantificables y el estudio McKinsey
concluye que el denominador común en los países que encabezan el ranking
PISA —Hong Kong, Finlandia, Corea del Sur y Japón, como antes he
mencionado— son tres: Primero, contratan a los mejores profesores,
los cuidan desde el punto de vista formativo y, sobre todo, desde su
consideración social para que puedan dar lo mejor de sí mismos;
intervienen de inmediato cuando los resultados de los alumnos empiezan a
bajar. Por lo tanto, la calidad de un sistema educativo no puede ser
mejor que la de sus profesores.

Asimismo, me gustaría poner de ejemplo —recientemente
se ha hablado sobre ello en la comparecencia del ministro en la Comisión
de Educación y también aquí— el modelo finlandés, que tenemos que
entender como paradigma, como un modelo a seguir. Es un modelo que se
caracteriza por el gran éxito que alcanza en todas las pruebas que
mencionábamos de los informes PISA, cuya clave está sobre todo en la gran
consideración social que da al docente, al profesor. Tienen una gran
consideración social, la sociedad finlandesa quiere los mejores
profesores, los miman, los cuidan, los forman. De ahí que el proceso de
selección sea tan rígido, tan riguroso porque, en definitiva, quieren lo
mejor para la educación de sus hijos.

Con estos ejemplos se pone de manifiesto que la calidad de
un sistema educativo depende prioritariamente de sus docentes, de su
formación, depende de su aprendizaje constante y también de la
consideración que se pueda tener de ellos desde un punto de vista
social.

Por lo tanto, ¿por qué hemos hablado aquí del informe
McKinsey, del modelo finlandés? Sinceramente, para dejar bien claro que
el éxito de la educación y de un sistema educativo pasa necesariamente
por el docente y por el profesor. Es necesario un mayor reconocimiento
social, es necesario prestigiar su profesión, y cómo se regula la función
docente es tremendamente importante. La formación a lo largo de su vida
es de vital importancia y la carrera docente debe ser un estímulo.

En definitiva, nosotros estamos de acuerdo en iniciar y
poner en marcha este estatuto del profesorado, que debería contemplar
estos aspectos: la entrada en la función docente, su formación a lo largo
de toda la vida y, cómo no, el prestigio social que deban tener y su
carrera docente. En conclusión, todos juntos debemos tener muy presente
que si queremos avanzar en la excelencia del sistema educativo debemos
tener muy claro que los docentes y los profesores son sus verdaderos
artífices.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Álvarez
Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Buenos días, señor presidente.

Señorías, en primer lugar querría precisar —ya lo he
notificado al portavoz del Grupo Popular— que ha habido un error,
involuntario sin duda, al leer la transaccional que se ha firmado y que
literalmente queda de la siguiente forma: El Senado insta al Gobierno a
iniciar los trámites necesarios para la elaboración de un estatuto del
personal funcionario docente no universitario, en continuo diálogo con
los agentes sociales en el proceso de elaboración de dicho estatuto, que
será abordado en la Mesa Sectorial de Educación e incorporará una memoria
económica de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, respetando las
competencias de las comunidades autónomas, se iniciará un proceso
negociador en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación para
intentar alcanzar el consenso en la redacción de dicho estatuto. Lo digo
para que quede constancia en el Diario de Sesiones y así tener la
literalidad de la transaccional firmada.

En mi intervención, quisiera señalar, en primer lugar, que
creo que es un hecho positivo que se inste a alcanzar un acuerdo en un
tema tan complejo como este, y es complejo porque en el mismo itinerario
de negociación que tuvo el Gobierno socialista no se alcanzó un acuerdo y
no por falta de voluntad, porque ha habido borradores, incluso en algunos
de ellos prácticamente alcanzamos un estadio final en la redacción, y no
se pudo hacer, fundamentalmente, porque es un tema que afecta muchísimo
al ámbito laboral —como efectivamente se recoge en esta
transaccional—, al ámbito de las negociaciones con los sindicatos
más representativos del sector y también, fundamentalmente, con las
comunidades autónomas, que tienen la responsabilidad de hacer frente a
una gran parte del gasto que se origina como consecuencia del proceso de
un estatuto que lleva consigo, nada menos, que la formación inicial, el
acceso a la función docente, la carrera profesional, los temas
relacionados con la jubilación, en fin, temas de gran complejidad y que
requieren, naturalmente, de una memoria económica y, por tanto, de una
disponibilidad de financiación que tiene que ser inherente al acuerdo
político a cuyo alcance se acaba de instar.

Por tanto, esto es positivo, pero no podemos olvidar que
estamos en un contexto en el que las noticias y las acciones que se
desarrollan son absolutamente contradictorias con esta iniciativa de la
que hoy estamos hablando aquí. Lo que ha sucedido en estas últimas
semanas, a través del proyecto de Presupuestos Generales del Estado
presentado por el Gobierno junto con las medidas posteriores a esa
presentación, que han culminado con el recorte de 3 000 millones de euros
en el ámbito educativo, nos presenta un panorama, fundamentalmente, de
absoluta contradicción con algunas de las premisas que aquí se
establecen. Sin duda, la calidad del profesorado es un factor clave a la
hora de mejorar los

resultados en un sistema educativo, pero, desde luego, no
creo que esa calidad pueda mejorarse aumentando las horas lectivas,
aumentando las ratios. Tampoco podemos decir que haya sido muy positivo
que, aunque se anuncie que en la próxima década habrá del orden de 200
000 profesores que se van a jubilar, las ratios de reposición están en
unas cifras que, en estos momentos, son del 10%. Así pues, en esa década,
la reposición de efectivos al sistema público va a ser muchísimo menor
que lo que ahora tenemos y, por tanto, la pérdida de calidad y el
tratamiento hacia el profesorado no es acorde con esos postulados
positivos que se enunciaban en esta moción.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012
refleja en sus contenidos, como decía, todo lo contrario de lo que, por
coherencia, debería ser una prioridad política. Nosotros estamos en un
contexto de crisis, hay reducción presupuestaria, pero cuando definimos
una prioridad política no significa que el recorte en educación supere el
promedio del recorte en el conjunto de ministerios. El conjunto de
ministerios tiene un promedio de recorte del 16,9 % y en educación
estamos en un 21,9 %. Por tanto, no es una prioridad política porque no
es una prioridad presupuestaria. Las becas se recortan un 21,9 %, que
representa más de la mitad del gasto total educativo, más de 166,4
millones de euros; desaparecen diez de los diecisiete programas de
cooperación territorial con las comunidades autónomas, algunos de ellos
muy sensibles para la formación del profesorado y otros, como el Plan
Educa3, que estaba dotado con 100 millones de euros, fundamental para el
desarrollo educativo de niños y niñas de 0 a 3 años, que facilita la
conciliación familiar y laboral y que figuraba también como una prioridad
en el programa actual del Gobierno; desaparece el Programa Escuela 2.0,
que estaba dotado con 100 millones de euros, destinado a facilitar el uso
de las nuevas tecnologías por parte de la población escolar y bien
evaluado en muchas comunidades autónomas. Y todo ello, como dije, se
agrava con el recorte de 3 000 millones de euros, que, desde mi punto de
vista, se traduce en el mayor retroceso en las políticas educativas de
todo el período democrático, justamente cuando más se necesitaba el
impulso de la formación y de la cualificación de nuestros jóvenes para
afrontar el futuro y buscar una salida a la difícil situación actual. Las
universidades tampoco se libran del recorte pues sus programas se reducen
un 62,5 %; pero me centraré en el ámbito no universitario, que es al que
nos estamos refiriendo específicamente. Sin duda, todo ello supone un
gran ataque y una desinversión en relación con los logros alcanzados
durante los últimos treinta años en la educación española. Habrá decenas
de miles de profesores menos en la escuela pública, más alumnos por aula
al elevarse las ratios máximas que fija la LOE para primaria y secundaria
y se elevará el horario lectivo del profesorado. Asimismo, todo ello se
traducirá no solo en pérdida de calidad sino en la eliminación de miles
de empleos, lo cual afectará a interinos y contratados ya que unos verán
reducidas las unidades escolares y otros sufrirán los efectos de la
reforma laboral, que va a permitir despidos sin grandes justificaciones
no solo en el ámbito privado sino también en la función pública.

Señorías, no podemos olvidar que este tipo de medidas,
ahora acentuadas, ya se promovieron en varias comunidades autónomas. Por
lo tanto, se va a producir un gran retroceso, pues se compromete el
futuro de los jóvenes de nuestro país —ya que va a bajar la calidad
de la educación— y se rompe el principio de igualdad. Sin duda,
existe una gran incoherencia entre lo que se prometió —no solamente
en el programa electoral sino en sede parlamentaria— y lo que está
sucediendo en la práctica. Por ello, tenemos fundadas reservas de que lo
que hoy es positivo en esta transaccional, —cuantos más consensos y
acuerdos logremos en el ámbito educativo será mucho mejor— en la
práctica, vaya en dirección contraria —tal y como ahora
ocurre— y contradiga incluso afirmaciones del propio presidente del
Gobierno, que el día 4 de noviembre de 2011 dijo explícitamente que iba a
meter la tijera en todo salvo en pensiones, sanidad y educación y, sin
embargo, no ha sido así.

Nosotros queremos atraer a los mejores profesionales a la
función docente, para lo cual es necesario mejorar la formación inicial,
los procesos de selección, la formación en la práctica y establecer un
modelo de carrera profesional que reconozca una mayor implicación en la
mejora de los resultados del alumnado. Por supuesto, queremos que sean
evaluados, para que los resultados de los nuevos grados de infantil y
primaria y del máster en secundaria en todo lo que significa el ámbito
educativo se ajusten a las competencias que requiere el profesorado en
las distintas etapas educativas. Asimismo, consideramos que el nuevo
sistema de acceso a la función pública docente debería incluir una
formación general y una fase de prácticas docentes formativas que habrá
que precisar a través del diálogo.

El sistema de evaluación nos tiene que permitir —como
señala el informe McKinsey, al que se hacía referencia— identificar
a los mejores docentes e incentivarlos para ingresar en un colectivo de
profesores que apoyen las tareas de orientación y asesoramiento de los
centros con problemas de fracaso escolar, además de coordinar el
funcionamiento de aulas de refuerzo.

Señorías, queremos establecer un modelo de carrera
profesional que valore el trabajo realizado en los centros, que
fundamente también esa evaluación y ese trabajo en el desarrollo de
acciones y proyectos de innovación e investigación educativa y, sobre
todo, que tenga como objetivo la mejora del rendimiento escolar de todo
el alumnado. Ese modelo debe incentivarse y motivar al profesorado, así
como estimular el prestigio social que nosotros siempre tratamos de
impulsar en todos los ámbitos. Y no olvidemos la necesidad de reforzar la
formación inicial de los aspirantes a las direcciones de los centros a
través de un nuevo programa de formación en el marco de la Conferencia
Sectorial de Educación.

Por lo tanto, tenemos por delante una gran tarea en este
asunto tan complejo, que afecta a diferentes vertientes y que integra
normas dispersas del ámbito laboral que afectan a la columna vertebral
del sistema educativo que es imprescindible negociar. No concibo un
estatuto de la función docente para empleados públicos en el ámbito no
universitario que no lleve implícita una negociación a fondo, tanto en la
Mesa Sectorial de Educación como con las comunidades autónomas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino, señor presidente.

Se está hablando mucho del Estado autonómico. Vivimos
épocas de desprestigio que parecen otorgar a las autonomías la
responsabilidad de lo que a veces se denomina despilfarro cuando, en
realidad, estamos hablando del gasto que originan los sistemas públicos
del Estado del bienestar, configurado en las decisiones políticas que se
tomaron cuando se negoció el sistema de financiación autonómica.
Precisamente, lo que hoy está fallando son fundamentalmente los ingresos,
y es muy injusto acusar a las comunidades autónomas de despilfarro en los
gastos que origina el sistema de bienestar cuando sabemos que
fundamentalmente están fallando los ingresos y que se está haciendo un
gran esfuerzo en el gasto en la eficiencia.

Por tanto, estamos a favor de un estatuto público, con
memoria económica, negociado con los agentes sociales, con las
representaciones sindicales, pero también con las comunidades autónomas,
en el marco de la política que siempre se debe hacer en este ámbito,
consensuada y con acuerdos, ya que implica a todos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Peral.

El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señor
presidente.

Como ha dicho don Vicente Álvarez Areces, cometí una
omisión cuando leí la moción transaccional, y, efectivamente, se incluye
que haya continuo diálogo con los agentes sociales y que se incorpore una
memoria económica, por otra parte, de acuerdo con lo que exige la
normativa vigente.

No quisiera aquí anticipar el debate sobre los Presupuestos
y, especialmente, sobre las medidas que el Gobierno ha tenido que adoptar
en todos los ámbitos de su actuación, y también en educación, porque la
situación económica es gravísima. Antes he dado datos acerca de lo
distinta que es ahora nuestra situación económica en cuanto a déficit
presupuestario, lo que pagamos por nuestra deuda, en comparación a la que
existía cuando José Luis Rodríguez Zapatero accedió al poder tras las
elecciones de 2004. Muchas cosas que entonces se podían haber hecho no se
hicieron. Y ahora las vamos a hacer, pero nos va a costar un poquito más
a todos.

Por eso, el Gobierno ha hecho un verdadero esfuerzo por
adaptar los Presupuestos a las necesidades, que no solamente nosotros
mismos consideramos que son inaplazables sino que desde la Unión Europea
y el sistema económico mundial nos vienen, en buena medida, impuestas. Y
creo que el Gobierno lo ha conseguido sin renunciar, en absoluto, a sus
compromisos de mejora de la calidad, de la equidad y la libertad en el
sistema educativo. Y voy a poner un ejemplo. Se ha hablado de las ratios.
Siempre he sido contrario al fundamentalismo de las ratios, sobre todo
porque tengo cerca la práctica de cómo notorios miembros del Partido
Socialista llevan a sus hijos a muy prestigiosos colegios privados donde
las ratios superan, por ejemplo, los 30 alumnos por clase, y no creo que
sean malos padres, ni muchísimo menos; simplemente, eligen y pagan la que
consideran mejor educación para sus hijos. Pero, si nos comparamos, por
ejemplo, con la OCDE, vemos que las ratios de España son inferiores a las
de la Unión Europea. Así, en enseñanza primaria, tenemos 14,3 alumnos por
clase, frente a la media de 16,9 en la OCDE; y en enseñanza secundaria,
10,8, frente a 13,3. Quiere decir que, por supuesto, es bueno que haya
pocos

alumnos en la clase, pero, señorías, sin fundamentalismos,
porque la mayor parte de las personas que estamos aquí, y, muy
especialmente, quienes pusieron en marcha en el Partido Socialista la
para mí desdichada política pedagógica de los últimos años estudiaron con
un número de alumnos por clase muy superior a estos y me parece que no
les ha ido tan mal. ¿No, señorías?

Por otra parte, en cuanto al gasto público, también tenemos
que dar a conocer cifras que a veces no lo son en el debate ideológico
que se produce en torno a la educación, y la educación necesita muchas
cifras, muchas estadísticas y muchas comparaciones. Por ejemplo, nuestro
gasto público por alumno de la enseñanza pública, en datos de la OCDE del
año 2008, es de 9 833 dólares, con paridad de poder adquisitivo, es
decir, un 21 % superior a la media de la Unión Europea, que es de 8 146
dólares; un 12 % superior al gasto de Finlandia y Francia y un 19 %
superior al del Reino Unido, gobernado en aquellos años por el Partido
Laborista, hermano del Partido Socialista Obrero Español. Y es que no
todo en la educación es el gasto educativo.

Por poner el ejemplo tantas veces traído de Finlandia, si
nosotros nos alineásemos con ese país admirable por muchas razones, y,
entre otras, por el patriotismo muchas veces demostrado por sus
ciudadanos, tendríamos que pagar un 10 % menos a los profesores y mandar
a su casa al 10 %, porque allí las ratios de alumnos por profesor son
superiores a las de España. Evidentemente, no vamos a hacer eso, nadie lo
va a preconizar, pero no elevemos el gasto educativo a una categoría que,
siendo importante, sin duda no lo merece.

Y también es importante destacar que en la Unión Europea se
están dando más horas lectivas en lengua y matemáticas que en España y, a
lo mejor, eso está detrás de algunos resultados de nuestros jóvenes, no
solo a la hora de integrarse en un puesto de trabajo, sino de abandonar
prematuramente los estudios, algo en lo cual duplicamos —y es una
verdadera desgracia— la ratio de la Unión Europea. Nosotros tenemos
un 28 % de alumnos que padecen abandono escolar prematuro frente al 14 %
de la Unión Europea.

Y los resultados del Informe PISA ponen de manifiesto lo
que estoy diciendo. España obtuvo en el último 481 puntos frente a una
media de la OCDE de 493. Pero lo malo no es esto, lo malo es que las
diferencias entre las comunidades autónomas son verdaderamente
preocupantes. La comunidad que ha obtenido más puntuación es la de
Madrid, con 503 puntos, y no voy a decir cuál es la última pero sí que
obtuvo 448; una diferencia de 55 puntos, superior a lo que en la OCDE se
considera un curso escolar. Cuando hay una diferencia de más de 39 puntos
se considera que ese alumno está un curso escolar por debajo de los que
obtienen una mejor nota.

Asimismo, las medidas que ha tenido que adoptar el Gobierno
para proponérselas a las comunidades autónomas en la conferencia
sectorial son verdaderamente importantes. Las medidas de los
presupuestos, que trataremos el mes que viene, recogen ese compromiso del
Gobierno de mantener sus objetivos y compromisos, pero racionalizando el
gasto educativo, señorías.

Y no quiero eludir el debate sobre los programas de
cooperación territorial. Ahí lo que se ha hecho es priorizar el Programa
PROA, que tiende a reducir algo que a mí no me gusta mencionar: el
llamado fracaso escolar. Y una vez más no tengo inconveniente en decir
aquí que hay que desterrar esa palabra; de hecho, a ninguno de nosotros
nos gustaría que nos llamaran fracasados políticos por no conseguir un
objetivo concreto un año determinado. Cabe citar también el programa para
disminuir el abandono temprano y los programas de aprendizaje para
lenguas extranjeras.

En lo referente a las becas, su porcentaje sobre el gasto
consolidado de la Secretaría de Estado de Educación incluso aumenta. Era
el 53 % antes y ahora pasa a ser el 66 %. Es decir, casi dos de cada tres
euros que la Secretaría de Estado de Educación invierte se dedican a las
becas.

Y se mantienen, señorías, por mucho que ustedes digan lo
contrario, los importes para las becas de carácter general para
universitarios y no universitarios. Ahora bien, algunas becas, que
verdaderamente no tenían mucho sentido y no nos podemos permitir en este
momento, se van a reducir, por ejemplo las becas para el aprendizaje de
idiomas extranjeros en otros continentes. No tiene sentido, señorías, que
un país que tiene los problemas que tiene para financiarse en el
exterior, con un déficit del 8,5 % y en recesión económica, envíe a 7 000
alumnos a otros continentes a aprender idiomas extranjeros: 106 alumnos a
Nueva Zelanda, 1 297 a Canadá, 290 a Australia y 5 376 a los Estados
Unidos. Me dan una envidia inmensa pero creo, sinceramente, que no
podemos seguir financiando este tipo de turismo educativo cultural.

También, lógicamente, se han abordado ajustes en otros
conceptos, por ejemplo los campus de excelencia. Aquí hemos llegado al
concepto muy español de que todo es excelente y prioritario y, así,

mientras Alemania tiene 9 campus de excelencia, aquí
tenemos 31. ¿Nos van a dejar chicos los alemanes?, pues, evidentemente,
no. Pero luego esto requiere cofinanciación por parte de las comunidades
autónomas y, como solo dos de ellas han cumplido este requisito, el
resultado es que en el año 2011 solo se ejecutó el 1,37 % de esta
partida. Lógicamente, en un momento de ajustes esta partida ya no tiene
sentido.

Lo mismo sucede con las becas Erasmus, pues estábamos
financiando a nuestros alumnos Erasmus con una cantidad superior a la
media de la Unión Europea; una cantidad de la que solo se beneficiaban
—y esto hay que recordarlo, señorías— el 1,73 % del total de
los alumnos universitarios. Como todos sabemos pero no nos atrevemos a
decir en público, las familias que pueden enviar a sus hijos a
beneficiarse de una beca Erasmus no son la mayoría sino solo aquellas que
pueden complementar de alguna forma el gasto que supone mantener a un
hijo en el extranjero.

Y lo mismo se puede decir, por ejemplo, del Programa
Educa3. Aquí también ha habido mucha hipocresía, señores. Ya verán
ustedes cómo cuando se debata aquí el presupuesto los parlamentarios
socialistas, tanto aquí como en el Congreso, se abrirán las carnes
diciendo que cómo se suprime este nivel educativo. Sin duda, se abrirán
las carnes, pero resulta que cinco comunidades autónomas gobernadas en su
momento por el Partido Socialista tenían ubicado el 0 a 3 en servicios
sociales. Exactamente, son las comunidades de Andalucía, Asturias,
Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha. No sé si lo considerarían un
nivel educativo pero, desde luego, el consejero competente era el de
Servicios Sociales.

Y lo mismo ocurre con el Programa Escuela 2.0. Este
programa se concretó en suministrar ordenadores de muy baja calidad a los
alumnos, sin prever formación y contenidos. No todas las comunidades
autónomas quisieron participar en el mismo y ahora va a ser sustituido
por un nuevo programa TIC, que lo primero que va a hacer es una
plataforma electrónica de aprendizaje para mejorar la gestión de
contenidos.

En la Comisión de Educación del Congreso se habló —se
lo anticipo a ustedes para que lo conozcan— de un informe
preliminar del Ministerio de Educación sobre evaluación general de
diagnóstico y ese informe determinó que las notas de los niños que usaban
a diario el ordenador estaban muy por debajo de las que no lo usaban casi
nunca. Esta información fue eliminada, señorías, del informe definitivo.
O sea, que aquí tampoco ha habido la transferencia que requiere el
sistema educativo, algo en lo que estamos interesados, estoy seguro,
todos los grupos políticos, todas las familias españolas y, por supuesto,
los maestros y profesores objeto de esta moción transaccional a la que
hemos llegado.

Quiero terminar mi intervención volviendo a agradecer a los
maestros y profesores todo lo que hicieron por nosotros. Los grandes
maestros, señorías, nunca mueren, viven para siempre en el recuerdo
agradecido de sus alumnos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Hay una propuesta de modificación firmada por todos los
grupos parlamentarios.

¿Se entiende aprobada la moción por asentimiento?
(Asentimiento.)

Gracias.

Queda aprobada.

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR
ANTE LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY QUE REFORME DE MANERA
INTEGRAL LA ACTUAL LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACIÓN Y DE
PLANTA JUDICIAL.

(Núm. exp. 662/000018)

AUTOR: GPP

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Punto 5.2. Moción
por la que se insta al Gobierno a presentar ante las Cortes Generales un
proyecto de ley que reforme de manera integral la actual Ley 38/1988, de
28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. El ministro de Justicia, en sus
distintas comparecencias, tanto en esta Casa como en el Congreso, ha
puesto de manifiesto que los pilares de nuestra justicia son básicamente
dos: la eficacia y la equidad, y sobre la base de esa eficacia y de esa
equidad deben pivotar las reformas de nuestra justicia y concretaba esos
dos principios en tres grupos de medidas: en primer lugar, en la
actualización del modelo; en segundo lugar, en gestionar con eficacia y,
en tercer lugar, en ofrecer seguridad jurídica. Pues bien, la moción que
presenta el Grupo Parlamentario Popular se enmarca en la actualización
del modelo, en la actualización de la reforma de la justicia, de nuestra
maltrecha justicia, y en eso, absolutamente todos, estamos de
acuerdo.

La Ley 38/1988 ha cumplido casi 24 años, estableciendo lo
que era la demarcación y la planta judicial del territorio español. Ha
sido una buena ley y lo ha demostrado porque ha tenido casi 24 años de
vigencia, si bien ha tenido que ser modificada legislativamente en 14
ocasiones y desarrollada por 62 reales decretos.

Señorías, son muchos los frentes que tiene la justicia de
hoy en día y hemos manifestado continuamente nuestra voluntad de cambio.
No podemos caer en la autocomplacencia. Nuestra reforma, nuestra
maltrecha justicia requiere una reforma integral de la justicia. Pasa
porque reformemos integralmente nuestra justicia. Hoy la sociedad
española no es la que era en 1988. Hoy nuestra sociedad está más formada,
es tecnológicamente más moderna y mucho más técnica. Además, hoy los
ciudadanos exigen a la Administración de Justicia una serie de servicios
externos que en su momento no le eran exigidos, como, por ejemplo, los
gabinetes psicosociales de familia, los puntos de encuentro familiar, los
servicios de atención al ciudadano y a las víctimas, las unidades de
valoración de riesgo del daño corporal y las unidades de policía
judicial. Todo eso lo debemos entender y compartir para comprender que
debe reformarse la justicia teniendo esas previsiones que hoy día nos
exige la ciudadanía.

Por ello, debemos conjugar el presente con el futuro, lo
antiguo con lo moderno, la estructura judicial que tenemos con aquella
que también es de lege data, aquella que ya está reformada, según la Ley
Orgánica del Poder Judicial del año 2003, con la nueva Oficina Judicial.
Hace falta, por tanto, una modificación tanto de la demarcación como de
la planta judicial. La demarcación —como saben sus señorías—
atiende al ámbito territorial de la propia jurisdicción, de la
jurisdicción de cada unidad judicial. La planta hace referencia a la
composición que debe tener cada unidad judicial, determinando si cada
órgano jurisdiccional debe estar integrado por un juez, por un magistrado
o por un tribunal colegiado.

El Ministerio de Justicia ya se ha puesto a ello. En
acuerdo de Consejo de Ministros, de 2 de marzo de 2012, se aprobó la
creación de una comisión institucional que habría de presentar al
Ministerio de Justicia un informe sobre como debería configurarse nuestra
nueva ley de demarcación y planta. El ministro de Justicia dijo en esta
Cámara que para octubre de 2012 ya se tendría un primer texto que le
pasarían a él.

Conforman esa comisión institucional, bajo la coordinación
del secretario de Estado, siete miembros, comisión que debe emitir un
informe al ministro. El ministerio debe reunirse con todos los sectores
implicados que afectan a la Administración de Justicia, y precisamente
—y trayendo a colación el objeto de esta moción—, con las
comunidades autónomas. Con todo ello, con todo el bagaje, con todo el
aprendizaje, con los acuerdos y consensos que se puedan derivar de ese
acuerdo del Ministerio de Justicia con las comunidades autónomas saldrá
la nueva ley de demarcación y planta judicial.

Esto es lo que exigimos en este caso desde el Grupo
Parlamentario Popular, que se cuente con las comunidades autónomas, que
la ley de demarcación y planta judicial que se realice, se tengan o no
competencias por parte de las comunidades autónomas, cuente con su
opinión para que puedan decir cómo desean que sea el mapa judicial de su
comunidad autónoma. Porque las comunidades autónomas son quienes mejor
conocen su territorio, sus distancias en kilómetros, sus tiempos, sus
características orográficas y comarcales. Por eso, no tendría ningún
sentido aprobar una ley de demarcación y planta sin acuerdo con esas
comunidades autónomas.

Por ello, la nueva ley de demarcación y planta, señorías,
va a requerir, por una parte, una absoluta regulación de lo que es la
demarcación —ya lo hemos dicho— de ese ámbito territorial,
una nueva regulación ex novo. No bastará la modificación de los anexos 1
a 13 de la Ley 38/1988. Hace falta una nueva ley que recoja ámbitos
jurisdiccionales distintos para cada unidad judicial. En segundo lugar,
hará falta también una modificación de la planta, de la determinación, de
la composición de cada órgano jurisdiccional. Nuestra planta, siguiendo
las instrucciones dadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial en la Ley
38/1988, convirtió —si recuerdan— en juzgados de primera
instancia e instrucción los antiguos

juzgados de distrito que desaparecieron con la Ley 38/1988.
Además, proveyó también la existencia de los juzgados penales en
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 145/1988 que
—si lo recuerdan— impedía que un mismo juez instruyera y
fallara un determinado asunto, no así ocurría con las faltas.

Esa importantísima Ley 38/1988, que nos trajo una nueva
planta judicial, hoy día tiene que ser revisada. ¿Y por qué? Porque ha
sufrido un desfase —como ustedes conocen bien— muy
importante. En el año 1988 había 2500 unidades judiciales para 39
millones de habitantes. Hoy, para aproximadamente 46 millones de
habitantes, nos encontramos con 4981 unidades judiciales servidas por
5186 jueces y magistrados. Ha variado, y mucho, el panorama judicial
español. Porque el modelo de 1988, aquel de juez, secretario, oficial,
auxiliar y agente no sirve para nuestra sociedad. De hecho, solo en
justicia sigue existiendo esa manera de administrar o de realizar una
función administrativa o jurisdiccional como es la de este caso.

Tenemos que seguir al modelo de 2003. La ley de demarcación
y planta tiene que seguir a ese modelo que todos nos dimos en el año 2003
de la nueva oficina judicial. Por eso, se tiene que conseguir la
extensión de la organización jurisdiccional colegiada, quizás dejando
para los órganos jurisdiccionales de base el órgano unipersonal y pasando
a tribunales colegiados en el sistema de recursos o para posteriores
grados.

En conclusión, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
lo que pretendo desde esta tribuna es alcanzar una política consensuada
respecto a la demarcación y planta que, en todo caso, responda a un deseo
finalista de transformación, que logremos entre todos modificar los
sentimientos que tiene la ciudadanía con el funcionamiento de nuestra
justicia.

En la pasada legislatura, el Partido Socialista creó
también una comisión institucional, compuesta por ocho miembros, que
llegó a formular un informe, que yo tuve oportunidad de conocer al
participar en un taller de alto nivel que organizó el Ministerio de
Justicia, donde se plasmaban muchas de estas iniciativas que nosotros
también hoy abogamos. Esperamos, pues, que exista un consenso de todos
los grupos políticos en la modificación, tanto de nuestra demarcación
como de la planta judicial.

Desde luego, la reforma legislativa de la nueva ley de
demarcación y de planta judicial por la que abogamos debe entenderse
dentro del marco de una reforma global mucho más ambiciosa para nuestra
Administración de Justicia; reforma que conllevaría, en primer lugar, la
ruptura del vínculo juez-juzgado, con la implantación de los tribunales
de instancia: en segundo lugar, que apueste por una justicia titular
profesional, con relegación de la justicia interina, en todo caso, a
supuestos excepcionales; en tercer lugar, que facilite un despliegue
flexible y ordenado de la nueva oficina judicial y, en cuarto lugar, que
permita, indudablemente, el desarrollo y aplicación de las nuevas
tecnologías en las que estamos abocados como medio de comunicación y
garantía de accesibilidad y transparencia.

Señorías, esa es la línea a seguir que el Partido Popular
entiende debe acometer la reforma de nuestra justicia, y esa es la
reforma que creemos que necesita nuestra justicia, con una nueva
demarcación, con un nuevo diseño de planta, consensuada con las
comunidades autónomas, máxime instada desde esta Cámara de representación
territorial.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

A esta moción no se han presentado enmiendas.

Turno en contra. (Pausa.)

No se hace uso de la palabra en el turno en contra.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.) No hace uso de la
palabra.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegación.) No
hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Guillot. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president,
senyories,

Crec que va ser la darrera legislatura que el senyor
Anasagasti, en una moció que presentava el grup socialista, va contestar:
si vostès creuen que el seu govern ha de dur a terme aquesta reforma,
doncs ho fan, i quan la tinguin fet la presenten i quan la presentin ja
la discutirem.

Jo crec que aquella afirmació agafa sentit. Si un grup
parlamentari amb majoria absoluta creu que cal reformar una llei com és
aquesta llei de demarcació i planta judicial el millor és que no ens
facin votar i que presentin la reforma de la llei, i més quan aquesta
moció no és cap novetat. No és cap novetat perquè el ministre
Ruiz-Gallardón ja va expressar la seva voluntat de reformar aquesta llei
tant al Congrés com al Senat, i no és cap novetat quan el Consell de
Ministres ja ha aprovat una comissió tècnica que està treballant en
aquestes qüestions.

És a dir, perquè ens fan votar quelcom que ja es coneix,
que vostès ja han expressat la seva voluntat de reformar i que ja
s’està treballant? Crec que s’haguessin pogut estirar més. Si
volen fer mocions com a grup de la majoria absoluta, intentin plantejar
novetats. Novetats que puguin generar debat i no reiterar aquells
compromisos que el seu govern, i en aquest cas de manera molt explícita,
ja ha pres.

Amb tot, no vull desaprofitar l’oportunitat per
assenyalar els sis aspectes que, segons el meu grup, hauria de recollir
aquesta possibilitat de reforma, i fins i tot en alguns coincideixo amb
la reflexió que feia el portaveu del grup Popular. En primer lloc creiem
que aquesta reforma ha de facilitar l’exercici de les competències
de la Generalitat en matèria de justícia previstes a l’Estatut. En
segon lloc, la possibilitat de crear jutjats contencioso-administratius i
mercantils descentralitzats, en tercer lloc aquesta reforma també ha de
permetre determinar el nombre i l’especialització dels jutjats o
jutges necessaris a cada demarcació judicial. En quart lloc, la proposta
de posar en marxa com abans millor els tribunals d’instància. En
cinquè lloc la ràpida i efectiva implantació del model d’oficina
judicial i en sisè lloc la plena autonomia per comunitats autònomes com
Catalunya, amb competències en justícia, per poder organitzar i
estructurar la seva oficina judicial.

Aquestes són les reflexions del que nosaltres reivindicarem
amb aquesta reforma. Tanmateix, insisteixo al grup de la majoria absoluta
que si presenta mocions les presenti sobre novetats que ens permetin
obrir debats nous sobre qüestions noves, i no reiterar allò que ja hem
debatut, que ja coneixem i que ja està en marxa.

Gràcies per la seva atenció.

Gracias, presidente.

Señorías, creo que fue en la última legislatura cuando el
señor Anasagasti, en una moción presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, contestó lo siguiente: si ustedes creen que su Gobierno tiene
que llevar a cabo esta reforma, pues lo hacen, y cuando la tengan hecha,
la presentan, y cuando la presenten, la debatiremos.

En mi opinión, esta afirmación cobra sentido. Si un grupo
parlamentario con mayoría absoluta considera que hay que reformar una ley
como esta de demarcación y de planta judicial, lo mejor es que no nos
hagan votar que presentan la reforma de la ley, sobre todo cuando esta
moción no es ninguna novedad; y no es ninguna novedad porque el ministro
Ruiz-Gallardón ya expresó su voluntad de reformar esta ley, tanto en el
Congreso como en el Senado, y no es ninguna novedad cuando el Consejo de
Ministros ya ha aprobado una comisión técnica que trabaja en estas
cuestiones.

Por tanto, ¿para qué nos hacen votar algo que ya se conoce,
respecto a lo cual ustedes ya han expresado su voluntad de reforma, y
para lo que están trabajando? Si quieren presentar mociones como grupo
parlamentario con mayoría absoluta, planteen novedades que puedan dar pie
a debate y no reiterar esos compromisos que su Gobierno, de una forma muy
explícita en este caso, ya ha adoptado.

Sin embargo, no quiero desaprovechar la ocasión que se me
brinda para subrayar seis aspectos que, desde el punto de vista de mi
grupo, esta reforma debería recoger, y en algunos incluso coincido con la
reflexión del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, creemos que
esta reforma debe facilitar el ejercicio de las competencias de la
Generalitat en materia de justicia; en segundo lugar, la posibilidad de
crear juzgados contencioso-administrativos y mercantiles
descentralizados; en tercer lugar, debe permitir también reformar la
cantidad y la especialización de los jueces en cada demarcación judicial;
en cuarto lugar, hay que poner en marcha cuanto antes los tribunales de
instancia. En quinto lugar, una rápida y efectiva implantación del modelo
de oficinas judiciales. Y, en sexto lugar, la plena autonomía de
comunidades autónomas, como Cataluña, para organizar y estructurar su
oficina judicial.

Estas son las reflexiones de mi grupo parlamentario en
relación con esta reforma, aunque he de insistir al grupo de la mayoría
absoluta que, si plantean mociones, lo hagan sobre novedades que permitan
debates en lugar de reiterar conceptos sobre los que ya hemos debatido y
que todos conocemos.

Gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor
president.

Me quiero dirigir al senador Manchado. Como culé que soy,
quiero agradecerle sus palabras sobre la eliminación injusta del Barça,
pero más que por esta eliminación injusta ―que lo fue― por su
fair play deportivo ―más viniendo de un merengue― que es un
buen ejemplo de pedagogía deportiva, que debería imperar mucho más en los
estadios deportivos. Es un ejemplo de pedagogía política que un merengue
y un culé estén de acuerdo en según qué asuntos. Es cierto que el
Barcelona fue eliminado injustamente ―el deporte es así, hoy toca y
otro día no toca― pero insisto en que hemos dado un ejemplo de fair
play, compartido por otros merengues como el portavoz socialista, con el
que acabo de hablar. Creo que esto es bueno y ojalá lo pudiéramos
trasladar al debate político en esta línea de fair play.

Ara sí que anem per feina.

Senadors i senadores, pujo a questa tribuna per posicionar
el Grup Parlamentari Català davant de la moció presentada pel Grup
Popular. Començaré pel final, dient que Convergència i Unió votarà a
favor per coherència política. Convergència i Unió ha demanat
reiteradament aquesta reforma legislativa i, també, perquè ho demanava i
ho demana el nostre programa electoral: demanem la reforma de la Llei de
Demarcació i Planta Judicial.

I donant que Convergència ho demanava i avui ho vol, cal un
nou disseny de planta i demarcació. I ho vol per la realitat
socioeconòmica de Catalunya. L’augment poblacional ho recava i
l’augment de litigis fa necessari, més que mai, una modificació
d’aquesta llei.

I aquesta nova llei que hauria de sortir —fa un
moment el senador Zubia del Partit Nacionalista Basc m’ho deia, que
ells també ho veuen així com a nacionalistes, que estan d’acord i
que votaran a favor— ha de permetre que les comunitats autònomes
tinguin plenes competències en el nou disseny d’implantació
judicial en el territori. A més del sostre competencial que tenim, qui
pot conèixer millor el territori que les autonomies?

En la presentació de la moció s’ha dit que hi ha un
moviment demogràfic, que la costa té molta més demografia que
l’interior, i que els jutjats no s’han adaptat a aquesta nova
situació, que des de les autonomies coneixen molt i molt de prop.

Per què cal modificar aquesta llei? Des del punt de vista
català, ja ho he explicat, des del punt de vista jurídic, també és
necessària aquesta nova llei per l’evolució de la societat, que fa
que apareguin nous delictes i que alguns d’ells augmentin molt. Cal
adaptar els nous jutjats en l’augment de la violència, en els
delictes de violència, en el tema de menors, en la violència de gènere
—en aquesta lacra que afecta les dones— i que cal que la
justícia doni una resposta ràpida i que ara avui no es dona. La violència
de gènere ha de estar també en la prevenció, però també en
l’actuació ràpida de la justícia. Tot això fa que Convergència
digui sí a una nova llei de demarcació i planta; sí a una nova llei que
doni competències plenes a les comunitats autònomes; sí a una nova llei
que reculli les noves realitats socioeconòmiques i la variació en els
delictes i en els litigis; sí a una nova llei que permeti reequilibrar el
territori des del punt de vista d’implantació de nous jutjats.

Per tot això votarem a favor, tot i dient al Partit
Popular, al seu ponent i al Govern al que donen suport, que aquesta llei
no ha de ser una llei trampa. No pot haver un enunciat en el que es digui
com diu que s’insta al Govern a presentar a les Corts un nou
projecte que reformi de manera integral l’actual llei de demarcació
i planta judicial adequant en consonància amb les comunitats autònomes la
distribució dels jutjats i tribunals. Aquest «adequant», ha que tindre un
sentit més ampli. S’ha de respectar el sostre competencial de les
autonomies, s’ha de donar a les autonomies la competència que els
hi correspon, no només —com ha dit el portaveu— participar a
aportar sinó també decidir des del punt de vista de distribució, de la
implantació i de la decisió.

Si aquesta no és una llei trampa, en el que es demana el
vot de Convergència i Unió, dels nacionalistes en seu parlamentària per
dir que és una petició que es fa consensuada i després al redactat de la
llei les autonomies són merament «aportaciones, que digan lo que creen»,
jo crec que les autonomies tenen dret a decidir i això ho demanem també
des del punt de vista jurídic.

Gràcies.

Ahora ya, sí entramos en materia.

Senadoras y senadores, subo a esta tribuna para posicionar
al Grupo Parlamentario Catalán en relación con la moción presentada por
el Grupo Parlamentario Popular. Empezaré por el final, diciendo que
Convergència i Unió va a votar a favor por coherencia política. En este
sentido, Convergència i Unió ha solicitado reiteradamente esta reforma
legislativa y, además, lo pedía y lo pide nuestro programa electoral: la
reforma de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial.

Convergència i Unió lo pedía y hoy lo desea porque es
necesario un nuevo diseño de demarcación y planta debido a la realidad
socioeconómica de Cataluña. El aumento poblacional lo requiere y también
el aumento de litigio por lo que es preciso, más que nunca, una
modificación de la citada ley.

La nueva ley que debería aprobarse ―como decía el
senador Zubia, del Partido Nacionalista Vasco, hace un momento, que ellos
también lo ven así como nacionalistas, que están de acuerdo y que votarán
a favor― ha de permitir que las comunidades autónomas tengan plenas
competencias en el nuevo diseño de implantación judicial en el
territorio. Por otra parte, además de nuestro techo competencial, ¿quién
puede conocer mejor el territorio que las autonomías?

En la presentación de la moción se ha puesto de manifiesto
la existencia de un movimiento demográfico que provoca que la costa tenga
mucha más demografía que el interior y, sin embargo, los juzgados no se
han adaptado a esta nueva realidad, que las comunidades autónomas conocen
perfectamente bien y de cerca.

¿Por qué hay que modificar esta ley? Ya he expresado el
punto de vista catalán pero, desde el punto de vista jurídico, también es
necesaria esta nueva ley por la evolución de la sociedad, que hace que
aparezcan nuevos delitos y que algunos otros aumenten mucho. Hay que
adaptar los nuevos juzgados a los delitos de violencia, a temas de
menores, a la violencia de género ―esta lacra que afecta a las
mujeres es un caso claro― y es necesario que la justicia dé una
respuesta rápida, que hoy no se produce. La violencia de género también
debe contar con la prevención y con la actuación rápida de la justicia.
Todo esto hace que Convergència i Unió dé el sí a esta nueva ley de
demarcación y planta; sí a una nueva ley que dé competencias plenas a las
comunidades autónomas; sí a una nueva ley que recoja las nuevas
realidades socioeconómicas y la variación en los delitos y litigios; sí
también a una nueva ley que permita reorganizar el territorio respecto a
la implantación de nuevos juzgados.

Por todo ello, vamos a votar a favor, si bien le decimos al
Grupo Popular, al ponente del Gobierno, que esta no debe ser una ley
trampa. No puede haber un enunciado en el que se diga como aquí se dice
que se insta al Gobierno a presentar a las Cortes un proyecto que reforme
de manera integral la nueva ley de demarcación y planta judicial
adecuando a las comunidades autónomas la distribución de juzgados y
tribunales. Este enunciado tiene que tener un sentido más amplio, y hay
que respetar también el techo competencial de las autonomías. Hay que dar
a las autonomías la competencia que les corresponde, no ya solo
—como decía el portavoz— participar, sino también decidir
desde el punto de vista de la distribución, de la implantación y de la
decisión.

Si esta no es una ley trampa en la que se requiere el voto
de Convergència i Unió y de los nacionalistas en sede parlamentaria para
decir que es una petición consensuada, pero que después, insisto, en su
redactado lo que dicen las autonomías no sean meras aportaciones, sino
que mantengan su derecho a decidir desde el punto de vista jurídico.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Popular presenta una moción para que el
Senado inste al Gobierno a presentar a las Cortes Generales un proyecto
de ley de reforma integral de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial
para adecuar en consonancia con las comunidades autónomas la distribución
de los juzgados y tribunales a las necesidades de la población y de la
realidad socioeconómica de cada región.

De entrada, quiero manifestar nuestro voto desfavorable a
la presente moción, entre otras cosas por innecesaria; así lo han dicho
varios de los intervinientes y también lo ha venido a decir el propio
proponente. Los que estuvimos en la comparecencia del ministro señor
Gallardón, en la Comisión de Justicia del Senado, pudimos oír de su
propia voz cómo anunciaba que en el Consejo de Ministros del 2 de marzo
de 2012 se había creado una comisión institucional para redactar un texto
articulado para la reforma de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial
y también de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Anunció el ministro, además, que el nuevo texto se
presentaría en el mes de octubre. Es por ello que no entendemos a qué
viene la presente iniciativa, a no ser que el Grupo Popular no se fíe de
su propio ministro, que supongo que no es el caso. No quiero pensar en lo
que habrían dicho ustedes si nosotros hubiéramos presentado una moción de
estas características después del anuncio del ministro.

Por tanto, el ministro no solo ha encargado ya el texto
articulado sino que, además, ha puesto fecha a la entrega. Por cierto, en
cuanto a la composición de la comisión institucional que debe dictaminar
este nuevo texto articulado, el Grupo Socialista quiere decir, con todo
el respeto que nos merecen las personas, que es poco adecuada a la ley de
igualdad.

También es cierto que el ministro se extendió poco en su
comparecencia sobre la reforma de la ley de planta y demarcación, pero
así y todo dijo: vamos a un modelo de Tribunales de Instancia y a un
modelo de plena operatividad y modernización de la Oficina Judicial,
manifestación que desde nuestro punto de vista tampoco se aviene con la
moción presentada, cuando sigue hablando de distribuir juzgados y
tribunales, si tal y como dijo el ministro vamos a un sistema o modelo de
Tribunales de Instancia. Por tal motivo, la moción no solo es innecesaria
sino que creemos que también lleva a la confusión.

En esta cuestión, y lo digo por la necesidad de buscar
consensos, partimos de unos pactos de Justicia de 2001 que hablaban de
buscar más cercanía y de redefinir los partidos judiciales más grandes
creando órganos más cercanos. A nuestro entender, el texto de la moción
no va en esta dirección sin que se hayan sentado las bases claras y
sólidas de consenso para la necesaria modificación.

Quiero resaltar también la importancia del Estado
autonómico en esta materia, tal y como ya ha hecho el proponente, incluso
quizás tendríamos que ir más allá de lo que él ha dicho. Hay que recordar
que muchas comunidades autónomas tienen transferidas competencias, y, por
tanto, mucho tienen que decir desde el inicio de cualquier proceso y no
solo a posteriori. Hay estatutos que prevén nuevos órganos o consejos,
concretamente los consejos autonómicos de Justicia, sobre los cuales ha
habido confrontación especialmente por su parte.

La Constitución, en su artículo 152, prevé que el Tribunal
Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al
Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito
territorial de la comunidad autónoma, tema en el que aún queda mucho por
hacer. Lo digo solo en el sentido de que estamos ante una cuestión muy
compleja, en la que inciden muchos aspectos que van más allá incluso de
la propia Ley de planta y demarcación, y que necesita de un gran
consenso; una materia que necesita una gran reorganización, que implica a
distintos ámbitos de la justicia y a distintas instituciones y que no se
puede basar en una unilateral y simple redistribución de juzgados y
tribunales. En este tema el contenido es crucial a la hora de fijar el
continente. Por ello, sería muy conveniente que, antes de fijar
redistribuciones e incluso antes de formular textos articulados, se
trabajase en lograr un consenso sobre los principios o postulados que
deben inspirarlos, y me refiero a la Ley de planta y demarcación, pero
también a la Ley del Poder Judicial.

El hecho de romper consensos logrados en 2001, entre otros,
el relativo a la elección de los doce vocales judiciales, sin duda es
ejemplo de un mal camino para llegar a acuerdos en un tema tan
importante.

Ante estos precedentes, es difícil confiar en unos textos
articulados que previamente no gozan de acuerdos base para su redacción y
es muy difícil que puedan gozar de un acuerdo definitivo.

Quiero recordar en este sentido que estamos ante un tema de
Estado —la justicia— y lo lógico sería que hubiera acuerdo
entre los partidos para que no ocurra que las normativas cambien según
gobiernen unos u otros, sin que haya la necesaria permanencia de normas
tan relevantes para la ciudadanía.

Sería razonable además que hubiera un gran acuerdo entre
las instituciones, y dudo mucho de que las comunidades autónomas tengan
la información necesaria sobre cómo se pretende hacer la redistribución,
dudo mucho de que haya acuerdo con ellas en relación con las bases que
deben inspirar estas reformas, sobre todo si uno se fija en titulares de
la prensa de algunos de los territorios de España de este último fin de
semana sobre la propuesta de redistribución hecha por el Consejo General
del Poder Judicial, titulares dados por personas relevantes de su
partido, algunas sentadas en esta Cámara.

Los socialistas queremos mejorar la eficiencia de la
Administración de Justicia y queremos que sea próxima a la ciudadanía
para que todos tengan igualdad de oportunidades a la hora de acceder a
ella, para lo cual somos conscientes de que es necesaria una profunda
reorganización en la que, de forma integral o global, deba implicarse a
todos los ámbitos de la justicia y a la que deba dedicarse un presupuesto
suficiente, una reorganización para ganar en eficiencia pero sin perder
en proximidad.

Y así lo hicimos desde el Gobierno, lo hicimos con el Plan
de modernización al que el ministro no hizo la más mínima referencia en
su comparecencia. Lo hicimos con la aprobación, entre otras, de la Ley de

reforma de la Ley Concursal, del Registro Civil, de
Mediación y de Arbitraje, de la jurisdicción social, leyes de
simplificación de trámites procesales, de creación de jueces de
adscripción territorial, leyes de nuevas tecnologías de sociedad de la
información, multitud de actuaciones que se concretaron además en una
gran apuesta por la Oficina Judicial. En definitiva, medidas todas
tendentes a la citada reorganización, modernización, nuevas tecnologías,
simplificación de trámites, lucha contra la interinidad y la falta de
plazas, buscando desjudicializar determinados conflictos, fomentando
sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos e impulsando la
Oficina Judicial que marca un cambio estructural y un nuevo modelo
organizativo.

Como ha dicho el proponente, también impulsamos toda una
serie de estudios que iban dirigidos a abrir un debate donde se daba
mucha importancia a la especialización, a la colegiación, a la justicia
profesional y titular, sin olvidar la necesaria proximidad y la posible
creación de una justicia de base y el probable cambio en materia de
investigación descargando a los jueces de este trabajo, y aplicando
presupuesto. En las dos últimas legislaturas se aplicaron los mayores
presupuestos que en democracia se han destinado a la justicia. Ya sé que
el puro incrementalismo, dadas las nuevas características de nuestra
sociedad —aumento de población, litigiosidad, distribución,
etcétera—, no es suficiente, de ahí que se combinase con medidas de
reorganización para la eficiencia, pero también es cierto que sin los
esfuerzos presupuestarios que se realizaron la situación sería mucho más
difícil.

Estamos hablando de reorganizar un organismo que adolece de
muchas necesidades y que cada día debe seguir prestando servicio
—un servicio importantísimo— en el orden social pero también
en el económico. Y no es el camino bajar otra vez los presupuestos en un
servicio tan relevante, sobre todo en un momento en el que nuestra
economía necesita confianza, y el buen funcionamiento de la justicia es
un valor de confianza para los inversores.

En definitiva, vamos a votar en contra de la moción por
innecesaria, por confusa y porque trata de un tema, la justicia, en el
que el Gobierno está rompiendo los consensos del 2001; vamos a votar en
contra porque no es creíble reorganizar bajando presupuestos y
encareciendo los servicios; vamos a votar en contra porque se está
aplicando el rodillo en una materia en la que se hicieron grandes
esfuerzos por el consenso, con el fin de que un tema tan importante no
quede al albur de que gobiernen unos u otros ni de que sus normativas
tengan la permanencia, la permanencia necesaria, que necesitan los temas
de Estado como este que nos ocupa.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.

Agradezco el apoyo de todos los grupos parlamentarios que
han manifestado que van a votar a favor de la moción.

Senador Guillot, quiero comentarle que esta moción sí es
una novedad. Es verdad que está anunciada la modificación de la Ley de
demarcación y planta, pero no que se cuente con las comunidades
autónomas. Ese es el plus que añade esta moción: que se cuente con las
comunidades autónomas principalmente para la redacción de la demarcación
judicial. ¿Le parece mal que queramos que cuenten las comunidades
autónomas precisamente desde esta Cámara que es la Cámara de
representación territorial? Hasta ahora eso no estaba dicho, pero eso es
lo que queremos que se haga precisamente desde esta comisión. ¿Y cuál va
a ser su voto? ¿Se van a oponer a que participen las comunidades
autónomas en el acuerdo y en el consenso para la modificación de la Ley
de demarcación y planta? En pocos minutos tendremos oportunidad de
comprobarlo. Desde luego, ya llegará el texto legislativo y tendremos
tiempo para debatir sobre él, pero, de momento, el grupo parlamentario
que da apoyo al Gobierno está instando a que este haga caso y cuente con
las comunidades autónomas. Eso es lo que ustedes en todo caso deberían
entender.

Senador Maldonado, por aquello de disentir un poco con
usted, le diré que a lo mejor el Barça fue injustamente eliminado en el
día de ayer, pero recuerde que muy justamente le eliminaron un jugador al
otro equipo y también le pitaron un penalti que falló, con lo cual lo que
podemos decir es que tuvo mala suerte, pero lo de iluminado, a lo mejor
no fue. Le agradezco sus palabras.

Lo que decimos ahí respecto a lo que se refería de la
adecuación de las comunidades autónomas es que, desde luego, lo tendrá
que hacer la comisión institucional, y nosotros tendremos que ver si

efectivamente lo que dice el informe que remita al
Ministerio de Justicia se adecua o no, lo que se quiere plasmar como
texto legislativo, en consonancia con los acuerdos que planteen las
comunidades autónomas.

Senador Antich, me ha hablado absolutamente de todo
—me ha hablado de presupuestos, me ha hablado de la especialización
judicial y de otras muchas cuestiones— que para nada puede regular
la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, entre otras cosas porque
muchas de ellas necesitan una ley orgánica, y esta no lo es, pues, como
usted bien sabe, es una ley ordinaria.

En materia de presupuestos: vamos a tener la oportunidad en
este mes de poder discutir sobre ellos.

Usted me ha dicho todo el discurso que tenía respecto de la
justicia, pero estamos refiriéndonos solo a la Ley de demarcación y
planta. Y le repito que sí es una novedad instar al Gobierno a que cuente
con las comunidades autónomas para la realización de una nueva ley de la
demarcación judicial, cosa que ustedes cuando estuvieron en el Gobierno
no realizaron, ni tampoco la comisión institucional.

Va a votar en contra. Me sorprende que su grupo vote en
contra de esta iniciativa, porque están votando en contra del ministro
Fernández Bermejo y del ministro Caamaño que fueron los iniciadores de la
reforma de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, les guste o no les
guste; están votando en contra de su propio criterio. Tienen una
dicotomía importantísima.

¿Qué es lo que pretendemos con esta moción? Pues
precisamente recabar el apoyo de toda la Cámara para el ministro de
Justicia, para que sepa que esta Cámara le pide que cuente con las
comunidades autónomas para la redacción legislativa de la Ley de
Demarcación y de Planta Judicial.

Desde luego es compromiso legislativo del actual Gobierno
la realización de una nueva ley de demarcación y planta judicial pero que
cuente previamente con las comunidades autónomas. Esto es algo que
pedimos en el Grupo Parlamentario Popular.

Señorías, la Oficina Judicial ha tenido y está teniendo una
dificultosa aplicación desde que fuera concebida hace ya casi nueve años,
pero es una buena idea. La nueva Oficina Judicial nos la dimos todos en
el año 2003, a propuesta, precisamente, del Partido Popular, que estaba
en el Gobierno. Nos la dimos todos porque entre todos la aprobamos dentro
del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia y nos pareció muy
bien, pero todavía no funciona como nos gustaría a todos. Pues bien, la
modificación de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial según las
líneas diseñadas por el Ministerio de Justicia sigue esa pauta de
modificación de la reforma estructural de la justicia.

Por eso, en esa línea, en esa dirección, en ese trabajo de
desarrollo, va a estar el Partido Popular y por ello presenta esta
moción, para que se cuente con las comunidades autónomas, lo que, en todo
caso, nos llevará a una nueva Oficina Judicial con una mejora tecnológica
y con el cambio del modelo judicial organizativo que propugnamos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (Pausa.)

Por favor, cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular
tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 172; en contra, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

5.3. MOCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS PARA EL AHORRO DE 10 000
MILLONES DE EUROS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIO Y EDUCATIVO.

(Núm. exp. 662/000019)

AUTOR: GPS

El señor PRESIDENTE: Moción sobre las medidas para el
ahorro de 10 000 millones de euros en los servicios públicos sanitario y
educativo, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.

A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador
Lertxundi por un tiempo de 15 minutos. (Rumores.)

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Gracias, señor presidente.

Buenos días.

El señor presidente me aconseja que espere a que sus
señorías abandonen los escaños. (Pausa.)

Buenos días, señorías. El motivo de esta moción es, como
ven ustedes, discutir sobre los recortes en las prestaciones de servicios
sociales en sanidad y educación, porque las Cortes no han discutido sobre
los recortes. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.) Se ha expuesto unos días después que los Presupuestos
Generales del Estado, y a través de una nota de prensa de Presidencia de
La Moncloa, la necesidad de reducir 10 000 millones de euros en sanidad y
educación, es decir, 7000 millones y 3000 millones respectivamente.

En esta materia el Gobierno no ha actuado ante las Cámaras;
lo ha hecho con nocturnidad y alevosía y sin dar explicaciones,
continuando con una trayectoria relativamente peligrosa, porque como se
trata de modificar criterios expuestos repetidamente, es mejor no dar
explicaciones. Es muy difícil explicar esos cambios de opinión
—cuando el señor presidente del Gobierno dijo que el copago no
entraba en sus previsiones, que es un tema tabú, cuando dijo eso tan
famoso de la tijera que no voy a repetir ahora textualmente, o tras estar
130 días callado, porque el presidente Rajoy solo ha concedido una
pseudoentrevista a la Agencia EFE en 130 días, cuando los periodistas le
preguntaron aquí por ello en el último Pleno y salió corriendo por el
garaje.

Estamos ante un tema que avergüenza al Gobierno, porque no
es fácil defender los recortes de 10 000 millones de euros en estas
materias. El senador Arenas y la señora Cospedal han dicho hasta el 25 de
marzo que el recorte es un tema tabú, que no habrá ningún tipo de
recortes en servicios sociales ni copagos. La ministra de Sanidad miente
o ignora —yo prefiero pensar lo segundo porque creo que es una
persona honrada—, pero si ignora el problema es que tiene un
Gobierno que le da permanentemente la espalda, porque ella aquí me ha
contestado tres veces, a dos preguntas y a una interpelación, que nunca
va a haber copago en materia de servicios sociales, que se va a mantener
la universalización de los servicios, y me ha dicho que yo únicamente
estaba buscando titulares. Eso explica quizá las razones que dio el
viernes pasado en una emisora de radio la ministra de Sanidad para estos
recortes —estaba muy nerviosa, porque es muy difícil poder explicar
esto cuando has mantenido posiciones contrarias—, y hablaba de
cosas tan incongruentes como parados sin prestación parlamentaria o
pensionistas que han dejado de cobrar el desempleo, cosas realmente
incongruentes porque no estaba preparada para este tipo de medidas.

La moción lo que pretende es que se discuta aquí de los
recortes, que se discuta aquí, y que se haga desde un ambiente político
tranquilo, sereno, en el que no quepan frases como las del portavoz de su
grupo en Sanidad, el senador Aguirre, que dijo aquello tan famoso de que
una vez que han pasado las elecciones andaluzas, ya podemos decir la
verdad, ya podemos decir que no hay de todo para todos. Esa frase hay que
retirarla, espero que la retire desde aquí, desde la tribuna, porque esto
es indigno para la acción política. Esto es poner la política a la altura
de las tramas mafiosas (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.); 7000 millones de euros, 3000 millones de euros, cuatro
cafés, como dice el tal Echániz, que supongo que los tomará cortados y
recortados. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

Mucha gente habla de improvisación, de que el Gobierno está
actuando de una manera dubitativa, a través de múltiples portavoces. A
mí, cuando el ministro de Economía habla de sanidad, me tiemblan las
piernas, porque sé lo que me va a decir el de Economía: Gastan ustedes
demasiado, no se pongan tan enfermos, y si están enfermos, cúrense en
casa. Pero es que hablen el señor De Guindos, el señor Floriano,
Cospedal, Sáenz de Santamaría, Aguirre, diciendo cosas complementarias y
a veces contradictorias… Yo no creo que el Gobierno improvise, lo
que creo es que tiene una agenda oculta, sabe dónde quiere ir, pero es
muy difícil explicarlo.

A ustedes no les gusta cuando yo hablo de impuesto a la
enfermedad, no les gusta porque es un concepto muy duro de aceptar, pero
están poniendo un impuesto a la enfermedad. (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) El copago farmacéutico y la
reducción de la universalidad, aparte de ser xenófobo o insolidario
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
y actuar sobre los más vulnerables de la sociedad española, se acompaña
de una

reducción de prestaciones —no sé si lo saben ustedes,
ayer salió un decreto— (Fuertes protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.), se acompaña de una reducción de
prestaciones.

Ustedes saben que los pensionistas y jubilados —hemos
hablado de los más vulnerables— gastan el 75 % de los fármacos en
España. ¿Cuánto es la factura en fármacos? 11 000 millones de euros. ¿Qué
creen, que compran fármacos por capricho o será porque se los prescribe
un médico? ¿Es que ustedes van a reducir el consumo de fármacos o van a
obligar a los médicos a no prescribir? No me sean incongruentes, hay que
tener cierta coherencia en los planteamientos. ¿Saben cuánto van a
ahorrar con esa medida, con el copago farmacéutico? Lo dijo la ministra
de Sanidad: 165 millones. ¿Por qué? Porque la unificación de la tarjeta
sanitaria electrónica con los datos de Hacienda, de Seguridad Social y de
farmacia va a costar 900 millones de euros. Van a ahorrar 165
millones.

¿Cuánto van a ahorrar con los inmigrantes considerados
irregulares a los que no les van a atender en los servicios nacionales de
salud, cuánto van a ahorrar? ¿Cuántos son? 150 000 personas. ¿Cuántos
están empradonados? Solo el 38 %, porque tienen miedo a regularizar la
situación y que sean expulsados, evidentemente. ¿Qué va a ocurrir con la
no presencia de estas personas en los centros de salud? ¿Ustedes se
imaginan un brote de tuberculosis en un área periférica de Madrid que no
esté controlado? (Fuertes protestas en los escaños de los senadores del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) No, no, por favor, que esto es
muy serio. ¿Que vayan al metro, que tosan, que expulsen el bacilo de Koch
al conjunto de gente que está alrededor, que no estén tratados? ¿Ustedes
saben que van a saturar las urgencias con una gripe? Cuidado, cuando las
cosas se hacen mal hay que denunciarlas.

No van a ahorrar dinero por esos caminos. ¿Adónde están
apuntando? A algo que no se atreven a decir: al capítulo 1. Ustedes van a
personal, van a reducir el personal que trabaja en los servicios
nacionales de salud. El personal es más del 40 % del conjunto del
presupuesto. Ya han aumentado horarios; ya están reduciendo y congelando
sueldos; ya en el Comunidad de Madrid, por ejemplo, a los médicos
especialistas se les ha reducido directamente ahora 200 euros mensuales,
porque se les aplica un aumento de horario pero luego no se tiene en
cuenta; se traslada simplemente a una disminución de la nómina.

¿Saben también que el copago farmacéutico, cuando supera
esos límites caprichosos que han puesto de 8 euros para rentas de hasta
18 000 euros, de 18 euros para rentas de hasta 100 000 euros y de 60
euros para rentas de 100 000 euros en adelante, va a tener que
adelantarlo el pensionista o el usuario? ¿Sabe que el Estado se reserva
seis meses para reintegrar ese dinero? Esto ha salido hoy en la prensa y
no fue presentado en el Consejo Interterritorial de Sanidad de la semana
pasada. Están actuando por detrás, porque es muy difícil mantener la cara
y el porte erguido cuando se plantean estas medidas.

¿Saben ustedes que hay que pagar por las prótesis a partir
de que estos decretos se pongan en marcha? No solo se va a pagar por las
propuestas de dietas y de artículos nutricionales, sino también por las
férulas, por los andadores, por las sillas de ruedas, por el calzado
ortopédico, por las prótesis externas mamarias; por todo eso habrá que
pagar. Y la ministra me ha repetido permanentemente: no habrá copago.
Mírenlo.

¿Saben que va a haber que pagar por el transporte no
urgente? ¿Saben que, cuando ustedes —no lo espero, ni ustedes
tampoco, claro— tengan que acudir en un transporte no urgente a una
diálisis, a una rehabilitación, a una sesión de quimio o de radioterapia,
van a tener que pagar? ¿Lo saben ustedes?

Las cosas han ido muy lejos.

Dos notas también sobre educación —porque hablamos
conjuntamente de los 10 000 millones de euros—. La subida de tasas
universitarias del 15 al 25 % y la disminución de becas simultáneamente
es un cóctel explosivo, es tender a la universidad clasista, y en la
enseñanza obligatoria, el aumento del 20 % de alumno por aula y la no
sustitución de profesores hasta el décimo día de baja es también una
disminución evidente de la calidad. Decenas de miles de profesores van a
ir a la calle. Según la CEAPA, que es la confederación de padres de
alumnos mayoritaria en España, 32 000; según los sindicatos de enseñanza,
hasta 80 000. Con esa enseñanza clasista se va a romper la cohesión
social y va a haber un beneficio directo para la enseñanza privada
concertada.

Hay alternativas, claro que las hay; hace falta dinero para
mantener los servicios sociales, sobre todo cuando la recaudación se ha
resentido como ha sido ahora, pero ustedes no han hecho caso. ¿Por qué no
ponen impuestos a las grandes fortunas? ¿Por qué no ponen impuestos al
consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco? ¿Por qué no hay una
racionalización de otros gastos? ¿Por qué no revisan los 38 000 millones
de euros en bonificaciones fiscales que hay en nuestro sistema fiscal
impositivo en España? Hay muchas maneras de recaudar el dinero, pero
ustedes han elegido la peor: que lo pague el

paciente. Y, sobre todo, mejorar la gestión. ¿Saben ustedes
cuál es la comunidad autónoma donde mejor se gasta en sanidad y donde más
se gasta? En Euskadi, 1 500 euros por habitante y año. ¿Saben que esta
comunidad tiene solo 40 euros de deuda por habitante? ¿Saben que la media
de deuda en España es de 300 euros por habitante? Ustedes están siguiendo
el modelo valenciano, que solo dedica 900 euros por habitante a la
sanidad —que, por cierto, va a despedir a 40 000 empleados
públicos, ni más ni menos, ya lo ha anunciado.

Ustedes no hacen caso a las propuestas de otros partidos y
no lo hacen porque no tienen firmeza, no tienen claridad en sus
planteamientos, porque están tanteando por dónde van y se sienten
empujados por una corriente muy de derechas en nuestro país. Cuando el
señor Rouco Varela dice que hay que pedir sacrificios a todos…
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Sí, ya estamos con Rouco Varela. Cuando el señor Rouco Varela dice que
hay que pedir sacrificios a todos, deberían ustedes recordar a este señor
que hay 15 000 profesores de religión en España que los paga el Estado
—15 000 profesores de religión, de una asignatura optativa, 400
millones de euros al año—, y que la Iglesia, dentro de sus
sacrificios, podía, voluntariamente, colocar sus propiedades bajo el
control del impuesto de bienes inmuebles: 5 000 millones de euros al año.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El futuro para el Estado del bienestar es desolador. Se
abre camino a la educación por recursos económicos, a la educación
clasista, y hay un cambio en el modelo sanitario: se pasa de una
cobertura universal con cargo a impuestos a una cobertura de asegurados o
beneficiarios. Se acabó la universalidad no solo con los extranjeros,
sino con los jóvenes de más de 26 años que no estén en el sistema, y
tampoco los jóvenes que van a trabajar a al extranjero van a estar en el
sistema de aseguramiento en la Seguridad Social. Se acabó la financiación
con cargo a impuestos, va a pagar y va a ir al médico el que pueda,
simplificando, evidentemente, porque no tenemos tanto tiempo para entrar
en detalles.

¿Y por dónde van a ir las exclusiones? Porque la cartera de
servicios básicos todavía no se ha definido. Se anuncian y se ponen en
marcha cosas: se nos ha dicho que va a desaparecer la reproducción
asistida, que va a desaparecer la ligadura de trompas o las vasectomías
como métodos anticonceptivos, que va a desaparecer la reasignación de
sexo, o que va a desaparecer la cirugía plástica reparadora en muchos
casos. Se abren espacios a los seguros privados, como, por ejemplo, están
proponiendo en Baleares. En definitiva, se cargan la Ley General de
Sanidad de 1986 —cuando era ministro don Ernest Lluch—, con
la aprobación total de ambas Cámaras.

El Gobierno sabe adónde va. A veces actúa como pollo sin
cabeza, pero sabe adónde va. Sabe que va a plantearnos una modificación
de los modelos. Ustedes van a ser responsables de este proceso de ruina
del Estado de bienestar; están socavando sus cimientos. Han perdido la
credibilidad… (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado pronuncia palabras que no se perciben.) Luego, luego hablamos
en el bar, luego me preguntas. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Han perdido credibilidad. La
ciudadanía no les cree. España va mal. Antes no iba bien, no soy tan
idiota para decir que España iba bien hace cinco meses, pero ahora va
peor. Soliciten apoyo, busquen consenso. Ustedes no tienen ni fuerzas ni
ideas. (Rumores.) Van a enfrentarse al grueso de la sociedad española, y
todo por ideología, porque en materia de servicios y derechos sociales,
en materia de derechos ustedes están respondiendo a su extrema derecha, a
la que tienen ustedes dentro. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.—Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)

El otro día había mucho miedo a los resultados de las
elecciones en Francia. Cuánta gente decía: Qué desastre que Marine Le Pen
haya sacado el 19 % de los votos. ¿Dónde están en España esos votos?
Están aquí dentro, no están fuera. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.—Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Y como están aquí dentro, presionan en
materia de derechos, no en otras cosas. Ustedes evidentemente los tienen
aquí.

Le voy a hacer una pregunta, y contéstemela, por favor,
aquí o en el bar. ¿Está el PP legitimado para derribar el Estado del
bienestar aplicando medidas que no están en su programa electoral?
(Rumores.) ¿Está legitimado? (Protestas.) Rotundamente no. La mayoría
parlamentaria tiene límites éticos y políticos. Añoramos la derecha de la
transición, aquella derecha que buscaba en el consenso la forma de
resolver los problemas; la añoramos. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: La mayoría parlamentaria no
vale para todo, y si no ya se darán cuenta dentro de poco tiempo.

Termino con un recuerdo. Hoy es 25 de abril. Hace treinta y
ocho años, en Portugal, la radio decía: Grandola Vila Morena, terra da
libertade, terra da fraternidade. Mi homenaje a la Revolución de Los
Claveles.

Tener libertades y derechos es muy difícil, perderlos es
muy sencillo. (Prolongados aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra su
representante, el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gràcies, president.

La veritat és que sentint les primeres paraules del senador
Lertxundi, jo pensava que podríem tenir una reflexió tranquil·la sobre
alguns dels temes que havíem plantejat, reflexió que ens pogués portar a
algun lloc. Jo, la veritat senyor Lertxundi, introduint a
l’església i els privilegis de l’església catòlica, aquí no
sé que li aporta, perquè clar el Partit Socialista ha estat governant
vuit anys, aquestes reflexions entorn l’església catòlica les
hagués pogut plantejar en aquell moment.

Anem a la moció. Vostès plantegen una moció, que nosaltres
plantegem una esmena al segon punt. Plantegen una moció en dos punts: un
primer punt, que estem d’acord amb els quatre plantejaments que
fan, i un segon punt amb el qual no estem d’acord i plantegem una
esmena. No estem d’acord perquè vostès plantegen un rebuig frontal
al que vostès anomenen copagament sanitari. I no estem d’acord,
perquè malgrat vostès incideixin o creguin que han de plantejar
simplement l’equitat i la justícia en l’acció al sector
públic via ingressos, nosaltres pensem que l’acció al sector públic
ha d’anar encaminada a assolir major equitat, major justícia però
no només via ingressos sinó també via despeses. De fet això ho estem
explicant als estudiants de primer d’Hisenda Pública, que
l’acció al sector públic pot ser redistributiva via ingressos i via
despeses. I en la configuració del sistema tributari que actualment té
l‘estat espanyol pensem que aquesta acció redistributiva no sols es
pot deixar a la part d’ingressos sinó també s’ha
d’insistir en la part de la despesa, perquè entenem que el sistema
fiscal no és el suficientment redistributiu. I per tant, hem de fer
incidència en la vida de la despesa.

I l’esmena el que pretén es ficar en valor la
possibilitat de copagament: copagament sanitari i copagament en altres
serveis públics, perquè al cap i a la fi aquesta és una mesura que fins
ara també hem tingut. El copagament farmacèutic, que ara
s’incrementa en aquestes mesures, ha existit sempre al nostre Estat
i això també és copagament sanitari i no podem renunciar. I nosaltres
pensem que introduir en aquest copagament el concepte que ha de ser
diferent en funció de les rendes, especialment en moments de dificultat
pressupostària i dificultat d’assolir ingressos als nostres
pressupostos de les diferents administracions, és raonable.

Per tant, plantegem una moció que no impliqui un rebuig
frontal al copagament sanitari entre altres coses perquè el continuem
tenint, el teníem abans d’aquesta reforma, abans de la reforma dels
10 000 milions d’euros ja teníem el copagament sanitari. I no hi
podem prescindir, però a la vegada, introduïm en aquest debat, que vols
ser reflexiu i tranquil, que no són moments de mantenir posicions
inamovibles en res. Segurament jo tampoc no trobo encertades algunes de
les afirmacions que s’havien fet en relació a aquesta qüestió per
part d’alguns dels responsables del Govern actual, perquè es neguen
aspectes que després hem d’acabar utilitzant. I al Govern de
Catalunya no li agrada prendre algunes mesures, però hem hagut de prendre
mesures. I vostè ha introduït també la qüestió de les taxes
universitàries. Jo crec que també podríem fer una reflexió sobre aquesta
qüestió. I sobre si hem de mantenir unes taxes universitàries que un
alumne que repeteix sis vegades la mateixa assignatura ha de continuar
pagant el mateix, o pràcticament el mateix, que aquell alumne que es
matricula per primera vegada. Per tant, no podem mantenir situacions
inamovibles i la nostra esmena el que pretén és recollir —i
respectem i acceptem i a la vegada li votaríem a favor els quatre punts
de la primera part però a la vegada no rebutjar el copagament en aquest
àmbit sanitari, entre altres coses perquè fins al dia d’ahir o fins
el dia d’abans d’ahir, que es va publicar ahir el
decret— que aquest copagament sempre ha existit.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente.

Escuchando las primeras palabras del señor senador, pensaba
que podríamos tener una reflexión tranquila sobre alguno de los temas que
habíamos planteado, una reflexión que nos condujera a algún sitio. Sin
embargo, señoría, no sé que puede aportarnos el hablar ahora de los
privilegios de la Iglesia católica. El Partido Socialista ha gobernando
durante ocho años, así que podría haber hecho estas reflexiones sobre la
Iglesia católica en aquel momento.

Pero vayamos a la moción. Ustedes han planteado una moción
con dos puntos y nosotros hemos presentado una enmienda al punto segundo.
Respecto al primer punto de su moción, quiero decir que estamos de
acuerdo con los cuatro planteamientos que recoge. Sin embargo, no estamos
de acuerdo respecto al segundo punto, pues plantean un rechazo frontal a
lo que ustedes llaman copago sanitario. Y no estamos de acuerdo con ello
porque, a pesar de que ustedes crean que deben plantear simplemente la
equidad y la justicia en el sector público vía ingresos, nosotros creemos
que la acción en el sector público debe dirigirse a conseguir mayor
equidad y justicia pero no únicamente a través de los ingresos sino
también vía gastos. De hecho, esto se los explicamos a los estudiantes de
primero de Hacienda Pública, que la acción del sector público puede ser
distributiva vía ingresos y vía gastos. Pensamos que actualmente en el
sistema tributario del Estado español no solo se puede poner el énfasis
en la parte de ingresos sino también en el lado del gasto, porque
entendemos que el sistema fiscal no es lo suficientemente redistributivo
y, por lo tanto, debemos hacer énfasis en esta vía del gasto.

Por tanto, lo que pretende la enmienda es poner en valor la
posibilidad de copago sanitario y en otros servicios públicos, porque, al
fin y al cabo, esta es una medida que hasta la fecha también ha existido.
El copago farmacéutico, que ahora se incrementa con estas medidas, ha
existido desde siempre en nuestro Estado, y esto también es copago
sanitario y no podemos renunciar a ello. Creemos que es razonable
introducir en este copago la idea de que debe ser distinto en función de
las rentas, especialmente en los momentos de dificultad presupuestaria,
para conseguir ingresos en nuestros presupuestos de las distintas
administraciones.

Por lo tanto, planteamos una enmienda que no implica un
rechazo frontal al copago sanitario, entre otras cosas porque continuamos
teniéndolo. Lo teníamos antes de esta reforma de los 10 000 millones de
euros y no podemos prescindir de él. Pero, al mismo tiempo, introducimos
en este debate, que quiere ser reflexivo y tranquilo, la idea de que no
es momento de mantener posiciones inamovibles. Seguramente, no encuentro
acertadas algunas de las afirmaciones que se han hecho en relación con
esta cuestión por parte de los responsables del Gobierno actual, porque
se niegan aspectos que después hay que acabar utilizando. Al Gobierno de
Cataluña no le gusta adoptar algunas medidas, pero ha habido que
adoptarlas. Usted también se ha referido a las tasas universitarias,
cuestión sobre la que considero que se podría hacer una reflexión: si se
deben mantener las tasas universitarias de modo que un alumno que repita
seis veces la misma asignatura debe continuar pagando prácticamente lo
mismo que aquel alumno que se matricula por primera vez. Por lo tanto, no
podemos mantener situaciones inamovibles.

Aceptamos y votaríamos a favor de los cuatro puntos de la
primera parte de su moción, pero sin rechazar el copago en este ámbito
sanitario, entre otras cosas porque anteayer —ayer se público el
decreto— este copago ya existía, siempre ha existido.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Socialista, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no
la enmienda.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Gracias, señor presidente.

La verdad es que, en cuanto a aceptar el tema del copago
tal como lo plantea el representante de Convergència i Unió, es evidente
que tenemos una trayectoria en esta materia y la respuesta es no. Pero,
más allá del no, vamos a dar argumentos.

Efectivamente, el copago farmacéutico en España ha existido
habitualmente en la receta médica —en la receta verde, como se
dice—, en la que pagamos el 40 %. ¿Por qué tenemos que modificarlo
ahora? ¿Por qué no buscamos otras fuentes de financiación, de
sostenibilidad para el sistema? Yo he expuesto un montón de
posibilidades.

En España tenemos un camino, que es el del Estado de
bienestar en materia de sanidad y de educación, que es diferente al de
otros países. Alemania, evidentemente, tiene muchos más copagos que
nosotros; Gran Bretaña los tiene; Francia, en menor medida; los países
escandinavos tienen más copagos que nosotros en materia de educación y de
farmacia. Pero son países que también tienen una renta

mucho más alta, un salario mínimo mucho más alto, unas
prestaciones por desempleo y unas pensiones mucho más altas y de mayor
duración. Y en cierta forma en España el hecho de la universalización y
del pago a través de impuestos de estos dos grandes servicios públicos:
la sanidad y la educación, es una compensación a la situación salarial y
social que tenemos. Estamos hablando de nosotros, de nuestro Estado del
bienestar; si usted quiere compararme con Alemania, de acuerdo, pero
póngame 2000 euros como salario mínimo en España. ¡A ver de dónde saca el
dinero para eso! Póngame 2000 euros y luego hablamos del resto. Póngame
pensiones de 5000 euros y luego hablamos del resto. Los alemanes, más o
menos, reciben esas cantidades. Así que estamos hablando de cosas que no
son exactamente homogéneas y por eso no vamos a aceptar el copago. Abrir
la puerta al copago es terminar con el Estado del bienestar sin haber
llegado todavía socialmente, desde el punto de vista de los trabajadores,
a una situación laboral equiparable a la media europea.

Los catalanes han tomado un camino, ustedes han tomado un
camino, en mi opinión, delicado. Han aprobado el euro por receta
—con el apoyo del Partido Popular, si no, no hubieran tenido
mayoría—; están hablando de tasas por servicios hospitalarios; de
tasas por hostelería: comida, limpieza o lo que sea y de tasas por
acompañante en hospital. Están creando un camino con el que los
ciudadanos catalanes en España tienen menos derechos que el resto.
Tendrán que pensarlo en algún momento porque, efectivamente, a los
catalanes les van a salir más caras que a los demás las mismas cosas.
Este es un problema muy grave; un problema que, además, yo creo que
legalmente no es sostenible en España, donde todos los ciudadanos tienen
que ser iguales ante los servicios sociales. Pero ustedes han abierto una
vía de discriminación a su propia ciudadanía.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Nos encontramos con una moción que
en su texto prácticamente propone tres cuestiones a las que el proponente
apenas ha hecho mención. La primera es incidir sobre la competencia en
materia sanitaria y educativa de las comunidades autónomas, con lo cual
estamos de acuerdo. En segundo lugar, básicamente lo que hace —y
eso sí es acorde con su discurso— es empezar a señalar líneas
rojas, incluso mezclando cuestiones tan dispares como el registro de
propiedad inmueble y algunas otras ocurrencias que ha traído a lo largo
de su exposición, con lo cual, como demostraré, no tiene sentido esa
parte de la cuestión. Y en tercer lugar, rechaza de plano —lo ha
hecho en su última intervención al rechazar la enmienda que propone el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió— la fórmula del copago
sanitario. Lo que no sabemos nosotros es si lo rechaza el señor Lertxundi
y los asistentes senadores de Grupo Parlamentario Socialista que le
jalean y aplauden con entusiasmo, o si lo hace el Partido Socialista,
pero tendremos ocasión de ver que no es el caso.

En cualquier caso, antes de entrar en la materia que nos
ocupa, sí quiero decirle, señor Lertxundi, que escuchando su intervención
y los argumentos que utiliza, en muchos casos desatinados y desaforados
—incorrectos, también—, y viendo cómo le apoya y le jalea su
grupo parlamentario, termino de entender, ya de forma descriptiva, clara
y precisa, cómo el Gobierno que ustedes han venido apoyando, el Gobierno
de ese gran líder de las civilizaciones, el señor Zapatero, y de su
segundo, el señor Rubalcaba, ha puesto a España en la situación de
postración en la que nos encontramos. Eso ya ha quedado claro con su
intervención. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.)

Resulta claro que ustedes, después de cuatro meses alejados
del Gobierno de España, y se ve que con algún intento de justificar sus
propias deficiencias, han aceptado, han acogido el discurso de la amenaza
del Estado del bienestar, de las líneas rojas, nunca bien definidas
—Estado del bienestar tampoco bien definido—, para tratar de
infundir temor en la opinión pública, hacer un discurso reivindicativo,
aunque no se sustente en nada, que básicamente es lo que usted nos ha
demostrado hoy aquí y, en tercer lugar, hacer ruido, como la portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista —no sé exactamente qué cargo
orgánico tienen en su partido— cuando hace muy poco venía a decir
que las familias salieran a la calle. Ese es el objetivo. Discurso de
pancarta, crear conflictividad social y de ninguna manera asumir las
responsabilidades que les tocan por lo mucho y malo, por lo mucho y peor
que han venido gestionando la economía y los servicios públicos españoles
los últimos años.

En realidad de lo que trata la moción —permítanme que
me ciña a su texto y trate de expresar algunos de los argumentos que
justifican los contenidos de los dos reales decretos leyes a los que
estamos haciendo mención— es de que por decreto ley se ofrece a las
comunidades autónomas titulares de las competencias en materia sanitaria
y educativa mejorar la gestión y la eficiencia en la prestación de los
servicios y al mismo tiempo y de esta forma poder ahorrarse del orden de
10 000 millones de euros para así poder cumplir los compromisos de
déficit público que tienen asumido en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y que se concreta en un déficit para el año 2002 del orden del
1,5 % de producto interior bruto. De tal forma que esto guarda relación
con la posición financiera global que en España hemos comprometido con la
Unión Europea —el Estado, comunidades autónomas y también las
corporaciones locales— y para su cumplimiento se facilitan estos
instrumentos para que las comunidades autónomas adopten, de acuerdo con
su propia situación financiera, aquellos que consideren más convenientes.
Por tanto, son medidas dispositivas que permiten a las comunidades
autónomas mayor flexibilidad a la hora de materializar políticas de gasto
público en servicio sanitario y en servicio educativo sin comprometer en
ningún caso la gratuidad, la universalidad de ambos servicios.

Para lograr estas modificaciones hay que hacer reformas,
concepto que para ustedes yo entiendo que es prácticamente desconocido.
Quienes gobernaban a golpe de ocurrencia, ciertamente crean una inercia
hacia futuro que se traslada también a muchos de sus parlamentarios
—ahora acabamos de ver a uno de ellos— donde es la ocurrencia
la forma normal de argumentar. Pero, en definitiva, lo que dicen los
decretos leyes y, por tanto, de lo que estamos hablando es de reformas
que mejoran la gestión, no que ponen en riesgo los servicios públicos.
Por ejemplo, entre las reformas que mejoran la gestión tenemos la
posibilidad de que los centros educativos atiendan por sí mismos y con
sus recursos todas las bajas que se produzcan inferiores a diez días sin
requerir sustituciones de otra naturaleza. Eso, ciertamente, mejora la
gestión y obliga a hacer un mejor uso de los recursos educativos
disponibles.

Por otro lado, por ejemplo, la racionalización del número
de titulaciones universitarias, ¿o es que acaso pretenden ustedes que
titulaciones con menos de cincuenta alumnos puedan seguir manteniéndose
y, por consiguiente, utilizando presupuestos públicos escasos, como es el
caso, en nuestro país? Por tanto, habrá que racionalizar esa cuestión.
Controles para evitar lo que se ha venido en llamar turismo sanitario,
que encierra muchas situaciones, pero que en cualquier caso es un gasto
que no tiene por qué asumir, o por lo menos no asumirlo más que a un
nivel puramente asistencial, una sanidad de una nación como España,
atendiendo a todo ciudadano que pueda venir deseoso de recibir
prestaciones sanitarias debido a la alta calidad del servicio sanitario
en España, y mucho más cuando hablamos también, dada la libertad de
movimientos dentro de en la Unión Europea, de ciudadanos de la Unión
Europea no españoles que incluso fuera de España facturan a la sanidad
española los servicios sanitarios que reciben en sus propios países de
origen.

Esas son situaciones que cualquier persona que no sea
insensible a los contribuyentes de España entiende como necesarias. Es
más se pregunta cómo ha sido posible que no se aplicaran antes. Estas son
mejoras claras de gestión. Podríamos hablar también de la tarjeta
sanitaria única, de la cartera de servicios comunes, donde, por cierto,
no solamente está incluida la prevención, la atención sanitaria, señor
Lertxundi, sino también el transporte urgente sanitario para recibir
prestaciones sanitarias en todo caso.

Usted ha falseado ese resultado, esa conclusión
—también lo hizo Rubalcaba ayer, por tanto, no me extraña que usted
le haya seguido hoy repicando la misma canción—, de la misma forma
que todo español, cualquiera que sea su edad, mayor de 26 años, menor de
26 años, esté en activo, no esté en activo o esté parado
—desgraciadamente ustedes saben mucho de eso, pues más de cinco
millones de españoles están en paro— tiene derecho a la asistencia
sanitaria gratuita y universal en España. Quien diga lo contrario
sencillamente desconoce la sanidad pública española y lo que es este
Gobierno. Por tanto, no deja de ser un discurso absurdo ese de si antes
de los 26 o después de los 26, son esas tormentas en un vaso de agua que
ustedes organizan para despistar a la opinión pública sin otra razón de
ser que la de poder venir aquí a argumentar.

Señor Lertxundi, no me invite a ir al bar. Yo no acostumbro
ir a bares. A veces me tomo un café, pero desde luego, política hay que
hacerla en la tribuna donde hay luz y taquígrafos (Aplausos.) y no en los
bares, hablando de lo que usted tiene que hablar y argumentar aquí en
lugar de simplemente darnos un discurso desabrido de incorrecciones, como
ha hecho.

A partir de ahí, reformas no solamente para mejorar la
gestión, que son las que a ustedes más les han sorprendido, sino para
mejorar la eficiencia en el uso de los servicios públicos, por ejemplo,
la aproximación

de los precios públicos de los servicios académicos de
universidades al coste efectivo de prestación del servicio, tomando en
consideración, además, el aprovechamiento que los alumnos hacen de esa
oportunidad que los contribuyentes españoles ponen a su disposición. Y lo
mismo en el nuevo sistema de aportaciones al uso de productos
farmacéuticos, donde, frente a unas categorías, activos y pasivos, que
venían utilizándose en estas aportaciones al servicio farmacéutico, ahora
se incluye con unos ahorros que usted ha infravalorado, pero que, en
cualquier caso, bienvenidos son porque, además, racionalizan el uso del
medicamento. Ahora se toman en consideración, situación de activo, de
pasivo, niveles de renta y, al mismo tiempo, si las enfermedades, las
dolencias son crónicas o no lo son.

En función de todo eso se elabora un sistema que es más
equilibrado, si no quieren llamarlo más justo y equitativo —yo
entiendo que es así—, pero en cualquier caso, más equilibrado de
aportaciones, que son en definitiva eso, en la prestación de productos
farmacéuticos.

Tenemos también reformas que promueven la responsabilidad y
el esfuerzo de quienes prestan los servicios públicos. Por ejemplo,
ciertamente se aumenta el número de horas de docencia universitaria en
coherencia también con la tarea investigadora de los profesores
universitarios. Supongo que usted estará de acuerdo con eso. Supongo
también que estará de acuerdo con que las sustituciones en los niveles de
educación obligatoria se realicen de acuerdo —como hemos dicho
antes— con las necesidades; primero que se tomen en consideración
las posibilidades de los centros antes de recurrir a sustituciones
reguladas, que lo único que hacen es, entre otras cosas, desconcertar a
los alumnos, y desde luego, no reducir la calidad del servicio
educativo.

Dentro de estas medidas hay que elaborar también un
catálogo homogéneo de categorías profesionales sanitarias. Usted lo es
—me consta—. Me imagino que no objetara que se elabore este
catálogo homogéneo que permita impulsar desarrollo profesional y
facilite, sobre todo, la movilidad del personal sanitario entre
comunidades autónomas. ¿Dónde encuentra usted, señor Lertxundi, la
amenaza a los servicios públicos en las medidas que yo le he venido
enunciando y en todas las que incluye el Real Decreto-ley si no es en su
simple y pura imaginación? ¿Dónde encuentra usted esa amenaza a la
prestación de servicios públicos que seguirán siendo gratuitos y
universales?

¿De dónde saca usted que hay copago? Únicamente en materia
farmacéutica, lo que hay son aportaciones, que ya las había, pero que se
cambia y se gradúa con otros criterios que nosotros consideramos que,
aparte de ahorrar recursos públicos, mejoran sustancialmente la
situación. ¿No recuerda usted acaso que en materia de copago
—aunque lo ha negado y supongo que lo seguirá negando—
precisamente el Partido Socialista Obrero Español lleva la delantera
respecto a todos los demás grupos políticos en este país? ¿Acaso usted
olvida que en el año 2004, la entonces consejera de sanidad del Gobierno
de Cataluña, del Partido Socialista de Cataluña, propuso el copago, es
decir, el pago por cada acto de prestación médica, de asistencia
sanitaria, el pago de unas cantidades por cada receta, no por cada receta
como ahora, sino incluso por la asistencia sanitaria? ¿Olvida usted acaso
que la que fuera ministra del señor Zapatero, acompañante del señor
Rubalcaba en el Gobierno, la señora Pajín, concretamente el 13 de
diciembre del año 2010 —tengo aquí apuntada la fecha, pueden
consultarlo en las hemerotecas—, dijo que el copago sanitario
serviría para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud
en España? Y al poco tiempo, concretamente en el mes de mayo de 2011,
unos meses después, la también ministra del señor Zapatero…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.

Como decía, la señora Jiménez insistió exactamente en la
misma idea: el copago era necesario. Bien es verdad que entonces habían
visto las orejas al lobo, el tirón de orejas que le dieron al señor
Zapatero en Bruselas, y en ese momento se dieron cuenta y aceptaron el
copago como una posibilidad.

Pues bien, con esto concluyo esta intervención, luego
continuaré en el turno de portavoces. Nosotros no aceptamos el copago ni
lo hemos aceptado. Llámelo usted como quiera. Hemos cambiado el sistema
de aportaciones en la adquisición de productos farmacéuticos, pero eso no
es copago en la prestación sanitaria. (Rumores y protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

Por favor, vaya finalizando, señoría.

El señor UTRERA MORA: Por tanto, señor Lertxundi, va de
suyo que votaremos en contra de una moción razonable en su texto, pero
absolutamente desafortunada en su exposición.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu
jauna.

Arratsalde on, senatari jaun-andreok.

Buenas tardes, señor presidente.

Buenas tardes, señores senadores.

Vamos a votar a favor de la moción presentada,
esencialmente por dos razones. En cuanto a la primera, no quiero
profundizar demasiado, en primer lugar, porque consideramos que las
medidas de ahorro que se han planteado en el mundo de la educación y de
la salud, al menos las que conocemos y las que iremos conociendo, van a
ser más efectivas para modificar indicadores a corto plazo que realmente
para mejorar los servicios. A largo plazo, con estas medidas, los
servicios se van a resentir.

Ya se ha hablado en dos mociones anteriores de los
problemas de la educación y de los problemas sanitarios. El senador
Lertxundi ha hecho un repaso importante, y creo que hay que tomárselo muy
en serio. Ha habido unas cuantas risas cuando ha hablado de lo de la
tuberculosis, y a mí me parece un tema verdaderamente preocupante. Lo
digo sinceramente.

En cualquier caso, estas reformas, como las vacaciones
fiscales, etcétera, constituyen un asalto a las competencias propias de
la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra. Ha dicho
el senador Lertxundi con mucha razón que en Euskadi es probablemente
donde mejor funciona la sanidad, dentro de que hay problemas, como en
todas partes. Y eso es lo que queremos que siga siendo. Al final, por más
que el Gobierno se empeñe en negarlo, con estas medidas estamos
asistiendo a un síntoma más del síndrome recentralizador que padece el
actual Gobierno, y que creo que también padece el Partido Popular. Por
eso, mi grupo parlamentario no puede estar de acuerdo con estas medidas
en cuanto que socavan nuestro autogobierno, el vasco y el navarro, y no
vamos a entrar en esa dinámica.

Hemos empezado esta mañana escuchando al senador Fernández
Ortega hacer una encendida defensa del Estado autonómico y del Estatuto
andaluz; la verdad es que estamos de acuerdo y que el primer punto de
esta moción también va por esa línea. Sin embargo, sinceramente, a los
vascos ya nos hubiera gustado que se hubiera hecho esa defensa encendida
del Estado autonómico cuando el Gobierno socialista gobernaba, de manera
que hubiéramos completado el Estatuto de Gernika. En cualquier caso, como
hay que cumplir la ley ―como ha dicho el senador Fernández
Ortega―, esperemos que se cumpla también en este caso y que se
respeten las competencias propias de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

Para finalizar ―porque no voy a entrar en más
detalles―, quiero pedir al senador Lertxundi y al Grupo Socialista
que le hagan llegar esta moción al señor López, para que en la misma
línea en la que se han defendido esta mañana las inversiones en Andalucía
y con la misma energía y convicción, defienda el autogobierno vasco, el
autogobierno que gestiona su Gobierno, en la educación, en la sanidad, en
el acceso a los medicamentos, en los temas fiscales y demás ámbitos,
porque no sería de recibo que, como ha dicho el senador Lertxundi, un
sistema de salud que funciona ―y que funciona bien― se vaya a
ir al traste por aplicar medidas que no son precisamente las indicadas
para ese sistema de salud sino para otros que padecen unos problemas muy
graves. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

No quiero entrar en los detalles de las reformas, pero sí
creo que en Euskadi se ha hecho un trabajo que aquí está pendiente:
cambiar el paradigma de la salud pública y ser conscientes de la
cronicidad de los problemas de salud porque eso no se soluciona con estas
medidas de corto plazo. Hay que hacer ese trabajo y buscar otros sistemas
para evitar precisamente que los pensionistas tengan que pagar 8 euros,
sobre todo si tenemos en cuenta que hay más de un 8 % de pensionistas que
solo cobran 300 euros y que un pago de 8 euros mensuales supone una
bajada real de la pensión de más del 2 %, porque todos están
multimedicados y se van a gastar los 8 euros, y si no se los gastan,
todavía será peor.

Por ello, señorías, solicitamos al Partido Socialista que
pida a Patxi López que adopte las medidas oportunas para que esto no se
produzca en Euskadi y que se haga una reflexión más profunda en relación
con este tema, sin tanto cortoplacismo, aunque la situación no sea buena,
adoptando medidas que no se centren en cargar y crear más problemas a los
pacientes para el acceso al sistema de salud porque, a la larga, saldrá
mucho más caro que lo que en este momento se pueda llegar a ahorrar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Senyores i senyors senadors, com molt bé ha dit el senador
Lertxundi, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, en realitat aquest
és un tema molt important, la retallada de 10 000 milions que afectaran a
polítiques sanitàries i educatives, i no se n’ha parlat en
l’àmbit parlamentari, si bé és un tema que té a veure directament
amb l’estabilitat pressupostaria i, certament, aquesta tarda hem de
debatre el projecte de llei que afecta al tema. El que no és obligat és
que l’estabilitat pressupostària hagi de passar, necessàriament,
per retallades en l’àmbit de la salut i de l’educació, com
referiré a continuació.

D’entrada, voldria dir-li al portaveu del Grup
Popular que no és cert que ells no estiguin a favor del copagament
sanitari. El copagament sanitari s’està aplicant a Catalunya i el
Partit Popular, en el Parlament de Catalunya, ha votat a favor
d’uns pressupostos que comporten el copagament sanitari. Per tant,
vostès han votat favorablement el copagament sanitari. De fet, Catalunya
està esdeveniment un banc de proves del més dur en les pitjors retallades
de l’Estat del benestar. I, evidentment, amb la complicitat
política i ideològica de Convergència i Unió amb el Partit Popular.

No és cert tampoc en absolut que el govern d’entesa a
Catalunya, del que era consellera la senyora Marina Geli, apostés pel
copagament. Una cosa és el debat polític i l’altra és la realitat
del Govern. Mai no es va aplicar el copagament i sí es van aplicar altres
mesures com ara les de la recepta electrònica que van permetre
racionalitzar i millorar l’eficiència en la despesa sanitària i, en
cap cas, no es va aplicar el copagament que sí s’ha fet
posteriorment amb un Govern conservador amb el suport del Partit
Popular.

És, per tant, perquè estem parlant d’un tema central
en el debat polític i social, una moció oportuna aquesta que planteja el
Grup Parlamentari Socialista. Des del Grup Parlamentari de l’Estesa
pel Progrés de Catalunya estem clarament a favor de la necessitat
d’apostar per l’eficiència i la racionalització en la despesa
pública. Aquest és un principi que cal compartir, i més en moments de
dificultats econòmiques molt greus com les actuals.

Ara bé, com s’ha d’aplicar això? Com ha de
repercutir això sobre les prestacions de serveis públics? Aquesta és una
altra qüestió. Els sistemes sanitari i educatiu del nostre país,
d’Espanya, que s’ha construït al llarg dels darrers trenta
anys i, fonamentalment, amb Governs socialistes, ha generat cohesió
social, equitat i igualtat d’oportunitats. Ara, el que s’està
fent, és posar greument en perill tot allò que s’ha aconseguit al
llarg d’aquests trenta anys de democràcia al nostre país.I què és
el que s’està plantejant? Perquè es pot dir de tot, i es poden fer
volar coloms, però al final, si s’han de reduir 10 000 milions en
matèria d’educació i de sanitat, i que evidentment com molt bé deia
el senador Lertxundi afectarà clarament al personal, ja que són serveis
que tenen una base fonamental de prestació de treball, de prestació
personal.

El que acabarà fent és reduir les plantilles
substancialment i, per tant, afectar en el cas de l’educació a una
clara reducció del professorat en l’educació pública, que és la que
depèn dels pressupostos públics. I aquesta reducció del professorat,
evidentment, significa un empitjorament de la qualitat d’aquest
servei públic com és l’educació, un servei fonamental. Es diu, no
passa res; fins i tot es diu: es millora el servei perquè la mateixa
plantilla de professorat haurà d’atendre les substitucions. Bé, les
plantilles estan dimensionades perquè realment responguin a les
necessitats del servei educatiu que plantegen. Però quan hi ha una
situació excepcional com és una baixa per malaltia, accident o d’un
altre tipus per part d’algun membre del claustre de professors, és
evident que fa falta incorporar algú, un professor, vingut del sistema
d’interinatge, perquè pugui cobrir aquesta plaça. Perquè sense fer
més hores de feina el professorat del propi claustre no es pot garantir
la prestació del servei, i al final acaba passant que els alumnes queden
totalment desatesos. Una ràtio baixa és fonamental per garantir la
qualitat educativa, és el que millora la igualtat d’oportunitats, i
no s’hi val a dir, com s’ha dit en un anterior debat, que amb
ràtios més elevades en anteriors sistemes educatius es donava millor
rendiment. Perquè no és cert, era un

sistema que excloïa a molta gent de les oportunitats
d’ascendir en l’escala educativa i d’arribar, fins i
tot, a la universitat.

En el cas de reducció del personal sanitari és reducció de
personal sanitari, tancament de quiròfans i reducció de prestacions. A
Catalunya, com els he dit, ja tenim un laboratori de proves, i estem
veient com hi ha casos de veritable desatenció, precisament per falta de
personal, o com s’està posant en risc la salut de les persones, per
exemple amb el sistema d’atenció a urgències, quan, el fet
d’haver fet fora a molt personal eventual del sistema sanitari que
cobria guàrdies i urgències ha significat que els professionals que estan
en règim funcionarial hagin d’encadenar guàrdies moltes vegades amb
els torns d’assistència normals de cada dia, fet que dificulta molt
que aquest servei de prestació d’atenció d’urgències es pugui
garantir amb l’eficiència necessària i garantint, precisament, el
dret bàsic de les persones a la salut.

En definitiva, això té com a conseqüència les llistes
d’espera, que s’eternitzen cada vegada més, fins al punt que
la gent evidentment ha d’optar per renunciar, els que s’ho
poden permetre, a la salut pública, i els que no s’ho poden
permetre han de renunciar, evidentment, a la salut, que és el pitjor que
pot passar, com el cas de la desatenció als immigrants, als que molt bé
ha al·ludit el senador Lertxundi, també. És un cas de profunda
inhumanitat desatendre l’atenció sanitària a les persones que viuen
al nostre país, és inacceptable en una societat avançada del segle XXI
que poguéssim desatendre els drets bàsics de les persones com és el dret
a la salut, per més que estiguin vivint al nostre país, independentment
de si tenen papers, o no.

I en matèria educativa, jo crec que tornem a un sistema
dual en el qual tindrem una escola de qualitat, amb l’escola
concertada o privada, i tornem a aquell trist record que a Catalunya en
dèiem les escoles nacionals, aquelles escoles que atenien els qui no es
podien permetre l’escola privada.

I, en la sanitat, com deia, a una sanitat de beneficència,
on aquells que no s’ho poden pagar tenen els hospitals públics que
atenen per caritat allò que realment hauria de ser un tema de justícia
social.

Per tot això, senyores i senyors senadors, calen un altre
tipus de mesures. He dit que estem a favor de millorar l’eficiència
i la racionalització en la despesa pública. Estem a favor d’una
certa estabilitat pressupostària, com manifestarem aquesta tarda en el
debat. Però evidentment calen altres mesures. El que cal és millorar en
l’eficiència de l’Administració, millorar les pràctiques de
l’Administració pública i reduir despeses innecessàries en
determinats àmbits, no en sanitat i educació. Eliminar duplicitats en
l’Administració Pública, que n’hi ha, cal abordar
definitivament el debat de les diputacions provincials que en molts casos
dupliquen prestacions de serveis amb els Governs autonòmics, o en el cas
de determinades comunitats autònomes com Catalunya, el cas dels consells
comarcals, una administració totalment innecessària que podria ser
substituïda per mancomunitats de serveis als municipis.

I, evidentment, senyores i senyors senadors, el que cal és
generar creixement. Aquesta és la qüestió. Cal apostar per generar
creixement. No és només retallar, retallar i retallar, sinó que cal
apostar perquè l’economia es recuperi i perquè torni a créixer. Ho
ha recordat fins i tot fa pocs dies el Fons Monetari Internacional,
al·ludint a Espanya. Fa dos dies, davant de l’Assemblea de la COSAC
a la qual vam poder assistir a Copenhague, el propi president de la
Comissió Europea, el senyor Durao Barroso, apostava també per equilibrar
les retallades amb polítiques de creixement. Sembla que el Govern
espanyol està en una altra òrbita i el seu capficament ideològic
l’està portant només a intentar modificar l’Estat per tornar
en certa manera al que eren les pràctiques d’una societat que hem
volgut oblidar, com era la societat del franquisme, i estan allunyant-se,
fins i tot, de les propostes que des d’àmbits conservadors
s’estan fent i plantejant en altres indrets.

Cal evidentment també, senyores i senyors senadors, un
canvi en la política fiscal. Cal també afectar la recaptació, cal canviar
la política fiscal per fer una fiscalitat més progressiva, que realment
acabin pagant més aquelles que tenen més, i que són qui tenen la
responsabilitat de pagar, per no castigar més els que estan més
perjudicats en el conjunt de la nostra societat.

I, finalment, senyores i senyors senadors, estem parlant
d’un tema que afecta profundament les competències de les
comunitats autònomes en matèria de sanitat i d’educació. I, per
tant, cal ser molt curosos, amb les competències de les comunitats
autònomes; s’ha de fer de comú acord amb el conjunt de les
comunitats autònomes. No és possible que s’aprofiti l’excusa
de la mala situació econòmica, de la necessitat d’estabilitat
pressupostària i l’excusa de necessitat de retallar en la despesa
pública per retallar les competències autonòmiques i per protagonitzar
una involució en allò que ha estat fonamental en aquests anys que portem
de democràcia al nostre país, en aquests més de trenta anys, que és
precisament el desplegament de l’Estat de les autonomies;
d’un estat de model federalitzant que és la base precisament de
futur per al conjunt del nostre país.

Gràcies, senyores i senyors senadors. Gràcies senyor
president. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, como muy bien ha dicho el
senador Lertxundi, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el
descenso de 10 000 millones de euros que afectarán a políticas sanitarias
y educativas es un aspecto muy importante, y no se ha hablado de ello en
el ámbito parlamentario, a pesar de que está directamente ligado con la
estabilidad presupuestaria, que se debatió en el proyecto de ley
correspondiente. Lo que no es obligado es que la estabilidad
presupuestaria deba pasar necesariamente por recortes en el ámbito de la
salud y de la educación, como voy a referir a continuación.

De entrada, me gustaría decirle al portavoz del Grupo
Popular que no es cierto que ellos no estén a favor del copago sanitario.
El copago sanitario se está aplicando en Cataluña, y el Grupo Popular, en
el Parlamento de Cataluña, ha votado a favor de unos presupuestos que
conllevan el copago sanitario; por lo tanto, ustedes han votado
favorablemente el copago sanitario. De hecho, Cataluña está siendo un
banco de pruebas de lo que son los peores recortes del Estado del
bienestar, evidentemente con la complicidad política e ideológica de
Convergència i Unió y el Grupo Popular.

Tampoco es cierto que el Gobierno de Entesa en Cataluña,
del que era consejera Marina Geli, apostara por el copago. Una cosa es el
debate político y otra la realidad. Nunca se aplicó el copago y sí otras
medidas, como la receta electrónica, que permitieron racionalizar y
mejorar la eficiencia de los gastos sanitarios. No se aplicó el copago,
que sí se ha hecho posteriormente con un Gobierno conservador.

Puesto que estamos hablando de un tema central en el debate
político y social, es vital una moción tan oportuna como la que plantea
el Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya está claramente a favor de la necesidad de apostar
por la eficiencia y la racionalización en el gasto público. Este es un
principio que se debe compartir, y más en momentos de dificultad
económica tan graves como los actuales.

Ahora bien, ¿cómo debe aplicarse esto? ¿Cómo se debe
aplicar sobre la prestación de servicios públicos? Esa es otra cuestión.
El sistema sanitario y educativo de nuestro país, de España, que se ha
construido a lo largo de los últimos treinta años y fundamentalmente con
Gobierno socialistas, ha generado cohesión social, equidad e igualdad de
oportunidades. Ahora lo que se hace es poner gravemente en peligro todo
aquello que se ha conseguido a lo largo de estos últimos treinta años de
democracia en nuestro país. ¿Qué es lo que se está planteando? Porque
todo no se puede tener, se pueden lanzar ideas al aire, pero al final se
están reduciendo 10 000 millones de euros en materia de educación y
sanidad, medidas que, como muy bien decía el senador Lertxundi, afectarán
seguramente al personal, pues son servicios que tienen como base
fundamental trabajos de prestación personal.

Se acabarán reduciendo las plantillas, cuestión que, en el
caso de la educación, conllevará una reducción del profesorado en la
educación pública. Esta reducción del profesorado, evidentemente,
significa un empeoramiento de la calidad de un servicio público
fundamental como es la educación. Se dice: no pasa nada; incluso se dice:
se mejora el servicio porque la misma plantilla de profesores atenderá
las sustituciones. Las plantillas están dimensionadas para que puedan
responder realmente a las necesidades del servicio educativo que se
plantea. Y cuando existe una situación excepcional, como una baja por
enfermedad o accidente de cualquier miembro del claustro de profesores,
es necesario incorporar algún profesor —por eso existe el sistema
de interinaje— para cubrir esta plaza. Si ponemos más horas al
profesorado del propio claustro, no se podrá garantizar la prestación del
servicio y, al final, los alumnos quedarán totalmente desatendidos. Este
hecho es fundamental para garantizar la calidad educativa, es lo que
mejora la igualdad de oportunidades. No se puede decir que con el
anterior sistema se daba mejor rendimiento, porque, por cierto, era un
sistema que excluía a mucha gente de las oportunidades de ascender en la
escala educativa y llegar incluso a la universidad.

En el caso de reducción del personal sanitario significa
reducción de personal, cierre de quirófanos y reducción de prestaciones.
En Cataluña, como les he dicho, tenemos un laboratorio de pruebas y
estamos viendo que hay casos de verdadera desatención, precisamente por
falta de personal, o cómo se está poniendo en riesgo la salud de las
personas en el sistema de atención de urgencias. El despido de personal
eventual que cubría las urgencias ha significado que los profesionales
que están en régimen funcionarial deban encadenar guardias muchas veces
con los turnos de asistencia normal de cada día, lo que dificulta mucho
que este servicio de prestación de atención de urgencias se pueda
garantizar con la eficiencia necesaria y garantizar el acceso de las
personas a la salud.

Y, en materia educativa, considero que regresamos a un
sistema dual: por un lado, tendremos una escuela de calidad, concertada o
privada, y, por otro, el triste recuerdo de lo que en Cataluña se
llamaban las escuelas nacionales, aquellas que atendían a los que no
podían permitirse la escuela privada.

En definitiva, esto tiene como consecuencia unas listas de
espera que se eternizan cada vez más, hasta el punto de que la gente debe
optar por renunciar, los que se lo pueden permitir, a la salud pública, y
los que no se lo pueden permitir tienen que renunciar a la salud, que es
lo peor que puede suceder, como ocurre con la desatención a los
inmigrantes, a los que también se ha referido el senador Lertxundi. Es de
una profunda inhumanidad desatender la asistencia sanitaria a las
personas que viven en nuestro país, es inaceptable en una sociedad
avanzada del siglo XXI que pudiéramos desatender los derechos básicos de
las personas, como el derecho a la salud, independientemente de que
tengan papeles o no. Evidentemente, se trata de una sanidad de
beneficencia: aquellos que no se lo pueden pagar tienen hospitales
públicos que atienden por caridad lo que debería ser un tema de justicia
social.

Por todo ello, señoras y señores senadores, lo que hace
falta son otro tipo de medidas. He dicho que estamos a favor de mejorar
la eficiencia y la racionalización en el gasto público. Estamos de
acuerdo con una cierta estabilidad presupuestaria, como manifestaremos
esta tarde en el debate pero, evidentemente, son necesarias otras
medidas. Lo que hace falta es mejorar la eficiencia de la Administración,
mejorar las prácticas de la Administración Pública y reducir gastos
innecesarios en determinados ámbitos, pero no en sanidad y en educación.
Eliminar la duplicidad que existe, hay que afrontar el debate de las
diputaciones provinciales que en muchos casos duplican prestaciones de
servicios en los Gobiernos autonómicos o, como ocurre en algunas
comunidades como Cataluña, los consejos comarcales, una administración
totalmente innecesaria que podría ser sustituida por mancomunidades de
servicios en los municipios.

Y, señoras y señores senadores, lo que hace falta es
generar crecimiento. Hay que apostar por generar crecimiento, no se trata
solo de recortar, recortar y recortar. Hay que apostar para que la
economía se recupere y vuelva a crecer, incluso el Fondo Monetario
Internacional lo ha recordado hace poco. El señor Durao Barroso,
presidente de la Comunidad, hace dos días, ante la asamblea a la que
asistió en Copenhague, apostaba también por combinar los recortes con
políticas de crecimiento, pero parece que el Gobierno español está en
otra órbita y su única motivación es intentar modificar el Estado para
volver en cierto modo a las prácticas de una sociedad que hemos olvidado,
como la sociedad del franquismo, alejándose de las propuestas que desde
ámbitos conservadores se plantean en otros lugares.

También es necesario un cambio en la política fiscal; hay
que afectar a la recaudación, hay que cambiar la política fiscal para
obtener una fiscalidad más progresiva, de modo que realmente acaben
pagando más aquellos que tienen más y que tienen la responsabilidad de
pagar, y no castigar a los más perjudicados de nuestra sociedad.

Por último, señorías, estamos hablando de un tema que
afecta profundamente a las competencias de las comunidades autónomas en
materia de sanidad y de educación y, por tanto, hay que ser muy cuidadoso
con sus competencias y hacerlo muy de acuerdo con estas comunidades; no
es posible aprovechar la excusa de la mala situación económica, de la
necesidad de estabilidad presupuestaria y la necesidad de recortar en el
gasto público para recortar las competencias autonómicas y protagonizar
una involución en aquello que ha sido fundamental durante los años que
llevamos de democracia en nuestro país, que es precisamente el despliegue
del Estado de las Autonomías, la base de futuro para el conjunto de
nuestro país.

Gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president.

Senyories, posicionarem el nostre grup en relació al
conjunt de la moció que presenta el senador Lertxundi en representació
del Grup Socialista al Senat. Vagi per endavant que ja els anunciem que
el nostre vot serà d’abstenció, perquè com he dit la primera part
de la moció la podem compartir, de fet, la compartim, ens podríem
posicionar absolutament a favor, però no tant en quant a la segona part
que, com els he dit, planteja una discrepància respecte al copagament, i
copagament sanitari, que després hi entraré, i tampoc no m’estaré
d’entrar a algunes referències que han fet tant el senador
Lertxundi com el senador Sabaté en relació a les mesures que està prenent
el Govern català, per què les està prenent i com les està prenent.

Ho hem dit representants de la nostra formació política, ho
han dit representants del Govern de Catalunya. No ens agrada com
s’està prenent la mesura dels 10 000 milions d’euros. Més
enllà que sigui necessària una mesura d’estalvi, nosaltres pensem
realment, i s’han començat a fer estudis, que les

mesures que s’estan avançant no provocaran realment
un estalvi de 10 000 milions a les comunitats autònomes, que són les que
han de rebre aquest estalvi, perquè els recordo que tant les competències
d’ensenyament com les competències de sanitat estan traspassades.
Però sobretot no ens agrada que en algunes d’aquestes mesures que
es plantegen no es respecten les competències de l’autonomia de
cadascuna de les comunitats autònomes. Pensem que hi ha invasió de
competències en algun dels plantejaments, i això s’haurà de
resoldre en un futur immediat, i pensem que les comunitats autònomes han
de tenir elles mateixes la capacitat de prendre les mesures que creguin
convenients i jo crec que, en tot cas, en aquest cas l’Estat hauria
de fer una reforma de les lleis marc perquè sigui cadascuna de les
comunitats autònomes que acabi prenent la seva decisió. I tampoc no
hauria de ser de forma comú, en cap lloc de forma consensuada, sinó que
ho podria fer cadascuna segons entengui més raonable.

Més enllà d’aquí voldria entrar en la qüestió del
copagament. Un copagament que ara tots els socialistes de l’Estat
espanyol, també els catalans, abdiquen; no volen saber res del
copagament. El copagament és tabú, ja no podem parlar de copagament. Han
estat governant vuit anys i han mantingut el copagament farmacèutic; no
han fet res per reduir-lo. Vostès diuen, nosaltres no hi estem
d’acord. Els han fet un esment de diferents intervencions de
diferents ministres. Jo no hi entraré, però sí que els recomano al senyor
Lertxundi i el senyor Sabaté ho deu conèixer,l’article a El País,
signat, de 14 d’abril del 2010; un article que jo podria subscriure
al 100 % de la consellera Marina Geli, advocant pel copagament: «És com
la forma de salvar el sistema sanitari català (Aplaudiments), és la forma
de salvar un sistema sanitari que hem construït entre tots durant trenta
anys». Inclús planteja recuperar les desgravacions fiscals per a les
assegurances sanitàries privades. I continuen unes declaracions de la
mateixa consellera Geli, el dia 30 de maig del 2010 al diari La
Vanguardia —dos diaris molt solvents— on torna a fer una
defensa aferrissada del copagament. Ja sé que vostès, els senyors
d’Iniciativa, no hi estaven d’acord, però la senyora Geli era
consellera del Govern tripartit, era consellera del Govern que va generar
un forat en les finances de la Generalitat, que ara els parlaré, els
donaré dades.

Perquè pensen vostès que al Govern català li agrada prendre
aquestes mesures? Es pensen que els agrada prendre la mesura de
l’euro per recepta, senyor Lertxundi, senyor Sabaté? Són mesures
que hem pres en solitari, que hem pres exclusivament amb el vot favorable
de Convergència i Unió, perquè el Partit Popular es va abstenir; no han
votat a favor. Nosaltres voldríem que haguessin votat a favor, però es
van abstenir, no hi entrarem, aquest és un altre debat. Però no li agrada
al Govern català prendre mesures de posar un euro per recepta. Vostès
creuen que tenim alguna fixació especial? No, però vostès saben com van
deixar el sistema sanitari català? Vostès saben quin forat van deixar, de
quina dimensió? (Aplaudiments.)

Diuen que s’han de mantenir totes les places. Tant de
bo poguéssim mantenir tots els metges i tots els mestres. Vostès ho
saben, jo no sé si alguns altres no ho sabran. En set anys el tripartit
va passar de 150 000 empleats públics a la Generalitat de Catalunya a 210
000 empleats públics a la Generalitat de Catalunya. És així. I a
nosaltres ens agradaria tenir-ne 250 000, però no ens ho podem permetre.
No s’ho podien permetre vostès ni en època de bonança econòmica; no
s’ho podien permetre. (Aplaudiments.)

I ara ens venen a retreure que trenquem el sistema. No.
Totes aquestes mesures s’estan prenent per intentar salvar el
sistema. És clar que s’estan prenent per intentar salvar el
sistema! Catalunya és un banc de proves. Catalunya està prenent mesures
que també ens agradaria que es prenguessin a altres llocs, però no ens hi
fiquem. Però si les estem prenent és, primera, perquè el Govern ha
heretat un forat econòmic de dimensions considerables que tardarem més
d’una generació a poder-lo pagar. Segona, perquè tenim un sistema
de finançament absolutament injust. Tercera, perquè tenim un dèficit
fiscal que no té cap altra Comunitat Autònoma en tota Europa, cap
Comunitat Autònoma en tota Europa. Si no tinguéssim dèficit fiscal, si
tinguéssim un sistema de finançament just, sistema de finançament que
algun Govern, en aquell moment el Govern tripartit, va sortir anunciant
que era la gran solució per a les finances de Catalunya, si no fos per
això, evidentment que podríem estalviar-nos algunes d’aquestes
mesures; evidentment que podríem contractar més metges, evidentment que
podríem construir totes les catedrals de la salut que volia construir
l’anterior consellera de Sanitat. Però com no tenim aquests
recursos el que no podem fer és gastar el que no tenim. No ho podem fer
perquè no ho hem de fer. Però no ho podem fer perquè qui té aquests
recursos per a prestar-nos-els no ens els vol prestar, i no ens els vol
prestar perquè no generem la confiança suficient.

Per tant, senador Lertxundi, que li quedi clar que el
Govern català està prenent mesures no pel seu gust. Són mesures que ens
agradaria estalviar-nos, però les hem de prendre. Quedi clar que estem
d’acord amb el seu plantejament en relació al respecte a les
competències de les comunitats autònomes

i amb alguns dels altres aspectes, però també que li quedi
clar que el copagament vostès l’han utilitzat mentre han governat,
nosaltres l’hem utilitzat mentre hem governat, jo crec que hi ha
hagut un cert consens, crec que també des de les files del Partit
Socialista s’han obert espais d’opinió, de diàleg i de
reflexió que vostès haurien de tenir en consideració, i una posició
dogmàtica, de renúncia absoluta al copagament no porta enlloc.

Per tant, el nostre Grup procedirà a l’abstenció en
relació amb la seva moció.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Muchas gracias, presidente.

Señorías, voy a referirme a la posición de mi grupo
parlamentario con relación a la moción que presenta el senador Lertxundi
en representación del Grupo Socialista en el Senado. Vaya por delante que
nosotros nos abstendremos en esta votación porque, como he dicho, la
primera parte de la moción la compartimos de hecho, y podríamos votar a
favor, pero no compartimos la segunda porque, como he dicho, plantea una
discrepancia respecto al copago sanitario, en el que después entraré,
como entraré también en algunas referencias que han hecho los senadores
Lertxundi y Sabaté con relación a las medidas que está adoptando el
Gobierno catalán y cómo las está adoptando.

Representantes de nuestra formación política y del Gobierno
de Cataluña han dicho que no nos gusta la medida que se está tomando en
relación con los 10 000 millones de euros. Más allá de que sea necesaria
una medida de ahorro, se han empezado a hacer estudios sobre que las
medidas que se están adelantando no provocarán un ahorro de 10 000
millones de euros a las comunidades autónomas, que son las que tienen que
recibir ese ahorro. Y les recuerdo que las competencias en educación y en
sanidad están traspasadas, pero sobre todo no nos gusta que algunas de
las medidas que se plantean no respetan las competencias de la autonomía
de cada una de las comunidades autónomas. Pensamos que hay una invasión
de competencias en algunos planteamientos, cosa que deberá resolverse en
un futuro inmediato, y creemos también que las comunidades autónomas
deben tener por sí mismas capacidad para adoptar las medidas que crean
convenientes. En este caso el Estado debería hacer una reforma de las
leyes marco para que las comunidades autónomas sean la que acaben
adoptando cada una su propia decisión. Y, además, esto tampoco debería
adoptarse de forma consensuada, sino que cada comunidad autónoma tendría
que acogerse a lo que entienda más razonable.

Querría entrar ahora en la cuestión del copago, del que
todos los socialistas del Estado español, también los catalanes, abdican
puesto que no quieren saber nada de él. El copago es un tema tabú del que
ya no se puede hablar. Aunque durante los últimos ocho años se ha
mantenido el copago farmacéutico y no se ha hecho nada por quitarlo,
resulta que ahora se dice: no estamos de acuerdo. El señor Sabaté
conocerá el artículo de El País, del día 14 de abril de 2010, un artículo
que yo podría suscribir al cien por cien, de la consellera Marina Geli,
que abogaba por el copago. Y decía: Es la forma de salvar el sistema
sanitario catalán (Aplausos.), es la forma de salvar un sistema sanitario
que hemos construido entre todos durante treinta años, e incluso plantea
recuperar las desgravaciones fiscales para los seguros sanitarios
privados. Y continúan declaraciones parecidas de la consellera Geli del
día 30 de mayo del 2010 en el periódico La Vanguardia, periódico también
muy solvente. Vuelve a hacer una defensa férrea sobre el copago para el
sistema sanitario. No estarán ustedes de acuerdo (Aplausos.), pero la
consellera Geli era consejera del Gobierno tripartito, de un Gobierno que
generó un agujero en las finanzas de la Generalitat, de las cuales
después les daré datos.

¿Piensan ustedes que al Gobierno catalán le gusta tomar
estas medidas? ¿Creen que le gusta adoptar la medida de un euro por
receta, señores Lertxundi y Sabaté? Son medidas que hemos tomado en
solitario y con el voto favorable de Convergència i Unió exclusivamente
puesto que el Partido Popular se abstuvo en la votación. Nosotros
habríamos querido que votasen a favor, pero se abstuvieron, y no vamos a
entrar en ese debate. Al gobierno catalán no le gusta adoptar medidas
como poner un euro por receta. ¿Creen que tenemos alguna fijación
especial con ello? No, pero, ¿saben cómo dejaron el sistema sanitario?
¿Saben cuál es el agujero, de qué dimensiones? (Aplausos.)

Dicen que se deben mantener todas las plazas. Ojalá
pudiéramos mantener a todos los médicos y a todos los profesores. Ustedes
lo saben, no sé si algunos otros lo sabrán. En siete años el tripartito
pasó de 150 000 empleados públicos a 210 000 empleados públicos en la
Generalitat de Cataluña. Así es. A nosotros nos gustaría tener 250 000,
pero no nos lo podemos permitir. Tampoco se lo podían permitir ustedes,
ni siquiera en la época de bonanza económica; no se lo podían permitir.
(Aplausos.)

Y ahora nos acusan de romper el sistema. No. Todas estas
medidas se están tomando para intentar salvarlo. ¡Claro que se crean para
intentar salvar el sistema! Cataluña es un banco de pruebas. Está
adoptando medidas que también nos gustaría que se adoptaran en otros
sitios, aunque no nos metemos en ello. Pero si las adoptamos es, primero,
porque el Gobierno ha encontrado un agujero económico de dimensiones
considerables que tardaremos más de una generación en poder pagar.
Segundo, porque tenemos un sistema de financiación absolutamente injusto.
Y, tercero, porque tenemos un déficit fiscal que no tiene ninguna otra
comunidad autónoma en toda Europa. (Aplausos.) Si no tuviéramos déficit
fiscal, si tuviéramos un sistema de financiación justo, como el que en
aquel momento el Gobierno tripartito anunció como la gran solución para
las finanzas de Cataluña, si no fuera por ello, evidentemente podríamos
ahorrarnos algunas de estas medidas, evidentemente podríamos contratar
más médicos, evidentemente podríamos construir todas las catedrales de la
salud que quería construir la anterior consejera de Sanidad. Pero, como
no tenemos estos recursos, lo que no podemos hacer es gastar lo que no
tenemos. No podemos hacerlo porque no debemos hacerlo, y no podemos
hacerlo porque quien tiene estos recursos no nos los puede prestar, y no
nos los puede prestar porque no generamos la confianza suficiente.

Por lo tanto, senador Lertxundi, que le quede claro que el
Gobierno catalán está adoptando medidas no porque le plazca, pues son
medidas que le gustaría ahorrarse pero que debemos adoptar. Que le quede
claro que estamos de acuerdo con su planteamiento respecto a las
competencias de las comunidades autónomas y con algunos otros aspectos.
Pero también que le quede claro que ustedes han utilizado el copago
mientras han gobernado, que nosotros lo hemos utilizado mientras hemos
gobernado y que ha habido un cierto consenso, pues creo que en las filas
del Partido Socialista se han abierto espacios de opinión, de diálogo y
de reflexión que ustedes deberían tener en consideración, y que una
posición dogmática de renuncia absoluta al copago no lleva a ningún
fin.

Por lo tanto, mi grupo se abstendrá con relación a su
moción.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Chivite.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenos días, casi tardes, señorías. Después de escuchar
ayer las intervenciones tanto de la ministra de Sanidad como del ministro
de Educación, decidí cambiar la intervención que tenía preparada para
este punto.

Y es que, señorías, no es de recibo que los ministros de
Sanidad y Educación tengan la cara de venir a este Senado a decir que las
medidas de recorte de 10 000 millones de euros que han tomado en sus
ministerios no van a afectar ni a la calidad de la educación ni a la
calidad de la enseñanza. Hay que tener cara para venir aquí y contarnos
esto.

El colmo del cinismo es el título del real decreto que
conocimos ayer, de medidas urgentes y sanitarias, donde se podía leer:
para mejorar la calidad de la atención sanitaria. Por cierto, llama mucho
la atención que este real decreto no vaya acompañado de una memoria
económica.

¿Cómo se puede tener tantísima jeta de anunciar mejoras en
la calidad cuando se deja fuera de la atención sanitaria…?
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Ladran, luego cabalgamos.

¿Cómo se puede tener tanta jeta de decir…? (Fuertes
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
¡Señorías, por favor! ¿Senadores o hooligans?

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden ustedes
silencio.

Señora Chivite, le pido por favor que no entable usted
debate con sus señorías.

Continúe.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: ¿Cómo se puede tener tanta
jeta de anunciar mejoras en la calidad…? (Fuertes protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Por mucho que
chillen lo voy a seguir diciendo, porque hay que tener cara para decir
que se mejora la calidad cuando se deja fuera a los inmigrantes, cuando
se deja fuera de la atención sanitaria a los mayores de 26 años que no
han cotizado a la Seguridad Social. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.—Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.) Y encima la ministra dice que

está universalizando la sanidad. Y es que esta ministra o
miente o no tiene ni idea, y por cierto, por ahí circulan ciertas
declaraciones de la señora ministra, en las que está bastante perdida,
sobre lo que pasará cuando se les acaben las prestaciones por desempleo a
los jubilados. En fin, que se lo haga mirar un poco.

¿Cómo se puede decir que se mejora la calidad y que se
universaliza la atención sanitaria cuando se instaura el copago en las
prestaciones ortoprotésicas, en los productos dietéticos y en el
transporte sanitario no urgente? Que vaya la señora ministra de Sanidad
y, si quiere, que la acompañe el senador Utrera, y le diga a un enfermo
de cáncer que ha mejorado la sanidad y que por eso tiene que pagar el
transporte que le lleva a recibir su tratamiento oncológico. Que vaya y
que se lo diga. Que vaya la ministra a decirle a una persona que ha
sufrido una amputación a decirle que, como ha mejorado la sanidad, ahora
se va a tener que pagar su prestación ortoprotésica.

Y lo mismo digo del ministro de Educación, que se atrevió a
afirmar que sus medidas apenas se van a notar, que el hecho de que
aumente la ratio de alumnos por aula no va a afectar a la calidad, que el
bajar las becas y aumentar las tasas universitarias no va a afectar. Que
vaya el señor Wert y les diga a esos más de 30 000 profesores que se van
a quedar en la calle que no lo van a notar. Que vaya y que se lo
diga.

Señores del Grupo Popular, sean ustedes valientes y salgan
a esta tribuna a decir la verdad. Digan ustedes la verdad; digan la
verdad sobre la reforma laboral, que no va a generar empleo y que lo han
hecho solamente para favorecer a los empresarios y para acabar con los
sindicatos. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.) Digan la verdad sobre los recortes sanitarios; digan que
quieren acabar con el modelo sanitario para que entren las empresas, las
aseguradoras a quedarse con nuestra sanidad, hasta ahora envidiada en
todo el mundo. Digan la verdad de los recortes en educación, porque no
quieren que todo el mundo pueda acceder a un título universitario, porque
no creen en la igualdad de oportunidades. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) ¡Digan ustedes la verdad!
Desde que ustedes gobiernan tenemos más deuda, más parados y menos
derechos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Estos días, en los que hemos ido teniendo conocimiento de
todos estos recortes que nos han anunciado los ministros de Sanidad y
Educación, me han venido a la cabeza los mítines que he dado en la
campaña electoral de las elecciones generales, y dije lo siguiente
—y lo leo literalmente—: Los españoles saben cómo gobierna el
PP cuando tiene el poder absoluto: recortan absolutamente todo. El PP con
poder absoluto es igual a recortes absolutos. La intensidad y la gravedad
de los recortes del PP son proporcionales a su poder. Y el tiempo me ha
dado la razón.

El Partido Socialista no va a permitir que el Partido
Popular utilice la coartada de la crisis económica para cambiar el modelo
sanitario y el modelo educativo. No vamos a dejar que el Partido Popular
tire a la basura principios tan básicos y esenciales en una sociedad como
es el de la igualdad de oportunidades, y este no es un discurso de
pancarta, senador Utrera, son hechos y realidades. Existen otras maneras
de hacer más efectivo el sistema sanitario español: aplicando prácticas
que optimicen servicios en lugar de recortes y «repagos» que solo nos
llevan a un desmantelamiento del sistema sanitario.

Decía ayer la ministra de Empleo que esto no es ideología,
que es economía, y yo le rebatí, y lo vuelvo a hacer ahora, diciendo que
es cuestión de ideología, porque hay ejemplos claros en diferentes
comunidades autónomas. Así, en comunidades como la de Castilla-La Mancha,
que está gobernada por el PP, se privatizan los hospitales, en tanto que
en comunidades como la del País Vasco, gobernada por el Partido
Socialista, se han llevado a cabo numerosas medidas orientadas a la
mejora de la gestión sin afectar a las prestaciones ni a la calidad y se
ha conseguido ahorrar muchísimo dinero, y por cierto, como bien ha dicho
mi compañero, el senador Lertxundi, es la comunidad que menos deuda
sanitaria tiene. Señor Utrera, el PSOE ha hecho reformas en el País
Vasco, en tanto que el PP ha hecho recortes en Castilla-La Mancha. Por
tanto, señorías, sí es cuestión de ideologías.

En el Partido Socialista estamos dispuestos a hablar, y eso
es lo que pedimos en esta moción: hablar y sugerir al Gobierno formulas
de realización y mejoras de la eficiencia en la gestión. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Pero no estamos
dispuestos a dejar a los españoles y a las españolas sin una sanidad
pública de calidad, una educación pública de calidad y unos servicios
sociales que tenemos reconocidos por derecho. Proponemos que las medidas
se discutan en esta Cámara, señor Utrera, en esta Cámara, y que no se
aprueben por real decreto, sin que las podamos haber debatido.

Y desde aquí anuncio que el Partido Socialista de Navarra,
si entiende que estas medidas de recorte sanitario y educativo invaden
las competencias de nuestra comunidad y atentan contra el fuero navarro,
propondrá en el Parlamento de Navarra llevarlo al Tribunal
Constitucional.

Señorías, hay alternativas, pero ahora falta la voluntad de
escucharlas y de llevarlas a cabo.

Nada más, muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en el turno de portavoces voy a aprovechar mi
última intervención para hacer una reflexión que intentaré que sea algo
más moderada, aunque, ciertamente, algunas de las intervenciones de los
que me han precedido no lo han sido.

Creo que se está cometiendo un exceso verbal cuando en
algunos grupos parlamentarios se está hablando de un síndrome
recentralizador que vulnera competencias autonómicas —me refiero,
concretamente, al senador del Partido Nacionalista Vasco, que lo ha
mencionado explícitamente en esos términos—. Creo que sobre todo lo
que deben hacer es mirar a la calle, mirar lo que los ciudadanos piensan
sobre el ejercicio que las comunidades autónomas están haciendo de sus
capacidades competenciales, de los títulos competenciales que poseen. Ahí
es donde está la reflexión, y no, desde luego, en la acción de Gobierno,
donde ya el presidente del Gobierno lo dejó sentado hace algunas semanas
en este Pleno y donde ninguna de las manifestaciones, ya sean legales,
del propio Gobierno —decretos—leyes—, ya sean proyectos
normativos, o ya sean debates como los que estamos teniendo, de ninguna
manera se está cuestionando el reparto competencial y la coexistencia o,
mejor dicho, la pervivencia de sistemas de administraciones públicas que
tienen que coordinarse necesariamente entre sí, que tienen que mejorar la
eficiencia conjunta en la prestación de servicios públicos, porque, no lo
olvidemos, en el Partido Socialista esto se ignora y también en la Entesa
—como después tendré ocasión de decir—. Y es que la crisis
nos ha puesto delante de los ojos una realidad que algunos habían
olvidado y que ahora, por desgracia, está absolutamente presente: que los
recursos son escasos, que se tiene lo que se tiene; y lo que no se puede
es actuar como se ha venido actuando en el pasado, es decir, contratar y
comprar sin pagar, generando —como se ha generado desde las
comunidades autónomas y, sobre todo, desde las corporaciones
locales— una cadena de impagos que se ha llevado por delante a
cientos de miles de empresas españolas y de autónomos, que son las que
están ocasionando la pérdida de tejido empresarial que está en el
sustento, en la base de lo que ha ocurrido en materia de empleo y lo que
nos está ocurriendo en materia financiera y de credibilidad
internacional.

Ese es el daño mayor que se ha hecho y, por tanto, la labor
de las administraciones públicas no puede ser la que fue; tiene que
acogerse a este nuevo principio de racionalización en el uso de los
fondos públicos, de las aportaciones que los contribuyentes hacen a las
administraciones públicas, y eso no se puede hacer más que evitando
duplicidades, sin duda, coordinando actuaciones y mejorando la eficiencia
general. Llamar a eso un síndrome recentralizador no deja de ser un
bonito término, gracioso, que ciertamente tiene resonancia mediática y no
mediática —resuena bien, se recuerda—, pero que no tiene más
eficacia real que la pura imaginación —que no le presumo a
usted— con que se ha venido gobernando España durante los pasados
ochos años.

Al portavoz de Entesa he de decirle que a mí me ha agradado
el tono de su intervención, y creo que sus argumentos no están bien
fundamentados, en el sentido de que usted parte del concepto de que todo
ha de seguir igual. Todo ha de seguir igual. Lo ha dicho de una forma no
tan descarnada como la portavoz socialista y tan desafortunada en cuanto
a que hay un derecho legítimo a que las cosas sigan como están, porque si
cambian entonces las cosas ya dejan de ser lo que fueron y, por tanto, se
pone en cuestión no se sabe qué cosa. Pero no, la cuestión no es esa, la
cuestión es que ustedes han arruinado a las administraciones públicas,
básicamente esa es la cuestión. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.) Y la cuestión es que para mantener
el funcionamiento eficiente de los servicios públicos hay que practicar
reformas. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Bien es verdad que hemos oído decir al señor Lertxundi que para él todo,
todo se sustancia en aumentar impuestos (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.), o sea, que si aumentamos impuestos no hace
falta hacer reformas. Claro, es verdad; y si lo llevamos al infinito, no
hagamos reforma ninguna porque ya será todo absolutamente innecesario,
porque no habrá nada de nada, ni habrá recursos ni habrá, por tanto,
dónde emplearlos.

En ese discurso yo echo en falta que usted, que es persona
reflexiva, senador, tome en consideración estas circunstancias para que
se dejen de hacer discursos ideológicos —no digo que lo haya puesto
en sus labios—, algunos exacerbadamente ideológicos, incluso
mitineros, pancarteros, que no parece que sea lo más adecuado aquí, en el
Senado, discursos ideológicos pero que están sustentados en el aire, en
la fantasía, es decir, que no tienen en consideración la circunstancia
esencial y principal en la que nos encontramos, que además es
directamente imputable a la acción del tripartito en Cataluña y del
Partido Socialista en el Gobierno de España. (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Y eso es exactamente de esa forma,
entiendo yo. Si ustedes entienden otra cosa, explíquennos cómo salimos de
esta situación y cómo al mismo tiempo ustedes mantienen todo tal y como
está, sin cambiar nada; eso sí, subiendo mucho los impuestos —que
es la oferta que se nos ha hecho hoy— podemos arreglar una
situación que no solamente está siendo difícil sino que está siendo mucho
más complicada de lo que pensábamos.

Por tanto, creo que tenemos que volver a reflexionar sobre
lo que estamos debatiendo y, sobre todo, el fondo de lo que ha de ser el
Estado de bienestar en España y la prestación de los grandes servicios
públicos, con la educación y la sanidad en lugar prioritario, por
supuesto. Nosotros creemos que ambos, atención sanitaria y servicios
educativos, deben ser gratuitos y también que han de ser sostenibles en
el tiempo, y que de ninguna forma puede introducirse en la ecuación una
falsa gratuidad sobre la base de no pagar a los proveedores. Eso es lo
peor de todo, incluir la falsedad inherente al hecho de que no se paga;
eso sí, eso permite, como ha hecho la senadora Chivite, hacer vibrantes
discursos llenos de palabras y exabruptos que, sencillamente, no tienen
sustancia ninguna, porque eso dura lo que dura: hasta el momento en que
los proveedores-suministradores dicen que se ha acabado.

Es decir, no se puede seguir con una sanidad como la que
usted nos ha puesto con dos o tres patéticos ejemplos, y a mí me ha
invitado a asistir a un caso que además me ha dolido especialmente,
porque yo en mi familia tengo una persona así, como usted ha
mencionado… (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.) Invitarme a un caso patético, ocultando al mismo
tiempo que se ha generado una quiebra en el sistema, una deuda de 15 000
millones de pesetas que hay que resolver; perdón, ojalá fueran 15.000
millones de pesetas, una deuda de 15.000 millones de euros, que es
muchísimo dinero, que hay que pagarlo, porque si no se paga los
proveedores de tecnología sanitaria, los proveedores de medicamentos
hospitalarios, los proveedores de otros servicios, como ambulancias,
etcétera, van a dejar pura y simplemente de proporcionar el servicio. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) Consecuentemente, no es que haya
que hacer hachazos, recortes al cargo público —como ustedes
practicaron, por cierto, en su momento—, pero sí hay que
racionalizar, reformar y estar abierto a la idea de que es necesario
introducir modificaciones que mejoren la eficiencia del sistema sin
incluir —nosotros mantenemos esa posición y yo firmemente así lo
creo— siquiera el concepto de copago como un principio aceptable en
la prestación del servicio sanitario. No es copago. El servicio sanitario
básico, digamos en la cartera básica de servicio, sería gratuito. Por
tanto, las situaciones de las que usted ha hablado —que no me
atrevo a decir si son anécdotas, que no lo son, ciertamente, cuando se
trata de la salud de los pacientes— no forman parte de la
estructura y de las obligaciones que nosotros, como representantes
políticos, tenemos en la prestación de servicios sanitarios y educativos
en toda España. Esto nos compete a todos, no solo a las comunidades
autónomas, sino también al Estado y, por supuesto, al Parlamento, que
representa la soberanía de España.

Por otro lado, son necesarias reformas para evitar
precisamente los sobresaltos de esta última etapa del zapaterismo
languideciente —permítanme llamarlo de esa forma—, que de una
fase de entusiasmo vital, de entusiasmo gastador, de la salida social de
la crisis mediante proyectos basados en una concepción fantástica de lo
que desde el gasto público se puede hacer, nos ha conducido a esta
situación. Y quiero recordarles los múltiples planes…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminado, señoría.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.

Más de una docena de planes económicos que incluían medidas
tan pintorescas como aquella de las bombillas de bajo coste, que no
sirvieron para otra cosa más que para dar un chispazo breve, de un par de
días, de titulares. Pero lo cierto es que, pasado este año y medio de
zozobra del Partido Socialista, hemos llegado a una situación en la que
el déficit no es lo que era; mintió el Gobierno saliente, mintió además
cuando dijo que el Gobierno del Partido Popular.., el déficit del año
2011 no se había cumplido, y miente ahora…

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.

El señor UTRERA MORA: …cuando trata de decir que ya
nos había dicho lo que no nos había dicho y lo que durante un tiempo
estuvo negando.

En definitiva, esperamos que ustedes se reconduzcan hacia
un debate, hacia un diálogo —no hablo ya de acuerdos; si los hay,
mejor—, un debate y un diálogo racional. Llamar a la pancarta sin
reconocer la responsabilidad, sin pedir perdón por las responsabilidades
acumuladas en el tiempo y, al mismo tiempo, estorbar de la forma en que
lo están haciendo…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor UTRERA MORA:… es, desde luego, el papel más
patético que pueden ustedes hacer para la gobernabilidad de España.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario
Socialista tal y como ha sido presentada, porque entiendo, senador
Lertxundi, que la enmienda no fue aceptada. (Asentimiento.)

Por tanto, votamos la moción tal y como ha sido
presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 242; a favor, 77; en contra, 154; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.

6.1.1.PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000,
DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA LA MORATORIA INVERNAL DE
DESAHUCIOS.

(Núm. exp. 622/000001)

AUTOR: GPEPC

El señor PRESIDENTE: Señorías, en la Junta de Portavoces de
ayer se aprobó una alteración del orden del día, de tal forma que veremos
ahora la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el
Grupo Parlamentario de la Entesa, y su votación, por acuerdo también de
los portavoces, se realizará esta tarde después de las votaciones del
proyecto de ley que debatiremos esta tarde. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.

Toma en consideración de la proposición de Ley de
modificación de la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil, para
la moratoria invernal de desahucios. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor. Ruego que abandonen el
hemiciclo en silencio para que podamos continuar.

No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa,
por lo que procede someter a debate y votación únicamente la presentada
por el Grupo Parlamentario de la Entesa.

Para la defensa de la toma en consideración, tiene la
palabra el senador Guillot por tiempo de diez minutos.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

No agotaré el tiempo porque creo que esta es una
proposición de ley muy sencilla en su planteamiento, una propuesta muy
clara en la que las posiciones también son muy fáciles de marcar.

Con esta proposición de ley propongo añadir una nueva
disposición final, que sería la octava, que versaría sobre la moratoria
invernal para los desahucios. Por ello, propongo la modificación la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En concreto, propongo que
entre el 1 de noviembre y el 15 de marzo del año subsiguiente quedara
suspendida toda ejecución de los lanzamientos o desahucios por impago,
previstos en la presente ley.

Esta es una propuesta que recoge la legislación francesa.
En el año 1956, la Asamblea Nacional francesa aprueba esta ley, inspirada
en la lucha liderada por Abbé Pierre, cuya fundación es aún hoy un
referente en la lucha por una vivienda digna. Es una experiencia que en
el caso francés y también en la región de Bélgica ha tenido un impacto
muy positivo frente a un fenómeno social tan grave y negativo como son
las pérdidas de la vivienda por desahucio.

Evidentemente, es una propuesta parcial. Es una propuesta
humanitaria que no resuelve en sí misma ni por ella todo el complejo
problema de los desahucios pero sí alivia uno de los principales
problemas que tiene España: las expulsiones y los desahucios de los
hogares por impago.

Les voy a dar dos o tres datos, para que ustedes perciban
de qué situación estamos hablando y su gravedad. Entre el año 2007 y el
tercer trimestre de 2011 se han producido en España 328 687
procedimientos de ejecución hipotecaria. En menos de cuatro años se han
producido 151 369 procesos de desahucio como consecuencia de los procesos
de ejecución hipotecaria. Las últimas cifras disponibles indican que
durante los meses invernales, en el cuarto trimestre de 2010 y el primero
de 2011, se habían producido en España 28 896 desahucios. Son cifras muy
altas que, a mi entender, aconsejan formular esta propuesta, que insisto
en que tiene como objetivo proteger en los periodos de mayores
inclemencias meteorológicas a aquellos que lo están perdiendo todo.

Por ello, pido el voto favorable para esta proposición de
ley. Insisto en que, reconociendo que es una medida parcial que no
resuelve el fondo del problema —hay otros debates y propuestas, por
ejemplo, la misma iniciativa legislativa popular para la dación en
pago—, creo que alivia una situación muy dolorosa que sufre nuestra
sociedad. Antes les he indicado que estamos hablando de cifras altísimas
de desahucios, y cifras también muy altas de desahucios que se llevan a
cabo en los periodos invernales. Y vista la experiencia concreta de
Francia, sería positivo incorporar una propuesta de este tipo en nuestro
marco jurídico. Por ello pido su apoyo a esta proposición de ley.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Para la utilización del turno en contra, ha solicitado la
palabra el senador Ramírez, del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene su señoría la palabra por tiempo de diez minutos.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con su venia, señor
presidente.

Señorías, señor Guillot, a todos nos conmueve, sin duda, la
grave situación por la que pasan muchos de nuestros conciudadanos y,
desde luego, la medida que usted propone es de carácter humanitario.

No cabe duda de que, como consecuencia de la profunda
crisis económica, muchas familias se encuentran total o parcialmente en
situación de desempleo, y ello les ha llevado a dejar de atender sus
obligaciones hipotecarias concertadas en la adquisición de su vivienda.
Así que, sin duda, la intención que mueve al proponente no solamente es
comprensible y solidaria sino que además compartimos profundamente su
espíritu. No obstante, al elaborar una ley no solo hemos de tener en
cuenta las buenas intenciones, sino también si estas pueden lograrse con
este instrumento, si se trata del instrumento adecuado, y otros muchos
extremos.

Hemos de señalar que con esta medida pensamos que no se
logra exactamente lo pretendido porque es imprecisa, lo que se deriva
básicamente de la ausencia de una referencia: de a qué tipo de vivienda o
de inmueble se refiere el proponente, puesto que no todos ellos pueden
contar con la misma protección. Además, la repercusión de una medida como
la propuesta ha de calibrarse con cuidado. El recurso a los modelos de
derecho comparado, como ha hecho hace un momento el señor Guillot, debe
hacerse teniendo en cuenta la realidad de cada país. Por ejemplo, en
Francia, en el año 2009 se solicitaron más de 30 000 concursos por
endeudamiento de consumidores-familias, mientras que en España solo se
han presentado algo más de 300, cuando los ratios de endeudamiento en
Francia son la mitad que en España. Ello ha de servir para recordar que
debe legislarse sobre la base de la realidad, nuestra realidad.

También debe tenerse presente que la solución planteada no
solamente va en contra del artículo 1911 del Código civil, sino que sería
ir en contra de otros principios jurídicos, como la fuerza de ley de los

contratos entre las partes contratantes o la causa de
extinción de las obligaciones. Asimismo, medidas de este tipo no siempre
han resultado satisfactorias, como ocurrió en Estados Unidos, donde hubo
que reformar el sistema en el año 2005 ante los problemas que se estaban
creando.

La adopción de esta medida supone también una sanción sin
duda muy seria para los acreedores. Nuestro ordenamiento ya recoge
medidas diversas que pueden encontrarse tanto en la Ley Concursal como en
la Ley de Enjuiciamiento Civil, las cuales además han sido modificadas
recientemente, aunque es cierto que todavía tratando en peor medida a las
personas naturales o las familias que a las personas jurídicas. Por ello,
a instancia del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se añadió a la
reforma concursal que se aprobaría en la Ley 38/2011, de 10 de octubre,
de reforma de la propia Ley Concursal, una disposición adicional por la
que se encomienda al Gobierno la elaboración de un informe que tome en
consideración las posibles medidas a adoptar para mejorar la situación de
las personas físicas y familias que se encuentran en dificultades para
satisfacer sus obligaciones y, especialmente, para las que garantizan las
hipotecas.

Hemos sabido, además, que en las próximas semanas se va a
constituir un grupo de trabajo en el Ministerio de Justicia, que contará
con la participación de todos los departamentos implicados, encargado de
elevar al Gobierno las propuestas normativas de desarrollo de esta
previsión legal.

También, señor Guillot, esta proposición de ley introduce
un factor que a nuestro entender es de cierta inseguridad e incertidumbre
en la ejecución de resoluciones judiciales. No se precisa en la
proposición si de lo que se trata es de suspender la ejecución de los
autos o resoluciones dictadas entre las fechas que se citan o bien, aun
dictados con otras fechas, en ese período de tiempo no podría acordarse
ninguna diligencia en ese sentido.

Además, la implantación de ese modelo de suspensión
temporal de las ejecuciones daría lugar a enormes disfunciones en el
funcionamiento de los juzgados y tribunales, paralizando el procedimiento
durante meses, con el consiguiente retardo en su tramitación y alterando
el principio procesal que ordena, con carácter general, tramitar los
asuntos en función de la fecha de entrada en los registros
correspondientes.

Podría dar lugar además esta propuesta a una utilización
espuria de instrumentos procesales, como es natural, al servicio de las
partes, con la finalidad de hacer coincidir el dictado de las
resoluciones judiciales a ejecutar con los momentos en los que no
estuviese permitida dicha ejecución. Eso crearía también una disfunción
evidente. También nosotros, en el Grupo Popular, pensamos que la
implantación de esta medida podría suponer en determinados casos una
vulneración del principio de igualdad, pues otras resoluciones igualmente
trascendentes en el ámbito del derecho a una vivienda digna o a la
intimidad familiar no resultarían amparadas finalmente por esta
medida.

Además, la citada proposición de ley no tiene en cuenta los
desahucios y lanzamientos en el ámbito administrativo, me refiero a
aquellos que se tramitan por los juzgados y tribunales de orden
contencioso. Caso de acogerse a la proposición, se introduciría una
diferencia de difícil justificación con los casos en los que el titular
de la vivienda es una Administración pública.

Por último, en referencia a los calendarios propuestos, yo
creo que la diversidad climática de nuestro país hace muy difícil
articular soluciones comunes para todo el territorio en cuanto a la
determinación de las fechas. Por otro lado, por ponerle un ejemplo que
sería de aplicación, en algunas regiones las condiciones atmosféricas
pueden ser insoportables no solamente en las fechas propuestas. Por
ejemplo, en verano en determinadas zonas de España, ya sea en
Extremadura, en el interior de Andalucía o en Castilla-La Mancha, el
calor haría aconsejable que no se lanzara a nadie a la calle de su propia
vivienda.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular no va a
respaldar con el voto favorable esta proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.) No hace uso de la
palabra.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegación.) Tampoco hace uso
de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

Yo hubiera entendido que usted me dijera: en esta situación
esta propuesta preferimos legislarla nosotros o: sobre estas cuestiones
no queremos legislar, las vamos a incorporar al código de buenas

prácticas que el Gobierno ha establecido respecto de los
desahucios de cara a la banca y las entidades financieras. Es decir, si
usted me plantea dudas, yo le diría: presente enmiendas. Pero la pregunta
es saber si el objetivo de esta proposición de ley —que es
conseguir una tregua invernal, que en otros países, como el más próximo:
Francia, ha tenido y tiene un éxito considerable, ya que disminuye el
sufrimiento social— España piensa o no incorporarla o si la mayoría
parlamentaria que hoy en día existe en las Cortes piensa o no
incorporarla. El cómo, dónde, si es mediante esta proposición de ley, vía
enmienda, si es mediante un instrumento legislativo del Gobierno u otro
tipo de propuestas, ya se verá. Pero la pregunta sigue siendo esta. ¿Por
qué en invierno? Porque es cuando la climatología es más dura y porque es
cuando el sentido común aconseja que se den ese tipo de soluciones.

Creo que aquellos partidos de Gobierno que han sido
responsables de nuestra burbuja inmobiliaria y en parte de la situación
que hoy estamos viviendo y que está llevando a todos estos impagos,
ejecuciones de hipotecas, desahucios, etcétera, tendrían que tener una
actitud más proactiva a la hora de establecer mecanismos que permitan
suavizar esta situación.

Por ello, le invito a que vote a favor de esta proposición
de ley o a que se comprometan a hacer algo parecido mediante los
instrumentos que ustedes consideren oportunos. Pero, sobre todo, yo no
creo que toda esta gente, casi este millón de personas que han sufrido
desahucios durante estos años, se merezca un no burocrático o un no
administrativo.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señor
presidente.

Nos encontramos ante una proposición de ley que pide
básicamente la modificación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil para
la moratoria invernal de desahucios.

Quiero empezar dejando bien claro que valoro la bondad y la
iniciativa; la bondad de lo que se pide y el deseo de llevarla a cabo en
este foro, sobre todo, desde el punto de vista humano, porque va dirigido
a personas que sufren y más viniendo de la mano de un senador, el senador
Guillot, que aprecio, admiro y valoro, sobre todo su vertiente humana y
solidaria. Por tanto, no quisiera que mis palabras pudieran dar a
entender al Grupo de Entesa, que presenta la iniciativa, que
infravaloramos la voluntad y la bondad de esta.

Dicho esto, he de añadir que para Convergència i Unió esta
propuesta es de mínimos y que no es lo que necesitan los miles de
españoles que están en proceso o amenazados por un desahucio.

En el buen sentido de la palabra es un cierto brindis al
sol, es como tapar un agujero de un barco que tiene cien agujeros; el
barco se hundirá. Por tanto, por respeto a tantas y tantas familias
afectadas por un desahucio, algunas de las cuales hoy pueden seguir este
debate, CiU se abstendrá: Porque este no es el debate, no es el debate
que toca hoy aquí. Porque debatir esto es solo un remiendo. En catalán
decimos un pedaç, pues puede parecer que pasamos de puntillas, que no es
cierto, sobre el problema en general.

Si yo estuviera pendiente de un desahucio no me interesaría
que me alargaran el sufrimiento de noviembre a marzo. Yo demandaría
soluciones para los casos de desahucio a la clase política. Hoy y aquí
hace falta otro tipo de debate. Por eso, nos abstendremos. No votaremos
en contra por la bondad y por la voluntad de quien lo presenta. No
votaremos a favor porque es una moción light. Con este debate perdemos la
gran oportunidad de aprobar una proposición de ley que pide una solución
amplia a los desahucios en la línea siguiente: habría que pedir que se
reformara la Ley Concursal para los propietarios de vivienda habitual que
queden exonerados de la obligación de satisfacer las deudas una vez el
concurso haya finalizado por la inexistencia de bienes y derechos del
deudor si concurren determinadas condiciones. Habría que pedir que se
reformara precisamente la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite la
regulación de ingresos inembargables para que cuando la persona ejecutada
conviva con otras del mismo núcleo familiar o unión estable no sea
embargable el importe que excediendo el salario mínimo interprofesional
no supere la mitad de este para cada miembro que no disponga de ingresos
propios regulares. Habría que pedir que se presentara una nueva ley de
endeudamiento responsable a los efectos de evitar el sobreendeudamiento
personal y familiar, mejorando la información que se ofrece a los
consumidores y estableciendo que en ningún caso el crédito hipotecario
supere el 80 % del valor de la vivienda hipotecada. Habría que pedir que
se impulsaran medidas fiscales y legales pertinentes para que se
facilitara el uso de la vivienda habitual en los casos en que las partes
llegaran a un acuerdo de dación en pago.

Esto es lo que reiteradamente ha pedido Convergència i Unió
en sede parlamentaria. Por ello, entendemos que esta batería de
iniciativas son las que deben ir dirigidas a los deudores hipotecarios
sin recursos para que puedan quedar protegidos.

Por tanto, llevamos a cabo un debate puntual para un asunto
que, en honor a la verdad, esta fuera de contexto, porque hablar de
invierno en España, como mínimo, tiene sus dudas. En Bélgica sí que hace
frío, en Francia sí que hace frío, pero claro, no sé si a las familias a
las que se les diga que se va a demorar el desahucio de noviembre a marzo
esto les preocupará mucho. Lo que les preocupa es que les quiten el piso,
que les desahucien y que queden embargados durante muchos años de su
vida.

Por tanto, como he dicho anteriormente, nos abstendremos
porque no estamos en absoluto en contra de la iniciativa ni de su
voluntad, pero nos parece una iniciativa suave, light, floja, de mínimos
con lo que esta cayendo, y sobre todo, porque tanta y tanta gente
afectada, tantas y tantas familias que hoy, mañana y pasado pueden
recibir una notificación de desahucio, creo que recaban y esperan más de
este Senado.

Convergència i Unió lo ha pedido, lo seguirá pidiendo.
Creemos que este es un tema que hay que afrontar con valentía. El que
sufre tiene que estar protegido y ayudado, también por la clase
política.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Becana.

El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, señor presidente.

Señorías, lo que nos propone el Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya es una frase a añadir a la disposición final, y
es la siguiente: Entre el primero de noviembre y el 15 de marzo del año
subsiguiente quedará suspendida toda ejecución de los lanzamientos o
desahucios por impago previstos en la presente ley. Como se ha dicho,
hace referencia a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Grupo Parlamentario Socialista considera que aborda el
problema desde un aspecto parcial, pero pensamos que es bueno; y como
consideramos que es bueno, que es una buena iniciativa, actuamos en
consecuencia y la apoyamos. Lo que apoyamos no es la literalidad de la
propuesta que estamos conociendo hoy, sino la tramitación de una
proposición de ley a la que luego se pueden presentar enmiendas. ¿Y por
qué la apoyamos? Porque la consideramos necesaria para minorar los
efectos de la situación social derivada de los más de 350 000 desahucios
producidos, hasta la fecha, desde el inicio de la crisis.

Señorías, a pesar de que los problemas derivados del
desahucio de la vivienda habitual por el impago de la hipoteca han
afectado a más de 350 000 personas, hasta ahora, el Gobierno solo ha
tomado una iniciativa tímida y voluntarista, los mismos calificativos que
le dan a esta iniciativa que debatimos hoy, una iniciativa sobre la
dación en pago; un real decreto que se aprobó en el Congreso de los
Diputados, que apenas ha tenido acogida entre los acreedores, porque es
una iniciativa que establece el carácter voluntario, y que tampoco abre
muchas posibilidades a los deudores por la imposibilidad de cumplir las
condiciones que establece. En estas circunstancias, agravadas por una
reforma laboral que prevé destruir 600 000 empleos en lo que queda de
año, las previsiones indican que la cifra de ejecuciones hipotecarias, en
el año 2013, podría estar perfectamente duplicada.

A partir de aquí, con esta realidad, el PP ya se ha opuesto
a todas las iniciativas que han presentado los grupos parlamentarios para
dar respuesta a este grave problema social. Hoy, que dice que coincide y
que entiende la iniciativa, tiene la oportunidad de dar alguna muestra de
sensibilidad social ante uno de los problemas más acuciantes por los que
atraviesa la sociedad española, porque la iniciativa que presenta el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene aplicación ya
en otros países, y es de fácil desarrollo en España. Es verdad que es una
iniciativa parcial y, aunque la consideramos necesaria, no es a nuestro
juicio suficiente para abordar en toda su dimensión el problema de los
desahucios por impago de hipotecas; pero tan verdad como esto es que este
debate no agota los que se puedan producir en el futuro ni futuras
iniciativas.

Tal como hicimos en el Congreso de los Diputados, los
senadores socialistas apoyaremos —cuando se presente— una ley
integral de insolvencia personal que aborde las situaciones de
sobreendeudamiento, que las evite en el futuro y que garantice unos
verdaderos procedimientos concursales y de mediación para permitir, por
un lado, un reparto equilibrado de riesgos entre deudor y acreedor, y por
otro, que la pérdida de la vivienda habitual sea la consecuencia de una
situación de insolvencia por causas sobrevenidas.

Quisiera también aprovechar esta intervención, señorías,
para aportar una reflexión final. Llevamos una temporada excesivamente
larga escuchando las lamentaciones del Gobierno por la herencia recibida.
En mi grupo parlamentario pensamos que ver desfilar por esta tribuna, uno
tras otro, a cada uno de los ministros, convirtiéndola en un muro de
lamentaciones no genera ninguna confianza dentro ni fuera de España.
Además, lo realmente grave, lo realmente preocupante no es la herencia
recibida, sino la frustración generada por el nuevo Gobierno al caudal de
confianza absoluta que recibió el pasado 20 de noviembre.

Los ciudadanos afectados por los desahucios, los que
pierden el empleo, los que tienen muchos problemas para llegar a final de
mes, los que luchan en condiciones heroicas para mantener abiertas sus
pequeñas y medianas empresas en el día a día, muchos de los cuales
creyeron a aquel Rajoy exultante que prometía felicidad a todas las
familias a cambio de la Presidencia del Gobierno, todos ellos se
angustian hoy ante un Gobierno bloqueado, incapaz de liderar la salida de
la crisis y resignado a que el paro aumente este año con su reforma
laboral en más de 600 000 personas; resignado a que en 2012 se produzcan
más de 100 000 nuevos desahucios por impago de hipotecas; resignado a que
nuestro país, que en 2011 creció un 0,7 %, caiga en su primer año de
Gobierno hasta el 1,7 %; y resignado a que el consumo de las familias sea
cada vez menor.

Este Gobierno se ha cargado en cuatro meses la esperanza de
mucha gente, de mucha gente de bien que llegó a creer que con un cambio
de Gobierno podían solucionarse todos los problemas; gente de bien y
ciudadanos que cuando ven cómo se agravan sus problemas, a nosotros, a
los que estamos aquí, nos piden unidad y que trabajemos juntos para salir
de esta.

Quizá debería ser este el objetivo principal del Gobierno
en este momento, pero el Gobierno camina en la dirección justamente
contraria: rompiendo puentes con la negociación colectiva; rompiendo
puentes con los grupos parlamentarios; y rompiendo puentes con acuerdos
institucionales que habían sido siempre temas de Estado. Pone en marcha
políticas tan extremas como inoportunas en materia judicial, educativa,
sanitaria y contra la igualdad de género; políticas que le alejan de la
centralidad necesaria para recabar el apoyo social y político que el país
necesita hoy más que nunca.

La toma en consideración de la modificación que debatimos
hoy a propuesta de Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y
la toma en consideración de la proposición de ley que el Grupo
Parlamentario Socialista llevará al Congreso de los Diputados sobre
insolvencia personal, suponen una oportunidad de oro para el Gobierno
porque puede iniciar, con pequeños gestos, un cambio de rumbo en su
política extrema y aproximarse a los problemas cotidianos desde una
actitud dialogante y una posición centrada, que le facilitarán recabar el
acuerdo social y político que nuestro país necesita no solo para atender
las situaciones de desahucio, que centran el debate de hoy, sino para
salir de la difícil situación en la que nuestro país se encuentra por la
crisis económica internacional en la que estamos inmersos.

Aprovechen esta oportunidad.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Becana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor
presidente.

Señor Maldonado, coincido con usted en el respeto y el
aprecio por el compromiso ético del senador Guillot. Le decía, además, al
principio, que coincidía con el espíritu que animaba la toma en
consideración de esta proposición de ley.

Decía el portavoz socialista que es una gran oportunidad.
Lástima que esa oportunidad no la hayan aprovechado ustedes, porque a 20
de noviembre de 2011 —hace muy poquito— ustedes no habían
tomado ni una sola medida. Les ha entrado un ataque de sensibilidad de
pronto. Qué casualidad que les entra en la oposición. Porque es lo que
ustedes saben hacer mejor: oposición; lo hacen divinamente, pero lo que
es gobernar…, como dicen los twits no han dejado nada. No han
dejado nada, y aquí estamos: administrando el desastre que ustedes han
montado.

Señor Guillot, el Gobierno ha decidido abordar esta
cuestión mediante el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas
Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios sin Recursos. Este real
decreto ley ha establecido diversos mecanismos conducentes a permitir la
reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen
extraordinarias dificultades para atender su pago, así como la
flexibilización de la ejecución de la garantía real. Este umbral se
diseña en torno a un conjunto de circunstancias que hacen imprescindible
la actuación de los poderes públicos. En este sentido, se ha

determinado que los beneficiarios sean las personas que se
encuentren en situación profesional y patrimonial que les impida hacer
frente al cumplimiento de sus obligaciones hipotecarias.

Este umbral igualmente es sensible a la situación económica
de los demás miembros de la unidad familiar, así como de los titulares,
de las garantías personales o reales que en su caso existiesen. El modelo
de protección diseñado, atendiendo a esta sensibilidad, que sí tiene el
Gobierno de Partido Popular, gira en torno a la elaboración de un código
de buenas prácticas al que voluntariamente pueden adherirse las entidades
de crédito y demás entidades que, de manera profesional, realizan la
actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios, y cuyo
seguimiento será supervisado por una comisión de control integrada por
representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, el Banco de
España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Asociación
Hipotecaria Española.

Hasta el momento, según puede deducirse de la Resolución de
la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, de 10 de abril
de 2012, la práctica totalidad del sector bancario se ha adherido a dicho
código; es decir, no como usted decía, señor senador portavoz del Grupo
Socialista, que no se había adherido casi nadie. Entre otras cosas
también aquí, en esta tribuna, podemos decir la verdad, y sería lo más
aconsejable; no como ustedes, que ya sabemos que mienten, y si no,
pregunte usted a la vicepresidenta Salgado y al señor Zapatero por qué
mintieron (Una señora senadora del Grupo Parlamentario Socialista: Y a
Rajoy.) y por qué no han venido a pedir perdón. Porque yo he escuchado al
señor Lertxundi pedir a un senador del Grupo Popular que viniera a esta
tribuna a desdecirse de algo que se ha publicado en los periódicos. ¿Por
qué no viene el señor Zapatero —ahí fuera, porque aquí no tiene que
venir— y nos dice por qué mintió y pide perdón? O la señora
Salgado, o usted en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y del
antiguo Gobierno socialista, porque otros lo han hecho. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

En fin, señorías, creo que esa adhesión a este código de la
práctica totalidad del sector bancario significa la aceptación del camino
emprendido.

Con la aplicación de las medidas incluidas en el mismo se
facilita y promueve la implicación del sector financiero español en el
esfuerzo requerido para aliviar la difícil situación económica y social
de muchas familias.

La primera, dirigida a procurar la reestructuración viable
de la deuda hipotecaria a través de la aplicación a los préstamos o
créditos de una carencia en la amortización de capital, una reducción del
tipo de interés durante cuatro años y la ampliación del plazo total de
amortización.

La segunda, de no resultar suficiente la reestructuración
anterior, las entidades podrán ofrecer a los deudores una quita sobre el
conjunto de la deuda.

Y, finalmente, si ninguna de las dos medidas anteriores
lograr reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a los límites
asumibles para su viabilidad financiera, estos podrán solicitar, y las
entidades deberán aceptar, la dación en pago como medio liberatorio
definitivo de la deuda; en este último supuesto, las familias podrán
permanecer en su vivienda durante un plazo de dos años, satisfaciendo una
renta asumible.

Igualmente, se moderan los tipos de interés moratorios
aplicables a los contratos de crédito o préstamo hipotecario. Esta
reducción pretende disminuir la carga financiera generada en caso de
incumplimiento por impago de los deudores protegidos.

Por otra parte, se incorporan al colectivo de beneficiarios
de las ayudas a inquilinos previstas en el Real Decreto 2066/2008, de 12
de diciembre, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación
2009-2011, las personas que hubieran sido objeto de una resolución
judicial de lanzamiento como consecuencia de procesos de ejecución
hipotecaria, así como las que suscriban contratos de arrendamiento
resultado de la aplicación de las medidas contenidas en el código de
buenas prácticas; con ello se facilita la posibilidad de que las familias
afectadas por ese tipo de procesos dispongan de una vivienda.

Las medidas anteriores se complementan con otras
modificaciones legales de índole procesal y fiscal. En materia procesal,
se procede a simplificar y declarar la ejecución extrajudicial, previendo
una subasta única y un importe mínimo de adjudicación, remitiendo a un
posterior desarrollo reglamentario la regulación del procedimiento de
ejecución extrajudicial, posibilitando, entre otras medidas, la subasta
on line.

En materia fiscal, las estructuras públicas de
formalización de las novaciones contractuales que se produzcan al amparo
del código de buenas prácticas quedarán exentas de la cuota gradual de
documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos
documentados.

Todas estas medidas, en definitiva, suponen un enfoque más
general. Tratan de evitar la ejecución, facilitando la negociación, y, en
caso de que se produzca, se introducen medidas para reducir sus
efectos.

Todo ello, señorías, nos mueve a resaltar la oportunidad y
acierto del camino emprendido, en este caso por el Gobierno de España,
así como nuestra decisión ya anunciada de no apoyar esta toma en
consideración de proposición de ley por los motivos expuestos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Señorías, se suspende la sesión hasta las dieciséis
horas.

Eran las catorce horas y veinticinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento, por
favor.

Se reanuda la sesión.

6.2. DICTÁMENES DE COMISIONES.

6.2.1.PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000002)

El señor PRESIDENTE: Seguimos con el punto 6 del orden del
día. Proyectos y Proposiciones de Ley. Dictámenes de Comisiones. Proyecto
de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. Se tramita por el procedimiento de urgencia. Comisión:
Hacienda y Administraciones Públicas.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas,
senador Sanz Ruiz, por tiempo de cinco minutos.

El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, como presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones
Públicas, les presento el dictamen del Proyecto de Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, un proyecto de
ley que se somete a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita
por el procedimiento de urgencia y que tuvo su entrada en esta Cámara el
día 14 de abril, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales. El plazo de presentación de las enmiendas
finalizó el día 18 de abril de este año y se han presentado un veto, por
los señores Guillot Miravet y Saura Laporta del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, y 99 enmiendas así distribuidas: 11 de
los señores Zerolo Aguilar y Quintero Castañeda del Grupo Mixto, 31 de
los señores Saura Laporta y Guillot Miravet del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, 4 del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado, 38 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, dos de las cuales fueron posteriormente retiradas, y 15 del Grupo
Parlamentario Socialista.

Por decisión de la Presidencia del Senado, en ejercicio de
la delegación conferida por la Mesa de la Cámara, no fue admitida a
trámite la enmienda número 74 del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió por considerarse, de conformidad con la
reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se refiere a una
materia que de manera evidente y manifiesta carece de conexión con el
proyecto de ley.

El pasado día 23 de abril la comisión designó la ponencia
que quedó integrada de la siguiente manera: doña María del Mar Angulo
Martínez, del Grupo Parlamentario Popular; don Ferran Salvado Bel
Accensi; del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; don Rafael Bruguera Batalla, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; don Juan Antonio de las Heras Muela, del Grupo
Parlamentario Popular; doña María Ángeles Marra Domínguez, del Grupo
Parlamentario Socialista; doña Rut Martínez Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado; don Narvay Quintero Castañeda, del
Grupo Parlamentario Mixto, y don Juan María Vázquez García, del Grupo
Parlamentario Socialista.

La comisión se reunió ese mismo día, 23 de abril, para
dictaminar y acordó, tras el debate y votación del veto y de las
enmiendas, aceptar como dictamen el texto remitido por el Congreso de los
Diputados por 16 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. Los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, han presentado un voto particular por el que
mantienen

la propuesta de veto número 1. Y también han presentado
votos particulares a este dictamen manteniendo las enmiendas los señores
Zerolo Aguilar y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, los señores Guillot Miravet y
Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, además
del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor
presidente.(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señor ministro, ¿quiere intervenir? (Asentimiento.)

Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Para mí es un honor ocupar esta tribuna del Senado de
España al comienzo de la tarde para, en nombre del Gobierno, presentar al
Senado, a sus señorías, el Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, que ya ha sido objeto de tratamiento en la
Cámara para, en definitiva, explicar las justificaciones, las razones por
las que el Gobierno ha solicitado también el trámite de urgencia de esta
ley, puesto que como todas sus señorías saben, estamos atravesando
momentos difíciles, muy problemáticos de nuestro país, momentos en los
que realmente la recesión económica está siendo muy fuerte, muy intensa.
Recesión económica que tiene mucho que ver con la restricción crediticia
que seguimos soportando en España después de cuatro años de crisis. Y
sobre nuestras cabezas tenemos la insuficiencia de recursos financieros
para superar una situación tan problemática, preocupante y destructora de
empleo como la que seguimos atravesando.

Restaurar la confianza, la imagen de España, es la tarea
fundamental, nada fácil por lo que estamos viendo, estamos conociendo y
estamos sintiendo durante estas semanas y estos meses. Pero también
quiero insistir esta tarde en el Senado que es un objetivo posible. Es un
objetivo posible si actuamos con la decisión, con la firmeza, si hacemos
de las finanzas públicas una gestión transparente, y si conseguimos que
esas finanzas públicas estén marcadas por el signo de la austeridad.

Quiero también referirme a lo que fue la propia experiencia
de España a la hora de fundar el euro, cuando parecía que España estaba
desmarcada de ese gran proyecto de integración política de Europa, y no
sólo de consecución económica como fue la fundación del euro. Entonces,
en aquel momento, la España descartada de la carrera del euro era la
España que no generaba confianza, que arrastraba unas tasas de paro
superiores al 20 %, del 21 % o 22 %; la España de los déficit públicos
elevados y constantes acumulados durante el período de nuestra
democracia, 20 años largos ya. En definitiva, la España maltratada por
los mercados financieros que habían generado tres devaluaciones continuas
de la peseta y la prima de riesgo país se situaba a comienzos de 1996 en
500 puntos básicos después de esas tres devaluaciones. Por tanto, ese
recorrido que hicimos para fundar el euro fue un recorrido de todos los
españoles, y de todos los políticos españoles, para lograr que
estuviéramos en el gran tren europeo. Aquella cita a la que no faltamos
se asentó sobre la estabilidad presupuestaria, sobre la firmeza y la
convicción de un Gobierno comprometido con el equilibrio presupuestario
y, en definitiva, como decía, cumpliendo los objetivos de Maastricht y
los criterios del euro, que están basados en el equilibrio
presupuestario, en el equilibro de las finanzas públicas, puesto que no
podemos construir una integración europea sobre desestabilidad económica,
sobre comportamientos dispares de nuestras finanzas públicas, sobre
diferencias de precios que hagan inaccesible contar con un gran mercado
europeo, un mercado interior, y abrir la posibilidad de que, a través de
esa integración política, como decía, Europa sea cada vez más importante,
más respetada y refuerce su papel en el mundo y en la globalización
económica que estamos viviendo. A este respecto quiero manifestarles que
nuestra apuesta, nuestro presente y nuestro futuro, está en esa
globalización y en la europeización completa del proyecto español.

Tratamos de generar confianza a través de reformas
estructurales, y la ley que están tratando aquí en el Senado esta tarde
es una reforma estructural de nuestras administraciones públicas y del
Estado de las Autonomías. Se trata de una garantía, una especie de llave
de acceso a los mercados financieros porque de ellos depende la
financiación de la economía de nuestro país, un país fuertemente
endeudado frente al resto del mundo y, por tanto, tenemos que abrir esa
puerta, la puerta de la confianza y la fiabilidad con reformas
estructurales, con leyes comprometidas como la que estamos examinando
esta tarde en el Senado, la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En el año
2002 ya fuimos pioneros en España a la hora de implantar una ley de estas
características. Quiero recordar ante todos que lo hicimos en el año 2002

cuando nadie en Europa nos pedía que lo hiciéramos, cuando
no había esa moda —por llamarlo de esta forma— por el
equilibrio presupuestario, pero sí había convicción en España de que por
ahí estaba el camino de la prosperidad, del crecimiento económico, del
desarrollo y, sobre todo, de la creación de empleo. Como digo, esa ley se
presentó en el año 2002 y, lo que es la vida —si me permiten la
expresión más franca y más llana—, hoy ocupo esta tribuna en el
Senado —un poquito mayor que entonces, ya que ha pasado el tiempo,
pero así es la vida en política, circular— y, en mi condición de
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, tengo el honor de
volver a presentar al Senado de España una ley que enlaza con aquel
espíritu, una ley que está ya mucho más fundamentada en los preceptos
europeos, ley que ya se deriva de los tratados europeos y de sus
exigencias, del pacto fiscal que aprobamos en el Consejo Europeo
celebrado en el pasado mes de enero, pero una ley, como decía, pionera
porque no hay país de Europa que la tenga. Una cosa es tener su contenido
en los tratados europeos y otra es tenerlo en nuestro entramado
institucional, de manera que España será el primer país de Europa que
tenga una ley como esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que, a
su vez, es desarrollo de la reforma de la Constitución que ya hicimos el
verano pasado, en la legislatura anterior, en la que yo también tuve el
honor de participar entonces como diputado de la oposición. Esa reforma
fue impulsada por el anterior Gobierno, el del presidente Zapatero, en un
tiempo, el mes de agosto del año pasado, enormemente difícil, en el que
el Banco Central Europeo tuvo que intervenir en los mercados secundarios
de deuda ante el acoso de los mercados a la emisión de títulos de deuda
que estábamos haciendo los países miembros del euro.

Una reforma de la Constitución que instalaba en su artículo
135 el equilibrio presupuestario; una reforma de la Constitución
fundamental, que también nos convirtió en pioneros de Europa. Esa reforma
de la Constitución es diferente en términos de contenidos exactos a la
reforma muy comprometida de la Constitución que hizo la República Federal
de Alemania respecto de la reducción de los niveles de deuda pública en
un Estado federal como es Alemania. La nuestra es diferente, pero el
espíritu es el mismo, es el de volver al equilibrio presupuestario,
instalando en la Constitución en nuestro caso el principio de
funcionamiento que se deriva de los tratados de la Unión Europea. De
manera que nuestra Constitución se actualiza a medida que lo va haciendo
el Tratado de la Unión Europea. Ese es el desarrollo de esa reforma del
artículo 135 de nuestra Constitución, ley que también fue fruto entonces
de un gran acuerdo político. El Gobierno quiere renovar lo que fue el
contenido concreto de ese ánimo de encuentro de las formaciones políticas
que dieron origen a la reforma de la Constitución, y quiere sumar en ese
trámite de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria a otras
formaciones políticas que no estuvieron en aquel momento en la reforma de
la Constitución y que sí tienen hoy la oportunidad de sumarse a este
proyecto de ley con sus sugerencias y aportaciones, sumando, en
definitiva, voluntades políticas que tienen sensibilidades e ideologías
diferentes, pero no a la hora de encontrar y asentar ese precepto de la
gestión de las finanzas públicas. Se tiene que hacer desde los principios
del equilibrio presupuestario, desde la transparencia máxima de las
cuentas públicas. No cabe el desorden en ellas, no cabe el desequilibrio
financiero que provoca en esas cuentas públicas que el déficit y la deuda
pública compitan con el crédito que debe ir a los emprendedores, a
quienes nos tienen que sacar de una crisis como esta. Que no se entienda
que el proyecto europeo embarranca en forma de desorden de las finanzas
públicas, menos aún en la España de las autonomías, donde tenemos la
voluntad y la firmeza de prolongar y proyectar una España de las
autonomías desde los compromisos europeos de equilibrio presupuestario
que no tiene nada que ver con la acción de las competencias propias del
marco de la Constitución española que, antes al contrario, se incorporan
con naturalidad, con decisión y con vocación europea a través de una ley
de estas características. Es una ley que va incorporando las exigencias
de ese Tratado de la Unión Europea, llamado ahora tratado fiscal de la
Unión Europea, también conocido más llanamente como pacto fiscal de la
Unión Europea. Ese pacto fiscal es un pacto de compromiso en el
equilibrio presupuestario, es un pacto que traza compromisos y exigencias
para los países miembros de la Unión Europea; es un pacto que traza
exigencias mayores para los países que, como España, estamos desviados de
la senda del equilibrio presupuestario, y a partir de ahí, a partir de
las exigencias de ese tratado es por lo que la ley está proponiendo una
senda más exigente que el propio tratado, pero porque es derivada del
contenido del tratado y de su aplicación a los países que tenemos la
exigencia de volver a la senda del equilibrio presupuestario. Esa es la
razón por la que se propone la senda del cero por ciento, compatible
perfectamente con los acuerdos políticos que dieron lugar a la reforma de
la Constitución en su artículo 135 actualizando esos acuerdos políticos
al contenido del tratado fiscal de la Unión Europea, al pacto fiscal de
la Unión Europea.

Por tanto, esta tarde, desde el Gobierno, insistimos en la
importancia de dejar atrás otro tipo de planteamientos, de recuperar lo
que fueron los espíritus de colaboración que permitieron la reforma de la
Constitución y de volver a trazar un lugar de encuentro en esta Ley de
Estabilidad Presupuestaria, mandando un mensaje al resto de socios
europeos, mandando un mensaje al resto del mundo, mandando un mensaje a
los mercados financieros, a nuestros acreedores, de que en España hay
voluntad política más que suficiente para aprobar leyes estrictas, que
realmente incorporan los principios del pacto fiscal de la Unión Europea,
entendiendo que ahí está el camino de la recuperación económica, que por
ahí se sale de una crisis como la que estamos viviendo y que por ahí se
crea empleo. Estamos ante el desafío de colaborar positivamente a la
construcción europea.

Esas son las razones políticas que yo quería expresarles,
explicando, también, que el proyecto de ley, la ley en sí, enriquecida
por las aportaciones del Congreso de los Diputados, traslada los
mecanismos de los reglamentos de la Unión Europea a nuestro entramado
institucional. Esto es muy importante a efectos de la credibilidad del
Estado de las Autonomías. Que nadie lo vea como un riesgo para el Estado
de las Autonomías. Al contrario. Se trata de incorporar el mismo
procedimiento que estamos estableciendo en Europa al Estado de las
Autonomías en España. No conculca ninguna competencia. No va contra
nadie. Es trasladar lo que estamos haciendo en Europa a nuestro
ordenamiento institucional, un ordenamiento que hoy vemos criticado o,
cuando menos, malentendido, desde fuera de nuestras fronteras, y que el
Gobierno explica y defiende —no hace falta que les hable de algún
titular de prensa de hoy, con motivo del debate de los Presupuestos
Generales del Estado, pues esto es lo que pasa con los medios de
comunicación, y hay que respetarlo—. Para nada el Gobierno está
entendiendo ni que la responsabilidad del déficit público en España sea
únicamente de las comunidades autónomas, ni que ahí radique la
culpabilidad. Ni mucho menos. Como hemos dicho desde el primer minuto de
la legislatura, estamos todos en lo mismo. Es nuestra forma de entender
el Estado de las Autonomías. Todas las administraciones públicas somos el
Estado de España, con su variedad, con el régimen de comunidades
autónomas, con los regímenes de las haciendas forales, con los regímenes
económico-fiscales de Ceuta, Melilla y Canarias. Esto es España. Un país
que no hemos inventado en la Constitución del 78. Los españoles llevamos
siglos conviviendo de esta manera, por tanto, no tenemos nada que
cambiar, sino que mejorar en términos de desarrollar ese Estado de las
Autonomías, compartir un destino común en él e incorporar, obviamente,
los procedimientos que nos estamos aplicando los europeos para alcanzar
los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Esa es la razón por la que la ley es novedosa a la hora de
introducir esos reglamentos europeos. Introducir los mismos reglamentos
que nos están haciendo funcionar como euro. Los reglamentos de
supervisión, de prevención, de sanción, e incluso, de intervención en los
casos en que haga falta cuando una Administración, cualquiera que fuere,
en primer lugar la Administración General del Estado, no esté
comprometida en el desarrollo de sus presupuestos con la consecución del
déficit público.

Por tanto, todos tenemos que administrarnos esa medicina.
El Gobierno de España el primero, pero, al mismo tiempo, también afirmo
en el Senado que el Gobierno de España no dudará en aplicar esta ley a
aquella Administración pública de España que no esté encarrilada hacia la
consecución de su objetivo de déficit público. Porque nos estamos jugando
el país, nos estamos jugando el proyecto de España en Europa, nos estamos
jugando el euro, señorías, el triunfo del euro pasa por España.

Por tanto, esta es una ley fundamental, importantísima para
nuestra arquitectura institucional, y es una ley que hay que aplicar ya,
una ley que debe estar en vigor el 1 de mayo para que realmente esté
vigente en los compromisos de todas las administraciones públicas para
que sea garantía de que España va a cumplir con su objetivo de déficit
público, que es el que compartimos con nuestros socios y con las
instituciones europeas y el que da sentido a nuestra presencia en el
euro.

Como digo, estamos, pues, ante una ley muy importante, una
ley cuyo trámite parlamentario se está siguiendo muy de cerca por todos
nuestros socios, e incluso me atrevería a decir que por todo el mundo,
que mira a un país que está haciendo estas reformas estructurales. Por
eso invito a todos los grupos parlamentarios a que levanten la vista y
miren hacia arriba, y a que dejen atrás otro tipo de interpretaciones
mucho más miopes. Es el momento de hacer política de verdad, política con
luces largas, política de construir en la arquitectura institucional
española los elementos de seguridad y de fiabilidad, los compromisos que
nos hacen europeos, los compromisos que nos tienen, en definitiva, que
abrir la puerta del crecimiento económico y de la creación de empleo.

Por ello, señorías, quiero agradecer el trabajo que ya
están haciendo, el trabajo previo que presentaba don José Luis Sanz en su
condición de presidente, el trabajo que está desarrollando esta Cámara.
Tras

esta presentación escucharé a todos los grupos
parlamentarios y espero que en la votación todos estemos a la altura de
una circunstancia como la que estamos atravesando. En pocas ocasiones se
hace de la necesidad virtud como podemos hacer con este proyecto de ley,
que supone una reforma estructural de nuestras administraciones públicas
no solo exigida por las circunstancias, sino querida por una sociedad
comprometida con el equilibrio presupuestario y con la transparencia de
sus finanzas públicas, una reforma deseada por una sociedad que entiende
y valora que su salida de la crisis está en el cumplimiento de ese
equilibrio presupuestario y de esa transparencia de las cuentas
públicas.

Insisto, pues, señorías, en darles las gracias por su
trabajo y por su diligencia, por la utilidad que están demostrando como
Cámara territorial de España. El Gobierno les invita a todos ustedes a
que se sumen a un gran acuerdo que sería muy positivo para reforzar la
imagen de España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señorías, entramos en el debate de la propuesta de veto
presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa tiene la palabra el senador Guillot por
tiempo de quince minutos.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, no creo que agradezca usted este
veto, pero debo decir que lo presentamos con el convencimiento de que es
lo adecuado, pues en las encrucijadas nosotros preferimos las luces
cortas mejor que las largas, que es, además, lo que manda el código de
circulación.

Este proyecto de ley es la continuidad a la reforma de la
Constitución española que en septiembre de 2011, de forma sorpresiva,
precipitada y rompiendo el pacto constitucional, acordaron el PSOE y el
PP. Entonces se reformó la hasta el momento intocable Constitución para
afirmar que el deber de pagar la deuda prevalecía como valor superior a
los de la justicia e igualdad en la definición de nuestro Estado de
derecho, un Estado social y democrático. Una reforma que también invadía,
como este proyecto de ley, la autonomía financiera y la responsabilidad
fiscal de las comunidades autónomas.

Los objetivos de aquella reforma, como los de este proyecto
de ley, eran, y así lo ha dicho el señor ministro, la recuperación de la
confianza de los socios europeos y de los mercados, y se inscriben en una
política de gestos que hoy por hoy tienen un escasísimo efecto, solo hay
que ver los intereses que pagamos, la prima de riesgo o el estado de la
bolsa. Vista la experiencia se puede afirmar, pues, que los mercados, a
los que a partir de ahora llamaré prestamistas, son insensibles a estos
gestos. El tipo de interés está por encima del 6 %, la prima de riesgo
por encima de los 400 puntos y el desplome de la bolsa es muy importante.
Dicho de otra manera, ustedes rompen el pacto constitucional, invaden
competencias autonómicas y, lo que es peor, mandan un mensaje a la
ciudadanía de que han decidido anteponer el pago de la deuda a sus
derechos, y todo para nada; porque estamos donde estábamos: en declive
económico, con una prima de riesgo por encima de 400, con unos tipos de
interés por encima del 6 % y con la bolsa en plena caída. Y esto lo
consideramos grave e irresponsable.

Miren, señorías, hoy en España, en los círculos de política
responsable, nadie discute que hay que reducir el déficit, que hay que
devolver lo adeudado, que no podemos vivir por encima de nuestras
posibilidades, ya sea en los gastos o en las deudas que se soportan,
nadie. Podemos discutir sobre cómo se estima el déficit estructural;
podemos discutir sobre los criterios para definir los umbrales de la
sostenibilidad del nivel de endeudamiento, y sobre otras cuestiones; pero
repito: nadie pone en duda la necesidad de atajar el déficit y de
afrontar la disminución de la deuda pública y privada. En cambio,
señorías del PP, señor ministro, no todos compartimos que es necesario
disponer de estímulos económicos que nos permitan relanzar la economía y
crear empleo. Soy de los que creen que la mejor fórmula sería plantearse
el doble objetivo: reducción del déficit y de la deuda, y que nuestra
economía crezca; porque el crecimiento de nuestra economía es la mejor
garantía, o la única garantía, de que podremos pagar nuestras deudas.

Por ahora, con esta reforma de la Constitución que
proponemos, estamos mandando el mensaje de que queremos pagar. El
problema es que nuestros prestamistas lo que miran no es si queremos
pagar, es si realmente podemos pagar; y si los intereses suben al seis y
pico por ciento quiere decir que los prestamistas no tienen claro que
podamos pagar o exigen un nivel muy alto de interés por el elevado riesgo
de nuestros bonos. Aquí está la disyuntiva: no se trata solo de
plantearse que hay que pagar —en eso, todo el mundo está de
acuerdo—, que hay que atajar el déficit, que hay que afrontar una
deuda que podamos gestionar de manera razonable; sino que lo que importa
en España hoy es ver cómo relanzamos