El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día:
Comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, don José María Marín Quemada, para informar del Plan de
actuación de dicha comisión del año 2015, a petición del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Antes de darle la palabra, quiero agradecerle a don José María
Marín su presencia en esta comisión por un doble motivo: de una parte,
por atender con presteza, diligencia y la máxima voluntad de colaboración
todo cuanto esta Presidencia le ha solicitado —así, esta de hoy es
su segunda comparecencia en el último año, pues nos acompañó y contestó a
cuantos requerimientos, preguntas y consideraciones le formulamos el
pasado día 26 de junio del año 2014— y, de otra parte, por enviar a
esta Presidencia con tiempo suficiente, para conocimiento general de
todos los grupos parlamentarios, el Plan de actuación de 2015 de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ambas cuestiones
—su presencia y diligencia en acudir cuando se le requiere y que lo
haga adelantando su informe para que su comparecencia pueda ser más
eficiente y esclarecedora— son factores a tener en cuenta y
actitudes que no pasan desapercibidas en esta Cámara.

Como bien se dice en el párrafo primero del folio 5 de dicho
informe, la concreción en este plan de las actuaciones que la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia realizará durante 2015
incrementa la transparencia, el rigor y la predictibilidad de la
autoridad, asimismo, fortalece la rendición de cuentas de esta
institución ante el Parlamento. No tenga ninguna duda, señor Marín, que
así es.

Sin más, tiene usted la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA (Marín Quemada): Gracias, presidente.

Señorías, buenos días. Como recordarán, el pasado día 26 de junio
comparecí ante ustedes para presentarles el plan estratégico entonces de
la CNMC. Hoy, transcurridos nueve meses, vuelvo a tener el honor de
comparecer —créanlo, y lo subrayo— para, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 39 de nuestra Ley 3/2013, que dio carta de
naturaleza al nacimiento de la CNMC, presentarles nuestro primer plan de
actuación y naturalmente, y de modo muy especial, para someterme a sus
consideraciones y preguntas.

Dado que, como el presidente acaba de indicar, ya les he remitido
el plan con antelación, les adelanto que esta va a ser una exposición más
breve, brevedad que les pido interpreten como lo que es, una muestra de
respeto y deseo de colaboración con quienes tienen la función de
supervisar nuestra actuación, dejando, por tanto, el tiempo suficiente
para las consideraciones y preguntas de sus señorías. Voy, pues, a hacer
esa breve presentación del plan para, a continuación, referirme a un par
de asuntos recientes, que son de enorme relevancia para nuestro trabajo y
también —pienso— para el interés general. Se los adelanto: lo
que se ha dado en llamar economía colaborativa y un tema de mucha
actualidad, el de los mercados mayoristas de banda ancha. He elegido
estas dos referencias, aunque podría haber traído a la consideración de
sus señorías media docena más, como un ejemplo de la diversidad de los
temas que nos ocupan en la CNMC y que sus señorías, por otra parte,
conocen bien. Comentaré también, al hilo de mi exposición, algunas otras
cuestiones que considero pueden ser de interés para todos ustedes.

Vuelvo a las actuaciones. El plan que hoy les presento tiene como
finalidad principal fijar lo que son, lo que van a ser y lo que están
siendo nuestras prioridades de actuación. Pretendo hacerlo de manera
transparente y de forma que puedan ser también evaluadas ex post.

Hemos elegido un período de tiempo corto —solo un año—
para poner en marcha todas estas actuaciones. Créanme si les digo que
nuestra forma de ver nuestros desafíos y nuestro plan de actuación no
podría ser ninguna otra. Es nuestro primer plan y, por la necesidad de
acelerar el proceso de aprendizaje, por la necesidad de rodar, hasta
poner en velocidad de crucero una institución que es relativamente joven,
y también por incorporar retos al diario acontecer, nos parece que esta
es la manera de hacer frente a esos desafíos con la diligencia que,
además entendemos, debe prestar la CNMC.

Muy brevemente permítanme que antes les dé cuenta de nuestro
trabajo. La actividad de este primer año, de este primer año y pico ha
sido intensa. Durante el año 2014 la Sala de Supervisión Regulatoria ha
resuelto bastantes temas —ahora les daré algún número— y se
ha reunido 65 veces; la Sala de Competencia, 49; el consejo en Pleno lo
hizo en 24 ocasiones. Esto, como les acabo de indicar, en cuanto a
reuniones. El número de asuntos tratados creo que también da idea de
dinamicidad de la institución. Tratamos en el Pleno 51 asuntos; 835 en la
Sala de Competencia y 1842 en la Sala de Supervisión Regulatoria. Han
sido, por tanto, un total de 2728 asuntos. Adicionalmente, en estos meses
del año 2015 hemos sumado a estas cifras 845 asuntos más. Todo ello ha
sido posible gracias al trabajo de los consejeros —algunos aquí
representados— y, por supuesto, de todo el personal que presta
servicios en la comisión. A todos les agradezco en este momento su
intensa dedicación.

Pero más importante que el número de asuntos es, obviamente, su
relevancia. Como los informes están disponibles en nuestra página web y
también el desarrollo pormenorizado de los acuerdos alcanzados, no me
detendré en ellos, pero sí en el plan que hoy vengo a presentarles y que
ha sido elaborado a partir de las aportaciones de las cinco direcciones y
del consejo. Verán ustedes que estas aportaciones se han concretado
en 148 actuaciones, que se agrupan en algunas ocasiones en función de la
importancia —y por sí mismas tienen un capítulo diferencial—,
y en otras ocasiones en lo que hemos dado en llamar acciones estratégicas
en las que se enmarcan esas actuaciones. Todas estas actuaciones deben
permitirnos cumplir nuestra misión de forma eficaz, que saben ustedes es
promover y defender el buen funcionamiento de todos los mercados en
interés de los ciudadanos y de las empresas.

Paso ahora a detallar con rapidez, si ustedes me lo permiten, una
selección de actuaciones y de grupos de actuaciones. Debo indicarles que,
formalmente, el plan no las prioriza —nosotros internamente
sí—, pero no hay duda de que no todas tienen la misma entidad ni
tendrán el mismo impacto.

Señorías, antes me he referido a lo que me permito calificar como
intensa actividad del consejo durante estos meses pasados. También les
decía que ello ha sido gracias al trabajo de todos. De entre las
actuaciones que podrían denominarse internas, me permito llamarles la
atención sobre la 4.3, que es extraordinariamente crítica: «Elaborar un
plan de personal de la CNMC, con especial énfasis en la búsqueda de
mecanismos que garanticen una adecuada carrera profesional al personal,
laboral y funcionario, de la CNMC.»

Señorías, nosotros no tenemos instalaciones industriales, no
tenemos almacenes, no tenemos fábricas, nosotros lo que tenemos es
talento, y es ese talento al que tenemos que dar una prioridad porque es
el que condiciona la actuación de la institución, así como su calidad.
Por ello, creemos que tenemos que seguir haciendo esfuerzos con las
personas que trabajan en la institución. La gestión de los recursos
humanos en una organización como la nuestra plantea retos, y estamos en
esa línea —trabajando para plantear propuestas y encontrar
soluciones que puedan encajar en la política de recursos de la
Administración y adecuarse a las necesidades de la economía
española—, en definitiva, de contar con una institución ágil,
moderna e independiente en esta trascendental fase, por cierto, de
crecimiento económico, que parece que se consolida. Dichas propuestas de
atraer y retener a los mejores incluirán, con toda probabilidad, la
necesidad de alguna modificación de ciertos elementos de nuestra
Ley 3/2013. Cuando llegue ese momento, que no es ahora, solicitaré el
apoyo de sus señorías a dichas propuestas. En cualquier caso, nos
corresponde tan solo, obviamente, la función de hacer sugerencias. Es a
las Cortes, donde reside la soberanía, a las que corresponderá aprobar
las modificaciones normativas esenciales. Ahora, en este momento, lo
único que estoy haciendo es un adelanto de esa necesidad, de esa
prioridad, de esa plasmación en nuestro Plan de actuaciones para 2015,
con el objetivo de fundamentar una institución bien dotada con el
personal necesario.

Un buen número de otras actuaciones —no podía ser de otro
modo— están relacionadas con lo que vamos a llamar nuestras
funciones esenciales: la política de defensa de promoción de la
competencia, la política de vigilancia de los distintos mercados para
procurar la adecuada competencia en todos ellos —aquí les llamo la
atención sobre la diferencia que hay entre la competencia ex ante y la
competencia ex post— y naturalmente, la supervisión de los sectores
regulados, que constituyen las tres misiones, el encargo fundamental que
la CNMC ha recibido del legislador.

Nos ocupamos directamente del bienestar, de que se cumplan las
reglas del juego, al objeto de asegurar que los mercados funcionen, de
tal manera que el bienestar de la sociedad, las oportunidades y el clima
inversor aumenten. Por cierto, tanto las reglas de competencias como el
cumplimiento de la regulación sectorial se encuentran —les
adelanto— en el núcleo del problema del crecimiento a largo plazo,
al que hacía mención hace unos instantes, y, por tanto —en la CNMC
entendemos—, necesariamente, en el núcleo de la solución.

Unos mercados que funcionan eficientemente al servicio de los
ciudadanos y del interés general, donde las empresas compiten en precios,
en innovación, en calidad, etcétera, son nuestro objetivo. Más y mejores
mercados, con una adecuada supervisión que vele por el respeto a las
normas de juego, redundarán en el mayor bienestar para nuestros
ciudadanos. La iniciativa privada ha demostrado su enorme capacidad para
generar riqueza. Pero, al mismo tiempo, surge la tentación de abusar del
poder de mercado o de confabularse para fijar precios de forma más o
menos explícita, lo que es, como sus señorías saben, una grave amenaza
para el bienestar de los ciudadanos y del resto de las empresas.

Paso ahora a examinar otro conjunto de actuaciones. El plan que
tienen ustedes a su disposición recoge un gran número de actuaciones
relacionadas con la dimensión internacional de nuestras actividades.
Dentro de esas actividades internacionales pueden distinguirse dos
grandes bloques agrupados en las acciones estratégicas 11 y 15. La
participación de expertos de la CNMC en los distintos grupos de trabajo a
nivel internacional es permanente y, lo que es más importante, es
natural, y forma parte de nuestro día a día. Es en esos foros
internacionales donde se están estableciendo los requerimientos que van a
determinar la supervisión regulatoria desde Bruselas, o la vigilancia de
la competencia, o el establecimiento de las fórmulas básicas para llevar
a los distintos mercados la necesaria competencia ex ante. Estar en esos
foros internacionales nos permite dejar nuestro punto de vista, recoger
las reflexiones ajenas e incidir en la normativa que se esté elaborando y
que, naturalmente, va a acabar en forma de directiva traspuesta en las
distintas leyes o normativas de nuestro país. Y, créanme, nuestro papel
en esos foros internacionales es importante, y la voz de España a través
de la CNMC es tenida muy en cuenta, algo que, naturalmente, nos produce
enorme satisfacción. Y es tenida muy en cuenta nuevamente porque la
solidez de las reflexiones que surgen de la CNMC y que se ponen a
disposición de las otras agencias —reguladoras, supervisoras—
o de la propia Comisión Europea es siempre bien recibida. Para la CNMC,
las reuniones de esos grupos de trabajo o de foros europeos son, por
tanto, una parte esencial en nuestro trabajo.

Varias actuaciones —salto a otro capítulo— están
relacionadas con la imprescindible colaboración con las comunidades
autónomas. Aquí tenemos como guía la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de
coordinación de las competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas en materia, por ejemplo, de defensa de la competencia, lo que
proporciona un marco adecuado en el que llevar a cabo dicha cooperación.
En nuestra opinión, el sistema de asignación de casos en competencia
funciona bien y las inevitables discrepancias se solventan con
naturalidad en la junta de conflictos. En otras áreas distintas de la
competencia, la cooperación también es fundamental y, aunque hasta ahora
ha sido más bien informal —porque las propias comunidades autónomas
están a velocidad diferente organizando sus distintas autoridades de
supervisión regulatoria—, creo que debemos esforzarnos por ir más
allá, en particular, por ejemplo, en el área audiovisual, en el que
resultan evidentes los beneficios que para los ciudadanos pueden
derivarse de una aplicación homogénea de criterios. Piensen que a nivel
local hay televisiones que desde un nivel también local pueden seguirse
con mucha más eficacia y eficiencia que desde Madrid. Esto lo hemos
entendido y es la política que estamos llevando adelante especialmente
con Cataluña y con Andalucía, que son las dos comunidades autónomas que
tienen agencias propias, así como con el resto de comunidades, aunque,
como les decía, en ocasiones de una manera más informal por la normativa
y por la existencia o no de instituciones en esos ámbitos
autonómicos.

Vuelvo a dar otro salto. Respecto a las actuaciones relacionadas
con la unidad de mercado, como sus señorías conocen, la Ley 20/2013, de 9
de diciembre, tiene por objeto establecer, con un conjunto de
disposiciones, lo necesario para hacer efectivo el principio de unidad de
mercado en el territorio nacional. En esa Ley se atribuye a la CNMC la
condición de punto de contacto de los operadores económicos con la
Administración. También faculta a la CNMC para emitir informes y
remitirlos a las autoridades competentes en el marco de los
procedimientos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley y para la
interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional frente a actuaciones y disposiciones administrativas que se
consideren contrarias a la Ley de garantía de unidad de mercado, a la
libertad de establecimiento o de circulación. Saben sus señorías que esto
viene recogido en el artículo 27. Por tanto, los artículos 26, 27 y 28 de
la Ley de garantía de unidad de mercado son los que más nos
responsabilizan frente a todos ustedes, señorías, y frente a la sociedad
como institución garante de determinados valores preservados por la
ley.

En relación con las atribuciones de la CNMC, en virtud de dicha
ley, hemos emitido 52 informes de unidad de mercado, de los cuales, 43
han sido publicados en nuestra web de forma coordinada con la Secretaría
del Consejo para la Unidad de Mercado (Secum), estando pendientes de
publicación —previa finalización precisamente por la secretaría del
consejo y tras la valoración de sus aspectos confidenciales— los
nueve informes restantes. Tras diversas peticiones de impugnación, al
amparo de ese artículo 27 que les citaba a sus señorías hace un momento,
cinco de ellos han dado lugar a acuerdos de impugnación, dos de los
cuales han sido ya admitidos a trámite, y los tres restantes se van a
interponer en los próximos días. Hemos trabajado en unos cien asuntos de
diversa naturaleza sobre la unidad de mercado. Debo compartir con sus
señorías que, en muchas ocasiones, cuando nos hemos puesto en contacto
con la comunidad autónoma o el ayuntamiento correspondiente, ha sido
suficiente nuestra ilustración sobre las responsabilidades que estaban
residenciadas en la CNMC para que el asunto se resolviera sin más, dando
prueba ayuntamientos o comunidades autónomas de un espíritu de
colaboración, que también quiero dejar patente ante sus señorías.

Me referiré a continuación a dos actuaciones muy concretas que ya
les había anunciado y en las que ahora mismo estamos trabajando. La
primera es el estudio sobre la economía colaborativa que estamos llevando
a cabo en la CNMC. Aquí, señorías, junto con el resto de agencias del
mundo occidental, nos enfrentamos ante una situación nueva derivada, por
una parte, de la digitalización de la economía tradicional y, por otra,
de la propia incorporación de la economía digital a nuestro entramado
económico con una fuerza y una naturalidad que estoy seguro que sus
señorías comparten conmigo. Ya utilizamos internet para solicitar una
reserva de hotel, para comprar un libro, para obtener unos billetes de
ferrocarril o de avión en cualquier parte del mundo, o para comprar
cualquier objeto, que seguro que sus señorías, con su experiencia, han
tenido ocasión de realizar. Todo esto es un mercado nuevo, toda esta
situación es distinta a la anterior, que, naturalmente, hay que dotarla
de normas, hay que supervisarla, hay que revalorizarla con tino, con
mesura, con conocimiento profundo de esas realidades, de esos mercados
que son distintos, diferentes, pero que no nos son ajenos. Les decía,
permítanme que insista en ello, que es un desafío para todas las agencias
occidentales —en Estados Unidos o en Europa—. Para todas
ellas es imprescindible una atención prioritaria a esto que es nuevo pero
tan importante y tan decisivo para el futuro.

La segunda actuación es el análisis de los mercados mayoristas de
banda ancha —por buscar un tema bien distinto, como les decía, al
anterior—, los mercados mayoristas de banda ancha que técnicamente
denominamos 3a, 3b y 4 y que antes se denominaban mercados 4 y 5. La
propuesta de nuestra Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual
para regular esos mercados de banda ancha busca un equilibrio muy
importante para garantizar la competencia efectiva y promover la
inversión en redes de acceso de nueva generación. Sin garantía a las
inversiones, sin que los inversores visualicen el imprescindible retorno,
las inversiones no se llevarán a cabo. Pero hay que buscar una posición
ponderada entre esa defensa natural de los intereses de los inversores
con la calidad y la garantía de competencia efectiva en el acceso a esos
nuevos mercados —vamos a dejarlo ahí—.

No les voy a detallar la consulta pública, pero sí, si me lo
permiten, quiero compartir con ustedes que, una vez recibidas y
analizadas todas las alegaciones, la CNMC está trabajando intensamente en
la elaboración de una propuesta definitiva.

Les comento a continuación otros dos asuntos relativamente
recientes que considero importante compartir con sus señorías. En primer
lugar, me parecía oportuno referirme a una muy reciente sentencia del
Tribunal Supremo —de 29 de enero—, a la que han seguido otras
sentencias más que citan expresamente la primera —por lo que ya
existe jurisprudencia firme—, que clarifica la interpretación de
algo fundamental para la política de supervisión de sanción en la CNMC,
que es la interpretación de los artículos 63 y 64 de la Ley de defensa de
la competencia del año 2007. A ello deberán atenerse tanto la CNMC como
la Audiencia Nacional. Me refiero, como ya les he anticipado, al régimen
sancionador, que es parte central y esencial de ese sistema de defensa de
la competencia. Pues bien, la sentencia del Tribunal Supremo subraya la
necesidad de que las conductas ilícitas contra la competencia sean a la
vez proporcionales —porque deben guardar relación con la entidad de
la infracción cometida— y disuasorias —porque deben tener una
cuantía tal que asegure que a ninguna empresa le haya resultado
beneficioso realizar esas conductas contra la competencia después de
tener en cuenta la sanción recibida—.

En su sentencia, el Tribunal Supremo determina el intervalo
sancionador y recalca que debe calcularse aplicando los porcentajes ya
incluidos en el artículo 63 de la Ley de defensa de la competencia sobre
el volumen del negocio total de la empresa. Esta es una cuestión que
había quedado a lo largo de los últimos años poco clara en los
tribunales, poco clara en la interpretación que daba al mismo la propia
antigua Comisión Nacional de la Competencia y, posteriormente, la CNMC.
Con lo cual, bienvenida sea la sentencia del Supremo que determina con
nitidez cuál es el marco de referencia en el que tenemos que basar
nuestra actividad sancionadora.

Les adelanto, para aquellas de sus señorías que tengan especial
interés en el tema, o para aquellos que, como consecuencia del interés
general, quieran tener —aprovechando mi presencia— cumplida
respuesta a sus posibles dudas, que ahora y después de la sentencia del
Tribunal la potestad sancionadora de la CNMC en las infracciones muy
graves puede llegar a alcanzar hasta el 10 % del volumen de negocio,
siendo ya indiscutible cuál es ese volumen de negocio total de la
empresa. Comprenderán ustedes que esta es una responsabilidad que debemos
sacar adelante con prudencia, con mesura y con proporcionalidad.

Debo adelantarles también que la capacidad disuasoria del sistema
sancionador puede apoyarse —y esta es una vía que queremos
potenciar— acudiendo a lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Ley
de defensa de la competencia, que prevé multas de hasta 60 000 euros a
los directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión prohibida;
cuestión nueva que quería compartir como primicia con sus señorías.

En segundo lugar, debo referirme también a un tema distinto, que es
la necesidad de impulsar la competencia en el sector de servicios
profesionales, que en España genera cerca del 9 % del PIB, representando
en torno al 6 % del empleo, el 30 % del empleo total y el 30 % del empleo
universitario. En la CNMC entendemos que la posibilidad de que estos
servicios se presten con mayor competencia es una cuestión fundamental
para fomentar una oferta de servicios profesionales de calidad, variada e
innovadora, así como también, al propio tiempo, para impulsar la
productividad, el crecimiento de la economía española y la creación de
empleo en los próximos años. La autoridad y competencia han venido
realizando desde antiguo recomendaciones para la liberalización de este
sector. Esta intensa actividad de promoción de la competencia, que se
inició hace 20 años, ha sido relativamente fértil. Es preciso señalar
que, debido a la naturaleza de algunos de estos servicios, podría existir
en determinados casos una necesidad de regulación, dada su incidencia en
derechos fundamentales de los ciudadanos y la existencia de fallos de
mercado, que en ocasiones impiden que los mecanismos competitivos sean
una garantía suficiente. No obstante, en estos casos la regulación debe
justificarse en los principios de necesidad, de proporcionalidad y no
discriminación, principios de regulación económica eficiente.
Desafortunadamente, la normativa actual del sector de servicios
profesionales sigue caracterizándose por incorporar aun algunas
restricciones notables a la competencia no justificadas, en nuestro
criterio, en base a dichos principios y perjudicando, por ello, el
interés general.

Desde otro punto de vista, quiero ahora enfatizar durante los
próximos minutos en la necesidad de reformar este sector de servicios
profesionales. Es importante para impulsar la competencia en todos los
mercados y sectores, máxime en estos momentos actuales y en los años
inmediatamente siguientes a este. A pesar de que la economía ha comenzado
ya a recuperar el crecimiento y el empleo, el impulso a la competencia
contribuirá a intensificarlo y a hacerlo más duradero, más sostenible y
más robusto. La competencia fomenta la innovación, aumenta esa tasa de
crecimiento, aumenta la productividad, promueve el crecimiento económico
y el bienestar social. Y así como a corto plazo pueden identificarse los
objetivos de las agencias del mundo occidental con otros valores a los
que ya he hecho referencia, a medio y largo plazo la eficaz actuación de
las agencias, como la CNMC, son una garantía, y, en caso de que su buen
funcionamiento no se corresponda con las expectativas y devenga en un
funcionamiento incompleto, un freno en el crecimiento a medio y largo
plazo. Actualmente, distintas normativas siguen restringiendo de modo
injustificado la competencia en multitud de sectores económicos: desde la
distribución de carburantes a la necesaria competencia entre aeropuertos,
pasando por la distribución comercial, el transporte por ferrocarril, el
sector eléctrico, el aprovisionamiento público, el servicio de transporte
por taxi, etcétera. La lista, como pueden imaginar, es larga y la
inacción es costosa en términos de bienestar.

Voy concluyendo, señorías. La CNMC lleva ya un año y medio
trabajando. La fusión de las antiguas comisiones, junto con la asunción
de otras funciones sobrevenidas, no ha sido una tarea fácil. En mi
opinión —permítanme que lo indique así—, el balance es
positivo. La actividad no se ha detenido en ningún momento gracias al
intenso trabajo de todos, tanto de los consejeros como de las 520
personas que ahora mismo estamos en la CNMC. A todos los que han
trabajado por sacar adelante el día a día, quiero volverles a agradecer
nuevamente su esfuerzo.

El modelo de regulador integrado funciona. Tengo claro que no hay
un formato perfecto, pero estoy convencido de que en su diseño actual la
CNMC puede cumplir su misión, y se lo indica quien nada tuvo que ver en
su diseño antes de llegar a la responsabilidad que ocupo en este momento.
Si hasta hace unos meses el modelo generaba suspicacias, creo que, a día
de hoy, cuenta con el imprescindible reconocimiento nacional e
internacional. En Europa, cuando tengo ocasión de acudir a determinados
foros, ya ni siquiera se mira con curiosidad el modelo español; ha pasado
a ser un modelo —por cierto, parecido al modelo holandés o al
británico— con carta de naturaleza normal, un modelo que está dando
señas fehacientes de que cumple con su deber. La integración de
regulación y competencia fue, sin duda, una opción innovadora que ahora
se está mostrando tan buena como cualquier otra y, probablemente, si me
permiten que se lo diga, según mi criterio, algo mejor que la mayoría de
otras alternativas. Otra cuestión bien distinta es cómo usamos ese
diseño, esa infraestructura, pero de eso somos responsables en la
CNMC.

Hemos avanzado mucho en transparencia, hemos creado nuestro portal,
nuestra web, publicamos nuestros informes, nuestros datos, así como una
serie de información relevante y ello, señorías, por varias razones: En
primer lugar, porque lo exige la ley. En segundo lugar, porque estamos
convencidos de las ventajas de la transparencia, que, además
—créanme—, nos ayuda a trabajar mejor. Y, en tercer lugar,
porque necesitamos dar a conocer nuestra actividad; en muchas ocasiones
estamos detectando que severos incumplimientos en el sector de la pequeña
y mediana empresa surgen del desconocimiento.

Me he referido a la importancia de contar con una adecuada política
de recursos humanos y que dicha política nos permita atraer y retener a
los mejores; que el personal de la CNMC pueda contar con unas razonables
expectativas, con una razonable carrera profesional; que la CNMC pueda
contar con ese personal formado imprescindible y con capacidad, además,
para llevar a cabo las exigentes funciones que se derivan del mandato que
el legislador nos ha dado. Créanme, señorías, que considero que el logro
de este objetivo es una cuestión —como les decía al principio de mi
intervención y quiero subrayarlo ahora— absolutamente crucial.
El 60 % de la plantilla en la CNMC es personal laboral y el 40 % personal
funcionario. Por tanto, establecer las necesarias pasarelas para que unos
y otros puedan alcanzar el máximo desarrollo profesional que deseen y que
sus capacidades les permitan es una cuestión importante para la CNMC. Por
ello, me estoy deteniendo en este punto en tantas ocasiones y durante
tanto tiempo, contando con la benevolencia de sus señorías.

También sería deseable avanzar —ya ha pasado tiempo más que
suficiente— en la definición de las funciones y competencias que
corresponden a la CNMC completando el traspaso de algunas funciones aún
pendientes con los ministerios. Por otro lado, como petición adicional
les solicitaría su apoyo para que velasen por que las funciones
adicionales que se fueran asignando a la CNMC, a la par que se asignan a
las funciones, fueran acompañadas de los medios necesarios para sacarlas
adelante, y también, en la medida en que sus señorías lo considerasen
oportuno, para que frenen el no demasiado notable, pero sí notorio
movimiento de cesión involuntaria de funciones, asignadas inicialmente a
la CNMC, hacia los distintos ministerios. No tiene mucho sentido que sea
desde Bruselas donde recuerden al Gobierno español que determinadas
funciones que desde el Gobierno desean trasladar a los ministerios son
patrimonio de las agencias en toda Europa. Vamos a tratar de evitar esa
situación que, en cualquier caso, es ingrata para todos, empezando para
la CNMC.

Señorías, vuelvo al plan de actuación. Las 148 actuaciones son un
síntoma de que la institución funciona. Con rigor, con independencia y
con transparencia creo que seremos capaces de ponerlas en marcha durante
estos años venideros, especialmente durante este año 2015. Quizá a
algunos les pueda parecer un reto excesivo. Para nosotros no lo es; es un
desafío que estamos enfrentando con la naturalidad de una nueva
institución que, entre todas sus armas, incluye la ilusión. Para promover
y defender el buen funcionamiento de los mercados en beneficio de los
ciudadanos y de las empresas creemos que debemos ser así.

Por último, quisiera reiterarles la disposición de la CNMC para
colaborar con esta comisión en aquellos asuntos que en el marco de
nuestras competencias tenemos atribuidas y que sus señorías consideren
que puedan ser de utilidad.

Muchas gracias por su atención. Quedo a disposición de sus señorías
para lo que consideren.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín Quemada, por la
intervención amplia, clara y didáctica a la que ya nos tiene
acostumbrados.

A continuación, pasamos al turno de portavoces, comenzando por
quien solicitó la comparecencia, que no fue otro que el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Tiene, pues, la palabra su portavoz, el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quisiera sumarme al agradecimiento manifestado por
el presidente de la comisión hacia el presidente de la CNMC por su
comparecencia hoy aquí. No está obligado a ello, pero es una deferencia
hacia esta Cámara que considero necesaria y, por supuesto,
conveniente.

Usted sabe que nosotros no apoyamos la ley que creó esta comisión;
que no compartimos el modelo. Nosotros somos más partidarios de un modelo
anglosajón clásico. Usted decía que esta experiencia y este modelo se
empiezan a ver en Europa con una cierta normalidad, que, como usted sabe,
no tiene precedentes en el sentido estricto más allá de la singularidad
del holandés, que tampoco lo ven bien.

Nosotros manifestamos nuestra queja, como usted sobradamente
conoce, porque es evidente que la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, un organismo regulador, no se ha de formar por cuotas de
extracción ideológica, sino que ha de tener un fuerte componente de
personas independientes y capacitadas, pero también sabe perfectamente
que no todas las sensibilidades de esta Cámara —y utilizaré ese
término—, ni tampoco del Congreso de los Diputados —y no
estoy hablando de algunas menores—, están representadas en esta
comisión; en este sentido, no se sienten, no nos sentimos representados.
Ello no quiere decir que no seamos capaces de valorar su trabajo y
aquellas cosas que ustedes desde el mes de septiembre o noviembre de 2013
hasta ahora han realizado de manera satisfactoria. Por supuesto, y como
hay actuaciones que merecen este reconocimiento, yo no tengo ningún
problema en manifestarlo, sino todo lo contrario.

Nosotros creemos que el trabajo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia es muy relevante. Usted decía que sin mercados
que funcionen eficientemente la economía no crecerá. Para que los
mercados funcionen eficientemente necesitan una regulación, y a ese
respecto creemos que el trabajo de los organismos reguladores, y en este
caso de la CNMC en particular, es muy importante.

Usted ha hecho alusión al conjunto de las 148 actuaciones, a cómo
han conformado y elaborado el programa de actuación, y yo quisiera
centrarme en unos pocos aspectos. Ha dicho que la ordenación de las
actuaciones no muestra una priorización; es decir, no es que el punto 1.1
sea más importante que el 7.8, por ejemplo. Pero yo voy a empezar por el
punto 1.1, donde habla de desarrollar una estrategia interna que asegure
la cohesión de la organización. A mí me gustaría preguntarle si usted a
estas alturas, tras un año y medio largo de funcionamiento de la
comisión, está satisfecho de esta cohesión de la organización. Le
pregunto, por ejemplo, para ser más concreto, si está satisfecho del
funcionamiento de la Sala de Competencia. Usted ha hecho alusión al
volumen de asuntos que ha tratado. Es obvio que a ustedes se les podrá
acusar de muchas cosas, pero de no trabajar seguro que no y, por tanto,
quisiera preguntarle en concreto, como digo, sobre el funcionamiento de
la Sala de Competencia, sobre la presencia de numerosos votos
particulares en temas y expedientes sensibles, casi siempre de los mismos
consejeros, con argumentos que, analizados por un observador externo,
servirán a las empresas afectadas para formular sus recursos ante la Sala
Tercera. Usted sabe que no forman parte de la jurisdicción, pero al igual
que los votos particulares de un determinado tribunal, sea, por ejemplo,
del Tribunal Superior de una comunidad autónoma, son normalmente
utilizados en algunos casos por los recurrentes ante el Supremo, en este
caso eso se está dando. Lo digo porque es un poco lamentable. Ya sé que
esto no es algo que preocupe a los ciudadanos porque el tema del derecho
a la competencia tampoco es un tema muy popular o asequible para el
ciudadano, pero francamente yo creo que eso no habla bien de la
composición que en estos momentos tiene la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, y no lo digo por pluralidad. Solo hay que leer
algunos de los votos particulares, casi siempre de los mismos miembros,
para que uno pueda hacerse una idea.

Y en este sentido me pregunto si cosas como esta facilitan la
consecución de ese primer objetivo, que es el de desarrollar una
estrategia interna que asegure la cohesión de la organización. Creo
sinceramente que no, y también pienso que usted no lo tiene fácil porque
no fue quien eligió a los miembros de la comisión; soy perfectamente
consciente de ello y, por tanto, no le estoy acusando de nada.
Simplemente pongo de manifiesto un hecho que me parece grave.

Dentro de la acción estratégica número 1 —también hay una
referencia en la número 10— se incluye informar sobre las
propuestas normativas necesarias, por ejemplo, para la creación de un
mercado mayorista del gas. Desgraciadamente, creo que esta acción en
concreto ya debería haber desaparecido del plan porque el día 28 se acaba
el periodo de presentación de enmiendas a la ley de hidrocarburos en esta
Cámara, en la que, como usted sabe, se regula, entre otros, este tema, y
esta ley no ha sido sometida a informe de la comisión y, por tanto, esta
no ha podido dar su parecer. A mí esto me parece grave. Ya sé que usted
ha hecho alusión al final de su intervención a la necesidad de que por
nuestra parte se plantee la defensa de aquello que son las competencias
de la comisión en sentido estricto, y el informar sobre una cuestión de
estas características a mí me lo parece. Lamentablemente, el Gobierno no
ha tenido esa sensibilidad; no es el único caso, como usted sabe, en
relación con esta cuestión también puedo citar diversas y numerosas
reformas de la Ley del sistema eléctrico realizadas a lo largo de este
periodo. Uno incluso a través de la Ley de metrología donde se sustraen
unas competencias a la comisión, entre otras cosas, con unos objetivos
sobre los que no me voy a alargar, que tienen más que ver con las
componendas de tipo político, que tienen que ver con la metodología de
los peajes y, especialmente, de la alta tensión a este respecto y, como
digo, con cuestiones de pactos políticos, que no digo que sean legítimos
pero, en cualquiera de los casos, no se han de hacer a costa de vulnerar
una reglas ya que, como usted decía, hay directivas europeas que las
preservan y no quisiéramos que el Gobierno de España fuera reprendido por
la comisión por estas cuestiones.

Han sido diversas las iniciativas legislativas que han aprovechado
para laminar competencias de la comisión, en algunos casos, en la
tramitación parlamentaria se han efectuado algunas correcciones, como
pasó en la Ley de telecomunicaciones, pero en otras, desgraciadamente,
como la Ley de metrología, no ha sido así.

Quizá lo más ilustrativo de esta intervención del Gobierno sobre
competencias que son de la propia comisión lo pudimos observar con una
moción presentada en esta Cámara por el grupo mayoritario que,
afortunadamente, y creo que sensatamente, se retiró, por la que se venía
a señalar al Gobierno qué decir a los señores de la comisión sobre lo que
tienen que hacer con un tema que nos preocupa a todos y que no es fácil
resolver, al que usted ha hecho alusión al final, y me estoy refiriendo
al mercado de la banda ancha, del que hablaré para acabar mi
intervención. Es muy importante que todos y especialmente el Gobierno
tenga claro lo que establece una ley que creó la CNMC, que aunque
nosotros no hemos votado sí compartimos, que en el artículo 1, apartado 2
establece lo siguiente: La CNMC tiene por objeto garantizar, preservar y
promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de
una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en
beneficio de los consumidores y usuarios, que son a los que nos debemos
todos.

Volviendo al plan de actuación, y para ir acabando, en el punto 9.1
se habla de intensificar la coordinación con la Abogacía del Estado ante
la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo con la finalidad de alcanzar
mejores resultados. Usted ha hecho alusión a esta sentencia del 29 de
enero del año 2005, en la que, en este caso —y en sucesivos—
la Sala Tercera hace una determinada interpretación del artículo 63 de la
Ley de defensa de la competencia y, por lo tanto, sienta jurisprudencia.
No sé si, a este respecto, he creído entender que a usted esa
interpretación le parece correcta y que, por lo tanto, lo que tenemos es,
si acaso, un problema de aplicación de la ley, pero no de algo que tenga
que comportar necesariamente la modificación. Hemos reformado la ley que
afecta a los sectores regulados a lo largo de esta legislatura, pero no
las otras dos grandes leyes que son fundamentales en su labor, la Ley de
defensa de la competencia y la Ley de competencia desleal. No sé si usted
lo ha entendido así, o no, y supongo que me lo dirá en caso contrario. Es
muy importante esta coordinación, y no descubro nada, todo lo contrario,
ya que usted es perfectamente conocedor de que, entre otras cosas, los
lobbies articulados a través de las asociaciones correspondientes que
legítimamente defienden sus intereses, o los grandes operadores, de lo
que sí disponen es de recursos ingentes en sus asesorías jurídicas y, si
no, en los despachos a los que recurren, seguramente con mucha más
generosidad de recursos de los que dispone la Administración, y en este
caso la CNMC.

También tenía una cuestión para preguntar, pero usted ya se ha
referido a ella en un sentido amplio y satisfactorio, a mi entender, al
punto 9.6 sobre la colaboración y cooperación con los organismos
reguladores de las comunidades autónomas. Me alegro de que esa
colaboración exista, por supuesto, y de que sea satisfactoria. Ustedes
hablan de elaborar una guía de unidad de mercado que me parece
importante, y ha explicado también que, a pesar de los problemas que han
surgido, la mayoría se han solventado con el contacto directo con las
administraciones pertinentes, con los ayuntamientos y las comunidades
autónomas básicamente, pero puede estar bien, sobre todo por la
dispersión de legislación, a pesar del esfuerzo que hizo la Ley de unidad
de mercado, y por la inseguridad que a veces hay a este respecto.

Para finalizar, quería decir que comparto el problema que usted ha
expresado respecto a la digitalización, que no solo comporta muchas
ventajas, sino también algunos problemas. Se ha referido a la economía
colaborativa y a problemas de competencia y de carácter fiscal, y en este
caso, fundamentalmente, los habrá de abordar la Unión Europea. Hay en
proyecto alguna directiva que ya veremos si sale adelante porque no es
fácil concitar las unanimidades que requiere la política fiscal a nivel
europeo, pero en cualquiera de los casos me alegra que estén estudiando
este tema que creo que es importante porque, si no, iremos muy por detrás
de los hechos y eso no es bueno.

Respecto al mercado de la banda ancha han dicho que próximamente
tomarán decisiones al respecto y, francamente, creo que hay dos
cuestiones: primera, encontrar un equilibrio que a veces no está en el
medio, en el 50 %, entre la necesidad de defender a los consumidores y
usuarios, que es el objeto fundamental de la comisión, y también
—cómo no— la consistente en tener presente que hay empresas
que invierten y crean empleo y, pura y simplemente, no creo que sea una
cosa de la que debamos abstraernos. Se trata de encontrar un equilibro en
el que evidentemente ha de prevalecer aquello que establece la ley y
hacerlo con sentido común. Espero que ustedes sean capaces de hacerlo
así.

También quería compartir, y ahora sí que acabo, la situación de los
servicios profesionales en nuestro país. A pesar de que algunos
—supongo que todos— hemos conocido no sé cuántos borradores
de la ley de servicios profesionales, a pesar de los compromisos que ha
habido en los sucesivos planes de reformas que el Gobierno español ha
presentado a Bruselas y a pesar de que existe la obligación de trasponer
a nuestro ordenamiento aspectos de la Directiva de servicios, que no se
ha hecho, eso todavía es una asignatura pendiente.

Hemos visto el calendario legislativo y no sé si eso va a quedar
para la siguiente legislatura, seguramente en estos momentos da pocos
réditos políticos y muchos problemas añadidos, y eso seguramente tiene
que ver con esto, por lo que simplemente quería ponerlo de relieve.
Reconozco que seguramente esta ley no habría sido una ley fácil, al igual
que reconozco que el Gobierno no lo tiene fácil a este respecto, pero,
por supuesto, sí es necesaria para este país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA:






Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quería agradecerle al señor Marín Quemada su
exposición. Rescataría una de las reflexiones que ha hecho porque la
comparto: insistía en el detenimiento exhaustivo que había hecho al
hablar de la gestión de las personas y de las políticas de recursos
humanos de la propia comisión, priorizando las actividades según este
criterio. Será porque yo soy una defensora de la gestión de las personas,
pero me alegra escuchar en esos términos la insistencia en su
intervención. No creo que haya sido en la comparecencia de hoy, pero en
alguna que usted ha hecho hablaba de que el lugar donde usted está no es
para hacer amigos, aunque igual sí para descubrir los que verdaderamente
lo son. Es cierto que han sido varias las ocasiones en las que en
relación con informes sobre temas sensibles, como así los citaba el
senador Montilla, ha sido cuestionado. Yo voy a hacer referencia a uno de
ellos, sobre la privatización de AENA: La acción estratégica que figura
en el plan con el número 1.31 —pudiera ser—, respecto a la
realización de la auditoría del modelo de contabilidad analítica de AENA
y análisis de las metodologías de previsión de costes. Yo sí quisiera
conocer en qué punto está en este momento o qué valoración nos podría
hacer. Reiteradamente y en esta misma Cámara, en el último Pleno
estuvimos debatiendo sobre la solicitud por parte de determinados grupos
de la Cámara de la conformación de una comisión especial para poder
debatir sobre los temas que en torno a la privatización de AENA
considerábamos necesarios, y quisiera conocer, como digo, su opinión,
porque por todos es conocido que la modificación de la caja única o doble
caja tiene unas repercusiones que desde el punto de vista de algunos sí
que tiene consideraciones importantes.

En segundo lugar, quiero referirme a la acción estratégica 12, que
habla de la relación con las comunidades autónomas. Es cierto, y también
lo decía el senador Montilla, que ya lo ha contestado en su exposición
haciendo una valoración positiva. Únicamente quiero decir, en referencia
a mi comunidad autónoma, que si tiene alguna opinión o alguna cosa
concreta que detallar, nos la haga llegar hoy o, si no es posible,
posteriormente.

Reitero el agradecimiento. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente. Señorías,
muy buenos días.

También quiero agradecer al señor Marín su exposición y que haya
venido aquí para explicarnos cómo está funcionando en estos momentos la
CNMC. Para nosotros y para esta comisión es muy importante conocer las
actuaciones y los problemas con los que se encuentran. De entrada, quiero
valorar el trabajo que está haciendo la comisión con todas sus personas,
con todos sus miembros. Estoy plenamente convencido de que está
trabajando en pro de los ciudadanos para fomentar la supervisión en su
campo de los distintos ámbitos y para fomentar la competencia, que no es
otra cosa que favorecer a las personas en calidad, en precios y en las
situaciones en las que nos encontramos cada día.

Dicho esto, quiero citar algunas frases que usted comentó el 26 de
junio —aún no hace un año—, cuando se presentó el plan
estratégico. Este se basaba en tres pilares fundamentales, a los cuales
quisiera hacer referencia, más que nada para comprobar, una vez
transcurrido un tiempo, cómo lo ve el órgano regulador, aunque usted ya
lo ha comentado un poco. Dice que el modelo integrado funciona, aunque
todos tienen sus defectos y sus virtudes. Quisiera entrar en ello y que
hiciera, si puede, una valoración más general. En su momento planteamos
reservas en relación con la ley y ahora no voy a retroceder a los debates
que ya tuvimos. Creemos que aportamos lo que desde nuestro ámbito
creíamos imprescindible y la ley recogió algunos aspectos. No era nuestro
modelo porque veíamos un órgano macro, muy grande y, a priori, con
difícil incidencia en cada uno de los sectores, precisamente por las
dificultades que podía entrañar.

Usted nos dijo: Creo firmemente que un regulador es, si lo es
fuerte, sinónimo de un país también fuerte porque garantiza la
independencia, la trasparencia y la seguridad jurídica. En definitiva,
podríamos decir que los ejes prioritarios del plan estratégico los
planteó en tres puntos: en el primero nos comentaba que la CNMC aplicará
con el máximo rigor su cartera de instrumentos de acción sobre los
mercados y los sectores regulados de manera que obtengan la máxima
eficiencia en sus resultados. Evidentemente, estamos hablando del montón
de posibilidades que tiene la CNMC para conseguir este objetivo. Me
gustaría conocer ahora cómo ve esto, es decir, si lo ve suficiente o no,
si faltan recursos o no.

El segundo objetivo tiene que ver con la necesaria independencia y
trasparencia con la que debe actuar la CNMC. Usted habló mucho aquí sobre
la trasparencia y la independencia. Es evidente que el esfuerzo de
trasparencia lo están haciendo: en poco tiempo ha venido aquí, ha
comparecido, nos ha dado explicaciones y se lo agradecemos, la verdad,
pero nos gustaría saber —otros portavoces también han hecho
referencia a esta cuestión— más sobre la independencia, si
realmente en estos momentos podemos considerar que es un órgano que se
siente independiente, puesto que no hace mucho tiempo, concretamente
el 10 de febrero, aparecieron distintas noticias en el sentido de
posibles presiones por parte del Gobierno y por determinadas empresas. En
fin, supongo que sobre esto algo podrá decirnos, especialmente sobre la
independencia respecto del Gobierno, si se manifiesta o hay alguna
dificultad, como decía la prensa. Simplemente hago referencia a
informaciones que aparecieron a raíz de determinadas operaciones que
usted conoce perfectamente.

El tercer objetivo se refería a seguridad jurídica, es decir, un
modelo de supervisión para dar soluciones globales que garanticen una
mayor seguridad jurídica. Este es un campo tremendamente importante. No
nos podemos permitir que la seguridad jurídica esté en entredicho. Ya lo
ha estado por determinadas actuaciones que se han realizado en el ámbito
energético. Sobre este pilar me gustaría que nos diera una pincelada
sobre cómo ve las distintas actuaciones y si realmente este objetivo se
va cumpliendo.

Entrando en asuntos concretos, le agradezco la imprescindible
colaboración con las comunidades autónomas. Dado el sistema actual, es
evidente que la relación con las comunidades autónomas tiene que ser lo
más fluida posible y poder hablar de todos aquellos problemas que haya
para, en definitiva, dar soluciones, por lo que le agradecemos esta
voluntad de trabajo con ellas.

También se ha hecho referencia a dos aspectos que quisiera
remarcar, puesto que en estos momentos son los que más preocupan a los
ciudadanos: uno es el sector energético y otro el de las
telecomunicaciones. Ambos afectan a un mayor número de ciudadanos, a su
bienestar y a su calidad de vida. Desde el punto de vista del sector
energético, podemos hablar del sector eléctrico. También comenté esto en
mi intervención del 26 de junio del año pasado porque se había producido
todo un proceso de cambios, es decir, pasamos de la tarifa única regulada
al sistema que tenemos en estos momentos. Quisiera preguntarle sobre si
realmente considera que en el sector eléctrico se están haciendo las
cosas bien para fomentar la competencia necesaria y que redunde en
beneficio de los ciudadanos, en concreto en el precio, porque la
impresión general de los ciudadanos continúa siendo que los precios
energéticos eléctricos son altos y que se paga mucho por impuestos y por
otras cuestiones, lo que trae dificultades y problemas, sobre todo a las
familias que lo están pasando mal en estos momentos. También estamos
hablando de pobreza energética, de pequeñas y medianas empresas donde el
factor competitivo es básico. Por lo tanto, la electricidad es
fundamental para esta competitividad. Ahí vemos un problema y me gustaría
conocer su punto de vista.

En el ámbito energético también me gustaría hablar de los
carburantes, de las gasolinas, de los gasóleos, del gas, etcétera. En
estos momentos el precio del barril de crudo, que puede ser referente,
está oscilando, está variando, pero está en una banda en la que no había
estado desde hace tiempo y quizá la repercusión en los mercados no sea la
adecuada. No sé si realmente comparte esta apreciación. ¿Qué opina sobre
este asunto?

Y finalmente, el último sector al que usted también ha hecho
referencia: la banda ancha y las telecomunicaciones en general. Creo que
comparativamente con Europa, en el ámbito de las telecomunicaciones
estamos en niveles altos, es decir, caros, por decirlo claro, sobre todo
en lo que a telefonía y datos se refiere —especialmente en
datos—. Muchas veces los ciudadanos expresan la sensación de que
cambiar de operadora, a pesar de las ofertas que puedan presentar y los
estímulos para tener más o menos clientes, pocos beneficios puede
representar. En definitiva, puesto que este asunto es de gran interés
para la ciudadanía y afecta a muchísima gente, me gustaría conocer si
realmente en este campo nos estamos moviendo bien o hay algunas
dificultades.

Termino agradeciéndole una vez más sus explicaciones y,
evidentemente, su disponibilidad para tratar los temas con la mayor
trasparencia posible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.

Creo que es de rigor agradecer a José María Marín su comparecencia
y su voluntad de colaboración y de trasparencia con esta Comisión de
Economía, pese a que en la ley se habla, como suele pasar siempre, de
informar al Congreso de sus resultados. No obstante, creo que está
paliando muy bien la situación intentando llevar una política de
trasparencia en el Senado.

Ahora bien, después de este agradecimiento, quiero dejar patente lo
que ya comentamos en la anterior comparecencia, pero ahora con una mayor
capacidad de análisis porque es verdad que hay un regulador integrado del
que nosotros discrepamos, del que discrepamos prácticamente todos,
incluso una parte de la Comisión Europea, por falta de garantías, en
principio, de independencia. Es verdad que ahora el presidente dice que
este modelo de regulador integrado funciona. Que funciona es una opinión,
porque hay que ver el funcionamiento con los resultados reales. Los
riesgos que teníamos al respecto son, primero, que el modelo de regulador
integrado era supuestamente un invento de parte del Gobierno,
fundamentalmente para 2 cosas: una, para rescatar competencias con
respecto a los organismos reguladores, cosa que ha intentado y sigue
intentando el Gobierno, obviamente; y dos, para hacer algo a lo que el
Gobierno del Partido Popular está acostumbrado, que es que nadie acabe
nunca su mandato hasta que vuelva a gobernar el Partido Popular. Esto ha
ocurrido aquí, ha ocurrido en el Tribunal Constitucional y ha ocurrido en
todos los órganos, de manera que es ya una tradición. Y esto es malo,
porque cuando los organismos se nombran y se garantiza su independencia,
en principio queda claro que tiene que ser para más de una legislatura, y
así garantizamos mejor que los mandatos sean plurales. En este caso, una
vez más, no se ha cumplido. Esto auguraba ya problemas que luego, en la
composición, se han ido manifestando, fundamentalmente en las relaciones
de algunos consejeros. En cualquier caso, insisto en que esta situación
hay que verla no con las opiniones, sino fundamentalmente con los
resultados.

¿Qué nos preocupaba? Pues las preocupaciones básicas para el gran
público o para el ciudadano en una cuestión como esta, es decir, lo
necesario para hacer crecer la economía e ir consolidando esa
recuperación por la que todo el mundo clama, pero nadie apuesta demasiado
porque se ve bastante inconsistente, puesto que queda a merced de muchas
cosas. Algo que queda claro es que está fundamentalmente a merced de la
productividad. Y la productividad, como decía el presidente, está en
parte a merced de la competencia. En esto de la productividad no parece
que hayamos adelantado mucho, la verdad. Entonces esa situación ya
empieza a ser un poco contradictoria, aunque obviamente no sea el único
factor de la competencia, pero la competencia es importante. Por tanto,
respecto a la productividad no vamos exactamente por muy buen
camino.

¿Qué es lo que preocupa a la gente fundamentalmente? Sigue
preocupando la energía, especialmente el capítulo relativo a lo cara que
es en España y, sobre todo, lo poco trasparente que es el contenido. Por
mucho que intenten incluir en el recibo de la electricidad para el
ciudadano o para las empresas cuál es su composición, lo bien cierto es
que nadie lo entiende. Nadie sabe por qué pagamos realmente, pero sí
tenemos bastante claro que pagamos más. Esa situación es mala para la
competencia, para la capacidad de competir de España, para el bolsillo de
los ciudadanos, aunque sea muy buena para las empresas eléctricas, de las
que nadie se cree que compitan entre sí. Esa es una situación que hay que
resolver, y el órgano más adecuado para esto, obviamente, es la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.

Esto pasa con toda la energía, ya sea gas, electricidad, etcétera,
y pasa también en el mercado de las telecomunicaciones. Primero, para las
empresas que, aunque tienen un buen tratamiento, soportan un coste que
puede superar normalmente el de nuestros competidores. Y luego, para los
ciudadanos, que se han visto ratificados en su idea de que las compañías
estaban abusando de ellos, cuando han visto que los precios han caído
espectacularmente respecto a las primeras ocasiones en que utilizaron un
teléfono móvil. Los ciudadanos se preguntan cómo ha podido ocurrir esto y
dónde les estarán estafando todavía porque son costos muy bajos para el
usuario. En este terreno avanzamos mucho y ahora hemos dejado de hacerlo,
que es una situación que también complica la imagen de la comisión.

De los carburantes ya ni hablamos. Evidentemente, es una
preocupación de todos. Ahora que han bajado todos los precios del crudo,
se muestra más claro eso de que para subir sube como la espuma y para
bajar cae como una pluma. Este es el eslogan que circula por toda la
sociedad. En definitiva, si nosotros pagamos menos impuestos que nuestros
competidores, ¿por qué en precios estamos a una altura similar al resto
de los países europeos? Obviamente, porque ganan más y porque no hay
competencia entre las compañías porque, de lo contrario, no pasaría eso.
Y ahí tampoco parece que hayamos avanzado.

En definitiva, no quiero insistir más, pero me parece que a priori
no podemos decir si optamos o no por un modelo integrado, porque lo que
justifica después si el modelo es bueno o malo son los resultados. Y
sobre el resultado, insisto, al menos grosso modo, lo que a mí me parece
y lo que pienso que le parece a la calle, es que no funciona la
competencia ni en electricidad, ni en telecomunicaciones, ni en
carburantes, ni —y este es un tema nuevo— hemos hecho
demasiado en lo que se refiere a la banca. Es evidente que hemos sufrido
una concentración inmensa. En principio los problemas que tenían la banca
y las cajas de ahorros había que resolverlos, pero claro, a costa de
eliminar la competencia tampoco parece que sea bueno. Y aquí tampoco
parece que hayamos opinado demasiado. Y si el riesgo era que hubiera
entidades sistémicas, resulta que lo que estamos haciendo es acercarnos
más y no menos a esa situación. Cuando menos, algo deberíamos opinar
respecto a la concentración de poder que se ha producido en el sector
financiero, y que no ha tenido consecuencias positivas para el ciudadano
ni en el sentido de abaratar costes ni en el sentido de producir más
crédito. No sé cuál es la justificación porque, al final, ha habido que
poner mucho dinero público en la banca, que no se va a recuperar; ha
habido una concentración de poder evidente y habrá, por tanto, falta de
competencia. Y esto tampoco parece que haya interesado demasiado, aunque
sea otro sector que no se corresponde exactamente con lo que estamos
hablando. Todo esto es producto, en realidad, de la falta de competencia
que tiene el sistema económico español, no financiero, y que se traduce
en que todas las recuperaciones que se vayan consolidando,
fundamentalmente no por las actuaciones del Gobierno, sino por el Banco
Central, por la bajada de los tipos, por la caída de la cotización del
euro, etcétera, no garantizan un crecimiento sostenible y una capacidad
de competir de la economía española. Esto es lo que, sobre todo, nos debe
preocupar a nosotros y a la CNMC, es decir, en manos de quién estamos
para ser competitivos.

Nada más y muchas gracias. De nuevo, agradezco la
comparecencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a ser extremadamente breve y me voy a limitar a dos cosas. En
primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del presidente de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Su explicación ha
sido detallada, prolija y completa, ya que no solo nos ha hablado del
plan estratégico, sino también de las actuaciones y de los procedimientos
que se están siguiendo en la comisión. En segundo lugar, quiero plantear
las dificultades que yo percibo a la hora de buscar equilibrios como
concepto subjetivo unas veces, y en otras objetivo pero difícilmente
cuantificable, en relación, sobre todo, con un servicio que nos preocupa
especialmente. Sobre este punto me remitiré a la intervención del
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Estoy totalmente de acuerdo
con él en la cuestión de que todas las políticas tienen que ser medidas
por los resultados, es decir, los resultados son los que miden la
eficacia de las políticas.

A corto plazo, con una visión inmediata, podemos creer que estamos
haciendo lo adecuado porque nos estamos ajustando a algún precepto legal
—lógicamente sí hay que ajustarse—, estamos actuando de
acuerdo con el manual; sin embargo, a largo plazo, percibimos que
aquellas decisiones que se tomaron en el pasado no están dando resultados
eficaces, y me refiero, concretamente, no tanto a la cuestión de precios
que ha apuntado el portavoz socialista, pues estoy de acuerdo en que toda
discrepancia en precios que pueda ser operada como problema o derivada de
un problema de competencia tiene que ser corregida y atendida para su
eliminación, en su caso, sino a la inexistencia de infraestructuras. De
la misma forma que la instauración de la red telefónica en España tardó
muchos años, fue obra del impulso público junto a una empresa que estaba
intervenida públicamente y que, lógicamente, requería no solamente la
definición de servicio público, sino también recursos públicos para
mantener redes que eran ineficientes desde el punto de vista económico,
en la actualidad, salvando las distancias —que son muchas, no solo
temporales—, nos encontramos en una encrucijada similar. España, en
los próximos cuatro o cinco años, debe ofrecer un servicio rural de banda
ancha que sea, al menos, homologable con el de los países de la Unión
Europea, con los cuales tenemos que competir. Partiendo de ese principio,
que podemos asumir no como verdadero ni falso, que es una tontería, sino
como un objetivo razonable que hay que alcanzar, existen consideraciones
relativas —la competencia es una de ellas, pero no la única y
posiblemente ni siquiera la más importante— al despliegue de unas
infraestructuras que ya sabemos que no son rentables en términos
económicos, pero que son absolutamente requeridas y, a largo plazo,
necesarias por cuestiones sociales. Me refiero a promover la difusión del
conocimiento y de la cultura en el medio rural, que por sí solo es
importante. Cuando digo rural me estoy refiriendo a poblaciones de más
de 50 000 habitantes que actualmente no tienen acceso a una red de
calidad en las comunicaciones por internet, comunicaciones que se
caracterizan no solamente por esa discriminación entre los que está
incluidos y excluidos del acceso a la información, sino, al mismo tiempo,
por las posibilidades de un crecimiento futuro. Estamos asistiendo al
nacimiento de empresas en entornos muy desfavorables desde el punto de
vista geográfico, desde el punto de vista, incluso, de recursos
tecnológicos, de recursos de materias primas, pero en donde el acceso a
la red está permitiendo que se integren en mercados internacionales que,
de otra forma, jamás hubieran tenido la posibilidad de poder estar
presentes en ellos, y tenemos numerosos ejemplos de empresas situadas en
puntos geográficos donde no hubiéramos concebido hace unos años la
posibilidad del nacimiento de empresas con marca y renombre, en muchos
casos, conocidos mundialmente.

Yo no tengo soluciones, pero sí quiero plantear cuestiones: este es
un objetivo que hay que alcanzar, y las políticas que se pongan en marcha
hoy han de orientarse a su consecución. En ese caso concreto de la
competencia pueden presentarse algunas contradicciones por el justo
retorno de las inversiones, cuando estas no existen o pueden no existir;
o por el despliegue de unas infraestructuras que, en principio, no son
rentables y que exigirían un participante mayoritario y un participante
líder en la operación, que podría desistir de esa participación líder si
se le imponen unas condiciones que considere ineficientes desde su cuenta
de resultados o desde su perspectiva particular, lo que exigiría, por
otro lado, la intervención pública. Sé que esto último es muy querido por
algunos representantes en esta comisión, es decir, poner mucho dinero
público para hacer lo que se podría hacer por medios privados más que con
una regulación, con un marco adecuado para la promoción de esas
inversiones.

Yo creo que esta es una cuestión que hay que considerar, que en su
conjunto hay que tratar, que responde a las preocupaciones de mi grupo
parlamentario y que nosotros deseamos no que se nos dé una respuesta
ahora, que sé que es imposible, sino que se tome en consideración y que,
desde luego, en el futuro valoraremos las políticas que se apliquen hoy
en función de los resultados que se obtengan mañana, en relación con lo
que he apuntado, el despliegue de una red que es absolutamente
imprescindible, y lo es incluso más en la parte del territorio que, por
falta de población y de perspectivas, lo necesita en mayor medida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Utrera.

Concluido el turno de portavoces, en el turno de réplica tiene la
palabra el señor Marín Quemada.

El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA (Marín Quemada): Gracias, señor presidente.

Gracias, señorías, especialmente a aquellos de ustedes que han
tenido la amabilidad de agradecer mi presencia aquí. Déjenme que les diga
a todos que el que esté aquí no tiene ningún mérito porque creo que es mi
deber. Nosotros no dependemos del Gobierno; no dependemos, obviamente, de
las empresas, de ninguna de ellas; pero sí tenemos que depender de
alguien, no podemos ser un verso suelto en las instituciones, y a
nosotros nos gusta saber, pensar y asumir que dependemos de nuestro
Parlamento. Eso es así. En las intervenciones que he tenido, sobre todo
fuera de España, he dicho que eso era un rasgo diferenciador positivo de
nuestra institución. Y así se ha valorado y envidiado también
—permítanme que lo comparta con sus señorías— en todos los
sitios donde he tenido ocasión de manifestarlo y compartirlo, ya menos
formalmente, con otras instituciones que no tienen esa ventaja y que en
muchos países, por cierto, consideran imprescindible. Estoy pensando en
algunos países del otro lado del Atlántico.

Intentaré responder a la mayoría de sus cuestiones. Si no lo
consigo, quedo a su disposición para continuar haciéndolo en otro momento
y, desde luego, cuento con su amabilidad, lo haré en el seno de
CNMC.

Dicho esto, subrayo la primera reflexión que ha hecho el senador
Montilla, que han continuado haciendo muchos senadores, y cumplo con
gusto porque entiendo que es mi deber. Debo decirle al senador Montilla
que nuestro modelo es distinto a otros modelos. Ahí está —él mismo
lo ha comentado— Holanda y ahí está el Reino Unido. El modelo
anglosajón empieza a encontrarle ventajas a agrupar agencias. No quiero
decirles, no podríamos llegar hasta ahí si atendemos a nuestro nivel de
satisfacción como país, que estén fijándose en España para construir sus
instituciones de supervisión regulatoria o de análisis de competencia;
pero sí puedo y debo compartir con ustedes que, a mí personalmente, desde
el Reino Unido me llegan consultas sobre cómo hemos conseguido unificar
determinados servicios en un proceso de conjunción en el que ellos, como
muchos de ustedes saben, también están iniciando su andadura.

No puedo ni debo hurtar o dejar sin respuesta la reflexión que ha
hecho el senador Montilla, a propósito de que no todas las sensibilidades
estaban presentes. Yo nada tuve que ver en aquella fase del proceso. Me
lo encontré concluido. Sí les puedo decir ahora, tras 18 meses de
experiencia, que a mí me hubiera gustado que más sensibilidades
estuvieran representadas porque creo que eso hubiera ido a favor de la
solidez de la institución. Espero y deseo que este sea un déficit que, si
sus señorías lo consideran oportuno, se pueda complementar en el
futuro.

En España las instituciones, sea el Consejo General del Poder
Judicial, que ha sido citado —por eso y por me permito citarlo, no
por otra cosa—, o cualquier otra, se construyen como se construyen,
también la CNMC. Yo soy un firme partidario de que en el futuro se
construyan todas de otra manera, aun a riesgo de que si esta institución,
que me honro en representar, se hubiera construido estrictamente sobre la
base de valores profesionales seguramente yo no sería su presidente,
empiezo por decirlo así. Ojalá que todos aquí, y en otros países, vayamos
hacia ese objetivo. Hoy parece que no es posible porque las
sensibilidades políticas no lo permiten. Yo soy un firme partidario de
que finalmente se consiga.

Pero déjenme introducir una reflexión sobre los modelos.
Naturalmente que las premisas de construcción del modelo son importantes,
cómo no lo van a ser. Unos modelos tienen ventajas frente a otros. Les
decía antes en mi intervención que no creo que haya un modelo ideal único
al que acogerse. Al comentar estas mismas cuestiones con otras personas
que tienen responsabilidades parecidas en otras agencias de otros países,
la conclusión a la que se llega siempre es la misma: depende de las
personas; al final depende de las personas. El modelo ideal, si
existiera, puede ser pasto de las llamas en manos de personas
inadecuadas. El peor modelo que podamos imaginar en manos de personas
capaces gana en potencia a cualquier otro modelo. De ahí la importancia
de la selección de las personas que estén al frente de la institución, y
de ahí la importancia —y ya no me detendré más porque lo ha
resaltado la senadora Iparragirre— en retener y atraer a las
personas fundamentales al staff que hace que las cosas funcionen, a los
especialistas, a los especialistas de verdad, en el sector de
telecomunicaciones, en transportes ferroviarios, en transporte aéreo, en
energía eléctrica, etcétera, hasta así llegar a todos y cada uno de los
sectores de nuestra supervisión. Pero si nos centramos en la competencia
resulta que es transversal y que llega a todos los sectores, a los que
tenemos una dirección específica encargada de la supervisión regulatoria
de energía, transportes, telecomunicación, lo que sea en cada caso, y a
todos los demás sectores que incluso no están representados en esas
direcciones porque la competencia es o no es la del sistema económico en
su conjunto.

El senador Montilla ha hecho referencia a un asunto que no puedo
pasar por encima, que es la cohesión de la organización, y que le puedo
garantizar que existe, la cohesión de las distintas direcciones, de los
técnicos que están en las distintas áreas, del trabajo en común, de la
creación de equipos, etcétera, de todo esto que está funcionando
adecuadamente; seguro que podría funcionar mejor, como todo, pero
créanme, está funcionando adecuadamente; y el éxito de muchas
resoluciones lo hace palpable. Por primera vez en España, están
dictándose resoluciones con informes conjuntos de áreas que hasta ahora
estaban separadas. La potencialidad de ese instrumento a nadie se le
escapa.

Tenemos encima de la mesa un tema en el que no me puedo extender
por razones de confidencialidad, un tema de telecomunicaciones y de
competencia. Los dos equipos están trabajando juntos. Los antiguos
modelos de agencias separadas nunca habían trabajado juntos. Ahora lo
están haciendo, y con unos resultados y unas rentabilidades prácticas
para los consumidores y usuarios que me parecen más que importantes.

En cuanto a los votos particulares, me parecen lamentables. La
situación es singular y he hecho, y estoy haciendo, todo lo que en mi
mano está para que finalice, no por sustraer a quien tenga derecho,
faltaría más, a formular una discrepancia en un voto particular sino por,
a mi juicio, todo el corolario de reflexiones impropias que se han hecho
figurar en esos votos particulares. Quiero pensar que esa es, permítanme
sus señorías que lo defina así, una singularidad del pasado, que ya no
tendremos en el futuro. En mi próxima comparecencia ustedes y yo
tendremos ocasión de comentar si, efectivamente, me nubla el deseo o es
parte de la razón la que está detrás de esta reflexión.

Me hubiera gustado mucho que la CNMC informara la Ley de
hidrocarburos, pero no pudo ser. Nosotros teníamos muchas cosas que
decir, algunas las dijimos por otras vías que seguramente no son las
adecuadas, y no todas han sido recogidas como enmiendas, algunas sí. Si
soy positivo, prefiero quedarme con ellas; si soy objetivo, prefiero
lamentar que hayamos dejado pasar la ocasión de perfeccionar algunos
extremos que especialmente para la competencia hubiera sido más que
deseable recoger en la Ley de Hidrocarburos.

Sobre la sustracción de competencias a la CNMC no me detendré más.
Hay abiertos varios procedimientos sobre el Reino de España en Bruselas
que me hubiera gustado evitar.

La sentencia del Tribunal Supremo, como el propio senador Montilla
decía, aclara mucho nuestra línea de actuación y, por tanto, no podía ser
de otra manera, pero en la práctica —lo digo así— ha sido
extraordinariamente bienvenida, clarificadora para nuestra actuación y
una guía, como no puede ser de otra forma, de nuestras actuaciones en el
futuro.

Si me permite que verbalice de nuevo lo que ya ha indicado en otras
ocasiones la senadora Iparragirre, seguimos haciendo pocos amigos. Se
dice con frecuencia en la confianza de la conversación: Bueno, eso es que
funcionáis bien. Pues no estoy seguro; lo que sí puedo constatar es que
no hacemos nuevos amigos, que perdemos algunos de los antiguos, pero nos
quedamos con la tranquilidad de saber que seguramente es que no eran
amigos y por eso no importa perderlos. La razón y el tiempo harán que
hagamos muchos amigos entre las personas que piensan como sus señorías y
como todos los que estamos en la CNMC.

La privatización de AENA, efectivamente, ha puesto sobre la mesa un
tema nuevo y singular. AENA ahora no es la misma de antes de la
privatización. Tiene una composición 51-49, que es muy distinta a la que
tenía en la situación anterior y que obliga a ser —antes ya lo era,
ahora más, porque tenemos una normativa que, además, nos obliga a
ello— especialmente cuidadosos con la interpretación del dual till
que es, como saben sus señorías, el doble sistema de recoger ingresos y
gastos de la actividad estrictamente aérea frente a la más comercial.
Esto requiere ser extraordinariamente cuidadosos, y en ello estamos
trabajando con el propio Ministerio de Fomento y con la compañía. A todos
les escuchamos, oímos sus reflexiones, como no, y después formamos
nuestras propias opiniones y nuestro propio criterio.

Las relaciones con las comunidades autónomas son importantes para
la CNMC y lo son, primero, porque entendemos que lo deben ser y, segundo,
porque no llegamos a los niveles locales. Intentar desde Madrid medir y
actuar sobre el sector audiovisual de ETB-1 o de ETB-2 es complejísimo.
Deben ser las autoridades locales las que lleven a cabo esa tarea. Pero
solo hay dos comunidades autónomas que han dado ese paso. Esperemos que
las demás se animen, lo que para nosotros sería extraordinariamente
natural, porque serían bienvenidas, de cara a nuestra gestión, como
natural y bienvenida es la existencia de las agencias autonómicas de
competencia con las que nos reunimos periódicamente, con las que tenemos
un contacto normal, a quienes preguntamos y que también nos preguntan
sobre temas del día a día; y nos parece normal; esa es la consecuencia
natural del Estado de las Autonomías, porque ni las instituciones
centrales pueden tener todas las competencias ni puede ser lo contrario,
que haya 17 realidades distintas que, cada una por su cuenta, vea los
problemas comunes de manera diferente. En esa línea nos movemos; y
esperamos que Euskadi, si quiere, lo desea y lo considera oportuno, se
sume a Andalucía y a Cataluña próximamente.

El senador Alturo ha hecho referencia a los ejes de nuestro plan
estratégico, que siguen siendo válidos. Nuestro plan estratégico era el
primer plan estratégico de la institución por razones obvias. Tenía que
ser un plan seminal, un plan básico, un plan central, en una institución
que estaba naciendo y que 18 meses después estaba dando sus primeros
pasos. Continúa siendo válido en su formulación básica; de ahí que las
actividades del plan hayan colgado de cada una de esas acciones
estratégicas, hayan colgado de cada uno de esos grandes drivers de la
institución, como no puede ser de otra manera. Cuando pase algo más de
tiempo —el plan de actividades es anual; en el año 2016 habrá otro
plan de actividad que, si sus señorías lo consideran oportuno, tendré
mucho gusto en venir a exponer a esta Cámara— seguramente no habrá
un plan estratégico nuevo; a lo mejor hay algún retoque del que hay
porque, como su mismo nombre indica, el plan estratégico debe determinar
las grandes directrices. En mi opinión, en el año 2016 no tendremos plan
estratégico, pero sí plan nuevo de actividades.

Con respecto a los recursos, debo señalar que es importante que,
ante nuevas responsabilidades, se nos asignen nuevos recursos. Si no, no
será posible llevar a cabo el trabajo con la calidad que deseamos. Si
tenemos que deteriorar otras áreas para hacer frente a unas nuevas, lo
más probables es que la calidad media baje. Por tanto, estoy seguro de
que cuando se asignen nuevas responsabilidades —tengo en mente unas
nuevas responsabilidades, por ejemplo, en el sector ferroviario—,
se dotará a la comisión de nuevos y más amplios medios. Al tiempo que les
digo esto, también les digo que cuando elaboramos nuestro primer
presupuesto, el presupuesto para el año 2015, que incluimos a través del
Ministerio de Hacienda en los Presupuestos Generales del Estado, no se
modificó ni un céntimo el presupuesto que salió de la CNMC y que llegó al
ministerio de Hacienda incorporándolo tal cual en los Presupuestos
Generales. Esto lo valoramos internamente, como sus señorías se imaginan,
muy positivamente porque fue una señal de respeto por la independencia de
decisión. También debo decirles que era un presupuesto
extraordinariamente moderado y, por tanto, oportuno, a criterio de
cualquier observador o analista imparcial.

Me ha hecho una pregunta directa que debo contestar a propósito de
la independencia. Me van a permitir —seguro que sus señorías lo van
a entender perfectamente— que les diga que yo me siento
independiente, que me creo independiente, y cuando no me sienta o no me
crea independiente, se me va a notar tanto que todos ustedes no tendrán
que pedirme que me vaya, me iré por mí mismo. Espero que todo lo que he
dicho y lo que he dejado de decir, aunque lo haya dicho entre líneas, lo
entiendan sus señorías. Claro que escuchamos a las empresas y a los
gobiernos. Nos trasladan sus inquietudes, y nada más, y ahí se acaba
nuestro nivel de atención. Claro que los escuchamos, claro que nos
trasladan sus inquietudes, unos con más fuerza que otros, pero las
decisiones son decisiones CNMC.

El senador Alturo ha hecho algunas reflexiones a propósito de los
sectores energético y de telecomunicaciones. Como este asunto lo han
comentado también otros senadores, me permitiré agrupar las respuestas
por razones estrictas de tiempo. El recibo de la electricidad en España
está mostrando un precio alto como consecuencia de una política
energética que viene de muchos años atrás que, finalmente, ha conseguido
que tengamos unas energías paradójicamente no de última generación,
porque el parque de renovables que tenemos en España no es de última
generación, pero es caro y fue establecido en unos momentos en los que la
tecnología no permitía más. Hoy en día, la instalación de energías
renovables es más barata, es decir, el aparataje que nos proporciona el
mercado de generación eléctrica basado en energías renovables es más
barato y, además, es doblemente más barato en la medida en que no
solamente la inversión es más barata, sino que, además, la electricidad
generada es mayor que la de antes.

Permítanme, señores senadores, que utilice un lenguaje de fácil
comprensión. Tenemos un parque caro, por cierto, compuesto por algo más
de 65 000 plantas, no son ni 12 ni 10 ni 10 000, de energías renovables;
pero tenemos también todos los ciclos combinados porque las energías
renovables necesitan otra energía de backup, que, como su nombre indica,
cuando no hay aire o no hay sol no funcionan y cuyo rendimiento baja
drásticamente. Necesitamos el parque de ciclos combinados que estén
soportando esas bajadas de capacidad de volcar a la red producción
eléctrica. Y también es producto de otra decisión de política energética
que ahora mismo se estén planteando las compañías si hibernan o se
cierran y cómo se compensa aquella inversión realizada y no utilizada
posteriormente. Y está también lo del carbón, el parón nuclear, etcétera.
Todo eso va en el recibo de la luz. Todas esas decisiones de política
energética van en el recibo de la luz y hacen que finalmente el recibo
eléctrico sea alto. Y coincido con el senador Alturo y con algún otro que
han hecho referencia a esto en que eso resta competitividad a los
productos en los que el input eléctrico es un componente de costes
importante. Piensen ustedes que la política energética determina, ya
desde aquello de la central de Lemóniz, el parón nuclear, etcétera, que
no son de ayer, junto al tema de las energías renovables, mucho más
reciente, el precio de la electricidad, que es muy alto en España y que
el ministerio trata de reducir —estoy seguro de que con su mejor
intención—, pero que es muy difícil porque para reducirlo habría
que tomar unas decisiones que políticamente soy el primero en determinar
como impensables. Por tanto, la electricidad es cara, y mientras sigamos
con la política energética heredada en parte de actuaciones de gobiernos
anteriores, de muchos gobiernos anteriores —sus señorías lo saben
igual que yo, por lo que no me detengo en ello—, el coste de la
electricidad será alto. Con la eliminación de las subastas, en lo cual
creo que la comisión tuvo algún papel, se ha dado un paso, pero hay
muchos más que dar.






Y con la reducción de los subsidios a las energías
renovables se ha dado otro paso; un paso importante que ha producido un
rechazo más que notable, reduciéndose el coste de 9000 millones de euros
al año a 7500 millones de euros al año. Fíjense ustedes en todas las
posibilidades de mejora que hay, pero también hay que entender que tienen
que ser pausadas, prudentes y cargadas de reflexión si tenemos en cuenta
los puntos de vista de las demandas sociales.

Si me lo permiten, iré algo más ligero. El senador Lerma ha
apuntado temas extraordinariamente importantes que yo voy, en una
reflexión quizá demasiado simple, por la que comienzo pidiendo disculpas,
a juntar. Hemos hablado en esta Cámara en otras ocasiones y también hoy
de transparencia, de rigor y de independencia. De todo esto se puede
hablar, pero lo que hay que hacer es demostrarlo, y para eso se necesita
tiempo, algo más del que hemos dispuesto hasta ahora. Creo que vamos a
hacer esa demostración, pero si no fuera así rogaría a sus señorías que
me lo hicieran notar. En ello estamos, pero no es fácil; nadie ha pensado
que sea fácil; necesitamos un poco más de tiempo para seguir con la
demostración que es lo que queremos y en lo que creemos. Sobre la
productividad no diré nada porque estoy completamente de acuerdo con el
senador Lerma; solo, eso sí, que las compañías eléctricas y de
distribución de hidrocarburos son una prioridad cara a la supervisión y
vigilancia de la competencia de la CNMC, como no puede ser de otro
modo.

Quiero decirles que la existencia de numerosos operadores de
telecomunicaciones, que ofrecían servicios a la vez tecnológicamente más
avanzados, ha permitido que en España se disponga de paquetes
relativamente baratos. ¿Y cuál es el temor de la CNMC? Que hemos pasado
de cinco a cuatro mediante una política de concentración y que estamos a
punto —el tema está en Bruselas, como saben—, con la
concentración de Orange y Jazztel, de pasar de cuatro a tres; y tres
empieza a ser, es ya un número inquietante para cualquier autoridad de
competencia del mundo. Espero y deseo que, después de haber sido España
un ejemplo en la reducción de los precios y en la multiplicidad de
opciones, no veamos en los próximos meses y años que estamos perdiendo
parte de lo avanzado, y que se empeoren los precios, la calidad o la
tecnología asociada a los paquetes. En telecomunicaciones, por tanto,
pueden ver ustedes que la CNMC tiene un elevado grado de preocupación por
la competencia y también por los hidrocarburos. De ahí que la reducción
del número de operadores nos produzca temor si hablamos de
telecomunicaciones y también si lo hacemos, un temor continuo, de
distribución de hidrocarburos.

Estoy absolutamente de acuerdo con el senador Utrera en todas sus
reflexiones, en las que también mostraba coincidencia con el senador
Lerma. Establecer equilibrios es complejo y difícil. El servicio público,
las ayudas de Estado de las comunidades autónomas a la fibra óptica
—lo que comentaba con el presidente de la comisión hace
relativamente poco tiempo— van de la mano del progreso para llevar
a los núcleos rurales más apartados los servicios que una sociedad del
siglo XXI merece. Pero es que, además, como apuntaba con mucha precisión
el senador Utrera, no se trata solo de llevar entretenimientos sino de
medios de funcionamiento a las empresas asociadas al desarrollo rural o a
las pequeñas o medianas industrias, que hacen precisamente de la
disponibilidad de esos medios un criterio para ubicarse en un territorio
u otro o para permanecer en un territorio u otro ante la posibilidad,
cuando alcanzan una dimensión determinada, de salir de su lugar de origen
para trasladarse a otro lugar. Pues bien, tenemos que anclar actividad en
el territorio, pero, insisto, mucho más allá del entretenimiento
—el factor entretenimiento y el factor cultural, y los vehículos de
la infraestructura de telecomunicaciones y de banda ancha son
fundamentales—, hay que hacer una consideración empresarial que, a
mi juicio, es más que importante. Ahí nos van a encontrar siempre
alineados con estos objetivos a la CNMC, sin olvidar otras actividades
que requieren inversiones en las grandes ciudades. Esta será la tarea de
los inversores de la compañía de referencia en España o de los nuevos
entrantes, que los ha habido y los hay y que están realizando inversiones
más que notables en muchas áreas. En el proceso de información pública,
que ahora está finalizando, teníamos identificadas hasta nueve grandes
poblaciones españolas, en las que había más de tres operadores de cable
que tenían extendida su red. En los análisis que estamos haciendo
posteriormente, nos encontramos con que esas nueve pasan a doce y a
catorce. Esta es una muy buena señal, pero, naturalmente, siempre será
necesario asegurar al inversor privado un retorno a sus inversiones, y
ese es el equilibrio complejo que la CNMC está identificando también como
punto atencional.

Poco más. Dispénsenme si ha habido alguna cuestión que haya dejado
sin contestar. Ello sería porque se me ha pasado. Ahora yo quedo a su
disposición, insisto, en esta sala, o en otro momento, en la sede que
ustedes decidan, señorías, para darles cumplida respuesta a lo que
consideren oportuno preguntar.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín Quemada.

Creo que los grupos no utilizarán el turno de dúplica, por lo que
parece que sus contestaciones han sido bastante claras y detalladas, como
siempre, y que han satisfecho la voluntad de los portavoces
parlamentarios que habían intervenido previamente.

Como vaticinaba ya al principio de esta comisión, la actitud del
compareciente, señor Marín, así como la documentación aportada eran
preludio de una comisión muy provechosa e interesante. Así ha sido, y
tanto del debate suscitado —un debate fluido, de cierto nivel y de
fondo— como de la información aportada, creo que hemos sido capaces
de desmenuzar con cierto detalle algunas cuestiones importantes. Yo,
desde la Presidencia, me quedaría con el dato de la solicitud expresa que
se nos ha formulado por el señor Marín Quemada en relación con que
apoyemos el incremento de medios materiales y humanos para desarrollar
nuevas funciones. No pasan desapercibidas para ningún grupo parlamentario
y tampoco para esta Presidencia algunas cuestiones, algunas sugerencias y
algunas peticiones expresas que usted ha formulado hoy aquí esta
mañana.

Por todo ello, solo me resta agradecerle, en mi nombre y en el de
toda la comisión, su presencia, sus explicaciones, su trabajo, sus
propuestas y su programa de futuro.