que se busca con la reforma planteada. De forma expresa se
dice que se quiere simplificar la legislación y aumentar la seguridad
jurídica del promotor. En nuestra opinión, la seguridad jurídica que
merece más protección es la del conjunto de la sociedad, y en este caso
la del respeto al medio ambiente.

La situación medioambiental de España desde luego demanda
una acción en esa dirección. Por contra, el proyecto rebaja las
exigencias que se habían demostrado insuficientes en la evaluación
ambiental a lo largo de estos años e introduce medidas concretas que, de
forma inevitable, sea cual haya sido la voluntad de quien ha planteado
esta reforma, van a significar una acción más laxa a la hora de tomar en
consideración las repercusiones medioambientales de los planes o
proyectos que se quieran impulsar.

No nos parece adecuado, en ningún caso, que en una materia
tan sensible como esta, en la que la toma de una decisión errónea
proyecta sus consecuencias y resultados por períodos muy amplios en el
tiempo, se introduzca la fórmula del silencio administrativo positivo.
Creemos que el principio de prevención, que es uno de los principios
básicos en materia medioambiental en toda normativa de carácter
internacional, ha de tener como expresión lógica que el silencio
administrativo en este caso sea siempre negativo.

Entendemos que el proyecto abunda en la idea de
mercantilizar el medio ambiente a través de la introducción de esa nueva
figura de los bancos de la conservación de la naturaleza, que supone un
cambio de paradigma. Si hasta ahora el paradigma era que quien contamina,
paga, ya de por sí un paradigma cuestionable y discutible puesto que el
objetivo debería ser que no se contaminara, no que se compensaran los
perjuicios derivados de una actividad que genera contaminación, el nuevo
paradigma después de este proyecto será que quien puede pagar, puede
contaminar.

E incluso en lo que podemos entender que son medidas
positivas el proyecto carece de credibilidad. Se incorpora la exigencia
de evaluación ambiental para la introducción de las técnicas del
fracking, lo que tendría más credibilidad si esa exigencia se hubiera
dado antes de esta reforma. Si la reforma supone una devaluación de esta
evaluación ambiental, suena a que se ha buscado simultanear en el tiempo,
con muy poca diferencia. Hace escasos meses que aprobamos en el Senado
una modificación de la Ley de combustibles que abrió el paso a la
cobertura legal del fracking y la devaluación de la evaluación ambiental.
O la proscripción del bunkering, con lo que estamos de acuerdo, pero se
hace en una coyuntura en la que ello ha servido de argumento en un debate
que tiene muy poco de medioambiental y que guarda relación con otras
cuestiones.

Finalmente, nos parece absolutamente rechazable que se haya
aprovechado esta reforma como percha para introducir en la tramitación
del Congreso enmiendas que suponen la reforma de la Ley de Aguas y del
Plan Hidrológico del Tajo. Sus señorías, como yo mismo, habrán recibido a
lo largo de los últimos días diferentes correos de rechazo por parte de
ciudadanos y de representaciones sociales que no comparten que se tome la
decisión de incrementar el caudal trasvasable del Tajo, que rechazan que
se sienten las bases de un hasta ahora inexistente derecho al trasvase y
de que se abra incluso la posibilidad de que ese derecho —dicho
entre comillas— se convierta en indemnizable. Nos sigue pareciendo
una mala práctica por parte del Gobierno y de la mayoría que lo sustenta
que cuando una jurisprudencia sostenida no es de su gusto inmediatamente
se cambie la norma. Reconozco que es respetuoso con los usos
democráticos, pero no creemos que la generalización de esa práctica, que
es algo bastante frecuente en los últimos tiempos, sea una decisión
adecuada. La jurisprudencia de los tribunales, cuando nos gusta y cuando
no nos gusta normalmente responde a una realidad social, y las reformas
legislativas que rechazan esa jurisprudencia rechazan también esa
realidad social y pretenden cambiarla. Esas mismas expresiones de rechazo
sirven para rechazar a su vez los contenidos de la enmienda introducida
en el Congreso que buscan eludir las condiciones que en su día se
introdujeron en el Plan Hidrológico del Tajo precisamente como cortapisas
al trasvase.

Concluyo con dos últimas razones. Los contenidos
introducidos en el Congreso colocan como prioritario el uso del agua para
el riego, lo cual se confronta con la Ley de Aguas y con toda la
normativa internacional al respecto. Y la reforma no se queda en el Tajo.
De hecho, creando esa figura centralizadora de la comercialización de los
derechos de trasvase entre cuencas de alguna forma se abre un mercado
comercializador de las aguas en el conjunto del Estado, posibilidad que
quienes firmamos y apoyamos este veto desde luego rechazamos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Quisiera defender los vetos números 4 y 5.

En primer lugar, en relación con los temas procedimentales,
decía el senador Fidalgo que esta ley no era de urgencia sino de
emergencia. Posiblemente sea una de las leyes que con mayor celeridad se
han tramitado en el Senado. Pero además no se entiende que una ley que
tiene por objeto la simplificación y la racionalidad, según su exposición
de motivos, no espere, tal y como aconseja el dictamen del Consejo de
Estado, a que se apruebe la directiva que se está modificando en estos
momentos y que el propio Consejo de Estado dice que va a significar a
corto plazo, como mínimo, la revisión de la mitad de la ley. Por tanto,
es una ley que no simplifica sino que va a hacer más complejo el conjunto
de la legislación medioambiental.

Por otro lado, he de decirles que hay una serie de
importantes factores que nos hacen presentar el veto a este proyecto de
ley. El primero está relacionado con la concepción que el ministerio
tiene de la política medioambiental: un obstáculo para el desarrollo
económico. Esto impregna absolutamente toda la política del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Es decir, siempre hay pocos
objetivos de política medioambiental; lo que hay es una eliminación de
obstáculos —algunos es necesario eliminarlos, otros no—. A
menudo, cuando el ministerio habla de simplificación lo que está haciendo
es desregular, y cuando habla de racionalización lo que hace es absorber
competencias de las comunidades autónomas. Las competencias de Cataluña
en relación con estos temas quedan prácticamente fulminadas con la
redacción de este proyecto de ley. Por tanto, lo que en este se hace es
fijar pocos objetivos medioambientales y, en cambio, acortar plazos de
tramitación y decidir que los planes y programas que aprueba el Gobierno
no estén sometidos a evaluación ambiental, que el Gobierno pueda decidir
hacer excepciones a la evaluación ambiental. Como se ha dicho antes, los
bancos de conservación de la naturaleza no solo van a mercantilizar la
naturaleza sino hacer posible o legitimar que quien paga pueda
contaminar. Se abre aún más la apuesta por el fracking, e incluso se
exime de la evaluación ambiental a aquellas pruebas previas al fracking,
las pruebas que llaman de testigos.

Finalmente, quiero decir que es inconcebible que en una ley
de estas características se introduzca por el trámite de enmiendas una
cuestión tan importante como la de las modificaciones del Plan
Hidrológico Nacional y del trasvase Tajo-Segura. Es incomprensible.
Precisamente en la política medioambiental una cosa importante es
cambiar, realizar procesos de modificación de la cultura medioambiental
de la sociedad; y el ministro de Medio Ambiente nos tiene acostumbrados a
pocas leyes, pero siempre por el trámite de urgencia y situando en ellas
cuestiones que no son propiamente del contenido de la ley que se
anuncia.

Por todas estas razones, planteamos nuestros vetos y ya
anuncio que votaremos a favor del resto.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa del veto número 6, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Convergència i Unió, senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidenta.

Intervendré más o menos en los mismos términos que los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.

Presentamos este veto a la totalidad por tres motivos
principales: la inoportunidad temporal a la vista de la nueva legislación
europea que está en fase de revisión; la laminación de las competencias
autonómicas; y reservas ante la creación de un banco de biodiversidad
enfocado —entendemos— muy directamente a temas de
conservación de la naturaleza como compensación de las afectaciones al
medio de determinadas actividades sujetas al trámite de evaluación de
impacto ambiental.

Al hecho de estos tres temas importantes también añadimos
el que se introduce toda una nueva regulación de la normativa del agua,
así como la urgencia con que se tramita el proyecto de ley. Esta urgencia
hace que sustraigamos el debate parlamentario de un tema importantísimo y
que afecta, como he dicho, a ámbitos tan importantes de la propia
construcción del Estado de las Autonomías. En la medida en que hacemos
una ley tan reglamentista, tan poco ley y tan reglamento, al final
acabamos encontrando muchas deficiencias que nos llevan a pensar que no
es oportuna. Además, la urgencia con que se pretende tramitar, luego, en
su aplicación, va a quedar dilatada en el tiempo por aplicación de las
disposiciones, que marcan su entrada en vigor en más de doce meses. Por
tanto, entendemos que podríamos haber entrado más en el concepto de la
evaluación de impacto ambiental, de planes, programas y proyectos, para
definir realmente qué tipo de calidad y excelencia queremos de las

actividades que se desarrollan en nuestro país, y no
solucionar de esta forma temas muy concretos e intentar normativizar
aquello que de alguna manera lamina competencias autonómicas.

Por todos estos motivos, mi grupo mantiene este veto para
el Pleno y ya anuncio que votaremos a favor del resto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fidalgo para la defensa de su veto.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidenta.

El Grupo Socialista defiende su veto a esta ley y lo hace
de forma contundente. Decimos no a esta ley, que se devuelva, que no se
continúe con su tramitación. Y también lo expresaremos en el trámite de
enmiendas de forma contundente diciendo no y, por tanto, pidiendo la
supresión de cada uno de los artículos, las disposiciones, los anexos y
todos los contenidos de la ley que el Gobierno y el Partido Popular traen
al Senado. Y lo queremos decir para hacer una llamada de atención
definitiva al Gobierno sobre las tropelías parlamentarias a las que nos
tiene acostumbrados y las prácticas poco democráticas. Y me explico.

Esta ley que traen el Gobierno y el Partido Popular es, en
primer lugar, un atropello jurídico supino. Se hace un abuso no
justificado del trámite de urgencia, que yo ya califiqué de emergencia.
Hay que tener en cuenta que en quince días, en dos semanas, se va a
tramitar esta ley, una ley cuya urgencia no se justifica. En primer
lugar, porque los contenidos que se refieren a la evaluación ambiental
van a ser objeto de aprobación en Europa por una directiva que la regula;
por lo tanto, dentro de unos meses el Senado tendrá que estudiar una
nueva propuesta del Gobierno para adaptarnos a la directiva.

En segundo lugar, por los contenidos de la ley que trae el
Partido Popular. El Partido Popular plantea la aplicación de esta ley en
un año. Por lo tanto, ¿qué razón hay para que sea urgente algo que debe
tramitarse en un año? ¿Por qué tenemos que tramitarla sin que pase por
los informes de los órganos de participación e incluso, en algunas partes
muy importantes, ni siquiera por el Consejo de Ministros? Se hace de
forma chapucera, introduciendo materias que merecen una ley específica,
como la regulación de aguas; por cierto, introduciendo decisiones sobre
cuestiones que en estos momentos están siendo objeto de participación
pública y sobre las que hay múltiples órganos del Estado, organismos de
cuenca, la Comisión Nacional del Agua, que deben pronunciarse, que tienen
que regular. Y se da rango de ley a cuestiones que son procedimentales y
reglamentarias en muchos casos.

Por tanto, creemos que es una chapuza legislativa muy
grave, que crea una inseguridad jurídica máxima y que entra en
contradicción con el objetivo de dar seguridad jurídica, como plantea el
Gobierno en el preámbulo. Porque, yo me pregunto: ¿con qué planteamiento
van a mirar las empresas sus inversiones si no hay un plan estable, unas
normas estables que den seguridad jurídica a esas inversiones, si esta
ley va a ser cambiada en unos meses, si va a entrar en conflictividad con
las comunidades autónomas en materias que deben ser objeto de desarrollo
por las comunidades, y va a ser desarrollada en un año? ¿Cómo una empresa
va invertir de forma inmediata? En este sentido negamos la mayor.

Entra en contradicción con todo el mundo: con Europa, con
la propia legislación española, etcétera. Y es un nuevo ataque para
preservar las garantías del medio ambiente en España. Lo reconoce, como
he dicho antes, el Gobierno: el objetivo del Gobierno es mejorar las
condiciones para que España sea un buen lugar para hacer negocios. Es
decir, la ley ambiental se hace con objeto de hacer negocios. Por cierto,
de nuevo se culpa al medio ambiente de la situación económica del país;
ya se hizo con las medidas urgentes sobre medio ambiente, la Ley de
Costas, la condena a las energías renovables… De todo se echa la
culpa al medio ambiente, al igual que se echa la culpa a los derechos
laborales, los sueldos o las pensiones, como si fueran los principales
problemas que frenan el desarrollo económico de nuestro país. En eso no
estamos de acuerdo. Una ley ambiental debe tener como objetivo principal
preservar el medio ambiental y desde luego no servir a intereses de
grupos económicos minoritarios.

Estamos de acuerdo en que se regule el régimen de
tramitación ambiental, en que los procedimientos sean ágiles, etcétera,
pero eso requiere otros mecanismos, como, en primer lugar, dar medios
económicos a quienes realizan esa gestión; y luego, evidentemente, si hay
que realizar algún ajuste en materia de tramitación, realizarlo. Creo que
esta es una cuestión que tiene contenidos técnicos suficientes como para
requerir una pausa y una forma de tramitación. Y el grito que hoy
queremos dar es un poco a las formas democráticas, que yo creo que hay
que preservar en las Cortes Generales, y dejar a las Cortes Generales que
ejerzan su función plenamente, con toda tranquilidad y toda la reflexión,
y más aún no habiendo

razones para tramitar una cuestión de esta importancia con
esta urgencia. Por eso, nosotros queremos decir al Gobierno: así no, y
basta ya.

Nada más. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Abrimos el turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Pons.

La señora PONS VILA: Gracias, señora presidenta.

Dado que vamos a explayarnos en el debate en el Pleno y que
hay seis vetos, simplemente voy a enumerar alguna de las razones que los
portavoces anteriores han presentado, e intentar rebatirlas.

Empiezo por el último interviniente, el señor Fidalgo. En
cuanto a negar la mayor, creo que los que vamos a negar la mayor somos
nosotros. Somos el grupo mayoritario, el grupo que da apoyo al Gobierno,
y evidentemente negamos la mayoría, por no decir la totalidad, de los
posicionamientos que aquí se han hecho.

Usted acaba de decir que el medio ambiente no tiene la
culpa de nada. Eso es lo que pensamos nosotros. Nosotros no culpamos al
medio ambiente de la situación actual, pero sí a algunas de las leyes de
Gobiernos anteriores, que a lo mejor nos han llevado a la paralización y
a una excesiva burocracia en la tramitación de proyectos que podrían
habernos ayudado a no llegar a esta situación económica o a salir antes
de ella. Con lo cual, el medio ambiente no tiene la culpa. El Partido
Popular es tan respetuoso con el medio ambiente como pueden creer que lo
son ustedes y, evidentemente, no le achacamos nada a él, pero sí, repito,
a las políticas que se han hecho en otros momentos.

No estamos de acuerdo, evidentemente, con que se reduce la
prevención ambiental.

No planteamos ni prevemos que haya una invasión de
competencias autonómicas. Pensamos que, manteniéndose las competencias
autonómicas existentes, tiene que haber una uniformidad. Yo sé que a
ustedes, a algunos partidos, eso no les gusta, pero nosotros sí
defendemos la uniformidad de algunas políticas en la totalidad del Estado
español.

Pensamos que el proyecto de ley es oportuno, y aunque
reconocemos que se ha tramitado por urgencia, lo enmarcamos en la
necesidad de reformas que se han puesto de manifiesto desde el inicio de
esta legislatura por parte de este Gobierno. Creemos que la necesidad de
reformas para salir de la crisis y de la situación en la que nos
encontramos lleva a que algunas leyes tengan que tramitarse con mayor
celeridad, pero no creo que por eso haya un déficit democrático en este
tema, sino que todos tenemos que trabajar un poco más deprisa. No creo
que por eso lo hagamos peor.

Consideramos que el tema de los bancos de conservación de
la naturaleza es novedoso, un tema que no se había implementado y una
apuesta nueva y decidida que puede dar buenos resultados. No tenemos la
visión catastrofista que tienen ustedes.

No estamos de acuerdo con que haya una involución del
control ambiental. No pensamos que se deje a la discrecionalidad de la
Administración el hecho de que haya o no estudios de impacto
ambiental.

Estamos de acuerdo y, de hecho, precisamente propugnamos
como una de las primeras mejoras de esta ley el incremento de la
seguridad jurídica y la simplificación de trámites. Y repito que se han
paralizado muchos proyectos e iniciativas que podrían haber sido buenas
para este país.

No creemos que se limite la participación. Y aquí quiero
hacer dos puntualizaciones. En una ley anterior que no guardaba relación
con el medio ambiente ya hablamos del fracking y tuvimos un debate
bastante tenso porque intentábamos regular ese tema, lo que nunca se
había hecho. En estos momentos volvemos a incidir en el tema del fracking
y planteamos una evaluación medioambiental cuando creemos que es el
momento adecuado, y a ustedes tampoco les parece bien. Es evidente que no
van a considerar bien nada de lo que apoye este grupo ni de lo que haga
este Gobierno.

Y tampoco parece que les guste la regulación del bunkering.
Nosotros pensamos que es un tema necesario y urgente, sobre todo por la
situación y las cosas que han pasado recientemente.

No me extenderé más. Por todo lo dicho, evidentemente, el
Grupo Popular rechazará los seis vetos presentados: el del senador del
Grupo Mixto, de Izquierda Unida; el de la senadora de Esquerra
Republicana de Catalunya; el del Grupo Socialista; el de los senadores
Guillot y Saura; el del resto de senadores del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; y el de Convergència i Unió. Votaremos en
contra de ellos.

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7

Otro bloque de enmiendas busca garantizar que en todos los
planes y proyectos que afecten a espacios incluidos en la Red Natura 2000
se realice una evaluación sobre la repercusión que esos planes y
proyectos tuvieran específicamente sobre estos espacios, tanto en la
evaluación ambiental estratégica, como en la evaluación de impacto
ambiental de proyectos o como en la evaluación de impacto ambiental
simplificada y que, en el caso de que la conclusión fuera que no existe
repercusión, se justifiquen las razones y se realice siempre un informe
vinculante de la autoridad competente de la comunidad autónoma sobre
tales espacios.

Rechazamos que el Consejo de Ministros u órganos
competentes de las comunidades autónomas puedan excluir proyectos de la
evaluación ambiental. Defendemos que se mantenga la obligatoriedad de la
consulta previa a los promotores. Asimismo, entendemos que el silencio
administrativo debe ser negativo. Por lo tanto, proponemos la supresión
del artículo que plantea que el silencio administrativo sea positivo.

Enmendamos para suprimir los Bancos de Conservación de la
Naturaleza, así como para introducir la obligación de que promotores
incorporen informes de riesgo sísmico cuando se trate de proyectos de
almacenes subterráneos de combustibles o CO2, cuando se utilicen técnicas
de fractura hidráulica o cuando el proyecto se refiera a un depósito
subterráneo de residuos nucleares o a una central nuclear.

Finalmente, proponemos la supresión de los contenidos
incorporados en el Congreso por vía de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular que modifican la Ley de Aguas y el Plan Hidrológico
del Tajo, ampliando los trasvases —como ya tuve oportunidad de
explicar en la defensa del veto—.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas números 58, 59 y 60, tiene
la palabra el senador Fuster Muniesa.

El señor FUSTER MUNIESA: Gracias, señora presidenta.

Yo creo que, efectivamente, la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular ha definido bien la ley de evaluación ambiental
porque habla de uniformidad y, evidentemente, no es lo mismo uniformar
que armonizar. En ese sentido, esta ley, que lleva un trámite de
velocidad supersónica, exige para los senadores del Partido Aragonés la
presentación de estas 3 enmiendas de supresión. Tres enmiendas de
supresión que tienen que ver con las enmiendas números 295 al preámbulo,
presentada por el propio Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de
los Diputados, y 306 y 307 correspondientes a las disposiciones
adicionales cuarta y quinta.

Creo que es importante señalar que este anteproyecto se
presentó en la reunión del Consejo de Ministros el 19 de abril y fue
aprobado el 30 de agosto. Sin embargo, las enmiendas a las que yo me
estoy refiriendo, a las que habría que añadir las relativas al trasvase
Tajo-Segura, fueron conocidas el día de su presentación el 24 de octubre.
Es decir, que desde el día 24 de octubre hasta el día de hoy han pasado
20 días; 20 días en los cuales no solamente se recogen los acuerdos del
memorándum Tajo-Segura, sino que, además, se modifican dos leyes de
capital importancia en la planificación hidráulica española, como son el
Plan Hidrológico Nacional y la Ley de Aguas.

Por lo tanto, señorías, creemos que estas enmiendas,
evidentemente, no se refieren exclusivamente al trasvase Tajo-Segura,
como algunos senadores han dicho recientemente en la prensa, sino que más
bien se refieren a uniformizar u homogeneizar otro tipo de cuestiones,
porque, si no, desde nuestro punto de vista sería bastante razonable que
ambas disposiciones llevaran una referencia precisamente a su aplicación
en el ámbito del trasvase Tajo-Segura. Como no la llevan, es evidente que
el objetivo es otro bien distinto.

Señorías, en la enmienda número 306 se modifica el artículo
72 de la Ley de Aguas. Ese artículo cambia para que la Dirección General
del Agua pueda autorizar la cesión de derechos que implica el uso de
infraestructuras que interconectan territorios de distintos planes
hidrológicos de cuenca. Curiosamente, el artículo que suprimimos de la
ley establecía que solo se podrán usar infraestructuras que interconecten
territorios de distintos planes hidrológicos de cuenca para transacciones
reguladas en esta sección, si el Plan Hidrológico Nacional o las leyes
singulares reguladoras de cada trasvase así lo han previsto. Es bastante
evidente que no hacemos una corrección para el trasvase Tajo-Segura, ni
tan siquiera una corrección de estilo, es una corrección suficientemente
profunda. Exactamente igual podríamos hablar de la disposición final
primera, cinco, que en base a la transparencia propone establecer unos
valores de referencia para los consumos. Por lo tanto, la dirección
general establecerá valores, al margen de los sistemas de planificación
de cada cuenca.

Quisiera detenerme, con brevedad, señora presidenta, en
algunas pequeñas cuestiones que tienen que ver con la limitación de las
cesiones en la cuenca que tenemos actualmente, porque esta cesión de
derechos está prevista para cesionarios intercuenca, es decir, dentro de
las cuencas. Pero, por si fuera poco, el artículo 72 lo dejaba
meridianamente claro al prohibir expresamente el uso de infraestructuras
de trasvases intercuencas, salvo que estuviera previsto expresamente en
el Plan Hidrológico Nacional o en las correspondientes leyes de
transferencias, lo que blindaba totalmente la cesión de derechos
intercuenca por mera decisión administrativa. Esto es lo que hoy estamos
también cambiando y, por lo tanto, una transferencia de agua que ahora
solo se puede autorizar por ley, la podrá hacer la Dirección General del
Agua.

Señorías, además no solamente nos preocupa esta cuestión, y
cuando en las enmiendas correspondientes al Congreso de los Diputados se
dice que son para hacer referencia al Memorándum Tajo-Segura, lo primero
que hay que decir es que las propias enmiendas contradicen la
justificación que se plantea, porque en el apartado IV del preámbulo se
dice textualmente: «Finalmente la ley introduce una serie de
modificaciones relativas a los trasvases intercuencas en general»
—subrayo, en general— Por lo tanto, no estamos hablando de
que estas enmiendas afecten única y exclusivamente al trasvase
Tajo-Segura. Pero, señorías, ¡aviso a navegantes!: se deberá afrontar la
modificación en profundidad de la legislación de aguas, que deberá
establecer, en otras cosas, un nuevo régimen de cesión de derechos que le
dote de mayor eficacia en el futuro. Veremos qué es lo que sucede en el
futuro.

Voy a ir terminando. Nos parece que esta técnica
legislativa nos genera, cuando menos, inseguridad jurídica, además de una
gran incertidumbre. Y no solamente es este senador el que lo dice, lo han
planteado así muchísimas organizaciones, e incluso, seguramente, habrán
podido leer algunos informes jurídicos de profesores de cierta
relevancia.

Finalmente, creo que el ministro, al que queremos hacer
también una mención de reconocimiento por la prioridad que en estos
momentos se está dando en cuanto a las obras hidráulicas en la Comunidad
Autónoma de Aragón, decía: hay agua para todos, pero hay que
redistribuirla. Yo creo que las consecuencias de esta frase las acabamos
de ir entendiendo en este proyecto de ley. Si los trasvases se han
planteado siempre con un reequilibrio territorial, en nuestra comunidad
autónoma, donde llevamos esperando las inversiones desde principios del
siglo pasado, o el Pacto del Agua desde el año 1992, después de 25 años
espero que tengamos la oportunidad de terminar la legislatura sin
amenazas y con las inversiones terminadas.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 368 a 453, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias.

Señora presidenta, doy por defendidas las enmiendas, sin
perjuicio de profundizar un poco más en su defensa en el trámite del
Pleno.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Saura para la defensa de las enmiendas
números 172 a 327.

El señor SAURA LAPORTA: También las doy por defendidas,
señora presidenta.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer para la defensa
de las enmiendas números 328 a 367.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señora presidenta.

También las doy por defendidas y las debatiremos en el
Pleno.

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10

la exigencia y el rigor de las evaluaciones ambientales no
solo no se reduce, sino que en determinados aspectos se incrementa con
respecto a la normativa vigente.

Plantean también sus señorías que este proyecto de ley
invade competencias autonómicas. En este sentido, quiero señalar que el
proyecto de ley se basa en el título competencial reconocido al Estado en
el artículo 149.1.23.ª de la Constitución para dictar normativa básica en
materia de protección del medio ambiente. En cualquier caso, esta norma
respeta el derecho constitucional reconocido a las comunidades autónomas
para establecer, atendiendo a sus peculiaridades territoriales y
organizativas, normas adicionales de protección.

Respecto a la inoportunidad que muchos de ustedes dicen de
este proyecto de ley en base a que la Unión Europeas está planteando la
reforma de la Directiva 2011/92 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre medio ambiente, hay que
tener en cuenta que el procedimiento de codecisión para la aprobación en
la Unión Europea de directivas, no tiene un límite máximo temporal para
su finalización. Por lo tanto, puede tardar varios años en aprobarse, y
en nuestro país existen demasiadas leyes y tramitaciones administrativas
con plazos excesivamente largos. Los plazos excesivamente largos no son
sinónimo de protección ambiental, más bien son sinónimos de ineficacia y
para nada facilitan la protección ambiental.

En lo referente a que no existe justificación alguna para
tramitar este proyecto de ley por la vía de urgencia, que muchos de
ustedes han mencionado, la cifra de expedientes en tramitación de
evaluación ambiental pendientes de resolución son cuando menos
suficientemente significativas —en torno a unos 10 000
expedientes— y si a esto le sumamos que las evaluaciones
ambientales se prolongan en el tiempo más allá de lo que sería razonable,
se hace necesario un marco legal que contribuya de forma eficaz y con
prontitud a resolver las ineficacias detectadas en el actual sistema.

En cuanto a los bancos de conservación, no comparto para
nada sus críticas. Es una medida correctora bastante importante pues,
aunque las líneas básicas de su funcionamiento están recogidas en la
disposición adicional octava, se tiene previsto, una vez aprobada la ley,
comenzar a trabajar en su desarrollo normativo. Por lo tanto, será ahí
cuando los distintos grupos tendremos que aportar nuestras inquietudes y
podremos mejorarlo.

Los bancos de conservación comenzaron a funcionar hace más
de dos décadas en Estados Unidos, sobre todo para compensar los daños
sobre especies o hábitats amenazados. Los resultados del empleo de esta
herramienta en Estados Unidos son que existen en la actualidad más de
novecientos bancos que generan un mercado de más de 2500 millones de
euros dedicados a la conservación ambiental y que ha logrado la
protección a perpetuidad —y esto es muy importante—, y
repito, la protección a perpetuidad de más de 200 000 hectáreas.

Esta herramienta se ha ido extendiendo también por otros
países, entre ellos Australia. En Europa existen también iniciativas a
este respecto. Francia está desarrollando un programa con cuatro
experiencias piloto. En el Reino Unido también se están desarrollando
experiencias piloto, pero quizá la iniciativa más importante sea la que
se está llevando a cabo en Alemania, que arrancó titubeante, sobre todo
por la aplicación territorial del mismo. Alemania ha sabido desarrollar
un modelo que permite la compensación de los impactos de manera ecológica
mediante los land pools o a través de los eco-puntos. En este modelo, los
diferentes länder alemanes han desarrollado un sistema de compensación de
las afecciones territoriales que podían entenderse, según lo llamamos
aquí y se está debatiendo, como banco de conservación.

Señorías, nuestro grupo va a votar en contra de todas las
enmiendas presentadas, y espero que durante la tramitación en el Pleno
podamos llegar a algún acuerdo.

Nuestro grupo dice sí a esta ley, y la defenderemos también
con contundencia en el Pleno. La sostenibilidad puede ir de la mano del
progreso. Tenemos más de 5 millones de parados y el Partido Popular
solamente trabaja por reducir esas cifras de desempleo y esta ley puede
aportar un marco necesario para esto se lleve a efecto. Para nada
planteamos que esta ley se anteponga a la conservación de la naturaleza,
ya que pueden ir de la mano, y eso es lo importante.

Muchas gracias, señora presidencia.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Finalizadas las intervenciones, ¿algún grupo quiere
utilizar el turno de portavoces? (El señor Iglesias Fernández pide la
palabra.)

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Señora presidenta, únicamente,
quiero anunciar que me abstendré en la votación de las enmiendas del
resto de los grupos, porque al haber sido publicadas esta mañana, por más
que el avión haya salido con retraso y haya tenido tiempo de ojearlas, no
tengo un conocimiento lo suficientemente formado como para poder
decantarme. Me reservo, por tanto, para el Pleno, la opción de voto.

La señora PRESIDENTA: Bien. Lo que vamos a votar es el
informe de la ponencia. No vamos a votar las enmiendas. No se
preocupe.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Perdón.

La señora PRESIDENTA: No pasa nada.

Antes de pasar a la votación, quiero precisar a los
portavoces que mañana no hay Registro en la Cámara. Por tanto, los votos
particulares deben presentarse hoy o, como muy tarde, el lunes. ¿De
acuerdo?

Procede ya votar el informe de la ponencia con las
modificaciones que he señalado al inicio, y que simplemente consisten en
la introducción de las enmiendas números 70, 71 y 72 del Grupo
Parlamentario Popular, así como las correcciones técnicas señaladas por
la letrada de la comisión.

Sometemos, por tanto, a votación el informe de la
ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 14; en contra, 10; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Ha sido dictaminado por la comisión
el Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental.

Simplemente, resta ya la designación del miembro de la
comisión para su presentación en Pleno que entiendo se delega en esta
presidencia. ¿Es así? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías.

Se levanta la sesión.

Eran las once horas y treinta minutos.