pesar del tiempo transcurrido y a pesar de haberse
tramitado en el Congreso, el texto sigue padeciendo determinados defectos
y carencias que a juicio de este grupo siguen justificando la
presentación del veto que ahora defendemos. Porque, señorías, si el gran
objetivo que se persigue con este proyecto de ley es y debe ser —y
nosotros lo compartimos— garantizar el suministro de energía
eléctrica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en calidad y al menor
coste posible, nosotros entendemos que para alcanzar ese objetivo el
presente proyecto de ley resulta incompleto, carente del necesario rigor
y perjudicial para los sistemas a los que pretende regular, además de
sospechoso.

Este grupo parlamentario plantea una enmienda a la
totalidad que en el Congreso de los Diputados fue acompañada además de un
texto alternativo, y las razones específicas de la presentación y el
mantenimiento del veto son las siguientes.

Estamos hablando de un proyecto de ley elaborado a espaldas
de las comunidades y ciudades autónomas afectadas, que además, y con
carácter general, trata de igual manera a territorios que son
desiguales.

En segundo término, es un proyecto de ley que a nuestro
entender vulnera claramente determinadas competencias autonómicas en la
materia, vulnera el derecho europeo, crea inseguridad jurídica y podría
generar conflictos de intereses en su aplicación.

En tercer lugar, entendemos que es un proyecto de ley que
no garantiza la competencia, a pesar de ser uno de sus objetivos,
explicitado incluso en el propio título, que no va a disminuir los costes
de generación y que podría provocar en algunos territorios, como el
canario, la descapitalización del sector eléctrico.

En cuarto lugar, entendemos que es un proyecto de ley
amnésico, que pudo haber tratado, refiriéndose a comunidades autónomas
como la canaria o la balear, pero específicamente la canaria, las
energías renovables más ampliamente; y, qué casualidad, no se ha hecho.
Esperemos que en el proyecto de ley general que está planteando el
Gobierno se haga. Y ni siquiera —y esto para nosotros es muy
importante— propone una mínima planificación de aquellas
infraestructuras que se pueden entender imprescindibles para alcanzar los
objetivos que se plantean.

En quinto lugar —y con esto termino—, estamos
hablando de un proyecto de ley tramposo. Hay quien piensa que el
verdadero objetivo de este proyecto de ley tiene que ver con lo que voy a
comentar: un proyecto de ley que, a la chita callando, da cobertura a una
técnica, la del fracking, cuestionada por muchos, de dudosa aplicación en
territorios como el canario o el balear, y cuya práctica podría resultar
devastadora para los territorios insulares a los que he hecho
referencia.

Señorías, repito que, aun conociendo y reconociendo que el
texto se ha mejorado desde que se sometió por primera vez al Consejo de
Ministros, este grupo parlamentario entiende que no ha sido lo suficiente
como para dejar de presentar este veto, porque entendemos que este texto,
este proyecto de ley es mejorable, muy mejorable. Y en ese sentido iba el
texto alternativo que presentamos en el Congreso.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Medina.

¿Turno en contra?

La señora PONS VILA: Lo acumularemos en el turno de
portavoces.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos, entonces, al turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene nuevamente la palabra el senador
Martínez Oblanca. (Denegaciones.)

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado no está
presente su portavoz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Voy a intervenir muy
brevemente, señor presidente.

Mi grupo, dadas sus características, no ha presentado ni
vetos ni enmiendas, lo cual no quiere decir que no tengamos, por
supuesto, opinión respecto del proyecto de ley que hoy se nos somete a
consideración; de hecho, compartimos algunas de las razones que el resto
de grupos formulan en sus vetos y enmiendas. Porque el proyecto persigue
o dice perseguir los objetivos de garantizar el suministro y aumentar la
competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares,
pero a la hora de la

verdad es un proyecto que no apuesta por las energías
renovables. Es un proyecto que apuesta por una discutible gasificación de
las islas Canarias. No solventa el problema de desajustes que provocan
los costes adicionales de los sistemas insulares y extrapeninsulares,
recogidos en el informe de la CNE del año 2013, en torno a 1750 millones,
que figuran en estos momentos en un cierto limbo ya que ni los
Presupuestos Generales del Estado ni el déficit de tarifa previsto en
principio así lo consideran. Se aprovecha para regular las técnicas del
fracking, que es un tema discutible, y además se hace con una técnica
legislativa que es claramente invasiva de las competencias de las
comunidades autónomas en este asunto. Y también lo es en su globalidad
respecto de otras cuestiones, especialmente con la comunidad de Canarias
en lo que respecta a las autorizaciones de nuevas instalaciones, ya que
estas, evidentemente, quedan condicionadas al régimen retributivo que
será fijado por el ministerio.

Se trata de una ley que es más aplicable a Canarias que al
resto de territorios. Digamos que de alguna manera hubiera sido más
lógico hacer una cierta distinción entre los tres subsistemas, que serían
Baleares, Ceuta y Melilla, por otro lado, y Canarias. Se ha prescindido
—me consta— en su elaboración del diálogo, al menos con
algunos territorios, y también de algunos de los informes necesarios,
como el de la Comisión Nacional de Energía o el del propio Consejo de
Estado. Y, de hecho, a mi modo de ver la futura ley comportará un
encarecimiento de los costos de generación sobre la base de la percepción
de retribución adicional a las nuevas instalaciones, si no, difícilmente
eso será posible. ¿Será necesario incrementar la potencia instalada en
Baleares con la previsión incluso de una nueva interconexión con la
Península? Es una pregunta que, obviamente, nos hacemos: si en este caso
es necesario ese incremento.

La ley supone también una cierta restricción a la libertad
de empresa con la excusa del fomento de la libre competencia; difícil,
obviamente, en este caso el incremento de la competencia si no va
acompañada de un incremento de la retribución. Se atribuyen competencias
al operador del sistema que a nuestro modo de ver conculcan las
directivas comunitarias y pueden provocar un conflicto de intereses al no
separar claramente las actividades. Se generan también mediante el
proyecto de ley problemas de seguridad jurídica al retrotraer los efectos
de la ley a marzo del año 2003. Y quedan también en situación de
inseguridad algunos proyectos emblemáticos, como el de Gorona del Viento,
en Canarias, proyecto que es una realidad porque está acabado.

Por estas y otras razones, a pesar —repito— de
no haber formulado vetos ni enmiendas, obviamente daremos apoyo a los
vetos y a algunas de las enmiendas que se han presentado al mencionado
proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Alturo. (Denegaciones.)

No hace uso de la palabra. Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador
Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Efectivamente, como ha dicho mi compañero Medina, uno de
los grandes problemas que tiene el desarrollo de este proyecto de ley y
su configuración, según ha venido del Congreso, parte fundamentalmente de
esa falta de diálogo, de esa falta de consenso a que la Ley del sector
eléctrico del año 1977, en su artículo 12, obliga cuando se hace una
reglamentación singular de los sistemas extrapeninsulares e insulares,
como es el caso del que hablamos. Efectivamente, la gran mayoría de los
preceptos de este proyecto de ley son de muy dudosa aplicación al caso de
Baleares y carecen de sentido en el de las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla; y eso ocurre porque hay una clara diferenciación de los cuatro
sistemas: de Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares, que hubiese obligado a
hacer una reglamentación propia en el caso de Canarias, que es
prácticamente al que más se refiere este proyecto de ley. Además, el
propio Parlamentario canario aprobó en su día un plan energético que se
obvia y no se tiene en cuenta. Ello hace que, al final, todo lo que
pretende el proyecto de ley prácticamente vaya a ser muy difícil de
cumplir. Recuerdo que actualmente ya hay competencia y que, por tanto,
otros reguladores podrían haber entrado en la generación, y no lo han
hecho. Por tanto, con los instrumentos que genera el propio proyecto de
ley difícilmente se va a generar competencia suficiente y va a ser
imposible garantizar que se pague menos por los costes de la electricidad
en Canarias, puesto que todos sabemos que la tarifa es única para el
conjunto del Estado.

No voy a reiterar lo que ha dicho mi compañero, y me voy a
centrar en un aspecto concreto de este proyecto de ley. Y es que el
Gobierno, una vez más, utiliza un proyecto de ley, en este caso el de
garantía del suministro e incremento de la competencia de los sistemas
insulares y extrapeninsulares, para dar vía libre a algo que no tiene que
ver con el proyecto de ley.

Me refiero a la técnica de la fracturación hidráulica o más
conocida como fracking. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado y el Gobierno utilizan una vía para introducir, por la puerta de
atrás, algo que nada tiene que ver con este proyecto de ley como es el
fracking. Eso me lleva a reflexionar, con todo el respeto por supuesto a
la figura del presidente del Senado, por qué no se admite al Grupo
Parlamentario Socialista una enmienda que tiene que ver con los
contadores inteligentes, que eso sí que tiene que ver con el ahorro y la
eficiencia energética, y sí se admite que el proyecto de ley incluya la
aprobación de la técnica del fracking, una técnica —lo hemos
denunciado en más de una ocasión y, en concreto, mi grupo presentó una
moción— muy agresiva que tiene importantes riesgos, verificados en
los países en donde más está implantada esta tecnología, como en Estados
Unidos o en los Países Bajos. Hace poco hubo —lo menciono ahora que
hablamos de seísmos y que en España los estamos teniendo por otras
cuestiones— importantes seísmos en los Países Bajos y la propia
empresa reconoció que lo generaba el propio fracking y puso a disposición
de los afectados una importante cantidad de dinero de millones de euros.
Sabemos que los riesgos no solo afectan al medio ambiente, también
afectan a los acuíferos y a los movimientos —como digo—
sísmicos. Por eso, creemos —lo proponíamos en esa moción y se lo
seguimos pidiendo al Gobierno— que esta técnica debería seguir el
principio de precaución que rige en el ámbito de la Unión Europea dado
que muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como
Cantabria, Aragón, Navarra y otras se oponen a esta técnica. Pero no solo
hay oposición en el interior del país, sino que países como Francia o
Alemania, en los que rige el principio de precaución, han prohibido esa
técnica. Más reciente es el caso de Italia que también ha prohibido esta
técnica. Nosotros creemos que deberíamos ser prudentes y no aprobar, de
forma improvisada y con clandestinidad, en una ley que no tiene nada que
ver con el fracking esta técnica. Para ello, lo que hemos propuesto ya en
el Parlamento —lo están haciendo países como Francia, Alemania e
Italia— es que haya un amplio debate parlamentario y, sobre todo,
un gran debate con participación científica y académica antes de tomar
una decisión sobre esta técnica que tiene los riesgos que he comentado
anteriormente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Pons.

La señora PONS VILA: Gracias, señor presidente.

Intentaré, ante la reiteración en los argumentos expuestos
—algunos no los hemos oído, pero ahí tenemos la lectura del veto
presentado—, dar una respuesta conjunta a los tres vetos
presentados y, por supuesto, sin entrar en los calificativos que se han
dado a la ley como, sospechoso, clandestino, etcétera. Me basaré en
criterios bastante ecuánimes que son los que han llevado al Gobierno a
hacer esta legislación en este momento concreto.

Pensamos que en los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares se han detectado una serie de carencias que amenazan la
seguridad del suministro. Esto se ve en los apagones que se producen con
cierta frecuencia que dificultan una reducción en los costes de las
actividades destinadas al suministro de energía eléctrica. Resulta
preciso, a nuestro juicio y en este caso también al del Gobierno, llevar
a cabo una reforma en profundidad del marco regulatorio para estos
sistemas al objeto de reducir su vulnerabilidad y mejorar la seguridad
del suministro. Además, en estos sistemas energéticos es necesario
introducir una mayor competencia y transparencia y simultáneamente una
mayor eficiencia técnica y económica. Dada la singularidad de estos
sistemas requieren una regulación específica y aunque no corresponden al
objeto de esta ley cuestiones de regulación general del sistema
eléctrico, que no están relacionadas con el aumento de la competencia y
garantía del suministro de estos sistemas, las medidas introducidas en
este proyecto de ley sí tienen, a nuestro entender, por objeto sentar las
bases para posteriores desarrollos normativos, teniendo en cuenta las
singularidades de cada sistema respecto del sistema peninsular y la
obligatoriedad para nosotros de todo gobernante de tratar de solventar
problemas concretos con legislaciones específicas si así se considera
beneficioso para sus ciudadanos. Creemos que este es el caso.

Para el sector eléctrico las medidas introducidas en este
proyecto de ley complementan lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico; impulsan el desarrollo de proyectos, de
instalaciones de bombeo, su entrada en servicio. Consideramos que son
fundamentales para garantizar

la seguridad del suministro y la gestión eficiente de estos
servicios que —como se ha mencionado— es una de las
motivaciones principales para nosotros de este proyecto legislativo.

En lo que hace referencia a la titularidad de las
instalaciones por parte del operador del sistema cuando la finalidad
principal de ellas es la garantía del suministro, la seguridad del
sistema y la integración de energías renovables no gestionables, se
señala que la naturaleza de los bombeos no es necesariamente la propia de
una actividad de generación. Como ha señalado la Comisión Europea, los
bombeos se consideran instalaciones consumidoras netas de electricidad
cuyo objeto es el almacenamiento de energía para regular la curva de
carga y para mantener una reserva de acoplamiento rápido a la red,
actividades necesarias para salvaguardar la seguridad en el suministro
eléctrico. Las directivas e interpretaciones realizadas por la Comisión
Europea permiten a los operadores del sistema desarrollar así una tarea
tanto como ostentar la titularidad de las unidades de bombeo. La
finalidad y las ventajas que ofrecen los bombeos para la operación y
seguridad del suministro eléctrico son más relevantes aún en el caso de
sistemas eléctricos aislados como son los que estamos tratando.

También con este proyecto de ley se favorece a nuestro
entender la entrada de nuevos operadores y se prevé la creación de
mecanismos concurrenciales destinados a disminuir costes de los
combustibles empleados para las centrales de generación eléctrica. En el
contenido de este proyecto deley sí se tiene en cuenta, a nuestro
entender, las especificidades de distintos sistemas insulares y
extrapeninsulares. Las Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla tienen
condicionantes diferentes y así se expone.

El contenido de este proyecto de ley también se ajusta al
reparto competencial establecido en el ordenamiento jurídico español y su
contenido de carácter básico se dicta al amparo de las competencias que
corresponden al Estado y que así se recogen en el artículo 149.1.13ª y
25ª de la Constitución Española que atribuye competencia exclusiva para
determinar las bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica y las bases del régimen minero y energético
respectivamente. Asimismo, los procedimientos administrativos que se
establecen en este proyecto de ley también garantizan la consulta a las
administraciones y ciudades autónomas afectadas en relación con los
aspectos que incidan especialmente en su territorio en virtud del
principio de lealtad institucional y de colaboración entre
administraciones previsto ya en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, además, así me consta que se ha
hecho por parte del Gobierno en las comunidades autónomas y en las
ciudades autónomas.

Las medidas contenidas en este proyecto de ley permiten,
además, acelerar el proceso de penetración de instalaciones de producción
a partir de fuentes de energías renovables, al contrario de lo que
ustedes opinan. Aprovechamos las favorables condiciones de los recursos
existentes que redundarán en una disminución de la dependencia exterior
de combustibles fósiles en una mejora medioambiental del mix energético
en estos sistemas. Consideramos que las islas son precisamente lugares
muy adecuados para implantar las energías renovables.

Asimismo, y en lo que se refiere al equilibrio financiero
del sistema eléctrico y, tal y como se reconoce en la exposición de
motivos del proyecto de ley, las medidas previstas reducirán los costes
de generación eléctrica de estos sistemas, lo que implica, además, una
reducción de las partidas a cargo de los Presupuestos Generales del
Estado destinadas a financiar el extracoste de esta generación en el
régimen insular y extrapeninsular en virtud de lo que se dispone en la
disposición adicional primera del Real Decreto Ley 6/ 2009, de 30 de
abril, por el que se adoptan determinadas medidas del sector
eléctrico.

Por último, y en relación con el debate planteado sobre la
utilización de la tecnología de fracturación hidráulica, y aunque no sea
estrictamente un tema que pueda afectar única y exclusivamente a
territorios insulares y extrapeninsulares, que también, se ha considerado
necesario actualizar, en este caso por un tema de urgencia, lo antes
posible las disposiciones normativas que regulen la tecnología, en
particular, en su relación a aspectos medioambientales: la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Se
clarifican así aspectos jurídicos relacionados con su aplicación y se
garantiza la unidad de criterio en todo el territorio español. No
obstante, el señor Alique ha hecho referencia a que en algunas
comunidades autónomas el tema del fracking se estaba tratando.
Evidentemente se está tratando porque se considera que es una competencia
que también les afecta a ellos. Hay comunidades en las que ya se ha
rechazado, lo cual no es tan descabellado.

Por ello, y por todos los argumentos que he expuesto, el
Grupo Parlamentario Popular rechazará los vetos presentados por los
senadores del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida y Coalición
Canaria, y también del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Ruego que los grupos hagan llegar al letrado las
sustituciones que pueda haber. A continuación procederemos a la votación
de los vetos. (Pausa.)

Muchas gracias.

Procedemos, pues, a la votación de los vetos según el orden
del debate. En primer lugar votamos el veto número 1, de los senadores
don Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal
Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos ahora el veto número 2, de los senadores don Narvay
Quintero Castañeda y don Miguel Zerolo Aguilar, los dos del Grupo
Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Veto número 3 del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos al debate de las enmiendas. En primer lugar se
tratarán las individuales por orden de presentación y a continuación las
de los grupos de menor a mayor.

Procede, por tanto, la intervención del senador Iglesias o
del senador Mariscal para la defensa de sus enmiendas números 1 a 5 y 7 a
15.

Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca en
representación del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Quiero dar por defendidas las enmiendas presentadas por los
senadores Mariscal Cifuentes e Iglesias Fernández, que son catorce, y las
veinticinco presentadas por los senadores de Coalición Canaria señores
Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos a la defensa de las enmiendas números 66 a 71, del
Grupo Catalán Convergència i Unió. Tiene la palabra el senador
Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias.

Nosotros hemos presentado seis enmiendas que doy por
defendidas. Las números 66 y 67 hacen referencia al artículo 1. Una de
ellas es de supresión por entender que este artículo perjudica la
producción de energía eléctrica. Si en el peor de los casos esto que
proponemos no se aceptase, presentamos una alternativa que mejoraría el
redactado actual.

En cuanto a las números 68 y 69, que hacen referencia al
artículo 5, también entendemos que este artículo en principio debería
suprimirse ya que las directivas europeas no permiten que un operador
tenga producción y pueda formar parte del sistema puesto que sería juez y
parte. Consideramos que este artículo, repito, debería ser suprimido.

En cuanto a las números 70 y 71, referentes a las
disposiciones finales segunda y tercera, entendemos que lo que están
haciendo ambas disposiciones es autorizar la técnica del fracking,
fractura hidráulica, tanto para la investigación como para la
explotación. En Convergència i Unió entendemos que esta técnica no es que
esté exenta de riesgos, es que conlleva grandes riesgos. En definitiva,
la Comisión Europea ha considerado que hay que establecer un marco
legislativo regulatorio, con lo cual no podemos adelantarnos a ello y por
eso entendemos que estas disposiciones tendrían que suprimirse.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para la defensa de
las enmiendas números 41 a 49 y 51 a 65, tiene la palabra el senador
Fuentes Curbelo.

El señor FUENTES CURBELO: Buenos días, señorías.

He de decir que, dado que este proyecto de ley afecta a dos
comunidades autónomas y a dos ciudades autónomas, vamos a repartir el
tiempo entre yo mismo, que defenderé las enmiendas referidas a las islas
Canarias, y el compañero José Antonio Manchado, que se referirá a las de
las Islas Baleares.

Como cuestión previa quiero decir que estamos ante un
proyecto de ley muy sui géneris ya que ha sido enmendado casi en su
totalidad por el partido que da apoyo al Gobierno. Se ha convertido, por
tanto, casi en un texto alternativo respecto del que salió del Consejo de
Ministros por las presiones recibidas por el propio Gobierno y por las
comunidades autónomas afectadas, principalmente Canarias y Baleares,
cuyos Gobiernos, una vez conocidas las intenciones del Gobierno de
España, reaccionaron exigiendo, en primer lugar, respeto a sus
competencias, y en segundo lugar modificaciones de calado, modificaciones
sustanciales a un proyecto de ley que no da respuesta a los problemas que
plantean los sistemas eléctricos de las islas y de las ciudades
autónomas.

Con respecto a las enmiendas que ya se han aceptado en el
Congreso de los Diputados y que fueron incluidas a través de enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular con las modificaciones que
se pactaron con el Gobierno de Canarias y con el de Baleares —debo
decir que la consejera de Industria es del Partido Socialista— el
espíritu de algunas de las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista en el Senado ha sido ya recogido en el proyecto
de ley. No obstante, hay algunos aspectos que no se han recogido. Mi
grupo sigue insistiendo en la necesidad de que a lo largo del debate
parlamentario se puedan aceptar.

Nuestras veinticinco enmiendas parciales van en la misma
línea que defendimos en el Congreso de los Diputados con la enmienda a la
totalidad y el texto alternativo brillante y de gran altura intelectual
presentado por nuestro portavoz en la Comisión de Industria, don José
Segura. Me refiero a la enmienda número 41, que trata del fomento de la
libre concurrencia, que ni siquiera aparece en el proyecto de ley, a
través de concursos públicos claros y transparentes. La enmienda número
44, que se refiere a las instalaciones de regasificación, mejora el
artículo 6 del proyecto. La número 57 aborda un aspecto que no toca el
proyecto de ley, la regulación del autoconsumo, lo que puede tener una
gran incidencia en el ahorro y en la eficiencia energética. La número 58
trata del aprovechamiento de otros tipos energías, que tampoco se
consideran en el proyecto de ley, como pueden ser la de las olas, la
mareomotriz y la undimotriz.

Coincido con el compañero portavoz, Jesús Alique —y
teníamos una enmienda en este sentido—, en nuestra discrepancia
respecto de que no se haya admitido la enmienda número 59, en la que se
proponía el impulso de los contadores inteligentes, lo que sí tiene que
ver con el contenido de esta ley y puede contribuir también al ahorro y
eficiencia energéticos.

La enmienda número 60 es ambiciosa y plantea, al fin y al
cabo, la planificación de las infraestructuras energéticas para Canarias
recogidas en el Plan Energético de Canarias, Pecan, que fue aprobado en
el Parlamento canario con la unanimidad de todos los grupos políticos,
incluido el Partido Popular.

En la número 63 se solicita la derogación del Real Decreto
Ley 1/2012, que en Canarias cercenó toda posibilidad de colocarnos en la
media del país en materia de energías renovables.

Finalmente, en las enmiendas números 64 y 65 se propone la
supresión de las disposiciones adicionales segunda y tercera, referidas a
la técnica del fracking, fracturación hidráulica, ya que en estos
momentos la Unión Europea no ha definido aún el marco jurídico de esta
práctica y no solo genera inseguridad jurídica sino también inseguridad
ciudadana aparte de que se utilizan ya las licencias para especular en
los mercados financieros.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ve en la
aprobación de este proyecto una ley sin ambición a la que no auguramos un
gran recorrido; es más, estamos seguros de que no va a conseguir ninguno
de los objetivos que se propone. A pesar de que en el informe de la
ponencia no haya sido incluida ninguna de las enmiendas planteadas por el
Grupo Parlamentario Socialista, como las vamos a mantener para el Pleno,
espero que de aquí a entonces sus señorías reflexionen, sobre todo el
grupo que sostiene al Gobierno, ya que el rechazo frontal de cualquier
aportación que hacen los grupos políticos de la oposición, como viene
ocurriendo sistemáticamente en esta Cámara, implica un deterioro de la
calidad democrática.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuentes.

Como han compartido el tiempo, tiene la palabra el senador
Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo brevemente para defender las tres enmiendas que
se han presentado que tienen como objeto a las Islas Baleares.

Distintos intervinientes han dicho que el sistema eléctrico
español y el sistema canario no tienen nada que ver con el balear ni con
el de las ciudades autónomas —e incluso dentro de Baleares hay
diferencias entre las islas— y estas enmiendas vienen a corregir
algunas diferencias.

En concreto, dos de ellas, la 55 y la 56, tienen que ver
con la conexión gasística entre Mallorca y Menorca. Entendemos que debe
ser una de las infraestructuras que se planifiquen en el próximo período
2014-2020. Y por otro lado, se pretende que con está ley la inclusión de
las conexiones eléctricas entre Mallorca y Menorca se incluyan en el
mercado ibérico de la electricidad.

La tercera de ellas tiene que ver con la consideración de
las energías limpias, energías alternativas. Se solicita que haya una
preasignación de retribución para las instalaciones de energías,
fundamentalmente eólica y fotovoltaica, con un objetivo de potencia
superior al que se contempla en el proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Turno en contra?

Pasamos entonces al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? No está.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Seré breve, pero quiero responder a algunas cuestiones que
se han planteado aquí sobre la intervención de este portavoz.

Estamos de acuerdo en que los sistemas insulares y
extrapeninsulares tienen carencias. Claro que sí. Estamos de acuerdo en
que hay que reformarlos en profundidad, también. Pero los puntos de vista
y los instrumentos para corregir estas carencias y reformarlos en
profundidad son diferentes. El Gobierno del Grupo Parlamentario Popular
ha presentado una ley y los socialistas en esta materia no nos hemos
quedado callados. No solo hemos dicho que no, hemos dado un paso más.
Hemos presentado un texto alternativo, y esa es la solución que el Grupo
Parlamentario Socialista plantea a este país para reformar con seriedad,
rigor, efectividad y siendo prácticos los sistemas energéticos insulares
y extrapeninsulares.

Se nos dice que se ajusta al nivel competencial de cada
comunidad autónoma. Me gustaría recordar al Grupo Parlamentario Popular
que en Canarias —y me voy a referir en concreto a Canarias—
tenemos un documento que fue aprobado por unanimidad de todas las fuerzas
políticas en el año 1997 y modificado en el año 2006, es decir un acuerdo
unánime de todas las fuerzas políticas, y además contamos con la Ley
11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico. La
pregunta que nos hacemos desde el Grupo Parlamentario Socialista es si
este proyecto de ley incurre o no en alguna contradicción, tanto con el
documento de aspiraciones en materia energética en Canarias como con la
ley actualmente en vigor.

Por último, en cuanto a las sospechas, a mí me gustaría
lanzar otra pregunta al aire. ¿Cuál es el sentido de introducir en un
proyecto de ley que quiere regular los sistemas energéticos insulares y
extrapeninsulares —para visualizarlo: Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla— las técnicas del fracking?

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Medina.

El senador Alique, que comparte el tiempo, tiene la
palabra.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Sí, y voy a continuar con la
intervención anterior porque me voy a referir exclusivamente al
fracking.

En primer lugar, quiero decir que no he entendido a la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando ha hablado de esta
materia. Yo le he dicho que esta técnica tiene riesgos medioambientales,
de contaminación de los acuíferos y de seísmos —y están
constatados—, pero también que hay una amplia

contestación social; y no solo social, también
institucional por parte de muchos Gobiernos autónomos y no solo del
Partido Socialista, sino fundamentalmente —y lo quiero
recordar— del Partido Popular, porque en este momento ustedes
gobiernan mayoritariamente en las comunidades autónomas. El que ha
llegado a un extremo mayor ha sido el propio Gobierno de Cantabria, del
Partido Popular, que no solo se opuso sino que propuso —y el
Parlamento cántabro lo aprobó— una ley en la que prohíbe
expresamente el fracking en esa comunidad autónoma. El Parlamento de
Aragón declaró libre de fracking a esa comunidad autónoma. Recientemente,
la Comunidad Autónoma de La Rioja, del Partido Popular, también se ha
opuesto en sede parlamentaria a la implantación de esta técnica en ese
territorio. Y así podría seguir citando el ejemplo de Navarra y de otras
muchas comunidades, como Cataluña, tal y como ha manifestado el portavoz
del Grupo de Convergència i Unió. Pero no solo sucede aquí, es que en
países como Francia —y todos los estudios dicen que es el país de
Europa, dado que ocupa la fachada atlántica, que más posibilidades
tendría de explotación de ese recurso— se han opuesto a ello,
precisamente por los riesgos que entraña este tipo de técnica. Y es que
no todo vale. También recientemente se ha opuesto el Parlamento de
Italia, debido a los movimientos sísmicos que se han producido en algunas
zonas volcánicas de Italia.

¿Y qué hemos hecho desde el Partido Socialista? Presentamos
una moción en la que proponíamos que hubiera un gran debate parlamentario
que se nutriese de otro celebrado previamente en el seno de la comunidad
científica y académica. En definitiva, bajo el principio de precaución,
se trata de ser cautos antes de tomar una decisión como esta.

Y yo he hablado, efectivamente, de la improvisación del
Grupo Parlamentario Popular y de la clandestinidad que supone meter la
aprobación de esta técnica en una ley que nada tiene que ver con esto.
Dígame usted qué tiene que ver la regulación de los sistemas eléctricos
insulares y extrapeninsulares con la aprobación de la técnica del
fracking. Y cuando el ministro dice que nuestro país tiene una amplia
dependencia energética exterior yo digo que sí, que eso ocurre. Por eso
hay que estudiar por qué y dar soluciones, y una de las que dio el
Gobierno socialista fue apostar por las energías renovables y el ahorro
en la eficiencia energética. Y ustedes, el Gobierno del Partido Popular,
están atacando las energías renovables y las condenan; de hecho, muchas
instalaciones tendrán que cerrar cuando éramos uno de los países líderes
del mundo. Por lo tanto, si se trata de reducir la dependencia
energética, ahí tenemos las energías renovables; y digo yo que el sol y
el viento son recursos autóctonos, y sin embargo el Partido Popular lo
niega.

Con este proyecto de ley se podía haber aprovechado para
apostar por las energías renovables en Canarias, pero no se hace. No se
apuesta por las energías renovables, ni por el autoconsumo en el conjunto
de España, tampoco en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que es el
objeto de este proyecto de ley, y sin embargo por la puerta de atrás sí
se da luz verde a una técnica muy cuestionada sobre la que todavía no hay
una normativa europea; se está tramitando ahora y podemos encontrarnos
con la obligación de dar pasos atrás por haber ido muy por delante con la
aprobación de esta técnica que conlleva los riesgos a los que
anteriormente me he referido. Vuelvo a recordar que este tipo de técnica
no solo genera contaminación medioambiental, contaminación de los
acuíferos y movimientos sísmicos, sino también contaminación atmosférica,
porque el metano en términos del efecto invernadero es mucho más
peligroso que el propio CO2.

Por lo tanto, les pedimos que retiren en esta parte del
proyecto de ley la técnica del fracking y que haya un gran debate en la
comunidad científica y académica para que, después, en el debate
parlamentario, podamos tomar decisiones serias, como se ha hecho en otros
países como Francia, Alemania o más recientemente en Italia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Por el Grupo Parlamentario Popular —y pueden dividir
el tiempo si lo desean—, tiene la palabra el senador Sastre.

El señor SASTRE ÁLVARO: Gracias, presidente, y buenos
días.

Solamente voy a utilizar unos minutos para la defensa de
las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular.

Son tres enmiendas, las números 72, 73 y 74, de las que
quiero que quede constancia aquí. La primera es una mejora técnica al
preámbulo. La número 73 lo que hace de alguna manera es dejar claro que
el procedimiento reglamentario tiene que ser por un órgano competente,
sin que se fije en una ley y

que se tendrá que hacer en su momento. En coherencia con lo
anterior, también en el ámbito del desarrollo reglamentario del órgano
competente, los hitos del calendario establecidos en el apartado 4 tienen
que ser recogidos reglamentariamente en otro lugar que no sea la ley.

En cuanto a la enmienda 74, puesto que la ley no establece
ningún período transitorio para aquellas instalaciones que hubieran
obtenido autorización administrativa mientras se ha estado tramitando
esta ley, esta enmienda lo recoge y de alguna manera resuelve ese
problema transitorio al poder optar estas empresas a la resolución de
compatibilidad y, por lo tanto, percibir el régimen retributivo
adicional.

Nada más. Paso la palabra a mi compañera.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sastre.

De cualquier manera, debo entender, y la comisión también,
que estas tres enmiendas han sido incorporadas a la ponencia y que, por
tanto, no deben ser objeto de debate. Muchas gracias.

Tiene la palabra la senadora Luzardo.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señor presidente.

Intervengo en este turno de portavoces para fijar la
posición del Grupo Popular en relación con este proyecto de ley para la
garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas
insulares y extrapeninsulares.

Esta es una ley que, sin duda, va a marcar un antes y un
después, aunque he escuchado que hay algunos a los que no les gusta. Se
aborda el eterno problema de los sobrecostes de la generación de energía
de Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias. Estamos hablando de poner coto a
más de 1700 millones de euros que cuesta la energía, en relación con la
energía que se produce también en el territorio peninsular. Para que se
hagan una idea, en Canarias son 1300 millones de euros que todos los
españoles abonamos a través de los Presupuestos Generales del Estado,
porque, como todas sus señorías saben, la energía cuesta lo mismo,
independientemente de nuestro lugar de residencia.

La generación de energía en la península está en torno a 55
euros/megavatios-hora y en Canarias pasa a 224 euros/megavatios-hora.
Este es el sobrecoste, además de la vulnerabilidad que posee nuestro
sistema dadas las características propias por nuestra configuración
geográfica. En el supuesto de Canarias son seis sistemas aislados, que no
están interconectados, salvo Lanzarote con Fuerteventura. Con la
tecnología de la que se dispone en la actualidad solo es posible la
interconexión de La Gomera con Tenerife y de Gran Canaria con
Fuerteventura. Para el resto —El Hierro, La Palma y Tenerife—
con la distancia que hay, y sobre todo con la profundidad, entre las
islas parece técnica inviable esta conexión. Afortunadamente, Baleares no
tiene este problema, Baleares está conectada con la península a través
del cable submarino Rómulo.

Quiero poner un ejemplo que sucedió no hace mucho: el 6 de
septiembre la isla de La Palma quedó paralizada, sin conexión eléctrica,
durante más de cinco horas. Y por eso, desde nuestro punto de vista, el
Ministerio de Industria ha sido valiente y ha cogido por fin el toro por
los cuernos al acometer una reforma que es necesaria y que no beneficia
ni responde a las inquietudes del sector eléctrico —parece que hay
otros que sí defienden las inquietudes del sector eléctrico—.

Esta ley se ha consensuado, señoría, señores senadores,
compañeros de Canarias, con las ciudades y las comunidades autónomas, y
en el Congreso de los Diputados se aprobaron diecisiete enmiendas que
fueron pactadas directamente con la Comunidad Autónoma de Canarias. A
pesar de este consenso —que por cierto, fue aplaudido, como ya se
ha dicho, por la consejera de Industria del Gobierno de Canarias—,
los grupos parlamentarios que sostienen este Gobierno han presentado en
las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, enmiendas parciales y
también vetos; imagino que, una de dos, o para poner en evidencia su
disconformidad con la consejera que pactó las enmiendas con el
ministerio, o para significar que no se les avisó de este acuerdo, y como
la consejera no les contó directamente en qué había consistido han
presentado estas iniciativas a este proyecto de ley.

Esta ley fija el objetivo, como ya se ha dicho, de
garantizar el suministro de la energía eléctrica y su calidad al menor
coste posible, impidiendo esta vulnerabilidad de los sistemas por su
aislamiento y la necesidad de lograr una mejor penetración de las
energías renovables. Ya se ha dicho que se intenta desarrollar la
eficiencia de los sistemas, que haya más competencia y, sobre todo, que
aumente la seguridad. Y además hay otro dato: que el coste de los
combustibles que generan esta energía supone en torno a un 60%. Por eso
es muy importante establecer mecanismos que cumplan con los principios de

transparencia, concurrencia, objetividad y no
discriminación en la adquisición de los combustibles. Se trata de ir
desplazando, señorías, la generación de ineficientes y conseguir reducir
los costes actuales del sistema eléctrico.

También quiero hacer mención a que se han desbloqueado
algunas cuestiones que para Canarias eran muy importantes. Por ejemplo,
hace un par de semanas el ministerio aprobó el decreto al incentivo para
las renovables, que lo ha fijado en 85 euros/megavatios-hora; desaparece
el sistema de primas y se sustituye por otro que garantiza una
rentabilidad razonable y que permitirá que el 4% de penetración que
tienen las energías renovables en Canarias se amplíe, frente al 30% que
se desarrolla en el resto de España, a pesar de que la Comisión Nacional
de la Energía hizo un informe negativo en el que consideraba que los
incentivos tenían que ser homogéneos en toda España y no tuvo en cuenta
—la Comisión Nacional de la Energía— nuestro hecho
diferencial, canario, que además está reflejado en la Constitución
española, disposición adicional tercera. Y también recientemente, el 25
de septiembre, el Boletín Oficial del Estado ha establecido la
retribución económica a la central hidroeólica de Gorona del Viento. Esto
me parece muy importante porque es una central única en el mundo que
justifica un trato diferencial que no es comparable con ningún otro
proyecto.

Y termino diciéndoles que este es un proyecto de ley que
cambia por completo el panorama de las energías en Baleares, Ceuta,
Melilla y Canarias. Por primera vez se pone coto al sobrecoste que esta
genera y que pagamos todos los españoles a través de los Presupuestos
Generales del Estado, y este Gobierno, el Gobierno de España, con el
nuevo proyecto que acaba de aprobar hace dos Consejos de Ministros va a
realizar la mayor transformación del sector energético en nuestro país.
Sobre todo, el objetivo está muy claro: que nunca más se vuelva a
producir un desfase entre los ingresos y los costes del sistema y una
deuda acumulada —y se lo recuerdo a los señores socialistas—
de más de 26 000 millones de euros.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Luzardo.

Vamos a proceder a la votación.

Al existir el informe de la ponencia, someteremos a
votación ese informe que ya lleva introducidas las modificaciones que se
han aprobado, que en definitiva son las tres enmiendas del Grupo Popular,
números 72, 73 y 74, a que aludía anteriormente el senador Sastre. Esto
quiere decir que si se aprueba el informe de la ponencia quedan
automáticamente rechazadas todas las otras enmiendas de cara al Pleno,
aunque lógicamente allí se pueden reivindicar nuevamente, por lo que no
necesitamos votarlas todas.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Entiendo que lo que se aprueba es el
dictamen de la comisión, y el resto de enmiendas se mantienen vivas si
los grupos así lo desean.

El señor PRESIDENTE: Exacto, siempre que formulen ustedes
el voto particular dentro del plazo establecido.

Vamos a proceder, por tanto, a la votación del
dictamen.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 7; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen. En
consecuencia, queda dictaminado por la Comisión de Industria, Energía y
Turismo el Proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento
de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y
peninsulares.

Queda designar el miembro de la comisión que ha de
presentar el dictamen ante el Pleno. (Varios señores senadores: El
presidente.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la confianza.

Se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y diez minutos.