cuarenta y tres enmiendas. Números 139 a 144, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado: seis enmiendas.

Hacemos un receso de diez minutos para que se reúna la
ponencia.

Muchas gracias a todos. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.

Senadora Angulo, le rogaría que nos comunicase el resultado
de la ponencia.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: El informe de la ponencia es el
texto remitido al Senado con la inclusión de las enmiendas 139 a 144
—ambas inclusive—, del Grupo Parlamentario Popular.

DICTAMINAR

– PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN
DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SE ADOPTAN
OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS.

(Núm. exp. 621/000047)

AUTOR: GOBIERNO.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a dictaminar el proyecto de
ley por el que se establecen determinadas medidas en materia de
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras.

Empezamos debatiendo los vetos.

Para defender el veto número 1, que presentan los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, tiene la palabra el señor
Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Gracias, señor presidente.

Como portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en esta
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas doy por defendido el
veto número 1, presentado por los señores de Izquierda Unida, Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, y se mantiene para el Pleno.

Si me permite, continúo en el uso de la palabra defendiendo
en este turno la enmienda a la totalidad, el veto que yo mismo he
presentado a este proyecto de ley por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad ambiental y se adoptan otras medidas
tributarias y financieras.

Señorías, este proyecto de ley debería ser objeto de veto
en el Senado y devolverse al Gobierno porque resulta otro variopinto
conjunto de medidas que se añaden a las ya adoptadas en la actual
legislatura por un Gobierno que se ha caracterizado por la aplicación de
decisiones restrictivas y procíclicas. En definitiva, tras estas medidas
se camufla una nueva vuelta de tuerca a la ya de por sí elevada presión
fiscal sobre los españoles.

Conocimos la pasada semana que al Gobierno no le han salido
sus propias cuentas. Lo agudo de la recesión, de la economía en los dos
primeros trimestres de 2013 ha provocado una caída en el consumo y ha
profundizado la caída de las bases imponibles hasta el 5,5%, pese a que
en esta X Legislatura el Gobierno ya eliminó diferentes desgravaciones y
deducciones. Pero es que esta misma semana, el pasado lunes, con la
presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2014, se ratifica una presión fiscal sobre los españoles desconocida
en las últimas tres décadas.

Estamos hoy ante nuevas medidas recaudatorias que no van a
contribuir, a nuestro juicio, a relanzar la maltrecha economía, sino que,
con la negativa experiencia y los pésimos resultados de las medidas
fiscales adoptadas por el Gobierno de Rajoy en lo que llevamos de
mandato, supondrán un mayor frenazo al crecimiento económico, una
restricción a la creación de empleo —el gran problema y la gran
prioridad en la acción política—, una merma en la competitividad y,
en definitiva, más y mayores dificultades para superar la situación que
afecta gravemente a millones de familias.

Ayer se hicieron públicos los datos sobre el paro
registrado, con 4 724 355 desempleados. En mi comunidad, Asturias, subió
hasta casi 102 000 personas, y quintuplica, repito, quintuplica la media
nacional en el mes de septiembre. Señalo estas cifras porque considero
que las desenfrenadas políticas tributarias impulsadas por el Gobierno
están siendo y serán el gran obstáculo para la creación de empleo. Por
eso hay comunidades, incluso gobernadas por el Partido Popular, que están
aplicando y planteándose bajadas a los impuestos autonómicos, o lo hacen,
por cierto, con la indisimulada irritación del Gobierno de

Rajoy. Aquí, en las Cortes, sorprende que no sean los
propios parlamentarios del Grupo Popular los que pongan coto a esta
irrazonable voracidad recaudatoria del Gobierno porque no deberían
olvidar que el 20 de noviembre de 2011 consiguieron un colosal respaldo
electoral con un programa en el que la bajada de impuestos era uno de sus
principales reclamos. De no menos relevancia son los argumentos que los
representantes del Partido Popular defendieron en las dos legislaturas
pasadas para recriminar desde la oposición al entonces Gobierno
socialista de Rodríguez Zapatero las medidas de índole fiscal que tomó en
sus siete años y pico de mandato. La fraseología con la que adornaron sus
reproches en sede parlamentaria queda ahora desnuda. No se trataba de
argumentos, se trataba de hacer palabrería hueca para captar
incautos.

Ahora, los senadores del Partido Popular van a apoyar un
proyecto de ley al que se le pueden aplicar, y se quedarían muy cortos,
los demoledores diagnósticos con los que en la legislatura pasada
justificaban su oposición. Tome nota de este rosario de perlas
parlamentarias esgrimido por el promotor de este proyecto de ley, el hoy
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para oponerse a las
subidas impositivas del Partido Socialista. «Ustedes —recriminaba
con énfasis el diputado, señor Montoro, desde la tribuna del
Congreso— responden a la crisis subiendo las tarifas eléctricas o
los impuestos. Qué más da, siempre hay alguien que paga; y pagan, claro
que pagan, pagan los españoles. Dejen de meter mano al bolsillo de los
contribuyentes.» O esta otra del mismo paladín de la coherencia política
y parlamentaria: «El Estado recaudará más bajando impuestos y recaudará
más IVA promocionando un IVA inferior. No saldremos de la crisis subiendo
impuestos, señorías. Bajando impuestos se promueve más actividad
económica. Bajando impuestos, el Estado recauda mejor. Bajando impuestos,
se lucha mejor contra el fraude. La propuesta del Grupo Parlamentario
Popular es muy clara y expresa: bajar impuestos.»

Pero esta mañana estamos aquí justamente para lo contrario,
para volver a subir los impuestos, para meter mano en el bolsillo del
contribuyente, que enfatizaba el hoy ministro de Hacienda. Estamos aquí
para dotar de más instrumentos legales de recaudación al responsable
político que recriminaba contundentemente desde la oposición las subidas
de impuestos y que ahora estruja la economía de todos los españoles; y no
es la primera vez que lo hacemos en estos veintiún meses de
legislatura.

Paradójicamente, esta subida de impuestos promovida por el
Gobierno de Rajoy ha arrastrado al descenso a la renta de los hogares
españoles, a la mayor caída del gasto sujeto a IVA en impuestos
especiales, y, de hecho, según la propia Agencia Tributaria, la reducción
media de las bases imponibles registradas hasta el pasado mes de junio
—último dato conocido— es la mayor desde que estalló la
crisis financiera en 2008, es decir, se cumplieron los pronósticos que el
Partido Popular vaticinaba en la oposición: que las subidas de impuestos
empobrecen a la sociedad y el Estado recauda menos.

Como señalé antes, no es la primera vez que el Gobierno se
aplica en subir impuestos. No se puede silenciar que desde su llegada al
poder, a finales del 2011, el Gobierno ha subido cinco veces el impuesto
sobre la renta de las personas físicas, cuatro veces el impuesto sobre
sociedades, tres veces los impuestos especiales, dos veces el impuesto
sobre el valor añadido, también el impuesto de bienes inmuebles, extendió
el impuesto de patrimonio y creó doce nuevas tasas. Junto con las medidas
que contiene este proyecto de ley, el Gobierno de Rajoy ha impulsado casi
medio centenar de subidas impositivas.

Las consecuencias del proyecto de ley y sus efectos
acumularán secuelas fiscales ya adoptadas sobre toda la sociedad, con el
desenfrenado acopio de medidas tributarias con un único carácter
recaudatorio que, por iniciativa de un Ejecutivo que tomó posesión del
Gobierno a finales de 2011 y que anunció en el debate de investidura
exactamente lo contrario, se han ido agregando y acumulando
paulatinamente. Lo que el Gobierno denomina ahora política de saneamiento
presupuestario y el pasado 2012 recargo temporal de solidaridad son
definiciones exactamente opuestas a las que los portavoces económicos del
Partido Popular, singularmente el señor Montoro, utilizaban en las
pasadas legislaturas para rechazar con vehemencia las modificaciones
tributarias al alza que planteaban los socialistas. Ahora, ya investido
con la púrpura ministerial, le ha cogido el gusto a utilizar el
Parlamento y a hacer uso de la mayoría absoluta para colar, por la vía
legislativa de urgencia, los cambios en las leyes y en las medidas
señaladas por los agentes exteriores, a coste, eso sí, de arrollar a
ciudadanos y empresas españolas con más, más y más medidas recaudatorias
a las que se añadirán en 2014 las que se deriven del proceso de reforma
tributaria ya anunciado por el Gobierno.

Este proyecto de ley llegó al Senado el pasado 20 de
septiembre, y probablemente el 9 de octubre, es decir, en veinte días,
haya completado su paso por la Cámara Alta. Son treinta y seis páginas de
un proyecto de ley complejísimo. Todo un galimatías, tras el que hay
cálculos y fórmulas cuyo estudio

requiere algo más sosegado que este paso velocísimo, casi
fugaz, por la Cámara Alta, que es lo que le conviene a un Gobierno que
quiere contar cuanto antes con estas nuevas medidas recaudatorias;
algunas de ellas afectan al impuesto sobre sociedades, que es el tributo
que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas,
subiéndolo mediante la eliminación de diferentes deducciones, incluida la
de las pérdidas por deterioro de cartera. Otras establecen nuevas
obligaciones: penalizan la internacionalización; prorrogan para los dos
próximos ejercicios los incrementos de impuestos sobre bienes inmuebles
que tenían carácter provisional fijado por el Gobierno para los años 2012
y 2013 y ampliado ahora mediante este proyecto de ley para los años 2014
y 2015. También afecta esta reforma legislativa al banco malo. Su entrada
en escena se acompaña ahora de medidas tributarias que le favorecen aún
más en sus operaciones; de hecho, se equipara la Sareb con una entidad
bancaria pero con determinadas exenciones que, a nuestro juicio,
consolidan la insolidaridad entre españoles, promovida por un Gobierno
que beneficia a unas entidades financieras y que es perjudicial para el
conjunto de empresas y ciudadanos.

Con este proyecto de ley se confirma que el ejercicio
próximo de 2014 será el de mayor carga tributaria porque se concentrarán
todas las subidas fiscales: aumento de los tipos marginales del IRPF al
máximo, subida de los tipos del IVA, supresión y limitación de varias
deducciones en el impuesto sobre sociedades, aumento de los impuestos
especiales y las derivadas de estas modificaciones de la fiscalidad
medioambiental y los tributos colaterales que se añaden y aumentan
aprovechando este viaje legislativo.

Concluyo, señor presidente, señalando que todas estas
medidas resultarán fuego amigo sobre el contribuyente, sobre el
ciudadano, sobre las familias, sobre las empresas, sobre el empleo y
sobre una sociedad española asfixiada por su propio Gobierno, de ahí que
presentemos esta enmienda a la totalidad de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez
Oblanca.

Para la defensa del veto número 4, tiene la palabra el
señor Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Intervengo en nombre de los senadores Guillot y Saura,
autores de este veto, para darlo por defendido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montilla.

Para la defensa del veto número 3, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente porque doy por defendido íntegramente
el veto. Simplemente, quiero especificar los tres motivos principales por
los cuales mi grupo parlamentario entiende que no solo debe presentar
sino mantener este veto.

El primero, que no es menor, establece que se trata de un
proyecto de ley para determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y otras en el ámbito tributario; de hecho, solo hace falta
leer el apartado primero del preámbulo para ver cómo especifica
claramente cuál es el objetivo de la ley, que es incrementar la
recaudación. No engaña la propuesta legislativa. Leo textualmente: La
realidad económica evidencia que, a pesar de los esfuerzos llevados a
cabo durante 2012, en aras de poner las bases para lograr la
consolidación de las finanzas públicas, la consecución de dicho objetivo
precisa aún de la adopción de medidas adicionales —mayor
recaudación— que, complementando las ya incorporadas al
ordenamiento, contribuyan a avanzar en la senda indicada. Continúa el
preámbulo, aunque no lo voy a leer todo: Esta ley introduce diversas
modificaciones en el ámbito de la normativa tributaria, fundamentalmente
regulación del impuesto sobre sociedades, IRPF, impuesto sobre las renta
de no residentes, impuesto sobre el patrimonio y determinados tributos
locales. Dice: Y con igual propósito —incrementar la
recaudación— de contribuir en la consolidación de las finanzas
públicas se une coadyuvar al logro de objetivos en materia
medioambiental. Por tanto, se intenta camuflar, bajo una supuesta
legislación de fiscalidad medioambiental, simplemente un objetivo de
mayor recaudación, y la fiscalidad medioambiental que se incluye en esta
ley es absolutamente parcial, desproporcionada y va a afectar gravemente
a algunos de los sectores, pues los va a hacer mucho menos competitivos
o, en algunos casos, va a impedir que lo sean con otros sectores de la
misma Unión Europea.

En segundo lugar, la ley falta a la lealtad institucional.
No es novedad, pero, desde nuestra óptica, debemos remarcarlo. Falta de
lealtad institucional con el resto de administraciones públicas, en
primer lugar, con las corporaciones locales, porque reitera la falta de
confianza y la falta de autonomía local; la cercena, al imponer
obligatoriamente un incremento adicional en el impuesto sobre bienes
inmuebles, como ya se hizo hace dos años. No lo entendemos. Las
corporaciones locales son las que están cumpliendo con los objetivos de
déficit, son las que están cumpliendo con los objetivos de deuda pública;
el conjunto de las administraciones locales va a cerrar —ya lo
verán— este año con superávit presupuestario, y es al que se le
obliga, no se le da otra solución, a incrementar incomprensiblemente los
tipos de gravamen del IBI, algo que también era incomprensible hace dos
años. Alguien podría decir que sus cuentas tenían un desequilibrio, pero
en estos momentos, es absolutamente incomprensible.

Y deslealtad institucional también con las comunidades
autónomas. Vuelve a haber modificaciones; se crea otro impuesto especial
que va a quedar excluido de la participación —en este caso, del
58%— de las comunidades autónomas, lo que hace que claramente en
estos casos tenga un efecto directo sobre la financiación de las
comunidades autónomas. Porque aunque ustedes nos digan que en algunos de
estos impuestos especiales —el mismo IVA—, las comunidades
autónomas continúan participando, ahora, en los Presupuestos Generales
del Estado queda clarísimamente de manifiesto que hay una reducción en el
fondo de suficiencia como consecuencia de esta modificación.

En tercer lugar, mantenemos el veto porque tenemos una
discrepancia importante, fundamental, respecto a las modificaciones
incorporadas, no solo en el nuevo tributo de carácter medioambiental sino
en las que se efectúan en el impuesto sobre sociedades, en el impuesto
sobre la renta, en el impuesto sobre la renta de no residentes y en el
impuesto sobre el patrimonio, y también en algunos impuestos especiales
por las modificaciones que no se hacen, por las oportunidades perdidas.
(El señor Anasagasti Olabeaga pide la palabra.)

Por tanto, entendemos que ha habido declaraciones de
voluntad por parte del Gobierno para hacer una reforma fiscal integral,
con una cierta perspectiva no solo en el presente sino a medio y largo
plazo, de futuro, pero esta no llega y, mientras tanto, se van poniendo
en marcha estas medidas que simplemente —la verdad es que el
preámbulo no engaña, y eso tenemos que agradecerlo— tienen el fin
de incrementar la recaudación y consolidar las finanzas públicas. Por
tanto, nosotros vamos a mantener nuestro veto a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel Accensi.

El señor Anasagasti ha pedido la palabra.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Sustituyo a la senadora doña Rut Martínez. Como tengo que
intervenir en otra comisión, quiero manifestar que doy por defendidas las
enmiendas, que defenderemos en el Pleno.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anasagasti.

¿Algún grupo quiere hacer uso del turno en contra?

La senadora Angulo tiene la palabra.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo para dar por defendido también el turno en
contra de los vetos de los senadores Guillot y Saura y de los senadores
Iglesias y Mariscal, que se han dado por defendidos en esta comisión, y
también para manifestar que votaremos en contra de los vetos defendidos
por los senadores Martínez y Bel. Votaremos en contra de todas las
propuestas de veto que se han formulado y a favor del proyecto de ley; un
proyecto de ley que efectivamente contiene medidas fiscales relevantes en
el capítulo medioambiental y también incluye modificaciones en otro tipo
de tributos de nuestro sistema.

Es un proyecto de ley que permite avanzar en el proceso de
consolidación fiscal, de saneamiento de nuestras cuentas públicas. Yo
creo —y respondo así a lo que han afirmado los portavoces—,
que se han dado pasos muy importantes en ese sentido que no se pueden
resumir con soflama política o con calificaciones exclusivamente
políticas.

Creo que con las decisiones del Gobierno hemos sido capaces
de hacer el mayor esfuerzo fiscal de la OCDE. Hemos rebajado en menos de
dos años el déficit en más de 2 puntos del PIB. Eso se ha hecho

en plena recesión y con un esfuerzo importante de ahorro en
todos los niveles de la Administración. Eso ha supuesto tener que tomar
decisiones para recuperar el pulso de los ingresos. Eso lo sabemos muy
bien todos los portavoces y lo sabemos muy bien en todos los niveles.

Se quejaba el senador Martínez Oblanca de la urgencia.
Entiendo que algún grupo se podía sentir mucho más cómodo con la
pasividad del Gobierno anterior, pero en este país hemos vivido una
situación en la que el déficit y la deuda alcanzaban cifras
insoportables; hemos vivido —y no podemos negar la mayor— una
situación en la que los ingresos tributarios habían caído en solo tres
años en 70 000 millones de euros, y eso suponía una dificultad
importante, también en muchas comunidades autónomas, para garantizar los
servicios públicos fundamentales, no solo para prestarlos sino para ser
capaces de pagarlos.

Por lo tanto, ese, que fue el primer y gran compromiso del
Partido Popular, sacar adelante este país, salir todos juntos de la
crisis —también con esas administraciones que en muchos casos se
estaban ahogando en pozos de deuda— y recuperar el crecimiento y la
creación de empleo, ese que —como he dicho— fue nuestro
primer y gran compromiso es para el que trabajamos y el que estamos
cumpliendo. Ahora hay un Gobierno que hace ya cerca de dos años cada
semana, en cada Consejo de Ministros, toma decisiones, no solo subiendo
impuestos, también bajándolos. En la ley que debatíamos en la última
sesión de esta Comisión de Hacienda, se aprobó una bajada de impuestos
importante para todos los emprendedores, para los autónomos y para las
pequeñas y medianas empresas. Por eso, el Gobierno trabaja para la salida
de la crisis, reduciendo esas cifras insostenibles de déficit y de deuda,
corrigiendo los graves desequilibrios macroeconómicos y garantizando las
prestaciones sociales en todos los rincones del territorio nacional,
también donde estaban dejando a deber a hospitales y colegios,
recuperando la competitividad perdida y la credibilidad.

Eso, señorías, eso, senador Martínez-Oblanca, ha requerido
de gran determinación, determinación para tomar decisiones urgentes,
decisiones difíciles en algunos casos, sobre todo en materia tributaria,
decisiones que ni a este Gobierno ni a ningún otro probablemente le
hubiera gustado tomar; pero decisiones —usted lo sabe muy
bien— que han sido necesarias, inexcusables, porque necesario e
inexcusable era recuperar el pulso de los ingresos si queríamos pagar,
como he dicho, los servicios públicos.

Tenemos que seguir avanzando. Creo que no ha sido un debate
sosegado, sino que yo casi me atrevería a calificarlo de soflama
política. Quienes han tenido responsabilidades en el Gobierno de alguna
comunidad autónoma, y quienes las tienen ahora, en una comunidad
autónoma, además, en la que tienen algunos de los tipos más del IRPF de
España, junto con Andalucía o con Cataluña, tienen la posibilidad de
aplicar esas bajadas de impuestos allí donde gobiernan o allí donde
tienen responsabilidades en la oposición. No es incompatible en absoluto
la política fiscal que hace el Gobierno con las propuestas que se pueden
hacer para equiparar los tipos más altos que puede haber en algunas
comunidades autónomas, como es el caso de Asturias, con las comunidades
gobernadas por el Partido Popular. Eso, que nada tiene que ver, no merma
en absoluto el contenido de esta ley. Porque la consolidación fiscal
—lo hemos dicho en muchas ocasiones— no es una opción,
señorías, sino que es una obligación, a pesar de ese ajuste que se ha
producido en el año 2012.

Quiero recordar las palabras del gobernador del Banco de
España en la presentación de los presupuestos de 2013. Decía: «Reactivar
la economía y recuperar el empleo no será posible si no avanzamos en la
consolidación fiscal». Tenemos que ser capaces de mantener con firmeza el
paso en la reducción de déficit y deuda». Quiero recordar que esa
consolidación fiscal también es un compromiso asumido por todos los
presidentes en la conferencia que se celebró el año pasado. Para avanzar,
por lo tanto, se requiere diseñar, como hace el Gobierno, medidas de
reducción del gasto, pero también es necesario asegurar los ingresos
precisos para mantener los servicios públicos. Por lo tanto, senadores de
Foro y senadores de Convergència i Unió —también se ha referido el
señor Bel a este asunto—, como esta ley va dirigida a avanzar en
esa consolidación fiscal, sí es un instrumento más en la recuperación del
crecimiento y en la reactivación de la economía.

Ustedes hablan de subir impuestos, de finalidad
recaudatoria con un tono totalmente despectivo, pero ustedes saben muy
bien que hay que asegurar esos ingresos si uno quiere tener la capacidad
necesaria para financiar los servicios. No en vano, allí donde gobiernan
o donde han gobernado, no en el caso de las empresas con mayor capacidad
económica a las que afectan los tributos que aparecen en esta ley, sino
en el caso de los tributos que más afectan a las familias o a las rentas
del trabajo como el IRPF, están o han estado manteniendo los tipos
marginales más altos de todo el país. Por lo tanto, les pediría un poco

de coherencia y que no hablen con ese tono despectivo de la
finalidad recaudatoria que ustedes han aplicado de manera reiterada y han
mantenido o siguen manteniendo en las comunidades autónomas. Desdeñan esa
política fiscal, incluso han llegado a calificar de incautos a las
personas que confiaron en el Partido Popular, que yo creo que es
tremendamente injusto, porque ustedes saben muy bien que esa política
fiscal no solo se recoge en esta ley, también la política fiscal del
Gobierno apareció en la Ley de Emprendedores en la que aprobábamos esa
tarifa plana para los autónomos, en la que hemos aprobado esa tributación
reducida para las nuevas empresas que se crean de pequeña dimensión, con
ese 15% en sociedades para los primeros 300 000 euros; se recogía en esa
Ley de Emprendedores una auténtica bajada de impuestos estructurada en
más de una decena de bonificaciones e incentivos fiscales a las pequeñas
y medianas empresas y los autónomos. Eso es también reactivar la
economía, pero también forma parte de la política fiscal del Gobierno del
Partido Popular. Y es esa política fiscal la que significa la salida del
colapso de las cuentas públicas en la que nos dejó el Gobierno anterior
y, por lo tanto, no significa ni menos crecimiento ni menos confianza. Es
esa política fiscal la que permite poner las bases para recuperar
crecimiento y confianza, y a los datos me remito.

Por otra parte, en este proyecto de ley se contienen
medidas importantes en este ámbito. Vuelvo a decir que son medidas de
carácter tributario que no afectan en absoluto a las familias. Hablamos
de las medidas en el impuesto de sociedades como pueden ser la no
deducibilidad del deterioro del valor de las participaciones en el
capital o la no deducibilidad de las rentas negativas que se han generado
en los establecimientos permanentes ubicados en el extranjero. Se trata
de que las pérdidas derivadas de la transmisión de participaciones se
minoren en el importe de los dividendos solo por aquellos dividendos
percibidos en períodos no prescritos y por los dividendos que no hayan
sido sometidos a tributación alguna.

En todo caso, esta medida, como la excepción a la
limitación en la compensación de bases imponibles en relación con las
rentas por quitas, con la que tratamos de favorecer los acuerdos de
refinanciación, y como la prórroga de algunas medidas temporales en el
impuesto sobre sociedades, a las que también se han referido los
portavoces que han defendido sus respectivos vetos, como la limitación a
la compensación de bases imponibles negativas, el aumento de porcentaje y
base para el cálculo de pagos fraccionados o la limitación de la
deducción del fondo de comercio, que se amplían a 2014 o 2015, son
medidas sobre el impuesto de sociedades en las que el Gobierno del
Partido Popular se cuidó muy bien de eliminar esas deducciones
exclusivamente para las empresas que tienen mayor capacidad de pago, y
dejó fuera de esas limitaciones a las pequeñas y medianas empresas y, por
supuesto, a las empresas más reducidas e incluso a los autónomos. Esas
medidas no afectan para nada a las pequeñas y medianas empresas; sí les
afectan las bajadas de impuestos, vía incentivos fiscales, que aplicamos
en la Ley de Emprendedores.

Y brevemente quiero hacer dos reflexiones sobre el impuesto
sobre sociedades. En primer lugar, sobre la recaudación del impuesto
sobre sociedades, hay que recordar que este impuesto había caído en los
últimos años de 44 000, casi 45 000 millones, a 16 000 millones. Estamos
hablando de una caída en la recaudación del impuesto sobre sociedades
impactante y dramática a la que nadie supo o quiso poner freno. Y estas
medidas, que han contado con la determinación del Gobierno para tomar esa
decisión difícil, han permitido mantener las previsiones de los ingresos,
a pesar de las dudas que ustedes expresaban también el año pasado cuando
defendieron los presupuestos. Pero estas medidas —lo quiero
reiterar— se están tomando por la vía de aumentar la tributación
efectiva de las empresas con mayor capacidad de pago, que son las que más
se estaban beneficiando de esas deducciones fiscales que se limitan o se
suprimen. Son medidas, por lo tanto, que apuestan y suponen un avance
importante en favor de la equidad y del reparto equitativo de los
esfuerzos. Y creo que eso también es importante recordarlo.

Algunos otros grupos hablan o hacen propuestas en este
sentido, pero siempre se ha hablado —cuando gobernaba el Partido
Socialista, también— de la necesidad de reducir el hecho de que la
tributación efectiva de las grandes empresas acabe siendo menor que la de
las empresas pequeñas, dado el mayor uso que hacen del sistema de
deducciones. Algunos, que entonces defendieron la necesidad de cambiarlo,
ahora están en contra.

Hay también cuestiones importantes en relación con la
fiscalidad ambiental. No es justo decir que esta ley no tiene contenido
en relación con la fiscalidad ambiental. Se modifica el impuesto sobre la
producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos. No solo
se introduce, que también, el impuesto sobre los gases fluorados de
efecto invernadero. Se grava su consumo y, por eso, también se recoge una
deducción cuando se acredite la destrucción de los productos objeto del
impuesto. Porque se trata de incentivar su sustitución por otros
productos, de incentivar su uso, de un cambio de comportamientos en

este sentido, y es que por el potencial de calentamiento
global que tienen este tipo de gases, mucho más elevado que el CO2, han
sido regulados en el Protocolo de Kioto. Se trata de incentivar la
sustitución y la utilización de otro tipo de productos, y esto se hace
estableciendo exenciones para los gases que se utilicen en la fabricación
de medicamentos que vienen como aerosoles-dosificadores para inhalación o
una exención parcial de un 90% para los gases que se destinen a su
incorporación en los sistemas fijos de extinción de incendios, además de
la exención en la primera carga o cuando se envíen fuera del ámbito de
aplicación de la ley. Pero también se hace mejorando la regulación de la
fiscalidad del gas natural para usos con fines profesionales, con un
objetivo muy claro, que no es la recaudación, sino mantener la
competitividad del sector industrial. Se aplica esa exención en el
impuesto sobre electricidad para los sectores de consumo intensivo,
también buscando efectos de competitividad. Por tanto, no solo de aumento
de recaudación habla la ley —y no lo camufla, senador Bel—;
se habla de la necesidad de aumentar la recaudación en los términos que
he descrito, pero también aparecen importantes artículos en este proyecto
de ley a los que no se han referido, o perfeccionando el régimen
sancionador en el impuesto sobre hidrocarburos.

Y termino, señor presidente, refiriéndome —porque
también el senador Bel ha hablado en concreto de ello— a la falta
de lealtad institucional, un debate que hemos mantenido otras veces y que
yo he reiterado. Saben perfectamente que todos estamos en el mismo barco,
en el sentido de que cuando se produce la caída estrepitosa de los
ingresos que se produjo en los años de Gobierno socialista, con la
pasividad de no hacer nada al respecto, al final eso redunda en lo que
reciben las comunidades autónomas. Y saben perfectamente también que los
ingresos a mayores que se han producido o que se produzcan van a parar en
el porcentaje cedido a las comunidades autónomas; el 50% de los ingresos
por IVA, o el 50% del IRPF o el 58% de los impuestos especiales lo
reciben a ejercicio vencido, en cumplimiento de la Ley de financiación
autonómica. Pero además de esto, saben que el Gobierno ha puesto en
marcha instrumentos vitales para resolver los problemas de liquidez de
las comunidades autónomas, a fin de asegurar el pago de los servicios en
todos los rincones de este país, y no hablo ya del adelanto de las
liquidaciones, sino más bien del aplazamiento de la devolución de las
liquidaciones negativas y, sobre todo, de los mecanismos de financiación,
como el pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica, que han
permitido acudir en auxilio de esas comunidades autónomas que tenían
serios problemas para hacer frente a los vencimientos de deuda y al pago
de los servicios y que encontraban los mercados de capitales
absolutamente cerrados. Creo, por lo tanto, que cuestionar la lealtad
institucional del Gobierno, que ha puesto freno a esas administraciones
ahogadas en pozos de deuda y completamente abandonadas a su suerte, es
totalmente injusto. Eso sí que no es nada leal.

Termino, señorías, como he empezado, recordando que
nosotros vamos a aprobar este proyecto de ley porque avanza en la senda
de la consolidación fiscal, que es absolutamente necesaria para continuar
en esa línea de reformas y en esa política económica que está empezando a
dar resultados. Por eso, más que nunca, tenemos que tener claro que es la
dirección correcta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Para un turno de portavoces y por tiempo de diez minutos
tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor
Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Quiero felicitar a la senadora Angulo porque ha realizado
un maravilloso encaje de bolillos. Justificar las subidas impositivas
realizadas por el Gobierno del Partido Popular en estos veintiún meses,
llevando en el programa electoral como elemento estrella la bajada de
impuestos, tiene muchísimo mérito, y la felicito por ello. La felicito
por ese encaje de bolillos.

Ha hablado usted de soflamas políticas. Para soflamas las
que ustedes y singularmente el hoy ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, el señor Montoro, realizaba en sede
parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, para espetar en las
Cortes los reproches al Partido Socialista por la política impositiva que
llevaba entonces. Le recuerdo que el señor Montoro censuraba al Partido
Socialista por un IVA del 18% y ustedes lo han elevado al 21%, de
momento.

Pasar siete años proponiendo recetas desde la oposición
para que se rebajasen los tributos y nada más bajarse de la tribuna el
señor Rajoy, tras un discurso de investidura en el que anunciaba que
tenía la intención de no bajar los impuestos, comenzar a subirlos,
convendrá conmigo que eso sí que es una soflama y no lo que he hecho yo
esta mañana aquí. Esta ley va en la línea de recaudar, y además a

destajo, que es el modus operandi de este Gobierno desde
que Rajoy anunciase en ese discurso de investidura que no tenía intención
de bajar los impuestos.

En mi intervención de defensa del veto a este proyecto de
ley he tratado de destacar el doble discurso del Partido Popular, de lo
que dice en materia de impuestos cuando está en el Gobierno y cuando está
en la oposición. Y he destacado lo que el hoy ministro de Hacienda
proclamó en sede parlamentaria apenas unos meses antes de tomar posesión
como ministro. En esta materia como en otras, pero en esto de los
tributos singularmente, el Partido Popular está engañando a los
españoles, y se lo vuelvo a repetir. La foto fija de este engaño la
tienen ustedes reflejada en su propia propaganda.

Tengo aquí la página de un periódico de Asturias que esta
misma semana, hace tres días, el lunes, incluía propaganda, publicidad de
pago a todo color en la prensa asturiana para proclamar menos impuestos
para Asturias. Es decir, doble juego, doble discurso, doble lenguaje.
Cuando ustedes están en la oposición prometen y proponen que se bajen los
impuestos pero cuando están en el Gobierno los suben y, como hoy, los
vuelven a subir. Ese es el doble juego por el que no pasamos. Es más,
consideramos que es un fraude a los electores, además de suponer un
conjunto de medidas lesivas para la economía, para el crecimiento
económico y para la creación de empleo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez
Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el
señor Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo de forma breve para decir que mantenemos las
enmiendas que nuestro grupo ha presentado, de la 96 a la 120 y de la 121
a la 138, que defenderemos en el plenario.

Pero también quiero hacer referencia a la globalidad de la
ley. En este momento nos acercamos al ecuador de la legislatura y
nuevamente se nos propone mediante este proyecto de ley un nuevo
incremento de la presión fiscal, en contra de, como se ha dicho en otras
intervenciones, del propio programa del partido del Gobierno. Se aplaza
además algo que yo creo que es necesario: la reforma fiscal, a fin de
presentarla —así se nos ha dicho— cuando estemos cerca de las
elecciones. Entonces sí se prometerá lo contrario de lo que se ha hecho
durante dos años, y el que viene también, porque afectará a los impuestos
que estamos subiendo. Parece que esa es la estrategia.

Nuevamente, estamos delante de un conjunto de medidas
dispersas con un afán estrictamente recaudatorio. Y por supuesto que
muchos de los aquí presentes compartimos algunas de las cuestiones que se
abordan, como la necesidad de una verdadera fiscalidad ambiental no
exclusivamente referida a un tema puntual sino con carácter general. De
hecho, la fiscalidad ambiental de España está por debajo de la media de
la Unión Europea y, por lo tanto, las propuestas que se nos hacen en este
caso son parciales y discutibles. De todos modos, el problema no es solo
que la fiscalidad ambiental esté por debajo de la de la Unión Europea. El
problema que tenemos es que nuestro déficit se debe fundamentalmente a la
caída de la recaudación; caída de la recaudación que se suma a nuestra
situación actual: la recaudación fiscal que tenemos está entre 8 y 10
puntos por debajo de la media europea. Es obvio que si queremos converger
en otras cosas con Europa, también en Estado del bienestar, difícilmente
lo podremos hacer con una recaudación de estas características, 8 o 10
puntos por debajo de la de la Unión Europea, y que ese ha de ser el
objetivo de una verdadera reforma fiscal.

Podríamos estar de acuerdo también en la necesidad de
algunas de las propuestas que se apuntan referidas al impuesto sobre
sociedades, como algunas deducciones reconfiguradas, aunque no dejan de
ser también un parche. A veces se critican los altos tipos de algunas de
nuestras figuras impositivas, como el impuesto sobre sociedades.
Ciertamente, son altos los tipos nominales, pero los tipos reales no lo
son. Es una responsabilidad que, por supuesto, no atribuyo solo al
partido que gobierna, creo que es una responsabilidad compartida.
Compartida, y también porque en las últimas reformas que se hicieron a
este respecto las propuestas de los grupos parlamentarios nunca se
dirigieron a consolidar la recaudación de este impuesto, sino más bien a
vaciarlo. Así, los tipos efectivos no tienen nada que ver con esos tipos
nominales del 30 o del 25 que nos hacen aparecer en Europa como uno de
los países que tiene el impuesto sobre sociedades más alto, cuando a la
hora de la verdad no es así. La prueba está en la recaudación de este
impuesto y en la recaudación de nuestras figuras tributarias en su
conjunto, que está muy por debajo de la media europea, como decía.

El impuesto sobre sociedades es el impuesto con más
bonificaciones, reducciones y exenciones, que no hacen más que dinamitar
su capacidad recaudatoria. Por eso me alegro de que el Grupo
Parlamentario

Popular vea que hay que reconducirlo. Claro que hay que
constatar que, cuando estaban en la oposición, sus enmiendas nunca fueran
en la línea de mejorar la recaudación y de reducir la evasión
—entre comillas— de las grandes empresas, sino todo lo
contrario. Ahora la necesidad obliga. Hay que reducir el déficit, y el
déficit se reduce subiendo impuestos y recortando gastos. Solo faltaría
que, después de las subidas de impuestos de estos dos años y de las
reducciones de los servicios públicos que se han producido, no se hubiera
reducido el déficit. Lo digo porque, a veces, parece como si hubiera luz
en este mundo desde hace dos años, durante los que todo se ha
solucionado. Parece ser que el empleo ha crecido, aunque yo leo otras
cosas y veo otras cosas en la calle; que parece que crecen los afiliados
a la Seguridad Social, aunque parece que no es así. Pero, si nos fiáramos
de algunas de las intervenciones, se podría deducir eso: que el empleo
crece, que la salud de la Seguridad Social está más fuerte y por eso no
hay que reformar las pensiones, y, por supuesto, que los servicios
públicos también están más fortalecidos; en suma, que la gente es más
feliz y tiene más confianza. Desgraciadamente, eso no es así. Los
gobiernos no lo hacen todo mal ni todo bien, y la oposición tampoco; no
seamos simplistas. Es verdad que algunas subidas de impuestos temporales
se convierten en este proyecto de ley en temporales hasta no se sabe
cuándo. Las subidas de impuestos siempre son temporales. Eso de: se
suben, pero la subida es temporal; temporal, hasta que haya una ley que
diga que deja de serlo. En cualquier caso, supongo que se hace con esa
perspectiva: la de que, cuando se acerquen las elecciones, entonces sí
que prometeremos bajar impuestos, porque la economía estará mucho mejor.
Bien, ojalá fuera así; ojalá la economía esté mejor. Desgraciadamente,
hoy algunas de las variables no son tan optimistas como las que apuntaba
alguna intervención.

Como siempre, en esta ley hay discos solicitados, reformas
puntuales como las que afectan al banco malo —al Sareb—, o a
las empresas de náutica de alquiler, o a proyectos como Eurovegas, o a
las nucleares; eso es habitual. Como lo es un tema al que ha hecho
alusión el senador Bel: la invasión competencial o la falta de lealtad
institucional. Efectivamente, hay pocas medidas que refuercen la
situación de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas desde el
punto de vista fiscal respetando sus competencias. Es verdad que, si la
recaudación del IVA sube, el 50% de la recaudación es para las
comunidades autónomas; pero hay que decir que, si eso supone un
incremento respecto a lo recibido el año pasado, se resta del Fondo de
Suficiencia, de manera que el rendimiento íntegro del incremento acaba en
manos de la Administración general del Estado, y no de las comunidades
autónomas; es verdad que así lo prevé la legislación.

Acabo por donde empezaba, por la necesidad de abordar una
reforma fiscal global. Si fuéramos capaces de converger con Europa
también en recaudación fiscal, el problema del déficit estaría resuelto
sin necesidad de continuar realizando ajustes ni de afectar todavía más
al Estado del bienestar y, en definitiva, al empleo y al consumo; a los
servicios básicos del Estado del bienestar y también a la recuperación
económica, de alguna manera. Esa es, al menos, mi opinión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, el señor Bel Accensi tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente. Aprovecho
para dar por defendidas todas las enmiendas. Por lo tanto, ya no
intervendré más en este sentido. Lo haremos de forma más detallada en el
Pleno. No obstante, sí quiero hacer algunas reflexiones a raíz de la
intervención de la senadora Angulo.

En ningún momento he utilizado un tono despectivo para
decir que el objetivo de la ley es una mayor recaudación; no creo que se
pueda interpretar así mi intervención. Lo único que les digo es que este
es el objetivo final, y no lo califico ni de bueno ni de malo. En cambio,
el título de la ley es medidas en materia de fiscalidad ambiental; y la
fiscalidad ambiental se compone de dos aspectos, a nadie se le escapa: el
impuesto y las actuaciones medioambientales que se pretende corregir a
través del impuesto. En este caso, la recaudación queda clara, pero en
cuanto a los objetivos medioambientales a corregir a través del impuesto,
un impuesto sobre los gases clorados que se crea ex novo, tienen una
disfunción temporal. En estos momentos se está tramitando la modificación
de la directiva de la Unión Europea en relación con estos gases y su
fiscalidad, y lo que están haciendo todos los países de la Unión Europea
es esperar al final de la tramitación de la modificación de la
directiva.

Les hablaba también de la deslealtad institucional, y no
voy a insistir en ello. ¿Que el Gobierno del Partido Popular ha tomado
algunas medidas que benefician la consolidación de las finanzas públicas
de

las corporaciones locales y de las comunidades autónomas?
Sí, y no me duelen prendas en reconocerlo. Pero que algunas de ellas son
absolutamente incomprensibles y que insisten en ellas, también. Le
repito: saben ustedes perfectamente que las corporaciones locales van a
liquidar el ejercicio de 2013 con superávit; lo saben porque, si nosotros
conocemos las estimaciones, ustedes también. Bueno, pues, a pesar de
saber eso saber que también liquidarán con superávit el de 2014, les
imponen un incremento del impuesto sobre bienes inmuebles. Hace dos años
ya dije que no estábamos de acuerdo con esta medida, y la criticamos.
Pero en estos momentos, cuando el único nivel de la Administración que
está cumpliendo en el Estado español con los objetivos de déficit es el
local, las corporaciones locales, que están generando además superávit,
no entiendo que les impongan una mayor recaudación; no lo comprendo, la
verdad.

Y de las comunidades autónomas ya le ha hablado en mi
primera intervención, y coincido con el senador Montilla, que lo ha
expresado con mucha claridad: el aumento de la recaudación queda en manos
de la Administración del Estado. Todo ese aumento de recaudación de los
impuestos —sobre sociedades, IRPF, impuestos especiales—
queda en manos de la Administración central. Si no —y ya lo
discutiremos en el debate de los próximos Presupuestos Generales del
Estado—, qué explicación tiene que el Fondo de Suficiencia
disminuya en su globalidad en torno al 8 o el 10% —hablo de
memoria— mientras que en Cataluña disminuya un 22%. Pues la
explicación es esta: que todas las medidas tributarias que están tomando
ustedes las están tomando para que tenga mayor recaudación la
Administración central y para que esta mayor recaudación no llegue a las
comunidades autónomas. Ahí está la deslealtad.

En todo caso, no voy a insistir más. Doy por defendidas las
enmiendas, y el miércoles podremos ampliar este debate en el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel Accensi.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Yo también voy a intentar ser breve y anuncio, igualmente,
que mantenemos nuestras enmiendas.

Seguimos igual que en el debate de la ley que pasó
anteriormente por esta comisión: urgencia, nuevamente —una urgencia
innecesaria—, falta de diálogo y engaño hasta en el título de la
ley, ya se ha comentado; además de la deslealtad con las administraciones
territoriales —las comunidades autónomas y las corporaciones
locales— que han denunciado otros portavoces. La portavoz del Grupo
Popular acusa a cualquier portavoz de la oposición de soltar una soflama
política —ya lo han dicho antes— y, a continuación, nos
obsequia con un mitin de veinte minutos totalmente electoral. Pero,
bueno, esto es lo que hay.

En la tramitación de las últimas leyes se ha hecho
frecuente el uso —el abuso, más bien— de las enmiendas de
última hora en el Congreso de los Diputados, que dificultan o evitan el
debate de asuntos importantes, de asuntos que el Gobierno puede
considerar polémicos. El Grupo Socialista no se planteó la presentación
de una enmienda a la totalidad de esta ley en el Congreso ni tampoco la
de un veto en el Senado. Eso fue tras leer el texto inicial, pensando que
coincidíamos en algunas de las propuestas; por ejemplo, en que había que
hacer una legislación tributaria medioambiental o en que había que acabar
con algunas deducciones. Pero, claro, las enmiendas que introducen a
última hora desvirtúan en buena medida el texto original y nos producen
una sensación extraña; nos decimos: hombre, si hubiésemos sabido esto,
habríamos presentado una enmienda a la totalidad y el consiguiente veto.
¿Qué quiero decir? Que nos están poniendo difícil la oposición. Vamos a
tener que presentar enmiendas y vetos preventivamente a todos los
proyectos de ley que el Gobierno traiga, porque a última hora siempre
aparecen enmiendas en algunos casos modifican sustancialmente el texto
inicial. Y, encima, lo hacen mal. En el Boletín Oficial del Senado se
publica el texto de una ley que nos envía el Congreso que luego hay que
publicar de nuevo, rectificando los errores, porque no se habían votado
algunas enmiendas suyas que había que incorporar. Puede que se deba a la
urgencia, pero yo creo que se debe más bien a que, al final, los que
mandan en el proceso parlamentario son los gabinetes de los ministerios,
que son quienes deciden por encima del grupo y de las estructuras
técnicas que tiene el Grupo Popular, con personal muy cualificado; eso
hace que cometamos errores que no dicen nada a favor de la seriedad de
esta Cámara ni del Parlamento.

Estamos de acuerdo, como los demás portavoces
—coincidimos todos— en que lo que realmente hace falta en
este país es una gran reforma fiscal. La reforma derivada de las
modificaciones que han ido introduciendo los distintos gobiernos no ha
cambiado el cuerpo fiscal, que es muy antiguo y que hay que adaptarlo a
la nueva situación; no solo a la nueva situación de crisis económica,
sino a la nueva situación de nuestro país, en general. Hay una comisión
de expertos que está trabajando en esto. Cuando el Gobierno no quiere
afrontar una situación o no quiere dialogar con los agentes económicos y
sociales o con los grupos políticos, nombra una comisión de expertos.
Pero mientras llegan las conclusiones, y debido sobre todo a la urgencia
recaudatoria que se produce cada cierto tiempo como consecuencia de la
bajada de los ingresos previstos, nos obsequian con nuevos proyectos de
ley para intentar obtener los ingresos que no llegan como habían
pensado.

La parte inicial del título solo afecta a un artículo, al
artículo 8, sobre medidas de tributación medioambiental para los gases
flouorados. De ocho artículos y seis disposiciones, solo a uno le afecta,
si dejamos fuera a las nucleares, como ahora comentaré, porque no les
afecta positivamente. Obedece —también lo sabemos— a la
recomendación que la Unión Europea le ha hecho al Gobierno con
insistencia, de que legisle sobre esa materia para que deje de existir
ese diferencial de más de medio punto en los ingresos tributarios de
nuestro país correspondientes a la imposición medioambiental. Bien, pues
aprovechan de nuevo una ley para incluir otras medidas que nada tienen
que ver con el título; en algunos casos, ocurre todo lo contrario, el
aumento y el mantenimiento de otros impuestos: el IBI de 2014 y 2015, o
la prórroga del IRPF por medio de los presupuestos; impuestos que eran
temporales o extraordinarios para un solo ejercicio, ya van por cuatro
años en algunos casos. Al final, si no es el medioambiente el que sale
beneficiado de esta ley, los ciudadanos, en general, todos los que tengan
vivienda, todos aquellos que tributan en este país, saldrán perjudicados,
porque se mantiene el incremento de la base del IBI; y empiezan a
perfilarse claramente los beneficiarios: el Sareb, ese banco malo, ese
banco privado por decisión política del Gobierno, que se beneficia
enormemente desde el punto de vista fiscal; las grandes compañías
eléctricas, Endesa e Iberdola, que se benefician por la posibilidad de
que se reabra Garoña y, sobre todo, porque se las eximirá, por tres días,
de pagar 150 millones de euros por los vertidos que ocasionó el cierre de
Garoña, y esto puede ser escandaloso; o los propietarios de las
embarcaciones de más de 15 metros de eslora, beneficiarios también de
esta ley Al final, lo que se pone de manifiesto nuevamente es la
sensibilidad de este Gobierno con los grandes: con los bancos, con las
grandes compañías, con los grandes propietarios, en definitiva. Es
curioso: a los grupos políticos de la oposición nos llega mucha
documentación, nos llegan muchas propuestas de enmiendas de distintos
colectivos, pero nunca nos llega ninguna de estos grandes; evidentemente,
porque no lo necesitan: tienen hilo directo con el Gobierno.

Quisiera resaltar, no obstante, lo que esta ley afecta a
los impuestos locales, a la tributación local. Nuevamente, porque ya se
hizo con el IBI y con el IAE, se les permite a los ayuntamientos
bonificar hasta el 95% del llamado impuesto de plusvalía, el impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos. Esto, aparte de que se
hace porque ha habido una petición expresa del promotor de Eurovegas, va
a crear problemas muy serios de competencia entre municipios limítrofes
y, en definitiva, dumping fiscal y disminución de los ingresos
tributarios de los ayuntamientos; porque, con el simple hecho de decir
que se va a crear algún puesto de trabajo, se va a poder bonificar el 95%
de estos impuestos —IBI, IAE y plusvalía—, que son la base de
los ingresos tributarios de los municipios españoles. Es asombroso.

Termino. Queremos que haya un debate serio, un debate
profundo y participativo, sobre la llamada fiscalidad verde. Por eso la
última de nuestras enmiendas, la número 59, dice que el Gobierno presente
en el plazo máximo de cuatro meses una ley de imposición medioambiental
introduciendo criterios de política ambiental en el sistema tributario,
de manera que se internalicen los costes externos y se incentiven
comportamientos más respetuosos con el medioambiente. Eso es lo que creo
que tendría que hacer el Gobierno mientras espera esa gran reforma
fiscal: un título de fiscalidad verde. Por nuestra parte, nos ofrecemos
para colaborar y participar en ese posible, futuro y deseado proyecto de
ley.

Como gesto, vamos a votar que sí. (Rumores.—El señor
Granados Lerena: ¿A la ley?— Risas.) No, a la ley no. (El señor
Granados Lerena: ¡Qué susto!; creíamos que iba a aceptar la
ley.—Risas.—Rumores.) Vamos a votar a favor de los vetos que
se han presentado. En principio, íbamos a abstenernos, porque los
fundamentos de alguno de ellos no coinciden con nuestros planteamientos.
Pero, como gesto de denuncia por el abuso de introducir en el
procedimiento parlamentario del Congreso enmiendas que desvirtúan el
texto original, vamos a votar que sí a estos vetos. Y en el futuro,
cuando nos llegue un texto

legislativo, tendremos muy en cuenta que no solamente
debemos pensar en lo que dice, sino también en lo que puedan presentar
bajo cuerda, a última hora y por vía de enmiendas, que lo desvirtúe.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.

Senadora Angulo, tiene la palabra.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero hacer algunas reflexiones y matizaciones sobre las
intervenciones de los portavoces.

Senador Martínez Oblanca, hablaba usted de encaje de
bolillos; en absoluto: yo hablo de una política fiscal, de una política
económica como hilo conductor de la acción de gobierno, dentro de la cual
hablamos hoy de un impuesto sobre gases fluorados, como hace algunas
semanas hablábamos de la bajada notable de impuestos, y usted me
felicitaba. Yo le pido confianza; el programa político de un partido se
pone en práctica a lo largo de toda una legislatura. De hecho, ahora
estamos ya con unos presupuestos para 2014 que, en el ámbito tributario,
son bien diferentes de los presupuestos de años anteriores. Se hacen
cosas distintas, porque ya la situación es distinta. No hay decisiones
excepcionales, como las que tuvimos que adoptar en otros momentos, porque
hay otras cifras macroeconómicas y porque se están corrigiendo de forma
notable los desequilibrios macroeconómicos. Por eso le pido confianza.
Hay una reforma fiscal en profundidad en la que el Gobierno ya está
trabajando; se ha constituido un comité de expertos, y el propio ministro
se ha comprometido a que esté para principios del año próximo. Pero, aún
así, señorías, hay una parte de nuestro programa político del que ya se
pueden poner, negro sobre blanco, cumplimientos al lado de los
compromisos; también en materia tributaria. Y hay todo un catálogo: el
IVA de caja, la tarifa plana para autónomos, la tributación reducida para
empresas de pequeña dimensión…, todo un catálogo de medidas de
carácter fiscal, de medidas de carácter tributario, que se han aprobado a
propuesta del Gobierno del Partido Popular, defendidas por el Grupo
Popular en el Congreso y en el Senado, y en contra de las que algunos de
ustedes han votado. Votan en contra cuando se trata de subidas, y votan
en contra cuando se trata de bajadas; esa es la realidad.

Se adoptan medidas, ya digo; y no porque haya elecciones,
senador Montilla. Hemos aprobado hace escasas semanas una bajada de
impuestos, y no porque haya elecciones. Probablemente le haya traicionado
el subconsciente, por aquellos de los 400 euros de quita y pon, que
vinieron cuando había elecciones y se fueron en cuanto pasaron;
probablemente ahí le haya traicionado el subconsciente. Estamos hablando
de medidas incardinadas y arraigadas en una política fiscal coherente y
seria, en la que se enmarca también este proyecto de ley.

Para terminar, senador Martínez Oblanca, ahora sí, después
de su segunda intervención, lo he entendido. Probablemente trataba usted
de buscar una justificación por no haber aprobado algo en su momento en
otro lugar, en su comunidad autónoma, o por no haber querido apoyar
propuestas del Partido Popular o del Grupo Popular allí. Pero no puede
pretender justificarse vetando el contenido de esta ley que nada tiene
que ver con la posibilidad que tiene usted de apoyar allí rebajas en
impuestos que tienen —repito— los tipos más altos de todo el
país, en concreto el IRPF. Puede apoyar aquello perfectamente, y no
utilizar el contenido de esta ley para justificar su voto en contra de
aquello.

Por lo demás, han intentado en algunos casos negar la
mayor. Voy a ser muy breve, porque ya me he extendido en mi primera
intervención. El saneamiento de las cuentas públicas era algo
inexcusable. Desde luego, no hace tanto que algún grupo —el Partido
Socialista en concreto, que hoy habla de mítines— no veía más
horizonte que el rescate. Hoy hemos dejado bien lejos esa posibilidad; y
eso se ha hecho con proyectos de ley y con medidas en contra de las
cuales han votado en todos los casos, perdieron la oportunidad de
apoyarlas; medidas que están contribuyendo a que podamos hacer hoy cosas
distintas.

Se han referido de nuevo a la lealtad institucional. Yo
diría que no hay mayor deslealtad que una mala gestión. No hay mayor
deslealtad, repito, que una mala gestión; y no hay mayor deslealtad que
dejar las facturas sin pagar para que sean los que vienen después los que
respondan del pago de esas facturas. No hay mayor deslealtad que dejar
crecer de forma exorbitante cifras como la del déficit o la de la deuda,
y que sean otros los que paguen. Y no hay peor deslealtad que dejar que
sean las generaciones siguientes las que asuman las consecuencias de los
errores propios. Y en cuanto a la Ley de financiación autonómica, senador
Montilla, ustedes la aprobaron. El Gobierno está aplicando el reparto de
los impuestos cedidos de acuerdo con esa Ley de financiación autonómica
que ustedes aprobaron y apoyaron. Las comunidades autónomas reciben su
parte de los impuestos cedidos, en cumplimiento de esa Ley de
financiación autonómica, y recaudan más cuanto mayor es la recaudación,
en cumplimiento de esa ley, a ejercicio

vencido. Pero, además, hay una lealtad institucional
—lo reconocía el senador Bel—. No minimicemos el impacto de
esas medidas, porque no es para las comunidades autónomas como tal, es
para todas las personas que viven en esas comunidades autónomas. Esas
medidas han tenido un impacto importantísimo, porque han supuesto
asegurar los servicios fundamentales, asegurar que no solo se prestaban,
sino que también se podían pagar. Ustedes, mejor que nadie, conocen la
necesidad que había de esas medidas y el impacto que han tenido esas
medidas en las comunidades autónomas y también en las entidades locales,
así como la importancia que han tenido para que hoy estemos hablando de
unas administraciones comprometidas con unos objetivos de déficit, con un
cambio, incluso de mentalidad en esa gestión de las cuentas públicas, que
está permitiendo otras cifras y otros resultados. Yo creo que ese
compromiso con la estabilidad presupuestaria es importantísimo, y de eso
también tenemos que hablar hoy.

También se han referido al ámbito local. No solo es el
gravamen del IBI, hay una modificación importante de la plusvalía
municipal. Con esta ley se va a permitir hacer extensiva esa bonificación
que aprobábamos en diciembre de hasta el 95% al impuesto sobre el valor
de los terrenos de naturaleza urbana y que ya es aplicable en el IBI, en
el IAE o en el impuesto sobre construcciones. Eso supone dar un impulso
importante a la autonomía local. Los ayuntamientos no tienen la
obligación de establecer esas bonificaciones, pero tienen la posibilidad
de establecerlas cuando cuenten con un proyecto donde concurran
especiales circunstancias de creación de empleo, de desarrollo económico,
de generación de riqueza o de carácter social o cultural. Yo creo que es
verdaderamente importante y si no, plantéenselo a sus alcaldes, que
también están en contra de esa posibilidad que, insisto, refuerza de
manera importante la autonomía local.

Y termino ya con una alusión que hacía —que hace
siempre— el senador Vázquez, del Grupo Socialista, a los grandes
—tendremos oportunidad de hablar más en el Pleno—, que no
puedo pasar sin responder. Estamos hablando de unas modificaciones o de
la prórroga de unas limitaciones en la deducción del impuesto sobres
sociedades que, precisamente, afectan a las empresas con mayor capacidad
de pago. Ustedes tuvieron la posibilidad de hacer eso, y no lo hicieron;
ustedes tuvieron la posibilidad de predicar con el ejemplo y de hacer que
las empresas grandes no tributaran en virtud de ese sistema de deducción
menos que las pequeñas y medianas empresas, y no lo hicieron; ustedes
tuvieron la posibilidad hace escasas semanas de votar a favor de
bonificaciones fiscales para los pequeños —como usted les llamaría,
entre comillas, y tampoco lo hicieron; ustedes tuvieron la posibilidad de
no aprobar, como aprobaron, las bonificaciones a las indemnizaciones
millonarias, esa reducción del 40% que aplicaron a los primeros 300 000
euros y que quitó en el mes de diciembre el Partido Popular, o tuvieron
la posibilidad, desde la izquierda, de alzar la voz sobre la tributación
de las plusvalías, por la que las ganancias de lo que ustedes entonces
llamaban los grandes especuladores, que estaban tributando al 21% o al
27%, ahora están tributando al 52% o al 56%, por una medida que aprobó en
diciembre el Partido Popular; ustedes tuvieron la posibilidad de
cambiarlo o, desde el grupo, la posibilidad de alzar la voz si querían
combatir a esos grandes a los que hoy también califica, incluso, de forma
despectiva.

Termino pidiendo la retirada de los vetos que, en algunos
casos, no han sido defendidos en el propio contenido del proyecto de ley.
Y reitero que nosotros votaremos a favor del proyecto de ley y en contra
de todos los vetos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Pasamos a votar los vetos.

Votamos primero el veto número 1, de los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 2, del senador Martínez Oblanca, del
Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 4, de los senadores Guillot Miravet
y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

No habiéndose aprobado ningún veto, pasamos al debate de
las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 9, del Grupo
Parlamentario Mixto, presentadas por la senadora Capella I Farré, por un
tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el senador Martínez
Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Doy por defendidas las 9 enmiendas presentadas por la
senadora Capella y Farré, del Grupo Mixto (Esquerra Republicana), y las
26 enmiendas presentadas por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, de Izquierda Unida.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez
Oblanca.

Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco
las dio por defendidas el señor Anasagasti.

Para la defensa de las enmiendas números 96 a 138, tiene la
palabra el señor Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias.

Doy por defendidas las enmiendas números 96 a 120 y 121 a
138, del Grupo Parlamentario de la Entesa.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Bel Accensi, para la
defensa de las enmiendas números 60 a 95.

El señor BEL ACCENSI: Gracias.

Como indiqué anteriormente en mi turno de portavoces, las
doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel Accensi.

Las enmiendas números 44 a 59, presentadas por el Grupo
Socialista, serán defendidas por el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias.

Las doy por defendidas para el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Las enmiendas números 139 a 144, presentadas por el Grupo
Popular, han quedado incorporadas a la Ponencia.

¿Algún grupo quiere hacer uso del turno en contra?
(Denegaciones.)

¿Algún grupo quiere hacer uso del turno de portavoces?
(Pausa.)

¿Señor Martínez Oblanca? (Denegaciones.)

¿Señor Anasagasti? (Pausa.)

¿Señor Montilla? (Denegaciones.)

¿Señor Bel Accensi? (Denegaciones.)

El senador Vázquez tiene la palabra.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias.

Muy brevemente, para no dejar sin contestar alguna cuestión
que planteaba la portavoz del Grupo Popular.

Me acusa de deslealtad, confundiendo deslealtad con mala
gestión, según ella, lo cual es muy respetable. Pero eso no es
deslealtad, señora Angulo; deslealtad es decir que no me importa que
España se hunda, porque ya vendremos nosotros a salvarla. Eso es
deslealtad con el país, señora Angulo. Por lo tanto, no lleve por ahí el
debate, porque poco nos puede decir.

Y, por último, quiero reseñar que con esta ley que hoy
debatimos, y que se aprobará en la próxima semana, salen claramente
beneficiados la Sareb —que es un banco— y las eléctricas
—Endesa e Iberdrola—.

Por cierto, la Ley de emprendedores que aprobamos al
principio del pasado mes, con mucha urgencia, porque era muy importante
para este país, todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del
Estado, por lo menos hasta hace pocos días (La señora Angulo Martínez:
¡Cómo que no!). Bueno, pues se habrá publicado esta semana, pero ha
tardado bastante tiempo en hacerse. Por tanto, no justifique lo bien que
le puede venir al país aprobar determinadas leyes cuando luego tardan
tanto en hacerlas efectivas publicándolas en el BOE.

Solamente quería decir esto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.

Senadora Angulo, tiene la palabra.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias.

Treinta segundos para decir que yo no le he acusado de
deslealtad, senador Vázquez. He dicho: no hay nada más desleal que una
mala gestión y dejar que sean otros los que paguen las deudas de esa mala
gestión. Si usted se ha identificado con esa situación o con esa
descripción, allá usted, probablemente tenga razón —y yo se la
doy—, pero no es que yo le haya acusado de deslealtad.

Y quiero aclarar que la Ley de emprendedores está ya
publicada en el Boletín Oficial del Estado. Puede leerla cuando encuentre
tiempo para ello.

Gracias. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

Muchas gracias, senadora Angulo.

De conformidad con el artículo 116, del Reglamento del
Senado, pasamos a votar el texto propuesto por la Ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Entiendo que delegan en el presidente para leer el dictamen
en el Pleno del Senado. (Asentimiento.)

Muchas gracias a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y diez minutos.