Por la ponencia sido incorporadas en su informe sobre el
proyecto de ley las enmiendas números 99 a 104, del Grupo Parlamentario
Popular, y las números 86 y 87, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència y Unió, por lo que no han de ser debatidas
separadamente al texto del proyecto de ley que figura como anejo del
informe de la ponencia.

Si no se aprueba por la comisión alguno de los vetos
presentados al proyecto de ley, la posición que en cada caso fije
finalmente la ponencia, a la vista del debate de las enmiendas, será lo
que se someta a votación de la comisión, con arreglo a lo previsto en el
artículo 116.2 del Reglamento Senado.

Pasamos a continuación al debate del proyecto de ley,
comenzando por las propuestas de veto.

En primer lugar, para la defensa del veto número 1, de los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, tiene la palabra el
senador Mariscal, por tiempo de diez minutos.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías.

En primer lugar, y para que conste a los efectos oportunos,
en mi intervención también me gustaría dar por defendido el veto número
2, asimismo del Grupo Mixto.

En cuanto al veto número 1, que corresponde al senador
Iglesias y a mí mismo, por parte de Izquierda Unida hemos presentado un
veto a este proyecto de ley porque nos parece que pretende fomentar el
alquiler de viviendas partiendo de la premisa de que tenemos un mercado
de vivienda en alquiler que es disfuncional, inflexible, y que no ofrece
seguridad jurídica al propietario de una vivienda. Pero en Izquierda
Unida creemos que esta ley contribuye a fomentar aún más la precarización
del alquiler, instaurando medidas que puedan facilitar la agilidad en los
procedimientos de desahucio en los contratos de arrendamiento, y que se
fomenta la mercantilización del acceso a la vivienda al considerar que la
flexibilidad del mercado puede ayudar a resolver los problemas de acceso
a la vivienda en régimen de alquiler.

Hemos presentado un veto porque creemos que la creación del
registro de sentencias firmes de impagos de renta de alquiler es un
elemento más de desequilibrio entre la situación del arrendatario y el
arrendador; hay un excesivo plazo de permanencia en dichas listas
—seis años— para los supuestos infractores, y nada vemos en
esta ley sobre registros de caseros que no cumplan con sus obligaciones,
por ejemplo, o sean acosadores, por lo que esta ley contribuye también en
este aspecto a inclinar la balanza en contra del más débil, que en este
caso es, evidentemente, el arrendador.

Por otro lado, este proyecto de ley contenía cambios
normativos que no compartimos, que afectaban a la ley del impuesto sobre
sociedades, al impuesto sobre la renta de no residentes y a la ley por la
que se regulan las Socimi. Pero, por los cambios que se introdujeron en
el Senado, vía enmiendas por parte del Grupo Popular, en otro proyecto de
ley, en el que se adoptaban diversas medidas tributarias dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad
económica, aprobado con la mayoría absoluta del Grupo Popular, buena
parte del contenido que se iba a debatir tampoco hemos tenido ocasión de
debatirla en este proyecto.

En definitiva, creemos que en general hay un desequilibrio
mayor en la protección de los derechos del arrendador y del inquilino a
favor de los primeros y también que hay un elemento negativo al fijar la
conveniencia de inscripción en el Registro de la Propiedad, con lo que
eso supone de encarecimiento del alquiler y que es determinante en
aspectos muy importantes, que creemos que no debería inscribirse en esta
ley.

Por todo ello, y por algunas enmiendas parciales que luego
defenderé, hemos presentado y defendemos este veto a este proyecto de
ley.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Mariscal.

Entiendo, por tanto, que también se da por defendido el
veto número 2. (Asentimiento.)

Pasamos entonces a la propuesta de veto número 3, de los
senadores Guillot Miravet y Saura Laporta.

El señor MARTÍ JUFRESA: Señora presidenta, lo doy por
defendido.

La señora PRESIDENTA: Muy bien.

Pasamos, pues, a debatir el veto número 4, de las señoras
Almiñana Riqué y Sequera García y de los señores Boya Alós, Bruguera
Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs.

Para la defensa de esta propuesta de veto, tiene la palabra
el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Este sí lo voy a defender, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muy bien.

Muchas gracias.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias.

La verdad, señoras y señores senadores, es que creo que
nunca la palabra veto, en el sentido de enmienda a la totalidad y de
devolución, ha adquirido su sentido como en esta ocasión, al menos para
mi grupo parlamentario, porque para nosotros esta, lejos de ser una ley
que vaya a fomentar el alquiler o a reequilibrar el mercado del alquiler
en nuestro país, es una auténtica ley antialquiler.

En este momento, en el que el acceso a la vivienda por la
vía de la compra es más difícil que nunca puesto que hay una clara
disminución de la renta disponible por parte de las familias, y no solo
de la renta disponible sino también de las expectativas de renta a corto
y medio plazo y además una clarísima imposibilidad de acceder al crédito
—incluso para las viviendas de protección oficial—, en este
momento, digo, con estas dificultades de acceso a la vivienda por la vía
de la compra, y cuando en cambio tenemos una oportunidad clara y certera
para reequilibrar el mercado de la vivienda potenciando a fondo el
alquiler, puesto que el ideal de la propiedad y la compra chocan de
bruces por fin con la realidad del mercado inmobiliario en nuestro país,
en vez de potenciar a fondo las medidas en favor del alquiler se nos
presenta esta ley, que a nuestro juicio hace todo lo contrario.

Para nosotros la clave para dar la vuelta a esta
configuración absolutamente desproporcionada del régimen de ocupación de
las viviendas entre la propiedad y el alquiler está en conseguir una
entrada masiva de las clases medias en el régimen de alquiler, en
particular de las nuevas familias que se puedan ir formando, pero nos
parece que esta ley plantea medidas equivocadas en todos sus sentidos:
tanto por las que impulsa como por las que no impulsa. En definitiva, se
trata de una ley que hace lo que no debe y no hace lo que debe. Porque,
señorías, para conseguir una entrada masiva de las clases medias en el
régimen de alquiler y a la vez —no lo olvidemos, porque es otra de
las funciones básicas del alquiler— amparar a los que difícilmente
pueden tener acceso a la compra y, por tanto, mantener la dignidad de la
garantía de su derecho a la vivienda, para hacer estas dos cosas, nos
parece que se debería hacer totalmente lo contrario de lo que se propone.
Esta ley parte de un error fruto del pensamiento neoliberal: para
conseguir modificaciones hay que estimular la oferta, y olvida
completamente la necesidad de estimular la demanda para hacer del
alquiler, de una vez por todas, algo atractivo y estable desde todos los
puntos de vista. Solo con estas dos premisas el grueso de las clases
medias de España va a pensar y dirigir su voluntad hacia el alquiler de
las viviendas para su residencia familiar.

La prueba de lo que digo, señorías, está en que la oferta
como tal ya ha aumentado; la oferta de vivienda en alquiler ha crecido un
100% en los últimos dos años simplemente por el hecho de que el acceso a
la propiedad, a la compra de viviendas, está bloqueado, como he dicho
antes. Por tanto, una ley que piensa que el reequilibrio del mercado del
alquiler se basa en fomentar la oferta, sobre la base —dicho sea de
paso— de estimular esa oferta con un supuesto beneficio para los
que la deben poner en marcha —promotores y, sobre todo,
propietarios individuales de viviendas—, es todavía más
equivocada.

Así pues, esta ley hace lo que no debe. En primer lugar,
precariza los contratos, siguiendo la estela de la reforma laboral,
pensando que la precarización del mercado de la vivienda va a estimular
la oferta de viviendas en alquiler. La precariza, obviamente, reduciendo
la duración de los contratos de cinco a tres años y también dando
facilidades para la rescisión unilateral por parte del arrendador en
relación con la inscripción previa, porque si no se realiza se posibilita
la rescisión con motivo de venta, de embargo del propietario, etcétera.
También la facilita al suprimir la actualización por IPC e, igualmente,
ofreciendo reducciones drásticas de las indemnizaciones, por ejemplo, por
falso uso del concepto familiar, etcétera.

Por tanto, y siguiendo la idea principal de la que hablaba
antes, el hecho de precarizar los contratos aleja a las clases medias del
alquiler y castiga a los que solo pueden alquilar, con el agravante de la
lista de morosos, de seis años de vergüenza, infligiendo una doble
penalización a personas y familias que quizá por algún motivo
estrictamente derivado de la crisis no hayan podido sufragar el alquiler;
y no solo se quedan sin el piso sino que encima no saben dónde podrán ir
a vivir puesto que el alquiler es la última ratio en el campo del acceso
a la vivienda.

En segundo lugar, hace lo que no debe, porque la enmienda
105 del Grupo Popular atenta definitivamente contra las pocas medidas que
todavía quedaban de estímulo real a la vivienda, elimina la renta básica
de emancipación y, sobre todo, toca de muerte a la promoción pública y
privada de alquiler social, lo que por otra parte se contradice
abiertamente con el Plan de la vivienda 2013-2016, aprobado el 5 de abril
por el Consejo de Ministros, vía real decreto.

Y no hace lo que debería para apoyar realmente un cambio en
esta estructura del mercado de la vivienda y favorecer el acceso de miles
y miles de familias al alquiler porque no apuesta por la medida que todos
los países han desarrollado para conseguir cambios en profundidad en este
campo: un apoyo a fondo a las ventajas fiscales para la primera vivienda
en régimen de alquiler, apoyo para los arrendatarios, evidentemente
—en estos momentos ya hay unos apoyos para determinados
arrendatarios en la declaración del IRPF, pero podrían y se deberían
ampliar mucho más—, y también para los arrendadores
—igualmente existen apoyos en estos momentos, pero asimismo podrían
y se deberían ampliar mucho más—. A su vez, esta ley no debería
reducir ayudas al alquiler social y a los promotores.

En definitiva, en un terreno en el que la herencia recibida
era buena sin ninguna duda, puesto que los programas de estímulo de la
demanda que se habían puesto en marcha en los años 2007, 2008 y 2009 han
dado sus frutos aun yendo a contracorriente de un mercado que empujaba en
el sentido de la hipervaloración de la propiedad y de la compra,
aumentando la cuota de régimen de alquiler en pocos años de manera
sustantiva, ahora, en que irían a favor de la corriente, sin ninguna duda
esta ley los para, los descafeína y hace todo lo contrario, proponiendo
contramedidas en el campo del fomento del alquiler.

Por eso, le pediría al Gobierno y, en su nombre,
evidentemente, al Grupo Popular en el Senado que retiren este proyecto de
ley, que no beneficia el alquiler desde ningún punto de vista y que, en
cambio, perjudica mucho; perjudica a promotores de alquiler social,
perjudica a jóvenes, pero sobre todo perjudica a los 2 093 000 hogares ya
en régimen de alquiler en España y a los potenciales millones de
españoles y españolas que podrían vivir en alquiler y que con esta ley
difícilmente van a tener ganas de hacerlo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Martí
Jufresa.

Interviene ahora el portavoz del Grupo Socialista, para la
defensa de la propuesta de veto número 5.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señorías. El Grupo Socialista presenta un
veto a esta ley porque es una ley mala, una ley que rompe el equilibrio
de derechos y obligaciones entre arrendador y arrendatario, y porque,
lejos de impulsar el alquiler, en nuestra opinión lo que probablemente
vaya a hacer es frenarlo. Es una ley solo de ustedes, del Partido
Popular; prácticamente todas las organizaciones sociales se han
manifestado en contra, y no se ha incorporado prácticamente ninguna de
las propuestas que hemos hecho el resto de los grupos políticos. Nosotros
consideramos que el análisis de partida es erróneo, como ya le dijimos al
secretario de Estado precisamente en esta comisión, cuando estaba
fraguando este proyecto de ley.

El Partido Popular parte de la idea de que son la escasez
de oferta y los precios altos los que frenan el alquiler, y por ello
sostienen que va a bajar el precio en el momento en que se liberalicen
los alquileres. Eso ya se probó en 1995, con la ley Boyer, y la verdad es
que aumentaron las rentas, luego no tiene ningún sentido que repitamos
algo que ya resultó un error. Ustedes, convencidos de que faltan
viviendas, creen que hay que convencer al propietario de que no corre
riesgo al alquilar y puede echar al inquilino rápidamente. De esa forma
los propietarios de viviendas se van a animar, pondrán muchas viviendas
en el mercado y bajarán los precios. Ese es el esquema mental que hay
detrás de esta ley. Pero lo cierto —creo que ya algún interviniente
lo ha señalado— es que ya hay exceso de oferta, que han bajado los
precios, y la reforma no se ha aplicado. La verdadera causa está en la
crisis y en las políticas que ustedes han aplicado hasta ahora, que lo
que han hecho es ir en contra del alquiler, como con la cancelación de la
renta básica de emancipación, que ha afectado a muchos jóvenes pero
también a muchos propietarios que tenían sus pisos alquilados y han
dejado de tenerlos, y han dejado de obtener también una renta
complementaria en sus familias.

Nosotros creemos que el problema es de demanda, tal y como
sostiene el vicerrector de Economía de la Universidad de Barcelona,
Gonzalo Bernardos. La realidad que vivimos hoy en España es que no hay
suficiente gente que demande alquilar. Los inmigrantes se vuelven a sus
países. Ha disminuido el número de gente que cambia de ciudad por motivos
de trabajo. Los jóvenes ya no se independizan, y los que se han
independizado están volviendo con sus familias gracias a las medidas que
toma el Gobierno del Partido Popular. Y por primera vez el problema en
España ya no es de oferta; y por eso están bajando los precios en el
mercado.

Ustedes hacen una reforma de la ley para regular los
contratos de alquiler y favorecer al arrendador y a los bancos, y está
claro que están perjudicando al arrendatario. Están obviando lo que
debería impulsarse y comprometerse con una ley de alquiler, que debería
hacer la acción de los poderes públicos. No hay ni una sola mención al
alquiler social, a sus características, a sus condiciones, al derecho
para

acceder a él, a la obligación de comprometer al Ejecutivo o
a otros Gobiernos en su desarrollo; ni una sola mención a la vivienda
social en régimen de alquiler o a la creación de un parque de alquiler de
gestión pública; ni una sola referencia a cómo afectará esta ley a
situaciones de acoso inmobiliario, situaciones que además pueden acabar
llevando a engrosar las listas negras, el registro de sentencias de
impagos por rentas de alquiler, que han incluido en esta ley en el
artículo tercero. Como dice Facua, están generando dos categorías de
ciudadanos: los que tienen la ley como herramienta y los que tienen la
ley como amenaza. Y, como ellos, como la citada organización, también
nosotros nos preguntamos por qué no se crea un registro de arrendadores o
de caseros incumplidores o acosadores. Siempre estamos poniendo la carga
sobre la parte más débil.

Como he dicho antes, esta ley es solo del Partido Popular.
No han aceptado ninguna propuesta, ninguna de las enmiendas que hemos
presentado. Están actuando desde la soberbia y aplicando el rodillo de la
mayoría. Hemos presentado enmiendas que eran buenas para el conjunto de
la sociedad y no hay ninguna justificación, desde nuestro punto de vista,
para no haberlas incluido en esta ley porque la hubieran mejorado
claramente.

Presentamos este veto porque es una ley desequilibrada, a
favor del arrendador, dejando al arrendatario prácticamente sin derechos.
Nosotros entendemos —y creo que ustedes también— que lo que
el propietario quiere es alquilar, y no encontramos la ventaja en reducir
la duración de los contratos de cinco años, más tres prorrogables, a tres
años, más uno prorrogable. Hoy, como consumidores, en cualquier cosa que
compremos tenemos garantías —prácticamente nos dan dos años—,
sin embargo, si somos inquilinos, si se trata de una vivienda, con esta
ley el consumidor —en este caso el arrendatario— no tiene
apenas garantías ni derechos. Lo que estamos haciendo es recortárselos,
cuando, como digo, cada día le estamos dando más garantías a cualquier
consumidor.

Es más, con esta ley el inquilino va a estar en precario,
lo que significa que se le puede echar prácticamente a partir del primer
año con mucha facilidad, cuando quiera el dueño de la vivienda con solo
comunicarle que la necesita para él o para su familia. Y ni siquiera debe
demostrarlo. Les hemos propuesto que al menos incluyan, como un mal
menor, que eso se tenga que demostrar, que se justifique fehacientemente,
y ni siquiera han aceptado esa corrección. Bastará con que el propietario
llame al inquilino y le traslade que necesita la vivienda para él o su
familia para que aquel tenga que desalojarla y, luego, además, se tenga
que preocupar de controlar durante tres meses si la vivienda se ocupa
verdaderamente o no; y si es que no, tendrá que ir a pleitear; y si
después de pleitear consigue ganar el juicio y recibe una indemnización,
esta nunca llegará al equivalente a dos rentas de alquiler, a dos meses
de renta. ¿Eso les parece verdaderamente justo? El Grupo Socialista les
ha planteado enmiendas para intentar equilibrar esa propuesta —no
estamos pidiendo ningún despropósito— para que, transcurrido todo
eso, al menos se le comunique fehacientemente y haya una cierta garantía,
de manera que ningún propietario pueda echar frívolamente al inquilino a
la calle.

Eliminan también la seguridad para el arrendatario de tener
como referencia el IPC en la subida de la renta, lo que irá en contra de
la parte más débil, como hemos repetido en muchas ocasiones. Le quitan el
derecho de tanteo y retracto, y no he conseguido que nadie me explique
qué propietario o qué asociación de propietarios puede haber propuesto
esto. Esto viene de los bancos. Que el inquilino pierda el derecho de
adquisición preferente está pensado, como indica el Consejo General del
Poder Judicial —no lo digo yo, lo dice en el informe que hizo de
esta ley—, para los bancos, para la ejecución de hipotecas, no para
el comprador ciudadano normal. Repito que eso lo dice el Consejo General
del Poder Judicial en el informe que hizo de esta ley.

Ustedes, con este proyecto, colocan mayores costes para los
inquilinos. Si quieren que su contrato tenga validez legal deben tener un
mayor gasto, un gasto equivalente al menos a un mes de alquiler, entre
notaría y Registro de la Propiedad. De ello se han preocupado tanto el
Consejo General del Poder Judicial como el Consejo Económico y Social. Se
puede dar el caso de que si la vivienda se vende y no está registrado el
contrato del inquilino, este tiene que irse a la calle en unos meses a
pesar de estar pagando la renta y de estar cumpliendo sus obligaciones
contractuales. No creo que esto lo haya demandado ningún propietario,
esto viene a satisfacer demandas de los bancos, a las que se ha plegado
el Partido Popular. Nadie compra una vivienda sin saber cómo está la
vivienda. Y esto lo que viene a resolver es el problema de los bancos al
quedarse con viviendas que tienen a alguien dentro, lo que quieren y lo
que está propiciando esta ley es echar al propietario y al inquilino, a
los dos sobre la marcha.

El Consejo General del Poder Judicial señala en su informe
que la inscripción registral para que el arrendamiento surta efectos ante
terceros, además de suponer una carga jurídica para el arrendatario,

conlleva un indudable coste económico. El arrendatario está
obligado a sufragar los costes de la escritura del contrato, así como los
derechos arancelarios de los registradores. Señorías del Partido Popular
que apoyan esta ley, el propio Consejo General del Poder Judicial les
está diciendo que están poniendo una carga innecesaria a los inquilinos.
No entendemos la lógica de esta propuesta. Incluso llega a recomendar
formalmente que a la hora de regular esta materia se establezcan unos
aranceles reducidos o bonificados. Nosotros hemos propuesto que esa
bonificación sea de al menos el 60%, puesto que es un costo nuevo que
tiene que aportar cualquier inquilino que quiera tener ahora seguridad
jurídica y que tiene que registrar su contrato. Un contrato de alquiler
de 400 euros —preguntados notarios y registradores— va a
suponer un coste para el inquilino de otros 400 euros. Si alguien va a
alquilar, ¿creen que puede tener la voluntad de pagar una mensualidad más
para tener garantías legales? Probablemente no lo harán, ustedes saben
que la gente que más lo necesita no lo va a hacer, luego estamos
debilitando el derecho de los ciudadanos.

En el informe del Consejo Económico y Social se afirma que
se incentiva la oferta de viviendas en alquiler y se solicita que se
implementen medidas que favorezcan la demanda en el sentido que yo vengo
exponiendo. No es solo un análisis del Partido Socialista, también hay
organizaciones e instituciones del Estado que señalan el mismo problema.
No estamos apoyando la demanda, solo estamos protegiendo al propietario,
y, como digo, no solo lo dice el Partido Socialista, hay gran variedad de
organizaciones apoyando esta posición, desde Cáritas al Consejo Económico
y Social, pasando por sindicatos y organizaciones de abogados. Yo he
leído informes de muchas de esas organizaciones y todos van en el mismo
sentido. No entiendo por qué no pueden escuchar las demandas
sociales.

Creo que no han querido debatir esta ley. Algún
interviniente también ha señalado que nos quitaron la mitad de la ley en
el Congreso y la convirtieron en una enmienda a la tramitación de la Ley
de medidas tributarias para la consolidación de las finanzas públicas,
todo lo referente a las Socimi, y evitaron que el debate se produjera, lo
que hicieron fue encapsularlo y reducirlo para que generara la menor
polémica social posible, y lo han seguido haciendo. Introdujeron la
enmienda que supone el actual artículo tercero de la ley incluyendo las
listas negras, y evitaron con ello la crítica del Consejo General del
Poder Judicial y del Consejo Económico y Social. Si era una propuesta de
ustedes, ¿por qué no la reflejan desde el principio en el documento que
dan a todas las organizaciones sociales, para que valoren ese proyecto y
les puedan hacer la crítica? Introduciéndola como una enmienda están
sisando ese derecho a la sociedad a oponerse o, por lo menos, a que oigan
cuál es su posición respecto a estas listas. Sabemos el efecto que tienen
en los bancos, ustedes lo saben. La gente que entra en la lista de
morosos, en el Asnef y en otras parecidas, posteriormente no consiguen
ningún préstamo, se lo bloquean, aunque sea para comprar una lavadora. Y
aquí vamos a usar otro tipo de lista que va a lo mismo, a que a un señor
al que le pueda surgir un problema, con la crisis que tenemos hoy en día
—y debemos pensar que esto no le va a pasar solo a gente de mala
fe, que le puede pasar a cualquier ciudadano de buena fe, a cualquier
persona que no tenga la voluntad de dejar de pagar, sino que no
pueda— le vamos a incluir en una lista que luego le va a impedir
alquilar y acceder a una vivienda digna que va a necesitar, como
cualquier otra familia. No entiendo la ventaja. Y además, le han hurtado
este debate a la sociedad.

No han aceptado ninguna enmienda de las que hemos
presentado y que hemos incorporado en el trámite del Senado, y eso que
hemos procurado incorporar enmiendas que no tuvieran coste para el Estado
para que esa no fuera una excusa sencilla y fácil para rechazarlas. Y aún
así, no hemos encontrado una rendija por la que colarnos en el aplastante
rodillo que tienen con la mayoría.

Les pedíamos la rebaja del 60% en las tasas de notarios y
registradores, que es algo sensato, no es ningún despropósito. De hecho,
la propia ley recoge que hay que desarrollar un reglamento que incluya
bonificaciones; y todas las organizaciones piden que sean sustantivas. Si
no les parece bien el 60%, ¿por qué no podemos transaccionar otro
porcentaje? De esa forma fijaríamos la voluntad clara del legislador de
que queremos una reducción significativa.

Nosotros —se lo he dicho en mi intervención— no
estamos de acuerdo con que se pueda llamar a una persona que tiene a su
hijo en el colegio, que está ubicada socialmente y que se ha instalado
con su familia, y se le diga: Oiga que voy a necesitar la vivienda, ya se
puede usted marchar. Y ello sin demostrar fehacientemente esa necesidad,
y que además no tenga ninguna garantía de que el engaño tiene un castigo.
Yo creo que, como legisladores, también tenemos la responsabilidad de
equilibrar las cosas. El castigo que se propone es muy leve y permite que
se lo salte cualquiera. Les hemos pedido que supriman la lista negra y
vamos a seguir pidiéndoselo hasta el último segundo del debate de esta
ley. Les hemos pedido que se incluya el castigo al acoso inmobiliario,
que se defienda que las viviendas alquiladas estén en condiciones dignas
para ser habitadas y que se luche contra la discriminación en los
contratos de

alquiler, y ustedes no han querido aceptar ninguna de
nuestras enmiendas. También hemos solicitado ayudar a los comerciantes
que tienen locales de renta antigua, y tampoco hemos visto que se nos
escuche. De todas formas, de estas enmiendas hablaré con más detalle en
el turno de defensa de las enmiendas.

En resumen, presentamos un veto a esta ley porque es una
ley equivocada en su análisis de partida, desequilibradora de la relación
arrendador-arrendatario, de una forma abrumadora a favor del propietario
y de los bancos; porque despoja al arrendatario de prácticamente todos
los derechos y le obliga a soportar mayores gastos para alquilar con unas
mínimas garantías; porque crea listas negras que impedirán a familias
honestas que hayan tenido problemas y que no hayan podido pagar un
alquiler, acceder en los próximos años a una vivienda digna; y porque no
se dedica ni una línea al alquiler social. Se llama ley de fomento del
alquiler, pero no hay ni una sola línea que anime a vivir de alquiler en
lugar de en propiedad.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Fernández.

Pasamos al turno en contra. ¿Van a hacer uso de este turno?

El señor BURGOS BETETA: No, señora presidenta. Para
agilizar el debate, vamos a hacer uso del turno de portavoces.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Pasamos entonces al turno de
portavoces, por orden de menor a mayor.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señora
presidenta.

Varias de nuestras enmiendas tienen un carácter defensivo,
proponen el mantenimiento de la regulación actual en materia de duración
mínima del contrato de arrendamiento, de las prórrogas del contrato, de
la actualización de la renta y de la fianza, de los derechos de tanteo y
retracto, o en lo que se refiere a la demanda de desahucio por falta de
pago de rentas. Entendemos que, de no admitirse nuestras enmiendas, se
ahonda en un desequilibrio mayor en la protección de los derechos del
arrendador e inquilino en favor del primero.

En otras enmiendas rechazamos el hecho de que para que los
contratos de los arrendatarios sobre fincas urbanas surtan efectos frente
a terceros deben inscribirse en el Registro de la Propiedad —me he
referido a ello anteriormente y no voy a cansarles con este asunto, pero
nos parece importante—. Y, por último, queremos resaltar algunas
enmiendas por su contenido social: una intenta abordar la lacra social
del acoso inmobiliario, otra hace referencia a un parque público de
viviendas en alquiler, especialmente teniendo en cuenta las viviendas del
Sareb, otra sobre la existencia de viviendas con protección pública que
estén desocupadas, y finalmente otra para penalizar fiscalmente a las
viviendas desocupadas. Estas serían las cuatro enmiendas de mayor
contenido propositivo y social que presenta Izquierda Unida, sobre las
que seguimos manteniendo la esperanza —porque es algo que nunca se
pierde— de que la racionalidad impere y se puedan admitir algunas
de ellas para corregir los graves desequilibrios que este proyecto de ley
crea entre arrendador y arrendatario y que ya hemos señalado tanto yo
como algunos portavoces.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Mariscal.

Interviene a continuación el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, el senador Bildarratz, por tiempo de
diez minutos.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora
presidenta.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado. Como ustedes saben, esta portavocía le corresponde a la senadora
Leanizbarrutia, a la que esta tarde voy a sustituir yo.

No tengo un profundo conocimiento del tema o, al menos, no
tanto como el que ustedes tienen, y les voy a hablar únicamente desde la
experiencia que he tenido como alcalde. En ese sentido, creo que puedo
hacer una pequeña aportación. En el ámbito de la vivienda hemos pasado de
la famosa burbuja inmobiliaria, donde la Administración entendía que
había que dejarlo al equilibrio del libre mercado, a que poco a poco la
Administración entendiese que de una manera u otra había que intervenir
en aquella locura de precios por la que semana a semana y mes a mes los
precios de las viviendas se modificaban de una manera significativa y
donde el que más dinero tenía más adquiría para, a su vez, especular

más, con lo cual se generaba un verdadero problema sobre
todo a las nuevas familias y a la gente joven. Y a partir de ahí, a
partir de 2005 o de 2006, como decía, la Administración pública, al menos
en Euskadi, entendió poco a poco que también había que ir regulando el
precio de la vivienda libre. Se generaron nuevas ideas, como las
viviendas tasadas, etcétera, pero siempre estamos hablando del régimen de
compraventa. Creo que eso también quedó un poco atrás con la nueva
situación económica, y en estos momentos nadie duda de que la vivienda en
alquiler es una de las intervenciones más interesantes y más justas, bien
gestionada, por supuesto, aunque tampoco es fácil, pero al menos como
concepto es una de las más interesantes que la Administración puede
entender y puede trabajar.

Por eso, al ver este proyecto de ley sobre la mesa uno
entiende que es una buena apuesta y una buena intervención. Lo que ocurre
es que si nos atenemos únicamente al articulado, podemos dejar de ser tan
optimistas, porque lo que estamos viendo principalmente es de qué manera
se regula una relación entre arrendatario y arrendador, que es sobre lo
que versa. Hay que intentar flexibilizar una serie de relaciones, pero
nunca ahondar en lo que se dice en las primeras líneas del preámbulo del
proyecto, y es que, partiendo de que en España hay una ratio de alquiler
de un 17% —aunque en el propio preámbulo se diga que la media de la
Unión Europea está en el 30%, yo diría que está más cerca del 40%, pero
no vamos a debatir esa cifra— parece que queremos ambicionar que
haya un mayor porcentaje de alquiler del que en estos momentos tenemos, y
creo que todos somos conscientes de que con este texto eso no se logra.
No creo que estemos siendo justos con las nuevas familias, con la gente
joven, porque, como digo, es una buena e importante opción la del
alquiler, pero con este proyecto no lo estamos haciendo bien. Creo que no
aporta grandes conceptos ni grandes innovaciones. Yo incluso propondría
en esta comisión —puesto que, tal y como se dijo en la ponencia,
las enmiendas y los vetos no van a correr demasiada buena suerte—,
que se pueda evaluar lo que vamos a hacer, porque ya les digo que el
fruto de este proyecto de ley no va a ser importante, no va a haber un
gran incremento en el alquiler, y además creo que nos estamos alejando
aún mucho más de la triste y dura realidad. Todavía tenemos tiempo para
mejorarlo, para poder escuchar, para ver verdaderas experiencias, que las
hay y muy positivas, y en ese sentido, el partido mayoritario debería
hacer un esfuerzo para que, como se está intentando a través del título o
a través de las primeras líneas del preámbulo, consigamos mejorar las
ratios de alquiler, porque es una fórmula mucho más justa, mucho más
posibilista, pero este texto verdaderamente no lo posibilita.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador.

A continuación tiene la palabra el senador Martí Jufresa,
de la Entesa pel Progrés.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidenta.

Quiero simplemente significar nuestro apoyo a todos los
vetos que van en la misma dirección que el nuestro y reafirmar nuestra
exposición anterior en la línea de que es imprescindible esta enmienda a
la totalidad, la devolución de un proyecto de ley que en su redactado y
en sus postulados contradice completamente sus voluntades o lo que
podemos interpretar que son sus voluntades.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Martí.

Tiene la palabra a continuación la senadora Candini, del
Grupo Convergencia i Unió.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias, señora presidenta.

Creo que este turno es de portavoces en relación con los
vetos. ¿Es así?

La señora PRESIDENTA: Sí, señoría, así es.

La señora CANDINI I PUIG: En ese caso, nosotros nos
abstenemos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Candini.

A continuación tiene la palabra el senador Fernández
Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Esta ley, como he dicho en mi anterior intervención, es una
ley del Partido Popular que no ha sido reclamado por los colectivos más
necesitados, ni por los propietarios, ni por los agentes del sector, ni
por

sindicatos u otras organizaciones sociales como Cáritas.
Esta ley nació a demanda de los bancos, con el añadido del Partido
Popular de apostar por proteger al arrendador dejando inerme al
arrendatario. Cáritas tenía claro que esta ley respondía a exigencias del
sector financiero, y la decisión de sacar de esta ley la mitad de su
contenido, lo referido a la Socimi, para presentarlo vía enmienda en el
Senado, demuestra que esa era la prioridad del Gobierno: atender los
intereses de los bancos.

Un ejemplo claro de la preocupación del Gobierno por
atender estas demandas de los bancos es dejar al arrendatario sin el
derecho de tanteo y retracto. El Consejo General del Poder Judicial, en
su informe a esta ley, explica que la oposición del inquilino a la
compraventa está asentada en la publicidad posesoria. Hay garantías de
que nadie se encuentra sorpresas, en primer lugar, porque para inscribir
con un inquilino hay que demostrar que se han verificado las
notificaciones para que pueda ejercer los derechos de adquisición
preferentes, y si no es arrendada, impide inscribirla salvo que el
vendedor declare que está libre de arrendamiento en la escritura, y si es
falso sería delito de falsedad documental. La buena fe del comprador
siempre queda salvaguardada con estos dos hechos, al margen de que, como
dije en mi anterior intervención, nadie compra una vivienda sin ir a
verla y sin comprobar en qué condiciones está, luego esto solamente
beneficia y resuelve el problema de los bancos.

El Partido Popular, en nuestra opinión, va demasiado lejos
con esta reforma al sumar la pérdida del derecho de adquisición
preferente por el arrendatario, agravada por la falta de obligación del
comprador de dicha vivienda de mantener el contrato con el inquilino. Se
puede dar el absurdo caso de que un inquilino no sea informado de la
venta de la vivienda que habita y se encuentre en la calle sin ninguna
posibilidad de recurso pese a tener su contrato en vigor y estar al
corriente del pago. En muchas ocasiones, en la tramitación de esta ley
nos han puesto como ejemplo a Europa a la hora de fijar el objetivo de
duplicar el número de familias que viven de alquiler. Creo que vamos a
asistir en nuestro país a un aumento del alquiler, pero no va a ser
resultado de la aplicación de esta ley sino de la crisis y de la
imposibilidad de las familias de acceder a una vivienda en otras
condiciones. Van a tener dificultades para comprarla e incluso para
alquilarla, y desde luego no van a tener ningún incentivo para el
alquiler, porque estamos viendo que esa no es la política del Partido
Popular.

Han dado cifras de alquiler en nuestro país, de un 17% de
familias que están habitando como primera residencia una vivienda de
alquiler. Y aunque las estadísticas son malas, lo que sí parece
concretarse es que en Europa el índice va a estar aproximadamente en el
doble. Y hay países, por ejemplo, Alemania, que puede estar por encima
del 50%, u Holanda, que está cerca del 50%. Llegar a ese índice europeo
conllevará poner cientos de miles de viviendas más en alquiler, pero aun
así nosotros seguimos pensando que el problema está en la falta de
demanda y que ese debería ser el objetivo de esta ley, estimular la
demanda, puesto que viviendas vacías y desocupadas hay en nuestro país,
con lo cual, repito, lo que hace falta es estimular la demanda. De 2004 a
2011 el parque de alquiler pasó del 10 al 17% y se hizo con las mismas
políticas que se aplican en Europa para alcanzar índices que ahora
tomamos como referencia: la declaración fiscal al alquiler para el
arrendador, para el arrendatario, la renta básica de emancipación. Estas
medidas o similares son las que se toman en los países europeos que han
conseguido elevar los índices de familias que utilizan el alquiler para
su primera residencia. Pero el Gobierno no está interesado en ello.

Señorías, la política de vivienda ha pasado de 1600
millones de euros en 2010 a 765,88 millones en 2013, menos de la mitad.
En el nuevo Plan integral de vivienda y suelo se habla de 2311,3 millones
a mitad de la presentación que hace el ministerio, pero al final, en la
última página ya llega a 2421 millones para el período 2013-2016. Al
margen de las cifras, que no coinciden, me parece interesante subrayar
que si en los presupuestos de 2013 ya hay 765 millones para la política
de vivienda y el Gobierno, en su Plan de vivienda dice que va a gastar
2400 hasta el año 2016, para 2014, 2015 o 2016, quedan 1656 millones. Va
a haber otra bajada, otro recorte y se va a quedar en 552 millones por
año la política en nuestro país. Esas son caídas que nada tienen que ver
con los recortes que está haciendo el Gobierno por la crisis. Hablamos de
un porcentaje, de 2014 a 2013, de casi un 28% que incluso va a llegar al
65,5% de bajada respecto de 2010. Está claro que la política de vivienda
y de potenciación del alquiler no está entre las prioridades del
Gobierno, que los recortes no se corresponden con los que está haciendo
el Gobierno en el resto de los presupuestos. Son cifras tremendas.

En una política en la que se recorta el 70% se queda sin
política. El margen de maniobra va a ser muy pequeño. Ustedes están
renunciando a actuar sobre este mercado, sobre el mercado de la vivienda
y, en particular, sobre el del alquiler. Lo que esto explica es que el
Gobierno considera el alquiler como un bien de inversión y olvida la
parte social, que es la que ve el alquiler como una forma de acceso a la
vivienda

y que explica la inversión del Estado y la tutela del
Gobierno. Desde luego, cada vez que hacemos un repaso hacia atrás de las
políticas que ha hecho el Gobierno para impulsar la vivienda de alquiler
hemos de referirnos al código de buenas prácticas, a la supresión de la
renta básica de emancipación, a la reducción de los presupuestos a cifras
que —como les acabo de decir— son auténticas barbaridades.
Así que nosotros no vemos que se apoye o impulse la demanda al alquiler
ni que se pongan recursos a disposición para poder hacerlo.

En mi opinión, lo que quiere un propietario es cobrar, que
le conserven la vivienda en buen estado y recuperarla si la necesita,
pero la pregunta que nos hacemos nosotros es si para todo eso hay que
acortar los plazos de duración de los contratos, o que el arrendatario
pierda el derecho de adquisición preferente, o que le puedan subir la
renta al inquilino por encima del IPC, o que tenga que pagar para poder
registrar su contrato y de esa forma garantizarse un mínimo de seguridad
jurídica. No deja de ser curioso que en todas las leyes aparezca cada vez
más un hueco por el que se cuelan los registradores
—curioso—, que cada vez tienen más trabajo. Deben ser de los
pocos en este país que tienen cada vez más trabajo.

El PSOE está en contra de este proyecto de ley, entre otras
cosas porque obliga al inquilino a seguir la vida del propietario y de su
familia. Con las condiciones que estamos poniendo, el que alquila va a
tener que preguntar antes de firmar el contrato si el propietario tiene
familia, si está casado, en fin, va a tener que averiguar esas cosas y va
a tener que estar pendiente porque pueden afectarle para disponer o no de
la vivienda.

El Partido Popular utiliza mucho el argumento de la
libertad, la pone por delante para defender este proyecto de ley; la
libertad de acordar de las partes, nos dicen. Pero en realidad la que
defienden es la libertad de acordar del propietario, que es a quien no le
perjudica la relación desequilibrada. Hablan de libertad de las personas
para acordar, pero la libertad en este caso no significa igualdad,
significa más seguridad para quien más tiene. Alguien podría decir que
este es un discurso de izquierdas, que es fácil que me lo digan, pero
como el Consejo General del Poder Judicial no tira por esas lindes se lo
cito, que viene bien. Indica en su informe a esta ley que si se deja a
las partes pactar, ello implica dejar de corregir el desequilibrio
natural en la posición negociadora. El Consejo General del Poder Judicial
es quien dice que ese desequilibrio existe y que no se debe dejar pactar
a las partes, sino que la ley tiene que ser garantía de igualdad. «Esta
asimetría —dice— en la fuerza negociadora es un postulado
tradicional en la materia y la premisa sobre la que está construida la
legislación vigente». De hecho, no se aplicaba esta protección para los
arrendamientos suntuarios. Lo que han hecho en esta ley es igualarlos
todos, igualar el arrendamiento de la persona que no tiene recursos ni
capacidad con el arrendamiento suntuario, con el que tiene un elevado
coste. En nuestra opinión, presentan la libertad de pacto como un bien y
lo que hacen es poner en riesgo la seguridad que aporta la ley.

Permítanme que les ponga un ejemplo del desenfoque del
Partido Popular en esta ley. El problema hoy es que la gente se va al
alquiler porque no puede pagar otra cosa, a veces ni el alquiler, y esta
ley prevé también que se le incluya en una lista negra si no lo paga. Sin
embargo, nos proponen como impulso a la rehabilitación que el
arrendatario pueda arreglar la vivienda a cambio del alquiler, o sea, que
adelante el coste del alquiler. No entiendo nada. Veo que no son
realistas. Lo que estamos discutiendo es que la inmensa mayoría de la
población tiene dificultades para eso. ¿Además, es necesario,
reglamentarlo? ¿Eso no puede formar parte del pacto entre las partes? ¿Es
necesario que la ley lo recoja? Estamos desenfocando el problema que
tiene la gente. Esa no es la prioridad. Lo he puesto como ejemplo del
desenfoque porque a veces se ponen a reglamentar cosas que realmente no
son el meollo del problema.

No he encontrado ningún artículo que anime a ser
arrendatario en lugar de propietario. Insisto en que sigue haciendo falta
el alquiler social para quien no pueda pagar, que cada día es más gente
debido a la crisis. Les recuerdo —lo dije en el debate que tuvimos
en esta comisión con el secretario de Estado— que si se busca
seguridad en el proyecto vital la gente va a huir del alquiler. Tres años
impiden poner en marcha un proyecto vital para una familia con un mínimo
de seguridad. Con eso más que fomentar el alquiler quizá se fomente la
compra en un momento en que puede producir sobreendeudamiento.

Quisiera terminar esta intervención del turno de portavoces
haciendo referencia a la enmienda 105, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, que resume las características de esta ley. Ha sido criticada
por todas las partes. Tenemos dudas de su legalidad. De hecho, hoy nos
han presentado una corrección, pero aun así seguimos teniendo dudas,
porque hay gente a la que se le ha dado un derecho, y ya lo tenía
reconocido y ha comprometido un contrato en función de ese derecho, y
hoy, cuando esta ley se apruebe definitivamente en las condiciones que
ustedes presentan, lo va a perder. Por lo tanto, se genera inseguridad
jurídica porque elimina derechos ya consolidados. No me refiero solamente
a los

derechos de las empresas que hayan construido viviendas
para alquiler, sino a los jóvenes que hayan podido firmar un contrato
contando con un derecho y con una renta que les iba a llegar y que ahora
se les dice que no, que aunque lo tengan por escrito ya no la va a
recibir más y, por tanto, pueden incumplir ese contrato y pueden tener,
incluso, que indemnizar al propietario de la vivienda.

Esta enmienda, que es un ejemplo de esta ley, ha generado
alarma social. Muchas organizaciones e instituciones rápidamente se han
movilizado y se han dirigido a la ministra —me consta—, al
secretario de Estado, al ICO y a todos los grupos políticos —porque
si nos ha llegado a nosotros, les habrá llegado al resto—. Igual le
ha ocurrido a esta ley. Ha encontrado el rechazo general.

Para terminar, ustedes nos dicen que favorecen el alquiler
y, sin embargo, en esta enmienda ponen en riesgo lo que decían los
Presupuestos Generales del Estado. No sé con que cifra quedarme, porque
en los Presupuestos Generales del Estado de hace tres meses y medio, que
aprobaron ustedes con el voto a favor de todos los parlamentarios del
Grupo Popular, decían en el programa 261N, que aspiraban a que en el año
2013 hubiera 150 000 jóvenes cobrando la renta básica de emancipación y
que habían presupuestado dinero suficiente para ese objetivo. Hablamos de
hace tres meses y medio. No sé qué ha ocurrido en ese trayecto, en esos
tres meses primeros del año para que ustedes nos presenten esta enmienda
en la que queda lejos su aspiración de 150 000. Partían ustedes de 120
000 jóvenes que —decían— no cobraban en 2012. Digo que decían
porque hoy he leído un artículo en la prensa, que citaba fuentes del
ministerio, que decía que la han cobrado en febrero apenas 60 000, por lo
que yo no sé con qué dato quedarme. En cualquier caso, la cifra es enorme
y ustedes decían hace tres meses, por escrito, en los Presupuestos
Generales del Estado, que iban a apoyar que la cobraran 150 000 jóvenes.
¿Y hoy ya ninguno?, ¿cero?

Le he relatado muchos motivos que sustentan nuestra
oposición a esta reforma y que justifican apoyar el veto a esta ley.

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Termino, enseguida; me queda una
frase.

Le decimos al Gobierno que antes de escribir conviene
escuchar y, por eso el Grupo Parlamentario Socialista pide al apoyo para
todos los vetos que se han presentado.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.

Tiene la palabra a continuación, el senador don Tomás
Burgos por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor BURGOS BETETA: Muchas gracias, presidenta. Yo le
prometo que voy a ser bastante más sucinto en mi intervención, entre
otras cosas, porque, como todos ustedes saben, tendremos ocasión de
reiterar este debate en el Pleno del mes de mayo. Por tanto, seré más
escueto.

Antes de nada, quisiera decir que me parece que en esta
comisión se están confundiendo dos trámites. Uno, el debate de los vetos
y, otro, el debate de las enmiendas. Yo creía que simplemente era una
argucia desde el punto de vista parlamentario, pero no, porque algún
portavoz ha afirmado que se veta y que se va a votar a favor del veto
—y creo que lo voy a citar tal y como se ha dicho— porque no
se aceptan las enmiendas, cuando todos sabemos que el veto se ha
presentado en el mismo momento en el que se presentaban las enmiendas,
por lo que no ha habido ocasión para tomar esa decisión en función de ese
dato.

En cualquier caso, atendiendo directamente a los argumentos
que han utilizado sus señorías a la hora de argumentar —valga la
redundancia— las propuestas de veto, las razones que se han alegado
han incidido básicamente en el cambio de posiciones inquilino-arrendador
y en el rechazo a una serie de medidas que, según los grupos
parlamentarios que han presentado veto, favorecen la posición de este
último. Se habla de la reducción de la duración del contrato, de la
prórroga obligatoria, de la actualización de la renta, de la inscripción
del contrato en el Registro de la Propiedad, etcétera.

También se hace una referencia, como suele ser habitual en
estos debates, al artículo 47 de la Constitución y se utilizan una serie
de datos que, cuando menos, debemos calificar, sobre todo a la vista de
las informaciones de la semana pasada, de poco rigurosos en su uso, por
antiguos o simplemente por erróneos en algunos casos. Pero al margen de
cualquier discusión sobre cifras, ya sean estadísticas, ya sean
económicas, seguro que todos vamos a estar de acuerdo en que hoy el
mercado de alquiler en

España no es una alternativa eficaz al de la propiedad.
Todos. Incluso en los propios argumentos que ustedes hacen en sus
vetos.

¿Y se han preguntado ustedes, señorías, por qué después de
tantos años sigue habiendo tantas casas vacías? ¿Se han preguntado,
señorías, por qué seguimos los españoles sin confiar en el alquiler como
modo de uso de la vivienda? ¿Responden los argumentos de sus vetos al
fracaso evidente de las políticas de alquiler de estos últimos años? ¿No
será, señorías, que el sistema actual no funciona, al menos en parte?
Creo que son estas las preguntas que habría que responder y las
soluciones deberían venir de un enfoque nuevo —pensamos— y
más amplio de las políticas de vivienda.

El proyecto de ley que ha presentado el Gobierno, que
debatió el Congreso de los Diputados y que hoy tenemos ocasión de debatir
en esta comisión, busca dinamizar el mercado de alquiler, y creemos que
la clave para ello está en profundizar en su flexibilización, fomentando
la voluntad de las partes.

Como bien define el preámbulo del proyecto de ley que ya se
ha citado aquí, hay que buscar el necesario equilibrio entre las
necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que se ofrecen a los
arrendadores para la puesta a disposición del mercado arrendaticio
—cito literalmente—. Por tanto, señorías, nosotros creemos y
defendemos que esta ley protege personas y derechos, que protege derechos
y personas.

Ustedes, señorías, utilizan argumentos trasnochados por
antiguos. Por cierto, algunos de ellos contradictorios con los que usaron
algunos de sus grupos en la reforma de la Ley 19/2009, de 23 de
noviembre, la famosa de medidas de fomento y agilización procesal del
alquiler, que podemos volver a retomar. También, y sin ir más lejos, se
refieren a la ausencia del parque público de viviendas en alquiler, que
hoy no tiene sentido porque el Gobierno ya lo está abordando. Vean, por
ejemplo, el acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de abril. Otros
argumentos son fáciles y demagógicos, como cuando se dice que esta ley
rompe con la tradicional función de amparo, función tuitiva en términos
jurídicos, en beneficio del arrendatario, o que reduce los derechos de
los inquilinos, por no hablar de la defensa de los intereses de los
bancos, entre comillas.

No es verdad, señorías. No es verdad. Se flexibiliza, pero
con equilibrio, al fortalecer la libertad de pacto, lo que arreglará
seguramente, y ustedes lo saben, muchos problemas que hay hoy entre
inquilinos y propietarios. Flexibilizar los plazos legales de duración
del contrato no impide que ambos actores puedan pactar una duración
distinta. Permitir que el arrendatario pueda desistir de su contrato más
fácilmente no creo que pueda definirse como disminución de derechos de
nadie. Como tampoco lo es incrementar la seguridad jurídica y la
transparencia en las relaciones de alquiler. Me estoy refiriendo a la
inscripción registral del contrato. Proteger los derechos del propietario
frente al impago no es quebrar el amparo al inquilino. Creo que lo
razonable es apostar por el cumplimiento del acuerdo entre las partes,
más aún —y esto es muy importante— cuando el juez puede
considerar todas aquellas cuestiones que alegue el arrendatario como
causa de este incumplimiento y, al final, tomar la decisión.

Señorías, la auténtica función de amparo debe orientarse de
manera directa y eficaz hacia las personas realmente necesitadas,
considerando sus circunstancias personales, familiares, sociales,
etcétera. Así lo está desarrollando el Ministerio de Fomento también en
sus propuestas sobre vivienda aprobadas en el mencionado Consejo de
Ministros del pasado 5 de abril.

Ustedes han presentado cinco vetos a este proyecto de ley,
pero, ¿no creen que es necesario buscar fórmulas nuevas para hacer más
común el alquiler? Todos ustedes han gobernado. Todos. De una forma o de
otra, en los últimos años. Todos. ¿Por qué estamos así entonces? Cuando
sabemos que las competencias en materia de vivienda están bastante
distribuidas, por no decir que las comunidades autónomas tienen gran
cantidad de competencias sobre este asunto.

El Grupo Popular entiende que aceptar hoy sus vetos
implicaría dejar la ley de 1994 tal y como está, con las evidentes
reformas que ha habido hasta 2011. Y, como ustedes han mencionado, sus
efectos sobre el mercado de alquiler los conocemos todos: desequilibrio
exagerado entre el alquiler y la propiedad, 17 frente a 83, muy lejos de
las cifras del resto de los países europeos; Suiza ronda el 57, Alemania
el 46,8, casi el 47, y Francia el 38. Desequilibrio también entre el
número de viviendas en alquiler y el número de viviendas vacías: 2 100
000 frente a 3 500 000, datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2011
en relación con los datos provisionales avanzados la semana pasada del
último Censo de Población y Vivienda. Deficiencias del alquiler para ser
una fórmula alternativa a la propiedad realmente eficaz y ampliamente
extendida. Y carencias en el régimen de seguridad jurídica, obviamente
para terceros, pero también para el inquilino. Finalmente, señorías, no
ayuda en nada a la reducción del

desempleo, al dificultar la movilidad, tal y como afirman
en sus vetos algunos de los grupos parlamentarios que me han precedido en
el uso de la palabra, y que está aquí escrito.

En cualquier caso, sí les quiero recordar los datos que
arroja el modelo de alquiler 2004-2011: 3 974 000 viviendas construidas,
de las cuales, 3 475 000 libres y 498 000 protegidas. ¿Ven ustedes el
desequilibrio? Sociedad Pública de Alquiler: no llegó a gestionar más de
4500 alquileres y cuando se procede a su liquidación acumulaba una deuda
de 42 millones de euros. Ayudas: 1720 millones de euros para ayudas a la
adquisición de vivienda; 337 millones de euros para ayudas al alquiler.
Estarán conmigo en que estas cifras no parecen demostrar una apuesta por
el alquiler de los Gobiernos socialistas. Al menos estas cifras, que son
las que hay.

Esta ley, señorías, es una pieza más en materia de vivienda
dentro de las políticas del Gobierno del Partido Popular y del grupo
parlamentario que lo sustenta. Políticas que tienen una importante
continuidad en el acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de abril que ya
hemos mencionado. Ahí se produce un paquete de medidas legales y
económicas destinadas a promover el alquiler, la rehabilitación, la
renovación y la mejora energética de la vivienda. Hoy estamos hablando
aquí de alquiler. Probablemente, en las próximas semanas hablaremos de
rehabilitación, del parque público de viviendas, etcétera.

En poco más de un año el Gobierno del Partido Popular ha
abordado el problema de la vivienda con rigurosidad y en su conjunto.
Además, todas estas medidas que refiero pretenden crear 105 000 puestos
de trabajo, así como beneficiar especialmente a las personas con menos
recursos, entre ellas, a las que han sido objeto de desahucio.

Por todo ello, señorías, y como he avanzado en mi
intervención, votaremos en contra de los vetos presentados.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Burgos.

Pasamos a la votación de las propuestas de veto, previa
comprobación de las asistencias por parte del señor letrado.

Por el señor letrado se procede a la comprobación de las
señoras y los señores senadores presentes.

La señora PRESIDENTA: A continuación, votamos el veto
número 1, de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel
Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 6; en contra, 15; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el
veto número 1.

Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora Ester
Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 6; en contra, 15; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Propuesta de veto número 3, de los senadores Jordi Guillot
Miravet y Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 6; en contra, 15; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Propuesta de veto número 4, de los senadores Mónica
Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafael Bruguera Batalla, Carlos
Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús
Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 6; en contra, 15; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 6; en contra, 15; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Pasamos, a continuación, al debate de las enmiendas.

Comenzando por el preámbulo, se debatirán las enmiendas
ordenadas de menor a mayor, por su orden de presentación y por un tiempo
de diez minutos por grupo parlamentario.

En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora
presidenta.

Doy por defendidas las enmiendas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Muchas gracias, señora
presidenta.

Para el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió esta ley
es importante. De hecho, como bien saben, de manera reiterada hemos
presentado diferentes iniciativas relativas al alquiler.

En España la demanda del mercado de viviendas en alquiler
está muy debilitada y, por tanto, creemos necesario promover mecanismos
para que el mercado del alquiler funcione. La vivienda es un derecho
constitucional y un bien social a proteger. Para que un mercado funcione
tiene que haber oferta y, por tanto, nuestra preocupación es que la haya
con medidas de todo tipo.

Hemos presentado veintiocho enmiendas y en ellas abordamos
diferentes cuestiones. Por ejemplo, cuestiones sociales vinculadas con la
posibilidad de facilitar que las personas discapacitadas puedan hacer
obras, con la posibilidad de prorrogar el alquiler hasta cinco años,
etcétera. Pero debido al poco tiempo del que disponemos, diez minutos, me
voy a centrar en la enmienda número 105 del Grupo Popular.

Nosotros hemos presentado una petición a la Mesa para que
no se acepte esta enmienda del Grupo Popular porque entendemos que no es
congruente con el proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento
del mercado del alquiler de viviendas; no lo es ni su objetivo ni su
contenido. Consideramos que no se cumplen las exigencias de conexión y
homogeneidad entre la enmienda y el proyecto de ley…

La señora PRESIDENTA: Senadora Candini, esta enmienda es
una disposición adicional nueva y ya tendrá tiempo después de marcar su
posición al respecto. Si quiere fijarla ahora, en el debate del
preámbulo…

No vamos a debatir la ley en su conjunto, sino artículo por
artículo. Comenzamos con el preámbulo y continuamos con el artículo 1, el
artículo 2… (Rumores.)

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Mi grupo propone que agrupemos
el debate.

La señora CANDINI I PUIG: Señora presidenta, en todo caso,
quiero sugerir algo. Yo no sé qué tiempo tienen los demás, pero sugiero
que las intervenciones de los partidos políticos…

La señora PRESIDENTA: ¿Sean más cortas? Los tiempos son
máximos, no hace falta consumirlos.

La señora CANDINI I PUIG: No, los tiempos que sean. Lo que
quiero decir es que, en los diez minutos que nos corresponden a cada uno,
podamos reflexionar sobre el conjunto de las enmiendas presentadas, sobre
el planteamiento general de todas ellas. Creo que así se agiliza mucho
más el debate, si no…

La señora PRESIDENTA: Senadora Candini, el debate lo
organiza la Presidencia. Yo lo había distribuido así como le estoy
diciendo. Comenzamos con el preámbulo, continuamos con el artículo 1 y,
llegados al artículo 2, tenía previsto suspender la sesión para que se
reuniese la ponencia, toda vez que se ha presentado una transacción del
Grupo Parlamentario Popular en relación con esta enmienda número 105
precisamente; otra en relación con la enmienda número 87 de Convergència
i Unió; las enmiendas de corrección del Grupo Parlamentario Vasco en
relación con las enmiendas números 32, 33, 36, 37 y 38.

Como le digo, tenía previsto suspender la sesión durante
cinco minutos para que se produjese esa reunión de ponencia y luego pasar
de forma más organizada a la votación.

La señora CANDINI I PUIG: En todo caso, señora presidenta,
usted nos llama para muchísimas cosas, todas muy interesantes e
importantes, y yo también le hubiera agradecido que nos hubiera comentado
cuál era el planteamiento global y cómo iba a discurrir el debate de este
proyecto de ley. Así hubiese sabido si nosotros participábamos de este
planteamiento que, por mi parte, no apoyo en absoluto.

En todo caso, señora presidenta, ¿ahora puedo hablar de las
enmiendas generales o únicamente del artículo 1?

La señora PRESIDENTA: Del preámbulo.

La señora CANDINI I PUIG: ¿Tendré otro turno, no?

La señora PRESIDENTA: Sí, señoría.

La señora CANDINI I PUIG: Pues lo dejo para la próxima
intervención.

La señora PRESIDENTA: Senadora Candini, se ha distribuido
el orden de intervenciones así como el de las votaciones de acuerdo con
el artículo 114 del Reglamento, que tengo aquí, y que no leo por no
alargar la comisión. Pero, insisto, está aquí y a su disposición por si
quiere usted comprobarlo.

A continuación, interviene el senador Fernádez Ortega,
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las
enmiendas números 106, 107 y 108 al preámbulo.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Hemos presentado tres enmiendas al preámbulo. La primera de
ellas, la número 106, obedece a nuestra discrepancia con el planteamiento
que hace el Gobierno respecto de esta ley, que fija toda la atención en
la escasez de oferta. Nosotros entendemos, como he explicado en mis
anteriores intervenciones, que la situación que se deriva de la crisis
también conlleva una enorme falta de demanda, y por tanto, procede
estimular la demanda como elemento más importante, es decir, fomentar que
se opte por el alquiler como forma de acceder a la vivienda en lugar de
la compra.

Con la enmienda número 107 se solicita la supresión del
último párrafo del preámbulo, y se refiere a la valoración que se hace de
las viviendas que están listas para ser ocupadas y que se alquilan para
uso turístico. En ella se plantea que ello da lugar a una situación de
intrusismo y competencia desleal, y considero que lo que subyace en esta
parte del preámbulo es un apoyo al lobby hotelero puesto que este tipo de
viviendas se alquilan en toda Europa, se venían alquilando con un tipo de
contrato de alquiler normal y no es necesario su cambio.

Y la enmienda número 108 es de adición, y con ella
proponemos que se fije también como objetivo para esta ley —y ya
presentaríamos enmiendas en ese sentido— generar suelo finalista
para viviendas protegidas en régimen de alquiler. Para ello proponíamos
la creación de una sociedad pública que se ocupe de impulsarlo con
personal que ya existe en SEPE y SEPI, y financiado por el ICO.

Y estas son las tres enmiendas que hemos presentado al
preámbulo. Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Fernández
Ortega.

A continuación se abre un turno en contra.

¿Desea el Grupo Parlamentario Popular hacer uso de dicho
turno? (Denegaciones.)

En tal caso pasamos directamente al turno de portavoces, en
el que se seguirá un orden de menor a mayor.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Vasco? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés?
(Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario de Convergència i Unió?
(Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Muchísimas gracias, señora
presidenta.

Señorías, intervengo simplemente para comentar que este
proyecto de ley refleja e incide en una de las necesidades que en estos
momentos la sociedad española está persiguiendo en el aspecto del
alquiler, y sin confundir la diversidad y la complejidad de la vivienda,
la construcción, la edificación, la rehabilitación y el urbanismo.

Por tanto, este preámbulo incide clarísimamente en las
necesidades respecto del alquiler, y por ello les pido que no confundamos
el paquete de medidas del Gobierno respecto de la casuística y
problemática residencial en España, ya que en este preámbulo el dardo
apunta directamente hacia donde hay que trabajar, que es en la
flexibilización del alquiler.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Ibarrondo.

A continuación, pasamos a la defensa de las enmiendas
presentadas al artículo 1.

En primer lugar, y para la defensa de las enmiendas números
1 a 11, tiene la palabra el senador Mariscal, del Grupo Parlamentario
Mixto.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Señora presidenta, señorías,
es evidente que hasta ahora no había entendido lo que quería decir el
portavoz del Grupo Popular, pero ya he caído en la cuenta y no era en
absoluto un ardid parlamentario, sino una pura distracción por mi parte.
Me he distraído y he defendido las enmiendas parciales que tendría que
defender ahora, y por tanto, no voy a repetir mis argumentos, sino que me
remito a mi anterior intervención y posteriormente a las enmiendas que
afectan al artículo 2 reiterando mis disculpas.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Vasco, el senador Bildarratz, para la defensa de las enmiendas números 20
a 29, 95 y 96.

El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señora presidenta.

Las doy por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

A continuación, y para la defensa de las enmiendas números
40 a 46 y 53 a 63, tiene la palabra el, senador Martí Jufresa, portavoz
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Estas enmiendas son de supresión, pues mi grupo entiende
que el actual redactado de la Ley de Arrendamientos Urbanos, fruto de su
disposición inicial y de todas las modificaciones que en este momento
están vigentes y que se han ido desarrollando a lo largo de los años, ya
protegen los dos puntos clave, que son el propietario y el arrendador. La
garantía del cobro y si no hay cobranza, de las medidas que empujan a
ella y que son su consecuencia, y la garantía de la vivienda. Siendo esto
así, y no creyendo en absoluto que, tal y como defendía el portavoz del
Grupo Popular, la clave del fomento del alquiler tenga que ver con la
modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino todo lo contrario,
pues creemos que la clave del fomento del alquiler tiene que ver con el
plan de la vivienda y con las disposiciones que desarrollan las leyes
tributarias sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas,
para nosotros no tiene ningún sentido el núcleo fundamental del artículo
primero, sino más bien al contrario, como he dicho antes, desequilibra la
relación entre arrendador y arrendatario, precarizando al arrendatario de
una manera que imposibilita pensar que esta pueda ser una forma de
disponer de una vivienda a la altura de las aspiraciones de cualquier
familia normal en nuestro país.

Evidentemente las situaciones personales son múltiples y
variadas, y en algunos casos un alquiler por un tiempo breve puede ser
útil, pero es una excepción y estamos haciendo regla de la excepción
porque el enfoque, como ya he dicho, es completamente al revés. Por
tanto, y como pensamos que este artículo 1 no aporta nada en el fomento
del alquiler y en cambio sí aporta mucho en la merma de los derechos de
los arrendatarios, el grueso de estas enmiendas se dirigen a su
supresión.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 69 a 82, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Candini.

La señora CANIDINI I PUIG: Gracias, señora presidenta. Las
doy por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 109 a 126, del
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández
Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Este grupo de enmiendas se refiere al artículo 1, que es el
que se ocupa de la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y
contempla varios aspectos. En primer lugar, hay un grupo de enmiendas que
pretende modificar la reducción de la duración mínima de los contratos de
cinco años más tres de prórroga que había en la legislación vigente,
pasando a tres más uno, que es lo que propone la redacción del Gobierno.
En este sentido el Grupo Socialista ha presentado enmiendas para que al
menos se deje un mínimo de seguridad de cuatro años y tres de prórroga, y
desde luego apoyaremos cualquier enmienda que lleve a mantener el plazo
actual de cinco años de contrato más tres de prórroga.

Con la enmienda número 109 se intenta arreglar la propuesta
del Gobierno en el sentido de priorizar el acuerdo de las partes por
encima de la eficacia de la ley. Mi grupo parlamentario ha propuesto esta
enmienda para volver a la redacción actual donde los contratos se rigen
primero por la ley y luego por lo pactado entre las partes.

La enmienda 110 se refiere al apartado dos del artículo
primero, y con ella trasladamos que estamos en contra de la exclusión del
alquiler de vivienda que use canales turísticos y que tenga finalidad
lucrativa del contrato normal de arrendamiento. Por eso pedimos la
supresión de este artículo.

La enmienda 111 pretende evitar la obligatoriedad de
inscribir en el Registro de la Propiedad el contrato de alquiler para que
surta efectos ante terceros porque, como he explicado antes —y creo
que todos los aquí presentes son conscientes de ello—, en estos
momentos está surtiendo efectos ante terceros sin necesidad de estar
inscrito; o sea, que esto no es una necesidad para dar garantías sino un
añadido que supone un mayor coste. Hoy en día el contrato también se
puede llevar a los juzgados y, como dice el informe del Consejo General
del Poder Judicial, está suficientemente contrastado y no sería necesaria
la obligación de registrarlo.

Con la enmienda 114 proponemos que en el caso de que un
propietario recupere la vivienda y luego resulte que no cumpla con la
explicación o justificación que había dado, de usarla para él o para sus
familiares, al menos la indemnización sea suficiente como para hacer
desistir a aquellos propietarios que no estén dispuestos a hacer lo que
están anunciando al inquilino, es decir, que no estén dispuestos a ocupar
la vivienda. Lo que tratamos es de evitar el engaño fácil, y por eso
proponemos que la indemnización, en lugar de ser de un mes, sea de tres
meses por año, de manera que los propietarios no tengan la tentación de
echar con cierta facilidad al inquilino injustamente.

La enmienda 116 va en el mismo sentido. Es una modificación
al artículo primero, apartado cuatro, con la que se le pide al Gobierno
que modifique la ley en el sentido de que la comunicación que se haga al
inquilino se realice de manera justificada. Fíjense en que damos tres
razones para pedirle a un inquilino que deje la vivienda: que la vaya a
usar el propietario, que la vayan a usar sus hijos o que, en caso de
divorcio, la vaya a usar la persona a la que le haya sido asignada por el
juez. Pues bien, en el caso de que sea por divorcio tiene que aportar el
auto judicial que justifica que esa decisión se ha tomado, sin embargo,
en los otros casos no hay que aportar nada, lo que me parece incluso un
poco frívolo. Lo que estamos pidiendo con esta enmienda es un pequeño
matiz: que esa comunicación se haga al menos de forma fehaciente y
justificada por si, llegado el caso, el inquilino tiene que defender sus
derechos. Porque estamos preocupados por el derecho del arrendador, pero
¿dónde estamos preocupándonos de los derechos del inquilino? Llegado el
caso, ¿con qué documento va a ir al juez: diciendo que tenía un contrato
y que le llamaron por teléfono o le mandaron una carta? Proponemos que
por lo menos haya un documento de compromiso del propietario, lo mismo
que estamos pidiendo que en caso de divorcio se aporte el auto del juez
al menos en la parte que se refiere al uso de la vivienda. Repito que
cuando es para los hijos o para el titular no es necesario aportar nada,
y me parece que eso no es justo ni equilibrado. Por eso presentamos esta
enmienda.

Otra enmienda de este bloque es la referida a la aplicación
automática del IPC en la subida de la renta, como ocurre en estos
momentos. Es la enmienda 122, con la que se pide la supresión del
apartado doce del artículo primero para que continúe aplicándose el IPC
automáticamente durante la duración del contrato en la subida anual de la
renta de alquiler.

Hay algunas otras enmiendas, pero he subrayado las que me
parecían más significativas.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.

Turno en contra. (Pausa.)

Entiendo que no van a hacer uso de él.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)

¿Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones.)

¿Convergència i Unió? (Denegaciones.)

¿Grupo Socialista? (Denegaciones.)

Por el Grupo Popular en el Senado, tiene la palabra el
senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Gracias, presidenta. Muy
brevemente.

Señorías, la duración del arrendamiento será libremente
pactada por las partes. Ese es el principio base de partida; aquí es
donde se entiende el espíritu de esta reforma, donde se da esa confianza,
esa libertad a la actual sociedad, que ya es madura tras casi un cuarto
de siglo de una ley de arrendamientos cuyo resultado —yo creo que
en eso todos estamos de acuerdo— no es el deseado, al menos por los
datos así lo vemos, y donde vemos que, aparte de esa voluntad, se sigue
regulando por una serie de títulos, concretamente el primero y el cuarto,
y en el segundo trata de aquellas normas que regulan los aspectos básicos
de la relación arrendaticia y que se desprenden de la propia literalidad
de cada uno de los preceptos que las contienen.

Otro punto también fundamental es buscar la seguridad
jurídica, de ahí ese registro. Pero ese registro de impagos es
voluntario. (El señor Fernández Ortega: ¿Registro? Es el artículo
tercero.) Perdonen, es que me han modulado. (Risas.)

Con respecto a la seguridad, a la información que se
trasladan las partes una vez que convienen, se habla de que estas
señalarán una dirección electrónica a los efectos de realizar
notificaciones.

En cuanto a priorizar los acuerdos de las partes, lo que
quiero dejar bien claro es que en este artículo no hay ni buenos ni
malos, no hay quienes tienen la razón y quienes no la tienen. Se parte de
esa confianza de la que hablaba al inicio, senador, respecto de que hay
una serie de articulados en los que tanto el arrendador como el
arrendatario —lo vamos a ir viendo a lo largo del debate—
tienen ese poder, esa seguridad para mantener lo acordado en ese estado
de libertad en el que han pactado el convenio.

Esto es lo que quería decir con respecto a este punto.
Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Ibarrondo.

Pasamos al artículo segundo. Pero antes de comenzar el
debate de las enmiendas presentadas a dicho artículo, como les he
comentado antes —se lo decía a la senadora Candini pero también a
todos ustedes—, se han presentado una serie de correcciones por
parte del Grupo Parlamentario Popular como consecuencia del resultado de
la aceptación de la enmienda 87, de Convergència i Unió, también una
transaccional en relación con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular
número 105, y de corrección del Grupo Parlamentario Vasco de la enmienda
33 en relación con la 32, así como de las enmiendas 36, 37 y 38.

Para una mejor organización del debate de las enmiendas y
también de cara a la votación final, vamos a suspender la comisión
durante cinco minutos para que la ponencia pueda fijar posición en
relación con estas correcciones. (Pausa.)

Señorías, una vez que la ponencia se ha reunido para fijar
posición en relación con las correcciones a las que antes he hecho
mención, continuamos con el debate de de las enmiendas presentadas al
artículo segundo.

En primer lugar, para la defensa de las enmiendas 12 y 13,
tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Las doy por defendidas, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador.

A continuación, interviene el Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado, para la defensa de las enmiendas 30, 31 y 97.

El señor BILDARRATZ SORRON: Las doy por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Las da por defendidas.

Por Entesa pel Progrés de Catalunya, para la defensa de las
enmiendas 47 y 48, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: También las doy por defendidas,
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Las da por defendidas.

A continuación, interviene la senadora Candini, para la
defensa de las enmiendas 83, 84 y 85, y hay una corrección sobre la
enmienda número 87, de CiU, que ha sido aceptada por la ponencia.

La señora CANDINI I PUIG: Las doy por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Las da por defendidas.

Para la defensa de la enmienda 127, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Solamente quiero explicar que presentamos esta enmienda
para evitar que se mantenga la redacción del proyecto de ley que trae el
Gobierno, según el cual la comisión judicial podría estar compuesta por
un único funcionario, en lugar de dos —que es la composición
actual—, en un acto de lanzamiento. Dada la conflictividad que se
suele generar, creemos que es preferible que no sea de esa forma. Nos
parece poco razonable, y hemos presentando esta enmienda para mantenerla
en su estado actual.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Fernández.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra,
senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, presidenta.

Quiero aclarar el sentido del acuerdo que ahora hemos
adoptado en el seno de la ponencia con respecto a la corrección que tiene
la base de la enmienda número 87, presentada por CiU, y que en su momento
se aceptó.

¿Por qué ahora el Grupo Popular presenta este escrito y
esta enmienda para que el texto quede en la misma línea que el que salió
del Congreso de los Diputados en lo que se refiere a la parte que se
pretendía enmendar con la número 87? Precisamente por una cuestión
fundamental, porque si modificamos estos artículos de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, cambiando la terminología de demandante y demandado
y ejecutado por persona demandante y demandado y persona ejecutada,
estaremos incurriendo en una extralimitación de lo que se pretende con
esta ley, porque no solamente tendría esas consecuencias en los artículos
correspondientes a las rescisiones de los contratos derivados de la LAU.
Sencillamente lo que ahora estamos tratando es de no extrapolarnos o
salirnos del propio objeto de la ley. Por eso, mediante una corrección,
que entendemos que es técnicamente posible en estos momentos, el Grupo
Popular ha presentado esta enmienda a la Mesa de la comisión.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Mateu.

Pasamos al debate de las enmiendas presentadas al artículo
tercero.

Para la defensa de la enmienda 14, tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor MARISCAL CIFUENTES: La doy por defendida.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.

Para la defensa de la enmienda 49, tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidenta.

Es también una enmienda de supresión, puesto que el
artículo tercero se refiere a la creación de la lista que podríamos
llamar negra —entre comillas— o de morosos, idea con la que
estamos totalmente en contra. Nos parece que no aporta nada en relación
con las garantías frente a los infractores reiterados de los pagos, de
los devengos en los contratos de alquiler; están totalmente perseguidos,
y de manera adecuada, en los artículos vigentes de la LAU. En cambio,
penaliza de manera extrema a personas que por motivos vinculados a
cuestiones sobrevenidas o por una imposibilidad material de hacer frente
a los pagos quedan marcadas para siempre o, como mínimo, por una duración
no menor de seis años. Consideramos que es ineficaz y absolutamente
injusto, impropio de una ley que pretende fomentar el alquiler.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Martí.

Para la defensa de la enmienda número 88, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra
la señora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: La doy por defendida.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
la enmienda 128, tiene la palabra el senador Fernández Ortega,

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista considera que este
artículo no añade nada al fomento del alquiler de la vivienda, y lo que
hace es generar un problema a muchas familias, creando —como se ha
referido a lo largo de la tarde en varias ocasiones— un registro de
sentencias firmes de impago de rentas de alquiler. Este tipo de
registros, de listas negras —tomando como ejemplo lo que ocurre en
los bancos— dificulta a una familia o a una persona que haya tenido
un problema puntual a optar por unos servicios, bien sean financieros o,
como en este caso, la posibilidad de acceder al alquiler de la vivienda.
Con esta redacción del artículo no se distingue entre quienes abusan y
quienes son víctimas de la situación de crisis en la que estamos; no se
distingue entre quienes se aprovechan de los bienes de otros y quienes
han tenido una dificultad puntual, que quedan señalados definitivamente
por un tiempo de seis años, que nos parece excesivo, máxime en la
situación de crisis en la que estamos. Nos parece desafortunado en
cualquier momento, pero en esta situación aún más. Por eso hemos
presentado una enmienda de supresión.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Fernández.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señora presidenta.

Intervengo para reiterar que este artículo es la prueba del
nueve de que la filosofía que lberga esta ley tiene una única finalidad y
se sustenta sobre una única idea: aumentar las condiciones en las que los
arrendadores puedan arrendar sus viviendas; se sustenta sobre esta única
base, absolutamente falsa, en el sentido de que si se mejoran estas
condiciones va a aumentar la oferta y el parque y bajarán los precios de
las viviendas en alquiler en nuestro país. Es radicalmente falso, y este
artículo es la prueba del nueve de que esta es la única idea que impregna
este proyecto de ley. Quisiera reiterar, una vez más, que creo que es
absolutamente equivocada.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Antes hemos dicho que otro de los puntos fundamentales de
esta ley es buscar unas garantías de seguridad. Y este artículo tercero
trata fundamentalmente de estas garantías de seguridad con el registro de
sentencias firmes de impagos de renta.

Respecto al registro de sentencias firmes de impagos de
rentas de alquiler, voy a indicar muy escuetamente varios puntos. Punto
1. «Se crea un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de
alquiler. Por real decreto se regulará su organización y funcionamiento.»
La contestación a algunas enmiendas es que será el real decreto el que
regulará su organización y funcionamiento. El punto 2 dice: «la finalidad
de ofrecer información sobre el riesgo que supone arrendar inmuebles a
personas que tienen precedentes de incumplimiento...» Considero que es
fundamental dar este aviso, esta información. El punto 3 señala que «los
órganos de arbitraje competentes deberán poner en conocimiento de dicho
registro los datos relativos de aquellas personas que hayan sido
declaradas responsables de impagos de rentas de arrendamientos, por medio
de laudo arbitral dictado al efecto.» El punto 4 se refiere a la
discreción que hay que dar a esta información. Tiene que ser una
información a la que puedan acceder solo las personas implicadas en ese
acuerdo. Asimismo, es un registro que tiene una caducidad de seis años.
Esto en cuanto a lo que dice este artículo tercero.

Pero me gustaría decir que precisamente la finalidad de
este registro de sentencias es también preventiva y de control en materia
de incumplimiento contractual. Pretende incrementar —como decíamos
antes— la seguridad del arrendador, evitando que contrate con
aquellos potenciales arrendatarios que ya han tenido el antecedente de
obligar a otro arrendador a acudir al auxilio judicial o arbitral para
recuperar la posesión.

Este artículo tercero busca el equilibrio entre derechos e
intereses igualmente legítimos y dignos de protección para unos y para
otros. No se trata de inscribir en este registro a quienes dejen de pagar
la renta de un inmueble de forma puntual debido a circunstancias
sobrevenidas, sino a quien ha obligado a los arrendadores —y
repito, a quien ha obligado a los arrendadores— a acudir a la
justicia o al arbitraje para resolver la situación de impago y les han
dado la razón. No hemos de olvidar que tenemos ficheros de morosos
privados, por los cuales hay que pagar para recibir esa información. Sin
embargo este registro, las personas que directamente están implicadas en
ese acuerdo libre y pactado por las partes, lo pueden consultar.

Los datos respecto a los impagos, quizás por no complicar
el debate, son amplios. Pero lo que se viene a constatar es que de 2001 a
2011, alrededor 23 000 contratos han llegado a situaciones judiciales por
motivos de impago, prácticamente el 93%. Por lo tanto, con este registro
de sentencias firmes, que libremente se puede pactar el registrarlo
—vuelvo a repetir, es libre—, el acuerdo entre las partes,
que el arrendatario pueda llegar a un acuerdo con el arrendador va a
proporcionar esa seguridad jurídica que persigue el proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Ibarrondo.

Pasamos al debate de las enmiendas de adición de un
artículo nuevo a continuación del tercero.

Para la defensa de las enmiendas 32, 33 y 98, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado tiene la palabra su portavoz, el senador
Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Voy a darlas por defendidas.
Únicamente quiero subrayar una corrección técnica a la presentada
anteriormente, para que sus señorías la tengan en cuenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
las enmiendas 129 y 130 tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Hemos propuesto la redacción de
dos nuevos artículos. La enmienda 129 persigue destinar la mitad del 30%
de la reserva de suelo, que es obligatoria para la Administración, para
vivienda de protección pública en alquiler. Con esta enmienda se trata
también de facilitar la disposición pública inmediata de viviendas ya
construidas destinadas al uso de alquiler, porque se regula la
posibilidad del cumplimiento del deber mediante la cesión en especie y
aprovechando para ello la regulación de los complejos inmobiliarios
recogidos en la Ley del Suelo.

Y la enmienda 130 pretende seguir impulsando la legislación
dirigida contra el acoso inmobiliario. Perseguimos que la Administración
garantice el acceso a la vivienda en condiciones dignas adoptando medidas
contra los arrendamientos de infraviviendas, así como prohibir las
conductas que sean discriminatorias a la hora del alquiler y ayudar a
defender esa opción para quienes más dificultades tienen. Eso es lo que
persiguen las dos enmiendas que hemos presentado con la redacción de un
artículo nuevo.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Fernández
Ortega.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)

¿Convergencia i Unió? (Denegaciones.)

En nombre del Grupo de la Entesa, tiene la palabra el
senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señora presidenta.

Solo quiero señalar nuestro apoyo explícito a la enmienda
relacionada con el acoso inmobiliario, del Grupo Parlamentario
Socialista.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

¿Grupo socialista? (Denegaciones.)

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Gracias.

Las enmiendas números 32 y 33 las rechazamos debido a que
es competencia de la Ley de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios.

En cuanto a la reserva de vivienda, tampoco creemos que
competa a este articulado.

Finalmente, no puedo entender a qué se refiere exactamente
acoso inmobiliario. Por lo tanto, como no entendemos que exista esa
figura y no está regulada en este articulado, la hemos desestimado.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Ibarrondo.

Pasamos al debate de las enmiendas de adición de una nueva
disposición adicional.

En primer lugar interviene el representante del Grupo
Parlamentario Mixto para la defensa de las enmiendas números 15 y 16.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Las doy por defendidas, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado para la defensa de las enmiendas 34 a 38.

El señor BILDARRATZ SORRON: Señora presidenta, las doy por
defendidas, llamando de nuevo la atención sobre las números 36, 37 y 38,
donde se produce también una mejora técnica. En lugar de hacer una
referencia concreta a la Ley de medidas urgentes, lo hacemos de una
manera mucho más genérica.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el portavoz de Grupo Parlamentario de la
Entesa pel Progrés de Catalunya, el senador Martí Jufresa, para la
defensa de las enmiendas números 50 y 51.

El señor MARTÍ JUFRESA: Las doy por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergencia y Unió, la senadora Candini, para la
defensa de las enmiendas números 89 a 93.

La señora CANDINI I PUIG: Las doy por defendidas, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular para la
defensa de la enmienda 105, aceptada en ponencia, en relación con la cual
existe una transacción.

El señor IBARRONDO BAJO: Gracias, señora presidenta.

Previamente quiero corregirme respecto a la respuesta que
hemos dado a las enmiendas 32 y 33, que relacionábamos con la Ley de
medidas urgentes de protección de los deudores hipotecarios, y, sin
embargo, se rechazan por el contenido del artículo tercero del
anteproyecto, incorporado al ordenamiento mediante la Ley 16/2012, de 27
de diciembre, donde se adoptan esas medidas tributarias dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad
económica.

Paso a defender la enmienda 105, que fundamentalmente
quiere hacer un seguimiento de lo que el Plan de vivienda 2013-2016 tiene
previsto tanto en cuestión de fomento del alquiler de viviendas como de
fomento de las ayudas a la rehabilitación, renovación y regeneración
urbana. Se desglosa en cuatro puntos, que creo que los diferentes grupos
ya han leído y que modificamos con nuestra enmienda transaccional.

Como decía, en relación con la política de viviendas se
están planteando una serie de reformas que tratan de reorientarla. Decía
que en estos últimos diecisiete meses se han producido una serie de
actuaciones en bloque, en conjunto, contemporáneas, que quieren atajar no
sé si el problema o la necesidad de vivienda, sobre todo para aquellas
personas que se emancipan, que inician su andadura respecto a la decisión
sobre si propiedad o alquiler, porque hasta el momento veíamos que
existían problemas en cuanto al acceso al alquiler. Por lo tanto, se
crean las reglas del juego, se diseña un campo de trabajo donde es
apetecible invertir en rehabilitación y apostar por la vivienda en
alquiler, en general en el ámbito inmobiliario y en particular aquellas
personas que tengan más dificultad para acceder a la vivienda, para que
puedan hacerlo. La figura del pago a través de la rehabilitación —y
me retrotraigo al artículo 1 de esta ley— va muy en consonancia con
la dinamización y potenciación del alquiler.

Pero no hay que olvidar —por eso hemos presentado
esta enmienda transaccional— que, en ese ímpetu de fomentar el
alquiler y la rehabilitación en esos cuatro puntos, seguramente en alguna
medida fuimos demasiado estrictos al analizar la realidad de la situación
económica en España, que es otra de las cosas que se ha hecho, y hemos
visto que los compromisos de gasto y obligaciones en materia de ayudas a
la vivienda provenientes de planes estatales anteriores, por su cuantía y
duración —que algunas se prolongaban hasta 2038—, resultan
insostenibles en un marco de restricciones presupuestarias y contribuyen
al incremento automático del déficit, razones por las que se justifica su
limitación con carácter extraordinario.

No sé si procede leer los cuatro puntos de esta enmienda.
Como ustedes la tienen, no les voy a aburrir. Sí pondría el acento en la
primera frase del punto a, donde dice que se mantienen las ayudas de
subsidiación de préstamos convenidos que se vinieran percibiendo. Por lo
tanto, esos compromisos se siguen manteniendo.

Esto es cuanto quería decir.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Ibarrondo.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el
senador Fernández Ortega, para la defensa de las enmiendas 131 y 132.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Socialista ha presentado dos enmiendas de adición
de nuevas disposiciones adicionales.

La enmienda 131 pretende que se cree un organismo ejecutivo
público que impulse las políticas de vivienda en alquiler sin que para
ello se incurra en gastos adicionales. Simplemente proponemos que se
reorganicen los recursos personales ya existentes de SEPE y de SEPI y que
se financien a través del ICO, para aplicar las políticas que se prevean
en el nuevo plan de viviendas y suelo. Con ello impulsamos que la
Administración, que el Gobierno de España actúe como uno de los actores
que impulsa la política de vivienda en alquiler. Y no entendemos por qué
no se acepta esta propuesta, que no incurre en un mayor gasto, porque
solo pide al Gobierno que tome la iniciativa y potencie la creación de
viviendas para alquiler, justo en la línea contraria de lo que planteaba
la enmienda 105, del Grupo Popular, en su primera redacción, que incluso
posiblemente provocaría el riesgo de quiebra en muchas de las empresas
que se dedican a la construcción de viviendas nuevas destinadas al
alquiler.

La enmienda 132 pretende dar solución a un problema que
vamos a tener dentro de muy poco tiempo, que van a tener los comerciantes
que poseen locales en alquiler de renta antigua. La Ley de Arrendamientos
Urbanos impuso una moratoria, de manera que los locales alquilados antes
de 1985 mantuviesen la renta antigua por el plazo de veinte años
—por supuesto, incrementada según el IPC—,

que finaliza el próximo 1 de enero de 2015. El
planteamiento que hacemos con esta enmienda es que esa moratoria se
amplíe cinco años más, con lo que estamos ayudando a proteger el comercio
al por menor en locales de renta antigua en un momento de crisis, que es
el peor para renegociar sus contratos de alquiler al finalizar el próximo
año los que ahora están en vigor. Según las estimaciones realizadas por
algunas instituciones, el porcentaje alcanza al 10% de los contratos que
tienen los comercios en alquiler, cifra muy relevante, porque estamos
hablando de decenas de miles de contratos en esas condiciones en nuestro
país. No supone un mayor coste para el Estado; lo que estamos haciendo es
proteger al pequeño comercio, fundamentalmente en las ciudades, que son
las que tienen este tipo de locales en alquiler de renta antigua en sus
cascos antiguos, que ya tienen mucha competencia en las grandes
superficies. Esta decisión beneficia la permanencia del empleo y
beneficia al comerciante, para que a la crisis que estamos viviendo no
tenga que añadir una posible renovación del contrato que le suponga una
subida del precio del alquiler de manera que decida cerrar el negocio, lo
que pondría en riesgo el empleo y el mantenimiento de los negocios en el
casco antiguo de las ciudades, fundamentalmente. Por eso, nos parece
bastante razonable que se añadan cinco años a esa prórroga de veinte que
ya impuso en su momento la Ley de Arrendamientos Urbanos en el año
1985.

Por este motivo, esperamos que en lo que queda de
tramitación de esta ley haya un momento de lucidez suficientemente fuerte
como para que el Gobierno acepte esta enmienda, porque en nada perjudica
el interés general y, al mismo tiempo, en un momento de dificultad,
garantiza el empleo y el mantenimiento del comercio tradicional en
nuestras ciudades.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor senador.

Turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Vasco en el Senado? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señora presidenta.

Ciertamente es imposible pasar por alto la enmienda 105 del
Partido Popular; una enmienda cualitativamente trascendente y, desde
nuestro punto de vista, absolutamente indefendible. Obviamente, es mejor
la 105 bis, con el autoparche que impide la acción retroactiva sobre las
promociones de alquiler social, pero aun así, desde nuestro punto de
vista, es totalmente indefendible.

Por otro lado, esta enmienda es una muestra del
inconsciente colectivo político del Partido Popular sobre esta cuestión.
El senador Ibarrondo ha dicho que se les había ido el ímpetu. Claro, como
el alquiler social no forma en absoluto parte de sus prioridades en las
políticas de fomento del alquiler ni de la vivienda, lógicamente se les
había ido la mano sobradamente.

Lo más grave es que el Consejo de Ministros aprobó un Plan
de vivienda 2013-2016 el día 5 de abril, pero el día 4 de abril aparece
registrada esta enmienda en el Senado con un sentido completamente
opuesto, autoenmendando no solo este punto sino lo que significa el plan
de la vivienda en su conjunto; un plan de la vivienda enano,
capitidisminuido, dotado con 2400 millones de euros en cuatro años frente
a los 10 000 millones de euros del plan anterior, con una rebaja
sustantiva en cuanto al número de familias que pueden acceder a las
ayudas directas a la vivienda y con un retroceso general en todas las
políticas activas de apoyo a la vivienda. Además, se contradice
absolutamente, y un día antes, por esta enmienda que el Grupo Popular
tramita en el Senado. Por tanto, se trata de un conjunto de despropósitos
enormes que demuestran —insisto una vez más— que el Gobierno
del Partido Popular, que este Gobierno de España no tiene ninguna
voluntad de priorizar el alquiler, que simplemente introduce medidas que
reforman la Ley de Arrendamientos Urbanos.

No sé si a estas alturas del debate creen, consciente o
inconscientemente, que puede ser la solución a una parte del problema,
pero el grueso de las medidas activas del Plan de la vivienda queda
totalmente desguarnecido, porque no defenderán ustedes que este Plan de
la vivienda es mucho más potente y está mucho mejor dotado
presupuestariamente que el anterior, en especial en relación con las
medidas de fomento del alquiler; y no defenderán tampoco ustedes que las
medidas de apoyo al alquiler a través de las desgravaciones fiscales que
iban asociadas a este Plan de la vivienda no son inferiores a las que el
Gobierno del presidente Aznar hizo alguna vez —que no hizo
nunca—.

Por tanto, seguramente lo que se ha hecho hasta ahora ha
sido insuficiente, aunque muy poderoso y en la buena dirección, pero lo
que seguro que no va en la buena dirección es el Plan de la vivienda
2013-2016

que, además, lleva una piedra de lastre tan importante como
es la enmienda número 105, que no vamos a apoyar bajo ningún concepto,
entre otras cosas porque contradice algunas de nuestras enmiendas, en
particular las relacionadas con la renta básica de emancipación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias, señora presidenta.

Efectivamente, la enmienda número 105 dice mucho del
espíritu ideológico y dogmático que está aplicando a veces el Partido
Popular en relación con diferentes cuestiones que traen al Senado.

Mi grupo parlamentario ha presentado una petición a la Mesa
para que no se acepte esta enmienda porque entendemos que no es ni el
objetivo ni el contenido del Proyecto de ley de medidas de
flexibilización y fomento de mercado del alquiler de viviendas y no se
cumple con las exigencias de conexión y homogeneidad entre la enmienda y
el proyecto de ley a enmendar. Además, sinceramente, estamos muy
preocupados porque esta enmienda se carga la vocación de proyecto social
del alquiler protegido.

En Cataluña, por ejemplo, puede tener una afectación de 582
millones de euros y afectar prácticamente a 20 000 viviendas.
Concretamente, por lo que se refiere a las subvenciones, el Gobierno de
España debe a la Generalitat de Catalunya alrededor de 105 millones de
euros en este momento y, por tanto, si esta enmienda saliese adelante
tampoco se cobrarían y se verían afectados 68 promotores de Cataluña, que
representan un 45% de públicos y un 45% de privados.

Ustedes presentan hoy una transaccional a la enmienda que,
sinceramente, creemos que es una estafa y un engaño a la mayoría de las
personas afectadas porque, por si fuera poco, las promociones son
posteriores al período que marca esta enmienda transaccional y además
continúan cargándose las subvenciones.

Desde mi punto de vista, la primera enmienda, la 105, era
un triple salto mortal y esta enmienda transaccional es un doble salto
mortal, pero acabamos muertos igualmente.

Me sabe mal pero, con la que está cayendo, tengo que decir
que ustedes muestran una nula sensibilidad social. Imagino que en el
Pleno dispondremos de más tiempo para explicarlo con más detalle, pero es
paradójico, por no decir que es irónico, que un proyecto de ley que dice
que va a facilitar y a flexibilizar las mejoras en el ámbito del alquiler
se cargue de la manera que lo hace todo lo referente al alquiler
protegido.

Según datos de diferentes economistas, en España únicamente
tres habitantes de cada mil pueden disfrutar de alquiler protegido frente
a treinta o cuarenta en algunos países de la Unión Europea, y en Holanda
se llega a 130 viviendas protegidas por cada mil habitantes. Por tanto,
queda mucho trabajo por hacer y deberían haber comenzado hace muchísimo
tiempo, pero parece que ustedes no tienen el espíritu para corregir todas
las deficiencias y necesidades históricas.

Por otro lado, con la que está cayendo, con la
sensibilización global respecto a las medidas de vivienda social, no es
adecuado que presenten la enmienda 105 y da casi un poco de reparo pensar
que no han sido capaces, desde el día en que se celebró la ponencia hasta
hoy, de corregir todos estos problemas. La única corrección era
retirarla, sinceramente, retirarla al cien por cien.

Nosotros, evidentemente, hemos puesto los mecanismos
legales, y seguiremos ampliando la no aceptación en los pormenores de
esta enmienda transaccional porque entendemos que tampoco cubre los
aspectos jurídicos y de congruencia que corresponden a un proyecto de
ley.

Lamentamos profundamente tan poca sensibilidad social y
esperamos que de aquí al Pleno —es evidente que hoy se va a
votar— pudieran ustedes retirar esta enmienda. Espero que la Mesa
la dé por no admitida, teniendo en cuenta las razones jurídicas que hemos
planteado.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Candini.

Tiene la palabra el senador Fernández Ortega, del Grupo
Socialista.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Voy a utilizar este turno para referirme a la enmienda
número 105 del Grupo Popular, a la que el Grupo Socialista en la ponencia
ya planteó sus dudas de que fuese congruente con el contenido de la ley.

Tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre este asunto y
creo que las dudas fueron compartidas por más de uno de los que estábamos
en esa reunión. Tanto el Grupo Socialista como Convergència i Unió han
presentado un escrito dirigido a la Mesa del Senado pidiendo que esta
enmienda no sea admitida por no ser congruente con el contenido material
del proyecto de ley.

Creo que este razonamiento no necesita una explicación
jurídica muy amplia. Solo hay que ver los temas que aborda la ley, que
son la modificación de la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, la
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y formar con el artículo 3
un registro nuevo; ello no se correlaciona con esta disposición adicional
—creo que lo ha explicitado el Grupo Popular y probablemente lo
usaremos en el nuevo escrito que tendremos que presentar a la Mesa del
Senado— que viene a dar sustento a un Plan de la vivienda que ha
hecho el Gobierno y que, por tanto, lo que tendría que hacer es seguir
otra vía, que desde luego no es una disposición adicional en el trámite
del Senado a una ley de fomento del alquiler de la vivienda, que no nos
parece el sito más oportuno para ello y volveremos a insistir en ese
sentido.

Además, hemos escuchado hoy en las argumentaciones del
Grupo Popular que no aceptan enmiendas de otros grupos porque consideran
que se extralimitan con el sentido de la ley. Por ejemplo, respecto a las
enmiendas números 82 y 87, de Convergència i Unió, no entiendo y sigo sin
entender por qué el Grupo Popular no aceptaba la número 82 y sí la 87, y
hoy tampoco entiendo por qué desandamos el camino. Francamente no
entiendo las decisiones del Gobierno de vaivén y de ida incompleta: unas
sí, otras no, y ahora ninguna. Me parece que tiene poco fundamento,
cuando además lo que tenemos que hacer en un órgano como el Senado
—felicité a la portavoz de Convergència i Unió, la señora Candini,
cuando las presentó y las explicó en la ponencia— es presentar este
tipo de enmiendas. Nosotros lo que tenemos que hacer es impulsar la
mejora del lenguaje legislativo, acercarlo a lo que los ciudadanos
entienden. Eso lo estudiábamos en el bachillerato, hay que acercar
incluso la justicia; no hace falta ser un abogado para que se puedan
entender las cosas. Yo creo que utilizar un lenguaje —que es el que
queremos propiciar— de igualdad es algo que debemos impulsar en
cualquier momento, y no estorba la comprensión de la ley a ningún juez.
No creo que eso le genere ninguna duda jurídica.

Volviendo a la enmienda número 105, que es la que nos
ocupa, habiendo usado esos argumentos para desechar algunas enmiendas,
traernos esta nos lleva, primero, a presentar un escrito a la Mesa del
Senado para que no se admita a trámite. Una vez admitida nos oponemos
completamente a la enmienda número 105 que presentó el Grupo Popular y
también a la que se nos presenta hoy transada entre el Grupo Popular y el
propio Grupo Popular, y no me he confundido al expresarme.

Esta enmienda que plantea el Grupo Popular tiene cuatro
puntos; discrepamos en los cuatro con la redacción de la enmienda. La
corrección que se ha hecho hoy resuelve parte de las preocupaciones que
le habían trasladado a la ministra, al Gobierno y al resto de los grupos
políticos las empresas que construían viviendas nuevas para alquiler,
pero siguen con la misma preocupación, puesto que este no va a ser un
objetivo del Gobierno para el futuro. Probablemente para esas empresas
será difícil subsistir si se dedican a construir vivienda de alquiler en
el peor momento en que nos encontramos en muchas décadas en nuestro país,
donde sería necesario precisamente lo contrario: impulsarlo.

Nos preocupa el bandazo que supone también esta enmienda y
la política del Gobierno con respecto a la vivienda. Es verdad que en
períodos anteriores se ha impulsado la compra más que el alquiler y se
han destinado más recursos, pero aun así, con las políticas del Partido
Socialista en el Gobierno, se ha pasado de un 10 a un 17% de ciudadanos
que tienen su primera residencia en vivienda de alquiler; y se ha hecho
de 2004 a 2011. Espero que el Partido Popular sea capaz de igualar un
porcentaje similar en el mismo número de años con este tipo de leyes,
aunque dudo que eso se consiga porque creo que van hacer justamente lo
contrario: perjudicar.

Hablan ustedes mucho de que se han encontrado la situación
que tenemos en este momento. Pero es que esa situación es mucho mejor que
la que había en 2004; y nunca se terminan de construir las cosas. Nadie
se las encuentra terminadas. Pero el trabajo y las políticas que hizo el
Partido Socialista, incluida la renta básica —a la que me voy a
referir en este momento—, han ayudado a que el porcentaje de
alquiler en este país se incrementara y se acercara muchísimo
—respecto al que había en 2004 con el que hay en 2011— a los
porcentajes que hay en Europa.

Digo que esta enmienda también da un bandazo porque lo que
pretende el Gobierno en este momento es no ayudar a la compra de vivienda
nueva y dejar los recursos sobre todo para el alquiler. De lo que se
trata es de no dar bandazos de unas políticas a otras, sino de
equilibrar.

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Termino enseguida, señora
presidenta.

También estamos absolutamente en contra del apartado que
pretende acabar con la renta básica de emancipación, y aquí sí que me
gustaría darle al menos un par de datos que me parecen significativos.
Más allá del baile de cifras que supone las recogidas en los Presupuestos
Generales del Estado —a las que me referí en mi primera
intervención y las que han salido hoy publicadas—, hay cifras que
engañan por imposibles y que se han estado utilizando para justificar
acabar con la renta básica. La ministra dijo que había 4000 millones
obligados por la renta básica que ya se habían gastado; 4000 millones es
imposible, porque incluso con el mayor gasto que se produjo en el año
2011 estaríamos en 1500 millones, a 300 millones por año. No es difícil
de calcular; si quieren les doy el dato después.

Otra cosa que me parece sustantiva —lo digo porque
después no tendré oportunidad de contestarle— es que esta decisión
de acabar con la renta básica no se puede sustituir con los nuevos
proyectos que propone el Plan de vivienda y suelo porque, señorías, la
condición para que un joven pueda acceder a una ayuda al alquiler es que
gane menos de 532,51 euros al mes; una ayuda que, como mucho, alcanzaría
los 200 euros mensuales, y para llegar al máximo deberíamos irnos a una
familia cuyos ingresos fueran tres veces el Iprem. Eso significa que para
poder acceder a esos 200 euros deben ser los dos padres…

La señora PRESIDENTA: Senador, ha sobrepasado bastante el
tiempo.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: … y tres hijos de más de
14 años —son dos cifras que me parecen significativas—, o
bien los dos padres y cinco hijos menores de 14 años. Imagínense ustedes
a lo que va a acceder un joven que solo va a estar él y que además tenga
un sueldo mensual inferior a 532 euros.

Creemos que lo mejor que puede hacer el Partido Popular por
el alquiler en nuestro país es retirar esta enmienda.

Muchas gracias, señora presidenta, por haberme dejado
algunos minutos de más.

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor
Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Gracias, presidenta.

Señorías, senador Fernández Ortega, aunque me lo deja muy
fácil, le voy a dar solamente los datos de forma muy escueta. Muchas de
estas cosas que usted dice que es imposible financiar, y perdóneme que me
refiera al resultado que tuvo el Plan de vivienda, que dejó una deuda de
42 millones de euros y gestionó 4500 alquileres, en aquel entonces estas
fórmulas que está dando usted no funcionaron, y el resultado es este. Por
eso ahora hay un paquete de medidas nuevas, con una revisión de la
situación actual, donde vamos a hacer lo que nos permite la coyuntura
económica actual. Eso de: invito yo y ya pagará el siguiente, le vuelvo a
repetir que se acaba.

En una enmienda propone crear un organismo ejecutivo
público. Pues se lo digo, aparte de que entramos en competencias de
comunidades autónomas, la experiencia que hemos tenido ha sido nefasta. Y
como ejemplo ya le dije, y se lo repetiré siempre que usted me hable de
esta enmienda, que la experiencia que tenemos en el País Vasco respecto a
la gestión socialista en la última legislatura del Gobierno autónomo
vasco fue la venta de un paquete de viviendas públicas; es decir, la
venta, la enajenación, el eliminar la propiedad pública que se tenía
sobre esas viviendas. De esas 16 210 viviendas el resultado fue la venta
de 1600 viviendas, un 10%. Pero ahí se vio el espíritu socialista, el
desprenderse del patrimonio público de vivienda. Y ahora me dice usted
que SEPE, que se dedica a gestionar polígonos industriales y que también
se quedó diezmado tras la gestión que realizaron ustedes durante estos
ocho años, podría ser un elemento fundamental para reactivar esto con la
ayuda del ICO. Yo imagino que cuando abramos la puerta del ICO para
repetir la petición económica con el agujero de los 42 millones, el ICO
se posicionará de una forma clarísima.

En cuanto a la enmienda referida a la renta antigua, ha
habido una transitoria de diecinueve años. Los propietarios y
arrendatarios de esos locales han tenido diecinueve años para hacer una
previsión respecto a la regulación de ese momento final del contrato. Y
muchos de esos nuevos contratos que se han realizado en los últimos años
han decaído y se han actualizado las rentas. Por tanto, desestimamos esta
enmienda.

Respecto a la enmienda número 105, cuando se escucha y se
atiende, malo, porque se escucha y se atiende. Hemos reconocido que en
nuestro celo de gestionar y de poder pagar las decisiones que tomamos, en
ese celo de ser observantes respecto a las capacidades de la economía
española, hemos

visto que se excedía en algunos puntos. Revisamos nuestro
posicionamiento, hacemos un ejercicio, si me permite, de humildad
respecto al posicionamiento económico inicial, y revisamos esa enmienda.
Por tanto, cuando me habla de nula sensibilidad social, cuando este
Gobierno en diecisiete meses está tramitando tres leyes relacionadas con
la vivienda, con el alquiler social, con trabajar a favor de las personas
más vulnerables intentando que todos estos paquetes estén organizados a
través del Plan de vivienda, pues le diré que nula sensibilidad es
aquella en la que durante muchos años estos problemas se tapaban, se
escondían o no se reconocían, o se utilizaban adjetivos, epítetos,
calificativos que no tenían nada que ver con la realidad. Hemos sido el
único partido que se ha enfrentado a ese obstruccionismo, a ese
obscurantismo del que veníamos, donde no había problemas, pero estaban en
el magma de las administraciones públicas, y lo hemos levantado. Y si se
ha levantado y se están poniendo medidas para solucionarlo es por esa
sensibilidad social.

La enmienda número 105 es muy oportuna para concluir una
redacción en la que prácticamente hemos modificado el 67% de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, en la que también hemos revisado la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y que en su conjunto se dirige perfectamente a
solucionar esta necesidad de la vivienda.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Ibarrondo.

Pasamos ahora a las enmiendas relativas a la disposición
transitoria primera.

En primer lugar, tiene la palabra el portavoz de la Entesa
pel Progrés de Catalunya, el señor Martí Jufresa, para la defensa de la
enmienda número 64.

El señor MARTÍ JUFRESA: La doy por defendida.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador.

Tiene la palabra el portavoz socialista, senador Fernández
Ortega, para la defensa de la enmienda número 133.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: La doy por defendida.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario de Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Popular en el Senado?
(Denegaciones.)

Pasamos, entonces, señorías, a las enmiendas relativas a la
adición de una nueva disposición transitoria.

Para la defensa de la enmienda número 39, tiene la palabra
el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.
(Denegaciones.)

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Popular en el Senado? El senador Mateu
tiene la palabra.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Señora presidenta, si me lo
permite, le diré que el Grupo Popular entiende que esa enmienda no tiene
encaje en este proyecto de ley que se está tramitando. Su encaje real, su
encaje jurídico y su encaje dentro del mundo del derecho ha de ser en el
Real Decreto 297/1996, de 23 de abril, que es el que regula todo lo
relativo a reducciones de aranceles notariales. Y también le diré que

los aranceles de los notarios y de los registradores están
congelados prácticamente desde el año 1989 y no han sido objeto de
actualización.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Mateu.

Pasamos al debate de las enmiendas relativas a la
disposición final segunda.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, para la defensa de la enmienda
número 94.

La senadora CANDINI I PUIG: La doy por defendida.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Candini.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, el senador Fernández Ortega, para la defensa de la enmienda
número 134.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Es una enmienda dirigida a garantizar que la rebaja que se
haga de los costes de registrar los contratos de alquiler para que tengan
efectos ante terceros sea significativa. La propuesta que hacía el Grupo
Socialista es que la bonificación sobre las tasas de inscripción,
aranceles notariales y registrales, y las condiciones de inscripción y
cancelación de arrendamientos sea al menos del 60%, porque entendíamos
que esta era una cifra que podía ser de referencia para que la rebaja
fuese significativa. Y esperamos, como he dicho en otras ocasiones
respecto a algunas enmiendas, que de aquí al Pleno haya alguna
posibilidad de fijar una rebaja que sea sustantiva.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés?

Tiene usted la palabra, senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias.

No coincidimos en la idea de que se tengan que inscribir en
el Registro de la Propiedad los contratos de arrendamiento, pero si se
tuvieran que registrar lo lógico sería que lo hiciera el arrendador. Si
no lo hace el arrendador y se obliga al arrendatario, lo lógico es que
esto no tenga costes para el arrendatario porque, si no, el nivel de
penalización adquiere una dimensión absolutamente impropia en la relación
a establecer. Por tanto, simplemente a raíz de esta pequeña reflexión
quisiera subrayar nuestro apoyo explícito a la enmienda del Grupo
Socialista para mitigar esta situación.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Martí.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, señora Candini? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Socialista?

Tiene la palabra el senador Fernández.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Intervengo solo para subrayar
que el Grupo Socialista lo ha hecho expresamente por escrito en la
justificación de esta enmienda, dejando constancia de que rechaza la
necesidad de que haya que registrar el contrato para que tenga validez
ante terceros. Y en el caso de que no se acepte nuestra posición, al
menos que se garantice que la rebaja es suficiente. Esa era la única
aclaración que quería hacer.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Mateu.

Página
31

Debemos calcular cuál es el impacto de las políticas en la
economía, y es que va a haber muchas familias que van a perder un
complemento de renta que obtenían con el alquiler de su piso. Aquí nos
pasamos todo el tiempo pidiendo que haya más pisos en alquiler, pero hay
una política que tuvo un efecto claro, inmediato y tangible, y es que en
el año 2011 hubo más de 180 000 jóvenes que recibieron la renta básica de
emancipación, y hubo un número de pisos prácticamente similar que se
ocuparon en nuestro país con esa política. Pues hoy estamos dando un paso
más con esa enmienda planteada por el Grupo Popular para acabar con una
política real que apoya el fomento del alquiler de vivienda. Hoy se decía
en los periódicos que en febrero de 2013 ya solo quedaban 59 643 jóvenes
cobrando la renta básica de emancipación, y a la vez le oímos decir al
Gobierno que eso compromete un gasto de 5000 millones de euros. Señorías,
cuando el Gobierno dice esto lo hace porque sabe que nadie se pone a
hacer cuentas, que nadie hace cálculos puesto que dan unas cifras
escandalosamente grandes burlándose de la gente. De ninguna forma se
podrían ver obligados 5000 millones de euros, no ya para esos más de 59
600 alquileres de renta básica de que hoy se habla en las noticias, sino
para esos 120 000 jóvenes, porque a 147 euros que cobraría cada uno de
ellos no da ni de lejos la cifra para poder hablar de esas cantidades.
184 770 beneficiarios, como se decía en los Presupuestos Generales del
Estado para 2012, por doce meses del año, por 147 euros de ayuda cada mes
supondrían 325 millones de euros, y estaríamos hablando de 180 000
ayudas. En cinco años podrían ser 1500, en ningún caso serían 5000, pero
ustedes siguen dando cifras para que la gente piense que esto era una
barbaridad, cuando resulta que es una política que va directamente a
mover la economía puesto que es dinero que ayuda a los jóvenes y que
llega directamente a las familias como un complemento de renta por
alquilar sus viviendas, que es lo que se dice en esta ley que se está
impulsando.

Antes he tenido que decir una cosa con cierta rapidez, y me
vuelvo a referir a ello. Hasta ahora un joven podía acceder a una
vivienda, a la ayuda del alquiler de renta básica de emancipación con una
renta razonable. Pues hoy, con la propuesta del Grupo Popular, para poder
acceder a una ayuda de alquiler de vivienda solamente puede tener unos
ingresos de una vez el Iprem. Es decir, que un joven que gane más de
532,51 euros no va a tener derecho a ninguna ayuda para el alquiler. Esa
es la política del Partido Popular, que quiere impulsar el alquiler en
nuestro país. Y fíjense ustedes, que para conseguir los 200 euros que
como máximo dice el Plan de vivienda y suelo del Gobierno, las
condiciones que luego pone en ese plan, cuando uno estudia lo que ha
publicado en el Boletín Oficial del Estado, son que tiene que ser una
familia con dos padres y tres hijos mayores de 14 años para que le
admitan una renta de hasta 19 200 euros y pueda tener ayuda, o en su
defecto, una familia con dos padres y cinco hijos menores de 14 años no
puede superar una renta de 19 200 euros si quiere acceder a una ayuda al
alquiler. Es decir, creo que las condiciones que se están poniendo son
difíciles…

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: … para la familia, pero,
desde luego, para los jóvenes eso significa acabar con las ayudas al
alquiler para que puedan independizarse y para fomentar el mercado del
alquiler en nuestro país. Se ponen en riesgo 120 000 alquileres de un
solo golpe, y eso que dicen que fomentan el alquiler de la vivienda en
España.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Entiendo que no hacen uso del turno en contra.

¿Turno de portavoces?

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias.

Efectivamente, no me he equivocado. Me siento totalmente
reflejado en la defensa del senador Fernández Ortega.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

¿Convergència i Unió? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene de nuevo la
palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Solo quiero añadir en cuanto a
la enmienda número 136, de la que no he tenido tiempo de hablar en mi
anterior intervención, que pretendemos estimular la incorporación al
mercado del alquiler de otro tipo de vivienda, por ejemplo, vivienda
nueva sin vender y que se promuevan acuerdos para que haya más vivienda
protegida en alquiler de las entidades en que ha intervenido el FROB. O
sea, con esta enmienda proponemos que se busquen mecanismos para que se
amplíe esa oferta, pero queremos que sea el Gobierno el que tome la
iniciativa y no que se deje a la iniciativa privada.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Respecto de la enmienda 135, la supresión de nuevos
reconocimientos del derecho a percibir la renta básica de emancipación ha
sido regulada —como decíamos antes— por el Real Decreto-ley
20/2012. Dicha decisión ha sido adoptada de acuerdo con la actual
coyuntura económica y teniendo en cuenta la tendencia a la baja en la
evolución de los precios de la vivienda, así como de los tipos de
interés, que compensan el no reconocimiento de esas ayudas. Por eso no se
considera.

En cuanto a la 136, también con fecha 5 de abril de 2013 ha
sido aprobado por el Consejo de Ministros el Plan Estatal de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración
y renovación urbanas 2013-2016, que tiene entre sus objetivos, con
carácter prioritario, el fomento del alquiler de viviendas a través del
establecimiento de ayudas que resulten más equitativas y que tengan en
cuenta la renta de la unidad de convivencia en una vivienda. Los
beneficiarios de las ayudas al alquiler serán las personas físicas
mayores de edad con un límite de ingresos inferior a tres veces el IPREM,
modulable según el número de miembros —esta es la novedad— y
composición de la unidad de convivencia, lo que asegura que accedan a la
ayuda las familias más necesitadas.

Gracias. (El señor Mateu Istúriz pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, señor Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Señora presidenta, me gustaría
completar el tiempo que le queda al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular.

La señora PRESIDENTA: Sí, puede compartirlo.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señora presidenta.

Voy a abordar muy brevemente la enmienda número 52, del
Grupo de la Entesa, que propone la modificación del artículo 72 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Con respecto a
esa propuesta, debe señalarse que ya el texto actual contempla la
posibilidad de la imposición de un recargo en aquellos inmuebles de uso
residencial desocupados con carácter permanente. Pero como esta ley tiene
que estar coordinada con la estructura, con el modus operandi de la ley
que regula el catastro inmobiliario, se está pendiente de un desarrollo.
Por eso no consideramos necesaria la adopción de esta enmienda. Tampoco
nos parece necesaria su segunda parte, por la que se quiere crear una
disposición transitoria vigésimo primera que cree un registro de
viviendas no habituales, porque ya el concepto de vivienda habitual está
definido en la ley, y creo que no habría que reproducirlo nuevamente.
Sobre todo, vincular el recargo a una posible desocupación —por muy
amplio que sea ese período de desocupación— de lo que podríamos
denominar una segunda residencia entendemos que no sería una medida que
coadyuvara al fomento del alquiler.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Mateu. (El
senador Martí Jufresa: Sobre la 66 no ha dicho nada.—El señor
Ibarrondo Bajo pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Tiene usted un minuto, toda vez que
no han consumido entre los dos el tiempo establecido.

El señor IBARRONDO BAJO: Iba a pedir la palabra. La
rechazamos, señora presidenta, por razones de técnica legislativa, sin
más. Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias por no emplear el tiempo
completo.

Una vez finalizadas las intervenciones, vamos a proceder a
la votación.

Vamos a votar el proyecto de ley conforme al texto que
finalmente ha sido aceptado por la ponencia, a la vista de las enmiendas
de corrección y transaccional presentadas en el curso del debate en
comisión, y conforme al artículo 116.2 del Reglamento.

Voy a explicarles cómo se van a producir las votaciones. En
primer lugar se votará el preámbulo; después, el artículo primero, con
sus veinte apartados; a continuación, el artículo segundo, con siete
apartados; el tercero; la disposición adicional; la disposición adicional
nueva, por la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, la enmienda transaccional en relación con la enmienda 105;
después, las disposiciones transitorias primera y segunda; y las
disposiciones finales primera y segunda, también juntas. Por tanto, con
esas modificaciones derivadas de las enmiendas aceptadas en la ponencia,
en el debate, que solo han sido dos, como me comenta el letrado, se vota
el texto del anejo del informe.

Pasamos a votar ya el preámbulo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 15; en contra, 6; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Pasamos a votar el artículo primero, con sus veinte
apartados.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 15; en contra, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Votamos el artículo segundo, con siete apartados,
modificados por la aceptación de la enmienda del Grupo Popular, de la
corrección sobre la enmienda 87.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 15; en contra, 5; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Votamos el artículo tercero.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 15; en contra, 6; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Votamos la disposición adicional.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 15; en contra, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la disposición adicional nueva, la relativa a la
transaccional de la enmienda 105.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 15; en contra, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Votamos las disposiciones transitorias primera y segunda,
con el texto del anejo del informe.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 15; en contra, 6; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Votamos las disposiciones finales primera y segunda,
también conforme al texto del anejo del informe.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, 15; en contra, 6; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Habiendo ya sido dictaminado en comisión, pasa al Pleno
para su debate.

El siguiente punto es designar a un miembro de la comisión
que llevará a cabo la presentación del dictamen en el Pleno. (Varios
señores senadores: Su señoría.) Muchas gracias. Por tanto, será la
presidenta.

Se levanta la sesión.

Eran las diecinueve horas y cuarenta minutos.