CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 80

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO TARNO BLANCO

Sesión núm. 12

celebrada el martes,

15 de octubre de 2013

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:


- Informe de fiscalización de la planificación y el desarrollo urbanístico de los municipios costeros de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000002 y número de expediente del Senado
771/000002) ... (Página2)


- Informe de fiscalización del Instituto Cervantes, ejercicio 2008, referida en especial al seguimiento de las recomendaciones del tribunal y resoluciones de la Comisión Mixta correspondientes al informe del instituto relativo al ejercicio
2001. (Número de expediente del Congreso 251/000005 y número de expediente del Senado 771/000008) ... (Página6)


- Informe de fiscalización sobre la gestión de la Fundación para la prevención de riesgos laborales en el marco del sistema público estatal de prevención de riesgos laborales. (Número de expediente del Congreso 251/000017 y número de
expediente del Senado 771/000017) ... (Página10)


- Informe de fiscalización de las actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza en relación con la Exposición Internacional Zaragoza 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000022 y número de expediente del Senado 771/000020) ... href='#(Página14)'>(Página14)


- Informe de fiscalización de los servicios de prevención y atención a la violencia de género de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Murcia, ejercicio 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000012 y número de expediente
del Senado 771/000012) ... (Página20)

Página 2

- Informe de fiscalización de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género. (Número de expediente del Congreso 251/000024 y número de expediente del Senado 771/000023) ... (Página26)


Debate y votación de las propuestas de resolución:


- Informe de fiscalización del sector público autonómico, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000125 y número de expediente del Senado 771/000124) ... (Página33)


- Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000126 y número de expediente
del Senado 771/000123) ... (Página35)


- Informe de fiscalización del organismo autónomo 'Parque de Maquinaria', ejercicios 2008-2010. (Número de expediente del Congreso 251/000127 y número de expediente del Senado 771/000125) ... (Página36)


- Informe de fiscalización del Instituto Geológico y Minero de España, ejercicio 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000128 y número de expediente del Senado 771/000127) ... (Página36)


- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por la Tesorería General de la Seguridad Social. (Número de expediente del Congreso 251/000129 y número de expediente del Senado 771/000126) ... href='#(Página37)'>(Página37)


- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Huesca, ejercicios 2008 a 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000130 y número de expediente del Senado 771/000128) ... (Página38)


Se abre la sesión a las once de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LOS MUNICIPIOS COSTEROS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIO 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000002 y número de expediente del Senado
771/000002).


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Iniciamos la sesión con el punto 1.º del orden del día: presentación por parte del señor presidente del Tribunal de
Cuentas, don Ramón Álvarez de Miranda, del informe de fiscalización de la planificación y el desarrollo urbanístico de los municipios costeros de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2006. Ruego a los intervinientes que a posteriori no nos
fustiguemos, dado que ni el señor Álvarez de Miranda ni esta Comisión en esta legislatura tienen ninguna responsabilidad en el retraso. Ya lo sabemos, por tanto, no hace falta que nos fustiguemos.


Señor Álvarez de Miranda, tiene usted la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El pleno del tribunal aprobó este informe el 29 de abril de 2010. Esta fiscalización horizontal se ha realizado sobre los treinta y siete municipios de influencia
costera existentes en la citada comunidad autónoma, que se encuentran incluidos en la denominada área litoral de Cantabria. Sin embargo, los trabajos de fiscalización se vieron limitados por la insuficiente y escasamente fiable información
estadística y agregada sobre los cambios en el uso del suelo y desarrollo urbanístico por municipios, puesto que la mayoría de los

Página 3

ayuntamientos fiscalizados carecían de medios para mantener estadísticas sobre usos del suelo. Hay que señalar que el Ayuntamiento de Castro Urdiales ya fue objeto de una fiscalización específica del tribunal que se aprobó en febrero de
2009.


Es preciso destacar, en primer lugar, que tras la promulgación de la Ley de ordenación territorial y régimen urbanístico de suelo de Cantabria en 2001, y especialmente de la Ley del Plan de ordenación del litoral en 2004, todos los
municipios costeros de Cantabria tenían la obligación de revisar su ordenamiento urbanístico, aunque en 2006, año al que se refiere la fiscalización, únicamente Santillana del Mar había previsto su plan general de ordenación urbana, y en octubre de
2009 solo otros dos municipios más, Comillas y Argoños, disponían de un plan general adaptado. Todos los demás ayuntamientos costeros habían iniciado la revisión de su ordenamiento, si bien habían tenido especiales dificultades para su redacción
final y aprobación definitiva debido, entre otras, a la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, referida a la Ley del Suelo, a la demora en el establecimiento de instrumentos de ordenación del territorio y a diversas sentencias sobre
determinados instrumentos de planeamiento revisados.


En todos los ayuntamientos fiscalizados la revisión del ordenamiento urbanístico se contrató con equipos redactores externos mediante asistencias técnicas. Del análisis de estos contratos se ha observado lo siguiente: la definición del
objeto de los contratos era excesivamente amplia y no concretaba el trabajo de los adjudicatarios; la duración de los contratos superó los cuatro años previstos en la Ley de contratos de las administraciones públicas; la utilización de criterios
de selección de los adjudicatarios valoraban preferentemente las condiciones del equipo redactor respecto de los del trabajo a desarrollar; la ejecución de los contratos superaba los plazos iniciales, lo que llevó a realizar modificaciones y
trabajos complementarios respecto de los contratos iniciales, con un mayor coste. Todos los trabajos de revisión del ordenamiento implicaron un gasto que, a octubre de 2009 ascendía a 8,5 millones de euros. El Gobierno de Cantabria financió una
parte de los contratos iniciales, pero no las modificaciones ni los trabajos complementarios. Cabe destacar que no ha sido posible conocer la superficie bruta afectada por cambio de usos ni las variaciones de edificabilidad, en su caso, dado que
los ayuntamientos no disponían de datos suficientemente fiables sobre las modificaciones introducidas en su ordenamiento urbanístico o sobre los instrumentos de desarrollo.


En 2006 se aprobaron definitivamente dieciocho modificaciones destinadas a facilitar infraestructuras, posibilitar la construcción de viviendas de protección oficial o para adecuarse a la normativa de protección medioambiental, sin haberse
aumentado en ningún caso la edificabilidad prevista en el ordenamiento vigente.


La ejecución del planeamiento se vio afectada por los grados de protección impuestos por el Plan de ordenación del litoral y por los planes de ordenación de los recursos naturales, así como por la delimitación de sectores de grandes
dimensiones superficiales en algunos planes, con un elevado número de propietarios implicados, que dificultaban los acuerdos necesarios para iniciar el desarrollo. En 2006 solo se aprobaron dos nuevos planes parciales y se modificaron otros dos
previamente aprobados. Por otra parte, la ejecución del planeamiento se vio limitada por diversas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, quedando varios planes parciales sin efecto por la anulación de la revisión de las
respectivas normas subsidiarias.


Cuando se aprobó el informe subsistían aún diversas sentencias de derribo que afectaban a un total de 597 viviendas en cinco municipios: Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo y Piélagos. Para solucionar el problema el Gobierno de Cantabria
había elaborado un plan de actuación a fin de garantizar adecuadamente los derechos de los afectados y evitar desequilibrios financieros en los ayuntamientos a los que difícilmente podrían hacer frente.


Finalmente, hay que señalar que ha sido una práctica de muchos ayuntamientos reservar una parte de los aprovechamientos lucrativos recibidos para su utilización en ejercicios siguientes, mientras que en otros no se había tenido en
consideración que la utilización de estos recursos está restringida a los destinos previstos en la ley, que fundamentalmente son de carácter urbanístico.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gallego, por el Grupo Socialista.


La señora GALLEGO ARRIOLA: Quiero felicitar a los redactores de este informe, porque constituye un minicompendio que especialmente en su primera parte clarifica conceptos urbanísticos de la gestión autonómica y local que han hecho muy
comprensible la lectura de algo complejo y técnico como es la gestión urbanística y la revisión del ordenamiento urbanístico, esta vez referida a los treinta y siete municipios de influencia costera de mi comunidad, Cantabria.

Página 4

Es verdad que el ámbito temporal de la fiscalización es lejano, puesto que se trata del ejercicio 2006, y que desde ese momento hasta la actualidad se ha legislado mucho en materia urbanística -la realidad es que la Comunidad Autónoma de
Cantabria ya no tiene nada que ver con los años anteriores a 2006-, de forma que los problemas existentes en la gestión urbanística de los municipios en la actualidad son heredados de una gestión no muy afortunada, sin ejercer el control urbanístico
en toda su extensión y con los instrumentos de planeamiento existentes, que se alejaban mucho de las medidas de protección ambiental. Tal como dice el informe, el crecimiento de la construcción en Cantabria fue de tal magnitud que durante el
periodo 2000-2006 se crearon en Cantabria más de 51.000 puestos de trabajo debidos a la creación de 5.835 empresas del sector de la construcción. Destaca el dato de la concesión de licencias municipales para la construcción de casi 5.000 edificios
con más de 15.000 viviendas, que representó un crecimiento del 99 %, tasa muy superior a la del resto de España, con un incremento en el mismo periodo del 66 %. Y es muy significativo que en el año 2006 Cantabria tuviera un índice de protección de
costa inferior a la media del territorio español. Estos datos eran tan apabullantes que la Lotrusca, la Ley de ordenación del territorio y régimen urbanístico del suelo de Cantabria, de 2001, previó la necesidad de un plan de ordenación del litoral
que regulase de manera más efectiva la defensa del medio natural y los valores paisajísticos y de arquitectura tradicional de forma compatible con el desarrollo económico y social de la zona. Pero tuvieron que pasar tres años y fue otro Gobierno de
signo político diferente el que aprobara el Plan de ordenación del litoral; por cierto, con la oposición frontal del Partido Popular, que hasta ese momento había sido responsable de la gestión urbanística de Cantabria. Y es este plan el que
desarrolla las medidas protectoras esenciales de la zona costera y el que fija las directrices para la ordenación territorial, y además comienzan a fijarse los criterios para un cambio de modelo productivo que no basara su crecimiento únicamente en
el ladrillo.


¿Y qué es lo que pasó? Pues que los ayuntamientos tuvieron que adaptarse: tuvieron que adaptar todos sus instrumentos de planeamiento urbanístico y tuvieron altos retrasos en su adaptación, de tal forma que en el año 2009, como muy bien se
ha dicho, solo tres municipios lo habían adaptado, si bien es verdad que todos habían iniciado el proceso de adaptación. Además, añade una intensa actividad legislativa cambiante y en continuo desarrollo, de tal forma que incluso los que tenían
avanzada su revisión tenían que paralizarla por la necesidad de cohesionar la protección ambiental con los instrumentos de ordenación urbanística, lo cual obligaba a obtener el informe de evaluación ambiental; años que se unen a otros factores. La
herencia de aquellos años de descontrol urbanístico queda reflejada todavía en la actualidad, donde persisten, como también se ha dicho, unas 600 viviendas con sentencias de derribo porque fueron construidas siendo contrarias al ordenamiento
urbanístico, todas ellas con la concesión de licencias por los ayuntamientos y con la aprobación del Gobierno regional.


Desde el Grupo Socialista, por tanto, sí que compartimos las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, pero nos preocupa especialmente esa pervivencia de las sentencias de derribo que afectan, como hemos dicho, a unas 600 viviendas y
para las que el Gobierno en la legislatura anterior había elaborado un plan con el apoyo de todos los partidos políticos con el fin de garantizar adecuadamente los derechos de los afectados y los posibles perjuicios a los ayuntamientos afectados,
plan que en este momento ya se ha venido abajo con el cambio de Gobierno y existe otro plan del que ahora hablaremos. Nos preocupa que la nueva ley que ha aprobado el Gobierno de Cantabria con respecto a los derribos sea tumbada de nuevo en
sentencia judicial, puesto que en este momento lo que crea esta ley es la figura de la autorización provisional de edificaciones o actuaciones preexistentes y permite mantener la vivienda en tanto se tramiten y se aprueben los nuevos planeamientos
que darían cobertura legal si son compatibles con el instrumento urbanístico, algo dudoso desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Nos preocupa también la reforma de la Ley de Costas, con reducciones del ancho de servidumbre de protección
y con modificaciones de deslindes, que pueden dar de nuevo lugar a la especulación.


Asumimos y apoyamos las cinco recomendaciones finales que hace el Tribunal de Cuentas y añadimos una sexta, en la que el Gobierno de Cantabria debe dar seguridad jurídica a las actuaciones que el Gobierno quiera realizar para solucionar el
tema de las sentencias de derribo porque hay afectadas más de 600 familias en Cantabria que llevan más de siete años con constante inseguridad.


El señor PRESIDENTE: El señor Piñeiro tiene la palabra, por el Grupo Popular.


El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas.


En ningún caso creo que sea para fustigar ni al Tribunal de Cuentas ni a nosotros mismos por el hecho de que llegue en estos momentos este informe del año 2006, sino todo lo contrario, porque lo que estamos

Página 5

viendo es cómo se vienen actualizando informes muy retrasados y, por lo tanto, valoramos, dentro de lo difícil que es actualizar, cómo se adelantan muchos de esos informes. Yo venía dispuesto a no hacer debate político con la portavoz
socialista y también amiga y voy a intentar no hacerlo, puesto que es de la propia Comunidad Autónoma de Cantabria, pero cuando hablaba de críticas hacia el Partido Popular y hacia algunas de las sentencias de derribo que ha habido en algunos
ayuntamientos en la Comunidad Autónoma de Cantabria, se le ha olvidado decir una cosa muy importante: que durante ocho años el presidente de la Comisión regional de ordenación del territorio y urbanismo fue su socio el señor Revilla, la persona a
la que ustedes hicieron presidente siendo el partido que menos votos había obtenido en el Parlamento de Cantabria. Es bueno aclararlo, ya que usted lo ha dicho. Con posterioridad, durante otros ocho años, ustedes tuvieron la responsabilidad
también de esa Comisión regional de ordenación del territorio y de urbanismo. Uno se va haciendo mayor y muchas veces le extrañan cosas. Cuando en esta Comisión veo al Partido Socialista defender en algunos casos la gestión del señor Revilla y en
otros casos, como ha ocurrido hoy, criticarle, me extraña muchísimo.


En cualquier caso, no quiero entrar en ese debate político porque sería muy largo y yo creo que no es el momento en esta Comisión, así que me voy a ceñir a dar unos datos a sus señorías que el señor presidente conocerá. Durante diez años,
desde 2001, de 102 ayuntamientos se habían aprobado exclusivamente dos planes generales -es cierto que algunos pequeños no lo necesitaban-. A partir de 2011, en el que hubo un cambio de Gobierno presidido por el Partido Popular, ya en el primer año
se aprobaron tres planes generales, el de Puente Viesgo, el de Santander y el de San Miguel de Aguayo. En 2013 se han aprobado otros tres, y en los primeros meses de 2014 se prevé la aprobación de alrededor de una docena más de planes generales de
ordenación de urbanismo, puesto que ya están en las últimas fases de aprobación una serie de ayuntamientos. En la actualidad se están impulsando de forma muy activa más de cuarenta planes generales, y me permito recordarle a la portavoz del Grupo
Socialista -creo que ya lo sabía- que en diez años tan solo se aprobaron esos dos.


Pasando ya a las recomendaciones, la Comunidad Autónoma de Cantabria está apoyando de una manera decidida tanto técnica como económicamente a los ayuntamientos -que es una de las recomendaciones que hace esa presidencia- para que puedan
realizar esta labor de adaptación de su planeamiento urbanístico, potenciando, de un lado, la colaboración administrativa entre las distintas administraciones -la regional y la local-, y, por otro lado, incrementando las ayudas a los ayuntamientos
para la redacción de ese planeamiento, porque hay ayuntamientos que no tienen posibilidades económicas suficientes. Por lo tanto, el Gobierno regional ha incluido en esa comunidad, en Cantabria, 1.200.000 euros solo en los presupuestos regionales
del año 2013 para ayudar a esos ayuntamientos.


En la segunda recomendación que hace este Tribunal de Cuentas ya se está teniendo en cuenta, y es de destacar, que en la determinación y en la fijación de los pliegos de estos contratos en relación con los planeamientos urbanísticos se
ofrezca esa colaboración, insisto, tan necesaria, especialmente en una comunidad uniprovincial con pequeños ayuntamientos, al objeto de precisar y tratar de unificar en la medida de lo posible los pliegos de condiciones para que se utilicen una
serie de criterios objetivos de selección basados en las condiciones y en las circunstancias de los distintos trabajos que vayan a realizar.


En cuanto a las recomendaciones tercera, cuarta y quinta, una de las ventajas que tiene el hecho de poder conocer un informe del año 2006 en este momento, en 2013, es que se puede hacer una comparación entre lo que existía en aquel año y lo
que se está haciendo en estos momentos y, dado que en estos años se ha producido una práctica paralización de la actividad relacionada con la gestión urbanística en la inmensa mayoría de los ayuntamientos, desde el Gobierno de Cantabria se ha
pensado que es el momento propicio para ir adaptando esas medidas recomendadas por el Tribunal de Cuentas, de modo que cuando se produzca la reactivación de la actividad urbanística los ayuntamientos estén en disposición de aplicar estas medidas y
de llevar a cabo una adecuada gestión, tanto de los patrimonios públicos de suelo como de las cesiones y aprovechamientos como de cualquiera de los recursos que se obtienen como consecuencia de la gestión urbanística.


Concluyo refiriéndome a una afirmación que se ha hecho por la señora portavoz del Grupo Socialista. La Ley de derribos se aprobó en el Parlamento de Cantabria precisamente para tratar de dar una solución a aquellos inconvenientes que
resultaron de una serie de sentencias de derribo, pero me permito recordar una cosa: ayuntamientos pequeños y ayuntamientos medianos, incluso grandes, se han visto obligados a retrasar la aprobación de sus planes como consecuencia de la no
aprobación por la Comisión Regional

Página 6

de Urbanismo de la comunidad autónoma. Independientemente del color político que tuviese un ayuntamiento u otro, se entiende que esos ayuntamientos tenían esa supervisión y ese control de la Comisión Regional de Urbanismo.


El señor PRESIDENTE: Señor Piñeiro, debe usted terminar.


El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Termino, señor presidente. Tenían esa supervisión y ese control de la Comisión Regional de Urbanismo. Por lo tanto, lo que se ha hecho en el Parlamento de Cantabria -y no quiero valorar aquí por qué unos sí y
otros no- es tratar de dar solución a esos inconvenientes que se les ha causado a muchísimas personas, precisamente por ese mal control de la Comisión Regional de Urbanismo. Y usted, señoría, sabe quién controlaba esa comisión.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Intervendré muy brevemente para indicar que este informe referido a 2006 incorpora también, desde el punto de vista del análisis del planeamiento, datos hasta 2009,
que son los datos previos a cuando el tribunal los aprobó, dado que el informe se aprobó en 2010.


Tengo que indicar que esta fiscalización no es una fiscalización financiera, sino que analiza la actuación de los ayuntamientos en el ámbito urbanístico, su adecuación a una legislación compleja y la utilización y uso de los recursos que se
obtienen de la actividad urbanizadora y que las conclusiones y recomendaciones que incorpora el informe tenían sentido cuando efectivamente existía una actividad urbanizadora importante, pero pretendían fundamentalmente hacer referencia al uso que
debería de darse al patrimonio público del suelo y las limitaciones que del mismo deberían establecerse y también a los recursos urbanísticos obtenidos por cesiones de terrenos y las previsiones de ingresos derivadas de la gestión del urbanismo.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir para pedir alguna aclaración sobre la intervención del presidente? (Pausa).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO CERVANTES, EJERCICIO 2008, REFERIDA EN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL Y RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA CORRESPONDIENTES AL INFORME DEL INSTITUTO RELATIVO AL EJERCICIO
2001. (Número de expediente del Congreso 251/000005 y número de expediente del Senado 771/000008).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º: Informe de fiscalización del Instituto Cervantes, ejercicio 2008, referida en especial al seguimiento de las recomendaciones del tribunal y resoluciones de la Comisión Mixta correspondientes al
informe del instituto relativo al ejercicio 2001.


Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El informe fue aprobado en el ejercicio 2010, el 24 de junio. El Instituto Cervantes se configura como un organismo público de régimen especial, adscrito al
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que actúa en el marco general de la acción exterior del Estado. Corresponde al Instituto Cervantes, entre otros fines, promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español, así
como contribuir a la difusión de la cultura española en el exterior, en coordinación con las distintas administraciones públicas.


En primer lugar, se ha constatado el cumplimiento, con carácter general, de la normativa específica aplicable al instituto, aunque se había incumplido la obligación de formar y remitir a la Dirección General del Patrimonio del Estado el
inventario de bienes y derechos constitutivos de su patrimonio.


Por lo que se refiere a la actividad contractual, en las prestaciones de bienes y servicios recibidas en el extranjero se puso de manifiesto la falta de solicitud, en un número significativo de contratos, del mínimo de tres ofertas que
establece la normativa, además de la ausencia de definición a priori de criterios objetivos de valoración de las mismas. En cuanto a la contratación en territorio nacional, el servicio de mensajería, transporte de documentación y paquetería de la
sede se prestaba sin haberse suscrito contrato alguno. Además, cabe destacar un convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca que debió tramitarse conforme a la legislación de contratos.

Página 7

Asimismo, se incumplió el plazo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público para la remisión al tribunal de las copias certificadas de los documentos en los que se formalizaron los contratos y los extractos de los expedientes de
contratación, e igualmente no se enviaron en el plazo previsto las relaciones de contratos y convenios celebrados a las que se refiere la instrucción de 26 de marzo de 2009 del pleno del Tribunal de Cuentas.


Existen otros incumplimientos relacionados con el régimen de personal. El instituto no abonaba los trienios de los funcionarios en servicios especiales que prestaban servicios en el mismo, siendo satisfechos por sus departamentos de origen.
Además, pese a que la solicitud de fijar un número mínimo de efectivos de personal auxiliar administrativo en los centros no fue aprobada por la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, cuatro centros disponían
indebidamente de tales efectivos. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 se rindieron fuera de plazo al Tribunal de Cuentas. En el informe se concluye que las cuentas anuales representaban adecuadamente, en todos sus aspectos
significativos, la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, de los resultados de sus operaciones y de la ejecución de su presupuesto, de acuerdo con los principios y normas contables y presupuestarias que le eran de aplicación.


No obstante, aunque no constituían salvedades, se detectaron ciertos incumplimientos del Plan general de contabilidad pública. El instituto modificó en 2008 el criterio de contabilización de la provisión para riesgos y gastos sin dar cuenta
de ellos en la memoria de las cuentas anuales. No dotó la provisión para insolvencias, a pesar de tener deudores con una antigüedad superior a trece meses. Asimismo, en la contabilización de ingresos y gastos se advirtió el incumplimiento de
varios principios contables, como el de devengo, el de uniformidad y el de no compensación.


Por otra parte, en la evaluación de los sistemas y procedimientos de gestión se ha observado la ausencia de normas internas sobre aspectos tales como la actividad cultural, especialmente en su ámbito económico, los criterios de concesión de
matrículas gratuitas y la admisibilidad de los pagos fraccionados de las matrículas de los cursos, así como las posibles devoluciones por anulación.


También se puso de manifiesto, entre otras cuestiones, la falta de interconexión de los sistemas informáticos del instituto o la necesidad de una mayor coordinación con los centros que disponen de amplia autonomía en el área de personal,
como los de Estados Unidos y China, por la legislación de los países en que operan.


Por lo que se refiere a las recomendaciones del tribunal derivadas del anterior informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2001, así como las resoluciones de esta Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal Constitucional,
las mismas se entienden razonablemente seguidas. No obstante, existían tareas pendientes de llevar a cabo, como las relativas a la finalización del inventario de los elementos del inmovilizado de la entidad o la elaboración de una norma sobre la
gestión cultural.


En relación con el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se ha verificado la adopción de instrucciones para la adaptación de la normativa interna, tanto de la sede como de los centros. Además, el
instituto había impulsado una serie de acciones a través de las cuales se pretendía hacer efectivo el cumplimiento del citado principio de igualdad.


El señor PRESIDENTE: ¿La señora García Álvarez quiere intervenir? (Denegación).


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Vázquez.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Los que asistimos normalmente a esta Comisión, a pesar de las deficiencias que ha ido relatando el presidente del tribunal, podemos decir que es un informe que podría ser modelo de gestión, si lo comparamos con
muchos de los que hemos visto aquí. Sobre todo hay que destacar el esfuerzo que se ha hecho desde 2001 hasta 2008 por el cumplimiento de las obligaciones y de las recomendaciones del tribunal y las propuestas de resolución de esta Comisión, porque
muchas de las deficiencias que ha relatado las incumple un número muy pequeño de centros. Por lo tanto, parece que se han esforzado por mejorar. Tiene el denominador común -y tengo que decirlo, se lo digo al presidente de la Comisión, que nos
decía que no nos fustiguemos con las fechas- de que el informe se refiere a un periodo lejano en el tiempo. En este sentido, querría destacar que el Grupo Socialista ha presentado una proposición de ley de modificación de la Ley orgánica del
Tribunal de Cuentas en materia de reducción de plazos y de obligaciones de colaboración con el tribunal. Esta proposición plantea la creación de un canal de información específico y directo entre el Tribunal de Cuentas y la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y de la Seguridad Social y otros mecanismos de colaboración con la Administración General del

Página 8

Estado que quizá podría facilitar -esperamos que así sea- y, sobre todo, acelerar la disposición de la información por parte del Tribunal de Cuentas.


El Instituto Cervantes tiene ochenta y seis centros, por tanto está presente en ochenta y seis ciudades de cuarenta y tres países. Ello significa que quizá la diversidad de la normativa de cada país pueda hacer dificultosa esta gestión,
como ha destacado el presidente en su relato, especialmente en la contratación de personal por las normas de cada país. También hay que decir que el funcionamiento de los centros es dispar; no parece que un elevado porcentaje de centros incumpla
las obligaciones sino al contrario. Por ejemplo, solo ocho centros de los ochenta y seis envían la información contable fuera de plazo; solo en algunos centros se detectan deficiencias en la actualización de los datos de la Seguridad Social pero
siempre son corregidos.


Una de las incidencias que se destacan es la falta de contabilidad del inventario, como el presidente ha dicho. En 2004 se adquirió una aplicación informática para el registro de todos los bienes y en 2008 se estaba realizando el registro
de los bienes adquiridos con anterioridad a 2005. ¿Conoce el tribunal si a día de hoy este inventario está ya regularizado? En cuanto a la contabilidad y a las normas contables yo me atrevería a decir que muchas deficiencias que se describen
responden quizá a un desconocimiento o a una falta de conocimiento en profundidad de las normas contables, del Plan general de contabilidad por los responsables que llevan a cabo esta función, porque se detectan anomalías que no suponen cambios
sustanciales en los resultados del organismo, pero suponen que afeen este informe y se destaquen algunas anomalías. Por ejemplo, se contabilizan ingresos por patrocinio como ingresos por prestación de servicios. Al resultado global no le afecta
pero no nos permite conocer cuál es el resultado por la prestación de servicios y cuál por otros motivos ajenos a la misma. Atender a los criterios de caja en lugar de a los criterios de devengo y con ello, por ejemplo, no contabilizar -como dice
el informe- las matrículas gratuitas ni los descuentos en las matrículas, no nos permite conocer en cuánto se vería incrementado el resultado del instituto y, sobre todo, no nos permite conocer el porcentaje aproximado de matrículas gratuitas que
tiene el instituto. ¿Sabe el presidente qué porcentaje aproximado de matrículas gratuitas ofrece el instituto? También querría destacar, como ha dicho el presidente, los errores en la aplicación de las provisiones por insolvencia. Creo que muchas
de estas deficiencias serían subsanadas con un mejor conocimiento de las normas de contabilidad por parte de los responsables de aplicarlas, porque no parece que persigan ninguna intencionalidad puesto que los resultados no se ven alterados de forma
importante. Sí hay que destacar, como ocurre en otros muchos informes que vemos aquí, la necesidad de que para contratar se pidan las tres ofertas.


Terminaré diciendo que la crisis afecta a todo, como estamos viendo. En esta institución, que funciona relativamente bien, que tiene funciones muy importantes en el exterior por el aumento que se está dando del estudio del español en
muchísimos países, viene disminuyendo el importe de las transferencias que recibe del organismo del que depende. Así, pasa de 86 millones en 2011 a 50 en 2013 y también en 2014, porque ya hemos visto la previsión de presupuestos. En estas
condiciones, leía hace poco que el Instituto Cervantes se está planteando una reorganización de sus centros -prometía su director que no habría una reducción de centros y esperemos que con esta reducción de presupuestos no sea así- y una renovación
a fondo del instituto para ser garante de la calidad de la enseñanza del español en el extranjero. Yo le deseo suerte para poder hacer todo esto con una bajada del 37 % del presupuesto.


Finalmente, quiero decir que si presentamos propuestas de resolución a este informe irán encaminadas a que se siga mejorando en la gestión y a que se corrijan esas pequeñas deficiencias, incluso esperando que muchas de ellas estén corregidas
a partir de 2008.


El señor PRESIDENTE: El señor Araújo Gil tiene la palabra por el Grupo Popular.


El señor ARAÚJO GIL: Señorías, nuevamente al hilo del comentario que han hecho mis compañeros -no quiero que nos fustiguemos-, creo que es importante poner énfasis y sobre todo recordar que este informe -que, como bien ha dicho el
presidente, se firmó el 24 de junio de 2010- entró en esta Comisión el 8 de febrero de 2012 y lo estamos viendo en octubre de 2013. Yo creo que este dato debería ser tenido muy en cuenta por el buen funcionamiento de esta Comisión y sobre todo por
los resultados de este enorme trabajo que viene desarrollando el Tribunal de Cuentas.


Coincido con alguna de las apreciaciones que ha hecho la anterior interviniente, la portavoz del Grupo Socialista, pero evidentemente también le voy a enunciar que ha habido un gran esfuerzo en la última etapa sobre todo en la consecución de
los objetivos y de las recomendaciones también realizadas en este informe, como intentaré muy someramente proponer y leer por encima. En términos generales, el Tribunal

Página 9

de Cuentas considera, respecto a las propuestas de resolución, que se han cumplido de una forma aceptable, razonablemente seguidas, si bien falta por recoger -ya lo ha comentado mi compañera- todo lo inventariado con anterioridad al
ejercicio 2005. El inventario se empezó a realizar en el Instituto Cervantes a partir de la implementación de la herramienta informática en 2005, inventariando lo nuevo; lo anterior todavía no estaba recogido en 2008. También quedaba pendiente de
elaboración una norma sobre la gestión cultural. Asimismo, no se había justificado la no creación en este caso de una fundación que canalizara aquellos patrocinios y mecenazgos que el instituto necesitaba. Igualmente, el Tribunal de Cuentas ha
realizado una serie de recomendaciones muy importantes en este informe 2008. Es cierto que el informe refleja una indudable gestión o buena voluntad del Instituto Cervantes de ir mejorando en todos los aspectos, pero también es cierto que en el
informe de 2008 todavía le quedaba un largo camino por recorrer.


Concretamente, en mayo de 2005, el portavoz socialista recogía en la propuesta de resolución que se hizo que si bien a la vista de las conclusiones del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas se destaca que las cuentas reflejan
razonablemente la imagen fiel de la situación financiera, patrimonial y los resultados de sus operaciones, también se mencionaban algunas deficiencias que debían ser corregidas, tanto aquellas relativas a su contabilidad como a la gestión de las
actividades académicas y culturales y a los manuales de procedimiento. Les recuerdo que eso se estaba comentando en 2005. Ahora, en 2013, el Tribunal de Cuentas vuelve a decir aproximadamente lo mismo, que sin constituir salvedades a la citada
opinión, no se ajustaban a lo dispuesto en el Plan general de contabilidad pública. Con siete años de diferencia entre los ejercicios analizados todavía no se han solventado algunos de los temas planteados.


Es cierto -y creo que todos estamos de acuerdo en ello- que el Instituto Cervantes tiene una importancia cultural estratégica indiscutible y ha tenido un crecimiento durante los ejercicios de referencia enorme, pero también es cierto que
debería haber sido igual de riguroso en el cumplimiento de las normas generales que le eran de aplicación. De todas formas, creo que estoy en la obligación, dado que tengo esa información, de poner el énfasis en que el Instituto Cervantes ha
realizado un esfuerzo adicional en los últimos ejercicios y respecto a recomendaciones realizadas en el informe 2008 debo señalar lo siguiente. Respecto a la primera -y no la leeré para intentar hacer más breve el informe- quiero recordar que se
han regularizado centros como el de Ammán, que se regularizó en 2010; Milán y Nápoles en 2011; El Cairo y Alejandría en 2012; en Brasil tanto Brasilia como Curitiba, Porto Alegre, etcétera, en 2012. Se ha hecho una gran labor con todas las
dificultades, quedando pendiente algunos bastante importantes pero que entendemos que por dificultades con las autoridades locales todavía no están regularizados.


Respecto al punto 8.2, en marzo de 2012 se ha implementado un sistema informático que contiene módulos de gestión de personal, selección, formación y acción social que se han ido poniendo en marcha sucesivamente. Respecto al punto 8.3, los
procedimientos para la gestión de las nuevas contrataciones, así como las variaciones de datos, ya están reguladas en el manual de procedimientos de los centros, el NR/010 y el NR/112. También se ha introducido un apartado específico en la norma
del manual de procedimientos de los centros NR/100. Respecto al punto 8.4, las bases generales de los distintos procedimientos de provisión de puestos son aprobadas previo informe del comité de empresa, tal como se recoge en el convenio colectivo
del instituto, en su artículo 15; y también esas bases son aprobadas evidentemente por el Ministerio de Administraciones Públicas. Las entrevistas, como se comenta, están profesionalizadas y en ellas se valoran y se contrastan los conocimientos
técnicos, la experiencia profesional y de forma fundamental las competencias personales de los candidatos. Además, a las entrevistas únicamente llegan los candidatos que cumplen los requisitos exigidos y que han pasado las pruebas correspondientes
en igualdad de condiciones. Respecto al 8.5, en diciembre de 2011 la norma de procedimiento NA/005, en su punto 3.1 ha sido modificada. Respecto al 8.6, en enero de 2010 se modificó la norma de procedimiento NR/100 para subsanar ese tema. En
cuanto al 8.7, la diferencia casuística que existe en cada centro complica mucho la elaboración de las normas comunes, como también se ha comentado. Sin embargo, se ha aprobado la norma NS/003, de fecha julio de 2011 que establece un incentivo por
pago al contado o recargo por el pago fraccionado, concretamente un 10 %. Respecto al 8.8, se ha iniciado la redacción de una norma marco que recoja en términos generales aquellos aspectos que se puedan homogeneizar. Recuerdo la dificultad para
hacerlo. En cuanto al 8.9, las aplicaciones de él y Matric ya recogen los gastos e ingresos de las actividades. También deseo recordarle a la portavoz que en 2012 se ha mejorado la gestión de matrículas, a fin de obtener la información sobre los
descuentos aplicados y el número de matrículas concedidas. A fecha actual ya podemos saber lo que consultaba la portavoz del Grupo Socialista. En relación con el apartado 8.10 deseo decirles que en diciembre de 2010

Página 10

se aprobó la norma de procedimiento que regula la gestión económica de las actividades culturales realizadas en los centros del Instituto Cervantes.


En definitiva, ha habido un esfuerzo muy especial en estos últimos ejercicios por parte del Instituto Cervantes para subsanar todo lo recogido en las recomendaciones de este informe. Por lo tanto, hay que felicitar a los gestores actuales
del Instituto Cervantes por su magnífica actuación.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Únicamente quiero comentar dos cuestiones. La primera de ellas es que en la actualidad el tribunal está haciendo un nuevo informe del Instituto Cervantes que se podrá
presentar en breves fechas a la Comisión mixta, en el que se pasará revista a todas las cuestiones recogidas en este informe y a la efectiva realización de las recomendaciones formuladas en el año 2008. La segunda cuestión es que el informe fue
aprobado, efectivamente, en el ejercicio 2010 y remitido a la Comisión mixta, como es habitual, inmediatamente después de su aprobación.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL MARCO DEL SISTEMA PÚBLICO ESTATAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. (Número de expediente del Congreso 251/000017 y número de
expediente del Senado 771/000017).


El señor PRESIDENTE: Si el compareciente y los miembros de la Comisión no tienen ningún inconveniente, vamos a trasladar el tercer informe al punto 5.º y adelantar los actuales puntos 4.º y 5..º Es decir, ahora veríamos el informe de
fiscalización sobre la gestión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el marco del sistema público estatal de prevención de riesgos laborales.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El informe sobre prevención de riesgos laborales de la Fundación para Prevención de Riesgos Laborales se aprobó por el pleno del tribunal el 30 de noviembre de 2010.
La entidad fiscalizada es una fundación del sector público estatal integrada por representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las organizaciones empresariales y sindicales. Sus acciones consisten en
entregas dinerarias sin contraprestación a terceros, para que estos realicen una finalidad o un objetivo previamente aprobado por el patronato de la fundación en relación con la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Las
acciones pueden ser de cuatro tipos: información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.


La fundación destinó a las actividades de prevención de riesgos laborales en los ejercicios 2007 y 2008 un total de 27 y 26,67 millones de euros respectivamente, lo que representó un 10,38 % y un 9,34 % en relación con el importe total
destinado a esta materia por el sector público estatal en dichos ejercicios. Se ha constatado la insuficiente coordinación entre los diversos órganos y organismos del sector público estatal en materia de prevención de riesgos laborales, como el
Servicio Público de Empleo Estatal, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de Seguridad
Social y la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.


Por lo que se refiere a la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012, aprobada por el Consejo de Ministros, a pesar de ser un instrumento básico para lograr la coordinación de los distintos agentes con competencias u
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, adolecía de falta de indicadores que permitieran cuantificar en qué grado habían sido realizados cada uno de los objetivos que trataban de alcanzarse. Además, tanto la estrategia como sus
correspondientes planes de acción carecían de una memoria económica que permitiera conocer el coste de su implantación y las partidas presupuestarias asignadas para su financiación. El patronato de la fundación no había aprobado el plan de
actuación o plan estratégico ni el programa de actividades en los que se deberían establecer los objetivos generales para promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como el orden de preferencias en la ejecución de
las acciones a desarrollar, lo que impidió conocer el grado de eficacia conseguido. La mayoría de los miembros del grupo de representación de la Administración General del Estado no asistían a las reuniones del patronato ni tampoco a las de las
comisiones delegadas, lo que denota una falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Por

Página 11

otra parte, las entidades solicitantes de las acciones designaban de forma directa a la entidad ejecutante de tales acciones sin motivación alguna, situación que resultaba contraria a los principios de concurrencia, transparencia y
objetividad. La acreditación de las acciones se efectuaba por los solicitantes o por los propios ejecutantes de las mismas, sin que la propia fundación ni un tercero sin vinculación con las entidades ejecutantes verificasen que se hubiese cumplido
los objetivos establecidos en las acciones.


La convocatoria de asignación de recursos para el ejercicio 2006 estableció tres tipos de acciones: directas, indirectas territoriales e indirectas sectoriales. Las solicitudes para la realización de acciones directas solo podían ser
presentados por los miembros del patronato y de la Comisión Nacional de Seguridad Social y Salud en el Trabajo. Esta situación afectó al cumplimiento de los principios de concurrencia, transparencia, objetividad -de acuerdo con los criterios
homogéneos, objetivos y ponderados- e igualdad y no discriminación, al no tener la misma oportunidad el resto de organizaciones sindicales o empresariales u otros posibles ejecutantes capacitados para su ejecución. Además, las organizaciones
sindicales y sus entidades vinculadas, que en su calidad de patronos de la fundación propusieron la realización de las acciones directas, también ostentaron la condición de solicitantes y ejecutantes de estas acciones. Es preciso añadir que la
existencia de porcentajes casi idénticos en la ejecución de acciones directas entre las entidades ejecutantes que forman parte del patronato de la fundación denota la existencia de un posible reparto previo del importe de la dotación inicial
aprobada por el patronato, que afecta al grado de eficacia y economía con que se deben desarrollar las acciones.


Respecto a las acciones indirectas territoriales, debían adecuarse a los criterios de prioridad definidos por el propio patronato. Sin embargo, estos criterios de prioridad eran ambiguos y poco precisos y no se encontraban debidamente
ponderados ni baremados. En las convocatorias de los ejercicios 2006 y 2007, al menos diez de los miembros de los órganos tripartitos y de participación institucional fueron solicitantes de las acciones y, al mismo tiempo, por su pertenencia al
patronato, aprobaron sus propias solicitudes. A este respecto, las acciones indirectas territoriales propuestas en el seno de las reuniones de los órganos tripartitos territoriales y de participación institucional, también pudieron responder a
porcentajes de reparto predeterminados entre los ejecutantes.


En tercer lugar, las acciones indirectas sectoriales, aprobadas por el patronato de la fundación, fueron el único tipo de acciones que disponían de un procedimiento de solicitud y concesión basado en unos criterios de prioridad, aprobados
por el citado patronato, y de valoración. No obstante, estos criterios tampoco se encontraban suficientemente ponderados y baremados. Las entidades ejecutantes de las acciones indirectas sectoriales fueron designadas directamente por los
solicitantes de las mismas, sin que existiera obligación de justificar las razones por las que se seleccionaba una determinada entidad, lo que limitó la concurrencia y la transparencia en la aplicación de estos fondos.


En relación con la financiación de las retribuciones del personal interno, es preciso destacar la ausencia de un sistema de control de las actividades y horas desarrolladas por cada trabajador que permitiera valorar con posterioridad la
realización efectiva de las horas imputadas al proyecto financiado por la fundación. Los gastos imputados en la convocatoria de 2006 por las organizaciones sindicales ejecutantes de las acciones en concepto de retribuciones del personal interno
ascendieron al 71 % sobre el total de gastos liquidados por la fundación, mientras que en el caso de organizaciones empresariales el porcentaje fue del 52,5 %.


Por otra parte, del análisis de la convocatoria del ejercicio 2006, realizada sobre una muestra de ejecutantes, se observaron diversas deficiencias. Entre otras, las siguientes: imputación de gastos por las retribuciones de trabajadores
que no tenían la consideración de personal interno de las entidades ejecutantes, al no formar parte de su plantilla; no estaban debidamente reguladas las situaciones de ausencia prolongada del trabajador de su puesto de trabajo; el patronato
financió gastos en concepto de retribuciones de personal de determinadas entidades ejecutantes que tenían suscritos contratos laborales de trabajo de obra y servicio determinado, en cuyo objeto constaba una finalidad totalmente distinta a las
actividades relacionadas con la ejecución de las acciones financiadas por la fundación.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Valerio.


La señora VALERIO CORDERO: En primer lugar, deseo agradecer este informe de fiscalización si bien es verdad que, aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el día 30 de noviembre del año 2010, nos estamos refiriendo a la actuación de
esta Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales que fue creada en el año 2000 a lo largo de multitud de años, aunque en algún momento se concreta en acciones del año 2006, pero se está hablando de la gestión del asunto a lo largo de varios
años; varios años donde

Página 12

hemos tenido Gobiernos de ambos signos, del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español -concretamente cuando se crea esta fundación, si no recuerdo mal, estaba gobernando el Partido Popular y era el señor Arenas el ministro
responsable del ramo-, y se determinaron unas normas que, al igual que en otros organismos de la Administración pública, como fundaciones, instituciones, organismos mantenidos con fondos públicos, se ha visto que con el análisis y la perspectiva del
paso del tiempo ha habido una serie de cuestiones que no han funcionado bien.


En este país se hizo una apuesta muy importante cuando en el año 1995 se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dicen los estudios que por cada euro que invertimos en prevención nos ahorramos 2,5 euros en asistencia sanitaria,
en posibles subsidios, en posibles pensiones. Luego invertir en prevención de riesgos laborales es muy importante, está constitucionalmente reconocido en el artículo 40 como principio rector de la política social y económica y creo que en este país
se ha hecho un gran esfuerzo en general, por la Administración pública y por las empresas, en cumplir con esta ley, aunque queda desde luego mucho camino por recorrer. Muy importante es la labor y por eso, aunque evidentemente de este informe se
desprende que la fundación, el patronato y la comisión delegada, etcétera, no han funcionado al cien por cien a la perfección, hay que poner en valor el hecho de que en este país todas las acciones en materia de prevención de riesgos laborales han
tenido un protagonismo muy importante no solamente en la Administración pública, sino también por parte de los agentes sociales, los sindicatos más representativos y las organizaciones empresariales más representativas, concretamente UGT, Comisiones
Obreras y la CEOE-Cepyme; han puesto mucho en este patronato para que las cosas vayan bien. Evidentemente, hay una multitud de organismos administrativos del ministerio, así se ha puesto de manifiesto, desde el Servicio Público de Empleo Estatal a
la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la Inspección de Trabajo, la propia fundación, son muchos organismos y entidades los que se tienen que coordinar con un
objetivo común, que es velar por la seguridad y salud de los trabajadores y la prevención de los riesgos laborales. ¿Qué ocurre? Pues que como ocurre también en otros sectores de la Administración pública, se ha visto que hay que reforzar la
coordinación. Esa es una recomendación que me parece muy importante. Me consta que desde que se elaboró este informe y se hizo llegar a los miembros del patronato, estos se han puesto las pilas y hay ya cuestiones que se recomiendan por el
Tribunal de Cuentas, como la de profundizar en esta labor de coordinación, que ya se está haciendo.


En relación con el cumplimiento de la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012, desgraciadamente adolece de lo que adolecen muchas estrategias y muchos planes estratégicos que se aprueban en nuestro país, de falta de
indicadores, de falta de memoria económica y de cómo medir el cumplimiento, que estén claros los objetivos y qué indicadores utilizamos, es decir, cómo medimos el cumplimiento de los objetivos. Está claro que esto es algo absolutamente fundamental,
porque estamos utilizando dineros públicos y está claro que los tenemos que utilizar de manera eficiente y conseguir de manera eficaz los objetivos que nos planteamos. Que haya un plan de acción determinado por el Gobierno que marque unas
directrices claras y unas prioridades, un plan de actuación dirigido a estos organismos, en este caso a esta fundación, es importante. Que la Administración pública se tome en serio la participación que tienen los patronatos, es evidente. Me
consta que esto se ha ido corrigiendo con el tiempo porque he podido charlar con algunos de los miembros del patronato. Está la Administración General del Estado, están representadas las comunidades autónomas que tienen importantes competencias en
esta materia, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y los empresarios. Puedo dar fe de que a partir del año 2004, en que llega el Partido Socialista Obrero Español al patronato, a la Administración y al ministerio, esto nos lo hemos tomado en
serio. Es muy importante, por tanto, que se siga en esta línea e imagino que el Gobierno actual del Partido Popular también irá por ella. Es decir, que la Administración General del Estado, al igual que las administraciones de las comunidades
autónomas, tiene que estar ahí, porque en definitiva es una cogestión, es una corresponsabilidad con los agentes sociales y económicos.


Por otro lado, en cuanto a las recomendaciones, evidentemente que se asignen adecuadamente los recursos. Está claro que están cumpliendo la Ley de Fundaciones, hasta qué punto tienen que cumplir con la Ley de Subvenciones, que haya
transparencia, que haya concurrencia y que tanto en las acciones a nivel nacional como en las acciones territoriales se respeten todos estos principios. Que se acredite adecuadamente que se han realizado las acciones; que haya un control
exhaustivo de toda la documentación, una homogeneización de criterios en cuanto a la adjudicación de las acciones. Me consta que algunas de las cuestiones que se han puesto de manifiesto en este informe del Tribunal de Cuentas han sido subsanadas
ya por el propio patronato y esperemos que continúen en esta línea.

Página 13

Me gustaría decir que es preocupante que en los últimos Presupuestos Generales del Estado, desde que está gobernando el Partido Popular, el presupuesto asignado a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el sistema público
estatal de prevención de riesgos laborales va a menos...


El señor PRESIDENTE: Señora Valerio, debe ir usted terminando.


La señora VALERIO CORDERO: Sí, voy terminando.


El año pasado concretamente entró aquí el proyecto de presupuestos con 25 millones para la fundación y salió ya aprobado con 20 millones. Este año, que ha entrado con 25 millones, esperemos que no lo bajen. También han ido bajando de una
manera muy clara desde que lleva gobernando el Partido Popular las partidas destinadas al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, una encomienda de gestión que le hace la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que de 10
millones de euros el año pasado pasó a 1.050.000 euros. La prevención es cosa de todos, nos la tenemos que creer y hay que aplicar dinero, presupuesto y gestionar eficientemente ese presupuesto para cumplir con el objetivo fundamental, que es la
prevención de los riesgos laborales y velar por la seguridad y la salud de todos los trabajadores de nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Parro.


El señor PARRO DEL PRADO: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, bienvenido un día más. Primero, mi reconocimiento al amplio trabajo que hacen todos los funcionarios y el consejo del tribunal, especialmente en este prolijo informe, que
es un informe muy amplio, muy al detalle. Lógicamente, hay la necesidad de aprobación y superación de este trámite de una vez. Yo no voy a entrar en ello, solamente quiero agradecer, como hizo antes un compañero mío, que de una vez se supere este
trámite porque, efectivamente, es necesario aplicar las conclusiones y también las recomendaciones, además de ejecutar las posibles sanciones, porque los dineros públicos, una vez más, a través de un organismo como este, no han sido bien cuidados, y
sobre ese aspecto me parece que el trabajo que hace el Tribunal de Cuentas y también esta Comisión Mixta se debe poner en solfa, por lo que cuanto antes se pudiera hacer este trámite, mejor.


Estoy de acuerdo con todo el informe que nos ha detallado el presidente del tribunal y casi yo lo repetiría, pero en concreto quiero señalar una posición personal sobre lo que ya señala el Tribunal de Cuentas acerca de que la estrategia
española de seguridad y salud en el trabajo es un instrumento básico para la coordinación de los distintos agentes y, por lo tanto, es fundamental el cumplimiento de cada una de las cuestiones asignadas en ese plan estratégico. Es una tontería
reconocer el valor de ese plan estratégico y, sin embargo, no ponerlo en marcha por ineptitud, porque no se quiera trabajar o porque simplemente no se le dé importancia, porque este informe señala que las medidas concretas de los planes de acción no
contenían ningún indicador que permitiera cuantificar de una forma clara y precisa los objetivos operativos que deben acotarse en la estrategia. Pues poco vale que la estrategia sea buena si efectivamente la parte principal no está concretada. Y
carece de una memoria económica -ya lo ha señalado el presidente- que permita conocer el coste de la implantación así como las partidas presupuestarias asignadas a la financiación.


Hay muchas deficiencias, pero, entre otras, a mí me llama mucho la atención que el consejo del patronato, que lo conforman 19 miembros de la Administración General del Estado, 19 miembros de las comunidades autónomas, 19 miembros de
organizaciones empresariales y 19 miembros por organizaciones sindicales, tardara tanto en constituirse y luego ni se fuera a las reuniones de forma mayoritaria ni siquiera con mayorías intermedias, y además se pasara sin concretar exactamente el
trabajo que se tenía que hacer desde ese propio patronato. De hecho, no ha aprobado ningún plan de actuación en el que se establezcan objetivos generales o en el que se determine orden de preferencias. No aprobó programas de actividades, y los
medios personales adscritos a la gerencia para poder desarrollarlos después, eran totalmente insuficientes. Se observaban deficiencias -me parece que también las ha comentado el presidente- en el procedimiento de la asignación de recursos, en la
disposición de esos recursos y también incluso en el procedimiento de las propias asignaciones, con lo que quedaba todo al libre albedrío de: puede ser que valga todo.


También a juicio del tribunal se habla -es un dato que me parece que también el presidente ha señalado- de la existencia de porcentajes casi idénticos en el tema de las adjudicaciones directas en cuanto a las organizaciones sindicales. UGT
asignó el 44,3 % de todas las acciones directas, y el Instituto

Página 14

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud el 44,1, o sea, el 90 % del total de las acciones directas. El tribunal lo dice, yo también: se denota la existencia de un posible reparto previo, pudiendo afectar al grado de eficacia y economía en el
que se desarrollan las acciones. Algo parecido también en cuanto a acciones indirectas, aunque se dotan de una forma más objetiva, aunque se vulnera -señala- el principio de transparencia, se vulnera el principio de igualdad y en algunos casos
concretos ambas figuras jurídicas coincidieron en la misma entidad, se vulneraban en la misma entidad.


En resumen y por finalizar, señor presidente, lo más importante es dar luz verde a este informe en este acto y quiero señalar que mi grupo se suma a todas las recomendaciones y conclusiones del mismo, y también estamos con el Grupo
Socialista en que invertir en prevención de riesgos laborales es una inversión que se debe hacer, desde luego es mejor tener menos presupuesto y más acciones reales que no ninguna acción real, tener mucho dinero y repartirlo mal.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente del tribunal.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Únicamente quiero indicar que con independencia de la lejanía en el tiempo de las acciones analizadas, el informe pone de manifiesto una serie de cuestiones
preocupantes en el sentido de que, efectivamente, cualquier actividad de carácter público que se pudiera realizar en esta área debería evitar la sospecha de que pudiera estar previamente repartida y determinadamente establecida entre los que la van
a ejecutar, y además -muy importante-, el procedimiento de acreditación de la realización de estas acciones se debe llevar a cabo por un órgano imparcial y ajeno al solicitante y ejecutante de las mismas.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención? (Denegaciones).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL ZARAGOZA 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000022 y número de expediente del Senado 771/000020).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º, que es el cuarto pero numerado con el número 5.º informe de fiscalización de las actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza en relación con la Exposición Internacional Zaragoza 2008. Tiene la
palabra el presidente del tribunal.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Este informe se aprobó en diciembre de 2010. El ámbito temporal de la fiscalización se ha extendido a las actuaciones de planificación, ejecución, seguimiento y
control derivadas de la exposición, que se realizaron por el ayuntamiento entre los ejercicios 2006 y 2009. Además, se examinaron las operaciones llevadas a cabo en 2010 en relación con la liquidación de las encomiendas y con la situación de las
concesiones de obra pública y explotación de servicio público. La participación de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Aragón en la exposición internacional originó la suscripción por parte del ayuntamiento de dos
convenios interadministrativos con el fin de concretar los compromisos de actuación y de financiación de cada una de las administraciones. El primero de ellos se suscribió el 3 de octubre de 2005 entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, y el Ayuntamiento de Zaragoza. El segundo convenio de colaboración se firmó el 17 de diciembre de 2005 entre la Administración General del Estado, la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que además de recoger
la ejecución y financiación de nuevos proyectos, se incorporaron las cláusulas del primer convenio, relativas a la ejecución y financiación de las obras asumidas tanto por el ministerio como por el ayuntamiento. Entre los dos convenios de
colaboración y sus posteriores adendas, la Administración General del Estado asumió la ejecución de proyectos por un importe total de 293 millones de euros, la Comunidad Autónoma de Aragón por otros 225 millones y el Ayuntamiento de Zaragoza asumió
proyectos cuyo coste total estimado alcanzó los 322 millones de euros. La Administración del Estado y la Diputación General de Aragón también participaron en la financiación de algunos de los proyectos asumidos por el ayuntamiento. Se
comprometieron a aportar para estos proyectos 63 y 18 millones de euros, respectivamente, cuantías que fueron abonadas, a excepción de 8 millones que a la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización estaban pendientes de pago por el
Ministerio de Medio Ambiente.


El Ayuntamiento de Zaragoza no estableció con carácter previo a la firma de los convenios un plan económico-financiero que analizase la viabilidad de la ejecución de los proyectos ni tampoco elaboró estudio alguno que evaluara las posibles
fuentes de financiación a las que podría acudir para obtener los

Página 15

recursos necesarios. El empleo irregular de los convenios y encomiendas de gestión realizados por la sociedad Expoagua Zaragoza implicó que el ayuntamiento hiciera dejación de sus competencias, dando lugar a la contratación de proyectos no
aprobados y a la ejecución de obras distintas a las de los proyectos aprobados. Respecto a las actuaciones asumidas por el ayuntamiento, este no efectuó un estudio previo sobre los importes acordados, la viabilidad económica de tales actuaciones ni
la financiación necesaria. El ayuntamiento adquirió 106 parcelas para el desarrollo de la exposición mediante permuta con una entidad financiera a la que había transmitido los derechos de opción de compra suscritos con los propietarios de las
fincas. A cambio, cedió aprovechamientos urbanísticos futuros en otras zonas, vulnerando los principios de transparencia, publicidad y concurrencia en la contratación.


Por lo que se refiere a los proyectos ejecutados a través de la contratación realizada por el propio ayuntamiento, se ha observado que en todos los proyectos de obra se produjo la tramitación de contratos modificados, superando en algunos
casos el 20 % del importe de adjudicación y suponiendo en otros casos cambios sustanciales en el proyecto que deberían haber ocasionado la resolución del contrato y la iniciación de nuevo expediente. Además, se aprobaron modificados después de la
ejecución de las obras, sin estar amparados en un procedimiento de contratación. En las obras, en general, se produjeron retrasos respecto de la fecha de finalización prevista, que alcanzaron entre cuatro y diecisiete meses, si bien la finalización
de todos ellos se produjo con anterioridad a la inauguración de la exposición.


Por lo que se refiere a las encomiendas de gestión, se ha verificado que en ocasiones se formalizaban antes de la firma de los convenios de que derivaban. Asimismo, el ayuntamiento en la mayoría de las encomiendas no incluyó las
especificaciones técnicas de las obras a ejecutar, a pesar de disponer de los correspondientes proyectos de obra. En relación con los proyectos ejecutados por la sociedad Expoagua Zaragoza 2008 a través de encomiendas de gestión, entre los actos
que se reservó el ayuntamiento no se encontraba la adjudicación ni la formalización de los contratos. Estos actos deberían haberse realizado por el ayuntamiento, a propuesta de la sociedad encomendada, según lo establecido en la Ley 30/1992.
También se detectaron una serie de irregularidades y deficiencias en la ejecución de estos proyectos encomendados. En la mayoría de los casos los contratos de ejecución de obras se adjudicaron con anterioridad a la aprobación del proyecto por el
Ayuntamiento de Zaragoza, e incluso en algunos de ellos dicha adjudicación se produjo antes de la formalización de la encomienda. Además, en la totalidad de las encomiendas el ayuntamiento no aprobó los proyectos modificados, teniendo conocimiento
de estas modificaciones con posterioridad a la ejecución de las obras correspondientes. Respecto al cumplimiento de los plazos establecidos en los contratos gestionados a través de encomiendas, también se produjeron retrasos de entre dos meses y
dos años. La práctica totalidad de las obras e instalaciones entraron en funcionamiento sin haberse firmado las actas de recepción ni las de ocupación. En cuanto a las encomiendas realizadas por el ayuntamiento a dos sociedades de capital
íntegramente municipal, no se establecieron las condiciones en las que se debían desarrollar las actuaciones encomendadas, los actos que se reservaba el ayuntamiento, la forma de efectuar los pagos a las sociedades ni la documentación que debían
presentar para efectuar la liquidación.


El incremento de la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza en los ejercicios 2007 y 2008 fue del 14 % y del 26 %, respectivamente, muy superior al de periodos anteriores. Adicionalmente, los gastos derivados de la celebración de la exposición
ocasionaron la pérdida de la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento en el ejercicio 2008, con una necesidad de financiación de 145 millones de euros, según la correspondiente liquidación del presupuesto. Tales gastos han influido en las
previsiones de necesidades de financiación para los ejercicios 2009 y 2010, por importe de 18 y 19 millones de euros, respectivamente.


Por último, ha sido objeto de análisis la liquidación de las encomiendas de gestión realizadas a la sociedad mercantil estatal Expoagua Zaragoza 2008. El ayuntamiento, como entidad encomendante, asumió los gastos derivados de incidencias en
la ejecución de los contratos por un importe de 10 millones de euros, que no deberían haber formado parte del coste de las encomiendas. Además, respecto a los proyectos cofinanciados con las otras dos administraciones, el ayuntamiento asumió la
totalidad del exceso de gasto ejecutado sobre los presupuestos estimados para cada proyecto, exceso que ascendió a un total de 12 millones de euros, sin distribuir esta diferencia entre los agentes financiadores.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: La aprobación del informe de fiscalización que realiza el Tribunal de Cuentas -hay que felicitarlo por esto- no tiene la dilación que tienen otros informes y que hemos denunciado

Página 16

en esta Comisión. La exposición internacional se produce en el año 2008 y el informe definitivo de aprobación de fiscalización se produce en el año 2010. Por tanto, con la misma legitimidad que en un momento se criticó la dilación en el
tiempo de la aprobación de informes por el pleno, quiero que conste en acta que en este caso concreto el pleno del tribunal y los funcionarios que han llevado a cabo este informe lo han hecho con mucha diligencia. Hemos tenido ocasión de leer, y
merece la pena, un informe muy amplio que se realiza sobre una gestión y un proyecto de enorme complejidad. Estamos hablando de una exposición internacional, no estamos hablando de un tema menor. Por tanto, debemos poner de manifiesto hasta qué
punto las tres administraciones, que fueron las participantes de este proyecto, se encontraron con un proyecto ilusionante, con un objetivo de cambio en la estructura territorial de una ciudad tan importante como Zaragoza, pero de una enorme
complejidad y extensión. Por tanto, hay que poner de manifiesto, en segundo lugar, que ese objetivo por el que la ciudad de Zaragoza reclamó la exposición internacional se cumplió. El objetivo básico era la recuperación de las riberas del Ebro de
esta manera tan digna, y sin duda alguna este objetivo se cumplió. Este es un ámbito también político del Tribunal de Cuentas y de esta Comisión que tenemos que poner de manifiesto. Los objetivos por los cuales tres administraciones, ante un
trabajo muy complejo, se ponen de acuerdo para llevarlo a cabo y se cumplen.


En tercer lugar, lo que más me importa y es de enorme interés -aunque es evidente que el presidente ha estado detallando temas muy concretos, que son algunos de los puntos débiles de la gestión auditada- es que no hay indicios de
responsabilidad contable en un tema de estas características, con una enorme complejidad, coordinado por tres administraciones, que además consigue unos objetivos de cambio territorial, a través de una planificación compleja, en un tiempo muy
pequeño. No hay indicios de responsabilidad contable, a pesar de que en alguna ocasión pudiera parecer lo contrario cuando se leen los informes. No es así porque, analizados los hechos que se describen con la documentación aportada por el
ayuntamiento, se puede alcanzar la conclusión -de ahí las recomendaciones, que no hablan para nada la responsabilidad contable- de que no ha existido supuesto alguno de esta naturaleza. Si me lo permite, señor presidente, esto quisiera subrayarlo,
porque es una exposición internacional de enorme complejidad, donde no hay ningún indicio de responsabilidad contable. De hecho, en las recomendaciones que plantea ante esta Comisión -que es lo que nos importa- el Tribunal de Cuentas, cuando lo
aprueba el pleno, para nada aparece ningún indicio de estas características.


También quisiera subrayar algunas cuestiones importantes. La complejidad de este proyecto, que transforma las riberas de un río que pasa por una ciudad, de una enorme extensión, de más de 140 hectáreas, tiene además un carácter de urgencia.
Lo que debe primar a la hora de valorar, tanto contable como políticamente, el informe de fiscalización es la urgencia de la ejecución de las obras, porque sin obras no habría exposición y sin urgencia no eran posibles las obras, como es evidente.
Desde mi punto de vista, señor presidente, eso relativiza algunos de los puntos débiles que usted ha puesto de manifiesto en la presentación, como pueden ser la negociación directa con alguna entidad financiera, cosa que se realiza cuando tiene ese
carácter de urgencia -usted conoce bien la realidad de los contratos administrativos- y más cuando están apoyados en una ley, la Ley 2/2006, de 6 de abril, donde se califica de urgente la contratación administrativa y además se autoriza -otro punto
débil planteado por usted, quizá lo sea- por este Parlamento, que ahora reclama el análisis sobre la gestión de aquello que aprobamos, la encomienda de gestión a una sociedad no municipal, sino estatal, que es Expoagua Zaragoza, S.A Por tanto, hay
que enmarcar la debilidad de algunos de los puntos que aparecen en el informe en la urgencia que este Parlamento por la ley de 2006 le confirió a las contrataciones administrativas de las tres administraciones, autorizando también la encomienda de
gestión a Expo Zaragoza, S.A. Como el presidente ha comentado, es cierto que hubo importantes modificaciones en la ejecución de las obras -insisto en que fueron obras urgentes para un objetivo complejo y con un tiempo determinado para su
conclusión- que en algunos casos superaron el valor del 20 %, que es el valor legal de lo adjudicado. Eso es así.


Quiero que se conozca un poco la complejidad que también pone de manifiesto el informe en su redacción; agradecemos el informe porque es muy importante por su complejidad, por su concreción y por su rotundidad. En el informe se recuerda
que el Ayuntamiento de Zaragoza tuvo que modificar en tres ocasiones el Plan general urbanístico del municipio en ese ámbito concreto. Como sabemos los que hemos tenido la oportunidad de estar en los ayuntamientos -el presidente de esta Comisión lo
conoce bien, porque en esa tarea está-, el cambio de un plan general de ordenación urbanística es de una complejidad extraordinaria; poner de acuerdo a tantas personas y colectivos para que sea posible la ordenación del territorio del que uno forma
parte como residente es de una enorme complejidad. Pues bien, esto se realizó en tres ocasiones para una exposición que era importante para las tres administraciones

Página 17

y particularmente para la ciudad. Ese es el contexto al que debemos volver ahora cuando el mismo Parlamento que hizo la ley en 2006 le reclama al Tribunal de Cuentas que nos diga cómo se realizó todo este trabajo.


Termino ya. El propio Tribunal de Cuentas hace tres recomendaciones nada más -es importante subrayar que solo sean tres recomendaciones en un tema de esta dificultad-, que imagino que en unas semanas convertiremos en resoluciones. Sin
duda, una de ellas agradará particularmente a quienes en este momento dirigen el Ayuntamiento de Zaragoza y a los habitantes de esa ciudad tan importante: el ayuntamiento debería acordar con el resto de las administraciones públicas que fueron
coautoras y protagonistas de la Expo la financiación del exceso de gasto del que usted hablaba, señor presidente, que ha tenido como consecuencia la ejecución de estos proyectos para los que se ampliaron las previsiones de las estimaciones
iniciales.


El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, debe ir terminando.


El señor BARRERO LÓPEZ: Sí, señor presidente.


Otra de las tres recomendaciones -hay otra que tiene enorme interés, pero seguramente está dentro de la voluntad del ayuntamiento impulsar la puesta en marcha de instalaciones de uso cultural y deportivo, como dice el informe-, que
seguramente haremos nuestra en las resoluciones finales, es el estudio de las concesiones administrativas para ver su viabilidad. Hay concesiones administrativas que se han realizado con posterioridad a la ejecución de la Expo porque, como es
lógico, las instalaciones necesitan consolidarse para su mantenimiento y para ello se ha llegado a la figura administrativa de la concesión. En algunos casos el informe pone de manifiesto que esas concesiones no están resultando suficientemente
viables. En ese sentido, reclama nuestra atención para que convirtamos esta recomendación en una resolución del Parlamento; y, señor presidente, previsiblemente así lo hará mi grupo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Suárez.


El señor SUÁREZ LAMATA: Quiero comenzar mi intervención dando las gracias al señor presidente por la presentación de este informe prolijo que afecta a una parte de la historia de la ciudad de Zaragoza. La exposición internacional fue
impulsada por dos alcaldes del Partido Popular, doña Luisa Fernanda Rudi y el tristemente fallecido de forma reciente don José Atarés. Como decía el señor Barrero, no seré yo quien niegue lo que supuso el impulso y la ejecución de determinadas
infraestructuras en la ciudad. Es evidente que las inversiones ahí están y ahí quedarán. Pero tampoco es menos cierto que el escenario de crisis en estos momentos hace que el Gobierno de Aragón, que ha asumido el 98 % de todas las
infraestructuras, tenga que estar manteniendo y reconvirtiendo edificios en lo que evidentemente fue una mala planificación post-Expo. Ahí está la cuestión, pero creo que este no es el debate. Me ha sorprendido el señor Barrero cuando decía que
fue un proyecto de enorme complejidad y que el objetivo se cumplió. Quiero hacer una reflexión sobre esa afirmación. Una cosa es el resultado final -si se llega o no se llega- y otra cosa es cómo se ha llegado. Al final estamos hablando de si el
fin justifica los medios; y esto me ha preocupado. No sé la percepción que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista tiene del informe. Es difícil ver informes con tal cantidad de irregularidades; y ya llevamos unos cuantos en esta
Comisión. Señor Barrero, tengo anotado que en 106 folios hay exactamente 182 párrafos donde se denuncian irregularidades, más 43 recomendaciones sobre irregularidades. Es muy complicado encontrar un informe con tanta irregularidad. No puede ser
que la Administración infrinja la ley para cortar cintas. El debate hay que tenerlo aquí, que es donde hacemos las leyes. ¿De qué sirve hacer las leyes y de qué sirven luego los informes si al final no se cumplen? Este es el debate que traigo a
colación fundamentalmente por lo expresado y, sobre todo, por el comportamiento del actual alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza a raíz de este informe. El señor Belloch, lejos de asumir con cierta humildad el informe, ha utilizado el mismo
argumento de que el fin justifica los medios. Insisto en que si incumplir la ley es gratis, ¿para qué hacemos las leyes? Esta es una reflexión que esta Comisión debería llevar a cabo. Por otra parte, es de destacar la actitud que ha tenido frente
a este informe. Decía el señor Barrero que no ha habido indicios de responsabilidad contable. Señor presidente, ¿hay en estos momentos algún expediente abierto? Hubo un procedimiento de responsabilidad contable que se cerró el 28 de julio. Lo
que manifestó el señor Belloch -a quien afectaba- fue que no existió perjuicio contable ni irregularidad alguna. Cierro comillas. No ha visto ninguna irregularidad en un informe complicado.

Página 18

Señor presidente, a usted le toca hoy hacer de fiel de la balanza. Sé que es complicado, pero usted tiene que imponer razón y cordura. De nada sirve hacer informes tan técnicamente buenos si luego, por la charlatanería o la falta de pudor
con la que se contrarrestan por aquellos a quienes les afectan, no se ponen las cosas en su sitio. Por eso, voy a hacerle una serie de preguntas para las que espero respuesta. Si no, lo que va a suceder al final es que lo que va a quedar
cuestionado es el trabajo del tribunal; tribunal que, en línea con algunas cosas a las que luego me referiré, el señor Belloch califica de político. Para el señor Belloch el Tribunal de Cuentas es político.


Que han existido irregularidades en la gestión de la Expo 2008 es evidente, ya lo he dicho: 182 en el informe y 43 recomendaciones, pero dentro de su experiencia, señor presidente, y con respecto a las irregularidades que acumula un informe
habitualmente, ¿cómo calificaría el exceso de este informe? Otra pregunta a raíz de determinadas declaraciones es si los ciudadanos de Zaragoza pueden estar satisfechos de la gestión -no me estoy refiriendo a si al final se cortan cintas o no- del
ayuntamiento.


En el propio auto hay una afirmación que de alguna manera desdice la que se está manifestando por activa y por pasiva por los afectados por este informe según la cual no hay irregularidades en la gestión realizada por los gestores de la
Expo. Pero hay una afirmación que aparece en el auto que cierra el proceso de responsabilidad contable, que dice: se desprende la existencia de irregularidades genéricas en todo el informe, lo que podría ser constitutivo de otro tipo de
responsabilidad. Yo le pregunto a qué tipo de responsabilidad se puede estar refiriendo el auto de 30 de abril de 2013. No hay responsabilidad contable, pero habla de otro tipo de responsabilidades y me gustaría, señor presidente, que si puede
matice esta afirmación.


Al final, puntos débiles hay muchos en este informe. El primero es la ausencia de información consciente y deliberada por parte del ayuntamiento, que no remitió determinada información, y no remitió determinada información porque al final
todo tiene un porqué.


El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene que terminar.


El señor SUÁREZ LAMATA: Señor presidente, en tres minutos acabo. El señor presidente hablaba de las encomiendas de gestión y deliberadamente el ayuntamiento no remitió información que permitiera vincular contratos adjudicados por la
sociedad estatal con los aprobados por el ayuntamiento. Yo le pregunto, señor presidente, porque este es el nudo gordiano: ¿han podido existir pagos duplicados? ¿El tribunal puede constatar o puede asegurar con la información que tiene que no
existieron pagos duplicados? Es decir, ¿se pagó dos veces lo mismo? Porque lo que se desprende de su informe es la práctica imposibilidad de saber si lo que se pagó por el ayuntamiento es lo que se ejecutó y, por tanto, si en realidad es lo que
debió o no debió abonarse.


De las conclusiones 39 y 40 se desprende que el ayuntamiento -usted lo ha dicho- asumió obligaciones no soportadas por los convenios y yo le pregunto qué actuaciones se ha seguido por la sección de enjuiciamiento y si todavía queda alguna
pendiente. Con respecto a la adquisición de los terrenos, en la que el informe entra muy a fondo, ese modelo urbanístico de convenio que encubre un contrato patrimonial me recuerda a la Costa del Sol. ¿Qué opinión le merece a usted como desarrollo
urbanístico de ciudad ese modelo?


Termino. He sido especialmente incisivo en las afirmaciones del señor Belloch, que ha llegado a decir que el Tribunal de Cuentas se lo debería hacer mirar y que el ponente era del Partido Popular y por eso está hecho como está hecho el
informe. Me preocupa mucho lo que vimos el otro día en esta Comisión, donde una portavoz de UPyD descalificaba al tribunal. En estos días estamos viendo...


El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, los tres minutos ya han pasado.


El señor SUÁREZ LAMATA: Acabo ya. Estamos viendo también cómo se descalifica a una juez por la instrucción de determinado sumario. Yo creo que esta es una estrategia deliberada para atacar las instituciones cuando los informes no gustan a
determinadas personas, por eso le pido que conteste las preguntas que le he realizado.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Señoría, el informe presta especial atención a aquellas irregularidades que se derivan de una encomienda de gestión en la que las obligaciones que tiene el
encomendante no se han cumplido o no se han ejercido conforme

Página 19

a lo que el tribunal entiende que debería haber sido y con la interpretación que entendemos correcta de la legislación aplicable, y ese es el principal elemento de crítica en el análisis del tribunal. En esas encomiendas de gestión el
ayuntamiento ha entendido que le hacían un trabajo completo y final, como era llevar a efecto por parte de la sociedad ExpoAgua la exposición universal, pero el ayuntamiento tiene la obligación de sujetarse a las obligaciones que la ley le impone
como encomendante y son estas obligaciones legales las que no han sido cumplidas.


En relación con las preguntas que me formula, señor Suárez, le diré que usted conoce bien el auto, porque lo ha citado, de 30 de abril de 2013, en el que se archivan los procedimientos abiertos por irregularidades en el ámbito de este
informe, y del auto se desprende, como usted ha dicho bien, la existencia de irregularidades genéricas en el procedimiento de contratación, pero que, según la propia legislación que regula la responsabilidad contable, requieren necesariamente de la
existencia de un perjuicio de caudales públicos de la corporación local que el ponente de este informe no ha llegado a detectar y, por tanto, necesariamente ha decretado el archivo de los procedimientos.


Me pregunta cómo podrían calificarse estas irregularidades a las que hace referencia el auto de 30 de abril de 2013. Usted sabe perfectamente que los informes del tribunal no se pronuncian tanto en el sentido de las irregularidades
indicando si son responsabilidad contable o si son responsabilidad de otro tipo, administrativa, penal o de cualquier naturaleza. Tiene usted que comprender que el Tribunal de Cuentas funciona de acuerdo con un principio por el cual se realiza un
informe dirigido a este Parlamento y que incorpora una opinión que expresa la de la fiscalización y que es aprobada por el pleno del tribunal, y son otras instancias a las que la ley reserva el hecho de determinar las eventuales calificaciones sobre
esas irregularidades. Son el ministerio fiscal, el abogado del Estado en el tribunal y la sección de enjuiciamiento los que proceden a la calificación de estas irregularidades. En el caso concreto de este informe dieron pie a la apertura de un
procedimiento de reintegro por alcance que, como sabe perfectamente, fue archivado en abril de 2013.


Me pregunta además si tengo constancia de pagos duplicados y debo decirle que no existe constancia de pagos duplicados, a pesar de que se han realizado actuaciones fiscalizadoras para detectarlos.


Por otra parte, termina usted planteando un problema personal con respecto al ponente, que fui yo -yo fui el ponente de este informe dentro del tribunal-, y a la militancia o no militancia política del ponente. Pues bien, he de decirle que
desde hace treinta años carezco de cualquier vinculación con militancia política alguna. No tengo ningún tipo de vinculación política con ningún partido y me dedico a mi actividad profesional en el Tribunal de Cuentas. Creo que esto lo sabe
perfectamente el alcalde de Zaragoza y cualquier persona que en el tribunal conozca la trayectoria que llevo en la propia institución desde hace treinta años. (El señor Barrero López pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: ¿El señor Barrero quiere hacer alguna aclaración sobre el informe?


El señor BARRERO LÓPEZ: Sobre todo para que conste en el 'Diario de Sesiones' una aclaración personal que sí me importa. En ningún caso he podido decir -ni siquiera me parece serio- que el fin justifique los medios. Como usted
comprenderá, debería dejar la carrera de Derecho si pensara de esa manera. Lo que sí he dicho es que este Parlamento debatió y decidió sobre una ley, la Ley 2/2006, que es la causa y la fuente de dos temas jurídicamente de enorme importancia, y
seguramente el presidente me dará la razón: uno, la urgencia de la contratación, calificar de urgentes los contratos administrativos -y eso tiene sus consecuencias, como es obvio-; y dos, la encomienda de gestión que se hace no al ayuntamiento
sino a una sociedad estatal. Digo esto porque también ayuda a la comprensión de lo que he intentado decir, y es que este Parlamento tomó una decisión y ahora lee el informe consecuencia en gran medida de la decisión que adoptó para su propia
tranquilidad. ¿Nos tranquiliza a mi grupo y a mí? Sí, señor presidente. Por cierto, presidente, no le quepa la menor duda de que mi grupo le considera ahora y antes absolutamente objetivo, no tenga la menor duda, haya o no militado en un partido
político. Le recuerdo que los partidos políticos forman parte del artículo 1 de la Constitución española; tendrá siempre nuestro apoyo y siempre entenderemos que es totalmente objetivo y neutral. Pero me importa esto. Por lo tanto, el informe
viene al Parlamento, que es la fuente a través de la cual se producen dos fórmulas de contratación: una, mediante una encomienda, y, otra, mediante la urgencia.


A mí no me importan tanto las conclusiones, y es lo que quería poner de manifiesto como parlamentario. Aquí estamos confundiendo conclusiones con recomendaciones, desde mi punto de vista. Las conclusiones son la síntesis de un análisis
contable y las recomendaciones son lo que el Tribunal de Cuentas, al venir a este Parlamento, nos pide a los parlamentarios, a los que fuimos en su momento la fuente de la decisión

Página 20

a través de la cual se hacen los contratos administrativos de una determinada manera. Lógicamente, en esas recomendaciones para nada se habla de indicios de responsabilidad contable; se hacen incluso tres recomendaciones -también lo
subrayo-, de las cuales una va a agradar particularmente a los ciudadanos de Zaragoza y a su ayuntamiento porque pide la ayuda en la cofinanciación del exceso de gasto realizado en la ejecución de los proyectos complejos, y el tribunal entiende -y
más si es usted, presidente, quien lo ha realizado- que haya un cambio de las estimaciones iniciales.


Por cierto, si no hay responsabilidad contable, no hay responsabilidad contable. Entrar en juicios de intenciones sobre qué pasó con un expediente que se archivó, desde el punto de vista parlamentario y jurídico no tiene ningún valor. Si
se archivó, sería porque no tiene perjuicio, que es lo que dice la ley, para ninguna de las administraciones, y se archivó; punto y final, no hay más historia. No hay responsabilidad contable en un tema de estas características tan complejo.
Cuando usted viene aquí a decirnos cómo es el informe del Tribunal de Cuentas, a quienes hemos sido fuente de apoyo en la contratación y en la encomienda, que somos los parlamentarios, lo que más nos importa es que en las recomendaciones haya,
primero, una petición de que las administraciones ayuden al ayuntamiento a cofinanciar gastos -me parece muy bien-; segundo, que se diga que el Ayuntamiento de Zaragoza debe poner en valor y ejecutar actividades pendientes de apertura al público en
instalaciones de uso cultural; y, tercero, que se diga también que debe pensar en solventar los problemas que algunas concesiones administrativas tienen en referencia a la poca viabilidad económica que está dando lugar la ejecución de esos
trabajos, de esas concesiones administrativas. A mí eso me parece bien. Esas son las recomendaciones, eso es lo que nosotros escuchamos y además lo hacemos con agrado porque era complicado el asunto, señor presidente. Otra cosa son las
conclusiones o los juicios de intenciones -que no tienen que ver en este ámbito- que puedan realizar lógicamente -con brillantez, eso sí- otros portavoces parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Señor Suárez.


El señor SUÁREZ LAMATA: Más allá de las recomendaciones, reconozco al señor Barrero la habilidad que tiene; pero hay un problema, aunque no voy a polemizar con usted. Le he hecho una pregunta al señor presidente y se la vuelvo a hacer.
¿A ustedes les remitió el Ayuntamiento de Zaragoza toda la información necesaria para saber o para detectar si hay pagos duplicados, o la omisión de esa información puesta de manifiesto en el tribunal hace posible -digo posible- que existieran pagos
duplicados y, por la ausencia de esa información, no los detectara el Tribunal de Cuentas?


Segunda cuestión. Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Hay una cuestión, y es que todas las concesiones administrativas que se planificaron en la Expo tenían un problema: el número de usuarios estaba sobredimensionado;
por tanto, es imposible. Hemos asistido a disparates jurídicos en los que no voy a entrar -no viene al caso-, pero quiero acabar ahora llamando la atención sobre la declaración que ha hecho el señor Barrero, que entiendo que representa al Grupo
Parlamentario Socialista, la declaración que ha hecho respecto al presidente y al tribunal, porque flaco favor -ya lo dije el otro día y lo vuelvo a decir hoy- hacen declaraciones en las que se pone en tela de juicio la neutralidad del tribunal.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente, para terminar.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Únicamente intervengo para decir que el informe recoge, como ustedes conocen perfectamente, aquella documentación no aportada en el trámite interno. Hacer por mi
parte apreciaciones sobre lo que podría resultar de esa documentación no aportada tienen que comprender que no es una tarea fácil porque lo que no se ha tenido no puede ser objeto de calificación y queda en el ámbito de aquello que puede ser
revisado en el supuesto de que esta fiscalización fuera recurrente en esta materia.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA, EJERCICIO 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000012 y número de expediente
del Senado 771/000012).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º según figura en el orden del día, que es el informe de fiscalización de los servicios de prevención y atención a la violencia de género de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Murcia,
ejercicio 2007. Tiene la palabra el señor presidente.

Página 21

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El pleno del tribunal aprobó este informe en septiembre de 2010. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de
género, otorga carácter transversal a las políticas de lucha contra la violencia de género, dado que estas se desarrollan mediante actuaciones que afectan a múltiples ámbitos del sector público. El objeto de la fiscalización se refirió a las
actividades relativas a la prevención y atención a la violencia de género, optándose a este respecto por la definición contenida en la Ley Orgánica 1/2004, que considera como tal la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean
o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aun sin convivencia. (El señor vicepresidente, Romero Santolaria, ocupa la Presidencia).


Según el Estatuto de Autonomía, las políticas de género son competencia de la comunidad autónoma. El Instituto de la Mujer de la Región de Murcia es el órgano competente para coordinar todas las actuaciones que en materia de lucha contra la
violencia de género realizan la Administración del Estado, la autonómica y las entidades locales en su respectivo ámbito territorial, así como las instituciones privadas que actúan en el mismo. En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras se
ha recabado información de los cuarenta y cinco ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Murcia y de las cinco mancomunidades de servicios sociales. Además, se han desarrollado actuaciones fiscalizadoras in situ en once ayuntamientos: en los
cuatro con población superior a 50.000 habitantes, en seis de más de 25.000 y en el Ayuntamiento de Mula, que pasó de no tener información del gasto sobre la lucha contra la violencia de género en 2007 a ser el municipio que en valores relativos
presentó mayor gasto en 2008.


Es preciso resaltar que el concepto de violencia de género definido en la Ley Orgánica 1/2004 no coincide con el recogido en la normativa autonómica, lo cual supone un obstáculo para la elaboración de información agregada y estadísticas
sobre la lucha contra la violencia de género y para la coordinación de actuaciones de las administraciones competentes en esta materia.


La estructura organizativa de las entidades locales de la Región de Murcia a estos efectos era heterogénea tanto en las concejalías competentes para el diseño y ejecución de las políticas de lucha contra la violencia de género como en las
unidades administrativas que desarrollaban tales actuaciones. Las entidades locales implantaron unidades especializadas en la lucha contra la violencia de género denominadas centros de atención a las víctimas, CAVI, existiendo, a diciembre de 2008,
un total de diecisiete CAVI en funcionamiento. Además, había un total de cinco casas de acogida, un piso tutelado, un centro de emergencia y un dispositivo de atención telefónica urgente durante veinticuatro horas.


Ninguno de los municipios analizados disponía de procedimientos o protocolos de funcionamiento interno con detalle de los trámites a seguir en la asistencia y atención a las víctimas de la violencia de género por parte de las unidades que
prestaban el servicio, siendo habitual la participación de varias concejalías. Tampoco está definida en documento alguno la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía local de cada municipio. Aunque la Federación
Española de Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior habían suscrito un protocolo de actuación que garantizaba un cauce de comunicación entre las instituciones policiales, ninguno de los municipios fiscalizados, a excepción del
Ayuntamiento de Molina de Segura, se había adherido al citado protocolo ni disponía de procedimientos para su coordinación.


El gasto aplicado por las entidades locales de la Región de Murcia a las políticas de lucha contra la violencia de género ascendió a 1,5 millones de euros en 2007 y 1,8 millones de euros en 2008.


Por lo que se refiere a la asistencia integral a las víctimas de la violencia de género, los ayuntamientos de Alcantarilla, Totana, Torre Pacheco y San Javier no disponían de registros específicos sobre mujeres atendidas por maltrato hasta
que pusieron en funcionamiento los respectivos CAVI. Tampoco existía registro alguno sobre las mujeres que ingresaban en el piso tutelado de Cieza. Ello impedía efectuar un tratamiento individualizado de los casos de violencia de género existentes
en cada municipio.


Todas las entidades locales fiscalizadas in situ formalizaron contratos de consultoría y asistencia técnica o convenios con los colegios profesionales para la prestación de la asistencia jurídica, psicológica o social a las mujeres que lo
solicitaban. Sin embargo, el objeto de estos contratos se correspondía con una relación de carácter laboral, al referirse exclusivamente al servicio de asistencia que se realizaba integrado en la organización y con los medios aportados por el
ayuntamiento, por lo que no debió acudirse a la contratación administrativa.

Página 22

Por otra parte, en la gestión de estos gastos por parte de los Ayuntamientos de Murcia y de Cartagena se emplearon procedimientos no previstos en la normativa, al preverse el adelanto de los fondos o la tramitación de pagos
extrapresupuestarios.


El Ayuntamiento de San Javier ubicó el centro de acogida en un edificio que sería sede de todos los servicios sociales municipales y que fue rehabilitado en el año 2007. La obra, cuyo importe ascendió a 217.620 euros, se ejecutó al margen
del procedimiento legalmente establecido, sin que se tramitara expediente alguno de contratación y sin consignación presupuestaria.


La asistencia municipal a las víctimas de la violencia de género venía condicionada por su financiación a través de subvenciones del Gobierno autonómico. Los ayuntamientos de Murcia y Mazarrón presentaron las justificaciones relativas a los
fondos aplicados en 2007 con demoras de quince y cinco meses, respectivamente, y tenían sin justificar la aplicación de las subvenciones concedidas en 2008.


El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Pasamos al turno de portavoces. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez.


La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: El caso de este expediente creo que pone de manifiesto las inadecuadas prácticas de una mala gestión política, más que de una mala gestión contable. Manifiesta el informe -como ha indicado el señor Álvarez de
Miranda- la sistemática y mayoritaria ausencia de sistemas de coordinación por parte de la comunidad autónoma de Murcia a la hora de liderar algo que le compete, el establecimiento de sistemas de coordinación en materia de violencia de género.
Describe una ausencia sistemática en la puesta en marcha de protocolos de actuación en las casas de acogida y en los pisos tutelados. Llega a describir una comisión -a la que no ha hecho referencia, pero sobre la que quiero llamar la atención- de
valoración formada por los profesionales de los municipios que tienen responsabilidad en las actuaciones sobre violencia de género que, aunque fue formalmente constituida, no tuvo en ningún momento -o no constan al menos- actas de reuniones de los
profesionales responsables de la violencia de género en ninguno de estos ayuntamientos.


Los informes de los ayuntamientos indican algunos aspectos cuantitativos de la atención; sin embargo, no se realizan valoraciones sobre la gestión llevada a cabo ni tampoco estaba previsto ningún tipo de cauce para que los profesionales que
presentaban la asistencia a las víctimas de violencia formularan propuestas o sugerencias para mejorar su gestión, cosa que sí venían haciendo pero a través de las memorias de las casas de acogida, no porque la comunidad autónoma les haya habilitado
ningún cauce que permita recoger no ya estas quejas, sino valoraciones que suponen, en definitiva, hacer indicaciones a las administraciones de qué tipo de mejoras caben en esos servicios. Ha sido a través de esas valoraciones de los técnicos a las
que hacía referencia como se ha tenido conocimiento sobre las dificultades y carencias encontradas en el desempeño de su labor. Por ejemplo, se identifican las dificultades que las entidades locales están teniendo con la Comunidad de Murcia para
atender -y se describe un caso que me parece particularmente preocupante- el cuidado de hijos menores de mujeres que están en acogimiento cuando estas tienen horarios laborales no tradicionales o que no encajan con los de las casas de acogida, que
superan el horario de las educadoras encargadas de la gestión de esas casas y que se quedan, en consecuencia, desatendidos.


Manifiesta el informe también que para le ejecución de la mayoría de estas actuaciones se utilizó contratación menor. Cabe reseñar una anotación preocupante cuando se indica que la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y la Policía local de cada municipio no está definida y no se han firmado los protocolos, cuando son protocolos que tanto la federación de municipios y el propio Ministerio el Interior, como bien ha indicado, pusieron en funcionamiento con
anterioridad a los ejercicios que se han fiscalizado.


Hay un exceso de municipios que no habían elaborado procedimientos o protocolos de actuación que establecieran cuáles tienen que ser las actuaciones a desarrollar por los profesionales que están encargados de la asistencia a mujeres
maltratadas. Llama la atención el informe -muy acertadamente, por cierto- sobre la falta de registros que impiden realizar un tratamiento individualizado de la violencia de género y elaborar información sobre los casos existentes en cada uno de los
municipios. En general, por tanto, el informe pone en evidencia que en la Región de Murcia no se hacen valoraciones sobre las actuaciones realizadas, no se hacen valoraciones sobre los problemas o dificultades encontradas en la asistencia a mujeres
maltratadas ni sobre las propuestas realizadas por los propios profesionales que están prestando este servicio. No existen sistema ni documentos que permitan detectar las necesidades

Página 23

existentes en cada momento. Por tanto, no existe un sistema de valoración del resultado de las actuaciones públicas en materia de violencia contra las mujeres.


En la Comunidad de Murcia los organismos encargados de esta coordinación han sido incapaces de constituir y de construir sistemas eficaces de coordinación, dejando estas funciones -dice el informe- a la fluidez con que se establezcan las
relaciones, en realidad entre los funcionarios, más que entre las propias administraciones. Ese, desde luego, es un ejemplo práctico de cómo no debe funcionar la Administración del Estado. Murcia carece de sistemas de coordinación y sistemas de
control estadístico, no ha ejercido su responsabilidad a la hora de unificar criterios y no cuenta con procedimientos de control. Este sería el resumen del informe. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


También indica el informe un aspecto sobre el que me gustaría llamarle particularmente la atención. Dice que por concepto de gasto, el realizado con motivo del Día internacional contra la violencia de género representó el 91 % del 38 del
total del capítulo relacionado con sensibilización y prevención en el año 2007. Parece evidente que existe una necesidad de exigir que se desglosen ambos conceptos: el de prevención, por un lado, y el de sensibilización, por otro, ya que estando
ambos en la categoría de lo que los profesionales llamarían la prevención primaria y la prevención secundaria, sin embargo atienden aspectos bien diferentes. Por tanto, cabe que las administraciones desagreguen ese concepto, ya que no son lo mismo
las actuaciones dirigidas a la población en general que las dirigidas a personas susceptibles de ser afectadas por la violencia. Por tanto, en la medida de lo posible, sería bueno que el tribunal aconsejase a las administraciones públicas que
desglosen los gastos en estos dos conceptos y no en uno solo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Carreño.


La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: En primer lugar, también quiero agradecer la presencia en la Comisión del presidente del Tribunal de Cuentas y el trabajo que se está desarrollando. Gracias también por este informe que refleja de una forma muy
completa muchas de las actuaciones que la Región de Murcia está llevando a cabo en la lucha contra la violencia de género y también las cinco recomendaciones, muy lejos de lo que la portavoz del Grupo Socialista ha desglosado aquí. Creo que una
persona con la responsabilidad que tiene usted no necesita ser de una comunidad autónoma o de una región determinada para informarse correctamente de lo que allí sucede, y usted no se ha informado bien de lo que allí sucede.


Quiero hacer también una pequeña apreciación a tener en cuenta ya que en el ámbito de fiscalización sobre los ejercicios presupuestados 2007 y 2008 se han recogido actuaciones de algunos procedimientos de los ejercicios 2006 y 2009, en
cumplimiento de los objetivos que tenía marcados este tribunal. Mi grupo quiere informar a la representante del Grupo Socialista que ha intervenido y a esta Comisión que las prestaciones por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
están garantizadas, que se da cobertura integral a las víctimas de violencia de género y que las actuaciones se están realizando por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de los distintos municipios de manera impecable.


Señorías, quiero resaltar que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha sido pionera en poner en marcha distintas actuaciones en este ámbito, ya que incluyó las políticas de género dentro de sus competencias exclusivas a partir de la
reforma de su estatuto, que se produjo mediante la Ley Orgánica 1/1998 donde, en el artículo 10, se señala que corresponde a las comunidades autónomas la competencia exclusiva en diferentes materias de promoción de la mujer, políticas de igualdad y
lucha contra la violencia. Además, ha sido el Gobierno de la Región de Murcia el que ha demostrado que la lucha contra la violencia de género es una prioridad, así lo manifestó cuando se aprobó la Ley 7/2007 para la igualdad entre hombres y mujeres
y de protección contra la violencia de género de la Región de Murcia, cuyo Título III regula de forma específica la política regional en materia de violencia de género. No quiero dejar de puntualizar que el objeto de la ley de la Región de Murcia
es diferente al contemplado en la ley estatal de 2004 ya que la definición del concepto de violencia de género en la ley de la Región de Murcia es mucho más amplia, recogiendo siete formas diferentes.


Señor presidente, con carácter previo a la promulgación de la ley se aprobaron distintos planes de acción contra la violencia hacia las mujeres y un plan estratégico de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 2009-2011, donde uno
de sus apartados se refiere a la violencia de género. Además, se han creado varias casas de acogida; pisos tutelados; el centro de emergencia, que fuimos pioneros en toda España; el dispositivo de atención telefónica veinticuatro horas para
mujeres maltratadas a través del teléfono 112 que tiene cobertura por toda la Región de Murcia y la red regional CAVI. Quiero destacar las grandes cualidades de esta red de recursos de atención a mujeres víctimas de violencia de la Región de

Página 24

Murcia porque es una red de centros comarcalizados que atiende de forma ambulatoria y sobre todo de manera psicológica, de trabajo social, de asesoría jurídica, de atención integral a la mujer.


Quiero informar a todos los miembros de esta Comisión de la impecable coordinación, donde los procedimientos se encuentran protocolarizados y las actuaciones que se realizan desde los centros CAVI ubicados en los municipios siguen el mismo
programa y la misma gestión de recursos para una actuación integral y personalizada de la mujer y de sus hijos e hijas. Por tanto, existe un servicio especializado de atención psicológica a los hijos e hijas expuestos a la violencia de género.
Quiero también destacar la cooperación y coordinación interinstitucional que se está llevando a cabo para la mejora de las actuaciones con las tres administraciones, señorías, tanto con la estatal como con la local y autonómica en materia de
violencia de género. Se está trabajando en el protocolo de valoración de riesgo y ello va a permitir que bajo los principios de responsabilidad profesional y de necesidades se pueda atender y gestionar cada caso de acuerdo con su riesgo como
víctima, al objeto de poder protegerla con mayor rigor.


Respecto a la justificación de los distintos centros que ha comentado el presidente, quiero informarle a usted y a toda la Comisión que han sido presentados todos los informes y las memorias de control sobre el funcionamiento, la forma de
gestión, los gastos aplicados a cada ejercicio, el número de personas asistidas y el personal asignado de cada uno de los centros anteriormente mencionados de forma satisfactoria. Quiero destacar que ha sido la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia la que ha desarrollado y consolidado toda una línea de prevención y atención a mujeres víctimas de violencia de género y a la atención de sus hijos e hijas. Además, el Gobierno de la Región de Murcia ha implementado la red de mesas locales
de coordinación contra la violencia de género, que impulsa y coordina las actuaciones y políticas de prevención en cada municipio de la región. En cuanto a las recomendaciones que emite el informe por parte del tribunal, he de señalar que con
respecto a la recomendación de sustituir procedimientos y protocolos de actuación con otras administraciones y a la mala información que la portavoz del Grupo Socialista tiene, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para una
adecuada colaboración, hay que decir al respecto que a finales de 2012 se firmó por parte de todos los organismos implicados en el tratamiento y actuación con las víctimas de violencia de género -también con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado- el protocolo de coordinación interinstitucional en violencia de género de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, donde se recogen todos los procedimientos y las actuaciones de coordinación entre las distintas entidades. Para que este
protocolo no fuera papel mojado se constituyó el pasado junio una comisión de seguimiento compuesta por cada uno de los organismos e instituciones que firmaron el mismo. El objetivo fundamental es reforzar la coordinación, evitar la revictimización
y dar una respuesta única y coherente a la mujer.


La segunda recomendación que hace el tribunal es establecer procedimientos de control interno sobre la gestión del municipio, señor presidente. En la actualidad están constituidas veintidós mesas locales en los principales municipios en
coordinación con la red CAVI, así como con el Gobierno de la región. En estas mesas se sientan todas las concejalías implicadas de los ayuntamientos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los institutos escolares, los centros de salud y un
largo etcétera.


Respecto al apartado que usted ha destacado en cuanto a verificar los fondos recibidos por las entidades locales para las distintas actuaciones en materia de violencia de género, quiero decir que han quedado debidamente justificadas las
subvenciones. Se ha emitido un informe favorable al cumplimiento de la justificación completa de las subvenciones otorgadas a los distintos ayuntamientos, en concreto a los ayuntamientos de San Javier, Molina de Segura, Cieza y Mazarrón, tanto para
los centros como para el personal de los ejercicios 2007 y 2008. También se ha informado del personal asignado, se ha indicado el número de trabajadores y el puesto que ocupan.


Otra de las recomendaciones que ha hecho usted se refiere a elaborar y aprobar procedimientos de funcionamiento y de control interno en los que se definan los trámites que deben seguir las distintas unidades municipales. En este punto
podemos hablar de dos aspectos que refuerzan esta recomendación y que está llevando a acabo el Gobierno de la Región de Murcia. El primer proyecto se denomina Sigue, que es un sistema integrado de gestión unificada de expedientes o expediente
único; se trata de la configuración electrónica del expediente de cada una de las mujeres, en el que se recoge toda la información de la intervención de la misma. En él se integran todos los recursos, desde que la mujer llama al teléfono 112 hasta
las actuaciones que realiza con ella en la red CAVI. Esto evita que la mujer tenga que relatar de manera reiterada su situación, al tiempo que permitirá al personal de los distintos recursos conocer su historial y poder así prestar una atención más
personalizada, integral y coordinada. Otro de los

Página 25

proyectos es una guía de recursos especializados para la atención de mujeres víctimas de violencia de género que están disponibles en la región. También se encuentran protocolarizadas las actuaciones de los recursos en los que se reflejan
los procedimientos tanto de funcionamiento como de control interno, en los que se definen los trámites que deben seguir las distintas unidades municipales y de red de recursos en la región.


Por último, quiero mostrar nuestra posición ante la recomendación de elaborar informes y memorias sobre las actuaciones realizadas en la lucha contra la violencia de género. Esto lo viene haciendo el Gobierno de la región durante todos los
años que lleva gobernando; este punto se desarrolla en la obligación que tiene cada uno de los recursos de realizar una memoria y no solo recoger datos sobre las actuaciones realizadas sino también valorar su actuación.


Señor presidente, en España, desde 2003 hasta 2012, han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas un total de 658 mujeres, una media de 66 mujeres al año. Aunque en nuestro país existe en la actualidad una mayor conciencia del
problema, es todavía escasa y requiere que redoblemos nuestros esfuerzos para erradicar esa lacra social. Para el Gobierno de la Región de Murcia la lucha contra la violencia de género ha sido una prioridad, es una prioridad y seguirá siendo una
prioridad. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del tribunal.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muy brevemente para indicar y puntualizar que, efectivamente, en el informe se detalla que no existían comisiones de valoración conjuntas con organizaciones externas,
excepto en los ayuntamientos de Murcia, Molina de Segura, Lorca y Cieza, cuestión que no he indicado en mi desarrollo inicial y que me gustaría precisar. En relación con la intervención sobre el porcentaje de gasto dedicado al Día internacional
contra la violencia de género, quiero indicar que es exclusivamente un dato estadístico que no incorpora una valoración sobre cuál debería ser el reparto dado a las campañas de sensibilización en los diferentes aspectos que la materia contiene.


Por último, querría indicar la necesaria -desde el punto de vista del tribunal- delimitación del concepto de violencia de género, de tal manera que las normativas autonómicas y la normativa estatal contengan un mismo concepto de violencia de
género que permita tener información agregada y estadística sobre la lucha contra la violencia de género, en la medida en que secuencias temporales sobre esta materia podrían permitir valorar cómo en los diferentes ámbitos territoriales se están
consiguiendo avances o se están realizando actuaciones en esta materia que tan necesarias son.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro interviniente? (La señora Álvarez Álvarez pide la palabra).


Señora Álvarez.


La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: En realidad, señor Fernández de Miranda, parece que no le han debido de informar a usted muy bien o le han dado un informe que corresponde a otra comunidad autónoma, porque lo que nos ha dicho la diputada del
Grupo Popular recriminando mi falta de información...


El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez, usted no es habitual en esta Comisión, pero este es un turno de preguntas al señor presidente para aclarar su intervención.


La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Es que necesito que me aclare si alguna de las manifestaciones que yo he hecho no se han remitido de forma literal al informe. Cada una de las apreciaciones que he hecho al respecto tiene que ver con eso. Este
informe pone en evidencia que hay algunas prácticas defectuosas en la gestión y coordinación de esas unidades administrativas en la Comunidad de la Región de Murcia. Me parece un exceso decir que la diputada no se ha informado cuando se ha limitado
a hacer referencia a un informe del Tribunal de Cuentas. Por tanto, la recriminación de la diputada del Grupo Popular no debe ir dirigida a mi persona sino en todo caso al Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE: Señora Carreño.


La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: La diputada del Grupo Socialista se ha limitado a decir que en la Comunidad de la Región de Murcia no se estaban llevando a cabo ninguna de las medidas y actuaciones que sí se están realizando. (La señora
Álvarez Álvarez: No). Por tanto, hablar de la falta de registro o de

Página 26

valoración en determinados municipios, como así recoge el informe, no es generalizar en todos los municipios, como usted ha dicho.


Quiero hacer una pregunta al señor presidente. ¿Es conocedor de todas las justificaciones de las subvenciones, así como de todas las memorias y actuaciones que ha realizado el Gobierno de la Región de Murcia y de todas las medidas y
proyectos que se han puesto en marcha?


El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Yo simplemente vengo a presentar un informe que elabora el tribunal, no entro en enjuiciar las intervenciones que ustedes realizan ni en indicar si las mismas se
corresponden con el contenido del informe. Creo que eso es materia propia del debate parlamentario y son ustedes los que deben enjuiciarse a sí mismos en la labor que desarrollan. No me corresponde a mí entrar en esa valoración.


En relación con el conocimiento de las justificaciones de la comunidad autónoma en el ámbito de los gastos que desarrolla, señora diputada, el informe se limita a valorar los gastos desarrollados por las entidades locales. No hemos entrado
en la justificación de los gastos que desarrolla la comunidad autónoma. Ese sería otro ámbito de actuación, no descarto que interesante de realizar, pero yo no le puedo dar los datos correspondientes al presupuesto de gastos de la comunidad
autónoma dado que ha sido fiscalizada desde el punto de vista de procedimientos pero no desde el punto de vista del gasto que ha ejecutado.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente del Congreso 251/000024 y número de expediente del Senado 771/000023).


El señor PRESIDENTE: Pasamos el último punto de las intervenciones del señor presidente del tribunal, que es el informe de fiscalización de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Tiene la palabra el señor Álvarez de
Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El pleno del tribunal aprobó este informe en enero de 2011. La ley orgánica 1/2004, de 28 diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género
creó la Delegación especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer, adscrita entonces al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, asignándole la función de formular las políticas públicas en relación con la violencia de género a
desarrollar por el Gobierno, así como coordinar e impulsar cuantas acciones se realicen en dicha materia, trabajando en colaboración con las administraciones públicas. En 2008 dicho órgano fue sustituido por la Delegación del Gobierno contra la
violencia de género, pasando a depender del Ministerio de Igualdad. En la actualidad se encuentra adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.


El periodo fiscalizado se refiere a los ejercicios 2008 y 2009, sin perjuicio de las operaciones que se extienden a otros ejercicios. Por lo que se refiere a la gestión de la contratación administrativa, los órganos de contratación no
utilizaron como regla general el procedimiento abierto, lo que puede afectar al cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia. Se tramitaron diversos expedientes de contratación mediante el procedimiento negociado sin
publicidad ni concurrencia de ofertas, sin que las razones aducidas fueran suficientemente acreditadas por el órgano de contratación. En otros expedientes se observó una utilización reiterada de la tramitación de urgencia y en algún caso de
emergencia, sin que conste la documentación que lo acredite. Además, se aprecia una excesiva acumulación de contratos menores, en especial en el último trimestre del año 2008, así como una reiterada adjudicación por el importe máximo permitido de
contratos con objeto similar, lo que puede constituir un fraccionamiento prohibido por la ley. En concreto, se ha observado un posible fraccionamiento por la formalización de cinco contratos menores con el objetivo genérico de realizar campañas de
publicidad en los medios de comunicación. Se aprecia en varios procedimientos de contratación la indefinición de los criterios de valoración establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y en el objeto del contrato o la utilización de
conceptos de mejoras indeterminadas como criterios de valoración que no resultaban acordes con el principio de objetividad. Asimismo, en algunos casos se omitió la fiscalización previa del gasto derivado de los contratos, lo que obligó a su
convalidación posterior por parte del Consejo de Ministros.

Página 27

Por lo que se refiere a los convenios de colaboración gestionados por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, determinados contratos-convenios formalizados por el anterior Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de
Igualdad, dado el objeto de los mismos, tenían la naturaleza jurídica de una subvención o de un contrato administrativo. Por ello se considera que la suscripción de estos convenios puede ser contraria a la normativa reguladora de las subvenciones y
de la contratación pública, incumpliendo los principios de publicidad, transparencia y concurrencia.


En relación con las subvenciones concedidas por la delegación en régimen de concurrencia competitiva, en el ejercicio 2009 el Ministerio de Igualdad aún no había aprobado un plan estratégico de subvenciones conforme establece la Ley General
de Subvenciones y el reglamento que la desarrolla. Asimismo, la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, en el ejercicio 2008, aún no había elaborado ni aprobado un plan anual de actuación previsto en el citado reglamento, si bien en
el ejercicio 2009, una vez requerido por el Tribunal de Cuentas, la delegación aprobó dicho plan anual de actuación.


Las deficiencias detectadas se refieren principalmente a la falta de incoación de los procedimientos de reintegro por los remanentes no consumidos, la no exigencia de los correspondientes intereses de demora y a determinados proyectos
financiados mediante subvenciones que respondían a proyectos iniciados en anteriores ejercicios y no a proyectos innovadores. Por lo que se refiere a la subvención directa concedida por el Ministerio de Igualdad a la Fundación José María Llanos,
por un importe acumulado de 1,1 millones de euros para la construcción y funcionamiento de un centro de acogida, formación y empleo, se considera que la concesión de esta subvención debió realizarse en régimen de concurrencia competitiva. Además,
estaba fundamentada en la posesión mediante un contrato de comodato de una parcela donde se asentaría la construcción del centro; título de posesión que no resultaba idóneo para abordar una construcción con un presupuesto tan elevado. La
Delegación del Gobierno contra la violencia de género no realizó las actuaciones oportunas tendentes a la adecuada verificación de la justificación de la subvención presentada por la Fundación José María Llanos. Además, amplió el plazo de
justificación de la subvención hasta el 30 de noviembre 2009, contraviniendo lo dispuesto en la normativa que reguló la concesión directa de dicha subvención. Respecto de la ampliación del plazo de ejecución de la construcción del centro,
aproximadamente por un año, y al elevado incremento económico previsto, un 42 %, no se acreditaron las causas que habían provocado ambas desviaciones.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Álvarez.


La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Haciendo referencia a la cuestión con la que usted termina y que parece una de las más reseñables al menos en lo cuantitativo, quiero manifestarle que todo lo relacionado con la Fundación José María Llanos nace de
un convenio firmado por el Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid, siendo alcalde el hoy ministro de Justicia, y la comunidad. La Delegación del Gobierno contra la violencia de género siempre cumplió su parte del convenio y las cantidades estaban
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado como subvención directa y, por tanto, aprobadas por este Parlamento. Parece evidente que no es responsabilidad de la delegación los retrasos en las obras y plazos, no siendo achacables ni una
cosa ni la otra a la Delegación del Gobierno. En todo caso, las ampliaciones de plazo se produjeron dados los retrasos de las obras, quiero entender, que hicieron suyas también la comunidad y el propio Ayuntamiento de Madrid.


En relación con la contratación administrativa, cabe recordar que el primer procedimiento de emergencia fue en febrero de 2008 y la creación del Ministerio de Igualdad fue en abril. He repasado la hemeroteca y he podido observar que en ese
mes de febrero en un solo día asesinaron a cuatro mujeres; es el único caso que yo conozco de una situación tan tremenda en un solo día y quiero imaginar que la razón para esa emergencia en febrero fue el hecho de que en ese mes se produjese esta
circunstancia. Es quizá criticable la escasa motivación que se ha dado en la gestión administrativa de esos expedientes, pero no tengan ninguna duda de que a la hora de afrontar en esas circunstancias que les he descrito la situación existieron
necesidades inaplazables de interés público. La valoración, por tanto, no nos parece correcta, aunque se deba al hecho de una insuficiente documentación por parte de la delegación. Creo que existió necesidad inaplazable de interés público. La
otra contratación por emergencia se hizo ya desde el Ministerio de Igualdad para hacer una campaña en el verano, que es la época en que se producen más homicidios. Las alegaciones incluyen una referencia al hecho de que fuera la misma empresa,
debido precisamente a la emergencia con la que había que actuar y porque la campaña de concienciación tenía que continuar en la misma línea que la anterior para tener un efecto sumatorio. Un organismo de nueva creación que actuó para solucionar
problemas, y lo hizo en el marco de la legalidad y desde la conciencia

Página 28

de que había que actuar de manera urgente para salvar la vida de muchas mujeres a la par que se articulaba una estructura administrativa que debía encajar a la propia Delegación del Gobierno.


En relación con los convenios de colaboración y las valoraciones que hace el tribunal, creo, señor Álvarez Miranda, que el tribunal en este caso hace valoraciones que no se basan en hechos ya que no hay constancia de que se trate de
fragmentación de pagos ni de subvenciones o contratos; eso entra en el terreno de la opinión o percepción, pero no se demuestra ninguna, absolutamente ninguna, irregularidad. En cuanto a los contratos menores cabe considerar que cuando se crea un
ministerio en abril, que no arrastra estructura administrativa y con un presupuesto de enero, cuando a ese ministerio se le encomienda abordar una violencia que cada mes acaba con la vida de las mujeres, hay que actuar rápido; siempre dentro de la
legalidad, pero rápido. Actuar rápido y dentro de la legalidad en la gestión administrativa significa que en muchas ocasiones hay que utilizar instrumentos existentes, entre los que se encuentran los contratos menores. La mayoría de los contratos
menores se hacen en el último trimestre de 2008, algo nada sorprendente ya que ese año se articula lo que han venido siendo los actos y actividades relacionados con el día contra la violencia de género, que es exactamente el 25 de noviembre, es
decir, a finales de año. Resulta también muy evidente que en el posterior ejercicio se subsanaron muchos de esos desajustes y que bajó radicalmente el uso de la emergencia y de los propios contratos menores como consecuencia de lo que podríamos
llamar un mejor engrase de la maquinaria administrativa en un ministerio de nueva creación que no arrastraba, por otro lado, la incorporación de otras administraciones. En todo caso queda en evidencia que no solo se actúa dentro de la ley y rápido,
sino que también se llega muy lejos.


Lo importante es que gracias a todo lo que se ha realizado, siempre dentro de los procedimientos establecidos, se ha logrado avanzar en la lucha contra la violencia de género; muchas mujeres han podido salir de la violencia junto a sus
hijos e hijas y otras han logrado salvar su vida. Lo importante es que gracias a todo lo que se ha realizado -insisto, siempre dentro de los procedimientos establecidos- quienes necesitaron protección la tuvieron, incluso con los medios más
sofisticados de toda la Unión Europea, como son las pulseras para los maltratadores. Con relación a esto haré alguna referencia a valoraciones que hace el informe. Cabe recordar que la previsión que el tribunal puede considerar exagerada no lo es
ni muchísimo menos, estoy hablando de 3.000 dispositivos que fueron los presupuestados inicialmente. Quizá deban ustedes saber que hay una media de valoraciones de alto riesgo de más de 8.500 y más de 2.000 anuales de riesgo extremo. La valoración
que realizó la delegación no es exagerada sino insuficiente, y solo cabe una crítica relacionada no con la previsión que hizo el Gobierno sobre esta cuestión, sino con la falta de diligencia por parte de la Administración de Justicia a la hora de
hacer uso de un dispositivo que salva vidas. Cuando el tribunal valora o no valora estos ponderables se sitúa en hacer valoraciones de tipo político que no le competen y que exceden de sus atribuciones.


Permítame que me interese por una cuestión. Le pregunto: ¿Cuántas secciones de las fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas han incluido en su informe datos relativos a la composición de la RPT en materia de igualdad? ¿Han solicitado de
todos los ministerios la documentación sobre pliegos de cláusulas administrativas particulares relacionadas con la igualdad de oportunidades? Porque he creído notar en el informe de la delegación un especial interés por el cumplimiento del artículo
63 de la Ley de Igualdad, que hace referencia a la evaluación sobre la igualdad en el empleo público. Tengo que decirle que bienvenido sea el tribunal a la toma de conciencia y consideración de este aspecto, pero nos gustaría que nos informase
sobre la actividad que el tribunal ha emprendido en esta materia en el sentido de si se ha procedido a la creación de alguna sección específica, comisión o asignación de responsabilidad en el Tribunal de Cuentas para hacer seguimiento de la
aplicación de la Ley de Igualdad.


La ley, como sabe, hace referencia a que todos los departamentos ministeriales y organismos públicos remitirán al menos anualmente a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas información relativa a la
aplicación efectiva de cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres, con especificación, mediante la desagregación por sexo, de los datos de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino
y retribuciones promediadas de su personal. Le pregunto: ¿Cuántos departamentos ministeriales y organismos públicos han remitido dichos informes y a cuántos de los que no lo hicieron se han dirigido ustedes solicitándoselo? ¿Cuántos informes del
Tribunal de Cuentas relacionados con los que no los aportaron se han afanado ustedes por indagar en la RPT para realizar un cuadro sobre la distribución del personal por sexos?


El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez, tiene que ir terminando.


La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Voy terminando.

Página 29

Quizá sea bueno recordar que cuando un servicio de la Administración pública tiene necesidad de cubrir sus puestos de trabajo se publican en el BOE las características del perfil, coeficientes y categorías profesionales, y son los
funcionarios o las funcionarias quienes solicitan la adscripción a dichas plazas. La información relativa a esta cuestión en el informe del tribunal aparece presentada con cierta parcialidad en la medida en que no considera este aspecto y no
procede, por ejemplo, a proponer qué mecanismos podrían ayudar a animar a que los varones participen en términos de paridad en este tipo de órganos de la Administración.


Resumo y termino. Sí hubo emergencias que hubo que satisfacer. La previsión y planificación de contrataciones de dispositivos atiende a criterios objetivos basados en las valoraciones de riesgo extremo y alto riesgo realizados por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y el tribunal hace consideraciones de tipo político que no le competen. Siendo evidente que en el primer año de creación de una estructura administrativa, como fue la del ministerio, se recurrió de forma
poco moderada a los contratos menores, no menos cierto es que se actuó rápido y dentro de la legalidad en la gestión administrativa, utilizando los instrumentos existentes y legales. Que el tribunal describe una situación coyuntural lo pone de
manifiesto el hecho de que se produjo una rápida corrección ya que en un año hubo un importante descenso, hasta el 45 %...


El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez, estoy siendo muy generoso con usted en el tiempo y en el contenido de su intervención, que no se ajusta al habitual en esta Comisión y para el que está creada.


La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Estoy llamando la atención al presidente del tribunal sobre valoraciones que hace el informe y que no son competencia del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez, no voy a entablar ningún debate con usted, como tampoco lo va a entablar el presidente del Tribunal de Cuentas porque no es su función; para analizar políticamente cualquier acción del Gobierno hay
otras comisiones en esta Cámara.


La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: No es una valoración política...


El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez, vaya terminando.


La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Termino, presidente.


Quiero animar al Tribunal de Cuentas a ser más incisivo a la hora de hacer seguimiento de la aplicación de la Ley de Igualdad, pero en todos los departamentos.


El señor PRESIDENTE: Señora Ruiz, tiene la palabra por el Grupo Popular.


La señora RUIZ RUIZ: Quiero comenzar felicitando al Tribunal de Cuentas por lo exhaustivo del informe, porque ha ido contrato a contrato evaluando la actuación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, comenzando por el
principio (de dónde nace, cuáles son sus fines y cuál ha sido su gestión a lo largo concretamente de ese periodo) pero también yéndose a los años anteriores. Digo que le felicito porque además es muy difícil, después del conjunto y del contenido
del informe, hacer una síntesis como la que ha realizado el presidente en la que no se puede ser menos subjetivo; ha sido más bien objetivo dentro de la exposición que ha hecho de este informe. A tenor de lo que se ha expresado por parte de la
portavoz socialista tengo que empezar necesariamente por el final de su intervención; a mí me corresponde hacer una valoración política del informe, y es lo que voy a hacer, usando los datos objetivos del mismo, y no es precisamente objetividad lo
que ha demostrado la portavoz socialista en su intervención. A lo largo de la mañana hemos visto otros informes que no gustaban al Grupo Socialista, como aquí se ha demostrado en este momento, porque se pretendía además extender la responsabilidad
a otros gobiernos. En este caso concreto comprendo que su señoría lo tenía muy difícil porque esta es una idea total y exclusiva del Gobierno socialista, que es quien crea esta delegación, quien la pone en marcha y cuyos resultados, a tenor de lo
que vamos a ver a continuación, no son precisamente como para hacer una apología de lo bien que ha funcionado la delegación y mucho menos del cumplimiento de los fines, desgraciadamente para todas las mujeres que sufren y siguen sufriendo la
violencia de género.


Aquí ni siquiera cabe hacer tampoco esa valoración que se hacía en otro informe donde se pretendía justificar la chapuza administrativa diciendo que se había conseguido el fin. Aquí, efectivamente, ni siquiera el fin conseguido ha
justificado los medios puestos a su alcance, que han sido un derroche de medios

Página 30

económicos. Además, cabría sacar la conclusión -si no fuera más que una triste reflexión- de si precisamente se nos está diciendo que tenemos que acostumbrarnos a la chapuza administrativa en esta Comisión y en el conjunto de la actuación
cuando se gestiona por parte de determinado grupo político y cuando en la oposición se dice una cosa y en el Gobierno se realiza la contraria. Ha habido chapuza administrativa de principio a fin; una imprevisión total en la planificación; ha
habido un incumplimiento reiterado de la ley y de todos los procedimientos, y le he oído casi justificar que esto es opinable y que cuando el Tribunal de Cuentas resalta ese incumplimiento está haciendo un juicio político de valor. Me parece
totalmente reprochable la manifestación que se acaba de hacer aquí.


Voy a darle unos datos a mayores de los que el presidente ha dado en su resumen del informe. De los 81 contratos que se celebraron en el año 2008, el procedimiento abierto, que es el procedimiento general que prevé la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, no fue utilizado en ningún expediente, señoría; repito, en ningún expediente, ni uno solo por procedimiento abierto. La contratación total de ese ejercicio fueron 6.999.000 euros. Dos expedientes por importe de
5.500.000 euros, es decir más del 85 % del total de contratación de ese año, fueron adjudicados de forma directa, utilizando la tramitación de emergencia sin ninguna justificación, señoría; sin ninguna justificación. En el expediente se dice que
se utiliza ese procedimiento y además no se justifica, pero se adjudican los dos contratos a la misma empresa, señoría. La justificación que se da en la adjudicación es que se le adjudica a esta empresa por su profundo conocimiento del fenómeno de
la violencia de género. Esa es la justificación objetiva para darle a Concepto Staff de Publicidad este contrato que, según su señoría, era absolutamente urgente, desgraciadamente por el número de víctimas; es una empresa de publicidad para poner
en marcha una campaña informativa, señoría. Esa es la actuación de emergencia que justifica el abandono total del procedimiento general pero además la total y absoluta no justificación de por qué se utiliza este procedimiento.


Pretende su señoría además, que nos creamos que los 73 procedimientos restantes que fueron adjudicados por contratos menores y por un importe de más de un millón de euros se realizaron porque había que hacer frente rápidamente a la
celebración del Día contra la violencia de género. Su señoría además se contradice manifestando que, como todo el mundo sabe, es el 25 noviembre. Bien, 58 de esos contratos se realizaron en el último trimestre del ejercicio 2008. Como todo el
mundo sabe que es el 25 noviembre, yo no entiendo, cómo estos contratos no se hacen en forma, sin minorar ni fraccionar gastos para hacerlos colar como contratos menores, siguiendo perfectamente el procedimiento. Como sabemos cuál es el día, anda
que no tenemos días a lo largo del ejercicio para hacerlo en forma, señoría. ¿Qué justificación es esta? Me tengo que creer -y supongo que el resto de mis compañeros- que se acercaba el 25 noviembre y había que hacerlo rápidamente porque aquí
también el fin justifica los medios y hay que celebrar el Día contra la violencia de género. Señoría, aquí estamos hablando de dinero público, de dinero público sujeto a unos procedimientos que son la garantía de las mujeres víctimas de malos
tratos y del conjunto de la sociedad en general. En este año 2008 se hace la gestión de esos fondos sin publicidad, sin concurrencia, sin transparencia y con total y absoluta discrecionalidad. Esta no es una valoración política; esta es una
valoración objetiva, del conjunto del expediente, de los 147 folios de este expediente, donde no hay ningún contrato, ninguno, que se salve.


Además, señoría, el propio interventor delegado del ministerio hizo una objeción, lo que me extraña es que solo haya una -supongo-, y espero que el presidente del tribunal nos aclare si ha habido más porque me preocuparía mucho que solo
hubiera habido esa objeción. Ante la objeción de la Intervención Delegada, porque no ha habido ni siquiera informe de fiscalización previo en uno de los supuestos, llega el Consejo de Ministros, -Gobierno Socialista- y lo convalida sin ningún
problema. Estamos hablando de un tema que es socialmente muy grave, pero eso no quiere decir que, en primer lugar, no se pueda actuar para erradicar esta lacra desde el procedimiento y la ley que para eso se crearon; de la misma manera que se crea
por ley esta delegación del Gobierno y se le dan una serie de prerrogativas y desde luego de encomiendas que en ningún caso tampoco se justifican. Dice su señoría que eso fue rápido porque el Ministerio de Igualdad se crea en abril y... Esto viene
de antes, viene de otro ministerio también gestionado por el Gobierno socialista, Afirma su señoría que en 2009 esta situación se va corrigiendo. A priori podría parecerlo, porque en 2009 por lo pronto baja la mitad de la contratación y solo hay 45
expedientes de contratación, pero curiosamente el total de contratación del año 2009 fue por importe de 15.729.000 euros. Cinco de esos procedimientos se realizaron por procedimiento abierto -ahora sí lo usamos, parecería que ahora vamos por la
buena senda- y suman más de 12 millones de euros de adjudicación. Curiosamente en todos ellos se declara la urgencia y volvemos otra vez a las andadas,

Página 31

señorías. Se declara la urgencia, no se justifica en ningún caso la ausencia y seguimos ante una actuación totalmente discrecional en la que no hay criterios objetivos en la adjudicación, donde sigue habiendo contratos que se adjudican a
empresas de golpe, sin ningún tipo de criterios de valoración objetivos; en la que la propia mesa de contratación en ningún caso recoge en las actas cuáles son esos criterios y, además, las facturas que después se presentan para justificar el
correspondiente gasto ni siquiera tienen registro público de entrada del ministerio, señoría. ¿De qué estamos hablando? No sabemos siquiera si eso da lugar a que se puedan producir otra serie de problemas o seguridad jurídica para los contratistas
y para la propia Administración.


El señor PRESIDENTE: Señora Ruiz, debe ir terminando.


La señora RUIZ RUIZ: Voy terminando.


En definitiva, en cuanto al convenio al que su señoría hace referencia -y con eso voy a ir terminando- de la Fundación José María de Llanos, su señoría dice que la Administración, el Ayuntamiento de Madrid, la Consejería de la Comunidad
Autónoma de Madrid, todos, están ahí porque es una obra muy importante. No lo discuto, pero el contrato de obra de este edificio a construir por la Fundación José María de Llanos se firma un mes antes y la presentación de la oferta para esa posible
adjudicación se entrega un mes después, señoría. La justificación además de cada una de las partes de la subvención que se ha recibido, no solo en 2008 y 2009, también en años anteriores y posteriores, no se acredita. Además está previsto que lo
que era un proyecto que iba a costar 4.580.000 euros inicialmente ahora va a tener, parece ser, según indican los datos y hace referencia a ello el tribunal, un importe de 6,5 millones de euros. A su señoría todo esto le parece normal. Además,
como aquí hay otras dos administraciones, en este caso gobernadas por el PP -qué curioso-, solo nos referimos a este convenio y a esta subvención directa que sigue siendo como las otras subvenciones directas que se analizan en el informe, como otros
convenios que desarrolla la Delegación del Gobierno con otras entidades.


En la percepción de subvenciones a determinadas entidades beneficiarias curiosamente hay ministerios que financian un estudio prácticamente parecido; es decir, hay concurrencia de subvenciones. Así, a la Asociación de mujeres progresistas
Victoria Kent el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le da una subvención de 3.000 euros para un programa de actuación integral, pero al mismo tiempo, el Ministerio de Igualdad le da una subvención de 51.000 euros para un programa igual.


El señor PRESIDENTE: Señora Ruiz, vaya terminando.


La señora RUIZ RUIZ: Termino.


Todo sucede entre ustedes, entre sus ministerios en una serie de irregularidades permanentes que no tienen, señoría, ninguna justificación. A pesar de todo, si pudiéramos haber presentado en ese año datos -como sus señorías creen que el fin
justifica los medios, pero yo estoy de acuerdo con las manifestaciones de mi compañero el anterior portavoz, señor Suárez-, ojalá que a pesar de esta chapuza hubiéramos conseguido algo. Lejos de haber conseguido algo, se demuestra que es un órgano
cuya existencia quizá habría que someter a una revisión mayor. A ver si realmente es posible que podamos en algún momento introducir racionalidad y, desde luego, no considerar que es una apreciación política decir que no se cumple la ley y que los
procedimientos no se están adecuando a la legalidad vigente.


El señor PRESIDENTE: Señora Ruiz.


La señora RUIZ RUIZ: Le prometo que en dos segundos termino.


Si eso son apreciaciones políticas, insisto, creo que a lo mejor lo que cabría plantear aquí es que, como resumen, parece que el Grupo Socialista lo que propone es que no exista Tribunal de Cuentas, porque si cuando hace referencia a que la
ley no se cumple ponemos en tela de juicio y decimos que es partidista la apreciación...


El señor PRESIDENTE: De verdad, usted ha superado ampliamente su tiempo.


La señora RUIZ RUIZ: Sí lo sé.


Solo una pregunta al presidente, que es el objeto de esta Comisión.

Página 32

Dicho todo esto, me gustaría preguntarle al presidente si hay algún expediente abierto por parte del Tribunal de Cuentas, frente a algunas de las actuaciones de cualquiera de los responsables políticos o técnicos de esta delegación del
Gobierno, y si en algún caso se va a tomar alguna medida.


El señor PRESIDENTE: Para contestar las preguntas de las dos intervinientes tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El tribunal cuando desarrolla su trabajo y, en este caso, al analizar expedientes de contratación analizamos y juzgamos la existencia o no de documentación y si es
suficiente. La acreditación per se, porque la naturaleza de la actuación administrativa per se tiene la suficiente importancia para que sin la existencia de documentación quede justificada, es una labor que no está en el ámbito del Tribunal de
Cuentas, porque nuestro trabajo es precisamente revisar documentos. Se podrá decir que es muy burocrático, pero es lo que tiene la burocracia; requiere analizar documentos, fiscalizarlos y llegar a la conclusión de si son suficientes y si aportan
las razones necesarias para entender que tanto los contratos como los convenios se encuentran suficientemente solventados. No tenemos otro procedimiento de trabajo más que ese. Por tanto, el conjunto del informe, en el que se desarrollan y
analizan deficiencias de contratación, no puede valorarse como un informe con contenido político. Es un informe que desarrolla deficiencias o irregularidades de contratación a la hora de formar los expedientes. Ese es el único sentido del trabajo
del tribunal, y no debería verse otro.


Quizá lo más sorprendente para mí de esta cuestión es que al final el tribunal en esta Comisión pasa de ser el que presenta informes a convertirse en examinado en su propia gestión. No tengo ningún problema en someterme a la petición de
información que cualquier parlamentario quiera solicitar sobre principios de organización interna del tribunal. La aplicación de la Ley de Igualdad no solo se aprueba en cada uno de los expedientes de fiscalización que aborda el tribunal, sino que
incluso se encuentra en el programa de fiscalizaciones que se aprueba cada año. En el programa de fiscalizaciones se indica que es objetivo prioritario del Tribunal de Cuentas abordar las fiscalizaciones, indicando y analizando la aplicación de ese
principio de Ley de Igualdad. Estando en los programas de fiscalización, cada informe de fiscalización efectúa los trabajos para su verificación. Asimismo, en este informe lo que se expone no es una crítica sobre los porcentajes de distribución de
plantilla de este instituto, sino que no se ha cumplido con la obligación de informar a los ministerios de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la distribución de la plantilla. Es exclusivamente ese aspecto de no
cumplimiento de una obligación de información lo que se recoge.


También quiero informarle sobre las peticiones concretas de si en el tribunal existe una comisión específica destinada a la igualdad de género. Sí, funciona, existe Plan de igualdad. Por otra parte, en aplicación de esa Comisión de
Igualdad, estoy convencido de que ella le podrá facilitar toda la documentación del tribunal que usted quiera pedir del tribunal en aplicación de sus principios, porque, lo mismo que el tribunal analiza y verifica la aplicación de la Ley de
Igualdad, estamos perfectamente abiertos a que cualquiera nos pregunte cómo lo hacemos en el ámbito de la gestión interna del tribunal.


Con relación a la Fundación José María Llanos, lo que el real decreto autorizó y justificaba por interés público, social y humanitario era la adjudicación directa; pero esas razones no justifican que la adjudicación tenga un determinado,
concreto adjudicatario, pudiendo haberse optado por la subvención en régimen de concurrencia competitiva, y así lo dijo la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda.


Con relación a los contratos de pulseras electrónicas, se critica que solo se valoró el precio unitario de los dispositivos, no otros conceptos que dieron lugar a que se otorgara mayor puntuación a la empresa que ofreció un presupuesto total
de ejecución superior a otras ofertas.


En relación con la pregunta que me formula la señora Ruiz, en estos momentos no hay abiertos procedimientos porque se archivaron tanto las diligencias de investigación que se iniciaron en los procedimientos de reintegro por alcance como los
hechos remitidos a la Fiscalía Provincial de Madrid.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguno de los intervinientes quiere hacer alguna aclaración? (Pausa).


Señor Pàramo.

Página 33

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: No se trata de ninguna aclaración, señor presidente. No he tenido ocasión de intervenir hasta ahora y quiero, como todos, agradecer la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas, así como el ejercicio de
transparencia sobre su perfil profesional, que de verdad es de agradecer. Además, la explicación que nos ha dado sobre que el Tribunal de Cuentas informa al Congreso, al Parlamento, sobre lo que encuentra, no indicando si hay delito contable o
algún otro tipo de falta, se agradece, pues de su intervención hemos aprendido un poco más.


El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez.


La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Simplemente quiero recoger una afirmación que ha hecho el presidente del tribunal, en el sentido de que el tribunal se dedica a enfocar las deficiencias de contratación. Efectivamente, en este informe se apuntan
deficiencias de contratación que en ningún caso suponen, como ha indicado la señora Ruiz, derroche de medios públicos. Tan solo se han apuntado cuestiones de procedimiento que en ningún caso -insisto- afectan al presupuesto utilizado ni a los
objetivos. Así, pues, no se ha hecho referencia a ningún tipo de delito, y creo que es práctica del tribunal hacer referencia expresa cuando así ocurre. Por tanto, insisto en que deficiencias de contratación sí pero en ningún caso derroche de
medios públicos y tan solo enfocar cuestiones de procedimiento que no han supuesto -insisto- ningún tipo de perjuicio para el erario público.


El señor PRESIDENTE: Señora Ruiz.


La señora RUIZ RUIZ: Voy a intervenir muy brevemente. Solo quiero significar que cuando en los procedimientos de contratación no hay concurrencia no sabemos si podríamos haber obtenido los mismos resultados mucho más barato.


El señor PRESIDENTE: Le damos las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por la presentación de estos informes, que llevaban algún tiempo de retraso. Le felicitamos, así como a los miembros de la Comisión, porque mes a mes vamos
sacando los informes adelante.


Suspendemos la sesión durante tres minutos para ordenar el cuaderno de votaciones. (Pausa).


DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000125 y número de expediente del Senado 771/000124).


El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar el desarrollo del orden del día con el debate -si procede- y votación sobre las propuestas de resolución formuladas al informe de fiscalización del sector público autonómico, ejercicios 2008 y 2009.
Vamos a iniciar la votación con las propuestas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (El señor Suárez Lamata pide la palabra).


Sí, señor Suárez.


El señor SUÁREZ LAMATA: Señor presidente, sé que no es habitual intervenir. Quiero manifestar la posición de mi grupo respecto a las iniciativas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Compartiendo el fondo de muchas de ellas, no
podemos votarlas afirmativamente porque son de imposible cumplimiento tal y como están redactadas. Lamento que no esté el portavoz del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural aquí. Si se aprobaran, no se podrían cumplir tal y como están
redactadas. (La señora García Álvarez pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señora García.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Solo intervengo para decir que, como es lógico, mantenemos las resoluciones. Todo se puede cumplir si se quiere cumplir. En cualquier caso, quiero disculpar -ahora sí- la ausencia de mi compañero hoy en esta
Comisión ya que se encuentra con gripe, cosa que desgraciadamente es muy habitual en estos tiempos.


El señor PRESIDENTE: Deseando la mejoría del señor Sixto, vamos a votar la resolución número 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 25.

Página 34

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a votar la número 3.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a votar el resto de las resoluciones de Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a votar la número 7 correspondiente al Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Vamos a votar la número 8 del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


La número 9.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


La número 10 del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resoluciones del Grupo Parlamentario Popular. Votamos la número 11.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Número 15.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 1; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


La número 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 13; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Las números 20 y 21.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, 1; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


La número 22.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 13; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de las del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Vamos a votar las del Grupo Parlamentario catalán, las números 23 y 24.

Página 35

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


La número 25.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Las números 26 y 27.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS DONACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES VINCULADAS ORGÁNICAMENTE, EJERCICIO 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000126 y número de expediente
del Senado 771/000123).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º: informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2008. Empezamos por las
propuestas de resolución presentadas por La Izquierda Plural. Votamos las números 1 y 3.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Las números 2 y 4.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


La número 5.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


La número 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a votar las correspondientes al Grupo de Unión Progreso y Democracia. Dicho grupo parlamentario ha presentado un escrito solicitando que sean defendidas las propuestas de resolución, aunque no pueda asistir el señor Anchuelo. La
letrada me dice que es posible. Por tanto, votamos la número 7.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 25; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Las números 12 y 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


La número 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El resto.

Página 36

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a votar las números 10 y 14, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


La número 20.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El resto.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Vamos a votar las números 22 a 30, del Grupo Popular. En primer lugar, la número 23.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


La número 28.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 'PARQUE DE MAQUINARIA', EJERCICIOS 2008-2010. (Número de expediente del Congreso 251/000127 y número de expediente del Senado 771/000125).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 9.º: informe de fiscalización del organismo autónomo Parque de Maquinaria. Solo hay una propuesta de resolución del Grupo Socialista. (El señor Císcar Casabán pide la palabra).


Señor Císcar.


El señor CÍSCAR CASABÁN: Me gustaría hacer una precisión, y es que en lugar de instar a la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio de Agricultura, quedaría: Instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. La letrada tomará buena nota de ello.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA, EJERCICIO 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000128 y número de expediente del Senado 771/000127).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 10.º: informe de fiscalización del Instituto Geológico y Minero de España, ejercicio 2008. Iniciamos las votaciones con las propuestas de resolución presentadas por La Izquierda Plural. Votamos la
número 4.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.

Página 37

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de La Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Votamos la número 5, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Vamos a votar la número 6, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor; 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el resto de las del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE LOS EJERCICIOS 2006 A 2009 POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente del Congreso 251/000129 y número de expediente del Senado 771/000126).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 11.º: informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por la Tesorería General de la Seguridad Social. Empezamos votando las propuestas de resolución del Grupo
Parlamentario de La Izquierda Plural. Votamos la número 1.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votamos la número 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos todas las del Grupo Socialista, las números 3, 4 y 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 7, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la número 8, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 12; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las números 6 y 9, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos las números 10 a 14, todas ellas del Grupo Parlamentario Catalán.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 1.

Página 38

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA, EJERCICIOS 2008 A 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000130 y número de expediente del Senado 771/000128).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar el punto 12.º: informe de fiscalización del Ayuntamiento de Huesca, ejercicios 2008 a 2011. Votamos primero las números 1 y 3, de La Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 2, de La Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votamos la número 4, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 5.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votamos las números 6 y 7, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y diez minutos de la tarde.