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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 75, de 24/09/2013
cve: DSCG-10-CM-75
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 75
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO TARNO BLANCO
Sesión núm. 11
celebrada el martes,
24 de septiembre de 2013
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:
- Informe de fiscalización del sector público autonómico, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000125 y número de expediente del Senado 771/000124) ... (Página3)
- Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000126 y número de expediente
del Senado 771/000123) ... (Página13)
- Informe de fiscalización del organismo autónomo 'Parque de Maquinaria', ejercicios 2008-2010. (Número de expediente del Congreso 251/000127 y número de expediente del Senado 771/000125) ... (Página26)
- Informe de fiscalización del Instituto Geológico y Minero de España, ejercicio 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000128 y número de expediente del Senado 771/000127) ... (Página29)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por la Tesorería General de la Seguridad Social. (Número de expediente del Congreso 251/000129 y número de expediente del Senado 771/000126) ...
- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Huesca, ejercicios 2008 a 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000130 y número de expediente del Senado 771/000128) ... (Página37)
- Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000045 y número de expediente del Senado 771/000042) ... (Página42)
- Informe anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000108 y número de expediente del Senado 771/000104) ... (Página43)
- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000060 y número de expediente del Senado 771/000056) ... (Página43)
- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000088 y número de expediente del Senado 771/000083) ... (Página44)
- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000120 y número de expediente del Senado 771/000118) ... (Página44)
- Informe anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000036 y número de expediente del Senado 771/000034) ... (Página45)
- Informe anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000102 y número de expediente del Senado 771/000100) ... (Página46)
- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000035 y número de expediente del Senado 771/000032) ... (Página46)
- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000105 y número de expediente del Senado 771/000103) ... (Página47)
- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000062 y número de expediente del Senado 771/000058) ... (Página47)
- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000112 y número de expediente del Senado 771/000110) ... (Página48)
- Informe de fiscalización de la gestión de la Sociedad Mercantil Acuicultura de Ceuta, S.A., ejercicios 2001 a 2004. (Número de expediente del Congreso 251/000048 y número de expediente del Senado 771/000045) ...
- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000121 y número de expediente del Senado 771/000119) ... (Página49)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA) PARA INFORMAR SOBRE:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000125 y número de expediente del Senado 771/000124).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Señorías, vamos a iniciar la sesión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Siguiendo el orden del día el primer punto corresponde a la presentación por parte del señor presidente del Tribunal de Cuentas, don
Ramón Álvarez de Miranda, del informe de fiscalización del sector público autonómico en sus ejercicios 2008 y 2009. Para dicha presentación tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Señorías, el informe del sector público autonómico, ejercicios 2008 y 2009, fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 27 de junio de 2013.
Como es bien sabido el Tribunal de Cuentas elabora estos informes globales partiendo de los resultados de los informes anuales de fiscalización relativos a cada una de las comunidades autónomas aprobados, bien por el Tribunal de Cuentas, bien por
los órganos de control externo autonómicos. Al igual que los dos informes globales anteriores, que fueron presentados ante esta Comisión el 9 de abril del presente año, la fiscalización abarca dos ejercicios, con el fin de acercar las actuaciones
de control al tiempo en que se desarrolla la gestión, conseguir una mejor coordinación con los informes anuales individuales del tribunal y de los OCEX y evitar, en la medida de lo posible, los desfases temporales en la obtención de los resultados
de las fiscalizaciones llevadas a cabo. El ámbito objetivo fiscalizado se corresponde con la Administración general de las comunidades autónomas y ciudades autónomas, así como sus organismos autónomos, agencias, entes, empresas fundaciones,
consorcios, universidades y demás entidades públicas. Además, se ha extendido a la participación de las comunidades en los fondos de compensación interterritorial.
Resultados de la fiscalización. Existe una limitación al alcance en este tipo de informes, debida a las significativas diferencias entre las cuentas generales de las comunidades autónomas y además a la heterogeneidad de los informes
elaborados por los OCEX. Las cuentas de las administraciones generales se han rendido dentro de los plazos legales, excepto las de Aragón y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que en ambos ejercicios se rindieron fuera de plazo. Respecto a
los entes del sector público autonómico no rindieron sus cuentas de 2008 y 2009 un total de 152 y 247 entidades respectivamente y las rindieron fuera de plazo 266 entidades en 2008 y 352 en 2009. Los presupuestos de las comunidades autónomas se
elaboraron, aprobaron y ejecutaron dentro del marco de estabilidad presupuestaria conforme al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que implica la necesaria limitación del déficit público. Para el logro del objetivo de estabilidad presupuestaria se
establecieron los mecanismos de coordinación y cooperación efectiva entre el Estado y las comunidades autónomas, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y en la Ley orgánica complementaria vigentes en los dos
ejercicios fiscalizados. Con referencia a la liquidación presupuestaria, cabe poner de manifiesto que los créditos finales de las comunidades y ciudades autónomas se incrementaron en una media anual del 8 % para el periodo 2006-2009 y las
modificaciones de crédito experimentaron unos incrementos interanuales del 40 % en 2008 y del 47 % en 2009, lo que es indicativo de una deficiente presupuestación. En algunas comunidades los expedientes de modificación de créditos presentaban
deficiencias en cuanto a su justificación o carecían de la suficiente cobertura financiera. Por otra parte, en los presupuestos de cada ejercicio se reconocieron obligaciones que correspondían a gastos de ejercicios anteriores, para los que no se
disponía de crédito suficiente, y se reconocieron derechos por recursos de fondos europeos sin los correlativos incrementos en el activo y sin disponer del soporte adecuado que acreditara que el ente que concedía la subvención hubiera dictado el
auto de reconocimiento de la obligación. Además, se sobrevaloraron los derechos reconocidos como consecuencia de ingresos recaudados en anteriores ejercicios que habían sido registrados en cuentas extrapresupuestarias. Asimismo, se imputaban
indebidamente a los presupuestos de gastos e ingresos importes correspondientes a las entidades locales por su participación en los ingresos del Estado.
El gasto sanitario real representó en los ejercicios fiscalizados una media del 38 % de las obligaciones reconocidas en los presupuestos de las administraciones generales, destacando por encima de este porcentaje la Comunidad Valenciana (con
un 50 % del gasto en 2008), Cataluña y Madrid. Los gastos sanitarios devengados que figuraban como obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto al cierre del ejercicio representaban el 10 % y el 8 % respectivamente de las obligaciones
reconocidas en cada año, 2008 y 2009.
La financiación de las administraciones generales en 2008 procedía en un 77 % del total de los recursos percibidos con arreglo al régimen de financiación previsto en la Ley 21/2001, vigente en dicho ejercicio, en otro 10 % de recursos
propios y el 13 % restante de otros recursos percibidos. En 2009 el porcentaje de recursos procedentes del sistema de financiación autonómica, según el régimen de la Ley 22/2009, de aplicación a partir de 1 de enero de 2009, disminuyó hasta un 69
%. A este respecto la Ley Orgánica 3/2009, de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley 22/2009, que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto
de autonomía, modificó el régimen de financiación autonómico que quedó estructurado en dos bloques: uno destinado a la financiación de las necesidades globales, integrado por los tributos cedidos, total o parcialmente, y por dos nuevos fondos que
se crearon -el Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales y el Fondo de suficiencia global-; y otro, calificado como de recursos adicionales a aportar por el Estado, con el objetivo de reducir los desequilibrios económicos territoriales,
creándose a tal efecto el Fondo de competitividad y el Fondo de Cooperación. En relación con la situación patrimonial se observaron múltiples deficiencias, irregularidades y carencias en los inventarios de bienes y derechos y en su valoración en
contabilidad, mientras que en algunas comunidades los sistemas contables no permitían el seguimiento de los gastos con financiación afectada, lo que afecta al cálculo del remanente de tesorería. Teniendo en cuenta las salvedades señaladas en los
informes individuales de fiscalización, el remanente de tesorería agregado alcanzaría un importe negativo de 4.750 millones de euros en 2008 y otro de 10.017 millones, también negativo, en 2009. Por lo que se refiere a los compromisos de gastos
para ejercicios futuros, en algunos casos se verificó que no se incluía la carga financiera de la deuda ni tampoco los compromisos adquiridos con el sector público empresarial autonómico. En materia de subvenciones, las deficiencias observadas se
refieren a comunidades que concedieron ayudas con bases reguladoras incompletas; en otras ocasiones no justificaban suficientemente su concesión ni argumentaban las subvenciones no nominativas, la utilización del procedimiento de adjudicación
directa; y no se concretaban las obligaciones de los beneficiarios ni la forma de justificación de la aplicación de los fondos.
Respecto a la aplicación de los fondos de compensación interterritorial, las comunidades perceptoras de los mismos realizaron numerosas modificaciones en los proyectos a financiar, lo que desvirtúa la programación inicial recogida en los
presupuestos. Las comunidades y ciudades autónomas incumplieron en su conjunto el objetivo de estabilidad presupuestaria en los ejercicios 2008 y 2009. El déficit conjunto del sector autonómico fue del 1,49 % del producto interior bruto en 2008,
cuando el objetivo inicial era un superávit del 0,25 % del producto interior bruto, si bien siete comunidades no estuvieron obligadas a la elaboración de un plan económico financiero de reequilibrio al no superar su déficit el 0,75 % del producto
interior bruto regional. En 2009 el déficit global registrado alcanzó el 1,92 % del producto interior bruto, cuando el objetivo fijado era de equilibrio, aunque tres comunidades no estuvieron obligadas a la elaboración de un plan
económico-financiero de reequilibrio, al no superar su déficit el 0,75 % del producto interior bruto regional. Por otra parte, el endeudamiento de las administraciones generales de las comunidades se incrementó en ambos ejercicios en porcentajes
del 16 % y del 34 % respectivamente, destacando en 2009 los incrementos producidos en las comunidades del País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia. En el caso de los avales otorgados los aumentos interanuales fueron del 8,7 % y del
15,4 % respectivamente, aunque se carece de datos de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y de Madrid.
Por lo que se refiere a las universidades públicas, alguna de ellas no aprobaron sus presupuestos antes del inicio del ejercicio. Además, la media de las modificaciones presupuestarias presentaba un incremento del 31 % y del 35 % sobre los
presupuestos inicialmente aprobados en 2008 y 2009 respectivamente, lo que pone de manifiesto la ausencia de rigor en la elaboración de sus presupuestos. Asimismo, la media de los créditos impartidos por profesor equivalente era inferior a los 24
créditos/año exigidos legalmente y la media de alumnos equivalentes por profesor equivalente era muy baja en las universidades estudiadas, encontrándose en disminución en los últimos años, lo que evidencia un
sobredimensionamiento del profesorado en relación con el número de alumnos. Al menos 33 universidades públicas, además, adoptaron acuerdos estableciendo planes de jubilación voluntaria anticipada e incentivada que, de acuerdo con lo
manifestado reiteradamente por el Tribunal de Cuentas en sus informes, carecían de suficiente soporte legal. El sector público empresarial autonómico mantenía una situación deficitaria, con pérdidas que ascendieron a más de 3.800 millones de euros
en ambos ejercicios, lo que ha implicado una creciente necesidad de concesión de subvenciones y ayudas públicas y de afianzamiento financiero de las sociedades participadas. Estas situaciones deficitarias hacen aconsejable una revisión y análisis
de la oportunidad de mantener estas inversiones societarias. Por otra parte, se ha observado que en algunas empresas su objeto social coincidía parcialmente con el de otras de nueva creación o con algunas que carecían de actividad, quedando sin
justificación la necesidad de su creación o permanencia. En relación con las fundaciones, se observa que las mismas adolecían de un insuficiente marco jurídico dentro del sector público autonómico y, en especial, en lo que se refiere a la
elaboración y rendición de cuentas. Además, este sector fundacional presentaba resultados negativos en ambos ejercicios pese a recibir subvenciones de las administraciones generales. Se sigue observando, asimismo, una gran heterogeneidad en la
regulación del régimen presupuestario y de control de los consorcios administrativos autonómicos. Finalmente, por lo que respecta a los expedientes de contratación, se observa que los mismos presentaban generalmente una deficiente motivación de su
necesidad y de la idoneidad de los contratos para satisfacerla. Tampoco se justificaba la conveniencia de no ampliar los medios personales y materiales para satisfacer las necesidades ni se acreditaban las circunstancias que concurrían para invocar
la insuficiencia de medios. En la ejecución de los contratos se apreciaron deficiencias e irregularidades, tales como la concesión de prórrogas por retrasos sin imposición de penalizaciones a los contratistas; modificaciones de contratos que no
respondían a nuevas necesidades sino a imprevisiones y deficiencias en las actuaciones preparatorias de los contratos; y la tramitación de contratos complementarios que, en realidad, constituían modificados por incluir unidades cuya realización era
inseparable de las prestaciones inicialmente previstas. Con ello termino, presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa).
Señor Bruguera.
El señor BRUGUERA BATALLA: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, diputados y senadores, me parece importante de entrada -quisiera resaltarlo- intentar por parte del tribunal unificar y hacer un análisis de las cuentas de todo el sector
público autonómico, por tanto, poder disponer de una foto fija, más allá de los informes de fiscalización comunidad autónoma por comunidad autónoma. Este me parece un ejercicio interesante y creo que algunas conclusiones se pueden sacar de ello.
En primer lugar, respecto al resumen global, las veinticuatro observaciones hechas por el tribunal, destacaría dos aspectos: por una parte, los aspectos formales, que son importantes desde el punto de vista de evitar agravios comparativos, de ver
quién cumple con estos objetivos formales -presentación en tiempo y forma, etcétera- y quién no cumple; y por otra parte, el aspecto derivado de los ejercicios que estamos analizando, 2008 y 2009, y que creo que también es un tema a tener en
cuenta. Se da en plena crisis económica y en general hay una disminución muy severa de los ingresos y un aumento del déficit en la totalidad de las comunidades y ciudades autónomas.
Respecto a los aspectos formales, hemos ido a menos -por decirlo de alguna manera-, hemos empeorado en principio entre 2008 y 2009 en el sentido de que, como usted ha dicho, hemos pasado de doscientos sesenta y tantos entes del sector
público autonómico que habían presentado sus cuentas fuera de plazo a 352; y -peor aún- de los entes que no presentaron sus cuentas, no ya fuera de plazo sino que no las presentaron, hemos pasado de 152 en 2008 a 247 en 2009. La pregunta, que de
alguna manera incluso es reiterativa respecto de otras comisiones, es qué medidas ha tomado el Tribunal de Cuentas, en primer lugar, para que no se produzcan estos agravios comparativos y, en segundo lugar, cuáles cree el señor presidente que se
deberían tomar desde un punto de vista más coercitivo para que no se produzcan estas disfunciones.
En el sector empresarial autonómico, respecto al análisis sobre la situación del déficit, el tribunal dice que no incluyó, por ejemplo, los datos de Madrid. Mi pregunta también es la misma: ¿Por qué no se incluyen los datos de Madrid? ¿No
los han presentado? ¿Qué se ha hecho para que esto sea así? Asimismo, en el caso del endeudamiento financiero también de las empresas públicas autonómicas, tampoco se incluían los datos correspondientes a las sociedades de Madrid y del País Vasco.
Por tanto, existe preocupación de este senador y del grupo al que representa respecto a estas cuestiones no
menores, aunque sean relativas a aspectos formales de cumplimiento de las normas de las que, por otra parte, nos hemos dotado nosotros mismos y entre nosotros mismos.
También quisiera hacer un comentario respecto a las deficiencias observadas por el tribunal en las comunidades autónomas perceptoras del Fondo de compensación interterritorial. Es decir, estamos hablando de la solidaridad interterritorial
y, más allá del debate que podamos establecer -algunos, por ejemplo, reclamamos el principio de ordinalidad, etcétera, aunque no es el momento ni el lugar de discutir de este tema-, más allá de la posición que podamos tener algunos respecto a la
solidaridad de ciertas comunidades autónomas -desde nuestro punto de vista claramente mejorable y revisable-, podemos llegar a la conclusión de que no están claros los expedientes, por ejemplo, de contratación de las comunidades autónomas -repito-
perceptoras de los fondos de compensación interterritorial. Las deficiencias en este sentido me parecen una cuestión no menor.
Respecto al gasto sanitario, también tenemos una foto fija. El tribunal cifra el gasto medio sanitario sobre el conjunto del gasto público reconocido alrededor del 38 % del conjunto de las comunidades y ciudades autónomas, y en 2008 por
encima de este 38 % están Valencia, Cataluña y Madrid. Uno piensa de entrada que estamos hablando de comunidades con una población importante, con unos presupuestos importantes, etcétera; pero en el año 2009 se les añade una comunidad pequeña,
uniprovincial, como es Murcia. Por tanto, también en este sentido existe una pequeña preocupación.
Quisiera poner el énfasis en estos aspectos formales más que en el segundo aspecto, que es la gestión de la crisis, en la que creo que en general las comunidades autónomas han ido haciendo un gran esfuerzo de control -tal vez unas más que
otras, también es cierto-. Como digo, quisiera poner más el énfasis en estos aspectos.
En cuanto a las universidades -usted lo ha dicho-, quisiera destacar la afirmación del sobredimensionamiento del profesorado en relación con los alumnos -ha disminuido- y los planes de jubilaciones voluntarias sin el preceptivo y necesario
soporte legal.
Para finalizar hay una cuestión que no sé si he entendido bien. Parece deducirse del informe que, sorprendentemente, desde mi punto de vista, entre los años 2008 y 2009 ha aumentado el número de entes públicos autonómicos: empresas
públicas, consorcios, fundaciones, etcétera. No sé si lo he entendido bien; quisiera preguntarle si esto es así porque es un tema que me preocupa. Me gustaría que, si pudiera, nos diese algo de información añadida al respecto.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Sixto quiere intervenir? (Pausa).
Tiene la palabra.
El señor SIXTO IGLESIAS: Señor presidente, intervendré muy brevemente dado el carácter maratoniano de la sesión de hoy, con un número ingente de puntos en el orden del día, para destacar algunas de las cuestiones que han llamado la atención
al grupo de La Izquierda Plural. Destacaría, dentro de las responsabilidades penales que se han comentado aquí esta mañana, un tema recurrente no ya solamente en las administraciones autonómicas sino en muchos otros entes fiscalizados por el
tribunal de cuentas. Me refiero a la contratación, que es un nido de problemas que suele aparecer en los informes del tribunal, pero concretamente estamos hablando del procedimiento negociado sin publicidad, que presumiblemente se presta a una
serie de prácticas que podrían dar lugar a responsabilidades penales. Me gustaría que usted desglosase algún caso concreto y nos dijera cuáles son las actuaciones que desde el tribunal se han emprendido, qué camino está llevando.
Quiero referirme a una cuestión general, a la estructura contable en las diferentes comunidades autónomas, que se ha comentado y se refleja en el informe y se dice que dificulta la eficacia del conjunto este informe. Quisiera saber qué
medidas se proponen desde el Tribunal de Cuentas para tratar, dentro de los límites de la autonomía de cada comunidad, de establecer una estructura conjunta para todo el sector público autonómico en aras de facilitar esta fiscalización, que desde
nuestro punto de vista es positivo que salga del Tribunal de Cuentas, más allá de los órganos fiscalizadores que tiene cada comunidad autónoma.
Hay cuestiones que aparecen reiteradamente en este y otros informes, como los inventarios, que faltan en muchos órganos de las administraciones públicas; o la tardanza en remitir las cuentas; o el incremento en los años 2008 y 2009 -lo ha
comentado el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra- de 152 a 247 entes que no han presentado las cuentas, algo que es preocupante; o la falta de informes sobre el cumplimiento de los objetivos presupuestarios a la hora de decidir
cuánto dinero público se dedica a una partida o a otra. Son cuestiones muy recurrentes de las que el tribunal habla sistemáticamente
en cada informe, y parece que las administraciones públicas van muy lentamente, si es que van mejorando en algún punto. Si hay alguna mejora es muy lenta y sería importante que estas mejoras fuesen mayores y las administraciones públicas se
atuviesen al cumplimiento de los requerimientos y recomendaciones que hacen esta Comisión y el tribunal.
Una cuestión muy concreta. Ha hablado de pagos indebidos a retribuciones de personal en la Comunidad Valenciana. Como diputado valenciano me gustaría que nos explicase un poco más esta cuestión. También ha hablado de cancelación de avales
en Andalucía en los años 2008 y 2009, y me gustaría que nos diera también algún detalle al respecto.
Para terminar, mencionaré otra cuestión que también es recurrente y preocupante, me refiero a las subvenciones. Dado que buena parte de la actividad de las comunidades autónomas se plasma en la concesión de subvenciones y hay una crítica
potente en este informe a cómo se conceden, y sobre todo a su falta de justificación, sería una cuestión básica poder controlar este aspecto. Ha habido casos realmente escandalosos en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en la mía, donde se
han dado subvenciones sin atenerse a los criterios que se exige en relación con el cumplimiento con la Tesorería de la Seguridad Social y con la Hacienda pública. A este respecto me gustaría que, si es posible, diese algún detalle más sobre cuáles
han sido las comunidades autónomas que el tribunal ha detectado que tienen un mayor incumplimiento de los parámetros exigibles a la hora de conceder dinero público mediante subvenciones.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor de Bel quiere intervenir? (Pausa). Tiene la palabra, por Convergència.
El señor BEL ACCENSI: Quiero agradecer el trabajo del Tribunal de Cuentas. Seré breve en mi exposición, pero quisiera constatar algunos aspectos. Continuamos viendo con muchísima preocupación que, igual que constatamos cuando se rendía
cuentas de la Administración General del Estado por parte de las comunidades autónomas y de sus entes dependientes, hay incumplimientos flagrantes en cuanto a la dación de cuentas, ya sea por hacerse fuera de plazo -como se ha matizado incluso se
incrementa del año 2008 al 2009-, ya sea porque no hayan rendido cuentas. En 2009 fueron 247 los organismos que no rindieron cuentas. Creo que tiene poca justificación para todos y seguramente será difícil que podamos adquirir credibilidad ante
nuestros conciudadanos y ante otras administraciones si hay este grave incumplimiento. Me planteo con qué legitimidad estas comunidades autónomas requieren a sus corporaciones locales el cumplimiento cuando ellas incumplen de forma tan flagrante.
En todo caso, de las cifras que nos ha planteado hay algunas muy interesantes que vemos con muchísima preocupación, y quisiera destacar dos. La primera la mencionaba antes un compañero en su intervención, y me han sorprendido los datos. Me
refiero a las entidades del sector público autonómico en 2008 y 2009, ya en plena crisis económica; nadie puede decir que no la constatamos. Vemos cómo en el conjunto del sector público autonómico del Estado español pasamos de 1.547 a 1.655, 108
más, un 7 % más de entidades del sector público autonómico en plena crisis. Más lamentables son las cifras cuando leo las de mi comunidad autónoma, Cataluña, donde de 2008 a 2009 pasamos de 146 entidades a 220 entidades, es decir 64 entidades; en
plena crisis en Cataluña crecieron un 43 % las entidades dependientes del sector público autonómico.
La otra cifra que vemos con extremada preocupación, y de la que hoy ya estamos sufriendo las consecuencias -sería bueno ver si somos capaces de corregirla en el tiempo, para lo que quedamos emplazados todos-, es una cifra que a veces pasa
desapercibida pero que es muy significativa. Los compromisos de gastos para ejercicios futuros contabilizados. Obviamente ya no incorporamos los no contabilizados. Vemos cómo pasamos de 126.000 millones de euros en 2008 a 169.000 millones de
euros en 2009, es decir un crecimiento del 34 % de los gastos para ejercicios futuros contabilizados; un crecimiento del 34 % que, igual que en el caso anterior, veo con más preocupación en relación con la Comunidad Autónoma de Cataluña. En
Cataluña de 2008 a 2009 -simplemente a efectos de que conste en el 'Diario de Sesiones'- estos gastos pasan de 40.000 millones a 64.000 millones, con lo cual no hay un incremento del 34 %, que ya me parece exagerado para el conjunto del Estado
español, sino que en Cataluña este tipo de gastos se incrementa en plena crisis un 60 %. Por tanto, estas son cifras que vemos con preocupación.
Desde nuestra óptica se hace un análisis detallado de la información que contiene el informe, y también se puede constatar, aunque tampoco lo hemos visto especificado así, que el sistema de financiación autonómico carece de adaptación y
flexibilidad en relación con situaciones como las que se producen estos años; evidentemente es deficitario para las comunidades autónomas, más allá de que ellas
seguramente generaron en estos ejercicios más gasto del que tendrían que generar, pero a la vez se generaron menos ingresos, y los porcentajes están aquí constatados. En todo caso, quisiera que nos diera su opinión no tanto sobre 2008
respecto de 2009, que nos queda perfectamente claro, sino sobre la evolución de la rendición de cuentas del sector público autonómico en ejercicios pretéritos: si cree que ha mejorado sensiblemente, si realmente está estancada o si desgraciadamente
ha empeorado la situación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, bienvenido y gracias por la exposición que ha hecho de este informe. Tengo que confesarle que lo había leído y que me preocupaban muchas cosas de las que ponía, pero al
escucharlas ha empezado casi a deprimirme.
Entramos en la fase de análisis de los ejercicios en los que la crisis que estamos sufriendo se manifestó con más virulencia. En esos años los ciudadanos empezaron a conocer ya datos económicos que a nadie le sonaba; nadie sabía qué era la
prima de riesgo, el déficit público; la deuda pública y su evolución no preocupaba en general a los ciudadanos. Ahora llevamos un seguimiento al día prácticamente en todos los hogares. En estos años es cuando comienza a desestabilizarse el
déficit público -en los anteriores, que se vieron no hace mucho, no había problema, dábamos superávit-, consecuencia del hundimiento de la economía y de la falta de crédito; todo se nos vino abajo. Todavía en estos ejercicios no se aprecia -creo
que en los siguientes se apreciará- la racionalización de los entes públicos que tienen las comunidades autónomas, porque seguimos creciendo en 2008, y -lo que es más llamativo- siguen creciendo en 2009, que fue el año en que la crisis se manifestó
de forma más virulenta, como decía antes. De todas maneras el incremento de estos entes públicos, que han proliferado y crecido tantísimo, en algunos casos ha sido innecesario y se ha abusado de ellos; sin embargo, se hizo necesaria su creación
por la lentitud de la Administración pública para gestionar. En muchas ocasiones la Administración pública, debido a los trámites que gestiona, no llega a tiempo para cubrir el objeto del acto administrativo que está realizando. Por eso, estoy de
acuerdo en que hay que disminuir los entes públicos de las autonomías, pero también tendríamos que pensar muy seriamente en tomar medidas de agilización del sector de la Administración. No es que estos entes públicos no tengan fiscalización, es que
no tienen fiscalización previa; si tuvieran fiscalización a priori, se agilizarían mucho las actuaciones y las irregularidades que cometieran tendrían que conllevar una responsabilidad.
En este informe asistimos prácticamente a las mismas deficiencias que vimos en el de los dos años anteriores: heterogeneidad en la estructura y contenido de los informes elaborados por los órganos externos de las comunidades autónomas.
Entiendo que en realidad cada comunidad autónoma tiene autonomía para organizarse de una forma y cada órgano externo lleva sus contabilidades adaptadas a los planes generales, pero su estructura y sus contenidos los organiza cada comunidad. Tal vez
sería más razonable que a la hora de pedirles los datos se les exigiera homogeneidad; no podemos pedir a las comunidades que organicen su estructura como la Administración central.
Se incrementa, como en años anteriores, el número de entidades que no rinden cuentas; no son pocas. Pasan de 189 en 2008 a 259 en 2009. El informe reitera que, como en años anteriores, no hay memoria demostrativa del grado de cumplimiento
de los objetivos programados; se carece -esto me parece muy importante y debería ser exigible- de contabilidad analítica, que es auténticamente necesaria para conocer el rendimiento de los servicios del sector público; los sistemas contables no
permiten hacer un seguimiento de los gastos con financiación afectada y las comunidades autónomas en general siguen sin contar con un inventario de bienes y servicios actualizado. Todo ello nos lleva a una conclusión, y es que, a pesar de lo denso
del informe, del trabajo ímprobo que hace el Tribunal de Cuentas, estamos prescindiendo de una información muy necesaria para conocer la realidad del funcionamiento del sector público autonómico. Bueno, tenemos una idea: que no funciona bien y que
tiene que mejorar. ¿Hasta qué año tendremos que esperar para cumplir este objetivo? Así, querría preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas qué consecuencias tiene para las entidades públicas, que aumentan, no aportar la información
necesaria; si tuvieran alguna responsabilidad, quizá no se animarían a dejar de presentar los datos, sino todo lo contrario, porque el dato, como hemos visto, empeora. Podría pasar, ahora que ha empezado una racionalización del sector público y
están disminuyendo las empresas públicas, que de algunas nunca conociéramos la rectitud o no de su funcionamiento porque habrían desaparecido para cuando se quisiera hacer el informe y no darían datos. El Tribunal de Cuentas no hace recomendaciones
en este informe, por eso le preguntaría qué medidas propondría para subsanar definitivamente estos defectos.
Destacaré algunos datos del informe. En cuanto al gasto sanitario -el gasto real sanitario supone un 38 % de las obligaciones totales reconocidas-, me parece razonable que haya crecido, puesto que los presupuestos totales bajaron y
seguramente las comunidades autónomas se resistían a bajar la financiación de la sanidad, no como ocurre en estos últimos años, y algún día veremos las consecuencias. Me llama la atención la diferencia tan significativa entre unas comunidades y
otras, desde el 50 % de la Comunidad Valenciana hasta algo más del 20 % de La Rioja o de Navarra. No sé si el presidente puede explicar si es una cuestión de eficiencia o de mejor servicio público, porque la diferencia es realmente grande. Sobre
todo me llama la atención que en la Región de Murcia no se contemplen obligaciones pendientes; supongo que esas obligaciones pendientes se encuentran integradas en las obligaciones reconocidas, pero hubiera sido un dato importante a aportar por la
Región de Murcia porque hubiéramos tenido el mapa completo. Si en realidad la Comunidad de Murcia no tiene obligaciones pendientes en gasto sanitario, habría que haberlo destacado muchísimo, incluso aplaudírselo, pero no creo que sea así.
Mención aparte quiero hacer del informe de las universidades. De un total de cuarenta y nueve universidades, doce no aportan datos, a pesar de que la LOU les reconoce esa obligatoriedad. No sé si tienen alguna responsabilidad por no
aportar los datos. En este sentido, también quiero destacar las deficiencias en cuanto a las jubilaciones voluntarias, pues solo conocemos aquellas de las universidades que aportan datos. Parece que no podríamos criticar a las que no aportan datos
-me parece muy serio el tema-. El informe señala también algunos supuestos que pueden tener responsabilidad contable e incluso responsabilidad penal. Quiero destacar ese abuso de adjudicaciones de contratos negociados en publicidad. Le quiero
preguntar: ¿La tardanza en la presentación de este informe podría hacer que prescribieran las responsabilidades contables e incluso penales?
En definitiva, observamos en este informe que las deficiencias continúan. Yo sé que el Tribunal de Cuentas trabaja al ritmo que le permiten sus recursos, pero creo que es hora de que el propio tribunal plantee cuáles son sus deficiencias y
que se cubran; cuáles han de ser las prioridades en la fiscalización de los informes para que los de más interés no se demoren tanto, sobre todo porque al demorarse tanto estos informes la utilidad de este tribunal se pone en entredicho
continuamente en la prensa. Siempre que vamos a ver informes en esta Comisión leemos en prensa la crítica de para qué el Tribunal de Cuentas si nos da los informes tan tarde. Yo sé que no es achacable al Tribunal de Cuentas porque tengo muy buena
opinión acerca de su trabajo, pero incluso por su imagen externa esto habría que solucionarlo. Quiero terminar reconociendo de verdad el ambicioso informe que nos ha presentado el presidente del tribunal, agradeciéndole que nos aclare algunas
cuestiones y haciéndole además una petición que no solo corresponde al Tribunal de Cuentas sino también a la Mesa de la Comisión: sería bueno conocer con más antelación qué informes se van a debatir en esta Comisión para que tengamos tiempo de
hacer un análisis más sosegado. Hay fines de semana que se los dedicamos íntegramente al Tribunal de Cuentas si queremos analizar bien los informes que presenta.
El señor PRESIDENTE: Señora Ruiz, tiene la palabra por el Grupo Popular.
La señora RUIZ RUIZ: En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas la concisión a la hora de exponer las recomendaciones de este informe, un informe extensísimo. Yo también voy a intentar ser breve. Como ha
señalado, hace pocos meses, en el mes de abril, tuvimos oportunidad de debatir un informe del sector público autonómico referido a los años 2006 y 2007, y hoy volvemos a profundizar en esta misma cuestión. La primera y triste conclusión que cabe
señalar es la persistencia de todas y cada una de las deficiencias que en aquel momento debatimos, con el agravante del empeoramiento de algunas y muy importantes, como es el tema del déficit de las administraciones generales de las comunidades
autónomas o la gestión de la sanidad, por resumir. Cabría, hablando de sanidad, hacer un símil de la situación, y es que en estos momentos tenemos al enfermo en la UCI, pero es que hemos visto los síntomas que presentaba a lo largo de los años
anteriores y con un tratamiento adecuado se hubiera evitado el ingreso en esta unidad. Más allá de lo que los portavoces de los grupos que me han precedido han señalado, y que yo comparto prácticamente en la mayoría de sus afirmaciones, creo que
hay que profundizar en la cuestión de base. Afortunadamente este es un informe donde no estamos analizando una por una la gestión de cada comunidad autónoma, sino viendo las cifras globales. Por tanto, creo que debemos tener la altura de miras
necesaria para evaluar completamente cuál es la gestión que realiza la Administración pública en España. Los entes, como efectivamente se ha señalado y yo comparto con preocupación, no solo estaban dimensionados de una manera excesiva sino que
además han ido creciendo, con una característica en los años que estamos analizando y es que ya estábamos en plena
crisis, ya se reconocía también por los que se resistían a ello la existencia de esa crisis, y además en el año 2009 ya entran los fondos que se destinan a las comunidades autónomas con el nuevo modelo de financiación aprobado. Por tanto,
de los datos que se han ido desgranando -del gasto sanitario, del incumplimiento del déficit por parte de las comunidades respecto del marcado por el Estado, de la situación de las universidades, del endeudamiento del sector público autonómico-, lo
que cabe plantearse es la mejora o no de la gestión que cabría exigir a cada una de las administraciones, más allá de comprobar, como ya hicimos en el informe anterior, las deficiencias que se presentan.
Además no solo es cuestión de dinero, porque el nuevo sistema de financiación autonómica entró en vigor en el año 2009, ya hubo el reparto correspondiente a las distintas comunidades autónomas en base a ese nuevo modelo -es verdad que no se
apreciará mucho en el año 2009, pero supongo que en los ejercicios posteriores, 2010 y 2011, tendremos ocasión de analizar más a fondo cuál ha sido la virtualidad, si ha sido eficaz o no ese nuevo modelo de financiación autonómica-; más allá de
todo eso -decía-, está claro que no solo es cuestión de dinero y no solo es cuestión de estar o no inmersos en una crisis más o menos reconocida, sino de que los controles, la gestión y la adecuación a los distintos mecanismos de supervisión y de
control y de ajuste a la legalidad de cada una de las fases correspondientes -tanto en la presupuestación como en los reconocimientos y modificaciones de crédito, como también en el cumplimiento de los objetivos que marcaba en aquel momento el
Gobierno central y que se incumplían sistemáticamente sin que el propio órgano, en este caso el Gobierno central entonces, tomara ninguna medida para corregir esa situación- detectan, desde nuestro punto de vista, que efectivamente estamos ante una
gestión manifiestamente mejorable que en estos momentos, cuando asistimos a los debates correspondientes a las distintas reformas que el Gobierno actual está poniendo en marcha, debe necesariamente tener en cuenta los antecedentes, los datos que
aportan estos informes del Tribunal de Cuentas para evitar además que en las discusiones que por parte de los grupos políticos se mantienen en esta sede parlamentaria y en el Senado haya determinadas afirmaciones que creo que ya caen por su peso
cuando se ve cuál es la realidad de la que partimos y que nos ha colocado en la situación que yo decía de estar en estos momentos en cuidados intensivos.
Desde nuestro punto de vista es muy importante una de las recomendaciones que figuran en este informe: la necesidad de implantar, con los medios que sean precisos -y estudiaremos cómo debe hacerse- que efectivamente debe existir una memoria
que analice el coste y el rendimiento de los servicios, como señala el tribunal, y que además haga referencia al cumplimiento de esos objetivos. Cuando aquí se habla de cuáles son las diferencias o por qué una comunidad autónoma tiene un gasto
sanitario del 50 % respecto de sus recursos y otra lo tiene del 43 % o del 38 %, que es la media, creo que es muy importante que se hagan esos estudios, que cada comunidad autónoma tenga efectivamente un coste de rendimiento de servicios, de
objetivos a cumplir que permita además evaluar claramente el grado de eficiencia y de gestión, y de control de gasto público, y al mismo tiempo también evite discusiones estériles cuando hablamos de los modelos de financiación autonómica, porque,
como decía hace un momento, no es solo cuestión de dinero y de estar dando vueltas al modelo de financiación, sino de incidir muchísimo más en la gestión. Creo que sería conveniente que todos los grupos parlamentarios, los miembros de cada grupo
político que están en esta Comisión del Tribunal de Cuentas tuvieran la posibilidad de hablar con otros portavoces de su grupo cuando hablan de financiación autonómica, cuando hablan de diferencias de tratamiento entre comunidades autónomas, y
explicar cómo son las gestiones que se detectan en los informes del tribunal de cada una de esas competencias y de los fondos que recibe, tanto de la Administración General del Estado como de sus propios ciudadanos. Nos interesaría conocer en la
parte que pueda el presidente en este momento -somos conscientes de que a lo mejor no tiene todos esos datos- algo de los ejercicios 2009 y 2010 del sector público autonómico porque mucho nos tememos que las conclusiones van a ser las mismas;
probablemente empeorarán todavía más los datos en lo que se refiere al déficit y al endeudamiento general. Estoy segura de que tampoco se han disminuido los entes públicos en esos años 2010 y 2011 y sí vamos a ir viendo cambios a lo largo de los
ejercicios siguientes, aunque solo sea por las medidas que ha tomado el Gobierno actual y que obligatoriamente están haciendo que comunidades autónomas, incluida la propia Administración General del Estado, estén reduciendo ese sector público
autonómico. Pero es cierto que hasta este momento, es decir, hasta que el nuevo Gobierno ha tomado esas medidas, no se hizo absolutamente nada y por tanto es previsible que -insisto- en los años 2010 y 2011 sigamos hablando de los mismos aspectos
negativos que tiene el informe de hoy y que eran -reitero- los mismos que se presentaban en el año 2007.
Mi pregunta es si de los datos que pueda tener ahora mismo el presidente del Tribunal de Cuentas, de los informes que se están viendo en los órganos de control externo de otras comunidades autónomas -que son los que al final tienen la base
sobre la que se elabora este- hay datos que permitan ver que está cambiando la situación. O si, más allá de las modificaciones legislativas y del estricto control de los objetivos de déficit que en este momento se imponen por parte del Gobierno a
nivel nacional, hay algo que permita ver que efectivamente esto sirve realmente para algo. Si sirve para que las comunidades autónomas, que son el Estado igual que el Estado central, dejen exclusivamente de mantener debates sobre determinadas
competencias, o tamaños, o mayores o menores cuestiones de legitimidad a la hora de ser más o menos soberanos y se centren en la gestión de los fondos públicos y de la prestación de esos servicios públicos que creemos que es lo más importante. Ahí
también le pediríamos una orientación al presidente sobre qué instrumentos podríamos articular, más allá del cambio legislativo que proceda o de la exigencia que podamos desde aquí plantear en las propuestas de resolución, para que se haga una
contabilidad analítica y se hagan esas memorias de prestación de servicios públicos, que cumplan esos objetivos y que permitan mejorar la gestión y desde luego la eficiencia de los fondos.
Por nuestra parte, reiterar la felicitación al tribunal por el trabajo ímprobo. Yo comprendo que es muy difícil, precisamente por la heterogeneidad de los datos -todos los informes de los órganos de control externo más los que tiene el
tribunal-, articular este informe, que da una visión global muy importante y, al igual que hemos hecho en los informes anteriores, nuestras propuestas van a ir dirigidas a mejorar esa situación. Mucho nos tememos que van a ser reiterativas respecto
de las del informe 2006-2007, pero incidiendo más en esos aspectos de mejora de la gestión y de cumplimiento de los objetivos, que no deben ser otros que la mejor prestación de los servicios públicos y la optimización del gasto público, evitando los
debates políticos estériles. Espero que entre todos seamos capaces de, reconociendo la situación de gravedad del enfermo en estos momentos, discutir menos sobre cuál debe ser el tratamiento y aplicarlo mejor.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las intervención de los grupos tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Con carácter general querría decir que este es un informe de difícil confección en la medida en que recoge los informes anuales elaborados por los diferentes órganos
de control externo y los propios que elabora el tribunal respecto de aquellas comunidades que carecen de órgano de control externo. Por lo tanto, el plazo de elaboración del informe siempre tiene que esperar a la presentación de los diferentes
informes por estos órganos de control externo y corre a partir de ese momento un tiempo que efectivamente provoca que en ocasiones, como en esta, el retraso sea evidente en relación con el periodo que se está analizando. En todo caso, quiero decir
que el tribunal tiene dentro de sus prioridades la recuperación de los retrasos en materias que fueron detectadas desde el primer momento. Una de ellas es el retraso en el ámbito de partidos políticos, como veremos en el siguiente punto del orden
del día, y la otra era el retraso en el ámbito del sector público autonómico, aunque estamos poniendo todos los medios para intentar solventarlo cuanto antes. A este respecto quiero decir que en el periodo del nuevo pleno, que es un periodo que
lleva un año y dos meses, se han aprobado catorce informes de comunidades autónomas, haciendo un esfuerzo extraordinario para adelantar lo que ya era un retraso importante heredado de los años anteriores.
También con carácter general, los diferentes portavoces que han intervenido plantean problemas formales respecto del contenido de este informe, formales en el sentido de solicitar qué medidas podrían incrementar la eficacia de este informe
global. El informe da datos importantes sobre la evolución de déficit público y endeudamiento; yo creo que pretende mostrar también una evolución, aunque sea muy a vista de pájaro, de la gestión sanitaria y de las universidades; da también una
idea de cómo se están gestionando los entes públicos que dependen de cada comunidad autónoma, donde lo más llamativo precisamente es la deficiencia en la rendición de cuentas.
Ustedes preguntan cómo podría mejorarse esta falta de rendición de cuentas. Lo primero que habría que decir es que los datos de rendición de cuentas del sector público autonómico son datos que, una vez producido el informe por el órgano de
control externo, se carece de medios para poder actualizarlo. Es decir, todos estos incumplimientos se refieren a la fecha de los trabajos de fiscalización en que fue cerrado el estudio por el correspondiente órgano de control externo. Esto podría
mejorarse porque tan importante es ver cuál es el nivel de incumplimiento en el momento de cierre de los trabajos de cada órgano de control externo como su evolución posterior, como -creo que es transcendente- poder venir a decir que
todas esas cuentas que no fueron rendidas en plazo por lo menos han sido rendidas y han podido ser fiscalizadas. Este es el instrumento del que hoy se carece; hoy se carece de una base de todo el territorio nacional de la situación de
rendición de cuentas de las entidades públicas autonómicas, cuestión que podría resolverse efectivamente si existiera el acuerdo suficiente entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo para crear una especie de portal público de
rendición de cuentas que permitiera incorporar todas estas entidades públicas autonómicas que no han rendido las cuentas, identificarlas y, además, permitir actuaciones posteriores de seguimiento de esa situación.
También hay una segunda cuestión en relación con la no rendición de cuentas de entidades públicas autonómicas. Hay muchas entidades que se crean, dejan de tener una actividad y no se disuelven y son entidades que no rinden cuentas. Yo creo
que es muy necesario que todas aquellas entidades públicas de carácter autonómico que no están prestando un servicio, que están inactivas, que no tienen ninguna utilidad sus administraciones generales procedan a su disolución y liquidación, y la
eliminación de esa situación que se mantiene en los inventarios de este tipo de entidades. Con todo, lo cierto es que durante el periodo que hemos analizado las entidades públicas autonómicas han seguido creciendo y además en un porcentaje
importante: en 2008 respecto a 2007 se incrementaron en 220 entidades y en 2009 respecto de 2008, en 124 entidades. Y es cierto y evidente que en muchas ocasiones los objetos sociales -y así lo dice el informe- no difieren de aquellos objetos
sociales de entidades que ya están creadas. La creación de nuevas entidades que lo único que hacen es duplicar una gestión de servicios que ya está de alguna manera creada no tiene sentido y así lo manifiesta el tribunal y critica la creación de
estas entidades por no necesarias.
Me plantean medidas para promover la rendición de cuentas; qué ha hecho el tribunal y qué podría hacer para promover la rendición de cuentas. Tienen que tener en cuenta que, respecto de la rendición de cuentas, no existe un procedimiento
sancionador por no rendir cuentas, es decir, no hay una sanción al responsable de rendir que no lo hace. Únicamente existe un procedimiento coercitivo en manos del tribunal para promover la rendición que se encuentra desfasado en los importes. Lo
saben ustedes porque yo creo que lo he repetido en esta Comisión en múltiples ocasiones. Es un procedimiento coercitivo que permite al tribunal, de acuerdo con la gradación de los incumplimientos, imponer multas que van de los 60 euros a los 900
euros. Ustedes saben que se encuentra pendiente de tramitación una moción presentada por el tribunal en esta Comisión Mixta sobre el deber de colaboración, en la que uno de los puntos más importantes que proponemos es el incremento de esas cifras
de manera importante para que efectivamente el carácter coercitivo de las multas que puede imponer el tribunal a los responsables -y, en este caso estoy hablando de responsables personales de la no rendición de cuentas- sea lo suficientemente
significativo como para tener efectos plenamente disuasorios. Como medidas también para promover la rendición he comentado la mejora del régimen de multas coercitivas y las medidas a tomar por los órganos de control externo. Tenemos que pensar que
la mayor parte de la labor de fiscalización en relación con este informe la llevan a cabo los órganos de control externo de las comunidades autónomas y, en este sentido, debe existir la posibilidad de que mediante colaboración entre Tribunal de
Cuentas y los órganos de control externo se apliquen las multas coercitivas que en la actualidad existen para estas situaciones.
Me pregunta la señora Ruiz si, por los datos que se tienen de los ejercicios 2010 y 2011, podemos estar hablando de una situación diferente. El tribunal no tiene datos pero, por los avances de trabajo realizados por los órganos de control
externo, la situación, como parece por otra parte obvio, desde el punto de vista del déficit y de endeudamiento empeora y no mejora, ni mucho menos, la rendición de cuentas ni la disminución de entidades públicas en este periodo. En relación con la
aplicación de nuevas medidas que se están planteando en la actualidad, no tenemos datos para poderles presentar en este momento en relación con la rendición de cuentas del sector público autonómico.
Ha habido preguntas concretas en relación, por ejemplo, con el gasto sanitario. Me preguntaba el señor Bruguera el porqué del incremento tan importante del gasto sanitario en Murcia. También existe una pregunta en relación con Murcia sobre
la no existencia de obligaciones pendientes. Ambas razones puede que estén muy vinculadas con el hecho de que en la Comunidad Autónoma de Murcia el servicio de salud se presta por una entidad empresarial, con lo cual es un modelo de gestión
diferente que en el resto de comunidades autónomas y eso es lo que lleva a que no se detecten gastos no contabilizados. No significa que no puedan existir gastos pendientes; de hecho, en la Administración de Murcia existen pendientes de reconocer,
por aportaciones al Servicio Murciano de Salud para compensar pérdidas, gastos que suponen 151,9 millones de euros en 2008 y 335,5 millones de euros en 2009. En este sentido, no estarán contabilizados en el Servicio Murciano de Salud pero sí se
encuentran en la contabilidad de la Administración.
Me pregunta el señor Sixto, de La Izquierda Plural, determinadas cuestiones relativas a responsabilidades tanto contables como penales. En concreto me pregunta sobre pagos indebidos en relación con la Comunidad Autónoma de Valencia. Le
puedo informar de que las peticiones que ha formulado el fiscal están referidas a deficiencias en la justificación de pago de complementos transitorios y a pagos indebidos de retribuciones por exceso de masa salarial, falta de autorización de
cobertura de vacantes y contrataciones temporales. En relación con los avales de Andalucía, se refieren a la Agencia IDEA y se hace referencia a la cancelación de 11.000 millones de euros en relación con esta cuestión. Respecto a la falta de
justificación de subvenciones en Valencia, el informe, usted lo conoce, recoge la falta de publicidad en algún caso. No se comprueba estar al corriente, como usted ha dicho, en relación con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a la
Seguridad Social y en cuatro expedientes concretos se registra falta de justificación de las subvenciones.
El señor Bel me pregunta sobre la evolución de rendición de cuentas de ejercicios anteriores. Creo que ya lo he indicado; en todo caso, si ustedes quieren algún dato más preciso en relación con las preguntas concretas que me han formulado,
les rogaría que me las hicieran llegar por escrito y con posteridad a esta sesión les presentaría los datos que se pueden deducir del informe y de la información complementaria que contiene.
La señora Vázquez ha planteado si los mayores o menores gastos del sistema sanitario pueden deberse a deficiencias en la gestión o a un mejor servicio público en relación con estas materias. Desgraciadamente, los datos de que disponemos, en
la medida en que las memorias no recogen precisamente los informes complementarios sobre ejecuciones presupuestarias desde el punto de vista de cumplimiento de objetivos, no permiten hacer un análisis pleno que diferencie lo que sería una gestión
más eficiente del servicio público por comunidades. Sería un objetivo a alcanzar; evidentemente, tanto los informes previos elaborados por cada comunidad autónoma como la labor desarrollada por los OCE y el propio tribunal deberían ir en este
sentido. Bien es cierto que los mayores porcentajes de incremento del gasto deben llevar -y al tribunal le comprometen- a hacer un mayor esfuerzo de conocimiento de por qué el gasto sanitario en cuatro comunidades es superior a la media y las
razones que justifican la existencia de esos porcentajes más importantes. En el caso de los tres primeros es muy posible también que la existencia de un mayor gasto sanitario sea -porque es indudable que son comunidades que reciben la presión de
las comunidades del entorno- para poder atender a un gasto sanitario extraordinario.
Me preguntan diferentes cuestiones relacionadas con la responsabilidad contable o penal que se pueda derivar o que se ha derivado de este informe. Les puedo informar que en relación con el informe del sector público autonómico ejercicios
2008 y 2009 se plantean por parte del fiscal diferentes acciones relativas a las deficiencias en el procedimiento de adjudicación de contratos que pudieron permitir la elección del adjudicatario y, en relación con contratación del personal, con
infracciones de los principios de mérito y capacidad a las que he hecho referencia anteriormente y que son precisamente las de responsabilidades de la Comunidad Valenciana. También se hace referencia a supuestos de indicios de responsabilidad
contable en diversos hechos como la falta de justificación del coste de una prestación de servicios objeto de una encomienda de gestión en la Junta de Andalucía, deficiencias en la gestión de ingresos en la Junta de Andalucía y en la Junta de
Galicia, y falta de imposición de penalizaciones por incumplimiento de contratos.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere alguna aclaración sobre la segunda intervención del presidente? (Denegación).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS DONACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES VINCULADAS ORGÁNICAMENTE, EJERCICIO 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000126 y número de expediente
del Senado 771/000123).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º del orden del día: Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente durante el ejercicio 2008.
Antes de dar la palabra al presidente del Tribunal de Cuentas debo decirles que tanto en el punto anterior como en este esta presidencia ha sido y va a ser flexible a la hora de los tiempos, pero a partir del siguiente informe va a ser muy
rigurosa a la hora de los tiempos. Lo digo para aquellos que tengan que intervenir a partir del punto 3.º porque vamos a ser más que estrictos a la hora del cumplimiento de los
tiempos. Con esta pequeña aclaración para que sus señorías se puedan organizar, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas para informar sobre el referido punto del orden del día.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
El pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión celebrada el 27 de junio de 2013, ha aprobado el informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas
orgánicamente a los mismos en el ejercicio 2008. Antes de entrar en la exposición de su contenido, pongo en su conocimiento que actualmente se encuentra muy avanzada la tramitación de la fiscalización de la contabilidad ordinaria de las formaciones
políticas correspondiente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, con la pretensión de que el informe se apruebe en el mes de octubre y la fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos se sitúe en el próximo ejercicio dentro de los plazos
previstos en la normativa vigente. (El señor vicepresidente, Romero Santolaria, ocupa la Presidencia). En este sentido conviene resaltar una vez más que los recursos personales asignados a la unidad de partidos políticos se han reforzado
significativamente con el fin de acelerar los trabajos de fiscalización.
Al igual que en los informes anteriores, la presente fiscalización se ha extendido a todas las formaciones políticas con representación en las Cortes Generales y en las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas, analizándose la
representatividad de los estados contables presentados al tribunal así como el cumplimiento de la legalidad, especialmente en lo referente a los recursos públicos y privados percibidos. Además se ha verificado la regularidad de las donaciones
recibidas por las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas fiscalizadas.
Durante el ejercicio 2008, la actividad económico-financiera de los partidos políticos se vio afectada por la celebración de las elecciones a las Cortes Generales y al Parlamento de Andalucía, celebradas ambas el 9 de marzo. En el apartado
correspondiente a cada una de las formaciones se especifica la forma en que la contabilidad electoral se integró en la contabilidad anual ordinaria y, en su caso, las deficiencias detectadas. Por lo que se refiere a la rendición de cuentas, las
veintidós formaciones políticas que percibieron subvenciones anuales para gastos de funcionamiento ordinario presentaron en plazo la documentación contable referida al ejercicio 2008. En el caso de la formación Izquierda Unida, por una parte,
algunas de sus federaciones remitieron las cuentas de forma independiente, fuera del plazo legal; y por otra parte, las cuentas que ha presentado dicha formación no incluyen la contabilidad de las federaciones de Cantabria, Castilla y León, Galicia
y La Rioja, contraviniendo lo dispuesto en la ley.
Como se ha indicado, el pleno del tribunal acordó extender la fiscalización a los partidos políticos con representación en las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas, ampliándose la fiscalización a un total de diez formaciones
políticas más. Respecto a estas últimas, todas ellas presentaron sus cuentas, si bien Unión del Pueblo Leonés las remitió con un importante retraso, reformulando unas nuevas cuentas en el trámite de alegaciones; mientras que Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, las presentó en la fase de alegaciones pese a los reiterados requerimientos efectuados a ambas formaciones.
En cuanto a las cuentas consolidadas de las federaciones, Coalición Canaria no presentó los estados consolidados de los partidos que integran la federación; así como tampoco Izquierda Unida presentó los estados consolidados entre las
diferentes federaciones y la ejecutiva federal. Por lo que se refiere a la representatividad de las cuentas anuales, existe una importante limitación en el caso de Izquierda Unida al no haberse recibido la respectiva contabilidad de parte de sus
organizaciones territoriales federadas, como ya se ha indicado, lo que ha impedido valorar adecuadamente el efecto sobre sus cuentas anuales. Y en relación con Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía e Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, no han
presentado documentación justificativa alguna a pesar de haber sido requerida la misma. Tampoco se ha podido emitir opinión por diversos incumplimientos respecto de las cuentas de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Unión del Pueblo Leonés,
Convergencia de Demócratas de Navarra y Unió Mallorquina.
En el informe se concluye que para la gran mayoría de las formaciones políticas las cuentas anuales rendidas no incluían la información económico-financiera relativa a la organización local. Asimismo se destaca la existencia de otras
limitaciones en relación con ciertas formaciones políticas por la falta de documentación justificativa, la inexistencia de registros contables auxiliares o la falta de rendición de la contabilidad de determinadas organizaciones. En particular, no
han presentado la memoria, que forma parte de las cuentas anuales, un total de seis formaciones, varias de ellas integradas en Izquierda Unida.
Entrando en el contenido de la memoria, por lo que se refiere a la preceptiva identificación de los donantes, de las catorce formaciones que habían percibido donativos en 2008, nueve incumplieron dicha
exigencia: Convergència Democrática de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida, Partido Comunista de España, Partido Popular, Convergencia de Demócratas de Navarra, Partido Aragonés, Partido Regionalista de Cantabria y
PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca. Y en cuanto al requisito de especificar pormenorizadamente en la memoria los créditos o préstamos, once de las veintidós formaciones con deuda al final del ejercicio lo habían incumplido. En todo caso cabe
destacar que ninguna de las formaciones políticas fiscalizadas remitió al Tribunal de Cuentas el informe resultante de la revisión del sistema de control interno que deberían tener establecido para garantizar la adecuada intervención y
contabilización de su actividad económica.
Del análisis de las cuentas rendidas al Tribunal, se observa que quince formaciones políticas presentaban patrimonio neto negativo al cierre del ejercicio 2008, superando seis de ellas el importe de dos millones de euros, signo evidente de
que no adecuaban sus gastos a los ingresos previstos. Como en ejercicios precedentes, se solicitó al Ministerio del Interior, a los Gobiernos autonómicos, a las Cortes Generales, a las Asambleas legislativas y a las entidades locales de más de
20.000 habitantes información sobre las subvenciones concedidas a las formaciones políticas durante el ejercicio. La financiación pública otorgada en 2008 ascendió a 299,5 millones de euros frente a un importe total que figuraba en las cuentas
presentadas de 236 millones de euros, correspondiendo la diferencia fundamentalmente a las subvenciones de los grupos municipales cuya contabilidad no estaba incluida en las cuentas anuales de los partidos. Las subvenciones públicas percibidas por
los grupos institucionales vinculados a los partidos políticos, según la información recibida, ascendió a un total de 145 millones de euros, de los que 16 millones de euros correspondían a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, 69
millones de euros a los grupos de las Asambleas legislativas autonómicas y 60,5 millones de euros a los grupos políticos de las entidades locales, resaltándose en el informe la heterogeneidad de los criterios seguidos en su concesión.
Dentro de la financiación pública para el funcionamiento ordinario, que ascendió al menos a 237 millones de euros, se incluían las asignaciones para gastos de seguridad otorgadas por el Estado y el Gobierno vasco por 4,7 millones de euros,
cuya regulación no concretaba la naturaleza de los gastos subvencionables ni el plazo y forma de justificación de la subvención. La regulación de estas ayudas se completó posteriormente por el Real Decreto de 1306/2011, de 26 de septiembre. En el
ejercicio fiscalizado tuvo lugar la finalización de la legislatura anterior, habiéndose procedido a verificar la aplicación definitiva de las subvenciones para dichos gastos de seguridad percibidas por las formaciones políticas, resultando unos
remanentes pendientes de aplicación en tres formaciones que deben ser objeto de reintegro. Las formaciones son: Coalición Canaria por 84.405,67 euros; Chunta Aragonesista por 46.465,59 euros, y Nafarroa Bai por 23.996, 93 euros.
Las subvenciones electorales percibidas por las formaciones políticas ascendieron a un total de 62 millones de euros, correspondientes a procesos electorales celebrados en 2008 y en ejercicios anteriores.
En relación con los recursos privados contabilizados, la cuantía más importante correspondía a las cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes por un total de 45 millones de euros. A este respecto la mayoría de las
formaciones aún no habían ajustado totalmente sus procedimientos a lo dispuesto en la nueva legislación aprobada en 2007 en lo relativo al abono de estos recursos en cuentas abiertas en entidades de crédito exclusivamente para dicho fin, bien porque
no disponían de cuentas específicas o bien porque en ellas figuraban otros ingresos. Otro recurso privado relevante estaba constituido por las donaciones privadas no finalistas, que según los registros contables ascendieron a un total de 6,4
millones de euros, observándose la existencia de donaciones no identificadas por un total de 293.451 euros, que correspondían a tres formaciones: Partido Aragonés por 212.920 euros; Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía por 52.055 euros, y
Unión Progreso y Democracia por 28.476 euros. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Por lo que respecta a la deuda contabilizada a finales del ejercicio 2008 correspondiente a las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, la misma alcanzaba los 222 millones de euros, y la de los partidos con
representación en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas sumaba 1,8 millones. La deuda vencida total sumaba 11,9 millones de euros, correspondiendo 9,2 millones a Izquierda Unida, 1,9 millones a Unió Democràtica de Catalunya y 0,8
a Eusko Alkartasuna. En la fiscalización se constató la conformidad de los saldos contables con la información obtenida a través de la pertinente circularización. Por otra parte, las formaciones políticas Eusko Alkartasuna y Partido Nacionalista
Vasco mantenían participaciones accionariales en sociedades mercantiles cuya actividad principal consistía en la tenencia y administración de bienes inmuebles vinculados al desarrollo de actividades propias del partido y a la explotación del
servicio de hostelería. Dado que se prohíbe
expresamente a los partidos políticos la realización de actividades de carácter mercantil, dichas formaciones deberían revisar las participaciones existentes en sociedades, circunscribiéndose a aquellas que presten servicios sin ánimo de
lucro a los afiliados, adheridos y simpatizantes.
Fundaciones vinculadas orgánicamente. Por lo que hace referencia a las donaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente a partidos políticos con representación en las Cortes Generales, la disposición
adicional séptima de la Ley orgánica 8/2007 establece que las donaciones que reciban estarán sometidas a los mecanismos de fiscalización y control previstos en la citada ley orgánica, así como a su régimen sancionador. A falta de una regulación
legal expresa, el Tribunal de Cuentas ha adoptado como criterio que se presume la existencia de vinculación orgánica de las fundaciones y asociaciones a los partidos políticos cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: por
aportación mayoritaria del partido en la constitución de la fundación; cuando el patrimonio fundacional se forme con carácter permanente en más del 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por el partido; o cuando el partido esté ante el
control del patronato en términos similares a los que se regulan para las sociedades mercantiles. Dado que no existe un registro específico que permita la identificación de estas fundaciones, se solicitó a los partidos la comunicación de sus
entidades vinculadas, extendiéndose la fiscalización a aquellas fundaciones para las que se constató que habían sido beneficiarias de ayudas públicas. El número total de fundaciones identificadas ascendió a 36. No obstante, las donaciones
recibidas por las fundaciones Fòrum Barcelona y Sabino Arana en el ejercicio 2008 serán objeto de fiscalización en el informe del ejercicio siguiente. A este respecto, las formaciones políticas Convergència i Unió y Nafarroa Bai comunicaron no
tener vinculación con fundaciones y asociaciones en las que concurran los criterios señalados para su vinculación. Una fundación, la Fundació Societat i Progrès, de la Comunidad Valenciana, no facilitó documentación alguna en el curso de la
fiscalización a pesar de los reiterados requerimientos efectuados por el tribunal, si bien la misma fue aportada en el trámite de alegaciones. Otras tres fundaciones, las fundaciones Canarias 7 islas, Horacio Fernández Inguanzo y Zabaldiak no
presentaron las cuentas anuales por falta de actividad en 2008.
Las donaciones que fueron comunicadas por las fundaciones ascendieron a un total de 9,1 millones de euros, incumpliéndose en ciertos casos la normativa aplicable: donaciones que no se ingresaron en cuentas bancarias específicas, otras que
no incluían la identificación fiscal del donante, donaciones procedentes de personas jurídicas sin disponerse del acuerdo del órgano social y dos ayudas procedentes de la formalización de sendos convenios de colaboración que se estima que, dada la
falta de equivalencia entre las prestaciones pactadas en dichos convenios, tienen el carácter de donaciones, excediendo su importe el límite establecido para las mismas.
Por último, recomendaciones formuladas por el informe en relación con la fiscalización de los estados contables de los partidos políticos. Se recomienda, en primer lugar, ampliar el alcance subjetivo de las cuentas anuales consolidadas
rendidas a fin de que reflejen la imagen fiel de la realidad económica y financiera del partido político; acometer la regulación de las funciones y obligaciones del responsable de la gestión económico-financiera del partido político; reforzar los
controles internos implantados estableciendo un registro de proveedores, con la obligación de que aquellos que superen determinados importes en la facturación informen de esta circunstancia al Tribunal de Cuentas; modificar la regulación del deber
de colaboración con el tribunal de la Agencia Estatal de la Administración tributaria y de los organismos de la Seguridad Social; establecer la obligación de que las entidades de crédito informen anualmente al tribunal sobre las donaciones
ingresadas en cuentas bancarias y ampliar las competencias fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas a fin de evaluar la adecuación de la gestión de la actividad económico-financiera de los partidos a los principios de economía y eficiencia.
Con respecto a las recomendaciones relativas al ámbito de las fundaciones, el informe señala que deberían precisarse en la ley los requisitos para establecer la vinculación orgánica de fundaciones y asociaciones con los partidos políticos,
así como mencionar las obligaciones contables a las que deben de someterse estas entidades. Debería evaluarse la conveniencia de extender los mecanismos de fiscalización a las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos con
representación en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y el sometimiento de las cuentas anuales de dichas entidades a los procedimientos de fiscalización. Debería extenderse a las fundaciones la limitación respecto a las
donaciones efectuadas por las empresas privadas que presten servicios o realicen obras para la Administración. Sería conveniente restablecer el límite relativo a la cuantía máxima de las donaciones a percibir por las fundaciones que ha sido
suprimido por la Ley orgánica 5/2012; y, en el caso de ayudas instrumentadas mediante convenios de colaboración, el documento de formalización debería
contener de forma explícita las actuaciones a desarrollar cuantificadas económicamente, así como establecerse un procedimiento para la verificación de las mismas.
El señor PRESIDENTE: En el turno de los grupos parlamentarios tiene la palabra la señora Lozano, por Unión Progreso y Democracia.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias por su comparecencia, señor presidente, y por la información que nos ha facilitado. Quiero empezar poniendo énfasis en el hecho de que el Tribunal de Cuentas está integrado por miembros que son designados
por los grupos parlamentarios de los respectivos partidos en las Cámaras, seis en el Congreso y seis en el Senado, y que Unión Progreso y Democracia no ha designado a ninguno de estos miembros. Por lo tanto, si bien no podemos asegurar que tengamos
enemigos dentro del Tribunal de Cuentas, de lo que sí tenemos certeza es de que no tenemos amigos, como otros. (Rumores). Con esto quiero decir que no esperamos un especial cariño por parte del Tribunal de Cuentas cuando se trata de analizar las
cuentas de UPyD, un cariño que sí se percibe en el informe relativo a otros partidos. En ese sentido nos llama poderosamente la atención una coincidencia: la relación inversa que se da entre el reparto de los miembros que integran el Tribunal de
Cuentas, el reparto por partidos, y la cantidad de veces que se les menciona en las conclusiones, independientemente de las magnitudes a que se refieran esas menciones. Nos llama la atención el cariño con el que se trata, por ejemplo, al Partido
Popular en las conclusiones, a pesar de que en el informe específico sobre ese partido se habla de que FAES recibió una donación de 1,6 millones de euros. La pregunta que le hago, la primera que le formulo, señor presidente, es si diría usted que
el Tribunal de Cuentas se está prestando al juego de lavarle la cara al bipartidismo.
En cuanto a lo que concierne estrictamente a Unión Progreso y Democracia, quiero detenerme sobre todo en un aspecto que recoge el informe -creo que es digno de destacar, aunque no se haya hecho y más bien se haya manipulado en sentido
contrario, y cito expresamente-, y es que la mayoría de los donativos figuran identificados conforme a lo previsto en la ley. También se recoge a continuación la existencia de 28.000 euros que han dado mucho que hablar, sobre todo a ciertos
dirigentes del Partido Popular, 28.000 euros procedentes de donantes no identificados. A este respecto, en la siguiente frase -se trata de un punto y seguido- especifica el propio Tribunal de Cuentas que la formación política -es decir, UPyD- había
expresado que iba a mantener estos 28.000 euros indisponibles en una cuenta abierta en una entidad de crédito ya que era manifiesta la incapacidad de esta formación política de identificarlos. Es decir, para que lo entienda el común de los
mortales: nos hallamos ante gente que tiene la gentileza de hacer un donativo a UPyD en un banco, llega al banco y dona 20, 30, 500 euros y no se identifica -la entidad bancaria en este caso era el BBVA-, a pesar de que dos leyes le obligan a
hacerlo, la Ley de Financiación de Partidos en su artículo 8.2 y la Loreg, que obliga al empleado del banco no solo a consignar el DNI sino a pedirle al donante que se identifique. Pues bien, por desgracia, hasta ahora, no ha sido posible que las
entidades bancarias cumplan la ley escrupulosamente en este punto. Por tanto, tal y como señala el Tribunal de Cuentas, al no poder hacer esta formación política otra cosa, las instrucciones que UPyD ha dado a las entidades bancarias es que no
acepten ninguna otra donación -y cito literalmente ahora el informe del tribunal- en la que el aportante no se encuentre debidamente identificado conforme a la legislación vigente. ¿Por qué me detengo en analizar este párrafo? Porque, dada la
angustia de ciertos dirigentes del Partido Popular por sus propios problemas con la justicia, por lo que supone tener a un extesorero en la cárcel y por las sospechas que recaen sobre la financiación ilegal de este partido, en los últimos tiempos
algunos dirigentes se han dedicado a difamar y calumniar a mi formación política asegurando que el informe del Tribunal de Cuentas hablaba de financiación ilegal de Unión, Progreso y Democracia. Lo que acabo de explicar es lo que estrictamente
recoge el Tribunal de Cuentas respecto a la financiación de UPyD. Por estas calumnias reiteradas, en concreto de los señores Rafael Hernando y Rafael Merino, este grupo parlamentario ha puesto una denuncia, que ha sido admitida a trámite en los
tribunales y que se sustanciará próximamente, en defensa de nuestro derecho al honor.
También me quiero detener en la recomendación número 8, que hace referencia precisamente a los casos en los que, por causas involuntarias al partido, a este le sea imposible proceder a la identificación del donante. El Tribunal de Cuentas
recomienda regular un procedimiento, incluso sugiere que se haga de forma análoga a lo ya recogido en la Ley orgánica 6/2002, y propone el traspaso al Tesoro de esas cantidades inmovilizadas e indisponibles para dedicarlas a actividades de interés
social o humanitario. Queremos manifestar nuestro pleno acuerdo con esta recomendación del Tribunal de Cuentas y nuestra
voluntad de que el grupo mayoritario ponga en marcha algún tipo de regulación para que esto pueda ser así y este tipo de problemas con los donantes no identificados no se vuelvan a repetir.
Por último, quiero detenerme en la primera recomendación que hace el informe del Tribunal de Cuentas, que también afecta a todos los partidos políticos. Quiero señalar que este informe destaca que UPyD es de las muy escasas formaciones que
incluye las cuentas de sus consejos locales y grupos municipales. Sin embargo, el tribunal recomienda habitualmente consolidar estas cuentas y nos encontramos con un conflicto legal, porque con respecto a las cuentas de los grupos municipales lo
que estipula la Ley de Bases de Régimen Local es que ese dinero se disponga en cuentas corrientes específicas que abre el ayuntamiento y se rinden cuentas de ese dinero ante el Pleno municipal. El problema es que si la organización central del
partido no puede controlar ese dinero, es muy difícil exigirle que lo consolide en sus cuentas anuales para tener ese retrato completo que el tribunal señala que sería lo más conveniente. Creemos que la facultad de controlar las cuentas y de
consolidarlas debe ir junta. Nosotros somos partidarios de que se produzca esa consolidación, pero cambiando previamente la Ley de Bases de Régimen Local para que también esas cuentas puedan ser controladas. Si no se controlan por parte del
partido sino que se controlan a nivel municipal por cada grupo distinto, es muy difícil asumir esa petición de consolidación. A pesar de ello, UPyD, aunque no las consolida, sí lo incluye como anexo para que el Tribunal de Cuentas disponga de esa
información. Como digo, somos partidarios de que se produzca esa consolidación previo control y nos gustaría también que los demás partidos políticos fueran partidarios de ello y que pudiera producirse una regulación en este sentido.
El señor PRESIDENTE: El señor Bruguera tiene la palabra, por el Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya.
El señor BRUGUERA BATALLA: Intervengo brevemente, porque este senador no va a contribuir a un debate sobre el y tú más. Quiero intentar hacer una intervención en positivo, a pesar de que lo podría hacer pues que -y le pido al señor
presidente del Tribunal de Cuentas que, si no es así, me corrija- las dos formaciones políticas que represento, tanto el Partit dels Socialistes de Catalunya como Iniciativa per Catalunya Verds, son dos de las formaciones que salen mejor paradas de
este informe. En el caso que comentaba la anterior portavoz de la actividad económico-financiera de las agrupaciones locales y de los grupos municipales, el tribunal apunta a cuatro formaciones políticas que cumplen, dos de las cuales son las que
represento. Por tanto, aunque podría hacer ese tipo de intervención, no la haré porque precisamente el tema de la financiación y de las donaciones a los partidos políticos, en definitiva, la necesidad de transparencia, no es únicamente una
exigencia social creciente, que está en los medios de comunicación porque a la sociedad le preocupa, sino que también los propios partidos políticos tenemos la obligación de avanzar en ello. Se han cambiado normas y leyes para, se supone, una mayor
exigencia. Tal vez el año 2008 es un año de transición por los cambios producidos justo antes, a lo largo de 2007, y se han producido disfunciones en ese sentido, en concreto en el año 2008. Al contrario de lo que he comentado en el punto
anterior, estamos hablando de una foto global pero que también incluye la información partido a partido. Quisiera preguntarle, señor presidente, si aparte de remitir este informe a esta Comisión el propio tribunal remite motu propio la información
de cada una de las formaciones a sus respectivas formaciones. En todo caso, en la próxima reunión de esta Comisión tal vez deberíamos adoptar alguna resolución con respecto a esta cuestión, que pediría que fuese unánime.
Ha comentado, señor presidente, que en estos momentos tienen muy avanzado ya el informe de fiscalización de los años posteriores, 2009, 2010 y 2011, y que próximamente tendremos estos informes en esta Comisión mixta. Al hilo de esto,
quisiera preguntarle, en primer lugar, qué valoración hace del informe de fiscalización de los partidos políticos del año 2008 con respecto a ejercicios anteriores. En segundo lugar, y sobre la información, aunque probablemente no total, de la que
dispone en estos momentos de los ejercicios posteriores, si nota que, en general, hay mejoras en el cumplimiento de las normativas y de la exigencia de rendir cuentas por parte de los partidos políticos. Me gustaría saberlo por muchísimas razones,
entre otras, porque evidentemente mueven subvenciones y dinero público.
Por último, señor presidente, quisiera señalar dos cuestiones con respecto a las recomendaciones segunda y tercera. Ustedes hablan de acometer la regulación de las funciones del responsable de la gestión económico-financiera. En principio,
tengo dudas de que esto resuelva el problema porque cada partido político tiene sus estatutos y en los estatutos viene perfectamente reflejado quiénes son los responsables de las finanzas de cada uno de los partidos políticos. En todo caso, como se
habla en el informe de acometer la regulación de las funciones, quisiera que profundizara un poco en ello. En cuanto
a la tercera recomendación, quisiera pedirle una aclaración, porque no acabo de entender lo que quiere decir esta recomendación de revisar la actual regulación del límite máximo anual de las donaciones privadas, de manera que, en el caso de
las donaciones de personas jurídicas, se tenga en consideración al grupo de empresas participadas o controladas por esta. Este portavoz no acaba de entender, no sé si lo interpreto correctamente, lo que se quiere decir con esta. Por eso, quisiera
pedirle que profundizara también en esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Estamos ante un informe antiguo, han pasados unos años desde 2008. En aquella época o en ese año este tema no estaba en el objetivo de los medios de comunicación y de la opinión pública, como se encuentra en estos
momentos por otros acontecimientos, y desde mi grupo político nos alegramos de que ahora esté más en el punto de mira de los medios de comunicación y de la opinión pública, porque la financiación de los partidos tiene que ser lo más transparente
posible.
Con respecto a las recomendaciones que hace el tribunal, estamos completamente de acuerdo con todas ellas, incluso en alguna más, y en las resoluciones que presentaremos en su momento así lo trasladaremos. Me gustaría hacer alguna reflexión
concreta en nombre de mi grupo. En este tema siempre jugamos todos un poco a juez y parte, porque se habla de la financiación de los partidos políticos y aquí todos somos representantes de unas u otras fuerzas políticas, fuerzas políticas que han
tenido mejor o peor procedimiento a la hora de traer aquí las cuentas. El presidente ha mencionado varias veces en su intervención a Izquierda Unida y los problemas que hemos tenido a la hora de presentar determinadas contabilidades en determinadas
federaciones, eso es innegable. En ese sentido, este era un asunto que hace un tiempo preocupaba bastante poco y ahora preocupa bastante más y, desde la óptica de este modesto diputado que representa a toda Izquierda Unida, para la inmensa mayoría
de los militantes de cualquier partido político es fundamental que el partido político por el que vota o por el que siente simpatía cumpla con los procedimientos legales de rendición de cuentas. Por tanto, es fundamental que se asuman las
responsabilidades que se tengan que asumir por quien se tengan que asumir dentro de cada partido político y que se hagan las enmiendas y nuevos procedimientos correctos y adecuados a la ley que se tengan que hacer; propósito de enmienda,
reconocimiento de los errores y nueva puesta en marcha.
Ha aludido en su intervención a alguna cuestión con respecto a Izquierda Unida y las donaciones, que parece ser una de las cuestiones más controvertidas. La portavoz de UPyD ha hablado también de las donaciones como uno de los principales
problemas que nos encontramos cualquier partido político; no así, por ejemplo, el Partido Popular, que tiene justificado hasta el último céntimo de donaciones, pero cualquier partido político que tenga cuentas abiertas en bancos sabe que acaba
recibiendo donaciones y que el cajero que las recibe en el banco en ese momento no identifica a la persona. Eso le pasa a cualquier partido político que tenga abiertas cuentas, excepto al Partido Popular. Son cuestiones que hay que mejorar con la
ayuda de todos, incluso de los profesionales bancarios. En nuestro caso concreto se habla de 52.000 euros del año 2008 en Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía. Estos son los 52.000 euros que ingresan los cargos públicos, diputados,
concejales y alcaldes de Izquierda Unida en la organización. Es cierto que Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía ha tenido problemas durante unos cuantos años para presentar correctamente sus contabilidades. Afortunadamente en los últimos
ejercicios las está presentando y mejorando, y esperamos que pueda hacerlo con total normalidad. También se habla de la deuda de Izquierda Unida, de más de 9 millones de euros de deuda. La verdad es que tenemos una deuda arrastrada desde hace
bastantes años debido a malos resultados históricos electorales, pero si algo me congratula poder decirle sobre todo a nuestros votantes y a nuestros simpatizantes es que Izquierda Unida está solucionando todos los problemas que ha tenido a este
respecto en los últimos ejercicios. Estamos hablando del año 2008, que es lo que hoy se traslada aquí, pero en los últimos ejercicios hemos ido enjugando parte de nuestra deuda a raíz de procesos de consolidación y procesos de adecuación a los
ingresos que tenemos. Nuestro grupo hará algunas recomendaciones recogiendo las que ya traslada el tribunal y algunas más derivadas de la marcha cotidiana y de la contabilidad de los partidos políticos.
El señor PRESIDENTE: El Grupo de Convergència i Unió no va a intervenir. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Císcar.
El señor CÍSCAR CASABÁN: Quiero agradecer la presencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas, así como el informe que nos ha expuesto con amplitud y el informe que hemos podido leer con detenimiento y que el propio tribunal ha
elaborado.
En primer lugar -y es siempre recurrente-, quiero hablar de la demora en el tiempo en cuanto a que lo que hoy analizamos tiene que ver con el ejercicio 2008 y han transcurrido prácticamente cinco años desde el momento que esas cuentas se
cumplieron. También es cierto -sería injusto no reconocerlo- que en este último año el Tribunal de Cuentas ha realizado un esfuerzo considerable para ir poniendo al día todo lo que hasta este momento quedaba pendiente y lo que hoy es ya una
exigencia en la opinión pública de mayor prontitud, de mayor rapidez, de un análisis más próximo a los hechos que se contemplan. El propio presidente del Tribunal de Cuentas nos indica que este presente año vamos a recibir la información
correspondiente de los ejercicios que él ha mencionado y que prácticamente nos situaría en un tiempo lógico y normal en la fiscalización de las cuentas. A su vez es lógico y se desprende de esto que la Comisión mixta debe hacer un esfuerzo para ir
poniéndonos al día en el estudio y en la información que por parte del Tribunal de Cuentas nos llega.
Nos encontramos ante el informe de fiscalización de los Estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente en el ejercicio 2008. Corresponde, por tanto, analizar en estos
momentos si los partidos políticos en sus cuentas presentadas han actuado o no de acuerdo con la ley, ley que, por otro lado, después de veinte años cambió y que ya es de aplicación en el ejercicio que hoy consideramos, el del año 2008, en la
elaboración de las cuentas y en las donaciones percibidas por la fundaciones vinculadas a las fuerzas políticas. Por tanto, en este momento procede analizar si ha sido o no correcta la actuación y si se ha presentado en tiempo y en forma. También
debemos tener en cuenta las deficiencias y las distintas observaciones que el tribunal establece en este amplio informe. En primer lugar, la necesidad de correcta elaboración de las cuentas y de su presentación en tiempo y forma es una exigencia
legal y, por lo tanto, se trata del cumplimiento de la ley. Por otro lado, cuando este cumplimiento de la ley va referido a las propias formaciones políticas debe ser, si cabe, más exigente, porque es una ley aprobada por los propios representantes
de los ciudadanos propuestos por las formaciones políticas en esta misma casa y para el funcionamiento de sus propias fuerzas políticas. Así pues, por decirlo de alguna manera, se trata de una doble exigencia; exigencia de cumplimiento de la ley,
que existe siempre, y exigencia de una ley expresa dirigida a las fuerzas políticas que a través de sus representantes elaboran y aprueban en esta Cámara y que, por tanto, debe de aplicarse. Pero además en estos momentos se requiere por la
ciudadanía, por la mayoría de los representantes públicos, veracidad y transparencia. Veracidad en las cuentas públicas o, en este caso, en las cuentas de las fuerzas políticas significa que ni un solo euro que entre en una fuerza política, ya sea
como ingreso, ya sea como gasto, debe aparecer reflejado en sus cuentas y no debe haber al margen de esto ninguna otra actividad no reflejada en las cuentas que suponga posibilidades -lógicamente ilegales- de competir con los demás en unas
situaciones de ventaja. Por tanto, es necesario el cumplimiento de la ley, así como veracidad y transparencia. La veracidad y la transparencia se han convertido en una exigencia cada vez mayor, que tiene que ver con la credibilidad de las fuerzas
políticas y de sus representantes. Insisto en la convicción de que la mayor parte de quienes nos dedicamos a ello tenemos el deseo de que esto sea así y además la actitud ética en el funcionamiento de los partidos políticos de que no exista un solo
euro que entre en los presupuestos de los partidos, en la realidad de los partidos, que no aparezca debidamente consignado tanto en el ingreso como en el gasto. Esta exigencia ciudadana se plantea hoy por distintos motivos, lógicamente, pero sobre
todo porque estamos asistiendo a un momento en el que gran parte de la ciudadanía puede pensar que lo que aquí analizamos no es lo que se corresponde con la realidad que se ha practicado; que analizamos la presentación de unas cuentas en tiempo, en
forma y que pueden ser adecuadas, pero que al margen de eso hay algo que ha llevado a actividades ilícitas, ilegales y a actuaciones en los tribunales de justicia. Es lógico que las actuaciones en los tribunales de justicia sean quienes la
determinen y no sea el propio Tribunal de Cuentas el que las determine aquí, pero también es cierto que se nos plantea una mayor exigencia por parte de todos para que esa veracidad tenga una presencia clara y suponga una actuación transparente y no
escondida con ningún tipo de hipocresía.
El propio informe que el presidente del Tribunal de Cuentas nos ha rendido ha determinado algunas anomalías e incumplimientos. La corrección de esas anomalías e incumplimientos debe ser una tarea que en lo que afecte a cada cual se ha de
aplicar para que se produzca de esta forma. Han sido relacionadas algunas dificultades para la fiscalización de las donaciones en las fundaciones vinculadas por el presidente
del Tribunal de Cuentas. En 2007 se fiscalizaron aproximadamente veinte o veintidós fundaciones vinculadas y en 2008 han pasado a ser treinta y seis, si bien el propio informe insiste en algunas dificultades para la determinación de todas
las fundaciones vinculadas. Sería conveniente, en la medida en que se va avanzando y estableciendo requisitos claros, la existencia de un registro específico que determinara las fundaciones vinculadas a las fuerzas políticas para tener una mayor y
más clara determinación.
Existen también algunas deficiencias que marca el informe y que el presidente del Tribunal de Cuentas ha determinado, me refiero a las deficiencias en las cuentas procedentes de la Administración local. Ha sido tratado también por otros
intervinientes y si eso se produce es lógico pensar que es porque hay dificultades que en todo caso tienen previamente que resolverse desde el punto de vista legal, en su caso, para que todo este problema pueda ser debidamente subsanado. El
presidente también nos ha informado sobre las recomendaciones que como consecuencia de la fiscalización que aquí se ha presentado se realizan en este momento y que tienen que ver con diez recomendaciones relativas a las cuentas de partidos políticos
y cinco en las cuentas de las donaciones vinculadas. Debo decir por parte de mi grupo que aceptamos estas recomendaciones y entendemos la necesidad de que se vayan estableciendo los mecanismos para que se puedan llevar a la práctica y que
determinen un correcto funcionamiento en las cuentas de los partidos políticos.
También se ha hablado del responsable de la actividad económica y financiera que, como también se ha dicho aquí, los propios partidos definen a quién corresponden en sus estatutos y en sus decisiones, pero en cualquier caso la
responsabilidad que afecte a los mismos tendrá que ser determinada legalmente y en este momento parece que se está trabajando en este tema. Al igual que el asunto relativo al informe del sistema de revisión interna que se ha de poner en práctica o
la necesidad de presentación de la memoria que acompañe a estas cuentas y que a veces aún en este periodo inicial de aplicación de la nueva ley pueden existir algunas dificultades o la necesidad de aclaraciones para que se puedan subsanar y que por
tanto se actúe con la máxima corrección.
Junto con todo ello quisiera preguntar al señor presidente con relación al sistema sancionador que aquí se plantea en el funcionamiento de las formaciones políticas y de las fundaciones vinculadas, la omisión en la ley de la tipificación de
las infracciones susceptibles de sanción, así como la posible prescripción de infracciones y de sanciones. Sobre todo quisiera preguntar si se ha iniciado algún expediente sancionador por parte del Tribunal de Cuentas con relación a estas
vulneraciones que puedan existir y si el propio Tribunal de Cuentas encuentra la necesidad de mejorar determinados aspectos que permitan que el sistema sancionador pueda ser, en su caso y cuando sea necesario, aplicado.
En cuanto al registro de fundaciones vinculadas, que tal y como he dicho anteriormente desde el informe que se hizo en 2007 hasta ahora han pasado de aproximadamente veinte a treinta y seis, habría que ver si sería conveniente la existencia
de este registro donde estuvieran determinadas, una vez aclarados los requisitos, para que puedan ser establecidas como fundaciones vinculadas por parte del propio tribunal y de la normativa.
Quiero agradecer la información que nos ha ofrecido el señor presidente del Tribunal de Cuentas e indicar la voluntad de mi grupo parlamentario de cumplir las observaciones y recomendaciones formuladas por parte del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: En primer lugar, quiero reconocer y agradecerle el esfuerzo que está haciendo el tribunal desde que usted es presidente en intentar sacar el difícil trabajo adelante. Buena prueba de ello es algo que usted acaba de
manifestar, que en próximas fechas verá la fiscalización de los partidos políticos hasta el año 2011.
Este es un debate un poco distinto al que se produjo en el otro informe de partidos políticos. A mí me da la sensación de que hay dos debates: el de los hechos, el constatable, el que expone el informe, el que describe la realidad; y otro
mundo, el de las conjeturas e hipótesis, cosas que no se sabe que se dicen o no se quieren decir al final, supongo que por intentar arañar votos o intentar sembrar dudas. En cualquier caso, voy a hacer una intervención y voy a preguntar sobre el
informe, pero hoy aquí ha habido una intervención -es mi opinión- algo desafortunada. Yo le manifiesto que creemos en la imparcialidad del tribunal, pensamos que es un pilar fundamental de este Estado, pero ahora, antes y después.
Voy a hacerle algunas preguntas y precisiones aunque me extienda un poco, porque los ciudadanos no pueden empezar a tener dudas de todos. Determinadas afirmaciones como las que hoy hemos escuchado aquí, si van unidas a otras, a mí me
preocupan mucho. Este verano algún miembro de su
tribunal hablaba de que no se había detectado en veinte años no sé qué y se quejaba de la falta de medios. La Constitución española encomienda al Tribunal de Cuentas el control de la gestión económica del sector público. El Tribunal de
Cuentas desarrolla su función de acuerdo con el ordenamiento jurídico, de acuerdo con unas determinadas leyes; leyes que le imponen limitaciones en cuanto al derecho de intimidad de la persona, a la propia imagen, al secreto de comunicaciones, pero
como se las impone al tribunal, se las impone a la Hacienda, a órganos de control, a vigilancia de inspección, de finanzas, de seguros e incluso laborales. El Tribunal de Cuentas tiene facultades para exigir la remisión de la información económica
que le resulte necesaria, y yo creo que también tiene medios para recabar y conseguir la colaboración que precise de los órganos fiscalizados. Usted hablaba también de medidas coercitivas; ya sabemos que hay que cambiarlas, y creo que en eso
estamos.
Respecto a los partidos políticos, porque se han sembrado muchas dudas, da la sensación de que sea un búnker donde nadie quiere soltar la información, pero sé que cuando se recaba a sus directivos la colaboración necesaria y en la extensión
que el tribunal estime pertinente los partidos colaboran. Cuando usted presentó por primera vez su candidatura en el Congreso de los Diputados, recuerdo que usted manifestó en su currículum que había sido coponente en la ponencia de partidos
políticos, luego experiencia tiene. Le pregunto si, a lo largo de su ya dilatada carrera, se ha sancionado alguna vez a alguna persona, a algún partido político porque no ha querido colaborar, o se han incoado expedientes sancionadotes, o se han
impuesto medidas coercitivas. Entendiendo la dificultad que entraña la complejidad de la naturaleza de la función fiscalizadora, sobre todo en actividades privadas sujetas a presunción de ilegalidad, y compartiendo además la dificultad y limitación
que supone el empleo de técnicas de muestreo para verificar la realidad, hay algo, señor presidente, que yo creo que es así. Un partido político puede ser muy complicado de fiscalizar, pero no menos que cualquier órgano del Estado, no menos que la
Administración General del Estado, no menos que entidades perceptoras de ayudas y subvenciones o entidades privadas del sector público, que son de mayor volumen. Digo esto porque al final yo creo que el tribunal sirve para algo, y ahí están
informes en donde se emitían hasta lo que ustedes llaman opinión -en lenguaje coloquial podría llamarse mojarse-. Hubo informes como el de Seseña, como el de Marbella, como el de INTA, que pusieron en evidencia la capacidad del tribunal de
investigar cuando había dobles contabilidades, cuando no se colaboraba con el Tribunal de Cuentas; en definitiva, ahí afloraron graves cuestiones, insisto, por una labor importante desarrollada por el tribunal. Esto evidencia que el tribunal no
cuenta con limitaciones legales ni materiales de relieve para efectuar aquellas funciones que tiene asignadas. Además, siempre queda al final el órgano jurisdiccional en el que se dirimen las presuntas responsabilidades. Con esto quiero decirle
que, con independencia de que todo es mejorable y de que quizás hagan falta más recursos, evidentemente -yo no lo sé-, cuestionar y poner en tela de juicio la labor del tribunal me parece un total desacierto.
Dicho esto, entro ya en el informe, y empezaré por la no rendición de cuentas. A este respecto el señor Sixto hacía propósito de la enmienda. Está bien para un partido que en 2007 no presenta estados consolidados, incumpliendo el artículo
14, que al final de ese ejercicio ni Cantabria, ni Galicia, ni Castilla y León, ni La Rioja presenten las cuentas, ni que se rindan las actividades de los grupos parlamentarios. Me da la sensación de que en el año 2008 empeora la situación. En
Andalucía ha pasado algo que no me deja de sorprender, que no coincide el saldo final de 2007 con el inicial de 2008, incumpliendo el artículo 19 de la Ley de Partidos. Creo en el propósito de la enmienda del señor Sixto. Lo que ya no me cuadra
tanto es cuando veo al señor Lara o a algún otro compañero suyo en el hemiciclo dirigirse al señor Rajoy y decirle lo que le dicen. Hay doble discurso; es evidente que hay doble discurso a la hora de exigir transparencia, fundamentalmente,
insisto, porque creo que Izquierda Unida no está en condiciones de hablar de transparencia, sobre todo por lo que estamos viendo en los informes de 2007 y de 2008. A raíz de esto, le quiero preguntar si el tribunal ha aplicado alguna medida
coercitiva porque la persistencia contumaz en no rendir cuentas queda en evidencia en los informes del tribunal.
Hay otra cuestión en el informe que es novedosa -me ha llamado la atención y particularmente me parece acertada-, que es la inclusión de un nuevo concepto: el patrimonio neto negativo. Hay quince formaciones; voy a omitir leerlas. Lo que
quiero preguntarle es qué consecuencias se extraen de que una formación política presente un patrimonio neto negativo: si es una situación asimilable a la de quiebra, si se debería modificar la Ley de Partidos en algún sentido. Luego, ustedes
hacen una recomendación, la número 10, y a este respecto me gustaría preguntarle si usted cree que es suficiente para corregir esas situaciones cuando el patrimonio neto es negativo.
El tema de las donaciones ha dado mucho que hablar. No puedo entender que moleste que diga que la formación del Partido Popular ha facilitado la identificación de los aportantes de los donativos por un importe de 1.382.000; es decir, que
se cumpla la ley parece ser que es motivo no sé si de molestia o de cierta sorna, pero las cosas son como son y al final los auditores del tribunal es lo que han comprobado.
Respecto de la cuestión de UPyD, que ha dado tanto que hablar, es evidente, señor presidente, que en el informe se dice lo que se dice; le voy a pedir que usted aclare en qué términos, porque hay un 20 % de las donaciones que no están
identificadas. Yo no sé quién es el responsable; sé que ese hecho es objetivo. No se han presentado los acuerdos de los órganos sociales sobre unos importes que donaron y hay algún otro importe en las donaciones para los que falta algún requisito
de los que determina el artículo 5 de la Ley de Financiación de Partidos. Le pediría que aclarara usted qué significa que no se identifiquen los donantes. Sobre todo lo que me gustaría que aclarara es en qué folio podemos encontrar la afirmación
que hace el señor Martínez Gorriarán, que el otro día en el Pleno se desayunó diciendo que el Tribunal de Cuentas les ha felicitado por lo bien que llevan la contabilidad. Esto no es una cuestión baladí, porque amenazaban con querellas criminales a
la persona que sencillamente había hecho la afirmación, quien manifestó que un 20 % de las donaciones no se había justificado.
Decía señor Císcar si lo que se analiza corresponde o no a la realidad. Hay determinadas realidades en el informe, y hay una vinculada al Partido Socialista, la Fundación para el estudio de los problemas de las ciudades, que tiene un
importe de 418.754 euros, que excede con creces los límites establecidos por la ley y que incumple el artículo 5.2 de la ley orgánica; lo mismo le pasa a Izquierda Unida con la Fundación de estudios municipales y territoriales -213.000 euros-. Yo
le pregunto si el tribunal ha adoptado alguna medida para corregir esas irregularidades. Puesto que el señor Císcar hablaba de si lo que analizamos corresponde o no a la realidad, aunque era un tema que no pensaba tocar, no entiendo determinados
discursos. Recuerdo que en los informes de 2004 a 2008 de los partidos políticos, al final se ponía de manifiesto en el apartado de las deudas con entidades de crédito diversas operaciones que pudieran acreditar condonación de deuda, en este caso
del Partido Socialista. Cuando uno va recorriendo esos informes, de 2004 a 2008, al final sale la cifra de 29.882.204 euros. Si a eso le sumamos, en el año 2004, 7.153.000 del Partido Socialista de Cataluña, al final estamos hablando de unos
36.000.000 de euros. Esta situación no estaba regulada expresamente en la Ley Orgánica de 1987, sobre financiación de partidos. De ser así, de lo que se deduce de los informes, cómo lo calificaría usted, si se puede hablar de financiación
irregular. Insisto 36.000.000 de euros es, más o menos, la cifra. Sobre todo le pregunto si el tribunal ha realizado en el informe de 2008 pruebas encaminadas a analizar si esa condonación se produjo efectivamente o incluso ha podido ser mayor, a
la vista de lo expuesto en la contabilidad del Partido Socialista.
Poco más, señor presidente, porque no me quiero extender. Quiero agradecer nuevamente su esfuerzo. Gran parte de las recomendaciones que ha hecho el tribunal -estoy convencido, y de hecho lo estamos viendo- se van a incorporar en próximas
leyes. Es evidente que por lo menos también el Partido Popular quiere mejorar sustancialmente lo que es el panorama legislativo, para evitar que sucedan hechos que no gustan nada a nadie. En eso estamos preocupados y ocupados, pero le vuelvo a
manifestar en nombre de mi grupo la credibilidad que nos merece la institución que usted representa.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los intervinientes tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Querría empezar dirigiéndome a la señora Lozano para decirle que la intervención que ha realizado de crítica al tribunal en el sentido de vinculación a los partidos
políticos y de lavar la cara al bipartidismo no tiene ninguna razón y es profundamente injusta. Quiero recordarle que en el ejercicio 2007 se presentó en esta Comisión un informe que hacía referencia a donativos no identificados correspondientes al
Partido Socialista y al Partido Popular por importes superiores a los que he citado de su organización. También en esos informes se hacía referencia por parte del Partido Popular a que se había adoptado acuerdo correspondiente para declarar
indisponibles esos importes y no aplicarlos a la vida económica del partido, cuestión que no se puso de manifiesto en la comparecencia en esta Comisión Mixta. Por otra parte, en los informes de 2009, 2010 y 2011 se producirán situaciones parecidas
de donativos no identificados, ante los que el tribunal lo único que hace es ponerlos por escrito e indicar que, de acuerdo con sus trabajos de verificación y de fiscalización, en el caso concreto de UPyD, no están identificados 28.476 euros en
cuentas, que hay donativos de personas jurídicas sin acuerdo del órgano social por 2.931 euros y donativos sin identificación fiscal
por 9.000 euros. Nos limitamos a decirlo con independencia de quién sea la formación política afectada y con el interés y el ánimo de que precisamente la verificación de la contabilidad de los partidos políticos produzca una mejora de la
gestión en la que ustedes tienen la responsabilidad de adoptar las medidas para que estas situaciones no se produzcan.
En relación con lo manifestado por el señor Bruguera, considera necesaria una valoración de si existe una mejora general en los informes de contabilidad del ejercicio 2008 respecto de los ejercicios anteriores. La fiscalización de la
contabilidad de los partidos políticos nace en el año 1988. Se le adjudica al tribunal la tarea de llevar a cabo esta fiscalización, y desde el ejercicio 1988 el tribunal viene advirtiendo repetidamente en sus informes que la legislación que regula
el control sobre la fiscalización y financiación de los partidos políticas es insuficiente para que el control produzca unos resultados positivos, en la medida en que los límites de donaciones no están claros, no están establecidos de manera
adecuada y no se regulan muchísimas situaciones que quedan al margen de lo que sería la financiación de partidos políticos.
En concreto el señor Suárez ha mencionado un supuesto que es el de las condonaciones de créditos, que el tribunal nunca llegó a calificar de financiación irregular porque no teníamos claro si podíamos establecer ese criterio de financiación
irregular. Lo que decíamos en nuestros informes es que era una financiación no contemplada en la Ley reguladora de la financiación de los partidos políticos, y lo estuvimos diciendo durante muchísimos años en los que se produjeron estas
circunstancias. Después de la legislación inicial de financiación de partidos políticos ha habido dos grandes reformas, la del ejercicio 2007, que es la que regula las contabilidades que estamos viendo en estos momentos, y la última de 2012. Las
legislaciones posteriores han ido mejorando el sistema. Lo que ocurre es que en la medida que se va completando el sistema también se abren interrogantes respecto a nuevas regulaciones que, de alguna manera, también están incompletas en su
aplicación. Un ejemplo clarísimo de esto es el régimen sancionador. Se aprueba un régimen sancionador que el tribunal califica como insuficiente y que, además, abre unas expectativas de difícil aplicación.
Precisamente el señor Ciscar en su intervención ha hecho referencia a que la omisión de tipificación de las sanciones establece una gran confusión de cuáles son los plazos de prescripción aplicables a las mismas. Se ha dicho que la
legislación de 2012 al establecer cuatro años como periodo de prescripción -no sería aplicable para el ejercicio que estamos viendo, sino para ejercicios posteriores a 2012- era favorable para permitir la prescripción, cuando era todo lo contrario.
La omisión de tipificación sitúa que ante la falta de tipificación el plazo de prescripción que debería contar sería el más corto, es decir el aplicable a las infracciones leves. Por lo tanto, es muy posible que ante cualquier procedimiento
sancionador que el tribunal iniciara nos encontráramos ante un procedimiento sancionador prescrito desde su inicio, porque el plazo sería de seis meses desde cometida la infracción. Esto también me permite decir que el inicio de expedientes
sancionadores por parte del tribunal en situaciones en las que serían aplicables estas deficiencias del sistema de financiación -¿a qué me refiero? al procedimiento sancionador- no se ha producido, porque iniciar expedientes sancionadores que van a
ser declarados prescritos por estas deficiencias que se encuentran en la propia ley no era una labor adecuada ni propia del tribunal y se abrirían unas expectativas que no se corresponden con la actual legislación aplicable. Esto no ocurriría en
las contabilidades rendidas a partir de 2012. Dado que precisamente nos encontramos ante una eventual nueva regulación sobre estas cuestiones, el tribunal ha repetido de manera continuada que sería necesario que los expedientes sancionadores
quedarán interrumpidos por el inicio de los procedimientos fiscalizadores, no por el inicio del expediente sancionador, como sucede en la actualidad; es decir, que la propia realización de fiscalización fuera elemento suficiente para que quedaran
paralizadas las prescripciones asociadas a esos ejercicios. Usted preguntaba precisamente por mejoras, y creo que esta sería una mejora importante a aplicar en la labor legislativa que ustedes tienen por delante.
El señor Sixto, en relación con las donaciones, ha indicado los problemas que efectivamente ha tenido su formación política en Andalucía para llevar a efecto esta justificación de donaciones. Entiendo que la gestión de un partido político y
la gestión de cuentas corrientes en las que el donatario ingresa, pero puede ocurrir que no se tienen los datos relativos a su identificación, produzca estas situaciones en las que en un momento determinado nos encontramos con donaciones no
identificadas. Usted las sitúa en las de los cargos del partido. Sería tan fácil como que los propios cargos del partido certificaran que eso es así para evitar el problema que se genera por unas donaciones, ya que, lo cierto es, que el tribunal
cuando ve los dato no encuentra los datos de identificación necesarios para poderlas dar por buenas. Así nos encontramos en la situación en la que el tribunal lo que recomienda es que para todos estos supuestos
esas donaciones sean indisponibles y que, transcurrido el tiempo sin que pueda acreditarse cuál es verdaderamente su origen, se dediquen a fines de interés social, es decir no se incorporen al patrimonio del partido político.
Pregunta también el señor Suárez qué ha hecho el tribunal en relación con las medidas coercitivas por la no rendición de cuentas. No se han aplicado medidas coercitivas en el ámbito de la no rendición de cuentas porque las medidas
coercitivas del artículo 30 de la Ley de funcionamiento son propias en el ámbito del sector público pero tenemos nuestras dudas de que fueran directamente aplicables en el ámbito de la fiscalización de partidos políticos. Estas dudas podrían
perfectamente solventarse con la modificación que este fin de semana se ha conocido de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, incorporando al artículo 1 y 2 la propia fiscalización de partidos políticos como uno de los cometidos regulados dentro
de su propio régimen orgánico. Me pregunta por el significado del patrimonio neto negativo. En unas formaciones políticas fundamentalmente financiadas con fondos públicos que se destinan precisamente para financiar una actividad, la existencia de
patrimonio neto negativo puede ser debido -como creo que el señor Sixto ha justificado- por resultados electorales negativos, no previstos o no establecidos con carácter suficientemente anticipado y que generan esa necesidad en periodos posteriores
de resolverlos con mayor ahorro, mayor contención en los gastos por parte del partido político. Me pregunta por las condonaciones pero, sinceramente, no tengo las cifras que usted tiene. Las recuerdo porque participé en las fiscalizaciones
históricas del tribunal en relación con esta materia desde el año 2004 hasta 2008. Efectivamente, existieron condonaciones importantes de los partidos políticos. Las cifras globales las ha dicho usted pero, indudablemente, no solo son aplicables a
un partido político; las condonaciones fueron extensivas a un conjunto de partidos políticos que las consiguieron, por lo tanto, para ser sinceros, debería hacerse la cuenta para todos y cada uno de ellos. (La señora Lozano Domingo pide la
palabra).
El señor PRESIDENTE: Quiero aclararle a la señora Lozano, porque no es habitual en esta Comisión, que en este segundo turno son preguntas al presidente sobre lo que él ha informado. En esta Comisión no se debate entre diputados. En esta
Comisión con la comparecencia -es taxativo el Reglamento- se abre un segundo turno de manera excepcional para pedir alguna aclaración al presidente sobre lo que ha manifestado en la segunda parte de su intervención. Si es para eso le doy la
palabra; si no no me quedará más remedio que, a usted o a cualquier otro miembro de la Comisión, pedirle que se ajuste a lo reglamentario.
La señora LOZANO DOMINGO: No intervengo con el ánimo de abrir ningún debate, sino de cerrarlo. Serán treinta segundos.
Quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas que se reconozca en el informe que no es responsabilidad del partido la existencia de esas donaciones no identificadas y también quiero agradecer al Grupo Popular que haya reconocido que
nuestro partido ha dado órdenes al banco para que no se utilice ese dinero que está indisponible, por tanto no podemos ni nunca hemos podido disponer de él.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere intervenir?
El señor SUÁREZ LAMATA: Solo una matización, señor presidente. Yo no he reconocido en ningún momento lo que acaba de decir la señora Lozano, pero si así es más feliz, estupendo.
El señor PRESIDENTE: Señor Císcar, tiene la palabra solo para pedir aclaraciones al señor presidente.
El señor CÍSCAR CASABÁN: Dos cosas. La primera, en ningún momento he mantenido que lo que se analiza no corresponde con lo que se ha presentado. El Tribunal de Cuentas analiza lo que se presenta, valora si es en tiempo y forma y hace las
alegaciones que estima oportuno. Lo que he dicho es que puede haber cosas que no sean correctas y que no se hayan presentado, y ese ya no es un problema directo del Tribunal de Cuentas, sino de otros tribunales, como de hecho está ocurriendo. La
segunda, en las condonaciones comparto plenamente la información que ha ofrecido el señor presidente del Tribunal de Cuentas y solo añadiría una cosa. Hubo una formación política a la que, cuando se refundó, se le condonaron todas las deudas y
créditos que tenía pendientes.
El señor PRESIDENTE: Creo que el presidente ha sido claro en el tema de las condonaciones.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 'PARQUE DE MAQUINARIA', EJERCICIOS 2008-2010. (Número de expediente del Congreso 251/000127 y número de expediente del Senado 771/000125).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto 3.º, informe de fiscalización del organismo autónomo Parque de Maquinaria, ejercicios 2008-2010.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El pleno del tribunal aprobó este informe el 25 de julio de 2013. El organismo autónomo Parque de Maquinaria fue creado por decreto de 25 abril de 1936, habiéndose
encontrado adscrito durante el periodo fiscalizado al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en la actualidad Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Es preciso resaltar que mediante el Real Decreto 401/2012, de 17
de febrero, fue suprimido el organismo y se derogaron sus estatutos con efectos de 1 de julio de 2012, fecha de entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. La Dirección General del Agua asumió sus funciones y
competencias e incorporó a su personal. La actividad principal del organismo consistía en la ejecución de obras públicas relacionadas con las infraestructuras hidráulicas y el territorio, así como la realización y promoción de estudios y proyectos
relacionados con el agua y el medio ambiente y, adicionalmente, la prestación de servicios de movilidad y asistencia técnica a los ministerios de Fomento, de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. El organismo Parque de Maquinaria, desde la
aprobación de sus estatutos en 2010, tenía reconocida la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. Los recursos del Parque de Maquinaria procedían principalmente de los
ingresos derivados de la ejecución de obras públicas encargadas por la Dirección General de Agua o por las confederaciones hidrográficas. Dado que el organismo ha quedado extinguido a partir de julio de 2012, el trámite de alegaciones se sustanció
con la actual directora general del Agua como titular del órgano que asumió las competencias del Parque de Maquinaria y también con los responsales del organismo durante el periodo fiscalizado.
Por lo que se refiere a las cuentas anuales correspondientes a los tres ejercicios fiscalizados -2008, 2009 y 2010-, fueron rendidas dentro del plazo establecido. A lo largo de la fiscalización se han observado determinadas limitaciones al
alcance que impiden opinar sobre la representatividad de todos los saldos de las cuentas analizadas; en particular, la carencia de un inventario de inmovilizado que permitiera la identificación de cada elemento, lo cual ha impedido verificar los
saldos de las cuentas de maquinaria, utillaje, mobiliario y equipos para procesos de información, cuyo valor en su conjunto ascendía a más de 6 millones de euros; la ausencia de un inventario físico de existencias al cierre de cada ejercicio, así
como importantes debilidades de procedimiento para su seguimiento y control; la incorrecta determinación de las pérdidas o beneficios derivados de las bajas del inmovilizado.
Por otra parte, se ha verificado la existencia de errores o incumplimientos en la normativa contable en los siguientes aspectos: errónea estimación de vida útil de ciertos elementos del inmovilizado, lo que origina un déficit en la
amortización del ejercicio y en la amortización acumulada. El saldo de la cuenta Deudores por operaciones comerciales de presupuestos cerrados no incluye, al cierre del ejercicio 2010, derechos por obras ejecutadas en 2006 por importe de 576.736
euros; y, sin embargo, incluye 385.600 euros por obras ejecutadas en 2005 que no tenían posibilidades de cobro al no haberse finalizado la tramitación del expediente. Los ingresos y los gastos de los tres ejercicios se encontraban infravalorados
como consecuencia de la contabilización como menor gasto de la aportación del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas en concepto de gastos de vigilancia, contraviniendo el principio contable de no compensación de ingresos y gastos.
En la liquidación presupuestaria no se habían incluido dentro del capítulo 2, por no disponer de crédito presupuestario suficiente, un total de 308.086 euros correspondientes a la regularización efectuada en el 2010 por el Ayuntamiento de Madrid de
los recibos del impuesto de bienes inmuebles de los tres ejercicios anteriores.
Como consecuencia de las limitaciones y salvedades anteriores, cabe concluir que las cuentas anuales del organismo correspondiente a los tres ejercicios fiscalizados no representan la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, del
resultado de sus operaciones y de la liquidación de los presupuestos de dichos ejercicios, de acuerdo con las normas y principios contables que le resultaban aplicables.
Con carácter general, el organismo Parque de Maquinaria ha cumplido la normativa de contratación vigente. No obstante, se han puesto de manifiesto algunas deficiencias, entre las que se señala en el informe la falta de seguimiento de la
facturación asociada a cada contrato, lo que ha impedido comprobar
las actas de recepción de varios suministros; la incorrecta clasificación de algunos contratos de obras y la inobservancia en algunos casos de los procedimientos de adjudicación al detectarse compras con el mismo objeto y el mismo
adjudicatario, por un importe global que excedía de los límites previstos legalmente para los contratos menores.
Por otra parte, la actividad principal del Parque de Maquinaria, como ya se ha indicado anteriormente, consistía en la ejecución de obras públicas relacionadas con las infraestructuras hidráulicas, concretamente en el ámbito fluvial. Se ha
verificado que el presupuesto y los precios de los proyectos se elaboraban con parámetros ajenos a los costes en que iba a incurrir el organismo para su realización, lo cual generaba resultados de la actividad deficitarios, que se cubrían
parcialmente con transferencias recibidas de su ministerio de adscripción. Aunque estaban previstas las retribuciones de los servicios prestados y de las encomiendas realizadas con referencia a las tarifas aprobadas que cubren el valor de las
prestaciones encomendadas, las citadas tarifas no fueron aprobadas hasta el ejercicio 2011, careciendo de relevancia las mismas al haberse suprimido posteriormente el organismo y derogado sus estatutos. Precisamente, la supresión del Parque de
Maquinaria ha sido favorablemente considerada por el Tribunal de Cuentas. De hecho, en el anterior informe aprobado sobre este organismo, referido a los ejercicios 1979-1983, ya se recomendaba estudiar la conveniencia de mantenerlo o bien de
suprimirlo e integrarlo en la Administración.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa).
La señora Blanquer, por el Grupo Socialista.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Quiero sumarme, como anteriormente han hecho los compañeros que me han precedido, al agradecimiento al presidente del Tribunal de Cuentas para venir aquí a presentarnos el informe de fiscalización en este caso
del organismo autónomo Parque de Maquinaria correspondiente a los ejercicios 2008 a 2010. Me gustaría poner en valor que el origen de este procedimiento fiscalizador se encuentra en el programa de fiscalizaciones del año 2009 y que, como bien ha
dicho el presidente, solo encontramos antecedentes al mismo -antecedentes de carácter revisor y fiscalizador- en el que hace referencia al periodo 1979-1981. Por ello, en la legislatura pasada, con la intención de proceder a la regularización de
este organismo autónomo que permanecía operativo desde su creación en 1936, se procedió a la adscripción del mismo al Ministerio de Medio Ambiente en 2008. Asimismo, para garantizar el control y la gestión eficaz de los recursos de este organismo
con una débil infraestructura, en 2010 se aprobó el estatuto de este organismo como reconocimiento legal y expreso de su condición de medio propio de la Administración y así se pretendía garantizar que el control de eficacia de este organismo fuera
ejercido por el ministerio a través de la Dirección General del Agua, pero sin perjuicio de las competencias que corresponden en esta materia a la Intervención General del Estado. Ha habido, por tanto, un esfuerzo por dotar de mecanismos de control
público a este ente; un organismo que ha ido perdiendo fuerza desde su creación y, de hecho, su importancia cuantitativa ha ido reduciéndose.
Por todo lo expuesto, nos llama la atención la ineficacia del procedimiento de alegaciones que ha motivado el planteamiento de determinadas limitaciones al alcance y que ha condicionado la emisión de una opinión negativa. La aprobación del
estatuto del organismo en el 2010 otorgaba a la Dirección General del Agua el control de la eficacia del Parque de Maquinaria, con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de sus objetivos y la adecuada utilización de los recursos
asignados. Por ello, aunque el organismo desaparezca, parece razonable pensar que en este departamento debe haber información oportuna respecto a las consideraciones que se manifiestan en el informe por parte del tribunal y que deberían haber sido
objeto de aportación de documentación, vía alegación, y no limitarse al hecho de la disolución. Es más, con la disolución, las existencias, el inmovilizado pasa a formar parte del ministerio y hay que continuar con su control. Por tanto, la
dirección general actual no debería desentenderse del periodo final de este organismo. Quiero llamar, por tanto, la atención sobre el hecho de que las salvedades detectadas son derivadas de la escasa y débil infraestructura y de la cada vez menor
gestión del organismo, pues tras su regularización se tendía a la desaparición del mismo.
Quisiera terminar, si me permiten, afirmando que me resulta del todo paradójico que después de tantos años -estamos hablando de un ente de 1936-, en un periodo en el que se pretendió dar luz donde había opacidad y poner control, las cuentas
reciban una opinión negativa sin enmarcar dicha opinión en su adecuado contexto por la trayectoria de este ente; una opinión negativa motivada principalmente por el desentendimiento del Ministerio de Medio Ambiente, como así consta en el informe y
así nos ha dicho en su presentación. Quisiera saber si tiene previsto traer la fiscalización del ejercicio 2011 en este caso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, señora Alberto.
La señora ALBERTO PÉREZ: Quiero comenzar mi intervención agradeciendo al presidente del Tribunal de Cuentas la exposición de este informe de fiscalización.
Entrando a valorar el contenido del informe -seré muy breve-, el resultado de la fiscalización no puede arrojar otra conclusión que no sea que la decisión adoptada en su momento por el actual Gobierno de suprimir este organismo ha sido
acertada. En este sentido, el informe del tribunal aprecia esta decisión como positiva. Todas las cuestiones contenidas en el informe y puestas de manifiesto por el presidente del tribunal sobre los incumplimientos de los criterios contables de
contratación administrativa y demás evidencian la mala gestión, la desidia y la falta de control de los recursos públicos. Cualquier empresa de capital privado que hubiese contado con una gestión como la llevada a cabo durante los ejercicios
auditados hubiese estado abocada desde el principio al completo fracaso. Tal y como ya estableció el tribunal en su informe, todas estas cuestiones lo que vienen a impedir de verdad es que tengamos una imagen patrimonial fiel o real del estado
económico del antiguo organismo autónomo, sin perjuicio de lo cual sí tenemos constancia de que el ejercicio de la actividad para la que fue creado arrojó durante los ejercicios fiscalizados importantes resultados comerciales negativos que
requirieron cuantiosas transferencias del Ministerio de Fomento y del antiguo Ministerio de Medio Ambiente.
Para finalizar, señorías, me gustaría invitar a todos los presentes a realizar una reflexión sobre la necesidad y la pertinencia de la existencia de toda una serie de organismos autónomos y sociedades mercantiles de capital público. El
actual Gobierno ha emprendido una revisión de los mismos para determinar el cumplimiento de los objetivos marcados a esta serie de entidades y racionalizar la existencia de estos organismos. No todos los organismos que existen deben responder a
criterios de rentabilidad en sentido económico, pero sí deben responder al menos a criterios de racionalidad. Por último, me gustaría preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas por el procedimiento que se sigue ante infracciones contables
cuando el organismo ha sido suprimido.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a sus preguntas, tiene la palabra el presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Con relación a la fiscalización del Parque de Maquinaria, y respondiendo a la señora Blanquer, inicialmente se incluyó en el programa de fiscalizaciones del ejercicio
2009, pero se refería exclusivamente al ejercicio 2008. Con posterioridad, se extendió la fiscalización a los ejercicios 2008 a 2010. En relación con lo que ella manifiesta, las recomendaciones que formula el tribunal van directamente dirigidas a
la Dirección General del Agua, como sucesora de la actividad, para que se eviten las deficiencias de gestión, que se han puesto de manifiesto en el informe, en especial las que afectan a la gestión del inventario, como acertadamente ha señalado su
señoría.
Con relación a la intervención de la señora Alberto, efectivamente el tribunal, al valorar el informe inicial realizado sobre este organismo autónomo, se cuestionó en su momento si verdaderamente tenía sentido la existencia de este
organismo, tal como estaba configurado, y por eso, al fiscalizar en la actualidad el organismo del Parque de Maquinaria, hemos entendido favorable la conveniencia de suprimirlo e integrarlo en la Administración.
En relación con los supuestos de responsabilidad contable que se encuentran en tramitación, he de decir que hay cinco hechos que el ministerio fiscal detalla en su informe, por los que solicita su remisión a la sección de enjuiciamiento,
cuestiones que todavía se están estudiando y sobre las que no existe a día de hoy antecedentes sobre inicio de procedimiento en la propia sección.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere alguna aclaración? (Pausa).
Señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Me ha parecido oír que se amplió efectivamente la fiscalización a los años 2009 y 2010, pero le había preguntado si se iba a ampliar al año 2011.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Sobre esa cuestión concreta no le puedo indicar nada, porque en el actual plan de fiscalizaciones no está incluido, pero podría estarlo en ejercicios posteriores, en
la medida en que fuera fiscalizada la gestión del ministerio
en el apartado correspondiente a los activos que han sido traspasados en la actualidad, con lo cual no es descartable que se pudiera fiscalizar y que, en ese caso, se analizara la gestión del organismo en el ejercicio 2011.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA, EJERCICIO 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000128 y número de expediente del Senado 771/000127).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º: Informe de fiscalización del Instituto Geológico y Minero de España, ejercicio 2008. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El informe se aprobó el día 25 de julio de 2013. El organismo Instituto Geológico y Minero es un organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que se encontraba adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia e Investigación y, posteriormente, al Ministerio de Ciencia e Investigación. Sus principales funciones están
relacionadas con el estudio, investigación, análisis y reconocimientos en el ámbito de las ciencias y tecnologías de la tierra; la información, asistencia técnico-científica y asesoramiento a las administraciones públicas, agentes económicos y a la
sociedad, en general, y asimismo, elaborar y ejecutar los presupuestos de I+D y de desarrollo de infraestructuras de conocimiento en programas nacionales e internacionales, dentro del ámbito de sus competencias.
Las cuentas anuales del organismo fueron rendidas al tribunal con treinta y dos días de retraso respecto a su límite máximo, previsto en el artículo 139 de la Ley General Presupuestaria. Cabe destacar como limitaciones al alcance de la
fiscalización la no remisión, a pesar de haber sido solicitada, de la documentación acreditativa del coste de ejecución de la encomienda de gestión encargada por el Ministerio de Medio Ambiente, por un valor de 5 millones de euros, lo que ha
impedido verificar si dicha ejecución supuso un coste o un beneficio para el instituto. Consecuentemente, esta falta de documentación ha impedido conocer la justificación de los complementos de productividad que se pagaron al personal del organismo
por los trabajos realizados en la ejecución de la encomienda. Tampoco se han justificado los gastos de cada proyecto de investigación realizado en ejecución de convenios suscritos con otros entes públicos, lo cual ha impedido conocer la existencia
de pérdidas o de un exceso indebido de financiación. De la misma manera, la falta de aportación de documentación ha imposibilitado el análisis completo de la actividad contractual.
Por lo que se refiere a la opinión sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, las mismas representan, excepto por salvedades que se enumeran en el informe, la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial y del
resultado de sus operaciones, y contiene la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuadas, de conformidad con las normas y principios contables que le son de aplicación.
Entre las áreas de riesgo específicas analizadas, se encontraban las relativas a los ingresos derivados de convenios y encomiendas de gestión, la gestión de personal, la utilización del sistema de pagos a justificar y la contratación. La
gestión que realiza el instituto de los convenios de colaboración y de los proyectos técnicos no permite conocer su coste ni el valor de sus productos, lo que podría traducirse en un exceso de financiación, así como que se hubiese pagado
indebidamente complementos de productividad por un importe no justificado.
En relación con los gastos de personal, se observa que el organismo no tenía establecido un sistema de control interno de nóminas. Varias personas habían superado procesos selectivos, convirtiéndose en funcionarios mediante el sistema de
concurso-oposición, en los que los méritos exigidos únicamente podían adquirirse desempeñando algún puesto en el instituto, restringiendo la concurrencia. A finales del ejercicio 2008, el instituto procedió a la adquisición de 506 tarjetas regalo,
por un valor unitario de 120 euros, para su distribución entre el personal con cargo a la acción social, no considerándose procedente la realización de este gasto.
Por otra parte, se ha detectado la utilización irregular del sistema de pagos a justificar, dado que no se respetaron los requisitos necesarios para el empleo de este procedimiento especial. En general, todos los gastos de las oficinas de
proyectos, excepto los de personal, se tramitaron como pagos a justificar, cuando su utilización debería tener carácter excepcional. Además, se imputaron determinados correspondientes al capítulo 2 que no estaban previstos en la resolución
reguladora del sistema de pagos a justificar y que
deberían haberse tramitado como anticipos de caja fija. Del análisis de la muestra de pagos a justificar, se detectó la existencia de nuevos libramientos efectuados a pesar de mantenerse libramientos de anteriores pendientes de justificar;
la indebida aplicación de facturas correspondientes al ejercicio anterior y la imputación de los gastos de las oficinas de proyectos al capítulo 6, inversiones reales, con independencia de su verdadera naturaleza económica.
Respecto a los gastos tramitados a través del sistema de anticipos de caja fija, en ocasiones se produjo una incorrecta imputación presupuestaria de las partidas aplicadas, así como no constaba la fecha de aprobación de diversas cuentas
justificativas analizadas.
Por lo que se refiere al análisis de la contratación, se ha observado la insuficiente justificación del procedimiento de adjudicación en todos los contratos fiscalizados; la existencia de múltiples defectos en las actas de las mesas de
contratación y la no aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombre en los procesos contractuales, en general, y en los pliegos de cláusulas administrativas, en particular. También se ha
verificado la existencia de irregularidades en la gestión de determinados procesos contractuales, especialmente en el contrato de realización de obras de rehabilitación y acondicionamiento de los locales arrendados a la Fundación Gómez Pardo. Entre
ellas cabe citar la falta de documentación en la presentación de ofertas, la existencia de resoluciones de adjudicación no motivadas, fraccionamientos en la contratación o el abono indebido de tasas de ayuntamiento. Asimismo, destaca la existencia
de un contrato para el transporte del personal, que ha sido prorrogado de forma irregular durante varios años.
Finalmente, otros aspectos de la gestión respecto de los cuales se han detectado deficiencias consisten en la falta de establecimiento de normas escritas para la gestión del inventarios; la ausencia de manuales de procedimiento para la
gestión de existencias; la falta de realización de controles sobre las partidas retiradas o abandonadas y las deficiencias de control en la gestión de tesorería.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa).
Señor Bruguera.
El señor BRUGUERA BATALLA: Intervengo muy brevemente, señor presidente, solo para indicar que compartimos las cinco recomendaciones del tribunal, derivadas de su informe y de las conclusiones finales, como resumen del propio informe,
recomendaciones relativas a los proyectos de investigación, a gastos de personal, a modificaciones en los pliegos de contratos y la limitación del sistema de pagos a justificar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Intervengo muy brevemente, señor presidente.
Quisiera poner nuevamente de manifiesto que la presente fiscalización ya constaba en el programa de fiscalización del Tribunal de Cuentas para el año 2010, tal y como se aprobó por acuerdo del Pleno del 28 de enero de este año. Se hace
patente que se apostó por la transparencia y por velar por el cumplimiento de la legislación vigente estableciendo la revisión de cuentas de los organismos autónomos, como hemos visto antes, y en este caso del instituto. Nuestro grupo da mucha
importancia a la revisión de todo ente que gestione fondos públicos, porque cada vez se hace más imprescindible el rigor y la eficiencia en la administración de los recursos que son de todos; por ello nos encontramos hoy examinando unas cuentas con
total nitidez. Aunque la presentación del informe llega con cierta dilación en el tiempo y es cierto que esto resta eficacia a sus consideraciones, en ningún caso se escapan del control de este Parlamento, cuestión que quiero poner en valor.
Se han presentado alegaciones que han sido objeto de tratamiento y las salvedades planteadas se han traducido en recomendaciones. Compartimos la necesidad de llevar a cabo dichas recomendaciones, puesto que así se contribuye a la mejora de
los procedimientos y al establecimiento de sistemas eficientes de control. Efectivamente, hay algunos aspectos que nos llaman la atención y que deberían haberse evitado en ejercicios posteriores, sobre todo por las conclusiones que hacen referencia
al cumplimiento de determinadas cuestiones que, compartirán conmigo, llaman la atención, sobre todo considerando que el instituto cuenta con funcionarios de carrera honestos que velan por la legalidad y veracidad de las gestiones llevadas a cabo por
el instituto. Finalmente, quiero destacar que, a pesar de las incidencias a las que se hace mención tanto en el informe como en su presentación, no se consideran significativas las salvedades, como bien ha manifestado el presidente, para
fiscalizar, es decir, se ha emitido una opinión
favorable en ese sentido, pero con salvedades. Se trata de unas cuentas que dieron un resultado presupuestario del ejercicio positivo por importe de 2.105.437 euros.
Quiero terminar mi intervención preguntando al señor presidente del Tribunal de Cuentas si, dado que las cuestiones o recomendaciones planteadas hacen referencia a hace cinco años, tiene constancia de que se han mejorado en este instituto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Araújo.
El señor ARAÚJO GIL: Por mandato expreso suyo y por petición de mi portavoz intentaré ser muy breve.
En primer lugar, quiero manifestar mi sorpresa de por qué un organismo público adscrito en su día al Ministerio de Educación y Cultura, posteriormente al Ministerio de Ciencia e Innovación, concretamente a la Secretaría de Estado de
Investigación, y luego al Ministerio de Economía y Competitividad, puede incurrir en el ejercicio 2008 en toda una serie de incongruencias, errores, omisiones, etcétera, como muy bien ha manifestado el presidente del Tribunal de Cuentas en su
exposición. La verdad es que yo me sorprendo de que se haya hecho una afirmación o se haya vertido una opinión por parte del presidente del Tribunal de Cuentas en su exposición referente a que en el ejercicio 2008 -excepto salvedades, las aportadas
anteriormente y recogidas en este informe- la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial del Instituto Geológico y Minero de España queda reflejada en los balances cuando se están haciendo afirmaciones de que no se conocen los costes de
los trabajos realizados, trabajos que próximamente se tienen que activar como inmovilizado inmaterial. De una forma importante se ha comentado la encomienda de gestión del Ministerio de Medio Ambiente, por un importe de 5 millones de euros, y toda
una serie de temas de gran trascendencia, tanto contables, como fiscales y administrativos. Insisto en mi sorpresa de que un organismo con esta capacidad, con una estructura de más de 500 personas en su organigrama, esté ofreciendo estos
resultados. Le anuncio que habrá unas propuestas de resolución en aras de intentar hacer durante los ejercicios posteriores, sobre todo en 2009, 2010 y 2011, un seguimiento de la gestión de este instituto, que además aparentemente va a ser uno de
los que va a tener continuidad en las encomiendas de gestión. Por otro lado, a nivel de investigaciones, etcétera, actúa de una forma brillante, sin embargo la gestión administrativa -yo no conozco la capacidad, el personal que se dedica a la
gestión administrativa o a los proyectos y a las actividades que realiza el instituto porque no viene recogido en el informe- la lleva a cabo de una forma poco responsable para la encomienda de gestión que tiene asignada en sus estatutos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Quiero referirme exclusivamente a dos cuestiones. En primer lugar, la pregunta formulada sobre si existe una constancia de mejora. Aunque inicialmente figuraba en el
Plan de fiscalización de 2009, el informe no se inició hasta el ejercicio 2011, se desarrolló a lo largo del ejercicio 2011 y hace referencia al periodo de tiempo que he citado. No existen hechos posteriores indicados en el informe; por lo tanto,
yo carezco de la información necesaria o precisa para poder establecer si hay constancias de mejora en el desarrollo de la gestión del Instituto Geológico y Minero. En todo caso, daré traslado de ello al autor de la pregunta por si quisiera incluir
algún tipo de aclaración que pudiera serle remitida por escrito.
En relación con lo manifestado por el señor Araújo en cuanto a la sorpresa por que el tribunal concluya con una opinión de imagen fiel con salvedades, habría que hacer referencia a que esa imagen fiel siempre está vinculada a las salvedades
que se han visto en la gestión del instituto y que precisamente hacen referencia a la activación del gasto de I+D sin verificar y a la activación del inmovilizado material de las obligaciones reconocidas en los conceptos de inversión nueva asociada
al funcionamiento operativo de los servicios e inversión de reposición. He de decirle que normalmente este tipo de cuestiones acaba siendo una opinión complicada cuando se encuentran en estas circunstancias, pero, dado el volumen de activos
indicados y el volumen de activos generales del instituto, finalmente el tribunal se ha inclinado por considerar que la opinión sobre las cuentas rendidas debe ser con salvedades y no una opinión negativa.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguno de los intervinientes quiere alguna aclaración? (Denegaciones).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE LOS EJERCICIOS 2006 A 2009 POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente del Congreso 251/000129 y número de expediente del Senado 771/000126).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º: Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Tiene la palabra don Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El Tribunal de Cuentas ha aprobado este informe en su sesión de 25 de julio de 2013. El objeto de la fiscalización realizada a iniciativa del tribunal ha consistido
en el análisis de la contratación celebrada por la referida tesorería general, servicio común de la Administración de la Seguridad Social, verificando si su realización ha sido acorde con la legalidad vigente y con los principios de objetividad,
transparencia, publicidad, concurrencia y no discriminación que deben presidir la contratación administrativa, así como los principios de eficiencia y economía, fundamentales en la ejecución de todo gasto público.
Para la consecución de dichos objetivos, el alcance de la fiscalización se ha extendido al análisis de los diferentes tipos de contratos y procedimientos de adjudicación; a la comprobación de los requisitos de los contratos, órganos de
contratación, objeto, precio y requisitos de capacidad y solvencia de las empresas, a la verificación de la constitución de las garantías, al examen de los expedientes de los procedimientos y formas de contratación y, en especial, de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y a la comprobación de la ejecución y del cumplimiento de los contratos, de las modificaciones contractuales, de las prórrogas, de las suspensiones temporales y, en su caso, de la
imposición de penalidades.
Entro ya en los resultados de fiscalización. En primer lugar, en el informe se recogen las principales magnitudes de la actividad contractual de la tesorería. En este sentido, de acuerdo con la información remitida al tribunal, los
contratos adjudicados durante el periodo fiscalizado fueron 1.694, por un importe de 548 millones de euros, destacando los contratos de obras, que representaban el 53,5 % del importe global. Asimismo, de la contratación celebrada durante los
ejercicios 2006 a 2009, hay que señalar que fueron adjudicados 16 contratos por un importe superior a 6 millones de euros, que supusieron el 42 % del importe total adjudicado en el citado periodo.
En cuanto a los procedimientos de adjudicación, destaca la utilización de los procedimientos abiertos con el precio como único criterio de adjudicación, equivalente al anterior sistema de subasta, o con varios criterios de adjudicación,
equivalentes al anterior concurso; procedimientos acordes, en principio, con los principios de publicidad y concurrencia y que alcanzaron el 73 % del volumen total del gasto.
Hay que señalar además que han sido remitidos al Tribunal de Cuentas, en numerosos casos incumpliendo los plazos establecidos legalmente, un total de 259 expedientes de contratación, por un importe global de 433 millones de euros. De ellos
se ha fiscalizado una muestra de 122 expedientes por un total adjudicado de 384 millones de euros, lo que supone el 89 % del importe global de los expedientes remitidos. En cuanto a los tipos de contratos, los de obras y servicios representaban el
mayor volumen de los contratos fiscalizados. También hay que destacar que de los 122 expedientes analizados, 92 estaban sujetos al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ascendiendo al 80 % del importe total de los
contratos fiscalizados, mientras que a los 30 contratos restantes le resultaba aplicable la Ley de Contratos del Sector Público aprobada en 2007 y que entró en vigor en mayo de 2008.
Como aspectos generales observados en relación con el conjunto de la fiscalización cabe resaltar la falta de inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de la previsión legal de aplicación de la nueva Ley de Contratos
del Sector Público a los contratos adjudicados después de su entrada en vigor, aunque hubiera comenzado su tramitación con anterioridad.
Por lo que se refiere a las conclusiones específicas relativas a los contratos de obras, cabe destacar que en un elevado porcentaje de los contratos analizados, el 76,5 %, se produjeron desviaciones en el precio inicial durante la fase de
ejecución de las obras como consecuencia principalmente de los incrementos de los costes económicos derivados de los modificados y, en algunos casos, de obras complementarias aprobadas por la tesorería con posterioridad a la adjudicación de los
contratos. Estos modificados se debieron a circunstancias e incidencias puestas de manifiesto en la fase de ejecución del contrato que pudieron, al menos en parte, haber sido previstas razonablemente de forma anticipada por el órgano de
contratación. Por ello, estas actuaciones, aun pudiendo resultar necesarias para el
interés público, reflejan deficiencias en la planificación y preparación de los contratos, así como un control insuficiente de su ejecución por parte de la tesorería.
Esta práctica de modificar los contratos durante la fase de ejecución de las obras podría llegar a desvirtuar, en algunos casos, el procedimiento de concurrencia que dio lugar a la adjudicación del contrato, al variar sustancialmente las
condiciones económicas iniciales de licitación con posterioridad a dicha adjudicación y en contra de los principios de igualdad y de transparencia, sin perjuicio, además, de que estas actuaciones pudieran no resultar acordes con los principios de
eficiencia y economía en la ejecución del gasto público. Cabe añadir que, generalmente por razón de los modificados de los proyectos de obras, en el 97 % de los expedientes analizados se incumplieron los plazos de la ejecución inicial porque no
solo se incrementó considerablemente el coste económico de este tipo de contratos, tal y como ha quedado apuntado, sino que se produjeron retrasos en el plazo inicialmente previsto para la terminación de las obras y por tanto para su entrega al
servicio público.
Con respecto a las conclusiones relativas a los contratos de servicios, hay que resaltar que los pliegos de cláusulas administrativas particulares relativos a estos contratos excluyeron la aplicación de la revisión de precios, a pesar de
tratarse de contratos con una duración superior al año, motivando dicha exclusión en: haber sido tenidas en cuenta en el cálculo del presupuesto de licitación todas las posibles variaciones que pudieran producirse a lo largo del mismo.
Tal y como ha puesto de manifiesto reiteradamente este Tribunal de Cuentas en informes anteriores, la exclusión de la revisión de precios basada en que en el momento de elaborar el presupuesto de licitación fueron tenidas en cuenta por el
órgano de contratación estimaciones sobre las circunstancias del mercado que incluyeron la totalidad del precio inicial, no constituye justificación suficiente y resulta contraria al espíritu de los preceptos sobre revisión de precios contenidos en
la normativa sobre contratación pública. En concreto, la Ley de Contratos del Sector Público establece expresamente la obligación para el órgano de contratación de adecuar el importe del contrato al precio general de mercado en el momento de fijar
el presupuesto de licitación. Además, este tipo de previsión obliga al órgano de contratación a realizar estimaciones sobre la evolución futura de los precios del sector de que se trate que posteriormente pudieran no cumplirse. Este criterio se
mantiene en el vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado en 2011.
En los contratos de servicios adjudicados mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación se han observado diversas incidencias relativas a la determinación y a la aplicación de los criterios objetivos de adjudicación que
no resultaban acordes con los principios de transparencia, objetividad, economía y eficiencia, que resultaban aplicables a la contratación del sector público. Las deficiencias más relevantes en relación con los criterios objetivos de adjudicación
aplicados por la Tesorería General de la Seguridad Social fueron las siguientes: la insuficiente determinación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de la forma de valoración y de ponderación de los criterios de adjudicación cuya
cuantificación dependía de un juicio de valor; la insuficiente concreción previa del posible contenido y extensión de las mejoras que pudieran ofrecer los licitadores, careciendo de la adecuada precisión en los pliegos; la inclusión en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares como criterios de adjudicación de factores determinantes de la solvencia de los licitadores, tales como los medios personales y técnicos propios de la empresa, la experiencia o los certificados de garantía
de calidad, que no debieron ser valorados como tales criterios, sino únicamente como medios de acreditación de dicha solvencia, en virtud de lo dispuesto en la normativa que resultaba aplicable durante el periodo fiscalizado.
Finalmente, en cuanto a las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Tesorería General de la Seguridad Social no fijó condiciones especiales de ejecución con
el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Tampoco estableció con este mismo fin la preferencia en la adjudicación de los contratos, en caso de igualdad en los restantes criterios, de las proposiciones
presentadas por aquellas empresas que hubieran adoptado medidas en esta materia.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
En primer lugar, el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Quiero reseñar algunas cuestiones que nos han llamado la atención a mi grupo parlamentario, concretamente en lo que hace referencia a la cuestión de las bajas temerarias en determinados contratos, lo que ha sido
contemplado como indicios de responsabilidad contable; los inicios
de responsabilidad penal en presupuestos con deficiencias en la justificación de modificaciones en determinados contratos, y algo que llama poderosamente la atención, no porque lo analicemos ahora sino porque pasa en muchísimos contratos de
obras de las administraciones públicas, me refiero a los retrasos sistemáticos y modificaciones de los contratos; modificaciones de contratos consistentes en que se subasta por un precio y se acaba ejecutando finalmente la obra por un precio muy
diferente. Estamos en porcentajes que no deberían ser asumibles en puridad a la hora de cumplir con unos objetivos presupuestarios previamente planteados. Es una cuestión que nos preocupa y nos gustaría que se detuviese algo más, si es posible, en
los supuestos de responsabilidad penal y en los indicios de responsabilidad contable.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, la señora Valerio.
La señora VALERIO CORDERO: Señorías, en primer lugar quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas la presentación de este exhaustivo informe de fiscalización sobre la contratación que celebró la Tesorería General de la Seguridad
Social entre los ejercicios 2006 a 2009, como él mismo ha dicho, aprobado en sesión de 25 de julio de 2013 y enmarcado en su programa de fiscalización para el año 2010. Desde luego vaya por delante el reconocimiento de mi grupo y de mí misma como
diputada a la labor que realizan los funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones y en la defensa de los intereses públicos, y más viniendo de esta diputada que les habla que forma parte de la
plantilla de la Seguridad Social de este país. Soy miembro del cuerpo de gestión de la Seguridad Social y allí estuve trabajando antes de mi dedicación a la política, y además fui responsable de muchos contratos en el departamento de contratación
del Insalud de Guadalajara. Cuando he leído el informe de fiscalización, he visto cómo el Tribunal de Cuentas pone encima de la mesa los problemas habituales con los que los gestores públicos y políticos se encuentran a la hora de hacer uso legal y
debido de los recursos públicos en materia de contratación administrativa. He visto que en la Tesorería General de la Seguridad Social desgraciadamente se detectan problemas que son endémicos en la Administración pública de este país y que
esperemos que poco a poco se vayan solucionando; veo además la buena voluntad que manifiesta la Dirección General de la Tesorería ante todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para paliar los problemas que se ponen de manifiesto en el
informe.
Hay que decir que de un total de 1.694 contratos adjudicados y de casi 548 millones de euros, es cierto que se han detectado una serie de incidencias: algunos contratos concretos, cinco supuestos de indicios de responsabilidad contable
-tres relacionados con diversas obras-, también posible responsabilidad penal; pero en el contexto global creo que las cosas se han hecho razonablemente bien y que se manifiesta una serie de deficiencias que desde luego hay que intentar paliar y,
como digo, la propia Dirección General de la Tesorería dice que va a poner manos a la obra. Desde luego la recomendación de extremar la diligencia en la previsión y planificación de las obras, en la preparación de los contratos de obra, es
absolutamente fundamental, porque muchos de los modificados, muchos de los complementarios tienen que ver con que no se ha hecho un análisis previo adecuado de la obra que se tiene que afrontar, y esto es desgraciadamente un mal endémico. Tenemos
que mejorar esto para que se gestione de una manera más eficiente la utilización de los recursos públicos. El hecho de que un 76,5 % de los expedientes hayan sido modificados desde luego es indicativo.
En cuanto a la terminación, si se tiene que tramitar un modificado entremedias de la ejecución de un contrato administrativo, indefectiblemente eso va acompañado de un retraso en el plazo de conclusión, en este caso, de la obra; y hay hasta
un 97 % de incumplimiento de plazos. También es verdad que el informe manifiesta una peculiaridad, porque se refleja un periodo, de 2007 a 2009, que ha estado a caballo entre dos normas: el texto refundido de la Ley de contratos de las
administraciones públicas, que estuvo en vigor hasta el 29 de abril del año 2008, y la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre, que entra en vigor el 30 de abril. Eso ha producido también algunas disfunciones que pone de
manifiesto el informe del Tribunal de Cuentas.
Hay que destacar también -y es interesante- la recomendación que se hace para adecuar algunos aspectos de los pliegos de condiciones administrativas particulares a la normativa de contratos. Me ha parecido también muy interesante -y lo
quiero destacar- que el Tribunal de Cuentas haga hincapié, porque es algo que nos convoca a todos y es importante, en que se tiene que cumplir la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Lamento que en
este caso no se haya cumplido. Es cierto que el propio director general de la tesorería dice que se van a poner todos los medios para cumplirla, y que de alguna manera, aunque es potestativa, se tenga en cuenta esta ley a
la hora de la adjudicación de los contratos, de la redacción de los pliegos; que se fomente, que se propicie que los contratos administrativos sean adjudicados a empresas que apuesten por el cumplimiento de la Ley de Igualdad y por remover
todos los obstáculos que hay para la igualdad laboral efectiva y real entre hombres y mujeres. Por lo tanto, aunque es potestativa, me parece muy bien la recomendación que hace el Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Señora Valerio, debe ir terminando.
La señora VALERIO CORDERO: Un minuto.
También quiero destacar lo que se ha hecho bien, que se haya pagado adecuadamente, que se haya más que cumplido la normativa en materia de pagos, que no haya incidencias destacables en materia de subcontratación, que, en definitiva, se hayan
cumplido de manera importante muchos de los aspectos de la normativa -creo que hay que destacarlo-, y que la tesorería se ponga manos a la obra para paliar todas estas deficiencias es un gesto que le honra.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Parro del Prado.
El señor PARRO DEL PRADO: En principio agradezco al señor presidente del Tribunal de Cuentas el informe, que desde luego es prolijo en la fiscalización de la contratación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los años 2006 a
2009, y quiero que traslade mi felicitación a los trabajadores y miembros del consejo por este magnífico trabajo.
Dado el escaso tiempo, lógico por otra parte, del que dispongo, voy a señalar solamente algunos aspectos o algunas manifestaciones del propio informe que creo que incluso los ha dicho el presidente y que me dejan a mí una valoración
política, que por mi parte significa que esta es una época negra en la contratación de la Tesorería General de la Seguridad Social de este país, algo que espero que deje de existir y que no vuelva gracias a las recomendaciones que se nos hacen desde
el tribunal y a otras formas de hacer.
El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto en su informe algunas cosas como las siguientes: que la Tesorería General de la Seguridad Social ha adolecido de falta de previsión en los pliegos de las condiciones administrativas particulares;
esta es la parte principal del aspecto negativo de casi todas o de algunas de las contrataciones que se han hecho. Un elevado porcentaje de contratos de obras de la Tesorería General de la Seguridad Social fue objeto de modificados y/o de obras
complementarias; es decir, no solamente hubo un modificado sino algunos o más de uno, alguna obra, y, después de hacer modificados, en algunos contratos también se hicieron obras complementarias, con un coste final muy elevado respecto al
presupuesto inicial, como es evidente. En concreto -ya se ha dicho aquí-, el 76,5 % de los contratos sufrieron modificados o complementarios, de los cuales en seis se produjo más de un modificado en la propia ejecución y en catorce de ellos, además
de modificados, se produjeron complementarios y, por lo tanto, aumentaron los precios doblemente.
Con frecuencia, los modificados -dice el informe- y obras complementarias no quedaron suficientemente acreditados y motivados, y yo creo que es algo a tener en cuenta especialmente por esta Comisión a la hora de venir a manifestar nuestro
parecer. No quedaron suficientemente acreditados y motivados los expedientes que justificasen la procedencia de la modificación hecha de los complementarios, y ya lo ha dicho también el presidente. Se vienen a poner causas como falta o
insuficiencia de estudios geotécnicos, que lógicamente debieron de haber estado antes del propio pliego; nuevas reglamentaciones urbanísticas o técnicas, que eran previsibles en cada uno de los casos; o incidencias en la ejecución de las obras.
Son causas excesivamente generalistas y que debieron de estar resueltas, según mi entender y también creo que del tribunal, en el propio pliego de condiciones particulares. Sin lugar a dudas, esta práctica tan habitual de modificar contratos
durante la fase de ejecución puede llegar a desvirtuar el procedimiento de libre concurrencia; lo dice el informe y me parece que es algo que hay que evitar y, por lo tanto, también es algo que hay que trasladar a una causa de vista posiblemente
penal, pero desde luego no puede desvirtuarse la libre concurrencia.
Durante este periodo de 2006 a 2009, la práctica totalidad de expedientes de obra tuvieron retrasos en el cumplimiento del plazo de ejecución. Eso es lógico después de hacer dos modificados y un complementario, aparte de que parece que no
tenía mucha importancia. Los pliegos de cláusulas particulares en general no cumplieron con el trámite del informe previo de la asesoría jurídica; eso me parece algo muy a tener en cuenta. Y en el caso de los contratos de servicios, excluyeron la
aplicación de
la revisión de precios. Me parece que la ley está para cumplirla, y más desde un departamento en donde el sector público debe ser muy vigilado. En los contratos de procedimientos en concurso, algunos criterios de adjudicación tienen
incidencias muy chocantes, no acordes con los principios de transparencia, objetividad, economía y eficiencia, que son aplicables precisamente a la contratación. Solamente voy a poner un ejemplo de esto, que también está en el informe y que nadie
dice pero me parece muy chocante. En la obra de un edificio del GISS en Orcasitas, Madrid, se asignaban en la oferta económica 38 puntos a todas las ofertas con bajada de menos del 20 % de licitación y 40 puntos a todas las que ofertaran bajadas de
más de 20 puntos de licitación; es decir, entre la más baja y la más alta solo había 2 puntos de diferencia. Tan claro quedó esto como que la oferta superior que se presentó, que eran 57.896.457 euros, obtuvo 38 puntos, y la oferta inferior, que
fueron 49.508.708 euros, 40 puntos; es decir, 8.387.000 euros de diferencia solamente valían 2 puntos: eso lo dice todo. Sin embargo, el propio pliego señalaba que se podían dar distintos puntos por mejoras, 2 o 3 puntos por las distintas mejoras
que se presenten. Como ejemplo está la empresa ganadora, que presenta una mejora paisajística con aportación de especies vegetales y diseños de ajardinamiento, y por ello obtiene 3 puntos.
El señor PRESIDENTE: Señor Parro, debe ir terminando.
El señor PARRO DEL PRADO: Acabo, señor presidente.
Queda muy claro que 8 millones son 2 puntos y el ajardinamiento de unas plantitas, 3 puntos. Me parece que esas cosas se tienen que modificar y tenerse en cuenta.
Acabo porque así se me ha señalado por el presidente. Quería hacerle al presidente alguna pregunta sobre algo que me ha chocado. No observo en el informe si por parte de la función interventora en cada uno de los expedientes aparece algún
reparo o recomendaciones al alineamiento de irregularidades en los informes que han manejado. En caso de que eso sea así, entendería que coincide la función interventora en su parte de fiscalización con la del Tribunal de Cuentas en su parte de
fiscalización. Si no fuera así, ¿no sería posible ponernos de cuerdo y que hubiera una recomendación por parte del Tribunal de Cuentas en la función interventora para que se adapte a unos criterios de lógica a la hora de aplicar la fiscalización
que ellos están obligados a hacer?
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los intervinientes, tiene la palabra el presidente del Tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Quizá por el exceso de informes o que la jornada ha sido muy intensa, se me ha pasado informar en la presentación de este informe, y me parece interesante hacerlo
ahora, que en la tramitación del informe sobre la tesorería existe un voto particular que formuló el fiscal en el Tribunal de Cuentas relativo a la petición de que el informe detallara de manera más concreta los datos relativos a los incumplimientos
de contratación que recoge en el mismo.
Entrando en las preguntas formuladas, el señor Sixto planteaba en relación con las responsabilidades contables y penales que diera algún dato más, si fuera posible. Es indudable que hay algún dato que usted conoce, porque además lo dice el
informe, en el que se adjudican contratos con bajas temerarias y después en esos mismos contratos se incrementan los precios mediante modificados que compensan las bajas. Es una actividad que está bajo la lupa de la fiscalía, y así se ha puesto de
manifiesto a través de las peticiones de responsabilidad contable y supuestos de infracciones penales en relación con esta materia. En estos momentos se encuentran presentadas por parte del fiscal ante los diferentes departamentos, pero todas estas
pretensiones, tanto las de eventuales responsabilidades contables como las remisiones de los testimonios respecto de las responsabilidades penales, están pendientes de tramitación porque los informes se aprobaron justo antes del verano y los
departamentos todavía no han culminado la labor preparatoria de los expedientes para dar cumplimiento a las peticiones formuladas.
El señor Parro hace un análisis muy certero sobre presupuestos y jardines en el que no voy a profundizar porque es muy indicativo de algún supuesto concreto en el que la labor de contratación no ha sido todo lo correcta que debería haber
sido. En relación con la pregunta que formula respecto de la función interventora, me parece que es muy atinada en el sentido de si no sería conveniente contar con todos los informes relativos a la función interventora por parte del tribunal. Este
principio de que todos esos informes fueran remitidos directamente al tribunal mejoraría en mucho el trabajo que tenemos encomendado porque permitiría hacer referencia a esos supuestos de coincidencia que suelen ser muy
comunes y habituales porque en definitiva es el mismo trabajo realizado desde dentro de la Administración como control externo, pero en los que normalmente se coincide en la detección de las irregularidades que se ponen de manifiesto en la
contratación.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA, EJERCICIOS 2008 A 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000130 y número de expediente del Senado 771/000128).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Huesca, ejercicios 2008 al 2011.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El informe se aprobó en la sesión de 25 de julio de 2013. El Ayuntamiento de Huesca prestaba todos los servicios públicos municipales obligatorios para municipios con
población superior a 50.000 habitantes previstos en la Ley de Bases de Régimen Local, excepto el de mercado. Algunos servicios públicos se gestionaban en régimen de desconcentración funcional, bien a través de organismo autónomo propio, como las
instalaciones deportivas, bien a través de formas asociativas con otras entidades públicas, como la recogida y tratamiento de residuos sólidos, o a través de un consorcio. Asimismo, otros servicios se prestaban en régimen de concesión, como el
control de zonas de estacionamiento y de retirada de vehículos o, por el Gobierno de Aragón, como el transporte colectivo urbano. La fiscalización realizada ha estado dirigida al examen de la gestión económico-financiera del ayuntamiento y de sus
entidades dependientes durante los ejercicios fiscalizados. La cuenta general del ejercicio 2008 fue rendida cinco meses después del plazo legalmente establecido, pero las de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 lo fueron en plazo. Las liquidaciones
presupuestarias de 2008 a 2010 se aprobaron con retraso por la demora de la Diputación Provincial de Huesca, con la que compartía la gestión tributaria, en la remisión de las liquidaciones de la gestión de los tributos encomendados. La liquidación
del presupuesto de 2011 se encontraba aún pendiente de aprobación.
El ayuntamiento liquidó el presupuesto del ejercicio 2007 sin cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria y aprobó el presupuesto de 2008 con una previsión de necesidad de financiación de 1,9 millones de euros, incumpliendo también el
citado objetivo, lo que obligó a aprobar un plan económico financiero para el período 2008-2011. El plan preveía el incremento de algunos tributos municipales, pero se basaba principalmente en la reducción de gastos, sobre todo de inversiones,
suponiendo una minoración del presupuesto consolidado en un 25 % en el periodo. En 2008 y 2009, el ayuntamiento no cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, presentando déficits del 9,27 y del 4,32 %, respectivamente, sobre los ingresos no
financieros consolidados. Sin embargo, en periodos posteriores se cumplieron los de límites aprobados, puesto que el ejercicio 2010 se cerró con un superávit de 3,43 % y, aunque el ejercicio 2011 volvió a cerrarse con un déficit de 2,48 %, su
cuantía se encontraba dentro del límite de estabilidad permitido por el Gobierno, que alcanzaba el 4,39 %, para no tener que formular un nuevo plan económico financiero.
Por lo que se refiere a la ejecución presupuestaria, el reconocimiento de los derechos por subvenciones se realizaba antes de que las entidades concedentes hubieran reconocido la correspondiente obligación u ordenado el libramiento de
fondos. Los ejercicios 2009 y 2010 se liquidaron con remanentes de tesorería negativos que fueron compensados parcialmente con la minoración de gastos del presupuesto en vigor. El endeudamiento de la corporación a finales del ejercicio 2011
representaba el 48 % de los ingresos corrientes del presupuesto, lo que supone que el ayuntamiento no se encontraba especialmente endeudado. No obstante, las operaciones de endeudamiento de 2008 y de 2010, por 4,4 millones y 2,5 millones de euros,
respectivamente, se suscribieron antes de disponer de la preceptiva autorización del Gobierno, dado que estaba en vigor el plan económico-financiero y no constaba la autorización de la deuda suscrita en 2009 por importe de 4 millones de euros.
Por otra parte, no se registraron en contabilidad las cesiones de suelo ni se reclasificaron las infraestructuras destinadas al uso general. Tampoco se contabilizaron los gastos devengados pendientes de aplicar al presupuesto ni se dotaron
amortizaciones y previsiones en aquellos casos que suponían riesgos previsibles o pérdidas eventuales. El ayuntamiento carecía de un inventario de bienes actualizado y debidamente valorado y no tenía formalmente constituido el patrimonio público
del suelo.
En cuanto a la gestión de tesorería, existía un único servicio que la atendía tanto para el ayuntamiento como para los tres órganos autónomos dependientes. Se detectó la existencia de una caja de efectivo a través de la cual se efectuaban
ingresos y pagos sin que se documentaran los recuentos periódicos de efectivo.
La relación de puestos de trabajos estaba sobredimensionada en todos los ejercicios fiscalizados respecto a la plantilla efectiva y sin posibilidad real de su financiación. De los 100 puestos cubiertos por interinos sobre una plantilla de
517 puestos ocupados, 82 se cubrieron antes de 2008, habiéndose superado las razones de necesidad y urgencia que permitieron su cobertura provisional. El ayuntamiento aprobó un plan de consolidación de empleo temporal que quedó suspendido tras las
medidas de carácter extraordinario del Gobierno contra la crisis.
En relación con la contratación administrativa se observó la utilización en el ejercicio 2008 y parte de 2009 de un criterio de valoración de ofertas que no se ajustaba a principios de economía, dado que se primaba el licitador más próximo a
la media de las ofertas y los criterios de carácter no económico eran especialmente imprecisos. También se verificó la utilización de la tramitación urgente sin que quedase esta circunstancia debidamente motivada y, en relación con la duración de
las obras a realizar, no siempre quedó justificada la razón de los retrasos en los plazos fijados. Los proyectos de obras públicas más significativos se financiaron con aportaciones de Feder-Cohesión, Feder-Iniciativa urbana, Fondo estatal de
inversión local y Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, así como de fondos procedentes del programa de política territorial del Gobierno de Aragón. Algunos proyectos financiados por el FEIL o por el Fondo de sostenibilidad local
no eran de nueva planificación e incluso alguno se cofinanció con programas europeos, en concreto el contrato de adaptación al uso peatonal en el conjunto histórico y de sustitución de la red de saneamiento en fase II Feder. Los contratos se
adjudicaron por el precio de licitación, aceptándose mejoras en lugar de bajas económicas. Los tres organismos autónomos constituidos carecían de relevancia económica en relación con el presupuesto consolidado del ayuntamiento, así como de otros
factores que justificaran su independencia respecto de la estructura municipal. La sociedad Palacio de Congresos de Huesca fue constituida en mayo de 2008 para gestionar el Palacio de Congresos, construido entre 2004 y 2008 por un coste total de
31,8 millones de euros, cuando el inicialmente previsto era de 13,8 millones, habiendo aportado el Gobierno de Aragón 9,7 millones. Dicha sociedad dependía financieramente del ayuntamiento, representando las aportaciones municipales el 66 % de sus
recursos totales en 2011. No se ha podido disponer de datos fiables que pusieran de manifiesto el impacto económico o la proyección que su existencia reportaba a la ciudad. El informe concluye con varias recomendaciones dirigidas a superar las
deficiencias detectadas.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa).
Señor Yuste, por La Izquierda Plural.
El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, muchas gracias por este informe que nos acaba de presentar.
La falta de inmediatez en el trabajo del órgano de control externo de las cuentas públicas podría restar interés a las conclusiones que se aportan. Este informe viene a juzgar, por decirlo así, la gestión del anterior equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Huesca, de coalición PSOE-PAR. Esta coalición ya se sometió al veredicto de las urnas y pasó a la oposición, al menos el PSOE, porque el socio, el PAR, nunca pasó a la oposición.
En este informe se repiten algunas irregularidades clásicas, recurrentes, pero nos vamos a centrar sobre todo en la obra del Palacio de Congresos de Huesca. Es una obra que usted ha citado que está infrautilizada, que fue sobredimensionada
con distintos modificados que ampliaron en más del 40 % el gasto final, que se hizo sin disponer de estudios de rentabilidad y de viabilidad; una obra que podemos concluir que fue legal pero que, de alguna manera, fue inmoral; una obra que, a
nuestro juicio, viene a responder a la megalomanía del partido del Gobierno municipal entonces y que se aleja de lo que debería ser la gestión correcta de las necesidades ciudadanas. Así al menos lo vemos desde Chunta Aragonesista y desde la
izquierda oscense. Parece que esa apreciación viene a coincidir con el análisis que ha hecho el Tribunal de Cuentas. Ustedes recomiendan que el Ayuntamiento de Huesca debe revisar la gestión del Palacio de Congresos. En el pleno de agosto el
grupo municipal de Chunta Aragonesista propuso que se disolviera la sociedad anónima Palacio de Congresos de Huesca. Esa propuesta fue rechazada tanto por el PP, como por el PSOE y el PAR. En la corporación estos tres partidos están coincidiendo
en el análisis de que la crítica que hace el Tribunal de Cuentas a la gestión del Palacio de Congresos está hecha a partir
de unos parámetros acordes con la legislación actual, pero que serían ajenos a su juicio a la legislación vigente en el momento de las obras, en el momento de los modificados del proyecto del Palacio de Congresos de Huesca. Eso es lo que
argumentan desde el PP, el PSOE y el PAR en la corporación. Me gustaría, si es posible, que usted aclarara esta cuestión. ¿La crítica del Tribunal de Cuentas a esta obra se basa en la normativa actual o en la normativa existente en el momento de
las obras? Eso nos ayudaría a situar el debate.
Quiero formularle una pregunta estrictamente técnica. La recomendación número 18 de su informe el Tribunal de Cuentas aconseja que se cubran determinadas plazas, y me refiero a las procedentes del exceso de interinidad o de provisionalidad
que el tribunal denuncia. Dado que en la actualidad el Gobierno Rajoy impide que las entidades locales puedan convocar oposiciones y crear nuevas plazas en la función pública, le tengo que preguntar si usted cree que el Ayuntamiento de Huesca puede
convocar esas oposiciones correspondientes a ejercicios anteriores a la oferta pública de empleo -entendemos que esa es la recomendación del Tribunal de Cuentas- o la legislación actual impediría cualquier tipo de convocatoria.
No me quiero alargar más. Espero que la Cámara de Cuentas de Aragón, que está funcionando desde hace pocos años pero que lo está haciendo muy bien según me dice todo el mundo, pueda fiscalizar las cuentas de las principales situaciones
aragonesas -en este caso concreto me refiero a los ayuntamientos de las tres capitales-, que puede fiscalizarlas en tiempo y forma y no con una legislatura de retraso como nos encontramos en este momento. Cuando se logre eso habremos dado un paso
adelante muy importante en la transparencia de las cuentas públicas, al menos de las instituciones de Aragón.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Gracias por su informe, señor presidente del Tribunal de Cuentas. En la ciudad de Huesca además de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida existe otra izquierda, porque parece que aquí unos asumen que son de
izquierdas y los demás marginan. Este informe afecta a cuatro años en los que primero gobernamos nosotros con el PAR y después el PAR con el Partido Popular, porque abarca la última parte del Gobierno socialista y el primer año de Gobierno
PAR-Partido Popular. A la vista de lo que usted ha explicado y de lo que contiene el propio informe veo que, como se dice, en el Ayuntamiento de Huesca se ha progresado adecuadamente. Tiene un informe que es razonablemente aceptable. Ha sido una
evolución en la que nos encontramos con que en el año 2010 el objetivo de estabilidad presupuestaria ya se había conseguido, según sus propias declaraciones y según lo que se dice aquí, y después en el año 2011 tuvo un déficit, que aunque estaba
dentro de los parámetros que había fijado fijar el Gobierno, se desvió un poco, pero espero que se pueda corregir en el futuro.
Analizadas las conclusiones y las recomendaciones que ustedes han emitido sobre este ayuntamiento, me gustaría hacerles algunos comentarios. En principio hay uno que tiene que ver con el valor de las recomendaciones. En la primera de las
recomendaciones ustedes dicen que sería necesario que en el servicio de mercado se pidiera la excepción a la comunidad autónoma. La alcaldesa el domingo dijo que no estaba dispuesta a pedirlo, que a lo mejor lo ponía en funcionamiento y que por lo
tanto, no lo pedía. En el caso de organismos autónomos, ustedes recomiendan que desaparezcan los dos que quedan en este momento -el Patronato de Deportes y la Fundación del Casino Oscense- y parece que desde el ayuntamiento se dice que en estos
momentos no van a desaparecer. Yo no valoro si tienen o no que desaparecer -¡cuidado!- lo que estoy diciendo es qué pasa si estas recomendaciones que ustedes hacen, como otras que plantean, no se cumplen. Ustedes dicen que todo el régimen de
tesorería del ayuntamiento, todo lo que tengan que pagar o cobrar los vecinos de Huesca, sea a través de servicios bancarios. Hombre, eso es un poco complicado debido a que todo el mundo tiene su tarjeta pero hay muchas personas a las que les gusta
más ir a pagar o a cobrar al ayuntamiento que hacerlo a través del banco. Por eso digo que hay recomendaciones sobre las que me gustaría saber qué valor les van a dar ustedes si éstas no se cumplen.
En segundo lugar, ha hecho referencia a un tema emblemático, en el que me imagino que después el Partido Popular incidirá, que es el del Palacio de Congresos. Ahí, por lo que veo, se han cumplido todas las predicciones legales; se ha
cumplido con todas las autorizaciones, con todos los permisos y con todas las firmas correspondientes a los servicios de los municipios para hacer frente a ese Palacio de Congresos. Indudablemente no me gusta que haya reformados o modificados en
las obras, pero también me gustaría saber si ustedes, dentro de todo lo que ha supuesto analizar la evolución de la contratación pública en diversas entidades u organismos, encuentran algún tipo de fórmula que vaya a suponer la modificación de
la Ley de contratos de obra pública, porque o se modifica o nos vamos a encontrar con este mismo problema siempre, y ustedes van a tener que verse siempre en la obligación de analizar cada expediente, ver por qué se producen los modificados,
que a veces no están muy justificados, ver las revisiones de precios o situaciones similares. A nadie le gusta que eso se produzca, pero, puesto que ustedes recomiendan que haya una mejor planificación, más atención a que el resultado final de los
contratos obedezca al precio inicial y a la oferta de licitación, que se obvie en todo momento que no se impida la concurrencia, indudablemente en esos aspectos a lo mejor desde el Tribunal de Cuentas se podría lanzar alguna luz para buscar una
fórmula que evitara que esos problemas que tenemos con las contrataciones no fueran tales y, al final, se circunscribiera el precio...
El señor PRESIDENTE: Señor Morlán, debe ir terminando.
El señor MORLÁN GRACIA: Ahora mismo acabo.
... al coste inicial del proyecto.
Habría muchas cosas más que comentar, señor presidente, pero bajo mi punto de vista esos son los aspectos que tienen una cierta incidencia. Espero su respuesta.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo parlamentario, señor Romero.
El señor ROMERO SANTOLARIA: Señorías, en primer lugar quiero expresar el agradecimiento en nombre del Grupo Parlamentario Popular al presidente del Tribunal de Cuentas por su presencia en esta Comisión, por el informe que ha emitido y por
la información siempre aclaratoria que nos trasladan.
Antes de iniciar mi intervención comentaré dos cuestiones al hilo de alguna intervención: qué fácil es criticar cuando no se tiene responsabilidad a la hora de repartir trigo y qué facilidad se tiene a la hora de lanzar balones fuera cuando
ya no se gobierna.
Ya puestos en materia, podríamos decir que se detectan -por ser liviano en la apreciación y utilizando los mismos términos que aparecen en el informe- una serie de anomalías e irregularidades en muchas de las actuaciones de los ejercicios
fiscalizados. En primer lugar, y para ponernos en situación, hay que resaltar que los presupuestos de los cuatro años analizados fueron aprobados ya iniciado el ejercicio al que correspondían y además se aprobó el presupuesto de 2008, incumpliendo
el objetivo de estabilidad presupuestaria, como ya se ha dicho, lo que obligó a que el pleno aprobase un plan económico-financiero para el periodo 2008-2011; plan que, por cierto, se incumplió ya en el primer año de mandato, por lo que tuvo que
modificarse tanto en el enunciado como en el tiempo. A pesar de contar con el citado plan, el ayuntamiento cerró los ejercicios 2008 y 2009 con déficit al igual que el déficit del 2011. Quiero decir aquí que el déficit del 2011 no nos lo apliquen
a nosotros, ya que en cualquier caso sería compartido porque el ejercicio fue compartido. Finalmente se alcanza el objetivo de estabilidad presupuestaria en el ejercicio 2010, pero está claro que ese equilibrio se ve alterado por una serie de
acontecimientos anteriores cuyas consecuencias económicas y financieras afectarán a los ejercicios siguientes al periodo fiscalizado tal como se indica en el informe; y me estoy refiriendo a sentencias judiciales o a acuerdos de pleno pendientes de
aplicar. Esa estimación de obligaciones contraídas y a las que ahora debe hacer frente la actual corporación asciende a la nada desdeñable cifra de 7,8 millones de euros, que supone el 56 % del ahorro conseguido. De esta cantidad ya se han
presupuestado 5,8 millones en los ejercicios 2012 y 2013, y a fecha junio de 2013 están pagados ya. También se detectan irregularidades a la hora de contratar nuevas operaciones financieras que requerían de la autorización del Gobierno autónomo por
ese plan económico financiero, puesto que no cuentan con esa citada autorización o bien se suscribieron con anterioridad a recibirla.
Se ha hablado del mercado de abastos. También se realiza un somero resumen del proceso seguido en el mercado de abastos, y la alcaldesa de Huesca no ha dicho que no vaya a pedir la dispensa. Ha dicho que no renuncia a mantener un mercado
de abastos con otro formato y que, en cualquier caso, si al final no pudiera ser porque la coyuntura económica no lo permitiera, se solicitaría la dispensa al Gobierno autonómico. Quiero decir que en los años analizados y con el Gobierno socialista
al frente ese mercado de abastos se cierra y se indemniza a los comerciantes excepto a dos. Estos deciden litigar por el cierre del mercado contra el ayuntamiento y ganan ese litigio en 2004. Desde 2004 hasta el 2011 el Ayuntamiento de Huesca,
gobernado por el Partido Socialista, estuvo siete años sin cumplir el fallo y fue en 2011 cuando
el Gobierno del Partido Popular -Gobierno del Partido Popular y el Partido Aragonés-, con la alcaldesa al frente, negocia la compensación con los afectados, acordándose un calendario de pagos que se está cumpliendo escrupulosamente.
También me gustaría hacer referencia a dos cuestiones -menores, si quieren, pero que me parecen relevantes, por lo menos una de ellas- que dejan constancia de la impronta, del sello de una muy particular forma de gobernar. En primer lugar
-ha hecho usted referencia a ello, señor presidente- está la falta de actualización del inventario de bienes en todos los mandatos socialistas, cuestión que se está abordando -en esa recomendación que ustedes hacen- en la actual legislatura y ya se
han iniciado los trabajos correspondientes. Por otro lado tenemos la peculiar forma de contratar personal de los distintos gobiernos del Partido Socialista. El mismo informe destaca que en el ejercicio 2009 se crean 87 nuevos puestos de trabajo
sin que ninguno de ellos fuese dotado presupuestariamente, resaltando, como también se ha dicho, que de esas 517 plazas cubiertas 100 lo están en régimen de interinidad.
Pues bien, tras la lectura y estudio de este pormenorizado informe, podríamos reseñar muchas cuestiones -aunque por limitación de tiempo creo que no hace falta- que evidencian una nefasta forma de gobernar y de gestionar. Una de ellas -ya
se ha hecho referencia a ello aquí por los distintos portavoces- resalta de una manera muy especial sobre las demás, y son los peculiares -por definirlos de alguna manera- procesos de contratación seguidos en la realización de las diversas obras.
Una muestra muy clara de lo dicho y de lo que apunta el informe es la contratación y la obra del Palacio de Congresos. Ahí improvisación, nula planificación, falta de control, tanto en la construcción como en la gestión, y despilfarro se conjugan
para formar un cóctel explosivo que lo convierten en una rémora y que condicionan claramente los años venideros. Aquí quiero hacer una matización: que nadie interprete de mis palabras que Huesca no necesitaba un Palacio de Congresos, porque está
claro que lo necesitaba y lo necesita.
El señor PRESIDENTE: Señor Romero, tiene que ir terminando.
El señor ROMERO SANTOLARIA: Pero también está claro que lo que necesitaba era otro Palacio de Congresos. En otras ciudades se hicieron esos palacios de congresos por un menor importe. Esa contratación en su conjunto es el paradigma de lo
que nunca debe hacerse porque concurren en él todo tipo de irregularidades: desde la nula planificación hasta la adjudicación a dedo pasando por unos desfases presupuestarios desmesurados e injustificados. Todo un despropósito, claro ejemplo de
megalomanía y de gasto desproporcionado sin tener en cuenta para nada la viabilidad o, lo que es lo mismo, gestión modelo made in PSOE. No voy a entrar en la cronología de ese despropósito (Rumores), pero un proyecto que saca un concurso de ideas
por 6 millones de euros, que se desestima el proyecto en 7,3...
El señor PRESIDENTE: Señor Romero, debe ir terminando.
El señor ROMERO SANTOLARIA: Voy terminando.... Luego se lanza por 13,8 y termina con el despropósito de los 31,8 millones de euros. (Rumores).
También se reprocha en este informe el adelanto de las obras de 2008 que suponen un sobrecoste de 1,6 millones de euros. El propio tribunal reconoce que resulta insuficiente justificar ese coste, añadiendo a eso que ese sobrecoste no sirve
para nada porque la primera de las intervenciones que se hacen de Expoagua en Huesca se celebra en el teatro Olimpia porque el Palacio de Congresos no está concluido. (Rumores).
Me van a permitir -con esto ya concluyo- hacer especial hincapié en la adjudicación de manera directa, es decir a dedo, de las obras de urbanización del Palacio de Congresos, justificando esta decisión en que era una cuestión imprevisible.
A nadie se le escapa desde el minuto cero que cuando se construye un edificio en mitad del campo, en un descampado y un edificio de estas características, la urbanización resulta imprescindible. En definitiva, el informe nos ofrece un ayuntamiento
mal gobernado y peor gestionado, como se demuestra en las numerosas irregularidades detectadas.
Para finalizar, señor presidente, quisiera realizarle una pregunta que no por reiterada deja de ser importante, señor presidente del Tribunal de Cuentas. (Rumores). Ante esta situación detectada en la que se han puesto de manifiesto, como
hemos dicho, multitud de irregularidades -ya hemos mencionado los incrementos desproporcionados en la ejecución de la obra del palacio o la adjudicación a dedo de la urbanización del mismo y sin una clara justificación que lo avale- ¿se ha planteado
el pleno del tribunal algún supuesto de responsabilidad?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente para contestar a los intervinientes.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muy brevemente. En relación con la consideración efectuada por el señor Yuste relativa a la falta de inmediatez, las cuentas relativas al último ejercicio, las de
2011 se recibieron en octubre de 2012, quiere decirse que la labor del tribunal aprobando el informe en el momento en que lo hemos aprobado no puede valorarse como falta de inmediatez; todo es mejorable y estaremos en la senda de mejorarlo pero yo
creo que es una actuación ajustada a lo que debe ser el propio ritmo del tribunal. En todo caso, el sistema de rendición de cuentas implantado por el tribunal, entre otras instituciones con la colaboración de la Sindicatura de Cuentas de Aragón,
implica la revisión de las cuentas rendidas en el mismo momento de su remisión a través de su verificación formal y el análisis sobre integridad y coherencia de las cuentas rendidas.
Me pregunta sobre la recomendación número 18 pero debe de haber cometido un error porque no hay recomendación número 18; creo que es la número 8, creo que se refiere a la número 8 (El señor Yuste Cabello: La conclusión 18), relativa a
convocar procesos selectivos. Lo que propone el tribunal es subrayar que la situación de interinidad se debe subsanar, y es un criterio que lógicamente debe hacerse dentro de la ley, con las posibilidades que en cada momento la ley permita. En
este caso es una cuenta pendiente que tiene el Ayuntamiento de Huesca y que deberá resolverla cuando las limitaciones legales lo permitan y en el mejor momento en relación con este tema.
Me plantea el señor Morlán el valor de las recomendaciones formuladas por el tribunal y si las mismas son aplicables al momento actual. El tribunal las mantiene en su misma formulación, salvo que se demuestre por parte de los gestores
actualmente en el ejercicio de su responsabilidad que hay razones que justifiquen no llevarlas a efecto, por lo tanto el estudio sobre eliminación de organismos autónomos que se plantea en el informe del tribunal es plenamente vigente.
El señor Romero me plantea si puedo indicar si el pleno del tribunal ha estimado alguna decisión sobre eventuales responsabilidades. El Pleno no porque no puede. La responsabilidad contable es propia de la sección de enjuiciamiento. Si el
pleno se pronunciara sobre eventuales responsabilidades, invadiría un campo que no le es propio; sin embargo el ministerio fiscal aprecia indicios de posible responsabilidad contable en relación con deficiencias observadas en un contrato que
determinaron la necesidad de redactar un modificado, así como la justificación de la realización de la prestación del contrato relativo al edificio del Centro de Recursos Tecnológicos e Industriales.
A este efecto se han abierto diligencias preliminares por diversos hechos recogidos en el informe y que en su momento determinarán la apertura o no del procedimiento en la sección de enjuiciamiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguno de los portavoces quiere alguna aclaración? (Denegaciones). Damos las gracias a don Ramón Álvarez de Miranda por esta intensa jornada parlamentaria en la Comisión y le emplazamos para el próximo mes de octubre
cuando nos volveremos a ver las caras. (Pausa).
- Debate y votación de las propuestas de resolución:
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000045 y número de expediente del Senado 771/000042).
El señor PRESIDENTE: Punto 7.º, informe anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicios 2006 y 2007. Se han presentado diecinueve propuestas de resolución que vamos a proceder a votar.
En primer lugar votamos las propuestas 1 y 3 correspondientes a La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la número 2, también de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar la número 4 correspondiente al Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las propuestas del Grupo Popular, que son la 5, 6 y 7.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos las propuestas número 11, 12, 14, 17 y 18 que corresponden al Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las propuestas del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000108 y número de expediente del Senado 771/000104).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º, informe de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicios 2008 y 2009.
Votamos las propuestas 1 y 3 del Grupo de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la número 2 de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos las números 4 y 6 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
El resto del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos las números 16, 17, 18, 20 y 21 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El resto del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000060 y número de expediente del Senado 771/000056).
El señor PRESIDENTE: Votamos el punto 9.º, Informe anual de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2006 y 2007.
Votamos la número 1 de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 3 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos todas las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, que nos las numeradas del 10 al 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000088 y número de expediente del Senado 771/000083).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 10.º, Informe anual de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2008 y 2009.
Votamos la número 1 de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 3 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 11 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000120 y número de expediente del Senado 771/000118).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 11.º, Informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2008 y 2009.
Votamos, primero, las números 1 y 2 de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la número 3 de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos la número 13 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos las números 17 y 23, correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000036 y número de expediente del Senado 771/000034).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 12.º, Informe anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2006 y 2007.
En primer lugar, votamos las números 4, 6 y 7, de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Resto del Grupo de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas del Grupo Popular. En primer lugar, la número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de propuestas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos las números 17, 18 y 19, correspondientes al Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Resto de propuestas del Grupo Socialista, que son las números 20 y 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000102 y número de expediente del Senado 771/000100).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la votación del punto 13.º, Informe anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2008 y 2009.
Votamos las propuestas números 4, 6 y 7, que corresponden a La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Resto de propuestas de La Izquierda Plural, números 1, 2, 3 y 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas 9 y 19, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de propuestas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos ahora la 21, la 22 y la 23, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las propuestas del Grupo Socialista, que son la 24 y la 25.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000035 y número de expediente del Senado 771/000032).
El señor PRESIDENTE: Punto 14.º, Informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2006 y 2077.
Votamos primero las propuestas de resolución 1, 2 y 4, que corresponden a La izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las propuestas de resolución de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos las números 7 a 18, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos la número 21, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Resto de propuestas del Grupo Socialista, que son la 19 y la 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000105 y número de expediente del Senado 771/000103).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 15.º, Informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2008 y 2009.
Votamos las propuestas de resolución números 1, 2 y 4, que corresponden a La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las propuestas de resolución de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos las números 7 a 19, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos la número 22, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000062 y número de expediente del Senado 771/000058).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 16.º, Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicios 2006 y 2007.
Votamos en primer lugar las propuestas de resolución números 6 y 8 que corresponden a La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos el resto de las propuestas de resolución de La Izquierda Plural, que son las números 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas de resolución 10 a 19, que son todas del Grupo Parlamentario Popular. (El señor Sixto Iglesias pide la palabra).
Sí, señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Solicito la votación separada de la número 15.
El señor PRESIDENTE: Votamos entonces las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular números 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 19.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Ahora votamos la número 15 porque ha solicitado votación separada el señor Sixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos ahora las números 20, 21 y 22 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000112 y número de expediente del Senado 771/000110).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 17.º, Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicios 2008 y 2009.
Votamos las propuestas de resolución números 6 y 8 presentadas por La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Resto de las propuestas de resolución de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta de resolución número 15, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos ahora las números 26 a 29 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ACUICULTURA DE CEUTA, S.A., EJERCICIOS 2001 A 2004. (Número de expediente del Congreso 251/000048 y número de expediente del Senado 771/000045).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 18.º, Informe de fiscalización de la gestión de la sociedad mercantil Acuicultura de Ceuta, SA, ejercicios 2001 a 2004.
Votamos primero las propuestas de resolución presentadas por La Izquierda Plural con los números 6, 8 y 9.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos el resto de las presentadas por La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la propuesta número 10, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos las números 11 y 12 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000121 y número de expediente del Senado 771/000119).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las últimas votaciones. Punto 19.º, Informe anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2008 y 2009. Votamos en primer lugar las propuestas de resolución presentadas por La Izquierda Plural con
los números 1, 2 y 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las números 4 y 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de las propuestas de resolución de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos la número 14 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos ahora la número 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos ahora las números 18 y 22 del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Por último, votamos las números 19, 20 y 21 del Grupo Socialista, que son el resto de las propuestas de resolución.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazas.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.