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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 70, de 26/06/2013
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 70
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO TARNO BLANCO
Sesión núm. 10
celebrada el miércoles,
26 de junio de 2013
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del Presidente del Tribunal de Cuentas para informar conjuntamente sobre los siguientes asuntos:
Presentación del
- Informe Anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2006 y 2007, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 30 de junio de 2011 (se corresponde con el número de expediente 771/000143 de la IX
Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000034 y número de expediente del Congreso 251/000036).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS ... (Página2)
- Informe Anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2008 y 2009, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 31 de enero de 2013. (Número de expediente del Senado 771/000100 y número de
expediente del Congreso 251/000102).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS ... (Página2)
- Informe Anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2006 y 2007, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 30 de junio de 2011 (se corresponde con el número de expediente 771/000141 de la IX Legislatura).
(Número de expediente del Senado 771/000032 y número de expediente del Congreso 251/000035).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS ... (Página21)
- Informe Anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2008 y 2009, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 28 de febrero de 2013. (Número de expediente del Senado 771/000103 y número de expediente del
Congreso 251/000105).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS ... (Página22)
- Informe Anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicios 2006 y 2007, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 26 de enero de 2012. (Número de expediente del Senado 771/000058 y número de expediente del Congreso
251/000062).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS ... (Página30)
- Informe Anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicios 2008 y 2009, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 21 de marzo de 2013. (Número de expediente del Senado 771/000110 y número de expediente del Congreso
251/000112).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS ... (Página30)
- Informe de fiscalización de la gestión de la Sociedad Mercantil Acuicultura de Ceuta, S.A., ejercicios 2001 a 2004, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 27 de octubre de 2011 (se corresponde con el número de
expediente 771/000154 de la IX Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000045 y número de expediente del Congreso 251/000048).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS ... (Página30)
- Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2008 y 2009, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 28 de mayo de 2013. (Número de expediente del Senado 771/000119 y número de expediente del
Congreso 251/000121).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS ... (Página12)
Se abre la sesión a las diecisiete horas.
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA INFORMAR CONJUNTAMENTE SOBRE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
PRESENTACIÓN DEL
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIOS 2006 Y 2007, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2011 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000143 DE LA IX
LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000034 y número de expediente del Congreso 251/000036).
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIOS 2008 Y 2009, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2013. (Número de expediente del Senado 771/000100 y número de
expediente del Congreso 251/000102).
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.
El señor PRESIDENTE: Iniciamos esta sesión de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas dando la bienvenida al presidente del tribunal.
Sin más, iniciamos el orden del día. En primer lugar, el presidente informará conjuntamente sobre los siguientes asuntos: informe anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2006 y 2007, e informe anual de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2008 y 2009. Igual que hicimos ayer, se debatirán conjuntamente estos dos informes.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
El informe de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2006 y 2007, fue aprobado por el pleno del tribunal el 30 de junio de 2011; mientras que el relativo a los ejercicios 2008 y 2009 se aprobó en sesión de 31 de enero de
2013.
El ámbito subjetivo de la fiscalización estaba constituido a lo largo de los ejercicios fiscalizados por la Administración General de la Comunidad Autónoma, nueve organismos autónomos, seis entidades de derecho público, de dos a tres
entidades públicas empresariales, entre dieciocho y veintiuna sociedades mercantiles, entre diecisiete y veintitrés fundaciones, entre veintiséis y veintinueve consorcios y la Cámara Agraria de la Región de Murcia.
Hay que señalar, en primer lugar, que en las actuaciones relativas a los ejercicios 2006 y 2007 se han puesto de manifiesto varias limitaciones al alcance, entre las cuales se puede citar la ausencia de indicadores de gestión y de
contabilidad analítica, que impide conocer el coste y rendimiento de los servicios públicos; la falta de seguimiento de los proyectos de inversión financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial; la falta de contestación de las
entidades financieras a la circularización realizada y la insuficiente información sobre las inversiones para la construcción de la autovía del noroeste.
Las cuentas generales de la Región de Murcia de los cuatro ejercicios fiscalizados fueron rendidas al tribunal en plazo. En cuanto a la rendición de las cuentas individuales por parte de los diferentes organismos, empresas y entidades que
componen el sector público autonómico, un total de tres empresas públicas y cuatro consorcios no habían rendido las cuentas del ejercicio 2006, y tampoco lo habían hecho para 2007 un total de tres empresas autonómicas y cinco consorcios. Respecto a
los ejercicios 2008 y 2009, no se rindieron las cuentas de dos empresas públicas y dos consorcios.
Por lo que se refiere al análisis de las liquidaciones de los presupuestos, en los ejercicios 2006 y 2007 se presentan unos grados de ejecución de los créditos y de realización de los ingresos cercanos al cien por cien en ambos ejercicios.
Respecto a 2008 y 2009, se han presentado unas liquidaciones con unos grados de ejecución de los créditos del 96% y 93% respectivamente, y unos grados de realización de los ingresos del 83% y 98%.
Las obligaciones reconocidas relativas a las aportaciones al Servicio Murciano de Salud han sido insuficientes para compensar las pérdidas generadas, por importes que oscilan entre 66 millones de euros en 2006 y 335 millones en 2009, a pesar
de que los créditos eran ampliables.
Por su parte, como consecuencia de la incorrecta aplicación al presupuesto de ingresos que fueron registrados en cuentas no presupuestarias, los derechos reconocidos se encontraban infravalorados en 2006 y 2008 por 18,5 y 17 millones de
euros respectivamente, y sobrevalorados en 2007 y 2009 por 15,5 y 18 millones de euros. Al igual que en otras comunidades de régimen común, los anticipos a cuenta del nuevo sistema de financiación autonómica fueron muy elevados por las estimaciones
de ingresos realizadas, muy superiores a los reales. A raíz de la liquidación definitiva de los ejercicios 2008 y 2009, resultaron unos saldos a favor de la Administración General del Estado por importe de 160,5 y 582 millones de euros
respectivamente.
Respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria, la Región de Murcia cumplió en los ejercicios 2006 y 2007 el mencionado objetivo, establecido en un déficit equivalente al 0,1% del producto interior bruto regional, al encontrarse ambos
ejercicios prácticamente en equilibrio presupuestario. No ocurrió así en 2008 y 2009, cuando se previó un déficit máximo del 0,75% del PIB regional para ambos ejercicios y, sin embargo, se registraron unos déficits reales del 2,86% y 2,64%,
respectivamente, del PIB regional en dichos años. Lo anterior obligó a la comunidad autónoma a presentar sendos planes económico-financieros de saneamiento, declarados idóneos por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hay que señalar,
respecto a las medidas de corrección previstas en los planes económico-financieros, que se han observado demoras en su aplicación, habiéndose procedido a la elaboración de un plan de reequilibrio para el trienio 2012-2014.
Respecto a la situación patrimonial de la Administración autonómica, se había completado la mayor parte del registro en el inventario de sus bienes de inmovilizado, estando pendiente de anotación inmuebles por un valor de 6,5 millones de
euros, así como los montes, puertos y vías pecuarias de la comunidad.
Al cierre del ejercicio 2007 se encontraban pendientes de cobro de la Unión Europea derechos por importe de 44 millones de euros, que correspondían principalmente al Feder, al haber suspendido los pagos a la Comunidad de Murcia, como
organismo intermedio, por la baja cobertura de las verificaciones efectuadas sobre los gastos certificados en el periodo 2000-2005. Una vez subsanadas las deficiencias, la Comisión Europea retiró en diciembre de 2009 la suspensión de pagos a la
Región de Murcia.
Existen ciertos saldos contables que estaban incorrectamente valorados, como el relativo a la tesorería al cierre del ejercicio 2006, que se encontraba infravalorado en 12 millones de euros, o el de las provisiones por depreciación de las
inversiones financieras en 2009, dotadas en exceso por importe de 17 millones de euros. El remanente de tesorería calculado por la Administración regional se encontraba sobrevalorado en todos los ejercicios fiscalizados, debiendo minorarse por un
importe que oscila entre 257 millones de euros en 2006 y 840 millones en 2009.
En cuanto a la actividad de las distintas entidades que integraban el sector público autonómico, hay que señalar que los organismos autónomos, a excepción del Instituto Murciano de Acción Social, reintegraban al presupuesto de la comunidad
los remanentes de tesorería positivos no destinados a financiar incorporaciones de crédito, en cumplimiento de la Ley de Hacienda. Además, la Agencia de Recaudación no transfería con regularidad mensual a la Administración regional la recaudación
en ejecutiva de los derechos económicos que gestionaba, habiéndose observado desfases de hasta ocho meses en su ingreso.
El Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, por su parte, mantenía importantes debilidades de control interno. Las empresas públicas autonómicas, al igual que en ejercicios anteriores, presentaban una situación conjunta
deficitaria en todo el periodo fiscalizado. Destacaban especialmente las pérdidas anuales del Servicio Murciano de Salud, que oscilaron entre 1388 millones de euros en 2006 y 2019 millones de euros en 2009, al haber cubiertos sus ingresos de
explotación únicamente en torno al 6% de sus gastos de la misma naturaleza.
Por otro lado, la Sociedad Televisión Autonómica de Murcia registraba también unas pérdidas significativas, que pasaron de 26 millones de euros en 2006 a 48 millones en 2009. Las medidas temporales de ahorro para la televisión fueron
insuficientes para alcanzar la reducción prevista de la financiación autonómica, sin haberse presentado un plan de negocio adecuado para los ejercicios siguientes. El Gobierno regional acordó en 2012 adoptar el modelo de gestión indirecta del
servicio de la televisión pública.
Asimismo, a partir del ejercicio 2009 se inició la actividad industrial y comercial del Ente Público del Agua, que gestionaba la puesta en funcionamiento de la planta desaladora de Escombreras, si bien esta se encontraba infrautilizada, al
no alcanzar el nivel de producción previsto, encontrándose ampliamente subvencionado el coste de producción de agua abastecida a los municipios.
En cuanto a los más de veintiséis consorcios y diecisiete fundaciones en que participaba mayoritariamente la comunidad de Murcia, hay que señalar que algunas de las fundaciones no fueron sometidas a la auditoría preceptiva de la
intervención. Como hechos posteriores, cabe resaltar los acuerdos del Consejo de Gobierno adoptados en 2010 y 2011 para proceder a la extinción de siete fundaciones y veinticinco consorcios, si bien al cierre de los trabajos de fiscalización solo
se habían extinguido tres fundaciones y dos consorcios.
Por lo que se refiere al examen de la gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se han analizado aspectos como el endeudamiento, las subvenciones y la contratación pública. El endeudamiento financiero de la comunidad creció
desde 580 millones de euros al cierre del ejercicio de 2006, a 119 millones a finales de 2009, destinándose a financiar los déficits generados en el período, de acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Aunque la
Administración de la comunidad respetó los límites relativos al endeudamiento financiero para 2006, 2007 y 2008 previstos en las leyes de presupuestos y en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, hay que señalar que se excedió en un
3% el importe máximo fijado en el programa anual de endeudamiento del ejercicio 2009 para el conjunto de las entidades clasificadas en el sector de administraciones públicas.
Respecto a las subvenciones, en el análisis de la implantación y evaluación del plan estratégico de subvenciones para el período 2007-2010 se han puesto de manifiesto debilidades y carencias en la definición de indicadores para evaluar el
cumplimiento de los objetivos y en la adopción de medidas correctoras. También había deficiencias en los procedimientos de gestión implantados referidas a la justificación del cumplimiento por parte de los beneficiarios de la finalidad pública a
que se destinan los recursos recibidos.
En el ámbito de la contratación administrativa se mantienen, en general, las deficiencias señaladas en ejercicios anteriores, que se refieren fundamentalmente a la insuficiente justificación de la necesidad de las contrataciones; a la
inclusión de criterios nuevos de adjudicación no recogidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares; a la deficiente justificación de la ejecución de determinados contratos; y a las frecuentes demoras no justificadas en la
ejecución de los contratos, sin que se hayan impuesto las penalidades correspondientes.
Por otra parte, la comunidad de la Región de Murcia llevaba a cabo la construcción de infraestructuras bajo diversas modalidades de colaboración público-privada, como ocurría con la ejecución de la autovía del noroeste, financiándose a
través del sistema conocido como peaje en sombra, o la autovía Totana-Mazarrón bajo el modelo alemán o abono total del precio a la conclusión de la obra.
Por lo que se refiere a los proyectos de inversión financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial, la insuficiente información disponible impedía efectuar el seguimiento individual de tales proyectos, no disponiendo de
procedimientos que permitieran un registro contable separado de cada proyecto.
Finalmente hay que hacer referencia a las recomendaciones contenidas en los informes anuales de los ejercicios analizados. En ellas se reconocen, por un lado, los avances efectuados por la comunidad para la implantación de correcciones
derivadas de las recomendaciones incluidas en informes anteriores; y, por otro lado, se reiteran aquellas otras que todavía no habían sido adoptadas, entre las que cabe citar las siguientes: la mejora de los procedimientos de gestión de la
actividad subvencionadora y contractual; la revisión de la oportunidad de mantenimiento de la inversión en sociedades autonómicas recurrentemente deficitarias; la necesidad de explicar en su memoria anual los efectos de las operaciones
desarrolladas bajo distintas modalidades de financiación de infraestructuras; la necesaria corrección y mejora de la representatividad de las cuentas anuales y de la gestión de los recursos públicos, en especial, revisando las normas que regulan el
tratamiento contable de los ingresos procedentes de fondos comunitarios.
Además de lo anterior, con respecto a los dos últimos ejercicios analizados, se recomienda, entre otros aspectos: la agilización de la implantación y aplicación de las medidas de corrección de gastos e ingresos aprobados en el plan de
reequilibrio económico-financiero presentado en 2012; la revisión de los procedimientos de gestión y registro de los derechos de naturaleza tributaria; la instrumentación de mecanismos adecuados, que permitan anticipar a los ayuntamientos la
recaudación de los tributos locales con arreglo a los convenios de colaboración suscritos con la Agencia de Recaudación Regional; y la agilización de las actuaciones ya iniciadas para la reestructuración del deficitario sector público autonómico.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el senador Bruguera.
El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señor presidente del Tribunal de Cuentas.
Voy a resaltar dos o tres aspectos, de modo breve. En primer lugar, puede que sea una manía de este senador, pero los aspectos de cumplimiento formal no me parecen algo baladí; al contrario: a veces, me preocupan mucho más que el análisis
concreto del objetivo de estabilidad presupuestaria, que se incumple de manera flagrante: del 0,75% a casi el 3%, es decir que se multiplica por tres o por cuatro el que se había fijado. También se incrementan muchísimo los remanentes de tesorería
negativos a lo largo de los cuatro ejercicios, y ha aumentado el déficit.
De todos modos, la cuestión previa es la formal. Al leer el informe, uno se da cuenta de que algunas entidades públicas -por no decir bastantes-, fundaciones y consorcios, no han rendido sus cuentas en plazo, lo han hecho fuera de plazo o
con importantes carencias documentales, y esto debería hacernos reflexionar. Estamos hablando ahora de la Comunidad Autónoma de Murcia, pero esto podría extenderse a bastantes informes de los que usted ha presentado en esta Comisión Mixta; leo
textualmente: 'Respecto al resto de recomendaciones recogidas en la fiscalización de los ejercicios anteriores -lo dicen por los años 2008 y 2009-, continúan sin ser seguidas, por lo que yo se vuelven a recordar', y se recogen un total de siete,
que se incrementan con once recomendaciones más de los años 2008 y 2009, que no estaban en el informe de 2006 y 2007.
Repito, pues, la pregunta que le he hecho en más de una ocasión. ¿Qué le parece a usted que se podría hacer para que, como mínimo, se cumpliesen los aspectos formales -técnicos, jurídicos-, para que se cumpliesen las normas? Si no, se
produce un agravio comparativo con aquellas, que también las
hay -hay que decirlo-, que cumplen con la rendición de sus cuentas en tiempo y forma, según la normativa aplicable.
Solo me queda agradecerle el informe, porque los que no somos expertos en el tema hemos podido entenderlo, es muy didáctico.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Desea hacer uso de la palabra, señor Pàramo? (Denegaciones.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Voy a tratar de ser breve y de ir a los aspectos más generales, a partir de la información que se desprende del trabajo que ha realizado el Tribunal de Cuentas para los años
referidos, 2006, 2007, 2008 y 2009. Pero antes de hacerle alguna pregunta al señor presidente del Tribunal de Cuentas, me gustaría hacer algunas consideraciones de carácter económico y político. A partir de la gestión de estos años de las finanzas
públicas y a partir del análisis que hace el Tribunal de Cuentas de las finanzas públicas, se llega a unos resultados de esas finanzas que me gustaría resumir para poder entenderlo bien globalizándolo adecuadamente.
Uno de los primeros resultados es que hay un crecimiento del gasto improductivo por encima de la media del de las comunidades autónomas en las cuentas de la Región de Murcia de estos años que ha analizado el tribunal. La segunda idea es
también importante: como resultado, la presión fiscal en estos años ha crecido por encima de la media de la de las comunidades autónomas. y el tercer elemento que nos ayuda a entender el cuadro macroeconómico de las finanzas públicas es que el
crecimiento del déficit público ha sido galopante y, como se ha dicho anteriormente, no se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria. Este es el resultado.
¿Por qué se ha llegado a este punto, a mi juicio? Lo decía el presidente en su intervención. Esto es una constante en esta comunidad autónoma. Probablemente, también en alguna otra; pero en esta, no durante estos años, sino durante
muchos, no ha habido una contabilidad de costes o una evaluación de eficacia y de eficiencia de los distintos programas de gasto, como punto de partida. Se ha hablado también de la infravaloración de obligaciones reconocidas; se ha hablado de
numerosas deficiencias de índole contable y de control interno, así como en materia contractual; estoy hablando de elementos que ayudan a explicar el resultado de las finanzas de la Región de Murcia durante estos años. También se ha hablado de una
importante deficiencia de gestión en el Servicio Murciano de Salud. En este punto, quiero destacar que, como media, en este servicio puede estar entre el 55 y el 60% del gasto autonómico. Supongo que esta será también la media en las demás
comunidades autónomas. De todos modos, si este servicio no se gestiona de manera moderna o adecuada, se desequilibran las finanzas, al menos las de esta comunidad autónoma. Por tanto, cualquier reforma de la Administración que emprendamos, tiene
que tener muy en cuenta una reforma en profundidad del servicio de salud, en este caso de la Región de Murcia.
También hemos llegado a este punto por una política económica de años. y cuando se ha caído ese modelo de crecimiento y han caído los ingresos, la situación se ha hecho insostenible, y han llegado los resultados que he planteado al
principio: más déficit y más presión fiscal. Evidentemente, tampoco ayuda un sistema de financiación que está por debajo de la media. Es verdad que ha habido convergencia en el último modelo de financiación autonómica -una convergencia hacia la
media-, pero eso también ayuda a explicar el problema y los resultados de los que he hablado anteriormente.
Cuento todo esto porque, si es importante el análisis del pasado, también es muy importante lo que se vaya a hacer en el futuro y, por tanto, las recomendaciones que se hagan aquí, en esta comisión. En el caso de la Asamblea Regional de
Murcia, me consta que se han hecho unas recomendaciones, creo que de modesto cumplimiento. Pero, al menos, son un gran acuerdo de las distintas fuerzas políticas de la asamblea. En todo caso, de cara al futuro son importantes esas recomendaciones
y, desde luego, es muy importante que lleve a cabo una gestión mejor, una reforma en profundidad de la gestión y de la Administración. También es importante una política de crecimiento que traiga nuevos recursos, porque, si no, los servicios
públicos fundamentales de esta comunidad autónoma van a ser insostenibles. Esto es algo que le preocupa a nuestro grupo: para tener autonomía política, tiene que haber autonomía económica.
Y, desde luego, estas cuentas, estos números, llevan a pensar en la insostenibilidad de los servicios públicos.
Me van a permitir que introduzca aquí un elemento político. Siempre nos habían contado algo que, a mi juicio, era una falacia política y económica: cuando gobierna el PP la economía y las finanzas públicas, bajan los impuestos, reducen el
déficit público, reducen la deuda pública, y, en definitiva, estabilizan el cuadro macroeconómico y crean más empleo. En esta comunidad autónoma, gestionada durante muchos años por el Partido Popular, como se ve en el informe del Tribunal de
Cuentas, esto es una falacia económica: aquí lo que tenemos es más déficit, una deuda que crece de manera alarmante y una subida de impuestos, por no hablar del paro, que está en el 30%. Quiero decir que nos habían contado un cuento que no parece
que se cumpla. Por no hablar de la realidad de la economía española en este momento, que lleva a ciertas consideraciones de carácter general: más déficit en 2012 que en 2011, mucha más deuda en 2012 que en 2011 y el mayor incremento de presión
fiscal de la historia de la democracia en 2012 con relación a 2011; este es el cuadro de la gestión pública.
Pero, como les he dicho, señorías, lo que más nos preocupa es el futuro. Nos gustaría poder hablar de las recomendaciones de cara al futuro, y nos gustaría hablar de las reformas, de la buena gestión y de la eficacia en el gasto. Si tiene
a bien el presidente del Tribunal de Cuentas, me gustaría que me contestara a dos consideraciones -no me atrevo a llamarlas preguntas-. En primer lugar, cómo ve que la gestión del Servicio Murciano de Salud esté lastrando las cuentas públicas de
esta comunidad autónoma; me refiero al incremento del déficit y de la deuda. Y, en segundo lugar, quisiera que me hablara de los expedientes más relevantes en los que aprecia el alto tribunal indicios de responsabilidad contable e, incluso, de
infracción penal.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Carreño Fernández.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, al que represento, le agradezco al señor presidente del Tribunal de Cuentas la exposición del Informe Anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, correspondiente a los
ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009; comunidad a la que pertenezco y que invito a todos a visitar, como muchos de mis compañeros han hecho estos días.
En primer lugar, me gustaría informarle al portavoz del Grupo Socialista, Pedro Saura, de que la Comunidad de Murcia ha liderado durante muchísimos años el crecimiento económico y la creación de empleo, hemos sido los que más hemos bajado
los impuestos. Hasta que llegó el Partido Socialista al Gobierno de la nación, y fuimos castigados, no solamente en la financiación autonómica, sino con recortes en infraestructuras, en temas de agua, de agricultura y un largo etcétera. Por tanto,
cuando hablamos de la situación de la región, es urgente abordar el estado de todos los murcianos y las circunstancias que a lo largo de estos años ha provocado el Gobierno socialista. y hay que hablar de los murcianos que necesitan ayuda y a los
que la crisis está golpeando con dureza; y las instituciones, por responsabilidad, no podemos dejar de prestar atención a quienes hoy precisan de nuestra ayuda para salir adelante. y yo quiero mencionar la puesta en marcha del Fondo extraordinario
de atención social dotado con 14,5 millones de euros, un fondo que incrementa casi un 30% el presupuesto destinado a la renta básica de inserción, que nos va a permitir a los murcianos atender a cerca de un millar de solicitudes de ayudas a personas
sin ingresos y con cargas familiares, exclusión social, y con un 50% para becas de comedor totalmente gratuitas para familias necesitadas y ponernos al día en las prestaciones también de la dependencia.
Por tanto, se ha hecho un gran esfuerzo en mantener los servicios públicos esenciales, algo que hasta la fecha se ha logrado con gran esfuerzo, impidiendo poner en riesgo la sanidad, la educación o la atención social. y precisamente eso era
lo que hubiera sucedido sin asumir responsabilidades de la contención presupuestaria que usted, señor presidente, ha comentado aquí. Sin embargo, el esfuerzo presupuestario de todos los murcianos no ha sido tenido en cuenta en la financiación de
nuestra región, como antes he comentado, circunstancia que hace más injusto, y también arbitrario, el trato que recibimos, conforme al cual percibimos 182 euros menos por habitante y año que la media nacional; de ahí nuestro planteamiento de que al
considerar el enorme sacrificio realizado en la contención del déficit público, también ha de tenerse en cuenta la situación especialmente compleja de nuestra región. Por tanto, conocedores de que la Unión Europea nos exige el control del déficit
público y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera nos obliga a corregir situaciones de déficit excesivo, así como también la presentación de un plan económico y financiero que ha hecho la Región de Murcia, y que hay que reconocer que en un año la región ha
conseguido realizar un importante esfuerzo de contención, pero siempre teniendo en cuenta la situación referida, los ingresos referidos, los gastos que no podían dejar de llevarse a cabo; una contención que conlleva un esfuerzo considerable para
toda la sociedad, para los empleados públicos, una situación complicada para todos, pero con una finalidad clara que no es otra que apoyar a quienes lo precisan y poder mantener una cobertura básica de atención y protección. Y, señorías, no podemos
olvidar que, además de esa obligación legal que representa la contención del gasto, un incumplimiento de nuestros deberes podría derivar también en consecuencias tales como la pérdida de fondos europeos, el bloqueo en la financiación que percibimos
o la intervención de los presupuestos, medidas que serían peores. Por tanto, la contención del déficit no es un fin, es un medio; es un medio imprescindible para racionalizar el gasto, para permitir que el sistema sea sostenible y que los pilares
fundamentales del bienestar social puedan mantenerse sin perjuicio grave para las personas.
Señor presidente, la presentación del Plan económico de financiación y de equilibrio y sostenibilidad financiera es lo que ha permitido a los murcianos seguir manteniendo el Estado de bienestar, la educación, la sanidad, la dependencia o la
atención social, como ha permitido garantizar los pagos corrientes de la comunidad autónoma, entre ellos, las nóminas de los empleados públicos, o contar con un Plan de pago a proveedores, o asumir la responsabilidad con Lorca, por ejemplo.
Por otra parte, al analizar las cuentas que pertenecen a períodos como el de 2006 a 2009 y en el momento tan convulso financieramente hablando que estamos atravesando, hace que las cuentas públicas atraviesen hoy unas enormes dificultades, y
en el caso de la Región de Murcia hay que señalar que gran parte de las observaciones, de las recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas han sido implementadas adecuadamente por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a lo largo de
estos años por iniciativa propia, con el fin de estar hoy mucho mejor posicionados para aprovechar al máximo los pocos recursos de que disponemos y, sin embargo, atender mejor a nuestros ciudadanos, por lo que se puede afirmar con seguridad que ya
no contribuyen al problema en la gestión económica y política de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Le informo al presidente y también a los grupos de la oposición.
Señor presidente, respecto al informe de los cuatro años de los que ha expuesto su análisis, conclusión y recomendaciones, quiero decir que ha ofrecido una exposición muy detallada de la organización y funcionamiento de la actividad pública
de la Región de Murcia. y lo hago pasado porque desde 2006 hasta hoy se han producido importantes avances. Hoy, en 2013, las variaciones de la organización y gestión de la comunidad son positivas, donde se han corregido las recomendaciones del
tribunal.
En ese sentido, una de las preguntas que quisiera hacer al señor presidente es si con el conocimiento que tiene de las cuentas de años posteriores, entiende que, efectivamente, es así, que las recomendaciones han sido implementadas
adecuadamente por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a lo largo de estos años. Lo ha sido al acometer un profundo proyecto de simplificación del sector público autonómico, que dejará reducida su estructura a menos de cuarenta unidades,
frente a las más de cien que figuraban en el inventario de entes de los años analizados. Por lo tanto, hay que aclarar que se ha producido una reducción muy potente del sector público. Y, por otra parte, se han introducido en la Ley 14/2012 las
medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público, instrumentos de control de la actividad del sector público autonómico, fundamentalmente en manos de la Consejería de Economía y Hacienda, que lo que permiten es asegurar el
cumplimiento de los principios económicos y financieros aplicables a la Administración general en todo el sector público, entre los que figura la rendición de cuentas ante todos los órganos que proceda, dotando de la posibilidad de adopción de
potentes medidas correctoras ante comportamientos no adecuados; y, para su información, se ha creado la Comisión para la Coordinación y el Seguimiento del Sector Público como órgano especializado del control de estas unidades.
Respecto al análisis de las liquidaciones de los presupuestos de los ejercicios 2008 y 2009 en la Administración de la Región de Murcia, no hay nada singular en esta afirmación; son datos numéricos que reflejan la realidad presupuestaria,
puesto que en los años 2008 y 2009 se arrastraron las inercias del gasto de años anteriores, poniéndose de manifiesto la contención del gasto en 2009, cuando ya se evidenció la realidad profunda de la crisis y los errores en la determinación de los
ingresos a cuenta de la financiación autonómica que, además, en años posteriores provocaron la existencia de liquidaciones negativas de gran importancia.
¿Ha percibido usted, señor presidente, en estos últimos años, una mejora en la calidad de la información contable recibida de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?
Por otro lado, yo quería manifestar e informar que el Ministerio de Hacienda se equivocó gravemente en la determinación de los rendimientos derivados del sistema de financiación autonómica, agravados en el caso de la Región de Murcia, por la
falta de actualización de la población, y esto a lo que ha obligado es a la compensación de ejercicios futuros, lo que menoscaba la financiación futura de los servicios públicos fundamentales. Adicionalmente, se exigía por el Gobierno del Partido
Socialista la devolución en tres años, mientras que el Gobierno del Partido Popular lo alargó, primero a cinco años y luego a diez, haciendo sostenible esta devolución sin afectar gravemente a la financiación de los servicios públicos fundamentales,
puestos en cuestión por el grave error que cometió el Gobierno socialista.
Manifiesta usted, señor presidente -como así recoge el informe-, que la comunidad autónoma de Murcia ha incumplido el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria establecido para los ejercicios 2008 y 2009. Es evidente y conocido por todos el
mal trato que para la Región de Murcia supone la puesta en marcha del sistema de financiación autonómica aprobado por el Partido Socialista, situando la financiación per cápita en la cola del conjunto de las comunidades autónomas, con una necesidad
de financiación de los servicios públicos muy superior a los rendimientos que proporcionan los instrumentos del sistema de financiación y que ha obligado a incurrir en déficits excesivos para no castigar a los ciudadanos de la Región de Murcia con
un menor nivel en los servicios públicos que reciben que el conjunto de los ciudadanos de España. Si hubiéramos recibido la misma financiación que la media, la Región de Murcia tendría 252 millones de euros más al año -1017 millones de euros más,
si se nos tratara como a la mejor financiada- que nos habría evitado muchos ajustes que los socialistas, autores de este sistema injusto con la región, critican. El Gobierno siempre ha defendido un modelo justo de financiación autonómica. Si no
hay financiación suficiente hay déficit excesivo para mantener la calidad de lo servicios públicos fundamentales y, por tanto, se incrementa la deuda. Si esto pasaba aquí, donde la infrafinanciación es muy evidente, ¿por qué pasaba en Castilla-La
Mancha, cuando gobernó el Partido Socialista hasta 2011, llegando a un déficit del 7%, con una financiación notablemente superior a la media?, ¿o en Andalucía?, ¿o en Cataluña?, ¿o en Aragón, también en la etapa socialista?
Señor presidente, en cuanto a los planes económicos, que fueron declarados idóneos en los acuerdos del 22 marzo de 2010, yo quisiera decir que no se han cumplido en niveles satisfactorios en la parte de ingresos, dado el entorno recesivo en
el que se ha movido la economía en estos últimos años y también a la insuficiencia del sistema de financiación autonómica, como antes comentaba. Nada distinto de lo que ha ocurrido en la Administración General del Estado estos últimos años, que ha
incumplido reiteradamente también el escenario de consolidación presupuestaria que tenía acordado con la Comisión Europea. Pero, por otro lado, también la comunidad presentó otro nuevo plan en mayo de 2012, declarado idóneo, que ha permitido una
importante reducción del déficit de la comunidad autónoma en este año, hasta el 3,01%. Por tanto, también vale la reflexión sobre la caída de ingresos derivada de la falta de actividad económica y también la infrafinanciación. Por tanto, señor
presidente, ¿usted considera que el déficit excesivo tiene relación directa con la infrafinanciación que ha sufrido la Región de Murcia?
Los datos que usted ha mencionado ponen también de manifiesto el gran esfuerzo que está realizando el Gobierno regional en mantener la sanidad pública con unos niveles de calidad análogos al resto de las comunidades autónomas y de la apuesta
por lo público, considerando la absoluta falta de financiación para este servicio público fundamental y transferido.
El problema de la deuda comercial del sistema murciano de salud quedó solucionado en 2012 a través de la adhesión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al mecanismo extraordinario del Plan de pagos a proveedores y la ventaja del
modelo del sistema murciano de salud de ente público garantiza la absoluta transparencia de las cuentas del ente, frente a otros modelos que no pueden garantizarla, tal y como se puso de manifiesto en mayo de 2012 al habilitarse el mecanismo del
Plan de pago a proveedores. Por tanto, el análisis del sector público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está distorsionado por el efecto del sistema murciano de salud que, al ser un ente público, no un organismo autónomo como en otras
comunidades autónomas, incrementa artificialmente el sector público empresarial. La situación del sistema público debe ser analizada excluyendo el comportamiento del sistema murciano de salud, en cuyo caso se percibe claramente que es un mínimo,
con un nivel de resultados agregados en negativo pero que no incide prácticamente en el déficit de la comunidad autónoma.
Por tanto, señor presidente, el esfuerzo y la responsabilidad del Gobierno de Murcia se ha visto. La Región de Murcia mantiene 10 hospitales, 81 centros de salud y unos 180 consultorios de atención
primaria, no se han tenido que cerrar quirófanos ni centros de salud ni tampoco hospitales, como sí ha ocurrido en otras comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Senadora Carreña, debe ir terminando.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Me quedan muchos temas por tratar, pero quiero manifestar que todas y cada una de las soluciones que se han ido adoptando a lo largo de estos años respecto al informe han quedado contempladas en la planta
desaladora de Escombreras, ya en funcionamiento. Se ha resuelto también la rendición de cuentas al tribunal de las empresas públicas autonómicas, tanto el Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro como el Consejo de la Juventud. ¿Cuál cree
usted que es el problema de que la Intervención General de la comunidad haya realizado controles financieros sobre las empresas autonómicas, cuyo alcance se ha extendido al cumplimento presupuestario y de legalidad, al control interno y al análisis
económico y financiero, porque además cumple con su obligación?
La contabilidad adecuada a la que se refería el portavoz del Grupo Socialista, separada de la ejecución de los proyectos de inversión que se financian con el Fondo de Compensación Interterritorial, está corregida. A partir de 2013 hay una
diferencia en cuanto a la consideración de los ingresos derivados de su integración en el sistema de información contable. Ya se han definido adecuadamente y se identifican de forma satisfactoria; no supone ningún problema económico, solo de
identificación informática. Por tanto, quiero agradecer las conclusiones y recomendaciones que efectúa el Tribunal de Cuentas. Todo contribuye al que debe ser el objetivo común: el mejor funcionamiento posible y la máxima transparencia de las
administraciones públicas para prestar un mejor servicio a los ciudadanos.
Y una última pregunta: ¿Cree usted que los defectos detectados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia son comunes a otras comunidades autónomas?
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carreño.
Para contestar y aclarar las cuestiones planteadas por los miembros de la comisión, tiene la palabra el presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, señor Bruguera, usted hace referencia y resalta la importancia del cumplimiento formal de determinadas cuestiones, una de ellas la rendición de cuentas, y coincido plenamente con sus palabras. La rendición de cuentas es un
requisito indispensable, es una obligación legal y, por tanto, los instrumentos que tiene el tribunal para conseguir que se haga efectiva son los requerimientos conminatorios que puede formular el Pleno del Tribunal de Cuentas a los incumplidores de
la obligación de rendir. Bien es cierto que los requerimientos conminatorios que puede formular, y de hecho formula el tribunal, llevan aparejado un régimen de multas coercitivas, que de manera repetida he manifestado en esta comisión -además el
tribunal lo ha presentado a través de una moción ante esta Cámara- no es lo suficientemente importante como para ser un elemento que tenga verdadero carácter coercitivo para los incumplidores.
En todo caso, usted también me pregunta qué medidas se han tomado en relación con las entidades que no rindieron y le puedo informar que dentro de las actuaciones desarrolladas en la sección de enjuiciamiento del tribunal se ha abierto un
trámite de diligencias preliminares, que actualmente se encuentra en fase de instrucción y que es relativo precisamente a las irregularidades en la rendición de cuentas del sector público empresarial. Por lo tanto, en esas diligencias preliminares
se analizarán precisamente esas situaciones de no rendición.
En relación con la intervención del señor Saura, empiezo por el final. Me dice precisamente que complete la información que he empezado dando respecto de los expedientes de responsabilidad contable, y he de decirle que exclusivamente hay
abiertos supuestos de responsabilidad contable relativos a los ejercicios 2006 y 2007, por lo que ya he manifestado al señor Bruguera y también por la justificación de ayudas a fondos Feder y a otros gastos. Sin embargo, no consta en la sección de
enjuiciamiento antecedentes derivados del informe anual de la comunidad autónoma de Murcia de los ejercicios 2008 y 2009.
En el ámbito penal, sobre lo que usted me pregunta, el Ministerio Fiscal apreció la existencia de indicios de responsabilidad relativos a la adjudicación de determinados contratos exclusivamente referidos a los ejercicios 2006 y 2007.
Usted también plantea diferentes consideraciones relativas a la política de consolidación fiscal o no consolidación fiscal en el caso de la Región de Murcia. He de decirle, senador Saura, que creo que es un informe muy extenso y detallado
de las cuentas de la comunidad y de su evolución y en él se contienen todos los datos para que ustedes, de acuerdo además con su ideario político y su forma de entender cómo debe desarrollarse la gestión de una determinada comunidad, saquen las
conclusiones que les parezcan más oportunas para fundamentar las políticas que manifiestan respecto de la gestión pública. En este terreno, indudablemente, el tribunal considera que es necesaria una mayor política de consolidación fiscal. y aquí
enlazo precisamente con lo manifestado por la señora Carreño, precisamente porque en el ámbito de la gestión de las comunidades y del propio Estado, como ayer vimos precisamente de otras comunidades que tenían déficits podríamos decir excesivos,
supone precisamente un cuello de botella para las posibilidades tanto de gestión como de financiación de nuestro país en su conjunto.
En relación con lo manifestado por la señora Carreño, que me hace varias preguntas, algunas se las puedo contestar, pero otras creo que no podré.
Me plantea si creo que el incumplimiento del objetivo de estabilidad está ligado a la infrafinanciación. Creo que el cumplimiento de los objetivos de estabilidad precisamente se conocen con carácter previo, es decir, el incumplimiento en sí
es un incumplimiento, con independencia de que haya o no la financiación adecuada. Por tanto, creo que la gestión pública debería haber hecho el esfuerzo de acomodarse en lo posible a las opciones financieras que se tenían. No entro a valorar lo
que usted ha dicho, que me parece muy puesto en razón, sobre si la comunidad tenía un tratamiento adecuado en relación con otras comunidades.
Me pregunta también acerca de los esfuerzos realizados con carácter posterior. El informe ?y no invento nada que no esté ya recogido en él? cita hechos posteriores donde se describe que precisamente la comunidad de Murcia ha llevado a
cabo dos grandes actuaciones: por una parte, una reducción de hasta el 30% del número de entes integrantes del sector público regional ?y en este sentido creo que es una política de contención y de consolidación importante? y también he hecho
referencia al nuevo modelo de gestión de la televisión regional, que se supone que va a proporcionar precisamente reducciones de financiación y, por lo tanto, un efecto positivo en las cuentas públicas; y, por otra, la iniciación de los trámites
conducentes a la extinción de empresas, fundaciones y consorcios.
No es que le responda a su pregunta sino que el propio informe contiene en su desarrollo y en sus hechos posteriores la información que le estoy facilitando; es decir, que efectivamente se hacen esfuerzos para resolver esa situación que he
de terminar diciendo que es lo suficientemente grave como para que, indudablemente, todos los responsables económicos de la comunidad sigan en los esfuerzos que ya han iniciado para conseguir que ese déficit que en los años 2010 y 2011 alcanzó
cifras importantes verdaderamente descienda, como parece ser que así ha ocurrido en 2012 al 3,12% y que incluso descienda muchísimo más para conseguir ajustarse a los objetivos de déficit que se han fijado para la comunidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
¿Algún portavoz desea pedir alguna aclaración al señor presidente?
Tiene la palabra el señor Bruguera.
El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.
No tanto para pedir aclaraciones sobre la intervención o a la respuesta del señor presidente del Tribunal de Cuentas, que me ha parecido correctísima, como en relación con un comentario de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la
señora Carreño, respecto a la infrafinanciación y al déficit.
Su comentario sobre la infrafinanciación ha sido más o menos que en la Región de Murcia cuentan con una financiación por debajo de la media per cápita nacional y, en cuanto al déficit, no le han dolido prendas al incluir dentro de las
comunidades autónomas deficitarias a Cataluña. Le tomo la palabra porque de esto nos quejamos en Cataluña, de que tenemos una financiación muy por debajo...
El señor PRESIDENTE: Señor Bruguera, le recuerdo que en esta comisión no existe debate entre los parlamentarios y ni siquiera debate con el compareciente. El formato reglamentario de la comisión establece el análisis de los informes, las
intervenciones para aclarar dudas y, si el debate fuera necesario o imprescindible, habría de producirse en la comisión siguiente, entre las propuestas de resolución, que es donde podríamos iniciar un debate más político llegado el caso.
Por tanto, para no abrir un debate entre diputados y senadores que no corresponde a la comisión, le pediría que se ciñera a preguntar o aclarar sus dudas con el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
Muchas gracias por su comprensión, señor Bruguera.
Tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
He pedido en mi intervención al señor presidente del Tribunal de Cuentas si podía ampliar la información sobre algunos expedientes concretos. Entiendo que no lo pueda hacer en este momento y, por ello, estoy abierto a que me remita esa
información por escrito. Si lo puede hacer ahora, excelente; y si no es posible, estoy abierto a esa otra posibilidad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señora Carreño, ¿desea alguna aclaración del señor presidente del tribunal?
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Solo quiero decir que mi grupo parlamentario respalda al Gobierno de la Región de Murcia y, sobre todo, al presidente por las recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas, que han sido implementadas
adecuadamente por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Desde luego, mi grupo parlamentario estará al tanto de que todo eso se cumpla y, sin ninguna duda, vamos a seguir en esa línea, reclamando la financiación que se ha negado a la región durante muchísimos años.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carreño.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): No dispongo en este momento de los expedientes concretos. Las diligencias abiertas de carácter concreto en el ámbito de la sección de enjuiciamiento, como he dicho,
se refieren a irregularidades en la rendición de cuentas y a la justificación de ayudas de fondos Feder y de otros gastos.
Esa es la información que le puedo facilitar hoy pero, en todo caso, tomo nota y se la daré de manera ampliada en la próxima comparecencia que sea posible.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIOS 2008 Y 2009, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2013. (Número de expediente del Senado 771/000119 y número de expediente del
Congreso 251/000121)
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Vamos a modificar el orden del día, continuando con el punto octavo: el informe anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2008 y 2009.
Para la explicación del informe, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2008 y 2009, fue aprobado por el Pleno del Tribunal en su sesión del 28 de mayo de 2013.
El sector público autonómico extremeño está constituido, además de por la Administración general, por un total de siete organismos autónomos ?uno de los cuales, el Instituto de Estadística de Extremadura, no había dado comienzo a sus
actividades?, un ente público, veintiocho sociedades mercantiles, quince fundaciones y doce consorcios.
La Ley 1/2008 derogó la anterior Ley de creación de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, disponiendo la creación de cinco nuevos entes públicos con presupuesto limitativo, cuatro de los cuales tenían la
consideración de servicios presupuestarios adscritos a la respectiva consejería.
Por lo que se refiere a los resultados de fiscalización no se presentaron limitaciones al alcance con carácter general, si bien la falta de rendición de las cuentas de determinadas entidades impidió, en lo que a ellas se refiere, verificar
los objetivos establecidos.
Las cuentas generales de la comunidad fueron rendidas dentro del plazo legal establecido, incluyendo las cuentas de la Asamblea, del Consejo Consultivo y de la Universidad de Extremadura.
La intervención ha formado las cuentas generales de los ejercicios fiscalizados con las cuentas anuales de las entidades que figuran en los presupuestos generales de la comunidad, en lugar de integrar la totalidad de entidades pertenecientes
al sector público autonómico, como establece la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura.
No obstante, dos de los organismos autónomos, el Servicio Extremeño Público de Empleo y el Instituto de la Juventud de Extremadura, no presentaban cuentas, integrándose como servicios presupuestarios de la Administración general de manera
transitoria hasta que se dotaran de los medios pertinentes.
Por otra parte, no consta la rendición de las cuentas anuales de dos fundaciones, una en 2008 y la otra en 2009. Tampoco se rindieron las cuentas anuales de tres consorcios ?dos de ellos inactivos? ni consta la aprobación por el órgano
competente de las cuentas correspondientes a ambos ejercicios del Patronato del Festival de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida, el cual no ha atendido al requerimiento de rendición formulado por el tribunal, al recibirse cuentas que no
aparecen aprobadas.
En relación con la liquidación presupuestaria, el presupuesto de gastos por programas no contenía objetivos e indicadores con el suficiente grado de concreción y objetividad que permitiera efectuar un análisis de la eficacia y eficiencia en
el desarrollo de las políticas públicas ni evaluar la incidencia de las modificaciones presupuestarias sobre los objetivos previstos.
El grado de ejecución del presupuesto de gastos se elevó alrededor del 90%, mientras que la realización de los ingresos llegó hasta el 88%.
Por lo que se refiere al Servicio Extremeño de Salud, se conocía con anterioridad a la elaboración del presupuesto la existencia de un significativo volumen de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto, que dio origen a un crédito
extraordinario en 2009, en lugar de haberse presupuestado inicialmente.
El citado servicio mantenía acreedores pendientes de aplicar a presupuesto al cierre de los ejercicios 2008 y 2009 por importe de 54,5 y 84 millones de euros, respectivamente, que se elevaron hasta los 193 millones de euros en el ejercicio
2011. Esta circunstancia ha supuesto que, del total de deudas presentadas por la comunidad autónoma en su adhesión al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores, un 72%, 164,7 millones correspondan a deudas de esta entidad.
También debieron haberse presupuestado en 2009 los créditos destinados al pago de las obligaciones derivadas de la anulación del impuesto sobre instalaciones que repercutan en el medio ambiente durante el período 1998-2005, con vencimiento en el
ejercicio de 2009, en lugar de tramitarse como ampliaciones de crédito.
Por otra parte, como consecuencia de la sobrevaloración de los anticipos otorgados a la Comunidad Autónoma de Extremadura correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, en virtud del sistema de financiación de régimen común, las
liquidaciones definitivas reflejan unos saldos acreedores a favor del Estado de 252 y 764 millones de euros respectivamente. Estos anticipos han permitido elevar excesivamente el volumen de gastos del presupuesto y pueden coadyuvar a la generación
de déficit en el futuro. En cuanto a la situación patrimonial, se observa la ausencia de un inventario completo, pese a los avances experimentados en su elaboración, así como la falta de implementación de una contabilidad patrimonial y de un módulo
de inmovilizado que permitiera la conexión de los registros contables y patrimoniales. Estos hechos condicionaban la representatividad de las cifras del balance y de la cuenta de resultados económico-patrimonial de ambos ejercicios.
La comunidad incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado en el 0,75% del PIB regional para los dos ejercicios, al presentar una necesidad de financiación del 1,18% en 2008 y del 1,67% en 2009 respecto al PIB regional. Como
consecuencia del incumplimiento del objetivo de estabilidad, se presentaron los correspondientes planes económico-financieros de reequilibrio, ambos declarados idóneos por acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sin embargo, no consta
la elaboración de los preceptivos informes de seguimiento durante los ejercicios 2010 y 2011, por lo que no se ha acreditado que el citado Consejo siguiera el cumplimiento de los planes en dicho período. El endeudamiento financiero de la
Administración de Extremadura al cierre de los ejercicios 2008 y 2009 presentó incrementos interanuales del 22 y del 19% respectivamente, dentro de los límites de las leyes de presupuestos y de endeudamiento extraordinario, así como de las
previsiones de los programas anuales de endeudamiento. En las operaciones con cargo a los fondos de compensación interterritorial figuraban proyectos financiados por el fondo complementario que no responden a la finalidad inversora prevista.
Entrando en el análisis del sector público, el Servicio Extremeño de Salud presentaba importantes incidencias en la elaboración de sus estados contables como consecuencia de la implantación de un
nuevo sistema informático integrado. Por lo que se refiere al sector público empresarial de Extremadura, el mismo se incrementó en un 100% en el período 2003-2009, y los gastos de personal a su servicio se incrementaron en un 215% en el
cuatrienio 2006-2009. Con cargo a los presupuestos de la Junta de Extremadura se aportaron en concepto de subvenciones y transferencias corrientes al sector público empresarial 20,5 millones de euros en 2008 y 26 millones en 2009, mientras que las
aportaciones en concepto de subvenciones y transferencias de capital ascendieron a 15 millones de euros en 2008 y 13 millones de euros en 2009.
Por otra parte, diversas consejerías de la Junta de Extremadura, así como el Servicio Extremeño Público de Empleo y el Servicio Extremeño de Salud, formalizaron durante el período fiscalizado un gran número de encomiendas de gestión con
empresas públicas autonómicas consideradas medios propios. Las entidades del grupo empresarial de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, constituido por 14 sociedades mercantiles, mantenían vigentes en el período 2008-2009 al menos 152
encomiendas de gestión por un total de 246 millones de euros. La existencia de todas las sociedades filiales del grupo no resultaba justificada por la duplicidad de organizaciones y el coste de su mantenimiento, sin que se fundamente la necesidad
de su creación, y además sin dotarlas de los medios precisos para realizar las concretas encomiendas que se le atribuyen. En ocasiones, las encomiendas de gestión se han atribuido con tal amplitud que acogen la participación en funciones públicas
reservadas, por expresa disposición de la ley, a los funcionarios públicos, aunque en los convenios de encomienda se permitía a las empresas encomendadas contratar a terceros alguna o todas las fases de la actividad encomendada. La comunidad hacía
uso de ello en multitud de ocasiones ante la falta de medios para llevar a cabo dichas actividades. En otros casos la encomienda de gestión se configuraba como una delegación de funciones al emplearse como instrumento para resolver problemas de
organización. Los requisitos de contratación en los supuestos de las encomiendas de gestión aplicados son menos rigurosos que los que corresponderían al órgano administrativo encomendante, razón que parece motivar muchas de las encomiendas que se
realizaban. A partir de 2008 la financiación de las actividades encomendadas no se realizaba en función de las tarifas oficiales. Esta situación ha impedido determinar si la realización de las encomiendas resultaba más eficiente y económica para
la Administración que la contratación directa con terceros o la ampliación de sus propios medios, razón que justificaría la encomienda.
Con respecto a la contratación administrativa se observa en general que las justificaciones de la necesidad para el servicio público eran excesivamente genéricas e imprecisas. En la ejecución de los contratos de obra se produjeron
frecuentes demoras no justificadas, algunas de las cuales ponen de manifiesto una deficiente preparación administrativa de los contratos. Además, en las modificaciones de contratos se incluyeron algunas actuaciones con respecto a las cuales no se
ha acreditado la existencia de necesidades nuevas o de causas técnicas no susceptibles de ser previstas al tiempo de prepararse los contratos originarios.
En el informe se incluye el seguimiento de las recomendaciones contenidas en informes anteriores, debiendo destacar que solo se han corregido algunas de las deficiencias e irregularidades reflejadas en ellos, como la reducción de la
financiación a organismos que disponían de elevados remanentes de tesorería.
En cuanto a las recomendaciones incluidas en anteriores informes que seguían pendientes, se recogen nuevamente en ellas valorar la posibilidad de modificar la Ley de Hacienda de Extremadura para regular la imputación presupuestaria de las
operaciones de endeudamiento a corto plazo conforme a la normativa prevista en el Estado; culminar la valoración del inventario y exigir la remisión de los de las empresas y fundaciones públicas autonómicas; acompañar a las leyes de presupuestos
de información en términos de contabilidad nacional; homogeneizar el ámbito subjetivo del sector público autonómico en la normativa; proceder a la modificación para que las entidades públicas que integran su información en la liquidación
presupuestaria de la Administración, rindan cuentas separadamente; continuar el proceso de racionalización y reordenación del sector público autonómico sobre el conjunto de dicho sector, y limitar la utilización de la encomienda de gestión y
motivar las que se lleven a cabo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el senador Bruguera.
El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente. Aparte de las salvedades y de las recomendaciones que usted ha expuesto y comparándolo de alguna manera con el informe anterior, quisiera constatar que las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura se
rindieron en el plazo previsto, así como las de los diversos organismos autónomos. y a pesar de algunas salvedades y recomendaciones que a nuestro juicio deberían ser tenidas en cuenta, no obstante se produce un avance importante respecto del
cumplimiento de recomendaciones de ejercicios anteriores. Esto quiero resaltarlo porque es una cuestión positiva.
Para finalizar, únicamente quiero preguntarle, señor presidente, si en este informe se aprecia algún tipo de responsabilidad contable o penal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bruguera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pérez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.
Gracias también al señor presidente del Tribunal de Cuentas por su explicación del informe. y casi debería dar igualmente las gracias al señor Bruguera porque ciertamente este informe pone de manifiesto la mejora con respecto a informes
anteriores en la rendición de cuentas por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Conviene destacar en primer lugar, y casi único, la valoración favorable y la mejora en la gestión y rendimiento de cuentas respecto de ejercicios anteriores como concluye el informe aprobado por el Pleno del Tribunal el pasado 28 de mayo,
además del cumplimiento estricto de los plazos, acceso a la información, colaboración y opinión favorable general que muestra dicho informe. Se hacen, no obstante, algunas observaciones, algunas salvedades, algunas recomendaciones meramente
formales, que no suponen ninguna irregularidad, sino deficiencias perfectamente subsanables, destacando en este sentido la mención en el informe de la colaboración obtenida por parte del propio órgano ejecutivo y la corrección de las mismas en su
mayor parte.
En cualquier caso, y también en relación a lo que ha señalado el señor Bruguera, creo que hemos de tener todos presente la responsabilidad y la necesaria lealtad institucional que nos compete a todos de no elevar el tono de deficiencias
explicables, subsanables, o de observaciones que se hacen, y no pretender convertir algunas en alertas o en supuestos de cualquier tipo cuando en informes anteriores el tiempo ya nos ha demostrado siempre hasta la fecha que no son más que
deficiencias perfectamente subsanables y mejoras que se han ido introduciendo en el transcurso de los informes que ha ido emitiendo el Tribunal y la gestión que de ellos ha hecho la Junta de Extremadura, poniendo siempre de manifiesto que esa
gestión ha sido impecable en todos estos años. No obstante, a lo mejor merece la pena detenerse en algunas dudas que se le han planteado al Tribunal sobre algunas cuestiones, por las que preguntaba también el señor Bruguera, por ejemplo, cuando
habla de la posible duplicidad de contratos o de aminoración de contratos en un tema concreto que sitúa varias veces a lo largo del informe y señala esa supuesta duplicidad en el objeto del contrato de las obras de rehabilitación y las de adaptación
y acondicionamiento de la Casa Grande, en Cáceres, para albergar la colección de pintura de Helga de Alvear, una infraestructura -permítanme, señorías- de la que nos sentimos satisfechos y orgullosos todos los extremeños y extremeñas- y supongo que,
además, la señora alcaldesa de Cáceres, que está con nosotros en esta sala, estará encantada de invitar a todos ustedes a conocerla. Recientemente se acaba de abrir una exposición con el título 'Sobre papel' que es absolutamente maravillosa, y aquí
no hay ni un papel que esconder, como tampoco lo hay en esa exposición.
Como ustedes mismos podrán comprobar si van, y si no pueden hacerlo también a través de la justificación del propio órgano ejecutivo, se trata de un edificio que acoge una infraestructura de una magnitud que requiere de dos actuaciones, por
tanto, no hay superposición ni tampoco una aminoración para fraccionar contratos. Por una parte, se efectúa una rehabilitación del edificio conocido como la Casa Grande en la ciudad, y por otra, una muy diferente, que es el proyecto museográfico.
Aquí hay, además, expertos en este tema -yo no lo soy- que conocen bien que es un proyecto necesario para que el edificio pueda cumplir con el fin al que estaba destinado y que hoy es una referencia del arte contemporáneo, no solamente en
Extremadura y Cáceres, y es una de las buenas herencias recibidas. Por tanto, es una aclaración que también se hace desde la propia Administración, lo que podría ser una deficiencia de contabilidad o de otro tipo.
En lo que se refiere a los temas sanitarios, efectivamente, se detecta un elevado número de contratos menores en la gestión del Servicio Extremeño de Salud, que lleva implícito también el Servicio de Atención
a la Dependencia, señorías. Es perfectamente legítimo y razonable pensar que en todo nuestro extenso territorio, en cada comarca se contaba hasta hace bien poco con buenos centros, tanto sanitarios como de atención sociosanitaria, y se
producían contrataciones de productos, en muchos casos perecederos, con las empresas y con los establecimientos de las propias localidades en las que se ubicaban. En este sentido, quiero hacerles notar que, con anterioridad al conocimiento de este
informe, el Gobierno de la Junta de Extremadura comenzó a publicar en 2010 con absoluta transparencia todos los contratos menores, que están publicados y accesibles para cualquier ciudadano, así como los requisitos con los que se hicieron; por
tanto, repito, absoluta transparencia y nada que ocultar. Quienes actualmente tienen la responsabilidad de atender estas necesidades de los centros han optado por otro modelo, un modelo de contrato único, que cubra las necesidades de todos los
centros de Extremadura -una opción absolutamente legítima, razonable, otros toman las decisiones que les parecen oportunas-, sin embargo, eso está produciendo peor servicio a los ciudadanos, un deterioro de las pequeñas y medianas empresas y de los
comercios en las localidades donde están situados, y está produciendo también serios problemas con los propios trabajadores de los centros.
En fin, señorías, en cualquier caso, ambas soluciones son perfectamente legítimas, perfectamente ajustadas a derecho y legales pero no dan los mismos resultados a nuestro entender, ni sociales ni laborales ni tampoco económicos para la
región y para sus ciudadanos.
El señor presidente ha hablado en su informe de la adecuación, de la duplicidad, o del rendimiento de cuentas de algunos organismos, y se ha referido al Consejo de la Juventud de Extremadura y al Instituto de la Juventud. -Si me permiten la
licencia, el señor presidente de la comisión, que en sus tiempos fue director del Injuve, podrá entender perfectamente que no es lo mismo el Consejo de la Juventud que el Instituto de la Juventud-. Por su trascendencia y relevancia con la
actualidad hay que informar a este tribunal porque, como saben ustedes, el informe reciente de la CORA, que fue objeto de presentación el pasado viernes en Consejo de Ministros, pretende también la eliminación del Consejo de la Juventud estatal.
Considero que, antes de hablar de esta duplicidad o de quién asume qué, es necesario tener bien claro los decretos por los que se regulan estos organismos, que no tienen absolutamente nada que ver. Los consejos de la juventud tienen como objeto el
fomento de la participación juvenil, son plataformas de organizaciones juveniles reconocidas por el Estado en el artículo 48 de la Constitución, y no creo que bajo la falsa excusa de la duplicidad se puedan eliminar, impidiendo la libre expresión y
participación de las asociaciones juveniles.
Por lo que respecta a su mención a las empresas y organismos públicos, si bien es cierto, señor presidente, que de 2003 a 2009, en época de bonanza en este país, se produjo un incremento importante de las empresas públicas que, entre otras
cosas, permitió servir de palanca al crecimiento industrial y económico de nuestra región, hoy, cuando la propia Administración General del Estado y otras administraciones proclaman como bálsamo de Fierabrás eliminar duplicidades y organismos, hay
que decir que esto ya lo hizo el Gobierno socialista de Extremadura en el año 2010: de 18 empresas que había en ese momento las redujo a 6. Quiero decir que si al señor presidente del Tribunal y a la señora portavoz que ha intervenido
anteriormente en relación con el informe de Murcia les parecía importantísima una reducción del 30% de las empresas públicas, no sé qué les parecerá la reducción del 66% que se produjo en 2010, que no quiero decir que sea doblemente importante, pero
sí lo es hacer ese reconocimiento a la administración de entonces, y que fue muy superior, como he dicho, a la mitad de la reducción del sector público.
Siendo esto así, actualmente comprobamos cómo debe seguir siendo necesario para el Gobierno actual, puesto que se mantienen y puesto que, además, se siguen haciendo encomiendas de gestión, la últimas han sido doce en un mismo Consejo de
Gobierno a la misma empresa, con las declaraciones del consejero responsable diciendo: hoy tenemos doce pero es un instrumento perfectamente razonable para que en cualquier otro momento hagamos las que sean necesarias. Así debe ser entendido y así
lo entendemos también, no es algo que pongamos en cuestión, simplemente trato de situar estas cuestiones.
En relación con el balance de ingresos y gastos, ya se ha hablado de las liquidaciones del sistema de financiación de la Administración General del Estado. Como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, y me imagino que se dirá en el
resto de los informes porque aparece en distintas comunidades autónomas, es cierto que se produjo una estimación superior a la resultante definitiva por errores de sobrevaloración del propio sistema, sobre la que se realizaron las transferencias
correspondientes a todas las comunidades autónomas y también a la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La responsabilidad, sin duda, está en quien hizo esas estimaciones, estimaciones probablemente -creo yo- suficientemente justificadas, porque se produjo una caída de ingresos desproporcionada y brutal debido al tremendo pinchazo que la
burbuja inmobiliaria produjo en la recaudación prevista y causa, entre otras muchas, de la crisis económica por la que atravesamos. En fin, es una cuestión esta que afecta al resto de comunidades autónomas, sujetas todas ellas al mismo sistema de
financiación, como estamos comprobando aquí a lo largo de la tarde y, por tanto, en esto Extremadura no tiene ninguna peculiaridad.
Sobre el saldo presupuestario y el incumplimiento o no de la estabilidad presupuestaria, empezaría por destacar que se trata de una cuantía mínima si se toma el presupuesto total y además, como señala el propio informe, hubo remanentes de
tesorería. En cualquier caso, son dos cuestiones, la del saldo presupuestario y la de la estabilidad presupuestaria, a abordar conjuntamente y que tienen una justificación más que sensata por quienes pretendieron bloquear en un momento determinado
la capacidad recaudatoria de la Administración extremeña, presentando un recurso contra el impuesto a los depósitos bancarios que estaban presupuestados, lo que bloqueó contar con los ingresos previstos y legítimos que tenía mí comunidad autónoma en
esos momentos, impuesto criticado, pero que ahora se lo apropia la propia Administración General del Estado, hurtándoselo a otras comunidades autónomas que después de la Comunidad Autónoma de Extremadura lo pusieron en marcha. Quiero recordar que
fue el Gobierno del Partido Popular quien lo recurrió y lo tuvo paralizado, lo cual no significaba que no contáramos con los ingresos. Del mismo modo, fue el Gobierno de España, el Gobierno central el que dejó de reconocer la obligación de pago de
la deuda sanitaria a Extremadura cuando se hicieron las transferencias sanitarias en el año 2000 de 80 millones, hoy reconocidos y abonados.
En fin, les hablo de 200 millones que han entrado en las arcas...
El señor PRESIDENTE: Señora Pérez, debe ir terminando.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Voy a terminar.
Decía que son 200 millones del impuesto a la banca y 80 de las facturas sanitarias que dejaron de ingresarse en estos ejercicios que hoy se mencionan en el informe que nos traen aquí y que se han ejecutado en la actualidad, permitiendo que
sea en el ejercicio actual en el que se pueda presumir desde el Gobierno actual de un cumplimiento de déficit y de un balance de cuentas derivado de esos ingresos extraordinarios.
Es cierto -y voy a terminar, señor presidente- que las administraciones públicas no siempre obran correctamente. Desde algún ayuntamiento incluso se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia los presupuestos antes de que fueran
aprobados por el pleno, pero nos encontramos hoy aquí fiscalizando las cuentas de la Comunidad Autónoma de Extremadura con absoluta trasparencia, entre otras cosas porque optamos por no tener un organismo fiscalizador propio, como lo han tenido y lo
tienen otras comunidades autónomas que no pasan por aquí y ponen blanco sobre negro y negro sobre blanco la situación de cada una de sus comunidades autónomas, por citar dos, Madrid o Valencia.
Las cuentas macro solamente pueden hablar comparando con la media de una comunidad autónoma en una situación absolutamente envidiable. Para aquellos que desconozcan el cuadro macroeconómico de la comunidad autónoma como la dejó el Gobierno
socialista, les diré que es: una presión fiscal por debajo de la media; una deuda por debajo de la media; un déficit por debajo de la media; una gestión absolutamente impecable, que ha permitido hoy tener los resultados que tenemos.
El señor PRESIDENTE: Señora Pérez, ha superado usted el tiempo.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Discúlpeme, señor presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Nevado del Campo.
La señora NEVADO DEL CAMPO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, su presencia, pero sobre todo la constante información rigurosa que nos traslada a los miembros de esta comisión en el desarrollo de la función fiscalizadora.
Nosotros nos quedamos perplejos ante las reflexiones que se exponen por el resto de los grupos políticos en relación al informe y a la fiscalización que el Tribunal realiza de las cuentas de 2008-2009 de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Basta
haber escuchado
con atención al propio presidente y su propio informe para tener que discrepar profundamente en cuanto a las conclusiones que aquí se han expuesto. También lamento que el señor Saura no se encuentre presente, habida cuenta que muchas
reflexiones que él ha formulado al analizar las cuentas anteriores valdrían para Extremadura, si no fuera porque el signo político es diferente.
Nosotros consideramos que a la luz de este informe lo único que se ha cumplido, y ahí convengo completamente con el señor Bruguera y la señora Pérez, es que las cuentas se presentaron en plazo. Por lo demás, entendemos que de este informe
lo que se deduce es que ha habido, en primer lugar, un claro incumplimiento de la Ley General de Hacienda Pública de la propia comunidad autónoma extremeña. En segundo lugar, que ese entramado de empresas públicas que se describen en el informe,
organismos y fundaciones ponían de manifiesto que muchas de ellas no presentaban cuentas. De ahí que nosotros también formulemos preguntas al presidente en el mismo sentido que los grupos las han planteado anteriormente, y, por lo tanto, con esa
ausencia absoluta del cumplimiento de la obligación de las mismas, pero añadiendo una cuestión y un matiz importante, y es que muchas de ellas tenían pérdidas millonarias como resultado de su gestión.
Igualmente quiero señalar las numerosas encomiendas de gestión, que perfectamente son viables y factibles, pero el único problema es que en la Comunidad Autónoma de Extremadura en 2008-2009 esas encomiendas estaban injustificadas. Ese
también es el matiz importante que hay que señalar en relación con la gestión del Gobierno de Extremadura en este período, impidiendo la trasparencia y el acceso a la Administración pública a través de procesos rigurosos por parte de los ciudadanos.
También quiero señalar, cómo no, la ausencia de medidas para acumular gastos que estaban pendientes de imputar, como muy bien ha señalado el presidente, porque excedían de los créditos disponibles. Es decir, déficit tras más déficit y, por lo
tanto, de aquellos barros vienen estos lodos. y cuando después llega un gobierno y toma medidas, se dice que hay recortes o se habla de recortes. Lo que estamos haciendo es no poner en peligro los servicios públicos, algunos de ellos tan
importantes como la propia sanidad, como ahora mismo voy a señalar.
Tengo que hacer, cómo no, una especial referencia a la intervención de la señora Pérez en relación con Helga de Alvear. Es verdad que en este informe se analizan las operaciones realizadas con ese maravilloso museo que cuenta la ciudad de
Cáceres. Invito no solo a conocer este museo, sino la ciudad, patrimonio de la humanidad. También tengo que señalar que ese edificio no es un edificio público, no era de la Administración. La rehabilitación se ha hecho en un edificio que no es de
titularidad de la Junta de Extremadura ni de ningún otro organismo que ha intervenido en este tipo de operaciones.
También quiero señalar que se dice que se ha ido mejorando en la gestión, cuando lo que hace el Tribunal es señalar, a pesar de las reiteradas advertencias puestas de manifiesto en informes anteriores, que ha mejorado respecto al 2006 y al
2007. Yo también tuve la oportunidad de intervenir y en aquella ocasión las recomendaciones que hacía el propio Tribunal de Cuentas eran muy duras -digo yo que alguna se habría de atender y que todavía quedarán por examinar algunas
responsabilidades-, pero a pesar de esas recomendaciones, en este período se siguen incluyendo en los presupuestos organismos autónomos con personalidad jurídica propia, vulnerando el artículo 141 de la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura
y no estamos hablando de organismos que no tengan importancia, sino que estamos hablando de organismos tan importantes como el Servicio Extremeño Público de Empleo o el Servicio Extremeño de Salud, entre otros muchos, y por eso no me voy a extender.
Pero si hay algo grave en cuanto a los requerimientos y a las conminaciones que tendremos que solicitar es que haya organismos autónomos dentro de este entramado de fundaciones, consorcios y empresas que no aprobaban las cuentas, ni siquiera
aprobaban las cuentas como, por ejemplo, en 2009, el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que también lo ha señalado con contundencia el presidente a la hora de hacer su informe, o el Museo del Vino o la Fundación Rafael Ortega Porras, muchas de
ellas ni siquiera tenían funcionamiento. Pero el Festival de Teatro Clásico de Mérida no ha presentado cuentas ni en el 2008 ni en el 2009 ni nunca, porque cuando el actual Gobierno ha llegado a la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo que se ha
encontrado es con un folio y tres párrafos prácticamente en blanco. Le pregunto al presidente si, con relación con este apartado y a este particular, se ha hecho alguna actuación que vaya más allá de la mera recomendación.
Hay numerosas deficiencias en las cuentas públicas. Se mantienen, al igual que sucediera en el 2006 y en el 2007, deficiencias reiteradas en el registro de control; carencia de la adecuada contabilidad, acorde con los gastos financiados y
afectados; numerosas modificaciones de créditos, a través de créditos de carácter extraordinario, y aquí me voy a detener un momento. Cuando se sostiene que una forma de
gestionar moderna y racional ha de atender a que no haya desequilibrios en servicios públicos tan importantes como el de la salud, conviene recordar lo que pasaba en la Junta de Extremadura con el Servicio Extremeño de Salud durante los años
2008 y 2009. Desde luego, las dificultades de financiación que ya se detectaron en el ejercicio 2008 hicieron que se pidiera un crédito extraordinario por un importe de 55 millones de euros, y el origen -y esto es lo importante- es que no se
pagaban las facturas a las farmacias, ni se pagaban las facturas del material sanitario y, por lo tanto, los hospitales estaban en una situación de extremo peligro para prestar un servicio tan importante como el de la sanidad pública, que el Partido
Popular defiende pero que tiene que poder prestarse. En Extremadura, en los ejercicios 2008 y 2009, lo que sucedió es que las empresas farmacéuticas se plantaron y se negaron a suministrar a los hospitales extremeños, de ahí ese crédito
extraordinario. (Rumores.) A pesar de esa medida, y estoy atendiendo a lo que contiene el informe del Tribunal de Cuentas, a disposición de todos los miembros de esta comisión, finalizó este período con una sanidad quebrada, porque cerró con un
déficit de más de 54 millones, que en el 2009 ascendió a más de 84 millones de euros, y que, como bien ha señalado el presidente, seguirá incrementándose en ejercicios posteriores, lo que nos ha llevado a tomar medidas para que no sea inviable la
prestación de un servicio público de esta naturaleza. Creo que, en este momento, los ciudadanos pueden estar tranquilos con ese cambio de gestión y de modelo y con el cambio de Gobierno; si no, ni siquiera se estaría suministrando a los hospitales
lo necesario para que pudieran funcionar.
En cuanto a las encomiendas, como bien ha señalado el presidente, se produce un incremento del cien por cien de encomiendas a estas empresas públicas; pero las pérdidas en los ejercicios 2008 y 2009 superan los 8 millones de euros, a pesar
de esas encomiendas de gestión a las empresas públicas. Por lo tanto, hay que combinar la gestión con la eficacia y con la eficiencia, algo que desde luego no se producía en las cuentas públicas de la Junta de Extremadura. Más de 100 millones de
euros en encomiendas de gestión en 2008 y más de 96 millones de euros en encomiendas de gestión en 2009, que han dado resultados absolutamente negativos. De esas sociedades y filiales injustificadas cabe destacar, como bien señala el informe y
también ha apuntado el presidente, que realizaban funciones reservadas por ley a los funcionarios públicos. Entendemos que habrá que pedir explicaciones. Ha señalado también el presidente en su exposición anterior que los requerimientos
conminativos deben hacerse con carácter retroactivo, porque imponer multas coercitivas a aquellos que ahora no están al frente o no son responsables de la gestión y fiscalización que se está realizando no resulta nada práctico.
En la ejecución de esas encomiendas figuran, por ejemplo, pagos de viajes a empresarios, sin criterio de selección alguno, para que conocieran destinos in situ -lo dice el informe-. O que la empresa pública de televisión, la corporación de
la televisión pública, perdió en este período 2008-2009 más de 30 millones de euros. Con eso es imposible cumplir con la estabilidad presupuestaria, con la que por supuesto no se cumplió. No se podía cumplir, porque esta era -todos lo recordamos-
la etapa de los brotes verdes del Gobierno socialista, que se trasladaba a las comunidades autónomas. De ahí que hubiera una sobrevaloración de los ingresos, en la participación de los tributos del Estado, que en el caso de Extremadura alcanzó casi
300 millones de euros, que después había que devolver al Estado, porque se hicieron mal los cálculos, o por porque no se supo ver cuál era la situación real de este país.
Por eso, presidente, en este período de fiscalización no ha habido tampoco controles financieros de seis fundaciones y cinco consorcios, ni se ha atisbado medida alguna para afrontar estos desfases presupuestarios. Por eso, queremos saber
si el Tribunal de Cuentas ha iniciado o impulsado algún procedimiento de exigencia de responsabilidad, bien sea contable o de cualquier otra índole, ante la falta de respeto -al menos, así lo considera mi grupo parlamentario- a los principios de
legalidad, transparencia e igualdad de oportunidades para los extremeños durante este período. La serie de recomendaciones que en cuanto a la gestión se han solicitado aquí serían perfectamente trasladables al informe de fiscalización de las
cuentas de Extremadura. Solicitamos respuesta a estas cuestiones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Nevado.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
En relación con las intervenciones que se han producido, y empezando por aquella que solicita información adicional a la que yo he podido presentar en mi exposición respecto a las responsabilidades
que pudieran haberse suscitado derivadas del informe, les comunico que no constan en la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal antecedentes que se deriven de este informe. Esto quiere decir que no se han iniciado expedientes de
responsabilidad contable derivados del informe del ejercicio 2008-2009. Sin embargo, sí debo indicarles que el Ministerio Fiscal ha apreciado diferentes indicios de responsabilidad penal derivados, fundamentalmente, de deficiencias e
irregularidades en diferentes expedientes contractuales y que, por lo tanto, ha solicitado el testimonio correspondiente para remitirlo al órgano que corresponda. Todos derivan de expedientes contractuales y uno de ellos es el de adaptación
museística y acondicionamiento interior del edificio que se ha citado.
En relación con la intervención de la señora Pérez, quiero precisar simplemente que yo no creo haberme referido al Consejo de la Juventud. No he entendido muy bien la referencia que usted ha hecho, porque yo creo haberme referido
exclusivamente al Injuve, al Instituto de la Juventud, y no al consejo. Por lo tanto, no existía una crítica sobre la falta de rendición de cuentas del consejo. Quizá puede haber sido un error mío a la hora de exponer el contenido del informe;
pero, en todo caso, quiero dejar claro que era el Instituto de la Juventud el que no había rendido cuentas.
En relación con lo manifestado tanto por usted como por la señora Nevado en cuanto a las encomiendas, las encomiendas de gestión, lógicamente, no se critican en sí; no tendría sentido que el Tribunal criticara las encomiendas de gestión
siendo una figura perfectamente válida de actuación administrativa. Únicamente se critica dentro del informe, y se hace una valoración de ello, la amplitud de las encomiendas, la inclusión de funciones reservadas dentro de las mismas y que, en
determinadas ocasiones muy concretas, esas encomiendas casi se han configurado como delegación de funciones.
Me hace una pregunta la señora Nevado en relación con el festival de teatro de Mérida, pero no tengo información al respecto. Ya le he dicho que no se ha abierto procedimiento de responsabilidad contable en ese terreno y no le puedo
informar sobre si el Tribunal de Cuentas tiene actuaciones en el departamento correspondiente relativas a una fiscalización más intensiva de este organismo que no ha rendido. No le puedo informar en este momento sobre este tema.
En cuanto al procedimiento de responsabilidad, ya le he indicado que son siete los procedimientos derivados de contratos administrativos de la comunidad para los que el fiscal ha pedido la recepción de testimonios para su remisión, y en este
momento están en la fiscalía competente, que es la correspondiente al ámbito territorial de la comunidad autónoma.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? (La señora Pérez Domínguez pide la palabra.)
Sí, señora Pérez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.
Solo quiero hacerle una pregunta al señor presidente del Tribunal: si me confirma que el informe es favorable y que no ha habido obstáculos para la obtención de información, como ha manifestado en su intervención inicial.
Y a la señora Nevado, simplemente quiero decirle que hace unas manifestaciones absolutamente sorprendentes.
El señor PRESIDENTE: Señora Pérez, ya les he explicado el funcionamiento de la comisión para aquellos que no son habituales.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Sí, pero para alguien que ordena publicar algo que ni siquiera ha sido aprobado, es, cuando menos, sorprendente.
El señor PRESIDENTE: Señora Pérez...
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: y luego, debe leer la información de Valencia, ¿eh?
La señora NEVADO DEL CAMPO: No voy a entrar en ese debate.
El señor PRESIDENTE: Señora Pérez, señora..., por favor...
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: No debe leer los periódicos de Extremadura, en lo que se refiere a la deuda sanitaria.
El señor PRESIDENTE: Señoría, no es el momento de este tipo de debates. Tendrá usted oportunidad de hacerlo en la próxima sesión de la comisión, en las propuestas de resolución. Allí puede usted debatir con la señora Nevado lo que crea
conveniente. Estamos en una sesión que tiene un carácter especial y en la que no hay debate entre los miembros, sino que hemos venido a que el presidente del Tribunal de Cuentas nos explique los informes y a enriquecernos mutuamente con nuestras
intervenciones y aclaraciones para las posteriores propuestas de resolución. Les ruego que no hagan un debate para el que no es el momento.
Tiene la palabra el señor Pàramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Gracias, señor presidente.
No he tenido antes ocasión de saludar al presidente del Tribunal de Cuentas, y lo hago ahora.
Quiero decir que en Convergència i Unió hemos oído este debate, que no es debate, con cierta preocupación. Hemos oído las afirmaciones de la señora Nevado, las preguntas del señor Bruguera y las respuestas del presidente del Tribunal de
Cuentas, que ha dicho que no sabe si se han abierto diligencias por estos temas escandalosos que hemos oído aquí, y esto nos deja muy preocupados. Señor presidente, cuando sea el momento, presentaremos nuestras propuestas de resolución al respecto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Creo que no me he explicado bien. He dicho que se han remitido precisamente a la fiscalía correspondiente siete asuntos relativos a contratación administrativa; por
tanto, está precisamente en el ámbito de la fiscalía competente, que es la del ámbito territorial, la de la propia comunidad autónoma, la remisión de lo que el Tribunal ha visto en relación con esos siete contratos; mejor dicho, con siete
procedimientos contractuales.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Nevado.
La señora NEVADO DEL CAMPO: Señor presidente, centrándonos en lo que nos ocupa, solo quiero pedirle al presidente del Tribunal de Cuentas que, como en este momento no tiene aquí esos siete procedimientos, nos haga llegar al menos la
relación de cuáles son nominativamente. Le agradeceríamos que nos detallase cuáles está persiguiendo el fiscal.
En segundo lugar, señor presidente, usted ha señalado los organismos que en este período no han presentado cuentas. Quiero preguntarle si se derivaría respecto del caso de dichos organismos alguna actuación o responsabilidad; porque si no
han hecho esas cuentas ni las han presentado, imagino que eso tendrá alguna consecuencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Nevado.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): No existen en estos momentos procedimientos abiertos de requerimiento conminatorio por las cuentas no rendidas tanto del Teatro de Mérida como del Instituto de la
Juventud. No se han presentado ante el pleno del tribunal esos procedimientos de requerimiento conminatorio, que serían los únicos que cabría formular en este momento y que fundamentalmente afectarían a los nuevos gestores directamente implicados
en la gestión de esos entes públicos; no a los anteriores, dado que no podrían rendir cuentas. Es decir, no es un procedimiento sancionador, sino un procedimiento coercitivo que únicamente va destinado a conseguir la rendición de cuentas de quien
no la ha producido.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIOS 2006 y -2007, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2011 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000141 DE LA IX LEGISLATURA).
(Número de expediente del Senado 771/000032 y número de expediente del Congreso 251/000035)
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.
- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIOS 2008 y 2009, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013. (Número de expediente del Senado 771/000103 y número de expediente del
Congreso 251/000105)
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los puntos tercero y cuarto del orden del día: Presentación del informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2006 y 2007. Informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2008 y 2009.
¿Quiere intervenir, señor Bruguera?
El señor BRUGUERA BATALLA: ¿No informa primero el presidente del Tribunal de Cuentas?
El señor PRESIDENTE: Tiene toda la razón.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Melilla correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007 fue aprobado por el pleno del tribunal el 30 de junio
de 2011; y el de 2008 y 2009, el 28 de febrero de 2013. Ambos informes han sido remitidos a las Cortes Generales, a la Asamblea de Melilla y al Consejo de Gobierno de la Ciudad.
En los cuatro ejercicios fiscalizados el sector público de la Ciudad Autónoma de Melilla estaba integrado por la Administración General, cuatro organismos autónomos, uno de ellos constituido en 2008, un ente público, cuatro sociedades
mercantiles y un consorcio que se extinguió en 2007. No obstante, uno de los organismos, Fundación de Asistencia al Drogodependiente, no operaba como entidad con presupuesto independiente, integrando sus gastos en un concepto presupuestario de la
Administración.
Entre las cuestiones que han condicionado los resultados de la fiscalización, destaca la no rendición de las cuentas del Consorcio Melilla Puerto XXI ni la documentación sobre su liquidación; la falta de documentación que acredite la
correcta valoración del inmovilizado de titularidad de la Ciudad; la ausencia de objetivos e indicadores adecuadamente definidos; y la falta de concreción en los proyectos financiados con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial. Ello
imposibilita pronunciarse sobre la correcta aplicación de los recursos a los fines que determina la legislación, además de conocer el grado de avance de tales proyectos.
Las cuentas generales de los cuatro ejercicios se rindieron fuera de plazo, si bien la correspondiente al ejercicio 2008 fue rendida con una demora de apenas unos días. Como se ha indicado anteriormente, no se rindieron las cuentas del
Consorcio Melilla Puerto XXI mientras estuvo activo, y el organismo autónomo Fundación de Asistencia al Drogodependiente no rendía cuentas independientes.
Del análisis de la liquidación de los presupuestos se observa que el grado de ejecución presupuestaria osciló entre el 78% en 2006 y el 84% en 2007, de los créditos definitivos. Existían ciertas deficiencias en la tramitación de las
modificaciones presupuestarias, entre las que destaca la aprobación 2008 de un suplemento de crédito por importe de 0,6 millones de euros, cuya financiación no cumplía los requisitos previstos en la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial y
en la Instrucción de Contabilidad Local, en relación con los gastos con financiación afectada.
Respecto a la ejecución presupuestaria, se ha verificado la aplicación al capítulo 2, relativo a gastos corrientes en bienes y servicios, de gastos correspondientes a subvenciones, sin disponer además de convocatoria para su concesión,
incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia. La tramitación de pagos a justificar para gastos en concepto de subvenciones no se corresponde con los supuestos previstos en la normativa.
A finales de cada ejercicio se mantienen saldos de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto por importes aproximados de 11 millones de euros, excepto en 2009, que se redujeron a 3,5 millones. Esta forma de operar, que
implica imputar a cada ejercicio obligaciones devengadas en el ejercicio anterior, supone una presupuestación inadecuada y una falta de crédito para reconocer las obligaciones, sin que la ciudad se hubiera acogido a los instrumentos facilitadores de
crédito aprobados en 2011 y 2012.
En cuanto al presupuesto de ingresos, existe una deficiencia de control interno en relación con los derechos correspondientes a los tributos locales, al recaer su gestión y control en la misma persona, lo que implica una inadecuada
segregación de funciones. Además, existen diferencias no explicadas entre los registros de la contabilidad y los estados de ejecución presupuestaria, que se elevan a 1,4 millones de euros en 2008 y a 0,5 millones en 2009.
Por otro parte, al igual que ocurría en las comunidades autónomas de régimen común, el establecimiento de un sistema de anticipos calculados mediante estimaciones de los ingresos tributarios estatales, que se encontraban sobredimensionadas,
dio lugar a que en las liquidaciones definitivas resultaran saldos a favor del Estado por importe de 1,8 millones de euros en 2008 y 1,2 millones en 2009. Esta sobrevaloración de los anticipos también se produjo en relación con los recursos por la
participación de la ciudad en los ingresos del Estado, por importes de 2 millones de euros en 2008 y 5 millones de euros en 2009.
Hay que señalar que las previsiones iniciales de ingresos del ejercicio 2009 se vieron incrementadas al acogerse la ciudad a la financiación procedente del Fondo Estatal de Inversión Local, del que recibió un total de 12 millones de euros.
Como consecuencia de las salvedades detectadas, el resultado presupuestario pasaría, del importe positivo de 9 millones de euros presentado en 2006, a un saldo negativo de 1,5 millones; mientras que en 2007 el resultado negativo de 5
millones de euros debería ser en realidad un importe negativo de 6,5 millones.
Como hechos posteriores, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la aprobación definitiva por parte de la asamblea de los presupuestos generales para 2010, entre otras razones por la no
afectación del producto de las enajenaciones de suelo a fines específicamente permitidos por la legislación, por una cuantía de 6,5 millones de euros.
Respecto a la situación patrimonial, cabe destacar la ausencia de un inventario de inmovilizado y que en 2006 y 2007 se llevaron a cabo rectificaciones en el valor contable de los elementos del inmovilizado sobre las que no se han facilitado
documentación acreditativa que permita verificar que se han realizado de acuerdo con las normas de instrucción de la contabilidad local. Asimismo, no se ha dado de baja del activo el saldo del inmovilizado destinado al uso general una vez concluida
la inversión y se imputaba al capítulo 6, inversiones reales, gastos corrientes o relativos a subvenciones a familias o empresas, incrementando indebidamente el valor del inmovilizado.
En relación con el endeudamiento, la ciudad autónoma cumplía en 2006 y 2007 los acuerdos adoptados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No obstante, no se conocía el saldo del endeudamiento de la sociedad Promesa, por lo que esta
circunstancia podría afectar a dicho incumplimiento.
Por otra parte, la ciudad se acogió al Real Decreto Ley 5/2009, de medidas extraordinarias y urgentes para el pago por las entidades locales de las deudas pendientes con empresas y autónomos. Aunque el importe máximo a solicitar era de 11
millones de euros, solo se endeudó por 9,5 millones, si bien únicamente destinó 6,4 millones a la cancelación de deudas con proveedores, destinando el resto a incrementar créditos del ejercicio 2009. Las previsiones de gastos e ingresos contenidas
en el correspondiente plan de saneamiento aprobado no se cumplieron posteriormente.
Por lo que se refiere al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, para los ejercicios 2006 y 2007 se había fijado un valor de referencia de déficit cero en términos de contabilidad nacional, habiéndose cumplido en términos
generales al haber obtenido una capacidad de financiación por importe de 6 millones de euros en 2006 y una necesidad de financiación por el mismo importe en 2007. A partir de este último ejercicio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera dejó de
fijar el objetivo para la ciudad. A raíz de lo anterior, debe elaborarse el informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, sin que los informes del Ministerio de Economía y Hacienda incluyan datos sobre las
ciudades autónomas. Todo ello implica que no se haya podido evaluar dicho cumplimiento para los ejercicios 2008 y 2009.
Respecto a las cuentas de las entidades que conforman el sector público en la Ciudad de Melilla, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla no registraba en contabilidad la totalidad de los fondos recibidos del Ministerio de
Fomento ni los derechos de cobro del capital pendiente de amortizar de las hipotecas concedidas derivadas de las promociones de viviendas de protección oficial cofinanciadas por ambas administraciones. Del análisis de la gestión de subvenciones, se
observa la concesión directa de ayudas sin que se justifiquen las causas para no proceder a la convocatoria pública, así como la tramitación como ayudas de gastos correspondientes a prestaciones de servicios y que deberían haberse registrado en el
capítulo 2, gastos corrientes, y sometido a la legislación en materia de contratos.
Sobre las deficiencias en la contratación administrativa, se observa que, en un número significativo de casos, no se justificaba adecuadamente la necesidad de celebración de los contratos ni constaba la fiscalización previa que debía emitir
la Intervención antes de la aprobación del gasto, sustituyéndola por informes favorables que diferían esa fiscalización a un momento posterior. No se justificaban adecuadamente los criterios de valoración de ofertas y de adjudicación de los
correspondientes contratos.
En relación con las ejecuciones de los contratos, se produjeron demoras significativas no justificadas y ampliaciones de plazos que en ocasiones afectaban a contratos adjudicados a licitadores que habían ofertado reducciones en los plazos de
ejecución. También se han detectado modificaciones que no respondían a nuevas necesidades no previsibles en el momento de la adjudicación del contrato.
Respecto a los Fondos de Compensación Interterritorial, destaca la generalidad con la que se definen en los Presupuestos Generales del Estado los proyectos de inversión que se financien con los mismos, así como su atribución en un período
anual, lo que implica la imposibilidad de asociar los recursos a proyectos concretos. Ello ha impedido analizar el grado de avance de cada uno de los proyectos.
Respecto al seguimiento de las recomendaciones puestas de manifiesto en los informes anuales de fiscalización relativos a ejercicios anteriores, no se observan actuaciones encaminadas a su cumplimiento, por lo que son reiteradas entre ellas
las siguientes: aplicar al presupuesto la totalidad de derechos y obligaciones y mejorar el registro contable de las operaciones de liquidación presupuestaria; confeccionar un inventario de bienes actualizado y completo; el respeto de los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad en la concesión de ayudas y subvenciones; y el cumplimiento de las disposiciones sobre contratación pública.
Por último, en el informe anual 2008 y 2009 se añadieron nuevas recomendaciones, entre las cuales cabe citar las siguientes: mayor rigor en la presupuestación de la ciudad autónoma; efectuar gestiones para el cobro de impuestos sobre
bienes inmuebles cuando no conste el titular en el catastro; analizar la conveniente de que subsista la Fundación Melilla Ciudad Monumental o, en su caso, actualizar sus estatutos; y una mayor precisión en la justificación de la necesidad de los
contratos y en los criterios de adjudicación, e inclusión de la fiscalización previa del gasto por la intervención.
Nada más; muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Ahora sí, señor Bruguera, tiene la palabra.
El señor BARRERO LÓPEZ: ¿Van separados, los informes de Ceuta y Melilla?
El señor PRESIDENTE: Sí, Ceuta tiene otro informe más, van separados.
Tiene la palabra, señor Bruguera.
El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.
Por una parte, en ninguno de los cuatro ejercicios objeto de fiscalización -ni en 2006, ni en 2007, ni en 2008, ni en 2009- se presentaron las cuentas en plazo. Por otra parte -lo ha dicho el presidente y leo textualmente-: 'Respecto al
seguimiento de las recomendaciones puestas de manifiesto en el informe de fiscalización de los ejercicio 2006 y 2007, no se observan actuaciones encaminadas a su cumplimiento, persistiendo en los ejercicios fiscalizados las situaciones que las
generaron y que se reiteran a continuación.' Pero es que si nos vamos al informe de fiscalización de 2006 y 2007 dice exactamente lo mismo, respecto a los ejercicios 2004 y 2005. Es decir, traducción: da lo mismo, desde el año 2004 hasta hoy -o,
por lo menos, hasta el año 2009-, da lo mismo lo que diga el Tribunal de Cuentas, es absolutamente indistinto, por un oído me entra por el otro me sale, no cumplo nada. y esto, sin que ocurra nada.
Estamos hablando de una ciudad autónoma; por lo tanto, no deja de ser una entidad local, sujeta, por ejemplo, a la Ley de haciendas locales. Algunos de los que estamos aquí somos o hemos sido alcaldes de nuestras poblaciones; yo, lo digo
con toda franqueza: recibo un informe de estas características y no sé si al día siguiente sigo de alcalde, pero, en todo caso, lo que sí hago es abrirle un expediente al interventor general; porque yo soy alcalde, pero no tengo por qué ser
economista ni experto en Hacienda Pública. Me sorprende extraordinariamente que no haya habido nada de avance desde el año 2004 hasta hoy, me parece una cosa absolutamente increíble; lo digo sinceramente y muy a pesar mío.
Por lo tanto, yo le quería preguntar, señor presidente, por las medidas coercitivas que se han llevado a cabo; me imagino que se habrá llevado a cabo alguna. y estoy de acuerdo con lo que usted ha manifestado
anteriormente a una pregunta mía en un informe anterior respecto a la necesidad -y esta es una reflexión que deberíamos hacer en esta comisión- de llevar a cabo medidas coercitivas más duras. Porque ya no es un problema político únicamente
del responsable político de turno, sino que es de la Administración, y la Administración es la misma, y probablemente los responsables técnicos de esta Administración son los mismos. Por lo tanto, hay que saber si se han adoptado medidas
coercitivas y si se han abierto expedientes sancionadores, repito, no únicamente a los políticos sino también a los responsables técnicos que, en definitiva, son los responsables de hacer guardar las leyes y las normas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bruguera.
Tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Yo coincido completamente con el fondo y con el tono del portavoz que me ha precedido. La situación de este informe es completamente atípica e irregular de lo que se trasciende de las cuentas de Melilla.
El incumplimiento de plazos es lo más anecdótico, pero quisiera resaltar las deficiencias que ya ha dicho el presidente en materia contractual, las justificaciones imprecisas, los criterios de adjudicación genéricos e imprecisos y otras
características que ha desgranado en su intervención. y abundo en lo que ha dicho el portavoz anterior, en el tema coercitivo, en las responsabilidades a este respecto, porque en ambos informes se aprecia la existencia de indicios de
responsabilidad contable, especialmente en el área de contratación administrativa, indebida revisión de precios de contratos, deficiencias en la justificación y en la ejecución de un contrato de obras para la ampliación del Teatro Kursaal, de un
contrato de la gestión de servicios públicos, tramitación de un expediente complementario de obras por desperfectos ocasionados por el adjudicatario, demoras injustificadas en la ejecución de un contrato de obras sin la imposición después de las
correspondientes penalidades y, sobre todo, hay que destacar que en los informes hay numerosos hechos que pudieran dar lugar a responsabilidades en el orden penal, todos ellos referidos a expedientes de contratación administrativa. Entre ellos, se
pueden citar la utilización de fórmulas que impidieron valorar suficientemente el criterio de precio en la adjudicación de los contratos; desglose de los criterios y baremos de adjudicación después de la apertura de las ofertas presentadas;
utilización como criterios de adjudicación de requisitos de solvencia de los licitadores; admisión de mejoras sin haber especificado en los pliegos los elementos sobre los que estas podrían recaer; fiscalización previa del expediente por órgano
manifiestamente incompetente; no acreditación de los motivos de las puntuaciones otorgadas a los licitadores; déficit de justificación de las prestaciones realizadas en cumplimiento del objetivo de los contratos o falta de imposición al
contratista de penalidades por demora en la ejecución de los contratos.
Todo esto, señor presidente, me lleva a preguntarle: ¿qué procedimientos va a poner en marcha o ya ha puesto en marcha el Tribunal de Cuentas para poner orden en todas estas cuestiones?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Doy las gracias también el presidente del Tribunal de Cuentas por su intervención. De ella y del análisis de los informes correspondientes debemos sacar algunas conclusiones, que es a lo que me voy a limitar, señor presidente, sin entrar en
debates con otros grupos parlamentarios, que lógicamente no ha lugar en este momento. Aunque la intervención del presidente del Tribunal de Cuentas ha estado llena de delicadeza, de ella se deduce claramente que estamos en presencia de unos
informes que el Tribunal de Cuentas considera plagados de irregularidades y de deficiencias.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los portavoces que han hablado antes que yo, incluso tenía anotado alguno de los ejemplos que se han puesto de manifiesto y, por lo tanto, obviaré esa parte del relato y me limitaré a decir
cuatro cosas que me parecen obvias por la evidencia de las irregularidades que existen en este informe.
Hay algunas de carácter contable que son realmente subrayables: la adjudicación de obras para ampliación, rehabilitación, restauración, etcétera, del Teatro Kursaal Nacional de Melilla está plagada de irregularidades de acuerdo con el
informe. No estamos en un debate partidario, es el informe el que dice
que sus irregularidades son muy importantes. Hay desperfectos ocasionados por el adjudicatario de estos contratos; demoras de este adjudicatario, de este contratista que, sin embargo, no significan penalidad alguna por parte de quien
adjudicó la obra, lo que pone de manifiesto no solo deficiencias sino también irregularidades que, si no bordean, están dentro de una posible responsabilidad penal o de un posible acto de prevaricación administrativa bastante claro, y no solo de
responsabilidad contable. Pero si ahondáramos en posibles indicios de responsabilidad penal, estoy de acuerdo con el portavoz de Izquierda Unida cuando recordaba que en los informes se subrayan los indicios de responsabilidad penal en algunos
supuestos que realmente resultan alarmantes, como que se conozcan determinados criterios y baremos de adjudicación con posterioridad a la apertura de las ofertas para contratar o subcontratar una obra. Eso nos parece de una responsabilidad penal
que doy por sentado que si el Tribunal de Cuentas no lo ha hecho, de manera inmediata remitirá al fiscal correspondiente porque, como bien sabe el presidente del tribunal, en el caso de que el Tribunal de Cuentas omitiera esta decisión, el propio
tribunal sería motivo de persecución por el correspondiente delito al ser conocedor de una posible infracción penal y no dar cuenta de ella al fiscal o juez correspondiente. y no solo hay supuestos de este tipo; dentro del expediente hay órganos
-y el portavoz del Izquierda Unida ha puesto de manifiesto algunos- que contratan siendo absolutamente incompetentes para ello y, por supuesto, llevándose a cabo la contratación y la adjudicación, lo que pone de manifiesto actos claros, al menos, de
una posible prevaricación administrativa. Creo que entran en otro tipo de tipificación pero, sin duda, es un caso de prevaricación administrativa.
Señor presidente, esto me lleva a insistir en la pregunta. Hoy ha salido en los medios, como consecuencia de su intervención en el día de ayer, que se han remitido a la Fiscalía correspondiente - creo que es anticorrupción- algunos
supuestos de posibles indicios de responsabilidad penal de los informes de Cantabria. Lo vimos ayer; nos parece bien, es su obligación. Antes ha anunciado que puede haber siete expedientes con referencia a las cuentas de Extremadura que deberían
remitirse o que se han remitido a la Fiscalía. Es su obligación, me parece una obviedad y le animamos a que siga por ese camino. Mi pregunta es si esto va a ir también a la Fiscalía, porque del informe correspondiente hecho por el propio Tribunal
de Cuentas se deduce claramente que es el camino que deben seguir estos informes.
Y para terminar, debo insistir en lo que han dicho mis compañeros. En aquellos supuestos menos gravosos, es decir, menos perseguibles penalmente, pero que significan un reproche social claro, como son los problemas de responsabilidad
disciplinaria en el caso de funcionarios o responsabilidad contable, ¿qué previsión tiene el Tribunal de Cuentas? ¿Qué va a hacer frente a estos responsables políticos o responsables funcionariales que han sido capaces de cometer este tipo de
tropelías de las que, insisto, me hago testigo por el informe que ustedes mismos presentan? No entro en el color político de la entidad sobre la que el presidente está informando, tan solo me estoy limitando al análisis que usted nos presenta.
¿Qué se hace en estos supuestos?
Señor presidente, al final de su intervención habla usted de una serie de recomendaciones hacia estas personas que dirigen como responsables políticos y como responsables funcionariales. ¿Cuáles? ¿Que en los próximos presupuestos no
aparezcan, que remitan ellos mismos al fiscal aquellas actuaciones, incluso que no solo tengan responsabilidad contable sino que puedan bordear la responsabilidad penal? ¿Qué va a hacer el tribunal con referencia a estas irregularidades, de las que
usted mismo ha dado cuenta en sede parlamentaria, no nosotros, usted? Por tanto, imagino que ahora el presidente dirá cuál es la actuación que se va a llevar a cabo para que esto no vuelva a suceder.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre de mi grupo, quiero darle la bienvenida a esta comisión, señor presidente del Tribunal de Cuentas.
A mí me ha parecido oportuno que el señor presidente del Tribunal de Cuentas haya subsumido y acumulado los informes correspondientes a la Ciudad Autónoma de Melilla en los ejercicios que marcan, así como el seguimiento y las recomendaciones
contenidas en los informes de fiscalización de estos ejercicios e inclusive los anteriores.
Ciñéndome exactamente al informe del señor presidente, y al objeto exclusivo de esta comisión, tengo que hacer notar algunas matizaciones y, sobre todo, algunas reflexiones. En primer lugar, señor presidente del Tribunal Constitucional, lo
primero que hay que analizar -según mi modesta opinión, sometida a otra
de mejor criterio- es que la organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla en absoluto puede compararse -insisto, señor presidente- a otras comunidades autónomas sino a la de cualquier ayuntamiento medio de España.
Esta reflexión inicial, esta reflexión primigenia, puede ser punto de arranque de la intervención que trato de hacer a raíz de su informe, señor presidente, porque, en segundo lugar, esto que señalaba anteriormente es debido no precisamente
al volumen del presupuesto que se gestiona, sino al número de funcionarios de que se dispone. Ese es otro punto de reflexión previo. A finales de 2012, señor presidente, se cuenta aproximadamente con 1100 trabajadores, entre funcionarios y
personal laboral, de los cuales -para no hacer gravosa mi intervención a esta hora de la tarde- el 50% son funcionarios del grupo A1, en materia no solo de competencia municipal, según lo que establece el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, sino también en otras materias más delicadas y de compromiso social y público, como sanidad o menores; esta última -conviene enfatizarlo aquí- es la de más déficit en todos los sentidos, con más de 200
menores que tutelar por término medio.
Con todo ello, ¿qué quiero decir, señor presidente? Quiero decir que la fiscalización individual in situ es anual, por lo que el margen de mejora -que voy a intentar desglosar brevemente después- y adaptación a las recomendaciones se debe
evaluar, como se ha hecho, subsumiéndolo aquí, y no con la premura de año tras año sino a un periodo más a largo plazo, según mi modesto entender y por las reflexiones antes dichas.
En tercer lugar, hay que tener en cuenta también, señor presidente, que en la resolución de la Comisión Mixta Congreso-Senado, de 2 de marzo de 2011, en relación con el informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla en los ejercicios
anteriores a estos -me estoy refiriendo a 2004 y 2005-, se recomendaron una serie de puntos en cuanto a la fiscalización contable, en cuanto a la fiscalización presupuestaria y también -como aquí se ha dicho por otros grupos parlamentarios- en
cuanto a la contratación administrativa. y tengo que decir, señor presidente, por la información a la que he tenido acceso, que se han realizado una serie de actuaciones que se compadecen con los dos argumentos previos que he intentado -seguramente
con torpeza- poner encima de la mesa y que son conformes a las recomendaciones que establecía el tribunal. Por ejemplo, deberían llevarse a cabo la reestructuraciones organizativas necesarias que permitan la adecuada segregación de funciones entre
la gestión de ingresos y control, y es verdad que debe hacerse.
Con respecto a este punto, he de decir que, a partir del año 2011 -me retrotraigo a una de las reflexiones que hice anteriormente en cuanto a la estructura especial de la Ciudad Autónoma de Melilla-, la nueva Consejería de Economía y
Hacienda se adaptó a dichas recomendaciones, puesto que se suprimieron una serie de direcciones generales: la Dirección General de Hacienda e Intervención y la Dirección General de Hacienda, Tesorería, por los puestos de interventor general y de
tesorero. No se trata de una cuestión menor, que yo me permito aquí enfatizar, señor presidente. De esta forma, los ingresos, y más concretamente la recaudación y el denominado IPSI allí en Melilla, en sus modalidades de importación y operaciones
interiores, se segregaron completamente de la Intervención, que tampoco es cuestión menor.
Otra recomendación reiterada -solamente hablo de las reiteradas, señor presidente, y me perdonará que sea por economía procesal- es que se debe mejorar la contabilización por partida doble de las operaciones que se recogen en la liquidación
del presupuesto para que exista una plena concordancia entre este y el balance y la cuenta de resultados. Es una recomendación repetida, y es una recomendación a tener en cuenta, y es una recomendación que no es casual, y es una recomendación
importante. Pues bien, habrá que preguntarse qué se ha hecho ante esta recomendación; y sobre esta recomendación que, a mi criterio, y sometido a otro mejor, sin ser concreta, reconocemos -el propio Gobierno de Melilla lo reconoce-, por qué no
decirlo, deficiencias, porque no puedo justificar en sede parlamentaria que la ausencia de técnicos en el área económica no permita desarrollar esta labor con el rigor presupuestario necesario y, por tanto, ahí coincido, siguiera tangencialmente.
Pero tengo que decir también que en los últimos ejercicios, y gracias a la incorporación de algún personal de dichas características, se ha desarrollado y eso es indubitable también- la contabilización por partida doble, quedando de
manifiesto en cuestiones como -aquí se ha dicho y se ha dicho bien- la amortización del inmovilizado, sus regularizaciones contables, la periodificación en cuentas financieras de los préstamos y créditos obtenidos de entidades financieras, el
control de las operaciones de arrendamiento financiero, ajustándolas mediante asientos contables a la realidad patrimonial. Eso se está haciendo, señor presidente, y no cabe la menor duda de que es una medida, no digo correctora, pero sí de avance
para adecuar las realizaciones del Gobierno autónomo de Melilla con las recomendaciones y conclusiones del Tribunal de Cuentas.
También hay otra recomendación reiterada, y es que debe confeccionarse un inventario de bienes actualizados y completo y coordinar los servicios de patrimonio y contabilidad, así como realizar un correcto registro contable de las operaciones
de inmovilizado. Quizá no corresponda al tenor literal de lo que digo, pero sí a la abstracción de lo que he podido colegir. Con referencia a este punto -y aun reconociendo que muchas de las corporaciones locales no tienen un inventario de bienes
actualizados-, a finales del ejercicio de 2010 -también es un hecho indubitado, señor presidente- se confeccionó un inventario por parte de una empresa externa. Sobre dicho trabajo se mantienen actualmente los valores más representativos e
importantes desde el punto de vista cuantitativo, como son: el inmobiliario, los elementos de transporte y el de bienes histórico-artísticos. Además, se sigue confeccionando un inventario detallado de todas las rúbricas contables y se está
trabajando también en el control sobre el mobiliario y los equipos de procesos de información. Todo el que conoce la organización de la ciudad comprende que, dada la limitada estructura que he mencionado anteriormente, es una labor que se tendrá
que evaluar en su conjunto y, si se me permite la expresión, a medio plazo. Sometida naturalmente esta reflexión que hago a mejor criterio y, seguramente, controvertido.
Voy a terminar ya con unos apuntes breves en cuanto a las recomendaciones.
Respecto a que se debería implantar una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada conforme a los principios contables públicos fijados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, hasta donde yo sé, a partir
del ejercicio de 2010, y debido a la incorporación que antes mencioné, se está controlando y se está trabajando con la financiación afectada y los proyectos asociados a ella. De hecho, en el ejercicio de 2012 están dados de alta en las bases de
datos de la ciudad autónoma unos 200 proyectos con financiación afectada. Esto es debido al alto volumen de ingresos que se obtienen de la Unión Europea: los Feder, los Fondos de Cohesión, los del Estado, así como los de suficiencia económica.
Todo ello ¿qué supone, señor presidente? Supone que no se pueden gestionar y ejecutar en el mismo ejercicio, los cuales están consignados presupuestariamente, según la plurianualidad de los fondos establecidos por la Unión Europea, y los
funcionarios y el Gobierno de Melilla se están viendo obligados a incorporar sus remanentes en los ejercicios siguientes. Ahí puede haber cierta asincronía entre las medidas correctoras del Gobierno y el informe del Tribunal de Cuentas, sin
cuestionar naturalmente la afectación y la médula del mismo.
Pero, señor presidente -termino-, deben concederse ayudas y subvenciones respetando los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, aprobándose y publicándose las correspondientes bases reguladoras. Y, asimismo, deben establecerse
sistemas de comprobación del cumplimiento de la finalidad de las subvenciones y procedimientos reglados para su seguimiento y control. Es cierto, señor presidente, es cierto.
Un punto esencial con el que voy a terminar -porque no voy a hablar de la contratación administrativa, dado que sería demasiado largo, pero creo que es un punto medular e importante- son las medidas correctoras. En la actualidad -y el señor
presidente del Tribunal de Cuentas con mayores medios que un diputado puede comprobarlo- se están respetando todos los principios de publicidad, concurrencia y objetividad establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
puesto que todas las convocatorias de subvenciones aprobadas por la Ciudad Autónoma de Melilla se publican en el Boletín Oficial de dicha ciudad autónoma, en el denominado BOME. En los casos de concesiones directas -a las que también se ha hecho
aquí mención-, por lo general, están nominativamente descritas en el presupuesto; fíjese que digo por lo general tampoco puedo hacer un seguimiento exhaustivo de esto-, por lo general están normativamente descritas en el presupuesto, con sus
partidas presupuestarias independientes. y también, señor presidente de la comisión, señor presidente del Tribunal de Cuentas, se publican igualmente en el Boletín Oficial de la Ciudad su aprobación y texto completo. Quiero decir que, con
independencia de no negar el informe del tribunal y por supuesto las recomendaciones y conclusiones, así como instar al Gobierno a adoptar estas medidas correctoras, se está haciendo ciertamente un esfuerzo importante en cuanto al seguimiento de las
recomendaciones y conclusiones del Tribunal de Cuentas.
En este punto termino la intervención, porque me parece que el objeto de esta comisión es escuchar al señor presidente, a quien pregunto si le parecen suficientes estos esbozos de medidas correctoras a las deficiencias o recomendaciones y
conclusiones que el señor presidente ha expuesto esta tarde, si le
parecen suficientes, repito, y si merece la pena ahondar en ellas para ejercicios subsiguientes o en cualesquiera otras que el Tribunal de Cuentas arbitre, inspecciones o siga.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoras y señores diputados y senadores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Presidente, en el debate de este informe se suscita una discusión sobre los resultados que los informes producen cuando de manera recurrente se vuelven a plantear los
mismos defectos en ejercicios sucesivos, creando la sensación de que el tribunal, efectivamente, no tiene capacidad para lograr la mejora de la gestión pública a través de los informes que realiza.
Yo querría recordarles que está pendiente de tramitación en esta comisión una moción que, además, es una moción presentada por el Pleno del tribunal a la comisión mixta para mejorar el deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas, que
data del ejercicio 2011. En esa moción se incorpora precisamente lo que el Pleno del tribunal considera instrumentos importantes para conseguir que se lleven a efecto las medidas coercitivas que pueda imponer para lograr que el deber de
colaboración sea efectivo y que la rendición de cuentas verdaderamente se pueda producir. Esas medidas son, entre otras: superar el hecho de que las multas coercitivas que el tribunal puede imponer por no rendición de cuentas o por falta de
colaboración oscilan entre 60 y 900 euros. Después de un procedimiento que generalmente implica la realización de tres plenos, comisión y trámite de audiencia, con dictamen del Ministerio Fiscal y con la valoración de un conjunto probatorio
importante, la máxima medida coercitiva -bien es cierto que se puede reiterar todas las veces que sean precisas- que puede poner el tribunal en el supuesto máximo de gravedad serían 900 euros. Esto es así, posiblemente, por un defecto de la propia
ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas que incorporó los importes correspondientes en el texto de la ley, de tal manera que modificar los importes requiere una reforma legislativa cuando hubiera sido más razonable haberlos actualizado por
otros procedimientos. Quizás en el año 1988 los importes entre 60 y 900 euros tenían, efectivamente, un efecto coercitivo en la aplicación por parte del tribunal, pero hoy ese carácter está muy limitado porque, en definitiva, acaban siendo meras
sanciones morales, que tienen su importancia. De hecho, el tribunal, en el último año y medio ha impuesto aproximadamente 200 multas coercitivas precisamente destinadas a conseguir la rendición de cuentas.
El señor Bruguera y también el señor Sixto han preguntado qué hace el tribunal, qué posibilidades de actuación tiene el tribunal. Me van a permitir ustedes que haga una pequeña reflexión sobre los ámbitos de actuación en este terreno.
Cuando el tribunal se encuentra con un supuesto de responsabilidad contable, es decir, con irregularidades administrativas o presupuestarias que llevan asociado un eventual alcance, como ustedes saben, la sección de enjuiciamiento del tribunal abre
un procedimiento jurisdiccional. Ese procedimiento jurisdiccional, por responsabilidad contable, se tramita en el propio Tribunal en su Sección de Enjuiciamiento y produce el resultado que tiene que producir, sobre la base de que quien tiene que
defender esa pretensión de responsabilidad contable es o el Ministerio Fiscal o el abogado del Estado o la acción popular y, en definitiva, muchas veces la acción popular, entre otros, son los grupos políticos que se personan para ejercer esa acción
popular en el ámbito de la responsabilidad contable. Ahí nos encontramos con lo que son irregularidades o deficiencias que llevan aparejado un eventual alcance de fondos públicos; pero hay muchas irregularidades que no llevan aparejado un alcance
de fondos públicos, y esta es una cuestión respecto a la que, precisamente, en los debates que recientemente han tenido ustedes en el Parlamento con ocasión de la Ley de trasparencia, se hablaba de la posibilidad de la existencia de un régimen
sancionador aplicable a irregularidades administrativas en el terreno de la gestión presupuestaria que no llevan aparejado un alcance. Lo que sí les puedo decir es que el Tribunal no tiene ninguna competencia en este terreno, carece por completo de
ella, no tiene posibilidad sancionadora porque la ley no se la ha dado.
Es indudable que si hubiera un régimen sancionador, ese tipo de irregularidades que no suponen un alcance público, como, por ejemplo, la no rendición de cuentas, no tiene por qué suponer un alcance de fondos públicos; es una irregularidad y
el Tribunal lo que puede hacer son medidas coercitivas para que se le rindan, pero indudablemente en el Derecho Comparado la no rendición de cuentas generalmente lleva aparejada una sanción y, además, pueden convivir perfectamente un régimen
coercitivo de rendición de cuentas con un régimen sancionador por no haber rendido cuentas. Esta es una situación que en el ámbito en el que ustedes están, que es el ámbito legislativo y parlamentario, yo les animo a suplir esa
laguna que sería muy positiva para la gestión de los fondos públicos y para la gestión también de quienes tenemos la obligación y el cometido de perseguir cualquier tipo de irregularidad.
Después nos encontramos con las responsabilidades por lo que son los supuestos que entran dentro clarísimamente de los delitos penales, en los que el Tribunal no hace nada porque es el fiscal que está en el Tribunal quien solicita testimonio
sobre estos supuestos y los remite a la fiscalía que corresponda; pide el testimonio correspondiente al departamento que ha efectuado el informe, y sobre ese testimonio, en la fiscalía que corresponda se inician los procedimientos jurisdiccionales,
que son responsabilidad lógicamente de la fiscalía en ese momento.
Ustedes siempre me preguntan, ¿qué tipo de responsabilidades se derivan de este informe? y entrando concretamente en el de la ciudad de Melilla, en el caso de los ejercicios 2006-2007 consta tramitación de diligencias preliminares por
irregularidades en el ámbito de la responsabilidad contable, que fueron archivadas por no revestir los hechos analizados carácter de alcance. En el caso de los ejercicios 2008-2009 no constan antecedentes en la Sección de Enjuiciamiento. Es decir,
que en el ámbito de lo que sería la responsabilidad contable, de estos informes no existen en el Tribunal procedimientos abiertos; sin embargo, el Ministerio Fiscal aprecia indicios de responsabilidad penal en relación con diversos expedientes de
contratación y detalla una serie de supuestos que, por otra parte, el señor Sixto ha explicado muy bien. También existe algún otro pero el que más se produce en los diferentes contratos es la utilización de fórmulas para impedir la aplicación en
toda su extensión de los baremos para las valoraciones de los precios de las ofertas. Esto es lo que, por otra parte, al Tribunal le ha hecho formular una recomendación que cuando se hace con la generalidad con la que se contiene en este informe,
al mismo tiempo significa la gravedad que supone. Es decir, cuando una recomendación del Tribunal dice que se cumplan las disposiciones sobre contratación pública, pues no hay más que decir. En definitiva, la contratación pública no cumple los
requisitos que serían necesarios en una Administración pública y, por lo tanto, el fiscal ha solicitado que en ocho expedientes el correspondiente testimonio para remitirlo a la fiscalía correspondiente.
En relación con lo que ha manifestado el señor Gutiérrez, entiendo que tiene razón en el sentido de que efectivamente la Ciudad Autónoma de Melilla es como si fuera un ayuntamiento medio de España, pero esto es grave en la medida de que,
efectivamente, hay determinados ayuntamientos de carácter medio donde la aplicación de las normas de contratación tienen graves deficiencias de aplicación parecidas a las que puede haber en la ciudad de Melilla, y en todo caso no pueden ser
justificables por el carácter pequeño del ayuntamiento porque son irregularidades que afectan a los sistemas de contratación que deben de regirse por la normativa correspondiente.
Por lo tanto, el Tribunal en este caso mantiene perfectamente su crítica en relación con este tema y, por otra parte, deseamos que efectivamente en el ejercicio o en el informe siguiente nos encontremos con que no ha dado lo mismo este
trámite, es decir, que haya efectivamente una mejora en la gestión, especialmente en la contratación, porque sí es cierto que hay otros aspectos de gestión que pueden mejorar, pero la contratación pública y las subvenciones que también se incorporan
en este informe, la gestión de subvenciones con carácter crítico, son dos aspectos clave que el Tribunal ha puesto de manifiesto en este informe que quiere dejar para su valoración por ustedes.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Para aclaraciones pertinentes, ¿quieren hacer uso de la palabra? (Denegaciones.)
- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIOS 2006 y 2007, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE 2012. (Número de expediente del Senado 771/000058 y número de expediente del Congreso
251/000062)
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.
- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIOS 2008 y 2009, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2013. (Número de expediente del Senado 771/000110 y número de expediente del Congreso
251/000112)
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ACUICULTURA DE CEUTA, S.A., EJERCICIOS 2001 A 2004, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2011 (SE CORRESPONDE CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000154 DE LA IX LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000045 y número de expediente del Congreso 251/000048)
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.
El señor PRESIDENTE: El presidente informará conjuntamente sobre los siguientes asuntos: el Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicios 2006 y 2007; el informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicios 2008 y 2009 y el
informe de fiscalización de la gestión de la Sociedad Mercantil Acuicultura de Ceuta, S.A., ejercicios 2001 a 2004.
Para la presentación de los informes, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.
Los informes fueron aprobados en sesiones de 26 de enero de 2012, y 21 de marzo de 2013, y 27 de octubre de 2011 el correspondiente a la Sociedad Mercantil Acuicultura de Ceuta.
En cuanto a los informes anuales de Ceuta en estos ejercicios, el sector público de la ciudad estaba integrado por la Administración General, seis organismos autónomos, entre trece y catorce sociedades mercantiles, una fundación, un
consorcio y una entidad pública. En el informe anual correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007 se exponen como limitaciones al alcance la falta de activación en el inmovilizado de bienes recibidos por traspasos de competencias del Estado y de
ciertas infraestructuras, así como la no aportación de las relaciones de contratos de diversos organismos y entidades.
Por lo que se refiere a la rendición de cuentas anuales destaca el notable retraso entre nueve y diecinueve meses con el que fue rendida la cuenta general de la ciudad respecto al plazo legalmente establecido, situación recurrente en todos
los ejercicios. En las actuaciones fiscalizadoras se han facilitado las cuentas anuales pendientes de rendir, salvo las relativas a una entidad pública, el Patronato de Viviendas 'San Daniel', y dos empresas, Heliceuta y Teleceuta, que se
encontraban inactivas.
En cuanto al control interno se han puesto de manifiesto deficiencias que deben superarse para mejorar la gestión y el control de la actividad economicofinanciera. En particular, existían debilidades en la gestión del inventario y la
Intervención de la ciudad no había desarrollado el control financiero y de eficacia.
Respecto a la liquidación de sus presupuestos, el grado de ejecución se situó alrededor del 83% en los cuatro ejercicios. Se han detectado salvedades y observaciones referidas principalmente a la existencia de gastos y de inversiones que no
fueron reconocidos en el momento de su realización, sino en ejercicios posteriores a través de la figura excepcional del reconocimiento extrajudicial de créditos. También afectaban al registro de las disposiciones de fondos en operaciones de
endeudamiento financiero y a la contabilización de las trasferencias recibidas de la Administración General del Estado y del Fondo de Cohesión.
El objetivo de estabilidad presupuestaria para los años 2006 y 2007, que preveía un déficit máximo del 0,1% del PIB, se cumplió en ambos ejercicios, no habiéndose incluido a partir de 2008. Existen ciertas deficiencias detectadas relativas
a la situación patrimonial de la ciudad y, entre otras, cabe citar las siguientes: a pesar de haberse llevado a cabo un proceso de regularización y actualización del inventario de bienes y derechos, se encontraba pendiente de regularizar un importe
de 15 millones de euros, así como que había deficiencias en la determinación de las amortizaciones y deterioro de activos.
Durante los cuatro ejercicios analizados se encontraban pendientes de registrar derechos de cobro por un importe de 58 millones de euros correspondientes a créditos a los adjudicatarios de viviendas de promoción pública que fueron
transferidos a la ciudad por la Administración del Estado.
El endeudamiento superaba desde 2007 el límite fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ciudad se acogió al Real Decreto Ley 5/ 2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las entidades
locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. A tal efecto se presentó un Plan de saneamiento, sin haberse cumplido con posterioridad los objetivos del mismo relativos al ahorro neto previsto.
El resultado económico patrimonial osciló entre un desahorro de 2 millones de euros en 2008 hasta un ahorro de 20 millones en el ejercicio 2009. No obstante, esta magnitud estaba afectada por salvedades y limitaciones que afectaron a la
representatividad de las cuentas entre las que, por su importancia, destacan la ausencia de dotaciones a la amortización por depreciación de los elementos del inmovilizado, la falta de registro de gastos derivados de compromisos asumidos por la
ciudad, el incorrecto registro
de las bajas y altas del inmovilizado y la sobrevaloración de los ingresos procedentes de la Administración del Estado.
También se ha hecho un análisis sobre el conjunto de organismos y entidades que conforman el sector público ceutí, destacando especialmente la falta de adaptación de los estatutos de los organismos autónomos a la Ley de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, así como la situación deficitaria crónica del sector público empresarial, excepto en la empresa Emcivesa, debiendo ser asumida por la ciudad la cobertura financiera de las pérdidas.
El Patronato de Viviendas 'San Daniel' continuaba pendiente de liquidación al cierre del último período fiscalizado, a pesar de que el Pleno de la ciudad había acordado en el año 2003 su disolución y el nombramiento de una comisión
liquidadora. Ambos informes anuales dedican una atención especial a la contratación, observándose deficiencias señaladas reiteradamente como la ausencia de criterios adecuados de valoración de ofertas y la adjudicación de los contratos o la falta
de aplicación de baremos para la valoración de los precios fijados en las ofertas presentadas.
En el caso de las obras del Centro Cultural 'Manzana del Revellín', a las que ya hice referencia en la presentación de los informes correspondientes a años anteriores, no se justificó la adjudicación por procedimiento negociado sin
publicidad, reiterándose lo ya propuesto en informes anteriores.
Por lo que se refiere al ámbito de las subvenciones se han puesto de manifiesto deficiencias que afectan al contenido de las bases reguladoras y de los convenios celebrados con particulares.
Las inversiones efectuadas con cargo a los fondos de compensación interterritorial habían alcanzado un importe superior a 10 millones de euros sin que la Administración hubiera definido el procedimiento para el registro y seguimiento de los
proyectos.
Ambos informes anuales contienen diversas recomendaciones, muchas ya reiteradas en informes anteriores. Algunas de ellas se encontraban en vías de subsanación y respecto de otras no se habían obtenido respuestas satisfactorias. Estas
últimas afectaban principalmente a deficiencias en materia de gestión subvencional, la regularización de la situación de las empresas sin actividad, la depuración de saldos deudores muy antiguos, la revisión y análisis sobre la oportunidad y el
mantenimiento de algunas inversiones societarias y la claridad y concreción en el establecimiento de los criterios de adjudicación de los contratos.
Por lo que se refiere al informe de fiscalización de la gestión de la sociedad mercantil Acuicultura de Ceuta, ejercicios 2001 a 2004, esta fiscalización se realizó a instancia de la Comisión Mixta como consecuencia del Informe anual de la
Ciudad de Ceuta y sociedades mercantiles, ejercicios 1998 a 2001. Se trata de una fiscalización que no se refiere exclusivamente a aspectos de legalidad, sino que incluye también el examen de la eficacia y eficiencia en la gestión de la entidad
fiscalizada cuya complejidad y su extensión temporal a cuatro ejercicios completos demoró en gran medida la elaboración y aprobación del informe.
El informe recoge varias limitaciones al alcance que afectaban principalmente a la falta de entrega por parte de la empresa de documentación e información requerida en el curso de la fiscalización referente a la evolución de las cuentas de
clientes pendientes de cobro al cierre del período fiscalizado y a determinados gastos de personal registrados como atrasos.
Por lo que se refiere a la rendición de cuentas, aunque la empresa pública Acuicultura de Ceuta no había rendido sus cuentas anuales de los cuatro ejercicios, las mismas fueron aportadas en la fiscalización y en todo caso con notable retraso
respecto de los plazos legalmente establecidos. Respecto a su situación patrimonial, la sociedad presentaba en todo el período fiscalizado un déficit recurrente, con pérdidas crecientes, lo que la situaba al cierre de los ejercicios 2002, 2003 y
2004 en el supuesto de disolución previsto tanto en el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas como en el artículo 103 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
La sociedad fiscalizada implantó un Plan de viabilidad aprobado en 2001 y ejecutado entre 2002 y 2003, orientando su actividad al negocio de la acuicultura, fundamentándose en un estudio de mercado favorable, en el dictamen positivo del
Consejo Económico y Social de la ciudad y en la inclusión del proyecto en el Programa operativo plurirregional del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca, IFOP, cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, la ejecución del Plan de
viabilidad se realizó con notable retraso temporal, con desviaciones significativas al alza en las inversiones previstas y con un fracaso absoluto en la producción de la planta modernizada de la empresa, desconociéndose las causas técnicas,
procedimentales o de otra naturaleza que motivaron los bajísimos niveles de producción real respecto de la producción potencial de la planta.
A raíz de ello se acordó, en septiembre de 2004, parar la producción, iniciar un expediente de regulación de empleo sobre la totalidad de la plantilla, iniciar la venta de activos para hacer frente a los pasivos existentes e instrumentar la
devolución de las ayudas recibidas al proyecto cofinanciado por la Unión Europea y las administraciones estatal y autonómica.
En el ejercicio 2008, con posterioridad al período fiscalizado, se materializó la venta de una parcela de terreno en el polígono El Tarajal, así como las edificaciones e instalaciones situadas en la misma. En cambio, la sociedad mantenía la
propiedad de unos terrenos ocupados por el Ministerio del Interior en 1999, actuación realizada sin autorización de la empresa y sin haber tramitado ningún tipo de actuación administrativa expropiatoria, lo que condujo a la interposición de una
reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, litigio que se encontraba pendiente de resolución.
A lo largo del período fiscalizado, la sociedad había recibido ayudas y subvenciones por un montante total de 1,4 millones de euros procedentes en su mayor parte de su matriz Procesa y de la Unión Europea. En relación con las ayudas
recibidas por la cofinanciación del proyecto de modernización, la empresa mantenía registrado, a cierre de 2004, un pasivo por importe de 539 miles de euros, correspondiente al reintegro de las mismas a las administraciones concedentes, acordado en
septiembre de 2004.
En la revisión de las subvenciones de explotación procedentes de Procesa para el ejercicio 2003 y las destinadas a programas de formación, se han puesto de manifiesto en la fiscalización diferencias no explicadas y carencias de
documentación. En el análisis de los gastos de personal de la sociedad se ha verificado, para una muestra, que las retribuciones satisfechas eran correctas, con la excepción de determinados importes abonados al director gerente, no acordados en el
contrato de alta dirección suscrito por la empresa con este cargo directivo. Los gastos de representación, dietas y publicidad registrados en el período fiscalizado eran de pequeña cuantía y no se autorizaron tarjetas de crédito con cargo a la
sociedad. En la revisión de estos gastos se ha puesto de manifiesto que para algunas partidas de comidas y viajes no se había acreditado documentalmente su carácter oficial que justificase el cargo a la empresa. La fiscalización de la contratación
ha evidenciado el incumplimiento del requisito de publicidad, infringiéndose lo establecido en el Texto refundido de la Ley de contratos. Además, no se aseguró la ejecución de los contratos mediante el establecimiento de garantías o de penalidades
por demoras.
En definitiva, a finales de 2010 la sociedad mercantil Acuicultura de Ceuta permanecía sin actividad, no tenía empleados y estaba únicamente pendiente de acordarse su liquidación. La única recomendación del informe se refiere a la necesidad
de someter al control financiero todas las empresas de la ciudad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el señor Bruguera.
El señor BRUGUERA BATALLA: Sí, señor presidente. Intervendré muy brevemente.
El resumen que yo haría de estos informes de fiscalización es que son más de lo mismo respecto del informe de Melilla. Las cuentas generales se presentan con retraso, pero no pequeño, casi de dos ejercicios posteriores. No se integran las
cuentas de numerosas empresas públicas, entidades públicas, fundaciones, consorcios, patronatos, etcétera. y continuamos en la misma tónica que con el informe anterior de irregularidades, yo diría que de caos y de descontrol económico y de no hacer
caso, en absoluto, o prácticamente, de las recomendaciones de informes anteriores, con lo cual, casi reitero lo que he dicho en mi intervención anterior. En todo caso, tomo el reto que nos ha presentado el presidente del Tribunal de Cuentas y este
senador intentará en la próxima reunión de Mesa y portavoces poner encima de la mesa la necesidad de discutir, de analizar y de debatir la moción y, en todo caso, otras medidas que pueda considerar esta Comisión. Yo me comprometo, modestamente, a
intentar plantear el tema en la próxima reunión de Mesa y Portavoces.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bruguera.
Señor Sixto, tiene la palabra.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Absolutamente de acuerdo con el señor Bruguera. Hay que impulsar todas las medidas de reforma que sean necesarias para fortalecer la capacidad de fiscalización y, sobre todo, la capacidad de actuar de forma coercitiva por parte del Tribunal
de Cuentas para que se cumplan las prescripciones legales respecto
a rendición de cuentas y cumplimiento con todo lo que nos marca la legislación vigente. En ese sentido, desde mi grupo trabajaremos conjuntamente en apoyar ese tipo de iniciativas y esa propuesta que ha comentado el presidente del Tribunal
de Cuentas tendremos que traerla a esta Comisión lo más rápidamente posible.
Quería plantear alguna cuestión concreta sobre los informes que se nos han transmitido de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y es que en el texto de ambos informes se vuelve a apreciar la existencia de indicios de responsabilidad contable,
especialmente en el área de contratación administrativa. Hemos visto que hay una inclusión indebida de honorarios de dirección facultativa en una dirección de obra. Podría haberse producido un pago duplicado, hay una ausencia de imposición de
penalidades por incumplimientos de contratistas, hay una deficiencia en la justificación de prestaciones contratadas, no está suficientemente justificado el pago de precios al menos a un contrato y pueden apreciarse indicios de responsabilidad
contable en la ausencia de justificación del destino de fondos procedentes de la enajenación de Pandita, S.L. También en ambos informes se exponen diversos hechos que pueden dar lugar a responsabilidades penales, especialmente referidas a
deficiencias en la adjudicación de cuatro contratos y en la tramitación de un modificado del contrato de obras del Centro Cultural 'Manzana del Revellín' de Ceuta, en el que se podrían apreciar indicios de responsabilidad penal en ambos informes.
Con independencia de lo anterior, también se podrían deducir responsabilidades disciplinarias en el abono de gratificaciones por asesoramiento y asistencia a las sesiones de los órganos colegiados a favor de la secretaria accidental de la
ciudad autónoma, por el Consejo Económico y Social de Ceuta, hecho denunciado en el informe 2008 y 2009, y en los correspondientes a los abonos, denunciados en ambos informes, a favor de determinados funcionarios de la administración autonómica, por
la presentación de determinados informes de intervención, secretaría y asesoramiento a ocho sociedades del sector empresarial de la ciudad.
En ambos informes se recoge un número relevante de irregularidades, pero hay que destacar que se observa una reducción cuantitativa importante en este tipo de incidencias en el segundo de los informes examinados, en los años 2008 y 2009. En
este sentido Ceuta parece evolucionar mejor que Melilla.
Por lo que respecta al informe de fiscalización de la sociedad Acuicultura de Ceuta se desprende la existencia de múltiples indicios de responsabilidad contable, si bien es cierto que no es de especial relevancia cuantitativa, pero
destacaríamos aspectos como el pago de retribuciones a favor del personal, nómina de atrasos sin haberse justificado el cálculo realizado en aplicación de un convenio colectivo aprobado con efectos retroactivos, el abono a algún empleado y
directivos de determinados pluses que no están en sus contratos y están en el convenio. Por otro lado, irregularidades en el pago de indemnizaciones por razón del servicio a favor del personal, diferencia entre la subvención contabilizada por la
sociedad matriz, por Procesa, y la registrada por la sociedad auditada, por la beneficiaria; deficiencias de justificación en la ejecución de diversos contratos de obras, y al menos nosotros vemos que podría deducirse la existencia de dos hechos
que podrían fundamentar la existencia de indicios de la comisión de un delito societario en el acuerdo de disolución de la sociedad y de prevaricación administrativa por las irregularidades detectadas en la contratación administrativa.
Me gustaría que el presidente del Tribunal de Cuentas nos ampliase un poco la información respecto a estas posibilidades de delitos en la disolución de la sociedad Acuicultura de Ceuta.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor presidente. Gracias de nuevo por su intervención, señor presidente del Tribunal de Cuentas.
Voy a ser muy breve porque me uno a las palabras del señor Bruguera y del señor Sixto. Además, hago míos los ejemplos que ha planteado el señor Sixto, que son ejemplos detallados de un informe que es también muy detallado en la suma de
irregularidades, más incluso que en el anterior informe de fiscalización de la ciudad autónoma y de la sociedad mercantil Acuicultura de Ceuta, S.A.
Los ejemplos son numerosos. El señor Sixto ha dado relación de algunos de ellos. En este caso ya no solo hay responsabilidad contable e indicios de responsabilidad penal, sino que incluso hay posibles responsabilidades disciplinarias de
funcionarios que estando adscritos a la ciudad autónoma están asesorando a sociedades mercantiles de carácter privado sin que se dé cuenta de ello a la comunidad correspondiente, por ejemplo, o curiosos abonos de pluses de antigüedad, transporte,
etcétera, para el
gerente de determinadas sociedades o el director general de determinadas sociedades cuando estos no aparecen recogidos en el contrato de alta dirección, contrato laboral por el que se rige este director gerente de una determinada empresa,
Acuicultura de Ceuta, S.A. Me uno también, además, a la preocupación que significa dentro del informe la posibilidad de un delito societario a la hora de finiquitar las actividades -creo recordar que es por este motivo- de la liquidación de la
citada sociedad.
Y en la línea de la información que nos dio el presidente del Tribunal de Cuentas en su réplica, que por cierto le agradezco porque fue muy clara, le pido que nos diga si han tramitado también al fiscal del Tribunal de Cuentas o, mejor
dicho, si el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias -creo que podría hacerlo directamente, aunque no sé si procesalmente sería oportuno- o ha remitido información a quien pueda hacerlo con respecto a este posible delito societario.
Hay otras posibilidades de delito, que también apuntaba, fundamentalmente el señor Sixto, con determinados modificados de obra sin que concurran las determinaciones legales que lo hacen viable y que entran de lleno en un posible delito de
prevaricación administrativa al menos. Me gustaría que nos informara sobre ello.
También quisiera hacer una reflexión más general a la vista de que han sido relatadas de manera muy concreta algunas de las cuestiones que aparecen en los informes que han dado lugar a su intervención, presidente. Estamos de acuerdo, y
queremos subrayarlo, además, como han hecho los otros intervinientes, en que esta Comisión, a la mayor brevedad posible, con el consenso correspondiente -esperemos que el Partido Popular, en este sentido, varíe sus ideas-, se ponga a trabajar sobre
lo que reclama la moción que el Tribunal de Cuentas remitió a esta Cámara en el sentido, al menos, de actualizar las sanciones coercitivas que penden sobre la normativa en relación con esta materia que, insisto, no ha sido actualizada, y de ahí la
sinrazón que tienen las sanciones menores para supuestos de responsabilidad contable como los que hoy plantean los informes. Por tanto, yo muestro la disponibilidad de mi grupo, nuestro portavoz está aquí. Por nuestra parte, todos nos pondríamos
inmediatamente a trabajar para actualizar esas sanciones coercitivas.
Señor presidente, me gustaría que, además de darnos cuenta del trabajo del fiscal sobre la remisión a la fiscalía correspondiente de la documentación para la apertura de diligencias en estos supuestos, nos dieran cuenta con posterioridad -no
digo ahora, que es pronto, sino en el momento oportuno- de cuál ha sido el resultado de estas diligencias: si han dado lugar a su archivo, si han dado lugar a sobreseimiento, si se ha abierto un juicio oral como consecuencia de esa apertura de
diligencias, etcétera. Es decir, que tengamos conocimiento de cuál es el camino que han seguido unas diligencias que están intentando reprochar unas actitudes que pueden tener claros indicios de responsabilidad penal.
A la vista de la ampliación de información que hizo el presidente del Tribunal de Cuentas, muestro mi sorpresa al comprobar que las diligencias, los expedientes que abrió el propio tribunal con motivo de las irregularidades contables en los
supuestos de Melilla -no sé si también en el supuesto de la fiscalización de Ceuta, ahora nos lo dirá- fueron sobreseídos o archivados. Es decir, que podría deducirse, a no ser que yo lo haya entendido mal, que hay cierta contradicción entre los
informes que remiten a la comisión, informes duros en los que se subrayan irregularidades contables que en algunos casos se acercan a la frontera de la responsabilidad penal, y el hecho de que se abran unos expediente administrativo dentro del
tribunal, como consecuencia de esas irregularidades disciplinarias, que después son en su mayoría archivados o sobreseídos. No sé si lo he entendido bien, presidente; en todo caso, me gustaría recibir un aclaración.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señor presidente.
Antes de entrar en el informe que nos ha presentado el señor presidente en relación con Ceuta, me gustaría hacer una reflexión general. A lo largo de la tarde de hoy, y también del día de ayer, hemos asistido a la presentación de informes
importantes respecto de comunidades autónomas, y mi reflexión se dirigirá a apoyar, por supuesto, todo lo que han manifestado los portavoces. De todos modos, no deja de sorprender que, esta tarde, determinados portavoces que no mostraron ayer
preocupación respecto de informes tan importantes y con una serie de irregularidades tan grandes como las que se detectaban en Cantabria o Aragón, o en el de Extremadura esta tarde, que han dado lugar a que se deriven procedimientos a la fiscalía
-veintidós abiertos en el caso de Aragón, por ejemplo-, muestren hoy, sin embargo, una especial preocupación.
Yo puedo asegurarle, señor presidente, que cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, el grupo mayoritario en las dos Cámaras. En informes anteriores ya he tenido la oportunidad de preguntarle qué podíamos hacer en el Legislativo
para aumentar las capacidades del Tribunal de Cuentas, de modo que pueda tener más armas a la hora de hacer cumplir, no solo la obligación de rendición, sino también otra serie de aspectos que hemos ido detectando en informes sucesivos. Ese
ofrecimiento no solo se mantiene, sino que incluso va más allá, independientemente de la propuesta de la moción a la que ha hecho referencia y que tiene pendiente de analizar esta comisión. En este momento, dada la buena disposición de todos los
grupos parlamentarios y dado el conocimiento que tiene el tribunal de las mayores medidas que podríamos arbitrar, es probable que podamos darle un contenido todavía mayor a esa moción.
Por nuestra parte, estamos abiertos a hacerlo. El Gobierno de España está haciendo, además, un esfuerzo muy importante, al que ahora me voy a referir, en otros aspectos muy relacionados con aquello que está detectando el Tribunal de
Cuentas. Quizá sea el momento de ampliar, incluso, esa primera propuesta de moción que ha realizado el tribunal e ir más allá, y no solo modificar la legislación propia del Tribunal de Cuentas. Creo que ha llegado el momento de hacer una reflexión
incluso del modelo que tenemos. En ese sentido, va a encontrar una absoluta disposición del Grupo Parlamentario Popular, que no tiene en cuenta quién gobierna en cada comunidad autónoma, sino que quiere, por respeto y por convencimiento pleno, que
se mejore en cada uno de los territorios de España, que se haga caso a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.
El informe que se ha presentado sobre Ceuta en los cuatro ejercicios, además de la sociedad mercantil Acuicultura de Ceuta, tiene dos aspectos que es necesario destacar. Hay una parte que creo es positiva, porque la ciudad autónoma ha
realizado avances, como se le pedía, en materias tan importantes como la revisión del inventario y la actualización del inventario de bienes; en los informes de 2006 y 2007, sobre todo, se le pedía también una intervención decidida en las redes de
abastecimiento de agua, por ejemplo, que estaban desequilibrando las cuentas de la sociedad de gestión. Eso se está haciendo, aunque es verdad que todavía hay que seguir insistiendo en ello; pero hay que reconocer los avances en cuanto a las
recomendaciones de la primera parte del informe de la tarde de hoy.
Es verdad, sin embargo, que persisten una serie de deficiencias significativas y que, por tanto, es necesario seguir abundando en los requerimientos para que la ciudad autónoma corrija la gestión. El primero al que me voy a referir tiene
una estrecha relación con lo que el Gobierno de España está poniendo en marcha en este momento, dentro de los objetivos de evaluar y redimensionar la estructura de las administraciones. Concretamente en lo que se refiere a la Ciudad de Ceuta, sería
necesario que la ciudad autónoma redefiniera y revisase el número de empresas públicas y organismos autónomos que tiene, así como que procediera a liquidar definitivamente y a extinguir algunas sociedades que ya hace tiempo que no tienen ningún
objeto, como es Heliceuta, Teleceuta, Acuicultura de Ceuta, a la que nos hemos referido o el Patronato de Viviendas San Daniel, al que se refería el presidente hace unos instantes al presentar su informe.
Es verdad que no se comprende cómo, tras tanto tiempo sin actividad, persiste la situación jurídica de estas empresas, sin que hayan sido definitivamente liquidadas. También hay que evitar las duplicidades, en el caso de que todavía
existen, o que en algunas de ellas las actuaciones que se realizan no se correspondan directamente con el objeto social con que se constituyeron. Es verdad que persisten las deficiencias en la gestión de las subvenciones, así como en el proceso de
contratación, y aquí me gustaría hacer una reflexión que también puede ser general para todos los informes que hemos estado viendo en estos dos días. Allí donde hablamos de procedimientos regulados por la ley cabe preguntarse: ¿cómo es posible que
no se articulen los procedimientos para adecuarse a la ley? Se puede entender que algunas recomendaciones del tribunal puedan tardar en implantarse; por ejemplo, nuevos sistemas contables o nuevas aplicaciones informáticas, con las inversiones
correspondientes, para hacer una depuración en lo referido a inventarios de bienes, a su materialización, a la revisión de la contabilidad o a su adaptación. Sin embargo, es sorprendente que, en cuanto a los procedimientos regulados por ley, en
todas las comunidades autónomas que hemos evaluado a lo largo de estos dos días, y exactamente igual en los años anteriores, sigan persistiendo esas deficiencias que simplemente corresponden al funcionamiento de los órganos técnicos de la
Administración evaluada.
Ya me referí a este asunto en otro momento. Creo que los grupos debemos plantearnos seriamente qué está pasando con los controles de eficiencia y financieros en las administraciones públicas, con los cuerpos de interventores, los
secretarios, los tesoreros... Creo que esta es una materia en la que también
debemos ser especialmente rigurosos. Es verdad que estamos en el Parlamento y que nosotros hacemos debates políticos en los que, generalmente, cargamos contra los responsables políticos. Pero no es menos cierto que hay un conjunto de
personas en la Administración, que es el que promueve los procedimientos, que tiene facultades de resolución, que tiene capacidad de decisión, cuyos informes son vinculantes, y que en muchos casos no evita que quiebren los controles; están
quebrando las funciones de un colectivo que es esencial en el funcionamiento de la Administración y, por tanto, volviendo al inicio de esta intervención, tenemos que hacer una revisión y tenemos que evaluar de qué más armas dotamos, no solo al
tribunal, sino también a los órganos que después deben hacer cumplir las leyes, para que esto no vuelva a suceder.
Como le decía al inicio, cuenta con nuestra total y absoluta disposición para trabajar en esto, para modificar lo que sea necesario, para reforzar, además, las medidas que en estos momentos la propia Administración General del Estado, el
Gobierno de España, está poniendo en marcha para reformar la Administración, en aras de una mayor transparencia y eficacia, y también, para evitar lo que hace unos momentos hemos podido colegir del informe de la Comunidad de Extremadura: que en
algunos supuestos se haga responsable a los gestores actuales de actuaciones de los gestores anteriores que no van a poder resolver, puesto que no van a tener ni siquiera los datos ni los informes necesarios para dar cumplimiento a los
requerimientos del tribunal. También será necesario que evaluemos la retroactividad -aunque no sea la palabra adecuada en este momento-, cuántos años atrás deben tener responsabilidad determinados gestores políticos, tanto políticos propiamente
dichos, como funcionarios, para evitar que se produzcan estas situaciones; de falta de rendición de cuentas, en el caso de los técnicos, que, como señalaba el presidente del tribunal en otra intervención, cambian de destino y ahí queda el marrón
-valga la expresión- para el que llega; y exactamente igual en el caso del responsable político de turno, que, con un cambio de Gobierno, se puede encontrar en la misma situación.
Este ofrecimiento tiene que ver con nuestras propuestas de resolución, que van a ser exactamente igual de exigentes para Aragón, para Cantabria, para Extremadura, o para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con el convencimiento de que
la función de esta comisión no es solo la de reforzar la actuación del Tribunal de Cuentas, sino también de exigir a las administraciones que han sido objeto de fiscalización el cumplimiento de la legalidad y la defensa de los intereses de los
ciudadanos de sus territorios.
Para terminar, y de acuerdo con la pregunta que hacía en el último momento el portavoz del Grupo Socialista, sí tenemos conocimiento de que la fiscalía abrió procedimientos en la sección de enjuiciamiento en relación con la Ciudad Autónoma
de Ceuta, y de que algunos de ellos fueron archivados. Pero queremos saber cuál es el estado de todos los demás: si han sido todos archivados, si hay algunos que todavía siguen su curso y si respecto a alguno de ellos podemos tener ya alguna
información mayor que la que en este momento posee el grupo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ruiz.
Para realizar aclaraciones y contestar a sus dudas, tiene la palabra el presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Sí, presidente.
Quisiera completar las palabras que dije antes en relación con la moción elaborada por el tribunal. La moción se hizo en el año 2011 y, en la actualidad, las medidas comprometidas en los diferentes paquetes legislativos que están en
tramitación, ya sea la ley de transparencia o las que puedan derivarse de las propuestas de resolución del debate sobre el estado de la nación, que incluyen eventuales modificaciones de la legislación del Tribunal de Cuentas, tal como en ese debate
se formularon, verdaderamente, irían mucho más allá de lo que el propio tribunal propuso en su moción. En ese sentido, mi contestación en esta comisión ha sido a una pregunta concreta: qué han hecho ustedes en relación con el no cumplimiento por
parte de determinados cuentadantes de sus recomendaciones y de sus conclusiones.
Nosotros, en su momento, en el año 2011, elevamos al Parlamento una moción que pretendía modificar el sistema del deber de colaboración. Pero entendemos que la reforma puede ser mucho más profunda, y así ha sido comprometida, incluyendo,
además, medios adicionales de comprobación de las actuaciones del tribunal, como se puso de manifiesto en el debate sobre el estado del la Nación, y también con motivo de las comparecencias en relación con la ley de transparencia.
Yendo a las preguntas concretas que me han formulado en relación con las responsabilidades derivadas de todos estos informes que les he presentado, del ejercicio 2006-2007 de la Ciudad Autónoma
de Ceuta constan diligencias preliminares abiertas en fase de instrucción relativas al pago indebido de retribuciones, deficiencias en la justificación de subvenciones e irregularidades en materia de contratación. De las correspondientes a
los ejercicios 2008 y 2009 no constan antecedentes en la sección de enjuiciamiento.
Por lo que se refiere a la sociedad mercantil Acuicultura de Ceuta, se inició un procedimiento de reintegro que fue posteriormente archivado por inexistencia de responsabilidad contable. Y, en el ámbito de la responsabilidad penal, el
Ministerio Fiscal ha instado el traslado de diversos testimonios de particulares relativos a un procedimiento contractual y a un supuesto de delito societario, tal y como ha sido expresado precisamente en esta comisión. De este último punto sí
puedo informarles de que existe acuse de recibo de la fiscalía competente indicando que en fecha de febrero de 2011 se presenta la correspondiente denuncia ante el juzgado decano de su ámbito territorial.
En relación con los informes de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 2008 y 2009, hay cinco procedimientos abiertos en el ámbito de responsabilidad penal. Uno de ellos ha dado pie a tramitación de diligencias preliminares ante el Juzgado de
Instrucción número 4 de Ceuta, el correspondiente al contrato del Centro Cultural y Comercial de la Manzana del Revellín.
Respecto a la pregunta planteada por el señor Barrero, relativa a qué ocurre con esos procedimientos que no siguen adelante en el ámbito de la jurisdicción contable, usted tiene que comprender que esta jurisdicción hace referencia
exclusivamente a la existencia de un supuesto de alcance. Es decir, pueden existir irregularidades muy graves, pueden existir incluso irregularidades o delitos en el ámbito penal, pero que no supongan la existencia de un alcance, o que en el propio
procedimiento ejercido ante la sección de enjuiciamiento no haya nadie que mantenga esa pretensión; porque la pretensión tiene que ser ejercida por quien puede hacerlo, es decir, el fiscal, el abogado del Estado, el abogado de la comunidad autónoma
correspondiente o el actor público, si existe, en el supuesto de que se haya presentado para formular la correspondiente demanda. y en esos supuestos, cuando hay archivo, es porque se produce, o bien el supuesto de que se ha entendido que no existe
responsabilidad contable, por no existir alcance, o que no ha habido demanda presentada por quien la puede presentar.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
¿Alguna aclaración por parte de los señores diputados y senadores? (Denegaciones.)
Muy bien. Gracias, señor presidente, por su comparecencia.
Se levanta la sesión.
Eran las veinte horas y veinticinco minutos.