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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 37, de 29/10/2012
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2012 X Legislatura Núm. 37
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO TARNO BLANCO
Sesión núm. 5
celebrada el lunes
29 de octubre de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar conjuntamente sobre:
- Informe de fiscalización de las principales actividades desarrolladas por la Autoridad Portuaria de Cartagena en el período 2002-2007. (Número de expediente del Congreso 251/000006 y número de expediente del Senado 771/000006)...
- Informe de fiscalización de la actividad desarrollada por el grupo de sociedades estatales Cofivacasa en los años 2005, 2006, 2007 y de su situación económico-financiera a 31 de diciembre de 2007. (Número de expediente del Congreso
251/000007 y número de expediente del Senado 771/000007)... (Página4)
- Informe de fiscalización del organismo autónomo 'Fondo de regulación y organización del mercado de los productos de la pesca y cultivos marinos', ejercicio 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000009 y número de expediente del
Senado 771/000009) ... (Página4)
- Informe de fiscalización de la gestión de ingresos públicos por la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio 2007, referida en especial al seguimiento de las recomendaciones del Tribunal y resoluciones de la Comisión mixta relativas al
informe de fiscalización de la gestión de ingresos públicos por la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio 2001. (Número de expediente del Congreso 251/000011 y número de expediente del Senado 771/000010)... (Página4)
- Informe de fiscalización de las actuaciones de recaudación en vía ejecutiva de la Delegación central de grandes contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria durante el ejercicio 2007. (Número de expediente del
Congreso 251/000013 y número de expediente del Senado 771/000013)... (Página4)
- Informe de fiscalización del programa presupuesto 463B 'Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica', ejercicio 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000016 y número de expediente del Senado 771/000014)...
- Moción sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las administraciones públicas. (Número de expediente del Congreso 251/000018 y número de expediente del Senado 773/000001)...
(Página4)
- Informe de fiscalización de los procedimientos, gestión y recaudación de las tasas vigentes en materia de extranjería durante los ejercicios 2004-2005 y 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000020 y número de expediente del Senado
771/000019) ... (Página4)
- Informe de fiscalización de la gestión de los gastos e ingresos de los proyectos y actividades de investigación de la Agencia Estatal 'Consejo Superior de Investigaciones Científicas' en colaboración con otras entidades públicas y
privadas, ejercicio 2007. (Numero de expediente del Congreso 251/000025 y número de expediente del Senado 771/000022)... (Página4)
- Informe de fiscalización de Expansión Exterior, S.A., ejercicio 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000025) ... (Página4)
- Informe de fiscalización sobre los convenios de colaboración y la contratación celebrados por el Instituto de la Juventud. (Número de expediente del Congreso 251/000030 y número de expediente del Senado 771/000028) ...
- Informe de fiscalización de las enajenaciones inmobiliarias realizadas por el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en los ejercicios 2003 a 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000031 y número de expediente del Senado
771/000031) ... (Página4)
- Informe de fiscalización sobre los convenios de colaboración y la contratación celebrados por el Instituto de la Mujer. (Número de expediente del Congreso 251/000033 y número de expediente del Senado 771/000030)...
- Informe de fiscalización de las actividades realizadas por el Ente Público Puertos del Estado en el período 2005-2008. (Número de expediente del Congreso 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000036)...
- Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000001 y número de expediente del Senado 771/000001)... (Página15)
- Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000033)... (Página15)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000038)... (Página15)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000046 y número de expediente del Senado 771/000044)... (Página15)
- Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000056 y número de expediente del Senado 771/000054)... (Página16)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000076 y número de expediente del Senado 771/000074)... (Página16)
- Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000072 y número de expediente
del Senado 771/000070)... (Página21)
- Informe de fiscalización de la gestión de las prestaciones de asistencia sanitaria derivadas de la aplicación de los reglamentos comunitarios y convenios internacionales de la Seguridad Social. (Número de expediente del Congreso
251/000075 y número de expediente del Senado 771/000069)... (Página29)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de los convenios de colaboración generadores de gastos suscritos a partir del año 2005 por órganos del Ministerio de Medio Ambiente con entidades públicas y con personas físicas o jurídicas privadas. (Número de
expediente del Congreso 251/000008 y número de expediente del Senado 771/000005)... (Página37)
- Informe de fiscalización de la financiación de las inversiones en infraestructuras ferroviarias realizadas por la entidad pública empresarial 'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias' (ADIF) y por la 'Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A.' (Seittsa) desde 1 de enero de 2005 hasta 31 de diciembre de 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000010 y número de expediente del Senado 771/000011)... (Página37)
- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000039 y número de expediente del Senado 771/000040)... (Página38)
- Informe de fiscalización de las subvenciones y préstamos a empresas privadas y familias e instituciones sin fines de lucro, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en ejecución del 'Plan Avanza' convocatorias 2006 y
2007. (Número de expediente del Congreso 251/000057 y número de expediente del Senado 771/000053)... (Página38)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000071 y número de expediente del Senado 771/000071)... (Página39)
- Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus organismos y de las sociedades por ella participadas, ejercicios 2002 a 2004. (Número de expediente del Congreso 251/000014 y número de expediente del Senado 771/000016)...
(Página39)
- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000015 y número de expediente del Senado 771/000015)... (Página39)
Se abre la sesión a las cinco y treinta minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR CONJUNTAMENTE SOBRE:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA EN EL PERÍODO 2002-2007. (Número de expediente del Congreso 251/000006 y número de expediente del Senado 771/000006).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL GRUPO DE SOCIEDADES ESTATALES COFIVACASA EN LOS AÑOS 2005, 2006, 2007 Y DE SU SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2007. (Número de expediente del Congreso
251/000007 y número de expediente del Senado 771/000007).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 'FONDO DE REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y CULTIVOS MARINOS', EJERCICIO 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000009 y número de expediente del
Senado 771/000009).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA EN EL EJERCICIO 2007, REFERIDA EN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL Y RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA RELATIVAS AL
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA EN EL EJERCICIO 2001. (Número de expediente del Congreso 251/000011 y número de expediente del Senado 771/000010).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA DE LA DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DURANTE EL EJERCICIO 2007. (Número de expediente del
Congreso 251/000013 y número de expediente del Senado 771/000013).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTO 463B 'FOMENTO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA', EJERCICIO 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000016 y número de expediente del Senado 771/000014).
- MOCIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN ADECUADO MARCO LEGAL PARA EL EMPLEO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente del Congreso 251/000018 y número de expediente del Senado 773/000001).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS VIGENTES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA DURANTE LOS EJERCICIOS 2004-2005 Y 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000020 y número de expediente del Senado
771/000019).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL 'CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS' EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS, EJERCICIO 2007. (Numero de expediente del Congreso 251/000025 y número de expediente del Senado 771/000022).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE EXPANSIÓN EXTERIOR, S.A., EJERCICIO 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000025).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y LA CONTRATACIÓN CELEBRADOS POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. (Número de expediente del Congreso 251/000030 y número de expediente del Senado 771/000028).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ENAJENACIONES INMOBILIARIAS REALIZADAS POR EL INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS EJERCICIOS 2003 A 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000031 y número de expediente del Senado
771/000031).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y LA CONTRATACIÓN CELEBRADOS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER. (Número de expediente del Congreso 251/000033 y número de expediente del Senado 771/000030).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ENTE PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO EN EL PERÍODO 2005-2008. (Número de expediente del Congreso 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000036).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar con el orden el día de esta Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Como ustedes han podido observar en otras ocasiones, este presidente es bastante generoso en el uso
de los tiempos, pero me van a permitir que en esta sesión, dada la cantidad de asuntos que hay en el orden del día, tanto en los que tiene que comparecer el presidente del tribunal como en las resoluciones, sea un poco más inflexible que otras
veces. Si no tienen ningún inconveniente, en los dos primeros puntos, donde agrupamos una serie de comparecencias, vamos a dar un turno de diez minutos a cada uno de los portavoces y utilizaremos el segundo turno para las preguntas concretas al
presidente del tribunal sobre el informe. En los puntos que vamos a debatir por separado seré un poco más generoso, dado el interés de los asuntos. Digo esto, pensando fundamentalmente en que la Comisión no se haga eterna y hayamos terminado
mañana antes de las nueve, porque tenemos que seguir con nuestra actividad parlamentaria.
Pasamos al primer punto del orden del día, que es la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para informar conjuntamente sobre los siguientes extremos. En primer lugar, el informe de fiscalización de las principales actividades
desarrolladas por la Autoridad Portuaria de Cartagena en el periodo 2002-2007. En segundo lugar, el informe de fiscalización de la actividad desarrollada por el grupo de sociedades estatales Cofivacasa en los años 2005, 2006, 2007 y de su situación
económico-financiera a 31 de diciembre de 2007. En tercer lugar, el informe de fiscalización del organismo autónomo Fondo de regulación y organización del mercado de los productos de la pesca y cultivos marinos, ejercicio 2007. En cuarto lugar,
informe de fiscalización de la gestión de ingresos públicos por la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio 2007, referida en especial al seguimiento de las recomendaciones del Tribunal y resoluciones de la Comisión Mixta relativas al informe de
fiscalización de la gestión de ingresos públicos por la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio 2001. En quinto lugar, informe de fiscalización de las actuaciones de recaudación en vía ejecutiva de la delegación central de grandes
contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria durante el ejercicio 2007. En sexto lugar, informe de fiscalización del Programa Presupuesto 463B, fomento y coordinación de investigación científica y técnica, ejercicio 2005. En
séptimo lugar, moción sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las administraciones públicas. En octavo lugar, informe de fiscalización de los procedimientos, gestión y recaudación de
las tasas vigentes en materia de extranjería durante los ejercicios 2004-2005 y 2008. En noveno lugar, informe de fiscalización de la gestión de los gastos e ingresos de los proyectos y actividades de investigación de la agencia estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración con otras Entidades Públicas y Privadas, ejercicio 2007. En décimo lugar, informe de fiscalización de Expansión Exterior, S.A., ejercicio 2006. En undécimo lugar, informe de fiscalización
sobre los convenios de colaboración y la contratación celebrados por el Instituto de la Juventud. En duodécimo lugar, informe de fiscalización de las enajenaciones inmobiliarias realizadas por el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en
los ejercicios 2003 a 2005. En decimotercer lugar, informe de fiscalización sobre los convenios de colaboración y la contratación celebrados por el Instituto de la Mujer. En decimocuarto lugar, informe de fiscalización de las actividades
realizadas por el Ente Público Puertos del Estado en el periodo 2005-2008.
El presidente del tribunal tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Señor presidente, señorías, al objeto de facilitar la exposición resumida de los resultados, se propone a esta Comisión efectuar la presentación de manera agrupada, en
función de la materia sobre la que versan los informes y la moción, clasificando los informes que ha leído el señor Presidente en cuatro grupos homogéneos. El primero de ellos, informes relativos a la gestión de ingresos tributarios y otros
ingresos públicos; el segundo, fiscalizaciones relativas a los instrumentos de colaboración con entidades públicas y privadas; el tercero, los informes relativos a organismos públicos y programas presupuestarios; el cuarto, fiscalizaciones
relativas a entidades y empresas públicas.
Siguiendo con esta metodología, el primer informe del que hablaré será el de la fiscalización de la gestión de ingresos públicos por la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio 2007, aprobado el 30 de septiembre de 2010, que guarda
continuidad con el anterior informe sobre la gestión de ingresos de la entidad del ejercicio 2001. Entre los problemas de gestión de las tasas y cuotas, la inmensa mayoría de los ingresos procedían únicamente de un reducido número de operadores de
gran dimensión, mientras que los pequeños y medianos operadores presentaban numerosas declaraciones de escaso importe, lo que dificultaba dicha gestión. Respecto al procedimiento de liquidación de las actividades reguladas de transporte y
distribución de energía eléctrica y del gas, seguía incrementándose el déficit de tarifa del sistema eléctrico de manera significativa, ascendiendo los déficits imputables a los ejercicios 2007, 2008 y 2009 a 1,2 millones, 5,8 millones y 4,6
millones de euros respectivamente. Conviene resaltar que dicho déficit de tarifa ha ido aumentando con posterioridad hasta llegar previsiblemente a más de 24.000 millones de euros en este año.
En el ejercicio de 2007 se implantó un procedimiento de cálculo del déficit tarifario ex ante, estimándose un importe para dicho periodo de 1.500 millones de euros, financiándose mediante su colocación en los mercados de capitales por
subasta, si bien posteriormente se sustituyó dicho procedimiento por el de titulización de los derechos de cobro a través del Fondo de amortización del déficit eléctrico. En el informe se recomienda la adaptación de la normativa y de los
procedimientos de gestión de ingresos con el fin de simplificar y mejorar la eficacia de la entidad. Además, se recomienda el envío sistemático de requerimientos a las empresas que incumplieran sus obligaciones de declaración e ingreso de tasas o
cuotas, así como la revisión periódica a la Agencia Tributaria de los derechos pendientes de cobro.
Dentro de este primer gran grupo, el segundo informe sería el de fiscalización de las actuaciones de recaudación en vía ejecutiva de la delegación central de grandes contribuyentes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
durante el ejercicio 2007, que fue aprobado por el pleno del tribunal en su sesión del 28 de octubre de 2010. Al igual que en anteriores informes sobre la Agencia Tributaria, se analizó la dotación de personal y la cobertura de los puestos dotados,
observándose una insuficiencia de personal destinado a las actuaciones de control tributario, aunque las plazas relativas a la gestión recaudatoria presentaban un mayor grado de ocupación.
Entre otros aspectos, se evaluó la concesión de aplazamientos y fraccionamientos y de suspensiones de deudas, así como la resolución de los recursos de reposición contra los actos de recaudación en vía ejecutiva. Los resultados fueron
satisfactorios, con carácter general, salvo en lo relativo a la excesiva demora en la realización de ciertas actuaciones, además de la falta de acceso por parte de la Agencia Tributaria a las aplicaciones informáticas de otros órganos, como los
tribunales económico-administrativos o el Servicio Jurídico del Estado. Por lo que se refiere a la extinción de las deudas en vía ejecutiva, los resultados de las comprobaciones fueron correctos en los casos del pago del deudor, compensación o
embargo. Las cancelaciones por prescripción se debieron generalmente a la falta de seguimiento sobre la resolución de los recursos y reclamaciones asociados a tales deudas o a la demora en la ejecución de sentencias.
Entre las recomendaciones, cabe destacar las relativas al establecimiento de instrucciones para la aplicación homogénea de los criterios de adscripción de obligados a la delegación central y a la explotación de la nueva aplicación
informática de gestión de deudas, al objeto de evitar la prescripción de las mismas.
En relación con esta área de ingresos, el tercer informe de fiscalización es el de los procedimientos de gestión y recaudación de las tasas vigentes en materia de extranjería, ejercicios 2004, 2005 y 2008, realizado a iniciativa de las
Cortes Generales, que fue aprobado el 22 de diciembre de 2010. En el curso de la fiscalización se detectaron deficiencias en la normativa reguladora de las tasas 052 y 062. No se pudo verificar el cumplimiento de los principios de equivalencia y
de capacidad económica que rigen en la exacción de las tasas ni la existencia de la preceptiva memoria económico-financiera en su establecimiento. Del análisis de los expedientes resultaron deficiencias como la falta de notificación de las
resoluciones, el incumplimiento del plazo de pago y la existencia de errores en el importe de las liquidaciones. Además, destaca la falta de fiabilidad del registro de la recaudación de tasas, al no haberse llevado a cabo conciliaciones con los
datos suministrados por la Agencia Tributaria. Las tasas no satisfechas no se exigían por el procedimiento de apremio, siendo presumible la existencia de deudas prescritas que no se pudieron cuantificar.
El segundo gran apartado sería el de fiscalizaciones relativas a los instrumentos de colaboración con entidades públicas y privadas. Otro ámbito de los informes de fiscalización, a efectos de su presentación conjunta, es el relativo a estos
instrumentos de colaboración que incluyen, en primer lugar, la moción a las
Cortes Generales sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las administraciones públicas, que fue aprobado el 30 de noviembre de 2010. En segundo lugar, el informe de
fiscalización de la gestión de los gastos e ingresos de los proyectos y actividades de investigación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas en colaboración con otras entidades públicas y privadas, ejercicio 2007,
aprobado el 27 de enero de 2011. En tercer lugar, el informe de fiscalización sobre los convenios de colaboración y la contratación celebrados por el Instituto de la Juventud, aprobado el 28 de abril de 2011. En cuarto lugar, el informe de
fiscalización sobre los convenios de colaboración y la contratación celebrados por el Instituto de la Mujer, aprobado el 30 de junio de 2011.
Una constante en los últimos programas anuales de fiscalización del Tribunal de Cuentas consiste en el análisis especial de aquellas actividades generadoras de gasto público que se desarrollan mediante instrumentos contractuales o de
colaboración. En este sentido, la fiscalización de la contratación pública es una de las áreas a las que mayor atención se presta en el ejercicio de la función fiscalizadora, tanto por el volumen de recursos económicos públicos que gestiona como
por la finalidad de esta actividad. Pero también resulta de especial interés el análisis de otros instrumentos jurídicos, como los convenios de colaboración, cuya utilización se ha ido incrementando en los últimos años por parte de los gestores
públicos, careciendo esta figura, sin embargo, de un marco jurídico adecuado. Por ello, se han llevado a cabo diversas fiscalizaciones sobre el uso de estos convenios, como las referenciadas anteriormente. Además, se aprobó una moción sobre el
establecimiento de un adecuado marco legal para el uso del convenio de colaboración por las administraciones públicas. La moción incluye propuestas destinadas a que se subsanasen las deficiencias en el empleo de los convenios detectadas en los
informes de fiscalización y, entre ellas, que se complete el vigente marco legal de esta figura; que se delimiten con precisión el objeto y las actividades a realizar por cada uno de los sujetos que lo suscriben; que en los convenios en los que la
Administración haya de realizar aportaciones financieras se fije su importe con rigor; que se establezcan comisiones de seguimiento y control de su ejecución y se cree un registro de los convenios celebrados.
El tercer bloque de informes que les voy a presentar se refiere a organismos públicos y programas presupuestarios. El informe de fiscalización del Fondo de regulación y organización del mercado de los productos de la pesca y cultivos
marinos, FROM, ejercicio 2007, fue aprobado el 20 de julio de 2010. Los resultados de la fiscalización pusieron de manifiesto que las cuentas rendidas del ejercicio 2007 reflejaban razonablemente la imagen fiel de su situación financiera y
patrimonial, con la salvedad de que el organismo no disponía de un inventario de bienes y derechos. En materia de contratación se apreciaron deficiencias e irregularidades que incluían fraccionamientos de contratos o la ausencia de criterios de
consideración de las bajas temerarias. En relación con las subvenciones del sector comercial pesquero, no se había solicitado el reembolso al Fondo Europeo de Pesca al no haberse certificado los gastos efectuados en el ejercicio fiscalizado y
siguiente relativos al programa operativo 2007-2013.
Respecto a las recomendaciones, debería dotarse al FROM de un título jurídico habilitante para la gestión de los fondos europeos de ayuda al sector pesquero, o bien analizarse la conveniencia de mantener su naturaleza jurídica o, incluso,
integrarse en el FEGA. En todo caso, debería adaptarse su presupuesto de ingresos al de un organismo que no realiza operaciones comerciales.
El informe de fiscalización del programa 463.B, fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, ejercicio 2005, fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de noviembre de 2010. Este programa presupuestario
financia gran parte de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de los centros de I+D+i. El informe concluye que la liquidación del programa presupuestario no expresaba la imagen fiel de la ejecución del gasto realizado, existiendo
limitaciones debidas a defectos en la definición de objetivos e indicadores sobre determinadas actuaciones, así como a la inexistencia de un adecuado sistema de seguimiento. En el análisis del capítulo 1 se apreció la existencia de personas en
régimen de dependencia sin figurar en la relación de puestos de trabajo de las entidades a las que estaban adscritos, así como personal perteneciente a una fundación privada financiada mediante una subvención nominativa con cargo a dicho programa.
En materia de subvenciones se observaron deficiencias, errores e irregularidades que afectaban a la gestión y a los procedimientos de control interno establecidos en los diferentes centros gestores del programa presupuestario.
Por otra parte, el pleno del tribunal aprobó, en su sesión de 30 de junio de 2011, el informe de fiscalización de las enajenaciones inmobiliarias realizadas por el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en los ejercicios 2003 a
2005. En los concursos fiscalizados para la enajenación de viviendas
militares desocupadas participaron licitadores que presentaban documentación defectuosa para acreditar sus requisitos y méritos. Además, el Infivas seguía la práctica de declarar en escritura pública haber percibido el precio de los
inmuebles antes de su compraventa, lo que suponía un riesgo para la Hacienda Pública. Asimismo, no resultaron suficientemente justificadas las cuantías por las que fueron enajenados los inmuebles objeto de convenio con otros entes públicos, y en
alguno de los convenios fiscalizados no quedaba acreditado que la actuación del Instituto garantizase el interés público cuya protección le incumbía.
En el informe se recomienda que el Infivas modifique su forma de cobro de las enajenaciones inmobiliarias para evitar riesgos para los fondos públicos. Además, los pliegos de los concursos para enajenar viviendas desocupadas deberían
incluir la obligación de los adjudicatarios de no alterar las condiciones personales que les permitieron resultar adjudicatarios de una vivienda.
Por último, en relación con las fiscalizaciones relativas a entidades y empresas públicas, comenzaré por dar cuenta del informe de fiscalización de las principales actividades desarrolladas por la Autoridad Portuaria de Cartagena en el
periodo 2002-2007, que fue aprobado el 24 de junio de 2010. La planificación de su actividad se efectuó de conformidad con los instrumentos previstos en la normativa y en consonancia con los objetivos y funciones que tenía asignados la autoridad
portuaria. No obstante, se constató una importante desviación entre el importe total de las inversiones presupuestadas, que ascendía a 173 millones, y el de las ejecutadas, que se quedó en 150 millones, debido principalmente al retraso en las obras
de dos terminales del puerto de Cartagena. La autoridad portuaria licitó 217 contratos por importe de 140 millones, predominando la aplicación del procedimiento abierto bajo las modalidades de concurso y subasta. Por lo que se refiere a los
contratos de obras, además del cumplimiento de la normativa medioambiental, se constató que no se habían producido grandes desviaciones respecto de los importes contratados. En su tramitación y ejecución no se observaron importantes deficiencias,
salvo la demora en los plazos de ejecución.
Como deficiencias más reseñables, la autoridad portuaria no había dado cumplimiento a la obligación establecida en la Ley del Patrimonio Histórico Español de destinar el 1 % de sus inversiones al fomento del patrimonio cultural. Además, en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares de sus contratos no había considerado la preferencia en la adjudicación a las empresas que promovieran la igualdad entre el hombre y la mujer.
Por otra parte, el informe de fiscalización de las actividades realizadas por el Ente Público Puertos del Estado en el periodo 2005-2008, fue aprobado el 21 de julio de 2011. El principal recurso del Ente Público Puertos del Estado lo
constituían las aportaciones de las autoridades portuarias. Se resalta, no obstante, la importancia de los ingresos financieros debido a los elevados excedentes colocados en inversiones financieras temporales. Por lo que se refiere al control de
eficiencia del sistema portuario, se constató que se habían aplicado satisfactoriamente los procedimientos establecidos. Asimismo, se estimó correcta la gestión en las redes de medida del programa del clima marítimo. No obstante, se resalta la
carencia de procedimientos escritos que regularan de forma estable la periodicidad de las comprobaciones y la coordinación entre todos los departamentos implicados. En el informe se analiza la ejecución presupuestaria de los diferentes ejercicios,
destacándose la dificultad para distribuir determinados gastos generales en programas específicos, así como el reducido grado de ejecución de ciertos programas. El ente público administraba el Fondo de compensación interportuario, configurado como
un instrumento de redistribución de recursos del sistema portuario estatal. Durante el periodo fiscalizado, las autoridades portuarias efectuaron aportaciones por un total de 119 millones de euros y Puertos del Estado por otros 21 millones. Diez
autoridades portuarias resultaron receptoras netas de fondos, mientras que para otras dieciocho autoridades las aportaciones realizadas superaron los fondos recibidos.
Entre otras recomendaciones, se sugiere concretar el procedimiento para determinar el importe y el pago de las indemnizaciones a las autoridades portuarias por los intereses de demora derivados de la anulación judicial de determinadas
liquidaciones de tarifas.
El informe de fiscalización de la actividad desarrollada por el grupo de sociedades estatales Cofivacasa en los ejercicios 2005, 2006 y 2007, y de su situación económico-financiera a 31 de diciembre de 2007, fue aprobado por el pleno del
tribunal el 24 de junio de 2010. En el periodo fiscalizado, la actividad del grupo estaba centrada en la liquidación ordenada de los activos y pasivos de sus filiales sin actividad productiva, principalmente, la sociedad AHV-Ensidesa Capital y el
subgrupo Babcock&Wilcox Española, S.A. Los principales componentes del activo del grupo a 31 de diciembre de 2007 eran las primas abonadas a las entidades de seguros para la exteriorización de los compromisos con el personal, los créditos por el
impuesto sobre sociedades anticipado, la deuda a cobrar su matriz, SEPI, por créditos fiscales del impuesto sobre sociedades de 2007 y las colocaciones a corto plazo de tesorería en SEPI. En términos generales, el registro de las
operaciones en las cuentas del grupo fue correcto, con las excepciones recogidas en el informe. Así, respecto a las colocaciones en SEPI o en entidades financieras habría sido más adecuado incluirlas en las cuentas anuales como 'tesorería' en lugar
de 'inversiones financieras temporales'. Por otra parte, a lo largo del periodo 2005-2007 se gestionaron un total de dieciocho expedientes de regulación de empleo.
El informe contiene varias recomendaciones, entre las que destaca la necesidad de un adecuado control de las cuentas abiertas en entidades financieras en el extranjero, cancelando aquellas que no esté justificado mantener por una necesidad
concreta y vigente.
Por último, el pleno del tribunal aprobó el 24 de febrero de 2011 el informe de fiscalización de Expansión Exterior, S.A., ejercicio 2006. Tras la modificación estatutaria realizada en 2007, la entidad pasó a denominarse Sociedad Estatal
Española P4R, S.A. En las actuaciones fiscalizadoras se observó la carencia de mecanismos de control encaminados a garantizar el cumplimiento de la normativa básica que regía la financiación oficial a la exportación y la normativa de contratación
pública. Asimismo, en la gestión de las operaciones comerciales se detectaron deficiencias que afectaban al control interno establecido por la sociedad. En relación con el anterior informe sobre la entidad, correspondiente al ejercicio 2001, se
habían subsanado la mayoría de las deficiencias y adoptado las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas. No obstante, aún no se había desarrollado una contabilidad analítica que permitiera asignar la totalidad de costes directos e
indirectos imputables a las operaciones.
Esto es todo lo que tengo que informar, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Para iniciar el turno de debate, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, bienvenido a esta Comisión. En nombre del Grupo Socialista quiero agradecerle su intervención, relativamente detallada, relacionada con trece informes de fiscalización sobre
los cuales hoy tenemos ocasión de preguntar o, en su caso, de debatir. Mi grupo, no tengo que recordarlo, da una enorme importancia a su presencia ante esta Comisión, no en vano preside usted un tribunal que permite garantizar para todos los
españoles el correcto funcionamiento, en términos de legalidad, de eficacia, de la acción administrativa, en último término, de las cuentas del Estado, y más en este momento, en el que la solicitud, llena de buen criterio, de toda la ciudadanía a
favor de la transparencia en la administración del dinero público debe hacernos a todos más sensibles en ese asunto.
Ha hablado usted de trece informes -no recuerdo, seguramente yo no he estado atento, que haya dicho algo sobre la moción que solicita a las Cortes Generales-, ocho de los cuales parece que, de acuerdo con la fiscalización realizada por el
Tribunal de Cuentas, reflejan una correcta gestión y cinco de ellos tienen algún tipo de incidencia -usted ha mencionado alguna de ellas- que, sobre todo, se singularizarían fundamentalmente en tres apartados: la gestión de subvenciones; la
gestión contractual y, en algún caso muy concreto, la selección de personal. En las recomendaciones aparece lo que para el tribunal es obligación, que es proponer medidas; en otros casos, estas medidas son menos concretas, pero ya tendré ocasión
de preguntarle sobre alguna de ellas.
Entre los casos que no tienen mayores incidencias, quisiera subrayar uno de ellos, que es el puerto de Cartagena, no por las dificultades a la hora de fiscalizarlo sino porque en una de las recomendaciones dice algo que es de particular
importancia, y es que recuerda la obligación que tiene la Administración Pública de que en los pliegos de contratación tenga preferencia la adjudicación a empresas que promueven la igualdad, de acuerdo con las obligaciones que la ley aprobada por
este Parlamento ha impuesto a toda entidad pública. Lo dice ahí, y lo dice bien, puesto que es una recomendación. De esto deriva una de mis preguntas, porque no recuerdo que en ninguno de los otros informes aparezca esta recomendación. Doy por
hecho, señor presidente, que en el resto de pliegos de contratación de proveedores o de adjudicaciones a distintas empresas venía esa obligación legal de promover la igualdad en las empresas adjudicatarias. Si se ha atendido tanto este supuesto en
el caso del puerto de Cartagena, será buena noticia saber que en el resto de ellos se atiende a la obligación legal de dar preferencia en las adjudicaciones a las empresas que promuevan la igualdad.
En el tema del FROM, también al parecer sin ninguna dificultad, con una correcta gestión, plantean ustedes una recomendación que como jurista me ha llamado la atención, y es la de dotarse de un título
jurídico habilitante para la gestión de los fondos europeos. No se le escapa que en este momento los temas del sector pesquero son de gran importancia en nuestro país, particularmente en Andalucía, y singularmente en mi circunscripción
electoral, que es Huelva. Hacen ustedes la recomendación de habilitar al FROM con un título jurídico que le permita la gestión, pero recuerdan que de no ser así -imagino que en aras de la eficacia- habría que suprimir el FROM e incluirlo como un
órgano más del Ministerio de Agricultura. La pregunta sería, señor presidente, si considera indispensable la desaparición del FROM o su habilitación con un título jurídico habilitante para la gestión de los fondos europeos destinados al sector
pesquero. Particularmente, creo que este tema tiene interés.
Me ha resultado curioso también, señor presidente, leyéndolo de una manera más detallada, el tema de la delegación central de grandes contribuyentes. El informe es sin duda un trabajo muy bien realizado, pero me ha llamado la atención algo
que el tribunal advierte, y es que en el caso de los grandes contribuyentes en términos fiscales -no tengo que recordar aquí el contexto en el que nos movemos a nivel nacional- hay carencias informáticas que pueden dificultar el cierre correcto de
estos expedientes y, por tanto, dar lugar a la prescripción de la acción encaminada a recuperar por vía fiscal recaudación de los grandes contribuyentes fiscales. Me gustaría saber qué remedio ve el tribunal, si es un remedio puramente informático
o un remedio de cambio de operativo digital. Asimismo, si tuviera conocimiento de casos concretos en los que esto se haya dado, nos gustaría poder conocerlo y compartirlo.
Me han preocupado algunos informes, como los destinados al Instituto de la Juventud o al Instituto de la Mujer, porque en ellos se incide en una serie de anomalías de carácter administrativo que chocan con una realidad que sospecho, y es que
estas instituciones de carácter público cuentan con funcionarios muy profesionalizados, sobre los que recae la responsabilidad de dar información contraria en el supuesto de cualquier acción que pudiera estar alejada de los procedimientos legales
correspondientes. Sin embargo, en la información no aparece en cuántas ocasiones se han realizado este tipo de advertencias. Por otro lado, nos consta que ha habido alegaciones importantes, de manera puntual y detallada en el tiempo, durante un
período relativamente extenso, encaminadas a que estos institutos habilitasen procedimientos de acuerdo con las directrices que marcaba el Tribunal de Cuentas. Por tanto, me consta que ha habido una relación de complicidad entre el Tribunal de
Cuentas y alguno de estos institutos, pero me ha parecido curioso que estos institutos no tengan funcionarios, técnicos que adviertan sobre estos temas. Por poner un ejemplo, en el caso del Instituto de la Mujer, de 133, 100 son funcionarios de
carrera, y algunos de ellos muy destacados, como la secretaria general, llevan muchos años. Es decir, no es un problema político, no es un problema de distinta gestión en función de la formación política que esté en el Gobierno; da la impresión de
que ahí hay -dando por hecho que el informe es correcto, como es evidente- alguna disfuncionalidad de carácter técnico que permita comprender el porqué de estos informes a los que da lugar la fiscalización. Si existen ese tipo de informes de
carácter técnico que habiliten esa fiscalización, en algunas ocasiones con indicios de irregularidad seria, y eso se corrigió -porque en algunos casos sé que se ha corregido-, mi pregunta es si las alegaciones fueron completas y dieron lugar a la
corrección. Yo, que no soy una persona cualificada en este tipo de temas, he querido solicitar alegaciones para conocer cuál era la razón de este tipo de incidencias, pero no he sido capaz de hacerlo. Quizá fuera bueno -es verdad que a lo mejor es
una acción de cierto atrevimiento que nace de mis pocos precedentes en esta Comisión y a lo mejor de algún prejuicio por ser más jurista que otra cosa- que con los informes correspondientes de fiscalización viniesen alegaciones, que me consta que en
alguna ocasión son de carácter muy concreto, o que al final del propio informe, en forma de nota, aparecieran determinadas alegaciones, porque estoy seguro de que en algún caso chocan dos criterios jurídicos de diferente nivel y cualquiera de ellos
puede ser atractivo.
Terminaré refiriéndome a alguna cosa que me ha resultado curiosa. Hay una fiscalización de enajenaciones inmobiliarias realizadas por el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en los años 2003 a 2005. El informe habla de unas
incidencias, de irregularidades administrativas de cierta importancia. Hay transacciones que realiza el propio Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas para la valoración de solares que después no se siguen, es más, hay solares que se venden
por menos de la mitad de precio y hay otros que se venden por menos de una quinta parte del precio de la tasación realizada por el instituto de la vivienda con acuerdo de determinados ayuntamientos. En relación con esto, se me ocurren algunas
cosas. Primero, mi sorpresa por este tipo de actuaciones, que pongo de manifiesto en esta Comisión, que sin duda tendrán algún tipo de justificación a la que yo no llego. La segunda, ¿cuál es la recomendación del tribunal?, porque no recuerdo
ninguna medida concreta más que subrayar la sorpresa que supone para el tribunal este tipo de ventas muy por debajo de las transacciones solicitadas
por quien lo vende, en este caso es una entidad administrativa. Me gustaría saber qué es lo que ha ocurrido aquí y qué es lo que recomiendan, porque ésta podría resultar una anomalía de cierta gravedad.
Termino, señor presidente. En el punto séptimo se habla de una moción sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las administraciones públicas. No sé si usted ha comentado algo;
quizás no he atendido bien. Particularmente, me parece correcto, mucho más cuando hacen ustedes una labor de fiscalización en la que echan de menos una normativa más concreta para los convenios entre administraciones y con particulares, pero
plantearía dos temas. El primero es que no termino de ver el significado de una moción de estas características en una intervención sobre fiscalización de distintas administraciones públicas, entre otras cosas porque me parece que merece la pena un
debate serio sobre esa moción en la que ustedes, si no recuerdo mal, plantean dieciséis cambios normativos para hacer un marco legal mucho más adecuado que el que existe en estos momentos, que -es razonable lo que ustedes dicen- tiene muchas
lagunas, un marco legal más correcto para los convenios de colaboración con las administraciones públicas. Lo mejor sería que toda la Comisión fuera unánime en apoyar sus propuestas, incluso en realizar alguna aportación más, pero en todo caso se
debería instar, en el mejor sentido, al Gobierno para que ese marco legal se produjera. Insisto -véalo como una pequeña aportación formal- en que esas dieciséis propuestas que dirige a las Cortes Generales merecerían un marco de debate más profundo
y no ponerlas entre las fiscalizaciones que en su intervención usted ha ido iluminando, que además son trece. No vea en ello ninguna crítica que no sea formal, pero este es un tema que me parece de particular importancia, ya que ustedes al hablar
de fiscalización echan de menos ese tipo de convenios y, consecuentemente con ello y atendiendo a la Ley del Tribunal de Cuentas, una de las medidas que quieren aportar es la solicitud al Gobierno de que cambie el marco legal.
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Termino despidiéndome de usted, señor presidente, y también del presidente del Tribunal de Cuentas, esperando que mi intervención haya servido para que ahora pueda contestar y complementar la información que nos ha
dado.
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, usted mejor que yo conoce la importancia del tiempo en la actividad parlamentaria.
Para defender la propuesta del Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Quiero dar las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por su concreción al resumir estos trece informes de fiscalización y la moción que solicita el tribunal. Para mi grupo, toda la fiscalización realizada es un
trabajo especialmente riguroso, cuyas recomendaciones, como no puede ser de otra manera, compartimos. Voy a hacer alguna concreción mayor en algunos casos de lo que para nosotros ha supuesto el estudio de cada uno de estos informes.
Comenzaré, de acuerdo con el orden que ha seguido el presidente del tribunal, con el informe sobre la Comisión Nacional de la Energía. Desde nuestro punto de vista, es de resaltar la lamentable gestión del déficit de tarifa que ha realizado
en el periodo fiscalizado, en los años 2007, 2008 y 2009, hasta llegar a los 24.000 millones de euros este año. El procedimiento que se implantó en el año 2007 demostró una total inoperancia. El informe del tribunal se refiere a ese procedimiento
ex ante en el que se pretendió realizar mediante subasta una colocación de 1.500 millones de euros. La subasta quedó desierta e hizo que posteriormente se modificara el procedimiento y que al final todo ello se titulara en derechos de cobro a
través del Fondo de amortización del déficit eléctrico. Esto nos parece especialmente relevante, puesto que las consecuencias que esta nefasta gestión ha tenido para todos los ciudadanos han sido muy grandes. Al mismo tiempo, la caótica gestión
respecto a las empresas que han incumplido sus obligaciones de declaración de ingresos de tasas y cuotas ha supuesto que el tribunal recomiende especialmente la remisión a la Agencia Tributaria para su cobro. Estos dos aspectos son especialmente
destacables en este informe de fiscalización.
Respecto a la delegación central de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria, estamos totalmente de acuerdo con las recomendaciones del tribunal, sin que consideremos que sea necesario hacer ningún matiz a ninguna de ellas.
El tercero de los informes ha sido el de gestión de tasas en materia de extranjería en los ejercicios fiscalizados, 2004, 2005 y 2008. Quiero resaltar del total del informe, más allá de lo que ha expuesto esta
tarde el presidente del tribunal, que nos parece especialmente problemático que el tribunal no haya podido comprobar ni la corrección de los importes aplicados al presupuesto de ingresos del Estado ni la conciliación de los datos de
recaudación facilitados por la Agencia Tributaria estatal ni si se practicaron o no las liquidaciones procedentes. Tampoco ha podido fiscalizar y comprobar el importe total de las tasas recaudadas, la cifra de deudores y aquellas tasas y sus
importes que debieron tramitarse por vía ejecutiva. Esto nos parece especialmente reseñable y creemos que ha impedido que el Tribunal de Cuentas pueda realizar su trabajo en las mejores condiciones de cara a cumplir los objetivos de fiscalización.
Como ya se ha señalado, no se ha podido verificar el cumplimiento de los principios de equivalencia y capacidad económica para poder fijar claramente el importe de las tasas, como establece la ley. Nos parece especialmente preocupante que no se
hayan podido cuadrar las cuentas entre los datos que facilita el Ministerio de Administraciones Públicas y la Agencia Tributaria estatal. Que el propio tribunal afirme que los datos facilitados por el Ministerio de Administraciones Públicas no son
fiables, porque no se han podido cuadrar esas cuentas con la Agencia Tributaria, nos parece muy preocupante.
Respecto al informe de fiscalización de gastos e ingresos del programa de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas, quiero destacar dos puntos que nos parecen especialmente relevantes. El primero es la política de
contratación que se ha seguido con el personal. Treinta y dos de los contratos que se han podido fiscalizar fueron ejecutados sin ningún tipo de procedimiento, lo que quiere decir lisa y llanamente que esas personas fueron contratadas a dedo,
incumpliendo totalmente los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, además de los procedimientos de contratación del material fungible para investigación, que tampoco siguen ningún tipo de procedimiento ni están sujetos a ningún tipo de
control. Nos parece preocupante la especial renuencia que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a poner en marcha las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, concretamente respecto a las recomendaciones que le hizo en el
anterior informe de fiscalización, en el año 1993, que catorce años más tarde, en el año 2007, todavía ni siquiera había cumplido. Este es un extremo en el que merecería la pena incidir, puesto que todas las recomendaciones que ha realizado el
tribunal, tanto en el informe anterior como en el de este último ejercicio, son totalmente congruentes y sin duda se dirigen a la mejora de la transparencia y del funcionamiento de estos organismos, concretamente del Centro Superior de
Investigaciones Científicas. Esperamos que en el futuro sean atendidas esas recomendaciones y se pongan en práctica.
Respecto al Instituto de la Juventud y al Instituto de la Mujer, voy a hacer una exposición mucho más detallada, porque me parece especialmente grave y relevante lo que detecta la fiscalización en ambos. Cabría hacer una primera afirmación.
Si consideramos que el procedimiento administrativo es una garantía para los derechos de las personas que contratan con la Administración y para la propia administración, para garantizar los principios de igualdad, de libre concurrencia y de
transparencia en todo el procedimiento tanto de convenios como de contratación, cabe decir que la gestión realizada en los ejercicios fiscalizados tanto por el Instituto de la Juventud como del Instituto de la Mujer ha sido totalmente contraria al
procedimiento administrativo. Cabría hacer cualquier afirmación, que no voy a realizar por respeto a esta Comisión, pero con palabras que serían de un tono muchísimo mayor que el que ha utilizado el presidente del tribunal en su exposición.
Respecto al Instituto de la Juventud, se han fiscalizado 115 convenios y 57 contratos en los años 2008 y 2009, que es el ámbito temporal de la fiscalización, por importe de 21.637.000 euros. En todos los casos se ha utilizado de forma
general el convenio. En dos casos el tribunal señala que esta figura no fue correcta, concretamente en los convenios celebrados con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y con la entidad privada MicroBank. En otros casos, como los convenios
realizados con la Generalitat de Catalunya y veinticinco ayuntamientos, la aportación dineraria del Instituto de la Juventud a estas administraciones era sin contraprestaciones y por tanto se obvió la normativa concreta de la Ley de Subvenciones y
se tramitaron bajo una fórmula que no debiera haberse usado. Destaca también la ausencia en todos los convenios del ejercicio 2008 y en dos del ejercicio 2009 del informe previo y preceptivo de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Trabajo e Igualdad. Además, en ninguno de los 115 convenios queda acreditada la realización de las actuaciones dirigidas a promover la concurrencia de terceros participantes y tampoco la justificación de que esa circunstancia no fuese necesaria, de
manera que se incumple totalmente lo previsto por la legislación. Ninguna de las comisiones de seguimiento previstas en los convenios se ha reunido ni una sola vez. Respecto de la contratación realizada por el Instituto de la Juventud, quiero
destacar una serie de aspectos. En cuatro contratos no se justificó el procedimiento de adjudicación utilizado, que fue el negociado sin publicidad; en otros cuatro, no se justificó
el procedimiento de tramitación urgente, que también se utilizó; en tres más no se publicó en el Boletín Oficial del Estado y en dos más no le fue exigido al licitador la constitución de la preceptiva garantía definitiva. Además se
recuerda también al Instituto de la Juventud el incumplimiento reiterado de los preceptos de la Ley Orgánica de Igualdad. Por tanto, no solo compartimos las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, sino que creemos que sería posible
-y así lo vamos a plantear en nuestras propuestas de resolución- ir todavía mucho más allá.
El Instituto de la Mujer realizó 138 convenios en el periodo fiscalizado; 116 fueron con organismos y entidades públicas y 22 con entidades sujetas a derecho privado. Celebró asimismo 480 contratos, por importe de 9.698.000 euros, el 90 %
de ellos de consultoría, asistencia y servicios, de los cuales el 81,9 % fueron contratos menores, que supusieron el 23,1 % del importe total. El resto de los contratos fue adjudicado por procedimiento negociado y mediante contratación
centralizada. Respecto a los convenios de colaboración, hay una serie de extremos que es necesario resaltar. En algunos de los casos -coincidimos con el tribunal- debieron haber sido contratos administrativos de servicios, no convenios,
concretamente tres de ellos: el programa de microcréditos 2008, el de la Corporación Radiotelevisión Española y el del Consorcio para la Acción Integral de la Migración. Todos ellos, sobre todo los realizados con entidades públicas
administrativas, debieron haber seguido, al igual que los realizados por el Instituto de la Juventud, el procedimiento de la Ley de Subvenciones. En quince expedientes no constan tampoco las actas de la Comisión de seguimiento, que eran
preceptivas, no se publicaron en el boletín oficial los convenios con las comunidades autónomas y además se produjo una omisión generalizada de la comunicación al Senado de todos los convenios suscritos por el Instituto de la Mujer. En muchos de
los casos el procedimiento no era el acorde. En diversos convenios, además, las entidades públicas y privadas que conveniaron con el Instituto de la Mujer deben realizar reintegros, puesto que no justificaron la ejecución de las cantidades
recibidas. Nos gustaría saber si el tribunal tiene noticia de que esos reintegros se han producido, puesto que, menos mal, sí se habían iniciado los procedimientos de reintegro por parte del Instituto de la Mujer. En algunos casos son cantidades
importantes. Por ejemplo, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid debía reintegrar 45.300 euros, y el consorcio Cepaim, más de 15.420 euros. Queremos hacer -así lo hace también el tribunal- una mención especial al programa de microcréditos, en
el que la Federación Española de Mujeres Empresarias, de Negocios y Profesionales debe también reintegrar una cantidad importante. Además, en este convenio se produjo una incidencia, que fue que el importe que abonó el Instituto de la Mujer a las
fundaciones y asociaciones que participaron en la gestión de estos microcréditos, por importe de 581.000 euros, fue muy superior a los 24 microcréditos que finalmente concedieron las entidades financieras, concretamente 360.000 euros, teniendo en
cuenta además que de las 209 mujeres emprendedoras que habían presentado la petición para estos microcréditos, solo a 24 les fueron concedidos. Cabría seguir haciendo -y no hay tiempo para ello- un análisis exhaustivo de muchas de las incidencias
que en cada uno de los objetos del convenio y en las características de cada uno de ellos se han puesto de manifiesto en el informe. Por ello, no nos extraña que el tribunal haya decidido presentar la moción que presenta a las Cortes Generales en
relación con la necesidad de regular y de matizar muy bien qué materias son, qué tipo de actuaciones son las que deben ser objeto de convenio y cuáles deben volver otra vez a circunscribirse a sus correspondientes ámbitos legales: la Ley de
Subvenciones en aquellos casos en los que se ha señalado, y son muchos, o la propia Ley de contratos de las administraciones públicas, pues es importante reiterar la inadecuación de los procedimientos que hasta este momento han seguido los dos
institutos. Especialmente importante es lo que se recoge respecto de la contratación en el Instituto de la Mujer en las páginas 25 a 32 del informe de fiscalización...
El señor PRESIDENTE: Señora Ruiz, lleva usted cerca de catorce minutos.
La señora RUIZ RUIZ: Voy terminando.
Existe un cúmulo completamente irracional de incumplimientos en todas las fases del procedimiento de contratación, en el que no se respeta la libre concurrencia y se fraccionan los contratos para hacerlos por procedimiento menor, cuando
debieran haber sido realizados por concurso o por subasta de acuerdo con la ley. En definitiva, en todas las páginas de este informe se aprecia un incumplimiento totalmente reiterado del procedimiento administrativo por parte del Instituto de la
Mujer. Quisiéramos saber si hay algún tipo de responsabilidad en esta materia que haya sido vista por la sección de enjuiciamiento del tribunal o que esté pendiente de resolución, no solo en estos casos sino también en el conjunto de todos los
informes objeto de este primer bloque.
Respecto al Fondo de regulación del mercado de la pesca, compartimos las recomendaciones del tribunal. Creemos que son acordes con el programa de fiscalización. En cuanto al resto de los informes, en el programa 463, no tenemos nada que
añadir a lo que el tribunal ha señalado. En relación con las operaciones inmobiliarias del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, entendemos que de la lectura detallada de este informe cabría hacer todo un manual de picaresca aplicada a
cómo se tienen que retorcer los distintos criterios para poder ser adjudicatario de viviendas, por los muchísimos casos en los que se ha infringido absolutamente todo el procedimiento. Nos gustaría -y esta es una pregunta que le hago al presidente
del tribunal- saber si existe en los pliegos de condiciones alguna limitación a la hora de disponer, después de ser adjudicatario de las viviendas, de la posibilidad de volver a enajenarlos por el precio de mercado o, en caso de que eso no exista,
si cabría la posibilidad de que se estableciera una limitación en el tiempo similar a la que tienen las viviendas de protección oficial, por ejemplo, para evitar el negocio a mayores de lo que puede ser todo el fraude detectado en esta materia.
En cuanto a la Autoridad Portuaria de Cartagena y Puertos del Estado, compartimos sin más apreciaciones todo lo realizado por el tribunal y las recomendaciones que plantea.
Ya muy rápidamente me voy a referir a las dos empresas públicas fiscalizadas. Respecto a la primera de ellas, Cofivacasa, nos gustaría saber en qué estado se encuentran las actuaciones previas que la sección de enjuiciamiento del tribunal
había puesto en marcha en relación con el establecimiento de Argentina y su proceso de cierre y, si han llegado a termino, el resultado de las mismas.
Finalmente, en cuanto a Expansión Exterior, es verdad que hay algunos aspectos que resultan curiosos, como que en algunos contratos se hayan rebajado los honorarios que le corresponderían en algunas operaciones del 1,75 al 0,75. Entiendo
que a veces eso debe ser así para respetar la ley, pero nos gustaría saber quiénes son las empresas especialmente beneficiadas por las actuaciones de algunos gestores de estas empresas públicas en los periodos fiscalizados.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Pido disculpas de antemano por si en la contestación a las preguntas y a las valoraciones queda algún aspecto no respondido. Me comprometo a hacer llegar a la
Comisión la información complementaria sobre aquellas cuestiones que directamente no responda en mi intervención, para dar puntual respuesta a la inquietud que se ha puesto de manifiesto.
Empezaré por la intervención del señor Barrero. En relación con el puerto de Cartagena y con la pregunta relativa a si en los pliegos tienen preferencia y se establece el control sobre aquellas empresas que promueven la igualdad -y
extendido al resto de fiscalizaciones que lleva a efecto el tribunal-, quiero indicarle que en todos los informes que aprueba el tribunal figura como objetivo de fiscalización la comprobación del cumplimiento de este principio y de las normas en
relación con esa materia, lo que no le puedo asegurar es que en el desarrollo de todas y cada una de las fiscalizaciones se haya comprobado que todos y cada uno de los pliegos analizados hayan cumplido ese criterio, pero es un objetivo de
fiscalización que figura en todos los informes y que el tribunal lleva a efecto en el análisis de la contratación administrativa siempre, y en todo caso.
Respecto al FROM, me pregunta si es indispensable la desaparición del mismo, pero el tribunal no lo ha formulado de esa manera. No es una cuestión que sea indispensable, pero entendemos que se trataría de una mejor manera de gestionar los
fondos comunitarios. Se formula como una posibilidad, pero indudablemente está abierta la posición de que mantenga su actual estructura y no representa una propuesta de disolución por parte del tribunal.
En cuanto a la propuesta que formula sobre la fiscalización de los grandes contribuyentes, he de indicarle que normalmente las deficiencias de carácter informático siempre afectan a aquellos grupos de contribuyentes que representan un número
menor. En la fiscalización que va a hacer el tribunal en el ejercicio 2012 sobre grandes contribuyentes se va a prestar una atención especial a las medidas contra el fraude adoptadas por la Agencia Tributaria en los últimos años, por lo que esa
preocupación que late en su pregunta la va a abordar el tribunal en la fiscalización que tiene en marcha para el ejercicio 2012.
Respecto al Instituto de la Mujer, me plantea si las valoraciones que incorpora el tribunal no han tenido una contestación por parte del mismo, es decir, si no se han formulado alegaciones en esa materia y qué tratamiento les ha dado el
Tribunal de Cuentas. El tribunal siempre recoge -además es preceptivo y es una norma que nos imponemos en todos los informes- un epígrafe concreto destinado al análisis del tratamiento de las alegaciones y para indicar qué opinión le han merecido
al tribunal, incluso en cada uno
de los apartados en los que se establecen cuestiones de relevancia, se elaboran las correspondientes notas a pie de página indicando en muchas ocasiones cuál es el juicio que ha merecido la alegación que se ha formulado. En todo caso, las
alegaciones se incorporan a la documentación que se remite y ustedes las pueden analizar, porque forman parte del expediente que queda depositado aquí en la Comisión. Sobre la marcha he intentado ver si encontraba en las alegaciones una explicación
a lo que me formulaba, pero desgraciadamente no me ha dado el tiempo suficiente como para poderle contestar, pero usted tiene las alegaciones en el documento repartido y me comprometo a estudiar si le daría algún tipo de precisión mayor a la opinión
que haya formulado el Instituto de la Mujer en relación con estos temas de disfuncionalidades de carácter técnico.
En cuanto a las enajenaciones inmobiliarias, formula si el tribunal no tiene que plantear alguna cuestión adicional respecto al problema de las tasaciones, que no se tienen en cuenta, o si no se formula ningún tipo de recomendación. El no
seguimiento de las tasaciones es una cuestión que, de suyo, ya representa una crítica por parte del tribunal. En estos momentos no recuerdo en concreto las recomendaciones formuladas en el informe, pero me extrañaría mucho que no figuraran de
alguna manera, a lo mejor no con la precisión que pretende, el hecho de que las tasaciones que se realizan en este tipo de enajenaciones no sean tenidas en cuenta por parte de los gestores.
En relación con los convenios de colaboración, dice que no ha visto en la presentación si se ha hecho una especial referencia a lo que incluye la moción. En mi exposición he presentado un muy breve resumen de las propuestas que incluye la
moción, en las que planteamos la exigencia de que se complete el vigente marco legal de esta figura; que se delimiten con precisión el objeto y las actividades a realizar por cada uno de los sujetos que las suscriben; que los convenios en los que
la Administración haya de realizar aportaciones financieras se fije su importe con rigor, que se establezcan comisiones de seguimiento y control de su ejecución, y que se cree un registro de los convenios celebrados. Verá que he intentado hacer una
síntesis muy global y genérica de la moción, que es mucho más completa. Hubiera merecido la pena prestarle una atención de mayor relevancia, pero en todo caso al realizar estas propuestas el tribunal está pendiente de lo que la propia Comisión y el
propio Parlamento acuerden en relación con el tratamiento de estas mociones. Estoy convencido de que ustedes, en los debates que hagan referencia a las propuestas de resolución sobre la moción, muy posiblemente tendrán la ocasión de valorar de una
manera más completa el contenido de las propuestas que se han formulado en relación con estos convenios.
Respecto a las preguntas y a los planteamientos realizados por la señora Ruiz, en efecto en cuanto al déficit de tarifa, que ha valorado y analizado, es un elemento de importancia y de preocupación porque para este año se estima un déficit
de 5.000 millones de euros, y no es un tema menor sobre el que se pueda pasar. Es importante que ustedes le presten la atención que, por otra parte, el tribunal ha prestado al realizar su informe, porque lo hemos considerado como una preocupación
constante en relación con la gestión del tribunal. Me pregunta sobre los reintegros obtenidos del Instituto de la Mujer y sobre las enajenaciones inmobiliarias, me va a permitir que le conteste de manera más completa a través de la fórmula que he
planteado al principio, es decir, que remita a esta Comisión una puntual contestación a las preguntas que me ha formulado. En relación con su última pregunta sobre la situación de los procedimientos existentes en materia de la sociedad Cofivacasa,
le puedo decir que estaban iniciadas las diligencias preliminares sobre irregularidades en algunas cuentas corrientes y que, finalmente, el 13 de junio de 2012, fueron archivadas, por lo que en estos momentos no existe ningún procedimiento abierto
en la sección de enjuiciamiento. Esto es todo lo que le puedo informar.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EJERCICIOS 2004 Y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000001 y número de expediente del Senado 771/000001).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000033).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000038).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, EJERCICIOS 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000046 y número de expediente del Senado 771/000044).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000056 y número de expediente del Senado 771/000054).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000076 y número de expediente del Senado 771/000074).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al segundo punto del orden del día. Comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para informar conjuntamente sobre los siguientes extremos: primero, informe de fiscalización de la Universidad de
Cantabria, ejercicios 2004 y 2005; segundo, informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2006 y 2007; tercero, informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicios 2006 y 2007; cuarto, informe de
fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2006 y 2007; quinto, informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicios 2006 y 2007 y, sexto, informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2006 y
2007. El presidente del Tribunal de Cuentas tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El antecedente de estos informes se encuentra en la fiscalización horizontal llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos,
OCEX, sobre el conjunto de las universidades públicas, relativo al ejercicio 2003. La resolución de 21 diciembre 2001 de esta Comisión mixta motivó que se pusieran en marcha los mecanismos de cooperación y colaboración del Tribunal de Cuentas con
los OCEX, previstos en las leyes orgánicas y en la ley de funcionamiento del tribunal. Con dicha fiscalización se normalizó la actuación coordinada de las instituciones de control externo en el ámbito de las universidades públicas y se sentaron las
bases de posteriores actuaciones. Con posteridad el Tribunal de Cuentas ha incluido, en sucesivos programas anuales de fiscalización, las actuaciones de control correspondientes a las universidades públicas ubicadas en el ámbito de las comunidades
autónomas carentes de órgano de control externo en funcionamiento.
Respecto a las fiscalizaciones presentadas hoy de las universidades de Cantabria, La Rioja, Extremadura, Murcia y politécnica de Cartagena, correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, y que en el caso de la Universidad de Cantabria
incluye también el de los ejercicios 2004 y 2005, los informes aprobados fueron remitidos a las respectivas asambleas legislativas de las comunidades autónomas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 mayo,
del Tribunal de Cuentas, a los efectos de que, en el ámbito de sus competencias, adoptaran las resoluciones que estimasen oportunas. Las cuentas de los ejercicios fiscalizados fueron rendidas por las cinco universidades conforme establece la Ley
Orgánica de Universidades, si bien las de Cantabria y La Rioja se rindieron al tribunal fuera de plazo. En el análisis de la liquidación presupuestaria se observa que este grupo de universidades generaba un elevado volumen de modificaciones
presupuestarias, con particular incidencia en el capítulo 6 del presupuesto de gastos. Sin embargo, ello venía acompañado de un bajo grado de ejecución de las inversiones reales. En 2006 las modificaciones en dicho capítulo 6 supusieron, por
término medio, un incremento del 71 % sobre los créditos iniciales y un grado de ejecución del mismo de 57 %. En 2007, los porcentajes fueron del 82 % y 57 %, respectivamente. La explicación viene dada por el funcionamiento de los gastos de
investigación, dado que el crédito se genera cuando se recibe la financiación y se pone a disposición de los investigadores el presupuesto necesario para acometer los distintos proyectos, realizándose el gasto a lo largo de los dos o tres ejercicios
siguientes. Estos créditos originan remanentes que, al tener afectada su financiación, son incorporados al ejercicio siguiente. Las obligaciones reconocidas en el periodo 2003-2007 en este grupo de universidades aumentaron a una tasa anual
acumulada del 7,8 %, siendo el incremento más significativo el de las inversiones reales, con un aumento acumulativo anual del 12,4 %. En operaciones corrientes el crecimiento acumulado ha sido del 6,5 % anual en gastos de personal y del 5,4 % en
gastos corrientes en bienes y servicios. Los derechos reconocidos experimentaron una tasa de crecimiento acumulado anual del 8,6 % durante el periodo 2003-2007, destacando las transferencias de capital que han experimentado un incremento del 13,7
%.
En cuanto a las fuentes de financiación, en el mismo periodo se produjo un crecimiento anual de las fuentes de financiación propia del 5 % y del 9,6 % de la financiación ajena. Dentro de las fuentes de financiación propias destaca el
incremento de las tasas y precios públicos, con origen en la prestación de servicios, que crecieron en un 13,7 % anual. En cambio, destaca el bajo crecimiento de los precios públicos, que incluye las matrículas ordinarias, y que lo hecho en el
mismo período a una tasa acumulada anual del 0,5 %.
A continuación paso a comentar los aspectos más destacados de carácter global recogidos en los informes de fiscalización de este grupo de universidades en relación con la gestión docente. La oferta de plazas de nuevo ingreso fue satisfecha
por la demanda en un porcentaje del 62 % de media en el curso 2007-2008. Por ramas, destacaron las de Ciencias de la Salud, con una satisfacción de la oferta del 105 % y Ciencias Sociales y Jurídicas, con el 82 %, mientras que los peores registros
correspondieron a Ciencias Experimentales, con un 32 %, y a Humanidades, con un 39 %. Durante el período 2003-2007 los alumnos de nuevo ingreso experimentaron una reducción del 2 % por término medio. En Ciencias Experimentales y en Técnicas se
redujeron los alumnos de nuevo ingreso en un 23 %, mientras que se incrementaron un 17 % en Ciencias de la Salud, un 7 % en Humanidades y un 6 % en Ciencias Sociales y Jurídicas.
En lo relativo a los alumnos matriculados, y en buena medida a los créditos matriculados, se deduce de los informes que, a lo largo del periodo que va del curso 2003-2004 al curso 2007-2008, el número de alumnos matriculados experimentó una
disminución del 6 %. Destacan los descensos en la rama de Ciencias Experimentales y Humanidades, siendo la única rama que experimenta un aumento de alumnos la de Ciencias de la Salud. Desde la óptica de los créditos matriculados, se aprecia un
descenso del 3 %, destacando asimismo las ramas de Ciencias Experimentales y Humanidades con descensos del 28 % y 13 %, respectivamente. Por ciclos, el número de alumnos de ciclo largo descendió un 17 % y un 5 % el de segundo ciclo, mientras que
los alumnos de ciclo corto aumentaron en un 5 %. Todo ello lleva a concluir que en este grupo de universidades se producía, con carácter general, un sobredimensionamiento de la oferta docente frente a la demanda de formación universitaria, salvo en
la rama de Ciencias de la Salud y, en menor medida, de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Otros datos de interés en materia de gestión docente son los relacionados con la dedicación de los alumnos, medida por la relación entre el número de créditos matriculados y el número de alumnos por grupo, la dedicación media en las
universidades objeto de los informes era equivalente a 59 créditos por alumno, lo que se aproxima a la media de créditos de una titulación por curso que es de 60 créditos. Sobrepasaban esa media Ciencias de la Salud con 77 créditos y Humanidades
con 63. También resulta de interés el dato referido al número de alumnos por profesor, en los cursos 2006-2007 y 2007-2008 la media fue de 11 alumnos equivalentes por profesor equivalente. En Ciencias Sociales y Jurídicas oscilaban entre 18 y 19 y
en Ciencias Experimentales ascendían a 5. Respecto al dato de los créditos impartidos por el personal docente e investigador, se había pasado de una media de 22 en el curso 2003-2004 a 20 en el curso de 2007-2008 y únicamente en Ciencias de la
Salud se superaban los 24 créditos que un trabajador de este colectivo había de impartir a tiempo completo.
En cuanto a la investigación, que la Ley Orgánica de Universidades considera, junto a la docente, como una función primordial de la universidad, se comprueba que, en general, la misma no tenía un reflejo adecuado en los presupuestos
universitarios. La ausencia de una contabilidad analítica impedía conocer la totalidad de los costes imputables a la actividad investigadora. Aunque, con carácter general, las universidades contaban con programas presupuestarios para la imputación
de todos los gastos de investigación, en ellos se recogían obligaciones reconocidas que no correspondían a actividades investigadoras, al tiempo que gastos de esta naturaleza se aplicaban en otros programas presupuestarios. Además, las imputaciones
se hacían de manera global, prioritariamente en el capítulo 6, de inversiones reales, en lugar de aplicar los créditos en el capítulo que correspondía, según su naturaleza económica. Debido a ello, el capítulo 1 no reflejaba la totalidad de los
gastos de personal en que incurría cada universidad.
En lo referente a la gestión, tanto del personal docente investigador como del personal de administración y servicios, destaca la evolución que el mismo experimentó en el periodo 2003-2007, el crecimiento ha sido del 47 % para el primer
colectivo y del 6 % para el segundo. Respecto a la naturaleza del vínculo del personal con la universidad y su evolución, se pasó de un total de 7.189 funcionarios en 2003 a 8.662 en 2007, correspondiendo el incremento fundamentalmente al personal
de administración y servicios, mientras que los empleados laborales pasaron de 5.737 a 6.892, crecimiento que correspondía especialmente al personal docente e investigador. La relación entre personal funcionario y laboral se mantuvo en el 1,25 %
durante el citado periodo.
Para terminar esta exposición global de los resultados de estos informes conviene hacer una breve referencia a la gestión de la contratación administrativa. El tribunal fiscalizó 79 contratos por un importe total de 111 millones de euros.
Con independencia de las puntualizaciones que pudiera hacerse en cada uno de los informes de las universidades, se puede afirmar que las incidencias y anomalías detectadas se
corresponden con las que el propio tribunal pone de manifiesto con ocasión de la fiscalización de las administraciones públicas autonómicas. En general, tienen que ver con las siguientes deficiencias e incumplimientos: la justificación de
las necesidades para el servicio público de la contratación se hacía en términos excesivamente genéricos e imprecisos; en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares de los contratos adjudicados por concurso no se especificaba
suficientemente la forma de valorar los criterios de adjudicación ni de otorgar las puntuaciones de los correspondientes baremos, soslayando los principios de transparencia y publicidad en la contratación pública; en las modificaciones de los
contratos no se acreditaba la existencia de necesidades nuevas o de causas técnicas no susceptibles de previsión al tiempo de prepararse los contratos primitivos; en las adjudicaciones de contratos por concurso se concedía relevancia muy escasa a
las bajas económicas ofertadas, en contra del principio de economía, y en la ejecución de los contratos se producían demoras y ampliaciones en los plazos de ejecución no justificadas adecuadamente. Señor presidente, he hecho una exposición global
de las universidades analizadas, entendiendo que dentro de la misma quedan recogidos cada uno de los informes individualmente evacuados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sen.
El señor SEN VÉLEZ: Vamos a hacer una valoración conjunta de los informes de estas universidades, al igual que ha hecho el señor presidente del Tribunal de Cuentas, al cual le queremos agradecer su presencia aquí y la labor realizada en la
evacuación de estos informes. También queremos iniciar esta intervención teniendo en cuenta que existen varios aspectos importantes que, según nuestro criterio, son destacables. Esta fiscalización es necesaria, independientemente de que las mismas
universidades sobre las cuales se evacuan estos informes funcionen con un nivel de autonomía elevado, porque esta información nos aporta conocer cuáles son aquellas debilidades -por llamarlo de alguna manera- en la gestión, con el único fin de
establecer y adoptar las medidas correctoras que hagan de estas universidades del conocimiento un binomio equilibrado entre lo educativo, lo administrativo y una gestión eficaz. De estos informes se extraen hechos que, aunque no siendo alarmantes,
algunos curiosamente son comunes, alcanzando un entendimiento similar entre unas universidades y otras. Dentro de las conclusiones -y aunque inicialmente pueda llamar la atención, sobre todo para aquellas personas que no conozcan en detalle el
funcionamiento de las universidades, su especial relevancia y más teniendo en cuenta la actual situación de crisis económica, aunque durante los ejercicios económicos a los que se refiere esta fiscalización la coyuntura económica era completamente
diferente y favorable-, en lo referente al exceso de capacidad docente, como muy bien ha indicado el presidente del tribunal en el resumen de las valoraciones de estos contenidos, entendemos que es difícil de corregir sobre todo por el elevado
número de nuevas titulaciones que se han incorporado a nuestras universidades en los últimos años. Este hecho -y la reducción llevada a cabo en determinados ciclos en el número de alumnos, por esa fluctuación que es lógica en todas las
universidades- no ha implicado la reducción del número de grupos, lo que origina que inicialmente esta situación debiera de corregirse, circunstancia difícil y compleja al formar parte de una gestión educativa directa y ordinaria. Sería conveniente
que todas las universidades desarrollaran su plan estratégico con el fin de ajustar que la carga docente se adecue cuanto más a la demanda educativa; hecho directamente relacionado con la eficiencia y la equidad de los recursos con los que cuentan
en la actualidad y en especial con la educación. Entendemos que las cifras económicas relativas al coste estimado por crédito impartido, a las cuales también el señor presidente del Tribunal de Cuentas ha hecho referencia en su intervención, la
media de alumnos equivalentes por profesor o a la responsabilidad de supuestos responsables contables, deben resolverse dentro del ámbito autónomo que tiene cada universidad.
En lo referido a aspectos idénticos de estas universidades, situadas la mayor parte de ellas, como conocen sus señorías, muy distantes geográficamente -Cantabria, Murcia, La Rioja, Extremadura o Cartagena-, las similitudes en incidencias,
aun siendo de carácter formal, resultan comunes a todas las universidades. Como muy bien ha indicado el presidente del tribunal, sobre todo en aquellas partidas presupuestarias que se han ido trasladando a otros ejercicios fiscales, todo tiene y
está directamente relacionado con los gastos en investigación y, sobre todo, con aquellos programas de investigación que, como todos ustedes conocen, extreman y dificultan su contabilización anualmente acercándose a criterios reales en un ejercicio
fiscal.
En cuanto al sobredimensionamiento de los docentes, a lo cual ya hemos hecho referencia en nuestra intervención, tampoco debe de tratarse como un problema mayor. A la vista de los informes evacuados y
de las similitudes entre unas universidades y otras, nos gustaría formular una pregunta o propuesta al señor presidente del Tribunal de Cuentas con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de estas universidades, y a la vez de todas las
universidades de nuestro país -a la vista de los resultados obtenidos en estos informes y con el fin de reducir de forma importante el tiempo en la elaboración de los mismos-, decía que quería preguntarle si sería conveniente realizar un informe
relativo a todas las universidades dependientes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, con el fin de potenciar simultáneamente la realización de fiscalizaciones horizontales sobre aquellos aspectos relevantes desde el
punto de vista de la economía, la eficacia y la eficiencia de los servicios prestados.
El señor PRESIDENTE: Señor Araújo.
El señor ARAÚJO GIL: La verdad es que tenía pensada una intervención mucho más extensa y en honor al esfuerzo que ha hecho el señor presidente, Álvarez de Miranda, resumiendo los informes de las cinco universidades a las que nos referimos y
de estos doce años analizados, voy a intentar también resumir mi exposición y hacerla más breve, pero con ello no quiero quitarle importancia a lo que estamos hablando.
Señorías, en el informe general de universidades que se elaboró en el 2003 había unas cifras muy significativas -permítanme que se las recuerde-, estábamos hablando de que el coste estimado de la enseñanza universitaria era de 5.300 millones
de euros para las 47 universidades presenciales que existían en 2003 y las obligaciones reconocidas se aproximaron a los 7.000 millones de euros. No es un tema baladí, estamos hablando de una formación universitaria que evidentemente tiene su
importancia dentro del desarrollo de nuestro país, pero que también tiene un coste económico relevante. Creo que debemos atenernos a las cifras y, sobre todo, intentar cuantificarlas, así como también cuantificar ese esfuerzo tan importante que
hace toda nuestra sociedad para financiar esos estudios universitarios. Me refiero, en concreto, a esas cinco universidades y a estos ejercicios, y tengo que decirles -me he permitido la osadía de sumar las cifras que estaban recogidas en los
informes parciales de cada una de las universidades- que en cuanto a las obligaciones reconocidas estamos hablando de casi 467 millones de euros, que es la suma total en el año 2006, con un remanente de crédito de más de 108 millones de euros. En
el año 2007 estamos hablando de 385 millones de euros, con un remanente en este caso de 95 millones. Eran unos años en los que aparentemente existía un excesivo presupuesto, pero no había demasiado control sobre la actuación y sobre los
procedimientos de gestión de las universidades. Esto sigue apareciendo en los informes de 2006, 2007 y también en el de la Universidad de Cantabria de 2004-2005. Hay que recordar que en estos ejercicios, el esfuerzo de las administraciones
públicas para estas cinco universidades significó en torno a los 640 millones de euros. El coste medio, como también se ha comentado, de las universidades en el periodo 2006-2007 fue de 25.545 euros anuales. En el ejercicio 2006 se ofertaron
21.411 plazas, y ha comentado el señor presidente que la satisfacción de la oferta media fue tan solo del 61 %. El número de alumnos equivalentes lo he calculado en el 10 %, aunque el presidente ha citado el 11 %. No vamos a entrar a discutir la
cifra, pero es muy importante el hecho de que estemos hablando de unas cantidades muy bajas por profesor equivalente. Evidentemente, también hay variaciones entre una universidad y otra; en este caso, el número de La Rioja era ocho y el de la
Universidad de Extremadura era doce. La media de créditos impartidos por profesores no ha llegado en ninguno de los casos a veinticuatro, que creo que es una cifra que hay que tener muy en cuenta. El coste medio por crédito se situaba en los 4.166
euros, lo que significa, señorías, que el coste/hora era de 417 euros aproximadamente. Este coste es bastante elevado. No vamos a entrar en las oscilaciones de unas cifras y otras. El señor presidente ya ha explicado las cifras en el ciclo corto
y en el ciclo largo, los costes, etcétera, y no voy a incidir en ello.
También quiero decir que en las cinco universidades el porcentaje de personal administrativo era de casi el 30 %, oscilando entre el 21,7 % de la Universidad de Murcia y el 36 % de la Universidad de La Rioja, ambos en 2006. Esta es una
cifra muy significativa, ya que estamos hablando de que una de cada tres personas es personal administrativo no docente. Creo que conviene resaltar las cifras importantes: que la media de créditos impartidos por profesor equivalente no ha llegado
a los veinticuatro; que la media de alumnos equivalentes por profesor equivalente es de diez; que la satisfacción de la oferta es del 61 %; que el coste medio, como he dicho anteriormente, era de 4.166 euros y que el coste de la hora eran 412
euros.
El Tribunal de Cuentas ha recomendado a todas esas universidades implantar un sistema de contabilidad analítica; que elaboren los estudios pertinentes para la adecuación de los recursos humanos a las necesidades del servicio público que
prestan; que dada la tendencia decreciente de alumnos y su
incidencia en la financiación de esas universidades, esa circunstancia debería tener su reflejo en los presupuestos, y que todas deben concretar más los objetivos que persiguen en la actividad investigadora. Eso es común en todas las
universidades que se han analizado.
Creo que también deberíamos hacer una serie de reflexiones puntuales sobre algunas de ellas. Recuerdo que el pasado 8 de mayo, el anterior presidente del Tribunal de Cuentas, el señor Núñez Pérez, comentaba en una de las intervenciones
-cito literalmente- que en el Tribunal de Cuentas estamos poniéndonos al día poco a poco y tratando de que los informes tengan el venenillo de la actualidad, que les da mucho interés ante la opinión pública. La verdad es que tenía muchísima razón.
En aquel momento saltó la polémica en torno a una jubilación. Recuerdo que está recogido dentro de las recomendaciones que se hacen a la Universidad de Extremadura suspender inmediatamente lo de las jubilaciones del profesorado.
No quiero entrar en esa polémica o en ese tema simplemente anecdótico sino en la importancia de que los informes del Tribunal de Cuentas tengan la frecuencia que se requiere para que sean de actualidad, porque si no la verdad es que nuestras
reflexiones quedan muy desfasadas. Estamos hablando de que hace muy poquito, hace tres años, en 2009, aprobamos una resolución en esta Comisión mixta -la tengo en mi poder y puedo hacerla llegar para recordarla- en la que se ponía toda la carne en
el asador en el trabajo que se había hecho, que era potentísimo, por parte del Tribunal de Cuentas analizando el ejercicio 2003 de las cuarenta y siete universidades de España. Este trabajo costó cinco años realizarlo, llegó a esta Comisión en
octubre de 2009 y aprobamos esta resolución por unanimidad. También me gustaría preguntar al actual presidente si estas recomendaciones, en vista de lo que hemos tenido en 2006, se han llevado a cabo, sobre todo las más importantes, las que
instaban incluso al Tribunal de Cuentas, en el sentido de que se le pedía que cada cinco años hiciera un informe de todas esas universidades para poder tener la foto fija. Ya la tuvimos en 2003, la habríamos tenido en 2008 de haberse cumplido y nos
gustaría tenerla en 2013. Sería muy interesante tener esa foto tan importante de nuestro sistema universitario, de su coste, así como tener actualizadas todas las recomendaciones que se habían hecho durante esos ejercicios. Esa fue una resolución,
repito, adoptada por unanimidad en esta Comisión mixta. Por parte del Tribunal de Cuentas también se pedía que rindieran cuentas en el primer semestre. Había toda una serie de recomendaciones que, insisto, están por demás porque creo que están en
el ánimo de todos.
Finalizo mi intervención que, insisto, pensaba que sería mucho más larga, porque la habría preparado sobre cada una de las universidades, pero tampoco tiene demasiado sentido. Si todos estamos de acuerdo en colaborar con el Tribunal de
Cuentas en el cumplimiento de las resoluciones y, sobre todo, en fijarnos un objetivo muy importante, que es reducir el coste de la Universidad, aumentar su eficacia, su eficiencia, que las actividades de investigación se puedan cuantificar, que
estén programadas estratégicamente, que se haga una contabilización adecuada, señor presidente, que veo que es factor común en todas las universidades el capitulo 6, por favor, hagamos caso de lo que aprobamos aquí esta casa y cumplamos las
resoluciones, porque creo que será muy interesante para nuestra universidad, para nuestro sistema educativo y, sobre todo, para nuestra moral, porque difícilmente podríamos abarcar esas tareas tan importantes de lectura de los informes y
profundización de los mismos si vemos que no van llegar a ningún sitio.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Creo que ha habido una coincidencia en preguntar al tribunal -incluso en proponer- cómo se están desarrollando los trabajos en relación con las universidades públicas
y cuáles son los programas de actuación del tribunal, en qué grado están ejecutados y qué perspectivas hay. Sobre este particular, les diré que el informe de la Universidad de Zaragoza de los ejercicios 2008 y 2009 está en alegaciones y está
previsto que en diciembre esté aprobado y remitido a esta Cámara. Los informes correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 de las restantes universidades que no tienen órgano de control externo, es decir, las de Murcia, Cartagena, Extremadura, La
Rioja y Cantabria, se están ultimando y está previsto que se aprueben en el primer trimestre del próximo año.
En relación con la fiscalización horizontal de todas las universidades públicas, que es objeto de la petición del señor Araújo, he de decirle que para poder hacer un trabajo de esta naturaleza es necesario, es conveniente contar con un
acuerdo entre los órganos de coordinación del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas. He de indicarle que mañana mismo nos reunimos, como hacemos de manera regular, pero es la primera vez que lo hacemos
después de la
renovación del pleno del Tribunal de Cuentas. Por tanto, no tengo una contestación a su pregunta, pero no tenga la menor duda de que trasladaré a todos los presidentes de las instituciones, de los órganos de control externo de las
comunidades autónomas lo que en esta Comisión se ha preguntado. Sería conveniente que de alguna manera ustedes reforzaran esta pregunta con la realización de la correspondiente resolución. Indudablemente creo que un objetivo que nos tendremos que
imponer todos los órganos de control externo es hacer esta fiscalización horizontal de todas las universidades públicas para, a la mayor brevedad posible, ofrecer un análisis sobre la evolución y la adaptación de todos estos problemas que estamos
viendo en las universidades públicas y su situación actual.
Para terminar, quiero decir que haciendo el seguimiento de los anteriores informes se comprueba que subsisten deficiencias que ya han sido reiteradas. Estas deficiencias exigirían una mayor atención por parte de las universidades, en
especial la que hace referencia a la falta de una contabilidad analítica, que es la que verdaderamente permitiría que todos los análisis que se están haciendo en relación con los parámetros de eficacia se pudieran completar en todos sus aspectos y
ofrecer los instrumentos de gestión y de valoración necesarios. Por otra parte, resulta patente en todos estos informes que los recursos no se adecuan a las necesidades. Esta situación, que progresivamente se plantea en los informes, debería
llevar a una modificación en la gestión de las universidades para ponernos en unos niveles de atención de la demanda que sean los adecuados.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS DONACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES VINCULADAS ORGÁNICAMENTE, EJERCICIO 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000072 y número de expediente
del senado 771/000070).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para informar sobre los siguientes extremos: Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y
de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente en el ejercicio 2007.
Tiene la palabra el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El pleno del Tribunal de Cuentas, en la sesión celebrada el 29 marzo del año 2012, aprobó el informe de fiscalización de las cuentas anuales de los partidos políticos
y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente a los mismos, correspondiente al ejercicio 2007. El informe analiza el primer ejercicio tras la aprobación de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de
los partidos políticos, cuya entrada en vigor se produjo el 6 de julio de 2007, derogando la anterior Ley Orgánica de 1987.
La circunstancia de que en el año fiscalizado fueran de aplicación dos normativas diferentes, junto con las dificultades de interpretación de determinados extremos del nuevo texto legal y la ampliación del alcance de la fiscalización a las
donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas a partidos políticos con representación en las Cortes Generales, propiciaron que la tramitación y aprobación de este informe se demorara respecto a los plazos legalmente establecidos. A este
respecto, el tribunal está adoptando las medidas necesarias con el fin de reducir estas demoras y aproximar todo lo posible el periodo fiscalizado a la actualidad.
Actualmente se está ultimando la fiscalización de las contabilidades de las elecciones generales y se han concluido las verificaciones sobre la contabilidad ordinaria del ejercicio 2008, estando prevista la próxima remisión de los resultados
de ambas fiscalizaciones para cumplir el trámite de alegaciones. Asimismo, se ha iniciado la verificación de la contabilidad ordinaria de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, con la pretensión de que la fiscalización de los partidos políticos se sitúe
en el próximo ejercicio dentro de los plazos previstos en la vigente normativa. En este sentido, conviene resaltar que se han reforzado significativamente los recursos personales asignados a la unidad de partidos políticos con el fin de acelerar
los trabajos de fiscalización.
Entrando en el análisis de la presente fiscalización, al igual que en periodos anteriores la misma se extendió a las formaciones políticas con representación en las Cortes Generales y en las asambleas legislativas de las comunidades
autónomas, analizándose la representatividad de los estados contables rendidos, así como el cumplimiento de la legalidad, especialmente en cuanto a los recursos públicos y
privados percibidos; además, se incluyó como novedad el análisis de las donaciones recibidas por las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas fiscalizadas. Ambos aspectos se recogen separadamente en el informe de fiscalización.
Entro en los resultados de fiscalización. Por lo que se refiere a la rendición de cuentas por parte de las diecisiete formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados y otras quince con representación en las
asambleas legislativas de las comunidades autónomas, se observaron las siguientes incidencias. Las cuentas rendidas por la formación política Izquierda Unida estaban incompletas por no incorporar las cuentas de varias federaciones y los estados
consolidados, y Coalición Canaria no presentó estados consolidados de los partidos que integran la federación. Por lo que se refiere a las formaciones de ámbito autonómico, el Bloc Nacionalista Valencià no presentó documentación contable alguna, a
pesar de haberle sido requerida.
En el informe se concluye que, con carácter general, para el conjunto de las formaciones políticas, las cuentas anuales rendidas no presentaban en toda su amplitud la actividad económico-financiera de las mismas, por no incluir la actividad
económico-financiera de la organización local o incluirla parcialmente, lo que supuso una limitación al alcance de la fiscalización, como se señala, en su caso, en el apartado del informe correspondiente a cada formación política. Por otra parte,
se destaca la existencia de otras limitaciones en relación con ciertas formaciones políticas por la falta de documentación justificativa, la inexistencia de registros contables auxiliares o la falta de rendición de la contabilidad de determinadas
organizaciones.
Como en ejercicios precedentes, se solicitó al Ministerio del Interior, a los Gobiernos autonómicos, a las Cortes Generales, a las asambleas legislativas y a las entidades locales de más de 20.000 habitantes información sobre las
subvenciones otorgadas a las formaciones políticas durante el ejercicio. La financiación pública del periodo fiscalizado ascendió a un total de 281 millones de euros, de los que 209 millones correspondían a subvenciones para funcionamiento
ordinario, 62 millones a subvenciones electorales y 10 millones a ayudas extraordinarias para información, explicación y divulgación de los contenidos de la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. En dicho importe total están incluidas
las subvenciones percibidas por los grupos vinculados a los partidos políticos, por un total de 135 millones de euros, distribuidos en 16 millones a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, 65 millones a los grupos de las asambleas
legislativas autonómicas y 54 millones a los grupos políticos de las entidades locales, resaltándose en el informe la heterogeneidad de criterios seguidos en su concesión.
Respecto a los recursos privados, la cuantía más importante correspondió a las cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes, con un total de 40 millones de euros. A este respecto, la mayoría de las formaciones no abrieron
durante el ejercicio fiscalizado cuentas específicas para el ingreso de las cuotas en las entidades de crédito, como exigía la normativa aprobada en 2007. Otro recurso privado relevante estuvo constituido por las donaciones privadas no finalistas
que, según los registros contables, ascendieron a un total de 11 millones de euros, de los cuales 7 millones fueron donaciones anónimas. Destaca el hecho de que parte de las donaciones anónimas se percibieron con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley Orgánica 8/2007, contraviniendo lo establecido en la misma.
Otro aspecto fiscalizado ha consistido en el análisis del endeudamiento con entidades de crédito. La deuda contabilizada a finales del ejercicio 2007, correspondiente a las formaciones políticas con representación en el Congreso de los
Diputados, alcanzaba los 215 millones de euros, y la de los partidos con representación en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas sumaba 12 millones. Del total del endeudamiento, la deuda hipotecaria ascendía a 142 millones. En la
fiscalización se constató la conformidad de los saldos contables con la información obtenida a través de la pertinente circularización.
La deuda vencida total sumaba, al menos, 10 millones de euros, de los cuales 2 millones correspondían a intereses. Durante el ejercicio, Unió Democrática de Catalunya procedió a la refinanciación de tres operaciones de crédito formalizadas
con dos entidades financieras, lo que supuso un abono de 1,5 millones de euros en concepto de capital y casi 1 millón de euros por intereses. En relación con estas operaciones, el partido no facilitó documento alguno suscrito por las entidades de
crédito detallando los acuerdos de refinanciación, por lo que no ha sido posible pronunciarse sobre la existencia o no de una condonación de deuda por intereses.
Respecto a las entidades vinculadas a las formaciones políticas, Convergència Democrática de Catalunya, Eusko Alkartasuna y Partido Nacionalista Vasco mantienen en el ejercicio fiscalizado participaciones accionariales en diversas sociedades
mercantiles, cuya actividad principal consistía en la tenencia y administración de bienes inmuebles vinculados a actividades propias del partido, así como en
el caso del Partido Nacionalista Vasco también a la gestión inmobiliaria de sedes del mismo y a la explotación de servicios de hostelería. Dado que la mencionada Ley Orgánica 8/2007 prohíbe a los partidos políticos la realización de
actividades de carácter mercantil de cualquier naturaleza, dichas formaciones deberán revisar las participaciones existentes en dichas sociedades por el carácter mercantil que la normativa reconoce a las sociedades participadas, si bien las dos
últimas formaciones manifiestan en sus escritos que dichas sociedades no realizan actividades mercantiles.
En el informe también se efectúa un análisis del nuevo régimen sancionador atribuido al Tribunal de Cuentas por la Ley Orgánica de financiación de los partidos políticos, exponiéndose las omisiones e insuficiencias relativas a la
tipificación de las infracciones y su posible prescripción, así como a los recursos susceptibles de interposición y a su extensión a las fundaciones vinculadas, entre otros extremos. Todo ello hacía que resultara difícil tanto la iniciación de los
procedimientos sancionadores como su tramitación, por lo que en el informe se sugiere su revisión y desarrollo. La reforma de la Ley Orgánica 8/2007, recientemente publicada en el BOE, ha subsanado en gran medida las deficiencias anteriores.
Se ha llevado a cabo la fiscalización de las donaciones a las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas. En la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos se establece que las
donaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente a partidos políticos con representación en las Cortes Generales estarán sometidas a los mismos límites y requisitos, así como a los mecanismos de fiscalización y control
y al mismo régimen sancionador que las formaciones políticas, sin perjuicio de las normas propias que les sean de aplicación. A cada una de las formaciones políticas con representación en las Cortes Generales se solicitó la identificación de las
fundaciones que durante el ejercicio 2007 cumplían determinados requisitos de vinculación, obteniéndose una relación de veintiséis fundaciones, cuyas donaciones recibidas se analizan en el informe. Con posterioridad, se comunicó la existencia de
otras siete fundaciones, que serán fiscalizadas con carácter retrospectivo en próximos informes.
Dado que la determinación de las fundaciones vinculadas ha sido efectuada a partir de la información facilitada por las formaciones políticas, sin que exista un registro específico que permita identificar a las mismas, en ejercicios
sucesivos se aplicarán métodos complementarios que permitan obtener la evidencia necesaria de la existencia de dicha vinculación, como pudiera ser la percepción de ayudas públicas derivadas de algún grado de vinculación. Respecto a los resultados
de la fiscalización de las fundaciones vinculadas, en primer lugar ha de destacarse que la Fundación Horacio Fernández Inguanzo, vinculada al Partido Comunista de España, no remitió documentación alguna, a pesar de los reiterados requerimientos
efectuados por este tribunal.
Por lo que se refiere a las donaciones comunicadas por las fundaciones, en el ejercicio fiscalizado alcanzaron un total de 3,2 millones de euros, correspondiendo en su mayor parte a donativos directos, seguidos de los ingresos provenientes
de convenios de colaboración, de cuotas, de subvenciones y de aportaciones de los propios partidos políticos. En cuanto al cumplimiento de los requisitos legales aplicables, se resalta, con carácter general, la existencia de donaciones no abonadas
en cuentas bancarias específicas en la mayoría de las fundaciones, incumpliéndose lo establecido en la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos.
El informe concluye con la formulación de diferentes recomendaciones dirigidas a subsanar las insuficiencias normativas que, a su vez, repercuten en la eficacia del control, en las que se sugiere una regulación expresa de los requisitos para
determinar la vinculación orgánica de las fundaciones con los partidos políticos, así como de las obligaciones contables de las mismas, incluyendo expresamente la obligación de rendir cuentas al tribunal. Asimismo, se considera conveniente extender
la fiscalización a las fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente a los partidos políticos con representación en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y ampliar el alcance de dicha fiscalización a las cuentas anuales de
las fundaciones y asociaciones vinculadas, puesto que en la vigente normativa las competencias fiscalizadoras están restringidas a las aportaciones y donaciones percibidas, excluyéndose el resto de la actividad de la fundación. Igualmente se
recomendaba ampliar a las fundaciones y asociaciones la limitación establecida a los partidos políticos, prohibiendo la percepción de donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las
administraciones públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público. Esta recomendación ha sido recogida en la reciente modificación de la Ley Orgánica 8/2007.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Císcar.
El señor CÍSCAR CASABÁN: Quiero comenzar agradeciendo la presencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas y su exposición sobre el informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones
percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente durante el ejercicio 2007.
No quiero entrar en la recurrente queja de la tardanza, en la medida en la que el propio presidente del Tribunal de Cuentas lo ha expresado en su intervención. Oído el informe del señor Presidente, quiero decir que lo que corresponde
analizar en estos momentos es si los partidos políticos han actuado o no de acuerdo con la ley -con la ley cambiada después de 20 años, precisamente en 2007- en la elaboración de sus cuentas y en las donaciones de las fundaciones vinculadas.
Posteriormente, en su caso, vendrán las propuestas de resolución, pero en este momento lo que procede es analizar si efectivamente la actuación ha sido correcta, así como tener en cuenta las deficiencias, las observaciones que Tribunal de Cuentas ha
señalado en el extenso informe al que hemos tenido acceso y en la presentación que acaba de realizar el presidente del tribunal.
Quisiera hacer algunas consideraciones de carácter general. La primera, que la propia seriedad de lo que estamos tratando no permite utilizar ni el tú más ni siquiera el yo mejor, sino que lo que realmente cuenta en este análisis que hemos
de hacer es si existe o no corrección en la elaboración de las cuentas por parte de las formaciones políticas y una adecuada presentación en tiempo y forma, en cumplimiento de lo que la propia ley establece. Quiero decir que el Partido Socialista,
y lo digo en su nombre, ha elaborado con corrección estas cuentas que hoy analizamos y, además, está dispuesto a mejorar, de acuerdo con las observaciones que el tribunal realice. Se han presentado estas cuentas en tiempo y forma, como lo han hecho
también otras formaciones políticas, lo que se desprende de la propia fiscalización que el Tribunal de Cuentas ha realizado. También quisiera decir que los partidos políticos son organizaciones públicas necesarias para la existencia de la propia
democracia y que, además, en todo momento, pero si se quiere más en el presente, es necesario ganar cada día credibilidad para merecer la confianza ciudadana. Y ese ganar credibilidad, a mi manera de ver, está en el cumplimiento de tres requisitos
esenciales, con independencia de la ideología que cada formación política tiene perfecto derecho a asumir y a representar. El primero, sin duda, es que se corresponda nuestra actuación, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. El segundo,
es la capacidad que se nos exige por la ciudadanía de dar respuesta a los problemas de la gente. El tercero, que tiene más que ver con lo que hoy nos ocupa, es sin duda la transparencia en el funcionamiento y la elaboración de las cuentas de los
partidos en cumplimiento de la ley. Digo esto por varias razones. La primera, porque la ley obliga a todos, pero, además, es que en este caso es una norma elaborada por las propias fuerzas políticas con representación en las Cortes Generales para
ser cumplida por las propias formaciones políticas. Por tanto, la transparencia en el funcionamiento y en la elaboración de las cuentas públicas no es otra cosa que el cumplimiento de la ley; ley que ha sido elaborada en esta casa para ser
aplicada por las formaciones políticas en general. Como afirmación diré que no solo se trata de la correcta elaboración para ganar ese crédito, sino de que ni un solo euro que suponga ingreso o gasto en la vida de una fuerza política quede ajeno a
ser reflejado en sus cuentas. Cada euro en ingreso o en gasto tiene que tener su correcto reflejo en las cuentas. Además se han de elaborar con la corrección necesaria establecida por la ley. A pesar de la buena voluntad, puede haber deficiencias
en la elaboración que sean subsanables, pero es necesario que eso se produzca así y que además se vayan aplicando las resoluciones que impliquen mejora en esa elaboración correcta. Además deben ser presentadas en tiempo y en forma, en el tiempo y
en la forma que determinan las normas.
En el análisis del informe y en la exposición que el señor presidente del Tribunal de Cuentas ha realizado se constatan algunas anomalías. La primera es la no presentación de cuentas por parte de alguna fuerza política pese a los
requerimientos. Es sin duda un planteamiento de obstrucción, que lógicamente debe ser superado, en la medida en que es una obligación. Puede haber, como digo, alguna insuficiencia que puede ser subsanada, pero lo que no tiene ninguna posibilidad
de comprensión es la no presentación pese a los requerimientos. En ese sentido se ha expresado también el presidente del Tribunal de Cuentas.
También se desprende de la exposición del presidente y del propio informe que existen algunas dificultades en la fiscalización de algunas donaciones a las fundaciones vinculadas a los partidos políticos y que se pueden estar produciendo
algunos incumplimientos. En este sentido -mi grupo así lo piensa y creo que puede haber una coincidencia amplia en ello- hemos de entender que estas donaciones a las fundaciones vinculadas han de exigir en su fiscalización los mismos trámites
previstos -como por otra
parte lo contempla la ley- para las propias fuerzas políticas. Parece ser que son solo veintiséis fundaciones las que han sido fiscalizadas o han presentado sus cuentas. Es evidente que la no existencia de un registro específico determina
algunas dificultades, al estar el procedimiento sometido en los primeros momentos al trámite de presentación por parte de las fuerzas políticas, pero es conveniente que, una vez determinadas, estas fundaciones que están vinculadas a los partidos
políticos se conozcan, tengan su presentación de cuentas correspondiente y, en consecuencia, tengan su fiscalización, independientemente de que haya que subsanar determinados problemas que en un primer momento puedan presentarse. Al mismo tiempo,
hay algunos aspectos del régimen sancionador de los incumplimientos que habían quedado indeterminados y cuya determinación era necesaria. Actualmente ya se dispone de las normas para que esto pueda ir aplicándose de forma que se perfeccione cada
vez más la elaboración de las cuentas de las fuerzas políticas, de los partidos políticos, pero también de las fundaciones vinculadas.
No quisiera extenderme más. Hay algunos aspectos que sin duda tendremos que ir viendo, pero quiero trasladar al presidente del Tribunal de Cuentas algunas cuestiones para que nos informe sobre ellas. La primera se refiere a las donaciones
de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos. Nos gustaría saber si existe insuficiencia en el marco regulador establecido o si este marco es suficiente. Quisiera preguntar también al señor presidente del Tribunal de Cuentas si en el
plan específico de cuentas para todas las formaciones políticas, que ha sido elaborado por el propio tribunal y remitido a esta casa, existe la posibilidad de articular un intercambio de criterios entre el Tribunal de Cuentas y la Comisión mixta, en
la medida en que ese intercambio de criterios pueda ayudar a una correcta aplicación y mejora en lo sucesivo de la elaboración de cuentas de los partidos políticos.
Por último, en cuanto al régimen sancionador ya publicado en este momento y por tanto existente, quisiera preguntar al señor presidente del Tribunal de Cuentas cómo se va a enfocar con arreglo a toda la etapa anterior, es decir, a lo que en
este momento pueda estar todavía en proceso de fiscalización -ya presentado, por supuesto- por el propio Tribunal de Cuentas. (El señor vicepresidente, Romero Santaolaria, ocupa la Presidencia).
Sin más, reitero la voluntad de mi grupo de superar cualquier anomalía en este aspecto. Quiero indicar también la voluntad de cumplimiento de los requisitos establecidos y sobre todo -como no puede ser de otra forma- de cumplimiento de la
ley, que para ello nos la hemos dado nosotros mismos. Lo otro no sería comprensible, porque sería una mera hipocresía.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santaolaria): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Señor presidente del tribunal, sean mis primeras palabras de felicitación a usted y a todo el tribunal por este informe de fiscalización emitido en relación con las cuentas de los partidos políticos del año 2007,
fiscalización que, como usted mismo reconocía, es distinta a la de otros ejercicios, pues responde fundamentalmente al mandato legal de verificar la contabilidad ordinaria de las formaciones políticas, pero incluye como novedad la verificación de
las donaciones recibidas por las fundaciones o asociaciones vinculadas a los partidos políticos. De esta manera, en ese caminar hacia una mayor transparencia, se abre el ámbito subjetivo de la fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las
formaciones políticas y, con este informe, se deja en evidencia qué asociaciones y fundaciones se incorporan en estos momentos al ámbito de las cuentas de los partidos políticos.
Como este es el primer informe después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Financiación de 2007, que como usted mismo ha dicho modifica la vieja Ley de 1987, me gustaría preguntarle si el tribunal ha detectado un avance en la mejora
de la calidad de las cuentas de los partidos políticos. Lo digo porque ha tenido la ocasión de constatarlo con arreglo a dos legislaciones, porque curiosamente este informe se emite en relación con un breve periodo de tiempo, hasta junio o julio,
de acuerdo con la legislación de 1987 y, posteriormente, de acuerdo con la Ley de 2007.
Como ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, no voy a repetir esa ya casi tradicional queja en esta Comisión por el desfase temporal de los informes, fundamentalmente porque hoy se evidencia la buena voluntad de esta Comisión. El
esfuerzo lo ha hecho usted en la sintetización, no fácil además, de muchos informes de distinta naturaleza, aunque se hayan intentado agrupar. También han hecho un esfuerzo los portavoces de las dos únicas formaciones políticas que están hoy en
esta Comisión. Eso evidencia que hay una clara voluntad de acelerar el análisis de los cuantiosos informes que todavía son susceptibles de verse por esta Comisión mixta. Además usted -y se lo agradezco- ha anunciado que los años 2008, 2009, 2010 y
2011 son objeto de fiscalización en estos momentos -de algunos de ellos está acabada-,
pero sobre todo que se han reforzado los medios materiales y personales para llevar a cabo esa fiscalización. Esto es bueno, fundamentalmente por todos los discursos que estamos oyendo sobre los partidos políticos, los políticos y -como ya
se ha dicho aquí también- la transparencia. Quiero preguntarle, porque lógicamente puede parecer que hay una demora importante en la emisión de este informe, y es así, sobre el impacto que tiene el cambio legislativo. Usted ha apuntado algo en esa
cuestión, pero supongo que pasar de aplicar la Ley Orgánica de 1987 a aplicar la Ley de 2007 habrá tenido su repercusión en que este informe haya llegado en el tiempo en el que lo ha hecho.
Entrando un poco más en materia -así lo decía también el señor Císcar-, este informe llega en un momento delicado, en el que la clase política está en el ojo del huracán y en el que es necesario más que nunca avanzar en la transparencia,
avanzar en la claridad de las cuentas, porque así lo demanda la sociedad; siempre lo ha demandado, pero hoy, con una crisis profunda, la exigencia de los ciudadanos se ha incrementado y, desde ese punto de vista, insisto, creo que este informe es
bueno. En este escenario de crítica a los partidos políticos y a los políticos, algunos han empezado a moverse intentando obtener réditos electorales. Quiero insistir mucho en la idea, porque para mi grupo parlamentario la transparencia es el
mejor sistema para combatir esos discursos. Le quiero preguntar por una cosa muy clara y concreta, que es la siguiente. Supongo que hay avances y usted los explicitará, pero hay dos cuestiones que son comunes a todas las formaciones políticas y
sobre las que le quiero preguntar, porque no acaban de solventarse ni con la Ley de 1987 ni con la Ley del 2007. Estas dos cuestiones son las siguientes. Las treinta y dos formaciones políticas incumplen el artículo 15 de la ley orgánica, el que
hace referencia a la remisión de un control interno. Me gustaría que nos hiciera una reflexión -si la puede hacer aquí, si no, puede hacerla por escrito, como usted considere- sobre esta carencia de un informe sobre el control interno de las
treinta y dos fuerzas políticas que han sido objeto de fiscalización. Usted también ha esbozado el incumplimiento del artículo 14.6, puesto que no se incorpora la contabilidad de las corporaciones locales. He leído que 53 millones de euros están
fuera de control. Creo que no se puede ser tan drástico en esa afirmación y le pregunto, señor presidente, si los recursos económicos de los grupos que pertenecen a los ayuntamientos, a las corporaciones locales, están intervenidos por la propia
intervención de los ayuntamientos. Asimismo, en el supuesto de que las cámaras de cuentas de las distintas comunidades autónomas o en su caso el Tribunal de Cuentas fiscalicen la contabilidad de los ayuntamientos, me gustaría saber si de alguna
forma se produce también una fiscalización sobre esos importantes recursos económicos. Lo digo fundamentalmente por centrar esta cuestión en sus justos términos y porque me parece exagerada esa afirmación de que están fuera del control.
Puesto que el informe es prolijo, merece la pena entrar en algunas cuestiones en las que entra el tribunal, porque, al final -en esto coincido con el portavoz del Grupo Socialista y compañero, el señor Císcar-, del informe se desprenden dos
cosas: que hay unas formaciones políticas que lo hacen bien y otras que no lo hacen tan bien. Creo que es justo reconocerlo, e incluyo a la formación política que represento, que lo hace bien, y sin embargo ahora voy a preguntarle sobre quien no
lo hace tan bien. Le pregunto sobre la representatividad de las cuentas. Usted ha avanzado que varias formaciones políticas no habían presentado las cuentas. Siendo grave que no las presente, el Bloque Nacionalista Valenciano tiene la
representatividad que tiene, pero me deja helado que una formación como Izquierda Unida no presente las cuentas en unas cuantas federaciones, como también me sorprende que no lo haya hecho la Federación de Coalición Canaria. Creo que esto no puede
dejar a nadie indiferente y me gustaría que hiciera usted una valoración, porque la transparencia es la forma de combatir determinados discursos que sorprendentemente comparte la formación política que luego no presenta las cuentas.
Hay otra cuestión sobre la que usted ha pasado por encima. Hablaba de una deuda de 215 millones. Esta es una cuestión vidriosa o así lo fue en otros informes del Tribunal de Cuentas. Le quiero hacer una pregunta, aunque entiendo que
quizás en este momento no pueda darme respuesta. Se refiere al ejercicio 2007, concretamente a los detalles relativos a la contabilización del coste financiero de la deuda bancaria de los partidos políticos. En los informes anteriores del Tribunal
de Cuentas se venía poniendo de manifiesto la imposibilidad de pronunciarse sobre la condonación de deuda por entidades financieras, salvo por la diferencia positiva entre lo contabilizado y lo negociado, referido -insisto- a las formaciones
políticas en 2006. Esta situación que se reiteraba en otros informes ha desaparecido en el año 2007. Entiendo que esta es un área de riesgo para el desarrollo de un informe de un tribunal. Estamos ante una fiscalización recurrente sobre la
contabilidad de los partidos políticos y me gustaría saber si los indicios reflejados en informes anteriores se siguen manteniendo y analizando en este, ya que el tribunal, en el año 2006, señalaba que en los intereses contabilizados por alguna
formación política no se incluían los
costos financieros devengados con posterioridad al vencimiento, mientras ahora, salvo una alusión que ha hecho usted, esto ha desaparecido. Me gustaría que el presidente nos aclarase si se ha producido un cambio de criterios de
contabilización o se ha corregido esa manifestación que efectuaba reiteradamente el Tribunal de Cuentas. Con independencia de su contestación, porque entiendo que es complicada, le formularé por escrito, como viene siendo práctica habitual, esta
pregunta.
Por otra parte, la Ley Orgánica de 4 de julio de 2007 prohíbe -usted ya lo ha dicho- desarrollar actividades mercantiles a partidos políticos, pero se pone en evidencia que determinadas formaciones -usted ha hecho referencia a ellas y, por
tanto, yo no tengo inconveniente en hacerla también-, como Convergencia Democrática de Cataluña y el PNV, siguen llevando a cabo esas prácticas. Le pregunto directamente si a la hora de obtener recursos eso supone una posición de ventaja sobre el
resto de formaciones políticas que cumplimos la ley. Convendría que esto se supiera.
Respecto a las fundaciones y asociaciones, es evidente que las modificaciones de 2007 no han surtido efecto, porque como no se determinaban las obligaciones contables -tal como se desprende claramente del informe- se ha complicado todo. Me
gustaría que explicitara, si es posible, cuáles son las obligaciones contables que deberían cumplir las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos. Usted ha comentado que se han incorporado determinadas fundaciones, pero echo en
falta algunas en este informe. Me gustaría que lo explicitara hoy a ser posible, pero si no las tiene en su memoria en estos momentos no tenemos mayor inconveniente en que lo haga por escrito.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santaolaria): Señor Suárez, vaya concluyendo por favor.
El señor SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presidente.
Me sorprende que cuando se pide la fiscalización de alguna fundación vinculada a un partido político, la propia fundación diga que no tiene vinculación con el mismo, pero cuando se piden determinadas ayudas la misma fundación haga valer esa
vinculación. En ese planteamiento de esa fundación política hay poca seriedad.
Me gustaría que hiciera alguna reflexión sobre la modificación actual de la Ley de 2007, la Ley Orgánica de Financiación de Partidos, que en estos momentos está en trámite. Creo que ha habido un consenso importante y que entre los avances
que se producen en esa ley están el mayor control de la contabilidad de fundaciones y asociaciones y la obligatoriedad por parte del Banco de España de cumplimentar los requerimientos del Tribunal de Cuentas sobre operaciones de crédito. Es
evidente que se producen cambios, pero me interesaría que hiciera usted una valoración -insisto- de las mejoras que va a suponer la nueva ley en la fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos. También me gustaría que hiciera una
referencia -ya se lo han comentado- a la nueva regulación del régimen sancionador de los partidos políticos.
Para terminar, haciendo caso a la sugerencia del presidente, quiero agradecer el importante esfuerzo que ha hecho hoy en esta Comisión y el esfuerzo que va a hacer el Tribunal de Cuentas en la fiscalización.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santaolaria): Para responder a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Hay preguntas que son comunes. Empezaré por la primera, formulada por el señor Císcar, que coincide con una cuestión planteada por el señor Suárez, respecto a si se
consideraba suficiente o no la regulación de las donaciones a fundaciones vinculadas. No es una cuestión que yo tenga que contestar. El informe hace una recomendación que refleja claramente el carácter insuficiente que en la actualidad tiene la
regulación sobre las fundaciones. Precisamente en la recomendación cuarta se propone evaluar la conveniencia de someter a los mecanismos de fiscalización las cuentas anuales de las fundaciones y de las asociaciones vinculadas. En la actualidad el
régimen legal establece únicamente la obligación de justificar la aplicación de las donaciones percibidas. El tribunal considera que al analizar esta fiscalización exclusivamente desde el punto de vista de la aplicación, sin poder solicitar la
suficiente información y aclaración sobre las cuentas anuales de las fundaciones y asociaciones vinculadas, se encuentra con un déficit de control que nos gustaría poder completar.
Se ha formulado una pregunta sobre el plan específico de cuentas que el tribunal ha abordado y si cabe articular intercambios de criterios respecto a este plan. No lo he dicho en la presentación de los informes, pero indudablemente la
elaboración del plan de cuentas por parte del tribunal ha llevado una importante labor de trabajo de la coponencia de partidos políticos. Como saben ustedes, primero formulamos un marco conceptual, que fue más o menos el análisis de qué es lo que
entendíamos que
debía ser la sustancia de un plan de contabilidad para las formaciones políticas. Esto se remitió a la Comisión mixta. Con posterioridad y de acuerdo con un convenio con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se hizo una
propuesta concreta de plan que se envió también a esta Comisión. La pregunta de si cabe articular un intercambio de criterios tiene su contestación en el propio procedimiento de elaboración del plan de contabilidad, en la medida en que establece
que lo elabora el tribunal, lo remite a esta Comisión, la Comisión efectúa las consideraciones que estime oportunas sobre el mismo y, con posteridad, el pleno del Tribunal de Cuentas tiene la competencia y la obligación de efectuar su aprobación
final. Por supuesto, lo que se pretende a la hora de llevar a efecto esa aprobación final, y así está establecido en el vehículo en el que se aprobó, es conocer no solo los criterios establecidos por la Comisión, sino también las modificaciones
legales de la nueva Ley de 22 de octubre de 2012, en la medida en que la reforma de la Ley orgánica sobre financiación de partidos políticos establece principios que afectan a la forma de elaborar ese plan y que necesitarán alguna adaptación.
Precisamente alguno de estos principios tiene que ver con una de las preocupaciones manifestadas en esta Comisión, que es la integración de la información contable de las organizaciones de grupos parlamentarios, de entidades locales o de la propia
contabilidad de la organización local. Indudablemente, los criterios establecidos en esa ley nos llevarán a revisar el contenido del plan de contabilidad cuando deba aprobarse definitivamente.
Me han preguntado sobre el régimen sancionador y cómo se aplica al periodo anterior. En la propia pregunta tienen la contestación. Indudablemente, el régimen sancionador aprobado tiene, de acuerdo con el tribunal, una dificultad grave de
aplicación, en la medida en que la no tipificación de las sanciones que existía en el régimen anterior lleva a que las posibilidades de aplicación de las mismas sean muy escasas, dado que los plazos de prescripción tendrían que ser los más
favorables que la legislación de orden administrativo establece. Por tanto, la aplicación de este régimen sancionador tiene muchas dificultades para llevar a efecto las sanciones que serían aplicables, sanciones que sin embargo, cuando analicemos
la nueva ley, tienen un tratamiento diferente, dado que han sido tipificadas y que se establece un régimen de prescripción que garantiza que no nos encontremos en supuestos de esa naturaleza en el futuro, supuestos en los que es de aplicación el
régimen sancionador.
En relación con las preguntas formuladas por el señor Suárez, empezando por la final, que es la que hace referencia al contenido de la nueva ley, la Ley de 22 octubre, he de decirle que introduce ciertas modificaciones en la Ley 8/2007,
algunas de las cuales responden a cuestiones que en su día fueron planteadas por el Tribunal de Cuentas, como la reforma del régimen sancionador. Una de las principales cuestiones que introduce esta nueva ley es la prohibición de donaciones a los
partidos políticos que procedan de fundaciones privadas, asociaciones u otras entidades que reciban subvenciones públicas o cuyo presupuesto esté integrado por aportaciones de las administraciones públicas. También establece que en los acuerdos de
refinanciación de deudas con entidades de crédito las condonaciones de deudas no podrán ser superiores a 100.000 euros anuales, incluyendo principal e intereses. Creo que esto mejora la transparencia de los partidos, que están obligados a publicar
en su página web sus datos contables, en especial los relativos a los créditos recibidos y a las condonaciones de deudas. Respecto al régimen sancionador, como ya he dicho, se mejora la tipificación de las infracciones muy graves y se regula un
trámite de información previa con audiencia del partido presuntamente infractor. Se mejora la transparencia de los partidos, que están obligados a publicar en su página web sus datos contables, en especial los relativos a los créditos recibidos y a
las condonaciones de deudas. Respecto al régimen sancionador, como ya he dicho, se mejora la tipificación de las infracciones muy graves y se regula un trámite de información previa con audiencia del partido presuntamente infractor. Estas
modificaciones actualmente aprobadas indudablemente supondrán una mejora en la aplicación de las fiscalizaciones por parte del tribunal y también en la trasparencia que debe presidir la información suministrada por los partidos políticos.
Me preguntaba el señor Suárez sobre si la utilización de sociedades vinculadas suponía una práctica o una posición de ventaja de unas formaciones políticas respecto de otras. He de indicar que estas formaciones políticas han manifestado
repetidamente al tribunal que estas sociedades no llevan a efecto actividades mercantiles, que son exclusivamente sociedades que establecen, dentro de lo que sería la actividad propia del partido, un complemento para la mejor gestión de determinadas
sedes y, en concreto, de servicios de hostelería asociados a las mismas. Con estas formaciones lo que siempre se ha pretendido - y lo que el tribunal pretende- es que de alguna manera adecuen esta situación a la normativa de la ley y que, en todo
caso, certifiquen estrictamente si en determinadas sedes, según el volumen de operaciones que se están realizando, nos encontramos -y que el tribunal pueda comprobarlo- ante una
actividad mercantil realizada a través de una sociedad participada. Esta es la situación que se está produciendo en la actualidad respecto de las formaciones políticas a las que se ha hecho referencia. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).
En relación con el planteamiento, que me ha parecido más relevante del señor Suárez, sobre el criterio del incumplimiento del artículo 14.6 de la ley, es decir, si las entidades locales y todas las organizaciones locales de las formaciones
políticas se encuentran fuera de control, el tribunal no ha querido pronunciarse sobre ello. El grado de integración de la contabilidad, dentro de la contabilidad de los partidos políticos, no recoge estrictamente la organización territorial del
partido. Es decir, puede haber partidos que, en su ámbito provincial, que es fundamentalmente el último escalón en el que generalmente se presenta la información, estén integrando la información local. El tribunal no tiene reconocido en estos
casos un instrumento de control de la integración de esa organización local. En otros casos sí tenemos constancia de que la contabilidad de las organizaciones locales no se integra dentro de la actividad del partido. Nos parecía que era un déficit
y se pone de manifiesto en el párrafo concreto del informe en el que se establece que la no presentación de estos resultados supone una limitación al alcance de la fiscalización. Esto no representa de por sí una no presentación de las cuentas
anuales, pero sí una limitación, y siempre atendiendo a cómo se está recogiendo este supuesto en cada formación política. Hay formaciones políticas que están empezando a recoger determinadas organizaciones locales, integrándolas dentro de la
información que presentan ante el tribunal, y nos parece que es una práctica que el tribunal aplaude y que es lo correcto. Lo que no quiere decir, que es diferente, que la información recibida por los grupos municipales de los partidos políticos,
es decir, que la contabilidad de esos grupos sea una contabilidad que muchas veces pueda estar incluso tan poco integrada en la contabilidad municipal, porque tenga una rendición propia, lógicamente como ha dicho el señor Suárez, ante el propio
municipio e intervenida por las correspondientes intervenciones municipales. Son dos elementos diferentes. No querría que en la intervención que he formulado pudiera hacerse referencia a que esta información no está bajo control, que es lo que se
ha dicho. Esta información no se encuentra integrada en las cuentas anuales y en la información que se rinde el tribunal, pero no se encuentra fuera de control, porque el control es el que los propios ayuntamientos tienen la obligación de
establecer en las intervenciones municipales.
Me pregunta el señor Suárez si hay formaciones que lo hacen bien y hay otras que no. Indudablemente el primer requisito es presentar las cuentas y completas. Cuando ese requisito no se cumple, es decir, cuando las cuentas no incorporan la
contabilidad de las federaciones enteras o cuando directamente no se rinden cuentas, estamos en el primer nivel de incumplimiento básico de la información contable. Así lo ha especificado el tribunal en la presentación de sus resultados, dando el
máximo nivel de relevancia a estos incumplimientos en relación con otro tipo que pueden hacer referencia al no cumplimiento de determinados aspectos que establece la ley sobre la acreditación de las donaciones percibidas o la acreditación de los
fondos que están manejando cauda una de las organizaciones.
¿Se mejora la calidad de la información financiera de los partidos? Es una constante que el tribunal viene poniendo de manifiesto desde el comienzo de su trabajo en relación con la fiscalización de las formaciones políticas. Como la mejora
se va extendiendo en la gestión de los partidos políticos es por lo que el tribunal ha incrementado progresivamente el nivel de exigencia en la medida en que estamos en un terreno que es el de la fiscalización de regularidad de los partidos
políticos en el cumplimiento de las obligaciones que establece su ley reguladora, que no tiene parangón en la labor que hace el tribunal en relación con la fiscalización del resto de actividades que realiza. En la medida en que eso es así, el
tribunal siempre ha buscado formas de mejora, mediante la vía de las recomendaciones, que son las que se reconocen en este informe. Estoy convencido de que hay algunas cuestiones que no he contestado, porque en la formulación de las mismas he
podido no registrar el total de las formuladas por el señor Suárez. Me acojo a la propia posición manifestada de que, en aquellos casos en que no hayamos dado contestación completa a sus preguntas, lo podamos realizar por escrito.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención en el sentido estricto de aclaración concreta sobre la intervención del presidente? (Pausa).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS COMUNITARIOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente del Congreso
251/000075 y número de expediente del Senado 771/000069).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto del orden del día relativo al informe de fiscalización de la gestión de las prestaciones de asistencia sanitaria derivada de la aplicación de los reglamentos comunitarios y convenios internacionales de
la Seguridad Social. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión del 29 marzo, aprobó el informe de fiscalización de la gestión de las prestaciones de asistencia sanitaria derivada de
la aplicación de los reglamentos comunitarios y convenios internacionales de la Seguridad Social realizada a iniciativa del propio tribunal. El periodo fiscalizado ha sido el del ejercicio 2009. La fiscalización tuvo por objeto las prestaciones en
especie de la Seguridad Social dispensadas a los asegurados de otro país desplazados al territorio español, siempre que dicho país pertenezca al ámbito de aplicación de los reglamentos comunitarios o tengan suscrito un convenio bilateral con España.
Entre los objetivos del informe se encontraban el análisis del cumplimiento de la legalidad y de los principios de buena gestión financiera, así como una evaluación de la gestión realizada, tanto por parte de los diversos órganos de la Seguridad
Social como por las comunidades autónomas, en relación con las prestaciones sanitarias fiscalizadas. En función de los resultados de fiscalización, he de recoger exclusivamente algunos de ellos, quizá los más significativos, e indicar que se ha
verificado la inexistencia de una base de datos centralizada de beneficiarios vinculados a los sujetos con derecho a la asistencia sanitaria a cargo de la Seguridad Social española y no se efectuaban controles sobre este colectivo, por lo que existe
el riesgo de que los trabajadores o pensionistas extranjeros con tarjeta sanitaria individual incluyan indebidamente como beneficiarios a su cargo a otras personas vinculadas aseguradas en sus Estados de origen. Además se ha constatado que con
carácter general España no facturaba a sus países de origen el importe de los medicamentos facilitados a los extranjeros en los centros del Sistema Nacional de Salud, lo que supuso un perjuicio económico que ascendió, como mínimo, a 4,5 millones de
euros solo en el ejercicio 2009. Respecto a la facturación exigible a los países de origen por las prestaciones sanitarias efectuadas en los servicios de emergencia, únicamente se llevó a cabo por las comunidades autónomas de Valencia y Murcia,
habiéndose estimado por el tribunal que el importe no facturado en el citado ejercicio por este concepto ascendía, al menos, a 3,5 millones de euros. España recibió en 2009 facturas de otros Estados miembros por prestaciones odontológicas por
importe de 0,3 millones de euros, procedentes principalmente de Alemania, Francia y Bélgica, países que incluyen tales prestaciones en sus sistemas nacionales de salud, por lo que existe el riesgo de que personas aseguradas por la Seguridad Social
española se desplacen a otros países para recibir estas prestaciones odontológicas no cubiertas en España. Se ha observado la prestación de asistencia sanitaria a personas aseguradas por la Seguridad Social portuguesa o francesa, que se desplazan a
España para acceder a nuestro sistema de Seguridad Social, aunque estas personas son titulares de la tarjeta sanitaria europea. Dicha situación desnaturaliza el destino de esta tarjeta, que está previsto para un uso coyuntural para personas en
estancia temporal en España. Especialmente destacado es el caso del desplazamiento al Hospital Materno Infantil de Badajoz de mujeres embarazadas procedentes de Portugal para ser atendidas en España, presumiéndose un acto deliberado y no
coyuntural.
Otro aspecto fiscalizado ha sido el de los extranjeros inscritos en la Tesorería General de la Seguridad Social con la consideración de personas sin recursos económicos suficientes, lo que les facilita la asistencia sanitaria gratuita en
España. A estas personas solo se les exigía presentar una declaración jurada de ausencia de ingresos económicos, a diferencia de las personas de nacionalidad española, a las que se les requerirá acreditar esta situación de insuficiencia de recursos
económicos mediante la presentación de su declaración de IRPF o de un certificado de la Agencia Tributaria. En relación con lo anterior existe el riesgo de que tales extranjeros, en situación de personas sin recursos económicos suficientes,
pudieran estar asegurados en sus países de origen. De manera que se les podría reclamar a dichos Estados el importe de la asistencia sanitaria prestada, sin que en el procedimiento para el reconocimiento de esta condición se obligue a que presenten
un documento expedido por el Estado de procedencia que acredite que la persona carece de cobertura sanitaria en su país de origen. Más aún, en este colectivo de extranjeros sin recursos, existían personas que habían obtenido en España una tarjeta
sanitaria europea, lo que les otorgaba el derecho a recibir asistencia en otros países con cargo a la Seguridad Social española.
Por otra parte, se han analizado los convenios bilaterales suscritos con otros países. En el caso de Marruecos, dicho acuerdo era perjudicial para España, desde el punto de vista económico, puesto que contemplaba la facultad de cada país de
facturar la asistencia sanitaria prestada en su territorio a sus ciudadanos nacionales, cuando fueran familiares de trabajadores residentes en el otro Estado. Ello supone
una situación desequilibrada por la existencia de un número mucho mayor de marroquíes trabajando en España, a los que la Seguridad Social española cubría tanto su asistencia sanitaria como la de sus familiares residentes en Marruecos. En
2009 el importe facturado por Marruecos al Estado español por este concepto ascendió a casi 13 millones de euros, mientras que España facturó menos de 1 millón de euros al Estado marroquí. También se ha verificado la existencia de deudas pendientes
de cobro por la prestación de asistencia sanitaria por la Seguridad Social española a personas de otros países con los que se habían suscrito los oportunos convenios, ascendiendo a 6 millones de euros a comienzos del ejercicio 2009 el importe
impagado por parte de dichos Estados, entre ellos Brasil, Chile, Ecuador y Perú. En el caso de la prestación de asistencia a ciudadanos del Reino Unido que disponían de tarjeta sanitaria europea, hasta el ejercicio 2009 España facturaba mediante
estimaciones basadas en el número de turistas recibidos en territorio español, lo que supuso una pérdida anual estimada de 20 millones de euros en los ejercicios 2007 y 2008, por no haber facturado por el importe del coste efectivo o real de las
prestaciones realizadas. A partir de 2009 se subsanó dicha situación al comenzar a facturar al Reino Unido en función de dicho coste real no estimado. Por lo que se refiere a la facturación entre España y Alemania por la prestación de asistencia
sanitaria a ciudadanos residentes en otro país, según el sistema del coste efectivo o real, se verificó que el importe facturado por Alemania fue casi cinco veces superior a la facturación emitida por España relativa a los turistas alemanes que
visitaron el territorio español, lo que pone de manifiesto una eficiente gestión de los centros sanitarios españoles, sin perjuicio de la diferencia de precios existente entre ambos países por las prestaciones de asistencia sanitaria. Por otra
parte, las comunidades autónomas de Madrid y La Rioja ofrecían a sus asegurados residentes fuera de España la posibilidad, durante sus desplazamientos temporales, de acceder gratuitamente a los centros sanitarios de estas comunidades, con
independencia de que estas personas estuvieran aseguradas por la Seguridad Social de sus Estados de residencia. Lo anterior impedía que ambas comunidades pudieran facturar por los servicios de asistencia prestados en su territorio autonómico a los
respectivos países, donde se encontraban asegurados los no residentes que no hubieran utilizado la tarjeta sanitaria europea.
El informe aprobado contiene una enumeración de diversas recomendaciones que se encuentran agrupadas según sus respectivos destinatarios. Se recomienda al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, entre otros aspectos, analizar la
conveniencia de mantener vigentes los convenios bilaterales de Seguridad Social en la parte relativa a la asistencia sanitaria con los distintos países, excepto Andorra, cuyo coste y funcionamiento es similar al de los reglamentos comunitarios.
También se sugiere adoptar medidas legales para evitar el reconocimiento y la situación de personas sin recursos económicos suficientes a ciudadanos asegurados por sus Estados de origen o que sí dispusieran de tales recursos. En el caso del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se recomienda adoptar medidas para subsanar las deficiencias de la base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud, entre ellas la falta de información sobre el Estado
asegurador o la fecha de caducidad de las tarjetas sanitarias individuales y además se sugiere conciliar la información de dicha base de datos con la disponible en los servicios de salud autonómicos. Respecto al Instituto Nacional de Seguridad
Social, el informe contiene varias recomendaciones entre las que destacan la relativa a crear una base de datos única sobre los beneficiarios a cargo de los titulares con derecho a asistencia sanitaria, así como a analizar las facturas recibidas que
incluyan solo o principalmente prestaciones odontológicas para evitar posibles pagos indebidos. Finalmente, se incluyen recomendaciones dirigidas a los servicios la salud de las comunidades autónomas, entre otras se propone verificar que las
personas extranjeras, que dispongan de tarjeta sanitaria emitida por dichos servicios de salud, reúnan los requisitos legalmente exigidos para su disfrute y además comprobar la existencia de titulares de dicha tarjeta sanitaria individual y, al
mismo tiempo, de la tarjeta sanitaria europea u otros documentos equivalentes, dado que una y otra son incompatibles.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gordo.
El señor GORDO PÉREZ: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, bienvenido a esta Comisión. El tema que nos ocupa es de especial trascendencia para las arcas públicas y además es oportuno, por cierto se incluyó a iniciativa propia del
Tribunal de Cuentas. Es un tema que el Tribunal de Cuentas ha incluido, con buen criterio y cuyos objetivos -espero que me los clarifique- un poco confusos, porque la lectura que ha hecho del programa de trabajo se orienta a esclarecer las
liquidaciones y comprobar el nivel de gestión. Sin embargo, cuando nos atenemos al ámbito territorial donde se ha realizado el trabajo de campo, el trabajo parece estar más orientado a hacer una síntesis o un afloramiento de lo que se ha venido en
llamar el turismo sanitario, y le recuerdo que algunos medios de comunicación cifraban
aproximadamente en 700.000 extranjeros, con un importe de 917 millones de euros. También ha hecho referencia a casos concretos, como es el de los partos en el hospital de Badajoz que, si mal no recuerdo, estaban bajo el paraguas de un
convenio hispano-luso, tutelado por el Ministerio de Sanidad en el año 2006, con una facturación anual del orden de 1.700.000 euros. A veces no veo una clara correspondencia entre los objetivos del informe y lo que realmente traduce.
Voy a realizar algunas consideraciones previas. En cuanto a la facturación del valor de las prestaciones sanitarias, a las cuales hace referencia este informe, estamos hablando de 30 países bajo el cobijo de los reglamentos y de los
convenios, en términos cuantitativos son 446 millones facturados y 369 cobrados, un peso relativamente bajo si nos atenemos, no por ello menos importante, al importe global de gastos que pone en juego el Sistema Nacional de Salud. Hay que tener en
cuenta que España es fundamentalmente acreedora en la prestación de servicios sanitarios, gracias al turismo, pero también a las segundas residencias. Otra cuestión que subyace es si los importes auditados, en su conjunto, son significativos de lo
que representa la prestación de servicios asistenciales bajo el paraguas, como decía antes, de los reglamentos y de los convenios. Recuerdo que últimamente el Real Decreto-ley 16/2012, orientado a garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud y que también soportaba una serie de recortes, argumentaba en su exposición de motivos -y hacía una referencia expresa al Tribunal de Cuentas- en cuanto a las exigencias que mantenía el Tribunal de Cuentas sobre la regulación de la
condición de asegurado, la mejora de la eficiencia del servicio, así como la asunción con cargo al Sistema Nacional de Salud de la asistencia de otros países. Unas consideraciones en las que se sustentaba el real decreto-ley y que resultan un tanto
desproporcionadas, tanto por el ámbito objetivo del reglamento y los convenios, como por el ámbito material, ya que suponen del orden de los 369 millones.
Dicho esto, no hay que negar que aquí subyace un enorme problema estructural. Más allá de las anécdotas y de la casuística concreta, a la que usted ha hecho referencia, hay un auténtico problema estructural. En primer lugar, con precios
públicos que no se corresponden con los costes de la prestación de la asistencia sanitaria, no hay una correspondencia clara. También hay un problema en la captación y facturación de los servicios prestados. No es fácil -y además falta recorrido
en los centros sanitarios, especialmente en los centros hospitalarios, pero también en la atención primaria- la captación de esa información que permita después facturar, entre otras razones, porque no constituye el núcleo esencial de su misión, lo
cual dificultad la labor. Hay un problema estructural de equidad administrativa y territorial y también de gestión, tanto del INSS como de los servicios de salud y su relación con el Ministerio de Trabajo, como pone de manifiesto el informe. Del
informe se deduce que es necesaria la armonización de las actuaciones de las distintas comunidades autónomas, pero es una realidad que cada comunidad autónoma factura cuando quiere, como quiere y además a precios muy dispares, sin que exista un
procedimiento reglado, problema que existe desde hace tiempo y que se mantiene en el momento actual. También hay un problema político que tiene manifestaciones más claras, como después comentaré. En definitiva, a nuestro grupo le parece importante
que se requiera una coordinación y cooperación necesaria entre las distintas comunidades autónomas, entre el INSS, pero también entre la Comisión Europea. Este es un trabajo que requiere de un profundo análisis, en el cual el Tribunal de Cuentas
puede jugar un papel importante. Sería necesario un trabajo específico o una moción concreta para analizar las discrepancias entre los precios públicos y los costes reales.
Dicho esto -y traducido el problema estructural que subyace, que es un problema de no fácil solución, que requiere la acción conjunta, coordinada y armonizada-, me voy a centrar en aquellas cuestiones que son más relevantes. En primer
lugar, en el intercambio de información entre el INSS y los servicios de salud. Un intercambio que no es fluido, que a veces es inconsistente y, además, la aplicación que lo soporta, la denominada ASIA, no se utiliza de manera homogénea por todas
las comunidades autónomas. Como bien pone de manifiesto el informe, hay comunidades como Aragón, Navarra, País Vasco o aquellos centros que están bajo el campo de acción del Ingesa, que no utilizan la aplicación ni en atención primaria ni en
atención especializada, lo cual es una fuente de errores. Pero también ocurre lo mismo en atención primaria en aquellas comunidades autónomas donde se ha hecho trabajo de campo. No hay trazabilidad en las facturas, en ningún momento se puede
determinar y concretar el punto exacto en el que se encuentran las facturas. Nos encontramos también ante un problema de modernización, que requiere una aplicación común e integrada que gestione, bajo criterios acordados, la tramitación de la
documentación entre las distintas comunidades autónomas y sus servicios de salud y el INSS y, si me permite, una simplificación, un procedimiento directo de tramitación entre los centros, servicios y establecimientos sanitarios y el INSS, para
evitar intermediaciones y profundizar en los errores.
En lo que respecta a los convenios bilaterales, en estos momentos son siete convenios bilaterales que, como afirma el informe, no han sido abonados nunca por los Estados firmantes. Estamos hablando de una cantidad que, en términos
relativos, no es relevante, unos 5,5 millones de euros, pero habría que plantearse la continuidad de estos convenios y si son convenientes desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista político, es posible que existan cuestiones
de oportunidad política que aconsejen su existencia. Hay que recordar que ahí está Marruecos o importantes países de América Latina.
Me voy a referir ahora al núcleo gordiano del problema, que es la compensación a las comunidades autónomas por la asistencia sanitaria. El informe hace referencia a que solamente hay compensación por el Fondo de cohesión territorial cuando
hay un saldo positivo entre lo facturado y lo cobrado. Hay siete comunidades autónomas que no han percibido ni un solo euro del Fondo de cohesión territorial y aquellas que lo han percibido no han hecho partícipes de esta aportación a los centros,
servicios y establecimientos sanitarios. Es a los centros sanitarios o a los servicios sanitarios a quienes corresponde realizar la captación de datos, la tramitación y la formulación de las facturas, pero, como decía antes, el núcleo esencial de
su misión no es realizar la facturación, por lo que lo ven como un obstáculo y, al mismo tiempo, no están suficientemente compensados, a la vez que tienen unos departamentos de facturación o de cargos, como se denominan en el argot sanitario, poco
dotados y con un nivel tecnológico que deja bastante que desear, dada la complejidad especialmente de los centros hospitalarios.
Entrando en la gestión y en los servicios sanitarios, también destaca el informe la escasa facturación por prestaciones farmacéuticas. Hay que tener en cuenta que la prestación farmacéutica en la atención especializada representa
aproximadamente el 20 % del gasto y en la atención primaria el 45 %. Lo que realmente se está facturando por prestación farmacéutica es muy poco; de hecho solamente lo están haciendo dos comunidades autónomas. Lo mismo sucede en la atención en
urgencias. Esto nos lleva a plantear la búsqueda de una nueva dinámica administrativa, en el marco de un acuerdo con las distintas comunidades autónomas, pero también con el INSS, para poder llevar a término esta facturación.
Concluyo con los precios o servicios aplicados. No hay un criterio homogéneo; hay una normativa sobre precios públicos que dice que se han de adaptar a los costes, pero cada comunidad autónoma está aplicando un precio diferente. Algunos
utilizan los grupos relacionados por el diagnóstico, pero no siempre en su máxima extensión; otras comunidades autónomas, como es el caso de Aragón, utilizan, el CIE, el código internacional de enfermedades; otras utilizan unas unidades analíticas
que en ningún caso se corresponden con el coste real. Ciertamente es un problema que entiendo que ha de abordar el consejo interterritorial, que es de todas las comunidades autónomas, pero en el que el Estado ha de jugar un papel de liderazgo. Por
lo que se refiere a aquellas personas procedentes del extranjero que residen de forma permanente en nuestro país, como es el caso de muchos pensionistas, quiero decir que la inferencia estadística que hace el informe, tomando como consideración los
datos del INE, no significa per se que la valoración sea la correcta. No se puede establecer una correlación entre empadronamiento y gasto sanitario de los pensionistas, sin duda, pero tampoco pueden ser los centros sanitarios los que lleven a cabo
esta comprobación, porque es un tema complicado.
En definitiva, se trata de un problema estructural que supera las anécdotas y que requiere una acción decidida, ordenada y armonizada del Estado y de las distintas comunidades autónomas, puesto que merma las arcas públicas, aunque su
importancia no tiene la magnitud que han expresado muchos medios de comunicación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Parro.
El señor PARRO DEL PRADO: En primer lugar, como no podía ser menos, quiero dar la bienvenida al señor presidente del Tribunal de Cuentas y felicitarle por el magnífico trabajo que hacen, pero no solamente él sino todo el pleno y muy
especialmente cada uno de los funcionarios que interviene en la labor concienzuda de redacción de unos informes que en muchos casos ponen los puntos sobre las íes cuando hay un trabajo que posiblemente no está muy bien hecho, como es el que nos trae
hoy aquí, y haciendo otras veces unas recomendaciones muy necesarias para rectificar bastantes defectos que seguro que todos tenemos.
Quiero hacer reflexionar a todas sus señorías sobre la demostración que este informe del tribunal viene a hacer de la, a mi forma de entender, negligente manera de gestionar el dinero de todos, del poco respeto que se le tiene y de la
pérdida de imagen que ha sufrido España cada día que se ha realizado una no muy buena gestión de carácter sanitario. El informe pone de manifiesto cientos de negligencias, pero voy a relatarles ocho o nueve, porque creo que con ellas se deja en
evidencia una gestión negativa para
los intereses de España, ya que muchos Estados y muchísimos ciudadanos, fundamentalmente extranjeros, encontraron y siguen encontrando la forma de aprovecharse del sistema español, lo que ha permitido la pérdida de ingentes cantidades de
dinero. Creo que el informe del Tribunal de Cuentas es demoledor para todos aquellos que en un momento dado han gestionado las administraciones de las que eran responsables, ya que están obligados a defender los intereses de España.
Voy a comenzar la exposición de esas negligencias que creo que pueden dar una visión generalizada de cómo se ha gestionado esto. En el ejercicio de 2009 el importe facturado por España en concepto de asistencia sanitaria prestada a los
asegurados a cargo de países del ámbito de aplicación del reglamento -sabemos que son veintiséis países de la Unión Europea, así como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza- ascendió a 441.181.000 euros, de los cuales -quiero hacerles notar que
esto es muy importante- España facturó solamente el 21 % aplicando lo que se llama el gasto real y, sin embargo, se acogió al 79 % por lo que se llaman cuotas globales. Cualquiera de los números pone claramente de manifiesto que lo que se cobra por
gasto real en algunos casos puede ser el doble o el triple de las cuotas globales. Por el contrario, cuando estos treinta países facturan a España hacen una aplicación del 85 % por gasto real y solamente un 11,5 % por cuotas globales. Si España se
hubiera acogido a esos porcentajes, la cantidad de dinero que habría que recibir sería muy superior.
Ha señalado el presidente, en el campo de la anécdota, pero la anécdota es la que demuestra cómo se gestiona, que las provincias de Badajoz y Pontevedra fueron las que más facturas emitieron en el ejercicio de 2009 por prestaciones
sanitarias a titulares de tarjetas sanitarias europeas emitidas por Portugal. En Badajoz, el 70,7 % de las facturas emitidas por asistencia sanitaria a asegurados procedentes de Portugal correspondieron al hospital materno-infantil, lo que permite
concluir al Tribunal de Cuentas que en estos casos el desplazamiento a España de mujeres embarazadas procedentes de Portugal podría haber tenido como fin ser atendidas en hospitales españoles en el momento del parto. Por tanto, existe el riesgo de
que, dada la cercanía territorial, España dé prestaciones sanitarias a las personas protegidas por la Seguridad Social de Portugal. También se dan casos parecidos en Francia, ya que se trasladan a nuestro país para acceder a los centros sanitarios
españoles, lo que desnaturaliza el objetivo que persigue la tarjeta sanitaria europea, que es para ser utilizada de forma coyuntural.
En cuanto a las facturas emitidas a través del sistema de costes medios o cuota global, el tribunal ha detectado una diferencia -como ya se ha hecho referencia aquí- de 127.692 personas, entre el número de pensionistas procedentes del
Instituto Nacional de Estadística, que son 231.364, y el número de personas a las que el Instituto Nacional de Seguridad Social emite facturas, que son 103.672. No tienen por qué coincidir, pero que se emitan menos de la mitad me parece una
exageración y, desde luego, una negligencia o una dejación de funciones.
En relación con la facturación recibida por España como deudora por el sistema de coste real, el tribunal ha detectado deficiencias muy singulares que no podemos pasar por alto, aunque alguno interprete que es una pequeña cantidad de dinero.
Creo que hablamos de ingentes cantidades de dinero. Todos ustedes pueden entender que vienen más alemanes a España que españoles van a Alemania y que, por tanto, es lógico que los alemanes necesiten más asistencia sanitaria en España que la que
necesitan los españoles que se marchan a Alemania. Sin embargo, en 2009 Alemania facturó una cantidad 7,16 % superior que la que facturó España. Por cada factura que hacía España había siete de Alemania, lo que significó que la cantidad de dinero
que cobró Alemania de España fue un 477,2 % superior. Al mismo tiempo, España recibió como mínimo 3.148 facturas de Estados miembros por gasto real que solamente incluían prestaciones odontológicas. Me parece que es muy singular que el sistema no
reaccione ante estas cosas. El 99,65 % de estas facturas procedían de Alemania, Francia y Bélgica. En estos Estados, las prestaciones odontológicas están incluidas en las prestaciones sanitarias y, como todos sabemos, en España dichas prestaciones
debe abonarlas el paciente. Se pone de manifiesto que asegurados a cargo de la Seguridad Social se desplazan a otros Estados con el fin de eludir la aplicación de la normativa española y beneficiarse de algo que no tienen en nuestro país. Esto lo
hacen, desde luego, sin el formulario que exige el reglamento comunitario.
Citaré otro caso. En cuanto a la facturación telemática emitida por Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Italia y Portugal con costes efectivos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social aceptó de forma automática, sin
realizar comprobaciones adicionales, facturas emitidas por organismos extranjeros o asegurados de estancia temporal en los siguientes casos. El Instituto Nacional de la Seguridad Social aceptó el pago de facturas que no contenían información básica
esencial -fíjense bien-, como las fechas de inicio de la prestación del servicio, que es obligatorio incluir. A pesar de que se
ha establecido un control por el que deben revisarse todas las facturas que superen 2.000 euros, el tribunal ha verificado que la entidad gestora acepta facturas muy superiores a ese importe, incluso en algún caso hay una factura de 31.174
euros que no se revisó. También se han detectado, como mínimo, 447 facturas, por importe de 652.000 euros, en las que la fecha del fin de la prestación sanitaria era anterior a la del inicio de la misma. El tribunal ha detectado que 93 facturas,
por importe de 30.000 euros, fueron aceptadas a pesar de que no contenían el código de identificación del asegurado. Se aceptaron facturas emitidas por otros Estados sin comprobar con el asegurado que hubiera recibido esa prestación sanitaria, así
como sin verificar el desplazamiento ni comprobar el Estado miembro que la emitió. A 31 de diciembre de 2009, como Estado acreedor en España había facturas pendientes de cobro por importe 138.680.639 euros, debido a que estas no se tramitan de
forma independiente sino que el Instituto Nacional de la Seguridad Social espera que se resuelvan todas las incidencias de la remesa antes de reclamar su pago. Si las facturas rechazadas estuvieran individualizadas se cobraría gran cantidad de ese
importe y no habría que esperar a que se resolvieran todas.
Otra negligencia. El acceso de nacionales de terceros Estados a las prestaciones sanitarias bajo el epígrafe 'personas sin recursos económicos suficientes', supone para España un coste de 451.481.000 euros, a razón de 82,99 euros por mes
por cada una de las 453.349 personas que se han acogido a este epígrafe en España. El tribunal ha detectado que las personas de otros países sin recursos económicos suficientes, que es el epígrafe del que estamos hablando, no tienen ninguna
obligación de presentar ningún documento expedido por un organismo oficial del Estado de procedencia de que esa persona carezca de cobertura sanitaria en dicho país, únicamente tiene que presentar una declaración jurada de ingresos económicos. Sin
embargo, cuando los españoles van a esos países y quieren acogerse a ese epígrafe deben presentar la declaración de la renta y un certificado de la Agencia Tributaria.
El señor PRESIDENTE: Señor Parro, lleva usted ya doce minutos.
El señor PARRO DEL PRADO: Termino en dos minutos, señor presidente.
La discriminación es evidente. Conseguir la gratuidad sanitaria por parte de un inglés, de un alemán, de un francés o de un portugués y evitar pagar en su país no parece muy difícil. Dada nuestra actual situación económica no podemos ser
los benefactores de los demás países, máxime cuando estamos exigiendo a nuestros ciudadanos grandes sacrificios. No se puede entender que seamos absolutamente estrictos y restrictivos respecto a la asistencia sanitaria a nuestros conciudadanos y
nos permitamos el lujo de seguir sufragando indebidamente el coste de la atención primaria.
Mi grupo, como no podía ser de otra forma, se va a sumar a todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, especialmente las que se refieren al establecimiento de sistemas informáticos y a la base de datos común que faciliten el control y
la detección de supuestos fraudes. En este ámbito resulta indispensable la colaboración y cooperación, cómo no, de las instituciones sanitarias nacionales y también de las autonómicas. Quiero señalar con especial énfasis que los trabajos de
fiscalización tienen una relevancia extraordinaria, como ha quedado plasmado en el informe que hoy debatimos. Gracias al esfuerzo de los funcionarios del tribunal se pueden corregir deficiencias tan sangrantes y costosas como las expuestas.
Encomiendo al tribunal -permítame la expresión- que continúe realizando este tipo de actuaciones de fiscalización, proponiendo mejoras y haciendo recomendaciones.
Señor presidente del tribunal, me gustaría preguntarle si usted tiene conocimiento de que se hayan abierto expedientes tendentes a exigir a personas u organismos las responsabilidades que la ley prevé o entiende de que en caso de que no se
haya hecho todavía podrían abrirse en un futuro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Como contestación a las valoraciones formuladas -aunque no soy la persona indicada ni para contradecirlas ni para ponerlas en cuestión-, quiero afirmar que el trabajo
del tribunal en la elaboración de este informe no se puede calificar como de anécdota. Si se observan los objetivos del informe se puede comprobar que se analiza el procedimiento seguido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la
gestión financiera del importe de las prestaciones de asistencia sanitaria derivada de la aplicación de los reglamentos comunitarios. También se examinan las actuaciones realizadas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en
relación con la cuantificación de los costes medios o cuotas globales. Después, entra a analizar la correspondencia entre la facturación emitida por una muestra de servicios de
salud de siete comunidades autónomas y también a verificar los retornos efectuados a las mismas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Es en estos dos últimos puntos en los que se plantea si la muestra es significativa. Este volumen
de operaciones requiere hacer el análisis por muestras y la aplicación de los criterios del tribunal para la revisión correspondiente a estas siete comunidades autónomas y la verificación de los retornos se efectúa por los funcionarios sobre la base
de una serie de procedimientos de selección de muestras, que le garantizo que tiene todos los requisitos para que se puedan redactar las conclusiones que se presentan en este informe.
En segundo lugar, quería dejar claro que, aunque se ha hecho referencia al Real Decreto 16/2012 y a la vinculación de este informe con el mismo, el informe aprobado por el pleno del tribunal no menciona la asistencia sanitaria prestada a las
personas residentes en España en situación irregular, que es buena parte del contenido de ese real decreto. Por tanto, en modo alguno puede vincularse el contenido del mismo, stricto sensu, con el informe del tribunal, aunque es cierto que hay
determinadas cuestiones contenidas en ese real decreto que hacen referencia a lo que sí es materia del Tribunal de Cuentas al verificar estas prestaciones de asistencia sanitaria derivadas de la aplicación de los reglamentos comunitarios.
En cuanto a la pregunta que formulaba el señor Parro, he de decirle que existe diligencia preliminar abierta en la sección de enjuiciamiento, derivada de las cuestiones abordadas en el informe, que en la actualidad se encuentra turnada a uno
de los departamentos de dicha sección, sin que pueda darle mayores precisiones al respecto porque no se han producido decisiones en relación con un eventual archivo de la misma.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gordo.
El señor GORDO PÉREZ: En primer lugar, quiero dejar claro que no he calificado el informe como un informe de anécdotas. He pedido que se clarificasen los objetivos. Se ha hecho referencia a una casuística concreta, pero si no ha quedado
claro lo repito. El mensaje es que la casuística no es más que la manifestación de determinados problemas estructurales que tiene la organización y la interrelación del sistema sanitario, que se traducen en disfunciones en bases de datos y en la
captación de datos e información. Lo que el informe pone de manifiesto puede seguir ocurriendo, entre otras razones, porque hay unas causas que determinan esas eventualidades o esa casuística. Esta es la razón. Tampoco es una cuestión de
victimismo. Creo que las recomendaciones no solamente deben orientarse a dar respuesta a esa casuística sino a los problemas estructurales. Por eso pido que el consejo interterritorial juegue un papel de armonización y coordinación con las
comunidades autónomas.
Se ha hecho una referencia expresa a la cuestión de Extremadura. Insisto en que hay un convenio que da soporte a esos partos en el hospital de Badajoz, que se están facturando periódicamente de manera concreta. Otra cuestión es el
entramado o la arquitectura de ese pacto, pero yo no voy a entrar ahora en su valoración. También creo que el informe -con esto concluyo- saca a la luz problemas estructurales en los que es necesario profundizar. Ese informe no es suficiente para
ahondar en cuestiones como los convenios bilaterales o los costes asociados y su disfunción con los precios. Ahí es donde creo que sería oportuna una moción del Tribunal de Cuentas sobre temas monográficos que puedan arrojar luz sobre un problema
estructural que tiene el conjunto del Estado español, que no es de ahora sino que viene de hace muchos años.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Parro.
El señor PARRO DEL PRADO: Quiero dejar sentado que mi interés no era decir las cosas que haya dicho el portavoz del Grupo Socialista, con las que puedo estar de acuerdo, sino que no nos podemos olvidar de que no son anécdotas ni mucho menos
cuestiones sueltas. Lo que yo he querido decir es que se hacían las cosas sin importar la defensa de los dineros. La realidad es que el resto de los países lo hacían de una forma totalmente distinta: no facturar en papel, hacerlo de forma
telemática, encontrarte con el dinero abonado enseguida, facturarlo de forma independiente, etcétera. Los convenios habrá que revisarlos, por ejemplo, el que tenemos con Portugal, porque me parece que la anécdota deja de serlo. Todos sabemos que
el número de personas que pueden venir de Portugal como parientes para usar la sanidad española es muy distinto del de los españoles que pueden ir a Portugal, en primer lugar, porque hay muchos menos trabajando allí y, segundo lugar, porque no creo
que los españoles vayan a ir a
menudo. Ese convenio está mal hecho y, por tanto, habrá que revisarlo. Me parece muy duro lo que Marruecos factura a España, porque siendo España un país acreedor, al exigírsele unos dineros la situación se vuelve del revés.
Creo que todas estas cuestiones ponen de manifiesto que esto ha estado muy mal gestionado hasta ahora. Espero que a partir de este momento y con las recomendaciones del Tribunal se resuelva el problema. Las otras cosas que usted ha dicho,
me parecen correctas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Me ratifico en que el informe hace referencia a problemas estructurales que se ponen de relieve precisamente porque lo que hemos analizado son los procedimientos.
Después, cuando vemos los casos concretos, se muestran problemas concretos. Pero la parte más importante de este informe es la que hace referencia a la existencia de problemas estructurales que se deben solucionar. Antes se me ha olvidado decir
que la aplicación informática que está manejando el Instituto Nacional de la Seguridad Social y que gestiona las prestaciones de asistencia sanitaria internacional no permite conocer si una factura emitida por España a otros países ha sido
finalmente cobrada o no. Una de las recomendaciones del tribunal es que se aclare la utilización de esta aplicación, porque en el momento de la fiscalización muchas comunidades autónomas no tenían acceso directo a la misma, lo que motivaba
dificultades en la gestión corriente de esta materia.
El señor PRESIDENTE: Con este punto finaliza la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas. Le damos las gracias por su presencia ante esta Comisión.
Vamos a parar dos minutos para que pueda abandonar la sala y después continuamos con el punto cuarto del orden del día (Pausa).
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN GENERADORES DE GASTOS SUSCRITOS A PARTIR DEL AÑO 2005 POR ÓRGANOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE CON ENTIDADES PÚBLICAS Y CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS PRIVADAS. (Número de
expediente del Congreso 251/000008 y número de expediente del Senado 771/000005).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto cuarto del orden del día: Debate y votación de las propuestas de resolución. En primer lugar, la numerada con el 23, informe de fiscalización de los convenios de colaboración generadores de
gastos suscritos a partir del año 2005 por órganos del Ministerio de Medio Ambiente con entidades públicas y con personas físicas o jurídicas privadas. Se han presentando propuestas de resolución por los grupos Socialista y Popular. ¿Alguna
intervención en este punto? (Pausa).
Señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Hemos estado viendo las propuestas de resolución presentadas por los dos grupos y hemos llegado al acuerdo de hacer una redacción común de la resolución número 1 de ambos grupos. Con el resto de las resoluciones
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, estamos de acuerdo, porque son desarrollos de esa normativa que saldría de la primera resolución. Hemos presentado una segunda resolución de desarrollo de la disposición adicional 13 de la Ley
30/1992, con la que el Grupo Popular también está de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: La propuesta conjunta la tienen que presentar por escrito a la Mesa.
¿Alguna intervención por parte del Grupo Popular? Señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Retiraremos la número 4 y la número 5, por estar duplicadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LAS INVESIONES EN INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 'ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS' (ADIF) Y POR LA 'SOCIEDAD ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A.' (SEITTSA) DESDE 1 DE ENERO DE 2005 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000010 y número de expediente del Senado 771/00011).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 24: Propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de la financiación de las inversiones en infraestructuras ferroviarias realizadas por la entidad pública empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A. (Seittsa) desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2008. A este punto han presentado propuestas de
resolución los grupos parlamentarios Socialista, Popular y Catalán. ¿Algún grupo pide la palabra? (Pausa).
Tiene la palabra el señor Macias, por el Grupo Parlamentario Catalán.
El señor MACIAS I ARAU: Anuncio que retiramos el punto 5.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pezzi.
El señor PEZZI CERETO: El Grupo Socialista va a votar favorablemente todas las propuestas presentadas por los tres grupos. Creemos que se adaptan bien a la fiscalización que ha hecho el Tribunal de Cuentas, que en su página 66, hace una
evaluación global positiva de la gestión de las inversiones por parte de ADIF. Las resoluciones están adaptadas a las conclusiones y recomendaciones y por tanto las votaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Solamente quiero contrastar una cuestión con el portavoz del Grupo Socialista, puesto que habíamos llegado a un acuerdo en la propuesta de resolución número 2 de su grupo, para suprimir la frase: como ha ocurrido en
el periodo fiscalizado entre 2005 y 2008. Le quiero preguntar si están de acuerdo.
El señor PEZZI CERETO: Estamos de acuerdo.
El señor SUÁREZ LAMATA: Entonces, habiendo retirado Convergència i Unió la número 5, no tenemos ningún inconveniente en votar todo a favor.
- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000039 y número de expediente del Senado 771/000040).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 25: Propuestas de resolución presentadas al informe anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2006 y 2007. Se han presentado propuestas de resolución por el Grupo Socialista y
por el Grupo Popular. ¿Alguna intervención? (Pausa).
El señor SÁNCHEZ AMOR: Las preocupaciones que expresaban los dos conjuntos de resoluciones son muy similares. Durante la reunión nos hemos puesto de acuerdo en un texto sobre la base de las resoluciones presentadas por el Grupo Popular.
Por tanto, manifestando el acuerdo en los términos que serán comunicados a la Mesa, le paso la palabra a mi colega del Grupo Popular, puesto que es su texto el que va a ser utilizado como base del acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene la palabra.
El señor SUÁREZ LAMATA: El acuerdo al que hemos llegado sobre la base de lo propuesto por el Grupo Popular -quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista- es el siguiente. En el primer punto, la primera
propuesta de resolución, en lugar de decir 'acelerar los trabajos' diría 'seguir impulsando los trabajos'. Es una cuestión terminológica. El acuerdo al que hemos llegado en la número 12 del Grupo Popular es suprimir del texto de la propuesta:
como la Sociedad Pabellón Exposición Universal 92.
Votaremos todo a favor, excepto la número 3 del Grupo Socialista.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y PRÉSTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS Y FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, CONCEDIDAS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO EN EJECUCIÓN DEL 'PLAN AVANZA' CONVOCATORIAS 2006 Y
2007. (Número de expediente del Congreso 251/000057 y número de expediente del Senado 771/000053).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 26: Informe de fiscalización de las subvenciones y préstamos a empresas privadas y familias e instituciones sin fines de lucro, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en
ejecución del Plan Avanza, convocatorias 2006 y 2007. Han presentado propuestas de resolución los grupos Socialista y Popular.
Señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Hemos llegado a una transaccional con el Grupo Popular en la única propuesta de resolución que hemos presentado. Se la haremos llegar a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Señor Araújo.
El señor ARAÚJO GIL: Confirmo ese extremo, señor presidente, dada la retirada de la propuesta del Grupo Socialista y la aceptación de una corrección que le pasaremos por escrito firmada por ambos portavoces.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000071 y número de expediente del Senado 771/000071).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto: Propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza, ejercicios 2006 y 2007. Por el Grupo Parlamentario Socialista, ¿alguna intervención?
La señora ALEGRÍA CONTINENTE: He hablado con el portavoz del Grupo Popular, con el señor Suárez, y no hemos presentado ninguna transaccional, pero, si no lo he entendido mal, vamos a votar a favor del texto del Grupo Socialista y del texto
del Grupo Popular con todos sus apartados, a excepción de un punto de nuestra propuesta, que no será apoyado por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Ratifico lo que ha dicho la portavoz, señor presidente. Votaremos todo a favor menos la última propuesta de resolución del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿La número 7? (Asentimiento).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, DE SUS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES POR ELLA PARTICIPADAS, EJERCICIOS 2002 A 2004. (Número de expediente del Congreso 251/000014 y número de expediente del Senado 771/000016).
- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIO 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000015 y número de expediente del Senado 771/000015).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto: Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus organismos y de las sociedades por ella participadas en los ejercicios 2002 a 2004. Podemos unificar los puntos, si no tienen
inconveniente, y vemos también el informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta en el ejercicio 2005.
Señor Zarrías.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: No he tenido la suerte de mis compañeros, en el sentido de que todo ha sido amor y compaña, pero vamos a votar favorablemente las propuestas del Grupo Popular. Me hubiera gustado que el portavoz del Grupo Popular
hubiera hecho lo mismo respecto a las presentadas por el Grupo Socialista, pero parece ser que no es así. No obstante, retiro la palabra aprobación del punto 1, en el apartado 1, de las cuestiones que se instan a la Ciudad Autónoma de Ceuta, y
mantengo en sus términos el resto de las propuestas, un total de doce: seis que se refieren a la comunidad autónoma y seis se que refieren al Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Señor Márquez.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Efectivamente, no hemos tenido la suerte de llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista en las propuestas que ha planteado. En cualquier caso, vamos a votar a favor con
esa modificación de la primera propuesta de los informes de 2002, 2004 y 2005. También vamos a votar a favor de la 5. El resto, las votaremos en contra y mantendremos las propuestas que ha presentado mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, en un minuto procedemos a la votación. (Pausa).
En el primer punto, el informe sobre los convenios del Ministerio de Medio Ambiente, vamos a votar primero el punto 2, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto de las propuestas del Grupo Popular, con la transacción que ha presentado a la Mesa la señora Vázquez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Señor presidente, he retirado la número 4 y la número 5.
El señor PRESIDENTE: Votamos las propuestas del Grupo Popular con la transaccional que se ha presentado en la Mesa.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos las propuestas presentadas al segundo informe, sobre ADIF y Seittsa. Votamos las propuestas del Grupo Socialista, con la retirada de la frase que han propuesto; las del Grupo Popular completas y las del Grupo Parlamentario Catalán,
excepto la numerada por ellos con el número 5 y con el número 11 por la Comisión.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas de resolución presentadas al informe anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2006 y 2007. Vamos a votar, con la corrección al punto 1, que hacía el señor Suárez, con la retirada del punto 12 -la 7 del Grupo
Popular- de la frase: como la sociedad Pabellón Exposición Universal del 92.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de las subvenciones y préstamos a empresas privadas y familias e instituciones sin fines de lucro, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en ejecución
del Plan Avanza, convocatorias 2006 y 2007. Se vota todo tal como está.
El señor SUÁREZ LAMATA: Tal como está no. Se retira la del Grupo Socialista y se votan las del Grupo Popular con la corrección que tienen.
El señor PRESIDENTE: Se votan las propuestas de resolución del Grupo Popular con la modificación que se ha presentado en la Mesa.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza, ejercicios 2006 y 2007. Si no me equivoco, se votan tal como están planteadas.
El señor SUÁREZ LAMATA: Hay consenso en todas menos en la número 7 del Grupo Socialista, que entiendo que mantienen y por tanto se vota separadamente.
El señor PRESIDENTE: Votamos primero la número 7 del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se votan las seis propuestas restantes del Grupo Socialista y las del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Vamos a votar las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus organismos y de las sociedades por ella participadas en los ejercicios 2002 a 2004.
Votamos primero las del Grupo Socialista.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: La 1 y la 5.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Podríamos agrupar las 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y las 1 y 5.
El señor PRESIDENTE: Votamos primero las propuestas 1 y 5 del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos ahora las propuestas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las del Grupo Popular numeradas del 13 al 18.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Se votan las propuestas de resolución presentadas al informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2005.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: De la misma forma.
El señor PRESIDENTE: Votamos primero las números 1 y 5.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos las propuestas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y veinte minutos de la noche.