CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 128

PARA LA UNIÓN EUROPEA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GERARDO CAMPS DEVESA

Sesión núm. 51

celebrada el martes,

18 de noviembre de 2014

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor miembro del Tribunal de Cuentas Europeo (Tomé Muguruza), con el objeto de que pueda presentar el informe anual de la citada institución europea relativo al ejercicio 2013. Por acuerdo de la Comisión Mixta para la
Unión Europea. (Número de expediente del Congreso 219/000692 y número de expediente del Senado 713/000974) ... (Página2)


Debate sobre control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea:


- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica Reglamento (CE) número 726/2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y
veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2014) 557 final] [2014/0256 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000336 y número de expediente del Senado 574/000269) ... href='#(Página10)'>(Página10)


- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los medicamentos veterinarios (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2014) 558 final) [2014/0257 (COD)] [SWD (2014) 273 final] [SWD (2014) 274 final] [COM (2014) 558
final/2 Anexos]. (Número de expediente del Congreso 282/000337 y número de expediente del Senado 574/000270) ... (Página10)


- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una agencia de la Unión Europea para la formación en funciones coercitivas (Cepol) y por el que se deroga y sustituye la Decisión 2005/681/JAI del Consejo [COM
(2014) 465 final/2] [2014/0217 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000335 y número de expediente del Senado 574/000268) ... (Página12)

Página 2

Se abre la sesión a las doce y cinco del mediodía.


- COMPARECENCIA DEL SEÑOR MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (TOMÉ MUGURUZA), CON EL OBJETO DE QUE PUEDA PRESENTAR EL INFORME ANUAL DE LA CITADA INSTITUCIÓN EUROPEA RELATIVO AL EJERCICIO 2013. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA
UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente del Congreso 219/000692 y número de expediente del Senado 713/000974).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que, como saben ustedes, tiene como primer punto del orden del día la celebración de la comparecencia que cada año es habitual de
don Baudilio Tomé Muguruza, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, con objeto de que pueda presentar el informe anual de la citada institución europea relativo al ejercicio 2013. Tiene la palabra el señor Tomé.


El señor MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (Tomé Muguruza): Señorías, es para mí un honor comparecer nuevamente ante esta Comisión Mixta para la Unión Europea y poder presentarles el resultado del informe anual del Tribunal de Cuentas
Europeo correspondiente a la ejecución presupuestaria de la Unión Europea relativa al ejercicio 2013. Como no puede ser de otro modo, agradezco la deferencia mostrada por esta Comisión al invitarme otro año más a comparecer, ya que el Tribunal de
Cuentas Europeo, como auditor externo independiente del presupuesto de la Unión, presenta anualmente el resultado de su trabajo al Parlamento Europeo y al Consejo para que les sirva de orientación y apoyo a la hora de aprobar la gestión de la
Comisión y de los demás órganos de la Unión. Mi comparecencia de hoy ante ustedes creo que es un elocuente testimonio de la estrecha y cada vez más necesaria colaboración entre las instituciones europeas y las autoridades de los Estados miembros.
Es también una excelente forma de perfeccionar lo establecido en el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea cuando señala que el Tribunal de Cuentas transmitirá a título informativo su informe anual a los parlamentos nacionales al mismo tiempo
que al Parlamento Europeo y al Consejo.


Quiero hablarles durante mi intervención del informe anual de 2013, así como de una cuestión de máxima relevancia en estos momentos: los posibles desafíos, lagunas o redundancias que pueden darse en la rendición de cuentas y en la
fiscalización de los fondos públicos y de las políticas de la Unión Europea. En primer lugar, empezando por el informe de 2013, les diré que el tribunal considera que las cuentas consolidadas de la Unión Europea reflejan de manera fiel su situación
financiera, así como los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería. El tribunal considera también que los ingresos y los compromisos de gasto subyacentes a las cuentas del ejercicio 2013 han sido legales y regulares. Sin embargo, el
tribunal ha emitido nuevamente una opinión desfavorable respecto de los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio, cuyo gasto ascendió a 148.500 millones de euros. Del trabajo de auditoría realizado se ha calculado un porcentaje de error en los
pagos del ejercicio 2013 del 4,7%. Esta cifra es similar a la calculada para el ejercicio anterior, en que fue del 4,8%; sigue siendo, por tanto, una tasa de error muy superior al 2%, que es la que el tribunal considera metodológicamente como la
máxima aceptable. En 2013 solo las áreas de ingresos y de gastos administrativos están libres de errores materiales; los restantes seis grupos de políticas auditadas tienen tasas de error superiores al 2%. En concreto, las áreas más seriamente
afectadas son las de política regional, energía y transporte, con una tasa del 6,9%, y la de desarrollo rural, medio ambiente, pesca y sanidad, con un 6,7%. Las tasas de error de los otros cuatro capítulos por orden decreciente son las siguientes:
en investigación y otras políticas internas, un 4,6%; en agricultura, un 3,6%; en empleo y asuntos sociales se alcanza el 3,1% y, por último, en relaciones exteriores, ayuda y ampliación, un 2,6%. Si agrupamos los ámbitos de gasto efectuados por
el procedimiento de gestión compartida, es decir, por delegación de la Comisión en las autoridades de los Estados miembros, que suponen el 80% del presupuesto de la Unión, obtenemos una tasa de error global del 5,2% para la gestión compartida. Por
su parte, los gastos operativos restantes que se ejecutan mediante gestión directa por la Comisión tienen una tasa de error del 3,7%.


Permítanme ahora, señorías, antes de continuar con mi exposición, que les precise que los errores detectados por el tribunal representan casos en los que los fondos europeos no se utilizaron conforme a la normativa aplicable, sea la de la
Unión Europea o la nacional; son gastos, por tanto, que no se deberían haber pagado con cargo al presupuesto de la Unión Europea. No se trata per se ni de fraude ni de ineficacia en el empleo de los fondos públicos, sino de errores de gestión que
podrían haberse evitado con mejores sistemas de control interno y de coordinación y cooperación entre los distintos niveles de

Página 3

responsabilidad. El tribunal no es competente para investigar el fraude. Cuando los auditores del tribunal encuentran en el desempeño de su trabajo algún caso que pueda ser constitutivo de fraude, el tribunal lo notifica a la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude de la Comisión, la OLAF, para que sea esta la que lleve a cabo la investigación. En 2013 se han remitido catorce casos a la OLAF. El tribunal tiene que poner nuevamente de manifiesto que en gran parte de las
operaciones auditadas en las que se encontraron errores, las autoridades de los Estados miembros disponían de información suficiente para haber podido detectarlos y corregirlos. Se podría haber reducido, por ejemplo, el porcentaje de error en
política regional, energía y transporte del 6,9% al 3,9%; en desarrollo rural, del 6,7% al 2%, y en empleo y asuntos sociales, del 3,1% al 1,9%. De hecho, la tasa de error global encontrada en las políticas de gestión compartida habría pasado del
5,2% al 2,7%. Se pone de manifiesto, por tanto, que sigue habiendo debilidades en los sistemas de control de los Estados miembros. El tribunal sigue encontrando errores similares a los descubiertos en años anteriores, fundamentalmente proyectos,
beneficiarios o costes inelegibles, incumplimientos de la normativa de contratación pública y declaraciones incorrectas de los beneficiarios de fondos agrícolas.


El tribunal considera necesario seguir insistiendo en que la Comisión Europea y los Estados miembros deben coordinarse mejor y fortalecer sus sistemas de control, haciéndolos más eficaces. Todos los Estados miembros tienen margen para
reducir el número de errores que se detecten en el gasto realizado con cargo al presupuesto de la Unión en su país, así como para mejorar la calidad de la información que ofrecen. Mientras esto no suceda, la protección de los intereses financieros
de la Unión no quedará plenamente garantizada. Por ello, el tribunal sigue insistiendo también en la complejidad de los programas de gasto y en la complejidad de la normativa vigente. Debe tenerse muy presente que muchos de los errores detectados
son incumplimientos de la normativa aprobada por los propios Estados miembros, más compleja y prolija en ocasiones que la propia normativa de la Unión. El tribunal pone de manifiesto la importancia de una correcta medición del impacto y evaluación
de los resultados de las políticas de la Unión. Los gestores deben gastar los recursos disponibles, bajo presión muchas veces por temor a perderlos si no logran ejecutarlos a tiempo, pero pudiendo garantizar que lo hacen de conformidad con las
normas y alcanzando sus objetivos de manera eficiente.


Finalmente, por lo que al informe anual de 2013 se refiere, una preocupación que tiene el tribunal, señorías, es la creciente presión que se da sobre el presupuesto de pagos de la Unión, que ha visto crecer durante 2013 los compromisos de
gasto a los que tendrá que hacer frente en el futuro. La Comisión debería preparar a este respecto un plan de gestión de tesorería a largo plazo que le permita anticipar con más margen de tiempo sus necesidades de caja. Este año, además, como
complemento al informe anual, se ha presentado un documento denominado Agricultura y cohesión. Panorama del gasto de la Unión Europea en 2007-2013, en el que se da una visión de conjunto de los gastos de la Unión en este periodo en los ámbitos de
agricultura y de cohesión. El documento se centra en la gestión y el control realizados y sintetiza los resultados de las auditorías del tribunal con intención de ofrecer una visión de conjunto. En el caso de España, se pone de manifiesto que en
el 51% de las transacciones auditadas en el periodo 2009-2013 se encontraron errores, teniendo la mitad de ellos impacto financiero. Como conclusión de conjunto, el documento muestra que los problemas en relación con la tipología de los errores
encontrados, con el margen de mejora de los sistemas de control o con la necesidad de simplificar la gestión de los programas, son asuntos que se han detectado y mantenido en todos los Estados miembros a lo largo de todo el periodo de programación y
que siguen suponiendo un riesgo y un desafío para los años venideros.


Me referiré ahora, señorías, al contenido de una reciente publicación del tribunal titulada Análisis panorámico de los dispositivos de rendición de cuentas y fiscalización de la Unión Europa: Lagunas, redundancias y desafíos. En las
próximas semanas se publicará el segundo análisis panorámico del tribunal, centrado en los riesgos para la gestión financiera del presupuesto de la Unión. Los análisis panorámicos son informes monográficos sobre asuntos relevantes que pretenden
llamar la atención de los responsables políticos europeos y nacionales. En el primer análisis panorámico al que me estoy refiriendo, el tribunal resalta la importancia y la necesidad de una rendición de cuentas y fiscalización más coherente y
completa que conduzca a una mayor transparencia y a una mejor gobernanza pública. En la Unión Europea, el marco general de rendición de cuentas se lleva a cabo a través del control democrático que ejercen el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la
base, entre otras, de la fiscalización del Tribunal de Cuentas Europeo. En el caso del gasto ejecutado por el procedimiento de gestión compartida, este marco de rendición de cuentas se completa con los distintos niveles de control y gestión
establecidos por los Estados miembros. Por ello, señorías, en ocasiones resulta difícil saber a quién corresponde asumir

Página 4

responsabilidades en cada nivel de toma de decisiones, gestión y supervisión, pudiendo darse lagunas y solapamientos. Otro problema que se plantea es determinar sobre qué se debe rendir cuentas: sobre los recursos utilizados, sobre el
cumplimiento de la norma, sobre los resultados alcanzados con la utilización de dichos recursos, sobre las tres cosas... No siempre está claro, sin embargo, todos estos aspectos son esenciales. Hay, por otra parte, algunos ámbitos en los que
existe margen para mejorar y fortalecer la rendición de cuentas. Los solapamientos y los procesos paralelos de control y rendición de cuentas deben evitarse. Para ello, la Unión y los Estados miembros tendrían que reforzar su cooperación y
coordinación, teniendo en cuenta las competencias de los distintos Parlamentos y entidades de fiscalización.


El tribunal llama también la atención sobre el hecho de que las autoridades europeas dependan de los controles y verificaciones que se practican a escala nacional en los Estados miembros, así como de la exactitud de la información que se
elabora por parte de las administraciones nacionales. Puede verse claramente en ámbitos como el de los ingresos o el del gasto ejecutado con la modalidad de gestión compartida. El tribunal ya propuso en 2004 la creación de un modelo integrado de
control interno, y aunque la Comisión ha dado pasos en este sentido, el resultado obtenido es todavía desigual. Para la ejecución presupuestaria llevada a cabo en asociación con terceros -sean países, organizaciones internacionales o sector
privado-, dada la diversidad de modalidades de control que se pueden dar, sería necesario un sistema de auditoría único que impidiese que se produjeran redundancias o lagunas. Se garantizaría así la homogeneidad metodológica y un nivel suficiente
de transparencia y de rendición de cuentas.


Un desafío importante sobre el que el tribunal está también insistiendo es en mejorar la medición del impacto y de los resultados de las políticas de la Unión. El tribunal lleva años llamando la atención sobre programas financiados con
fondos europeos que carecen de objetivos claros y medibles y reclamando que, para el periodo de programación 2014-2020, se preste más atención a la medición del impacto y de los resultados del gasto presupuestario. La Comisión y los Estados
miembros están obligados a establecer indicadores de resultados coherentes y procedimientos que suministren información exacta y de calidad, así como a realizar informes precisos de evaluación de los resultados. En estos aspectos queda todavía
mucho por alcanzar y mejorar.


Por último, en este análisis panorámico, el tribunal pone especial énfasis en el hecho de que la crisis económica y financiera ha sacado a la luz problemas de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas que no se habían previsto. La
rendición de cuentas en la nueva arquitectura de regulación y supervisión financiera creada en respuesta a la crisis no está totalmente clara y plantea desafíos. Además, el uso extendido de instrumentos intergubernamentales ajenos al marco jurídico
institucional existente en la Unión podría dar lugar a problemas de gobernanza y rendición de cuentas adicionales. El tribunal y las entidades fiscalizadoras superiores han subrayado la importancia de aplicar los principios de transparencia y
rendición de cuentas de modo coherente y consistente a todos los fondos públicos utilizados en respuesta a la crisis. Las entidades fiscalizadoras superiores tienen mucho que decir y aportar.


En síntesis -y con esto concluyo-, señorías, nos encontramos en un momento crucial en cuanto al futuro y a la legitimación de la Unión Europea ante los ciudadanos. La transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas son elementos
clave. Rendir cuentas es responder ante los ciudadanos por la gestión realizada, es decir, poder dar garantías de que se han administrado los recursos de manera adecuada; no hacerlo acarrea un desgaste de la confianza de los ciudadanos en los
gestores y, a la postre, el socavo de las instituciones y del sistema democrático. Debe darse una mayor coordinación y cooperación entre las instituciones europeas y los Parlamentos y entidades de fiscalización de los Estados miembros de forma que
los ciudadanos tengan una visión más completa y exhaustiva de cómo se emplean los recursos para alcanzar los objetivos de la Unión Europea, así como de si dichos resultados se alcanzan. En el ámbito europeo, la rendición de cuentas y la
fiscalización públicas pueden mejorarse, dotándolas de mayor coherencia y robustez.


Muchas gracias, señorías, señor presidente. Quedo a su disposición para responder a cualquier pregunta o cuestión que pueda ser de su interés.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo de diez minutos. En primer lugar, tiene la palabra, por la Entesa pel Progrés de Catalunya, el señor Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor Tomé, por su comparecencia y por facilitarnos la información respecto a la auditoría y al control del gasto dentro de las instituciones de la Unión Europea. Quería simplemente preguntarle por el
aspecto central en que usted ha puesto énfasis: el mantenimiento

Página 5

de ese margen de error. Ese margen de error del 4,2%, incluso un poco más alto según se considere y en función de qué elementos se incluyan en el análisis, en la medida en que, como dice el informe y ha dicho usted en su exposición,
prácticamente es un porcentaje muy similar, con variación de una décima al parecer, respecto al del ejercicio de 2012, con lo cual da la impresión de que los mecanismos de control de la propia Unión posiblemente no acaban de funcionar. Según su
exposición, estos errores se deben, básicamente, a deficiencias en los instrumentos de control por parte de los Estados miembros de la Unión. Me gustaría saber hasta qué punto ha habido nuevas recomendaciones por parte de las instituciones de la
Unión, por parte de la Comisión Europea, y hasta qué punto hay una desatención por parte de los Estados miembros. Evidentemente, estamos por encima del porcentaje que usted mismo decía y que dice el tribunal que sería aceptable del 2%, y por tanto
estamos ante una situación que -usted mismo hacía énfasis en ello- debería de tender a corregirse y llegar a unos niveles y a un porcentaje mucho más razonable. En la medida en que no veamos una tendencia a la mejora, algo está fallando en estos
mecanismos. Usted ha hecho alusión a ello, pero me gustaría, si pudiera, que concretase un poco más, desde la perspectiva de las instituciones de la Unión, si se han dado nuevas recomendaciones, si se han extremado nuevos controles y por qué
entiende usted que, pese a ello, seguimos en unos niveles de error excesivamente altos y significativos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor Tomé, por su comparecencia y por su exposición, pero debo empezar señalando que mi agradecimiento hubiera sido mucho mayor si cabe si hubiéramos tenido algo más de tiempo para poder analizar en detalle
los dos informes, el general y el específico, respecto de la auditoría del año 2013.


Usted se ha referido a las conclusiones, como no podía ser de otra forma, de imagen fiel -por supuesto-, de legalidad, del conjunto de la operativa presupuestaria de la Unión. Sí; pero me gustaría destacar que hasta donde hemos podido
llegar el informe insiste -usted se ha referido a ello- no solamente en el hecho en sí de la existencia de errores a los que ya se ha referido el anterior interviniente, sino que el informe insiste también en un programa vinculado a los resultados,
es decir, hasta qué punto las políticas de gasto no solamente son políticas que se ejecutan con arreglo a criterios de legalidad, que naturalmente es muy importante, sino si además son políticas que terminan obteniendo los resultados adecuados
perseguidos. En su anterior comparecencia, el Grupo Parlamentario Socialista insistió en algo que figuraba ya como parte del informe y en una de sus conclusiones esenciales, que es la existencia o no de evaluaciones útiles respecto de la ejecución
del presupuesto y de las políticas de gasto. Me gustaría aprovechar para preguntarle si ha habido o si creen ustedes que ha habido algún avance en materia de evaluación. Este es un tema esencial. No hace mucho discutíamos en el Parlamento
español, en la Comisión correspondiente, el hecho en sí de que quizá una de las grandes carencias en este ámbito es precisamente la insuficiencia de la política de evaluación. Hay una política de gasto, sí; pero hay una política tan trascendente o
más que la propia política de gasto y es cómo evaluamos los resultados en términos de eficiencia y en términos cualitativos respecto al objetivo perseguido. Esta sería una primera pregunta sobre la que le rogaría alguna ampliación.


En tercer lugar, es verdad, y esto supone algo significativo -usted lo ha señalado de forma pormenorizada-, la existencia de un porcentaje de errores -esta es la palabra que utiliza en su terminología el propia tribunal- en el gasto por un
importe conjunto de alrededor de 7.000 millones. Visto así es una cantidad astronómica; visto en perspectiva comparada respecto del conjunto, estamos hablando de una cifra que no llega al 5%. Es cierta también -usted también se ha referido a
ello- la existencia de presión en el conjunto de los Estados miembros para que se ejecute el presupuesto. Todo aquello que no se ejecuta puede correr el riesgo de ser perdido en el futuro y esto introduce también dificultades y obvias
interferencias en la propia política de gasto.


El señor Caldeira, en su comparecencia en la presentación del informe, ya indicaba -usted también lo ha señalado- que no estábamos hablando de fraude. Por supuesto, no estamos hablando de fraude, pero el hecho de que prácticamente el 5% del
presupuesto europeo tenga este tipo de características, es decir, gastos no subvencionables, gastos que no deberían haber sido objeto de calificación como gastos financiables con cargo al presupuesto, no deja de ser una cuantía importante; una
cuantía en lo esencial sustancialmente similar a la del año anterior, en torno al 4,7 o al 4,8. Ahí se movían también las cifras del ejercicio 2012. Más significativo aún; los dos capítulos en donde ese porcentaje alcanza niveles mayores son
capítulos clave, como la política regional o el desarrollo rural; clave también para España, por supuesto.

Página 6

En ese ámbito, la pregunta que surge es obvia: ¿Qué recomendaciones formula el tribunal a ese respecto? ¿Cómo es posible que en el futuro presentemos niveles de desviación -tasas de errores en la terminología del tribunal- inferiores a las
que hoy se presentan? Me gustaría que hiciera usted algo más de hincapié en este capítulo de recomendaciones de cara a reducir esa tasa. Insisto, tasa pequeña en términos porcentuales, pero significativa cuando evaluamos la cuantía, el conjunto
del gasto no subvencionable o de los errores producidos en la ejecución de la política de gastos. (La señora vicepresidenta, Álvarez de Toledo Peralta Ramos, ocupa la Presidencia.)


Usted se ha referido a algo importante sobre lo que me gustaría que ampliara su intervención respecto de lo que ya nos ha indicado. Creo que el término que ha empleado es resultados desiguales en el desarrollo de esto que usted ha
denominado -una decisión que además viene de tiempo atrás- como un modelo integrado de control interno. Le pediría una ampliación complementaria. ¿Por qué? Porque ha transcurrido un tiempo más que suficiente desde que se puso en marcha este
modelo, desde que se insistió en sus recomendaciones, y usted ha vuelto a decir y a subrayar hoy aquí que los resultados alcanzados en el desarrollo de este modelo no han sido seguramente los mejores. Me gustaría un comentario adicional por su
parte.


Muchas gracias por permitirnos esta intervención para comentar y subrayar lo que usted bien nos ha expuesto en su presentación del informe.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Eloy Suárez.


El señor SUÁREZ LAMATA: Señor Tomé, muchas gracias por su comparecencia y por sus explicaciones. Sabe usted que para mí, como compañeros que fuimos, es un honor estar hoy aquí compartiendo esta comparecencia. Leía las intervenciones que
ha habido en esta Comisión de sus distintas comparecencias y me van a permitir sus señorías un reconocimiento puesto que hallé una intervención en la que criticaban su nombramiento; la reflexión poco menos venía a ser que un diputado podía ser
parcial en el desempeño de sus funciones. Lo cierto es que el paso del tiempo pone de manifiesto dos cosas; primero, que el Grupo Parlamentario Popular perdió un gran diputado y, segundo, que Europa ganó un magnífico profesional en estos momentos
en el Tribunal de Cuentas Europeo. En nombre del grupo que represento, nuestro más sincero reconocimiento, puesto que en los tiempos que corren qué duda cabe que hace falta gente cualificada, gente preparada y sobre todo que sepa desempeñar su
trabajo allí donde se le requiera.


Le oía con envidia sana -entiéndalo usted- respecto de la primera reflexión que quiero hacer, que es la siguiente: la liquidación se rinde el 31 de diciembre del año 2013 y once meses después usted está aquí dando cuentas y explicaciones de
la cuenta general. Si lo contraponemos a nuestro país, España, hay que decir que todavía no hemos visto la cuenta general del año 2012. Desde ese punto de vista, como decía anteriormente, siento envidia sana por la estructura del informe y por la
mecánica operativa.


Yendo a la cuestión más directamente y de forma breve, tengo que decir que coincidimos en muchas de las cuestiones con el señor Gómez, lo que pone de manifiesto que son palpable los defectos o los problemas que hay en estos momentos. A mí
me gustaría que usted contestara, si es posible, a las siguientes cuestiones. Desde su punto de vista, se ha mejorado la gestión financiera de la Unión Europea, porque es verdad que ese porcentaje de error subyacente del 4,7 o del 4,2, al final, da
igual, pero deseamos saber qué significa y si se puede hablar de despilfarro. El señor Gómez decía -y yo coincido- que porcentualmente no es mucho, pero 7.000 millones es más de un billón de las antiguas pesetas; es una cantidad lo suficientemente
importante como para intentar al menos explicarla. Tengo una curiosidad, y es si se puede solicitar la devolución de esos pagos, si es posible la recuperación del dinero, en qué medida actúan las instituciones europeas y qué cantidad de esos
recursos se recupera.


Ha hecho usted mención, y también el señor Gómez, pero no por ello voy a dejar de hacerlo yo porque es importante, al alto nivel de ejecución porque ciertamente es envidiable; la ejecución del año 2013 creo que alcanza, si no me falla la
memoria, un 99%, pero lo que está en cuestión en estos momentos es cómo -el modo, la forma- se utilizan esos recursos económicos. Yo creo, y usted lo avanzaba, que ese es el horizonte sobre el que hay que moverse y fundamentalmente el que hay que
despejar y hay que mejorar sustancialmente. Le pregunto qué medidas cree usted que hace falta adoptar por parte de la Unión Europea, por parte de los Estados miembros. Hacía usted mención a la complejidad a veces excesiva de las legislaciones de
los Estados miembros sobre la legislación de la Unión Europea, pero es evidente que algo pasa ahí.

Página 7

Ha pasado usted por encima de algo que creo que es preocupante, que es el volumen de compromisos financieros pendientes, porque la cifra no es menor; 332.000 millones es una cifra como para tener en cuenta porque, desde mi modesto punto de
vista, eso puede complicar en el futuro las cosas. Hablaba usted de un plan de gestión de tesorería y a mí me gustaría que se extendiera un poco más en esta cuestión.


Se ha puesto de relieve algo que creo que es importante, que es que el orden de cómo se adoptan las decisiones en la Unión Europea es, primero, gastar los recursos porque si no se pierden -lo explicaba usted muy bien-; segundo, cumplimiento
de las normas y, tercero, cumplimiento de los objetivos. Es obvio que en los tiempos en los que estamos esto no puede ser así. Yo le pregunto ¿cómo cambiar esto? ¿Debería haber incentivos para mejorar los rendimientos? Porque en el propio
informe se llega a hablar de algún concepto de reserva de rendimiento. En definitiva, algo habrá que hacer desde las instituciones europeas para cambiar esa dinámica, porque, si no, luego nos encontramos con ese porcentaje del 4,7%. Una valoración
de qué supone el año 2013 en ese cumplimiento de los objetivos de Europa 2020.


A mí también me ha sorprendido la deficiencia en los indicadores. A veces nos parece que está todo mucho mejor construido y sorprendentemente en el informe se llegan a deducir cosas tan extrañas como que no es posible saber si las
decisiones que toma la Dirección General de Salud mejoran o no la sanidad, la vida de los ciudadanos europeos. Si las reglas, esas famosas reglas Smart, hablan de que los objetivos tienen que ser medibles, no deja de sorprender -a mí por lo menos
me sorprende- que al final no se sepa ni siquiera eso. Ese es uno de los escenarios en los que la Unión Europea tendría que avanzar.


Usted hablaba del momento crucial, que es rendir cuentas. Siempre, y en estos momentos quizá más que nunca la transparencia es imprescindible, pero también me gustaría que nos explicara -usted hablaba de una información más coherente y
completa que habría que mejorar- en qué líneas se piensa avanzar en los próximos años. Le agradezco por anticipado las respuestas y le reitero mi agradecimiento por su exposición.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Tiene la palabra de nuevo el señor Tomé para dar respuesta a las cuestiones planteadas por los miembros de la Comisión.


El señor MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (Tomé Muguruza): Permítanme sus señorías que dé una respuesta conjunta a algunos de los temas que han planteado, que son muchos. En primer lugar, la tasa de error, qué quiere decir la tasa
de error. ¿La tasa de error es alta, es baja...? Desde el punto de vista del tribunal, la tasa de error sigue por encima del nivel de materialidad, lo que hace que en lo que se refiere al cumplimiento de los pagos del tribunal, de los requisitos
de legalidad y regularidad, el tribunal haya dado una vez más una opinión desfavorable. La tasa de error es relevante y creo que a todos nos tiene que preocupar. ¿Esto quiere decir que no han mejorado las cosas en los últimos años en la gestión
presupuestaria de la Unión? En mi opinión tampoco se puede concluir eso exactamente; hay muchos aspectos en los que se ha mejorado. Hasta hace siete años, el tribunal no estaba en condiciones de dar una opinión limpia, favorable, sobre las
propias cuentas de la Unión, pero hoy sí se puede concluir que los estados financieros reflejan fielmente la realidad financiera de la Unión. Se ha implementado completamente el principio de devengo, de partida doble en la gestión presupuestaria y
son muchos los otros aspectos en los que se está mejorando. Qué duda cabe de que la tasa de error es relevante y tanto las autoridades comunitarias como las de los Estados miembros tienen que seguir trabajando por reducirla. En el propio informe
del tribunal se pone de manifiesto que esto es factible porque, cuando damos nuestra opinión de legalidad y regularidad, operamos sobre una muestra estadística; en las propias transacciones que auditamos dentro de la muestra vemos que hay pagos,
contratos o transacciones subyacentes que ya han sido corregidas por la Comisión y por los propios Estados miembros. Los controles están funcionando. Si estos controles a nivel de los Estados miembros y de la Unión no hubiesen estado presentes, la
tasa de error en lugar de ser del 4,8, hubiese sido del 6,3. Eso lo pone de manifiesto el informe, como otra cuestión este año. Los propios Estados miembros en los expedientes de gasto, conforme a los cuales hacen los pagos correspondientes, ya
contaban con evidencia suficiente de que no se cumplían todos los requisitos legales. Eso lo cuantifica -me he referido a ello en mi exposición-, pero en lo que se refiere a la gestión compartida el Tribunal ha llegado a la conclusión, sobre la
base de su muestra, de que la tasa de error podría haber sido un 3,7 en lugar de un 5,2, si los Estados miembros hubiesen atendido a lo que les correspondía. Eso son controles primarios, no son auditorias ex post ni revisiones de órganos de
fiscalización; son la evidencia que se tendría que haber puesto de manifiesto al gestor en la tramitación del expediente. Por tanto, hay margen de mejora.

Página 8

Quiero pedir disculpas al señor Gómez, porque ha dicho que la información no les ha llegado a tiempo. En la medida en que eso pueda ser imputable al tribunal, le pido disculpas. Le quiero recordar que tanto el informe como la nota
informativa están disponibles en las veintidós lenguas de trabajo de la Unión desde el día 5, cuando se presentó el informe a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Es verdad que en esta revisión que se ha hecho del gasto de
cohesión de agricultura la traducción al castellano se ha retrasado, por lo que es posible que les haya llegado más tarde. Por ello les pido disculpas en nombre del tribunal. Eso es algo que tendremos que mejorar, que todos los documentos que
acompañan al informe estén traducidos a las veintidós lenguas en el momento de la presentación del propio informe.


Un aspecto al que se refería el señor Suárez es a la incardinación del informe en el propio proceso de descarga de la responsabilidad política de la Comisión ante el Parlamento Europeo. Nosotros estamos obligados a presentar nuestro informe
en el mes de noviembre. Eso quiere decir que nuestro trabajo de auditoría se planifica con antelación. Ahora, en el mes de diciembre, aprobaremos todo el plan para la auditoría de las cuentas de 2015. Se empieza a trabajar inmediatamente sobre
las transacciones seleccionadas y, en cuanto se puede, con cuentas provisionales. En noviembre de 2014 está muy avanzada la auditoria de 2014, lo que permite que a principios de noviembre el informe se presente al Parlamento Europeo y ahí, conforme
al tratado, se ponga todo el procedimiento de descarga que obliga a los miembros del Tribunal de Cuentas, responsables de los distintos capítulos del informe, a comparecer ante la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, en
presencia también de los comisarios, que son objeto de preguntas por parte del Parlamento Europeo sobre su gestión. Es algo muy importante, y en ese aspecto podemos estar todos satisfechos de lo que ha venido siendo la práctica del Tribunal de
Cuentas Europeo, porque una auditoría pertinente en el tiempo es la que permite ser tenida en cuenta de forma adecuada en el proceso de la descarga de la gestión política. A ese respecto, el Tribunal de Cuentas viene haciendo hincapié
reiteradamente en tres elementos: en primer lugar, en la importancia de la responsabilidad del gestor, que tiene que estar en condiciones de dar una información completa sobre la base de un mandato claro; en segundo lugar, en la importancia de la
auditoria pública, como elemento imprescindible para la descarga política de la gestión de los responsables públicos; y en tercer lugar, en la importancia de la transparencia, que permite además que todos los ciudadanos puedan hacerse un juicio
propio, pero por sí sola no basta. La transparencia tiene que venir completada por el juicio profesional e independiente de la auditoria pública, que es la que en definitiva contribuye a que las autoridades políticas, ante las que los gestores
tienen que rendir cuentas, puedan hacer un juicio más adecuado y, más allá del propio dato, poder tener información, conocimiento relevante que sirva a la hora de la valoración de la gestión política.


Modelo integrado de gestión. Cómo se realiza el control financiero en el ámbito de la Unión Europea. Por una parte, hay que distinguir los propios servicios de la Unión Europea, donde todas las direcciones generales tienen que tener sus
órganos o sus procedimientos de control interno; donde los directores generales tienen que emitir, firmar y hacerse responsables de un informe, de una memoria sobre su gestión, en la que se tienen que poner de manifiesto también las debilidades en
la ejecución del gasto público y las cantidades o partidas en riesgo. La Comisión cuenta con órganos de auditoria. Finalmente, viene el Tribunal de Cuentas. El procedimiento es distinto en los diferentes Estados miembros, que tienen sus
procedimientos de control interno, sus entidades gestoras. En el caso de España se complica al ser nuestro sistema político descentralizado y corresponder buena parte de la gestión de los fondos a las comunidades autónomas. Sobre la base de esos
controles en la gestión y esos controles internos, las autoridades son las que después presentan esas cantidades que han anticipado al reembolso de la Comisión. En toda esta cadena es en la que se viene trabajando. Lo ideal sería que hubiese
procedimientos de auditoría perfectamente homogeneizados, de tal forma que para ahorrar recursos, para facilitar el control y ganar también fiabilidad, la Comisión pudiese descansar más en la actividad de los controles de los propios Estados
miembros. Hasta ahora tanto las auditorías que hace la Comisión como las del propio Tribunal de Cuentas ponen de manifiesto que persisten errores. Por lo tanto, para simplificar la cadena de control financiero habría que mejorar los sistemas de
gestión para que todos estos errores que persisten se redujesen por debajo de las tasas de materialidad. El tribunal lleva insistiendo muchos años en la necesidad de simplificar la gestión. No se es consciente, pero muchas veces las autoridades
políticas de los Estados miembros a la hora de ejecutar políticas de la Unión establecen requisitos adicionales a los propios requisitos de la Unión; se establece una sobrerregulación que en última instancia puede aumentar la tasa de error. En el
caso de España, por ejemplo, se ha puesto de manifiesto que la crisis ha hecho difícil cumplir en muchas ocasiones con requisitos de mantenimiento del empleo, unido a ayudas públicas.

Página 9

En muchas ocasiones esos requisitos de mantenimiento del empleo no estaban en las propias normas de la Unión, sino que se habían extendido por las autoridades nacionales o autonómicas.


También se me ha preguntado por los problemas o riesgos potenciales que el tribunal pone de manifiesto en lo que se refiere a la tesorería de la Unión. Por definición, el presupuesto de la Unión está en equilibrio. Una vez que se
comprometen los gastos, los Estados miembros están obligados a hacer frente a esos pagos conforme al reparto que para cada periodo presupuestario está establecido. En definitiva, siempre es el recurso renta nacional el que actúa como elemento de
cierre; con lo cual, en teoría la Unión Europea no debería tener problemas de tesorería. Quienes los pueden tener, si no hay una correcta planificación y anticipación, pueden ser los propios Estados miembros. Ahora mismo se estima que los
compromisos pendientes de pago doblan ya el presupuesto de la Unión. Es verdad que dentro de lo que es la programación presupuestaria septenal de la Unión Europea los compromisos de gasto van por delante en ese ciclo septenal de los pagos, pero hay
que preverlo. Venimos insistiendo en ello en los últimos años, y la Comisión debería anticiparlo; el Parlamento Europeo ha aprobado resoluciones en este sentido que esperemos que la Comisión tenga en cuenta.


Paso a hablar de la relación entre lo que son errores, despilfarro, etcétera. Un error per se no tiene por qué ser necesariamente un caso de fraude, donde se dé una intencionalidad de apropiación en beneficio de determinados particulares de
fondos del presupuesto. Tampoco el error tiene por qué ser un indicador de que al final ese gasto no ha producido, al menos en parte, los efectos que el legislador ha buscado; lo contrario tampoco tiene por qué ser cierto. Es decir, gastos que se
han ejecutado regularmente, cumpliendo todos los requisitos legales, pueden al final no provocar los efectos deseados sobre los ciudadanos. Por ejemplo, en el ámbito de la gestión presupuestaria en estos últimos años se están publicando una serie
de informes que se refieren a la gestión de puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, y el tribunal está poniendo de manifiesto, por ejemplo, que sistemáticamente en varios países no se están cumpliendo las estimaciones de tráfico en función de
las cuales se dimensionaron las infraestructuras. Por tanto, puede haber recursos que, por efecto de la sobredimensión de determinadas infraestructuras, podrían haberse aplicado mejor. Ese es el motivo de que toda la evaluación de políticas en el
ámbito europeo se esté desplazando a la gestión de resultados. No es solamente el tribunal el que está insistiendo en que es necesario evaluar los resultados, son las propias perspectivas financieras para el periodo 2014 las que inciden de manera
muy notable en la necesidad de evaluar resultados. Los distintos programas que las autoridades nacionales ahora mismo están firmando con la Comisión para desarrollar en el tiempo las políticas de este nuevo periodo presupuestario inciden en la
necesidad de evaluar los resultados. Va a haber una evaluación de resultados global en 2019 y, en función de eso, se va a liberar eventualmente una reserva adicional a la que van a acceder los países. Hay que tener presente además que para el
periodo 2014-2020 ha cambiado la naturaleza de las correcciones y de las recuperaciones financieras. En el periodo anterior, cuando por ejemplo se ponían de manifiesto los errores que había que corregir, los Estados miembros estaban en condiciones
de sustituir gasto no elegible por nuevo gasto. Países o Estados miembros que tenían gastos adicionales podían sustituir los que la Comisión estimaba no elegibles por nuevos proyectos, en cartera de alguna forma. Esto no va a ser posible a partir
de ahora. Va a propiciar que, cuando ex post por parte de los servicios de la Comisión o del Tribunal de Cuentas se vea que los Estados miembros están pidiendo el reembolso de proyectos que en última instancia se consideran también elegibles, esas
cantidades se tendrán que reembolsar o deducir de pagos futuros; con lo cual la corrección tendrá siempre efecto neto y, en la medida en que los Estados miembros -más ahora, en condiciones presupuestarias mucho más exigentes, más restrictivas- no
puedan absorber la totalidad de los gastos comunitarios, esos errores tendrán un impacto directo sobre los contribuyentes nacionales.


Se ha mencionado, por ejemplo, el seguimiento del programa Europa 2020. En definitiva, bajo la estrategia 2020 se están coordinando todas las políticas que desde la Unión Europea van destinadas a incentivar el crecimiento, la mejora de la
competitividad, favorecer la creación de empleo. Pues bien, este es un ejemplo perfecto de que más que el gasto público lo que importa es el buen diseño y el impacto microeconómico de un montón de decisiones políticas que se tienen que implementar
y que afectan al mercado de trabajo, a materias de formación, etcétera. Ahora mismo es un reto seguir no solo el gasto sino auditar el diseño y la implantación de políticas. La Comisión está desarrollando indicadores, el propio Tribunal de Cuentas
está planeando auditorías en este campo; y la revisión panorámica, el análisis panorámico sobre déficit y problemas en el ámbito de la auditoría -al que me referí- toma también a Europa 2020 como ejemplo de un área en el que al concurrir acciones
nacionales y de la Unión es importante no duplicar y coordinar el control y el seguimiento, el diseño de indicadores. El tribunal está

Página 10

tratando de desarrollar fiscalizaciones coordinadas con autoridades nacionales. Poder cooperar desde el tribunal europeo con las autoridades de fiscalización nacionales en auditorías conjuntas nunca ha sido fácil en el pasado; aunque
siempre hay una muy buena comunicación y todas nuestras actuaciones se notifican a los tribunales de cuentas nacionales, ahora vamos a intentar también desarrollar con algunos de ellos auditorías coordinadas en el ámbito de la gestión de la crisis
financiera y de la Europa 2020.


Son muchos los temas que han planteado sus señorías -estoy a su disposición para cualquier aclaración adicional que quieran-, pero en resumen, nos tiene que seguir importando la tasa de error; los subsistemas de control se pueden mejorar.
Es mucho también lo que se puede simplificar en el ámbito de la gestión, y cara al futuro el reto que tenemos por delante -yo creo que es parte del proceso propio de la rendición de cuentas democrática- es que todos tenemos que trabajar para que los
ciudadanos puedan ver que el gasto público tiene efectos reales y que las políticas se administran de forma que benefician realmente al interés general.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Sus señorías saben que pueden intervenir en un turno de tres minutos para solicitar alguna aclaración. ¿Alguien desea intervenir? (Denegaciones).


Damos, las gracias al señor Tomé por su comparecencia hoy aquí e iba a decirle que esperábamos verle el año que viene, pero no sé si en noviembre del año que viene estará el informe o estarán disueltas estas Cámaras. En cualquier caso,
siempre habrá un Parlamento al que rendir cuentas y ahí estará usted. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


DEBATE SOBRE CONTROL DE SUBSIDIARIEDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA:


- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO QUE MODIFICA REGLAMENTO (CE) NÚMERO 726/2004, POR EL QUE SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS COMUNITARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN Y EL CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS DE USO HUMANO Y
VETERINARIO Y POR EL QUE SE CREA LA AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2014) 557 FINAL] [2014/0256 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000336 y número de expediente del Senado 574/000269).


- PROPUESTA DEL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2014) 558 FINAL] [2014/0257 (COD)] [SWD (2014) 273 FINAL] [SWD (2014) 274 FINAL] [COM (2014) 558
FINAL/2 ANEXOS]. (Número de expediente del Congreso 282/000337 y número de expediente del Senado 574/000270).


El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con el tratamiento del orden del día. Me comunican que se ha solicitado que se cambie el orden de los debates de subsidiariedad que tenemos a continuación. Si ninguno de los portavoces tiene
inconveniente, se puede cambiar. (Asentimiento). Queda aprobado ese cambio del orden del día.


Procedemos al debate sobre el control de subsidiariedad de la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento número 726/2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización
y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la agencia europea de medicamentos; y al de la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los medicamentos veterinarios. Se han recibido
informes del Gobierno e interviene en primer lugar el señor Alonso Núñez.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Efectivamente en la Unión Europea existe legislación sobre el medicamento veterinario desde 1965, sobre la que se han producido distintas modificaciones: una primera directiva en 2001, modificada posteriormente por
el Reglamento 726/2004, que es en definitiva el cuerpo legislativo que en este momento está vigente y que se pretende modificar. Ha habido debate a lo largo de estos años, desde 2004, entre los distintos actores -ganaderos, laboratorios,
veterinarios, Administración, la Agencia del medicamento- sobre la necesidad de modificar o actualizar esta formativa. Fruto de ese debate fue la propia Comisión la que cogió el guante y abrió un proceso de consultas, un debate sobre el conjunto de
estas normas que se inició en abril de 2010 y cuyas conclusiones terminaron en septiembre de 2013. A partir de ahí, la Comisión ha aceptado algunos planteamientos respecto a cambiar la legislación para

Página 11

aumentar la disponibilidad de medicamentos veterinarios en los distintos sectores, en los que en algunos casos se ha denunciado la inexistencia de productos por subsectores muy pequeños como el apícola: reducir cargas administrativas;
estimular la competitividad y la innovación; mejorar el funcionamiento del mercado interior y hacer frente al riesgo que para la salud pública tienen las farmacorresistencias.


A partir de estos informes de evaluación, la Comisión ha planteado estas dos normas que hoy dictaminamos y que en resumen pretenden que el medicamento veterinario tenga su propia reglamentación, separada totalmente de la del medicamento de
uso humano. Las dos normas que hoy dictaminamos son el Reglamento del Parlamento Europeo que modifica el número 726/2004 y un reglamento específico para los medicamentos veterinarios. Lo que hace el primero de ellos es enmendarlo eliminando
cualquier referencia al medicamento veterinario; es decir, dejar ese reglamento vigente para su aplicación exclusivamente sobre el medicamento de uso humano. El segundo reglamento es el que específicamente a partir de su aprobación, si es que
finalmente se aprueba, determinará la legislación aplicable al medicamento de uso veterinario.


La Comisión ha recogido este planteamiento y efectivamente en la argumentación señala que existen muchas especies susceptibles de tratamiento que dan lugar a un mercado, el del medicamento veterinario, muchísimo más fragmentado que el de uso
humano, que de hecho tiene y da lugar a grandes inversiones para asegurar que la aplicación de la norma, una norma exactamente igual que la que se emplea en medicina humana para el medicamento veterinario, hace inviable en algunos casos la
producción de determinados medicamentos por eso se ha denunciado la falta de este tipo de medicamentos. Propone un reglamento ex novo con 150 artículos y 11 títulos que regulan -vuelvo a repetir- todo lo que tiene que ver con la producción, la
comercialización y la expedición de estos medicamentos, así como su importación y exportación. Desde el punto de vista jurídico, no hay ningún reparo para estas normas, que tienen base en los artículos 114 y 168 del Tratado de funcionamiento de la
Unión Europea. Desde el punto de vista presupuestario la Comisión informa de que no habrá incidencia económica alguna, puesto que hay una modificación de tasas en el primero de los reglamentos que podría sufragar el coste de la aplicación de los
controles.


Respecto a la incidencia en España, he creído conveniente incorporar al dictamen el informe del Gobierno de España, porque podríamos decir que es un informe de enmienda a la totalidad; cuestiona absolutamente el planteamiento de la norma.
Por tanto, manifestando por mi parte discrepancias con ese informe del Gobierno -no pretendo matizarlas mi contraargumentarlas-, creo que debe figurar en el cuerpo del dictamen. El Gobierno de España dice que a España le preocupa separar la
legislación de medicamentos de uso humano de la de medicamentos veterinarios, ya que considera que en ambas legislaciones deben prevalecer los criterios de salud pública por encima de los de cualquier otro interés. Dice en el cuerpo del dictamen:
Reivindicamos que se mantenga la base de regulación común establecida por los expertos en materia de regulación de medicamentos. Cuestiona la separación y está haciendo, en definitiva, un planteamiento difícil de conjugar con la tramitación de
estos reglamentos. Lo que propone el Gobierno es mantener el statu quo actual. Esto, en el fondo del asunto, no es el motivo de la Comisión, pero creo que debe quedar constancia en el dictamen.


Respecto del cumplimiento de la subsidiariedad, no hay objeción que poner. Se trata de una competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados y efectivamente es una legislación que es mejor aplicar a nivel europeo que de los
Estados. Por tanto, el informe es de conformidad, aun cuando, vuelvo a repetir, el informe que ha manifestado el Gobierno hace que sintamos una cierta preocupación sobre el futuro de la norma que dictamina.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moreno Palanques.


El señor MORENO PALANQUES: Efectivamente, de las dos propuestas de reglamento que planteamos para su análisis -la segunda es la que condiciona la enmienda a la primera- la segunda es sobre medicamentos veterinarios. De las finalidades de
esa modificación del reglamento -el señor Alonso las ha resumido- me gustaría hacer hincapié en una de ellas, que es precisamente prevenir las farmacorresistencias, que es un problema de unas dimensiones que yo creo que todavía no hemos valorado
suficientemente. Ya la Comisión en 2011 propuso un plan de acción quinquenal, y dentro de él una de las acciones era reforzar el marco regulador, que es lo que ahora está haciendo. En el informe de la Organización Mundial de la Salud de marzo de
este año ya se establece que las farmacorresistencias son un problema gravísimo en salud pública de todo el mundo. Ha dejado de ser una previsión para futuro y es un problema que puede tener cualquier persona en cualquier país del mundo. Luego
esto no es una

Página 12

cuestión de futuro sino de presente. Por tanto, hay que tomar medidas urgentes y coordinadas para no convertir lo que puede ser una era postantibiótica en lo que era una era preantibiótica, en la que cualquier infección o lesión menor puede
tener un riesgo potencialmente mortal.


El problema es que la resistencia no solamente es contra antibióticos que podemos llamar comunes, lo es también para algunos que son utilizados como último recurso, es decir, la última bala que nos queda para combatir alguna de esas
infecciones. La resistencia antibiótica se produce por selección natural: preservan aquellas que adquieren la resistencia -no es el individuo quien adquiere la resistencia, sino la bacteria- por un mal uso de los antibióticos. Esa batalla la
estamos perdiendo. No somos capaces de desarrollar suficientes antibióticos para compensar la inutilización de algunos de ellos. Aunque hay algunas de ellas en las que la Organización Mundial de la Salud ha hecho hincapié frente a diarreas,
septicemia, neumonía, infecciones urinarias, gripe, etcétera, hay otras no menores que empiezan a ser un problema real en todo el mundo, concretamente tuberculosis, VIH sida, malaria y gripe, como decía. El mapa de la resistencia frente a
tuberculosis, por ejemplo, es clarísimo (Muestra un gráfico.). De todo el planeta, en la zona azul, que es básicamente Rusia, hay más de un 18% de resistentes a cualquier droga para tratar las tuberculosis, y algunos de esos ciudadanos ya han
aparecido en Estados Unidos por la movilidad que tenemos. Luego es un problema muy serio. Para eso hay que utilizar bien los antibióticos. De eso es de lo que trata en parte la segunda propuesta de reglamento. Se están utilizando antimicrobianos
que son idénticos para ser humano y animales para favorecer el crecimiento utilizándolos en piensos o en agua. Esa dosis baja, que no es para tratar al animal, sino para evitar un tipo de infección de forma preventiva, es lo que hace que aparezcan
esas resistencias. Por tanto, lo que en alguno de los reglamentos se establece como posibilidad de toxicidad de residuos por el tratamiento con antibióticos y otros medicamentos en los animales no llega a ser un problema porque apenas hay residuos
en general, sin embargo las resistencias lo son; no solo es un problema de salud pública y sanidad animal sino que además es económico.


Aquí se plantea que dejen de utilizarse algunos de los medicamentos, sobre todo antibióticos, en salud animal para preservarlos para el ser humano. Si una mala utilización en los animales genera resistencias, al final los perjudicados no
solamente son los animales sino también el ser humano. Por tanto, esa regulación -como en el capítulo 2, autorizaciones de comercialización- hace hincapié en que únicamente se van a poder utilizar para indicaciones aprobadas. También es esencial
que algunos se excluyan, como digo, únicamente para el tratamiento de infecciones humanas. En el capítulo 4, medidas posteriores a la autorización de la comercialización, se trata de garantizar que incluso una vez aprobados puedan ser reevaluados
si tenemos algún problema. Ahí se introducen los mecanismos de farmacovigilancia. Y hay otros capítulos, como el 7, etcétera.


La reticencia del Gobierno -me permitirá un segundo más, señor presidente- de la que hablamos el señor Alonso y yo el jueves pasado hace referencia fundamentalmente al hecho de que les gustaría que no hubiera una separación en la evaluación.
Ya comentábamos que mientras sea la Agencia Europea del Medicamento quien lo haga en teoría eso no debería ser un problema. Hay un problema que a ellos les preocupa y que no aparece en el informe, y es el hecho de que la materia prima que se
introduce en Europa como de uso animal no pueda ser utilizada después de forma ilegal para uso humano. Eso es algo que habrá que revisar, lo mismo que alguna utilización, como el diclofenaco, que está matando a buitres por fracaso renal, por
acumulación en sus tejidos al comer animales que han sido tratados con diclofenaco. Hay que recordar que en España ha empezado a introducirse en 2013, en Italia también, y en India intentan suprimirlo. El 90% de los buitres europeos viven en el
área que corresponde a la Península; por tanto, es algo importante. Lo que no pueden pretender los ecologistas es que suprimamos el diclofenaco para uso humano. Podremos evitarlo en los animales, pero al final para preservar a los buitres no
vamos a quitar esos medicamentos.


En general ese es el planteamiento de estas dos proposiciones y por supuesto estamos de acuerdo con el ponente en que cumplen con el principio de subsidiariedad, que en todo caso es el objetivo de esta Comisión.


- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE CREA UNA AGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA FORMACIÓN EN FUNCIONES COERCITIVAS (CEPOL) Y POR EL QUE SE DEROGA Y SUSTITUYE LA DECISIÓN 2005/681/JAI DEL CONSEJO [COM
(2014) 465 FINAL/2] [2014/0217 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000335 y número de expediente del Senado 574/000268).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate sobre control de subsidiariedad de la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una agencia de la Unión Europea

Página 13

para la formación en funciones coercitivas y por el que se deroga y sustituye la decisión 2005/681/JAI del Consejo. Se ha recibido también informe del Gobierno. Interviene, en primer lugar, para presentar el informe el señor Represa
Fernández.


El señor REPRESA FERNÁNDEZ: El objeto del informe de subsidiariedad que ahora exponemos versa sobre las competencias y gobierno de la Escuela Europea de Policía. Ya en otra reunión de esta Comisión, el pasado mes de junio de 2013, el día
18 concretamente, yo mismo expuse en un informe, acerca de la posibilidad de fusionar las dos agencias, Europol y Cepol, que entendíamos que no era conforme con el principio de subsidiariedad. Esta misma posición fue adoptada por otros Estados
miembros, lo que llevó al Parlamento Europeo y al Consejo a no aprobar la propuesta de fusión de estas dos agencias en una sola. Como consecuencia de ese rechazo, alguno de los extremos que componían la propuesta de reglamento, referidos
fundamentalmente a la formación, no fueron tratados debidamente y con detalle. Por otro lado y con motivo del reciente traslado de la sede de la Cepol, de la Escuela de Policía, a la capital húngara, a Budapest, se invitó a la Comisión a presentar
un informe sobre la eficiencia y efectividad de la decisión 2005/681, acompañado de una propuesta legislativa relativa a la agencia. Pues bien, esta propuesta que ahora debatimos o exponemos en el informe de subsidiariedad responde a dicho informe
al que me he referido. Dicha propuesta deroga la decisión 2005/681, por la que se creó la Cepol, la escuela, y tiene por objeto otorgarle un mandato jurídico adecuado, los recursos necesarios para llevar a cabo el esfuerzo de formación establecido
en la comunicación de la Comisión sobre el programa europeo de formación de los servicios con funciones coercitivas y mejorar la gobernanza de la propia Cepol, aumentando su eficiencia y adaptándola a los principios establecidos en el enfoque común
sobre las agencias descentralizadas de la Unión.


Aparte de la gobernanza en sí y el presupuesto de la agencia, lo fundamental de esta propuesta de reglamento es lo relativo a la formación policial. Tiene que quedar garantizada una formación adecuada que sea coherente, uniforme y de
calidad y para ello es necesario que se estructure en consonancia con los principios del programa europeo de formación de los servicios con funciones coercitivas, que refuerza la formación, haciéndola -debe hacerse- sistemáticamente accesible a
todos los profesionales con funciones coercitivas, y que esa formación al mismo tiempo se evalúe con la finalidad de planificar mejoras para lograr mayor eficacia. Teniendo como meta principal mejorar la seguridad de la Unión Europea se trata de
que a través del reglamento propuesto se ponga en funcionamiento por la Cepol un nuevo enfoque de la formación de sus agentes para dotarles de todos los conocimientos posibles y de todas las habilidades necesarias para prevenir y combatir de manera
efectiva la delincuencia transfronteriza, que cada vez, por otro lado, es más compleja y mucho más dinámica y que supone una amenaza para la seguridad y la prosperidad de la Unión Europea, y que esto se haga a través de la cooperación eficiente
entre los agentes de los demás Estados miembros, entre las propias agencias de la Unión Europea, también con terceros Estados y con organizaciones internacionales. Es decir, formación y cooperación son las dos piedras angulares cuyo objetivo debe
tener la Cepol, formación de alta calidad y cooperación con un trabajo conjunto de policías, funcionarios de aduanas, guardias de fronteras y otras autoridades. El Gobierno de España apoya esta propuesta de reglamento, si bien al mismo tiempo exige
una participación activa para que quede garantizado el respeto al marco jurídico nacional.


En cuanto al principio de subsidiariedad, estamos hablando de una competencia compartida y los objetivos no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y sí pueden alcanzarse a escala de la Unión Europea debido a la
dimensión y a los efectos de la acción que se pretende, por lo que la propuesta es conforme al principio de subsidiariedad. Por todo ello, la Comisión mixta para la Unión Europea entiende que la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se crea una agencia de la Unión Europea para la formación en funciones coercitivas, Cepol, y por el que se deroga y sustituye la decisión 2005/681 del Consejo es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente
Tratado de la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: En turno de portavoces tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Sánchez Amor.


El señor SÁNCHEZ AMOR: La explicación del colega del Grupo Popular ha sido suficiente para enmarcar la situación. Tengo algunas dudas que voy a expresar, sin que ello obste a que la posición el grupo sea de apoyo a la resolución dando
conformidad al documento sobre el principio de subsidiariedad. En primer lugar, la propuesta legislativa, a pesar de lo que dice la misma, solo se apoya en el 87.2.b), que habla del apoyo a la formación del personal. Las otras dos funciones a las
que se refiere, la a) y la c), que

Página 14

son citadas, son más bien cuestiones de Europol. En cualquier caso, es una base jurídica suficiente para la actividad que está haciendo la Unión Europea.


Como explicaba el colega, la Unión Europea hizo un ambicioso plan de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -para entendernos en nuestra denominación española, diferente de la europea- que falló, porque el Parlamento y
el Consejo no admitieron la fusión de Europol con el centro de formación policial, Cepol, y esto que nos llega hoy es el plan B; un plan B que pasa por darle una cobertura jurídica suficiente a la Cepol, una vez que no se admitió la fusión con
Europol, de tal manera que hay que asimilarla al resto de agencias descentralizadas de la Unión, establecer los órganos, fijar el presupuesto -que anualmente está siendo de unos 9 millones de euros- y determinar los programas de actividad. Por lo
tanto, de acuerdo con esa fórmula que rechazó la fusión, tenemos que dar una cobertura jurídica suficiente a una Cepol que no la tenía en su regulación inicial de 2005.


Todo lo que son funciones de formación policial en los asuntos específicos que afectan a la Unión Europea, en cooperación transfronteriza y en las funciones de la Unión, están suficientemente cuidadas. Me preocupa más lo que se llaman
funciones complementarias, especialmente una que habla de un currículum común específico para todos los funcionarios europeos de estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que creo que habrá que seguir con cuidado, precisamente en la línea de lo que
exponía el Gobierno español en su informe. Es decir, sí estamos de acuerdo, pero con una participación estatal suficiente.


En cuanto a la subsidiariedad, la competencia es limitada pero clara: apoyo a la formación, no formación de nuestros policías, apoyo a la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por tanto, es suficiente para considerarlo acorde
con este examen de subsidiariedad. No obstante, la afirmación de que la función no se podría hacer de otra manera o de que los fines no podrían ser logrados de otra manera resulta dudosa, porque si ciento noventa países han sido capaces de
establecer Interpol con un presupuesto de diez veces el de la Cepol y con un sistema meramente intergubernamental, la posibilidad de hacer este tipo de actividad entre los Gobiernos parece obvia. No obstante, en un formato de Unión Europea como el
que tenemos hoy, tampoco parece fuera del principio de subsidiariedad tener un centro de formación de este tipo, siempre que no pretenda sustituir a los centros de formación nacionales y sea, como dice esa competencia del tratado, de simple apoyo a
la formación.


A pesar de estos comentarios que nos merecen el informe y la norma, mi grupo apoya a la ponencia en que no hay una violación del principio de subsidiariedad y por lo tanto da su voto favorable al borrador emitido.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que los dos informes pueden ser aprobados por asentimiento, si no se opone ningún portavoz. (Asentimiento). Quedan aprobados por asentimiento.


Finalizados los debates y dándoles las gracias se levanta la sesión.


Era la una y treinta minutos de la tarde.