CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 98

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 92

celebrada el martes,

19 de marzo de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Exclusión en el orden del día ... (Página4)


Interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre la posición del Gobierno en relación a los últimos acuerdos de la PAC, y previsiones respecto a su aplicación en el Estado español. (Número de expediente 172/000099) ... href='#(Página4)'>(Página4)


Toma en consideración de proposiciones de ley:


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre destino de los recursos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases con efecto invernadero a políticas de cambio climático y su distribución entre las
comunidades autónomas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 103-1, de 16 de enero de 2013. (Número de expediente 122/000085) ... (Página4)


- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la lucha contra la corrupción. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 108-1, de 8 de febrero de 2013. (Número de expediente 122/000090) ... href='#(Página15)'>(Página15)


Proposiciones no de ley:


- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa al empleo de los rescates solicitados al Estado por diversas comunidades autónomas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 148, de 21 de septiembre de 2012.
(Número de expediente 162/000424) ... (Página28)


- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la gestión de los puertos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 90, de 11 de mayo de 2012. (Corrección de error en 'BOCG.
Congreso de los

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Diputados', serie D, número 93, de 18 de mayo de 2012). (Número de expediente 162/000292) ... (Página37)


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página43)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página44)


SUMARIO


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Exclusión del orden del día ... (Página4)


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete a la consideración del Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de mañana miércoles del punto
número 25, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, Sra. Fernández Davila, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre destino de los recursos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases con efecto invernadero a políticas de cambio climático y su distribución entre las
comunidades autónomas ... (Página4)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Barberà i Montserrat, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Jordà i Roura y Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; el señor Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Bajo Prieto, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


De Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la lucha contra la corrupción ... (Página15)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia; el señor Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor García-Tizón López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Proposiciones no de ley ... (Página28)


De Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa al empleo de los rescates solicitados al Estado por diversas comunidades autónomas ... (Página28)


Defiende la proposición no de ley la señora Díez González, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la gestión de los puertos de la Comunidad Autónoma del País Vasco ... (Página37)


Defiende la proposición no de ley la señora Sánchez Robles, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Pérez Fernández y Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora De las Heras
Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene la señora Sánchez Robles.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página43)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre destino de los recursos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases con efecto invernadero
a políticas de cambio climático y su distribución entre las comunidades autónomas, se rechaza por 43 votos a favor, 174 en contra y 101 abstenciones, más un voto telemático, 102.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la lucha contra la corrupción, se rechaza por 129 votos a favor, más un voto telemático, 130; 173
votos en contra y 16 abstenciones.


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página44)

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Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa al empleo de los rescates solicitados al Estado por diversas comunidades autónomas, se rechaza por 4 votos a favor, 309 en contra y
2 abstenciones.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la gestión de los puertos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se rechaza por 41 votos a favor, 276 en contra y 1 abstención.


Se suspende la sesión a las ocho de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS ÚLTIMOS ACUERDOS DE LA PAC, Y PREVISIONES RESPECTO A SU APLICACIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 172/000099).


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 25,
correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Queda así aprobado.


También quiero advertirles de que las tres mociones se debatirán mañana miércoles y se votarán el jueves. Por lo tanto, después de la segunda proposición no de ley, procederemos a votar.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE DESTINO DE LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS SUBASTAS DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES CON EFECTO INVERNADERO A POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 122/000085).


El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día es la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre destino de los recursos procedentes de las subastas de los derechos de
emisión de gases con efecto invernadero a políticas de cambio climático y su distribución entre las comunidades autónomas.


Para su defensa tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.


Señorías, algunos de ustedes, especialmente los miembros de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, saben del interés del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en insistir sobre la territorialización de los
recursos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases con efecto invernadero. Esta proposición de ley es una, tal vez la de más relieve, de las iniciativas que vamos a seguir presentando para sensibilizar a los grupos
parlamentarios. En ella proponemos regular el destino de los recursos procedentes de las subastas de derechos de emisión. Creemos que la totalidad de los recursos deberían dirigirse a políticas de cambio climático. En el texto describimos hasta
diez objetivos; objetivos que, creo, compartiremos todos los grupos en su mayor medida. En diversas intervenciones el ministro ha expresado su voluntad de distribuir los objetivos, destacando la necesidad de mejorar la cooperación entre las
administraciones públicas y otros agentes interesados para involucrar a todos -comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones de ciudadanos- en esta tarea, pues su colaboración es imprescindible. Compartimos con él que el carácter
transversal y competencial de los sectores afectados obliga a colaborar y a territorializar los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. Él mismo, para dar cumplimiento a la voluntad expresada, dijo que convocaría al Consejo Nacional del
Clima, órgano consultivo donde están representadas todas las comunidades autónomas y

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que, informó, no se reunía desde julio de 2010. Sin duda, el esfuerzo de concienciación de la distribución de las obligaciones y de los recursos con las comunidades autónomas tampoco era anteriormente una prioridad. Me gustaría incidir en
los esfuerzos necesarios para reducir las emisiones de nuestros sectores difusos -decía el ministro-, sobre todo en los sectores residencial y transporte. Nosotros queremos trabajar para reducirlos en todos los sectores, también en el agrario, en
los residuos y en los gases fluorados; cada uno con incidencia diferente pero todos importantes. Es prioritario incidir sobre todas aquellas actividades generadoras de emisiones de gases con efecto invernadero que no se encuentran incluidas dentro
del ámbito de aplicación de la ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en España. La contribución de las emisiones de los sectores difusos en el cambio climático es muy significativa.
Las emisiones históricas totales de gases de efecto invernadero, y concretamente las correspondientes a los sectores difusos así como sus proyecciones respectivas, han presentado una tendencia ascendente que nos aleja del objetivo de Kioto.


Señorías, el peso específico en el total de las emisiones, según respuesta del Gobierno, es del 55%, atendiendo a los datos del Plan nacional de asignación. Por eso, es necesario y prioritario introducir fuertes objetivos de reducción de
las emisiones provenientes de sectores difusos y la forma más eficiente es coordinando los esfuerzos y distribuyendo los recursos en consonancia plena entre las administraciones con competencias. Si estamos de acuerdo en cómo mitigar los esfuerzos
del cambio climático que todos reconocemos, si somos conscientes de la responsabilidad que tenemos directamente sobre las emisiones de los sectores difusos, solo tenemos discrepancias en la metodología a seguir; incluso, como dijo el ministro,
debemos coordinar esfuerzos para territorializar los objetivos. Hasta aquí de acuerdo. ¿Pues qué nos queda para establecer las bases de esa coordinación? Señorías, establecer unos criterios para territorializar los recursos. De ahí nuestra
iniciativa. La proposición de ley determina un reparto de como mínimo el 50% de los recursos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases con efecto invernadero, porcentaje cercano al que representan los sectores difusos en el global
de emisiones en el Estado español, como hemos dicho anteriormente. Creemos que las administraciones con competencias específicas y más cercanas para poder incidir en estos sectores son las administraciones autonómicas, las locales y destacamos
especialmente también las grandes ciudades con graves problemas de contaminación atmosférica. Estos recursos servirán así para desarrollar políticas con idénticos objetivos y en especial en medidas destinadas a reducir las emisiones de los sectores
difusos. El texto, como no podía ser de otra manera, exige al Gobierno y a las administraciones, principalmente comunidades autónomas, la elaboración de un informe completo para presentar ante esta Cámara, para informar de la ejecución de las
previsiones contenidas en la presente ley en lo referente a los recursos obtenidos a través de las subastas, del destino concreto de los mismos, así como de los criterios utilizados para su distribución.


Seguramente, tal como he vivido en alguna Comisión, ante esta proposición de ley podemos recibir críticas dirigidas a la actitud de Convergència i Unió, siempre en referencia a la territorialización de los recursos económicos, en consonancia
con los objetivos que el Govern de la Generalitat y el Estado pueden marcar dentro del marco competencial, pero esto no es así. Son muchos los países vecinos que distribuyen y territorializan los objetivos y los recursos para la mitigación de los
efectos del cambio climático, y no por ideología, sino por eficacia y eficiencia únicamente. Mientras nosotros destinamos la mayor parte de los recursos a la tarifa eléctrica, ellos van destinando todos los recursos a las medidas necesarias para la
lucha contra el cambio climático. Si no destinamos los pocos recursos que tenemos de forma más eficaz y eficiente, siempre estaremos a años luz de los países vecinos. Alemania pasa directamente la cantidad obtenida de las subastas a un fondo que
se llama de energía y clima. No pasa por su presupuesto, va al fondo que tiene establecido y que ataca básicamente a los sectores difusos y energías renovables. Tiene sus planes aceptados y su instrumento de territorialización son los Länder
alemanes. Inglaterra tiene una ventaja sobre el resto de los europeos, tiene una ley de cambio climático. En ella se establecen los objetivos, pasa por presupuesto y ello sirve para beneficiar a aquellas empresas que están sensibilizadas en la
mejora del medio ambiente y en la incorporación de las mejores tecnologías, procesos productivos para luchar contra los efectos del cambio climático y, cómo no, la metodología para afrontar las emisiones de los sectores difusos. Por cierto, tienen
planes de lucha contra el cambio climático Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y en Inglaterra ya está distribuido por regiones. Francia, que puede esperar recibir unos 670 millones de euros, los pasa directamente a unos planes regionales que se
llaman del aire, de la energía y del cambio climático, consensuados por ley desde el año 2010. Estos planes obligatoriamente han de ser ejecutados por las ciudades de más de 50.000 habitantes.

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Señorías, obligaciones consensuadas, financiación para cumplirlas, este es el objetivo de la presente proposición de ley. Pero tenemos más razones objetivas para territorializar los recursos. El mercado de emisión de CO2, que comenzó a
aplicarse realmente en 2008, ha obligado al Gobierno a compensar el exceso de emisiones de los ciudadanos, y en el mismo periodo ya ha destinado más de 800 millones a comprar derechos en el extranjero. Los efectos de la crisis han permitido al
ministerio estar cerca de alcanzar el objetivo de emisiones de CO2 que el Protocolo de Kioto marcaba para España, gracias a una compra de derechos de emisión a Polonia, el acuerdo de compra de cerca de 100 millones de toneladas que teníamos
pendiente por unos 40 millones de euros. Señorías, la caída del precio del CO2 en los mercados internacionales permite así cumplir Kioto por mucho menos de lo previsto. Teníamos previsto gastar inicialmente unos 500 millones de euros. El mercado
europeo se ha hundido debido a la excesiva asignación de derechos a la industria durante estos años gratuitamente y que no contempló la posibilidad de la caída de la actividad económica por la crisis. Eso nos ha permitido cumplir, que ya es
importante, pero entenderán que todos esperamos una recuperación económica cuanto antes. Por tanto, no siempre tendremos estas circunstancias tan adversas para nuestra sociedad. Volvemos a coincidir con el ministro cuando afirma que la compra de
derechos no es la política que más nos gusta, pero por todos los medios teníamos que cumplir con la obligación. Es un compromiso adquirido internacionalmente por España, aunque haya sido a un alto precio.


Señorías, la actuación sobre los sectores difusos tendría una consecuencia positiva, no dependeríamos tanto del precio del mercado al disminuir la cantidad de emisiones a comprar fuera. Por eso, pedimos coordinación y territorialización, y
más cuando constatamos que otros ministerios intentan controlar estos recursos, pero, como expresamos en la exposición de motivos, debemos defender que al menos la mitad de ellos deben destinarse a políticas contra el cambio climático. Lo
constatamos en la tramitación del proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética en el Senado. El Grupo Parlamentario Popular introdujo una enmienda por la que se establece que los recursos procedentes de la subasta de
derechos de emisión de CO2 se podrán destinar, con un máximo de 500 millones de euros, a financiar los costes del sistema eléctrico. Señorías, en relación con el destino de los citados recursos, deben saber que la directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo por la que se modifica la directiva para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, establece que un mínimo del 50% de los recursos generados en estas subastas debería
destinarse a actuaciones realizadas con el cambio climático. En la misma disposición normativa la Comisión obliga a informar a los Estados de cuál ha sido el uso de los recursos de las subastas para demostrar que, como mínimo, se ha destinado a
luchar contra el cambio climático el citado porcentaje, y cabe resaltar la expresión 'como mínimo'. Por su parte, la Ley 13/2010, que modifica la ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo, establece en su preámbulo que los ingresos de las subastas deben destinarse a políticas de cambio climático, incluida la cooperación
internacional en este ámbito, y en especial los esfuerzos deben centrarse en la reducción de emisiones de los sectores difusos, con el fin de que España cumpla con sus compromisos de reducción de emisiones difusas para el año 2020, así como en la
aplicación de medidas de adaptación a los efectos del cambio climático. Esta declaración, sin embargo, no encuentra desarrollo en el articulado y, por lo tanto, no queda concretado si se hace referencia a la totalidad de los ingresos o solo al 50%
de los referidos en la directiva.


La constitución del Fondo de carbono por el real decreto que regula el Fondo de carbono para una economía sostenible es quizás otro hito normativo que se debe señalar sobre esta cuestión. El mismo en su exposición de motivos se refiere al
preámbulo de la Ley 13/2010, en relación con los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión y a su destino a políticas de cambio climático, señalando que, atendiendo a sus objetivos, dichos ingresos podrán destinarse al Fondo de
carbono para una economía sostenible, de acuerdo con lo que establezcan las leyes de Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, curiosamente, el desarrollo normativo en este sentido es de nuevo incompleto e insatisfactorio. Una vez más, el
Estado empieza a determinar los usos de este fondo y de los recursos procedentes de las subastas sin la claridad y transparencia necesaria y sin explicar cuáles son los criterios que piensa seguir, ni cómo piensa tener en cuenta la distribución
competencial en muchos de los ámbitos que afectan a las políticas en materia de clima. Aquí podríamos analizar proyectos que ha iniciado el Gobierno como el Plan PIVE 2, que no ha conseguido fomentar la compra de coches menos contaminantes, o con
la primera cantidad ingresada procedente de las subastas tempranas efectuadas durante el año 2012

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se ha desarrollado el Plan PIMA Aire, para vehículos que contribuyen de manera significativa a la contaminación atmosférica de las grandes ciudades. Señorías, también este año 2013 se repite y confirma la convocatoria de los proyectos Clima
iniciados en 2012. Pero el Gobierno, ¿ha tenido realmente en cuenta las iniciativas territoriales de los Gobiernos? ¿Les han dejado participar en la elaboración de las bases, en el seguimiento de los proyectos presentados, en la selección y en la
aplicación de los criterios? Ninguna colaboración, simplemente información. Pues, señorías, las administraciones territoriales tienen competencias, propuestas e iniciativas muy buenas, y más por su conocimiento de la realidad socioeconómica del
territorio.


Desde Convergència i Unió hemos venido reclamando la necesidad de territorializar los objetivos de reducción de emisiones que actualmente solo vinculan a los Estados, acompañados evidentemente de la distribución de recursos correspondientes,
entre ellos los derivados de la subasta, de acuerdo con las competencias que en materia de sectores origen de las conocidas emisiones difusas ostentan administraciones autonómicas y locales y, como consecuencia de ello, como garantía de éxito, en el
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado español. Por todo ello, Convergència i Unió ha presentado esta proposición de ley para remarcar a qué objetivos debemos destinar los recursos procedentes de las subastas de derechos de
emisión de gases con efecto invernadero y transferir a las comunidades autónomas como mínimo el 50% de los recursos. Esperamos su apoyo a la proposición de ley y poder recoger sus aportaciones durante la tramitación de la misma para mayor
sensibilización de todos ante los efectos del cambio climático.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.


Ningún grupo ha pedido utilización de turno en contra, con lo cual pasamos a la fijación de posiciones.


Por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra la señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señoras y señores diputados, dejen que empiece por una evidencia: la única energía que no contamina es la que no se utiliza. Por ello, la primera medida a adoptar desde las propias
administraciones públicas es desarrollar planes de eficiencia y de racionalización energética en contra de la cultura del despilfarro en que vivimos instalados.


El cambio climático es hoy en día una innegable realidad y la responsabilidad política de frenarlo nos corresponde absolutamente a todos. Por ello, consideramos necesario que cada territorio y cada Administración asuman su compromiso. La
territorialización de las emisiones de CO2 no solo va en el camino de que cada territorio asuma su responsabilidad, sino que permite que los ingresos procedentes de las subastas de los derechos de emisión sirvan para invertir en políticas eficaces
de reducción de los mismos en los territorios, según su nivel de contaminación. Actualmente, no sucede así. En casos de territorios más industrializados como Cataluña y que, en consecuencia, generan más derechos de emisión, no se está invirtiendo
de manera proporcional, de manera que no se cumple la finalidad de que estos recursos se destinen a mitigar el cambio climático allí donde se produce. Según calcula el Plan de energía y cambio climático 2012-2020, del volumen total de ingresos
derivados de la subasta de derechos de emisión, a Cataluña le tocaría gestionar alrededor de 150 millones de euros anuales si la distribución de estos ingresos fuera del cien por cien para cada comunidad autónoma. Estos ingresos podrían ser
reinvertidos en su totalidad en acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático y también a nuevas fórmulas de reducción de las emisiones, por ejemplo, energías renovables, programas de eficiencia energética, transporte libre de
emisiones, etcétera. Asimismo, permitiría una mayor flexibilidad de cada territorio a sus propias realidades y especificidades, intentando establecer etapas de compensación intraterritoriales transitorias para no ahogar a sistemas productivos como
el tejido industrial de los països catalans. Eso sí, generando incentivos de investigación, de innovación y adaptación para un cambio de desarrollo industrial, un cambio que en definitiva camine hacia una sostenibilidad basada en la producción
limpia y también en el ecodiseño, comprometidos en la lucha contra el cambio climático.


Señorías, por todo ello, desde Esquerra Republicana de Catalunya siempre hemos reivindicado la gestión completa del mercado de derechos de emisión, es decir, el cien por cien, tal como permite también el reglamento europeo que capitanea este
mercado. Así pues, mantendremos la reclamación de la plena transferencia del mercado de emisiones a las comunidades autónomas, pero sí votaremos a favor esta proposición de ley porque entendemos que es mejor gestionar el 50% que nada. También
entendemos que es importante aplicar dichos ingresos a políticas integrales de lucha contra el cambio climático.


Muchas gracias, señor presidente.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.


Señora Ariztegui.


La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Presidente, señorías, antes de entrar en el espíritu de la propia proposición de ley, quisiera entrar en el fondo del tema de las políticas de cambio climático, porque es un ejemplo ilustrativo más de cómo las
medidas adoptadas ante un problema tienen un efecto totalmente contrario al que se pretendía, es un ejemplo de la perversión de este sistema. Hablamos de la rapiña verde de los contaminadores, el rédito substancioso que sacan quienes contaminan del
problema que genera la contaminación. Porque ante la gravedad del cambio climático generado por esta sociedad industrial sin límites, en lugar de tomar medidas efectivas y reales para atajarlo o minimizarlo, los gobernantes de las mayores
potencias, presionados por los lobbies de las grandes corporaciones, abren una nueva línea de negocio repleta de complejas legislaciones y, en definitiva, observamos diariamente que el efecto de la contaminación que está cambiando el clima sigue
aumentando sobremanera, mientras los montantes provenientes de los impuestos de la ciudadanía hacen enriquecerse aún más a quien contamina. Así vemos que los vertidos contaminantes siguen aumentando en la Unión Europea, el sistema no ha logrado,
señorías, los objetivos que se le suponían, eso sí, ha puesto en bandeja a la industria contaminante la oportunidad de hacer grandes negocios, más aún hoy con el desmantelamiento de las industrias.


El sistema de tope de vertido e intercambios junto al de las compensaciones, o sea, seguir contaminando aquí a cambio de minimizar la contaminación en sitios lejanos, es decir, ese trapicheo, ese mercadeo especulativo del carbono es para
Amaiur inaceptable. No es de recibo que el diseño de esta estrategia quede exclusivamente en manos de las corporaciones que tienen las actividades más contaminantes, energía, cementeras, siderurgia, etcétera, sin ninguna representación además de la
sociedad civil, ni que se vaya a los países más empobrecidos en busca de compensaciones a los vertidos. Este tráfico del carbono es un elemento consustancial para entender además muchos de los conflictos actualmente existentes en el mundo, de los
más sangrientos. La ciudadanía se ha rebelado contra los gigantescos parques eólicos construidos en Oaxaca en México, en Chile contra los grandísimos embalses, en Colombia contra las centrales de biomasa, etcétera, y todo ello se está realizando
con la complicidad de los mandatarios políticos. No podemos olvidar aquí la denuncia de la organización Carbon Trade Watch: el Estado español da ingentes sumas de dinero a los fondos internacionales del carbono, promueve un mercado financiero que
en nada ayuda a minimizar los vertidos contaminantes y premia el despliegue de grandes corporaciones que quieren amasar créditos compensatorios, que serán pagadas por las personas de a pie de ahora y de generaciones venideras, mientras se aplican
recortes impresionantes en sanidad, educación y políticas de bienestar. No podemos permitir que se siga subvencionando a empresas que están realizando una auténtica colonización de pueblos del sur, que agrava aún más la deslocalización de las
poblaciones, la conculcación de los derechos humanos y la destrucción de la sociedad y del medio ambiente local. Por tanto, queríamos hoy denunciar la hipocresía y el lavado de cara derivados de la aplicación del Protocolo de Kioto, porque no
mejora en absoluto las consecuencias del cambio climático y su desarrollo genera consecuencias aún más negativas para la sociedad.


En cuanto a la disposición adicional propuesta, en concreto los objetivos que deben tener las políticas de cambio climático, cómo no estar de acuerdo con ellos y cómo no estar de acuerdo también con la territorialización de los recursos
económicos para hacer una verdadera política, actualmente inexistente, de cambio climático, porque consideramos que se trata de un tema fundamental, en el que Euskal Herria debe poder diseñar y decidir por sí misma, con la plena soberanía que
precisa para ello, cuáles son las políticas a desarrollar para mitigar las consecuencias del cambio climático y para hacer un auténtico plan de choque contra el mismo, asumiendo también nuestra propia responsabilidad, con planes que fomenten una
verdadera eficiencia energética y el uso racional, sin despilfarros, en equilibrio con la madre naturaleza, en definitiva, sostenibilidad y energías limpias y renovables.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ariztegui.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Señoras diputadas, señores diputados, intervengo muy brevemente desde el escaño para fijar la posición de mi grupo parlamentario en relación con la proposición de ley presentada por el Grupo

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Parlamentario de Convergència i Unió sobre la territorialización de los recursos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases con efecto invernadero a políticas de cambio climático. Vaya por delante el anuncio de nuestro
voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Como es conocido y se señala en la exposición de motivos, la Directiva 2009/29 de la Comisión Europea, de ampliación del régimen comunitario de comercio y derechos de emisión de
gases de efecto invernadero, establece que un mínimo del 50% de los recursos generados en las subastas de CO2 debe destinarse a actuaciones relacionadas con el cambio climático, sin embargo el Estado no lo destina a eso, lo cual va en contra de lo
establecido en la directiva. La proposición que realiza Convergència i Unió es que el cien por cien de los ingresos de las subastas de CO2 se destinen a actuaciones relacionadas con el cambio climático y que al menos el 50% sea transferido a las
comunidades autónomas, en especial, para desarrollar las políticas destinadas a reducir las emisiones de los sectores difusos.


Nos parece básicamente correcto, aunque consideramos que el criterio presentado de asignación de la parte correspondiente a cada comunidad autónoma de realizarlo en función de los objetivos de reducción y de políticas de cambio climático a
desarrollar es muy general, poco definido y de difícil aplicación. Además, no creemos que todas las comunidades autónomas tengan objetivos establecidos de reducción de emisiones en sectores difusos y los puedan establecer en forma de compromisos
obligatorios. Habría que conocer en qué tipo de formulación concreta se está pensando para valorarlo. Por otro lado, no debemos eludir que actualmente está previsto destinar los recursos procedentes de las subastas a la reducción del déficit de
tarifas. Según se desprende de la memoria económica para la actualización de los costes de las tarifas de acceso a redes del sistema eléctrico en 2013, para evitar un nuevo incremento del déficit tarifario y sin incrementar las tarifas, tal y como
se ha establecido, el sistema tendría que ingresar adicionalmente a los costes normales unos atípicos hasta ahora del orden de los 5.570 millones de euros repartidos de la siguiente manera: 2.920 millones en concepto de ingresos por aplicación de
la Ley de Medidas Fiscales, un crédito extraordinario al Estado de 2.200 millones de euros y por las subastas de CO2 se prevé un ingreso de 450 millones de euros. Por lo tanto, si los ingresos de las subastas no van a paliar el déficit del sistema
eléctrico, bien se generaría más déficit o habría que paliarlo de manera diferente. La pregunta sería: ¿Si se destinan los ingresos de las subastas de CO2 a medidas de cambio climático, qué impacto habría en el déficit tarifario y en qué sectores
repercutiría? Si embargo, este tendría que ser en todo caso un efecto indirecto al que habría que dar respuesta al margen de los recursos obtenidos en las subastas de los derechos de emisión que, en nuestra opinión, al igual que la de Convergència
i Unió, habría que destinarlo en su totalidad a las políticas de cambio climático.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.


Mi grupo no va a apoyar esta proposición de ley por un par de razones bastante sencillas, que paso inmediatamente a exponer. La primera de ellas tiene que ver con la propia argumentación de su proposición de ley. Nos parece algo
extraordinariamente coyuntural, porque, aunque usted no lo ha dicho lo sabe perfectamente, el hecho de que ahora haya algo que repartir en materia de emisiones de gases de efecto invernadero se debe básicamente a la crisis: a que hay menos
emisiones industriales, a que hay menos actividad, menos tráfico. Eso ha hecho que las previsiones que se hicieron en materia de compra de derechos de emisión al final hayan resultado base para un superávit, pero lógicamente no va a ser así siempre
ni sería conveniente que lo fuera, puesto que si algún día salimos de esta crisis probablemente sería necesario otra vez volver a comprar más derechos de emisión, etcétera. De manera que nos parece -espero que usted me entienda en qué sentido lo
digo- que ustedes están buscando -cosa que comprendo perfectamente- manera de hacer caja; han encontrado aquí un yacimiento de recursos en el cual se podría argumentar que también vayan las comunidades autónomas, para resolver los problemas de
financiación que tienen, en el caso de ustedes, la Generalitat de Catalunya y también otras comunidades autónomas. Eso en sí no es malo. Lo que nos parece que no es honesto intelectualmente es presentar como una política de lucha contra la
emisiones de gases de efecto invernadero otra cosa, buscar recursos debajo de las piedras o como en este caso en las nubes.


Vamos a ver, hay cosas que ustedes proponen que, sin embargo, no nos parecen mal. Efectivamente es posible hacer una política descentralizada de lucha contra este tipo de problemas, como se ha hecho en otros países. Usted mismo ha puesto
como ejemplo a Francia, lo cual está muy bien, pero, como es

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sabido, en Francia -el país jacobino por excelencia- no tienen un sistema de descentralización extremado como el nuestro y lo que hacen es otra cosa. Hay políticas de Estado que luego se aplican descentralizadamente. Ahí sí; ahí sí
podríamos ponernos de acuerdo porque efectivamente hay que implicar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en la bajada de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero para esto no hace falta transferir el dinero. Lo que hace
falta es tener políticas claras y una financiación suficiente y que después la aplicación de esas políticas -como digo- sea descentralizada, lo cual sin duda está muy bien. Lo esencial de su proposición de ley es en realidad otra cosa, transferir a
las comunidades autónomas el 50% de lo que se ha conseguido de superávit en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Miren, si ustedes hubieran propuesto que cuando se produzca un déficit se repartan también al 50% los costes del
déficit, esto tendría un pase porque en ese caso parecería que había una política coherente diciendo que cuando ganemos ganamos todos y nos lo repartimos, y cuando perdemos perdemos todos y nos repartimos las pérdidas. Pero no es así, porque, como
ustedes saben muy bien, el único responsable internacionalmente de la compra de derechos de emisión y de pagarlos y además de cumplir el Protocolo de Kioto no son las comunidades autónomas, es el Estado, por lo tanto debería ser el Estado en justa
correspondencia quien tenga la potestad y la facultad de repartir esos recursos de la manera que parezca más racional posible. Nuestra labor aquí, en el Congreso, debería ser justamente esa: vigilar que el uso que hace el Estado del dinero que ha
conseguido en este caso por esos derechos no usados de emisiones de gases de efecto invernadero se dedique a políticas preventivas, a desarrollo de las renovables o a otras cosas que parezcan interesantes. Desde luego decir simplemente: dennos
ustedes el dinero que les sobra para que nos lo repartamos, francamente carece de credibilidad, sobre todo por otra cosa que también sabe usted perfectamente. Lamentablemente las comunidades autónomas están siendo rescatadas por el Estado sin
ningún tipo de política de corresponsabilidad fiscal y sin un gasto finalista. ¿Cómo quieren que les creamos que la intención en este caso sería dedicar este dinero así recaudado a políticas de prevención cuando el dinero del rescate del Estado no
se ha utilizado en otros casos, por ejemplo, para pagar la morosidad y la deuda de empresas privadas, a farmacias, a mantener el gasto social, sin embargo se ha mantenido e incluso aumentado el gasto de tipo identitario, el gasto de tipo
estratégico, en su proyecto de secesión? Francamente, no nos parece que esto sea algo -qué quiere que le diga- ni muy coherente ni intelectualmente muy honesto.


En fin, como les decía y para ser positivos, si ustedes proponen cualquier día un tipo de política de descentralización de la gestión de las políticas medioambientales preventivas de emisión de gases de efecto invernadero, es casi seguro que
les vamos a apoyar porque nos parece que eso es necesario. Eso es una cosa y otra muy diferente es la política de reparto de lo poco que recauda el Estado cuando el Estado es el único responsable al final de los gastos o de las responsabilidades
que incluye por suscribir el Protocolo de Kioto. Es una desigualdad, una asimetría que tiene muy difícil sostén; en realidad, para nosotros absolutamente ninguno.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.


Señorías, votaremos a favor de admitir a trámite esta proposición de ley porque, aunque entendemos que es una propuesta de mínimos y no compartimos al cien por cien su contenido, es verdad que nos da la oportunidad de plantear un debate
necesario sobre la territorialización de los recursos y las políticas de cambio climático. Además nos permitiría, si fuera aceptada a trámite, modificar vía enmiendas la Ley 13/2010, que modifica la Ley del 2005, de régimen de comercio de
emisiones, que a nuestro entender tiene carencias importantes en su funcionamiento. De hecho esta iniciativa solo se centra en un instrumento que a nuestro entender no ha sido muy eficaz hasta el momento, pero nos da la oportunidad de hablar de
cambio climático; tema poco tratado en este Congreso y una cuestión olvidada por este Gobierno. Por eso no solo quiero hablar de la gestión de los instrumentos y de cómo compartirlos, sino sobre todo apremiar a esta Cámara sobre la necesidad de
incluir el cambio climático en nuestras urgencias y nuestras preocupaciones. El contexto es de extrema gravedad y además este Gobierno, así como el de la Generalitat y otras comunidades autónomas, está cerrando los ojos ante las evidencias y
tapándose los oídos ante las advertencias. A pesar de la crisis en otros países avanzados, desde Estados Unidos a Gran Bretaña, Francia o Alemania, la sostenibilidad y el cambio climático están en la agenda política y en el debate público. Nos
hubiera gustado que después de quince meses de gobierno hubiéramos podido discutir la

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estrategia del Gobierno para mitigar y adaptarse al calentamiento global, pero lo único que hemos debatido es el desmantelamiento de las pocas políticas de sostenibilidad y la habilidad, eso sí, de comprar derechos de emisión baratos. Nos
gustaría tener un conjunto de medidas globales, pero los hechos demuestran que, mientras el escenario es de un nuevo récord de emisiones en el año 2011, estamos ante una involución sin precedentes en las políticas, y responde precisamente a la
miopía e imprudencia del Gobierno que tanto hemos denunciado. Solo hace falta ver el escepticismo de algunos diputados de esta Cámara sobre las consecuencias del cambio climático. Por eso me gustaría aprovechar para hacer unas reflexiones;
lástima que el diputado Hernando no esté enta Cámara para escucharlas.


En primer lugar, estamos ante una emergencia planetaria. El informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático del año 2007 asegura que el calentamiento global causó 150.000 muertes adicionales prematuras en 2007, y esto se está
multiplicando. En segundo lugar, mientras hablamos de lo preocupante que sería un escenario de aumento de la temperatura superior a 1,5 grados a final de siglo, la realidad es que hoy vamos directos a una subida superior a los 3,5 grados a finales
de siglo, algo que no se afirma desde nuestro grupo parlamentario sino desde el Banco Mundial. Las consecuencias de este escenario al que precisamente nos dirigimos tendrían efectos catastróficos, como dice el mismo informe del Banco Mundial, y
afectaría a todas las regiones del mundo. La Agencia Internacional de la Energía nos avisa de que, si no se adoptan medidas radicales y profundas y cambiamos los patrones de consumo y de producción, no podremos hacer frente a esa situación
irreversible. Esto lo deberíamos hacer de manera apremiada antes de 2015 y sobre todo reducir prácticamente a cero antes del año 2050, y no vamos precisamente por ese camino; todo lo contrario. Vamos tarde, señores, por eso no podemos posponer el
debate y menos todavía pensar que se trata de profecías, porque hoy solo un pensamiento irracional y no científico es capaz de negar lo que afirman más de 15.000 artículos científicos en todo el mundo.


Lo que también es una demostración de suma ignorancia es pensar que no va con nosotros, que aquí esto no nos va a afectar y que ya lo pagará el resto, normalmente los pobres. Es verdad que la vulnerabilidad se multiplica en los países del
sur -en ciclones, huracanes, menos recursos-, pero lo que es muy recomendable -precisamente les aconsejo que lo lean- es el informe del IPCC, que habla de la vulnerabilidad de Europa. ¿Dónde están las zonas más vulnerables? Precisamente en el sur
de Europa y en el este. Por lo tanto España es clara perdedora en todos los indicadores ante las consecuencias del cambio climático (inundaciones, desertización, sequía, salinización, impacto negativo en agricultura y las pesquerías, olas de calor
extremo, impacto negativo en sectores productivos como la agricultura o el turismo). Saben, señorías, que cuanto más tarde vayamos más costoso y más difícil será hacerle frente. Por lo tanto, ante este escenario no podemos encontrarnos con la
irresponsabilidad de las administraciones, y lo que encontramos es precisamente esa miopía y esa irresponsabilidad, de hecho prácticamente un boicoteo del Gobierno a las políticas que son de sentido común para reducir emisiones. Ustedes se oponen
al aumento del 30% en los objetivos de reducción de emisiones; se oponen a la Directiva de eficiencia energética. Ayer conocíamos un informe del Observatorio de eficiencia energética en el que la mayor parte de los expertos denunciaba que España
no va a cumplir la legislación vigente en materia de eficiencia energética. También lanzan una cruzada contra las energías renovables mientras favorecen el gas, el petróleo o el gas de esquisto con el fracking, por no hablar de los residuos, la
movilidad sostenible o una Ley de Costas completamente irresponsable. Podríamos seguir, seguir y seguir.


Señores, la crisis no puede ser una excusa para olvidarnos de lo urgente. No es cuestión de recursos sino de prioridades y de voluntad política. Ahora es el momento, ante el desmoronamiento de un modelo, de favorecer precisamente la
transición productiva. El medio ambiente y la economía verde no son un lastre sino una oportunidad también de creación de empleo, y creo que ante este escenario deberíamos estar hablando de cómo todas las administraciones se ponen al servicio de
este cambio económico, social y ambiental. Necesitamos una estrategia global, descentralizada e integral. Necesitaríamos una ley de cambio climático que, entre otras cuestiones, integre la obligación de acompañar presupuestos del Estado con
presupuestos de carbono, evaluar la huella ecológica por ejemplo o una auténtica fiscalidad ambiental. Podemos hablar de los instrumentos del mercado de derechos de emisión, que es de lo que trata esta iniciativa, pero creo que deberíamos hacer su
balance primero negativo del impacto de este mercado de derechos. Hay que reconocer que el mercado de emisiones ha demostrado ser ineficaz -bajos precios, el tema del aire caliente-, asimismo existe una falta de transparencia en los mecanismos de
desarrollo limpio -muchas veces no son tan limpios estos mecanismos- y también una propia perversión de los objetivos. Este año hemos leído muchas informaciones sobre la especulación en torno a los derechos o cómo empresas que son grandes emisoras
se han lucrado con el negocio de derechos. Por eso y en este

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contexto compartimos que en la gestión del instrumento de los derechos y el Fondo de carbono tenemos margen para mejorar; para mejorar en transparencia, en limitar política de lucha contra el cambio climático y también en compartir con el
resto de las administraciones. Esto es lo que pretendería esta proposición de ley, aunque creemos que no es aceptable al cien por cien tal y como se plantea. Por un lado, ¿a qué dedicamos los ingresos de las subastas? La directiva señala, como
usted comentaba, que deberían destinarse a políticas de cambio climático -a nuestro entender el cien por cien-, incluida la cooperación internacional que, por ejemplo, no está presente en el listado de su proposición de ley. En este sentido,
compartimos que una de las prioridades a las que deberíamos destinar los recursos es a los sectores difusos, que son los grandes causantes de misiones, y que el propio ministro decía que eran el talón de Aquiles precisamente en la lucha contra el
cambio climático.


Estamos hablando de transporte, de ámbito residencial, comercial, institucional, agrario, residuos y gases fluorados; sectores en los que es indiscutible el protagonismo de las distintas administraciones, pero especialmente el de las
comunidades autónomas. Por eso compartimos esa filosofía y, del mismo modo que las comunidades autónomas ya aparecen en la Ley del 2010, pues coordinan la aplicación de los derechos de emisión o son órganos de las comunidades autónomas las que
autorizan las emisiones y hacen el seguimiento, es lógico que esos objetivos estén también territorializados. Eso mejoraría asimismo la eficacia, obviamente identificando las debilidades, los puntos negros de cada zona y ponderando las cuestiones
con una visión global. De hecho, desde nuestro grupo parlamentario también presentamos una proposición no de ley sobre la participación de los ayuntamientos y los territorios más afectados en los ingresos de las subastas de aviación, entendiendo la
necesidad de compensar las zonas de influencia de las infraestructuras aeroportuarias por su vulnerabilidad ambiental y poder aplicar medidas de reducción de la contaminación ubicadas en esos municipios o en esas localidades.


Compartimos la filosofía, pero debemos aclarar que en el caso de ser admitida plantearíamos enmiendas y algunas objeciones. Ustedes marcan unos objetivos nada ambiciosos, se alinean con el Grupo Popular en unos objetivos del 20%. El mismo
informe de la Agencia Internacional de la Energía o del IPCC dice que con estos objetivos no vamos a ninguna parte. Por tanto, no responden ni a las urgencias que les señalaba ni a las necesidades reales. En cuanto a la forestación y reforestación
deberíamos acotarlo, porque no todas partes necesitan ser reforestadas, ya que si no puede ser un coladero para abonar un negocio pero no para combatir el cambio climático; es decir, donde haga falta, de acuerdo, pero no en todas partes. En tercer
lugar, los sistemas de almacenamiento y captura de carbono, a nuestro entender no puede ser un objetivo. Es como decir que ante la suciedad en lugar de limpiar y fregar lo que hacemos es esconderlo debajo de la alfombra. No nos vale utilizar una
fe ciega en una tecnología cara e ineficaz para que sirva de coartada para seguir actuando igual, para no cambiar nada. Señores de Convergència i Unió y también del Grupo Popular, o nos ponemos ya las pilas cambiando el modelo de producción y
consumo, abandonamos los combustibles fósiles, o no lograremos un escenario habitable. En la eficiencia energética deberíamos incluir también al sector institucional (universidades, edificios, etcétera). En definitiva, territorializar sí;
recursos compartidos sí, pero sobre todo eficacia y ambición al servicio de políticas coherentes que persigan realmente la mitigación y adaptación al calentamiento global. No vamos bien, por tanto no podemos seguir igual.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sánchez.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.


Señorías, aunque no estemos de acuerdo con la receta que plantea el grupo proponente, como expondré posteriormente, quisiera agradecer al comienzo de mi intervención la iniciativa del señor Barberà porque nos permite hablar en este Pleno de
uno de los mayores retos que afronta la humanidad en este siglo XXI, el del cambio climático, que por desgracia está muy alejado de la actualidad mediática y para mayor desgracia aun de la agenda política del actual Gobierno. No voy a hacer
referencia a las múltiples declaraciones de dirigentes del Partido Popular, de diputados del Grupo Parlamentario Popular y desde luego tampoco del Gobierno actual en relación con esas dudas, ese poner en solfa constantemente la verosimilitud
científica de un hecho evidente, absolutamente contrastado por la ciencia, como es que el planeta está ahora mismo inmerso en un cambio de clima. Lo cierto es que los hechos por desgracia acompañan a las palabras a las que antes hacía referencia
algún otro portavoz parlamentario. No hay más que ver el Boletín Oficial del Estado semanalmente, ver cuáles son las decisiones que toma el Grupo

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Parlamentario Popular mayoritario en esta Cámara y el Gobierno al que respalda para saber que hay una cierta insensibilidad, cuando no mucha insensibilidad, y también una voluntad de desmantelar todas aquellas políticas de cambio climático
que durante los últimos años se han construido con el esfuerzo no solamente de otros grupos parlamentarios en esta Cámara presentes, desde luego el mío, sino también del tercer sector de nuestra sociedad. Ejemplos hay de todo tipo; aquí se han
mencionado algunos de ellos, y no voy a ser yo el que no los vuelva a mencionar, porque son muy graves. Aquí se ha aprobado, por ejemplo, una Ley de Costas que no contempla el efecto que va a tener el cambio climático sobre las costas españolas,
incluso hemos visto cómo algún ponente del Grupo Parlamentario Popular venía a calificar el cambio climático de profecía maya; hemos visto cómo en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 se reducían a la mínima expresión todas aquellas
políticas que tienen que ver con la rehabilitación, con el ahorro energético, con la eficiencia energética; hemos visto también cómo el año pasado el Gobierno de España, el Gobierno de un país que tiene 30 puntos por encima de la media europea en
dependencia energética o 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea en intensidad energética, es decir en ineficiencia de la utilización en energía por parte de nuestra economía, ese Gobierno fue el único de los dos Gobiernos de la Unión
Europea que votó en contra de una directiva de eficiencia energética. Por si fuera poco lo que vemos, este Gobierno aprueba una moratoria con el Real Decreto 1/2012 que congela el desarrollo del sector de las energías renovables en nuestro país,
mientras aplaude, abraza y por supuesto apoya el fracking y a la industria gasística con los indudables impactos en el medio ambiente que va a tener el desarrollo de esa tecnología. Hemos visto hoy, señorías del Grupo Parlamentario Popular, una
noticia en un medio de comunicación escrito donde se anuncia una muy probable flexibilización de todos aquellos criterios de impacto ambiental para de alguna manera apoyar el desarrollo del fracking en nuestro país. Ya le digo cuál es nuestra
posición. Si hay que plantear una moratoria es precisamente al fracking y no al sector de las energías renovables, que es justamente lo que están haciendo otros Gobiernos en Europa como puede ser, por ejemplo, el Gobierno francés de François
Hollande.


Pues bien, ante este desmantelamiento de las políticas de lucha contra el cambio climático y de insensibilidad -insisto- por parte del actual Gobierno en todo lo que tiene que ver con las políticas de cambio climático, el grupo proponente
nos plantea transformar un reto que es de todos -de indudable trascendencia para el conjunto de las administraciones de este país, porque nos estamos refiriendo en el caso que nos ocupa de esta proposición de ley a los objetivos españoles- en una
cuestión de modelo territorial, en una cuestión de fragmentación de las responsabilidades de emisión de CO2 y de gases de efecto invernadero y también de financiación en este caso de la Generalitat catalana. Nos parece un error. Créame, señor
Barberà que lo lamentamos, porque en nuestra opinión es otro el camino que deberíamos recorrer todas las administraciones juntas. Deberíamos -como se ha citado por parte del grupo proponente- emular, por ejemplo, al Reino Unido, que por cierto no
es amigo de sobrecargar con leyes la economía británica, y aprobar una ley de cambio climático que permita vislumbrar unos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero para el año 2050, con objetivos intermedios en 2025, en 2030 y en 2040,
e introducir como un elemento transversal a todas las políticas del Gobierno de España las política de lucha contra el cambio climático.


Nosotros, señor Barberà, estamos por supuesto de acuerdo con algo que ustedes plantean en su proposición de ley, porque nos parece una absoluta aberración, porque no nacieron para eso, que el 90% de los recursos que provienen de las subastas
de derechos de emisión se destinen a la reducción del déficit tarifario y que solo un 10%, es decir 50 millones de euros, se estén destinando a las políticas de lucha contra el cambio climático. En efecto, consideramos que es acertado proponer que
en el articulado de la Ley 13/2010 se incluyan todas aquellas políticas y sectores que ya la directiva de 2009 nos decía que teníamos que introducir como objetivos prioritarios de todos aquellos ingresos percibidos por los derechos de emisión. En
lo que no estamos de acuerdo, señor Barberà, es en territorializar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, porque no son los territorios -serán los sectores- los que contaminan, y en consecuencia tendremos que controlar a los
sectores y no a los territorios en la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que podríamos hacer -ahí, señor Barberà, nos va a encontrar- es mejorar la gobernanza, en consecuencia la coordinación interadministrativa, de todos aquellos
instrumentos que ya tiene el Estado para luchar contra el cambio climático. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a que podríamos dar una mayor participación a los gobiernos autonómicos en el consejo rector, en la comisión ejecutiva del
Fondo de carbono para la economía sostenible; dar un mayor protagonismo y mayores competencias a la Comisión de coordinación de

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políticas de cambio climático; abrir la puerta -claro que sí- a la cofinanciación con cargo al Fondo de carbono para una economía sostenible de proyectos liderados por las comunidades autónomas en sus territorios, siempre y cuando esas
comunidades autónomas previamente hayan aprobado leyes, planes, estrategias que demuestren que están comprometidas con la reducción y con la adaptación de sus territorios a un hecho evidente, incontrastable como es el del cambio climático.


En suma, nosotros, señor Barberà, estamos dispuestos a hablar de todo esto, a debatir sobre ello y a transitar por un camino que no es el negacionismo de unos ni el intento de nacionalizar de otros la lucha contra el cambio climático. Señor
Barberà, no vamos a despreciar su iniciativa porque consideramos que suscita un debate importante para el país, y desde luego para esta Cámara debería de serlo, pero con lo que no estamos de acuerdo es con las propuestas que ustedes plantean. En
consecuencia, como ya le he dicho personalmente, nos abstendremos en la toma en consideración de su proposición de ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Bajo.


El señor BAJO PRIETO: Gracias, señor presidente.


Señor Barberá, tengo que alabar, en primer lugar, la coherencia, la constancia y la tenacidad de su grupo con esta iniciativa. Es una petición que llevan planteando mucho tiempo y en esta legislatura por triplicado, dos en Pleno y otra en
Comisión, amén de las veces que usted la expone cuando tiene la mínima oportunidad. No puedo decir lo mismo sobre el contenido; allí la coherencia, basándome en la trayectoria de las actuaciones y declaraciones con las que su partido nos deleita
un día sí y otro también, no la encuentro. En esta proposición de ley piden que los recursos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases con efecto invernadero se distribuyan entre las comunidades autónomas. ¿Solo los recursos?
¿Y las obligaciones, los objetivos y los compromisos? ¿Esos para quién? ¿Para el Estado? Señorías, el Estado es el último responsable de los cumplimientos de España en materia del cambio climático, con lo que ello implica de responsabilidad de
los recursos utilizados y su aplicación más eficiente y acorde con la evolución de las emisiones. Señor Barberà, oyéndole a usted esta tarde parece como si el Consejo Nacional del Clima nunca se hubiera reunido con el Gobierno del Partido Popular,
pero tengo que decirle que el pasado año se reunió dos veces.


Territorializar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como usted pide, supondría que, para cada uno de los objetivos asumidos por España en esta materia en el ámbito europeo e internacional, se tendrían que
establecer objetivos para las comunidades autónomas y para las ciudades autónomas, de tal forma que el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada una de ellas comportara de manera agregada el cumplimiento por España de los compromisos como
sujeto de derecho internacional. Pero si vemos lo fritos que están por el Estado -según palabras del presidente de Cataluña, Artur Mas- por tener que cumplir los objetivos de déficit, y si a esos objetivos les añadimos los objetivos de la reducción
de emisiones, ¿entonces cómo estarían? ¿Chamuscados por el Estado? (Aplausos). Y a renglón seguido, ¿qué pedirían, relajación en el cumplimiento y relajación en los compromisos? Pero, fíjese, ¿qué criterios serían los adecuados para que la
distribución de los recursos no fuese sectorial y sí fuese territorial, como ustedes proponen? Estos criterios tendrían que ser aprobados por consenso, como ocurre con la financiación autonómica, para no discriminar a los territorios. Entonces,
¿qué variables serían las correctas, el potencial de mitigación coste eficiente, la población, las emisiones, la renta? Esta medida que ustedes presentan conlleva solidaridad interterritorial, y créame, señoría, que me alegro mucho de que este
planteamiento se refleje en esta iniciativa. Ojalá ocurriera con todo lo demás que ustedes plantean.


Pero, señorías, hay que tener en cuenta que en el marco comunitario paquete de energía y cambio climático, España cuenta únicamente con un objetivo para los denominados sectores difusos no cubiertos por el régimen de comercio de derechos de
emisión. Y en el marco de Naciones Unidas se ha decidido que en 2013, o sea este año, se iniciará un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto que comporta el establecimiento de un Qelro, es decir, un objetivo nacional global, abarcando
todos los sectores para España. Actualmente los objetivos de reducción de emisiones están fijados a escala nacional y no se dispone de herramientas para fijar los objetivos a escala territorial. Consideramos que el establecimiento de objetivos
para cada comunidad autónoma puede conllevar notables dificultades técnicas relacionadas con la contabilidad de las emisiones, tanto en el año de referencia como en el año objeto de cumplimiento. Habría que garantizar que los inventarios
autonómicos fueran plenamente

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coherentes con el inventario nacional, único relevante a la hora de determinar el cumplimiento por parte de España y sujeto a estrictos controles de calidad por parte de Naciones Unidas. Habría que determinar quién elabora los inventarios
autonómicos, a qué control estarían sujetos, quién garantizaría la coherencia y cómo se procedería si hay discrepancias. Y, por supuesto, habría que determinar cómo se establece el control de los objetivos territorializados y las posibles medidas
coercitivas cuando no se cumplan, como las que se aplican al Estado actualmente para los objetivos a escala nacional. De manera que, señorías, para distribuir los recursos territorialmente, primero, hay que distribuir los objetivos de reducción de
emisiones y para ello debemos antes conocer el potencial de reducción de emisiones de cada sector difuso y de las comunidades autónomas.


El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente va a realizar a lo largo de este año un estudio de cumplimiento de los objetivos nacionales a 2020, identificando la tendencia esperada de las emisiones y las medidas necesarias
para el cumplimiento de los objetivos. Estas medidas sectoriales, con su potencial de mitigación, costes y beneficios, permitirían identificar las políticas y medidas más adecuadas. Consideramos que este ejercicio es previo a un posible segundo
paso de reparto del esfuerzo y de los recursos necesarios para abordarlo, así como el análisis de fuentes de financiación que puedan ser analizadas con este fin, posibles medidas fiscales, incentivos y medidas regulatorias.


Señora Ortiz, ¿cómo puede decir que el Gobierno del Partido Popular no está comprometido con el cambio climático? ¿Se lo cree de verdad o forma parte del guión al que nos tiene acostumbrados? Fíjese si está comprometido este Gobierno que
está haciendo los deberes que otros no han hecho: cumplir con el primer periodo del protocolo de Kioto, poner en marcha el fondo de carbono, la huella de carbono y la hoja de ruta de los difusos. Y en cuanto a la creencia en el cambio climático,
ya no sé cómo decírselo. El Partido Popular nunca ha cuestionado la existencia del cambio climático. Lo puede entender o no lo puede entender; es su problema. (Aplausos).


Por otra parte, también piden en la proposición de ley que los recursos obtenidos por la subasta de los derechos de emisión sean destinados en su totalidad a medidas de lucha contra el cambio climático. Sobre esto, ¿qué quiere que le diga?
A mi grupo también le gustaría que esto fuera así. Menciona la Ley 13/2010, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos, pero, como bien dice, esta ley recoge en el apartado quinto de su preámbulo, que no en el articulado, que los ingresos
de las subastas deberán destinarse a políticas de cambio climático. Por eso me sorprende, y mucho, que ahora venga el Grupo Socialista y se enmiende a sí mismo, y quieran que este Gobierno haga lo que proponían en la ley que ellos presentaron. No
sé si se debe, señor Sánchez, a otro ejercicio de profunda reflexión como al que últimamente nos tienen acostumbrados varios dirigentes de su partido, para decir que donde dije no, digo sí y donde dije sí, ahora digo no. Cambian tanto de criterio,
giran tantas veces el barco que van a acabar por hundirlo.


Recientemente, se han aprobado dos leyes, la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética en 2013 y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. Se establece que el 10% del ingreso estimado por la subasta de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 50 millones de euros, se destinará a políticas de lucha contra el cambio climático, y que el resto, es decir el 90%, se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico y al apoyo a
las energías renovables, las cuales a su vez apoyan la lucha contra el cambio climático, como es evidente. Y, señorías, esta decisión no es baladí. España cumplirá con Europa. Pero más que hablar de las energías renovables, ¿por qué no hablamos
del gran problema que es el déficit de tarifa? Ese es, y no otro, el principal lastre para garantizar la sostenibilidad del sector y también de una parte de la economía de nuestro país.


Por todo lo anteriormente expuesto, señor Barberà, el Grupo Popular votará en contra de esta proposición de ley, porque entiende que hay que cumplir con las leyes vigentes y porque hay que esperar al estudio del cumplimiento de los objetivos
nacionales a 2020 que va a elaborar este año el ministerio.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bajo.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. (Número de expediente 122/000090).


El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la lucha contra la corrupción. Para su defensa, tiene la palabra el señor Lara. (La señora
vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

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El señor LARA MOYA: Gracias, señor presidente.


Señorías, en esta España que se desangra por los cuatro costados por unas políticas de austeridad que solo sirven para incrementar la recesión económica, el paro, la pobreza y la exclusión y desintegración social, que crecerá con los nuevos
recortes a los parados, por unas reformas que solo han servido para abaratar el despido y reducir los salarios, salvar a los bancos mientras se sigue desahuciando a las familias de sus casas, no es extraño que haya una pérdida de confianza en la
política y que cada vez más ciudadanos se sientan desafectados de este sistema injusto que agudiza la brecha entre ricos y pobres. Si a ello le sumamos los infinitos casos de corrupción que empañan la vida pública española, la degeneración
democrática es una realidad con la que no nos debemos resignar: Urdangarin, Matas, Pujol, González, Pallerols, Guerrero, Fabra, Baltar y ahora de nuevo Bárcenas; casos, como La Muela, Malaya, Gürtel, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretoria,
ITV, ERE o Palma Arena.


Paradójicamente, cuando el último barómetro del CIS refleja que la corrupción es la segunda preocupación de los ciudadanos, este fin de semana el propio ministro Wert declara que hay una percepción social exagerada de la corrupción política.
¿En qué mundo vive este ministro? ¿Es este el mensaje que el Gobierno quiere lanzar a la ciudadanía sobre su voluntad de luchar contra la corrupción? Casos que implican a ex altos cargos y cargos de Gobiernos autonómicos, diputados y dirigentes de
partidos políticos, como en el caso de Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña o Andalucía, y casos de corrupción política en diversos municipios relevantes, y muy especial y significativamente el caso Bárcenas, aquel del que, cuando fue
imputado hace casi cuatro años en la Gürtel, dijo el presidente del Gobierno: nadie podrá probar que Bárcenas no es inocente. ¿Y ahora qué? ¿Alguien se atrevería hoy a hacer esa misma afirmación? Casi 40 millones de euros en cuentas suizas han
acabado con la relativa paz que acompañaba el acuerdo de 2009 al que llegaba el señor Bárcenas en el seno de su partido. Las publicaciones conocidas con posibles pagos de sobresueldos con dinero negro a cargos del Partido Popular y de la propia
Administración pública con fondos supuestamente provenientes de empresas y contratistas, que en caso de probarse supondrían la existencia de un sistema articulado de financiación ilegal, de supuesta corrupción masiva y organizada vinculada a un
partido político, ponen de manifiesto la necesidad de hacer reformas profundas que tiendan a evitar los agujeros en la legislación que pueden facilitar tales prácticas.


Sabemos de la lentitud de la justicia, casi tres años para conseguir los datos de las cuentas suizas. Sin embargo, esos datos y lo publicado han hecho moverse a la justicia después de las querellas presentadas. El caso Bárcenas ha vuelto a
conectar indiciariamente a Génova con la Gürtel, agudizando la alarma y el escándalo social. Del rechazo inicial por la justicia a vincular el caso Gürtel con el caso Bárcenas se ha pasado a la apertura de diligencias por dos juzgados y a la
disputa judicial de quién es el competente para instruir la causa. Estamos probablemente ante el caso más grave de supuesta corrupción de la democracia española. En este contexto, ante la inacción del Gobierno, con un Gobierno noqueado que
únicamente lanza cortinas de humo y justificaciones que rozan en muchos casos el absurdo, presentamos esta proposición de ley de lucha contra la corrupción para su toma en consideración, si lo considera esta Cámara, porque la corrupción se ha
convertido en un problema de Estado, no solo porque los ciudadanos lo consideren como el segundo problema más grave del momento actual, sino porque el goteo de irregularidades en distintas administraciones públicas y los graves escándalos de
corrupción pública y privada referidos dañan la credibilidad de las instituciones y de la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases del sistema democrático, generan alarma y escándalo social y provocan la desafección política
entre cada vez más capas de la ciudadanía.


Somos conscientes del período vivido, de la burbuja inmobiliaria, de la especulación urbanística y las irregularidades en la contratación pública, que han incrementado notablemente la corrupción en España. Ha habido y hay graves
deficiencias en la regulación, control y sanción en materia de urbanismo y contratación públicas que han facilitado sin duda el camino a la corrupción. Las prácticas honradas se han visto ensombrecidas por las delictivas y es cada vez más urgente
acabar con este estado de cosas. Por ello proponemos actuar legislativamente en cuatro sentidos: mejor tipificación e incremento de penas en delitos de corrupción, mejorar la transparencia y la gestión en la contratación pública, reformas legales
en procesos urbanísticos que generen plusvalías y control de la financiación de los partidos políticos. Cuando un cargo público se corrompe esta despreciando los principios democráticos de honradez, transparencia, rendición de cuentas y vocación
pública que legitiman la delegación de la soberanía que el pueblo les confiere, pero además, y por lo general, detrás de cada corrupto hay un corruptor, especialmente en los delitos en materia urbanística y de ordenación del territorio. Por eso
proponemos endurecer las penas en los delitos que tienen que ver, entre otros, con malversación o apropiación indebida de caudales públicos,

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prevaricación con fines de lucro, cohecho y cohecho impropio, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, alteración de precios en concursos y subastas públicos, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados,
omisión del deber de perseguir delitos y el blanqueo de capitales.


Pero más allá de las conductas delictivas, la corrupción ha sido facilitada por la falta de transparencia en la gestión y contratación públicas. Con una legislación débil e insuficiente, como la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público,
que proponemos reformar, se ha hecho posible la utilización clientelar de las instituciones, la externalización abusiva de servicios prestados por funcionarios y empleados públicos, la insuficiente coordinación entre órganos administrativos, la
debilidad en los controles políticos, a lo que se suma la escasez de medios en las fiscalías anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, y la lentitud de la justicia, también por la escasez notable de medios. El deterioro que se pretende de lo público
y de los servidores públicos en este tiempo en que vivimos, la mayor estafa del periodo democrático, es un cáncer para la democracia. Por eso es vital que la sociedad recupere la confianza en los cargos electos y trabajadores públicos, mejorando la
transparencia. Para ello proponemos modificar la Ley 7/1985, reguladora de bases del régimen local, para regular con mayores exigencias la actuación de quienes intervengan en procesos urbanísticos o de contratación pública. El derecho a la
intimidad o la privacidad de quienes ocupan puestos relevantes no puede amparar la ocultación de datos indispensables para verificar su probidad y honestidad. Los ciudadanos deben tener derecho a acceder al registro de bienes y derechos
patrimoniales de todos los servidores públicos.


Por otro lado, el fenómeno de la corrupción no es tan solo fruto de la falta de controles y de transparencia. Las deficiencias del modelo productivo, económico y financiero han alimentado la especulación y las políticas delictivas en
materia urbanística y en la construcción. Para afrontar la solución estructural de la corrupción hay que ir a la raíz del problema, que se sitúa en el exceso de apropiación privada cuando se genera plusvalía urbanística. Existe, por último,
debilidad en la normativa que regula actividades delictivas de cargos y partidos políticos, y que es impropia ante la gravedad de determinados hechos. Así, la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General, no tiene capacidad para limitar los
costes de las campañas electorales, lo que provoca endeudamientos excesivos en campañas electorales y son terreno abonado para la financiación ilegal de partidos y de sus fundaciones. Y este es el gran debate de este momento: la financiación de
los partidos políticos. La financiación a partidos por las empresas por la puerta de atrás, a cambio de concesiones de obras o servicios, altera las condiciones de concurrencia en igualdad por las empresas, siendo perjudicadas aquellas que actúan
bajo la absoluta legalidad. Se perjudica al erario público porque las comisiones o donativos terminan siendo pagados por los ciudadanos directa o indirectamente en los precios finales de obras o servicios. Los partidos beneficiarios concurren con
fondos ilícitos en las campañas electorales, que pueden llevarlos a obtener resultados por encima de los que hubieran obtenido sin esa financiación ilícita. En resumen, nos situaríamos ante una inmensa estafa electoral que violaría los mínimos
principios democráticos electorales y que exigiría la asunción de responsabilidades políticas, además de las penales, por los partidos receptores de financiación ilegal. La Ley Orgánica 8/2007, de Financiación de Partidos Políticos, debería
establecer más cautelas y un mayor control para evitar vías de financiación irregular e ilegal. Tenemos que garantizar que el Tribunal de Cuentas tenga garantías de ausencia de condonaciones de deudas a partidos por parte de entidades bancarias o
proveedores que obedezcan a situaciones de posibles intercambios de favores. Urge incorporar al ordenamiento jurídico y a las prácticas institucionales todas las recomendaciones del grupo de Estados contra la corrupción, Greco, del Consejo de
Europa. Proponemos incorporar la ratificación del protocolo adicional al convenio penal sobre corrupción hecho en Estrasburgo el 15 de mayo de 2003, así como desarrollar los convenios ya firmados y ratificados, como la Convención de Naciones Unidas
contra la corrupción de octubre de 2003. No es objeto del articulado de esta ley cubrir las carencias de financiación de los mecanismos de control ya existentes, pero sí destacamos la necesidad de incrementar recursos financieros y de personar al
Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.


En conclusión, nuestro grupo parlamentario es consciente de que esta iniciativa tiene carencias técnicas y que es necesario mejorar y completar esta proposición de ley abierta a la participación de todos los grupos de la Cámara. No es una
cuestión de perdernos en todo caso en debates estériles o justificaciones técnicas, es el momento de compromiso político firme y contundente contra la corrupción. Y para ello es imprescindible hacerlo desde una óptica integral, no valen reformas
parciales y cosméticas. Nuestra proposición de ley tiene este propósito. Por este motivo pedimos el voto favorable de todos los grupos a la toma en consideración de esta proposición de ley que pretende incorporar, entre otras,

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modificaciones a la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal; a la Ley del Suelo, aprobada por Decreto Legislativo 2/2008; a la Ley 5/2006, de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la
Administración General del Estado; a la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local; a la Ley de Enjuiciamiento Criminal; a la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial; a la Ley Orgánica 8/2007, de Financiación de Partidos Políticos y a
la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.


Por último, no nos cabe ninguna duda de que si la Cámara toma en consideración esta proposición de ley será enriquecida con las aportaciones de los demás grupos y del propio Senado en aras de conseguir combatir, con todos los instrumentos
legales adecuados, la lacra de la corrupción para intentar apartarla de la vida pública española. Esperemos que esta Cámara esté a la altura de lo que espera la ciudadanía.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Lara.


Por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


La gravedad del momento exigiría posiblemente que los cargos electos imputados abandonasen su responsabilidad institucional. No hay más si se quiere superar la situación actual, aun cuanto pudiérase -en algún caso quizá- incurrir en alguna
injusticia. Da igual. Se llamen como se llamen: Pujol, Blanco o tantos otros cargos electos del Partido Popular. Da igual. Y en justa correspondencia la sociedad y las instituciones deberían reparar a esta persona en todos sus honores y cargos
si posteriormente tal imputación no condujera a una condena. La finalidad última de servicio a la comunidad debe prevalecer.


Señorías, la gravedad del momento exige una política de tolerancia cero. Hay que endurecer las penas; que no prescriban los delitos graves de corrupción política; que los políticos y sus sobornadores cumplan íntegramente las penas sin
posibilidad de canjear su estancia en prisión por una multa, y por supuesto, que quien haya robado devuelva hasta el último céntimo de lo robado, aunque deba estar hipotecado por ello de por vida. Es más, si un cargo público no puede devolver
aquello de lo que se apropió indebidamente, debe ser el partido político por el cual fue elegido quien de forma subsidiaria devuelva ese dinero a la Administración pública, salvo en aquellos casos en que haya sido el propio partido quien haya
denunciado la corrupción de este cargo público.


Los partidos políticos somos los primeros que debemos dar ejemplo y extremar el control sobre la actuación de los cargos públicos. En primer lugar, para prevenir y, en segundo lugar, para que el cargo público que haya robado sea
convenientemente juzgado. Ese es nuestro deber como representantes públicos. Aún más grave que la existencia de unos sobres de corrupción y unos políticos corruptos es la impunidad con la que se produce y que los grandes partidos políticos no
tomen las medidas suficientes y adecuadas para atajar y castigar la corrupción de sus cargos. Es absolutamente necesaria una ley específica de medidas contundentes contra la corrupción, pero no es suficiente con prevenir y atajar el delito; el
Poder Judicial debe contar con los medios adecuados para llevar a cabo investigaciones rápidas, adecuadas y completas en los casos de corrupción y deben instrumentarse los mecanismos para una resolución judicial sin dilaciones. No puede ser que el
caso Pallerols haya tardado más de trece años en resolverse desde que comenzó la instrucción, ni siquiera que tres años más tarde de que las autoridades irrumpieran en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet para dejar en evidencia un grave caso
de corrupción que salpicaba al alcalde y a otros cargos públicos del Partido Socialista, todavía no haya habido una resolución, resolución condenatoria o absolutoria. La justicia debe tener la suficiente agilidad para resolver las condenas a los
corruptos o quizás para restablecer el buen nombre de los que no lo son; en un sentido o en otro es de interés de todos. Pero no nos engañamos, la verdad sea dicha, no nos engañamos; no creemos que en estos momentos en el statu quo, en el
establishment político español haya un verdadero interés por resolver este caso, este déficit, este cáncer en estado de metástasis, que ataca, de hecho pone en jaque, en jaque mate quizás, al mismo sistema democrático. La primera prueba es lo que
va a acaecer hoy en este Parlamento, que posiblemente esta proposición de ley no tendrá el suficiente apoyo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.


Señor Cuadra.

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El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, la gente hila fino. Desde hace varios años, el Instituto Nacional de Estadística en todas sus encuestas señala cómo la clase política y los partidos políticos son su tercer motivo de preocupación;
la gente hila fino y en la última encuesta que ha salido hace pocos días, se señala -como ya se ha dicho aquí- que la corrupción es el segundo problema de este país en opinión de la gente y el 95% de todas estas personas considera que los partidos
políticos, lejos de combatir todo esto, expulsar y sanear sus filas de personas corruptas, se dedican más bien a amparar y a encubrir lo que está ocurriendo.


La sociedad capitalista en la que vivimos está asentada sobre todo sobre el ánimo de lucro, un ánimo de lucro ilimitado: hay que ganar todo lo que se pueda y como se pueda. Junto a ello nos encontramos con que tanto las instituciones como
los propios partidos políticos están cada vez más separados de la ciudadanía. Y estos dos motores son los que en buena medida promueven el caldo de cultivo sobre el cual se asientan luego muchas prácticas corruptas. En el Estado español, además,
todo lo anterior se ve agravado por la continuidad existente entre todo el andamiaje corrupto procedente de la Dictadura y buena parte de este mismo régimen que estamos viviendo y padeciendo. En la Dictadura no se sabía muy bien nunca dónde
empezaba lo público, dónde terminaba lo privado, dónde actuaba la ley, dónde la arbitrariedad, y en la actualidad nos encontramos con que bastantes de las redes, de los clanes existentes entonces, aquellas redes familiares, aquellas redes políticas,
aquellas redes financieras siguen teniendo plena actualidad y están por debajo de muchas de las corruptelas que estamos viendo. No podemos dejar de mencionar tampoco la que se ha denominado política de puertas giratorias, según la cual altos cargos
de multinacionales, de bancos, de grandes empresas acceden directamente a los altos cargos políticos, a los ministerios en este país y, al revés, expresidentes del Gobierno y exministros acceden y se sientan en los sillones de los consejos de
administración de estas grandes empresas a los pocos días de ser cesados. No se sabe muy bien en muchos casos cuál es la situación de todas estas personas, el régimen de mediopensionistas en el que se encuentran y en el que nunca se sabe muy bien
si están en el colegio o están en la calle haciendo cualquier otra cosa. Debe mencionarse también el actual sistema de partidos, una partitocracia con cada vez menos base afiliada y militante y cada vez más convertida en una maquinaria electoral,
en una máquina de profesionales que necesita cada vez más fuentes de financiación a través de créditos bancarios, a través de grandes donaciones. Esto, unido a todo lo que he comentando con anterioridad, crea ese caldo de cultivo en el cual la
corrupción no es algo que florece de vez en cuando sino un capítulo permanente en la historia del Estado español en estas últimas décadas.


No quiero terminar sin expresar aquí mi más profundo agradecimiento a la presidenta de nuestra comunidad, Yolanda Barcina, de UPN; a su exconsejero, señor Pejenaute, y al anterior presidente, también de UPN, Miguel Sanz. Nuestro
agradecimiento por todo el trabajo que han venido realizando en el proceso de privatización, bancarización y desaparición de la Caja de Ahorros de Navarra, en el que han florecido corruptelas, blanqueos y privilegios de todo tipo. Gracias a ese
esfuerzo que han realizado, han conseguido volver a colocar a Navarra en los primeros puestos del ranquin y en los comentarios existentes en todo el país sobre escándalos de corrupción, recuperando aquellos puestos que tan dignamente consiguieron
Gabriel Urralburu, presidente del Partido Socialista de Navarra, el señor Otano, el señor Roldán y el señor García Villoslada. ¿Cuándo dejará Navarra de ser un cortijo foralero y se convierta en tierra libre de caciques y corruptos de todo pelo y
condición? Esa es nuestra aspiración.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo del PNV, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor Lara, le adelanto la posición favorable de nuestro grupo parlamentario a la toma en consideración de una proposición de ley que sin embargo adolece de ciertas deficiencias
técnico-jurídicas que usted ha tenido la honradez de reconocer y que quizás eventualmente podrían ser objeto de corrección en trámites parlamentarios posteriores. Se lo digo desde la legitimidad de un partido político que ha tenido escasísimos
casos de corrupción -no más de cuatro en ciento diecisiete años de existencia- y cuya actitud en relación con los cuales ha sido no solo la obligación de dimitir de las personas cuando han incurrido en problemas de esta naturaleza y ocupaban
responsabilidades institucionales, sino que se les ha obligado a entregar el carné del partido. Nosotros no somos sospechosos de no actuar con contundencia contra los actos de corrupción, incluso cometiendo cierta injusticia al vulnerar la
presunción de inocencia que corresponde. Nos parece que su proposición de ley acoge bien no solo la dimensión técnico-jurídica o de derecho positivo que usted ha planteado y que ha intentado glosar, porque es una especie de Decamerón lo que usted
aquí nos plantea sobre la corrupción. Esto se parece más a La República de Platón que a una propuesta normativa para

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debatir en esta Cámara. Ni siquiera usted ha tenido tiempo de glosar todos los títulos que pretende reformar, no en vano pretende reformar nada menos que doce leyes, la mayoría de ellas leyes orgánicas, pero no nos preocupa, señor Lara, se
lo comento con toda honestidad, la dimensión de derecho positivo punitivo, de derecho penal de la ordenación jurídica del suelo, de la regulación de la Ley de Bases de Régimen Local, de la configuración peculiar que hacen ustedes de la justicia
universal, de las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con la posibilidad de adopción de medidas cautelares contra los corruptos, de la regulación de la legislación de conflictos de intereses y toda la miscelánea de leyes
que ustedes pretenden corregir, ccuestión que resulta un tanto extravagante al ordenamiento jurídico porque supone nada menos que utilizar la locución o el concepto jurídico de corrupción otorgándole una vis atractiva que posibilita -al socaire de
una noción que es difícilmente coercible, de difícil coerción intelectual y es un concepto, además, metajurídico-, posibilita, digo, bajo esa locución, establecer un texto articulado, coherente y que además reforma leyes no irrelevantes, muchas de
ellas en este momento en tránsito, en proyecto o en proceso de modificación, como usted sabe perfectamente. Estamos tramitando una ley de transparencia, una reforma del Código Penal, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde muchas
de las cuestiones que a usted le preocupan, señor Lara, van a ser objeto de tratamiento individualizado y sistemático en virtud de uno de los requerimientos o principios generales del derecho que es el principio de identidad y el principio de
congruencia.


No obstante, a mí me interesa en este momento, señor Lara, la dimensión antropológica del problema de la corrupción más que las reflexiones de derecho positivo que usted ha manifestado aquí, algunas de las cuales son manifiestamente
incorrectas. Ustedes atribuyen a estas Cortes -por poner un ejemplo- la posibilidad de incoar un expediente administrativo a un funcionario que incumple los requerimientos de las leyes o que incurre en un problema de corrupción, pero usted sabe que
estas Cortes no están legitimadas, carecen de legitimación para incoar expedientes disciplinarios. Estas leyes pueden tipificar a través de sus competencias legislativas o normativas tipos delictivos o injustos penales que corresponde sancionar al
derecho punitivo administrativo, pero no pueden incoar a través de la petición o del pedimento de los grupos parlamentarios nada menos que un expediente sancionador administrativo. También se confunde o tiene problemas de ámbito competencial o de
naturaleza competencial, porque cuando atribuye competencias a las diputaciones provinciales se olvida de las diputaciones forales en relación a la comunicación que en materia de conflictos territoriales, en materia de conflictos de intereses, en
materia de probidad en el ámbito de la ordenación urbanística, en materia de los múltiples ámbitos de la probidad exigible a los funcionarios públicos que ustedes preconizan en este proyecto de ley. Y también tiene el texto otros problemas que
podríamos seguramente corregir si esto se pudiera debatir a través de los procedimientos legislativos ordinarios. Pero estas no son las carencias. A mí, a mi grupo le preocupa la dimensión antropológica del problema de la corrupción, y usted ha
puesto el dedo en la llaga. Es que vivimos en un país en donde uno cada vez recuerda más las memorias de Giulio Andreotti, autorizadas tácitamente por él, cuando se comenta en uno de los epígrafes o parágrafos de las memorias que se tuvo que besar
con Totò Riina, el líder de la mafia, por razones de estabilidad política. Sic. Reproducción exacta de las expresiones de Giulio Andreotti. Esto dio lugar a la forma de gobernar que desde entonces la Democracia Cristiana italiana -alternándose
con el Partido Socialista italiano, no menos corrupto que la Democracia Cristiana- utilizó para gobernar el Estado italiano, el denominado técnicamente 'caos creativo'. Pues estamos muy cerca aquí de acometer como forma de gobernar el caos
creativo. Hay cuarenta y seis jueces decanos en el Estado español que han llegado a hacer la siguiente declaración pública, y esta no es una reflexión irrelevante porque son los cuarenta y seis jueces decanos existentes -todos- en el Estado
español: que la corrupción en el Estado español es sistémica, forma parte de la estructura de Gobierno, forma parte de la forma de gobernar y de entender los acontecimientos públicos. Y esta no es una reflexión irrelevante ni es una reflexión que
los representantes de la soberanía debamos tomarnos a beneficio de inventario, señor Lara. Desde esa perspectiva antropológica, más que de derecho positivo, hay muchas deficiencias, y hay muchos aciertos también, como la mejora de ciertos tipos o
injustos penales. Porque ustedes mejoran mucho sobre todo la atribución o la determinación del injusto penal no del corrupto sino del corruptor; y no del que se corrompe por acción sino del que se corrompe por omisión, por demoras en la
tramitación de expedientes o en la tramitación de resoluciones. Y muchas cosas que no están bien configuradas en nuestro Código Penal.


Es imposible glosar todo lo que ustedes piden nada menos que mediante la reforma de doce leyes, pero esta declaración la hacen cuarenta y seis jueces decanos, todos los jueces decanos: de nuevo la Administración de Justicia se adelanta al
legislador, lo cual es un fracaso del legislador y es un fracaso de

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la política, como ha ocurrido con los desahucios, como ha ocurrido con la causalización de los ERE, descausalizados por la reforma laboral, y como está ocurriendo mediante una especie de reconversión de la Administración de Justicia, que
está concitando más atracción ciudadana progresivamente que los propios representantes políticos en el ámbito legislativo y sobre todo en el ámbito ejecutivo, cosa rara porque hasta hace poco estábamos acostumbrados a otro tipo de jueces: a
aquellos que vendían libertades provisionales a cambio de un precio o a aquellos que eran mandados a determinada comunidad autónoma para intentar procesar a su lehendakari o al presidente de su Parlamento. La Administración de Justicia está
cumpliendo una función reformista utilizando los requerimientos del artículo 9.2 de la Constitución: remoción de los obstáculos que impiden u obstaculizan la efectiva igualdad entre los ciudadanos, luchando también contra la corrupción con más
eficiencia de lo que podemos hacer desde la actividad normativa que nos corresponde como legisladores y desde luego de lo que pueden hacer la mayoría de los Gobiernos autonómicos o Gobiernos forales.


El señor Cuadra ha citado lo que ha sucedido en la Comunidad Foral de Navarra. La señora Barcina no solo ha estado cobrando durante mucho tiempo dietas de consejos de la Caja de Ahorros de Navarra -por cierto, intervenida posteriormente-,
que ha tenido que devolver una vez que ha sido descubierta la mistificación de las dietas y ha proyectado la devolución de esas cantidades como una especie de recuperación ex post sobrevenida de una probidad que por razones de una alteración
momentánea debía haber perdido en su momento, cuando las cobraba con el señor Sanz, sino que luego, dentro del congreso celebrado en su propio partido, lo ha ganado. Ahí está el elemento antropológico y sociológico profundo, la náusea que
constituye la corrupción en este país. Pero no solo ha ganado en su congreso después de cometer prácticas tan corruptas como estas o la de cobrar dietas de consejos de administración de sociedades públicas a los que no acudía, sino que es sostenida
en el Gobierno de Navarra por un partido aquí presente, el partido mayoritario en esta Cámara. Eso también es corrupción desde la perspectiva antropológica que estamos comentando. Y es corrupción otra cosa, es corrupción mantener a una persona
corrupta en el sentido antropológico del término. No estoy haciendo una imputación de derecho positivo, no estoy incriminando a nadie, los jueces sabrán lo que tienen que hacer con estas materias. Hay 730 imputados por causas de corrupción. La
ciudadanía se está acostumbrando a conocer expresiones como La Muela, Malaya, Gürtell, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretoria, Palma Arena, etcétera.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya mi intervención, señora presidenta.


Yo desde luego pediría a los diputados de esta Cámara que al autor -sea policía, sea juez o sea funcionario público- de estas expresiones o de estas calificaciones de estos sumarios, de estas instrucciones sumariales se le paguen derechos de
autor por la fertilidad imaginativa que demuestra a la hora de calificar. Pero hay 730 imputados, un racimo de imputaciones que hacen referencia no a que la justicia funciona mejor, sino a que el volumen de corrupción es de tal magnitud que algo
tiene que salir y algo tiene que ser incriminado.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya.


Desde esa perspectiva, a pesar de que el concepto jurídico -acabo con esto, señora presidenta, de verdad- de corrupción es un concepto no coercible, es un concepto metajurídico, no susceptible por lo tanto de integrar o de generar una vis
atractiva para crear un cuerpo articulado en función de una ley y habría que desagregar lo que usted propone en distintas leyes, la profundidad casi sistemática de la corrupción en este país nos conduce inexorablemente a votar favorablemente su
proposición de ley orgánica sobre la corrupción, cosa extravagante en el ordenamiento jurídico pero que es menos extravagante cuando la profundidad patógena de este fenómeno es tan grande. A partir de ahí contará...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor Lara, la verdad es que le felicito por la iniciativa de traer a la Cámara otra vez un debate sobre la necesidad de combatir la corrupción política, de regenerar la democracia en última instancia. Nuestro grupo parlamentario va a
apoyar la toma en consideración de esta iniciativa. Además quiero insistir en el

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efecto de pedagogía democrática, efecto importante desde el punto de vista político que tiene el que estemos debatiendo en la Cámara sobre esta cuestión, que afecta, como aquí se ha dicho, a la propia democracia, a las propias instituciones,
a la calidad de nuestra democracia, a nuestro presente y también a nuestro futuro. No es casualidad que aquellos países que mejor comportamiento democrático tienen, en los que hay mayor calidad democrática, en los que hay leyes de transparencia, en
los que no hay impunidad ante la corrupción sean también los países que mejor se han enfrentado y mejor han resuelto su crisis económica. Por tanto, estamos hablando aquí de una cuestión que tiene principales efectos desde el punto de vista
democrático pero que tiene también consecuencias en algo que preocupa cotidianamente al conjunto de los ciudadanos, consecuencias directas. Un país que es incapaz de combatir la corrupción política, es un país incapaz de combatir las otras crisis,
la económica y la social, la de empleo, porque están todas íntimamente relacionadas.


Me alegro de que llegue a la Cámara una vez más este debate. Ya sé que no es un debate nuevo, pero la ventaja, si me permiten llamarlo de esta manera, es que hoy este debate no genera un aluvión de adjetivos descalificativos. Hasta hace
poco relativamente cada vez que debatíamos esta cuestión en la Cámara había que prepararse para un concurso de descalificaciones porque parecía que quien planteaba el debate tenía la culpa de que hubiera corrupción y que, por el hecho de plantear el
debate, estaba contribuyendo a que hubiera más corrupción e incluso a que hubiera una mala imagen de España, como si la imagen mala de España no la diera la corrupción y no el hablar de ello, debatirlo y tratar de combatirlo, además de perseguirlo
castigarlo. La verdad es que en ese sentido se podría decir que hemos avanzado -se podría decir no, es que hemos avanzado-, porque el debate que tenemos esta tarde en la Cámara sobre esta cuestión, más allá de la repercusión pública que tenga -que
ojalá la tuviera-, se acerca mucho a las preocupaciones que tienen los ciudadanos. Usted lo citaba, señor Lara -y varios intervinientes lo han puesto de manifiesto-: hoy, y desde hace bastante tiempo, este problema está considerado como el segundo
o tercer problema que tienen los ciudadanos; aparece reiteradamente. Que hablemos de ello, que lo planteemos, que tratemos de ponernos de acuerdo en cómo prevenirlo, perseguirlo y combatirlo es un elemento importante que demuestra que a veces
necesitamos que los ciudadanos proclamen alto y claro que no van a aguantar más, porque yo creo que la gente ha dicho que basta ya. Quien piense que esto es una cosa que va a pasar, si alguien que piensa que esto pasará porque en cuanto empiece a
recuperarse la economía y se empiece a crear empleo la gente va a olvidarse de este apelativo ético y de esta necesidad de reformar nuestras leyes y de perseguir y combatir la corrupción política, no vive en este mundo. Probablemente la crisis
económica haya tenido su efecto, porque cuando la gente llega a un nivel en el que está sufriendo permanentemente por muchas cosas cotidianas soporta peor conocer casos de corrupción política, que siempre han sido escandalosos, que no son nuevos,
pero que ahora resultan ya absolutamente insoportables. Estamos en un momento en el que no hay vuelta atrás, afortunadamente. Hemos recorrido un camino de exigencia por parte de los ciudadanos y ahora nos toca a los responsables políticos, a los
representantes de los ciudadanos, estar a la altura de los ciudadanos, no solamente planteando el debate abiertamente, sin miedo a que hablar abiertamente de la cuestión pueda desprestigiar más de lo que ya están desprestigiadas las instituciones
políticas, sino sobre todo acordando soluciones y propuestas. Me gustaría muchísimo -no sé cuál va a ser el devenir del debate- que saliera adelante esta iniciativa, porque lo que hoy usted nos plantea aquí es la toma en consideración. Es verdad
que ustedes han presentado una iniciativa muy detallada en la que han puesto de manifiesto las leyes que a ustedes les parece que es necesario cambiar e incluso por dónde habría que cambiarlas, pero a mí me parece que ese es el segundo debate. En
muchas de las cuestiones que usted ha planteado esta portavoz y el grupo parlamentario en nombre de quien habla está de acuerdo; incluiríamos otras, algunas las matizaríamos, pero el debate de hoy no es ese, al menos desde nuestro punto de vista,
el debate de hoy es que ustedes, en nombre de La Izquierda Plural, nos dan la posibilidad de un instrumento nuevo, una iniciativa legislativa, una proposición de ley que, si sale adelante, nos va a permitir a todos debatir sobre todas estas
cuestiones de una forma transversal y abierta.


Se ha hablado mucho de la relación de la corrupción con la economía; usted lo ha hecho también, señor Lara, en su intervención y me ha parecido que ha puesto énfasis en ello. Ha insistido en más de una ocasión en su intervención en la
corrupción económica. Yo creo que el debate -si lo he entendido mal le ruego me disculpe- es mucho más amplio que la corrupción económica, estamos hablando de corrupción política. Algunas veces tiene consecuencias económicas directamente, usted ha
citado varios ejemplos, el señor Olabarría ha citado otros; la corrupción política a veces no tiene consecuencias económicas pero tiene consecuencias de degradación del sistema democrático. En fin, la prevaricación es un delito tenga

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consecuencias económicas o no las tenga. Cualquier cargo, cualquier juez o cualquier representante público que toma decisiones en contra de la ley a sabiendas de que está vulnerando la ley, está cometiendo un delito, sea con consecuencias
económicas para él, para el partido o grupo de gente al que representa o no; prevaricar es un delito de corrupción. Por tanto, no todo se transforma en lo económico. Colonizar determinados órganos, desde la justicia a las cajas de ahorros, el
Consejo General del Poder Judicial, los órganos fiscalizadores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Energía Nuclear, el Tribunal de Cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de
Energía, colonizarlos por parte de los partidos políticos a diestra y siniestra es un acto de corrupción política porque va en contra de la independencia de todos esos órganos, y la independencia de todos esos órganos es un requisito básico de la
democracia; la separación de poderes, la independencia, la transparencia, son requisitos básicos de la democracia. Tendrá o no consecuencias económicas que estén colonizados por los partidos políticos, pero en todo caso a mí me parece que son
actos de corrupción política.


En relación con esto mismo y con este debate que yo saludaba al inicio de esta intervención, me parece importante señalar -el señor Olabarría lo hacía también- que luchar contra la corrupción política es también luchar contra la impunidad,
es sobre todo acabar con la impunidad a través de las leyes que usted ha citado y de otras leyes que se nos ocurran de carácter penal, de carácter patrimonial; es decir, que tiene un castigo de la forma que sea: penal, patrimonial, profesional,
porque a veces lo lógico sería incluso apartar del ejercicio de su profesión a los condenados por actos de corrupción. Tiene consecuencias de ese tipo, pero ha de tener también consecuencias políticas en el seno de los partidos políticos y también
en la sociedad, y yo creo que en España no solamente hay demasiada impunidad por parte de los responsables políticos como algunos compañeros han dicho, sino que también hay una impunidad social que hay que tratar de combatir, que hemos de provocar
que se combata, que no nos perdonen quiero decir, para que me entiendan; que la sociedad española no perdone a quien se corrompe desde un cargo público, que aunque no haya una condena penal o de otro tipo, haya una condena política. Nosotros
tenemos que favorecer con nuestro discurso, con nuestra actuación, que en España se termine con la impunidad, que se termine con la impunidad política que también nos dan los ciudadanos, porque díganme ustedes -es una pregunta retórica
naturalmente-: ¿los cargos públicos, los representantes políticos españoles, los empresarios españoles nacemos genéticamente más preparados que otros conciudadanos nuestros del mundo, de los países europeos, para corrompernos? ¿Tenemos algún chip
dentro que nos hace más proclives a la corrupción política? Yo creo que no, francamente creo que no, lo que existe en España es un sociedad mucho más permisiva ante la corrupción política, aquí hay mucha más impunidad, aunque no sea simpático
decirlo, porque a veces cuando lo dices hay ciudadanos que te miran como diciendo: hombre ya, a ver si ahora la culpa la voy a tener yo. No, no; nosotros más culpa que nadie; los representantes políticos más culpa que nadie, por acción o por
omisión, los que lo hacen porque lo hacen, los que lo permiten porque lo permiten, los que no cambian las leyes pudiendo cambiarlas porque no las cambian, los representantes políticos más responsables que nadie, pero también hay una ciudadanía que
en ese ejercicio de pedagogía democrática tenemos que tratar de mover para que sea más exigente con nosotros, con sus representantes públicos. Citaba el señor Olabarría los setecientos y pico casos que hay en España y el criterio de los cincuenta o
cuarenta y tantos jueces que hablaban de estas cosas. Una se pone a mirar la prensa -yo traía un resumen; hay mil resúmenes de estos datos, ¡pero no de España eh!-: Dimite el ministro de Energía británico por ocultar una infracción de tráfico y a
otro le acaban de meter a la cárcel simplemente por mentir. Fíjense que bueno sería que en España hubiera leyes similares. A uno que ha ocultado una multa le han metido en la cárcel a él y a su exmujer. Dimite el ministro de Energía británico por
ocultar una infracción de tráfico. Dimite el primer ministro rumano tras las protestas contra los recortes. Dimite el presidente de Hungría acusado de plagiar su tesis. Hace nada dimitió la ministra de Economía de Alemania por algo similar de
hace treinta y dos años. Dimite el ministro de Defensa alemán también por plagiar su tesis doctoral...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidenta.


El ministro de Exteriores de Canadá dimite por reconocer la pérdida de documentos confidenciales. Sinceramente, les pregunto -también es una pregunta retórica-, ¿todos estos responsables públicos son genéticamente mucho más honestos que
todos los representantes públicos españoles? Yo creo que no. Serán más honestos que unos y menos que otros, lo que sí es seguro es que hay una opinión pública en esos países que no les perdona. Nosotros, además de trabajar en las iniciativas que
usted ha planteado,

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en aquellas que surgirían después, cuando debatamos esa iniciativa que ojalá salga adelante, también tenemos que reflexionar sobre cómo hacer desde las instancias públicas para que la sociedad española sea mucho más intransigente con
nosotros, sus representantes públicos. Porque cuando terminemos con la impunidad que hoy tenemos, cuando sintamos que nos toman de la solapa, también nosotros, aquellos que no lo hagamos por reflexión personal y por reflexión pública, aprenderemos
a comportarnos.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero):Gracias, señora Díez.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, este es un punto del que no es feliz hablar. Aquí somos felices cuando creamos un servicio nuevo, cuando ayudamos a un sector social en el Estado, cuando aprobamos una ley que pueda hacer más felices a nuestros conciudadanos. No
es el caso de hoy, pero, nos guste o no, el tema que hoy se trata es oportuno. No se puede negar que existe una alarma social en el tema de la corrupción. Yo no sé, como dice el señor Olabarría, si hay un elemento antropológico en la corrupción en
el Estado español. Siguiendo un poco a la señora Rosa Díez, yo diría que es preocupante que un país tenga como uno de sus héroes nacionales al Lazarillo de Tormes, que además es lectura obligatoria en todas las escuelas. No sé si eso es
antropología, es tolerancia por parte de la población, como decía la señora Díaz, pero en todo caso es preocupante. Los griegos tenían una palabra que se ha trasladado al lenguaje corriente, que es catarsis. Catarsis significa que alguien o una
colectividad ha perdido la pureza que lo caracterizaba o incluso que físicamente está intoxicada. Por eso me permito utilizar esta palabra en griego, por ese doble sentido: quiere decir necesidad de purificación, pero también querría decir
eventualmente necesidad de purgación en el sentido más físico del término. Y en eso estamos, en unos elementos físicos: se coge un dinero, se estafa, se incumple una ley, se hace un injusto penal y eso obviamente es un elemento físico. Pero no
podemos negar que hay un elemento espiritual, un elemento conceptual en el hecho de que la corrupción se haya extendido o haya una percepción social del hecho hasta este punto. Por eso nos atrevemos a decir -y coincidimos en este caso con La
Izquierda Plural- que el Estado español se ha de sumir en una catarsis, catarsis en el doble sentido de: uno, solucionar legalmente los temas que saldrán en el futuro, y dos, hacer una cierta modificación conceptual -ya no me atrevo a utilizar de
nuevo la expresión espiritual- de cómo se mira a la sociedad, de cómo se cree el ciudadano que tiene derecho a actuar, de cómo el político se cree también con derecho a hacer o deshacer. Desde nuestra posición, estas serían en el fondo las dos
medidas, si me permiten casi filosóficas, que habría que adoptar.


Hablamos de un mal espiritual. Toda la llamada clase política estamos en este momento en catarsis, que no es nueva y quizá la estamos enfocando tarde y mal. Nuestra solución ya la conocen: rapidez en la justicia. Seguramente no
estaríamos hablando de la mayoría de los casos que estamos hablando si en lugar de solucionarse estas situaciones en diez, ocho, cuatro, seis, trece, quince años, se solucionaran en dos, tres, cuatro, cinco, seis u ocho meses, seguramente estaríamos
hablando de una manera muy distinta. Y esto va en sentido contrario de cómo está actuando el Gobierno, que no está dotando de nuevos medios materiales a la justicia, sino todo lo contrario.


La otra medida, la preventiva, es la transparencia. Transparencia es una palabra muy bonita que aquí a veces dejamos caer y parece que va a solucionar muchas cosas. Pero la transparencia tiene que ser definida, transparencia es ni más ni
menos que la posibilidad para la mayoría de los mortales de saber quién es el que hace algo, cómo lo hace, cuándo lo hace y con qué medios lo hace. Eso es para nosotros el concepto de transparencia, que sin duda significa la modificación de las
leyes. Con eso vamos a otra palabra griega -y pido disculpas por la pretensión-, ciertamente hace falta una catarsis pero en griego llaman kairós al momento oportuno de hacer las cosas. Y en este momento, a pesar del acuerdo de fondo en la
necesidad de tratar el tema con el Grupo de La Izquierda Plural, tenemos una ponencia conjunta que ha de hablar de estos temas. También tenemos el acuerdo de la Comisión Constitucional, que habla de constituir una comisión de gente independiente
para que haga un informe sobre estos temas. No nos confundan, nosotros entendemos que la catarsis tiene que existir, pero debe estar en su kairós, y en este momento el lugar oportuno es sin duda la ponencia conjunta.


Estamos de acuerdo con el fondo, pero no lo estamos con la forma utilizada por La Izquierda Plural. Dicho de otra manera, entendemos que este tema sí que toca, pero toca tanto que toca a todos y al tocar a todos lo mejor es tocarla en un
sitio donde estemos todos.


Gracias, presidenta, gracias, señorías.

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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Guillaumes.


Por el Grupo Socialista, señora Batet.


La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidenta.


Señoras y señores diputados, creo que ha quedado patente con las intervenciones que me han precedido que es necesario partir de la necesidad, sentida en amplios sectores de la sociedad, de encarar de una vez por todas la problemática de la
corrupción política. En la coyuntura actual existe una innegable sensibilización social sobre este tema. Las encuestas del CIS nos lo recuerdan insistentemente con los datos periódicos que nos ofrecen. Según el barómetro del CIS del mes de enero,
el 77% de los encuestados califican la situación política de España de mala o muy mala, el 43% cree que es peor que hace un año y el 33% cree que el año que viene será aún peor. Al enumerar los principales problemas del país en la actualidad, la
corrupción y el fraude ocupan el cuarto lugar, y los partidos políticos y la política en general, el tercero, solo después del paro y los problemas de índole económica. Estos datos han sufrido modificaciones evidentes tras el conocimiento del
denominado caso Bárcenas. En el barómetro de febrero la corrupción constituye ya el segundo mayor problema del país para los ciudadanos, como ha destacado el señor Lara, y todo ello ante la pasividad y el silencio del Gobierno y del partido que lo
sustenta. En definitiva, el problema de la corrupción, que arrastramos desde la burbuja inmobiliaria, ha acabado afectando negativamente a los partidos políticos e incluso, algo mucho más grave, a las instituciones del Estado democrático.


Hace unos años el CIS ya mostraba una opinión de los ciudadanos desfavorable hacia los políticos, pero no hacia la política y hacia la democracia, cosa que sí que pasa y ha pasado habitualmente en otros ámbitos y en otras regiones del mundo
como, por ejemplo, en algunos países iberoamericanos. Pero este punto de inflexión se está dando en nuestro país y, cuando se llega a ese grado de desafección, se puede llegar también a un punto de no retorno ciertamente peligroso. No puede ser
que sea la propia democracia la que se cuestione, porque entonces estaremos instalados en la antipolítica. Esta corrupción que sufre el país nos afecta, por tanto, a todos y nos desprestigia a todos; es más, tiene un efecto devastador en todos
aquellos que actúan conforme a la ley y que cumplen con sus obligaciones, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos. La amnistía fiscal ha hecho también mucho daño en este sentido. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista está
plenamente de acuerdo en la absoluta necesidad de abordar este tema cuanto antes; de hecho, cuanto antes, no; ya, para ser más precisos.


En los ocho años de Gobierno socialista se impulsaron reformas del Código Penal, se fortaleció la prevención del fraude fiscal y del blanqueo de capitales, endurecimos la regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno
y de los altos cargos de la Administración General del Estado, mejoramos la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Financiación de Partidos Políticos y la Ley del Suelo, entre otras muchas cosas; y también, al margen de reformas normativas,
se incrementó el número de juzgados y de efectivos en la Fiscalía Anticorrupción y, en el ámbito del Ministerio del Interior, se creó el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y se introdujeron importantes actuaciones de mejora de sus
sistemas de información. Se hizo mucho, pero claramente es insuficiente.


Somos tan conscientes de esta insuficiencia que en el último debate sobre el estado de la Nación propusimos nuevas y concretas medidas de lucha contra la corrupción. Las propusimos con la intención de llegar a un amplio acuerdo con todas
las fuerzas posibles. No fue posible. De hecho, el Grupo Popular votó en contra de todas las propuestas presentadas por el resto de grupos de esta Cámara. El Grupo Parlamentario Socialista, consciente de la desafección creciente de la ciudadanía,
quiere hacer su aportación positiva. No se trata de no abordar o no hablar de esta desafección, al contrario. Pero nos parece necesario destacar que lo que no se puede compartir ni alimentar de forma demagógica es la desconfianza y la crítica
constante hacia la política y hacia los políticos en general; no haría sino perjudicar la legitimidad y la fortaleza de nuestro sistema democrático. Cualquier medida que vaya dirigida a fortalecer, enriquecer y generar confianza en la relación
entre gobernantes y gobernados o entre representantes y representados ha de ser compartida. Los ejemplos son infinitos: reforma electoral para mejorar la representatividad del sistema, mejora y multiplicación de los mecanismos de participación
directa de la ciudadanía en las instituciones o regulación de la transparencia y rendición de cuentas de las administraciones pueden ser algunos de esos ejemplos. En todos ellos, el consenso, desde nuestro punto de vista, es imprescindible.


El Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural ha presentado una proposición de ley orgánica para la lucha contra la corrupción que plantea con este objetivo la reforma de numerosas leyes. Una de las

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virtudes que tiene esta iniciativa que debatimos hoy, y sin ánimo de entrar en el contenido concreto -que en muchos aspectos es mejorable, como apuntaba el propio proponente, el señor Lara-, es que aborda los cuatro ejes donde principalmente
desde nuestro punto de vista se pueden producir casos de corrupción: financiación de partidos políticos, urbanismo, contratos en el sector público y ayudas o subvenciones. Por todo ello, por esta globalidad, por la vocación que tiene de abordar el
tema de manera exhaustiva, el criterio del Grupo Parlamentario Socialista para la toma en consideración de esta proposición de ley va a ser favorable.


Acabo con cuatro ideas que me gustaría compartir con el resto de grupos parlamentarios. En primer lugar, las reformas contra la corrupción no abordan toda la dimensión del problema. Son medidas necesarias, pero no son todas las que tenemos
que adoptar. Solo con ellas no se gana la confianza de los ciudadanos. Para ello necesitamos reformas en distintos ámbitos que recompongan, como he dicho, la relación entre representantes y representados. La desafección hacia la política es más
compleja y afecta a más ámbitos y debemos ser conscientes de ello.


En segundo lugar, las reformas legales y la mejora del ordenamiento jurídico también son necesarias. De hecho, lo hemos abordado desde hace años, hemos tipificado más conductas, hemos endurecido regímenes de incompatibilidades, hemos
elevado penas y, sin embargo, constatamos que todo ello no ha sido suficiente. Deberíamos, por tanto, iniciar una reflexión profunda para explorar otras vías de actuación.


En tercer lugar, en la lucha contra la corrupción hay que empezar cuanto antes, de inmediato. Hay que ir rápido en la toma de medidas concretas porque el diagnóstico lo tenemos hecho. Crear una ponencia en la Comisión del Reglamento o una
subcomisión en la Comisión Constitucional o seguir con el grupo de trabajo que está llevando a cabo el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales está bien, pero eso no nos puede llevar a la inactividad. Pero, sobre todo, las medidas adoptadas
tienen que reflejarse en un cambio de actitudes. No se trata únicamente de no incurrir en la ilegalidad, porque eso ya no es suficiente en estos momentos, sino de ejercer el poder con mayor responsabilidad y sobre todo con una mayor ejemplaridad.


Finalmente, creo que este tema, como otros, compete a todas las fuerzas políticas, mucho más cuando la situación económica en general está tan degradada. En cambio, parece -es la apreciación que hacemos- que el partido del Gobierno no
quiere ser consciente de ello, no es lo suficientemente consciente de la gravedad del asunto. El Partido Popular ha decidido limitar su legitimidad a la mayoría absoluta parlamentaria que tiene, que no es poco, por supuesto, le sirve para ganar
votaciones, pero es claramente insuficiente cuando estamos hablando de este tema. Le pido, por tanto, al grupo mayoritario -porque sin su apoyo, evidentemente, no sacaremos adelante ni esta iniciativa ni tantas otras- más ambición y más
generosidad. No abordar esto con consenso no nos permitirá solucionar este grave problema que afecta a la esencia de la democracia, y eso nos debería preocupar a todos.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Batet.


Por el Grupo Popular, señor García-Tizón.


El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para fijar su posición en la proposición de ley orgánica presentada por La Izquierda Plural para la lucha contra la
corrupción y en la que proponen, en modo de ley ómnibus, una serie de modificaciones en distintas normas jurídicas tales como el Código Penal, la Ley del Suelo, la Ley de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los
altos cargos del Administración General del Estado, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos y la Ley de Contratos
del Sector Público.


Esta proposición de ley tiene lugar a los pocos días de haberse celebrado el debate sobre estado de la Nación y la aprobación de distintas resoluciones con motivo del mismo. En dicho debate, el presidente del Gobierno, refiriéndose a la
corrupción, manifestó que cualquier volumen de la misma es siempre demasiado, es corrosivo, lesiona la democracia y desacredita a España, suponiendo un problema que alarma a los ciudadanos y que debe perseguirse tan pronto como aparezca y tantas
veces como sea preciso. A tal efecto en su intervención propuso un conjunto de medidas legislativas tales como la reforma del Código Penal para endurecer las penas previstas para los delitos de corrupción; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para agilizar los procedimientos y que el tiempo de respuesta ante el delito no fuera una forma de impunidad para el delincuente; la ampliación del ámbito y objeto de la ley de

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transparencia y acceso a la información actualmente en tramitación en esta Cámara; la Ley orgánica del control de la actividad económica financiera de los partidos políticos, dotando de más instrumentos al Tribunal de Cuentas para el debido
control de los mismos; una ley orgánica reguladora del ejercicio de las funciones públicas que constituya un verdadero estatuto del cargo público, y una reforma de las normas que regulan el funcionamiento de las Cámaras para dar entrada a una
regulación de las organizaciones de intereses conocidas como lobbies.


En la sesión inmediata posterior, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y con un amplio acuerdo con otras formaciones políticas, se aprobó una resolución sobre la regeneración democrática y transparencia que contemplaba un acuerdo
entre las fuerzas políticas con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción fueran precisas, acuerdo al que deberían incorporarse las siguientes iniciativas: la
elaboración de un pacto ético entre los partidos respecto del tratamiento de los casos de corrupción de los encausados; la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elaborase un
informe para su remisión al Parlamento sobre regeneración de la democracia y la aprobación por parte del Gobierno de distintos proyectos de ley enumerados precisamente por el presidente del Gobierno en su intervención en el debate sobre el estado de
la Nación.


Fruto de ese compromiso y acuerdo mayoritario obtenido en la Cámara ha sido la constitución inmediata en el seno de la Vicepresidencia del Gobierno de un grupo de trabajo integrado por los distintos ministerios afectados para ir dando forma
y presentar al Parlamento los correspondientes proyectos de ley preparados. Esta resolución que, como antes indiqué, obtuvo una amplia mayoría en la Cámara, no recibió, sin embargo, el apoyo del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural que hoy
nos trae su particular iniciativa o proposición de ley de lucha contra la corrupción. En aquel momento el tema no le interesaba y no le pareció bien sumarse a ese acuerdo mayoritario en el que se contemplaron medidas de un tono similar a las que
hoy nos trae el grupo proponente y algunas otras más que no se recogen en su iniciativa. El Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural ha preferido realizar su propuesta en solitario sin el concurso de ninguna otra fuerza política. No lo han
estimado necesario ni conveniente. La Izquierda Plural no dio valor alguno a aquella resolución votada mayoritariamente. Hoy, sin embargo, en la defensa de su proposición nos piden a los demás grupos políticos que apoyemos su iniciativa. Dicho de
otro modo, nos piden a los demás grupos de la Cámara que nos olvidemos y hagamos caso omiso a lo que de forma tan mayoritaria aprobamos el 26 de febrero de 2013 y que nos sumemos a su minoritaria posición. Esta forma de proceder, señoras y señores
diputados, no nos parece ni seria ni la consideramos posible.


El Grupo Parlamentario Popular quiere continuar avanzando en la lucha contra la corrupción con los proyectos que mayoritariamente y de forma muy amplia se aprobaron tras el debate sobre el estado de la Nación, pero siendo coherentes con las
posiciones mantenidas previamente. Queremos contribuir al acuerdo entre todos, pero no a que una fuerza política minoritaria, que no se ha sumado al acuerdo de la mayoría, dicte los tiempos y las fórmulas en que haya lugar en esta materia.
Queremos también dejar al Gobierno que vaya realizando el trabajo que le encomendó el Congreso y traiga a la Cámara las respectivas modificaciones legales, de tal manera que podamos estudiarlas una a una con la profundidad y el rigor que el tema
requiere, y no en un apresurado ejercicio legislativo ómnibus deficiente, que mucho me temo lo único que pretende es hacerse con un titular informativo sin mayores pretensiones de reforma real de la situación vigente. Por eso nuestro grupo no va a
apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica.


Además, y por si lo anterior no bastara, el examen particularizado de las propuestas que contiene la iniciativa no ayuda tampoco a formar un criterio favorable sobre la misma. En primer lugar, porque de forma técnica poco precisa atribuye
naturaleza de ley orgánica a materias y normas que no requieren este especial carácter al no estar comprendidas dentro del ámbito de aplicación del artículo 81 de nuestro texto constitucional. Son los casos de la Ley del Suelo, la Ley de regulación
de conflictos de intereses, la Ley de Bases de Régimen Local o la Ley de Contratos del Sector Público. De otra parte, desconoce en muchos aspectos las competencias propias de las comunidades autónomas, como son los casos de la regulación que
propone sobre la ordenación del territorio, que constituye una de las competencias exclusivas de las mismas, la aprobación de los planes de ordenación urbana o materias propias de disciplina urbanística, también de la competencia exclusiva de las
comunidades autónomas. De otra parte, esta proposición de ley contempla la modificación de algunas normas que ya están derogadas, como algunos de los preceptos de la Ley de Régimen Local o de la Ley del Suelo.

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Se aprecia, en segundo lugar, una falta real de nuevas aportaciones en las materias y normas que pretende modificar. Así, en el Código Penal, algunas modificaciones son menos completas que la legislación vigente -casos de los artículos 320
y 436- o la redacción empleada es menos acorde con la terminología apropiada -caso del artículo 405 bis-. En alguna ocasión la redacción propuesta y la vigente son idénticas -caso del artículo 419- o, finalmente, en algunas de las novedades que
introduce no se ve su verdadera necesidad, tal es el caso de la dependencia de inteligencia financiera, ya que en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y en otros organismos ya existen órganos que realizan la función prevista para la
nueva dependencia, como es el caso de la ONIF, la Oficina Nacional de Investigación y Fraude, y el del Servicio ejecutivo de la comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias.


La modificación que propone en la regulación de los conflictos de intereses de miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado o bien es innecesaria, porque sus determinaciones están ya contempladas en la
ley de transparencia actualmente en tramitación en esta Cámara, o bien altera de forma improcedente el principio de separación de poderes al permitir que los grupos parlamentarios, Poder Legislativo en definitiva, dispongan la facultad de incoar
procedimientos sancionadores -que no es control del Poder Ejecutivo- sobre los miembros del Gobierno.


La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para extender el principio de jurisdicción universal es algo completamente ajeno al contenido que se quiere dar a esta iniciativa legislativa -la lucha contra la corrupción-, dando
entrada a cuestiones de más profundo calado como es la persecución y la reparación en el ámbito de la justicia internacional de delitos tales como el genocidio, la piratería o la prostitución y corrupción de menores, temas que por su entidad
requieren un tratamiento más profundo e individualizado.


Por último, muchas de las propuestas sobre modificación de la Ley de contratos del sector público o bien carecen de virtualidad al referirse a normas ya derogadas o las citas al articulado son incorrectas o ya se contemplan. Tal es el caso
que también sucede con la Ley de Financiación de Partidos Políticos en donde las medidas propuestas -la prohibición de condonación de intereses o la imposibilidad de donativos de empresas que perciban fondos públicos- ya está incorporada en la
última modificación de esta ley que se hizo hace escaso tiempo.


En definitiva, señorías, se trata de una iniciativa legislativa oportunista, poco rigurosa y falta de consistencia que impide articular sobre la base de la misma un adecuado y coherente conjunto de medidas para luchar contra la corrupción,
que disgrega innecesariamente la resolución adoptada mayoritariamente por esta Cámara el pasado 26 de febrero y que deja en el aire muchas cuestiones importantes a la hora de luchar contra la corrupción. El querer ir por libre en esta materia puede
tener alguna ventaja inicial, no más allá de uno o dos titulares informativos, pero tiene muy poco recorrido.


El Grupo Parlamentario Popular, tanto en el debate sobre el estado de la Nación por boca del presidente del Gobierno como en las propuestas de resolución presentadas tras el mismo, ha convocado y convoca al resto de las fuerzas políticas a
realizar un trabajo serio y profundo sobre la respuesta que debe darse a este problema, que es un problema de toda la sociedad. Por eso, nuestro grupo parlamentario seguirá trabajando junto al Gobierno de la nación y los grupos parlamentarios que
quieran sumarse de verdad a dar una respuesta acorde con la gravedad del problema y no dará su apoyo a aventuras y singularidades insolidarias que nada contribuyen a la solución del problema.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor García-Tizón.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA AL EMPLEO DE LOS RESCATES SOLICITADOS AL ESTADO POR DIVERSAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 162/000424).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al II punto del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo de Unión Progreso y Democracia, sobre el empleo de los
rescates solicitados al Estado por diversas comunidades autónomas. Para su defensa, tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, les propongo en este momento un debate sobre la obligación del Estado de garantizar la igualdad y la sostenibilidad del Estado; la obligación del Gobierno de la nación, insisto, de garantizar la

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igualdad de todos los ciudadanos, al margen de la parte de España en la que vivan, en el acceso efectivo a los servicios considerados básicos y la obligación también del Estado, a través del Gobierno, de garantizar la sostenibilidad del
Estado. La experiencia del asunto que acabamos de debatir ahora mismo nos demuestra que suele transcurrir un año, dos años desde que este grupo plantea un debate y es inmediatamente calificado por la Cámara, adjetivado por la Cámara, hasta que
llega el debate un par de años más tarde y todos nos ponemos de acuerdo en que es una cuestión sobre la que hay que debatir. Yo les propongo que abramos un debate sereno, sin prejuicio, sobre esta obligación, insisto, que tiene el Estado de
garantizar la igualdad de todos los españoles.


España, señorías, lo saben ustedes bien, es el país con mayor desigualdad social de los veintisiete Estados de la Unión, el país con mayor desigualdad social: crece la desigualdad entre comunidades autónomas, la renta per capita de cada uno
de los ciudadanos entre la más rica y la más pobre, de una manera escandalosa, 65 puntos entre la renta per capita del ciudadano que vive en la comunidad autónoma más rica, País Vasco, y el que vive en la comunidad autónoma más pobre; pero no
solamente crece la desigualdad en términos de producto interior bruto, sino que crece la desigualdad en términos de políticas sociales. La brecha no ha hecho más que crecer. Antes del inicio de la crisis los más ricos, los ciudadanos más ricos en
España tenían 5,3 veces más que los más pobres; hoy tienen 7,5 veces más que los más pobres y la media de la Unión Europea es el 5,7 y en Alemania es el 4,3, si no recuerdo mal. En este contexto la degradación de los servicios sociales como
consecuencia de los recortes resulta trágica, a todas luces, trágica, y el Gobierno sigue reduciendo las partidas destinadas a estos temas, como la educación, la sanidad, los servicios sociales, fundamentalmente aquellos gestionados por los
ayuntamientos; pero no solamente son los recursos del Gobierno de la nación, sino las decisiones autónomas que toman los gobiernos de las comunidades autónomas las que están produciendo una enorme degradación en los servicios básicos a los que
tienen derecho los ciudadanos. Hay muchas imágenes de esta pobreza y de esta desigualdad, la más dramática, la más trágica es que en este momento el 27,5% de los niños españoles vive por debajo del umbral de la pobreza.


Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto. Esto es la substancia del debate que les proponemos: si el Estado tiene que hacer algo para garantizar la igualdad de todos los españoles; si tiene el derecho a intervenir para garantizar la
igualdad y la cohesión; si tiene el derecho a intervenir para que todos los españoles tengan efectivamente los mismos derechos, tengan aparte del derecho proclamado el acceso efectivo a esos derechos; si el Gobierno de la nación, a la vista de lo
que está ocurriendo en España, tiene la obligación de utilizar los instrumentos que le da la Constitución, ningún instrumento extraordinario, los que les da la Constitución y los que le da la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no solamente el propio
texto constitucional. Porque, fíjense ustedes, España, que ha recibido 40.000 millones de Europa para el rescate financiero, ha recibido 40.000 millones con treinta y dos condiciones, y nos ha parecido normal que Europa antes de prestarnos 40.000
millones establezca condiciones y no le dé los 40.000 millones a las entidades financieras para que los gestores que las han hundido sigan hundiéndolas y sigan haciendo aquello que ha llevado a la quiebra a las entidades financieras, en este caso, a
las cajas de ahorros. No nos da los 40.000 millones para que los mismos, insisto, que las han hundido hagan lo que les de la gana y sigan hundiéndolas. No, establece condiciones, incluso de tipo de negocio, todo tipo de condiciones, y por supuesto
la condición de que no estén las mismas personas haciendo las mismas cosas, continuando hundiendo al sistema financiero, entre otras cosas, porque al final lo terminamos pagando entre todos.


Al igual que la Unión Europea nos pone condiciones para los 40.000 millones de rescate financiero, parecería lógico que el Gobierno de la nación se las pusiera también a las comunidades autónomas que han solicitado el rescate y han
conseguido fondos de todos los españoles para el rescate, porque han llegado a una situación que era insostenible, y no solo por las políticas del Gobierno de la nación, sino por el ejercicio y las decisiones políticas -porque no todas las
comunidades autónomas están en las mismas circunstancias, no todas han tenido que pedir el mismo dinero, algunas no han pedido nada- que han llevado a una situación de quiebra, de necesidad de dinero de rescate del conjunto de los españoles por su
vamos a decir mala cabeza, por sus políticas, por sus decisiones, en un alto grado autónomas, que han tomado de forma autónoma. Si para 40.000 millones que nos han prestado los europeos hay treinta y dos condiciones, este grupo se pregunta si para
60.000 millones de rescate a las comunidades autónomas el Gobierno de la nación no tiene no solo el derecho, sino la obligación de establecer condiciones, insisto, para que los gobernantes que han llevado a las comunidades a esta situación no sigan
por esa brecha, por ese camino, y sobre todo para que antes de recortar derechos y servicios esenciales, de los que se reconocen como básicos para el conjunto de los españoles, recorten en otros aspectos superfluos que

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contribuyen a mantener su discurso identitario o partidario y que no son necesarios desde el punto de vista de lo sustancial, como lo son los derechos de los ciudadanos. Insisto, 60.000 millones: 17.689 millones del Fondo de proveedores de
2012; el Fondo de liquidez de 2012, de 16.642 millones, y por otra parte 25.684 millones nuevos, para 2013, total 60.000 millones.


Señorías, mientras que España llega a obtener este título del país más desigual de Europa -cuando hablamos de un país desigual, estamos hablando de la desigualdad de los ciudadanos, no de los territorios, sino de ciudadanos que merecen la
protección del Estado para combatir esa injusticia y esa desigualdad- sabemos que muchas de las comunidades autónomas rescatadas están utilizando, como les decía, los fondos recibidos del Estado no para garantizar los servicios públicos esenciales,
que se ven deteriorados día tras día, sino para tapar agujeros mientras mantienen intactas embajadas en el extranjero, televisiones autonómicas, y todo un entramado institucional absolutamente innecesario, utilizándolos como centros de colocación de
personas afectas o vinculadas a los partidos políticos. Por poner un ejemplo, entre otros tantos, recientemente se ha publicado que los tribunales de defensa de la competencia autonómicos han costado desde su puesta en funcionamiento más de 60.000
millones de euros, diez veces más que el importe recaudado por la sanción de conductas anticompetititivas y de ámbito autonómico. En algunos casos, señorías, roza lo esperpéntico. Entre los años 2006 y 2011 el Tribunal de Defensa de la Competencia
madrileño costó a las arcas públicas cerca de 15 millones de euros, mientras que sus sanciones rozaron los 18.000 euros, tal y como se ha publicado en datos oficiales. A la vista está que, a diferencia del laso y permisivo comportamiento del Estado
con las comunidades autónomas en esta materia, parece no preocuparle que sus decisiones contribuyan a que cada vez haya más pobreza y más desigualdad entre los españoles. El rescate financiero, como les decía, de un país soberano como España
conllevó treinta y dos requisitos, treinta y dos condiciones para el sistema financiero. ¿Alguien puede imaginarse que Europa no nos hubiera hecho estas exigencias a nosotros, los españoles, como a cualquier país para el que ha destinado fondos
europeos para el rescate financiero? ¿Alguien puede imaginarse que no hubiera establecido ningún tipo de condiciones? ¿Alguien puede imaginarse que el rescate sea el rescate a los gobiernos autonómicos y sea el atraco a los ciudadanos que viven en
esas comunidades autónomas?


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, por favor, ha pasado usted su tiempo en dos minutos y medio. Finalice ya.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Pues como nadie puede imaginarse que el Gobierno de la nación ponga condiciones para garantizar la igualdad de todos los españoles, condiciones a través de instrumentos que tiene no solo en la Constitución, sino en las leyes que hemos
aprobado en desarrollo de esta Constitución, es por lo que les planteo a ustedes un debate y una propuesta que tiene un objetivo fundamental, y que tiene que ver sobre todo y fundamentalmente -por no decir exclusivamente- con la obligación que tiene
el Estado de velar por la igualdad de todos los españoles, no solo por la justicia y la sostenibilidad, sino por la igualdad de todos los españoles.


Esto es lo que les quería explicar y para este objetivo defiendo esta proposición no de ley.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.


A esta propuesta no se han presentado enmiendas y por lo tanto pasamos a fijación de posición. En primer lugar el Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: (Inicia su intervención en valenciano).


Hoy es Sant Josep, hoy es el día grande de fallas, y como valenciano quiero comenzar comentando dos torpezas absolutamente injustas que el Gobierno ha perpetrado con el mundo fallero. La primera ese el IVA del 21% que está ahogando a los
artistas y a los talleres. Y la segunda, enviar a los inspectores de Hacienda a las fallas el día de la plantá. Estamos a favor de la transparencia y de cumplir las obligaciones, pero estamos seguros de que en otros sitios el fraude es mucho más
evidente, como por ejemplo en la sede del PP, para averiguar cómo un tesorero logró amasar 38 millones de euros.


Respecto a la proposición no de ley, como hablamos de dinero de rescate a comunidades autónomas, solamente quiero recordarles unos datos como valenciano. El PP lleva diecisiete años de gobierno triunfal en la Generalitat Valenciana desde el
año 1995, y les doy algunos datos significativos: en el Plan de pago a proveedores afloraron 578.000 facturas de los cajones por valor de 4.059 millones de euros; la deuda

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de la Comunidad Valenciana es de 20.762 millones, lo que supone que cada valenciano y valenciana debe 4.057 euros, y en mayo pasado solamente para colocar deuda tuvieron que ofrecer tipos de interés al 7% a seis meses.


En esta proposición no de ley a UPyD le obsesiona que el dinero del rescate no vaya a la construcción nacional y a otras prácticas similares. En cambio a Compromís-Equo nos obsesiona que ese dinero haya servido y sirva en nuestra tierra
para pagar facturas y deudas de un aeropuerto inaugurado hace dos años, y que no se sabe qué hacer con él porque nadie se lo quiere quedar; para pagar facturas de carreras de coches que no sabemos cómo finalizar de una vez por todas, o para pagar
la megalomanía enfermiza de los dirigentes valencianos del Partido Popular. A UPyD le obsesiona que el dinero del rescate vaya a proyectos o iniciativas políticas de secesión. En cambio a Compromís-Equo nos obsesiona que el dinero del rescate en
la Comunidad Autónoma Valenciana se haya dedicado a pagar servicios sociales y bienestar social en un 22% y educación y universidades en un 17%. Es decir, ese dinero se ha destinado a pagar comedores, transporte y gastos de funcionamiento de
escuelas públicas y concertadas, dependientes y las empresas que les prestan atención, farmacias... Por tanto servicios básicos que tenemos transferidos y que no podemos pagar con regularidad. Y nos obsesiona porque esto quiere decir tres cosas.
Una, que los políticos del PP que han gobernado la Generalitat Valenciana durante los últimos diecisiete años son absolutamente incompetentes. Dos, que los valencianos estamos muy mal financiados. Y tres, que los diferentes Gobiernos, tanto del
Estado como de la Generalitat, no han hecho nada para remediarlo.


Termino. Esto es lo que nos obsesiona. Ahí está la clave de la desigualdad, señora Díez, y no en la demagogia nacionalista española que transpira esta proposición. (Termina su intervención en valenciano).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.


Por el mismo grupo parlamentario, señor Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señora presidenta.


Señora Díez, usted alega que las condiciones que se imponen al llamado rescate -supongo que se refiere a los créditos, repito, créditos que ofrece el Estado, créditos que se deben devolver desde el Fondo de liquidez autonómica- no son lo
bastante duras o no están bien dirigidas. Según las condiciones fijadas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en el decreto del Fondo de liquidez autonómica se pueden hacer cosas como las que se están haciendo ahora. Es decir, el ministro de
Hacienda, el señor Montoro, fija un techo de déficit -que es el que él a su discreción cree razonable- del 0,7% para por ejemplo la Administración catalana, muy lejos del 6% o el 7% que seguramente con la flexibilización tendrá al final el Estado
español respecto de Europa. ¿Qué significa eso? Eso significa que la Administración catalana debe recortar los presupuestos de este año en más de 4.000 millones de euros. Si usted recorta en Cataluña lo que usted llama embajadas, las delegaciones
catalanas en el exterior, 2 millones y medio de euros, no llega ni a una milésima parte de lo que impone el señor Montoro; si usted recorta todo TV3, 260 millones de euros, no llega ni a un 10% de los recortes que exige el señor Montoro; si usted
recorta los Mossos d'Esquadra enteros tampoco; si usted le añade a eso el hospital de Bellvitge, el hospital del Vall d'Hebron, el hospital Moissès Broggi y el hospital de Can Ruti tampoco llega a los 4.000 millones de euros que quiere recortar el
señor Montoro en Cataluña; si a eso le suma la universidad de Barcelona, la universidad Politécnica, la universidad Autónoma de Bellaterra tampoco llega a esos más de 4.000 millones. Ese es el tamaño de lo que impone el señor Montoro con el Fondo
de liquidación autonómica para ofrecer un crédito a Cataluña; ese es el tamaño, esa es la magnitud. ¿Esa no es una condición política? ¡Pero si el señor Montoro, si el ministro de Hacienda acaba mandando más sobre los presupuestos de la
Generalitat de Cataluña que el propio presidente Artur Mas, más que 135 diputados del Parlament de Catalunya! ¿No le parece bastante? Se ve que no, porque a usted lo que le preocupa no es la igualdad, lo que le obsesiona es la unicidad, que es otra
cosa. Ustedes no luchan contra las desigualdades, luchan contra las diferencias, que es otra cosa muy distinta, señora Díez; es otra cosa muy distinta.


Ahora viene aquí y nos pide que además de todo ese sacrificio y de esa imposición...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, por favor.


El señor BOSCH I PASCUAL: Acabo enseguida, señora presidenta, muchas gracias.


Además de todo eso usted nos pide que vengamos aquí a pedir perdón por ser quienes somos, por hablar de lo que hablamos, y por hacer lo que hacemos. Eso es lo que nos está pidiendo. (La señora Díez

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González hace gestos negativos). Sí, señora Díez, eso es lo que nos está pidiendo, y eso es lo que nosotros no haremos nunca.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.


Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Señora Díez, sinceramente cuando leí esta iniciativa por primera vez pensé que no la había entendido del todo, que tenía que haber algo que se me había escapado, que no podía ser; me parecía que incluso podría ser un ejercicio divertido de
un profesor de primer curso de ciencias políticas que les había puesto a los alumnos un ejercicio para que descubrieran los múltiples errores políticos y argumentales que son fácilmente observables en poco más de una página. Pero no, no es un
ejercicio inocuo, sino toda una declaración política de un partido que no respeta las reglas del juego, que no respeta el marco constitucional al que apela precisamente para fundamentar su iniciativa. Desde la psicopolítica podríamos definir el
contenido de esta proposición no de ley como una obsesión centralista con tics autoritarios. Ustedes, señores de UPyD, no temen que las comunidades autónomas sean más o menos soberanas, simplemente no les gusta el hecho de que existan. Díganlo
claramente e impulsen una iniciativa por la que se plantee la eliminación directamente de las comunidades autónomas. No se anden con recovecos. A lo mejor cuentan con más apoyos de los que creen. Díganlo: no queremos un Estado autonómico,
queremos un Estado unitario, que es su modelo. Nosotros respetaremos su proyecto político, sea cual sea, no hace falta que lo disfracen.


Entienden razonable que la Unión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional impongan condiciones a lo que llaman Estados soberanos, pero consideran que no deben ser condiciones políticas y afectar a la propia soberanía.
¿Creen sinceramente que los recortes de gastos, las subidas de impuestos, y las reformas obligadas no suponen una merma considerable de soberanía? ¿No creen que la Unión Europea está limitando seriamente la capacidad de hacer y decidir del Gobierno
del señor Rajoy y de los Gobiernos autonómicos y locales? El concepto de soberanía en el marco europeo está siendo desde luego debatido, y especialmente con motivo de la crisis económica y la manera en que Europa la está gestionando. Además, más
que el rescate el Fondo de liquidez autonómico es un sistema de mutualización de la deuda. Se parece más a los hispabonos que a otra cosa. El Gobierno del señor Rajoy, a pesar de contar con un rating muy bajo, es capaz de obtener en los mercados
una financiación que algunas comunidades autónomas no pueden conseguir, de obtener unos recursos a precios más razonables que lo que pueden lograr algunas comunidades autónomas. Además, dado que la financiación de las comunidades autónomas se
deriva de un modelo en el que dependen de los recursos tributarios recaudados por la Agencia de la Administración Tributaria, el propio modelo garantiza al Estado el cobro de lo que anticipa a través del Fondo de liquidez. Es precisamente por ello
por lo que este sistema no es de aplicación ni a la Comunidad Autónoma del País Vasco ni a la Comunidad Foral de Navarra.


Pues bien, al margen de la consideración semántica de rescate o no -si quiere lo llamamos rescate-, lo que ustedes plantean en esta iniciativa me parece políticamente peligroso. Si no he entendido mal, lo que ustedes señalan en la PNL es
que se impongan condiciones políticas a aquellas comunidades autónomas que soliciten recursos al Estado a través del Fondo de liquidez autonómico. ¿Qué condiciones políticas, señora Díez? ¿Condiciones que pueden ir en contra de lo que hayan
decidido, establecido o aprobado los Gobiernos y parlamentos autonómicos? Eso, señores de UPyD, tiene un tufo rancio de épocas que pensábamos superadas. Porque me imagino que no estarán pensando en esto. Lo que sí dicen expresamente en el texto
de la proposición -y que hoy, señora Díez, no se ha atrevido a decir aquí, porque creo que le ha dado apuro sinceramente meterse a fondo en el contenido de la proposición- es que se van a adoptar medidas políticas en aquellas comunidades autónomas
que pretendan avanzar en proyectos ideológicos que llegan -según dicen literalmente en la propia proposición- hasta la consecución de un Estado propio, tras un proceso de secesión del resto de España. Impedirles los gastos de embajadas autonómicas
-dice como ejemplo-, que deben ser los gastos de la construcción nacional a que se refieren en la proposición. Usted no se ha referido a esas cuestiones porque sencillamente creo que de alguna forma le ha dado vergüenza hacerlo. Pues bien, después
de que se han quedado tan tranquilos en la proposición con estos argumentos, yo les preguntaría de qué comunidad autónoma estamos hablando. Si, como les decía, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Euskadi están excluidas por la
imposibilidad legal de ser rescatadas, ¿a qué comunidades se refieren? ¿Solo a Cataluña? Aunque

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no parece que eso sea así, porque ustedes hablan de comunidades autónomas en plural. ¿Todas ellas, señora Díez, están en un proceso de construcción nacional? ¿No ve lo absurdo de esta argumentación? Desde luego no tengo la sensación de
que Valencia, Murcia, Baleares o Castilla-La Mancha u otras que necesitan recursos los hayan despilfarrado en aras de lograr la secesión o independencia de España. Quizá algunos los hayan despilfarrado precisamente para todo lo contrario.


Señores de UPyD, deben retirar su iniciativa, que es absurda. Sinceramente, señora Díez -y se lo digo con el máximo respeto-, creo que usted no se ha atrevido a hablar del contenido de la misma, porque en el punto número 2 insta al Gobierno
a que se controlen aquellas decisiones de aquellas comunidades autónomas que destinen recursos a proyectos o iniciativas políticas de secesión de la comunidad autónoma del conjunto del Estado español. Además en el siguiente punto insta a que, en el
caso de que alguna de ellas incumpla, se aplique el artículo 135 de la Constitución. Usted me dirá qué significa eso. Si de verdad lo piensa tan a fondo, lo tendría que haber dicho aquí, y si no lo dice en cualquier otro momento. Por tanto,
valoro esta iniciativa -insisto- como absurda, y si la tenemos que votar porque ustedes no la retiran, nuestro grupo la votará negativamente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.


Señora Díez, supongo que a estas alturas usted es consciente de que se ha equivocado de punto del orden del día, porque entre lo que usted nos ha presentado hoy y su proposición no de ley cualquier parecido con la realidad es pura
coincidencia. La reto a que encuentre en su presentación una sola referencia a la igualdad de los españoles o la reto a que nos diga dónde aparece su defensa de los derechos fundamentales. Lo que ha hecho usted hoy tiene en términos técnicos un
nombre: falacia; es más, se llama por la ciencia política argumentum ad populum o sofisma populista. Ha creado usted tres falsos problemas para ofrecerse como la solución, como una especie de salvador de la ciudadanía de nuestro país. Alega en
primer lugar la igualdad y hace una cosa muy típica, que es situar los problemas de la igualdad en el marco del conflicto entre comunidades autónomas cuando usted debiera saber -y lo sabe- que si algo ha sucedido en este país en los últimos años es
que se ha reducido de manera significativa la desigualdad territorial, y lo que se ha incrementado ha sido la desigualdad social, y no como consecuencia de la existencia de las comunidades autónomas, sino de una falta de políticas fiscales que
ayuden a redistribuir los ingresos de los ciudadanos y les ayuden a ser todos más iguales. Ustedes, que tienen a bien decir que no son ni de izquierdas ni de derechas, hoy han hecho exactamente aquello que hace la derecha de este país, la española
o la catalana: negar el conflicto social para plantear que la desigualdad es un problema de conflicto entre comunidades autónomas, y usted sabe que eso no es así, todos los datos fiscales de este país lo ponen de manifiesto.


En segundo lugar, segunda parte de su falacia: nos quiere convencer de que el Estado en estos momentos no tiene mecanismos para garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Los tiene: el título I de la Constitución, en cuanto a
los derechos fundamentales y su contenido esencial. Por supuesto, como ha dicho hace un momento el compañero don Alfred Bosch, eso no significa unicidad y eso no significa que las comunidades autónomas en el ejercicio legítimo de su autogobierno
decidan que, una vez garantizados esos derechos fundamentales y su contenido esencial, pueden mejorar ese contenido esencial mejorando las prestaciones a sus ciudadanos. Déjeme que le diga que además de eso nuestra Constitución y nuestra
legislación tienen mecanismos como la Alta Inspección, como los recursos ante el Tribunal Constitucional, que no solo usan, sino de los que en muchas ocasiones abusan para impedir el ejercicio de autogobierno, como acaba de hacer el Partido Popular
en relación con la propuesta del Gobierno de Cataluña de establecer un impuesto en relación con las cuentas bancarias de los catalanes.


Tercera falacia que ha utilizado usted en su argumento: identificar el FLA, el Fondo de liquidez autonómico, como un rescate y como si lo que reciben las comunidades autónomas fuera algo con recursos ajenos. Las diferencias, señora Díez,
entre lo que aporta Europa -que al final terminaremos pagando todos- a España y lo que aporta la Administración central a las comunidades autónomas son dos fundamentalmente: esos recursos los hemos aportado los ciudadanos de este país, que también
residen en sus comunidades autónomas, y además no son concesiones graciables, son simplemente préstamos a un interés muy elevado y sobre la base además de un control muy importante que en algunas

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ocasiones supone incluso una vulneración del autogobierno, por eso nuestro grupo no votó a favor de ese planteamiento.


Señora Díez, la falacia, su sofisma populista es de tal magnitud que usted ha olvidado hoy por ejemplo que lo que está haciendo el Partido Popular no es precisamente lo que usted le imputa; lo que está haciendo el Partido Popular en España
y posiblemente también Convergència i Unió en Cataluña es segregar a los ciudadanos, por ejemplo, en el nivel educativo, pero no por comunidades autónomas, sino por condición social, porque mientras no se dan recursos para sostener la educación
pública, se financian escuelas de élite del Opus y de otras..., iba a decir sectas, pero ya me entienden ustedes lo que quiero decir. Desde esa perspectiva han hecho ustedes exactamente lo mismo que hace toda la derecha en todo el mundo: negar el
conflicto social para imponer por delante de eso o para explicar las diferencias en clave de conflicto territorial, y usted lo hace porque sabe que en estos momentos los ciudadanos que están absolutamente indignados, pero al mismo tiempo indefensos,
necesitan buscar un enemigo cercano y usted utiliza eso sencillamente para pescar en el vivero de votos del Partido Popular. Déjenme que les diga una cosa: ¿eso que usted llama embajadas es, por ejemplo, el centro Blanquerna en Madrid, un centro
cultural para difundir la cultura y para establecer elementos de reciprocidad y al mismo tiempo de encuentro entre cultura catalana y cultura castellana? ¿Es eso lo que usted llama una embajada? Ha habido muchas malas utilizaciones de recursos
públicos en este país, sin duda. Las han protagonizado las comunidades autónomas, las ha protagonizado la Administración central y las han protagonizado las administraciones locales. Pero eso no es lo que usted plantea aquí. Usted plantea una
cosa tan falaz como que desde su perspectiva se están utilizando los recursos del Fondo de liquidez autonómica para impulsar procesos secesionistas, y que eso debe evitarlo el Estado, y además nos plantea una cosa tan extraordinaria como la
utilización del artículo 155 de la Constitución española. De eso usted no ha hablado, porque sabe que de cara a estos ciudadanos que están en la tribuna o que están escuchando vende mucho más el sofisma populista, al hablar de la igualdad de los
españoles, del riesgo que para la igualdad suponen las comunidades autónomas, de lo perversas que son las comunidades autónomas para no poder garantizar los derechos fundamentales, de cómo lo malgastan las comunidades autónomas. Por eso usted no se
ha atrevido hoy a defender su proposición de ley. Ha defendido otra distinta que no ha presentado aún, y que si quiere presentarla la podremos discutir.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Termino, señora presidenta, diciendo una cosa. Los ciudadanos de cada una de las comunidades autónomas tenemos mecanismos para establecer el control sobre nuestros Gobiernos. No necesitamos que nadie nos haga
de salvador. Tenemos derecho a existir. Tenemos derecho a decidir. Tenemos derecho a que nos dejen en paz, y sobre todo no necesitamos ningún salva patrias que nos venga a salvar de los errores ajenos. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, espero que el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia se quede hoy solo votando a favor de esta proposición no de ley. Lo espero, lo deseo, porque esta proposición no de ley
va en la línea de flotación de aquello que defienden creo que la mayoría de diputados de esta Cámara, de aquello que defiende Convergència i Unió. No lo ha dicho en su intervención inicial, señora Díez, pero usted con el texto que pretende que se
vote hoy en el Pleno del Congreso lo que intenta es cargarse la autonomía de las comunidades autónomas, dinamitar la autonomía de las comunidades autónomas. Por cierto, ese orden constitucional que usted pretende defender instaura el principio de
la autonomía política de las nacionalidades y regiones en el título preliminar. Pero esa autonomía política para su grupo no existe, porque ante lo que es una provisión de fondos que vienen de los Presupuestos Generales del Estado, que no son del
Estado, son de todos. El Estado somos todos. Por tanto, cuando el Estado paga, está pagando Cataluña como comunidad autónoma que contribuye como la que más, con déficit fiscal. Pagamos mucho más de lo que recibimos. Por tanto no nos está
llegando un préstamo que después hay que devolver de dinero ajeno. Nos está llegando, señora Díez, dinero que nosotros no necesitaríamos pedir si tuviéramos un sistema de financiación justo, si Cataluña pudiera recaudar sus propios impuestos.
Créame, al hablar de igualdad, hablemos también de esa desigualdad que sí que existe entre unos territorios, que queremos ser solidarios, que queremos contribuir, que

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queremos ayudar a aquellas comunidades autónomas que más lo necesitan, pero exigimos unos niveles de déficit fiscal que en estos momentos no son admisibles, y esto se olvida. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).


En cambio, ¿qué nos propone? Nos propone, no el cumplimiento de condiciones económicas, financieras y presupuestarias a la hora de devolver ese crédito y a la hora de gestionar nuestro autogobierno. Propone el cumplimiento de condiciones
políticas. Y esto es una intervención política al autogobierno de una comunidad autónoma. Yo le fijo unas condiciones políticas. Si usted no las cumple, señora comunidad autónoma, si usted se porta mal, yo no le voy a conceder ese crédito. Unas
condiciones políticas que si usted no cumple, digámoslo claro -lo dice clarísimo su proposición no de ley-, si usted no respeta mi plan -no plan económico, financiero o presupuestario, no, plan político-, ¿sabe dónde le va a llevar su osadía -nos
viene a decir el grupo proponente-? A que apliquemos el artículo 155 de la Constitución. ¿Y sabe qué es el artículo 155? Es la ejecución estatal forzosa, es la intervención autonómica, es la sustitución de aquellos representantes elegidos por la
ciudadanía de una comunidad autónoma por autoridades estatales que van a portarse bien y van a ejecutar los niveles competenciales que tienen asumidos estatutariamente esas comunidades autónomas. Esto es gravísimo, porque esa génesis del artículo
155 de la Constitución no estaba pensada para implantar condiciones políticas cuando estábamos reconociendo la autonomía política de las comunidades autónomas en la Constitución. (El señor presidente ocupa la Presidencia). No, si habláramos con
los ponentes -por suerte aún tenemos ponentes que nos lo pueden explicar-, ese artículo 155 -que a muchos no nos agrada pero que existe y, por tanto, no es un supuesto inaplicable- es un artículo previsto en situaciones de crisis sanitarias en que
una comunidad autónoma se negara a cumplir con las obligaciones que se le marcan y que hubiera un peligro para ese interés general que usted dice defender. Yo sí que quiero defender ese interés general y para ello, señora Díez, votaremos en contra
de su proposición no de ley, porque queremos ese ordenamiento constitucional que respetaba la autonomía política.


Esas embajadas -lo cita en el texto de su proposición no de ley-, que sabe que son oficinas de las comunidades autónomas en el exterior, la mayoría de las cuales cumplen con una misión de ayuda al comercio y a las exportaciones de las
empresas de esas comunidades autónomas, fueron validadas por el Tribunal Constitucional. Siempre se busca ese pretexto para criticar el autogobierno y para incumplir lo que para nosotros es la necesaria lealtad institucional que comporta el
ordenamiento de una plurinacionalidad que reconoce la propia Constitución y que a ustedes no les agrada.


Señor presidente, señorías, muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, presidente.


La verdad, señora Díez, es que me ha pasado lo mismo que a otros grupos: cuando le he oído empezar a hablar he pensado si me habría equivocado de proposición no de ley, porque con la introducción que usted ha hecho yo estaba de acuerdo.
Estoy de acuerdo con que el Gobierno tiene que garantizar los servicios a los ciudadanos y disminuir la pobreza, pero eso no es lo que dice su proposición no de ley. En algunos casos puede ser hasta contraproducente para lo que usted estaba
diciendo al principio. Usted trae una proposición no de ley que insta al Gobierno a presentar una ley de empleo del rescate -un título que ya de por sí impone un poco-, y con ella lo que persigue es aumentar el intervencionismo del Estado en las
comunidades autónomas. Para restringir la autonomía política de las comunidades autónomas usted ha utilizado el FLA, el Fondo de liquidez autonómico, como podía haber utilizado cualquier instrumento de cooperación con las comunidades autónomas. No
le basta a usted con el ataque a la autonomía financiera y presupuestaria del Gobierno a las comunidades autónomas que acuden al fondo -así es-, sino que, aprovechando su necesidad de liquidez, les recorta también sus decisiones políticas. Se
deduce de su exposición de motivos -no de lo que usted ha dicho aquí- que por ejemplo a usted no le gusta que algunas comunidades tengan una oficina en Bruselas o una delegación en otros países, pero esa es una decisión que corresponde a las
comunidades autónomas y son ellas las que saben la rentabilidad que les puede producir esa actuación. A usted le puede parecer superfluo pero usted no gobierna las comunidades autónomas. Usted no puede aprovechar una situación de ahogo de liquidez
de las comunidades autónomas para, por ejemplo, privar de financiación a los ciudadanos de comunidades autónomas cuyos Gobiernos decidan poner en marcha procesos de dudosa constitucionalidad; a los ciudadanos les cortarían los servicios en vez de
facilitárselos.

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Para hablar de Cataluña usted ha utilizado el FLA, porque, si lee su proposición -parece que usted misma no ha acabado de leerla-, de lo que habla es del tema de Cataluña. Ha utilizado el FLA, precisamente el que tiene finalidades
concretas. Usted sabe que el Fondo de liquidez autonómico está destinado a atender necesidades de vencimiento de deuda pública y para financiar el endeudamiento, pero a cambio además el Gobierno pone condiciones -¡claro que las pone!-: un mayor
ajuste fiscal. Eso para nosotros ya supone suficiente intervencionismo. Por eso, nosotros defendíamos siempre los hispanobonos, que hubieran facilitado más el tema. Además, el señor Montoro utiliza el Fondo de liquidez autonómico con bastante
discrecionalidad. Le pondré un ejemplo. Andalucía cumple las características del Real Decreto 21/2012 para obtener -y así los ha pedido- 7.000 millones, y el señor Montoro dice que 3.200. ¿Quiere usted recortar más a las comunidades? Por tanto,
nos parece que, por ejemplo, el punto 2 de su proposición, de esa ley que usted insta al Gobierno, sobra, porque como las comunidades que acceden al fondo ya se comprometen a utilizarlos para esos fines que dicta el real decreto, pues no se podrá
utilizar para financiar iniciativas políticas de secesión. Así que con tranquilidad.


Los otros dos puntos me han sorprendido más. Usted pide que las comunidades autónomas que accedan al fondo se comprometan a cumplir el ordenamiento constitucional y que, si no lo cumplen, que se les aplique el artículo 55. Eso ya lo dice
la Constitución. Además, el artículo 53 describe perfectamente el control de los órganos de las comunidades autónomas a través del Tribunal Constitucional, a través del Tribunal de Cuentas, a través del mismo Gobierno previo informe del Consejo de
Estado, etcétera. Personalmente, cuando leí la exposición de motivos, me vino a la cabeza eso de España se rompe que vociferaba el Partido Popular allá por 2004, y ustedes creen que han encontrado una solución para paralizar determinadas
iniciativas con este chantaje -porque se podría aplicar la palabra chantaje a lo que ustedes están planteando- para limitar las decisiones políticas de las comunidades autónomas.


Acabo. La Constitución se fundamenta, como usted sabe, en la indisoluble unidad de la nación española, de acuerdo con su artículo 2. La Constitución es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, para las que accedan al
fondo y para las que no accedan también. Así que, si aceptamos la Constitución como marco de integración de las comunidades autónomas en el Estado, los problemas que usted plantea en su proposición no de ley -no es de lo que usted ha hablado aquí-
estarán resueltos, no hay problema. Ahora bien, no harán falta compromisos adicionales para acceder al Fondo de liquidez autonómico. Si la Constitución no se acepta como marco de integración de las comunidades en el Estado, entonces sí tenemos un
problema, señora Díez, pero esta proposición no de ley desde luego no va a solucionar ese problema. El Estado debe garantizar la sostenibilidad del Estado, pero no lo puede hacer con chantaje. Votaremos en contra de su proposición.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vázquez.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor López-Amor.


El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señor presidente, señorías, la verdad es que después de estar aquí oyendo a todos los intervinientes en esta proposición no de ley siento una cierta confusión, porque las intervenciones no han respondido en
ningún caso a la proposición no de ley presentada por el Grupo de Unión Progreso y Democracia. Yo creo que la proposición no de ley se contesta simplemente con esto, con la Constitución en la mano. Y no quiero enseñarla demasiada porque yo creo
que eso demuestra que usted no ha entendido ni el proceso constitucional ni la Constitución ni las medidas que está tomando el Gobierno para poder salvar la crisis económica en que este país está inmerso, como están todos los países de la eurozona.
Yo creo que hay que tener en cuenta los resultados que notoriamente se han obtenido durante el año 2012 y que están en poder de todos ustedes en el sentido de que se ha ido disminuyendo el déficit estructural que tenían nuestras comunidades
autónomas y que ha llegado a ser del 1,73%, viniendo de un 3,62% en el año 2011. Eso hace que los estudiosos del tema digan que en el impulso fiscal primario -palabra horrorosa, que significa lo que se ha avanzado en la reducción del déficit-
España sea el país de las economías más avanzadas que más ha conseguido disminuir el déficit. Ésa disminución del déficit no es un objetivo que esté sacralizado, sino que es una condición absolutamente imprescindible para defender el Estado del
bienestar. El Estado del bienestar es algo dinámico, no es algo estático, y para defenderlo, para defender la economía, la felicidad de todos los españoles, que depende mucho de su bienestar, hay que reducir y, por consiguiente, ajustar el gasto de
las administraciones públicas de manera que se produzca una sostenibilidad financiera no solo por parte del Estado, sino

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fundamentalmente por ese centro de gastos tan importante a partir de 1978 como son las comunidades autónomas.


No quiero entrar en la valoración de los diferentes apartados de su proposición no de ley porque no me merecen -con todo respeto se lo digo- la menor consideración. La Constitución garantiza lo que usted dice -artículo 155-, pero también
garantiza como derecho fundamental no solo la libertad ideológica, sino la libertad de expresar lo que se quiere. Esos derechos tienen además una tutela especial, y se garantiza también la autonomía política a través de las comunidades autónomas.


Únicamente quería hacer una matización al portavoz de Izquierda Unida. Las comunidades autónomas no son soberanas, son autónomas. La soberanía reside en el pueblo español, y eso tiene usted que enlazarlo y no seguir creando lenguaje como
una posición de conquista, porque las comunidades autónomas no son soberanas. La soberanía reside en el pueblo español, que es el detentador del modelo de Estado español que está previsto en la Constitución española. No hay que ir más allá.


Gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y gracias al Real Decreto-ley 21/2012, de medidas de liquidez a las comunidades autónomas, se ha conseguido garantizar el pago de las deudas vencidas, del servicio de la deuda de esas
comunidades autónomas, y además se ha conseguido de alguna manera controlar el gasto excesivo de esas comunidades autónomas a través de las autorizaciones y los planes de ajuste previstos en ese mismo real decreto-ley. Por tanto, yo creo que
estamos en el camino adecuado, en el camino de conseguir que todo el Estado, desde la Administración central hasta las corporaciones locales, funcione de una forma coordinada, el déficit de cualquiera de ellas es un déficit que tienen que asumir
todos los españoles. En este punto, agradezco mucho la intervención que ha tenido la representante del Grupo Socialista porque me ha parecido una buena intervención, me ha parecido una intervención adecuada al tema que estamos planteando, porque al
socaire de medidas de estabilidad financiera, al socaire de un Fondo de liquidez autonómica, estamos planteando la madre de todas las batallas, que es la organización territorial del Estado, que ya está prevista en la Constitución. No tenemos que
hacer más que cumplir la Constitución sin tener reservas frente a la misma y entendiendo que este es un camino de final, no es un punto de partida para abrir debates que no interesan a nadie en este país.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López-Amor.


Ya que no ha tenido enmiendas, esta proposición no de ley se votará en sus propios términos.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LA GESTIÓN DE LOS PUERTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 162/000292).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), relativa a la gestión de los puertos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.


Para su presentación, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, señor presidente.


Señorías, dice la teoría general más actual que las autoridades portuarias deben desarrollar, entre otras, labores de promoción y estrategias globales orientadas hacia el cliente común, tendentes a asegurar la adaptación permanente de la
oferta global portuaria a las necesidades y estrategias de la actividad económica que estas sirven, y a contribuir a crear un ámbito de cooperación de todos los agentes de la comunidad portuaria dirigida a la mejora de los servicios portuarios y a
la promoción de los puertos. Precisamente al hilo de ella, la iniciativa que hoy traemos a este Pleno tiene como objetivo reforzar el posicionamiento y el liderazgo de los puertos de Bilbao y Pasaia mediante un cambio en el modelo de gestión más
flexible e innovador, que permita generar valor para sus clientes y demás agentes económicos en el territorio.


Esta propuesta es de especial relevancia, puesto que ambos puertos constituyen la gran puerta de acceso por mar hacia la Unión Europea para diferentes comunidades autónomas y Portugal. En primer lugar, es preciso destacar que la
privilegiada situación geográfica de Euskadi coloca a ambas instalaciones en el centro de los grandes ejes transnacionales de infraestructuras dentro del arco atlántico, lo que les confiere un interés de carácter estratégico desde el punto de vista
logístico. En este contexto, consideramos que la actual estructura organizativa y de gestión de los puertos vascos derivada de la normativa estatal de aplicación no se ajusta a los nuevos retos y requerimientos que el mercado demanda, en tanto que
no permite una planificación integral e integrada de las infraestructuras portuarias a escala de la Comunidad

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Autónoma de Euskadi ni el aprovechamiento pleno de sus múltiples potencialidades. En la medida en que prevé un conjunto de planes, estratégico, director de infraestructuras de empresa para cada autoridad portuaria de manera independiente,
dificulta la puesta en marcha de estrategias de optimización de oportunidades presentes y futuras. Tal y como se recoge en la parte expositiva de nuestra iniciativa, dicha regulación no es criticable en sí misma, ya que permite teóricamente a las
autoridades portuarias competir entre sí mejorando el servicio, pero en la actual situación de las infraestructuras del transporte de mercancías de Euskadi el modelo general diseñado por el Estado impide en la práctica explotar las sinergias
existentes entre ambas instalaciones, racionalizando los flujos y, por tanto, trabajar en términos de eficiencia. En primer lugar, porque dificulta la coordinación en la generación de nuevas infraestructuras y mejora de las ya existentes. En
segundo lugar, porque limita la mejora de los ratios de rentabilidad que, como ustedes conocen, son una herramienta clave en la determinación de las tasas y bonificaciones aplicables a los tráficos y que resultan además determinantes en la elección
de los puertos para los operadores. En tercer lugar, porque tratándose de instalaciones singularmente diferentes en cuanto a características y dimensión -y me estoy refiriendo a Bilbao y a Pasajes- y a la vez complementarias, se impide la
diversificación de los tráficos de mercancías tanto marítimos como terrestres en la búsqueda de un producto final más competitivo y, de paso, hacer mejores a las empresas usuarias de estas infraestructuras, incentivándose de este modo la creación de
empleo. Es por ello que proponemos que esta Cámara inste al Ministerio de Fomento a que realice las gestiones oportunas para que la gestión de los puertos de Pasaia y Bilbao sea completamente descentralizada y encomendada al Gobierno vasco en una
única autoridad portuaria.


Son muchos los argumentos a favor con los que cuenta esta iniciativa; de hecho, se trata de una actuación estratégica desde el punto de vista económico, no solo para el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino para
el Estado en general. Debo recordarles que el puerto de Bilbao es uno de los centros de transporte y logística más importantes de la Europa atlántica y en este sentido un claro elemento de proyección exterior de la Comunidad Autónoma de Euskadi y
del resto del Estado. Por su parte, el puerto de Pasaia constituye en sí mismo un instrumento fundamental de la industria y el comercio de su zona de influencia y una herramienta clave para la reactivación económica y la generación de empleo. Por
su parte, el impacto que va a tener la puesta en marcha de la futura red ferroviaria vasca va a incidir de manera radical en la configuración del sistema global de transporte del Estado y en la conectividad de ambos puertos, puesto que Euskadi es
lugar de paso obligado para el acceso de la meseta hacia Europa. En resumen, consideramos que la puesta en marcha de una nueva estructura organizativa posibilitaría optimizar las condiciones de competitividad de los puertos de Bilbao y Pasajes.
Una nueva planificación permitiría, entre otras cuestiones, la diversificación de los tráficos de mercancías tanto marítimos como terrestres, la realización de actividades y actuaciones coordinadas en la mejora de las infraestructuras, a la vez que
alcanzar mayores ratios de rentabilidad. En consecuencia, creemos que esta iniciativa contribuirá a reforzar el posicionamiento y el liderazgo de las instalaciones portuarias vascas.


Desgraciadamente, esta proposición no de ley no va a contar con el apoyo suficiente para ser aprobada ya que el partido mayoritario de esta Cámara, el Partido Popular, ha presentado una enmienda que es para nosotros absolutamente
inadmisible. Su enmienda, de hecho, es puramente retórica; no aporta nada nuevo. Muy al contrario, salvo que a lo largo de su exposición nos sorprendan con alguna alternativa novedosa en sentido distinto al recogido en el literal de la misma,
mantiene el statu quo actual, jacobino y centralizador, que se ha demostrado manifiestamente ineficiente. No obstante, esperamos contar con el apoyo del resto de los grupos de esta Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.


En efecto, a esta proposición no de ley el Grupo Popular ha formulado una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, efectivamente, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular y también la de la enmienda de sustitución que hemos formulado a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco,
PNV. Nuestra posición se va a basar en los siguientes argumentos. En primer lugar, razones legales y constitucionales; en segundo término, la coordinación

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territorial y el interés general; el tercer aspecto, los motivos económicos y, en cuarto lugar, haremos una valoración estrictamente política.


Razones legales. El artículo 149.1 de la Constitución española establece las competencias exclusivas del Estado y en su apartado 20.ª las correspondientes a los puertos de interés general. Cuando la transferencia o delegación afecten a
materias que el artículo 149.1 declara de la exclusiva competencia del Estado, cual es el caso, deben considerarse los siguientes criterios: Primero, la transmisión de facultades no puede ser tal que afecte a la titularidad y responsabilidad última
del Estado sobre la misma. Segundo, la transferencia o delegación no debe romper el equilibrio constitucional entre los poderes territoriales ni conculcar el principio de igualdad. Tercero, las comunidades autónomas no pueden afectar a la unidad
económica o a otros valores que la Constitución encomienda al Estado como la solidaridad interregional. Por lo tanto, no todas las materias portuarias son susceptibles de transferencia o delegación y, en las que sí lo son, el Estado debe adoptar
medidas de tutela para que dicha delegación no implique despojar en bloque a la Administración General del Estado de la competencia que ostenta en materia de puertos de interés general.


Segundo aspecto, coordinación territorial e interés general. La transferencia podría colisionar con valores que el Estado debe garantizar en todo el territorio español como, por ejemplo, la unidad económica o la solidaridad y la igualdad
interterritorial. La existencia de un sistema portuario de titularidad estatal garantiza el principio de unidad de mercado y la planificación general de la actividad económica. La Ley de puertos y de la marina mercante del año 1997 -ley popular-
ya introdujo una participación más que significativa de las comunidades autónomas en la estructura organizativa de las autoridades portuarias. Se reguló dicha participación atribuyéndole la facultad de designar a los máximos órganos de gobierno
-presidentes y miembros de los consejos de administración de las autoridades portuarias-, organismos con ámbito de autonomía funcional y de gestión especialmente relevante que resulta reforzado por el principio de autofinanciación de los mismos.
Por tanto, las materias que se reserva el Estado son estrictamente de coordinación y de control, ámbito irreductible previsto en el artículo 150 de la Constitución española.


En tercer lugar, razones económicas. El mercado, tanto a nivel nacional como internacional, requiere un servicio de transporte nacional en el que los puertos trabajen en red en un sistema integrado. La política comunitaria tiende a
identificar proyectos de interés comunitario en puertos europeos que cumplen con la decisión 1346 del año 2001. En este marco, en el que se observa una tendencia a establecer una red de puertos de interés comunitario, la pérdida de la condición de
interés general en un puerto de un Estado miembro dificultaría el acceso de este a la condición de puerto de interés comunitario europeo.


Valoración estrictamente política. Ni puedo ni debo concluir sin hacer una mención expresa al caso del puerto de Pasajes. Quiero recordar que durante el Gobierno del señor Aznar se consiguieron fondos Urban para la rehabilitación de la
bahía del puerto y se constituyó una comisión interinstitucional para actuar sobre la misma. Desgraciadamente, desavenencias políticas, tan habituales en los guipuzcoanos, no así en los vizcaínos, hicieron aquello inviable y se malograron los
fondos europeos obtenidos con tanto esfuerzo. Este contexto de defensa de la construcción del puerto exterior de Pasajes sirvió a algunos para condicionar y vincular la rehabilitación de la bahía. Nosotros, los populares, siempre hemos defendido
la regeneración de la misma; otros, lamentablemente, no. Y quiero precisar que este hecho no se debe a descoordinación de tipo alguno, ni a la descentralización, ni a la inexistencia de una autoridad única o no, se debe a posiciones, visiones e
intereses políticos de unos y de otros sobre los que todos debemos responder. No obstante, en aras de la mejora y eficiencia de los servicios públicos y a la pretensión formulada -o al menos en la filosofía subyacente- en la iniciativa planteada
por el Grupo Vasco, PNV, en aras a esa mejora y eficiencia de los servicios públicos, hemos propuesto una enmienda de sustitución que desgraciadamente va a ser rechazada. Ahí se decía que el Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento
a que realice las actuaciones oportunas para impulsar la eficiencia en la gestión de los puertos de Pasaia y Bilbao, de manera que aumente la competitividad de dichas autoridades portuarias en su zona de influencia, se garantice la coordinación con
la comunidad autónoma a los efectos de ordenación territorial y su estrategia económica y se incremente el impacto económico de los puertos en el ámbito local y demás zonas territoriales de influencia. Todo ello dentro del marco del sistema
portuario de titularidad estatal. Usted no va a admitir nuestra enmienda y nosotros por las razones expuestas, y en coherencia con las mismas, tampoco vamos a admitir su proposición no de ley y tendremos que votar en contra, pero espero que en el
ámbito del futuro, en el ámbito de la gestión, en el ámbito de la coordinación,

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en el ámbito de la corresponsabilidad seamos capaces por el bien de todos de trabajar mirando cara al futuro, mirando juntos y no desde la división y la diferencia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiroz.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Pérez Fernández.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Presidente, señorías, intervengo brevemente para manifestarnos a favor de esta proposición del Partido Nacionalista Vasco con la que, y aunque referida concretamente en este caso a puertos del País Vasco,
coincidimos en el fondo, y a propósito de la descentralización y transferencia a las comunidades autónomas de los puertos del Estado, no solo de su gestión, el BNG ha presentado esta solicitud en otras ocasiones y también en el Parlamento gallego.
En Galicia son seis los puertos que dependen del Estado. Nuestras costas son el paso obligado de un intenso tránsito marítimo con todo tipo de mercancías, tanto que el tránsito total de mercancías generadas por los puertos gallegos sitúa a Galicia
entre los primeros puertos del Estado, casi la mitad del desembarco de pescado fresco de todo el Estado y cerca del 70% del congelado. Aun así, los puertos gallegos no son considerados prioritarios por parte del Estado ni en atención -el puerto de
Leixoes, en Oporto, es el gran referente de la fachada atlántica ibérica, y el de El Musel, en Gijón, el del Cantábrico- ni tampoco en inversiones, a pesar de que las tasas y tributos que generan son importantísimos. Nosotros, el Bloque
Nacionalista Galego, apostamos por un sistema portuario gallego integral que especialice a los puertos para que no compitan entre sí y dependiente de un único gestor, la comunidad autónoma, a efectos de mejorar su planificación, coordinación y
aprovechar sinergias que permitan desenvolver planificadamente la complementariedad de los distintos puertos que lo integren y la diversificación de sus actividades en función de las necesidades de los sectores productivos y de las actividades
económicas turísticas o pesqueras asociadas, fundamentales para el desarrollo económico de nuestro país.


Desafortunadamente, la enmienda del Grupo Popular nos da la pista clara de por dónde van a continuar las políticas del Gobierno central a este respecto. Por lo tanto, reiteramos nuestro apoyo a esta proposición no de ley y esperamos que en
un futuro se pueda tender hacia la descentralización de competencias en este ámbito concreto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.


Señora Enbeita.


La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.


Desde Amaiur votaremos que sí a esta propuesta del PNV, pero creemos que la sociedad vasca necesita algo más que competencias. Estas competencias, al igual que otras que se han pedido en los últimos años, son solo una especie de calderilla
que se pide al Estado español, y este nos lo da o no dependiendo de las conveniencias. Por eso creemos que nos corresponde algo más que las competencias, nos corresponde el derecho a decidir. Votaremos que sí no porque nos interesen especialmente
las competencias portuariassino porque creemos que todo lo que concierne a Euskal Herria se debe decidir en, desde y para Euskal Herria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Enbeita.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo no va a apoyar esta propuesta por un par de razones de fondo que paso a explicar brevemente. Una es que el hecho de que sean puertos vascos no es lo fundamental, es que son puertos de interés general de titularidad estatal;
no son puertos locales que atienden a una economía determinada sino que están implicados en una economía de un ámbito mucho mayor que el de la comunidad autónoma. En ese sentido no hay ningún progreso ni mejora económica en que la gestión de
puertos de interés general se le dé a un gobierno autonómico. Además, lo que propone el PNV en el fondo no deja de ser un juego de palabras. Dice que quiere una gestión descentralizada cuando lo que pretende es centralizarla

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desde el Gobierno vasco, y en eso no hay descentralización alguna; lo único que cambia es quién es el que tendría la última decisión sobre la política de esos puertos. En este sentido no deja de sorprendernos la propuesta porque la postura
del PNV, del Gobierno vasco, ha sido en esto muy errática. Recordamos que el Gobierno vasco anterior, no el de don Patxi López sino el anterior, incluso impulsó un proyecto de obra faraónica mastodóntica que finalmente la crisis va a frustrar,
afortunadamente, y era la construcción de un enorme puerto exterior en el puerto de Pasajes o Pasaia. En este sentido lo que tiene que haber es un replanteamiento de este tipo de políticas, en vez de decir déme usted la gestión de estos puertos o
la titularidad porque lo voy a hacer mucho mejor que ustedes. Es evidente que no está claro qué es lo que quieren hacer con esos puertos, dado ese cambio de planes, como digo. Es además evidente que al Estado no se le puede privar de lo poco que
le queda, precisamente para poder ser un agente económico relevante que realice una labor de redistribución, algo que desaparecería por completo si, como aquí tan a menudo se propone, al Estado se le va despojando de puertos, de las tasas que pueda
ingresar por las emisiones de gases de efecto invernadero y por cualquier otro tipo de cuestión por la cual una comunidad autónoma crea que puede hacer caja.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.


La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.


En primer lugar debemos destacar que en la proposición no de ley que nos presenta hoy el PNV nos encontramos con cierta indefinición a la hora de pedir la transferencia de la competencia en cuanto a puertos según contempla el Estatuto de
Gernika. Sobre todo si nos detenemos en la exposición de motivos, donde no hace en ningún momento mención al asunto. Se detiene por el contrario a relatar las consecuencias que ha tenido el texto refundido de la Ley de puertos y de la marina
mercante mediante el Real-Decreto Legislativo 2/2011, a la hora de llevar a cabo de manera satisfactoria una planificación de las infraestructuras portuarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Recuerda explícitamente la posibilidad que
contempla el texto refundido de la ley en su artículo 24.4, para agrupar en una misma autoridad portuaria la administración, gestión y explotación de varios puertos de competencia de la Administración General del Estado ubicados en el territorio de
una misma comunidad autónoma para conseguir una gestión más eficiente y un mayor rendimiento del conjunto de medios utilizados. (Rumores). Podemos pensar que el PNV ha preferido pasar de puntillas sobre el asunto de la transferencia de la
competencia en cuanto a puertos e incorporarlo de soslayo en la proposición no de ley, al pedir que la gestión de los puertos sea completamente descentralizada, de manera que planteado así este extremo no nos queda muy claro. Respecto a su petición
concreta de una única autoridad portuaria, ustedes saben que desde Ezker Anitza-IU siempre hemos defendido la coordinación de los puertos de Pasaia y Bilbao, de manera que atendiendo a las características de cada infraestructura se puedan organizar
los flujos de tráfico en vez de, como nos tememos, para que ustedes puedan caer en la tentación de dejar morir por completo el puerto de Pasaia, para centrarse únicamente en el de Bilbao; o bien para buscar con la unificación de las autoridades
portuarias una manera de financiar el puerto exterior de Pasaia. Decimos esto porque nos consta que el Partido Nacionalista Vasco ha sido durante muchos años el encargado de la gestión en los puertos de Pasaia y se han dedicado a invertir sin
ningún criterio miles y miles de euros en estudios y diseños para el puerto... (Continúan los rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.


¡Por favor, ruego silencio y que se sienten en los escaños!


La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.


Como decía, invertir miles y miles de euros en estudios y diseños para el puerto exterior, dejando morir prácticamente al interior. Tienen ustedes estudios más que suficientes sobre lo innecesaria e inviable económicamente que es la obra
faraónica; deberían renunciar de una vez por todas a realizar el puerto exterior de Pasaia. Dejen -les pedimos- de malgastar dinero en proyectos imposibles y preocúpense de invertir en el puerto de Pasaia, que está cada vez peor en lo que a
instalaciones y tráfico se refiere, porque desde luego no creemos que una única autoridad portuaria deba servir para ver si así pueden conseguir que Pasaia compita con otros puertos a base de rebajar sus tarifas o sus tasas. En este sentido,

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no hay en su proposición no de ley una reflexión sobre el futuro de este puerto. No existen tráficos nuevos, y de ningún modo podríamos admitir que simplemente pretendieran que los dos puertos compitan entre sí, porque así indefectiblemente
el puerto de Pasaia desaparecería, y ustedes lo saben.


Dicho esto, de lo que queremos dejar constancia, apoyaremos la proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) pues creemos -ya se lo hemos dicho- que los puertos de Bilbao y Pasaia deben gestionarse bajo
una única autoridad portuaria, siempre y cuando esta sirva para coordinar los flujos de tráfico, permitiendo que el puerto de Pasaia pueda mejorar sus infraestructuras y se garantice a su vez su viabilidad y el mantenimiento del empleo, así como que
se puedan desviar ciertas mercancías hacia el puerto de Bilbao, pues al tratarse de un puerto-ciudad -el de Pasaia-, donde las viviendas se encuentran apenas a 350 metros, algunas descargas -usted lo sabe muy bien- producen muchos inconvenientes
para los vecinos y vecinas de la zona.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De las Heras.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente para anunciar nuestro voto favorable a esta iniciativa del Grupo Vasco. De hecho el ente Puertos del Estado, señorías, dejó de tener sentido y eficacia en el año 1996, cuando un Gobierno del Partido Popular con mayoría
relativa aprobó y acordó que fueran las comunidades autónomas las que tuvieran la capacidad de proponer el nombramiento de los presidentes de los puertos. Aquel día dejó de tener sentido el órgano Puertos del Estado y se abrió la puerta a una nueva
dimensión que no ha supuesto -como hemos escuchado esta tarde- el rompimiento de la unidad de mercado ni en el año 1996 ni durante todos estos años, sino mayor eficacia, mayor competencia entre puertos y cuando es necesario también mayor
complementariedad entre puertos.


En segundo lugar, señorías, esta es una iniciativa absolutamente enmarcada dentro del texto refundido de la Ley de Puertos del año 2011, y es una iniciativa que encaja perfectamente con la previsión de este texto refundido en su artículo
24.4 cuando contempla la posibilidad de que dos o más puertos integren la autoridad portuaria, integren sus funciones y sus capacidades; con lo cual esta es una iniciativa que apela a la legalidad estricta y a una ley de cumplimento, y pide el
amparo del Estado para poder llegar a aplicar esta ley. Finalmente también sugiere una encomienda de gestión, una encomienda de gestión que no define claramente si sería a través del artículo 151.2 de la Constitución o de alguna otra fórmula, pero
que evidentemente siempre está en el marco legal, no en el marco de una unidad económica en el ámbito español, señorías, sino de una unidad en el ámbito de los transportes que tenemos que considerar dentro de la Unión Europea. Esta tarde nos han
llegado noticias sobre la votación del Parlamento de Chipre que ponen en duda algunas dimensiones del ámbito económico europeo. En el ámbito de las comunicaciones europeas, señorías, señor presidente, el objetivo no es defender esta unidad de
mercado a la cual ha hecho referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sino que el puerto de Bilbao sea útil para poder trasladar mercancías que pueden venir de América hacia Rotterdam y que los puertos de Barcelona o Tarragona sean
útiles para poder trasladar mercancías de forma integrada con otros medios de transporte.


Señorías, nosotros vamos a votar favorablemente. Nos parece que es una aportación a la modernización de las estructuras de la comunicación y nos parecen caducos los argumentos que se oponen a la misma.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señor presidente, señorías, el Grupo Nacionalista Vasco plantea en esta proposición dos medidas hasta cierto punto contradictorias. Por una parte propone una gestión más descentralizada de los puertos del País
Vasco, cuando por centralidad se entiende al Gobierno del Estado, y por otra parte una gestión más centralizada de los puertos del País Vasco, cuando por centralidad se entiende el Gobierno de Vitoria. En realidad la propuesta es muy coherente con
la ideología nacionalista que, a mi juicio, paradójicamente es muy centralizadora en el ejercicio del poder y de la administración propias. Su discurso suele ser el siguiente: descentralicen ustedes en Madrid para que yo pueda centralizar en mi
territorio. Esta es la esencia del pensamiento nacionalista. Efectivamente, la fundamentación de

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esta iniciativa es más ideológica que práctica, más política que económica, pese a su exposición de motivos. De hecho, esta propuesta formó parte del programa electoral del Partido Nacionalista Vasco pero no del programa electoral del
Partido Socialista, por eso no la vamos a apoyar, por eso y por algunos argumentos que voy a intentar exponer.


En primer lugar -con este ya debería bastar- la iniciativa choca con la Constitución, que establece en el artículo 149.1.20 la competencia exclusiva del Estado para los puertos de interés general del Estado. Hay más argumentos. Los
socialistas entendemos necesario mantener una red de puertos de interés general del Estado, porque es cierto que los puertos son un factor de dinamización económica muy importante en el área territorial de influencia, pero también contribuyen a la
dinamización del conjunto de la economía del Estado. Son un instrumento clave para la gestión de la economía en el conjunto del Estado, y su tratamiento coherente y concertado puede, debe favorecer el desempeño eficaz de su función logística,
favorece el impulso de la intermodalidad y favorecería la inclusión en las redes nacionales y transnacionales del transporte de cualquier puerto de interés general sito en cualquier territorio. Interesa la red de puertos de interés general del
Estado. Segundo argumento: la gestión autónoma de los puertos, que establece con carácter general la Ley de Puertos de 2010, incentiva una competitividad muy saludable entre las distintas autoridades portuarias. Cada puerto adopta sus propias
estrategias en cuanto a las instalaciones a erigir, en cuanto a los servicios a prestar, en cuanto a las bonificaciones que aplicar para captar sus propios mercados; una competividad eficiente y muy saludable a nuestro juicio, con la salvaguarda,
eso sí, de los principios de autosuficiencia financiera, de rentabilidad financiera que requiere esta ley de 2010 y que el Grupo Socialista defiende como muy positivos. Tercera razón: ya existe una participación notable de la Administración
autonómica en la gestión de los puertos de interés general. De hecho, el presidente de la Autoridad Portuaria es nombrado por el Gobierno del Estado a propuesta del Gobierno autonómico, hasta el punto de que, junto al presidente, otros cuatro
representantes del Gobierno autonómico están ya presentes, con voz y con voto, en el consejo de administración de las autoridades portuarias; y hasta el punto de que los planes de infraestructuras y los planes de empresa de los puertos de interés
general del Estado solo se aprueban tras pasar por esos consejos de administración y tras prestar audiencia a las autoridades autonómicas. Hay una coordinación asegurada de todos los puertos de interés general en un territorio por parte de su
Gobierno autonómico. Tan asegurada está que sus presidentes son nombrados a propuesta del presidente del Gobierno autonómico; tal es la garantía de la coordinación autonómica de los puertos de interés general del Estado.


En conclusión, señorías, si de lo que se trata es de asegurar la contribución eficiente de los puertos de interés general del Estado a la dinamización de la economía en el País Vasco y en el conjunto de España, el Grupo Socialista considera
que lo más inteligente es mantener el modelo vigente en la Ley de Puertos del año 2010 que esta Cámara aprobó con una amplísima mayoría. Si se trata de otra cosa, si de lo que se trata es de cortar una loncha más en la dinámica nacionalista de
vaciar al Estado de responsabilidades en orden a garantizar la igualdad de todos los españoles, en fin, saben que para eso no pueden contar con nosotros.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.


Señora Sánchez Robles, aunque ya en el curso de su intervención lo ha dicho, ¿doy por supuesto que se vota en sus propios términos? (Asentimiento).


Muchas gracias. (Pausa).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE DESTINO DE LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS SUBASTAS DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES CON EFECTO INVERNADERO A POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 122/000085).


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones.


En primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre destino de los recursos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases con efecto invernadero a
políticas de cambio climático y su distribución entre las comunidades autónomas. Para esta proposición de ley se ha recibido un voto telemático.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 1 voto telemático, 319; a favor, 43; en contra, 174; abstenciones, 101 más 1 voto telemático.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. (Número de expediente 122/000090).


El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural para la lucha contra la corrupción. También se ha recibido un voto telemático.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 1 voto telemático, 319; a favor, 129 más 1 voto telemático, 130; en contra, 173; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA AL EMPLEO DE LOS RESCATES SOLICITADOS AL ESTADO POR DIVERSAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 162/000424).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia relativa al empleo de los rescates solicitados al Estado por diversas comunidades autónomas. Se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 4; en contra, 309; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LA GESTIÓN DE LOS PUERTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 162/000292).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la gestión de los puertos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se vota también en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 41; en contra, 276; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se suspende la sesión.


Eran las ocho de la noche.