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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 69, de 30/10/2012
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 69
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 65
celebrada el martes
30 de octubre de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página8)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad
Social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 17-1, de 7 de septiembre de 2012. (Número de expediente 121/000017) ... (Página8)
- Proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 25-1, de 28 de septiembre de 2012. (Número de expediente 121/000025) ... (Página34)
- Proyecto de ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 26-1, de 4 de octubre de
2012. (Número de expediente 121/000026) ... (Página56)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las operaciones de canje de las participaciones preferentes. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 75-1, de 8 de junio de 2012. (Número de expediente 122/000060) ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para excluir del carácter básico el apartado 2 del artículo 82. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie B, número 72-1, de 1 de junio de 2012. (Número de expediente 122/000059) ... (Página81)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reprobación del ministro de Educación, Cultura y Deporte. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 165, de 19 de octubre de 2012. (Número de expediente 162/000452) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de apoyo a los trabajadores que compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una actividad profesional o económica por cuenta propia,
acomodando su cotización al régimen especial de trabajadores autónomos a su situación de pluriactividad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 84, de 27 de abril de 2012. (Número de expediente 162/000287) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra el aumento de la pobreza y la exclusión social en España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 165, de 19 de octubre de
2012. (Número de expediente 173/000046) ... (Página103)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra Lasarte), relativa a la necesidad de abordar una política que impulse decididamente el reparto de las riquezas y rentas existentes en nuestra sociedad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
D, número 165, de 19 de octubre de 2012. (Corrección de error en escrito núm. reg. 33888) (Número de expediente 173/000047) ... (Página113)
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de la Seguridad Social y la garantía de las pensiones. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 165, de 19 de octubre de 2012. (Número de
expediente 173/000048) ... (Página121)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para apoyar al tercer sector y asegurar la cohesión social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 165, de 19
de octubre de 2012. (Número de expediente 173/000049) ... (Página130)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página138)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página139)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página140)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página140)
Sumario
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
Modificación del orden del día ... (Página8)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, la Presidencia somete a la Cámara la modificación del orden del día de la presente semana en el sentido de que el punto 31,
correspondiente a la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, pase a debatirse antes del 30, relativo a la interpelación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, lo que se aprueba por asentimiento.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página8)
Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad
Social ... (Página8)
Presenta el proyecto de ley de referencia el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez), en nombre del Gobierno.
En defensa de las enmiendas a la totalidad intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.
Replica el señor ministro de Justicia y duplican los señores Llamazares Trigo y Villarrubia Mediavilla.
Contesta el señor ministro de Justicia.
Pide la palabra el señor Villarrubia Mediavilla, que le es concedida.
Interviene el señor ministro de Justicia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y el señor Castillo Calvín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Justicia.
Interviene el señor Llamazares Trigo.
Proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética ... (Página34)
Presenta el proyecto de ley de referencia el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López), en nombre del Gobierno.
En defensa de las enmiendas a la totalidad intervienen la señora Pérez Fernández y los señores Salvador Armendáriz, Quevedo Iturbe y Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica ... (Página56)
Presenta el proyecto de ley de referencia el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero), en nombre del Gobierno.
En defensa de las enmiendas a la totalidad presentadas intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página70)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las operaciones de canje de las participaciones preferentes ... (Página70)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Hurtado Zurera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, las señoras Fernández Davila y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Suárez Lamata, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para excluir del carácter básico el apartado 2 del artículo 82 ... (Página81)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Barberà i Montserrat, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pérez Fernández y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz
Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista y Cabrera García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página89)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reprobación del ministro de Educación, Cultura y Deporte ... (Página89)
Defiende la proposición no de ley la señora Valenciano Martínez-Orozco, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Bosch i Pascual, la señora Pérez Fernández y el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores
Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene la señora Valenciano Martínez-Orozco.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de apoyo a los trabajadores que compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una actividad profesional o económica por cuenta propia,
acomodando su cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a su situación de pluriactividad ... (Página140)
Defiende la proposición no de ley el señor Azpiroz Villar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Azpiroz Villar.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página103)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra el aumento de la pobreza y la exclusión social en España ... (Página103)
Defiende la moción la señora Jiménez García-Herrera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora
Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora Jiménez García-Herrera solicita la palabra al amparo de los artículos 72 y 73 del Reglamento, que le es concedida.
Interviene la señora Camarero Benítez.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario
de Unión Progreso y Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Jiménez García-Herrera.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra Lasarte), relativa a la necesidad de abordar una política que impulse decididamente el reparto de las riquezas y rentas existentes en nuestra sociedad ... (Página113)
Defiende la moción el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora De Las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Gómez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Socialista y la señora Bonilla Domínguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Cuadra Lasarte.
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de la Seguridad Social y la garantía de las pensiones ... (Página121)
Defiende la moción el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Ruiz i Carbonell, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Coscubiela Conesa.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para apoyar al tercer sector y asegurar la cohesión social ... (Página130)
Defiende la moción el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista y Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia y el señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i Canadés.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página138)
Sometidas a votación las enmiendas de devolución al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y
lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, se rechazan por 123 votos a favor, 203 en contra y 5 abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas de devolución al proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, se rechazan por 148 votos a favor y 183 en contra.
Sometida a votación la enmienda con texto alternativo, se rechaza por 124 votos a favor, 188 en contra y 19 abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página138)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley votado, se rechaza por 148 votos a favor, 182 en contra y 1 abstención.
Sometidas a votación las enmiendas de devolución del proyecto de ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, se rechazan por 143 votos a
favor, 183 en contra y 5 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda con texto alternativo, se rechaza por 116 votos a favor, 188 en contra y 27 abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página139)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley votado, se rechaza por 144 votos a favor, 182 en contra y 5 abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página139)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las operaciones de canje de las participaciones preferentes, se rechaza por 148 votos a favor, 182 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para excluir del carácter básico el
apartado 2 del artículo 82, se rechaza por 28 votos a favor y 301 en contra.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página140)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reprobación del ministro de Educación, Cultura y Deporte, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural, se rechaza por 142 votos a favor, 184 en contra y 5 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de apoyo a los trabajadores que compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una actividad
profesional o económica por cuenta propia, acomodando su cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a su situación de pluriactividad, con la incorporación de la autoenmienda del grupo proponente, se aprueba por 287 votos a favor, 3 en
contra y 6 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página140)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra el aumento de la pobreza y la exclusión social en España, se rechaza por 147
votos a favor, 181 en contra y 3 abstenciones.
Sometidos a votación separada los seis puntos de la moción del Grupo Parlamentario Mixto, Sr. Cuadra Lasarte, relativa a la necesidad de abordar una política que impulse decididamente el reparto de las riquezas y rentas existentes en
nuestra sociedad, todos ellos son rechazados.
Sometidos a votación separada los cinco puntos de la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de la Seguridad Social y la garantía de las pensiones, se aprueban los puntos 1 y 5 y se
rechazan los puntos 2, 3 y 4.
Sometida a votación la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para apoyar al tercer sector y asegurar la cohesión social, se aprueba por 322
votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Señorías, quiero que conozcan que las votaciones del Pleno -que va a ser largo- serán todas al final de la tarde. En estos momentos es un poco aventurado decir qué hora será esa porque dependerá de varias circunstancias, pero a primera hora
de la tarde, cuando hayamos avanzado, daré una hora más o menos indicativa de cuándo se producirán las votaciones. Quiero que sepan que las votaciones serán todas al terminar el debate.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Quiero decirles también que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, se somete la modificación del orden del día en el sentido que el punto 31, que es
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, pase a debatirse antes del 30, relativo a la interpelación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EN LA SEGURIDAD
SOCIAL. (Número de expediente 121/000017).
El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces al orden del día. En primer lugar, corresponde el debate de totalidad del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. Para presentar el proyecto de ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Señorías, me cabe el honor de presentar ante sus señorías una norma que empiezo por decir que pocas tienen la importancia y la repercusión en la vida cotidiana de los ciudadanos como la que hoy vamos a debatir. El proyecto de ley orgánica
-tal y como ha anunciado el presidente- por el que se modifica el Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y bueno gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social es la respuesta -permítanme que les
diga que
hasta ahora largamente demorada- a una necesidad estructural de defensa de lo público; de defensa de lo público desde el punto de vista de quien lo hace posible, que no es otro que el ciudadano, el ciudadano honrado que con su esfuerzo
contribuye al funcionamiento de unos servicios, a la existencia operativa de un Estado y con ello a la existencia también de un espacio material y simbólico de encuentro y de convivencia. Aún más, me atrevo a decirles que la credibilidad de nuestro
Estado, la consistencia de su tejido social, de su tejido productivo a nivel de confianza, depende en definitiva de que ganemos esta batalla, y de ello dependerá también nuestra competitividad y, con ella, las oportunidades y el nivel de vida de la
población no solamente presente sino también futura. Por eso, la ley que el Gobierno trae hoy a la Cámara tiene una motivación que -empiezo por decirlo- en parte, pero solo en parte, se relaciona con la necesaria y legítima mejora de los
instrumentos de control de los ingresos y del gasto público. Esto sin duda es muy importante, pero, siéndolo, hay razones de fondo que nos remiten más allá, que nos llevan a un imperativo ético, que por supuesto no está reñido con lo pragmático
sino que es su reverso. Se trata en definitiva de hacer más difícil el fraude; se trata, señorías, de endurecer el reproche penal que merece este tipo de conductas; se trata de dar efectividad a los mecanismos de cobro, de impedir que un
ciudadano pueda engañar a otro ciudadano o, si lo prefieren, de asegurarnos que tenemos instrumentos precisos para hacer efectiva la solidaridad, esa solidaridad que, como tantos mandatos de nuestra Constitución -en este caso en el artículo 31, al
establecer que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo-, necesita de instrumentos que articulen efectivamente poder alcanzar este logro. Señorías, el
mundo ha cambiado y, con él, los artificios mediante los cuales esa voluntad de engaño se ha hecho más complicada de perseguir y desenmascarar. Para no dejarse vencer en este pulso, la Administración -que, recuerdo, es el medio que tiene la
sociedad para defender sus intereses a través de la dirección política- necesita dos cosas: en primer lugar, un empeño, un redoblado empeño me atrevo a decir, y eso es lo que traslucen los 8.500 millones de euros arrebatados al fraude este año;
les recuerdo que es un expresivo 18,7 % más que en el año 2011, y esto, tal y como dijo el presidente del Gobierno en esta Cámara, revela el compromiso del Ejecutivo para luchar contra el fraude. Señorías, no basta con el empeño, son necesarias
también nuevas herramientas acordes con la evolución de la sociedad y, por tanto, acordes también -reconozcámoslo- con las disfunciones criminales que en esta se producen; herramientas que multipliquen la eficacia de este esfuerzo. Este es
precisamente el sentido del proyecto que ahora examinamos. Les anuncio que es el fruto de colaboración intensa de tres departamentos ministeriales: el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el de Empleo y Seguridad Social y el
departamento del que tengo el honor de ser titular, el Ministerio de Justicia. Este compromiso, político y normativo, de luchar contra el fraude ha de partir de un análisis previo -me lo van a permitir ustedes- de la situación, para empezar,
identificando a sus responsables. ¿Quiénes son?
En primer lugar, tenemos que reconocer que tenemos unas leyes insuficientes -aunque para eso estamos aquí como Poder Legislativo, para remediarlo- que no han sido capaces de afrontar el desafío de una delincuencia fiscal que se materializa,
si me permiten la simplificación, en tres patrones: por un lado, el del delincuente fiscal ordinario, esto es la persona física o jurídica que en el curso de su normal actividad profesional actúa de forma dolosa, por tanto incurre en delito contra
la Hacienda pública; por otro lado, el delincuente sofisticado, que es aquel que utiliza mecanismos que evidencian un dolo redoblado, es decir una voluntad clara de impedir la investigación y que además convive con naturalidad con los negocios
simulados, con los testaferros, con los paraísos fiscales, con los territorios en nula tributación -artimañas, señorías, perdónenme la expresión, solo al alcance de defraudadores acostumbrados a sustraer elevadas sumas de dinero-; y, un paso más
allá, la tercera categoría, en la que deberíamos incluir al delincuente profesional, que no es el que defrauda de sus ingresos sino aquel que no tiene más actividad que el puro fraude a la Hacienda pública, obteniendo indebidamente subvenciones o
devoluciones y haciendo de tal cosa su especialidad delictiva. Frente a eso, nos tenemos que preguntar -los ciudadanos tienen legítimo derecho a hacerlo- qué consigue actualmente la Administración. Les puedo decir que, en principio, el resultado
no es malo. Les doy los datos. Siete de cada diez casos denunciados terminan en condena, pero con dos particularidades a considerar: una, que las denuncias apenas son mil al año, sin embargo se ha acumulado en los tribunales una deuda de 600.000
millones de euros pendientes de cobro; y, dos -esto probablemente explica lo anterior-, que incluso en ese 30 % de casos -vamos a llamarlos así- perdidos por la Administración, puesto que el juez no entiende que ha habido un propósito de cometer un
delito, cabe la posibilidad por vía administrativa de reclamar la deuda tributaria y, por tanto, de exigir por esta vía, la administrativa, la liquidación de la deuda. Dicha liquidación no se efectúa -este
es uno de los problemas que tenemos que resolver hoy, señorías- hasta que el proceso concluye. ¿Por qué? Porque el proceso penal suspende la ejecución, y esto, como luego explicaré, lo que hace es causar un perjuicio, al menos a corto
plazo, para las arcas públicas. Se trata de dar una doble respuesta que actúe tanto en el cobro como en el reproche penal, y esto es lo que este proyecto les ofrece.
Se lo voy a detallar sin mucha extensión pero con mucha intensidad, señorías. Respecto al cobro hay dos vertientes que distinguir: primera, la del cobro voluntario. Es un aspecto en el que se potencia la figura de la regularización, que
se vuelve más exigente, pero también más eficaz; hace posible que las personas que han incurrido en delito puedan reparar el daño causado. ¿De qué se trata, señorías? Se trata de ser coherentes con lo que nos han dicho en muchas ocasiones tanto
el Tribunal Supremo de la nación como la propia Fiscalía General del Estado, que de forma muy expresiva se ha referido a la regularización como -leo literalmente- el pleno retorno a la legalidad, como el reverso del delito, que pone fin a la lesión
que provisionalmente se había producido del bien jurídico protegido como consecuencia de un incumplimiento inicial de las obligaciones tributarias. La nueva regularización es en todo caso más estricta que hasta ahora. Les recuerdo, señorías, que
ni en 1995 ni en 2010 el legislador quiso incluir el pago completo de la deuda, única y exclusivamente incluyó la cuota tributaria. Por no haber, del hecho de la regularización tenemos que recordar que esta venía acompañada de la apertura de un
procedimiento en vía penal, que ha sido calificado por todos los operadores jurídicos como absolutamente ineficaz. ¿Por qué? Porque era obligada su apertura pero terminaba siendo archivada, una vez que se comprobaba que aquella no tenía ninguna
posibilidad de seguir adelante. ¿Cuál era el único efecto de este procedimiento penal? Colapsar los juzgados, y esta es una situación absurda que la fiscalía nos ha dicho reiteradamente que teníamos que resolver. Por otro lado -este es uno de los
aspectos claves de esta reforma-, dotamos de verdadera efectividad al cobro en vía ejecutiva. Aquí, como les anunciaba antes, ponemos fin a otro sinsentido, que es el que entrañaba el hecho de que la vía penal paralizase la acción tributaria del
Estado solamente en aquellos casos en los que la suma adeudada fuera superior a los 120.000 euros, puesto que este es el umbral a partir del cual había delito. ¿Qué permitía esto? Pues que los defraudadores que se situaban por encima de esta
cuantía habitualmente iniciaban un proceso -ruego a las señoras taquígrafas que me lo pongan entre comillas- de 'despatrimonialización', es decir una suerte de retirada ordenada y por supuesto absolutamente ilegítima frente a la acción del Estado.
En otras palabras, se estaba produciendo una situación de auténtico privilegio para el delincuente fiscal respecto de cualquier otro deudor de la Administración Tributaria, como si fuera de peor condición defraudar 1.000 euros o 119.999 euros que
120.000 euros; por debajo del umbral de 120.000 euros, al actuar la vía administrativa, inmediatamente se iniciaba el cobro. Por supuesto esa decisión posteriormente podía ser revisada por un juez. Esto genera una disfunción y además creo que una
injusticia. Para combatirla, a partir de esta reforma les anuncio que la Administración liquidará la deuda que entiende defraudada, sin perjuicio naturalmente de lo que finalmente determine el juez, y acomodará dicha liquidación al resultado final
del proceso judicial, como no podía ser de otra forma. Por supuesto, el inculpado podrá acogerse a lo que llamamos la justicia cautelar, es decir podrá pedir una paralización judicial de este cobro, lo mismo ocurre ya en el proceso
contencioso-administrativo. De este modo, dejamos a salvo el principio jurídico constitucionalmente recogido non bis in idem, que establece que los hechos que fije la autoridad penal han de tener prevalencia frente al resto, y dejamos también a
salvo la propia presunción de inocencia, que solo se puede infringir cuando se va a imponer un castigo penal o administrativo, pero no por el hecho del cobro de una deuda tributaria. Por tanto, la prevalencia del orden penal se salvaguarda, y
quiero insistir en ello porque es muy importante. Siempre el juez penal puede paralizar la acción de cobro y siempre al final la Administración habrá de acomodarse a la realidad de los hechos, que no será otra naturalmente que la fije vía penal el
Poder Judicial.
En cuanto al castigo penal, me referiré solo a las modificaciones que ha sufrido el tipo básico que define con mayor precisión en qué consiste el delito, así como al tipo agravado de nueva creación. El tipo básico está castigado entre uno y
cinco años de prisión. Señorías, lo mantenemos inalterado en lo esencial, si bien ahora se aclara que es delito eludir la declaración de todos los ingresos a cuenta. Por otra parte -esto es importantísimo-, en el caso de delitos contra la
Seguridad Social la cuantía desciende de 120.000 a 50.000 euros. ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice que se trata de situaciones en que es difícil alcanzar el primer umbral de 120.000 euros, por tanto ese tipo de conductas se estaban quedando
absolutamente impunes. Se establece también que la mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluya el fraude si este se demuestra por otra vía. ¿En qué estamos pensando? Estamos pensando en este caso en los supuestos en que el
engaño se produce en la identificación del
deudor. Es desgraciadamente una experiencia que está a la orden del día; es cuando se utilizan personas interpuestas que naturalmente carecen de patrimonio. Por último, hemos reflexionado acerca de la conveniencia de modificar el periodo
de liquidación, que a efectos penales seguirá siendo de un año. Hemos hecho una excepción solamente para un caso y creo que la apoyarán los grupos parlamentarios. Se trata de aquellos supuestos no individuales sino de tramas organizadas que no
tienen actividad económica real, que actúan y desaparecen en un plazo inferior a un año y que, por tanto, hacen inútil la acción de la justicia y de la hacienda tributaria, ya que, conocedores de que no transcurrido el año no podía hacerse la acción
de represión, se liquidaban y desaparecían para volver a nacer con otro nombre y otra identidad. Ahora su delito será perseguible desde el momento mismo en que se alcance el umbral de los 120.000 euros. Señoría, el nuevo tipo agravado supone un
castigo proporcionado a determinadas conductas dentro del repertorio de razones que a favor y en contra se han sucedido en los últimos años a propósito de una eventual elevación de las penas. Es un debate recurrente que tuvo lugar en esta Cámara en
la legislatura anterior con ocasión de la reforma del último Código Penal, y el informe de la ponencia concluyó que no era conveniente esta elevación de las penas. Pues bien, señorías, este Gobierno ha considerado que sí tiene sentido elevar estas
penas; no para todos los casos, pero sí para aquellos de delincuencia sofisticada, de delincuencia organizada y para aquellos en que la cuantía del fraude sea superior a los 600.000 euros. Esta cantidad no es arbitraria, sino que la hemos fijado
siguiendo los criterios jurisprudenciales de nuestro Tribunal Supremo. Quiero llamar la atención de sus señorías sobre el hecho de que el aumento de un año de prisión en la pena máxima -en este tipo sube de cinco a seis- no debe agotarse en la
contemplación de cuánto va a ser la pena privativa de libertad, porque tiene un efecto complementario que es proporcionalmente muy superior y mucho más interesante para la sociedad, y que no es tanto aumentar el año de la pena como doblar el periodo
de prescripción. Lo llevamos en este caso a un periodo, que estarán ustedes de acuerdo en que no es desdeñable, de diez años. Además, puesto que la competencia pasa a ser de las audiencias, con esto conseguimos también una posible revisión por
parte de nuestro Tribunal Supremo.
Esta reforma no hubiera estado completa de no haber otorgado una importancia equivalente a los delitos contra los trabajadores y al fraude a la Seguridad Social. Tanto es así que quiero recordar en esta Cámara que las medidas recogidas en
esta ley forman parte de un plan integral impulsado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para preservar los derechos de los trabajadores en España. Este plan comprende no solo cambios normativos, como el que en este caso propone el
Ministerio de Justicia, sino un conjunto de reformas estructurales y organizativas que van desde el fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la creación de unidades judiciales de apoyo para la lucha contra fraude, campañas
contra la economía irregular, mayor control también de las subcontrataciones y una colaboración que me atrevo a calificar de potenciada con la Agencia Tributaria, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y por supuesto siempre con el Consejo General
del Poder Judicial. El proyecto de reforma pretende ofrecer, señorías -digámoslo con claridad-, una respuesta contundente frente al fraude, y lo pretende hacer en dos vertientes: en primer lugar, en la misma línea que hemos hablado hasta ahora del
delito contra la Hacienda pública. Aquí pretendemos atajar todos aquellos comportamientos por los que se eluda el pago de cuotas y otros conceptos de recaudación conjunta. El diseño, como no podía ser de otra forma, es muy similar a lo previsto
para el caso de la Agencia Tributaria con la salvedad -se lo recuerdo- de fijar la cuantía mínima no en 120.000 sino en 50.000 euros. Del mismo modo el tipo agravado, además de comprender también las organizaciones criminales, grupos organizados o
el fraude sofisticado, se aplica a partir de esta cantidad de los 120.000. Además, se refuerza el tipo previsto para evitar situaciones como las que se producen en situaciones sangrantes, que creo que a todos nos duelen y, como responsables
públicos, nos humillan. Pienso en los talleres clandestinos donde se impone a los trabajadores condiciones totalmente abusivas, y aquí pasamos a perseguir a quienes empleen simultáneamente una comunidad de trabajadores sin comunicar su alta a la
Seguridad Social o sin la correspondiente autorización de trabajo. Elevamos la pena máxima hasta los seis años. Señorías, con esta norma de lo que se trata es de proteger al trabajador. Queremos proteger al trabajador que ve burlado su derecho a
una prestación en el futuro o queremos proteger al trabajador que simplemente se ve explotado en condiciones infrahumanas por organizaciones criminales. Pensamos, por ejemplo, en la gran cantidad de actuaciones en inspección de trabajo en locales
en los que se hallan verdaderas mafias de trata de mujeres, a las que se les somete a todo tipo de explotación, aprovechando naturalmente su situación irregular en España. Por último, se introduce un nuevo artículo que es el que penaliza a quienes
mediante simulación, tergiversación u ocultación de hechos obtengan prestaciones de la Seguridad Social que no les corresponden, y extendemos
también el reproche penal a quienes faciliten a otros obtener su prestación. Estamos pensando, señorías, en las sociedades ficticias, que son aquellas que crean simulaciones de contratación con la única finalidad de estafar al sistema.
Quiero dejar muy claro que con esto no criminalizamos al perceptor de las prestaciones, de ninguna de las maneras; no criminalizamos a aquel perceptor que carezca de una voluntad dolosa. Al contrario; no se trata de ninguna de las formas de
ensañarse con las conductas leves en las que no existe ánimo de defraudar. Recuerdo, sin ánimo de defraudar no hay delito. Es un elemento necesario para la configuración como delito. Esas conductas naturalmente que tienen reproche, pero no por
vía penal sino en vía administrativa.
En otro terreno diferente, para ir acabando, pero no menos significativo, el Gobierno promueve con esta reforma una medida comprometida y muy rigurosa en materia de transparencia del sector público, asunto que ha sido preocupación
reiteradamente de los diversos grupos parlamentarios. Aquí lo que hacemos es reformar el código para encaminar una garantía a la ciudadanía; una garantía en la veracidad, en la absoluta veracidad de la información que refleja la situación
económica de las administraciones y de los organismos dependientes de esta. Por ello será objeto de sanción aquella autoridad o funcionario público que falsee la contabilidad, los documentos o la información que haya de reflejar su situación
económica con el objeto, dolo, de causar un perjuicio a la entidad pública, incluyendo -esto es muy importante y novedoso- documentos que, aunque de carácter interno, después devengan en relevantes para la adopción de decisiones de transcendencia
económica. Se sancionará incluso el hecho de recoger la información falsa e incorporarla a un documento por aquella persona que, aun no siendo el autor de esta información falsa, sea conocedor de la misma. ¿Qué hacemos con esto, señorías?
Garantizar a los ciudadanos que ninguna Administración va a tener que soportar decisiones apoyadas en un uso fraudulento de la Administración, algo que sin duda debe ser válido en todos los tiempos, no solamente los de crisis, pero que en los
tiempos de crisis creo que es una exigencia legítima de los ciudadanos.
Señor presidente, señorías, la vida política, como ustedes saben, está llena de paradojas, que pueden ser consecuencia de muchas cosas: de la falta de oportunidad, de los tiempos cambiados, del paso del Gobierno a la oposición y -no digo yo
que no- también del paso de la oposición al Gobierno e incluso de la mala suerte. Yo creo que a los ciudadanos no les preocupa tanto que se produzcan las paradojas como que no se enquisten y no se conviertan en incoherencias. Digo todo esto,
señorías, a propósito de las dos enmiendas que a partir de este momento, señor presidente, de acuerdo con el orden del día que usted nos ha anunciado, se van a debatir en la Cámara y que objetan el no a la tramitación de esta ley, después de afirmar
que pueden compartir parcialmente los objetivos de la reforma, después de afirmar que es positivo tratar de evitar que las tramas criminales o de corrupción queden impunes. Sin embargo, estas enmiendas recelan de algo, y de lo que de verdad
recelan, señorías, es de la autoridad; de que haya sido un Gobierno no de izquierdas, sino un Gobierno del centro reformista, quien al fin y al cabo en España vaya a perseguir de verdad la delincuencia de guante blanco. Las enmiendas presentadas
tratan incluso de debatir el debate, y oirán ustedes aquí cómo se va a debatir de otras normas que no son las que sus señorías tienen hoy que estudiar y sobre las que a muy alta hora de la tarde, según nos ha anunciado el presidente, tendremos que
emitir nuestro voto. Se quieren reproducir debates que han tenido lugar con anterioridad en esta Cámara pero que nada tienen que ver con lo que hoy nos convoca. Señorías, creo que mal cumpliríamos todos nuestra obligación con los ciudadanos si,
dejándonos llevar por esta clase de motivaciones, por cuestiones partidarias antes que por razones de Estado, por intereses de siglas antes que por inquietud social, diéramos la espalda a una iniciativa que -con toda sinceridad se lo digo- es
pionera, es valiente, es de auténtica vanguardia jurídica y política, y en última instancia supone defender a la Administración. Recuerdo a sus señorías que defender a la Administración no significa defender a quienes de forma temporal o permanente
ejercemos nuestras responsabilidades en ella, sino que es defender a los contribuyentes, es defender a lo público, es defender lo que es de todos. No podemos tolerar que eso que es de todos sea puesto en peligro o sea disfrutado no por todos sino
por unos pocos que, amparados en ingenierías particulares, se aprovechan del bien común, por no decir también de la buena fe de los españoles. Señorías, déjenme que les invite con la máxima cordialidad y voluntad de consenso a que no dejen que la
paradoja les vuelva incoherentes, porque todos, y nosotros los primeros, podemos ser víctimas en cualquier momento de las circunstancias, pero todos somos dueños de nuestros actos y de nuestro destino. Si en este caso estamos hablando de un destino
político, eso se sustancia en el desencanto de los ciudadanos o en algo tan valioso como es su confianza.
Termino, señor presidente. Déjenme que les proponga que hoy sea un mal día para todos aquellos que viven instalados en zonas de penumbra, que sea un mal día para todos los especialistas en evadir los
compromisos fiscales con la sociedad españoles; déjenme que les proponga que hoy sea un mal día para los frecuentadores de paraísos fiscales, para los testaferros en cadena, para las tramas organizadas, para las sociedades pantalla;
déjenme que les proponga que hoy sea un mal día para los que emplean a trabajadores que no cotizan, para los que medran gracias a los extranjeros sin permiso de trabajo; que hoy sea un mal día para los corruptos, para los amigos, los beneficiarios
o los expertos en lo opaco. Hagamos de hoy en esta Cámara un día de malas noticias para todos aquellos que aún creían que era posible vivir a costa de una mayoría social española, esa que se esfuerza, esa que tributa, esa que cumple la ley
escrupulosamente, esa que muestra su patrimonio a las claras, esa que presenta su declaración de la renta, esa que liquida el IVA cuando corresponde, esa que en definitiva, señorías -les recuerdo- hace posible nuestro sistema de Seguridad Social,
nuestros hospitales, nuestros colegios, nuestros sistemas de transporte, y que hasta ahora se sentían más indefensos ante los abusos de los defraudadores y pensaban -lamento decir que con razón- que la conducta de estos vuelve más gravoso, además de
más injusto, el esfuerzo solidario que en una crisis como la actual están demostrando. Señoría, nueve de cada diez españoles considera que en España hay mucho o bastante fraude fiscal, y están en lo cierto porque, pese a los buenos resultados en
2012 de la Agencia Tributaria, a los que antes hacía referencia, siempre, sea cual sea la cuantía, cuando hay un fraude fiscal esto es demasiado.
El Gobierno hoy les propone una respuesta, que espero de verdad que coincida con la de quienes en esta Cámara desde hace muchos años han venido haciendo un discurso no muy distinto del que yo he hecho en esta tribuna y a los que hoy no les
debe frenar en su apoyo el hecho de que haya sido un Gobierno del Partido Popular el que lo haya propuesto.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Justicia.
Como ya ha explicado el propio señor ministro, a este proyecto se han presentado dos enmiendas a la totalidad. En primer lugar, para su defensa, por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro de Justicia, en tiempos de turbulencia no nos extrañan las paradojas, lo que pasa es que en este caso no solo no coincidimos con que esta iniciativa significa un paso ni siquiera importante, no ya definitivo, en la
lucha contra el fraude, sino que tampoco coincidimos en sus prácticas parlamentarias. Vuelvo a decírselo. Recientemente se lo transmitimos en el debate de totalidad sobre el proyecto de ley de tasas y, desgraciadamente, hemos tenido finalmente
razón: nos han pasado por la piedra en materia de tasas; no han dejado prácticamente tiempo a la ponencia, han cerrado la ponencia, y no hay trámite parlamentario que valga, ni para los reales decretos ni para los proyectos de ley tenemos trámite
parlamentario. En definitiva, es un menosprecio al Parlamento, que corre parejo con el menosprecio social.
Señor ministro, además no es la paradoja, es el prejuicio. Vuelve usted de nuevo a plantear que los que aquí nos oponemos a sus proyectos de ley tenemos una posición de principio con respecto a quién es el autor de la iniciativa. No es así
e intentaré explicar que no es así. Además de los desacuerdos sobre el contexto, que es muy importante, que forma parte de la política, no solamente el texto, también tenemos desacuerdos profundos en su texto de ley. Yo diría, señoría, que no
estamos ante un proyecto de ley de transparencia y lucha contra el fraude fiscal, estamos sobre todo ante un proyecto de ley de criminalización de los perceptores de prestaciones, fundamentalmente eso. Rechazamos este proyecto de reforma de la Ley
Orgánica 10/1995, en primer lugar, porque responde a una orientación en el Ministerio de Justicia que no compartimos, la orientación del populismo punitivo; es decir, hay un problema, hay una iniciativa legislativa, aunque no haya reflexión, aunque
no haya diálogo y aunque no haya acuerdo parlamentario, iniciativa para parar las aguas, en este caso, del debate público. En segundo lugar, no estamos de acuerdo porque la iniciativa del Gobierno es contradictoria con la acción del Gobierno en
materia de hacienda, en materia de economía en relación con la lucha contra el fraude. Es decir, por una parte va la propaganda o la publicidad y, por otra, va la política del Gobierno, por ejemplo con relación a la política de amnistía fiscal.
¿Cómo luchar contra el fraude con una política de amnistía fiscal que, además, da a la Hacienda pública aproximadamente unos 50 millones de euros? ¿Cómo luchar contra el fraude fiscal desmantelando las oficinas de investigación en la lucha contra
el fraude? ¿Cómo luchar contra el fraude fiscal con -ha dicho usted- un incremento con relación al año anterior, pero con un fraude monumental que tiene nuestro país y que sigue siendo un escándalo social?
Señorías, después de esta ley, los señores Falciani y Vaxevanis. El señor Falciani será extraditado por su Gobierno y el señor Vaxevanis será condenado por haber hecho públicas las listas de los defraudadores. Esa será la muestra, ese será
el indicador, de que ustedes no han avanzado en la lucha contra el fraude. Pero, sobre todo -y me voy a atener al texto que usted presenta-, porque esta reforma de los delitos contra la Hacienda pública es, en primer lugar, deficiente; en segundo
lugar es discriminatoria; en tercer lugar es criminalizadora, incluso por encima de garantías constitucionales con los débiles; y, en cuanto lugar, porque elude lo fundamental, elude la lucha contra la corrupción y se queda únicamente en un
objetivo recaudatorio.
Primera crítica al texto. Como verá, no vuelvo a hablar del contexto, voy a hablar del texto. Primera crítica al texto. La reforma incluye un tipo agravado de delito contra la Hacienda pública estatal, autonómica, foral o local en la que
-asómbrense- lejos de rebajarse, aumentan las cuantías defraudadas, condición objetiva de punibilidad. Es decir, que los que antes tenían una cuantía, ahora pueden defraudar un poco más para que se les aplique este tipo a gravar. ¡Buena forma de
luchar contra el fraude! Eso contrasta con la reducción en las cuantías de los delitos contra la Seguridad Social -y vuelvo a decir lo que le dije antes-, el mantenimiento de las cuantías de los delitos contra la Hacienda de la Unión Europea y la
reducción en las cuantías de los delitos contra la Hacienda de la Unión Europea y contra fondos de los presupuestos de la Unión Europea entre 4.000 euros y 50.000 euros. Lo mismo se puede decir -manga ancha y falta de equidad- respecto a los
delitos contra las subvenciones, desgravaciones o ayudas de las administraciones públicas, que deberían tener el mismo tratamiento y las mismas cuantías que propugnamos en los delitos contra las haciendas públicas y contra la Seguridad Social.
¿Cuáles son nuestras propuestas? Le voy a dar una propuesta para cada una de las críticas. Para nosotros, la condición objetiva de punibilidad de los delitos contra la Hacienda pública estatal, autonómica, foral o local debería ser, por equidad,
la misma cuantía que en los delitos contra la Seguridad Social, contra la Hacienda de la Unión Europea y contra los fondos de los presupuestos de la Unión Europea, cosa que no existe en su proyecto de ley. Para nosotros, la condición objetiva de
punibilidad de los tipos agravados de los delitos contra la Hacienda pública, estatal, autonómica, foral o local deberían ser las mismas cuantías que en los delitos de la Seguridad Social, cosa que no ocurre en su proyecto de ley. Para nosotros, la
condición objetiva de punibilidad de los delitos contra las subvenciones, desgravaciones o ayudas de las administraciones públicas deberían ser las mismas cuantías que en los delitos contra la Seguridad Social, contra la Hacienda de la Unión Europea
y contra los fondos de los presupuestos de la Unión Europea. De la misma manera, propugnamos que el Código Penal tipifique un tipo agravado de delitos contra subvenciones, desgravaciones o ayudas de las administraciones públicas en las siguientes
circunstancias: cuando exceda de 120.000 euros, cuando se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal y cuando la utilización se haga de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuesta, negocios o
instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación. Como ve, tenemos críticas concretas a su texto y alternativas concretas a su texto.
Nuestra segunda crítica es que la reforma se refiere a las diferentes penas de prisión, multas y penas accesorias previstas para los distintos delitos, y destacamos que las consecuencias son más duras en los delitos de disfrute indebido de
prestaciones del sistema de Seguridad Social; lo decía usted antes. Es decir, nosotros afirmamos que su texto es criminalizador de los débiles. Lo cual no quiere decir que no haya que penalizar a los débiles, pero es criminalizador y se plantea
como objetivo punitivo los débiles. Por contra destaca la rebaja de uno o dos grados en las penas de los delitos contra la Seguridad Social y contra las subvenciones, desgravaciones y ayudas de las administraciones públicas si se paga con intereses
y se reconocen los hechos. Es decir, incluso dentro de los delitos a la Seguridad Social hay unos, los que reciben prestaciones, que son tratados con mano dura, y hay otros, los que defraudan, que son tratados de una manera mucho más beneficiosa.
Finalmente, los delitos de disfrute indebido de prestaciones del sistema de Seguridad Social -más de 50.000 euros en el artículo 307- tienen una multa de uno a seis, como los delitos con penas de uno a cinco años de prisión, en vez de una
multa de dos a seis veces, como en el resto de los delitos, con penas de dos a seis años de prisión. Nuestras propuestas son equiparar las penas de prisión y multas a los tipos y tipos agravados de los delitos contra las haciendas públicas;
permitir en los delitos contra las haciendas públicas y delitos por disfrute indebido de prestaciones del sistema de Seguridad Social que se rebaje uno o dos grados si se paga lo defraudado, al igual que le he dicho antes con los intereses y se
reconocen los hechos, tal y como la reforma establece para los delitos contra la Seguridad Social; manga ancha para unos, puño de hierro para otros.
La tercera crítica se refiere a que los objetivos de la reforma pudieran quedar en papel mojado, lo que a nosotros nos preocuparía especialmente. Señoría, su propuesta eleva la pena de cárcel a seis años en el artículo 305 para los delitos
por fraude fiscal agravado y también aumenta el plazo de prescripción que pasa de cinco a diez años. El problema es que nosotros, estando de acuerdo con este artículo, sin embargo, tememos que se quede en una mera declaración de intenciones.
Primero, por un obstáculo de orden técnico. Resulta habitual que tras la controversia judicial la cuantía aprobada se reduzca respecto a la comprobada por la Administración, por lo cual el delito habría prescrito. Este es un obstáculo técnico y
nos preocupa. Segundo, por un obstáculo práctico, señorías. Si no se extiende la prescripción penal al periodo de prescripción administrativo, es decir a diez años, será imposible que se puedan acreditar los indicios delictivos porque normalmente
es la investigación administrativa la que da lugar al proceso penal. Por tanto, se trataría de incrementar también el periodo de prescripción administrativa.
Señoría, usted ha hablado de la lucha contra el fraude fiscal. Ha dicho que solamente se escapa el 30 %, pero nosotros hemos visto en la memoria del año 2011 de la Fiscalía General que se produce significativo descenso en la lucha contra el
fraude, un descenso del 20 %. La rebaja es acusada en el fraude a la Seguridad Social y las subvenciones donde se produce un descenso del 70 % y del 49 % respectivamente. Coherentemente con esto, nosotros proponemos una intensificación en las
actuaciones de prevención y lucha contra el fraude dentro del proyecto de ley 121, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera, ya que nos preocupa que no sea así.
Además rechazamos -se lo he dicho antes- la introducción de un nuevo delito sobre prestaciones de la Seguridad Social contrario al principio de mínima intervención en el derecho penal, criminalizando de forma generalizada a los perceptores
de prestaciones. Los términos tan generales e incondicionados con que se configura el delito del artículo 307 ter suponen en la práctica que un importante número de casos, en los que un beneficiario disfruta indebidamente de una prestación, se
califiquen como delito. Estamos ante una modalidad delictiva que se quiere implantar para criminalizar de forma generalizada a trabajadores y beneficiarios, incluida la protección por desempleo, cuando perciban cualquier prestación de forma
indebida, en el que no se exige ningún ánimo defraudatorio con relación al resto de los delitos y en el que no se exige ninguna cifra mínima de perjuicio de los recursos públicos. Es decir, que podría ser que por una cantidad mínima y sin ánimo
defraudatorio se introdujera una pena de prisión, al margen de la cuantía y del perjuicio causado a la Seguridad Social, y esto en nuestra opinión es una propuesta no solamente desproporcionada, sino una propuesta contraria al principio de mínima
intervención en el derecho penal. En definitiva y en último lugar, puestos a abordar la reforma del Código Penal en estas materias, en nuestra opinión se debería profundizar en los delitos relacionados con la corrupción. Señorías, en esta materia
su ley brilla por su ausencia; en esta materia para nosotros no hay tal en su ley. En este sentido, nuestra propuesta es adicionar la reforma de otros tipos delictivos, delitos contra la Administración pública relacionados con la corrupción.
Termino, señor ministro, diciéndole que no se trata -como ha visto usted- de paradojas, no hay ningún problema ni ningún prejuicio con respecto a su grupo parlamentario; se trata de contenido y de formas. De contenido -como ha visto usted-
tenemos desacuerdos profundos con el contenido de su reforma, pero de formas también. Señoría, no nos podemos fiar del trámite parlamentario porque, le vuelvo a decir lo mismo que le dije antes, nos pasan el rodillo; ni siquiera cumplen con las
formas. Han cerrado ustedes la ponencia de tasas sin que realmente haya habido un mínimo de intercambio en materia de tasas, sin que haya habido una voluntad de acuerdo en esa materia. ¿Por qué le vamos a creer en esta ley cuando usted ni siquiera
ha hablado con los portavoces de los grupos parlamentarios con respecto a los aspectos fundamentales de la ley? Señor ministro, no se trata -como ha visto usted- de paradojas, se trata de un contenido en nuestra opinión insuficiente y
discriminatorio y se trata de unas formas inaceptables.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Socialista, y para defender su enmienda de devolución, tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, señorías, señor ministro de Justicia.
La enmienda de totalidad -de devolución- que el Grupo Socialista ha presentado a la reforma del Código Penal se justifica en la vulneración flagrante, una vez más, de principios esenciales del derecho penal y que afectan a derechos
constitucionales como el de igualdad y a principios como la seguridad jurídica. El proyecto de ley, bajo un rimbombante y tramposo título que se refiere a la transparencia y al
buen gobierno y a la lucha contra el fraude no refleja en absoluto sino que oculta su verdadero contenido regulando otras cosas. Por ejemplo, establece una fórmula de protección temporal para los defraudadores ricos que permite la impunidad
total; rebaja la pena en uno o dos grados para aquel que tenga dinero para pagar lo que ya se le reclama porque se le ha pillado y, la máxima perversión, lo más intolerable e indecente, señor ministro, crea un tipo nuevo para incluir a
trabajadores, desempleados y pensionistas en el Código Penal hasta por infracciones mínimas.
Señorías, lo que hace el proyecto de ley es dar cobertura legal con el rango adecuado a la reforma del artículo 180.2 de la Ley General Tributaria llevada a cabo con la amnistía fiscal aprobada mediante Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de
marzo, trasladando al Código Penal una reforma que posibilita que el defraudador, una vez descubierto, o sea, pillado in fraganti, pueda regularizar su situación tributaria con grandes beneficios. Se violenta, de una parte, la reserva de ley
orgánica para materia penal que ahora se subsana sustrayendo de paso del control judicial la regularización que se mantiene a futuro y, de otra, vulnerando de manera clara el principio de igualdad respecto de otras conductas delictivas mucho menos
graves.
Señorías, no se respeta el principio de igualdad, equiparando la conducta del gran defraudador con la de los trabajadores, desempleados y pensionistas, señor ministro, que perciben indebidamente una prestación, criminalizando a estos últimos
y exonerando al que regulariza haciendo desaparecer incluso el desvalor de su conducta defraudadora. ¡Qué vergüenza! El Grupo Socialista se opone frontalmente a la tipificación de una conducta que si bien merece el reproche social, la de los
trabajadores y desempleados, no es merecedora de ser criminalizada gravemente equiparando en la práctica de forma inadmisible al responsable de grandes defraudaciones con aquellas personas que perciben indebidamente una prestación, conducta que ya
está sancionada en el ámbito del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social.
Lo que ahora pretende el Gobierno del Partido Popular, de la derecha pura y dura, es establecer un nuevo delito con penas de prisión -¡qué vergüenza, señor ministro!- de seis meses a tres años para desempleados y pensionistas, con la
exclusión además del acceso a los demás beneficios del sistema de la Seguridad Social. Es, en suma -y coincido con los sindicatos en la calificación-, una norma de excepción, que incluye a trabajadores, desempleados y pensionistas en el campo de
acción del derecho penal, al eliminar los requisitos establecidos para el fraude fiscal o la percepción de subvenciones que solo se consideran delito cuando se defraudan, señor ministro, más de 120.000 euros. Si se recapitula sobre el tratamiento
que se da en el proyecto al nuevo delito sobre prestaciones de la Seguridad Social, nos encontramos que se elimina la exigencia de acto de defraudación y que falta la proporcionalidad de la pena. La pena de prisión, al margen de la cuantía del
perjuicio causado a la Seguridad Social, es en sí misma despropocionada. Usted lo ha eludido, yo creo que se avergüenza de ello, ¿verdad, señor Gallardón? Se impone una penalidad similar a esos delitos vinculada a la pérdida de beneficios de
Seguridad Social de entre tres y seis años, que tiene impacto desproporcionado ante comportamientos que no requieren repercusión económica alguna, máxime en un contexto en el que el nivel asistencial de protección social no asegura niveles mínimos
de subsistencia. La desproporción plantea dudas de constitucionalidad, ya que hay conductas de mayor gravedad que no tienen penalidad alguna. El proyecto de ley pretende introducir un tratamiento notablemente diferenciado respecto de las conductas
empresariales, a las que solo se considera delictivas cuando la cantidad defraudada supere los 120.000 euros, mientras que para los trabajadores, desempleados y pensionistas es suficiente con recibir un solo euro para la comisión de un delito. ¡Qué
vergüenza, señores del Gobierno, para la comisión de un delito! (Aplausos). Hay además, en la modalidad atenuada, una serie de conceptos jurídicos indeterminados que conducen a una gran inseguridad jurídica, ya que se contempla la atenuación de la
pena cuando los hechos no revistan especial gravedad, pero para ello se requiere la concurrencia de tres elementos: el importe defraudado, los medios empleados y las circunstancias personales del autor.
En definitiva, es evidente que esta reforma del Código Penal destila pura ideología, cuyo exponente es el trato que da a los débiles frente a los poderosos, y les aseguro, señorías del Partido Popular, que el Grupo Socialista no les va a
acompañar en esta reforma sino que va a estar frontalmente en contra de cualquier criminalización de los trabajadores, desempleados y pensionistas.
Señorías, además de esto, que es gravísimo, hay otros muchos aspectos del proyecto de ley que han motivado el rechazo de la totalidad, no con las trampas con que usted ha intervenido aquí. Escuche lo que decimos y no se adelante a decir lo
que no decimos, no sea tramposo, señor ministro. Uno, la regularización hace desaparecer el hecho delictivo y no es, como hasta ahora, excusa absolutoria. La consecuencia
directa es que bastará poder pagar y regularizar para no ser delincuente, pero es que además se regula la rebaja de la pena en uno o dos grados una vez descubierto el defraudador. Es obvio que en el ámbito patrimonial todos los que
dispusieran de recursos para reparar las consecuencias de su conducta tendrían patente de corso para delinquir a su gusto. Este es un ejemplo magnífico del denominado derecho penal de los millonarios. ¿Le suena, señor ministro? La excusa
absolutoria no impide considerar el delito fiscal como actividad delictiva precedente pero la desaparición de la naturaleza penal del hecho, evidentemente, sí. La alteración del sistema de prejudicialidad penal sin un soporte legal que lo permita
-en palabras del Consejo General del Poder Judicial-, en pro de una supuesta mayor eficiencia recaudatoria del procedimiento administrativo, es otra consecuencia, eliminando el control judicial sobre la función recaudatoria. La consecuencia directa
es que pueden existir discordancias de difícil resolución entre el proceso penal y el administrativo. En realidad, se hace desaparecer ese mínimo control judicial efectivo sobre la legalidad y oportunidad de la respuesta penal, que la reforma
quiera reservar, generando una esfera de secretismo y monopolio a la propia Hacienda pública.
Otro aspecto, señor Gallardón, la seguridad jurídica. Queda gravemente afectada en el tema de la prescripción. La necesidad de un elemento cierto, como el inicio del plazo de prescripción, desaparece con este proyecto, ya que el momento a
partir del cual debe computarse no queda determinado.
En relación con los tipos agravados del artículo 305 bis, es de lo poco que hacen bien porque recogen nuestra propuesta de 2010, a la que se opusieron ustedes y Convergència i Unió: el proyecto que dio lugar a esta reforma para ampliar el
plazo de prescripción y atribuir en efecto el conocimiento del delito fiscal a las audiencias provinciales, lo que posibilita el posterior recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esto es de lo poco que es bienvenido, señor Gallardón: esta
ampliación del plazo de prescripción, que era nuestra posición desde hace años. No deja de ser llamativo el hecho de que en estos tipos agravados -fíjense, señorías- se eleva en efecto el máximo de la pena de prisión, pero al mismo tiempo se
reducen los mínimos en los apartados c) y d) en relación con el Código Penal vigente; además, exigen -¡qué casualidad!- que estos pequeños defraudadores solo lo sean por 600.000 euros o más. Esto es la lucha contra el fraude del Gobierno de la
derecha, que es auténticamente incompatible con la persecución de la corrupción. Así pues, aunque parece que se elevan las penas en determinados supuestos, esta reforma en realidad, en relación con la ley vigente, está rebajando la pena por delito
fiscal a los autores de las conductas más graves al rebajar la pena mínima aplicable -que la bajan- en caso de que no concurran agravantes específicas.
Hay otra cuestión -y voy terminando- por lo que se refiere a técnica legislativa básica, señor ministro. Disposición final primera: pretenden modificar el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para incluir entre las
causas de inelegibilidad a los sancionados por una ley inexistente en el ámbito penal que, si bien es un proyecto de ley, aún no ha sido aprobada y que de serlo sería probablemente con posterioridad a esta reforma que se debate hoy del Código Penal.
Esto es un absoluto disparate legislativo, político y jurídico.
Señorías, en definitiva, este proyecto de ley que enmendamos a la totalidad, no por lo que dice el señor Gallardón sino por lo que dice el representante socialista en esta tribuna, tiene las siguientes cuestiones: uno, un título que nada
tiene que ver con su contenido tramposo y filibustero. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!-Rumores). Sí, señorías, sí; lo estoy demostrando. (Aplausos). Dos, establece la impunidad para los grandes defraudadores; tres, da cobertura legal a
la amnistía fiscal ya que no respeta la reserva de ley orgánica del Código Penal; cuatro, rebaja la pena a los que tienen dinero para pagar lo que se les reclama ya -a los que han sido pillados- y también a los autores de las conductas más graves
al rebajar la pena mínima; cinco, criminaliza a los trabajadores, desempleados y pensionistas al considerar delito con pena de seis meses a tres años infracciones que puedan cometer ¿aunque sean por 50 euros, señor Gallardón?; seis, la
regularización hace desaparecer el hecho delictivo -¡qué barbaridad!- y deja de ser excusa absolutoria para los ricos: derecho penal de los millonarios; siete, altera el sistema de prejudicialidad penal al eliminar el control judicial sobre la
función recaudatoria; ocho, supone una inseguridad jurídica al no quedar bien determinado el inicio del plazo de prescripción; nueve, la disposición final primera pretende aplicar una ley aún no vigente que está en fase de proyecto en el ámbito
sancionador, auténtico despropósito; y, diez, una vez más nos encontramos con una ley injusta y probablemente inconstitucional.
Señorías, de nuevo nos encontramos de forma grave con una reforma ideológica, ultraconservadora -no de centro, ultraconservadora-, escasamente democrática, impropia de la España de 2012; con una ley injusta que defiende privilegios para los
ricos y persigue a la mayoría de los ciudadanos -a los
trabajadores, desempleados y pensionistas- de forma desproporcionada y abusiva y, por lo tanto, posiblemente inconstitucional. Es una chapuza jurídica y una desvergüenza política y social que deben retirar hoy mismo y si no darle la vuelta
como un calcetín en la tramitación parlamentaria. Si ustedes consuman este atropello sin precedentes contra la mayoría de esta sociedad esta ley injusta durará hasta que ustedes duren con su mayoría absoluta en el Gobierno, no veinticuatro horas
más. Rectifiquen y no consumen este bárbaro atropello, señor Gallardón.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villarrubia.
Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Si esta Cámara aprueba esta reforma durará lo que dure la mayoría absoluta del Partido Popular, no veinticuatro horas más. Si no son literales, son parecidas a las palabras con las que ha terminado el portavoz socialista. Pues bien, señor
Villarrubia, le tengo que decir que con ese mensaje lo que usted está haciendo es empezar la campaña electoral a favor del Partido Popular para las próximas elecciones porque España no quiere que se deje de castigar a los defraudadores. (Aplausos).
Señor Villarrubia y señor Llamazares, déjenme que vuelva a la argumentación inicial. Escuchándoles -y tengo que decir que les he escuchado con todo interés y que muchas de sus precisiones técnicas sin duda deben ser objeto de debate durante
la tramitación parlamentaria- sigo sin entender por qué se oponen ustedes a la totalidad. Sus argumentos no coinciden en modo alguno con lo que ha sido su discurso político y sigo pensando que existe una cierta irritación política -vamos a llamarlo
así- porque haya sido precisamente un Gobierno del Partido Popular el que ha traído a la Cámara este proyecto de ley; porque haya sido un Gobierno del Partido Popular el que ha levantado la bandera de la lucha contra el fraude de guante blanco que
todavía existe en este país; porque haya sido un Gobierno del Partido Popular el que haya ideado instrumentos eficaces para que las declaraciones pomposas y que se lleva el viento que durante muchos años hemos oído en la vida política no hayan
impedido que siga habiendo ese tipo de delincuencia que lo que hace es abusar de la buena fe y del cumplimiento de sus obligaciones de la mayoría, y porque haya sido -y esto tengo que decirlo porque es lo que más me sorprende de unos partidos que se
siguen llamando de izquierda- un Gobierno del Partido Popular el que haya introducido en nuestra legislación una protección penal de los trabajadores, no un castigo a las conductas de los trabajadores sino una protección a los trabajadores de las
conductas de aquellos empleadores que de forma sistemática, para enriquecerse, han estado abusando de todos y cada uno de sus derechos; han estado explotándoles, especialmente a las mujeres; han estado utilizando su situación de irregularidad en
España para impedir que se abriesen procedimientos de inspección y sancionadores. Y eso, que este Gobierno lo introduce por vía penal porque no se conforma con un reproche administrativo, resulta que es objeto de crítica por parte de la izquierda.
Paradojas, señorías; las paradojas de la vida política.
Señor Villarrubia, quiero decirle una cosa y usted me dirá que no. Yo creo que en el fondo le hubiese gustado poder presentar este proyecto usted; es lo que a usted le hubiese gustado y lo que le irrita es que lo presentemos desde el
Partido Popular. (Aplausos). Eso es lo que está pasando. Supere esa irritación y súmese de verdad a lo que en estos momentos es un auténtico clamor popular que es la lucha contra el fraude en este país. Déjeme que le aclare varias cosas. En
primer lugar, la reforma, y esto es muy importante, señor Llamazares -les pido disculpas por dirigirme indistintamente a los dos puesto que han tratado temas muy semejantes-, la reforma no castiga a los que perciben indebidamente una prestación.
(El señor Villarrubia Mediavilla: ¿Ah, no?). No, esto es falso de toda falsedad. Sanciona a quienes engañan para obtener una prestación indebida, un elemento claramente diferente y usted debería saberlo. No es lo mismo percibir indebidamente una
prestación que engañar para percibirla. Esa es la conducta que nosotros metemos en el Código Penal porque existe un dolo de engañar, existe una voluntad de defraudar. No es el hecho de percibirla indebidamente, es percibirla como consecuencia del
engaño que ha realizado esa persona. En nuestro derecho, la obtención de un beneficio económico a costa de otro mediante un engaño -usted lo sabe- se define como estafa; se define como estafa. En una infracción fiscal -lo mismo podemos decir si
lo llevamos al terreno del delito fiscal-, lo que se persigue administrativa o penalmente es que no se aporten recursos a la caja común -estamos de acuerdo, no se aporta un recurso que yo tenía obligación de hacer la aportación-, pero en el fraude
de prestaciones se trata de que se engaña para llevarse de la caja de todos algo a lo que no se tiene derecho; es decir, se estafa, se lleva el dinero de los demás y eso, señoría, es una estafa. Déjeme que le pregunte una cosa, señor
Villarrubia. Usted me ha traído una reforma aquí para modificar el delito de estafa de aquellas personas que estafan a una multinacional o a una cadena de almacenes y, sin embargo, cuando el estafado no es una multinacional o no es una
cadena comercial sino que somos todos, es la Seguridad Social, entonces dice: Ah, no; si a quien se estafa es a todos entonces eso no debe ser delito. ¿Por qué, señor Villarrubia? ¿Por qué protege usted más a las multinacionales que al conjunto
del pueblo español? (Aplausos). ¿Por qué si unos pocos miles de euros son estafados a una multinacional eso está castigado con una pena de prisión y sin embargo me propone a mí que esa misma estafa -porque es una estafa-, cuando es a recursos que
son públicos, que son de todos, no tiene que tener ese reproche penal? ¿O es que aplica usted esa máxima ultraliberal del siglo XIX, que yo obviamente aborrezco, que decía: quien roba al común, roba a ningún? ¿Piensa usted de verdad que quien
roba al común no está robando a nadie?
Señorías, lo que nosotros traemos aquí es la misma protección penal para las multinacionales, que protege el señor Villarrubia, que para la Seguridad Social, que protege el Partido Popular. (Aplausos). Por supuesto que se hace una
diferencia con los delitos de pequeños estafadores. Léase con detenimiento el nuevo artículo 307 ter y ahí comprobará cómo los pequeños defraudadores reciben una pena en la que está excluida la de prisión, es una pena de multa, una multa
proporcional al importe de la propia defraudación. Lo que nosotros hacemos directamente es dar una respuesta penal no al trabajador que percibe ilegalmente una defraudación, vuelvo a decirlo, no, sino a las organizaciones criminales; a los que
crean empresas ficticias carentes de actividad, a esos que usted quiere dejar fuera del Código Penal; a aquellos que a cambio de una contraprestación económica dan de alta a trabajadores con la finalidad última de prometerles regularizar su
situación en España, a esos que usted quiere dejar fuera del Código Penal; a aquellos que cambian permisos de trabajo y consiguientemente de residencia para defraudar las prestaciones del sistema, generalmente de desempleo, de incapacidad temporal
y de maternidad. A esos es a quienes usted quiere dejar fuera del Código Penal, señor Villarrubia. Nosotros a quien protegemos es al trabajador, al trabajador que ve burlado su derecho a una prestación en el futuro, precisamente una prestación que
está sosteniendo en el presente con su trabajo. Nosotros queremos proteger a quienes son explotados en condiciones infrahumanas por organizaciones criminales. ¿Son esos los trabajadores de los que usted habla? ¿Usted no quiere que a esos
empleadores se les castigue conforme a las normas que propone el Partido Popular en nuestro Código Penal? Señoría, con ello lo que hacemos es proteger el patrimonio del sistema de la Seguridad Social, al que contribuyen todos los trabajadores de
España que con su trabajo sostienen nuestro sistema de pensiones y nuestro sistema de cobertura de desempleo. ¿Quiere el señor Villarrubia que esas tramas de delincuencia organizada, que esas empresas sigan teniendo una respuesta penal que no
ofrecía un adecuado reproche precisamente por no estar previsto para las mismas? Si usted lo quiere -es posible-, le puedo asegurar que nosotros, desde luego, eso no lo queremos.
Me dice que desaparece el hecho delictivo porque la modificación que nosotros hacemos es dejar de hacer una excusa absolutoria sobre la base de que el delito cometido deja de serlo si se paga. Y usted esto me lo reprocha. Pues le voy a
decir una cosa: le he explicado en mi primera intervención por qué lo hemos hecho, le he explicado lo que significa regular en el Código Penal una excusa absolutoria, que es tanto como decirle al sistema: usted tiene que llegar hasta el final
pero, eso sí, cuando llegue al final sepa que no va a poder atravesar la última puerta porque desde el primer momento tiene una excusa absolutoria, es decir, usted no va a poder castigar penalmente. ¿Qué significa eso? Colapsar nuestros juzgados.
Se le está diciendo al Ministerio Fiscal: acuse sabiendo que al final va a tener que aplicar la excusa absolutoria, el juez lo sabe porque está en el Código. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos hecho caso a lo que nos ha dicho la Fiscalía
General del Estado. Usted me dirá: es que ustedes al fiscal general del Estado le han dicho que les diga esto. No, señor Villarrubia, no me lo ha dicho este fiscal general del Estado, me lo ha dicho el anterior, el que propuso el Partido
Socialista Obrero Español, que en la circular 2 del año 2009 dice literalmente: La regularización fiscal debe suponer el reverso del delito consumado, de forma que resulte neutralizado no solo el desvalor de la acción (defraudación) sino también de
resultado (perjuicio patrimonial irrogado a la Hacienda Pública o a las arcas de la Seguridad Social). La redacción que nosotros metemos es prácticamente idéntica, no hay nada nuevo, no hay ningún cambio de planteamiento. Señor Villarrubia,
¿cuando el señor Conde-Pumpido les dice a ustedes una cosa está protegiendo a los poderosos, como dice usted que estamos haciendo nosotros? ¿Cuándo nosotros damos por bueno un criterio técnico, aunque lo haya hecho el fiscal nombrado por ustedes,
resulta que estamos asumiendo un criterio contrario a la defensa de los trabajadores y las personas que cumplen con sus obligaciones fiscales? Permítame que se lo diga: paradoja, señor Villarrubia; absoluta paradoja.
Me han planteado algunas cuestiones de carácter técnico que tengo que decir que perfectamente pueden ser objeto de debate durante su tramitación, pero no estoy de acuerdo, permítanme que se lo diga, con su afirmación de que el proyecto
impide conocer cuál es el momento en el que se consuma el delito. Es una enmienda de carácter técnico, pero el 305.1 lo resuelve, dice claramente cuándo se produce ese delito. Déjeme que lo explique porque estos son asuntos muy importantes, que
probablemente no tengan repercusión en la opinión pública, pero es importante que el mundo jurídico lo sepa y yo no puedo dejar en silencio una afirmación de esa naturaleza. En la redacción del 305 se advierte que se define la conducta delictiva;
se fija un mínimo importe de defraudación, 120.000 euros; se señala la pena; se advierte que la regulación excluye la pena; el aumento de la pena a seis años y el aumento de los plazos de prescripción se vinculan a la existencia del tipo agravado
y, por lo tanto, lo que hacemos es sencillamente recoger la pena máxima que el actual Código Penal establece de seis años para el delito de alzamiento de bienes en perjuicio de la Hacienda Pública. Yo me pregunto y le pregunto: ¿tiene sentido que
se castigue con mayor pena a aquellos que defraudan a la Hacienda Pública, alzamiento de bienes, que a quien defrauda las expectativas de liquidación, es decir, delito contra la Hacienda Pública? Creo que la gravedad de la conducta defraudatoria es
la misma y que el momento procedimental en que se produce, sea en la fase de liquidación o sea en la fase de recaudación, no debe suponer una modificación de la pena. Todo ello hace conveniente la tipificación separada, con un subtipo agravado, con
una pena mayor a la actualmente prevista y, como antes les decía -porque, insisto, es lo verdaderamente importante a efectos prácticos-, el aumento del plazo de prescripción a diez años.
Señor Llamazares, ha hecho usted una serie de afirmaciones y creo que algunas, en el fondo, coinciden con nuestro planteamiento, pero en otras realmente no puedo coincidir con usted. Me hace una referencia, bien estudiada por su parte -como
suelen ser todas sus intervenciones-, a las cuantías de los tipos delictivos. Y dice que, pudiendo compartir el objetivo de la reforma, no se entiende que el agravamiento del delito fiscal se realice elevando las cuantías y que debería tener el
mismo tratamiento y las mismas cuantías que propugnamos en los delitos contra las haciendas públicas y la Seguridad Social. Déjeme que intente explicárselo. La cuantía de 120.000 euros que se establece en el tipo básico del delito es la que está
vigente prácticamente desde el año 2004. La anterior era de 15 millones de pesetas. Por debajo de ese límite la conducta no es delito. Naturalmente, como he dicho antes, eso no significa que sea impune, porque puede ser perseguida
administrativamente. Y en lo que se refiere a los límites de las cuantías de los delitos contra la Hacienda de la Unión Europea -que también ha mencionado- que son 50.000 euros, se trata de una exigencia impuesta por el artículo 2 del Convenio
sobre protección de intereses financieros de la Unión Europea, de julio de 1995. Ya se prevé la desaparición de las faltas y, cuando la cuantía sea superior a 4.000 euros e inferior a 50.000, se reduce la pena de prisión hasta un máximo de un año y
el importe de la multa para el séxtuplo al triplo de lo defraudado. Señorías, tienen que reconocer que no tiene sentido fijar un límite idéntico, como aquí se ha propuesto, para el delito fiscal contra la Seguridad Social y para el fraude de
subvenciones. La revisión del límite mínimo, en el caso de la Seguridad Social, 120.000 euros hasta ahora, siempre ha sido considerada excesiva. Lo que se requiere, lo que se busca con esta reforma es justamente lo que, con toda sinceridad,
entiendo que comparten los grupos que presentan la enmienda y es facilitar la persecución de quienes defraudan a la Seguridad Social con las cuotas de sus trabajadores, no a los trabajadores, sino a quienes defraudan con las cuotas de sus
trabajadores. Para ello lo que hacemos es reducir la cuantía y alteramos el régimen de cómputo de la cantidad defraudada. Hasta ahora los fraudes por importe entre 50.000 y 120.000 euros eran perseguibles por vía administrativa, pero eran
penalmente impunes y ahora, con esta reforma, dejarán de serlo.
Vuelvo a repetir que la elevación de la pena para los tipos agravados hasta los seis años frente a los cinco actuales tiene esos efectos asociados: uno que antes pasaba por alto pero que es muy importante, dejarán de ser examinados por los
juzgados de lo penal y pasarán por tanto a ser juzgados por las audiencias provinciales, lo que posibilitará que el Tribunal Supremo establezca una jurisprudencia, y el más importante de todos, que es aumentar el plazo de prescripción.
Hay cuantías distintas para los delitos, sí, pero también hay penas de prisión, multas y penas accesorias diferentes según los casos. Creo, con toda sinceridad, que es una técnica legislativa muy avanzada y sobre todo -como intentamos que
sean todas las reformas que hacemos en el Código Penal- muy adecuada a la realidad sobre la que tiene que ser aplicada y que, por tanto, le dé un margen al juez para valorar de verdad cuáles han sido las auténticas circunstancias. Creo que con esta
reforma directamente lo hacemos.
Me han hecho una serie de objeciones sobre la divergencia entre la vía administrativa y la vía penal, que pueden ser matizadas en la tramitación parlamentaria pero que, con toda sinceridad, no creo que puedan ser merecedoras de una enmienda
a la totalidad. Señorías, este proyecto lo que hace es enriquecer de una forma muy importante la respuesta que el Estado tiene que dar a este tipo de situaciones.
Voy a terminar con dos consideraciones. Una. Señor Villarrubia, usted me dice que piensa que el proyecto es contrario a la Constitución y no lo anuncia, pero advierte de la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad. Nada que
objetar. Es un derecho de su grupo parlamentario. Usted con eso fijará no solamente un criterio jurídico, sino una situación política, pero no puedo dejar de recordarle lo que a propósito del debate de la modificación de las tasas traje a colación
como consecuencia de la justificación que su partido, el Partido Socialista Obrero Español, dio ante la Audiencia Nacional cuando recurrió una orden derivada del Real Decreto-ley 12/2012, donde se establecían este tipo de medidas tributarias.
Ustedes, cuando justificaron su derecho a recurrir, no alegaron perjuicio para los contribuyentes, no alegaron quiebra para la Hacienda Pública y no alegaron situaciones de injusticia, sino que literalmente dijeron en su escrito, que consta en el
auto que naturalmente les denegó la posibilidad de sostener el recurso, que el Partido Socialista presenta al electorado en un tema central de debate político su rechazo radical a la misma. ¿Por qué? Porque del éxito o fracaso de las medidas
emprendidas derivará una posición ante el propio electorado que causará beneficio o perjuicio al Partido Socialista Obrero Español a la hora de presentar su alternativa política. Beneficio o perjuicio al Partido Socialista Obrero Español.
(Aplausos). Señorías, ustedes han dicho, y tengo que decir que lamentablemente lo han dicho en papel de oficio, que cuando recurren a los tribunales lo hacen por el beneficio o perjuicio que les causa a su propia formación política. Creo que ese
es un precedente que les debe hacer considerar seguir esa vía.
Termino, señor presidente, con una consideración de orden estrictamente práctico. El señor Llamazares me ha reprochado, y tengo que decir que ese reproche me duele, que no tiene tiempo suficiente en la tramitación parlamentaria para
estudiar muchos de los aspectos -lo ha dicho en relación con la ley de tasas- que nosotros traemos a esta Cámara. Tengo que decirles una cosa, señoría, que van a ser muchas las reformas que el Ministerio de Justicia traerá a debate ante el Congreso
de los Diputados primero y ante el Senado después, y algunas de ellas requerirán sosiego y calma, como es la reforma en profundidad del Código Penal, para la que ya he anunciado naturalmente que todos los grupos en lo que al Gobierno y al Grupo
Parlamentario Popular, según me ha comunicado su portavoz, respecta, tendrán todas las posibilidades parlamentarias para su debate en profundidad, pero hay otras en la que, sin embargo, la urgencia nos obliga a que estén vigentes lo antes posible
porque la sociedad española no entendería que porque nosotros recabásemos más tiempo para su estudio pudiesen seguir existiendo defraudadores fiscales que pudiesen moverse por nuestro mundo jurídico y económico sin ningún reproche. Entiendo su
situación y entiendo que vamos muy deprisa, pero permítame -y con esto termino, señor presidente- que le recuerde un pensamiento a mi juicio muy importante y profundo que está en el libro Alicia detrás del espejo que, como saben, es el segundo tomo
del famoso tratado filosófico-matemático sobre Alicia. Literalmente dice: En nuestro país necesitas correr todo lo que puedas para mantenerte en el mismo sitio; para ir a otra parte tendrás que correr por lo menos el doble de rápido. Esto,
señorías, no es un problema matemático, sino una lección de política. Usted corre, pero política e ideológicamente se mantiene en el mismo sitio. En el Grupo Parlamentario Popular, mal que les pese, vamos el doble de rápido y por eso estamos
ganando el futuro.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Justicia.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no soy de correr, soy más bien de caminar; en ese sentido, habría que replicar a su referencia anglófila con una más cercana que parece que usted no aplica en su departamento: Vísteme despacio que tengo prisa. El problema
no es ir más despacio o más deprisa. El primer problema con respecto a la tramitación parlamentaria es que usted no habla con nadie. Habla más en sus ruedas de prensa, que normalmente son contradictorias, que con los grupos parlamentarios de la
Cámara. Previamente no habla con nadie y después los procesos parlamentarios son, o bien el real decreto -ahí va, que te preste, en términos asturianos- o bien un proyecto de ley exprés, como el que hemos visto en relación con las tasas. No se
extrañe, pues, que un marco de debate político sea la enmienda a la totalidad, porque es prácticamente el único que nos dejan; además, aquí hay materia para la enmienda a la totalidad.
Vuelve usted a la paradoja y dice que la iniciativa nos duele porque la adopta su Gobierno frente a la corrupción y parece que la lucha contra la corrupción estaría asimilada a la izquierda y una menor agilidad o fortaleza en la materia
estaría asimilada a la derecha, o al centro reformista como usted dice. No, señoría. En relación con esta materia el problema es de contenidos y no de prejuicios. Usted sí utiliza el prejuicio con respecto a mí cuando habla de que ustedes corren
el doble y nosotros corremos menos. Vuelve usted a los viejos prejuicios que le salen en cada intervención. Yo no he utilizado el prejuicio, sino que he dado argumentos sobre su proyecto de ley, sobre sus formas -a las que me he referido ahora- y
también sobre sus contenidos que, en nuestra opinión, no tienen nada que ver con lo que usted manifiesta, ese sobre todo populismo penal.
Dice usted que claramente esta es una iniciativa para la lucha contra la corrupción y contra el fraude. Permita que lo dudemos aquellos que vemos como al mismo tiempo ustedes establecen un mecanismo de amnistía que no solamente amnistía a
los defraudadores, sino que también suspende su delito. En nuestra opinión, eso es una barbaridad, tanto en términos éticos como en términos constitucionales. Lo mismo podríamos decir respecto al presupuesto que ustedes tienen para la Agencia
Tributaria -cada vez menor- o su actitud con respecto a la investigación de los fraudes, a aquellos que investigan los fraudes con mayor capacidad incisiva en los últimos tiempos; fraudes, por ejemplo, en el ámbito político y que deberían tener una
mayor atención por parte del Gobierno. Por tanto, respecto a eso de luchar contra la corrupción, pues... Pues menos. Pero lo que más me ha llamado la atención es su abanderada actitud de protección de los trabajadores. Es decir, ahora ustedes
son los que protegen a los trabajadores frente a empresarios incautos, frente a empresarios que pasan por encima de la ley. Señoría, un poco de respeto y menos sarcasmo con los trabajadores por parte de quienes han legislado una contrarreforma
laboral que nos retrotrae al siglo XIX en las relaciones entre trabajadores y empresarios. Han facilitado ustedes de tal modo el despido y han facilitado de tal modo las fórmulas de contratación que la seguridad jurídica de los trabajadores no
existe. Ustedes han consagrado el empleo basura en este país, aparte del empleo pobre o los mini jobs de Alemania, no sé si para parecerse a Alemania y que les traten mejor.
En relación con el plazo de prescripción, habla usted de paradojas, señor ministro, y acostumbra a tirar de hemeroteca. Yo no acostumbro, pero también voy a tirar de hemeroteca: Se estima totalmente incongruente que en el ámbito
administrativo la prescripción se haya bajado de los tradicionales cinco a cuatro años y que en el ámbito penal se eleve al doble el plazo de prescripción, la competencia para conocer de los delitos, que pasará del Juzgado de lo Penal a la Audiencia
Provincial, y consecuentemente el recurso pasaría de la Audiencia Provincial al Tribunal Supremo. ¿Sabe quién dice esto, señor ministro? Su grupo parlamentario en abril de 2010 y más tarde en el debate de la reforma del Código Penal en esta
Cámara. Paradoja por paradoja, señor ministro, y utilización de la hemeroteca, que tanto le gusta, para poner en evidencia dichas paradojas.
Termino, señor ministro, diciéndole que lo que no podrá evitar es la crítica a los contenidos de su reforma, unos contenidos en nuestra opinión desacertados, desproporcionados y discriminatorios. No lo dice este grupo parlamentario, usted
ha obviado los consejos y las valoraciones del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Económico y Social en materia laboral, en materia de persecución del fraude en las prestaciones. Se lo dicen claramente, dicen que
la inclusión de la solicitud de prestaciones o subsidio entre las infracciones graves plantea dudas; el CES estima que considerar sancionable resulta erróneo, ya que no es una situación fraudulenta sino una incompatibilidad, que no se puede
sancionar con igual dureza que una solicitud indebida y de disfrute indebido de prestaciones. Señor ministro, ese es el sentido de nuestra crítica y usted debería ser sensible a la misma, al menos en el trámite parlamentario, aunque lo dudo.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.
Señor Gallardón, usted no escucha; se monta su película, no sé qué proyecto defiende aquí: no ataca a los trabajadores, a los desempleados, a los pensionistas, solo si hacen no sé qué barbaridades. Y además me dice -ya está bien de dar
lecciones, que no está en condiciones de hacerlo- que me lea el artículo 307 ter cuando le he estado hablando diez minutos de él. Es que usted no escucha, criminaliza a los desempleados, pensionistas y trabajadores por conductas: quien obtenga
para sí o para otro el disfrute de prestación de Seguridad Social o la prolongación del mismo; es decir, el que cobra los 400 euros y lo intenta cobrar un mes más. Al que cobra el desempleo, tiene cinco años y pinta una fachada, usted lo quiere
meter en la cárcel. Sin embargo, impunidad
total al delincuente de cuello blanco. ¿No le estamos dando argumentos? ¿Pero no se avergüenza de verdad de lo que está haciendo? Esto es una devaluación de la calidad democrática de nuestro país; esto es impropio de la grandeza de este
país, de los principios y valores que defendemos, de nuestros principios constitucionales. No me venga aquí haciendo trampas en el solitario que se monta diciendo no sé qué de un recurso y poniendo lo que dice el fiscal. Pero si todos los
operadores jurídicos le están diciendo que esto es una barbaridad, y no es que se lo digan, es que lo saben. ¿Cómo puede ser lo mismo defraudar 120.000 euros, con desvalor de la conducta? Y lo agrava a 600.000 del dinero público. Como si fuera
Robin Hood -viene usted a decir aquí-, protegiendo a los delincuentes de cuello blanco. ¿Por qué tienen ese afán de protección histórico con los delincuentes de cuello blanco? ¿Por qué en la reforma de 2010 no apoyaron todo lo que queríamos para
ir a por ellos, no apoyaron a los que apoyamos aquí históricamente las reformas de la lucha contra la corrupción? ¿Por qué se oponen siempre a la lucha contra la corrupción?
Hemos presentando una bonita proposición no de ley, que consiste en instarles -lo veremos en este Pleno pronto- para que no puedan indultar, porque están atropellando también por ese conducto, a los condenados por delitos de corrupción.
Quizá a partir de hoy la tengamos que retirar, porque con la despenalización que hacen, con la rebaja de uno o dos grados que hacen, ya no va a haber que indultarlos porque no van a poder ser perseguidos y condenados como se merecen. Qué vergüenza,
señor ministro de Justicia. Viene aquí a hablar de protección a los trabajadores. Primero con la contrarreforma laboral abaratan el despido, vilipendian sus derechos históricos y ahora les quieren meter en la cárcel y nos dice que cómo enmendamos
a la totalidad, que cómo vamos a explicar la lucha contra la corrupción. ¿Pero cómo puede decir eso en esta tribuna? Tiene un problema serio. ¿A quién pretende engañar? ¿No se da cuenta de que esto no es el Ayuntamiento de Madrid y que queda
todo escrito en el 'Diario de Sesiones'? La ley está aquí, la impunidad de los delincuentes está aquí, la no persecución de los delincuentes graves está aquí y la criminalización del ciudadano en general, de la pobre gente que sufre la persecución
del Código Penal de la derecha de este país de siempre, pero con unos tintes, señor Gallardón -sí, no corrijo, es la verdad-, escandalosos en esta reforma que usted trae hoy aquí. Tienen que retirarla. No es una cuestión de mejorar en la
tramitación parlamentaria, tienen que retirar esto, pedir perdón a la sociedad y pedir perdón a los pensionistas porque no defendemos la comisión de irregularidades de estos trabajadores, de estos pensionistas, de estos desempleados si cometen una
infracción, pero ya está penalizado, ya está sancionado en la Ley de infracciones y sanciones en el orden social. Y si hubiera que modificar algo esa ley, hágase, pero no con prisión, señor Gallardón, de quien comete estos pequeños fraudes, y
además no se exige ni dolo. Léase el tipo de barbaridad, desde el punto de vista jurídico, que están haciendo, al contrario -insisto- que con estos delincuentes de cuello blanco.
Le insto a que rebaje -voy terminando- las cuantías de manera notable, como intentamos en 2010 los socialistas y no nos lo permitieron ustedes y algún otro. Rebájelas para que quien se lleva el dinero público pague por ello. Rebájelo en
lugar de hace demagogia en la tribuna y de intentar engañar masivamente a los ciudadanos, porque el tipo está ahí, el proyecto está ahí y la realidad está ahí, por mucho que usted pretenda manipularla en esta tribuna, que queda -insisto- escrita.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.
Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Contesto muy brevemente, más por cortesía, a los que han defendido las enmiendas a la totalidad. Quisiera hacer solo unas aclaraciones con carácter previo que olvidé en mi primera intervención. Señor Llamazares, ha hablado usted -este es
un tema importante- de una extradición y le tengo que decir que debe usted tener acceso a las decisiones que va a tomar en el futuro la Audiencia Nacional, puesto que esa no es una decisión que pueda tomar en primera instancia el Gobierno de España.
Quiero que quede muy claro que es la Audiencia Nacional quien tiene que hacerlo y, una vez pronunciada la Audiencia Nacional, será cuando el Consejo de Ministros podrá tomar una decisión. Por tanto, no nos impute a nosotros conductas que, según
usted, y usted sabrá por qué lo sabe -no deja de ser curioso que usted lo sepa-, nos dice y nos anticipa qué es lo que va a decir la Audiencia Nacional en relación con este asunto. Quiero aclararle que la cantidad que está acumulada en estos
momentos en los tribunales pendiente de cobro es de 6.000 millones, no 600 como antes he dicho por error, y quiero dejar claro también que son miles las condenas que se están produciendo al año, no las denuncias que alcanzan cantidades,
evidentemente, muy superiores.
Quiero contestar muy brevemente a las afirmaciones que nos han hecho. En primer lugar, tenemos que dejar una cosa muy clara. La regularización fiscal no es un invento de este Gobierno, señor Villarrubia, no es un invento de este Gobierno;
ustedes lo hicieron cuando gobernaron. Ustedes lo hicieron en 1984 y ustedes lo hicieron en 1991; esa es la realidad. Esa realidad está, efectivamente, no solamente en el 'Diario de Sesiones' sino en el Boletín Oficial del Estado. Por eso, ahora
pueden afirmar cualquier cosa, pero lo que no pueden decir es que no tenga precedentes, porque los precedentes los tiene, y los precedentes son del Partido Socialista. Esa es una realidad. Tengo que decirles que el hecho de que aquí al final del
debate hayamos acabado hablando de un decreto-ley que fue convalidado ya en su momento por esta Cámara y que acabemos hablando de la reforma laboral, demuestra -y permítame que se lo diga con toda la cortesía parlamentaria- que ustedes, transcurrida
cerca de hora y pico de debate, han agotado sus argumentos en contra del proyecto de ley que hoy nos convoca. Ya no pueden hablar de la reforma que vamos a votar esta tarde. Ya hablan del texto que votamos en su día, de textos anteriores. ¿Por
qué? Porque, evidentemente, no tienen más argumentos para oponerse a ello. Y déjeme que le diga una cosa, además. La regularización está en estos momentos regulada en nuestro código, de forma distinta, menos eficaz a como nosotros lo hacemos,
pero está en nuestro código. Concretamente está en el artículo 305. Eso sí, se llama excusa absolutoria, con todos los problemas a los que antes he hecho referencia. ¿Recuerdan ustedes quién aprobó el Código Penal de 1995? Curiosamente, el
Partido Socialista. ¿Y recuerda usted, señor Villarrubia, las consecuencias que ha tenido en la práctica esa regularización que se inventó el PSOE? Pues no. Pues esas consecuencias fueron las que llevaron a la fiscalía en el año 2009 a solicitar
una modificación para evitar el colapso de los tribunales; y recuerdo que en el año 2010 -ahora dice usted que nosotros no le dejamos-, dice usted que en el año 2010 no aprovecharon la oportunidad para hacer lo que nosotros estamos haciendo, es
decir, establecer un sistema no solamente de justicia sino un sistema absolutamente eficaz.
Termino, señor presidente, agradeciendo la defensa de las enmiendas a la totalidad; agradeciendo que, al final, los portavoces hayan tenido que hablar de textos que ya han sido aprobados por estas Cámaras, que es una forma de decir que no
tenemos más argumentos en contra de la ley que nos está convocando. Respondiendo a la pregunta que me ha hecho el señor Villarrubia, ¿cómo le va a explicar a sus electores de Palencia que en esta Cámara ha defendido una reforma del Código Penal por
la que estafar a una multinacional tiene que tener más delito que estafar a la Seguridad Social, que quitarle el dinero a una empresa que está cotizando en todas las bolsas del mundo tiene que ser más grave que quitarle el dinero por vía de estafa a
una -permítame que la llame así- empresa colectiva de todos los españoles que es, en definitiva, nuestra Seguridad Social? Yo no lo entiendo, y creo con toda sinceridad que el electorado de izquierdas tampoco lo entenderá. Le puedo asegurar que
serán muchos los trabajadores que cuando, a través de los medios de comunicación, se enteren de este debate y vean que hay un Gobierno que está dispuesto a luchar por sus condiciones de trabajo, que está dispuesto a acabar con las mafias que los
contratan irregularmente; muchas mujeres que en estos momentos están siendo explotadas como consecuencia de que no hay reproche penal a aquellos que les prometen permisos de residencia a cambio de condiciones infrahumanas de trabajo, esos
trabajadores, esos, que sin duda son los que están soportando en estos momentos el futuro de nuestras pensiones, se van a sentir inmensamente protegidos.
Una referencia solo que no puedo dejar de señalar, señor Villarrubia. Puesto que usted ha hablado de cosas que nada tienen que ver con el debate, yo le menciono también la que nada tiene que ver con el debate pero que a usted le define.
Una afirmación como: No se crea usted que este es el Ayuntamiento de Madrid, lo único que refleja es el profundo desprecio que históricamente el Partido Socialista ha tenido por la vida municipal en este país. (El señor Villarrubia Mediavilla:
¡Anda ya, por favor!-Aplausos). Estoy muy orgulloso de haber hablado en el Ayuntamiento de Madrid.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Villarrubia Mediavilla pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Justicia.
Señor Villarrubia, creo que ha habido un amplio debate y están todos los argumentos dichos. Vamos a admitir esta alusión directa y clara sobre este punto, es para la única para la que le doy un minuto por si quiere decir algo. Luego le
daré la palabra al ministro. Le doy un minuto y sobre este punto.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente, no agotaré casi ni un minuto.
No es de buen estilo, señor Gallardón, utilizar el cierre para salirse del debate e imputarme la condición de antimunicipalista. Me parece de mal gusto y sería bueno que no actuara así en la tribuna; escuche, vea
los argumentos -no entro en otra cuestión- y no haga trampas tantas veces en las tribunas cuando no puede tener réplica. Es una cuestión de talante, de estilo. Quizás no lo practicara en el Ayuntamiento de Madrid, pero esto es la casa del
pueblo, el Parlamento español. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villarrubia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
La verdad es que es la primera vez en mi vida parlamentaria que oigo a un diputado utilizando la réplica reprochar que se habla cuando no se puede tener réplica. Su réplica demuestra que efectivamente puede hablar, señor Villarrubia; ese
es un dato objetivo. (Rumores).
En segundo lugar, usted ha hecho una afirmación. Dice: No diga aquí las cosas porque están siendo transcritas al 'Diario de Sesiones' -si no lo ha dicho con esta literalidad, lo ha dicho de forma parecida-, no se crea que esto es el
Ayuntamiento de Madrid. Solamente una persona con un profundo desconocimiento de la vida municipal debe saber que en un ayuntamiento como el de Madrid no se levanta acta de todas y cada una de las intervenciones que en el mismo se producen. Como
doy por supuesto que se lo sabe, porque usted no es ignorante, lo que entiendo es que desprecia el valor de la vida política que ocurre en los ayuntamientos. Ese ha sido el sentido de mi reproche. Y se lo vuelvo a decir: Me podrá reprochar muchas
cosas, pero si intenta devaluar lo que cualquiera de los diputados -muchos de esta Cámara, da igual que seamos miembros del Gobierno o no- hemos hecho por la vida política y la vida municipal, se está poniendo en contra de la auténtica
representación cercana a los ciudadanos españoles que son sus ayuntamientos, sus municipios, sus ciudades y sus pueblos. No le aconsejo que vaya por ese camino.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, me ha llamado la atención poderosamente el carácter esencialista que ha adquirido este debate. Buscar la identidad ideológica, señor Villarrubia, señor Llamazares, señor ministro, con relación a un proyecto de ley de estas
características recuerda a Diógenes con la linterna buscando a un hombre honesto; todos sabemos que no lo encontró. Evidentemente es muy difícil también encontrar una identidad ideológica más o menos progresista adhiriéndose a determinados
aspectos de estos injustos penales que se agravan y con relación a los cuales también se podría haber hecho -es un reproche que yo le hago a usted, señor ministro, y también se podría hacer a los otros portavoces enmendantes a la totalidad- algo más
ajustado a la técnica jurídica, al injusto penal que se configura e intentar buscar menos réditos electorales que en el derecho penal nos llevan a esa perversión o patología que se llama populismo punitivo, populismo penal, que deberíamos evitar en
todo caso.
Señor Llamazares, en la enmienda a la totalidad que usted ha defendido brillantemente, no comparto que se incremente el umbral de punibilidad; no se incrementa a partir de los 600.000 euros de deuda tributaria defraudada, se incrementa la
pena que es otra cosa muy diferente. El umbral de punibilidad se mantiene, no se corrigen los 220.000 euros previstos en el Código Penal actualmente vigente.
Señor Villarrubia, tampoco comparto que se disminuya el reproche penal, mediante el juego de las atenuantes y las agravantes. En todo caso, se mantiene el vigente. Será más o menos satisfactorio, en su opinión, pero se mantiene el que hay.
Buscando las modulaciones de los tractos de la defraudación y del juego combinado de atenuantes y de agravantes, no veo por ningún lado que se reduzca la cuantía del reproche penal previsto en el Código Penal.
Me voy a abstener por estas razones, no porque sea de buena factura técnico-jurídica la ley que usted nos ha presentado, señor ministro. Ya sé que si sigo realizando críticas de esta naturaleza, como ocurrió en el anterior debate de tasas
públicas, vamos a terminar dejando de ser amigos al final de la legislatura, pero las cuestiones deben plantearse con honestidad cuando uno se sube a esta tribuna. No es de buena factura técnica, tiene muchos inconvenientes, tiene muchas reservas,
tiene muchas paradojas difíciles de comprender, pero las enmiendas tampoco me han resultado de notoriedad particularmente sugestiva y algunas tienen estos déficits técnico-jurídicos que he comentado.
Señor ministro, usted ha preconizado en su primera intervención que a través de este proyecto de ley se busca de alguna manera evitar el desapego de la ciudadanía a la política o a la clase política. No he logrado entender cuáles son sus
reales intenciones. Es difícil con un proyecto de ley, tiene demasiada dimensión conceptual y política lo que usted pretende para un proyecto de ley de estas características, evitar el desgaste o el desapego de la ciudadanía en relación con la
política y con la clase política, entre otras cosas porque nos encontramos con que mientras empiezan a suicidarse desahuciados no vemos que ingresen en prisión ni los autores de la ladronería bancaria, ni los autores o los que configuraron la
burbuja inmobiliaria, ni tampoco los que configuraron la burbuja bursátil. Mientras eso ocurra, el desapego se va a seguir produciendo, señor ministro. Desapego con relación a la actividad política al producirse, por ejemplo, tres indultos en el
Ayuntamiento de Málaga a un alcalde y dos concejales que sin ninguna explicación han sido indultados después de haber cometido treinta y un delitos de prevaricación grave, lo cual provoca despego. Desapego con relación a la actividad política
también lo producen las afirmaciones realizadas por la ministra de Empleo afirmando sin ninguna base empírica que estamos ya superando la crisis económica, cuando todos los inputs y todas las informaciones de las que disponemos acreditan lo
contrario. Desapego, señor ministro, hacia la actividad política lo provoca el desmantelamiento de la comisión de Justicia de la Agencia Tributaria en las Islas Baleares, que ha tenido una destacada intervención en el desmembramiento o en la
persecución penal de las tramas como Nóos y Gürtel. Eso sí que produce desapego hacia la actividad política, señor ministro, pero seguramente no tanto el contenido de este proyecto de ley, que tiene varios déficits que rápidamente le voy a
manifestar.
En primer lugar, es un proyecto de ley que antecede a una reforma global del Código Penal. Yo no soy partidario -ni seguramente usted-, desde una perspectiva técnico-jurídica, de estas reformas parciales del Código Penal, de las cuales
desde el año 1995 llevamos nada menos que veintiocho. ¿Por qué? Porque esto priva de consistencia sistemática al Código Penal y, por tanto, de eficiencia punitiva. Ya los reproches penales se desajustan, se descompensa el sistema desde una
perspectiva de análisis global de las penas y ratificación de los injustos penales y delitos y, por tanto, la norma deviene al final muy deficiente, de muy difícil aplicación. Presente de verdad un Código Penal sistemático mediante un reproche
empíricamente global a las conductas que merecen ser tipificadas como delitos y a las penas que deben ser configuradas como la respuesta penal a dichos delitos, pero basta ya de reformas parciales. Veintiocho reformas parciales desde el año 1995
son demasiadas para mantener consistente sistemáticamente un Código Penal y mantenerlo eficaz. Ese es el primer reproche que le quiero hacer.
En segundo lugar, esta reforma se da de bruces con la amnistía fiscal. Ustedes utilizan un eufemismo para definir la amnistía fiscal, señor ministro, que es el de la regularización tributaria. Estamos hablando de una amnistía fiscal
acometida, configurada por un real decreto-ley, vulnerando el principio de legalidad penal que proclama la propia Constitución, porque se despenaliza una conducta que está tipificada como delito en los artículos 305 y siguientes, que son los que
ahora se reforman; una amnistía fiscal a través de un real decreto-ley con relación al cual nos provocan grave preocupación varias circunstancias. En primer lugar, lo que usted tipifica como un delito o incluso como un delito agravado, que es la
defraudación que se configura por una deuda tributaria de más de 600.000 euros, a la que se incrementa la pena en seis años y el plazo de prescripción a diez, cosa que nosotros compartimos -nos parece bien ese incremento-, y que se contradice con
una amnistía fiscal que, como reza la exposición de motivos de forma muy paradójica -nos tendría que explicar esta paradoja, señor ministro-, neutraliza el desvalor de la deuda, neutraliza el desvalor de la conducta. ¿Pero cómo una amnistía fiscal
va a neutralizar el desvalor de la deuda si los defraudadores fiscales que se han acogido a la amnistía -que no sabemos, porque ustedes no están proporcionando estos datos a los inspectores de Hacienda, es una patología que también nos tendría que
explicar, porque los inspectores de Hacienda deberían ser conocedores del perfil de estos ciudadanos defraudadores- no están proporcionando estos datos a la inspección de Hacienda y además se van a regularizar a un tipo tributario muy inferior al
que les hubiera correspondido si hubieran sido unos ciudadanos ejemplares y hubiesen atendido sus deudas tributarias, como lo hemos hecho todos los demás? Eso no corrige o no neutraliza el desvalor de la conducta desde una perspectiva cuantitativa
ni tampoco neutraliza el desvalor de la conducta desde una perspectiva punitiva. Por lo tanto, pongámonos de acuerdo, o vamos a continuar y a mantener amnistías fiscales o vamos a incrementar el reproche punitivo a la defraudación a la Hacienda
pública, al Tesoro público, o a la defraudación a la Hacienda de la Unión Europea por los delitos contra trabajadores y la defraudación a las cotizaciones a la Seguridad Social o al régimen público de Seguridad Social y su sostenibilidad financiera.
Mantener la amnistía fiscal o presentar, mediante una deslegalización manifiestamente ilegal que, en puridad de principios, hubiese provocado la nulidad del Real Decreto-
ley 12/2012, es manifiestamente incompatible con lo que usted está presentando aquí. Con lo cual, aquí se nos suscitan dudas sobre quién es más progre, cuál es la identidad ideológica que cabe deducir de un proyecto de ley orgánica de estas
características, cuando simultáneamente se aprueban otras normas que contradicen su contenido normativo como es la amnistía fiscal.
Señor ministro, nos encontramos también con otros temas. Estamos de acuerdo con la agravación del delito contra la Hacienda pública a partir de los 600.000 euros de deuda tributaria defraudada, con el mantenimiento de los 120.000, con la
disminución de los delitos contra las prestaciones y los derechos de los trabajadores a los 50.000 euros. Desde esta perspectiva, discrepo de las reflexiones que con todo respeto y con toda humildad he escuchado a los que han presentado enmiendas
de totalidad. Un trabajador que dolosamente defrauda la prestación de desempleo, desde una perspectiva sociológica o dialéctica, deja de ser un trabajador y se convierte automáticamente en un estafador; en esto estoy de acuerdo con usted. Por lo
tanto, el manejo de los conceptos en este ámbito es particularmente delicado y de nuevo nos retrotrae a Diógenes buscando a una persona honesta con su linterna y frustrado terriblemente por no encontrarla. Pero sí hay un problema que ha sido ya
indicado por el Consejo General del Poder Judicial, el de la prejudicialidad penal, que queda peligrosamente relativizada en tanto en cuanto se declara compatible el abono practicado por las liquidaciones de las administraciones tributarias con el
curso del procedimiento penal previamente incoado y no finalizado. Aquí hay una cuestión muy delicada que tendremos que tratar en ponencia -y esperemos que la ponencia sea más larga, más asertiva y más debatida que la ley de tasas en Comisión-, hay
un problema de prejudicialidad penal que queda alterado y así se lo ha comentado en su informe el Consejo General del Poder Judicial. Hay que ser particularmente escrupuloso con estas materias.
También quiero decirle que tenemos un problema -y con esto acabo mis palabras, señor presidente- en cuanto a los plazos de prescripción. Sí estoy de acuerdo con el señor Villarrubia en que no es de fácil determinación el inicio del plazo de
prescripción, que se eleva a diez años y nos parece bien...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente.
Es contradictorio con lo que ustedes preconizaron en la última reforma del Código Penal presentada por el Gobierno Socialista anterior. Pero en último caso, hay un problema. Los plazos de prescripción no son coherentes en la actuación de
la Administración tributaria -es un plazo de prescripción de cuatro años- con la prescripción nueva de diez años, si se somete a la actuación jurisdiccional para la represión del fraude en los delitos contra la Hacienda pública. Y esa discordancia
de los cuatro años, que debían ser alargados a diez -lo mismo que ocurre en el ámbito penal- es lo que ha provocado una noticia que debiera preocuparnos a todos y es que, en la última memoria de la fiscalía, las diligencias practicadas en delitos
contra la Hacienda pública han disminuido prácticamente en un 20 % del año 2010 a 2011, y los delitos contra la Seguridad Social en un 69 %. Esta discordancia entre los plazos de prescripción en el ámbito punitivo administrativo y en el ámbito
penal es lo que puede estar detrás de esta disfunción. En todo caso, yo no voy a hacer una reflexión de naturaleza...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... pretendiendo atribuir a mi grupo parlamentario un fenotipo más progresista por este proyecto de ley. Ya me conformaría, señor ministro, con que podamos corregir algunas de sus notables disfunciones en trámites
sucesivos. Con eso podríamos avanzar mucho en materia de fraude fiscal, nada menos que el 20 % del total de la deuda tributaria del Estado español. Solo con esto se podrían corregir muchas de las disfunciones en muchos de los problemas económicos
que configuran la crisis económica. Ojalá lo podamos conseguir.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señor ministro, quiero iniciar la intervención agradeciendo a los dos grupos parlamentarios que han presentado enmienda a la totalidad que lo hayan hecho, aunque mi grupo no es partidario de la devolución y por eso no hemos presentado
enmienda a la totalidad, porque bien es cierto que el hecho de que se
hayan presentado esas dos enmiendas ha facilitado un debate que, desde mi punto de vista, es imprescindible y que no hubiéramos tenido si este asunto hubiera ido a ponencia y a Comisión, como ya se ha visto y denunciado por otros portavoces
en el trámite de ponencia, de momento, de la ley anterior que usted ha presentado aquí, señor ministro. La ley de tasas ha sido verdaderamente decepcionante y, aunque no fuera más que por la posibilidad de debatir un asunto que es de interés
político general, cual es el que estamos debatiendo esta mañana, y que ha sido facilitado por los dos grupos, La Izquierda Plural y el Grupo Socialista, ya en sí mismo es algo muy positivo y ha sido a mi juicio muy acertado. También espero, como
decía el señor Olabarría ahora mismo, que el comportamiento del grupo mayoritario, del Grupo Popular, en el trámite de ponencia primero y en Comisión después, en esta materia sea más abierto, más asertivo, más positivo que el que ha sido hasta el
momento presente con el tema de la ley de tasas, porque realmente esta es una cuestión en la que hay mucho en juego, en la que se abordan cuestiones muy importantes; algunas de ellas han sido puestas de manifiesto en la Cámara tanto por el señor
Olabarría como por el señor Villarrubia y el señor Llamazares, y merecerían la aceptación de enmiendas al respecto. El texto es, como digo, muy mejorable y espero y le pido, ministro, que atienda esa necesidad de mejorar el texto en los trámites
sucesivos.
Lo que más me gusta de este proyecto de ley es su título: transparencia y lucha contra el fraude. Bien es cierto que las palabras a veces no significan para todos los mismo. Usted citaba a Alicia ante el espejo y voy a seguir con la cita
de Alicia en el País de la Maravillas, solo que con la conocida cita de un diálogo entre Humpty Dumpty y Alicia, en el que ella se empeña en explicarle que las palabras no pueden significar cosas diferentes y él se empeña en explicarle que las
palabras significan lo que él quiera que signifiquen porque al fin y al cabo se trata de que se note quién manda. Que se note quién manda no debe ser nunca el objetivo de un gobierno o de un partido, por muy mayoritario que sea, en ninguna materia,
menos en una materia como esta. La ley se llama de transparencia y de lucha contra el fraude. Transparencia cuando los inspectores de Hacienda no pueden acceder a los datos de los amnistiados fiscalmente; lucha contra el fraude mientras aquí se
endurece realmente la penalización a quien defrauda, que efectivamente nos defrauda a todos, pero a la vez se pone en marcha una amnistía fiscal. Son dos palabras que no se compadecen bien, que no se llevan bien con la acción del Gobierno y, como
hay que juzgar a los Gobiernos y a las personas no por lo que dicen ni por lo que escriben sino por lo que hacen, aquí tenemos, señor ministro, una primera y gran contradicción.
Nosotros, en Unión Progreso y Democracia, hemos querido utilizar -en el buen sentido de la palabra utilizar, hacerlo útil- el trámite de este proyecto de ley para plantearles tres enmiendas -dos de ellas a las que voy a referirme en este
momento- para enmarcarlas en lo que desde nuestro punto de vista tiene que ser un reproche penal a comportamientos que han de ser punitivos no solamente cuando se refieren al fraude económico o al fraude fiscal sino cuando se refieren al fraude
político. Usted decía en su intervención que quien se queda con lo de los demás estafa, hablando de quien utiliza, retiene o accede a los recursos públicos sin tener derecho a ello, y que eso es una estafa y ha de ser penalizado. (El señor
ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón Jiménez, hace gestos afirmativos). Comparto esa reflexión y le pregunto: ¿Y quién se queda con los derechos de los demás, quién vulnera el derecho colectivo del conjunto de los ciudadanos españoles siendo
además una autoridad pública que tiene el derecho y el deber de cumplir y hacer cumplir la ley no está acometiendo también una estafa?, ¿es menos punible ante el Código Penal el fraude económico que el fraude político, que atenta contra el conjunto
de los ciudadanos, contra el interés general?
Son preguntas de categoría política que tienen consecuencia y que la consecuencia, desde el punto de vista de Unión Progreso y Democracia, es que el Código Penal recupere el delito por convocatoria o por colaboración en la convocatoria
cuando una autoridad pública convoque o colabore a la convocatoria de un referéndum sin tener competencia para ello. Hay dolo, porque sabe que no tiene competencia, que no le corresponde, que puede convocar pero que la autorización no le
corresponde. Hay dolo siguiendo con la reflexión que usted hacía; hay intención de engañar porque está engañando al conjunto de los ciudadanos haciéndoles creer que puede hacer lo que no puede hacer y además haciéndolo. Hay intención de vulnerar
las leyes. ¿No ha de ser perseguida penalmente esa conducta? Desde nuestro punto de vista, sí; ha de ser perseguida también penalmente porque frente al principio de intervención mínima del Código Penal, que fue el que llevo en 2005 a la mayoría
de entonces a retirar este delito del Código Penal -que ahí estaba-, está además -usted lo citaba antes si no expresamente sí de una manera general- el interés, la finalidad preventiva que ha de tener el derecho penal. También tiene una finalidad
preventiva el Código Penal y esa hay que utilizarla. Usted hablaba -se ha hablado mucho a lo largo de la mañana-
de paradoja. ¿No es una paradoja o una incongruencia -quizá la palabra más acertada sería incongruencia- que se lleven ante la Audiencia Nacional acusados de delitos que están en el Código Penal, a las personas que han convocado una
concentración ante este Congreso de los Diputados y que han intentado violentar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria y que esas personas estén sometidas a una resolución de la Audiencia Nacional y puedan ser perseguidas por un delito
contra el Código Penal, y que quien convoca -insisto- un referéndum desde todo punto de vista ilegal con conocimiento de causa, sabiendo que no tiene la capacidad ni la competencia para hacerlo no tenga ningún reproche penal?
Desde el punto de vista de Unión Progreso y Democracia, hemos de poner las cosas en su sitio, hemos de utilizar las leyes para proteger a la democracia de aquellos que no solamente no quieren protegerla sino que desde altas instancias
quieren vulnerarla. Hay que protegerla de aquellos que utilizan las instituciones públicas para ir en contra de la propia democracia. Eso, desde el punto de vista de Unión Progreso y Democracia, requeriría que se recogiera en esta reforma del
Código Penal el delito por la convocatoria o la ayuda a la convocatoria de referéndums por aquellas autoridades o funcionarios públicos que, a sabiendas de que es ilegal, lleven adelante esa convocatoria; porque eso va contra el interés general de
todos los ciudadanos, porque eso estafa a todos los ciudadanos, porque la estafa política no puede tener menos penalización que la estafa económica. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, permítanme que vuelva a lo que entendemos que es hoy el objeto del debate, que es esta enmienda a la totalidad y que diga ya, sin mayor preámbulo, que Convergència i Unió no va a apoyar las enmiendas a la totalidad
formuladas por los grupos de La Izquierda Plural y Socialista. Nuestro grupo parlamentario está comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y contra el fraude a la Seguridad Social, así como en dotar de mayor transparencia al sector público y
esta reforma complementaria, un conjunto de medidas impulsadas también por el Gobierno, va a nuestro juicio en la línea de conseguir una mayor efectividad en el objetivo común de erradicar estos comportamientos defraudatorios a la Hacienda pública y
a la Seguridad Social. El proyecto que estamos debatiendo complementa, con esta propuesta de modificación del Código Penal, dos proyectos de ley ya presentados: uno sería el de modificación normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de
la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la persecución de la lucha contra el fraude, y el otro sería el proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social. Convergència i Unió no
presentó ni apoyó las enmiendas a la totalidad que se hicieron a estos proyectos que acabo de mencionar y hoy tampoco vamos a apoyar las enmiendas a la totalidad que estamos debatiendo. Hemos presentado, eso sí, enmiendas al articulado que
defenderemos a lo largo de la tramitación parlamentaria. A nuestro entender, es importante recordar algunos datos que nos permitirán valorar la dimensión del problema defraudatorio del Estado español, que hay actualmente en el Estado español. En
las encuestas del CIS sobre esta cuestión se observa que el 80 % considera que en España los impuestos no se cobran en justicia y, al mismo tiempo, consideran también las encuestas del CIS que hay un 85 % que percibe que existe bastante o mucho
fraude fiscal.
Existen además distintos estudios solventes que aportan algunos datos que no pueden dejarnos indiferentes y que deben llevarnos a aunar los esfuerzos de todas las formaciones políticas para tomar medidas que pongan fin a esta lacra. Por
ejemplo, en el estudio realizado por la consultora i2 Integrity se estima que el coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros, lo que representa un 23 % del PIB. Ello coincide precisamente con los datos facilitados por
el Sindicato de Técnicos de la Hacienda pública española. Además, según datos esta vez de la OCDE, España, curiosamente junto a Grecia, Portugal e Italia, es uno de los países con más economía irregular, economía sumergida. Por otra parte, el
primer informe del Observatorio del delito fiscal en España, datado en el año 2006, ya advertía de la necesidad de mejorar la situación que describimos modificando el marco jurídico penal del fraude fiscal y, a la vez, abordando reformas en la
legislación tributaria y procesal. En dicho informe se recogían distintas propuestas de modificación del delito fiscal para -se decía textualmente- lograr mayor seguridad jurídica, la prevención penal, la eficacia administrativa y la agilización de
los procedimientos. En este sentido, se proponían en dicho estudio alternativas como la reducción del plazo de duración de los procesos, la reducción del número de procesos por delito fiscal, la profundización en la
concienciación de la sociedad contra el fraude fiscal y la educación tributaria, al tiempo que se proponían medidas normativas, como una nueva configuración del delito fiscal y una reforma del derecho administrativo sancionador, para luchar
contra el fraude fiscal desde la perspectiva esta vez de la prevención.
En definitiva, todos estos datos e informes, junto con la difícil situación económica que atraviesa España, corroboran la necesidad de tomar medidas para poner fin al fraude fiscal y al fraude a la Seguridad Social, fraudes que,
lamentablemente, están aún demasiado presentes en nuestra sociedad. Implican, también, asegurar una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario comparte este conjunto de medidas impulsadas
por el Gobierno que persiguen este fin, entre otras el proyecto de ley que hoy se somete a debate de totalidad. Con este proyecto el Gobierno introduce modificaciones sustantivas en el Código Penal que pretenden dar una mejor respuesta a los
fraudes de especial gravedad, con la creación de un tipo agravado en materia tributaria y de Seguridad Social, lo que también comporta el alargamiento del plazo de prescripción a diez años. Igualmente se pretende mejorar la persecución del fraude
cuando se realiza mediante tramas organizadas, se modifican en determinados casos las reglas de la prejudicialidad penal para agilizar el procedimiento del cobro de la deuda, se introducen medidas para perseguir con más eficacia los fraudes a la
hacienda y a los presupuestos de la Unión Europea, se persigue con mayor contundencia el empleo irregular y a aquellos que no gestionen de forma adecuada los recursos públicos. En síntesis, las modificaciones que se introducen suponen, además de
mejoras técnicas en el tratamiento de determinados delitos, una respuesta considerablemente más dura que la que hasta ahora recogía el Código Penal. Convergència i Unió apoya estas medidas con algunas reservas, señor ministro, por cuestiones que ya
han explicitado también otros grupos parlamentarios, que hemos trasladado en forma de enmiendas parciales. Apoyamos globalmente las reformas porque entendemos que los datos objetivos que antes hemos mencionado más la actual coyuntura económica
hacen necesaria una nueva estrategia para combatir esta lacra del fraude en nuestra sociedad. Ello debe traducirse también en un nuevo marco legal, tal y como se pretende, entre otras reformas, con el proyecto de ley que hoy debatimos.
Convergència i Unió entiende que este proyecto de ley se enmarca dentro de una estrategia adecuada de lucha contra el fraude fiscal y fraude a la Seguridad Social, aunque hay determinados aspectos que ya he dicho que entendemos que podían mejorarse,
y así lo hemos postulado mediante la presentación de varias enmiendas que, básicamente, buscan mejoras de carácter técnico y que han sido propuestas, entre otros, por el mismo Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo.
Finalizo, señorías, señor ministro, manifestando que aunque no apoyemos las enmiendas a la totalidad, esperamos que la tramitación parlamentaria sirva para incorporar enmiendas, para sumar las iniciativas de mejora de los grupos, para, en
definitiva, poner en valor el trabajo y el papel del Parlamento. Nuestro voto de hoy no es, pues, un cheque en blanco ni adelanta nuestra votación final, que va a depender, como no puede ser de otra manera, del texto final que se someta a votación
que, como digo, esperamos que no sea una vez más -ya se ha mencionado por otros grupos la tramitación de la Ley de Tasas- el resultado del rodillo de la mayoría parlamentaria. Ha sucedido en la Ley de Tasas y en alguno de los proyectos que he
mencionado antes. Esperamos que la votación final sea el resultado de lo que es o debiera ser el trabajo legislativo parlamentario, aunar las aportaciones de los distintos grupos en la consecución de un objetivo común en el que todos podemos estar
empeñados, como es en este caso la erradicación de los comportamientos de defraudación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Castillo.
El señor CASTILLO CALVÍN: Con la venia, señor presidente.
Señor ministro de Justicia, señorías, fijo la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Socialista y La Izquierda Plural. Como ha señalado el señor ministro, estamos ante una
reforma de todo punto necesaria por sus objetivos, que no solo son oportunos, sino absolutamente imprescindibles. Señorías, castigar a quien defrauda no solo es razonable, sino que además responde al clamor ciudadano. Por ello el Gobierno ha
considerado necesario que, junto a las medidas de índole organizativa y administrativa que aseguren la eficacia y la eficiencia en la gestión de los ingresos y gastos públicos previstas en el proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el
fraude a la Seguridad Social, se instrumenten además herramientas normativas que permitan lograr una mayor eficacia en la lucha contra el fraude. Es justo que así sea, que todos aquellos que tienen derechos
cumplan igualmente sus obligaciones en el ámbito fiscal y en el sociolaboral. Lo injusto sería lo contrario, no dar una respuesta firme frente a quienes pretenden beneficiarse fraudulentamente de un sistema que soportan quienes sí cumplen
lealmente con sus obligaciones.
Una vez analizadas las dos enmiendas a la totalidad presentadas, con el respeto y la atención que se merecen, la primera consideración que debo hacer es que hoy no deberíamos estarlas debatiendo porque no deberían haberse presentado. Y es
que no sólo carecen de una adecuada fundamentación, sino que además tampoco cuentan con un mínimo sentido de oportunidad política, pues lo cierto, señorías, es que sus enmiendas les colocan en una muy difícil situación de cara a la ciudadanía, a la
que tendrán que explicar por qué se oponen radicalmente a que el fraude fiscal y laboral sea perseguido con la contundencia que se merece. En todo caso, y como no podemos debatir sus propuestas, porque no las han traído, tendré que referirme a sus
críticas a las que sí se han prodigado con enorme generosidad. Comenzaré por decirles que esta reforma parcial del Código Penal no es una reforma aislada, sino acompañada. Son cuatro proyectos de ley en total los que forman, como bien conocen, un
único conjunto de medidas para reducir el fraude fiscal y laboral. Por tanto unidad y acción global no solo en el ámbito penal, sino también con el resto de la política que está llevando el Gobierno a fin de terminar con los abusos cometidos contra
la Hacienda pública, la Seguridad Social y contra los trabajadores. Aunque entiendo normal que no coincidamos en nuestras valoraciones, parece poco coherente que precisamente aquellos que dicen defender a los trabajadores se opongan a una reforma
que dota de una protección real y más efectiva a los derechos de los trabajadores y que persigue su contratación irregular.
No creo que sea la posición más coherente que haya partidos que luchen por evitarlo, que se opongan al reforzamiento de estos delitos y a una mejor tipificación de los comportamientos lesivos de los derechos de los trabajadores. En todo
caso, respecto a la enmienda de La Izquierda Plural, es evidente, señor Llamazares, que hay propuestas que a su grupo pueden gustarle más y otras que pueden gustarle menos; y esta aunque ahora diga lo contrario indudablemente les gusta, y sin
embargo la enmiendan en su totalidad. Les gusta porque admiten, así lo recogen en su enmienda, que están conformes con sus objetivos, que valoran positivamente la nueva regulación de los delitos fiscales contra la Seguridad Social y el fraude de
las subvenciones porque comparten el deseo del Gobierno de ofrecer a los trabajadores una mayor protección frente a situaciones de ilegalidad, porque están de acuerdo con el reforzamiento de la transparencia en el sector público, y porque admiten
que la modificación de las penas y sus consecuencias sobre el régimen de prescripción son medidas positivas para luchar contra el fraude. A pesar de ello enmiendan el proyecto de ley en su totalidad y enmiendan un proyecto de ley que les gusta
tanto que hasta consideran que tiene una finalidad propagandística. Desde luego, señores de La Izquierda Plural, es difícil encontrarle sentido su enmienda porque no creo que tenga que recordarles que la enmienda a la totalidad sirve precisamente
para mostrar una oposición radical a la oportunidad, los principios o el espíritu de un proyecto de ley, pero no para mostrar sus dudas sobre la voluntad política auténtica del Gobierno con un proyecto que, a pesar de ello, les gusta. Porque la
aplicación de la ley no va depender de la voluntad política auténtica del Gobierno, sino de los jueces y tribunales que la apliquen, y el Gobierno ya ha mostrado suficientemente su voluntad política impulsando esta reforma realmente. Señores de La
Izquierda Plural, su enmienda me deja perplejo. Por un lado les sabe a poco, pero no presentan alternativas. Por otro, dicen que no sirve para nada pero que por favor se tomen medidas cuanto antes. Acabo mareado y estoy un poco desconcertado ante
este flujo y reflujo de sugerencias tan contradictorias todas ellas que a uno le deja en una situación difícil de seguir. Y mire usted, quien persigue dos liebres no caza ninguna. Así que no me queda otra conclusión que la siguiente: lo que a
ustedes no les gusta no es este proyecto de ley; a ustedes lo que no les gusta es este Gobierno. Lo que a ustedes no les gusta estar en la oposición, así que ahí lo vamos a dejar.
Señor Villarrubia, como conozco su sobrada formación jurídica, estoy convencido de que la enmienda presentada por su grupo no le gusta nada. Estoy seguro de que no le gusta porque usted sabe que no es bueno ir contra los propios actos y
porque la buena fe, también la parlamentaria, exige observar un comportamiento consecuente. Y usted sabe, como buen jurista que es, que la enmienda de su grupo adolece de coherencia, que es poco razonable y demagógica y, sobre todo, que no está
justificada ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista de política legislativa o criminal. En realidad, parece que tan solo les preocupa justificar un puñado de pomposos titulares para salir en los periódicos y, de paso,
confundir a la opinión pública. (Aplausos). En esto de lanzar titulares tengo que reconocerles un especial talento. Esta mañana hemos escuchado unos cuantos: es un derecho penal para millonarios; perdona el delito al ladrón que paga; otorga la
impunidad a los defraudadores de guante blanco; es un
proyecto de los débiles frente a los poderosos. Incluso se atreven con las rimas y llegan a ofrecernos titulares en verso: favorece al defraudador y criminaliza al trabajador. (Aplausos). Pero, señorías, ni sus titulares se ajustan a la
realidad ni con sus rimas nos convencen.
Comienza su enmienda señalando que la reforma está rebajando la pena por delito fiscal a los autores de las conductas más graves y ustedes saben que esto no es así. La reforma no solo no rebaja las penas en los supuestos más graves de
delito fiscal, sino que incluye expresamente un delito nuevo para sancionar los hechos de mayor gravedad y prevé una pena agravada que puede alcanzar los seis años de prisión con el aumento de los plazos de prescripción hasta los diez años. También
se muestran muy críticos con la regularización tributaria y denuncian en su enmienda que ahora bastará pagar y regularizar para dejar de ser delincuente. Pues bien, aunque sea reiterar lo ya manifestado por el señor ministro, lo cierto es que la
posibilidad de regularizar la deuda con carácter previo al inicio de comprobaciones por la Administración tributaria o cualquier comprobación judicial existe en nuestro Código Penal desde su entrada en vigor. Es más, les recuerdo que esta no es la
primera vez que se modifican los artículos 305, 307 y 308 del Código Penal cuya reforma se aborda precisamente en el proyecto de ley cuyo debate se trae hoy a la Cámara. Vamos a refrescar la memoria y, como todo queda registrado en el 'Diario de
Sesiones', voy a referirme a la intervención de la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el 15 de junio de 1995 con motivo del debate del proyecto de ley orgánica 6/1995 en la que concretamente señalaba -leo textualmente-: quisiera
manifestar la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por la aprobación de ese importante proyecto de ley que favorece la regularización y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Así que fueron ustedes quienes
introdujeron las causas de anulación de la pena en los delitos económicos de los artículos 305, 307 y 308 del Código Penal. Ustedes fueron los inventores de la regularización voluntaria de la deuda que ahora tanto critican y, como hemos visto,
estaban muy satisfechos por ello. Es más, digan lo que digan, la reforma no facilita la regularización. Al contrario; precisa que no es suficiente con la declaración de la deuda, sino que además es necesario que el defraudador que ya haya
consumado el delito reconozca la deuda y pague lo debido.
Con el sistema actual ustedes ofrecieron al defraudador la oportunidad de que con la simple presentación de los boletines de cotización sin pago efectivo alguno y fuera de plazo se exonerase de responsabilidad penal a los deudores o que la
acción de cobro de la Administración tributaria se viera paralizada por la existencia de proceso penal. Eso sí que es, señores socialistas, un trato favorable para los defraudadores. Con estos antecedentes no sé dónde queda el compromiso del Grupo
Parlamentario Socialista en la lucha contra el fraude y el refuerzo de los instrumentos para combatirlo. Lo cierto, como dice el viejo refranero español, es que obras son amores y no buenas razones. En cuanto a la previsión legal de la acción de
recobró por la Administración tributaria, el Grupo Parlamentario Socialista afirma en su enmienda que el proyecto altera el principio de prejudicialidad penal haciendo desaparecer el control judicial sobre la función recaudatoria. Señorías, lo que
se pretende reflejar en esta ley es una exigencia del ordenamiento comunitario cuyas autoridades vienen pidiendo a España una reforma del sistema legal para que la existencia del proceso penal no paralice la acción de cobro de las deudas
tributarias. En todo caso, merece la pena recordar que esta posibilidad ya la dejaron ustedes abierta tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010, concretamente, con la redacción del apartado 5 del artículo 305 del Código Penal. Es
más, para despejar dudas sobre la paternidad de este planteamiento que ahora rechazan, podemos remontarnos al proyecto de ley de reforma que el Gobierno socialista presentó en 2007, cuya exposición de motivos decía...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
EL señor CASTILLO CALVÍN: Voy terminando.
El objetivo de la reforma es que la denuncia por delito fiscal no paralice el procedimiento de liquidación y recaudación por la Administración tributaria cuando disponga de suficientes elementos para ello, tal y como parece ser la tendencia
general en derecho comparado. Es decir, que ustedes fueron los inventores de este nuevo modelo de delito fiscal, en el que la Administración tributaria podría liquidar y recaudar la deuda aunque estuviera en marcha el proceso penal. Es más, fue el
Gobierno socialista quien aprobó el reglamento de gestión e inspección tributaria mediante Real Decreto 1065/2007, que permite en su artículo 103 d) y 190.3 que la Administración pueda practicar liquidaciones provisionales en aquellos supuestos en
los que haya una reclamación judicial o un proceso penal que afecte a los hechos comprobados; esto es, el sistema que tanto critican ustedes ya está vigente y fueron además ustedes quienes lo implantaron.
No tengo tiempo para más. Termino, señor presidente. Aunque mi grupo parlamentario votará en contra de las dos enmiendas a la totalidad presentadas, y espero que así lo haga el resto de los grupos de la Cámara, pues no tienen alternativa
ni están justificadas, confío en que con las aportaciones constructivas de todos los grupos de esta Cámara, con el debate al que como siempre nos abrimos y con los acuerdos que espero alcancemos, podamos conseguir el objetivo último al que aspiramos
todos, que nuestro sistema funcione de forma más eficiente, justa y solidaria.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón Jiménez, pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castillo.
Señor ministro de Justicia, ¿me pide la palabra? (Asentimiento). Muy bien, pues la tiene.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con brevedad para dar respuesta de agradecimiento a los distintos intervinientes. Voy a empezar por el final, por mi compañero del Grupo Popular, agradeciéndole su intervención. Ha puesto de manifiesto con una precisión absoluta
los argumentos jurídicos e históricos sobre lo que ha hecho históricamente esta Cámara en relación con la regulación fiscal y la contradicción que supone oponerse a la misma ahora. Pero quiero destacar de su intervención algo que es muy importante.
Hoy ha sido el Ministerio de Justicia, pero aquí estamos hablando de un plan integral de lucha contra el fraude en el que la totalidad del Gobierno está comprometido con el presidente a la cabeza y, por lo tanto, es muy importante que sepamos que
todos los ministerios actuaremos en la misma dirección.
A la señora portavoz de Convergència quiero agradecerle también su intervención y decirle que naturalmente no recibimos como un cheque en blanco, jamás lo hacemos, el apoyo que en estos momentos se nos manifiesta oponiéndose a las enmiendas
a la totalidad y que coincidimos plenamente con ella en que es un sentimiento de la ciudadanía la necesidad de oponerse al fraude. A la señora Díez deseo decirle que entiendo en primer lugar las referencias que ha hecho a la tramitación
decepcionante en Comisión. Le voy a decir algo sin ningún tipo de segundas intenciones -entiéndame bien, señora Díaz-, creo que su intervención, que me parece de hondo calado político y que respeto profundamente, confirma lo que yo decía antes.
Como consecuencia de un proyecto de ley que modifica el Código Penal en la lucha contra el fraude fiscal y delitos relacionados con los trabajadores, usted ha traído un debate distinto, interesante sin duda alguna, que me merece todo el respeto y
que, por tanto, yo no voy a devaluar, pero es claramente diferente, claramente distinto. El hecho de que usted haya aprovechado su turno para hablar de algo importante pero distinto creo que confirma de verdad que hay detrás de ello un apoyo
sustancial, sin prejuicio de las discrepancias, al proyecto que ha presentado el Gobierno.
Señor Olabarría, con toda brevedad. Primero, me ha hecho usted una referencia al cierre de la unidad de investigación en Baleares que no puedo pasar por alto. Quiero decirle que es completamente falso que se haya desmantelado esa unidad.
Muy al contrario, lo que se ha producido es una reorganización, ha pasado a integrarse en la Dependencia Regional de Inspección de Baleares, que está dirigida por un jefe de equipo que además es inspector de Hacienda del Estado; es decir, lo que ha
hecho el Ministerio de Hacienda es adaptar su organización y funcionamiento al de todas las delegaciones de la Agencia tributaria en toda España. Es más, le anuncio que se han reforzado los medios humanos destinados a convertir el fraude, y todos
sus miembros, todos, continúan trabajando en los mismos expedientes que ya lo venían haciendo. Esto es muy importante y, por lo tanto, quédese tranquilo.
Le diré que no dejaremos de ser amigos por mucho que nos enfrentemos dialéctica y políticamente, no tenga usted ninguna duda; valoro el sentimiento de la amistad muy por encima de la coincidencia o discrepancia política, pero le haré una
referencia solamente -penúltima, señor presidente- a cuando usted ha hablado del populismo punitivo. No es la primera vez que ese término se desliza en esta Cámara. Le digo una cosa, tenemos que encontrar el equilibrio. Populismo punitivo, no;
legislar a golpe de telediario, de titular de periódico, no; que el banco azul y todos los grupos parlamentarios permanezcan indiferentes ante situaciones sangrantes que indignan a los ciudadanos españoles, tampoco. Por tanto, ni legislemos para
conseguir un titular ni hagamos que un titular que es consecuencia de la indignación social de los ciudadanos nos aísle de dar una respuesta, porque es nuestra obligación, la Cámara como legisladora y el Gobierno, que es quien tiene el impulso
legislativo.
Señor presidente, termino. Ya sé que es norma, muchas veces más periodística que política, decir al final quién ha ganado un debate o quién lo ha perdido. Les quiero decir, señorías, que yo sé quien ha perdido este debate, lo sé, y no han
sido, ni mucho menos, los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a la totalidad. Este debate lo han perdido los defraudadores. Este debate lo han perdido todos
aquellos que son amigos de lo opaco. Este debate lo han perdido los testaferros en cadena. Este debate lo han perdido todos aquellos que contratan ilegalmente para explotar a los trabajadores. Este debate lo han perdido todos aquellos que
creen que a costa del bien común pueden enriquecer su patrimonio personal. Y este debate tampoco lo han ganado quienes espero que ganemos la votación esta tarde. Este debate, señorías, lo han ganado todos los ciudadanos que, muchas veces con
esfuerzo y con mucho sacrificio, cumplen sus obligaciones fiscales, enseñan su patrimonio, declaran la renta que efectivamente ganan, pagan el IVA cada vez que hacen un acto que está gravado. En definitiva, son los responsables de que, a pesar de
la crisis económica, sigamos teniendo el Estado de derecho y el Estado del bienestar por el que todos luchamos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Llamazares Trigo pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Justicia.
Señor Llamazares, dígame por qué me pide la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: No es para replicar al Grupo Parlamentario Popular, sino para aclarar si se han hecho o no propuestas en este debate.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, le digo con sinceridad que he seguido el debate muy atentamente, ha habido propuestas de todo tipo, se han empleado argumentaciones y, sinceramente, solo le daría la palabra si hubiera habido -como ha
sido el caso del señor Villarrubia- una alusión personal a usted.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Ha dicho que no hemos hecho propuestas, que mi grupo parlamentario no ha hecho ninguna propuesta. (Rumores y protestas).
El señor PRESIDENTE: No he oído eso y todos sabemos que su grupo ha hecho muchas propuestas en este tema.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Se lo agradezco, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a seguir adelante.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA. (Número de expediente 121/000025).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo, relativo al debate de totalidad del proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el
señor ministro de Industria, Energía y Turismo.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor presidente, señorías, comparezco en nombre del Gobierno para la defensa y presentación del anteproyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad del sistema
eléctrico. En primer lugar, me gustaría empezar con una consideración de carácter general. ¿Qué sistema energético quiere el Gobierno para España? Quiere, en primer lugar, un sistema energético que sea seguro, desde el punto de vista del
abastecimiento; quiere un sistema energético que sea equilibrado desde el punto de vista de las distintas fuentes y quiere también el Gobierno que dispongamos de un sistema energético que sea sostenible, entendiendo la sostenibilidad tanto desde el
punto de vista ambiental como también desde el punto de vista económico y financiero.
Señorías, ¿cuáles son hoy los problemas más importantes del sector eléctrico en España? Son muchos, en opinión del Gobierno, pero fundamentalmente cinco. En primer lugar, en el sistema eléctrico hay un déficit, podríamos decir un agujero
acumulado, dado por la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad que consumimos en España y lo que se obtiene por la venta de esa electricidad. Ese déficit, a diciembre del año 2011, estaba cifrado en torno a 24.000 millones de euros.
Segundo problema, ese déficit está creciendo año a año a un ritmo creciente, que se sitúa en el entorno de los 6.000 millones de euros. Tercer problema, el déficit acumulado está en los balances de las distintas empresas eléctricas, lo que implica
un deterioro de su posición financiera. Cuarto problema, del déficit de 24.000 millones de euros el Estado ha titulizado -es decir, ya tiene el aval del Estado- un importe de 14.000 millones de euros. Y quinto problema, el déficit o agujero
acumulado en el sistema eléctrico genera cada año un coste adicional para el sistema y, por tanto, un incremento en el recibo global de la luz que pagamos todos los
españoles por un importe de 2.200 millones de euros, que viene dado de la cuantía referida a amortización de principal más intereses del déficit que está acumulado.
Señorías, ¿qué ocurriría si no tomáramos ninguna medida en relación con la situación así descrita? Ocurriría que el déficit acumulado seguiría aumentando año a año; ocurriría que en el año 2015 -de aquí a tres años- el déficit acumulado
muy probablemente sería el doble que el actual; ocurriría que la capacidad del Estado para seguir titulizando -es decir, avalando ese déficit- sería cada vez menor; ocurriría que la carga de ese déficit sobre el balance de las empresas eléctricas
sería cada vez mayor; y ocurriría que el extracoste para el sistema eléctrico, es decir, para el precio de la luz por la amortización del principal más intereses, sería cada vez más elevado. Por todo ello, supongo, señorías, que estaremos de
acuerdo en que hay que dar solución a los problemas mencionados. Ahora bien, ¿cuál debe ser esa solución? Es evidente que, si hay un desfase entre lo que cuesta producir y lo que se ingresa por producir, la solución no puede ser otra que ajustar
los ingresos y ajustar los costes. Podremos discrepar respecto a la forma, los procedimientos, las aproximaciones, para disminuir y atajar el déficit de tarifas. Todo es discutible. Ahora bien, lo que parece claro es que cualquier solución que se
dé al ajuste y a la solución de este problema ha de pasar, inexorablemente, por un aumento de los ingresos y una disminución de los costes.
¿Cuáles son las opciones que, al menos desde el punto de vista teórico, tenemos para el ajuste? En primer lugar, podría haber quien piense que todo el ajuste del déficit de tarifa vaya con cargo a los consumidores y vaya repercutido en la
tarifa eléctrica. El Gobierno descarta esa opción. Segunda posible opción, que todo el ajuste para solucionar el déficit eléctrico vaya con cargo a las empresas eléctricas que generan electricidad. El Gobierno también descarta esta opción.
Podría haber una tercera opción, que sería que todo el ajuste vaya con cargo al Estado; ponemos todo el déficit de tarifa eléctrica a los Presupuestos Generales del Estado, con lo cual incrementamos el déficit. Esta opción también la descarta el
Gobierno. Y la que el Gobierno plantea en el proyecto de ley de medidas fiscales que traemos hoy aquí a esta Cámara es una combinación de todas ellas. Eso es lo que ha hecho el Gobierno. Ni el ajuste va al cien por cien con cargo a los
consumidores, ni va al cien por cien con cargo a las empresas, ni va al cien por cien con cargo a la Administración del Estado, sino que va de la manera más equitativa posible con cargo a todos los agentes que operan en el sistema.
¿Qué ha hecho el Gobierno desde el pasado mes de enero hasta la actualidad para corregir, en primer lugar, el déficit de tarifa eléctrico que se esperaba para este año 2012? ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno? ¿Qué efectos han tenido? ¿Se
cumple realmente, con las medidas que hemos adoptado ya, la previsión del real decreto del año 2009 para que el déficit de tarifa no supere en el año 2012 los 1.500 millones de euros? Y, además, ¿qué propone el Gobierno para que a partir del 1 de
enero del año 2013 se cumpla la prescripción de ese real decreto de 2009, para que en 2013 y en años sucesivos ya el déficit de tarifa no sea ni siquiera 1.500 millones, sino cero euros? Eso es lo que voy a tratar de exponer en esta intervención.
¿Qué medidas se han tomado hasta la actualidad? Fundamentalmente, se han tomado cuatro: el real decreto de 27 de enero de 2012; el real decreto de 30 de marzo de este año; una orden ministerial que regula los peajes del sistema eléctrico,
adoptada el 1 de abril, y el real decreto de 13 de julio. Vamos a ver en qué ha consistido cada una de estas medidas y cuáles han sido los efectos que han tenido en términos cuantitativos.
Real Decreto-ley 1/2012, por el cual se suspendían temporalmente las preasignaciones de primas a nuevos proyectos de energías renovables. En España el problema del déficit eléctrico está producido por distintos factores. Uno de ellos, no
el único, ha sido que a lo largo de los últimos años las primas -para entendernos los subsidios- que se han dado a distintos proyectos de energía dentro del régimen especial han aumentado mucho más allá de lo que estaba previsto y no tenían un
límite. Por tanto, todo proyecto de régimen especial fuera eólico, fotovoltaico, termosolar, de cogeneración, de biomasa o de biogas, de lo que fuera, que llegaba al registro del Ministro de Industria se inscribía y a partir de ahí se tenía derecho
a la prima. Eso fue aumentando, aumentando y aumentando, hasta que ha llegado un momento en que, si se ejecutaran todos los proyectos de régimen especial que hoy tienen derecho a prima porque se habían inscrito en aquel registro, estaríamos
hablando de aquí hasta el año 2020 de un importe total de primas de 70.000 millones de euros, que es inasumible para el sistema eléctrico. Por tanto, la primera señal que dimos en aquel real decreto fue que a partir de ese momento no puede haber
más preasignaciones. Alguien podría plantear: ¿eso quiere decir que van a frenar la expansión de energías renovables? En modo alguno. Se puede producir, se puede montar un huerto fotovoltaico, se puede montar una planta termosolar y se pueden
montar los molinos de viento que se deseen para producir energía eólica; ahora bien, se va a vender la energía eléctrica que se derive a precio de mercado. Venderla a precio de mercado
significa hacerlo al precio medio que vale un megavatio en el mercado y ese precio medio del megavatio en el mercado es de 50 euros por megavatio. Pero es que hay tecnologías que no reciben 50 euros por megavatio, sino que reciben 200, y
otras 300, y otras 400, y otras 450. ¿Y quién paga esa diferencia desde 50 euros, que es el precio de mercado, hasta 450 euros? Pues lo paga el sistema ¿Y quién es el sistema? Todos nosotros; todos nosotros cuando encendemos la luz. Por tanto,
estamos ante un problema no menor. Primera medida, a partir de ahora no puede haber más registros de primas adicionales.
Además, hay otra cuestión. En España hay una potencia total instalada, de todas las tecnologías, si todas produjeran al cien por cien, para obtener 106.000 megavatios al año. Sin embargo, la demanda punta está en 40.000 megavatios. Es
decir, tenemos toda esta capacidad y esta demanda. ¿Qué estamos haciendo para aumentar esa capacidad potencial y encima aumentarla a través de sistemas con primas? No podemos permitírnoslo, en otro tiempo probablemente sí, en épocas de bonanza, de
abundancia de liquidez, en épocas en las no había restricción dada por el déficit público, pero ahora ya no podemos hacerlo y, por tanto, hemos de dar una solución. La dimos con aquel real decreto que vino a suponer un freno a la preinscripción de
nuevos proyectos que tuviesen derecho a primas y, por tanto, a partir de ese momento ya no se han inscrito más proyectos para -insisto- producir energía eléctrica sin prima. Cuestión distinta es que alguien quiera montar su huerto fotovoltaico y
pueda hacerlo con libertad, cumpliendo los requisitos administrativos y vendiendo a precios de mercado. Por cierto, en España hay quien vende energía fotovoltaica hoy ya a precio de mercado y hay quien vende energía termosolar también a precio de
mercado, sin prima. Por tanto, no estamos hablando de una quimera o de una utopía; no, es que eso ya está ocurriendo. Decreto uno.
Segunda medida que hemos tomado, el Real Decreto-ley 13/2012, que incorporó determinadas medidas para bajar los costes en la distribución y el transporte de energía eléctrica. Se bajaron los costes de los llamados pagos por capacidad,
precios al carbón, lo que percibía el operador del sistema, Red Eléctrica, y las empresas interrumpibles. Tercera medida dentro de este Real Decreto-ley 13/2012, se incrementaron los ingresos obteniendo los remanentes existentes en determinados
organismos públicos, en la Comisión Nacional de Energía y también en el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía. En total, este decreto comportó de cara a la contención del déficit del año 2012 un importe de 1.764 millones de euros.
Después, la Orden ministerial 843/2012, de 1 de abril, sirvió para incrementar los ingresos y contribuir otra vez a que se contuviese el déficit dentro de los límites establecidos en el real decreto del año 2009 y se procedió a un incremento
en la tarifa eléctrica para todos los consumidores tanto domésticos como industriales en un promedio del 5,1 %, a razón de: los consumidores domésticos -esos que están incluidos en la tarifa de último recurso- un 7 %; los consumidores del gran
residencial y pequeñas y medianas empresas un 4,1 %; el industrial medio un 2,8 % y el gran industrial un 0,9 %. Por tanto, como consecuencia de esta orden ministerial se obtenían ingresos por valor de 1.380 millones de euros.
Hubo otro real decreto, el de 13 de julio, para seguir disminuyendo los costes e incrementar los ingresos. Se redujeron nuevamente los costes de retribución a la red de transporte, se redujeron los costes derivados de los sistemas
extrapeninsulares, por tanto, de todo lo vinculado a la generación de electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, todo lo cual comportó 630 millones de euros. En definitiva, con el conjunto de medidas que desde el mes de enero hasta el mes
de julio se adoptaron por parte del Gobierno para cumplir el objetivo de déficit de tarifa en el año 2012 se recaudaron 3.586 millones de euros. En realidad no se recaudaron, sino que son mecanismos para disminuir los costes y aumentar los ingresos
y que así se limite el déficit de tarifa.
Alcanzado el objetivo del año 2012, que se alcanza como consecuencia de estas medidas -de no haberse tomado, no se habría alcanzado-, ¿cómo tenemos que abordar ahora el objetivo del año 2013, que es que el déficit sea de cero euros? ¿Cuál
sería el déficit previsto si no tomamos ninguna medida para el año 2013? Sería un déficit de 5.250 millones de euros. Estas cifras son siempre aproximadas, porque en función de cómo evolucione la actividad económica, la demanda eléctrica, las
inversiones podrá ser más o menos, pero las estimaciones del Ministerio de Industria, de acuerdo a su vez con las cifras que nos da la Comisión Nacional de la Energía, están en 5.250 millones de euros. Para ello traemos el proyecto de ley de
medidas fiscales de sostenibilidad energética que se incluyen hoy aquí.
Los objetivos de este proyecto de ley son los siguientes: en primer lugar, armonizar nuestro sistema fiscal con una utilización más eficiente de los recursos energéticos; en segundo lugar, alcanzar la sostenibilidad económica y financiera
del sistema eléctrico; en tercer lugar, establecer un marco normativo y regulatorio que garantice para todos los productores un adecuado funcionamiento del sistema eléctrico;
en cuarto lugar, servir de estímulo para mejorar nuestros niveles de eficiencia energética; en quinto lugar, asegurar una gestión más eficiente de los recursos naturales; y en sexto lugar, apostar por la sostenibilidad energética, la
medioambiental y también la económica y financiera.
¿A qué se van a destinar los recursos obtenidos a través de estas medidas fiscales? Estos ingresos se van a destinar a cubrir determinadas partidas de los costes del sistema eléctrico, que son costes establecidos por la Ley del Sistema
Eléctrico del año 1997. ¿Qué medidas incluye el presente proyecto de ley? Incluye, en primer lugar, impuestos nucleares. En segundo lugar, un canon a la generación hidroeléctrica. En tercer lugar, céntimo verde al gas natural. En cuarto lugar,
céntimo verde al carbón. En quinto lugar, céntimo verde al fueloil y al gasóleo para la generación de energía eléctrica. Y en sexto lugar, un impuesto uniforme del 6 % sobre los ingresos procedentes de la actividad de la generación eléctrica.
Los impuestos nucleares son fundamentalmente dos: uno, un impuesto que va a gravar la producción de residuos nucleares generados por los reactores nucleares que hay en activo en España. Y el otro impuesto nuclear es el impuesto sobre el
almacenamiento de residuos radiactivos. Voy brevemente con cada uno de ellos. Impuestos sobre la producción de residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear. El hecho imponible de este impuesto es la producción del
combustible nuclear gastado más los residuos radiactivos resultantes de la generación de la energía nuclear. El tipo impositivo de este impuesto va a ser un tipo impositivo específico y será de 2.190 euros por cada kilo de metal pesado generado.
La previsión de ingresos con este impuesto para el año 2013 es de 269,6 millones de euros. El segundo impuesto nuclear es el impuesto sobre el almacenamiento de residuos radiactivos. Este es un impuesto que en realidad viene a sustituir a los
actuales impuestos que gravan en esta materia las comunidades autónomas para darle una coherencia y una uniformidad a los mismos. Este impuesto lo que pretende, por tanto, es unificar los hechos imponibles hoy dispersos que están gravados por parte
de distintas comunidades autónomas. Da coherencia, no es que aporte recaudación adicional al Estado, porque eso va a seguir siendo recaudación que obtengan las comunidades autónomas y no va a existir merma alguna en ellas como consecuencia de este
impuesto. El tercer tributo como medida fiscal dentro de esta ley es el canon a la generación hidroeléctrica. Este es un canon que se va establecer por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica. Es un canon
que van a recaudar los organismos de cuenca, destinados a la protección y mejora del dominio público hidráulico. Su hecho imponible es el valor económico de la energía hidroeléctrica producida. El tipo será ad valorem, del 22 % sobre el valor
económico de la energía hidroeléctrica producida, y la previsión de ingresos para el año próximo, 2013, será de 304,2 millones de euros. ¿Cuál sería, por tanto, el impacto de estos impuestos nucleares y del canon para las centrales nucleares e
hidráulicas? Sería un impacto total de 574 millones en euros, que viene de la suma de lo que se estima recaudar en los términos que con anterioridad les he expuesto.
Tercer tributo, céntimo verde al gas natural. Es un tributo que va a recaer sobre todos los consumidores y que se establece en términos de 2,79 céntimos por metro cúbico de gas, con un efecto para el año 2013 de 804 millones de euros.
Cuarto tributo, céntimo verde al carbón. Se establece un tipo específico de 14,97 euros por tonelada, con un efecto para 2013 de 268 millones de euros. Quinto tributo, céntimo verde al fueloil y al gasóleo, 12 euros por tonelada de fuelóleo y
29,15 euros por cada 1.000 litros de gasóleo, con un efecto para el año 2013 de 38 millones euros.
Sexto tributo que establece esta ley de medidas fiscales, impuesto sobre la venta de energía eléctrica. Este es un tributo estatal de carácter directo y naturaleza real que grava la realización de actividades de producción de la energía
eléctrica. Su hecho imponible está constituido por la venta de la producción de energía eléctrica, la base imponible está constituida por los ingresos totales que se perciban como consecuencia de la venta de esta energía eléctrica y los ingresos
vienen dados por el precio de mercado más la prima, en su caso si la tienen, y todo ello multiplicado por la cantidad de energía vendida por parte del sujeto pasivo de cada una de las instalaciones. El tipo es ad valorem único del 6 % y se aplica a
los ingresos obtenidos por cada una de las instalaciones de producción de energía eléctrica. La cuantía total estimada de recaudación por este tributo es de 571,7 millones de euros. En ningún caso la energía imputable a la utilización de un
combustible fósil en una instalación renovable no consumible podrá ser objeto de régimen económico primado. Esto significa que en el proyecto de ley que presentamos la parte de energía termosolar que se produce no con sol, sino con gas -combustible
fósil-, que puede llegar a un 15 %, y que hasta este proyecto de ley está primado como si fuera un régimen especial, deja de estar primado en la parte que se produce con gas. ¿Por qué? Porque en coherencia con este proyecto de ley, que significa
medidas fiscales para la sostenibilidad del sistema energético, no parece que hablando de
sostenibilidad tenga sentido primar la producción de energía eléctrica, aunque esta sea termosolar, cuando en la parte termosolar se esté produciendo con gas. Esa es la razón por la cual queda excluida de este proyecto de ley.
Finalmente, ¿cómo se distribuye entre todos los que intervienen en el sistema la carga de esta recaudación tanto referida al año 2012 como al año 2013? Para el año 2012 el conjunto de empresas soporta el 44 % del ajuste y los consumidores
más la Administración pública un 56 %, todo ello referido a las medidas, reales decretos y orden ministerial, a las que hice referencia al principio de la exposición. En el año 2013, en cambio, las empresas soportan un 55 % y consumidores y
Administración un 45 %. Si consideramos globalmente la distribución de estos ajustes, teniendo en cuenta el de 2012 y el de 2013, resulta que las empresas soportan un 50 % y consumidores y Estado un 50 %.
Termino. Como ven, este es un proyecto de medidas fiscales que tiene como objetivo obtener ingresos necesarios para que a partir del principio de la sostenibilidad medioambiental y financiera del sistema una parte -no todo- del déficit de
tarifa previsto para 2013 pueda ser financiado con cargo a estos ingresos. ¿Es posible eliminar o impedir que se genere ese déficit con otro tipo de medidas fiscales? Probablemente. Si las hay, desde luego al Gobierno le gustaría escucharlas.
Pero querría decirles que al final estos son vasos comunicantes. Si lo que tenemos que obtener es una cifra global, en la que con la consecución de la misma se tapone el déficit para el año 2013, si una medida se flexibiliza, tiene que ser porque
otra aumenta por otro lado. Por tanto, el Gobierno está dispuesto a escuchar, a analizar, a estudiar propuestas que vayan en el sentido de hacer modificaciones; pero, eso sí, cuando se plantee bajar por un lado que al mismo tiempo se diga la
alternativa de por donde subir. Porque ciertamente quiero decirle, señoría, que no ha sido fácil resolver esta ecuación, ya que al final esto es un juego de suma cero: lo que baje por un lado ha de subir por otro; lo que suba por un lado ha de
bajar por otro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado cinco enmiendas a la totalidad de devolución y una enmienda de La Izquierda Plural con texto alternativo. Comenzamos por el Grupo Mixto, pero en este trámite después de la enmienda a la totalidad
intervendrán los miembros del Grupo Mixto para fijar su posición.
Para la defensa de esta enmienda a la totalidad de devolución por parte del BNG tiene la palabra la señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, entre la exposición de motivos de este proyecto de ley y su contenido así como el contenido de la propia exposición de motivos hay grandes contradicciones. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Por un lado, la exposición de motivos afirma que el objetivo de este proyecto de ley es armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad. Sin embargo, tanto en el contenido como en su
argumentación, crea una serie de tributos que no son bajo nuestro punto de vista los instrumentos adecuados para avanzar en una fiscalidad que desincentive comportamientos contaminantes e internalice los costes medioambientales derivados de la
producción de la energía eléctrica, sino que pensamos que su principal finalidad es la recaudatoria. El ejemplo más evidente lo encontramos en la introducción del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica que grava la producción de energía
eléctrica con independencia de si se trata de una fuente limpia o no. Por lo tanto no diferencia entre energías fósiles y energías renovables, y en consecuencia no se produce una discriminación en función del origen de la energía, obviando el
principio de quien contamina paga.
La creación de impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos resultantes de la generación de energía no ocultan la ausencia de una estrategia para avanzar en una fiscalidad verde digna de tal nombre;
ni tampoco ayudan a reorientar el modelo productivo hacia una economía más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Para el BNG, como ya mencionamos, el principal objetivo de estas medidas es el recaudatorio y mucho nos tememos, señor
ministro, que la carga fiscal que supone la introducción de estos tributos acabará trasladándose en buena parte al consumidor, al sistema, como usted lo ha denominado en su intervención. Esta es nuestra principal preocupación.
Por otra parte, este proyecto de ley se suma a otra normativa en la misma línea aprobada ya por el Gobierno en materia energética, y que usted también ha mencionado. Una normativa que frena el desarrollo de las energías renovables cuyo
ejemplo más claro es el Real Decreto-ley 1/2012, que
contempló la supresión de las primas en las energías renovables, y que supuso el toque de gracia al sector eólico en Galicia y a los puestos de trabajo que estaba destinado a crear, en un país además con un enorme potencial para el
desarrollo de dicho sector.
En la aprobación del presente proyecto de ley en el Consejo de Ministros se anunció en aquel momento por parte de la señora vicepresidenta que la reforma era necesaria para cumplir con los objetivos de déficit en general y también de déficit
o agujero -como usted lo ha llamado- tarifario. El BNG considera que no se cumple ninguno de los objetivos citados. Para avanzar en el cumplimiento del déficit el BNG ha expuesto en numerosas ocasiones la necesidad de llevar a cabo una reforma
fiscal integral que impulse los principios de equidad, justicia y progresividad del conjunto del sistema fiscal, de manera que pague más quien más tiene. Esta reforma permitiría conseguir recursos para reducir el déficit público. Sin embargo el
Gobierno se niega sistemáticamente a abordarla, haciendo recaer en las mayorías sociales los costes del ajuste presupuestario en forma de drásticos recortes sociales.
Tampoco creemos, señor ministro, que el proyecto presentado contenga medidas que permitan avanzar en la reducción del enorme déficit tarifario existente, puesto que obvia la principal causa que genera dicho déficit. Para el BNG la causa
estructural del déficit tarifario, con independencia de la incidencia de diversos factores coyunturales, reside en un sistema de generación de precios totalmente opaco e injusto, establecido en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en la que el
precio final de la electricidad en el mercado mayorista viene determinado por el precio de la última oferta aceptada. Puesto que existen tecnologías que producen a unos costes muy inferiores, este mecanismo genera a los propietarios de estas
instalaciones de producción unos beneficios extraordinarios, los conocidos en el sector como beneficios llovidos del cielo, especialmente en el caso de tecnologías casi o totalmente amortizadas, como sucede con las hidroeléctricas y la energía
nuclear. Así, se nos dice que existe déficit tarifario porque el precio de la electricidad no cubre los costes de producción, sin embargo el problema reside realmente en la metodología empleada para el cálculo del coste de producción, a través de
las subastas en el mercado mayorista. Esto es justamente lo que resuelve la paradoja de que los beneficios de las grandes empresas eléctricas sean hoy mucho mayores que los beneficios que obtenían antes de la liberalización del negocio de la
producción, cuando se ligaba el precio de la energía al coste real de producción de cada una de las tecnologías. Así, los efectos de este sistema para el consumidor no pueden ser más perniciosos.
El incremento anual del precio de la electricidad es mayor que el IPC desde el año 2006. De hecho la subida del recibo eléctrico como mínimo ha duplicado al IPC en todos estos años, exceptuando el año 2007. Querer acabar con el déficit
tarifario aplicando nuevos impuestos que repercutirán también en las industrias, como principales consumidoras de energía, solo traería problemas mayores. En Galicia alrededor de 120 industrias, algunas de ellas estratégicas para nuestra economía
como las del sector maderero o el de la alimentación, utilizan la cogeneración para funcionar y con esta ley reducirían su competitividad, aumentarían los costes de producción, y se verían obligadas a despedir a miles de trabajadores. Por lo tanto,
señor ministro, es necesario realizar las modificaciones necesarias para corregir este gran problema estructural en el mercado mayorista de la electricidad, causante de gran parte del déficit tarifario ya existente. Ante la intensidad de la actual
crisis y las dificultades de las familias y las empresas es más necesario que nunca modificar la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.
Para terminar quiero decir que este proyecto de ley no avanza en una verdadera tributación ambiental y como consecuencia, primero, no garantiza mayor sostenibilidad, segundo, no ofrece incentivos que fomenten un cambio de modelo productivo,
y desde luego, señor ministro, no resuelve el problema del déficit tarifario que acaban pagando los ciudadanos cada vez a un precio mayor.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, tiene que terminar.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Por lo que el BNG solicita la devolución al Gobierno de este proyecto de ley de medidas fiscales, sí, pero de inexistente sostenibilidad energética desde el punto de vista medioambiental.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.
Por el mismo grupo, señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Por los dos minutos de que dispongo intervendré desde el escaño y muy esquemáticamente. El señor ministro decía que efectivamente nuestro parque de generación eléctrica tiene 106.000 megavatios instalados y la demanda de consumo diario solo
llega a 40.000. Este es el problema y la dura realidad. En España tenemos un puzzle energético que es un tetris imposible de encajar sin dolor, porque sobran piezas. Es verdad que podemos buscar responsables de esta situación, y yo creo que los
hay más en la bancada de la izquierda que en la de la derecha, pero es verdad que nadie -me temo- estaría libre de culpa. Aquí trabajamos la pasada legislatura por buscar un gran acuerdo sobre energía, que no se consiguió, pero sería una buena
noticia recuperarlo, y desde luego es verdad que no hacer nada hoy no es una solución. Como el tema es muy complejo, debemos ser extremadamente rigurosos para aplicar la medicina exacta que necesita el paciente, ni mucha ni poca, y en todo caso
repartida proporcional y equitativamente.
Es verdad que la reforma tiene una virtud y un defecto, porque ciertamente no ha gustado a nadie, y también es cierto que los afectados, parece ser -los subsectores-, no se habrían sentido escuchados, y a nuestro juicio la propuesta del
Gobierno es mejorable. En todo caso quiero decir que todavía obviamente queda pendiente una verdadera reforma de la energía en nuestro país. En todo caso no me da tiempo a comentar las dieciocho enmiendas que nosotros hemos presentado. No hemos
presentado enmienda a la totalidad ni la vamos a aceptar, pero sí es verdad que creemos que algunos temas se pueden solucionar y algunos otros se deben plantear mejor. Nosotros, como le digo, hemos presentado dieciocho enmiendas que afectan a
muchos subsectores, y en todo caso también hemos añadido una última enmienda en la que pedimos al Gobierno un informe para que detalle el estado de maduración y la realidad de las curvas de aprendizaje de las distintas tecnologías, así como los
niveles de amortización de las distintas inversiones de generación eléctrica para poder ajustar con proporcionalidad y justicia las rentabilidades razonables a cada uno de los generadores.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.
Por el mismo grupo, señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.
Intervendré igualmente desde aquí por el tiempo limitadísimo con el que contamos. Realmente creo que lo primero que tenemos que plantear desde Coalición Canaria-Nueva Canarias es que hay una especie de distorsión entre el título de este
proyecto de ley y su desarrollo, de forma que en la exposición de motivos su propio título habla de sostenibilidad energética, y sin embargo la concreción en el articulado realmente a lo que se refiere es al conjunto de un incremento de impuestos
que podía haberse planteado de forma menos indiscriminada. No son los mismos los distintos modos de producción ni sus repercusiones sobre la economía y sobre el medio ambiente. Por tanto creemos que hay una pérdida de oportunidad que reclamamos
que después de este debate se recupere. Estamos hablando de un sector especialmente opaco, de una complejidad difícil de entender. El señor ministro ha explicado antes muy bien que la capacidad total instalada está por encima del doble de lo que
requeriría el Estado español en el caso de precisarse un pico energético. Esta es la primera cuestión que creemos que habría que aprovechar.
Una segunda consideración está relacionada con los distintos modos de producción energética. Desde luego, y aterrizando rápidamente, respecto a las necesidades de un sistema extrapeninsular, insular aislado como es el sistema canario, es
evidente que no es lo mismo hablar de una forma de producción energética que de otra. Nosotros continuamos esperando que se contemple la necesidad de que los sistemas insulares avancen básicamente a partir de las energías renovables, por ser más
baratas y sostenibles, por disminuir la tradicional dependencia energética, y por incrementar la autosuficiencia energética a partir de fuentes limpias de producción de energía. Por ese motivo no hemos formulado una enmienda a la totalidad, pero
vamos a apoyar las distintas enmiendas planteadas, en el bien entendido de que lo que estamos diciendo es que se aproveche esta oportunidad para regular de verdad el sector y para hablar de la sostenibilidad energética en el futuro en el conjunto
del Estado.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.
Por el mismo grupo, señor Errekondo.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señores del Gobierno, ¿cuál es su verdadero modelo energético? Este proyecto de ley incurre en un vicio profundamente arraigado en este Gobierno del Partido Popular. En la parte expositiva argumenta
contenidos que podemos aceptar todos, pero en su articulado muestra su verdadero rostro y su verdadero modelo energético, y es que del dicho al hecho hay un trecho. Summa cum laude, señor Soria. Una vez más los hechos delatan sus palabras, cuando
el propio ministro Arias Cañete se desautoriza y dice que los compromisos medioambientales no son prioritarios. ¿Es que acaso un ministro no debe cuando menos defender sus propias competencias? Ya vendrán -por supuesto que vendrán- los recortes de
la mano del ministro Montoro Manostijeras, ¡claro que vendrán! También lo delatan los reales decretos 1 y 17, pero sobre todo este proyecto de ley de moratoria de las primas a las renovables, donde el déficit tarifario parecer ser la excusa para
hincar las tijeras hasta el fondo y el impuesto del 6 % la fórmula mágica. Pero este impuesto atenta gravemente al principio de igualdad cuando grava de manera exactamente igual a todos los productores, sean multinacionales o autónomos, contaminen
o no. Esto es una simple y sangrante recaudación que encarecerá el precio al consumidor, que cerrará empresas de generación de energías renovables, y que se aleja gravemente de la sociedad limpia de carbono. ¿Acaso con esta recaudación va a
revitalizar la comarca de Garoña? Ustedes dirán que tienen decenas de programas, planes y compromisos con el Fondo de carbono, con el Cielo Único Europeo, con el libro blanco o con el céntimo verde. Son coloridas palabras vacías. Yo observo los
hechos -los presupuestos, la Ley de Costas, los trasvases de agua, el tren de alta velocidad- y veo el futuro negro, sucio y contaminado como este cielo con millones de toneladas de carbono. Además hoy día hay un excedente de energía del 35 % y
seguimos importando el 80 %, porque el modelo actual está agotado y es mortal de necesidad.
Voy acabando, señorías. Den un giro de 180 grados en la estrategia hacia la soberanía energética, dejen de gastar millones de euros para reducir virtualmente los números de emisión de carbono e inviertan en el sector de las renovables desde
el Estado. Con ello, además de generar un servicio energético eficaz, generarán cientos de miles de puestos de trabajo y limpiarán la atmósfera para garantizar la salud de las personas y de la tierra madre. Este es, señor ministro, el modelo
energético que defendemos. Y para ello nos reafirmamos una vez más en la necesidad de la soberanía de Euskal Herria.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Errekondo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señorías, creo que todos coincidimos en que la energía es un pilar esencial para el correcto funcionamiento de nuestra economía. De la energía depende la competitividad de nuestro tejido industrial, la
sostenibilidad del medio ambiente, el bienestar de los ciudadanos, y en definitiva el desarrollo económico y social. Los retos a los que se enfrenta el sector energético son muchos y muy importantes. Por señalar solo algunos citaré, siendo
consciente de que hay otros muchos, la dependencia energética, los elevados precios de la energía y el cambio climático, todos ellos de alcance global, sin olvidarme de la problemática específica del déficit tarifario, al que luego me referiré.
Dichos retos a los que hay que enfrentarse necesitan propuestas de solución para dar confianza, seguridad y estabilidad no solo a los consumidores, sino al total del sector de la energía, que es estratégico en el sistema productivo.
Es necesario reforzar la política climática y energética disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero y confiando cada vez más en fuentes de energía renovables en lugar de en combustibles fósiles que resultan altamente emisores
de CO2. Al mismo tiempo se debe trabajar en asegurar un mercado integrado europeo de la energía en beneficio de los consumidores y de las empresas que integre definitivamente al Estado español en Europa. Todo ello necesita por lo tanto de la
definición de una política energética, que se defina un modelo energético claro para afrontar todos estos retos en el medio y largo plazo, de forma que los diferentes actores puedan visionar el camino por donde avanzar y tomar sus pertinentes
decisiones estratégicas, en un marco de absoluta seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, de la cual actualmente carece la regulación energética española.
Debemos ser conscientes de que ello ha conllevado, entre otras cuestiones, la falta de estabilidad y seguridad jurídica, a una clara huida de las inversiones e inversores del sector energético en un momento tan importante para la economía
del Estado que a su vez influye en la perspectiva de otros inversores en sectores diferentes al energético. Si a ello le unimos el desequilibrio existente entre ingresos y costes en el sector eléctrico, es decir, el famoso déficit tarifario, que
comenzó hace una década sin que se abordara con seriedad su solución, nos encontramos con un escollo importante para un buen desarrollo de la política energética del futuro; sin solventar el mismo no hay política estable posible.
Como bien conocen el sector eléctrico ha registrado un fuerte crecimiento de sus costes en la última década al asumir costes no relacionados directamente con el suministro eléctrico: la financiación de los apoyos de las energías renovables,
las subvenciones al carbón, las subvenciones a los sistemas eléctricos extrapeninsulares, anualidades del déficit tarifario, financiación de los planes de eficiencia energética, etcétera, y al asumir en exclusiva el esfuerzo del desarrollo
renovable. Los sucesivos Gobiernos no han trasladado a las tarifas de acceso gran parte de este incremento de costes para no asumir los costes políticos derivados de ello, generándose un déficit de tarifa con carácter estructural de unos 5.000
millones de euros anuales y 28.000 millones de euros acumulados. Como resultado de lo anterior, a pesar de contar con un mercado energético teóricamente competitivo, el precio final que asumen nuestros consumidores y empresas se sitúa entre los más
elevados de Europa, lo que tiene un impacto muy negativo sobre nuestra competitividad, y por tanto sobre el crecimiento económico y el empleo.
El proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, de 28 de septiembre de 2012, tiene como motivos y por lo tanto como objetivos, según reza literalmente su enunciado, los siguientes: armonizar el sistema fiscal con
un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad. La sostenibilidad ambiental requiere de un marco normativo y regulatorio que garantice a todos los agentes el adecuado funcionamiento del modelo energético, que además
contribuya a preservar nuestro rico patrimonio ambiental. Uno de los ejes de esta reforma tributaria será la internalización de los costes medioambientales derivados de la producción de energía eléctrica, como estímulo para mejorar la eficiencia
energética y que contribuya a la integración de las políticas medioambientales. Pues bien, ninguno de esos objetivos está en el fondo de esta ley, que no pretende sino la imposición de puras y duras medidas fiscales mediante nuevos impuestos con el
objetivo de intentar tapar el déficit de tarifa que se genera cada año. Entendemos claramente que hay que darle una solución urgente, pero siempre, señor ministro, desde la coherencia.
El Gobierno ha optado por sacarse de la manga una nueva batería de impuestos discriminatorios, sin ninguna justificación ambiental ni económica, que acabarán siendo pagados por los consumidores y los generadores más eficientes. Además no
solo no ha sido consensuada con los sectores afectados ni con los consumidores, ni siquiera ha sido comentada con los mismos, por no hablar de la falta de interlocución, al menos con nuestro grupo parlamentario, que siempre ha tendido la mano para
un diálogo eficaz que permitiera dar solución a los problemas que se plantean en el sector energético.
Para hacer frente a esta situación el Gobierno a nuestro entender en estos diez meses debería haber planteado, en primer lugar, una verdadera reforma del sector energético, es decir, qué modelo energético ambientalmente sostenible queremos y
qué costes estamos dispuestos o podemos asumir para su desarrollo, de forma que garantice la certidumbre regulatoria a largo plazo, la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria, que también garantice la sostenibilidad económica del sector, la
seguridad de suministro y descarbonice la generación eléctrica. Y una vez planteado el modelo energético que se quiere para el futuro y en coherencia con el mismo, plantear la solución en paralelo al importantísimo problema del déficit tarifario.
La reforma que vemos está muy alejada de dar señales medioambientales coherentes y tiene un evidente objetivo recaudatorio, con elevadas dosis de improvisación y sin los rigurosos estudios que deberían soportar no solo las parametrizaciones de los
impuestos concretos, sino la cuantificación de los efectos colaterales negativos que la nueva norma generará.
Por señalar algunos ejemplos diré que en el Estado español hay centenares de empresas industriales y manufactureras donde los procesos productivos requieren energía eléctrica y térmica, vapor o calor, véase la industria química,
automovilística, ganadera, papelera, alimentaria, farmacéutica, petroquímica, etcétera, que han invertido en cogeneración para tratar de reducir uno de los costes más importantes, la energía, y tratar de ser competitivos. Esta industria es la
generadora del 40 % del PIB industrial y del 62 % de los puestos de trabajo en la industria. Las medidas fiscales propuestas, de cargarlas con un 6 % de impuestos sobre las ventas de energía y del céntimo verde del gas, golpean su cuenta de
resultados con el efecto devastador que ello puede tener. Hay también casi un millar de minicentrales hidroeléctricas, poseídas de varios centenares de empresas, calificadas como pymes, y que crean mucho empleo repartido por la geografía del
Estado, que se van a ver claramente perjudicadas por las medidas fiscales propuestas de cargarlas con un 8,2 del impuesto, y con cánones sobre las ventas de energía que el proyecto de ley desea implementar, y a otras fuentes renovables como
termosolares o tratamientos de residuos. Muchas de estas empresas, como usted bien sabe, señor ministro, están en Euskadi y es nuestra obligación defenderlas. Por todo ello creemos que es un error tratar de establecer las medidas para la solución
del
déficit tarifario sin haber defendido el modelo energético de futuro que queremos y necesitamos, pues hacerlo al revés dará como resultado medidas que podrían ser contrarias al futuro modelo energético.
Los pilares básicos que el Grupo Vasco preconiza como modelo energético para el futuro deben contemplar, como no puede ser de otra manera, el cumplimiento del famoso Plan 20 20 20: una reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero, un aumento del 20 % de la cuota de energías renovables, y una reducción del 20 % del consumo de energía mediante la eficiencia energética para el año 2020. Y no ha empujado pertinazmente los trabajos desarrollados tanto desde dentro
como fuera del Parlamento, de forma que en la citada política energética del próximo futuro se reflejen los objetivos básicos de competitividad, sostenibilidad y seguridad de suministro, de forma que se materialice bajo los siguientes aspectos. El
aspecto de la competitividad supone que un mercado en competencia reducirá los costes para los ciudadanos y empresas y estimulará la eficiencia energética en la inversión, lo cual redundará en la mejora del sistema productivo y en las propias
economías familiares. El aspecto de la sostenibilidad conlleva la promoción de las políticas ambientalmente sostenibles para combatir el cambio climático. Finalmente, está el aspecto de la seguridad del suministro. Las medidas para un
funcionamiento eficaz y competitivo del mercado interior de la energía pueden ofrecer importantes ventajas en términos de seguridad de la oferta y los altos estándares del servicio público, como la capacidad de interconexión o el propio desarrollo
de la producción de electricidad mediante energía renovable, o la capacidad de respaldo de la producción con gas y sus adecuados incentivos. En definitiva, la propuesta que nos traen, a nuestro modo de entender, es un parche que no soluciona ni el
problema del déficit ni lanza señales medioambientales al no abordarse con rigor ambos elementos. Por todo ello, proponemos una enmienda a la totalidad constructiva. Proponemos la retirada del proyecto de ley pensando que permitirá -en un marco de
mayor diálogo que el existente y en el que nos ofrecemos a una colaboración leal y constructiva- plantear modelos energéticos sostenibles de verdad y que no tengan efectos colaterales en los múltiples elementos que acompañan al suministro eléctrico.
En opinión del Grupo Vasco, ni cumple con los objetivos que anuncia ni aborda las medidas que han de ser implementadas para la corrección de las ineficiencias del sistema. No compartimos en modo alguno que la solución al sistema eléctrico pueda
pasar por el incremento de impuestos a las industrias y cánones a las hidráulicas. Por el contrario, entendemos que perjudica a la competitividad de las empresas y la industria -eso al Grupo Vasco nos preocupa enormemente-, por lo tanto perjudica
al empleo en un momento tan sensible y tan delicado como el que estamos viviendo. Por ello, esperando que el Gobierno tenga la voluntad de acordar y pactar sobre la base de las enmiendas que hemos presentado al proyecto, votaremos la enmienda a la
totalidad por la que se solicita la devolución del mismo para que sea modificado en el sentido propuesto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el grupo Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, me parece que no voy a ser muy original en las cosas que le voy a decir, porque son tan evidentes que todos los grupos precedentes las han ido repitiendo y me temo que los sucesivos también. Como ustedes han presentado como
un éxito de su proyecto de ley el que casi todos los sectores afectados se han quejado, igual también consideran un éxito de la ley el que todos los demás grupos nos quejemos de los mismos puntos débiles de su ley. Francamente, creo que no es así.
Usted nos ha hecho un repaso, con un cierto tono triunfal, por las diferentes medidas que su Gobierno ha ido tomando en materia de política energética, pero la verdad es que creo que no hay ninguna razón para enorgullecerse de una coherencia o de
una planificación que sigue brillando por su ausencia. Le voy a poner un ejemplo a vuelapluma, y se lo pongo yo que no soy un experto, por lo tanto es un ejemplo al alcance de cualquier persona que haya observado la política energética de su
Gobierno o quizá la improvisación en materia de política energética. Cuando ustedes suprimieron las primas a las renovables, uno de los sectores que quedó al margen de esta supresión, o que quedó menos tocado, fue el de la termosolar. Pues ahora,
a la energía termosolar que había quedado con unas reglas de juego equis se le vuelven a modificar las condiciones de juego, porque con la subida fiscal del uso del gas también pasa a perder competitividad, rentabilidad, etcétera. Es decir, estamos
asistiendo a un constante cambio de las reglas del juego y a una constante inseguridad jurídica también en el campo de la inversión. Lo de siempre. Lamento tener que decirlo. Seguimos sin tener, o a que su Gobierno nos traiga aquí, un proyecto de
política energética digno del tal nombre. No lo decimos ni siquiera los grupos de la oposición de la Cámara, no se trata de fastidiar
y no ser constructivos, es que lo dice también un informe muy reciente de la Comisión Europea titulado Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de España, que hace bastante referencia a los fallos de política
energética y a su repercusión en la crisis económica y, sobre todo, en su empeoramiento. Le voy a leer un párrafo muy breve porque luego me referiré algo más a una de estas cuestiones. Dice el informe de la Comisión Europea: Aunque una reducción
de los costes de la electricidad debería contribuir a disminuir el déficit tarifario -a lo que usted ha hecho referencia fundamental en su intervención. Sigo la cita- la subida de las tarifas aplicadas a los consumidores puede frenar el consumo
interno y reducir la competitividad exterior de las empresas. Una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario, a favorecer una compensación excesiva de algunas
infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas ya amortizadas, o a mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente a las minas de carbón. Estas medidas no se han
traducido en menores precios por lo que obstaculizan el crecimiento económico. Fin de la cita.
Como supongo que todos estamos de acuerdo en que uno de los objetivos básicos de una política energética en la actualidad debería de ser revitalizar la actividad económica, creo que eso es lo primero que debería tenerse en cuenta a la hora
de evaluar su proyecto de ley. En ese sentido, no puede ser una evaluación más negativa porque, como ya le han dicho y seguro que se lo van a volver a decir, esta es una ley básicamente recaudatoria. Es verdad que invoca nobles conceptos como el
de sostenibilidad, el del respeto medioambiental y el de un mix energético más activo en este sentido, pero a la hora de la verdad utiliza esto como pretexto para lo que no es otra cosa que una serie de medidas fiscales recaudatorias, que además al
final van a repercutir siempre en los consumidores. Además, usted ha dicho antes haciendo un ejercicio de justicia distributiva que el coste de estas medidas fiscales se va a repartir a partes casi equitativas entre empresas, administraciones y
consumidores. Hemos de decir que en gran parte esta fiscalidad nueva acabará repercutiendo en las tarifas eléctricas casi con total seguridad. Espero que no hayan incurrido ustedes otra vez en la misma ingenuidad con la que nos vinieron aquí con
el asunto de los desahucios, diciendo que con un código de buena conducta los bancos se iban a comportar estupendamente en esta materia, y que ahora piensen que ocurrirá igual y que las grandes empresas eléctricas también serán piadosas, se
compadecerán del pobre consumidor y no repercutirán en la factura lo que sencillamente su proyecto de ley les permita hacer, que es repercutirles el aumento de fiscalidad. Además, la parte que corresponde a las administraciones también va a ser
sufragada por los mismos consumidores, vía evidentemente impuestos del Estado, de manera que al final al menos más de la mitad de esta fiscalidad del proyecto de ley va a repercutir de una manera o de otra en los consumidores particulares.
Respecto a los consumidores industriales, también se ha hablado de esto y seguro que se va a hablar más, el asunto es todavía -no sé cómo calificarlo para que no parezca algo demasiado derogatorio- más irracional. Si la economía actual
pende de un hilo, y ese hilo es gran parte la economía exportadora basada en la industria y resulta que encarecemos la energía de la industria, de tal manera que se habla ya de un aumento de costes del 15 % y además se castiga a políticas
energéticas que han sido eficientes como la de cogeneración de grandes industrias, al convertirla de repente de un día para otro en producción de electricidad también gravada por el Estado, ¿qué es lo que estamos haciendo? No solamente acabar con
la competividad industrial sino profundizar en la fosa, en el agujero de la crisis económica en el que ya estamos. Como decía alguien antes, igual ya hemos llegado al fondo, pero siempre se pueden excavar túneles. De manera que este podría ser un
túnel que acabara ya definitivamente de desanimar la actividad industrial en España y por lo tanto agravar la crisis. Así el objetivo fundamental de su ley, que es obviamente aumentar la recaudación para disminuir el déficit público, también
fracasaría porque al final acabarán recaudando menos, entrando en la espiral perversa de rendimientos decrecientes en la que ya está por ejemplo nuestro país vecino Portugal y otros Estados de la Unión Europea.
Si vamos repasando luego los objetivos que se planteaba la ley en su exposición de motivos nos encontramos con una suma de contradicciones, de paradojas, por tanto con una solución chapucera a todas ellas. Si el gran problema del déficit
tarifario en España -en esto existe consenso incluso en la Comisión Europea- viene como consecuencia de una mala regulación del mercado, aborden de una vez la regulación del mercado comenzando por un conocimiento público de la verdadera estructura
de la formación de precios, que sigue siendo un campo misterioso prestado a todo tipo de especulaciones. Como digo, no soy un experto para nada en esta cuestión, pero como me he ocupado de ello por reparto del trabajo parlamentario en nuestro grupo
estoy verdaderamente interesado y muy entretenido, porque
no importa con quién se hable da una explicación completamente diferente de cómo es el mercado de la energía en España. Hay un problema de opacidad. Aborden el problema de la opacidad, consigamos un mercado mucho más transparente, sepamos
realmente lo que cuesta la producción en las diferentes fuentes de energía de la electricidad y a continuación veamos qué medidas fiscales corresponden. Que haya una subida lineal para todo el mundo del 6 %, completamente al margen de su
eficiencia, es evidente lo que está haciendo, está desincentivando la eficiencia y al final aumentando también linealmente el coste de la energía de la tarifa eléctrica. Lo mismo ocurre con la competencia. El mercado de la energía español, no es
que lo digan solamente los antisistemas -entre comillas-, lo dice todo el mundo, es un mercado con rasgos oligopólicos, y hay que acabar con ellos. Como consecuencia de estos rasgos oligopólicos y de los bandazos lamentables en política energética
de los últimos Gobiernos, tenemos un mix energético muy caro. Habrá que afrontarlo y no solamente decir que tenemos una potencia instalada enorme y que consumimos mucho menos, luego nos sobra parte del mix y allá cada cual, que cada palo sostenga
su vela.
Fines medioambientales. Hay contradicciones tan patentes como invocar fines medioambientales y luego la fiscalidad castiga más a los que producen menos dióxido de carbono, pero los que producen más, como carbono y fuelóleos, tienen menos
fiscalidad. ¿Cómo se explica esto? Habrá claves arcanas que quizás usted quiera explicarnos, pero desde el punto de vista simplemente de saber contar esto es completamente contradictorio. Si se trata de reducir las emisiones de CO2, habría por
tanto que penalizar fiscalmente más a quien más produce, no a quien menos. Añadamos que en el caso del carbón no solamente hay un impuesto sobre la energía producida por carbón sino que además está subvencionado; en fin, cosas verdaderamente
difíciles de justificar.
Como le digo, a nosotros lo que realmente nos preocupa es el daño que hace esta ley a la competitividad de las industrias españolas. He leído por ahí -no lo ha expresado usted con claridad- que al parecer al final esto se podrá tratar con
las industrias afectadas en forma de posibles exenciones. Entonces estaríamos en lo de siempre, en ingeniería contable que no resuelve los problemas de fondo del déficit público y que lo que hace es trasladar deuda de un año para otro. Si luego se
va a retribuir o a devolver a las empresas que tienen cogeneración lo que han tenido que pagar por el impuesto sobre producción de electricidad o sencillamente por la subida de la tarifa, lo que estaríamos haciendo es eso, según entiendo.
Finalmente, ocurre lo mismo con el reparto fiscal. Es decir, es muy loable que por fin un gobierno haya descubierto que del coste del tratamiento de los residuos nucleares, de los que se hace cargo el Estado, deberían hacerse cargo las empresas que
los producen. Si ustedes los ponen como parte del coste de producción de la energía esto se va a trasladar finalmente a la tarifa eléctrica. ¿Por qué no lo trasladan -es una sugerencia; considérenlo ustedes- al impuesto sobre sociedades para que
lo paguen realmente las empresas y no solamente los consumidores? Lo mismo ocurre con el impuesto sobre el gas, que castiga la cogeneración, aparte de aquello a lo que ya me he referido del extraño cambio de reglas de nuevo respecto a la
termosolar. En su momento hablamos en Comisión -quizá se acuerde usted- de que era también difícil de entender que se cortara la hierba debajo de los pies a la fotovoltaica, a la eólica y a otras fuentes renovables y quedara al margen la
termosolar; ahora al parecer también le ha llegado el turno. Desde luego, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de dar la imagen de un país donde es posible invertir, esto no puede ser peor mensaje ni peor noticia para los mercados y
para los inversores internacionales. Como les decía, nos parece muy mal que sigamos con la misma política, que la mala regulación del mercado energético recaiga finalmente sobre los consumidores y que después sean las industrias, el sector en este
momento más dinámico y más importante para la recuperación económica, las principales perjudicadas en esta cuestión, así como que no se tenga en cuenta mantener lo conseguido estos años, pese a la mala política de primar a renovables, en el campo de
los desarrollos tecnológicos y de los desarrollos industriales y que ahora de repente parezca que las renovables nos sobran. Si ya se han desarrollado, si es un sector importante de empleo, de investigación, de innovación y además permite aumentar
el bajísimo margen de autonomía energética de España, ¿a qué viene esto de que de repente ya no tiene ninguna importancia cuál sea la fuente de energía desde el punto de vista del tratamiento fiscal?
Para finalizar, en nuestra opinión esta ley no mejora la competencia en el sector energético ni regula mejor el mercado sino que, al revés, lo deja como está. Por tanto, no va a conseguir su objetivo de mejorar la sostenibilidad sino que,
al revés, lo que hace es congelar un mercado de la energía y un sector de difícil sostenibilidad. No tiene en cuenta la innovación tecnológica que se ha producido en el campo de las renovables ni adapta el mercado a estas, por tanto, también
renuncia a objetivos de aumentar la autonomía
energética del país y no avanza absolutamente nada -lo siento- sino que aumenta la opacidad del mercado energético, que es en gran parte, como todo el mundo ha estado de acuerdo, el origen del problema del déficit tarifario. Hasta que no
haya un mercado regulado de una manera mucho más transparente el déficit tarifario seguirá siendo la espada de Damocles que pende sobre todo el sector energético español. Por eso pedimos al Gobierno que vuelva a presentar la ley en otros términos.
Por supuesto existirá la oportunidad -si ustedes lo consideran- de discutir las enmiendas parciales, pero consideramos que en su conjunto la ley, como tal, no es sostenible.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de La Izquierda Plural, para su defensa de la enmienda de texto alternativo, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.
Señor ministro, señorías, dividiré mi intervención en dos partes, una explicando el porqué de la enmienda a la totalidad y otra explicando la propuesta de texto alternativo que desde nuestro grupo parlamentario hemos traído a esta Cámara.
Es una propuesta de texto alternativo que propone una reforma fiscal verde trabajada conjuntamente con Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife y WWF. Por tanto, es una propuesta trabajada que aborda
realmente una reforma en profundidad de la fiscalidad verde.
Entraré, primero, en el porqué a la enmienda a la totalidad. Señorías, cuando vimos el proyecto de ley nos planteamos presentar una enmienda a la totalidad que fuera más allá del proyecto de ley. Es una enmienda a la totalidad de hecho a
su política energética, a su política fiscal y a su política medioambiental, porque estas tres políticas se caracterizan por la temeridad y la irresponsabilidad, por no mirar el medio y largo plazo, por ser injustas -siempre en las tres políticas
reciben los más vulnerables-, pero también por ser inútiles para los objetivos que plantean. De hecho, si el conjunto del Gobierno ya se caracteriza por el incumplimiento de sus compromisos electorales, la confusión permanente, la manipulación del
lenguaje y la descoordinación entre ministerios, en política energética realmente se llevan ustedes el premio gordo, señor ministro.
Usted ha aprovechado su intervención para revisar qué es lo que ha hecho en política energética. Yo también quería empezar por ahí. Solo repasemos algunos ejemplos de esta descoordinación y los despropósitos en política energética. Su
primera declaración pública fue que alargarían la vida útil de Garoña, y sin esperar ni las pruebas de seguridad ustedes aprobaron una orden sin saber ni siquiera si la compañía quería alargar la vida útil; un ridículo de primera, cegados por el
dogma pronuclear. En segundo lugar está el primer decreto que aprobaron este año, el decreto del parón a las renovables, causando un impacto destructivo en el empleo en el sector pero sobre todo hipotecando nuestra autonomía, nuestra seguridad
energética y nuestra balanza comercial. Es el único Gobierno de Europa que declara la guerra a la energía limpia y autóctona mientras usted se dedica a aplaudir el petróleo y las perforaciones de gas sky. Sinceramente, es incomprensible, el mundo
al revés. Usted decía que ustedes no han parado las renovables, que las han dejado libremente. Lo que usted tiene que tener en cuenta es la aportación positiva que hacen precisamente las renovables, tanto rebajando el precio de la energía en el
mercado como la necesidad de mantener esas primas para madurar la tecnología. Ustedes las han parado, no han revisado a la baja las primas, han decidido suprimirlas. Otra gran decisión que han tomado recientemente. Por si no fuera bastante,
ustedes se han dedicado a bloquear en Europa la Directiva de eficiencia energética y finalmente no han votado a favor. Aquí en cambio también se ponen barreras a las políticas de ahorro y eficiencia o se ahoga al IDAE, por ejemplo ahora diciendo
que los recursos del IDAE pueden ir también a paliar el déficit tarifario, por no hablar también de la transición en las cuencas mineras, a las que han dejado sin horizonte para un cambio de su economía.
Hoy también usted ha comentado aquí otro episodio lamentable. En el preámbulo del Real Decreto 13/2012 ustedes afirman que la sobrecapacidad del sistema hacía innecesarios los pagos por interrumpibilidad. Efectivamente, lo compartimos.
Pero ahora tienen una orden, hecha exprés en campaña electoral, que dice que incrementarán el 70 % de los pagos por un servicio que no se va a usar. En pocos meses es un balance realmente negro, lleno de arbitrariedades, decisiones que van contra
el sentido común y que precisamente explican que el Gobierno no está al servicio público en general sino al servicio de unos intereses que desde luego no son los de los ciudadanos. Por si no teníamos bastante con este balance en pocos meses, nos
presentan este proyecto de ley, que recordemos vino precedido de un auténtico circo en el Gobierno. Usted, señor ministro, decía A pero luego venía el señor Montoro y decía B, creando
realmente un estado de pánico en todo el sector energético, cada día con nuevas cifras y nuevos comentarios sobre lo que iba a ser ese proyecto de ley. Lo que han conseguido con todo eso es la unanimidad de todo el mundo en contra de lo que
plantean. De hecho, esta ley es el resultado de lo que hoy ya sabemos: un Gobierno que ignora la crisis ecológica y que niega el cambio climático. El otro día tuvimos un ejemplo. El secretario de Estado de Medio Ambiente en la Comisión de Cambio
Climático dijo que él ni afirma ni desmiente la existencia del cambio climático. En esa línea están. Si los responsables de medioambiente lo niegan no nos imaginamos el responsable de Industria y de Energía. Por tanto, es el resultado de esa
miopía energética pero también de esta insensibilidad social en política fiscal. Este proyecto de ley bebe de esta cosmovisión del Gobierno. Entrando en los contenidos concretos, lo titulan como ley de sostenibilidad energética, pero su contenido
-como han dicho ya otros representantes- es contradictorio con los objetivos que dice defender. En relación con la sostenibilidad energética, usted ha planteado cinco problemas y los cinco van de déficit tarifario. Señor ministro, la
sostenibilidad energética significa también reducir nuestra dependencia energética del exterior y fomentar energías autóctonas como las renovables, en un país con un 85 % de dependencia exterior con un coste económico altísimo. Sostenibilidad
energética es mitigar el cambio climático y cumplir con nuestras obligaciones de reducción de emisiones. Tenemos un mix muy basado precisamente en combustibles fósiles con unos precios al alza gracias a la crisis energética. Sostenibilidad es
poder pagar nuestra energía y el déficit tarifario, claro que sí; eso lo compartimos, pero ustedes insisten en culpar solo al sector de las renovables del déficit tarifario, cuando el gran problema es la mala regulación, un mercado opaco y
oligopolístico que permite la especulación en las subastas o la sobrerretribución de la nuclear y la hidroeléctrica. No es cuestión de que cada uno tenga su opinión sobre el mercado, es que a la propia Comisión Europea le alarma, ante el programa
de reformas que presenta España, el déficit tarifario, que se debe precisamente a un sistema de tarificación de la electricidad ineficiente y que compensa excesivamente algunas tecnologías ya amortizadas. No lo decimos nosotros sino la Comisión
Europea, que también les saca tarjeta roja por el parón a las renovables; pero ustedes como si nada.
Otra cuestión en cuanto a la sostenibilidad es aumentar el ahorro y la eficiencia energética como objetivo fundamental para transformar nuestra economía. Cada vez que le hablamos de ahorro usted se lleva las manos a la cabeza. En la
primera comparecencia que tuvo en esta Cámara ya lo dijo: No, no, ahora no conviene ahorrar. Sí que conviene ahorrar, porque el gran problema de España es la dependencia y el consumo en su modelo. ¡Claro que con la crisis ha decaído el consumo!
Es evidente, pero tenemos que hacer los deberes para que nuestra economía sea realmente sostenible, porque, si no, no sobrevivirá al siglo XXI. Ustedes lo que hacen precisamente es reducir el presupuesto a las medidas de eficiencia y poner un
céntimo verde a la cogeneración. Además, la sostenibilidad energética, señor ministro, no es solo electricidad. Habría que hablar también de otras cuestiones: de movilidad, de residuos, de política industrial; pero nada de nada. En definitiva,
de sostenibilidad energética esta ley no va.
En segundo lugar, ustedes también tienen la desfachatez de hablar de medio ambiente y de internalizar los costes medioambientales en el preámbulo, pero no es verdad. Eso ya es una provocación. Las medidas no persiguen un uso más eficiente
de los recursos ni la internalización de los costes medioambientales. Al imponer una tasa a la producción de todas las energías del 6 %, olvida precisamente la aportación social, medioambiental y económica de las energías limpias y pone en peligro
el objetivo del 20 % de generación proveniente de renovables, obligatorio en la Unión Europea. Además, esa tasa homogénea al régimen especial y al resto provoca que unos puedan repercutir en el precio y otros no. No es que no sea verde lo que
propone, es que es fiscalidad marrón. Ustedes penalizan precisamente a las más eficientes y a las limpias con la estructura fiscal que han planteado. Sinceramente, decir que fiscalidad verde es lo que ustedes aplican es como decir que el IVA es un
impuesto progresivo, no se aguanta por ninguna parte. Además en lo que plantean es un proyecto injusto; no solo es contradictorio y antiecológico, sino que es profundamente injusto porque la aplicación de estos impuestos sin cambiar en profundidad
la regulación hace que los consumidores y las pequeñas empresas paguen más, mientras que las eléctricas mantienen su dominio y control del mercado y los grandes consumidores son premiados con sus pagos. Ustedes aumentan la inequidad en lugar de
aplicar programas de eficiencia energética, de reducción de nuestro consumo, y lo encarecen dificultando el acceso de muchos consumidores a un bien básico. Es injusto porque penalizan de nuevo a los que ya han hecho medidas de eficiencia como la
cogeneración y, en cambio, no aplican el céntimo verde a otros sectores, lo que estaría más justificado. Otro motivo es la inseguridad jurídica. Tanto que hablan de atraer inversiones, sin embargo este proyecto de ley vuelve a acentuar la
inseguridad jurídica creada en el sector energético, provocando la deslocalización y la huida
de gran parte de nuestra tecnología renovable. En quinto lugar, no solo le suman al sector inseguridad jurídica sino inseguridad presupuestaria, porque, en lugar de estar financiada la eficiencia energética y la aportación a renovables vía
tarifa, ustedes la asignan a las arbitrariedades del Gobierno en estos presupuestos generales.
En sexto lugar, esta ley también puede penalizar el autoconsumo, que todavía esperamos que se regule, y la distribución más democrática de la energía, porque han cambiado en el último momento la redacción y hablan de penalizar la
incorporación al sistema. No entendemos si aquí quieren incluir también el autoconsumo en ese sentido. Lo más insoportable es que, después de todo ese contenido, ustedes utilicen alta dosis de demagogia en su exposición de motivos. Hablan de
sostenible y de verde en una ley que ni es sostenible, ni verde, ni es útil para los objetivos. Con esta ley lo que pasará, señor ministro, es que dentro de seis meses nuestro sistema eléctrico seguirá teniendo los mismos problemas y los mismos
déficits. El fin del impulso de las renovables y el fomento de los combustibles fósiles y de la energía nuclear seguirá encareciendo la luz y el gas y acrecentando nuestra vulnerabilidad por el aumento de nuestra dependencia energética. Estaremos
más cerca de una crisis energética simplemente por haber apoyado unas fuentes energéticas de las que no disponemos y haber abandonado aquellas de las que disponemos ilimitadamente. Ustedes pretenden con su ley un mero maquillaje para no entrar en
profundidad en el fondo del sistema eléctrico; una ley -la de 1997- herencia del Partido Popular pero que en ocho años el Partido Socialista tampoco cambió y que nos tiene hipotecados y no permite tratar la energía como un servicio público
estratégico.
Por eso, ante un proyecto de ley que dice que es de sostenibilidad energética pero realmente es de recaudación fiscal, les proponemos precisamente una reforma fiscal verde que genere ingresos al Estado pero que cambie nuestro modelo de
desarrollo; una reforma fiscal que apueste por la suficiencia, la progresividad y la equidad; un instrumento para el cambio de modelo. España no puede permitir continuar con la senda de contaminar y depender del exterior energéticamente. El
objetivo que buscamos es cambiar de patrones de comportamiento para que quien contamine pague en lugar de que todos paguemos con recursos públicos o con nuestra salud. Esta alternativa plantea también promover y abaratar usos eficientes
sostenibles, como en movilidad, en transporte público, en agricultura ecológica, en rehabilitación de edificios y en bienes saludables; un instrumento efectivo para la sostenibilidad y para empezar la transición de nuestro modelo industrial bajo en
emisiones, eficiente y más autónomo. O empezamos ya o nuestro 25 % de personas que están en búsqueda de empleo no podrán encontrar trabajo en una economía obsoleta basada en su modelo de sol y playa de los años setenta, porque realmente estamos
volviendo a los años sesenta y setenta con los grandes éxodos de gente joven buscando trabajo en el exterior.
La enmienda a la totalidad con texto alternativo presenta medidas para avanzar precisamente en una fiscalidad verde auténtica mediante una reforma integral que persigue un cambio de modelo radical con una salida a la crisis económica y
ambiental. Se proponen alternativas para avanzar en materia energética y se promueven los sectores económicos más sostenibles que son también intensivos en puestos de trabajo y ayudan a la creación de empleo. Se acometen cambios en el actual marco
normativo fiscal introduciendo criterios ambientales en impuestos existentes, creación de nuevos impuestos y reforma con criterios ambientales de la fiscalidad de las haciendas locales. Pondré algunos ejemplos. Se prevé un nuevo impuesto sobre la
energía nuclear, pero no con lo que ustedes plantean sino un impuesto que realmente soporte los costes de mantener almacenados esos residuos. Por otro lado, también hay nuevas figuras sobre el vertido y la incineración de residuos, o un nuevo
impuesto sobre el cambio de uso del suelo para combatir la especulación y aportar fondos al mantenimiento de nuestra biodiversidad. Además, aplicamos nuevos impuestos a sustancias tóxicas o carcinógenas, que tienen un impacto negativo en nuestra
sociedad. Estos impuestos se suman a modificaciones que se introducen en otros impuestos existentes sobre hidrocarburos, matriculación, impuesto sobre sociedades e IRPF para fomentar precisamente las inversiones medioambientales y otros hábitos
saludables.
En definitiva, son unas medidas para que los sectores más sostenibles y eficientes crezcan y, en cambio, reduzcamos aquello que nos perjudica en nuestras finanzas públicas pero también a toda la sociedad. Les planteamos avanzar como lo han
hecho el resto de países de Europa; les planteamos nuevos y mejores ingresos. Lo que presentamos como enmienda a la totalidad -continuaremos insistiendo en esta Cámara- es apostar por un desarrollo legislativo de la fiscalidad verde. Necesitamos
otros ingresos y otros gastos. Su política de gastos nos lleva a un austericidio de desempleo, pobreza y sufrimiento, pero su injusta y obsoleta política de ingresos nos está llevando a un aumento exponencial de la desigualdad, a profundizar en las
debilidades de nuestro modelo económico y -diría más- a poner en
jaque nuestra democracia ante la percepción de injusticia. Señorías, hoy les pido que miremos al futuro cambiando el presente. Veamos el medio ambiente como una oportunidad también de salida de la crisis y creación de empleo. Abandonen la
demagogia y el uso de palabras como sostenibilidad que ustedes vacían de contenido; abandonen la retórica y llenen de contenido sus políticas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Industria, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha planteado esta enmienda a la totalidad para demostrar y mostrar ante el Congreso de los Diputados nuestra gran preocupación por el
resultado final que pueda tener esta tramitación de este proyecto de ley en esta Cámara. Sabemos, señor ministro, que usted es una persona seria, rigurosa, dialogante, lo ha demostrado con este grupo parlamentario en diferentes ocasiones. Por eso
querríamos pedirle que utilice sus virtudes en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley sobre medidas fiscales de cuestiones energéticas para intentar cambiarlo radicalmente, ya que, desde nuestro punto de vista y desde nuestra posición
política, si no se produce un cambio radical durante su tramitación, va a ser muy perjudicial para las familias y para los hogares españoles, va a ser letal para la industria española y la economía productiva. En definitiva, señor ministro, la
aprobación de este proyecto de ley sin cambios sustantivos y relevantes va a presuponer una expulsión de facto de una política industrial moderna e innovadora tan necesaria para la reactivación económica de nuestro país. Si no se producen cambios
radicales vamos a retroceder al siglo pasado, a la política industrial de los años cincuenta.
Señor ministro, de no haber cambios sustanciales, los más perjudicados por la aprobación de esta ley van a ser las familias y los hogares españoles, que van a ver incrementado el recibo de la luz inmediatamente después de su aprobación en un
6 %; los más perjudicados van a ser las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y los trabajadores autónomos, que van a ver incrementado su recibo de la luz en un 10 % y, finalmente, también las más perjudicadas van a ser todas las empresas
importantes de nuestro país, que configuran más de un 75 % de nuestro tejido industrial ligado a la cogeneración, que van a ver incrementado el precio de la electricidad en un 15 %. Independientemente de estos incrementos que, necesariamente, se
van a producir -y que ya se están produciendo porque algunas empresas ya están trasladando a los precios del pool estos incrementos que resultan en esta ley en estos momentos-, que van a ser reales rápidamente, si usted analiza cuál es la posición
de los precios industriales de la economía doméstica en este país respecto de la media europea -usted sabe perfectamente que hoy los precios energéticos de la economía doméstica son un 30 % más caros que la media europea, señor ministro- y si
analiza también que los precios energéticos industriales de nuestro país representan un 15 % más que la media de la Unión Europea, pronto llegará a la conclusión, señor ministro, de que si han de soportar encima estos incrementos antes mencionados
esto va a traer, lógicamente, consecuencias muy nefastas para los consumidores, familias y hogares domésticos de nuestro país que, como usted sabe, tienen grandes dificultades para llegar a fin de mes y no podrán absorber en sus rentas familiares
unos incrementos de esta magnitud y también, lógicamente, va a salir perjudicada -tal y como explicaré posteriormente- una parte importante de nuestro tejido industrial en la economía española.
Tendría que evitar, señor Soria, que usted fuera el ministro de Industria español que hubiera promovido y apoyado una ley tan antiindustrial como de la que en estos momentos estamos hablando. Usted tendría que evitar que sea el primer
ministro que en la historia de nuestra reciente democracia haya promovido e impulsado una ley de unas características tan antiindustriales como la que hoy estamos debatiendo en esta Cámara. También, señor Soria, usted tendría que evitar que desde
importantes empresas y grupos empresariales alemanes, franceses e italianos le puedan hacer la ola y aplaudir por la aprobación de esta ley porque usted sabe, señor ministro, que si finalmente no se experimentan cambios radicales en la tramitación
de esta ley, España va a dejar de ser un país competitivo con estos países que acabo de mencionar. El poco o mucho mercado que las empresas españolas puedan tener en mercados tan importantes como el europeo y los mercados internacionales nos lo van
a comer estos grandes grupos industriales competidores nuestros como pueden ser los franceses, los alemanes y los italianos que están viendo ya, incluso con mucha sorpresa, si me lo permite, cómo es posible que se pueda atacar y se pueda ser tan
letal con la política industrial española.
Señor ministro, por este motivo nosotros pretendemos -ahora voy a especificar cuáles son las cuestiones que preocupan desde la perspectiva de las enmiendas que vamos a presentar- que usted con su talante negociador escuche, dialogue y
rectifique, si lo cree oportuno, las sensibilidades que hemos presentado los distintos grupos parlamentarios con diferentes ideologías y que, sin embargo, hemos coincidido en los aspectos troncales de esta ley que hoy estamos tramitando en esta
Cámara.
Usted sabe también que una parte importante del tejido industrial español, básicamente un 70 % o un 80 % del mismo, está en pie de guerra contra esta ley por el impacto fiscal que tiene sobre actividades industriales que aprovecha la
cogeneración como instrumento de mejora, eficiencia y ahorro energético para su actividad industrial, castigándoles, ya que no podrán soportar el impuesto sobre la cogeneración y al mismo tiempo tampoco podrán soportar el mal llamado céntimo verde
para la utilización del gas. Por tanto, se va a implementar una doble tributación para sus actividades industriales a sectores que usted sabe perfectamente que van desde el químico hasta al papelero, al sector de la industria agroalimentaria, al
sector farmacéutico, al sector de la cerámica, al sector del automóvil, al sector de la petroquímica y al sector textil. Absolutamente todos estos sectores, importantes desde la perspectiva de la política industrial de nuestro país, están
totalmente en contra, en pie de guerra ante esta legislación. Por tanto, sinceramente, señor ministro, tendría que ser uno de los aspectos relevantes que a usted le hiciera cambiar de criterio después de escuchar todas las propuestas que hemos
presentado diferentes grupos parlamentarios.
Sorprende que el Gobierno del Partido Popular, un partido que siempre se había destacado ante los ciudadanos por predicar la reducción de los impuestos, sea hoy un converso obsesionado por el alza de los impuestos, con el objetivo
fundamental de recaudar, recaudar y recaudar a costa del crecimiento, a costa de la confianza y a costa de la actividad económica. Sorprende también, señor ministro, si me lo permite, la frivolidad con la que se aplica el alza de impuestos en la
política energética, una política que debería ser, desde nuestro punto de vista, trascendental para impulsar la competitividad de una economía. En cambio, el aumento de la fiscalidad energética se hace a lo grande sin reflexionar sobre su impacto
respecto a la actividad económica e industrial.
Lamentablemente también, señor ministro, este proyecto de ley nos demuestra que estamos una vez más ante una oportunidad perdida por parte del Partido Popular de hacer frente a una verdadera reforma estructural del sistema energético y de
legislar a favor de los objetivos europeos planteados en la estrategia del 2020 que tanto conviene que interiorice España para promover el ahorro, la eficiencia y la sostenibilidad de un sector tan transversal como es el energético, que afecta no
solo a las familias sino también a la competitividad de la propia industria.
Consideramos que afrontar estos retos supone llevar a cabo reformas estructurales, es decir, sentar las bases de un sistema energético que avance hacia la sostenibilidad a largo plazo, algo que el Gobierno popular posterga claramente y que
esconde en forma de este proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Señorías, este es un proyecto que, lejos de plantear una fiscalidad destinada a reorientar la política energética a favor del ahorro y la sostenibilidad
en coherencia con los objetivos europeos del 2020, se basa en una fiscalidad recaudatoria con el único fin de reducir el déficit de la tarifa eléctrica. Esta es una cuestión que desde Convergència i Unió entendemos y el Gobierno nos tendrá a su
lado para poder erradicarla cuando se plantee oportuna y objetivamente, pero, eso sí, con claridad y transparencia y no de forma ambigua y opaca, como se nos presenta en este proyecto de ley. De hecho, el sentido de nuestra primera enmienda es el
de clarificar el fin de este proyecto de ley en la propia exposición de motivos.
Señorías, señor ministro, entendemos también que este proyecto de ley no deja de presentar un conjunto riguroso de medidas fiscales que van en la dirección de la confiscación, que nada tienen que ver con las directrices europeas y que de
llevarse a cabo impondría un total desequilibrio en el sistema energético por tres motivos fundamentales. En primer lugar, son impuestos que nos llevan a un sector menos competitivo, menos proindustrial y menos sostenible, perjudicando directamente
la cogeneración; eso en cuanto al tejido productivo. En segundo lugar, contribuyen a generar más dependencia exterior en el futuro y menos estabilidad pues, tal como nos hace ver Europa, el futuro está en las renovables y esta imposición en su
contra perjudica la inversión. En tercer lugar, señor ministro, hay una falta de realismo en el mix energético actual, que sigue necesitando de la energía nuclear.
Desde la perspectiva de las energías renovables, señor ministro, cabe tener en cuenta que el régimen especial fomenta el aprovechamiento de las fuentes energéticas renovables y de la eficiencia energética mediante la cogeneración,
contribuyendo a dar cumplimiento a los objetivos de la Unión Europea en materia energética y medioambiental. En este sentido, se debería tener presente al aplicar la imposición
de las distintas rentabilidades económicas que presenta cada una de las tecnologías de producción de energía eléctrica el régimen especial y el régimen económico al que se haya adscrito cada instalación, algo que no ha hecho el Gobierno.
Este ejercicio requiere tener especialmente en consideración la importancia de la cogeneración antes mencionada, la energía minihidráulica, la biomasa o la eólica marina, así como la necesidad de favorecer el autoconsumo para compensar la afectación
negativa que el nuevo impuesto sobre la producción de energía eléctrica puede tener sobre las instalaciones. Por ello, vamos a solicitar también que se excluyan del hecho imponible los autoconsumos en cogeneración y que se establezca una
bonificación del tipo exigido del impuesto del 65 % para las instalaciones de cogeneración de electricidad y de calor, residuos, biomasa y tratamiento de reducción de residuos.
Respecto al impuesto de consumo del gas natural para uso distinto al carburante, este entra claramente en contradicción con la Directiva europea de imposición de productos energéticos, la cual deja exentos del impuesto mínimo las
instalaciones de producción de energía eléctrica, tanto por la parte asociada al consumo de combustible como por la parte asociada a las emisiones de CO2. En este sentido, desde Convergència i Unió vamos a proponer reducir el impuesto destinado al
uso como carburante con fines profesionales y no profesionales y eliminar el gravamen de los impuestos especiales sobre los productos energéticos cuando estos sean utilizados para la generación de electricidad; especialmente -por los motivos que
antes he explicado- desde la perspectiva de todas aquellas empresas industriales que representan una parte de nuestro tejido industrial y que están desarrollando su actividad industrial con elementos importantes de cogeneración con la utilización
del gas para poder tener un consumo más eficiente en el desarrollo de sus actividades industriales.
Señor ministro, tampoco nos parece razonable que los ingresos económicos obtenidos por la aplicación de las imposiciones directas sobre el consumo de gas natural y carbón para usos distintos de la generación de energía eléctrica tengan como
finalidad la reducción del déficit tarifario eléctrico por criterios de separación de sistemas. Por la participación de los diferentes agentes y abonados no se considera adecuado repercutir el déficit de tarifa eléctrica a los consumidores finales
de gas natural y carbón, tal como propone el proyecto de ley.
La imposición sobre la energía no nuclear nos parece correcta, si bien debería tenerse en cuenta que los conceptos gravados de producción o almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de
energía núcleoeléctrica son prácticamente coincidentes con los impuestos que ya soportan los titulares de las centrales nucleares a través de la tasa de prestación de servicios de gestión de residuos radiactivos, destinada a financiar las
actividades del Plan general de residuos radiactivos. Desde esta perspectiva también nosotros vamos a proponer una enmienda que vaya en la dirección de una compensación directa entre ambos pagos. En definitiva, señor ministro, demasiados impuestos
y además demasiado alejados de las políticas de eficiencia, diversificación y sostenibilidad que necesitamos y que nos indican las políticas energéticas de la Unión Europea.
Para acabar, señor ministro, yo he empezado mi intervención planteando y manifestando algunas virtudes que usted ha demostrado al menos en este Parlamento y en el trato con nuestro grupo parlamentario que hacen referencia a la seriedad, al
rigor y al talante. Por este motivo le pedimos que también en esta tramitación sea usted sensible ante las propuestas que les hacemos los diferentes grupos parlamentarios para poder cambiar, si es posible, algunos aspectos relevantes de esta ley y
evitar que los grandes perjudicados en su aplicación sean las familias, los hogares domésticos, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores y los empresarios autónomos, así como una parte muy importante de la política y de la actividad
industrial de nuestro país, a fin y efecto de que esta no se vea abocada a una exclusión y a una autodeterminación que pueda suponer un retraso o un ir a parar a los años cincuenta del siglo pasado, lo cual sería nefasto para las posibilidades de
futuro que tienen la política industrial y la política económica española.
Muchas gracias, señora presidenta, y señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, entrando en materia, tengo que decir que el Grupo Parlamentario Socialista tiene muy claro que el déficit tarifario ha surgido en el tiempo con la insuficiencia de los ingresos de las tarifas con el objeto de cubrir
la suma de los costes que fijan administrativamente las actividades reguladas y los que aparecen naturalmente en la generación por aplicación de la metodología, del método y del
mercado marginalista que establece la ley en vigor. Es evidente que el marco regulatorio contenido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, con la que se establece el mercado eléctrico, ha conducido a una situación de
difícil sostenibilidad financiera que amenaza no solo al futuro del sector sino también la credibilidad de España en los mercados de capitales acentuando las dificultades con las que nos encontramos en la presente etapa de crisis global, crisis en
la que, reitero, nos encontramos inmersos. Señor ministro, que le quede claro que desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista la pretensión de disminuir el déficit tarifario es una pretensión razonada, justificable -es una pretensión
justificada y razonable, lo repito por segunda vez- e incluso obligada por la legislación vigente. También tiene que quedarle claro que el Grupo Parlamentario Socialista entiende que la reforma acometida con este presente proyecto de ley, cuyo
objetivo es combatir el déficit tarifario, no modifica las causas del déficit tarifario ni ataca la raíz de su génesis, dado que se trata de una reforma tributaria que no modifica el marco jurídico actual -me estoy refiriendo a la Ley 54/1997- sino
que pretende solamente, dejando indemne esta Ley del Sector Eléctrico, superponer a los resultados de aplicación de la ley la extracción de nuevas rentas por la vía impositiva sin considerar que, dentro de los mecanismos racionales de los agentes
cuando preparen sus ofertas, obviamente las habrán elaborado teniendo en cuenta la internalización de los costes incurridos y, entre ellos, el de los nuevos impuestos. En consecuencia, señor ministro, parece razonable que nosotros sospechemos que
la referida internacionalización de los costes elevará el precio que resulte en el mercado, lo cual, inexorablemente, tendrá su reflejo en las tarifas eléctricas a través de las subastas Cesur y que, por tanto, conducirá a que el pago del déficit
tarifario recaiga exclusivamente en los consumidores, tal como ya han reflejado los mercados de futuro y han dicho otros intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, en las empresas de renovables y en la cogeneración.
Señor ministro, este proyecto de ley se está tramitando por la vía de urgencia, de forma apresurada, sin que el ministerio haya sido receptivo a las propuestas procedentes de los sectores afectados, tal como lo han reflejado los diferentes
medios de comunicación; de hecho, también la tramitación parlamentaria tiene lugar por el procedimiento de urgencia. Como le digo, hemos solicitado que comparezcan ante la ponencia altos cargos de distintos ministerios y representantes de los
sectores de la sociedad afectada y ha sido desestimado por la posición del grupo mayoritario de la Cámara. A juicio de nuestro grupo parlamentario, señor ministro, si el propósito es acabar con las causas del déficit tarifario, el Gobierno tendría
que haber presentado con anterioridad en el Congreso de los Diputados una reforma integral del mercado eléctrico basada en informes de la Comisión Nacional de la Energía, tal como le indicamos hace unas tres o cuatro semanas en una interpelación que
se formuló aquí en el Pleno del Congreso de los Diputados, con diálogo entre todas las fuerzas parlamentarias que atajara los problemas estructurales que se deben a una forma inadecuada de retribuir la generación eléctrica. Para nuestro grupo es
necesario potenciar los mecanismos de mercado en la determinación de los precios y reducir los excesos de retribución de aquellas centrales que impiden la entrada de nuevos competidores. También entendemos que en este proyecto de ley, al igual que
en el Real Decreto-ley 1/2012, al que usted hizo referencia, se perjudica notablemente el desarrollo de las energías renovables en nuestro país, por cuanto estas contribuyen, primero, a minorar nuestra dependencia energética del exterior a largo
plazo y mejorar nuestro déficit por cuenta corriente; segundo, a incentivar la investigación en I+D+i y crear empleo de calidad; tercero, a contener las emisiones del CO2 y las externalidades negativas de la contaminación; cuarto, a reducir a
largo plazo los costes de la generación por el aprovechamiento de las curvas de aprendizaje frente a la tendencia de costes crecientes en los combustibles.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista considera que el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, tal como así se denomina formalmente, no es la reforma que necesita nuestro sector eléctrico porque, primero,
no aborda los problemas fundamentales ligados a la forma de retribuir la generación eléctrica, cuyo mercado debe aumentar la competencia efectiva y la transparencia; segundo, este proyecto de ley va a encarecer sin duda alguna la tarifa eléctrica a
los consumidores domésticos e industriales, va a penalizar de forma injustificada las energías renovables y de cogeneración y resulta claramente ineficaz para la lucha contra el déficit de tarifa en el futuro. Señores ministros -ambos se encuentran
en la Cámara en estos momentos-, la desorientación gubernamental a la que en alguna declaración pública y también en esta Cámara hemos hecho referencia ha tenido proyección en la ciudadanía como consecuencia de filtraciones llegadas a los diferentes
medios de comunicación sobre la existencia en su momento, allá por el mes de mayo y junio, de un anteproyecto de ley al que se titulaba en aquel momento anteproyecto de ley de medidas fiscales en materia ambiental y sostenibilidad energética, que,
liderado exclusivamente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, planteaba
desde los meses -repito- de mayo y junio los coeficientes inferiores de los tipos impositivos a aplicar por las tecnologías térmicas del régimen ordinario y variables para las tecnologías del régimen especial, que ahora en este proyecto de
ley, liderado conjuntamente por los ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Hacienda y Administraciones Públicas, resultan idénticos para todas las tecnologías. Este hecho real pone de manifiesto una vez más la complejidad de los objetivos
perseguidos por el Gobierno y la necesidad de un ejercicio previo de transparencia que, desde el Grupo Parlamentario Socialista, demandamos con toda intensidad, como consecuencia de la necesidad de evaluar los costes variables y los costes fijos de
producción de cada una de las tecnologías, cosa que no se ha hecho, y también con la intención de poder ponderar los efectos de cada segmento y, a la vez, plantear la posibilidad de considerar otros elementos, como son los efectos contaminantes, la
potencia instalada, los años de operación, el factor de carga, y así un largo etcétera, que hiciesen equivalente el hecho imponible.
Las contradicciones e incongruencias, señores ministros, contenidas en el proyecto de ley generan un notable desconcierto interpretativo que alcanza notables dimensiones tanto en el articulado como en cada una de las disposiciones
adicionales y finales, como muestra concretamente el contenido de la disposición adicional segunda del proyecto de ley que textualmente dice: Los ingresos obtenidos en aplicación de la presente ley seguirán el régimen general previsto en el
artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. En la asignación de los créditos presupuestarios que se destinen a financiar determinados costes del sistema eléctrico establecido en la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
vinculados a fines de fomento de las energías renovables y de ahorro de eficiencia energética podrá tenerse en cuenta, entre otros, el importe de dichos ingresos. Esto es de un oscurantismo, de una opacidad y de una complejidad interpretativa
excepcional. Lo he puesto a modo de ejemplo porque también, señorías, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno ha perdido una oportunidad para llevar a cabo la reforma en profundidad que necesita urgentemente nuestro sector
energético y en particular el eléctrico. El mecanismo de fijación de tarifas implantado por el Gobierno del Partido Popular ha tenido unas nefastas consecuencias sobre la estabilidad financiera de las empresas, la sostenibilidad de las finanzas
públicas, la capacidad adquisitiva de los consumidores, cuyos precios, desde luego, van viendo aumentar de manera espectacular. Por eso nosotros estimamos que el proyecto de ley persigue además, mediante el establecimiento de nuevos gravámenes o la
revisión de los tipos impositivos de gravámenes existentes, lo digo entrecomilladamente, tal y como recoge la exposición de motivos, el establecimiento de un marco legislativo que promueva un uso más eficiente de las fuentes de generación de
energía, así como un uso más respetuoso con el medio ambiente.
Señorías, aquí se ha dicho en reiteradas ocasiones por los intervinientes precedentes que, desde luego, el proyecto de ley también en su exposición de motivos dice que tiene por objeto armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más
eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad energética. Por ello, crea un nuevo impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. También se ha dicho en reiteradas ocasiones aquí en intervenciones precedentes, e
insisto porque es un sentimiento bastante común, que el impuesto es configurado primordialmente como un instrumento de política social y económica general para atender la realización de los principios y fines de la Constitución española. Ni más ni
menos dice eso en la exposición de motivos. Sin embargo, señorías, señor ministro, los tributos medioambientales tienen muy claro que tienen un fundamento constitucional en el deber de los poderes públicos de proteger el medio ambiente y de
desincentivar las actuaciones que contaminen o supongan un perjuicio para el mismo. De este modo también tenemos claro que no es un verdadero impuesto medioambiental aquel que no establezca un incentivo para reducir la contaminación o que no evite
conductas que conduzcan a un perjuicio para el medio.
Señorías, atendiendo al articulado del proyecto de ley y a la configuración del referido nuevo impuesto, al que he hecho también referencia -insisto- hace un par de minutos, este ni responde al objeto pretendido por la norma, que es la
protección del medio ambiente, ni respeta los principios rectores de la política tributaria española comunitaria ni los principios constitucionales. Ha habido autores que han llegado a considerar que al tratarse de un impuesto directo y no de un
impuesto indirecto, la norma no prevé la posibilidad de repercutir el nuevo tributo a los beneficiarios de la producción por ser impuesto directo, es decir, a los consumidores finales. Sin embargo, como en todo impuesto directo, el sujeto pasivo
del impuesto tiene la posibilidad de integrar la carga fiscal, en este caso representado por el nuevo impuesto, en su estructura de coste, de forma que el sujeto pasivo podrá incrementar los precios de venta de la electricidad producida en la
proporción del impuesto abonado por la citada producción de electricidad.
Señorías, este impuesto podría llegar a ser calificado o podría llegar a ser objeto de la consideración de confiscatorio y, por lo tanto, contrario al ordenamiento tributario español consagrado en el apartado 1 del artículo 31 de la
Constitución. Por consiguiente, este nuevo tributo presenta visos, supuestamente, de inconstitucionalidad al quebrar el principio de justicia tributaria constitucionalmente titulado, limitando la competitividad económica e impidiendo el crecimiento
económico sostenible.
Señorías, al proyecto de ley le falta atender a las especiales situaciones de pérdida de competitividad de la industria española, como han reiterado aquí el señor Sánchez i Llibre y anteriores intervinientes, entre las que se encuentran las
empresas españolas de elevado y mediado consumo energético, que van a sufrir de forma más acusada el incremento de los costes energéticos derivados de la aplicación de las medidas tributarias. Señor ministro, a mí -un veterano de la vida política-
me ha sorprendido excepcionalmente que no a nivel individual, sino los representantes de todos los colectivos industriales españoles, en un comunicado ocupando páginas enteras en los medios de comunicación nacional, responsabilizándose
consiguientemente de lo que dicen y haciéndose eco de lo que han dicho sus asociados, como la Asociación Española de Cogeneración, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos
Cerámicos, la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Conducción -y así un largo etcétera, hasta 17 grandes asociaciones- le hacen una crítica muy dura al Gobierno y le piden la modificación del proyecto de ley. Y este
interviniente, en su tramo final de intervención, no quiere dejar de hacerle llegar al ministro que nosotros hemos hecho una serie de cálculos con los que hemos intentado evaluar el impacto en los diferentes sectores. En concreto, nosotros
estimamos que el impuesto general del 6 % puede suponer un encarecimiento del precio del mercado eléctrico de unos 3,5 euros por megavatio/hora, mientras que el impuesto sobre los combustibles fósiles puede incrementar el precio en unos 5 euros por
megavatio/hora. Teniendo en cuenta que el precio medio del mercado eléctrico se sitúa entre 50 y 60 euros por megavatio/hora, los impuestos nuevos implicarán que este se eleve entre un 14 y un 17 %. Dado que las tarifas que pagan los consumidores
también incluyen otras partidas en los denominados peajes, cuyo peso en el precio final varía dependiendo del tipo de consumidor, el efecto final sobre las tarifas eléctricas podrá rondar del 5 al 8 % para los consumidores domésticos, para los
ciudadanos, y del 10 al 15 % para los industriales. Hemos estimado -con los cálculos que hemos hecho- que los consumidores con este proyecto de ley que entrará en vigor el 1 de enero próximo, porque así lo va a indicar la mayoría de esta Cámara,
pagarán 2.000 millones de euros por año más por efecto de estas medidas fiscales contenidas en este proyecto de ley, subida que se sumará a las ya aplicadas en los últimos siete años, que han sido superiores al 70 %; en los últimos siete años,
gobernando quienes estuviesen gobernando, que lo sabemos.
El presidente del Gobierno, el señor Rajoy, sabía, y así lo hizo explícito en su discurso en el Congreso de los Diputados en esta tribuna, que el coste de la energía condiciona la competitividad de nuestra economía. De hecho, puede llegar a
representar hasta el 50 % de los costes de producción de la industria y además tiene un fuerte impacto en el IPC. Esto fue lo que dijo el señor Rajoy, presidente del Gobierno. Pero ustedes, los señores ministros, lo han obviado a la hora de
definir las medidas fiscales que proponen en este proyecto de ley. Quienes van a sufrir los impuestos...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura, tiene que finalizar.
El señor SEGURA CLAVELL: Treinta segundos, señora presidenta.
En definitiva, nosotros hemos estimado que de 2.900 millones de euros que va a recaudar el Gobierno con las nuevas medidas fiscales, 2.000 millones los pagaremos los consumidores, todos los que estamos aquí y todos los ciudadanos a quienes
representamos, 700 millones los pagarán las empresas de renovables y la cogeneración, y 200 millones los pagarán las centrales hidroeléctricas. Pero quien realmente va a sufrir el coste es el país, es España en su conjunto, son nuestros sectores
productivos por efecto de la fuerte pérdida de competitividad de las empresas, fundamentalmente los sectores industriales exportadores a los que he hecho referencia; por la detracción de rentas a las familias, cuya demanda reacciona poco
lamentablemente ante subidas de precios; por el freno que todo ello supone al cambio de modelo productivo, y por el daño que produce en la percepción de los inversores sobre la seguridad jurídica en España.
Termino. La evaluación económica de esta última cuestión, señores ministros, es de difícil cuantificación pero no cabe duda de que añadirá nuevas primas de riesgo a las inversiones futuras, que acentuarán la pérdida de competitividad de
nuestra economía.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Segura.
En turno de fijación de posición, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Erias.
El señor ERIAS REY: Señora presidenta, señores ministros, señorías, me cabe el honor y la responsabilidad de intervenir para fijar posición, la posición del Grupo Parlamentario Popular, en este proyecto de ley. En las enmiendas a la
totalidad presentadas y en las intervenciones de fijación de posición de los distintos grupos se apela una vez más, y a mi juicio de forma gratuita, a que el texto del Gobierno es un parche con fines recaudatorios que perjudica la competitividad,
que no contribuye a solucionar el déficit de tarifa, alejándose en consecuencia de la idea de sostenibilidad energética, lo cual, después de escuchar todas estas cosas, trataré de demostrar que es absolutamente falso, aunque comprendo que cada uno
de los grupos en su tarea de oposición desarrolla el trabajo como mejor cree. En todo caso, eso no ha sumado mucho al conocimiento y a resolver los problemas que tenemos en el sector energético español.
Señorías, lo que a mi juicio no tienen en cuenta los enmendantes es la severa crisis fiscal que padecen muchas de las economías avanzadas europeas, tal y como también le sucede a España en estos momentos. En nuestro caso, las acciones
propuestas están en consonancia con el nivel de déficit tarifario existente y con las necesidades de consolidación fiscal de España, situación esta que plantea y requiere darle un nuevo papel a la fiscalidad verde, la cual se va a convertir a mi
juicio en un elemento básico en estos momentos para superar las dificultades existentes.
Las restricciones que actualmente tiene el Gobierno español son de tal importancia que incluso podrían llegar a poner en cuestión algunos de los programas que en otro tiempo se consideraron prioritarios si queremos cumplir con esos
compromisos asumidos en términos ambientales y en términos de déficit público. Es más, para resolver estos desajustes financieros hemos de tener en cuenta que en el ámbito energético existe a mayores una creciente preocupación por la seguridad, por
eso es necesario recurrir a la fiscalidad ambiental, pasando en estas circunstancias de ser utilizada aquella únicamente como un primer óptimo cuando era requerida bien por razones fiscales o recaudatorias, bien por aspectos ambientales o de
internacionalización de costes o bien por estrategia de captación de renta. Sin embargo, en la actual coyuntura estas acciones se tratan como un auténtico segundo óptimo al operar en un contexto subóptimo en el que a mi juicio hemos de encuadrar el
proyecto de ley presentado y que estamos debatiendo hoy.
El déficit tarifario constituye en sí mismo una barrera para el adecuado desarrollo del sector energético en su conjunto y en particular para continuar con las mismas políticas que lo han generado. El déficit surge porque las tarifas que
pagan los consumidores son demasiado bajas o porque los ingresos que perciben las empresas son demasiado altos, o por una combinación de ambos. El Gobierno actual, para darle solución al mismo, tal y como ya dijo el señor ministro, ha intentado en
primer lugar parar la burbuja que lo generaba con la moratoria renovable y ahora debe evitar que se siga produciendo en el futuro. En cualquier caso, consideramos que como problema regulatorio que es, aquel se ha desarrollado por una regulación
inadecuada. Por ello, lo primero que hemos de hacer para solucionarlo es abordar los problemas estructurales del sector energético que lo han fomentado, teniendo en cuenta que el objetivo no va a consistir única y exclusivamente en pagar la deuda
acumulada, que ya se ha colocado en parte en los mercados e incorporado a las tarifas, sino que ha de consistir en evitar, como ya he dicho, que aquel siga generándose año tras año. Esperamos, pues, que con esta ley se ponga punto final a la
incertidumbre y al riesgo regulatorio que tanto han castigado al sector energético hasta el presente.
Conviene recordarlo, el nivel del déficit tarifario y la necesidad de resolver la situación que él crea se han agudizado en estos momentos, tanto por la caída de la demanda eléctrica como por el riesgo de sobrepasar el límite establecido
para 2012 por la Ley 14/2010 de 2.500 millones o, si acaso también, por la inmediatez del objetivo de no generar déficit a partir del año 2013. El Gobierno, ante todo, quiere terminar con los efectos negativos y distorsionadores creados por el
déficit tarifario y se guía para ello por una premisa que ha tenido que rescatar del ostracismo, la ortodoxia regulatoria. Por ello, como he apuntado al inicio de mi intervención, no parece que vaya a ser precisamente esta ley la causante de los
efectos negativos en los que se apoyen los demás grupos para justificar sus enmiendas a la totalidad, cuando lo que busca la ley es precisamente lo contrario, pues su objetivo prioritario no es otro que terminar con el déficit de tarifa. No hacerlo
tendría unas consecuencias distintas, cada vez más insostenibles, sobre el propio sistema: por un lado, continuarían incrementándose los pagos por la deuda del sistema a través de
los peajes de acceso presentes y futuros de los consumidores y, por otro lado, seguiría aumentándose el endeudamiento de las empresas eléctricas que están obligadas a financiar temporalmente el déficit del citado sistema.
Señorías, todo lo anterior no nos hace olvidar que la reforma del sector eléctrico que está llevando a cabo el Gobierno debe realizarse con un cuidado exquisito para no frenar el consumo interno y reducir la competitividad de nuestras
empresas. Y no lo digo yo, señorías, lo dicen la propia Comisión Europea y nuestro Gobierno. De ahí que, como ya he explicitado, no entienda los argumentos que se están empleando para justificar las enmiendas a la totalidad de los grupos de
oposición, sobre todo cuando el Gobierno y este portavoz en particular vienen sosteniendo que la estrategia energética española deberá pivotar sobre, en primer lugar, la neutralidad tecnológica y, en segundo lugar, la protección a los ciudadanos.
Es decir, que ya no es suficiente con una sola medida o una sola tecnología para llegar esa economía descarbonizada que todos pretendemos.
Señorías, si bien por un lado quiero dejar clara mi convicción personal acerca de los beneficios que aportan al sistema energético español las fuentes de generación renovables y que, sin la menor duda, son el futuro del sistema energético
sostenible, por otro lado tengo que denunciar la mala praxis regulatoria que se ha desarrollado en los últimos años para potenciar el despegue de estas fuentes de generación en nuestro país. Ha sido precisamente esa mala praxis, explicitada a
través de un sistema regulatorio manifiestamente ineficiente, así como la elección del mecanismo de financiación a través de la tarifa de acceso, la que ha provocado que los objetivos, demasiado ambiciosos, de penetración de estas tecnologías se
hayan alcanzado a costa de un excesivo e innecesario sobrecoste para el consumidor y la economía española. De hecho, en 2009, según refleja el informe Apoyo a las Energías Renovables en Europa, de 4 mayo 2011, elaborado por el Consejo de
Reguladores de Energía Europeos, ya se constataba que los apoyos a las renovables pesaban sobre los consumidores mucho más en España que en el resto de los países de la Unión Europea, siendo por su parte el grado de penetración de las fuentes
primadas, renovables más cogeneración, superior al 30 %. O lo que es lo mismo, su coste agregado para el nivel de penetración alcanzado es demasiado elevado lo que evidencia que en nuestro país el incremento continuado de la presencia de energías
primadas en el mix se ha estado realizando a un coste mucho mayor que en la mayoría de los países europeos, y ello sin considerar los nuevos estándares regulatorios que impone Basilea III. Consecuentemente, lo que empezó siendo un pequeño
alejamiento de la ortodoxia regulatoria, se ha convertido en un problema de tal dimensión que, de no atajarse con urgencia y eficacia, amenaza con convertirse -es más, creo que ya se ha convertido- en un problema estructural. De ahí que la
prioridad en la estrategia energética del Gobierno actual recaiga sobre la necesidad de acabar con el déficit de tarifa y evitar que aquel vuelva a aparecer. Es más, con la estrategia que se está llevando a cabo, el Gobierno ha actuado moviéndose y
promoviendo que se produzca la yuxtaposición de dos caminos convergentes para acabar con el déficit: por un lado, reducir los gastos mediante tres reales decretos-leyes ya aprobados, los decretos 1/2012, 13/2012 y 20/2012 y, por otro lado, aumentar
los ingresos, objetivo básico de la actual reforma, sin quebrar para ello los principios de justicia y equidad tributaria tutelados constitucionalmente.
Por todo ello y siendo conscientes de que la necesaria transición hacia un modelo energético que sea sostenible a largo plazo tanto en los planos económico y social como en el medioambiental va a resultar una tarea compleja que además
presenta, como todos ustedes conocen, múltiples incógnitas, nuestro grupo rechaza las enmiendas a la totalidad sin la menor duda de que la nueva ley debe hacer que tengamos un futuro energético mucho más sostenible. Por ese motivo, repito, y por
todos los argumentos que he utilizado, el Grupo Popular rechaza las enmiendas a la totalidad presentadas y da su apoyo al proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Erias.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN DIVERSAS MEDIDAS TRIBUTARIAS DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y AL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. (Número de expediente 121/000026).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate de totalidad del proyecto de ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y
al impulso de la actividad económica. Para la presentación de dicho proyecto, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, ocupo una vez más la tribuna del Congreso de los Diputados para presentar, defender y explicar un proyecto de ley de naturaleza
tributaria que el Gobierno propone a la Cámara, un proyecto de ley que pretende reforzar los ingresos del Estado para el año próximo, hacer válidas las proyecciones que se contienen en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013; un proyecto de ley que insiste en la importancia de cumplir con las cifras objetivo de recaudación tributaria del Estado. De esas cifras, que son el esfuerzo que hacen todos los españoles a las arcas públicas, depende la financiación de
nuestros servicios públicos, depende la reducción del déficit público y, por tanto, depende también la salida, la solución a esta crisis económica. A ese respecto ya tuve ocasión la semana pasada de explicar desde esta tribuna que, gracias a esos
esfuerzos recaudatorios, los ingresos del Estado están mejorando claramente. Esta tarde se harán públicas las recaudaciones de ingresos provenientes de la Agencia Tributaria -datos facilitados desde la Agencia Tributaria- y los datos relativos al
cierre del déficit público, a la evolución del déficit público de este año, del ejercicio 2012, hasta el mes de septiembre. Esta tarde conoceremos también el detalle, el contenido de lo que ya tuve ocasión de anunciar desde esta tribuna del
Congreso de los Diputados, que el déficit público hasta septiembre en términos homogéneos y en contabilidad nacional, el déficit del Estado, se sitúa en el 3,9 %, por debajo del 4 %, haciendo válido y posible, haciendo real que España pueda cumplir
en todas sus administraciones públicas un objetivo tan ambicioso como el que marcó nuestro compromiso con la Unión Europea del 6,3 % para el conjunto de las administraciones públicas. Eso es posible por la contención del gasto, pero también es
posible por la evolución de los ingresos tributarios, de los grandes impuestos que pagamos los españoles hasta ese mes de septiembre.
Los datos son los que ya tuve ocasión de adelantar en parte la semana pasada y que se harán públicos esta tarde. Los datos son positivos en términos de evolución de recaudación tributaria en nuestro país. En primer lugar, el IRPF, que
hasta septiembre está aportando una recaudación del 2, 9 %, creciendo por tanto en términos positivos. También los ingresos por el impuesto sobre sociedades, que estaban cayendo dramáticamente en nuestro país, gracias a las medias que ha aprobado
esta Cámara a propuesta del Gobierno han invertido su tendencia y hasta septiembre la recaudación del impuesto sobre sociedades aumenta un 4,1 %. Asimismo quiero anunciarles que el IVA en el primer mes de recaudación, en el mes de septiembre, ha
aumentado los ingresos un 11,9 %, lo que hace que el total de IVA, que estaba descendiendo hasta un 10 % en agosto, ahora, acumulando de enero a septiembre, siga descendiendo pero un 5 %, gracias a ese aumento de recaudación tributaria que realmente
es un aumento, como decía, que sirve al doble objetivo que tenemos: el primero, financiar correctamente los servicios públicos de los ciudadanos y, el segundo, reducir ese déficit público hasta los niveles que estamos siendo capaces en un momento
de recesión económica como el que estamos atravesando.
Además, hoy el Boletín Oficial del Estado publica la ley antifraude más severa de la democracia española. Hoy entra en vigor la ley que facilita que la Agencia Tributaria persiga el fraude fiscal con más medios legales, con más recursos que
nunca. Hoy entra en vigor la limitación del pago en efectivo por primera vez en España de los pagos que se materializan en el tráfico mercantil. Hoy es también un día diferente en términos de que quienes están defraudando a la Hacienda Pública se
sientan mucho más incómodos, mucho más perseguidos por una acción que realmente es insolidaria en cualquier momento, pero más en un momento de crisis económica como el que estamos atravesando. Y hoy es también el momento en el que aquellas personas
físicas o jurídicas que tengan cuentas en el extranjero, que tengan activos sin declarar a la Hacienda Pública, con la ley en la mano serán perseguidos con una contundencia como nunca antes lo habían sido en nuestro país. Por tanto, estamos
cambiando las cosas, cambiando mucho en un esfuerzo que tiene que ser compartido. Este nuevo proyecto de ley de medidas tributarias viene a la Cámara con el sentido de mejorar la recaudación, pero también de hacer que esa recaudación entre en las
arcas públicas de manera más equitativa; que paguen más los que pueden y deben hacerlo cumpliendo nuestra legislación, cumpliendo lo que determina la Constitución Española. Se trata de hacer un esfuerzo solidario para financiar más correcta y
ponderadamente los grandes servicios públicos de nuestro Estado del bienestar, que necesitan de esa recaudación equitativa para seguir mejorando.
Por eso, traemos este proyecto de ley en términos de nuevos impuestos, pero detrás de esos nuevos impuestos están mayores esfuerzos tributarios que se le piden a las grandes empresas de nuestro país; está la limitación del concepto de
plusvalía, que vuelve al que ya estuvo en vigor en España y que tiene que ver poco con intercambios de activos que no pueden ser calificados con tratamientos fiscales diferentes del ordinario cuando se producen muy a corto plazo. Son cambios
tributarios también relativos a la
tributación -también pedimos ahí esfuerzo y comprensión-, como la instalación de un impuesto sobre loterías en nuestro país, hasta ahora en parte completamente exentas. Son cambios para la regularización de balances, que suponen una
oportunidad para actualizar los balances y así llevar adelante una capacidad de amortización en el futuro y una capacidad de reinversión por todas nuestras empresas. Son cambios que favorecen a la pequeña y mediana empresa, extendiendo regímenes
fiscales que finalizaban en el año 2012 y que también conviene clarificar y despejar su futuro. Son cambios tributarios que finalizan con la deducción por la adquisición de vivienda, siguiendo las recomendaciones que ha practicado a España el
Consejo Europeo en el pasado mes de junio. Por tanto, debo advertir -lo hago con toda claridad desde la tribuna del Congreso- que a partir del 1 de enero del año 2013 los contribuyentes que adquieran nuevas viviendas no tendrán derecho a deducción.
Eso es compatible con el mantenimiento de un régimen transitorio para todos aquellos que han ido adquiriendo su vivienda habitual en el periodo anterior a ese 1 de enero del año 2013, incluyendo las semanas que faltan para acabar este año 2012. Son
cambios tributarios que, insisto, señorías, completan las previsiones de ingresos tributarios de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y que exigirán de este proyecto de ley de naturaleza tributaria una tramitación acelerada y
urgente para que entre en vigor el 1 de enero de 2013. Así podremos decir con seguridad y fiabilidad que estamos en la senda de la reducción del déficit público en su componente estructural sobre todo, con cambios que, algunos de ellos -como se
advierte en su contenido-, son temporales ya que el Gobierno no pretende que sean cambios permanentes, que se queden en la estructura tributaria de nuestro país, como el que se refiere a las modificaciones en el régimen de amortizaciones de grupos
empresariales. Son medidas extraordinarias de carácter tributario cuyo sentido es acabar cuanto antes con esta crisis económica desde el rango primordial que hoy tiene la reducción del déficit público y que el Gobierno eliminará, cumpliendo sus
compromisos electorales, una vez superada esta situación excepcional que seguimos atravesando.
Señorías, la velocidad que se pretende imprimir a la tramitación de esta ley no es óbice para estar abiertos a los planteamientos, iniciativas y enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios a efectos de completar y mejorar
el contenido de este proyecto de ley, como es habitual y queremos que lo siga siendo, cada vez más, en términos de tramitación parlamentaria, razón por la que estimulamos a los grupos parlamentarios a que lleven adelante esas iniciativas que
atenderemos desde el Grupo Parlamentario Popular, desde el Gobierno y desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin menoscabo de la naturaleza de este nuevo marco tributario que, insisto, responde a los objetivos -estoy seguro- de
todos grupos políticos presentes en esta Cámara: finalizar cuanto antes con esta crisis económica, volver a financiar más correctamente a nuestras administraciones públicas, reducir hasta suprimir cuanto antes el déficit público y, así, facilitar
el crédito bancario para que quienes nos tienen que sacar de esta crisis, los emprendedores, dispongan de las mejores condiciones para ello cuanto antes. De ellos dependerá el crecimiento económico, la creación de empleo. Este proyecto tributario
sirve al objetivo de devolver a España a esa senda de crecimiento y de creación de empleo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas de devolución y una de texto alternativo. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, presentamos esta enmienda de devolución al proyecto de ley de medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica porque, si bien podemos concordar con algunas de las
medidas tributarias que se incorporan a este proyecto de ley, tales como limitar parcialmente la amortización deducible en las grandes empresas o el gravamen sobre loterías o las modificaciones sobre la base imponible del ahorro, no solo nos parecen
insuficientes -creemos que las medidas que se contemplan en este proyecto de ley no son suficientes-, sino que el proyecto de ley pone de manifiesto la falta de voluntad del Gobierno para asumir en profundidad la reforma fiscal que necesita el
sistema tributario del Estado español. Son muchas voces -no ya solo las del Bloque Nacionalista Galego, que en esta tribuna lo han manifestado en muchas ocasiones-, expertos tanto en política económica como en política fiscal, que dicen que la
crisis fiscal es una crisis de los ingresos y evidentemente el Gobierno con estas medidas no afronta debidamente el problema.
Además, señorías, de concordar con estas cuestiones que hemos comentado en relación con lo que se contempla en el proyecto de ley, no podemos olvidar que la política fiscal del Gobierno en estos meses
que lleva gobernando se caracteriza fundamentalmente por avanzar en la dirección opuesta a las propuestas que tantas veces ha defendido el Bloque Nacionalista Galego en esta Cámara. Por citar dos ejemplos, el incremento del IVA supone
introducir mayores dosis de injusticia fiscal en los impuestos, al incrementar los tipos de un tributo de carácter indirecto mientras que, por otro lado, la amnistía fiscal a los defraudadores supone una medida totalmente equivocada para luchar
contra el fraude fiscal, como ya hemos dicho en muchas ocasiones. Hemos defendido y seguimos defendiendo la necesidad de que el Gobierno actúe más decididamente y con mayor contundencia contra el fraude fiscal. Hay que recordar, señor ministro,
que España tiene un 80 % menos de recursos para luchar contra el fraude fiscal que tiene, por ejemplo, Alemania o el 67 % de recursos menos comparado con Francia.
Señorías, en los años anteriores a la crisis económica se produjo en el Estado español una fuerte reducción de la capacidad recaudatoria del Estado, fruto de sucesivas reformas y políticas de desarme fiscal; políticas, señor ministro, que
no son la herencia que ustedes recibieron del anterior Gobierno Zapatero, sino que empezaron con las reformas fiscales del Gobierno Aznar y que el Gobierno Zapatero no rectificó, sino que continuó en muchísimos casos la misma línea. Debido a los
efectos de la burbuja económica, la minoración de los ingresos provenientes de la reforma fiscal no fue percibida hasta que estalló la crisis, que puso de manifiesto no solamente la reducción de ingresos como los correspondientes al sector
inmobiliario, sino también la disminución sin precedentes de la recaudación del impuesto sobre sociedades por las sucesivas reformas de reducción. Usted hoy nos habla aquí del aumento de un 4 % del impuesto sobre sociedades. Efectivamente, se ha
modificado muy tímidamente el impuesto sobre sociedades por parte de su Gobierno en relación con lo que se ha reducido desde la primera vez que el Gobierno Aznar lo hizo. Por tanto, asuman. Si en 1995 el impuesto sobre sociedades podía ser
superior al que hay en este momento, nos preguntamos por qué no puede serlo ahora. Dichas reformas, señor ministro, configuraron un sistema tributario, como hemos dicho, más injusto. Como señalan recientes informes de la OCDE y los datos de
Eurostat, en el Estado español se está produciendo un fuerte incremento de las desigualdades de renta, cinco veces más que la media de la Unión Europea de acuerdo a un informe aportado por Cáritas; una diferencia que triplica la de Alemania y
duplica la de Francia. Por tanto, creemos que el Gobierno debe tener esto en cuenta.
Por otra parte, también quiero recordar que la presión fiscal en el Estado español en el año 2009 era ya un 10 % inferior al promedio europeo, situándose en el 30,4 % del PIB, mientras que la media de la Unión Europea se situaba en el 40 %.
(El señor presidente ocupa la Presidencia). En estos años de crisis los ingresos en España han caído un 7 %, mientras que se constata que en la Unión Europea se han mantenido, cuando no se han incrementado, como en el caso francés. Señorías, señor
ministro, estos datos nos indican que el sistema fiscal que tenemos no contribuye a combatir las desigualdades sociales y que, por otra parte, existe un margen recaudatorio que sí se está aplicando en otros países de nuestro entorno. Los datos que
hemos aportado nos indican que nuestro sistema está incrementando las desigualdades y el desarrollo de la Unión Europea y de Estados como los que acabo de comentar nos indican que podemos mejorar nuestro sistema tributario -y, por tanto, nuestros
ingresos- para evitar que se incrementen esas desigualdades y llegar a eliminarlas. Señorías, es necesario corregir ambos problemas mediante una reforma fiscal integral del sistema impositivo español que contemple un conjunto de medidas orientadas
a conseguir recursos para reducir el déficit público, buscando además efectos redistributivos positivos al afectar con carácter general a los contribuyentes de mayor capacidad económica. No se trata solamente, señor ministro, de reducir el déficit
público con políticas de austeridad y recortes sociales, sino con una reforma fiscal que haga posible que aquellos que más tienen más paguen. En este sentido, el Bloque Nacionalista Galego ya ha registrado una proposición de ley de reformas
tributarias urgentes para dotar al sistema fiscal de mayor equidad y progresividad.
Por último, señorías, señor ministro, no podemos olvidarnos de otra de las razones que tenemos para presentar esta enmienda de devolución y es cómo afectan las medidas fiscales a las comunidades autónomas. Hay que recordar que la mayor
parte de la financiación de las comunidades autónomas proviene de los tributos recaudados por el Estado. El rol dependiente que se les asigna en el actual Estado de las autonomías hace que las comunidades autónomas tengan escasa capacidad de
competencias fiscales. Desde nuestra posición política hemos defendido siempre que hay que garantizar la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, que son las que tienen que prestar los servicios básicos a la ciudadanía. Como hemos
dicho en repetidas ocasiones, todos los servicios públicos -tanto sanitarios como educativos o de servicios sociales- deben ser aportados por las comunidades autónomas; y para que tengan la suficiente solvencia financiera es necesario demandar del
Estado una política fiscal acorde
con esos objetivos en tanto que no se modifique el rol tributario. Por eso, señorías, señor presidente, presentamos esta enmienda de devolución. Aunque podemos compartir algunos de los puntos que en este proyecto de ley se recogen,
consideramos que son insuficientes, como dijimos al principio, y además demuestran que el Gobierno se niega a afrontar una reforma fiscal en profundidad como realmente necesitamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que ha presentado una enmienda con texto alternativo, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, este proyecto de ley, al que presentamos un texto alternativo, es conocido en las afueras de esta Cámara y en el mundo periodístico como ley Adelson. Parece que encaja perfectamente con las demandas de este empresario, que
pretende traer su proyecto, Eurovegas; un proyecto que no encajaría absolutamente en nada con nuestro ideal de modelo de país, con nuestro ideal de modelo productivo. Sin embargo, a tenor de lo que se ve en los medios de comunicación y lo que se
puede derivar de estudiar este proyecto de ley, sí encajaría con el modelo productivo que tiene el Partido Popular para este Gobierno. Es un absoluto despropósito, señor ministro, permitir a través de este proyecto de ley que cualquier ayuntamiento
pueda conceder una bonificación del 95 % en la aplicación del IBI a cualquier empresario, especialmente si su proyecto es de esta naturaleza; naturaleza que, insistimos, no tiene nada que ver con lo que consideramos que debería ser un país
desarrollado. Es verdad que este proyecto, al margen de esa cuestión, tiene algunos ligeros avances, porque es preferible tener determinada tributación a no tener ninguna, lo que no significa que estemos de acuerdo con ello. Consideramos que es
muy poco un 20 % sobre los premios que aparecen reflejados en el texto, porque cuando lo comparamos con lo que se acaba pagando de media, en términos del IRPF, por cualquier ciudadano es absolutamente un despropósito. Por supuesto, el hecho de
mantener una exención hasta los 2.500 euros significa que hay una pequeña ayuda a ese tipo de proyectos, como veníamos diciendo.
En cualquier caso, al margen de estas apreciaciones, también tenemos encima de la mesa que el proyecto del Partido Popular reflejado en este proyecto de ley no parece compaginar muy bien lo que dice y cómo lo publicita con lo que después se
deriva de la aplicación de este proyecto y el conjunto de medidas que está aplicando el Partido Popular y el Gobierno de este país, por una razón muy obvia. Es verdad que tenemos un problema de ingresos, y nosotros por fin tenemos la fortuna de
poder decir que nos alegramos de que el Gobierno ponga encima de la mesa la cuestión de los ingresos, más que nada porque en las últimas décadas tanto los Gobiernos del Partido Popular -en los que usted, señor ministro, también desempeñaba funciones
de Gobierno- como los Gobiernos del Partido Socialista habían dejado de lado esta cuestión. Favorecidos por una ola de ingresos extra o ingresos virtuales derivados de la burbuja inmobiliaria, aquí todo el mundo se había quedado al margen a la hora
de mantener una estructura fiscal sensata. Sabemos que el Partido Popular bajó impuestos en su época y sabemos que el Partido Socialista hizo exactamente lo mismo con aquella famosa frase de que bajar impuestos era de izquierdas. Hoy estamos
pagando las consecuencias de esa actitud, porque cuando la burbuja inmobiliaria ha desaparecido nos hemos quedado sin esos ingresos que se preveían infinitos por parte de los diferentes Gobiernos. Si el paro es la preocupación fundamental para la
ciudadanía española, como no puede ser de otra forma, tenemos que ver si este proyecto encaja en la lucha contra el desempleo, en la lucha contra esa tasa de paro de más del 25 %. Lo cierto es que tenemos que decir que no, porque estas subidas de
impuestos son, en primer lugar, regresivas; son injustas, regresivas y no tienen en cuenta que la única forma de crear empleo es a través de estímulos, y dado que están en un corsé que realmente promueve la austeridad y los recortes, que es lo que
impone la troika, que es lo que el Gobierno del Partido Popular está promoviendo, la única consecuencia de todas estas medidas es debilitar la demanda interna. Estamos en un país que, como usted sabe, señor ministro, tiene únicamente un 3 % de
empresas exportadoras, según los datos del ICEX; un 3 % de las empresas de este país son exportadoras. Es decir, nuestro crecimiento y nuestra capacidad de crear empleo deriva fundamentalmente de la demanda interna. Si hacemos políticas de
austeridad, si hacemos recortes como los que está imponiendo la troika y que está aceptando gustosamente el Partido Popular, no vamos a crear empleo; y esto, que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desgraciadamente se puede comprobar
atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística. Podría argumentarse -decía- con el hecho de que el Gobierno está intentando
aplicar impuestos regresivos para facilitar la industria de exportación, pero no tiene sentido cuando analizamos, como decía, que solo el 3 % de las empresas tiene una industria exportadora. Por el contrario, cuando uno va a las empresas y
pregunta cuáles son sus problemas -eso es lo que hizo el Banco Central Europeo en su encuesta del año pasado- se encuentra con que el 33 % de las empresas españolas considera que su principal problema es encontrar clientes y el 20 % el acceso a la
financiación. Es decir, la mayor parte de las empresas españolas se queja de la falta de demanda interna y actuar de forma regresiva en los impuestos, como se presenta en este proyecto de ley, va a tener como única consecuencia empobrecer más a la
ciudadanía, empobrecer más la demanda interna y, en última instancia, seguir manteniendo una dinámica absolutamente suicida. Estamos absolutamente en desacuerdo con este rumbo que consideramos suicida, alocado, económica y socialmente, porque no va
a haber sociedad que aguante estos recortes; económicamente no tiene ningún sentido.
La desigualdad está creciendo, señor Montoro, usted lo sabe, y el régimen fiscal debería servir para corregirla. Pero se aprueban reformas regresivas como esta que lo único que hacen es incrementar esa regresividad, incrementar esa
desigualdad, y la desigualdad es al final una traducción, una explicación, una descripción de quién está pagando la crisis. Si aumenta la desigualdad, la mayor parte de la ciudadanía, los que están por debajo, son los que pagan la crisis, mientras
que los que están por encima, esa minoría formada por los grandes bancos, las grandes empresas, las grandes fortunas, se ven favorecidos por ella. De ahí que nosotros consideremos que esta política es una política de clase social, porque beneficia
a los de arriba. A la vez que se aprueba este proyecto de ley para favorecer fundamentalmente a esa empresa y a proyectos de esa naturaleza, a proyectos basados en mano de obra barata, a proyectos que no tienen ningún sentido en el modelo
productivo, que, por otra parte, defiende, por lo menos en palabras, el señor De Guindos, mientras esta desigualdad crece, el Gobierno podría haber utilizado la reforma fiscal para corregirla y luchar contra la pobreza, la miseria y la desigualdad.
Podría haberlo aprovechado y, sin embargo, lo que estamos viendo en el horizonte de este proyecto de ley es un proyecto de país con el que no podemos estar en absoluto de acuerdo. Es un proyecto de país regresivo, un proyecto de país de camino al
subdesarrollo, un proyecto que lo que tiene pensado para nuestro modelo productivo es una industria débilmente exportadora, basada en bajos salarios, de contenido tecnológico bajo, como ha venido siéndolo en las últimas décadas, que conlleva un
modelo de sociedad funcional con el que no podemos estar en absoluto de acuerdo. Este proyecto -insisto- tenía algunos avances -siempre vamos a valorar cualquier paso adelante, aunque consideremos que haya que dar muchísimos más-, pero se ha
quedado insuficiente y para lo único que va a servir es para dar facilidades al empresario que viene a instalar su negocio a nuestro país, pero no va a servir ni para crear empleo, ni para resolver los problemas de la ciudadanía, ni para generar
esperanza con un nuevo proyecto de país que diera ilusión a toda la gente que se está quedando en el paro. Por ello, hemos presentado un texto alternativo que, sin ser tampoco la solución, porque hay que combatir el marco superior desde el que se
imponen estas políticas, sería un avance mucho más importante que el que está planteando el Partido Popular con este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario ha planteado una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, que hace referencia a la adopción de diferentes medidas
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica; quiero recordar este último párrafo: al impulso de la actividad económica. Señor ministro, nuestro grupo parlamentario ha presentado una
enmienda a la totalidad no por el contenido de este proyecto de ley. Es cierto que hay aspectos que ya no nos extrañan, porque a lo largo de estos siete, ocho o diez meses de legislatura hemos observado que por parte del Partido Popular y del
ministro de Hacienda ha existido una voracidad fiscal sin límites, ilimitada, un incremento de impuestos desde nuestra perspectiva desmesurado, aunque algunos de ellos los hemos aprobado dadas las circunstancias económicas por las que está
atravesando la economía española. Pero ya hemos dicho en diferentes ocasiones que nosotros no compartimos que se incrementen los impuestos directos en el mes de enero, y al cabo de seis meses -a pesar de la promesa del señor ministro de Hacienda en
el sentido de que aumentábamos los directos, o sea el IRPF, pero no aumentaríamos los indirectos- la política fiscal del
Gobierno sea incrementar los indirectos, los directos y los indirectos. Esta es una mala política fiscal porque con tanta voracidad y tanta obsesión por la recaptación de impuestos no queda masa monetaria para que la gente pueda consumir,
para que la gente pueda ahorrar o para que la economía productiva pueda invertir. Nosotros ya nos hemos acostumbrado, dada la mayoría absoluta, a que ustedes incrementen ilimitadamente los impuestos directos e indirectos. Lo que nos tememos y nos
preocupa, señor ministro, es que esta voracidad fiscal ilimitada no acabe con unas ideas confiscatorias por parte del Partido Popular que van en la dirección de la nacionalización de los medios públicos de la producción. Esperemos que no llegue,
pero podría llegar dada la experiencia que hemos observado en estos últimos diez meses.
¿Por qué hemos presentado la enmienda a la totalidad, señor ministro? Aquí le vamos a recoger el guante o le vamos a recoger algunos de los planteamientos que ha hecho en su intervención. Hemos presentado la enmienda a la totalidad porque,
desde nuestro punto de vista, faltan mecanismos orientados a impulsar la actividad económica y faltan todos aquellos mecanismos que van en la dirección de generar confianza para que exista inversión y para que se puedan crear puestos de trabajo,
señor ministro. Usted lo sabía de anteriores legislaturas. Si uno repasa todas sus intervenciones, en la pasada legislatura, cuando estaba en la oposición o cuando estaba en el Gobierno, ve que ustedes planteaban o practicaban una determinada
política fiscal orientada a la economía productiva con la que nosotros, en algunos o en bastantes casos, habíamos coincidido, pero que echamos en falta en esta legislatura. Ustedes plantean medidas orientadas a la reducción del déficit público, a
una política de austeridad -yo diría- importante, en el sentido de que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Nosotros compartimos esta política y lo hemos demostrado en esta legislatura votando algunos de los planteamientos importantes que
ha presentado el Partido Popular. Pero después nos hemos encontrado, señor ministro, con que el resultado de haber apoyado determinadas iniciativas que había planteado el Gobierno del Partido Popular es que a lo largo de las tramitaciones
parlamentarias han sido incapaces de tener sensibilidad o de incorporar enmiendas, no como en este caso que fueran dirigidas u orientadas a beneficiar a determinadas comunidades autónomas o a beneficiar directamente a Cataluña -entenderíamos que en
ese caso ustedes hubieran optado por no aprobar enmiendas que iban en la dirección de implementar determinados beneficios fiscales o económicos para Cataluña-, sino enmiendas que iban a complementar, a mejorar la tramitación o la legislación que
ustedes traían a esta Cámara. El resultado de la tramitación ha sido que, finalmente, ustedes han sido insensibles con aquellos grupos que habían apoyado determinados proyecto de ley duros, importantes y, al final, nos han maltratado políticamente.
Están en su derecho -cuidado-, tienen mayoría absoluta, pero han sido incapaces de recoger enmiendas que iban en la buena dirección, de mejorar la legislación, de incrementar los recursos del Estado, de mejorar los recursos de la Agencia Tributaria
española.
De todas formas, usted en la presentación de este proyecto de ley ha tendido otra vez la mano a aquellos grupos parlamentarios que estamos preocupados por la situación económica española, a aquellos grupos parlamentarios que, una vez más,
vamos a intentar plantear enmiendas en la buena dirección para que se puedan incorporar mecanismos para incrementar la actividad económica, que es justamente de lo que adolece este proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene mecanismos importantes
de voracidad fiscal porque incrementa la presión fiscal de las rentas de las familias, de las empresas, de las pymes y de las grandes compañías -desde esta perspectiva nosotros no hubiéramos presentado una enmienda a la totalidad-, pero le siguen
faltando propuestas complementarias a la presión fiscal, como impulsar la actividad económica e impulsar, orientar y potenciar la economía productiva para generar empleo. ¿Cómo vamos a poder ser competitivos, cómo vamos a poder cumplir los
Presupuestos Generales del Estado del año 2013 con unas perspectivas de paro en España de alrededor de 6 millones? Alguien tendrá que tener confianza para invertir y generar puestos de trabajo; alguien tendrá que plantear medidas económicas
importantes para que una parte significativa de la población juvenil española, de la que más del 50 % está en paro, pueda ir del paro a la ocupación. Por esto, señor ministro, hacen falta medidas que impulsen la actividad económica. Nosotros vamos
a plantear una vez más -confiando en la oferta de diálogo que nos ha planteado el ministro- una serie de medidas que vayan en la dirección de crear empleo.
Señor ministro, después de las últimas elecciones generales, el señor presidente del Gobierno, en esta Cámara, en el debate de investidura -usted lo ha reiterado en algunas ocasiones- planteó que una de las leyes más importantes que iban a
traer era la del apoyo al emprendedor. A pesar de que nuestro grupo parlamentario planteó una proposición de ley en esta dirección, ustedes la votaron en contra diciendo que ya la traerían ustedes antes del verano. Ha pasado el verano, está
empezando el invierno,
está a punto de finalizar el año y ustedes se han cargado literalmente la ley de apoyo al emprendedor. Se han cargado literalmente la propuesta de una ley de apoyo al emprendedor porque hace pocas semanas dijeron que la ley del emprendedor
ya había desaparecido de sus objetivos a corto plazo y que planteaban algunas enmiendas dirigidas a la emprendeduría pero no en una ley. Por ello, nosotros sí vamos a plantear en esta ley un mecanismo importante para que la ley del emprendedor sea
efectiva. Señor Montoro, ustedes pueden proponer en una ley del emprendedor algunos de los aspectos que les vamos a plantear en las enmiendas, que son mecanismos similares a los que han aplicado países vecinos de la Unión Europea, competidores
nuestros. Esto seguramente va a posibilitar que muchísimos jóvenes con un gran talento intelectual que han acabado sus carreras profesionales, que han acabado sus estudios de licenciatura y con una capacidad tremenda puedan pasar del paro a
desempeñar una emprendeduría de un proyecto empresarial. Para ello hay que plantear diferentes mecanismos para ofrecer a estas personas que tienen ideas y talento los mecanismos financieros suficientes para que puedan desarrollar sus proyectos
empresariales. Por lo tanto, creo que esta es una buena oportunidad, es una ley de acompañamiento. A mí me pareció un error que el Partido Socialista hiciera desaparecer la ley de acompañamiento, porque independientemente de los presupuestos, si
planteamos una ley de acompañamiento vamos a poder mejorar, innovar y renovar algunos aspectos que pueden ir en la dirección de generar puestos de trabajo. Por tanto, nosotros vamos a plantear una iniciativa orientada a que la ley del emprendedor
sea efectiva a partir del 1 de enero de 2013 para generar empleo, señor ministro, para que se puedan cumplir los presupuestos que usted ha presentado en esta Cámara y que nosotros hemos dicho que, desgraciadamente, están caducados. ¿Por qué no
plantean ustedes, señor ministro, junto con la ministra de Trabajo, un plan de choque para que el empleo sea una realidad en España? Lo han hecho otros países de la Unión Europea, y este plan de empleo que nosotros venimos reiterando a lo largo de
estos diez meses de legislatura no se ha hecho realidad. ¿Tanto cuesta plantear un plan de choque a favor del empleo, un plan de choque contra el paro para una parte importante de las personas de entre veinticinco y treinta años o de más de
cuarenta y cinco, que hoy están en el paro y que no van a encontrar trabajo si no planteamos un plan de choque que sea una realidad? Aquí también va a tener usted la gran posibilidad de incorporar algunas de las ideas que nuestro grupo
parlamentario va a plantear en esta ley de acompañamiento.
En cuanto a la liquidez, ya me da vergüenza hablar de liquidez aquí, señor ministro, vergüenza personal, porque llevamos diez meses manifestando y reiterando que las pequeñas y medianas empresas no tienen liquidez. Aquí a los miembros del
Gobierno, los diferentes grupos parlamentarios, entre los cuales también nos incluimos a pesar de que estamos en la oposición, venimos planteando soluciones para que las pequeñas y medianas empresas tengan liquidez. Hoy no hay liquidez, señor
ministro; hoy no tienen liquidez los empresarios autónomos ni las pequeñas y medianas empresas. Van a los bancos para presentar proyectos empresariales solventes pero como no tienen patrimonio o debido a que los bancos tienen dificultades de
liquidez para aportar recursos a la economía productiva, no consiguen estos recursos; y a lo largo de estos diez u once meses de legislatura hemos sido incapaces de dar una solución para que las empresas tengan liquidez. Nosotros le vamos a
plantear una posibilidad, aunque sabemos que quizá sea difícil incardinarla en este proyecto de ley, y mañana también la desarrollará el presidente del grupo parlamentario durante la comparecencia del señor Rajoy. Hagamos, por ejemplo, lo que han
hecho los franceses, que han creado a través de un banco público una iniciativa de recursos para que todo el tejido de pequeñas y medianas empresas y de emprendedores puedan disponer de determinados recursos económicos para afrontar sus proyectos
empresariales. Se podría hacer a través de la banca privada y de la reestructuración del sistema financiero español que está pendiente -nosotros hemos estado al frente de la manifestación apoyando esta reestructuración para que finalmente haya
liquidez-, pero no podemos esperar seis u ocho meses más porque probablemente en los próximos ocho o diez meses la reestructuración financiera sea una realidad pero, mientras tanto, cada día están cerrando muchísimas pequeñas y medianas empresas.
Ideas no nos van a faltar; copiemos lo que han hecho otros países de la Unión Europea.
Finalmente, desde esa perspectiva, le vamos a presentar algunos aspectos que seguramente no le harán tanta gracia pero que seguiremos planteando, como es la posibilidad de que las comunidades autónomas también se beneficien del incremento de
impuestos que han iniciado a lo largo de esta legislatura en el tramo estatal, por ejemplo, del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales, incrementos impositivos de los cuales las comunidades autónomas no se están viendo beneficiadas. Es una
falta de tacto, de deslealtad institucional hacia las comunidades autónomas porque sabe perfectamente que son
las que están financiando los servicios básicos de sanidad, servicios sociales y educación. Les vamos a presentar una vez más mecanismos que posibiliten que las comunidades autónomas también se puedan beneficiar de este incremento
impositivo que han planteado a lo largo de esta legislatura.
Muchísimas gracias, señor presidente; señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Socialista, y para presentar su enmienda de devolución, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, no hemos planteado solo una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley; en realidad hemos presentado una enmienda a la totalidad a toda la política impositiva, a toda la política fiscal del Gobierno. ¿Por qué
lo hacemos? La política impositiva del Gobierno se resume en una sola idea: se han subido los impuestos de manera muy importante a la clase media y sin embargo se les perdonan los impuestos a los incumplidores. Esa es la gran idea impositiva y
fiscal del Gobierno, y tiene consecuencias negativas, al menos tres consecuencias negativas. La primera, incrementa la desigualdad en España. El segundo problema es que si se incrementa la desigualdad va a haber menos crecimiento, o sea, se ahonda
en la recesión. Y el tercer problema es que se trata de una política impositiva sin principios éticos, porque se les está perdonando los impuestos justamente a aquellos que incumplen, a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones. Pero hay
otra consecuencia negativa, hay una consecuencia más, que es el problema de confianza sobre las finanzas públicas españolas, y es así porque si contribuye a incrementar la recesión, eso genera una pérdida de confianza en los mercados. Además, las
medidas que se han planteado son meros retoques, meros parches, que tienen una vocación coyuntural pero no se aborda en profundidad el problema fiscal que tenemos. El problema fiscal que tenemos en este país es de ingresos públicos. ¿Se acuerdan
en la precampaña electoral -ahora a través de los presupuestos- cuando el Partido Popular nos decía que el problema fiscal de este país era el sector público, el gasto público, el Estado del bienestar? No digo que no haya que reformar aspectos
relacionados con el sector público, pero el problema fiscal más importante en este país tiene que ver con los ingresos públicos. Esas son las consecuencias.
Por eso le decía que nuestra enmienda a la totalidad no es solo a este proyecto de ley, es una enmienda a la totalidad a su política impositiva, a su política fiscal. Esta política incrementa la desigualdad porque se ha subido el IRPF a la
clase media, se ha subido el IVA en torno a un 17 % a la clase media y, sin embargo, se les perdonan los impuestos, como digo, a los que más tienen, a las grandes corporaciones y a los grandes patrimonios. Es más, hay una campaña por tierra, mar y
aire ante los defraudadores para que la amnistía fiscal sea un éxito; yo diría, señor ministro, una campaña indecente por tierra, mar y aire. No ha sido suficiente un decreto-ley; no, hubo una orden ministerial para no mirar de dónde venía el
dinero. Pero no solamente hubo una orden ministerial sino que también se ha planteado una modificación del Código Penal para decir a los defraudadores que no se les va a abrir ninguna causa penal. Y no termina ahí, sino que además la Dirección
General del Tesoro ha planteado dos informes para decir a los defraudadores que su información es reservada incluso para la inspección de Hacienda. Como digo, es una campaña indecente por tierra, mar y aire para que finalmente la amnistía fiscal
sea un éxito.
Lo decía al principio de mi intervención, señor ministro, cuando se incrementa la desigualdad por la vía de los impuestos -por la vía de los gastos, pero estamos hablando de los ingresos-, eso ahonda la recesión, porque al final cuando la
clase media tiene menos recursos, cuando su disponibilidad económica es menor, su demanda efectiva es menor, y por tanto la actividad se resiente de una manera importante. Eso es lo que sucede y es la segunda consecuencia de su política impositiva.
Y la tercera -de la que hablaba anteriormente- es la pérdida de confianza. El impuesto de sociedades tiene en sus cambios una voluntad temporal, no hay una reforma estructural del impuesto de sociedades; hay meros cambios de maquillaje en relación
con este impuesto, y eso tiene una repercusión ante los acreedores internacionales porque piensan que la recaudación de los impuestos no es suficiente para sostener el gasto público en España. Le voy a decir más, señor ministro, para que no haya un
rescate total de la economía española es muy importante que la política impositiva de su Gobierno -empezando por la impositiva-, no solo la presupuestaria, sea creíble ante los acreedores internacionales y ante los agentes económicos e
institucionales nacionales e internacionales. Eso es muy importante. Señor ministro, la subida del IVA a grandes empresas no es la reforma profunda que necesita el impuesto, porque en realidad es un simple adelanto de recaudación a través de la
elevación de pagos a cuenta en 2012 y en 2013 y, en el caso de 2013 y 2014, la limitación de la deducción de las amortizaciones; es decir, el problema se traslada a 2014
y a 2015, el problema se traslada a esos años. No hay una reforma en profundidad necesaria del impuesto. Es pan para hoy y hambre para mañana. Ese es el planteamiento de sus modificaciones en relación con el impuesto sobre sociedades.
En diez meses, señor ministro, el Gobierno ha presentado a esta Cámara tres reales decretos, tres proyectos de ley, un proyecto de ley orgánica; en definitiva, siete textos legislativos con contenido tributario en los que no ha habido en
ningún momento una ambición de reformar en profundidad la fiscalidad española. Ahora rescato la deducción a la compra de vivienda a las rentas más altas, ahora desaparece la deducción a la compra de vivienda, ahora apruebo una amnistía fiscal y una
reducción de ingresos de la Agencia Tributaria, ahora planteo una ley de lucha contra el fraude, ahora apruebo una ley de lucha contra el fraude pero también permito que las pérdidas de juego se descuenten del importe de las ganancias del juego o se
incentive la economía de un casino de dudosa procedencia. Esto es el batiburrillo de la política impositiva del Gobierno del Partido Popular. A un inspector o a un subinspector de Hacienda por la mañana se le dice: no mire, mire para otro lado,
porque vamos a perdonar a los defraudadores; y por la tarde se les dice: vamos a luchar contra el fraude fiscal. Esa es una manera de entender, de radiografiar la política impositiva del Gobierno.
Además, señor ministro, le aconsejo que no se cuelgue todas las medallas en el pecho en relación con los resultados de la Agencia Tributaria en materia de lucha contra el fraude; le aconsejo que sea relativamente modesto, porque todos los
especialistas saben, los empleados de la Agencia Tributaria particularmente, que las medidas de recaudación de hoy tienen que ver con las medidas y el trabajo del pasado más lejano y del pasado más reciente, porque en el Plan de lucha contra el
fraude de este Gobierno no hay una sola medida nueva con relación al Plan de lucha contra el fraude del año anterior. Es más, todo el mundo sabe, todos los especialistas saben que mucha recaudación de hoy tiene que ver con los trabajos de hace uno
o dos años, e incluso de más si hablamos de las ejecuciones de las sentencias judiciales, porque en ese caso son más años, por tanto, señor ministro, le pediría modestia en relación con las medallas que se quiere colgar en la lucha contra el fraude.
Han perdido una gran oportunidad de plantear una reforma fiscal ambiciosa. Su discurso económico en materia de impuestos y en materia del déficit es puramente ideológico y un puro fracaso, las dos cosas. Puramente ideológico -lo decía
anteriormente- porque nos han contado por activa y por pasiva en los presupuestos, insisto, que el problema fiscal más importante de este país está por el lado de los gastos, está por el lado del Estado del bienestar. De ninguna manera. El
problema más importante de este país se llama ingresos. Acaba de decirnos Eurostat que nuestra presión fiscal está prácticamente diez puntos por debajo de la media de la Unión Europea; estamos a la cola de la Unión Europea en presión fiscal. Por
debajo de nosotros: Lituania, Eslovenia y Bulgaria. Esos son los tres países que están por debajo de nosotros. No digo que no haya que cambiar cosas en la Administración, que haya que reformar parte del gasto público, pero hay un planteamiento
profundamente ideológico y un puro fracaso, señorías, porque lo que nos contaron en la campaña electoral y lo que nos han contado durante mucho tiempo es que el PP iba a bajar los impuestos para que de esa manera hubiese más actividad económica y,
por tanto, más recaudación. Y ahora nos hacen absolutamente todo lo contrario y nos dicen que lo bajarán en el futuro.
De acuerdo con la máxima económica del Partido Popular, véase curva de Laffer en versión española, en versión ministro de Hacienda, no la aplican. Dicen que lo harán en el futuro. Vamos a seguir esa máxima económica, la más importante, que
iba a cambiar la economía española y el crecimiento económico. Señor ministro, también le pediría prudencia a la hora de valorar los datos en relación con la ejecución presupuestaria hasta septiembre porque si no le pueden llevar a usted a
conclusiones inadecuadas. En primer lugar, ha hablado antes de la recaudación del IVA, del IRPF y también del impuesto de sociedades. Pues bien, el efecto anticipación del consumo en agosto por la subida del IVA es un hecho, por tanto más
ecuanimidad a la hora de analizar ese incremento de la recaudación de septiembre porque los datos de ventas minoristas del mes de septiembre demuestran que ha habido una caída en el consumo en términos reales de prácticamente el 13 %. El señor
ministro debería ser más prudente a la hora de valorar para no sacar conclusiones equivocadas. Igual que sabemos que en septiembre está el efecto retraso en el ritmo de devolución del IRPF, del impuesto de sociedades y del IVA. Cuente toda la
verdad aquí en la tribuna y no trate de sacar -como digo- conclusiones inadecuadas desde el punto de vista de la toma de decisiones y también desde el punto de vista de la credibilidad nacional e internacional.
En definitiva, señor presidente, señor ministro, lo que necesita como el comer la economía española es una reforma fiscal en profundidad y de calado, que se debe asentar sobre tres pilares. Una reforma para que haya más igualdad, para que
la desigualdad no vaya a más y por tanto haya más crecimiento
económico. Como digo, una reforma fiscal en profundidad que se debe asentar sobre tres pilares. El primer pilar es que los que pagan impuestos no pueden pagar más impuestos. Los que tienen que pagar impuestos son los que no pagan
impuestos, este es el primer pilar de la reforma fiscal. Dicho de otra manera, el fraude fiscal, los paraísos fiscales, las multinacionales tienen que estar en el centro de la toma de decisiones, en el centro de la agenda política y económica de
este Gobierno y del Gobierno de la Unión Europea. Porque el fraude, señor ministro, no está en el fontanero. El fraude está en la multinacional, el fraude está en la gran empresa y el fraude está en los paraísos fiscales. Les digo más, señorías,
señor ministro, la derecha toma la globalización como excusa para bajar los impuestos pero la izquierda tiene que tomar la globalización para extender el Estado del bienestar y los derechos. Esa es la diferencia pero no equivoquemos el tiro, no
equivoquemos las prioridades. La lucha contra el fraude fiscal no está tanto en el fontanero como en los paraísos fiscales.
La segunda pata, el segundo pilar de la reforma de la fiscalidad en profundidad de nuestro país tiene que tener en cuenta una fiscalidad sencilla, clara, transparente, atractiva para la inversión y para el esfuerzo de los emprendedores. En
definitiva, eliminar las deducciones que son inútiles desde el punto de vista de la eficiencia y desde el punto de vista de la justicia. Las deducciones y las exenciones hay que eliminarlas para hacer una fiscalidad clara, sencilla, entendible,
transparente y atractiva. Y el tercer pilar es que los grandes patrimonios tienen que tributar más, las grandes propiedades y las grandes herencias, porque eso no va contra el crecimiento económico, eso no va contra la actividad económica, de
ninguna manera, todo lo contrario, contribuye a la cohesión social y, por tanto, a incrementar la actividad económica. Señor ministro, nosotros creemos que es posible una fiscalidad en la que se combine crecimiento económico y cohesión social, es
perfectamente posible. La economía española, más que nunca, necesita esa reforma fiscal. Ustedes han perdido una oportunidad. Las medidas de este proyecto de ley y de todos los proyectos de ley que ha traído aquí el Gobierno no contribuyen al
crecimiento económico -todo lo contrario-, no contribuyen a la cohesión social -todo lo contrario- y, sobre todo y lo más preocupante, señor ministro, carecen de principios, y eso para mí es muy importante.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
En turno de fijación de posición por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, mi grupo agradece la posibilidad de hablar de política tributaria en el Congreso porque creemos que es un tema pendiente y que merecería Pleno monográfico. Este debate es un sucedáneo de ese Pleno, con esta
limitación de tiempo y a estas horas, pero en cualquier caso bienvenido sea.
En opinión de mi grupo uno de los mayores defectos en la política económica del Gobierno es la falta de una estrategia tributaria coherente desde que empezó su mandato hace casi un año. Bien es cierto que esta falta de estrategia tributaria
se enmarca dentro de una falta de estrategia general de política económica. En efecto, la política tributaria nos dice cómo pedir un esfuerzo a los ciudadanos pero habría que hacerse una pregunta previa que es, ¿por qué pedir un esfuerzo a las
familias y a las empresas ahora, en mitad de la recesión? Esto tiene que ver con decisiones que se han tomado, como el rescate generalizado de las cajas de ahorros y el rescate generalizado de las comunidades autónomas, que hacen que en sus
presupuestos se haya aumentado la deuda pública en un año en 16 puntos del PIB, lo que nos lleva a una deuda pública del 90 % del PIB. No podía salir de mi asombro cuando le escuchaba la semana pasada desde mi escaño presumir de que estaba usted
controlando la deuda pública; todo lo contrario. Esa deuda pública que ha caído sobre el Estado parece que no la paga nadie, pero al final la paga el contribuyente y ese contribuyente tiene cara, nombre y apellidos, en forma de familias y
empresas, que venían haciendo ya un esfuerzo y ahora tienen que hacer uno mayor en medio de una recesión. También tiene que ver con que no se han recortado de manera más rápida ni agresiva las estructuras administrativas que mi partido tantas veces
le ha señalado -que a usted le provocan gracia, pero que siguen sin reducirse- o los 4.000 entes de las comunidades autónomas pendientes de reducción. Si todo eso se hubiese recortado pronto y agresivamente el esfuerzo fiscal que se pide a las
familias en medio de la recesión no sería tan importante. Ese es el porqué se exige ese esfuerzo.
Pasamos ahora a la política tributaria, es decir, a cómo se exige ese esfuerzo. Esencialmente, lo que se está haciendo es pedir un esfuerzo mayor a los que ya estaban cumpliendo. No nos engañemos, lo que
más ha subido es el IVA y el IRPF, el consumo y las rentas del trabajo, los dos impuestos que siempre han recaudado más, donde Hacienda tiene más control sobre los contribuyentes que han venido haciendo ese esfuerzo en el pasado. Se aprieta
hasta el límite a quien ya estaba cumpliendo, con una subida del IVA del triple en muchos productos o unos tipos nórdicos en el IRPF que pagan básicamente las rentas del trabajo. Junto a esto, los otros dos pilares de las medidas impositivas tienen
que ver con unos expedientes más o menos imaginativos e improvisados para adelantar recaudación, sobre todo en el impuesto sobre sociedades, repito, no aumentar sino adelantar en el tiempo recaudación, y con una amnistía a los defraudadores, que no
voy a entrar en ella por no agotar toda la intervención. La amnistía de por sí ya era escandalosa, pero cómo se está intentando maquillar ampliándola cada vez más y ahora ya impidiendo a los inspectores de hacienda que accedan a la información, nos
parece algo sin precedentes y un insulto, por parte del ministro, a los funcionarios que trabajan para él, a los inspectores de Hacienda. Además, este camino se ha recorrido en medio de improvisaciones, desmentidos y un caos absoluto. En cualquier
manual de introducción a la Hacienda -usted lo sabe perfectamente, señor ministro- se valora la certeza, la credibilidad, que las empresas y las familias puedan planificar. Aquí se empezó con un programa electoral que prometía la bajada de
impuestos y a partir de ahí todo ha sido caos, contradicciones y desmentidos, generando una incertidumbre sin límites en familias y empresas.
No cabe engañarse. Esta estrategia ya no da más de sí. Es difícil subir los tipos de estos impuestos y los adelantos de recaudación se notarán en menos recaudación en el futuro. Usted presume paradójicamente de que muchas de estas subidas
no son permanentes. Todavía estoy esperando a que algún día me explique cómo va a reducir el déficit estructural con medidas no permanentes. Usted sabe que estructural es precisamente permanente. Va a lograr lo imposible: reducir con medidas no
permanentes el déficit estructural. Estas críticas, dichas así, pueden parecer injustificadas, pero es que las medidas que hay en su proyecto de ley las ilustran perfectamente. ¿Cuáles son las principales medidas que aparecen en ese proyecto de
ley? Se suprime la deducción por vivienda habitual. Este es un tema que ya da para un sainete. Cuando el PSOE lo limitó ustedes lo criticaron. Llegaron al Gobierno y la generalizaron y ahora lo que habían generalizado hace menos de un año lo
suprimen. Es un buen ejemplo de ese caos y de esos bandazos.
Otra medida importante. Se prorrogan en el año 2013 el impuesto sobre el patrimonio sin ningún tipo de reformas o estructura. Un impuesto al que ustedes se oponían, que decían que había que reformar; ahora, de repente, se prorroga tal
cual en el año 2013. En el impuesto sobre sociedades hay uno de esos expedientes imaginativos a que antes me refería: se limita la amortización fiscalmente deducible. La amortización refleja un fenómeno que es la depreciación, refleja un coste de
las empresas y se hace según las tablas del propio Ministerio de Hacienda. Ahora se decide que ese fenómeno no sucede, que no hay tal depreciación como expediente recaudatorio. Bien, por ley tendrán mayor beneficio las empresas. Otro imaginativo
expediente para adelantar recaudación, pero que es una barbaridad conceptual. Hay un impuesto sobre el juego que nos parece buena idea, pero pensamos que debería haber tenido en cuenta las repercusiones que tendrá sobre algunas entidades que hacen
una labor social importante como es la ONCE o es la Cruz Roja. Se introduce una medida que nos preocupa mucho y algunos intervinientes han aludido a ella, pero de pasada, que es la posibilidad que se da a todos los ayuntamientos españoles de
bonificar en el 95 %, es decir, prácticamente de perdonar tanto el IBI como el impuesto de actividades económicas. Esto se hace a la medida de una empresa concreta, forma mala de legislar, pero abre una dinámica de consecuencias impredecibles. Y,
por favor, quiero que queden mis palabras en el 'Diario de Sesiones', porque creo que esto va a traer mucha cola en el futuro y va a dar lugar a arbitrariedad y veremos si no ligado incluso a la corrupción, porque dar a los ayuntamientos la potestad
de perdonar individualmente a un empresario sus impuestos del IBI o del IAE por motivos tan genéricos como las circunstancias sociales y culturales, motivos vagos e indeterminados, es una medida muy peligrosa.
Todo esto se justifica con la mayor recaudación que veremos si se produce porque ni el Fondo Monetario ni el Banco de España concuerda con sus optimistas previsiones. Usted nos podrá contestar: es que no podemos hacer otra cosa. Mi grupo
parlamentario no está de acuerdo con usted. La política consiste en tomar decisiones y, desde luego, hay otras alternativas. Supera mis posibilidades en dos minutos y medio proponerle una reforma tributaria, pero voy a resumir, al menos, las
enmiendas que mi grupo ha presentado al proyecto de ley porque si se tramita como es de esperar, indican por dónde creemos que deberían ir esas reformas. Hay algo previo que no está en el proyecto de ley que antes he comentado y es la reducción al
límite del gasto superfluo de las administraciones, la reforma administrativa. Los ciudadanos tienen que saber que sus impuestos se están utilizando bien, no que se están malgastando y el esfuerzo que se les pediría sería menor.
Entrando en la parte impositiva, en la profunda reforma fiscal que, en nuestra opinión, está pendiente en la economía española, creemos que la filosofía es no que los que ya hacen un esfuerzo importante paguen más, sino que los que no pagan
todo lo que deberían paguen más, que es una matización importante. Para eso proponemos medidas como reformar la tributación de las Sicav, limitar la participación de un socio individual a un tope para que no sean sociedades patrimoniales de una
familia como hoy en día, que la Agencia Tributaria compruebe que se están cumpliendo esos requisitos y que tributen en régimen de transparencia, que se les imputen sus beneficios anualmente y no puedan diferir la tributación hasta que se liquida la
sociedad o se repartan dividendos, como sucede hoy en día. A modo de impuestos sobre el lujo le proponemos un impuesto sobre los vehículos de gama alta en el exceso de precio sobre 30.000 euros. Por cierto estas medidas no son para añadirlas a las
suyas, son alternativas a las suyas, alternativas a las medidas como la subida del IVA, por tanto, un impuesto sobre los vehículos de gama alta en el exceso de precio sobre los 30.000 euros a modo de impuestos sobre el lujo. Proponemos una subida
en tres puntos del impuesto sobre sociedades de las entidades financieras, que pagarán cuando vuelvan a tener beneficios para que ayuden a recuperar la ingente cantidad de dinero público que están recibiendo en el momento actual. La imposición
sobre la riqueza que se plasma en el impuesto sobre el patrimonio y en el impuesto sobre sucesiones está cedida a las comunidades autónomas, y no deja de ser sorprendente que algunas comunidades hayan bonificado hasta el cien por cien estos
impuestos, además, comunidades con problemas presupuestarios. Por eso, proponemos que la bonificación máxima de las comunidades autónomas no pueda superar el 25 % para evitar esos problemas y homogeneizar la tributación en unos impuestos que son
tan redistributivos. Esto debería ir unido a una reforma en el impuesto sobre el patrimonio y un primer paso podría ir en la línea de que la exención de los activos empresariales no sea total, sino parcial.
Ya he señalado nuestra oposición a lo que se ha hecho en el IBI y en el impuesto sobre actividades económicas. Propondríamos que la bonificación no pueda superar el 25 %, y no el 95 % del Gobierno. No deja de sorprendernos que dos de las
tres comunidades autónomas más ricas de nuestro país, el País Vasco y Navarra, vivan fiscalmente de espaldas al resto del territorio; cosa de la usted presume que ha ayudado a que sea así. Creemos que hay modificar el cupo vasco y la aportación
Navarra, empezando por su cálculo. Todos los expertos coinciden en que no es correcto, porque no calcula bien ni el coste de las competencias estatales ni las cantidades que tienen que ver con el IVA. Con todo esto, junto a la derogación de la
amnistía fiscal y el refuerzo de los medios de la Agencia Tributaria -que su presupuesto vuelve a reducir en un 7,7 %-, creemos que habría algún camino alternativo al regresivo y de profundización en la recesión que ustedes han elegido. Por eso,
nuestro grupo apoyará la devolución de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Con la venia, señor presidente.
Traía una intervención escrita, pero a estas alturas del debate está casi todo dicho. Hemos tenido hasta la oportunidad y la suerte de oír un programa de política tributaria y de gobierno del señor Anchuelo que espero que nunca lleve a
cabo, porque sería terrorífico. No quiero decir más que aquí se ha hablado de todo. Aquí todo el mundo habla de Adelson, pero no se dan cuenta de que no se han leído ni siquiera la ley. La ley establece, por ejemplo, en el tema del IBI que los
bienes de patrimonio histórico que estén afectados a una explotación económica puedan tributar por IBI, respetando el principio de autonomía local y dándoles a los ayuntamientos la posibilidad de bonificar ese IBI, esa cuota, siempre que lo estimen
oportuno, pero para bienes exclusivamente del patrimonio histórico. Por tanto, señores de Izquierda Unida y de Unión, Progreso y Democracia, léanse ustedes con un poquito más de detenimiento la ley, porque en el detalle, en la claridad y en el
análisis está la diferencia.
He oído todo tipo de cosas. He oído un programa bastante reiterativo no solo por parte del señor Anchuelo, sino también por parte de Izquierda Unida y por parte del Grupo Socialista. Creo que no entienden muy bien que al final esta ley de
acompañamiento, de consolidación de las finanzas públicas y de impulso de la actividad económica, es una ley que se tramita paralelamente a la Ley de Presupuestos y que pone fin a aquel debate histórico doctrinal de si era constitucionalmente
posible establecer figuras tributarias en una ley de acompañamiento a los presupuestos, en una ley de presupuestos o se necesitaba una ley como tal sustantiva para poder cumplir con esa finalidad. Creo que ahora está resuelto: se tramitan dos
leyes diferentes de forma paralela. Hay que tener en cuenta que la finalidad última de esta ley es tener
ingresos suficientes para mantener el Estado del bienestar. Por tanto, esta ley trata de tener esos ingresos precisamente para dar cobertura y asistencia a los parados -una lacra que tenemos en este país con una tasa importantísima de
parados-, así como para hacer posible nuestro sistema sanitario y educativo. Por tanto, cualquier objeción que se haga a esta ley es no entender el sentido último y teleológico de la misma, que no es más que financiar esos gastos que tiene el
Estado y que fundamentalmente son para esas clases más desfavorecidas, esas clases que lo necesitan más que otras más pudientes de lo denominado, entre comillas, Estado del bienestar.
La intervención del señor ministro en ese sentido ha sido muy clara. Yo creo que se van poniendo todos los cimientos, y desde que llegó al poder el Partido Popular se han ido reformando las leyes tributarias de manera que puedan satisfacer
los gastos y disminuir el déficit, como está comprometido con la Unión Europea; por eso se han tomado diferentes medidas, unas con carácter de decreto-ley y otras como leyes, para ir adecuando nuestro sistema tributario a esas necesidades de
financiación que tiene el Estado, porque tengan ustedes en cuenta que es evidente que la crisis económica afecta al nivel de ingresos recaudados por la Hacienda pública. Como ejemplo les cito los datos que conozco, y es que entre los años 2009 y
2010 la bajada de ingresos del Estado de carácter tributario ha sido del orden de 60.000 millones de euros. Ese gap, que evidentemente estaba en los presupuestos con unos ingresos determinados y financiando un gasto, hay que cubrirlo para no
generar más déficit; este el sentido de esta ley.
Esta es una ley que tiene un sentido muy claro porque afecta a todos los impuestos, incluso a las comunidades autónomas. Pero he de decir que ha habido un sentimiento por parte de algunos de los defensores de las enmiendas a la totalidad
hablando de que esta subida de recaudación que prevé esta ley no afecta a las comunidades autónomas; lo ha dicho Izquierda Unida y Convergència. Yo les diría que eso no es así, porque el marco de ingresos tributarios de las comunidades autónomas
está fijado por una ley orgánica, por la Lofca. Por lo tanto, una subida de recaudación también les afecta a ellos de forma muy positiva. Además, aparte de la Lofca, hay que aplicar el acuerdo de financiación autonómica vigente, que, como ha
anunciado el ministro de Hacienda, está en proceso de estudio su posible revisión en un futuro más o menos a corto plazo. En este sentido, tengo que decirle que el ministro ha ofrecido colaboración, ha ofrecido de alguna manera la participación del
resto de los grupos de la Cámara en la tramitación de este proyecto y en la consideración por parte del Gobierno de las enmiendas que se presenten. Aquí está la oportunidad, y le quiero decir que nuestro grupo también toma en consideración ese
ofrecimiento que ha hecho el señor ministro. Yo creo que es un ofrecimiento de concordia, es un ofrecimiento de colaboración, es un ofrecimiento de entre todos hacer posible que el Estado cumpla sus compromisos de reducción del déficit y que además
aplique las medidas contenidas en esta ley de una manera más perfecta, si es que son perfeccionables, en aquello que lo sean.
No quiero entrar a contestar a aquellos análisis que se han hecho por parte del Bloque y otros enmendantes a la totalidad en cuanto a que la presión fiscal de nuestro país es menor que en otros países de la Unión Europea. Pero es verdad que
el esfuerzo fiscal individual, que es un concepto distinto al de la presión fiscal, está tocando límites y máximos. Por lo tanto, de lo que se trata, como muy bien está haciendo el Gobierno, es de aflorar bases imponibles. Ahí están todas las
medidas, como la que hoy publica el Boletín Oficial del Estado de la Ley de lucha contra el fraude o las que se han aprobado esta mañana con la modificación del Código Penal. En este sentido, es evidente que se trata de aflorar bases imponibles,
como trata de hacer la mal llamada amnistía; es una regularización, que es un instrumento de política tributaria. En este mismo proyecto de ley hay una de ellas en relación con la actualización de balance, que es una cosa oportuna para que los
balances, sobre todo de la sociedad o de aquellos empresarios individuales o profesionales que realicen actividades económicas, puedan tener sus activos inmobiliarios valorados al nivel que deban estar conforme a las tablas de actualización que se
prevean; eso sí, con una tributación coyuntural del 5 % por esta actualización. Hay muchas medidas que afectan, pero me voy a referir solamente a dos en este proyecto de ley, porque creo que son importantes.
También contesto al señor Sánchez i Llibre. Esta ley trata de mantener los incentivos a la creación y al mantenimiento de empleo en las pymes. Esto es muy importante, porque aquellas empresas que mantengan empleo o que lo incrementen sobre
las plantillas medias de años anteriores tienen un tipo en el impuesto sobre sociedades menor que el general. Pero también se mantienen los incentivos para aquellas empresas que dediquen parte de sus ingresos a fomentar las nuevas tecnologías y la
formación de sus empleados. Esto es importante, aunque no sea suficiente; podemos seguir profundizando en esta
línea, y ahí está la fase de enmiendas. Evidentemente, como portavoz del Grupo Popular, estoy a disposición de todos los demás grupos para que esas enmiendas puedan llegar a buen fin.
Por otra parte, es verdad que este Gobierno prometió una ley de emprendedores, que está ya pensada y planteada. Para el primer trimestre del año siguiente se ha acordado con la Unión Europea hacer una ley de emprendedores que llegue a buen
término. Es una ley muy novedosa y hay que pensarla más de una vez, porque no ha habido precedentes y, por tanto, no se puede legislar de una forma improvisada.
Quisiera decir una cosa al Partido Socialista. Todas las medidas que se están viendo en este momento, toda la actuación de este Gobierno y la situación en que se encuentra nuestro país son causa directa de las ocurrencias del Partido
Socialista desde el año 2004, que tuvo la mejor herencia económica que nunca ha tenido un Gobierno en la democracia española. Por lo tanto, ustedes deberían ser prudentes y no están legitimados en absoluto para hacer una crítica a la actuación de
este Gobierno, que intenta sacar de la crisis a un país que ustedes dejaron hundido.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López-Amor.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS OPERACIONES DE CANJE DE LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES. (Número de expediente 122/000060).
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de este proyecto de ley, pasamos al punto siguiente: Proposiciones de ley y, en concreto, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre las operaciones de canje de las
participaciones preferentes. Para su defensa, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Señor presidente, señorías, de nuevo el Grupo Parlamentario Socialista trae una iniciativa con relación a uno de los principales problemas que existe en nuestro país, diría que uno de los dos grandes problemas que
afectan a particulares en este país y relacionados con nuestro sistema financiero, que es el de las participaciones preferentes, al igual que los desahucios, que es otro de los graves problemas. Este Parlamento tiene una enorme responsabilidad, la
de dar solución a esas circunstancias de sufrimiento que están padeciendo muchas familias españolas. Durante esta intervención que voy a tener hoy va a haber dos desahucios en este país, dos familias van a ser totalmente lanzadas a la calle, y no
podemos permanecer impasibles. Tenemos que aprobar de una vez por todas la moratoria que pare esta sangría de desahucios en este país.
Pero esta Cámara también tiene la responsabilidad de resolver el tema de las preferentes, que afectó a un millón de personas, a un millón de familias, y que en la actualidad sigue afectando a más de 200.000 familias, después de mucho
sufrimiento, de mucho engaño y de mucho padecimiento, principalmente por personas con un perfil mayor. Ahorradores de toda una vida han sido engañados vilmente por personas del sistema financiero a los distintos niveles y con órdenes desde arriba,
que han hecho una clara comercialización irregular. Señorías, en concreto para las participaciones preferentes yo creo que todos los grupos parlamentarios podemos tener puntos de partida -yo voy a señalar algunos de ellos- que deben significar un
gran acuerdo de esta Cámara porque son puntos de partida coincidentes. Ninguno de nosotros ni nadie en este país duda que se ha producido un fraude, que ha habido una comercialización engañosa, que muchas personas han sido engañadas y que, como
consecuencia, se les ha creado un grave perjuicio económico a estas personas. Todos somos conscientes de eso, todos firmaríamos esa afirmación. También somos conscientes de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no ha actuado con la
suficiente contundencia. Somos conscientes de ello, y yo creo que también lo firmaríamos todos.
En tercer lugar, tenemos la obligación de resarcir a estas personas que han sido gravemente dañadas en su patrimonio, en sus ahorros; creo que hay una gran coincidencia en que tenemos que resarcir a estos perjudicados. En cuarto lugar, yo
creo que todos coincidimos en que hay que pedir responsabilidades, en que hay que aplicar la ley y que la ley tiene que caer sobre este fraude. Si admitimos que ahí existe fraude, todos tenemos que exigir responsabilidades y no meter la cabeza
debajo del ala como estamos haciendo. Hay que exigir responsabilidades en este país sobre un fraude que es una evidencia. Hay que evitar -y es otra afirmación en la que todos coincidimos- que en un futuro esto se vuelva a repetir y tenemos que
tomar medidas en este Parlamento.
Hay una última afirmación que quiero hacer. No nos quepa la menor duda, y estoy seguro de que no le cabe la menor duda a ninguno de los presentes y de los ausentes, de que recuperar la confianza en nuestro sistema financiero significa
soluciones justas para los desahucios y para las preferentes en este país. La desconfianza del ahorrador y de las familias con nuestros bancos es un grave problema. Ya no es un problema solamente de liquidez, es un problema de confianza, porque
los pequeños ahorradores ya no confían en nuestro sistema, no confían en sus sucursales bancarias ni en sus directivos que les han venido orientando siempre. Si en eso estamos de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo en las soluciones. Nosotros
planteamos hoy aquí una solución con respecto al fraude y para resarcir de los perjuicios y proponemos aquí que se regulen las operaciones de canje.
En primer lugar, en las operaciones de canje creemos necesario que se cambie la Ley del Mercado de Valores para que estas operaciones tengan que ser aprobadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores; ahora mismo son meramente
informadas. Es necesario que el canje se haga por el valor nominal, que no haya ningún tipo de pérdida en la operación de canje para estos ahorradores. Por otra parte, queremos que entre las alternativas del canje se ofrezca no solamente las
acciones, los bonos convertibles, sino la posibilidad de las imposiciones a un plazo no superior a tres años, que es el origen de esos ahorros, que ha sido el cebo que les pusieron, el cambiar teóricamente a otro tipo de depósitos, que nunca les
dijeron que eran productos financieros híbridos y complejos, con mayor rentabilidad. Cayeron en ese cebo que le pusieron, por falta de información y de conocimiento financiero.
Por otra parte, nosotros hemos incluido además de esta proposición de ley, una enmienda al proyecto de ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito, en la que incluimos también la necesidad de una revisión de los tests de
idoneidad, de la calificación de personas idóneas evidentemente para desenmascarar el fraude y para que sea inmediata la devolución de esos ahorros a las personas afectadas y dotar de medios suficientes a la comisión nacional, si es que no los
tiene, y que sean vinculantes, que no solamente tenga la comisión nacional la posibilidad de sancionar, sino que vincule la devolución que establezca. Es importante que llevemos a cabo ese cambio normativo imprescindible para dar una solución
justa.
¿Qué nos ofrece el Partido Popular? ¿Qué nos ofrece el Gobierno? Un memorando de entendimiento negociado con Bruselas, una ley que finiquita el problema de las preferentes, pero lo finiquita tapando, encubriendo el fraude y permitiendo
unas pérdidas de hasta el 80 % para las personas que fueron engañadas. No solamente no se les resarce, sino que tampoco se descubre el fraude. Nosotros no podemos admitir esa solución; eso es sanear la banca en este país a costa de los bolsillos
de los pequeños ahorradores que, para colmo, han sido claramente engañados. Nosotros tenemos que exigir responsabilidades y de esta forma que ofrece y que plantea el Gobierno nunca va a haber ningún tipo de responsabilidad, no va a haber quien
asuma responsabilidades en este país. Tenemos que exigir que la revisión destape el fraude y que se sancione, pero además que intervenga el fiscal general del Estado para que el delito que se ha producido tenga efectos penales y no solamente
administrativos y sancionadores, como en estos momentos hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
No podemos estar satisfechos por el anuncio que nos ha hecho de que son ya once las entidades bancarias, de las diecinueve que emitieron participaciones preferentes, las que están siendo investigadas en un proceso que ahora está en la
Audiencia Nacional y que se tardará años en resolver, pero por la vía administrativa. Queremos que sea la vía penal la que se aplique y el fiscal general del Estado debe ser instado, no solamente por el Gobierno sino por el Parlamento, claramente a
su intervención. Tenemos que resolverlo con vistas al futuro, y nosotros planteamos una solución con vistas al futuro: prohibir la venta a minoristas. ¿Qué plantea el Gobierno? Lo que viene a plantear el Gobierno es que ahora el 50 % como mínimo
sea colocado entre clientes institucionales y, por otra parte, que sea por importe de 100.000 euros si son sociedades no cotizadas y de 25.000 euros si son sociedades cotizadas. Se va a seguir produciendo el engaño, se puede dar otra ocasión al
engaño, y tenemos que evitarlo.
Señores del Gobierno y señores del Partido Popular, yo les pediría que no tratasen de ocultar su impotencia para resolver este problema aduciendo que el problema lo han generado otros y que ustedes están aquí para arreglarlo. Para
arreglarlo de la forma que quieren hacerlo, no arreglen nada; no hagan nada, porque lo que quieren hacer es tapar. Déjenlo quieto, que se pueda aclarar de una vez por todas. Fueron ustedes los que aprobaron una reforma fiscal en el año 2003 -por
cierto, siendo secretario de Estado de Economía el actual ministro de Economía- para dar ventajas fiscales a las emisiones de participaciones preferentes y para que aquellas que se emitían en los paraísos fiscales se emitiesen desde aquí; desde
1996 a 2006 se hicieron las grandes emisiones. Asimismo, en el primer semestre
de 2009 hubo una importante emisión de más de 10.000 millones, pero con anterioridad llegaron a más de 13.000 millones; en total, 23.000 millones de participaciones emitidas en este país por diecinueve entidades financieras que todos
conocemos. Por otra parte, han sido ustedes los que han emitido gran parte de la que está pendiente en estos momentos de resolver, que son los 3.200 millones de Bankia. Han sido ustedes, señores del Partido Popular, quienes han dirigido Bankia, y
de los 4.500 millones que hay pendientes de resolver en este momento, el gran porcentaje es de Bankia. No se escondan ustedes. Han sido ustedes los que han negociado el memorando de entendimiento. Han sido ustedes los que han presentado el
proyecto de ley que finiquita el problema para ustedes con una solución salomónica, y la solución evidentemente es a costa de los pequeños ahorradores. Sigamos saneando la banca a costa del dinero público y de los pequeños ahorradores. Por tanto,
asuman su responsabilidad, no se escondan, no echen las culpas a otro sitio. Ustedes son los responsables del Gobierno en estos momentos. Ustedes son los responsables de resolver un canje de 4.500 millones que hay pendiente. Si no lo hacen
ustedes, evidentemente, vuelven a demostrar lo que demuestran permanentemente, que son fuertes con los débiles y muy débiles con los fuertes. Siempre la ventaja es para el sistema financiero.
Les pido un cambio de opinión, que antes de la aplicación del memorando de entendimiento sean capaces de corregir lo que han planteado en el proyecto de ley; y les pido que atiendan la petición y el sufrimiento de más de doscientas mil
familias que siguen todavía enredadas en el laberinto de las preferentes. Es su responsabilidad. No les echen la culpa a otros. Ustedes gobiernan con todas las consecuencias y ustedes han adoptado las medidas en gran parte que han llevado a las
personas que siguen atrapadas en preferentes a la situación en la que están.
Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!-Otra señora diputada: Así se habla).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Tonica, ochenta y siete años, casi ciega, carné de la ONCE, pensaba que ponía 30.000 euros en un plazo fijo y luego resultó que eran preferentes. Vicent, empresario de Castellón, invirtió 36.000 euros en preferentes de la CAM; cuando fue a
retirarlos, vencían el 31 de diciembre del año 3000, dentro de mil años. La gente tiene razón al pensar que esta crisis es una estafa. Es una estafa en la que el Gobierno del Partido Popular actúa en plena connivencia con los bancos, porque las
entidades privadas que hicieron negocios ruinosos ahora las están rescatando con el dinero público de todos. ¿Pero ustedes no eran liberales que dejaban la economía que funcionara sola? Ustedes hacen trampas y solo apelan a su doctrina del libre
mercado cuando les interesa. Todo es una gran estafa al ciudadano desposeído de políticas públicas, porque el dinero de sus impuestos se regala a los bancos. Las participaciones preferentes son una evidencia de la inmoralidad con la que actúan
estas empresas privadas que ustedes han decidido salvar, en contra del sentir social que brama en la calle contra los recortes. Hoy sabemos que la mayoría de personas que invirtieron en ese producto lo hicieron involuntariamente, engañadas, y los
responsables de esta estafa siguen en la calle como si nada hubiera pasado. No se trata de una anécdota, son 28 los bancos y cajas que vendieron preferentes. La directiva europea obliga a los bancos a someter a un examen a sus clientes antes de
venderles productos financieros complejos; si desconocen qué están contratando, la entidad tiene prohibido firmar el trato. Esta es la teoría, ¿y qué hacen ustedes con los bancos que han incumplido reiteradamente la norma? El Gobierno les premia
saneando sus cuentas. ¿Van a multar a las entidades financieras por mala praxis? Seguro que no. ¿Van a seguir dejando desamparados a los ciudadanos timados por los bancos? Seguro que sí. ¿Por qué se niega el Gobierno del Partido Popular a
obligar a nada a los bancos, como con el código de buenas prácticas de adhesión voluntaria para los desahucios? Para los ciudadanos, la obligación; para los bancos, la voluntariedad. ¿Para quién gobiernan ustedes?
Ahora cada banco busca su propio interés y beneficio, sometiendo al ciudadano a aceptar canjes injustos como única salida. Esta proposición de ley pretende incluir la obligación de ofrecer el cien por cien del valor nominal además de elegir
el tipo de canje, pero recuperar el cien por cien del valor nominal es perder dinero, y los ciudadanos que han sido timados no tienen por qué perder dinero, se les tiene que compensar y los bancos han de ser sancionados por su mala praxis, no pueden
quedar impunes después
de engañar a miles de ciudadanos. Hay que obligar a la banca a compensar pagando intereses, además de la garantía de devolución de lo invertido. Desde Compromís-Equo creemos que ya es hora de que empiecen a gobernar de una vez por todas
para todos los ciudadanos y no para los bancos. Y para el PSOE, bienvenida esta iniciativa, pero, a buenas horas mangas verdes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Hace aproximadamente un mes -no desde esta tribuna, sino desde el escaño- el ministro De Guindos contestaba a un diputado de esta Cámara que el Gobierno buscaría la mejor solución posible para los afectados por las preferentes. Señoría,
esta mañana la diputada que les habla ha recibido una petición de las diferentes asociaciones de afectados por las preferentes de Galicia, reunidos en la tarde de ayer, en la que nos piden a los diputados que impugnemos ante el Tribunal
Constitucional la ley aprobada en la Comisión de Economía en la tarde de ayer, la Ley de reestructuración de entidades de crédito, que procede del Real Decreto-ley 24/2012. Y no es extraño, señorías, que los afectados por las preferentes -como los
conocemos- nos pidan a los diputados lo que nos han pedido estos que están organizados en Galicia, porque desde luego lo que se hace en la ley que ayer se aprobó en la Comisión de Economía es habilitar al FROB para intervenir en instrumentos
híbridos o deuda subordinada, dejando prácticamente sin derecho a sus poseedores. Y es particularmente grave esta cuestión en el caso de las participaciones referente donde hay miles de pequeños ahorradores atrapados que fueron engañados y
estafados. No vamos a seguir diciendo en qué consiste el drama de estas personas, de estas familias, porque ya lo conocemos por la cantidad de veces que hemos hablado de esta cuestión, pero evidentemente la ley aprobada ayer no aporta soluciones
-como decía el ministro que iban a hacer-, sino que empeora las cosas. Igual que las empeora el artículo 47 de esta ley, porque son inaceptables, señorías, las limitaciones que se hacen en lo que se refiere al acceso a la tutela judicial efectiva,
sobre todo y más cuando se dirige a limitar específicamente las legítimas reclamaciones de los afectados por la suscripción de participaciones preferentes sin la debida información.
Quiero aprovechar la oportunidad de la propuesta de ley que presenta el Grupo Socialista -también muy oportuna- para, por un lado, transmitirle que los afectados por las preferentes nos solicitan a los diputados que impugnemos ante el
Tribunal Constitucional la ley aprobada ayer, y también para manifestar la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista -y que se acaba de defender- de modificación de la Ley del
Mercado de Valores, la Ley 24/1988, porque evidentemente es algo que redunda en aquellas iniciativas que, para resolver y buscar solución a estas personas afectadas, se han presentado en esta Cámara. En todo caso esto significaría que si se regula,
si se legisla en la dirección que hace la propuesta, no volvería a ocurrir, y esa es una de las cosas que los legisladores tenemos que hacer: que no vuelvan a ocurrir hechos que, aunque en un determinado momento no estaban considerados como delito,
la gravedad de la falta de ética en la función de los profesionales que vendieron a personas no solamente sin la debida información, sino incluso sin los debidos conocimientos para comprar estos productos, ha convertido algo que podía ser un delito
ético en algo que los diputados, los legisladores ya deberíamos plantearnos como un delito penal, y por lo tanto hacer las modificaciones legislativas necesarias que eviten de nuevo situaciones tan dramáticas como esta. Por eso, señorías, repito
que apoyaremos la iniciativa del Grupo Socialista y también les recuerdo el llamamiento que los afectados nos hacen a los diputados para impugnar la ley aprobada en la tarde de ayer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señorías, miles de modestos ahorradores han sido atrapados por el escándalo de las participaciones preferentes. Esto es lo que Europa y el resto del mundo han podido leer en muchos periódicos
españoles y también en muchos periódicos extranjeros. Permítanme que les diga, señorías, que esto sí que es un gran aval, un inmenso aval para confiar en España y en su poder financiero.
Desde 1994 hasta el inicio de la crisis se han venido comercializando por los bancos y cajas españoles un producto financiero, protagonista hoy en esta Cámara, que puede llegar a ser, si no lo es ya, uno de los mayores fraudes o una de las
mayores estafas financieras de la democracia. Miles de personas desconocían lo que contrataban porque nadie, absolutamente nadie se lo explicó, y lo que firmaron o autorizaron en su momento, algunos de ellos -déjenme que se lo diga también- por vía
telefónica, era nada más y nada menos que un depósito a perpetuidad, un depósito de dudosa legalidad y también a la vez de incierta regulación. Dejen que les diga que el problema principal no está tanto en los bancos, que también, que manejando en
el mejor de los casos medias verdades, y en el peor abusando descaradamente de la confianza de sus clientes, se han comportado como auténticos profesionales del tocomocho, cambiando a cientos de miles de personas que confiaban en ellos las
estampitas de las preferentes por sus ahorros, por los ahorros de toda su vida. El auténtico escándalo, decía, no está tanto en los bancos, sino que está en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque ni ellos ni el Banco de España, pero
tampoco ningún juez con dos dedos de vergüenza, han puesto freno a ese desaguisado colectivo. Y lo peor de todo, señorías, tampoco es esto, sino que es ver cómo a todas estas personas, a todas estas familias, que no saben qué va a ser de sus
ahorros, que les ha costado evidentemente mucho esfuerzo en su vida laboral, se les queda la cara desencajada cuando al Gobierno de todos los españoles, le hayan votado o no le hayan votado, cuando a los representantes públicos de todos ellos, ante
esta lamentable y patética situación, solo se les ocurre inyectar a los bancos más de 50.000 millones de euros de capital. Y uno dice: si esta ayuda, estos 50.000 millones de euros fueran directamente a los defraudados se entendería perfectamente.
El problema es que no, porque resulta que este dinero va directamente para los defraudadores y para los directivos que salen de sus respectivas entidades financieras con cantidades ingentes de dinero que la mayoría de ellos depositan, para más inri,
en cualquier paraíso fiscal. Y el Gobierno del Partido Popular, en este caso, sigue a base de decretazos abriendo solo la puerta al canje por acciones basura.
Esta es la solución y la respuesta del Gobierno del Partido Popular a la buena gente ahorradora. La solución a un millón de familias engañadas por el fraude masivo de las preferentes y otras artimañas. Ya se lo preguntó nuestro portavoz,
el portavoz de Esquerra Republicana, en una ocasión al presidente del Gobierno justamente en esta Cámara. Le preguntó si el señor Rajoy quiere pasar a la historia por ser el presidente de los bancos o por ser el presidente de la gente. Señorías,
tienen la oportunidad de dar solución aún a todas estas familias; por favor, háganlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señorías, sin perjuicio de las excepciones que procedan, con carácter general existe un amplio consenso en el sentido de que en una proporción abrumadora las participaciones preferentes se han colocado a través de la red entre personas que
sencillamente no sabían lo que estaban haciendo, o -lo que es peor- a quienes se les explicó un producto de características distintas al que realmente era. En la exposición de motivos el Grupo Socialista explica detalladamente la problemática que
compartimos plenamente. Lo que de todas formas nos parece un tanto increíble es que en el preámbulo se señala que se empiezan a detectar estas situaciones a partir del año 2011. Antes gobernaba el Partido Socialista, es difícil pensar que ni el
Gobierno ni el Banco de España ni la CNMV entonces se enteraban. Señorías, les pediría que no hagamos demagogia o al menos no más de la necesaria. No erremos en el diagnóstico para no fallar en las medidas. Nos parece absolutamente injusto que se
pretenda igualar el trato de los titulares de estas participaciones preferentes con el de accionistas de la sociedad o suscriptores institucionales de otro tipo de los denominados productos híbridos. Es evidente que un accionista sabe que por
definición es una inversión sujeta a un riesgo. Nos parece más evidente aún que un porcentaje abrumador de quienes suscribieron participaciones preferentes no sabían en absoluto el tipo de producto financiero que estaban adquiriendo como una
inversión de sus escasos ahorros. En consecuencia, no parece lógico que se les dé el mismo tratamiento a la hora de compensar pérdidas, porque esperamos que la aportación de capital público implique primero la reducción de capital para compensar
pérdidas, como ocurre con los accionistas o suscriptores de otro tipo de productos híbridos con una formación superior a los destinatarios mayoritariamente de las preferentes.
Desde el Grupo Vasco queremos de verdad que se resuelva el problema y que incluso respondan como deben aquellos que incitaron, confundieron y vendieron fraudulentamente en algunas ocasiones las participaciones preferentes. Ahora, el MOU, el
memorandum of understanding y el propio señor Almunia -hoy comisario europeo- dificultan si no impiden la solución adecuada de las participaciones preferentes. Nuestro grupo les apoyará en cuantas iniciativas se planteen en el sentido de solventar
la cuestión en aquellas entidades que hayan recibido una ayuda del FROB, y que es donde reside el problema de verdad, donde se encuentra la resistencia de las autoridades europeas. Los ciudadanos afectados nos exigen que lo arreglemos a la par que
nos piden soluciones también en otros temas sangrantes como el de los desahucios, la dación en pago y tantas otras cuestiones. Hay cuestiones muy evidentes, pongámonos de acuerdo para resolverlas, evitando -como decía- la demagogia. Nuestro grupo
parlamentario, el Grupo Vasco, está por la labor y por eso también vamos a votar favorablemente esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.
El problema de las participaciones preferentes es un problema concreto dentro de una crisis más amplia que sufre nuestro país, pero realmente ilustra bien los problemas generales, ilustra bien las raíces institucionales y políticas de la
crisis que padecemos. Muy a menudo se trata como una catástrofe natural, como algo que los dioses han provocado y nadie tiene la culpa, y todos nos condolemos de ello, todos compadecemos a los afectados, todos buscamos una solución. Sin embargo no
han sido los dioses ni la mala suerte. Como en tantos problemas de la crisis hay unas responsabilidades muy claras y unos protagonistas muy claros, que además son los mismos que nos encontramos en otros problemas. Por ejemplo, las cajas de
ahorros, que con su gestión politizada tan íntimamente ligada a las comunidades autónomas se encontraron en un momento dado con unas deficiencias importantes de capital, y no dudaron en colocar a sus propios clientes en las sucursales los productos
que necesitaban para cubrir esa deficiencia de capital, con el agravante de que ni siquiera los clientes sabían no ya lo que era el producto, sino la verdadera situación de esas entidades. No olvidemos esto, señorías, los balances de esas entidades
no reflejaban su verdadera situación cuando se colocaron las preferentes. Comercializaron en estas sucursales como si fuesen depósitos de alta rentabilidad unos productos complejos sin decir que esa rentabilidad solo se cobraría si la entidad tenía
beneficios, sin decir que no eran productos líquidos, y sin decir que en caso de procedimientos concursales en el orden de prelación los propietarios serían de los primeros en sufrir pérdidas.
Un segundo protagonista fue el Gobierno de la nación. En sus sucesivas reformas financieras animó a las entidades, especialmente en la del año 2010, a salir al mercado a captar capital, pese a la situación tan delicada en la que se
encontraban. No olvidemos que estas reformas financieras se aprobaron también con el voto del Partido Popular. Necesitaban captar capital y las preferentes se consideraban, en la definición de capital, capital de alta calidad, de ahí la
popularidad de estos productos. Captaron ni más ni menos que la friolera de 30.000 millones de euros, una cifra parecida a la del rescate europeo, es decir que las cajas, antes del rescate europeo, tuvieron un primer rescate a costa de los
jubilados y los clientes de sus sucursales, con el beneplácito del Gobierno y de los partidos que apoyaron esa vía de proceder.
El papel del Banco de España tampoco ha sido muy brillante en este problema. Ha habido un fallo de supervisión clamoroso. Los agujeros en los balances eran de decenas de miles de millones de euros, y no por culpa de los inspectores, que sí
detectaron estos problemas, sino porque esa detección de los problemas no se tradujo en una actuación correctora, tal vez por la falta de independencia de estos reguladores o por el seguidismo a la política del Gobierno de ganar tiempo a ver si la
recuperación económica llegaba y la situación mejoraba.
Otra responsabilidad importante es la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que permitió la comercialización de estos productos cubriéndose las espaldas con simplemente unos avisos genéricos, pero obviando que se estaban utilizando
formularios previamente rellenados, que se estaban colocando los productos a personas sin conocimientos financieros, sin el perfil de riesgo adecuado, y saltándose todas las normas de la Directiva Europea Mifid y su trasposición a España. Sin
embargo al final nadie ha sido responsable -como siempre sucede en nuestro país-; son muchos los responsables pero nadie ha acabado siendo responsable, exactamente igual que en otros problemas que nos aquejan. Además se nos ha dicho: se han
ofrecido soluciones a los damnificados, en realidad el problema está ya encauzado.
Por ejemplo ha habido canjes voluntarios. Efectivamente de esos 30.000 millones unos 24.000 se han reconducido por la vía de los canjes voluntarios. Uno lee esto y piensa: qué bien, a esta persona le han devuelto su dinero o le han dado
un producto equivalente por la cantidad que invirtió. En absoluto, señorías; los canjes voluntarios en primer lugar no devuelven el principal, es asumiendo pérdidas. En segundo lugar es en productos a su vez arriesgados, a menudo acciones de la
entidad o deuda convertible en acciones de unas entidades cuyas acciones tienen el porvenir y han tenido el comportamiento que todos sabemos. Además estos canjes, junto a otros componentes, han tenido un motivo muy claro, y es que las preferentes
ya no se consideran capital de alta calidad en las nuevas definiciones de Basilea III, mientras que los productos que reciben en el canje sí. Es decir, se suele presentar como un acto de generosidad de las entidades, pero tiene toda su razón de
ser.
Esto ya es bastante dramático de por sí, pero más dramático todavía es que en la ley que se aprobó ayer en la Comisión de Economía la situación de los propietarios de preferentes se ha agravado terriblemente. Sigue el discurso de pobres
afectados, todos estamos con ellos, pero su situación se ha agravado terriblemente con la ley aprobada ayer. En primer lugar porque se les considera como acreedores que tienen que sufrir pérdidas en el proceso de reestructuración, no como
estafados, sino como uno de los pocos acreedores que tienen que sufrir importantes pérdidas, cosa que no ha sucedido a los acreedores internacionales por cierto, ni casi a ningún otro acreedor. Esas pérdidas las puede imponer obligatoriamente el
FROB y consistirán en que recibirán el precio de mercado de esos productos, que oscila hoy entre el 10 y el 20 % del valor original más 10 puntos, es decir, son unas pérdidas monstruosas del 70 u 80 % de la inversión original.
Junto a esto hay un artículo en esa ley, el artículo 47, que dificulta a los afectados de las preferentes recurrir a la justicia ordinaria para intentar un resarcimiento por esta vía, cosa que hasta ahora los que han podido hacerlo
individualmente han recibido sentencias que confirmaban sus demandas. El artículo 47 de la ley aprobada ayer dificulta esas reclamaciones ante los tribunales. Solo en Galicia parece que se ha encontrado un procedimiento de arbitraje más generoso.
¡Qué feliz coincidencia! Seguro que no ha tenido nada que ver con que hubiese elecciones allí, pero, en fin, si se ha encontrado ese procedimiento allí, es una pena que no se encuentre en otros lugares.
Unión Progreso y Democracia considera este problema muy importante, y dentro de nuestra limitada capacidad de iniciativa como grupo parlamentario relativamente pequeño hemos utilizado al máximo esa posibilidad para traer a la atención de la
Cámara este problema una y otra vez, como por ejemplo preguntando el 29 de septiembre al ministro de Economía en el Pleno sobre esta cuestión o recordándosela cada vez que ha comparecido en la Comisión de Economía.
También presentamos ayer una serie de enmiendas que fueron obviamente rechazadas, pero que habrían mejorado claramente la situación. Propusimos que a los estafados por las preferentes no se les tratase como acreedores, sino que tuviesen
derecho a recuperar el principal de su inversión, y que para ello se dotase con medios extraordinarios a la Comisión del Mercado de Valores para revisar esas operaciones. Propusimos también suprimir ese artículo 47 que limitaba las posibilidades
procesales de los estafados. Pedimos también la exigencia de responsabilidades a los agentes que en el inicio de mi exposición he señalado como causantes de lo sucedido. Ninguna de esas enmiendas fue aceptada por supuesto, ni tampoco otras que
miraban al futuro intentando evitar que esto se repita no solo en las preferentes, sino en otro tipo de productos. Por ejemplo, mejorando la formación económica de los ciudadanos en la enseñanza obligatoria, cosa que pide la OCDE y que pide la
Comisión Europea y que no se hace en la reforma educativa, más bien al contrario, se debilita todavía más esa formación económica. Propuestas como la mejora de los procedimientos de inspección en el Banco de España para que no vuelva a suceder que
los inspectores detectan algo y no llega a los órganos rectores o no se toman medidas correctoras. Propuestas como una mejora de los organismos de protección de los consumidores financieros. Hoy en día esos organismos están dispersos y son tres:
la Dirección General de Seguros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. Es posible unificarlos y es posible darles unas mayores competencias sancionadoras. En nuestra opinión, señorías, es mucho lo que se podría hacer y
no se ha hecho. La proposición de ley que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Socialista es compatible con las iniciativas de Unión Progreso y Democracia, y por tanto mi grupo se propone apoyarla.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Señorías, si hay algún tema en el que esta Cámara se haya mostrado especialmente incapaz de dar una respuesta útil a la ciudadanía es sin duda el de las participaciones preferentes. Es una inutilidad política
del Congreso solo superada por la incapacidad de dar una solución al drama humano de las familias hipotecadas. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). No debe ser casualidad que detrás de esas dos incapacidades esté la
problemática del sistema financiero en nuestro país. Desgraciadamente unos y otros -afectados por las hipotecas y desahuciados de su casa, a los cuales el Gobierno solo les propone el placebo del código de buenas prácticas del ministro De guindos;
y titulares de participaciones preferentes- son la evidencia de que algo no funciona en el sistema político de este país. Creo sinceramente que a estas alturas los ciudadanos afectados por la estafa de las participaciones preferentes no esperan de
nosotros que levantemos el tono de la voz, que hagamos grandes disquisiciones y grandes descripciones de cuál es su sufrimiento -cosa que ellos mejor que nadie saben-, sino que seamos capaces de aportar soluciones. Pero desgraciadamente el margen
se va estrechando.
El escándalo y la estafa de las participaciones preferentes es a nuestro entender uno de los casos en los que es más fácil identificar los riesgos de un sistema político y parlamentario construido sobre la bipedestación del bipartidismo. Ya
me entienden ustedes: un cuerpo humano que anda sobre dos patas y que se equilibran una a otra. He tenido oportunidad de asistir a los debates en el Pleno y a las reuniones de la subcomisión sobre el tema de las participaciones preferentes. Por
cierto, una subcomisión paralizada durante mucho tiempo después del verano, que parece que la semana que viene va a resucitar. En todos estos debates se ha producido un ruidoso e inútil debate bipedestal y bipartidista que no deja espacio a la
búsqueda de soluciones, y que en todo caso pone de manifiesto que hay que hacer algo más que situar responsabilidades. La situación a la que asistimos es -y debe reconocerse así- fruto de muchas responsabilidades muy compartidas, comenzando -no se
olviden- por las responsabilidades de las entidades financieras que comercializaron unos productos de manera cuando menos engañosa -cuando no fraudulenta-, como ya han reconocido algunas sentencias. Pero hay responsabilidad también de los
organismos supervisores -la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España- que se durmieron en los laureles, cuando no en algunos casos, como el del exgobernador del Banco de España, que tan preocupados estaban por ejercer de lobby
empresarial para conseguir la reforma laboral que se olvidaron durante muchos años de sus responsabilidades. Pero también hay responsabilidad política de los Gobiernos desde el año 2003 que viendo cómo iban sucediendo las cosas no supieron, no
quisieron o no acertaron a intervenir para evitarlo. Responsabilidad compartida también -cada uno en su parte alícuota- de quienes, después de abierta la crisis de los participaciones preferentes, no han sido capaces de encontrar una solución; o
al menos una solución para todos los afectados.
La proposición de ley que nos plantea hoy el Grupo Socialista nos brinda una oportunidad de volver a intentar la búsqueda de una solución compartida y vamos a votar a favor de que se tome en consideración, después de haber tenido -si me
permite el amigo Antonio Hurtado- que sobreponernos al impacto que nos ha producido su contundente intervención, que en algún momento, no sé por qué, me ha recordado a Boabdil y me han dado ganas de decir aquello de: por favor, por favor, no
radicalices como oposición lo que no supiste defender como Gobierno. Pero me lo he callado porque en definitiva me parece que no es el momento de echarnos en cara cosas entre todos. Hoy es el momento de mirar a favor de la oportunidad que nos
ofrece la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista.
Es evidente sin embargo, mucho me temo, que a lo mejor no vamos a saber aprovechar esta oportunidad tampoco en esta ocasión en esta Cámara, porque desgraciadamente, nos guste o no, se han hecho realidad aquellas palabras que dijo en el
debate de investidura el portavoz del PNV señor Erkoreka cuando le dijo al señor Rajoy: En esta Cámara no se va a aprobar nada que no cuente con su apoyo -se refería al del Grupo Popular-. Ahí es donde yo llamo a la responsabilidad al Grupo
Popular en el día de hoy. Somos conscientes de que cada vez el margen de solución se va estrechando, porque somos conscientes también de que desgraciadamente no actuar a tiempo comporta después dificultades para adoptar soluciones, pero hoy existe
esa posibilidad, y ante la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista los grupos parlamentarios tenemos dos oportunidades: aprovecharla o dejar que pase esa oportunidad y que los que estamos en la oposición continuemos presentando
iniciativas, muertas desgraciadamente desde el mismo momento de su presentación, para quedar bien, si eso es posible, ante los afectados, ante el 'Diario de Sesiones' y ante la historia. Por eso le pido al Grupo Popular que acepte la proposición de
ley planteada por el Grupo Socialista, que nos permita la posibilidad de, entre todos,
encontrar una salida a una situación que cada vez se convierte en más insostenible para los afectados por participaciones preferentes que aún no han encontrado una solución.
Desgraciadamente, como ya han dicho algunos diputados de otros grupos, lo que ayer se hizo en la Comisión de Economía dando el visto bueno al proyecto de ley presentado por el Gobierno limita cada vez más esas posibilidades. Que el Gobierno
haya aceptado que los titulares de las participaciones preferentes, sin ningún tipo de discriminación ni diferenciación, sean considerados -eso tan horroroso- como producto híbrido de capital o que haya aceptado que esas personas estafadas sean
paganos también de la reestructuración financiera sin duda no ayuda mucho.
Sobre todo ayuda menos la actitud muy poco beligerante y bastante sumisa que cree nuestro grupo que ha adoptado el Gobierno ante la Unión Europea. No es de recibo que si la Unión Europea se niega a que el rescate a los bancos sea
directamente a los bancos y exige que de momento ese rescate sea al Estado español -por tanto contando con deuda pública-, de manera simultánea se pretenda imponer en el memorándum al Gobierno español la legislación y la política de que los
titulares de participaciones preferentes, sin ningún tipo de matización, pasen a ser simplemente tratados como titulares de productos híbridos de capital y por tanto cubran con su inversión toda la responsabilidad de la crisis de esas entidades
financieras y, por cierto y tal como ha dicho también el representante de UPyD, que de manera bastante incomprensible puedan llegar a pagar, con esas participaciones preferentes y con la estafa a la que fueron sometidos, en un grado de
responsabilidad mucho mayor que el que están pagando los acreedores internacionales. Por eso mi último argumento, que espero que pueda ser objeto de valoración por parte del Grupo Popular -casi parece que le está haciendo de comercial a la
propuesta del Grupo Socialista-, es que si estamos aquí como consecuencia de la pasividad de los poderes públicos desde el año 2003, no es de recibo que se les diga a los titulares de las participaciones preferentes que la solución a la inhibición y
a los problemas provocados por dicha inhibición de esos poderes públicos, por su incapacidad, por su torpeza, por su ceguera y por su incompetencia desde dicho año 2003, se ponga en manos o sea simplemente una solución a nivel privado, en forma de
mediaciones, que en algún caso funcionan -en Galicia-, en otros no, como se ha puesto de manifiesto con la intervención de la representante del Bloque Nacionalista Galego.
Situadas así las cosas creo que hoy tenemos de nuevo una oportunidad, la que nos brinda la proposición de ley del Grupo Socialista, para intentar buscar la solución. Si no lo hacemos, vamos a demostrar una vez más la impotencia o la
incapacidad de la política, pero al menos algunos podremos decir que por nosotros no ha estado. Ya sé que eso no es consuelo para los que están en estos momentos en una situación bastante dura como titulares de participaciones preferentes, pero al
menos tenía la responsabilidad de situarlo en este debate. Lo dicho, gracias al Grupo Socialista por habernos presentado esta propuesta, aunque sea en estas condiciones. Por favor, Grupo Popular, brinden la posibilidad -no sé a quién me tengo que
dirigir del Grupo Popular- a la Cámara de que, tramitándose esta proposición de ley, encontremos entre todos una solución. Lo otro es dar razón a quienes desde la calle, día sí, día no, están poniendo en duda la utilidad institucional de la
política y de este Congreso. Al menos, atiendan a ese argumento.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió también va a votar favorablemente esta proposición de ley sobre las operaciones de canje de las participaciones preferentes. Me gustaría plantear una serie de
reflexiones respecto de esta situación por la que están atravesando lamentablemente muchísimas familias españolas, algunas de ellas muy modestas. Escuchando atentamente la intervención de don Tomás Hurtado -intervención que ha realizado con mucha
pasión- he notado una cierta sensibilidad por parte de una persona que, indefectiblemente, al plantear los problemas -a los que más adelante me referiré- que afectan a muchas familias españolas que han sido engañadas por la comercialización
fraudulenta de estos productos financieros, ha realizado una intervención propia de un mitin electoral, como si el Partido Socialista en los últimos siete años no hubiera tenido ninguna responsabilidad en la comercialización y en el resultado final
de esta situación.
Lo más importante, señorías, es que la situación actual -lo han dicho también los diferentes portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- afecta a familias que depositaron sus ahorros con la
máxima confianza en muchas entidades financieras -algunas de las cuales han resuelto la papeleta y otras, que han sido nacionalizadas a través del capital público vía FROB, no la han podido resolver-, confiando todos sus ahorros a los
directores de dichas entidades financieras, y cuando ha llegado el momento, a causa de la situación económica por la que está atravesando la economía española, estas personas -en gran parte mayores, en su mayoría jubiladas y jubilados- que pensaban
que tenían una hucha con unos ahorros, hucha que cuando vinieran dificultades económicas podrían romper, cuando han ido a hacerlo, señorías, se han encontrado con que estos ahorros lamentablemente se habían convertido en deuda perpetua.
Esta es la gran problemática que nosotros tendríamos que intentar resolver. Diferentes grupos parlamentarios, también el nuestro, ayer, en la tramitación del proyecto de ley procedente del Real Decreto-ley 24/2012, defendieron una enmienda
sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para todas aquellas personas que tenían ahorros depositados o inversiones en participaciones preferentes en las cajas nacionalizadas por el FROB. Concretamente, señorías, ustedes lo saben perfectamente,
hay tres entidades financieras -que no dejan de representar un 35 % del sector financiero español- que están contaminadas y que han emitido participaciones preferentes, como son Bankia, las cajas gallegas o Caixa Catalunya, que no tienen la
posibilidad de dar una solución como la han dado otras entidades financieras que no han sido nacionalizadas y que hoy, hay que decirlo aquí, señorías, han resuelto el problema de las inversiones en participaciones preferentes de aquellas personas
que habiendo sido también engañadas por una comercialización fraudulenta, finalmente han llegado a un acuerdo con la entidad financiera y han recuperado una parte sustancial, por no decir una parte muy importante, de sus ahorros. Ahora, en esta
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista -muy acertada, por cierto-, nos encontramos con la disyuntiva en la cual, aquí sí, tenemos la posibilidad de buscar un hueco financiero o una solución financiera para poder resolver
una situación que, repito, no se trata de la de todas aquellas personas que ya la han resuelto a través de pactos privados con las diferentes entidades financieras y que creo sinceramente que probablemente no tengan derecho a reclamar; se trata de
resolver una parte importante de la problemática de miles de personas, repito, en situación financiera precaria, muchas de las cuales no llegan a final de mes, que han sido engañadas, yo diría, de una manera fraudulenta y de una manera punible, que
ahora no pueden llegar a final de mes y que cuando han ido a romper o a abrir la hucha, repito, se han encontrado con que lo que había allí dentro era deuda perpetua.
Ya sabemos que el MOU ha planteado serias dificultades de acuerdo con la Comisión Europea, de acuerdo con el comisario europeo, que no deja de ser un insigne representante del socialismo español, don Joaquín Almunia. Ha puesto muchísimas
trabas para poder resolver esta situación dramática y creo sinceramente que valdría la pena apelar a la sensibilidad del Grupo Parlamentario Popular para intentar buscar un acuerdo. Estamos a tiempo para poder llegar a este acuerdo, porque,
señorías, estas personas afectadas -muchas de las cuales, repito, están en unas condiciones infrahumanas, han sido engañadas y no pueden llegar a final de mes- pueden difícilmente entender que se destinen miles de millones a la reestructuración del
sistema financiero español, que se destinen miles de millones a sanear entidades financieras como Bankia, como las cajas gallegas, como también Caixa Catalunya, y que no sea posible que una mínima parte de estos recursos vaya a paliar aquellas
negligencias, yo diría, de comercializaciones fraudulentas y engañosas, a las que se han visto sometidas personas que no tenían capacidad de leer la letra pequeña y que confiaban ciegamente en el director de la sucursal. Por lo tanto, aquí,
independientemente de que hemos de resolver el problema de futuro, que probablemente ya esté resuelto con el proyecto de ley que se aprobó ayer por la tarde en la Comisión de Economía, valdría la pena, señorías, hacer un esfuerzo complementario, un
esfuerzo de sensibilidad social.
He dicho abiertamente en algunas ocasiones que los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 y del año 2013 no tienen alma social. No tienen alma social porque quizá no es posible que la tengan debido a las circunstancias económicas
por las que atraviesa la economía española, pero cuando se pueden resolver situaciones por un importe de miles de millones de euros que van en la dirección de sanear el sistema financiero español, hay que buscar el agujero fiscal, la solución
fiscal, económica y financiera que pueda aportar esta sensibilidad para resolver una situación cuya solución desde la perspectiva global implica solamente como cantidad que queda por resolver -quizás ahora alguien se puede sentir sorprendido por la
cantidad que voy a decir, porque las inversiones en productos financieros fueron alrededor de 30.000 millones de euros si no recuerdo mal, y de estos 30.000 millones se han resuelto alrededor de 25.000 millones- una cifra pequeña, que no deja de ser
importante, de 5.000 millones de euros. Por lo tanto diría que todas las formaciones políticas pero especialmente el Grupo
Parlamentario Popular, que es el que da soporte al Gobierno, habríamos de ser ingeniosos para tratar de resolver esta situación que es injusta, ya que unos han tenido la suerte de que sus entidades financieras -que no han sido intervenidas-
han resuelto favorablemente esta situación, mientras que otros, repito, en condiciones económicas yo diría muy lamentables, muy deficitarias, con pocos recursos y con dificultades para llegar a final de mes, porque han invertido en otras entidades
financieras que han sido nacionalizadas por el FROB, no han tenido la posibilidad de llegar a la misma solución a la que han llegado esos otros ciudadanos que han invertido en otras entidades financieras. Aquí se trataría de que el Grupo Popular
hiciera un esfuerzo complementario que demostrara que en determinados momentos, ante ciertas actitudes y comportamientos, tienen alma social para resolver los problemas de estas personas que han sido engañadas y que, aprovechando esta tramitación,
aunque sea una proposición de ley que haya planteado un grupo parlamentario que está en la oposición, entre todos podamos resolver una situación injusta y que está motivada por una comercialización fraudulenta y engañosa a que se han visto sometidos
muchos ciudadanos españoles, en gran parte personas mayores, jubilados, en situaciones económicas muy precarias y que en definitiva no se merecen encontrarse en esta situación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez Lamata.
El señor SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, antes de entrar en el fondo del asunto quiero dejar constancia de que mi grupo entiende que estamos hablando de un gravísimo problema que afecta a miles de ciudadanos, pero también quiero dejar constancia de que el Gobierno ha sido
sensible a este problema desde el primer momento. Buena prueba de ello la certificaría el 'Diario de Sesiones' de esta Cámara por la cantidad de preguntas y sobre todo porque dos disposiciones normativas, dos reales decretos-leyes, han abordado
este problema desde el minuto uno en que el actual Gobierno de España toma responsabilidades. Es el Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, de venta de activos financieros, y el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración de
entidades de crédito, que en estos momentos se están tramitando como proyectos de ley. Hay además una comisión de transparencia, señor Hurtado, que no sé si a usted le parecerá mucho o poco, pero que en cualquier caso está llamada a jugar su papel.
La proposición de ley del Grupo Socialista se puede resumir rápidamente: que en las operaciones de canje participe la CNMV, que se ofrezca el cien por cien del valor nominal en ese canje y que se prohíba comercializar las participaciones
preferentes. Así de sencillo y así de fácil, señor Hurtado, si no fuera porque hay una Directiva, la 39/2004, de instrumentos financieros, traspuesta por una ley aprobada por el Partido Socialista, que modifica el mercado de valores, la Ley
47/2007, y por un decreto, el 217/2008. Su señoría sabe lo que dice esa directiva. Sabe que lo que fundamentalmente propone es compartir cargas. Si uno lee su proposición de ley, llega a la conclusión de que, si se aplicara, quedarían excluidas
todas aquellas personas que adquirieron preferentes, cuando en estos momentos las entidades financieras están en proceso de reestructuración, puesto que la directiva prohíbe ese canje que usted propone del cien por cien. Si no, señor Hurtado, tengo
que pensar que lo que usted está proponiendo a esta Cámara es que incumplamos la directiva y que por lo tanto incumplamos la ley. Después de oírle y después de que usted sabe perfectamente que, para percibir ayudas, las entidades que están en un
proceso de reestructuración tienen que generar mecanismos por los que compartan las cargas, siendo el nivel de absorción de pérdidas proporcional al grado de subordinación -eso usted lo sabe; el señor Almunia, comisario europeo, que no es
sospechoso de nada, también lo sabe-, tengo que pensar, señor Hurtado, al hilo de su discurso, que usted está proponiendo que incumplamos la ley.
El Gobierno de España está tramitando el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración del sistema financiero, como proyecto de ley y ha puesto soluciones encima de la mesa dentro del marco legal. A usted le parecerá poco,
pero, al final, que la tasación de las preferentes la haga un experto independiente tiene su valor; que tengan mejor trato los preferentistas sobre los accionistas tiene su valor; que se endurezcan las condiciones informativas respecto a las
preferentes en la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene su valor; en cuanto a que la inversión mínima -ya sé que a usted le parece poco- sea de 100.000 euros, le garantizo que hay pocos pequeños ahorradores que puedan invertir 100.000
euros en preferentes. Usted le ha dado poca importancia a que se posibiliten mecanismos de arbitraje, señoría, pero se están resolviendo y Galicia ha dado buena prueba de ello
en esa cuestión. (Aplausos). Aquí a nadie se le impide -lo ha dicho el señor Anchuelo- acudir a los tribunales para defender lo que es sin lugar a dudas en muchos casos una estafa. Creo que esa es una afirmación, señor Anchuelo, que no es
correcta. Respecto a mano dura, serán los jueces los que al final tengan que practicarla.
Por todas estas cuestiones, señor Hurtado, vamos a votar en contra, porque este Gobierno está gestionando este problema dentro del marco de la legalidad. Ya nos gustaría a nosotros que la directiva dijera otra cosa, pero en estos momentos
este país tiene un problema con el sector financiero, y no es precisamente por culpa del Partido Popular, señoría. Yo no le voy a recordar la herencia, creo que es de sobra conocida, pero me va a permitir hacerle una consideración. Sinceramente,
no entendía cómo después de haberse tramitado ayer en la Comisión de Economía esta misma iniciativa vía enmienda en el proyecto de ley de reestructuración del sistema financiero, ustedes hoy volvían aquí a repetir el debate. Oyéndole a usted lo he
entendido. Usted ha venido aquí a retorcer la realidad y a hacer creer a los españoles lo que no es, señoría, porque, al final, dígame usted quién gobernaba en 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. (Aplausos). Ustedes durante cuatro años no encontraron
la solución y en unos meses han visto la luz. Les ha costado unos pocos meses. ¿Eso sabe cómo se llama, señoría? Se llama demagogia.
Con esta iniciativa ustedes tienen un problema. Si ustedes no hubieran gobernado en este país estos últimos años, yo podría entender que ustedes plantearan esta cuestión, pero que -y se lo voy a decir con toda la seriedad de que soy capaz-
quienes conscientemente consintieron que al final muchísimos miles de ahorradores se vieran en el corralito financiero en el que hoy se ven inmersos, fundamentalmente para esconder la realidad de que la banca no estaba tan bien como el señor
presidente del Gobierno nos decía que estaba, vengan hoy aquí, señoría, a pedir soluciones créame que no lo puedo entender. Fue un Gobierno socialista -y se lo ha recordado el portavoz de PNV- quien en 2010 consintió conscientemente para
recapitalizar la banca el problema del que hoy aquí estamos hablando. Fue un Gobierno socialista el que, a pesar de conocer el famoso informe del Banco de España de 2009 donde ya hablaba de la peligrosidad de este producto financiero complejo, no
hizo absolutamente nada. ¿Dónde estaba el ministro de Hacienda? ¿Dónde estaba la Comisión Nacional del Mercado de Valores? ¿Dónde estaba el Banco de España, señoría, cuando era evidente lo que estaba pasando? Fueron ustedes responsables del
corralito financiero, de la estafa que supone, porque las participaciones preferentes suponen estafa en muchos casos, y hoy aquí usted solo ha venido a echarle el problema en cara al Partido Popular. No le voy a cuestionar la legalidad de esta
iniciativa; ahora, ética y estéticamente, me parece muy poco serio lo que usted hoy ha hecho aquí porque quien originó el problema, quien lo alentó, quien lo consintió y quien miró hacia otro lado cuando los pequeños ahorradores iban a pedir la
devolución a los bancos hoy viene aquí a exigir responsabilidades al actual Gobierno de España. (Aplausos).
Señoría, me voy a permitir una pequeña licencia, espero que la presidenta me deje. En esta tribuna se cita muchas veces a personas importantes. Voy a citarle a mi padre, que evidentemente para mí es muy importante. Decía un cosa que yo
creo que a usted -y se lo doy como consejo- le va a venir bien. Me decía que la cabeza es redonda para que el pensamiento pueda cambiar de dirección. Ustedes llevan once meses instalados en la demagogia. Ustedes vienen aquí permanente y
constantemente a plantear problemas que ustedes fueron incapaces de resolver. Creo que ya va siendo hora, señoría, de que empiecen a arrimar el hombro, ya va siendo hora de que empiecen a plantear cuestiones sensatas, porque desde luego por el
camino de la demagogia les garantizo que no resolveremos los problemas de las preferentes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Suárez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, PARA EXCLUIR DEL CARÁCTER BÁSICO EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 82. (Número de expediente 122/000059).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Continuamos con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para excluir del carácter
básico el apartado 2 del artículo 82. Para la presentación de dicha iniciativa tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde mi grupo parlamentario de Convergència i Unió presentamos esta proposición de ley para modificar la Ley Orgánica de Educación. Queremos proponer excluir el carácter básico del apartado 2 del artículo 82, un texto alternativo
con una intención clara y específica: poder mantener la equidad, la igualdad de oportunidades en unos momentos de disminución de recursos y para incidir en la redistribución más justa de las partidas presupuestarias. En su capítulo II, la Ley
Orgánica de Educación desarrolla una serie de artículos destinados a proponer medidas para compensar las desigualdades en educación y, concretamente en este artículo 82, la igualdad de oportunidades en el mundo rural. Leo textualmente el punto 1 de
este artículo: Las administraciones educativas tendrán en cuenta el carácter particular de la escuela rural a fin de proporcionar los medios y sistemas organizativos necesarios para atender a sus necesidades específicas y garantizar la igualdad de
oportunidades. En este punto 2 al que nos referimos es necesario que conozcan que la ley obliga durante la educación primaria a las administraciones educativas a garantizar a todos los alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio o en
una zona de escolarización establecida. Esto da contenido al punto 2 cuando habla de que en aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su residencia para garantizar la
calidad de la enseñanza. Es decir, si en su municipio no hay un centro educativo, se podrá trasladar a otro municipio donde exista un centro educativo. Es en este supuesto cuando las administraciones educativas, en este caso las comunidades
autónomas, prestarán de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado.
Por eso proponemos modificar la disposición final quinta, título competencial de la Ley Orgánica de Educación, donde se especifica que la presente ley se dicta con carácter básico, al amparo de la competencia que corresponde al Estado
conforme al artículo 149.1, de la Constitución, y donde se exceptúan del referido carácter básico una serie de preceptos. Nuestra proposición de ley pide incorporar en estos preceptos que no tienen el carácter básico este punto 2 del artículo 82.
De esta forma, el texto de este artículo dejaría de tener la consideración de carácter básico y, por tanto, dejaría de ser competencia exclusiva del Estado.
Es una demanda de las diferentes administraciones que intervienen en el proceso administrativo para garantizar el derecho universal de acceso a la educación obligatoria en el territorio en las administraciones más cercanas a los ciudadanos.
Si se mantiene el carácter básico, las comunidades autónomas no pueden realizar bajo su responsabilidad una adaptación de su desarrollo, de su aplicación, ni incluir nuevos planteamientos más coherentes con la realidad económica actual. Por este
motivo, y aun sabedores del exceso de celo de los diferentes Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, proponemos modificar la Ley Orgánica de Educación en el aspecto donde se regulan las condiciones en que las administraciones
educativas, en este caso comunidades autónomas, han de facilitar servicios de transporte y, en su caso, comedor e internado al alumnado que se ve obligado a desplazarse a un municipio diferente del lugar donde tiene la residencia como consecuencia
de su escolarización. Este cambio en la ley es necesario para hacer viable la aplicación de criterios equitativos en las diferentes comarcas rurales, pues algunos alumnos de poblaciones que pertenecen a un mismo municipio padecen un agravio
económico y territorial.
Quisiera ponerles un claro ejemplo que seguro se repite en aquellos territorios con un ámbito rural disperso. En la comarca de la Segarra, en Lleida, está Plans de Sió, un municipio con once núcleos habitados y dispersos por su término
municipal. El centro educativo está en el núcleo principal de Las Pallargas. Desde El Canós, que está en el mismo término municipal pero a 9 kilómetros del centro educativo, los jóvenes que acuden a la escuela no pueden disfrutar de las ayudas
directas a las que el artículo 82.2 hace referencia actualmente, mientras que los alumnos del municipio vecino de Torrefeta i Florejacs, que van al mismo centro educativo, sí pueden disfrutar de la gratuidad del transporte del comedor. ¿Dónde está
la diferencia? Muy sencillo: Los alumnos que vienen del pueblo vecino tienen que desplazarse 6 kilómetros; los alumnos que están en el mismo término municipal tienen que desplazarse 9 kilómetros. Creemos que eso es una injusticia, que este
artículo 82.2 no es justo en este aspecto. Así, señorías, este artículo permite que alumnos que se desplacen de su término municipal reciban ayudas directas sin valorar nada más, mientras que jóvenes que tienen que realizar desplazamientos más
largos pueden quedarse sin ayudas. Esta es la situación injusta que queremos solucionar con esta proposición de ley. Aquí es donde la propuesta mejora la ley y modifica aquellos casos a los que se refiere la Ley Orgánica de Educación porque,
prescindiendo del criterio de renta, si se pertenece a un municipio sin escuela se tiene directamente una beca por el valor del transporte, el comedor y, si es necesario, un
internado, sin ningún otro criterio. En la Llei d' Educació de Catalunya ya se constata y desarrolla esta situación con la creación de un sistema de becas para el estudio que tiene como objetivo la compensación de las desigualdades
económicas y sociales y, en las etapas no obligatorias, la incentivación de los estudios. En ella todos los alumnos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad al sistema público de becas en función de sus recursos económicos, aptitudes y
preferencias, donde las diferentes administraciones públicas, con el fin de facilitar el acceso en condiciones de equidad a los servicios escolares de comedor y transporte durante las enseñanzas obligatorias y los declarados gratuitos, ofrecen ayuda
a los alumnos que vivan en poblaciones sin escuela, en núcleos de población alejados o en zonas rurales, a los alumnos discapacitados y a los alumnos con necesidades específicas reconocidas. Las ayudas podrían cubrir parcial o totalmente el gasto,
atendiendo a la naturaleza del desplazamiento y al nivel de renta de las familias. Entendemos, pues, que este sistema de ayudas debería estar regulado y fijado por la comunidad autónoma, que es la Administración pública que dispone de todas las
variables necesarias para determinar el sistema de ayudas y becas necesario para facilitar el acceso a los servicios escolares de transporte y, en su caso, de comedor e internado.
Como ejemplo, quisiera referirme a un ámbito diferente de compensación, el que hace referencia a las ayudas para la compra de los libros de texto, material didáctico e informático. Estas ayudas no tienen carácter básico, cosa que permite
firmar convenios con las comunidades autónomas con la finalidad de colaborar con las familias más necesitadas. Esta partida procede del ministerio y se ha reducido cerca del 80 %, lo que dificultará poder ayudar a las familias y creará problemas a
las mismas, pero la comunidad autónoma tiene la capacidad para redistribuir los recursos con criterios territoriales adaptados y urgentes. Fíjense, señorías, que en 2011 algunas comunidades sufragaban totalmente los libros de texto, mientras en
Cataluña siempre se ha mantenido el criterio de renta para distribuir los recursos. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).
En esta línea, traemos ante sus señorías esta proposición de ley. Estamos convencidos de que esta iniciativa, ante la falta de recursos y el aumento de la demanda de las familias ante la situación de crisis, permite redistribuir más
equitativamente los recursos disponibles entre los alumnos más necesitados. Eliminar el carácter básico nos permite ser más justos y más eficientes, utilizar los recursos públicos de una forma más eficaz y eficiente y ayudar a los más necesitados
con criterios objetivos y claros.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra por cinco minutos la señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, la actual Ley Orgánica de Educación establece en su artículo 155, textualmente, que el Estado y las comunidades autónomas acordarán un plan de incremento del gasto público en educación
para los próximos diez años. La actual Ley de Educación es del año 2006. Según este mandato legal, la ley debía suponer un aumento progresivo del gasto público en educación por los menos hasta el año 2016. La realidad, sin embargo, es otra muy
distinta y supuso en los últimos años drásticos recortes en los servicios públicos básicos. El presupuesto para el año 2013, en este momento en tramitación, vuelve a recoger un recorte del 17,2 % en el Ministerio de Educación, porcentaje muy
superior al que sufren ministerios como el de Interior o el de Defensa, de escasísima vocación social. Las injustas y antisociales medidas presupuestarias, en aras del sacrosanto cumplimiento del déficit impuesto por la Unión Europea, vienen
suponiendo la asfixia de las comunidades autónomas y, como consecuencia, un grave deterioro de los servicios básicos que estas prestan.
Es el caso de las distintas prestaciones públicas en materia de educación, cuyo objetivo es evitar desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, geográficos o de otra índole.
Los servicios de transporte escolar y también de comedor, que deben servir para contribuir a alcanzar esa equidad y universalidad a la que debe aspirar la educación pública, no pueden estar sometidos a preceptos y criterios poco acordes a la
realidad en la que se dispensan. En este sentido, nadie mejor que las administraciones autonómicas conocen las características y condicionantes existentes en sus territorios a la hora de conjugar todas las variables necesarias para prestar los
servicios con mayor eficacia y atendiendo a las necesidades reales de su población. En Galicia, por ejemplo, el transporte escolar es un derecho fundamental y un sistema que requiere muchos medios para atender adecuadamente a sus 315 ayuntamientos,
a sus más de 30.000 núcleos de población. Su baja densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, su extrema dispersión poblacional, su orografía o la falta de alternativas en zonas rurales son
factores determinantes que inciden en su coste: más de 120 millones de euros al año distribuidos en 4.500 líneas, la mitad de las que existen en todo el Estado español, para transportar a alrededor de 90.000 escolares. Estos son, entre
otros, los motivos que nos llevan a concluir que la consideración de carácter básico del artículo 82.2 de la actual Ley de Educación no puede ni debe limitar el diseño por parte de las comunidades autónomas que permita facilitar y mejorar el acceso
a este servicio básico. Por lo tanto, el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la modificación que se propone por parte del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Pérez.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías de Convergència i Unió, una de las primeras estructuras de Estado, las del nuevo Estado catalán que perseguimos, debería ser la educación, pero ustedes nos traen hoy aquí un nuevo golpe a su derecho universal. Cuando el sistema
educativo catalán sufre el embate del ministro Wert, que pretende amenazar la inmersión lingüística, españolizarnos por decreto, censurar libros de texto acusándolos de transmitir ideologías sectarias, derrotar la equidad y el modelo inclusivo del
sistema educativo con una reforma de la Ley Orgánica de Educación a golpe de mayoría absoluta, van ustedes y se comportan como sus primeros aliados; aliados del Partido Popular. ¿Cómo se atreven a presentar una propuesta para eliminar el
transporte escolar obligatorio, cómo se atreven a presentar una propuesta para eliminar el comedor y, si es necesario, el internado de los estudiantes que se tienen que desplazar a un municipio distinto de en el que residen para ser escolarizados?
¿Acaso su posición es distinta de la de Wert?
En el escenario actual, señorías de Convergència i Unió, no se puede estar a ambos lados de la trinchera. O se colocan al lado de las clases populares catalanas, que sufren el desguace del sistema educativo, o son aliados ideológicos y de
obra de los que no creen en la equidad. Desgraciadamente, con su práctica de recortes en educación se demuestra que ustedes ya optaron: menos inversiones en equipamientos escolares, menos profesorado, despido de interinos, sobrecarga y peores
condiciones laborales para los enseñantes, menor capacidad para tratar la diversidad del alumnado y un largo etcétera de déficits añadidos que ponen en jaque la igualdad de oportunidades. En esta locura de recortes, acabaron también con los
recursos destinados a subvencionar los desplazamientos dentro de un mismo municipio, y ahora pretenden pasar a la siguiente fase: acabar con el pago de los desplazamientos de escolares a municipios distintos, para lo que vienen a buscar el amparo
de sus socios hasta hace poco en Cataluña, el Partido Popular. Francamente lamentable. Y nos preguntamos: ¿Con qué legitimidad luego ustedes llamarán a somatén para frenar a Wert? ¿No ven ustedes -permítanme que les diga-, insensatos, que la
ciudadanía catalana mirará a un lado y a otro y concluirá que tanto da PP como CiU? Porque -dirán- son iguales, igual de clasistas. Por esto, nosotros les pedimos hoy aquí que retiren esta iniciativa de la votación, que la retiren porque
rectificar es de sabios. Ustedes no se hacen ningún favor. De hecho, no nos hacemos ningún favor, porque es evidente que el nuevo Estado catalán, que lo queremos progresista y social para alcanzar la plenitud nacional, requiere una educación de
excelencia y una educación que garantice la igualdad de oportunidades, y no se puede venir a pedir el amparo del Partido Popular -el que quiere que desaparezcamos- para avalar y legitimar nuevos recortes. Repito, les pedimos que retiren de la
votación esta iniciativa parlamentaria, porque rectificar es de sabios. A veces uno tiene que rectificar, empezando por el que habla.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: No vamos a apoyar esta proposición de Convergència i Unió porque nos parece un tanto extraña, y voy a explicar por qué. En primer lugar, quitar el carácter de derecho básico a la educación el transporte y resto
de cosas que enumera la ley tal y como está ahora es algo ilógico porque forma parte del derecho de acceso efectivo a la educación, sobre todo para aquellos menores que viven en núcleos rurales. Otra cosa es la gestión de este derecho efectivo.
También nos sorprende que no pidan una transferencia de gestión de esa competencia en concreto o llegar a un acuerdo con el Estado, cosa que se ha hecho en cuestiones muchísimo más intrincadas y complicadas
que esta en particular. Realmente no veo por qué habría que modificar la Ley Orgánica de Educación por una cuestión simplemente de gestión de por dónde pasa el autobús, qué paradas tiene, cuántos niños lleva, de qué barrio a qué barrio,
etcétera. Por eso mismo y porque, la verdad, vista la trayectoria de gasto público que lleva el Gobierno de la Generalitat en Cataluña sospechamos que podría ser una excusa perfecta para acabar suspendiendo este tipo de servicios públicos y hacer
que, como las circunstancias han cambiado, se lo sufrague cada cual, como ha pasado en el caso del táper en los colegios públicos de muchas comunidades autónomas, que, por cierto, algunas parece que gestionan ellas mismas el transporte escolar, pero
como no lo sé con exactitud no lo quiero introducir en el debate.
Como comentario político quiero decir, para acabar, que me extraña que presenten una cosa de un nivel tan administrativo, tan casi de pleno municipal, cuando están embarcados en hacerse un Estado independiente. Esto es muy raro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.
Nuestro grupo parlamentario no apoyará esta proposición de ley. Entiendo la sorpresa del resto de grupos de la Cámara, sí que parece un poco extraña esta proposición de ley porque, como habitualmente hace Convergència i Unió, plantea cosas
por la puerta de atrás. Seguramente los que conocemos más de cerca su gestión podemos explicar un poco más qué hay detrás de una propuesta como esta. Nosotros conocimos bien las intenciones de Convergència i Unió ya en el debate de la Ley de
Educación de Cataluña, en el que se resistió e impidió hablar de una cosa tan normal como es el servicio público de educación. ¿Por qué? Porque precisamente eso podía dar pie a garantizar ciertos derechos. Eso es lo que buscan. (La señora
vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Usted, señor Barberà, ha venido aquí a hablar de progresividad, de equidad, de calidad, pero lo que ustedes plantean no tiene nada que ver con lo que usted ha dicho; al revés. Nos parece una vergüenza y una ofensa que en la situación en la
que se encuentra hoy la educación, tanto en España como en Cataluña, con los recortes que sufre, usted tenga la desfachatez de venir a presentar una propuesta como esta.
Voy a entrar en las cuestiones legales. La Ley Orgánica de Educación regula el derecho fundamental a la educación establecido en la Constitución y, entre otros aspectos, establece el sistema educativo del Estado, la provisión de plazas
escolares y la manera de acceder. Este derecho es fundamental, independientemente de la renta, tanto el acceso como el derecho a la educación. La propia ley establece el articulado básico, es decir, todos aquellos artículos que aseguran que en
esas fases obligatorias se garantice esa universalidad de acceso. La propuesta que Convergència i Unió hace es modificar la LOE exactamente en su artículo 82.2 para que este no sea básico. Este artículo de lo que habla precisamente es de la
igualdad de oportunidades en el mundo rural y, por tanto, de que las administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado.
Primero haré algunas aclaraciones para señalar las contradicciones que esta propuesta presenta. En la exposición de motivos Convergència i Unió hace referencia a situaciones de ámbito rural, a zonas urbanas y conurbanas, cuando el artículo
82.2 solo hace referencia al mundo rural. Así que ustedes cuelan algunas problemáticas que no forman parte de este artículo. En segundo lugar, el marco competencial no impide que las comunidades autónomas apliquen subvenciones o ayudas a las
familias en zonas urbanas o conurbanas. Es decir, cuando usted habla de progresividad y equidad, nada excluye en la LOE que la Administración catalana pueda dar becas y apoyo a los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables. No hay
ningún impedimento para que puedan desarrollarse este tipo de políticas. En la exposición de motivos también menciona que hay que tener en cuenta la existencia o carencia de transporte público o comunicaciones. Está claro, pero es que el Estatuto
de Autonomía de Cataluña de 2006 establece en su artículo 169 como competencia propia de la Generalitat la regulación del transporte escolar; es decir, la Generalitat es la que tiene que garantizar que haya un transporte u otro, lo que pasa es que
es verdad que desde que gobierna Convergència i Unió los recortes en transporte escolar han sido muy importantes y, por tanto, las dificultades que muchos consejos comarcales tienen para garantizar ese transporte vienen directamente de la gestión
que ha hecho la Generalitat.
De todo lo anteriormente expuesto se desprende que las comunidades autónomas pueden favorecer ayudas, pueden favorecer la progresividad, nada se lo impide. Por tanto, ¿cuál es el objetivo real que esconde esta proposición de Convergència i
Unió? Recortar, porque ustedes lo que quieren es suprimir
una garantía. No modifican el artículo para mejorarlo ni para resolver los problemas que tienen algunos municipios diseminados, como usted decía, porque es tan fácil como introducir una redacción distinta. Ustedes lo que dicen es que no
sea una competencia básica. En consecuencia, el objetivo que hay detrás es recortar precisamente el derecho a la educación, porque las competencias básicas lo que recogen precisamente es el derecho universal a la educación y, por tanto, la
gratuidad tanto de la propia escolarización como también de ese acceso.
En la práctica, si ese supuesto del artículo 82.2 pierde su carácter básico, implicaría escolarizar al alumnado sin centro educativo en su territorio bajo unos criterios y unas disponibilidades presupuestarias no obligatorias, lo cual reduce
esa garantía. Sinceramente, haciendo un símil, es como si usted dijera que como ahora es momento de ahorrar y necesitamos gestionarnos nosotros mismos según nuestro criterio, quitemos derechos fundamentales de la Constitución porque así puedo
gestionar mejor si puedo hacer una política pública de vivienda o puedo garantizar el artículo 27 a la educación. Es exactamente lo mismo.
Para resolver los problemas que usted ha planteado, y que podemos reconocer porque trabajamos en ellos también en la Ley de Educación de Cataluña, lo suyo hubiera sido venir con un redactado distinto. Por ejemplo, hablar de distancias al
centro, incluir también los municipios diseminados, no excluir una competencia básica. Por tanto, la conclusión es que no es una cuestión competencial, sino que se trata de reducir garantías, de modificar ese carácter básico y vulnerar los
principios de equidad e igualdad. Por ello, vamos a votar en contra de su propuesta, porque ustedes podrían haberlo hecho mejor y podrían pedir una modificación incluso exigiendo más garantías o exigiendo un blindaje de la propia financiación, pero
no lo han hecho. Lo que no vamos a consentir desde nuestro grupo parlamentario es que con iniciativas que van por la puerta de atrás se recorte precisamente el derecho a la educación. Si leemos entre líneas, eso es lo que están haciendo.
Lo que nos está pasando en Cataluña es que la educación está doblemente discriminada, por una parte por el ministro Wert y luego por la gestión de Convergència i Unió y su consellera Rigau. Por tanto, recibimos una doble discriminación. Y
quiero mencionar algunas de las medidas que ha tomado Convergència i Unió en estos veintiún meses de gobierno con la colaboración del ministerio. Han cambiado ustedes el modelo educativo catalán eliminando los recursos necesarios para garantizar el
derecho a la educación. Todas las medidas de Convergència i Unió han ido en la línea de recortar y discriminar la educación pública, en la línea de la segregación que también propicia el ministro. En Cataluña hemos pasado de proyectos de
innovación pedagógica a proyectos de austeridad patológica. Los ejemplos son numerosos en dos años: eliminación de la sexta hora en la escuela pública, 3.000 maestros menos por 30.000 alumnos nuevos, reducción de 925 euros al mes por la plaza de
guardería en tres años, reducción de las becas comedor -14 millones de euros menos en becas comedor para los más vulnerables- o cierre de escuelas públicas que funcionan. En las universidades utilizaron exactamente el mismo argumento. Fueron al
ministro, le pidieron por favor que las tasas universitarias las pudieran gestionar ustedes desde la Generalitat y el resultado es que ahora Cataluña tiene las tasas universitarias más altas de toda España. Hoy la realidad es que hay jóvenes que
han tenido que abandonar la carrera o que no pueden acceder a la universidad por unas tasas altísimas y porque han reducido las becas para el acceso a la educación superior. En definitiva, el balance de dos años hace retroceder la enseñanza pública
a la situación de treinta años atrás. Por tanto, estas medidas nos devuelven a la doble red que diferencia la escuela pública y la concertada, a la marginación de los gobiernos locales y ahora entre zonas rurales y urbanas. Todo ello está enfocado
a privatizar la educación en Cataluña y a hacer recaer el coste en las familias. En cambio, asistimos con sorpresa al mantenimiento del concierto educativo con las escuelas de élite; y en eso también coinciden con el ministro Wert. Eso sí lo
blindan, sobre todo la financiación a las escuelas que segregan.
En definitiva, no vamos a votar favorablemente esta propuesta y les pedimos que la retiren. Como mínimo, la podrían redactar para resolver esos problemas que ustedes planteaban, pero no vayan por la puerta de atrás para facilitar que el
Gobierno recorte y recorte los servicios públicos. No estaremos a su lado ni para los recortes presupuestarios ni tampoco para los recortes de derechos con sus propuestas legislativas. Entendemos que el modelo de país y las estructuras de Estado
no se construyen ni con más desigualdad ni desmantelando el Estado del bienestar, que es lo que han venido haciendo en los últimos dos años. No seremos sus cómplices.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos trae al Pleno una proposición de ley por la que se pretende excluir de la consideración de carácter básico el artículo 82.2 de la Ley Orgánica de Educación. Les recuerdo que
este precepto garantiza la igualdad de oportunidades en el mundo rural al prescribir que los servicios complementarios de transporte -y, en su caso, de comedor e internado- se prestarán de forma gratuita cuando haya que escolarizar a los niños en un
municipio distinto del suyo.
Señor Barberà, debo confesar que a mi grupo le ha causado bastante extrañeza una petición jurídicamente tan drástica como eliminar el carácter básico de este precepto. Nos parece una solución desproporcionada para el fin que se persigue,
que es la modificación del régimen de los servicios complementarios en materia de educación. Nos ha extrañado doblemente porque su grupo, señor Barberà, siempre se ha caracterizado por tener buenos juristas -algunos están aquí en el Pleno- que
saben perfectamente que el fundamento básico del artículo 82.2 se asienta en el artículo 149.1.1ª de la Constitución española, que confiere al Estado la competencia exclusiva sobre -cito- 'la regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales'. Fin de la cita. Es un artículo que tiene el sentido de una obligación constitucional específica impuesta al Estado central con
el fin de garantizar en todas las comunidades autónomas un mínimo de igualdad formal referida a los derechos y deberes constitucionales.
El carácter básico del artículo 82.2 de la LOE garantiza, por tanto, la igualdad de derechos en sus aspectos mínimos para aquellos niños del ámbito rural que se escolaricen en un municipio próximo pero distinto en todo caso al de su
residencia, es decir, garantiza que en la educación obligatoria -que es de lo que se está hablando- los servicios complementarios de transporte y comedor serán gratuitos. Por eso, es tan importante mantener la condición de precepto básico de este
artículo 82, para que pueda cumplir la finalidad para la que fue creado; artículo que el legislador ha querido que además de básico sea también orgánico, al regular de manera directa un elemento de un derecho fundamental como es la educación.
Dicho en otros términos, señorías, que el precepto 82.2 tenga carácter básico debe interpretarse en función del carácter supracomunitario de la acción del Estado central en cuanto garante de intereses que no pueden ser protegidos por la sola acción
de las comunidades autónomas al afectar a temas y a materias que escapan del ámbito de acción de estas.
Señor Barberà, si creen que en la prestación de estos servicios deben tomarse en cuenta otras consideraciones como las que usted ha citado: nivel de renta familiar, distancia entre el domicilio familiar y el centro, etcétera, propongan
ustedes una modificación de este artículo, del 82.2, o mejor todavía: en función de las competencias que ustedes tienen transferidas, abran una línea de becas de transporte y comedor. En el caso que nos ha citado, que imagino que serán municipios
de donde usted vive, es muy sencillo, abran una línea para que haya posibilidad de transporte dentro del mismo municipio o simplemente organicen los servicios complementarios de modo más eficaz porque esas decisiones están en su mano, ustedes
gobiernan en Cataluña y sobre ellas nada tiene que decir y nada dice el artículo 82.2. Pero la petición que usted hace, que su grupo hace de despojar dicho artículo de su condición básica nos parece, si me permite la expresión, que es matar moscas
a cañonazos. Porque para mejorar el funcionamiento de un servicio no se puede ni se debe eliminar un derecho, que es lo que ocurre en este caso. Nos parece que existe una enorme desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para
ello. Si se elimina el carácter básico de este artículo, este quedaría completamente desvirtuado, daría lo mismo que hubieran pedido su desaparición, porque a partir de entonces sus efectos serían absolutamente nulos para el conjunto del Estado,
desaparecería la gratuidad que defiende y garantiza; quizá tendría sentido para las ciudades de Ceuta y de Melilla, que siguen siendo gestionadas por el Ministerio de Educación. Pero creo que todo esto, señor Barberà, ustedes lo saben
perfectamente. Por lo tanto, si la razón última de esta proposición de ley no puede ser jurídica y tampoco es competencial - no ha dedicado usted mucho tiempo a ello-, solo queda un motivo de peso: una interpretación lógica para lo que está usted
defendiendo hoy aquí en nombre de su grupo, y es que, señorías, ustedes quieren las manos libres para poder eliminar la gratuidad de los servicios escolares de transporte y comedor en el mundo rural catalán. (Aplausos). Quieren sustraerse como
Administración educativa en Cataluña a la obligación de hacer frente a los créditos para esos servicios complementarios educativos y repercutir los costes a las familias. Necesitan sacudirse el blindaje de la igualdad educativa en el mundo rural
que les impone el artículo 82.2 para poder recortar también en este campo, como vienen haciendo ustedes en otros; les recuerdo que han empezado el curso con 3.000 profesores menos para 30.000 alumnos más. No estamos hablando, por tanto, señor
Barberà, de un tema competencial, tampoco estamos hablando de un tema de eficacia y
mucho menos de equidad o de progresividad, ustedes lo que quieren es soslayar la obligación presupuestaria a que les obliga el citado artículo. En definitiva, señor Barberà, en esta ocasión no debaten por el fuero sino por el huevo. Como
usted puede entender, señoría, en este camino el Grupo Socialista no les va a acompañar, nuestro grupo no les va a dar patente de corso para rebajar derechos educativos y mucho menos en ese ámbito rural catalán, suficientemente vapuleado por los
recortes llevados a cabo hasta ahora por la Generalitat. Por todo ello, votaremos en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Gracias, presidente. Gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bedera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Cabrera.
El señor CABRERA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). La proposición orgánica consta de un artículo único y una disposición final. El artículo único modificaría la disposición final quinta, título competencial, de la Ley orgánica 2/2006, excluyendo
de la consideración de carácter básico el apartado 2 del artículo 82 de la citada ley. En la exposición de motivos se manifiesta que la Ley orgánica 2/2006 regula las condiciones por las que las administraciones educativas han de facilitar servicio
de transporte, y, en su caso, comedor e internado, al alumno que se ve obligado a desplazarse a un municipio diferente del lugar donde tiene la residencia como consecuencia de su escolarización. Asimismo, señala que para una adecuada articulación
de la financiación de la prestación de los servicios de transporte escolar y, en su caso, comedor e internado, se requeriría, a causa de la actual situación económica, tener en cuenta otros criterios como, por ejemplo, el nivel de renta familiar, la
distancia entre el domicilio y el centro educativo, así como las comunicaciones existentes, y considera que este sistema de ayudas debería ser fijado por la comunidad autónoma como Administración pública que dispone de todas las variables necesarias
para determinar el sistema de ayudas y becas que faciliten el acceso a los servicios escolares de transporte y, en su caso, de comedor e internado. Se propone, por ello, excluir de la consideración de carácter básico el artículo 82.2 de la Ley
orgánica 2/2006 con una finalidad: que las comunidades autónomas puedan modular las ayudas oportunas para la prestación de estos servicios.
Desde el Grupo Popular entendemos la pretendida y constructiva aportación que se ha querido hacer en la exposición porque ciertamente, señorías, tanto la Comunidad catalana como todas las demás comunidades autónomas han venido haciendo
esfuerzos importantes para seguir prestando unos servicios básicos y de calidad. Desde el Grupo Parlamentario Popular valoramos el importante esfuerzo que todas las comunidades realizan para asegurar la sostenibilidad, en este caso, de la educación
pública. La proposición de ley que presentan plantea además medidas, ajustes y propuestas que buscan una solución distinta a un mismo objetivo: garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. No obstante, cabe recordar que
nuestro sistema educativo contempla para las enseñanzas no obligatorias medidas de apoyo a los alumnos, desde los conciertos singulares hasta las becas generales, que establecen umbrales, notas de acceso y otros criterios de reparto y valoración.
Pero la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas, tal y como recoge el artículo 3.3 de esta ley. La ley permite a las autoridades educativas desplazar al alumnado de educación básica para concentrar esfuerzos y recursos,
pero a cambio también les exige como mínimo imprescindible que compensen las disfunciones que pueden causar al alumnado estas concentraciones de alumnos. Pero, señorías, estamos hablando de educación básica. Aquí no puede haber tramos o umbrales,
sino que la garantía debe comprender objetivamente a todos los afectados con independencia de sus circunstancias. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Sobre este principio de universalidad está construido nuestro actual sistema educativo.
La exigencia de que la enseñanza básica sea obligatoria y gratuita está recogida no solo en el artículo 4 de la LOE, sino que también lo recoge la Constitución en su artículo 27, dentro del apartado de derechos fundamentales y libertades públicas,
que obliga ineludiblemente a los poderes públicos. El artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones de obtención y expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales y normas básicas -y normas básicas- para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Y respecto a esta competencia se refería el
Tribunal Constitucional, en la sentencia 134/1997, al exponer que es al
Estado al que corresponde la regulación de las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución. Por otro lado, las comunidades autónomas han asumido estatutariamente competencias sobre la regulación y administración de
la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de las facultades que las leyes orgánicas y la Constitución asignan al Estado. En cuanto a las administraciones
locales, el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Ley de Bases de Régimen Local, establece la cooperación de los municipios con la Administración educativa. Asimismo, las competencias de estos en el ámbito educativo vienen
determinadas en la disposición adicional segunda de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, del derecho a la educación.
Desde el Grupo Parlamentario Popular valoramos la propuesta y creemos que todos coincidimos en que garantizar y dar una cobertura a este derecho constitucional es de un calado lo suficientemente importante y sensible para abordarlo con un
análisis más profundo, con un análisis en profundidad. En temas como este la orografía, la dispersión geográfica de la población y las características propias de cada comunidad autónoma se tienen que tener en cuenta; y se lo dice un diputado que
procede de una comunidad-archipiélago fragmentada y, por tanto, puedo decirles que hablo con conocimiento de causa de esa realidad y de las dificultades que presenta el territorio. Pero para realizar el mejor reparto posible de esos recursos
deberíamos hacerlo, y así lo contemplamos, en condiciones de equidad y de justicia social. Por ello, señorías, merece y requiere de un análisis más detallado, y en estos momentos consideramos que el lugar oportuno para ese análisis y debate es la
reforma educativa que está tramitando el Gobierno, una reforma educativa que está en marcha, y creemos que lo más oportuno es que esta o cualquier otro tipo de propuesta similar se integre, bien en el debate previo o durante el periodo de enmiendas
en la tramitación del proyecto de ley orgánica de mejora de la calidad educativa.
Señorías, la educación es la clave para el progreso y el bienestar de un país. Dotarnos de un buen y consensuado sistema educativo es hoy una exigencia de toda la sociedad española. Las aportaciones y contribuciones de los ciudadanos
durante el trámite de audiencia en el que se encuentra el texto de la reforma educativa superan ya los 16.000 correos electrónicos. En breve será presentada en el Congreso y como ya he repetido, o ya ha repetido el propio Gobierno en varias
ocasiones y el Grupo Parlamentario Popular, están abiertas todas las vías de diálogo. La presentación del proyecto de ley de mejora de la calidad educativa representa una oportunidad para ofrecer a la sociedad española, con las aportaciones de
todos los grupos políticos, un documento de mejora de la calidad y estabilidad de la educación en nuestro país. Creemos que sin cambiar el carácter básico del artículo 82.2, hay margen para atender las posibles desigualdades que recogen en su
propuesta. A las iniciativas ciudadanas se unirán las de los grupos políticos y las de las comunidades autónomas, que asistían ayer lunes a la Conferencia Sectorial de Educación precisamente para debatir el proyecto de ley orgánica de mejora de la
calidad educativa, y que seguirán trabajando en esta ley. Señorías, la educación nos convoca a un encuentro sereno y constructivo, donde el diálogo auspicie el más amplio consenso posible y ofrezca a la comunidad educativa y a toda la sociedad
española una reforma educativa que aporte calidad y estabilidad a nuestro sistema educativo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cabrera.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE REPROBACIÓN DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. (Número de expediente 162/000452).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reprobación del ministro de Educación, Cultura y Deporte.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Valenciano.
La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la orientación de la política educativa y cultural es responsabilidad de todo el Gobierno y singularmente de su presidente. Ese es el principio constitucional. Pero la responsabilidad del ministro es determinante, tanto en el
fondo de la política como en la forma de hacer política. Con esta iniciativa el Grupo Socialista quiere expresar su total discrepancia con la política anticultural y antieducativa de todo
el Gobierno, pero queremos también poner de manifiesto nuestra reprobación al ministro de Educación, Cultura y Deporte.
Reprobamos sus actitudes hostiles hacia la comunidad educativa y hacia los creadores y su desprecio hacia todos los que no piensan como él. Reprobamos sus declaraciones pretendidamente ocurrentes y en realidad gravemente provocadoras.
Reprobamos su gusto por la polémica estéril, reprobamos su altanería y su incapacidad manifiesta para el diálogo y el acuerdo. Ningún político debería ser sectario ni provocador ni arrogante, pero tratándose del ministro que se ocupa de la
educación, la falta es aún más grave. Es grave que no haya comprendido todavía que su tarea es trabajar para alcanzar acuerdos, y todavía es más grave que no haya aprendido aún que con la educación no se juega. Reprobamos la evidente inclinación
del ministro a convertir el mundo de la educación y la cultura en una especie de laboratorio para experimentar con recetas ideológicas contra la crisis.
Señorías, el ministro Wert parece sentir nostalgia de la escuela de su infancia, y por eso nos dibuja un modelo educativo antiguo, excluyente y clasista (Aplausos), un modelo esencialmente segregador, un modelo que España sufrió durante
mucho tiempo y que quisimos erradicar, ese modelo -¿se acuerdan?- pensado para deshacerse de quienes menos recursos económicos tienen o de quienes tienen dificultades en el aprendizaje o de quienes viven en las zonas rurales; aquel modelo -¿se
acuerdan?- pensado para segregar por sexos, alentado por fondos públicos para separar a las niñas de los niños. No saben sus señorías cuánto lamento que no esté aquí el señor Wert. Por cierto, un desprecio más del ministro. La pena es que, por
no estar aquí hoy el señor Wert, no podrá hacer una de las cosas que más le gustan, que es escucharse. (Risas.-Rumores). Ya que él no está, repetiré algunas de las cosas que ha dicho. Por ejemplo, fue él quien dijo: la educación diferenciada por
sexos es una opción de libertad. Y son sus señorías las que deben preguntarse qué diríamos si los colegios separaran a los alumnos por nacionalidades o por razas o por creencias religiosas y además lo financiáramos.
Reprobamos al ministro Wert porque quienes siembran la segregación hoy están sembrando la desigualdad y la discriminación de mañana. Reprobamos al ministro Wert por su obsesión por adoctrinar a los alumnos catalanes, que no necesitan
ninguna españolización. Lo que necesitan son recursos, aulas, profesores, apoyo a la integración. Necesitan futuro, necesitan fondos para investigar y necesitan sobre todo los alumnos catalanes respeto. Eso es lo que necesitan los alumnos
catalanes. (Aplausos). Llama poderosamente la atención que alguien que ha leído tanto se haya leído tan poco la Constitución, porque tanto la Constitución como el Estatut apagan todas las inquietudes que quieren atizar los agitadores de hogueras
como el señor Wert. Así pues, el señor ministro nos ha ido mostrando la escuela con la que sueña, una escuela en la que los que necesitan estímulo se quedan en el camino; una escuela de las reválidas tempranas, un instrumento pedagógico que ya
había caducado cuando en este país se educaba en blanco y negro; una educación en la que el futuro de los hijos esté determinado por el dinero de los padres; una clarísima apuesta por una educación de primera y una educación de segunda. En
definitiva, una educación sin calidad y sin igualdad.
Reprobamos al señor Wert por su darwinismo educativo. Es su ideología la que le hace defender la escuela de los más fuertes, de los más brillantes. Y esa, señorías, es una idea corta, injusta e inhumana, porque el material sobrante, saben
ustedes, son personas, vidas y futuro. (Aplausos). Y, sobre todo, es una idea equivocada, es un error fatal, porque de la cantidad surge la calidad y porque el nivel educativo de un país no se mide por los cientos de alumnos excelentes, sino por
los millones de alumnos y alumnas que están preparados para afrontar la vida. Señorías, estamos en el siglo XXI y el sueño de Wert es una pesadilla para muchísimos españoles. Hay un lema clásico que acuñó Jacques Delors: la educación encierra un
tesoro. Pues bien, el señor Wert lo está dilapidando. Las devastadoras consecuencias de su paso por el Ministerio de Educación ya se están sintiendo, pero se sentirán sobre todo en la sociedad española de mañana, porque los efectos de toda
política educativa son a largo plazo, como las semillas, o también como las espoletas de efecto retardado. Dentro de unos años, cuando nadie se acuerde de quién fue el ministro de Educación de Rajoy, España sufrirá las secuelas de su pésima gestión
y entonces, señorías, ya no tendrá arreglo. Así que reprobamos hoy al ministro Wert para no tener que lamentarnos mañana; reprobamos al ministro de Educación y Cultura porque parece estar empeñado en laminar la cultura. Las razones simbólicas no
parecen importarle mucho: la creatividad, el disfrute para todos. Entonces, tal vez, si al señor Wert no le mueve esa sensibilidad, podría leer algunas estadísticas, que estudie, que aprenda algo sobre la dimensión económica de la cultura, sobre
su porcentaje del PIB, sobre su peso en la imagen de un país. Si su sensibilidad no le da para apreciar la importancia de la cultura, que ponga en acción su inteligencia que -como él mismo proclama- debe ser muy brillante. De momento,
la industria cultural perderá 4.200 empleos directos, el 20 % de las empresas culturales cerrará y tendremos 43 millones menos de espectadores.
Señorías, el señor Wert ha logrado, eso sí, un consenso sorprendente. Es reprobado por alumnos y profesores, por padres y madres, por rectores de universidad, por maestros de escuela; es reprobado por los artistas y por el público, por los
sindicatos y por las patronales, cerca ha estado de ser reprobado por el Partido Popular. (Aplausos). Es por eso, porque es un consenso mayoritario, desgraciadamente un consenso negativo, que esta tarde esta Cámara debería recoger las razones de
la sociedad española y reprobar en esta Cámara al ministro Wert.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora, Valenciano.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Para defenderla, tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías, señorías del Grupo Socialista, he de confesarles que en mi grupo hemos estado tentados de no apoyar esta reprobación porque no encontrábamos un ministro mejor para que zapara al Gobierno de Rajoy. Pero,
finalmente, ha surgido la ministra Báñez y hemos decidido, en pugna mi compañero el señor Coscubiela y yo, que sí que íbamos a reprobar, finalmente, la actuación del ministro Wert. (Aplausos). Y lo hacemos porque desde le inicio del mandato del
señor Wert, de este ministro ausente, se ha ido sembrando la incertidumbre y el desconcierto en la comunidad escolar. Tampoco nos extrañaba mucho, porque el señor ministro, ausente, ya lo explicitó él mismo en la ponencia que presentó en FAES en
2010. En ella consideraba que la comunidad escolar es un término que no tiene sentido, porque la educación no es democrática y su organización y forma de funcionamiento deben de ser verticales. Quizás de ahí nace su propuesta sobre el papel que
deben de jugar los directores de los centros y la autoridad del profesor. Para el ministro, ausente, es más importante la potestas, poder adjudicado por decreto, que la auctoritas, prestigio ganado día a día, y entra en su lógica, ya que en todas
las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular el ataque a los docentes ha sido de tal magnitud que el desprestigio, desgraciadamente, ha crecido al mismo nivel. El señor ministro, ausente, nos ha ido mintiendo a lo largo de todo este
tiempo, porque cuando compareció en la Comisión para contarnos cuál iba a ser su política a lo largo de esta legislatura, dijo textualmente lo siguiente: No iba a hacer una nueva ley de educación, y argumentó para ello que los ciudadanos y las
ciudadanas ya estaban hartos de que cada gobierno elaborara una nueva ley y con ella se modificaran textos y métodos. Pues bien, hoy ya contamos con un anteproyecto de ley que es en la práctica una enmienda a la totalidad a la anterior Ley de
Educación, a la elaborada por el Grupo Socialista. No consiguieron implantar la LOCE, pero, como se decía antes, por la puerta de atrás, introduce una nueva ley. La verdad es que está elaborando una norma que no contenta, por lo que parece, ni a
los suyos propios; no contenta a nadie. Y tampoco contenta a una decena de miembros de la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado que no asistió a dicho consejo, y que ya veremos qué pasa en el futuro con el resto de los participantes
de la comunidad educativa.
En cualquier caso, lo que sí es cierto es que no parece que los ciudadanos y las ciudadanas hayan dejado de estar hartos y que ahora vayan a coger con agrado los cambios en el sistema educativo público. De hecho, ya están mostrando su
disconformidad en las calles del país. No podemos creer que el ministerio no tuviera previsto que estos descontentos se podían generar. De hecho, pensamos lo contrario. Sin embargo, el señor ministro, ausente, no ha tenido a bien comparecer en la
Comisión de Educación para informar al Parlamento qué ha motivado ese cambio que le ha llevado a elaborar una nueva ley. Es decir, a decir en un momento una cosa y al poco tiempo, la contraria. El señor ministro, ausente, y ustedes, señorías del
Partido Popular (Un señor diputado: Presentes), podrán eliminar el derecho de los alumnos y las alumnas a manifestarse o a reunirse, pero los estudiantes, los estudiantes, están hartos de que se juegue con ellos y ellas, de que se suban las tasas y
se eliminen o reduzcan las becas, de que se les expulse, de una forma u otra, de su derecho al estudio, a una formación de calidad, en definitiva, a que se hipoteque su futuro. Tenemos un ministro -aunque me digan por ahí presente da igual, está
ausente, lo siento, pero el ministro no está aquí- que ha conseguido que todo el mundo esté en su contra. Solo por eso debería dimitir, no esperar a que lo cesen, que estoy segura, señorías del Grupo Popular, que lo harán ustedes, y más pronto que
tarde; lo harán.
El ministro, ausente, es sin lugar a dudas, y me gustaría que hubiera estado aquí por lo que le voy a decir, un mediópata, no cabe duda alguna. Cada vez que hace declaraciones, como diría mi madre, sube
el pan, sube el pan y baja la calidad y el futuro de la educación pública en nuestro país. Las mareas verdes, amarillas o negras, según comunidades, han sido las mareas más numerosas y reivindicativas en este país. El pasado día 18,
centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas en todo el Estado salieron a la calle para denunciar las tropelías que se estaban cometiendo en el sistema educativo público. Señorías, por muy creyente que uno sea o por mucho apego que uno tenga de
sí mismo, ser ministro no le convierte en Dios ni le da potestad para saltarse sentencias que ya no tienen recurso, diciendo: cambio la ley y, por tanto, ya no acato la sentencia. No es de recibo que eso lo haga un señor ministro.
Somos conscientes de que hay partidarios de la educación diferenciada. Pues muy bien, que elijan centros, que lo hagan, pero no subvencionados con fondos públicos. Hemos sido muchos y especialmente muchas -recalco: especialmente muchas-
las que hemos luchado por la coeducación y vamos a seguir haciéndolo, le guste o no a algunos sectores de la Iglesia.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ya, señor presidente.
Vamos a seguir luchando por que no se imparta la religión en los centros educativos públicos -no olvidemos que estamos en un Estado aconfesional- y vamos a seguir luchando por que la religión no influya en nuestros estudiantes.
Termino ya, señor presidente. En la situación en la que nos encontramos, con la cantidad de ocurrencias que ha tenido este señor ministro, no nos puede extrañar que haya centros educativos donde algunos docentes les digan a sus alumnos que
este país no tiene futuro y que deben prepararse para ser emigrantes. Solo por eso el señor ministro debe ser reprobado. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Álvarez.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, Grupo Mixto. Van a intervenir tres de sus miembros y, de acuerdo con el orden que ellos han establecido, en primer lugar, tiene la palabra el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Aparte de las formaciones que subimos al estrado, también se suman a la reprobación Geroa Bai y Amaiur.
En primer lugar, aparte de reprobar, que vendrá después, le agradecemos mucho al ministro Wert sus expresiones felices y la de la necesidad de españolizar a los alumnos catalanes, en particular. Eso nos conduce a pensar y ratificar que los
niños catalanes no son españoles o, al menos, muy poco españoles, porque si hay que españolizarlos es que no lo son; si lo fueran, no haría falta. Una expresión que no se usa para los niños de Valladolid o de Medina del Campo, sí se usa para los
niños catalanes. Por tanto, gracias por dejar claro que los niños catalanes y los niños españoles son de naciones distintas. Segunda cuestión. Usted, señor ministro -no está aquí, pero se lo transmiten ustedes-, cada vez que abre la boca no solo
sube el pan, sino que suben las estrellas de banderas independentistas, que él mismo anima y aupa con sus palabras. En tercer lugar, le agradecemos también que a golpe de declaraciones esté acabando con el federalismo, esa utopía que algunos
todavía mantienen, en Cataluña sobre todo. Pero, ¿quién va a querer federarse con el ministro Wert o con gente como el ministro Wert? Nadie va a querer federarse con esta gente. Gracias también por cargarse esa noble ideología, la cual queremos
superar, como saben muy bien, con la de la plena libertad nacional de Cataluña.
Hay que reprobar; no solo hay que ser agradecidos, sino también reprobar. Y aquí tal vez lo principal que le reprobaríamos al ministro de Educación es si ha pedido la opinión de la gente. ¿Ha pedido la opinión de los padres, de los
maestros, de los alumnos? ¿Le importa la opinión de toda esa gente o no le importa? Si le importara, tal vez no diría lo que dice y no haría lo que hace. Y ustedes, señorías del PP, me temo que siempre igual. Después resulta que los
nacionalistas somos nosotros. Quizá sí, pero nosotros somos nacionalistas de consulta, de referéndum, de votos, de urna, mientras que ustedes acaban siendo siempre nacionalistas del Título VIII de la Constitución Española, de Formación del Espíritu
Nacional y de imposición de españolidad, y eso sí que es muy reprobable por antidemocrático. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Sí, lo es; es reprobable, muy reprobable. Felicitamos, pues, al ministro Wert por todos los
favores que nos ha hecho y, por otro lado, le reprobamos su conducta como ministro hooligan del Gobierno de España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.
Tiene la palabra la señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Como han dicho las personas que me han precedido en el uso de la palabra, nunca un ministro concitó tanta unanimidad en su contra, desde padres, profesorado, alumnado o rectores de universidades, y las razones que
el BNG podría poner también encima de la mesa para avalar lo que considera más que una merecida reprobación del ministro de Educación son muchas. En nuestro caso el ministro Wert viene destacándose desde hace casi un año por estar empeñado en
invadir las competencias de las comunidades autónomas; una invasión sin precedentes, que en el caso de Galicia es especialmente grave ya que nuestra identidad tiene una presencia mínima en los currículums escolares y el retroceso del gallego en la
educación es espectacular en los últimos años. Esta petición de reprobación, precisamente en Galicia, fue sobrepasada por la petición de dimisión del ministro por parte de varias entidades sociales debido a la ley que se está preparando, la
conocida como Lomce, donde se mantiene entre otras cosas la invasión de competencias, la reducción de la parte de currículum que le corresponde a las comunidades autónomas y cuestiones tan retrógradas e inaceptables como la segregación de alumnos y
alumnas en los centros. El Bloque Nacionalista Galego también reprueba al ministro de Educación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.
Tiene ahora la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero iniciar mi intervención dirigiéndome al ministro como si estuviera presente en cuerpo y alma, como decimos los valencianos, agradeciendo su extraordinario papel como portavoz sincero del Gobierno ultraconservador que padecemos. Las
declaraciones del ministro Wert, contestando con sinceridad, son de un valor incalculable y le llevan a ser el ministro peor valorado. El Gobierno habla por su boca y seguramente por ello, señor Wert, será usted el primer ministro en caer. La
ironía es que una persona de su soberbia dirija un Ministerio de Educación, la ironía es que un experto en valoraciones sea el ministro peor valorado. Pero es que usted bate récords en toda su gestión: huelga general unitaria de todos los niveles
educativos, huelga secundada también por padres y madres; el primer plante de los rectores a un ministro; enfrentamiento con todo el mundo de la cultura. Usted, señor Wert, está haciendo historia, historia negra, y todo ello bajo una misma
cantinela: hay que reducir el déficit. Yo le digo que no, que la educación no es un gasto, es una inversión; lo mejor que tiene un país es una juventud preparada con ganas de aportar, y ustedes desprecian todo ese potencial y lo envían a
Alemania.
Usted ha tenido la desfachatez de manifestar que las protestas no le afectan lo más mínimo. La cuestión no es si le afectan o no las protestas, es que las escuche; la cuestión es que un ministro sordo, ciego y mudo a las demandas de la
gente es un ministro que no administra sino la miseria que el mismo propicia, un ministro que a veces me recuerda al señor Burns de la serie Los Simpson, el clásico estereotipo de político despiadado, sin alma y sin ninguna clase de escrúpulos.
Señor Wert, usted no confía ni cree en los maestros ni en los profesores; no confía en la escuela; no confía en los creadores culturales ni cree en el ciudadano como creador y consumidor cultural de esta riqueza y diversidad. Acabaré con
una cita de Freinet: No podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan el mundo de sus sueños si vosotros ya no creéis en esos sueños; no podéis prepararlos para la vida si no creéis en ella; no podéis mostrar el camino si os habéis
sentado en la encrucijada de los caminos y ponéis todo tipo de barreras y trabas al desarrollo de la humanidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Pasamos ahora a la intervención del Grupo Vasco, PNV. Tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.
Desde el inicio de la legislatura está claro que el señor Wert ha ido haciendo declaraciones y lanzando una serie de perlas que han permitido que el Partido Socialista nos traiga esta propuesta de reprobación. No pretendo entrar en todas y
cada una de las declaraciones que ha realizado ni en todas y cada una de las propuestas que nos ha hecho, pero sí quisiera hacer hincapié en cuatro aspectos muy concretos. En primer lugar, en su afán de control, de recentralización y de no tener el
más mínimo respeto al ámbito competencial, porque está claro que su principal objetivo sigue siendo el pleno control de toda la educación
del Estado y ha llegado a poner en duda principios de equidad e igualdad diciendo, por ejemplo, que no se puede tolerar que en el País Vasco el gasto en educación por alumno sea el doble que en Andalucía. ¿Qué es lo que pretende, que
Andalucía gaste más, que en el País Vasco gastemos menos o lo que en definitiva debemos conseguir todos, mejorar resultados, aprender de las mejores prácticas y hacerlo mejor? No nos lo ha dicho, simplemente hace referencia a aspectos económicos.
Pero resulta que el ministerio tiene plenas competencias en dos ciudades, que son Ceuta y Melilla -ya se lo dije al propio ministro-, donde realmente tiene mucho margen de mejora sin meterse en competencias del resto de comunidades autónomas, que
hemos demostrado hacerlo bastante mejor que allí donde él tiene competencias. Está claro que la existencia de diecisiete sistemas le pone nerviosísimo al señor ministro y lo que pretende, escudándose en la mejora del rendimiento educativo, es
recentralizar todas esas competencias y atraerlas para el Estado. Pero resulta que no todas las comunidades autónomas lo hacen igual, no se puede aplicar el mismo rasero a todas. Y el que peor lo hace en esas dos ciudades donde tiene competencias
no puede venir a dar lecciones a nadie, no es lógico. En Euskadi hemos demostrado saberlo hacer y nuestros resultados están avalados por el informe PISA y por la empleabilidad de nuestros alumnos, y no vamos a tolerar, puesto que somos una sociedad
mayor de edad, tutelas de nadie y menos de quien no lo sabe hacer. Además, tiene la desfachatez de decir que la LOMCE, cuando se ponga en marcha, va a dejar intactas las competencias autonómicas, pero a la vez -y creo que no inconscientemente- dijo
que el sistema era inmanejable. Ese es el quid de la cuestión, lo que quiere es manejar todo el sistema. Y si lo que quiere es clarificar competencias -que también lo ha dicho-, en el caso de Euskadi tenemos competencias exclusivas en educación,
luego más claro imposible. Solo hace falta voluntad democrática de respetar esas competencias y no pretender manejar nada.
En segundo lugar, aduce temas de ideologización, de sentimientos identitarios, y yo diría incluso de adoctrinamiento. Dice que hay evidencias de que en ciertas comunidades autónomas el sistema educativo ha promulgado el sentimiento
independentista, pero resulta que él se dedica a querer españolizar a los catalanes, y entiendo que a los demás también algo nos debe tocar en este sentido. Resulta que nos tacha a nosotros de identitarios y de ideologizantes ¿y qué es sino
ideologizar y adoctrinar eso de españolizar a los catalanes? Nosotros defendemos la pluralidad y en este caso la identidad nuestra, la cultura y la lengua vasca. Evidentemente, la dirección ideológica es la que desde el ministerio se pretende
imponer, la suya, aquella en la que no existe el más mínimo respeto a la pluralidad de clases y culturas, ni a la equidad ni a la igualdad entre hombres y mujeres y se fomenta la segregación. ¿Acaso eso no es ideologización? Claro, lo que pasa es
que en este caso se hace desde el ministerio.
¿Qué más nos trae el ministro aquí? Búsqueda de la calidad y la excelencia. Estamos de acuerdo en el principio general, pero resulta que bajo ese concepto, escudándose en él, lo que hace es reducir y recortar las becas y permitir el
aumento del número de alumnos por clase, sin introducir ningún tipo de medidas adicionales para atender necesidades especiales en el aula, atender la diversidad que se produce y, en definitiva, conseguir la igualdad de oportunidades para todos esos
alumnos y alumnas que hay en clase. Está claro que es el momento del aprendizaje, de la sociedad del conocimiento, de la educación, y en esto estamos de acuerdo, pero no tal y como nos lo plantea el ministro. Nos pretende imponer una ley -de la
que tendremos oportunidad de hablar-, pero esa no es la ley que queremos. También ha hablado de universidades. Se ha permitido hablar de un nuevo sistema universitario cuando tiene una comisión de expertos trabajando y no sabemos a dónde va a
llegar. En definitiva, calidad y excelencia sí, pero no así.
No quisiera terminar sin hablar de pluralidad, diversidad y lengua, porque el ministerio, si algo hace, a través de su ministro, el señor Wert, es no tener el más mínimo respeto tampoco con las lenguas diversas, en nuestro caso, la lengua
vasca.
El señor PRESIDENTE: Señora Tapia, tiene que ir acabando.
La señora TAPIA OTAEGI: Voy terminando.
En Euskadi, tanto la lengua castellana como el euskera son lenguas cooficiales y ambas deben ser conocidas y habladas por el conjunto de la ciudadanía. El conocimiento de otras lenguas, como el francés o el inglés, evidentemente debe ser
promovido, pero garantizando siempre el conocimiento de las dos lenguas oficiales, y así lo hemos demostrado. Inglés, sí; francés, en algunos casos; castellano y euskera. Nuestro firme propósito es continuar en esta línea porque...
El señor PRESIDENTE: Señora Tapia, tiene usted que acabar.
La señora TAPIA OTAEGI: Permítame diez segundos, señor presidente.
Consideramos que el ministro Wert se merece esta reprobación, a pesar de que no estamos muy de acuerdo con el planteamiento de la proposición no de ley, pero sí con el fondo. El señor Wert tiene un amplio margen de mejora y debe aplicarse
más para poder aprobar la asignatura que tiene en su ministerio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tapia.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo no piensa apoyar esta reprobación por las razones que voy a explicar a continuación, y no precisamente porque apoyemos a nuestro ausente ministro, sino por razones de rigor parlamentario. En primer lugar, nos parece que la
reprobación de un ministro -ya sabemos que es un ejercicio que inició en la legislatura pasada el Grupo Popular, que quiso reprobar a cinco ministros del último Gobierno del señor Zapatero- no deja de ser una especie de objeto parlamentario
inexistente, porque lo que habría que hacer, puesto que todo el Gobierno es solidariamente corresponsable de la política que desarrollan los ministros y su presidente, es presentar una moción de censura. Presenten ustedes una moción de censura
también por la política del Gobierno en educación y lo discutimos. En segundo lugar, las críticas que hacen ustedes al señor Wert nos parecen -iba a decir ideológicas, pero es que no lo son- mágicas, es decir, obedecen a la manía tan extendida que
nos ha metido tanto la crisis del pensamiento mágico. Convertimos a un ministro en chivo expiatorio de los problemas de un sector tan importante como es el sistema educativo y, si nos metemos con él, celebramos un exorcismo colectivo y de alguna
manera lo resolvemos.
Todos sabemos que los problemas de la educación en España -que son muchos, complicados y profundos- no se deben solo al Gobierno del señor Rajoy y de su ministro el señor Wert, que me imagino que ahora estará leyendo correos electrónicos de
estos que le llegan a gran velocidad para profundizar en su proyecto de ley que, por cierto, aunque algunos de ustedes lo han citado, todavía no conocemos. A mí me parece fatal la política del Gobierno en esta materia porque se enteran antes que
los diputados de esta Cámara -que se supone que tiene plena competencia legislativa en esta materia- los periodistas, los consejeros autonómicos y diversos representantes de sectores educativos de cuál es, finalmente, el proyecto educativo de
reforma que se nos quiere presentar. ¿Esa es una razón para presentar una reprobación? A nosotros nos parece que no. Y lo que es peor -y aquí llego a la tercera razón que nos lleva a no apoyar esta petición de ustedes-, con los problemas que este
país tiene, hoy que hemos dedicado un esfuerzo a tratar de debatir los cuatro que estábamos la política fiscal y política energética, que la cuestión estrella sea una reprobación que además no va a ir a ninguna parte porque no tiene ningún sentido
ni parlamentario ni constitucional es, se lo digo en serio, una tomadura de pelo. Es una reprobación por un titular de prensa, el de los niños catalanizados y españolizados, que busca generar más titulares de prensa, no más soluciones políticas,
que es justamente la única función por la que estamos aquí. Por tanto, nos abstendremos ya que nos parece carente de seriedad y un ejemplo de lo que no se debe hacer en un Parlamento, y más en un Parlamento de un país en crisis.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.
Señorías, el PSOE ha presentado esta proposición no de ley para reprobar al ministro de Educación, Cultura y Deporte y quisiera empezar recordando que Convergència i Unió no tiene por costumbre reprobar la actuación de ministros y
responsables del Gobierno. La única vez que apoyamos una iniciativa de este tipo fue después de aprobarse desde el Parlamento de Cataluña un texto donde se denunciaba la discriminación que sufría y sufre Cataluña en referencia a las inversiones en
infraestructuras y a la actuación de doña Magdalena Álvarez. Fuimos portadores de esa voluntad a las Cortes Generales, pero, señorías, toda regla tiene su excepción y hoy ante nosotros tenemos la excepción.
Antes de pasar a desgranar nuestros motivos, quiero también criticar las formas y la mayoría de motivaciones que el Partido Socialista esgrime en la exposición de motivos y en el texto del acuerdo. Estamos lejos de sus posiciones. En
Cataluña conocemos y vivimos los resultados de sus políticas, que
con su tripartito con Iniciativa y con Esquerra han dejado a la Generalitat con unas deudas tan importantes que han provocado tener que aplicar criterios de austeridad sin afectar a los aspectos básicos de la sociedad del bienestar que tanto
nos ha costado construir entre todos y, lo peor, como si no fuese con ellos, su desastrosa gestión ha puesto en peligro toda la estructura de la sociedad del bienestar. Aquí también el Partido Popular ha encontrado una situación similar y por eso
dejamos claro que criticamos las políticas de los gobiernos socialistas anteriores en Cataluña con Iniciativa y Esquerra y en España también con su apoyo. Creemos que tienen mucha responsabilidad en referencia a la situación económica actual que
vivimos y sufrimos.
Señorías, analizando la exposición de motivos, y en referencia al ámbito educativo, estas formas son un episodio más de la larga historia de disputas entre el Partido Socialista y el Partido Popular para dominar e imponer el modelo propio
educativo que tanto perjudica a la educación y sus resultados. Nuestro portavoz, el señor Duran, y Convergència i Unió no nos hemos cansado de pedir un pacto educativo que daría estabilidad a la educación y permitiría trabajar con confianza a la
comunidad educativa. Convergència i Unió ha trabajado para conseguirlo en Cataluña y desde la oposición. La ley educativa de Cataluña, señorías, garantiza, sin duda, la equidad y la igualdad de oportunidades. CiU la defiende y la defenderá
siempre, no como otros partidos dependientes de los partidos españoles que laminan su desarrollo. (Rumores). Pero sabemos que si de la acción del Gobierno del PSOE o del PP dependiera exclusivamente, mal estaríamos. El sistema educativo tiene
actores y protagonistas que también lo sustentan y son ellos, profesores, alumnos y familias, los que con su esfuerzo están colaborando a ello.
Nuestra posición ante esta reprobación viene fundamentada por la actuación del Gobierno popular principalmente y por algunas actitudes y declaraciones del propio ministro, acciones y decisiones que se han ejecutado desde el ministerio y
desde el Gobierno del Partido Popular en el ámbito educativo y cultural; en el ámbito educativo y en referencia a los presupuestos, donde ya denunciamos la reducción y supresión de las partidas a programas específicos que afectan a actividades de
las comunidades autónomas. No podemos obviar de esta política del Partido Popular la aprobación del Real Decreto-ley de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, donde se centrifugaba a los territorios con
competencias el déficit que el Gobierno debía cumplir, sin ayudar a los Gobiernos de las comunidades autónomas de la misma forma que se ha permitido mejorar las condiciones al Estado central. Es irrespetuoso con los aspectos competenciales también
en materia de universidades y vulnera la lealtad institucional al trasladar a las comunidades autónomas el coste del precio de las becas, introduciéndose una nueva vía de ahorro para el Estado y de centrifugación del déficit para las comunidades
autónomas. Responsables de educación de los Gobiernos también discrepaban en aspectos claramente competenciales de las propuestas que presenta el texto de la LOMCE: presupuestos, real decreto y modificación de la ley que marcan este estilo
centrifugador del déficit y recentralizador de competencias que desde Convergència i Unió no nos cansaremos de criticar. Desde el ministerio sufrimos continuas injerencias en el modelo educativo propio de Cataluña y en nuestra lengua propia. De
nuestro modelo educativo respondemos los catalanes y no podemos aceptar que se le esté laminando. ¿Qué aspecto quieren mejorar del sistema educativo creando la polémica sobre el uso del catalán y su función como lengua vehicular con las
extemporáneas declaraciones del señor ministro? ¿Se lo recomienda PISA? En Cataluña hemos consolidado un sistema educativo basado en el modelo de interés público como garantía de la educación en un marco de libertad. ¿No se identifican con estos
valores de nuestra sociedad? La actitud y esas declaraciones no ayudan a mejorar la educación y más aún en estos momentos de dificultades económicas.
Por todo lo expuesto, creemos coherente la excepcionalidad de nuestro voto, que va a ser favorable a la reprobación por estos motivos. La actuación del Gobierno en el ámbito educativo y su actuación durante estos meses con la complicidad
del presidente del Gobierno se merece sin ninguna duda un necesita mejorar. Necesitan mejorar, señores del Partido Popular y señores del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barberà.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Señor presidente, señorías, el ministro de Educación ha osado cuestionar el modelo educativo socialista. Esa es la justificación real que sostiene esta iniciativa. Se ha atrevido a decir a todos los españoles con
claridad y sin ambigüedad alguna lo que informes nacionales e internacionales vienen denunciando; que el modelo educativo vigente, heredero directo de la malograda LOGSE, ha fracasado. Ha dicho a todos los españoles que el esfuerzo económico
realizado, un esfuerzo
que ha llevado a duplicar la inversión en educación en la última década, no se ha traducido en una mejora de los resultados; que el modelo educativo al que se aferra apasionadamente el Partido Socialista ha provocado que el nivel de
conocimiento de nuestros alumnos sea peor hoy que hace diez años (Un señor diputado: ¡Muy bien!); que seguimos doblando la tasa de abandono educativo temprano en relación con la media europea; que uno de cada tres jóvenes es expulsado del sistema
sin ningún tipo de titulación; y que casi un 24 % de jóvenes entre quince y veintinueve años ni estudian ni trabajan. Esta es, señorías, la radiografía del más estrepitoso fracaso del sistema educativo español, y el mérito es única y
exclusivamente de ustedes, señores socialistas.
El ministro también ha desafiado al Grupo Socialista al afirmar con absoluto convencimiento que podemos aspirar a una mejor educación; que podríamos haber tenido una educación mejor si su arrogancia no hubiese paralizado cualquier
posibilidad de reforma. Pero el Partido Socialista decidió que sus propuestas no podían tener alternativa porque ustedes, señores del Grupo Socialista, viven en la permanente creencia de que la educación es de su propiedad. La historia les delata.
Proponen esta reprobación para justificar su absoluto rechazo a pactar un cambio en el sistema educativo que la mayoría de la sociedad demanda. Ustedes solo buscan el pacto cuando gobiernan, no cuando están en la oposición. Solo justifican el
acuerdo si este sirve para blindar un modelo educativo, el suyo, forjado en el conformismo, en la desigualdad territorial y en la mal entendida equidad. (Aplausos).
Fue su mal entendida posesión de la educación la que les hizo no dar ni una sola oportunidad a la ley de calidad, una ley aprobada por la mayoría absoluta de esta Cámara, forjada por la voluntad de los españoles; la misma voluntad que ha
otorgado a este Gobierno la posibilidad de cambiar el modelo educativo para que España pueda tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo. A ustedes lo que menos les preocupa es la calidad del sistema y lo que más, que esa calidad la
logren otros. Son precisamente ustedes los que no han hecho nada mientras que nuestro sistema educativo se alejaba del nivel de exigencia de los países más desarrollados; ustedes, que han sido los únicos responsables de romper el principio de
igualdad de oportunidades, de que existan diferencias entre comunidades autónomas que pueden llegar a un curso académico en relación con el nivel de conocimientos de los alumnos; ustedes, que han mirado hacia otro lado cuando las familias han
querido elegir la educación, el centro educativo y la lengua en la que educar a sus hijos; ustedes, que han pretendido implantar su ideología en el aula, que penalizan a quienes no se sienten cómodos en el pensamiento único -el suyo-, que han
judicializado la educación; ustedes, que defienden la igualdad fundamentada en ese falso igualitarismo consistente en la uniformidad, pero la uniformidad por abajo; ustedes, que no han sabido valorar los intereses y aptitudes de todos y cada uno
de los alumnos, es más, que han penalizado al alumno que se ha esforzado, al alumno brillante, como si ser bueno en algo tuviera que ser castigado (Aplausos.- Rumores); ustedes, que en ocho años no supieron poner en marcha una auténtica política
para promover la economía de la creatividad en España, se atreven a hablar ahora de cultura, los mismos que han despojado a los profesores de su autoridad y han degradado la escuela pública bajo la premisa de una falsa comprensividad. No se
equivoquen, si hay algo reprobable en nuestra historia reciente es su actitud. Ahora, ante la falta de iniciativas se escudan en el fundamentalismo ideológico y en el alarmismo. Ustedes saben que ningún alumno tendrá que abandonar el sistema
educativo por causas económicas, primero, porque la beca es un derecho y, segundo, por el esfuerzo económico de este Gobierno; 17.000 alumnos más tendrán becas este año, señores del Grupo Socialista, porque la diferencia entre ustedes y nosotros es
que ustedes basan el Estado del bienestar en el gasto, nosotros en la prestación de servicios de calidad. (Aplausos).
Señores del Partido Socialista, harían bien en reflexionar. Ustedes cuestionan a un ministro del Gobierno de España por decir que piensa cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Se imaginan este debate en cualquier país de nuestro
entorno? (Rumores). No es extraño que los españoles les reprueben a ustedes de la forma más clara, en las urnas (Aplausos). Nosotros estamos donde siempre hemos estado, señorías: en el pacto constitucional por la educación, en el derecho de
todos los españoles a la educación, en el acceso a la misma en condiciones de igualdad, en garantizar la viabilidad de un sistema educativo de calidad que reduzca la fractura social y ayude a quien menos posibilidades tiene. Creemos en la libertad
como garantía de calidad, en los derechos de los padres y en el papel fundamental que juegan en la educación de sus hijos; creemos en los profesores, porque su dedicación es la que ha permitido sostener, no sin dificultades, cierta calidad en el
sistema; creemos en este Gobierno, señorías, y creemos en este ministro que hoy cumple con su deber y preside la Conferencia de política universitaria, porque todo su trabajo es por lo que debemos apostar.
Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.
Señora Valenciano, ¿admite usted la enmienda que le han presentado?
El señor BEDERA BRAVO: Sí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Admite la enmienda que Izquierda Unida, ¿no? (Asentimiento). Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES QUE COMPATIBILIZAN O QUIEREN COMPATIBILIZAR UN EMPLEO POR CUENTA AJENA CON EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL O ECONÓMICA POR CUENTA PROPIA,
ACOMODANDO SU COTIZACIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS A SU SITUACIÓN DE PLURIACTIVIDAD. (Número de expediente 162/000287).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente proposición no de ley pero antes, como veo que hay bastantes diputados en la Cámara, quiero decir que no votaremos antes de las 9. Espero que nos acerquemos a esa hora, pero no antes de las
9.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de apoyo a los trabajadores que compatibilizan o quieren compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una actividad profesional o económica
por cuenta propia, acomodando su cotización al régimen especial de trabajadores autónomos a su situación de pluriactividad. Tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
El pasado 10 de abril fueron registradas en esta Cámara la presente proposición no de ley para su debate aquí, en Pleno, y otra idéntica para su debate también en Comisión. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la
Presidencia). El objetivo de la iniciativa era y es instar al Gobierno a poner en marcha medidas de apoyo para aquellos trabajadores que compatibilizan o quieren compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una actividad
profesional o económica por cuenta propia, acomodando su cotización al de trabajadores autónomos a esta situación, a su situación de pluriactividad. Como se dice en la exposición de motivos, de los 3 millones de trabajadores autónomos, 86.000 están
en situación de pluriactividad, es decir cotizando simultáneamente al régimen general y al régimen... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un segundo, señor Azpiroz. Por favor, ruego un cierto silencio para escuchar al orador. El que quiera abandonar el Pleno, que lo haga, por favor, en silencio. Por favor, guarden silencio.
Adelante.
El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señora presidenta.
El 19 de junio se debatió la proposición no de ley en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, que me honro en presidir, y tal iniciativa fue objeto de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que no prosperó, relativa a la
cotización a tiempo parcial. La iniciativa fue defendida por mi compañera Carmen Navarro, quien recordó que la base mínima del régimen de autónomos supera en 102 euros a la del régimen general. Recordó la pérdida de 340.000 autónomos desde el año
2008 y los 86.000 autónomos en pluriactividad, entre otras consideraciones. La proposición no de ley fue aprobada prácticamente de forma unánime; tan solo tuvo el voto de abstención de don Emilio Olabarría, que espero que hoy se transforme en un
voto positivo. En el ínterin, pese a los ajustes y recortes tan necesarios y que se producen habitualmente estos días, el Gobierno de la nación ha mantenido su apoyo a aquellos autónomos en pluriactividad, reconociéndoles el derecho a la devolución
del 50 % del exceso de la cotización máxima -lo tienen que solicitar en los cuatro meses siguientes al ejercicio en que se ha producido esa cotización-, y esto está expresamente reconocido en el artículo 111, cinco, 7 de los Presupuestos Generales
del Estado, que en breve van a ser debatidos en Comisión. Esta cuestión se viene produciendo desde el año 2009 y el Gobierno popular, en respuesta a lo aprobado en Comisión, ha estimado oportuno el esfuerzo de seguir planteando esta medida, que es
justa y equitativa porque si no se produciría un enriquecimiento injusto de la Administración pública de la Seguridad Social. Lo que sucede es que esta cantidad afecta tan solo a una parte del colectivo de los 86.000 autónomos en pluriactividad,
por lo tanto hay muchos más autónomos en pluriactividad que no tienen ninguna medida concreta que les beneficie o que se acomode a esta situación. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular lo que queremos es una
mayor y mejor defensa de los autónomos y profesionales. Esta es la razón por la que hemos formulado la autoenmienda que sus señorías tienen a su disposición, y por la cual instamos al Gobierno a que en estas situaciones de pluriactividad
acomode sus cotizaciones al régimen de autónomos mediante la bonificación de sus bases mínimas de cotización a la Seguridad Social por este régimen en un 50 %.
Consideramos que, sin perjuicio de que en el futuro se pueda establecer un desarrollo legal de la cotización a tiempo parcial en el ámbito de los trabajadores autónomos y profesionales -posibilidad ya establecida en el artículo 25.4 de la
Ley del Trabajo Autónomo por la reforma de la Seguridad Social, del año 2011-, en este momento la bonificación que nosotros reivindicamos hoy aquí es mucho más efectiva, entre otras razones porque la bonificación permite que se pague la mitad de lo
que en otras se pagaría, pero que las prestaciones que se pueden derivar de esta obligación de cotizar al régimen de autónomos lo sean en su integridad. Sin embargo, en el futuro cabe pensar que la compleja regulación que se dé a la situación de la
cotización a tiempo parcial se derive coherentemente también en una prestación, en una pensión, en una cuantificación de lo que es el derecho que se genera con la cotización también a tiempo parcial. Ustedes saben igual que yo que hay muchos
autónomos que tienen una actividad por cuenta ajena, por la mañana trabajan en un sitio, y por la tarde consiguen un sobresueldo llevando contabilidades, haciendo declaraciones de Hacienda, atendiendo a ancianos; mil actividades que se les puedan
ocurrir. Sucede que en muchas ocasiones la cuantía que consiguen de estas actividades extra, metiendo un par de horas en las tardes, no es lo suficientemente elevada para compensar el pago de la Seguridad Social en la base mínima de los
trabajadores autónomos. En consecuencia nosotros pensamos que en esta situación, en la que ya cotizan por la mañana en el régimen general por una cuantía importante y por la tarde no lo hacen porque es muy caro, se les dé la posibilidad de tener
esta bonificación, y así consigamos que ellos estén legalmente donde tienen que estar pero además se afloren situaciones autónomas encubiertas, sumergidas, y que la actividad económica sea transparente, sea la adecuada, sea la que se debe producir
en términos tanto de cotización como de tributación a la Seguridad Social. Por tanto aquí hay unas posibilidades no ya la de los 86.000 que hoy constituyen el elemento de pluriactividad en los trabajadores autónomos, sino de decenas de miles que
probablemente puedan aflorar en el futuro una vez entre en vigor esta bonificación que desde el Grupo Parlamentario Popular planteamos. Si esto ocurre va a ser bueno para el trabajador autónomo porque va a tener un mayor grado de protección, y va a
ser también bueno para el sistema porque va a tener un mayor nivel de recaudación y van a aflorar situaciones hoy en día en la economía sumergida.
Por estas razones nosotros tenemos que rechazar las dos enmiendas que se han formulado: una, del Grupo Parlamentario Socialista, en la que solicitan que la devolución, cuando se cotiza por más de las cantidades máximas, no haya que hacerla
a instancia de parte en cuatro meses una vez ha transcurrido el año, sino que lo liquide de oficio la Seguridad Social. No estamos de acuerdo con ella, por un lado, porque creemos que el lugar idóneo para esta cuestión es el debate presupuestario
justamente en relación con el ya citado artículo 111, cinco, 7 del proyecto de presupuestos ahora en debate y, por otro, porque también creemos que las asociaciones de trabajadores autónomos deben de hacer un esfuerzo, tienen esa finalidad,
instrumentalmente cabe esa función, de información y de cooperación con todos los autónomos y profesionales tanto en esta medida como en la que vamos a incorporar, que estamos solicitando al Gobierno, de que tengan una bonificación del 50 % de la
base mínima en el supuesto de pluriactividad. La enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió creemos que tendrá su momento. La ley habla de la posibilidad, sé que el señor Campuzano luchó mucho por ello, es un tema complejo, y creo que
no es incompatible con la que ahora planteamos que me parece que tiene una enorme importancia. Creo que es un buen día para los autónomos, creo que es un buen día para dinamizar la posibilidad de compatibilizar actividades por cuenta ajena con el
emprendimiento, creo que tenemos aquí un instrumento que va a dinamizar y que va a tener un buen resultado en la lucha contra el fraude y el encubrimiento, y vamos a conseguir un afloramiento de nuevos autónomos. Por todo ello yo les pido que el
voto favorable que dieron con carácter genérico en la Comisión hoy se transforme en un voto favorable a una cuestión concreta como la que hemos planteado, que me parece que es un primer nivel y que va a beneficiar sin duda a todo el colectivo de
autónomos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiroz.
A esta proposición se han presentado enmiendas; en primer lugar la del Grupo de Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señor Azpiroz, lógicamente bienvenida sea siempre cualquier iniciativa de los grupos parlamentarios que pretenda mejorar la situación de los trabajadores autónomos. Como siempre, los grupos de la oposición no nos cansamos de repetir que las
iniciativas que propicia el Grupo Parlamentario Popular, siendo el grupo que apoya al Gobierno siempre tienen ese punto extraño, porque en definitiva el Gobierno siempre puede plantear con los proyectos de ley esas medidas. En todo caso, bienvenido
sea el debate en sí mismo. Quiero recordar también que la cuestión de la pluriactividad, a lo largo de estos últimos años la hemos ido mejorando sustancialmente. En el impulso de buena parte de esas mejoras siempre ha estado Convergència i Unió,
gobernando tanto el Gobierno socialista como el Gobierno popular, precisamente para evitar esa sobrecotización efectiva de los trabajadores autónomos que compatibilizaban su actividad con un trabajo por cuenta ajena, ese sobrepago que no tenía
ningún sentido que se produjese.
En su iniciativa plantean otro tipo de mejora que nos puede parecer correcta genéricamente, pero inevitablemente hoy Convergència i Unió debe recordar al Grupo Popular tres cuestiones. En primer lugar, en materia de autónomos ustedes
asumieron el compromiso de promover una ley de apoyo al emprendimiento. Fue un compromiso expresado en la campaña electoral y desde esta tribuna por el Gobierno, pero ese compromiso lo han tenido que retirar. En este contexto de crisis económica,
mi grupo no coincide con esa posición del Gobierno de no poner en marcha una legislación que sea favorable a la nueva actividad económica de autónomos y de emprendedores. En segundo lugar, ustedes plantearon una modificación del sistema de pago del
IVA a través del devengo del mismo con criterios de caja, y hoy mismo las organizaciones de autónomos hacían público que en 2012 los autónomos, por el incumplimiento que el Gobierno ha hecho de este compromiso, llevan adelantados más de 600 millones
de euros del IVA facturado y no cobrado. Aprovecho esta intervención para reclamar el cumplimiento del Gobierno de ese compromiso, como hoy hacían las asociaciones de autónomos.
Finalmente, señor Azpiroz, he de poner en valor la enmienda que mi grupo presenta a su texto, porque aquello que mandata hoy la Ley de pensiones es que a partir del 1 de enero de 2013 -sí, señor Azpiroz, a partir del 1 de enero de 2013- el
autónomo a tiempo parcial exista. Dice la ley que si no hay desarrollo reglamentario de esa previsión se aplicarán las mismas reglas que existen en el régimen general. En el trámite parlamentario, con enmienda del Grupo Popular, no como parte del
proyecto de ley de presupuestos que presenta el Gobierno sino con una enmienda suya, ustedes aplazan la entrada en vigor de esa previsión legal al 1 de enero de 2014 y condenan a cientos de miles de personas, que quizás a partir del 1 de enero de
2013 podrían darse de alta como autónomos a tiempo parcial, a que no lo puedan hacer. Hoy, que de este hecho se hace noticia un medio de comunicación, Expansión, también los representantes de los autónomos ponen de manifiesto que previsiblemente
eso deja sin margen legal para acogerse a esta protección a cerca de 300.000 personas. Estamos pensando en personas que inician su primera actividad, sean jóvenes o no lo sean tanto, y que con las bonificaciones o las reducciones hoy existentes no
pueden poner en marcha esa actividad. Estamos pensando en actividades con un valor añadido relativo que no pueden hacer frente a las bases mínimas de autónomos. Estamos hablando de personas autónomas que quizá deben hacer frente a una situación de
crisis.
Difícilmente Convergència i Unió puede apoyar políticamente su proposición no de ley con la enmienda que ustedes han presentado en el Senado y que impide la realización del autónomo a tiempo parcial. Yo lo lamento, porque nos costó muchos
años -en la oposición Partido Popular y CiU coincidíamos en esa reclamación- convencer al sistema de la Seguridad Social de que el autónomo a tiempo parcial no era un riesgo de fraude. Con ese retraso que ustedes imponen hasta el 1 de enero de 2014
se pierde esta oportunidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano, tiene que finalizar.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, la enmienda la va a defender la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora presidenta, señorías, voy a defender la enmienda que ha presentado mi grupo parlamentario a esta proposición no de ley. La verdad es, señor Azpiroz, que nos trae usted hoy aquí un debate que creo que
tendríamos que hacer en la Comisión de Pacto de Toledo, y
tendríamos que estar hablando de desarrollar la Ley 27/2011, como bien ha dicho ahora el señor Campuzano. Ustedes acaban de prorrogar todo aquello que es beneficioso para los autónomos hasta el año 2014, en lugar de empezar en 2013, como
estaba previsto.
Yo les voy a recordar una serie de datos que realmente nos tienen que hacer ver la situación de los autónomos. Estamos hablando hoy de que los autónomos que tienen un trabajo en el régimen general puedan darse de alta en el régimen de
autónomos con el 50 % de la cuota mínima, sin establecer si en el régimen general cotizan en lo mínimo o en lo máximo. ¿Qué sucede con eso? Con eso, señorías, estamos hablando de que el 84 % de los autónomos menores de cincuenta años realizan la
cotización mínima del régimen. Lo que tendríamos que estar haciendo son medidas para que los autónomos pudieran cotizar más. Por ejemplo, si en esta medida habláramos de lo que ya está en Presupuestos Generales del Estado, es decir, que cuando un
autónomo sobrepasa, porque cotiza en el régimen general, la cotización máxima, que realmente se la puedan devolver, no como hasta ahora, que tienen que reclamar la devolución, sino que la devolución sea automática. ¿Por qué? Porque si entrara en
vigor el artículo de la ley que ya habla de la cotización parcial de los autónomos, esta medida que estamos hoy aquí discutiendo no tendría ningún significado. Creo que tenemos que hablar de los autónomos, pero tenemos que pensar en qué situación
los está metiendo el Gobierno del Partido Popular. Piensen ustedes que el incremento del IVA les ha supuesto a algunos profesionales autónomos un incremento del 30 % del coste. Por ejemplo, para las peluquerías ha significado un 30 % de aumento
del coste; a la hostelería en general le ha supuesto un 13 % de aumento el IVA, tal como lo ha aprobado el Gobierno del Partido Popular; los transportes de viajeros han subido un 8,5 %. Sin embargo, ahora estamos facilitando, sin siquiera saber a
cuánta gente va a afectar, la posibilidad de que gente que podía complementar su cotización en el régimen general con el régimen autonómico cotice por debajo. Señorías, creo que el Gobierno del Partido Popular tendría que hacer caso de lo que están
proponiendo las asociaciones de autónomos. ¿Qué plantean las asociaciones de autónomos? Plantean una negociación global de todos y cada uno de los puntos, es decir, de las cotizaciones, de las tasas, de qué tasas pueden ser obligatorias y cuáles
pueden ser voluntarias, del régimen de la aplicación del autónomo a tiempo parcial y, cómo no, de todos aquellos temas que este Gobierno ha dejado en suspenso hasta el año 2014. Por lo tanto, le tengo que pedir al señor Azpiroz que traslade al
Gobierno, dado que no hay nadie del mismo aquí, que lo que tienen que hacer es convocar a las asociaciones de autónomos, a los agentes sociales y negociar con ellos toda la aplicación de las normas, porque los ajustes que ustedes están haciendo les
están dejando sin todos los avances sociales que hemos hecho en los últimos años y realmente están perjudicando seriamente al autónomo medio de nuestro país.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora López i Chamosa, tiene que finalizar.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino. Fíjense en que una de las cosas que podíamos manifestar hoy aquí, el cese por actividad, que está desarrollado y que ofrece la posibilidad de que un autónomo pueda volver a remontar cuando fracasa, se le
está denegando en el 80 % de los casos a los que lo solicitan. Por lo tanto, termino como empecé. Señor Azpiroz, señores del Gobierno, negocien con las asociaciones de autónomos y no suspendan ni eviten todo aquello que es mejora y que significa
la Ley 27/2011.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora López.
Por el Grupo del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Azpiroz, le agradezco que me haya citado antes de intervenir, en esta especie de turno de alusiones ex ante que dimanará de sus facultades paranormales, que yo le reconozco dada su brillantez. Lo que le iba a comentar es que estoy de
acuerdo con su proposición en términos generales. No sé si en la intención de su grupo y en la de usted personal estaba incorporar el debate sobre el trabajo autónomo a tiempo parcial; no consta en el tenor literal de la proposición por usted
presentada. En todo caso, puesto que se ha suscitado en forma de enmiendas, tenemos que hablar de este tema. El señor Campuzano ha propuesto una cuestión que es interesante y que dimana de requerimientos de la reforma de pensiones de 2011 y de la
de 2007. Mi opinión es que en materia de la pluriactividad -me gusta más hablar de pluriempleo, la expresión que utiliza el Real Decreto Legislativo 1/1994- para aquellas personas,
cualquiera que sea el régimen al que estén afiliados, que trabajen y tengan más de una carrera de seguros, estableciendo un sistema de concurrencia y de acumulación de las pensiones resultantes, podríamos utilizar esa figura y las
previsiones del artículo 162.5 para esta situación que usted plantea. Me parece correcto y lo más justo porque es una equiparación absoluta de una persona que trabaja simultáneamente en el régimen de autónomos y en el régimen general, a tiempo
parcial o no a tiempo parcial, puesto que su iniciativa original no estaba vinculada al tiempo parcial. Puesto que no ha sido así, en relación con las enmiendas que le he presentado me da la impresión de que usted no va a aceptar la del Grupo
Socialista ni tampoco la del señor Campuzano, puesto que ha dicho que no y usted es el titular de la iniciativa. Me parecen correctas ambas, tanto la defendida por la señora López i Chamosa como la del señor Campuzano, si bien no formaban parte del
tronco de la proposición, tal como estaba configurada por la que usted ha presentado. Desde esa perspectiva, alegar que en el tiempo más breve posible -concepto jurídico indeterminado donde los haya, y que siempre nos retrotrae a épocas largas en
el tiempo, nos demora muchas veces hasta el infinito o hasta el infinito y más allá, parafraseando las expresiones de la película Toy Story, puesto que usted tiene hijos pequeños la conocerá- es casi como negar el fondo del pedimento. En cuanto al
tiempo más breve posible, como usted es un hombre serio, le voy a dar el beneficio de la duda y vamos a ver si en el tiempo más breve posible se puede producir la devolución del 50 % de las situaciones de desempleo a tiempo parcial o establecer, lo
que usted dice muy pertinentemente, bonificaciones del 50 % para aquellos autónomos que trabajen a tiempo parcial.
Señora presidenta, votaremos favorablemente la proposición inicialmente presentada con la autoenmienda que el Grupo Popular ha presentado a la misma.
Señora presidenta, muy agradecido.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
En opinión de mi grupo, esta proposición no de ley va en la línea de otras que viene presentando el Grupo Popular últimamente; son proposiciones no de ley de lavado de conciencia. Cuando hay un grupo social perjudicado por las políticas
del Gobierno, se presenta una proposición no de ley genérica para aparentar que se preocupan por su situación. Tan es así que en la versión original ni siquiera había ninguna concreción; no se concretaba ni el apoyo que se iba a dar porque el fin
es más la iniciativa que el contenido de la proposición no de ley. En la nueva versión, tras la autoenmienda, tiene un mínimo contenido, pero en nuestra opinión insuficiente, como otros grupos han señalado. Sin embargo, su objetivo principal, que
es el lavado de conciencia y el aparentar crear interés, tampoco va a funcionar porque los autónomos viven día a día su verdadera situación y saben muy bien cómo les afectan las medidas del Gobierno. Saben muy bien que ha habido una subida del IVA
que ha triplicado el impuesto en algunos productos, que ellos repercuten en las ventas y, por tanto, venden menos, o no repercuten y, por tanto, pierden beneficios. Saben perfectamente que se les prometió en el discurso de investidura del señor
presidente que no pagarían el IVA de las facturas morosas y un año después eso no ha sucedido todavía. Saben perfectamente que cuando van a pedir un crédito les resulta más difícil que en ningún momento desde el inicio de la crisis. Saben
perfectamente que uno de sus costes principales, como es el energético, ha aumentado fuertemente por las últimas medidas del Gobierno. Y saben perfectamente lo difícil que es iniciar una actividad económica en España. La semana pasada salían los
datos del Banco Mundial, de Doing Business, en los que España está en el puesto 136 de 185 naciones. Si queremos mejorar la situación de los autónomos deberíamos ocuparnos de estos problemas de fondo y no hacer iniciativas meramente
propagandísticas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Señora presidenta, señorías, cuando me encomendó mi grupo parlamentario este debate me hice algunas ilusiones porque ¡hombre!, se trataba de una proposición no de ley del Grupo Popular en la que instaba a su propio
Gobierno a que hiciera algo y, encima, algo sobre empleo, algo sobre los trabajadores autónomos. Esperaba otra cosa, esperaba una propuesta de mayor calado. Vamos camino de 6 millones de parados y esperaba que el Gobierno se comprometiera en serio
a aprobar pronto esa ley
de emprendedores con la que se ha llenado la boca desde la campaña electoral hasta ahora. Esperaba un plan de choque por el empleo, que es lo que parece que es la primera preocupación del conjunto de la ciudadanía. Esperaba, incluso, la
modificación del IVA para que se tribute cuando efectivamente se hayan cobrado las facturas, como tanto reclaman los trabajadores autónomos y tanto ha prometido este Gobierno, aunque se va retrasando sine díe. Sin embargo, esta iniciativa que
debatimos hoy se centra en una cuestión de menor alcance, apenas afectaría al 4 % de los trabajadores autónomos, que son lo que se encuentran en esa pluriactividad, simultaneando el trabajo por cuenta ajena y sus actividades profesionales o
económicas como autónomos. Además esta iniciativa ya se debatió en sus términos originales y se aprobó el 19 de junio en la Comisión de Empleo y Seguridad Social; la iniciativa era idéntica, similar, y cuando la he visto he pensado que nos están
haciendo perder el tiempo. No es que al Partido Popular le preocupen los autónomos, lo que le interesa es tenernos aquí entretenidos aparentando una cierta actividad. Quizá por eso, al darse cuenta del ridículo en el que se podía caer si se volvía
a debatir algo que ya se había debatido en el mes de junio y que se había aprobado, el Grupo Popular se ha autoenmendado.
Lo que se plantea a través de esa autoenmienda, la bonificación de las cotizaciones del RETA en un 50 %, más parece una improvisación, una medida, en todo caso, no suficientemente explicada, porque se aplica no ya la devolución del 50 %,
como venía sucediendo a partir de la Ley de Presupuestos de cierto año -creo que no coincidían los años que ha dicho la señora López i Chamosa con los del señor portavoz del Grupo Popular-, sino la bonificación del 50 % en las bases mínimas de
cotización, y se plantea sin tener en cuenta la cotización que se está haciendo paralelamente al régimen general de la Seguridad Social. Se plantea esa bonificación sin medir la coherencia global del sistema y, por lo tanto, entramos en una
política de parches, una política de parches, en definitiva, pensada exclusivamente para un colectivo muy, muy reducido, un colectivo que trabaja para otros mientras mantiene su actividad autónoma, aunque a nuestro juicio difícilmente esa política,
esa bonificación a favor de ese colectivo tan reducido va a poder traducirse de una manera substancial en la creación de empleo. Y llama la atención, llama la atención que, camino ya de los 6 millones de parados, hoy el Partido Popular se esté
preocupando de los pluriempleados y no de generar nuevos puestos de trabajo. En todo caso, si desde el Gobierno se quiere de verdad evitar la sobrecotización, ¿por qué no se copia el modelo del régimen general, esto es, que no se supere la
cotización máxima cuando se suman ambos regímenes?
Me temo que este debate al conjunto de los autónomos le habrá parecido decepcionante. Nuestro grupo considera que hacen falta medidas que ayuden a los trabajadores autónomos en estos momentos especialmente difíciles, desde luego en eso
estaríamos de acuerdo, pero entendemos que hay que ser más audaces. Un diputado del Grupo Popular en un debate anterior ha anunciado que la ley de emprendedores queda para el año que viene. Yo no sé cuántos autónomos van a echar la persiana antes
de ver ese tan anhelado proyecto de ley, pero me temo que van a ser demasiados, y será difícil, será difícil que los autónomos puedan entender las torpes excusas del Gobierno para intentar explicar tanto retraso en esa ley, la de los emprendedores,
que es la única promesa electoral que se centraba realmente en la reactivación económica y en la generación de empleo. Nosotros, desde luego, desde La Izquierda Plural tampoco lo entendemos. Concluyo pidiéndole al Gobierno que tome decisiones a
favor de los trabajadores, a favor de los trabajadores autónomos en este caso, y que dejen ya de tenernos entretenidos con debates estériles. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Yuste.
Señor Azpiroz, deduzco que las dos enmiendas han sido rechazadas y se votaría con la enmienda de sustitución presentada por el propio grupo. (Asentimiento). De acuerdo.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA LUCHAR CONTRA EL AUMENTO DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000046).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a continuación a debatir las mociones consecuencia de interpelación. En primer lugar, corresponde la del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para luchar contra el aumento de la pobreza y la exclusión social en España. Para su defensa, tiene la palabra la señora Jiménez.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hace tres semanas y en nombre de mi grupo, interpelé a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con las medidas que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra el aumento de la pobreza y la exclusión
social en España. Desgraciadamente cada día conocemos nuevos datos: el viernes supimos por la EPA que el paro supera el 25 % por primera vez en la historia, una de cada cuatro personas que quieren trabajar no encuentra trabajo y el número de
familias con todos sus miembros en paro continúa al alza dramáticamente cada día. La semana pasada también los jueces denunciaron los abusos del sistema legal de desahucios, que han permitido que en los últimos cuatro años las ejecuciones
hipotecarias se hayan quintuplicado y que en 2012 hayan aumentado un 20,6 % respecto al año pasado, alcanzando ya la cifra de 350.000 desahucios. La situación, señorías, es realmente dramática para muchos españoles, que ven con angustia su futuro y
el de sus familias sin que el Gobierno sea capaz de responder con medidas claras y contundentes a este drama que amenaza cada día nuestra cohesión social.
Pues bien, el Grupo Socialista trae a debate una moción con dos propuestas muy claras. La primera, la creación de un fondo de emergencia para atender a las familias y personas en situación de pobreza y exclusión social; un fondo que
serviría para reforzar los programas de inserción laboral de colectivos con bajo nivel de empleabilidad y vulnerabilidad social a través de la cooperación con centros especiales de empleo, empresas de inserción, promoción del autoempleo o del
mercado laboral normalizado. Un fondo que serviría para reforzar los programas de inserción laboral de colectivos con bajo nivel de empleabilidad y vulnerabilidad social a través de la cooperación con centros especiales de empleo, empresas de
inserción, promoción del autoempleo o del mercado laboral normalizado. Un fondo que serviría para poner en marcha programas de apoyo socioeducativo, de apoyo a la infancia mediante actuaciones que incluyan ayudas económicas para libros y material
escolar, transporte, comedores y becas, transporte accesible, etcétera, dirigidas especialmente a prevenir determinadas situaciones como infancia en riesgo y exclusión social. Un fondo para reestablecer los programas de ayuda a domicilio para
personas dependientes, la mayoría personas mayores o con algún tipo de discapacidad, personas en riesgo de exclusión, con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, el desarrollo de sus capacidades personales y de su autonomía y la
cobertura de los gastos sanitarios. Un fondo para promocionar los planes locales para la inclusión social, es decir planes integrales dirigidos a los grupos de población en situación de vulnerabilidad social, sobre todo -insisto- infancia, parejas
jóvenes con hijos así como también mujeres solas con familiares a cargo que incluyen acciones de servicios sociales, educación, empleo, etcétera. Pero también ayudas económicas para cosas tan básicas como pagar la alimentación o los gastos de la
vivienda, la luz o la calefacción. En fin, se trataría de un fondo coyuntural para contribuir a paliar la situación de extrema necesidad de cientos de miles de ciudadanos.
Un fondo con una dotación total para el año 2013 de hasta 1.000 millones de euros que serviría para dar más recursos a los servicios sociales de los ayuntamientos y para extender los programas que lleva a cabo el tercer sector ya que están
desbordados por el número de usuarios. Todo ello con un estricto control y colaboración por parte de las comunidades autónomas. Un fondo que también va a apoyar a las comunidades autónomas porque ante el incremento del número de beneficiarios de
las rentas mínimas garantizadas, de las rentas de inserción, para lograr una lucha real contra la pobreza es necesario en estos momentos el apoyo presupuestario por parte del Estado. Ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas ni las
entidades del tercer sector tienen suficientes recursos para atender esta demanda creciente de ciudadanos que se encuentran en una situación de extrema urgencia y necesidad. Señorías, un fondo del que se podría beneficiar en definitiva más de medio
millón de familias y que podría dar trabajo a 30.000 profesionales de servicios sociales.
Señorías, la segunda propuesta que hoy también traemos a debate tiene que ver con nuestro compromiso con la labor social que viene realizando el tercer sector, que representa en torno a 29.000 entidades en todo el país, de carácter privado,
voluntario, sin ánimo de lucro, en los que trabajan -es importante el dato- más de 500.000 personas, el 2,5 % del empleo nacional y tiene cerca de 900.000 voluntarios; pero sobre todo y lo más importante, que prestan un servicio de apoyo a más de 5
millones de personas en su mayoría personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Por todo ello, con esta segunda propuesta instamos al Gobierno a que amplíe del 0,7 al 1 % del IRPF para financiar actividades del
interés social. Ya lo modificamos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, pasamos del 0,52 al 0,7 y nos parece muy oportuno teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando ampliarlo de nuevo. No solo porque se podrá
atender a más gente en riesgo de
exclusión social sino también por lo que supone de gesto de confianza y respaldo a la trayectoria y la labor que realiza el tercer sector.
Señorías, hemos tenido ocasión de incorporar a nuestra propuesta tanto las ideas que ha dado el Grupo de La Izquierda Plural como de Convergència i Unió. De hecho, quiero agradecer también a la mayoría de los grupos de esta Cámara con los
que he tenido oportunidad de hablar su buena disposición para que esta propuesta pueda salir adelante. Algunos se preguntarán por qué ahora y no antes. Por una sencilla razón, porque han caído dramáticamente los ingresos tributarios de las
comunidades autónomas, que disponen de menos recursos; los apoyos y recursos de los ayuntamientos, que disponen cada día de menos recursos para atender a este grupo de población y también los apoyos y recursos que tiene el tercer sector. Y, lo que
es más importante, ¿por qué ahora y no antes? Porque se ha multiplicado por 3, por 4 y por 5 la demanda de usuarios de este tipo de servicios y, por tanto, es urgente y necesario rescatar a las personas de esta situación. Creo que tenemos que ser
capaces, como responsables políticos, de dar respuesta concreta a los ciudadanos, de hacer frente a uno de los problemas más graves que está padeciendo nuestro país. Esta situación se va a agravar día a día y tenemos que dar una respuesta.
Solamente en la medida en que seamos capaces de dar una respuesta clara, real, contable y contundente, los ciudadanos podrán confiar en nosotros. Es urgente porque hay mucha gente que está esperando que le echemos una mano antes de caer en el
agujero negro de la pobreza. Es urgente por razones morales, por imperativo ético y también por eficacia económica, porque una vez que estas personas caen en el agujero negro de la pobreza es mucho más costoso y difícil rescatarlas e incorporarlas
a la sociedad.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Jímenez, tiene que terminar.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Voy terminando, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, señora Jiménez, tiene usted que terminar.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Termino, señora presidenta.
Si somos capaces de poner sobre la mesa 60.000 millones de euros para rescatar a la banca, por qué no vamos a ser capaces de poner apenas 1.000 millones para rescatar a los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jiménez.
Se han presentado tres enmiendas. La primera del Grupo de La Izquierda Plural y para su defensa tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, la verdad es que subo a esta tribuna con poco ánimo, subo a esta tribuna un tanto desmotivado, sin saber bien cómo expresar lo que siento en estos momentos.
Esta mañana mi grupo ha compartido la protesta de las personas que están rodeando Bankia denunciando los desahucios, hemos estado con gente que, sin ninguna culpa, se ven en la exclusión social, se ven fuera de un sistema cuando ellos no
tienen la culpa de una crisis que ha provocado la banca, la que hoy recibe las ayudas. Uno tiene la impresión de que su papel aquí hoy es justificar el sistema, que su papel aquí es jugar simplemente a que todo parezca normal y la verdad es que no
es normal. Por eso he decidido subir a la tribuna no para convencerles -que me consta que no lo voy a conseguir-, sino para, al menos, poder expresar lo que hoy pueden pensar muchos españoles y españolas: que hay que poner freno a lo que está
ocurriendo en este país, que la gente que sufre no son estadísticas, son personas y que no pueden esperar a que la banca pague sus deudas. Ustedes les están diciendo que esperen, que vamos primero a arreglar los problemas de la banca y, cuando la
banca tenga sus problemas arreglados, empezará a dar crédito, se reactivará la economía y se acabarán los problemas de este país. Eso dijo el otro día el señor Montoro cuando presentó los presupuestos. La gente no puede esperar porque no tiene
para comer, porque no tiene dónde vivir. Por eso hay que cambiar las cosas en este país, por eso tenemos que pararnos y dedicar un pleno monográfico a los problemas de este país, para ver cómo los arreglamos con propuestas de todos los grupos; con
propuestas de todos los grupos para que realmente podamos decir a la gente que en este Parlamento estamos dispuestos a arreglar sus problemas. No pueden esperar a que la banca resuelva sus problemas. Por eso no es justo que sigamos pensando en la
banca, en cómo resolver los problemas de los banqueros, precisamente aquellos banqueros que hoy están expulsando a la gente de sus viviendas. Por eso, desde esta tribuna quiero
llamar la atención sobre que la gente no puede esperar más, que la gente necesita ayuda, necesita subsistencia. Son miles, millones los españoles y españolas que hoy ven cómo su mundo se derrumba y ven cómo esta Cámara sigue pensando en la
banca y en los poderosos y no en los que sufren. Por eso creo que esta propuesta puede servir para el debate. Evidentemente, ustedes no la van a apoyar, ustedes van a seguir con su tran-tran de ayudar a los banqueros y a los poderosos. Tarde va a
ser cuando ustedes se den cuenta de que hay que cambiar porque más pronto que tarde la gente se va a rebelar.
Por eso quiero aprovechar estos minutos que nos permite esta tribuna, que es lo que nos queda a los partidos de la oposición, ya que difícilmente podemos influir en sus decisiones para reclamar que ustedes se den cuenta de que la gente está
sufriendo en la calle y de que la gente está necesitando que se cambie un mundo que no es justo porque no se puede prohibir a la gente que vaya a buscar en los contenedores de basura la comida que arrojan los supermercados. Con eso hay que acabar
porque eso indica que en esta sociedad algo va mal. Algo va mal en un mundo en el que se sigue pensando que la gente puede pasar hambre y no pasa nada, que la gente puede seguir siendo despojada de su vivienda y no pasa nada. Pues bien, creo que
es necesario que las cosas cambien, que es necesario que ustedes comprendan que hay que ayudar a las personas, que hay que hacer un plan de rescate de las personas y eso no puede esperar hasta que la banca resuelva sus problemas.
Nuestro grupo evidentemente va a votar a favor de esta moción, pero vamos a votar con desgana porque creemos que lo que hace falta es realmente, como decía, un Pleno monográfico, que este Parlamento dedique solamente un día de forma
monográfica a ver cómo afrontamos los problemas de la gente porque, si no, señorías, luego no nos extrañemos de que la gente mire para otro lado cuando les pidamos su voto. Por eso creo que es el momento de decir a la gente que hay que rebelarse
contra las injusticias y desde esta tribuna nosotros nos rebelamos contra las injusticias.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para presentar sus enmiendas tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señora Jiménez, mi grupo, como creo que todos los grupos de la Cámara, va a compartir el fondo de su iniciativa de movilizar un contingente extraordinario de recursos para hacer frente a la pobreza. Quizá podríamos discrepar del instrumento
en concreto que usted nos propone, pero es su propuesta, y hoy mi grupo va a procurar la posibilidad de un acuerdo político amplio para expresar que efectivamente hoy es necesario en el contexto de esta crisis priorizar a las personas.
El debate nos permite poner de nuevo de manifiesto que en los Presupuestos Generales del Estado que estamos tramitando en esta Cámara algunas de las decisiones que el Gobierno incorpora en los mismos afectan severamente a los sectores más
débiles de la sociedad. Singularmente, los recortes en el plan concertado, que es el gran instrumento de financiación desde el Estado de los servicios sociales que los ayuntamientos prestan que, en definitiva, son la Administración de última
instancia donde se dirigen las personas, la desaparición del Fondo de acogida de la inmigración, que es otro de los instrumentos que permite al mundo municipal hacer frente a los problemas asociados en este caso a la población extranjera, y así un
largo repaso de decisiones que se han tomado en estos presupuestos y que van en línea contraria a aquello que usted acaba de defender.
Además, señorías, este debate se produce a pocos días de la información que se deriva de la encuesta sobre calidad de vida del Instituto Nacional de Estadística, que pone de manifiesto que esta crisis está implicando un aumento sustancial
del riesgo de pobreza en nuestra sociedad y en el escenario, sabemos desde hace tiempo, de una crisis tan larga que está poniendo también en el límite tanto la capacidad del sistema de protección social a través del desempleo, como la garantía de un
acceso a rentas mínimas para las familias en las que ninguno de sus miembros tiene algún tipo de ocupación.
Sabemos también que más allá de que pongamos en marcha medidas de carácter paliativo para hacer frente al problema derivado de la pobreza, hoy esa situación de pobreza está claramente vinculada a la destrucción masiva de empleo, a la no
creación de empleo. Por tanto, cualquier prioridad política del Gobierno en este contexto de crisis es ser capaces de generar a corto plazo empleo. Ahí también mi grupo ha denunciado desde el inicio de esta legislatura la necesidad de la
existencia de un plan de choque orientado a la creación de empleo a corto plazo. Sin embargo, señora Jiménez, si me permite, me parece que la cuestión esencial del debate sobre la pobreza en el Estado español tiene que ver con algunas
causas que van más allá de esta crisis. En la fase alta del crecimiento económico, en esa etapa prodigiosa de finales de los años noventa a finales de la primera década de los años dos mil, nuestra economía creció sustancialmente pero
nuestras tasas de riesgo de pobreza se mantuvieron estables y por encima de las de la Unión Europea, entre el 17 y el 18 %; y en el caso de la pobreza infantil, el 24 o 25 %. En fases de crecimiento de la economía, y gobernando ustedes, mantuvimos
tasas de riesgo de pobreza sustancialmente por encima de la media europea. Eso implica que o bien nuestra estructura productiva, nuestra estructura del mundo de trabajo y nuestras tasas de empleo y de actividad no juegan el papel que juegan en
otras sociedades y economías europeas, o bien que nuestras políticas de redistribución de rentas vía impuestos tampoco en la fase alta del ciclo económico son capaces de redistribuir adecuadamente la riqueza. Señorías, hacer frente a esa cuestión
exige alguna cosa más que movilizar un fondo extraordinario para hacer frente a la pobreza como ustedes nos plantean. Insisto en que compartimos esa necesidad, pero valdría la pena que esta Cámara en algún momento fuese capaz de reflexionar sobre
la cuestión de fondo.
En cualquier caso, mi grupo le agradece la voluntad que ha tenido al aceptar nuestras enmiendas. Quiero remarcar que nuestro grupo insiste en la idea de la creación de un fondo a nivel europeo para hacer frente a estas situaciones -que para
los Estados del sur de Europa sería absolutamente esencial- y en la necesidad de desarrollar aquellas recomendaciones del Pacto de Toledo en lo que hace referencia especialmente a las pensiones no contributivas y a los umbrales de pobreza. Esa es
una cuestión que algunos de los fondos y las cifras de la encuesta de calidad de vida expresan, aunque quizá de manera parcial, sobre el problema estructural de pobreza que padece España.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo esta tarde en este debate con el dolor que me supone ponerme en la piel de esos cientos de miles de ciudadanos que hoy están sufriendo y desde la responsabilidad de tratar un tema de la máxima importancia y de la máxima
gravedad. Su gravedad es incompatible con el tono del debate de esta tarde de los señores del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Jiménez, tanto en la interpelación como hoy en la moción, han tratado este tema desde la arrogancia, la
incoherencia, la falta de memoria y la irresponsabilidad. Están intentando ustedes confundir a los ciudadanos, están intentando utilizar la desgracia de muchas familias y de muchos españoles en beneficio propio buscando sacar un beneficio electoral
a un drama.
Señorías, es innegable que la situación de muchos ciudadanos y de muchas familias es triste, dura y muy complicada. La crisis económica heredada del Gobierno socialista está causando un profundo impacto en los hogares españoles. Todos los
informes conocidos sobre el aumento de pobreza en nuestro país son escalofriantes. Hoy la pobreza es más intensa, más extensa y más crónica según un informe de Foessa impulsado por Cáritas en enero de 2012. Los datos lo dicen todo. El número de
hogares con niños con todos sus miembros en paro ha aumentado entre 2007 y 2010 en un 120 %. Más de dos millones de niños en España viven por debajo del umbral de la pobreza y el 22 % de nuestros hogares. Señora Jiménez, como le decía la ministra
Mato, son datos de 2011 y entonces gobernaban ustedes y usted era la responsable de este drama. Señora Jiménez, no estamos hablando de cifras, no estamos hablando de números. Hablamos de niños, hablamos de mujeres y hombres que se merecen todo
nuestro respeto, nuestro apoyo, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. No se merecen ser utilizados para sacar un voto; no se lo merecen, señora Jiménez. Por eso no vamos a tolerar hoy su cinismo y su hipocresía. (Un señor diputado: Yo
tampoco.-Rumores). No vamos a tolerar lecciones de quien ha sido la ministra del Gobierno del paro, del Gobierno del despilfarro, del Gobierno que ha llevado a esta situación a tantas y tantas familias y a tantos y tantos españoles.
(Rumores.-Aplausos). No tienen ustedes, señora Jiménez, legitimidad moral. Ustedes no son una oposición constructiva y así les va; los ciudadanos les están diciendo claramente en las urnas que ese no es el camino; han sido ustedes unos pésimos
gestores y han equivocado su rumbo como oposición. Que la crisis no es responsabilidad del Gobierno del Partido Popular es una obviedad, que la pobreza en España no está motivada por las políticas puestas en marcha por este Gobierno es evidente.
Pero aunque este Gobierno no ha sido responsable de los índices de pobreza actuales, sí es responsable de intentar ponerle solución, de poner en marcha todos los mecanismos, todas las medidas necesarias para frenar la destrucción de empleo, para
recuperar la senda del crecimiento. Mientras su Gobierno, señora Jiménez, gastaba sin control, arruinaba al país y a los españoles, mientras
dejaban los cajones llenos de facturas sin pagar y ponían el sistema del bienestar al borde del precipicio, el Gobierno del Partido Popular se preocupa y ocupa de este drama. Para nosotros es una prioridad, no lo fue para ustedes, ¡qué
lástima, señora Jiménez!
Son muchas las medidas que este Gobierno está tomando destinadas a la recuperación económica y a la salida de la crisis, todas ellas fundamentales para acabar con la pobreza, pero también se han tomado medidas concretas en estos apenas diez
meses pensando en la gente más necesitada, en los más vulnerables, y hablo de que hoy los parados ya no pagan los medicamentos, con ustedes el 40 % de su precio; que se ha aumentado la ayuda de los 450 euros para garantizar el acceso a rentas una
vez finalizada la protección del desempleo; hoy tenemos una reforma laboral que ha comenzado a dar sus resultados permitiendo que se frene la destrucción de empleo... (Rumores.-La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben). Se
está ayudando a las comunidades autónomas...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora Camarero. Señora López, en su intervención anterior todo el mundo la ha escuchado con mucho respeto. Le guste o no le guste, escuche a los oradores digan lo que digan, le
guste a usted... (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben). Señora López, guarde silencio.
Continúe, señora Camarero. (Aplausos).
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta.
Como decía, se está ayudando a las comunidades autónomas con el Plan de pago a proveedores o con anticipos a cuenta. Hoy los presupuestos dedican el 63 % del total del gasto al gasto social (Rumores). El Ministerio de Sanidad dedica 8 de
cada 10 euros a los mayores, el 75 % a mantener una dependencia en estado terminal por su mala gestión, hoy se han aumentado el 23 % las pensiones no contributivas y se apoya especialmente a las familias. Se ha anunciado un plan integral de
atención a las familias, un plan de acción para la inclusión social, con especial atención a la pobreza infantil o un plan nacional de infancia y adolescencia. Estas son las medidas de urgencia de este Gobierno...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Camarero, tiene que ir finalizando.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Voy terminando, señora presidenta.
Estas son las medidas que está poniendo en marcha este Gobierno. Señorías, señores del Partido Socialista, hemos presentado una enmienda realista frente a una moción demagógica, porque con el dolor de la gente no se juega, no se hace
demagogia. Por ello planteamos la necesidad de avanzar en reformas estructurales que permitan crecer y crear empleo, en prestar especial atención a las familias, especialmente a los niños, y en colaborar con las comunidades autónomas y con el
tercer sector, poniendo en marcha un nuevo marco regulatorio del tercer sector. Señora Jiménez, nos gustaría poder llegar a acuerdos con ustedes, estos temas lo merecen; nos gustaría trabajar desde el diálogo sincero y constructivo, y nos parece
una lástima que ustedes desaprovechen la oportunidad de traer propuestas realizables y posibles, de buscar consensos con el principal grupo que sustenta al Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Ya termino, señora presidenta.
Señorías, es tiempo de políticos responsables, no es tiempo de crítica fácil; no es tiempo de brocha gorda, es tiempo de responsabilidad y sensatez, y en esa sensatez, señorías, les seguiremos esperando.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.-La señora Jiménez García-Herrera pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Camarero.
Pasamos al turno de fijación de posición... ¿Sí, señora Jiménez?
La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Señora presidenta, pido en mi intervención un turno de palabra invocando los artículos 73 y 72, por alusiones directas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Jiménez, en este debate usted ha hecho alusiones, ellos han hecho alusiones y todos los grupos políticos, lo cual es absolutamente razonable.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: No, señora presidenta, estoy hablando de alusiones directas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): A que era usted ministra.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: No, por supuesto que no. Estoy encantada de haberlo sido y muy orgullosa.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, a la referencia de que era usted ministra en ese momento.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: No, no, alusiones directas cuando se ha referido a mi intervención y a mi persona hablando con un tono absolutamente ofensivo cuando, por ejemplo, me ha llamado cínica. El cinismo...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Jiménez, le voy a dar un minuto, pero intervenciones como esta en esta casa se dan muchas.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Señora presidenta, le agradezco su flexibilidad y que me dé la posibilidad de intervenir. Quizás no estoy acostumbrada a actuar como parlamentaria y sí como ministra. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Silencio, por favor.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Pero a lo que sí que estoy acostumbrada, señores del Partido Popular, es a hacerlo siempre con el máximo respeto a todas las personas, sean de la ideología que sean y representen a quien representen, porque
todos representan a los ciudadanos. Señora Camarero, yo entiendo que a veces cuando uno trae escrita la intervención puede errar en su tono; yo he sido perfectamente respetuosa y lo he sido también cuando me he dirigido a usted por si quería
presentar alguna enmienda y podíamos llegar a algún tipo de acuerdo, como he hecho con el resto de los grupos de la Cámara. Por tanto, le pido, señora Camarero, que, desde la discrepancia que usted puede mantener y sostener -como ha hecho durante
su intervención-, no haga alusiones a un supuesto cinismo que, le puedo asegurar, en ningún momento he mantenido y mucho menos cuando estoy hablando de un asunto tan grave que afecta a tantos millones de españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jiménez.
Señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora Jiménez, esto es el Parlamento. Aquí se debate y cada uno defiende lo más vehementemente, o como puede, sus propuestas. (Un señor diputado: ¡No se insulta, ha venido a insultar!-Rumores y protestas).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Silencio, por favor.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Y le vuelvo a insistir. Usted tuvo una interpelación durísima con la ministra Mato, y usted ha sido corresponsable de la situación que nos ha traído hasta aquí. Usted es corresponsable de los pobres y de la
pobreza que hay en España y no vamos a admitir lecciones, ni de usted ni de ninguno de los miembros de su grupo. Se lo he dicho y se lo repito. Lo siento mucho si le molesta. Yo entiendo que a usted le puede molestar toda su etapa de ministra (La
señora Jiménez García-Herrera hace gestos negativos.-Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Silencio.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Yo entiendo que usted no se pueda sentir satisfecha de la etapa de ministra; yo me siento muy satisfecha de haber defendido y seguir defendiendo a todos los ciudadanos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Camarero, finalice ya.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Camarero.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En este turno, en primer lugar, el Grupo Mixto. Tiene la palabra la señora Barkos. Adelante, señora Barkos
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta. Hablaré desde el escaño.
Centrándonos en el tema, que no es cuestión ni mucho menos baladí, me temo que tenemos entre las manos un tema de reflexión - el que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista- bien importante y bien esencial. Y más allá de
responsabilidades o irresponsabilidades, que creo que se han podido entender hoy en mucho sentido en el debate, lo cierto es que el Grupo Parlamentario Socialista nos trae un tema de especial urgencia. Comentaba yo con la portavoz proponente, con
la señora Jiménez, que a nuestro entender, y para Geroa Bai, el petitum final, el texto final de la moción se nos hacía poco ambicioso, habida cuenta del título que traía la moción: Medidas contra el aumento de la pobreza y la exclusión social.
Finalmente, tanto la exposición, que yo creo que ha acotado claramente el contenido concreto, como la transaccional, que nos han traído diferentes grupos de esta Cámara, se nos hacen lógicas y apoyables. Mucho nos tememos en cualquier caso -y
quiero dejar constancia de ello en el 'Diario de Sesiones'- que la dotación del fondo y ese 1 % de IRPF no serán suficientes al calor, por ejemplo, y entre otros datos, no solo de las gestiones pasadas, sino al calor también de ese proyecto de
presupuestos que se nos trae próximamente a esta Cámara. Pero estamos de acuerdo en que no siendo suficiente, en cualquier caso será necesario.
Otra de las dudas que se nos generaba era la falta de implicación que se les atribuye en el petitum, en el texto del Grupo Parlamentario Socialista, a las comunidades autónomas en buena parte de la gestión de estos fondos. Finalmente,
entendemos que tanto la exposición como la transaccional corrigen de alguna manera este peligro. Votaremos, por lo tanto, afirmativamente a la moción. Lo haremos así, y expreso también en ese sentido la posición del Bloque Nacionalista Galego.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Barkos.
Por el mismo grupo también, señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señora presidenta, señorías, hoy en día la pobreza significa aproximarse a un complejo mosaico de realidades que, más allá de la desigualdad económica, abarcan aspectos relacionados con la precariedad laboral, los
déficits de formación, el difícil o imposible acceso a una vivienda digna, los reiterados e injustos desahucios, la escasez de redes sociales y familiares, entre otras muchas cosas. La pregunta, señorías, es: ¿La exclusión social es algo
inevitable? La respuesta es: La exclusión social es algo politizable. Es decir, algo sujeto a respuestas desde las instituciones públicas y a la vez a la capacidad de reacción de la sociedad civil. La realidad es que la pobreza en España es más
extensa, es más intensa y más crónica que nunca, y que el Estado español es uno de los países europeos con mayor tasa de pobreza, superada ligeramente por Rumania y Letonia. Hablamos de casi doce millones de personas en riesgo de pobreza o
exclusión social. Hablamos de que un 22 % de los hogares españoles viven por debajo del umbral de la pobreza. Hablamos de que un 25 % está en situación de riesgo.
Durante los años de bonanza económica, la pobreza del Estado español no se redujo, sino que se mantuvo en un vergonzoso 20 %. Es decir, era una pobreza estructural. Lo preocupante ahora son las nuevas bolsas de pobreza. De hecho ya lo
anunciaba una pancarta de un barrio argentino durante el corralito: Clases medias, bienvenidas a la miseria. Acabo, señorías. La única manera de atajar esta pobreza es la creación de una renta básica. Una renta básica que en su primera fase
estaría destinada a personas sin ingresos. Cierto es también que los opositores a la renta básica argumentan que no hay dinero para ello. No obstante, el dinero destinado a los bancos no solo la habría cubierto sobradamente, sino que
verdaderamente el dinero hubiera servido para estimular la economía, ¿y saben por qué? Pues porque los pobres ni ahorran ni especulan -repito, los pobres ni ahorran ni especulan- sino que gastan su dinero en bienes y en servicios esenciales.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Estamos planteando tres problemas de gran y preocupante transcendencia en los tiempos que corren. Señora Jiménez, sabe usted que se ha referido a tres conceptos: pobreza, exclusión -que es otro concepto- y desmantelamiento del Estado del
bienestar. A mí me resultan llamativas determinadas tertulias que se oyen o que se pueden ver todas las noches en los medios de comunicación, en donde sesudos tertulianos comentan que se exagera cuando se habla del desmantelamiento del Estado del
bienestar, que no es para tanto, etcétera, etcétera. Yo, ante tan sesudos personajes me quedo con las reflexiones de Stiglitz cuando dice que evidentemente se está produciendo, porque es inevitable, un desmantelamiento de los paradigmas del Estado
del bienestar, por varias razones. Primero, porque se utilizan las facilidades que proporciona una economía mundializada o globalizada. En segundo lugar, porque el mercado de trabajo se basa en la información y el conocimiento más que en la
producción de bienes mercantiles; esto provoca desregulación y la desregulación de los derechos laborales provoca desempleo antes o después. Y del desempleo se pasa a la pobreza y de la pobreza se puede llegar a pasar a la exclusión social.
¿Cómo se concretan todos estos temas? Pues se concretan de la siguiente manera. Los pensionistas, en el próximo año, van a perder el 2,5 % de su poder adquisitivo. Primera cuestión. La segunda: vivimos ya con más de doce millones de
pobres, acreditados por organizaciones neutrales, por organizaciones independientes, en el Estado español. ¡Doce millones de pobres de una población que no llega a los 48 millones de habitantes! Vivimos con un 25 % de niños que sufren desnutrición
infantil. Esto es algo pavoroso en un país que se atribuye a sí mismo la condición de ser la décima economía con más potencia del mundo. Vivimos en un país donde la tasa de desempleo, la que relaciona la población activa con el número de
trabajadores efectivos, es de solo el 59 %. Vivimos con unas tasas de desempleo que se acercan a los seis millones de desempleados; serían seis millones si la EPA no utilizara las manipulaciones estadísticas que utiliza. Estamos conviviendo con
seis millones reales de desempleados. Vivimos con un 73 % de viudas que viven en condiciones de pobreza, tal como está la pobreza definida por el Eurostat, porque la pobreza no es un concepto neutro, la pobreza está medida técnicamente por
organizaciones como Eurostat. Vivimos con 77.000 ERE, la mayoría de ellos no suspensivos y no extintivos, producidos el año pasado. Convivimos con 1.900.000 personas, de las cuales el 74 % son mujeres, que tienen que atender a personas
dependientes utilizando los criterios del índice de Katz que usted conoce perfectamente, que utiliza seis ítems en virtud de los cuales hay que atender a personas que tienen dependencia en relación al baño, vestirse, movilidad, aseo, continencia y
alimentación. Según los ítems, la dependencia será más severa o menos severa, pero también en este ámbito la exclusión y la pobreza tienen cara de mujer, como en otros ámbitos tienen cara de niño. El 64 % de las personas que voluntariamente
deciden atender a estas personas dependientes son mujeres, desafortunadamente.
Vivimos -por seguir con este panorama tan poco satisfactorio, tan poco sugestivo- con una cobertura de desempleo que se acerca solo al 50 %. Vivimos, como he dicho antes, con seis millones de desempleados, y van a ser más, porque las
previsiones de crecimiento para el año que viene son de una reducción o contracción del producto interior bruto del 1,5 %, y si añadimos la deuda de la banca estaríamos hablando de una reducción o contracción de la economía del 3,5 %. Esto no
posibilita el optimista desiderátum manifestado por la ministra de Empleo afirmando que estamos saliendo del decrecimiento. No sé en qué tipo de parámetros económicos se puede basar para hacer una afirmación tan aventurada como esta. Vivimos con
una contracción del producto interior bruto en el último año del 31 %. Vivimos, señora Jiménez, con pensiones que en el año 2017 van a comprometer el 22 % del producto interior bruto del Estado español. Vivimos con un Fogasa que ha agotado ya el
93 % de su presupuesto. Vivimos, por seguir con esta relación tan poco halagüeña, con 98.000 desahucios el año pasado. Podría seguir con una lista infinita. Que me digan estos tertulianos o los que preconizan que estamos saliendo ya de la crisis
económica qué datos económicos o sociales están utilizando para realizar afirmaciones de esta naturaleza. Cualquier cosa que se proponga -y la que usted propone nos parece razonable- merita la adhesión de mi grupo parlamentario.
Voy a salir -y con esto acabo, señora presidenta- del debate de si estamos ante la herencia o ante la ideología. Me parece ya, a estas alturas de la historia, un debate estéril, inocuo, vergonzoso para los que sufren estas dramáticas
situaciones. Vivimos con lo que vivimos y cualquier propuesta de solución que se realice nos parece pertinente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Unión Progreso y Democracia. Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Voy a empezar justamente por el lugar en el que ha finalizado su intervención el señor Olabarría. Efectivamente, desde el punto de vista de Unión Progreso y Democracia no debiéramos estar ante un debate ideológico ni de herencias ni de
iniciativas. Estamos ante un debate político sobre una cuestión política que requiere una actuación política inmediata y profunda, y sobre una cuestión que ha de resolverse también, insisto, con medidas de carácter político. Me parece muy
interesante el debate que ha traído el Grupo Socialista a la Cámara. Es verdad que no estamos haciendo un debate de carácter general sobre la pobreza, como muy bien señalaba por ejemplo el señor Campuzano, que apuntaba otras muchas cuestiones que
hemos de abordar -y el señor Centella también-, otras muchas cuestiones que a lo mejor en un Pleno monográfico sería interesante que abordáramos para que no limitáramos el debate a apoyar -que es lo que hará mi grupo- la iniciativa que plantea en
este caso la señora Jiménez, en nombre del Grupo Socialista.
Un fondo. ¿Es suficiente un fondo? ¿Son suficientes todas las cuestiones que plantea el Grupo Socialista? No, sabemos que no son suficientes y que se requieren otras muchas medidas proactivas, otras muchas medidas que prevengan, que
actúen sobre el empleo, que actúen sobre esa pobreza que, como también apuntaba el señor Campuzano, en tiempos de bonanza no hemos sido capaces de erradicar en nuestro país. Sé que no es suficiente lo que aquí se plantea, pero ¿es necesario? Yo
creo que sí. ¿Es urgente? Desde nuestro punto de vista, también es urgente. Por supuesto, no entraré, ni muchísimo menos, en proclamar la legitimidad de nadie de los que estamos aquí presentes en esta Cámara para plantear una iniciativa, porque
la legitimidad, señora Camarero, la tenemos todos, la legitimidad política; (La señora Camarero Benítez: La legimitidad moral) la moral es privada, señora Camarero, y aquí estamos en una Cámara que es política para resolver los problemas que
tienen los ciudadanos desde nuestra responsabilidad y desde nuestra iniciativa política. Lo demás es una cuestión de carácter privado y desde luego todos los diputados que aquí estamos tenemos la legitimidad y, por tanto, el derecho -estaría bueno-
de plantear iniciativas, lo mismo que tenemos el derecho de plantear enmiendas a esas iniciativas, de votarlas en contra cuando no nos parecen positivas y de rechazarlas argumentadamente, pero no negando la legitimidad de quien las defiende. Sobre
todo en una cuestión, permítanme que les diga, en la que hoy debiéramos haber hecho el esfuerzo, y debemos hacerlo, de sobrevolar lo partidario.
Insisto, lo que es una evidencia es que hay millones de personas que viven en nuestro país por debajo del umbral de la pobreza, millones de personas que están esperando que les demos alguna solución y que nos pongamos de acuerdo en la
necesidad de dar alguna solución a eso. Todos los pobres, todas las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, todas las personas excluidas o en riesgo de exclusión son nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad heredada y, por
tanto, de otro, de quien estaba en el Gobierno antes o de quien está ahora, es de todos nosotros, y todos nosotros debemos enfrentar este problema y aportar las soluciones que nos parezcan precisas, que nos parezcan necesarias. Me parece que sobra
poner en duda la voluntad de los que plantean las iniciativas. ¿Es o no es un problema esto? ¿Es o no es un drama? ¿Requiere o no requiere decisiones, más allá de las que ya estamos tomando? Pongámonos de acuerdo en las decisiones que hemos de
tomar, y si nos parece poco, hagamos más; si nos parece insuficiente, digámoslo, eso y algo más que hay que hacer. Algunos tienen más capacidad de iniciativa que los grupos pequeños, pero la responsabilidad creo que la tenemos que asumir
colectivamente y tenemos que actuar. En ese sentido, también quiero decirlo, me parece muy positiva la actuación en este caso de la portavoz del Grupo Socialista; ha tratado de encontrar consensos. Nuestro grupo no ha hecho ninguna enmienda. He
de decir, y se lo he dicho a la portavoz socialista cuando me ha hablado de la iniciativa, que nos parecía un poco corta y que nos hubiera gustado introducir alguna medida más proactiva, más de prevención, más de ayuda para que esta gente que está
en esa situación pueda salir. Nos hubiera gustado, por ejemplo, plantear una cuestión que hemos planteado con anterioridad y que tendremos la oportunidad de volver a plantear en relación con las rentas mínimas. Puesto que el Grupo Socialista lo
plantea en su moción, creo que en España tenemos que abordar la cuestión de las rentas mínimas, que tendríamos que homogeneizar los muy dispares programas que existen en este momento en nuestro país, que son dispares desde el punto de vista del
acceso, que son dispares desde el punto de vista de la cuantía, que son dispares desde el punto de vista...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, ahora sí le digo, tiene que ir finalizando.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidenta.
Que son dispares también desde el punto de vista de la duración de esos programas. Creo que eso contribuye a una mayor desigualdad entre personas que están ante la última red que tienen. Solo por dar algún dato, la renta mínima en el País
Vasco, 640 euros, la perciben más de 55.000 personas; en Andalucía, 383; en Extremadura, 395. Hay que homogeneizar, hay que hacer algo para trabajar en eso, pero no hemos querido plantear una enmienda precisamente para contribuir...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señoría Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Para contribuir a que nos pusiéramos de acuerdo en el máximo denominador común de esta iniciativa que ha planteado el Grupo Socialista, es por lo que, concreto e insisto, tendrá nuestro apoyo, nuestro voto positivo
y también nuestra felicitación por haber buscado el consenso, al menos así lo hemos entendido nosotros, y no el lucimiento en la misma.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Señora Jiménez, respecto a la aceptación o no de las enmiendas, no ha hecho usted referencia en su primera intervención. Por favor, díganos si va a aceptar alguna y en qué condiciones o cuál es el planteamiento para la hora de las
votaciones.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Acepto las enmiendas que han presentado tanto desde el Grupo de La Izquierda Plural como también desde Convergència i Unió al texto transaccional que ya he presentado a la Mesa para su aprobación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jiménez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. CUADRA LASARTE), RELATIVA A LA NECESIDAD DE ABORDAR UNA POLÍTICA QUE IMPULSE DECIDIDAMENTE EL REPARTO DE LAS RIQUEZAS Y RENTAS EXISTENTES EN NUESTRA SOCIEDAD. (Número de expediente 173/000047).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto, moción del grupo mixto, del señor Cuadra Lasarte, relativa a la necesidad de abordar una política que impulse decididamente el reparto de las riquezas y rentas
existentes en nuestra sociedad. Para su defensa, tiene la palabra el señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, tiene relación con la moción que hemos presentado sobre el reparto de la riqueza. Hace tan solo unos días, el Gobierno nos presentó su proyecto de presupuestos para 2013, un presupuesto que
consideramos estaba amañado, trucado, completamente incapaz de pasar el más mínimo control anti-doping de la verdad, del rigor y de la seriedad. Tiene relación con el reparto de riqueza, repito, al que me voy a referir. Frente al 0,5 % de recesión
que preveían estos presupuestos, el Fondo Monetario Internacional y también el Banco de España han señalado que la recesión será el triple de la calculada falsamente por el Gobierno. El FMI acaba de señalar que serán el Estado español y Grecia los
países de todo el mundo mundial que van a tener la recesión más alta. El Instituto Nacional de Estadística -lo dijo hace dos días- ha señalado que la tasa de desempleo ha superado ya la barrera histórica del 25 %. Y hoy mismo una agencia
especializada señalaba que para finales de 2013, esta superaría el 27 % de la población asalariada. Esto va mucho más allá de las alegrías falsas con las que el Gobierno dice que el paro va a descender ligeramente el próximo año. También Eurostat,
agencia estadística oficial de la Unión Europea, acaba de poner al Estado español en el primer puesto del ranquin de desigualdades sociales existentes en Europa. El año pasado Letonia, Lituania y Rumania estaban por delante del Estado español.
Este año, nadie nos supera en desigualdades sociales. Ya nadie nos hace sombra. La marca España arrasa en desigualdad social. Esto es así porque el Gobierno hace una política que yo la definiría como política de casino, en la que siempre gana la
banca y en la que los crupieres que tiene la banca en el Gobierno le preparan estas cartas marcadas y estos dados plomados de estos presupuestos. La Comisión Nacional de la Competencia, también órgano oficial de este Estado, acaba de señalar cómo
las ayudas públicas que
se dieron a la banca durante 2010 superaron los 92.500 millones de euros. Es decir, cada persona de este Estado, niños de pecho y niñas de pecho incluidos y gente en crianza, aportó 1.800 euros para ayudar a la banca. Y mientras tanto la
pobreza se extiende en este país.
En la interpelación que hicimos hace tan solo tres semanas relacionada con este tema, hablamos de los capi dei capi, encabezados por esa persona llamada Amancio Ortega, cuyo patrimonio personal equivale, nada más ni nada menos, que al total
de los presupuestos de todos los ministerios de la Administración del Estado para 2013. Esto es sangrante. Y citamos a Amancio Ortega porque pensamos que es completamente necesario poner nombres y apellidos a la crisis, a los responsables de la
misma. Hay que dejar de hablar de los mercados, de los que tanto se habla, y hablar de los mercaderes. Hay que dejar de hablar de la banca y hablar de los banqueros que se forran. En el otro extremo hay que hablar también de personas como José
Miguel Domingo, granadino, suicidado por su banco, suicidado por un juzgado que autorizó su desahucio y suicidado también por la política de este Gobierno, que permite todo lo anterior. José Miguel Domingo, muerto por leyes injustas y por políticas
criminales hipotecarias.
Lo mismo que no hay que hablar de los mercados en general, tampoco hay que hablar del fraude fiscal en general, sino que hay que hablar de los defraudadores y, en primer lugar, por poner un ejemplo gordo, de la familia Botín, esa que fue
pillada in fraganti en Suiza en un banco con una cuenta secreta, oculta, cuya regularización, para no tener que ir a la cárcel, le supuso desembolsar 200 millones de euros a la Hacienda. Esto también hay que decirlo, 200 millones, en cualquier
caso, peccata minuta para el Botín de los Botines. El catedrático Vicenç Navarro, hace tan solo unos días, citando también fuentes solventes del New York Times, hacía referencia a una relación de 659 personas que tenían también cuentas ocultas en
este mismo banco suizo y citaba a José María Aznar -conocido-, Dolores Cospedal, Rodrigo Rato, Artur Mas -padre-, Josu Jon Imaz, Narcís Serra, Miguel Boyer, Isabel Tocino...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra...
El señor CUADRA LASARTE: ...Anna Birulés...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra...
El señor CUADRA LASARTE: ...Ángel Acebes...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra, por favor, le estoy dirigiendo la palabra. Un momento.
El señor CUADRA LASARTE: No la había oído.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): El Reglamento de esta Cámara permite casi todo, pero lo que no permite son palabras o conceptos ofensivos al decoro de esta Cámara o a alguna persona o institución del Estado. Por tanto, vuelva
usted a la intervención de su moción, pero, por favor, deje de decir lo que está diciendo de determinadas personas, que ofende al honor de esta Cámara y a muchas personas fuera de ella y no se lo voy a consentir, señor Cuadra. (Aplausos).
El señor CUADRA LASARTE: Estoy recogiendo únicamente una información...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): ¡No se lo voy a consentir, señor Cuadra! (Aplausos).
El señor CUADRA LASARTE: Estoy recogiendo únicamente una información que ha salido publicada...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra, no le voy a consentir que siga por esa línea, porque el Reglamento lo dice muy claramente. Utilice usted otros argumentos, que seguro que usted, que es un gran orador, podrá
hacerlo*.
* En relación con este asunto el Sr. Cuadra Lasarte dirigió un escrito al Sr. Presidente de la Cámara, con fecha 5 de noviembre de 2012. A la vista del contenido de dicho escrito y de la solicitud que en el mismo se formulaba, el Sr.
Presidente decidió que tal escrito figurara en el mismo Diario de la sesión en la que se produjo el incidente, en forma de anexo que se puede consultar al final de éste.
El señor CUADRA LASARTE: Obedezco a la presidenta, qué remedio.
Amaiur piensa que no hay salidas técnicas ni asépticas ante esta crisis. Hay salidas de derechas o hay salidas de izquierdas y las salidas que da el Gobierno son salidas que favorecen a estos banqueros, a estos potentados, a estos ricos, a
estos empresarios. En el otro lado están los trabajadores y las trabajadoras, las mujeres, la juventud, los pensionistas, las viudas. Para esta gente están los contratos precarios, las subidas del IVA, el copago sanitario, el patadón y el
desahucio, el incremento de las tareas domésticas y de cuidados para las mujeres. Estas son las dos salidas que hay para esta crisis.
Amaiur apuesta con esta moción por reducir al máximo las tremendas desigualdades sociales existentes en nuestro Estado. En ese sentido apostamos por que el salario mínimo interprofesional sea mínimamente digno y se sitúe en 1.075 euros,
casi el doble del actual; por que exista una prestación social que garantice que ninguna persona sin ingresos tenga sin cubrir sus necesidades sociales básicas -alimentación, vivienda, educación, sanidad, cultura- y por hacer una reforma radical de
todo el sistema impositivo, el negativo, suprimiendo la guarida de las Sicav, anulando la amnistía fiscal que ha hecho este Gobierno, anulando también la subida del IVA y reformulando de una forma progresiva y fuerte el impuesto sobre la renta de
las personas físicas y el impuesto sobre sociedades para aligerar mucho las cargas de los de abajo y cargar mucho lo que tienen que poner los de arriba. Creemos que no hay ni debe haber ninguna salida a esta crisis que no pase por reajustar estas
tremendas desigualdades sociales y por esto apostamos.
Termino. En relación con la enmienda que han planteado las compañeras y los compañeros de Izquierda Unida, creemos que mejora incluso una parte del texto que hemos presentado y estamos de acuerdo con ello y lo integramos en nuestra moción.
(Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cuadra.
Por La Izquierda Plural, para defender su enmienda, tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas y señores diputados, aquí se han dado ya muchos datos, pero yo quiero hacer un contraste de los mismos, porque mientras el paro ha aumentado desde el año 2007 en un 17 %, cebándose en las mujeres y los jóvenes, las
prestaciones por desempleo se han reducido un 16 %, 10 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza y 2 millones precisan de ayuda para poder comer, y además aumentarán cada día, pues el riesgo de pobreza o exclusión social se ha
disparado en más de 7 puntos respecto a 2007 según los datos del INE. Pero, mientras, las grandes empresas y las grandes fortunas siguen siendo las principales responsables del fraude fiscal en nuestro país, sin que este Gobierno ni el anterior
hayan hecho ni vayan a hacer nada, no le van a poner remedio. La vieja leyenda de especuladores aterrados saltando al vacío forma parte de la tradición popular del gran crac del 29 y lo cierto, porque es cierto, es que los ricos se suicidaban en la
Gran Depresión. Hoy los millonarios españoles, con la estafa de la crisis, han aumentado sus patrimonios un 50 %, y los trabajadores y las trabajadoras de entre esa mayoría silenciosa que menciona el Partido Popular, y ante la desesperación y la
vergüenza de haber perdido su trabajo y su casa, son los que se suicidan, y aquí hay que dar nombres: José Manuel Domingo en Granada. (Aplausos). Cada día 540 familias afectadas por hipotecas pierden su casa bajo procedimientos de ejecuciones y
de lanzamientos que, protegidos por la ley española, vulneran de manera clara derechos constitucionales como el de la vivienda y la tutela judicial efectiva, amén de incumplir derechos fundamentales como el derecho humano que el Estado español ha
ratificado en Naciones Unidas.
El informe que hemos podido conocer recientemente, presentado ante el Consejo General del Poder Judicial, denuncia sin ambages la mala praxis bancaria sistemática y la injusticia del procedimiento de ejecución, que sobreprotege a las
entidades financieras y deja en absoluta indefensión a las personas afectadas. Denuncia también este informe las ayudas sin contrapartidas a la banca y el fracaso total del mal llamado código de buenas prácticas aprobado por este Gobierno. Este
informe se le debió de olvidar al ministro De Guindos cuando en su primer turno de réplica de la interpelación previa a esta moción decía literalmente -no sin antes mencionar que uno tendría que pasar de las musas al teatro-: Tocando más aquí, a
pie de tierra, el Gobierno ha aprobado el decreto-ley que permitiría estructurar las deudas de las familias y fomentar la dación en pago.
Espero que tal y como se comprometió traiga aquí a esta Cámara los resultados, pero antes también le recomiendo -no está aquí el señor De Guindos- que, con esa intención suya de actuar con los pies en la tierra, se dé un paseo por la plaza
de Celenque, que es donde se encuentra la central de Bankia, que le pilla a un paso de aquí, y allí podrá ver -como ya ha dicho mi compañero José Luis Centella- que
desde hace nueve días familias enteras están día y noche desahuciadas esperando una respuesta de la dirección, esperando una respuesta a su trágica situación, porque la realidad es que este Gobierno y el anterior han trabajado de forma
profusa para salvar a la banca, mientras han abandonado a las personas.
Los hechos son tozudos. El informe de Foessa -que me permitirá el señor Cuadra que utilice una vez más- deja desnudo al emperador como en el cuento de Andersen con los datos que revelan cómo ha aumentado la brecha entre ricos y pobres en
nuestro castigado país desde 2007 del 5,3 al 7 %. ¡Los ricos, señoras y señores diputados, cada vez más ricos! ¡Los pobres, señoras y señores diputados, cada vez más pobres! (Aplausos). ¿Esta es la manera efectiva con la que este Gobierno pretende
fomentar...?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora De las Heras, tiene que ir finalizando, por favor.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Termino.
Pregunto, ¿esta es la manera efectiva con la que este Gobierno pretende fomentar el crecimiento económico y la cohesión social? Decía también el señor De Guindos que para repartir la renta primero hay que crearla y que tendremos que
centrarnos en la recuperación económica y en la creación de empleo y que la equidad y la distribución equitativa de la renta son factores importantes a futuro. ¡A futuro! No está aquí el señor De Guindos, pero a futuro es como poco un adverbio de
tiempo indefinido.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora De las Heras, tiene que finalizar.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Termino, señora presidenta.
Y este adverbio de tiempo indefinido puede referirse perfectamente a un tiempo futuro y lejano de la humanidad y esto se lo tiene que decir este Gobierno a los jóvenes que hoy están en la calle rodeando el Congreso.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Apoyaremos esta moción porque la compartimos y porque el señor Cuadra tiene más razón que el santo san Ambrosio. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.
En turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señor Cuadra, como una cuestión previa, le quisiera decir que cuando ha citado aquí una serie de nombres, entre ellos el de Josu Jon Imaz, se refería -me imagino- a un tema que aparecía en la prensa hace tiempo que está absolutamente
desmentido y creo que ya no tiene ningún valor. Espero que su iniciativa tenga un fundamento un poco más allá de lo que ha planteado en relación con este punto en concreto.
También he de reconocer que cuando he leído su moción me ha causado cierta perplejidad y confusión. No entiendo cuál es el fin de la misma, pero trataré de realizar una breve reflexión sobre lo que interpreto que es su intención. Comparto
con su grupo y con muchos analistas la idea de que la crisis económica está afectando especialmente a los más débiles y desprotegidos, a los menos cualificados, a los que poseen menos formación, que son los primeros expulsados del mercado de
trabajo, y los que no lo son trabajan en muchos casos en condiciones económicas precarias. La crisis, efectivamente, está aumentando la diferencia de renta y riqueza entre las personas. Los ricos lo son más -o al menos no padecen tanto- y las
clases medias y bajas se están empobreciendo. Ante ello nuestro grupo considera que debe existir una red de protección social que permita a todo el mundo vivir con dignidad y tener un mínimo de necesidades cubiertas, pero también hemos de ser
conscientes de que el nivel de desarrollo de nuestras economías es el que es y el sistema da lo que da.
No podemos pensar que podemos cubrir holgadamente todas las necesidades que se plantean por el mero hecho de desearlo ni apelando simplemente a la profundización en la lucha contra el fraude y a la implementación de un impuesto a las grandes
fortunas. Indudablemente hay que luchar contra el fraude con todos los medios personales y jurídicos a nuestro alcance, de la misma manera que han de pagar más los que más tienen. Es evidente, el sistema fiscal ha de basarse en principios de
equidad y progresividad,
pero no debemos caer en la demagogia ni engañar a la gente tratando de dar la sensación de que si los ciudadanos lo están pasando mal, es porque desde la política no se resuelven los problemas. Se puede y se debe avanzar en esa línea, pero
no es una tarea fácil.
Observo en la iniciativa una evidente contradicción. Por un lado, en la exposición de motivos se habla de reclamar unas competencias para que Euskal Herria -se dice- pueda desarrollar su política económica. Estamos plenamente de acuerdo,
pero cuando se insta al Gobierno a que actúe nada se reclama en este sentido. Se habla de implantar una prestación social que cubra las necesidades básicas de los ciudadanos. Señor Cuadra, como usted bien sabe, esa es una competencia estrictamente
autonómica y como tal la estamos ejerciendo en Euskadi, por cierto desde que el Partido Nacionalista Vasco lo impulsó en el Gobierno vasco hace ya veinticinco años. El denominado entonces ingreso mínimo de inserción o las ayudas de emergencia
social están en la base de estas ayudas. Nos parece pues bien, pero no que se inste al Gobierno del señor Rajoy, sino que lo debemos impulsar desde las instituciones en Euskadi. Este motivo, el competencial, es el que nos llevó a votar que no a la
Ley de Dependencia, cuando estábamos de acuerdo en el fondo de la cuestión.
De igual manera, las reformas del IRPF o del impuesto sobre sociedades o la implantación de un impuesto a las grandes fortunas son competencia de las diputaciones forales y del Gobierno foral navarro. Desde el Grupo Vasco nos solemos
abstener o no entramos en cuestiones fiscales de esta naturaleza y tampoco lo vamos a hacer ahora. En relación con la amnistía fiscal nos hemos pronunciado desde el Grupo Vasco en contra de la misma y no tenemos inconveniente en apoyarles lo que
haga falta en este punto.
Señor Cuadra, queda muy bien de cara a la galería plantear que se duplique el salario mínimo interprofesional. ¿Y por qué no más? Podríamos proponer incluso más, pero la cuestión es que nos tendría que decir de qué manera y en qué plazo,
porque si no entendemos que una propuesta así queda en la demagogia, en un brindis al sol, puesto que en un momento de crisis tan profunda y tirando de manual de economía no es difícil concluir que ello conllevaría un mayor paro y una profundización
de la crisis, lo que me imagino que ni su grupo parlamentario ni el mío quieren, que se produzca una profundización de la crisis y un aumento del paro.
Por todo lo comentado nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la votación de esta iniciativa. Sinceramente, la vemos confusa y, si me permite, un tanto demagógica. Compartimos el fondo del problema, corregir las desigualdades
económicas y sociales que se están produciendo debido a la crisis económica, pero consideramos que algunas medidas son un tanto demagógicas y que otras les corresponden al Gobierno vasco, a las diputaciones forales y al Gobierno foral navarro y no
al Gobierno al que usted está reclamando que actúe.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, la moción que presenta Amaiur, junto con la que hemos debatido previamente, inciden en la necesidad de adoptar medidas para paliar el incremento de la pobreza y abordar la equidad y la
justicia social de nuestra economía. La pobreza es un problema muy grave que nos preocupa y que nos ocupa y el principio de la equidad es un principio en el que creemos y defendemos. La moción que debatimos incide en un problema social que afecta
a una parte muy importante de nuestra sociedad y que la crisis actual acentúa y evidencia. En la moción objeto de este debate se señala que la desigualdad social y la pobreza se extienden de manera creciente en nuestra sociedad.
Es cierto, señorías, que cerca del 21 % de la población residente en España está por debajo del umbral de riesgo de pobreza, pero también es cierto que en épocas de crecimiento económico, en épocas de bonanza económica, esta tasa se situaba
en valores excesivos cercanos a los actuales. A ello ya se ha referido el portavoz de mi grupo Carles Campuzano en el debate de la moción anterior. El riesgo de pobreza ha crecido con la crisis, pero ya partíamos de valores muy altos que no
deberíamos haber permitido y que no son justos desde el punto de vista de la equidad. Ello nos obliga a trabajar y a aportar soluciones a un problema que es también un problema estructural. En este sentido, desde siempre nuestro grupo
parlamentario ha mostrado su compromiso con esta materia y hemos trabajado e insistido en la lucha contra la pobreza y hemos venido reclamando la necesidad de articular mecanismos más eficientes para aminorarla y para reincorporar a la vida activa a
quienes tienen mayores dificultades para seguir y tirar adelante. Nos referimos a la pobreza infantil, al fracaso escolar, a las personas con mayores
dificultades de inserción, a los pensionistas, etcétera. Entre las iniciativas que nuestro grupo ha presentado y defendido en esta legislatura, la primera fue en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales sobre la pobreza infantil y
conseguimos también que la Comisión Mixta de la Unión Europea aprobase una iniciativa que reclamaba la constitución de un fondo europeo de lucha contra la pobreza.
Entrando en la iniciativa que nos propone Amaiur, en primer lugar, desde Convergència i Unió podríamos compartir con la moción consecuencia de interpelación presentada y que debatimos algunas de las medidas fiscales propuestas, como la
implantación de un impuesto sobre las grandes fortunas planteada en el punto sexto. En el caso del IVA, planteado en el quinto punto, en Convergència i Unió nos preocupan muy especialmente los saltos indiscriminados que se han producido en algunos
sectores como es el caso de la cultura o en otras actividades productivas que padecen el mismo cambio brusco del aumento del IVA, además de los efectos demostrados en la significativa caída del consumo que hemos conocido también recientemente.
En materia de fiscalidad, más que acogerse a cuatro aspectos puntuales, en Convergència i Unió defendemos la necesidad de abordar cuanto antes un debate sobre fiscalidad que ponga el acento sobre la equidad, sin olvidar que, ante la grave
crisis que padecemos, ahora más que nunca la fiscalidad debe ser una herramienta al servicio del crecimiento y por tanto debe estimular la inversión y la creación de ocupación, considerando aquellos sectores que contribuyen más a la creación de
empleo. Creemos que esta debe ser la verdadera reforma en materia de fiscalidad. No obstante y al margen de poder apoyar alguno de los puntos en materia de fiscalidad que presenta esta moción, hay otros puntos de la misma que no compartimos, como
es la duplicación de la cuantía del salario mínimo interprofesional. Es una medida, señorías, que entendemos que no es razonable en estos momentos y bastaría consultar a las pequeñas y medianas empresas y autónomos en este momento sobre la misma.
También quiero recordar en esta sede que el compromiso de Europa es alcanzar el 60 % del salario medio. Teniendo en cuenta la Carta Social Europea y las recomendaciones de la Unión Europea en la materia, nuestro grupo parlamentario sí considera que
debería actualizarse el salario mínimo interprofesional cuya cuantía no se incrementó el pasado año.
Respecto al segundo punto de la moción, es una medida sobre la que hemos tenido oportunidad de debatir en profundidad y nuestro grupo parlamentario no es partidario de implantar una prestación social de carácter incondicionado y sí en cambio
de condicionarla a una corresponsabilidad por parte del beneficiario de dicha prestación.
Para terminar, señor presidente, señorías, hay aspectos que también consideramos que podrían haberse incluido en la moción como son por ejemplo las referencias al régimen de pensiones no contributivas o el necesario apoyo público a las
entidades sociales que trabajan en la lucha contra la exclusión social y que encontramos a faltar. Con todas estas consideraciones y reafirmando nuestro más firme compromiso en la lucha contra la pobreza, nuestro grupo de Convergència i Unió va a
abstenerse en la votación de esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Valeriano Gómez.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hemos leído con atención la propuesta de Amaiur. Es una propuesta con la que sin duda no es difícil tener coincidencias. No es difícil en un tiempo como en el que vivimos, en el que constatamos efectivamente que la desigualdad no
es solo fuente de pobreza, como se dice y como se dijo en algunas ocasiones, sino que es, sobre todo, el origen de la pobreza. Siempre hemos pensado que no es la pobreza lo que nos hace desiguales: es la desigualdad lo que nos hace pobres. Eso es
lo que hemos venido aprendiendo y practicando durante la mitad del siglo XX en las sociedades occidentales. Por eso un Estado social no es, nunca puede ser un obstáculo para el crecimiento. Por eso una buena política social bien diseñada no solo
no es un obstáculo para el crecimiento, sino que es una gran palanca de estímulo a la riqueza y a la cohesión social.
Es verdad, se ha dicho aquí, que durante el auge inmobiliario nuestras estadísticas registraron una mejora en términos de reducción de la tasa de riesgo de pobreza, pero hay que tener cuidado con ellas y en cómo se manejan, porque, como los
indicadores de pobreza se construyen a base de calcular cuál es el 60 % del ingreso mediano, la pobreza puede estar bajando y de hecho bajó durante el pasado auge inmobiliario español, pero en cambio subía la desigualdad. Aumentó la desigualdad
porque aumentaron
las retribuciones y las malas políticas retributivas en el sector financiero, en las grandes empresas, en las compañías multinacionales y en el sector inmobiliario por supuesto, sobre la base de una doctrina que sabemos bien que era
tremendamente equivocada.
Coincidimos en la visión que se tiene del papel que a ese respecto se asigna al salario mínimo, pero debemos resaltar dos cuestiones esenciales pensando sobre todo en aquellos que tienen la tentación de situarnos a todos en el mismo lugar.
No es lo mismo, porque entre 2004 y 2011 el salario mínimo interprofesional creció en España el 40 %, exactamente el 39,3 %. Tengo aquí la serie del salario mínimo interprofesional en España desde que existe. Saben ustedes que solo tiene un cero
en tasa de crecimiento interanual en toda la serie histórica. Ese cero se produce este año, en el año 2012. Es el único año en el que se ha congelado el salario mínimo interprofesional. ¿Cómo vamos a ser todos iguales? Me refiero a la
intervención de la portavoz de Izquierda Unida. ¿Cómo vamos a ser todos iguales? ¿Es igual congelar un año -el primero en el que se gobierna- el salario mínimo que aumentarlo en siete años el 39,3 %? (Aplausos). ¿Cómo va a ser igual? ¿Cómo va a
ser igual mantener durante toda la crisis la prestación por desempleo sin un solo recorte, dando prestación a más de 3 millones de parados, que recortarla en un 10 % a la primera de cambio; que reducir en 250.000 las personas que van a acceder a la
renta activa de inserción, como se reduce en la reforma del sistema de protección por desempleo; que reducir en otras casi 250.000 personas las que tendrán acceso al Plan Prepara? Es casi medio millón de desempleados que ya no tendrán acceso a la
prolongación o a la ayuda cuando se consumen sus prestaciones. ¿Cómo va a ser lo mismo la respuesta a la crisis desde un lado o desde otro del espectro político? Un poco de seriedad a la hora de analizar qué hace cada uno con la política social,
que, como bien sabemos, es una política esencial para combatir la desigualdad y para combatir la pobreza.
Como se dice en la proposición, estamos preocupados por un asunto importante, que es qué le pasa a un sistema cuando agota sus prestaciones, cuando la duración de la crisis conduce a que cada vez haya más personas sin ningún tipo de apoyo
social. El dato es contundente. En este momento hay más de 3 millones de desempleados de los que registra la EPA que no tienen acceso a ninguna prestación: 3 millones. Hace solo dos años eran 1,5 millones. En dos años se ha duplicado el número
de desempleados que no tiene ninguna prestación y sigue creciendo, así que tenemos que buscar una fórmula, que tiene que ser necesariamente una prestación compartida entre el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas, para que exista un
fondo como el que se ha discutido en la anterior proposición que pueda financiar instrumentos de apoyo para aquellos que no tienen nada y que seguirán creciendo mientras la crisis expulse, como expulsa, a cantidad de desempleados que antes eran
ocupados en el mercado de trabajo. Piensen ustedes en otro dato fundamental. El último dato que tenemos sobre la evolución de las prestaciones por desempleo es de agosto -siempre van con un mes de retraso- y julio es el penúltimo mes. En julio
las solicitudes de alta crecieron un 35 % y en agosto un 18 %.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.
Son las mayores tasas de crecimiento desde 2009. Estamos otra vez no en lo peor pero muy cerca de lo peor de la crisis y la capacidad de respuesta del sistema es limitada.
Por consiguiente, estamos de acuerdo en muchas de las cosas que ustedes plantean y nos gustaría que pudiéramos votar separadamente los contenidos de esta moción, pero nunca podremos estar de acuerdo con el encabezamiento de su propuesta.
Nosotros no queremos una política fiscal, una política económica, una política tributaria y una política social propia de Euskal Herria; nosotros queremos una política tributaria, una política económica y una política fiscal propia de Europa, que
haya un suelo común, que haya unas prestaciones comunes en España y en Europa. Llevamos muchos años luchando por que nuestros niveles de bienestar y de política social se aproximen a los europeos. Esa es nuestra política, la de la socialdemocracia
española.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar, por favor.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Y a esa no renunciaremos nunca. Por ahí no podremos estar de acuerdo, señores de Amaiur.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición sobre la moción presentada como consecuencia de la interpelación urgente por el Grupo Parlamentario Mixto de Amaiur. Antes de explicar las razones
por las que no apoyaremos esta moción quiero recordar el contenido del artículo 31 de la Constitución: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos según su capacidad económica, según un sistema tributario justo e inspirado en los
principios de justicia y de progresividad. Dentro de este artículo no solo hay un mandato constitucional, sino además hay un imperativo ético, un concepto de justicia tributaria y de justicia social en el que en el Grupo Popular creemos
profundamente.
Cuando escuchaba al señor Cuadra lamentaba profundamente que no se hubiera centrado en discutir las cuestiones que recoge y plantea en la moción. Francamente, como parlamentaria siento tristeza de que se utilice esta tribuna para insultar
sin criterio no solamente a un Gobierno sino también a personas particulares o empresas gratuitamente y muchas de ellas sin ninguna posibilidad de defensa. Me hubiera gustado hablar con el señor Cuadra de los puntos que él recoge en su moción,
porque le iba a recordar con respecto a casi todos esos puntos que si leyera el 'Diario de Sesiones' vería cómo el Gobierno de España está actuando en esa línea. Le tendría que decir con respecto a la prestación que propone que no es una
competencia estatal, que es una competencia de las comunidades autónomas; no obstante, ahí está la Administración central abonando esas cantidades a los parados de larga duración que se han quedado sin prestación con una prórroga que fue aprobada
recientemente. Si hubiéramos hablado del fraude fiscal, le habría tenido que recordar cómo esa amnistía fiscal, que es la regularización de unas rentas, cómo el plan que aprobó el Gobierno está resultando y está dando sus frutos: 5.400 millones de
euros, y además se están descubriendo bolsas fiscales y se están evitando las evasiones fiscales. Pero además esta mañana en esta Cámara se ha debatido -se va a votar ahora- la reforma del Código Penal, ley 10/1995, que se refiere a la
transparencia, al buen gobierno y que pretende combatir el fraude fiscal. Ese es un gesto más de este Gobierno, el Gobierno de España, defendiendo la legalidad e intentando impedir que haya ciudadanos que no colaboren, que no tributen y que por
supuesto estén engañando a todos, no solo a la Administración sino a los ciudadanos. Si el señor Cuadra hubiera querido debatir, le habría tenido que recordar que cuando habla del impuesto de la renta de las personas físicas y pide progresividad
podría haber repasado el impuesto. En el Real Decreto 20/2011 se aprobó una progresividad importante, de tal manera que el 80 % de esa carga fiscal la soportan el 20 % de los que más ganan. Eso, señor Cuadra, es equidad. Si hubiéramos seguido
hablando y si estuviera escuchando, también le diríamos que en el impuesto de sociedades, con dos reales decretos, el 20/2012 y el 12/2012, se contemplan toda una serie de medidas dirigidas precisamente a cambiar la estructura de progresividad del
impuesto sobre sociedades. Y si hubiéramos hablado del impuesto sobre el patrimonio, también podríamos decir cómo se ha prorrogado, cómo se consigue gravar también el mayor ahorro de las rentas más altas. Pero aquí casi no habido opción.
A la señora de las Heras, que hablaba de fraude, así como de vivienda y de paro, le quiero decir que no creo que en Andalucía, donde precisamente están gobernando en coalición, ella sea la más indicada para hablar de vivienda o de paro
cuando la última tasa de la EPA ha sido la más alta; o al señor Gómez, cuando da lecciones sobre el empleo.
En definitiva, señor Cuadra, con la moción que ustedes nos traen, que no podemos apoyar, hay dos actitudes muy claras. Una de ellas, la de ustedes, que miran a unos poquitos e intentan culpabilizarles de todo, y en el otro lado está el
Gobierno de España y el partido que yo represento, el Partido Popular. Tenemos nuestra acción política puesta en todos los ciudadanos porque el momento actual necesita respuestas de altura, respuestas de responsabilidad. Cuando hemos hablado del
IVA, cuando se ha hablado de la renta, a nosotros -y así lo ha dicho el Gobierno- no nos hubiera gustado subir ni el impuesto sobre la renta ni el impuesto del IVA. Son medidas temporales, extraordinarias y que responden a una situación gravísima.
Los más de 5,5 millones de parados y las personas que lo están pasando mal son la gran preocupación de este Gobierno y por eso el Gobierno está actuando así. Decía que había dos actitudes, la de los que miran a unos pocos y quieren
responsabilizarlos sin dar soluciones y la del Gobierno de España, que está trabajando en esa línea, en la del crecimiento de la economía, en la del crecimiento del empleo, porque es la base de nuestro sistema de bienestar, y es precisamente el
sistema de bienestar el pilar fundamental de la equidad. Es también un Gobierno que está luchando -y ahí están las medidas- contra el fraude, porque es injusto, porque es insolidario, y es un Gobierno que está articulando las medidas necesarias
para repartir los esfuerzos que le está pidiendo la ciudadanía española
con criterios de justicia y de equidad. En definitiva, señorías, nosotros rechazamos esta moción porque tenemos la convicción profunda de que el Gobierno de España está articulando y creando las palancas necesarias para el crecimiento y la
generación de empleo.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que acabar.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Termino, presidente. Es un Gobierno que está combatiendo el fraude fiscal y que, desde luego, está apoyando y articulando las medidas para intentar que toda la presión fiscal se realice con criterios de
justicia y equidad. Y lo demás, señores, son instrumentos al servicio de una sociedad, la española, que será la protagonista del progreso, del desarrollo y de la salida de la crisis.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bonilla.
Señor Cuadra, quiero preguntarle si acepta la enmienda de Izquierda Unida a su moción.
El señor CUADRA LASARTE: Sí. Como ya he expuesto en la intervención, aceptamos plenamente la enmienda de Izquierda Unida. Asímismo querríamos que la votación fuera de los seis puntos en dos bloques.
El señor PRESIDENTE: No, eso no es posible si acepta usted la enmienda.
El señor CUADRA LASARTE: La enmienda es únicamente a uno de estos dos puntos.
El señor PRESIDENTE: Ya, pero es la regla. Es decir, si acepta usted una enmienda, la votación tiene que ser conjunta. Si no la acepta, podemos votar en la forma que usted señale.
El señor CUADRA LASARTE: ¿Le puedo contestar en unos minutos?
El señor PRESIDENTE: Sí, cuando vayamos a efectuar la votación.
Muchas gracias, señor Cuadra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA GARANTÍA DE LAS PENSIONES. (Número de expediente 173/000048).
El señor PRESIDENTE: Debate de la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de la Seguridad Social y la garantía de las pensiones. Para su defensa, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace unos semanas, al presentar nuestra interpelación, le dimos a la ministra de Empleo la oportunidad de comprometerse públicamente con la revalorización íntegra de las pensiones y de debatir sobre la situación de la Seguridad
Social. La ministra rehuyó una vez más cualquier compromiso en materia de pensiones y también rechazó debatir en esta Cámara sobre el sistema de Seguridad Social. A la ministra le pareció más oportuno practicar el escapismo hablando de coches
oficiales, salarios de altos cargos y otras cortinas de humo. Nuestro grupo, perseverante, presenta esta moción que pretende que la Cámara se pronuncie sobre lo que consideramos que son hoy los retos más importantes de nuestro sistema de Seguridad
Social, y lo hacemos cuando hace escasamente unos días el Consejo de Ministros ha conocido un informe, precisamente de la ministra de Empleo, sobre los objetivos de futuras reformas de la legislación en materia de Seguridad Social. Vaya por delante
que para nuestro grupo es escasamente serio que el Gobierno pretenda la reforma de una ley, la 27/2011, cuando esta aún no ha entrado en vigor y que además lo hagan por razones no objetivas sino como consecuencia de las imposiciones de la troika,
que una vez más solo responden a los intereses de los lobbies del aseguramiento privado. Hoy presentamos en esta Cámara una moción que ofrece al Congreso la posibilidad de dar certidumbre y tranquilidad a los actuales pensionistas y también a los
trabajadores, activos hoy, pensionistas mañana.
Como habrán podido ustedes comprobar, señoras y señores diputados, nuestra moción contiene diferentes apartados. En un contexto de dificultades de liquidez, planteamos la necesidad de mejorar los ingresos del sistema de pensiones del
sistema de Seguridad Social incorporando medidas orientadas a
consumar el proceso de separación de las fuentes y aportando mayores ingresos fiscales a todo aquello que no tenga naturaleza contributiva. También presentamos un programa progresivo de subida de las bases máximas de cotización y, por
supuesto, la mejora de las bases mínimas de cotización en la línea del crecimiento del salario mínimo interprofesional, que debería en los próximos años acercarse claramente al objetivo del 60 % del salario medio. Planteamos también la necesidad de
modificar aquellos aspectos regresivos del Real Decreto-ley 20/2012 que afectan asimismo a la capacidad de ingresos del sistema de la Seguridad Social. Y por supuesto consideramos que en este contexto deberían arbitrarse medidas de transferencia
transitoria de recursos fiscales a la caja de la Seguridad Social que permitieran abordar esa situación de falta de liquidez momentánea.
En un segundo apartado nos planteamos la necesidad de que esta Cámara se pronuncie claramente a favor de mantener la actual legislación en materia de jubilación a tiempo parcial con el subsiguiente contrato de relevo como mecanismo para
propiciar la incorporación de las personas jóvenes al trabajo; y también -y es muy importante, creo, para dar certidumbre a los trabajadores actuales- mantener la edad de jubilación anticipada ordinaria a los sesenta y un años y no modificarla,
como parece que pretende el Gobierno, y elevarla a los sesenta y tres años, una medida que no tendría ningún sentido en relación con los futuros pensionistas pero que lo tiene todavía menos con 6 millones de parados prácticamente. Nos planteamos
también que esta Cámara se pronuncie en contra de cualquier medida que pretenda anticipar la edad de jubilación ordinaria fijada para 2007 en una horquilla que va de los sesenta y cinco a los sesenta y siete años, porque sin duda eso no tiene
ninguna justificación en términos de Seguridad Social y tampoco de empleo. Y por supuesto planteamos que esta Cámara se pronuncie claramente en relación con la regularización de las pensiones del año 2012 y 2013.
Señores del Partido Popular, les ha llegado la hora. Hasta ahora han practicado el escapismo de todas las maneras posibles. Tantas veces como los ministros y el presidente del Gobierno han sido preguntados sobre qué iba a suceder con las
pensiones de 2012, ustedes han utilizado el silencio, el eufemismo, cuando no el medio engaño. Ha llegado el momento, señores del Partido Popular, de que ustedes se pronuncien claramente en relación con lo que se están preguntando todos los
pensionistas de este país: ¿Va el Partido Popular, va el Gobierno a cumplir la ley, va el Gobierno a cumplir sus compromisos de revalorización de las pensiones para 2012? ¿O sus palabras solo eran un arma arrojadiza en relación con el Gobierno
anterior, o sus palabras solo eran un intento de acumular votos antes de las elecciones y acumular tiempo después de las elecciones? ¿Va el Gobierno del Partido Popular a aplicar en el año 2012 el diferencial que va a haber entre el IPC a 30 de
noviembre de 2012 en relación con el 1 % en que se incrementaron únicamente las pensiones a principios de año? Por lo tanto, ¿va a materializar esa paga extraordinaria que debe pagarse por ley a principios del año 2013, va a incorporar el Gobierno
definitivamente esa mejora, esa revalorización del año 2012 a las pensiones de 2013? Eso es lo que nuestro grupo plantea en su moción y eso es lo que van a tener que votar todos los diputados y diputadas de esta Cámara, también los diputados y
diputadas del Partido Popular.
Se les ha acabado el tiempo, señores del Partido Popular. Ya no les vale con más escapismos, ya no les vale con eufemismos, ya no les vale con dobles discursos, ya no les vale con promesas indistintas, ya no les vale con continuar sin
pronunciarse. Hoy, gracias a la moción presentada por el Grupo de La Izquierda Plural, ustedes van a tener que dar la cara ante los pensionistas de este país y van a tener que votar sí a nuestra moción o no a nuestra moción. Una vez más se van a
ver ustedes obligados a descubrirse delante de la ciudadanía. Tienen la oportunidad, les damos la oportunidad de que cumplan el compromiso que asumieron al principio de la legislatura con los pensionistas de este país o que otra vez demuestren que
sus compromisos son papel mojado. Si hoy ustedes no votan a favor de la regularización de las pensiones de 2012 y de esa incorporación a las pensiones de 2013, los ciudadanos de este país van a tener muchas e importantes razones para creer que
cuando ustedes hablan en mucha ocasiones mienten y cuando ustedes callan casi siempre lo que están haciendo es engañándoles.
En todo caso, no me quiero anticipar a los acontecimientos y espero que el Partido Popular vote a favor de la moción que hemos presentado porque, de lo contrario, van a demostrar que sus promesas de principio de esta legislatura eran papel
mojado, como en muchas otras cosas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.
A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Ruiz i Carbonell.
El señor RUIZ I CARBONELL: La iniciativa que tratamos y que nos presenta el Grupo de La Izquierda Plural no deja de ser una consecuencia más de la actitud del Gobierno del Partido Popular, actitud que hace que a estas horas del martes 30 de
octubre nuestros jubilados continúen en la incertidumbre. No saben si el Gobierno les pagará lo que están perdiendo cada mes debido al aumento del IPC, exactamente 2,5 puntos de poder adquisitivo. No saben si el próximo año sus ingresos serán
suficientes para atender a sus necesidades. Me lo explicaba mi amigo Josep Albert, president de la Associació de Jubilats de Torreforta, cuando me decía: los jubilados que conozco no hacen servir como antes los servicios del Imserso para ir de
viaje porque necesitan el dinero para ayudar a sus hijos, que lo están pasando mal, incluso a veces para darles de comer a los nietos, que vienen cada día a comer a su casa. Y ustedes saben que no estoy exagerando. Cuando se pregunta a nuestros
jubilados si ayudan a sus hijos, más de un 40 % dicen que sí: lo hacen en la hipoteca o en la compra de la semana o, como ya he dicho, en la manutención de sus nietos. En algún caso incluso te explican, a veces bajando la voz, que el hijo les ha
vuelto a casa con la pareja y con los nietos.
Hemos pedido que disipen esa incertidumbre la mayoría de los grupos parlamentarios aquí representados. Todos no. No recuerdo que últimamente lo haya hecho ningún miembro del Grupo Popular. Sin ir más lejos, la semana pasada, en el debate
de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, lo hizo nuestro grupo parlamentario. Se lo pedimos, como vemos que hace esta moción, no para contentarnos a nosotros con su respuesta, no, lo hicimos pensando en los
pensionistas. Les preguntamos si iban a revalorizar las pensiones y ustedes no nos contestaron. Con el ánimo de ayudar a disipar la incertidumbre y la preocupación de nuestros mayores que genera con su silencio el Gobierno del Partido Popular, el
Grupo Socialista ve oportuna esta moción. También la vemos oportuna por coherencia con los acuerdos que hemos suscrito todos en la Comisión del Pacto de Toledo. Es sobre la base de esa preocupación, créanme, muy extendida entre nuestros mayores,
por lo que nuestro grupo cree que tendríamos que llegar a acuerdos mayoritarios en estos temas, lejos de la lucha partidista, y hacer llegar un mensaje de tranquilidad a nuestros jubilados. Estamos convencidos de que es posible.
Les refresco la memoria por si acaso les flaquea. La segunda recomendación del informe de los pactos, de enero del año pasado, dice: la Comisión, como ha venido haciendo en el pasado, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los
pensionistas. Así que si el Grupo Popular suscribe lo que acabo de decir, ¿por qué no dicen de una vez que las revalorizarán, como les pedimos todos los grupos, todos los agentes sociales, todas las asociaciones de jubilados? ¡Pero si llevan años
diciendo que hay que revalorizar las pensiones cada año en los presupuestos! ¡Si no dejaron de señalarnos con el dedo continuamente diciendo que nosotros las habíamos congelado, no hace tanto! A pesar de que en 2009 nosotros las revalorizamos, de
manera que fue superior la revalorización al aumento del IPC, en concreto 1,7 puntos, aumento que se trasladó luego al año 2010. ¿Por qué callan ahora el Grupo Popular y el Gobierno? ¿Se encuentran atrapados por la demagogia de la que se hicieron
servir entonces? Porque ese silencio es el que crea la preocupación que estos días llega a todos nuestros jubilados. Porque ustedes decían que la revalorización era obligada, ¿o no era suya la moción de 2 de julio de 2010 aprobada en esta Cámara
que decía que había que garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones frente a la coyuntura económica adversa? ¿O no era diputado del Grupo Popular don Tomás Burgos cuando decía, el 25 de mayo de 2010, defendiendo una moción:
esta moción pretende garantizar el cumplimiento del Pacto de Toledo, y más adelante uno de los elementos clave desde su firma fue garantizar el poder adquisitivo de las pensiones de los españoles? Repito: Tomás Burgos. Les suena, claro.
El Grupo Socialista está de acuerdo, como dice la moción, en asegurar el poder adquisitivo de nuestros pensionistas, y con el fin de llegar a un acuerdo que esperamos sea mayoritario hemos presentado una enmienda para que recoja nuestro
criterio básico, que no es otro que el de que las modificaciones en el sistema han de ser consensuadas entre los diferentes grupos parlamentarios y compartidas por los agentes sociales. Estamos a favor, como dice la moción, de mejorar los ingresos
para asegurar la viabilidad futura del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Estamos de acuerdo en acabar el proceso de separación de fuentes, para que los gastos de naturaleza no contributiva y de gestión del sistema no se financien con
cotizaciones sociales. Estamos de acuerdo en aumentar las bases máximas de cotización para acercarlas al salario real y en mejorar las mínimas, al mismo tiempo que se incrementa el salario mínimo interprofesional. En definitiva, los socialistas
estaremos siempre dispuestos a introducir modificaciones para salvaguardar el sistema de pensiones. Eso sí, si reúnen dos condiciones: consenso
político y consenso social, con la participación de sindicatos y patronales y en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz i Carbonell.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, en primer lugar la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en un momento en que pende sobre la ciudadanía como una espada de Damocles la incertidumbre sobre lo que el Gobierno va a hacer en relación con las pensiones, es decir, si las va a revalorizar, si va a modificar la ley aprobada no
hace tanto tiempo, etcétera, nos parece muy oportuna la moción que acaba de defender el señor Coscubiela porque, efectivamente, se recogen una serie de puntos en los que es necesario incidir, por un lado, porque es necesario defender la
revalorización de las pensiones por las razones que él mismo ha expuesto, pero sobre todo porque recoge otros puntos que también están relacionados con aspectos que nosotros entendemos no se pueden tocar en nuestro sistema de pensiones. Por eso de
antemano decimos que vamos a votar favorablemente esta moción.
Queremos también añadir algunas cuestiones que nos preocupan, precisamente por esa actitud del Gobierno que provoca incertidumbre. Por cierto, es una palabra que han utilizado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra,
pero es que realmente así es como nos sentimos los ciudadanos en relación con este asunto. Nos parecen incluso preocupantes aquellos acuerdos que el Gobierno ha decidido trasladar en el último Consejo de Ministros a la Comisión de Seguimiento del
Pacto de Toledo a través de un documento -por cierto, aún no lo hemos recibido-, porque evidentemente demuestran que el Gobierno está más dispuesto a asumir las decisiones que externamente le están exigiendo, es decir, no está dispuesto a
enfrentarse a las presiones que desde Bruselas le están haciendo para modificar el sistema de pensiones, y nosotros no lo podemos entender porque, señorías, el Estado español tiene un gasto en pensiones 3 puntos menos que la media europea en
relación con el PIB. Por lo tanto, no entendemos por qué el Gobierno no hace frente a esas presiones exteriores que está teniendo, a las famosas presiones de Bruselas y el mercado. En relación con algunos asuntos de los acordados por el Gobierno
en el último Consejo de Ministros, no podemos entender por qué para resolver el problema del incremento de las prejubilaciones, que ha supuesto en los últimos años un 31 %, concretamente en los años de la crisis económica, el Gobierno tenga que
tomar medidas como desincentivar las jubilaciones anticipadas. Señorías, no hay ningún miembro del Gobierno presente y no puedo dirigirme a él, pero queda claro lo que queremos decir. Las prejubilaciones no se hacen por decisión de las personas
que entienden que ya han trabajado mucho y que se van de vacaciones, no; las prejubilaciones, que el Gobierno mismo dice que son en realidad una forma de hacer últimamente regulaciones de plantilla, son prejubilaciones obligadas como consecuencia
del despido de muchas personas que en el caso de determinada edad se resuelven por esta vía. ¿Qué vamos a hacer? La cuestión es que personas en una edad determinada se van a quedar sin ningún tipo de protección después de años de cotización.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, la recuerdo que comparte su tiempo.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señor presidente.
No es sobre el sistema de pensiones sobre el que hay que actuar, es sobre la cuestión laboral. Mientras la ministra dice que la última reforma laboral es un éxito para las empresas, no podemos resolver el problema de las pensiones porque el
éxito radica en el empleo. Si no hay empleo no hay cotización. El problema no es de los pensionistas, el problema es de la falta de empleo y, por lo tanto, de la falta de cotizantes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Señor presidente, señorías, es un hecho indiscutible que la Seguridad Social, las pensiones, son el fundamento del Estado de bienestar, por ello debería ser una obviedad que las pensiones se deben mantener,
reforzar y financiar. Pero digo debería ya que en este momento el Gobierno no ha aclarado cuál es su planteamiento cara al próximo año. El pasado curso vimos cómo el Partido Popular cumplió su promesa y subió las pensiones un 1 %, pero también
subió el IVA, los precios
públicos e instauró el repago de medicamentos. En definitiva, se bajó drásticamente el poder adquisitivo de los pensionistas. Y este año ¿qué? Señorías, es una cuestión de prioridades. El Gobierno, para salvar bancos, pide dinero a
Europa a cualquier precio. Eso sí, saber en este momento lo que les ocurrirá a más de 8 millones de pensionistas es todo un misterio, por lo que le solicitamos que no generen inquietudes y que, sobre todo, no empeoren la situación de los
pensionistas. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
En segundo lugar, queremos manifestar que el quinto punto de la moción es con el único que tenemos diferencias, ya que desde nuestra perspectiva soberanista apoyamos que esta competencia sea transferida y gestionada desde el País Vasco por
una razón de ley, por ser apoyado mayoritariamente por la sociedad vasca. Y, tercero, porque está demostrado que desde una gestión cercana se es más eficiente, con lo que podríamos ser más solidarios con los ciudadanos vascos y con el resto de
europeos. Esto lo decimos a colación de la campaña que están desarrollando los llamados constitucionalistas vascos, que no les importa que siga sin transferirse tras treinta años esta competencia del bloque constitucional, sino que además mienten
descaradamente cuando sostienen que a día de hoy el sistema de pensiones vasco no podría llevarse a cabo, que sería deficitario, obviando que los territorios vascos aportan más ingresos que gastos a la Tesorería de la Seguridad Social y que este
superávit se ha dado en estos últimos treinta años. Pero más allá de este hecho, desde Amaiur queremos defender un sistema diferente, apostando por parámetros europeos, como los que dedican mayor proporción del PIB a las pensiones o aquellos que
apoyan y financian el sistema por la vía impositiva.
En definitiva, apoyaremos esta moción, solicitando al Gobierno soberanía en esta materia, claridad sobre la cuestión y que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.
Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Parlamentario del PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, gracias.
Señor Iñarritu, me alegro de haber oído sus palabras y su invocación a la necesidad de cumplir el Estatuto de Autonomía de Gernika. Me imagino que, efectivamente, la transferencia del sistema de pensiones de la gestión de régimen económico
de la Seguridad Social está prevista en dos preceptos de este estatuto, en el artículo 18.2 y en la disposición transitoria quinta, incumplidos reiteradamente y reivindicados de forma igualmente reiterada por este grupo parlamentario desde hace
mucho tiempo.
Señor Coscubiela, vamos a apoyar su proposición de ley, no sin alguna matización que me gustaría hacerle. Usted tiene razón en el diagnóstico, un diagnóstico que provoca severas incertidumbres sobre la sostenibilidad del régimen financiero
del sistema de pensiones del Estado español. Primero, paradójicamente, a pesar de que el compromiso presupuestario con el sistema de pensiones es el más bajo de la Europa de los Veintisiete, el 29 % menos de pensión media de la Europa de los
Veintisiete, ni siquiera de la zona euro, y 3 puntos por debajo del producto interior bruto el presupuesto destinado a pensiones, lo cual no ha impedido que ya el sistema contributivo empiece a generar déficits, que pueden convertirse en
estructurales, nada menos que de 6 millones de euros, y que este año ya se haya tenido que recurrir al Fondo de reserva de pensiones.
Me han parecido un tanto relativizadores otros problemas que gravitan sobre la sostenibilidad financiera del sistema, como por ejemplo los flujos migratorios. No es una cuestión baladí. El Estado español empieza a tener flujos migratorios
negativos por primera vez el año pasado, 50.000 personas menos, 50.000 extranjeros abandonaron el Estado español por falta de oportunidades de empleo. La edad o las expectativas de vida de personas que, si se cumplen los requerimientos
constitucionales, van a prolongar sus expectativas de vida percibiendo alguna prestación del sistema público de pensiones. En materia de expectativas de vida le voy a citar algunas cifras que son particularmente elocuentes. Si partimos del año
1991, la población mayor de sesenta y cinco años era de 5.073.000 personas. En el año 2049 se multiplica por tres el número de personas mayores de sesenta y cinco años, llega a 15.325.273 personas. Si empezamos, para las personas entre sesenta y
cinco y setenta y nueve años, señor Coscubiela, a computar el año 1991 nos encontramos con 4.223.384 personas. En el año 2049 vamos a convivir con 9.680.933 personas entre sesenta y cinco y setenta y nueve años. Y, por si fuera poco todo lo
anterior, y es bueno, porque eso quiere decir que vamos a vivir más años, sabe Dios en qué condiciones -eso no se lo puedo aseverar-, los mayores de ochenta años en el año 1991 eran solo 1.147.868, pero ya en el
año 2049 van a ser nada menos que cinco veces más, 5.644.340, todos prestatarios, beneficiarios del sistema público de pensiones.
Respecto al otro elemento referencial que tenemos que considerar, que es la evolución del empleo, qué quiere que le diga. Usted conoce perfectamente los datos de la última EPA. Estamos hablando de 6 millones de desempleados, si excluimos
de la EPA las manipulaciones estadísticas que en ella se contienen, como por ejemplo dos particularmente aberrantes, considerar trabajador a una persona que trabaja cinco horas a la semana o considerar trabajador a una persona que está vinculada a
una empresa no por un contrato de trabajo sino por un contrato en prácticas o en formación. Y en relación con las expectativas de creación de empleo, a pesar del optimista desiderátum manifestado por la ministra de Empleo, usted y yo tenemos un
informe del Fondo Monetario Internacional donde se acredita que será muy difícil, por usar un eufemismo amable, que la economía del Estado español empiece a crecer en porcentajes en términos de producto interior bruto suficientes para crear empleo
hasta el año 2017. Luego, relativizar estas cuestiones me parece preocupante y me parece también preocupante esta apología que usted ha hecho al contrato de relevo. Yo no lo consideraba a usted, que es un experto laboralista, una persona
brillante, lúcida, un apologeta del contrato de relevo, que gravita muy negativamente sobre las finanzas del sistema público de pensiones. Yo soy todo lo contrario, yo estaría en la tesitura de hacerlo desaparecer inmediatamente, porque el contrato
de relevo, sin perjuicio de que es casi colectivamente fraudulento, porque el relevista no es sustituido por el que le va a relevar y al revés, sin perjuicio de eso, la Seguridad Social tiene que afrontar la parte que le corresponde de la reducción
de la jornada que el relevado ha sufrido o de la que se ha beneficiado, mejor dicho. Esto gravita también...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, vaya concluyendo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo con estas palabras.
Desde esa perspectiva, no relativicemos estas cuestiones. Es muy fácil hacer discursos en relación con la pertinencia del mantenimiento de un requerimiento constitucional y una cobertura universal, pública y suficiente de las pensiones.
¿Cómo se hace esto? Además de lo que usted propone aquí, hay que hacer seguramente muchas más cosas.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señor Coscubiela, nosotros tenemos la práctica habitual de debatir con los grupos las mociones en los términos que las presentan, porque nos parece que las aportaciones de cada grupo son interesantes y es interesante el debate
político en torno a ellas, y por eso le quiero señalar que en esta moción enjundiosa que ustedes presentan, con numerosos puntos que abordan prácticamente todos los ámbitos en el campo de las pensiones y de la Seguridad Social, estamos de acuerdo
con algunos puntos, sobre todo con el relativo a la separación de las fuentes de financiación, que debe culminarse aunque se haya avanzado en ella, y con otros estamos en contra, y sí que somos partidarios de incentivar el retraso en la edad de
jubilación y de hacerlo de manera voluntaria. Sin embargo, en esta intervención no me voy a dirigir esencialmente a usted ni a los puntos estrictos de su moción, porque lo más relevante y lo que deberíamos sacar hoy en claro -usted mismo lo ha
señalado hoy aquí- es que se pueda disipar la incertidumbre que ha generado el Gobierno en torno a la revalorización de las pensiones. Ese es uno de los dos puntos fundamentales de su moción, a los que yo me voy a referir, junto al relativo a la
recuperación del consenso en la Comisión del Pacto de Toledo. Es muy lamentable que este Pacto de Toledo, firmado a mediados de los años noventa y que desde entonces ha funcionado, se haya quebrado justo en el momento en que estamos sumidos en
plena crisis económica, porque el mensaje que le lanzamos a la sociedad es: las pensiones son muy importantes, es muy importante tener un consenso parlamentario de todos los grupos sobre ellas, pero, cuando vienen los momentos difíciles, lo primero
que se hace es quebrar ese consenso, que es lo que ha ocurrido, se quebró ya en el año 2010 y el Gobierno en el momento actual, lejos de estar dispuesto a restaurarlo, está insistiendo en esa ruptura del consenso. Este es uno de los puntos
fundamentales de esta moción, el recuperar ese consenso para que este tema tan
sensible y tan importante para la sociedad sea debatido en los términos más conciliatorios posibles en esta Cámara.
El otro punto fundamental al que me quiero referir es la revalorización de las pensiones; ahí sí que me quiero dirigir al Gobierno -vaya, estaba uno de sus miembros aquí, pero ya tampoco- o al Grupo Popular, que hace de correa de
transmisión, porque me parece verdaderamente delirante que estemos discutiendo si el Gobierno va a cumplir la ley o no la va a cumplir. La ley obliga al Gobierno a revalorizar las pensiones de acuerdo con la inflación, y es algo que el Gobierno
parece no tener intenciones de hacer, y parece no tener intenciones ni siquiera de aclararlo, más bien lo que ha hecho es sembrar mayor confusión con esa extravagante propuesta que dejó caer hace algunas semanas respecto a inventar una nueva forma
de calcular el IPC que consiste en excluir el IVA, así se crea una inflación, en fin, a los ciudadanos se les cobra el IVA pero luego no se les paga cuando se les tiene que retribuir en las pensiones. El Gobierno debe comprometerse a garantizar ese
poder adquisitivo de las pensiones porque lo que estaría haciendo si no, la insólita labor que estaría haciendo es empujar a la pobreza a millones de pensionistas. Y no solamente a ellos, porque en este momento -ya lo han señalado algunos otros
portavoces-, según la EPA que conocimos la semana pasada, 1.700.000 hogares españoles tienen a todos sus miembros en paro y en muchos casos muchos de ellos dependen exclusivamente de la pensión de ese familiar que la cobra, y empobrecer a quien
cobra esa pensión equivale a empobrecer a cientos de miles de familias enteras. Creo que es muy grave que el Gobierno mantenga esta incertidumbre.
Señores del PP, lamento tener que decirles esto, pero la insensibilidad que ustedes han demostrado hacia el sufrimiento que está pasando mucha gente en este momento de la sociedad, más allá de retórica, se redobla al no aclarar esta
incertidumbre. Porque el mínimo respeto que se le debe a los ciudadanos, si no van a subir las pensiones más que ese 1 % anunciado, es al menos decírselo, no mantenerles en esa incertidumbre como si los pensionistas fueran idiotas y no se
estuvieran dando cuenta o como si tampoco les importara añadir a ese empobrecimiento la tomadura de pelo que significa no clarificar las cosas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Lozano, tiene que finalizar.
La señora LOZANO DOMINGO: Sí, estoy terminando.
Ya lo han señalado otros portavoces y no me puedo detener en ello, pero el problema fundamental que gravita sobre las pensiones es el del desempleo, y en esto tienen que admitir que sus políticas son fallidas y, por lo tanto, tienen que
cambiar también de política de empleo. Ya sé -lo he dicho- que quizá no les conmueve el sufrimiento de los millones de desempleados, pero es que al final son políticas que acaban perjudicando su única obsesión, que es la contable, la del déficit,
porque son políticas de empleo, o casi mejor diríamos políticas de desempleo, que reducen el número de cotizantes y, por lo tanto, amenazan la sostenibilidad de la Seguridad Social.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Reducen la recaudación de impuestos y acaban perjudicando al déficit, que parece que es su única preocupación. (Un señor diputado: ¡Tiempo!). Mírenlo de ese modo, aunque solo sea por contribuir a la reducción
del déficit, que es lo que les importa...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Lozano, lo siento pero ha superado su tiempo. Termine ya.
La señora LOZANO DOMINGO: Si revisan las políticas de empleo será mucho más fácil hablar de todas estas cuestiones. Y en aras del consenso que he anunciado, votaremos a favor aunque no estemos de acuerdo con todos los puntos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señor Coscubiela, hemos de agradecerle su iniciativa porque nos permite tener un primer debate en el Pleno del Congreso en relación con las reformas que se están anunciando por parte del Gobierno y nos
permite reiterar la posición de los grupos sobre aquello que hoy es más urgente en este tema, como es si el Gobierno va a cumplir la legislación en materia de Seguridad Social que obliga a revalorizar las pensiones. He de decirle en
relación con el contenido de su iniciativa, que es muy amplia y rigurosa -eso se lo voy a reconocer sin lugar a dudas-, que suscitaría un debate muy amplio sobre el conjunto de políticas que en materia de Seguridad Social deberían impulsarse;
seguramente a esas que usted plantea, quizás en términos parecidos o en términos distintos habría que añadir otras políticas. Por tanto, mi grupo ha optado por no presentar ninguna enmienda y si usted va a mantener el texto tal cual y si se va a
plantear una votación por separado, va a permitir que Convergència i Unió apoye algunos de sus puntos. Muy singularmente las diputadas y los diputados de Convergència i Unió, tal y como hemos presentado la enmienda correspondiente en el Senado,
votaremos el punto de su moción en el que plantea la necesidad de revalorizar las pensiones, tal como -insisto- la legislación española prevé. Decía que su moción permite una primera discusión sobre la reforma que el Gobierno parece que ha
anunciado después de la aprobación de los informes por parte del Consejo de Ministros que se van a remitir a la Comisión del Pacto de Toledo en relación con la modificación de la jubilación parcial, la jubilación anticipada y la compatibilidad de la
pensión con el trabajo remunerado. No me ha parecido entender que el Gobierno haya elaborado un informe en relación con la determinación del factor de sostenibilidad.
Quisiera trasladar dos consideraciones al Grupo Popular. Primera, prudencia en la reforma del sistema de pensiones. La reforma es muy reciente, buena parte de ella va a entrar en vigor el 1 de enero del año que viene. Por tanto, abordar
una reforma, que fue compleja en el acuerdo político -en el que ustedes no fueron aliados ni mucho menos del consenso- y fue compleja en el acuerdo social, en el que hubo que agradecer el sentido de la responsabilidad de los agentes sociales,
singularmente de UGT y de Comisiones Obreras, plantear ahora esa reforma, insisto, háganlo desde la prudencia más estricta, porque a esa reforma hay que darle recorrido. El consenso político alcanzado en el último momento en esta Cámara entre otros
por un acuerdo con don Valeriano Gómez, entonces ministro de Trabajo, con nuestro grupo parlamentario permitió que la prolongación de la edad legal de jubilación fuese de manera gradual y flexible, para evitar que aquellos trabajadores más maduros,
aquellos trabajadores que estaban en sus últimos años de carrera laboral no se viesen perjudicados por una modificación de la edad legal de jubilación. En ese sentido, los diversos instrumentos que conforman esas distintas formas de llegar a la
jubilación sin haber alcanzado los sesenta y cinco años constituyen parte de ese proceso de jubilación gradual y flexible. Por tanto, prudencia en las reformas que se planteen en esta materia, ningún tipo de precipitación.
Segunda consideración, cualquier reforma que tenga como objetivo prolongar la vida activa de los trabajadores debe resolver hoy en España el problema de que el mercado de trabajo expulsa y castiga a los trabajadores mayores de cincuenta y
cinco años y la ausencia de políticas públicas por parte del Gobierno para dar respuesta a las necesidades de esos trabajadores más maduros, en términos de mantenimiento del empleo, y algunas decisiones que se han tomado de reducción de
bonificaciones a la Seguridad Social afectan muy directamente a esos trabajadores, o la ausencia del desarrollo de la estrategia española para trabajadores de más edad. He de recordarles que la Unión Europea nos insta a desarrollar esa estrategia
porque, señorías, si ustedes entorpecen la jubilación parcial y hacen imposible la jubilación gradual y flexible y no apoyan a los trabajadores más maduros, cualquier reforma que hagan en esta materia va a ser injusta para personas con largas
carreras de cotización pero que se encuentran en un mercado de trabajo que les expulsa. Espero que tengan el sentido común, la sensibilidad que esta materia exige. Por tanto,...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano, tiene que finalizar.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.
Espero que el consenso que hizo posible en la pasada legislatura avanzar en este tema, se mantenga en esta legislatura y, además, con su participación, que entonces no estuvieron apoyando los acuerdos en esta materia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Gracias, señora presidenta.
Dice el texto de esta moción, señoría, que el Gobierno no ha hecho más que generar incertidumbre sobre el futuro de la Seguridad Social y las pensiones. Nada más lejos de la realidad, señor Coscubiela. Los que están continuamente generando
incertidumbre y confusión son ustedes con este tipo de mociones y de interpelaciones, pero ya nos tienen acostumbrados, porque lo hicieron también con la prórroga del Plan Prepara, atemorizando a los ciudadanos y, al final, como no podía ser de otra
manera, el Plan Prepara se prorrogó. Y yo creo que en momentos difíciles los miembros del Pacto de Toledo deberíamos lanzar un mensaje de tranquilidad, de normalidad y de seguridad a los más de 8 millones de pensionistas de este país porque sus
pensiones están garantizadas y usted lo sabe, señor Coscubiela. Por tanto, le ruego que dejen de utilizar las pensiones como arma política porque creo que el colectivo de pensionistas no se lo merece.
Entrando ya en el fondo de la cuestión, en la revalorización de las pensiones, le recuerdo también, señorías, que, a pesar de la difícil situación económica en la que nos encontramos y de la herencia recibida, porque todo hay que decirlo
(Rumores), el Partido Popular recibió la Seguridad Social en déficit, un déficit que en el año 2010 y en el año 2011, después de siete años de Gobierno socialista, ha ascendido a más de 7.705 millones de euros en el nivel contributivo. Como les
decía, a pesar de ello, la primera decisión que adoptó el Gobierno del Partido Popular fue subir las pensiones en el año 2012 y subir las pensiones en el año 2013. Eso es lo que el Partido Popular ha hecho y ya se lo dijo también la ministra, señor
Coscubiela, no eludió ningún tipo de debate. Les recuerdo, señorías, que esta subida de las pensiones es un esfuerzo muy importante del Gobierno del Partido Popular, porque fue un Gobierno socialista, el Partido Socialista Obrero Español
precisamente, el que tiene el dudoso honor de haber congelado las pensiones. Ahí sí que perdieron poder adquisitivo todos los pensionistas, porque ese poder ya no lo recuperan, se consolida para el resto. (Aplausos). Por tanto, señorías, lo que
está claro es que el Partido Popular no va a hacer lo que hizo el Partido Socialista, que fue congelar las pensiones. Ahí están los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y para el año 2013 con la subida de pensiones.
Me alegra también que me hable de la mejora en los ingresos de la Seguridad Social y de las fuentes de financiación. Lo dije en la Comisión de Presupuestos, creo que son unos presupuestos absolutamente históricos porque se culminan con la
separación de las fuentes de financiación, que usted sabe que es la recomendación primera del Pacto de Toledo y que es requisito absolutamente imprescindible para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema de Seguridad Social. Por tanto,
señoría, creo que debemos estar tremendamente orgullosos del esfuerzo que el Gobierno del Partido Popular va a hacer porque el Estado va a asumir por primera vez el cien por cien de los complementos a mínimos. Lo recogimos con una financiación
estatal de un 37,5 % y en el año 2013 se va a culminar la financiación estatal plena. Estamos hablando de que las aportaciones del Estado para el presupuesto de la Seguridad Social se van a incrementar nada más y nada menos que un 75 % y van a
llegar a los 15.500 millones de euros. Señorías, esto es apostar por la viabilidad y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. Es decir, que en dos años, en el año 2012 y en el año 2013, vamos a hacer lo que el Gobierno socialista no
ha hecho en siete años. Por eso digo que es un presupuesto histórico, precisamente porque es clave para la sostenibilidad del sistema, y es clave porque una de las mayores presiones que ha tenido nuestro sistema de pensiones, aparte, lógicamente,
de la crisis y la caída de cotizantes, ha sido la insuficiencia de financiación en el ámbito no contributivo. Es decir, que se ha estado cargando el sistema de Seguridad Social con gastos impropios, y lo peor es que en los últimos años de Gobierno
socialista esos gastos impropios no solo no se han reducido, sino que se han incrementado considerablemente. Se lo dijo la ministra en la interpelación, del año 2003 al año 2011 se habían incrementado los gastos impropios un 327 %. Señorías, eso
no es apostar por la garantía y por la viabilidad del sistema de Seguridad Social. Usted me dice que en esa separación de las fuentes de financiación se incluye también el capítulo 1 y 2, pero le recuerdo que eso no es lo que se pactó en el diálogo
social. Vamos a incrementar las bases máximas de cotización, como usted también pide en la moción.
Con respecto a la jubilación parcial y anticipada vamos a racionar las prejubilaciones. Se lo adelanto ya, la semana que viene seguramente habrá Comisión del Pacto de Toledo donde podremos analizar estas cuestiones y espero llegar a un
consenso en el seno de la Comisión, así como también con el factor de sostenibilidad que usted sabe que en el desarrollo de la Ley 27 habrá que definirlo y espero también poder llegar a consensos con usted y con el resto de los grupos políticos. No
se preocupe por la Ley 27, nosotros vamos a ser absolutamente respetuosos. Es decir, no vamos a alterar la ley en lo que se refiere al periodo transitorio para establecer la edad de jubilación a los sesenta y siete años.
En cuanto al Fondo de reserva, del que también hablaba el señor Olabarría, es verdad que el Fondo de reserva tiene casi 70.000 millones de euros a fecha 1 de septiembre y que se crea por una ley del
Partido Popular precisamente para dar cobertura y para tener reservas en el ámbito contributivo para atenuar los efectos de los ciclos económicos, pero hay que decir que en los años 2008 y 2009 no se cumplió la ley. La ley dice que los
excedentes del sistema de Seguridad Social deben ir prioritariamente al Fondo de reserva. Son casi 15.000 millones de euros que deberían estar en el Fondo de reserva y, por tanto, son 15.000 millones de euros de los que se ha privado a los
pensionistas. Señorías, ¿en qué se gastó el Partido Socialista estos 15.000 millones de euros? No lo sabemos, porque se congelaron las pensiones y se dejó en déficit el sistema.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora España, vaya terminando.
La señora ESPAÑA REINA: Sí, ya termino, señora presidenta.
En cuanto a la reforma laboral, de la que hablaba también la señora Fernández Davila, señoría, la reforma laboral es la misma para toda España. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En la última EPA del tercer trimestre hay ocho
comunidades autónomas donde el paro ha descendido; es decir, se está creando empleo en ocho comunidades autónomas. Lamentablemente, y lo siento por mi tierra, no es el caso de Andalucía. Andalucía tiene la tasa más alta de paro de toda España y,
lamentablemente, tres de cada cuatro nuevos parados son andaluces.
Termino, presidenta. Separación de fuentes de financiación para garantizar la sostenibilidad del sistema y revalorización de pensiones para dar seguridad y tranquilidad a los pensionistas. Esas son las dos premisas fundamentales del
Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
Señor Coscubiela, ¿acepta la enmienda presentada por el Grupo Socialista?
El señor COSCUBIELA CONESA: Señor presidente, después de la frustración de no saber aún qué va a hacer el Partido Popular con el tema de las pensiones, le tengo que decir que hemos pactado con el Grupo Socialista que no le aceptamos la
enmienda. Por tanto, solicito que se vote por separado cada uno de los cinco puntos de nuestra moción.
El señor PRESIDENTE: Eso ya me lo dirá en su momento. Ahora no acepta la enmienda.
El señor COSCUBIELA CONESA: No, hemos pactado que no la aceptamos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE EL GOBIERNO PIENSA LLEVAR A CABO PARA APOYAR AL TERCER SECTOR Y ASEGURAR LA COHESIÓN SOCIAL. (Número de expediente 173/000049).
El señor PRESIDENTE: Última moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para apoyar al tercer sector y asegurar la cohesión social. Para su defensa, tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Hace quince días pudimos discutir a fondo con la ministra Mato sobre la necesidad de políticas públicas de apoyo al tercer sector en un contexto de creciente desigualdad y de aumento de la pobreza y sobre el papel fundamental que este tercer
sector juega para hacer frente a este tipo de situaciones. Al mismo tiempo, expresábamos la enorme preocupación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por la afectación a la dinámica de las entidades del tercer sector por las
políticas de recorte del gasto público, por la desaparición de las obras sociales de las cajas de ahorros y por la pérdida de personas y empresas que donan dinero a las iniciativas del tercer sector. Planteábamos un esfuerzo de movilización desde
la capacidad de gasto del Estado central en apoyo del tercer sector y afirmábamos que era necesario un FROB para el tercer sector social para que, de la misma manera que hemos sido capaces de movilizar miles de millones de euros para salvar al
sector financiero, aquel instrumento de la sociedad civil que garantiza en buena medida la cohesión social, que es la iniciativa social, tuviese también un instrumento que le permitiese hacer frente a esta gravísima crisis.
En este sentido, hemos planteado una moción que, en primer lugar, pone el acento en aquello que es más urgente para las entidades del tercer sector, como es el acceso al crédito. En un momento en que las administraciones públicas están
sometidas a graves tensiones de tesorería, a menudo no pueden hacer
frente a sus responsabilidades de pago para las iniciativas del tercer sector, tanto en el ámbito de las comunidades autónomas como en el ámbito de la Administración local. Hoy es fundamental poder tener acceso al crédito para permitir que
esas entidades puedan continuar funcionando. Ahí planteábamos la necesidad de que el ICO pusiese en marcha, de manera complementaria con aquellos instrumentos que se promueven desde las comunidades autónomas, líneas de actuación dirigidas a
permitir ese acceso al capital para hacer frente a los problemas de morosidad e impago de las administraciones. También reclamábamos la puesta en marcha de una política de apoyo a las sociedades de garantía recíproca especializadas en la economía
social para que permitiesen ese acceso al crédito en mejores condiciones financieras para esas entidades sociales.
Planteábamos también una reforma de la Ley de Mecenazgo, comprometida por el Grupo Popular. En un momento en el que los recursos públicos decaen, el esfuerzo de movilización de privados -personas y empresas- debe ser impulsado desde la
legislación con unos incentivos fiscales más interesantes que aquellos que existen. No afecta tan solo al mundo social, afecta al conjunto de la sociedad civil organizada, pero en el ámbito de lo social es especialmente urgente. Planteábamos
también una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para garantizar los principios de igualdad de trato y no discriminación de las entidades del tercer sector en relación con el tratamiento del IVA en la contratación pública, que hoy las
discrimina de manera dura. Finalmente planteábamos la creación de un fondo de reestructuración para el tercer sector en la línea del funds transition que ha puesto en marcha el Gobierno de Gran Bretaña, un fondo que desde la capacidad de gasto del
Estado pero de común acuerdo con las comunidades autónomas permitiese impulsar un proceso de modernización de ese tercer sector. Entendíamos que sería bueno que el Gobierno aprovechase lo previsto en el artículo 196 del Reglamento del Congreso -en
los años que llevo de diputado en esta Cámara no tengo conciencia de haberlo utilizado nunca- y compareciera en la Cámara posicionándose en su política en esta materia y que eso permitiese un debate del conjunto de los grupos sobre políticas a
desarrollar en el ámbito del tercer sector.
Esta es la moción que no me atrevo a calificar de ambiciosa porque la agenda en relación con el tercer sector es mucho más amplia que aquello que plantea Convergència i Unió, pero sí incide en aquellas cuestiones que son fundamentales para
permitir esa debilidad del tercer sector en el corto plazo, que son acceso a crédito, mejoras en el ámbito del mecenazgo, tratamiento del IVA adecuado y medidas de reestructuración a corto plazo con este fondo de reestructuración.
He de decir que la portavoz del Grupo Popular, la señora Quintanilla, y en buena medida también la señora Esteve, del Grupo Socialista, que son los dos grupos que han enmendado la moción, se han mostrado abiertas a buscar un texto que
permitiese un acuerdo hoy en la Cámara; acuerdo que hemos alcanzado y que está basado en tres de los puntos de la moción de la señora Quintanilla y en dos de los puntos de la moción de Convergència i Unió, los que hacen referencia a ese acceso al
crédito a través de las líneas que ICO puede instrumentar y en el apoyo a las sociedades de garantía recíproca. Al grupo de la mayoría, al que insisto que le agradezco el esfuerzo de consenso en esta materia, le ruego desde la tribuna que seamos
capaces de dar cumplimiento a esta moción que va a generar importantes expectativas al tercer sector; que no sea una moción de aquellas que aprobamos en la Cámara y que terminan durmiendo el sueño de los justos, que luego el Gobierno, no este sino
los Gobiernos en general, no sea capaz de darle cumplimiento.
Cuando le trasladábamos a la señora ministra y al Grupo Popular la necesidad de impulsar una política urgente de apoyo al tercer sector, les estábamos expresando aquello que necesitan muchísimas entidades de la sociedad civil, no tan solo de
nuestro país, de Cataluña, no tan solo de la taula del tercer sector, sino de las propias plataformas estatales que operan en este ámbito. Hace muy pocas semanas el Cermi hacía pública la cantidad de recursos que el conjunto del sector público
debía a las entidades exclusivamente de la discapacidad: más de 200 millones de euros debe el sector público al sector de la discapacidad. Por tanto, ese SOS que a través de esta moción expresamos en relación con las necesidades del tercer sector
no es simplemente una posición política que expresa Convergència i Unió como resultado de una posición exclusivamente de carácter partidista, sino una demanda que la sociedad civil nos viene trasladando desde hace tiempo. Lógicamente no se puede
atribuir a ninguna de las comunidades autónomas, en esa situación de impagos, en esas demoras en sus responsabilidades, en esas políticas de recortes de servicios públicos, la principal responsabilidad. La principal responsabilidad responde a un
diseño de la política presupuestaria y a un diseño de la política de reducción del gasto público, que sitúa en las comunidades autónomas la principal responsabilidad de reducción de sus presupuestos, afectando al desarrollo de esas políticas
públicas y al desarrollo de unas políticas públicas que a menudo, en el
campo de lo social, son desarrolladas por la iniciativa social. En este sentido, señorías, mi grupo preferiría que fuese la propia dinámica de funcionamiento de las comunidades autónomas -en nuestro caso, que fuese la propia política que
desarrollase el Gobierno de la Generalitat a través de los instrumentos que están en su mano- la que permitiese hacer frente a ese tipo de situaciones. Hoy reclamamos la implicación de la Administración General del Estado, de la Administración
central, en salvar al tercer sector social porque las capacidades de gasto existen en el ámbito de la Administración General del Estado, no en el ámbito de las comunidades autónomas. Puesto que nos acompaña el señor Montoro, he de aprovechar para
trasladarle que ese esfuerzo que hemos hecho en relación con el sector financiero y que se hizo con el sector de las pequeñas empresas y los autónomos al principio de esta legislatura necesitamos trasladarlo también al tercer sector de acción
social. Existe el riesgo objetivo de que ese sector, fruto de la situación financiera y de tesorería de las comunidades autónomas, fruto de la sequedad de acceso al crédito, fruto de las decisiones que se tomaron a principios de este año, tiene
enormes dificultades para subsistir y son muchas las entidades, las asociaciones, las fundaciones que están en riesgo de cerrar, y de hecho están cerrando, debilitando la atención de personas ofreciendo menos servicios.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, le ruego que termine.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Espero que la moción que hoy aprobemos sea útil en esos términos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
A esta moción se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señor presidente, señorías, señor Campuzano, en relación con su moción sobre el Plan de medidas de apoyo al tercer sector ya le anticipé que el voto de mi grupo iba a ser afirmativo, y ahora, después de haber
transaccionado la enmienda que hemos presentado, le confirmo nuestro voto. Esta moción a mi grupo le gusta porque procura entrar a fondo para resolver los problemas de financiación que tiene el tercer sector social. Ustedes quieren incidir -lo
acaba de señalar el señor Campuzano- en los ingresos, en el crédito, en el IVA, en los avales financieros y en la reforma de las leyes que les amparan. Dicho de otra manera, creo que su grupo ha hecho un trabajo de modernización que era necesario
y, por tanto, queremos dejarlo ahí, dándole nuestro apoyo. Las medidas nos darán garantías y apoyo al tercer sector, a la labor de las organizaciones para atender y responder de manera complementaria a las necesidades sociales desde el territorio o
desde el sector en que se quiera incidir. Nos gusta, nos interesa el valor añadido del tercer sector, lo que nos aporta, que es inclusión, cohesión social y creación de puestos de trabajo y retornos económicos. Pero queremos añadir otro aspecto.
Hoy el tercer sector tiene otras preocupaciones, aparte de las que se señalan en la moción y no están en ella contempladas, y son las derivadas del aumento de la demanda ciudadana.
La situación de crisis hace que la petición de ayuda se haya disparado y el mantenimiento de los servicios básicos que prestan sea una tarea cada vez más difícil, quedando muchos sectores de la sociedad en una situación de indefensión. En
paralelo -y quiero dirigirme a la señora Quintanilla- nos preocupa que el Grupo Parlamentario Popular haya dejado las partidas sociales en una situación de recorte importante, sobre todo las de desempleo, o algunas eliminadas, derivando su
responsabilidad como Gobierno al tercer sector, que a duras penas puede sobrellevar esta situación. Ahí está nuestro punto crítico: no delegar en la sociedad, que a duras penas puede dar respuesta, porque este es un tema de responsabilidad
pública. Para esta coyuntura, para esta situación actual yo le pido al Grupo Parlamentario Popular que en esta moción atienda también la enmienda a los presupuestos que hemos presentado de un millón de euros para atender las necesidades inmediatas.
Necesitamos un colchón social para evitar la caída en la exclusión y la pobreza de buena parte de la población, y no derivar en las organizaciones sociales el peso de dar respuestas inmediatas. Esta partida permitiría al tercer sector, a los
ayuntamientos y a las comunidades autónomas, un nivel de respuesta hoy totalmente necesario. Necesitamos respuestas públicas ya. No podemos dejar para mañana la atención a situaciones de emergencia social esperando que se cree empleo y
crecimiento. Desde nuestras conciencias, desde nuestros valores tenemos la obligación de garantizar este colchón de protección para las personas más vulnerables. Todos sabemos que las partidas finalistas situadas en los territorios
tienen un efecto multiplicador. Es la virtud de las políticas sociales; con poco se consigue mucho y en manos del tercer sector realmente tienen un buen destino.
Señor Campuzano, desde mi estima y respeto que usted conoce, quiero recriminarle el incumplimiento de Convergència i Unió con las entidades sociales en los impagos y con los recortes que inciden en la desatención de las familias y de los
sectores más desfavorecidos. A veces tengo la impresión de que están dejando a una parte importante de la población, a un 29 %, a su suerte. Le pongo un ejemplo. Aquello que creamos en un momento dado conjuntamente, la renta mínima de inserción,
ha quedado minimizada, es casi un espectro de lo que fue; y la sentimos mutuamente propia, ¿no? Otra cuestión se refiere a los recortes más generalizados, por ejemplo, las becas de comedor. Yo sé que a ustedes les preocupa, y a mi grupo también,
el tema de los niños en situación de pobreza. Le doy un dato reciente, de esta tarde; en Cataluña hay 10.000 niños en riesgo de quedar en situación de exclusión.
Todos sabemos que cuando se gobierna se prioriza. Ustedes han favorecido, en el caso de Convergència i Unió, le pongo este ejemplo, la retirada del impuesto sobre sucesiones al 6 % de la población catalana y castigan al cien por cien de la
población con el euro por receta. ¿No cree que es un repago discriminatorio? ¿No cree que no toca? Solo con la mitad de lo que se deja de recaudar por el impuesto sobre sucesiones se podría retirar el euro por receta. Fíjese, la mitad del 6 %
para el cien por cien, que a veces tiene la dificultad del acceso al medicamento. A los respectivos Gobiernos les reclamamos más políticas de justicia y de equidad social. Nos apena, porque al final acaba primando la ideología orientada a cuidar a
los que más tienen, a los que más presionan, y a infradotar los servicios públicos. Esa fortaleza que necesita lo público para poder dar respuestas reales al bienestar, a las necesidades sociales y por descontado a este tercer sector, que con su
acción multiplica respuestas, atiende desde la proximidad y soluciona con sus estructuras de intermediación la cohesión social, la integración y la lucha contra la exclusión.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra a señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señor presidente.
Tomo la palabra en nombre de mi grupo parlamentario para, como ya hizo la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, darle las gracias hoy más que nunca, señor Campuzano, por presentar esta moción, ya que nos da la oportunidad de
volver a dar las gracias en sede parlamentaria al tercer sector, a esos hombres y mujeres que con su trabajo desde el voluntariado social llegan al lado de los más vulnerables, de aquellos que sufren la exclusión social. Por ello quiero darle las
gracias y decir a estas entidades que sigan trabajando, que tienen el apoyo de este grupo parlamentario y también del Gobierno de España, porque además llegan a donde no llegan las administraciones públicas, ampliando el abanico de los servicios
sociales a la mayor parte de la población y de los colectivos. Por tanto, señor Campuzano, desde el Grupo Parlamentario Popular debemos decirle, y así lo mantengo, que estamos totalmente de acuerdo con su moción. Quiero darle las gracias también
porque usted ha estado abierto al debate, al acuerdo, a esa enmienda transaccional que mi grupo ha querido pactar con usted.
En su moción decía: ¿qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para apoyar al sector y asegurar la cohesión social? Usted sabe que a través de las distintas medidas que está llevando a efecto el Gobierno está también la línea del
crédito ICO, que ha llevado al tercer sector 120 millones de euros no solo a través de líneas de crédito, de líneas de avales, sino también a través de los apoyos de las líneas de los créditos habilitados por parte del Gobierno para trabajar al lado
de los sectores de la familia, de la inclusión social y de la infancia, que en el año 2011 han ascendido a más de nueve millones de euros. Además, los Presupuestos Generales del Estado abordan el sector social con un gran impulso y con un gran
compromiso, como es recoger casi 8,5 millones de euros para seguir manteniendo al sector social, lo que significan las partidas presupuestarias para ayudar a aquellas ONG que trabajan con los más vulnerables.
Usted recogía en la moción poner en marcha unas ayudas financieras a través del ICO. Pues ya sabe que el Gobierno ha creado una línea de ayuda al tercer sector a través del ICO. También quiero decirle que el Gobierno ha creado un fondo de
liquidez autonómica de 18.000 millones de euros... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señora Quintanilla. Por favor, ruego silencio, ya que es imposible oír a la diputada que está interviniendo en este momento. Silencio, por favor.
La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señor presidente.
Un fondo de liquidez autonómica, señor Campuzano, que va a llegar a todas las comunidades autónomas. Ya se han acogido a ese fondo de liquidez autonómica nueve comunidades autónomas, entre ellas -como usted bien sabe-, Cataluña, la
Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Ese fondo de liquidez autonómica va a financiar también al tercer sector a través de los planes concertados que tienen las comunidades autónomas; cuando la comunidad autónoma presente la factura del
tercer sector, el Gobierno va a pagar, a través de este fondo de liquidez autonómica, las ayudas y también esas facturas. Esto es muy importante para el Gobierno, porque hoy, con esta enmienda transaccional, de nuevo le hemos vuelto decir al tercer
sector social, no solamente a la grandes ONG que hay en España, sino también a esas pequeñas ONG que trabajan directamente con los Gobiernos de las comunidades autónomas, que los grupos parlamentarios están comprometidos con ellos. Además, vamos a
seguir impulsando la línea ICO; vamos a seguir fortaleciendo la función del Instituto de Crédito Oficial como fuente de financiación a las entidades sin ánimo de lucro; vamos a respaldar a las organizaciones sociales del tercer sector; vamos a
priorizar -como no podía ser de otra manera- que la sociedad visibilice el voluntariado social. Vamos a luchar comprometidos en un momento difícil de la historia de España, en un momento tremendamente duro para millones de familias; vamos a
luchar, vamos a fortalecer y vamos a hacer posible que ese tercer sector luche contra la exclusión social de aquellos más vulnerables que hoy están sufriendo en España. Por eso, señor Campuzano, de nuevo quiero darle las gracias porque permite al
Grupo Parlamentario Popular... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora QUINTANILLA BARBA: Termino, señor presidente.
Permite al Grupo Parlamentario Popular que podamos decirle al tercer sector que estamos con ellos. Quiero darle las gracias por el gran acuerdo al que hemos llegado porque hoy de nuevo le decimos a la sociedad española que la Cámara está al
lado del tercer sector, al lado de los más vulnerables.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Quintanilla.
En fijación de posiciones, en primer lugar tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, señorías, muy brevemente. Creo que esta tarde hemos visto lo mejor y lo peor de Convergència i Unió, doctor Jekyll y mister Hyde. Hemos empezado la tarde con una propuesta de Convergència i Unió
que era un verdadero atentando a los derechos sociales, intentando obviar la obligación de sufragar el transporte escolar de los niños que tienen que desplazarse a otro término municipal, pero también es cierto que esta iniciativa del diputado
Carles Campuzano es muy interesante, muy ambiciosa y muy coherente. Nosotros incluso hemos renunciado a enmendarla, aun cuando creemos que hubiera sido más interesante que el diputado Carles Campuzano hubiera introducido también la reclamación de
las entidades del tercer sector catalanas y de la sociedad catalana a fin y efecto de que se lleve a cabo de una vez por todas la transferencia de los recursos que se ingresan a través del 0,7 del IRPF en la declaración de renta que, como ustedes
saben, desde hace muchos años los grupos parlamentarios, al menos algunos grupos parlamentarios catalanes, venimos reclamando y que nunca hemos conseguido, gobierne el Partido Popular o gobierne el Partido Socialista. Aun así, entendemos que lo que
se pretendía era ambicioso y nosotros estamos dispuestos a apoyarla. También es cierto que el resultado final no es tan bueno, no es tan ambicioso como la redacción inicial, pero queremos dejar clara una cosa, y es que las entidades del tercer
sector normalmente han sido víctimas de unos y de otros. Por eso, cuando oímos decir a quien ha gobernado durante muchos años que no se cumple suficientemente con ellas, recordamos cuál fue la política del Gobierno socialista.
Estamos situados, como muchas veces, entre la España y la pared; cuando gobiernan unos dicen A y cuando gobiernan otros dicen B. Esto las entidades del tercer sector lo han padecido y lo siguen padeciendo. Hoy son la última red que intenta
evitar, donde no llegan las políticas públicas, la exclusión social. Así pues, apoyamos esta transaccional, entendiendo que la redacción inicial era mucho más ambiciosa que la conclusión. Aun así, entendemos que es un paso adelante y felicitamos
al diputado Campuzano porque, repito, esta tarde nos ha ofrecido Convèrgencia i Unió un mundo un tanto esquizofrénico.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardá.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor Campuzano, observo las transacciones y el contenido final de su propuesta, que tiene menos empaque, menos contundencia y menos prosopopeya que la presentada por usted originariamente. Si a usted le gusta, a mí también me gusta. Si
usted se ha visto forzado a asumir, por mor de los compromisos y transacciones cruzadas, una proposición de menos entidad, si me permite la expresión, yo la acepto también en sus propios términos. La sintonía que nos caracteriza en estas materias y
sobre todo el pragmatismo nos obliga a hacerlo. Nosotros somos unos apologetas, como lo es usted, es casi un misionero de las bondades del tercer sector como elemento de lucha particularmente eficaz, incluso más que la lucha administrativa o la
actuación de las administraciones públicas en pro de la exclusión, en pro de la pobreza, en pro de la marginalidad. Si me permite el señor Montoro, que seguramente leerá a Stiglitz con fruición, yo también creo que Stiglitz tiene razón, que se está
desarmando el Estado del bienestar y sus paradigmas más importantes, que se está aprovechando la economía mundializada para crear una economía desregulada que a su vez genera más desempleo, el desempleo genera más exclusión social y la exclusión más
pobreza; que vivimos en una situación dramática, caracterizada por datos que antes hemos glosado en una proposición anterior. Más de 12.000.000 de pobres en el Estado español es una cifra lacerante para una población de 48.000.000 millones de
habitantes. Un 25 %, la cuarta parte de los niños, sufre desnutrición infantil; la tasa del desempleo se acerca peligrosamente al 59 %; el 73 % de las viudas viven en situación de pobreza; 77.000 eres, la mayoría de ellos suspensivos, aunque
muchos extintivos, tramitados el año pasado; 1.900.000 personas, el 64 % de las cuales cuidadoras de personas dependientes o carentes de autonomía personal, entendiendo por carentes de autonomía personal las que definen los ítems del índice de
Katz, que usted conoce perfectamente; la prestación de desempleo solo cubre ya al 50 % de la población. La población desempleada llega a los 6.000.000, si excluimos las maquinaciones estadísticas o manipulaciones estadísticas de la encuesta de la
EPA, donde se producen aberraciones como no considerar desempleada a una persona que trabaja cinco horas a la semana o está vinculada contractualmente a la empresa por un contrato en prácticas o en formación, porque el PIB se ha contraído en el
último año en un 31 %. El gasto en pensiones ya supera el 22 %, pero ya hemos leído en la moción anterior la peligrosa evolución demográfica y la peligrosa evolución del desempleo a efectos de la sostenibilidad del sistema de pensiones, porque el
Fogasa al día de hoy ha agotado el 93 % de sus presupuestos totales.
Señor presidente, no vamos a seguir con este cúmulo de desgracias que acreditan la situación de un país no solo insolvente sino pobre. Contra la pobreza se puede luchar desde la Administración y también desde la iniciativa privada o
semipública y desde el sector social. Señor Montoro, usted que ha creado tantos fondos (el Fondo de ordenación bancaria, el Fondo de liquidez autonómica, el Fondo de reserva del Pacto de Toledo) no sería un gran esfuerzo para la Administración que
usted representa crear un fondo para luchar contra la pobreza; un fondo que en definitiva rescatara -parece una frase un tanto demagógica por repetitiva, pero es rigurosamente cierta-, que salvara o rescatara a las personas y que no salve a las
instituciones crediticias.
Desde esa perspectiva, a pesar de que la moción presentada por el Grupo de Convergència i Unió, la original, era mucho más potente, mucho más relevante -todos sabemos que el juego parlamentario conlleva tener que reducir las pretensiones
originales por otras pragmáticas, que también son útiles-, señor presidente, la vamos a apoyar, vamos a votarla favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, señor Campuzano, anunciamos nuestro voto favorable a esta moción presentada por su partido, que además conlleva un propósito de enmienda. En la difícil situación que vive nuestro país y con todos los recortes que está
llevando a cabo el Partido Popular, evidentemente el tercer sector no podía salir indemne. Es cierto que parte de los problemas que arrastra este sector son coyunturales, pero creemos que sobre todo son problemas estructurales. Señorías, el 11 %
de los españoles son donantes de este tipo de organización. En esto también estamos a la cola de Europa, pero como en otros ámbitos -como en el de los trasplantes, somos uno de los países más importantes del mundo- no debemos ver en esto una falta
de solidaridad, sino, como decía antes, un déficit en la estructura; una
estructura peor preparada que la que presentan, por ejemplo, países como Austria, que multiplica por seis el tanto por ciento de ciudadanos donantes que nosotros, o como Alemania, que lo hace por cuatro, incluso Italia que lo hace por tres.
Estos problemas estructurales mejorarían ostensiblemente trabajando mejor las deducciones fiscales, elevando el porcentaje de deducción, incrementando límites de la base de deducción de la base imponible, apoyando la propuesta de la Asociación
Española de Fundaciones en relación con que los 150 euros donados por primera vez puedan ser deducibles al cien por cien. Creemos que esta nueva ley de mecenazgo que todos esperamos no debiera hacer diferencias entre sectores; que sería útil
eliminar las confusiones que se crean con los cruces de facturas, clarificar las contrapartidas que las ONG podrían dar a sus colaboradores, trabajar mejor las alianzas público-privadas y -muy importante- permitir que estas fundaciones u ONG puedan
compensar al cien por cien el IVA soportado como cualquier otra persona jurídica. Estas son el tipo de cosas que le transmiten a uno esas organizaciones, estas y algunas más. También deberíamos profundizar en la necesaria auditoría que se debe
hacer, como ya está haciendo y muy bien la Fundación Lealtad, y además creemos que habría que revisar el criterio de reparto de las ayudas del 0,7 de la casilla de la declaración de Hacienda. Este sería el debate estructural.
Quisiera debatir también políticamente, señor Campuzano. Hoy, en época de recortes, hacer política es decidir qué se recorta, y en esto ustedes, señores de Convergència i Unió ya se han retratado, porque realmente están dejando Cataluña
hecha un erial. ¿Ese es su ejemplo? En Cataluña, señor Campuzano, según la Cruz Roja, se plantea un desafío humanitario sin precedentes, solo comparable al de la posguerra. Una de cada cinco personas es pobre. Las personas mayores de sesenta y
cinco años y las menores de dieciséis tienen una tasa de riesgo de pobreza del 25 %. Cuatro de cada diez familias monoparentales y seis de cada diez de las numerosas son pobres. Tienen ustedes 585.000 parados. Cada día se llevan a cabo veintiún
desahucios, 37.000 catalanes no tienen vivienda o habitan en alojamientos inadecuados y más de 3.500 personas viven directamente en la calle, señores del Convergència i Unió. El 40 % de los jóvenes están en paro, el fracaso escolar se sitúa en el
30 %. ¿Y qué hacen ustedes ante esta situación? Nada, señor Campuzano; abandonan el Gobierno y agitan la bandera, eso y elaborar además declaraciones de intenciones como la que acaban de hacer ustedes en el programa electoral, en el que por
cierto no citan la palabra independencia sino cosas todavía más fantasiosas, como que aumentarán en un 5 % la esperanza de vida, subirán en 5 puntos la tasa de supervivencia del cáncer, reducirán en un 50 % el número de muertos por accidentes de
tráfico o que tendrán una tasa de paro equivalente a la media de la Unión Europea. Eso son palabras vacías, señor Campuzano. La realidad es que ustedes derrochan recursos públicos y están salpicados por multitud de casos de corrupción mientras
recortan derechos y ayudas. ¿Con qué legitimidad, señor Campuzano, vienen a pedir hoy aquí lo que traen? ¿Por qué ese doble juego de querer abandonar el Estado, por un lado, y seguir queriendo legislar en él?
Señor Campuzano, nosotros echamos en falta un auténtico liderazgo, un auténtico liderazgo que viene dado por el ejemplo. El señor Campuzano expresa hoy aquí su preocupación, pero el ejemplo, los hechos que ustedes están demostrando son
deplorables. Le voy a poner varios casos. Ustedes gastan más de 1.000 millones al año en diputaciones y 630 en consejos comarcales, que son estructuras duplicadas; 159 millones en políticas lingüísticas; 388 millones en la televisión catalana;
49 en la radio de Cataluña; 35 millones en acción exterior (en embajadas, en delegaciones comerciales, en selecciones deportivas); en dotar de recursos a cosas tan absurdas como la Selección Catalana de Dardos; en miles de informes, algunos tan
absurdos como el encargado a una agencia de detectives para estudiar la avellana; se gastan en los órganos de supervisión audiovisual un dineral y pagan a sus consejeros sueldos de más de 100.000 euros. Su presidente, el señor Mas, que por cierto
cobra más que el señor Rajoy, anuncia de aquí a final de año que dará 2,5 millones más a la prensa catalana. Acaban de anunciar una ayuda de 1,5 millones a la organización cultural independentista Òmnium. La pregunta, señor Campuzano, no es si hay
o no recursos, señores de Convergència i Unió; la pregunta es qué criterios usan ustedes para destinar esos recursos que sí que hay. La respuesta es muy clara, señores de Convergència i Unió, ustedes sacrifican derechos y prestaciones sociales por
identidad...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Acabo, señor presidente.
... por políticas identitarias que les hagan avanzar en su proyecto secesionista, confundiendo además deliberadamente a Convergència i Unió con Cataluña. No quiero terminar sin recordar también la
responsabilidad que tiene el Partido Popular, que apoya unos presupuestos como los que yo acabo de citar en el Parlament de Catalunya, que apoya estructuras como TV3, que apoya junto a Convergència i Unió la Diputación de Barcelona.
Señores de Convergència i Unió, para terminar, es posible que consigan con todos estos medios desviar la atención de parte de la ciudadanía, allí y aquí; que con esto no se hable de su incapacidad, de su derroche, de su corrupción, del 3 %,
del Palau, etcétera...
El señor PRESIDENTE: Señor Diputado, tiene usted que acabar. Además, se está saliendo del tema.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Acabo.
... de cómo están acabando con la sanidad o la educación pública y -no digamos ya- con el tejido asociativo, que usted dice hoy aquí defender. UPyD estará allí y aquí para recordarlo porque, a pesar de lo que ustedes pretenden, somos
diputados, somos españoles, por tanto nada de lo catalán no es ajeno.
Gracias, señor Campuzano. Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
Soy consciente, señoras y señores diputados, de que soy el último interviniente de hoy; una larga sesión, estamos cansados, pero les pido un último esfuerzo, un sprint final y, si puede ser, que me escuchen con paciencia.
Señor Campuzano, en primer lugar, quiero decirle que su moción es correcta, la vamos a apoyar; la transaccional que nos ha presentado es peor que su moción, pero la vamos a apoyar, porque el tercer sector se merece esto y mucho más. Dicho
esto, quiero añadir un par de cosas: la primera, no sé si usted, señor Campuzano, conoce la historia del duro sevillano. Algunos la conocerán. Se decía en mi tierra que es más falso que un duro sevillano. (Rumores y protestas). ¿De qué viene
eso? Es una expresión en la que los sevillanos y sevillanas no tienen nada que ver. El duro sevillano era una moneda muy aparente pero de baja aleación, por tanto el que la tenía creía que tenía mucho pero realmente no tenía, porque realmente era
una moneda falsa. Mire, en el debate que tenemos aquí ese es el problema. El problema es que estamos discutiendo en una burbuja sobre el tercer sector, un sector absolutamente necesario en nuestra sociedad. Déjeme decirle, señor Campuzano, que
con las políticas que practica su partido, Convergència i Unió, y con las políticas que practica el partido que está a mi derecha, el Partido Popular, el tercer sector no es suficiente para detener la fábrica de parados, la fábrica de pobres, la
fábrica de excluidos sociales en que se han convertido sus Gobiernos, su Gobierno el de dos años y el Gobierno...
El señor PRESIDENTE: Es difícil en la situación en que estamos que se pueda oír al diputado, pero vamos a ... Señor diputado, no se le oye porque tengo apretado este botón que impide que se le oiga. Por favor, un poco de silencio para que
el diputado pueda expresar sus opiniones. Siga adelante.
El señor NUET PUJALS: Ya les he dicho que era la última intervención del Pleno y que era difícil mantener la atención. Decía que ese es un elemento central.
El otro día la señora Àngels Guiteras -usted la conocerá, es la presidenta de la mesa del tercer sector social de Cataluña-, en un interesantísimo artículo en el periódico El País, escribía: Estamos en un momento de irracionalidad y de
desesperanza. Ella decía también: Irracionalidad y esperanza que significa el mantenimiento de políticas públicas que han fracasado estrepitosamente. Seguía diciendo: Irracionalidad y desesperanza al insistir en políticas económicas y sociales a
las cuales la realidad niega su eficacia. Ese es el problema de fondo que tenemos. Señor Campuzano, usted conocerá este informe. (Muestra un documento). Este informe se ha distribuido ampliamente en Cataluña por parte de la mesa del tercer
sector; es una recomendación a todas las fuerzas políticas sobre qué debería hacerse para reforzar el tercer sector. Este informe nos dice de forma clara que como mínimo hay treinta impactos negativos, algunos severos y otros menos severos, que en
Cataluña se han producido en los últimos dos años de gestión de Convergència i Unió y que hacen difícil colocar en buena posición al tercer sector en Cataluña. Por tanto, a su moción creo que le falta un poquito de autocrítica, señor Campuzano. Le
falta un poquito de autocrítica porque con otras políticas públicas, con más inversión social y con políticas distintas desde el punto de vista del apoyo a los sectores en riesgo de exclusión estaríamos dando una ayuda directa inmediata al tercer
sector. Quiero decirle -y acabo- que usted conocerá el informe, que hace treinta recomendaciones, interesantísimas. Si
pudiésemos solo acometer una parte de estas recomendaciones estaríamos conectando de verdad con la sociedad civil catalana que plenamente apoya el tercer sector y la economía social. Leeré algunas de ellas por si nos suenan -no solo a
usted, también a la bancada del Grupo Popular-: congelar o reducir los presupuestos destinados a programas sociales no ayuda al tercer sector; la restricción de criterios de acceso a la renta mínima de inserción y a las ayudas del pago al alquiler
no ayuda al tercer sector; la congelación de plazas ocupacionales y de residencia para discapacitados y personas con problemas de salud mental no ayudan al tercer sector; la eliminación de programas de intervención y medicación con población
encarcelada no ayudan al tercer sector; la reducción de cooperación, el retraso en los pagos, priorización...
El señor PRESIDENTE: Señor Nuet, ahora tiene que terminar porque se le ha acabado el tiempo.
El señor NUET PUJALS: Termino, señor presidente.
La priorización de la exclusiva valoración económica para la contratación pública de servicios de atención a las personas no ayudan al tercer sector. Por tanto, todo esto está muy bien. No le digamos al tercer sector que con lo que hoy
acordamos está resuelto. Hay que cambiar las políticas económicas y -si es posible- hay que cambiar a los Gobiernos que las ejecutan.
Muchas gracias, señores y señoras diputados. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nuet.
Señor Campuzano, interpreto que hay una transaccional con la enmienda socialista y la enmienda popular que está cerrada, y esa es la que votaremos. (Asentimiento).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EN LA SEGURIDAD
SOCIAL. (Número de expediente 121/000017).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en
la Seguridad Social. Vamos a votar, en primer lugar, de forma conjunta las enmiendas de devolución.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 123; en contra, 203; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA. (Número de expediente 121/000025).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad. En primer lugar votamos de forma conjunta las enmiendas de devolución de este proyecto de ley presentadas por el Grupo Mixto, Vasco, Unión
Progreso y Democracia, Catalán y Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 148; en contra, 183.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda con texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 124; en contra, 188; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista de avocación por el Pleno del proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 148; en contra, 182; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No queda avocado.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN DIVERSAS MEDIDAS TRIBUTARIAS DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y AL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. (Número de expediente 121/000026).
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Se votan de forma conjunta las enmiendas de devolución
presentadas por los grupos Mixto, Catalán (Convergència i Unió) y Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 143; en contra, 183; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Ahora votación de la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor 116; en contra, 188; abstenciones, 27.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
El señor PRESIDENTE: Solicitud del Grupo Socialista para avocación por el Pleno del proyecto de ley que estamos votando.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor 144; en contra, 182; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: No queda avocado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS OPERACIONES DE CANJE DE LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES. (Número de expediente 122/000060).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración ahora de proposiciones de ley. En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre las operaciones de canje de las participaciones preferentes.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor 148; en contra, 182; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, PARA EXCLUIR DEL CARÁCTER BÁSICO DEL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 82. (Número de expediente 122/000059).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración ahora de la proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para excluir del carácter
básico del apartado 2 del artículo 82.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 28; en contra, 301.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE REPROBACIÓN DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. (Número de expediente 162/000452).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reprobación del ministro de Educación, Cultura y Deporte. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo
de La Izquierda Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 142; en contra, 184; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Rumores).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES QUE COMPATIBILIZAN O QUIERAN COMPATIBILIZAR UN EMPLEO POR CUENTA AJENA CON EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL O ECONÓMICA POR CUENTA PROPIA,
ACOMODANDO SU COTIZACIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS A SU SITUACIÓN DE PLURIACTIVIDAD. (Número de expediente 162/000287).
El señor PRESIDENTE: Proposición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de apoyo a los trabajadores que compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una actividad profesional
o económica por cuenta propia, acomodando su cotización al régimen especial de trabajadores autónomos a su situación de pluriactividad. Hay una autoenmienda del propio grupo, del Grupo Popular, que se añade, y en esas condiciones pasamos a la
votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 287; en contra, 3; abstenciones, 36.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA LUCHAR CONTRA EL AUMENTO DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000046).
El señor PRESIDENTE: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra el aumento
de la pobreza y la exclusión social en España. Se vota en los términos de una enmienda transaccional en la que se recogen enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y de La Izquierda Plural. ¿Algún grupo se
opone a que se vote la transaccional? (Denegaciones). Entonces esa transaccional es la que se va a votar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 147; en contra, 181; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CUADRA LASARTE), RELATIVA A LA NECESIDAD DE ABORDAR UNA POLÍTICA QUE IMPULSE DECIDIDAMENTE EL REPARTO DE LAS RIQUEZAS Y RENTAS EXISTENTES EN NUESTRA SOCIEDAD. (Número de expediente 173/000047).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Cuadra, relativa a la necesidad de abordar una política que impulse decididamente el reparto de las riquezas y rentas existentes en nuestra sociedad. Se va a votar en sus
propios términos y, en primer lugar, votaríamos los puntos 1, 2, 5 y 6 conjuntamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 124; en contra, 188; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Ahora votamos los puntos 3 y 4 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 29; en contra, 188; abstenciones, 114.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA GARANTÍA DE LAS PENSIONES. (Número de expediente 173/000048).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural sobre la situación de la Seguridad Social y la garantía de las pensiones. Voy a decir cómo me ha llegado que se va a votar. Si está de acuerdo
el señor Coscubiela me lo dice, si no cambiamos. Votaríamos en primer lugar el punto 1, luego los puntos 2, 3 y 4 conjuntamente y, finalmente, el punto 5. ¿Es así? (La señora Sánchez Díaz pide la palabra). Señora portavoz socialista.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Queríamos votar el punto 2.4 por separado. Creo que es lo que habíamos acordado.
El señor PRESIDENTE: El punto 4 por separado.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: El punto 2.4; dentro del punto 2, el apartado 4.
El señor PRESIDENTE: Vuelvo a decirlo a ver si estamos de acuerdo: punto 1, punto 2.4, resto del punto 2, puntos 3 y 4 y punto 5. (Asentimiento). Empezamos votando el punto 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 331.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. (Aplausos).
Ahora el punto 2.4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 24; en contra, 281; abstenciones, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Resto del punto 2 y puntos 3 y 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 134; en contra, 183; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Ahora votamos el punto 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 322; en contra, 2; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE EL GOBIERNO PIENSA LLEVAR A CABO PARA APOYAR AL TERCER SECTOR Y ASEGURAR LA COHESIÓN SOCIAL. (Número de expediente 173/000049).
El señor PRESIDENTE: Última moción consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa llevar a cabo para apoyar al tercer sector y asegurar la cohesión social. Hay una
transaccional con las enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Socialista. ¿Algún grupo se opone a esta votación? (Denegaciones). En esas condiciones se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 322; en contra, 2; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y cinco minutos de la noche.
ANEXO
Al Presidente del Congreso de los Diputados
Sabino Cuadra Lasarte, diputado de Amaiur perteneciente al Grupo Mixto, ante la Presidencia del Congreso de los Diputados comparece y manifiesta:
Que el pasado día 30 de octubre, en la defensa de la moción presentada por Amaiur, relativa a la necesidad de 'abordar una política que impulse decididamente el reparto de las riquezas y rentas existentes en nuestra sociedad', cité al
catedrático Vicenc Navarro como autor de un artículo en el que se mencionaban los nombres de José María Aznar, Dolores Cospedal, Rodrigo Rato, Artur Mas -padre-, Josu Jon Imaz, Narcís Serra, Miguel Boyer, Isabel Tocino, Anna Birulés y Ángel Acebes
como titulares de unas cuentas ocultas que habían sido descubiertas en un banco suizo.
Que la citada información había sido obtenida a través de las web de distintos medios y grupos, si bien desconocíamos que el artículo antes citado había sido manipulado y que los nombres por mí citados no aparecían en el artículo original
escrito por el catedrático Vicenc Navarro quien, a su vez, había ya denunciado públicamente la citada manipulación.
Que es evidente en cualquier caso que, aún cuando desconocíamos tal hecho y en ningún momento había existido la más mínima intención de dar información falsa alguna por nuestra parte, lo cierto es que, objetivamente, se ha contribuido con mi
intervención a difundir una información incierta, previamente manipulada por otros.
Que tanto nuestro grupo Amaiur, como yo personalmente, hemos reconocido esta incorrecta actuación, así como solicitado disculpas públicas a todas las personas mencionadas a través de nuestra página web y de distintos medios de comunicación;
agencias, prensa, redes sociales..., por entender que esta actuación ha podido afectar negativamente a la consideración de las personas mencionadas.
Que la citada referencia al catedrático Vicenc Navarro y a la lista de nombres arriba descrita figuran en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, número 69, pág. 114, correspondiente al día 30 de octubre de 2012.
En consecuencia con lo anterior,
Solicito de esa Presidencia acuerde suprimir del Diario de Sesiones la referencia relativa al catedrático Vicenc Navarro y a José María Aznar, Dolores Cospedal, Rodrigo Rato, Artur Mas -padre-, Josu Jon Imaz, Narcís Serra, Miguel Boyer,
Isabel Tocino, Anna Birulés y Ángel Acebes, a fin de que en el mismo no figure mención expresa alguna relacionada con éstas.
Madrid, 5 de noviembre de 2012.-Sabino Cuadra Lasarte, Diputado.
Nota: En cumplimiento de la correspondiente decisión de la Presidencia de la Cámara (vid. pág. 114) el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, núm. 69 correspondiente a la sesión celebrada el día
30 de octubre de 2012, con cve: DSCD-10-PL-69 se ha sustituido por el presente con cve: DSCD-10-PL-69-C1.