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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 55, de 11/09/2012
cve: DSCD-10-PL-55-C1
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 55
Sesión plenaria núm. 51
celebrada el miércoles,
11 de septiembre de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página6)
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular:
- Proposición de ley de televisión sin fronteras. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 25-1, de 28 de diciembre de 2011. (Número de expediente 120/000001) ... (Página6)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la igualdad de trato y la no discriminación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 2-1, de 27 de diciembre de 2011. (Número de expediente 122/000002) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre elaboración de una nueva ley de Protección Civil. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 79, de 20 de abril de 2012. (Número de expediente 162/000273) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre estrategia para combatir el desempleo juvenil en Europa y en España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 127, de 13 de julio de 2011. (Número de expediente 162/000375) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política estratégica de defensa y la presencia de tropas españolas en el exterior. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 136, de 27 de julio de
2012. (Número de expediente 173/000035) ... (Página47)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar los daños ocasionados por la tormenta de granizo acaecida el pasado 5 de julio en las comarcas de Lleida. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 136, de 27 de julio de 2012. (Número de expediente 173/000036) ... (Página53)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las nuevas medidas de ajuste que tiene intención de adoptar el Gobierno. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 136, de 27 de julio de 2012. (Número de expediente 173/000037) ...
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página65)
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación) ... (Página65)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página65)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página66)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Página
Modificación del orden del día ... (Página6)
La Presidencia informa de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado en Junta de Portavoces, se solicita la modificación del orden del día de la presente semana en el sentido de que el punto 29,
relativo a la interpelación del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, pase a debatirse antes del punto 27, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista. Igualmente propone intercambiar el orden
del debate de los puntos 30 y 31, pasando a debatirse en primer lugar el 31 y posteriormente el 30, lo que se aprueba por asentimiento.
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Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular ... (Página6)
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Proposición de ley de televisión sin fronteras ... (Página6)
En turno a favor interviene el señor Puig Ferrer, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo; los señores Baldoví Roda; Tardà i Coma y Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora
Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
el señor Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página19)
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Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la igualdad de trato y la no discriminación ... (Página19)
Defiende la toma en consideración la señora Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz y las señoras Fernández Davila y Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez
Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y González
Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Proposiciones no de ley ... (Página32)
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Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre elaboración de una nueva ley de Protección Civil ... (Página32)
Defiende la proposición no de ley la señora Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Segura
Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Hoyo Juliá.
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Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre estrategia para combatir el desempleo juvenil en Europa y en España ... (Página39)
Defiende la proposición no de ley el señor Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Moscoso del Prado Hernández.
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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página47)
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Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política estratégica de defensa y la presencia de tropas españolas en el exterior ... (Página47)
Defiende la moción el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Tudanca Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Centella Gómez.
Página
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar los daños ocasionados por la tormenta de granizo acaecida el pasado 5 de julio en las comarcas de Lleida ...
En defensa de la moción presentada interviene el señor Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y
Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto y la señora Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Solsona Aixalà.
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Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las nuevas medidas de ajuste que tiene intención de adoptar el Gobierno ... (Página57)
Defiende la moción la señora Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso
y Democracia; el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Vázquez Morillo.
Página
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política estratégica de defensa y la presencia de tropas españolas en el exterior ... (Página47)
Defiende la moción el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Tudanca Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Centella Gómez.
Página
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar los daños ocasionados por la tormenta de granizo acaecida el pasado 5 de julio en las comarcas de Lleida ...
En defensa de la moción presentada interviene el señor Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y
Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto y la señora Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Solsona Aixalà.
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Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las nuevas medidas de ajuste que tiene intención de adoptar el Gobierno ... (Página57)
Defiende la moción la señora Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso
y Democracia; el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Vázquez Morillo.
Página
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se aprueba por 181 votos a
favor, 128 en contra y cinco abstenciones.
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Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular de televisión sin fronteras, se rechaza por 132 votos a favor, más 1 voto telemático y 183 en contra, más 2 votos telemáticos.
Página
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la igualdad de trato y la no discriminación, se rechaza por 127 votos a favor, más 1 voto telemático; 178 en contra, más 2
votos telemáticos y 10 abstenciones.
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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre elaboración de una nueva ley de Protección Civil, se aprueba por 292 votos a favor, 6 en contra y 12 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre estrategia para combatir el desempleo juvenil en Europa y en España, se rechaza por 133 votos a favor y 178 en contra.
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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página66)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política estratégica de defensa y la presencia de tropas españolas en el exterior, con la incorporación de la autoenmienda del propio
grupo, se rechaza por 12 votos a favor, 297 en contra y 2 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar los daños ocasionados por la tormenta de granizo acaecida
el pasado 5 de julio en las comarcas de Lleida, se aprueba por 310 votos a favor.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las nuevas medidas de ajuste que tiene intención de adoptar el Gobierno, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural, se rechaza por 126 votos a favor, 177 en contra y 12 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la noche.
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Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se aprueba por 181 votos a
favor, 128 en contra y cinco abstenciones.
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Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular de televisión sin fronteras, se rechaza por 132 votos a favor, más 1 voto telemático y 183 en contra, más 2 votos telemáticos.
Página
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la igualdad de trato y la no discriminación, se rechaza por 127 votos a favor, más 1 voto telemático; 178 en contra, más 2
votos telemáticos y 10 abstenciones.
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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre elaboración de una nueva ley de Protección Civil, se aprueba por 292 votos a favor, 6 en contra y 12 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre estrategia para combatir el desempleo juvenil en Europa y en España, se rechaza por 133 votos a favor y 178 en contra.
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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página66)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política estratégica de defensa y la presencia de tropas españolas en el exterior, con la incorporación de la autoenmienda del propio
grupo, se rechaza por 12 votos a favor, 297 en contra y 2 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar los daños ocasionados por la tormenta de granizo acaecida
el pasado 5 de julio en las comarcas de Lleida, se aprueba por 310 votos a favor.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las nuevas medidas de ajuste que tiene intención de adoptar el Gobierno, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural, se rechaza por 126 votos a favor, 177 en contra y 12 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado en Junta de Portavoces esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 29, relativo a la
interpelación de La Izquierda Plural, pase a debatirse antes del punto 27, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista. Asimismo, se propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de
intercambiar el orden del debate de los puntos 30 y 31, pasando a debatirse en primer lugar el 31 y luego el 30. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:
- PROPOSICIÓN DE LEY DE TELEVISIÓN SIN FRONTERAS. (Número de expediente 120/000001).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día, relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. ¿Alguien desea emplear el turno a favor? (Pausa). Por el Grupo Socialista tiene la palabra
el señor Puig Ferrer.
El señor PUIG FERRER: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, antes de nada quiero agradecer a los promotores de esta iniciativa legislativa popular su esfuerzo, su trabajo y su coraje en defensa de los derechos constitucionales y también el reconocimiento del Grupo
Socialista a los más de seiscientos cincuenta mil ciudadanos que con su firma han hecho posible que hoy tengamos este debate de toma en consideración de la iniciativa legislativa popular. Señores y señores diputados, ¿de qué estamos hablando cuando
hablamos de la iniciativa legislativa popular de televisión sin fronteras? Estamos hablando del desarrollo de derechos constitucionales, como es el derecho a la información, a la libertad de expresión y también de la obligación constitucional de
las instituciones a defender y proteger las lenguas de España. Como saben muchos de ustedes, esta no es la primera vez que se produce este debate en esta Cámara. En la anterior legislatura esta iniciativa se tomó en consideración con el apoyo de
todos los grupos parlamentarios, a excepción de la abstención del Grupo Popular y del voto en contra de UPyD. La disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones hace que hoy este debate vuelva a repetirse unos meses después, y confío
en que por coherencia el sentido de voto de los distintos grupos no cambie, con lo cual superemos este primer paso para hacer efectiva la ILP planteada. Permítanme empezar este turno a favor destacando precisamente esto, la potencia y el valor que
tienen las iniciativas legislativas populares, desgraciadamente aún poco habituales. En un contexto de desconfianza hacia la política, cuando la percepción del alejamiento de la realidad del trabajo de los diputados, del trabajo del Parlamento está
tan extendida, las ILP suponen aire fresco, suponen un instrumento que mejora la calidad de nuestra democracia representativa y que permite a los ciudadanos participar de forma más directa en las decisiones de esta Cámara. Es cierto que los
requisitos hoy exigidos son rigurosos, costosos y excesivos, por ello desde el Grupo Socialista plantearemos en breve potenciar las ILP, facilitar los procedimientos, difundir el cauce de participación y dar mayor soporte político a esta manera de
participar directamente en el trabajo legislativo por parte de los ciudadanos.
La propuesta que hoy nos ocupa es un buen ejemplo de cómo los ciudadanos son quienes protagonizan, reivindican y reclaman un derecho hurtado incomprensiblemente, un derecho que consideramos necesario restituir. Más de 650.000 ciudadanos en
su mayoría de la Comunitat Valenciana dieron su apoyo a esta propuesta para contribuir al cumplimiento de los principios constitucionales de respeto, promoción y protección de las distintas lenguas. Más de 650.000 personas instan al Congreso a
establecer nuevas medidas que permitan la reciprocidad de las emisiones de televisión y radio entre comunidades autónomas y también, por qué no, de estas con territorios de fuera del Estado con las que comparten el mismo sistema lingüístico. Más de
650.000 personas no pueden y no podemos entender cómo se puede ver con normalidad Al Jazeera en cualquier territorio y no puede verse TV3 en Valencia o Canal Nou en Barcelona. No es comprensible. ¿Por qué nace esta iniciativa legislativa popular?
Conviene recordar que su origen se encuentra en 2007 en la cerrazón del Gobierno del Partido Popular presidido por el señor Camps -ese señor al que ahora quieren esconder, pero que durante tanto tiempo ha sido ejemplo para el Partido Popular, para
el señor Rajoy, que iba a la Comunidad Valenciana y decía que estaría siempre delante,
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado en Junta de Portavoces esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 29, relativo a la
interpelación de La Izquierda Plural, pase a debatirse antes del punto 27, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista. Asimismo, se propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de
intercambiar el orden del debate de los puntos 30 y 31, pasando a debatirse en primer lugar el 31 y luego el 30. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:
- PROPOSICIÓN DE LEY DE TELEVISIÓN SIN FRONTERAS. (Número de expediente 120/000001).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día, relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. ¿Alguien desea emplear el turno a favor? (Pausa). Por el Grupo Socialista tiene la palabra
el señor Puig Ferrer.
El señor PUIG FERRER: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, antes de nada quiero agradecer a los promotores de esta iniciativa legislativa popular su esfuerzo, su trabajo y su coraje en defensa de los derechos constitucionales y también el reconocimiento del Grupo
Socialista a los más de seiscientos cincuenta mil ciudadanos que con su firma han hecho posible que hoy tengamos este debate de toma en consideración de la iniciativa legislativa popular. Señores y señores diputados, ¿de qué estamos hablando cuando
hablamos de la iniciativa legislativa popular de televisión sin fronteras? Estamos hablando del desarrollo de derechos constitucionales, como es el derecho a la información, a la libertad de expresión y también de la obligación constitucional de
las instituciones a defender y proteger las lenguas de España. Como saben muchos de ustedes, esta no es la primera vez que se produce este debate en esta Cámara. En la anterior legislatura esta iniciativa se tomó en consideración con el apoyo de
todos los grupos parlamentarios, a excepción de la abstención del Grupo Popular y del voto en contra de UPyD. La disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones hace que hoy este debate vuelva a repetirse unos meses después, y confío
en que por coherencia el sentido de voto de los distintos grupos no cambie, con lo cual superemos este primer paso para hacer efectiva la ILP planteada. Permítanme empezar este turno a favor destacando precisamente esto, la potencia y el valor que
tienen las iniciativas legislativas populares, desgraciadamente aún poco habituales. En un contexto de desconfianza hacia la política, cuando la percepción del alejamiento de la realidad del trabajo de los diputados, del trabajo del Parlamento está
tan extendida, las ILP suponen aire fresco, suponen un instrumento que mejora la calidad de nuestra democracia representativa y que permite a los ciudadanos participar de forma más directa en las decisiones de esta Cámara. Es cierto que los
requisitos hoy exigidos son rigurosos, costosos y excesivos, por ello desde el Grupo Socialista plantearemos en breve potenciar las ILP, facilitar los procedimientos, difundir el cauce de participación y dar mayor soporte político a esta manera de
participar directamente en el trabajo legislativo por parte de los ciudadanos.
La propuesta que hoy nos ocupa es un buen ejemplo de cómo los ciudadanos son quienes protagonizan, reivindican y reclaman un derecho hurtado incomprensiblemente, un derecho que consideramos necesario restituir. Más de 650.000 ciudadanos en
su mayoría de la Comunitat Valenciana dieron su apoyo a esta propuesta para contribuir al cumplimiento de los principios constitucionales de respeto, promoción y protección de las distintas lenguas. Más de 650.000 personas instan al Congreso a
establecer nuevas medidas que permitan la reciprocidad de las emisiones de televisión y radio entre comunidades autónomas y también, por qué no, de estas con territorios de fuera del Estado con las que comparten el mismo sistema lingüístico. Más de
650.000 personas no pueden y no podemos entender cómo se puede ver con normalidad Al Jazeera en cualquier territorio y no puede verse TV3 en Valencia o Canal Nou en Barcelona. No es comprensible. ¿Por qué nace esta iniciativa legislativa popular?
Conviene recordar que su origen se encuentra en 2007 en la cerrazón del Gobierno del Partido Popular presidido por el señor Camps -ese señor al que ahora quieren esconder, pero que durante tanto tiempo ha sido ejemplo para el Partido Popular, para
el señor Rajoy, que iba a la Comunidad Valenciana y decía que estaría siempre delante,
detrás y al lado del señor Camps; afortunadamente ya no es así-. Este señor fue el que un día decidió que ni TV3 ni la Televisión de Aragón podían verse en la Comunitat Valenciana. Para ello cerraron repetidores municipales. Aquellos
repetidores que la entidad cultural, Acció Cultural, había instalado desde los años ochenta, igual que los de los ayuntamientos, habían sido elementos absolutamente aceptados socialmente con normalidad en todos los ayuntamientos, gobernara el
partido que gobernara, porque, en definitiva, los ciudadanos tenían una opción más; tenían una opción para elegir, y elegían. No se puede entender una situación tan contraria al sentido común -que tanto le gusta al presidente actual del Gobierno-
si no procediera de la actitud de un partido que ha alentado y que ha hecho de la confrontación entre territorios un elemento clave para desarrollar su política, y además en el caso de la Comunidad Valenciana ha alentado grupos minoritarios, grupos
de extrema derecha, grupos anticatalanistas. Estamos ante una situación irracional, obsoleta, insostenible que solo se puede entender o puede obedecer al interés del PP por asegurar el control de toda la información.
Sin pluralidad no hay sistema democrático -es tan obvio como es obvio que no se cumple en la Comunidad Valenciana-, y da la sensación de que a este Grupo Popular la pluralidad le molesta, y ya no se conforma con la manipulación de unos u
otros informativos sino que también fuerza el cierre para que los ciudadanos no puedan ver las televisiones que no consideran controladas políticamente. Estos atropellos a la libertad de expresión, al derecho a la información y a la pluralidad
provocaron la reacción de cientos de miles de ciudadanos que no entendían cómo era posible esa situación: que en el siglo XXI, cuando se puede ver cualquier televisión de cualquier país lejano, no se pueda ver la televisión pública de una comunidad
vecina. Eso es lo que hoy debatimos en el fondo. Se ve cómo la libertad de expresión, el derecho a la información están subyugados por una forma de hacer política basada en el enfrentamiento y el control de los medios para mantenerse en el poder.
Una estrategia y un miedo al pluralismo y a la libertad de expresión que tiene su más fiel reflejo en la televisión autonómica valenciana, en Canal Nou, donde la mala gestión del Partido Popular ha provocado una deuda superior a los 1.300 millones
de euros, con una audiencia que no llega al 5 % -por los suelos- y ahora un ERE que deja en la calle a 1.200 trabajadores, para que dentro de poco se le regale esa televisión limpia y saneada a una productora privada amiga. Esa es la otra factura
de tener una televisión de partido.
Canal Nou me recuerda a Good Bye Lenin, esa magnífica película. El PP se esfuerza en querer construir una realidad paralela y ficticia a través del medio de comunicación, una realidad que en la televisión valenciana no existe, por ejemplo
que debemos 3 millones de euros al día o que somos la comunidad más endeudada o que tenemos un paro superior a la media española. Eso jamás existe en Canal Nou, por tanto piensa como en Good Bye Lenin, que la ciudadanía no se va a enterar. Me
preocupa la libertad de expresión, por supuesto, y la de información, pero hoy especialmente -hoy, 11 de septiembre- me preocupa la idea que tienen ustedes, la idea que tiene el conjunto de esta Cámara de España. ¿Es esta forma, vetar la
posibilidad de que se vean las televisiones autonómicas en el resto de España, es esa una posibilidad de fortalecer España? ¿Qué idea tienen ustedes de España? ¿Haciendo compartimentos estancos, impidiendo la riqueza lingüística, que no es de unos
ni de otros sino de todos?¿Podemos los valencianos que hablamos valenciano, los catalanes que hablan catalán, los vascos que hablan euskera, los gallegos que hablan gallego sentirnos iguales? Esta manera de entender España es la que me preocupa
porque frente al independentismo, frente a la recentralización y al independentismo -estoy hablando de Canal Nou en Cataluña-, está la defensa constitucional, está la España de las nacionalidades y regiones que se recoge en la Constitución y en los
estatutos de autonomía, está la España del respeto de la pluralidad. Esa es la España real y además, lo quieran o no, la España posible. Ciertamente en el caso que nos ocupa, con la voluntad de los derechos adquiridos sería suficiente para que TV3
siguiera en la Comunidad Valenciana, pero no ha sido posible porque la estrategia de la confrontación entre territorios se ha venido practicando habitualmente por el Partido Popular. Lo hizo con el agua; ahora el problema del agua ya no importa
para el Partido Popular -aunque actualmente tenemos menos agua que cuando se produjo ese problema-, ahora ya no importa, lo que importa es que la confrontación da buenos réditos políticos, por tanto no hay que cambiar.
Señorías, para acabar con este despropósito 650.000 personas proponen que el Gobierno les reconozca sus derechos, que no les ponga fronteras a la razón y a lo razonable, que no les cierre la puerta a la libertad, a esa libertad de acceder a
ver la televisión que quieren y además ver la televisión en una lengua que en nuestro caso es absolutamente minoritaria y minorizada en los medios de comunicación. En el momento procedimental hablaremos -entiendo que se va a aprobar esta ILP
admitida a trámite- de cómo instrumentarla técnicamente, porque es posible. Antes lo era y ahora lo es más porque además
detrás y al lado del señor Camps; afortunadamente ya no es así-. Este señor fue el que un día decidió que ni TV3 ni la Televisión de Aragón podían verse en la Comunitat Valenciana. Para ello cerraron repetidores municipales. Aquellos
repetidores que la entidad cultural, Acció Cultural, había instalado desde los años ochenta, igual que los de los ayuntamientos, habían sido elementos absolutamente aceptados socialmente con normalidad en todos los ayuntamientos, gobernara el
partido que gobernara, porque, en definitiva, los ciudadanos tenían una opción más; tenían una opción para elegir, y elegían. No se puede entender una situación tan contraria al sentido común -que tanto le gusta al presidente actual del Gobierno-
si no procediera de la actitud de un partido que ha alentado y que ha hecho de la confrontación entre territorios un elemento clave para desarrollar su política, y además en el caso de la Comunidad Valenciana ha alentado grupos minoritarios, grupos
de extrema derecha, grupos anticatalanistas. Estamos ante una situación irracional, obsoleta, insostenible que solo se puede entender o puede obedecer al interés del PP por asegurar el control de toda la información.
Sin pluralidad no hay sistema democrático -es tan obvio como es obvio que no se cumple en la Comunidad Valenciana-, y da la sensación de que a este Grupo Popular la pluralidad le molesta, y ya no se conforma con la manipulación de unos u
otros informativos sino que también fuerza el cierre para que los ciudadanos no puedan ver las televisiones que no consideran controladas políticamente. Estos atropellos a la libertad de expresión, al derecho a la información y a la pluralidad
provocaron la reacción de cientos de miles de ciudadanos que no entendían cómo era posible esa situación: que en el siglo XXI, cuando se puede ver cualquier televisión de cualquier país lejano, no se pueda ver la televisión pública de una comunidad
vecina. Eso es lo que hoy debatimos en el fondo. Se ve cómo la libertad de expresión, el derecho a la información están subyugados por una forma de hacer política basada en el enfrentamiento y el control de los medios para mantenerse en el poder.
Una estrategia y un miedo al pluralismo y a la libertad de expresión que tiene su más fiel reflejo en la televisión autonómica valenciana, en Canal Nou, donde la mala gestión del Partido Popular ha provocado una deuda superior a los 1.300 millones
de euros, con una audiencia que no llega al 5 % -por los suelos- y ahora un ERE que deja en la calle a 1.200 trabajadores, para que dentro de poco se le regale esa televisión limpia y saneada a una productora privada amiga. Esa es la otra factura
de tener una televisión de partido.
Canal Nou me recuerda a Good Bye Lenin, esa magnífica película. El PP se esfuerza en querer construir una realidad paralela y ficticia a través del medio de comunicación, una realidad que en la televisión valenciana no existe, por ejemplo
que debemos 3 millones de euros al día o que somos la comunidad más endeudada o que tenemos un paro superior a la media española. Eso jamás existe en Canal Nou, por tanto piensa como en Good Bye Lenin, que la ciudadanía no se va a enterar. Me
preocupa la libertad de expresión, por supuesto, y la de información, pero hoy especialmente -hoy, 11 de septiembre- me preocupa la idea que tienen ustedes, la idea que tiene el conjunto de esta Cámara de España. ¿Es esta forma, vetar la
posibilidad de que se vean las televisiones autonómicas en el resto de España, es esa una posibilidad de fortalecer España? ¿Qué idea tienen ustedes de España? ¿Haciendo compartimentos estancos, impidiendo la riqueza lingüística, que no es de unos
ni de otros sino de todos?¿Podemos los valencianos que hablamos valenciano, los catalanes que hablan catalán, los vascos que hablan euskera, los gallegos que hablan gallego sentirnos iguales? Esta manera de entender España es la que me preocupa
porque frente al independentismo, frente a la recentralización y al independentismo -estoy hablando de Canal Nou en Cataluña-, está la defensa constitucional, está la España de las nacionalidades y regiones que se recoge en la Constitución y en los
estatutos de autonomía, está la España del respeto de la pluralidad. Esa es la España real y además, lo quieran o no, la España posible. Ciertamente en el caso que nos ocupa, con la voluntad de los derechos adquiridos sería suficiente para que TV3
siguiera en la Comunidad Valenciana, pero no ha sido posible porque la estrategia de la confrontación entre territorios se ha venido practicando habitualmente por el Partido Popular. Lo hizo con el agua; ahora el problema del agua ya no importa
para el Partido Popular -aunque actualmente tenemos menos agua que cuando se produjo ese problema-, ahora ya no importa, lo que importa es que la confrontación da buenos réditos políticos, por tanto no hay que cambiar.
Señorías, para acabar con este despropósito 650.000 personas proponen que el Gobierno les reconozca sus derechos, que no les ponga fronteras a la razón y a lo razonable, que no les cierre la puerta a la libertad, a esa libertad de acceder a
ver la televisión que quieren y además ver la televisión en una lengua que en nuestro caso es absolutamente minoritaria y minorizada en los medios de comunicación. En el momento procedimental hablaremos -entiendo que se va a aprobar esta ILP
admitida a trámite- de cómo instrumentarla técnicamente, porque es posible. Antes lo era y ahora lo es más porque además
hay muchas televisiones que van a tener que renunciar a sus propios canales, al menos Canal Nou, a algunos de los cuatro que tenía.
De lo que hoy se trata aquí en términos políticos, de lo que tiene que debatir hoy este Congreso es de si esta Cámara quiere hacer suya la petición expresa de 650.000 ciudadanos. De lo que se trata hoy es de decidir si tiene sentido que se
limite la libertad de elegir qué medio de comunicación sirve a un ciudadano para informarse o entretenerse; si tiene sentido o no defender las lenguas y culturas propias de este país más allá del castellano; si tiene sentido devolverles a muchos
ciudadanos unos derechos que una actuación sectaria y mezquina les quitó. Estoy de acuerdo con el actual presidente de la Generalitat Valenciana, que antes de ser elegido dijo que se vería TV3 en la Comunidad Valenciana. De momento, lo único que
les pido es que le ayuden para que eso sea así. Señorías, les pido que voten sí a la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular de televisión sin fronteras, porque así votó España en su conjunto a través de los distintos Gobiernos
-entre ellos el Gobierno del señor Aznar- la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. La ratificó España. Por tanto, voten que sí a aquello que dice la Carta europea, voten que sí a escuchar a los ciudadanos y dejen que se tramite
esta ILP, y en su momento debatiremos para ver cómo podemos mejorarla -seguro que la vamos a mejorar-; voten que sí si no tienen miedo a la libertad de expresión; voten que sí a la pluralidad; voten que sí a la diversidad cultural, y voten que sí
a la convivencia de España, a la convivencia de las lenguas y de los pueblos de España.
Les decía en esta intervención que la España real y la España posible coinciden, que es la España constitucional. No lo hagan ustedes cada día más imposible.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puig Ferrer.
¿Algún grupo quiere utilizar turno en contra? (Pausa). Si no es así, vamos a pasar a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto -van a intervenir varios diputados- tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Empezaré por decirles, señores del Grupo Parlamentario Socialista, que bien venidos al club. Ojala hubiéramos aprovechado los años de su mayoría en esta Cámara para haber visto el desarrollo de esta iniciativa legislativa popular no
entorpecido en un momento en el que nos hubiera dado tiempo -no al final de la legislatura, como se produjo- a llevarla, seguramente, a mejor puerto. En cualquier caso creo que es un absoluto honor -ha utilizado el Grupo Socialista el turno a
favor, pero creo que el grueso de los grupos de esta Cámara nos sumaremos a ella- defender lo que esta iniciativa legislativa popular nos trae hoy al Pleno, en este caso una proposición a nuestro entender llena de cordura. Al dicho aquel tan
tradicional como expresivo de ponerle puertas al campo lo cierto es que la legislación española en materia audiovisual lo ha superado, le ha dado una vuelta de tuerca, y ha conseguido la expresión de tratar de poner fronteras a las ondas.
Curiosamente, no es que la expresión haya tomado una nueva forma, es que se ha convertido en una absoluta realidad inadmisible.
En estos momentos -me parece importante- miles y miles de ciudadanos en Navarra -hablaré de aquello que conozco bien de cerca- pueden acceder a la programación y a contenidos televisivos generales en cualquier lengua del mundo salvo en
euskera. Hay más; hoy miles y miles de niños y de niñas navarros pueden ver dibujos animados en cualquier lengua salvo en euskera, hacerlo al menos de manera generalizada, utilizando la técnica de manera normalizada. Es difícil explicarle a un
niño el porqué de la razón de la fuerza, pero es difícil explicarlo aquí; y es difícil explicarlo también en términos de racionalidad básica en cualquier punto de lo que entendemos una civilización normal. Se puede argumentar que las nuevas
técnicas pueden subsanar este error, pero no de manera universal; y sobre todo no combaten el error, que no es otro que limitar el traspaso entre comunidades autónomas cuando alentamos el traspaso de contenidos, en este caso televisivos, entre
Estados. Es absolutamente increíble; increíble cuando el Reino de España -se ha apuntado hoy en esta tribuna y supongo que será argumento que utilizaremos a lo largo de esta tarde muchos de los grupos- tiene asumido el grueso de lo que la Carta
Europea de Lenguas Minoritarias propone para la protección, para la promoción, para la divulgación de lenguas como el catalán, el gallego y el euskera. Quiero recordar que ese compromiso se adquirió -esto no se ha dicho, quiero apuntarlo ahora-
teniendo el Gobierno de José María Aznar mayoría absoluta en esta Cámara. Por lo tanto, no se comprendería nunca que no se asumieran compromisos tan básicos como el señalado.
hay muchas televisiones que van a tener que renunciar a sus propios canales, al menos Canal Nou, a algunos de los cuatro que tenía.
De lo que hoy se trata aquí en términos políticos, de lo que tiene que debatir hoy este Congreso es de si esta Cámara quiere hacer suya la petición expresa de 650.000 ciudadanos. De lo que se trata hoy es de decidir si tiene sentido que se
limite la libertad de elegir qué medio de comunicación sirve a un ciudadano para informarse o entretenerse; si tiene sentido o no defender las lenguas y culturas propias de este país más allá del castellano; si tiene sentido devolverles a muchos
ciudadanos unos derechos que una actuación sectaria y mezquina les quitó. Estoy de acuerdo con el actual presidente de la Generalitat Valenciana, que antes de ser elegido dijo que se vería TV3 en la Comunidad Valenciana. De momento, lo único que
les pido es que le ayuden para que eso sea así. Señorías, les pido que voten sí a la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular de televisión sin fronteras, porque así votó España en su conjunto a través de los distintos Gobiernos
-entre ellos el Gobierno del señor Aznar- la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. La ratificó España. Por tanto, voten que sí a aquello que dice la Carta europea, voten que sí a escuchar a los ciudadanos y dejen que se tramite
esta ILP, y en su momento debatiremos para ver cómo podemos mejorarla -seguro que la vamos a mejorar-; voten que sí si no tienen miedo a la libertad de expresión; voten que sí a la pluralidad; voten que sí a la diversidad cultural, y voten que sí
a la convivencia de España, a la convivencia de las lenguas y de los pueblos de España.
Les decía en esta intervención que la España real y la España posible coinciden, que es la España constitucional. No lo hagan ustedes cada día más imposible.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puig Ferrer.
¿Algún grupo quiere utilizar turno en contra? (Pausa). Si no es así, vamos a pasar a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto -van a intervenir varios diputados- tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Empezaré por decirles, señores del Grupo Parlamentario Socialista, que bien venidos al club. Ojala hubiéramos aprovechado los años de su mayoría en esta Cámara para haber visto el desarrollo de esta iniciativa legislativa popular no
entorpecido en un momento en el que nos hubiera dado tiempo -no al final de la legislatura, como se produjo- a llevarla, seguramente, a mejor puerto. En cualquier caso creo que es un absoluto honor -ha utilizado el Grupo Socialista el turno a
favor, pero creo que el grueso de los grupos de esta Cámara nos sumaremos a ella- defender lo que esta iniciativa legislativa popular nos trae hoy al Pleno, en este caso una proposición a nuestro entender llena de cordura. Al dicho aquel tan
tradicional como expresivo de ponerle puertas al campo lo cierto es que la legislación española en materia audiovisual lo ha superado, le ha dado una vuelta de tuerca, y ha conseguido la expresión de tratar de poner fronteras a las ondas.
Curiosamente, no es que la expresión haya tomado una nueva forma, es que se ha convertido en una absoluta realidad inadmisible.
En estos momentos -me parece importante- miles y miles de ciudadanos en Navarra -hablaré de aquello que conozco bien de cerca- pueden acceder a la programación y a contenidos televisivos generales en cualquier lengua del mundo salvo en
euskera. Hay más; hoy miles y miles de niños y de niñas navarros pueden ver dibujos animados en cualquier lengua salvo en euskera, hacerlo al menos de manera generalizada, utilizando la técnica de manera normalizada. Es difícil explicarle a un
niño el porqué de la razón de la fuerza, pero es difícil explicarlo aquí; y es difícil explicarlo también en términos de racionalidad básica en cualquier punto de lo que entendemos una civilización normal. Se puede argumentar que las nuevas
técnicas pueden subsanar este error, pero no de manera universal; y sobre todo no combaten el error, que no es otro que limitar el traspaso entre comunidades autónomas cuando alentamos el traspaso de contenidos, en este caso televisivos, entre
Estados. Es absolutamente increíble; increíble cuando el Reino de España -se ha apuntado hoy en esta tribuna y supongo que será argumento que utilizaremos a lo largo de esta tarde muchos de los grupos- tiene asumido el grueso de lo que la Carta
Europea de Lenguas Minoritarias propone para la protección, para la promoción, para la divulgación de lenguas como el catalán, el gallego y el euskera. Quiero recordar que ese compromiso se adquirió -esto no se ha dicho, quiero apuntarlo ahora-
teniendo el Gobierno de José María Aznar mayoría absoluta en esta Cámara. Por lo tanto, no se comprendería nunca que no se asumieran compromisos tan básicos como el señalado.
Hoy, señorías, los ciudadanos nos están pidiendo algo tan básico como, más allá de triquiñuelas que nos permite la TDT, poder ver programación en euskera en Navarra, programación en catalán en Valencia o en Baleares de la televisión de TV3 y
programación en gallego en aquellos lugares donde se desee. Yo iría mucho más allá, pero de momento me quedo con lo que es -creo que importante- la voz de la cordura de la ciudadanía, de que a mi hijo le pueda decir que puede ver dibujos en
euskera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Quiero comenzar diciendo que, aunque tengo un aprecio y una consideración personal por Ximo Puig, esta proposición no debería haber llegado hoy aquí. Esta proposición no debería discutirse hoy aquí porque el PSOE
tuvo en sus manos la posibilidad de haberla tramitado, por eso es su responsabilidad que esto haya llegado hoy hasta aquí y que salga como salga.
Comenzaré mi intervención con un par de anécdotas. La primera, la consellera de Educación de la Generalitat Valenciana dijo un día que tenía un defecto. Dijo que tenía el defecto de hablar valenciano. Lo confieso, tengo el mismo defecto
que la consellera de Educación valenciana: hablo, pienso, escribo y vivo en valenciano. Otra confesión: me siento orgulloso de hablar, de vivir en valenciano. Así me lo enseñó mi madre y así se hace desde hace más de 750 años en mi pueblo.
Hablo valenciano no contra nada y mucho menos contra nadie; hablo valenciano por eso, porque me lo enseñó mi madre. Y también hablo castellano, y me considero afortunado de hablar las dos lenguas, que me han permitido aprender y entender otras
lenguas con mucha más facilidad.
Esta mañana me he permitido conectar la televisión y contar los canales; he contado los canales que había en castellano en mi pueblo, en Sueca. Había veinticinco canales que hablaban en castellano, el 83 % de la oferta, algunos de ellos
para emitir tarot, venta, chats y citas. Me he permitido ver cuántos había en valenciano: tres y luego dos locales, que en muchos casos, tanto los de Canal Nou como los otros, emiten programación en castellano, es decir el 16 %. Si descontamos
esto seguro que no llegamos ni al 10 %. Cuando he llegado a la estación del AVE he ido al quiosco a comprar el periódico. No había ni un solo periódico en mi lengua. He entrado en la web de la televisión internacional. Televisión Española
Internacional es la primera cadena generalista de proyección mundial en español, sus 450 millones de espectadores potenciales en los cinco continentes así lo avalan, y emitimos en cuatro señales diferentes: América I, América II, Europa y Asia.
Como se me está terminando el tiempo, voy a ir acabando, porque ha pasado muy rápido. No entenderían los ciudadanos que ustedes cerraran las puertas en lugar de abrirlas, que este Parlamento votara en contra de la Carta Europea de las
Lenguas Regionales o Minoritarias. Pero quiero acabar con unas palabras de mi presidente, del presidente de la Generalitat Valenciana pronunciadas el 22 de febrero de 2011. Dice textualmente: Hemos visto este fin de semana cómo muchos
castellonenses reclamaban la libertad de poder sintonizar TV3 en Castellón. Parece mentira que en el siglo XXI se limite la posibilidad de que las personas podamos elegir el medio de comunicación que deseemos. Como esto se produce porque Zapatero
no concede un múltiplex a la Comunidad Valenciana, lo vamos a reclamar en el Pleno. Vale ya de prohibiciones -y a continuación seis puntos de interrogación-. Vale ya de prohibiciones. Sin palabras. Nunca como hoy estaré tan de acuerdo con el
presidente de los valencianos, nunca como hoy estaré tan de acuerdo con el presidente del Partido Popular del País Valenciano, y nunca como hoy lo tendré tan claro: Compromís votará por la libertad de elección, Compromís-Equo votará a favor de la
televisión sin fronteras.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, señorías del Grupo Popular, señorías del Grupo Socialista, supongo que no les sorprenderá, máxime con lo que va a ocurrir hoy aquí -que rechazarán la voluntad de 655.000 personas-, que ahora, en
estos momentos, centenares de miles de personas estén desfilando por las calles de Barcelona con un eslogan muy claro: Catalunya, nou Estat d'Europa. De hecho, ustedes tienen lo que se merecen. Han sido tan cerriles, se han cerrado tanto a la
democracia, les ha podido tanto su animadversión hacia la realidad nacional catalana, que ustedes están recogiendo lo que han sembrado.
Hoy, señorías, los ciudadanos nos están pidiendo algo tan básico como, más allá de triquiñuelas que nos permite la TDT, poder ver programación en euskera en Navarra, programación en catalán en Valencia o en Baleares de la televisión de TV3 y
programación en gallego en aquellos lugares donde se desee. Yo iría mucho más allá, pero de momento me quedo con lo que es -creo que importante- la voz de la cordura de la ciudadanía, de que a mi hijo le pueda decir que puede ver dibujos en
euskera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Quiero comenzar diciendo que, aunque tengo un aprecio y una consideración personal por Ximo Puig, esta proposición no debería haber llegado hoy aquí. Esta proposición no debería discutirse hoy aquí porque el PSOE
tuvo en sus manos la posibilidad de haberla tramitado, por eso es su responsabilidad que esto haya llegado hoy hasta aquí y que salga como salga.
Comenzaré mi intervención con un par de anécdotas. La primera, la consellera de Educación de la Generalitat Valenciana dijo un día que tenía un defecto. Dijo que tenía el defecto de hablar valenciano. Lo confieso, tengo el mismo defecto
que la consellera de Educación valenciana: hablo, pienso, escribo y vivo en valenciano. Otra confesión: me siento orgulloso de hablar, de vivir en valenciano. Así me lo enseñó mi madre y así se hace desde hace más de 750 años en mi pueblo.
Hablo valenciano no contra nada y mucho menos contra nadie; hablo valenciano por eso, porque me lo enseñó mi madre. Y también hablo castellano, y me considero afortunado de hablar las dos lenguas, que me han permitido aprender y entender otras
lenguas con mucha más facilidad.
Esta mañana me he permitido conectar la televisión y contar los canales; he contado los canales que había en castellano en mi pueblo, en Sueca. Había veinticinco canales que hablaban en castellano, el 83 % de la oferta, algunos de ellos
para emitir tarot, venta, chats y citas. Me he permitido ver cuántos había en valenciano: tres y luego dos locales, que en muchos casos, tanto los de Canal Nou como los otros, emiten programación en castellano, es decir el 16 %. Si descontamos
esto seguro que no llegamos ni al 10 %. Cuando he llegado a la estación del AVE he ido al quiosco a comprar el periódico. No había ni un solo periódico en mi lengua. He entrado en la web de la televisión internacional. Televisión Española
Internacional es la primera cadena generalista de proyección mundial en español, sus 450 millones de espectadores potenciales en los cinco continentes así lo avalan, y emitimos en cuatro señales diferentes: América I, América II, Europa y Asia.
Como se me está terminando el tiempo, voy a ir acabando, porque ha pasado muy rápido. No entenderían los ciudadanos que ustedes cerraran las puertas en lugar de abrirlas, que este Parlamento votara en contra de la Carta Europea de las
Lenguas Regionales o Minoritarias. Pero quiero acabar con unas palabras de mi presidente, del presidente de la Generalitat Valenciana pronunciadas el 22 de febrero de 2011. Dice textualmente: Hemos visto este fin de semana cómo muchos
castellonenses reclamaban la libertad de poder sintonizar TV3 en Castellón. Parece mentira que en el siglo XXI se limite la posibilidad de que las personas podamos elegir el medio de comunicación que deseemos. Como esto se produce porque Zapatero
no concede un múltiplex a la Comunidad Valenciana, lo vamos a reclamar en el Pleno. Vale ya de prohibiciones -y a continuación seis puntos de interrogación-. Vale ya de prohibiciones. Sin palabras. Nunca como hoy estaré tan de acuerdo con el
presidente de los valencianos, nunca como hoy estaré tan de acuerdo con el presidente del Partido Popular del País Valenciano, y nunca como hoy lo tendré tan claro: Compromís votará por la libertad de elección, Compromís-Equo votará a favor de la
televisión sin fronteras.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, señorías del Grupo Popular, señorías del Grupo Socialista, supongo que no les sorprenderá, máxime con lo que va a ocurrir hoy aquí -que rechazarán la voluntad de 655.000 personas-, que ahora, en
estos momentos, centenares de miles de personas estén desfilando por las calles de Barcelona con un eslogan muy claro: Catalunya, nou Estat d'Europa. De hecho, ustedes tienen lo que se merecen. Han sido tan cerriles, se han cerrado tanto a la
democracia, les ha podido tanto su animadversión hacia la realidad nacional catalana, que ustedes están recogiendo lo que han sembrado.
Hace veinte años en el País Valencià las entidades sociales recogían dinero popular para pagar los repetidores. Hoy están recogiendo dinero popular para pagar las multas. Fíjense, veinte años intentando hacer realidad algo tan normal como
que no haya cortapisas a la comunicación entre territorios que tienen la misma lengua, máxime en un estadio en el que las nuevas tecnologías han cambiado nuestra sociedad.
La España real -decía don Ximo Puig- es que la derecha española, la derecha valenciana, pero también ustedes, se han cerrado en banda, porque ciertamente esta ILP hubiera podido debatirse en la pasada legislatura y la vicepresidenta del
Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, aun cuando es valenciana y supongo que podía entender perfectamente cuál era la realidad, lo bloqueó. Ustedes alimentaron al Partido Popular, ustedes alimentaron a la derecha valenciana y a la derecha
española. ¿Qué podemos esperar de un Estado en el cual el jefe del Estado ha tardado treinta y seis años en hacer algo tan educado y tan democrático -luego de educado poco, y de democrático menos- como normalizar lingüísticamente la página web de
la Casa Real? Treinta y seis años. A ver quién sube aquí y se atreve a repetirlo. Porque ciertamente queda fatal la Casa Real. De manera que de este Estado -por desgracia- no podemos esperar nada, nada, lo cual explica -repito- que centenares de
miles de personas estén desfilando por Barcelona ahora bajo un eslogan muy claro: Catalunya, nou Estat d'Europa. Señorías, creíamos que estábamos en un Estado en donde prevalecían la cultura y la modernidad. Todo esto ha quedado en un espejismo.
Así pues -si me permiten-, una vez terminadas estas palabras me voy a Barcelona, a la capital de mi país, a desfilar porque queremos -y no hay retorno- que Cataluña sea el nuevo Estado de Europa. Lo va a ser, y espero que los demócratas, la derecha
y la izquierda española, los demócratas, no piensen que esto van a pararlo. No se pueden poner puertas al campo, lo han hecho durante muchos años; se les ha acabado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señor Errekondo.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: En primer lugar, quiero felicitar al pueblo catalán el día de la Diada y enviarle el apoyo y solidaridad a los cientos de miles de catalanas y catalanes que se manifiestan a favor de un Estado libre y
soberano en Europa. Y es que hoy tratamos aquí un tema directamente relacionado. A la plataforma Acció Cultural del País Valencià felicitaciones y nuestro más sincero reconocimiento por vuestro compromiso social y la desobediencia civil que habéis
aplicado contra la injusticia que se aplica contra la lengua catalana por sus propios responsables políticos. En Euskal Herria padecemos una situación similar, la comunidad lingüística euskalduna abarca a la Comunidad Autónoma vasca y a la
Comunidad Foral de Navarra en el Estado español y a las provincias de Lapurdi, Baxenafarroa y Zuberoa en el francés, donde precisamente, por cierto, la televisión vasca, ETB, se ve perfectamente, y es que el País Vasco hoy día somos más de 3
millones de habitantes. Pero especialmente quería traer el caso grave que padecemos con la situación de Navarra, con un Gobierno rancio, ultraespañol y ultraconservador, que está obsesionado en su cruzada antieuskaldun que ni siquiera respeta un
convenio con la Comunidad Autónoma vasca de reciprocidad de la emisión de ETB, obstaculiza todo tipo de emisiones en euskera, cuando en el espacio navarro se pueden ver cadenas de todo el mundo, y ha impulsado el cierre del repetidor de ETB
instalado por unos voluntarios, provocando la intervención innecesaria de la policía y de la Audiencia Nacional. De hecho, la carta europea ya recomendó al Gobierno español la normalización de la captación de ETB porque era la única televisión que
emitía íntegramente en la lingua navarrorum o euskera. Por lo tanto, señorías del Gobierno, cumplan con sus compromisos lingüísticos y retiren todos los expedientes sancionadores incoados en causas similares y abandonen la política de criminalizar
las iniciativas genuinas, ya sean populares, ya sean de esencia vasca, catalana o galega. Y es que el principio máximo no es otro que los derechos lingüísticos corresponden a la comunidad lingüística y no a la Administración. Por eso, emplazamos a
los Gobiernos autonómicos, y en particular a Navarra y al español, a que corrijan su actitud, heredada del franquismo, que no es otra que la defensa de una única cultura, una única lengua, la española -que no la castellana, por cierto, según el
dictador- y que es también de menosprecio al catalán, al gallego y al euskera, y garanticen los derechos de las comunidades lingüísticas minoritarias en el ámbito de las telecomunicaciones. Como el hoy ministro del Interior dijo no hace mucho, ni
el aspecto económico ni el técnico son problemas, solo hace falta voluntad política. Nada más claro. Por lo tanto, señorías del Gobierno, ya no hay excusas. Amaiur apoyará por supuesto esta iniciativa. Vaya desde aquí nuestra solidaridad a todas
las comunidades lingüísticas minoritarias.
Muchas gracias.
Hace veinte años en el País Valencià las entidades sociales recogían dinero popular para pagar los repetidores. Hoy están recogiendo dinero popular para pagar las multas. Fíjense, veinte años intentando hacer realidad algo tan normal como
que no haya cortapisas a la comunicación entre territorios que tienen la misma lengua, máxime en un estadio en el que las nuevas tecnologías han cambiado nuestra sociedad.
La España real -decía don Ximo Puig- es que la derecha española, la derecha valenciana, pero también ustedes, se han cerrado en banda, porque ciertamente esta ILP hubiera podido debatirse en la pasada legislatura y la vicepresidenta del
Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, aun cuando es valenciana y supongo que podía entender perfectamente cuál era la realidad, lo bloqueó. Ustedes alimentaron al Partido Popular, ustedes alimentaron a la derecha valenciana y a la derecha
española. ¿Qué podemos esperar de un Estado en el cual el jefe del Estado ha tardado treinta y seis años en hacer algo tan educado y tan democrático -luego de educado poco, y de democrático menos- como normalizar lingüísticamente la página web de
la Casa Real? Treinta y seis años. A ver quién sube aquí y se atreve a repetirlo. Porque ciertamente queda fatal la Casa Real. De manera que de este Estado -por desgracia- no podemos esperar nada, nada, lo cual explica -repito- que centenares de
miles de personas estén desfilando por Barcelona ahora bajo un eslogan muy claro: Catalunya, nou Estat d'Europa. Señorías, creíamos que estábamos en un Estado en donde prevalecían la cultura y la modernidad. Todo esto ha quedado en un espejismo.
Así pues -si me permiten-, una vez terminadas estas palabras me voy a Barcelona, a la capital de mi país, a desfilar porque queremos -y no hay retorno- que Cataluña sea el nuevo Estado de Europa. Lo va a ser, y espero que los demócratas, la derecha
y la izquierda española, los demócratas, no piensen que esto van a pararlo. No se pueden poner puertas al campo, lo han hecho durante muchos años; se les ha acabado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señor Errekondo.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: En primer lugar, quiero felicitar al pueblo catalán el día de la Diada y enviarle el apoyo y solidaridad a los cientos de miles de catalanas y catalanes que se manifiestan a favor de un Estado libre y
soberano en Europa. Y es que hoy tratamos aquí un tema directamente relacionado. A la plataforma Acció Cultural del País Valencià felicitaciones y nuestro más sincero reconocimiento por vuestro compromiso social y la desobediencia civil que habéis
aplicado contra la injusticia que se aplica contra la lengua catalana por sus propios responsables políticos. En Euskal Herria padecemos una situación similar, la comunidad lingüística euskalduna abarca a la Comunidad Autónoma vasca y a la
Comunidad Foral de Navarra en el Estado español y a las provincias de Lapurdi, Baxenafarroa y Zuberoa en el francés, donde precisamente, por cierto, la televisión vasca, ETB, se ve perfectamente, y es que el País Vasco hoy día somos más de 3
millones de habitantes. Pero especialmente quería traer el caso grave que padecemos con la situación de Navarra, con un Gobierno rancio, ultraespañol y ultraconservador, que está obsesionado en su cruzada antieuskaldun que ni siquiera respeta un
convenio con la Comunidad Autónoma vasca de reciprocidad de la emisión de ETB, obstaculiza todo tipo de emisiones en euskera, cuando en el espacio navarro se pueden ver cadenas de todo el mundo, y ha impulsado el cierre del repetidor de ETB
instalado por unos voluntarios, provocando la intervención innecesaria de la policía y de la Audiencia Nacional. De hecho, la carta europea ya recomendó al Gobierno español la normalización de la captación de ETB porque era la única televisión que
emitía íntegramente en la lingua navarrorum o euskera. Por lo tanto, señorías del Gobierno, cumplan con sus compromisos lingüísticos y retiren todos los expedientes sancionadores incoados en causas similares y abandonen la política de criminalizar
las iniciativas genuinas, ya sean populares, ya sean de esencia vasca, catalana o galega. Y es que el principio máximo no es otro que los derechos lingüísticos corresponden a la comunidad lingüística y no a la Administración. Por eso, emplazamos a
los Gobiernos autonómicos, y en particular a Navarra y al español, a que corrijan su actitud, heredada del franquismo, que no es otra que la defensa de una única cultura, una única lengua, la española -que no la castellana, por cierto, según el
dictador- y que es también de menosprecio al catalán, al gallego y al euskera, y garanticen los derechos de las comunidades lingüísticas minoritarias en el ámbito de las telecomunicaciones. Como el hoy ministro del Interior dijo no hace mucho, ni
el aspecto económico ni el técnico son problemas, solo hace falta voluntad política. Nada más claro. Por lo tanto, señorías del Gobierno, ya no hay excusas. Amaiur apoyará por supuesto esta iniciativa. Vaya desde aquí nuestra solidaridad a todas
las comunidades lingüísticas minoritarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errekondo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Creo que en el debate de hoy va a haber muchos portavoces que repitamos una serie de argumentos. Eso será buena señal. Quiere decir que estamos de acuerdo más que en lo básico y que si todo funcionara como debiera, volveríamos a ratificar
esta iniciativa y podríamos darle forma, cuerpo legislativo, en un plazo breve de tiempo.
En primer lugar, quisiera señalar mi agradecimiento también a los promotores de la iniciativa. No es nada fácil reunir más de 650.000 firmas, y desde luego no es un número desdeñable de ciudadanos como para que esta Cámara haga caso omiso
de lo que ellos solicitan y de lo que les preocupa. Por otra parte, sería de extrañar que habiéndose dado una mayoría muy importante en septiembre pasado, un paso adelante para que se mantuviera en tramitación la iniciativa, ahora diera un vuelco
porque alguno de los grupos políticos cambiara radicalmente su posición. Sería bueno que esta iniciativa fuera adelante, porque no se entiende de otra manera en un momento en que cadenas de televisión de todo el mundo pueden ser captadas en los
hogares de las familias del Estado. Poner como razón un muro político, que determinada comunidad autónoma no está dispuesta a que se emita una señal, no parece que sea muy válido. Si se está viendo, por ejemplo, en el caso de Navarra, la
televisión francesa en el territorio, en el caso de la Comunidad Autónoma vasca en muchos lugares no hay ningún problema para ver esta cadena, pero incluso por un canal de pago se pueden ver emisiones del Canal Internacional, por ejemplo de Euskal
Telebista o de TV3, ¿por qué vamos a prohibir el acceso normal a un canal que lo único que hace es emitir en una determinada lengua? Imaginémonos que las comunidades autónomas tuvieran capacidad para cerrar sus fronteras a canales como, por
ejemplo, Intereconomía, Tele 5 o Televisión Española, La 1 o La 2. No tendría mucho sentido. Lo mismo sucede con las emisiones de TV3 o de Euskal Telebista.
Se ha dicho muchas veces en esta Cámara que las culturas no tienen fronteras. Se trata más bien de una cuestión de democracia, una cuestión de derechos humanos, derechos lingüísticos, y las tecnologías deben ponerse al servicio, con respeto
y protección, de los derechos humanos y de los derechos culturales también. Insisto. Podemos ver determinados canales en Canal Plus, si es de pago, y si no es de pago se ponen barreras en algunas comunidades autónomas para que no se puedan captar
en determinados idiomas. Se ha reseñado la Carta europea de las lenguas regionales, aprobada en febrero de 2001 por parte de las Cortes. Desde luego, ya se dijo en el debate anterior, con mayoría absoluta del Partido Popular. Una manera de
cumplimentar esa carta sería que la pluralidad lingüística se trasladara también en el ámbito de la televisión. Porque no puede ser que esto siga siendo una asignatura pendiente en los Estados. No se está obligando a nadie a ver una televisión,
una determinada cadena o a ver la televisión en una determinada lengua. Ahí sí que somos bastante libres a la hora de decir: enciendo la televisión o no la enciendo; pongo esta cadena u otra, pero a lo que todos nos gustaría tener derecho es a
recibir las máximas emisiones posibles. ¿Por qué no? Porque seguramente si se planteara incrementar el conocimiento de inglés en el país y que quizá sería bueno que hubiera alguna emisión británica o americana que se pudiera captar -o del francés-
y aumentar el conocimiento de los idiomas entre los jóvenes del país, seguro que no habría tantos remilgos. Sin embargo, con lenguas que se supone que forman parte del acervo cultural del país, que están incluso protegidas y reconocidas por la
Constitución, sí parece que hay rechazo, hay miedos, hay prejuicios y hay, insisto, barreras políticas que no técnicas. Que sean los ciudadanos, individualmente -muchas veces cuando se habla de lenguas y de nacionalismos se dice que no hay derechos
colectivos sino derechos individuales-, los que con ese derecho individual enciendan o no ese canal, pero no le corten ustedes el derecho individual a hacerlo. ¿Qué razones puede haber para que no sea así? Pues como no sea el interés general...
Pero entonces el interés general estaría muy mal definido; llámenlo de otra forma, pero no interés general, sobre todo cuando hay una propuesta con más de 650.000 firmas para el debate en esta Cámara.
Señores del Grupo Socialista, tomar el turno a favor, sinceramente me parece un exceso. Ya sé que votaron a favor; les agradezco que voten también a favor ahora, pero el Gobierno socialista podría haber resuelto este tema. Es más, este
asunto se podía haber debatido el 14 de octubre de 2010, pero el Gobierno hizo que se atrasara y tuvimos que debatirlo en septiembre de 2011, de manera que ya no pudo culminarse antes de que finalizara la legislatura. Eso, sin señalarle
determinadas actitudes por parte del Gobierno. Por ejemplo, nuestra compañera la señora Surroca en su intervención de septiembre del año pasado le señalaba cómo desde el Gobierno catalán también se estaba intentando implementar y desde
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errekondo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Creo que en el debate de hoy va a haber muchos portavoces que repitamos una serie de argumentos. Eso será buena señal. Quiere decir que estamos de acuerdo más que en lo básico y que si todo funcionara como debiera, volveríamos a ratificar
esta iniciativa y podríamos darle forma, cuerpo legislativo, en un plazo breve de tiempo.
En primer lugar, quisiera señalar mi agradecimiento también a los promotores de la iniciativa. No es nada fácil reunir más de 650.000 firmas, y desde luego no es un número desdeñable de ciudadanos como para que esta Cámara haga caso omiso
de lo que ellos solicitan y de lo que les preocupa. Por otra parte, sería de extrañar que habiéndose dado una mayoría muy importante en septiembre pasado, un paso adelante para que se mantuviera en tramitación la iniciativa, ahora diera un vuelco
porque alguno de los grupos políticos cambiara radicalmente su posición. Sería bueno que esta iniciativa fuera adelante, porque no se entiende de otra manera en un momento en que cadenas de televisión de todo el mundo pueden ser captadas en los
hogares de las familias del Estado. Poner como razón un muro político, que determinada comunidad autónoma no está dispuesta a que se emita una señal, no parece que sea muy válido. Si se está viendo, por ejemplo, en el caso de Navarra, la
televisión francesa en el territorio, en el caso de la Comunidad Autónoma vasca en muchos lugares no hay ningún problema para ver esta cadena, pero incluso por un canal de pago se pueden ver emisiones del Canal Internacional, por ejemplo de Euskal
Telebista o de TV3, ¿por qué vamos a prohibir el acceso normal a un canal que lo único que hace es emitir en una determinada lengua? Imaginémonos que las comunidades autónomas tuvieran capacidad para cerrar sus fronteras a canales como, por
ejemplo, Intereconomía, Tele 5 o Televisión Española, La 1 o La 2. No tendría mucho sentido. Lo mismo sucede con las emisiones de TV3 o de Euskal Telebista.
Se ha dicho muchas veces en esta Cámara que las culturas no tienen fronteras. Se trata más bien de una cuestión de democracia, una cuestión de derechos humanos, derechos lingüísticos, y las tecnologías deben ponerse al servicio, con respeto
y protección, de los derechos humanos y de los derechos culturales también. Insisto. Podemos ver determinados canales en Canal Plus, si es de pago, y si no es de pago se ponen barreras en algunas comunidades autónomas para que no se puedan captar
en determinados idiomas. Se ha reseñado la Carta europea de las lenguas regionales, aprobada en febrero de 2001 por parte de las Cortes. Desde luego, ya se dijo en el debate anterior, con mayoría absoluta del Partido Popular. Una manera de
cumplimentar esa carta sería que la pluralidad lingüística se trasladara también en el ámbito de la televisión. Porque no puede ser que esto siga siendo una asignatura pendiente en los Estados. No se está obligando a nadie a ver una televisión,
una determinada cadena o a ver la televisión en una determinada lengua. Ahí sí que somos bastante libres a la hora de decir: enciendo la televisión o no la enciendo; pongo esta cadena u otra, pero a lo que todos nos gustaría tener derecho es a
recibir las máximas emisiones posibles. ¿Por qué no? Porque seguramente si se planteara incrementar el conocimiento de inglés en el país y que quizá sería bueno que hubiera alguna emisión británica o americana que se pudiera captar -o del francés-
y aumentar el conocimiento de los idiomas entre los jóvenes del país, seguro que no habría tantos remilgos. Sin embargo, con lenguas que se supone que forman parte del acervo cultural del país, que están incluso protegidas y reconocidas por la
Constitución, sí parece que hay rechazo, hay miedos, hay prejuicios y hay, insisto, barreras políticas que no técnicas. Que sean los ciudadanos, individualmente -muchas veces cuando se habla de lenguas y de nacionalismos se dice que no hay derechos
colectivos sino derechos individuales-, los que con ese derecho individual enciendan o no ese canal, pero no le corten ustedes el derecho individual a hacerlo. ¿Qué razones puede haber para que no sea así? Pues como no sea el interés general...
Pero entonces el interés general estaría muy mal definido; llámenlo de otra forma, pero no interés general, sobre todo cuando hay una propuesta con más de 650.000 firmas para el debate en esta Cámara.
Señores del Grupo Socialista, tomar el turno a favor, sinceramente me parece un exceso. Ya sé que votaron a favor; les agradezco que voten también a favor ahora, pero el Gobierno socialista podría haber resuelto este tema. Es más, este
asunto se podía haber debatido el 14 de octubre de 2010, pero el Gobierno hizo que se atrasara y tuvimos que debatirlo en septiembre de 2011, de manera que ya no pudo culminarse antes de que finalizara la legislatura. Eso, sin señalarle
determinadas actitudes por parte del Gobierno. Por ejemplo, nuestra compañera la señora Surroca en su intervención de septiembre del año pasado le señalaba cómo desde el Gobierno catalán también se estaba intentando implementar y desde
el Gobierno español, en manos del Partido Socialista en aquellos momentos, no se contestaba. Así que bien por su discurso y por su defensa, pero no se ponga aquí a la cabeza de la manifestación en estos temas, porque este asunto podía haber
estado solucionado con la Administración anterior. Creo que hay argumentos suficientes como para que, cambiando un artículo, otro; una precisión, otra, de lo que es el texto sí podamos dar toda esta Cámara un sí absolutamente mayoritario. Quiero
de nuevo agradecer a los promotores su esfuerzo para traer este tema a la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, bienvenidos de nuevo a un nuevo periodo de sesiones que se inaugura con los mismos hábitos de la política vieja, como estamos viendo. En este extraño Parlamento algunas cosas se debaten muchas veces y las cosas importantes no se
debaten nunca, aunque tampoco nos faltan momentos dignos de El club de la comedia, como hemos visto esta misma tarde.
Tenemos para el debate una iniciativa legislativa popular presentada y avalada, efectivamente, por la firma de cientos de miles de ciudadanos, pero promovida -y creo que es importante subrayar esto- por el lobby que se denomina Acció
Cultural del País Valencià, que esta financiado por la Generalitat de Catalunya y en cuya página web, en su declaración de intenciones, afirma con toda claridad -y cito textualmente- que su misión es trabajar por la lengua y la cultura catalanas y
la identidad nacional. La identidad nacional de Cataluña, que es la buena. Esto se sobreentiende, porque en España hay identidades nacionales malas y buenas y con la identidad nacional española a algunos les pasa aquello que decía Goebbels, que
cuando oía la palabra cultura se llevaba la mano a la pistola. Aquí ha ocurrido literalmente, a veces ocurre metafóricamente, pero desde luego con la identidad nacional catalana nadie tiene dudas de que es la buena y es a la que hay que adherirse.
Lamento que los promotores de esta iniciativa, no obstante, no puedan estar en esta tribuna defendiéndola, dada la cantidad de trabas que se le ponen a este tipo de iniciativa legislativa popular, porque nosotros estamos en contra de esta iniciativa
y vamos a votar en contra de ella, pero defendemos el derecho de sus promotores a estar aquí defendiéndola y creemos que serían ellos los que tendrían que haber hecho el turno a favor. Confiamos en que se pueda reformar esa pésima reglamentación de
la ILP para que realmente constituya un instrumento de participación de los ciudadanos.
Decía que hablamos igual que cuando nos fuimos antes de las vacaciones, como en la vieja política, seguimos en la vieja política, porque se enmascaran las crudas realidades con bellos nombres y se nos trae aquí una iniciativa que se llama de
televisión sin fronteras, cuando en realidad lo que se busca es levantar fronteras, levantar barreras entre los que hablan la lengua que el nacionalismo considera propia y los del resto del país que no hablan esa lengua, hablan otra que en ese
territorio autonómico bilingüe se considera impropia, que es lo que hace el nacionalismo, considerar que el castellano es impropio en aquellos territorios donde lo que hay son dos lenguas y hablantes bilingües y hablantes de esas dos lenguas. Yo he
oído aquí algunas cosas...; claro, claro que se puede ver Al Jazeera (Muestra una pantalla), pero nos encontramos en este momento en Madrid, según todos los indicios, y se puede ver EITB en este momento en directo, se puede ver la televisión vasca,
se puede ver la televisión catalana, esto es Madrid y la estamos viendo; se puede ver en la televisión digital, se puede ver por satélite. Entonces no estamos hablando de prohibición, ni estamos hablando de que no se pueda ver, estamos hablando de
que si hubiera suficiente demanda a alguien le interesaría, pero es un mercado que no interesa. De eso es de lo que estamos hablando y ustedes están defendiendo que como no hay suficiente demanda el Estado pague lo que ustedes creen que es un
derecho, a pesar de que no han conseguido explicarnos las ventajas de que la televisión canaria se vea en La Rioja. Es algo que ninguno de los portavoces que me han precedido ha conseguido explicar, qué beneficios tiene para un ciudadano de La
Rioja poder ver la programación autonómica canaria, por ejemplo. Y recurren ustedes al Estado, que es lo que hace esta iniciativa, le pide al Estado que promueva, que coordine y que financie esas emisiones de televisión de una comunidad autónoma a
otra. Un Estado al que generalmente se le trata como intruso, al que se le acusa constantemente y frente al que se está en guardia porque invade competencias, o se le acusa, o se sospecha que va a invadir competencias permanentemente, cuando
hablamos de asuntos como la reducción del déficit o de la igualdad de acceso a los servicios sanitarios por parte de todos los ciudadanos. A ese Estado maléfico ahora se invoca su competencia exclusiva en materia de
el Gobierno español, en manos del Partido Socialista en aquellos momentos, no se contestaba. Así que bien por su discurso y por su defensa, pero no se ponga aquí a la cabeza de la manifestación en estos temas, porque este asunto podía haber
estado solucionado con la Administración anterior. Creo que hay argumentos suficientes como para que, cambiando un artículo, otro; una precisión, otra, de lo que es el texto sí podamos dar toda esta Cámara un sí absolutamente mayoritario. Quiero
de nuevo agradecer a los promotores su esfuerzo para traer este tema a la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, bienvenidos de nuevo a un nuevo periodo de sesiones que se inaugura con los mismos hábitos de la política vieja, como estamos viendo. En este extraño Parlamento algunas cosas se debaten muchas veces y las cosas importantes no se
debaten nunca, aunque tampoco nos faltan momentos dignos de El club de la comedia, como hemos visto esta misma tarde.
Tenemos para el debate una iniciativa legislativa popular presentada y avalada, efectivamente, por la firma de cientos de miles de ciudadanos, pero promovida -y creo que es importante subrayar esto- por el lobby que se denomina Acció
Cultural del País Valencià, que esta financiado por la Generalitat de Catalunya y en cuya página web, en su declaración de intenciones, afirma con toda claridad -y cito textualmente- que su misión es trabajar por la lengua y la cultura catalanas y
la identidad nacional. La identidad nacional de Cataluña, que es la buena. Esto se sobreentiende, porque en España hay identidades nacionales malas y buenas y con la identidad nacional española a algunos les pasa aquello que decía Goebbels, que
cuando oía la palabra cultura se llevaba la mano a la pistola. Aquí ha ocurrido literalmente, a veces ocurre metafóricamente, pero desde luego con la identidad nacional catalana nadie tiene dudas de que es la buena y es a la que hay que adherirse.
Lamento que los promotores de esta iniciativa, no obstante, no puedan estar en esta tribuna defendiéndola, dada la cantidad de trabas que se le ponen a este tipo de iniciativa legislativa popular, porque nosotros estamos en contra de esta iniciativa
y vamos a votar en contra de ella, pero defendemos el derecho de sus promotores a estar aquí defendiéndola y creemos que serían ellos los que tendrían que haber hecho el turno a favor. Confiamos en que se pueda reformar esa pésima reglamentación de
la ILP para que realmente constituya un instrumento de participación de los ciudadanos.
Decía que hablamos igual que cuando nos fuimos antes de las vacaciones, como en la vieja política, seguimos en la vieja política, porque se enmascaran las crudas realidades con bellos nombres y se nos trae aquí una iniciativa que se llama de
televisión sin fronteras, cuando en realidad lo que se busca es levantar fronteras, levantar barreras entre los que hablan la lengua que el nacionalismo considera propia y los del resto del país que no hablan esa lengua, hablan otra que en ese
territorio autonómico bilingüe se considera impropia, que es lo que hace el nacionalismo, considerar que el castellano es impropio en aquellos territorios donde lo que hay son dos lenguas y hablantes bilingües y hablantes de esas dos lenguas. Yo he
oído aquí algunas cosas...; claro, claro que se puede ver Al Jazeera (Muestra una pantalla), pero nos encontramos en este momento en Madrid, según todos los indicios, y se puede ver EITB en este momento en directo, se puede ver la televisión vasca,
se puede ver la televisión catalana, esto es Madrid y la estamos viendo; se puede ver en la televisión digital, se puede ver por satélite. Entonces no estamos hablando de prohibición, ni estamos hablando de que no se pueda ver, estamos hablando de
que si hubiera suficiente demanda a alguien le interesaría, pero es un mercado que no interesa. De eso es de lo que estamos hablando y ustedes están defendiendo que como no hay suficiente demanda el Estado pague lo que ustedes creen que es un
derecho, a pesar de que no han conseguido explicarnos las ventajas de que la televisión canaria se vea en La Rioja. Es algo que ninguno de los portavoces que me han precedido ha conseguido explicar, qué beneficios tiene para un ciudadano de La
Rioja poder ver la programación autonómica canaria, por ejemplo. Y recurren ustedes al Estado, que es lo que hace esta iniciativa, le pide al Estado que promueva, que coordine y que financie esas emisiones de televisión de una comunidad autónoma a
otra. Un Estado al que generalmente se le trata como intruso, al que se le acusa constantemente y frente al que se está en guardia porque invade competencias, o se le acusa, o se sospecha que va a invadir competencias permanentemente, cuando
hablamos de asuntos como la reducción del déficit o de la igualdad de acceso a los servicios sanitarios por parte de todos los ciudadanos. A ese Estado maléfico ahora se invoca su competencia exclusiva en materia de
telecomunicaciones, que así lo dice literalmente la iniciativa, a ese Estado habitualmente maléfico, sospechoso y amenazante ahora se le dice que ejerza esa competencia exclusiva, ¿para qué? Para fortalecer la identidad nacional de esas
comunidades autónomas que quieren crear mediante la clara colonización ideológica, porque no estamos hablando de otra cosa más que de colonización ideológica, quieren crear, construir y fortalecer una identidad particular frente a la identidad
común, pero se le pide al Estado común que financie la creación de la identidad, lo cual ya es la cuadratura del círculo, el triple salto mortal que hace el nacionalismo y que para mi perplejidad absoluta hoy ha decidido abanderar el Partido
Socialista.
Esa es la forma de que el Estado maléfico se convierta en benéfico, que es que fomente y que estimule aquellas identidades que lo quieren destruir y que contribuya a algo tan patético como un incipiente imperialismo cultural catalán, que no
es otra cosa que lo que hay detrás de esta iniciativa. Pero todo esto, por supuesto, no se hace nada más que invocando bellos principios y utilizando bellas palabras. Han hablado, entre otros el señor Puig, del pluralismo. Del pluralismo, no de
la pluralidad, señor Puig, la pluralidad es simplemente la abundancia; el pluralismo es la abundancia de cosas diversas. Han hablado del respeto al pluralismo lingüístico, de la Carta europea de las lenguas minoritarias y regionales. En términos
matemáticos una minoría se mide cuantitativamente, en términos sociológicos y políticos un grupo minoritario o minorizado socialmente es el que no tiene el poder de decidir sobre sus propios asuntos. En España quienes deciden sobre los asuntos
lingüísticos son, en Cataluña, los catalanes; en el País Vasco son los vascos, en Galicia son los gallegos, etcétera. Quienes no tienen poder, quienes realmente están minorizados son los castellanohablantes en Cataluña. Sí, a usted le hace
gracia, pero hay gente que sufre mucho las consecuencias de esas políticas. El pluralismo lingüístico en España está más que garantizado y ustedes lo saben, lo que falta por garantizar ahora, y desde luego cuentan con nosotros si se deciden a
hacerlo, es el pluralismo lingüístico interno dentro de las comunidades autónomas, porque no solo el cien por cien de los catalanes -ya que estamos hablando de ellos- habla castellano, sino que en torno al 40 % de los nacidos en Cataluña tienen como
lengua materna el castellano y, sin embargo, se encuentran con enormes trabas administrativas cuando quieren acceder a la educación en castellano para sus hijos; eso es ser una minoría: no tener el poder para regular asuntos propios y que afectan
tan directamente como la educación de los hijos. En términos sociológicos y políticos eso es una minoría, señor Puig.
También se invoca la libertad de información, un principio muy noble y una palabra muy bonita. Después de este debate sobre la televisión sin fronteras el siguiente paso es el que ha dado recientemente el Parlamento vasco, donde se ha
debatido una iniciativa para que obligatoriamente se incluyan seis minutos diarios de información sobre Baiona en los programas de la EITB, de la televisión vasca. Eso es en lo que degenera la libertad de información cuando no se explica bien,
cuando no se entiende bien y cuando se utiliza como coartada y como excusa. Seis minutos diarios de información sobre Baiona para contribuir a crear esa conciencia nacional común que atraviesa la frontera española y por supuesto que habla de una
Euskal Herria mítica para que pase lo que pase en Baiona, haya un terremoto de 9 grados en la escala de Richter o haya el atropello de un gato, todos los días haya seis minutos de información; en eso acaba la supuesta libertad de información que
aquí se ha invocado.
El verdadero propósito de esta iniciativa creo que está a la vista y ha habido algunos portavoces que lo han puesto de manifiesto -y a los que hay que agradecer por lo menos la claridad con la que no ocultan sus intenciones-, consiste en
reforzar la identidad que los nacionalistas llaman nacional de territorios españoles frente a lo que es común, a lo que es de todos y a lo que nos une. Ese es el propósito de esta iniciativa, por eso no elimina fronteras, sino que levanta barreras;
y cuando además se quiere que esas barreras las levantemos pagándolo con el dinero de todos los españoles, frente a los cuales y a veces contra los cuales se harán luego los discursos en esas televisiones llamadas sin fronteras, como pueden ustedes
deducir, señorías, mi grupo está en contra de que admitamos a trámite esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Hay discursos políticos que difícilmente ayudan a construir España sino que más fácilmente ayudan a deconstruirla, acabamos de escuchar uno de ellos. Hoy es 11 de septiembre, una fecha señalada por varios aniversarios, el más próximo los
atentados en Estados Unidos que cambiaron la política planetaria
telecomunicaciones, que así lo dice literalmente la iniciativa, a ese Estado habitualmente maléfico, sospechoso y amenazante ahora se le dice que ejerza esa competencia exclusiva, ¿para qué? Para fortalecer la identidad nacional de esas
comunidades autónomas que quieren crear mediante la clara colonización ideológica, porque no estamos hablando de otra cosa más que de colonización ideológica, quieren crear, construir y fortalecer una identidad particular frente a la identidad
común, pero se le pide al Estado común que financie la creación de la identidad, lo cual ya es la cuadratura del círculo, el triple salto mortal que hace el nacionalismo y que para mi perplejidad absoluta hoy ha decidido abanderar el Partido
Socialista.
Esa es la forma de que el Estado maléfico se convierta en benéfico, que es que fomente y que estimule aquellas identidades que lo quieren destruir y que contribuya a algo tan patético como un incipiente imperialismo cultural catalán, que no
es otra cosa que lo que hay detrás de esta iniciativa. Pero todo esto, por supuesto, no se hace nada más que invocando bellos principios y utilizando bellas palabras. Han hablado, entre otros el señor Puig, del pluralismo. Del pluralismo, no de
la pluralidad, señor Puig, la pluralidad es simplemente la abundancia; el pluralismo es la abundancia de cosas diversas. Han hablado del respeto al pluralismo lingüístico, de la Carta europea de las lenguas minoritarias y regionales. En términos
matemáticos una minoría se mide cuantitativamente, en términos sociológicos y políticos un grupo minoritario o minorizado socialmente es el que no tiene el poder de decidir sobre sus propios asuntos. En España quienes deciden sobre los asuntos
lingüísticos son, en Cataluña, los catalanes; en el País Vasco son los vascos, en Galicia son los gallegos, etcétera. Quienes no tienen poder, quienes realmente están minorizados son los castellanohablantes en Cataluña. Sí, a usted le hace
gracia, pero hay gente que sufre mucho las consecuencias de esas políticas. El pluralismo lingüístico en España está más que garantizado y ustedes lo saben, lo que falta por garantizar ahora, y desde luego cuentan con nosotros si se deciden a
hacerlo, es el pluralismo lingüístico interno dentro de las comunidades autónomas, porque no solo el cien por cien de los catalanes -ya que estamos hablando de ellos- habla castellano, sino que en torno al 40 % de los nacidos en Cataluña tienen como
lengua materna el castellano y, sin embargo, se encuentran con enormes trabas administrativas cuando quieren acceder a la educación en castellano para sus hijos; eso es ser una minoría: no tener el poder para regular asuntos propios y que afectan
tan directamente como la educación de los hijos. En términos sociológicos y políticos eso es una minoría, señor Puig.
También se invoca la libertad de información, un principio muy noble y una palabra muy bonita. Después de este debate sobre la televisión sin fronteras el siguiente paso es el que ha dado recientemente el Parlamento vasco, donde se ha
debatido una iniciativa para que obligatoriamente se incluyan seis minutos diarios de información sobre Baiona en los programas de la EITB, de la televisión vasca. Eso es en lo que degenera la libertad de información cuando no se explica bien,
cuando no se entiende bien y cuando se utiliza como coartada y como excusa. Seis minutos diarios de información sobre Baiona para contribuir a crear esa conciencia nacional común que atraviesa la frontera española y por supuesto que habla de una
Euskal Herria mítica para que pase lo que pase en Baiona, haya un terremoto de 9 grados en la escala de Richter o haya el atropello de un gato, todos los días haya seis minutos de información; en eso acaba la supuesta libertad de información que
aquí se ha invocado.
El verdadero propósito de esta iniciativa creo que está a la vista y ha habido algunos portavoces que lo han puesto de manifiesto -y a los que hay que agradecer por lo menos la claridad con la que no ocultan sus intenciones-, consiste en
reforzar la identidad que los nacionalistas llaman nacional de territorios españoles frente a lo que es común, a lo que es de todos y a lo que nos une. Ese es el propósito de esta iniciativa, por eso no elimina fronteras, sino que levanta barreras;
y cuando además se quiere que esas barreras las levantemos pagándolo con el dinero de todos los españoles, frente a los cuales y a veces contra los cuales se harán luego los discursos en esas televisiones llamadas sin fronteras, como pueden ustedes
deducir, señorías, mi grupo está en contra de que admitamos a trámite esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Hay discursos políticos que difícilmente ayudan a construir España sino que más fácilmente ayudan a deconstruirla, acabamos de escuchar uno de ellos. Hoy es 11 de septiembre, una fecha señalada por varios aniversarios, el más próximo los
atentados en Estados Unidos que cambiaron la política planetaria
al inicio del siglo XXI; 1973, no podemos olvidar el golpe de Estado contra Allende y el asesinato del presidente legítimo de Chile, y retrotrayéndonos más en el tiempo, 1714, tal día como hoy hace 298 años las tropas de Felipe V entraban
en la ciudad de Barcelona. Por eso, los catalanes hoy celebran la Diada y recuerdan que han sido nación durante muchos siglos, que han sido independientes en diversas ocasiones y que España la tenemos que construir entre todos, con el acuerdo de
todos y con la colaboración de todos. Hoy estamos viendo aquí una ILP que ha tenido un apoyo de 651.650 personas, entre ellas yo mismo, y lo que es también muy importante: las tres academias de las tres lenguas regionales minoritarias en España,
la gallega, la catalana y la vasca. Faltan dos días para que se cumpla un año de que aquí mismo, en el Congreso, se viese la admisión a trámite de esta misma ILP. En aquel momento nadie pidió el turno a favor; hoy lo ha pedido el Grupo
Socialista. Ya se ha dicho, pero no puedo evitar repetirlo: esta ILP se podría haber tramitado en tiempo y forma si el Gobierno socialista no la hubiese vetado por un hipotético coste o aumento en el gasto público. Hoy ha cambiado el Partido
Socialista. Bueno, pues ha cambiado el Partido Socialista. Hace un año votó favorablemente, pero hoy ha pedido el turno a favor. También hoy está en la oposición, con bastantes menos diputados que entonces, cuando se podía haber solucionado el
problema. Una lástima, pero, bueno, bienvenida sea la posición del Grupo Socialista a favor en aquel momento, bienvenida sea la posición del Grupo Socialista en este momento. Respecto del Grupo Popular, veremos qué es lo que nos plantea su
portavoz. Desde luego, por nuestra parte nos alegraría sobremanera que se mantuviese la posición de hace un año, que fue de abstención, y que de darse en estas circunstancias favorecería la admisión a trámite de esta ILP, porque la tradición de
esta Cámara y la tradición de esta democracia hace que de todas las ILP que se han planteado a lo largo de nuestra historia democrática -que son más de sesenta, ochenta y ocho dicen otros, es complicado seguirlo-, de todas esas ILP, solamente una ha
recibido el visto bueno de la Cámara, solamente una se ha admitido a trámite y se ha visto subsumida en otra legislación, y era la relativa a las deudas de las propiedades comunitarias. Solamente una. Hace un año esta era la segunda.
Lamentablemente, hoy creo que vamos a mantener la tradición, y hay tradiciones que deberían romperse, como es la de la cerrazón de esta Cámara a admitir las iniciativas legislativas populares. Esa es una tradición como otras que se han roto, como
tirar cabras de campanarios, y otras que todavía se mantienen, como matar a toros en Tordesillas. Desgraciadamente, esta mañana se ha vuelto a hacer eso, se ha vuelto a mantener esa tradición, que creo que habría que cambiar, como la de no aceptar
las ILP en esta Cámara. Quiero romper una lanza a favor de la admisión a trámite de esta ILP y a favor de que el Partido Popular mantenga lo que hizo hace un año.
¿Por qué se elabora esta ILP? Se ha dicho por parte de algún portavoz, pero quiero volver a repetirlo. Hace ya un montón de años, por suscripción popular y gracias al liderazgo de Acció Cultural del País Valencià, una entidad democrática
que defiende sus intereses, como cualquier otra fundación que reciba fondos de cualquier Administración pública, se llame Fundación Francisco Franco, o como se llame, instaló una serie de repetidores para que los valencianos y valencianas pudiésemos
ver la TV3, y durante una serie de años tuvimos el derecho de poder ver TV3 en todo el territorio valenciano, sin ningún problema. En un momento determinado, el señor Camps, expresidente de la Generalitat -ese que tuvo que dimitir en un momento
determinado- entró en una guerra abierta contra la emisión de TV3 en el País Valenciano: duplicó señales, puso cadenas nuevas a emitir machando la longitud en la que emitía en analógico la señal de TV3 y, a pesar de la adaptación que se hizo con la
aparición de la TDT, posteriormente se volvió a machacar y, finalmente, se hizo cerrar los repetidores, finalmente se hizo cortar la emisión de TV3, impedirla y, lo que fue peor, imponer unas multas desorbitadas a quienes solamente habían
posibilitado que se viese una televisión en otro territorio. Esta cuestión no tiene que ver solamente con la emisión de la televisión en otro territorio, tiene que ver también con esta cuestión que acabo de comentar, con las injustas multas que se
ha impuesto a una entidad que solamente pretendió que se cumpliese un convenio internacional suscrito por España. En el fondo de todo esto no tenemos más que el conflicto por la lengua en el País Valenciano, el conflicto entre valenciano, catalán y
demás. Pero es una batalla que el Partido Popular creo que en el País Valenciano ha tratado de abandonar ya reiteradamente. Nos alegraría muchísimo, a este grupo parlamentario, que finalmente se trabajase por ello; y una forma de trabajar por
ello será permitir la admisión a trámite de este proyecto de ley.
Hace poco más de un mes, el 2 de agosto, el Boletín Oficial del Estado publicó la reforma de la Ley General Audiovisual. Perdimos ahí una magnífica oportunidad para haber incorporado esta normativa a esa Ley General Audiovisual. De hecho,
desde nuestro grupo parlamentario se plantearon como enmiendas las propuestas que vienen en esta ILP, las modificaciones legales que permitirían que las televisiones de
al inicio del siglo XXI; 1973, no podemos olvidar el golpe de Estado contra Allende y el asesinato del presidente legítimo de Chile, y retrotrayéndonos más en el tiempo, 1714, tal día como hoy hace 298 años las tropas de Felipe V entraban
en la ciudad de Barcelona. Por eso, los catalanes hoy celebran la Diada y recuerdan que han sido nación durante muchos siglos, que han sido independientes en diversas ocasiones y que España la tenemos que construir entre todos, con el acuerdo de
todos y con la colaboración de todos. Hoy estamos viendo aquí una ILP que ha tenido un apoyo de 651.650 personas, entre ellas yo mismo, y lo que es también muy importante: las tres academias de las tres lenguas regionales minoritarias en España,
la gallega, la catalana y la vasca. Faltan dos días para que se cumpla un año de que aquí mismo, en el Congreso, se viese la admisión a trámite de esta misma ILP. En aquel momento nadie pidió el turno a favor; hoy lo ha pedido el Grupo
Socialista. Ya se ha dicho, pero no puedo evitar repetirlo: esta ILP se podría haber tramitado en tiempo y forma si el Gobierno socialista no la hubiese vetado por un hipotético coste o aumento en el gasto público. Hoy ha cambiado el Partido
Socialista. Bueno, pues ha cambiado el Partido Socialista. Hace un año votó favorablemente, pero hoy ha pedido el turno a favor. También hoy está en la oposición, con bastantes menos diputados que entonces, cuando se podía haber solucionado el
problema. Una lástima, pero, bueno, bienvenida sea la posición del Grupo Socialista a favor en aquel momento, bienvenida sea la posición del Grupo Socialista en este momento. Respecto del Grupo Popular, veremos qué es lo que nos plantea su
portavoz. Desde luego, por nuestra parte nos alegraría sobremanera que se mantuviese la posición de hace un año, que fue de abstención, y que de darse en estas circunstancias favorecería la admisión a trámite de esta ILP, porque la tradición de
esta Cámara y la tradición de esta democracia hace que de todas las ILP que se han planteado a lo largo de nuestra historia democrática -que son más de sesenta, ochenta y ocho dicen otros, es complicado seguirlo-, de todas esas ILP, solamente una ha
recibido el visto bueno de la Cámara, solamente una se ha admitido a trámite y se ha visto subsumida en otra legislación, y era la relativa a las deudas de las propiedades comunitarias. Solamente una. Hace un año esta era la segunda.
Lamentablemente, hoy creo que vamos a mantener la tradición, y hay tradiciones que deberían romperse, como es la de la cerrazón de esta Cámara a admitir las iniciativas legislativas populares. Esa es una tradición como otras que se han roto, como
tirar cabras de campanarios, y otras que todavía se mantienen, como matar a toros en Tordesillas. Desgraciadamente, esta mañana se ha vuelto a hacer eso, se ha vuelto a mantener esa tradición, que creo que habría que cambiar, como la de no aceptar
las ILP en esta Cámara. Quiero romper una lanza a favor de la admisión a trámite de esta ILP y a favor de que el Partido Popular mantenga lo que hizo hace un año.
¿Por qué se elabora esta ILP? Se ha dicho por parte de algún portavoz, pero quiero volver a repetirlo. Hace ya un montón de años, por suscripción popular y gracias al liderazgo de Acció Cultural del País Valencià, una entidad democrática
que defiende sus intereses, como cualquier otra fundación que reciba fondos de cualquier Administración pública, se llame Fundación Francisco Franco, o como se llame, instaló una serie de repetidores para que los valencianos y valencianas pudiésemos
ver la TV3, y durante una serie de años tuvimos el derecho de poder ver TV3 en todo el territorio valenciano, sin ningún problema. En un momento determinado, el señor Camps, expresidente de la Generalitat -ese que tuvo que dimitir en un momento
determinado- entró en una guerra abierta contra la emisión de TV3 en el País Valenciano: duplicó señales, puso cadenas nuevas a emitir machando la longitud en la que emitía en analógico la señal de TV3 y, a pesar de la adaptación que se hizo con la
aparición de la TDT, posteriormente se volvió a machacar y, finalmente, se hizo cerrar los repetidores, finalmente se hizo cortar la emisión de TV3, impedirla y, lo que fue peor, imponer unas multas desorbitadas a quienes solamente habían
posibilitado que se viese una televisión en otro territorio. Esta cuestión no tiene que ver solamente con la emisión de la televisión en otro territorio, tiene que ver también con esta cuestión que acabo de comentar, con las injustas multas que se
ha impuesto a una entidad que solamente pretendió que se cumpliese un convenio internacional suscrito por España. En el fondo de todo esto no tenemos más que el conflicto por la lengua en el País Valenciano, el conflicto entre valenciano, catalán y
demás. Pero es una batalla que el Partido Popular creo que en el País Valenciano ha tratado de abandonar ya reiteradamente. Nos alegraría muchísimo, a este grupo parlamentario, que finalmente se trabajase por ello; y una forma de trabajar por
ello será permitir la admisión a trámite de este proyecto de ley.
Hace poco más de un mes, el 2 de agosto, el Boletín Oficial del Estado publicó la reforma de la Ley General Audiovisual. Perdimos ahí una magnífica oportunidad para haber incorporado esta normativa a esa Ley General Audiovisual. De hecho,
desde nuestro grupo parlamentario se plantearon como enmiendas las propuestas que vienen en esta ILP, las modificaciones legales que permitirían que las televisiones de
territorios colindantes con la misma lengua minoritaria fuesen difundidas en el conjunto de esos territorios por la señal que es competencia del Estado. Hace un año don Jorge Fernández Díez, hoy ministro del Interior, defendía la posición
del Partido Popular a este respecto. Decía -cito textualmente- que el Partido Popular no se va a oponer a que esta iniciativa pueda ser tramitada parlamentariamente; con nuestra abstención, la del Partido Popular, no va a decaer al acabar esta
legislatura porque esta Cámara tendrá ocasión de tramitarla, de debatirla y de votarla en la legislatura que se iniciará con las elecciones del próximo 20 de noviembre. Henos aquí en esa oportunidad. Esta abstención -justificaba don Jorge
Fernández Díaz- responde a la convicción de que esta iniciativa legislativa popular merece ser tratada con la consideración que merece una iniciativa en general, y esta que estamos debatiendo en particular.
No obstante, ponía dos condiciones: una condición necesaria y una condición suficiente. La condición necesaria era el tercer múltiplex y la condición suficiente el acuerdo político. El tercer múltiplex y el acuerdo político está en sus
manos, está en las manos del Partido Popular. Está en sus manos lo que dice el artículo 11 de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, que España suscribió bajo el mandato del Partido Popular y con una mayoría absoluta del Partido
Popular. Ese artículo 11 dice: las partes se comprometen a garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de radio y televisión de los países vecinos en una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una lengua regional o
minoritaria, y a no oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en dicha lengua. De esto se trata, de garantizar que en los territorios colindantes se podrá ver la televisión que se hace en la misma
lengua para evitar, precisamente, un absurdo que sería que si en la zona de Perpiñán hay una televisión catalana pública, por este artículo, el Estado español debería facilitar su recepción libre, no mediante formato electrónico, no mediante
Internet, sino su recepción libre en todo el territorio catalán y valenciano. Con recepción libre me refiero cuando enciendes la televisión, no cuando te tienes que conectar a Internet para seleccionar la cadena. Ese absurdo que supondría que la
visión de esa televisión tuviese que ser garantizada por el Estado español en los territorios donde se habla catalán, y que lleva a que no se garantice lo mismo a la televisión de Catalunya o a la televisión del País Valenciano, de la Comunidad
Valenciana. Ese es el absurdo que se trata de romper y que está en manos del Gobierno, que está en manos del Estado, porque esto es una competencia del Estado, no es una competencia de las comunidades autónomas. La regulación del espacio
radioeléctrico es del Estado y, por lo tanto, no nos vale el discurso de que esto ya está solucionado y que las comunidades autónomas realicen sus propios convenios. Tiene que ser el Estado el que ponga a disposición de las comunidades autónomas
las longitudes de onda para que, mediante la TDT, se pueda recibir la señal de las televisiones que emiten en el mismo idioma en los territorios colindantes en los que se habla esa misma lengua.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
(Comienza su intervención en catalán). Decía que hoy como catalana me siento parte de la manifestación convocada en Barcelona, reivindicativa de la voluntad de ser del pueblo de Catalunya. Seguro que será una jornada histórica que va a
mover a catalanes y catalanas a reclamar nuestras aspiraciones nacionales, muy especialmente un trato fiscal más justo. Ha querido la casualidad que hoy, Diada nacional de Catalunya, veamos nuevamente, aunque por primera vez en esta legislatura, la
toma en consideración de la iniciativa legislativa popular sobre la televisión sin fronteras. Precisamente esta iniciativa también tiene que ver con lo que hoy, a pocas horas de este debate, miles de catalanes y catalanas van a reivindicar en las
calles de Barcelona. Y aunque sabemos que esta iniciativa no tiene únicamente que ver con el catalán, no es menos cierto que tiene también que ver con la defensa y exigencia de respeto por la pluralidad lingüística del Estado. Tiene que ver con
reivindicaciones nacionales históricas de Catalunya como la lengua y su cultura, y cómo se difunde a través de los medios de comunicación, por tanto, tiene que ver con las distintas lenguas y sus variantes que conviven en el Estado español junto con
el castellano y que son propias de distintas partes del territorio peninsular. Concretamente tiene que ver con reclamar una ordenación del espacio radioeléctrico con sentido común, respetando las distintas realidades o comunidades lingüísticas del
territorio. Tiene que ver con una obviedad, si lo que realmente queremos es respetar y proteger las distintas lenguas del territorio español, tal y como establece la Constitución y tratados internacionales suscritos y ratificados por España.
territorios colindantes con la misma lengua minoritaria fuesen difundidas en el conjunto de esos territorios por la señal que es competencia del Estado. Hace un año don Jorge Fernández Díez, hoy ministro del Interior, defendía la posición
del Partido Popular a este respecto. Decía -cito textualmente- que el Partido Popular no se va a oponer a que esta iniciativa pueda ser tramitada parlamentariamente; con nuestra abstención, la del Partido Popular, no va a decaer al acabar esta
legislatura porque esta Cámara tendrá ocasión de tramitarla, de debatirla y de votarla en la legislatura que se iniciará con las elecciones del próximo 20 de noviembre. Henos aquí en esa oportunidad. Esta abstención -justificaba don Jorge
Fernández Díaz- responde a la convicción de que esta iniciativa legislativa popular merece ser tratada con la consideración que merece una iniciativa en general, y esta que estamos debatiendo en particular.
No obstante, ponía dos condiciones: una condición necesaria y una condición suficiente. La condición necesaria era el tercer múltiplex y la condición suficiente el acuerdo político. El tercer múltiplex y el acuerdo político está en sus
manos, está en las manos del Partido Popular. Está en sus manos lo que dice el artículo 11 de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, que España suscribió bajo el mandato del Partido Popular y con una mayoría absoluta del Partido
Popular. Ese artículo 11 dice: las partes se comprometen a garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de radio y televisión de los países vecinos en una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una lengua regional o
minoritaria, y a no oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en dicha lengua. De esto se trata, de garantizar que en los territorios colindantes se podrá ver la televisión que se hace en la misma
lengua para evitar, precisamente, un absurdo que sería que si en la zona de Perpiñán hay una televisión catalana pública, por este artículo, el Estado español debería facilitar su recepción libre, no mediante formato electrónico, no mediante
Internet, sino su recepción libre en todo el territorio catalán y valenciano. Con recepción libre me refiero cuando enciendes la televisión, no cuando te tienes que conectar a Internet para seleccionar la cadena. Ese absurdo que supondría que la
visión de esa televisión tuviese que ser garantizada por el Estado español en los territorios donde se habla catalán, y que lleva a que no se garantice lo mismo a la televisión de Catalunya o a la televisión del País Valenciano, de la Comunidad
Valenciana. Ese es el absurdo que se trata de romper y que está en manos del Gobierno, que está en manos del Estado, porque esto es una competencia del Estado, no es una competencia de las comunidades autónomas. La regulación del espacio
radioeléctrico es del Estado y, por lo tanto, no nos vale el discurso de que esto ya está solucionado y que las comunidades autónomas realicen sus propios convenios. Tiene que ser el Estado el que ponga a disposición de las comunidades autónomas
las longitudes de onda para que, mediante la TDT, se pueda recibir la señal de las televisiones que emiten en el mismo idioma en los territorios colindantes en los que se habla esa misma lengua.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
(Comienza su intervención en catalán). Decía que hoy como catalana me siento parte de la manifestación convocada en Barcelona, reivindicativa de la voluntad de ser del pueblo de Catalunya. Seguro que será una jornada histórica que va a
mover a catalanes y catalanas a reclamar nuestras aspiraciones nacionales, muy especialmente un trato fiscal más justo. Ha querido la casualidad que hoy, Diada nacional de Catalunya, veamos nuevamente, aunque por primera vez en esta legislatura, la
toma en consideración de la iniciativa legislativa popular sobre la televisión sin fronteras. Precisamente esta iniciativa también tiene que ver con lo que hoy, a pocas horas de este debate, miles de catalanes y catalanas van a reivindicar en las
calles de Barcelona. Y aunque sabemos que esta iniciativa no tiene únicamente que ver con el catalán, no es menos cierto que tiene también que ver con la defensa y exigencia de respeto por la pluralidad lingüística del Estado. Tiene que ver con
reivindicaciones nacionales históricas de Catalunya como la lengua y su cultura, y cómo se difunde a través de los medios de comunicación, por tanto, tiene que ver con las distintas lenguas y sus variantes que conviven en el Estado español junto con
el castellano y que son propias de distintas partes del territorio peninsular. Concretamente tiene que ver con reclamar una ordenación del espacio radioeléctrico con sentido común, respetando las distintas realidades o comunidades lingüísticas del
territorio. Tiene que ver con una obviedad, si lo que realmente queremos es respetar y proteger las distintas lenguas del territorio español, tal y como establece la Constitución y tratados internacionales suscritos y ratificados por España.
En definitiva, se trata de un ejercicio de reivindicación democrática y más en un caso como el presente que proviene de una iniciativa legislativa popular, como muy bien han recordado todos los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra. Así, aunque hoy algunos de los diputados de Convergència i Unió no podamos estar en la bien seguro multitudinaria e histórica manifestación de Barcelona, los que aquí estamos nos sentimos plenamente identificados con sus reivindicaciones,
procurando estar también con ellos y ellas desde esta tribuna, defendiendo y fijando la posición de nuestro grupo en esta iniciativa legislativa popular que hemos apoyado desde su origen.
Nuestro grupo parlamentario votará favorablemente, como ya hizo en la anterior legislatura, la toma en consideración de esta iniciativa que tiene un largo recorrido, como ya se ha recordado también, previo hasta conseguir el apoyo ciudadano
suficiente para ser presentada en esta Cámara. Se han recogido más de 650.000 firmas de ciudadanos. Queremos aprovechar para felicitar a los impulsores que han empleado gran esfuerzo y dedicación para llegar hasta aquí. Seguro que no ha sido
fácil. Esperamos también que los demás grupos parlamentarios, sensibles al sentir de miles de ciudadanos que han apoyado esta iniciativa, la voten favorablemente o por lo menos no impidan su tramitación. Especialmente me dirijo al Grupo Popular
porque en el anterior debate, el ahora ministro Fernández Díaz que hace un momento estaba aquí presente, a pesar de indicar su abstención manifestó expresamente que no se obstaculizaría la tramitación, llegando a decir que el voto no respondía a
neutralidad ni indiferencia, como bien también ha recordado el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra.
Hoy veremos cuál será la consideración del Grupo Popular a esa petición ciudadana. Veremos cuál es ese compromiso del Grupo Popular como manifestaron en la anterior legislatura. Veremos cuál es el compromiso del Grupo Popular con los miles
de ciudadanos que han apoyado y se han adherido a esta iniciativa legislativa. Además, la Diputació de Castelló aprobó el pasado 1 de enero una moción que apoya explícitamente esta iniciativa legislativa popular. Recordemos que el president Fabra
es miembro del Partido Popular en Castelló. Por otra parte, tampoco podemos olvidar que las premisas que fundamentan esta propuesta son especialmente sólidas, como son la promoción y protección de las distintas comunidades lingüísticas del Estado
español. Por ello se pretende impulsar una ley que garantice con carácter general y estable y con condiciones técnicas de intercambio equiparables el cumplimiento de los objetivos de protección de las lenguas catalana, euskera y galega ante el
desarrollo de la televisión digital. Igualmente es importante recordar que todas las comunidades autónomas con lengua propia apoyan esta iniciativa, y algunas como Catalunya lo han hecho explícitamente mediante una declaración del president y de la
Junta de Portavoces del Parlament de Catalunya el pasado 2 de febrero de 2010. Estamos ante una iniciativa que tiene un gran apoyo ciudadano -como hemos recordado- pero que no está circunscrita únicamente a Catalunya o al País Valencià sino que su
alcance es mucho más amplio; lo han recordado en este sentido algunos portavoces. Además, la iniciativa legislativa popular incide en una cuestión tan sensible y digna de protección y promoción como son las distintas lenguas que conviven en España
y que forman parte sustancial de nuestro patrimonio cultural.
Por otra parte, recordemos que España se adhirió a la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias que se invoca como uno de los fundamentos de esta iniciativa legislativa, y en cuyo artículo 11 se garantiza la libertad de recepción
directa de las emisiones de radio y televisión de países vecinos o territorios en una lengua usada en una forma idéntica o próxima de una lengua regional o minoritaria. También insta a las administraciones a no oponerse a la retransmisión de las
emisiones de radio y televisión de los países vecinos en esta lengua. Y si bien es cierto que la carta es de libre adhesión, también lo es que el Estado español la ha suscrito mayoritariamente -incluso este artículo 11 que he mencionado- y además
ha sido validada por el Congreso y por el Senado.
La iniciativa que hoy se nos ha presentado para su toma en consideración pretende que llegue a los territorios en que se habla catalán, euskera o galego y sus distintas modalidades en las emisiones autonómicas de radio y televisión
realizadas en esas lenguas por otras autonomías vecinas o colindantes. Es decir, que el uso del espacio radioeléctrico se ordene con sentido común, teniendo en cuenta no solo criterios técnicos sino también de otra índole como son los de
pertenencia a una misma comunidad lingüística y de proximidad geográfica. Esta cuestión está resuelta, como bien saben, en la Ley General Audiovisual, y estamos hablando de una materia que es competencia del Gobierno del Estado, por cuanto le
corresponde en exclusiva el uso del espacio radioeléctrico. Como han recordado otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es importante recordar que ninguno de los Gobiernos -tampoco el socialista- solucionó este tema cuando
tuvo la oportunidad de hacerlo. La situación actual, que se arrastra desde hace tiempo, genera muchas situaciones conflictivas y la solución que ofrece la
En definitiva, se trata de un ejercicio de reivindicación democrática y más en un caso como el presente que proviene de una iniciativa legislativa popular, como muy bien han recordado todos los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra. Así, aunque hoy algunos de los diputados de Convergència i Unió no podamos estar en la bien seguro multitudinaria e histórica manifestación de Barcelona, los que aquí estamos nos sentimos plenamente identificados con sus reivindicaciones,
procurando estar también con ellos y ellas desde esta tribuna, defendiendo y fijando la posición de nuestro grupo en esta iniciativa legislativa popular que hemos apoyado desde su origen.
Nuestro grupo parlamentario votará favorablemente, como ya hizo en la anterior legislatura, la toma en consideración de esta iniciativa que tiene un largo recorrido, como ya se ha recordado también, previo hasta conseguir el apoyo ciudadano
suficiente para ser presentada en esta Cámara. Se han recogido más de 650.000 firmas de ciudadanos. Queremos aprovechar para felicitar a los impulsores que han empleado gran esfuerzo y dedicación para llegar hasta aquí. Seguro que no ha sido
fácil. Esperamos también que los demás grupos parlamentarios, sensibles al sentir de miles de ciudadanos que han apoyado esta iniciativa, la voten favorablemente o por lo menos no impidan su tramitación. Especialmente me dirijo al Grupo Popular
porque en el anterior debate, el ahora ministro Fernández Díaz que hace un momento estaba aquí presente, a pesar de indicar su abstención manifestó expresamente que no se obstaculizaría la tramitación, llegando a decir que el voto no respondía a
neutralidad ni indiferencia, como bien también ha recordado el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra.
Hoy veremos cuál será la consideración del Grupo Popular a esa petición ciudadana. Veremos cuál es ese compromiso del Grupo Popular como manifestaron en la anterior legislatura. Veremos cuál es el compromiso del Grupo Popular con los miles
de ciudadanos que han apoyado y se han adherido a esta iniciativa legislativa. Además, la Diputació de Castelló aprobó el pasado 1 de enero una moción que apoya explícitamente esta iniciativa legislativa popular. Recordemos que el president Fabra
es miembro del Partido Popular en Castelló. Por otra parte, tampoco podemos olvidar que las premisas que fundamentan esta propuesta son especialmente sólidas, como son la promoción y protección de las distintas comunidades lingüísticas del Estado
español. Por ello se pretende impulsar una ley que garantice con carácter general y estable y con condiciones técnicas de intercambio equiparables el cumplimiento de los objetivos de protección de las lenguas catalana, euskera y galega ante el
desarrollo de la televisión digital. Igualmente es importante recordar que todas las comunidades autónomas con lengua propia apoyan esta iniciativa, y algunas como Catalunya lo han hecho explícitamente mediante una declaración del president y de la
Junta de Portavoces del Parlament de Catalunya el pasado 2 de febrero de 2010. Estamos ante una iniciativa que tiene un gran apoyo ciudadano -como hemos recordado- pero que no está circunscrita únicamente a Catalunya o al País Valencià sino que su
alcance es mucho más amplio; lo han recordado en este sentido algunos portavoces. Además, la iniciativa legislativa popular incide en una cuestión tan sensible y digna de protección y promoción como son las distintas lenguas que conviven en España
y que forman parte sustancial de nuestro patrimonio cultural.
Por otra parte, recordemos que España se adhirió a la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias que se invoca como uno de los fundamentos de esta iniciativa legislativa, y en cuyo artículo 11 se garantiza la libertad de recepción
directa de las emisiones de radio y televisión de países vecinos o territorios en una lengua usada en una forma idéntica o próxima de una lengua regional o minoritaria. También insta a las administraciones a no oponerse a la retransmisión de las
emisiones de radio y televisión de los países vecinos en esta lengua. Y si bien es cierto que la carta es de libre adhesión, también lo es que el Estado español la ha suscrito mayoritariamente -incluso este artículo 11 que he mencionado- y además
ha sido validada por el Congreso y por el Senado.
La iniciativa que hoy se nos ha presentado para su toma en consideración pretende que llegue a los territorios en que se habla catalán, euskera o galego y sus distintas modalidades en las emisiones autonómicas de radio y televisión
realizadas en esas lenguas por otras autonomías vecinas o colindantes. Es decir, que el uso del espacio radioeléctrico se ordene con sentido común, teniendo en cuenta no solo criterios técnicos sino también de otra índole como son los de
pertenencia a una misma comunidad lingüística y de proximidad geográfica. Esta cuestión está resuelta, como bien saben, en la Ley General Audiovisual, y estamos hablando de una materia que es competencia del Gobierno del Estado, por cuanto le
corresponde en exclusiva el uso del espacio radioeléctrico. Como han recordado otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es importante recordar que ninguno de los Gobiernos -tampoco el socialista- solucionó este tema cuando
tuvo la oportunidad de hacerlo. La situación actual, que se arrastra desde hace tiempo, genera muchas situaciones conflictivas y la solución que ofrece la
presente iniciativa podría ser una buena opción que resolvería de forma definitiva muchas de las situaciones absolutamente absurdas que se han generado.
Ante conflictos surgidos en este ámbito es necesaria la implicación del Gobierno, cosa que -como decía- no ha sucedido hasta el momento; no se ha ejercido ese papel activo y se ha permitido el enquistamiento de determinadas situaciones.
Por tanto, desde Convergència i Unió insistimos en que desde el primer momento hemos estado al lado de esta iniciativa legislativa y continuaremos estándolo. Por ello, anunciamos que votaremos favorablemente, agradeciendo que el máximo de grupos
parlamentarios se sumen a esta iniciativa que ha reunido tantas adhesiones ciudadanas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Moreno Bustos.
El señor MORENO BUSTOS: Señor presidente, señorías, esta iniciativa tiene un antes, un durante y un fin parlamentario sobre el que pretendo fijar posición en este momento, admitiendo de antemano cierta complejidad técnica en los argumentos
que voy a emplear. En primer término, queremos expresar nuestra consideración más respetuosa y deferente hacia los promotores de la iniciativa legislativa popular que nos ocupa. Quiero empezar por recordar que el Gobierno socialista vetó su debate
en el año 2010. Es verdad también que finalmente se trató de ello en septiembre de 2011, y hoy volvemos sobre el asunto con el necesario acopio de novedades y circunstancias técnicas que son las únicas, desde nuestro punto de vista, que lo
condicionan y describen en este momento. Lo dijimos el pasado 13 de septiembre de 2011 en el Pleno de la Cámara y lo repetimos ahora, estas propuestas ciudadanas tienen un valor incuestionable en términos democráticos y del sentir popular que no
pueden caer en saco roto. Por ello el origen de la iniciativa, que data -no lo olvidemos- de mayo de 2009, goza de toda la legitimidad y reconocimiento al esfuerzo colectivo necesario para sumar los apoyos precisos que nuestra legislación requiere,
pero también se ve afectada por un poso temporal que condiciona extraordinariamente su viabilidad jurídica.
Aunque el debate sobre la recepción de un canal autonómico en otro territorio -concretamente los de las cadenas TV3 y Canal Nou- estuvo en el germen y en la razón de ser de esta iniciativa popular, enseguida se han planteado otras
aspiraciones, otros objetivos entre comunidades distintas como las del País Vasco y Navarra o también Galicia, que ya se han explayado en intervenciones anteriores, e incluso otras posibilidades territoriales que nos vienen a la mente a todos de
forma inmediata. Hay que recordar que la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, ya regula esta posibilidad que demanda la proposición de ley en los siguientes artículos, el 4.3, el 5.1, el 22.3, y en el artículo 40.3,
donde reconoce que la emisión del servicio público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una comunidad o ciudad autónoma en otra limítrofe y con afinidades lingüísticas y culturales, podrá ser efectuada siempre que así lo
acuerden mediante convenio y exista reciprocidad.
Esta fue una ley que, como recordarán, recibió el apoyo de la inmensa mayoría de la Cámara -salvo del Grupo Parlamentario Popular-. Fue esta ley la referencia legislativa fundamental que el Grupo Socialista esgrimió en el debate de
septiembre de 2011 como respuesta ya aplicable a la propia iniciativa popular. La otra referencia que condicionaba la titubeante posición del entonces Grupo Socialista era la económica. Tampoco vivimos un momento propicio para introducir cambios y
medidas que puedan acarrear gastos adicionales al Estado -decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de entonces-. Ante esas palabras, hoy no debería variar su planteamiento, ya que ante una situación económica delicada la iniciativa
impone al Estado en varias disposiciones -directa o indirectamente- un incremento del gasto cuya cantidad compete a diferentes ministerios, por lo que habría que dedicar también una gran cantidad de recursos a intentar llevar a cabo una
replanificación de todos los múltiplex digitales actuales, con gran coste económico no cuantificado para la Administración, los operadores e incluso para los usuarios por los cambios de canales que se producirían. Asimismo esta iniciativa supondría
imponer al Estado la financiación de la gestión de los nuevos múltiplex, con un coste anual en el entorno de los 15 millones de euros, y además cabe recordar que en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 no existen dotaciones destinadas a
este fin ni existe margen para su inclusión dentro del proceso de elaboración de los presupuestos correspondientes a 2013.
Por otra parte no podemos estar más de acuerdo con aquellos que desde esta tribuna han manifestado que las televisiones autonómicas no pueden crear fronteras donde ni las hay ni las debe haber, señalaba el portavoz del Partido Popular -el
hoy ministro Jorge Fernández- en el mes de septiembre pasado. Estamos más allá de un debate de límites audiovisuales lingüísticos o más allá de apoyos a lenguas
presente iniciativa podría ser una buena opción que resolvería de forma definitiva muchas de las situaciones absolutamente absurdas que se han generado.
Ante conflictos surgidos en este ámbito es necesaria la implicación del Gobierno, cosa que -como decía- no ha sucedido hasta el momento; no se ha ejercido ese papel activo y se ha permitido el enquistamiento de determinadas situaciones.
Por tanto, desde Convergència i Unió insistimos en que desde el primer momento hemos estado al lado de esta iniciativa legislativa y continuaremos estándolo. Por ello, anunciamos que votaremos favorablemente, agradeciendo que el máximo de grupos
parlamentarios se sumen a esta iniciativa que ha reunido tantas adhesiones ciudadanas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Moreno Bustos.
El señor MORENO BUSTOS: Señor presidente, señorías, esta iniciativa tiene un antes, un durante y un fin parlamentario sobre el que pretendo fijar posición en este momento, admitiendo de antemano cierta complejidad técnica en los argumentos
que voy a emplear. En primer término, queremos expresar nuestra consideración más respetuosa y deferente hacia los promotores de la iniciativa legislativa popular que nos ocupa. Quiero empezar por recordar que el Gobierno socialista vetó su debate
en el año 2010. Es verdad también que finalmente se trató de ello en septiembre de 2011, y hoy volvemos sobre el asunto con el necesario acopio de novedades y circunstancias técnicas que son las únicas, desde nuestro punto de vista, que lo
condicionan y describen en este momento. Lo dijimos el pasado 13 de septiembre de 2011 en el Pleno de la Cámara y lo repetimos ahora, estas propuestas ciudadanas tienen un valor incuestionable en términos democráticos y del sentir popular que no
pueden caer en saco roto. Por ello el origen de la iniciativa, que data -no lo olvidemos- de mayo de 2009, goza de toda la legitimidad y reconocimiento al esfuerzo colectivo necesario para sumar los apoyos precisos que nuestra legislación requiere,
pero también se ve afectada por un poso temporal que condiciona extraordinariamente su viabilidad jurídica.
Aunque el debate sobre la recepción de un canal autonómico en otro territorio -concretamente los de las cadenas TV3 y Canal Nou- estuvo en el germen y en la razón de ser de esta iniciativa popular, enseguida se han planteado otras
aspiraciones, otros objetivos entre comunidades distintas como las del País Vasco y Navarra o también Galicia, que ya se han explayado en intervenciones anteriores, e incluso otras posibilidades territoriales que nos vienen a la mente a todos de
forma inmediata. Hay que recordar que la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, ya regula esta posibilidad que demanda la proposición de ley en los siguientes artículos, el 4.3, el 5.1, el 22.3, y en el artículo 40.3,
donde reconoce que la emisión del servicio público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una comunidad o ciudad autónoma en otra limítrofe y con afinidades lingüísticas y culturales, podrá ser efectuada siempre que así lo
acuerden mediante convenio y exista reciprocidad.
Esta fue una ley que, como recordarán, recibió el apoyo de la inmensa mayoría de la Cámara -salvo del Grupo Parlamentario Popular-. Fue esta ley la referencia legislativa fundamental que el Grupo Socialista esgrimió en el debate de
septiembre de 2011 como respuesta ya aplicable a la propia iniciativa popular. La otra referencia que condicionaba la titubeante posición del entonces Grupo Socialista era la económica. Tampoco vivimos un momento propicio para introducir cambios y
medidas que puedan acarrear gastos adicionales al Estado -decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de entonces-. Ante esas palabras, hoy no debería variar su planteamiento, ya que ante una situación económica delicada la iniciativa
impone al Estado en varias disposiciones -directa o indirectamente- un incremento del gasto cuya cantidad compete a diferentes ministerios, por lo que habría que dedicar también una gran cantidad de recursos a intentar llevar a cabo una
replanificación de todos los múltiplex digitales actuales, con gran coste económico no cuantificado para la Administración, los operadores e incluso para los usuarios por los cambios de canales que se producirían. Asimismo esta iniciativa supondría
imponer al Estado la financiación de la gestión de los nuevos múltiplex, con un coste anual en el entorno de los 15 millones de euros, y además cabe recordar que en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 no existen dotaciones destinadas a
este fin ni existe margen para su inclusión dentro del proceso de elaboración de los presupuestos correspondientes a 2013.
Por otra parte no podemos estar más de acuerdo con aquellos que desde esta tribuna han manifestado que las televisiones autonómicas no pueden crear fronteras donde ni las hay ni las debe haber, señalaba el portavoz del Partido Popular -el
hoy ministro Jorge Fernández- en el mes de septiembre pasado. Estamos más allá de un debate de límites audiovisuales lingüísticos o más allá de apoyos a lenguas
cooficiales de las comunidades autónomas; estamos ante una cuestión que es puramente técnica. Con el objetivo de facilitar la recepción recíproca de canales de televisión pública de ámbito autonómico entre comunidades autónomas
colindantes, se impulsó la modificación de la disposición adicional séptima de la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, del Tercer Canal de Televisión, que desde 1999 prevé la posibilidad de concluir convenios de colaboración entre las comunidades
autónomas para la emisión de uno o más programas de su televisión autonómica en el ámbito geográfico de otras, siempre que los espacios radioeléctricos correspondientes en sus ámbitos territoriales sean limítrofes y se utilicen las frecuencias
asignadas por el Ministerio de Fomento. Desde entonces diversas comunidades autónomas han hecho uso de esta posibilidad, suscribiendo convenios de colaboración para el intercambio y recepción recíproca de emisiones tanto analógicas con anterioridad
como ahora digitales. Y es que hay que recordar que, tras culminar el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica, se asignó capacidad adicional de transmisión en la prestación de servicios de televisión digital
terrestre. En concreto, la disposición adicional tercera del Real Decreto 944/2005 reserva a cada una de las comunidades autónomas dos múltiplex digitales de cobertura autonómica que podrán seguir siendo utilizados para el intercambio y la
recepción recíproca de emisiones de otras comunidades autónomas con las cuales compartan lengua. No obstante, con posterioridad a la aprobación de la normativa reguladora de la televisión digital terrestre antes mencionada, se han producido nuevas
circunstancias que hacen necesario un replanteamiento del modelo de televisión digital terrestre y de su normativa reguladora.
En primer lugar, la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, prevé que una parte de la banda de frecuencias actualmente utilizada por el servicio de televisión pase a ser utilizada por los servicios de telefonía móvil a partir del 1 de enero del
año 2015. Esta banda de frecuencias se conoce como dividendo digital. Con posterioridad, con fecha 15 de febrero de 2012 se aprobó la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un primer programa de política del espectro
radioeléctrico, que establece que los Estados miembros deberán garantizar que la banda del dividendo digital esté disponible para servicios de comunicaciones electrónicas antes del 1 de enero de 2013, permitiéndose en casos excepcionales debidamente
motivados la autorización de aplazamientos por parte de la Comisión. Por otra parte, en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2012, celebrada en Ginebra este mismo año, se aprobó lo que ha venido a denominarse el segundo dividendo
digital. Si bien no se ha determinado todavía en el ámbito de los Estados miembros de la Unión Europea el futuro uso de esta banda de frecuencias, esta circunstancia debe ser tomada en consideración en la planificación de canales radioeléctricos
para la liberalización del dividendo digital, al objeto de prevenir en la medida de lo posible la utilización por el servicio de televisión de nuevos canales que en un futuro pudieran verse afectados por la introducción de nuevos servicios móviles,
evitando con ello molestias y costes a los ciudadanos y a los operadores del servicio de televisión.
En definitiva, el espectro resultante del dividendo digital implica que queda menos espectro disponible aun para el servicio de televisión terrestre. Por este motivo el Gobierno, con fecha 24 de agosto, acaba de aprobar mediante acuerdo del
Consejo de Ministros el Plan de impulso de la TDT y de la innovación tecnológica. Para la consecución de los objetivos de este plan, es necesario llevar a cabo una modificación de la normativa reguladora que represente un nuevo impulso a la
televisión digital, que favorezca la introducción de nuevas tecnologías, en particular la televisión de alta definición y el rápido despliegue de la telefonía móvil de cuarta generación, y simplifique el proceso de liberalización del dividendo
digital, evitando molestias y costes a los ciudadanos y a los operadores de televisión. También es preciso, para llevar a cabo este plan simplificado, modificar las condiciones establecidas en la regulación actual, ya que es necesario ajustar el
número de canales múltiplex digitales que estaban previstos para los operadores públicos y privados. A su vez, el nuevo plan contempla el rediseño del plan de frecuencias asignado a los radiodifusores de televisión que reconduzca el espacio total
ocupado a partir de un escenario inicial basado en el establecimiento de una serie de redes de televisión digital terrestre.
Dicho esto, se puede observar, ante la escasez del espectro radioeléctrico y la necesidad de liberar el dividendo digital, que los canales múltiplex de cobertura autonómica en cada una de las comunidades autónomas van a quedar limitados a
uno. Por tanto, lo que se plantea en la proposición de ley es inviable desde el punto de vista técnico dada la escasez del espectro radioeléctrico y las decisiones adoptadas a nivel internacional, europeo y estatal. Ha de reiterarse, por la
importancia que tiene el razonamiento para la orientación que se da a la presente proposición de ley, que el espectro radioeléctrico es un bien escaso y por ello, como recuerda el artículo 43 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, su gestión ha de tener por objetivo el establecimiento de un marco jurídico que asegure unas condiciones
cooficiales de las comunidades autónomas; estamos ante una cuestión que es puramente técnica. Con el objetivo de facilitar la recepción recíproca de canales de televisión pública de ámbito autonómico entre comunidades autónomas
colindantes, se impulsó la modificación de la disposición adicional séptima de la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, del Tercer Canal de Televisión, que desde 1999 prevé la posibilidad de concluir convenios de colaboración entre las comunidades
autónomas para la emisión de uno o más programas de su televisión autonómica en el ámbito geográfico de otras, siempre que los espacios radioeléctricos correspondientes en sus ámbitos territoriales sean limítrofes y se utilicen las frecuencias
asignadas por el Ministerio de Fomento. Desde entonces diversas comunidades autónomas han hecho uso de esta posibilidad, suscribiendo convenios de colaboración para el intercambio y recepción recíproca de emisiones tanto analógicas con anterioridad
como ahora digitales. Y es que hay que recordar que, tras culminar el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica, se asignó capacidad adicional de transmisión en la prestación de servicios de televisión digital
terrestre. En concreto, la disposición adicional tercera del Real Decreto 944/2005 reserva a cada una de las comunidades autónomas dos múltiplex digitales de cobertura autonómica que podrán seguir siendo utilizados para el intercambio y la
recepción recíproca de emisiones de otras comunidades autónomas con las cuales compartan lengua. No obstante, con posterioridad a la aprobación de la normativa reguladora de la televisión digital terrestre antes mencionada, se han producido nuevas
circunstancias que hacen necesario un replanteamiento del modelo de televisión digital terrestre y de su normativa reguladora.
En primer lugar, la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, prevé que una parte de la banda de frecuencias actualmente utilizada por el servicio de televisión pase a ser utilizada por los servicios de telefonía móvil a partir del 1 de enero del
año 2015. Esta banda de frecuencias se conoce como dividendo digital. Con posterioridad, con fecha 15 de febrero de 2012 se aprobó la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un primer programa de política del espectro
radioeléctrico, que establece que los Estados miembros deberán garantizar que la banda del dividendo digital esté disponible para servicios de comunicaciones electrónicas antes del 1 de enero de 2013, permitiéndose en casos excepcionales debidamente
motivados la autorización de aplazamientos por parte de la Comisión. Por otra parte, en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2012, celebrada en Ginebra este mismo año, se aprobó lo que ha venido a denominarse el segundo dividendo
digital. Si bien no se ha determinado todavía en el ámbito de los Estados miembros de la Unión Europea el futuro uso de esta banda de frecuencias, esta circunstancia debe ser tomada en consideración en la planificación de canales radioeléctricos
para la liberalización del dividendo digital, al objeto de prevenir en la medida de lo posible la utilización por el servicio de televisión de nuevos canales que en un futuro pudieran verse afectados por la introducción de nuevos servicios móviles,
evitando con ello molestias y costes a los ciudadanos y a los operadores del servicio de televisión.
En definitiva, el espectro resultante del dividendo digital implica que queda menos espectro disponible aun para el servicio de televisión terrestre. Por este motivo el Gobierno, con fecha 24 de agosto, acaba de aprobar mediante acuerdo del
Consejo de Ministros el Plan de impulso de la TDT y de la innovación tecnológica. Para la consecución de los objetivos de este plan, es necesario llevar a cabo una modificación de la normativa reguladora que represente un nuevo impulso a la
televisión digital, que favorezca la introducción de nuevas tecnologías, en particular la televisión de alta definición y el rápido despliegue de la telefonía móvil de cuarta generación, y simplifique el proceso de liberalización del dividendo
digital, evitando molestias y costes a los ciudadanos y a los operadores de televisión. También es preciso, para llevar a cabo este plan simplificado, modificar las condiciones establecidas en la regulación actual, ya que es necesario ajustar el
número de canales múltiplex digitales que estaban previstos para los operadores públicos y privados. A su vez, el nuevo plan contempla el rediseño del plan de frecuencias asignado a los radiodifusores de televisión que reconduzca el espacio total
ocupado a partir de un escenario inicial basado en el establecimiento de una serie de redes de televisión digital terrestre.
Dicho esto, se puede observar, ante la escasez del espectro radioeléctrico y la necesidad de liberar el dividendo digital, que los canales múltiplex de cobertura autonómica en cada una de las comunidades autónomas van a quedar limitados a
uno. Por tanto, lo que se plantea en la proposición de ley es inviable desde el punto de vista técnico dada la escasez del espectro radioeléctrico y las decisiones adoptadas a nivel internacional, europeo y estatal. Ha de reiterarse, por la
importancia que tiene el razonamiento para la orientación que se da a la presente proposición de ley, que el espectro radioeléctrico es un bien escaso y por ello, como recuerda el artículo 43 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, su gestión ha de tener por objetivo el establecimiento de un marco jurídico que asegure unas condiciones
armonizadas para su uso y que permita su disponibilidad y su uso eficiente. Por todo ello, señorías, ha de señalarse que la proposición de ley, al dirigir a la Administración General del Estado un mandato de reserva de capacidad espectral a
favor de los servicios descritos, no solo puede ir en contra de la configuración del dominio público radioeléctrico como recurso escaso y de su ya muy limitada disponibilidad, sino que entra en contradicción con la necesaria planificación del uso
del espectro radioeléctrico a nivel nacional e internacional. Por estos exclusivos y creo bien motivados razonamientos técnicos es por lo que nuestro grupo parlamentario votará en contra de esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN. (Número de expediente 122/000002).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley, segunda, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra la señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor presidente, señorías, en un momento en el que el Gobierno todo lo cuantifica económicamente y utiliza la crisis para retroceder en el Estado del bienestar que entre todos hemos construido en treinta y seis
años de democracia, quiero llamar la atención sobre que se puede gobernar de otra forma, y debe haber un espacio en este Parlamento para debatir sobre la protección de los derechos de la ciudadanía. Hoy el Grupo Parlamentario Socialista trae al
Pleno la toma en consideración de la proposición de ley para la igualdad de trato y la no discriminación, que tiene como objetivo garantizar de manera efectiva el cumplimiento del principio de igualdad y proteger a la ciudadanía frente a cualquier
tipo de discriminación. No cabe la excusa de la crisis para rechazar el debate, y menos para retroceder en la conquista de los derechos. Es cuestión de valores, es cuestión de principios, es cuestión de dignidad. Nadie debe ser discriminado por
razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Desearía que el Grupo Popular reconsiderara su postura y no impidiera que esta ley entre en la Cámara y que comience a pensar que este Parlamento está para legislar a favor de todos y no contra todos, para proteger los derechos de las
personas y regular nuestra convivencia como ciudadanos. Lo que nos sacará de la crisis es la fuerza de las personas, la fuerza de una sociedad democrática, libre e igualitaria, donde la discriminación quede desterrada. Es una ley integral,
general, que protege a toda la ciudadanía, es una ley de mayorías y de colectivos, de toda la ciudadanía, porque todos en cualquier momento de nuestras vidas podemos ser objeto de discriminación, y se aplica a todas las personas y en todos los
ámbitos de la vida política, económica, cultural y social. Es una ley garantista, una apuesta por consolidar y proteger los derechos adquiridos, los derechos recogidos en la normativa europea, los derechos que reconoce la Constitución. No crea
nuevos derechos, tan solo los garantiza. Es una ley efectiva, porque persigue que la igualdad y los derechos sean reales. Es un instrumento de integración individual y colectiva. Es una ley que está en la línea con Europa, que sigue la estela de
países como Francia o Alemania, donde desde hace tiempo está en marcha este tipo de legislación como respuesta a la petición de la Unión Europea para implantar leyes para la igualdad de trato y lucha contra la discriminación, mandato que
prácticamente todos han cumplido.
Es cierto que España en 2003 hizo la trasposición de las directivas europeas correspondientes, pero también es cierto que se hizo de un perfil bajo, sin debate suficiente y sin repercusión social. Ahora nuestra iniciativa es más ambiciosa y
añade motivos especialmente relevantes hoy en día, como la enfermedad, la discapacidad, la orientación o la identidad sexual. Con esta ley situaríamos a España entre los países de nuestro entorno que cuentan con los mecanismos necesarios para
luchar contra la discriminación y profundizan en el valor de la igualdad más allá de su reconocimiento legal. La iniciativa tiene el objetivo, por un lado, de prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación presente o futura y, por otro, de
proteger y reparar a las víctimas de una forma muy amplia, definiendo qué conductas constituyen una discriminación y sancionándolas. No obstante, como la ley persigue tener un carácter fuertemente pedagógico, da prioridad a la mediación o a la
conciliación por encima del carácter represivo. Con ello se pretende un cambio de actitudes más que el castigo.
armonizadas para su uso y que permita su disponibilidad y su uso eficiente. Por todo ello, señorías, ha de señalarse que la proposición de ley, al dirigir a la Administración General del Estado un mandato de reserva de capacidad espectral a
favor de los servicios descritos, no solo puede ir en contra de la configuración del dominio público radioeléctrico como recurso escaso y de su ya muy limitada disponibilidad, sino que entra en contradicción con la necesaria planificación del uso
del espectro radioeléctrico a nivel nacional e internacional. Por estos exclusivos y creo bien motivados razonamientos técnicos es por lo que nuestro grupo parlamentario votará en contra de esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN. (Número de expediente 122/000002).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley, segunda, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra la señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor presidente, señorías, en un momento en el que el Gobierno todo lo cuantifica económicamente y utiliza la crisis para retroceder en el Estado del bienestar que entre todos hemos construido en treinta y seis
años de democracia, quiero llamar la atención sobre que se puede gobernar de otra forma, y debe haber un espacio en este Parlamento para debatir sobre la protección de los derechos de la ciudadanía. Hoy el Grupo Parlamentario Socialista trae al
Pleno la toma en consideración de la proposición de ley para la igualdad de trato y la no discriminación, que tiene como objetivo garantizar de manera efectiva el cumplimiento del principio de igualdad y proteger a la ciudadanía frente a cualquier
tipo de discriminación. No cabe la excusa de la crisis para rechazar el debate, y menos para retroceder en la conquista de los derechos. Es cuestión de valores, es cuestión de principios, es cuestión de dignidad. Nadie debe ser discriminado por
razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Desearía que el Grupo Popular reconsiderara su postura y no impidiera que esta ley entre en la Cámara y que comience a pensar que este Parlamento está para legislar a favor de todos y no contra todos, para proteger los derechos de las
personas y regular nuestra convivencia como ciudadanos. Lo que nos sacará de la crisis es la fuerza de las personas, la fuerza de una sociedad democrática, libre e igualitaria, donde la discriminación quede desterrada. Es una ley integral,
general, que protege a toda la ciudadanía, es una ley de mayorías y de colectivos, de toda la ciudadanía, porque todos en cualquier momento de nuestras vidas podemos ser objeto de discriminación, y se aplica a todas las personas y en todos los
ámbitos de la vida política, económica, cultural y social. Es una ley garantista, una apuesta por consolidar y proteger los derechos adquiridos, los derechos recogidos en la normativa europea, los derechos que reconoce la Constitución. No crea
nuevos derechos, tan solo los garantiza. Es una ley efectiva, porque persigue que la igualdad y los derechos sean reales. Es un instrumento de integración individual y colectiva. Es una ley que está en la línea con Europa, que sigue la estela de
países como Francia o Alemania, donde desde hace tiempo está en marcha este tipo de legislación como respuesta a la petición de la Unión Europea para implantar leyes para la igualdad de trato y lucha contra la discriminación, mandato que
prácticamente todos han cumplido.
Es cierto que España en 2003 hizo la trasposición de las directivas europeas correspondientes, pero también es cierto que se hizo de un perfil bajo, sin debate suficiente y sin repercusión social. Ahora nuestra iniciativa es más ambiciosa y
añade motivos especialmente relevantes hoy en día, como la enfermedad, la discapacidad, la orientación o la identidad sexual. Con esta ley situaríamos a España entre los países de nuestro entorno que cuentan con los mecanismos necesarios para
luchar contra la discriminación y profundizan en el valor de la igualdad más allá de su reconocimiento legal. La iniciativa tiene el objetivo, por un lado, de prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación presente o futura y, por otro, de
proteger y reparar a las víctimas de una forma muy amplia, definiendo qué conductas constituyen una discriminación y sancionándolas. No obstante, como la ley persigue tener un carácter fuertemente pedagógico, da prioridad a la mediación o a la
conciliación por encima del carácter represivo. Con ello se pretende un cambio de actitudes más que el castigo.
Es una ley de derecho antidiscriminatorio específico más que de derechos sociales. Señorías, me gustaría poder poner algunos ejemplos. Yo soy valenciana y en este texto se prohíbe discriminar por lengua para proteger nuestras lenguas
cooficiales. Con este texto ninguna compañía de seguros podrá aplicar ningún plus o excluir a colectivos por motivos discriminatorios. Tener una discapacidad, la pertenencia a un grupo racial o el sexo no serán un factor para decidir las primas de
los seguros. En el mundo de la empresa, en la selección de personal, se impedirán los criterios discriminatorios como excluir a los mayores de cuarenta y cinco o cincuenta años o padecer o haber padecido o ser portador de una enfermedad. En los
medios de comunicación se sanciona la publicidad discriminatoria, sexista, machista, racista u homófoba. Se impedirá la discriminación de personas con discapacidad en los establecimientos públicos, como por ejemplo lo sucedido en un bar de Alicante
en 2010, de donde se expulsó a un grupo de jóvenes con síndrome de Down porque, según el local, daban mala imagen. Pero esta no es una anécdota aislada. Hemos presenciado situaciones similares el año anterior en Valencia, incluso en espacios
públicos, llegándose a negar la comunión en iglesias a personas con síndrome de Down.
En los centros sanitarios se perseguirá que se discrimine a los pacientes por ser de una comunidad autónoma diferente a aquella donde es atendido o por su orientación sexual o su sexo. En sanidad, con esta ley, se puede poner coto a la
desigualdad de trato y acceso que este Gobierno está potenciando con sus decisiones injustas y antisociales. En educación, la igualdad de oportunidades, de trato y la no discriminación son innegociables. La admisión de un niño en un centro no
puede estar en función de sus características, sobre todo con niños con necesidades educativas especiales y niños hijos de inmigrantes. También debemos velar por el respeto hacia todos los estudiantes. Precisamente ayer se denunciaba por parte de
la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales el riesgo de suicidio que sufren las víctimas de acoso escolar homofóbico.
Esta ley también excluye la financiación pública de la educación segregada por sexo, algo que el Tribunal Supremo ya ha avalado. Sin embargo, el ministro Wert ya ha anunciado cambios legislativos para que el coste de la segregación salga
del bolsillo de todos los españoles y de todas las españolas. Es una regresión al pasado, a tiempos de la peor España, y nosotros estamos en contra, porque este tipo de educación atenta contra la igualdad de las mujeres y lleva a que se perpetúen
el sexismo y los estereotipos. Esta ley defiende la coeducación, porque es defender convivir en igualdad, y ayuda a erradicar conductas como la violencia de género. Este es un debate que trasciende de lo académico. No podemos olvidar que en
España todavía hay más de 60 centros concertados que separan por sexo, 24 de ellos vinculados al Opus Dei. Aunque no se reconozca abiertamente, en algunos de estos colegios, la base de la separación en sus aulas es religiosa y deriva de pensar que
hombres y mujeres tienen un papel diferente en la sociedad.
A quien siga pensando que esta ley es innecesaria, escondiéndose en que el derecho ya está recogido en la Constitución, debo decirle que desgraciadamente esto no significa que la discriminación no se produzca. Precisamente esta norma está
ideada para garantizar que los derechos de ciudadanía se cumplen de forma efectiva, y quien frivolice con los destinatarios de la ley es que no conoce la realidad o que está conforme con la discriminación que reside en ella. Esta ley consolida
legislativamente la igualdad acogiendo la concepción más moderna de los derechos humanos. Es una ley con una clara perspectiva de género, porque siempre encontramos mayor ensañamiento hacia las mujeres en cualquier situación discriminatoria. Esta
ley habla de respetar los derechos básicos de ciudadanía, pase lo que pase, también cuando vivamos en un contexto de dificultad económica, porque es precisamente en tiempos de crisis cuando más urgente y necesario es reforzar los instrumentos para
combatir la discriminación.
Señorías, mi petición es que no se vete el debate, que se vote a favor de la toma en consideración. Evidentemente, cada grupo parlamentario puede tener sus reservas, proponer sus cambios, sus enmiendas a esta iniciativa, pero creo que lo
mínimo que este Parlamento debe a la sociedad civil, que tanto trabajó en esta norma la legislatura pasada, es su toma en consideración. Espero que en la votación de hoy se tenga en cuenta que es una ley muy reclamada por diversas organizaciones
sociales, algunas presentes en la tribuna y a las que envío un saludo del Grupo Parlamentario Socialista. Es una iniciativa ampliamente consultada en los consejos estatales, con los interlocutores sociales, las comunidades autónomas y los
diferentes órganos constitucionales. En la legislatura pasada no pudo prosperar al adelantarse las elecciones, por falta de tiempo para su tramitación. Además, la Mesa del Congreso rechazó la petición del Gobierno socialista de tramitar el
proyecto por vía de urgencia, con los votos en contra de Convergència i Unió, PNV y PP, lo que imposibilitó de forma definitiva que diera tiempo a la tramitación. En esta nueva legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista no abandonamos el
compromiso con la igualdad, porque
Es una ley de derecho antidiscriminatorio específico más que de derechos sociales. Señorías, me gustaría poder poner algunos ejemplos. Yo soy valenciana y en este texto se prohíbe discriminar por lengua para proteger nuestras lenguas
cooficiales. Con este texto ninguna compañía de seguros podrá aplicar ningún plus o excluir a colectivos por motivos discriminatorios. Tener una discapacidad, la pertenencia a un grupo racial o el sexo no serán un factor para decidir las primas de
los seguros. En el mundo de la empresa, en la selección de personal, se impedirán los criterios discriminatorios como excluir a los mayores de cuarenta y cinco o cincuenta años o padecer o haber padecido o ser portador de una enfermedad. En los
medios de comunicación se sanciona la publicidad discriminatoria, sexista, machista, racista u homófoba. Se impedirá la discriminación de personas con discapacidad en los establecimientos públicos, como por ejemplo lo sucedido en un bar de Alicante
en 2010, de donde se expulsó a un grupo de jóvenes con síndrome de Down porque, según el local, daban mala imagen. Pero esta no es una anécdota aislada. Hemos presenciado situaciones similares el año anterior en Valencia, incluso en espacios
públicos, llegándose a negar la comunión en iglesias a personas con síndrome de Down.
En los centros sanitarios se perseguirá que se discrimine a los pacientes por ser de una comunidad autónoma diferente a aquella donde es atendido o por su orientación sexual o su sexo. En sanidad, con esta ley, se puede poner coto a la
desigualdad de trato y acceso que este Gobierno está potenciando con sus decisiones injustas y antisociales. En educación, la igualdad de oportunidades, de trato y la no discriminación son innegociables. La admisión de un niño en un centro no
puede estar en función de sus características, sobre todo con niños con necesidades educativas especiales y niños hijos de inmigrantes. También debemos velar por el respeto hacia todos los estudiantes. Precisamente ayer se denunciaba por parte de
la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales el riesgo de suicidio que sufren las víctimas de acoso escolar homofóbico.
Esta ley también excluye la financiación pública de la educación segregada por sexo, algo que el Tribunal Supremo ya ha avalado. Sin embargo, el ministro Wert ya ha anunciado cambios legislativos para que el coste de la segregación salga
del bolsillo de todos los españoles y de todas las españolas. Es una regresión al pasado, a tiempos de la peor España, y nosotros estamos en contra, porque este tipo de educación atenta contra la igualdad de las mujeres y lleva a que se perpetúen
el sexismo y los estereotipos. Esta ley defiende la coeducación, porque es defender convivir en igualdad, y ayuda a erradicar conductas como la violencia de género. Este es un debate que trasciende de lo académico. No podemos olvidar que en
España todavía hay más de 60 centros concertados que separan por sexo, 24 de ellos vinculados al Opus Dei. Aunque no se reconozca abiertamente, en algunos de estos colegios, la base de la separación en sus aulas es religiosa y deriva de pensar que
hombres y mujeres tienen un papel diferente en la sociedad.
A quien siga pensando que esta ley es innecesaria, escondiéndose en que el derecho ya está recogido en la Constitución, debo decirle que desgraciadamente esto no significa que la discriminación no se produzca. Precisamente esta norma está
ideada para garantizar que los derechos de ciudadanía se cumplen de forma efectiva, y quien frivolice con los destinatarios de la ley es que no conoce la realidad o que está conforme con la discriminación que reside en ella. Esta ley consolida
legislativamente la igualdad acogiendo la concepción más moderna de los derechos humanos. Es una ley con una clara perspectiva de género, porque siempre encontramos mayor ensañamiento hacia las mujeres en cualquier situación discriminatoria. Esta
ley habla de respetar los derechos básicos de ciudadanía, pase lo que pase, también cuando vivamos en un contexto de dificultad económica, porque es precisamente en tiempos de crisis cuando más urgente y necesario es reforzar los instrumentos para
combatir la discriminación.
Señorías, mi petición es que no se vete el debate, que se vote a favor de la toma en consideración. Evidentemente, cada grupo parlamentario puede tener sus reservas, proponer sus cambios, sus enmiendas a esta iniciativa, pero creo que lo
mínimo que este Parlamento debe a la sociedad civil, que tanto trabajó en esta norma la legislatura pasada, es su toma en consideración. Espero que en la votación de hoy se tenga en cuenta que es una ley muy reclamada por diversas organizaciones
sociales, algunas presentes en la tribuna y a las que envío un saludo del Grupo Parlamentario Socialista. Es una iniciativa ampliamente consultada en los consejos estatales, con los interlocutores sociales, las comunidades autónomas y los
diferentes órganos constitucionales. En la legislatura pasada no pudo prosperar al adelantarse las elecciones, por falta de tiempo para su tramitación. Además, la Mesa del Congreso rechazó la petición del Gobierno socialista de tramitar el
proyecto por vía de urgencia, con los votos en contra de Convergència i Unió, PNV y PP, lo que imposibilitó de forma definitiva que diera tiempo a la tramitación. En esta nueva legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista no abandonamos el
compromiso con la igualdad, porque
tenemos la firme convicción de que este país debe seguir el camino comenzado en las legislaturas pasadas, donde tanto se avanzó en el reconocimiento de derechos que permitieron una mayor cohesión social y libertad individual.
Señorías, llega un momento en la evolución de las sociedades en nuestra historia que debe enmarcarse en un proceso de cambios, de mejoras, de avances en su convivencia y en su existencia como país. Ejemplo de esta misión colectiva es la
nueva frontera de Kennedy en los años sesenta, cuando América cambió y avanzó hacia la defensa de los derechos civiles y se convirtió en un país mejor. Eso les proponemos hoy las socialistas y los socialistas, que impulsemos cambios para avanzar
como sociedad y como democracia y así seremos un país mejor. Podemos no hacerlo, pero el precio es demasiado alto. Señorías del PP, piénsenlo, porque este país quiere y merece prosperar y nunca retroceder. Ustedes pueden abandonar su sectarismo y
querer una sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales votando a favor o pueden impedir el debate y continuar gobernando con la base de la discriminación, como en el caso de la educación y la sanidad. Si votan en contra, demostrarán una
falta de compromiso con las políticas de igualdad y no discriminación. Demostrarán que con la excusa de la crisis quieren cambiar nuestro modelo de sociedad y retroceder en derechos civiles y libertades de la ciudadanía. Demostrarán, como vienen
demostrando, que quieren imponer los posicionamientos más antisociales de la derecha más radical y demostrarán que no les importa crear una fractura social para ocultar su incompetencia en salir de la crisis. El PP desde que está en el Gobierno
solo ha traído miseria para el país, desigualdades y desempleo. Señorías del PP, apoyen esta proposición de ley, demuestren que no solo les mueven intereses partidistas sino el bienestar de todas las españolas y los españoles.
Señorías, lo que pretende esta propuesta es tener una ley clara para que en nuestro país nadie pueda sentirse humillado ni humillar impunemente. Es un código activo de igualdad, de convivencia ciudadana, que persigue acabar con situaciones
de discriminación, como los ejemplos de la vida cotidiana que he recordado y otros muchos que podemos encontrar y conocer y que lamentablemente se dan en nuestra sociedad. Piénsenlo, no tengan miedo al debate. No es una ley contra el Partido
Popular. Es una ley a favor de las personas. Mientras tanto, las socialistas y los socialistas seguiremos trabajando para ayudar a España a salir de la crisis y a los españoles y a las españolas a defender su bienestar y sus derechos. Mientras
tanto, las socialistas y los socialistas seguiremos con los valores de igualdad y de solidaridad siempre por delante, porque la discriminación produce sufrimiento en la gente, y nosotros no vamos a aceptarlo por decencia política. Señorías, espero
que todos los grupos parlamentarios podamos apoyar esta ley. Espero el apoyo de esta Cámara a esta ley tan beneficiosa porque mejorará España como sociedad y como democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montón.
¿Algún grupo quiere utilizar el turno en contra? (Pausa). Pasamos entonces a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, señorías, por lo limitado del tiempo me ceñiré a comentar un solo artículo de esta iniciativa que explica por sí solo mi voto contrario a esta presunta ley de igualdad. Es aquel que pretende
dejar sin financiación pública a la educación diferenciada. En enero del año pasado le pedí al Gobierno socialista por escrito que aportara algún informe serio que avalara la tesis de que este modelo de educación discriminaba o generaba alguna
desigualdad. Obviamente, como pueden imaginarse, no aportó ninguno, lo cual hace más evidente que la Ley 2/2006 es hija del prejuicio ideológico en esta materia. ¿Querría alguien del Partido Socialista explicarnos por qué, si no hay ningún estudio
que acredite que este modelo genera discriminación o desigualdad, ustedes quieren e insisten en dejar sin ayudas públicas a miles de familias que en España eligen este modelo? ¿Por qué? ¿Va a subir alguien del Partido Socialista a explicar que una
opción educativa que es permitida, financiada y en algunos casos pública -y, por cierto, con evidente éxito docente- en muchos países de nuestro entorno aquí no debería ser ni financiada ni permitida siquiera? ¿Por qué?
Señores del Partido Socialista, no sean ustedes sectarios. Si este modelo realmente discriminara -acusación que es mentira-, no es que no debiera recibir ayudas públicas, es que no podría existir. Pero ustedes no se atreven a tanto y por
eso proponen estrangularlos quitándoles la financiación pública, que es la ayuda que les permite a las familias optar en libertad por esta alternativa pedagógica tan buena como cualquier otra. Créanme que me produce especial tristeza comprobar cómo
cada vez que su partido, y en la izquierda en general, se encuentra ante encrucijadas históricas o frente a momentos de zozobra internos
tenemos la firme convicción de que este país debe seguir el camino comenzado en las legislaturas pasadas, donde tanto se avanzó en el reconocimiento de derechos que permitieron una mayor cohesión social y libertad individual.
Señorías, llega un momento en la evolución de las sociedades en nuestra historia que debe enmarcarse en un proceso de cambios, de mejoras, de avances en su convivencia y en su existencia como país. Ejemplo de esta misión colectiva es la
nueva frontera de Kennedy en los años sesenta, cuando América cambió y avanzó hacia la defensa de los derechos civiles y se convirtió en un país mejor. Eso les proponemos hoy las socialistas y los socialistas, que impulsemos cambios para avanzar
como sociedad y como democracia y así seremos un país mejor. Podemos no hacerlo, pero el precio es demasiado alto. Señorías del PP, piénsenlo, porque este país quiere y merece prosperar y nunca retroceder. Ustedes pueden abandonar su sectarismo y
querer una sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales votando a favor o pueden impedir el debate y continuar gobernando con la base de la discriminación, como en el caso de la educación y la sanidad. Si votan en contra, demostrarán una
falta de compromiso con las políticas de igualdad y no discriminación. Demostrarán que con la excusa de la crisis quieren cambiar nuestro modelo de sociedad y retroceder en derechos civiles y libertades de la ciudadanía. Demostrarán, como vienen
demostrando, que quieren imponer los posicionamientos más antisociales de la derecha más radical y demostrarán que no les importa crear una fractura social para ocultar su incompetencia en salir de la crisis. El PP desde que está en el Gobierno
solo ha traído miseria para el país, desigualdades y desempleo. Señorías del PP, apoyen esta proposición de ley, demuestren que no solo les mueven intereses partidistas sino el bienestar de todas las españolas y los españoles.
Señorías, lo que pretende esta propuesta es tener una ley clara para que en nuestro país nadie pueda sentirse humillado ni humillar impunemente. Es un código activo de igualdad, de convivencia ciudadana, que persigue acabar con situaciones
de discriminación, como los ejemplos de la vida cotidiana que he recordado y otros muchos que podemos encontrar y conocer y que lamentablemente se dan en nuestra sociedad. Piénsenlo, no tengan miedo al debate. No es una ley contra el Partido
Popular. Es una ley a favor de las personas. Mientras tanto, las socialistas y los socialistas seguiremos trabajando para ayudar a España a salir de la crisis y a los españoles y a las españolas a defender su bienestar y sus derechos. Mientras
tanto, las socialistas y los socialistas seguiremos con los valores de igualdad y de solidaridad siempre por delante, porque la discriminación produce sufrimiento en la gente, y nosotros no vamos a aceptarlo por decencia política. Señorías, espero
que todos los grupos parlamentarios podamos apoyar esta ley. Espero el apoyo de esta Cámara a esta ley tan beneficiosa porque mejorará España como sociedad y como democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montón.
¿Algún grupo quiere utilizar el turno en contra? (Pausa). Pasamos entonces a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, señorías, por lo limitado del tiempo me ceñiré a comentar un solo artículo de esta iniciativa que explica por sí solo mi voto contrario a esta presunta ley de igualdad. Es aquel que pretende
dejar sin financiación pública a la educación diferenciada. En enero del año pasado le pedí al Gobierno socialista por escrito que aportara algún informe serio que avalara la tesis de que este modelo de educación discriminaba o generaba alguna
desigualdad. Obviamente, como pueden imaginarse, no aportó ninguno, lo cual hace más evidente que la Ley 2/2006 es hija del prejuicio ideológico en esta materia. ¿Querría alguien del Partido Socialista explicarnos por qué, si no hay ningún estudio
que acredite que este modelo genera discriminación o desigualdad, ustedes quieren e insisten en dejar sin ayudas públicas a miles de familias que en España eligen este modelo? ¿Por qué? ¿Va a subir alguien del Partido Socialista a explicar que una
opción educativa que es permitida, financiada y en algunos casos pública -y, por cierto, con evidente éxito docente- en muchos países de nuestro entorno aquí no debería ser ni financiada ni permitida siquiera? ¿Por qué?
Señores del Partido Socialista, no sean ustedes sectarios. Si este modelo realmente discriminara -acusación que es mentira-, no es que no debiera recibir ayudas públicas, es que no podría existir. Pero ustedes no se atreven a tanto y por
eso proponen estrangularlos quitándoles la financiación pública, que es la ayuda que les permite a las familias optar en libertad por esta alternativa pedagógica tan buena como cualquier otra. Créanme que me produce especial tristeza comprobar cómo
cada vez que su partido, y en la izquierda en general, se encuentra ante encrucijadas históricas o frente a momentos de zozobra internos
o de confusión de ideas y propuestas, siempre tengan que recurrir a las mismas estrategias de ataque y división y qué casualidad que casi siempre tengan como destinataria alguna iniciativa de la Iglesia católica. Si quieren seguir siendo un
partido necesario, solucionen sus problemas, pero no manoseen ni limiten la libertad de los demás para ocultar sus propias limitaciones.
Termino, señor presidente, pidiendo en nombre de Unión del Pueblo Navarro al grupo mayoritario que impulse una iniciativa legislativa que modifique la Ley 2/2006, que es la que da cobertura legal a toda esta problemática, y desde luego mi
partido la apoyará.
En relación con una afirmación que hizo el señor Errekondo en el anterior apartado, quiero decir, señor presidente, señor Errekondo, que EITB en manos de Bildu es un arma de destrucción cultural y moral masiva. Los navarros, que amamos la
libertad, lo único que no queremos es que nuestros hijos se contagien de su odio, de su chulería y de sus mentiras, aunque las oculten en dibujos animados. Ladran, luego cabalgamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, retomamos un debate que a finales de la legislatura pasada de alguna manera habíamos comenzado. En la Comisión de Igualdad se realizaron una serie de comparecencias de diferentes personas en representación de colectivos que
efectivamente plantean la necesidad de mejorar la legislación en materia de igualdad. Nosotros, señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego compartimos esa necesidad de mejorar legislativamente las políticas de igualdad de trato, de avanzar en la
dirección que enmarcan incluso directivas de la Unión Europea, como la 2043 y la 2078, y sobre todo, señorías, en un momento en que las desigualdades se han acrecentado en el Estado español, y no solamente porque se verifiquen y se manifiesten en
minorías o grupos pequeños, sino porque realmente hay una discriminación que en estos momentos desde el punto de vista social se está manifestando en muchos sectores de nuestra sociedad de manera mucho más evidente que en tiempos recientes
anteriores. Por lo tanto, nosotros compartimos que se debatan cuestiones relacionadas con este asunto y compartimos algo que en la proposición de ley que el Grupo Socialista nos presenta y que acaba de defender la señora Montón se plantea, que es
tratar de que lo que en materia de igualdad se recoge legislativamente se plasme de una manera clara y real también socialmente, cuestión que evidentemente no es así, porque, a pesar de la legislación en materia de igualdad que existe, en la
sociedad se siguen manifestando desigualdades que de acuerdo con la ley no deberían existir.
Pero, señorías, la propuesta nos provoca dudas, como nos ocurrió cuando la presentó el Gobierno anterior, porque para hacer real esa igualdad que se recoge en nuestro ordenamiento jurídico hay una cosa que es fundamental y es que se necesita
una posición más proactiva de las administraciones públicas y, por lo tanto, en el Estado español, para que esto sea así, hay que tener en cuenta nuestro modelo administrativo y las competencias que corresponden a las comunidades autónomas. En ese
sentido es donde, como digo, nos asaltan las dudas, porque hay cuestiones fundamentales para que se pueda plasmar la igualdad que están relacionadas, por ejemplo, con educación, con sanidad, con servicios, es decir, con todo un amplio abanico de
realidades, y son las comunidades autónomas las que tienen las competencias de desarrollarlas, de garantizarlas a los ciudadanos y ciudadanas que viven en estos territorios. Ahí es donde tenemos las dudas, que manifestamos en su momento y que
reiteramos, porque queremos que quede clara la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con la necesidad de avanzar en las políticas de igualdad, en relación con que la igualdad que se reconoce jurídicamente se plasme socialmente, pero
que no se olvide de lo que es materia competencial de las comunidades autónomas. Si esta duda ya era para nosotros importante...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que acabar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señor presidente.
Si esta duda ya era importante anteriormente, en un momento en que desde este Gobierno del Partido Popular se está haciendo una política tan recentralizadora, para nosotros esta duda, desde luego, cobra una importancia mucho mayor.
Muchas gracias, señor presidente.
o de confusión de ideas y propuestas, siempre tengan que recurrir a las mismas estrategias de ataque y división y qué casualidad que casi siempre tengan como destinataria alguna iniciativa de la Iglesia católica. Si quieren seguir siendo un
partido necesario, solucionen sus problemas, pero no manoseen ni limiten la libertad de los demás para ocultar sus propias limitaciones.
Termino, señor presidente, pidiendo en nombre de Unión del Pueblo Navarro al grupo mayoritario que impulse una iniciativa legislativa que modifique la Ley 2/2006, que es la que da cobertura legal a toda esta problemática, y desde luego mi
partido la apoyará.
En relación con una afirmación que hizo el señor Errekondo en el anterior apartado, quiero decir, señor presidente, señor Errekondo, que EITB en manos de Bildu es un arma de destrucción cultural y moral masiva. Los navarros, que amamos la
libertad, lo único que no queremos es que nuestros hijos se contagien de su odio, de su chulería y de sus mentiras, aunque las oculten en dibujos animados. Ladran, luego cabalgamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, retomamos un debate que a finales de la legislatura pasada de alguna manera habíamos comenzado. En la Comisión de Igualdad se realizaron una serie de comparecencias de diferentes personas en representación de colectivos que
efectivamente plantean la necesidad de mejorar la legislación en materia de igualdad. Nosotros, señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego compartimos esa necesidad de mejorar legislativamente las políticas de igualdad de trato, de avanzar en la
dirección que enmarcan incluso directivas de la Unión Europea, como la 2043 y la 2078, y sobre todo, señorías, en un momento en que las desigualdades se han acrecentado en el Estado español, y no solamente porque se verifiquen y se manifiesten en
minorías o grupos pequeños, sino porque realmente hay una discriminación que en estos momentos desde el punto de vista social se está manifestando en muchos sectores de nuestra sociedad de manera mucho más evidente que en tiempos recientes
anteriores. Por lo tanto, nosotros compartimos que se debatan cuestiones relacionadas con este asunto y compartimos algo que en la proposición de ley que el Grupo Socialista nos presenta y que acaba de defender la señora Montón se plantea, que es
tratar de que lo que en materia de igualdad se recoge legislativamente se plasme de una manera clara y real también socialmente, cuestión que evidentemente no es así, porque, a pesar de la legislación en materia de igualdad que existe, en la
sociedad se siguen manifestando desigualdades que de acuerdo con la ley no deberían existir.
Pero, señorías, la propuesta nos provoca dudas, como nos ocurrió cuando la presentó el Gobierno anterior, porque para hacer real esa igualdad que se recoge en nuestro ordenamiento jurídico hay una cosa que es fundamental y es que se necesita
una posición más proactiva de las administraciones públicas y, por lo tanto, en el Estado español, para que esto sea así, hay que tener en cuenta nuestro modelo administrativo y las competencias que corresponden a las comunidades autónomas. En ese
sentido es donde, como digo, nos asaltan las dudas, porque hay cuestiones fundamentales para que se pueda plasmar la igualdad que están relacionadas, por ejemplo, con educación, con sanidad, con servicios, es decir, con todo un amplio abanico de
realidades, y son las comunidades autónomas las que tienen las competencias de desarrollarlas, de garantizarlas a los ciudadanos y ciudadanas que viven en estos territorios. Ahí es donde tenemos las dudas, que manifestamos en su momento y que
reiteramos, porque queremos que quede clara la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con la necesidad de avanzar en las políticas de igualdad, en relación con que la igualdad que se reconoce jurídicamente se plasme socialmente, pero
que no se olvide de lo que es materia competencial de las comunidades autónomas. Si esta duda ya era para nosotros importante...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que acabar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señor presidente.
Si esta duda ya era importante anteriormente, en un momento en que desde este Gobierno del Partido Popular se está haciendo una política tan recentralizadora, para nosotros esta duda, desde luego, cobra una importancia mucho mayor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Señora Enbeita.
La señora ENBEITA MAGUREGI: Señor presidente, señorías, el pasado 8 de septiembre, la localidad de Hondarribia celebró su Alarde como todos los años y, como ya viene siendo lo habitual, una multitud se escondió detrás de una pancarta negra
para llamar putas a las mujeres que reivindicaban un Alarde igualitario. Esas mujeres, aparte de ser discriminadas del Alarde por su sexo, son insultadas por querer ser parte de las fiestas de su pueblo mientras las entidades locales y autonómicas
no hacen nada para arreglar esta situación. Un informe elaborado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales advierte de que en el Estado español la mayoría de los trabajadores que sufren accidentes laborales son extranjeros. Según el mismo
informe, existen anuncios xenófobos en la prensa donde se niega el alquiler o venta de pisos a los extranjeros. Un informe del colectivo IOE asegura que el 72 % de los africanos, el 40 % de los latinoamericanos y el 25 % de los europeos del Este
que viven en el Estado español dicen haber sufrido reacciones prejuiciosas cuando buscaban alojamiento. Cualquiera que haya tenido que hacer algún recorrido en silla de ruedas se dará cuenta de que ni siquiera todos los edificios públicos están
adecuados para ese tipo de vehículo, y no hablemos de trabajo, pues la mayoría de las empresas tiene muy pocos puestos adecuados para las personas con discapacidades. Por esos y por muchos otros ejemplos que desgraciadamente son demasiados, es
necesario debatir sobre la no discriminación y sobre la igualdad de trato.
La igualdad de trato y la no discriminación deben ser dos puntos importantes en la agenda política. La sociedad es cada día más plural y esa pluralidad se tiene que reflejar en las leyes y sobre todo tenemos que hablar de la no
discriminación y de la igualdad de trato en el sistema educativo. Las leyes de poco servirán si dentro de veinte años seguimos teniendo a personas que se creen superiores al resto por su condición sexual, por su origen, por su raza, etcétera. He
empezado mi intervención en Euskal Herria, en Hondarribia concretamente, pero no creo que solo allí ocurran estas cosas. Desgraciadamente se expanden a lo largo de la geografía y es hora de que las instituciones locales, autonómicas o estatales
eviten este tipo de sucesos o por lo menos debatamos sobre ello. Es nuestro deber garantizar la igualdad de trato hacia todas las personas sin discriminar a ninguna de ellas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Enbeita.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). El Grupo Socialista trae a debate una proposición de ley relativa a la igualdad de trato y la no
discriminación, asunto que evidentemente no voy a considerar yo de tono menor sino todo lo contrario, pero también es cierto que es una norma ya conocida. La traen del cajón, del cajón del Gobierno anterior, de un momento además en el que no se
pudo lograr el consenso necesario no para que se tramitara, porque eso dependía únicamente del Gobierno, pero sí para asegurar en los términos en que se presentaba la necesaria aprobación que requería el Gobierno. La señora Montón ha hecho un
discurso no sé si para buscar adhesiones en el resto de los grupos. Desde luego nosotros creemos que está bien discutir de este tema y además creemos que hay que favorecer ese debate en la tomas en consideración y por lo tanto no nos vamos a oponer
a ella, pero le tengo que recordar que si ella piensa que esta norma debería ser tramitada como legislación de urgencia, la verdad es que diferimos de la forma de entender el parlamentarismo. Ya fueron muchos los casos de decretos-leyes aprobados
en la legislatura pasada por parte del Gobierno anterior y en esta legislatura por parte del actual hurtándonos a los parlamentarios los debates. Pretender, como se pretendió, que se tramitara como iniciativa de urgencia no tiene mucho sentido,
porque verdaderamente la norma es interesante, pero hay que buscar consensos. Usted lo ha dicho muy bien: no crea nuevos derechos, los protege, aunque también tendremos que estar de acuerdo en que no solo existe -y también lo ha reconocido- la
mención única, específica del artículo 14 de la Constitución, cuando se habla de que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, lo
cual ya da pie -unido también al artículo 9.2- a los propios tribunales a crear una jurisprudencia en contra de cualquier tipo de discriminación, y además esto se ha producido así, hay jurisprudencia constitucional sobre estos temas. También se ha
dado, incluso su Gobierno la ha impulsado en algunas materias, legislación antidiscriminatoria y, como bien ha dicho, también se ha conseguido la trasposición de la legislación europea en los términos que esta planteaba. Por lo tanto, no
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Señora Enbeita.
La señora ENBEITA MAGUREGI: Señor presidente, señorías, el pasado 8 de septiembre, la localidad de Hondarribia celebró su Alarde como todos los años y, como ya viene siendo lo habitual, una multitud se escondió detrás de una pancarta negra
para llamar putas a las mujeres que reivindicaban un Alarde igualitario. Esas mujeres, aparte de ser discriminadas del Alarde por su sexo, son insultadas por querer ser parte de las fiestas de su pueblo mientras las entidades locales y autonómicas
no hacen nada para arreglar esta situación. Un informe elaborado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales advierte de que en el Estado español la mayoría de los trabajadores que sufren accidentes laborales son extranjeros. Según el mismo
informe, existen anuncios xenófobos en la prensa donde se niega el alquiler o venta de pisos a los extranjeros. Un informe del colectivo IOE asegura que el 72 % de los africanos, el 40 % de los latinoamericanos y el 25 % de los europeos del Este
que viven en el Estado español dicen haber sufrido reacciones prejuiciosas cuando buscaban alojamiento. Cualquiera que haya tenido que hacer algún recorrido en silla de ruedas se dará cuenta de que ni siquiera todos los edificios públicos están
adecuados para ese tipo de vehículo, y no hablemos de trabajo, pues la mayoría de las empresas tiene muy pocos puestos adecuados para las personas con discapacidades. Por esos y por muchos otros ejemplos que desgraciadamente son demasiados, es
necesario debatir sobre la no discriminación y sobre la igualdad de trato.
La igualdad de trato y la no discriminación deben ser dos puntos importantes en la agenda política. La sociedad es cada día más plural y esa pluralidad se tiene que reflejar en las leyes y sobre todo tenemos que hablar de la no
discriminación y de la igualdad de trato en el sistema educativo. Las leyes de poco servirán si dentro de veinte años seguimos teniendo a personas que se creen superiores al resto por su condición sexual, por su origen, por su raza, etcétera. He
empezado mi intervención en Euskal Herria, en Hondarribia concretamente, pero no creo que solo allí ocurran estas cosas. Desgraciadamente se expanden a lo largo de la geografía y es hora de que las instituciones locales, autonómicas o estatales
eviten este tipo de sucesos o por lo menos debatamos sobre ello. Es nuestro deber garantizar la igualdad de trato hacia todas las personas sin discriminar a ninguna de ellas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Enbeita.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). El Grupo Socialista trae a debate una proposición de ley relativa a la igualdad de trato y la no
discriminación, asunto que evidentemente no voy a considerar yo de tono menor sino todo lo contrario, pero también es cierto que es una norma ya conocida. La traen del cajón, del cajón del Gobierno anterior, de un momento además en el que no se
pudo lograr el consenso necesario no para que se tramitara, porque eso dependía únicamente del Gobierno, pero sí para asegurar en los términos en que se presentaba la necesaria aprobación que requería el Gobierno. La señora Montón ha hecho un
discurso no sé si para buscar adhesiones en el resto de los grupos. Desde luego nosotros creemos que está bien discutir de este tema y además creemos que hay que favorecer ese debate en la tomas en consideración y por lo tanto no nos vamos a oponer
a ella, pero le tengo que recordar que si ella piensa que esta norma debería ser tramitada como legislación de urgencia, la verdad es que diferimos de la forma de entender el parlamentarismo. Ya fueron muchos los casos de decretos-leyes aprobados
en la legislatura pasada por parte del Gobierno anterior y en esta legislatura por parte del actual hurtándonos a los parlamentarios los debates. Pretender, como se pretendió, que se tramitara como iniciativa de urgencia no tiene mucho sentido,
porque verdaderamente la norma es interesante, pero hay que buscar consensos. Usted lo ha dicho muy bien: no crea nuevos derechos, los protege, aunque también tendremos que estar de acuerdo en que no solo existe -y también lo ha reconocido- la
mención única, específica del artículo 14 de la Constitución, cuando se habla de que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, lo
cual ya da pie -unido también al artículo 9.2- a los propios tribunales a crear una jurisprudencia en contra de cualquier tipo de discriminación, y además esto se ha producido así, hay jurisprudencia constitucional sobre estos temas. También se ha
dado, incluso su Gobierno la ha impulsado en algunas materias, legislación antidiscriminatoria y, como bien ha dicho, también se ha conseguido la trasposición de la legislación europea en los términos que esta planteaba. Por lo tanto, no
partimos de cero y, muy probablemente, muchas de las conductas que a través de esta iniciativa se quieren evitar ya son de hecho evitables con la legislación actual.
Lo cierto es que si creen que debe reforzarse más, nosotros no nos vamos a oponer a ello, pero sí creemos que hay que colocarlo en sus justos términos. La creación de una autoridad para igualdad de trato y la no discriminación desde mi
grupo sinceramente no se ve, y no se ve por distintas razones, primero porque entendemos que crea una nueva estructura entrando en campos en los que ya tienen competencia algunas instituciones: claramente, el Defensor del Pueblo. Aquí dice que se
coordinará, pero el Defensor del Pueblo -en la mayoría de las competencias, por no decir en todas las que se da a esta autoridad- respecto de la igualdad en el trato y la no discriminación ya tiene competencias, ya puede actuar, ya podría actuar.
Por otra parte, se plantea una estrategia estatal de desigualdad en la que las comunidades autónomas son meras comparsas a ser consultadas en la conferencia sectorial, pero corresponde establecer una estrategia al Consejo de Ministros, una
estrategia para todo el Estado que puede ser todo lo amplia posible, y en algunos temas que se recogen en este texto que nos han presentado entran ustedes en competencias que son claramente de las comunidades autónomas.
Discrepo también en algo que usted ha afirmado: que esta norma no tiene voluntad sancionadora, que es más bien de arbitraje. Creo que destila voluntad sancionadora por todos los poros. El texto actual podrá reformarse, pero está ahí.
Además, corremos el peligro de que esta normativa, si se aprobara tal cual, creara una nebulosa de supuestos sancionables cuyos límites no están fijados por la ley, con lo cual -usted sabe lo importante que es la precisión semántica en derecho-
podemos crear una verdadera situación de falta de seguridad jurídica. Hay un riesgo claro. Por ejemplo, la disposición final cuarta, que pretende modificar nada más y nada menos la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas. A la
hora de alegar la discriminación, se habla de que se aporten indicios fundados sobre su existencia -indicios fundados sobre su existencia-, pero, inmediatamente, a la hora de que responda la otra parte, se habla de la aportación de una justificación
objetiva y razonable suficientemente probada. Aquí ya no vale con los indicios, sino con una justificación objetiva suficientemente probada. En un pleito de estas partes -en el que vamos a pensar que cualquiera de ellas puede tener razón-, una
denuncia puede ser justa en unos casos, pero en otros puede ser injusta y lo que sí parece es que hay un desequilibrio que no se suele dar en el derecho sancionador administrativo y mucho menos en el derecho penal.
Por otra parte, hay competencias que son materia clara de las comunidades autónomas y en las que la ley entra de hoz y coz, no solo en el ámbito educativo, sino también en el tema de espectáculos públicos, establecimientos, en materia de
vivienda -que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas-, en materia de sanidad. Estamos de acuerdo en que hay normativizar las condiciones básicas de los derechos y libertades y que eso corresponde al Estado, lo tenemos muy claro, de
acuerdo, pero lo que no se puede tampoco es, en aras de un bien que en su enunciado es correcto, arramblar con toda la distribución político-administrativa del Estado.
Nosotros, desde luego, no vamos a vetar esta iniciativa, no vamos a decir que no, pero tampoco la apoyaremos y nos congratularemos de que salga adelante, de que podamos discutirla y de que podamos limar toda esta serie de diferencias, pero
no creemos que redundaría en una seguridad jurídica y en una mejor defensa de los derechos la ley si sale tal y como está en el texto que ustedes han presentado y que ahora estamos discutiendo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de UPyD tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Les anuncio que nosotros vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, pero sí queremos expresar, primero, nuestras reservas, que son casi totales, a esta proposición de ley por su filosofía de fondo y por algunas de
sus innovaciones jurídicas que nos parecen -se lo voy a decir con claridad- francamente reaccionarias, pese a la retórica progresista que lleva la exposición de motivos y los objetivos que persigue la ley. Les anunciamos también que, si esta ley
llega a tramitarse -lo cual nos parece totalmente legítimo, incluso interesante-, presentaremos una enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Se lo voy a explicar.
El concepto democrático de igualdad -es una cosa muy conocida, pero es interesante recordarlo- deriva de un concepto de la democracia antigua griega de isonomía, que es la igualdad ante la ley. Luego, la democracia moderna añadió al
concepto de isonomía, de igualdad ante la ley, otro concepto que hoy en
partimos de cero y, muy probablemente, muchas de las conductas que a través de esta iniciativa se quieren evitar ya son de hecho evitables con la legislación actual.
Lo cierto es que si creen que debe reforzarse más, nosotros no nos vamos a oponer a ello, pero sí creemos que hay que colocarlo en sus justos términos. La creación de una autoridad para igualdad de trato y la no discriminación desde mi
grupo sinceramente no se ve, y no se ve por distintas razones, primero porque entendemos que crea una nueva estructura entrando en campos en los que ya tienen competencia algunas instituciones: claramente, el Defensor del Pueblo. Aquí dice que se
coordinará, pero el Defensor del Pueblo -en la mayoría de las competencias, por no decir en todas las que se da a esta autoridad- respecto de la igualdad en el trato y la no discriminación ya tiene competencias, ya puede actuar, ya podría actuar.
Por otra parte, se plantea una estrategia estatal de desigualdad en la que las comunidades autónomas son meras comparsas a ser consultadas en la conferencia sectorial, pero corresponde establecer una estrategia al Consejo de Ministros, una
estrategia para todo el Estado que puede ser todo lo amplia posible, y en algunos temas que se recogen en este texto que nos han presentado entran ustedes en competencias que son claramente de las comunidades autónomas.
Discrepo también en algo que usted ha afirmado: que esta norma no tiene voluntad sancionadora, que es más bien de arbitraje. Creo que destila voluntad sancionadora por todos los poros. El texto actual podrá reformarse, pero está ahí.
Además, corremos el peligro de que esta normativa, si se aprobara tal cual, creara una nebulosa de supuestos sancionables cuyos límites no están fijados por la ley, con lo cual -usted sabe lo importante que es la precisión semántica en derecho-
podemos crear una verdadera situación de falta de seguridad jurídica. Hay un riesgo claro. Por ejemplo, la disposición final cuarta, que pretende modificar nada más y nada menos la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas. A la
hora de alegar la discriminación, se habla de que se aporten indicios fundados sobre su existencia -indicios fundados sobre su existencia-, pero, inmediatamente, a la hora de que responda la otra parte, se habla de la aportación de una justificación
objetiva y razonable suficientemente probada. Aquí ya no vale con los indicios, sino con una justificación objetiva suficientemente probada. En un pleito de estas partes -en el que vamos a pensar que cualquiera de ellas puede tener razón-, una
denuncia puede ser justa en unos casos, pero en otros puede ser injusta y lo que sí parece es que hay un desequilibrio que no se suele dar en el derecho sancionador administrativo y mucho menos en el derecho penal.
Por otra parte, hay competencias que son materia clara de las comunidades autónomas y en las que la ley entra de hoz y coz, no solo en el ámbito educativo, sino también en el tema de espectáculos públicos, establecimientos, en materia de
vivienda -que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas-, en materia de sanidad. Estamos de acuerdo en que hay normativizar las condiciones básicas de los derechos y libertades y que eso corresponde al Estado, lo tenemos muy claro, de
acuerdo, pero lo que no se puede tampoco es, en aras de un bien que en su enunciado es correcto, arramblar con toda la distribución político-administrativa del Estado.
Nosotros, desde luego, no vamos a vetar esta iniciativa, no vamos a decir que no, pero tampoco la apoyaremos y nos congratularemos de que salga adelante, de que podamos discutirla y de que podamos limar toda esta serie de diferencias, pero
no creemos que redundaría en una seguridad jurídica y en una mejor defensa de los derechos la ley si sale tal y como está en el texto que ustedes han presentado y que ahora estamos discutiendo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de UPyD tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Les anuncio que nosotros vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, pero sí queremos expresar, primero, nuestras reservas, que son casi totales, a esta proposición de ley por su filosofía de fondo y por algunas de
sus innovaciones jurídicas que nos parecen -se lo voy a decir con claridad- francamente reaccionarias, pese a la retórica progresista que lleva la exposición de motivos y los objetivos que persigue la ley. Les anunciamos también que, si esta ley
llega a tramitarse -lo cual nos parece totalmente legítimo, incluso interesante-, presentaremos una enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Se lo voy a explicar.
El concepto democrático de igualdad -es una cosa muy conocida, pero es interesante recordarlo- deriva de un concepto de la democracia antigua griega de isonomía, que es la igualdad ante la ley. Luego, la democracia moderna añadió al
concepto de isonomía, de igualdad ante la ley, otro concepto que hoy en
día nos parece fundamental, que es el de igualdad de oportunidades, según el cual ninguno de nosotros puede ser discriminado legalmente para la consecución de sus objetivos personales legítimos. El problema es que tanto la isonomía como la
igualdad de oportunidades son derechos de los ciudadanos. Es decir, somos los ciudadanos individuales los titulares de esos derechos, y en ningún caso pueden serlo los grupos sociales. Si introducimos un concepto de la igualdad en el cual los
sujetos titulares de derechos son no las personas, que en este caso serían las personas que fueran objeto de discriminación, sino la pertenencia a grupos, o como la ley sostiene, la relación, la asociación, incluso inconsciente y por error a
determinados grupos, nos encontramos con que esto ya no es una democracia, al menos no es una democracia moderna de ciudadanos. Esto ya sería algún tipo de sociedad multiculturalista o comunitarista, en la cual los ciudadanos como tales se van
convirtiendo en entes borrosos cuyos derechos han sido traspasados a un colectivo que es el titular de los derechos que le corresponden a esa persona.
¿De qué manera proponen ustedes esto? Enseguida llego a ese asunto. Lo primero que nos llama la atención es que ustedes, a la hora de presentar una proposición de ley sobre la igualdad, hayan pasado por alto las principales deficiencias
del principio de igualdad de isonomía que existe en la democracia española y que son, además, problemas verdaderamente serios, que ya han sido presentados algunos de ellos en este Congreso de los Diputados y que en todos los casos, creo recordar,
ustedes -me refiero al Grupo Socialista- han votado en contra. A la hora de ver, estudiar y decidir si el principio de isonomía, de igualdad ante la ley, está o no erosionado, ha degenerado o no en una democracia, lo fundamental sería ir a aquellos
derechos básicos, desde los cuales derivan los demás derechos de tipo secundario, de nueva generación o como queramos llamarles. Si vamos haciendo un pequeño repaso, resulta que en la democracia española el primer derecho de igualdad que está
realmente -cómo lo podríamos decir de una manera que no ofenda a nadie- agredido por la disposición legal es el valor igual del voto. Esta ley le da el valor igual del voto a pesar de que los titulares del voto puedan ser miembros de los diferentes
colectivos a los que la ley pretende proteger.
Ustedes, el Grupo Socialista, han votado en contra de todas las propuestas que hemos hecho y han hecho otros grupos para la modificación de la Loreg; y esa ley, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, es la primera que en España hace
que el principio fundamental de la democracia representativa, que es la igualdad del derecho del voto, quede francamente perjudicada; es decir, convertida en algo muy alejado del ideal.
En segundo lugar, algo que tiene mucho más que ver con la situación de crisis en la que estamos inmersos es el acceso y permanencia en el mercado laboral. Estamos exactamente igual. El principal principio de discriminación laboral que
existe en España es un mercado dual de trabajo, que impide a todos los trabajadores que consiguen un contrato tener igualdad de derechos. Ustedes también, todos en realidad, se han negado reiteradamente a una reforma a fondo de la legislación
laboral que permita la igualdad de derechos, la isonomía en el acceso al trabajo, que no exista discriminación laboral entre contratos fijos y permanentes.
En tercer lugar, prestaciones sociales, básicas también en cualquier democracia desarrollada. En España la calidad y la cuantía de las prestaciones sociales de las que un ciudadano puede percibir depende básicamente a día de hoy de la
comunidad autónoma en la que viva. Es más, cuando te desplazas de comunidad autónoma puedes llegar a perder, por ejemplo, el derecho a la asistencia sanitaria o convertirse en un derecho muy relativo.
En cuarto lugar, otro defecto grave de nuestra isonomía actual en la que su proposición de ley no entra para nada -aunque, por cierto, su portavoz en esta ley ha hecho una mención curiosa al respecto- es el derecho a la elección de lengua
vehicular en las comunidades bilingües con dos lenguas oficiales. Es evidente -hay sentencias del Tribunal Supremo al respecto, concretamente para Cataluña, pero hay también sentencias que dicen lo mismo de otras comunidades autónomas- que está
habiendo constantes y permanentes abusos que redundan en la discriminación de ciudadanos con nombres y apellidos por políticas llamadas de inmersión lingüística que son totalmente contrarias al principio de igualdad ante la ley; es decir, la
isonomía. Tampoco entran ustedes en esta cuestión.
Discriminación por sexo, que ustedes llaman de género. Estamos exactamente en lo mismo. Es decir, tenemos vigentes leyes, que esperemos puedan ser revisadas, en las cuales tener un sexo, ser hombre en concreto se convierte en una agravante
natural en situaciones, por ejemplo, como las que prevé la Ley contra la violencia de género y otras normas que también rompen la isonomía. En fin, ya hemos hablado de estas cuestiones y ustedes también habitualmente se han negado a considerarlas.
día nos parece fundamental, que es el de igualdad de oportunidades, según el cual ninguno de nosotros puede ser discriminado legalmente para la consecución de sus objetivos personales legítimos. El problema es que tanto la isonomía como la
igualdad de oportunidades son derechos de los ciudadanos. Es decir, somos los ciudadanos individuales los titulares de esos derechos, y en ningún caso pueden serlo los grupos sociales. Si introducimos un concepto de la igualdad en el cual los
sujetos titulares de derechos son no las personas, que en este caso serían las personas que fueran objeto de discriminación, sino la pertenencia a grupos, o como la ley sostiene, la relación, la asociación, incluso inconsciente y por error a
determinados grupos, nos encontramos con que esto ya no es una democracia, al menos no es una democracia moderna de ciudadanos. Esto ya sería algún tipo de sociedad multiculturalista o comunitarista, en la cual los ciudadanos como tales se van
convirtiendo en entes borrosos cuyos derechos han sido traspasados a un colectivo que es el titular de los derechos que le corresponden a esa persona.
¿De qué manera proponen ustedes esto? Enseguida llego a ese asunto. Lo primero que nos llama la atención es que ustedes, a la hora de presentar una proposición de ley sobre la igualdad, hayan pasado por alto las principales deficiencias
del principio de igualdad de isonomía que existe en la democracia española y que son, además, problemas verdaderamente serios, que ya han sido presentados algunos de ellos en este Congreso de los Diputados y que en todos los casos, creo recordar,
ustedes -me refiero al Grupo Socialista- han votado en contra. A la hora de ver, estudiar y decidir si el principio de isonomía, de igualdad ante la ley, está o no erosionado, ha degenerado o no en una democracia, lo fundamental sería ir a aquellos
derechos básicos, desde los cuales derivan los demás derechos de tipo secundario, de nueva generación o como queramos llamarles. Si vamos haciendo un pequeño repaso, resulta que en la democracia española el primer derecho de igualdad que está
realmente -cómo lo podríamos decir de una manera que no ofenda a nadie- agredido por la disposición legal es el valor igual del voto. Esta ley le da el valor igual del voto a pesar de que los titulares del voto puedan ser miembros de los diferentes
colectivos a los que la ley pretende proteger.
Ustedes, el Grupo Socialista, han votado en contra de todas las propuestas que hemos hecho y han hecho otros grupos para la modificación de la Loreg; y esa ley, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, es la primera que en España hace
que el principio fundamental de la democracia representativa, que es la igualdad del derecho del voto, quede francamente perjudicada; es decir, convertida en algo muy alejado del ideal.
En segundo lugar, algo que tiene mucho más que ver con la situación de crisis en la que estamos inmersos es el acceso y permanencia en el mercado laboral. Estamos exactamente igual. El principal principio de discriminación laboral que
existe en España es un mercado dual de trabajo, que impide a todos los trabajadores que consiguen un contrato tener igualdad de derechos. Ustedes también, todos en realidad, se han negado reiteradamente a una reforma a fondo de la legislación
laboral que permita la igualdad de derechos, la isonomía en el acceso al trabajo, que no exista discriminación laboral entre contratos fijos y permanentes.
En tercer lugar, prestaciones sociales, básicas también en cualquier democracia desarrollada. En España la calidad y la cuantía de las prestaciones sociales de las que un ciudadano puede percibir depende básicamente a día de hoy de la
comunidad autónoma en la que viva. Es más, cuando te desplazas de comunidad autónoma puedes llegar a perder, por ejemplo, el derecho a la asistencia sanitaria o convertirse en un derecho muy relativo.
En cuarto lugar, otro defecto grave de nuestra isonomía actual en la que su proposición de ley no entra para nada -aunque, por cierto, su portavoz en esta ley ha hecho una mención curiosa al respecto- es el derecho a la elección de lengua
vehicular en las comunidades bilingües con dos lenguas oficiales. Es evidente -hay sentencias del Tribunal Supremo al respecto, concretamente para Cataluña, pero hay también sentencias que dicen lo mismo de otras comunidades autónomas- que está
habiendo constantes y permanentes abusos que redundan en la discriminación de ciudadanos con nombres y apellidos por políticas llamadas de inmersión lingüística que son totalmente contrarias al principio de igualdad ante la ley; es decir, la
isonomía. Tampoco entran ustedes en esta cuestión.
Discriminación por sexo, que ustedes llaman de género. Estamos exactamente en lo mismo. Es decir, tenemos vigentes leyes, que esperemos puedan ser revisadas, en las cuales tener un sexo, ser hombre en concreto se convierte en una agravante
natural en situaciones, por ejemplo, como las que prevé la Ley contra la violencia de género y otras normas que también rompen la isonomía. En fin, ya hemos hablado de estas cuestiones y ustedes también habitualmente se han negado a considerarlas.
Acabaré ya, porque se podría ser sin duda más exhaustivo, pero creo que es suficiente, con algo que también es de especial relevancia en la crisis económica actual, la desigualdad fiscal; desigualdad fiscal tanto en el tratamiento de las
rentas del trabajo como en las del capital, que también rompen el principio de igualdad ante la ley, o sencillamente acciones de Gobierno como la amnistía fiscal y otro tipo de actuaciones que lo que hacen es instaurar la tolerancia del fraude y de
la corrupción. Todo este tipo de desigualdades objetivas -y se podría ampliar muchísimo más la relación, por ejemplo, la desigualdad fiscal entre los ciudadanos que viven en territorios con concierto económico y los que viven en territorio sin él,
etcétera- nos llevaría a que efectivamente tienen ustedes razón en su preocupación de que deberíamos hacer algo por restaurar o instaurar quizá una igualdad digna de tal nombre, una isonomía de verdad con calidad democrática en nuestro sistema
político.
Pero lo que nos han traído ustedes es algo completamente diferente. Ustedes nos han traído una proposición de ley que instaura a determinados grupos que son -por decirlo con un palabro que su ley invita a crear- discriminables.
Concretamente, se refiere a tres categorías. En primer lugar, a los que tienen que ver con la igualdad de género y, por tanto, se refieren a las mujeres en este caso. En segundo lugar, los derechos de las personas con discapacidad. Y, en tercer
lugar, la discriminación por orientación o identidad sexual. Son los tres grupos o tres situaciones que ustedes específicamente mencionan en su proposición de ley, ignorando todo lo anterior que he dicho.
A mí, desde luego, me llama la atención poderosamente que consideren peor un ataque más grave a la igualdad la discriminación en situaciones de género, donde sin duda hay mucho que mejorar al respecto, pero que tiene una gran protección
legal, respecto a la absoluta desprotección que sufrimos en la cuestión de la igualdad del valor del voto, que afecta, por cierto, por igual a ambos sexos, a los discapacitados y a las personas con diferentes orientaciones sexuales. Parece que esto
debería ser lo prioritario a la hora de entrar en esta cuestión.
Nos encontramos con una iniciativa que nos aleja mucho de lo que es no digo ya solamente una concepción de la democracia liberal, sino además una concepción de la democracia donde lo primero, lo prioritario y lo básico, sin lo cual todo lo
demás no tiene el menor sentido ni la menor perspectiva de éxito, es instaurar la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades. Es más, la proposición de ley que ustedes han presentado progresa -y por eso decía antes lo de con
características reaccionarias- hacia el pasado. Proponen ustedes, por ejemplo, algo extraordinario, la inversión de la carga de la prueba en el artículo 28. Es decir, ustedes pretenden que aquellas personas o entidades acusadas de acciones
discriminatorias, que además no se definen, sean las que tengan que probar que no han discriminado, lo cual abre un terreno al subjetivismo en la aplicación de esta ley, si se llegara a aprobar, absolutamente extraordinario. Ustedes mismos han
dicho, lo ha dicho su portavoz, que nadie se debería sentir humillado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que cualquier persona que se sienta humillada puede acudir a la fiscalía o a esa autoridad antidiscriminación que proponen crear y podría abrir un
proceso contra una persona o contra una institución o contra una administración de una empresa porque se ha sentido humillada? ¡Por Dios! Esto nos llevaría a una situación en la que el Estado se convierte en un tutor de menores de edad perpetuos,
que decide y arbitra no solamente en conflictos administrativos, sino también en conflictos interpersonales. Esto es lo que viene en esta iniciativa. Incluso hablan ustedes de la discriminación por error en el artículo 6, lo cual es algo
verdaderamente extraordinario y les pido, por favor, que nos expliquen qué es, porque en las consultas que hemos hecho ha creado una gran perplejidad. Es decir, ¿cómo me puedo equivocar yo al discriminar a alguien por error si la discriminación es
una acción positiva? Se discrimina porque se hace algo, no porque se supone, o se pretende, o se persigue, o se sospecha algo. Han dicho también -y lamento decirles que esto no es así- que su ley no crea nuevos derechos -discusión que ya tuvimos a
propósito de la Ley del Aborto que ustedes plantearon-. Claro que no; va mucho más lejos. Hablan ustedes -entre comillas- de derecho antidiscriminatorio específico, es decir, inauguran una nueva clase de derecho. No se limitan a reforzar o a
garantizar derechos ya legislados y ya regulados.
Voy acabando, porque se me acaba el tiempo, contra lo que suele ser mi costumbre, pero es que realmente han traído ustedes un objeto muy sabroso para la isegoría -que es lo que estamos haciendo ahora, que no es la isonomía, pero tiene mucho
que ver-, que es el debate público. En definitiva, para nosotros la iniciativa que han presentado -por eso ya les anuncio que espero que se tramite y podamos presentar una enmienda a la totalidad- incurre en un reduccionismo peligroso del concepto
de igualdad. Introduciría una enorme inseguridad jurídica y además nos conduciría hacia un Estado intervencionista, que va mucho más allá de lo que habla la Constitución de lo que es responsabilidad del Estado para
Acabaré ya, porque se podría ser sin duda más exhaustivo, pero creo que es suficiente, con algo que también es de especial relevancia en la crisis económica actual, la desigualdad fiscal; desigualdad fiscal tanto en el tratamiento de las
rentas del trabajo como en las del capital, que también rompen el principio de igualdad ante la ley, o sencillamente acciones de Gobierno como la amnistía fiscal y otro tipo de actuaciones que lo que hacen es instaurar la tolerancia del fraude y de
la corrupción. Todo este tipo de desigualdades objetivas -y se podría ampliar muchísimo más la relación, por ejemplo, la desigualdad fiscal entre los ciudadanos que viven en territorios con concierto económico y los que viven en territorio sin él,
etcétera- nos llevaría a que efectivamente tienen ustedes razón en su preocupación de que deberíamos hacer algo por restaurar o instaurar quizá una igualdad digna de tal nombre, una isonomía de verdad con calidad democrática en nuestro sistema
político.
Pero lo que nos han traído ustedes es algo completamente diferente. Ustedes nos han traído una proposición de ley que instaura a determinados grupos que son -por decirlo con un palabro que su ley invita a crear- discriminables.
Concretamente, se refiere a tres categorías. En primer lugar, a los que tienen que ver con la igualdad de género y, por tanto, se refieren a las mujeres en este caso. En segundo lugar, los derechos de las personas con discapacidad. Y, en tercer
lugar, la discriminación por orientación o identidad sexual. Son los tres grupos o tres situaciones que ustedes específicamente mencionan en su proposición de ley, ignorando todo lo anterior que he dicho.
A mí, desde luego, me llama la atención poderosamente que consideren peor un ataque más grave a la igualdad la discriminación en situaciones de género, donde sin duda hay mucho que mejorar al respecto, pero que tiene una gran protección
legal, respecto a la absoluta desprotección que sufrimos en la cuestión de la igualdad del valor del voto, que afecta, por cierto, por igual a ambos sexos, a los discapacitados y a las personas con diferentes orientaciones sexuales. Parece que esto
debería ser lo prioritario a la hora de entrar en esta cuestión.
Nos encontramos con una iniciativa que nos aleja mucho de lo que es no digo ya solamente una concepción de la democracia liberal, sino además una concepción de la democracia donde lo primero, lo prioritario y lo básico, sin lo cual todo lo
demás no tiene el menor sentido ni la menor perspectiva de éxito, es instaurar la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades. Es más, la proposición de ley que ustedes han presentado progresa -y por eso decía antes lo de con
características reaccionarias- hacia el pasado. Proponen ustedes, por ejemplo, algo extraordinario, la inversión de la carga de la prueba en el artículo 28. Es decir, ustedes pretenden que aquellas personas o entidades acusadas de acciones
discriminatorias, que además no se definen, sean las que tengan que probar que no han discriminado, lo cual abre un terreno al subjetivismo en la aplicación de esta ley, si se llegara a aprobar, absolutamente extraordinario. Ustedes mismos han
dicho, lo ha dicho su portavoz, que nadie se debería sentir humillado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que cualquier persona que se sienta humillada puede acudir a la fiscalía o a esa autoridad antidiscriminación que proponen crear y podría abrir un
proceso contra una persona o contra una institución o contra una administración de una empresa porque se ha sentido humillada? ¡Por Dios! Esto nos llevaría a una situación en la que el Estado se convierte en un tutor de menores de edad perpetuos,
que decide y arbitra no solamente en conflictos administrativos, sino también en conflictos interpersonales. Esto es lo que viene en esta iniciativa. Incluso hablan ustedes de la discriminación por error en el artículo 6, lo cual es algo
verdaderamente extraordinario y les pido, por favor, que nos expliquen qué es, porque en las consultas que hemos hecho ha creado una gran perplejidad. Es decir, ¿cómo me puedo equivocar yo al discriminar a alguien por error si la discriminación es
una acción positiva? Se discrimina porque se hace algo, no porque se supone, o se pretende, o se persigue, o se sospecha algo. Han dicho también -y lamento decirles que esto no es así- que su ley no crea nuevos derechos -discusión que ya tuvimos a
propósito de la Ley del Aborto que ustedes plantearon-. Claro que no; va mucho más lejos. Hablan ustedes -entre comillas- de derecho antidiscriminatorio específico, es decir, inauguran una nueva clase de derecho. No se limitan a reforzar o a
garantizar derechos ya legislados y ya regulados.
Voy acabando, porque se me acaba el tiempo, contra lo que suele ser mi costumbre, pero es que realmente han traído ustedes un objeto muy sabroso para la isegoría -que es lo que estamos haciendo ahora, que no es la isonomía, pero tiene mucho
que ver-, que es el debate público. En definitiva, para nosotros la iniciativa que han presentado -por eso ya les anuncio que espero que se tramite y podamos presentar una enmienda a la totalidad- incurre en un reduccionismo peligroso del concepto
de igualdad. Introduciría una enorme inseguridad jurídica y además nos conduciría hacia un Estado intervencionista, que va mucho más allá de lo que habla la Constitución de lo que es responsabilidad del Estado para
garantizar derechos, que entraría directamente a arbitrar conflictos sociales de tipo interpersonal, y finalmente tiene que ver con una concepción de la sociedad, que, como ustedes saben, no compartimos, donde los sujetos no son tales sino
en la medida en que pertenecen a un colectivo, ya sea de tipo étnico, nacionalista, sexual o de cualquier otra naturaleza que a cualquiera se le ocurra. Esto redundaría en un perjuicio de los derechos de los ciudadanos, que se verían una vez más
reducidos y marginados de su titularidad de derechos democráticos o convertidos en meros pertenecientes a grupos, cuyo derecho y cuya justicia en sus reclamaciones sería decidido por la Administración.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora De Las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a apoyar esta proposición de ley para la igualdad de trato y no discriminación, pero lo haremos -también se lo digo, señora Montón- desde una visión crítica. La vamos a apoyar porque, como ya manifestamos cuando se presentó en los
mismos términos como proyecto de ley teniendo el Partido Socialista la responsabilidad de gobierno, desde La Izquierda Plural siempre, siempre, vamos a estar de acuerdo con que el Estado se haga responsable de manera formal del desarrollo, del
acceso y el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas. Creemos que para que existan realmente las garantías antidiscriminatorias y la igualdad deben quedar reflejadas de forma normativa como obligaciones directas de los poderes
públicos y de las entidades privadas, pero -y es aquí donde empiezan nuestras críticas- ya en su presentación como proyecto de ley llegaba tarde en cuanto que se limita a dar cumplimiento a las directivas europeas aprobadas allá por el año 2000,
relativas al principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico y del establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo. Y hoy, en las actuales y críticas circunstancias políticas
y sociales que sufre nuestro país, se queda tristemente en una tímida declaración de intenciones, que de manera tibia plantea soluciones desde nuestro punto de vista poco valientes y decididas ante una creciente polarización social en un estado de
crispación donde la discriminación y las actitudes xenófobas, racistas y machistas, por desgracia, van en aumento, muchas veces auspiciadas y fomentadas por el propio Gobierno del Partido Popular y su marcado sesgo neoliberal. Hoy las voces del
Gobierno del Partido Popular y de la derecha más rancia, bajo pretexto de la crisis financiera, apuestan abiertamente por la subvención pública -lo hemos oído aquí- en los colegios que segregan por sexos en la educación; el derecho de las mujeres a
la interrupción voluntaria del embarazo está amenazado en una marcada línea involutiva y reaccionaria; la salud pública ha quedado restringida con el repago y ha dejado de ser universal excluyendo deliberadamente a las personas migrantes, y además,
mientras, el matrimonio igualitario está en peligro.
Bajo este panorama, señora Montón, donde las medidas de recortes que impone la troika y el Gobierno atiende complaciente, se configura un futuro a peor y merece una ley que garantice de forma normativa la no discriminación de todas las
personas, atendiendo de manera expresa y separada a todas las formas de discriminación por cada una de las razones recogidas en el artículo 14 de nuestra Constitución, desglosando sus particularidades más comunes y negando la posibilidad de que haya
algún amparo ante la comisión de cualquier atentado contra cada uno de ellos. Pero, lamentablemente, no es así como lo plantean desde su partido, señora Montón, pues aun compartiendo, como ya he dicho, la intencionalidad inicial de esta ley -que la
compartimos-, en la plasmación de su artículo adolece del arresto, el coraje y la valentía política necesarios para afrontar y erradicar de manera firme y decidida la realidad social con la que hoy nos encontramos, donde las actitudes xenófobas,
sexistas, racistas y violentas en un contexto de crisis se ven en aumento.
En este orden de cosas, sería necesario que contemplara la modificación de la Ley de Extranjería -y no lo hace- como garantía de plenos derechos de personas de otras etnias y nacionalidades. Debería, por tanto, recoger desde nuestro punto
de vista expresamente a la población migrante, dado que es un colectivo vulnerable, especialmente las mujeres migrantes, donde confluyen directamente una serie de discriminaciones múltiples debido a su etnia, nacionalidad y sexo, y garantizando así
que los derechos y las libertades se extiendan en plenitud a todas y cada una de las personas. También creemos que se deberían abordar -y tampoco lo hace de manera explícita- las discriminaciones que sufre el colectivo LGTBI, que está viendo
peligrar las últimas e importantes conquistas sociales conseguidas. La estigmatización de los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero, y la imposibilidad de acceso a
garantizar derechos, que entraría directamente a arbitrar conflictos sociales de tipo interpersonal, y finalmente tiene que ver con una concepción de la sociedad, que, como ustedes saben, no compartimos, donde los sujetos no son tales sino
en la medida en que pertenecen a un colectivo, ya sea de tipo étnico, nacionalista, sexual o de cualquier otra naturaleza que a cualquiera se le ocurra. Esto redundaría en un perjuicio de los derechos de los ciudadanos, que se verían una vez más
reducidos y marginados de su titularidad de derechos democráticos o convertidos en meros pertenecientes a grupos, cuyo derecho y cuya justicia en sus reclamaciones sería decidido por la Administración.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora De Las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a apoyar esta proposición de ley para la igualdad de trato y no discriminación, pero lo haremos -también se lo digo, señora Montón- desde una visión crítica. La vamos a apoyar porque, como ya manifestamos cuando se presentó en los
mismos términos como proyecto de ley teniendo el Partido Socialista la responsabilidad de gobierno, desde La Izquierda Plural siempre, siempre, vamos a estar de acuerdo con que el Estado se haga responsable de manera formal del desarrollo, del
acceso y el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas. Creemos que para que existan realmente las garantías antidiscriminatorias y la igualdad deben quedar reflejadas de forma normativa como obligaciones directas de los poderes
públicos y de las entidades privadas, pero -y es aquí donde empiezan nuestras críticas- ya en su presentación como proyecto de ley llegaba tarde en cuanto que se limita a dar cumplimiento a las directivas europeas aprobadas allá por el año 2000,
relativas al principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico y del establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo. Y hoy, en las actuales y críticas circunstancias políticas
y sociales que sufre nuestro país, se queda tristemente en una tímida declaración de intenciones, que de manera tibia plantea soluciones desde nuestro punto de vista poco valientes y decididas ante una creciente polarización social en un estado de
crispación donde la discriminación y las actitudes xenófobas, racistas y machistas, por desgracia, van en aumento, muchas veces auspiciadas y fomentadas por el propio Gobierno del Partido Popular y su marcado sesgo neoliberal. Hoy las voces del
Gobierno del Partido Popular y de la derecha más rancia, bajo pretexto de la crisis financiera, apuestan abiertamente por la subvención pública -lo hemos oído aquí- en los colegios que segregan por sexos en la educación; el derecho de las mujeres a
la interrupción voluntaria del embarazo está amenazado en una marcada línea involutiva y reaccionaria; la salud pública ha quedado restringida con el repago y ha dejado de ser universal excluyendo deliberadamente a las personas migrantes, y además,
mientras, el matrimonio igualitario está en peligro.
Bajo este panorama, señora Montón, donde las medidas de recortes que impone la troika y el Gobierno atiende complaciente, se configura un futuro a peor y merece una ley que garantice de forma normativa la no discriminación de todas las
personas, atendiendo de manera expresa y separada a todas las formas de discriminación por cada una de las razones recogidas en el artículo 14 de nuestra Constitución, desglosando sus particularidades más comunes y negando la posibilidad de que haya
algún amparo ante la comisión de cualquier atentado contra cada uno de ellos. Pero, lamentablemente, no es así como lo plantean desde su partido, señora Montón, pues aun compartiendo, como ya he dicho, la intencionalidad inicial de esta ley -que la
compartimos-, en la plasmación de su artículo adolece del arresto, el coraje y la valentía política necesarios para afrontar y erradicar de manera firme y decidida la realidad social con la que hoy nos encontramos, donde las actitudes xenófobas,
sexistas, racistas y violentas en un contexto de crisis se ven en aumento.
En este orden de cosas, sería necesario que contemplara la modificación de la Ley de Extranjería -y no lo hace- como garantía de plenos derechos de personas de otras etnias y nacionalidades. Debería, por tanto, recoger desde nuestro punto
de vista expresamente a la población migrante, dado que es un colectivo vulnerable, especialmente las mujeres migrantes, donde confluyen directamente una serie de discriminaciones múltiples debido a su etnia, nacionalidad y sexo, y garantizando así
que los derechos y las libertades se extiendan en plenitud a todas y cada una de las personas. También creemos que se deberían abordar -y tampoco lo hace de manera explícita- las discriminaciones que sufre el colectivo LGTBI, que está viendo
peligrar las últimas e importantes conquistas sociales conseguidas. La estigmatización de los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero, y la imposibilidad de acceso a
todos los recursos y derechos por la opción sexual, no se pueden incluir en conceptos generales, sino que merecen menciones específicas y el desarrollo de una ley independiente contra la LGTBfobia.
Sí contempla, por el contrario, de manera llamativa y preocupante, algunas reformas normativas realizadas tras la promulgación de las leyes integrales de igualdad y contra la violencia de género, a través de las disposiciones finales
mediante las que se modifica -desde nuestro punto de vista, de manera innecesaria- el término 'el derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres' por el de 'igualdad de trato y no discriminación', cuando ambos son claramente compatibles y
confluyentes. Aquí el pretendido carácter trasversal de la norma nos lleva al abandono de la línea comenzada con las leyes de reconocimiento de la especificidad propia de la discriminación por razón de género, encontrándonos con unas disposiciones
adicionales que, en lugar de conjugar el concepto general de discriminación con el específico por razón de género, propone que desaparezca este principio, con el peligro que eso puede suponer para la vida de las mujeres. Igualmente, de forma
inexplicable se propone derogar una de las competencias destacadas y destacables del Instituto de la Mujer, como es el organismo de igualdad que presta asistencia a las víctimas de discriminación para que tramiten sus reclamaciones por este hecho,
delegándose esa competencia a una supuesta autoridad para la igualdad de trato.
En definitiva, tenemos que decir que es realmente una pena, señora Montón, que el PSOE, pudiendo haberlo hecho tras siete años de gobierno, se someta ahora, bajo la mera premisa de la oportunidad política, al rodillo de la mayoría absoluta
del Partido Popular y posiblemente a su posicionamiento en contra, y se haya perdido la oportunidad, más allá del debate que hoy se trae aquí, de abordar una ley para la igualdad de trato y la no discriminación que dé respuestas claras a las
necesidades reales de las personas y siente unas bases sólidas, serias y rigurosas contra los elementos de alarma que existen en nuestra sociedad.
Los señores del Partido Popular, con sus políticas reaccionarias y ultraconservadoras, están fomentando de forma extremadamente peligrosa las diferencias sociales. Es, por tanto, urgente y necesario que haya un posicionamiento firme por
parte de toda la izquierda en esta Cámara en contra de estas políticas regresivas. Por eso, como ya he dicho, votaremos a favor de esta proposición de ley, con la exigencia de la necesidad de ampliar las propuestas, especificando las
discriminaciones, aclarando conceptualmente el alcance de todos los derechos e imposibilitando que no puedan ejercerse algunos de los derechos fundamentales de las personas reconocidos constitucionalmente sea cual sea su origen, su nacionalidad, su
sexo, su religión, su edad sexual o su edad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: (Comienza su intervención en catalán).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ciuró, vuelva al tema.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Sí, señora presidenta. Repito en castellano. El sentimiento de esta diputada está con los miles de catalanes que se manifiestan en el corazón de Barcelona en defensa de que Cataluña alcance las máximas cotas de
soberanía.
Dicho esto, señorías, y para enmarcar el debate de la aprobación de la proposición de ley que nos presenta el Grupo Socialista, vaya por delante explicar, como ya se ha dicho también, que es una iniciativa que fue propuesta por este grupo en
la anterior legislatura en forma de proyecto de ley, si bien no vio cumplido su trámite parlamentario. Y ello fue así porque, a pesar de ser un compromiso programático del Partido Socialista, no constaba como una de sus prioridades, así que no fue
presentada hasta las postrimerías de su legislatura. Por lo tanto, no dio tiempo a su tramitación ordinaria, a pesar, repito, de ser un compromiso programático.
A la vista del texto que se nos presenta y que ya en su día tuvimos ocasión de analizar, desde Convergència i Unió no podemos estar en absoluto en contra de lo que se propone. Es decir, una proposición de ley que persigue la igualdad de
trato y la no discriminación bajo ningún concepto puede someterse a rechazo por parte de ninguno de los grupos de esta Cámara, y menos, por ejemplo, una toma en consideración. No podemos votar en contra de una toma en consideración de una
proposición de ley. Además, como dice su exposición de motivos, esta proposición de ley pretende ser un mínimo común denominador del derecho antidiscriminatorio español; pretende ser una norma que contiene garantías
todos los recursos y derechos por la opción sexual, no se pueden incluir en conceptos generales, sino que merecen menciones específicas y el desarrollo de una ley independiente contra la LGTBfobia.
Sí contempla, por el contrario, de manera llamativa y preocupante, algunas reformas normativas realizadas tras la promulgación de las leyes integrales de igualdad y contra la violencia de género, a través de las disposiciones finales
mediante las que se modifica -desde nuestro punto de vista, de manera innecesaria- el término 'el derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres' por el de 'igualdad de trato y no discriminación', cuando ambos son claramente compatibles y
confluyentes. Aquí el pretendido carácter trasversal de la norma nos lleva al abandono de la línea comenzada con las leyes de reconocimiento de la especificidad propia de la discriminación por razón de género, encontrándonos con unas disposiciones
adicionales que, en lugar de conjugar el concepto general de discriminación con el específico por razón de género, propone que desaparezca este principio, con el peligro que eso puede suponer para la vida de las mujeres. Igualmente, de forma
inexplicable se propone derogar una de las competencias destacadas y destacables del Instituto de la Mujer, como es el organismo de igualdad que presta asistencia a las víctimas de discriminación para que tramiten sus reclamaciones por este hecho,
delegándose esa competencia a una supuesta autoridad para la igualdad de trato.
En definitiva, tenemos que decir que es realmente una pena, señora Montón, que el PSOE, pudiendo haberlo hecho tras siete años de gobierno, se someta ahora, bajo la mera premisa de la oportunidad política, al rodillo de la mayoría absoluta
del Partido Popular y posiblemente a su posicionamiento en contra, y se haya perdido la oportunidad, más allá del debate que hoy se trae aquí, de abordar una ley para la igualdad de trato y la no discriminación que dé respuestas claras a las
necesidades reales de las personas y siente unas bases sólidas, serias y rigurosas contra los elementos de alarma que existen en nuestra sociedad.
Los señores del Partido Popular, con sus políticas reaccionarias y ultraconservadoras, están fomentando de forma extremadamente peligrosa las diferencias sociales. Es, por tanto, urgente y necesario que haya un posicionamiento firme por
parte de toda la izquierda en esta Cámara en contra de estas políticas regresivas. Por eso, como ya he dicho, votaremos a favor de esta proposición de ley, con la exigencia de la necesidad de ampliar las propuestas, especificando las
discriminaciones, aclarando conceptualmente el alcance de todos los derechos e imposibilitando que no puedan ejercerse algunos de los derechos fundamentales de las personas reconocidos constitucionalmente sea cual sea su origen, su nacionalidad, su
sexo, su religión, su edad sexual o su edad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: (Comienza su intervención en catalán).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ciuró, vuelva al tema.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Sí, señora presidenta. Repito en castellano. El sentimiento de esta diputada está con los miles de catalanes que se manifiestan en el corazón de Barcelona en defensa de que Cataluña alcance las máximas cotas de
soberanía.
Dicho esto, señorías, y para enmarcar el debate de la aprobación de la proposición de ley que nos presenta el Grupo Socialista, vaya por delante explicar, como ya se ha dicho también, que es una iniciativa que fue propuesta por este grupo en
la anterior legislatura en forma de proyecto de ley, si bien no vio cumplido su trámite parlamentario. Y ello fue así porque, a pesar de ser un compromiso programático del Partido Socialista, no constaba como una de sus prioridades, así que no fue
presentada hasta las postrimerías de su legislatura. Por lo tanto, no dio tiempo a su tramitación ordinaria, a pesar, repito, de ser un compromiso programático.
A la vista del texto que se nos presenta y que ya en su día tuvimos ocasión de analizar, desde Convergència i Unió no podemos estar en absoluto en contra de lo que se propone. Es decir, una proposición de ley que persigue la igualdad de
trato y la no discriminación bajo ningún concepto puede someterse a rechazo por parte de ninguno de los grupos de esta Cámara, y menos, por ejemplo, una toma en consideración. No podemos votar en contra de una toma en consideración de una
proposición de ley. Además, como dice su exposición de motivos, esta proposición de ley pretende ser un mínimo común denominador del derecho antidiscriminatorio español; pretende ser una norma que contiene garantías
básicas, una norma de cierre para consolidar los derechos de igualdad de la legislación española. Ahora bien -y desde CiU así lo entendemos-, a pesar de compartir plenamente la finalidad referida en la exposición de motivos y el espíritu
informador de la proposición presentada, puesto que obviamente, como he dicho, estamos a favor de la consecución de la plena igualdad de las personas y en contra de cualquier discriminación, en absoluto compartimos los medios de los que pretende
servirse la proposición para conseguir este fin.
No podemos dar nuestro voto a favor de la toma en consideración de la iniciativa por varios motivos que seguidamente explicaré. Básicamente y el primero sería que los contenidos de esta ley, de esta proposición, suponen una invasión
competencial y su desarrollo no es conforme a la actual configuración constitucional del Estado. Estamos, señorías, en un Estado democrático descentralizado donde las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas sobre las que les
corresponde legislar, y en esta materia lo ha hecho Cataluña. Discrepamos, en primer lugar, de que estemos ante un mínimo común denominador del derecho antidiscriminatorio, como manifiesta la exposición de motivos de su proposición, sino que a
nuestro entender la norma pretende regular e imponer obligaciones más allá de lo que serían normas entendidas como básicas a todas las administraciones públicas en algunos ámbitos que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Así, por
ejemplo, les quería comentar que en la legislación catalana, en materia de prestaciones y servicios sociales, la Generalitat de Catalunya ya tiene una ley que precisamente vela para que no haya diferencias en la aplicación y la dotación de servicios
sociales en favor de las personas y establece también la obligación de la Administración catalana de atender prioritariamente a los grupos de población especialmente vulnerables. Este es uno de los cometidos que persigue la proposición que en
Cataluña ya se ha recogido en ejercicio de las propias competencias.
Otro aspecto que nos incomoda del actual texto es la prohibición de la concertación de la escuela diferenciada. De nuevo estamos ante una materia competencia de las comunidades autónomas y, por tanto, sometida a la regulación que a tal
efecto decida la administración competente, que es, repito, la de la comunidad autónoma, a día de hoy administraciones descentralizadas del Estado. Además, estamos en desacuerdo con dicha imposición por entender que somete al sector educativo a un
exceso de carga ideológica, y entendemos que ello en sí mismo supone también un tipo de discriminación, puesto que la Convención contra la discriminación en la enseñanza, suscrita por España, y la directiva de la Unión Europea sobre igualdad de
trato determinan que la educación diferenciada no será considerada como discriminación.
Un tercer aspecto que nos desagrada de la ley es lo que consideramos una excesiva injerencia en la esfera privada y en las relaciones civiles de las personas, mediatizando tanto, por ejemplo, la reserva del derecho de admisión mediante la
inversión de la carga de la prueba -que considera que un acto es discriminatorio solo por la mera denuncia del posible afectado, debiendo el denunciado ser el que pruebe o no dicha discriminación- como el libre ejercicio, por ejemplo, del derecho de
propiedad, limitando sobremanera la libre disposición de los bienes propios.
Un cuarto aspecto que no nos parece acertado sería el que incide sobre los medios de comunicación. Usted ha hecho una acalorada defensa de lo que se persigue, pero no es lo que textualmente dice el texto que se somete. Entendemos que lo
que hace es ser extremadamente ambiguo y no apostar por incorporar a los medios de comunicación de forma desacomplejada en la lucha por la igualdad, la erradicación de la difusión de una imagen sexista de la mujer o el sexismo oculto que se
encuentra en recurrentes actitudes que perpetúan roles, los ahora llamados micromachismos, que de tan cotidianos pasan desapercibidos.
Para finalizar, desde CiU entendemos que quizás la que se nos presenta es una norma bien intencionada, pero solo en la forma, puesto que en el fondo es un texto al que le sobra injerencia en las competencias de las comunidades autónomas, a
la vez que pretende que el paraguas de la no discriminación proteja la excesiva carga ideológica que destila, desaprovechando la oportunidad de incidir en las conductas sociales o, por ejemplo y simplemente, de acabar con la histórica discriminación
que supone prohibir en esta Cámara hablar en cualquiera de las lenguas cooficiales dentro del territorio español, como lo son el catalán, el euskera o el gallego. En fondo y en forma esta proposición de ley bebe de las mismas fuentes
recentralizadoras que lo hacen las propuestas del Partido Popular. ¿Por qué motivo se injiere sistemáticamente en las competencias de las comunidades autónomas en cada proyecto o proposición que se presenta desde el Gobierno o desde el primer
partido de la oposición? Insto desde aquí a todos los diputados de la Cámara, sean del grupo que sean, especialmente a los del Partido Socialista de Cataluña, a que al menos no den la espalda a las instituciones y competencias propias de
básicas, una norma de cierre para consolidar los derechos de igualdad de la legislación española. Ahora bien -y desde CiU así lo entendemos-, a pesar de compartir plenamente la finalidad referida en la exposición de motivos y el espíritu
informador de la proposición presentada, puesto que obviamente, como he dicho, estamos a favor de la consecución de la plena igualdad de las personas y en contra de cualquier discriminación, en absoluto compartimos los medios de los que pretende
servirse la proposición para conseguir este fin.
No podemos dar nuestro voto a favor de la toma en consideración de la iniciativa por varios motivos que seguidamente explicaré. Básicamente y el primero sería que los contenidos de esta ley, de esta proposición, suponen una invasión
competencial y su desarrollo no es conforme a la actual configuración constitucional del Estado. Estamos, señorías, en un Estado democrático descentralizado donde las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas sobre las que les
corresponde legislar, y en esta materia lo ha hecho Cataluña. Discrepamos, en primer lugar, de que estemos ante un mínimo común denominador del derecho antidiscriminatorio, como manifiesta la exposición de motivos de su proposición, sino que a
nuestro entender la norma pretende regular e imponer obligaciones más allá de lo que serían normas entendidas como básicas a todas las administraciones públicas en algunos ámbitos que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Así, por
ejemplo, les quería comentar que en la legislación catalana, en materia de prestaciones y servicios sociales, la Generalitat de Catalunya ya tiene una ley que precisamente vela para que no haya diferencias en la aplicación y la dotación de servicios
sociales en favor de las personas y establece también la obligación de la Administración catalana de atender prioritariamente a los grupos de población especialmente vulnerables. Este es uno de los cometidos que persigue la proposición que en
Cataluña ya se ha recogido en ejercicio de las propias competencias.
Otro aspecto que nos incomoda del actual texto es la prohibición de la concertación de la escuela diferenciada. De nuevo estamos ante una materia competencia de las comunidades autónomas y, por tanto, sometida a la regulación que a tal
efecto decida la administración competente, que es, repito, la de la comunidad autónoma, a día de hoy administraciones descentralizadas del Estado. Además, estamos en desacuerdo con dicha imposición por entender que somete al sector educativo a un
exceso de carga ideológica, y entendemos que ello en sí mismo supone también un tipo de discriminación, puesto que la Convención contra la discriminación en la enseñanza, suscrita por España, y la directiva de la Unión Europea sobre igualdad de
trato determinan que la educación diferenciada no será considerada como discriminación.
Un tercer aspecto que nos desagrada de la ley es lo que consideramos una excesiva injerencia en la esfera privada y en las relaciones civiles de las personas, mediatizando tanto, por ejemplo, la reserva del derecho de admisión mediante la
inversión de la carga de la prueba -que considera que un acto es discriminatorio solo por la mera denuncia del posible afectado, debiendo el denunciado ser el que pruebe o no dicha discriminación- como el libre ejercicio, por ejemplo, del derecho de
propiedad, limitando sobremanera la libre disposición de los bienes propios.
Un cuarto aspecto que no nos parece acertado sería el que incide sobre los medios de comunicación. Usted ha hecho una acalorada defensa de lo que se persigue, pero no es lo que textualmente dice el texto que se somete. Entendemos que lo
que hace es ser extremadamente ambiguo y no apostar por incorporar a los medios de comunicación de forma desacomplejada en la lucha por la igualdad, la erradicación de la difusión de una imagen sexista de la mujer o el sexismo oculto que se
encuentra en recurrentes actitudes que perpetúan roles, los ahora llamados micromachismos, que de tan cotidianos pasan desapercibidos.
Para finalizar, desde CiU entendemos que quizás la que se nos presenta es una norma bien intencionada, pero solo en la forma, puesto que en el fondo es un texto al que le sobra injerencia en las competencias de las comunidades autónomas, a
la vez que pretende que el paraguas de la no discriminación proteja la excesiva carga ideológica que destila, desaprovechando la oportunidad de incidir en las conductas sociales o, por ejemplo y simplemente, de acabar con la histórica discriminación
que supone prohibir en esta Cámara hablar en cualquiera de las lenguas cooficiales dentro del territorio español, como lo son el catalán, el euskera o el gallego. En fondo y en forma esta proposición de ley bebe de las mismas fuentes
recentralizadoras que lo hacen las propuestas del Partido Popular. ¿Por qué motivo se injiere sistemáticamente en las competencias de las comunidades autónomas en cada proyecto o proposición que se presenta desde el Gobierno o desde el primer
partido de la oposición? Insto desde aquí a todos los diputados de la Cámara, sean del grupo que sean, especialmente a los del Partido Socialista de Cataluña, a que al menos no den la espalda a las instituciones y competencias propias de
Cataluña. En estos momentos miles de catalanes han salido a la calle para defender los derechos de nuestro país, y en esta Cámara con la proposición del PSOE les estamos dando la espalda. No será con nuestro voto, y no debería serlo con el
de ninguno de los diputados catalanes en Madrid.
Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora González Vázquez.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
El viernes 27 de mayo del año pasado el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación para su remisión a esta Cámara. La premura con la que se intentó tramitar por el procedimiento
de urgencia da idea del temor del Gobierno de que su mandato se viese acortado por el anuncio de un adelanto electoral y de que el proyecto de ley no pudiese ser aprobado. Estas prisas fueron posiblemente las causantes de que el proyecto de ley no
fuese modificado para atender al gran número de objeciones y sugerencias, unas de mayor calado que otras, que le fueron señaladas en su tramitación como anteproyecto por varios de los órganos que revisaron el texto: el Consejo de Estado, el Consejo
Económico y Social, el Consejo General del Poder Judicial. Todos ellos en sus respectivos informes señalaron problemas, deficiencias técnicas y ausencias clamorosas en el texto propuesto. Pero a nada de ello atendió el Gobierno, no modificó el
texto en aquellos aspectos más controvertidos y pretendió tramitarlo por el procedimiento de urgencia. Pero el 7 de junio, unos días después, la Mesa del Congreso rechazaba su tramitación por esta vía. Así comenzó la tramitación ordinaria y
comenzaron en la Comisión de Igualdad las comparecencias de un grupo de expertos que de nuevo en muchos casos propusieron modificaciones y mejoras, que en esta ocasión ya no sabemos si había intención de incorporar o no, ya que el tiempo se agotó y
la legislatura terminó con el texto tal y como había entrado en la Cámara, en plazo de enmiendas al producirse la disolución de las Cortes Generales. Lo que no se entiende muy bien es por qué el Grupo Parlamentario Socialista en este periodo de
sesiones vuelve a dar ingreso al proyecto -como proposición de ley esta vez- sin haber realizado ni una sola modificación con respecto al texto aprobado en el Consejo de Ministros en mayo de 2011. Conoce perfectamente el Grupo Parlamentario
Socialista las objeciones que los grupos parlamentarios pusieron al proyecto de ley durante la legislatura anterior; sabe perfectamente del rechazo del Partido Popular a buena parte de sus propuestas; conoce la alarma y la inquietud que algunas de
ellas han generado en la sociedad, preocupada por la defensa de las libertades individuales de los ciudadanos y ciudadanas que creen amenazadas en esta proposición de ley, en aras, supuestamente, de la desaparición de todo tipo de discriminación.
Sin embargo, el texto vuelve al Congreso de los Diputados en su mismo formato. No sabemos si la voluntad del Grupo Socialista es burlarse de la ciudadanía, del Parlamento o de ambos, o si simplemente no le importa o no ha entendido el mensaje que
se le ha enviado de diferentes maneras sobre esta proposición de ley, que ha recibido innumerables críticas desde distintos sectores: desde las propias instancias de la Administración del Estado hasta colectivos profesionales como la Asociación de
Editores de Diarios Españoles, los prestadores de servicios de venta y alquiler de viviendas, los colegios de abogados, etcétera.
Nuestro voto a esta proposición de ley va a ser negativo por diferentes razones, unas vinculadas a la forma y al tiempo de este proyecto y otras, diferentes y más importantes, que van a la esencia misma de la proposición de ley con la que
estamos en profundo desacuerdo en muchos de sus puntos. En primer lugar, hay una cuestión de oportunidad, o más bien de inoportunidad. Las principales recomendaciones de los organismos internacionales especializados en materia de igualdad de trato
no se centran en solicitar a España una mejora general de la legislación existente, sino en que establezca procedimientos de recogida de datos de carácter sistemático que permitan conocer la verdadera incidencia del fenómeno de la discriminación,
procurando así hacer más efectiva la legislación que ya está en vigor. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular consideran que será preciso retomar un tema tan importante como la lucha contra la discriminación por motivo de edad, sexo,
discapacidad, religión, convicciones, orientación sexual o enfermedad y la garantía de la igualdad de oportunidades para la ciudadanía, pero desde un conocimiento claro y completo de la situación de discriminación en nuestro país. Para ello, el
Gobierno ha puesto en marcha ya la elaboración, tal y como anunció en su comparecencia en la Comisión de Igualdad la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de un mapa de la discriminación, un mapa que permita conocer, analizar las
causas e impactos de las discriminaciones existentes para, en su caso, identificar y corregir las debilidades concretas de la preexistente legislación antidiscriminatoria. Este mapa vendrá precisamente
Cataluña. En estos momentos miles de catalanes han salido a la calle para defender los derechos de nuestro país, y en esta Cámara con la proposición del PSOE les estamos dando la espalda. No será con nuestro voto, y no debería serlo con el
de ninguno de los diputados catalanes en Madrid.
Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora González Vázquez.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
El viernes 27 de mayo del año pasado el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación para su remisión a esta Cámara. La premura con la que se intentó tramitar por el procedimiento
de urgencia da idea del temor del Gobierno de que su mandato se viese acortado por el anuncio de un adelanto electoral y de que el proyecto de ley no pudiese ser aprobado. Estas prisas fueron posiblemente las causantes de que el proyecto de ley no
fuese modificado para atender al gran número de objeciones y sugerencias, unas de mayor calado que otras, que le fueron señaladas en su tramitación como anteproyecto por varios de los órganos que revisaron el texto: el Consejo de Estado, el Consejo
Económico y Social, el Consejo General del Poder Judicial. Todos ellos en sus respectivos informes señalaron problemas, deficiencias técnicas y ausencias clamorosas en el texto propuesto. Pero a nada de ello atendió el Gobierno, no modificó el
texto en aquellos aspectos más controvertidos y pretendió tramitarlo por el procedimiento de urgencia. Pero el 7 de junio, unos días después, la Mesa del Congreso rechazaba su tramitación por esta vía. Así comenzó la tramitación ordinaria y
comenzaron en la Comisión de Igualdad las comparecencias de un grupo de expertos que de nuevo en muchos casos propusieron modificaciones y mejoras, que en esta ocasión ya no sabemos si había intención de incorporar o no, ya que el tiempo se agotó y
la legislatura terminó con el texto tal y como había entrado en la Cámara, en plazo de enmiendas al producirse la disolución de las Cortes Generales. Lo que no se entiende muy bien es por qué el Grupo Parlamentario Socialista en este periodo de
sesiones vuelve a dar ingreso al proyecto -como proposición de ley esta vez- sin haber realizado ni una sola modificación con respecto al texto aprobado en el Consejo de Ministros en mayo de 2011. Conoce perfectamente el Grupo Parlamentario
Socialista las objeciones que los grupos parlamentarios pusieron al proyecto de ley durante la legislatura anterior; sabe perfectamente del rechazo del Partido Popular a buena parte de sus propuestas; conoce la alarma y la inquietud que algunas de
ellas han generado en la sociedad, preocupada por la defensa de las libertades individuales de los ciudadanos y ciudadanas que creen amenazadas en esta proposición de ley, en aras, supuestamente, de la desaparición de todo tipo de discriminación.
Sin embargo, el texto vuelve al Congreso de los Diputados en su mismo formato. No sabemos si la voluntad del Grupo Socialista es burlarse de la ciudadanía, del Parlamento o de ambos, o si simplemente no le importa o no ha entendido el mensaje que
se le ha enviado de diferentes maneras sobre esta proposición de ley, que ha recibido innumerables críticas desde distintos sectores: desde las propias instancias de la Administración del Estado hasta colectivos profesionales como la Asociación de
Editores de Diarios Españoles, los prestadores de servicios de venta y alquiler de viviendas, los colegios de abogados, etcétera.
Nuestro voto a esta proposición de ley va a ser negativo por diferentes razones, unas vinculadas a la forma y al tiempo de este proyecto y otras, diferentes y más importantes, que van a la esencia misma de la proposición de ley con la que
estamos en profundo desacuerdo en muchos de sus puntos. En primer lugar, hay una cuestión de oportunidad, o más bien de inoportunidad. Las principales recomendaciones de los organismos internacionales especializados en materia de igualdad de trato
no se centran en solicitar a España una mejora general de la legislación existente, sino en que establezca procedimientos de recogida de datos de carácter sistemático que permitan conocer la verdadera incidencia del fenómeno de la discriminación,
procurando así hacer más efectiva la legislación que ya está en vigor. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular consideran que será preciso retomar un tema tan importante como la lucha contra la discriminación por motivo de edad, sexo,
discapacidad, religión, convicciones, orientación sexual o enfermedad y la garantía de la igualdad de oportunidades para la ciudadanía, pero desde un conocimiento claro y completo de la situación de discriminación en nuestro país. Para ello, el
Gobierno ha puesto en marcha ya la elaboración, tal y como anunció en su comparecencia en la Comisión de Igualdad la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de un mapa de la discriminación, un mapa que permita conocer, analizar las
causas e impactos de las discriminaciones existentes para, en su caso, identificar y corregir las debilidades concretas de la preexistente legislación antidiscriminatoria. Este mapa vendrá precisamente
a cubrir una de las carencias que ponían de manifiesto en el proyecto del Gobierno anterior entidades como Amnistía Internacional, por ejemplo, que en su informe dedicado al proyecto de ley indica lo siguiente, y cito textualmente: La
naturaleza y las dimensiones de la discriminación en España siguen siendo a día de hoy desconocidas para las autoridades españolas, que no han adoptado medidas para conocer el alcance y la extensión del problema.
A mayores, y abundando en esta primera cuestión de la inoportunidad de esta proposición de ley, el Gobierno de España entiende que debe primero clarificarse la situación de la propuesta de directiva comunitaria por la que se implementa el
principio de igualdad de trato entre las personas, con independencia de su religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, que fue presentada por la Comisión el 2 de julio de 2008. Esta directiva se encuentra aún en fase de
negociación debido, entre otras cosas, a que varios Estados miembros han solicitado un plazo adicional para evaluar el impacto de la normativa europea del año 2000 que permita identificar dónde se encuentran esos nichos de discriminación en sus
respectivos Estados. Se han solicitado a la Comisión Europea estudios específicos además sobre sectores críticos como los productos financieros o los seguros. El Gobierno de España entiende que resulta más útil y menos costoso acompasar la
legislación en esta materia a la nueva directiva europea para no incurrir en pasos que provoquen posteriormente continuas e innecesarias rectificaciones en la legislación, puesto que nuestra Constitución y la jurisprudencia y legislación posterior
protegen ya suficientemente la igualdad de trato y la no discriminación.
Un tercer aspecto vinculado a la inoportunidad de la norma es la consideración por parte del Grupo Parlamentario Popular de que no es el momento oportuno ahora mismo, inmersos en una grave crisis económica, con problemas tan acuciantes como
los 5.693.100 personas en paro y 1.737.000 familias con todos sus miembros en paro, para crear organismos innecesarios cuyas competencias, en opinión no solo del Grupo Parlamentario Popular, sino de los órganos consultivos cuyos informes se
emitieron durante la etapa del Gobierno anterior, se solapan, como ya se ha mencionado aquí, con las de entes ya existentes, como es el caso de la autoridad para la igualdad de trato que se pretende crear en esta proposición de ley. Es evidente, y
así ha sido destacado, que este órgano invade competencias del Defensor del Pueblo e incluso del propio Instituto de la Mujer, por no hablar, como se ha mencionado ya en numerosas ocasiones en las intervenciones previas, de las competencias de las
comunidades autónomas que cuentan con figuras similares a la del Defensor del Pueblo y, por supuesto, con sus respectivos departamentos responsables de la igualdad de oportunidades. Creemos que no es momento para despilfarrar los limitados recursos
públicos y la creación de esa autoridad para la igualdad de trato comportaría un gasto derivado de la creación de una nueva estructura administrativa completamente innecesaria e inadecuada en el momento actual.
Al margen ya de la cuestión de la inoportunidad de la presentación de esta proposición de ley, sus muchos defectos, puestos en evidencia por los diferentes informes, no han sido modificados y pueden y deben, por lo tanto, ser indicados. Se
dice en la exposición de motivos que la ley viene obligada por una deficiente trasposición de las directivas europeas del año 2000, que ya no menciono para ir más rápidamente. Sin embargo, la normativa comunitaria fue traspuesta en su integridad y
además de manera casi literal en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, por un Gobierno del Partido Popular, por lo que parece incoherente justificar la pertinencia del proyecto de ley en esa supuesta deficiente trasposición. También se hace
referencia en la exposición de motivos a la necesidad de agrupar el cuerpo normativo vigente, pero lo cierto es que en este proyecto de ley no se ha realizado una refundición de todas las normas de nuestro sistema vinculadas a la regulación de las
conductas discriminatorias, con lo que el posible proyecto de ley, la proposición, vendría sencillamente a aportar mayor confusión a la legislación preexistente.
Todos los informes del proyecto de ley han incidido en la absoluta imprecisión de la definición de las conductas sancionables por discriminatorias, de su tipificación y en la desproporción injustificada entre algunas faltas y la sanción
económica que llevan aparejada. Pero, además, han alertado de la posibilidad de que una concepción expansiva de la igualdad de trato y de la discriminación pueda lesionar otros derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, como las
libertades individuales de los ciudadanos y las ciudadanas: libertad ideológica, libertad de expresión, de información, libertad religiosa, derecho de asociación, libertad de enseñanza, por citar solo algunas. ¿Puede un abogado en el ejercicio de
su profesión elegir representar a unos clientes y a otros no? ¿Pueden esos clientes entender que esa elección, manifestación de la libertad en el ejercicio de su profesión por parte del abogado, es un acto discriminatorio? Según esta proposición
de ley, sí, y el abogado pasaría a ser sancionado. ¿Pueden los propietarios de un inmueble preferir a unos posibles inquilinos en detrimento de otros por razones variadas,
a cubrir una de las carencias que ponían de manifiesto en el proyecto del Gobierno anterior entidades como Amnistía Internacional, por ejemplo, que en su informe dedicado al proyecto de ley indica lo siguiente, y cito textualmente: La
naturaleza y las dimensiones de la discriminación en España siguen siendo a día de hoy desconocidas para las autoridades españolas, que no han adoptado medidas para conocer el alcance y la extensión del problema.
A mayores, y abundando en esta primera cuestión de la inoportunidad de esta proposición de ley, el Gobierno de España entiende que debe primero clarificarse la situación de la propuesta de directiva comunitaria por la que se implementa el
principio de igualdad de trato entre las personas, con independencia de su religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, que fue presentada por la Comisión el 2 de julio de 2008. Esta directiva se encuentra aún en fase de
negociación debido, entre otras cosas, a que varios Estados miembros han solicitado un plazo adicional para evaluar el impacto de la normativa europea del año 2000 que permita identificar dónde se encuentran esos nichos de discriminación en sus
respectivos Estados. Se han solicitado a la Comisión Europea estudios específicos además sobre sectores críticos como los productos financieros o los seguros. El Gobierno de España entiende que resulta más útil y menos costoso acompasar la
legislación en esta materia a la nueva directiva europea para no incurrir en pasos que provoquen posteriormente continuas e innecesarias rectificaciones en la legislación, puesto que nuestra Constitución y la jurisprudencia y legislación posterior
protegen ya suficientemente la igualdad de trato y la no discriminación.
Un tercer aspecto vinculado a la inoportunidad de la norma es la consideración por parte del Grupo Parlamentario Popular de que no es el momento oportuno ahora mismo, inmersos en una grave crisis económica, con problemas tan acuciantes como
los 5.693.100 personas en paro y 1.737.000 familias con todos sus miembros en paro, para crear organismos innecesarios cuyas competencias, en opinión no solo del Grupo Parlamentario Popular, sino de los órganos consultivos cuyos informes se
emitieron durante la etapa del Gobierno anterior, se solapan, como ya se ha mencionado aquí, con las de entes ya existentes, como es el caso de la autoridad para la igualdad de trato que se pretende crear en esta proposición de ley. Es evidente, y
así ha sido destacado, que este órgano invade competencias del Defensor del Pueblo e incluso del propio Instituto de la Mujer, por no hablar, como se ha mencionado ya en numerosas ocasiones en las intervenciones previas, de las competencias de las
comunidades autónomas que cuentan con figuras similares a la del Defensor del Pueblo y, por supuesto, con sus respectivos departamentos responsables de la igualdad de oportunidades. Creemos que no es momento para despilfarrar los limitados recursos
públicos y la creación de esa autoridad para la igualdad de trato comportaría un gasto derivado de la creación de una nueva estructura administrativa completamente innecesaria e inadecuada en el momento actual.
Al margen ya de la cuestión de la inoportunidad de la presentación de esta proposición de ley, sus muchos defectos, puestos en evidencia por los diferentes informes, no han sido modificados y pueden y deben, por lo tanto, ser indicados. Se
dice en la exposición de motivos que la ley viene obligada por una deficiente trasposición de las directivas europeas del año 2000, que ya no menciono para ir más rápidamente. Sin embargo, la normativa comunitaria fue traspuesta en su integridad y
además de manera casi literal en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, por un Gobierno del Partido Popular, por lo que parece incoherente justificar la pertinencia del proyecto de ley en esa supuesta deficiente trasposición. También se hace
referencia en la exposición de motivos a la necesidad de agrupar el cuerpo normativo vigente, pero lo cierto es que en este proyecto de ley no se ha realizado una refundición de todas las normas de nuestro sistema vinculadas a la regulación de las
conductas discriminatorias, con lo que el posible proyecto de ley, la proposición, vendría sencillamente a aportar mayor confusión a la legislación preexistente.
Todos los informes del proyecto de ley han incidido en la absoluta imprecisión de la definición de las conductas sancionables por discriminatorias, de su tipificación y en la desproporción injustificada entre algunas faltas y la sanción
económica que llevan aparejada. Pero, además, han alertado de la posibilidad de que una concepción expansiva de la igualdad de trato y de la discriminación pueda lesionar otros derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, como las
libertades individuales de los ciudadanos y las ciudadanas: libertad ideológica, libertad de expresión, de información, libertad religiosa, derecho de asociación, libertad de enseñanza, por citar solo algunas. ¿Puede un abogado en el ejercicio de
su profesión elegir representar a unos clientes y a otros no? ¿Pueden esos clientes entender que esa elección, manifestación de la libertad en el ejercicio de su profesión por parte del abogado, es un acto discriminatorio? Según esta proposición
de ley, sí, y el abogado pasaría a ser sancionado. ¿Pueden los propietarios de un inmueble preferir a unos posibles inquilinos en detrimento de otros por razones variadas,
por tener una determinada edad y entender por ello que el piso estará mejor cuidado, por tener hijos o no, por destinar la vivienda a residencia habitual o a lugar de ejercicio de una profesión? ¿Puede esa preferencia dar lugar a una
denuncia por discriminación por parte de los particulares afectados por la decisión del propietario? Según esta proposición de ley, sí, y los propietarios objetos de sanción. Cualquiera podría invocar la existencia de una situación de
discriminación y no precisaría aportar pruebas fundadas, sino que, gracias a la inversión de la carga de la prueba, sería al acusado o acusada a quien correspondería demostrar que en su decisión no ha habido voluntad discriminatoria, sino, como
hemos mencionado en estos ejemplos, simple ejercicio de la libertad individual de decisión. Es evidente que la puerta está abierta para todo tipo de abusos. Que la proposición de ley en sí misma conculca derechos lo indican con toda claridad sus
referencias al ámbito educativo, concretamente el artículo 16.2, que establece que los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta ley no podrán
acogerse a cualquier forma de financiación pública. De este modo se pretende privar de financiación pública a los colegios de enseñanza diferenciada por sexos. A las familias que eligen este modelo educativo se las priva...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora González, vaya terminando.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: ... de la aportación estatal, fundamento para un acceso igualitario a este modelo de escuela, porque escogen algo que al Gobierno anterior, al Partido Socialista, no le gusta pero que no puede prohibir porque no
tiene respaldo jurídico para esa prohibición. El dictamen que ha hecho el Consejo de Estado sobre este proyecto de ley recuerda que la Convención sobre la Lucha contra las Discriminaciones en la Enseñanza de la Unesco establece que las escuelas
para un solo sexo no son discriminatorias. En virtud de las normas internacionales, comunitarias y nacionales el dictamen concluye que la educación diferenciada como modelo pedagógico no puede considerarse un supuesto de discriminación por razón de
sexo.
Señorías, de una sociedad sin discriminación y sin humillaciones -y cito textualmente las palabras de la anterior ministra de Igualdad en el momento de la aprobación de este proyecto de ley en el Consejo de Ministros- a una sociedad temerosa
y amordazada puede haber un solo paso. El paso que no vamos a dar pues no vamos a apoyar este texto. La igualdad de trato y no discriminación no puede conseguirse mediante el recorte de las libertades cívicas, muy concretamente de la libertad de
expresión o de la libertad de conciencia. En pocas palabras, una ley que pretende otorgar derechos a unos ciudadanos no puede limitar los de otros, los del conjunto de la ciudadanía, y eso es lo que ha conseguido el Grupo Parlamentario Socialista
con este texto.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora González.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ELABORACIÓN DE UNA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL. (Número de expediente 162/000273.)
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, referida a la elaboración de
una nueva ley de protección civil.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para presentarles una proposición no de ley sobre protección civil. Como bien saben sus señorías la protección civil es un servicio público esencial cuyo objetivo es prevenir
las situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes o calamidad pública, proteger a las personas o los bienes cuando dichas situaciones se producen, así como contribuir a la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas. La protección
civil encuentra su principal fundamento jurídico en el artículo 15 de nuestra Constitución, es decir, protege dos de nuestros principales derechos fundamentales: el derecho a la vida y a la integridad física. Por ello es importante que los poderes
públicos aseguren un buen funcionamiento de la protección civil. Nadie duda de la trascendencia
por tener una determinada edad y entender por ello que el piso estará mejor cuidado, por tener hijos o no, por destinar la vivienda a residencia habitual o a lugar de ejercicio de una profesión? ¿Puede esa preferencia dar lugar a una
denuncia por discriminación por parte de los particulares afectados por la decisión del propietario? Según esta proposición de ley, sí, y los propietarios objetos de sanción. Cualquiera podría invocar la existencia de una situación de
discriminación y no precisaría aportar pruebas fundadas, sino que, gracias a la inversión de la carga de la prueba, sería al acusado o acusada a quien correspondería demostrar que en su decisión no ha habido voluntad discriminatoria, sino, como
hemos mencionado en estos ejemplos, simple ejercicio de la libertad individual de decisión. Es evidente que la puerta está abierta para todo tipo de abusos. Que la proposición de ley en sí misma conculca derechos lo indican con toda claridad sus
referencias al ámbito educativo, concretamente el artículo 16.2, que establece que los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta ley no podrán
acogerse a cualquier forma de financiación pública. De este modo se pretende privar de financiación pública a los colegios de enseñanza diferenciada por sexos. A las familias que eligen este modelo educativo se las priva...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora González, vaya terminando.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: ... de la aportación estatal, fundamento para un acceso igualitario a este modelo de escuela, porque escogen algo que al Gobierno anterior, al Partido Socialista, no le gusta pero que no puede prohibir porque no
tiene respaldo jurídico para esa prohibición. El dictamen que ha hecho el Consejo de Estado sobre este proyecto de ley recuerda que la Convención sobre la Lucha contra las Discriminaciones en la Enseñanza de la Unesco establece que las escuelas
para un solo sexo no son discriminatorias. En virtud de las normas internacionales, comunitarias y nacionales el dictamen concluye que la educación diferenciada como modelo pedagógico no puede considerarse un supuesto de discriminación por razón de
sexo.
Señorías, de una sociedad sin discriminación y sin humillaciones -y cito textualmente las palabras de la anterior ministra de Igualdad en el momento de la aprobación de este proyecto de ley en el Consejo de Ministros- a una sociedad temerosa
y amordazada puede haber un solo paso. El paso que no vamos a dar pues no vamos a apoyar este texto. La igualdad de trato y no discriminación no puede conseguirse mediante el recorte de las libertades cívicas, muy concretamente de la libertad de
expresión o de la libertad de conciencia. En pocas palabras, una ley que pretende otorgar derechos a unos ciudadanos no puede limitar los de otros, los del conjunto de la ciudadanía, y eso es lo que ha conseguido el Grupo Parlamentario Socialista
con este texto.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora González.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ELABORACIÓN DE UNA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL. (Número de expediente 162/000273.)
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, referida a la elaboración de
una nueva ley de protección civil.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para presentarles una proposición no de ley sobre protección civil. Como bien saben sus señorías la protección civil es un servicio público esencial cuyo objetivo es prevenir
las situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes o calamidad pública, proteger a las personas o los bienes cuando dichas situaciones se producen, así como contribuir a la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas. La protección
civil encuentra su principal fundamento jurídico en el artículo 15 de nuestra Constitución, es decir, protege dos de nuestros principales derechos fundamentales: el derecho a la vida y a la integridad física. Por ello es importante que los poderes
públicos aseguren un buen funcionamiento de la protección civil. Nadie duda de la trascendencia
y la magnitud de las consecuencias que se pueden derivar de una situación de grave emergencia. Por ello, es importante que sea eficaz, porque la eficacia en este ámbito puede salvar vidas.
La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil establece el marco institucional que regula el sistema de protección civil. En ella la protección civil se concibe como un servicio público cuya competencia corresponde a la
Administración civil del Estado en los términos establecidos en la citada ley y al resto de administraciones públicas. Pero esta ley se aprobó hace ya veintisiete años y durante este tiempo la protección civil y las emergencias han evolucionado
mucho, han cambiado con el paso del tiempo igual que cambia la sociedad. Situaciones que hace una década podían ser peligrosas o de riesgo ahora no lo son y viceversa, situaciones que antes eran inimaginables ahora pueden constituir un riesgo. En
estos años el concepto de protección civil ha evolucionado; ahora, además de atender a emergencias y catástrofes puntuales, se exige a las administraciones públicas promover la seguridad integral de sus ciudadanos tomando medidas para evitar y
controlar las situaciones de riesgo y mejorar la asistencia a los mismos. También hay que resaltar que las comunidades autónomas en su totalidad han asumido y desarrollado sus propias competencias en materia de protección civil poniendo en
funcionamiento importantes servicios, como por ejemplo el teléfono de urgencia 112. Por otra parte, hay que destacar que la Administración General del Estado, además de desarrollar sus propias competencias mediante los correspondientes planes
estatales de protección civil y la labor de coordinación de la Comisión Nacional de Protección Civil, ha puesto en funcionamiento importantes instrumentos, entre los que cabe destacar la Unidad Militar de Emergencias o la Escuela Nacional de
Protección Civil. A todo ello debemos añadir la existencia de una nueva dimensión comunitaria en este ámbito, como es el Mecanismo de cooperación en protección civil de la Unión Europea. Esto ha provocado que exista normativa que paulatinamente se
ha ido incorporando a nuestro derecho interno en aplicación de los instrumentos jurídicos de la Unión Europea.
Por todos estos motivos podemos afirmar que la ley vigente, la Ley 2/1985, se encuentra obsoleta en algunos ámbitos y en otros superada por la realidad. Debemos mejorar nuestro sistema de protección civil y para ello necesitamos un nueva
ley; una nueva ley que regule el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado sobre protección civil a la luz de las nuevas circunstancias y demandas sociales, de acuerdo con el marco competencial configurado por la
doctrina del Tribunal Constitucional, respetando escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales e inspirándose en los principios de subsidiaridad y proporcionalidad, conforme a los cuales la Administración
General del Estado solo debe intervenir en aquellos casos en que los objetivos de protección civil no puedan ser alcanzados de manera adecuada por otras administraciones y en la medida necesaria para satisfacerlos. Pero, al mismo tiempo, la nueva
ley debe garantizar la actuación integrada del conjunto de las administraciones públicas implicadas. La colaboración que exige la acción pública en materia de protección civil supone reforzar las medidas de coordinación y cooperación entre
administraciones. En concreto, esta colaboración debe articularse en el plano de la información recíproca, la planificación conjunta, el establecimiento de protocolos de actuación donde se integren los medios materiales y humanos de todas las
administraciones con un mando único y la realización y evaluación de simulacros que ayuden a la implantación de dicho sistema. La ley debería crear un nuevo marco donde los medios y recursos de la Administración General del Estado movilizables en
emergencias se pongan a disposición de la autoridad local o autonómica cuando estas asuman el mando y cuando el mando corresponda a la Administración General del Estado que sean los recursos del resto de las administraciones los que se pongan a su
disposición para conseguir una actuación coordinada.
Por otra parte y con la finalidad de que las zonas afectadas por cualquier catástrofe puedan regresar a la normalidad, es preciso que la nueva ley prevea las ayudas que deberá prestar el Estado con carácter subsidiario respecto de cualquier
otro sistema de cobertura. A este respecto parece oportuno recuperar la declaración de zona catastrófica efectuada por el Gobierno como paso previo para la concesión de estas ayudas, pero sobre todo la ley debería prever mecanismos ágiles para que
las ayudas puedan ser puestas a disposición de sus beneficiarios lo antes posible, de forma que puedan cumplir de manera eficaz el objetivo que persiguen. También debemos resaltar que la nueva ley debería contener una declaración de derechos y
deberes de los ciudadanos en materia de protección civil, respondiendo a la idea de que la protección civil integral solo puede alcanzar altos niveles de eficacia cuando el ciudadano se sienta, porque efectivamente lo es, sujeto activo de la misma y
no un mero sujeto pasivo.
No quisiera terminar, señorías, sin mostrar en nombre del Grupo Parlamentario Popular todo nuestro reconocimiento y gratitud hacia todas las personas que día a día trabajan en el ámbito de la protección
y la magnitud de las consecuencias que se pueden derivar de una situación de grave emergencia. Por ello, es importante que sea eficaz, porque la eficacia en este ámbito puede salvar vidas.
La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil establece el marco institucional que regula el sistema de protección civil. En ella la protección civil se concibe como un servicio público cuya competencia corresponde a la
Administración civil del Estado en los términos establecidos en la citada ley y al resto de administraciones públicas. Pero esta ley se aprobó hace ya veintisiete años y durante este tiempo la protección civil y las emergencias han evolucionado
mucho, han cambiado con el paso del tiempo igual que cambia la sociedad. Situaciones que hace una década podían ser peligrosas o de riesgo ahora no lo son y viceversa, situaciones que antes eran inimaginables ahora pueden constituir un riesgo. En
estos años el concepto de protección civil ha evolucionado; ahora, además de atender a emergencias y catástrofes puntuales, se exige a las administraciones públicas promover la seguridad integral de sus ciudadanos tomando medidas para evitar y
controlar las situaciones de riesgo y mejorar la asistencia a los mismos. También hay que resaltar que las comunidades autónomas en su totalidad han asumido y desarrollado sus propias competencias en materia de protección civil poniendo en
funcionamiento importantes servicios, como por ejemplo el teléfono de urgencia 112. Por otra parte, hay que destacar que la Administración General del Estado, además de desarrollar sus propias competencias mediante los correspondientes planes
estatales de protección civil y la labor de coordinación de la Comisión Nacional de Protección Civil, ha puesto en funcionamiento importantes instrumentos, entre los que cabe destacar la Unidad Militar de Emergencias o la Escuela Nacional de
Protección Civil. A todo ello debemos añadir la existencia de una nueva dimensión comunitaria en este ámbito, como es el Mecanismo de cooperación en protección civil de la Unión Europea. Esto ha provocado que exista normativa que paulatinamente se
ha ido incorporando a nuestro derecho interno en aplicación de los instrumentos jurídicos de la Unión Europea.
Por todos estos motivos podemos afirmar que la ley vigente, la Ley 2/1985, se encuentra obsoleta en algunos ámbitos y en otros superada por la realidad. Debemos mejorar nuestro sistema de protección civil y para ello necesitamos un nueva
ley; una nueva ley que regule el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado sobre protección civil a la luz de las nuevas circunstancias y demandas sociales, de acuerdo con el marco competencial configurado por la
doctrina del Tribunal Constitucional, respetando escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales e inspirándose en los principios de subsidiaridad y proporcionalidad, conforme a los cuales la Administración
General del Estado solo debe intervenir en aquellos casos en que los objetivos de protección civil no puedan ser alcanzados de manera adecuada por otras administraciones y en la medida necesaria para satisfacerlos. Pero, al mismo tiempo, la nueva
ley debe garantizar la actuación integrada del conjunto de las administraciones públicas implicadas. La colaboración que exige la acción pública en materia de protección civil supone reforzar las medidas de coordinación y cooperación entre
administraciones. En concreto, esta colaboración debe articularse en el plano de la información recíproca, la planificación conjunta, el establecimiento de protocolos de actuación donde se integren los medios materiales y humanos de todas las
administraciones con un mando único y la realización y evaluación de simulacros que ayuden a la implantación de dicho sistema. La ley debería crear un nuevo marco donde los medios y recursos de la Administración General del Estado movilizables en
emergencias se pongan a disposición de la autoridad local o autonómica cuando estas asuman el mando y cuando el mando corresponda a la Administración General del Estado que sean los recursos del resto de las administraciones los que se pongan a su
disposición para conseguir una actuación coordinada.
Por otra parte y con la finalidad de que las zonas afectadas por cualquier catástrofe puedan regresar a la normalidad, es preciso que la nueva ley prevea las ayudas que deberá prestar el Estado con carácter subsidiario respecto de cualquier
otro sistema de cobertura. A este respecto parece oportuno recuperar la declaración de zona catastrófica efectuada por el Gobierno como paso previo para la concesión de estas ayudas, pero sobre todo la ley debería prever mecanismos ágiles para que
las ayudas puedan ser puestas a disposición de sus beneficiarios lo antes posible, de forma que puedan cumplir de manera eficaz el objetivo que persiguen. También debemos resaltar que la nueva ley debería contener una declaración de derechos y
deberes de los ciudadanos en materia de protección civil, respondiendo a la idea de que la protección civil integral solo puede alcanzar altos niveles de eficacia cuando el ciudadano se sienta, porque efectivamente lo es, sujeto activo de la misma y
no un mero sujeto pasivo.
No quisiera terminar, señorías, sin mostrar en nombre del Grupo Parlamentario Popular todo nuestro reconocimiento y gratitud hacia todas las personas que día a día trabajan en el ámbito de la protección
civil, porque en definitiva trabajan por nuestra seguridad, y muy especialmente a todas las personas que durante este verano han trabajado sin descanso en las tareas de extinción de los incendios que se han producido en muchas comunidades
autónomas y en especial en mi comunidad, la Comunidad Valenciana. También quisiera reiterar el compromiso de mi grupo de seguir legislando y haciendo propuestas de manera continua y coherente en todos los ámbitos. Quiero recordar que en el ámbito
que nos ocupa esta proposición no de ley no es aislada, ya que en los pasados meses mi grupo trajo a esta Cámara para su debate dos importantes proposiciones no de ley: una relativa a las penas de los delitos por los incendios y otras sobre medidas
para paliar de los daños producidos por los incendios forestales, que se concretaba en un real decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes.
Para finalizar, les pido a todos los grupos parlamentarios que apoyen y respalden esta proposición no de ley. Les agradezco a todos su atención y sus aportaciones.
Señora presidenta, se han presentado tres enmiendas, de las cuales quiero decir que hemos aceptado la del Grupo Parlamentario Socialista como adición y hemos llegado a una transaccional con el Grupo de CiU. Con el Grupo de UPyD hemos
llegado a un acuerdo, ya que lo que proponían estaba integrado en nuestro texto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Hoyo.
Efectivamente, se han presentado una serie de enmiendas. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas presentadas por UPyD, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, UPyD está de acuerdo y considera necesaria esa nueva ley de protección civil. Los desafíos a los que nos enfrentamos ahora y las soluciones que están en nuestra mano son muy diferentes, han evolucionado mucho desde hace más
de 25 años, cuando se presentó la ley de la que hablamos hoy. Hemos propuesto, eso sí, una enmienda de sustitución porque en el enunciado de esta PNL surgía nuestra única duda. En realidad, yo tengo dos dudas: una sobre cómo ha sido trabajada
esta proposición no de ley; mi duda es por qué se ha trabajado tan poco, porque me parece que es muy poco concreta, que es muy general y echamos en falta un poquito más de trabajo. Pero la duda fundamental es la siguiente: ¿qué es eso de que el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar una ley consensuada con las comunidades autónomas y los ayuntamientos? ¿Esto es un nuevo tipo de norma? Usted acaba de decir también: respetando escrupulosamente las competencias de las
comunidades autónomas. Yo estoy un poquito cansado de oír continuamente en esta Cámara: respetando escrupulosamente todas las competencias de las comunidades autónomas. Ojalá ustedes respetaran tan escrupulosamente el gasto del dinero público
como son de escrupulosos a la hora de respetar las competencias de esas comunidades autónomas. Desde nuestro punto de vista es con el resto de fuerzas políticas con quienes ustedes deben consensuar una ley, con quienes deben hablar, con quienes
deben enriquecer sus iniciativas. Eso es algo que nosotros estamos echando de menos durante esta legislatura.
Señorías, para nosotros es obvio que una de las razones -seguramente la principal razón por la que estamos pasando la grave crisis económica y política que estamos pasando- es precisamente esa incapacidad o esa falta de voluntad del Gobierno
de controlar a las comunidades autónomas, de controlar su gasto, de controlar su derroche e incluso de controlar esos problemas de desigualdad que han sido creados entre todos nuestros ciudadanos. De la misma manera que la Unión Europea puede decir
y puede decidir sobre aspectos de nuestro Estado, nosotros creemos que es obvio que el Estado español debe decidir también sobre algunas cosas que tienen que ver con las comunidades autónomas y así aclarar de una vez el barullo competencial, que
redunda en gasto añadido y problemas de coordinación que son muy importantes en el ámbito en el que estamos hablando ahora. Esto es algo que nos preocupa. Nosotros queremos una nueva ley de protección civil que no deje dudas sobre el ámbito
competencial puesto que eso es algo que ayudará a resolver un problema que se ha venido manifestando durante muchas de las emergencias que ha sufrido nuestro país últimamente: la descoordinación. Esa descoordinación, esa dificultad de poner de
acuerdo a tantos actores que trabajan -o al menos eso dicen- en un mismo problema es además responsable según nosotros de la casi inexistencia de algo que debemos impulsar definitivamente en nuestro país: la prevención. Lo hemos visto con los
incendios durante este verano. No existían protocolos de actuación que incluyeran a todos y no se habían realizado simulacros para entrenar al personal especializado y a la sociedad civil ante las diversas catástrofes a las que pueden verse
abocados. En Unión Progreso y Democracia vemos con envidia cómo en otros países
civil, porque en definitiva trabajan por nuestra seguridad, y muy especialmente a todas las personas que durante este verano han trabajado sin descanso en las tareas de extinción de los incendios que se han producido en muchas comunidades
autónomas y en especial en mi comunidad, la Comunidad Valenciana. También quisiera reiterar el compromiso de mi grupo de seguir legislando y haciendo propuestas de manera continua y coherente en todos los ámbitos. Quiero recordar que en el ámbito
que nos ocupa esta proposición no de ley no es aislada, ya que en los pasados meses mi grupo trajo a esta Cámara para su debate dos importantes proposiciones no de ley: una relativa a las penas de los delitos por los incendios y otras sobre medidas
para paliar de los daños producidos por los incendios forestales, que se concretaba en un real decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes.
Para finalizar, les pido a todos los grupos parlamentarios que apoyen y respalden esta proposición no de ley. Les agradezco a todos su atención y sus aportaciones.
Señora presidenta, se han presentado tres enmiendas, de las cuales quiero decir que hemos aceptado la del Grupo Parlamentario Socialista como adición y hemos llegado a una transaccional con el Grupo de CiU. Con el Grupo de UPyD hemos
llegado a un acuerdo, ya que lo que proponían estaba integrado en nuestro texto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Hoyo.
Efectivamente, se han presentado una serie de enmiendas. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas presentadas por UPyD, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, UPyD está de acuerdo y considera necesaria esa nueva ley de protección civil. Los desafíos a los que nos enfrentamos ahora y las soluciones que están en nuestra mano son muy diferentes, han evolucionado mucho desde hace más
de 25 años, cuando se presentó la ley de la que hablamos hoy. Hemos propuesto, eso sí, una enmienda de sustitución porque en el enunciado de esta PNL surgía nuestra única duda. En realidad, yo tengo dos dudas: una sobre cómo ha sido trabajada
esta proposición no de ley; mi duda es por qué se ha trabajado tan poco, porque me parece que es muy poco concreta, que es muy general y echamos en falta un poquito más de trabajo. Pero la duda fundamental es la siguiente: ¿qué es eso de que el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar una ley consensuada con las comunidades autónomas y los ayuntamientos? ¿Esto es un nuevo tipo de norma? Usted acaba de decir también: respetando escrupulosamente las competencias de las
comunidades autónomas. Yo estoy un poquito cansado de oír continuamente en esta Cámara: respetando escrupulosamente todas las competencias de las comunidades autónomas. Ojalá ustedes respetaran tan escrupulosamente el gasto del dinero público
como son de escrupulosos a la hora de respetar las competencias de esas comunidades autónomas. Desde nuestro punto de vista es con el resto de fuerzas políticas con quienes ustedes deben consensuar una ley, con quienes deben hablar, con quienes
deben enriquecer sus iniciativas. Eso es algo que nosotros estamos echando de menos durante esta legislatura.
Señorías, para nosotros es obvio que una de las razones -seguramente la principal razón por la que estamos pasando la grave crisis económica y política que estamos pasando- es precisamente esa incapacidad o esa falta de voluntad del Gobierno
de controlar a las comunidades autónomas, de controlar su gasto, de controlar su derroche e incluso de controlar esos problemas de desigualdad que han sido creados entre todos nuestros ciudadanos. De la misma manera que la Unión Europea puede decir
y puede decidir sobre aspectos de nuestro Estado, nosotros creemos que es obvio que el Estado español debe decidir también sobre algunas cosas que tienen que ver con las comunidades autónomas y así aclarar de una vez el barullo competencial, que
redunda en gasto añadido y problemas de coordinación que son muy importantes en el ámbito en el que estamos hablando ahora. Esto es algo que nos preocupa. Nosotros queremos una nueva ley de protección civil que no deje dudas sobre el ámbito
competencial puesto que eso es algo que ayudará a resolver un problema que se ha venido manifestando durante muchas de las emergencias que ha sufrido nuestro país últimamente: la descoordinación. Esa descoordinación, esa dificultad de poner de
acuerdo a tantos actores que trabajan -o al menos eso dicen- en un mismo problema es además responsable según nosotros de la casi inexistencia de algo que debemos impulsar definitivamente en nuestro país: la prevención. Lo hemos visto con los
incendios durante este verano. No existían protocolos de actuación que incluyeran a todos y no se habían realizado simulacros para entrenar al personal especializado y a la sociedad civil ante las diversas catástrofes a las que pueden verse
abocados. En Unión Progreso y Democracia vemos con envidia cómo en otros países
se moviliza a cientos de miles de personas para realizar simulacros, para prevenir. Vemos con envidia cómo se invierte y se pone atención en una prevención que salva vidas y además ahorra una gran cantidad de recursos. Nosotros esperamos
que en esta nueva ley se tenga en cuenta esa necesaria cultura de la prevención porque déjenme decirles que en este país parece que los únicos simulacros que se hacen -y además son falsos- son los programas electorales que los grandes partidos luego
nunca cumplen.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Ciuró para la defensa de sus enmiendas.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, Convergència i Unió está de acuerdo en que es conveniente y necesario actualizar la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil estatal puesto que es una norma que ha quedado totalmente obsoleta, desfasada tanto desde el ámbito
operativo como desde el organizativo y competencial. Hoy en día las necesidades de la población son unas, los medios son otros, los riesgos son diferentes y las necesidades han variado, con lo cual debemos necesariamente dar respuesta a estas
nuevas necesidades en materia de protección civil, siempre en beneficio de los ciudadanos.
Convergència i Unió ha presentado unas enmiendas -y hemos llegado a una transacción-, básicamente centradas en el respeto a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, puesto que es este el orden constitucional del que nos
hemos dotado. Soy consciente, señorías, de que la regulación, la administración, la gestión de un Estado complejo, como es el nuestro, no esta a la mano de cualquier persona y se suele tender a la simplificación de las estructuras para poder
facilitar su gestión, pero es necesario hacer un plus de ejercicio, un plus de gestión y un plus de inteligencia para poder gestionar un Estado complejo como el nuestro, y por eso cualquier tipo de cambio que se suscite en el modelo de Estado
español debería pasar por el referendo de esta Cámara. Afortunadamente, nos hemos dotado de un sistema democrático en el que las mayorías cuentan. Como decía, señorías, las enmiendas de CiU van en este sentido y, por tanto, han sido aceptadas por
el grupo mayoritario. Estas son, ni más ni menos, como decía, las consecuencias de un modelo descentralizado; cada uno debe gestionar y regular de acuerdo con sus competencias. Así es en el Estado español. Del ejercicio, desarrollo y
consolidación de las competencias es especialmente garante esta Cámara y debemos ser facilitadores, especialmente a favor de las comunidades con vocación de asumir más competencias y de ejecutarlas en plenitud, como es el caso de Cataluña, siendo
respetuosos a la vez con aquellas que por no tener la misma vocación pueden desear la devolución de algunas de sus competencias o incluso de todas ellas, ante lo cual encontrarían el apoyo de CiU.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la aprobación de la estrategia española de seguridad en la pasada legislatura supuso una actualización del análisis de los riesgos que nos acechan y además sirvió como revisión de las políticas de coordinación que deben existir en
todo momento y situación para hacer frente a los mismos de una manera acorde y eficaz. Por otro lado, como objetivo de toda política debe buscarse la mayor eficiencia económica. Dicha actualización de los riesgos obliga a tener en cuenta
escenarios como los ligados al calentamiento global, los riesgos medioambientales, los riesgos sanitarios y otros riesgos de nuevo cuño que pueden generar accidentes de múltiples víctimas y grandes catástrofes.
En cuanto a la gestión de estas grandes emergencias, el actual sistema español de protección civil resulta complejo, siendo muy elevado el número de instituciones y administraciones que pueden verse implicadas según las circunstancias que
concurran, debiendo además reconocerse que hay infinitos posibles escenarios que a su vez pueden ser tan complicados como alcance la imaginación y según el territorio o la población afectada. La vigente Ley del año 1985 de Protección Civil no
parece definir bien las diferencias operativas y las necesidades actuales cuando se trata de una gran catástrofe frente a otras emergencias que pueden resolverse con los medios existentes en la zona del suceso y sin necesidad de una coordinación que
afecte más allá del nivel autonómico. Las comunidades autónomas asumieron competencias en esta materia en los años noventa y en la actualidad los centros de coordinación 112 y la
se moviliza a cientos de miles de personas para realizar simulacros, para prevenir. Vemos con envidia cómo se invierte y se pone atención en una prevención que salva vidas y además ahorra una gran cantidad de recursos. Nosotros esperamos
que en esta nueva ley se tenga en cuenta esa necesaria cultura de la prevención porque déjenme decirles que en este país parece que los únicos simulacros que se hacen -y además son falsos- son los programas electorales que los grandes partidos luego
nunca cumplen.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Ciuró para la defensa de sus enmiendas.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, Convergència i Unió está de acuerdo en que es conveniente y necesario actualizar la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil estatal puesto que es una norma que ha quedado totalmente obsoleta, desfasada tanto desde el ámbito
operativo como desde el organizativo y competencial. Hoy en día las necesidades de la población son unas, los medios son otros, los riesgos son diferentes y las necesidades han variado, con lo cual debemos necesariamente dar respuesta a estas
nuevas necesidades en materia de protección civil, siempre en beneficio de los ciudadanos.
Convergència i Unió ha presentado unas enmiendas -y hemos llegado a una transacción-, básicamente centradas en el respeto a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, puesto que es este el orden constitucional del que nos
hemos dotado. Soy consciente, señorías, de que la regulación, la administración, la gestión de un Estado complejo, como es el nuestro, no esta a la mano de cualquier persona y se suele tender a la simplificación de las estructuras para poder
facilitar su gestión, pero es necesario hacer un plus de ejercicio, un plus de gestión y un plus de inteligencia para poder gestionar un Estado complejo como el nuestro, y por eso cualquier tipo de cambio que se suscite en el modelo de Estado
español debería pasar por el referendo de esta Cámara. Afortunadamente, nos hemos dotado de un sistema democrático en el que las mayorías cuentan. Como decía, señorías, las enmiendas de CiU van en este sentido y, por tanto, han sido aceptadas por
el grupo mayoritario. Estas son, ni más ni menos, como decía, las consecuencias de un modelo descentralizado; cada uno debe gestionar y regular de acuerdo con sus competencias. Así es en el Estado español. Del ejercicio, desarrollo y
consolidación de las competencias es especialmente garante esta Cámara y debemos ser facilitadores, especialmente a favor de las comunidades con vocación de asumir más competencias y de ejecutarlas en plenitud, como es el caso de Cataluña, siendo
respetuosos a la vez con aquellas que por no tener la misma vocación pueden desear la devolución de algunas de sus competencias o incluso de todas ellas, ante lo cual encontrarían el apoyo de CiU.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la aprobación de la estrategia española de seguridad en la pasada legislatura supuso una actualización del análisis de los riesgos que nos acechan y además sirvió como revisión de las políticas de coordinación que deben existir en
todo momento y situación para hacer frente a los mismos de una manera acorde y eficaz. Por otro lado, como objetivo de toda política debe buscarse la mayor eficiencia económica. Dicha actualización de los riesgos obliga a tener en cuenta
escenarios como los ligados al calentamiento global, los riesgos medioambientales, los riesgos sanitarios y otros riesgos de nuevo cuño que pueden generar accidentes de múltiples víctimas y grandes catástrofes.
En cuanto a la gestión de estas grandes emergencias, el actual sistema español de protección civil resulta complejo, siendo muy elevado el número de instituciones y administraciones que pueden verse implicadas según las circunstancias que
concurran, debiendo además reconocerse que hay infinitos posibles escenarios que a su vez pueden ser tan complicados como alcance la imaginación y según el territorio o la población afectada. La vigente Ley del año 1985 de Protección Civil no
parece definir bien las diferencias operativas y las necesidades actuales cuando se trata de una gran catástrofe frente a otras emergencias que pueden resolverse con los medios existentes en la zona del suceso y sin necesidad de una coordinación que
afecte más allá del nivel autonómico. Las comunidades autónomas asumieron competencias en esta materia en los años noventa y en la actualidad los centros de coordinación 112 y la
gestión de emergencias con los medios sanitarios y de extinción de incendios y salvamento son dirigidos por las instituciones autonómicas y locales. Señorías, no olvidemos en modo alguno que a nivel europeo tenemos un conjunto de
obligaciones de imperativo cumplimiento derivado del contenido de la cláusula de solidaridad que establece el Tratado de Lisboa, unido al establecimiento en el año 2001 del Mecanismo comunitario para grandes catástrofes, con lo que se ha dibujado en
Europa un sistema de protección civil europeo en el que nuestro país es miembro activo. Por tanto, tenemos la obligación imperiosa e inexorable de coordinar a través de este sistema las actuaciones en casos de emergencia cuando la catástrofe
sobrepase la capacidad nacional u otros países miembros reclamen ayuda. Y no es un tema baladí. Centrarnos exclusivamente en los ámbitos competenciales constituye una trivialización del fenómeno de salvamento de vidas, que debemos afrontar con
total y absoluto rigor. Esto no lo posibilita la ley del año 1985, ni lo posibilita tampoco la norma básica de protección civil aprobada por el Real Decreto 407 del año 1992, ni tampoco la norma básica de autoprotección aprobada en el año 2007 con
el número 393, al tiempo que últimamente se han elaborado diferentes planes de emergencia, diferentes directrices básicas de planificación sobre riesgos específicos. Asimismo, sus señorías saben que se han creado nuevos medios de intervención
eficaz -como aquí se ha puesto de manifiesto por anteriores intervinientes- como la Unidad Militar de Emergencias, las unidades de apoyo ante desastres o, por ejemplo, el ejercicio de las responsabilidades de las entidades locales, de las
comunidades autónomas que han desplegado sus competencias regulando su actuación y configurando sus propios servicios de protección.
Señorías, a esto no ha hecho referencia ningún interviniente hasta estos momentos, y quiero incidir en la relevancia del tema: la Unión Europea se ha sumado al esfuerzo común y ha puesto en marcha un mecanismo comunitario de protección
civil al que tenemos que adaptarnos, basado en la solidaridad y en la colaboración de los Estados miembros, aparte de otras medidas financieras y de apoyo a estos últimos. Desde esa perspectiva, desde el respeto por supuesto de las
responsabilidades institucionales recogidas por leyes orgánicas en los estatutos de autonomía y, por supuesto, con el respeto sobre todo a la defensa del ser humano, a la salvaguarda de la vida, es por lo que nosotros hemos presentado una enmienda
integrada por una serie de puntos que muy rápidamente leo, y con lo cual termino, señorías. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara, acorde con los requerimientos actuales en materia de emergencia, un conjunto
legislativo que incorpore los nuevos riesgos como posibles factores desencadenantes de grandes catástrofes; que revise la actual estructura de gestión de grandes catástrofes haciéndola más moderna, interdepartamental; que atienda a criterios de
eficiencia económica y fomente el diálogo y cooperación permanente entre las administraciones públicas y los operadores de infraestructuras y servicios, así como que establezca los mecanismos de coordinación y colaboración de los diferentes órganos
y administraciones competentes; que se tenga en cuenta la realidad competencial en nuestro país; que tenga en consideración las recomendaciones y análisis que emanan de la estrategia española de seguridad, y reitero, en esta norma, que en muchas
ocasiones se considera lateralmente de escasa importancia.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura, tiene que terminar.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
Solicitamos también que incluya el marco internacional de protección civil, especialmente en el nivel europeo; que recoja los elementos esenciales que deben reunir los protocolos de coordinación de todas las instituciones a nivel nacional
implicadas en una gran emergencia, incluyendo la fórmula de cooperación por parte de los responsables de las diferentes administraciones públicas. Señorías, que se reconozca, y con esto termino, a la Escuela Nacional de Protección Civil, para que
se constituya en un instrumento vertebrador de la formación especializada y de mandos de tercer nivel. Con este planteamiento, con las líneas directrices que hemos marcado, creemos que estamos reseñando precisamente las líneas fundamentales del
conjunto documental ideológico...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura...
El señor SEGURA CLAVELL:...que debe sustentar un nuevo proyecto de protección civil, de lo que tan necesitado está nuestro país, con todo un conjunto de comunidades autónomas y entidades administrativas...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura.
gestión de emergencias con los medios sanitarios y de extinción de incendios y salvamento son dirigidos por las instituciones autonómicas y locales. Señorías, no olvidemos en modo alguno que a nivel europeo tenemos un conjunto de
obligaciones de imperativo cumplimiento derivado del contenido de la cláusula de solidaridad que establece el Tratado de Lisboa, unido al establecimiento en el año 2001 del Mecanismo comunitario para grandes catástrofes, con lo que se ha dibujado en
Europa un sistema de protección civil europeo en el que nuestro país es miembro activo. Por tanto, tenemos la obligación imperiosa e inexorable de coordinar a través de este sistema las actuaciones en casos de emergencia cuando la catástrofe
sobrepase la capacidad nacional u otros países miembros reclamen ayuda. Y no es un tema baladí. Centrarnos exclusivamente en los ámbitos competenciales constituye una trivialización del fenómeno de salvamento de vidas, que debemos afrontar con
total y absoluto rigor. Esto no lo posibilita la ley del año 1985, ni lo posibilita tampoco la norma básica de protección civil aprobada por el Real Decreto 407 del año 1992, ni tampoco la norma básica de autoprotección aprobada en el año 2007 con
el número 393, al tiempo que últimamente se han elaborado diferentes planes de emergencia, diferentes directrices básicas de planificación sobre riesgos específicos. Asimismo, sus señorías saben que se han creado nuevos medios de intervención
eficaz -como aquí se ha puesto de manifiesto por anteriores intervinientes- como la Unidad Militar de Emergencias, las unidades de apoyo ante desastres o, por ejemplo, el ejercicio de las responsabilidades de las entidades locales, de las
comunidades autónomas que han desplegado sus competencias regulando su actuación y configurando sus propios servicios de protección.
Señorías, a esto no ha hecho referencia ningún interviniente hasta estos momentos, y quiero incidir en la relevancia del tema: la Unión Europea se ha sumado al esfuerzo común y ha puesto en marcha un mecanismo comunitario de protección
civil al que tenemos que adaptarnos, basado en la solidaridad y en la colaboración de los Estados miembros, aparte de otras medidas financieras y de apoyo a estos últimos. Desde esa perspectiva, desde el respeto por supuesto de las
responsabilidades institucionales recogidas por leyes orgánicas en los estatutos de autonomía y, por supuesto, con el respeto sobre todo a la defensa del ser humano, a la salvaguarda de la vida, es por lo que nosotros hemos presentado una enmienda
integrada por una serie de puntos que muy rápidamente leo, y con lo cual termino, señorías. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara, acorde con los requerimientos actuales en materia de emergencia, un conjunto
legislativo que incorpore los nuevos riesgos como posibles factores desencadenantes de grandes catástrofes; que revise la actual estructura de gestión de grandes catástrofes haciéndola más moderna, interdepartamental; que atienda a criterios de
eficiencia económica y fomente el diálogo y cooperación permanente entre las administraciones públicas y los operadores de infraestructuras y servicios, así como que establezca los mecanismos de coordinación y colaboración de los diferentes órganos
y administraciones competentes; que se tenga en cuenta la realidad competencial en nuestro país; que tenga en consideración las recomendaciones y análisis que emanan de la estrategia española de seguridad, y reitero, en esta norma, que en muchas
ocasiones se considera lateralmente de escasa importancia.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura, tiene que terminar.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
Solicitamos también que incluya el marco internacional de protección civil, especialmente en el nivel europeo; que recoja los elementos esenciales que deben reunir los protocolos de coordinación de todas las instituciones a nivel nacional
implicadas en una gran emergencia, incluyendo la fórmula de cooperación por parte de los responsables de las diferentes administraciones públicas. Señorías, que se reconozca, y con esto termino, a la Escuela Nacional de Protección Civil, para que
se constituya en un instrumento vertebrador de la formación especializada y de mandos de tercer nivel. Con este planteamiento, con las líneas directrices que hemos marcado, creemos que estamos reseñando precisamente las líneas fundamentales del
conjunto documental ideológico...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura...
El señor SEGURA CLAVELL:...que debe sustentar un nuevo proyecto de protección civil, de lo que tan necesitado está nuestro país, con todo un conjunto de comunidades autónomas y entidades administrativas...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL:...con ámbitos competenciales dispersos, difuminados en ocasiones e innecesariamente colisionando y no sirviendo a los intereses del bien común.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al turno de fijación de posición. Por el Grupo Vasco, PNV, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Coincidimos con el grupo proponente en que se trata de una ley que ya tiene muchos años y que algunos de sus aspectos deberían ser redefinidos, incluso ampliados, en el ámbito también de la colaboración internacional. Sí, ¿por qué no?
Tampoco creo que se pueda afirmar, como he oído de algún portavoz, que no se ha hecho nada y que no se ha hecho nada tampoco en el desarrollo de la ley ni en la coordinación de los diferentes servicios. La ley se ha ido adaptando mediante el
desarrollo, y creo que hay algunos instrumentos -que en algunos lugares funcionen mejor o peor es otro cantar- para una colaboración integrada. La legislación en el ámbito de la protección civil se inicia con el artículo 30.4 de la Constitución,
sobre todo con la aprobación de esta Ley 2/1995. Después hay una norma básica de protección civil de 1992 que además ha permitido que el Estado elabore los planes básicos, planes especiales y las directrices básicas que luego tienen que seguir las
comunidades autónomas. Además, sobre todo esto ha habido jurisprudencia constitucional. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta porque tampoco vale decir, como el señor Cantó, que lo que quiero es que respecto a las comunidades autónomas nada, que
arrasemos todo. Pues modifíquese la legislación, empezando por el artículo 8º, y modifíquese toda la jurisprudencia constitucional, porque si de cada tema que sale aquí vamos a hacer batalla en ese punto no tiene ningún sentido. También podríamos
decir que, como parece que la Unión Europea tiene una vocación clara de participar en el tema de la protección civil e incluso de crear una serie de servicios en este ámbito, sobra también la protección civil española porque, total, tenemos la
europea.
A juicio del Tribunal Constitucional, en la sentencia 123/84, de 18 de diciembre, y 133/90, de 19 de julio, la protección civil es una competencia concurrente entre el Estado y las comunidades autónomas. ¿Dependiendo de qué? De que entren
o no en juego la concreta emergencia, las exigencias y el interés superautonómico que el propio tribunal define en tres supuestos concretos: en primer lugar, cuando entra en juego la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio; en
segundo lugar, cuando el carácter supraterritorial de la emergencia exija la coordinación de elementos distintos de los autonómicos; y, en tercer lugar, cuando la envergadura de la emergencia requiera una dirección estatal. La legislación estatal
ha fijado además, a través de la norma básica y otros instrumentos, las características comunes del sistema de protección civil, asegurando su integrabilidad a través de la homologación de los planes de protección civil conforme a lo que dispone la
norma básica y las directrices para lograr planes especiales y fijando los deberes ciudadanos en situaciones de catástrofe o calamidad. Hablaba la portavoz de derechos y deberes. Los deberes están fijados. Dentro de estos presupuestos, como el
Tribunal Constitucional reconoce, corresponde a la comunidad autónoma la ordenación de la protección civil de la comunidad autónoma en virtud de los títulos competenciales que tenga establecidos; en el caso del País Vasco, por ejemplo, protección
de personas y bienes, materia de policía, espectáculos públicos, protección del medio ambiente, sanidad, agricultura y montes, carreteras, ordenación del territorio, ejecución de la legislación estatal en salvamento marítimo, etcétera. Esto está
fijado así por la jurisprudencia constitucional y habrá que respetarlo, si es que se dice que hay que respetarlo en otras áreas también.
Por eso nosotros celebramos que en el propio texto presentado por el Grupo Popular se hable de un consenso, de una nueva norma consensuada con las comunidades autónomas y también de que se haya aceptado, al menos en una parte, una enmienda
presentada por Convergència, en el sentido de respetar -reafirmando esto- las competencias exclusivas de aquellas comunidades autónomas que tienen asumidas estas competencias; prácticamente son todas hoy en día. En el ámbito internacional también.
Claro, habrá que entrar en la nueva ley, pero habrá que entrar también teniendo en cuenta que las comunidades autónomas disponen de medios y en las zonas fronterizas muchas veces estos medios son de más fácil acceso y de llegar antes que los de otro
tipo. Por tanto, también en las comunidades autónomas habrá que darle un papel en los temas de protección civil que se tengan que elaborar en el ámbito de la colaboración transfronteriza y de las directrices de la Unión Europea porque, si no,
estaremos haciendo trampa. No estaremos pensando en lo que sea mejor para defender las vidas de las personas, los bienes públicos, el medio ambiente, sino que estaremos dando preferencia a una determinada prelación en el ámbito internacional a los
medios del Estado frente a los de la comunidad autónoma, cuando, insisto,
El señor SEGURA CLAVELL:...con ámbitos competenciales dispersos, difuminados en ocasiones e innecesariamente colisionando y no sirviendo a los intereses del bien común.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al turno de fijación de posición. Por el Grupo Vasco, PNV, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Coincidimos con el grupo proponente en que se trata de una ley que ya tiene muchos años y que algunos de sus aspectos deberían ser redefinidos, incluso ampliados, en el ámbito también de la colaboración internacional. Sí, ¿por qué no?
Tampoco creo que se pueda afirmar, como he oído de algún portavoz, que no se ha hecho nada y que no se ha hecho nada tampoco en el desarrollo de la ley ni en la coordinación de los diferentes servicios. La ley se ha ido adaptando mediante el
desarrollo, y creo que hay algunos instrumentos -que en algunos lugares funcionen mejor o peor es otro cantar- para una colaboración integrada. La legislación en el ámbito de la protección civil se inicia con el artículo 30.4 de la Constitución,
sobre todo con la aprobación de esta Ley 2/1995. Después hay una norma básica de protección civil de 1992 que además ha permitido que el Estado elabore los planes básicos, planes especiales y las directrices básicas que luego tienen que seguir las
comunidades autónomas. Además, sobre todo esto ha habido jurisprudencia constitucional. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta porque tampoco vale decir, como el señor Cantó, que lo que quiero es que respecto a las comunidades autónomas nada, que
arrasemos todo. Pues modifíquese la legislación, empezando por el artículo 8º, y modifíquese toda la jurisprudencia constitucional, porque si de cada tema que sale aquí vamos a hacer batalla en ese punto no tiene ningún sentido. También podríamos
decir que, como parece que la Unión Europea tiene una vocación clara de participar en el tema de la protección civil e incluso de crear una serie de servicios en este ámbito, sobra también la protección civil española porque, total, tenemos la
europea.
A juicio del Tribunal Constitucional, en la sentencia 123/84, de 18 de diciembre, y 133/90, de 19 de julio, la protección civil es una competencia concurrente entre el Estado y las comunidades autónomas. ¿Dependiendo de qué? De que entren
o no en juego la concreta emergencia, las exigencias y el interés superautonómico que el propio tribunal define en tres supuestos concretos: en primer lugar, cuando entra en juego la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio; en
segundo lugar, cuando el carácter supraterritorial de la emergencia exija la coordinación de elementos distintos de los autonómicos; y, en tercer lugar, cuando la envergadura de la emergencia requiera una dirección estatal. La legislación estatal
ha fijado además, a través de la norma básica y otros instrumentos, las características comunes del sistema de protección civil, asegurando su integrabilidad a través de la homologación de los planes de protección civil conforme a lo que dispone la
norma básica y las directrices para lograr planes especiales y fijando los deberes ciudadanos en situaciones de catástrofe o calamidad. Hablaba la portavoz de derechos y deberes. Los deberes están fijados. Dentro de estos presupuestos, como el
Tribunal Constitucional reconoce, corresponde a la comunidad autónoma la ordenación de la protección civil de la comunidad autónoma en virtud de los títulos competenciales que tenga establecidos; en el caso del País Vasco, por ejemplo, protección
de personas y bienes, materia de policía, espectáculos públicos, protección del medio ambiente, sanidad, agricultura y montes, carreteras, ordenación del territorio, ejecución de la legislación estatal en salvamento marítimo, etcétera. Esto está
fijado así por la jurisprudencia constitucional y habrá que respetarlo, si es que se dice que hay que respetarlo en otras áreas también.
Por eso nosotros celebramos que en el propio texto presentado por el Grupo Popular se hable de un consenso, de una nueva norma consensuada con las comunidades autónomas y también de que se haya aceptado, al menos en una parte, una enmienda
presentada por Convergència, en el sentido de respetar -reafirmando esto- las competencias exclusivas de aquellas comunidades autónomas que tienen asumidas estas competencias; prácticamente son todas hoy en día. En el ámbito internacional también.
Claro, habrá que entrar en la nueva ley, pero habrá que entrar también teniendo en cuenta que las comunidades autónomas disponen de medios y en las zonas fronterizas muchas veces estos medios son de más fácil acceso y de llegar antes que los de otro
tipo. Por tanto, también en las comunidades autónomas habrá que darle un papel en los temas de protección civil que se tengan que elaborar en el ámbito de la colaboración transfronteriza y de las directrices de la Unión Europea porque, si no,
estaremos haciendo trampa. No estaremos pensando en lo que sea mejor para defender las vidas de las personas, los bienes públicos, el medio ambiente, sino que estaremos dando preferencia a una determinada prelación en el ámbito internacional a los
medios del Estado frente a los de la comunidad autónoma, cuando, insisto,
estos últimos son quizá los que puedan llegar en primer lugar y los que en cualquier caso seguro que van a tener que participar en esa protección que se dé en lugares de zonas transfronterizas.
Gracias, señora presidenta, porque me ha dado unos segunditos para acabar.
Votaremos a favor.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, señores del grupo proponente, del Grupo Parlamentario Popular, nosotros, en frío, podríamos decir que estamos de acuerdo con actualizar la legislación en materia de protección civil,
eso sí, diciendo al mismo tiempo que no es cierto que nuestra legislación se haya anclado en 1985 y que durante todo este tiempo ha habido, tanto en el marco estatal como en el de las comunidades autónomas y el de la Unión Europea, un acervo
legislativo que nos permite intervenir perfectamente en las grandes catástrofes y garantizar la protección civil.
Nosotros no vamos a votar favorablemente por dos razones, una de forma y otra de fondo. Señorías, el Parlamento español, por mucho que en los últimos tiempos ustedes hayan instalado en el mismo una suerte de protectorado, lo que hace es
elaborar las leyes y controlar al Gobierno; lo que no hace el Parlamento es convertirse en el vocero del Gobierno ni en el altavoz del Gobierno. Quieren utilizar esta iniciativa, además de como altavoz, como cortina de humo del Gobierno con
relación a lo que no hicieron durante el verano. Lo escandaloso, señorías, es que en el verano más catastrófico desde el punto de vista ambiental en materia de incendios forestales ustedes no hayan querido comparecer ni una sola vez para explicar a
la Cámara qué estaba pasando, qué medidas se estaban adoptando y qué cosas se podían mejorar. Ahora vienen en septiembre a intentar tapar esa responsabilidad con una iniciativa que tiene que ver con la protección civil, pero también con algo más.
Tiene que ver fundamentalmente con una responsabilidad por parte del Gobierno en amordazar a la Cámara y en utilizarla en estos momentos como caja de resonancia. Creía que pertenecía a otra tradición política pero veo que la Cámara como caja de
resonancia pertenece también a la tradición política del Partido Popular.
También hay razones de fondo, señorías, que tienen que ver con los prejuicios del Partido Popular, porque esta iniciativa no está desnuda; esta iniciativa está vestida. ¿Saben ustedes de qué? De un anuncio de modificación del Código Penal
y de una iniciativa aprobada por real decreto para obligar a los parados con prestaciones por desempleo a participar no sabemos muy bien si en la extinción de incendios o en la recuperación posterior del monte. En todo caso, es una iniciativa
-además de propaganda- llena de prejuicios. En primer lugar, es un prejuicio plantear que este problema sea de modificación del Código Penal, cosa que no dice nadie -nadie dice que sea de modificación del Código Penal-; podría ser de modificación
del jurado porque el problema está demasiado cerca y habría que plantear otro procedimiento. Aumentando las penas no se va a solucionar el problema, por muy socorrido que sea para el Partido Popular la penalización de la vida. Tampoco creemos que
el Gobierno deba utilizar este tema para abundar en el prejuicio social sobre que los parados son unos vagos, por tanto hay que darles algún tipo de trabajo, algún tipo de finalidad a sus vidas porque, si no, no pueden reinsertarse. Por otra parte,
hay un prejuicio de fondo, y que es el prejuicio frente a las comunidades autónomas, el prejuicio de la descentralización, de la falta de cooperación en materia de protección civil. Nosotros pensamos que en la mayor parte de los incendios que ha
habido durante este verano, en la mayor parte de las catástrofes que han requerido de acciones de protección civil, no ha habido ese problema. Desde el punto de vista público es muy socorrido decir que ha habido descoordinación. Pues no, señorías;
en primer lugar ha habido un problema en el medio rural. Tenemos desertizado y despoblado el medio rural de este país, y si no solucionamos ese problema no solucionaremos el problema del uso del monte, por tanto de los incendios forestales.
Tenemos un problema de prevención -se ha dicho antes aquí en esta Cámara por diversos grupos- que significa planificar, limpiar el monte y que se refiere también a la legislación para rehabilitar las zonas quemadas. Tenemos un problema de medios;
ustedes han recortado el 14 % la protección civil. No pueden venir aquí a decir que municipios y comunidades autónomas son muy importantes cuando no cumplen ni siquiera con sus compromisos presupuestarios. Y por último, tenemos también un problema
en la recuperación. Señorías, no se puede venir aquí así, sobre todo teniendo pendiente el tema de la recuperación de Lorca. Creo que hay que tener un poco más de humildad.
Muchas gracias. (Aplausos).
estos últimos son quizá los que puedan llegar en primer lugar y los que en cualquier caso seguro que van a tener que participar en esa protección que se dé en lugares de zonas transfronterizas.
Gracias, señora presidenta, porque me ha dado unos segunditos para acabar.
Votaremos a favor.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, señores del grupo proponente, del Grupo Parlamentario Popular, nosotros, en frío, podríamos decir que estamos de acuerdo con actualizar la legislación en materia de protección civil,
eso sí, diciendo al mismo tiempo que no es cierto que nuestra legislación se haya anclado en 1985 y que durante todo este tiempo ha habido, tanto en el marco estatal como en el de las comunidades autónomas y el de la Unión Europea, un acervo
legislativo que nos permite intervenir perfectamente en las grandes catástrofes y garantizar la protección civil.
Nosotros no vamos a votar favorablemente por dos razones, una de forma y otra de fondo. Señorías, el Parlamento español, por mucho que en los últimos tiempos ustedes hayan instalado en el mismo una suerte de protectorado, lo que hace es
elaborar las leyes y controlar al Gobierno; lo que no hace el Parlamento es convertirse en el vocero del Gobierno ni en el altavoz del Gobierno. Quieren utilizar esta iniciativa, además de como altavoz, como cortina de humo del Gobierno con
relación a lo que no hicieron durante el verano. Lo escandaloso, señorías, es que en el verano más catastrófico desde el punto de vista ambiental en materia de incendios forestales ustedes no hayan querido comparecer ni una sola vez para explicar a
la Cámara qué estaba pasando, qué medidas se estaban adoptando y qué cosas se podían mejorar. Ahora vienen en septiembre a intentar tapar esa responsabilidad con una iniciativa que tiene que ver con la protección civil, pero también con algo más.
Tiene que ver fundamentalmente con una responsabilidad por parte del Gobierno en amordazar a la Cámara y en utilizarla en estos momentos como caja de resonancia. Creía que pertenecía a otra tradición política pero veo que la Cámara como caja de
resonancia pertenece también a la tradición política del Partido Popular.
También hay razones de fondo, señorías, que tienen que ver con los prejuicios del Partido Popular, porque esta iniciativa no está desnuda; esta iniciativa está vestida. ¿Saben ustedes de qué? De un anuncio de modificación del Código Penal
y de una iniciativa aprobada por real decreto para obligar a los parados con prestaciones por desempleo a participar no sabemos muy bien si en la extinción de incendios o en la recuperación posterior del monte. En todo caso, es una iniciativa
-además de propaganda- llena de prejuicios. En primer lugar, es un prejuicio plantear que este problema sea de modificación del Código Penal, cosa que no dice nadie -nadie dice que sea de modificación del Código Penal-; podría ser de modificación
del jurado porque el problema está demasiado cerca y habría que plantear otro procedimiento. Aumentando las penas no se va a solucionar el problema, por muy socorrido que sea para el Partido Popular la penalización de la vida. Tampoco creemos que
el Gobierno deba utilizar este tema para abundar en el prejuicio social sobre que los parados son unos vagos, por tanto hay que darles algún tipo de trabajo, algún tipo de finalidad a sus vidas porque, si no, no pueden reinsertarse. Por otra parte,
hay un prejuicio de fondo, y que es el prejuicio frente a las comunidades autónomas, el prejuicio de la descentralización, de la falta de cooperación en materia de protección civil. Nosotros pensamos que en la mayor parte de los incendios que ha
habido durante este verano, en la mayor parte de las catástrofes que han requerido de acciones de protección civil, no ha habido ese problema. Desde el punto de vista público es muy socorrido decir que ha habido descoordinación. Pues no, señorías;
en primer lugar ha habido un problema en el medio rural. Tenemos desertizado y despoblado el medio rural de este país, y si no solucionamos ese problema no solucionaremos el problema del uso del monte, por tanto de los incendios forestales.
Tenemos un problema de prevención -se ha dicho antes aquí en esta Cámara por diversos grupos- que significa planificar, limpiar el monte y que se refiere también a la legislación para rehabilitar las zonas quemadas. Tenemos un problema de medios;
ustedes han recortado el 14 % la protección civil. No pueden venir aquí a decir que municipios y comunidades autónomas son muy importantes cuando no cumplen ni siquiera con sus compromisos presupuestarios. Y por último, tenemos también un problema
en la recuperación. Señorías, no se puede venir aquí así, sobre todo teniendo pendiente el tema de la recuperación de Lorca. Creo que hay que tener un poco más de humildad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Señora Hoyo, de su intervención deduzco que las tres enmiendas han sido asumidas.
La señora HOYO JULIÁ: No, presidenta, rechazamos la de UPyD, porque entendemos que lo que proponen está integrado ya en el texto. Hemos hecho una transaccional con CiU y admitimos la del Grupo Parlamentario Socialista, pero como adición,
no como sustitución como ellos proponían.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo, haga llegar a la Mesa el texto de la transaccional con Convergència i Unió. Gracias, señora Hoyo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL DESEMPLEO JUVENIL EN EUROPA Y EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000375).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos pues a la siguiente proposición no de ley, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista, sobre estrategia para combatir el desempleo juvenil en Europa y en España. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para defender la proposición no de ley que registramos el pasado mes de julio. Hoy hemos sabido -ya lo conocíamos pero hoy hemos tenido datos nuevos- que España es el país de la OCDE donde más jóvenes ni estudian ni
trabajan, el 23,7 % de los jóvenes entre 15 y 29 años; una tragedia que se extiende al resto de Europa, donde hay más de 6 millones de jóvenes en paro. Si hacemos una revisión y analizamos lo que estamos haciendo en nuestro país para remediarlo
podemos repasar las medidas importantes que el Gobierno ha adoptado en los últimos meses. Analizándolas concluiremos con claridad que no existe ningún tipo de política que pueda ser llamada política de empleo de jóvenes o política de apoyo a los
jóvenes en general. Vemos cómo hay menos fondos para formación, menos fondos para educación, menos fondos para la innovación y la investigación, menos planes para poner en marcha programas de ayuda a los jóvenes investigadores. (La señora
vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Han desaparecido gran parte de las partidas destinadas a las políticas activas de empleo; han desaparecido las ayudas para la emancipación; asimismo han subido las tasas de las
universidades, más allí donde gobierna el PP; se han reducido las becas, tanto en cuantía como aumentando los requisitos para obtenerlas; han desaparecido ayudas a libros, ayudas de comedor; se ha recortado el programa Erasmus y ha aumentado
también el precio de los máster libres. Se ha intentado incluso que los jóvenes mayores de veintisiete años que no hubieran cotizado no tuviesen derecho a la sanidad universal. Recientemente han quedado fuera del programa Prepara, el único que les
garantizaba la reorientación y recualificación profesional, incluso se les ha criticado porque muchos de ellos destinaban los 400 euros a pagarse programas de formación -lo dijo la ministra en esta Cámara-. La reforma laboral ha cerrado la vía que
conducía desde el trabajo al retorno a la formación, para que los jóvenes que han sufrido el empleo insostenible de la burbuja inmobiliaria pudiesen volver a obtener un certificado básico de estudios y luego reanudar sus estudios. También hay que
recordar el contrato mal llamado de emprendedores que va a garantizar una precariedad absoluta desde los dieciséis hasta los treinta años para muchos jóvenes.
Son, desde luego, recetas inadecuadas para una crisis que va a hipotecar a una generación entera, la llamada generación perdida que todavía estamos a punto de salvar. Por eso la política de empleo es hoy una prioridad en España y en toda
Europa, por eso queremos poner en marcha también políticas de crecimiento que apuesten claramente por el empleo. Hace falta iniciativa, imaginación y voluntad política, pero voluntad política de verdad. Esta iniciativa lo que quiere es exigir al
Gobierno que en Bruselas, ante esa Europa dominada por Gobiernos de la derecha, realmente se pongan en marcha políticas de empleo capaces de dar una mínima esperanza a tantos jóvenes y evitar que haya una generación perdida. Señores del PP, están
ustedes poniendo en marcha un cambio de modelo de fondo, un cambio con efectos irreversibles. Ya sabemos que dicen ustedes que es por las circunstancias, porque hay mucho lío, como vimos ayer, pero en realidad sabemos que en el fondo no es así. Es
un ataque directo a la igualdad de oportunidades. Cientos de miles de jóvenes ven cómo sus cualificaciones, las que han obtenido durante años de formación, van a desaparecer, se van a ver degradadas tras estar en el paro. Esto va a provocar una
erosión profunda de la igualdad de oportunidades. Esta mañana la vicepresidenta del Gobierno decía que hay que entender y pensar en el medio y largo plazo para comprender realmente las medidas que se están tomando por parte del Gobierno. Pues
bien, justamente porque hay que pensar en el medio y largo
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Señora Hoyo, de su intervención deduzco que las tres enmiendas han sido asumidas.
La señora HOYO JULIÁ: No, presidenta, rechazamos la de UPyD, porque entendemos que lo que proponen está integrado ya en el texto. Hemos hecho una transaccional con CiU y admitimos la del Grupo Parlamentario Socialista, pero como adición,
no como sustitución como ellos proponían.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo, haga llegar a la Mesa el texto de la transaccional con Convergència i Unió. Gracias, señora Hoyo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL DESEMPLEO JUVENIL EN EUROPA Y EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000375).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos pues a la siguiente proposición no de ley, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista, sobre estrategia para combatir el desempleo juvenil en Europa y en España. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para defender la proposición no de ley que registramos el pasado mes de julio. Hoy hemos sabido -ya lo conocíamos pero hoy hemos tenido datos nuevos- que España es el país de la OCDE donde más jóvenes ni estudian ni
trabajan, el 23,7 % de los jóvenes entre 15 y 29 años; una tragedia que se extiende al resto de Europa, donde hay más de 6 millones de jóvenes en paro. Si hacemos una revisión y analizamos lo que estamos haciendo en nuestro país para remediarlo
podemos repasar las medidas importantes que el Gobierno ha adoptado en los últimos meses. Analizándolas concluiremos con claridad que no existe ningún tipo de política que pueda ser llamada política de empleo de jóvenes o política de apoyo a los
jóvenes en general. Vemos cómo hay menos fondos para formación, menos fondos para educación, menos fondos para la innovación y la investigación, menos planes para poner en marcha programas de ayuda a los jóvenes investigadores. (La señora
vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Han desaparecido gran parte de las partidas destinadas a las políticas activas de empleo; han desaparecido las ayudas para la emancipación; asimismo han subido las tasas de las
universidades, más allí donde gobierna el PP; se han reducido las becas, tanto en cuantía como aumentando los requisitos para obtenerlas; han desaparecido ayudas a libros, ayudas de comedor; se ha recortado el programa Erasmus y ha aumentado
también el precio de los máster libres. Se ha intentado incluso que los jóvenes mayores de veintisiete años que no hubieran cotizado no tuviesen derecho a la sanidad universal. Recientemente han quedado fuera del programa Prepara, el único que les
garantizaba la reorientación y recualificación profesional, incluso se les ha criticado porque muchos de ellos destinaban los 400 euros a pagarse programas de formación -lo dijo la ministra en esta Cámara-. La reforma laboral ha cerrado la vía que
conducía desde el trabajo al retorno a la formación, para que los jóvenes que han sufrido el empleo insostenible de la burbuja inmobiliaria pudiesen volver a obtener un certificado básico de estudios y luego reanudar sus estudios. También hay que
recordar el contrato mal llamado de emprendedores que va a garantizar una precariedad absoluta desde los dieciséis hasta los treinta años para muchos jóvenes.
Son, desde luego, recetas inadecuadas para una crisis que va a hipotecar a una generación entera, la llamada generación perdida que todavía estamos a punto de salvar. Por eso la política de empleo es hoy una prioridad en España y en toda
Europa, por eso queremos poner en marcha también políticas de crecimiento que apuesten claramente por el empleo. Hace falta iniciativa, imaginación y voluntad política, pero voluntad política de verdad. Esta iniciativa lo que quiere es exigir al
Gobierno que en Bruselas, ante esa Europa dominada por Gobiernos de la derecha, realmente se pongan en marcha políticas de empleo capaces de dar una mínima esperanza a tantos jóvenes y evitar que haya una generación perdida. Señores del PP, están
ustedes poniendo en marcha un cambio de modelo de fondo, un cambio con efectos irreversibles. Ya sabemos que dicen ustedes que es por las circunstancias, porque hay mucho lío, como vimos ayer, pero en realidad sabemos que en el fondo no es así. Es
un ataque directo a la igualdad de oportunidades. Cientos de miles de jóvenes ven cómo sus cualificaciones, las que han obtenido durante años de formación, van a desaparecer, se van a ver degradadas tras estar en el paro. Esto va a provocar una
erosión profunda de la igualdad de oportunidades. Esta mañana la vicepresidenta del Gobierno decía que hay que entender y pensar en el medio y largo plazo para comprender realmente las medidas que se están tomando por parte del Gobierno. Pues
bien, justamente porque hay que pensar en el medio y largo
plazo y evitar que haya una generación perdida, hay que poner en marcha medidas para evitarlo. Es justamente lo contrario de lo que se está haciendo.
Esta PNL es la consecuencia de una que aprobamos el 26 de junio del año pasado cuando, a cambio de un acuerdo para aprobar el pacto fiscal, conseguimos los grupos de la oposición -desde luego liderados por el mío- que el Gobierno apostara,
aunque sea sobre el papel, por las políticas de crecimiento en el Consejo Europeo de finales de junio en Bruselas; así fue. En Bruselas el 28 y 29 de junio por fin se consiguió que hubiese una mención clara a las políticas de crecimiento, a las
políticas de empleo y que se exigiera un plan de emergencia de empleo juvenil. Desde entonces no hemos visto ninguna medida concreta puesta en marcha. El Partido Socialista Europeo, las Juventudes Socialistas Europeas, que se engloban en Ecosy,
han puesto en marcha campañas con el título: Tu futuro es mi futuro, apostando por ese medio y largo plazo que la vicepresidenta del Gobierno dice defender pero que es contrario al de las medidas que ella defiende, porque se hace lo contrario. Por
eso, los socialdemócratas europeos estamos consiguiendo que empiecen a tomarse medidas en la línea adecuada, como se ha hecho en Austria y como se estudia en otros países, por ejemplo, proponiendo lo que llamamos un sistema de garantías para
jóvenes, que incluso está mencionado en el Consejo Europeo de junio y que en la enmienda que el Partido Popular nos ha presentado no se menciona; un compromiso para que todos los jóvenes que acaben su formación en el plazo de cuatro meses tengan
una oferta de formación o una segunda oferta formativa para seguir estudiando. La garantía: esa es la clave para evitar esa generación perdida.
También queremos que se reasignen fondos estructurales y de cohesión para financiar estas políticas. Hay hasta 10.000 millones de fondos sin utilizar que pueden ser reubicados; en España hasta 1.000, y todavía no conocemos cuáles son los
planes del Gobierno para hacerlo, y no podemos perder más tiempo. Queremos que sea un plan europeo y un plan permanente para que en el Consejo Europeo próximo se haga lo que se dice y no se diga justamente lo contrario de lo que se hace. Se habló
mucho en junio de unas cosas, pero luego lo que se ha puesto en marcha, por ejemplo respecto al rescate y al MOU, ha sido lo contrario a lo que aparecía escrito en la letra pequeña.
Hemos discutido mucho sobre la necesidad de complementar políticas de austeridad o políticas de crecimiento, políticas que apuesten por el futuro, la educación, la formación, la innovación, y políticas activas que realmente creen empleo. La
austeridad sin más nunca conducirá a la salida de la crisis y va a hipotecar a una generación entera. Por eso, presentamos esta PNL con estas propuestas que implican a sindicatos y empresarios europeos, que apuestan por la garantía europea para los
jóvenes, por la creación de un mapa europeo de calidad para la movilidad laboral en toda la Unión, por la recuperación de programas como Erasmus, que en España se han visto mutilados, y también por supuesto por exigir al Gobierno que tome acciones
claras y contundentes y cambie su actitud en Europa, que a la vista de los últimos acontecimientos deja mucho que desear.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Moscoso.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Gracias, señora presidenta.
Señor Moscoso, habla de un tema que verdaderamente compartimos. Compartimos la preocupación. No sé si la compartimos con ustedes. Desde luego creo que con muchísimos de los grupos de esta Cámara sí, aunque con ustedes no lo sé porque han
pasado cuatro años en los que han generado que el 50 % de los jóvenes de este país esté en paro. Por tanto, no sé si compartimos la preocupación, espero que sí. Parece ser que sus iniciativas van por ahí. Lo que me habría gustado es mantener,
señor Moscoso, la misma línea que mantuvimos en el debate del día 26 de junio pasado.
Usted ha dicho algunas cosas que son de aurora boreal. Usted no puede decir que el Gobierno del Partido Popular ha dejado fuera a los jóvenes en el plan Prepara porque usted sabe que no es verdad. Las palabras dichas así pueden sonar muy
fuertes, pero eso no es verdad. Lo que hicieron ustedes fue dejar fuera a los padres cuando los hijos cobraban el Prepara. Eso pasó en la etapa anterior. Ahora no se van a quedar fuera. Si ustedes no están de acuerdo en que cuando hay una
escasez de recursos se redistribuyan a aquellos que más lo necesitan... A mí me parece que eso se llama justicia. Por tanto, si hay padres que tienen unos ingresos solventes y sus hijos todavía están en su casa, no parece razonable que les
destinemos unos recursos que son necesarios para muchas personas, y que es la única posibilidad
plazo y evitar que haya una generación perdida, hay que poner en marcha medidas para evitarlo. Es justamente lo contrario de lo que se está haciendo.
Esta PNL es la consecuencia de una que aprobamos el 26 de junio del año pasado cuando, a cambio de un acuerdo para aprobar el pacto fiscal, conseguimos los grupos de la oposición -desde luego liderados por el mío- que el Gobierno apostara,
aunque sea sobre el papel, por las políticas de crecimiento en el Consejo Europeo de finales de junio en Bruselas; así fue. En Bruselas el 28 y 29 de junio por fin se consiguió que hubiese una mención clara a las políticas de crecimiento, a las
políticas de empleo y que se exigiera un plan de emergencia de empleo juvenil. Desde entonces no hemos visto ninguna medida concreta puesta en marcha. El Partido Socialista Europeo, las Juventudes Socialistas Europeas, que se engloban en Ecosy,
han puesto en marcha campañas con el título: Tu futuro es mi futuro, apostando por ese medio y largo plazo que la vicepresidenta del Gobierno dice defender pero que es contrario al de las medidas que ella defiende, porque se hace lo contrario. Por
eso, los socialdemócratas europeos estamos consiguiendo que empiecen a tomarse medidas en la línea adecuada, como se ha hecho en Austria y como se estudia en otros países, por ejemplo, proponiendo lo que llamamos un sistema de garantías para
jóvenes, que incluso está mencionado en el Consejo Europeo de junio y que en la enmienda que el Partido Popular nos ha presentado no se menciona; un compromiso para que todos los jóvenes que acaben su formación en el plazo de cuatro meses tengan
una oferta de formación o una segunda oferta formativa para seguir estudiando. La garantía: esa es la clave para evitar esa generación perdida.
También queremos que se reasignen fondos estructurales y de cohesión para financiar estas políticas. Hay hasta 10.000 millones de fondos sin utilizar que pueden ser reubicados; en España hasta 1.000, y todavía no conocemos cuáles son los
planes del Gobierno para hacerlo, y no podemos perder más tiempo. Queremos que sea un plan europeo y un plan permanente para que en el Consejo Europeo próximo se haga lo que se dice y no se diga justamente lo contrario de lo que se hace. Se habló
mucho en junio de unas cosas, pero luego lo que se ha puesto en marcha, por ejemplo respecto al rescate y al MOU, ha sido lo contrario a lo que aparecía escrito en la letra pequeña.
Hemos discutido mucho sobre la necesidad de complementar políticas de austeridad o políticas de crecimiento, políticas que apuesten por el futuro, la educación, la formación, la innovación, y políticas activas que realmente creen empleo. La
austeridad sin más nunca conducirá a la salida de la crisis y va a hipotecar a una generación entera. Por eso, presentamos esta PNL con estas propuestas que implican a sindicatos y empresarios europeos, que apuestan por la garantía europea para los
jóvenes, por la creación de un mapa europeo de calidad para la movilidad laboral en toda la Unión, por la recuperación de programas como Erasmus, que en España se han visto mutilados, y también por supuesto por exigir al Gobierno que tome acciones
claras y contundentes y cambie su actitud en Europa, que a la vista de los últimos acontecimientos deja mucho que desear.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Moscoso.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Gracias, señora presidenta.
Señor Moscoso, habla de un tema que verdaderamente compartimos. Compartimos la preocupación. No sé si la compartimos con ustedes. Desde luego creo que con muchísimos de los grupos de esta Cámara sí, aunque con ustedes no lo sé porque han
pasado cuatro años en los que han generado que el 50 % de los jóvenes de este país esté en paro. Por tanto, no sé si compartimos la preocupación, espero que sí. Parece ser que sus iniciativas van por ahí. Lo que me habría gustado es mantener,
señor Moscoso, la misma línea que mantuvimos en el debate del día 26 de junio pasado.
Usted ha dicho algunas cosas que son de aurora boreal. Usted no puede decir que el Gobierno del Partido Popular ha dejado fuera a los jóvenes en el plan Prepara porque usted sabe que no es verdad. Las palabras dichas así pueden sonar muy
fuertes, pero eso no es verdad. Lo que hicieron ustedes fue dejar fuera a los padres cuando los hijos cobraban el Prepara. Eso pasó en la etapa anterior. Ahora no se van a quedar fuera. Si ustedes no están de acuerdo en que cuando hay una
escasez de recursos se redistribuyan a aquellos que más lo necesitan... A mí me parece que eso se llama justicia. Por tanto, si hay padres que tienen unos ingresos solventes y sus hijos todavía están en su casa, no parece razonable que les
destinemos unos recursos que son necesarios para muchas personas, y que es la única posibilidad
de tener un ingreso en su familia. Creo que hay que decir las cosas en sus justos términos, pero no utilizar las palabras para decir las cosas que no son.
Nos encontramos en una situación muy difícil. Todo lo que usted ha dicho puede sonar muy bonito, pero aquí lo primero, como dijo ayer muy responsablemente el presidente del Gobierno a todos los españoles, es arreglar el déficit público. Si
no estabilizamos las cuentas públicas y seguimos gastando más de lo que se ingresa en este país, seguiremos teniendo gravísimos problemas. Seguiremos viniendo aquí a decir maravillas, discursos estupendos -las palabras se las lleva el viento-, pero
seguiremos con unos problemas estructurales gravísimos. Lo que no podemos es soportar lo que ustedes han dejado, que son 90.000 millones de deuda más de lo que ustedes ingresaban. Eso es lo que ha traído todos estos problemas.Dicho esto y pasando
ya un tupido velo sobre la situación, vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Desde el primer día el presidente del Gobierno ha dicho que su primera preocupación era el empleo joven. Está en los 'Diarios de Sesiones' del debate de investidura. La
reforma laboral contra la que usted se ha metido habla claramente de los jóvenes. De los más de 50.000 contratos de emprendedores que ya se han cerrado, el 50 % han sido para jóvenes. No podemos estar diciendo cosas que no son. La reforma
laboral, tan denostada por algunos, ofrece 3.000 euros de deducción en la cuenta fiscal para los trabajadores que se contraten con menos de treinta años. Yo creo que eso es un apoyo decidido a los jóvenes. Que los jóvenes de treinta años y las
mujeres de treinta y cinco puedan capitalizar el cien por cien de su desempleo es una medida positiva a favor de los jóvenes. Evidentemente queda mucho por hacer, usted se ha referido a ello. La reutilización de fondos estructurales la pidió el
presidente del Gobierno. Sabe usted que eso es así y que fue una propuesta del presidente Rajoy; se acordó con el presidente del Consejo y estamos pendientes de que la aplique la Unión Europea.
Ustedes han hecho una iniciativa voluntariosa, señor Moscoso, no se lo niego, pero deberían presentarla en el Parlamento Europeo, porque es a la Unión Europea. Lo que nosotros hemos hecho ha sido enmendar bajando el listón para que el
Gobierno, en primer lugar, cumpla aquello que esta Cámara le mandató el día 26 de junio y que reiteramos en esta ocasión para que lo vuelva a hacer en una estrategia coordinada de crecimiento y creación de empleo en el marco de la sostenibilidad de
las finanzas públicas, que fue lo que aprobamos en esta Cámara, señor Moscoso. Luego no podemos ahora traer iniciativas que usted sabe -usted lo sabe perfectamente- que en algunos de sus puntos están incrementando enormemente el gasto público,
porque no estamos en este momento para esas cuestiones. Sí, señor Moscoso. Vamos a ajustarnos a lo que dijimos el 26: estrategia coordinada de crecimiento y creación de empleo en el marco de sostenibilidad de las finanzas públicas. Asimismo le
decimos al Gobierno que avance en el propio programa nacional de reforma 2012 y en la iniciativa de la Unión Europea que habla de oportunidades para la juventud, presentando una estrategia que contenga diferentes aspectos. La propia ministra de
Empleo se comprometió en su comparecencia en la Comisión el 26 de julio a traer esa estrategia para el empleo en el marco del plan de empleo que España ha presentado a la Unión Europea en el mes de marzo consensuado con las comunidades autónomas.
Dijo textualmente la ministra en esa comparecencia el día 26 de julio: En el próximo periodo de sesiones quiero debatir esta estrategia de emprendimiento y empleo para jóvenes con los señores portavoces, con todos los grupos parlamentarios, con los
agentes sociales y con las comunidades autónomas y corporaciones locales. Es un compromiso claro. Nosotros compartimos la preocupación que muestran en la iniciativa que ustedes traen, cuya importancia social también compartimos, pero seamos
realistas, lo que queremos con nuestra enmienda es que el Gobierno cumpla ese compromiso, que se traiga esa estrategia en este periodo de sesiones, que lo podamos debatir en la Comisión de Empleo y que, por tanto, impulsando los acuerdos con la
Unión Europea y recuperando todos los apoyos que la Unión Europea se está comprometiendo a dar a los jóvenes, para lo cual el Gobierno está haciendo las gestiones necesarias, además se traiga esta estrategia a esta Cámara, se apruebe y podamos
seguir trabajando -no empezar a trabajar, seguir trabajando- a favor de acabar con ese drama social que supone que más del 50 % de nuestros jóvenes estén en paro.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Baldoví, que compartirá el tiempo con la señora Oramas.
de tener un ingreso en su familia. Creo que hay que decir las cosas en sus justos términos, pero no utilizar las palabras para decir las cosas que no son.
Nos encontramos en una situación muy difícil. Todo lo que usted ha dicho puede sonar muy bonito, pero aquí lo primero, como dijo ayer muy responsablemente el presidente del Gobierno a todos los españoles, es arreglar el déficit público. Si
no estabilizamos las cuentas públicas y seguimos gastando más de lo que se ingresa en este país, seguiremos teniendo gravísimos problemas. Seguiremos viniendo aquí a decir maravillas, discursos estupendos -las palabras se las lleva el viento-, pero
seguiremos con unos problemas estructurales gravísimos. Lo que no podemos es soportar lo que ustedes han dejado, que son 90.000 millones de deuda más de lo que ustedes ingresaban. Eso es lo que ha traído todos estos problemas.Dicho esto y pasando
ya un tupido velo sobre la situación, vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Desde el primer día el presidente del Gobierno ha dicho que su primera preocupación era el empleo joven. Está en los 'Diarios de Sesiones' del debate de investidura. La
reforma laboral contra la que usted se ha metido habla claramente de los jóvenes. De los más de 50.000 contratos de emprendedores que ya se han cerrado, el 50 % han sido para jóvenes. No podemos estar diciendo cosas que no son. La reforma
laboral, tan denostada por algunos, ofrece 3.000 euros de deducción en la cuenta fiscal para los trabajadores que se contraten con menos de treinta años. Yo creo que eso es un apoyo decidido a los jóvenes. Que los jóvenes de treinta años y las
mujeres de treinta y cinco puedan capitalizar el cien por cien de su desempleo es una medida positiva a favor de los jóvenes. Evidentemente queda mucho por hacer, usted se ha referido a ello. La reutilización de fondos estructurales la pidió el
presidente del Gobierno. Sabe usted que eso es así y que fue una propuesta del presidente Rajoy; se acordó con el presidente del Consejo y estamos pendientes de que la aplique la Unión Europea.
Ustedes han hecho una iniciativa voluntariosa, señor Moscoso, no se lo niego, pero deberían presentarla en el Parlamento Europeo, porque es a la Unión Europea. Lo que nosotros hemos hecho ha sido enmendar bajando el listón para que el
Gobierno, en primer lugar, cumpla aquello que esta Cámara le mandató el día 26 de junio y que reiteramos en esta ocasión para que lo vuelva a hacer en una estrategia coordinada de crecimiento y creación de empleo en el marco de la sostenibilidad de
las finanzas públicas, que fue lo que aprobamos en esta Cámara, señor Moscoso. Luego no podemos ahora traer iniciativas que usted sabe -usted lo sabe perfectamente- que en algunos de sus puntos están incrementando enormemente el gasto público,
porque no estamos en este momento para esas cuestiones. Sí, señor Moscoso. Vamos a ajustarnos a lo que dijimos el 26: estrategia coordinada de crecimiento y creación de empleo en el marco de sostenibilidad de las finanzas públicas. Asimismo le
decimos al Gobierno que avance en el propio programa nacional de reforma 2012 y en la iniciativa de la Unión Europea que habla de oportunidades para la juventud, presentando una estrategia que contenga diferentes aspectos. La propia ministra de
Empleo se comprometió en su comparecencia en la Comisión el 26 de julio a traer esa estrategia para el empleo en el marco del plan de empleo que España ha presentado a la Unión Europea en el mes de marzo consensuado con las comunidades autónomas.
Dijo textualmente la ministra en esa comparecencia el día 26 de julio: En el próximo periodo de sesiones quiero debatir esta estrategia de emprendimiento y empleo para jóvenes con los señores portavoces, con todos los grupos parlamentarios, con los
agentes sociales y con las comunidades autónomas y corporaciones locales. Es un compromiso claro. Nosotros compartimos la preocupación que muestran en la iniciativa que ustedes traen, cuya importancia social también compartimos, pero seamos
realistas, lo que queremos con nuestra enmienda es que el Gobierno cumpla ese compromiso, que se traiga esa estrategia en este periodo de sesiones, que lo podamos debatir en la Comisión de Empleo y que, por tanto, impulsando los acuerdos con la
Unión Europea y recuperando todos los apoyos que la Unión Europea se está comprometiendo a dar a los jóvenes, para lo cual el Gobierno está haciendo las gestiones necesarias, además se traiga esta estrategia a esta Cámara, se apruebe y podamos
seguir trabajando -no empezar a trabajar, seguir trabajando- a favor de acabar con ese drama social que supone que más del 50 % de nuestros jóvenes estén en paro.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Baldoví, que compartirá el tiempo con la señora Oramas.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Oyendo ayer decir al presidente: la reforma laboral ha funcionado muy bien, estoy contento, me quedé alucinado, como se quedaron alucinados ese 52 % de jóvenes sin empleo. Alucinados porque el programa electoral del Partido Popular hablaba
de incentivos al empleo joven y 52 de cada 100 jóvenes están parados, y si encuentran trabajo lo encuentran de baja calidad, mal pagado y, por supuesto, temporal. Alucinados porque en el programa del Partido Popular decían que invertirían en I+D, y
no solo no se invierte, sino que se ha despedido a muchos investigadores, como a los investigadores del Centro Príncipe Felipe de Valencia. Alucinados porque en el programa del Partido Popular se hablaba de la formación como la primera línea de
empleo, y no paramos de hacer recortes en educación. Alucinados porque los recortes en la educación pública, la subida de tasas y el incremento del IVA abocará a los jóvenes de las familias con pocos recursos a que ocupen los puestos de trabajo más
precarios y creará una segmentación cada vez mayor. En definitiva, desde el punto de vista de un joven ciudadano las cosas no van demasiado bien, más bien son dramáticas, porque los jóvenes sin formación solo pueden encontrar empleos o muy mal
pagados o en negro o ambas cosas a la vez, como Silvia, que trabaja en un bar los fines de semana sin Seguridad Social, a 5 euros la hora. El caso contrario, jóvenes con mucha formación que tienen que salir fuera a encontrar un trabajo, no un buen
trabajo, solo un trabajo. Volvemos a los años cincuenta y sesenta, cuando había emigrantes en Europa. Como Josep, ingeniero, que ha trabajado este verano limpiando las playas y que está pensando en marcharse a Alemania este invierno. Jóvenes que
quieren formarse en la educación pública y que como tienen pocos recursos no pueden, como Manel, que tendrá que esperar un año porque no ha tenido plaza en una universidad pública y no puede pagarse la privada. Jóvenes emprendedores que no
encuentran financiación y, en cambio, sí que hay financiación para aquellos que tendrían que proporcionarle el crédito, los bancos. Como Marga, que quiere abrir una tienda y ningún banco le da financiación. La educación y la inversión son las
mejores inversiones para crear un sistema productivo, y no Eurovegas. Por eso, los jóvenes no entienden los recortes brutales en I+D y en educación. Como María, una profesora interina que este otoño se va a ir a Estados Unidos a trabajar de au
pair. Silvia, Manel, Josep, Marga, María son casos reales que quieren tener un futuro, y este Gobierno se lo está arrebatando. Por eso, cualquier iniciativa como esta, que vaya en el sentido de favorecer, de conquistar y de ganarse su futuro,
contará con el voto afirmativo de Compromís-Equo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Baldoví.
Tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
El Gobierno ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación sobre la evolución del desempleo juvenil y su empeño en atajar una sangría que ha obligado a muchos jóvenes a hacer las maletas y a emigrar a otros países. Sin embargo, su
preocupación no ha sido suficiente para plasmar en un plan específico aquellas medidas que son necesarias para poner remedio a un problema que ahoga en el pesimismo a más de la mitad de los jóvenes españoles. Hablan y hablan públicamente de ello,
pero seguimos a la espera de que tras el aluvión de recortes el Gobierno dé un giro a su política del tijeretazo y alumbre en un próximo Consejo de Ministros una iniciativa que no admite más demora y que genere algún rayo de esperanza a toda una
generación de jóvenes. Parafraseando a Josep Ramoneda, mientras la austeridad encierra a los jóvenes en una habitación sin vistas, hundiendo cada vez más sus esperanzas, muchos se ven empujados a abandonar su lugar de residencia y a sus familias
para buscar fuera de España un futuro que aquí no encuentran. El Gobierno les asegura que los males del presente generarán el bienestar del futuro, mientras se niega a reconocer que los efectos directos y colaterales de sus medidas afectan a
quienes representan el presente y el futuro de nuestro país. De nada sirve que el Ejecutivo se lamente sobre el abatimiento que afecta a toda una generación si sigue aplazando la ejecución de un plan de choque que además se encuentra entre las
exigencias que ha planteado la propia Unión Europea a España. El tirón de orejas de Bruselas a España y las medidas alternativas para corregir las dramáticas cifras de desempleo juvenil figuran también en una proposición no de ley presentada el
pasado día 30 de mayo por Coalición Canaria y Nueva Canarias y que hasta ahora no se ha debatido. Iniciativa que los nacionalistas presentamos solo seis días después de que el Parlamento Europeo aprobase una resolución sobre la iniciativa de
oportunidades para la juventud.
Con este escenario tan adverso y si el Gobierno es coherente con la preocupación que expresa, creemos que ya ha llegado la hora de que desarrolle, tal como le pide el Parlamento Europeo, una
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Oyendo ayer decir al presidente: la reforma laboral ha funcionado muy bien, estoy contento, me quedé alucinado, como se quedaron alucinados ese 52 % de jóvenes sin empleo. Alucinados porque el programa electoral del Partido Popular hablaba
de incentivos al empleo joven y 52 de cada 100 jóvenes están parados, y si encuentran trabajo lo encuentran de baja calidad, mal pagado y, por supuesto, temporal. Alucinados porque en el programa del Partido Popular decían que invertirían en I+D, y
no solo no se invierte, sino que se ha despedido a muchos investigadores, como a los investigadores del Centro Príncipe Felipe de Valencia. Alucinados porque en el programa del Partido Popular se hablaba de la formación como la primera línea de
empleo, y no paramos de hacer recortes en educación. Alucinados porque los recortes en la educación pública, la subida de tasas y el incremento del IVA abocará a los jóvenes de las familias con pocos recursos a que ocupen los puestos de trabajo más
precarios y creará una segmentación cada vez mayor. En definitiva, desde el punto de vista de un joven ciudadano las cosas no van demasiado bien, más bien son dramáticas, porque los jóvenes sin formación solo pueden encontrar empleos o muy mal
pagados o en negro o ambas cosas a la vez, como Silvia, que trabaja en un bar los fines de semana sin Seguridad Social, a 5 euros la hora. El caso contrario, jóvenes con mucha formación que tienen que salir fuera a encontrar un trabajo, no un buen
trabajo, solo un trabajo. Volvemos a los años cincuenta y sesenta, cuando había emigrantes en Europa. Como Josep, ingeniero, que ha trabajado este verano limpiando las playas y que está pensando en marcharse a Alemania este invierno. Jóvenes que
quieren formarse en la educación pública y que como tienen pocos recursos no pueden, como Manel, que tendrá que esperar un año porque no ha tenido plaza en una universidad pública y no puede pagarse la privada. Jóvenes emprendedores que no
encuentran financiación y, en cambio, sí que hay financiación para aquellos que tendrían que proporcionarle el crédito, los bancos. Como Marga, que quiere abrir una tienda y ningún banco le da financiación. La educación y la inversión son las
mejores inversiones para crear un sistema productivo, y no Eurovegas. Por eso, los jóvenes no entienden los recortes brutales en I+D y en educación. Como María, una profesora interina que este otoño se va a ir a Estados Unidos a trabajar de au
pair. Silvia, Manel, Josep, Marga, María son casos reales que quieren tener un futuro, y este Gobierno se lo está arrebatando. Por eso, cualquier iniciativa como esta, que vaya en el sentido de favorecer, de conquistar y de ganarse su futuro,
contará con el voto afirmativo de Compromís-Equo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Baldoví.
Tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
El Gobierno ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación sobre la evolución del desempleo juvenil y su empeño en atajar una sangría que ha obligado a muchos jóvenes a hacer las maletas y a emigrar a otros países. Sin embargo, su
preocupación no ha sido suficiente para plasmar en un plan específico aquellas medidas que son necesarias para poner remedio a un problema que ahoga en el pesimismo a más de la mitad de los jóvenes españoles. Hablan y hablan públicamente de ello,
pero seguimos a la espera de que tras el aluvión de recortes el Gobierno dé un giro a su política del tijeretazo y alumbre en un próximo Consejo de Ministros una iniciativa que no admite más demora y que genere algún rayo de esperanza a toda una
generación de jóvenes. Parafraseando a Josep Ramoneda, mientras la austeridad encierra a los jóvenes en una habitación sin vistas, hundiendo cada vez más sus esperanzas, muchos se ven empujados a abandonar su lugar de residencia y a sus familias
para buscar fuera de España un futuro que aquí no encuentran. El Gobierno les asegura que los males del presente generarán el bienestar del futuro, mientras se niega a reconocer que los efectos directos y colaterales de sus medidas afectan a
quienes representan el presente y el futuro de nuestro país. De nada sirve que el Ejecutivo se lamente sobre el abatimiento que afecta a toda una generación si sigue aplazando la ejecución de un plan de choque que además se encuentra entre las
exigencias que ha planteado la propia Unión Europea a España. El tirón de orejas de Bruselas a España y las medidas alternativas para corregir las dramáticas cifras de desempleo juvenil figuran también en una proposición no de ley presentada el
pasado día 30 de mayo por Coalición Canaria y Nueva Canarias y que hasta ahora no se ha debatido. Iniciativa que los nacionalistas presentamos solo seis días después de que el Parlamento Europeo aprobase una resolución sobre la iniciativa de
oportunidades para la juventud.
Con este escenario tan adverso y si el Gobierno es coherente con la preocupación que expresa, creemos que ya ha llegado la hora de que desarrolle, tal como le pide el Parlamento Europeo, una
estrategia, no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo, para apoyar empresas, organizaciones asistenciales y la creación de empleos juveniles y dignos de calidad. Teniendo en cuenta que más de la mitad de los jóvenes españoles se
encuentra sin trabajo, debe elaborar durante 2012 un plan integral que contribuya a la creación de empleo juvenil contemplando en el mismo las directrices incluidas en la resolución aprobada el pasado día 24 de mayo por el Parlamento Europeo. Por
lo tanto, los nacionalistas canarios, Coalición Canaria y Nueva Canarias vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Muchas gracias señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Monserrat Monserrat): Muchas gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Baldoví, todos conocemos a Josep, a Manel, a Marga, a Silvia, a todos los que usted ha citado, a miles como ellos, a millones. En la Unión Europea hay cerca de 6 millones de jóvenes desempleados, como el
señor Moscoso ha indicado, y más de la mitad los proporcionan ciudadanos de nacionalidad española. Esto es algo con lo que no se puede convivir. Si el Gobierno portugués ha comentado y ha acometido reformas estructurales duras, durísimas, que
hacen referencia a las retribuciones, a las cuotas de aportación a la Seguridad Social, por entender que es insoportable convivir con una situación del 16 % de desempleo de la población activa, qué se podría decir de una situación de desempleo de
más del 25 % de la población activa que es la que identifica el desempleo del Estado español, y en relación no a los jóvenes de quince a diecinueve años, que son los que usted ha citado, quiero entender que ha citado los de quince a veintinueve
años. En relación con estos jóvenes la cifra supera el 52 %. Es absolutamente insoportable convivir con una situación de estas.
¿Cuál es la etiología, cuál es el diagnóstico de esta situación, señor Moscoso? Usted lo conoce bien. En la economía post industrial, el mercado de trabajo ha cambiado y se ha desencadenado una transición de un modelo basado en la
información y el conocimiento más que en la producción mercantil. Cuando el modelo del mercado de trabajo es de esta naturaleza, el cambio económico se realiza hacia un capitalismo más desregulado, más capaz de aprovechar una economía mundializada
generando nuevos perdedores históricos. ¿Quiénes son los nuevos perdedores históricos particularmente? Dos colectivos: los emigrantes, los extranjeros, y los jóvenes trabajadores que han perdido sus trayectorias lineales y rápidas hacia el empleo
asalariado y estable, dando paso a un abanico de trayectorias de inserción en el mercado de trabajo complejo, precario, cada vez más dilatado en el tiempo, y en la mayoría de los casos, en un 52 % de los casos en el Estado español, inexistente.
Esto es dramático. Desde esa perspectiva, el planteamiento de su proposición me gusta o le gusta a mi grupo parlamentario, porque la única solución para acometer los problemas del desempleo juvenil en el Estado español, dada la ineficiencia de las
políticas públicas acometidas -también por su Gobierno anteriormente, pero por el actual particularmente-, es socializar el problema del desempleo juvenil en el ámbito europeo. ¿Cómo se puede socializar? Atendiendo a los requerimientos de la
Cumbre de Lisboa. ¿Dónde están esos requerimientos de la Cumbre de Lisboa? En el baúl de los olvidos. ¿Esas propuestas relativas al crecimiento, a la compatibilización de la austeridad presupuestaria, de la política fiscal por el crecimiento?
¿Dónde están esos requerimientos? En la cumbre del Consejo que usted ha citado, de fecha 28 y 29 de julio de la UE, donde imputan a la debilidad del sistema financiero la imposibilidad de crear empleo, de crear crecimiento y de, mediante un bucle
perverso, debilitar todavía más al sistema financiero y a la economía en su conjunto, por lo cual hay que acometer medidas de crecimiento. Yo sé que al Partido Popular y a los responsables económicos del Partido Popular no les gusta hablar de
economía real, pero es necesario hablar de economía real, no se puede hablar solo de economía financiera, de prima de riesgo, de los mercados, del diferencial; hay que hablar de I+D+i. Un euro invertido en I+D+i se convierte en 60 euros de
aportación o de crecimiento de la economía española en términos nominales; un euro invertido en formación profesional continúa se convierte en 70 euros en materia de crecimiento nominal del producto interior bruto y de la economía. Lo que estamos
sufriendo es una situación en la que la deuda pública de más de 4 billones de euros del Estado español, que significa una deuda por ciudadano español de más de 87.000 euros, no solo no se puede amortizar sino que solo se puede refinanciar, y por ahí
no se avanza hacia ningún sitio.
Desde esta perspectiva, usted ha reeditado en el Pleno del Congreso la proposición no de ley aprobada en el Pleno del Congreso y las cinco medidas importantes que se podrían pormenorizar si tuviéramos tiempo: Una alianza europea sobre la
formación para el empleo en la Comisión Europea acordada con los interlocutores sociales -existe un problema diferencial en el Estado español, que no hay diálogo social,
estrategia, no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo, para apoyar empresas, organizaciones asistenciales y la creación de empleos juveniles y dignos de calidad. Teniendo en cuenta que más de la mitad de los jóvenes españoles se
encuentra sin trabajo, debe elaborar durante 2012 un plan integral que contribuya a la creación de empleo juvenil contemplando en el mismo las directrices incluidas en la resolución aprobada el pasado día 24 de mayo por el Parlamento Europeo. Por
lo tanto, los nacionalistas canarios, Coalición Canaria y Nueva Canarias vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Muchas gracias señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Monserrat Monserrat): Muchas gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Baldoví, todos conocemos a Josep, a Manel, a Marga, a Silvia, a todos los que usted ha citado, a miles como ellos, a millones. En la Unión Europea hay cerca de 6 millones de jóvenes desempleados, como el
señor Moscoso ha indicado, y más de la mitad los proporcionan ciudadanos de nacionalidad española. Esto es algo con lo que no se puede convivir. Si el Gobierno portugués ha comentado y ha acometido reformas estructurales duras, durísimas, que
hacen referencia a las retribuciones, a las cuotas de aportación a la Seguridad Social, por entender que es insoportable convivir con una situación del 16 % de desempleo de la población activa, qué se podría decir de una situación de desempleo de
más del 25 % de la población activa que es la que identifica el desempleo del Estado español, y en relación no a los jóvenes de quince a diecinueve años, que son los que usted ha citado, quiero entender que ha citado los de quince a veintinueve
años. En relación con estos jóvenes la cifra supera el 52 %. Es absolutamente insoportable convivir con una situación de estas.
¿Cuál es la etiología, cuál es el diagnóstico de esta situación, señor Moscoso? Usted lo conoce bien. En la economía post industrial, el mercado de trabajo ha cambiado y se ha desencadenado una transición de un modelo basado en la
información y el conocimiento más que en la producción mercantil. Cuando el modelo del mercado de trabajo es de esta naturaleza, el cambio económico se realiza hacia un capitalismo más desregulado, más capaz de aprovechar una economía mundializada
generando nuevos perdedores históricos. ¿Quiénes son los nuevos perdedores históricos particularmente? Dos colectivos: los emigrantes, los extranjeros, y los jóvenes trabajadores que han perdido sus trayectorias lineales y rápidas hacia el empleo
asalariado y estable, dando paso a un abanico de trayectorias de inserción en el mercado de trabajo complejo, precario, cada vez más dilatado en el tiempo, y en la mayoría de los casos, en un 52 % de los casos en el Estado español, inexistente.
Esto es dramático. Desde esa perspectiva, el planteamiento de su proposición me gusta o le gusta a mi grupo parlamentario, porque la única solución para acometer los problemas del desempleo juvenil en el Estado español, dada la ineficiencia de las
políticas públicas acometidas -también por su Gobierno anteriormente, pero por el actual particularmente-, es socializar el problema del desempleo juvenil en el ámbito europeo. ¿Cómo se puede socializar? Atendiendo a los requerimientos de la
Cumbre de Lisboa. ¿Dónde están esos requerimientos de la Cumbre de Lisboa? En el baúl de los olvidos. ¿Esas propuestas relativas al crecimiento, a la compatibilización de la austeridad presupuestaria, de la política fiscal por el crecimiento?
¿Dónde están esos requerimientos? En la cumbre del Consejo que usted ha citado, de fecha 28 y 29 de julio de la UE, donde imputan a la debilidad del sistema financiero la imposibilidad de crear empleo, de crear crecimiento y de, mediante un bucle
perverso, debilitar todavía más al sistema financiero y a la economía en su conjunto, por lo cual hay que acometer medidas de crecimiento. Yo sé que al Partido Popular y a los responsables económicos del Partido Popular no les gusta hablar de
economía real, pero es necesario hablar de economía real, no se puede hablar solo de economía financiera, de prima de riesgo, de los mercados, del diferencial; hay que hablar de I+D+i. Un euro invertido en I+D+i se convierte en 60 euros de
aportación o de crecimiento de la economía española en términos nominales; un euro invertido en formación profesional continúa se convierte en 70 euros en materia de crecimiento nominal del producto interior bruto y de la economía. Lo que estamos
sufriendo es una situación en la que la deuda pública de más de 4 billones de euros del Estado español, que significa una deuda por ciudadano español de más de 87.000 euros, no solo no se puede amortizar sino que solo se puede refinanciar, y por ahí
no se avanza hacia ningún sitio.
Desde esta perspectiva, usted ha reeditado en el Pleno del Congreso la proposición no de ley aprobada en el Pleno del Congreso y las cinco medidas importantes que se podrían pormenorizar si tuviéramos tiempo: Una alianza europea sobre la
formación para el empleo en la Comisión Europea acordada con los interlocutores sociales -existe un problema diferencial en el Estado español, que no hay diálogo social,
desafortunadamente, y tendríamos que hacer todos un esfuerzo por recuperar el diálogo social-; facilitar el establecimiento de una garantía europea para la juventud. ¿Qué significa una garantía...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Olabarría, tendría que ir finalizando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, acabo ya, señora presidenta.
¿Qué significa una garantía europea para la juventud? Que un joven después de ser graduado, obtener una licenciatura, una diplomatura o un grado pueda en cuatro meses por lo menos obtener formación destinada y dirigida hacia el empleo en
términos europeos, conformados por planes europeos; asegurar la puesta en marcha de medidas de homologación de titulaciones y de aprendizajes de lenguas, es decir, entronizar de nuevo la emigración, no ya con maletas de madera como antaño...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Olabarría, tiene que ir finalizando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo con estas palabras, señora presidenta.
No ya con maletas de madera como antaño, sino con títulos de doctorado o de master importantes y sofisticados bajo el brazo. Esta entronización es la única expectativa, es la única esperanza para lo que otros portavoces han comentado y yo
comparto: estamos a punto de convertir a nuestros jóvenes en una generación perdida, jóvenes hasta veintinueve años, que es mucho decir.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Olabarría, tiene que finalizar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Y en un colectivo próximo a la pobreza y a la exclusión. Solo socializando en Europa esta problemática se podrá resolver. Yo no tengo ninguna esperanza...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Olabarría, le retiro la palabra. Gracias.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Un aspecto muy importante de esta proposición no de ley es que aborda el desempleo juvenil desde una perspectiva europea, y lo hace en un momento muy oportuno, porque parece que lo único que podemos abordar ahora desde una perspectiva
europea es el déficit y la deuda, y eso crea una dinámica de antagonismo: acreedor-deudor, norte-sur. Parece que no podemos hablar de nada más. No, también habría que hablar de este tipo de cuestiones desde una perspectiva europea con una
estrategia más amplia de salida de la crisis que permitiría romper esa dinámica. Elige además un tema muy oportuno para ponerlo en perspectiva europea, porque las instituciones europeas no están cerradas a tratar este tema, al contrario, como bien
recordaba la señora Oramas, en el propio memorándum de entendimiento habla de la necesidad de mejorar las políticas activas y mejorar la formación de los parados, un tema muy relacionado con el desempleo juvenil. Existe además un Fondo social
europeo que se dedica a estas cuestiones y las autoridades comunitarias han mostrado más de una vez su predisposición a reforzarlo. Es decir, que no es imposible que España adopte una posición de liderazgo para tratar este tema del desempleo
juvenil en perspectiva europea.
La gravedad del problema en nuestro país no se puede exagerar, sus señorías lo conocen, hay un 53 % de paro entre los menores de veinticinco años en nuestro país. Hoy salían datos de la OCDE que nos decían que hay un 25 % de jóvenes entre
quince y veintinueve años que ni estudia ni trabaja, lo que se llama la generación ni-ni, y no alguien que hace canción protesta, sino la Organización Internacional del Trabajo habla del riesgo de una generación perdida en España. Nos estamos
jugando el futuro, retóricamente hablamos muchas veces así, nos estamos jugando el futuro, aquí estamos diciéndolo literalmente, estamos poniendo en riesgo la generación que tiene que tomar el relevo e hipotecando nuestro futuro. Ante un tema de
tal gravedad la inacción sería un error, pero lo que está haciendo el Gobierno actual es peor que la inacción: sí que está tomando medidas, pero está tomando medidas en la dirección equivocada, está tomando medidas para recortar los recursos que
dedica a hacer frente a estos problemas. La lista sería demasiado larga, pero todos recordamos el recorte en las políticas activas de 1.500 millones, más de un 20 %, en los Presupuestos Generales del Estado; todos recordamos el endurecimiento de
las condiciones en las prestaciones por desempleo a partir del séptimo mes, que se aprobó antes del verano; y este jueves se va a aprobar un endurecimiento del acceso al Plan Prepara para los jóvenes especialmente que convivan con sus padres. Es
peor que la inacción; sí que se están tomando
desafortunadamente, y tendríamos que hacer todos un esfuerzo por recuperar el diálogo social-; facilitar el establecimiento de una garantía europea para la juventud. ¿Qué significa una garantía...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Olabarría, tendría que ir finalizando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, acabo ya, señora presidenta.
¿Qué significa una garantía europea para la juventud? Que un joven después de ser graduado, obtener una licenciatura, una diplomatura o un grado pueda en cuatro meses por lo menos obtener formación destinada y dirigida hacia el empleo en
términos europeos, conformados por planes europeos; asegurar la puesta en marcha de medidas de homologación de titulaciones y de aprendizajes de lenguas, es decir, entronizar de nuevo la emigración, no ya con maletas de madera como antaño...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Olabarría, tiene que ir finalizando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo con estas palabras, señora presidenta.
No ya con maletas de madera como antaño, sino con títulos de doctorado o de master importantes y sofisticados bajo el brazo. Esta entronización es la única expectativa, es la única esperanza para lo que otros portavoces han comentado y yo
comparto: estamos a punto de convertir a nuestros jóvenes en una generación perdida, jóvenes hasta veintinueve años, que es mucho decir.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Olabarría, tiene que finalizar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Y en un colectivo próximo a la pobreza y a la exclusión. Solo socializando en Europa esta problemática se podrá resolver. Yo no tengo ninguna esperanza...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Olabarría, le retiro la palabra. Gracias.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Un aspecto muy importante de esta proposición no de ley es que aborda el desempleo juvenil desde una perspectiva europea, y lo hace en un momento muy oportuno, porque parece que lo único que podemos abordar ahora desde una perspectiva
europea es el déficit y la deuda, y eso crea una dinámica de antagonismo: acreedor-deudor, norte-sur. Parece que no podemos hablar de nada más. No, también habría que hablar de este tipo de cuestiones desde una perspectiva europea con una
estrategia más amplia de salida de la crisis que permitiría romper esa dinámica. Elige además un tema muy oportuno para ponerlo en perspectiva europea, porque las instituciones europeas no están cerradas a tratar este tema, al contrario, como bien
recordaba la señora Oramas, en el propio memorándum de entendimiento habla de la necesidad de mejorar las políticas activas y mejorar la formación de los parados, un tema muy relacionado con el desempleo juvenil. Existe además un Fondo social
europeo que se dedica a estas cuestiones y las autoridades comunitarias han mostrado más de una vez su predisposición a reforzarlo. Es decir, que no es imposible que España adopte una posición de liderazgo para tratar este tema del desempleo
juvenil en perspectiva europea.
La gravedad del problema en nuestro país no se puede exagerar, sus señorías lo conocen, hay un 53 % de paro entre los menores de veinticinco años en nuestro país. Hoy salían datos de la OCDE que nos decían que hay un 25 % de jóvenes entre
quince y veintinueve años que ni estudia ni trabaja, lo que se llama la generación ni-ni, y no alguien que hace canción protesta, sino la Organización Internacional del Trabajo habla del riesgo de una generación perdida en España. Nos estamos
jugando el futuro, retóricamente hablamos muchas veces así, nos estamos jugando el futuro, aquí estamos diciéndolo literalmente, estamos poniendo en riesgo la generación que tiene que tomar el relevo e hipotecando nuestro futuro. Ante un tema de
tal gravedad la inacción sería un error, pero lo que está haciendo el Gobierno actual es peor que la inacción: sí que está tomando medidas, pero está tomando medidas en la dirección equivocada, está tomando medidas para recortar los recursos que
dedica a hacer frente a estos problemas. La lista sería demasiado larga, pero todos recordamos el recorte en las políticas activas de 1.500 millones, más de un 20 %, en los Presupuestos Generales del Estado; todos recordamos el endurecimiento de
las condiciones en las prestaciones por desempleo a partir del séptimo mes, que se aprobó antes del verano; y este jueves se va a aprobar un endurecimiento del acceso al Plan Prepara para los jóvenes especialmente que convivan con sus padres. Es
peor que la inacción; sí que se están tomando
medidas, pero como una sociedad que en medio de una epidemia quisiese ahorrar en gasto sanitario, en medio de una epidemia de desempleo se quieren dedicar menos recursos a combatir el desempleo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Unión Progreso y Democracia ha presentado en el pasado propuestas similares a la de esta proposición no de ley. Querría recordar, por ejemplo, que en la reforma laboral Unión Progreso y Democracia presentó una enmienda para crear un
programa de garantía juvenil, muy similar al que aquí se propone, para que cada joven en un máximo de cuatro meses recibiese una oferta de formación en prácticas o algún tipo de acción formativa. También presentamos enmiendas en los Presupuestos
Generales del Estado en esta línea, manteniendo el gasto en el programa Erasmus, por ejemplo. Por tanto, nadie puede sorprenderse con el voto afirmativo que vamos a dar a esta proposición no de ley. Dicho lo cual, a veces pensamos que habría que
entrar más a fondo en los problemas, y hay otra serie de propuestas de Unión Progreso y Democracia de la que el resto de grupos no quiere saber nada, pero que tienen mucho que ver con este problema que hoy nos ocupa. Porque está muy bien condolerse
de los jóvenes parados, pero ¿por qué el desempleo juvenil es tan grande? Porque hay un mercado de trabajo dual en el que estos jóvenes solo tienen contratos temporales y son los primeros en ser despedidos cuando hay una crisis, y cuando vuelven al
empleo, si tienen suerte, vuelven en un contrato precario, y son las leyes laborales socialistas, y las nuevas del Partido Popular, las que mantienen esa situación. Nosotros hemos propuesto el contrato único indefinido y nadie quiere saber nada de
esa cuestión. Parece que el problema de los jóvenes fuese una catástrofe natural, pero ¿por qué son ellos los primeros despedidos? Por ese mercado laboral dual y por esa precariedad en el empleo que sufren. También nos condolemos de la falta de
protección, pero Unión Progreso y Democracia ha señalado muchas veces que la renta mínima de inserción es muy distinta entre las comunidades autónomas, es el último escalón de protección y habría que homogeneizarlo, y esa propuesta siempre es
rechazada por el resto de grupos de la Cámara. Apoyamos la proposición no de ley del Grupo Socialista, pero nos gustaría que se entrase también en este tipo de cuestiones más de fondo alguna vez.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, veintiséis reales decretos-leyes, este Gobierno ha aprobado veintiséis decretazos en ocho meses y con la que está cayendo ninguno centrado en la creación de empleo. Increíble, ¿verdad? Y
eso que el Estado español tiene cifras de paro récord y que tras esas cifras hay millones de tragedias personales y familiares. Este Gobierno no ha adoptado ninguna medida para impulsar la generación de empleo ni para estimular el crecimiento, su
único compromiso es con la austeridad que impone manu militari la señora Merkel, y ayer lo repitió una vez más el presidente Rajoy en televisión.
Hoy el Grupo Socialista pone el foco de atención específicamente en el paro juvenil y es que el Estado español es también líder en la Unión Europea en desempleo juvenil, líder con un 53 %, como Grecia, en esto nadie puede discutir que España
es como Grecia. La mayoría de los jóvenes están en paro en estos momentos, la mayoría, más del 50 %, el 53. Un millón de jóvenes desempleados buscando un trabajo decente en España. Sin duda, la juventud es una de las principales víctimas de esta
crisis y de las políticas de este Gobierno para salir de la crisis, una víctima de esa doble condición y en ese sentido podemos coincidir y coincidimos de hecho con el diagnóstico que ha hecho el diputado proponente señor Moscoso. Sin embargo, la
proposición no de ley que hoy nos ocupa nos ha sorprendido porque no afronta, no apunta al grueso del problema. Esta iniciativa -y nos parece muy bien- se centra en explotar las posibilidades de intercambio europeo para la formación y para el
empleo de la juventud, de nuestros jóvenes, nos parece muy bien, adelante con ella, pero no parece ir destinada a lo que sería la mayoría de los jóvenes desempleados, sino que quizás se va a orientar más específicamente a quienes ostentan una mayor
titulación. Ciertamente, las estadísticas demuestran que hay una relación directa entre el desempleo y el bajo nivel formativo, esto es obvio, y también entre el desempleo juvenil y ese bajo nivel formativo, sin menoscabo, por supuesto, de que
también hay muchos titulados universitarios en situación de desempleo o que solo encuentran un puesto de trabajo en categorías inferiores a su cualificación. No vamos a negar esa realidad. A nuestro juicio, no es esta, por lo tanto, la prioridad
de las políticas de empleo. Sin embargo cualquier iniciativa que contribuya a abrir cauces a la formación y al empleo entre los jóvenes del Estado español va a contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario, y en ese sentido le adelanto que La
medidas, pero como una sociedad que en medio de una epidemia quisiese ahorrar en gasto sanitario, en medio de una epidemia de desempleo se quieren dedicar menos recursos a combatir el desempleo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Unión Progreso y Democracia ha presentado en el pasado propuestas similares a la de esta proposición no de ley. Querría recordar, por ejemplo, que en la reforma laboral Unión Progreso y Democracia presentó una enmienda para crear un
programa de garantía juvenil, muy similar al que aquí se propone, para que cada joven en un máximo de cuatro meses recibiese una oferta de formación en prácticas o algún tipo de acción formativa. También presentamos enmiendas en los Presupuestos
Generales del Estado en esta línea, manteniendo el gasto en el programa Erasmus, por ejemplo. Por tanto, nadie puede sorprenderse con el voto afirmativo que vamos a dar a esta proposición no de ley. Dicho lo cual, a veces pensamos que habría que
entrar más a fondo en los problemas, y hay otra serie de propuestas de Unión Progreso y Democracia de la que el resto de grupos no quiere saber nada, pero que tienen mucho que ver con este problema que hoy nos ocupa. Porque está muy bien condolerse
de los jóvenes parados, pero ¿por qué el desempleo juvenil es tan grande? Porque hay un mercado de trabajo dual en el que estos jóvenes solo tienen contratos temporales y son los primeros en ser despedidos cuando hay una crisis, y cuando vuelven al
empleo, si tienen suerte, vuelven en un contrato precario, y son las leyes laborales socialistas, y las nuevas del Partido Popular, las que mantienen esa situación. Nosotros hemos propuesto el contrato único indefinido y nadie quiere saber nada de
esa cuestión. Parece que el problema de los jóvenes fuese una catástrofe natural, pero ¿por qué son ellos los primeros despedidos? Por ese mercado laboral dual y por esa precariedad en el empleo que sufren. También nos condolemos de la falta de
protección, pero Unión Progreso y Democracia ha señalado muchas veces que la renta mínima de inserción es muy distinta entre las comunidades autónomas, es el último escalón de protección y habría que homogeneizarlo, y esa propuesta siempre es
rechazada por el resto de grupos de la Cámara. Apoyamos la proposición no de ley del Grupo Socialista, pero nos gustaría que se entrase también en este tipo de cuestiones más de fondo alguna vez.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, veintiséis reales decretos-leyes, este Gobierno ha aprobado veintiséis decretazos en ocho meses y con la que está cayendo ninguno centrado en la creación de empleo. Increíble, ¿verdad? Y
eso que el Estado español tiene cifras de paro récord y que tras esas cifras hay millones de tragedias personales y familiares. Este Gobierno no ha adoptado ninguna medida para impulsar la generación de empleo ni para estimular el crecimiento, su
único compromiso es con la austeridad que impone manu militari la señora Merkel, y ayer lo repitió una vez más el presidente Rajoy en televisión.
Hoy el Grupo Socialista pone el foco de atención específicamente en el paro juvenil y es que el Estado español es también líder en la Unión Europea en desempleo juvenil, líder con un 53 %, como Grecia, en esto nadie puede discutir que España
es como Grecia. La mayoría de los jóvenes están en paro en estos momentos, la mayoría, más del 50 %, el 53. Un millón de jóvenes desempleados buscando un trabajo decente en España. Sin duda, la juventud es una de las principales víctimas de esta
crisis y de las políticas de este Gobierno para salir de la crisis, una víctima de esa doble condición y en ese sentido podemos coincidir y coincidimos de hecho con el diagnóstico que ha hecho el diputado proponente señor Moscoso. Sin embargo, la
proposición no de ley que hoy nos ocupa nos ha sorprendido porque no afronta, no apunta al grueso del problema. Esta iniciativa -y nos parece muy bien- se centra en explotar las posibilidades de intercambio europeo para la formación y para el
empleo de la juventud, de nuestros jóvenes, nos parece muy bien, adelante con ella, pero no parece ir destinada a lo que sería la mayoría de los jóvenes desempleados, sino que quizás se va a orientar más específicamente a quienes ostentan una mayor
titulación. Ciertamente, las estadísticas demuestran que hay una relación directa entre el desempleo y el bajo nivel formativo, esto es obvio, y también entre el desempleo juvenil y ese bajo nivel formativo, sin menoscabo, por supuesto, de que
también hay muchos titulados universitarios en situación de desempleo o que solo encuentran un puesto de trabajo en categorías inferiores a su cualificación. No vamos a negar esa realidad. A nuestro juicio, no es esta, por lo tanto, la prioridad
de las políticas de empleo. Sin embargo cualquier iniciativa que contribuya a abrir cauces a la formación y al empleo entre los jóvenes del Estado español va a contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario, y en ese sentido le adelanto que La
Izquierda Plural va a votar a favor de esta proposición no de ley. Ojalá sirva de aldabonazo en la conciencia del Gobierno para que cambie esa mirada permanente que tiene hacia el déficit y se la dedique a la gente, que prioricen sus
políticas: rescatar a las personas y no a la banca o a los poderosos, como viene haciendo hasta ahora de forma obsesiva. No podemos condenar a toda una generación al abandono. Desde luego, sin la juventud jamás podremos salir adelante.
No voy a recordar desde esta tribuna las numerosas iniciativas que desde nuestro Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural hemos ido presentando a lo largo de estos meses, desde el plan de choque a la generación de empleo hasta medidas
específicas sobre la juventud, pero simplemente quiero decir que efectivamente hemos venido realizando un trabajo y seguiremos haciendo un trabajo en los próximos años poniendo a las personas como protagonistas de la acción política, porque en estos
momentos el rescate lo merece la ciudadanía a pesar de la mirada esquiva del Gobierno. Por lo tanto, concluyo simplemente anunciando el voto favorable a esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Por el Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde Convergència i Unió estamos a favor de la iniciativa presentada por el Grupo Socialista. Estamos de acuerdo en que el paro juvenil es un auténtico problema y entendemos que debemos abordar las medidas necesarias para su
solución. No podemos permitirnos un 53 % de paro juvenil, con dos colectivos en situación de riesgo: los jóvenes que están en paro con un bajo nivel de formación y el colectivo de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es un gran problema y, hoy
por hoy y gracias a las redes sociales y familiares, va aguantando, pero ¿hasta cuándo? Lo que sí está claro es que este es un problema cuyas consecuencias de futuro arrastraremos durante décadas, por lo que debemos adoptar medidas para su
solución.
En cuanto a la proposición que nos presenta, existen varias propuestas, entre ellas la de impulsar la puesta en marcha de una alianza europea sobre formación y ocupación, asegurar la puesta en marcha de más facilidades y normativas que
aseguren la movilidad en Europa, la realización de un mapa de calidad, la expansión de nuevos programas de Erasmus, convenios Leonardo, etcétera, que son iniciativas que ya se están implementando actualmente. Evidentemente, siempre está la
posibilidad de mejorar lo que se está haciendo, una vez se haya analizado, evaluado y ajustado a las necesidades socioeconómicas y al mercado de trabajo de los diferentes países europeos. Son iniciativas, como digo, que no pueden ser llevadas a
cabo únicamente por decisión unilateral del Estado, sino que hay que contar con el resto de países de la Unión Europea que las quieran impulsar. También hay que tener en cuenta en todas estas propuestas que no solo comportan una predisposición de
actuación de los diferentes servicios públicos de ocupación, sino que también implican trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación y departamentos de Educación de las distintas comunidades autónomas. Nos parece una propuesta especialmente
interesante la iniciativa de facilitar una garantía europea para la juventud que asegure el derecho de obtener una oferta de formación en prácticas a toda persona joven que lleve más de cuatro meses sin trabajo después de haber obtenido la
graduación. Alertaríamos en este sentido de que es una propuesta que puede analizarse para adaptarla a la realidad del tejido empresarial español y a la implicación de su tejido productivo, además de contar con la implicación de los centros
educativos y los servicios públicos de ocupación, pero sobre todo entendemos que no deberíamos dejar fuera de la propuesta a las personas jóvenes que no tienen la educación secundaria obligatoria y que son, de entre el colectivo de los jóvenes, los
que más riesgo tienen de exclusión social.
Para finalizar, quiero decirles que desde CiU insistimos en que para abordar el reto de la empleabildad de los jóvenes el Gobierno debe poner en marcha el tan reiterado y reclamado plan de choque, con medidas orientadas a la creación de
empleo, apostando a fondo por las políticas activas de ocupación, a fin de mejorar la empleabilidad. En este punto no podemos dejar de denunciar que parece que la intención del Gobierno no va precisamente en esta dirección ya que se han visto
reducidos los recursos en las políticas activas en el presupuesto de 2012, hecho que hace además muy difícil que en caso de que se apruebe esta proposición no de ley puedan cumplirse sus mandatos. Planteamos además la necesidad y
Izquierda Plural va a votar a favor de esta proposición no de ley. Ojalá sirva de aldabonazo en la conciencia del Gobierno para que cambie esa mirada permanente que tiene hacia el déficit y se la dedique a la gente, que prioricen sus
políticas: rescatar a las personas y no a la banca o a los poderosos, como viene haciendo hasta ahora de forma obsesiva. No podemos condenar a toda una generación al abandono. Desde luego, sin la juventud jamás podremos salir adelante.
No voy a recordar desde esta tribuna las numerosas iniciativas que desde nuestro Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural hemos ido presentando a lo largo de estos meses, desde el plan de choque a la generación de empleo hasta medidas
específicas sobre la juventud, pero simplemente quiero decir que efectivamente hemos venido realizando un trabajo y seguiremos haciendo un trabajo en los próximos años poniendo a las personas como protagonistas de la acción política, porque en estos
momentos el rescate lo merece la ciudadanía a pesar de la mirada esquiva del Gobierno. Por lo tanto, concluyo simplemente anunciando el voto favorable a esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Por el Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde Convergència i Unió estamos a favor de la iniciativa presentada por el Grupo Socialista. Estamos de acuerdo en que el paro juvenil es un auténtico problema y entendemos que debemos abordar las medidas necesarias para su
solución. No podemos permitirnos un 53 % de paro juvenil, con dos colectivos en situación de riesgo: los jóvenes que están en paro con un bajo nivel de formación y el colectivo de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es un gran problema y, hoy
por hoy y gracias a las redes sociales y familiares, va aguantando, pero ¿hasta cuándo? Lo que sí está claro es que este es un problema cuyas consecuencias de futuro arrastraremos durante décadas, por lo que debemos adoptar medidas para su
solución.
En cuanto a la proposición que nos presenta, existen varias propuestas, entre ellas la de impulsar la puesta en marcha de una alianza europea sobre formación y ocupación, asegurar la puesta en marcha de más facilidades y normativas que
aseguren la movilidad en Europa, la realización de un mapa de calidad, la expansión de nuevos programas de Erasmus, convenios Leonardo, etcétera, que son iniciativas que ya se están implementando actualmente. Evidentemente, siempre está la
posibilidad de mejorar lo que se está haciendo, una vez se haya analizado, evaluado y ajustado a las necesidades socioeconómicas y al mercado de trabajo de los diferentes países europeos. Son iniciativas, como digo, que no pueden ser llevadas a
cabo únicamente por decisión unilateral del Estado, sino que hay que contar con el resto de países de la Unión Europea que las quieran impulsar. También hay que tener en cuenta en todas estas propuestas que no solo comportan una predisposición de
actuación de los diferentes servicios públicos de ocupación, sino que también implican trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación y departamentos de Educación de las distintas comunidades autónomas. Nos parece una propuesta especialmente
interesante la iniciativa de facilitar una garantía europea para la juventud que asegure el derecho de obtener una oferta de formación en prácticas a toda persona joven que lleve más de cuatro meses sin trabajo después de haber obtenido la
graduación. Alertaríamos en este sentido de que es una propuesta que puede analizarse para adaptarla a la realidad del tejido empresarial español y a la implicación de su tejido productivo, además de contar con la implicación de los centros
educativos y los servicios públicos de ocupación, pero sobre todo entendemos que no deberíamos dejar fuera de la propuesta a las personas jóvenes que no tienen la educación secundaria obligatoria y que son, de entre el colectivo de los jóvenes, los
que más riesgo tienen de exclusión social.
Para finalizar, quiero decirles que desde CiU insistimos en que para abordar el reto de la empleabildad de los jóvenes el Gobierno debe poner en marcha el tan reiterado y reclamado plan de choque, con medidas orientadas a la creación de
empleo, apostando a fondo por las políticas activas de ocupación, a fin de mejorar la empleabilidad. En este punto no podemos dejar de denunciar que parece que la intención del Gobierno no va precisamente en esta dirección ya que se han visto
reducidos los recursos en las políticas activas en el presupuesto de 2012, hecho que hace además muy difícil que en caso de que se apruebe esta proposición no de ley puedan cumplirse sus mandatos. Planteamos además la necesidad y
aprovechamos la ocasión para reivindicar que el presupuesto de 2013 incremente los recursos dirigidos a las políticas de ocupación. Aprovecho para recordarles que el Gobierno aún no ha dado cumplimiento a la moción que nuestro grupo, de la
mano del señor Campuzano, presentó en relación con la elaboración de un plan de choque para la creación de empleo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.
Señor Moscoso, a efectos de la enmienda presentada.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: No la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Se votará en sus propios términos.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE DEFENSA Y LA PRESENCIA DE TROPAS ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR. (Número de expediente 173/000035).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir las mociones. En primer lugar, la correspondiente al Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, nuestro grupo no quiere que termine esta sesión plenaria sin dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de nuestro recuerdo y nuestro homenaje a Salvador Allende, víctima del imperialismo, y
alegrarnos de que hoy las alamedas en América Latina se abran en honor a la libertad. Por eso, vaya nuestro homenaje y nuestro recuerdo a Salvador Allende. (Aplausos).
Señorías, el objetivo de nuestro interpelación no era hacer pública la amistad que unía a nuestros ministros con el presidente venezolano, el señor Chávez. El objetivo de esta interpelación era poner en evidencia la prioridad de un Gobierno
que supedita, por una parte, la política de defensa a un diseño que no se realiza en el Gobierno español, que se realiza en función de los intereses de los Estados Unidos a través de su brazo armado, la OTAN. Un gobierno que niega protagonismo al
Parlamento a la hora de aprobar la Directiva de Defensa Nacional, de manera que nos enteramos por filtraciones a la prensa de los planes que se tienen sobre la doctrina española de seguridad. Un gobierno que mantiene tropas en el exterior que en
nada vienen a defender ni la seguridad nacional ni mucho menos la democracia y la libertad. Y, sobre todo, un gobierno campeón en los recortes que a la hora de gastar en defensa no tiene ese afán de recortes, y que prioriza los gastos militares por
encima de los gastos sociales. No es un simple eslogan, son los hechos contantes y sonantes de los Presupuestos Generales del Estado.
Por eso, nuestra moción plantea estas propuestas: la necesidad de que se informe y se discuta en la Comisión de Defensa, con un carácter previo a su aprobación, de las directivas nacionales de defensa, al igual de que se discutan los
documentos sobre el planeamiento de la defensa nacional. Nuestra moción también propone la retirada de las tropas españolas del exterior, igual que el rechazo a la instalación en Rota del escudo antimisiles, además y la salida de la OTAN. Pero el
viernes el Gobierno puso de relieve con toda claridad cuál es su prioridad cuando en los mismos días estamos viendo cómo millones de familias sufren por no poder hacer frente a los gastos que supone la incorporación de sus hijos a la escuela, que no
son capaces de afrontar la subida del IVA; en estos mismos días vemos que el Gobierno no tiene ningún pudor en aumentar el presupuesto de Defensa para gastar, para pagar 1.782 millones de euros a las empresas de armamento. ¡Cuántos comedores
escolares, cuántos maestros interinos se pueden pagar con estos 1.700 millones de euros! Por eso, nuestra moción toma hoy otra dimensión. Toma la dimensión de nuestra indignación para que quede claro cuáles son las prioridades del Gobierno que
sustenta el Partido Popular. Esta ampliación de los presupuestos, que el ministro no expresó cuando se discutieron los presupuestos no hace tantos meses, viene a dejar claramente dónde está el Gobierno. Además no son los únicos gastos en defensa
que han aumentado: ha habido una traslación de fondos del Ministerio de Industria de 507 millones, lo que implica que podemos decir que en el Gobierno de los recortes el Ministerio de Defensa es el ministerio del gasto. Un gobierno que habla de
austeridad, aunque a veces deforme las palabras cuando habla de austeridad. Un Gobierno que habla de ajustes y que dice
aprovechamos la ocasión para reivindicar que el presupuesto de 2013 incremente los recursos dirigidos a las políticas de ocupación. Aprovecho para recordarles que el Gobierno aún no ha dado cumplimiento a la moción que nuestro grupo, de la
mano del señor Campuzano, presentó en relación con la elaboración de un plan de choque para la creación de empleo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.
Señor Moscoso, a efectos de la enmienda presentada.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: No la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Se votará en sus propios términos.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE DEFENSA Y LA PRESENCIA DE TROPAS ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR. (Número de expediente 173/000035).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir las mociones. En primer lugar, la correspondiente al Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, nuestro grupo no quiere que termine esta sesión plenaria sin dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de nuestro recuerdo y nuestro homenaje a Salvador Allende, víctima del imperialismo, y
alegrarnos de que hoy las alamedas en América Latina se abran en honor a la libertad. Por eso, vaya nuestro homenaje y nuestro recuerdo a Salvador Allende. (Aplausos).
Señorías, el objetivo de nuestro interpelación no era hacer pública la amistad que unía a nuestros ministros con el presidente venezolano, el señor Chávez. El objetivo de esta interpelación era poner en evidencia la prioridad de un Gobierno
que supedita, por una parte, la política de defensa a un diseño que no se realiza en el Gobierno español, que se realiza en función de los intereses de los Estados Unidos a través de su brazo armado, la OTAN. Un gobierno que niega protagonismo al
Parlamento a la hora de aprobar la Directiva de Defensa Nacional, de manera que nos enteramos por filtraciones a la prensa de los planes que se tienen sobre la doctrina española de seguridad. Un gobierno que mantiene tropas en el exterior que en
nada vienen a defender ni la seguridad nacional ni mucho menos la democracia y la libertad. Y, sobre todo, un gobierno campeón en los recortes que a la hora de gastar en defensa no tiene ese afán de recortes, y que prioriza los gastos militares por
encima de los gastos sociales. No es un simple eslogan, son los hechos contantes y sonantes de los Presupuestos Generales del Estado.
Por eso, nuestra moción plantea estas propuestas: la necesidad de que se informe y se discuta en la Comisión de Defensa, con un carácter previo a su aprobación, de las directivas nacionales de defensa, al igual de que se discutan los
documentos sobre el planeamiento de la defensa nacional. Nuestra moción también propone la retirada de las tropas españolas del exterior, igual que el rechazo a la instalación en Rota del escudo antimisiles, además y la salida de la OTAN. Pero el
viernes el Gobierno puso de relieve con toda claridad cuál es su prioridad cuando en los mismos días estamos viendo cómo millones de familias sufren por no poder hacer frente a los gastos que supone la incorporación de sus hijos a la escuela, que no
son capaces de afrontar la subida del IVA; en estos mismos días vemos que el Gobierno no tiene ningún pudor en aumentar el presupuesto de Defensa para gastar, para pagar 1.782 millones de euros a las empresas de armamento. ¡Cuántos comedores
escolares, cuántos maestros interinos se pueden pagar con estos 1.700 millones de euros! Por eso, nuestra moción toma hoy otra dimensión. Toma la dimensión de nuestra indignación para que quede claro cuáles son las prioridades del Gobierno que
sustenta el Partido Popular. Esta ampliación de los presupuestos, que el ministro no expresó cuando se discutieron los presupuestos no hace tantos meses, viene a dejar claramente dónde está el Gobierno. Además no son los únicos gastos en defensa
que han aumentado: ha habido una traslación de fondos del Ministerio de Industria de 507 millones, lo que implica que podemos decir que en el Gobierno de los recortes el Ministerio de Defensa es el ministerio del gasto. Un gobierno que habla de
austeridad, aunque a veces deforme las palabras cuando habla de austeridad. Un Gobierno que habla de ajustes y que dice
que no hay dinero y que no se puede gastar más de lo que se tiene. Pero es evidente que este Gobierno cuando quiere encuentra el dinero, que este Gobierno cuando quiere gasta más de lo que tiene; eso sí, no para sanidad, no para educación,
no para gastos sociales, sino para pagar a la industria de armamento.
Ustedes nos dicen que son compromisos adquiridos, y ahí se lían en cuanto a si son compromisos del señor Zapatero, del señor Aznar, pero la realidad es que ustedes finalmente vienen a pagar. Igualmente les puedo preguntar si no existe un
compromiso del señor Rajoy con los españoles y con las españolas de no tocar la sanidad y la educación, compromiso claramente explicitado no solo en la campaña electoral sino también desde esta tribuna cuando pidió el voto para ser presidente. Ese
compromiso tiene que estar por encima del compromiso que haya con las empresas de armamento. Por eso se ve claramente dónde se sitúa el Partido Popular y dónde se sitúa su presidente. Gobernar es marcar prioridades, y ustedes las marcan
claramente; las marcaron claramente el pasado viernes cuando ponen toda la economía al servicio de pagar a la banca y ponen todos los presupuestos para que se pueda pagar a los que en estos momentos venden armamento. Por eso hemos planteado una
enmienda, que no vamos a aceptar, para que se rechace con carácter claro y explícito ese crédito extraordinario que concedió al Ministerio de Defensa por un importe de 1.782 millones para el pago a las empresas que han entregado armamento a Defensa.
Por eso queremos que esta tarde quede claro dónde están las prioridades. Las nuestras es que el dinero que hay se gaste en sanidad, que se gaste en educación y en no despedir a maestros. Está claro que para ustedes es pagar a las industrias de
armamento. Podían esperar algún tiempo, como están esperando muchísimos cientos de españoles, y estas empresas podían esperar también. Al mismo tiempo queríamos señalar que aceptaríamos las enmiendas que nos plantean desde el PSOE si fuesen de
sustitución de algunos puntos, concretamente los puntos 1, 2, 3 y 7, porque la moción quedaría mejorada y quedaría complementada, pero ustedes nos plantean sustituir toda nuestra moción por estos puntos, con lo cual quedaría en poco menos que nada.
Por eso no podemos aceptar esa enmienda porque nuestra moción quedaría totalmente fuera de lugar.
En definitiva, con nuestra moción planteamos ni más ni menos que demostrar que hay otra política de defensa, demostrar que se puede hacer una política de defensa independiente, soberana, una política que no esté supeditada a intereses
extranjeros, que no entienda que aumentar las tropas de Estados Unidos en España es mejorar nuestra seguridad y, sobre todo, trata de demostrar que no se pueden priorizar en esta época de crisis los gastos militares sobre gastos sociales. Que en
épocas de sacrificio, cuando ustedes piden sacrificios a los españoles y a las españolas, no pueden cometer la vergüenza de dedicar 1.782 millones a pagar a la industria de armamento. Por eso cuando dentro de unos minutos votemos en esta Cámara
nuestra moción es evidente que ustedes van a tener que situarse a un lado o a otro, al lado de gastar en defensa o al lado de gastar en derechos sociales, en derechos públicos.
Nuestra moción es clara y nuestra moción es nítida. A partir de ahí el debate que hoy queremos terminar es el debate que evidencie que su Gobierno sí tiene dinero y lo encuentra cuando quiere porque dinero, señorías, hay, lo que ocurre es
que el Gobierno del Partido Popular lo dedica simplemente a lo que le interesa. Por eso pido el voto favorable a nuestra moción y, contando con el voto negativo del Partido Popular, está claro que esta moción traspasará los muros y traspasará
también los ecos de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Se ha presentado una enmienda que ha formulado el Grupo Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que ahora debatimos tiene un contenido muy heterogéneo, por calificarlo de alguna manera, tanto que pasa de pedir la salida de nuestro país de la OTAN a exigir la supresión de cursos de idiomas en el extranjero en apenas
unas líneas como si fueran cuestiones equivalentes. Desde luego que no da la sensación de que sea fácil hacer un debate sobre estas premisas. En todo caso, el parón estival es verdad que ha hecho que el inicio de la moción haya quedado obsoleto,
digamos que ha quedado anticuado en parte por el parón estival y en parte por culpa de la página web de La Moncloa, donde se publicó la Directiva de Defensa Nacional cumpliendo con lo que ya es casi una tradición de este Gobierno, que los grupos
parlamentarios se enteren por la prensa de las decisiones importantes que adopta el ministerio. Pero hay otra parte sustancial de la moción que el Grupo Parlamentario Socialista no puede compartir. En realidad se trata de una visión de la política
de defensa de la que no participamos, una concepción que parte de cierta pretensión de autarquía y que quiere volver al aislacionismo. Fíjense
que no hay dinero y que no se puede gastar más de lo que se tiene. Pero es evidente que este Gobierno cuando quiere encuentra el dinero, que este Gobierno cuando quiere gasta más de lo que tiene; eso sí, no para sanidad, no para educación,
no para gastos sociales, sino para pagar a la industria de armamento.
Ustedes nos dicen que son compromisos adquiridos, y ahí se lían en cuanto a si son compromisos del señor Zapatero, del señor Aznar, pero la realidad es que ustedes finalmente vienen a pagar. Igualmente les puedo preguntar si no existe un
compromiso del señor Rajoy con los españoles y con las españolas de no tocar la sanidad y la educación, compromiso claramente explicitado no solo en la campaña electoral sino también desde esta tribuna cuando pidió el voto para ser presidente. Ese
compromiso tiene que estar por encima del compromiso que haya con las empresas de armamento. Por eso se ve claramente dónde se sitúa el Partido Popular y dónde se sitúa su presidente. Gobernar es marcar prioridades, y ustedes las marcan
claramente; las marcaron claramente el pasado viernes cuando ponen toda la economía al servicio de pagar a la banca y ponen todos los presupuestos para que se pueda pagar a los que en estos momentos venden armamento. Por eso hemos planteado una
enmienda, que no vamos a aceptar, para que se rechace con carácter claro y explícito ese crédito extraordinario que concedió al Ministerio de Defensa por un importe de 1.782 millones para el pago a las empresas que han entregado armamento a Defensa.
Por eso queremos que esta tarde quede claro dónde están las prioridades. Las nuestras es que el dinero que hay se gaste en sanidad, que se gaste en educación y en no despedir a maestros. Está claro que para ustedes es pagar a las industrias de
armamento. Podían esperar algún tiempo, como están esperando muchísimos cientos de españoles, y estas empresas podían esperar también. Al mismo tiempo queríamos señalar que aceptaríamos las enmiendas que nos plantean desde el PSOE si fuesen de
sustitución de algunos puntos, concretamente los puntos 1, 2, 3 y 7, porque la moción quedaría mejorada y quedaría complementada, pero ustedes nos plantean sustituir toda nuestra moción por estos puntos, con lo cual quedaría en poco menos que nada.
Por eso no podemos aceptar esa enmienda porque nuestra moción quedaría totalmente fuera de lugar.
En definitiva, con nuestra moción planteamos ni más ni menos que demostrar que hay otra política de defensa, demostrar que se puede hacer una política de defensa independiente, soberana, una política que no esté supeditada a intereses
extranjeros, que no entienda que aumentar las tropas de Estados Unidos en España es mejorar nuestra seguridad y, sobre todo, trata de demostrar que no se pueden priorizar en esta época de crisis los gastos militares sobre gastos sociales. Que en
épocas de sacrificio, cuando ustedes piden sacrificios a los españoles y a las españolas, no pueden cometer la vergüenza de dedicar 1.782 millones a pagar a la industria de armamento. Por eso cuando dentro de unos minutos votemos en esta Cámara
nuestra moción es evidente que ustedes van a tener que situarse a un lado o a otro, al lado de gastar en defensa o al lado de gastar en derechos sociales, en derechos públicos.
Nuestra moción es clara y nuestra moción es nítida. A partir de ahí el debate que hoy queremos terminar es el debate que evidencie que su Gobierno sí tiene dinero y lo encuentra cuando quiere porque dinero, señorías, hay, lo que ocurre es
que el Gobierno del Partido Popular lo dedica simplemente a lo que le interesa. Por eso pido el voto favorable a nuestra moción y, contando con el voto negativo del Partido Popular, está claro que esta moción traspasará los muros y traspasará
también los ecos de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Se ha presentado una enmienda que ha formulado el Grupo Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que ahora debatimos tiene un contenido muy heterogéneo, por calificarlo de alguna manera, tanto que pasa de pedir la salida de nuestro país de la OTAN a exigir la supresión de cursos de idiomas en el extranjero en apenas
unas líneas como si fueran cuestiones equivalentes. Desde luego que no da la sensación de que sea fácil hacer un debate sobre estas premisas. En todo caso, el parón estival es verdad que ha hecho que el inicio de la moción haya quedado obsoleto,
digamos que ha quedado anticuado en parte por el parón estival y en parte por culpa de la página web de La Moncloa, donde se publicó la Directiva de Defensa Nacional cumpliendo con lo que ya es casi una tradición de este Gobierno, que los grupos
parlamentarios se enteren por la prensa de las decisiones importantes que adopta el ministerio. Pero hay otra parte sustancial de la moción que el Grupo Parlamentario Socialista no puede compartir. En realidad se trata de una visión de la política
de defensa de la que no participamos, una concepción que parte de cierta pretensión de autarquía y que quiere volver al aislacionismo. Fíjense
que curiosamente ahí coinciden el Grupo de La Izquierda Plural y el Grupo Parlamentario Popular, aunque es verdad que desde diferentes premisas. Los unos lo hacen al grito renovado de OTAN no y luchemos contra el imperialismo yanqui, y los
otros al dictado precisamente de la nueva directiva que se plasmó perfectamente en las palabras del portavoz popular en la última Comisión cuando afirmaba que fiar nuestra seguridad al actual sistema de alianzas, básicamente la OTAN, resultaría
cuando menos un tanto ingenuo, y que debemos ser capaces de defendernos solos. No consideramos que esta pretensión de volver a renacionalizar nuestra seguridad sea buena para nuestro país ni que, como decía el portavoz socialista en la pasada
legislatura, debamos tener la voluntad de ser una potencia militar autónoma; en realidad no es que no debamos sino que además es probable que tampoco podamos.
Me centraré en lo importante, porque el Grupo Parlamentario Socialista cree que la política de defensa debe ser además una política de Estado, y lo cree firmemente. Por eso, queremos poner acento en lo que coincidimos de esta moción y por
eso hemos presentado una enmienda, porque la situación actual también es complicada para la política de defensa y para nuestras Fuerzas Armadas, y porque los retos son importantes y trascendentes, como ya ha sido puesto de manifiesto por nuestro
portavoz de forma reiterada. Tenemos que pensar cuál es el modelo de Fuerzas Armadas que necesitamos ante esta nueva situación; cuál es el escenario presupuestario que necesitamos y cuál podemos permitirnos; qué vamos a hacer con las misiones en
el exterior en el marco de nuestra seguridad, pero también si queremos ser un país serio en el marco de nuestros compromisos con nuestros aliados y pensar qué necesita nuestra industria de defensa, porque necesita consolidarse y mejorar su
competitividad pensando también en los puestos de trabajo que genera.
Podemos coincidir en estos puntos, señorías, y aunque habrá diferencias lo que a mi grupo le parece una necesidad imperiosa es recuperar el Parlamento como espacio de debate y de creación de consensos sobre la política de defensa. La
política de defensa debe hacerse -no como medio sino como fin en sí mismo- desde el consenso; el gran mérito de la parlamentarización de la política de defensa en los últimos años ha sido precisamente eso, facilitar los acuerdos, y debo lamentar
que en esta legislatura estamos retrocediendo. Han sido muchos los ofrecimientos por parte del Gobierno -es verdad- pero, como en tantas otras cosas, ha sido mucho ruido pero pocas, poquísimas, nueces. Desde luego, consenso no es modificar
sustancialmente la operación Atalanta y que el ministro diga que no pide la autorización del Congreso porque alguien le ha dicho que no hace falta; consenso no es que se encargue una Visión 2025 sobre el futuro de las Fuerzas Armadas y que los
grupos parlamentarios se enteren de su contenido por un medio de comunicación; consenso no es que se rechace una propuesta de mi grupo de disminuir los contingentes en Líbano y poco después se anuncie en los medios de comunicación una reducción
mayor, y desde luego consenso no es rechazar todas las enmiendas al presupuesto del Estado, que descendía un 8 % en defensa, para luego incrementarlo por real decreto hasta un 28 % de forma sorpresiva y sin informar a la oposición. Lo es aún menos
tras una oferta directa de diálogo por parte del secretario de Estado, que dijo expresamente que el problema de los grandes programas de armamento no se resolvería sin el apoyo de esta Cámara y que informaría previamente a los grupos parlamentarios.
Estas actuaciones del Gobierno, al grito de dejadme solo, no convienen a nuestra defensa, no son buenas para nuestras Fuerzas Armadas y producen debates como el que hoy tenemos aquí, en los que, con la que está cayendo, no es de extrañar que
alguien se pregunte cómo es posible que el Gobierno no encuentre dinero para pagar profesores, becas, medicamentos o prestaciones sanitarias pero sí tenga un par de miles de millones de euros para pagar de forma urgente a la industria militar.
¡Ojo! No estoy diciendo que no haya que pagar nuestras obligaciones y nuestros compromisos; lo que digo es que para que la gente lo entienda hay que explicar aquí por qué hay que pagarlo, a quién se le paga y qué estamos pagando. Habrá que
explicar qué significan para nuestra seguridad, para nuestras empresas y para nuestras Fuerzas Armadas estos pagos. Por eso, creemos necesario que todo pase por este Parlamento; porque las soluciones comunes son mejores y, sobre todo, más
comprensibles para la opinión pública, y porque, en todo caso, señoras y señores diputados -sobre todo los diputados del Partido Popular-, el consenso se construye sobre los actos y no sobre las palabras, y el consenso ha sido, es y será la seña de
identidad de los socialistas en materia de defensa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tudanca.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra la señora Tapia.
que curiosamente ahí coinciden el Grupo de La Izquierda Plural y el Grupo Parlamentario Popular, aunque es verdad que desde diferentes premisas. Los unos lo hacen al grito renovado de OTAN no y luchemos contra el imperialismo yanqui, y los
otros al dictado precisamente de la nueva directiva que se plasmó perfectamente en las palabras del portavoz popular en la última Comisión cuando afirmaba que fiar nuestra seguridad al actual sistema de alianzas, básicamente la OTAN, resultaría
cuando menos un tanto ingenuo, y que debemos ser capaces de defendernos solos. No consideramos que esta pretensión de volver a renacionalizar nuestra seguridad sea buena para nuestro país ni que, como decía el portavoz socialista en la pasada
legislatura, debamos tener la voluntad de ser una potencia militar autónoma; en realidad no es que no debamos sino que además es probable que tampoco podamos.
Me centraré en lo importante, porque el Grupo Parlamentario Socialista cree que la política de defensa debe ser además una política de Estado, y lo cree firmemente. Por eso, queremos poner acento en lo que coincidimos de esta moción y por
eso hemos presentado una enmienda, porque la situación actual también es complicada para la política de defensa y para nuestras Fuerzas Armadas, y porque los retos son importantes y trascendentes, como ya ha sido puesto de manifiesto por nuestro
portavoz de forma reiterada. Tenemos que pensar cuál es el modelo de Fuerzas Armadas que necesitamos ante esta nueva situación; cuál es el escenario presupuestario que necesitamos y cuál podemos permitirnos; qué vamos a hacer con las misiones en
el exterior en el marco de nuestra seguridad, pero también si queremos ser un país serio en el marco de nuestros compromisos con nuestros aliados y pensar qué necesita nuestra industria de defensa, porque necesita consolidarse y mejorar su
competitividad pensando también en los puestos de trabajo que genera.
Podemos coincidir en estos puntos, señorías, y aunque habrá diferencias lo que a mi grupo le parece una necesidad imperiosa es recuperar el Parlamento como espacio de debate y de creación de consensos sobre la política de defensa. La
política de defensa debe hacerse -no como medio sino como fin en sí mismo- desde el consenso; el gran mérito de la parlamentarización de la política de defensa en los últimos años ha sido precisamente eso, facilitar los acuerdos, y debo lamentar
que en esta legislatura estamos retrocediendo. Han sido muchos los ofrecimientos por parte del Gobierno -es verdad- pero, como en tantas otras cosas, ha sido mucho ruido pero pocas, poquísimas, nueces. Desde luego, consenso no es modificar
sustancialmente la operación Atalanta y que el ministro diga que no pide la autorización del Congreso porque alguien le ha dicho que no hace falta; consenso no es que se encargue una Visión 2025 sobre el futuro de las Fuerzas Armadas y que los
grupos parlamentarios se enteren de su contenido por un medio de comunicación; consenso no es que se rechace una propuesta de mi grupo de disminuir los contingentes en Líbano y poco después se anuncie en los medios de comunicación una reducción
mayor, y desde luego consenso no es rechazar todas las enmiendas al presupuesto del Estado, que descendía un 8 % en defensa, para luego incrementarlo por real decreto hasta un 28 % de forma sorpresiva y sin informar a la oposición. Lo es aún menos
tras una oferta directa de diálogo por parte del secretario de Estado, que dijo expresamente que el problema de los grandes programas de armamento no se resolvería sin el apoyo de esta Cámara y que informaría previamente a los grupos parlamentarios.
Estas actuaciones del Gobierno, al grito de dejadme solo, no convienen a nuestra defensa, no son buenas para nuestras Fuerzas Armadas y producen debates como el que hoy tenemos aquí, en los que, con la que está cayendo, no es de extrañar que
alguien se pregunte cómo es posible que el Gobierno no encuentre dinero para pagar profesores, becas, medicamentos o prestaciones sanitarias pero sí tenga un par de miles de millones de euros para pagar de forma urgente a la industria militar.
¡Ojo! No estoy diciendo que no haya que pagar nuestras obligaciones y nuestros compromisos; lo que digo es que para que la gente lo entienda hay que explicar aquí por qué hay que pagarlo, a quién se le paga y qué estamos pagando. Habrá que
explicar qué significan para nuestra seguridad, para nuestras empresas y para nuestras Fuerzas Armadas estos pagos. Por eso, creemos necesario que todo pase por este Parlamento; porque las soluciones comunes son mejores y, sobre todo, más
comprensibles para la opinión pública, y porque, en todo caso, señoras y señores diputados -sobre todo los diputados del Partido Popular-, el consenso se construye sobre los actos y no sobre las palabras, y el consenso ha sido, es y será la seña de
identidad de los socialistas en materia de defensa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tudanca.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.
Señorías, en todo lo relativo a la Directiva de Defensa Nacional, a la Visión 2025, constantemente nos enteramos de todo por la prensa, y resulta imprescindible -ya lo dijimos en la última sesión de la Comisión, allá por el mes de julio- que
esta Cámara pueda debatir acerca de todo esto antes de que sea aprobado por el Gobierno, pero parece reiterativo. Como estamos comentando, es algo que no puede volver a ocurrir, pero lo decimos y lo repetimos y reiteradamente se produce.
Por otra parte, tampoco se le escapa a nadie -en eso estamos de acuerdo con la moción del grupo proponente- que resulta imprescindible dimensionar el Ministerio de Defensa a todas las actividades que se vayan a realizar. En una situación de
crisis como en la que estamos, todos los países lo hacen, luego también el Estado español debe y necesita hacerlo. Hay que redefinir los objetivos concretos, las personas, los medios humanos necesarios y su formación; y en eso, permítame, nuestro
grupo no está de acuerdo. La capacitación y la formación de todas las personas, también en defensa, debe ser el máximo. Es evidente que también las infraestructuras hay que dimensionarlas y sobre todo en lo que se refiere a misiones exteriores
hemos visto, tal como comentaba el compañero del Grupo Socialista, que algunos aspectos que inicialmente se definen como imposibles de mover, como la retirada de tropas de Líbano, a los dos meses es posible realizarlo. Luego hay que sentarse y
analizar muy concretamente qué se hace con las misiones exteriores, cuál es el objetivo, cómo se colabora y, si es posible retirar las tropas antes de lo previsto inicialmente, hacerlo. ¿Por qué no?
Por otro lado, no estamos nada de acuerdo en lo que se refiere a compromisos internacionales. No vivimos en un mundo aislado, vivimos en un mundo totalmente globalizado y también en los aspectos de defensa. Creemos por tanto que resulta
totalmente fuera de lugar solicitar por ejemplo la retirada del Estado español de la OTAN. Por lo que se refiere a equipamientos y a compromisos de pago que existen -lo dijo el secretario de Estado-, hay una serie de compromisos a los que hay que
hacer frente. Hay temas de innovación e investigación, muchas empresas han trabajado en ello y existen unos compromisos de pago a los que hay que hacer frente. ¿Que habría que haberlo hecho de otra forma, trayendo a esta Cámara previamente cómo
hacerlo? Sin duda, habría que haberlo analizado aquí, pero de todas formas hay que cumplir con esos compromisos, y nuestro grupo siempre se ha mostrado a favor de que todo lo que invirtamos en I+D+i en defensa y en aspectos militares después
redunda en el mundo civil. Por tanto el gasto de I+D+i no es gasto, es una inversión que en defensa es muy importante.
Hay algunos aspectos de la moción con los que estamos plenamente de acuerdo pero no con otros, y depende de cómo se vote la moción -si por separado o no- será el sentido de nuestro voto en este caso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tapia.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, tenemos hoy esta moción que yo llamaría, moción río, del Grupo de La Izquierda Plural porque trata de arrastrarlo todo -ya lo han señalado algunos otros portavoces-, y se hace difícil debatir en profundidad sobre todos los aspectos
que aborda. Por tratar de ordenarlo, hemos encontrado tres grupos de propuestas claramente diferenciados a las que me voy a referir. En primer lugar, una serie de recomendaciones relativas a la transparencia, el acceso a la información, la mayor
interacción entre el ministro de Defensa y los grupos parlamentarios, la revitalización del debate parlamentario en los asuntos de defensa. Todo esto mi grupo lo comparte y lo votaríamos favorablemente si el grupo proponente quisiera separar esos
puntos. El ministro de Defensa sabe la teoría porque cada vez que viene a la Comisión y al Pleno insiste en que la política de defensa es una política de Estado y por tanto debe ser consensuada, pero le falta aprender la práctica y llevar a la
práctica ese conocimiento teórico que sabe. Confiamos en que quizá estos puntos de la moción podrían ayudarle en ese aprendizaje. Algunos de estos puntos incluso han quedado caducos por el descanso del verano, pero en cualquier caso incluso de
forma simbólica o de manera general para instar al ministerio a esa mayor transparencia y a que facilite mejor la información, estaríamos dispuestos a aprobarlos.
Hay un segundo grupo de medidas que afectan directamente al corazón de la política de defensa y de la estrategia de defensa española. Se trata no de recomendaciones, como en el primer grupo, sino de medidas concretas de lo más variopinto,
desde la suspensión del contrato para construir el escudo antimisiles hasta la retirada de todas las tropas españolas del exterior e incluso la salida del país de la
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.
Señorías, en todo lo relativo a la Directiva de Defensa Nacional, a la Visión 2025, constantemente nos enteramos de todo por la prensa, y resulta imprescindible -ya lo dijimos en la última sesión de la Comisión, allá por el mes de julio- que
esta Cámara pueda debatir acerca de todo esto antes de que sea aprobado por el Gobierno, pero parece reiterativo. Como estamos comentando, es algo que no puede volver a ocurrir, pero lo decimos y lo repetimos y reiteradamente se produce.
Por otra parte, tampoco se le escapa a nadie -en eso estamos de acuerdo con la moción del grupo proponente- que resulta imprescindible dimensionar el Ministerio de Defensa a todas las actividades que se vayan a realizar. En una situación de
crisis como en la que estamos, todos los países lo hacen, luego también el Estado español debe y necesita hacerlo. Hay que redefinir los objetivos concretos, las personas, los medios humanos necesarios y su formación; y en eso, permítame, nuestro
grupo no está de acuerdo. La capacitación y la formación de todas las personas, también en defensa, debe ser el máximo. Es evidente que también las infraestructuras hay que dimensionarlas y sobre todo en lo que se refiere a misiones exteriores
hemos visto, tal como comentaba el compañero del Grupo Socialista, que algunos aspectos que inicialmente se definen como imposibles de mover, como la retirada de tropas de Líbano, a los dos meses es posible realizarlo. Luego hay que sentarse y
analizar muy concretamente qué se hace con las misiones exteriores, cuál es el objetivo, cómo se colabora y, si es posible retirar las tropas antes de lo previsto inicialmente, hacerlo. ¿Por qué no?
Por otro lado, no estamos nada de acuerdo en lo que se refiere a compromisos internacionales. No vivimos en un mundo aislado, vivimos en un mundo totalmente globalizado y también en los aspectos de defensa. Creemos por tanto que resulta
totalmente fuera de lugar solicitar por ejemplo la retirada del Estado español de la OTAN. Por lo que se refiere a equipamientos y a compromisos de pago que existen -lo dijo el secretario de Estado-, hay una serie de compromisos a los que hay que
hacer frente. Hay temas de innovación e investigación, muchas empresas han trabajado en ello y existen unos compromisos de pago a los que hay que hacer frente. ¿Que habría que haberlo hecho de otra forma, trayendo a esta Cámara previamente cómo
hacerlo? Sin duda, habría que haberlo analizado aquí, pero de todas formas hay que cumplir con esos compromisos, y nuestro grupo siempre se ha mostrado a favor de que todo lo que invirtamos en I+D+i en defensa y en aspectos militares después
redunda en el mundo civil. Por tanto el gasto de I+D+i no es gasto, es una inversión que en defensa es muy importante.
Hay algunos aspectos de la moción con los que estamos plenamente de acuerdo pero no con otros, y depende de cómo se vote la moción -si por separado o no- será el sentido de nuestro voto en este caso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tapia.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, tenemos hoy esta moción que yo llamaría, moción río, del Grupo de La Izquierda Plural porque trata de arrastrarlo todo -ya lo han señalado algunos otros portavoces-, y se hace difícil debatir en profundidad sobre todos los aspectos
que aborda. Por tratar de ordenarlo, hemos encontrado tres grupos de propuestas claramente diferenciados a las que me voy a referir. En primer lugar, una serie de recomendaciones relativas a la transparencia, el acceso a la información, la mayor
interacción entre el ministro de Defensa y los grupos parlamentarios, la revitalización del debate parlamentario en los asuntos de defensa. Todo esto mi grupo lo comparte y lo votaríamos favorablemente si el grupo proponente quisiera separar esos
puntos. El ministro de Defensa sabe la teoría porque cada vez que viene a la Comisión y al Pleno insiste en que la política de defensa es una política de Estado y por tanto debe ser consensuada, pero le falta aprender la práctica y llevar a la
práctica ese conocimiento teórico que sabe. Confiamos en que quizá estos puntos de la moción podrían ayudarle en ese aprendizaje. Algunos de estos puntos incluso han quedado caducos por el descanso del verano, pero en cualquier caso incluso de
forma simbólica o de manera general para instar al ministerio a esa mayor transparencia y a que facilite mejor la información, estaríamos dispuestos a aprobarlos.
Hay un segundo grupo de medidas que afectan directamente al corazón de la política de defensa y de la estrategia de defensa española. Se trata no de recomendaciones, como en el primer grupo, sino de medidas concretas de lo más variopinto,
desde la suspensión del contrato para construir el escudo antimisiles hasta la retirada de todas las tropas españolas del exterior e incluso la salida del país de la
OTAN. Nosotros, si esto lo hubiera propuesto un astronauta que llevara veinte años viajando por el espacio, trataríamos de explicárselo pero creo que se hace incluso innecesario explicar la inutilidad, desde nuestro punto de vista, de estas
recomendaciones. Responden a una visión de España autárquica, aislacionista, pero sobre todo, porque podríamos discrepar de la visión que tenemos de España y de la defensa española, creemos que están fuera de la realidad. Solo serían posibles en
esa Balsa de piedra de Saramago, si se separara la península ibérica por un choque de placas tectónicas y nos quedáramos flotando en medio del océano, pero como es bastante improbable que eso ocurra no las compartimos ni por asomo.
Por último, y me parece que estas son las más importantes porque afectan directamente a la vida de las personas que trabajan en el ejército español, ustedes mencionan la suspensión de los cursos que realizan los oficiales en el extranjero
como si se quisiera reeditar a aquel cabo chusquero que no sabía de nada pero iba ascendiendo poco a poco por la mera estancia en el ejército, y hablan del recorte del personal del ejército sin expresar su oposición a él, cosa que me llama mucho la
atención porque ustedes se han opuesto a todos los recortes de personal de otros ministerios; ustedes dicen encabezar las protestas a los recortes del Gobierno cuando afecta a todos los trabajadores, salvo que sean soldados. Como no sé si obedece
a un principio de clientelismo político de la peor especie, prefiero no pensarlo, pero tanto el personal civil como el personal militar que trabaja en el ejército merece que su puesto de trabajo reciba mayor protección y consideración, y desde luego
mi grupo -ya lo hemos hecho en Comisión, pero también lo haremos todas las veces que sea necesario- va a defender esos puestos de trabajo como defendemos otros. Así que, señor Centella, le insisto en lo que le sugerí al principio. Si permitieran
ustedes la votación separada de los puntos 1 a 5, estaríamos en condiciones de apoyarlos; el resto, no.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Nuestro grupo parlamentario se muestra favorable a la primera parte de la moción, ya que somos partidarios de la parlamentarización de la política de defensa, siguiendo la mejor de las tradiciones parlamentarias.
Es fundamental que el Parlamento sea consultado y pueda tomar parte en la elaboración de la política de defensa en documentos tan importantes como aquellos referentes a la bonificación o la Visión 2025, que debe redefinir las capacidades de las
Fuerzas Armadas, así como la política de personal. Es importante también la aprobación de la Directiva de Defensa Nacional, aunque la de este año 2012 ya ha sido aprobada. De hecho, fue nuestro grupo parlamentario el que ha sido pionero en la
parlamentarización de la política de defensa, ya que es el que impulsó la aprobación por el Congreso del inicio y de la prórroga de las misiones de la Fuerzas Armadas en el extranjero, lo que significó un paso adelante en el protagonismo de la
Cámara legislativa.
En cuanto a la segunda parte de la moción, mostramos nuestra oposición frontal, ya que consideramos que los planteamientos como la retirada de las Fuerzas Armadas destacadas en el extranjero o la salida de la estructura de la OTAN responden
a planteamientos autárquicos y aislacionistas. En un contexto internacional como el actual lo que es necesario más que nunca es precisamente lo contrario: la colaboración con los organismos supranacionales aprovechando las capacidades de cada uno
de ellos; eso sí, actuando siempre bajo el paraguas de la legalidad internacional. Al igual que la anterior parlamentaria, si se votaran por separado los puntos 1 al 5, los apoyaríamos; los siguientes, no.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Solsona.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Centella, hemos estudiado con mucho detenimiento los diez puntos de su moción, no la enmienda de hoy por la mañana. Hubiéramos intentado encontrar un acuerdo, porque ya lo hemos repetido. Lo ha repetido el señor ministro, lo repite
nuestro grupo, y eso será siempre así: creemos que en materia de defensa es muy conveniente encontrar puntos de acuerdo, los máximos puntos de acuerdo. Sin embargo, hemos constatado, como sucedió con la interpelación, que esto es imposible, porque
nuestras discrepancias están en los fundamentos, son fundamentales. Por tanto, el acuerdo que seguimos diciendo que es deseable es imposible en este caso.
OTAN. Nosotros, si esto lo hubiera propuesto un astronauta que llevara veinte años viajando por el espacio, trataríamos de explicárselo pero creo que se hace incluso innecesario explicar la inutilidad, desde nuestro punto de vista, de estas
recomendaciones. Responden a una visión de España autárquica, aislacionista, pero sobre todo, porque podríamos discrepar de la visión que tenemos de España y de la defensa española, creemos que están fuera de la realidad. Solo serían posibles en
esa Balsa de piedra de Saramago, si se separara la península ibérica por un choque de placas tectónicas y nos quedáramos flotando en medio del océano, pero como es bastante improbable que eso ocurra no las compartimos ni por asomo.
Por último, y me parece que estas son las más importantes porque afectan directamente a la vida de las personas que trabajan en el ejército español, ustedes mencionan la suspensión de los cursos que realizan los oficiales en el extranjero
como si se quisiera reeditar a aquel cabo chusquero que no sabía de nada pero iba ascendiendo poco a poco por la mera estancia en el ejército, y hablan del recorte del personal del ejército sin expresar su oposición a él, cosa que me llama mucho la
atención porque ustedes se han opuesto a todos los recortes de personal de otros ministerios; ustedes dicen encabezar las protestas a los recortes del Gobierno cuando afecta a todos los trabajadores, salvo que sean soldados. Como no sé si obedece
a un principio de clientelismo político de la peor especie, prefiero no pensarlo, pero tanto el personal civil como el personal militar que trabaja en el ejército merece que su puesto de trabajo reciba mayor protección y consideración, y desde luego
mi grupo -ya lo hemos hecho en Comisión, pero también lo haremos todas las veces que sea necesario- va a defender esos puestos de trabajo como defendemos otros. Así que, señor Centella, le insisto en lo que le sugerí al principio. Si permitieran
ustedes la votación separada de los puntos 1 a 5, estaríamos en condiciones de apoyarlos; el resto, no.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Nuestro grupo parlamentario se muestra favorable a la primera parte de la moción, ya que somos partidarios de la parlamentarización de la política de defensa, siguiendo la mejor de las tradiciones parlamentarias.
Es fundamental que el Parlamento sea consultado y pueda tomar parte en la elaboración de la política de defensa en documentos tan importantes como aquellos referentes a la bonificación o la Visión 2025, que debe redefinir las capacidades de las
Fuerzas Armadas, así como la política de personal. Es importante también la aprobación de la Directiva de Defensa Nacional, aunque la de este año 2012 ya ha sido aprobada. De hecho, fue nuestro grupo parlamentario el que ha sido pionero en la
parlamentarización de la política de defensa, ya que es el que impulsó la aprobación por el Congreso del inicio y de la prórroga de las misiones de la Fuerzas Armadas en el extranjero, lo que significó un paso adelante en el protagonismo de la
Cámara legislativa.
En cuanto a la segunda parte de la moción, mostramos nuestra oposición frontal, ya que consideramos que los planteamientos como la retirada de las Fuerzas Armadas destacadas en el extranjero o la salida de la estructura de la OTAN responden
a planteamientos autárquicos y aislacionistas. En un contexto internacional como el actual lo que es necesario más que nunca es precisamente lo contrario: la colaboración con los organismos supranacionales aprovechando las capacidades de cada uno
de ellos; eso sí, actuando siempre bajo el paraguas de la legalidad internacional. Al igual que la anterior parlamentaria, si se votaran por separado los puntos 1 al 5, los apoyaríamos; los siguientes, no.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Solsona.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Centella, hemos estudiado con mucho detenimiento los diez puntos de su moción, no la enmienda de hoy por la mañana. Hubiéramos intentado encontrar un acuerdo, porque ya lo hemos repetido. Lo ha repetido el señor ministro, lo repite
nuestro grupo, y eso será siempre así: creemos que en materia de defensa es muy conveniente encontrar puntos de acuerdo, los máximos puntos de acuerdo. Sin embargo, hemos constatado, como sucedió con la interpelación, que esto es imposible, porque
nuestras discrepancias están en los fundamentos, son fundamentales. Por tanto, el acuerdo que seguimos diciendo que es deseable es imposible en este caso.
Haré yo también tres apartados diferentes. Primero, participación parlamentaria. El máximo de participación parlamentaria, el máximo de información parlamentaria, y el Gobierno lo está haciendo. Ahora bien, usted da una vuelta de tuerca y
quiere que esta participación parlamentaria y esta información se conviertan en vinculantes para el Gobierno. El Gobierno y nuestro grupo no podemos aceptar eso, es una dejación de responsabilidades. La política de defensa la hace el Gobierno, es
su obligación constitucional y no lo va a dejar de hacer. Segundo punto, capacidades de defensa. Usted nos pide al tiempo dos cosas, que abandonemos las alianzas, a los aliados y, al mismo tiempo, que abandonemos y desmantelemos nuestras propias
capacidades, que no paguemos ni siquiera las deudas, no ya que no hagamos inversiones nuevas. Nosotros -no lo vamos a repetir, o sí lo vamos a repetir, cuantas veces sea necesario- discrepamos de ustedes en el concepto de la Alianza Atlántica.
Para nosotros es la organización que ha garantizado las libertades y la seguridad de todos nosotros. No lo es para ustedes. Esto ha sido así durante más de sesenta años. Ahora bien, el abandono de los aliados y de las alianzas y el
desmantelamiento de las capacidades internas nos convierten en un país totalmente indefenso. En cuanto a las capacidades internas, esta enmienda y las propuestas que usted hace en los puntos de la moción, ¿las van ustedes a defender en Getafe?,
¿van a decir no a las inversiones en mi provincia, en Madrid, en Getafe?, ¿van ustedes a defender el no al buque de acción marítima en Cádiz, en Puerto Real?, ¿va a irse el señor Llamazares a Trubia a decir que no quiere ni siquiera que se paguen
las deudas? Vamos a ser serios.
Ahora bien, el punto que nos parece más grave es que ustedes hayan introducido en dos líneas, en dos líneas perdidas en una moción el final de las misiones en el exterior. Esto es de una frivolidad, señor Centella, inconcebible. En las
misiones en el exterior han muerto los soldados españoles, han muerto los soldados españoles. Dos líneas de esta moción, dos. Lo han hecho por defender la seguridad de todos, por cumplir con su deber, por su responsabilidad y la nuestra, por sus
compromisos y los nuestros (Aplausos), y usted despacha esto en dos líneas. Nuestros soldados en el exterior merecen y exigen nuestro apoyo al cumplimiento de sus misiones, necesitan nuestro apoyo a la seguridad en el ejercicio de sus misiones,
necesitan honor, reconocimiento y agradecimiento (Aplausos), y no las dos líneas que usted aquí ha presentado.
Por estas tres razones, que yo creo que son de peso, tenemos que votar que no, y lo lamentamos, señor Centella. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Aunque formalmente usted ya ha hablado antes de la enmienda -esta pregunta es solo para la enmienda, señor Centella-, ¿acepta usted la enmienda presentada?
El señor CENTELLA GÓMEZ: Sí, aceptamos la enmienda. Por tanto, se tiene que votar la moción en sus justos términos, con lo cual respondo a los grupos que han pedido que se vote por separado.
El señor PRESIDENTE: O sea, votación en sus términos.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Al aceptar la enmienda no se puede hacer de otra manera.
El señor PRESIDENTE: Perdone usted, señor Centella, porque no me he enterado bien. ¿Acepta usted la enmienda entonces?
El señor CENTELLA GÓMEZ: Le he dicho que aceptamos la enmienda y que, por lo tanto, no podemos aceptar la propuesta de que se vote por separado, porque, evidentemente, al aceptar una enmienda hay que votarla en sus justos términos.
El señor PRESIDENTE: Naturalmente. Aceptada. Muchas gracias.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, aceptamos la enmienda de nuestro grupo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, aceptan la autoenmienda que se han presentado.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Efectivamente.
El señor PRESIDENTE: Naturalmente, eso lo daba por hecho. Ahora bien, le pregunto, ¿no aceptan la enmienda socialista?
Haré yo también tres apartados diferentes. Primero, participación parlamentaria. El máximo de participación parlamentaria, el máximo de información parlamentaria, y el Gobierno lo está haciendo. Ahora bien, usted da una vuelta de tuerca y
quiere que esta participación parlamentaria y esta información se conviertan en vinculantes para el Gobierno. El Gobierno y nuestro grupo no podemos aceptar eso, es una dejación de responsabilidades. La política de defensa la hace el Gobierno, es
su obligación constitucional y no lo va a dejar de hacer. Segundo punto, capacidades de defensa. Usted nos pide al tiempo dos cosas, que abandonemos las alianzas, a los aliados y, al mismo tiempo, que abandonemos y desmantelemos nuestras propias
capacidades, que no paguemos ni siquiera las deudas, no ya que no hagamos inversiones nuevas. Nosotros -no lo vamos a repetir, o sí lo vamos a repetir, cuantas veces sea necesario- discrepamos de ustedes en el concepto de la Alianza Atlántica.
Para nosotros es la organización que ha garantizado las libertades y la seguridad de todos nosotros. No lo es para ustedes. Esto ha sido así durante más de sesenta años. Ahora bien, el abandono de los aliados y de las alianzas y el
desmantelamiento de las capacidades internas nos convierten en un país totalmente indefenso. En cuanto a las capacidades internas, esta enmienda y las propuestas que usted hace en los puntos de la moción, ¿las van ustedes a defender en Getafe?,
¿van a decir no a las inversiones en mi provincia, en Madrid, en Getafe?, ¿van ustedes a defender el no al buque de acción marítima en Cádiz, en Puerto Real?, ¿va a irse el señor Llamazares a Trubia a decir que no quiere ni siquiera que se paguen
las deudas? Vamos a ser serios.
Ahora bien, el punto que nos parece más grave es que ustedes hayan introducido en dos líneas, en dos líneas perdidas en una moción el final de las misiones en el exterior. Esto es de una frivolidad, señor Centella, inconcebible. En las
misiones en el exterior han muerto los soldados españoles, han muerto los soldados españoles. Dos líneas de esta moción, dos. Lo han hecho por defender la seguridad de todos, por cumplir con su deber, por su responsabilidad y la nuestra, por sus
compromisos y los nuestros (Aplausos), y usted despacha esto en dos líneas. Nuestros soldados en el exterior merecen y exigen nuestro apoyo al cumplimiento de sus misiones, necesitan nuestro apoyo a la seguridad en el ejercicio de sus misiones,
necesitan honor, reconocimiento y agradecimiento (Aplausos), y no las dos líneas que usted aquí ha presentado.
Por estas tres razones, que yo creo que son de peso, tenemos que votar que no, y lo lamentamos, señor Centella. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Aunque formalmente usted ya ha hablado antes de la enmienda -esta pregunta es solo para la enmienda, señor Centella-, ¿acepta usted la enmienda presentada?
El señor CENTELLA GÓMEZ: Sí, aceptamos la enmienda. Por tanto, se tiene que votar la moción en sus justos términos, con lo cual respondo a los grupos que han pedido que se vote por separado.
El señor PRESIDENTE: O sea, votación en sus términos.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Al aceptar la enmienda no se puede hacer de otra manera.
El señor PRESIDENTE: Perdone usted, señor Centella, porque no me he enterado bien. ¿Acepta usted la enmienda entonces?
El señor CENTELLA GÓMEZ: Le he dicho que aceptamos la enmienda y que, por lo tanto, no podemos aceptar la propuesta de que se vote por separado, porque, evidentemente, al aceptar una enmienda hay que votarla en sus justos términos.
El señor PRESIDENTE: Naturalmente. Aceptada. Muchas gracias.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, aceptamos la enmienda de nuestro grupo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, aceptan la autoenmienda que se han presentado.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Efectivamente.
El señor PRESIDENTE: Naturalmente, eso lo daba por hecho. Ahora bien, le pregunto, ¿no aceptan la enmienda socialista?
El señor CENTELLA GÓMEZ: No la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Esto es lo que me ha parecido entender, como decía. Votamos la moción en sus propios términos.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Con la enmienda que hemos aceptado.
El señor PRESIDENTE: Con la autoenmienda que ustedes han presentado.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Efectivamente.
Muchas gracias, presidente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA DE GRANIZO ACAECIDA EL PASADO 5 DE JULIO EN LAS COMARCAS DE LLEIDA. (Número
de expediente 173/000036).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la moción del Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia i Unió. Para su defensa tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Gracias, señor presidente.
Señorías, antes de empezar mi intervención quiero recordar que hoy es 11 de septiembre, Diada nacional de Cataluña, y esta tarde cerca de 2 millones de personas se han manifestado para conseguir un trato más justo para Cataluña. Por tanto,
se han manifestado para una ambición soberana sin límites.
En la intervención de la interpelación del mes de julio terminé mis palabras con lo siguiente: Nos podemos encontrar con que cuando se discuta la moción ya haya salido el decreto-ley. Por lo tanto -me dirigía al señor ministro-, tenga en
cuenta la lectura de estas propuestas que le hemos hecho y lanzado aquí para que se puedan incorporar en el real decreto-ley. Ojalá después la moción solo sea un puro trámite de reafirmación de la reivindicación del sector y de este grupo político.
Pues bien, el pasado viernes se publicó el real decreto-ley donde se recogían las medidas urgentes por el tema de los incendios. También quiero recordar que el día antes de la interpelación se aprobó una enmienda por unanimidad donde se
incorporaban también los daños por las tormentas de pedrisco y granizo de las Terres de Lleida del pasado 5 de julio. El verano ha sido muy duro, porque después de ese 5 de julio y después de la interpelación al ministro hemos tenido otros
episodios fuertes de tormentas el día 27 de julio y el día 5 agosto. En ese momento, en la interpelación, pedíamos lo siguiente al ministro: que se pusieran en marcha medidas contempladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se
regulaban las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o naturaleza catastrófica, y que se estableciera el procedimiento para su concesión; que se adoptaran medidas fiscales como podían ser la
adecuación de los módulos del IRPF para el ejercicio 2012 a la pérdida de la producción sufrida, o también el incremento de la cuantía de los gastos de difícil justificación en la estimación directa en el IRPF para el ejercicio 2012, permitir la
neutralidad fiscal, reducción de impuestos como el IBI, de bienes inmuebles de naturaleza rústica para las explotaciones agrarias ubicadas en las zonas afectadas, así como articular una bonificación en el pago de las cuotas de la Seguridad Social de
las empresas y trabajadores por cuenta propia afectadas, por un periodo de doce meses, y algunas medidas más.
Debemos decir que en ese momento el ministro se comprometió en temas de fiscalidad, pero no se atrevió a articular compromisos en temas como el IBI u otras medidas fiscales que no estaban claras en el momento de la interpelación. Hoy
podemos decir que el real decreto-ley del pasado viernes contempla todas o la gran mayoría de las medidas que se habían propuesto, incluso en algún término va un poco más allá. Por lo tanto, creemos que da respuesta, que nuestra moción se ve
satisfecha -entre comillas- con el real decreto-ley porque da respuesta al sector, un sector que lo está pasando mal y que este verano ha tenido muchos problemas. En consecuencia, debido a la consecución del real decreto-ley y pidiendo la
sensibilidad del Grupo Popular para que el jueves que viene se pueda votar o tramitar como proyecto de ley, en principio nosotros nos damos por satisfechos.
En cuanto a las diferentes enmiendas presentadas por los diferentes grupos, podríamos estar de acuerdo prácticamente con casi todas, porque lo que estamos haciendo es añadir los días en que han tenido lugar las siguientes o sucesivas
tormentas en las Terres de Lleida o incluir en el desglose diferentes
El señor CENTELLA GÓMEZ: No la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Esto es lo que me ha parecido entender, como decía. Votamos la moción en sus propios términos.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Con la enmienda que hemos aceptado.
El señor PRESIDENTE: Con la autoenmienda que ustedes han presentado.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Efectivamente.
Muchas gracias, presidente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA DE GRANIZO ACAECIDA EL PASADO 5 DE JULIO EN LAS COMARCAS DE LLEIDA. (Número
de expediente 173/000036).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la moción del Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia i Unió. Para su defensa tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Gracias, señor presidente.
Señorías, antes de empezar mi intervención quiero recordar que hoy es 11 de septiembre, Diada nacional de Cataluña, y esta tarde cerca de 2 millones de personas se han manifestado para conseguir un trato más justo para Cataluña. Por tanto,
se han manifestado para una ambición soberana sin límites.
En la intervención de la interpelación del mes de julio terminé mis palabras con lo siguiente: Nos podemos encontrar con que cuando se discuta la moción ya haya salido el decreto-ley. Por lo tanto -me dirigía al señor ministro-, tenga en
cuenta la lectura de estas propuestas que le hemos hecho y lanzado aquí para que se puedan incorporar en el real decreto-ley. Ojalá después la moción solo sea un puro trámite de reafirmación de la reivindicación del sector y de este grupo político.
Pues bien, el pasado viernes se publicó el real decreto-ley donde se recogían las medidas urgentes por el tema de los incendios. También quiero recordar que el día antes de la interpelación se aprobó una enmienda por unanimidad donde se
incorporaban también los daños por las tormentas de pedrisco y granizo de las Terres de Lleida del pasado 5 de julio. El verano ha sido muy duro, porque después de ese 5 de julio y después de la interpelación al ministro hemos tenido otros
episodios fuertes de tormentas el día 27 de julio y el día 5 agosto. En ese momento, en la interpelación, pedíamos lo siguiente al ministro: que se pusieran en marcha medidas contempladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se
regulaban las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o naturaleza catastrófica, y que se estableciera el procedimiento para su concesión; que se adoptaran medidas fiscales como podían ser la
adecuación de los módulos del IRPF para el ejercicio 2012 a la pérdida de la producción sufrida, o también el incremento de la cuantía de los gastos de difícil justificación en la estimación directa en el IRPF para el ejercicio 2012, permitir la
neutralidad fiscal, reducción de impuestos como el IBI, de bienes inmuebles de naturaleza rústica para las explotaciones agrarias ubicadas en las zonas afectadas, así como articular una bonificación en el pago de las cuotas de la Seguridad Social de
las empresas y trabajadores por cuenta propia afectadas, por un periodo de doce meses, y algunas medidas más.
Debemos decir que en ese momento el ministro se comprometió en temas de fiscalidad, pero no se atrevió a articular compromisos en temas como el IBI u otras medidas fiscales que no estaban claras en el momento de la interpelación. Hoy
podemos decir que el real decreto-ley del pasado viernes contempla todas o la gran mayoría de las medidas que se habían propuesto, incluso en algún término va un poco más allá. Por lo tanto, creemos que da respuesta, que nuestra moción se ve
satisfecha -entre comillas- con el real decreto-ley porque da respuesta al sector, un sector que lo está pasando mal y que este verano ha tenido muchos problemas. En consecuencia, debido a la consecución del real decreto-ley y pidiendo la
sensibilidad del Grupo Popular para que el jueves que viene se pueda votar o tramitar como proyecto de ley, en principio nosotros nos damos por satisfechos.
En cuanto a las diferentes enmiendas presentadas por los diferentes grupos, podríamos estar de acuerdo prácticamente con casi todas, porque lo que estamos haciendo es añadir los días en que han tenido lugar las siguientes o sucesivas
tormentas en las Terres de Lleida o incluir en el desglose diferentes
actuaciones. Entendemos que todas ellas se recogen también en la propuesta de nuestra autoenmienda y sobre todo en la enmienda del Grupo Popular que estamos dispuestos a aceptar. Esperamos que la moción se apruebe. Es un pequeño éxito en
este verano oscuro para el sector agrario de las Terres de Lleida.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Solsona.
Para la defensa de esas enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muy brevemente, señor presidente, intervengo para demostrar y expresar nuestra solidaridad con todos los afectados por lo que ha sucedido en Lérida. Nosotros habíamos presentado una enmienda, que queda
englobada de hecho en la que han presentado el Grupo Popular y Convergència i Unió. Lo que hacíamos era abarcar más supuestos, desde todos aquellos que se han visto afectados por los incendios durante este verano a aquellos agricultores
valencianos, por ejemplo, que hace poco se han visto afectados también por las lluvias -me refiero a los arroceros-. Por último, no quisiera dejar pasar la ocasión para congratularme de que Convergència i Unió acepta, utiliza y reconoce una
competencia, aunque solo sea para pedir recursos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señor presidente.
Me gustaría empezar diciendo que hoy querría estar en las calles de Barcelona con toda la gente que se está manifestando. Quiero trasladar a este Congreso, porque a estas horas podemos empezar a hacer balance, que se trata de una
manifestación y una movilización que es histórica, que es multitudinaria, con cerca de 2 millones de personas, una movilización que puede responder a múltiples interpretaciones, pero que es una movilización como respuesta también al mayor proceso de
recentralización de la democracia, al ahogo financiero, a los recortes sociales, a ese pensamiento único y a esa visión de España única que también tiene este Gobierno. Es una expresión de profundo malestar nacional y social, profundo malestar que
no puede ser tachado ni de líos de catalanes ni de plenitud nacional, sino como expresión de malestar ante la amputación de los derechos de los pueblos y de los ciudadanos a decidir frente a los mercados y frente al Estado, a decidir su propio
destino en el sentido más amplio. Les pido hoy, ante este éxito de movilización, que no hagan oídos sordos, que escuchen, aunque sea por un mínimo principio de democracia, porque esta ola de malestar les puede acabar pasando por encima.
Entro brevemente en el contenido de la moción. Votaremos a favor de esta moción, aunque venga superada por el decreto reciente del viernes, pero creemos que es importante que se vote en sus términos porque especifica la problemática de ese
territorio y de las granizadas que cayeron y entra un poco más en algún detalle. Realmente ha sido un verano trágico que ha dejado huella en nuestros bosques y en nuestros campos. La sequía, los incendios, las tormentas de granizo han tenido un
efecto demoledor para nuestras cosechas y especialmente para sus trabajadores en un momento en el que a las inclemencias climáticas, que se recrudecen cada año como consecuencia de los efectos del cambio climático, se añade la ya tan vulnerable
posición de nuestras explotaciones agrícolas, especialmente las pequeñas explotaciones. Es una extrema vulnerabilidad en una situación donde la renta agraria está en caída libre. Un ejemplo muy claro: en los últimos diez años en Cataluña la renta
agraria ha caído un 43 %. Estas inclemencias se unen a esta situación de vulnerabilidad; vulnerabilidad por un incremento de los costes de producción pero también por la posición de abuso de las grandes distribuidoras. A nuestro entender se debe
dar una respuesta rápida, en efecto, y por esto este decreto era urgente para dar respuesta a las consecuencias de ese granizo. Lo debe hacer el Estado -es verdad, como dice esta moción, que se debe completar el decreto del viernes-, pero también
lo debe hacer la Generalitat de Catalunya y esperemos que Convergència i Unió también lo defienda ante el Gobierno de Cataluña, especialmente para aquellos agricultores que quedan fuera del seguro agrario y que por tanto no quedan cubiertos con este
decreto.
Estamos de acuerdo con las medidas de reacción, pero también me gustaría hace una pequeña reflexión. Necesitamos sobre todo, viendo las lecciones de este verano, prevención y por lo tanto estaremos muy atentos desde nuestro grupo
parlamentario para que no se hable solo ex post, cuando ya ha pasado la tragedia en términos de incendios o de tormentas. Estaremos muy atentos cuando hablemos de los
actuaciones. Entendemos que todas ellas se recogen también en la propuesta de nuestra autoenmienda y sobre todo en la enmienda del Grupo Popular que estamos dispuestos a aceptar. Esperamos que la moción se apruebe. Es un pequeño éxito en
este verano oscuro para el sector agrario de las Terres de Lleida.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Solsona.
Para la defensa de esas enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muy brevemente, señor presidente, intervengo para demostrar y expresar nuestra solidaridad con todos los afectados por lo que ha sucedido en Lérida. Nosotros habíamos presentado una enmienda, que queda
englobada de hecho en la que han presentado el Grupo Popular y Convergència i Unió. Lo que hacíamos era abarcar más supuestos, desde todos aquellos que se han visto afectados por los incendios durante este verano a aquellos agricultores
valencianos, por ejemplo, que hace poco se han visto afectados también por las lluvias -me refiero a los arroceros-. Por último, no quisiera dejar pasar la ocasión para congratularme de que Convergència i Unió acepta, utiliza y reconoce una
competencia, aunque solo sea para pedir recursos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señor presidente.
Me gustaría empezar diciendo que hoy querría estar en las calles de Barcelona con toda la gente que se está manifestando. Quiero trasladar a este Congreso, porque a estas horas podemos empezar a hacer balance, que se trata de una
manifestación y una movilización que es histórica, que es multitudinaria, con cerca de 2 millones de personas, una movilización que puede responder a múltiples interpretaciones, pero que es una movilización como respuesta también al mayor proceso de
recentralización de la democracia, al ahogo financiero, a los recortes sociales, a ese pensamiento único y a esa visión de España única que también tiene este Gobierno. Es una expresión de profundo malestar nacional y social, profundo malestar que
no puede ser tachado ni de líos de catalanes ni de plenitud nacional, sino como expresión de malestar ante la amputación de los derechos de los pueblos y de los ciudadanos a decidir frente a los mercados y frente al Estado, a decidir su propio
destino en el sentido más amplio. Les pido hoy, ante este éxito de movilización, que no hagan oídos sordos, que escuchen, aunque sea por un mínimo principio de democracia, porque esta ola de malestar les puede acabar pasando por encima.
Entro brevemente en el contenido de la moción. Votaremos a favor de esta moción, aunque venga superada por el decreto reciente del viernes, pero creemos que es importante que se vote en sus términos porque especifica la problemática de ese
territorio y de las granizadas que cayeron y entra un poco más en algún detalle. Realmente ha sido un verano trágico que ha dejado huella en nuestros bosques y en nuestros campos. La sequía, los incendios, las tormentas de granizo han tenido un
efecto demoledor para nuestras cosechas y especialmente para sus trabajadores en un momento en el que a las inclemencias climáticas, que se recrudecen cada año como consecuencia de los efectos del cambio climático, se añade la ya tan vulnerable
posición de nuestras explotaciones agrícolas, especialmente las pequeñas explotaciones. Es una extrema vulnerabilidad en una situación donde la renta agraria está en caída libre. Un ejemplo muy claro: en los últimos diez años en Cataluña la renta
agraria ha caído un 43 %. Estas inclemencias se unen a esta situación de vulnerabilidad; vulnerabilidad por un incremento de los costes de producción pero también por la posición de abuso de las grandes distribuidoras. A nuestro entender se debe
dar una respuesta rápida, en efecto, y por esto este decreto era urgente para dar respuesta a las consecuencias de ese granizo. Lo debe hacer el Estado -es verdad, como dice esta moción, que se debe completar el decreto del viernes-, pero también
lo debe hacer la Generalitat de Catalunya y esperemos que Convergència i Unió también lo defienda ante el Gobierno de Cataluña, especialmente para aquellos agricultores que quedan fuera del seguro agrario y que por tanto no quedan cubiertos con este
decreto.
Estamos de acuerdo con las medidas de reacción, pero también me gustaría hace una pequeña reflexión. Necesitamos sobre todo, viendo las lecciones de este verano, prevención y por lo tanto estaremos muy atentos desde nuestro grupo
parlamentario para que no se hable solo ex post, cuando ya ha pasado la tragedia en términos de incendios o de tormentas. Estaremos muy atentos cuando hablemos de los
presupuestos -y durante todo el año- a cuál es la inversión en prevención o en desarrollo rural, que ha sido claramente recortada. Cuando hablamos de todo esto es cuando hablamos también de la defensa de los derechos de nuestros
agricultores y de la defensa de la renta agraria. Después de un verano tormentoso y cenizo pongamos parches, pero sobre todo pongamos las políticas que prevengan y que hagan que el verano siguiente no sea tan desastroso para nuestros campos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
Para la presentación de su enmienda por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, como ha dicho el señor Solsona, estamos debatiendo esta moción mucho tiempo después de que se hubiera hecho el debate de la interpelación, que tuvo lugar en una fecha tal como el 18 de julio. Eso ha tenido una ventaja, es
decir, en este momento podemos hablar de que se han incluido también en este debate posteriores tormentas, no solo la que dio origen a la interpelación del 5 de julio, sino que podemos incluir la del 27 de julio o la del 5 de agosto. Hemos tardado
tanto que le ha dado tiempo hasta a este Gobierno a hacer el real decreto-ley. Le ha dado tiempo al Gobierno a incluir en un decreto sobre incendios y pedriscos a todo el territorio, porque, efectivamente, si nos hubiéramos circunscrito al
territorio de Lleida, tendríamos que haber pensado también en las tormentas y haber incluido las que se produjeron en Aragón, en la zona de Huesca, porque, curiosamente, esto nos demuestra que las tormentas, como tantas cosas, no tienen fronteras.
Como hoy estamos tratando de este tema, yo le tengo que decir al señor Solsona que aquí hemos presentado enmiendas todos los grupos. Curiosamente, no ha aceptado ni la suya ni la de ningún grupo, solo la del Grupo Popular. Me parece bien
que no haya aceptado su autoenmienda, porque me parecía tan empalagosa, tan obsequiosa con el Partido Popular que me parece bien que no conste en el 'Diario de Sesiones', que no conste en ningún boletín de las Cortes que este Congreso celebra la
celeridad del Gobierno. ¿Pero qué celeridad es esta, ante una tormenta del 5 de julio, con un decreto del 7 de septiembre? ¿Qué celeridad es esta cuando todo el verano hemos tenido incendios, hemos tenido pedriscos y no hemos visto nunca, ni una
vez, al señor ministro de Agricultura, que debía estar siguiendo las tormentas desde el sofá de su casa o desde alguna barrera de alguna plaza de toros? (Aplausos). Celeridad tuvo este Congreso cuando el 17 de julio incluyó en una proposición no
de ley una cosa importante, un dato que debería ser nuestro mínimo exigible, nada por debajo de lo que la Ley 2/2010 exige que deben tener todos los afectados por pedriscos o por cualquier incidencia de este tipo. Allí sí fuimos rápidos, igual que
lo fuimos cuando dimos origen a esta ley. En el año 2009 -fue el origen- hubo una tormenta en Alcarràs, muy cerca de Lleida, y allí los altos cargos del ministerio de aquel momento y de la Generalitat de aquel momento al día siguiente estaban en el
territorio. Antes de los quince días se había publicado el real decreto-ley y un año después se publicó una ley que traía causa de ese real decreto-ley.
Estamos tan acostumbrados a los pactos PP y CiU que si no lo estuviéramos yo hoy me escandalizaría, pero, señor Solsona, no me escandalizo, estoy resignada, es lo habitual y es lo que hacen. Pero, fíjese bien, usted le va a aceptar la
enmienda al Partido Popular, su socio habitual en Cataluña y aquí, pero yo le digo, señor Solsona, que no habrá valido la pena si usted no consigue que el Partido Popular se avenga a que cuando discutamos el real decreto-ley la próxima semana, que
se convalidará sin ninguna duda, se tramite como proyecto de ley. Porque tenemos que ver bien ese decreto, tenemos que ver bien qué contiene el mismo, porque si una vez más no les damos salida -comparto alguna de las cosas que ha dicho la señora
Ortiz-, a muchos de los afectados les habremos vuelto a fallar, y por eso tenemos que hacer unas enmiendas que vayan a cubrir todos los flancos que estén comprendidos. Como me va a suceder en la tribuna el diputado del Grupo Popular, me gustaría
que existiera este compromiso.
Ha empezado usted por donde yo voy a acabar. Ha dicho usted que hoy estábamos votando aquí, estábamos trabajando aquí, siendo el día 11 de septiembre. Pues hoy 11 de septiembre, en este acuerdo, teniendo en cuenta la redacción de su
autoenmienda, nosotros vamos a votar, porque nos parece un mínimo a votar, pero quiero que quede claro en el 'Diario de Sesiones' que hoy, 11 de septiembre, al Partido Popular el incienso se lo pone Convergència i Unió.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cunillera.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Llorens.
presupuestos -y durante todo el año- a cuál es la inversión en prevención o en desarrollo rural, que ha sido claramente recortada. Cuando hablamos de todo esto es cuando hablamos también de la defensa de los derechos de nuestros
agricultores y de la defensa de la renta agraria. Después de un verano tormentoso y cenizo pongamos parches, pero sobre todo pongamos las políticas que prevengan y que hagan que el verano siguiente no sea tan desastroso para nuestros campos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
Para la presentación de su enmienda por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, como ha dicho el señor Solsona, estamos debatiendo esta moción mucho tiempo después de que se hubiera hecho el debate de la interpelación, que tuvo lugar en una fecha tal como el 18 de julio. Eso ha tenido una ventaja, es
decir, en este momento podemos hablar de que se han incluido también en este debate posteriores tormentas, no solo la que dio origen a la interpelación del 5 de julio, sino que podemos incluir la del 27 de julio o la del 5 de agosto. Hemos tardado
tanto que le ha dado tiempo hasta a este Gobierno a hacer el real decreto-ley. Le ha dado tiempo al Gobierno a incluir en un decreto sobre incendios y pedriscos a todo el territorio, porque, efectivamente, si nos hubiéramos circunscrito al
territorio de Lleida, tendríamos que haber pensado también en las tormentas y haber incluido las que se produjeron en Aragón, en la zona de Huesca, porque, curiosamente, esto nos demuestra que las tormentas, como tantas cosas, no tienen fronteras.
Como hoy estamos tratando de este tema, yo le tengo que decir al señor Solsona que aquí hemos presentado enmiendas todos los grupos. Curiosamente, no ha aceptado ni la suya ni la de ningún grupo, solo la del Grupo Popular. Me parece bien
que no haya aceptado su autoenmienda, porque me parecía tan empalagosa, tan obsequiosa con el Partido Popular que me parece bien que no conste en el 'Diario de Sesiones', que no conste en ningún boletín de las Cortes que este Congreso celebra la
celeridad del Gobierno. ¿Pero qué celeridad es esta, ante una tormenta del 5 de julio, con un decreto del 7 de septiembre? ¿Qué celeridad es esta cuando todo el verano hemos tenido incendios, hemos tenido pedriscos y no hemos visto nunca, ni una
vez, al señor ministro de Agricultura, que debía estar siguiendo las tormentas desde el sofá de su casa o desde alguna barrera de alguna plaza de toros? (Aplausos). Celeridad tuvo este Congreso cuando el 17 de julio incluyó en una proposición no
de ley una cosa importante, un dato que debería ser nuestro mínimo exigible, nada por debajo de lo que la Ley 2/2010 exige que deben tener todos los afectados por pedriscos o por cualquier incidencia de este tipo. Allí sí fuimos rápidos, igual que
lo fuimos cuando dimos origen a esta ley. En el año 2009 -fue el origen- hubo una tormenta en Alcarràs, muy cerca de Lleida, y allí los altos cargos del ministerio de aquel momento y de la Generalitat de aquel momento al día siguiente estaban en el
territorio. Antes de los quince días se había publicado el real decreto-ley y un año después se publicó una ley que traía causa de ese real decreto-ley.
Estamos tan acostumbrados a los pactos PP y CiU que si no lo estuviéramos yo hoy me escandalizaría, pero, señor Solsona, no me escandalizo, estoy resignada, es lo habitual y es lo que hacen. Pero, fíjese bien, usted le va a aceptar la
enmienda al Partido Popular, su socio habitual en Cataluña y aquí, pero yo le digo, señor Solsona, que no habrá valido la pena si usted no consigue que el Partido Popular se avenga a que cuando discutamos el real decreto-ley la próxima semana, que
se convalidará sin ninguna duda, se tramite como proyecto de ley. Porque tenemos que ver bien ese decreto, tenemos que ver bien qué contiene el mismo, porque si una vez más no les damos salida -comparto alguna de las cosas que ha dicho la señora
Ortiz-, a muchos de los afectados les habremos vuelto a fallar, y por eso tenemos que hacer unas enmiendas que vayan a cubrir todos los flancos que estén comprendidos. Como me va a suceder en la tribuna el diputado del Grupo Popular, me gustaría
que existiera este compromiso.
Ha empezado usted por donde yo voy a acabar. Ha dicho usted que hoy estábamos votando aquí, estábamos trabajando aquí, siendo el día 11 de septiembre. Pues hoy 11 de septiembre, en este acuerdo, teniendo en cuenta la redacción de su
autoenmienda, nosotros vamos a votar, porque nos parece un mínimo a votar, pero quiero que quede claro en el 'Diario de Sesiones' que hoy, 11 de septiembre, al Partido Popular el incienso se lo pone Convergència i Unió.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cunillera.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, yo lo lamento mucho, señora Cunillera, porque el incienso hoy no se lo van a poner al Partido Popular los señores de Convergència i Unió, se lo van a poner los agricultores y los payeses de Lleida y todos los
damnificados por los incendios forestales y por todas las catástrofes naturales que han ocurrido desde que el pasado 5 de julio, tuvimos la desgracia de esta tormenta de granizo que ocurrió en Lleida y todas las que han ido ocurriendo después que se
recogen en el decreto, incluso la que usted planteaba en su enmienda, y hasta el 1 de noviembre.
Está clarísimo que usted no se ha leído el real decreto-ley que el pasado 7 de julio presentó el Gobierno en Consejo de Ministros. No se lo ha leído, porque usted lo que viene aquí es a hacer demagogia, a construir esa barrera, que es la
nueva estrategia, y lo que le importa menos son los intereses de los afectados; eso a ustedes no les importa nada. Nosotros desde el Gobierno -yo como representante del Grupo del Partido Popular- hemos sido capaces de llegar a un acuerdo con el
portavoz de Convergència i Unió porque en determinados momentos somos capaces de poner por delante los intereses de los agricultores y de los damnificados catalanes, y en este caso de Lleida, por encima de las diferencias de partido.
Todos los grupos han estado hablando de millones -no sé cómo los miden- de catalanes que han estado, unos, pidiendo la soberanía, otros la independencia, unos más o menos camuflados, de unos la mitad van, la otra mitad no van. Mire,
nosotros estamos aquí porque venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde que empezó la democracia, que nos sentimos muy catalanes y muy españoles y que el único partido que en Cataluña está defendiendo la Constitución y que está defendiendo que
no es incompatible sentirse catalán y de España es el Partido Popular, al que me honro pertenecer en esta tribuna. (Aplausos). Ustedes, señores socialistas, tendrán que aclarar algunas diferencias. Y eso es lo que nos permite hoy tener la
representación de esos millones de catalanes que no se han manifestado porque quieren seguir en España, porque quieren seguir en Europa, porque hasta el lema de la manifestación es una gran mentira, porque si salimos de España, salimos de Europa.
(Aplausos). Estamos aquí porque compartimos la defensa de unos intereses comunes, porque no creemos en una Cataluña excluyente, porque creemos en una Cataluña de todos. Y no se llamen ustedes a engaño: la representación de lo que opinan los
catalanes está en las urnas, y en las urnas hay un partido que pide la independencia para Cataluña y otros que no la piden, y el resultado de esa diferencia es hoy por hoy, más allá de unas encuestas más o menos manipuladas, 80 a 20 para los que
queremos seguir en Cataluña, en España y en Europa. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, después de esta excursión ideológica, ahora debe usted ir a la moción.
El señor LLORENS TORRES: Señor presidente, con todos los respetos, me siento obligado porque aquí todo el mundo ha empezado por el 11 de septiembre. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Pero yo creo que ya lo ha hecho, ahora céntrese en el turno de la moción.
El señor LLORENS TORRES: Es verdad, señor presidente, tiene razón.
Lo estábamos comentando, señor Solsona. Cuando hemos llegado a ese acuerdo, cuando atendimos a las asambleas de las organizaciones profesionales agrarias después de visitar la zona afectada y usted dijo en la moción que presentó que
esperaba que muchas de sus propuestas estuvieran recogidas en un decreto-ley, su premonición se ha cumplido y por eso le he convencido, porque usted como yo estaba preocupado por la defensa de los intereses de los afectados. Y le he podido
convencer porque le he dicho que el decreto-ley iba más allá, seguro que con su colaboración, que fue una iniciativa, de lo que planteaba la moción, porque no solo se propone la reducción de los módulos, se propone la exención del IBI, que va a
compensar luego el Estado en los Presupuestos Generales. Es decir, usted como alcalde de una población muy afectada, que es Mollerussa, va a poder poner en marcha sin merma de ingresos esta iniciativa y otras muchas que están contempladas, como es
la indemnización de las instalaciones, de la red viaria, de las instalaciones de riego, de todo lo que nos estaban pidiendo los agricultores afectados. Por eso hemos llegado a un acuerdo y a mí no me duelen prendas en decirle que su iniciativa ha
servido para que yo siguiera trabajando desde el primer momento y para que siguiera influyendo tanto como usted -tanto como usted- en que se alumbrara este decreto-ley, que va más allá de lo que pedían ustedes, y
El señor LLORENS TORRES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, yo lo lamento mucho, señora Cunillera, porque el incienso hoy no se lo van a poner al Partido Popular los señores de Convergència i Unió, se lo van a poner los agricultores y los payeses de Lleida y todos los
damnificados por los incendios forestales y por todas las catástrofes naturales que han ocurrido desde que el pasado 5 de julio, tuvimos la desgracia de esta tormenta de granizo que ocurrió en Lleida y todas las que han ido ocurriendo después que se
recogen en el decreto, incluso la que usted planteaba en su enmienda, y hasta el 1 de noviembre.
Está clarísimo que usted no se ha leído el real decreto-ley que el pasado 7 de julio presentó el Gobierno en Consejo de Ministros. No se lo ha leído, porque usted lo que viene aquí es a hacer demagogia, a construir esa barrera, que es la
nueva estrategia, y lo que le importa menos son los intereses de los afectados; eso a ustedes no les importa nada. Nosotros desde el Gobierno -yo como representante del Grupo del Partido Popular- hemos sido capaces de llegar a un acuerdo con el
portavoz de Convergència i Unió porque en determinados momentos somos capaces de poner por delante los intereses de los agricultores y de los damnificados catalanes, y en este caso de Lleida, por encima de las diferencias de partido.
Todos los grupos han estado hablando de millones -no sé cómo los miden- de catalanes que han estado, unos, pidiendo la soberanía, otros la independencia, unos más o menos camuflados, de unos la mitad van, la otra mitad no van. Mire,
nosotros estamos aquí porque venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde que empezó la democracia, que nos sentimos muy catalanes y muy españoles y que el único partido que en Cataluña está defendiendo la Constitución y que está defendiendo que
no es incompatible sentirse catalán y de España es el Partido Popular, al que me honro pertenecer en esta tribuna. (Aplausos). Ustedes, señores socialistas, tendrán que aclarar algunas diferencias. Y eso es lo que nos permite hoy tener la
representación de esos millones de catalanes que no se han manifestado porque quieren seguir en España, porque quieren seguir en Europa, porque hasta el lema de la manifestación es una gran mentira, porque si salimos de España, salimos de Europa.
(Aplausos). Estamos aquí porque compartimos la defensa de unos intereses comunes, porque no creemos en una Cataluña excluyente, porque creemos en una Cataluña de todos. Y no se llamen ustedes a engaño: la representación de lo que opinan los
catalanes está en las urnas, y en las urnas hay un partido que pide la independencia para Cataluña y otros que no la piden, y el resultado de esa diferencia es hoy por hoy, más allá de unas encuestas más o menos manipuladas, 80 a 20 para los que
queremos seguir en Cataluña, en España y en Europa. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, después de esta excursión ideológica, ahora debe usted ir a la moción.
El señor LLORENS TORRES: Señor presidente, con todos los respetos, me siento obligado porque aquí todo el mundo ha empezado por el 11 de septiembre. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Pero yo creo que ya lo ha hecho, ahora céntrese en el turno de la moción.
El señor LLORENS TORRES: Es verdad, señor presidente, tiene razón.
Lo estábamos comentando, señor Solsona. Cuando hemos llegado a ese acuerdo, cuando atendimos a las asambleas de las organizaciones profesionales agrarias después de visitar la zona afectada y usted dijo en la moción que presentó que
esperaba que muchas de sus propuestas estuvieran recogidas en un decreto-ley, su premonición se ha cumplido y por eso le he convencido, porque usted como yo estaba preocupado por la defensa de los intereses de los afectados. Y le he podido
convencer porque le he dicho que el decreto-ley iba más allá, seguro que con su colaboración, que fue una iniciativa, de lo que planteaba la moción, porque no solo se propone la reducción de los módulos, se propone la exención del IBI, que va a
compensar luego el Estado en los Presupuestos Generales. Es decir, usted como alcalde de una población muy afectada, que es Mollerussa, va a poder poner en marcha sin merma de ingresos esta iniciativa y otras muchas que están contempladas, como es
la indemnización de las instalaciones, de la red viaria, de las instalaciones de riego, de todo lo que nos estaban pidiendo los agricultores afectados. Por eso hemos llegado a un acuerdo y a mí no me duelen prendas en decirle que su iniciativa ha
servido para que yo siguiera trabajando desde el primer momento y para que siguiera influyendo tanto como usted -tanto como usted- en que se alumbrara este decreto-ley, que va más allá de lo que pedían ustedes, y
por eso en este momento estamos poniendo los intereses de los payeses de Lleida por encima de todos los demás.
Quiero decir aquí, como no puede ser de otra manera y creo que todos lo deberíamos reconocer, que la previsión del titular del departamento, que ha destinado 252 millones de euros a Enesa para subvencionar las primas a los posibles afectados
de los granizos, ha permitido que la mayoría de los afectados que son titulares de explotaciones frutícolas hayan cobrado los correspondientes seguros, que tendrán un efecto de neutralidad fiscal, tal como ustedes piden, y ha permitido que esos
agricultores en estos momentos perciban un mensaje de esperanza. Así ha sido, señor Solsona, y, más allá de algunas diferencias que probablemente seguiremos manteniendo, yo creo que en estos momentos es obligado decir, después de los recortes
presupuestarios a los que nos ha obligado la pésima herencia de los que nos han gobernado aquí y en Cataluña,... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor LLORENS TORRES: ...que ahora podemos disfrutar de unas posibilidades que nos permiten atender a los más necesitados. Por lo tanto, creo que más allá de los que van y de los que no van, hoy, a los que estamos aquí y apoyamos esa
enmienda transaccional que yo le agradezco mucho que haya compartido, porque va más allá de todas las que presentan los demás grupos, y que la haya apoyado, es lo que nos da legitimidad ante tanta gente que lo pasa tan mal y que después de la
intervención de la señora Cunillera piensa que los políticos solo nos dedicamos a defender los intereses de nuestro partido.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llorens.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Desde Compromís-Equo vamos a votar a favor de la moción que ha presentado el señor Solsona, de Convergència, pero queremos hacer una salvedad. En el real decreto que se aprobó este viernes solo se habla de dos supuestos: los incendios y
las tormentas, y entendemos que hay un gran olvido del País Valenciano. Compromís-Equo ya presentó el pasado mes de febrero una PNL para que se tuvieran en cuenta las heladas que hubo en el campo valenciano en febrero de este año y que afectaron a
70.000 hectáreas, principalmente de cítricos, de frutales y de hortalizas. La única ayuda que se ha dado a estos agricultores valencianos ha sido bonificar los préstamos para pedir ayudas, es decir, hacer que los agricultores valencianos se
endeuden mucho más. Por tanto, entendemos que nuevamente el sector agrario valenciano ha sido el gran olvidado y lo que pedimos desde aquí es que el Gobierno corrija el error y amplíe los supuestos para que los agricultores valencianos que
sufrieron pérdidas por las heladas del mes de febrero sean también beneficiarios de estas ayudas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGUI: Gracias, señor presidente.
Tal como ha dicho el señor Solsona, su moción quizá se ha visto un poco superada por este real decreto, pero en cualquier caso quiero anunciar nuestro voto favorable a la moción que han presentado y transaccionado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tapia.
Señor Solsona, aunque ya parece que está claro en el debate, hay una enmienda transaccional, que se me ha entregado, y que es la que someteremos a votación. ¿Está usted de acuerdo? (Asentimiento).
Muchas gracias, señor Solsona.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS NUEVAS MEDIDAS DE AJUSTE QUE TIENE INTENCIÓN DE ADOPTAR EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000037).
El señor PRESIDENTE: Ultima moción, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.
por eso en este momento estamos poniendo los intereses de los payeses de Lleida por encima de todos los demás.
Quiero decir aquí, como no puede ser de otra manera y creo que todos lo deberíamos reconocer, que la previsión del titular del departamento, que ha destinado 252 millones de euros a Enesa para subvencionar las primas a los posibles afectados
de los granizos, ha permitido que la mayoría de los afectados que son titulares de explotaciones frutícolas hayan cobrado los correspondientes seguros, que tendrán un efecto de neutralidad fiscal, tal como ustedes piden, y ha permitido que esos
agricultores en estos momentos perciban un mensaje de esperanza. Así ha sido, señor Solsona, y, más allá de algunas diferencias que probablemente seguiremos manteniendo, yo creo que en estos momentos es obligado decir, después de los recortes
presupuestarios a los que nos ha obligado la pésima herencia de los que nos han gobernado aquí y en Cataluña,... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor LLORENS TORRES: ...que ahora podemos disfrutar de unas posibilidades que nos permiten atender a los más necesitados. Por lo tanto, creo que más allá de los que van y de los que no van, hoy, a los que estamos aquí y apoyamos esa
enmienda transaccional que yo le agradezco mucho que haya compartido, porque va más allá de todas las que presentan los demás grupos, y que la haya apoyado, es lo que nos da legitimidad ante tanta gente que lo pasa tan mal y que después de la
intervención de la señora Cunillera piensa que los políticos solo nos dedicamos a defender los intereses de nuestro partido.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llorens.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Desde Compromís-Equo vamos a votar a favor de la moción que ha presentado el señor Solsona, de Convergència, pero queremos hacer una salvedad. En el real decreto que se aprobó este viernes solo se habla de dos supuestos: los incendios y
las tormentas, y entendemos que hay un gran olvido del País Valenciano. Compromís-Equo ya presentó el pasado mes de febrero una PNL para que se tuvieran en cuenta las heladas que hubo en el campo valenciano en febrero de este año y que afectaron a
70.000 hectáreas, principalmente de cítricos, de frutales y de hortalizas. La única ayuda que se ha dado a estos agricultores valencianos ha sido bonificar los préstamos para pedir ayudas, es decir, hacer que los agricultores valencianos se
endeuden mucho más. Por tanto, entendemos que nuevamente el sector agrario valenciano ha sido el gran olvidado y lo que pedimos desde aquí es que el Gobierno corrija el error y amplíe los supuestos para que los agricultores valencianos que
sufrieron pérdidas por las heladas del mes de febrero sean también beneficiarios de estas ayudas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGUI: Gracias, señor presidente.
Tal como ha dicho el señor Solsona, su moción quizá se ha visto un poco superada por este real decreto, pero en cualquier caso quiero anunciar nuestro voto favorable a la moción que han presentado y transaccionado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tapia.
Señor Solsona, aunque ya parece que está claro en el debate, hay una enmienda transaccional, que se me ha entregado, y que es la que someteremos a votación. ¿Está usted de acuerdo? (Asentimiento).
Muchas gracias, señor Solsona.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS NUEVAS MEDIDAS DE AJUSTE QUE TIENE INTENCIÓN DE ADOPTAR EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000037).
El señor PRESIDENTE: Ultima moción, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el 18 de julio pasado, mi grupo, a través del señor Gómez, interpeló al ministro de Hacienda, señor Montoro, sobre las nuevas medidas de ajuste aprobadas una vez más por esa vía que tiene por costumbre este Gobierno, mediante real
decreto-ley, en este caso el 20/2012. Intervengo hoy para defender la moción consecuencia de aquella interpelación, en la que tengo que decir que el señor Montoro no entró en la materia. Eso sí -lo digo porque también se volverá a sacar aquí-,
hizo alusión a la herencia recibida y, por ello, literalmente, dijo: El Gobierno está haciendo lo que hay que hacer. Así, como dogma de fe, el señor Montoro nos dice qué es lo que hay que hacer. Y no. No sé si recuerdan aquel anuncio de que las
pastas Gallo no se compran porque sí. No, no, se compran por alguna razón y las medidas se toman por alguna razón. Por eso el señor Montoro tiene que responder, porque cuando se le piden explicaciones el Gobierno tiene la obligación democrática de
explicar, de decirle a la sociedad en esta Cámara a quién está protegiendo con sus medidas y a quién está perjudicando y por qué, porque esto es pura ideología. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Llegaron ustedes al Gobierno porque le dijeron a los ciudadanos que crearían empleo, que la confianza calmaría los mercados, que la economía comenzaría a crecer nada más que el señor Rajoy chasqueara los dedos, y resulta que muchos
ciudadanos creyeron en el milagro y le entregaron mayoría absoluta al Gobierno porque les estaban prometiendo que todo iba a mejorar y les votaron para que hicieran aquello que llevaban en su programa. Ahora mantienen ustedes la mayoría absoluta,
espero que hasta las próximas elecciones, pero no la confianza de todos aquellos que le votaron que se sienten ahora engañados. La mayoría de aquellos que les votaron para eso preferirían ahora estar en la situación de aquella herencia, porque
habría 400.000 personas menos paradas, porque la prima de riesgo sería mucho más baja -el otro día al señor Rajoy le parecían aceptables 420 puntos y antes con más de 300 se iba a caer el mundo-, porque los despidos no se harían a precio de saldo,
porque las becas no habrían bajado, porque las personas dependientes seguirían disfrutando de sus derechos, porque no estaría quebrada la universalización de la sanidad. Todo esto, a lo que ustedes llaman reformas, no son más que recortes, recortes
y recortes, pero siempre caen en el mismo sitio. Todavía no les ha tocado a los que más tienen, a las grandes fortunas, a los grandes beneficios. Ideología, pura ideología.
Los ciudadanos no pueden entender que se recorten prestaciones por desempleo y a la vez se les perdonen los impuestos a los defraudadores, a los que tienen grandes capitales en paraísos fiscales. Ni por esas vienen los capitales a España,
ni por esas afloran; muy al contrario desde que gobiernan. En los seis primeros meses de este año salieron de España casi 220.000 millones de euros y eso, señores del PP, no es herencia; eso es desconfianza galopante de la gestión que está
realizando el PP en esta crisis. Los ciudadanos no pueden entender que se inyecten miles de millones a la banca, que ha gestionado mal además, y les permitan quedarse con todo el dinero que le han estafado a miles de pequeños ahorradores que
ahorraron metiendo su dinero en participaciones preferentes. Esto tampoco es herencia. Esto es mirar para otro lado porque el problema lo tienen, en la mayoría de los casos, pensionistas, desempleados y no los más ricos.
El Gobierno tiene que rectificar sus políticas porque ya no las comparten ni muchos de sus militantes, como estamos observando. No pueden estar toda la legislatura hablando de herencia y no poner los medios para que nuestra economía tenga
alguna oportunidad de despegar. Convénzase de que son los recortes tan drásticos que están haciendo los que han empeorado la situación. Ayer decía el señor Rajoy que la culpa de todo -así lo decía- había sido el déficit excesivo. Y como sé que
también la señora Madrazo me va a contestar, como ustedes saben, ese exceso de déficit eran 30.000 millones de euros; una barbaridad. Pero, de esos, 26.000 eran de las comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por el PP. Las que más
mintieron en el déficit fueron Madrid y Valencia, y eso, como toda la culpa la tuvo el déficit excesivo, me lleva a pensar que el desastre económico ustedes lo empezaron antes de empezar a gobernar.
El Gobierno socialista pidió un esfuerzo a los ciudadanos en 2010 para evitar el rescate de nuestro país, porque nunca el rescate es bueno. Un año y medio después llegaron ustedes al Gobierno y no se hablaba de rescate, no entraba en la
preocupación ni de las autoridades europeas ni de los ciudadanos. No, llegaron al Gobierno sin que esa fuera una preocupación, pero a los ocho meses de Gobierno el rescate ya es un hecho, se da por seguro, y todavía el señor Rajoy dice, cuando le
preguntan por el rescate: Haré lo que tenga que hacer, lo que convenga a los intereses generales de los españoles. ¿Pero de qué españoles? ¿A los intereses de qué españoles? Ideología otra vez. Lo tienen que decir aquí en la Cámara. No se
vayan a debatir otra vez las condiciones de ese rescate en el Bundestag antes que en esta
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el 18 de julio pasado, mi grupo, a través del señor Gómez, interpeló al ministro de Hacienda, señor Montoro, sobre las nuevas medidas de ajuste aprobadas una vez más por esa vía que tiene por costumbre este Gobierno, mediante real
decreto-ley, en este caso el 20/2012. Intervengo hoy para defender la moción consecuencia de aquella interpelación, en la que tengo que decir que el señor Montoro no entró en la materia. Eso sí -lo digo porque también se volverá a sacar aquí-,
hizo alusión a la herencia recibida y, por ello, literalmente, dijo: El Gobierno está haciendo lo que hay que hacer. Así, como dogma de fe, el señor Montoro nos dice qué es lo que hay que hacer. Y no. No sé si recuerdan aquel anuncio de que las
pastas Gallo no se compran porque sí. No, no, se compran por alguna razón y las medidas se toman por alguna razón. Por eso el señor Montoro tiene que responder, porque cuando se le piden explicaciones el Gobierno tiene la obligación democrática de
explicar, de decirle a la sociedad en esta Cámara a quién está protegiendo con sus medidas y a quién está perjudicando y por qué, porque esto es pura ideología. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Llegaron ustedes al Gobierno porque le dijeron a los ciudadanos que crearían empleo, que la confianza calmaría los mercados, que la economía comenzaría a crecer nada más que el señor Rajoy chasqueara los dedos, y resulta que muchos
ciudadanos creyeron en el milagro y le entregaron mayoría absoluta al Gobierno porque les estaban prometiendo que todo iba a mejorar y les votaron para que hicieran aquello que llevaban en su programa. Ahora mantienen ustedes la mayoría absoluta,
espero que hasta las próximas elecciones, pero no la confianza de todos aquellos que le votaron que se sienten ahora engañados. La mayoría de aquellos que les votaron para eso preferirían ahora estar en la situación de aquella herencia, porque
habría 400.000 personas menos paradas, porque la prima de riesgo sería mucho más baja -el otro día al señor Rajoy le parecían aceptables 420 puntos y antes con más de 300 se iba a caer el mundo-, porque los despidos no se harían a precio de saldo,
porque las becas no habrían bajado, porque las personas dependientes seguirían disfrutando de sus derechos, porque no estaría quebrada la universalización de la sanidad. Todo esto, a lo que ustedes llaman reformas, no son más que recortes, recortes
y recortes, pero siempre caen en el mismo sitio. Todavía no les ha tocado a los que más tienen, a las grandes fortunas, a los grandes beneficios. Ideología, pura ideología.
Los ciudadanos no pueden entender que se recorten prestaciones por desempleo y a la vez se les perdonen los impuestos a los defraudadores, a los que tienen grandes capitales en paraísos fiscales. Ni por esas vienen los capitales a España,
ni por esas afloran; muy al contrario desde que gobiernan. En los seis primeros meses de este año salieron de España casi 220.000 millones de euros y eso, señores del PP, no es herencia; eso es desconfianza galopante de la gestión que está
realizando el PP en esta crisis. Los ciudadanos no pueden entender que se inyecten miles de millones a la banca, que ha gestionado mal además, y les permitan quedarse con todo el dinero que le han estafado a miles de pequeños ahorradores que
ahorraron metiendo su dinero en participaciones preferentes. Esto tampoco es herencia. Esto es mirar para otro lado porque el problema lo tienen, en la mayoría de los casos, pensionistas, desempleados y no los más ricos.
El Gobierno tiene que rectificar sus políticas porque ya no las comparten ni muchos de sus militantes, como estamos observando. No pueden estar toda la legislatura hablando de herencia y no poner los medios para que nuestra economía tenga
alguna oportunidad de despegar. Convénzase de que son los recortes tan drásticos que están haciendo los que han empeorado la situación. Ayer decía el señor Rajoy que la culpa de todo -así lo decía- había sido el déficit excesivo. Y como sé que
también la señora Madrazo me va a contestar, como ustedes saben, ese exceso de déficit eran 30.000 millones de euros; una barbaridad. Pero, de esos, 26.000 eran de las comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por el PP. Las que más
mintieron en el déficit fueron Madrid y Valencia, y eso, como toda la culpa la tuvo el déficit excesivo, me lleva a pensar que el desastre económico ustedes lo empezaron antes de empezar a gobernar.
El Gobierno socialista pidió un esfuerzo a los ciudadanos en 2010 para evitar el rescate de nuestro país, porque nunca el rescate es bueno. Un año y medio después llegaron ustedes al Gobierno y no se hablaba de rescate, no entraba en la
preocupación ni de las autoridades europeas ni de los ciudadanos. No, llegaron al Gobierno sin que esa fuera una preocupación, pero a los ocho meses de Gobierno el rescate ya es un hecho, se da por seguro, y todavía el señor Rajoy dice, cuando le
preguntan por el rescate: Haré lo que tenga que hacer, lo que convenga a los intereses generales de los españoles. ¿Pero de qué españoles? ¿A los intereses de qué españoles? Ideología otra vez. Lo tienen que decir aquí en la Cámara. No se
vayan a debatir otra vez las condiciones de ese rescate en el Bundestag antes que en esta
Cámara, como ya ha pasado con el rescate de la banca. No permitan que esta Cámara tenga que irse a Internet para mirar la prensa extranjera y otros parlamentos para enterarse qué se está cociendo para España. Tenemos ahora Internet y en
otros tiempos se utilizaba Radio Pirenaica. Es necesario que rectifiquen las formas y expliquen en esta Cámara y es necesario también que cambien las formas. No pueden utilizar la mayoría absoluta para cambiar un modelo de sociedad que hemos
construido entre todos.
Esta moción la presentamos hoy y la defendemos para pedir el apoyo de todos los grupos parlamentarios para que el Gobierno rectifique, para que devuelva los derechos a la sociedad, los derechos en dependencia, los derechos en empleo, los
derechos en impuestos, para que revoque la amnistía fiscal, para que cree impuestos a grandes fortunas, para que paguen los que más tienen.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Vázquez, tiene que finalizar.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Termino ya, señora presidenta.
Tienen un instrumento muy adecuado ahora y son los Presupuestos Generales del Estado que tienen que presentar próximamente. Demuestren que quieren ayudar a este país. Tienen los Presupuestos Generales del Estado y espero que no esperen a
que pasen las elecciones gallegas y vascas para presentarlos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Vázquez.
A esta moción se ha presentado una enmienda por La Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.
En estos días somos conscientes de que Europa ha entrado en barrena, de que tenemos a la mayor parte de los países de la Unión Europea en recesión, entre ellos el nuestro. También sabemos que es consecuencia de las políticas de austeridad
impuestas por la llamada troika, que forma la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. También sabemos que hoy la troika estaba en Grecia imponiendo nuevos sacrificios al Gobierno conservador al cual ya le
habían rechazado el plan que había presentado en las últimas semanas. Nos encontramos ante una estrategia de recortes, de austeridad, de planes de ajuste; en definitiva, de unas medidas suicidas que nos recuerdan a los rituales de los sacrificios,
rituales religiosos que esperaban ver llover, pero que finalmente lo único que ocurría es que dejaban detrás un reguero de sangre y, por supuesto, no servían para nada de lo que se suponía que iban a servir.
En esta crisis lo que estamos viendo es que el capitalismo nos está arrebatando las conquistas sociales, nos está arrebatando todo aquello que nos costó como sociedad tanto esfuerzo conseguir, la educación pública, la sanidad pública, todas
las prestaciones sociales y detrás lo único que hay es una ideología, un modelo de sociedad que está destinado, la troika, a comandar, a imponer en la periferia europea, una troika que responde a entidades no democráticas a entidades que no
responden ante la ciudadanía, una troika que, en definitiva, está deslegitimada, no tiene ninguna legitimidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Ese es el drama y también el éxito de esta crisis y es revelar la farsa de esta democracia,
la farsa de una situación que hace que cuando el presidente griego anterior convocó o sugirió la posibilidad de convocar un referéndum, los llamados mercados, las grandes fortunas y las grandes empresas se lanzaran a su cuello y acabaran con el
Gobierno de ese país, del país griego.
En este sentido, este Gobierno, el Gobierno de Mariano Rajoy, también ha rechazado y ha renunciado a la democracia, ha renunciado a la democracia al engañar a todos sus votantes, al renunciar a su propio programa electoral, que era el único
hilo que le unía a los votantes, era el único hilo de legitimidad que tenía el Gobierno de Mariano Rajoy, y, sin embargo, ha renunciado a ese hilo, ha renunciado a esa democracia.
Esto me recuerda una entrevista que hicieron a un pensador ultraliberal, Hayek, que precisamente hablando de Chile, del que se cumple el aniversario del golpe de Estado de Pinochet, avisaba de que prefería una dictadura liberal a una
democracia donde estuviera ausente todo liberalismo, y eran palabras textuales de este autor. Eso es, en definitiva, lo que está pasando hoy en día, cuando el liberalismo se ve amenazado, entonces las instituciones se vuelven profundamente
antidemocráticas. Es lo que ocurrió en Grecia cuando ese Gobierno al que yo hacía referencia tuvo que dimitir por presiones de los mercados, y
Cámara, como ya ha pasado con el rescate de la banca. No permitan que esta Cámara tenga que irse a Internet para mirar la prensa extranjera y otros parlamentos para enterarse qué se está cociendo para España. Tenemos ahora Internet y en
otros tiempos se utilizaba Radio Pirenaica. Es necesario que rectifiquen las formas y expliquen en esta Cámara y es necesario también que cambien las formas. No pueden utilizar la mayoría absoluta para cambiar un modelo de sociedad que hemos
construido entre todos.
Esta moción la presentamos hoy y la defendemos para pedir el apoyo de todos los grupos parlamentarios para que el Gobierno rectifique, para que devuelva los derechos a la sociedad, los derechos en dependencia, los derechos en empleo, los
derechos en impuestos, para que revoque la amnistía fiscal, para que cree impuestos a grandes fortunas, para que paguen los que más tienen.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Vázquez, tiene que finalizar.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Termino ya, señora presidenta.
Tienen un instrumento muy adecuado ahora y son los Presupuestos Generales del Estado que tienen que presentar próximamente. Demuestren que quieren ayudar a este país. Tienen los Presupuestos Generales del Estado y espero que no esperen a
que pasen las elecciones gallegas y vascas para presentarlos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Vázquez.
A esta moción se ha presentado una enmienda por La Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.
En estos días somos conscientes de que Europa ha entrado en barrena, de que tenemos a la mayor parte de los países de la Unión Europea en recesión, entre ellos el nuestro. También sabemos que es consecuencia de las políticas de austeridad
impuestas por la llamada troika, que forma la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. También sabemos que hoy la troika estaba en Grecia imponiendo nuevos sacrificios al Gobierno conservador al cual ya le
habían rechazado el plan que había presentado en las últimas semanas. Nos encontramos ante una estrategia de recortes, de austeridad, de planes de ajuste; en definitiva, de unas medidas suicidas que nos recuerdan a los rituales de los sacrificios,
rituales religiosos que esperaban ver llover, pero que finalmente lo único que ocurría es que dejaban detrás un reguero de sangre y, por supuesto, no servían para nada de lo que se suponía que iban a servir.
En esta crisis lo que estamos viendo es que el capitalismo nos está arrebatando las conquistas sociales, nos está arrebatando todo aquello que nos costó como sociedad tanto esfuerzo conseguir, la educación pública, la sanidad pública, todas
las prestaciones sociales y detrás lo único que hay es una ideología, un modelo de sociedad que está destinado, la troika, a comandar, a imponer en la periferia europea, una troika que responde a entidades no democráticas a entidades que no
responden ante la ciudadanía, una troika que, en definitiva, está deslegitimada, no tiene ninguna legitimidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Ese es el drama y también el éxito de esta crisis y es revelar la farsa de esta democracia,
la farsa de una situación que hace que cuando el presidente griego anterior convocó o sugirió la posibilidad de convocar un referéndum, los llamados mercados, las grandes fortunas y las grandes empresas se lanzaran a su cuello y acabaran con el
Gobierno de ese país, del país griego.
En este sentido, este Gobierno, el Gobierno de Mariano Rajoy, también ha rechazado y ha renunciado a la democracia, ha renunciado a la democracia al engañar a todos sus votantes, al renunciar a su propio programa electoral, que era el único
hilo que le unía a los votantes, era el único hilo de legitimidad que tenía el Gobierno de Mariano Rajoy, y, sin embargo, ha renunciado a ese hilo, ha renunciado a esa democracia.
Esto me recuerda una entrevista que hicieron a un pensador ultraliberal, Hayek, que precisamente hablando de Chile, del que se cumple el aniversario del golpe de Estado de Pinochet, avisaba de que prefería una dictadura liberal a una
democracia donde estuviera ausente todo liberalismo, y eran palabras textuales de este autor. Eso es, en definitiva, lo que está pasando hoy en día, cuando el liberalismo se ve amenazado, entonces las instituciones se vuelven profundamente
antidemocráticas. Es lo que ocurrió en Grecia cuando ese Gobierno al que yo hacía referencia tuvo que dimitir por presiones de los mercados, y
es lo que ocurre hoy cuando un Gobierno elegido democráticamente tiene que renunciar a ese hilo que le une a la legitimidad para poder mantener los privilegios de unos pocos, de esos mercados que son las grandes empresas y las grandes
fortunas.
Nosotros queremos más democracia. De hecho, queremos democracia porque renunciamos a creer que esto sea democracia. Sabemos que no lo es. Por eso pedimos, sumándonos a las movilizaciones sociales, a los sindicatos y a los movimientos
sociales, un referéndum relativo a todas las medidas que ha tomado el Partido Popular sin ninguna legitimidad. Esa es nuestra enmienda, esa es la enmienda que incorporamos a la moción del Grupo Socialista. No sabemos si el Partido Socialista se
sumará a esta demanda popular. En cualquier caso, incluso aunque no fuera así, nosotros votaremos a favor de una moción que insiste en la idea de que este Gobierno no tiene legitimidad y que directamente tiene que arbitrar un referéndum para que la
ciudadanía pueda recuperar herramientas para tomar el poder de decidir su futuro, el futuro que le concierne como ciudadanos de un país que se suponía que era una democracia, pero que a día de hoy no lo es.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subimos a esta tribuna para posicionar a nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, en relación con la moción que acaba de defender la portavoz del Grupo Socialista, y decimos ya, desde un inicio, que el BNG va a votar
favorablemente esta moción porque compartimos los puntos que la componen. Entre otras razones están algunas de las que comentaré en mi intervención.
Señorías, el primer punto pide que se rectifiquen las injustas e ineficaces medidas que comprenden el Real Decreto-ley de 20 de julio, cuestión que vemos muy difícil. Aunque rectificar es de sabios, habida cuenta de los resultados del Real
decreto de medidas extraordinarias para la consolidación fiscal de los que ya se tenía conocimiento en ese mes de julio, podemos decir que la sabiduría no es precisamente la mayor virtud de este Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy. A
esa fecha los datos eran cantosos en relación con el fracaso de las medidas que el real decreto al que he hecho mención significaba. La Agencia Tributaria solamente había recaudado el 35 % respecto de las previsiones que el Gobierno hacía en
relación con lo que se pretendía recaudar. En cuanto a la amnistía fiscal, señorías, solamente a esa fecha se había recaudado un 2 % de lo que el Gobierno decía que se quería recaudar. Por otro lado, tenemos los datos de la recesión existente y
que en el segundo trimestre ya superaba la recesión del primero. Y si nos vamos a la caída del empleo, nos encontramos con un dato dramático y muchas veces mencionado y que significaba casi un 5 % de caída de empleo mensual.
Es decir, los resultados de ese real decreto, de esa política del Gobierno del Partido Popular, no podían ser más nefastos, pero el Gobierno presentó de nuevo un real decreto, que todo vuelve a indicarnos que solo sirve para crear más
desempleo y para incrementar la recesión. No olvidemos que una de las razones principales o causas de esa recesión es la caída del consumo interno, y desde el 1 de septiembre de este año la caída del consumo interno va a ser algo que se va a
incrementar en una medida muchísimo mayor de lo que venía siendo hasta ahora.
Vamos a apoyar esta moción que pide al Gobierno que rectifique y, esperando que la sabiduría ilumine al Gobierno del Partido Popular, creemos en esa posibilidad de la rectificación. Vamos a apoyar también, porque lo compartimos, señorías,
lo que se dice en el punto número 2 de promover una revisión del sistema fiscal, y compartimos algunas cuestiones de las que se contemplan en este punto como el impulso de la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas, la racionalización de
los beneficios fiscales, etcétera. Y hago mención a esto, señorías, porque es conveniente decir que el Bloque Nacionalista Galego ya ha defendido estas cuestiones con mucha antelación a esta propuesta del Grupo Socialista, y lo hacíamos justamente
en un momento en que el Grupo Socialista no solo no las apoyaba, sino que el Gobierno del Partido Socialista tampoco estaba por la labor de ir en esta dirección.Por lo tanto, señorías, manifiesto mi apoyo a esta moción con estas reflexiones que
hemos hecho.
Muchas gracias, señor presidente.
es lo que ocurre hoy cuando un Gobierno elegido democráticamente tiene que renunciar a ese hilo que le une a la legitimidad para poder mantener los privilegios de unos pocos, de esos mercados que son las grandes empresas y las grandes
fortunas.
Nosotros queremos más democracia. De hecho, queremos democracia porque renunciamos a creer que esto sea democracia. Sabemos que no lo es. Por eso pedimos, sumándonos a las movilizaciones sociales, a los sindicatos y a los movimientos
sociales, un referéndum relativo a todas las medidas que ha tomado el Partido Popular sin ninguna legitimidad. Esa es nuestra enmienda, esa es la enmienda que incorporamos a la moción del Grupo Socialista. No sabemos si el Partido Socialista se
sumará a esta demanda popular. En cualquier caso, incluso aunque no fuera así, nosotros votaremos a favor de una moción que insiste en la idea de que este Gobierno no tiene legitimidad y que directamente tiene que arbitrar un referéndum para que la
ciudadanía pueda recuperar herramientas para tomar el poder de decidir su futuro, el futuro que le concierne como ciudadanos de un país que se suponía que era una democracia, pero que a día de hoy no lo es.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subimos a esta tribuna para posicionar a nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, en relación con la moción que acaba de defender la portavoz del Grupo Socialista, y decimos ya, desde un inicio, que el BNG va a votar
favorablemente esta moción porque compartimos los puntos que la componen. Entre otras razones están algunas de las que comentaré en mi intervención.
Señorías, el primer punto pide que se rectifiquen las injustas e ineficaces medidas que comprenden el Real Decreto-ley de 20 de julio, cuestión que vemos muy difícil. Aunque rectificar es de sabios, habida cuenta de los resultados del Real
decreto de medidas extraordinarias para la consolidación fiscal de los que ya se tenía conocimiento en ese mes de julio, podemos decir que la sabiduría no es precisamente la mayor virtud de este Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy. A
esa fecha los datos eran cantosos en relación con el fracaso de las medidas que el real decreto al que he hecho mención significaba. La Agencia Tributaria solamente había recaudado el 35 % respecto de las previsiones que el Gobierno hacía en
relación con lo que se pretendía recaudar. En cuanto a la amnistía fiscal, señorías, solamente a esa fecha se había recaudado un 2 % de lo que el Gobierno decía que se quería recaudar. Por otro lado, tenemos los datos de la recesión existente y
que en el segundo trimestre ya superaba la recesión del primero. Y si nos vamos a la caída del empleo, nos encontramos con un dato dramático y muchas veces mencionado y que significaba casi un 5 % de caída de empleo mensual.
Es decir, los resultados de ese real decreto, de esa política del Gobierno del Partido Popular, no podían ser más nefastos, pero el Gobierno presentó de nuevo un real decreto, que todo vuelve a indicarnos que solo sirve para crear más
desempleo y para incrementar la recesión. No olvidemos que una de las razones principales o causas de esa recesión es la caída del consumo interno, y desde el 1 de septiembre de este año la caída del consumo interno va a ser algo que se va a
incrementar en una medida muchísimo mayor de lo que venía siendo hasta ahora.
Vamos a apoyar esta moción que pide al Gobierno que rectifique y, esperando que la sabiduría ilumine al Gobierno del Partido Popular, creemos en esa posibilidad de la rectificación. Vamos a apoyar también, porque lo compartimos, señorías,
lo que se dice en el punto número 2 de promover una revisión del sistema fiscal, y compartimos algunas cuestiones de las que se contemplan en este punto como el impulso de la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas, la racionalización de
los beneficios fiscales, etcétera. Y hago mención a esto, señorías, porque es conveniente decir que el Bloque Nacionalista Galego ya ha defendido estas cuestiones con mucha antelación a esta propuesta del Grupo Socialista, y lo hacíamos justamente
en un momento en que el Grupo Socialista no solo no las apoyaba, sino que el Gobierno del Partido Socialista tampoco estaba por la labor de ir en esta dirección.Por lo tanto, señorías, manifiesto mi apoyo a esta moción con estas reflexiones que
hemos hecho.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Recuerdo a los señores diputados que quedan varios oradores en este punto, así que por favor mantengan silencio para que les podamos escuchar.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, quiero intervenir brevemente en nombre de mi grupo para fijar la posición en relación con la moción planteada por el Grupo Socialista. Todos vemos cada día y
somos conscientes de que la situación de la economía española no hace sino empeorar. Las cifras de paro son mayores de las previstas, la caída del PIB es más intensa cada vez que se revisan las cifras y se realizan nuevas estimaciones, las cuentas
de la Seguridad Social son preocupantes y en el Grupo Vasco estamos convencidos de que, dado este panorama, va a ser imposible cumplir con los compromisos adquiridos en materia de déficit y endeudamiento públicos en el seno de la Unión Europea. No
es el momento de hacer un análisis exhaustivo de la situación y de las perspectivas de la economía, pero sí para constatar que en lugar de mejorar empeora constantemente, y empeora a pesar de -aunque yo diría: precisamente por- los ajustes,
recortes de gastos, subidas de impuestos y otras medidas que el conjunto de las instituciones públicas del Estado están llevando a cabo, amén de las reformas en el ámbito laboral y financiero. La rebaja de las prestaciones sociales en materia de
dependencia, de sanidad, de educación, recortes de la inversión pública, las reducciones salariales de los funcionarios, el aumento de los impuestos y los despidos de los trabajadores de innumerables empresas no están siendo la solución, sino que,
al contrario, están metiéndonos en un agujero cada vez mayor y en el que cada vez es más difícil ver la luz al final del mismo.
Conocemos los requerimientos europeos y la posición débil de una economía y de un Gobierno rescatados cuyo margen de maniobra es escaso. Es escaso pero creemos que existe.
Señores del Partido Popular, en lugar de decidir los recortes con brocha gorda y de manera unilateral, tal como lo ha hecho el Gobierno hasta ahora, podían haberlo hecho tratando de buscar el consenso político y afectando en la menor medida
posible a las políticas básicas y a las personas y colectivos más débiles. Algunas de estas alternativas se plantean en la moción que hoy nos presenta el Grupo Socialista. Desde el lado de los ingresos proponemos luchar de verdad contra el fraude
fiscal y no llevar a cabo amnistías fiscales vergonzosas, que además están dando resultados realmente irrisorios; revisar las deducciones fiscales de los impuestos; subir el tipo de las Sicav, etcétera. La medida que parece ser que el señor Rajoy
ha anunciado hoy de gravar con mayor tipo las plusvalías que se generan en menos de un año, nos parece acertada. Nos parece un camino que, si no es una solución definitiva, sí puede ser adecuado y un tanto inexplorado.
Dentro de dos semanas el Gobierno traerá a esta Cámara los presupuestos generales para el año próximo. Tienen la oportunidad, señores del Partido Popular, señores del Gobierno, de consensuar políticas básicas o, por el contrario, de
utilizar el rodillo de la mayoría absoluta para imponer sus propuestas. Desde el Grupo Vasco creemos que sería deseable tratar de buscar algún consenso dada la extrema situación de la economía. Creemos que este es el ánimo de la iniciativa que
trae el Grupo Socialista a esta Cámara y es por lo que votaremos esta moción favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista nos presenta una moción consecuencia de la interpelación que se vio la pasada semana, en la que se plantea, según ha explicado su portavoz y según está en el propio texto de la moción, que el Gobierno rectifique
las políticas y las medidas injustas en materia económica, en materia social. La verdad es que nuestro grupo está muy de acuerdo en las cuestiones que está planteando la moción del Grupo Socialista en el primer punto, rectificar las medidas que ha
puesto en marcha el Gobierno de la nación por injustas y por ineficaces, y me parece que es importante destacar estas dos cuestiones. No solamente son injustas, como ya anunciamos en su momento cuando se tramitó este real decreto que votamos
también en contra desde Unión Progreso y Democracia, sino que anunciamos que iban a ser ineficaces como las del conjunto de los reales decretos anteriores. Desgraciadamente, el hecho de que fueran injustas ya nos hubiera llevado a votar en contra,
pero, además de ser injustas, se ha demostrado ya que son ineficaces. Por tanto, compartimos absolutamente esa reflexión. Llamamos al Gobierno a
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Recuerdo a los señores diputados que quedan varios oradores en este punto, así que por favor mantengan silencio para que les podamos escuchar.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, quiero intervenir brevemente en nombre de mi grupo para fijar la posición en relación con la moción planteada por el Grupo Socialista. Todos vemos cada día y
somos conscientes de que la situación de la economía española no hace sino empeorar. Las cifras de paro son mayores de las previstas, la caída del PIB es más intensa cada vez que se revisan las cifras y se realizan nuevas estimaciones, las cuentas
de la Seguridad Social son preocupantes y en el Grupo Vasco estamos convencidos de que, dado este panorama, va a ser imposible cumplir con los compromisos adquiridos en materia de déficit y endeudamiento públicos en el seno de la Unión Europea. No
es el momento de hacer un análisis exhaustivo de la situación y de las perspectivas de la economía, pero sí para constatar que en lugar de mejorar empeora constantemente, y empeora a pesar de -aunque yo diría: precisamente por- los ajustes,
recortes de gastos, subidas de impuestos y otras medidas que el conjunto de las instituciones públicas del Estado están llevando a cabo, amén de las reformas en el ámbito laboral y financiero. La rebaja de las prestaciones sociales en materia de
dependencia, de sanidad, de educación, recortes de la inversión pública, las reducciones salariales de los funcionarios, el aumento de los impuestos y los despidos de los trabajadores de innumerables empresas no están siendo la solución, sino que,
al contrario, están metiéndonos en un agujero cada vez mayor y en el que cada vez es más difícil ver la luz al final del mismo.
Conocemos los requerimientos europeos y la posición débil de una economía y de un Gobierno rescatados cuyo margen de maniobra es escaso. Es escaso pero creemos que existe.
Señores del Partido Popular, en lugar de decidir los recortes con brocha gorda y de manera unilateral, tal como lo ha hecho el Gobierno hasta ahora, podían haberlo hecho tratando de buscar el consenso político y afectando en la menor medida
posible a las políticas básicas y a las personas y colectivos más débiles. Algunas de estas alternativas se plantean en la moción que hoy nos presenta el Grupo Socialista. Desde el lado de los ingresos proponemos luchar de verdad contra el fraude
fiscal y no llevar a cabo amnistías fiscales vergonzosas, que además están dando resultados realmente irrisorios; revisar las deducciones fiscales de los impuestos; subir el tipo de las Sicav, etcétera. La medida que parece ser que el señor Rajoy
ha anunciado hoy de gravar con mayor tipo las plusvalías que se generan en menos de un año, nos parece acertada. Nos parece un camino que, si no es una solución definitiva, sí puede ser adecuado y un tanto inexplorado.
Dentro de dos semanas el Gobierno traerá a esta Cámara los presupuestos generales para el año próximo. Tienen la oportunidad, señores del Partido Popular, señores del Gobierno, de consensuar políticas básicas o, por el contrario, de
utilizar el rodillo de la mayoría absoluta para imponer sus propuestas. Desde el Grupo Vasco creemos que sería deseable tratar de buscar algún consenso dada la extrema situación de la economía. Creemos que este es el ánimo de la iniciativa que
trae el Grupo Socialista a esta Cámara y es por lo que votaremos esta moción favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista nos presenta una moción consecuencia de la interpelación que se vio la pasada semana, en la que se plantea, según ha explicado su portavoz y según está en el propio texto de la moción, que el Gobierno rectifique
las políticas y las medidas injustas en materia económica, en materia social. La verdad es que nuestro grupo está muy de acuerdo en las cuestiones que está planteando la moción del Grupo Socialista en el primer punto, rectificar las medidas que ha
puesto en marcha el Gobierno de la nación por injustas y por ineficaces, y me parece que es importante destacar estas dos cuestiones. No solamente son injustas, como ya anunciamos en su momento cuando se tramitó este real decreto que votamos
también en contra desde Unión Progreso y Democracia, sino que anunciamos que iban a ser ineficaces como las del conjunto de los reales decretos anteriores. Desgraciadamente, el hecho de que fueran injustas ya nos hubiera llevado a votar en contra,
pero, además de ser injustas, se ha demostrado ya que son ineficaces. Por tanto, compartimos absolutamente esa reflexión. Llamamos al Gobierno a
rectificar. Lo hacemos aprovechando esta moción como lo hemos venido haciendo en cada una de las oportunidades que hemos tenido en estos meses de gobierno del Partido Popular.
También plantea el Grupo Socialista la necesidad de promover una revisión del sistema fiscal, y también desde Unión Progreso y Democracia estamos de acuerdo. Realmente llevamos lo que llevamos de legislatura -perdonen la repetición- y toda
la legislatura pasada pidiendo una revisión del sistema fiscal, un proyecto de reforma fiscal conjunto. No tuvimos éxito en la legislatura pasada y tampoco parece que estemos teniendo éxito en este momento. Pero esa revisión de la fiscalidad en su
conjunto la hemos venido planteando como una necesidad para nuestro país, para España. Hemos venido afeando al Gobierno socialista en la legislatura pasada, a este Gobierno del Partido Popular en esta, que vayan tomando decisiones de política
fiscal puntuales en cada momento para resolver lo que consideran un problema puntual, para hacer caja en un determinado momento; contradictoria cada una de ellas; desmintiendo el día de hoy lo que se ha dicho el día de ayer: subimos el IRPF para
no subir el IVA, pero subimos el IVA también aunque hemos subido el IRPF; en vez de perseguir el fraude fiscal, amnistiamos a los que defraudan y además vamos a conseguir con eso miles de millones. Pues ni se consiguen miles de millones, y además,
lo que es más importante, se rompe un principio básico, que es la igualdad ante la ley de los españoles, porque no se trata por igual a todos los ciudadanos. Por tanto, compartimos también esa reflexión.
Es verdad que, como le decía, compartíamos esa misma reflexión; nos la hacíamos la legislatura pasada y no tuvimos éxito. Les planteamos a ustedes, por ejemplo, que revisaran la fiscalidad de las Sicav y que además la sometieran al control
al que están sometidos el resto de los impuestos, a la autoridad del sistema. Pues no, no solamente no la revisaron, no dotaron a la Agencia Tributaria de los instrumentos necesarios para que actuara, sino que mantuvieron la fiscalidad actual.
Hemos pedido a este Gobierno lo mismo, que someta a las Sicav a esa revisión, a la autoridad de la autoridad financiera -valga la redundancia-, y también nos han contestado que no. Fueron ustedes los que se cargaron -permítanme la expresión- el
impuesto sobre el patrimonio, fueron ustedes los que no modificaron el impuesto sobre sociedades. Es verdad que sus herederos en esta materia ya les han hecho buenos -déjeme que se lo diga de esa manera- en muy pocos meses en todas estas
cuestiones. Por tanto, también compartimos esa cuestión.
Por último, plantea su grupo una reflexión sobre lo que han de ser los presupuestos. En lo que han de ser los presupuestos coincidimos con ustedes en que hemos de evitar que lleguen al Congreso de los Diputados vacíos, muertos, antes de que
empecemos a tramitarlos, que es un mal de sus herederos y que era un mal que se repetía también durante la legislatura pasada. Por tanto, señora portavoz del Grupo Socialista, compartimos su diagnóstico sobre lo que está haciendo mal en esta
materia el Gobierno del Partido Popular, y por eso íbamos a votar favorablemente la moción, porque en lo que está haciendo mal y en las repercusiones injustas e ineficaces estamos completamente de acuerdo.
En lo que no estamos de acuerdo, como se ha demostrado, es en el diagnóstico de lo que hay que hacer para enfrentarnos con esta crisis, que en España es una triple crisis, política, social y económica, de la que no podemos salir manteniendo
el modelo viejo, y en el mantenimiento del modelo viejo están ustedes completamente de acuerdo, no quieren tocar nada de lo que supone el establishment, y mientras no toquemos eso es imposible que afrontemos con éxito esta crisis. Hay que tocar lo
sustancial, precisamente para garantizar que no se toquen los derechos fundamentales, la igualdad, la justicia, la solidaridad. ¿Hay que tocar el modelo territorial del Estado? Hay que preguntarse: ¿se puede mantener este modelo territorial del
Estado, este Estado territorial de España, y mantener a la vez el Estado del bienestar? La respuesta es no. Hay que elegir entre el Estado del bienestar y este modelo territorial del Estado, porque la respuesta es no, no por una cuestión
ideológica, señora portavoz, lo que yo estoy diciendo no tiene nada que ver con la ideología...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidente.
...sino por una cuestión práctica en el sentido de garantizar lo sustancial. Si hay que cambiar la Constitución no es porque haya decenas de miles de españoles que no la votaron, es porque para garantizar los artículos básicos de nuestra
Constitución, los que proclaman derechos fundamentales en nuestra Constitución y en todas las democracias y en todas las constituciones democráticas del mundo, hay que revisar el modelo de Estado. Por eso compartimos el diagnóstico sobre lo que
están haciendo mal, pero no el diagnóstico sobre lo que tendríamos que hacer.
rectificar. Lo hacemos aprovechando esta moción como lo hemos venido haciendo en cada una de las oportunidades que hemos tenido en estos meses de gobierno del Partido Popular.
También plantea el Grupo Socialista la necesidad de promover una revisión del sistema fiscal, y también desde Unión Progreso y Democracia estamos de acuerdo. Realmente llevamos lo que llevamos de legislatura -perdonen la repetición- y toda
la legislatura pasada pidiendo una revisión del sistema fiscal, un proyecto de reforma fiscal conjunto. No tuvimos éxito en la legislatura pasada y tampoco parece que estemos teniendo éxito en este momento. Pero esa revisión de la fiscalidad en su
conjunto la hemos venido planteando como una necesidad para nuestro país, para España. Hemos venido afeando al Gobierno socialista en la legislatura pasada, a este Gobierno del Partido Popular en esta, que vayan tomando decisiones de política
fiscal puntuales en cada momento para resolver lo que consideran un problema puntual, para hacer caja en un determinado momento; contradictoria cada una de ellas; desmintiendo el día de hoy lo que se ha dicho el día de ayer: subimos el IRPF para
no subir el IVA, pero subimos el IVA también aunque hemos subido el IRPF; en vez de perseguir el fraude fiscal, amnistiamos a los que defraudan y además vamos a conseguir con eso miles de millones. Pues ni se consiguen miles de millones, y además,
lo que es más importante, se rompe un principio básico, que es la igualdad ante la ley de los españoles, porque no se trata por igual a todos los ciudadanos. Por tanto, compartimos también esa reflexión.
Es verdad que, como le decía, compartíamos esa misma reflexión; nos la hacíamos la legislatura pasada y no tuvimos éxito. Les planteamos a ustedes, por ejemplo, que revisaran la fiscalidad de las Sicav y que además la sometieran al control
al que están sometidos el resto de los impuestos, a la autoridad del sistema. Pues no, no solamente no la revisaron, no dotaron a la Agencia Tributaria de los instrumentos necesarios para que actuara, sino que mantuvieron la fiscalidad actual.
Hemos pedido a este Gobierno lo mismo, que someta a las Sicav a esa revisión, a la autoridad de la autoridad financiera -valga la redundancia-, y también nos han contestado que no. Fueron ustedes los que se cargaron -permítanme la expresión- el
impuesto sobre el patrimonio, fueron ustedes los que no modificaron el impuesto sobre sociedades. Es verdad que sus herederos en esta materia ya les han hecho buenos -déjeme que se lo diga de esa manera- en muy pocos meses en todas estas
cuestiones. Por tanto, también compartimos esa cuestión.
Por último, plantea su grupo una reflexión sobre lo que han de ser los presupuestos. En lo que han de ser los presupuestos coincidimos con ustedes en que hemos de evitar que lleguen al Congreso de los Diputados vacíos, muertos, antes de que
empecemos a tramitarlos, que es un mal de sus herederos y que era un mal que se repetía también durante la legislatura pasada. Por tanto, señora portavoz del Grupo Socialista, compartimos su diagnóstico sobre lo que está haciendo mal en esta
materia el Gobierno del Partido Popular, y por eso íbamos a votar favorablemente la moción, porque en lo que está haciendo mal y en las repercusiones injustas e ineficaces estamos completamente de acuerdo.
En lo que no estamos de acuerdo, como se ha demostrado, es en el diagnóstico de lo que hay que hacer para enfrentarnos con esta crisis, que en España es una triple crisis, política, social y económica, de la que no podemos salir manteniendo
el modelo viejo, y en el mantenimiento del modelo viejo están ustedes completamente de acuerdo, no quieren tocar nada de lo que supone el establishment, y mientras no toquemos eso es imposible que afrontemos con éxito esta crisis. Hay que tocar lo
sustancial, precisamente para garantizar que no se toquen los derechos fundamentales, la igualdad, la justicia, la solidaridad. ¿Hay que tocar el modelo territorial del Estado? Hay que preguntarse: ¿se puede mantener este modelo territorial del
Estado, este Estado territorial de España, y mantener a la vez el Estado del bienestar? La respuesta es no. Hay que elegir entre el Estado del bienestar y este modelo territorial del Estado, porque la respuesta es no, no por una cuestión
ideológica, señora portavoz, lo que yo estoy diciendo no tiene nada que ver con la ideología...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidente.
...sino por una cuestión práctica en el sentido de garantizar lo sustancial. Si hay que cambiar la Constitución no es porque haya decenas de miles de españoles que no la votaron, es porque para garantizar los artículos básicos de nuestra
Constitución, los que proclaman derechos fundamentales en nuestra Constitución y en todas las democracias y en todas las constituciones democráticas del mundo, hay que revisar el modelo de Estado. Por eso compartimos el diagnóstico sobre lo que
están haciendo mal, pero no el diagnóstico sobre lo que tendríamos que hacer.
A pesar de todo, les íbamos a votar favorablemente, pero ha anunciado usted la aceptación de una enmienda de La Izquierda Plural que añade un elemento que no compartimos y, por tanto, nuestro voto será de abstención. Lamentablemente, no
podremos votar a favor.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, desde Convergència i Unió querríamos expresar nuestra enorme satisfacción por el gran éxito de la manifestación en Barcelona en un día tan importante como es la Diada de Cataluña, el 11 de septiembre, a la que se han sumado
más de dos millones de catalanes y catalanas a favor de la dignidad, la libertad y la reivindicación de las legítimas aspiraciones del pueblo de Cataluña. Convergència i Unió tiene la clara convicción de que dichas reivindicaciones van a contar en
un breve espacio de tiempo, van a ser escuchadas y van a obtener la máxima complicidad y sensibilidad por parte del Gobierno del Partido Popular, que gobierna en el Estado español. Pero no solo esperamos que esta complicidad y esta sensibilidad
sean efectivas, sino que también querríamos entender que dichas reivindicaciones y dichos planteamientos van a ser perfectamente comprendidos por el primer partido de la oposición, por el Partido Socialista Obrero Español, porque nosotros sabemos
perfectamente que sin la complicidad de estos dos grandes partidos que conforman el Estado español va a ser muy difícil que dichas reivindicaciones sean efectivas. Por lo tanto, hago un llamamiento importante y necesario al grupo parlamentario que
da soporte al Gobierno que ganó las últimas elecciones, pero al mismo tiempo vamos a estar muy atentos a cuál sea el comportamiento del Partido Socialista Obrero Español, que es el primer partido de la oposición.
Dicho esto, señorías, con el máximo respeto y con la máxima dignidad con que nuestro Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió siempre se ha caracterizado en este Congreso, voy a entrar ya de lleno en los aspectos y en los
planteamientos de la moción que ha defendido -hay que decirlo- brillantemente la diputada María José Vázquez, que ha hecho un planteamiento realista. Ha planteado una moción que consta de 3 apartados especiales. Nosotros estamos de acuerdo
concretamente con el primer apartado en el sentido de que resultan, desde la perspectiva del Partido Socialista, ineficaces, injustas e insuficientes las medidas comprendidas en el Real Decreto-ley 20/2012. Justamente a este real decreto planteado
por el Grupo Parlamentario Popular y por el Gobierno del Partido Popular nosotros votamos en contra; no estábamos en absoluto de acuerdo con los planteamientos de la política fiscal y presupuestaria del Grupo Parlamentario Popular, del Partido
Popular, por considerarlos desde todos los puntos de vista totalmente erróneos, contradictorios y confiscatorios. Y no solamente esto, sino que en todo momento nosotros hemos planteado una serie de medidas que van justamente en la dirección
contraria de aumentar simultáneamente los impuestos directos e indirectos, como son el IVA y el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Respecto al planteamiento que ha hecho el Grupo Socialista en el punto número 2, hay aspectos en los que nosotros podríamos estar de acuerdo, como el replanteamiento de cuál habría de ser la tributación de los grandes patrimonios. Nosotros
tenemos planteamientos que podrían llegar a ser coincidentes con los propuestos por el Grupo Parlamentario Socialista, pero en algunos aspectos, desde la objetividad, no podemos estar de acuerdo. Ustedes plantean que no están de acuerdo con la
amnistía fiscal, pero no han de olvidar, señores del Partido Socialista, que cuando ustedes estaban en el Gobierno también en algún momento plantearon subterráneamente la posibilidad de una amnistía fiscal que no fue aceptada justamente por el
Partido Popular. No vale cuando estás en el Gobierno plantear A y cuando estás en la oposición plantear B. Por lo tanto, con este planteamiento tan radical que ustedes hacen en este sentido nosotros no podríamos estar de acuerdo y nos abstendríamos
en este punto.
En el punto número 3 sí estamos de acuerdo, lo que no sé, señora Vázquez, es si al aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural va a ser posible pedir votación separada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
A pesar de todo, les íbamos a votar favorablemente, pero ha anunciado usted la aceptación de una enmienda de La Izquierda Plural que añade un elemento que no compartimos y, por tanto, nuestro voto será de abstención. Lamentablemente, no
podremos votar a favor.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, desde Convergència i Unió querríamos expresar nuestra enorme satisfacción por el gran éxito de la manifestación en Barcelona en un día tan importante como es la Diada de Cataluña, el 11 de septiembre, a la que se han sumado
más de dos millones de catalanes y catalanas a favor de la dignidad, la libertad y la reivindicación de las legítimas aspiraciones del pueblo de Cataluña. Convergència i Unió tiene la clara convicción de que dichas reivindicaciones van a contar en
un breve espacio de tiempo, van a ser escuchadas y van a obtener la máxima complicidad y sensibilidad por parte del Gobierno del Partido Popular, que gobierna en el Estado español. Pero no solo esperamos que esta complicidad y esta sensibilidad
sean efectivas, sino que también querríamos entender que dichas reivindicaciones y dichos planteamientos van a ser perfectamente comprendidos por el primer partido de la oposición, por el Partido Socialista Obrero Español, porque nosotros sabemos
perfectamente que sin la complicidad de estos dos grandes partidos que conforman el Estado español va a ser muy difícil que dichas reivindicaciones sean efectivas. Por lo tanto, hago un llamamiento importante y necesario al grupo parlamentario que
da soporte al Gobierno que ganó las últimas elecciones, pero al mismo tiempo vamos a estar muy atentos a cuál sea el comportamiento del Partido Socialista Obrero Español, que es el primer partido de la oposición.
Dicho esto, señorías, con el máximo respeto y con la máxima dignidad con que nuestro Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió siempre se ha caracterizado en este Congreso, voy a entrar ya de lleno en los aspectos y en los
planteamientos de la moción que ha defendido -hay que decirlo- brillantemente la diputada María José Vázquez, que ha hecho un planteamiento realista. Ha planteado una moción que consta de 3 apartados especiales. Nosotros estamos de acuerdo
concretamente con el primer apartado en el sentido de que resultan, desde la perspectiva del Partido Socialista, ineficaces, injustas e insuficientes las medidas comprendidas en el Real Decreto-ley 20/2012. Justamente a este real decreto planteado
por el Grupo Parlamentario Popular y por el Gobierno del Partido Popular nosotros votamos en contra; no estábamos en absoluto de acuerdo con los planteamientos de la política fiscal y presupuestaria del Grupo Parlamentario Popular, del Partido
Popular, por considerarlos desde todos los puntos de vista totalmente erróneos, contradictorios y confiscatorios. Y no solamente esto, sino que en todo momento nosotros hemos planteado una serie de medidas que van justamente en la dirección
contraria de aumentar simultáneamente los impuestos directos e indirectos, como son el IVA y el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Respecto al planteamiento que ha hecho el Grupo Socialista en el punto número 2, hay aspectos en los que nosotros podríamos estar de acuerdo, como el replanteamiento de cuál habría de ser la tributación de los grandes patrimonios. Nosotros
tenemos planteamientos que podrían llegar a ser coincidentes con los propuestos por el Grupo Parlamentario Socialista, pero en algunos aspectos, desde la objetividad, no podemos estar de acuerdo. Ustedes plantean que no están de acuerdo con la
amnistía fiscal, pero no han de olvidar, señores del Partido Socialista, que cuando ustedes estaban en el Gobierno también en algún momento plantearon subterráneamente la posibilidad de una amnistía fiscal que no fue aceptada justamente por el
Partido Popular. No vale cuando estás en el Gobierno plantear A y cuando estás en la oposición plantear B. Por lo tanto, con este planteamiento tan radical que ustedes hacen en este sentido nosotros no podríamos estar de acuerdo y nos abstendríamos
en este punto.
En el punto número 3 sí estamos de acuerdo, lo que no sé, señora Vázquez, es si al aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural va a ser posible pedir votación separada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos una moción consecuencia de la interpelación que se debatió el pasado 18 de julio en la que el señor Valeriano Gómez en su intervención decía que somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras.
Efectivamente, es así. Este fin de semana el Partido Socialista -al que él pertenece- ha hablado y ha hablado mucho, ha dicho muchas palabras. Ha dicho que vamos a levantar un muro enorme para hacer frente a las políticas de Mariano Rajoy. En
esas palabras, efectivamente, se han retratado. Han retratado sus pocas ganas de colaborar, sus pocas ganas de arrimar el hombro, de ayudar al Gobierno, de ayudar a España, en definitiva, a salir de la difícil situación económica en que nos
encontramos. Pero el Gobierno del Partido Popular está decidido a hacer las reformas que sean necesarias para crecer y para crear empleo, porque para eso nos votaron el pasado 20 de noviembre los ciudadanos: porque quieren que hagamos reformas,
porque quieren que tomemos las medidas necesarias para salir de la crisis, crecer y crear empleo. Entrando en el contenido de la moción, esta moción es un reflejo más de esas palabras a las que me refería al principio, porque esta moción es
absolutamente inviable. En el momento económico que vive España nos llevaría a una situación de más déficit público, más endeudamiento público, más paro y más dificultad económica para las familias y para las empresas. Es una moción inviable
porque piden la derogación del Real Decreto-ley 20/2012, en el que el Gobierno adoptó una serie de medidas imprescindibles para cumplir nuestra senda de consolidación fiscal. ¿Es que proponen ustedes que no cumplamos con esa senda de consolidación
fiscal? El Gobierno de España está comprometido en avanzar en esa consolidación. Ayer lo dejó bien claro el presidente Rajoy: nuestra prioridad absoluta es el control de nuestro déficit público. Pero no por capricho, no porque nos guste recortar
el gasto, sino precisamente pensando en las personas, pensando en preservar nuestro Estado del bienestar. Lo que ustedes llaman recortes sociales nosotros lo llamamos responsabilidad, lo llamamos eficiencia en el gasto público. Porque a ningún
español, se lo puedo asegurar, le gusta pagar impuestos para que se despilfarre y se tire su dinero, porque es un dinero que pagamos todos.
Señorías, en el segundo punto de su moción, y se ha dicho mucho en sus intervenciones, plantean una revisión de nuestro sistema fiscal. Efectivamente, es necesario revisar nuestro sistema fiscal, y lo estamos haciendo, precisamente porque
con ustedes en el Gobierno, donde estuvieron hasta hace apenas nueve meses, perdimos más de 70.000 millones en solo tres años de recaudación tributaria. Mientras el señor Rubalcaba y el Partido Socialista nos hablan del impuesto sobre las grandes
fortunas, la realidad es que ustedes bajaron los impuestos a las grandes empresas. La recaudación del impuesto sobre sociedades cayó un tercio en solo tres años y el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades de 2004 a 2009 disminuyó nada menos
que en 8 puntos porcentuales. En cambio, el Gobierno del Partido Popular está pidiendo esfuerzos a los ciudadanos, pero con criterios de justicia y equidad para que realmente paguen más aquellos que más tienen. El gran descubrimiento que han hecho
ustedes este fin de semana es que en el sistema tributario paguen más aquellos que más tienen. Pues claro, en esto está el Gobierno. Por eso el recargo del impuesto sobre la renta que introdujo el Gobierno del Partido Popular es mucho más
progresista que el impuesto sobre las grandes fortunas que propugnan ustedes demagógicamente. Y, por supuesto, también está pidiendo el Gobierno del Partido Popular un mayor esfuerzo a las grandes empresas. Claro que lo está haciendo y está
tomando medidas para ello estableciendo un pago fraccionado mínimo a las grandes empresas, también reduciendo la deducibilidad del fondo de comercio y de los gastos financieros a las grandes empresas y eliminando la libertad de amortización a las
grandes empresas. Claro que estamos revisando el sistema fiscal, y lo vamos a seguir haciendo. Ayer mismo, el presidente Rajoy anunciaba una revisión de la fiscalidad de las plusvalías, una fiscalidad absolutamente injusta que impuso la última
reforma del Partido Socialista en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Voy concluyendo. Señores del Partido Socialista, este fin de semana se les ha roto el espejo en el que ustedes se miraban, como ha dicho muy gráficamente algún medio. El señor Hollande anunciaba también recortes y propone impuestos que
supondrán que paguen más las clases medias y no los más ricos. Eso es una gran mentira. No es hora de construir muros que nos separen, sino de derribarlos, y el objetivo fundamental debe ser recuperar la confianza en nuestra economía, pero para
recuperar esa confianza necesitamos trabajar todos juntos. Será más fácil si la oposición nos presta su ayuda y su colaboración. Será más fácil si pensamos todos en España.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, ¿acepta la enmienda del Grupo de La Izquierda Plural?
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos una moción consecuencia de la interpelación que se debatió el pasado 18 de julio en la que el señor Valeriano Gómez en su intervención decía que somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras.
Efectivamente, es así. Este fin de semana el Partido Socialista -al que él pertenece- ha hablado y ha hablado mucho, ha dicho muchas palabras. Ha dicho que vamos a levantar un muro enorme para hacer frente a las políticas de Mariano Rajoy. En
esas palabras, efectivamente, se han retratado. Han retratado sus pocas ganas de colaborar, sus pocas ganas de arrimar el hombro, de ayudar al Gobierno, de ayudar a España, en definitiva, a salir de la difícil situación económica en que nos
encontramos. Pero el Gobierno del Partido Popular está decidido a hacer las reformas que sean necesarias para crecer y para crear empleo, porque para eso nos votaron el pasado 20 de noviembre los ciudadanos: porque quieren que hagamos reformas,
porque quieren que tomemos las medidas necesarias para salir de la crisis, crecer y crear empleo. Entrando en el contenido de la moción, esta moción es un reflejo más de esas palabras a las que me refería al principio, porque esta moción es
absolutamente inviable. En el momento económico que vive España nos llevaría a una situación de más déficit público, más endeudamiento público, más paro y más dificultad económica para las familias y para las empresas. Es una moción inviable
porque piden la derogación del Real Decreto-ley 20/2012, en el que el Gobierno adoptó una serie de medidas imprescindibles para cumplir nuestra senda de consolidación fiscal. ¿Es que proponen ustedes que no cumplamos con esa senda de consolidación
fiscal? El Gobierno de España está comprometido en avanzar en esa consolidación. Ayer lo dejó bien claro el presidente Rajoy: nuestra prioridad absoluta es el control de nuestro déficit público. Pero no por capricho, no porque nos guste recortar
el gasto, sino precisamente pensando en las personas, pensando en preservar nuestro Estado del bienestar. Lo que ustedes llaman recortes sociales nosotros lo llamamos responsabilidad, lo llamamos eficiencia en el gasto público. Porque a ningún
español, se lo puedo asegurar, le gusta pagar impuestos para que se despilfarre y se tire su dinero, porque es un dinero que pagamos todos.
Señorías, en el segundo punto de su moción, y se ha dicho mucho en sus intervenciones, plantean una revisión de nuestro sistema fiscal. Efectivamente, es necesario revisar nuestro sistema fiscal, y lo estamos haciendo, precisamente porque
con ustedes en el Gobierno, donde estuvieron hasta hace apenas nueve meses, perdimos más de 70.000 millones en solo tres años de recaudación tributaria. Mientras el señor Rubalcaba y el Partido Socialista nos hablan del impuesto sobre las grandes
fortunas, la realidad es que ustedes bajaron los impuestos a las grandes empresas. La recaudación del impuesto sobre sociedades cayó un tercio en solo tres años y el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades de 2004 a 2009 disminuyó nada menos
que en 8 puntos porcentuales. En cambio, el Gobierno del Partido Popular está pidiendo esfuerzos a los ciudadanos, pero con criterios de justicia y equidad para que realmente paguen más aquellos que más tienen. El gran descubrimiento que han hecho
ustedes este fin de semana es que en el sistema tributario paguen más aquellos que más tienen. Pues claro, en esto está el Gobierno. Por eso el recargo del impuesto sobre la renta que introdujo el Gobierno del Partido Popular es mucho más
progresista que el impuesto sobre las grandes fortunas que propugnan ustedes demagógicamente. Y, por supuesto, también está pidiendo el Gobierno del Partido Popular un mayor esfuerzo a las grandes empresas. Claro que lo está haciendo y está
tomando medidas para ello estableciendo un pago fraccionado mínimo a las grandes empresas, también reduciendo la deducibilidad del fondo de comercio y de los gastos financieros a las grandes empresas y eliminando la libertad de amortización a las
grandes empresas. Claro que estamos revisando el sistema fiscal, y lo vamos a seguir haciendo. Ayer mismo, el presidente Rajoy anunciaba una revisión de la fiscalidad de las plusvalías, una fiscalidad absolutamente injusta que impuso la última
reforma del Partido Socialista en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Voy concluyendo. Señores del Partido Socialista, este fin de semana se les ha roto el espejo en el que ustedes se miraban, como ha dicho muy gráficamente algún medio. El señor Hollande anunciaba también recortes y propone impuestos que
supondrán que paguen más las clases medias y no los más ricos. Eso es una gran mentira. No es hora de construir muros que nos separen, sino de derribarlos, y el objetivo fundamental debe ser recuperar la confianza en nuestra economía, pero para
recuperar esa confianza necesitamos trabajar todos juntos. Será más fácil si la oposición nos presta su ayuda y su colaboración. Será más fácil si pensamos todos en España.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, ¿acepta la enmienda del Grupo de La Izquierda Plural?
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Sí, señor presidente, aceptamos la enmienda número 1 de La Izquierda Plural.
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 121/000016).
El señor PRESIDENTE: En primer lugar se va a someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única -por el propio Pleno- del proyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 181; en contra, 128; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Por tanto, se tramitará así en el Pleno del próximo jueves.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY DE TELEVISIÓN SIN FRONTERAS. (Número de expediente 120/000001).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular de televisión sin fronteras. En esta votación hay 3 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315, más 3 votos telemáticos, 318; a favor, 132, más 1 voto telemático, 133; en contra, 183, más 2 votos telemáticos, 185.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN. (Número de expediente 122/000002).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la igualdad de trato y la no discriminación. En esta votación hay 3 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dió el siguiente resultado: votos emitidos, 315, más 3 votos telemáticos, 318; a favor, 127, más 1 voto telemático, 128; en contra, 178, más 2 votos telemáticos, 180; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ELABORACIÓN DE UNA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL. (Número de expediente 162/000273).
El señor PRESIDENTE: Votaciones de proposiciones no de ley. En primer lugar proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre elaboración de una nueva ley de protección civil. Hay una transaccional del Grupo
Socialista y del Grupo de CiU que conocen los diputados y que es la que vamos a votar.
Comienza la votación. (Pausa).
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Sí, señor presidente, aceptamos la enmienda número 1 de La Izquierda Plural.
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 121/000016).
El señor PRESIDENTE: En primer lugar se va a someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única -por el propio Pleno- del proyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 181; en contra, 128; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Por tanto, se tramitará así en el Pleno del próximo jueves.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY DE TELEVISIÓN SIN FRONTERAS. (Número de expediente 120/000001).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular de televisión sin fronteras. En esta votación hay 3 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315, más 3 votos telemáticos, 318; a favor, 132, más 1 voto telemático, 133; en contra, 183, más 2 votos telemáticos, 185.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN. (Número de expediente 122/000002).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la igualdad de trato y la no discriminación. En esta votación hay 3 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dió el siguiente resultado: votos emitidos, 315, más 3 votos telemáticos, 318; a favor, 127, más 1 voto telemático, 128; en contra, 178, más 2 votos telemáticos, 180; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ELABORACIÓN DE UNA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL. (Número de expediente 162/000273).
El señor PRESIDENTE: Votaciones de proposiciones no de ley. En primer lugar proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre elaboración de una nueva ley de protección civil. Hay una transaccional del Grupo
Socialista y del Grupo de CiU que conocen los diputados y que es la que vamos a votar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 292; en contra, 6; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL DESEMPLEO JUVENIL EN EUROPA Y EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000375).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre estrategia para combatir el desempleo juvenil en Europa y en España, que se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 133; en contra, 178.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE DEFENSA Y LA PRESENCIA DE TROPAS ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR. (Número de expediente 173/000035).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política estratégica de defensa y la presencia de tropas españolas en el exterior. Se vota con el añadido de la autoenmienda
introducida por el propio grupo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 12; en contra, 297; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA DE GRANIZO ACAECIDA EL PASADO 5 DE JULIO EN LAS COMARCAS DE LLEIDA. (Número
de expediente 173/000036).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar los daños ocasionados por la tormenta de granizo acaecida el pasado 5 de julio en las
comarcas de Lleida. Hay una transaccional con el Grupo Popular que es la que se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS NUEVAS MEDIDAS DE AJUSTE QUE TIENE INTENCIÓN DE ADOPTAR EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000037).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre las nuevas medidas de ajuste que tiene intención de adoptar el Gobierno. Se ha aceptado la enmienda de La Izquierda Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 126; en contra, 177; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 292; en contra, 6; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL DESEMPLEO JUVENIL EN EUROPA Y EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000375).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre estrategia para combatir el desempleo juvenil en Europa y en España, que se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 133; en contra, 178.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE DEFENSA Y LA PRESENCIA DE TROPAS ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR. (Número de expediente 173/000035).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política estratégica de defensa y la presencia de tropas españolas en el exterior. Se vota con el añadido de la autoenmienda
introducida por el propio grupo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 12; en contra, 297; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA DE GRANIZO ACAECIDA EL PASADO 5 DE JULIO EN LAS COMARCAS DE LLEIDA. (Número
de expediente 173/000036).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar los daños ocasionados por la tormenta de granizo acaecida el pasado 5 de julio en las
comarcas de Lleida. Hay una transaccional con el Grupo Popular que es la que se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS NUEVAS MEDIDAS DE AJUSTE QUE TIENE INTENCIÓN DE ADOPTAR EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000037).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre las nuevas medidas de ajuste que tiene intención de adoptar el Gobierno. Se ha aceptado la enmienda de La Izquierda Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 126; en contra, 177; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.
http://www.congreso.es Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
D. L.: M-12.580/1961 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Teléf.: 91 390 60 00
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Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado - http://boe.es
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Nota: Advertidos errores en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, núm. 55 correspondiente a la sesión celebrada el día 11 de septiembre de 2012, el ejemplar con cve: DSCD-10-PL-55 se ha
sustituido por el presente con cve: DSCD-10-PL-55-C1.