CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 258

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 241

celebrada el jueves,

12 de febrero de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:


— Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Riad el 9 de abril de 2006. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 335, de 7 de noviembre de 2014. (Número
de expediente 110/000139) ... (Página4)


— Acuerdo de adquisición conjunta de contramedidas médicas, hecho en Luxemburgo el 20 de junio de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 339, de 21 de noviembre de 2014. (Número de expediente 110/000140) ... href='#(Página4)'>(Página4)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


— Proyecto de ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 123-1, de 5 de diciembre de 2014. (Número de expediente 121/000123) ... (Página8)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página33)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página36)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página37)


Elección de Diputados, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004:


— Elección de Diputados, por el Pleno de la Cámara, a los efectos de lo previsto en el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, sobre secretos oficiales. (Número de expediente
052/000002) ... (Página37)

Página 2

SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página4)


Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Riad el 9 de abril de 2006 ... (Página4)


Acuerdo de adquisición conjunta de contramedidas médicas, hecho en Luxemburgo el 20 de junio de 2014 ... (Página4)


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Llamazares Trigo y Nuet
Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista y Beneyto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página8)


Proyecto de ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional ... (Página8)


El señor ministro del Interior (Fernández Díaz) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.


En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución, intervienen los señores Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Toma la palabra de nuevo el señor ministro del Interior.


Replican los señores Sixto Iglesias y Sicilia Alférez.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, así como los señores Guillaumes i Ràfols, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Cabello de Alba Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página33)


Sometidos a votación separada los cinco puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto (señora Pérez Fernández), sobre las consecuencias negativas del nuevo sistema de interrumpibilidad eléctrico
para industrias de gran importancia como Alcoa A Coruña y Alcoa Avilés y Megasa Siderúrgica, entre otras muchas, son todos rechazados.


Sometidos a votación los dieciséis puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de la política energética del Estado, son todos rechazados.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los permisos de investigación y exploración de

Página 3

hidrocarburos en Canarias y el Mediterráneo, queda rechazada por 132 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones.


Sometida a votación en sus propios términos la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para suprimir el aforamiento de los
diputados, senadores y Gobierno, es rechazada por 117 votos a favor, 173 en contra y 25 abstenciones.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página36)


Sometido a votación el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Riad el 9 de abril de 2006, es aprobado por 286 votos a favor, 17 en contra y 10
abstenciones.


Sometido a votación el Acuerdo de adquisición conjunta de contramedidas médicas, hecho en Luxemburgo el 20 de junio de 2014, es aprobado por unanimidad.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página37)


Sometidas a votación conjunta las dos enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional, se rechazan por 115 votos a favor más 3 votos telemáticos, 118; 174 en contra más 2
votos telemáticos, 176 y 22 abstenciones.


Elección de diputados, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004 ... (Página37)


Elección de diputados, por el Pleno de la Cámara, a los efectos de lo previsto en el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2003, sobre secretos oficiales ... href='#(Página37)'>(Página37)


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista y
Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


La Presidencia informa de que el señor Hernando Fraile ha sido elegido por 252 votos a favor.


Se levanta la sesión a la una de la tarde.

Página 4

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:


— ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN RIAD EL 9 DE ABRIL DE 2006. (Número de expediente 110/000139).


— ACUERDO DE ADQUISICIÓN CONJUNTA DE CONTRAMEDIDAS MÉDICAS, HECHO EN LUXEMBURGO EL 20 DE JUNIO DE 2014. (Número de expediente 110/000140).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Punto del orden del día relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente 110/139 y 110/140. Algunos grupos han manifestado su deseo de intervenir. Les recuerdo que
tienen cinco minutos por grupo. El Grupo Mixto, en principio, parece que no lo desea. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente. Muy brevemente, respetando los cinco minutos asignados.


En cuanto al convenio con Arabia Saudí, voy a empezar con un nombre: Raif Badawi. Sé que muchos de ustedes dirán que el convenio que hoy ratificamos no tiene nada que ver con eso, que es diferente y que lo de hoy es otra cosa, pero para
nosotros el convenio de hoy también tiene el nombre de Raif Badawi. Hay fronteras y códigos éticos que no se pueden traspasar; códigos éticos, humanos y políticos, y nosotros no podemos admitir que se superen esas fronteras. En Arabia Saudí se
persigue, se condena y se castiga por pensar diferente, por actuar diferente, por hacer cosas que en nuestra sociedad serían normales. Desde una democracia no podemos permitir que eso ocurra. Este señor ha sido condenado a mil latigazos. Alguien
dirá que esa condena se ha parado, es decir que no se le van a dar esos latigazos, pero para nosotros eso no vale, no se pueden hacer paripés chantajistas, lo que hay que hacer es no condenar. No vale con decir: ahora lo paramos, pero que usted
sigue condenado a ello. No; no podemos tener ciertas relaciones. Cuando se está en ciertos clubes, cuando se está en ciertas asociaciones internacionales, no podemos tener socios que hagan esas cosas. Por tanto, tenemos que hacer todo lo posible
para que en esos países desaparezcan de la legislación ese tipo de castigos; por cierto, castigos que están prohibidos por el derecho internacional, exactamente por el Convenio contra la tortura.


Sabemos que este pequeño gesto del Partido Nacionalista Vasco no saldrá adelante, pero no podemos permitir que pase esto. Desde una democracia hay que enviar un mensaje a un país que no lo es. Hay que mandar un mensaje a Arabia Saudí
diciendo que el PNV no acepta esto. Por tanto, no vamos a apoyar esta ratificación.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.


La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidente.


Yo también me voy a referir al Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones realizado con Arabia Saudí y que se nos somete hoy a votación. Se trata en efecto de un acuerdo estándar, como tantos otros que se firman para
proteger recíprocamente inversiones con otros países. Sin embargo, la cuestión justamente es que la situación en Arabia Saudí no es estándar ni la vigencia de los derechos humanos es estándar, ni las libertades más elementales son estándar. Por
tanto, no podemos tratar a Arabia Saudí con los mismos estándares con los que tratamos a otros países en los que imperan unos mínimos democráticos. Y se da la circunstancia de que en este momento hay un bloguero, Raif Badawi, que ha sido mencionado
por el anterior portavoz, que ha sido condenado a mil latigazos. Cuando hablamos del ISIS, ese terrorismo yihadista medieval y salvaje, es inevitable evocar otros comportamientos medievales y salvajes, como es condenar a un ser humano a ser
latigado por el único delito de haber expresado sus opiniones en las redes sociales, algo que ha sido convertido por el régimen saudí en insultos al Islam.


Nosotros creemos que no solamente hay un problema de oportunidad en este convenio y que lo más prudente sería al menos congelarlo, al menos detenerlo, sino que hay un problema profundo en nuestras

Página 5

relaciones con Arabia Saudí. Creemos que se hacen muy evidentes los dobles raseros que utiliza nuestro Gobierno en las relaciones internacionales. No se puede salir a clamar en defensa de la libertad de expresión cuando se produce un
atentado en París —lamentable atentado en París que todos hemos condenado— y sin embargo obviar cómo se vulneran gravemente desde los propios Estados y desde los propios Gobiernos derechos y libertades elementales como la libertad de expresión.
Nuestro grupo no puede sino utilizar estos cinco minutos para reivindicar la liberación de Raif Badawi, para reivindicar una modificación en las relaciones de nuestro país con Arabia Saudí y sobre todo para reivindicar los derechos humanos; los
intereses nacionales por supuesto hay que defenderlos —y en esto también somos pragmáticos—, pero siempre de la mano de los derechos humanos en nuestras relaciones comerciales y en nuestras relaciones internacionales.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, en primer lugar tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor Presidente.


Señorías, quiero llamar su atención sobre el otro convenio, denominado de contramedidas médicas. Por un momento sufrí un sobresalto y pensé que había llegado nuestra hora, aquella hora en que con los médicos se aplicara la máxima de que la
gente se cura con ellos, sin ellos y a pesar de ellos. Pero no se trataba de eso. La iniciativa que hoy debatimos es importantísima. Tiene que ver con un fiasco, pero a veces los fiascos dan lugar a rectificaciones importantes. Tiene que ver con
la amenaza transfronteriza de la gripe y la compra masiva de vacunas y de Tamiflu que ha quedado almacenada quién sabe dónde. En España también están almacenados esos fármacos. Ese fracaso dio lugar a una reflexión en el marco de la Unión Europea
sobre la compra conjunta de medicamentos, ya no solo de vacunas —compra conjunta de medicamentos, llamo su atención—, y en concreto de antivíricos. En estos momentos hay decenas de miles de ciudadanos que ven con incertidumbre el precio del Tamiflu
o el precio del Sofosbuvir, que es vital para su curación. Pues bien, aquí tenemos un instrumento comunitario que nos permite de manera conjunta a los países de la Unión Europea negociar con las grandes compañías multinacionales para rebajar los
precios. Creo que a partir de ahora el Gobierno no puede decir que no tenga un instrumento para bajar un precio sobre el que hasta ahora nos ha engañado: no son 25.000 euros, son 43.000 euros cada tratamiento cuando a la empresa no le cuesta más
allá de 100 euros.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por La Izquierda Plural tiene también la palabra el señor Nuet.


El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.


Nuestro grupo va a votar en contra del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí para la promoción y protección recíproca de inversiones. Hemos leído detenidamente este convenio y, es verdad, es un convenio puntilloso,
detalla de forma profunda la promoción y la protección recíproca de inversiones. Y está muy bien. Pero, claro, la pregunta ya la han hecho antes algunos diputados y diputadas: ¿dónde está la promoción y protección recíproca entre España y Arabia
Saudí de otras cosas? ¿O vamos a firmar este convenio y lo vamos a hacer con la nariz tapada con una pinza? Pues sí: vamos a votar este convenio —o van a votar este convenio y lo van a firmar— con la nariz tapada con una pinza, porque se van a
olvidar, como antes se explicaba, de los mil latigazos; se van a olvidar de que también tenemos que promover y proteger los derechos humanos en España y en Arabia Saudí; se van a olvidar de que debemos promover y proteger la libertad religiosa en
Arabia Saudí, y se van a olvidar de que tenemos que proteger y promover los derechos de las mujeres, también en Arabia Saudí. Por tanto enviemos un mensaje, como antes decía el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Enviemos un mensaje,
no enviemos al rey de España a los funerales de Estado de una dictadura. Enviemos un mensaje democrático.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, voy a comentar y a fijar la posición en nombre de mi grupo respecto a los dos convenios que son objeto de debate y votación. Voy a empezar también haciendo referencia, como el señor Llamazares,

Página 6

a un buen instrumento y a una buena medida que esta mañana, en una votación rápida y en un debate rápido, vamos a afrontar: el acuerdo en base al artículo 168 del Tratado de la Unión Europea, que permite una política de coordinación en la
adquisición de medicamentos a nivel de la Unión Europea, lo que supone una rebaja de precios, una coordinación y supone por tanto una mejora a favor de los ciudadanos y de los servicios de los ciudadanos en la compra de vacunas pero también de
medicación antivírica.


Señorías, esta es una muy buena medida y una medida que llega tarde. Acordada el 20 de junio del año 2004, el artículo del tratado permitía activar esta medida hace mucho tiempo. Pero esto tiene consecuencias muy concretas en el precio de
los medicamentos y bienvenido sea. Bienvenido sea para aquellas crisis sanitarias que se han producido en el pasado —en estos últimos años hemos vivido el manejo crítico por parte de los Gobiernos de distintas pandemias— y de las que puedan venir
en el futuro, porque ahora (el ministro del Interior hace un momento estaba presente en el hemiciclo) el Gobierno hace mucha bandera del ciberterrorismo, que es algo de presente y desgraciadamente de futuro pero, señorías, el bioterrorismo también
es algo de presente y de futuro. Y las políticas integradas de sanidad, de defensa y de emergencias de los Estados tendrán en el futuro que coordinarse y coordinarse más allá de las fronteras estatales, también en la lucha contra el bioterrorismo.
Con lo cual me parece una muy buena medida y una iniciativa a la cual nosotros claramente vamos a prestar nuestro apoyo.


En segundo lugar, hablaré sobre el Tratado internacional para facilitar el tráfico mercantil con Arabia Saudí. Señorías, una vez más discutimos en este hemiciclo sobre derechos humanos y tráfico comercial, y voy a repetir algo que he dicho
otras veces: nuestra solidaridad absoluta y nuestro alineamiento absoluto con lo que ya se ha dicho respecto al líder opositor Raif Badawi. Nosotros hemos presentado una proposición no de ley al respecto y la mayoría de los diputados de nuestro
grupo parlamentario han firmado una apelación a la comunidad internacional para que Arabia Saudí sepa claramente que estamos en contra de la violación de los derechos humanos, que nuestra apuesta es por la construcción de Estados en la línea del
secularismo y no en la línea en la cual la religión dicta la ley civil, dicta la ley de las formas de un Estado. Dicho esto, señorías, si queremos aplicar ese criterio lo aplicamos a todos los Estados, a todos los Estados del Golfo Pérsico, a
muchos Estados asiáticos y a muchos Estados de otras partes del mundo. Creo que lo apropiado de acuerdo con los mecanismos de las relaciones internacionales es incorporar en las agendas bilaterales de relación entre los Estados los elementos de
derechos humanos, con lo cual el reproche que se debe hacer a cualquier Gobierno es que no incorpore en la agenda bilateral de relaciones entre Estados la materia de derechos humanos para expresarse clara y frontalmente, sea con Cuba —aquella
política de intentar no hablar con Cuba; con Cuba se tenía que hablar para denunciar la violación de derechos humanos— o con Arabia Saudí, que se tiene que hablar para denunciar la violación de los derechos humanos.


Ayer por la tarde, en la Comisión de Asuntos Exteriores —un debate largo, con la comparecencia del señor ministro—, un par de portavoces, algunos que hoy se han manifestado críticos, expresaban y valoraban positivamente la asistencia del rey
de España a los funerales del rey de Arabia Saudí y las gestiones del rey emérito en el tráfico comercial entre España y Arabia Saudí. Señorías, creo que lo apropiado es ser claros y contundentes en el diálogo bilateral en la denuncia de los
derechos humanos, pero a la vez hacer una reflexión de conjunto sobre si nosotros restringimos el tráfico jurídico y las relaciones entre Estados solo con aquellos que respetan los derechos humanos. En ese caso desgraciadamente la comunidad sería
muy pequeña e incluso nosotros seríamos objeto de revisión en tantos y tantos aspectos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáez Jubero.


El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.


Señorías, nuestro grupo parlamentario va votar favorablemente ambos convenios. Es un criterio general de este grupo parlamentario apoyar los convenios internacionales que firma el Gobierno, pero en particular queremos valorar en positivo
ambos. El primero, el Acuerdo de adquisición conjunta de contramedidas médicas —medicamentos, productos sanitarios, bienes o servicios—, impulsado y firmado por el conjunto de los países de la Unión Europea, va a cumplir un objetivo importante,
como se ha señalado, la mejora de la eficiencia y de los costes en la lucha contra las amenazas transfronterizas graves en materia de salud y cede competencias para esa eficiencia de ejecución a la Comisión Europea. Y en cuanto al Convenio con
Arabia Saudí, compartiendo algunos argumentos que ya se han expresado, es un convenio que se ha firmado para

Página 7

la promoción y protección recíproca de inversiones. Entendemos que es perfectamente compatible con un país con el cual tenemos relaciones diplomáticas, porque algunos de los grupos parlamentarios que han expresado hoy su posición contraria
deberían denunciar también que tuviéramos relaciones diplomáticas con otros países que no cumplen los requisitos de respeto de los derechos humanos, como ocurre con tantos otros con los cuales España mantiene relaciones diplomáticas. Es un convenio
que nos ayuda a mejorar el marco de seguridad jurídica, máxime en un momento en el que también las empresas españolas están afrontando una obra de envergadura, como es la construcción de la línea de alta velocidad Medina-La Meca. Ello no debe
obstar para que España sea muy exigente en materia de derechos humanos con países con los que firma convenios comerciales, como es el actual con Arabia Saudí, que mantenga una posición firme y exigente, sobre todo en un momento como el actual en que
España va a ostentar ese puesto de responsabilidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Del mismo modo que valoramos positivamente este convenio, denunciamos esos déficits de democracia y derechos humanos en países como Arabia Saudí.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Beneyto.


El señor BENEYTO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.


No cabe duda de que los latigazos infringidos al señor Raif Badawi son un acto absolutamente condenable y que viola de manera flagrante todos los estándares y los tratados internacionales, en particular el Convenio de Naciones Unidas de
prohibición de la tortura, el Convenio del Consejo de Europa, la propia Carta árabe de derechos humanos, que Arabia Saudí ha firmado. No cabe en ese punto absolutamente ninguna cesión. Se trata de un acto de máxima crueldad, mil latigazos. Raif
Badawi no pudo soportar más de cincuenta y tuvo que ser trasladado al hospital para poder ser curado de esas heridas, y el propio médico certificó que iba a ser muy difícil que pudiera seguir siendo objeto de este absoluto y condenable maltrato.
Eso es así y es innegable.


A la vez, como bien apuntaban muchos de los portavoces, nuestra obligación es tener un diálogo crítico con los países que no cumplen con la protección, la promoción y el respeto a los derechos humanos. Arabia Saudí —y este acuerdo de
protección recíproca de inversiones lo pone de manifiesto— es un partenaire cada vez más importante en las relaciones comerciales y económicas con España. Conocemos todos algunos de los contratos importantes que se han firmado últimamente. Este
APRI —uno de esos convenios que están siendo también objeto de un gran debate en estos momentos en Europa y en el resto del mundo— lo que hace es proteger a las partes contratantes, los Estados y también a los inversores cuando invierten en otros
Estados; los protege desde el punto de vista de las expropiaciones, de las nacionalizaciones y también de las expropiaciones encubiertas. En definitiva, es una manera de facilitar que exista un trato justo y equitativo. Además, introduce la
posibilidad del arbitraje, instrumento que se ha demostrado como enormemente eficaz. La única manera de continuar con esa relación comercial es este tipo de acuerdos. Por tanto, lo mismo que ha hecho la Unión Europea, el Gobierno español en este
punto, como en todos, con enorme solidaridad con sus aliados dentro de la Unión Europea y sus socios en la Unión Europea, lo que está haciendo es adoptar una actitud crítica, pero a la vez constructiva. Hay que tener en cuenta que durante el
mandato del anterior rey Abdullah se consiguieron cierto es que pocos, pero algunos avances en materia de derechos humanos. Por ejemplo, las mujeres entraron a formar parte de la Shura, del consejo de gobierno de Arabia Saudí; por ejemplo, se
facilitó también, gracias a la presión occidental, avanzar en otras materias relacionadas con los procedimientos penales. Esta es la actitud a mantener, seguimiento, engagement, y a la vez crítica allí donde las acciones que se realizan son
condenables desde el punto de vista de los derechos humanos. Señorías, decía el gran maestro de la diplomacia que fue Talleyrand que si la política es el arte de lo imposible, la diplomacia es el arte de hacer posible lo imposible. Debemos seguir
en este diálogo con Arabia Saudí, es un elemento fundamental en esa muy complicada situación regional geopolítica que vive el entorno. Arabia Saudí está participando, junto con otros países, en conseguir que a través de la mezquita de al-Azhar en
Egipto se vaya divulgando una versión más moderada del Islam. Hay muchos puntos en juego y con Arabia Saudí debemos seguir manteniendo el diálogo.


En cuanto al otro acuerdo, como se ha celebrado por parte de los portavoces, efectivamente es un avance importante y cumple además un mandato de una decisión de la Unión Europea. Con estos dos tratados damos un paso adelante en nuestras
relaciones exteriores.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beneyto.

Página 8

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DE PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL. (Número de expediente 121/000123).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de totalidad del proyecto de ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del
Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna, como ha indicado el señor presidente, para presentarles el proyecto de ley orgánica del régimen de personal de la Policía Nacional.


Permítanme que antes de entrar en la exposición del proyecto haga referencia sucintamente a una materia estrechamente vinculada a las funciones de la policía, de hecho la función básica de la policía: garantizar la seguridad ciudadana,
proteger el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución reconoce, ampara y garantiza a los ciudadanos españoles y a los que viven con nosotros. Y ello porque medir el nivel de seguridad de
nuestro país de alguna manera es también medir el nivel de eficacia de nuestros cuerpos policiales, de los diversos cuerpos policiales que en los distintos ámbitos territoriales tienen por misión la que he recordado. A este respecto debo recordar
la reducción de la criminalidad en los tres primeros años de esta legislatura, es decir, 2012, 2013 y 2014, según la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, y según los indicadores que a estos efectos utiliza Eurostat, que son homogéneos
y para todos los estados de la Unión, y por tanto nos permiten efectuar una medición objetiva. En España hemos reducido en estos tres años la tasa de criminalidad, que, como saben sus señorías, mide las infracciones penales, es decir, delitos y
faltas por cada 1.000 habitantes, en 3,6 puntos porcentuales, pasando de 48,4 infracciones penales en el año 2011 a 44,8 a finales del pasado año 2014. Debo decir, y todos nos debemos felicitar por ello, que esa tasa de criminalidad, insisto, según
la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, es la menor de los últimos doce años. Además, y eso es especialmente importante y relevante, es una de las más bajas de la Unión Europea, de tal manera que España se constituye como el tercer
país con menor tasa de criminalidad de la Unión Europea, según los indicadores de Eurostat, y el tercer país con menor tasa de homicidios, también según indicadores de Eurostat.


Como saben muy bien sus señorías, todos los países tienen sus fortalezas y sus debilidades. Me aceptarán que no me corresponde a mí, y menos en este momento, hacer referencia a las debilidades que tenemos como país, que las tenemos, como
las tienen todos los países y como es evidente, pero sí quiero enfatizar que el hecho de que España sea en datos objetivos y, como veremos a continuación, también en percepción subjetiva de nuestros conciudadanos y de los que nos visitan un país
seguro es sin duda una de nuestras fortalezas. Y hablo de un país seguro cuando estoy hablando además de un país evidentemente democrático, porque un Estado democrático de derecho como es España no puede sacrificar, y no sacrifica, en el altar de
la seguridad las libertades de los ciudadanos, pero también tiene la convicción de no caer en la ingenuidad de que sin seguridad se puede disfrutar de los derechos y libertades que nuestro ordenamiento jurídico nos reconoce. Y les decía que es una
de nuestras fortalezas porque eso se proyecta en otros ámbitos, como saben bien sus señorías. Sin duda, otra de nuestras fortalezas como país es el turismo; somos la tercera potencia turística del mundo. Recientemente, el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo acaba de dar la cifra de turistas que nos visitaron el pasado año 2014; prácticamente 65 millones de visitantes, y saben ustedes perfectamente la riqueza que para el país, en términos del producto interior bruto, de empleo,
etcétera, significa la actividad turística.


Teniendo en cuenta esa realidad, el sector turístico —no el Ministerio del Interior— y, en particular, a través de la encuesta de hábitos turísticos, Habitur, pregunta a los que nos visitan, a los que eligen España como destino para sus
vacaciones, cuáles son las razones por las que han elegido España como destino turístico; insisto, 65 millones de visitantes. Tras Francia y Estados Unidos, España es el tercer país del mundo con más turistas, con una incidencia, en cuanto a la
riqueza nacional, en términos de producto interior bruto, de prácticamente el 11 %, como saben sus señorías. La respuesta de esas personas, según esa encuesta —insisto, de Habitur—, es que el primer motivo por el que habían elegido España como
destino turístico eran las bellezas paisajísticas de nuestro país; y en una escala de uno a diez, puntuaban con notable alto esa primera circunstancia que les había llevado a elegir España como destino turístico para pasar sus vacaciones; 8,4
sobre 10. La segunda razón por la que, según esa encuesta, eligen

Página 9

España como destino turístico es la seguridad, y puntúan también con un notable alto la seguridad de España; 8,2 sobre 10.


Al lado de esto, quiero poner de manifiesto que, como saben sus señorías, los países que aportan mayor número de turistas en términos tanto absolutos como relativos son países democráticos, son países de la Unión Europea; son el Reino
Unido, Alemania, Francia; es decir, países que saben que por pertenecer a ese espacio de libertad, justicia y seguridad, que es la Unión Europea, saben que cuando están hablando de seguridad, hablan de seguridad en un país democrático y, por tanto
—como comentábamos antes—, donde hay un equilibrio razonable entre seguridad y libertad; y se entiende que la seguridad es un bien jurídico tutelado por la ley, pero que está al servicio de la libertad.


Lo que les acabo de comentar al comienzo de mi exposición era necesario —o, al menos, a mí me lo ha parecido—, oportuno y conveniente para poner de manifiesto que, evidentemente, si eso es así en datos objetivos —los indicadores Eurostat que
les recordaba, en percepción subjetiva de los turistas extranjeros que nos visitan— nuestros conciudadanos también así lo reconocen. Los barómetros del CIS, que tienen —como saben— una serie histórica estadística muy larga en el tiempo, confirman
también esa percepción subjetiva en lo que hace referencia a la seguridad ciudadana y en lo que hace referencia a la valoración que ejercen a los cuerpos de seguridad, que tienen encomendada especialmente la tarea de velar por la seguridad ciudadana
y por el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. En particular, en lo que hace referencia a las instituciones más valoradas, los ciudadanos españoles en esos barómetros definen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, y concretamente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, como las instituciones más valoradas. Por lo tanto, todos los indicadores, en percepción subjetiva, indicadores objetivos, valoración de los que nos visitan, valoración de los
españoles, etcétera, ponen de manifiesto y confirman lo que les acabo de decir.


A esa alta seguridad a la que me he referido contribuye la actitud cívica de nuestros conciudadanos. Esto es evidente y sería injusto no reconocerlo; pero también es evidente que contribuye a ello la profesionalidad y la eficacia de los
cuerpos de seguridad que tienen encomendada esa responsabilidad. Hoy me toca aquí presentar y referirme de manera muy especial, como es evidente, a uno de los dos Cuerpos de Seguridad del Estado —el otro es la Guardia Civil, como saben—, que tiene
encomendada esa tarea de manera especial, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Nacional, y presentar el proyecto de ley orgánica de régimen de personal de la misma.


Debo señalar, señorías, que este proyecto de ley que estoy presentando se fundamenta en el mandato constitucional del artículo 104.2 de la Constitución de 1978, que señala literalmente que «una ley orgánica determinará las funciones,
principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». Esta es la cita literal —como saben— del artículo 104.2 de nuestra Constitución, que nos obliga, que nos mandata a presentar el proyecto de ley que estoy en estos
momentos defendiendo y presentando desde la tribuna. En este sentido creo que es muy oportuno y necesario también recordar que la vigente Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se limitó a establecer una normativa a
estos efectos muy generales y posteriormente, a excepción de la regulación de aspectos concretos como la segunda actividad en la Ley 26/1994 o el régimen disciplinario contenido en la Ley Orgánica 4/2010 aprobada por amplio consenso en la pasada
legislatura, el estatuto y régimen de personal de la Policía se ha venido recogiendo en normas de rango reglamentario. Por otro lado, también tiene sentido derogar normas preconstitucionales como el reglamento orgánico de Policía gubernativa,
aprobado por Decreto 2038/1975, que se seguían aplicando subsidiariamente ante el vacío legislativo existente; es decir, normas dispersas, normas de diversa jerarquía normativa, normas preconstitucionales, no anticonstitucionales pero sí
preconstitucionales, que se aplicaban subsidiariamente. Era, pues, en definitiva, necesario disponer de la debida seguridad jurídica en esta materia —estamos hablando del régimen de personal—, acabando en consecuencia con la dispersión normativa y
al tiempo —y esto quiero enfatizarlo, señorías— lograr la adaptación requerida a los cambios derivados en este ámbito, régimen de personal, de la aprobación y entrada en vigor del Estatuto básico del empleado público mediante la Ley 7/2007.


Creo que sucintamente todas las razones que les he comentado justifican plenamente que presentemos en estos momentos este proyecto de ley. Por ello, me atrevo a afirmar que se trata de una iniciativa de gran transcendencia para la policía,
pues dota al cuerpo de una ley de personal tras casi treinta años de la creación del Cuerpo Nacional de Policía por unificación de los dos cuerpos preexistentes en ese momento: el Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional, que dieron lugar
por fusión, por integración en esa Ley Orgánica 2/1986 del Cuerpo Nacional de Policía. Se trata de una ley, la que estamos

Página 10

presentando, muy necesaria para los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía, es decir, para la Policía Nacional, y muy positiva para el conjunto de los ciudadanos. En la anterior legislatura se intentó regular ya dicho estatuto mediante
un proyecto de ley orgánica de derechos y deberes y un proyecto de ley de régimen de personal que fueron remitidos a esta Cámara, al Congreso de los Diputados, pero ambas iniciativas —se lo quiero recordar a sus señorías— caducaron por la
finalización de la legislatura. En esta ocasión, al haberse contemplado todo en un único texto, personal y derechos y deberes, este —el que estoy presentando— tiene obligatoriamente rango orgánico, por lo menos parcialmente, en aquellas materias
que evidentemente exigen hacer referencia a derechos y deberes, por una parte, o regular aspectos que tienen que ver con la representación sindical de los integrantes de la policía, exige por mandato constitucional este rango, rango de ley orgánica.


Señorías, sin perjuicio del análisis más pormenorizado que señalaré a continuación, sí quiero adelantar que con este proyecto de ley pretendemos garantizar —como les decía— con más precisión y más seguridad jurídica los derechos y deberes de
los policías, lo que permite a su vez sin duda que ellos, los policías, puedan garantizar mejor los derechos y libertades públicas de los ciudadanos y su seguridad, que es el mandato que la Constitución les encomienda. Con este proyecto de ley
pretendemos mejorar la protección jurídica y social de los policías que, además de ser ante todo y sobre todo una exigencia de justicia, redundará en una policía más eficaz, que verá de esta forma plasmados claramente el respaldo y el reconocimiento
del servicio que presta en favor de la garantía de la seguridad pública. Y, en tercer lugar pero no por ello menos importante, con este proyecto de ley pretendemos disponer, si cabe, de una policía mejor formada, más cercana y más abierta a la
sociedad a la que sirve.


Señor presidente, señorías, desde el punto de vista de su contenido el texto del proyecto consta de 96 artículos, se divide en un título preliminar y trece títulos más, siete disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. Les hago gracia de reseñarlas porque, sin duda, todos ustedes las conocen y constan en el Boletín del Congreso de 5 de diciembre en el que aparece ya publicado este proyecto de ley. En cuanto
a las principales novedades de las muchas que incluye el proyecto, me gustaría destacarles algunas de ellas. Por ejemplo, les decía al comienzo de mi exposición que esta ley amplía y garantiza mejor los derechos de los integrantes de la Policía
Nacional y así se efectúa una relación detallada de los derechos individuales y de los derechos de ejercicio colectivo, lo que constituye realmente una novedad destacable. En lo que hace referencia a los derechos individuales, constituyen una
novedad en su régimen de personal que por primera vez se lleva a cabo su ordenación en virtud de la relevancia constitucional de los bienes jurídicos a los que se refieren. Y así se establece en el proyecto de ley un completo catálogo de derechos
individuales y colectivos en materia de conciliación de vida personal, familiar y laboral; de igualdad efectiva de trato y oportunidades; de derechos a permisos, vacaciones y licencias; de igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres; el
derecho a adecuar sus funciones a las condiciones psicofísicas; a la formación permanente; se equipara el régimen de incompatibilidades al del resto de funcionarios públicos y se ofrece especial protección —y esto me parece especialmente
importante— a las víctimas de violencia de género, normalmente estamos hablando de mujeres policías en este caso. Estos entre otros muchos derechos individuales que ya les he dicho se recogen de manera especial y detallada en este proyecto de ley.


En lo que hace referencia a los deberes, se realiza una enumeración de los mismos, entre los que puedo destacar el deber encomendado a los policías de ejercer sus tareas, funciones o cargos con lealtad e imparcialidad, sirviendo como
establece la Constitución con objetividad a los intereses generales; obedecer y ejecutar las órdenes que reciban de las autoridades o mandos de quienes dependan, siempre que no constituyan un ilícito penal o fueran manifiestamente contrarias al
ordenamiento jurídico; mantener el secreto profesional en relación con los asuntos que conozcan por razón de sus cargos; informar a los ciudadanos sobre aquellos asuntos que tengan derecho a conocer o facilitar el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones a esos mismos ciudadanos. Esos son entre otros muchos deberes que se enuncian de manera exhaustiva en el proyecto de ley. Asimismo, se efectúa una remisión a los principios básicos de actuación de la normativa
vigente en materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad configurados como código de conducta. En esta materia, en lo que hace referencia al código de conducta, ya previsto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ley 2/1986, de 13 de marzo, como
saben sus señorías, debo referirme al ya existente código ético del Cuerpo Nacional de Policía, que fue aprobado por resolución de la Dirección General de 30 de abril de 2013 y cuyo objetivo es el respeto y defensa de la dignidad humana y el impulso
del ejercicio de la función policial desde la máxima integridad profesional. Quiero recordar a estos efectos —también me parece relevante— que este código ético —en vigor, como

Página 11

les he señalado, desde abril de 2013— está inspirado en el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley redactado por Naciones Unidas en 1979, en la Declaración sobre Policía del Consejo de Europa de 1979 también y
en el Código Europeo de ética de la Policía de 2001 del Consejo de Europa. Me parece que son referencias a instituciones y a normas emanadas de las mismas de suficiente solvencia como para que veamos el fundamento que tiene ese código ético que la
Policía Nacional tiene en vigor desde 30 de abril de 2013 y que engarza claramente con el código de conducta previsto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986.


En cuanto a la formación profesional permanente y de especialización, evidentemente es uno de los elementos prioritarios en la carrera policial y también se incluye la previsión de la realización de cursos de altos estudios profesionales
para los integrantes de la policía. Esta formación constituye —así está recogido en el proyecto de ley— un derecho individual de los policías, pero al mismo tiempo también un deber de los mismos precisamente para mantener actualizada con carácter
permanente la formación y la cualificación profesional de esos policías. Por otra parte y por lo que hace referencia al Estatuto básico del empleado público y su vinculación con el contenido material de este proyecto de ley, debo decir que todas
las escalas de la Policía Nacional se integrarán a todos los efectos en los grupos de clasificación del Estatuto básico del empleado público. De este modo —y esta no es una cuestión menor— se eliminarán las disfunciones generadas por la dualidad
entre efectos económicos y efectos administrativos que existen hasta este momento. También se establece la exigencia de las titulaciones requeridas por la Ley 7/2007, el Estatuto básico del empleado público, en lo que hace referencia al ingreso en
los respectivos grupos de clasificación en los que se encuadran las diferentes escalas y categorías.


Es importante destacar también que se determina en el proyecto de ley con mayor claridad el papel tanto de las organizaciones representativas como de las no representativas al tiempo que se atribuyen nuevas funciones, ampliándolas, al
Consejo de Policía. Así, la norma, el proyecto de ley, acentúa la relevancia del Consejo de Policía —como saben sus señorías, órgano colegiado de participación con composición paritaria de la Administración y de los representantes de los miembros
de la Policía Nacional—, en el que concurren como electores y elegibles facultativos y técnicos mediante la atribución a dicho órgano —el Consejo de Policía— de nuevas funciones relativas al Estatuto profesional de los mismos. Entre estas
atribuciones al Consejo de Policía destacan la participación en la determinación de los criterios conforme a los cuales se establezca —y esto es muy importante para la vida profesional y para la vida familiar de los agentes— el ámbito territorial
donde se autorice la fijación de la residencia de los policías o la fijación de los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. Asimismo, se hace referencia al régimen de representación y participación de los policías
en materia de prevención de riesgos laborales, que era una legítima reclamación de los sindicatos profesionales de la policía.


Por medio de este proyecto de ley, señorías —y esto también es muy relevante para la función policial—, se establece una singular protección para los policías por razón precisamente de su especial función. Así, junto con la defensa y
asistencia jurídica por el Estado, se incorpora la contratación de un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera con la finalidad de cubrir las indemnizaciones y fianzas que pudieran derivarse del desempeño de sus funciones o con
ocasión del desempeño de las mismas. En materia de protección social, se legaliza asimismo la obligación para la Administración de concertar un seguro de accidentes para los supuestos de fallecimiento o incapacidad permanente total o parcial
acaecidos en acto de servicio o con ocasión del mismo. Al decir que se legaliza la obligación quiero precisar que lo que planteamos es que a partir de ahora ya no es una potestad de la Administración, que últimamente lo venía haciendo, sino que a
partir de ahora será un mandato legal y, por tanto, será una obligación legal que se concierte ese seguro de accidente para los supuestos a los que me he referido. También se regula en el proyecto de ley un régimen de incompatibilidades acorde con
la naturaleza de la función policial.


Otra novedad que quiero destacarles en esta presentación es que se elevan las titulaciones exigidas para el ingreso en la policía: bachiller para la escala básica, grado universitario para la ejecutiva, así como el nivel requerido en cada
caso para la promoción. Se adaptan así las exigencias formativas de la policía para el ingreso en el cuerpo a las nuevas titulaciones derivadas de la implantación del Plan Bolonia y al sistema educativo nacional.


En cuanto a las modalidades de ingreso, se siguen articulando con carácter general mediante el sistema de oposición libre y conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como a los de publicidad de las
convocatorias, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección. Se potencia en el proyecto de ley la promoción interna, unificando los sistemas de

Página 12

ascenso y abriendo a todas las categorías policiales la doble modalidad de promoción: por un parte, por antigüedad selectiva, o por concurso-oposición, también en situaciones distintas al servicio activo. A este respecto debo resaltar que
los sistemas de ascenso se unifican. Por ejemplo, el comisario podrá ascender por concurso-oposición a la categoría de comisario principal y el policía por antigüedad selectiva a la categoría de oficial. Se mantiene —esto saben sus señorías que es
muy importante desde el punto de vista del régimen de personal de la policía— el régimen de la denominada segunda actividad y se respetan, reconocen y garantizan todas las expectativas de derecho. Para conseguir unas mayores cotas de seguridad
jurídica, el proyecto de ley regula todo el régimen de esta situación de segunda actividad administrativa, manteniendo un régimen similar al actual, de manera que las causas para pasar a esta situación serán las mismas, bien por insuficiencia de las
actitudes psicofísicas —quiero destacar de manera especial que, si acaece en acto de servicio, se percibirá el cien por cien de las retribuciones del policía— o bien a petición propia por haber cumplido determinada edad, según la escala de
pertenencia. Repito, en el caso de insuficiencia de las actitudes psicofísicas, con esa singularidad a la que he hecho referencia, cuando esa merma de las actitudes psicofísicas sea consecuencia de un acto de servicio. Les dije anteriormente que
se incluye un reconocimiento expreso a la protección otorgada a la mujer policía víctima de violencia de género a través de la excedencia por esta razón expresa, además de reconocerle el derecho a la movilidad geográfica a otro puesto de análogas
características, sin que tenga que existir necesariamente vacante.


En cuanto a la residencia, que les he comentado anteriormente, los policías podrán vivir a partir de la entrada en vigor de esta ley, en su caso, en un domicilio distinto al de su plantilla de destino, que es la situación que, como saben sus
señorías, existe en la actualidad. En el sistema actual, insisto, se exige residir en el término municipal en el que el funcionario policial se encuentre destinado. La nueva norma, este proyecto de ley, trata de buscar un equilibrio entre la
libertad de elección del domicilio del policía y las exigencias derivadas de la fundamental y delicada misión que la Constitución y el ordenamiento jurídico encomiendan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, sin perjuicio tal y como
estamos hablando de que la Policía Nacional sea un cuerpo de naturaleza civil, con sindicatos profesionales representativos de la defensa de sus legítimos intereses, la ley, como ustedes saben, define a la policía como instituto armado de naturaleza
civil y, por tanto, siendo funcionarios civiles no es menos relevante que diga desde esta tribuna que evidentemente no son funcionarios civiles de la Administración General del Estado, porque pertenecen, repito, a un instituto armado y uniformado,
salvo en aquellos casos en que la función policial lo permita o lo exija. El hecho de ser un instituto armado de naturaleza civil los diferencia claramente de otros funcionarios civiles, como es evidente. Por ello, este equilibrio al que hago
referencia y que el proyecto de ley prevé entre la libertad de elección del domicilio y las exigencias derivadas, que son específicas y especiales para un cuerpo como el de la Policía Nacional que, sin perjuicio de su naturaleza civil, insisto, no
deja de ser un instituto armado y en no pocas ocasiones habitualmente uniformado. Para conseguir ese necesario equilibrio, se establece como referencia el ámbito territorial que se determine respecto a la plantilla de destino, fijado ese ámbito
territorial con arreglo a unos criterios objetivos y, lo que es muy importante, con la participación a esos efectos de los sindicatos profesionales de la policía.


Paso a continuación a referirme antes de acabar, señorías, a algo también relevante que contiene este proyecto de ley, la conocida como pasarela; es decir, la posibilidad de ingreso en la Policía Nacional de los funcionarios de carrera de
otros cuerpos de seguridad existentes en España. El ingreso se hará en la escala y categoría equivalentes a la que ostenten en su cuerpo de procedencia, y me estoy refiriendo a todos los cuerpos policiales: locales, autonómicos y, aunque la ley no
lo expresa de forma explícita, ya les adelanto que también del Estado. Si no queda claro en el proyecto de ley, estamos dispuestos en el trámite parlamentario, en su caso superado este debate de totalidad, por vía de enmiendas a clarificar este
punto. Todos los cuerpos policiales existentes o todos los integrantes de los cuerpos de seguridad existentes en el ámbito local, autonómico y del Estado podrán ingresar en la Policía Nacional, en las condiciones, lógicamente, que se prevén. Así,
el proyecto de ley determina que el ingreso en su caso se hará en la escala y categoría equivalentes a las que ostenten en su cuerpo de procedencia, al tiempo que se determina que las condiciones para ese ingreso deben ser determinadas
reglamentariamente y con la participación de los sindicatos profesionales representativos de la policía. Será también necesario para ese eventual ingreso que posean la titulación requerida para el acceso a cada escala y que se cumplan, como no
puede ser de otra manera, los requisitos generales exigidos en este proyecto de ley, en particular en el artículo 26, para poder acceder a la Policía Nacional. Con esto pretendemos obtener una mejor

Página 13

gestión, una gestión más eficiente de los recursos humanos disponibles en el ámbito de la seguridad pública en nuestro país, al tiempo que sin duda se afianza la posición de la Policía Nacional como cuerpo de seguridad de referencia de
naturaleza civil.


Señorías, en este proyecto se hace referencia a la denominación Policía Nacional. Esta cuestión es objeto de tratamiento por los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas de totalidad o de devolución y quiero aclarar que lo que se
pretende —lo precisaré en el turno de réplica correspondiente o por lo menos lo intentaré— es que la terminología oficial concuerde con la que ya se encuentra ampliamente arraigada entre los ciudadanos. Es evidente que los miembros de la Policía
Nacional, los policías nacionales, integran y conforman el Cuerpo Nacional de Policía, pero insisto en que si no queda debidamente claro —parece que no a juicio de algunos grupos parlamentarios— en el proyecto de ley, si es preciso en el trámite
parlamentario con el Grupo Popular y en las negociaciones entre los grupos estamos dispuestos a incluir aquellas enmiendas que aclaren lo que acabo de comentar, de tal manera que las referencias que en la legislación vigente se hacen al Cuerpo
Nacional de Policía, una vez aprobado este proyecto de ley y convertido en ley, se entenderían referidas también a la Policía Nacional. Se trata, en definitiva —si me permiten la cita—, de hacer normal en la ley lo que es normal a nivel de calle,
es decir, la gente entiende cuando se habla del Cuerpo Nacional de Policía que nos estamos refiriendo a la Policía Nacional, pero precisamente por la historia del cuerpo no había una norma legal en la que se hiciera referencia expresa a lo que
estamos comentando. Por el contrario, hubo un periodo de transitoriedad entre la Ley de Policía, la conocida como Ley Martín Villa, la Ley 55/1978, y la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la que existió la Policía Nacional.
Precisamente, la existencia durante ese intervalo de ocho años o siete años y medio de la denominación específica para un cuerpo de policía como Policía Nacional, que subsistía con el Cuerpo Superior de Policía y a su vez mediante la Ley de Policía
fueron los sucesores, con las reformas consiguientes, evidentemente, de lo que en la época del franquismo fueron el Cuerpo General de Policía y la Policía Armada, es lo que ha motivado que fuera necesario que legalmente quedara claro que la Policía
Nacional no es la Policía Nacional que existió desde la Ley de Policía del año 1978 hasta la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que es la que con los derechos, deberes y régimen de personal se precisa en este proyecto de ley que
estoy presentando. Insisto en que si hay alguna duda —parece que la hay en función del análisis de las enmiendas de totalidad—, estamos dispuestos, evidentemente —esto no debe ser motivo de discrepancia porque estoy seguro de que en el fondo
estamos de acuerdo—, a que en el trámite parlamentario se hagan las enmiendas correspondientes que clarifiquen y no dejen margen a la confusión de lo que estoy comentando.


En otro orden de cosas —ya para acabar, señor presidente— debo decir, porque es algo importante para este tipo de instituciones, que el proyecto de ley prevé la posibilidad de ascensos honoríficos, así como la de otorgar la distinción de
funcionario honorario de la Policía Nacional a aquellos que lo soliciten en el momento de pasar a la jubilación.


En resumen, señorías, señor presidente, traigo a esta Cámara un proyecto de ley que, por primera vez en las casi tres décadas existentes desde la unificación de los dos cuerpos preexistentes —Cuerpo Superior de Policía y Policía Nacional—,
dota a la policía de un auténtico régimen de personal de acuerdo con el mandato del artículo 104.2 de la Constitución, adecuado por otra parte, como no puede ser de otra manera, a las necesidades actuales, con una mejor regulación de sus derechos y
deberes, y velando por un mejor y más completo servicio para los ciudadanos a los que en definitiva sirve la policía. Tengo la confianza de que durante la tramitación parlamentaria, si se supera este debate de totalidad, el texto pueda verse
enriquecido con las aportaciones de los grupos parlamentarios, con quienes ya anuncio en este momento nuestra disposición de llegar a acuerdos en ese sentido, también en aspectos concretos conforme les he comentado, y contando como es evidente —ya
lo tenemos hablado, como no podía ser de otra manera— con el pleno apoyo y la plena sintonía del Grupo Parlamentario Popular que da apoyo al Gobierno.


Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por la presentación de la ley. A este proyecto, como ha mencionado el señor ministro, se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de la presentada por
el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, empiezo por donde usted ha terminado. Ha ofrecido a los grupos de la Cámara la posibilidad de pactar las enmiendas, de mejorar el texto legal, y por parte de mi grupo parlamentario —se

Página 14

debe a la cortesía parlamentaria— se lo reconocemos, pero permítame que, dada la experiencia que tenemos a lo largo de esta legislatura por parte del Gobierno del Partido Popular, pongamos muy en duda la voluntad real, práctica y final de
que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular tiendan a aceptar modificaciones sustanciales de los proyectos de ley que el Gobierno viene trayendo a esta Cámara, y a la experiencia nos remitimos; no estamos haciendo un juicio de valor o un
prejuicio, sino que nos remitimos a la experiencia. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).


Mi grupo parlamentario, señor ministro, ha presentado una enmienda a la totalidad de este texto legal, porque en pocas palabras nos parece un texto retrógrado —casi es una vuelta al pasado— e incide en cuestiones que tienen que ver más con
la militarización que con una fuerza policial del siglo XXI. Usted lo acaba de comentar en su intervención e incluso lo ha puesto como posible modificación o aclaración, no lo sabemos muy bien, pero el cambio de nombre es un elemento que constituye
botón de muestra de por dónde va esta ley. Volvemos a la denominación que tenía el ahora Cuerpo Nacional de Policía en la ley de antes de 1986 e incluso se va a un cambio de divisas del cuerpo que no es procedente —incide como digo en el carácter
militar o de remilitarización en el que también se ha metido a la Guardia Civil— e incluso tiene un coste que nosotros ignoramos y no compartimos.


Este proyecto de ley, señor ministro, para mi grupo parlamentario no reconoce suficientemente los derechos de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. No aprovecha ni siquiera la experiencia que en esta Cámara en la VI Legislatura se
tuvo con una subcomisión específica que se creó para hablar del modelo policial, y que dio lugar a que los grupos parlamentarios trabajasen ampliamente y presentasen sus propuestas sobre diversos modelos policiales. Nuestro grupo particularmente
presentó una propuesta diferente —usted lo sabe sobradamente porque lo hemos trasladado desde esta tribuna y en la Comisión de Interior también—. No es nuestro modelo policial el que actualmente tiene el Estado español, y que han venido
compartiendo a lo largo de muchos años los sucesivos gobiernos de diferente signo, y este proyecto de ley incide en un modelo policial que como digo no compartimos. Es un modelo policial que, en comparación con otros países de nuestro entorno, es
muy numeroso, es incluso caro, a pesar de la contradicción de que los salarios medios de los policías y de los guardias civiles son bajos, y además diferentes en un cuerpo y en otro, y simplemente porque incide en este modelo policial que nuestro
grupo parlamentario no comparte ya sería un motivo suficiente como para presentar una enmienda a la totalidad. Pero además tiene otras características que no ya solamente a nosotros, sino a las propias centrales sindicales de la policía —y que ya
han puesto de manifiesto—, nos impulsan a presentar esta enmienda de totalidad.


Ahonda en ineficiencias y en desequilibrios, mantiene un impulso a la competitividad entre cuerpos, una competitividad que usted, señor ministro, ha defendido en esta Cámara en diversas ocasiones y que puede llevar cuando no a episodios
peligrosos como el enfrentamiento entre un cuerpo y otro, sí al esperpento vivido hace pocas fechas de que a la Guardia Civil se le dé la orden de controlar lo que hacen los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en la frontera. Eso saltó hace
poco a los medios de comunicación. Ahonda este texto legal en una estructura y en unas competencias que son ilógicas entre los dos cuerpos. Ni siquiera coordina las mismas bases de datos.


Señor ministro, mi grupo parlamentario comparte que es necesario reformar y hacer un texto legal para derogar ciertas reglamentaciones que ya han quedado antiguas y que vienen incluso de época preconstitucional. Este tema lleva pendiente
dos legislaturas. En la anterior legislatura, por caducidad, el anterior proyecto de ley pasó a mejor vida. Sin embargo nos vemos ahora con una cierta premura, como otros textos que vienen de su departamento, ante la necesidad de ver un proyecto
de ley al que mi grupo ve demasiados problemas. Cuestiones básicas como que se obvia de forma innecesaria el principio de legalidad, situando por encima prácticamente el principio de jerarquía, y eso mi grupo parlamentario, al igual que otras
centrales sindicales, no lo pueden compartir. Hay una indefinición y una carencia en la definición de los derechos individuales de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Le pongo dos ejemplos. No se establece algo tan básico como que la
limitación de estos derechos solo podrá ser dictada al amparo de normas con rango de ley, o algo tan sencillo como garantizar el horario establecido. También se producen limitaciones a los derechos colectivos, una discriminación respecto a otras
policías que se mantiene en este texto. Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía no tienen libertad sindical para afiliarse a cualquier sindicato, sino que lo tienen que hacer a sindicatos específicos. También se limita el derecho a la
negociación colectiva, que no se puede hacer como el resto de los trabajadores y que al final se ve con el impedimento de no poder contar con la obligatoriedad de un laudo para que ambas partes, cuando hay un conflicto colectivo, se vean obligadas a
cumplir con algo que satisfaga mínimamente

Página 15

las reivindicaciones de los trabajadores. Tampoco se establecen cauces ni se pone una mínima obligación para que las centrales sindicales puedan participar siquiera como observadores en los procesos de selección y ascenso. Tampoco en la
cuestión de los deberes que regula este texto legal entendemos que haya un tratamiento global satisfactorio. Vemos que hay fallos como que no se asignan tareas detalladas con una referencia clara al puesto, con lo cual sigue habiendo déficits
importantes, y algo tan básico como que las órdenes se darán por escrito cuando así se solicite por parte de quien las recibe.


Ha comentado también el señor ministro en su intervención que se cambia el tema de la residencia fuera del municipio donde se trabaja, pero se sigue manteniendo la obligatoriedad de residencia en un ámbito determinado. Para nosotros eso
sigue siendo una característica que viene de normas de tipo militar, y que no tiene ninguna razón de ser en unos momentos en que los medios de transporte, las necesidades de conciliación familiar o la propia dificultad para encontrar vivienda a un
precio asequible en un ámbito concreto hacen que cualquier policía tenga que comprar la vivienda allá donde pueda, y no en función de dónde tenga su lugar de trabajo. Por lo tanto es una cuestión que bajo nuestro punto de vista debería cambiarse, y
que desde luego enmendaremos a la hora del trámite de este proyecto de ley. Omite, por ejemplo, la escala de facultativos y técnicos que es algo que compartimos con las centrales sindicales pues es algo básico para poder defender las
especificidades de sus puestos de trabajo; o algo tan básico y ciertamente indicativo como es omitir la nomenclatura de las escalas en femenino; espero que al menos estas cuestiones las podamos resolver en el trámite de enmiendas en Comisión.


No exige que las titulaciones requeridas para determinados puestos tengan relación directa con la especialidad que después se va a desarrollar. El registro de personal a nuestro entender debería delimitar específicamente aquellas cuestiones
que deben protegerse en cuanto a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en el registro de personal de la Administración General del Estado, porque tiene sus especificidades y sus problemas concretos. Y no especifica algo tan básico —y que ha
dado lugar a que reivindicaciones sindicales al respecto se pongan sobre la mesa— como los cursos para el manejo de armas; entendemos que debería haber una obligatoriedad mínima y un incremento en algunas secciones a los pocos y pobres cursos que
se hacen actualmente para el manejo de las armas, ya que de un instituto armado estamos hablando, como ha dicho el señor ministro en su intervención.


Para mi grupo no es bueno, no es positivo —ya lo dijimos en la Ley del personal de la Guardia Civil— que se mantengan diversos ingresos al cuerpo. Se mantiene el ingreso por la escala ejecutiva además de la básica, en lugar de solamente por
la básica que sería lo que mi grupo parlamentario defendería. En cuanto a la cuestión de la formación, que también la aborda el proyecto de ley, bajo nuestro punto de vista hay determinadas carencias en cuanto a la garantía de la formación:
disminuye la consideración respecto a la homologación de estudios policiales en el sistema general de estudios, incluso algo que las centrales sindicales han venido reivindicando como es la equiparación en cuanto a la valoración de los cursos
impartidos por las centrales sindicales respecto a otros que se puedan impartir; o garantizar —y así lo enmendaremos en el proyecto de ley— que toda la formación permanente se desarrollará en horario laboral, que es algo en pocas palabras de cajón,
pero que no recoge el texto legal; o el compromiso de que la formación permanente debe ir ligada a la permanencia en el cuerpo al menos tres años, que es algo básico y que tiene una cierta controversia, pero mi grupo parlamentario comparte que en
determinados casos, y sobre todo cuando se acerca la edad de jubilación, tampoco tiene por qué suponer una limitación a los derechos de formación del propio policía el que no vaya a permanecer en activo más de tres años. Es una cuestión que
deberíamos revisar en la tramitación de la ley y en este sentido presentaremos enmiendas. Entendemos que se debe fijar —y el texto no lo hace— una colaboración mayor entre los centros de formación de las diversas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, concretamente con la Guardia Civil. Hay cuestiones muy concretas que mi grupo parlamentario no comparte. El establecimiento de la categoría de comisario general no la consideramos adecuada, nos parece más una retribución honorífica y
pecuniaria para los más altos cargos, y desde luego a mi grupo parlamentario le parece una característica que no es aconsejable en el proyecto de ley.


Hay determinadas cuestiones que se concretan y que se cambian, pero entendemos que sería necesario enmendarlas en el trámite en Comisión al menos si al final, como es previsible, la Cámara aprueba la admisión a trámite de este proyecto de
ley. Porque, por ejemplo, a la hora de fijar las condiciones psicotécnicas antes había un tribunal médico y ahora bastará con un informe del servicio sanitario, que nos parece que no lo garantiza suficientemente. Cuestiones fundamentales y básicas
que para nosotros no mejoran el funcionamiento del Cuerpo Nacional de Policía: mantiene el peso excesivo de los puestos de libre designación. Para mi grupo parlamentario debería limitarse el uso y a veces el abuso de la libre

Página 16

designación en el Cuerpo Nacional de Policía. Mantiene el régimen de comisión de servicios para proveer puestos de trabajo en exceso, y de esta forma no se garantiza que los criterios legales de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y
antigüedad se vean suficientemente salvaguardados. Igualmente marca un plazo excesivo de un año y medio para la convocatoria de las plazas que están provistas en comisión de servicios. No nos parece adecuado.


Señor ministro, ha hablado usted también de la pasarela, no ignora que es un hecho controvertido en el propio Cuerpo Nacional de Policía. Importantes centrales sindicales rechazan la existencia de esta plataforma directa entre otras
policías y la Policía Nacional porque desde su punto de vista y el nuestro puede acabar dañando la propia carrera policial en el seno del cuerpo. Una cuestión básica paralela al día a día del Cuerpo Nacional de Policía es el sistema de evaluación
por objetivos. Un sistema de evaluación por objetivos que se fija y se mantiene lleva a que el objetivo final del trabajo policial sea el número de detenciones o el número de identificaciones, y eso no es lo mejor desde nuestro punto de vista,
señor ministro. El objetivo del Cuerpo Nacional de Policía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado viene fijado en el artículo 104 de la Constitución, y usted lo ha citado al principio de su intervención, es la protección y la defensa de
los derechos y libertades ciudadanos consagrados por la propia Carta Magna. La policía tiene que estar al servicio de las libertades, al servicio de la defensa de las libertades y la protección de las libertades, y no impelida a realizar un
determinado número de detenciones o un determinado número de identificaciones o un determinado número de objetivos fijados por el mando concreto, que al final no es lo que marca la legislación. No lo comparte mi grupo parlamentario y no nos parece
la mejor forma de tener una seguridad ciudadana apta para desarrollar en completa tranquilidad los derechos y libertades constitucionales.


En definitiva, señor ministro, para mi grupo parlamentario no es el texto adecuado, requiere una serie de modificaciones importantísimas que desde luego vamos a trasladar en diversas enmiendas parciales, pero que nos ha llevado a que
planteemos esta enmienda de devolución del texto al Gobierno porque nos parece un texto regresivo, un texto que limita los derechos de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, y que consolida en última instancia un modelo policial que mi grupo
parlamentario no ha compartido, no comparte, y que espera que en el futuro pueda cambiarse en este país.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Sixto.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sicilia.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, coincidimos en que el Cuerpo Nacional de Policía necesita una ley de personal que venga a regular en una única norma cuestiones como el acceso al cuerpo, la carrera profesional, las diferentes situaciones administrativas por
las que pasan los policías y las policías, y un largo etcétera. Cabe entonces preguntarse por qué mi grupo presenta esta enmienda a la totalidad, y tres son los motivos básicamente, señor ministro. El primero, porque mi grupo —como usted ya
comentó esta mañana— tiene definida y redactada su ley de personal para el Cuerpo Nacional de Policía, y no es otra que la que trajo a esta Cámara en la anterior legislatura; un texto que a nuestro juicio —como puede resultar evidente— era mejor
que el que hoy nos ha presentado y que contaba con más apoyos y más consenso que el texto que hoy usted nos ha presentado. El segundo, rechazamos el proyecto por una cuestión de fondo que más adelante le detallaré. Y el tercero, por una cuestión
de forma, señor ministro, y le explico. Abandonan la línea seguida en nuestro ordenamiento de regular separadamente la ley de personal de cuestiones que recogen y regulan derechos y deberes de determinados colectivos, en este caso el Cuerpo
Nacional de Policía, y la consecuencia de unir en una única norma dos ámbitos diferenciados y que merecerían por sí mismos una ley propia es que vamos a elevar a rango de ley orgánica un texto no solo para la parte de los derechos y los deberes de
los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, sino todo el texto, incluso aquellas cuestiones que van a ser cambiantes, señor ministro, cuestiones que se van a someter como digo a esa ley orgánica más rígida y menos flexible para ámbitos que sin duda
pueden ser cambiantes. Otra cosa, señor ministro, es que esa fuera la verdadera intención: bloquear posibles cambios en un futuro.


También rechazamos —como le decía— este proyecto por una cuestión de fondo, porque lo que nos presenta refleja un modelo policial y un modelo de seguridad ciudadana que está totalmente opuesto al modelo que tenemos los socialistas. Nuestra
apuesta es la seguridad pública; la de ustedes la seguridad privada. Sirva de ejemplo la Ley de Seguridad Privada que recientemente aprobaron en este Parlamento, y que pone en el mismo nivel a la seguridad pública y a la seguridad privada. Una
Ley de Seguridad

Página 17

Privada, señor Fernández, que rompe con la concepción de seguridad ciudadana como servicio público; una ley que lo que está haciendo además es que cada vez haya menos policías, porque son miles los efectivos de policía y guardia civil que
se pierden cada año, y sin embargo haya cada vez más negocio para las empresas de seguridad privada a costa del espacio que estaba cubriendo la seguridad pública. Para ustedes la seguridad no es un derecho, señor ministro, para ustedes la seguridad
es una posibilidad de negocio, cumplen así con una de sus máximas: que cada cual tenga los servicios que pueda pagarse, la educación que pueda pagarse, la sanidad que pueda pagarse, en este caso también la seguridad que pueda pagarse. (Aplausos).
Poco bien le hace esta Ley de Seguridad Privada al Cuerpo Nacional de Policía.


Señor ministro, no puedo dejar de decirle que desde mi grupo estamos seriamente preocupados por cómo la Ley de Seguridad Ciudadana va a dañar, y mucho, la imagen de nuestros policías y de nuestras policías. Con la Ley de Seguridad Ciudadana
ustedes, señor ministro, señorías del PP, han subvertido el papel de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que van a pasar a ser controladores de la población en lugar de realizar su papel fundamental, su función constitucional, que no
es otra que la de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana. Por eso, señor ministro, le pedimos que no convierta el Cuerpo Nacional de Policía en el brazo ejecutor de su ley del miedo, que no
convierta el Cuerpo Nacional de Policía en la mordaza que acalle la protesta de la gente contra las medidas de su Gobierno. (Aplausos). La policía no está para silenciar a la ciudadanía, sino para protegerla. La policía no está para proponer
sanciones de 600 euros a los pensionistas que se manifiestan pacíficamente en una sucursal de Bankia, porque les han estafado con las preferentes. El tiempo de correr delante de los grises ya ha pasado, por más que ustedes se empeñen con sus
medidas en llevarnos a una España en blanco y negro. Tan es así, señor Fernández, que esta ley de personal que nos presenta quiere recuperar el nombre que tenía la policía en 1978 —yo no había ni nacido—, y quieren llevarnos a ese nombre, al nombre
de Policía Nacional, el nombre que tenía aquella policía de marrón que aun con carácter civil se regía internamente por normas militares, y que tenía mandos que provenían del ejército. Hasta el nombre quieren llevárselo al pasado. Por cierto, ¿han
calculado el coste de esta medida? Porque en la valoración de impacto económico ni se menciona ni se cuantifica cuánto va a costar el cambio de las rotulaciones, de las leyendas, de los distintivos, de los uniformes, de las gorras, de los carnés
profesionales o de las placas insignia de 68.000 efectivos. ¿Qué coste va a tener? ¿Y es necesario? ¿Acaso este cambio de nombre supone una mejora en la prestación del servicio del Cuerpo Nacional de Policía? ¿Mejora las condiciones laborales de
los policías y de las policías? ¿Mejora su profesionalidad? ¿Se mejora la seguridad ciudadana y la protección del libre ejercicio de los derechos con este cambio de nombre? No, señor ministro. En nada de eso se mejora con este cambio de nombre,
lo único que esto hace es evocarnos el pasado, solo eso. Dice usted que es ponerle el nombre que normalmente se utiliza en la calle. Pero, señor ministro, le pondré un ejemplo, también a la Comunidad Foral de Navarra la llamamos Navarra, y no por
eso nos planteamos cambiarle su nombre oficial, que es Comunidad Foral de Navarra. ¿O cuando alguien habla de la Seguridad Social dice todo su nombre, Instituto Nacional de la Seguridad Social? No, señor ministro. Además lo que usted plantea
supone un coste en estos momentos en los que no hay dinero para sacar más plazas de policía, pero sí lo hay para cambiar placas e insignias. Señor ministro, no tiene ningún sentido. Hablemos de este tema. No tiene ninguna razón de ser, no mejora
nada el Cuerpo Nacional de Policía. Por eso planteémoslo nuevamente y no hagamos algo que no tiene ningún sentido.


Por otra parte hay cuestiones, señor Fernández, que es necesario cambiar para mejorar esta ley. Por ejemplo, lo referente a la formación. Resulta sorprendente el poco contenido que dedican en la exposición de motivos del proyecto a la
formación, materia sobre la que no existe ningún avance, sobre todo si lo comparamos con el texto que trajo el Gobierno socialista en 2011, porque no hay un avance en la integración del sistema de enseñanza del Cuerpo Nacional de Policía, de esa
integración en el sistema educativo español. Le podría poner otros muchos ejemplos de cuestiones que consideramos que es necesario cambiar para mejorar esta ley, pero estoy convencido de que en el trámite parlamentario podremos llegar a acuerdos
para esas mejoras.


Hay otras cuestiones que nos parecen importantes y que echamos en falta en este proyecto. Echamos en falta, por ejemplo, el centro universitario de formación del Cuerpo Nacional de Policía, que no aparece. Creemos necesario que la ley
recoja expresamente la creación de este centro, un centro al que además se ha comprometido en diversas ocasiones la Dirección General de Policía, pero que no aparece en el texto del proyecto, y creemos necesario incluir para asegurar que se va a
poner en marcha. También

Página 18

echamos en falta, señor ministro, mejoras en los derechos sindicales como la negociación colectiva o un mayor acceso a la información. El texto tampoco ofrece vías de solución para los supuestos de conflicto colectivo. Pero, señor
Fernández, lo que nos resulta más escandaloso es comprobar cómo este proyecto se olvida por completo de la Ley de Igualdad, a pesar de su proclamación como principio informador en el artículo 3. El proyecto ignora la obligación de implantar un
lenguaje no sexista en el ámbito administrativo, hasta tal punto que la referencia que se hacía en el texto socialista de 2011 decía que a las mujeres policías que tuvieran ciertas categorías se les llamaría comisarias, inspectoras, subinspectoras,
pero curiosamente en este texto desaparece, por no hablar de que no han corregido ese lenguaje sexista que aparece en todo el proyecto. (Aplausos). Tampoco recoge ni una sola medida que procure o tienda a la consecución de una presencia
equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos o en las designaciones de los cargos de responsabilidad. Tanto se olvidan de las mujeres que recientemente han comprado chalecos antibalas para hombres. No se han dado cuenta de que las mujeres
también están en el Cuerpo Nacional de Policía, y han tenido que salir los tres sindicatos mayoritarios a pedirle que compren chalecos que se adapten a la fisonomía femenina. Fíjese hasta qué punto se olvidan de las mujeres, señor ministro.
(Aplausos).


Por último, señor Fernández, le decía que había cuestiones que mejorar, cuestiones que echábamos en falta, le he destacado alguna, pero también hay cuestiones a las que nos oponemos de manera tajante. Es el caso de la creación de esa
categoría a la que ustedes han llamado comisario general. Se oponen todos los sindicatos policiales, desde el SPP al SUP, y solo por eso sería razón suficiente como para que se planteen eliminar esta medida. Esta propuesta ignora que las
denominaciones de director adjunto, subdirector general, comisario general y jefe de división se corresponden con puestos de trabajo, al igual que lo son los jueces superiores, comisarios provinciales, locales, de distrito. Además cada puesto de
trabajo tiene un nivel, 28, 26, nivel que se va consolidando en función del tiempo que se está realizando el trabajo en ese puesto, como ocurre en toda la Función pública, también en el Cuerpo Nacional de Policía. Por eso, señor ministro, es tan
ilógico lo que están planteando, el crear esta categoría de comisario general, que nos podríamos encontrar fácilmente con que en cuestión de unos años hubiera decenas de comisarios generales. Imagínese, señor ministro, que por un periodo de ocho
años se suceden diversos Gobiernos con diferentes ministros; que cada ministro nombra a su director o directora general para la Policía y que éstos, a su vez, nombran a su Junta de Gobierno cesando a la anterior. ¿Cuántos comisarios generales nos
podríamos encontrar, señor ministro? Decenas; unos comisarios generales que, una vez cesados de estos puestos de la Junta de Gobierno, mantendrían la consideración y la categoría de comisario general pero sin funciones, señor ministro, porque la
ley no les asigna ninguna función. Es más, una vez cesados, cuando vuelvan a su puesto estarán por encima de los comisarios provinciales, pero sin funciones. ¿Qué funciones les van a dar a estos comisarios generales, una vez cesados, cuando
reingresen a su puesto teniendo que estar por encima del comisario principal? ¡Si es que no tiene ningún sentido, señor ministro! Ningún sentido. Por no hablar de que esta es una designación a dedo. ¿Qué hace el ministro entre los comisarios
provinciales?


Señor Fernández, planteemos esto de nuevo; no tiene ningún sentido. Esto no sirve para mejorar la estructura del Cuerpo Nacional de Policía. Todo lo contrario; puede presentar serias incongruencias organizativas. Los sindicatos se lo
están pidiendo; los partidos se lo estamos pidiendo. Volvamos a hablar de esto, señor ministro, que no sirve para el Cuerpo Nacional de Policía.


Por último, la disposición adicional cuarta; el ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía de funcionarios de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales. Señor Fernández, esta es una medida
extravagante; tan extravagante que ni tan siquiera la han justificado en la exposición de motivos, porque no tiene justificación ninguna. Señor Fernández, no hay ninguna razón, ni tan siquiera la razón de esa batalla particular que usted tiene
contra el independentismo catalán. Es que no hay razón alguna para esto. Le voy a poner un caso para que usted vea lo desconsiderado de esta disposición y de esta medida que, como digo, permite que policías locales o autonómicos ingresen en el
Cuerpo Nacional de Policía y que lo hagan, como usted especificaba, en la escala y categoría equivalente a la que tengan en su cuerpo de preferencia. ¿Me quiere usted decir, señor Fernández, qué equivalencia le damos al jefe operativo de la Policía
local de mi pueblo, de Bailén, que ocupa el segundo lugar en la estructura de la Jefatura de Policía local de mi pueblo? ¿Qué equivalencia le damos, comisario, inspector jefe, inspector? Es más, ¿le ha explicado usted esta medida a las decenas,
centenares, de policías que hoy están estudiando, que llevan años estudiando, para ser inspectores o comisarios? ¿Les va usted a explicar que,

Página 19

por el bien de la unidad de España y contra el independentismo, van a tener que competir y disputar el puesto al que aspiran con un policía local o un policía autonómico?


Termino ya, señora presidenta. Señor ministro, estamos en el momento de negociar, de hablar, de consensuar. Coincidimos en un punto fundamental, y es la necesidad de esta ley; la necesidad de que el Cuerpo Nacional de Policía tenga una
ley, una única norma, que regule las diferentes situaciones que en el mismo se dan; pero no este texto, que es muy mejorable. Mi grupo se ofrece, como se lo ha dicho en multitud de ocasiones con otros textos legislativos, a sentarnos, a hablar, a
dialogar y a intentar hacer la mejor ley posible. Son muchos años, décadas, las que lleva el Cuerpo Nacional de Policía esperando esta ley. No perdamos la oportunidad que se merecen los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de hacer una buena
ley de personal. Mi grupo va a trabajar en ello. Presentaremos las enmiendas que estamos dispuestos a negociar y a consensuar. Señor ministro, espero que la actitud de su Gobierno y de su grupo sea la misma. Por nuestra parte, no va a quedar.
No podemos perder esta oportunidad.


Muchas gracias. (Aplausos.—El señor ministro del Interior, Fernández Díaz, pide la palabra).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Sicilia.


El señor ministro ha pedido la palabra.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señora presidenta.


Señorías, subo a la tribuna no solo por razones de cortesía parlamentaria, creo que obligada, sino por respeto a los enmendantes a la totalidad que exige que quien ha presentado el proyecto de ley responda a quienes se han tomado el esfuerzo
—no digo que los demás no lo hayan hecho— de presentar una enmienda de totalidad con unos argumentos que, a su juicio, justifican plenamente que ese proyecto de ley sea retirado de la Cámara y devuelto al Gobierno. Empiezo por decirle al señor
Sixto —y entiéndamelo, porque es mi voluntad, en el buen sentido— que es totalmente predecible, lo cual quiere decir que es coherente. Yo conozco perfectamente su discrepancia radical respecto del modelo policial que existe en nuestro país, y eso
en todas las leyes que tienen que ver con la Policía o con la seguridad lo viene reiterando. Está en su legítimo derecho, de la misma manera que el Gobierno está en su legítimo derecho de decir que tenemos una discrepancia, que discrepamos en el
modelo policial. En el año 1986 la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrolló las previsiones del artículo 104 de la Constitución a esos efectos, y creó el Cuerpo Nacional de Policía y el de la Guardia Civil como
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sobre el Cuerpo Nacional de Policía, la Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como sabe, lo define como un instituto armado de naturaleza civil; en cuanto a la Guardia Civil, se define
como un instituto armado de naturaleza militar. Y usted discrepa de ese modelo policial —insisto en que está en su derecho—, pero es el modelo policial que estableció no un Gobierno del Partido Popular sino un Gobierno del Partido Socialista. El
Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular comparten ese modelo con el Partido Socialista, y es importante que los dos partidos que han gobernado desde entonces en España, los dos principales partidos políticos de España, en estos momentos
compartamos algo tan importante para nuestro país como es el modelo policial.


Tengo que decir además que España no es una excepción, no es una rara avis en el mundo policial. Usted sabe que hay diversos modelos policiales pero que coexistan en un modelo policial un cuerpo policial de naturaleza civil con un cuerpo
gendármico es algo que está bastante generalizado. No creo que usted pueda dudar de que Francia, por ejemplo, sea un país democrático, y Francia tiene la Policía de naturaleza civil y tiene la Gendarmería que tiene naturaleza militar. En Italia,
tienen a la Policía y a los Carabinieri, que tiene naturaleza militar. En Portugal —le estoy hablando, fíjese, de países cercanos—, tienen a la Policía de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional Republicana de naturaleza militar. En Holanda,… y
podría seguir. Y si nos vamos a América, a Iberoamérica tiene usted también modelos policiales en los que coexisten, conviven y se complementan cuerpos policiales de naturaleza civil, como es el caso de España con la Policía Nacional, y cuerpos
gendármicos de naturaleza militar, como es en el caso de España la Guardia Civil. Fíjese que le he dicho en un momento Portugal, Francia, Italia, Holanda, y podría seguir. No somos, señoría, una rara avis. Repito, es legítima la discrepancia pero
piense que no somos algo extraordinario en el mundo policial, en absoluto. Es más, me atrevo a decirle lo contrario, somos más bien un referente, el modelo policial español más bien tiende a copiarse que a lo contrario, desde luego en la
experiencia que yo tengo, que alguna ya empiezo a tener. Más bien hay interés por conocer nuestro modelo policial y la naturaleza de nuestros cuerpos policiales, que son policías integrales absolutamente, que lo contrario. En el mundo no están
generalizados los cuerpos policiales integrales,

Página 20

como pueden ser la Policía Nacional o la Guardia Civil o las policías autonómicas que también son policías integrales, pero conviene tener claro que policía integral es una cosa y que ser policía exclusiva o excluyente es otra. Porque la
Policía Nacional es un cuerpo de policía integral, la Guardia Civil es un cuerpo integral y no son exclusivas ni excluyentes porque los dos existen, siendo cuerpos de seguridad del Estado.


¿Por qué digo que son cuerpos de policía integral? Porque no abundan los cuerpos policiales, incluso en los países de nuestro entorno, que tengan como tienen nuestros cuerpos de seguridad del Estado la característica de ser policía
integral, de tener información, de ser cuerpos encargados de la seguridad ciudadana, Policía científica, Policía judicial. No hay muchos cuerpos, más bien todo lo contrario, son muy pocos los cuerpos policiales que, como en el caso de los Cuerpos
de Seguridad del Estado en España tengan esa característica de policía integral absolutamente. En el caso de la Policía Nacional, como usted sabe, la Comisaría General de Información, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la Comisaría
General de Policía Científica, la Comisaría General de Policía Judicial, sin contar con otras que aluden a funciones específicas de la Policía Nacional como son documentación, inmigración irregular, etcétera. Esa es una singularidad de nuestro
modelo policial, que tienden a imitarla y que tiene mucho que ver con el hecho de que, como he relatado al comienzo de mi exposición, una de las fortalezas de España es que es percibido como un país seguro, uno de los países más seguros de la Unión
Europea, que es lo mismo que decir que uno de los países más seguros del mundo; teniendo presente además —esto es muy importante— que cuando hablamos de la Unión Europea hablamos de un espacio de libertad, justicia y seguridad, por tanto, de un
lugar donde la libertad no se sacrifica en el altar de la seguridad, sino que se intenta encontrar —como no puede ser de otra manera en una democracia— un equilibrio entre la seguridad y la libertad, desde la convicción de que son las dos caras de
una misma moneda: que la seguridad no se entiende si no es al servicio de la libertad, pero que también, conseguido ese equilibrio, más seguridad debe representar necesariamente más libertad. Por tanto, que quede claro que respeto su discrepancia
pero tenga presente que España no es una rara avis, sino todo lo contrario y es un modelo de referencia. Lo digo, señor Sixto, repito, con todo afecto, si me lo permite, pero con toda claridad. Es un modelo de referencia, téngalo claro. La
información elaborada, como usted sabe, pasa a ser inteligencia. En el ámbito interior, la Comisaría General de Información en la Policía Nacional o en la Guardia Civil la Jefatura de Información tienen información y, además, capacidad operativa.
Eso, en la lucha antiterrorista, por ejemplo, es extraordinariamente importante y nos singulariza de otros países. Eso ha permitido, entre otras cosas, —se lo digo así de claro— haber derrotado policialmente a ETA. Se lo digo así de claro.
Téngalo presente. Por eso otros países tienden a imitarnos y están modificando sus modelos policiales. Nos están preguntando —aunque luego copiarán o harán suyo aquello que les parezca más adecuado—, pero nuestro modelo policial español es un
modelo de referencia. Téngalo claro y ya lo dejo dicho, si me lo permite, para siempre, señor Sixto.


Ha dicho también en ese contexto de que es un modelo retrógrado, y vuelve a la militarización. Con lo que he dicho anteriormente ya está implícitamente replicada esa acusación que, con todo respeto, me parece que no está fundamentada.
Retrógrado en absoluto, todo lo contrario. Hemos tenido que esperar décadas para que, insisto, hubiera una explícita ley orgánica —parcialmente a eso me referiré ahora, contestando al señor Sicilia, portavoz del Grupo Socialista hoy en relación con
este proyecto de ley— para que se cumpla de manera especial y adecuada el mandato del artículo 104.2 de la Constitución Española. No es en absoluto retrógrado, todo lo contrario. Entre otras cosas, tiene una permanente referencia al sistema
educativo español, tiene una permanente referencia al Plan Bolonia, tiene una permanente referencia al Estatuto Básico del Empleado Público del año 2007. Está absolutamente actualizado. De hecho, el Gobierno socialista en la anterior legislatura
envió al Congreso de los Diputados un proyecto de ley pero lo presentó tan tarde que, por desgracia, no pudo ser aprobado porque fueron disueltas las Cámaras cuando se convocaron elecciones. Quiero que quede claro —esto se lo digo al Grupo
Socialista— que muchas de las cosas que estaban contenidas en ese proyecto de ley, porque eran razonables, están incorporadas, con la misma o diferente dicción pero los principios básicos están incorporados en este proyecto de ley. Porque una
institución como la institución policial no la va inventando cada Gobierno. Cada Gobierno la va actualizando en la medida en que el transcurso del tiempo exige dotarla de una estructura, organización y normas que la permitan cumplir con la misión
que tiene encomendada en las circunstancias de cada momento que, por su propia naturaleza, son cambiantes. Repito, señor Sixto, que no creo que esté más allá de otras cuestiones de su permanente y reiterada oposición al modelo policial español
—legítima, como le he dicho, pero que no compartimos en absoluto—, no creo que esté

Página 21

fundamentada esa queja en que se basa —junto a otras reservas, a las que luego me referiré— su enmienda de totalidad, en la medida en que también comparten algunas quejas, algunas reservas con el Grupo Socialista.


Con respecto al Grupo Socialista, señor Sicilia, dice usted que el proyecto de ley que había presentado el Gobierno socialista en la legislatura anterior era mejor; en todo caso tuvieron tiempo para haberlo hecho porque estuvieron
gobernando durante ocho años y la Ley de 1986 hacía tiempo que se había aprobado. Lo normal es que una vez aprobada la Ley de 2007, el Estatuto Básico del Empleado Público, hubieran traído esta ley, pero la presentaron cuando ya no había tiempo
para aprobarla; por tanto, si era mejor, haberla presentado antes. Nos dice ahora a nosotros que la presentamos muy tarde —luego se lo voy a comentar—, pero en todo caso la presentamos razonablemente a tiempo de que las Cortes Generales la puedan
aprobar en esta legislatura. En cuanto a que era mejor, aparte de que está por ver, quiero decir que en todo caso muchas de las cosas de ese proyecto de ley que decayó están recogidas en este proyecto.


No obstante, si querría por encima de las diferencias, señorías, señor Sicilia, recoger el guante que usted me tiende en el sentido de que en el trámite parlamentario seamos capaces de acercar posiciones. Es bueno para la institución
policial, para una institución del Estado como es la Policía —aunque sea posible y legítimo estar en desacuerdo— que nos podamos poner de acuerdo. Si las diferencias se contraen básicamente a lo que usted aquí ha comentado y que contiene su
enmienda de totalidad, hay base para que en el trámite parlamentario podamos producir un acercamiento. Asimismo, en la medida en que ha enfatizado alguna cuestión como la denominación y la creación de las categorías de comisarios generales, ya le
anticipo que eso no será obstáculo para que nos pongamos de acuerdo.


Se ha aludido a la creación de las categorías de comisarios generales, y quiero decir que en todo caso y sin perjuicio de lo que he dicho —que diré ahora—, esas categorías no tienen retribución económica, que quede claro. En todo caso, sí
acepto que puede prestarse a confusión el hecho de que por estar precisamente en la Policía Nacional, en su organización, en su estructura, las comisarías generales, el que haya comisarios principales al mando de esas comisarías generales puede
inducir a confusión. A ese respecto estoy dispuesto sinceramente, y el Grupo Popular también, a que en el trámite parlamentario acerquemos posiciones, de tal manera que eso no sea un obstáculo para que —ese sería el objetivo— nos pongamos de
acuerdo en lo que es el contenido fundamental de esta ley, y que pueda salir del Congreso de los Diputados y después del Senado en su caso, en definitiva de las Cortes Generales, aprobada con un amplio consenso de la mayoría de grupos de esta
Cámara. No oculto que tengo un especial interés, por razones obvias, en que pueda ser con el Grupo Socialista, como hizo a sensu contrario el Grupo Popular en la legislatura anterior —quiero recordarlo—, que pactó con el Gobierno socialista la
aprobación de la Ley de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía en el año 2010, que fue aprobada pues con los votos favorables del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, esa voluntad de consenso que estando en la oposición y en
relación con la institución policial manifestó el Grupo Popular, espero que ahora también la manifieste el Grupo Socialista desde la oposición en relación con el Gobierno del Partido Popular. Insisto, que en lo que hace referencia a los comisarios
generales por mi parte no será obstáculo para que lo que creo que es necesario sea posible, que es también una de las misiones de la política: conseguir que lo que entendemos que es necesario, en este caso un acuerdo fundamental en la ley del
régimen personal de la policía, sea posible, es decir, el acuerdo entre los dos principales grupos de las Cámaras.


Señor Sicilia, no voy a entrar en el debate que ahora usted me plantea nada más y nada menos que sobre la Ley de Seguridad Privada, que está en vigor ya desde hace un cierto tiempo, o en la ley orgánica de protección de la seguridad
ciudadana que está en estos momentos en tramitación en el Senado. Vuelvo a reiterar desde aquí una cosa que he dicho en diversos momentos: dígame usted un solo derecho, una sola libertad que restrinja el proyecto de ley orgánica de protección de
seguridad ciudadana, dígamelo y estoy dispuesto a estudiarlo; todavía estamos a tiempo porque está en tramitación parlamentaria en el Senado. Dígame una sola libertad pública, un solo derecho fundamental que restrinja ese proyecto de ley. Ahora,
si gobernamos o hacemos política a base de titulares, a base de eslóganes, eso es otra cuestión. Nosotros estamos gobernando para el bien común, para el interés general y, cuando hablamos de instituciones del Estado, como en este caso es la
Policía, no hemos de gobernar, no hemos de legislar a golpe de titular, a golpe de eslogan, sino con sentido de la responsabilidad. Muy bien está calificar de ley no sé qué o de ley no sé cuanto determinadas iniciativas, pero después se quedan en
eso, en un eslogan o en un titular, pero sin ningún contenido práctico. Prefiero quedarme con la afirmación que han hecho el

Página 22

Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos y el dictamen del Consejo de Estado, que en relación con ese proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana dicen que ha
conseguido el necesario equilibrio entre libertad y seguridad. Eso no es un eslogan; es una definición que hace el Consejo de Estado tras hacer un fundamentado análisis político del contenido material y real del proyecto de ley, y no de un eslogan
o de un titular.


En cuanto a las cuestiones concretas en las que coinciden los dos grupos o las que me plantea alguno de ellos y que me parecen especialmente relevantes —como es evidente, no voy a entrar en un debate exhaustivo de todas las cuestiones que
plantean porque para eso estará después el debate correspondiente, si se supera el debate de totalidad, en ponencia, en Comisión y, por tratarse de ley orgánica, en su vuelta al Pleno—, no quiero dejar hoy de dar una respuesta en este debate de
totalidad. Los dos grupos han coincidido en una cosa: el incumplimiento de la obligación de denominar las categorías en femenino o, dicho de otra manera, el lenguaje sexista que utiliza el proyecto de ley. Lamento decirles lo que les voy a decir
ahora, y digo que lo lamento porque se supone que ustedes conocen estas directrices. Desde luego, teniendo en cuenta que las aprobó una Administración socialista, parece exigible que el Grupo Socialista conozca las normas que ellos mismos dictaron.
En todo caso, señor Sixto, el desconocimiento de las normas no exime de su cumplimiento. Hay unas directrices de técnica normativa, publicadas mediante Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. En el
proyecto se ha utilizado el masculino genérico al referirse al cargo y no a una persona concreta que lo ostente en un momento determinado. Conforme establece el artículo 3 del proyecto de ley que estoy defendiendo, la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres se observará en la interpretación y aplicación de las normas que regulan el acceso, la formación, la promoción profesional y las condiciones de trabajo de los policías nacionales, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Para la denominación de personas concretas, señor Sicilia y señor Sixto, la entonces Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, Gobierno de la
anterior legislatura, aprobó la Resolución de 16 de septiembre de 2009, sobre adecuación en materia de lenguaje no sexista, según lo establecido en la referida Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres en cuanto a criterios
generales de actuación de los poderes públicos en relación con la igualdad.


Por tanto, hemos cumplido lo que establece, nada más y nada menos, una ley orgánica del año 2007 y unas disposiciones del año 2009 y 2005, dictadas para evitar el lenguaje no sexista o, dicho en positivo, evitar la discriminación entre
hombres y mujeres. Por tanto, señorías, les rogaría que fueran un poco más precisos a la hora de efectuar determinadas críticas, ya que en este caso no son legítimas, en la medida en que hay unas normas que ya han abordado esta cuestión, porque
este debate, como sabemos, no surge ahora. Fíjese que no he hecho referencia —podía haberlo hecho— a la Real Academia Española de la Lengua. Me refiero a normas con rango de ley orgánica y resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil del año 2009, y normas concretas, directrices de técnica normativa y resoluciones del Ministerio de la Presidencia del año 2005. O sea, que con ese tema normativamente se estará conforme o no, pero está regulado y nos hemos adecuado,
como no puede ser de otra manera, a lo que determinan esas disposiciones. Creo que lo he aclarado y que mi respuesta a la crítica que han formulado los dos grupos parlamentarios, el Socialista y el Grupo de Izquierda Unida, Iniciativa per
Catalunya-Els Verds y la Chunta, está fundamentada.


Han dicho que la ley orgánica imprime una rigidez innecesaria al proyecto. La disposición final cuarta del proyecto de ley concede únicamente el carácter de ley orgánica a los aspectos más relevantes de dicho proyecto, en virtud de la
afectación a los derechos fundamentales o a la misma esencia del régimen estatutario policial, otorgando a sensu contrario rango de ley ordinaria a los aspectos más relacionados con la organización de la corporación o institución policial. En
particular, así se define en esa disposición final cuarta, que tendrán rango de ley orgánica los artículos 1, 2.1 y 3 del título preliminar, los títulos 2, 3 y 13, el apartado 1.a) y 1.c) de la disposición derogatoria única y la disposición final
primera. Esos tendrán rango de ley orgánica, el resto tendrán rango de ley ordinaria. Por tanto, esa crítica a la presunta rigidez que impone una ley orgánica a una ley que por la naturaleza de la materia que regula, el régimen de personal,
debería ser de rango ordinario, la propia ley lo resuelve. Seguramente si se lo hubieran leído en más profundidad, no me hubieran formulado esa crítica, pero yo tengo el deber, ante toda la Cámara, de aclararlo.


Han aludido también a la cuestión de la pasarela. No voy a hacer juicios de intenciones, pero tengo que decir que la pasarela, como ya he dicho, está prevista para todos los cuerpos de seguridad existentes, a nivel local, a nivel autonómico
y a nivel del Estado, y en la medida en que eso no quede claro, estamos

Página 23

dispuestos en el trámite parlamentario a incluir las enmiendas que lo posibiliten, de tal manera que funcionarios que integran las policías locales, las autonómicas o que integran el otro cuerpo de seguridad del Estado —no creo que nadie
esté pensando en otro cuerpo de seguridad del Estado en cuestiones como las que han mencionado— podrán integrarse en el Cuerpo Nacional de Policía o en la Policía Nacional, pero eso sí, como se dice en el texto, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen —por tanto, eso habrá que determinarlo—, como que tengan la titulación exigida conforme al artículo 26 del proyecto de ley para ingresar en la Policía, etcétera. Por tanto, establece toda una serie de cautelas que
se tienen que cumplir, y para el establecimiento de esas cautelas los sindicatos profesionales de la Policía también van a ser escuchados, va a ser atendida su posición. Por tanto, no es que aquí se abra la mano indiscriminadamente para que puedan
venir los funcionarios que integran cualquier otro cuerpo policial a integrarse en la Policía, sino que lo podrán hacer si cumplen una serie de requisitos muy estrictos, que reglamentariamente y con otro rango se establecerán en su momento. Aquí lo
que se lleva a cabo es la habilitación legal para que, en su caso, se pueda producir esa integración con la finalidad o posibilidad —repito que en otros juicios de intención no voy a entrar— de optimizar los recursos humanos existentes en el ámbito
de la seguridad pública, en el ámbito local, en el ámbito autonómico y en el ámbito estatal. Ese es un objetivo legítimo que debe tener el Gobierno de España y, en este caso, el Ministerio del Interior respecto a un Cuerpo de Seguridad del Estado
como es la Policía Nacional, una institución del Estado, de manera que sea una Policía de referencia por lo que se refiere a los institutos armados de naturaleza civil.


Señora presidenta, voy terminando. Ya me he referido a la crítica en la que han fundamentado el que pase a denominarse Policía Nacional. Simplemente les digo que en ese asunto estamos abiertos a que en el trámite de enmiendas se aclare
todo lo que se tenga que aclarar, pero ya les anticipo algo que podría constituir una enmienda para que no haya dudas: que a partir de la entrada en vigor de esa ley orgánica, cuando sea aprobada en su caso, todas las referencias que en la
legislación vigente existan respecto al Cuerpo Nacional de Policía, a partir de ese momento se consideraran igualmente hechas a la Policía Nacional. Como ya he dicho antes, la Policía Nacional como cuerpo policial sustantivamente existe desde la
Ley de Policía, 55/1978 —conocida por toda la Policía como la Ley Martín Villa, porque era el ministro de la Gobernación de la época, y dicho con todo afecto hacia el señor Martín Villa, que es además amigo personal mío—, que creó el Cuerpo Superior
de Policía con funciones de investigación, información, etcétera y el Cuerpo de Policía Nacional, efectivamente militarizado, instituto armado de naturaleza militar. Esa realidad subsistió hasta el año 1986, cuando se aprobó la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se integran los dos cuerpos y nace el Cuerpo Nacional de Policía, instituto armado de naturaleza civil.


Ahora han transcurrido casi treinta años, concretamente veintinueve, y me he permitido utilizar antes una expresión que creo que viene al caso: hacer normal lo que es normal a nivel de calle, que es que a los integrantes, a los miembros, a
los policías que componen el Cuerpo Nacional de Policía se les conoce como policías nacionales, pero, dado que durante ocho años existió un cuerpo policial específico que se llamaba Policía Nacional, si no había una referencia legal expresa a que
los integrantes, a que los que componen el Cuerpo Nacional de Policía se les llama policías nacionales y componen la Policía Nacional, se podía prestar a una clara confusión, confundiendo lo que es la Policía Nacional que nace de este proyecto de
ley orgánica con lo que fue la Policía Nacional que creó la Ley de Policía 55/1978 y que subsistió, como he dicho, hasta la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo. Creo que me he explicado, pero en la medida en que no quede suficientemente aclarado,
insisto, tenemos el trámite de enmiendas para presentar alguna de ellas, incluso al preámbulo o a la exposición de motivos de la ley, para que esto quede mejor clarificado, porque eso tendrá también que ver con lo que me han planteado desde la
tribuna o en los textos de las enmiendas de totalidad en relación con el coste económico que significaría el cambio de denominación, etcétera. Entiendo que, en principio, aclarado lo anterior, ya no habría problema, porque podrían subsistir en el
tiempo, hasta que se hicieran las correspondientes renovaciones o las dotaciones de las infraestructuras de todo tipo, las dos denominaciones, pero, en todo caso, supongo que serán conscientes —estoy seguro de que sí— de que este proyecto de ley,
como ningún proyecto de ley de régimen de personal, no tiene el visto bueno del Consejo de Ministros si no tiene el visto bueno del Ministerio de Hacienda y, en un periodo como el que estamos viviendo —sobre todo como el que hemos vivido— de
consolidación fiscal, es evidente que el impacto económico de la norma ha tenido que pasar estudios y discusiones muy profundas con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de tal manera que este texto, hasta que fue aprobado como
anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros y finalmente como proyecto de ley, que es el que estamos ahora debatiendo aquí en su trámite de totalidad,

Página 24

ha sido objeto de numerosísimas discusiones y debates, y en lo referente al coste económico, si tiene el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los momentos que vivimos —y añado lo que les acabo de comentar—,
supongo que estarán de acuerdo en que ese asunto está plena y absolutamente garantizado.


Termino, señora presidenta, señorías. Se ha hecho referencia —me parece importante también, lo ha comentado el señor Sicilia, del Grupo Socialista, y le quiero manifestar que no debe haber problema para que lleguemos a un acuerdo— a la
falta de reconocimiento del centro universitario de la Policía Nacional. En lo concerniente a dicho centro, la plasmación en el proyecto de ley es una cuestión meramente formal, ya que se recoge la homologación de los estudios policiales con los
requeridos para el ingreso en los distintos grupos de clasificación. Si conservamos en el proyecto de ley la literalidad del precepto, la creación de este centro, mediante un real decreto subsiguiente a este proyecto de ley, cuando sea aprobada
como ley orgánica en su caso y en su día, y su adscripción a una o varias universidades sería una consecuencia ineludible de la necesidad de homologación de los estudios de acceso a la escala de subinspección al título oficial de grado. Repito que
no obstante esto, que es la explicación que motiva la referencia al centro universitario de la Policía Nacional en el proyecto de ley, si se considera oportuna la aparición de una referencia concreta a dicho centro, se podría añadir al texto del
proyecto de ley un tercer apartado, concretamente en el artículo 30, en el que se tracen las grandes líneas —y las podríamos pactar por la vía de enmienda— que garantizasen la creación del instituto universitario de la Policía Nacional con el fin de
impartir las enseñanzas policiales de grado y posgrado, la adscripción a una o varias universidades públicas mediante convenios con las mismas, el régimen jurídico aplicable a ese centro universitario y todo ello, lógicamente, con la necesidad de
tener en cuenta las peculiaridades de la carrera profesional policial. Se lo ofrezco de una manera especial a todos los grupos de la Cámara, como es evidente, pero en particular ahora al Grupo Socialista, en la medida en que el señor Sicilia lo
contiene en su enmienda de totalidad en nombre del Grupo Socialista y lo ha defendido, ha hecho referencia a ello desde la tribuna. Tiene también en este asunto, por mi parte y por parte del Grupo Popular, en cuyo nombre puedo hablar porque así lo
he tratado con ellos, como es evidente, la máxima vocación y voluntad de llegar a un acuerdo y un consenso.


Creo que sería muy bueno, señorías —y con esto termino, señora presidenta—, que el proyecto de ley orgánica, parcial, que regula el régimen jurídico del personal de la Policía Nacional pueda salir con el mayor nivel de consenso de esta
Cámara. Tengan la seguridad de que ha sido objeto de mucho tratamiento, de mucha negociación con los sindicatos profesionales de policía, en donde ha habido discrepancias, como es evidente, pero donde ha habido también muchos acuerdos y muchos
avances en relación con la actual normativa, que, como dije anteriormente, está dispersa, alguna de ella es preconstitucional, normativa a la que por otra parte no estaba incorporada, como a la del Estatuto básico del empleado público, la
actualización de las titulaciones requeridas al Plan Bolonia, al sistema educativo nacional, etcétera, que hace que el régimen de personal de la Policía Nacional que contiene este proyecto de ley nos permita dotarnos de una institución policial como
es la Policía Nacional al nivel de los tiempos en los que vivimos, al nivel de la profesionalidad que le exigimos, al nivel del reconocimiento social que tiene y al nivel de la importantísima función que tiene encomendada, como es la de velar por la
seguridad ciudadana y proteger el libre y pacífico ejercicio de las libertades públicas y nuestros derechos fundamentales.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor ministro.


En turno de réplica, por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Muchas gracias.


Señor ministro, quiero empezar mi intervención agradeciéndole la deferencia de que siempre ejerce usted el recurso a la réplica cuando hay enmienda a la totalidad. A pesar de la distancia política que nos separa a usted y a mi grupo, se lo
tengo que reconocer. Lo digo porque hasta ahora mi grupo parlamentario le ha enmendado a la totalidad todos los proyectos de ley que su departamento ha traído a la Cámara y usted nos ha dado la réplica absolutamente en todos ellos, cosa que otros
miembros del Gobierno no tienen a gala hacer. Sin duda, su amor a la Cámara y al trabajo parlamentario le enaltece en este aspecto.


Ha dedicado usted buena parte de su intervención a hablar del modelo policial. A mi grupo parlamentario le gustaría mucho poder tener un amplio debate sobre esta cuestión, sobre el modelo policial, que

Página 25

evidentemente nos separa del que han venido defendiendo el Partido Popular y el Partido Socialista durante muchos años. No es ese el motivo a desarrollar ahora, pero sí es uno de los motivos que nos ha llevado a presentar esta enmienda de
totalidad. Por repetir lo que ya he dicho otras veces en este Pleno, nuestro modelo policial es más parecido al inglés que al francés o al italiano. Todos son modelos policiales, todos tienen sus ventajas o sus inconvenientes, pero a nosotros nos
gusta más el modelo policial en el cual la policía es un único cuerpo, un cuerpo que va sin armas mayoritariamente, la policía es un cuerpo mucho más próximo. La mayoría de la gente conoce y relaciona un poco cuál es el modelo de la policía
inglesa. Ese sería más nuestro modelo policial. Curiosamente, compartimos esa valoración con otros sindicatos policiales.


El señor ministro en su intervención ha hablado también del lenguaje sexista y ha citado aquí normativa, incluso ha hablado de la Real Academia de la Lengua, pero el hecho es el hecho y, por mucho que se normativice el lenguaje sexista, es
lenguaje sexista. Se puede poner con un masculino general al amparo de la normativa gubernamental y al amparo de lo que dice la Real Academia de la Lengua, pero si vamos a las definiciones y abrimos la espita de las definiciones que incluye ese
Diccionario de la Real Academia de la Lengua, tendremos mucha controversia en muchos temas. No es ese el tema del que queríamos hablar.


Por concluir, ha hablado usted de la pasarela y de otros aspectos, del tema de formación y demás, pero yo he centrado sobre todo la intervención de mi grupo parlamentario en defensa de nuestra enmienda de totalidad en la cuestión de los
derechos, más allá de que nos parece una ley retrógrada porque recupera una denominación antigua, que dije en mi intervención anterior que era un botón de muestra, sobre todo porque la ley no desarrolla ni protege suficientemente aquel que debería
ser su objetivo: los derechos individuales y colectivos de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía o, si finalmente se cambia la ley, de la Policía Nacional. He desgranado algunos de los derechos individuales que entendemos que no se protegen
y también de los derechos colectivos a los cuales usted no ha hecho ninguna referencia en su intervención ni ha abierto la posibilidad de que se vean reformados o reforzados en el trámite en Comisión mediante las enmiendas. A mi grupo parlamentario
le gustaría que al menos usted abriese esa posibilidad de que los derechos colectivos de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía se viesen reforzados. Tampoco ha hecho ninguna alusión a la cuestión que le hemos planteado de la libre
designación, de la comisión de servicios o de la evaluación por objetivos, que son cuestiones fundamentales que nos llevan a rechazar este texto y a pedir su devolución al Gobierno.


Señor ministro, nosotros con esta enmienda a la totalidad no hemos pretendido hacer una oposición a golpe de titular. No nos hemos referido a otros proyectos de ley que no se debaten en este momento en la Cámara, sino a cuestiones muy
concretas que preocupan a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a las entidades que los representan, a los sindicatos que los representan. Con ellos hemos trabajado las enmiendas que vamos a presentar, con ellos hemos trabajado la enmienda
de devolución y con ellos seguiremos trabajando en la esperanza de que más pronto que tarde o en algún momento pueda variarse hacia un nuevo sistema el modelo policial español.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Sixto.


En turno de réplica, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sicilia.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, le decía a mi grupo, en cuanto a que el texto socialista era mejor, que usted lo ponía en duda, pero le digo, señor ministro, que creemos que ese texto evidentemente era mejor que el que nos ha presentado y de lo que no cabe
ninguna duda es de que tenía más consensos que el que hoy usted nos presenta. Señor Fernández, no sería un texto tan malo cuando su grupo en esta Cámara no lo rechazó, se abstuvo, y curiosamente se abstuvo por una medida que defendía y que ahora no
aparece en esta ley, porque no se puede legalmente, señor ministro. Qué curioso, lo que ustedes defendían y que hizo que se abstuvieran, porque si no hubiesen votado a favor —le invito a que lea el “Diario de Sesiones” en la intervención que tuvo
el que hoy es director de la Policía—, esa medida que provocó la abstención ahora no aparece en la ley, porque no se puede. Lo que ocurrió, señor ministro, y por eso le decía y defiendo que el texto que trajo a esta Cámara el Gobierno socialista
era mejor, es que en el Senado el Partido Popular lo rechazó, porque, según nos dijeron, no era tiempo de dialogar y consensuar con el Gobierno. Qué tiempos aquellos, señor Fernández y qué diferente la posición que mantuvieron con la que nosotros
mantenemos ahora, que no tenemos en cuenta si son tiempos de consensuar o negociar con el

Página 26

Gobierno o de acordar con el Gobierno. Velamos por los intereses que más les convienen a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Por eso, como esto conviene a la ciudadanía, como conviene sobre todo al Cuerpo Nacional de Policía, es
por lo que le digo que estamos dispuestos a dialogar y agradezco de antemano esa disposición que usted también ha mostrado. Por tanto, creo que si hacemos un buen trabajo, podremos sacar esta ley adelante, porque en cuestiones importantes que
rechazábamos —y se lo agradezco— parece ser que podremos llegar a algún entendimiento, como es el caso de la categoría de comisario general o el caso de la denominación de ese nuevo nombre, señor ministro. No hay necesidad de evocar tiempos
pasados, no hay ninguna necesidad, no hay necesidad de ir manteniendo dos nombres durante un tiempo porque no hay dinero para cambiar placas. Dejemos el nombre que hay, aunque la gente llame como quiera llamar al Cuerpo Nacional de Policía. (El
señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).


Señor ministro, me decía que no hiciéramos política de titular. Mire, señor Fernández, nosotros no hacemos política de titular, pero sí resulta una política de titular o cuando menos una medida de titular lo que usted ha hecho con la
pasarela, una ocurrencia, una ocurrencia para tratar de plantear un supuesto conflicto con el independentismo catalán. ¿Qué pretende usted hacer? ¿Una OPA hostil a los Mossos d’Esquadra? Señor Fernández, no tiene ningún sentido. Es más, váyase a
una comisaría y explíquele al inspector que lleva años estudiando para ser inspector jefe que esa plaza ahora la puede ocupar un policía local, un mosso d’Esquadra o un ertzaina, por mucha regulación estricta que hagan en el reglamento —nos fiamos
menos de la regulación que puedan hacer en el reglamento-. No tiene ningún sentido, no mejora para nada la profesionalidad que tiene hoy día el Cuerpo Nacional de Policía y quienes los integran. Señor ministro, sería muy triste que por esta medida
extravagante, que sí surgió a golpe de titular, porque ni tan siquiera han podido justificarla en la exposición de motivos de la ley —es curioso que una de las medidas más importantes y que más se diferencia del texto que apareció en 2011 del
Gobierno socialista ustedes ni tan siquiera la hayan expuesto ni la hayan justificado—, sería una pena —como le digo— que por esta medida extravagante no pudiera salir adelante la ley. Esto no lo ve bien ningún sindicato, aunque algunos no hayan
querido manifestarlo en público, ninguno, señor ministro, y lo sabe.


En lo referente a la Ley de Igualdad, insisto, no se recogen medidas que permitan que haya una presencia equilibrada de hombres y mujeres en órganos de responsabilidad o en los nombramientos. Decía usted, señor Fernández, y es muy curioso,
que han cogido muchos artículos del texto socialista del año 2011, que hay muchos que son iguales. ¿Por qué no han cogido el artículo 9.2 en el que se dice que, en el supuesto de corresponder a una mujer la titularidad, la nomenclatura de las
categorías será la de comisaria, inspectora o subinspectora? A eso me refería, señor ministro. Ustedes tenían la posibilidad de haber aceptado de buen grado este artículo, de haber cumplido con la Ley de Igualdad y no lo han hecho. Insisto en
ello porque sucede no solo a la hora de redactar textos legislativos, es que hasta en la práctica se olvidan de que hay un número importante de mujeres y, es más, de que tenemos que seguir fomentando que ingresen mujeres en el Cuerpo Nacional de
Policía porque el desequilibrio que existe es desde luego muy destacable.


Termino ya, señor presidente. Como le decía, desde mi grupo vamos a trabajar para buscar ese acuerdo. Esta ley es necesaria, tanto que el anterior Gobierno socialista la trajo a la Cámara. Tenemos ese gran punto de encuentro que es la
necesidad de que el Cuerpo Nacional de Policía tenga una ley de personal. Por tanto, señor ministro, no bloqueemos esta posibilidad, no bloqueemos la aprobación de la ley por cuestiones que ambos sabemos que son seriamente salvables y además
sabemos que, en aquello en lo que no coincidimos, como la pasarela, los sindicatos no lo quieren y la sociedad tampoco iba a entenderlo. Démosle al Cuerpo Nacional de Policía una buena ley, llevan años esperando y se lo merecen. Reconozcamos su
profesionalidad —como lo venimos haciendo desde mi grupo a diario— y desde aquí hagamos ese trabajo para dotar de esa ley de personal al Cuerpo Nacional de Policía. Por nuestra parte, insisto, no va a quedar. Presentaremos las enmiendas para
mejorar la ley y confiamos en poder llegar a un buen acuerdo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Sicilia.


Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, la verdad es que no tenemos grandes objeciones que reprocharle en relación con esta ley, cosa que me produce cierta inquietud intelectual en esta legislatura. No sé si es que quizá no la haya

Página 27

leído con suficiente detenimiento, pero, en términos generales, en relación con sus fundamentos filosóficos, está bien articulada. Una duda, una inquietud que tengo es si, en relación con los índices de criminalidad, la eficiencia tanto
preventiva como represiva de los cuerpos policiales es tanta y el Estado español es tan seguro, por qué presentan ustedes leyes como la de la protección de la seguridad ciudadana o el nuevo Código Penal, que lo que hacen precisamente es expandir el
reproche punitivo, la intensidad del mismo y, además, el número de figuras delictivas. No haría falta en puridad de principios si las cosas van tan bien, y no van mal, tenemos unos índices de criminalidad que serían de los más bajos de Europa y
esto se acredita con el porcentaje de población penitenciaria por cada cien mil habitantes.


Tenía razón el señor Sicilia en que quizá hubiera sido pertinente elaborar no una sino dos leyes, orgánicas ambas, una relativa a los derechos y deberes de los funcionarios, como se hizo con la Guardia Civil precisamente, y otra respecto al
estatuto de personal, que es otra cosa diferente. La inclusión de ambos elementos normativos en un único texto legal no provee de particular seguridad jurídica, pero esto tampoco justifica la presentación ni de una enmienda parcial ni de una
enmienda a la totalidad por parte de nuestro grupo parlamentario.


Tenemos una objeción, esta sí es intensa, que es la relativa a la disposición adicional cuarta y las pasarelas. ¿Pasarelas hacia dónde, señor ministro? ¿Hacia la Ertzaintza? En la Ertzaintza la condición o la naturaleza de vacante no
existe técnicamente. Si usted analiza la Ley de Policía de Euskadi, verá cómo el sistema de recluta de los policías vascos, de los ertzainas, es a través de promociones que van cubriendo las vacantes en su totalidad, con un problema que estaba
vinculado a la tasa de reposición, señor ministro —y, permítame, le voy a felicitar, si me excusan un momento—, que se pudo resolver. Era un problema ligado a la tasa de reposición o a la imposibilidad de mantener una tasa de reposición que estaba
provocando un efecto perverso que era el envejecimiento de la Ertzaintza, un cuerpo que, mediante un sistema de tracto sucesivo, se va cubriendo sin dejar vacante alguna técnicamente en forma de promociones. Luego, en relación con la Ertzaintza,
sin entrar en reflexiones que quizá tienen un punto paranoide, si se me permite la expresión —usted pretende, a través de la Policía Nacional, penetrar en cuerpos autonómicos de policía para reprimir los procesos soberanistas en algunos países; en
todo caso, no puedo compartir opiniones de esta naturaleza tan conspiratoria—, no existe la posibilidad. Sí existe la posibilidad de que muchos policías nacionales o miembros del Cuerpo Nacional de Policía quieran ingresar en las policías locales.
¿Por qué? Porque las condiciones retributivas y las condiciones laborales de los policías locales son notablemente superiores o mejores que los de la Policía Nacional y corremos el riesgo —usted corre el riesgo— de ir desproveyéndose de policías
nacionales que van a intentar captar plazas o vacantes en las policías locales, además desde una perspectiva donde el principio de autonomía municipal puede quedar resentido si no afinamos, y vamos a presentar alguna enmienda en este sentido, cuál
es el sistema de la pasarela con un órgano como la Policía local, en donde la Ley de Bases de Régimen Local tiene mucho que decir en cuanto a su dependencia ante la configuración de su cuerpo, en cuanto a las características laborales y en cuanto al
estatuto de personal de los mismos. En relación con los Mossos d’Esquadra, el régimen de personal es sustancialmente diferente al del Cuerpo Nacional de Policía, y la integración de identificación de unas escalas, las del Cuerpo Nacional de Policía
con las de los Mossos, es casi metafísicamente imposible, sin perjuicio de que va a provocar también dificultades en cuanto al mayor atractivo, desde una perspectiva retributiva y de otras condiciones laborales, de acudir a cualquier policía
autonómica en relación con las que poseen los policías nacionales. Quizá la reflexión que debería hacer es cómo mejorar las condiciones laborales. Me imagino que se podrá hacer a través de fórmulas similares a la negociación colectiva, a la
convención colectiva de la Policía Nacional y sobre todo de la Guardia Civil, que tienen peores condiciones laborales. Lo que no es probable es que la pasarela vaya en el sentido de traslados del Cuerpo Nacional de Policía a la Guardia Civil. Ya
verá cómo hay pocas peticiones de concursos en este ámbito. Desde esa perspectiva, nuestra objeción va a ser esa y yo espero que con su invocación al consenso en el trámite parlamentario y en las enmiendas parciales estos problemas los podamos ir
resolviendo.


Por otra parte, señor ministro, me llama mucho la atención que, con lo que hemos discutido en esta legislatura usted y yo, me tenga que callar ya y no tenga más que reprocharle, pero, bueno, también a veces, cuando se hacen las cosas bien,
por qué no reconocerlas. Es una práctica extravagante, pero no lo es para mí.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

Página 28

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Señor ministro, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia no ha presentado —como muy bien saben sus señorías y el ministro en particular— una enmienda a la totalidad sobre este proyecto de ley orgánica del régimen de personal de
la Policía Nacional, porque entendemos que es una ley necesaria y que el objetivo de tener una ley para la policía de estas características —no de las características de este texto, pero si una ley de policía— es un objetivo largamente perseguido y
necesario, aunque sea al final de esta legislatura. Por ese motivo no hemos presentado enmienda de totalidad pidiendo la devolución, pero compartimos muchas de las críticas que se han puesto de manifiesto por parte de los enmendantes,
particularmente aquellas que tienen que ver con el texto que hoy estamos discutiendo y no con otras cuestiones. No voy a entrar a valorar cuál es el cuerpo de policía que defiende nuestro grupo o a valorar otras leyes como la ley de seguridad
ciudadana, porque, si lo hiciera, al hilo de lo que el ministro ha hecho al inicio de su intervención, esto es, hablar de lo bien que va la seguridad en España y de lo seguro que es nuestro país y de la valoración tan alta y tan positiva que hacen
sobre todo quienes nos visitan, es decir los turistas, lo único que me sugeriría sería preguntarle para qué se han empeñado en poner en marcha esa nueva ley de seguridad ciudadana si todo está tan bien y hay tanta seguridad, pero, aunque usted nos
haya invitado a ello, no voy a entrar en eso y me voy a limitar estrictamente a lo que tiene que ver con el contenido de esta ley.


Como decía, comparto muchas de las críticas que se han hecho en relación con los contenidos de la ley y lo voy a concretar en dos cuestiones. Creo que es una ley que politiza de una manera absolutamente improcedente e innecesaria a la
policía, que es una ley que avanza muy poco y que en algunos aspectos incluso retrocede desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos sociales y cívicos como ciudadanos de los policías nacionales. Esas dos cuestiones son muy importantes,
porque estamos hablando de una ley que afecta a la Policía Nacional y a los policías nacionales, o sea, que se jerarquiza politizándola. Me parece que es muy negativo y que las medidas que ustedes han incorporado en esta ley tendrán esta
consecuencia si no se modifican en el trámite de enmiendas. Además, insisto, no se reconocen los derechos sociales y los derechos cívicos que tienen los hombres y mujeres que forman parte del Cuerpo Nacional de Policía y que los tienen por el hecho
de ser ciudadanos españoles.


La limitación de derechos para los policías no puede estar por encima de la limitación que tenga que venir derivada estrictamente del cumplimiento de sus funciones, estrictamente, y en esta ley se limitan derechos cívicos por encima de
aquellos que tienen que ver con el cumplimiento de sus funciones, que son proteger las libertades y la seguridad de todos los españoles. Usted, ministro, en su intervención ponía mucho énfasis en eso, en que el Cuerpo Nacional de Policía, todos los
hombres y mujeres que lo componen, tienen encomendado el mandato de proteger nuestras libertades, las libertades del conjunto y las libertades individuales de cada uno de nosotros. Proteger nuestros derechos, proteger nuestras libertades, como
digo, no puede ir en contradicción con garantizarles a ellos todos los derechos y todas las libertades que tienen, insisto, por ser ciudadanos españoles que después llevan un uniforme, al que pueden acceder precisamente por el hecho de ser
ciudadanos españoles.


Estas cuestiones son las que fundamentan nuestra crítica a esta ley. Son cuestiones que serán contempladas a la hora del debate y a la hora de hacer las enmiendas. Tienen que ver, como les decía, con una máxima politización del cuerpo de
policía que se centra, por citar algún ejemplo, en la creación de una categoría máxima del Cuerpo Nacional de Policía que se componga de manera discrecional. La creación de esa categoría, se ha dicho también por parte de quienes han intervenido
antes, supone un Cuerpo Nacional de Policía más dependiente de los poderes públicos, más politizado. Esto es muy malo para la policía y muy malo para la seguridad de todos. Además, creemos innecesario reevaluar el papel que juegan las entrevistas
dirigidas a comprobar la idoneidad en el desempeño de las funciones. Alguna sentencia del Supremo señala que el mecanismo óptimo de pruebas selectivas de conocimiento es mediante temario y no mediante entrevistas. Nos parece además que es
estrictamente necesario limitar los puestos de libre designación dentro del Cuerpo Nacional de Policía y revisar las edades estipuladas para que los agentes puedan pasar a segunda actividad por petición propia. Es una cuestión que no está recogida
en la ley y que espero que a través de las enmiendas pueda ser atendida. Consideramos que existe una franja de edad inferior a los sesenta años que recoge el texto y en la que los agentes puede que no tengan las características necesarias, según lo
que el texto atribuye, para cumplir el desempeño de las tareas de manera adecuada en las escalas inferiores, pero que pueden pasar a una segunda actividad.


Nos parece, además, que sería importante avanzar. Y la ley, como decía anteriormente, no solo no avanza sino que, en algunos casos, retrocede en lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos

Página 29

sociales y derechos civiles. Aquí se ha estado hablando de la pasarela; pero no es únicamente la pasarela, es que volvemos a encontrarnos otra vez con la necesidad de poner de manifiesto que quienes protegen la seguridad de todos los
españoles, quienes tienen atribuidas las mayores competencias, en este caso el Cuerpo Nacional de Policía, también la Guardia Civil, no pueden tener menores derechos sociales y menores derechos económicos que otras policías que hay en el Estado
español. Esta es una cuestión recurrente. Cuando ustedes —el Partido Popular— están en la oposición defienden la homologación, y cuando ustedes —el Partido Socialista— están en la oposición defienden la homologación, pero cuando cada uno de los
dos llega al Gobierno defiende que no haya homologación y que haya esta discrecionalidad de trato. No puede ser. Esto es algo que en algún momento tendremos que abordar, y no puede apelarse a razones de carácter económico porque son razones de
mera justicia; o sea, hay que incorporarlo como uno de los elementos claves para que, verdaderamente, los cuerpos de policía estén tratados entre ellos también con justicia.


Por cierto, hablando de la cuestión económica —que citaba a la hora de hablar de las homologaciones— hay otra cuestión que también ha merecido referencias continuas en el trámite, tanto por parte de los enmendantes como por parte del
ministro, tanto en su primera intervención como en la réplica. Me refiero al cambio de nomenclatura, al cambio de nombre de la Policía Nacional; Cuerpo Nacional de Policía a Policía Nacional. Les diré —creo que, en este momento, hasta el propio
grupo parlamentario proponente, el Grupo Popular, está en esta reflexión— que a nuestro grupo le parece una ocurrencia digna de no ser tomada en cuenta, realmente. No he encontrado en los argumentos del ministro —y mira que el ministro se ha
empeñado en explicarlo, y eso también hay que reconocerlo— ninguno que apoye la idea de cambiar el nombre. No he encontrado ninguno, ni argumentos de carácter histórico ni ningún tipo de argumento. El hecho de que se le llame Policía Nacional me
parece que tampoco es un argumento. Usted se ha fijado, señor ministro —porque mis colegas se lo han señalado—, en el coste, en los recursos económicos que habría que invertir para provocar ese cambio, y nos ha explicado que si no hay dinero
suficiente durante un tiempo pervivirán las dos nomenclaturas. Pero nos ha dicho una cosa muy interesante al final de su intervención; nos ha dicho —no lo ha dicho así, pero se lo digo yo así—: De todas maneras a Montoro le parece bien. Y yo he
dicho: ¡Hombre, está informado por el Ministerio de Hacienda! A Montoro le parece bien. Si no le pareciera bien a Montoro, no lo habríamos hecho. Y yo le pregunto: ¿Y cuánto cuesta? Porque usted dice que tiene un informe económico de lo que
cuesta ese cambio, pero no aparece en la ley, no aparece por ninguna parte. ¿Cuánto nos cuesta, aunque le parezca bien a Montoro? Porque, a lo mejor, decidimos, por ejemplo, reponer policías; que haya más policías, en vez de que les cambien el
nombre, porque eso sí que nos hace falta, ¿no? Yo creo que en eso hasta estará usted de acuerdo conmigo.


Esta semana ha sido la semana del pacto de Estado contra el terrorismo, llamado así, y todos nos hemos puesto de acuerdo en que era muy importante hacer un pacto de Estado, aunque lo que han hecho ustedes, a mi juicio, no lo es; ya sabe
usted mi opinión. Pero estamos todos de acuerdo en que combatir el terrorismo eficazmente requiere más inteligencia y más medios, y eso son más hombres y más mujeres, aparte de más inteligencia y más recursos para investigación y para evitar que se
cometan los atentados. Pues dejen de gastar el dinero en cambiar el nombre a los policías y contraten policías, repongan las plazas de policías, que va a ser muchísimo más eficaz que cambiarles el nombre. Porque para que sepamos que la Policía de
hoy no es la Policía del franquismo, señor ministro, no hace falta que les cambien el nombre; ya lo sabemos. Ya sabemos que no es la Policía del franquismo, no hace falta que le cambien ustedes el nombre. Es la Policía de la democracia; eso ya
lo sabemos. Por tanto, señor ministro, no hay ninguna justificación para esa medida extravagante de modernización o de titular que ustedes quieren incorporar en este texto.


Mi grupo parlamentario hará enmiendas que recojan todas estas cuestiones que he puesto de manifiesto en esta breve intervención. Hará enmiendas que tengan por objetivo el reconocimiento de todos sus derechos sociales, políticos y que tengan
también como consecuencia evitar la politización de la Policía que ustedes quieren acometer con esta norma. Espero que esa mano tendida que usted ha ofrecido desde la tribuna, dirigida principalmente a los dos grupos parlamentarios que han
presentado enmienda a la totalidad, sea una mano tendida dirigida también a aquellos que no hemos presentado enmienda a la totalidad. Y espero, ministro, y se lo digo sinceramente, que esa mano tendida de la que hoy ha hablado usted sea una mano
tendida real, no del estilo de aquella que nos dijeron que nos tendían para hacer eso que llamaron un pacto de Estado contra el terrorismo.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

Página 30

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Díez.


Grupo Parlamentario Catalán, señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Presidente, señor ministro, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad, primero, porque es un tema bastante técnico y, segundo, porque ha habido muchas consultas
sectoriales que deben ser respetadas. Todo aquello que contribuya —y esperamos que finalmente así sea— a hacer unos entes de seguridad más democráticos, transparentes y accesibles nos parece bien. ¿Qué queríamos nosotros? De entrada, es una ley
que tiene carácter histórico. El Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Nacional, en casi treinta años de existencia nunca había tenido una norma en la que se hablara de derechos y deberes de la Policía; ahora se hace y no es un tema menor. Nos
gusta que se prevean los derechos pero también los deberes de la Policía. Si me permite, señor ministro, estamos especialmente satisfechos de que se cite la obligación de discreción de los policías en torno a la información que obtienen en el
ejercicio de sus funciones. A ver si a partir de ahora esto es así y dejan de aparecer en la primera hoja de los periódicos informaciones apócrifas y sin firmar. Por cierto, la última vez el señor ministro me habló de un dosier, el dosier Trías,
que estaba en manos de la fiscalía. Olvidó el pequeño detalle de que la fiscalía había recomendado su archivo, información que no era menor, aunque técnicamente dijo la verdad, estaba en manos de la fiscalía. Pero hay que subrayar en positivo que
se regulan los derechos y los deberes de la Policía por primera vez en treinta años.


Nosotros queremos insistir en la conciliación de la vida personal y familiar, en la igualdad de trato entre hombres y mujeres, introducir el tema de la violencia de género y, como hicimos con la Guardia Civil, el tema del acoso laboral y
sexual. Intentaremos profundizar en algunos elementos que introduce la presente ley. Por otra parte, cosas que valoramos en positivo: la contratación del seguro de responsabilidad civil; protección social en caso de fallecimiento, incapacidad
permanente total, etcétera. También que la ley recoja, dentro de la oposición libre, que se eleve el nivel de titulación porque también la media de las personas del Estado español ha subido y no tendría sentido que quienes defienden las libertades
fundamentales de los individuos acabaran las titulaciones que en este momento ya se acercan al fracaso escolar. Por tanto, entendemos que esta adecuación es correcta. Esto y alguna otra cosa más que no nos parece mal es lo que nos ha impedido
presentar una enmienda de totalidad.


Dicho esto, tengo que hablar de la pasarela. El que les está hablando es un soberanista catalán, pero no nos oponemos a la movilidad interadministrativa. Nos gustaría que existiera en Europa, por lo que no nos vamos a oponer a que exista
en el Estado español, pero la pasarela que prevé la adicional cuarta de esta ley tiene trampa porque, como muy bien le ha dicho el señor Olabarría, mientras las comunidades autónomas no podamos crear plazas y el Estado sí, o los ayuntamientos no
puedan crear plazas y el Estado sí, esto, por definición, no es movilidad libre entre administraciones, sino en una sola dirección. Por tanto, desde un punto de vista ideológico no tendríamos inconveniente, siempre y cuando fuera una movilidad
interadministrativa limpia y libre, y en este momento no es el caso. Por motivos salariales y demás ahora no creo que haya mucha movilidad entre policías autonómicas y Cuerpo Nacional de Policía. Otra cosa es entre las policías locales. Es cierto
que hay muchas que tienen unos salarios y unas condiciones mejores que el actual Cuerpo Nacional de Policía pero hay otras que no. No es un tema menor que, como en otras leyes que aquí no voy a citar, han vaciado ustedes de competencias muchos
ayuntamientos. Por tanto, la tentación de hacer una opa hostil a ciertas policías locales porque así ya tendrían formados a chicos y chicas que ya habrían pasado por la academia, que contarían con el ejercicio profesional que habrían pagado sus
respectivos ayuntamientos para que acabaran en manos de gente que, en definitiva, no lo ha pagado, nos parecería una gran injusticia. Por tanto, pasarela sí, pero hablemos de cómo, cuándo y en qué condiciones. En todo caso, agradeceríamos que se
avanzara en la equiparación retributiva y en la edad de jubilación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Este es un tema recurrente, antiguo, una vieja reivindicación tanto de las policías locales como de los Mossos d’Esquadra en lo que se refiere
a la edad de jubilación y al modelo salarial, como usted sabe, de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Estamos en magníficas condiciones para tratar este asunto. Hay derecho, hay justificación, hay razón por parte de unos y otros
para que estas cuestiones se solucionen. No tiene sentido tener a un agente ocho horas en la calle a partir de los sesenta años. Seguramente no funcionará. A partir de la escala de inspector, probablemente puede ser de otra manera, pero no tiene
sentido, sinceramente, hacer según qué cosas. Tampoco tienen sentido las diferencias salariales. Por tanto, creo que se deben tratar ambos temas.


En cualquier caso, esperamos un debate abierto y transparente, a la altura de una ley que —repito, señor ministro— consideramos histórica. Por primera vez se regulan derechos y deberes de la Policía.

Página 31

Esto merece un texto legislativo que sea una herramienta para el cuerpo, pero también un seguro para la ciudadanía. Repito, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben aportar seguridad, no inseguridad, como ha sucedido demasiadas veces en los
últimos tiempos debido a actuaciones muy individuales e identificables pero que han existido. Por tanto, cuenten con nuestra colaboración en el sentido que les hemos dicho y ojalá esto contribuya a que de verdad el Cuerpo Nacional de Policía
constituya de nuevo para toda la población un elemento de seguridad. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cabello de Alba.


El señor CABELLO DE ALBA HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, tengo el honor de subir a esta tribuna en representación del Grupo Parlamentario Popular para razonar el apoyo de este grupo a la ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional que hace unos momentos ha
presentado en esta tribuna de forma minuciosa y completa el señor ministro del Interior en representación de la nación. Es una ley enormemente necesaria y esperada por quienes forman parte de este colectivo profesional vital para una democracia por
la importancia de la función que la Constitución le asigna: nada menos que la protección del libre ejercicio de nuestros derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana.


El hasta ahora Cuerpo Nacional de Policía ha tenido y tiene en sus manos como mandato constitucional el mantenimiento de un difícil equilibrio entre derechos y deberes, entre libertades y seguridad, que a sus propios miembros, si bien no se
les ha negado, sí se les ha dificultado hasta este momento al no disponer de un cuerpo legal con rango suficiente en el que de forma unitaria estuviesen recogidos sus derechos y sus deberes, se ha dicho ya en esta tribuna. Hasta ahora esos derechos
y deberes estaban definidos vagamente con enorme dispersión legislativa e incluso —como también se ha hecho notar aquí— con vigencia de articulado de carácter preconstitucional. Partiendo de estos antecedentes y considerando el tiempo transcurrido
desde la aprobación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los cambios legales que se han venido produciendo y muy especialmente la aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, o sea, el Estatuto básico del empleado público, así como la propia
evolución del Cuerpo Nacional de Policía en su continua y ejemplar adaptación a las demandas sociales, ha hecho preciso actualizar mediante una norma con el adecuado rango legal el régimen estatutario policial, adecuándolo a las necesidades
organizativas y funcionales del cuerpo y a las demandas de los hombres y de las mujeres que lo integran. Por tanto, la motivación de la presente ley orgánica es dotar a los policías nacionales de un estatuto específico que regule de forma propia,
completa y sistemática el conjunto de derechos que les corresponden como servidores públicos y los deberes que les son exigibles.


Señorías, el Cuerpo Nacional de Policía, sus hombres y mujeres han contribuido de forma excepcional —nadie puede dudarlo— al mantenimiento y fortalecimiento de nuestra democracia, han sabido preservar nuestros derechos y libertades
constitucionales y les debemos la mejor de la leyes posibles para la regulación de su estatuto específico. Este grupo parlamentario está tan convencido de la bondad y del avance que para el colectivo policial, y por lo tanto para el resto de la
sociedad en general, supone este proyecto de ley orgánica que hoy presenta aquí el Gobierno de la nación como abierto a su mejora a lo largo del trámite parlamentario. Estamos convencidos de su bondad porque entendemos que esta ley es absolutamente
necesaria para la adecuada organización estatutaria de la Policía Nacional. Estamos convencidos de su bondad porque en esta ley se mantiene el adecuado equilibrio entre las necesidades derivadas de las exigencias de su misión y los derechos
individuales de sus integrantes, a quienes por primera vez con esta ley no solo se les equipara en derechos al resto de los funcionarios civiles del Estado, sino que se recoge de forma específica la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en
especial en el ámbito del ingreso, de la formación, de la promoción profesional y de las condiciones de trabajo. La efectiva implantación del principio de igualdad por razón de género va a propiciar por primera vez el desarrollo profesional del
funcionario y su compatibilización con la conciliación de la vida laboral y familiar, permitiendo incluso el ascenso desde situaciones administrativas distintas a las de activo o de servicios especiales, como viene siendo costumbre.


Señorías, con esta ley se refuerza la protección jurídica y económica de los funcionarios, lo que redundará en su mayor seguridad a la hora del desempeño cotidiano de las funciones que tienen encomendadas. Todas las escalas de la Policía
Nacional se integran a todos los efectos en los grupos de clasificación del Estatuto básico del empleado público. Se adaptan las exigencias formativas para el

Página 32

ingreso en la Policía Nacional tanto a las nuevas titulaciones del Plan Bolonia como al nivel educativo del país, por lo que gracias a ello a partir de ahora se podrán homologar los estudios policiales al régimen educativo general. Se
unifican los sistemas de ascenso compaginando en todas las escalas el ascenso por oposición y por antigüedad. Se establece un nuevo régimen de segunda actividad que respeta, como ya se ha dicho, todas las expectativas de derecho. Se acentúa la
relevancia del Consejo de la Policía como órgano de consulta y participación de los funcionarios de la Policía Nacional, etcétera. Por todo ello, señorías, puedo entender la enmienda de devolución de Izquierda Unida en la medida en que el modelo
policial que contiene la norma, que dicho sea de paso es el mismo que actualmente existe y tan buenos servicios presta a nuestro país, no sea el ideal de su forma política. Es legítimo, pero lo que no puedo admitir, señor Sixto, bajo ningún
concepto es que suponga un retroceso en los derechos de los funcionarios; todo lo contrario. Como no puedo admitir que suponga una militarización del cuerpo, señor Sixto. Este es un cuerpo con una clarísima vocación civil y el Gobierno comparte
al cien por cien esa misma vocación. Fíjese hasta dónde llega lo que, en mi opinión, es su fijación con lo militar, señor Sixto, que en el texto de su enmienda a la totalidad argumenta que con el cambio de denominación de Cuerpo Nacional de Policía
a Policía Nacional —entrecomillo— se ubica a esta institución más cerca de los cuerpos militares que de los civiles, y desoye usted la explicación del motivo de cambio, que es el nombre con el que, pese a todo, los ciudadanos denominan a su policía.
Le voy a poner un ejemplo. No hace mucho se debatió aquí el proyecto de ley de personal de la Guardia Civil. Pues bien, lea por curiosidad el “Diario de Sesiones”. Hizo usted distintas alusiones a la Guardia Civil y a la Policía, y ¿sabe cómo
denominó a la policía todas y cada una de las veces que se refirió a ella? Como el resto de los ciudadanos de este país, como Policía Nacional y estoy seguro de que en su ánimo no estaba acentuar el carácter militar.


En realidad, señor Sixto, en esta ocasión su grupo al presentar la enmienda a la totalidad se ha limitado a sumar en un corta y pega las peticiones sindicales de enmiendas al articulado, que tiene un matiz, pero ni las recoge todas ni de
todos los sindicatos, ni tan siquiera ha analizado correctamente su contenido. Le pongo otro ejemplo. Critica usted el sistema de evaluación del desempeño y dice —vuelvo a entrecomillar— que la actividad policial no puede estar al servicio de unas
evaluaciones, sino de unas necesidades. Es obvio, estoy de acuerdo con usted en eso. Lo que olvida, señor Sixto, es que este método de gestión de personal aparece expresamente recogido en el artículo 20 del Estatuto básico del empleado público,
Ley 7/2007… (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Cabello de Alba. Ruego silencio para poder atender al interviniente.


Continúe.


El señor CABELLO DE ALBA HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Digo que viene recogido en el artículo 20 del estatuto básico que se aprobó en esta Cámara con los votos a favor de su grupo político. Quiero decir con esto, señor Sixto, que por mucho que usted quiera darlo a entender, la posición de la
inmensa mayoría de los miembros del cuerpo y la posición del Gobierno de la nación con respecto a este proyecto de ley no son contrarias. Ambos quieren la ley, ambos quieren la mejor ley posible y esa es nuestra labor a lo largo del trámite
parlamentario.


Con respecto a la intervención del señor Sicilia, le manifiesto igualmente mi deseo y la disposición de este grupo por encontrar mejoras comunes que permitan el consenso que la institución necesita y merece. No puedo coincidir con usted,
señor Sicilia, en que el proyecto sea fruto de un último momento ni, como indica en su enmienda a la totalidad, mucho menos puedo estar de acuerdo en que la única finalidad sea la de que el colectivo policial no sea consciente del contenido del
proyecto. En cualquier caso, es usted osado hablando de último momento, cuando en la legislatura pasada se les quedó la ley en el Senado. Eso sí es apurar los tiempos. Usted sabe perfectamente, entre otras cosas porque viene recogido en la
memoria de análisis de impacto normativo, que los trabajos dieron comienzo en febrero del año 2012, precisamente con la constitución de un grupo Administración-sindicatos. Ha habido dos grupos de trabajo Administración-sindicatos a lo largo de este
periodo y dos veces ha pasado el proyecto para su información por el Consejo de la Policía. Además le puedo asegurar —y usted lo sabe, señor Sicilia— que en este momento procesal también se oye muy atentamente la opinión de las organizaciones
sindicales, con quienes existe además una relación fluida y fructífera.


No coincido con usted en muchas de las interpretaciones contenidas en su enmienda a la totalidad. No quiero insistir en el tema del lenguaje sexista, porque de forma extraordinariamente clara lo ha expresado luego el señor ministro, pero sí
quiero dejar clara una cosa, porque da la sensación de que es

Página 33

algo que se impide hacer en el Cuerpo Nacional de Policía. Precisamente, con independencia de cuál sea la redacción que estima más conveniente a través de las directrices de técnica normativa, la resolución de 16 de septiembre de 2009 de la
entonces Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil ya propicia que ese lenguaje no sexista sea el que se incluya en el Cuerpo Nacional de Policía, y desde entonces y en la actualidad, usted lo sabe perfectamente, existen en el Cuerpo
Nacional de Policía —así viene recogido en sus respectivos carnés profesionales— comisarias y comisarios, inspectoras e inspectores, subinspectoras y subinspectores, etcétera.


Desde luego, no serán estas las cuestiones por las que se pueda evitar el consenso, señor Sicilia, ni estas ni otras que han surgido con el resto de los grupos parlamentarios, porque se puede llegar a acuerdos a lo largo del trámite
parlamentario. Estoy seguro de eso, a pesar de que entiendo que usted ha utilizado esta tribuna y este momento y, por tanto, al propio Cuerpo Nacional de Policía como excusa para realizar un cierto alegato ideológico, que desde luego no comparto y
que, en cualquier caso, me parece extemporáneo. Sí le digo que estoy absolutamente convencido de que es su voluntad, como lo es también la mía, que en el trámite parlamentario se ofrezca a la institución policial un texto legal mejorado, que les
permita seguir realizando su magnífico servicio a la sociedad con eficacia y con transparencia, pero también con las garantías corporativas y personales que este colectivo nos demanda. Por eso, señor Sicilia, como de verdad creo en…


El señor PRESIDENTE: Señor Cabello, tiene usted que terminar.


El señor CABELLO DE ALBA HERNÁNDEZ: Termino enseguida, señor presidente.


Como creo que el acercamiento es posible, le invitaría a que retirasen la enmienda a la totalidad y que podamos empezar de forma definitiva y directa a trabajar en las enmiendas al articulado por el bien y por la mejora de la ley.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cabello de Alba.


En dos minutos vamos a votar. (Pausa).


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA PÉREZ FERNÁNDEZ), SOBRE LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DEL NUEVO SISTEMA DE INTERRUMPIBILIDAD ELÉCTRICO PARA INDUSTRIAS DE GRAN IMPORTANCIA COMO ALCOA A CORUÑA Y ALCOA AVILÉS Y MEGASA SIDERÚRGICA, ENTRE
OTRAS MUCHAS. (Número de expediente 173/000191).


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, las mociones. Las dos primeras mociones se van a votar punto a punto y el tiempo de votación está en 10 segundos, se lo digo para que se fijen en el asunto. Yo diré simplemente aprobado
o rechazado en cada punto.


Primera moción. Moción, consecuencia de interpelación, del Grupo Mixto, señora Pérez Fernández, sobre las consecuencias negativas del nuevo sistema de interrumpibilidad eléctrico para industrias de gran importancia, como Alcoa A Coruña y
Alcoa Avilés y Megasa Siderúrgica, entre otras muchas. Esta moción se va a votar en sus propios términos y sus cinco puntos los votaremos separadamente.


Punto número 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 127; en contra, 172; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto número 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 124; en contra, 173; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto número 3.

Página 34

Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 126; en contra, 172; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto número 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 21; en contra, 279; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto número 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 21; en contra, 270; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA SITUACIÓN DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000192).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de La Izquierda Plural sobre la situación de la política energética del Estado. Se vota en sus propios términos. Los puntos se votarán separadamente y son dieciséis.


Punto 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 25; en contra, 171; abstenciones, 119.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 127; en contra, 171; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 121; en contra, 172; abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 139; en contra, 173; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 138; en contra, 172; abstenciones, 5.

Página 35

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 6.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 127; en contra, 173; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 132; en contra, 172; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 138; en contra, 172; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 9.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 136; en contra, 173; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 126; en contra, 173; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 11.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 120; en contra, 173; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 12.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 120; en contra, 186; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 121; en contra, 176; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 14.


Comienza la votación. (Pausa).

Página 36

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 121; en contra, 179; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 15.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 121; en contra, 172; abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 16.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 120; en contra, 178; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS EN CANARIAS Y EL MEDITERRÁNEO. (Número de expediente 173/000193).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los permisos de investigación y exploración de hidrocarburos en Canarias y el Mediterráneo.


Hay admitida una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que es la que conocen sus señorías.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 132; en contra, 178; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA SUPRIMIR EL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS, SENADORES Y GOBIERNO. (Número de expediente 173/000194).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para suprimir el aforamiento de los diputados, senadores y Gobierno. Se vota en sus propios
términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 117; en contra, 173; abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):


— ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN RIAD EL 9 DE ABRIL DE 2006. (Número de expediente 110/000139).


El señor PRESIDENTE: Votamos ahora el acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Riad el 9 de abril de 2006.


Comienza la votación. (Pausa).

Página 37

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 286; en contra, 17; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


— ACUERDO DE ADQUISICIÓN CONJUNTA DE CONTRAMEDIDAS MÉDICAS, HECHO EN LUXEMBURGO EL 20 DE JUNIO DE 2014. (Número de expediente 110/000140).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo de adquisición conjunta de contramedidas médicas, hecho en Luxemburgo el 20 de junio de 2014.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 313.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DE PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL. (Número de expediente 121/000123).


El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional, presentadas por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural y Socialista. Se han emitido cinco votos telemáticos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311 más 5 votos telemáticos, 316; a favor, 115 más 3 votos telemáticos, 118; en contra, 174 más 2 votos telemáticos, 176; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


ELECCIÓN DE DIPUTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004:


— ELECCIÓN DE DIPUTADOS, POR EL PLENO DE LA CÁMARA, A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE 11 DE MAYO DE 2004, SOBRE SECRETOS OFICIALES. (Número de expediente
052/000002).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el último punto del orden del día, la elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de
11 de mayo de 2004. El diputado propuesto por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso es don Rafael Hernando Fraile.


Los grupos que deseen intervenir lo podrán hacer de menor a mayor por un tiempo de cinco minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Señorías, me gustaría recordarles que esta X Legislatura empezó bajo el signo de la anormalidad en tanto en cuanto nuestro grupo parlamentario, el Grupo Mixto, fue víctima de un atropello. Dieciocho diputados y
diputadas, ocho fuerzas políticas distintas, una de ellas Amaiur, con más diputados que dos grupos parlamentarios presentes en esta Cámara, sufrimos un atropello. Repito, el atropello que sufrimos en el inicio de esta legislatura no tiene
precedentes en la democracia española, una vez reestablecida esta. De acuerdo con todo ello, manifestamos en su momento nuestra profunda decepción en tanto en cuanto los grupos parlamentarios que no estaban de acuerdo con el veto que nos imponía el
Partido Popular ni con las razones absurdas, ridículas y antidemocráticas a leer


Si quieren se lo recuerdo. Esquerra Republicana de Catalunya, que había sido elegida la fuerza política representante del Grupo Mixto en esta Comisión de Secretos Oficiales —repito: elegida por el resto del grupo parlamentario—, fue vetada
por el Partido Popular aun cuando Esquerra ya estuvo representada en la Comisión de Secretos Oficiales en otras legislaturas. ¿Saben por qué? Porque

Página 38

resulta que éramos independentistas y amigos de los independentistas vascos presentes en este Parlamento, elegidos democráticamente por la ciudadanía vasca, de los compañeros y compañeras de Amaiur. No fuera caso que pasáramos información.
¡Qué absurdo, qué ridículo! ¡Qué estúpidos fueron ustedes políticamente! Y no les cayó la cara de vergüenza. (Protestas). No les cayó la cara de vergüenza porque tienen poca, esta es la verdad. Lo que ustedes hicieron no tiene nombre. (Continúan
las protestas).


El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio. Señor Tardà, proceda usted con moderación en sus apelativos a los grupos plurales.


El señor TARDÀ I COMA: Llevamos sufriendo un atropello desde hace tres años y entonces pedimos al resto de compañeros de la oposición que fueran solidarios. ¿Lo fueron? Sí. ¿Mucho? Poco. Porque ustedes saben que si se hubieran negado a
conformar la Comisión este Parlamento no hubiera podido soportar esta vergüenza. Aun así, ustedes, legítimamente, optaron por ser solidarios a medias con nosotros. Así pues, a lo largo de estos tres años hemos ido protestando cuando hemos podido.
¿Cómo? Siempre nos hemos ausentado cuando ha habido votaciones para elegir nuevos cargos de representantes en esta Comisión. Y como ya estamos ante el último momento antes de que finalice esta legislatura para evidenciar este atropello, les
pedimos que ustedes hagan lo posible. Nosotros nos ausentamos, quizá ustedes pudieran hacer lo mismo o hacer un nulo. De alguna manera, no dejar como precedente este atropello a fin y efecto de que en la próxima legislatura no se pueda utilizar
este precedente como ejemplo de normalidad. De aquí a cuatro días quizás lo va a padecer Podemos o lo padecerán otras fuerzas políticas. Quizás algún día, ustedes. Sepan que los republicanos catalanes nos hubiéramos partido la cara por ustedes si
les hubiera ocurrido lo mismo que nos ha ocurrido a nosotros. Así pues, hagan lo que tengan que hacer.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.


El señor NUET PUJALS: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario no tiene ningún problema con la propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, juzgamos idóneo al señor Rafael Hernando para que forme parte de la Comisión de Secretos Oficiales, pero no vamos
a participar en esta votación. Porque nos parece tan idóneo don Rafael Hernando como cualquiera de los nombres que nos pudiera sugerir el Grupo Parlamentario Mixto y, por tanto, estamos, señoras y señores diputados, ante una anomalía democrática.
Todos los grupos de esta Cámara tienen derecho a tener un representante en la Comisión de Secretos Oficiales y si un grupo se cree con el derecho de vetar a otro nosotros nos creemos con el derecho de boicotear esta votación y no vamos a participar
en ella.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Heredia.


El señor HEREDIA DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Nosotros vamos a votar la propuesta que hace el Partido Popular para que su portavoz tenga acceso a los secretos oficiales, pero quiero también recordar que en anteriores legislaturas esto no ocurría. Nosotros consideramos que todos los
grupos tienen los mismos derechos, y el Grupo Parlamentario Mixto no puede ser una excepción. Tampoco puede ser una excepción que el Grupo Parlamentario Mixto elija al diputado o la diputada que estime oportuno y conveniente. Quiero también
recordar que fue un presidente del Parlamento quien el 11 de mayo de 2004 dio inclusión, cambiando el reglamento, a que el Grupo Parlamentario Mixto pudiese acceder a este tipo de informaciones. Consideramos que la normalidad institucional es un
valor esencial del sistema democrático. Por tanto, hoy vamos a apoyar al portavoz del Grupo Popular para que entre a formar parte de esta Comisión de Secretos Oficiales, pero si se hubiese presentado por el Grupo Parlamentario Mixto, también lo
hubiésemos votado.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

Página 39

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Heredia.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, esta es la quinta ocasión en que se produce este debate en esta legislatura en el que los grupos políticos han tenido la oportunidad de expresar su opinión. Pero también es la quinta ocasión en que algún portavoz aprovecha este
turno para realizar descalificaciones, realizar afirmaciones subidas de tono, lanzar juicios de valor tan injustos como exagerados y repetir los ya cansinos latiguillos contra el Grupo Parlamentario Popular por carecer de argumentos que sostengan su
posición. (Aplausos).


Ya sé que intentar convencerles es una misión tan inútil como baldía, porque, reitero, es la quinta ocasión en que tenemos este debate, pero, por respeto a esta Cámara, intentaré resumir nuestras razones y con ello responder también a sus
acusaciones. Para empezar, y es lo que vamos a votar, quiero significar que el candidato propuesto por nuestro grupo parlamentario tiene suficiente altura política, experiencia, capacidad y condiciones sobradas para poder pertenecer a la Comisión
de Secretos Oficiales. (Aplausos). Una comisión que es especial, señorías, que no es una comisión cualquiera porque aborda una información muy sensible y de extrema importancia para todos los españoles, una comisión que conoce cuestiones
relacionadas con los servicios de inteligencia y que afectan a nuestra seguridad como nación, por lo que a los diputados que quieran formar parte de la misma se les debe exigir un compromiso de discreción, pero también un plus de lealtad con el
Estado; sí, señorías, un plus de lealtad con el Estado (Aplausos) que no se puede presumir de todos los diputados, no desde luego de algunos por los discursos que han realizado, también esta mañana, porque van justo en la dirección contraria. Por
cierto, señor Tardà, la misma libertad que tiene usted para subir a esta tribuna y decir lo que le da la gana tenemos el resto de los diputados para decidir sobre las condiciones de idoneidad de quien tiene que formar parte de la Comisión de
Secretos Oficiales. ¡Faltaría más! (Aplausos). ¿O es que aquí el único que tiene libertad para actuar es usted? No olviden que la resolución de mayo de 2004 no dice que los grupos designan ni eligen un representante, lo que dice la resolución de
2004 es que los grupos pueden proponer un candidato, pero quien elige a ese representante es esta Cámara y lo hace de manera libre, soberana y por mayoría, que es como se deciden las cosas en un parlamento democrático. (Aplausos). Así que dejen ya
de hablar de vetos, y menos de atropello, porque son ustedes los que no han querido encontrar una solución y buscar una alternativa dentro del Grupo Mixto. No hablen de vetos, hablen de votos. Y si hablamos de votos, empiecen por preguntarse una
cosa. Si esta Cámara tiene 350 diputados y 165 no son del Grupo Parlamentario Popular ¿por qué los candidatos de su formación en las cuatro votaciones anteriores ni siquiera han tenido 140 votos, en algunos casos solo 90? ¿O es que eso no se lo
han preguntado? Pues si se lo han preguntado, la respuesta la han tenido en esta Cámara y no es en exclusiva por veto del Partido Popular, porque hay otros diputados de otras formaciones que tampoco les han votado. Eso es también libertad y
democracia, señor Tardá. (Aplausos). Por eso, y termino, no confunda esta tribuna con un mitin de campaña porque, al final, por mucha bronca y mucho espectáculo que quieran montar, los que terminan quedando políticamente en evidencia son ustedes.
¿Saben por qué? Porque no se puede defender la ruptura del Estado y querer formar parte a la vez de una comisión que pretende precisamente salvaguardar su protección y su seguridad. Así que, aclárense. No se puede defender una cosa y su contraria
porque, al final, lo que les puede ocurrir es lo mismo que al demagogo, que acaben siendo ustedes víctimas de su propia propaganda. Nada más. (Aplausos).


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.


Vamos a votar por el sistema establecido en el artículo 205 en relación con el 204 del Reglamento, resultando elegido el diputado si alcanza una mayoría de tres quintos, es decir, 210 votos. (Las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como varios diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Mixto abandonan el hemiciclo).

Página 40

Por los señores secretarios de la Mesa se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, quienes van depositando su papeleta en la urna.


Terminada la votación, se inicia el escrutinio.


Terminado el escrutinio, dijo


El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos, 279; votos a favor de don Rafael Hernando Fraile, 252; votos a favor de don Joan Tardà i Coma, 1; votos en blanco, 7; votos nulos, 19. Por tanto
queda elegido don Rafael Hernando Fraile a los efectos de esta resolución de la Presidencia. Enhorabuena. (Aplausos).


Se levanta la sesión.


Era la una de la tarde.