CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 218

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 203

celebrada el martes,

16 de septiembre de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Modificación del orden del día ... (Página5)


Toma en consideración de proposiciones de ley:


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para mejorar la compatibilidad de las pensiones de invalidez no contributivas con el trabajo remunerado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 145-1, de 22 de noviembre
de 2013. (Número de expediente 122/000124) ... (Página5)


- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, por la que se regula un procedimiento concursal especial para personas consumidoras y usuarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 180-1, de 9 de mayo de
2014. (Número de expediente 122/000157) ... (Página14)


Proposiciones no de ley:


- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la privatización de AENA. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 498, de 18 de julio de 2014. (Número de expediente 162/000997) ... (Página24)


- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para regular una prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 498, de 18 de julio de 2014. (Número
de expediente 162/000996) ... (Página33)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de adoptar políticas ambiciosas de apoyo a la actividad del sector cinematográfico. (Número de expediente 173/000165) ... (Página41)

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- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política del Gobierno en relación con la posibilidad de realizar un referéndum consultivo con el fin de que los ciudadanos puedan expresar su deseo sobre
monarquía o república como forma política del Estado. (Número de expediente 173/000166) ... (Página48)


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página57)


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página57)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página57)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página58)


SUMARIO


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Modificación del orden del día ... (Página5)


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día correspondiente a la sesión del jueves
18 de septiembre, en el sentido de que el apartado VII, Debates de totalidad de iniciativas legislativas, pase a debatirse antes que el apartado VI, Enmiendas del Senado, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para mejorar la compatibilidad de las pensiones de invalidez no contributivas con el trabajo remunerado ... (Página5)


Defiende la toma en consideración el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, y Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia y Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; así como las señoras Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista y España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, por la que se regula un procedimiento concursal especial para personas consumidoras y usuarias ... (Página14)


Defiende la toma en consideración el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández; el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Iglesias Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista, y Fabra Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Proposiciones no de ley ... (Página24)


Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la privatización de AENA ... (Página24)


Defiende la proposición no de ley la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición la señora Pérez Fernández y el señor Larreina Valderrama del mismo grupo; el señor
Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y el señor Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Sánchez Robles.


Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para regular una prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía ... (Página33)


Defiende la proposición no de ley el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Cuadra Lasarte, así como para fijación de posición la señora Pérez Fernández, del mismo grupo; los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia,
y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); así como la señora Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo vuelve a hacer uso de la palabra el señor Coscubiela Conesa.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página41)


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de adoptar políticas ambiciosas de apoyo a la actividad del sector cinematográfico ... (Página41)


Defiende la moción la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y el
señor Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ruano Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Surroca i Comas.


Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política del Gobierno en relación con la posibilidad de realizar un referéndum consultivo con el fin de que los ciudadanos puedan expresar su deseo sobre monarquía
o república como forma política del Estado ... (Página48)


Defiende la moción el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como las señoras Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Gómez de la Serna y Villacieros, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


Interviene el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y vuelve a hacer uso de la palabra el señor Gómez de la Serna y Villacieros.


Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados... (Página57)


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página57)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para mejorar la compatibilidad de las pensiones de invalidez no contributivas con el trabajo remunerado, se rechaza
por 144 votos a favor más 1 voto telemático, 145; 168 en contra y 2 abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, por la que se regula un procedimiento concursal especial para personas consumidoras y usuarias, se rechaza
por 143 votos a favor más 1 voto telemático, 144; 170 en contra y 1 abstención.


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página57)


Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la privatización de AENA, se rechaza por 32 votos a favor, 267 en contra y 16 abstenciones.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para regular una prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía, se rechaza por 37
votos a favor, 174 en contra y 103 abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página58)


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de adoptar políticas ambiciosas de apoyo a la actividad del

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sector cinematográfico, con la incorporación de las enmiendas de Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se rechaza por 144 votos a favor y 169 en contra.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política del Gobierno en relación con la posibilidad de realizar un referéndum consultivo con el
fin de que los ciudadanos puedan expresar su deseo sobre monarquía o república como forma política del Estado, se rechaza por 26 votos a favor, 274 en contra y 15 abstenciones.


Se suspende la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


De acuerdo con el Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día correspondiente a la sesión del jueves 18 de septiembre en el sentido de que el apartado
VII, relativo a debates de totalidad de iniciativas legislativas, pase a debatirse antes que el apartado VI, correspondiente a las enmiendas del Senado. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) PARA MEJORAR LA COMPATIBILIDAD DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVAS CON EL TRABAJO REMUNERADO. (Número de expediente 122/000124).


El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para mejorar la compatibilidad de las pensiones de invalidez no contributivas con el trabajo remunerado. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Subo a la tribuna en defensa de esta proposición de ley de Convergència i Unió para mejorar la compatibilidad de las pensiones de invalidez no contributivas con el empleo. Como indica el propio título, se trata de una iniciativa que va
orientada a la creación de empleo para las personas con discapacidad. La casualidad, señorías, ha hecho que esta iniciativa se tome en consideración diez años después de que esta misma Cámara tomase en consideración una proposición de ley de
Convergència i Unió en esa misma dirección, que abrió el camino a la legislación hoy vigente y que permitió por primera vez compatibilizar el empleo con la pensión no contributiva. En 2004, gobernando el Partido Socialista, la Cámara aceptó esa
iniciativa y nos permitió por primera vez romper esa separación tan estricta que tiene esta legislación entre protección social y empleo. A nuestro entender, fue una medida novedosa e importante, y además, a pesar de que había sido defendida por
Convergència i Unió, contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y permitió que en 2005 dicha proposición de ley se convirtiese en proyecto de ley, en definitiva en ley y, por tanto, entrara en vigor.


Planteamos esta iniciativa desde la convicción de que en estos años, singularmente desde la aprobación de la Lismi a principios de los ochenta, todos hemos compartido un esfuerzo para mejorar las políticas de nuestra legislación en materia
de empleo y de personas con discapacidad, y desde muchos puntos de vista esa realidad ha mejorado. De hecho, todos, Gobiernos y mayorías parlamentarias de distinto sesgo ideológico, compartimos esa idea, esa pretensión y esas mejoras. Lo cierto es
que las cifras de empleo de las personas con discapacidad en España continúan siendo de escándalo. En diciembre del año pasado el INE publicó un informe sobre el empleo de las personas con discapacidad que nos recuerda cifras verdaderamente
escandalosas. Tan solo el 36,6% de las personas con discapacidad legalmente reconocidas estaban activas en 2012; una tasa de actividad un 40% inferior a la del conjunto de la población sin discapacidad, un 40% menos de personas incorporadas al
empleo, buscando empleo o

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trabajando. La tasa de paro de este colectivo fue del 33,1% en 2012 -en estos dos años todo eso no ha mejorado para nada-, más de ocho puntos superior al conjunto de la población. Por tanto, señorías, hemos hecho esfuerzos pero no nos
podemos sentir satisfechos con esas cifras ya que estamos muy lejos de los estándares europeos de nuestro entorno.


La iniciativa que plantea Convergència i Unió responde además a una demanda del sector de la discapacidad. Ya en 2004, cuando Convergència i Unió defendió esta iniciativa, fue motivada por el propio sector, y estos mismos días el Cermi, que
es la gran plataforma estatal que agrupa al sector de la discapacidad, ha reclamado a los grupos parlamentarios que la apoyen. En Cataluña, en nuestro país, el propio sector de la discapacidad siempre ha empujado en esa misma dirección. Porque, si
bien es cierto que en 2005 regulamos una primera compatibilidad entre la pensión no contributiva y el empleo remunerado, se hizo -desde la prudencia que a menudo todos tenemos en materia de Seguridad Social, y especialmente los propios gestores del
sistema- con algunos límites que, de hecho, no han terminado de remover las condiciones que hacían difícil que una persona con discapacidad que cobra una pensión no contributiva optase por dejar esa protección social y alcanzar un empleo. Los
límites que introdujimos quizá eran excesivos -luego me referiré a ello-; de hecho, las últimas preguntas parlamentarias para intentar conocer el impacto que tuvo esa medida indican que las personas que han podido compatibilizar la pensión no
contributiva y el empleo rondan las 15.000, de las más de 200.000 personas que hoy reciben una prestación no contributiva.


¿Por qué muchas personas con discapacidad que cobran una pensión no contributiva prefieren quedarse con la pensión y no optar por el empleo? Junto con esos límites, la realidad de muchas de estas personas es que su situación de discapacidad
les obliga a coger un trabajo a tiempo parcial. A menudo son personas con un nivel de formación relativamente bajo, que tan solo les permite acceder a empleos poco remunerados y que, por tanto, no les trae a cuenta trabajar cobrando un poco más de
lo que pueden recibir manteniendo la pensión no contributiva. Además, la incertidumbre que existe en materia de empleo, en estos tiempos especialmente, desde el punto de vista de la seguridad en el empleo, de saber que quizá se pueda estar en una
situación de desempleo muy rápidamente y tardar tiempo en volver a cobrar la pensión no contributiva, no ayuda al objetivo que pretendíamos en 2004, que es que las personas tengan su autonomía, su independencia, no exclusivamente sobre la base de
una transferencia económica que les hace la Seguridad Social, sino a través de un empleo que les permita ganarse la vida. Efectivamente, la filosofía de esta iniciativa, de esta de hoy y de la que presentamos en 2004, es la inserción en la sociedad
por la vía del empleo, el reconocimiento de que las personas con discapacidad que cobran una pensión no contributiva puedan trabajar; en definitiva, dar mayor poder a las personas con discapacidad para poder construir su proyecto de vida propio, el
proyecto de vida que les permita ejercer como ciudadanos a través de un empleo y a través del sueldo. Además, estamos convencidos de que el problema no puede estar en que haya un mayor gasto para que haya personas que hoy no cobren una pensión no
contributiva porque están trabajando y quizá ahora la vayan a compatibilizar y se recupere esa pensión no contributiva, porque sabemos, y la experiencia nos lo indica, que el balance entre el gasto y el ingreso termina siendo a favor del ingreso.
Estamos hablando de más cotizantes a la Seguridad Social, de personas que van a pagar más impuestos de los que hoy pagan con sus retenciones en el IRPF, de personas que van a tener un mayor poder adquisitivo y, por tanto, van a ayudar al consumo.
También continuamos creyendo, señorías, que aquello que es esencial hoy en nuestra sociedad, en la configuración de las identidades de los individuos, no solo, pero también, continúa siendo el empleo. Aquello que nos permite situarnos en la
sociedad e identificarnos como personas es tener un empleo. Por tanto, debemos reforzar la aspiración del derecho al trabajo de las personas con discapacidad que hoy reciben una pensión no contributiva. Finalmente, es una medida que debemos
enmarcar claramente en una voluntad de lucha contra la pobreza, entre otras cosas, señorías, porque la pensión no contributiva, la media de una no contributiva para un menor de sesenta y cinco años en el conjunto del Estado está en los 400 euros.
De lo que estamos hablando, señorías, es de compatibilizar una prestación de 400 euros con un empleo que permita a las personas salir de la pobreza, no desde más subsidio, sino desde la oportunidad de trabajar, y todo ello, señorías, en el contexto
de una cuestión pendiente -luego, cuando el señor Coscubiela defienda su iniciativa, también nos referiremos a ello-, en la necesidad de reformular desde muchos aspectos la actual regulación de las pensiones no contributivas, que sin lugar a dudas
fueron un avance cuando se implementaron en 1991, si no recuerdo mal, pero que quizá hoy merecen una revisión muy a fondo.

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¿En qué consiste en concreto el texto que Convergència i Unió lleva a la Cámara? En la posibilidad hoy de compatibilizar el empleo remunerado con una pensión no contributiva por un periodo de cuatro años, con el límite de que la suma de la
pensión no contributiva y los ingresos por el empleo que reciba esta persona no supere la actual cuantía del Iprem -532 euros, más o menos-, y en el supuesto de que lo supere, se aminore en el 50% la pensión, con el límite de que la cuantía total de
la pensión y del empleo no supere una vez y media el Iprem. Ese es el régimen que estableció la legislación en 2005: vigencia de cuatro años; no superar el Iprem y, si lo supera, 50% de descuento de la pensión no contributiva, sin que supere una
vez y media el Iprem. ¿Cuál es la propuesta que formula Convergència i Unió para mejorar ese planteamiento, para hacer más atractivo que haya personas que cobran una pensión no contributiva y opten por tener un empleo? En primer lugar, sin el
límite de cuatro años. No entendemos por qué hay que limitar durante cuatro años esa compatibilidad. Va a haber personas que quizá la carrera profesional que empiecen les permita superar esa situación de dependencia de una PNC y va a haber
personas que no lo van a poder hacer. Por tanto, hay que superar ese límite y ampliar los límites cuantitativos que se establezcan. Entendemos que la suma de la pensión no contributiva no puede superar el doble del Iprem, y en los supuestos que se
supere, proponemos minorar en un 50% la correspondiente cantidad de la pensión, con el límite de que el conjunto de los ingresos no superen tres veces el Iprem. Nos parece que hacemos un planteamiento más flexible, más atractivo para que haya más
personas que pasen de vivir tan solo de una pensión a poder vivir también de un empleo. Y da la casualidad, señorías, de que lo hacemos días después de que el Gobierno aprobase en el Consejo de Ministros el Plan estatal para las personas con
discapacidad. Compartimos con la señora Tarruella la sensación de que el plan tiene pocas medidas concretas. Vamos a ver, cuando la ministra Mato comparezca por fin en la Comisión de Discapacidad, hecho que no se ha producido en toda la
legislatura, si avanzamos en algo más concreto de lo genérico que se aprobó el viernes. Tocaría que hoy el grupo de la mayoría nos acompañase en esta decisión. Si lo demanda el Cermi, si lo demanda el sector de la discapacidad, en principio,
debería figurar en la lógica del plan que se aprobó el pasado viernes.


En el debate de septiembre de 2004, el portavoz entonces del Grupo Popular, señor Burgos, hoy secretario de Estado de la Seguridad Social, subió a la tribuna mostrando el apoyo del Partido Popular a la iniciativa que Convergència i Unió
llevaba a la discusión entonces. El grupo del Partido Popular lo hacía después de que en la anterior legislatura 2000-2004, con mayoría absoluta del Partido Popular, esa misma iniciativa de Convergència i Unió fuese rechazada en diversas ocasiones.
Tuvimos que esperar a que en 2004 hubiese un cambio de Gobierno y no hubiese mayoría absoluta en la Cámara para que se tomase en consideración esa iniciativa. La señora López i Chamosa se señala a sí misma; seguramente fue ella la portavoz en ese
debate. A los diputados de la mayoría les pido que no tengamos que esperar a que el Partido Popular no esté gobernando o que pierdan la mayoría absoluta para que tomen en consideración esta iniciativa, sino que esta misma tarde sean coherentes con
aquello que defendieron en 2004 y facilitemos esa mejora de la compatibilidad. He de repetir, aunque quizá sea cansino, que estamos frente a una proposición de ley que no prejuzga que el contenido que termine publicándose en el Boletín Oficial del
Estado sea aquel que propone Convergència i Unió, que es la toma en consideración, sino que sea el inicio de un proceso de discusión parlamentaria que tal como sucedió en 2004 nos permita alcanzar un acuerdo que mejore la actual regulación. Además,
el Partido Popular lo podría hacer desde la tranquilidad que le da esa mayoría absoluta. Por tanto, las tentaciones que podríamos tener los grupos parlamentarios de ser poco conscientes de las consecuencias económicas que tiene este tipo de
iniciativa, que a nuestro entender no es el caso, ya que es una iniciativa muy modesta, se podrían resolver perfectamente. No tiene sentido que en materias como esta utilicen, si me permite la expresión catalana, el corró, la apisonadora; que
desde su mayoría absoluta no tomen en consideración iniciativas que responden a demandas de la sociedad, que son coherentes con la filosofía que ustedes han expresado, que cuando están en la oposición han apoyado y que van en beneficio de las
personas con discapacidad, de su dignidad y de sus oportunidades de empleo. Por tanto, señorías, les solicitamos, les exigimos que apoyen la toma en consideración de esta iniciativa, que no deja de ser una iniciativa de toda la Cámara una vez se
tome en consideración.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora Fernández Davila.

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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Muy brevemente para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con esta iniciativa de Convergència i Unió que acaba de defender el señor Campuzano. Por supuesto que nuestro posicionamiento no puede ser otro más que el del
voto favorable a la toma en consideración de esta iniciativa, que creemos que no solamente responde a una demanda social que han transmitido a todos los grupos parlamentarios en alguna ocasión agentes sociales representativos de este colectivo de
personas en situación de discapacidad sino que, señorías, desde nuestro punto de vista, es una propuesta que trata de ser justa a la hora de incentivar no solamente el derecho a un pensión para estas personas en situación de discapacidad sino
incentivar el empleo de las mismas, la incorporación de personas que, estando en situación de discapacidad, pueden hacer algunos trabajos, pueden hacer alguna actividad económica. Lo que no debemos es conformarnos con que esa actividad económica
sea muy mal remunerada, simple y sencillamente porque nos podemos aprovechar de la existencia de la pensión no contributiva. De ahí que no solamente no haya muchas personas en situación de discapacidad incorporadas al mundo laboral sino que ni
siquiera, como bien ha dicho el señor Campuzano, estén aportando unas cuantías más interesantes a la Seguridad Social. Recordemos que una mejor remuneración del trabajo de las personas es una mejor cotización a la Seguridad Social.


Otra de las razones que nos convencen -ha sido esgrimida también por el señor Campuzano- es la lucha contra la pobreza. Pensar que una persona no pueda tener unos ingresos superiores a lo que en este momento es el Iprem, que creo que está
en 532 euros aproximadamente, es considerar que tenemos que institucionalizar la pobreza, porque aunque desgraciadamente son miles las personas que tienen que sobrevivir con esa cantidad, no quiere decir que les permita vivir con dignidad. Los que
tenemos que defender la igualdad entre todas y todos debemos defender iniciativas como esta en las Cortes Generales.


Nos pareció en su momento un avance muy positivo la incorporación que se hizo en el año 2005 y, por tanto, de la misma manera que en su momento apoyamos la toma en consideración y después la aprobación de la ley, en este momento hacemos un
llamamiento a todos los grupos para aprobar esta proposición de ley, y aunque hay una serie de cosas que aquí se concretan, como plantear el doble del Iprem que recoge la ley actual como cuantía que en estos momentos corresponde, pensamos que si no
hay un acuerdo en esa concreción que presenta Convergència i Unió podemos llegar a otros acuerdos, siempre y cuando esos acuerdos mejoren no solamente las prestaciones económicas de las personas en situación de discapacidad sino la calidad de vida
de ellas y las posibilidad de poder tener unos salarios mínimamente dignos en esa proyección de incorporación al mundo laboral de estas personas que, como dije al principio, estando en un nivel de discapacidad que les hace ser sujetos de estas
ayudas no contributivas también puedan desarrollar alguna actividad económica.


Votaremos favorablemente esta propuesta e instamos nuevamente a todas sus señorías a hacerlo también para poder llegar en su tramitación a unos acuerdos que mejoren lo que en este momento existe, que iría en la línea de la reivindicación de
aquellos agentes sociales que representan a este colectivo de personas en situación de discapacidad.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, señor presidente.


Diputadas, diputados, yo también voy a ser breve. Este es uno de los supuestos, escasos en el ordenamiento jurídico, en el que es posible compatibilizar una pensión no contributiva y una retribución derivada de una actividad laboral. Las
razones legitimantes de la compatibilidad son no solo materialmente justas sino que además se derivan de los requerimientos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, y de la
posterior Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Estamos hablando de grados de discapacidad superiores al 65%, que en la generalidad de los casos y cuando solo se percibe una pensión no contributiva
difícilmente se puede considerar que se cumpla con el requerimiento de suficiencia cuantitativa de la pensión, previsto además en el artículo 41 de la propia Constitución española. Por eso el legislador ha optado por contabilizar estas pensiones no
contributivas y eventuales retribuciones laborales.


La elevación al triple del Iprem de la retribución más la pensión no contributiva nos sigue pareciendo un acto de justicia y de cumplimiento de la exigencia de suficiencia previsto en el artículo 41 de la

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Constitución y del Real Decreto Legislativo 1/1994, de la Ley General de la Seguridad Social, así como de la Ley de Pensiones no Contributivas, de 20 de diciembre de 1990. Considerando que el Iprem es de 532,51 euros, su triplicación nos
llevaría hasta los 1.596 euros, cuantía mucho más ajustada a la situación más gravosa que afecta a las personas con un grado de discapacidad del 65%. Debe ser además tenido en cuenta que el porcentaje retributivo salarial posee una cuantía solo
ligeramente superior al salario mínimo interprofesional. En todo caso, señor Campuzano, y como matiz, en nuestra opinión, sobrarían las referencias a la exigencia de la reducción del 50% de la cuantía de la pensión en caso de exceso, ya que para
cuantificar las cuantías compatibles basta con esa referencia al Iprem, resultando confusa y perturbadora la fórmula propuesta en la proposición de ley que, no obstante, como no podría ser de otra forma, vamos a votar favorablemente. En cualquier
caso, es menester evitar la tentación y ser cuidadosos con la posibilidad de incorporar a este sumatorio de retribución y pensión no contributiva eventuales rentas de ingresos mínimos o que posean otra denominación y deriven de la gestión de la
competencia de asuntos sociales, que en el caso de Euskadi es exclusiva en virtud del artículo 10.12 del Estatuto de Autonomía, que ha posibilitado la configuración de la renta de garantía de ingresos en la C.A., que no solo beneficia a quienes
carecen absolutamente de ingresos sino también a aquellos y a aquellas que poseen ingresos manifiestamente inferiores aunque sean perceptores de pensiones no contributivas, en algunos casos incluso perceptores del Prepara o también personas que se
encuentren en riesgo de exclusión social. Estas prestaciones autonómicas no deben utilizarse a efectos de cuantificar los porcentajes de compatibilización de retribuciones y pensiones no contributivas para las personas con discapacidad.


Concluyo, ya que había prometido ser breve. Como les decía, el Grupo Vasco va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


Al debatir esta proposición de ley que nos propone facilitar que sean compatibles pensiones no contributivas y remuneraciones salariales en el caso de personas con discapacidad, hay que recordar, como ha hecho el orador proponente, cómo las
personas con discapacidad sufren los problemas de integración laboral con mucha más fuerza que el resto de ciudadanos. Los últimos datos disponibles del INE se refieren al año 2012 y nos encontramos allí con un grupo de un millón y medio de
personas discapacitadas en edad de trabajar y solo la tercera parte, solo medio millón, forman parte de la población activa. Esto supone una diferencia de 40 puntos sobre el resto de la población. Es más, ese pequeño grupo activo sufre también con
más fuerza la tasa de paro, 8 puntos, y el desempleo de larga duración. Por eso nos parece que estos límites hoy existentes a la compatibilización, que fueron un avance en su momento, se han quedado demasiado estrechos, demasiado limitados. Los
explicaba bien el señor Campuzano. Hay una compatibilidad permitida solo durante cuatro años. Si la pensión más los ingresos superan al Iprem, el 50% del exceso se retira de las remuneraciones y, en ningún caso, la suma de pensión y remuneraciones
puede superar en 1,5 veces el Iprem. Conviene recordar, como también se ha citado, que el Iprem equivale hoy en día a 532 euros mensuales y que llevan cuatro años congelado. Por tanto, estos límites, ya de por sí estrechos, se han vuelto más
restrictivos todavía al estar tomando como referencia una cantidad modesta que se ha mantenido congelada durante varios años.


Por eso la propuesta de CiU nos parece razonable, que es aumentar, flexibilizar estos límites, que no haya un límite de años, y básicamente duplicar los márgenes de ahora, que si se supera dos veces el Iprem se deduzca el 50% y que, en
ningún caso, se pueda superar tres veces el Iprem. Nos parece razonable -como decimos-, porque tras años de congelación estos límites ya restrictivos se han vuelto más restrictivos todavía; y nos parece razonable porque estamos en una nueva
situación de crisis económica. Y si antes de la crisis ya las personas con discapacidad tenían más dificultades para integrarse en el mercado laboral, también es evidente que la crisis ha incidido con más fuerza sobre este grupo, y esto da sentido
a que haya más medidas de incentivo para la integración en el mercado laboral.


Mi grupo, Unión Progreso y Democracia, ha intentado ser especialmente sensible a las necesidades de las personas con discapacidad a lo largo de esta y la anterior legislatura. Queremos reconocer que en este esfuerzo nos ha sido muy útil,
como supongo que al resto de los grupos, el trabajo del Cermi, que siempre que hay un nuevo proyecto de ley suele enviar propuestas de enmiendas contemplando la ley desde la perspectiva de las personas con discapacidad y facilitando
considerablemente la tarea de los

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grupos parlamentarios. Nosotros hemos presentado propuestas o hemos apoyado propuestas de otros grupos en la línea de facilitar el mantenimiento del puesto de trabajo cuando hay una discapacidad sobrevenida; que esa persona, en la medida
de lo posible, mantenga el trabajo que tenía aunque sea adaptado a sus nuevas condiciones. También favorecemos el estricto cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo a favor de las personas con discapacidad. Consideramos que el
cumplimiento de esa cuota debería ser condición necesaria en la contratación pública, para que haya una contratación pública socialmente responsable, y somos sensibles a los problemas de accesibilidad que tienen las personas con discapacidad y a la
importancia de la Ley de Dependencia, otro pilar de nuestro sistema del bienestar erosionado y que afecta especialmente a este colectivo.


Por todo esto votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley y si sale adelante, como deseamos, nos gustaría enriquecerla y enmendarla teniendo en cuenta unos problemas que sufren los centros especiales de empleo y
que a menudo se olvidan y, sin embargo, mi grupo considera importantes. De nuevo estas ideas provienen del Cermi, en este caso de las enmiendas que el Cermi presentó a la Ley de garantía de la unidad de mercado. Allí el Cermi nos hacía notar que
los centros especiales de empleo a veces se encuentran con trabas en su funcionamiento que tienen que ver con problemas de diseño del Estado autonómico. Planteaban cuestiones como las siguientes; si un centro especial de empleo opera en varias
comunidades autónomas, ¿por qué tiene que pedir la calificación y el registro en cada una de las comunidades? ¿No sería más lógico que en este caso bastase una calificación y registro del Servicio Público de Empleo Estatal que les permitiese operar
en todo el territorio? Planteaban cuestiones como las medidas alternativas a la cuota de reserva de empleo, por qué esas medidas alternativas no se pueden concretar en actuaciones en cualquier comunidad autónoma con la misma facilidad. Si quieren
contratar con un centro especial de empleo, ¿por qué no puede ser con la misma facilidad que con un centro especial de empleo de cualquier comunidad autónoma? Si se trata de una donación o patrocinio, ¿por qué no utilizar esos recursos con la misma
facilidad en cualquier comunidad?


Planteaban una tercera cuestión, no menos interesante. Cuando se trata de actuaciones a favor de personas discapacitadas que se financian con fondos estatales, aunque la gestión esté territorializada, cabría esperar que las condiciones en
cuanto a cuantía o plazos de pago fuesen similares en las diferentes comunidades autónomas. Nos parece adecuada -insisto- la proposición de ley que aquí se plantea, la votaremos a favor y si se toma en consideración la enmendaremos en la línea que
acabo de comentar, para intentar que haya también una unidad de mercado dentro de nuestro país en la actuación de los centros especiales de empleo que tanto favorecen a las personas con discapacidad en su integración en el mercado de trabajo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Señorías, déjenme comenzar destacando algo que no me gustaría que pasara desapercibido. En la tarde de hoy el Pleno del Congreso va a dedicar prácticamente toda su actividad a debatir proposiciones y propuestas
de diferentes grupos parlamentarios centradas en eso que podríamos llamar la política de las personas o para las personas, y no en la política de los políticos. Quiero destacarlo porque en un momento en que no siempre se transfiere esa imagen de la
actividad del Congreso a la opinión pública, creo que es oportuno destacarlo. La propuesta de Convergència i Unió con relación al colectivo con personas con discapacidad; la propuesta que presentará después el compañero Gaspar Llamazares sobre la
necesidad de crear un procedimiento concursal, centrado fundamentalmente en atender las necesidades específicas de consumidores y usuarios, y la que voy a presentar con relación a la renta mínima garantizada de ciudadanía. En ese sentido, quiero
pedir que si es posible quienes transfieren nuestro trabajo a los ciudadanos, es decir, los medios de comunicación, pudieran poner en valor que el Pleno del Congreso está hoy dedicado, como muchos otros días, a abordar esas cuestiones.


Entrando en materia, nuestro grupo va a apoyar y va a dar su voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley de Convergència i Unió. Nos parece un problema real, nos parece una propuesta absolutamente razonable y
necesaria y además creemos que hay margen para poderla discutir en condiciones y mejorarla en aquello que sea necesario. Como ya ha dicho el señor Campuzano no es un tema nuevo sino que hace ya algún tiempo que está presente. Nos ha concretado él
que este tema lo llevamos debatiendo diez años y nos ha dado su visión histórica. Deberíamos comenzar por constatar algo importante y es que deberíamos romper esa barrera que históricamente ha existido en la legislación

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en nuestro país con relación a la imposibilidad de que convivan rentas de naturaleza social, prestaciones sociales, con ingresos salariales. Eso que ha sido así y que se empezó a romper hace diez años en relación con el colectivo de
discapacitados y que a veces de otra manera se está empezando a situar en otras propuestas deberíamos tenerlo presente, por ejemplo cuando se discuten aspectos fundamentales como son las rentas garantizadas o cuando tienen que ver con estas
prestaciones sociales.


En este caso se trata de un problema importante, tal como han destacado de manera reiterada las asociaciones de discapacitados, ha sido uno de los grandes caballos de batalla del Cermi y tenemos una buena oportunidad para abordarlo. Sin
duda se trata de un problema económico porque obligar o condenar a una persona que tiene unos ingresos de 400 euros de media a que no pueda tener otro tipo de ingresos, a pesar de que a lo mejor y pese a su limitación por su discapacidad pudiera
tenerlos como consecuencia de un trabajo, me parece poco defendible. Es decir, condenar a una persona a recibir unas prestaciones con esa media de 400 euros al mes no parece razonable. En este caso hay otro plus y es que si el trabajo es siempre
un elemento no solo de obtención de ingresos, sino elemento clave de inclusión social y de dignidad de las personas, en el caso de las personas discapacitadas eso aún es mucho mayor. Estamos hablando, pues, no solo de la pobreza o de superar la
pobreza a la que se ven abocadas esas personas discapacitadas, sino que estamos también abordando un problema de dignidad de dichas personas. No prohibirles, no limitarles a que puedan obtener sus ingresos no solo de las prestaciones sociales sino
como consecuencia de un trabajo retribuido que pueda ser compatible. Sin duda, eso se empezó a hacer en el año 2005 con unos límites que ya se han planteado y que están implantados en la legislación vigente y que ahora la proposición de ley de CiU
pretende modificar, como nos ha explicado muy bien el señor Campuzano.


Nosotros creemos que sí, que ha llegado el momento -podría haberse hecho antes- de abordar esta situación no solo porque la situación de crisis económica castiga especialmente más en estos momentos a las personas con más dificultades, entre
ellas las personas discapacitadas, sino porque creo que está empezando a madurar la idea de que la incompatibilidad absoluta entre percibir rentas derivadas de prestaciones sociales y rentas salariales se está empezando a resquebrajar y es un buen
momento para iniciar un cierto debate sobre la globalidad de hasta qué punto eso debe ser así. En ese sentido, insistimos en que vamos a dar nuestro voto a favor a la toma en consideración. Otra cosa distinta -es obvio- es que estemos
necesariamente de acuerdo en los términos estrictos de la proposición de ley que se plantea pero, si se me permite, eso no toca hoy. Para hilar más fino y para discutir entre nosotros la mejor manera de abordarlo hay otro momento procesal, el de su
tramitación. Hoy toca decidir si políticamente es importante abordar o no como Congreso este tema; nosotros decimos reiteradamente sí.


Quiero entrar un poco más y muy brevemente en uno de los aspectos que resultan muy evidentes: la derogación del periodo limitado de cuatro años siguientes al inicio de la actividad, al que no le encuentro la lógica; no he sabido
encontrársela ni tan siquiera en los debates que se suscitaron hace diez años. Es posible que la haya; seguro que hay una explicación, como siempre, pero no he sabido encontrarla. En todo caso, la opinión de nuestro grupo es que debe desaparecer.
En el resto de la proposición estamos de acuerdo con la filosofía, y es acabar con ese sentido tan restrictivo de la compatibilidad, pero me permito sugerir ahora -en su momento ya discutiremos más- que necesitamos abordar esa reforma pensando que
cuando toquemos esa situación en la regulación legal de la compatibilidad entre la pensión de invalidez no contributiva y un trabajo remunerado, estaremos trastocando el conjunto del sistema de protección social y que deberíamos hacerlo, si es
posible, con una cierta coherencia. Mi grupo, que está a favor de establecer elementos de apoyo positivo a la inserción laboral de las personas con especial dificultad, especialmente los discapacitados, ha de intentar que cuando ello se haga para
facilitar la inserción laboral de esas personas y aumentar en la medida de lo posible el elemento de la dignidad personal, que la tienen por ser personas pero que el factor trabajo puede contribuir a aumentar, eso no suponga generar determinados
agravios comparativos con otras personas que sin ser discapacitadas tienen también situaciones muy fastidiadas en su acceso al mercado de trabajo y que no entenderían que abordáramos la compatibilidad solo para el colectivo de pensionistas de
invalidez no contributiva y no lo hiciéramos para otros colectivos en especial situación de necesidad, lo cual creo que deberíamos tener muy presente, porque cuando se abordan las cosas a trozos es muy fácil generar agravio comparativo. Y yo, que
soy gran partidario de la lucha de clases, sé que desgraciadamente el motor de la historia es cada vez más el agravio comparativo entre personas. No me gusta que sea así, pero lo es.


En segundo lugar, también creo que deberíamos tener muy presente que cuando hagamos eso deberíamos intentar evitar el máximo de efectos colaterales no deseados, y me explico. En uno de los

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últimos decretos-ley presentados por el Gobierno -creo recordar que es el 5/2013- se ha planteado aquello que se llama el envejecimiento activo, que según el Gobierno es dificultar el acceso de los parados que no tienen ninguna prestación ni
posibilidad de tenerla ni tampoco empleo a la jubilación anticipada, pero eso lo veremos otro día. Visto así desde esa perspectiva nos podemos encontrar que determinadas medidas que pongamos en marcha para compatibilizar una prestación social con
un trabajo retribuido pueden ser un factor que, sin quererlo, genere una tentación entre algunos sectores empresariales para configurar lo que podríamos llamar un mercado de trabajo paralelo -el de los trabajadores más baratos- que aún incremente
más la segmentación. No me estoy inventando ese riesgo, no es que quiera alarmar a nadie. Ustedes saben que por ejemplo entre los jubilados del Reino Unido esto es así, y entre los jubilados de Estados Unidos también es así porque, como la
prestación que reciben es tan escasa, ellos se ven obligados a trabajar después de los 65 años o de la edad de jubilación que toque en cada país y a las empresas les va muy bien encontrar trabajadores que les suponen unos costes inferiores. Yo creo
que esas dos reflexiones deberíamos tenerlas muy presentes pero -como he dicho también- eso será cuando lo votemos a favor, hoy se apruebe y tengamos oportunidad de discutirlo.


Termino con una ingenuidad, si se me permite, pero es que para estar aquí en esta legislatura muy ingenuo no hay que ser pero ciertas dosis de ingenuidad hay que tener. Le pido al Grupo Popular que vote a favor de la toma en consideración
de esta proposición de ley. No debería tener miedo a este debate, no arriesga nada, no pierde nada, absolutamente nada. El Partido Popular tiene una cosa que se llama mayoría absoluta, que es un freno de emergencia de alto voltaje...


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene usted que terminar.


El señor COSCUBIELA CONESA: ...que en cuanto lo pone en marcha todo se para. No le tengan ustedes miedo al debate, déjennos discutir, no aborten el debate, déjenlo que nazca. (Rumores).


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Blanquer.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista en relación con la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió. Compartimos el fondo de
la propuesta, que es mejorar la situación actual de las condiciones de compatibilidad de las pensiones de invalidez no contributivas con el trabajo remunerado y así mejorar las posibilidades de integración laboral de las personas con discapacidad.
En este sentido votaremos afirmativamente su toma en consideración y lo haremos principalmente por dos razones, por nuestro compromiso expreso y manifestado de manera reiterada con la integración laboral y social de las personas con discapacidad,
porque nos sentimos comprometidos con este objetivo, el de facilitar la integración laboral de los que más dificultades tienen, el de premiar el esfuerzo que los beneficiarios de una pensión de invalidez hacen al incorporarse al mundo laboral. Un
compromiso que ya hicimos patente durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero al aprobar la Ley 8/2005 a partir de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán. Una iniciativa legislativa por la que
establecíamos, como un instrumento más para dar solución al problema de la integración laboral de las personas con discapacidad, hacer compatible la pensión no contributiva de invalidez con las rentas derivadas del trabajo remunerado. Con esta ley
flexibilizábamos la penalización que representaba el ejercicio de una actividad laboral para quienes se encontraban percibiendo una prestación de invalidez en su modalidad no contributiva, ya que con anterioridad la realización de una actividad
profesional remunerada conllevaba automáticamente la reducción de la pensión en la misma cuantía que la retribución obtenida, circunstancia que dificultaba acceder al trabajo remunerado, y muchos no lo hacían por el miedo a no recuperar la pensión
en tiempo una vez finalizado el trabajo. Así pues, en la legislatura pasada dimos un importante paso en aras de asegurar la integración sociolaboral de las personas discapacitadas, flexibilizando la rigidez de un sistema duro con la compatibilidad
de prestación y trabajo.


La segunda razón por la que vamos a votar que sí viene motivada por la ralentización del esfuerzo integrador de la Administración que se inició en 2005 al no actualizar los límites que permiten compatibilizar la pensión no contributiva de
invalidez con el trabajo remunerado. El Iprem, el indicador que se toma como referencia a la hora de fijar el límite para permitir la compatibilidad, ha sido congelado de manera reiterada a lo largo de los tres años de Gobierno del Partido Popular,
una política que ha dificultado la posibilidad

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de compatibilizar ambos ingresos. Un hecho, pues, que nos obliga a tomar medidas al respecto y a tomar en consideración la revisión de la normativa. Ahora bien, los nuevos límites que establece el grupo proponente nos podrían llevar a una
situación de desequilibrio que cabe tener en cuenta.


Con la propuesta de CiU el límite para compatibilizar pensión y trabajo podría ampliarse a unos ingresos procedentes del trabajo remunerado muy superiores, mucho, al salario mínimo interprofesional, y no podemos olvidar que las pensiones no
contributivas están dirigidas en las contingencias de invalidez a las personas que no cuentan con recursos suficientes, con lo que los límites propuestos podrían extralimitar la propia finalidad que se persigue. Estamos, pues, dispuestos a mejorar
las condiciones de compatibilidad, pero hasta el límite que nos permita no romper el equilibrio que debe existir entre todas las prestaciones del sistema de la Seguridad Social. Consideramos necesario revisar la legislación, porque no podemos
obviar que con la congelación del Iprem y del salario mínimo interprofesional lo único que está consiguiendo el Gobierno del Partido Popular es ahondar en la pobreza de los más vulnerables, unas familias que han visto reducida su capacidad de
consumo, repercutiendo de manera negativa también en la reactivación de la economía. Pero también, señorías, es importante señalar que de nada servirá que mejoremos las condiciones para compatibilizar pensión y empleo en el avance de la integración
de las personas con discapacidad si no aseguramos que haya empleo con garantías de calidad. (Aplausos). Para ello es imprescindible que el Gobierno del Partido Popular reoriente sus políticas a la protección de las personas y de los trabajadores y
derogue una reforma laboral que ha desembocado en una precarización de las condiciones laborales que nos asemejan a sociedades menos avanzadas y que afectan sobre todo a los más vulnerables, como el colectivo de los discapacitados. En definitiva,
si existe algo de recuperación económica, es hora de que lo noten los ciudadanos, es hora de que el Gobierno restablezca los derechos que se han perdido con las políticas de austeridad y es hora de que el Gobierno actualice el Iprem y el salario
mínimo interprofesional.


Así pues, señorías, por todo lo expuesto, ante nuestro compromiso con los más vulnerables, el Grupo Socialista votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley para revisar y mejorar las condiciones en que se permita
avanzar en la integración sociolaboral de los discapacitados a través de la compatibilidad de pensión y trabajo, y en el trámite parlamentario, en caso de ser aprobada esta proposición de ley por la Cámara, realizaremos las aportaciones oportunas
para conseguir su finalidad, asegurando el equilibrio con respecto a otro tipo de prestaciones del sistema.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora España.


La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.


Con esta proposición de ley que trae hoy el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se propone, como ya se ha dicho, modificar el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para mejorar la
compatibilidad de las pensiones de invalidez no contributivas con un trabajo remunerado. Para ello propone aumentar los límites de esa compatibilidad y suprimir el plazo de cuatro años que existe actualmente para poder compatibilizar.


Dice esta proposición de ley que si se modificaran los límites de la compatibilidad se mejorarían las posibilidades de integración laboral de estas personas. Yo quiero aclarar que desde el Grupo Parlamentario Popular estamos absolutamente
de acuerdo en mejorar la integración laboral y en ampliar esta compatibilidad. Estamos de acuerdo en el fondo, señor Campuzano, pero no lo estamos en la forma. No estamos de acuerdo con la propuesta que usted hace para mejorar esta integración
laboral y esta compatibilidad. Nosotros entendemos que en los términos planteados por su proposición de ley se desnaturalizaría absolutamente la pensión de invalidez no contributiva, cuya finalidad saben ustedes que no es otra que paliar la
carencia de ingresos de aquellas personas que se encuentran en una situación de incapacidad que les imposibilita realizar su profesión habitual y que además no reúnen las cotizaciones suficientes para poder acceder a una pensión contributiva del
sistema.


Dice también la propuesta que hoy analizamos que no supondría coste alguno. Coste económico tiene, y ustedes lo saben, porque eliminar el plazo de cuatro años tiene un coste y aumentar los límites tiene coste, pero también reconozco que no
es el principal escollo de esta cuestión, aunque me gusta que seamos serios y rigurosos. Encontramos también algunas dificultades técnicas a la hora de aplicar los límites que ustedes proponen. Por ejemplo, el límite propuesto de tres veces el
Iprem nunca se podría llegar a alcanzar. Nos da la sensación de que la propuesta no se ha formulado técnicamente de forma adecuada, que simplemente se han ido aumentando los límites, pero sin verificar cuáles son los posibles resultados.

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Decía el señor Coscubiela en su intervención que podría dar lugar a algún agravio comparativo. Efectivamente, si bien es cierto -así lo entendemos desde el Grupo Popular- que las personas con discapacidad merecen una especial protección y
que las medidas que se pretenden llevar a cabo facilitarían una mayor integración laboral y social del colectivo, si prosperara esta medida también podría dar lugar a agravios comparativos con aquellas personas que tengan pensiones de jubilación no
contributivas. Hay que tener en cuenta que cualquier modificación que sea relevante en las prestaciones de la Seguridad Social debe ir acompañada previamente de unos estudios en los que se tengan en consideración las consecuencias desde todos los
puntos de vista.


Nuestro mensaje es positivo, porque el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno siempre hemos sido sensibles y receptivos a todas las iniciativas que en este sentido se han planteado. En distintos foros, tanto el Grupo Parlamentario
Popular como el Gobierno hemos sido proclives, hemos estado a favor de ampliar esta compatibilidad de la pensión no contributiva con el trabajo. Por eso quiero decir hoy aquí que ya se están llevando a cabo por las unidades técnicas competentes de
la Seguridad Social los estudios sobre valoración económica e impacto presupuestario que supondría modificar los artículos 144.5 y 147 de la Ley General de la Seguridad Social para poder ampliar y mejorar esta compatibilidad. Ahora bien, también
digo una cosa -lo he dicho al principio de mi intervención-: la compatibilidad que se debe buscar no puede olvidar la esencia y la finalidad de esta pensión no contributiva, que es suplir la carencia de ingresos de aquellas personas con
discapacidad que no puedan desempeñar su actividad habitual. Decía el representante del grupo proponente que el Gobierno aprobó el viernes en Consejo de Ministros el Plan de acción sobre la estrategia española de discapacidad. Efectivamente, señor
Campuzano; es un plan dotado con más de 3.000 millones de euros que incluye casi cien medidas, y el 95% de los recursos de este plan van a ir destinados al empleo, porque en el Partido Popular estamos convencidos de que el empleo es la forma de
integración y de normalización de las personas con discapacidad. Por cierto, también quiero aclarar que este año ha aumentado un 20% el empleo para las personas con discapacidad gracias a la labor del Gobierno en el último año.


Termino. Señorías, si bien es cierto que el Grupo Popular se compromete a que el Gobierno haga un estudio riguroso de la situación actual y de las medidas que son necesarias y que habría que adoptar para mejorar el régimen de
incompatibilidades, no es menos cierto -ustedes lo saben también, señorías, señor Campuzano- que no puede hacerse de este modo con un texto cerrado, articulado, que no tiene en cuenta -permítame que se lo diga- las consecuencias no solo económicas,
sino de fondo o de cualquier otro tipo que supondría aplicar los términos que se recogen en esta propuesta. Por todo ello, señorías, estando de acuerdo con el fondo, como he dicho al principio y a lo largo de mi intervención, no se estima oportuna
la toma en consideración de esta proposición de ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, POR LA QUE SE REGULA UN PROCEDIMIENTO CONCURSAL ESPECIAL PARA PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS. (Número de expediente 122/000157).


El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, por la que se regula un procedimiento concursal especial para personas consumidoras y usuarias. Tiene la palabra para su defensa el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, comenzaré mi intervención con una sorpresa: felicitando al Gobierno. Felicito al Gobierno -en concreto al señor De Guindos- por su llamada a la autocrítica, a la que me sumo. También quiero felicitar al Gobierno por la
rectificación reciente -una de ellas- en relación con la no derogación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Les felicito, señorías, por rectificar. No llego a decir como el señor Fraga que solamente aciertan cuando rectifican -me
parece muy radical-, pero en todo caso tienen ustedes la felicitación de mi grupo parlamentario. (El señor Merino López: Estoy preocupado). Me parece normal que le preocupe.


Hoy también quiero proponerles otra rectificación que tiene mucho que ver con una iniciativa legislativa popular que ante esta Cámara propuso la dación en pago para la solución de una emergencia en nuestro país que no ha hecho sino
acentuarse, la que podríamos denominar emergencia del sobreendeudamiento

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o emergencia habitacional que vive nuestro país en plena crisis económica. Les proponemos hoy, señores del Grupo Parlamentario Popular, una rectificación en relación con el rechazo de la iniciativa legislativa popular de dación en pago de
la plataforma de Afectados por la hipoteca mediante la toma en consideración de esta iniciativa de procedimiento concursal especial para personas consumidoras y usuarias.


En primer lugar, comenzaré por los datos. Señorías, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno, la crisis ha disparado el número de familias sobreendeudadas. Ya rozan los 2,5 millones las personas en España sobreendeudadas con
bancos, compañías o financieras por un valor superior a 18.000 millones de euros, fundamentalmente a causa de los créditos hipotecarios. El informe de estabilidad financiera publicado por el Banco de España dice que la ratio de morosidad ha seguido
creciendo de manera generalizada en los hogares y en las empresas. Concretamente, en los hogares los activos dudosos han registrado un ritmo de aumento interanual superior al 40%, señorías, y -añade- la ratio de morosidad de las personas
sobreendeudadas alcanzó el 5,8%, frente al 3,8% del año anterior. Lo mismo podríamos decir en relación con las ejecuciones hipotecarias, que tuvieron un leve decremento en 2013. Los datos de 2014 del Consejo General del Poder Judicial sobre
ejecuciones hipotecarias no pueden ser peores. Suponen una nueva evidencia de la situación de emergencia habitacional y de la inutilidad de las medidas aprobadas hasta ahora, que no han tocado prácticamente el problema. En primer lugar, durante el
primer trimestre de este año se han producido 18.492 desahucios y se han iniciado 24.226 ejecuciones hipotecarias, 3.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Las casi 550.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2007 hasta hoy son un
reflejo de una ley hipotecaria injusta y caduca que sobreprotege a las instituciones financieras contra los ciudadanos, pero sobre todo del fracaso de las medidas adoptadas. Estos datos demuestran que la Ley 1/2013, que el Real Decreto 6/2012 y que
el Real Decreto 27/2012, medidas sucesivamente adoptadas por el Gobierno del Partido Popular, medidas llamadas a reforzar la protección de los deudores hipotecarios, no han logrado la solución del problema ni siquiera mínimamente y apenas han
servido al Grupo Popular para lavarse la cara justo después de haber sido el único grupo del arco parlamentario que votó en contra de la iniciativa legislativa popular presentada y respaldada por casi un millón y medio de personas.


Señorías, en estos momentos están a tiempo de rectificar, igual que lo han hecho, aunque tarde, en relación con la derogación de la Ley del Aborto, porque la situación no hace más que deteriorarse y parece que la recuperación no llega al
ámbito hipotecario. En estos momentos el ensañamiento de la banca roza el límite de la usura, y estas personas están desplazándose peligrosamente del ámbito de la pobreza al de la exclusión. Por tanto hay razones suficientes para adoptar
iniciativas. Señorías, no deberíamos seguir avergonzándonos. Lo digo porque las únicas medidas que han tenido cierta utilidad en esta materia han sido, en primer lugar, las adoptadas en el ámbito judicial español y, más tarde, las del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. Qué vergüenza que tras marzo de 2013 el pasado julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelva a denunciar la ley española diciendo que deja en inferioridad de condiciones a los ciudadanos frente a los bancos,
obligando a España a cambiar su Ley del Enjuiciamiento Civil. ¿No les da vergüenza? A mí sí. Confrontado con estas sentencias, el 5 septiembre el Gobierno se ha visto obligado a aprobar el Real Decreto-ley sobre medidas urgentes en materia
concursal para incluir las modificaciones legales y dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero lo ha hecho de tapadillo y en parte. Seis años de problemas hipotecarios, más de medio millón de ejecuciones, más
de 300.000 lanzamientos han tenido que esperar los consumidores hipotecados para que el Gobierno modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil. En mi opinión se nos debería caer la cara vergüenza. A partir de ahora por esta trasposición del Gobierno el
afectado por un procedimiento de ejecución hipotecaria podrá apelar para reforzar su oposición al embargo aludiendo a la existencia de cláusulas abusivas en el préstamo.


Decía que la reforma es insuficiente y de tapadillo. ¿Por qué? Porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no solo considera esto, sino que ante una ejecución hipotecaria el consumidor puede alegar la existencia de
otro procedimiento judicial donde exista abuso de cláusulas de hipoteca para paralizar la demanda del banco, cosa que no ha traspuesto el Gobierno español. Ese aspecto se lo ha dejado el Gobierno español en el tintero. El decreto del Gobierno se
refiere únicamente a la existencia de una cláusula abusiva, ignorando el procedimiento declarativo completo que debería paralizar totalmente la ejecución. De nuevo se desaprovecha esta oportunidad, la enésima, para abordar la normativa que regule
también un proceso concursal real para los consumidores, y eso es lo que nos separa, por ejemplo, del marco general de la Unión Europea. La actual ley en España, la Ley Concursal, es compleja, lenta y costosa. Es prácticamente inviable para las
familias y para los consumidores, por eso unas y otros no acuden a ella.

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La proposición que les hacemos, esta proposición de ley, reclama un impulso urgente e inmediato de un procedimiento concursal especial para los consumidores, y no es una idea de La Izquierda Plural. Es una idea que comparten todas y cada
una de las organizaciones de consumidores, es una idea que comparte el Consejo de Consumidores. El único que no la comparte es el Gobierno. Tiene por objeto, en primer lugar, evitar, en los casos en que resulte posible, la pérdida de la vivienda,
impidiendo que, en el caso de que esto suceda, el consumidor se vea además condenado a una deuda perpetua, que es la situación actual. Nuestro grupo parlamentario propone la regulación del concurso de acreedores cuando el deudor sea una persona
física, de modo que se supere el vacío legal de la normativa actual. Para ello, se propone incluir una nueva disposición en la Ley Concursal de 2003 que regule un procedimiento concursal especial que garantice los derechos del deudor/consumidor,
especialmente para evitar que el concurso sea un seguro destino hacia la ruina civil y que asegure la máxima protección de su vivienda, permitiendo al consumidor no arrastrar perpetuamente la deuda.


Señorías, la principal dificultad para llegar a fin de mes de muchas de estas familias -he hablado de 2,5 millones de ciudadanos- tiene su origen en la excesiva carga que soportan por la deuda hipotecaria y otras. En muchas economías
domésticas, el pasivo exigible es muy superior a su activo, compuesto sobre todo por su vivienda, que además fue sobrevalorada en su día y en estos momentos vale muchísimo menos. Por eso, planteamos superar esta situación de endeudamiento límite,
de ensañamiento y de usura, permitiendo que consumidores y usuarios, que por causa justa apreciada por el juez no puedan hacer frente a sus obligaciones o que prevean que no podrán hacerlo, tengan la opción de negociar un procedimiento concursal con
sus acreedores. Primero, tendrían que comunicar al juzgado su voluntad de iniciar una negociación en un plazo no superior a dos meses desde la fecha en que les resulte imposible atender sus obligaciones vencidas. A partir de la comunicación, el
juez, oído el ministerio fiscal, resolverá el inicio de la negociación. En esta primera fase negociadora el deudor tratará de buscar un acuerdo con sus acreedores; el acuerdo podrá contener quitas superiores a la mitad de la deuda y esperas de
hasta quince años. Segundo, de no conseguirse el respaldo suficiente de los acreedores, el juez deberá resolver la fase de negociación preconcursal y el deudor tendrá que justificar adecuadamente su endeudamiento y su estado de solvencia. El
juzgado dictará auto desestimando o declarando el concurso. Además, nombrará un administrador concursal único entre los abogados de oficio; una administración concursal que será gratuita para la persona afectada, cuya capacidad económica en ningún
caso podrá ser reducida por debajo de la tercera parte de sus ingresos habituales. Desde el momento en que se declare el inicio del concurso de acreedores no podrán tampoco iniciarse ejecuciones singulares, apremios, ni ejecutarse ninguna garantía
que pueda tener el deudor. Tercero, al final, antes de entrar en la fase de liquidación, el deudor podrá proponer al juez un plan de pagos específicos si no se llega a un acuerdo entre las partes y el juez ordenará la apertura de la fase de
liquidación de oficio. En este punto, la administración concursal acordaría con el asesor de consumo un plan de liquidación que se someterá a la aprobación del juzgado. Concluido el concurso y determinándose la inexistencia de bienes y derechos
del deudor, no podrán iniciarse contra esta familia nuevas acciones por deudas contraídas con anterioridad ni podrá ordenarse la reapertura de la misma.


Termino, señorías, con una mirada al derecho internacional comparado de nuestro entorno. En Francia, desde 1989, existe un código de consumo que contempla la mediación. En Francia, desde hace cuatro años, ha entrado en vigor la Ley de
protección de los ciudadanos en situación de endeudamiento. Además, desde el primero de enero de este año, una persona de buena fe acosada por los bancos tiene derecho a la intervención de una comisión oficial de sobreendeudamiento que puede
iniciar un procedimiento de conciliación o en casos urgentes imponer una moratoria o una quita parcial de la deuda. En Alemania existe este procedimiento concursal que les proponemos. En Estados Unidos existe el sistema de segunda oportunidad.
Leyes protectoras de este tipo existen en otros muchos países de la Unión Europea -somos una excepción-; existe en Bélgica, en Holanda, también en Luxemburgo. Señorías -termino-, en España está en sus manos recuperar para la política lo que es de
la política, la solución de los problemas de los ciudadanos. No esperen de nuevo una sentencia judicial, no recurran una sentencia de los tribunales europeos, no esperen a una nueva trasposición; rectifiquen también en esta materia. Rectifiquen y
acertarán.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene, en primer lugar, la palabra el señor Baldoví.

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El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.


Durante 2012 y 2013 casi 100.000 familias perdieron su vivienda, según el informe del Banco de España presentado en mayo pasado. La morosidad hipotecaria ha alcanzado el 6,28% y entre 2007 y 2013 se iniciaron un total de 523.740 ejecuciones
hipotecarias. Puestas en conexión estas cifras con los datos del INE, 12.120 ejecuciones iniciadas sobre viviendas de consumidores en el primer trimestre de 2014 y un aumento de casi el 20% respecto al trimestre anterior auguran nuevos aumentos en
la cifras de familias que pierden su vivienda; junto con cientos de miles de consumidores al límite de su capacidad de pago, 2014 puede acabar con casi 50.000 familias incursas en demandas de ejecución hipotecaria a las que habría que sumar las
denominadas entregas voluntarias de vivienda que en 2013 alcanzaron la cifra de 38.900. Sin embargo, estas cifras caen en saco roto ante un gobierno que mira hacia otro lado y silba, que niega las soluciones de negociación, diálogo y salida digna
para las víctimas de una burbuja inmobiliaria y una estafa financiera global.


Nos encontramos ante una propuesta de las organizaciones de consumidores de la que se ha hecho eco el grupo proponente con carácter previo a las modificaciones introducidas por la Ley de Emprendedores y la Ley Concursal. Es por ello
necesario debatir en la actualidad sobre cómo mejorar el marco jurídico vigente; debate de interés social dadas las múltiples críticas recibidas por estas modificaciones de la Ley de Emprendedores y de la Ley Concursal, consideradas insuficientes
por las entidades y por los expertos del sector. Efectivamente, la Ley de Emprendedores introdujo cambios supuestamente con el fin de cumplir con el mandato europeo incluido en el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el crédito y la
exclusión social en la sociedad de la abundancia, de 16 de febrero de 2008, donde se aboga por una limitación de la responsabilidad patrimonial del deudor persona física. También el Fondo Monetario Internacional recomendó a España actuar en este
ámbito. La Ley de Emprendedores modifica mínimamente la situación para las deudas contraídas por actividad empresarial y vuelve a abandonar a los consumidores cuya deuda no tiene dicho origen, impidiendo incluso el acuerdo extrajudicial de pagos.
Es más, el requisito exigido para la aplicación de la exoneración de deudas que haya producido la satisfacción de la totalidad de los créditos contra la masa y privilegiados convierte en imposible su aplicación práctica, en especial para los que
menos tienen. El procedimiento concursal especial para consumidores ha de tener como objetivo prioritario evitar la pérdida de la vivienda y ofrecer una verdadera segunda oportunidad a la gente. Frente a ello, la normativa actual supone que
numerosos concursados personas físicas no podrán acogerse al sistema de segunda oportunidad instaurado por la Ley de Emprendedores, pues una de las exigencias consiste en que se hayan pagado todos los créditos privilegiados. Las personas físicas
que estén en condiciones de pagar todos los créditos privilegiados -que no serán muchas- no necesitarán el concurso y harán todo lo posible para evitarlo, sin embargo las personas físicas que necesiten una exoneración de deuda -que serán la mayoría-
no podrán tener acceso a ella por no estar en condiciones de satisfacer la totalidad de los créditos privilegiados. Esta es su legislación inhumana que sigue llevando a los desahucios a personas de toda índole, víctimas de sus políticas
antisociales. ¿Va a volver a perder la oportunidad este Gobierno de mostrar sensibilidad al grave problema del sobreendeudamiento de las personas físicas? Sus reformas son una trampa tras otra para hacer creer a la gente que hacen algo cuando la
realidad es que están mirando desde su ventana cómo se hunden muchas familias, cómo los bancos a los que han regalado el dinero de todos -107.000 millones, según el Tribunal de Cuentas- siguen desahuciando a familias con niños, a personas en
situación de dependencia, a ancianos.


Termino. Ustedes siguen construyendo una sociedad injusta frente a una realidad que está en la calle, por mucho que pretendan negarla y callarla. Por eso, desde Compromís Equo anunciamos nuestro voto favorable a esta o a cualquiera otra
iniciativa que pretenda dar soluciones a un problema tan acuciante, corregir los abusos en el ámbito hipotecario e impedir que a muchas personas se les condene a una especie de cadena perpetua.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.


Por el Grupo Mixto también, la señora Pérez Fernández.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, la proposición de ley que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene como antecedentes las propuestas efectuadas por las asociaciones de consumidores y usuarios, especialmente a partir del estallido de la
crisis que motivó un deterioro en las condiciones económicas y sociales de millones de personas. Además de los efectos más llamativos, como es el caso de la pérdida

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de viviendas hipotecadas al producirse impagos por muchas personas desempleadas o que han visto reducidas sus rentas de forma significativa, existen muchos casos en los que el deterioro de la situación económica ha llevado a que muchas
personas hayan visto embargado su patrimonio económico con graves consecuencias no solo presentes sino también futuras, pues las deudas pendientes y acumuladas hacen inviable su pago al persistir los graves efectos de la crisis económica.


Según los datos del propio Banco de España, el endeudamiento de los hogares en el Estado español ha registrado una progresión espectacular en la década precedente al estallido de la crisis, desde 1999 a 2007. En términos generales, se ha
duplicado en diez años en relación con la renta disponible y en gran parte ese endeudamiento ha sido destinado a la adquisición de vivienda. La reducción significativa de la renta desde el comienzo de la crisis y también las políticas impulsadas
por los sucesivos Gobiernos de aprobar medidas que imputaron gran parte de la factura de la crisis a las clases medias trabajadoras, han convertido el pago de la deuda en un muro infranqueable para muchos hogares. A pesar de esto, hasta el momento
no se han diseñado políticas para atajarlo de forma efectiva; al contrario, se ha actuado en sentido totalmente opuesto y contraproducente. Las principales medidas se han dirigido a reducir el déficit y la deuda del sector público cuando no era el
indicador más alarmante en relación con el altísimo endeudamiento privado. Por otro lado, se han producido reducciones salariales e incrementos lineales de impuestos que también han contribuido a que muchos hogares se encontrasen en la situación de
ver reducidos sus recursos económicos a niveles inferiores a los compromisos de pago asumidos; es decir, se han visto abocados a la insolvencia. Insisto en que hasta ahora a ese problema no se le ha hecho frente por el Gobierno. Únicamente la
presión social llevó a que se produjeran algunos cambios en la normativa sobre desahucios, pero eso no solventa la grave situación económica a la que se enfrentan muchas familias, incluso muchas que tienen empleo pero no recursos suficientes ahora
para afrontar además de su deuda sus gastos básicos. En el caso de la otra parte de la deuda privada, la de las empresas, se han articulado algunas medidas correctoras para favorecer acuerdos que salven la actividad producida; sin embargo, los
mecanismos jurídicos para actuar en situaciones de insolvencia de hogares y familias son los mismos que existían antes de la crisis.


La propuesta de creación de un proceso concursal específico para personas que son consumidoras y usuarias va en esa dirección. Ciertamente consideramos que no es la solución definitiva, ya que para nosotros consistiría en que se abandonasen
las actuales políticas económicas inspiradas por la doctrina neoliberal de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que aplica diligentemente este Gobierno, y que se impulsasen políticas orientadas a facilitar la recuperación de las
rentas del trabajo, reduciendo las desigualdades existentes y crecientes desde el inicio de la crisis. El BNG va a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa, pues podría suponer una solución parcial para muchas personas que están en una
situación límite, ahogadas por las entidades financieras. En las actuales circunstancias consideramos intolerable que sigan siendo precisamente las empresas las que tengan de su lado todas las garantías y mecanismos jurídicos para que se satisfaga
una deuda contraída en otra situación económica muy distinta mientras las personas consumidoras y usuarias tengan que acomodarse -sí o sí- a los compromisos contraídos en otro escenario económico. Lógicamente las familias tienen que poder contar
con mecanismos y procedimientos que obliguen a las entidades bancarias acreedoras a tener en cuenta los cambios de su situación económica, y en virtud de eso -termino, presidente- también reducir la deuda para hacer posible tanto su pago como seguir
teniendo recursos para llevar adelante una vida digna, sobre todo cuando dichas entidades financieras han sido auxiliadas con miles de millones de dinero público.


En definitiva, la proposición trata de articular un procedimiento que permita, a iniciativa de las personas afectadas por la crisis, activar un acuerdo para adecuar el pago de la deuda a la actual y delicada situación económica general y no
tener que asumir un sobreendeudamiento perpetuo, adquirido e inducido por el espejismo de una década de burbuja económica auspiciada en gran parte por las propias entidades financieras. Por estos motivos apoyaremos la toma en consideración de la
proposición de ley.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.


Intervendré brevemente. Anuncio el apoyo de nuestro grupo a esta proposición de ley para su tramitación, básicamente por dos razones. La primera es porque compartimos totalmente el diagnóstico que ha hecho antes el señor Llamazares sobre
la insuficiencia y fracaso general de las medidas que ha

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ido adoptando el Gobierno a trancas y barrancas para paliar, ya que no solucionar, algo que tiene solución, que es una ley hipotecaria que efectivamente es muy lesiva para los intereses de los deudores hipotecarios, de los ciudadanos que se
vean atrapados en esa situación. Esta legislación o estas medidas a golpe de decreto en su mayoría han sido muy ineficaces y realmente no han hecho nada; no han tenido ningún tipo de efecto -distinto al que les hemos dicho ya muchas veces hasta
ahora-, aunque a ustedes todo esto les deja en su marmórea indeferencia, que no es otra cosa que el desprestigio de la democracia. Si el Congreso de los Diputados, si las instituciones democráticas no se preocupan por los problemas de los
ciudadanos, tengan ustedes la absoluta seguridad de que en España pasará exactamente lo mismo que sucede en cualquier otro país en ese caso: alejamiento, descreimiento, escepticismo y finalmente incluso hostilidad a la democracia. No solamente
estamos de acuerdo en este diagnóstico del fracaso generalizado -mi grupo también se ha hecho eco de esta cuestión en otras ocasiones- de la legislación hipotecaria del Gobierno, sino que además se ha registrado un permanente alejamiento de la
legislación europea, sobre todo de la jurisprudencia europea, en materia de cómo se debe tratar este tipo de situaciones. La segunda razón por la que apoyamos esto es porque, en realidad, esta es una propuesta de ley que se parece bastante a la que
yo mismo presente el 12 de marzo de 2012; es una propuesta de utilizar la legislación vigente sin necesidad de hacer grandes operaciones de cambios legislativos, pero aprovechando lo que hay y, con algunas pequeñas reformas -en su momento fue
exactamente igual que lo que ha presentado La Izquierda Plural- cambiar la Ley Concursal. La Ley Concursal tiene -como también se ha expuesto aquí, no solamente esta sino además otras ventajas que en su momento ya me tocó el honor exponer- una
serie de facilidades. Bien ampliada evitaría lo que en la actualidad es su principal insuficiencia, que es el trato discriminatorio que reserva a favor de determinadas sociedades empresariales y en contra de los ciudadanos endeudados, y además de
los autónomos y algún otro tipo de emprendedores en una situación de menor protección legal. Sin embargo, esto se puede corregir cambiando dicha ley.


Nosotros vamos a apoyar -como decía- la toma en consideración y la tramitación de esta ley, con la idea de que podría ser bastante fácil llegar a acuerdos sobre cómo refinar o afinar algunas de las cuestiones que propone La Izquierda Plural.
Por ejemplo, nos deja un tanto perplejos -pero es una cuestión menor- que hable de procedimiento concursal especial para personas consumidoras y usuarias. En realidad, el objeto son las personas que están en una situación de endeudamiento
sobrevenido; ser usuario o consumidor, en esto, es completamente irrelevante; o también que introduzca en el apartado 2 del punto tres, de la disposición adicional novena (nueva), esta propuesta de que las asociaciones de consumidores y usuarios
más representativas sean las que hagan un papel de mediación. Nosotros propusimos, en su momento -en esto sí que eran dos propuestas distintas- que las notarías puedan hacer esta labor, precisamente, porque son fedatarios públicos y no asociaciones
privadas y, por lo tanto, parece que están jurídicamente en una situación de mayor eficacia y de mayor accesibilidad para hacer este tipo de mediación entre los deudores y los acreedores. -Como digo, son cuestiones menores-. Lo que importa es
tomar de una santa vez decisiones legislativas que solucionen problemas perfectamente detectados, perfectamente explicado en la legislación hipotecaria española y que ustedes, por razones que para mí siempre serán imposibles de entender, se niegan
obstinadamente a reconocer y que, incluso, en algunos parlamentos autonómicos -creo recordar que el catalán y el vasco- también ha sido objeto de aprobación de medidas que igualmente eran dignas de ser tomadas en consideración.


Hablando de esto y llegando -como decía- al fondo de la cuestión, espero que ustedes acepten la tramitación de este proyecto para hacer algo tan sensato y tan fácil, si hay voluntad política, como hacer una reforma de la legislación ya
existente, estudiada por diferentes sectores y que además está contrastada -como ha dicho señor Llamazares- por la experiencia de unos países que han pasado por situaciones parecidas a las de España, es decir, reventones de burbujas inmobiliarias
con consecuencias sociales destructivas y arrasadoras y que, por tanto, se pueden solucionar.


Para acabar, si votaran en contra de la toma en consideración, la conclusión sería desoladora pero no habría otra; no les da la real gana de solucionar un problema que pueden solucionar, y eso es trabajar a favor de la injusticia.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Ciuró.

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La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, desde Convergència i Unió daremos nuestro apoyo a la proposición que presenta hoy La Izquierda Plural por una cosa evidente, que es algo muy lógico y muy razonable: tenemos un proceso concursal previsto en la normativa vigente,
previsto para empresas y para familias, y es obvio que funciona más o menos para las empresas -está ahora mismo sujeto a revisión- y es obvio que no funciona para las familias. Tenemos un instrumento que no sirve para la finalidad para la cual fue
legislado y es lógico y razonable modificarlo para que dé salida a las aspiraciones de muchas familias que se han visto, como consecuencia de la crisis, en una situación de flagrante sobreendeudamiento. ¿Cómo podemos acabar con este
sobreentrenamiento? Trabajando para rebajar la deuda del sector privado. Parece lógico, ¿por qué? Porque tenemos la obligación de trabajar ahí; porque desde el estallido de la crisis venimos padeciendo una situación en las familias y hogares
españoles derivada de políticas irresponsables -diría yo- en materia de suelo y en materia de recalificaciones, que ha supuesto un auténtico acceso incontrolado al crédito y, además, han fallado todos los instrumentos de regulación estatales, por
ejemplo, los instrumentos financieros para controlar este acceso masivo al crédito y de forma descontrolada.


Con la crisis económica y con estas consecuencias ha habido y hay actualmente hogares españoles sobreendeudados. Según las últimas fuentes estamos hablando de una deuda por familias de más de 800.000 millones de euros, de los cuales 600.000
corresponden a la vivienda habitual. A todo esto tenemos una legislación aprobada recientemente que es de forma clara insuficiente. Además de ser insuficiente se ha legislado mal, a nuestro entender, porque se ha hecho básicamente a medida de que
ha habido apercibimientos por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se han hecho algunas modificaciones en beneficio de las personas y de las familias, pero son harto insuficientes a la vista de que la ley aún se decanta a favor de
las entidades financieras. Ahora, tal como han dicho oradores precedentes, la Ley Concursal no es suficiente y, por tanto, vamos a hacerla útil, para el fin al que debe ser destinada.


Legislar a golpe de apercibimiento provoca inseguridad jurídica; no coadyuva al crecimiento económico. Además tenemos ahora en ciernes una reforma de la Ley Concursal, que bien podríamos aprovechar para introducir esta reforma en relación
con las familias. Si esta es la voluntad del Partido Popular, la saludaremos. En todo caso, aprovechar reformas que nada tienen que ver para adaptar legislación, en este caso en cuestión hipotecaria, es una mala técnica legislativa, señorías. Me
refiero exactamente, señora Fabra, a la cuestión de que han introducido por la puerta de atrás la posibilidad que no habían dado a los consumidores de poder oponerse cuando había un auto de desistimiento en materia de cláusulas abusivas por parte
del juzgado, posibilidad que sí tenían las empresas. Esto era completamente desequilibrado y pretenden arreglarlo mediante esta modificación de la Ley Concursal. Bienvenido sea, pero déjenme decirles que no deja de ser una mala técnica
legislativa. Querría ponerles el acento, igualmente, en una cuestión que hace aún más palmaria la necesidad de reformar la Ley Concursal. Ustedes legislan también a golpe de mandar pelotas largas, y tenemos una ley que en mayo de 2015 levantará la
suspensión para ejecuciones hipotecarias, aunque parece ser que el señor De Guindos ha dado otra patada al plazo y parece que ha anunciado que se alargará un año más. Así tendremos suspendidas las ejecuciones concluidas en materia hipotecaria y a
familias pendientes de ejecución con un saldo pendiente de pago que devengará intereses. Esto al final acabará explotando y tendremos más familias perjudicadas por la aplicación cuando se levante la suspensión de esta moratoria. En consecuencia,
les instamos a que se aprovechen las ocasiones para dar solución y asistencia a las familias. Esta iniciativa propone modificar la Ley Concursal y, si existe una ley que no funciona, arreglémosla; seguramente podríamos ponernos de acuerdo en
muchísimos de los temas.


En cuanto a la mediación, desde Convergència i Unió la hemos reivindicado largamente; que sean las asociaciones de consumidores, quizás; que sean los notarios, lo dudamos porque los vemos más como fedatarios públicos -que es lo que son-
que como hacedores de acuerdos. En todo caso, no habría ningún problema para debatir qué es lo mejor para las familias, porque en un Estado donde hay entre 4,5 millones y medio a 6 millones de parados, según las fuentes, la equidad se rompe por
muchos frentes; y la deuda ingente socava las expectativas de las familias porque sus energías están destinadas a pagar las deudas y ello dificulta enormemente que las familias puedan invertir o incluso puedan consumir. Les quería advertir además
de otra cuestión, señorías. Asistimos a un fenómeno de desahucios de segunda generación, esto es, familias que han perdido su vivienda como consecuencia de una ejecución hipotecaria y que ahora ven cómo están inmersas en un nuevo proceso de
desahucio porque no pueden pagar, en este caso, las rentas de alquiler. Por no hablar del problema que sigue existiendo con las deudas de las comunidades de propietarios; deudas de viviendas cuyos propietarios no pueden hacer frente, que sufren

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una ejecución hipotecaria, una adjudicación bancaria y aún existen deudas, a pesar de que hay un nuevo propietario que tendría la obligación de pagarlas. Deberíamos aprovechar ahí para dar una solución a esta cuestión también. Lo más
triste de todo esto es que hay familias que se ven abocadas en esta situación, a pesar de haber tenido un comportamiento responsable en cuanto a deudas y a su planificación, cuando tendría que ser hacia estas familias a las que iría destinada una
modificación de la Ley Concursal.


Convergència i Unió entiende que las leyes están al servicio de la sociedad, que las leyes deben dar respuesta a las necesidades cambiantes de la sociedad. Las leyes existen para que los poderosos no lo puedan todo, por tanto, señorías,
desde Convergència i Unió les instamos a que escuchen a la sociedad -la sociedad cambia-, a que adecuen esta ley y todas las necesarias para dar salida a las peticiones de la gente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Iglesias.


La señora IGLESIAS SANTIAGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, una vez más, casi, casi empezamos este Pleno como terminamos el anterior periodo de sesiones: con una proposición de ley, en este caso de La Izquierda Plural -en el periodo de sesiones anterior del Grupo Parlamentario Socialista-,
relativa a dar respuesta a las situaciones de insolvencia personal. Parecería que da igual, que ya no es necesaria, que ya está debatido este asunto, que lo hemos tratado en muchas ocasiones, pero en medio han pasado muchas cosas. (La señora
vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Entre tanto, entre que terminábamos un periodo de sesiones y comenzaba otro, entre julio y septiembre, entre una proposición de ley y otra cientos de familias han perdido su vivienda.
Entre tanto, entre que estábamos en periodo estival y se reunía la Diputación Permanente, entre ese periodo de tiempo en nuestro calendario legislativo, una vez más el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha tenido que enmendar a este
Gobierno, ha tenido que corregir una ley que salió de este Parlamento exclusivamente con el voto del Grupo Parlamentario Popular. Entre medias, entre el mes de junio y el mes de septiembre, cada día se han producido miles -podría decir que cientos
de miles- de prácticas abusivas en nuestros contratos hipotecarios. Entre tanto, mientras que todo esto pasaba, el Gobierno, nada de nada; solo una crisis que seguía golpeando con fuerza, con enorme fuerza a la sociedad española. (Aplausos).


Prácticamente no es necesario, señor Llamazares, que le exprese aquí el sentido de voto afirmativo a la iniciativa de La Izquierda Plural -parece una perogrullada-, una iniciativa focalizada a dar respuesta a las situaciones de insolvencia
personal derivadas de la pérdida de poder adquisitivo de la sociedad española, que hay que recordar que no es culpable. Es una pérdida de poder adquisitivo derivada de la desaparición de cientos de puestos de trabajo, derivada de las moderaciones
o, mejor dicho, de los recortes salariales que ha facilitado este Gobierno con su reforma laboral. Es una pérdida de poder adquisitivo derivada además de la desaparición de becas, de la desaparición de ayudas, o una pérdida de poder adquisitivo
derivada del aumento de tasas, de pagos, de copagos y de repagos impulsada por el Grupo Parlamentario Popular.


A lo largo de la legislatura se han producido distintas fórmulas con un mismo propósito. No sé si esta es la que más me gusta, no sé si la que debatimos en la tarde de hoy es la mejor o no, pero no seré yo quien dé argumentos para que
rechacemos su aceptación a trámite. El fondo, lo esencial, es conseguir que ante una situación de sobreendeudamiento sobrevenido -insisto, sobrevenido-, en multitud de ocasiones empujado por incentivos desde los poderes públicos, no se condene a la
muerte civil y a la exclusión social a las familias. Seamos capaces, los mismos poderes públicos que empujamos a las familias al sobreendeudamiento, de garantizarles una segunda oportunidad, seamos los que participemos en su rescate. No entraré,
por tanto, en matices sobre el articulado, en alternativas a su desarrollo que bien pudiéramos ver una vez se aceptara a trámite esta proposición, y menos lo haré después de una ley tan demostradamente fracasada como la Ley 1/2013, de Protección de
los Deudores Hipotecarios. Sonroja, sonroja escuchar al ministro De Guindos congratularse de la paralización de 10.000 ejecuciones hipotecarias frente a las 120.000 que prometió, sin entrar a valorar -como decía la señora Ciuró- las condiciones en
las que estas ejecuciones se paralizan. Por cierto, las que ha anunciado que se van a prolongar no son las de la ley, sino las del decreto de noviembre; nada que ver; ni siquiera son 10.000 las de ese decreto que apenas beneficiaba a nadie. Más
que sonrojarnos es temerario, en alguien que tiene en sus manos nuestras balanzas contables, ese desfase entre promesas y hechos, de alguien que por

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cierto sabe mucho, muchísimo de hipotecas basura. Mientras en Estados Unidos las sanciones a la banca por las hipotecas basura sirven para aliviar a los consumidos afectados, en España regalamos millones a las entidades financieras,
malvendemos bancos rescatados y permitimos que sean los fondos buitre -algunas veces fondos buitre muy amigos- los que se beneficien de las hipotecas basura, de los desafíos y del boom inmobiliario. Este Gobierno, sin embargo, no reacciona ni
frente a las cláusulas suelo ni frente a otras condiciones abusivas; no da una segunda oportunidad con garantías frente al sobreendeudamiento ni para aliviar la situaciones de los préstamos IRPH ni para corregir sus propios errores respecto de las
subsidiaciones de préstamos; tampoco para fomentar ninguna política que permita el acceso a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas ni piensan siquiera en ellos y, cuando lo hacen, lo hacen por obligación -como aquí se ha dicho ya-. Sin ningún
tipo de solución, contienen la hemorragia con tiritas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la Ley 1/2013. Lo hizo a instancias de una cuestión judicial presentada por un juez en Castellón, declarando en contra de la
misma por no reconocerse la igualdad de condiciones en el derecho a recurrir de los consumidores. Es una de las cuestiones que, por cierto, este grupo parlamentario presentó en su recurso ante el Tribunal Constitucional. No es un tema puntual, no
se trata de ajustes procesales técnicos, como afirmó el ministro De Guindos antes de publicar en el BOE los ajustes a nuestros derechos -que fue lo que publicó en el Boletín Oficial del Estado-, a los derechos de quienes pretenden defenderse y
evitar la pérdida de la vivienda.


En estos días vamos a ver multitud de movilizaciones; las plataformas de afectados por la hipoteca ya han anunciado la presentación de recursos a partir de mañana en los juzgados de toda España, y también habrá movilizaciones a partir del
día 23 de septiembre, para denunciar un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, claramente insuficiente e injusto, estableciendo un mes para que la gente pueda recurrir estas prácticas abusivas. Que sepan desde ya que contarán con
nuestro apoyo y, creo que con el de la mayoría de los grupos parlamentarios, para denunciar y plantear alternativas a la decisión del Gobierno. (Aplausos).


Tal vez el origen del problema está en algo muy concreto. ¿Leyeron la sentencia, alguien del Grupo Parlamentario Popular ha leído la sentencia?, ¿alguien del Gobierno ha leído la sentencia?, ¿saben que está basada la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea?, ¿se dieron cuenta de que no se refería la sentencia en exclusiva a una cuestión puntual, como la que han corregido, sino que iba mucho más allá, que se refería a nuestros procedimientos de ejecución hipotecaria?,
¿sabían que han cometido una omisión, tal vez intencionada?, ¿sabían de qué iba el contenido de la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea reclamaba al Gobierno en la corrección de la Ley 1/2013? Iré más allá en mis
preguntas, señorías: ¿Han hablado alguna vez con alguien que esté en un procedimiento de ejecución hipotecaria, lo han hecho?, ¿conocen los casos?, ¿saben el juego tramposo que plantean muchas veces las entidades financieras?, ¿saben de la
imposibilidad para muchas familias de hacer una rehabilitación de sus deudas?, ¿las conocen, han hablado, han puesto cara a las personas desahuciadas? Hoy tenemos una oportunidad más; hasta ahora, pese al amplio respaldo social y el de los grupos
parlamentarios en este tipo de iniciativas, siempre han topado con un obstáculo, incluso para su tramitación, la mayoría aplastante del Grupo Popular, si no ha sido por el rechazo ha sido por la burla. Decía el señor Llamazares que ustedes votaron
en contra de la iniciativa legislativa popular. No lo hicieron, votaron a favor, pero se rieron de la gente que lo había promovido y al día siguiente no quedaba ni una coma de la iniciativa legislativa popular. (Aplausos). Y también lo están
haciendo ahora con la interpretación de la sentencia del Tribunal de Bruselas. ¿A qué esperan?, ¿a que vayamos cuestión prejudicial tras cuestión prejudicial, adaptando distintas sentencias a nuestra normativa?, ¿por qué no le damos solución de
una vez por todas?


Les hago un anuncio. Estoy convencida -voy a jugar a ser adivina- de que en este país este Parlamento tarde o temprano abordará una ley de concurso sobre las deudas personales. Como decía al principio, no dejen que entretanto, entre hoy y
el día en que la consigamos aprobar, miles de personas se vean condenadas. Paren hoy mismo los procedimientos de ejecución hipotecaria y den una segunda oportunidad o dejen que demos una segunda oportunidad. -Así pues, señor Llamazares, hasta
rectificar y más allá-. Por eso, yo no les voy a felicitar.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Iglesias.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Fabra.


La señora FABRA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en nombre del Grupo Popular quiero agradecer al Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural la oportunidad de volver a tratar en la Cámara las consecuencias de la crisis sobre muchas familias

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españolas. En efecto, tras casi siete años de crisis económica, porque ese es el tiempo transcurrido desde que en España se empezó a destruir empleo masivamente, se han perdido más de 3 millones de puestos de trabajo y son muchas las
familias que han perdido toda fuente de ingresos procedente del ejercicio de sus profesiones. Solo muy recientemente se está consiguiendo frenar esa espiral de empobrecimiento de las familias, no sin antes haber tomado medidas de política económica
que han exigido un importante esfuerzo de los ciudadanos, pero sin duda queda mucho camino por recorrer.


Partimos de la base de que la inmensa mayoría de las personas que se endeudan, ya sea para adquirir una vivienda o un coche, lo hacen consciente y responsablemente, y lo hacen con el propósito de hacer frente a sus compromisos con los
ingresos que generan los frutos de su trabajo. Pero en los últimos años millones de españoles han perdido el empleo al tiempo que se ha producido un intenso deterioro del valor de los activos, cuya adquisición justificó el endeudamiento,
particularmente de la vivienda, y esto ha llevado a muchas familias a una situación en la que ni siquiera realizando esos activos son capaces de hacer frente a sus deudas.


Esta devastadora crisis ha puesto de manifiesto situaciones sangrantes que han llevado a la ruina civil a demasiadas personas que no han podido hacer frente a sus obligaciones y que han perdido incluso toda esperanza. Debemos decir con
claridad que la irresponsable negación de la crisis, lejos de evitar que esta se produjera, no contribuyó a moderar el ritmo de crecimiento del endeudamiento de las familias españolas, porque, mientras algunos responsables políticos negaban con
vehemencia la crisis, muchos ciudadanos, muchas familias y muchos autónomos creyeron las previsiones irreales de su Gobierno -recordarán ustedes los brotes verdes- y tomaron decisiones con las que hipotecaron su futuro. Solo entre los años 2006 y
2008 el endeudamiento de los hogares aumentó en 260.268 millones de euros. Eso equivale a una cuarta parte de nuestro PIB y a un 34% de la deuda total de los hogares. No escuchamos entonces las alarmas que sí escuchamos ahora y, quienes lo
hicimos, quienes alarmamos, fuimos tratados, entre otras cosas, de antipatriotas. Dicho esto, señorías, negar el problema de la insolvencia personal y sus consecuencias, negar que existe ese problema, demostraría una falta de sensibilidad impropia
de quienes debemos velar por los ciudadanos a los que servimos, especialmente a aquellos más vulnerables.


Señor Martínez Gorriarán, mi grupo, y el Gobierno al que apoya mi grupo, sí es sensible a este problema. Este Gobierno lleva más de dos años legislando para mejorar las garantías de las familias que, a pesar de la buena fe y como
consecuencia de la crisis, no pueden hacer frente a sus deudas hipotecarias. Se han arbitrado soluciones para que no tengan que abandonar sus casas o, si tuvieran que hacerlo, se les facilite el acceso a una nueva. -Señora Iglesias, medidas muy
distintas a las adoptadas por el Gobierno socialista cuando aprobaron el desahucio exprés. (Aplausos).-. Las primeras medidas urgentes han sido completadas con otras medidas de carácter estructural del sistema hipotecario, tendentes a reducir la
deuda por la adquisición de vivienda, que están dando sus frutos y que están ayudando a muchas familias a hacer frente a las situaciones de endeudamiento a las que se han visto abocadas. Fíjense: las políticas puestas en marcha por este Gobierno
en materia hipotecaria han beneficiado a 20.000 familias; el código de buenas prácticas ha permitido 6.500 reestructuraciones de deuda y más de 2.100 daciones en pago; prácticamente 1.400 familias han accedido ya a un alquiler del Fondo social de
viviendas en condiciones favorables y ventajosas. Asimismo, se han suspendido ya más de 10.000 lanzamientos en aplicación de las normas aprobadas por este Gobierno. A la señora Iglesias le avergüenza que se hayan paralizado, pero no le avergonzaba
cuando ustedes aceleraron esos procedimientos. (Aplausos).


Señorías, no encontrarán en mis palabras autocomplacencia ni plena satisfacción, porque queda mucho trabajo por hacer, pero no se puede negar que este Gobierno ha venido aprobando un conjunto de normas que, en lugar de optar por la
reconfiguración del modelo concursal español para las personas físicas, como propone la iniciativa de La Izquierda Plural, ha tratado de dar soluciones ágiles para aquellos problemas y para aquellas personas que tienen que afrontar el pago de sus
deudas. Déjenme que les recuerde algunas: Real Decreto-ley 6/2011, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Este real decreto prevé el código de buenas prácticas, al que se han adherido la práctica
totalidad de las entidades financieras. El umbral de aplicación de este código se amplió posteriormente e introdujo como sujetos potenciales del código a los avalistas y fiadores y, fortaleció el régimen sancionador para la aplicación efectiva del
código, tipificando su incumplimiento como infracción grave. El Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que ha suspendido durante un plazo de dos años los desahucios
de las familias que se encontraban en una situación de especial riesgo de exclusión, así como la creación del Fondo social de viviendas destinado a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas

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de su vivienda por el impago de la hipoteca. La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que incluye medidas de gran calado dirigidas, entre
otras cosas, a rebajar la deuda hipotecaria. Se reducen y se limitan los intereses de demora, tres veces el interés legal del dinero, para evitar la rápida multiplicación de las deudas en caso de impago. Los intereses de demora solo se devengarán
sobre el principal y no podrán sumarse al capital. Además estas limitaciones se aplicarán retroactivamente a los importes devengados y no pagados y a aquellos que se devenguen con posterioridad a la entrada en vigor de la ley. Respecto del inicio
del procedimiento ejecutivo, se amplían de uno a tres los meses de impago para que la entidad pueda iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria. Además se limitan las costas del procedimiento al 5% de la cantidad que se reclame en la demanda
ejecutiva. Se garantiza la plena protección del deudor en los contratos que incorporen cláusulas que puedan elevar el riesgo. Esto son cláusulas suelo, cláusulas techo, interés referenciado a divisas... Se prevé un sistema novedoso de quitas en
el supuesto de que la ejecución de vivienda habitual no sea suficiente para cubrir la deuda. Se modifica el procedimiento de subasta para lograr maximizar el resultado de la misma. La tasación de la vivienda a efectos de la subasta no podrá ser
inferior al 75% del valor de la tasación en el momento de la escritura. Con este límite lo que se hace es establecer un sistema eficaz de distribución de la carga entre el deudor y el banco en caso de disminución del valor de la garantía.


Con estas medidas, y con otras, se han articulado mecanismos para ofrecer soluciones eficaces a los deudores hipotecarios. En particular, se ha modificado la legislación para reducir el importe de la deuda hipotecaria, previéndose un
sistema de quitas objetivo ligado a un plan de pagos de entre cinco y diez años. Este mismo efecto es el que resultaría de un procedimiento concursal de personas físicas, pero evitando tal procedimiento. Hemos avanzado, pero hay que seguir
trabajando para adoptar medidas que garanticen que ningún ciudadano es conducido a una situación de exclusión social. Pero debemos hacerlo analizando, no sin urgencia, los efectos positivos y negativos y las repercusiones que para el tráfico
jurídico podrían conllevar las posibles modificaciones de la legislación. Señor Llamazares, esta cuestión, como usted ha indicado en su intervención, ya ha sido abordada en otros países, pero con resultados muy dispares, entre los que se puede
contemplar el efecto llamada al impago y las desastrosas consecuencias que de ello se podrían derivar.


Conocen que el pasado 5 de septiembre el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 4/2014, de medidas urgentes en materia concursal, cuya convalidación y tramitación como proyecto de ley se debatirá en los próximos días. Parece que, en todo caso,
este debiera ser el vehículo legislativo que recoja todas las modificaciones a la Ley Concursal que actualmente está considerando la Cámara; una ley para la que el legislador optó por los principios de unidad legal, disciplina y sistema, con el fin
de evitar la dispersión normativa que existía entonces. Señorías, desde esta tribuna anuncio la mejor disposición de mi grupo para estudiar las propuestas que puedan plantear todos los grupos parlamentarios dirigidas a aliviar la situación de
muchos ciudadanos que han visto alterada su situación económica o patrimonial y se encuentran en un estado merecedor de protección especial. Por todo ello, señora presidenta, mi grupo votará en contra de la toma en consideración de esta iniciativa.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Fabra.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LA PRIVATIZACIÓN DE AENA. (Número de expediente 162/000997).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la privatización de
AENA. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Sánchez Robles.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidenta, señorías, el Gobierno ha anunciado a los cuatro vientos la decisión de llevar a cabo un proceso para la entrada de capital privado en AENA Aeropuertos S.A. Sin embargo, no ha pronunciado al respecto ni
una palabra en esta Cámara. Mutis por el foro de la ministra y, además diputada, señora Pastor; doble afrenta en términos democráticos: como miembro del Ejecutivo y como parlamentaria. Indiferencia absoluta ante las reiteradas solicitudes de
información

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de los electos y electas de esta Cámara; desprecio e indiferencia frente a transparencia. Por ello, me referiré a lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación. Así, y según se anunció en conferencia de prensa por la
ministra de Fomento tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada el pasado 13 de junio de 2014, el Gobierno se propone aprobar un texto legal para la creación de un marco regulatorio -que denomina DORA- a los efectos de establecer cada cinco
años los niveles de calidad del servicio, los estándares de capacidad de los aeropuertos y las condiciones mínimas del servicio y de las inversiones y el marco tarifario. La base jurídica de la operación la centra el Gobierno en el Real Decreto-ley
13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, para fomentar la inversión y la creación de empleo. Permítanme un inciso. Es un real decreto, por otra parte, de marca socialista. De hecho, el ministro
Blanco corrigió y amplió uno anterior de la ministra Álvarez, que hizo lo propio con otro de Arias-Salgado, a la sazón ministro de Aznar, y cuyo tenor literal difícilmente hace comprensible la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista
a esta iniciativa. Anticipándome, y basándome en la posición que ha mantenido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Comisión, les diré que invocar la voluntad intrínseca del legislador cuando lo dictó es francamente inútil, puesto que
el tenor literal del real decreto dice lo que dice y habilita con mayúsculas la privatización propuesta por el Partido Popular.


Pero recupero el hilo de la iniciativa. Según la presentación del proyecto en los medios, se pretende la privatización del 49% del capital de AENA Aeropuertos S.A., estructurándolo en un 28% que se colocará en bolsa a través de una OPV y un
21% que se licitará mediante publicidad y concurrencia para obtener un núcleo estable de accionistas seleccionados, situando el hito final de la operación en noviembre de 2014. Por tanto, el modelo de gestión aeroportuaria por el que opta el
Gobierno tiene por base dos posicionamientos políticos de gravedad e irreversibles si se consuma el proyecto y con los que quiebra las legítimas aspiraciones de los grupos que suscriben esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), a los que se suma Coalición Canaria-Nueva Canarias a través de la enmienda presentada y que por supuesto aceptaremos. Además, contraviene las directrices marcadas por la Unión Europea
y los más contrastados y eficientes sistemas de gestión aeroportuaria.


Como ya conocen, los estatutos de autonomía de nuestras respectivas comunidades asumen la gestión de los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa. La verdad es que a finales de los setenta, cuando
eran redactados y pactados, nadie podía imaginar que, recurriendo a disculpas de índole administrativa en la definición de cuándo una sociedad mercantil se mantiene en el sector público, se vetaría la competencia autonómica de gestión aeroportuaria
en un escenario en el que el 49% del capital de la sociedad gestora es privado. En fin, cosas de la ingeniería neoliberal y jacobina del PP. De hecho, en los términos del pacto estatutario la única alternativa a la gestión integral de los
aeropuertos por el Estado era la gestión autonómica de los mismos, no su privatización. Esa fue la base del pacto de convivencia constitucional y estatutario que con este proyecto se está rompiendo por el continuo desvalor de los estatutos de
autonomía, que constituye ya la seña de identidad de la política territorial de este Gobierno.


Además, el proyecto quiebra toda opción de gestión individualizada de estos aeropuertos. El Gobierno dice basarse legalmente en el citado Real Decreto-ley 13/2010, pero oculta -repito: oculta- que su propio preámbulo, epígrafe V, subrayaba
como propósito normativo abrir vías para la gestión individualizada de los aeropuertos a través de la creación de filiales o del otorgamiento de concesiones de gestión, vías en las que cabría aunar ambos propósitos de eficiencia y participación
autonómica. Esta gestión individualizada por aeropuerto es un modelo común en Europa, donde no existe el planteamiento monopolístico que mantiene el Estado, embozado en un interés general que en realidad abandona en favor del interés del inversor
privado. Les auguramos con toda seguridad que el modelo elegido acabará teniendo problemas en materia de defensa de la competencia, lo que a su vez terminará acarreando profundas y graves repercusiones para el futuro del servicio aeroportuario del
Estado español. Porque desde el punto de vista de la competencia o concurrencia este proyecto es contrario a la política europea de libre acceso a las infraestructuras y consolida una forma de monopolio que no superaría ni de lejos la supervisión
de la Comisión Europea ni del Tribunal de Justicia de la Unión. Con toda seguridad, el diputado Macias profundizará a lo largo de su intervención sobre esta importante cuestión. En cualquier caso, les diré que por no ajustarse no se ajusta ni a
las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española, que advierte sobre la necesidad de individualizar y hacer lotes a la hora de proceder a la privatización. Como comprobarán, el Gobierno ha hecho una vez más caso
omiso de las mismas.

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Concluyo. Entendemos que el Gobierno opta por dejar otro apartado esencial de nuestros estatutos de autonomía vacío de contenido y por un sistema contrario a la gestión individualizada de los aeropuertos, que está precisamente en el
fundamento de la norma en que la operación se ampara legalmente y, como les decía, en la práctica europea más consolidada. Por ello, proponemos que esta Cámara inste al Gobierno, en primer lugar, a suspender la operación de privatización de AENA
Aeropuetos y a crear un marco regulatorio que posibilite de manera real y efectiva la integración de las comunidades autónomas de Euskadi, Cataluña y Canarias en el sistema de gestión aeroportuaria resultante, concibiendo este sobre la base del
principio de gestión individualizada por aeropuerto, y, en segundo lugar, a presentar el proyecto de privatización de AENA Aeropuertos ante las autoridades europeas de la competencia, y ello con carácter previo a su ejecución. ¿Con qué fin? Con el
fin de evitar que este proyecto vulnere la legislación europea sobre competencia a causa del monopolio que tendría AENA Aeropuertos sobre el control de la práctica totalidad del sistema aeroportuario español.


En cualquier caso, entre las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios a la iniciativa -que agradecemos- no hay ninguna registrada por el Grupo Popular. Si no sorprendiera con un sí, nos encontraríamos ante un sí
respetuoso con el ordenamiento jurídico y alineado con la máxima de no causar daño; un no demostraría una vez más que el Partido Popular y el Gobierno de España no creen en el modelo territorial constitucional ni creen en el modelo europeo y, lo
que es más grave, que no los respetan, y significaría que el Partido Popular y el Gobierno de España vuelven a convertir esta Cámara en un instrumento para la negación de los derechos que nos asisten más amparados en el ordenamiento jurídico.
Asimismo significaría que el Partido Popular utiliza esta Cámara para interpretar la ley con una única lectura, la de su mayoría absoluta. Por eso, esperamos contar con el voto favorable a nuestra iniciativa. Solicitamos que el grupo mayoritario
vote a favor de la misma.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Sánchez.


Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, por el Grupo Mixto, la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Tengo solo dos minutos. Hago míos todos los argumentos de la portavoz del PNV y quiero recalcar los tres aspectos fundamentales de Canarias. Primero. Hemos presentado una enmienda porque, efectivamente, en el Estatuto de Autonomía de
Canarias, que forma parte del bloque constitucional, queda claro que cuando no hay gestión directa es competencia de la comunidad autónoma. Así lo hemos manifestado y desde luego la comunidad autónoma ya ha tomado el acuerdo de ir a los tribunales
y avisar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que se advierta a los futuros accionistas de las acciones que va a acometer el Gobierno de Canarias. Y luego quiero decir dos cosas al Partido Popular. En diciembre del año 2010 se aprobó
un decreto en el que iban medidas de incentivación de pymes y otras cosas, así como la privatización de AENA. Nosotros apoyamos aquel decreto, pero lean mis palabras en ese Pleno: lo condicionamos a que el Gobierno dijera claramente que Canarias
quedaba fuera por un modelo propio. Ese fue el compromiso del Gobierno y el que se cumplió posteriormente a iniciativa de CiU y de Coalición Canaria. Por tanto, no distorsionen las cosas. Las palabras están recogidas en el acta del Congreso, allí
figura cuál era el condicionante para que Canarias tuviera su modelo propio. En Canarias los aeropuertos son la conectividad, la economía, la supervivencia, y no pueden ser un negocio. Y tampoco se garantizan las inversiones. El otro día tuvieron
una falta de todo al decir: Es que se garantiza en las condiciones que no van a subir las tasas. Es que en Canarias el problema no es que no suban las tasas en los próximos años, el problema es que hay que bajar las tasas porque no somos
competitivos con los otros mercados. En este momento Canarias está financiando las obras de la Península cuando allí hay carencias de inversiones como la ampliación de la pista de Lanzarote o la segunda pista de Tenerife Sur. Estamos en este
momento totalmente esquilmados; se coge el dinero de Canarias para financiar obras en otras comunidades, cuando necesitamos, como digo, una financiación de inversiones, que no queda garantizada, y, sobre todo, los aeropuertos, que no son rentables
pero que son vitales para que los canarios puedan entrar y salir y para que la economía funcione. En ese sentido, apoyamos la propuesta del PNV y pedimos al Partido Popular que reconsidere este disparate, porque además vamos a ir a los tribunales.
Ahí están los tribunales europeos y están también los informes de la Comisión Nacional de la Competencia.


Muchas gracias, señora presidenta.

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La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Oramas.


Por el mismo Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Pérez.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.


El BNG está de acuerdo con el fondo de la proposición no de ley presentada por el PNV. De hecho, en su momento, cuando el Gobierno tomó la decisión de esta privatización parcial de AENA, nosotros pedimos la comparecencia de la ministra para
que nos explicase y nos diese argumentos sobre esta decisión, y todavía estamos esperando. Nosotros no encontramos justificación para la privatización, aunque sea parcial, de un servicio y de un organismo que no tiene pérdidas, pero lo que ya nos
resulta absolutamente sorprendente es que se admita la transferencia de los aeropuertos al sector privado, siendo de interés general para el Estado, y no a las comunidades autónomas. Para este Gobierno no hay problema en permitir que constructoras
y empresas de servicios, incluso en los casos en los que su capital es en parte extranjero y están supeditadas al único interés de la rentabilidad, sean las que asuman los aeropuertos, lo que no puede aceptar este Gobierno es que instituciones
públicas como las comunidades autónomas accedan a esa gestión y hagan política aeroportuaria bajo un control público. Es decir, se esgrime el interés general del Estado para impedir una gestión pública descentralizada y, sin embargo, ese interés
general no es impedimento para que sean corporaciones privadas, vinculadas solo a los intereses de sus accionistas y propietarios, las que puedan asumir esos servicios.


Los términos en los que está redactada la proposición no de ley también están precisamente en el Estatuto de Autonomía de Galiza, en el artículo 27, puntos 3 y 9, en los que se habla de la competencia exclusiva de obras públicas que no
tengan la calificación de interés general del Estado. En todo caso, la posibilidad de asumir vía delegación cualquier competencia exclusiva del Estado sería posible gracias al artículo 150.2 de la Constitución y al artículo 36.1 del Estatuto de
Autonomía de Galicia. La cuestión es que, como dice la iniciativa del PNV, quien determina el interés general del Estado es el Gobierno central. Por eso excluye cualquier posibilidad de que los aeropuertos comerciales sean competencia de las
comunidades autónomas, ya que únicamente no declara de interés general aquellos que son deportivos o aeródromos privados. Se equipara aquí, y termino, señora presidenta, el aeropuerto comercial con el estatal, con lo que se atribuyen a la esfera de
competencia de AENA todos los aeropuertos dedicados al tráfico de pasajeros y mercadurías. Como dice la propia iniciativa, nosotros consideramos que esto es un abuso, sobre todo si nos referimos a infraestructuras radicadas en un sitio concreto y
de las que depende un medio de transporte...


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Pérez, tiene que terminar.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino.


... muy vinculado al área geográfica donde están instaladas, relacionado con sus políticas de movilidad, comercio y también con el turismo. Nosotros votaremos a favor, y presento una enmienda in voce, si en la relación de comunidades
autónomas, en el punto uno, se incluye a la Comunidad Autónoma de Galiza, ya que su estatuto lo contempla igual que el vasco.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Pérez.


Por el mismo Grupo Mixto tiene la palabra el señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, con el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, en el que se establecía el nuevo marco regulatorio del sector aeroportuario, se ponen en marcha de forma inmediata dos efectos que competen y son coherentes, desgraciadamente, con el
posicionamiento habitual del Partido Popular: uno es el modelo social y otro es el modelo de Estado. En el modelo social van a una privatización total de un servicio público, con lo que significa de ir en contra de utilizar un instrumento
fundamental para el desarrollo económico, para garantizar los derechos de movilidad de todas las personas y al mismo tiempo lo que hacen es externalizar los beneficios y privatizar las pérdidas, que es lo que están haciendo continuamente y que va en
contra del interés general. Y también van a favor de su modelo de Estado, que está en contra del modelo de Estado que nosotros defendemos. Con este decreto lo que hacen ustedes es ir a una centralización, lo que es un ataque a la soberanía de los
pueblos, en concreto a la soberanía de Euskal Herria. Nosotros eso tampoco lo podemos permitir. Ustedes están yendo en contra del propio ordenamiento jurídico, de su propio ordenamiento jurídico, y aquí yo quiero decir una cosa muy clara y también
se lo digo

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a la compañera y compañeros del Partido Nacionalista Vasco: el sistema autonómico está muerto. No vayan por esa línea, no tiene futuro. En el día a día de esta Cámara se está viendo de forma continua que lo están anulando. La única vía
es el ejercicio de la soberanía. En este tema es urgente el ejercicio de la soberanía -acabo ahora, señora presidenta- por dos razones: porque corresponde a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Euskal Herria en nuestro caso y, al mismo
tiempo, porque va a ser la única forma de evitar que desmantelen las infraestructuras aeroportuarias en Euskal Herria. El Gobierno está utilizando esta ley y la inacción para desmantelar infraestructuras logísticas. Por ejemplo, en detrimento del
aeropuerto de Foronda están potenciando otro tipo de aeropuertos nuevos, de infraestructuras nuevas -con lo cual, gasto superfluo- en otras zonas del Estado. Nosotros reivindicamos la soberanía para Euskal Herria precisamente para poder coordinar,
gestionar e impulsar los cinco aeropuertos que existen en Euskal Herria de forma racional, de forma que estén al servicio de la ciudadanía y de forma que estén gestionados con criterios de eficiencia y eficacia económica.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Larreina.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.


Brevemente. Sobre esta proposición no de ley nuestro grupo querría hacer sobre todo una diferenciación entre los dos puntos que contiene. El segundo que ha presentado el Grupo Nacionalista Vasco nos parece muy pertinente y muy adecuado.
Efectivamente, sería una idea llena de sentido común presentar el proyecto de privatización de AENA a las instituciones europeas para prever algo que ha ocurrido, por desgracia, muchas veces, incumplimientos de directivas europeas por parte del
Estado y de las comunidades autónomas que luego han redundado en que seamos el segundo país -creo, no sé cómo estará el ranquin; desde luego, estamos en un puesto excesivo- en cuanto a incumplimientos y multas por parte de las instituciones
europeas en lo que se refiere a legislación europea.


Dicho esto, al primer punto, que habla del marco regulatorio y su relación con las comunidades autónomas, hemos presentado una enmienda no porque estemos en contra de que se mencione alguna comunidad autónoma sino porque nos parece más
inclusivo y más abierto el que se hable de todas las administraciones públicas afectadas. Esto lo digo por dos razones. Primero, porque creo que es así, aunque entiendo perfectamente -y está en la lógica política- que el Grupo Nacionalista Vasco,
con el apoyo de CiU, pretendan asumir también competencias en materia aeroportuaria. Pero creo que hay dos cosas distintas. Por una parte está que los aeropuertos no dejan de ser una red de interés general creada por el conjunto de los
contribuyentes y por lo tanto tenemos que tener siempre el punto de vista del interés general, en este caso el punto de vista del Estado y no solo de las comunidades autónomas o entes territoriales menores. Y, por otra parte, que efectivamente el
marco regulatorio puede incluir de muchas formas de qué manera todos los entes públicos y administraciones pueden intervenir en la parte legítima que les corresponde en asegurar el ser escuchados y atendidos en la gestión aeroportuaria.


Pero también es verdad, y creo que esto no se puede ignorar, que la gestión aeroportuaria que se ha hecho en los últimos diez o quince años no es un modelo para estar precisamente entusiasmados en lo que se refiere a la intervención en
muchos casos de comunidades autónomas. Se han hecho aeropuertos como si fueran pistas de aterrizaje para alfombras mágicas con cargamentos de maná que iban a solucionar todos los problemas habidos y por haber y lo que han hecho ha sido crear
enormes problemas. Sabemos que tenemos un exceso de aeropuertos y, lejos de haberse corregido, lo que se ha hecho es incluso profundizar y redundar, como alguna comunidad autónoma que ya tenía aeropuerto y han hecho otro tratando de implicar a la
inversión privada, pero, como pasa siempre, con opacidad y con fundados temores, por no decir seguridad moral, de que el trato es: usted invierta, que yo le garantizo que en caso de que las cosas vayan mal será el Estado, o sea, todos nosotros, los
que iremos al rescate. Así ha pasado con las autopistas radiales y otro tipo de inversiones completamente desafortunadas. Esto sería lo que habría que corregir.


Por lo tanto, y volviendo a la proposición no de ley, nos gustaría mucho apoyarla pero también nos gustaría que el Grupo Nacionalista Vasco tenga en cuenta lo que decimos de que sería bueno que, más que aludir a aquellas comunidades
autónomas que tienen en sus estatutos previsiones sobre aeropuertos, contemple la posibilidad de que todas las administraciones y entes públicos sean escuchados y tomados en cuenta en un proceso de liberalización que sigue siendo desconocido en sus
líneas generales y lleno

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de incógnitas, lo cual ya de por sí lo hace políticamente inválido. Desde luego nos parece, como he dicho antes y con esto acabo, sumamente razonable la propuesta de someterlo a un dictamen u opinión previa de las instituciones europeas que
vigilan la libertad de competencia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Martínez.


Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.


La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidenta.


Señoras y señores diputados, en primer lugar tenemos que decir que la proposición no de ley sobre la privatización de AENA que nos presenta para su debate el Grupo Vasco en ningún momento cuestiona el modelo de privatización aeroportuaria
que está llevando a cabo el Gobierno. Cuestiona la forma, pero no el fondo, y así apuesta por la gestión individualizada de los aeropuertos a través de filiales o del desarrollo competencial que le permita otorgar concesiones de gestión que, en
definitiva, señorías, no es más que otro modelo de privatización.


La posición de La Izquierda Plural en este caso es conocida y diametralmente opuesta a la planteada por el grupo parlamentario proponente respecto a la necesidad y oportunidad de vender las infraestructuras aeroportuarias de nuestro país.
Es más, consideramos que las enormes inversiones que se han llevado a cabo en los últimos diez años para la construcción de infraestructuras aeroportuarias de manera totalmente innecesaria y con un alto coste para el erario público han resultado
ser, señorías, a la postre rentables con una gestión pública adecuada, desmontando en la práctica la presumida eficacia de la gestión privada de la que desde los preceptos neoliberales tanto se presume. Defenderemos, por tanto, que siga siendo el
Estado el que tenga el pleno control de este sector estratégico para la economía como mejor garante de la cohesión social y territorial y en pos del interés general.


Compartimos con usted, señoría, la forma en la que está llevando el Gobierno la venta de AENA, saltándose las competencias pactadas mediante los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas en materia de participación en la
planificación, programación y gestión de los aeropuertos de interés general situados en sus territorios, una vez que el Estado desiste con la privatización de su gestión directa, que es la reserva que se hacía precisamente en el articulado de sus
estatutos. Pero no podemos esperar que usted comparta con nosotros que la venta de AENA, constituyendo uno de los mayores procesos de privatización sufridos en los últimos decenios, supone un fraude y un expolio del patrimonio público que se hace
en beneficio de los intereses de un mercado insaciable al que poco le importan el mantenimiento de las inversiones, la calidad de los servicios, las condiciones laborales, el mantenimiento de las tasas, el respeto a la descentralización y las
autonomías de este país cuando ello suponga un problema a la hora de obtener la rentabilidad del capital esperada. Por eso hemos presentado dos enmiendas con las que pretendemos apoyar su petición de paralización de la operación de privatización de
AENA y la necesidad de crear un nuevo marco regulatorio garantizando la integración de todas las comunidades autónomas que se han visto agraviadas de igual forma que la de Euskadi o Cataluña, aquí también se ha dicho ya Canarias, Galicia, etcétera,
en el asalto de sus competencias, concibiendo un nuevo sistema de gestión basado en el principio de descentralización y colaboración de las diferentes administraciones, la central, la autonómica y la local, que asegure la gestión pública directa y
el mantenimiento de la red de infraestructuras aeroportuarias de nuestro país. Comprenderá su señoría que con esto también le pidamos la eliminación del punto 2 de su proposición no de ley, puesto que no podemos considerar que las autoridades
europeas de la competencia alineadas firmemente en preceptos neoliberales vayan a defender otra cosa de una u otra forma que no sea la privatización del sector aeroportuario, a ser posible en su totalidad, y superando por tanto el 49% propuesto por
el propio Gobierno.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora De las Heras.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Simancas.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señorías, presidenta, la primera misión que tenemos esta tarde, a mi juicio, es la de intentar aclarar qué está ocurriendo en realidad en AENA, porque el Gobierno juega deliberadamente a la confusión. No estamos
ante una simple entrada de inversores privados en el capital de AENA, como se dice, como ya se planteó en el año 2010, por cierto, cuando el Estado tenía serios

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problemas para financiarse con normalidad en los mercados. Ahora estamos ante un panorama distinto, estamos ante la primera fase de la privatización definitiva de los cuarenta y ocho aeropuertos de interés general del Estado, es decir, ante
la primera fase de la operación de poner en manos privadas los cuarenta y ocho aeropuertos públicos españoles. Y esto no es una hipótesis ni una maledicencia de este portavoz de la oposición, está escrito negro sobre blanco en el informe de 21 de
octubre de 2013 que el Consejo Consultivo de Privatizaciones emitió a solicitud del Gobierno. Dice así, negro sobre blanco, el informe: Este consejo ha examinado la documentación relativa al diseño propuesto por el Gobierno para la privatización
de hasta el 60% del capital de AENA Aeropuertos -no 49, 60%- como punto de llegada para las fases que ahora iniciamos. Dice este informe: A principios de 2013 AENA informó al consejo de la preparación de planes para privatizar AENA Aeropuertos
-privatizar-. La operación de privatización prevé la creación de un núcleo estable de accionistas de referencia. El Consejo Consultivo de Privatizaciones recibe la solicitud formal de AENA para emitir un dictamen sobre las fases de la
privatización de AENA. Estamos ante la primera fase de la puesta definitivamente en manos privadas de los cuarenta y ocho aeropuertos de interés general del Estado. Y no sabemos aún a ciencia cierta a quiénes quieren beneficiar con esta operación,
pero sí sabemos a ciencia cierta a quién va a perjudicar; y esta operación va a perjudicar a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, porque esta operación es una barbaridad desde el punto de vista público, desde el punto de vista del
interés general de los españoles. Poner en manos privadas una herramienta de importancia estratégica para el desarrollo económico del país, para la supervivencia económica y el empleo de muchos territorios estratégicamente dependientes del turismo,
para el ejercicio del derecho fundamental a la movilidad en las islas, por ejemplo, no solo es un error, es una irresponsabilidad mayúscula.


Con la privatización van a quebrar la red de aeropuertos que ha convertido a AENA en el primer operador mundial por número de pasajeros, un operador público solidario, eficiente y exitoso. Van a abocar al cierre a los aeropuertos menos
rentables que estaban siendo financiados hasta ahora por esa red pública conjunta y solidaria sin que los ciudadanos tuvieran que poner un solo euro de sus impuestos. Van a forzar a las administraciones públicas autonómicas, municipales e insulares
a recortar recursos de sus servicios públicos para destinarlos a la subvención de los aeropuertos privados a fin de que se mantengan abiertos, como ya ocurre en los países donde se ha privatizado la red pública de aeropuertos; y van a provocar una
escalada inevitable de tarifas aeroportuarias con la presión de los accionistas privados, socavando la competitividad de nuestra industria turística. Además, por si hubiera duda, los pliegos de condiciones que ha hecho público el Gobierno para
privatizar AENA confirman la intención de malvender los aeropuertos a precio de saldo a empresas elegidas a dedo; porque la valoración total de AENA a partir de la cual el Gobierno está dispuesto a recibir ofertas se limita, señorías, a unos
ridículos 3.400 millones de euros, la mitad, por ejemplo, de lo que nos costó la T-4 de Barajas. Quieren valorar AENA, malvender AENA, por la mitad de lo que nos costó la T-4. (Aplausos). Una barbaridad. Los criterios fundamentales para
adjudicar los paquetes de acciones van a ser tan subjetivos y difusos como la credibilidad. Van a adjudicar las acciones en función de la credibilidad de los pujantes; una barbaridad. Además, el Gobierno se contradice cuando presume de las
cuentas de AENA. Si las cuentas de AENA van bien -por cierto, después de subir tarifas, despedir trabajadores y generar muchas desinversiones-, ¿por qué cambiar el statu quo? ¡Se contradicen ustedes! ¿O es que se trata de privatizar las ganancias
en la AENA pública y de socializar las pérdidas en las radiales de peaje de Madrid? ¿Es ese el proyecto del Partido Popular? No estamos de acuerdo. (Aplausos).


Termino, señora presidenta. Conformes con paralizar el proceso de privatización de AENA que plantean los proponentes, pero no estamos de acuerdo con la generalización de la gestión individual de los aeropuertos de AENA, como proponen PNV y
CiU, porque ello pondría en riesgo las ventajas del funcionamiento en red y pondría, incluso, en peligro la supervivencia misma de los aeropuertos menos rentables. Con una AENA pública se le puede pedir al Estado que mantenga aeropuertos con
pérdidas en función del interés público, pero con una AENA privatizada esto no es posible. Por eso, estamos de acuerdo con paralizar el proceso de privatización, pero no vamos a estar de acuerdo con la gestión individualizada de los aeropuertos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Simancas.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.

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El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, nuestro grupo presentó, junto con el Grupo Parlamentario Vasco, esta proposición no de ley y, por tanto, somos solidarios absolutamente con su contenido y con las decisiones en torno a aceptar las enmiendas a las
que ha hecho referencia la proponente.


Me van a permitir que para relajar un poco esta sesión hable de algunos casos internacionales; yo creo que echar una ojeada al mundo siempre viene bien. He estado echando una ojeada en la web de infraestructuras y justamente hoy se publica
un informe sobre la privatización de los aeropuertos japoneses. Por ejemplo, el modelo que parece que se va a utilizar para privatizar -digo la palabra privatizar porque es la que se utiliza en los aeropuertos- no es el de vender, sino el de sacar
a concesión aeropuerto por aeropuerto. Esto está sucediendo ahora en Japón, el programa de hecho es de 2011 pero se está llevando a cabo en estos momentos. Parece que esto tiene bastante sentido, sobre todo cuando el origen es el mismo que el de
AENA, que es el sobreendeudamiento a partir de grandes inversiones. Este es un primer elemento que yo invito a compartir a las señoras y los señores diputados, porque me parece que siempre es bueno ilustrar con casos internacionales. (El señor
vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia).


También me gustaría hablarles de otro caso que también es bastante conocido, el que sucedió con los aeropuertos británicos adquiridos por Ferrovial a través de la empresa BAA. Como ustedes saben, esta empresa adquirió una serie de
aeropuertos y hubo un proceso importante, una controversia judicial que acabó con la orden de vender dos de los tres aeropuertos de Londres, Stansted y Gatwick, que se ha ejecutado ya, y uno de los dos aeropuertos escoceses, que también se ha
ejecutado ya. ¿Por qué? Simplemente porque -y aquí estaría de acuerdo con el señor Simancas- un monopolio público parece que significa una defensa del interés público y esto queda bien. Sin embargo, un monopolio en manos privadas no garantiza
muchas cosas, pero sobre todo no garantiza el ejercicio de la libre competencia entre aeropuertos. Por tanto, quiero decirles, no a los señores diputados sino a quienes quieran comprar AENA, que sean conscientes de que tarde o temprano alguna
autoridad judicial de competencia española o europea, o ambas, van a anular este proceso. Esto va a ser una chapuza legal y tarde o temprano aquí quien quiera jugarse sus dineros los va a perder. Yo quiero decirlo con toda claridad porque es lo
que sucede en Europa y estamos en Europa. He empezado hablando de Japón, pero ahora estamos en Europa y el marco es clarísimo: no podemos situar en manos exclusivamente de interés privado algo con un carácter monopolístico; no podemos hacerlo de
ninguna manera. Por tanto, en este tema va a haber impugnaciones y va a haber un final, que no va a ser un final feliz.


Por tanto, nosotros apelamos al Partido Popular a que retire esta monumental chapuza, esta venta, porque aún esta a tiempo. Como ya se sabe esto, ¿cuál es la solución? Señor Simancas, ¿por qué se vende barato esto? Es una ganga porque es
la única manera de colocarlo, ya que tiene un alto riesgo. Este es un tema fácil, de 1.º de Económicas. Como esto tiene un riesgo altísimo, o lo vendo muy barato a precio de saldo, o no se vende. Señorías, esta es la cruda realidad. Este es un
gravísimo error, que además ha sido diagnosticado porque todos los grupos han presentado enmiendas en sentido más o menos idéntico. Este es un error que además va a ser subsanado, me imagino yo, de aquí a un año y dos meses por esta Cámara, porque
todos nos vamos a poner de acuerdo para anular un mal modelo, un pésimo modelo; un modelo contrario a los intereses generales y un modelo que además no tiene futuro y que va a arruinar a los presuntos inversores. Señores del Partido Popular,
retiren cuanto antes este modelo porque es una chapuza monumental.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Macias.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado Andrés Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular evidentemente no puede atender esta petición del PNV, pero tiene que hacer algunas consideraciones muy claras. Hemos asistido esta tarde a una ceremonia de la confusión. Los grupos parlamentarios
-algunos de ellos- se han esforzado en hacer una clarísima interpretación sesgada de nuestro ordenamiento. Alguno se ha permitido el lujo de calificar nuestra actuación de absolutamente ilegal y parece que son ellos los que desconocen o no les
interesa conocer -que es bastante peor- la legislación. Se han hecho referencias a diversos artículos de los estatutos de autonomía -creo que casi todos- en los que se habla de que se puede asumir la gestión de determinados aeropuertos cuando el
Estado no se reserve su gestión, pero todos, absolutamente todos los grupos

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parlamentarios han omitido -evidentemente de manera consciente, porque no creo que sean ingnorantes- hacer una simple referencia al artículo 149.1.20.ª de la Constitución, que según mi criterio está por encima de los estatutos de autonomía,
según el cual la competencia exclusiva de los aeropuertos de interés general es del Estado. Por tanto, la actuación del Gobierno y la posición del Grupo Parlamentario Popular ni genera frustración ni imposibilita ninguna actuación legal, sino que
está en la situación natural marcada por nuestro ordenamiento jurídico, respetuoso con la Constitución y absolutamente respetuoso también con los estatutos de autonomía.


Recientemente hemos convalidado un real decreto-ley, el 8/2014, que establece un nuevo marco para regular, supervisar y garantizar todo nuestro sistema aeroportuario. Por cierto, real decreto que el Gobierno ha tramitado como proyecto de
ley durante el mes de agosto y algunas de sus señorías, junto con diputados del Grupo Popular, entre los que me encontraba, hemos estado trabajando en esta materia con absoluta libertad, transparencia y tranquilidad, y hemos tenido también ocasión,
a pesar de lo que aquí se ha dicho, de escuchar repetidamente al Gobierno defendiendo su modelo. ¿Para qué? Para regular, supervisar y garantizar un sistema de red que ahora también defienden algunos grupos parlamentarios -algo diré luego sobre
eso-, que garantice el valor principal de ese sistema de red. ¿Cuál es el valor principal? Precisamente garantizar la conectividad, algo que aquí se manipula de manera grave, y la movilidad, porque se establece el control público tanto de la
Dirección General de Aviación Civil como de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es curioso que nadie diga que se establece como servicio básico o que se prohíbe el cierre de ninguna
instalación. Por tanto, ustedes no han leído el Real Decreto-ley 8/2014, ya proyecto de ley, ni se han leído el DORA, ni han visto que hasta 2025 están congeladas las tarifas, que hay unas tarifas máximas, que hay un ingreso máximo por pasajero,
que hay una calidad del servicio garantizada y que hay una capacidad aeroportuaria que también se tiene que garantizar. Y ustedes todo eso lo obvian, con un interés creo que excesivamente partidista. De la misma manera que nadie ha querido hacer
referencia a que no se gasta ni un euro de los Presupuestos Generales del Estado, ni un solo euro. Precisamente ha sido la buena gestión de AENA, contraria a la anterior, la que ha permitido que ahora tenga una valoración que se critica
artificialmente, porque aquí hemos visto cómo se querían vender El Prat y Barajas, que era de donde únicamente se podía sacar dinero. Solo se quería sacar dinero de El Prat y de Barajas, no de los demás, y curiosamente ese Real Decreto 13/2010 -que
ahora el señor Simancas repudia- era el que decía que iba a una gestión individualizada de los aeropuertos. Precisamente por eso la señora Oramas y el Grupo Vasco votaron a favor de la convalidación de ese real decreto que el Partido Popular votó
en contra -quiero recordar-, aunque forma parte de nuestro ordenamiento y fue iniciado por el Gobierno socialista este proceso que nosotros hemos continuado evidentemente de otra manera. No hay ninguna cuestión incoherente, no se está privatizando
AENA, no hay ni primera ni segunda fase, hay una única en la que hay una entrada de capital privado garantizando la gestión pública permanente porque se mantiene la consideración de entidad pública empresarial, que no se pierde por parte de AENA.
Por tanto no entiendo...(La señora Sánchez Robles hace gestos negativos). Sí, señora Sánchez Robles, no se pierde su consideración. Por tanto, no entiendo que adopten unas posturas tan oportunistas cuando saben que además el Partido Popular ha
sido coherente en la pasada legislatura y en esta en todo momento. Hemos sido coherentes en la oposición y en el Gobierno, con el proyecto de ley en la pasada legislatura y una moción en aquella, cinco mociones tanto en el Congreso como en el
Senado respecto de las que hemos mantenido la misma postura en esta legislatura, PNL en el Congreso, seis preguntas orales y escritas, y cuatro comparecencias que se han hecho manteniendo siempre la misma postura. Por lo tanto, por favor,
coherencia. No hay privatización, sigue habiendo gestión pública de los aeropuertos, y evidentemente la situación de AENA del año 2014, distinta y distante de la que había en el año 2011, permite sanear las cuentas públicas manteniendo la gestión
pública.


Señorías, lamentando no poder atender esta proposición, queremos significar que deberíamos ir abandonando ceremonias de la confusión e ir dejando cuestiones tan oportunistas, para interesarnos en otras que preocupan mucho más a los
españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Ayala.


Pregunto a la diputada Isabel Sánchez Robles si acepta alguna de las enmiendas presentadas.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidente, habida cuenta de que parece ser que no se pueden presentar enmiendas in voce y que la única solución que cabe es formular una transaccional, vamos a

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presentar una transaccional soportándonos en la enmienda de Coalición Canaria, incluyendo a Galiza. Agradezco al resto de los grupos que hayan enmendado nuestra iniciativa porque además han sido unas enmiendas muy razonables, pero de alguna
manera hacían perder la esencia, sobre todo del punto primero de nuestra iniciativa, por lo que no las podemos aceptar.


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Sánchez Robles.


Harán llegar a la Mesa la transaccional una vez esté redactada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, PARA REGULAR UNA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE RENTA MÍNIMA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA. (Número de expediente 162/000996).


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Pasamos al siguiente punto, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para regular una prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía.
Para la presentación de esta proposición no de ley, tiene la palabra el diputado Joan Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.


Señorías, en nombre del Grupo de Izquierda Plural planteamos una proposición no de ley para la creación de una renta mínima garantizada de ciudadanía. Con ella queremos dar respuesta al principal problema que tiene hoy nuestra sociedad, a
un verdadero drama social, la existencia de un número cada vez mayor de personas en situación de desempleo, en muchísimos casos desempleo de larga duración, que no reciben ningún tipo de rentas. Nuestra proposición de ley parte de tres premisas que
espero compartan todos los grupos de la Cámara. Primera premisa, la existencia en España de 3,5 millones de personas desempleadas de larga duración, de las cuales el 74% no tiene ningún tipo de prestación, no percibe ninguna prestación, lo que
comporta que haya en estos momentos en España 770.000 familias que vivan en hogares donde no entra ningún tipo de ingreso. Segunda premisa, con independencia de la opinión que cada uno tenga sobre la recuperación de la economía, con cada vez más
sombras por el empecinamiento de los teólogos del austericidio, parece evidente que el crecimiento económico no va a resolver por sí solo este drama, por muy bien que se dé. Todo apunta además a que colectivos muy importantes de personas,
especialmente con escasa formación, van a continuar en desempleo de larga duración durante los próximos años. Tercera premisa, la cobertura de estas situaciones de necesidad es hoy no solo absolutamente insuficiente sino absolutamente irracional.
Les recuerdo que hay cinco tipos distintos de prestaciones asistenciales dependientes del Servicio Público de Empleo: subsidio asistencial, renta agraria, programa Prepara, eventuales agrarios y renta activa de inserción; todos ellos con
regulaciones y condiciones de acceso distintas. A ello se suma una red confusa de prestaciones económicas de algunas comunidades autónomas -no todas- que, con nombres distintos -salario social, renta de inserción y otros-, se han venido
estableciendo en las dos últimas décadas para intentar cubrir el vacío dejado por la Administración del Estado. Se trata de regulaciones absolutamente heterogéneas, con condiciones de acceso muy distintas entre ellas y grados de cobertura muy
dispares. El resultado es una total ruptura del principio de igualdad de los ciudadanos, no solo entre distintas comunidades autónomas, sino entre parados de la misma comunidad autónoma, porque recuerden que muchas de estas prestaciones de las
comunidades autónomas, en la medida en que están condicionadas por créditos presupuestarios cerrados, las perciben los primeros que las solicitan, no quienes más las necesitan, con lo cual la irracionalidad es completa.


El resultado de todo ello es conocido: un programa enquistado, unos poderes públicos que no dan respuesta al cumplimiento del mandato del artículo 41 de la Constitución española y, lo que es más grave, las escasas respuestas que se dan
están provocando una grave discriminación entre las personas paradas en el acceso a esta situación. Ello se produce en un momento en el que el Gobierno español, el Gobierno del Partido Popular, anuncia un ahorro de 5.000 millones de euros en
prestaciones de desempleo para 2014, un ahorro en el gasto de desempleo que no es consecuencia de que haya menos desempleados, sino que ha caído la cobertura de estos desempleados, es decir, el nivel de protección de estos desempleados, como
consecuencia de los recortes producidos en los últimos años, especialmente desde diciembre de 2011.


La Izquierda Plural cree que es urgente dar cumplimiento al mandato de la Constitucion española en su artículo 41. Recuerden, sobre todo los constitucionalistas a tiempo parcial: los poderes públicos

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mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes entre situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Pues bien, treinta y seis años
después ese mandato constitucional está insuficientemente desarrollado. Es sobre la base de esa realidad sobre la cual nuestro grupo plantea la creación de una nueva prestación de Seguridad Social, y lo hacemos con pleno respeto a las competencias
de las comunidades autónomas para que puedan desarrollar o ampliar en el ámbito de sus competencias estas políticas u otras de inserción sociolaboral. Este es el objetivo de nuestra renta mínima garantizada de ciudadanía: mínima, porque la
percibiría cualquier persona en situación de desempleo carente de otras rentas, sea cual fuere el lugar en el que viva, y ello, insisto, sin perjuicio de la capacidad y competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para completar
esta renta u otras políticas sociales; garantizada, porque se establece como un derecho que debe ser reconocido como tal, como un derecho y no como una prestación graciable sometida a las disponibilidades presupuestarias de cada año de cada
Administración; y de ciudadanía, porque el acceso a este derecho no se vincula a la existencia de un empleo previo o a la finalización de una prestación contributiva, como sucede en algunos casos ahora, sino a la condición de ciudadano que vive y
trabaja en nuestro país en situación de desempleo y sin rentas.


La necesidad de esta renta mínima garantizada de ciudadanía ha sido planteada reiteradamente por las entidades sociales de todo tipo, últimamente con mucha fuerza por Cruz Roja, Unicef o Intermón, por todos aquellos que trabajan con las
personas en situación de exclusión. Incluso ha sido objeto de recomendaciones por el Consejo Económico y Social Europeo. Les recuerdo que la semana pasada la creación de la renta mínima tuvo el aval de los defensores del pueblo español y
autonómicos, que en una declaración conjunta han reclamado su puesta en marcha como un instrumento útil para hacer frente a situaciones de pobreza severa. El apoyo social a la existencia de esta renta mínima es cada vez más amplio y creo
sinceramente que el Gobierno y el Partido Popular no pueden hacer oídos sordos a este clamor de la ciudadanía. Nuestra propuesta plantea que tengan derecho a ella las personas mayores de edad que vivan legalmente en España y que carezcan de rentas
superiores al Iprem. Lo desarrollamos expresamente en nuestra proposición. Saben ustedes que además planteamos que la financiación iría a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, como ya sucede con las pensiones no contributivas, y que la
gestión, como también sucede con estas, vaya a cargo de las comunidades autónomas en colaboración con las administraciones locales, a fin de facilitar la coordinación del conjunto de políticas de inserción sociolaboral.


Estamos profundamente convencidos de que el coste de la renta mínima no solo es asumible por los Presupuestos Generales del Estado, sino que es la inversión más justa y más eficiente económicamente que se puede realizar en estos momentos.
Primero, porque no se puede condenar a un colectivo tan amplio de la sociedad a permanecer en condiciones de pobreza e indigencia durante tanto tiempo; segundo, porque al final una parte de este gasto se realiza de manera muchas veces ineficiente
por la vía de las coberturas que hacen y de los tapones, de los intentos de cubrir por parte de las comunidades autónomas o los ayuntamientos, muchas veces en condiciones de precariedad económica y presupuestaria; en tercer lugar, porque las redes
de protección familiar y social no aguantan más el esfuerzo y presión que están soportando como consecuencia de la no intervención de la Administración General del Estado -esas redes de protección familiar y social están a punto de reventar, en
algunos casos han reventado ya-; y en cuarto lugar, porque una sociedad en la que la solidaridad de las políticas públicas debe ser sustituida por la caridad no hace sino deteriorar las relaciones sociales y sobre todo someter a las personas
necesitadas a una posición de sumisión económica y moral que es impropia de una sociedad civilizada.


Termino, señorías. El establecimiento de esta renta supondría la responsabilidad del Estado de las obligaciones a las cuales le mandata la Constitución española. En estos momentos sería incomprensible que habiendo como hay, según el
Gobierno, un ahorro del gasto en desempleo de 5.000 millones de euros, se diga que no hay recursos para establecer la renta mínima de inserción, sobre todo cuando el jueves discutiremos, y muy posiblemente se apruebe, una reforma fiscal que va a
suponer 7.000 millones de ingresos menos para las arcas públicas. Pido al Partido Popular que sea sensible a esta situación. Sabemos que lo mejor que se puede hacer por los parados es facilitarles el empleo, pero saben ustedes perfectamente que en
la próxima década eso no se va a garantizar. Hay que taponar de una vez por todas esa sangría y resolver ese drama humano y, sobre todo, hacerlo como corresponde a la dignidad de las personas. Esperamos que el Partido Popular vote esta proposición
no de ley y que lo haga el resto de grupos de la Cámara. No nos gustaría constatar que el Partido Popular es un defensor de la constitucionalidad a tiempo parcial y que su discurso de la igualdad de los ciudadanos es una mera retórica destinada a
restringir los derechos democráticos a votar y no a garantizar los

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derechos sociales. Esperamos, pues, que con el voto de todos podamos avanzar en el establecimiento de esa renta mínima garantizada de ciudadanía. Este es -y estas son mis últimas palabras- el verdadero pacto de Estado que está esperando la
ciudadanía, un pacto para acabar con la pobreza y garantizar una vida digna a los ciudadanos de este país.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Coscubiela.


Para fijar posiciones y para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el diputado Sabino Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, a Amaiur esta PNL le parece completamente plausible y necesaria, habida cuenta de la situación que estupendamente ha descrito el compañero Coscubiela. Con todo, hemos presentado una enmienda a la
misma que paso a explicar. En nuestra opinión -creemos que basada en hechos objetivos-, la regulación vigente que hoy existe en la Comunidad Autónoma vasca -en concreto, en Guipúzcoa- mejora incluso lo que aquí se está proponiendo. Por eso,
recalcar en esta PNL el carácter armonizador y hablar de una misma prestación, aparte de favorecer una colisión competencial, consideramos que va a dar un cheque en blanco al Gobierno para que siga practicando esa política de recentralización y
utilización abusiva de las normativas básicas y armonizadoras a la cual nos tiene acostumbrados.


No estoy hablando en abstracto. Navarra es la comunidad de todo el Estado que más recursos tiene interpuestos por el Gobierno del PP. Estos recursos, que han dejado sin efecto las leyes aprobadas, no hacen referencia a la unidad sacrosanta
de la patria ni a la Constitución ni a la monarquía salerosa que tenemos, sino a cosas bastante elementales, como el copago sanitario, la asistencia sanitaria universal para los inmigrantes, los desahucios, el fracking, etcétera. En relación con
ello, la semana pasada el Parlamento foral ha adoptado un acuerdo reclamando y exigiendo al Gobierno del PP que retire todos estos recursos y que respete institucionalmente las competencias que allí tenemos; Izquierda Unida también estuvo a favor
de ello. Pues bien, con nuestra enmienda lo que queremos recalcar es precisamente esto, que sean respetadas las competencias propias que tienen las comunidades autónomas y las decisiones soberanas que están tomando en relación con estos temas. No
más normas armonizadoras ni más competencias complementarias, que para lo único que sirven es para tener comunidades autónomas con competencias florero y que, en última instancia, a lo que nos están conduciendo es a un Estado cada vez más
centralista y recortador de las mejoras que se están dando en comunidades como las nuestras.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Cuadra.


Por parte del mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la diputada Rosana Pérez.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Intervendré brevemente desde el escaño. El Bloque Nacionalista Galego está de acuerdo con la argumentación que se da en la exposición de motivos. En muchas iniciativas que hemos presentado hasta el momento hemos puesto de manifiesto que la
situación social es insostenible en muchísimos puntos del Estado y, en general, en todo el Estado. Pero en algunas de las características que la proposición no de ley establece -por otra parte, muy detalladamente- para que el Gobierno elabore el
proyecto de ley no podemos coincidir o no estamos totalmente de acuerdo. Sobre esta base, queremos explicar que nuestro voto será de abstención. Sin entrar en detalles, nos referimos, entre otras, a cuestiones que invaden competencias exclusivas
de las comunidades autónomas, como es la de servicios sociales. Hay otros puntos que habría que matizar mucho para que pudiéramos estar de acuerdo con ellos en su totalidad. Por tanto, nos abstendremos.


Gracias, presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Pérez.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el diputado Álvaro Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.


El señor Coscubiela nos ha descrito una enfermedad social que existe. La semana pasada tuvimos ocasión de referirnos a ella y es cómo se van agotando los mecanismos de protección de nuestro país a

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medida que la crisis se vuelve más larga. Dábamos algunos datos que conviene recordar a título de ejemplo. Tenemos 5,5 millones de parados y de ellos solo 2,5 millones tienen cobertura, mientras que 3 millones la han agotado ya. Tenemos
740.000 familias con todos los miembros en paro y sin ningún ingreso; tenemos 2.300.000 niños -la cuarta parte de nuestros niños- por debajo del umbral de la pobreza. Por tanto, la enfermedad o el problema que ha descrito existe. También es
cierto que no se está haciendo todo lo necesario para combatirlo; todo lo contrario, se están reduciendo esos mecanismos de protección social, como lo prueba el hecho de que el gasto en prestaciones por desempleo esté cayendo; en julio caía el
18%, no porque se esté encontrando empleo sino porque se agotan las prestaciones. Por tanto, compartimos el diagnóstico, existe esa enfermedad y no se está combatiendo adecuadamente. Lo que no compartimos es buena parte de los detalles de su cura.
Usted nos propone una prestación no contributiva que se configure con un derecho individual y que no esté sujeta a disponibilidad presupuestaria. Las principales objeciones tienen que ver no con que esto no fuese deseable, sino que sinceramente nos
parece un tanto utópico, tiene que ver con el coste de esta medida. Porque cuando hablamos de derechos habría que distinguir entre derechos formales y derechos con un contenido material. Si usted me habla del derecho formal a la libertad de
expresión usted lo promulga y lo aplicamos, pero si usted me habla del derecho a la vivienda yo tengo que preguntarle de dónde van a salir esas viviendas, y si usted me habla del derecho universal a una prestación yo tengo que preguntarle de dónde
van a salir los recursos, de dónde va a salir la disponibilidad para financiar esto, porque, pese al triunfalismo del Gobierno, seguimos viviendo en un país con un déficit público del 6,6% del PIB y con una deuda pública cercana al cien por cien del
PIB. Usted configura esto como un derecho individual sin que importe siquiera la renta familiar, y habría que preguntarle si ha calculado cuántas personas se podrían acoger a esto, cuánto costaría. Entiéndame bien, nosotros pensamos que hay margen
de actuación, margen de una actuación mayor que la que está aplicando el Gobierno, pero sinceramente nos parece que esto es ir demasiado lejos, que esto es utópico e inaplicable en términos presupuestarios hoy en día en España. Por otro lado,
creemos que esto debe ir unido a más requisitos de formación, de activación laboral. No se trata solo de dar una renta a las personas en situación de necesidad, sino de darles el mayor número de instrumentos para que salgan cuanto antes de esa
situación. El reparto competencial no lo compartimos por razones diametralmente opuestas a los intervinientes anteriores. Aquí hay un reparto competencial en el que el Estado paga -lo que puede ser razonable porque se configura como una prestación
de la Seguridad Social, que es competencia estatal-, pero luego gastan las comunidades autónomas. Se habla de armonizar pero luego se dice que cada comunidad puede complementarlo, con lo que ni siquiera esa armonización existe en realidad.


¿Cuál es nuestra alternativa? La voy a recordar brevemente porque he tenido el honor de exponerla en detalle varias veces. Nosotros proponemos una alternativa de frente que creemos más viable. Primero, un esfuerzo conjunto del Estado y
las comunidades. El Estado mejorando su renta activa de inserción, ampliándola a los menores de cuarenta y cinco años, y las comunidades mejorando, armonizando al alza sus rentas mínimas de inserción, el último escalón de protección en el que hoy
hay importantes desigualdades. Creemos que esto sería viable económicamente porque concentra los esfuerzos en los grupos más necesitados en vez de difuminarlos de manera tan generalizada. Va unido a la renta familiar, va unido a situaciones de
especial dificultad y, por tanto, puede ser más eficaz y más viable económicamente. Por último, va unido a mayores medidas, mayores instrumentos de formación, de activación laboral que ayuden a estas personas a salir lo antes posible de esta
situación. Por tanto, señor Coscubiela, compartimos los fines de su iniciativa pero tenemos serias dudas de que los medios que propone sean viables; de ahí nuestra enmienda, en la que proponemos nuestra alternativa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Anchuelo.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el diputado Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor Coscubiela, el debate de esta tarde en relación con su iniciativa, a la que damos la bienvenida, poco o mucho empalma con la discusión que tuvimos la semana pasada respecto a la iniciativa que planteó el Grupo Socialista y
también con las cuestiones abiertas en el marco del diálogo social por parte de los sindicatos, en concreto en relación con la mejora de la protección de las personas en desempleo que hoy han visto agotados todos los mecanismos de protección social,
básicamente los

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mecanismos que dependen del Estado. Cuando inicialmente leía el título de su iniciativa pensaba encontrarme con un contenido distinto del que finalmente refleja, y he de decirle que, respecto a la aproximación que usted hace a ese concepto
de renta garantizada de ciudadanía, en los términos globales que formula en su proposición no de ley, podemos compartir una parte de su enfoque, porque introduce algunas cuestiones conceptuales que no son menores, Vincula esta renta a la carencia de
rentas de la persona. En este caso, usted propone rentas superiores a la cuantía del Iprem. Vincula esta renta además a que la persona beneficiaria no podrá rechazar durante la percepción de la prestación una oferta de empleo. Nos parece
adecuado. Nosotros combatimos la idea de que por el solo hecho de ser miembro de un Estado se pueda vivir de una renta sin tener que asumir también el hecho de trabajar, convencidos, como hemos dicho en el debate de la proposición de ley que ha
defendido Convergència desde la tribuna, de que la emancipación de las personas, la construcción de la entidad de los individuos tiene que ver hoy todavía con el hecho de estar trabajando. En su propuesta también defiende que esta prestación está
vinculada al hecho de que las personas puedan participar en programas de inserción profesional y, por tanto, vinculada a las políticas activas de empleo. Nosotros llevamos tiempo reclamando la vinculación entre las denominadas políticas pasivas y
políticas activas. Finalmente, defienden en su texto que el reconocimiento y gestión de esta percepción económica corresponde a las comunidades autónomas. Son cuestiones que en el debate sobre la renta garantizada, al menos el que tenemos en
nuestro país, en Cataluña, por parte de algunos de los movimientos sociales que la defienden, no se formulan en esos términos. Es más, no nos toca ni a usted ni a mí debatir sobre aquello que se debe discutir en el Parlament, pero yo al menos
pienso que en el Parlament podríamos avanzar en esa dirección en relación con las exigencias del Estado de dar respuesta a problemas que hoy es imposible que el Gobierno de la Generalitat pueda responder. Por tanto, desde este punto de vista, y
quizá con muchas dudas sobre una implementación efectiva de esta política -el señor Anchuelo planteaba una cuestión que no es menor, que es el coste económico de la medida, que seguramente va a ser una de las razones que va a argüir la mayoría para
rechazar su iniciativa-, a mi grupo no le cuesta nada hacer el gesto político de apoyar su iniciativa.


Si usted acepta la enmienda que le han planteado desde Amaiur y alguna filosofía de nuestro texto, que va en el sentido de evitar cualquier atisbo de recentralización también en esta materia -usted utiliza el verbo armonizar, y para quienes
tenemos una determinada cultura política armonizar, inevitablemente, nos recuerda a la infausta Loapa, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico y primer intento de echar marcha atrás en la construcción del Estado de las autonomías; la
enmienda de Amaiur resuelve en parte esa posición-, no tendríamos ningún inconveniente en apoyar su iniciativa. Estamos convencidos, además, y de ahí el sentido de nuestra enmienda, de que hay un debate sobre cómo financiamos las rentas mínimas
autonómicas. Desde el País Vasco y desde Navarra esa es una cuestión que les preocupa poco -normal que sea así-, pero a nuestro país le preocupa cómo financiamos las rentas mínimas, cómo reformamos la pensión no contributiva sobre la que hemos
discutido antes. Recordemos que en la idea original de la Lismi de 1983 la pensión no contributiva estaba planteada como un derecho individual no vinculado a los ingresos del conjunto de la unidad familiar. En 1991 eso se deterioró de alguna
manera. Finalmente, el debate más práctico que en parte también formulaba el señor Anchuelo de cómo ordenamos todo ese conjunto de elementos de la protección social del Estado, el programa Prepara, la renta activa de inserción, todo eso exige esa
mayor armonización, en este caso sí, pero por parte de la Administración General del Estado. En cualquier caso, en los términos que usted formula este puede ser un texto que hoy políticamente puede recibir el apoyo de Convergència i Unió con la
transacción que supongo que nos va a ofrecer.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Campuzano.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la diputada Rosa Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor presidente.


Señorías, la proposición no de ley que hoy debatimos forma parte de un conjunto de iniciativas que a lo largo de esta legislatura hemos presentado la práctica totalidad de los grupos parlamentarios de la oposición, con el denominador común
de estar dirigida a combatir los efectos provocados por la devastadora combinación de crisis económica más políticas del Gobierno del Partido Popular antisociales, injustas y que han generado una tremenda desigualdad. Señorías, el alarmante aumento
de la pobreza, el impacto en millones de personas, la aparición de nuevos perfiles que están en el umbral de la pobreza y algunos

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al borde de la exclusión social son fruto de la precarización del empleo, del incremento del desempleo y del debilitamiento del sistema de protección que, hay que señalarlo, está en la cifra más baja de la serie histórica. La EPA del
segundo trimestre de 2014 dice que son ya 1.834.000 los hogares con todos sus miembros activos en paro. Los datos que aquí se han dado por otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y el que acabo de referenciar tienen rostro
humano de ciudadanas y de ciudadanos, de jóvenes, de niños y de niñas a los que sin duda hay que responder. Datos que nos dicen que hay que actuar de inmediato porque la situación es de auténtica urgencia y emergencia. En este sentido, le diré al
grupo proponente que coincidimos en el diagnóstico y en la necesidad y coincidimos también con los agentes sociales en que el acuerdo alcanzado con el Gobierno, entre otras cuestiones, incluye el compromiso de ampliar en el mes de octubre los
mecanismos de protección ligados a las políticas de empleo, a los parados de larga duración en situación de especial necesidad, para facilitar su retorno al empleo sin perder la necesaria protección social. Justamente ese que acabo de señalar era
el objetivo de la PNL que mi grupo presentó en el Pleno de la semana pasada, que defendió desde esta tribuna mi compañera María Luisa Carcedo y que rechazó curiosamente el Partido Popular. Llamó poderosamente la atención el voto del Grupo
Parlamentario Popular cuando de lo que estábamos hablando era de un acuerdo que había suscrito el propio Gobierno.


Señor Coscubiela, tal como he señalado, compartimos diagnóstico y objetivos, pero he de decirle también que por parte del Grupo Parlamentario Socialista defendemos un modelo, una respuesta distinta, diferente, realista, posible.
Precisamente con voluntad constructiva es por lo que hemos presentado nuestra enmienda. En primer lugar, creemos que debe quedar clara la necesidad de ampliar de manera inmediata los mecanismos de protección por desempleo a las personas que lleven
más de un año en paro y estén en situación de especial necesidad para facilitar su retorno al empleo, que es de lo que se trata, que se retorne al empleo, que es lo que devuelve de verdad la dignidad a la persona que está parada. Se trata de
ampliar la protección en su nivel asistencial pero ligada a políticas activas de empleo, a itinerarios personalizados, a formación. El retorno al empleo para nosotros es lo esencial, lo fundamental, porque es la manera no solo de devolver la
dignidad a las personas sino de construir futuro cierto y seguro. En este sentido, mi grupo, en las enmiendas que ha presentado, ha querido cerrar el círculo de la protección social, ya que desde el respeto competencial entendemos que el Gobierno
de España debe apoyar y no recortar a la Administración competente para que puedan, desde las comunidades autónomas, llegar a aquellos que lo necesitan, a todas y a todos los que lo necesitan. Se trata de avanzar hacia el aumento de la protección
social, señorías, no de derogar en los territorios ninguna ley de renta básica, como ha ocurrido en Extremadura, que es con la realidad que nos hemos encontrado en esa comunidad.


Por último, señor presidente, hemos planteado en nuestra enmienda la necesidad de llevar a cabo -lo que compartimos no solo con el grupo proponente sino con otros grupos intervinientes que también lo han señalado- una reordenación integral
de las distintas prestaciones con el objetivo de mejorar su cobertura, establecer con más claridad el ámbito de aplicación y también introducir nuevos elementos de protección recogiendo también en nuestras enmiendas otro de los compromisos que se
derivan del acuerdo alcanzado por los agentes sociales y el Gobierno, siempre con la mirada puesta en mejorar la cobertura y dar más y mejor respuesta a la ciudadanía, que es justamente lo que queremos y pretendemos con nuestra enmienda el Grupo
Parlamentario Socialista, dar respuesta a las personas que necesitan un empleo, que necesitan de una prestación, que necesitan una cobertura social para que cambie su realidad, muchos de ellas en el umbral de la pobreza y otras en el ámbito de la
exclusión social. A las personas, a la ciudadanía nos dirigimos con estas enmiendas que formulamos a la proposición no de ley de La Izquierda Plural.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Aguilar.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por parte del Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, tenemos la impresión de que una iniciativa de estas características que modifica aspectos troncales y filosóficos del sistema público de pensiones, tal y como está configurado en el Real
Decreto-ley 1/1994, debe ser objeto de debate y consenso de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, entre otras cosas para evitar su amortización. Esta proposición no de ley propone un debate importante, el relativo al denominado impuesto
negativo sobre la renta y la generación de una renta de carácter universal, cuya compatibilidad e integración con las

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pensiones contributivas y asistenciales del sistema público de pensiones resulta en la redacción de la proposición no de ley, en nuestra opinión, particularmente confusa: o se opta por la integración de un sistema de pensiones contributivas
y no contributivas que cumpla el requerimiento del artículo 41 de la Constitución, es decir, una protección suficiente, universal, ante cualquier situación de necesidad; o se opta alternativamente por un sistema universal de rentas vitalicias o que
duren en el tiempo de la contingencia protegida, compatibles o no con retribuciones salariales, que nos propone esta iniciativa, cuyos límites son inconcretos y referenciados al Iprem -532 euros mensuales-, compatibles además con pensiones
contributivas o asistenciales y aparentemente compatibles también con rentas de inserción estatales o autonómicas. Esta situación genera, en nuestra opinión, una confusión interpretativa que impide conocer con claridad qué se requiere exactamente
al Gobierno; de hecho, hemos visto una iniciativa muy similar a esta que hoy se plantea en el programa electoral de Podemos. Es cierto, como afirma la proposición no de ley, que 2.126.186 personas demandantes de empleo no reciben prestación ni
subsidio alguno, es cierto que estas situaciones generan bolsas de pobreza que se van cronificando peligrosamente, es cierto que en 700.000 hogares no se ingresa una sola renta o retribución, pero la solución a estos problemas no puede consistir en
un cambio radical del modelo público de protección social no consensuado con las demás organizaciones políticas y agentes sociales y contradictorio con el modelo existente. Las fórmulas vinculadas al instrumento denominado impuesto negativo sobre
la renta se encuentran en retroceso en los países de nuestro contexto y en los países escandinavos donde tuvo cierta implantación.


La cobertura de todas las situaciones de necesidad, la universalización del sistema de protección debe hacerse con el incremento de las pensiones contributivas, de las pensiones no contributivas y en este caso de la prestación por desempleo,
que posee la condición de prestación contributiva de la Seguridad Social, y del subsidio, que es una pensión contributiva de la Seguridad Social, y de la prolongación del Prepara, tal y como se propuso en el Pleno de la semana pasada. Compartimos
con el grupo proponente que la disminución de la cobertura al desempleo está convergiendo hacia el 50% de los desempleados. Las rentas de inserción vinculadas a la asistencia social deben mantenerse, en nuestra opinión, y esto es algo importante,
en el ámbito de las comunidades autónomas. En el caso de Euskadi es una competencia exclusiva recogida en el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía de Gernika y en Euskadi -como saben- ya existe una renta de garantía de ingresos que cubre todas
las necesidades descritas en esta proposición no de ley, no solo las relativas al desempleo sino las relativas a la insuficiencia de rentas de perceptores de pensiones cuando estas son muy bajas o de personas incluidas en riesgo de exclusión social.
En este sentido, no entendemos la iniciativa; creemos que es voluntarista y maximalista. En nuestra opinión, se debería plantear con mayor orden y rigor y siempre evaluando su coste para saber de qué estamos hablando. No creo que valga solo la
demagogia o los brindis al sol; a todos nos gustaría que se pudieran cubrir sobradamente las necesidades básicas de los ciudadanos, pero una pregunta relevante es ¿eso es posible? ¿cuánto cuesta? De esto no se habla en la iniciativa y creemos que
sería oportuno hacer un acercamiento al coste de estas medidas para saber precisamente de qué se está hablando. Y quién debe hacerlo también es una cuestión relevante. En nuestra opinión, lo deben hacer las comunidades autónomas. Por lo tanto,
queremos y reclamamos que se respete en nuestro caso el Estatuto de Gernika a la hora de la aplicación de medidas de este tenor. No nos negamos a la medida en general, pero creemos que es mejor evaluar, debatir, adecuar las políticas a las
prioridades y así contar con una información necesaria para tomar las decisiones. No hay que confundir los motivos; el tema de la cuantificación y el tema competencial es el motivo por el que desde el Grupo Vasco votaremos en contra de esta
proposición no de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la diputada Macarena Montesinos.


La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.


Señorías, en la pasada legislatura, una legislatura que ustedes recordarán, que era la legislatura en la que se negaba la crisis, la de mayor recorte social, donde se destruyeron 3 millones y medio de empleos, la del engaño del déficit, la
de la mayor bolsa de pobreza que se creó en España; la legislatura en la que el riesgo de pobreza y exclusión creció cinco veces más rápido en España que en la Unión Europea durante el periodo 2008/2011; la legislatura en la que se asfixió a las
comunidades autónomas y a los ayuntamientos al no darles la financiación requerida para los servicios públicos, en la que se congelaron las pensiones y en las que se dispararon los desahucios; en esa legislatura, la legislatura tan dramática y tan
oscura en la historia de la democracia de España, Izquierda Unida presentó dos iniciativas similares a

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la petición de la renta básica. Una era crear una subcomisión de estudios que claro, como tampoco debería tener mucho interés, terminó durmiendo el sueño los justos y no llegó a conclusión alguna. Una segunda era una PNL que caducó porque
la presentó justo cuando iba a finalizar el periodo.


Ahora, Izquierda Unida nos pide que hagamos lo que ellos han sido incapaces de hacer en Andalucía, junto con el Partido Socialista -porque ustedes cogobiernan en Andalucía-, ese acuerdo magnífico al que ustedes podían haber llegado en la
legislatura anterior, como parece que podían llegar ahora, esa medida de la creación de la renta básica en Andalucía. No todos ustedes los conocerán pero yo les voy a decir quién es cada uno. Diego Valderas, al que en ese sector conocen
seguramente, pero que algunos de los que nos estén escuchando pueden no tenerlo situado, es vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador general de Izquierda Unida, se comprometió a poner en marcha la renta básica en Andalucía y, ¿saben en
qué situación está?, porque recordarán todos ustedes que llevan gobernando, cogobernando en Andalucía, desde el año 2012. Pues la situación es que llevan dos años de trabajo tratando de decidir cómo podemos poner en marcha la renta básica; hasta
ahora, que seguimos sin saber cómo. Pero claro, al final, ¿cómo han terminado? Pues muy fácil, diciendo que no hay problema, que eso se fía al horizonte 2020. Es decir, en lo que llevan dos años trabajando y nos están fiando al horizonte 2020 es
lo que ahora se pretende que en tres meses el Gobierno presente aquí como proyecto de ley.


Lo que está claro es que ese cogobierno ha llevado a Andalucía a que la renta más baja, el riesgo de pobreza y exclusión social se encuentre allí, ese gobierno -ellos dicen que están en contra de los recortes- que ha recortado ya 425
millones en los últimos presupuestos -que los dos partidos que hoy se ponen de acuerdo avalaron- en promoción social; es decir, en formación profesional para el empleo, en empleabilidad y fomento del empleo, en inclusión social, en acciones para la
igualdad, etcétera. (El señor Pradas Torres: ¡Qué barbaridad!). Usted lo ha dicho, qué barbaridad; lamentablemente, qué barbaridad. Han recortado 326 millones de euros para seguridad y protección social; es decir, atención a la infancia,
bienestar social, etcétera. Lo dicen y lo reafirman los mismos diputados de Andalucía. Pues bien, señorías, si a todo esto le sumamos el fraude de los ERE, con un fondo de reptiles de 1.000 millones de euros, que ya advertía la intervención de la
Junta desde el año 2005 de lo que se estaba produciendo, si a esto sumamos el fraude de los famosos cursos de formación, que probablemente duplique el fondo de reptiles, la situación en Andalucía sería otra y no tendrían que estar pidiendo la renta
básica.


Volviendo al tema que nos ocupa, yo les decía: Tres meses le están exigiendo al Gobierno en algo que aquí se ha dicho: está ausente de rigor esta iniciativa, porque entre otras cosas necesitaría un informe de viabilidad económica y
financiera y, además, necesita cumplir los principios de equilibrio presupuestario. Ustedes lo que están pidiendo es la financiación de la prestación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, al mismo tiempo, desvinculan su implantación
de las disponibilidades presupuestarias. Eso es algo inconcebible. Por otra parte, desde nuestro Grupo Parlamentario Popular tenemos clarísimo que no se pueden invadir competencias y debemos evitar duplicidades.


Señorías, son cinco los ejes de la agenda reformista del Gobierno: El de la estabilidad presupuestaria, que estableció por ley; el de la estabilidad financiera, con la reforma de la financiación fiscal que beneficia sobre todo a quien más
lo necesitan; el de las reformas estructurales, con la reforma laboral a la cabeza y, desde luego, con el Plan de pago a proveedores y el apoyo a emprendedores; con la reforma política, con la Ley de transparencia; y con un Estado de bienestar
garantizado, porque nuestro grupo parlamentario, el Gobierno sí es un gobierno social. Llevamos ya cuatro trimestres consecutivos creando empleo: la afiliación a la Seguridad Social obtiene el mejor comportamiento desde el año 2005; en España hay
más de 271.000 parados menos que hace un año, y ya son seis meses consecutivos en los que la contratación indefinida crece en España por encima del 16%. Señorías, además de las rentas máximas de inserción que se contemplan, el Gobierno continúa
trabajando en la agenda social que se marcó. Después de aprobar la semana pasada la estrategia española de acción para el empleo y el Plan anual de política de empleo, el viernes en el Consejo de Ministro se aprobó el Plan de acción de discapacidad
2014-2016, la estrategia de juventud 2020 y el I Plan de acción de juventud 2014-2016, así como el Plan de igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad de la información. Señorías, todo esto sin olvidar los planes que este Gobierno ha puesto en
marcha como el Plan de inclusión social 2013-2016, dotado con más de 136.000 millones de euros o el Plan específico infancia y adolescencia, dotado con más de 5.000 millones de euros. Este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, ha conseguido la
dedicación de un 20% del Fondo Social Europeo al fomento de la inclusión social.


Señoría, todo eso y mucho más son los compromisos que el Gobierno del Partido Popular desde el primer minuto en el que tomó posesión ha venido poniendo en marcha. Todo eso frente a la inoperancia

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de la izquierda, todo eso frente a aquellos Gobiernos que nos precedieron y que nos llevaron al periodo más oscuro de la historia democrática de este país.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Montesinos.


Señor Coscubiela, tiene la palabra a los efectos de posicionarse sobre la aceptación de alguna de las enmiendas presentadas.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, presidente.


Lamentablemente no puedo aceptar las enmiendas planteadas por Unión Progreso y Democracia; responden a otra lógica y no las puedo aceptar. Tampoco puedo aceptar la enmienda a la totalidad presentada por el principal grupo de la oposición
en el Parlamento andaluz que se sienta en este Congreso; lo siento, pero se lo enviaré a sus compañeros en el Parlamento andaluz para que allí lo vean.


Por el contrario, sí he aceptado ya y tengo una transaccional prácticamente redactada con el Grupo de Convergència i Unió, que creo que va a convencer también al Grupo Vasco y a Amaiur. Asimismo y estoy pendiente de terminar de ver algunas
cuestiones con el Grupo Socialista. Espero poder entregar estas transacciones al menor tiempo posible y, sobre todo, no se preocupen que remitiré su oposición al Parlamento andaluz y allí estarán encantados de escucharles.


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señor Coscubiela. Háganos llegar a la Mesa la transacción que al final se alcance.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA NECESIDAD DE ADOPTAR POLÍTICAS AMBICIOSAS DE APOYO A LA ACTIVIDAD DEL SECTOR CINEMATOGRÁFICO. (Número de expediente 173/000165).


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Pasamos al punto III: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, vamos a debatir la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), sobre la necesidad de adoptar políticas ambiciosas de apoyo a la actividad del sector cinematográfico. Para la defensa de esta moción, tiene la palabra la diputada Montserrat Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, esta moción pretende impulsar una batería de medidas que sean realmente efectivas para reactivar el sector de la cinematografía. Estamos en un momento trascendental para el sector audiovisual, se tienen que tomar decisiones
estratégicas y debe hacerse de forma urgente e inmediata. Se lo recordábamos así al ministro en la interpelación que mantuvimos la semana pasada. En este sentido, celebramos también en parte que finalmente el Consejo de Ministros aprobara el
crédito extraordinario para liquidar la deuda pendiente por los estrenos de las películas de 2012, aunque lamentamos que el importe aprobado en el último Consejo de Ministros sea aún insuficiente. Como bien saben, hay 10 millones de euros
adicionales pendientes todavía y de los que el ministro Wert no hizo ninguna mención, como tampoco se ha hecho en el Consejo de Ministros.


El cine catalán, y en general el cine español, está atravesando serias dificultades, ya lo relatábamos con datos objetivos en la interpelación previa a esta moción. La Generalitat de Catalunya está impulsando medidas concretas para procurar
paliar esos problemas, pero no es suficiente. Muchas de las competencias, especialmente en lo que se refiere a incentivos fiscales, corresponden al Estado, a este Gobierno. Además, son dificultades que se producen aquí, en el Estado español, y no
en el resto de Europa, donde la gente continúa acudiendo a las salas de cine y continúa creciendo tanto el consumo como la producción audiovisual. Aquí los datos son bien distintos, aunque el ministro se empeñe en negarlo reiteradamente y se
aposente en la butaca de la autocomplacencia, como le recordábamos la semana pasada. Reiteramos un par de datos, cifras globales. Sabemos que en 2013 se produjo una caída global de la facturación en taquilla del 20%, mientras que en la producción
se registró una disminución del número de rodajes del 28% y de un 24% en el número de estrenos. Todo ello según datos de los que disponemos recientemente. Por otra parte, han cerrado muchísimas salas de cine, pero no vamos a incidir más en ello
porque ya lo relatamos en nuestro debate de interpelación.

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¿Y ante esta situación qué proponemos por parte de Convergència i Unió? Varias medidas. En primer lugar, que en el plazo máximo de tres meses el Gobierno aplique las medidas que se acordaron en la Comisión mixta sobre el modelo de
financiación del cine. Este es un aspecto fundamental, porque finalmente las distintas partes implicadas se sentaron en una mesa, llegaron a acuerdos, y es imprescindible que con la mayor urgencia posible esos acuerdos se implementen, por eso
fijamos también un plazo. En segundo lugar, cumplir con los pagos pendientes de las ayudas a las películas estrenadas en 2012. Ya hemos dicho que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el crédito extraordinario para dar cumplimiento al
pago de esta deuda pendiente del Estado con el sector, lo que pasa es que el crédito es insuficiente. Como hemos dicho anteriormente, ha sido aprobado por un importe que no es el que realmente ha cifrado el sector cinematográfico; hay 10 millones
de euros aún pendientes. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). También pedimos que se aumente la partida presupuestaria destinada a ayudas a la producción y a la distribución cinematográficas en los presupuestos del
Estado, en concreto las destinadas al ICCA y al Fondo de protección de la cinematografía. Como bien saben, estas partidas han ido disminuyendo, en lo que evidentemente ha influido la situación de crisis, la coyuntura económica, pero es fundamental
apostar nuevamente por este sector. Este es un sector que tiene un gran potencial, que puede aportar valor añadido a nuestra economía, que forma parte de nuestra economía productiva, por tanto, tendríamos que hacer un esfuerzo importante en los
presupuestos del Estado para apoyar nuevamente al sector cinematográfico en esta materia. En cuarto lugar, incentivar la producción de largometrajes cinematográficos con una deducción fiscal del 35%, tanto para producciones nacionales como
internacionales. En quinto lugar, insistimos nuevamente en el IVA cultural, porque el Gobierno tiene que rectificar ya que ha afectado de forma importantísima al sector cultural, especialmente también al sector del cine, y pedimos nuevamente al
Gobierno que lo revise porque fue un aumento del todo desproporcionado e injusto. Finalmente, en sexto lugar, pedimos la restitución del Fondo estatal de promoción de las películas en lenguas cooficiales diferentes a la castellana. Esta previsión
está en el artículo 36 de la Ley del Cine y lo que pedimos simplemente es que el Gobierno cumpla la ley.


En el debate previo a esta moción la semana pasada vimos al señor ministro cuestionar o interpretar en otro sentido los datos objetivos que nosotros ofrecíamos. Entendemos que hay datos objetivos que pueden ser interpretables según los ojos
de quien los mire, ahora bien, lo incuestionable es que a raíz de las políticas que está llevando a cabo este Gobierno la misma directora del ICAA dimitió a finales de este verano porque se veía incapaz de implementar las medidas que ella misma
había acordado con el sector. Por lo tanto hay datos que son evidentes: que las políticas que está llevando a cabo este Gobierno son del todo insuficientes, que no hay una apuesta clara y decidida por el sector cinematográfico y que hay una gran
preocupación, especialmente por la enorme inseguridad jurídica que se ha provocado al sector. Hay muchas incertidumbres, precisamente al inicio de la legislatura el ministro decía exactamente en el Senado que iba a trabajar para conseguir certeza
en el sector. Pues está haciendo todo lo contrario a lo que prometió en aquel momento. Insistimos en que es necesario establecer un marco seguro para el sector de la cinematografía. Creemos que con el conjunto de medidas que proponemos podría
lograrse esa apuesta y el sector podría oxigenarse y alcanzar el potencial que tiene -es indiscutible que tiene la capacidad de aportar valor añadido a nuestra economía para crear puestos de trabajo- y es inadmisible que el Gobierno no apueste por
ello.


Agradecemos enormemente el esfuerzo que han hecho los demás, las enmiendas que han presentado...


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir, por favor.


La señora SURROCA I COMAS: Voy terminando.


Anunciamos que aceptaremos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista así como la presentada por La Izquierda Plural porque entendemos que respetan totalmente el espíritu de nuestra moción y que incluso la mejoran.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Surroca.


Defensa de las enmiendas presentadas. La del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia la defiende el señor Cantó.

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El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Siempre hemos defendido y hemos recordado que es importante evaluar las leyes a tenor de sus consecuencias. En general creo que podríamos estar de acuerdo si decimos que, a tenor de las políticas que han
llevado a cabo el Partido Popular, el Partido Socialista e incluso el grupo proponente Convergència i Unió dentro de sus competencias, dentro de Cataluña, lo cierto es que todas estas políticas no han sido suficientes para construir una industria
cinematográfica sólida que resistiera los embates de una crisis tan profunda como esta. Pero es que ni siquiera en época de bonanza económica hemos podido construir una industria cinematográfica lo suficientemente sólida. Mientras -y eso lo hemos
dicho sobre otros sectores- desde otros partidos -y hoy en día además en tono muy populista se hace alarde de ello- se defiende una política generalizada de subsidios, que hay que recordar que crea redes clientelares, sobre todo en sectores como
este, nosotros somos más de proponer incentivos, señorías, pero eso sí, incentivos para todos, porque es necesario alejar de cualquier sospecha la parcialidad que ha precedido muchas veces, entre otros, a un sector como este del que estamos hablando
hoy. A nadie se le escapa que a menudo se ha dicho que siempre trabajaban los mismos y a menudo se ha dicho que cada partido tenía sus propios adeptos o sus temas tabú porque -esto es de sentido común y no quiero hacer sangre con el ejemplo,
señores de Convergència i Unió- a nadie se le escapa que ahora mismo en Cataluña será mucho más complicado recibir ayudas para una película que hable del clan o de la mafia Pujol que para una película que hable del clan o de la mafia Bárcenas. El
propio sistema además tienen una tremenda tara porque -y ahora recuerdo algo que hizo el Partido Popular en Madrid- ¿quiénes somos nosotros -los políticos- para decidir qué cultura o qué arte es bueno y por lo tanto debe recibir una subvención, o
qué cultura no debe recibirla? ¿Quiénes somos nosotros para decidir qué arte tiene calidad y cuál no la tiene? Esto se acerca muy a menudo, a pesar de los esfuerzos de algunos, a censura, a amiguismo, y nosotros desde luego estamos en contra de
todo eso. Preferimos ayudar a toda la industria por igual y que el mercado decida luego, un mercado libre, con controles. Hay otros países de nuestro entorno y más allá del océano donde esta fórmula ha creado un mercado poderoso y además ha
permitido que se haga un cine independiente y valiente porque ese es otro tema del que hay que hablar. No debemos olvidar que, aparte del mercado, debe haber un arte incómodo que también debe ser ayudado.


El Gobierno, repito, demuestra que sigue políticas erráticas, perjudiciales y parece que la cultura -lo hemos dicho otras veces- en este tema que nos toca especialmente -porque además lo está demostrando también en cosas como la Ley del
Mecenazgo- pertenece más a un ámbito del Ministerio de Hacienda que del Ministerio de Cultura. Y esto nos preocupa porque demuestra así una visión puramente mercantilista del Partido Popular. Más allá de los puntos que presenta hoy Convergència i
Unió en una propuesta que me parece muy buena, me gustaría desgranar algunos de los que proponemos nosotros brevemente porque me queda poco tiempo. Bajada del IVA -lo hemos dicho muchos grupos y en numerosas ocasiones-: es contraproducente, pone
en desventaja a España, en un mercado globalizado además, frente a los países del sector. Recordemos que en Holanda es del 6%, en Alemania del 7%, en Portugal del 9. Repito, igualémonos a nuestro entorno. La deducción que existe hasta ahora del
25% nos parece claramente insuficiente: no atrae más producciones, hay que ampliarla. Debemos trabajar por mejorar la internacionalización de nuestro cine. El ICAA está muy mal dotado de recursos. Debemos facilitar los rodajes a través de la
simplificación y reducción del régimen de autorizaciones y tasas municipales, fomentar el consumo del cine, priorizar a priori frente a aquellas que se presentan, se reciben o se otorgan siempre a posteriori. Esto conlleva inseguridad; a veces
esas ayudas que se han prometido no se dan; otras veces se crea fraude en la compra de entradas, etcétera. Apoyo de becas, festivales, préstamos de equipos audiovisuales, apoyo a plataformas de distribución, las cuales siguen siendo una asignatura
pendiente en nuestro país, pues sigue sin existir una gran plataforma lo suficientemente amplia y sólida para, entre otras cosas, acabar con la piratería, como sí está pasando, por ejemplo, en el mercado de la música. Debemos -y esto es muy
importante- modificar el régimen de la Seguridad Social de actores y técnicos reduciendo cotizaciones. La tarifa plana aprobada por el Gobierno no funciona porque solo se puede aplicar en aquellas contrataciones que son indefinidas y en este sector
la contratación es siempre temporal; en Francia -y allí hay una industria robusta- hay un modelo que permite de forma mucho más ágil a los artistas y a los técnicos cobrar el paro entre trabajo y trabajo. En fin, hay mucho que hacer.


Me queda poco tiempo, pero sí quisiera recordar una cosa. En nuestra Constitución se defiende a la sanidad de la misma manera que a la cultura y al arte. Sin embargo, a nivel presupuestario esto es infinitamente diferente; es muy distinto
el nivel de apoyo presupuestario que tienen unas y otras. Debemos

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mucho al cine, debemos mucho a la cultura, porque no solo da trabajo a miles de familias; además, a veces se criminaliza este sector cuando nadie criminaliza, por ejemplo, las ayudas al sector del automóvil. Repito, es importante fomentar
esta cultura y apoyar a todo este sector, y además debemos recordar una cosa. Esto, el cine, ha contribuido a una marca España de una forma mucho más decisiva que muchos de los Gobiernos que han salido de esta Cámara. Gente como Berlanga, como
Buñuel, como Antonio Banderas, como Javier Bardem han hecho mucho por la marca de este país y por enriquecernos como personas. No nos olvidemos de esto y no nos olvidemos de un sector que con toda justicia necesita de nuestra ayuda.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.


Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, hace casi un año mi grupo parlamentario presentó en la Comisión de Cultura una proposición no de ley que tenía como objetivo combinar distintas fórmulas de incentivación y ayudas para apoyar de forma eficiente la cinematografía y
el sector audiovisual españoles. Ya les anuncio -mejor dicho, les refresco la memoria- que la proposición no de ley fue rechazada, como probablemente hoy lo sea la moción que presenta Convergència i Unió, únicamente por el Grupo Popular. En la
justificación de aquella iniciativa se decía que la entonces directora general del ICAA, la señora De la Sierra, no podía ocultar la preocupación sobre la política presupuestaria del Gobierno -una directora general del Gobierno-. Denunciaba la
drástica reducción en la partida de cine y, dentro de esa partida, la parte destinada al Fondo Nacional de Cinematografía, de donde parten todas las ayudas al cine español, era y es la que sufre más, reduciéndola ya en un 14%.


Un inciso, señorías. ¿No les parece a ustedes jocoso que para justificar lo injustificable de la política llevada a cabo por su ministerio en materia cinematográfica o audiovisual el ministro Wert hiciera mención a esa ley educativa que ha
sido contestada por la mayoría de esta Cámara? Sería deseable que desde el ministerio dejaran de hacer propaganda de una ley que nadie quiere y se centraran en cumplir con lo que dicen. Dejen de intentar vender motos. Solo las compran ustedes,
aunque sepan que su recorrido es corto, como la Ley Wert, y contaminante.


Desde las organizaciones relacionadas con el sector se preguntan dónde están las medidas acordadas en la Comisión mixta relacionadas con la fiscalidad y la financiación del cine español. No vale con una nota de prensa en la que se diga una
vez más que están trabajando en ello. La acuciante crisis del sector requiere actuaciones urgentes. Es absolutamente urgente que se pongan a ello ya. Es necesario que el Gobierno acometa todas las reformas legislativas necesarias para implementar
lo acordado. Demuestren que de verdad están interesados. Si el Gobierno, como asegura, es consciente de la grave situación que se vive en el mundo del cine, si el Gobierno conoce que muchas empresas productoras sufren un quebranto financiero que
llevaría al cierre de las mismas y a poner en grave riesgo al sector y a los miles de trabajadores del mismo, ¿por qué no hace política al respecto? ¿Por qué no han luchado presupuestariamente por el sector? ¿Recuerdan en el ministerio, en el
Gobierno del Partido Popular, lo que significa hacer política? ¿Lo recuerdan o solo saben de remiendos presupuestarios?


Antes les hablaba de remiendos en vez de política, y así deben contemplar desde el sector el anuncio de la modificación de crédito para hacer frente a la deuda de 2012. Eso es un remiendo, y dada la situación que se vive y sufre sería lo
correcto que ustedes contemplaran eso como lo que es. ¡Y cómo no, para ese remiendo que les menciono ustedes traen esa modificación a través -asómbrense sus señorías- de un real decreto-ley! ¿Han oído ustedes en esta Cámara hablar alguna vez de
reales decretos-leyes? ¿O de lo que no han oído hablar en esta Cámara es de leyes? ¿De qué es de lo que no han oído hablar? Voy a utilizar un símil cinematográfico. Este real decreto-ley es el camarote de los hermanos Marx -y dos huevos duros
más-, ya que se suman a ese real decreto, que probablemente veremos la semana que viene, otras modificaciones presupuestarias, algunas de gran cuantía, por cierto.


Ustedes y yo habremos oído en numerosas ocasiones que la política se refleja en los presupuestos. Pues si de verdad están desde el Gobierno del Partido Popular y desde el Grupo Popular convencidos de que tienen que tomar medidas importantes
y urgentes para superar la crisis que vive el sector, lo vamos a ver en los próximos presupuestos. Si el Gobierno en los próximos presupuestos no hace lo que tiene que hacer al respecto para mejorar la situación de crisis que vive el sector, será
un nuevo brindis al sol del Gobierno del Partido Popular.

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Insisto, aquella proposición no de ley fue rechazada. Hoy creeremos lo que ustedes dicen si aprueban esta moción con las enmiendas que se le han añadido y con las que espero que se recojan, entre ellas la que le hemos presentado nosotros al
grupo proponente para mejorar la situación. Nosotros sí queremos mejorar la situación del sector cinematográfico. ¿Ustedes están dispuestos? En diciembre de 2013, no. ¿Ahora, en septiembre de 2014, están dispuestos de verdad a mejorar la crisis
del sector? No solamente aquellas personas que ha mencionado el señor Cantó antes hicieron marca España, algunos a lo mejor fallecieron antes, pero también mi compañero de organización, Juan Antonio Bardem, hizo mucho por la marca España en este
país desde el ámbito cinematográfico.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora García Álvarez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Elorza.


El señor ELORZA GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, me van a permitir de entrada que felicite a quienes, a pesar del mal trabajo del Ministerio de Cultura y de la incapacidad manifiesta de un ministerio que no defiende el interés del
sector de la industria cinematográfica, han conseguido que el cine español sobreviva. A pesar de la negación y el recorte de ayudas; a pesar del incumplimiento de promesas; a pesar de los desprecios públicos de quien se dice ministro de Cultura y
de sus colaboradores; a pesar de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en la cultura está secuestrado por el Ministerio de Hacienda; a pesar de que, como se acaba de exponer aquí, se están incumpliendo los acuerdos de la comisión
mixta, una comisión mixta público-privada creada hace dos años con ocasión del Festival de Cine de San Sebastián para acordar las medidas de un nuevo modelo de financiación a favor del sector del cine y las artes audiovisuales; a pesar de los
pesares, el cine español sobrevive gracias a la creatividad, al esfuerzo y a la audacia económica de personas como Juan Antonio Bayona, Carlos Marques-Marcet, la familia Bardem, Pablo Malo, David Trueba, Gracia Querejeta y Daniel Monzón, con la
última película española que está triunfando, El niño. La industria del cine y las artes audiovisuales en España sobrevive a pesar de ese binomio de incapaces que desprecian el cine y que se llaman Wert y Montoro. El problema no está únicamente en
ellos, sino también en la pésima relación existente entre el ministro de Cultura, el secretario de Estado de Cultura y quien era hasta hace poco directora general del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales).


Se da la paradoja de que estamos hablando hoy aquí con cierto desarrollo de la problemática, la angustia y la situación de incertidumbre del cine español cuando este Gobierno no ha tenido la vergüenza o la decencia de comparecer en la
Comisión de Cultura para explicar a la cara y debatir en ella los problemas del cine español. El Grupo Socialista ha solicitado varias veces la comparecencia del señor Lassalle o de la ex directora general del ICAA. Durante nueve meses no hemos
podido conseguir que compareciera ninguno de los citados para explicar la problemática del cine y debatir en la Comisión -no aquí, donde no hay condiciones- de estas cuestiones. No han querido comparecer, aunque en junio dimitió la directora
general del ICAA. Esta es la mejor demostración del desorden, la desorientación, el descrédito y la incapacidad que tiene el ministerio respecto al cine: dimite su directora general. Si tuviéramos que hablar de una película para explicar todo lo
que está pasando, podríamos acudir a aquella, ya histórica, de El bueno, el feo y el malo (el señor Lassalle, el señor Wert y el señor Montoro); pero los papeles no se ajustarían a la realidad, porque los tres son bastante malos para impulsar la
industria del cine y de las artes audiovisuales en España. El Gobierno -digámoslo claramente para que quede constancia- está haciendo algo muy peligroso. El Gobierno y el Ministerio de Cultura están impulsando un ERE en la industria
cinematográfica con las medidas y con las no medidas que están adoptando con sus políticas. Ese ERE significa el cierre y el hundimiento de empresas, la pérdida cuantiosa de recursos económicos por parte de las productoras y el cierre de buena
parte de ellas. Ese es el ERE que ustedes y el Gobierno del Partido Popular están provocando en la industria del cine en España.


¿Qué es lo que propone el Grupo Socialista a la moción de Convergència i Unió? Propone cinco medidas complementarias que reflejan claramente lo que viene defendiendo desde hace tres años en esta materia. Dando por buenos varios puntos de
la moción de CiU y la enmienda de La Izquierda Plural, el Grupo Socialista hace hincapié, primero, en la exigencia de comparecencia de alguien del ministerio cualificado en la Comisión de Cultura para debatir de estos temas en profundidad con
carácter urgente, pero también pedimos que los representantes del sector del cine y audiovisual comparezcan en la Comisión para explicar sus puntos de vista. Se les da la espalda en la Comisión mixta y se les niega el acceso a la Comisión de
Cultura de este Congreso; no hay participación democrática, no hay cauces de participación al sector. En segundo lugar, planteamos que se complementen los 30 millones del crédito

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que ha aprobado el Gobierno el pasado viernes, porque a todas luces son insuficientes para abordar las ayudas a la amortización de las películas estrenadas en 2012. Se paga tarde y mal la amortización de las películas españolas de 2012, y
además con cantidad insuficiente. Pedimos al Gobierno que amplíe un crédito de 10 millones para que no se efectúe el temido prorrateo entre los productores de las películas de 2012. Al hilo de lo que demandan Fapae y la Spain Film Commission,
pedimos también que se amplíe la partida presupuestaria del próximo 2015 para el ICAA, que se duplique la partida presupuestaria para la industria cinematográfica española. La cuestión del IVA está citada, evidentemente. Pedimos el apoyo a la
restitución del fondo para películas en lenguas cooficiales en España que no sea estrictamente el castellano. Además pedimos que se amplíen las bonificaciones fiscales, los incentivos fiscales, porque los aprobados hace tres semanas por el Consejo
de Ministros son a todas luces insuficientes. No cumplen las expectativas, no cumplen los acuerdos de la Comisión mixta público-privada acordada en el Festival de San Sebastián; no cumplen ninguna de las expectativas que el ministro ha ido creando
durante estos dos años. Pedimos también que el ministro, que en 2012 ya anunciaba la presentación urgente en este Congreso de una nueva ley de mecenazgo, lo haga de una santa vez. Que presente la ley de mecenazgo con los aspectos relacionados con
los micromecenazgos, pero que no siga engañando al sector y a la ciudadanía en materia cultural; que presente, si lo tiene, ese proyecto de ley para que podamos debatirlo con presencia previa de los representantes del sector.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, tiene que concluir, por favor.


El señor ELORZA GONZÁLEZ: Por último, señor presidente, pedimos la ampliación de las bonificaciones para las producciones de películas extranjeras en España, como pide Film Commission, así como la deducción de un 40% para las inversiones en
producciones españolas de largometrajes y audiovisuales.


De modo que, a pesar de todo, confiamos y aplaudimos desde aquí el esfuerzo de creatividad del sector del cine español. Les invito a ustedes a que presencien, como hice yo hace unos días, la última y buena producción española, El Niño, que
es una película de gran interés. Seguramente se darán cuenta del futuro que tiene el cine español a pesar de todos ustedes.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Elorza.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.


Intervengo muy brevemente para fijar la posición de mi grupo en torno a esta moción que nos ha presentado el Grupo Catalán de Convergència i Unió. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Antes de nada quiero decir que vamos apoyarla.
Estamos totalmente de acuerdo con las cuestiones que plantea la compañera Montse Surroca y en el momento en que las ha traído aquí. ¿Por qué? Entre otras cosas porque también habíamos registrado una proposición no de ley en el mismo sentido,
parecida, porque la gente está esperando, está sin cobrar y las producciones cinematográficas están paradas precisamente porque hay un Gobierno que, como citaban anteriormente otros compañeros, está inactivo en esta materia. Ya que otros han hecho
símiles cinematográficos, yo no me voy a quedar corto. Podríamos titular esta película como La historia interminable o quizá, para ser un poco más sarcásticos, El perro del hortelano, ese clásico donde todos sabemos lo que ocurre.


La moción de Convergència i Unió nos trae un tema importante, por una parte, la situación que está padeciendo ahora el sector cinematográfico, y, por otra, urgente; urgente porque aquí se aprobó una ley de morosidad, se hicieron grandes
cantos al sol de lo que no se puede, de lo que el anterior Gobierno dejó, de lo que el siguiente dejará o hará. El tema es que hay películas estrenadas en 2012 que todavía no han cobrado la subvención pertinente ni la ayuda acordada, adoptada y
obligada por el Gobierno. A alguien se le debería caer la cara de vergüenza por no pagar. El Gobierno es el que no paga, y eso es lo que hay que decir: el Gobierno no paga. Por tanto, lo que ha traído aquí la compañera es algo importantísimo.


Independientemente de las ayudas que cada Gobierno autonómico pueda dar a las producciones que se hagan en sus comunidades, aquí hay un elemento fundamental, y es el sexto punto que ha presentado Convergència i Unió. Junto a los principios
fundamentales que lo definen a la hora de adoptar el marco normativo (apoyo a los sectores independientes, creación de mecanismos para evitar los desequilibrios existentes, adaptación a las nuevas tecnologías y respaldo a la creación de los autores)
se encuentra

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igualmente el mantenimiento y la promoción de la diversidad cultural y lingüística del Estado español, así como el apoyo a las versiones originales de las obras como protección básica de sus autores. Eso lo dice la Ley 55/2007, la llamada
Ley del Cine. Para cumplir este objetivo concreto y promover esa pluralidad, de la que tanto se alardea aquí, y la igualdad de oportunidades de las lenguas propias de cada territorio, esa ley establece en su artículo 36, tal y como se ha citado, el
fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano, la creación de un fondo de ayudas dotado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y transferido a los organismos competentes de las comunidades
autónomas. La disposición adicional sexta de esa ley concreta el mecanismo de reparto de los créditos previstos. A partir de 2008 se estableció una partida presupuestaria dentro del presupuesto, complementaria de la dotación existente para el
Fondo de cinematografía nacional o estatal. Durante el periodo 2008-2011, el Fondo de cinematografía autonómica estuvo dotado de unos recursos que ayudaron a complementar esas ayudas. Las asignaciones presupuestarias llegaron a suponer en el
periodo 2009-2011 más del 8% del presupuesto total del ICAA. En 2012, a pesar de haberse dotado la partida correspondiente con un millón de euros, ni siquiera fue repartida. En 2013 y 2014 dicha partida ha desaparecido por completo. Por tanto,
creo que alguien debería darnos una explicación de por qué ocurre esto, de cuáles son las razones y, si no, que diga claramente: No vamos a dar este dinero porque no lo merecen, porque no queremos darlo o por lo que sea. Lo que no se puede es
andar escondiéndose y diciendo cosas que no son. No se ha dotado presupuestariamente. Por tanto, mi grupo está muy preocupado y apoya la moción presentada.


Quería incidir en una cuestión. Verdaderamente, me da vergüenza la enmienda que ha presentado UPyD, en la que dice que no se dote presupuestariamente, que no se conceda la ayuda a aquellas películas que se realizan en lenguas diferentes al
castellano de ese fondo al que se refería la moción presentada. Lo peor es que además lo argumenta diciendo que es una mejora técnica. ¿Eso es una mejora técnica, señores de UPyD? Entiendo que ustedes defienden la cultura de boquilla, porque
cuando ocurre lo que tiene que ocurrir no lo hacen. Ustedes lo que defienden es el monolingüismo español. Eso es lo que defienden.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra del señor Ruano.


El señor RUANO GÓMEZ: Gracias, señor presidente.


Algunas personas se pasan el día en las televisiones conjugando el verbo poder. Pues bien, en materia cinematográfica, como en todas las demás, nosotros los populares somos los del hacer. Por eso, señorías, hacemos que se firmen convenios
de coproducción cinematográfica con Australia, India e Israel y se está trabajando ya para firmar un convenio con China. Hacemos que se firmen convenios de colaboración con Radiotelevisión Española para la preservación y difusión del patrimonio
cinematográfico español. (Aplausos). Hacemos que se creen los premios de historia de la cinematografía y de alfabetización audiovisual para acercar el cine a las aulas y que nuestros escolares vean cine, lo disfruten y lo quieran como parte
importante de nuestra cultura. Por eso somos los que hacemos un grupo de trabajo para impulsar la comunicación y la cooperación cinematográfica y audiovisual entre las distintas administraciones públicas competentes. Somos los que hacemos que se
incluyan medidas fiscales apoyando el cine en el proyecto de ley de la reforma tributaria, tales como incrementar el porcentaje de deducciones por película para los coproductores y deducir los gastos realizados en España por grandes producciones
extranjeras para atraer así nuevos rodajes a España. Los populares somos los que hacemos que la deducción del 18%, que debía ser derogada en 2011, sea del 20%, y quede además establecida con carácter indefinido aportando estabilidad al sector.
Hacemos que se amplíen las bases de deducción para que se incluyan los costes en copias y gastos de promoción y publicidad hasta en un 40% del coste de producción. Y, finalmente, hacemos, como el pasado viernes, que se apruebe en el Consejo de
Ministros una ampliación de crédito para dotar al Fondo de apoyo a la cinematografía con 30 millones de euros más. ¿Se dan cuenta, señorías, por qué los populares somos los de hacemos? (Aplausos).


Ahora, señorías, permítanme exponerles por qué los populares, además de ser los de hacemos, sabemos por qué lo hacemos. Señorías, la cinematografía es casi un 25% de la contribución total de la cultura al PIB español y genera más de 9.000
empleos. Es uno de los sectores más importantes dentro de la cultura española. Contribuye a dar a conocer la marca España y también atrae inversiones gracias a los rodajes que se realizan en nuestro país. El valor del cine es conocido tanto para
este Gobierno como para el Grupo Parlamentario Popular, y el compromiso que se tiene con este sector es equivalente a dicho

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valor, es decir, es incalculable, porque estamos hablando, señorías, de una parte importante de nuestro patrimonio cultural.


Señorías, finalizo. La moción presentada por el Grupo de Convergència i Unió incluye medidas que ya se han puesto en marcha, y respecto a las que aún no lo han sido lo serán en un plazo muy breve, de acuerdo con las conversaciones que se
están manteniendo con el sector cinematográfico español y por el propio calendario parlamentario que conocen bien sus señorías. En definitiva, el sector del cine español en particular y el de la cultura en general saben bien que los populares somos
los que hacemos.


Gracias, señor presidente. Gracias, señorías, por su atención y consideración. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señora Surroca, ¿cuál es la situación de las enmiendas?


La señora SURROCA I COMAS: Vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista y también la de La Izquierda Plural. Rechazamos la de UPyD.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN REFERÉNDUM CONSULTIVO CON EL FIN DE QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN EXPRESAR SU DESEO SOBRE
MONARQUÍA O REPÚBLICA COMO FORMA POLÍTICA DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000166).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de La Izquierda Plural sobre la política del Gobierno en relación con la posibilidad de realizar un referéndum consultivo con el fin de que los ciudadanos puedan expresar su deseo sobre monarquía o
república como forma política del Estado. Para su defensa tiene la palabra el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.


Esta moción que nuestro grupo presenta aquí es consecuencia de una interpelación en la que exigíamos la aplicación del artículo 92 de la Constitución española de 1978 para consultar al pueblo español sobre la forma de Estado, república o
monarquía. Es, a nuestro juicio, una forma de abrir la puerta a un cambio radical en las instituciones políticas públicas para erradicar los problemas derivados de la falta de democracia, de la degeneración democrática a la que nos ha llevado la
aplicación de determinadas políticas en un marco institucional cambiante que tiene como su hito mayor la reforma, por el Grupo Popular y el Grupo Socialista, de la Constitución en 2011,en cuyo artículo 135 se subordinaban los ingresos y los gastos a
una política referente a los beneficios de los mercados. Aquel artículo 135 significó un cambio radical en esa interpretación.


Pensando en el futuro; pensando en ese proyecto de país que nosotros tenemos en nuestra mente y que se puede construir con las políticas adecuadas, con seriedad y con rigor; con la referencia de la Constitución republicana de 1931, de la
que nos sentimos herederos por el carácter modernizador que supuso en un tiempo de reforma radical de instituciones frente al pasado, por una constitución que representaba unos valores de participación política y de modernización social que solo
pudieron ser erradicados por la vía de un golpe de Estado; y pensando en el futuro, aplicando esos mismos valores de participación, exigimos el cambio radical de las instituciones políticas que nos han conducido a la crisis económica y a la crisis
institucional que asola nuestro país y que se convierte en un drama brutal para la mayoría de las familias de este Estado en términos de desempleo, de miseria, de pobreza, de desigualdad, y que tiene su consecuencia en la utilización de las
instituciones públicas para beneficios privados, en el uso de las redes clientelares, en el uso de la corrupción, también por las instituciones del Estado.


Tenemos una monarquía reinante en nuestro país, hereditaria, inviolable, profundamente protegida por el bipartidismo desde 1978 que ha estado implicada en casos de corrupción, de redes clientelares, de enchufismo; casos que hemos conocido
recientemente con notable precisión y que han llevado con mucha probabilidad a esos resultados de encuestas en las que la valoración de la monarquía caía en picado. Nuestro republicanismo, como el de 1931 y como el de tradición política, no se
refiere única y exclusivamente a la ausencia de un rey sino a un principio democrático. Todo ámbito de la soberanía popular debe ser democrático; todo ámbito institucional, todo ámbito público debe estar bajo el auspicio y el control del poder
popular. Sin embargo, eso no ocurre con la monarquía; sin embargo, eso no ocurre con los mercados. Por eso nuestro republicanismo también interpela sobre la forma en la que entendemos la economía.

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Nuestro republicanismo significa también democratizar la economía en un contexto histórico como el actual, en el que la tendencia es precisamente la contraria, la de mercantilizar la política, la de vaciar este Congreso porque se otorga el
poder a instancias supranacionales de dudosa legitimidad, así como a los grandes banqueros, a las grandes fortunas la capacidad de chantajear, de sobornar y de determinar en última instancia las políticas públicas que se votan en este Congreso,
incluso por parte del Gobierno. Ese republicanismo nos llama a la participación, ese republicanismo es el espejo de lo que se vive en las calles; esas calles que en el 15-M, en las huelgas generales, en los piquetes, en cualquier manifestación
están pidiendo, exigiendo participación popular. Están pidiendo que la política no se quede únicamente reflejada en un voto cada cuatro años; están pidiendo que la soberanía popular se ejerza de forma continuada, sistemática: con mecanismos que
fiscalicen la actividad de los parlamentarios, que permitan la revocación de los cargos públicos, que permitan la aprobación de referéndums, que permitan la utilización de las iniciativas legislativas populares y, en definitiva, con una visión, unos
valores y unos principios que van mucho más allá de la actitud mantenida tradicionalmente por el bipartidismo en este país. Dicha actitud es de enroque, de desoír la voluntad del pueblo, de desoír prácticamente cualquier manifestación, de desoír el
comportamiento de los sujetos de la sociedad civil, de desoír, en definitiva, cómo cambia la realidad política de este país mientras la Constitución de 1978 permanece intocable, salvo algunas cosas que se modifican para beneficio de las grandes
empresas y de esa minoría social que acaba manifestándose finalmente como la de los verdaderos dueños de este país.


Frente a todo eso oponemos nuestro republicanismo; republicanismo de principios, de tradición democrática, de tradición política; republicanismo con historia, pero republicanismo con futuro. Por eso nos parece imposible entender cómo
alguien o alguna entidad puede desde un principio democrático negar la voluntad del pueblo, negar una cuestión tan sencilla, tan fácil de comprender como que se escuche al pueblo. Eso es lo que nosotros pedimos una consulta no vinculante, recogida
legalmente en el marco de nuestra Constitución actualmente vigente. Por lo tanto, no cabe recurso jurídico en el que esconderse. Si no hay voluntad política, que no haya cobardía; si no hay voluntad política, que se suba aquí a decir que no se
desea que el pueblo opine sobre la forma de Estado, pero que no haya argumentos jurídicos que pretendan esconder lo que en última instancia es cobardía ante una sensación de regresión democrática que vivimos. Es una sensación de regresión
democrática que tiene su clímax en esa negación de la convocatoria de un referéndum, que permitiría abrir la puerta a un proceso constituyente dirigido por el pueblo, dirigido por la gente para poder dotarnos de instituciones públicas, políticas,
democráticas, que impidieran que todo lo que nos ha ocurrido en los últimos años de corrupción, de redes clientelares, de matrimonios felices entre una élite política y una élite económica pudiera volver a repetirse. Es lo que nosotros defendemos,
por eso pedimos a esta Cámara que vote favorablemente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra en primer lugar la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, quiero manifestar en primer lugar el posicionamiento favorable del Bloque Nacionalista Galego a la moción que acaba de defender el señor Garzón, en nombre de La Izquierda Plural. Entendemos que la reivindicación que se hace es
eminentemente democrática, en la medida que se pretende que los ciudadanos participen directamente -den su opinión, hagan su valoración de las cosas- y, sobre todo, tomen decisiones en relación con asuntos tan importantes como el modelo de Estado,
concretamente monarquía o república, como dice la propuesta, independientemente de que desde el BNG pensemos que hay que hablar y que la ciudadanía debe pronunciarse sobre otros muchos asuntos.


En el debate de la interpelación estuvimos muy atentos a la respuesta que dio el Gobierno, concretamente en la persona de la vicepresidenta. No nos convenció absolutamente nada de lo que dijo en ese debate. Es más, nos atrevemos a decir
que ni ella misma estaba convencida de lo que aquí estaba defendiendo. Insistentemente utilizó argumentos relacionados con la legalidad, etcétera, y no voy a insistir en ello porque ya el señor Garzón ha dejado claro lo legal que es la propuesta
que se hace en relación con el artículo 92 de la Constitución.


Señor presidente, quisiera pararme -finalizo muy pronto- en una frase de la vicepresidenta que me pareció especialmente desafortunada; frase que decía que no podemos decidir lo que nos convenga apelando al pueblo. Se refería apelando a que
el pueblo participe y tome una decisión a la hora de emitir un voto. Aquí no se está pidiendo ni manipulando al pueblo ni decidiendo sobre el pueblo; igual que están

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haciendo en Cataluña con el referéndum que plantean. Se está diciendo al pueblo que decida; se le está diciendo al pueblo que participe; se le está diciendo al pueblo que viva la política tan intensamente como debería ser para que un
Estado, para que una nación, para que los pueblos puedan decidir junta y acertadamente su destino.


Por eso, señorías, no solamente volvemos a decir que estamos a favor de la propuesta que nos hace el Grupo de La Izquierda Plural, sino que estamos a favor de que los ciudadanos puedan decidir...


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... con sus opiniones en otro referéndum, como es el caso de Cataluña.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, hace treinta y cinco años, en una democracia incipiente chantajeada por el Ejército franquista y patrocinada por élites económicas reconvertidas a demócratas a última hora, robaron a nuestros padres el derecho a decidir entre un
monarca cómplice de la dictadura o la restitución de la legalidad republicana. Hoy, cuando la mayoría de la población ha nacido ya en democracia, cuando es imprescindible que la democracia alcance mayores cotas de excelencia para afrontar las
amenazas de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, cuando incluso la democracia se halla amenazada por el auge de los nuevos fascismos, cuando el modelo económico productivo se halla en estado de jaque por el embate de la especulación
financiera, cuando solo con mayores dosis de democracia podremos salvarnos de la barbarie, van ustedes, el Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, decadentes cuando no vendidos al poder, y de nuevo niegan el derecho a decidir a los
ciudadanos del siglo XXI. De nuevo, pues, otro robo.


Señorías, los ciudadanos tienen el derecho a decidirlo todo y en todos los ámbitos de la organización social, económica y política. Algo huele a podrido y no en Dinamarca, sino aquí, porque así lo han querido ustedes al negar el derecho a
decidir entre república o Felipe VI, hijo político de ustedes como su padre lo fue de Franco; al negar el derecho a decidir a las naciones del Estado español; al negar el derecho a decidir si debe prevalecer o no el pago de la deuda a los derechos
sociales; en definitiva, al negar, como reaccionarios, el derecho de los ciudadanos a ser soberanos y protagonistas de su soberanía.


Finalmente, antes de terminar quisiera enviar un mensaje de solidaridad hacia el ciudadano madrileño Alfon, víctima de un montaje policial, puesto que el Gobierno pretende, señorías, criminalizar los movimientos sociales y, sobre todo,
aquellas personas más combativas. Alfon, ... (Pronuncia palabras en catalán).


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, rey nuevo, monarquía vieja. La vida sigue igual, que cantaría Julio.


Vamos a votar a favor de esta moción por convicciones propias y por solidaridad republicana, sin ninguna duda. La monarquía es una institución genuina y genéticamente antidemocrática, diría Amaiur, y mucho más aún la Borbónica que hunde sus
raíces en aquella España imperial que se asentó por el mundo sobre la base de la guerra, la conquista, la imposición y el expolio y hunde sus raíces además en la dictadura franquista de cuarenta años, porque fue Franco el que la restituyó de nuevo
en la figura de Juan Carlos. En cualquier caso, como estamos discutiendo aquí de un referéndum queríamos poner de manifiesto que en Euskal Herria hemos tenidos dos. El primer referéndum fue el constitucional, en el que tan solo un tercio del censo
electoral votó a favor del mismo y, sin embargo, se nos impuso la Constitución, a pesar de que la abstención y el voto en contra fueron mayoritarios. Tuvimos un segundo referéndum, el de la OTAN, en el que de forma muy mayoritaria nuestro pueblo se
manifestó en contra, y estamos en la OTAN y tenemos polígono de tiro en las Bardenas Reales a su servicio, al servicio de esta organización criminal.


Por todo eso, cuando hablamos aquí de la necesidad de hacer un referéndum, nosotros ponemos, en primer lugar, encima de la mesa la necesidad de que se reconozca el derecho a decidir de nuestros pueblos, porque si no los referéndums que
puedan organizarse pueden ser auténticos tocomochos, como

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los que hemos visto. Al hablar de repúblicas queremos hacer referencia a que conocemos la francesa, nuestro pueblo la conoce, y se nos niegan allí la mayor parte de los derechos lingüísticos, culturales y políticos. Así pues, la postura de
Amaiur en relación con este tema tiene dos caras: la primera, es muy sencilla, a la monarquía, en especial a esta, ni agua en el desierto; en segundo lugar, a la hora de hablar de repúblicas nosotros queremos decir que la república por la que
nosotros luchamos es la que nunca hemos tenido, la I república vasca, la Euskal república. Al igual que mi compañero, Joan Tardà, quiero terminar afirmando nuestra más estrecha solidaridad con el compañero de Vallecas Alfon, que va a ser
injustamente juzgado, en la Audiencia Nacional, por el mero hecho de ejercitar un derecho democrático cual es el de participar en una huelga general.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadra.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, presidente.


Hace treinta y seis años se realizó el llamado Pacto constitucional, que fue refrendado por la ciudadanía en un pack como un conjunto indiscutible. La monarquía, señalada por el dictador como su sucesora, quedaba acomodada y, sobre todo,
insertada, asentada en los nuevos tiempos a través de aquel pacto. Quienes alaban acríticamente el Pacto constitucional se olvidan interesadamente de las imposiciones preconstitucionales porque aquel pacto estuvo constreñido por la realidad de un
régimen dictatorial, cuyas fuerzas vivas controlaban todos los resortes del poder y amenazaban con la regresión y la represión si las aguas llegaban a salirse de su cauce. En aquel acuerdo hubo algunas materias no sujetas a discusión sino
impuestas, desde el mantenimiento en su puesto de jueces, militares, funcionarios que habían participado en la represión del régimen hasta la propia forma de gobierno: la monarquía. Esta nunca pudo ser cuestionada verdaderamente porque formaba
parte del paquete a preservar que provenía del viejo régimen dictatorial, y así fue imposible entrar en una discusión auténtica sobre la forma de gobierno. Una república nunca hubiera sido aceptada por los poderes fácticos; la república -digámoslo
claramente- nunca tuvo una oportunidad. ¿Cómo puede ponerse en cuestión la legitimidad de amplios sectores de la sociedad para reclamar que los ciudadanos manifiesten su preferencia por la forma monárquica o republicana? Hasta la fecha, parece que
tampoco mañana podrán hacerlo. Parece de recibo que en el siglo XXI la república sea la forma de Estado más acorde con los tiempos, un sistema en el que los ciudadanos y ciudadanas elijan periódicamente a quienes vayan a representarles y a quien
vaya a representar el Estado en el que vive. Ahora bien, siempre puede ser aceptable otra forma de Estado considerando que cumpla dos condiciones: en primer lugar, que respete el funcionamiento de un sistema institucional democrático y, en segundo
lugar, que tenga una utilidad concreta, práctica, que sirva para solucionar determinados problemas. Hoy por hoy, desde nuestro punto de vista, la monarquía española parece carecer de esa utilidad. ¿Qué plus aporta en la gobernabilidad que no
aporta una república? Se suele afirmar que la figura del rey es la imagen de la unidad constitucional del Estado. ¿Se puede decir eso en un momento en el que Cataluña reclama tener su sitio en Europa, cansada de los portazos que se le han ido
dando continuamente en los intentos de reforma estatutaria y fiscal; con una Euskadi que más que nunca reafirma en sus citas electorales su desapego con el proyecto que encarna la actual Constitución? ¿Es esta la unidad que protege y asegura la
monarquía? Si quiere la monarquía demostrar alguna utilidad tiene ante sí un reto importante: dar respuesta a las aspiraciones de las diferentes naciones que conforman el Estado español, comenzando por su reconocimiento. Si quiere legitimarse
deberá dejar una idea clara, más pronto que tarde, de qué modelo de Estado imagina. (Rumores).


Hoy, en pleno siglo XXI, en una situación muy diferente a la de la Transición, el rey debe ganarse el trono, debe convencer a la ciudadanía y a las fuerzas políticas y sociales de su utilidad. Felipe VI no ha hecho ningún gesto que permita
aventurar que su reinado vaya a ser diferente al de su predecesor. Han pasado más de tres meses y aún no ha tenido tiempo para entrevistarse con los representantes institucionales vascos o catalanes; ni siquiera con los grupos políticos
representados en esta Cámara se ha reunido, al menos no en nuestro caso. Pero volviendo a la iniciativa presentada por La Izquierda Plural, más allá de una exposición de motivos trufada de puntos de vista partidistas en algunos párrafos, la parte
dispositiva es en nuestra opinión absolutamente razonable. Nunca se dio oportunidad a la ciudadanía para manifestarse sobre la forma de gobierno. (Rumores). Han pasado casi cuarenta años y tampoco en el momento de la sucesión ha sido permitido
recientemente. Más allá de proponer algún grupo político una reforma constitucional de la forma de Gobierno, lo que parece más conveniente es pedir que se proceda a realizar una consulta no vinculante jurídicamente para conocer el deseo de la
ciudadanía, y posteriormente

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los actores políticos deberían ser los que hagan realidad a través de los mecanismos jurídicos pertinentes esa voluntad. (Rumores).


Por mucho ruido que haya en esta Cámara, por mucho que sea el último punto del orden del día, por muy tarde que haya sido convocada la discusión de este punto, es de justicia utilizar el artículo que se suscita por La Izquierda Plural y que
la ciudadanía tenga, por primera vez, la oportunidad de manifestarse sobre la forma de gobierno del Estado. Por tanto, votaremos sí.


Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán. (Rumores).


Ruego, por favor, silencio para que se pueda oír a los oradores. No hablen en los pasillos.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.


Querría comenzar esta intervención con dos afirmaciones. La primera es que mi grupo está totalmente de acuerdo en que hay que consultar a la ciudadanía sobre la forma del Estado, incluyendo la forma de la jefatura y, la segunda, que no
vamos a votar favorablemente esta moción porque nos parece que no es eso lo que propone, aunque formalmente diga que sí. Lo voy a explicar de la manera más sencilla de la que sea capaz. En primer lugar, es una falacia decir que la única forma de
democracia que hay es la república y que las monarquías no lo son por definición; eso es sencillamente falso. En segundo lugar, porque ya la extensión de la intervención que han hecho ustedes diciendo que además la república permite cosas como el
control popular de la economía no es que sea falaz, es sencillamente pensamiento mágico; no tiene nada que ver una cosa con la otra. Además la forma del Estado no se limita a la forma de la jefatura. Este reduccionismo que hacen ustedes
últimamente me preocupa porque me parece que revela muy poca preocupación sobre lo que debería preocuparnos, que es la calidad de la democracia.


Señorías, para decir algo que todo el mundo sea capaz de captar, en el mundo hay democracias que son monarquías, también -por tanto- hay monarquías que son democracias ejemplares y, hay repúblicas, que no cumplen los mínimos principios de lo
que es una democracia. Eso ya debería servir para que esa primera parte de su proposición decaiga, es decir, no es verdad que la república sea por sí misma la forma de Estado que garantiza la democracia. En absoluto, salvo que se diga, por
ejemplo, que países como Dinamarca o Suecia son democracias mucho más deficientes y de peor calidad que otras repúblicas que no hace falta que mencione porque, por desgracia, en el mundo hay muchas más repúblicas deficientes en calidad de democracia
que democracias ejemplares. Tampoco todas las monarquías y todas las repúblicas son iguales; no tiene nada que ver Arabia Saudí con la monarquía marroquí ni la monarquía marroquí con la de España; son tres grados distintos de calidad democrática.
Hay otros muchos ejemplos que se podrían recorrer pero, como no hay mucho tiempo, nos los podemos ahorrar.


Lo que importa es -insisto en esto- la calidad de la democracia. Forma parte de la calidad de la democracia que la sociedad pueda manifestar si prefiere una república o una monarquía, que es una elección completamente legítima y a veces
incluso necesaria. Nuestro grupo lo apoya pero lo apoya donde hay que hacer esa elección, que es en una reforma constitucional. Esto es fundamental. Desgajar, sacar de la reforma constitucional como cuestión aparte -como pieza separada, en un
lenguaje leguleyo- la forma de la jefatura del Estado, indica que en realidad interesa muy poco la reforma de la Constitución y que se pone por delante un tipo de decisión que, desde nuestro punto de vista, no tiene nada que ver con ella. ¿Por qué?
Porque lo que importa de la calidad de la democracia son cosas como la separación de poderes y la independencia de la justicia, el funcionamiento de las instituciones, la independencia de los supervisores, nuevos derechos que no están en nuestra
Constitución actual, como el acceso a la información y obligaciones de transparencia, un modelo territorial sostenible, equitativo, en el que no haya privilegios fiscales. Todo eso y una lista mucho más larga son las deficiencias democráticas que
tiene la Constitución actual, que hay que reformar, y en ese lote podemos hacer todos los debates que sean necesarios sobre qué preferimos y que además lo vote la ciudadanía. ¿Prefieren ustedes que sigamos con una monarquía parlamentaria o
prefieren que sigamos con una república? Es más, habría que explicar qué tipo de república, porque tampoco son todas iguales. ¿Qué tiene que ver una república presidencialista como la de Estados Unidos o Francia, con sus problemas de gobernanza,
con una república donde el presidente lo elige el Parlamento, como la de Alemania o Italia, o una república como la Suiza, donde el cargo de presidente es prácticamente rotatorio?

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No tiene nada que ver, este reduccionismo es infantil; no estamos hablando a niños, están ustedes hablando a diputados que representan a la ciudadanía; vamos a llamar a las cosas por su nombre. Díganme ustedes qué quieren, ¿una república
suiza, una república como Estados Unidos?, ¿qué proponen entonces como sistema de compensación de poderes, de equilibrios como los que hay en Estados Unidos? No proponen nada. ¿Eso se decide votando sí o no en un referéndum? No, eso desaparece
del debate político. Salvo que -esto es lo que me preocupa- estén pensando en una república presidencialista donde el presidente, con mayúsculas, habla directamente con el pueblo y decide por él, interpretando su santa voluntad, prescindiendo de
instituciones parlamentarias en lo que tiene que ser la acción del gobierno. Hay algo parecido en Venezuela; no sé si es su modelo; me parece que sí porque me ha sonado un poco venezolano y chavista. (Rumores). Por supuesto es legítimo, pero
díganlo, no lo oculten bajo una apoteosis del republicanismo, ya que parece que no han aprendido nada de lo que fue la historia de la II República en España, que desde luego no se parece en nada al relato que usted ha hecho sobre las virtudes del
republicanismo.


Una república es una opción absolutamente legítima. En nuestro partido hay gente favorable y gente contraria. Queremos además que la ciudadanía se manifieste, pero que lo haga en un debate de verdad, no en una parodia de debate que en
realidad acaba en un mensaje fetichista: la república trae la felicidad y la monarquía es la causa de sus desgracias. Es completamente falso y no podemos apoyar algo así. Cuando tengan otro tipo de planteamiento, cuenten con nosotros.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, ante la pregunta ¿monarquía o república? nosotros respondemos: Catalunya. Así lo afirmaba nuestro portavoz Duran i Lleida en el reciente debate de abdicación del rey, parafraseando a Cambó. Esta respuesta sintetiza claramente
nuestra posición a la iniciativa que hoy defiende Izquierda Plural. Catalunya hoy quiere votar, quiere ser oída sobre su futuro, quiere ser dueña de su futuro y elegir qué nuevo marco de relación debe mantener con el Estado español. El Pacto
constitucional, ya se ha dicho, se ha roto. Los catalanes hemos sido excluidos de un pacto que tenía que responder a la pluralidad de los pueblos que lo integran, que tenía que responder a su diversidad cultural, lingüística, pero la realidad ha
sido bien distinta. Aquel Pacto constitucional en el que nosotros participamos, en el que Convergència i Unió se implicó activamente, ha quedado enterrado por un cúmulo de despropósitos. El listado podría ser largo, pero uno de los más
devastadores fue la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut d'Autonomía de Catalunya. Esta sentencia supuso un antes y un después. Y llegaron más despropósitos: el ataque al modelo educativo, con la aprobación de la Ley Wert,
políticas recentralizadoras, y un largo etcétera, señorías.


Hemos llegado a un punto de no retorno, nada puede volver a ser igual. Es necesaria una segunda transición que dé respuesta al anhelo de una gran mayoría del pueblo catalán, pero este Gobierno hace oídos sordos a cualquier propuesta, dando
siempre por respuesta un rotundo no. Qué grave error, señorías. Por lo tanto, ante el debate que hoy nuevamente abre La Izquierda Plural, ¿qué decimos en Convergència i Unió? Que queremos votar. Queremos votar, sí, pero queremos votar, primero,
para decidir nuestro futuro. Convergència i Unió ahora solo tiene esa respuesta, porque nuestra elección en estos momentos no es monarquía o república; nuestra elección está en el futuro que queremos para Catalunya, señorías. Ese es el mandato
del pueblo catalán, representado por una amplia mayoría del Parlament; este es el compromiso de Convergència i Unió y no otro. Ese fue también el clamor de más de 1,5 millones de personas en las calles de Barcelona el pasado 11 de septiembre, y
ahora no contemplamos abrir otro proceso que no sea cumplir con ese mandato y hacerlo correctamente, hacerlo democrática y legalmente, señorías. Además, dentro de Convergència i Unió tradicionalmente, como bien saben, han convivido y conviven con
toda tranquilidad distintas sensibilidades entre monarquía y república; hay partidarios de monarquía, partidarios de república. -Otros grupos que me han precedido en el uso de la palabra han dicho exactamente lo mismo-. Abordar esa cuestión ahora
no es nuestra prioridad, entre otras razones, porque no es una de las prioridades de la ciudadanía, con independencia de la posición que podamos mantener cada uno de nosotros.


La Izquierda Plural apela en la moción a la regeneración democrática, al ejercicio participativo de la ciudadanía en la toma de decisiones, a la que también le afecta una cuestión tan importante como es la forma del Estado. Estamos de
acuerdo, señorías, en la necesidad de regeneración democrática, de facilitar la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, y precisamente el derecho a

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decidir que reclamamos forma parte de la profunda convicción de Convergència i Unió de mejorar nuestro sistema democrático. Porque qué mejor manera puede haber, señorías, que dejar que la ciudadanía, que los catalanes se expresen, permitir
que puedan votar el día 9 de noviembre para decidir su futuro. Ahora bien, hay determinadas afirmaciones en el texto de la moción que, aparte de tener un profundo tinte ideológico -no voy a entrar ni me voy a detener en ellas-, no podemos
compartir. Se afirma, por ejemplo, que el republicanismo es el antídoto del listado de males de los que adolece España, desde la corrupción a determinadas políticas económicas o sociales.


Señorías, ustedes saben perfectamente -también lo sabe La Izquierda Plural- que los dos modelos pueden ser válidos, ya lo ha dicho también algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Tenemos ejemplos cercanos de modelos
distintos al nuestro y que tampoco pueden ser un gran ejemplo.


El señor PRESIDENTE: Señora Surroca, tiene que terminar.


La señora SURROCA I COMAS: Sí, voy terminando, señor presidente.


Por lo tanto, no está demostrado; hay opiniones para todos los gustos en relación con cuál es el mejor modelo.


En definitiva, Convergència i Unió no puede apoyar esta moción. Anunciamos que nos vamos a abstener en coherencia con el planteamiento que ya mantuvimos en el debate de abdicación del rey que recientemente se celebró en esta Cámara, y
también en coherencia con la iniciativa que se debatió en el Parlament de Catalunya el pasado 26 de junio. Ahí nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, también mantuvo la misma posición que hoy acabamos de explicar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Batet.


La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señor presidente.


Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista, del mismo Grupo Socialista que fue representado, mucho mejor que por mí, por Luis Gómez Llorente. En los trabajos constituyentes, Gómez Llorente, aquí, en el Parlamento,
afirmó la esencia republicana del socialismo. Nosotros cedimos para llegar a un acuerdo y otros también cedieron. Todos cedimos y llegamos a un pacto. (Rumores). Por eso Gómez Llorente afirmó también que no íbamos a cuestionar el conjunto de la
Constitución por esto, y dijo: si democráticamente se establece la monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella. Treinta y seis años después, los socialistas seguimos honrando el pacto que hicimos entre todos los
españoles. (Aplausos). Fue un buen pacto para este pueblo que sufrió tanto: treinta y seis años de libertad y prosperidad. Pactamos una monarquía parlamentaria que tengo que decirle que es más democrática que muchas repúblicas, y por supuesto
más republicana que muchos países en los que la jefatura del Estado la ejerce un presidente en lugar de un rey.


Usted nos ha querido confundir o quizá usted confunde conceptos como democracia y república, o republicanismo cívico y forma de jefatura del Estado. Suecia es más democrática que Rusia y Gran Bretaña es más republicana que Egipto. Dicho
esto, por supuesto que la monarquía constitucional debe mejorar, por supuesto que debe ser más transparente, por supuesto que debe ser más austera y más ejemplar. Para ello las fuerzas políticas tenemos que hacer nuestros deberes y empujar
precisamente para que todas las instituciones -todas las instituciones- de nuestra democracia lo sean.


Ahora hablemos de la Constitución. Los socialistas queremos una reforma de la Constitución, queremos mejorar ese pacto de convivencia, y en esa mejora del pacto estará la regeneración democrática de todas las instituciones, estará
profundizar en el Estado del bienestar, ofrecer un modelo federal como organización territorial del Estado o constitucionalizar derechos fundamentales conquistados estos años de democracia, como la sanidad... (Fuertes rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Batet.


Por favor, ruego silencio. Siéntense y no hablen en los pasillos.


Continúe.


La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidente.


Estará todo eso y todos los debates y todos los temas que sean necesarios. Ahora bien, también tenemos claro que para mejorar ese pacto de convivencia deberá tener un apoyo al menos igual o superior al que

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hubo en 1978. La Constitución es un gran consenso en torno a un gran pacto. Usted quiere trocear la Constitución y someterla a una votación por mayoría simple. Señor Garzón, usted propone acordar una consulta en una pura tradición
mayoritarista y nuestra propuesta es consultar el acuerdo. Eso es hacer participar a la sociedad, eso es hacer participar al pueblo, eso es hacer política y eso es auténtico republicanismo. (Aplausos). Le diré que eso que usted nos propone ataca
la esencia del constitucionalismo, ataca en realidad la esencia del republicanismo, señor Garzón. Por eso vamos a votar que no a su propuesta.


Usted y yo pertenecemos -permítame que le ponga este símil- a dos organizaciones con una gran tradición sindical. Los convenios colectivos no se trocean. No se puede votar a favor de los horarios y no votar los salarios. Se vota todo el
convenio colectivo.


Citó usted a Jefferson y yo le pregunto: ¿sabe lo que le contestó Madison a Jefferson? Le dijo que cada generación podría disponer del mundo a su capricho si lo hubiera recibido en estado de naturaleza. Pero recibimos de nuestros mayores
un mundo con activos y con deudas, y que no es solo para nuestra generación, sino para generaciones venideras. Nuestros padres nos legaron esta Constitución, no a nosotros, sino también a las generaciones futuras. Si vamos a cambiar el legado de
nuestros padres, tendremos que asegurarnos muy bien de que lo mejoramos, y eso necesita mucho más que la mayoría simple que usted nos propone. Necesita, señor Garzón, un nuevo consenso, eso es lo que necesita. Usted ha hablado con ligereza y hasta
con menosprecio de la Constitución de 1978 y creo que se equivoca. Permítame que acabe diciendo que admiro la obra de nuestros padres y que no entiendo su necesidad de deshonrar a nuestros padres para honrar a nuestros abuelos. (Aplausos).
Puestos a elegir, procuremos entre todos al menos estar a la altura de nuestros padres.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.


El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor Garzón, la verdad es que hacía tiempo que no asistía a un ejercicio de oratoria tan maniqueo, tan facilón, tan demagógico, tan simple y tan infantil como el suyo. (Aplausos). Ha subido usted a esta tribuna hoy, y lo hizo la
semana pasada, a darnos lecciones de democracia. Ustedes, precisamente ustedes, que soportan sobre sus espaldas la historia universal de la infamia política. (Aplausos). Por lo tanto, lecciones de democracia en ese terreno, las justas, señor
Garzón.


Yendo al contenido de la moción, se pide al Gobierno y a la Cámara -lo dijo el otro día la vicepresidenta del Gobierno- que perpetren -si me permiten la expresión- una iniciativa claramente inconstitucional. El referéndum previsto en el
artículo 92 no se puede utilizar constitucionalmente hablando para impulsar un cambio en el marco constitucional; no se puede. De la misma manera que no se podría recurrir al referéndum del artículo 92 para derogar derechos fundamentales;
sencillamente no se puede, es un instrumento jurídico previsto para someter a la opinión popular cuestiones de especial trascendencia, como la de la OTAN, siempre y cuando no impliquen una reforma constitucional como implica en este supuesto.
Cuando implica una reforma constitucional, no hay que ir al referéndum del artículo 92, sino al del artículo 168, donde también se expresa la soberanía popular, lo que ocurre es que este referéndum está situado al final de un procedimiento de
reforma constitucional que ustedes simplemente quieren violar. ¿Por qué hay que acudir al referéndum del artículo 168 y no al del artículo 92? Muy fácil y ustedes lo saben muy bien, porque nuestro sistema democrático no es un sistema
plebiscitario, es un sistema representativo. Esto es una democracia parlamentaria. Esto es una democracia constitucional, como en todo occidente. Aquí no se puede gobernar a golpe de plebiscito, eso lo dejamos, señoría, para las dictaduras y para
los populismos. La reforma constitucional es el límite sustantivo del artículo 92 de la Constitución, eso lo sabe usted y lo sabe cualquier estudiante de Derecho Constitucional. Sabe que lo que proponen es un fraude de ley porque, al albur el
artículo 92, lo que pretenden es vulnerar el procedimiento de reforma constitucional. Si quieren la reforma constitucional vayan a ella, pero vayan a ella teniendo el respaldo político y social suficiente para hacerlo. ¿Qué ocurre? Que no lo
tienen, y como no lo tienen -y esa es la cuestión- pretenden el atajo del artículo 92, pretenden el fraude del artículo 92, pretenden la suplantación del poder constituyente, que es de una gravedad supina.


Señorías, además traen ustedes esta iniciativa en un momento ciertamente insólito. Le voy a dar tres datos. Primer dato: la última encuesta del Centro de Estudios Sociológicos dice que solo el 0,2% de españoles cree que la monarquía es un
problema en este momento; repito, el 0,2% de los españoles.

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Segundo dato: todas las encuestas, públicas y privadas, señalan que la sociedad española valora positivamente la labor que están desarrollando los nuevos monarcas. Tercer dato: hace menos de tres meses el 90% de esta Cámara y del Senado,
con su voto, que representa la soberanía nacional, respaldó la normalidad en la sucesión a la Jefatura del Estado. Eso es democracia, señor Garzón; eso es democracia. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos). Así las cosas, vienen ustedes aquí
con su -permítame que se lo diga- raca raca republicano haciendo la trampa de responsabilizar a la monarquía parlamentaria de la crisis, de la corrupción y de la casta -por cierto, supongo que usted está sentado igual que todos y por tanto también
pertenecerá a ella- (Aplausos), como si el cambio de monarquía a república fuera el bálsamo de Fierabrás que va a acabar con el paro, con los desahucios, con la delincuencia, con la corrupción. Eso es un insulto a la inteligencia política de los
españoles, no nos hagan trampas y no se hagan ustedes trampas en el solitario. Lo que se pide no es solo un fraude de ley, es un fraude político de primer orden, porque detrás de esta supuesta consulta está la voluntad de derribar el régimen y el
modelo constitucional que trajo la concordia para todos los españoles. (Aplausos). No se escuden ustedes en la república, no se agarren a la república como náufragos, no se escuden en ella, traigan aquí, a la Cámara, y planteen al pueblo español
si quieren la sustitución de la monarquía parlamentaria y del régimen de libertades por lo que ustedes llaman una democracia sustantiva de carácter socialista, plantéenselo abiertamente. Yo he ojeado su libro, La Tercera República, de reciente
publicación. Por cierto, espero que no nos haya traído aquí a hablar de su libro.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.


El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Termino.


Ahí lo dice usted con toda claridad. Por lo tanto, señor Garzón, lobos bolivarianos con piel de cordero republicano, eso es lo que nos ha traído aquí esta tarde. (Aplausos.-Protestas).


Termino, señor Presidente. Los mayores enemigos de la viabilidad de la república en España son ustedes, porque al hacer de la república un elemento identitario de la izquierda radical o de los independentistas están impidiendo que tenga la
más mínima capacidad de integración política; con su apropiación la imposibilitan y la contaminan. Hay una frase muy conocida que le dijo don Juan a Felipe González: Tenemos la fortuna de que esta monarquía no está sustentada por los monárquicos.
Ustedes están haciendo completamente lo contrario y por eso nunca gobernarán en España, por eso nunca traerán la república, porque ustedes no tienen capacidad de integración...


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar


El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Termino inmediatamente.


... porque no quieren una constitución para todos, no quieren la república, quieren su república. ¿Para qué, para hacer lo mismo que hicieron con la II República, para arruinarla? (Protestas.-Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted cinco segundos para acabar.


El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Centella Gómez pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, para pedirle que se retire de la intervención la alusión a nuestro grupo como los que soportamos la mayor infamia política. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Silencio.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Si queremos hablar de infamia política, podemos hablar, y a ver dónde está la infamia política, si en los que avalaron un golpe de Estado y no lo han condenado o en los que defendemos la democracia. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor Gómez de la Serna.


El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Tranquilícese, señor Centella, yo no me he referido a su grupo, me he referido a su ideología.


Muchas gracias. (Aplausos).

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JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder antes de las votaciones al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución.


En sustitución de don Alfredo Pérez Rubalcaba, pregunto a doña María Virtudes Cediel Martínez si jura o promete acatar la Constitución.


La señora CEDIEL MARTÍNEZ: Prometo.


El señor PRESIDENTE: Doña María Virtudes Cediel ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. (Aplausos).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA MEJORAR LA COMPATIBILIDAD DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVAS CON EL TRABAJO REMUNERADO. (Número de expediente 122/000124).


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con las votaciones. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió para mejorar la compatibilidad de las pensiones de invalidez no contributivas
con el trabajo remunerado. Ha habido un voto emitido telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314 más 1 voto telemático, 315; a favor, 144 más 1 voto telemático, 145; en contra, 168; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, POR LA QUE SE REGULA UN PROCEDIMIENTO CONCURSAL ESPECIAL PARA PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS. (Número de expediente 122/000157).


El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de La Izquierda Plural por la que se regula un procedimiento concursal especial para personas consumidoras y usuarias. Hay un voto emitido telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314 más 1 voto telemático, 315; a favor, 143 más 1 voto telemático, 144; en contra, 170; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LA PRIVATIZACIÓN DE AENA. (Número de expediente 162/000997).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Vasco, PNV, relativa a la privatización de AENA. Hay una enmienda transaccional, que es la que se somete a votación.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 32; en contra, 267; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, PARA REGULAR UNA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE RENTA MÍNIMA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA. (Número de expediente 162/000996).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley de La Izquierda Plural para regular una prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía. Hay una enmienda transaccional que los grupos conocen y que es la que se va a votar.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 37; en contra, 174; abstenciones, 103.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA NECESIDAD DE ADOPTAR POLÍTICAS AMBICIOSAS DE APOYO A LA ACTIVIDAD DEL SECTOR CINEMATOGRÁFICO. (Número de expediente 173/000165).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la necesidad de adoptar políticas ambiciosas de apoyo a la actividad del sector cinematográfico. Han sido aceptadas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista y de La Izquierda Plural.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 144; en contra, 169.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN REFERÉNDUM CONSULTIVO CON EL FIN DE QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN EXPRESAR SU DESEO SOBRE
MONARQUÍA O REPÚBLICA COMO FORMA POLÍTICA DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000166).


El señor PRESIDENTE: Moción de La Izquierda Plural sobre la política del Gobierno en relación con la posibilidad de realizar un referéndum consultivo con el fin de que los ciudadanos puedan expresar su deseo sobre monarquía o república como
forma política del Estado. Se va a votar en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 26; en contra, 274; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se suspende la sesión.


Eran las nueve y veinte minutos de la noche.